Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654849
Timestamp: 2019-08-25 01:27:54
Document Index: 349967489

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 99', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 55', 'artículo 74', 'artículo 16', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 74', 'artículo 1', 'artículo 19']

REMISIÓN DE PROYECTO SOBRE ETNIA DIAGUITA A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA.
RETIRO DE LA TABLA DEL ORDEN DEL DÍA DEL PROYECTO QUE CONCEDE NACIONALIDAD, POR GRACIA, AL SACERDOTE BRUNO PREDONZANI PITACCO.
RECHAZO DE VIOLENCIA EN COLOMBIA CON MOTIVO DE ASUNCIÓN DE NUEVO PRESIDENTE.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y PERÚ. Primer trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Cristian Pareto Vergara
INTERVENCIÓN : Jorge Tarud Daccarett
INTERVENCIÓN : Victor Manuel Rebolledo Gonzalez
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y el Gobierno de la República Helénica. Primer trámite constitucional.
RESTITUCIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A QUIENES LA HUBIEREN PERDIDO POR DECISIÓN ADMINISTRATIVA. (Votación).
POSTERGACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO SOBRE INGRESO DE PALTAS DESDE MÉXICO.
INTERVENCIÓN : Maria Eugenia Mella Gajardo
COMPETENCIA DESLEAL A PRODUCTORES DE LECHE. Oficio.
REPARACIÓN DE VIVIENDAS Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN POBLACIÓN EL ROMERAL, RAHUE ALTO, COMUNA DE OSORNO. Oficio.
DIFERENCIAS DE PRECIOS DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE EN ZONA SUR DEL PAÍS. Oficio.
ERRADICACIÓN DE CAMPAMENTOS DE VILLARRICA Y DE LONCOCHE. Oficio.
RECHAZO DEL PROYECTO DE ACUERDO RELACIONADO CON EL MERCOSUR. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE PROGRAMAS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
APOYO DE CHILEDEPORTES PARA REALIZACIÓN DE CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL JUVENIL EN SAN FERNANDO. Oficio.
REPARACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LAS CABRAS Y DE CONEXIÓN CON CARRETERA DE LA FRUTA. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE POSTERGACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ALTERNATIVO AL PEAJE DE TALCA. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE MECANISMOS, PROYECTOS Y SERVICIOS PARA ACCESO IGUALITARIO A LA JUSTICIA. Oficio.
RECONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CASTRO. Oficios.
PROYECTO DE ACUERDO SOBRE PETICIÓN DE RENUNCIA DE CHILE AL MERCOSUR. EVALUACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE ESTA MATERIA.
MEDIDAS EN FAVOR DE FAMILIAS AFECTADAS POR ESTAFA DE COOPERATIVA ÁNGEL GABRIEL LTDA., DE CHILLÁN. Oficios.
HOMENAJE AL ESCRITOR FRANCISCO COLOANE. Oficio.
ACCIÓN UNIDA DE PARLAMENTARIOS DEL SUR EN DEFENSA DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.
INVESTIGACIÓN DE QUIEBRA DE EMPRESA CONSTRUCTORA DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
COBRO DE PUBLICIDAD A USUARIOS DE TELÉFONOS CELULARES. Oficio.
RECURSOS PARA PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL. Oficios.
ANTECEDENTES DE LOS PROGRAMAS FOSIS Y PUENTE EN LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DON ARTURO AYLWIN AZÓCAR. Oficio.
PRECISIÓN RESPECTO DE INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO ROSAURO MARTÍNEZ.
PRIORIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CHILLÁN. Oficios.
Sesión 27ª, en jueves 8 de agosto de 2002
(Ordinaria, de 10.40 a 13.14 horas)
Presidencia de los señores Salas De la Fuente, don Edmundo,
y Letelier Morel, don Juan Pablo.
I.	Asistencia	7
II.	Apertura de la sesión	11
III.	Actas	11
IV.	Cuenta	11
-	Remisión de proyecto sobre etnia diaguita a Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía	11
-	Retiro de la tabla del Orden del Día del proyecto que concede nacionalidad, por gracia, al sacerdote Bruno Predonzani Pitacco	12
-	Rechazo de violencia en Colombia con motivo de asunción de nuevo Presidente	13
-	Autorización a Comisión de Constitución para sesionar simultáneamente con la Sala	13
-	Remisión de proyectos a Comisión de Ciencias y Tecnología	13
-	Proyecto de Acuerdo aprobatorio del Convenio básico de cooperación técnica y científica entre Chile y Perú. Primer trámite constitucional	14
-	Proyectos de acuerdo aprobatorios de acuerdos celebrados por Chile con las Repúblicas de El Líbano, de Indonesia, Helénica, Socialista de Vietnam, Nueva Zelandia, Turquía, Colombia, Dominicana, Túnez y Sudáfrica para la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional	20
-	Restitución de nacionalidad chilena a quienes la hubieren perdido por decisión administrativa. (Votación)	26
-	Postergación de resolución del Servicio Agrícola y Ganadero sobre ingreso de paltas desde México	27
-	Competencia desleal a productores de leche. Oficio	30
-	Reparación de viviendas y pavimentación de camino en población El Romeral, Rahue Alto, comuna de Osorno. Oficio	32
-	Diferencias de precios de servicio de televisión por cable en zona sur del país. Oficio	32
-	Erradicación de campamentos de Villarrica y de Loncoche. Oficio	32
-	Rechazo del proyecto de acuerdo relacionado con el Mercosur. Oficio	33
-	Información sobre aplicación de programas en la Décima Región. Oficios	35
-	Apoyo de Chiledeportes para realización de campeonato nacional de fútbol en San Fernando. Oficio	35
-	Reparación de camino principal de Las Cabras y de conexión con Carretera de la Fruta. Oficio	36
-	Información sobre postergación de la construcción de camino alternativo al peaje de Talca. Oficio	36
-	Información sobre mecanismos, proyectos y servicios para acceso igualitario a la justicia. Oficio	36
-	Reconstrucción del cuartel de la Policía de Investigaciones de Castro. Oficios	37
-	Proyecto de acuerdo sobre petición de renuncia de Chile al Mercosur. Evaluación del Gobierno sobre esta materia	38
-	Medidas en favor de familias afectadas por estafa de cooperativa Ángel Gabriel Ltda., de Chillán. Oficios	41
-	Homenaje al escritor Francisco Coloane. Oficio	45
-	Acción unida de parlamentarios del sur en defensa de la actividad agrícola	46
-	Investigación de quiebra de empresa constructora de la Décima Región. Oficio	47
-	Cobro de publicidad a usuarios de teléfonos celulares. Oficio	47
-	Recursos para programa de agua potable rural. Oficios	48
-	Antecedentes de los programas Fosis y Puente en la Región de Atacama. Oficio	49
-	Reconocimiento a la labor del contralor general de la República, don Arturo Aylwin Azócar. Oficio	49
-	Precisión respecto de intervención del diputado Rosauro Martínez	50
-	Priorización de proyecto de pavimentación en Chillán. Oficios	51
1.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín N° 1640-01)	52
2.	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso señor Bruno Predonzani Pitacco (boletín N° 2801-07) (S)	52
3.	Moción de los diputados señores Leal, Mulet, Robles y Vilches, que modifica la ley N° 19.253, que establece normas sobre pueblos indígenas, con el objeto de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de indígena diaguita (boletín N° 3023-01)	53
-	Oficios de la Excma. Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
4.	Establece un sistema de regulación de abogados integrantes de Cortes de Apelaciones (boletín N° 2950-07). (Oficio N° 2010)	55
5.	Establece normas para hacer más expedito el procedimiento judicial a que dan lugar las demandas de terminación del contrato de arrendamiento de bienes raíces por no pago de la renta (boletín N° 3.000-07)	56
-De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por la cual informa que ha creado el Grupo Interparlamentario Chileno-Holandés y solicita a los señores jefes de bancada que designen los diputados que lo integrarán en su representación.
-De la Comisión de Ciencias y Tecnología por la cual solicita que le sean remitidos los proyectos que a continuación se mencionan, los que se encuentran en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia:
a)	Sanciona el delito de falsificación informática (boletín N° 3007-07).
b)	Protege la propiedad intelectual de obras digitales (boletín N° 3008-07).
c)	Sanciona el fraude informático (boletín N° 3009-07).
d)	Sanciona el delito de creación y distribución de virus computacionales (boletín N° 3010-07).
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el consentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy jueves 8 de agosto, de 10.45 a 13 horas, para continuar el análisis del proyecto con urgencia “simple”, que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil (boletín N° 2906-07).
-Del diputado señor Delmastro, desarrollo del Programa Pro-Empleo en la Décima Región.
-Del diputado señor Kuschel, distribución de programas de generación de empleo en cada una de las comunas de la Décima Región.
-Del diputado señor Urrutia, posibles irregularidades en liberación de detenido en Arica.
-Del diputado señor Navarro, Corporación de Asistencia Judicial; costos de inversión y gastos asociados a los hogares administrados por el Sename.
-Del diputado señor Villouta, modernización de la gestión y modificación de las plantas de Gendarmería de Chile.
-Del diputado señor Recondo, denuncia de violencias innecesarias e irregularidades cometidas por personal de Carabineros de la comuna de Frutillar.
-Del diputado señor Navarro, soldados conscriptos procedentes de la Octava Región.
-Del diputado señor Masferrer, importancia de reforzar la atención de salud primaria.
-De la Corporación, transporte de combustible denominado MOX.
-Del diputado señor Ibáñez, priorizar primera etapa de obras de emergencia.
-Del diputado señor Lagos, creación de Comité Regional del Adulto Mayor.
-Del diputado señor Araya, diversas actividades relacionadas con Bolivia.
-Del diputado señor Kuschel, integración de patentes por actividades acuícolas a las municipalidades donde se desarrollan.
Municipalidad de San José de la Mariquina
-Del diputado señor Kuschel, deudas por perfeccionamiento docente.
Municipalidad de Tierra del Fuego
-Del diputado señor Pedro Muñoz, listado de organizaciones territoriales y funcionales.
-De la Corporación, emisión de certificados de obligaciones previsionales pendientes.
-Del diputado señor Seguel, encasillamiento de funcionarios de la ex Digeder y otras interrogantes relacionadas con esa institución.
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes la diputada señora Adriana Muñoz, y los diputados señores Enrique Acorssi, Guido Girardi, Aníbal Pérez y Leopoldo Sánchez.
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El acta de la sesión 23ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 24ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Señor Presidente , solicito a la Mesa que nos diga por qué el proyecto de ley que establece normas sobre pueblos indígenas, con el objeto de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de indígena diaguita, que figura en el número 6 de la Cuenta, fue remitido a la Comisión de Agricultura.
Me gustaría saber por qué se tomó esa decisión. Del título de la iniciativa no se colige que sea un tema vinculado con dicha Comisión, sino, tal vez, con la de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, o con otra.
Señor Presidente , reitero lo expresado en la sesión de ayer cuando me referí a la Cuenta.
El proyecto, iniciado en moción, que establece normas sobre pueblos indígenas, es un tema de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, entre cuyas atribuciones se establece la de ocuparse de materias relacionadas con las etnias existentes en el país.
Por lo tanto, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que la iniciativa sea remitida a esa Comisión, ya que la de Agricultura no tiene nada que ver con el tema.
Encuentro razonable la observación de los señores diputados. Sin embargo, les aclaro que la Mesa no ha tenido que ver con esa decisión.
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud del diputado señor Ojeda, en los términos señalados.
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a la Cuenta.
Señor Presidente , en el número 2 de la Cuenta se consigna un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, que concede la nacionalidad por gracia al religioso Bruno Predonzani Pittaco . No obstante, en el número 1 de la tabla del Orden del Día aparece el proyecto de ley, en primer informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que otorga la nacionalidad por gracia al mismo sacerdote italiano.
Por lo tanto, como la iniciativa que figura en la Cuenta es una moción de un senador y la que trataremos en la presente sesión corresponde al diputado señor Sánchez , solicito el pronunciamiento de la Mesa en relación con la tramitación que debiéramos seguir, porque no estoy seguro de si al conocer hoy el proyecto en primer trámite constitucional daríamos por cumplido el segundo trámite constitucional de la iniciativa aprobada por el Senado.
No hay incompatibilidad entre ambos proyectos. Sin embargo, me parece buena la observación planteada por el diputado señor Ascencio , por lo que podríamos tratar ambas iniciativas de manera conjunta.
Señor Presidente , respecto del punto planteado por el diputado señor Ascencio , se generará un hecho inédito: un choque de tramitación. Entonces, lo lógico sería considerar el proyecto del Senado, debido a que ya lo trató en primer trámite constitucional, con el objeto de que la discusión en la Cámara corresponda al segundo trámite constitucional, ya que, en la medida en que éste sea aprobado, daríamos por cumplida la trámitación consagrada en la Carta Fundamental, y la iniciativa podría convertirse en ley.
Si nos abocamos al proyecto de manera desvinculada del trámite efectuado por el Senado, daremos cumplimiento al primer trámite constitucional y tendremos que enviar al Senado una iniciativa que ya aprobó, lo que no tendría sentido.
Por lo tanto, lo único que solucionaría el problema sería dar por evacuado el primer trámite constitucional -que ya se cumplió en el Senado-, y despachar, en segundo trámite, el proyecto mencionado.
Señores diputados, legalmente no podemos refundir los proyectos. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o rechazamos el proyecto del Senado y tratamos la iniciativa presentada en la Cámara, o aprobamos el del Senado y rechazamos el de esta Corporación.
Sin embargo, como la Mesa tiene en su poder el oficio que da cuenta de que el proyecto ya ha sido aprobado por el Senado, propongo retirar de la tabla del Orden del Día la iniciativa que trata la misma materia, para buscar un acuerdo.
Señor Presidente , no soy partidario de rechazar el proyecto del Senado, porque, a lo mejor, ello podría molestar a la Cámara alta, la que, a su vez, podría rechazar la iniciativa que apruebe la Cámara.
Por lo tanto, lo lógico y lo más práctico sería conversar con Presidente del Senado para lograr una forma de resolver el problema.
El tema se debe tratar desde el punto de vista constitucional y reglamentario.
Propongo a la Sala retirar de la tabla de la presente sesión el proyecto que concede la nacionalidad por gracia al sacerdote don Bruno Predonzani Pitacco a fin de alcanzar un acuerdo sobre su tratamiento.
Señor Presidente , quiero saber si al retirarse el proyecto de la tabla se remitirá nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, porque creo que eso sería lo apropiado, para que la Comisión resuelva lo que corresponde.
La Mesa lo pondrá en tabla cuando corresponda, señor diputado.
¿Habría acuerdo respecto de la proposición planteada por la Mesa?
Señor Presidente , quiero señalar que lamentamos mucho la ola de violencia que, una vez más, por desgracia, azotó a la hermana República de Colombia , con motivo de la asunción del nuevo Presidente .
En consideración a que la Presidenta de nuestra Corporación viajó a la transmisión del mando, estimo que corresponde recabar información sobre su estado, sin perjuicio de que por informes radiales nos hemos enterado de que, afortunadamente, no se vio afectada en lo personal, pero de que sí pasó un buen susto.
Me parece muy atinada su propuesta.
Debo informarle que hoy, en la mañana, hice algunas gestiones para saber de nuestra Presidenta , señora Adriana Muñoz, quien afortunadamente se encuentra bien.
