Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-561-001109-de-octubre-19-de-2017?documento=legcol&contexto=legcol_0231ac9a396646adb16a4f8d4cc928e5&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 21:53:27
Document Index: 293706023

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﻿ RESOLUCIÓN 561-001109 DE OCTUBRE 19 DE 2017
RESOLUCIÓN 561-001109 DE 19 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECAUDO DE LA CARTERA FISCAL, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INTERVINIENTES EN EL DERECHO PROCESAL, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA
RESOLUCIÓN 561-001109 DE 2017
“Por medio de la cual se adopta el Reglamento interno de recaudo de cartera de la Superintendencia de Sociedades”.
en uso de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en la Ley 1066 de 2006, reglamentada por el Decreto 4473 de 2006, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1023 de 2012, el Decreto 445 del 16 de marzo de 2017, y
Primero. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
Segundo. Que el Congreso de la República mediante la Ley 1066 de 2006 dictó normas sobre la normalización de la cartera pública, y determinó en el numeral 1º del artículo 2º la obligación para los entes públicos que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas y que dentro de estas tengan que recaudar rentas públicas del nivel nacional o territorial, de establecer mediante normatividad de carácter general un Reglamento Interno del Recaudo de Cartera.
Tercero. Que el Gobierno nacional reglamentó la Ley 1066 de 2006 mediante Decreto 4473 de 2006, el cual en su artículo 1º dispone que “el reglamento interno previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad general, en el orden nacional y territorial, por los representantes legales de cada entidad” y en su artículo 2º determina el contenido mínimo del Reglamento interno de recaudo de cartera, previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006.
Cuarto. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el parágrafo del artículo 104 de la misma ley, es deber de la Superintendencia de Sociedades, en razón de su naturaleza, recaudar las obligaciones creadas en su favor que consten en documentos que presten mérito ejecutivo, para lo cual se encuentra revestida de la prerrogativa de cobro coactivo.
Sexto. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 8º del Decreto 1023 de 2012 corresponde al Despacho del Superintendente de Sociedades “señalar las políticas generales de la Superintendencia en armonía con las del Gobierno nacional”.
Séptimo. Que mediante Resolución 500-000924 de 17 de marzo de 2015, modificada por Resolución 510-000358 del 22 de mayo del mismo año, se creó el Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo, adscrito a la Subdirección Financiera de la Secretaría General, entre cuyas funciones principales están “Administrar, controlar y velar por el recaudo de la cartera a favor de la Superintendencia de Sociedades” y “analizar y calificar la cartera a favor de la Superintendencia de Sociedades”.
Octavo. Que en cumplimiento del Decreto 445 de 2017 la Superintendencia de Sociedades debe constituir el Comité de Cartera y definir su objetivo, composición, competencias, funciones y reuniones.
Noveno. Que, en consecuencia, es necesario adoptar el Reglamento Interno de Cobro de Cartera de la Superintendencia, de conformidad con el procedimiento establecido en el estatuto tributario, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y el Título IV de la Ley 1437 de 2011.
Que con mérito en lo expuesto este Despacho,
ART. ÚNICO.—Adóptese el siguiente Reglamento interno de recaudo de cartera a favor de la de Superintendencia de Sociedades.
ART. 1º—Objetivo. El presente Reglamento Interno tiene como objetivo señalar las pautas generales y los elementos conceptuales básicos referentes al cobro persuasivo y coactivo de la cartera de la Superintendencia de Sociedades, para lograr el recaudo de la misma de una manera ágil, eficiente y oportuna, con sujeción a las normas constitucionales y legales vigentes sobre la materia.
ART. 2º—Principios. La gestión de recaudo de cartera de la Superintendencia de Sociedades, a través de las etapas persuasiva y coactiva, se rige por los principios contenidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, así como en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ART. 3º—Concepto de gestión de cobro persuasivo y coactivo. El cobro coactivo es una función administrativa asignada por la Ley a un funcionario u organismo administrativo para hacer efectivas, mediante el procedimiento administrativo coactivo, las obligaciones exigibles a su favor.
El cobro persuasivo se refiere al conjunto de acciones que la Superintendencia de Sociedades pondrá en marcha para lograr el pago de la obligación con anterioridad al cobro coactivo.
ART. 4º—Definiciones. Los términos utilizados en el presente Reglamento tendrán el sentido funcional que se define en el siguiente glosario:
Documento fuente. Documento idóneo para el registro de las obligaciones a favor de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la naturaleza de la obligación.
Cartera. Conjunto de derechos representados en obligaciones a cargo de una persona o conjunto de personas en favor de la Superintendencia de Sociedades, derivados de las contribuciones impuestas a las sociedades vigiladas o controladas; la imposición de Multas; las Cuotas Partes Pensionales a favor de la entidad, Créditos de Vivienda, otorgados por la Superintendencia, incapacidades pagadas por la entidad a cargo de las Empresas Promotoras de Salud y demás acreencias en favor de la entidad, conforme la ley y demás normas vigentes.
Etapa persuasiva. Corresponde a las actividades de acercamiento de la Entidad con el deudor, tendientes a lograr el pago de dineros adeudados a la Superintendencia de Sociedades antes de la expedición del mandamiento de pago, con el fin de garantizar los principios de economía, celeridad y eficacia, actividades para las cuales el grupo de trabajo cuenta, máximo, con setenta (70) días hábiles.
Etapa coactiva. Comprende el procedimiento administrativo de cobro establecido en el Capítulo IV de la Ley 1437 de 2011 y demás normas aplicables, encaminado a hacer efectivo el cobro de obligaciones que presenten mérito ejecutivo a favor de la Superintendencia de Sociedades.
Facilidad de pago. Solicitud formulada por el deudor, o su representante, o un tercero interesado en hacerse cargo de la deuda, aprobada mediante resolución ejecutoriada por la Superintendencia de Sociedades, con el objeto de facilitar el pago de las obligaciones a favor de la Entidad mediante la concesión de plazos adicionales.
Mandamiento de pago. Acto administrativo por el cual se ordena el pago de la suma adeudada a la Superintendencia por concepto de capital, intereses moratorios generados desde la exigibilidad del título y/o la indexación a que haya lugar, y demás conceptos causados dentro del proceso de cobro.
Relación costo-beneficio. Evaluación económica de los costos y gastos en que debe incurrirse para obtener el pago de una cuenta, frente a los recursos obtenidos con tales acciones.
