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Timestamp: 2019-09-20 19:01:37
Document Index: 278487051

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 34', 'artículo 171', 'artículo 16', 'artículo 64', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 34', 'artículo 35']

SENTENCIA 2013-00175 DE 26 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:NO OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LA REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO NO ES MOTIVO PARA ENDILGARLE FALTAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2013-00175/9110-19 de marzo 26 de 2015
Rad. 500011102000201300175 01 (9110-19)
Aprobado según Acta de Sala No. 24
Bogotá D. C., veintiséis de marzo de dos mil quince.
La Calidad de abogado está demostrada con la Certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, está inscrita como profesional del derecho, quien se identificada con la cédula de ciudadanía N° 35.261.183 y tarjeta profesional N° 122576 vigente (fl.10 cdno. 1ª instancia)
La doctora MARIA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, alegó violación al debido proceso, reseñando el contenido de lo sucedido en la audiencia en la cual fue escuchado en ampliación al quejoso, quien reconoció no haber elaborado la queja, pues la misma fue realizada por otra abogada que tenía procesos con presos del mismo penal, indicando la togada investigada que la Magistrada sustanciadora no conminó al señor FLORESMIRO VARGAS a decir el nombre de la abogada que lo hizo firmar el documento, estando en la obligación de hacerlo.
A su vez señaló que no fueron tenidas en cuenta las pruebas aportadas al proceso disciplinario.
Al respecto esta Colegiatura, no decretará la solicitud de nulidad deprecada por la doctora AGUIRRE CASTILLO, en razón a la orientación de la decisión a tomar en el presente asunto.
4. De las faltas imputadas.
El cargo por el cual se sancionó en primera instancia a la abogada MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, refieren la incursión de la letrada en las faltas descritas en los literales a) y b) del artículo 34 y el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, así:
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Meta del 25 de octubre de 2013, sancionó a la abogada MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, por la falta descrita en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, pues como abogada penalista tenía claro el delito por el cual fue condenado su cliente, lo cual hacía que no pudiera ser beneficiario de la prisión domiciliaria, alimentando con ello la ilusión de su cliente, generando con ello la obtención del poder y el dinero solicitado.
Respecto a las faltas contenidas en los literales a) y b) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, señala la Sala a quo que el quejoso y su esposa son coherentes en indicar que la litigante les ofreció la casa por cárcel y con ese único interés reunieron el dinero para pagar los honorarios exigidos por la togada investigada, dándoles falsas expectativas.
Procede la Sala a pronunciarse únicamente sobre los motivos de discrepancia planteados en la apelación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 del C.D.U., aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.
5.1. Del caso en concreto.
En el caso sub lite, las faltas se sustentaron en el hecho de que la abogada MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO fue contratada por el señor FLORESMIRO VARGAS BENÍTEZ para que solicitara la sustitución de la pena, gestión para la cual solicitó al denunciante la suma de $3.500.000 pues con este dinero debía arreglar a los funcionarios en el Juzgado de Ejecución de Penas.
La suma fue entregada a la investigada por la señora María Edilma Puertas Carmona, luego de lo cual transcurrió el tiempo sin obtener el beneficio ni contacto con la abogada, quien le dijo debía arreglar a cuatro personas en el Juzgado (fls.1 a 3 cdno.1ª instancia).
Esta Colegiatura respecto al primer argumento aducido por la apelante considera que se encuentra acreditado dentro del presente diligenciamiento, el otorgamiento de poder el 9 de noviembre de 2011 por el señor FLORESMIRO VARGAS BENÍTEZ a la litigante MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, para representarlo dentro del proceso penal con Radicación 50001310700220080004800 tramitado en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quedando facultada para llevar a cabo todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento del mandato (fl.1 cdno. anexo 1).
En ejercicio del citado mandato aparece demostrado que la abogada radicó memorial ante el Juzgado de ejecución de penas, a través del cual deprecó el otorgamiento de la prisión domiciliaria por su condición de padre cabeza de familia para salvaguardar los derechos fundamentales del menor Carlos Eduardo Vargas Puertas (fls. 2 a 6 cdno anexo 1), petición respecto de la cual por auto del 30 de noviembre de 2011, dispuso previo a decidir, practicar visita domiciliaria por la asistente social de la especialidad para establecer las condiciones sicoafectivas del menor e indagar si se encuentra en estado de abandono (fl. 6 anexo 1).