Lo ocurrido en Colombia es repudiable. La Cámara de Diputados podría adoptar un acuerdo sencillo tendiente a expresar su apoyo al nuevo Presidente de la República de Colombia y a manifestar su rechazo a la violencia y a los grupos violentistas que operan en dicho país.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala, hoy, de 10.45 a 13.00 horas, a fin de estudiar el proyecto que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales en materia de delitos de pornografía infantil.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Ciencias y Tecnología a fin de que le sean remitidos, para su conocimiento, una serie de proyectos radicados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, relacionados con materias informáticas.
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Chile y Perú, suscrito en Lima el 22 de junio de 1998.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, es el señor Waldo Mora Longa.
-Mensaje, boletín Nº 2841-10, sesión 20ª, en 18 de diciembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 17ª, en 16 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 11.
En reemplazo de don Waldo Mora, tiene la palabra el diputado señor Cristián Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente , en honor a lo solicitado ayer en la Comisión de Régimen Interno, seré lo más breve posible.
En representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, informo a los honorables colegas sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú”, suscrito en Lima, Perú, el 22 de junio de 1998, que reemplaza el celebrado entre ambos países en 1977. Este instrumento internacional ha permitido, hasta la fecha, ejecutar diversas actividades de cooperación bilateral conforme al Programa de Chile para la Cooperación Horizontal, entre las que se encuentran misiones de expertos, pasantías, seminarios, cursos internacionales y otorgamiento de becas, y la participación, por parte de Chile, del Ministerio de Obras Públicas, Instituto de Fomento Pesquero, Prochile , Universidad Católica del Norte, Servicio Nacional de Geología y Minería, Corporación Nacional Forestal, Servicio Agrícola y Ganadero, e Instituto Nacional de Capacitación Profesional. Mayor información sobre estas actividades se consigna en la lista proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, adjunta a este informe.
Este nuevo Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica se inserta en la política impulsada por nuestro país a partir de la Agencia de Cooperación Internacional, Agci, con el objeto de modernizar la gestión de la cooperación, lo que ha obligado, entre otras acciones, a uniformar los convenios sobre la materia en la región. Así, en 1993, se comenzó a negociar con Perú el convenio sometido a la consideración de la honorable Cámara, en el que se han incorporado las denominadas “áreas de especial interés mutuo” para la cooperación bilateral: planificación y desarrollo, reformas del Estado, desarrollo del sistema financiero, medio ambiente, minería, pesca, agricultura y agro-industria, puertos, transportes y comunicaciones, vivienda y urbanismo, turismo, salud y previsión social, comercio e inversiones, educación. Asimismo, se ha creado un grupo de trabajo de cooperación técnica y científica, coordinado por las cancillerías de ambos países.
En la ejecución de los proyectos específicos se contempla la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado, de universidades, instituciones de investigación científica y técnica y organizaciones no gubernamentales.
Para la coordinación de las acciones de ejecución del Convenio se establece una comisión mixta, que se reunirá alternadamente, cada dos años, en las ciudades capitales, y para que ella actúe como mecanismo continuo de programación y ejecución se establece un grupo de trabajo de cooperación técnica y científica, coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.
Sin perjuicio del funcionamiento de dichos órganos, la cooperación internacional, materia de este convenio, será ejecutada, coordinada y/o supervisada, en Chile, por la Agencia de Cooperación Internacional, Agci, y en Perú, por la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional, Secti.
Los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta que implique el traslado del personal, de una parte a la otra, serán de cargo de la parte que lo envía. En cambio, los gastos de estadía serán de cargo de la parte receptora.
Además de la innovación antes señalada, las diferencias fundamentales del convenio en informe y el convenio de 1977, son las siguientes:
El Convenio de 1977 no establecía, entre otras, la participación del sector privado, de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales en la ejecución de programas y proyectos de cooperación; el desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países, y el financiamiento de los pasajes y estadía del personal que participe en la cooperación.
Por su parte, el Convenio de 1998, que en estos momentos ocupa la atención de la honorable Cámara, no contempla los privilegios, exenciones y facilidades especiales que el Convenio de 1977 establece en favor de los expertos que participen en la ejecución de los proyectos de cooperación, ni tampoco facilidades para los equipos, maquinarias y otros implementos que los gobiernos intercambien en la ejecución de dichos proyectos.
Por otra parte, reemplaza a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, por la Agencia de Cooperación Internacional, Agci, como órgano chileno encargado de la cooperación materia de este Convenio, y en Perú se sustituye el Instituto Nacional de Planificación, INP, por la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional, Secti, del Ministerio de la Presidencia.
En mérito de lo expuesto, y considerando los propósitos que han motivado a los gobiernos de Chile y del Perú a celebrar este nuevo Convenio de Cooperación Técnica y Científica, la Comisión decidió, por unanimidad, proponer a la honorable Cámara que le preste su aprobación, para lo cual sugiere sancionar el artículo único del proyecto en los mismos términos en que lo formula el mensaje.
Señor Presidente , en la Comisión de Relaciones Exteriores acordamos unánimemente solicitar a la Sala que apruebe este Convenio porque se enmarca en lo que debe ser una buena política de vecindad.
Un país como Chile, inserto en el continente americano, debe tener como principios estratégicos, estar siempre presente en la región y mantener las relaciones más amistosas con sus vecinos. Este Convenio reafirma y estrecha, aún más, los lazos amistosos, muy importantes y necesarios, entre las repúblicas de Chile y del Perú.
Este Convenio es muy importante y necesario, además, en el ámbito de la cooperación técnica y científica. Es saludable y significa un aporte mutuo de colaboración para potenciar diversas materias, como las que se han mencionado: planificación, reforma del Estado, desarrollo del sistema financiero, protección, recursos naturales, innovaciones tecnológicas, pesca, agricultura.
Este Convenio es bastante sencillo. Creo que es importante enmarcarlo en nuestra política de buena vecindad, de solución pacífica de los conflictos, de cooperación y de integración.
Por esa razón, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana propone a la Sala que aprobemos el Convenio que nos permitirá avanzar un paso más en este aspecto.
La bancada socialista lo votará favorablemente.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
Señor Presidente , el Convenio de Cooperación Técnica y Científica suscrito por nuestro país con Perú reemplaza al que se celebró en 1977, con gran provecho para el fortalecimiento de los tradicionales lazos de amistad existentes entre ambas naciones, de acuerdo con el propósito del gobierno de la época.
Para ilustrar a los señores diputados, quiero señalar especialmente algunos de los proyectos ejecutados en las áreas relacionadas con las actividades agrícolas, como bien dieron a conocer el diputado informante y la diputada señora Isabel Allende: misiones de expertos en materia de certificación sanitaria, de riego, de recursos fitogenéticos, de ecología forestal y silvicultura; el curso internacional de manejo integral de cuencas hidrográficas, con énfasis en conservación de suelos y aguas, y el taller de promoción de la cooperación regional para el control de la salud animal y vegetal.
Hoy, veinte años después, los gobiernos de Chile y Perú celebran este nuevo Convenio de Cooperación Técnica y Científica que tiene el gran mérito de incorporar en forma expresa la participación del sector privado -como se ha destacado hoy en la Sala-, de las universidades y de organizaciones no gubernamentales en la ejecución de programas y proyectos.
Agrega, además, la posibilidad de obtener recursos financieros y técnicos internacionales para facilitar el pleno cumplimiento de dicho Convenio.
Destaco que los convenios tienen el carácter de tratados básicos o marcos, ya que para la concreción de la cooperación convenida será necesario celebrar acuerdos complementarios en los que los gobiernos determinen, conforme a las normas programáticas de estos instrumentos, los medios, las áreas y el financiamiento de los proyectos específicos a ejecutar.
En tales circunstancias, dichos acuerdos complementarios requerirán de nueva aprobación parlamentaria cuando sus normas incidan en materias propias de ley, conforme lo señala el inciso segundo del Nº 1 del artículo 50 de la Constitución Política, de manera que no será posible sostener en el futuro que los convenios conllevan implícitamente delegaciones de facultades legislativas en el Presidente de la República para dar cumplimiento a dichos acuerdos complementarios sin consultar al Congreso Nacional, tal como sostuvo no hace mucho el Tribunal Constitucional a propósito de otro tratado marco que no es del caso citar en este momento.
Desde el punto de vista práctico, son innegables las ventajas de los convenios de cooperación, de manera que con la prevención constitucional antes señalada y como un saludo fraternal al pueblo peruano, a propósito de la visita a nuestro país del Presidente Toledo , anuncio que los diputados de la Unión Demócrata Independiente votaremos favorablemente el acuerdo en análisis.
Señor Presidente , concurriremos con nuestro voto favorable a la aprobación del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre Chile y Perú, con el convencimiento de que la cooperación es uno de los elementos básicos de las relaciones internacionales en el mundo actual, en particular en lo relativo a lo científico y tecnológico.
Además, el Convenio se refiere a un tipo de cooperación a la cual nuestro país le ha estado dando especial énfasis, cual es la cooperación horizontal, para lo cual ha modernizado sus sistemas y a través de la Agencia de Cooperación Internacional, Agci, ha estructurado un sistema que incorpora un concepto muy especial contenido en el informe: las áreas de especial interés mutuo para la cooperación bilateral.
Estas áreas han incorporado aspectos como la planificación y desarrollo, las reformas del Estado, desarrollo de sistemas financieros, medio ambiente, minería, pesca, agricultura y agroindustria; puertos, transporte y comunicaciones, vivienda y urbanismo, turismo, salud y previsión social, comercio e inversiones, educación, etcétera.
En virtud de ello y específicamente con Perú, se ha creado un grupo de trabajo de cooperación técnica y científica que está siendo coordinado por ambas cancillerías, de manera que el Convenio, suscrito el 22 de junio de 1998, actualiza e introduce algunas modificaciones a lo ya logrado con Perú en 1977.
Me parece importante señalar que las modificaciones también están en la línea de la modernización y, en algunos casos, de incorporación de algunos actores de especial relevancia.
En la perspectiva de comparar lo hecho en 1977 y lo que se está haciendo ahora y poner énfasis en las modificaciones, es importante decir que el Convenio de 1998, que hoy aprobamos, a diferencia del de 1977, contempla la participación del sector privado, de las universidades y de organizaciones no gubernamentales en la ejecución de programas y proyectos de cooperación.
También hace mención al desarrollo de actividades conjuntas de cooperación con terceros países. Esto es importante, porque no se trata sólo de la cooperación entre Perú y Chile, sino de la posibilidad de que ambos países, por la vía del Convenio, puedan realizar cooperación con terceros países, todos en la perspectiva del concepto de cooperación horizontal, y también poner atención en lo que señala el artículo 5º del Convenio que hoy conocemos, que toca áreas de especial interés mutuo que se precisan en términos muy claros en el Convenio.
He señalado lo anterior para dar especial énfasis a algunos aspectos que, a mi juicio, son especialmente relevantes en el Convenio y que ameritan nuestra concurrencia con voto favorable a la aprobación del Convenio con la hermana República del Perú.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Tarud.
El señor TARUD.-
Señor Presidente , los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra han destacado lo positivo del Convenio en análisis, razón por la cual no voy a ahondar en el tema.
Lo importante es que a los acuerdos y a los convenios les hagamos un seguimiento. En diplomacia se firman muchos acuerdos que a veces quedan en los archivos. Por eso, es necesario que se concreten, a fin de estrechar aún más las relaciones con un país tan importante para nosotros, como es Perú.
La bancada del Partido por la Democracia dará su voto favorable a este acuerdo.
Señor Presidente , es interesante la cantidad de convenios que se están firmando. Aprovecho la presencia del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para solicitarle que informe a esta Sala sobre la efectividad de ellos, qué beneficios han traído al país y cuántos están operando. Muchas veces el Congreso Nacional aprueba una gran cantidad de convenios y no se sabe qué beneficios traen al país.
Es imprescindible hacer un seguimiento de todos los convenios aprobados por el Congreso -son varios cientos-, porque aquí se dan a conocer sus bondades, lo fantásticos que son para el país, pero, en la práctica, se ve muy poca relación comercial y tecnológica con la mayoría de los países con los cuales los hemos celebrado.
Si fuera pertinente, pido que cuando se traten convenios internacionales, la Comisión técnica informe cuántos de los aprobados han servido eficiente y realmente a los intereses del país. No vaya a ser cosa que le estemos abriendo las puertas desinteresadamente a todos los otros países, sin exigir el mínimo principio de reciprocidad.
Señor diputado , en este momento estaba conversando el tema con el señor Secretario . He acordado llevarlo a la próxima sesión de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, como un punto de la Tabla, a fin de solicitar a la Comisión de Relaciones Exteriores -obviamente otorgándole un plazo, porque son muchos convenios- un informe sobre la trayectoria de cada uno de ellos y exigir que, cada cierto tiempo, se dé a conocer a la Sala en qué forma están funcionando.
Señor Presidente , sin perjuicio de lo que podría acordar la Mesa o la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, y sabiendo que el diputado don René Manuel García es una persona bien informada, le sugeriría analizar un solo guarismo: cuál es la incidencia que hoy tiene en el producto interno bruto del país la política de exportaciones. Ello, sobre la base, precisamente, de lo que ha sido el proceso de relaciones y convenios económicos.
Seguramente, cuando el diputado don René Manuel García vea esas cifras, muchas de sus dudas e inquietudes serán contestadas.
Tiene la palabra el diputado señor Tarud.
Señor Presidente , el proyecto en discusión se refiere fundamentalmente a la promoción y protección recíproca de las inversiones, instrumento muy válido para lo que significa atraer inversiones extranjeras al país, lo cual valoro por ser importante.
No obstante, comparto el hecho de que, en diplomacia, en general, no sólo en Chile, muchas veces se firman acuerdos que no tienen un seguimiento adecuado, pero eso no depende sólo de una parte. O sea, Chile puede tener la intención de cumplir el acuerdo suscrito y probablemente la otra parte lo haga con más lentitud. Por eso, no depende solamente de nuestro país, sino también del otro Estado con el cual se ha firmado el acuerdo.
Sin embargo, considero positivo que, como Cámara fiscalizadora, se haga un seguimiento de los convenios generales que firma nuestro país, aun cuando debo reconocer que éstos son positivos.
La Comisión de Relaciones Exteriores ha trabajado en forma bastante intensa, a fin de sacar todos los proyectos adelante. Valoro la participación que han tenido los colegas de todas las bancadas en su discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Manuel Rebolledo.
El señor REBOLLEDO .-
Señor Presidente , con mucha franqueza y con todo respeto al colega don René Manuel García , pienso que esta discusión es absurda. Hay mecanismos por los cuales el Congreso Nacional puede enterarse de las cosas que le competen.
En relación con los convenios, su función es esencialmente legislativa; algunos tienen el rango de ley y, otros no. Lo que corresponde es analizar cada uno en su mérito y sobre esa base aprobarlo o rechazarlo. Por consiguiente, hacer una cosa así es absurdo y verdaderamente imposible; ya es difícil -como se ha señalado aquí- hacer un seguimiento del propio ejercicio legislativo de ellos.
Por tanto, si el colega don René Manuel García tiene real interés, le sugiero solicitar un seguimiento -puede ser desde 1950, a partir de esta legislatura o desde el año 1990 en adelante- de los cientos de convenios suscritos por el Estado chileno que han pasado por el Congreso Nacional. Con ello, nos estamos imponiendo un ejercicio verdaderamente inconducente, que no vamos a cumplir.