Título ejecutivo. Acto Administrativo o documento fuente (cuota parte pensional o incapacidad) que cumple con las condiciones de firmeza y mérito ejecutivo establecidas en el estatuto tributario, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código Civil, debidamente ejecutoriados, en los que consta una obligación clara, expresa y exigible de pagar una suma líquida de dinero a favor de la Superintendencia de Sociedades.
ART. 5º—Competencia. El desarrollo de la gestión de recaudo de las obligaciones a favor de la Superintendencia de Sociedades recae en la Subdirección Financiera, dependiente jerárquicamente de la Secretaría General y se ejerce a través de: (a) el Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá, cuyo Coordinador cumplirá las funciones en calidad de funcionario ejecutor, en relación con el cobro persuasivo y coactivo; (b) las Intendencias, en cabeza de los funcionarios Intendentes, únicamente respecto del cobro coactivo de las obligaciones a cargo de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el territorio sometido a su jurisdicción, lo que no obsta para que su gestión sea supervisada por el Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo, al que le corresponde velar por el efectivo y ordenado recaudo de la cartera de la entidad a nivel nacional. Cuando resulte pertinente, el procedimiento ejecutivo ejecutado en otras jurisdicciones podrá ser asumido por el Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá, según criterio de su coordinador.
El cobro persuasivo de la cartera de la entidad, incluida aquella generada en las sedes regionales, se adelantará exclusivamente por parte del Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo de Bogotá.
PAR. ÚNICO.—Competencia territorial de las intendencias para el conocimiento de los procesos de cobro coactivo. Las Intendencias Regionales de la entidad conocerán de los procesos de cobro coactivo de conformidad con las siguientes áreas territoriales:
— Intendencia regional Medellín: Departamentos de Antioquia y Chocó.
— Intendencia regional Cali: Departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.
— Intendencia regional Barranquilla: Departamentos de Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena.
— Intendencia regional Cartagena: Departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.
— Intendencia regional Manizales: Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.
— Intendencia regional Bucaramanga: Departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca.
Clasificación, deterioro y castigo de cartera
ART. 6º—Clasificación de la cartera según su naturaleza. De acuerdo con su naturaleza, la cartera a favor de la Superintendencia de Sociedades está clasificada en:
6.1. Contribuciones.
Cartera representada por el valor de las contribuciones a cargo de las sociedades sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, de conformidad con la tarifa y liquidación prevista en el artículo 44 de la Ley 1429 de 2010. Dicha contribución estará determinada conforme la resolución general de liquidación y liquidada en la cuenta de cobro correspondiente.
6.2. Multas.
Cartera correspondiente al conjunto de derechos a favor de la Superintendencia de Sociedades contenidos en actos administrativos, o autos de naturaleza jurisdiccional, debidamente ejecutoriados, que imponen multas a personas naturales o jurídicas por el incumplimiento a las órdenes de la Superintendencia, el quebrantamiento de las leyes o sus propios estatutos, en los términos previstos en el numeral 3º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el inciso 3º del artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1116 de 2006, así como las demás normas concordantes.
Así mismo, corresponde a las sanciones derivadas del incumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera en Colombia, inversión colombiana en el exterior por parte de personas naturales y jurídicas, así como sobre las operaciones de endeudamiento externo efectuadas por empresas o sociedades públicas o privadas, conforme la competencia asignada en el Decreto 1023 de 2012.
6.3. Cuotas partes pensionales.
Cartera compuesta por las obligaciones correspondientes a cuotas partes pensionales cuando la Superintendencia de Sociedades asuma la obligación de pago de pensiones, en los términos del Decreto-ley 1695 de 1997, y en la resolución que ordena el reconocimiento y pago pensional que establezca la concurrencia con una o más entidades en el pago de dicha obligación pensional, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 490 de 1998, el Decreto Reglamentario 1404 de 1999 y demás normas de seguridad social.
6.4. Créditos hipotecarios.
Cartera conformada por los créditos otorgados por la extinta Corporanónimas o por la Superintendencia de Sociedades a funcionarios, ex funcionarios y pensionados de la entidad para la adquisición, construcción, mejora y liberación de gravamen hipotecario en los términos previstos en el Estatuto de Crédito para Vivienda, con fundamento en lo establecido en el artículo 15 del Decreto-Ley 1695 de 1997.
6.5. Incapacidades, licencias de maternidad y paternidad.
Cartera conformada por los salarios cancelados por la entidad a los funcionarios, correspondientes al número de días calendario de incapacidades laborales o licencias de maternidad o paternidad que deben ser reconocidas a la Superintendencia de parte de las empresas promotoras de salud, administradores de riesgos laborales o fondos de pensiones.
6.5.1. Cobro de incapacidades o licencias no reconocidas por las EPS, o ARL, o Fondos de Pensiones.
Cartera conformada por los salarios cancelados por la entidad a los funcionarios, correspondientes al número de días calendario de incapacidades laborales o licencias de maternidad o paternidad que, por causas imputables al funcionario, no se reconocen y pagan a la Superintendencia por parte de las empresas promotoras de salud, EPS, las administradores de riesgos profesionales, ARL, o fondos de pensiones.
En estos casos, una vez la entidad sea notificada de la causal de no transcripción, reconocimiento e impago de la incapacidad, el Grupo de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo concederá al funcionario un término no mayor de un (1) mes para subsanar la situación que dio lugar al impago por parte de la EPS, ARL, o Fondo de Pensiones, luego de lo cual, en caso de que la Superintendencia de Sociedades no obtenga el pago de parte de dichas entidades, efectuará el cobro al funcionario para el reintegro de las sumas recibidas por este por salarios devengados durante los días de su incapacidad no reconocida.
Cuando la causal para negarse a transcribir y/o pagar la incapacidad por parte de la EPS, ARL O Fondo de Pensiones, no sea atribuible al funcionario y, únicamente, cuando no resulte evidente que la razón les asiste a las aludidas empresas, deberán adelantarse los trámites de cobro pertinentes por intermedio de la Superintendencia Nacional de Salud.
6.6. Otras acreencias.
De manera general, la cartera de la Superintendencia de Sociedades estará conformada por aquellos títulos que prestan mérito ejecutivo coactivo, que se enuncian en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y que no están específicamente enmarcados en las clasificaciones antes previstas, así como aquellas civiles o comerciales en las que la entidad desarrolle una actividad de cobranza.
ART. 7º—Clasificación de la cartera según la antigüedad. De acuerdo con su antigüedad, la cartera de la Superintendencia de Sociedades está clasificada en:
7.1. Cartera Corriente.
Cartera conformada por el conjunto de derechos a favor de la Superintendencia de Sociedades, cualquiera que sea su naturaleza, cuyos saldos no pagados se encuentran dentro del plazo establecido para su pago.