De otro lado, aparece en el plenario la solicitud presentada el 25 de noviembre de 2011 por la letrada AGUIRRE CASTILLO mediante la cual solicitaba la concesión del subrogado de la vigilancia electrónica, teniendo en cuenta la falta de antecedentes, la condena por ser inferior a 6 años y 6 meses y la carencia de recursos económicos (fls. 7 y 8 c. anexo 1).
Posteriormente, las diligencias fueron remitidas al Juzgado Primero Adjunto de Ejecución y Medidas de Seguridad de Descongestión de Villavicencio, el cual en proveído dictado el 19 de enero de 2012, menciona tanto el informe emitido por la funcionaria del ICBF de fecha 18 de octubre de 2011, como el reporte de la Asistente Social del Centro de Servicios, donde se refiere la necesidad del menor de contar con la presencia de su padre, sin embargo fue negada la petición presentada por la abogada investigada pues no son compartidas las razones por el Despacho (fls.11 a 17 cdno. anexo 1).
Lo anterior, fue recurrido por la disciplinada el 2 de febrero de 2012, decisión que confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior el 27 de junio de 2012 (fl.22 cdno. anexo 1), luego de lo cual la togada elaboró una acción de tutela instaurada por el propio quejoso ante el mismo Tribunal (fl.25 cdno. anexo 1).
Posteriormente, la doctora AGUIRRE CASTILLO nuevamente solicitó la sustitución de la medida por la prisión domiciliaria con fundamento en el parágrafo del artículo 64 del Código Penal, frente a lo cual el Juzgado en auto del 15 de agosto de 2012 requirió que se acreditara el pago de la multa como requisito objetivo para la concesión (fl.26 cdno. anexo 1).
Así las cosas, el 25 de septiembre de 2012 la abogada presentó escrito a través del cual pide la amortización de la multa, para que una vez sufragada la primera cuota le sea otorgado a su representado el subrogado penal (fl.26 c.anexo1).
En la actuación obra copia del memorial de fecha 9 de octubre de 2012, mediante el cual el quejoso informó al despacho su incapacidad económica para cancelar la multa por lo cual pide se le exima del compromiso para obtener su libertad condicional (fl.27 c. anexo 1).
Nuevamente, por auto dictado el 7 de febrero de 2013 el Juzgado Primero Adjunto de Ejecución de Penas negó el beneficio de la prisión domiciliaria (fls. 29 a 31 c. anexo 1); no obstante, el 21 de mayo de 2013 se le reconoció al quejoso el derecho a redención de la pena equivalente a 4 meses 8.5 días y amortizar la pena de multa (fls.33 y 34 c. anexo 1)
Con fundamento en lo decidido por el Despacho de Conocimiento, la abogada AGUIRRE CASTILLO radicó memorial el 29 de mayo de 2013 a través del cual solicitó el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria al condenado (fl. 35 cdno. anexo 1).
Finalmente, aparece en la actuación copia del auto dictado el 8 de julio de 2013, mediante el cual el Juzgado reconoció la redención de pena equivalente a 15 días, pero negó la prisión domiciliaria solicitada por la defensa técnica (fls. 37 y 38 cdno. anexo 1).
Ahora bien, efectuada la reseña fáctica de las actuaciones adelantadas por la disciplinada, examinadas las probanzas a la luz de la sana crítica, habrá de decirse que de las mismas no se evidencia certeza respecto a la configuración de las faltas por las cuales el Seccional de Instancia impuso tan drástica sanción a la disciplinable.
En efecto, como se señaló en precedencia, del acervo probatorio obrante en el proceso se demuestra que las actuaciones adelantadas por la abogada tuvo conocimiento el condenado, quien dicho sea de paso en su propia declaración rendida el 13 de agosto de 2013 incurrió en una serie de contradicciones, además dijo conocer las solicitudes presentadas por la letrada e incluso describió con exactitud cada una y el resultado de las mismas.
Asimismo, el quejoso fue claro en señalar que tuvo la oportunidad de conversar en varias oportunidades con la togada investigada, quien le explicaba el trámite en el cual se encontraba la documentación presentada por ella.
Luego, lo que se advierte es que al no resultar como esperaba el señor FLORESMIRO VARGAS BENÍTEZ las gestiones adelantadas por su abogada, asesorado por un tercero respecto del cual se desconoce su identidad, optó por presentar una queja disciplinaria infundada y que a juicio de esta Superioridad, contrario a lo razonado por el a quo, carecía de soporte probatorio.
A esa conclusión se llega al analizar lo consignado en la providencia de instancia y la lectura que se hace al examinar el desarrollo de la audiencia celebrada el 13 de agosto de 2013, oportunidad en la cual al inicio el quejoso no hace referencia alguna respecto a la solicitud de dineros para agilizar o garantizar un resultado favorable en la gestión, por el contrario, su dicho desprevenido refería una contratación que siguió el curso normal de examen del expediente, acuerdo de honorarios profesionales e informes de las diligencias adelantadas por la litigante MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO.
