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Timestamp: 2017-12-15 06:29:32
Document Index: 25363729

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 160', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 223', 'artículo 223', 'artículo 237', 'artículo 237', 'artículo 375', 'artículo 237', 'artículo 375', 'artículo 375', 'artículo 375', 'artículo 237', 'artículo 265', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 237', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10']

No. 26 comunicado 11 de julio de 2012
Supresión de la posibilidad de reintegro al empleo como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, no constituye una vulneración de las garantías constitucionales que protegen el derecho al trabajo y a la prohibición de no regresividad de los derechos sociales
I. EXPEDIENTE D-8843 – SENTENCIA C-533/12
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6o. de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.”
Declarar EXEQUIBLES los artículos 6º de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002, por los cargos analizados en la presente sentencia.
Establecida la inexistencia de cosa juzgada constitucional absoluta en relación con las normas acusadas, el problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte Constitucional en este proceso consistió en determinar, si la supresión hecha por el legislador de la posibilidad de que el juez laboral ordene en ciertos eventos, el reintegro del trabajador que ha sido despedido sin justa causa, después de más de 10 años de servicio continuo con el mismo empleador, desconoce la protección del derecho del trabajo (art. 25 C.P.) y algunos de los principios mínimos fundamentales que componen el estatuto del trabajo (art. 53 C.P.), contrariando así la prohibición de no regresividad de los derechos sociales, en la medida en que la legislación anterior permitía al juez decidir entre ordenar el reintegro del trabajador a su empleo o la indemnización originada en el despido sin justa causa.
La Corte consideró que la supresión de la alternativa de reintegro del trabajador despedido sin justa causa después de 10 años de servicio continuo con el mismo empleador constituye un ejercicio válido desde la perspectiva constitucional, de la potestad de configuración del legislador en materia laboral. En efecto, la medida adoptada por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 tuvo el propósito de impedir que trabajadores antiguos no fuesen despedidos antes de cumplir los 10 años de servicio, por el temor del empleador a la acción de reintegro en el futuro, objetivo que se mantuvo en la Ley 789 de 2002, normatividad mediante la cual se dictaron medidas para apoyar el empleo y ampliar la protección social.
Reiteró que, como lo ha señalado la jurisprudencia, la estabilidad laboral para la permanencia en el empleo no es absoluta, como también que la acción de reintegro no es el único medio adoptado por el legislador para garantizar este tipo de estabilidad, de manera que haberla excluido de las alternativas a decidirse por el juez laboral (vgr. indemnización), no implica el incumplimiento de una exigencia constitucional. Al mismo tiempo reafirmó lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en fallo de constitucionalidad proferido ya en vigencia de la Constitución de 1991 y ratificado por la Corte Constitucional en sentencias C-569/93 y C-038/04, en cuanto determinó que la acción de reintegro no constituía una especie de derecho adquirido inmodificable por el legislador, toda vez que no se trataba de una situación concreta y consolidada sino de una regulación abstracta, de una mera expectativa, que bien podía ser objeto de modificación por la ley, pues nadie tiene derecho a que se mantenga de manera perpetua y sin modificación alguna, una reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones.
La Corporación aclaró que estas consideraciones no se extienden a otro tipo de reintegros por protección laboral reforzada, que se fundamentan en presupuestos de raigambre constitucional, como es la estabilidad de las trabajadoras en estado de embarazo, las personas con discapacidad o alguna limitación o en aplicación del denominado retén social o de otra situación que deba ser protegida en aplicación estricta de la Constitución.
En consecuencia, la Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad planteados por el demandante contra los artículos 6º de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002, no estaban llamados a prosperar y, por ende, procedió a declarar su exequibilidad en relación con los mismos.
Los magistrados Adriana María Guillén Arango y Luis Ernesto Vargas Silva salvaron el voto, toda vez que en su concepto la demanda no cumplía con los requerimientos exigidos para que la Corte pudiera entrar a proferir una decisión de fondo acerca de la presunta omisión legislativa relativa planteada por el actor, como quiera que no expuso los argumentos en que se sustentaba el supuesto deber constitucional omitido por el legislador. En estas condiciones, la decisión ha debido ser inhibitoria.