7.2. Cartera en mora.
Cartera correspondiente al conjunto de derechos a favor de la Superintendencia de Sociedades, cualquiera que sea su origen y cuantía, respecto de los cuales se encuentra vencido el plazo para su pago, y cuya antigüedad es inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de su exigibilidad.
Sobre la cartera en mora opera el cobro persuasivo y coactivo, así como la posibilidad de castigo cuando resulte negativa la relación costo-beneficio, haya prescrito la acción de cobro, se haya presentado pérdida de fuerza ejecutoria del título, sea incobrable la obligación por extinción de la persona obligada de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento o se presenten otras causales de ley, siempre que no se configure la obligación de su traslado a la Central de Inversiones CISA, de acuerdo con las normas vigentes.
7.3. Cartera de difícil cobro.
Cartera compuesta por el conjunto de derechos a favor de la Superintendencia de Sociedades pendientes de cobro o recaudo, cualquiera sea su naturaleza y cuantía, respecto de los cuales se encuentre vencido el plazo para su pago y cuya antigüedad es superior a tres años e inferior a cinco, contados a partir de la fecha de su exigibilidad.
ART. 8º—Deterioro de cartera.
Se refiere a los criterios que deben imperar al momento de registrar contablemente la realidad de la cartera como activo cierto para la entidad, los que deberán ser aplicados en forma trimestral a las obligaciones registradas en el sistema contable de la entidad, criterios que para este efecto se han dividido según la categoría del sujeto deudor y la edad de la cartera, imperando siempre para el registro la categoría del sujeto deudor.
Las obligaciones a favor de la Entidad estarían en un posible deterioro teniendo en cuenta la situación del sujeto deudor, así las cosas, los porcentajes de deterioro varían de acuerdo a la misma dentro de los siguientes criterios:
8.1 Según la categoría del sujeto deudor:
Categoría Porcentaje máximo a deteriorar % Consideraciones sobre procedencia de deterioro
Obligaciones a cargo de sociedades extranjeras 50% en etapa persuasiva
100% en etapa coactiva
Es recomendable deteriorar la cartera a cargo de sociedades extranjeras, en razón a que la entidad carece de facultad legal para el cobro coactivo de la misma.
Si bien es susceptible de ser cobrada en forma persuasiva, las facultades de cobro coactivo de la Superintendencia de Sociedades no trascienden las fronteras nacionales, por lo que, durante la fase persuasiva debe verificarse si esta cartera puede ser cedida a CISA; en caso contrario, es preciso evaluar la procedencia de su castigo si la entidad no prevé su cobro a través de tribunales internacionales.
Obligaciones a cargo de personas en liquidación judicial derivada de intervención por captación 90% Las obligaciones a cargo de este tipo de sujetos, bien sea personas jurídicas o naturales, son prácticamente incobrables por cuanto en razón a la intervención de que han sido objeto, su patrimonio es inembargable por cuenta de cualquiera otra autoridad distinta a la Superintendencia de Sociedades en razón del proceso de intervención y los pagos que efectúan están afectos a la devolución de fondos captados (parágrafo 1º, artículo 3º, Decreto 1910 de 2009).
Obligaciones a cargo de sociedades sometidas a procesos de extinción de dominio 50% Las acreencias a cargo de sociedades que afrontan procesos de extinción de dominio se representen contablemente en un bajo porcentaje, por cuanto legalmente no puede adelantarse cobro coactivo respecto de las mismas, dado lo imperativo de lo dispuesto en tal sentido por el artículo 9º de la Ley 785 de 2002 (único artículo que sobrevivió a la derogatoria que sobrevino por la Ley 1708 de 2014).
Obligaciones preconcursales a cargo de personas que adelantan procesos de insolvencia presentadas en tiempo Reorganización: 20%
Liquidación judicial:
Multas 40%
Contribuciones 20%
De acuerdo con el principio de universalidad que caracteriza los procesos de insolvencia de que trata la Ley 1116 (numeral 1, artículo 4º), todas las acreencias a cargo de la persona insolvente, exigibles previamente al inicio del concurso, deben ser cobradas dentro del proceso concursal, haciéndose oportunamente parte en el término de ley.
Respecto de estos, la experiencia y estadística indican que las acreencias a favor de la entidad, en lo que toca a capital, se recuperan en gran parte, principalmente en los procesos de reorganización. Los intereses siempre son postergados, por lo que los mismos prácticamente no se recuperan.
En los procesos de liquidación judicial, las contribuciones a favor de la entidad se gradúan en primera clase, situación que colabora con el elevado porcentaje de pago de estas (capital), mientras que las multas son graduadas como de quinta clase, lo cual dificulta su pago.
Obligaciones preconcursales por multas contra personas que adelantan procesos de insolvencia con ejecutoria posterior al inicio del proceso concursal Se presentó como obligación condicional en reorganización: 20%
Se presentó como obligación condicional en liquidación judicial: 40%
Se presentó al momento de la ejecutoria de la sanción en reorganización o liquidación: 80%
Las sanciones impuestas por la entidad sobre hechos anteriores al proceso de insolvencia del sancionado que cobran ejecutoria estando en trámite el proceso concursal, deben cobrarse dentro del mismo concurso; esta es la actual posición de la delegatura de procesos de insolvencia de la entidad.
El porcentaje de deterioro varía en los casos que la presentación de la acreencia se haga oportunamente como obligación condicional, en cuyo caso coincide con los porcentajes a que alude la anterior situación, o si la entidad se hace parte en el proceso al momento de la ejecutoria de la multa, lo cual seguramente será un hecho extemporáneo, con lo cual se postergará su pago
Obligaciones a cargo de sujetos intervenidos por captación 95% Tal y como sucede con las obligaciones a cargo de sujetos en liquidación judicial que deviene de un proceso de intervención por captación, los bienes de propiedad de estos están sujetos, exclusivamente, a la devolución de lo captado ilegalmente y son inembargables (par. 1º, art. 3º, D. 1910/2009), lo cual dificulta en grado sumo su cobro.
Contribuciones —gastos de administración— a cargo de sujetos en insolvencia empresarial (L. 1116/2006) 20% Respecto de aquellas contribuciones que tienen carácter de gasto de administración a cargo de una persona que adelanta alguno de los procesos de insolvencia por haberse hecho exigible con posterioridad al inicio del aludido proceso, el criterio de la delegatura de procedimientos de insolvencia es que no se trata de un gasto necesario para el proceso de insolvencia y en varios casos dicha delegatura ha levantado las medidas cautelares decretadas por el grupo de gestión de cobro persuasivo y coactivo sobre cuentas bancarias a nombre de los deudores.