Por tanto, si algún señor diputado tiene un interés específico, debe ejercer la función fiscalizadora de otro modo, con otras condicionantes. En consecuencia, sugiero que el colega don René Manuel García aplique los mecanismos que consagra la ley orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de la Corporación, pero no se puede tomar un acuerdo que finalmente no se cumplirá, ya que, como tantos de estos convenios, es posible que quede archivado sin llegar a ninguna parte.
Aclaro que la Mesa no ha tomado ningún acuerdo en este sentido; es un tema que se conversará internamente con los Comités parlamentarios.
Señor Presidente , le agradezco al diputado señor Riveros que reconozca que soy un diputado bien informado. Sin embargo, cuando uno pregunta las cosas, no es por echarle pelos a la leche ni por querer estar en contra de los convenios.
Sólo me interesa hacer un seguimiento, como lo ha expresado el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , diputado señor Tarud , para ver si dichos convenios han sido beneficiosos. Tampoco se debe ser sarcástico y pedir un seguimiento desde 1950 hacia adelante.
He sido diputado desde 1990, pero no voy a pedir información desde esa fecha. Sólo quiero saber si los convenios han funcionado. Con ello estoy resguardando -y no fiscalizando-, a través de una simple pregunta, los intereses de Chile. No creo que eso cause tanta molestia.
Respecto de los convenios internacionales, las inversiones las realizan cuatro o cinco países y no la totalidad de los que los han firmado. Ojalá las hicieran todos.
No he pedido, en forma sarcástica ni por dármelas de niñito encachado, una revisión desde 1950 hacia adelante, sino un seguimiento simple, que aclare, por ejemplo, que se han firmado trescientos convenios, de los cuales ciento veinte han dado resultado, no una fiscalización que no corresponde, porque considero que todos los convenios son bien intencionados.
La Mesa da por terminada esta discusión, ya que nos estamos dando vueltas sobre lo mismo y en este momento no se tomará ningún acuerdo. Opiniones hay muchas, pero serán los Comités de cada bancada los que verán cómo se resuelve esta petición.
Sugiero a la Sala que, como están funcionando en forma simultánea con la Sala las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, una vez informados todos los demás convenios, se voten luego de que hayan hecho uso de la palabra quienes así lo pidan.
¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional, para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo entre Chile y el Líbano; Chile y el Gobierno de Indonesia; Chile y el Gobierno de la República Helénica; Chile y la República Socialista de Vietnam; Chile y el Gobierno de Nueva Zelandia; Chile y el Gobierno de Turquía; Chile y la República de Colombia; Chile y la República Dominicana; Chile y la República de Túnez, y Chile y la República de Sudáfrica.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Pareto.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y el Líbano. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2936-10, sesión 24ª, en 16 de mayo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en boletín anterior, sesión 14ª, en 9 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 14.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y el Gobierno de Indonesia. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2937-10, sesión 24ª, en 16 de mayo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
- Mensaje, boletín Nº 2838-10, sesión 24ª, en 16 de mayo de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y la República Socialista de Vietnam. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2956-10, sesión 4ª, en 6 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelandia. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2957-10, sesión 4ª, en 6 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y el Gobierno de Turquía. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2958-10, sesión 4ª, en 6 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y la República de Colombia. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2959-10, sesión 4ª, en 6 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y la República Dominicana. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2960-10, sesión 4ª, en 6 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y la República de Túnez. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2961-10, sesión 4ª, en 6 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 6.
Proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre la República de Chile y la República de Sudáfrica. Primer trámite constitucional.
- Mensaje, boletín Nº 2965-10, sesión 5ª, en 11 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informo a la honorable Cámara acerca de los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados internacionales sobre la promoción y protección recíproca de las inversiones celebrados con el Líbano, Indonesia , República Helénica , Vietnam, Nueva Zelandia, Turquía , Colombia, República Dominicana, Túnez y Sudáfrica.
Los compromisos que imponen y los propósitos fundamentales que persiguen son comunes en todos estos tratados, motivo por el cual ellos tienen, en términos generales, un mismo contenido normativo, como también ha ocurrido con diversos tratados de este tipo que Chile ha suscrito con distintos países latinoamericanos, europeos y asiáticos, enumerados en el informe escrito que los honorables colegas tienen a su disposición.
Por la identidad de compromisos, propósitos y contenido normativo que caracteriza a estos tratados, y por razones de economía procesal ya observada en casos similares, en que se han tramitado simultáneamente varios instrumentos de este tipo, la Comisión ha acordado informar a la honorable Cámara, esta vez, en un solo acto todos los proyectos antes señalados, sin perjuicio de que las decisiones respecto de cada uno se adopten en votación única o separada.
Según lo indican los mensajes respectivos, el propósito fundamental que persiguen estos tratados es el de establecer un marco jurídico adecuado para regular los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales como de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los legítimos intereses de éstos con los del Estado receptor de las inversiones y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y movilidad de capitales.
A mayor abundamiento, hago notar a los colegas que los tratados de protección de inversiones tienen dos ventajas para el inversionista.
Primero, representan una condición para que operen en su favor los mecanismos de seguros públicos de inversión de los respectivos países, lo que les permite acceder a pólizas de seguros para su inversión a un costo menor al que deberían afrontar normalmente. De este modo, la celebración por Chile de este tipo de tratados, cuyo contenido normativo se reseñará, coloca al país en una situación ventajosa para atraer inversión extranjera.
En segundo lugar, ofrecen al inversionista el recurso del arbitraje internacional para la solución de las controversias que con ocasión de la inversión puedan suscitarse con el Estado receptor.
Cada uno de estos tratados, con sus respectivos protocolos complementarios, excepto los celebrados con Vietnam y Nueva Zelandia, que no los contemplan, imponen a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1.	El de incentivar o promover y admitir en sus respectivos territorios nacionales las inversiones de inversionistas del otro país, con sujeción a su política general en el campo de las inversiones extranjeras, y los de protegerlas y no obstaculizarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
2.	El de garantizar a los inversionistas de la otra Parte contratante un tratamiento justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios inversionistas o a los de un tercer Estado, si este último fuere más favorable.
3.	El de garantizarles a los inversionistas la libre transferencia, y sin demora, de los fondos relacionados con la inversión, en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente, los retornos, intereses, dividendos, rentas, utilidades y otros rendimientos; amortizaciones de préstamos del exterior relacionados con la inversión, el capital o el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión y las compensaciones por causa de nacionalización o expropiación.
El capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año contado desde su ingreso al territorio de la parte contratante, lo que hace concordar esta normativa con las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, sobre Estatuto del Inversionista Extranjero.
4.	El de no adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o interés nacional, no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una compensación inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial normal, convencionalmente fijada, a contar de la fecha de expropiación hasta la fecha de pago.
El Acuerdo celebrado con Colombia contempla un acuerdo interpretativo adicional, aprobado por intercambio de notas reversales y propuesto por el Gobierno colombiano, en virtud del cual este tratado, por un lado, no se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas destinadas a preservar el orden público, y, por el otro, deberá entenderse que, en concordancia con la Constitución Política de Colombia, será permitido a dicho país establecer, con fines de interés público o social, monopolios como arbitrio rentístico, previa plena indemnización de los individuos que queden privados del ejercicio de una actividad económica lícita.
5.	El reconocimiento del derecho del inversionista a reclamar en procedimiento judicial ordinario de la legalidad de la nacionalización, expropiación o de cualquiera otra medida que tenga efecto equivalente y del monto de la compensación.
6.	El de otorgar a los inversionistas de la otra Parte, un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus nacionales o a nacionales de terceros Estados, en la reparación de las pérdidas que sufrieren en su inversión a causa de una guerra o cualquier otro conflicto armado, de un estado de emergencia nacional, de disturbios civiles u otros acontecimientos similares producidos en el territorio de la otra parte contratante.
7.	El de reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la Parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
8.	El de resolver las controversias entre una Parte contratante y un inversionista de la otra Parte contratante, mediante consultas amistosas o recurriendo a los tribunales locales de la Parte contratante receptora de la inversión o al arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi.
La elección de un procedimiento u otro será definitiva; el recurso de arbitraje será unilateral y las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias.
Las partes contratantes se comprometen a no tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional, hasta que ellos estén concluidos, salvo el caso de incumplimiento de sentencia judicial o arbitral.
9.	El de resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos, por la vía diplomática o el arbitraje internacional de un tribunal arbitral ad hoc integrado por miembros designados por las partes o con el concurso de la Corte Internacional de Justicia, en caso de no haber acuerdo en su designación.
Al término de su estudio, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana compartió los propósitos que llevaron a los Gobiernos a suscribir los tratados en informe, de modo que, por unanimidad, decidió aprobarlos y proponer a la honorable Cámara que adopte, en votación única o en votaciones separadas, el artículo único de los respectivos proyectos de acuerdo, con modificaciones formales de menor entidad, que se salvan en los textos suscritos que se proponen en el informe escrito entregado a los honorables colegas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre estos asuntos en la siguiente forma:
Corresponde votar los proyectos de acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su protocolo, entre Chile y Perú; Chile y el Líbano; Chile y el Gobierno de Indonesia; Chile y el Gobierno de la República Helénica; Chile y la República Socialista de Vietnam; Chile y el Gobierno de Nueva Zelandia; Chile y el Gobierno de Turquía; Chile y la República de Colombia; Chile y la República Dominicana; Chile y la República de Túnez, y Chile y la República de Sudáfrica.
Propongo a la Sala efectuar una sola votación para todos esos proyectos de acuerdo.
Tienen la palabra, primero, el diputado señor Jaramillo y luego el señor Ojeda.
No, señor Presidente . Solicito votación separada para el proyecto de acuerdo entre Chile y Nueva Zelandia.
Señor Presidente , también tengo ciertas aprensiones respecto del proyecto de acuerdo con Nueva Zelandia. Me gustaría que se explicara su verdadero objetivo, porque tiempo atrás hubo una verdadera efervescencia en el sector agrícola con respecto a una transacción o convenio con dicho país y quisiera saber si éste alcanza al sector agrícola.
De acuerdo, señor diputado.
En votación todos los proyectos de acuerdo mencionados, excepto el de Chile con Nueva Zelandia.
- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
Alvarado, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Lagos, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Páredes, Pareto, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Rebolledo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Varela, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
-Votó por la negativa el diputado señor Urrutia.
Con respecto al proyecto de acuerdo pendiente de votación, solicito al señor diputado informante que nos entregue más antecedentes.
Señor Presidente , por su intermedio pido al presidente de la Comisión que, si lo tiene a bien, informe a la Sala, porque el tema también se discutió en la Comisión.
A grandes rasgos, puedo señalar que no había ninguna aprensión en lo que se refiere a productos agrícolas.
El señor TARUD .-
Señor Presidente , al parecer hay una confusión, porque el proyecto de acuerdo habla de promoción y protección de inversiones; tiene, más bien, un carácter más político que el de un acuerdo de libre comercio.
No estamos votando un acuerdo de libre comercio. Por lo tanto, la convención no tiene incidencia alguna en el comercio bilateral con Nueva Zelandia.
El proyecto de acuerdo consiste en que ambos países se comprometen a proteger las inversiones que realiza un país dentro del territorio del otro. Ése es el único efecto; no existe ninguno comercial.
Señor Presidente , deseo consultar a los miembros de la Comisión si este Convenio altera al régimen del decreto ley Nº 600, o es una afirmación del marco de inversión.
Tengo entendido que no provoca alteración alguna.
Señor Presidente , al comienzo, el Mercosur también partió como un acuerdo exclusivamente político. Con el pasar del tiempo, se ha transformado en un acuerdo económicamente bueno para los demás países, menos para Chile. Ésa es una señal importante para la defensa de la agricultura tradicional, especialmente la leche, por lo que pido votarlo en contra.
Los señores diputados tienen derecho a votar a favor o en contra el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 10 abstenciones.
Allende (doña Isabel),Ascencio, Bertolino, Burgos, Dittborn, Encina, Escalona, Espinoza, Ibáñez (don Gonzalo), Jarapa, Jeame Barrueto, Kuschel, Lagos, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Luksic, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Muñoz (don Pedro), Olivares, Ortiz, Paredes, Pareto, Pérez (don José), Rebolledo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.
Alvarado, Araya, Barros, Cardemil, Egaña, García (don René Manuel), Guzmán (doña Pía), Hernández, Jaramillo, Kast, Lorenzini, Meza, Norambuena, Ojeda, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Sepúlveda (doña Alejandra), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.
Bauer, Delmastro, Escobar, Forni, García-Huidobro, Hidalgo, Letelier (don Felipe), Palma, Pérez (doña Lily) y Vilches.
Propongo a la Sala iniciar de inmediato Incidentes, ya que no tiene sentido suspender la sesión por media hora. Además, no hay quórum en la Sala para proceder de inmediato a la votación.
Señor Presidente, en otras palabras, no se tratarán los proyectos de acuerdo.
Señor diputado , los proyectos de acuerdo se tratarán más adelante, por cuanto en este momento no existe quórum para ello. Por ese motivo, he recabado el acuerdo de la Sala para pasar a Incidentes.
Tiene la palabra el diputado señor Egaña.
Señor Presidente , el Comité de la UDI designó a determinados diputados para hacer uso de la palabra en Incidentes. Como se está alterando la hora de inicio de esa parte de la sesión, sólo se encuentra presente para intervenir el diputado señor Hernández .
Señor diputado , la idea es avanzar. De otro modo, deberíamos suspender la sesión hasta las 12 horas.
Señor Presidente , sugiero que se considere un margen de tiempo para los Comités, por cuanto debe haber otros diputados que deseen intervenir en Incidentes.
Así se procederá, señor diputado .
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 80, relativo a la restitución de nacionalidad chilena a quienes la hubieren perdido por decisión administrativa.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Rechazado por falta de quórum.
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo Nº 81, de los señores Galilea, don José Antonio; Vargas, Álvarez-Salamanca, Meza, García, don René Manuel; Palma, Salas, Forni, Hidalgo y Bertolino.
Que Chile ha alcanzado, en la temporada 2001-2002, un volumen de exportación de palta variedad Hass cercano a las 60.000 toneladas, colocándose como el tercer productor del mundo, después de México y Estados Unidos, y como el mayor exportador de paltas en el mundo.
Que el esfuerzo de productores pequeños, medianos y grandes ha generado para nuestro país un ingreso cercano a los 100 millones de dólares anuales, lo que iría en aumento en los próximos años, considerando que hay plantadas más de 18.000 hectáreas en las regiones IV, V, VI y Metropolitana.
Que, de la exportación de paltas de Chile, en el año 2001, un 97.6% fue enviada a Estados Unidos, ingresando principalmente a través del Estado de California, entre los meses de agosto y enero
Que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de nuestro país se apresta a autorizar la importación de palta variedad Hass proveniente de los municipios de Uruapan, Salvador Escalante, Peribán de Ramos, Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro o Nuevo San Juan, en el Estado de Michacoán, Estados Unidos de México.
Que la producción de paltas en México se da en un clima semi tropical, muy favorable a la aparición de plagas, mientras que en Chile, por tener un clima mediterráneo, estas plagas no atacan y por ende no existen en los cultivos.
Que, durante muchos años, los productores mexicanos de palta Hass no pudieron ingresar al mercado de Estados Unidos por razones fitosanitarias, dado que entre sus plagas cuarentenarias está el gusano barrenador del cuesco.
Que, a raíz del Tratado de Libre Comercio Nafta, los productores de palta Hass fueron autorizados a exportar, pero sólo a 19 Estados del Este de Estados Unidos, donde por efectos climáticos no puede desarrollarse la plaga del gusano barrenador.