Los magistrados María Victoria Calle Correa y Humberto Antonio Sierra Porto se reservaron la posibilidad de presentar eventuales aclaraciones de voto respecto de algunos de los aspectos del análisis de fondo realizado por la Corte.
El Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa suscrito entre Colombia y Portugal su ajusta a los postulados y normas constitucionales, en relación con el fomento de la educación y la cultura dentro de un marco de equidad, reciprocidad, conveniencia nacional, respeto de la soberanía de los Estados signatarios y de la autodeterminación de los pueblos
II. EXPEDIENTE LAT-369 – SENTENCIA C-534/12
LEY 1456 DE 2011, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, firmado en Lisboa el 8 de enero de 2007.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1456 de junio 29 de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, firmado en Lisboa el 8 de enero de 2007.
Revisado el trámite surtido en el Congreso de la República por el proyecto que culminó en la adopción de la Ley 1456 de 2011, la Corte constató que se cumplieron en debida forma, las etapas, requisitos y procedimiento establecidos en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso, en particular, (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República; (ii) el proyecto fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada unas de las cámaras con el quórum y las mayorías exigidas; (iv) las ponencias, tanto en las comisiones como en las plenarias, fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates: (v) entre el primero y el segundo debate en cada cámara, como entre la aprobación en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes, transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto constitucional; (vi) se realizó el aviso, previo a la fecha del debate y votación, requerido por el artículo 160 de la Carta; (vii) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; y(viii) fue enviado a esta Corte para su revisión de constitucionalidad, dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial. Por consiguiente, fue declarada exequible la Ley 1456 de 2011.
En cuanto al contenido del “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, firmado en Lisboa el 8 de enero de 2007, aprobado mediante la Ley 1456 de 2011, la Corte encontró que no contradice precepto alguno de la Constitución. Por el contrario, este Acuerdo refrenda el deseo común de desarrollar la cooperación cultural y educativa entre ambos países y de promover el intercambio de actividades y tradiciones culturales, respetando la diversidad cultural y la libre expresión de sus pueblos, acorde con el marco axiológico de la Carta Política y las tendencias globalizantes, que reconocen “los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”, según lo estatuido en el numeral 4 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de las Naciones Unidas.
Siendo su objeto el de promover el intercambio cultural y educativo entre Colombia y Portugal, respetando la diversidad cultural y la libre expresión, la Corte señaló que este Acuerdo desarrolla principios, fines, objetivos y garantías propias del Estado social de derecho, especialmente, lo consagrado en los artículos 67 a 72. En virtud de este instrumento, se ofrece a los residentes de Colombia y Portugal, en distintos niveles de aprendizaje, el intercambio de información, experiencias educativas y culturales, enseñanza de la lengua y la cultura del otro país, con sus respectivos reconocimientos recíprocos, lo cual fortalece el conocimiento, la formación, el apoyo y la divulgación. Para tal efecto, se prevé el otorgamiento de becas para programas académicos o de investigación tecnológica y científica, promoción de posibilidades de especialización, maestría y doctorado, con estimulación de proyectos, muestras folclóricas, deportes, exposiciones y traducciones, además del énfasis en la protección de los derechos de autor y en la lucha contra la circulación ilícita de bienes del respectivo patrimonio. Así mismo, establece la constitución de una comisión mixta dirigida a facilitar los medios para el cumplimiento del Acuerdo. Todas estas cláusulas han sido concebidas dentro de un marco de equidad, reciprocidad, conveniencia nacional, respeto de la soberanía de los Estados signatarios y la autodeterminación de los pueblos, que realzan el acatamiento de lo preceptuado en los artículos 9º, 150, numeral 16 y 226 de la Carta Política, a la vez que las ventajas que se derivan del Acuerdo, pueden ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones por nacionales de ambos países.
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional procedió a declarar exequible el “Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa”, firmado en Lisboa el 8 de enero de 2007.
Facultad del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral para presentar ante el Congreso de la República proyectos de reforma constitucional tiene fundamento en la propia Constitución Política
III. EXPEDIENTE D-8880 – SENTENCIA C-535/12
ARTÍCULO 223. INICIATIVA CONSTITUYENTE. Pueden presentar proyectos de acto legislativo:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, el artículo 223 de la Ley 5ª de 1992.