Si bien resulta claro el carácter de gasto de administración de este tipo de obligaciones, no es posible desatender la posición de la aludida Delegatura, con lo cual el cobro de la acreencia resulta en algunas oportunidades inviable (artículo 71, Ley 1116 de 2006)
Obligaciones cuya legalidad se encuentre en verificación ante la justicia de lo contencioso administrativo y que por tal razón se haya suspendido el proceso de cobro coactivo El porcentaje de deterioro debe coincidir con el porcentaje al que equivalga el riesgo de pérdida del proceso (Provisiones - pretensiones de la demanda), determinado por el grupo de defensa judicial Adicionalmente, por la suspensión legal del proceso de cobro que impide cualquier acción en tal sentido por parte de la entidad, esta cartera amerita deteriorarse, por cuanto únicamente refleja una real cuenta por cobrar a favor de la entidad en la medida en que la obligación no amerite provisión alguna.
Cancelada 100% En relación con las acreencias a cargo de sociedades inactivas o canceladas, no puede adelantarse ningún cobro coactivo por parte de la entidad por inexistencia del sujeto deudor. Esta cartera amerita deteriorarse completamente.
Validación judicial 20% Respecto de estos, la experiencia y estadística indican que las acreencias a favor de la entidad, en lo que respecta a capital, se recupera en gran parte. Los intereses siempre son postergados, por lo que los mismos prácticamente no se recuperan.
8.2.2. Según la edad de la cartera:
Rangos de edad Porcentaje máximo a deteriorar % Características de las obligaciones
Entre 0 y 70 días hábiles 0% Se trata de una cartera sana con muy alto índice de probabilidad de recuperación. Según el manual de cobro de la entidad, el grupo de gestión de cobro persuasivo y coactivo cuenta con 70 días hábiles para adelantar la fase persuasiva de cobro, y ha demostrado ser altamente eficiente en cuanto al recaudo.
Entre 71 y 100 días hábiles 20% Las obligaciones superiores a los 71 días hábiles deben pasar a cobro coactivo, proceso que tiende a ser bastante efectivo en tema de recaudo, en su primera fase y con ocasión de las medidas cautelares decretadas en esta etapa.
Entre 101 y 210 días hábiles 30% Por la edad de la obligación, en el lapso de periodo determinado, se calcula que en el proceso de cobro coactivo empiezan a disminuir las posibilidades de cobro, por cuanto ya se tienen resultados de las primeras búsquedas de bienes y si aún continúa el proceso, significa que las búsquedas no han arrojado resultados positivos.
Mayor a 210 días hábiles 50% Con casi un (1) año transcurrido a partir de la ejecutoria de la obligación sin que se haya hecho posible su recaudo, merman considerablemente las posibilidades reales de pago; por tanto, se ajusta consecuentemente la expectativa de cobro, deteriorando la cartera
PAR. 1º—El deterioro del 100% de la obligación le sitúa en situación de castigo contable.
ART. 9º—Cartera para castigo. Cartera conformada por el conjunto de derechos a favor de la Superintendencia de Sociedades pendientes de cobro, cualquiera sea su origen, respecto de los cuales se encuentre vencido el plazo para su pago y se configure su incobrabilidad por factores tales como la prescripción de la acción de cobro, la relación costo-beneficio negativa, la muerte de la persona natural sin bienes ubicados a su nombre, la cancelación de la persona jurídica, la pérdida de fuerza ejecutoria del título o cualesquiera otra circunstancia cierta que impida el pago.
Para presentar obligaciones para castigo, los funcionarios encargados del cobro de estas emitirán su concepto a través del Formato GFIN-F-010 —Castigo de cartera—, en el que consta la gestión adelantada en cada uno de los procesos a ellos asignados y el criterio por el cual sugieren su castigo.
9.1. Criterio de castigo de cartera por incobrabilidad de obligaciones perseguidas a través de proceso de cobro coactivo.
Procede respecto de aquellas obligaciones cobradas a través de procesos de cobro coactivo que, como requisitos, se encuentran en etapa de aprobación de crédito, con lo cual se evidencia que en ellos se surtieron las etapas procesales pertinentes sin obtener el pago de la obligación contenida en el título ejecutivo correspondiente y se le han realizado, por lo menos, tres (3) búsquedas de bienes, cada una en forma anual, que han resultado infructuosas.
Así mismo, la obligación debe tener una antigüedad mayor a 5 años, contados a partir de la ejecutoria de su exigibilidad, hasta la fecha de presentación para castigo.
9.2. Criterio de castigo de cartera por pérdida de fuerza ejecutoria del título que contiene la obligación.
Conforme con lo dispuesto la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, en lo que respecta a la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, el numeral 3º del artículo 91 estipula que perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados los actos administrativos “Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”.
Por lo tanto, dentro de las obligaciones que deben presentarse para castigo bajo la causal de Pérdida de fuerza ejecutoria, se encuentran aquellas relativas a procesos de cobro coactivo que no han presentado actividad alguna por un lapso igual o mayor a cinco años y en consecuencia, han perdido su naturaleza de título ejecutivo, entendiéndose por gestión la búsqueda anual de bienes que debe efectuarse respecto de las obligaciones objeto de cobro coactivo.
9.3. Criterio de castigo de cartera por relación costo-beneficio.
Se refiere a los casos en los cuales, a pesar de contarse con bienes embargados, en aplicación del criterio costo-beneficio resulta del caso castigar la obligación en aras de evitar que la entidad incurra en mayores gastos que los ingresos generados al insistir en el cobro a través del remate de los bienes.
9.4. Criterio de castigo de cartera por fallecimiento de persona natural o cancelación de la personalidad jurídica del obligado.
Se hace necesario castigar la cartera a favor de la Superintendencia de Sociedades y a cargo de sociedades cuya matrícula mercantil ha sido cancelada, o de personas naturales fallecidas que tenían la calidad de deudores de la Entidad, dada la incobrabilidad de las mismas.
Para el caso de las personas naturales fallecidas, luego del conocimiento oficial que tenga la entidad respecto del deceso debe efectuarse una última búsqueda de bienes a nivel nacional, la cual, de resultar infructuosa, dará lugar al castigo de la obligación.