Que, además, se restringe la autorización de envío a sólo algunos municipios del Estado de Michacoán, consideradas de bajo riesgo y desde el 1° de noviembre al 28 de febrero; aunque este año se amplió a 12 estados más, y se extendió el plazo entre el 15 de octubre y el 15 de abril.
Que, de todas maneras, la prohibición de ingreso a los Estados del Oste de U.S.A. se mantiene invariable, por ser estos los estados productores de la palta Hass de Estados Unidos, y por ende los susceptibles de infectarse, además de ser los receptores de la palta Hass chilena.
Que durante los últimos años nuestra exportación de palta Hass ha sido creciente en volumen, siendo complementario de la producción de U.S.A., pero, a partir del último año, nuestros envíos se ampliaron desde diciembre hasta enero, compitiendo con el inicio de la producción norteamericana, lo que no es bien visto por los productores estadounidenses.
Que, en este sentido, el ingreso de palta Hass de México a Chile pondrá en alerta a los productores norteamericanos, quienes aduciendo que la importación de palta Hass desde México a Chile puede incluir plagas como el Gusano Barrenador o la “arañita roja” podrían colocar trabas al ingreso de las paltas chilenas.
Que, por lo tanto, existen evidentes riesgos fitosanitarios y políticos para nuestra producción y exportación, considerando la posibilidad de que nos cierren las puertas en Estados Unidos por dejar entrar la palta mexicana sin las necesarias restricciones.
La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Supremo Gobierno:
1) Postergar la promulgación de la resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que se publicaría el próximo 9 de agosto, en que establecen los requisitos de ingreso de frutos frescos de palta (persea americana) variedad “Hass”, desde los municipios de Uruapan, Salvador Escalante, Peribán de Ramos, Tancítaro y Nuevo Parangaricutiro o Nuevo San Juan, en el Estado de Michacoan, Estados Unidos de México.
2) Concordar las exportaciones chilenas de palta variedad Hass con las importaciones de palta Hass provenientes de México, todo ello en el marco del futuro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.”
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
Señor Presidente , en la temporada 2001-2002, Chile alcanzó un volumen de exportación de palta Hass cercano a las 60 mil toneladas, colocándose como el tercer país productor y el mayor exportador del mundo. El 92 por ciento de las exportaciones se envía a Estados Unidos y las zonas productoras abarcan las regiones Cuarta, Quinta y Sexta, en las que se están desarrollando múltiples proyecto del Indap en beneficio de pequeños productores que se han iniciado en la producción de esta fruta.
El SAG se apresta a autorizar la importación de palta Hass a nuestro territorio, proveniente de diversos municipios de México.
El proyecto de acuerdo en debate, tiene por objeto pedir a las autoridades que posterguen dicha autorización, a fin de analizar en profundidad sus implicancias por el evidente riesgo fitosanitario que conlleva dicha autorización.
México , como principal productor del mundo, por sus características productivas tiene un panorama sanitario lamentable en el cultivo del palto, con más de cincuenta plagas, de las cuales sólo dos están en Chile. Este hecho impide la exportación de paltas a diversos lugares de Estados Unidos, a pesar del Tratado de Libre Comercio.
Los productores de paltas y de otras especies frutales de Estados Unidos aún sufren las consecuencias de la introducción de la arañita roja y del gusano barrenador a sus huertos, ya que no hay registros de productos que permitan el control de dichas plagas. A su vez, esos productores ven con preocupación la calidad y volumen de nuestras exportaciones.
Por eso, queremos plantear dos inquietudes fundamentales respecto de esta peligrosa e inoportuna decisión.
En primer lugar, la posible introducción de plagas a través de estas importaciones, dada la situación fitosanitaria de México, sería un arma letal para ser usada por los productores americanos en contra de nuestras exportaciones, más aún frente a una posible negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.
Esta situación sería nefasta, desde el punto de vista comercial y de manejo productivo, dado que la mayor parte de los huertos de paltos chilenos han sido plantados, con grandes inversiones, en cerros, lo que haría casi imposible el control de nuevas plagas.
Esto se agravaría al exponer también a otras especies frutales, en especial uvas y prunos, todos los cuales son susceptibles de ser atacados por insectos asociados a la producción de paltas mexicanas, como da cuenta la literatura técnica americana y europea.
En segundo término, rechazamos la posibilidad de que estas importaciones se utilicen para triangular paltas mexicanas hacia Estados Unidos, utilizando y poniendo en riesgo nuestro prestigio fitosanitario.
Estimamos de suma importancia la aprobación de este proyecto de acuerdo, por considerar que nuestro sistema de producción requiere que decisiones de este tipo sean tomadas con la seriedad correspondiente, dado el esfuerzo invertido en este rubro y en preservar nuestro patrimonio fitosanitario.
Solicito el acuerdo de la Sala para concederle la palabra al diputado señor Jorge Burgos, a fin de que plantee un asunto relacionado con la redacción del proyecto de acuerdo.
Señor Presidente , a mi juicio, hay un error en la forma en que se conjugan los verbos rectores en la parte resolutiva del proyecto de acuerdo. Al hablar de “postergar” y “concordar” se están asumiendo funciones que no correspondería a la Cámara de Diputados, pues no puede “postergar” la promulgación de un decreto supremo, ni tampoco “concordar” las exportaciones. Eso es de iniciativa del Ejecutivo.
Creo que el proyecto de acuerdo debería ser retirado para introducirle las correcciones necesarias, y luego ser presentado para su votación. De esa manera evitaríamos votar algo totalmente inconstitucional.
Propongo a la Sala añadir la expresión “solicitar al Supremo Gobierno lo siguiente: “, después de la frase “En consideración a todo lo anterior, la honorable Cámara de Diputados acuerda”.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Vargas.
El señor VARGAS .-
Señor Presidente , en verdad, en Chile existen muy pocas plagas en la producción de paltas, pero no ocurre lo mismo en México. Pretendemos que las cosas se hagan bien, porque éste no es un problema comercial, sino sanitario. Ahora que estamos ad portas de un acuerdo con Estados Unidos, debemos ver la forma de que no se entorpezcan las exportaciones chilenas, del orden de los 100 millones de dólares, debido a esta negociación con México. Por ello, solicitamos esta postergación de plazo para que las cosas se hagan bien.
Como representante de las provincias de Quillota y de Petorca, sé que la producción de palta no es sólo una actividad típica de muchos años, sino, tal vez, la más rentable. Serían miles las personas que quedarían sin trabajo si tuviéramos problemas con nuestras exportaciones hacia Estados Unidos.
Por eso, pido el apoyo de los colegas para formular esta petición al Gobierno.
Solicito el asentimiento de la Sala para que la diputada señora María Eugenia Mella, que está inscrita, pueda hacer uso de la palabra, por lo menos durante un minuto y medio.
La señora MELLA (doña María Eugenia) .-
Señor Presidente , comparto los fundamentos del proyecto, pues coinciden con la solicitud que en su oportunidad hice llegar al ministro de Agricultura , a fin de que el director del Servicio Agrícola y Ganadero dejara en suspenso la aplicación de la resolución correspondiente, a lo menos por 60 días.
La bancada Demócrata Cristiana apoyará el proyecto de acuerdo no sólo por lo que se ha dicho en la Sala, sino también porque el 97,6 por ciento de las exportaciones de palta chilena va a Estados Unidos, mercado que se nos podría complicar frente a un eventual problema fitosanitario y, además, porque genera 4 mil empleos estables y 2 mil más en época de cosecha. Cabe tener presente que el 75 por ciento del fruto se produce en las provincias de Quillota y Petorca .
Por lo expuesto, además de los otros fundamentos, daremos nuestra aprobación al proyecto de acuerdo.
Decidí no presentar otro similar, al tomar conocimiento de la existencia de éste, porque me parece que no se deben duplicar peticiones ni competir si hay acuerdo en los fundamentos.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Alvarado, Araya, Ascencio, Barros,Bauer, Bayo, Becker, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Delmastro, Egaña, Escobar, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Hernández, Hidalgo, Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Lagos, Leay, Letelier (don Felipe), Luksic, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Rojas, Salaberry, Salas, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Tarud, Urrutia, Varela, Vargas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock.
En el turno correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Agricultura , con el objeto de que efectúe los comentarios que estime oportunos respecto de algunas sugerencias que formularé a continuación.
El mercado de la leche en Chile está pasando por uno de los momentos más críticos de su historia, por lo que es urgente que las autoridades de Gobierno asuman este hecho e impulsen los cambios legales que permitan salvar esta actividad, la que tiene gran importancia social, laboral y nutricional de la población, en especial de los niños.
Los problemas son múltiples y no vemos soluciones provenientes del Gobierno. Más aún, algunos personeros plantean que este sector debe modernizarse para ser más competitivo. Modernización es inversión. ¿Cómo los lecheros pueden seguir invirtiendo en momentos en que la actividad económica prácticamente ya no es rentable? Es cierto que el mercado regula, pero no es posible competir con productos extranjeros, en especial con los europeos que reciben grandes subsidios, lo que les permite vender a precios de liquidación. Por ejemplo, si el agricultor europeo recibe 1.000 dólares de subsidio por tonelada de leche en polvo, más el precio de venta al productor, esto es, 1.300 dólares, el productor europeo recibe 2.300 dólares por tonelada de leche en polvo; en cambio, el productor chileno recibe 1.300 dólares. Estos precios, que en el caso de los productores europeos están subsidiados, desvirtúan el mercado internacional y nacional, ya que, basados en ellos, los poderes compradores fijan un valor de compra que no logra financiar la producción chilena.
Establecer sobretasas arancelarias o tomar las mismas medidas de otros países que, pese a ser los adalides del libre mercado, ante cualquier amenaza prohíben la entrada a bienes cuyo precio afecta sus producciones nacionales, no significa protección, sino una contraprotección a los altos subsidios que reciben en sus países de origen.
Para competir, todos deben jugar con las mismas armas, por lo que urge neutralizar la competencia desleal. Competir con leche subsidiada agrava la situación porque el poder comprador en Chile está cerca del monopolio. De hecho, unilateralmente bajaron el valor de compra en alrededor de 10 por ciento, lo que generará un gran pérdida a los productores chilenos. Recientemente, una de las plantas más grandes informó que dejará de comprar veinte millones de litros, los que serán reemplazados por leche importada.
Se dice que no es necesario subir los aranceles, ya que actualmente se importa poca leche. Mala excusa, por cuanto los precios subsidiados influyen en el bajo precio que pagan las empresas chilenas. Si no se los acepta, importan y mantienen su abastecimiento.
Se dice que sobra leche y que por esa razón el precio es bajo. ¡Falso! Si sobrara leche, las importaciones de mayo no estarían doblando nuestras exportaciones. Además, en Chile se consumen 126 litros por persona al año, aunque el propio Ministerio de Salud afirma que el consumo anual debería llegar a 200 litros por persona. Claramente, existe un déficit, por lo que no sobra, sino que falta leche.
El Gobierno debería suplementar con mayor cantidad de leche a todos los niños de colegios municipales y particulares subvencionados, ello para subir su consumo y, a la vez, aumentar el poder de compra.
Está claro. No podemos seguir viendo como en el extranjero protegen a su agricultura con subsidios o con suspensión de importaciones; en cambio, a nuestros productores los obligan a competir en desventaja, lo que a la larga traerá como consecuencia una disminución de la producción nacional. Aquí, reitero, no se están tomando medidas de protección, sino que de contraprotección. Sólo se pide que seamos justos con nuestros productores. Está claro que debido a la situación económica del país, el Gobierno no puede entregar subsidios, como se hace en Europa. Sin embargo, es posible definir un marco legal que contrarreste las políticas agrícolas extranjeras. Si no actuamos luego, la competencia externa y el casi monopólico poder comprador terminarán con la actividad lechera. Además, la Comisión Antimonopolios debe estudiar a fondo el manejo de las empresas compradoras, a fin de detectar si están infringiendo nuestra legislación.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen.
En segundo lugar, el 3 de noviembre de 2001, la población El Romeral, de Rahue Alto, en la comuna de Osorno, fue visitada por el seremi de Vivienda, quien, al parecer, se habría comprometido a solucionar los problemas que afectan a las viviendas de esa población, en especial en puertas y techos, muchos de los cuales presentan escurrimientos y goteras. Asimismo, se señaló que se pavimentaría la calle principal y se entregarían las escrituras de 208 viviendas, pendientes desde hace cinco años. Además, el año pasado faltaba por entregar alrededor de 2.500 títulos de dominio.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda para que informe el grado de avance en la solución de los problemas indicados y a cuántas viviendas de Osorno no se les ha extendido la escritura correspondiente.
Señor Presidente , por último, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones para que informe cómo se fijan los precios del servicio de televisión por cable. Ello porque en la zona sur, donde opera la empresa VTR, existen diferencias de precios. En este caso, en Osorno la mensualidad es más alta que en el resto de la región. Por ejemplo, en Temuco el valor mensual es de 14.350 pesos; en Valdivia, 14.400; en Osorno, 15.490; en Puerto Varas, 14.350; en Puerto Montt, 14.350; en Ancud, 14.980; en Castro, 14.980, y en Coihaique, 15.000. Además -esto es algo que no logro entender-, Osorno parece tener menos programación que el resto de las comunas.
Señor diputado , ocupó nueve minutos del tiempo de su Comité.
Hago presente a la Sala que, como no están presentes todos los diputados de la UDI inscritos para hablar en Incidentes, ofreceré la palabra a los otros Comités para que avancemos.
Señor Presidente , la UDI me concedió un minuto de su tiempo.
Señor Presidente , agradezco al Comité de la Unión Demócrata Independiente por el minuto que me ha cedido.
Solicito que se oficie al ministro de Vivienda para que informe, en primer lugar, sobre la erradicación del campamento La Línea, de la ciudad de Villarrica, cuyo traslado a la población definitiva que se le construiría mediante el programa Chile-Barrios se ha postergado tres veces. En segundo lugar, respecto de la erradicación del campamento Los Alerces, de la comuna de Loncoche, la que se había comprometido a realizar este año mediante el programa Chile-Barrios.
En definitiva, pido que informe a esta Cámara cuándo se concretará la erradicación de esos campamentos.
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
Señor Presidente , la semana pasada se rechazó un proyecto de acuerdo presentado en esta Sala, en el cual se solicitaba que Chile se desligara del Mercosur. Voté en contra del proyecto de acuerdo, como también lo hicieron otros diputados, y por eso quiero hablar en esta oportunidad, no sólo en mi nombre, sino también en el de los diputados señores Exequiel Silva , Eduardo Saffirio , Enrique Jaramillo y Gabriel Ascencio , todos los cuales tuvimos una postura similar.
Quiero que los agricultores sepan que sólo se trataba de un proyecto de acuerdo y no de un proyecto de ley. No era un proyecto formal, sino que un proyecto de acuerdo, sin mayor consistencia e incidencia legislativa, que, de haber sido aprobado, no habría obligado al Ejecutivo .
En momentos en que se deciden los tratados internacionales con Estados Unidos y con la Unión Europea, Chile no puede darse el lujo de rescindir o desligarse de un tratado como el del Mercosur, más aún cuando nuestro país goza de una excelente imagen internacional. También estamos en conversaciones respecto de la salida del gas por nuestro territorio desde Bolivia .
El acuerdo con la Unión Europea y un eventual tratado latinoamericano de comercio con Estados Unidos interesa a los otros países, más que por el mercado chileno, por la posibilidad que nuestro país ofrece de ser la puerta de entrada a América Latina, Mercosur incluido.
