Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-558-09.htm
Timestamp: 2017-10-24 04:01:48
Document Index: 267326868

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 200', 'artículo 212', 'artículo 175', 'artículo 29', 'artículo 2', 'Artículo 294', 'artículo 329']

C-558-09
En la presente oportunidad en que han sido demandados los artículos 175 y 294 parcial de la Ley 906 de 2004, porque, en criterio del actor, en ambas disposiciones, el legislador incurrió en una omisión legislativa violatoria de la Constitución, en particular, de su artículo 29, debido a que dejó en la indeterminación temporal ciertas actuaciones de la Fiscalía dentro de los procesos penales, la Corte encuentra que el cargo formulado contra el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 está deficientemente estructurado, por cuanto no cumple los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para la procedencia de una demanda por omisión legislativa. En consecuencia la Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con esta disposición, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Agrega que si se declara la inconstitucionalidad del artículo 175 de la Ley 906 de 2004 la consecuencia sería “no tener un límite temporal entre las etapas que se encuentran reguladas en el precitado artículo”, lo que conduciría a la vulneración de “otra serie de derechos constitucionales y legales de los sujetos procesales e intervinientes”.
Finalmente, anota el Fiscal que eventualmente puede presentarse la hipotética situación planteada por el demandante, lo que conduciría a la existencia de otra irregularidad “que debe ser puesta en conocimiento de las autoridades competentes”, pero que no es causa de una omisión legislativa contraria a la Carta, pues existen disposiciones aplicables y a partir de ellas cabe “exigir a los servidores públicos actuar dentro de tales parámetros, so pena de las medidas correccionales que el sistema jurídico contempla”.
En gracia de discusión, expresa, sobre la base de que la fijación del término para formular la imputación sea una obligación y no una posibilidad, serían otras las normas de las cuales cabría predicar la omisión, como el artículo 200, que impone a la Fiscalía la obligación de realizar “indagación e investigación” y el artículo 212, “… que le impone al Fiscal la obligación de efectuar análisis de la actividad de la policía judicial en la indagación e investigación, para tomar las medidas del caso; una de las cuales podría ser la de establecer si existe indiciado individualizado e identificado, porque sólo a partir de allí cabría la posibilidad de fijar el inicio de un término y, por ende, el nacimiento del derecho pleno de defensa.”
El Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia y en él solicitó a la Corte “inhibirse para pronunciarse de fondo sobre el artículo 175 y la expresión ‘en este evento el superior designará un nuevo fiscal’, ambos de la Ley 906 de 2004 ‘por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal’ por ineptitud sustantiva de la demanda”.
Al finalizar el repaso jurisprudencial, el Procurador General de la Nación anota que el actor “no logra articular un verdadero cargo de inconstitucionalidad”, pues se limita a exponer un conjunto de consideraciones generales y ambiguas que no sirven de sustento a la realización del juicio de inconstitucionalidad.
2.1. En la presente oportunidad se han demandado los artículos 175 y 294 parcial de la Ley 906 de 2004, porque, en criterio del actor, en ambas disposiciones, el legislador incurrió en una omisión legislativa violatoria de la Constitución, en particular, de su artículo 29, debido a que dejó en la indeterminación temporal ciertas actuaciones de la Fiscalía dentro de los procesos penales.
Por otra parte, la Corte también ha señalado que cuando se trate de una demanda por omisión legislativa, como presupuesto para el ejercicio del control de constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones: “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.”[1]
La Corte ha precisado que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada[2], y que “… la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso”.[3] Sobre el particular, esta Corporación, de manera reiterada, ha señalado que “… la técnica utilizada en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende ejercer esta acción, la obligación de señalar con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, además, deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a éste”[4]. De este modo, ha dicho la Corte, “… al margen de las condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción - acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta -, sino además, (y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 241-4-5).”[5]
En este contexto, es necesario tener en cuenta que la Corte ha afirmado que su atribución para integrar la unidad normativa, vinculando al proceso de inconstitucionalidad preceptos que no han sido materia de acusación, tiene un carácter excepcional y que para su ejercicio es indispensable la existencia de una demanda en forma, esto es, que la misma cumpla con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, tal y como éstos han sido consagrados en la ley (Art. 2° del Decreto 2067 de 1991) y precisados por la jurisprudencia constitucional. Ha dicho la Corporación que ello es así porque la unidad normativa “… sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano.”[6]
Tal como se ha señalado por la Corte, en el ámbito del sistema penal desarrollado en la Ley 906 de 2004, “… las actividades practicadas durante la ‘indagación’ tienen carácter reservado y el límite para llevarlas a cabo es el término de prescripción de la acción penal”[7]. Es claro entonces, que la consecuencia de que el legislador no haya fijado de manera expresa un término para la actuación que se cumple por la fiscalía entre la notitia criminis y la formulación de imputación, no conduce a una indefinición temporal, sino que implica que dicho término es el de prescripción de la acción penal.
4. En el Artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no se presenta una omisión legislativa contraria a la Constitución.
[8] El texto del artículo demandado era el siguiente: “ARTICULO 324. Duración de la investigación previa. La investigación previa se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado. En este último caso se dictará resolución de apertura de instrucción.”
[9] En esa sentencia la Corte resolvió: “SÉPTIMO. Declárase inexequible el artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, en razón de las consideraciones antes expuestas, en el aparte acusado, que textualmente dice: ‘La instrucción podrá realizarse mientras no prescriba la acción penal’.”