9.5. Criterio de castigo de cartera por prescripción de la acción de cobro.
El artículo 2536 del Código Civil establece:
“La prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria.
Así, la acción de cobro de una obligación a favor de la Superintendencia de Sociedades derivada de contribuciones, multas impuestas por la entidad, créditos hipotecarios, reintegros que deban efectuar los funcionarios o exfuncionarios y otros conceptos a los cuales les resulte aplicable dicho término de prescripción, prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del día siguiente a su exigibilidad.
En materia de prescripción de acción de cobro de las obligaciones derivadas de incapacidades cobradas a las empresas promotoras de salud, administradoras de riesgos profesionales y cuotas partes pensionales será aplicable la normatividad específica para cada una de ellas. Así mismo, en lo correspondiente a cobro de pólizas de seguros.
9.6. Política de saneamiento contable permanente.
Con base en las consideraciones y recomendaciones del Comité de Sostenibilidad Contable a que aluden las actas 30 del 4 de noviembre de 2015 y 34 del 24 de agosto de 2017, conviene a los intereses de la entidad establecer de forma permanente el saneamiento contable de cualquier obligación a favor de la entidad que se encuentre registrada en el sistema contable por un valor igual o menor a la tercera parte (1/3) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. La Coordinación de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo solicitara a la Coordinación de Contabilidad el ajuste de las partidas que cumplan con el requisito.
El Comité de Cartera deberá ser informado por parte del Coordinador de Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo del saneamiento que se haya efectuado con base en esta política, con la periodicidad que para tal efecto defina el Comité de Cartera.
Etapas del procedimiento administrativo de cobro
ART. 10.—Etapa persuasiva. Corresponde al conjunto de acciones adelantadas por la Superintendencia para invitar al deudor a cancelar sus obligaciones, previo al inicio de la etapa coactiva y con el fin de evitar su inicio y así obtener el pago de manera más expedita y beneficiosa para las partes.
En esta etapa, que no resultará obligatoria en todos los casos, se ubicará al deudor a través de las diferentes bases de datos que estén a disposición de la Superintendencia y demás posibilidades de búsqueda existentes, tales como internet, etc. Una vez localizado el deudor, se le extenderá, por lo menos, una (1) invitación escrita y/o por medios virtuales, para que en forma voluntaria cancele la obligación y evite el inicio del proceso coactivo. Se efectuará la primera búsqueda de bienes del deudor.
La etapa de cobro persuasivo comprende los setenta (70) días hábiles siguientes a la exigibilidad de la obligación según el tipo de acreencia. En todo caso, una vez agotadas las gestiones de cobro persuasivo, habiendo resultado infructuosas, se podrá iniciar el cobro coactivo antes de completado el periodo establecido para dicha etapa persuasiva.
En esta etapa podrán decretarse medidas cautelares sobre los bienes del deudor, las cuales, si resulta del caso, deberán posteriormente ser adoptadas para su inclusión dentro del proceso de cobro coactivo en acto administrativo independiente al de mandamiento de pago.
Dentro de la etapa persuasiva podrán acumularse gestiones de cobro de varias obligaciones, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:
i. Que el deudor sea el mismo
ii. Que las obligaciones sean de la misma naturaleza
iii. Que el cobro de todas las obligaciones pueda tramitarse por el proceso de cobro coactivo.
En esta etapa, podrán otorgarse facilidades de pago. Ante el incumplimiento por parte del deudor de tres (3) cuotas de que trata el cronograma de pagos contemplados en la facilidad de pago, se decretará su terminación por incumplimiento y se ordenará el embargo de los bienes del deudor. Durante los diez (10) días siguientes a la notificación de la terminación por incumplimiento, el obligado podrá ponerse al día en las cuotas en mora lo que dará lugar a la revocatoria del incumplimiento y al levantamiento de medidas cautelares que hayan sido decretadas sobre cuentas bancarias del obligado, subsistiendo el embargo sobre otro tipo de bienes, cuando la medida se haya hecho efectiva también sobre estos.
Los títulos de depósito judicial constituidos a propósito de los embargos a cuentas bancarias de obligados pueden ser aplicados a la obligación siempre que medie autorización para tal efecto por parte del deudor, ya sea para el pago total de la deuda, o para el pago de la cuota inicial de una facilidad de pago, si es que el monto embargado resulta insuficiente para el pago total. En ningún caso, mientras exista saldo insoluto de la obligación, podrá autorizarse devolución de títulos al obligado.
PAR. 1º—La etapa persuasiva es facultativa de la Entidad, por lo que la Superintendencia podrá, en cualquier caso, adelantar de manera inmediata la etapa coactiva sin necesidad del agotamiento previo del cobro persuasivo.
ART. 11.—Etapa coactiva. Esta etapa se inicia con el mandamiento de pago y comprende la notificación al deudor, la oportunidad para proponer excepciones y pedir o presentar pruebas, el acto que declara probadas las excepciones total o parcialmente u ordena seguir adelante con la ejecución, según el caso, además de la gestión de remate de bienes, hasta el acto de terminación oficial del proceso coactivo.
La etapa coactiva incluye también el decreto, práctica y levantamiento de medidas cautelares, avalúo de bienes, liquidación del crédito y costas y remate de bienes embargados.
ART. 12.—Tasas para el cálculo de intereses. Las tasas aplicables para el cálculo de intereses sobre las obligaciones a favor de la Superintendencia en cobro coactivo corresponden a los siguientes:
1. Sobre las contribuciones se aplicarán la tasa que opera para efectos del impuesto de la renta y complementarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1023 de 2012.
2. Respecto de las obligaciones pensionales serán las establecidas en el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006.
3. Los créditos de vivienda causarán los intereses previstos en el Estatuto de Crédito para vivienda.
Las multas impuestas por la Superintendencia no causarán intereses, pero las mismas se indexarán, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 3º del Decreto 1023 de 2012, a partir del tercer año de mora, en un porcentaje equivalente al incremento del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por año vencido corrido entre la fecha del vencimiento del plazo y la inmediatamente anterior al respectivo pago.
ART. 13.—Liquidación de costas. Involucra la liquidación de todos los gastos incurridos hasta el momento por la administración dentro de la actuación administrativa de cobro coactivo, tales como honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de transporte, viáticos, gastos de remate, avisos, etc.
ART. 14.—Facilidades de pago. Para el recaudo de las obligaciones que se encuentran en mora podrán otorgarse facilidades de pago a los deudores o aceptar que por el mismo mecanismo un tercero pague la obligación a su nombre, concediendo plazos hasta por cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo 814 del estatuto tributario.