Las exportaciones chilenas hacia el Mercosur tienen un alto valor agregado. De hecho, algunos diputados contrarios al proyecto de acuerdo demostraron que el retiro chileno del Mercosur dificultaría exportaciones vinculadas a variadas industrias del país.
El Mercosur no es mirado por el conjunto del país sólo como un acuerdo económico y comercial; también existen razones de defensa nacional y de política exterior chilena para estar presente en un acuerdo en el que participa Brasil.
Según datos entregados por la Sofofa, las importaciones de petróleo, gas natural, gasolina y las del sector automotor desde países del Mercosur, nos significan precios más bajos que los que podríamos pagar si compráramos en otros países, porque en Chile no se producen.
El problema de la agricultura, que se prolonga desde hace tres décadas, parece agravarse hoy más bien por la aplicación de una política de aranceles bajos y parejos que por los acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales. Desde hace muchos años se viene implementando una política basada en la desgravación unilateral, que se origina antes de los gobiernos de la Concertación.
Un proyecto de acuerdo no es la solución al problema agrícola. Desde el principio se estimó que no tenía destino y no concitó el apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados. La bancada agrícola no funcionó y aquellos que lo presentaron debieron comunicarse con los diputados que la integran para lograr un trabajo más armónico.
Anuncio que en fecha próxima solicitaremos una sesión especial de la Cámara, con la presencia de los ministros de Hacienda y de Agricultura y del director Económico de la Cancillería para analizar y evaluar el Mercosur, con el fin de proponer la corrección de sus deficiencias, así como plantear su perfeccionamiento, la eliminación de cláusulas que perjudiquen alguna producción nacional y también el término de las prácticas comerciales desleales de ciertos países o economías del Mercosur, y el establecimiento de salvaguardias y de sobretasas arancelarias. También es muy importante discutir si las compensaciones acordadas para el agro chileno, es decir, los 500 millones de dólares, han sido efectivamente cumplidas.
Por ello, somos partidarios de modificar los Convenios y no de terminarlos, más aún en este caso. Cuando celebremos tratados internacionales, estaremos muy atentos a que en verdad beneficien a nuestra agricultura y no la perjudiquen.
La comunidad internacional y los socios del Mercosur nos verían con muy malos ojos y perderíamos seriedad y credibilidad ante el concierto internacional si nos desligáramos del citado Convenio.
Conocemos del problema suscitado por las importaciones subsidiadas, que provocan distorsiones al comercio interno, y que es una competencia abiertamente desleal, motivo por el cual creemos que debemos tener una legislación protectora que permita aplicar sobretasas o crear instrumentos de defensa en forma oportuna, eficaz y automática.
Nuestro deseo es consensuar, con aquellos que presentaron el proyecto de acuerdo, una nueva iniciativa que obtenga real apoyo, conlleve la solución de los problemas que hoy aquejan al agro chileno, y también enfrentar otras situaciones, como los monopsonios internos que esquilman a los productores de leche y de remolacha. Además, sería necesaria la modificación de la Comisión Nacional de Distorsiones y de la Fiscalía Nacional Económica, haciéndolas más operables, y otras reformas, constitucionales y legales, que ya tenemos en estudio.
Para terminar, quiero decir que no hemos votado en contra del proyecto de acuerdo referido olvidándonos de los agricultores, sino por las circunstancias y fundamentos que he señalado. Nadie podrá negar que hemos estado en todo tiempo y lugar con la causa de los productores agrícolas, y que han sido muchas las cosas que hemos conseguido en conjunto con los dirigentes del agro. Cualquiera que diga lo contrario, falta a la verdad.
El rechazo de un mero proyecto de acuerdo no puede opacar la constante y encendida defensa que hemos llevado a cabo en todos estos años en favor de la agricultura, por lo que nadie puede descalificar a quienes hemos estado en esa posición. Todos nos conocen.
Debo señalar que nuestro voto en contra tuvo también como fundamento el acuerdo unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para solicitar el retiro del proyecto de acuerdo a los diputados que lo presentaron, por las graves implicancias internacionales que podría tener su aprobación.
En los momentos más difíciles -con esto termino, señor Presidente - ellos no estuvieron. Fuimos nosotros quienes dimos la lucha; la dimos con la cara al frente, con sesiones especiales, con peticiones ante la Comisión Nacional de Distorsiones, con protestas en el Paseo Ahumada, con la denuncia de un barco danés que traía productos lácteos cuando el Gobierno lo negaba. Hicimos todo eso en conjunto con los dirigentes agrícolas. Ése es nuestro trabajo y ésa ha sido nuestra tarea.
Solicito oficiar al ministro de Agricultura , con el objeto de que nos informe sobre los verdaderos efectos para la agricultura de este convenio con el Mercosur y la fórmula para terminar, de común acuerdo, con dicho convenio o para modificarlo, con el objeto de atenuar los efectos dañinos que podría sufrir la agricultura.
Habló siete minutos, señor diputado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Gabriel Ascencio.
Señor Presidente, he pedido la palabra para solicitar dos oficios.
En primer lugar, al señor ministro del Interior , con el objeto de que nos informe detalladamente acerca de los objetivos del Programa de Desarrollo Territorial Institucional, Pdti, que se está aplicando en algunas regiones del país; su financiamiento; la lista de las instituciones u organismos públicos que concurren a este financiamiento y la nómina de las personas contratadas a través de este Pdti, especialmente en la Décima Región, la que deberá incluir el nombre de la persona, el cargo que ocupa y la remuneración que percibe por la función que realiza en ese Programa.
En segundo lugar, a la señora ministra de Mideplan , al señor ministro de Agricultura y al intendente de la Décima Región , con el objeto de que informen detalladamente sobre las tareas que está cumpliendo el programa denominado Pro-Rural, sus objetivos en dicha región, cómo se financia, qué instituciones públicas concurren a su financiamiento y la nómina de las personas contratadas, con indicación de sus nombres, la remuneración que perciben y las funciones que deben cumplir.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen y de quien habla, de lo que se está tomando debida nota.
Tiene la palabra la honorable diputada señora Alejandra Sepúlveda.
Señor Presidente , no cabe duda de la importancia que hoy reviste para nuestros jóvenes el deporte, sobre todo el fútbol.
Por eso, en la ciudad de San Fernando, el Comité Comunal, que reúne a los más de dieciséis clubes deportivos que allí existen, está impulsando la idea de realizar en esa ciudad el primer Campeonato Nacional de Fútbol Juvenil. El plazo de postulación para adjudicarse el torneo deportivo, que se llevaría a cabo este año, vence antes del 30 de este mes.
Por eso, solicito oficiar al director nacional de Chiledeportes , para lo cual pido la adhesión de todos los diputados que están en el hemiciclo, con el objeto de pedirle su cooperación y apoyo para que San Fernando tenga la seguridad de adjudicarse, a la brevedad y por primera vez, la realización de un campeonato nacional de fútbol juvenil.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican y de quien habla, de lo que se está tomando debida nota.
Señor Presidente , Las Cabras es una de las localidades más importantes de la Sexta Región. Su camino principal se conecta con la carretera de La Fruta. Lamentablemente, el camino y esa conexión se encuentran en muy mal estado.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , con el objeto de que ordene la reparación de ese camino, a la brevedad, ya que por constituir un importante acceso a dicha ciudad y tener un gran flujo vehicular, sobre todo de camiones, en este último tiempo ha sido escenario de muchos accidentes con pérdida de vidas humanas.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Pablo Lorenzini por un minuto.
Señor Presidente , solicito oficiar al señor ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones , con el objeto de que nos explique por qué se ha postergado una vez más la construcción de un camino, denominado vía Culenar, alternativo al peaje de la Ruta 5 Sur, entre la ciudad de Talca y Maule , que fue acordado antes de la discusión de los peajes laterales.
Me parece que se deben cumplir los compromisos, sobre todo cuando se trata de un camino alternativo que da salida a un pueblo o a una ciudad que está a pocos kilómetros de Talca. El compromiso para realizar esa obra se asumió hace un año y en terreno, con la presencia del subsecretario de Obras Públicas , don Juan Carlos Latorre , pero ahora su ejecución se postergaría para el año 2004.
Por lo tanto, reitero mi solicitud de oficiar al señor ministro de Obras Públicas , con el objeto de que nos dé las explicaciones de por qué no se ha cumplido el compromiso aludido.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que están levantando la mano, de lo que se está tomando debida nota.
En el tiempo del Comité del PPD, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
Señor Presidente , hemos sido testigos de los avances que ha vivido nuestro país en materia judicial, especialmente en los últimos dos años.
La reforma judicial penal que se está llevando a efecto ha sido clave para obtener más justicia real y concreta a través del Ministerio Público o de los juicios orales, entre otras nuevas herramientas que entregan mejores respuestas a los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.
Sin perjuicio de reconocer el avance en materia de acceso a la justicia, especialmente por vía indirecta de la reforma, considero oportuno oficiar al ministro de Justicia, con el objeto de que informe respecto de los mecanismos existentes y los proyectos que posibiliten el igualitario acceso a la justicia y, por lo tanto, el derecho a la defensa jurídica de toda la ciudadanía, especialmente la de escasos recursos materiales y financieros.
Solicito, además, una evaluación con los datos específicos de servicios que dicha cartera otorga a los miles de usuarios que necesitan contar con abogados para satisfacer la gran demanda que hemos detectado últimamente.
La información solicitada responde a reiteradas inquietudes planteadas en Macul, San Joaquín y La Granja, a través de la oficina parlamentaria móvil en la cual atendemos a las personas que represento, y en la que, además, cumplimos un rol informativo sobre los diversos problemas que afectan a esas familias. Más del 30 por ciento de las atenciones sociales que efectuamos obedecen a la necesidad de información profesional y de recursos humanos y materiales, sobre posesiones efectivas, pensiones alimenticias y familiares detenidos en centros penitenciarios, en ese orden de prioridad.
Tengo entendido que está volviendo a la normalidad el funcionamiento de las corporaciones de asistencia judicial, pero me parece urgente y necesario contar con la información adecuada y colaborar en su difusión. A veces existen los medios para defenderse judicialmente, pero faltan instrumentos de comunicación adecuados para informar a los usuarios respecto del procedimiento por seguir. La mayoría de las veces los centros de asistencia judicial se ven sobrepasados por la demanda y la falta de recursos humanos profesionales.
En nombre de este porcentaje no menor de personas que necesita más y mejor justicia, solicito al ministro del ramo la información necesaria para que, unidos en los esfuerzos y responsabilidades compartidos, demos una respuesta positiva a un tema tan importante para chilenos y chilenas.
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente , reitero un planteamiento que hice en esta Sala en marzo de 2001, en relación con las malas condiciones en que se encuentra el cuartel de la Policía de Investigaciones de Castro.
En un informe de la Dirección de Arquitectura se da a conocer el grado de precariedad en que se encuentra su actual infraestructura. Además, en un informe del Departamento de Salud del Ambiente, se señalan las malas condiciones de higiene del establecimiento; es decir, no hay posibilidad alguna de repararlo o de mantenerlo. La única salida es demolerlo.
De mantenerse la mala infraestructura del cuartel de la Policía de Investigaciones, a medida que transcurre el tiempo se pone en riesgo la cobertura de los servicios de la policía civil en Chiloé, fundamentalmente en la capital provincial, Castro . Tanto es así que incluso la dirección superior de dicha institución estudia la posibilidad de cerrar en forma provisoria el cuartel, mientras se soluciona el problema de reposición del inmueble.
En respuesta a las gestiones realizadas ante las autoridades competentes, a través de la Cámara de Diputados, en 2001, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile expresó, claramente, que la única solución era demoler y construir un nuevo edificio. Para tal efecto, se señaló que el gobierno regional se comprometió a asignar recursos durante 2002 y 2003; es decir, se entregarían 85 millones de pesos el presente año y 85 millones el próximo. Ha transcurrido la mitad de 2002 y aún no se concreta el compromiso contraído por los tres últimos intendentes de la región, señores Iván Navarro , Carlos Tudela y Patricio Vallespín .
Es lamentable comprobar que tras las gestiones que se iniciaron en forma oportuna, frente a las cuales la autoridad competente asumió ante la comunidad el compromiso claro y objetivo de buscar una solución al problema, después de casi 15 meses estemos en la misma situación, es decir, con la infraestructura del edificio en peores condiciones y con la inseguridad de que los servicios policiales puedan seguir atendiendo las provincias de Chiloé y de Palena.
Por las razones señaladas, pido que se oficie a los ministros del Interior y de Defensa y al director general de la Policía de Investigaciones, a fin de que expliquen las razones por las cuales las autoridades competentes aún no cumplen su compromiso.
No debemos esperar que se suspenda el servicio policial, que la población quede desprotegida frente a la delincuencia por falta de claridad, de cumplimiento, o por indiferencia de la autoridad ante problemas serios, que son de conocimiento público, que alteran el normal funcionamiento de la Policía de Investigaciones en Castro, provincia de Chiloé.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
Señor Presidente , la semana recién pasada la Cámara votó un proyecto de acuerdo mediante el cual se solicitaba al Presidente de la República que, en uso de sus facultades, renunciara, esto es, dejara sin efecto por la vía de la renuncia, el tratado entre Chile y el Mercosur en virtud del cual nuestro país está asociado a ese bloque político y comercial de América del Sur. Comprenderán, estimados colegas, la gravedad de esa particular opinión.
Quien habla se abstuvo de votar en esa oportunidad, por considerar que el proyecto adolecía de falencias técnicas y políticas, toda vez que se pidió el retiro completo del pacto y no una revisión y análisis de las obligaciones y compromisos económicos de Chile con los países integrantes. Hubo un craso error en la redacción del proyecto de acuerdo. El que habla lo firmó, pero en el entendido de que se haría un análisis y revisión del convenio con el Mercosur.
La renuncia de Chile al Mercosur sólo sería comparable al retiro que, en su momento, nuestro país hizo del Pacto Andino, hace ya algunos años, la que generó turbulencias enormes en nuestras relaciones con Perú, Bolivia y Ecuador.
Ante esto y sobre todo por estar involucrados Argentina y Brasil, países con los cuales tenemos lazos de hermandad muy estrechos, así como históricos, políticos y económicos de antigua data, resultaría, por decir lo menos, un absurdo apartarse de este bloque, incluso en el plano económico.
No se debe olvidar que, en la actualidad, Chile está interconectado, en materia energética, con Argentina, mediante gasoductos que alimentan todas las áreas industriales de la zona central del país. Por cierto, el gas llega desgravado, sin impuestos mayores. Si no existiera el Mercosur, esto no sería posible, o bien el gas llegaría a precios que podrían ocasionar graves trastornos a la economía nacional.
Lo que se necesita es que los chilenos utilicemos a fondo los mecanismos institucionales de que disponemos, a fin de evitar la competencia desleal, el “dumping” o el establecimiento de precios depredatorios. Sólo después de hacer eso y de comprobar que tales instrumentos no son suficientes, podemos pasar a una segunda etapa, a una intervención más fuerte, que, eventualmente derive en el reestudio de nuestra situación y de nuestros compromisos con los países integrantes del acuerdo.
Por lo tanto, debemos pedir, mediante oficio, que el Supremo Gobierno, como conductor de las relaciones exteriores de Chile, evalúe la posibilidad de morigerar los efectos negativos del Mercosur en la agricultura chilena y estudie la posibilidad de revisar los procesos de desgravación progresiva en materia agrícola.