No sucede lo mismo luego de efectuarse la lectura del escrito de denuncia, pues el quejoso fue claro en precisar que no lo había elaborado, contradiciéndose en lo manifestado inicialmente y entrando a referir situaciones sobre las cuales, de no ser por la lectura, no habría hecho alusión.
Así las cosas, para la Sala no existe la certeza exigida por el legislador para predicar de la profesional del derecho la incursión en falta disciplinaria alguna, recalcando que en la valoración del acervo probatorio, el Juzgador de instancia efectuó una interpretación sesgada de las intervenciones de la acusada, limitándolas únicamente a la ratificación del contenido del escrito, dejando de lado lo manifestado por el quejoso al inicio de la audiencia del cual lo que hasta ahora se entiende es que la abogada mantuvo al tanto a su poderdante del objeto de la peticiones que presentaba.
Por las razones anteriormente expuestas, considera esta Corporación que lo procedente en el presente asunto es REVOCAR la sentencia a través de la cual se impuso sanción a la disciplinada, si se tiene en cuenta que dentro de las diligencias no se encuentra acreditada la certeza exigida para proferir fallo sancionatorio en su contra, respecto de las faltas descritas en los literales a) y b) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007.
Respecto al segundo argumento alegado por la disciplinada consistente en la no incursión en la falta descrita en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 y en concreto respecto a los hechos por los cuales fue sancionada la doctora MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, se tiene que aquella recibió la suma de $3.500.000, los cuales, según dicho de la testigo y lo consignado en el escrito de queja, estaba destinada para el pago de “dádivas” a servidores del Juzgado encargado de resolver las peticiones efectuadas por la disciplinada.
Sin embargo, existen circunstancias que llaman la atención de la Sala, la primera de ellas referida a que si en efecto la abogada exigió el dinero para garantizar la libertad del quejoso en el término de dos meses, la queja disciplinaria sea presentada justo después de que le fue negada la segunda petición presentada por la litigante investigada, lo cual acaece más de un año de entregadas las sumas de dinero por parte de la esposa del condenado.
Otro aspecto que cobra relevancia es lo manifestado por el señor FLORESMIRO VARGAS BENÍTEZ, quien en su exposición refirió que la abogada le decía “que los papeles estaban en trámite que ya iban a llegar que no podía hacer nada más porque usted no era abogada no era juez para agilizar los papeles”, de lo cual bien puede concluirse que si la disciplinada informó a su mandante estar sujeta a la decisión del despacho judicial y no poder hacer nada para agilizar la gestión, como de viva voz lo expuso el quejoso a los presentes en la audiencia, resulta poco creíble que los dineros solicitados por la togada correspondieran a un concepto diferente a sus estipendios profesionales, aun cuando la esposa de quejoso así quiso hacerlo creer, dicho sobre el cual habrá de señalarse lo sospechoso del mismo, ante la manifestación de su comportamiento grosero y descomedido con la abogada, quien optó por comunicarse directamente con su defendido y no volver a tener contacto con aquella.
De esta manera, a juicio de esta Corporación no existe la certeza respecto del proceder supuestamente desleal acusado a la profesional MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, de quien por el contrario las probanzas arrimadas permiten concluir que gestionó todo cuanto pudo para lograr la concesión del beneficio al quejoso, incluso desvirtuando el argumento del a quo referido con la improcedencia de la prisión domiciliaria en casos de condenados por Ley 30 de 1986, asunto demostrado abastanza por la letrada, pero al parecer dejado de lado en favor de la disciplinada por el Seccional de Instancia, imponiéndose la revocatoria de la sentencia sancionatoria de primera instancia, para en su lugar ABSOLVERLA de la falta establecida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, la cual fue endilgada por el Seccional de instancia.
1. NO DECRETAR LA NULIDAD deprecada por la doctora MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
2. REVOCAR la sentencia del 25 de octubre de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual sancionó a la doctora MARTHA PATRICIA AGUIRRE CASTILLO, con cédula de ciudadanía 35.261.183 y portadora de la Tarjeta Profesional 122.576 del Consejo Superior de la Judicatura con SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, por hallarla responsable de las faltas consagradas en los literales a) y b) del artículo 34 y el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVERLA, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Comisiónese al Magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Meta, con facultades para subcomisionar, para que notifique la presente providencia en los términos de ley. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta Corporación.