La solicitud de facilidad de pago podrá ser presentada por el deudor en cualquier momento durante la etapa persuasiva o coactiva.
ART. 15.—Competencia. El funcionario competente al interior de la Superintendencia de Sociedades para conceder las facilidades de pago, será el respectivo funcionario ejecutor.
ART. 16.—Solicitud y trámite. El interesado en obtener una facilidad de pago deberá presentar por escrito su solicitud, personalmente o por intermedio de apoderado, en la que deberá manifestar su voluntad de pago, señalar la forma, periodicidad de pago, los plazos solicitados y, según el número de meses de extensión de la facilidad, denunciar bienes o constituir garantías eficaces.
Dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud, el funcionario ejecutor adelantará el análisis de legalidad y procedencia de la facilidad solicitada y de ser procedente, emitirá el acto administrativo de aprobación de la facilidad de pago.
En caso contrario, se concederá al peticionario un plazo no mayor a un (1) mes, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud para que adicione, aclare, modifique o complemente su solicitud. Vencido dicho término, sin que hubiere dado respuesta por parte del interesado, se considerará que el peticionario ha desistido de la solicitud y se continuará con la actuación administrativa.
La decisión de no aprobar la facilidad de pago solicitada deberá comunicarse al peticionario por escrito o correo electrónico, dentro del mes siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud, indicando la causa de su rechazo.
En todo caso en cualquier momento del proceso de cobro persuasivo o coactivo se podrá solicitar nuevamente la facilidad con el lleno de los requisitos mencionados.
PAR. 1º—La aceptación de la solicitud de facilidad de pago, la cual estará supeditada al pago de una cuota inicial correspondiente a, por lo menos el veinte por ciento (20%) del monto de la obligación, así como del pago de la totalidad de intereses moratorios para el caso de contribuciones, suspenderá el proceso administrativo de cobro de las obligaciones previamente adquiridas por el deudor.
El pago de la cuota inicial podrá diferirse, máximo, a tres (3) meses en aquellos casos en los cuales la obligación supere los cincuenta (50) SMLMV solo hasta que sea cubierta la totalidad de la cuota inicial se levantarán los embargos sobre las cuentas bancarias del obligado. Durante este tiempo se causarán intereses de mora sobre saldos de capital cuando se trate de contribuciones.
Si con ocasión del embargo sobre cuentas bancarias del obligado se constituyen títulos de depósito judicial a favor de la entidad podrá el obligado autorizar su aplicación, ya sea para el pago de la cuota inicial que daría lugar a la aprobación de una facilidad de pago, o cuando el monto de estos así lo permita, al pago total de la deuda. En ningún caso se ordenará devolver dinero de los depósitos judiciales a los obligados si su acreencia no se ha cancelado íntegramente a la entidad.
Si el obligado se rehúsa a autorizar la aplicación del título de depósito judicial, la acreencia se trasladará al funcionario abogado ejecutor para el inicio inmediato del proceso de cobro coactivo donde se asumirá el embargo y las resultas del mismo.
PAR. 2º—Cualquier inconsistencia grave en la información aportada en la solicitud de acuerdo de pago, que sea detectada con posterioridad a la aprobación del mismo, dará lugar a la declaratoria de plazo vencido de la totalidad de la obligación, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan.
ART. 17—Improcedencia. No será posible aprobar un acuerdo de pago cuando el deudor haya incumplido, sin justa causa, un acuerdo de pago anterior aprobado por la Superintendencia de Sociedades o se encuentre reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación de salida del obligado del aludido boletín, según el caso.
ART. 18—Cuota inicial y plazos. El funcionario ejecutor de la Superintendencia de Sociedades tendrá la facultad de aceptar, rechazar o modificar una solicitud de facilidad de pago, de acuerdo con el valor inicial y los plazos establecidos en el siguiente cuadro:
Valor Cuota inicial Plazo
1 SMLMV A 3 SMLMV 20% 6 meses
3 SMLMV + 1 peso A 6 SMLMV 20% 12 meses
6 SMLMV + 1 peso A 9 SMLMV 20% 18 meses
9 SMLMV + 1 peso A 21 SMLMV 20% 24 meses
21 SMLMV + 1 peso A 43 SMLMV 20% 30 meses
43 SMLMV + 1 peso A 65 SMLMV 20% 36 meses
65 SMLMV + 1 peso A 87 SMLMV 20% 42 meses
87 SMLMV + 1 peso A 100 SMLMV 20% 48 meses
100 SMLMV + 1 peso A 120 SMLMV 20% 54 meses
120 SMLMV + 1 peso en adelante 20% 60 meses
PAR.—Sobre las obligaciones inferiores a un salario mínimo legal, contabilizando el capital más sus intereses o la correspondiente indexación, se podrá conceder facilidad de pago por un plazo no superior a tres meses, sin necesidad del pago de una cuota inicial.
ART. 19.—Facilidad de pago solicitada por un tercero. Si la solicitud de facilidad de pago es presentada por un tercero, deberá manifestar expresamente que se compromete solidariamente al pago total de las obligaciones objeto de la facilidad otorgada, incluidos los intereses y demás recargos a que haya a lugar.
Concedida la facilidad de pago solicitada por el tercero, el funcionario ejecutor deberá notificar al deudor, quien solamente podrá oponerse acreditando el pago total de la obligación. La solicitud del tercero no liberará al deudor principal del pago de la obligación, ni impedirá la acción de cobro contra él. En caso de incumplir la facilidad otorgada, se podrá perseguir simultáneamente a los dos o a uno cualquiera de ellos.
ART. 20.—Facilidades de pago con garantías. Cuando el plazo solicitado en la facilidad de pago sea superior a un (1) año, deberán observarse además de los requisitos señalados en las anteriores disposiciones las siguientes reglas:
a) Cuando el solicitante ofrezca garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, el valor garantizado debe ser igual o superior al monto de la obligación principal, más los intereses respectivos o la indexación según sea el caso, calculados, hasta la fecha de expedición de la resolución que concede la facilidad de pago;
b) Los bienes dados como garantía real deben tener un valor comercial superior al doble del valor de la obligación garantizada;
c) La garantía debe ser constituida a favor de la Superintendencia de Sociedades y perfeccionada antes del otorgamiento de la facilidad de pago;
d) Cuando se trate de garantías personales, el garante, quien firmará el respectivo pagaré a favor de la entidad, así como la carta de instrucciones para su diligenciamiento, debidamente autenticados ante notario, deberá tener un patrimonio líquido por lo menos tres (3) veces superior a la deuda garantizada, no tener obligaciones pendientes con la Superintendencia de Sociedades, presentar relación detallada de los bienes en que está representado su patrimonio, anexando la prueba de propiedad de los mismos, con el compromiso expreso de no enajenarlos, ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad de pago, acompañado del valor comercial estimado de los bienes que integran la relación que está presentando, condición que quedará expresa tanto en la resolución que concede la facilidad de pago, como en el respectivo pagaré.