Ante temas tan serios como éste, hago un llamado a actuar con moderación y racionalidad, sin voluntarismos absurdos. Me parece que hay parlamentarios que, tal vez por su inexperiencia, pretenden, de manera imprudente, hacer declaraciones oportunistas, que pueden conducir a Chile a tener problemas de una gravedad impensada. Confiamos en que pronto adquieran la experiencia necesaria, el importante nivel de conocimiento que debe tener cada legislador y la altura de miras indispensable para tratar en esta Sala los grandes problemas de la República y los asuntos internacionales, que son temas de Estado y no de gobierno, por cuanto se refieren a materias generales y permanentes del país.
Hoy, después de conversar con algunos de los autores de ese proyecto de acuerdo, el cual no reviste la importancia que debería tener, en especial con los diputados señores José Antonio Galilea , Meza y Ojeda , logramos elaborar un proyecto de acuerdo más adecuado, puesto que el presentado causó mucha confusión y debe ser revisado.
Por eso, la opinión pública debe saber que en el curso de la semana próxima -en forma sensata y cuerda, como debemos actuar los legisladores- presentaremos un proyecto de acuerdo tendiente a que se efectúe un análisis de la situación de nuestra agricultura, en el marco del acuerdo con el Mercosur.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado René Manuel García .
Señor Presidente , cuando se habla aquí de los proyectos de acuerdo relacionados con el Mercosur, me gustaría saber quiénes son los “irresponsables”.
En primer lugar, los propios autores del proyecto de acuerdo mencionado votaron en contra, se abstuvieron o salieron de la Sala en el momento de la votación. Eso es poco serio. Y, hoy, cuando sus electores les preguntan qué pasa con el Mercosur, vienen a la Cámara a decir que presentarán un nuevo proyecto de acuerdo para limpiar su conciencia y satisfacer a electores que, en su gran mayoría, son agricultores. Ahora dicen que quieren saber de los 500 millones de dólares, cuando, en forma irresponsable, votaron a favor del Mercosur.
En segundo término, cuando esos diputados tuvieron la oportunidad histórica de hacerle presente al Presidente de la República que estaban en desacuerdo con el Mercosur y que Chile debía anular su acuerdo con él, abandonaron la Sala, votaron en contra o, simplemente, se abstuvieron. Entonces, cuando en sus zonas los empiezan a “atrincar”, dicen que les cambiaron el proyecto de acuerdo, que esto, que lo otro. ¡Puras mentiras! Lo cierto es que firmaron el proyecto de acuerdo, y deben reconocer que recibieron órdenes del ministro y no se atrevieron a votarlo a favor.
Esto demuestra, una vez más, que, respecto de la palabra empeñada -me refiero a quienes firmaron el proyecto de acuerdo-, en la Concertación son las mujeres quienes la mantienen. La diputada Alejandra Sepúlveda firmó el proyecto de acuerdo y votó a favor, para que Chile terminara su acuerdo con el Mercosur. Esto demuestra que son las mujeres las que llevan los pantalones, y no vengan a hacer lavados de conciencia ahora, después de que hundieron a Chile cuando, hace muchos años, aprobaron el acuerdo con el Mercosur. Además, el propio ministro del Interior señaló que éste era un elefante blanco, que no tenía posibilidades y que dicho acuerdo era contraproducente.
Los agricultores del país deben saber quiénes respetan su palabra y quiénes no lo hacen. La verdad es que, una vez más, los diputados de las zonas agrícolas han privilegiado las órdenes del Gobierno por sobre los intereses de la gente que les ha pedido que la defiendan. Los campesinos de los sectores agrícolas de la Séptima Región al sur se sienten indefensos ante diputados que reciben órdenes perversas que los afectan.
La gente debe saber cómo se habla y cómo se actúa en la Cámara. Algunos hablan muy bonito y, por eso, todos votarían por ellos; pero, al momento de votar en la Sala, demuestran lo contrario. Por eso, respecto del tema agrícola, los diputados de la Concertación han perdido credibilidad. No pueden “sacarse el pillo” presentando otro proyecto de acuerdo, que, más que eso, parece un lavado de conciencia.
Éstas son las cosas por las que estamos peleando desde hace muchos años, para que Chile no cometa el error de seguir postergando la solución de los problemas agrícolas. Los grandes escollos para concretar el acuerdo con la Unión Europea y con Estados Unidos se han debido, precisamente, a que ambos protegen su agricultura. Chile no la defiende, porque no hay interés; lo único que interesa es arruinarla y seguir haciendo ricos a los que importan productos agrícolas para comercializarlos -a pesar de lo cual no se observa ninguna baja en los precios para beneficio de los consumidores-. Con la política del libre comercio y de los acuerdos con los países del Mercosur se sigue haciendo más ricos a los ricos y empobreciendo en forma descarada a los agricultores del país.
Por lo tanto, no hay que hacer lavados de conciencia, sino que actuar con hechos, para que los agricultores perciban que son defendidos por los diputados que eligieron, y que no dicen una cosa aquí y hacen otra al momento de votar.
Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado señor Martínez.
Señor Presidente , el pasado sábado 20 de julio se publicó en el Diario Oficial la resolución Nº 70 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 17 de julio de 2002, que declaró disuelta la Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Ángel Gabriel Limitada, de Chillán, sepultando con ello las esperanzas de un conjunto de personas, familias chillanejas que después de varios años de ingentes esfuerzos, sacrificios y postergaciones creyeron en un proyecto inmobiliario que resultaba desde todo punto de vista atractivo, dadas las características contempladas en su diseño y la publicidad utilizada para difundir sus propósitos.
El documento que creó el proyecto de la Cooperativa Ángel Gabriel decía: “ésta nace como una organización social en el sentir de varias personas de obtener una casa digna con los recursos humanos y económicos que se puedan obtener de la coyuntura política y social, tanto de la comunidad chillaneja como nacional”, declaración que dejaba entrever una cierta relación con determinadas corrientes políticas y autoridades del país, la cual, de ser real, constituiría un peligroso tráfico de influencia y una inequidad para el resto de las personas que también trabajan y se esfuerzan por hacer realidad el anhelo de la casa propia.
Sin embargo, más allá de esas aprensiones, el proyecto en su planteamiento teórico resulta interesante, en particular por el valor de las casas, cada una de las cuales, según las estimaciones, sería del orden de los 4 millones de pesos, suma en la cual no se contemplaba el aporte que los socios harían en mano de obra ni la compra del terreno. Este conjunto habitacional tendría un concepto de barrio, donde existiría hasta un colegio responsable de la educación de los hijos de los socios, en estricta correspondencia con el perfil sociocultural que desearan para ellos.
¿Qué más atractivo que un conjunto habitacional de esas características, destinado en su idea primigenia a favorecer -y así lo decían sus documentos y las declaraciones de prensa- a la gente más modesta, especialmente a las familias de allegados, quienes por su condición tienen pocas posibilidades de acceder a una vivienda a través de otras modalidades?
Recuerdo, como si hubiera sido hoy, la ceremonia inaugural efectuada el 30 de noviembre del año pasado, y la colocación de la primera piedra de la casa piloto en un terreno ubicado en el sector norponiente de la ciudad de Chillán, donde se levantaría este nuevo grupo habitacional que las autoridades y la prensa destacaban. En esa ocasión asistieron altas personalidades, entre otras, algunos ejecutivos del Banco del Estado, donde se tramitó un crédito; asimismo, el director de asuntos sociales de la Presidencia de ese entonces, nuestro colega Camilo Escalona , recibió a los dirigentes en La Moneda y les habría manifestado su apoyo entusiasta a la iniciativa. El diario “La Discusión”, de Chillán, reprodujo sus palabras, las que textualmente fueron: “ojalá que surjan otros comités y cooperativas como ésta en Chile, porque así estamos demostrando que podemos y somos capaces de construir una sociedad mejor, sumando los esfuerzos de todos para engrandecer nuestro país”.
Han transcurrido ya casi dos años de esa hermosa actividad -ejemplo para el país en ese momento-, y el resultado es una estafa millonaria causada a hombres y mujeres modestos, esforzados y luchadores, cuyos representantes nos acompañan esta mañana para expresar silenciosamente ante el Parlamento la indignación que sienten al haber sido engañados por inescrupulosos, cuyo único objetivo fue lucrar con los sueños y las esperanzas de cientos de familias que creyeron en un cuento que terminó en un triste final.
Al revisar la documentación, que es variada y numerosa, uno puede, con indignación, exclamar: ¡Hasta cuándo se engaña y roba a la gente!
También puedo concluir que aquí hay individuos, porque no se trata de la actuación de una sola persona, sino de un conjunto de ellas, que lisa y llanamente se organizaron para estafar.
Si algún colega piensa que es una aseveración antojadiza, permítanme entregar los antecedentes centrales que contiene el informe Nº 87, de 16 de julio de 2002, del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía sobre esta materia.
Primero, la Cooperativa Ángel Gabriel Limitada cuenta actualmente con doscientos setenta y un socios, pero, en la práctica, hay un número superior al millar de personas incorporadas irregularmente en tal condición -de quienes esta cooperativa captó aportes de capital por la suma, al 31 de diciembre de 2001, de 267 millones 54 mil 299 pesos-;
Segundo, el número de lotes disponibles, aun considerando la compra de los terrenos respecto de los cuales mantiene contrato de promesa de compraventa, es muy inferior a la cantidad de personas de quienes se ha captado ahorro;
Tercero, se prometieron viviendas que, en ningún caso, corresponden a las que podían ser objeto de beneficios de subsidio habitacional, y que no guardan relación alguna con el nivel de endeudamiento de los socios;
Cuarto, se encuentran sólo 36 viviendas levantadas en obra gruesa, que requieren de una inversión mucho mayor para ser entregadas;
Quinto, los terrenos no cuentan con urbanización, salvo la aprobación para la construcción de 48 viviendas. El proyecto no cuenta con la aprobación de los planos de arquitectura, de urbanización, de instalaciones domiciliarias, permiso de edificación y loteo;
Sexto, la definición técnica del proyecto en ejecución no corresponde al segmento de los socios de la cooperativa;
Séptimo, una cantidad importante de subsidios está vencida, sin posibilidad de reemisión. Esperamos recuperar su vigencia;
Octavo, no ha acreditado las pólizas de fidelidad funcionaria del Consejo de Administración y del gerente, no obstante haberse requerido por oficio ordinario Nº 2369, de 20 de junio de 2002.
Por lo tanto -concluyó el informe-, se han vulnerado las siguientes disposiciones legales:
Primero, el artículo 99, inciso primero, de la ley general de Cooperativas, y los artículos 2º y 9º del Estatuto Social, en el sentido de que funcionaba como cooperativa abierta, manteniendo abiertos sus registros de socios y recibiéndolos en forma indiscriminada en un número que excedía el máximo permitido por el estatuto.
Segundo, infracción del artículo 1º de la resolución Nº 143, y artículo 2º de la resolución 142, del Departamento de Cooperativas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la resolución Nº 142, del Departamento de Cooperativas, de 1993, publicada en el Diario Oficial de 5 de enero de 1994, “la contabilidad de las cooperativas deberá mantenerse actualizada y sus asientos contables deberán efectuarse en registros permanentes, los que deberán comprender, a lo menos, un libro diario mayor e inventarios y balances”.
Tercero, infracción del artículo 99, inciso segundo, de la ley general de Cooperativas. Esta disposición establece el principio de la unidad geográfica de los terrenos de este tipo de cooperativas, en el sentido de que las cooperativas se constituyen para construir en un mismo paño de terreno un solo programa, que puede dividirse en una o más etapas. El citado artículo establece: “Las cooperativas de viviendas, definidas en el inciso anterior, podrán constituirse en lugares urbanos y rurales, industriales, mineros o pesqueros, anexos o relacionados con la respectiva actividad, pero, en todo caso, deberán constituir una unidad geográfica”.
A ese respecto, se comprobó que, el 4 de abril de 2002, los señores Carlos Eduardo Midleton y otros, previa división de dos lotes del paño original, vendieron a la cooperativa sólo el lote 1 B, que, por tales circunstancias, quedó como un lote aislado, sin conexión de deslindes con los demás terrenos sobre los cuales la cooperativa había celebrado contrato de promesa de compraventa.
Cuarto, infracción del artículo 45 de la ley general de Cooperativas, y del artículo 2º de la resolución Nº 143, de 1993, publicada en el Diario Oficial de 5 de enero de 1994, que reza que “los consejeros, una vez elegidos, deberán rendir una fianza individual para garantizar el correcto desempeño de sus funciones”.
Mediante el oficio ordinario Nº 1982, de 22 de mayo pasado, el Departamento de Cooperativas requirió copia de las pólizas de fidelidad funcionaria de cada uno de los integrantes del Consejo de Administración, lo que, por cierto, no se cumplió.
¿Me permite, señor diputado ? Le ruego redondear la idea, porque le resta sólo medio minuto.
Eso es lo sustantivo del informe del Departamento de Cooperativas, cuyos hechos configuran las causales contenidas en las letras a) y b) del artículo 51 de la ley general de Cooperativas, que facultan al Ministerio de Economía para decretar la disolución de la entidad, tal como ha ocurrido.
Señor Presidente , ¿podría usar dos minutos del tiempo que me cedió la Unión Demócrata Independiente?
Su Señoría ocupó todo el tiempo que le restaba a su Comité y el que le cedió la Unión Demócrata Independiente.
Señor Presidente , se trata de un hecho gravísimo y me gustaría hacer algunas peticiones.
Señor diputado, no puedo pasar por alto el Reglamento de la Cámara.
Le puedo sugerir que haga llegar a la Mesa el texto completo de su discurso, a fin de adjuntarlo al oficio que solicite.
Gracias, señor Presidente. Voy a solicitar que se inserte el resto de mi discurso, porque se trata de esforzada gente de trabajo, que tiene grandes esperanzas de que se le haga justicia.
El próximo lunes solicitaré una audiencia al presidente de la Corte de Apelaciones, a fin de que se nombre un ministro en visita para que investigue este caso.
Además, pido que se oficie al contralor general de la República, con el propósito de que haga las gestiones pertinentes para establecer las responsabilidades de la municipalidad correspondiente y de los otros organismos que debe fiscalizar.
Por último, pido que se envíe copia de mi discurso a las personas a quienes solicito llevar adelante la investigación.
Se insertará en la versión oficial el resto del texto de su discurso, y se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Con el objeto de que no se interprete mal la actitud de la Mesa, hago presente que cada bancada tiene su tiempo. Su Señoría ocupó el tiempo de su Comité, más los cuatro minutos cedidos por la UDI.
-El texto que se acordó insertar es el siguiente:
Hasta aquí la historia -diría oficial-; no obstante, señor Presidente , hay más antecedentes y es del todo conveniente darlos a conocer en esta Cámara, no con el afán de revivir el dolor que sienten las familias aquí presentes, sino para llamar la atención del país y de sus autoridades, para que entiendan que es necesario proceder con urgencia a modernizar la ley de Cooperativas, con disposiciones claras y rigurosas que eviten, de una vez por todas, la ocurrencia de hechos como los descritos. Pero, además de esa tarea, que nos corresponde a nosotros y al Poder Ejecutivo , está el desafío inmediato que tiene la sociedad a través de sus instituciones, organismos y representantes para investigar a fondo lo sucedido, establecer las responsabilidades penales y administrativas, y aplicar el máximo rigor de la ley, porque en este país está resultando muy fácil organizarse para estafar a la gente más modesta, como ya ocurrió con el Comité Santa Teresa de Chillán, que denuncié el año pasado en este mismo lugar. No creo ser duro en mis expresiones, pues es verdad: aquí hay gente preparada, con contactos e influencias, que constituye organizaciones de papel, recibe dineros, realiza trámites incluso relacionados con la obtención de préstamos en entidades bancarias y postula a subsidios, con un discurso creíble y atractivo, pero cuyo único fin es estafar a quienes se dice representar. Los afectados -si tienen fortuna- logran que sus principales dirigentes estén algunos meses detenidos, y nada más. Es una pésima señal para el país y una gran frustración para la gente honesta y esforzada que, afortunadamente, es la inmensa mayoría.