En el presente caso, la Corte debía definir, si al no incluir al Consejo de Estado entre quienes pueden presentar proyecto de acto legislativo, quebranta el numeral 4 del artículo 237 de la Constitución Política, el cual le atribuye al Consejo de Estado la facultad de “preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley”.
La Corte reiteró que la Constitución Política es un texto armónico y coherente que, como tal, debe ser interpretado de manera sistemática, teniendo en cuenta, además, los propósitos y objetivos perseguidos por el constituyente. De igual manera, conforme con el criterio de interpretación armónica, las disposiciones especiales que regulan el tema de la Reforma Constitucional, contenidas en el Título XIII de la Constitución Política, no pueden ser valoradas aisladamente, sino en consonancia con los demás preceptos de la Carta que se relacionan con el proceso de reforma y que contienen reglas aplicables en la materia.
De acuerdo con lo anterior, frente al tema de quiénes son destinatarios de iniciativa constituyente para presentar proyectos de Acto Legislativo, no encuentra la Corte que exista contradicción alguna entre el artículo 237-4 de la Carta, que faculta al Estado para ejercer dicha atribución y el artículo 375 del mismo ordenamiento superior, que radica la competencia en el Gobierno, el Congreso, los concejales o diputados y un grupo de ciudadanos. Por el contrario, dando aplicación al principio de armonización y acogiendo la voluntad constituyente en la materia, advierte la Corte que estas dos disposiciones son congruentes en cuanto que, en lo pertinente, se ocupan de regular temas afines relacionados con el procedimiento de reforma de la Constitución.
A juicio de la Corte, tanto el artículo 237-4, como el artículo 375 se integran a la parte orgánica de la Constitución en los Títulos VII y XIII, y consagran reglas de competencia que se complementan entre sí y que tienen el mismo valor normativo y vinculante. El primero, relacionada con una de las atribuciones reconocida al Consejo de Estado, cual es la de presentar proyectos de reforma constitucional y, el segundo, referida a la regulación de uno de los mecanismos de reforma de la Constitución, como es el que adelanta el Congreso en su condición de constituyente derivado mediante Acto Legislativo. En ese contexto, tales normas se deben aplicar armónicamente para respetar el propósito perseguido por el constituyente del 91 y para lograr su mayor nivel de efectividad y eficacia. En otras palabras, si bien es cierto que el artículo 375 de la Carta no relaciona al Consejo de Estado dentro de los sujetos habilitados para presentar proyectos de acto legislativo, tampoco lo aparta del ejercicio de tal atribución, como quiera que su contenido no es excluyente ni restrictivo, a la manera de un númerus clausus. El artículo 375 superior no señala que los únicos sujetos habilitados para presentar proyectos de acto legislativa sean los que enuncia, por lo que esa competencia, se complementa con la prevista en el artículo 237-4 de la Carta, como también con el artículo 265-5 superior, que también faculta al Consejo Nacional Electoral para “presentar proyectos de acto legislativo y de ley”. Al mismo tiempo, la Corte señaló que el legislador no está obligado a reproducir las normas constitucionales, ni que se requiera de su inclusión en una ley para que puedan ser aplicadas, lo cual es más claro cuando se trata de competencias previstas en la propia Constitución. Por lo tanto, no puede considerarse que en la adopción del artículo 223 del Reglamento del Congreso, el legislador haya incurrido en una omisión legislativa que implique una violación de la normatividad constitucional.
Por lo expuesto, el artículo 223 de la Ley 5ª de 1992, no quebranta el artículo 237-4 de la Constitución, de modo que la Corte procedió a declararlo exequible, por el cargo examinado.
Obligación de construir el 1% de viviendas en condiciones de habitabilidad destinadas a la población con discapacidad, no constituye una medida regresiva que desconozca el principio de progresividad de los derechos sociales
IV. EXPEDIENTE D-8885 – SENTENCIA C-536/12
PARÁGRAFO 3o. Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos los proyectos de vivienda la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien (100) viviendas de una de ellas para la población minusválida. Las viviendas para minusválidos no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán adaptadas para dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006, por los cargos analizados en la presente providencia.