PAR. 1º—En el evento que el garante, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo por escrito a la Superintendencia de Sociedades, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el garante no se insolvente.
PAR. 2º—En el evento que se haya materializado embargo sobre bienes de propiedad del obligado de un valor comercial que resulte suficiente para cubrir el pago de la obligación, intereses, indexación y costas, podrá obviarse la constitución de garantías para conceder la facilidad de pago. En este evento, únicamente se levantará la medida cautelar sobre dicho(s) bien(es) cuando se declare cumplido el acuerdo de pago de su totalidad.
ART. 21.—Facilidades de pago sin garantía. Podrán otorgarse facilidades de pago de obligaciones sin necesidad de constituir garantías cuando se trate del otorgamiento de plazos inferiores a un (1) año, siempre que el deudor denuncie bienes de su propiedad, para su posterior embargo y secuestro, con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad, so pena de declararla incumplida y extinguido el plazo otorgado.
En este evento se acompañará un estimado del valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando y además se deberán anexar los certificados de libertad y tradición, o del respectivo registro de los bienes denunciados, expedidos con una antelación no mayor a un mes, con el fin de constatar que los mismos se encuentran libres de embargos, hipotecas, patrimonio de familia o cualquier otro gravamen que pueda afectar el dominio de los mismos.
La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, titularidad del derecho de dominio y valor comercial o catastral de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos.
En el evento que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo a la Superintendencia de Sociedades, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no se insolvente.
Cuando la solicitud de facilidad de pago presentada sea a un plazo no superior a un (1) año, habrá lugar únicamente al levantamiento de las medidas preventivas sobre embargos bancarios que se encuentren vigentes; las demás que se hayan decretado en forma preventiva se mantendrán, excepto cuando exista algún título de depósito judicial que respalde la totalidad de la obligación.
ART. 22.—Clases de garantía. La Superintendencia de Sociedades, por intermedio del funcionario ejecutor, aceptará las siguientes garantías dentro del proceso de cobro persuasivo y coactivo:
22.1. Fideicomiso en garantía.
Contrato en virtud del cual se transfiere de manera irrevocable, la propiedad de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del propietario de los bienes o de terceros, designando como beneficiario a la Superintendencia de Sociedades, quien exigirá que el encargo fiduciario sea irrevocable hasta el pago total de la obligación pendiente.
22.2. Fideicomiso en administración.
Contrato por medio del cual se entregan bienes diferentes a dinero, con o sin transferencia de la propiedad, para que la sociedad fiduciaria los administre, desarrolle la gestión encomendada por el constituyente y destine los rendimientos al cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato.
Cuando se constituya el fideicomiso en administración, con el fin de garantizar la facilidad de pago otorgada por la Superintendencia de Sociedades, el deudor se obligará a cancelar la cuota o saldo de la cuota cuando los rendimientos del fideicomiso sean insuficientes, situación que quedará contemplada en la resolución que concedió la facilidad de pago. Esta garantía podrá ser complementada con garantías adicionales.
22.3. Hipoteca.
Contrato real accesorio que garantiza con bienes inmuebles el cumplimiento de la obligación. Previo a la expedición de la resolución que concede la facilidad de pago, el deudor deberá presentar el certificado de tradición y libertad del bien con el registro de la escritura de hipoteca a favor de la Superintendencia de Sociedades y el certificado del avalúo catastral.
22.4. Prenda.
Para el efecto, ceñirse a lo dispuesto por la Ley 1676 de 2013.
22.5. Garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguro o instituciones financieras.
El aval bancario o la póliza de una compañía de seguros, es una garantía ofrecida para respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad que otorgue la garantía debe indicar claramente el monto, el concepto garantizado y el tiempo de vigencia, mediante la expedición de una póliza de seguros o de un aval bancario.
Cuando se trate de garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguros, el monto de las mismas deberá cubrir la obligación principal más los recargos. Para plazos mayores a un (1) año, el obligado renovará las garantías, con por lo menos tres (3) meses de anticipación al vencimiento de las inicialmente otorgadas, salvo que la Superintendencia de Sociedades no considere necesaria la renovación de la garantía.
22.6. Garantías personales.
En casos puntuales y atendiendo a la voluntad de pago del deudor y sus condiciones particulares, previo análisis del funcionario ejecutor, se podrán aceptar garantías personales tales como libranzas y pagarés a la orden de la Superintendencia de Sociedades de parte de codeudores solidarios de la obligación. En ningún caso se admitirán fiadores.
El deudor principal y su codeudor solidario deberán suscribir pagaré y carta de instrucciones correspondiente, con presentación personal de los suscribientes ante Notaría. El codeudor solidario deberá comprometerse en el pagaré, adicionalmente a cancelar en forma solidaria la obligación, a no efectuar actos de disposición sobre el bien inmueble que denunció como de su propiedad.
ART. 23. —Perfeccionamiento de la facilidad de pago. La facilidad de pago se otorga mediante acto administrativo que debe contener, por lo menos, la identificación del título que contiene la obligación y su monto, los intereses, la tasa aplicable, las garantías constituidas o bienes denunciados, la periodicidad de las cuotas autorizadas y el plazo concedido. Igualmente señalará las causales para declarar incumplida la facilidad de pago, y las consecuencias ante dicho incumplimiento.
ART. 24.—Incumplimiento de la facilidad de pago. Cuando el deudor no cancele tres (3) o más cuotas dentro de los plazos fijados para el efecto, el funcionario podrá declarar el incumplimiento de la facilidad de pago y aplicará la cláusula aceleratoria de pago dejando sin vigencia el plazo concedido.
El incumplimiento se declarará mediante resolución ordenando hacer efectivas las garantías hasta la concurrencia del saldo insoluto, cuando a ello hubiere lugar. De igual forma, el incumplimiento implica la reanudación inmediata del proceso de cobro, así como el embargo inmediato de bienes del deudor.