Los antecedentes a que me refiero, nos muestran irregularidades de todo tipo:
Primero: la relación de parentesco directo entre la presidenta de la Cooperativa, el personal de la oficina y determinados miembros del Consejo Administrativo, vulnera el artículo 55 del reglamento general de Cooperativas;
Segundo: existencia de una cuenta denominada “Depósitos de Terceros”, que correspondía a aportes efectuados por personas que no tenían la calidad de socios, lo que alcanza un total de $ 267.054.299;
Tercero: existencia de loteos asignados a 2 ó 3 personas simultáneamente;
Cuarto: cheques del actual director de Obras de la municipalidad de Chillán , hoy sometido a proceso por irregularidades en el ejercicio de su cargo, que eran cambiados por la presidenta de la Cooperativa , señora Pilar Vásquez Cabezas o Felicia Angélica del Pilar Vásquez Cabezas ;
Quinto: tramitación, por la propia Cooperativa, de créditos de consumo en el Banco del Estado para los socios que no tenían recursos para la compra del terreno, pagaderos de dos a cuatro años;
Sexto: inexistencia de inscripción en el conservador de bienes raíces que certifique que la Cooperativa Ángel Gabriel es propietaria de los terrenos por los cuales la gente se endeudó y por lo que sólo existe promesa de compraventa.
Estimados colegas, son innúmeras las irregularidades acreditadas. De allí, pues, la urgencia de conocer con exactitud lo sucedido. El informe del Departamento de Cooperativas citado es un avance importante; pero hay más, mucho más, lo que me lleva a solicitar a esta Cámara, fiscalizadora en esencia, acuerdo para las siguientes acciones:
Primero: pedir que la Contraloría General de la República inicie una investigación tendiente a determinar la eventual responsabilidad de la Dirección de Obras de la municipalidad de Chillán en el otorgamiento del permiso de edificación para un loteo con construcción simultánea de viviendas, dadas las disposiciones específicas que para ello se requieren;
Segundo: pedir que el señor ministro de Economía ordene que se inicie una investigación en el Departamento de Cooperativas, dependiente de ese Ministerio, a objeto de determinar si cumplió, efectivamente, con el rol fiscalizador permanente que la ley le asigna, acción que, de haber existido, probablemente nos habría evitado esta trágica situación que he denunciado esta mañana;
Tercero: solicitar que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informe sobre las cuentas bancarias de la Cooperativa, de cada uno de sus socios y especialmente de sus dirigentes;
Cuarto: solicitar al Síndico de Quiebras una completa auditoría a la citada Cooperativa.
Pero, además, señor Presidente , como aquí está en juego la fe pública, lo que se deriva de los hechos narrados y de las declaraciones de la propia presidenta de la Cooperativa , al reconocer en entrevista al diario “La Cuarta”, del 22 de mayo pasado, que en poco más de un año había movido más de 600 millones de pesos, cuyo destino se desconoce, pero que es motivo de especulaciones de todo tipo, estimo fundamental solicitar que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán nombre un ministro en visita con dedicación exclusiva y amplias facultades para investigar, por lo que, la próxima semana, pediré audiencia al Presidente de dicho tribunal para insistir en la urgencia de designar un ministro en visita. Sólo de esa manera se restituirá en parte la fe en nuestras instituciones, y la gente podrá, de alguna forma, volver a tener esperanzas en la justicia.
Mientras ese proceso se desarrolla, y aun cuando la naturaleza jurídica de la Cooperativa sea de tipo privado, solicito que se oficie al Banco del Estado para que permita a las personas afectadas que solicitaron crédito, reprogramar sus deudas con una tasa similar a la existente para créditos hipotecarios. Solicito, también, que se oficie al señor ministro de Vivienda , a fin de que incluya a las familias afectadas con subsidios adjudicados, previa prórroga de los mismos, en un programa o plan especial de construcción de viviendas.
Señor Presidente , insisto en que se trata de gente de esfuerzo y trabajo, muchos de ellos doblemente estafados, pues habían sido miembros del Comité Santa Teresa, donde se robaron 200 millones de pesos; de allí que, toda acción posible de hacer, es necesario realizarla, para restituir en parte el daño producido y devolverles la posibilidad de soñar con la casa propia.
A continuación, le voy a ceder la palabra, por un minuto, al diputado señor Osvaldo Palma.
Señor Presidente , hoy, como hombre del sur, no puedo callar, porque ha muerto Francisco Coloane. Ha callado para siempre el hombre de la tierra, de los grandes silencios. Nunca más su pluma maravillosa describirá nuestros parajes del fin del mundo.
Este hombre, de sombra larga, dio a conocer al mundo entero el paraíso agreste de Tierra del Fuego, de Magallanes y de Aisén, y a sus hombres, esa raza noble de pioneros que hacen patria y soberanía y que embisten la naturaleza donde otros arrancan de ella.
A este buen hombre, que hizo eternos nuestros vientos del sur en todo el mundo, mi homenaje mayor, mi aplauso y mi agradecimiento. Don Francisco Coloane cabalga para siempre en los vientos huraños de nuestro sur.
La Tierra del Fuego, sus canales inquietos, echarán de menos su sombra larga y su mirada quieta. Coloane caminará para siempre por nuestras cordilleras, por nuestros desfiladeros de miedo, por caminos que nadie ve y que llevan al infinito.
Las huellas mágicas de la montaña sentirán para siempre a este jinete del cielo; en los ecos del silencio retumbarán los cascos de su caballo invisible, dominando las alturas, silbando con el viento, despeinando las estepas, arremolinando sus cabellos y el abrigo de su manta oscura.
Adiós, Coloane ; nuestros rincones del sur sentirán tu abrazo eterno en nuestro recuerdo y en nuestros afectos. Adiós, Coloane ; adiós para siempre. Con su manera agreste de querer, nuestra tierra lo llorará para siempre. Llueve en Tierra del Fuego, llueve en Magallanes, llueve en Aisén, llueve en nuestros corazones. Se fue Coloane.
Señor Presidente, solicito que este hermoso homenaje que ha rendido el diputado Osvaldo Palma, al cual adherimos todos los diputados presentes en la Sala, sea enviado a los medios de comunicación.
Se enviará a los medios de comunicación el texto del homenaje rendido por el diputado Osvaldo Palma al escritor Francisco Coloane , con la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente, de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia, del Partido Radical Social Demócrata y de la Mesa.
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado Javier Hernández.
Señor Presidente , prácticamente todos los diputados que han hecho uso de la palabra en Incidentes se han referido al tema agrícola.
No es nuestro ánimo polemizar con los diputados de los distritos agrícolas que votaron a favor del acuerdo con el Mercosur. La realidad es distinta. Para nosotros es sumamente importante resolver los problemas agrícolas. Al menos, en mi caso, es lo que me motiva, y me gustaría que todos los parlamentarios de la zona sur actuáramos unidos en defensa de la actividad agrícola tradicional. Eso es lo que más me motiva; más que discrepar, ése debe ser nuestro objetivo final.
Considero que debemos aunar esfuerzos y tratar de convencer a las autoridades de Gobierno para que busquen las soluciones más adecuadas. Hay muchas soluciones, pero al parecer no se escucha, se hace oídos sordos.
Por eso, debemos tratar de buscar la unidad, por el bien de la zona sur.
En segundo lugar, solicito que se oficie al contralor regional de la Décima Región para que ordene la investigación de la quiebra de la empresa constructora San Martín y Campos Limitada, que abandonó la construcción de más de 800 viviendas sociales dinámicas del Serviu en las comunas de Osorno, San Pablo, Purranque y La Unión, perjudicando con ello a más de 600 trabajadores de la zona, a los cuales adeuda entre uno y dos meses de sueldo, además de las leyes sociales. Aquí ha quedado de manifiesto que al adjudicar la licitación a esa empresa no se tomaron todos los resguardos necesarios.
Por eso, pido que se investigue si efectivamente se tomaron los resguardos del caso porque, al parecer, en la zona sur es muy común que se entregue la construcción de viviendas a empresas constructoras que al poco tiempo quiebran, con el consiguiente perjuicio para quienes esperan sus viviendas y para los trabajadores de las empresas.
Asimismo, deseo saber cuánto invertirá el Serviu para pagar los sueldos de los trabajadores afectados por la situación mencionada.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.
Señor Presidente , ante todo, me alegro de que se encuentre presente en la Sala el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, porque la materia a la cual me referiré también será debatida por esa Comisión.
En primer lugar, llamo la atención de la Sala sobre lo que está ocurriendo con las empresas de telefonía móvil. Ha sido tan grande el éxito logrado en nuestro país por estas empresas, que ya suman casi cinco millones los usuarios de teléfonos celulares. Debido a esto, han tenido que agregar un nuevo dígito a los números. Bien por ellas.
Pero ocurre que la campaña publicitaria que están llevando a cabo para informar sobre dicho cambio la estamos pagando los usuarios. Durante la primera semana, cada vez que uno hacía un llamado, ocupaban seis segundos -ahora son doce- para informar al usuario -lo que ya es conocido por éste- de que es necesario anteponer un nueve al número del destinatario, puesto que, de no hacerlo, no se realizará la comunicación.
Me parece muy bien que se informe a los usuarios que, debido a su éxito, ha sido necesario anteponer un dígito a los números existentes. Lo que no me parece correcto, de acuerdo con la política de que el que llama paga, es agregar diez o doce segundos a las llamadas de los usuarios.
Por lo tanto, solicito que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones , a fin de que nos informe si es legal que las empresas de telefonía móvil traspasen el costo de esta información a los consumidores. En caso de que dicho cobro sea ilegal -muchos pensamos que es así-, que se reembolse su valor, que se ha estado cobrando durante casi un mes, a los usuarios a través de sus cuentas.
Tiene la palabra el diputado señor Uriarte respecto del mismo tema.
El señor URIARTE .-
Señor Presidente, junto con adherir al oficio solicitado por el diputado don Juan Pablo Letelier, pediría que se preguntara a la Subsecretaría de Telecomunicaciones si las compañías cuentan con elementos tecnológicos para anteponer automáticamente el número 9. Si así fuera, que lo hagan al más breve plazo, a fin de evitar a los consumidores y usuarios un costo que no tiene lógica.
Se procederá en la forma solicitada por el diputado señor Uriarte.
En segundo lugar, me referiré a un problema que puede llegar a ser muy grave para quienes viven en las comunidades rurales de nuestro país, es decir, para casi un tercio de nuestra población.
Durante la última década, el programa social de expansión, mejoramiento y desarrollo de los sistemas de agua potable rural, APR, llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, ha tenido un gran éxito. Haciendo grandes esfuerzos, pasamos de inversiones de apenas 2 mil millones de pesos al año, a sumas diez veces superiores, con el propósito de garantizar la extensión de este servicio a muchas comunidades que, a fines del siglo pasado, difícilmente podían acceder a un recurso tan vital como es el agua.
Hoy, existen dos problemas. Se ha avanzado mucho en la ampliación de la cobertura, pero todos los servicios que se generaron en la década del 60 están prácticamente colapsados y requieren ser ampliados o mejorados.
¿Cuál es el problema? Que el director de Obras Hidráulicas está haciendo circular -no creo que sea su intención, probablemente ha seguido el criterio del ministro de Hacienda - un documento en el que se informa que en ninguna región se seguirá financiando la ampliación de cobertura programada para el sistema de agua potable rural. Tampoco habrá recursos del Ministerio de Obras Públicas para las extensiones de redes, que son básicas para mantener el poblamiento en comunidades rurales, y menos para los programas de mejoramiento.
La Sexta es una una de las regiones a la cual el Ministerio de Obras Públicas no le quiere asignar ni un peso para el saneamiento de agua potable rural. Me imagino que lo mismo ocurre en varias otras.
En mi mano tengo la lista de lugares densamente poblados de la Sexta Región que requieren recursos públicos para el mejoramiento, construcción o extensión de redes. Ésos son los problemas sociales de fondo. Si se sugiriera que los municipios financiaran dichas obras, le estaríamos mintiendo al país, porque no tienen recursos para la extensión de sistemas de agua potable rural, mucho menos para un mejoramiento en su captación, en sus mecanismos de propulsión o en sus copas. Los gobiernos regionales tampoco disponen de los recursos necesarios para dicho programa.
En atención a lo anterior, solicito oficiar a los ministros de Hacienda y de Obras Públicas , a fin de que garanticen que, en los fondos asignados en la ley de Presupuestos al Ministerio de Obras Públicas, se mantendrá el programa de APR. Durante los últimos cinco años, por diferentes razones, ha resultado conflictivo dejar recursos para la mantención o ampliación del servicio. Sin embargo, se ha mantenido el criterio en cuanto a la construcción, reduciendo a veces los recursos.
El Presidente de la República ha defendido y promovido dicho programa. Por tanto, espero que los “duendes” de Hacienda no dejen de lado un proyecto tan importante, ya que, sin duda, tiene un gran impacto en el desarrollo rural, y no como el debate falso y ficticio que hemos tenido hoy, respecto de las inversiones recíprocas entre Chile y Nueva Zelandia, que no tiene nada que ver con los temas agrícolas, sino con las inversiones de chilenos en ese país y de neozelandeses en el nuestro, en rubros que van más allá de los realmente importantes.
La situación planteada dice relación con la sobrevivencia en la zona rural. Por eso, reitero mi petición de oficiar a ambos ministros en esa dirección.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo están indicando a la Mesa.
Señor Presidente , he sido levemente aludido. Por tanto, pido la palabra por un segundo, a fin de aclarar una diferencia que tengo con lo señalado por la Mesa, respecto de la explicación de por qué se votó separadamente el proyecto de acuerdo respecto de Nueva Zelandia, porque hay un equívoco.
Señor diputado, ese proyecto de acuerdo ya ha sido votado.
Tiene la palabra el diputado señor Robles.
Señor Presidente , dado que el programa Fosis significa un tremendo esfuerzo del Gobierno para llegar a los sectores más necesitados, con el fin de evaluar su desarrollo en la región, solicito oficiar al director nacional del Fosis para que informe sobre todos los proyectos aprobados durante 2002 en Atacama, como también para que individualice a cada uno de los ciudadanos que han recibido dichos beneficios.
Además, que individualice a las personas que postularon para ser monitores del proyecto Puente, en la Región de Atacama; a quienes quedaron seleccionados para la capacitación y, finalmente, a los seleccionados para desarrollarlo.
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Ortiz.
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco al Comité Socialista y Radical Social Demócrata por haberme cedido unos minutos de su tiempo.
El lunes 12 de agosto, don Arturo Aylwin Azócar cumplirá 75 años de edad. Según normas constitucionales, sólo hasta ese día podrá desempeñar su labor como contralor general de la República .