El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte en este caso, radicó en determinar si la disposición demandada vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales, porque en concepto del demandante, disminuye el nivel de protección del derecho a la vivienda digna de la población con discapacidad, al reducir el porcentaje de viviendas de interés de fácil acceso que debe construir el Estado.
La Corte comenzó por reiterar que el principio de progresividad de los derechos sociales, concebido como la obligación del Estado de “adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos disponibles, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos sociales”, es un elemento definitorio y estructural del modelo de Estado social de derecho y, por tanto, un parámetro de control de constitucionalidad. Dicho principio tiene dos facetas o contenidos complementarios: la gradualidad, en el sentido en que la plena realización de los derechos sociales no podrán lograrse en un corto período de tiempo y progreso, en el sentido de la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de tales derechos. Implica entonces, la obligación de actuar, prohibición de disminuir recursos, prohibición de aumentar costos de acceso y la prohibición de aumentar requisitos en relación con el goce efectivo de los derechos sociales. La jurisprudencia lo ha interpretado como un mandato al legislador dirigido a “erradicar las injusticias presentes”, “corregir las visibles desigualdades sociales” y “estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos”. Si bien todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático y debe presumirse en principio inconstitucional, puede ser justificable constitucionalmente, si después de aplicarle un control judicial más severo, se encuentra que la medida es proporcional.
Con el objeto de establecer la regresividad de la disposición demandada en el caso concreto, la Corte debía determinar si existía identidad entre la conducta, los beneficiarios, el tipo de proyectos de vivienda, las entidades obligadas y demás aspectos pertinentes de las normas de la Ley 1114 de 2006 y de la Ley 361 de 1997. Para la Corte, la disposición demandada de la Ley del año 2006 no constituye una medida regresiva en relación con lo establecido en la Ley del año 1997, por cuanto las dos disposiciones cotejadas regulan supuestos de hecho diferentes, son aplicables a diferentes beneficiarios e imponen obligaciones sobre diferentes entidades.
En efecto, el supuesto regulado por el artículo 49 de la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, se refiere a la obligación del Gobierno de programar, y eventualmente construir, proyectos de vivienda que garanticen condiciones de accesibilidad a la población con limitaciones, como mínimo en un 10% de los proyectos a cargo del Gobierno. Esto es, que en la programación, promoción o construcción de tales proyectos se eliminen barreras arquitectónicas y se adecúe la infraestructura con tal de que se permita que la población con limitaciones pueda acceder y desenvolverse con facilidad y de forma autónoma. Por su parte, el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006 establece la obligación de disponer del 1% de las viviendas construidas para la población en condición de discapacidad. Es decir, que el supuesto que regula es la construcción, como tal, de la unidad habitacional con las características necesarias para que una persona en situación de discapacidad pueda habitar en ella sin complicaciones. En este sentido, la disposición es clara al prescribir que “Las viviendas para minusválidos no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán adoptadas para dicha población”. Advirtió que el parágrafo 3º acusado, subroga y es idéntico al parágrafo del artículo 29 de la Ley 546 de 1999, que estaba ubicado en el Capítulo VI de dicha ley dedicado a la vivienda de interés social (VIS). La obligación de construcción del 1% de las viviendas adecuadas para la población con discapacidad que establece, es una medida de acción afirmativa novedosa y singular en el contexto de una serie de acciones afirmativas relacionadas con el tipo especial de vivienda conocida como vivienda de interés social.
De la interpretación literal y sistemática de las disposiciones de la Ley 1114 de 2006, cuyo parágrafo del artículo 1º se demanda en esta ocasión, y de la Ley 361 de 1997, la Corte concluyó que resulta imposible, en términos lógicos, la existencia de una relación de regresividad. De un lado, la norma de la Ley 1114 de 2006 regula la obligación de construcción de vivienda bajo ciertos requisitos de habitabilidad para personas con discapacidad, mientras que la disposición de la Ley 361 de 1997 regula la obligación de programación, promoción y construcción de vivienda que permitan el acceso a las viviendas de personas con limitación. En este sentido, aquella regula asuntos relacionados con la habitabilidad de las viviendas, mientras que esta regula asuntos relacionados con la accesibilidad física a las mismas. Por consiguiente, la inexistencia de regresividad en este caso, por tratarse de medidas afirmativas de distinta índole, condujo a la Corte a declarar la exequibilidad del parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1114 de 2006, por el cargo examinado.
El magistrado Humberto Antonio Sierra Porto se apartó de la decisión anterior, por cuanto en su concepto, la decisión ha debido ser inhibitoria, en la medida en que el demandante no cumplió con el requisito de plantear en debida forma el cargo por violación de la progresividad, toda vez que el contenido normativo que se acusa no corresponde al de la disposición acusada sino a una interpretación subjetiva del actor que no se deriva del texto legal.
Por su parte, la magistrada María Victoria Calle Correa presentará una aclaración de voto en relación con el alcance de la norma acusada respecto de la acción afirmativa en materia de vivienda a favor de la población en condiciones de incapacidad.
El debate y aprobación de los limites a la publicidad oficial establecidos en la Ley 1474 de 2011, cumplieron en debida forma con los principios de consecutividad, identidad flexible y publicidad exigidos en la discusión de todo proyecto de ley
V. EXPEDIENTE D-8874 – SENTENCIA C-537/12
Declarar EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, por los cargos analizados en esta sentencia.
A partir del estudio del procedimiento legislativo seguido en el debate y aprobación del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, la Corte llegó a las siguientes conclusiones: (i) el tema de la limitación presupuestal a la publicidad que hacen las entidades del Estado estuvo presente en todos los debates, tanto en comisiones como en plenarias. A pesar de que no hizo parte del proyecto original, fue introducido durante el trámite en la Comisión Primera del Senado. Con tal objeto, se puso en conocimiento de los congresistas durante la exposición oral y entrega del documento contentivo del articulado acordado por una subcomisión accidental conformada para el efecto. Un procedimiento similar fue efectuado en el trámite en cuarto debate, instancia en la que se encargó a una subcomisión la formulación de un texto para el conocimiento de la plenaria por el coordinador de ponentes; (ii) el texto fue aprobado sin mayores alteraciones en primer y segundo debate surtidos en la Comisión Primera y la plenaria del Senado de la república. Con todo, el artículo sufrió adiciones importantes en el tercer debate, en el que se amplió la restricción presupuestal no solo respecto del gasto realizado en época electoral, sino que tomó la forma de una restricción general al presupuesto para el rubro de publicidad. Estas limitaciones se hicieron aún más extensas en el cuarto debate, en el que no solo se fijaron limitaciones específicas a determinadas modalidades de publicidad, sino que también se determinó una fórmula de disminución progresiva del rubro presupuestal en comento; (iii) lo anterior conduce a que no se configura una violación del principio de consecutividad e identidad flexible, por cuanto el tema de limitación al presupuesto público destinado a publicidad fue una preocupación constante durante todo el trámite legislativo, al punto que distintas formulaciones normativas sobre el tópico fueron aprobadas en cada uno de los debates, tanto en comisiones como en las plenarias de las cámaras.
Existencia de cosa juzgada constitucional frente al cargo formulado contra el Acto Legislativo 5 de 2011, en relación con la competencia para presentar esta iniciativa de reforma constitucional
VI. EXPEDIENTE D-8855 – SENTENCIA C-538/12
Los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Desarrollo Regional tendrán como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Los recursos del Fondo de Compensación Regional se destinarán a la financiación de proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), población y desempleo, y con prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia. La duración del Fondo de Compensación Regional será de treinta (30) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley a la que se refiere el inciso 2o del artículo anterior. Transcurrido este período, estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional.
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-317 de 2012, mediante la cual esta Corporación decidió “Primero.- Declarar EXEQUIBLE, el Acto Legislativo 05 de 2011, por el cargo relativo a la falta de iniciativa constituyente en cabeza de los Ministros del Despacho”.
En la Sentencia C-317 de 2012 ya la Corte Constitucional se pronunció sobre la viabilidad de que solo los ministros y no el presidente rubriquen los proyectos de Acto Legislativo que se lleven al Congreso.