En el caso de aquellas facilidades de pago que se otorgaron con base en una relación detallada de bienes, en la resolución de incumplimiento se decretará el embargo, secuestro y avalúo de los mismos, para su posterior remate. En dicha resolución también se dejará constancia cuando se constituyeron garantías personales, que la Administración se reserva el derecho de perseguir al garante y al deudor simultáneamente, a fin de obtener el pago total de la obligación.
Dentro del proceso coactivo, la resolución que declara incumplida la facilidad de pago y sin vigencia el plazo concedido, se notifica tal como lo establecen los artículos 565 y 566-1 del estatuto tributario, y contra ella procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación conforme el artículo 814-3.
En este caso, el funcionario ejecutor deberá resolver el recurso mediante acto administrativo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, el cual se notificará según lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 565 del estatuto tributario.
Cuando el acuerdo de pago haya sido aprobado durante la fase persuasiva se dará aplicación al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, para el trámite de la actuación y notificaciones pertinentes.
ART. 25.—Prohibición de rebajas o condonaciones. Sobre las obligaciones cobradas por el Grupo de gestión de cobro persuasivo y coactivo de la Superintendencia de Sociedades no se podrán conceder rebajas o condonaciones por ningún concepto, excepto en aquellos casos en los que se aplique la Ley 1116 de 2006 y que en razón a decisiones de carácter general adoptadas con el lleno de requisitos legales, supongan algún tipo de condonación.
ART. 26.—Procedencia y trámite. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, en acto administrativo separado, el funcionario ejecutor podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del deudor. Para la realización de tales medidas deberán seguirse las reglas establecidas en los artículos 837 a 839-4 del estatuto tributario. En los aspectos compatibles y no contemplados en el estatuto tributario se observarán en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código General del Proceso que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 27.—Levantamiento de las medidas cautelares. Las medidas cautelares decretadas dentro del proceso administrativo de cobro coactivo se levantarán en los eventos contemplados en el artículo 597 del Código General del Proceso, observando, en todo caso, lo ordenado en el numeral 2º del artículo 101 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De manera excepcional, a criterio del funcionario ejecutor, podrán levantarse las medidas cautelares previa aprobación de un acuerdo de pago dentro del proceso coactivo.
ART. 28.—Avalúo y remate de bienes. Para el avalúo y posterior remate de los bienes debidamente embargados y secuestrados, se observarán las reglas del estatuto tributario y en lo que no se oponga a este, las reglas establecidas en el Código General del Proceso.
PAR.—Secuestres y peritos. Para fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia se aplicarán las tarifas dispuestas para el efecto por el Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 29.—Las irregularidades y/o nulidades que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro podrán subsanarse en las oportunidades y términos previstos en el artículo 849-1 del estatuto tributario.
Las irregularidades se subsanarán de oficio o a petición de parte, sin necesidad de tramitar incidente. Las irregularidades se considerarán saneadas cuando a pesar de ella, el deudor actúa en el proceso y no la alega, en todo caso, cuando el acto cumplió su finalidad y no violó el derecho de defensa.
Las irregularidades pueden ser absolutas, que no son susceptibles de sanearse; y relativas, que admiten dicha posibilidad. Uno u otro carácter se definirán siguiendo las reglas que para tal efecto establece el Código General del Proceso en sus artículos 133 y siguientes.
Formas de terminación del proceso de cobro persuasivo y coactivo
ART. 30.—Pago. Si el ejecutado realiza el pago total de la obligación y de las costas, se dará por terminado el proceso, se dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares y se ordenará el archivo del expediente.
También se acepta como forma de pago la compensación de las obligaciones cuando exista algún saldo a favor del obligado, la cual deberá ser aprobada por el funcionario competente al interior de la Superintendencia.
ART. 31.—Imputación de pagos. Los pagos efectuados sobre obligaciones por concepto de cuotas partes pensionales se imputarán primero a intereses y luego a capital, según lo previsto en el artículo 1653 del Código Civil.
Los pagos realizados sobre obligaciones diferentes a las anteriores dentro del proceso de cobro coactivo se imputarán a capital e intereses, en las mismas proporciones con que participan estos conceptos dentro de la obligación total al momento del pago, en consideración a la regla establecida en el artículo 804 del estatuto tributario.
Si efectuada la imputación en la forma establecida queda un saldo pendiente de pago se continúa el proceso de cobro. Si existen varias obligaciones a cargo del mismo deudor, los pagos se imputarán en orden de antigüedad.
ART. 32.—Dación en pago. Solo será procedente la dación en pago de bienes de un deudor o de un tercero cuando corresponda a aquellos casos donde el mismo sea sujeto de un proceso de insolvencia o de liquidación privada, donde la Superintendencia se haga parte como acreedor (multas y contribuciones) y siempre que resulte jurídicamente viable de acuerdo con la situación jurídica de los mismos.
PAR.—En caso de no aceptarse la dación de bienes ofrecida en pago, no se considerará renunciada la acción de cobro, ni condonada la obligación, por lo que podrá continuarse con la ejecución, salvo que la ley le otorgue un efecto distinto.
ART. 33.—Remisibilidad de obligaciones. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el funcionario ejecutor podrá declarar la remisión de las obligaciones cobradas por la Superintendencia de Sociedades respecto de las cuales se prediquen los eventos, términos y condiciones previstos en el artículo 820 del estatuto tributario.
Así mismo, la Superintendencia de Sociedades realizará la supresión de las deudas que a pesar de las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, se encuentren sin respaldo o garantía alguna.
ART. 34.—Prescripción. La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo, sin que se haya logrado el pago total de las mismas por parte del deudor debido a la inactividad de la entidad en el ejercicio de la gestión de cobro.
A fin de determinar la procedencia la prescripción de la cartera a favor de la Superintendencia, las obligaciones se distinguirán por su naturaleza, para establecer en cada caso la norma que en materia de prescripción resulta aplicable, teniendo en cuenta también la época de su exigibilidad y los hechos que producen la eventual interrupción del fenómeno extintivo.
ART. 35.—Causales de interrupción de la prescripción. Las causales de interrupción de la prescripción serán las previstas en los artículos 2539 del Código Civil, 94 del Código General del Proceso y 818 del estatuto tributario.
ART. 36.—Remisiones. La remisión a las normas del estatuto tributario, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código General del Proceso, y el Código Civil, se entenderá efectuada, en lo que corresponda, a las normas vigentes y a aquellas que las sustituyan, modifiquen o adicionen.
ART. 37.—Vigencia del reglamento interno. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los demás actos de la Superintendencia de Sociedades que regulen la materia.