Hace cuarenta y cinco años, ingresó a dicho ente fiscalizador. Como buen hombre de clase media, estudió en el liceo de San Bernardo y en el Instituto Nacional; se recibió de abogado en 1954, con la tesis “Análisis crítico de la jurisprudencia sobre acción reivindicatoria”. Profesor de derecho administrativo en la escuela de derecho de la Universidad Católica de Chile, desde 1958; director de la escuela de derecho de la misma universidad, desde el 1 de octubre de 1967; fiscal de la Contraloría General de la República, desde el 15 de septiembre de 1967. Desde hace cinco años, casi por la unanimidad del Senado, es contralor general de la República .
Aprovecho estos minutos para hacer un reconocimiento de lo que entregó en los largos cuarenta y cinco años en la Contraloría General de la República, esa gran institución en la que mañana cumplirá su función por última vez.
Siempre tuvo presente la modernización de la Contraloría. Por eso, no es casualidad que hace pocos días, el 18 de julio, cuando se promulgó la ley Nº 19.817, que modifica la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, expresara en su discurso que es vital para quien asuma el 12 de agosto como contralor general, el conocimiento cabal de las materias inherentes a la elaboración de los proyectos, a la fiscalización y a la conducción de los fiscalizadores. En otras palabras, sugería que el Senado de la República eligiera a alguien de la casa, vale decir, de la Contraloría General de la República. Así fue: el lunes 12 de agosto asumirá don Gustavo Sciolla .
No es casualidad la trayectoria de don Arturo Aylwin Azócar . Su padre, don Miguel -su madre fue doña Laura -, luego de recibirse de profesor y después de abogado, llegó a la Presidencia de la Corte Suprema . Tampoco es obra del azar que su hermano mayor, don Patricio Aylwin Azócar , ejerciera el cargo de Presidente de la República . Tampoco es un hecho raro que su hermano Andrés Aylwin Azócar , colega nuestro por tres períodos consecutivos, se destacara como un gran parlamentario.
Solicito oficiar, en mi nombre y en el de la bancada de la Democracia Cristiana -el diputado señor Enrique Jaramillo me hizo presente la adhesión del Comité del Partido por la Democracia-, a don Arturo Aylwin Azócar , a fin de hacerle llegar el reconocimiento de la Cámara de Diputados por su gran labor, no sólo como contralor, sino en sus cuarenta y cinco años como funcionario y profesional ejemplar, sin perjuicio de manifestarle nuestros buenos deseos a su sucesor, porque son hombres que realmente hacen un país, hacen historia, hacen tradición y miran hacia adelante en el proceso de modernización de la Contraloría General de la República.
Así se hará, con la adhesión de los honorables diputados señores Jarpa , Lagos, Juan Pablo Letelier , Robles , Forni , Salaberry , Jiménez , de la diputada señora Laura Soto y de quien habla.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , sólo deseo precisar, a propósito de la intervención del diputado señor Rosauro Martínez , que la solicitud de fiscalización de la cooperativa Ángel Gabriel Ltda., la hice el jueves pasado, para que quede constancia en la versión.
La situación, lamentablemente, afectaría a varias familias, razón por la cual los antecedentes están en el Segundo Juzgado del Crimen .
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo y, en especial, al intendente de la Octava Región , señor Jaime Tohá , a fin de que se priorice, en el concurso que se realizará en diciembre próximo, el proyecto de pavimentación de la calle Andrés Bello, hasta el campus Fernando Mai , en la ciudad de Chillán, que tiene un costo de 20.570 UF, el que fue pagado por un convenio con la Universidad del Biobío. La municipalidad estaría a cargo de la pavimentación intermedia.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Lagos, Juan Pablo Letelier , Robles , Jaramillo , Walker , Forni y de quien habla.
-Se levantó la sesión a las 13.14 horas.
“Valparaíso, 7 de agosto de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición de la Comisión Mixta, constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, correspondiente al boletín Nº 1640-01.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3873, de 6 de agosto de 2002.
2.	Oficio del Senado a través del cual concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso Bruno Predonzani Pitacco . (boletín Nº 2801-07) (S)
Con motivo de la moción, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
“Artículo Único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Bruno Predonzani Pitacco .”.
Moción de los diputados señores Leal , Mulet , Robles y Vilches . Modifica la ley Nº 19.253, que establece normas sobre pueblos indígenas, con la finalidad de reconocer la existencia y atributos de la etnia diaguita y la calidad de indígena diaguita. (boletín Nº 3023-01)
Lo dispuesto en los artículos 1º, 19, 60 y 62 de la Constitución Política de la República, en la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
1º	Que en la Región de Atacama existen desde hace muchos años, una serie de iniciativas surgidas desde la sociedad civil, que dicen relación con la recuperación, promoción y fomento del patrimonio cultural diaguita, que se han manifestado en otros fenómenos, en un creciente impulso a la asociatividad de los hombres y mujeres que se sienten dignos descendientes de la etnia diaguita, la cual, pese a que hay una opinión distinta de la academia, sigue viva, como fenómeno cultural y antropológico.
2º	Que, en relación a este pueblo originario, debemos señalar que la denominación con la que actualmente le conocemos, fue introducida por el destacado antropólogo chileno Ricardo Latcham , quien los describiera señalando que habitaron en su primera fase de desarrollo desde el valle de Copiapó hasta el valle del río Aconcagua, siendo su origen trasandino, el cual es datado al menos a fines del siglo VII DC; cuestión que es fundamental de considerar, pues hasta el día de hoy, en la República Argentina, existen sólidamente consolidados como pueblo nación, siendo plenamente reconocidos por las autoridades nacionales del vecino país.
Según los cronistas de la Conquista, el año 1535, su población era de aproximadamente 25 mil personas, la cual descendió bruscamente fruto del proceso de mestizaje, la esclavización y la muerte en combates y refriegas sin considerar el impacto de las pestes y enfermedades infecciosas múltiples que sufrieron como consecuencia de su relación con los conquistadores españoles. Fue tanto el impacto de la conquista que a fines del siglo XVI se estiman que sobrevivían tan sólo 1.200 diaguitas puros. Esto ha hecho estimar a muchos especialistas que desapareció su cultura, su lengua, sus costumbres y usos sociales, su religión y en general sus creencias y cosmovisión.
Lo anterior, sin embargo, se desmiente por el profundo sentido de identidad y pertenencia con esta etnia, que tienen hombres y mujeres de la Región de Atacama, que se definen a sí mismos como diaguitas, que se asocian para recuperar y actualizar las tradiciones perdidas, para aprender, de boca de sus mayores, laporismos y apellidos de la lengua originaria que persiste y se niega a morir, pese a la transculturización y a la hegemonía de la cultura hispánica.
No podemos, ante esta realidad, conformarnos con continuar diciendo que el fenómeno cultural diaguita es un proceso extinto; no podemos seguir alabando sus vestigios culturales paleohistóricos; su fina y simbólica alfarería que descuella en relación al resto de las culturas prehispánicas chilenas; hoy es necesario avanzar en un proceso de reconocimiento que revela esencialmente el dinamismo cultural de la nación, su carácter plural, y asegurar el derecho a su preservación.
Ante esta realidad, el Estado y especialmente este Parlamento, no pueden permanecer indiferentes.
3º	Que según nuestra legislación sobre los pueblos originarios (ley Nº 19.253) “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias...”.
Con esta sola definición de indígenas que da el legislador, deberíamos entender que es posible, el reconocimiento de la etnia diaguita, pues cada uno de los elementos que conforman el ser indígena está presente, siendo tal vez, el de la pureza genética, el único, que pueda cuestionarse, aunque dicha objeción ha de ser relativizada por la noción esencialmente cultural del modelo nacional de reconocimiento y calificación de los pueblos originarios y de sus integrantes.
No pretendemos, por ley, reescribir la historia; sería absurdo, sería burdo. Lo que queremos mediante este proyecto de ley es dar la posibilidad cierta del desarrollo de una cultura, que en pequeños nichos ha luchado por pervivir en el tiempo.
Es por ello que proponemos modificar el Artículo Primero de ley Indígena, para incorporar, junto a las etnias mapuche, aymara, rapa nui, atacameña, quechua y colla; junto a las menguadas comunidades kawashkar y yagán de los canales australes, a los diaguitas, como un acto de reconocimiento, de dignificación y sobre todo de promoción para su desarrollo futuro y consolidación.
4º	Que asimismo, no debemos olvidar que a nivel individual, la calificación de la calidad de indígena, se logra, según nuestra legislación, justamente atendiendo a señas de identidad, al saberse y decirse indígena, como bien señala el artículo segundo de la ley en comento, que expresamente señala que “Se considerarán indígenas para los efectos de esta ley, las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en los siguientes casos: c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas”.
Es sin duda esta última parte de la disposición legal, la que nos revela el espíritu del legislador, de reconocer al sentido de pertenencia e identidad como un elemento esencial, de carácter definitorio, lo cual, obviamente es el resorte, que institucionalmente tenemos, para superar las barreras de la extinción indefectible de nuestras culturas originarias.
5º	Que finalmente, el Estado de Chile, entre sus funciones esenciales, debe estar orientado al pleno desarrollo de la persona humana, lo cual no se lograría si él, como comunidad superior organizada, no reconociera, lo que de verdad existe, en sus rasgos esenciales y primarios: una cultura, una lengua, y sobre todo, un deseo de ser reconocidos, como chilenos integrantes de una noble, valiosa y heroica etnia originaria.
Por tanto, los diputados que suscriben, vienen en someter a vuestra consideración el siguiente
Artículo Único.- Modifícase el Artículo Primero de la ley Nº 19.253 “Sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas”, agregando, en su Artículo Primero, inciso segundo, luego de la frase “y collas” la palabra “diaguita”.
4.	Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 002010
Ant.: AD-18.423.
Santiago , 6 de agosto de 2002.
Mediante oficio Nº 3763, de 4 de junio último, la Presidenta de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte, de conformidad con el artículo 74 inciso segundo y siguientes de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley Nº 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que establece un sistema de regulación de abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y otros. Boletín Nº 2950-07.
Impuesto el Tribunal Pleno en sesión del día 2 de agosto en curso, presidido por su titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Ortiz , Benquis , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Pérez , Marín , Yurac , Espejo, Medina , Juica , Segura, señorita Morales y señor Oyarzún , acordó evacuar el siguiente informe.
I.	El proyecto en cuestión modifica el artículo 219 inciso 1º del Código Orgánico de Tribunales, sustituyendo el guarismo “setenta y cinco” por “cincuenta y cinco”. Ello significa que para proveer quince cargos de abogados integrantes para la Corte de Apelaciones de Santiago la lista que se propondrá a la Corte Suprema se disminuye de sesenta y cinco a cincuenta y cinco nombres. Como los abogados por nombrar son quince, las ternas deberán contener cuarenta y cinco nombres de un total de cincuenta y cinco, lo que disminuye notoriamente las posibilidades de elegir para la Corte Suprema.
II.	En el mismo Nº 1 del artículo único del proyecto, se sustituye en el inciso 4º el guarismo “cuarenta” por “treinta”, lo que es imposible por no existir el guarismo “cuarenta”; también se sustituye la palabra “treinta y cinco” por “veintisiete” lo que es igualmente imposible por no existir en el texto actual la palabra “treinta y cinco”; de igual modo se sustituye “veinticinco” por “veinte” y “quince” por “doce” con lo que se disminuye drásticamente el número de nombres para formar las ternas.
III. Los números dos, tres y cuatro del artículo único del proyecto establecen la obligación de llamar a un concurso público de antecedentes, para que los interesados en ser abogados integrantes postulen a dichos nombramientos. Es evidente que estas modificaciones conducen a una mayor transparencia en sus designaciones, pero, no obstante, cabe tener presente que desde tiempo inmemorial y en la actualidad, la costumbre es que sean los propios ministros de las Cortes de Apelaciones los que proponen los candidatos a figurar en la lista y previas conversaciones informales, entre los mismos ministros y consulta a los abogados propuestos. Se considera una tradición honrosa que sea la propia Corte la que ofrece al abogado de su preferencia, la oportunidad de integrar el tribunal en calidad de juez. Lo mismo ocurría antiguamente en que era el Colegio de Abogados respectivo el que confeccionaba la lista. Si se establece la obligación de participar en un concurso de antecedentes, puede ocurrir que al concurso no se presenten candidatos suficientes o que se presenten abogados que no han tenido mucho éxito profesional.
IV Las proposiciones del proyecto agregadas como incisos finales del artículo 219, relativas al ejercicio profesional en juicio o su asesoramiento, que quedan prohibidos, evidentemente que son muy atendibles, salvo la prohibición de ser juez árbitro que resulta exagerada. No obstante, cabe tener presente que esta prohibición va a contribuir aún más, especialmente en provincias, a disminuir el interés de los abogados para ser abogados integrantes. Es un hecho conocido de todos, que los abogados integrantes que quedan en tercer o cuarto lugar de la lista son llamados a integrar sólo de vez en cuando lo que para ellos significaría renunciar a ejercer la profesión, sin compensación alguna.
V.	El último inciso que propone el proyecto exige que entre los antecedentes a la postulación, se acompañen declaraciones firmadas ante notario “que no desempeñan actividades prohibidas según los incisos precedentes. Parecería más lógico que el postulante se comprometiera para el futuro y en caso de ser nombrado a no ejercer la actividad profesional, sin exigírsele que renuncie anticipadamente antes de ser nombrado.
Por todas las razones anteriormente expuestas, esta Corte Suprema es de parecer de informar desfavorablemente el proyecto referido.
El ministro señor Benquis fue de opinión de informar favorablemente el proyecto de ley, en cuanto se establece la obligación de llamar a un concurso público de antecedentes, para que los interesados en ser abogados integrantes postulen a dichos nombramientos, por estimar que dicho sistema conduce a una mayor transparencia en las designaciones.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno del proyecto en examen.
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario ?.
5.	Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 002011
Ant.: AD-18.569.
Por oficio Nº 3.848 de fecha 17 de julio pasado, la señora Presidenta de la honorable Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que establece normas para hacer más expedito el procedimiento judicial a que dan lugar las demandas de terminación del contrato de arrendamiento de bienes raíces por no pago de la renta. Boletín Nº 3000-07.
Impuesto al Tribunal Pleno en sesión del día 2 de agosto en curso, presidido por su titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Álvarez García , Ortiz , Benquis , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Cury, Pérez , Marín , Yurac , Espejo, Medina , Juica , Segura, señorita Morales y señor Oyarzún , acordó evacuar el siguiente informe:
Dicho proyecto, iniciado por moción en esa Cámara, según lo indica su artículo 1º, “regula el procedimiento judicial para efectuar las reconvenciones de pago y obtener la restitución de los inmuebles, arrendados de conformidad a lo dispuesto en el decreto ley Nº 993 sobre arrendamientos de predios rústicos y en la ley Nº 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, cuando la causal alegada para pedir la resolución del contrato sea el no pago de las rentas convenidas, de conformidad a las reglas generales y el vencimiento del plazo”.
El examen de sus disposiciones pone, en general, de manifiesto en el referido proyecto, variadas y graves deficiencias que afectan la adecuada y equitativa defensa de los intereses de las partes, garantía que es de la esencia de todo “procedimiento racional y justo” (artículo 19 Nº 3, inciso 5º de la Constitución Política de la República) y rompen la organicidad del sistema que articula los juicios derivados del contrato de arrendamiento.
Se puede presumir fundadamente que la normativa procedimental que se informa, en los términos propuestos por la moción, encontraría tal cantidad de dificultades en su aplicación práctica que el loable propósito de agilizar los juicios de arrendamiento de que se trata resulta inviable.
En razón de lo expuesto precedentemente, esta Corte informa desfavorablemente el proyecto en cuestión.
(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario .