Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l10-2011.t5.html
Timestamp: 2017-04-26 03:54:42
Document Index: 202607820

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 85', 'artículo 2', 'artículo 105', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 22']

Ley 10/2011, de 10 de mayo, de Cajas de Ahorros de Canarias. TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Disciplina, inspección y sanción 1. La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la consejería competente en materia de economía y hacienda, ejercerá las funciones de disciplina, inspección y sanción respecto de las Cajas de Ahorros con domicilio social en Canarias, así como sobre las actividades realizadas en la Comunidad Autónoma de Canarias por las Cajas de Ahorros cuyo domicilio social radique fuera de la misma, sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a la Administración General del Estado y al Banco de España.
2. En materia de disciplina e inspección, la consejería competente en materia de economía y hacienda podrá celebrar convenios con el Banco de España.
Responsabilidad administrativa 1. Las Cajas de Ahorros, sus Federaciones, así como quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas que infrinjan, por acción u omisión, lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen, así como en las normas de ordenación y disciplina vigentes emanadas del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en la legislación del Estado sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.
Dicha responsabilidad alcanzará igualmente a las personas físicas o jurídicas que posean una participación significativa de conformidad con la normativa vigente.
2. A estos efectos, ostentan cargos de administración, los administradores o miembros de los órganos de administración de las Cajas de Ahorros y los directores generales o asimilados, entendiéndose por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de un órgano de administración o de comisiones ejecutivas, o consejeros delegados del mismo.
3. El régimen disciplinario de los componentes de la Comisión de Control se regirá por lo establecido en la normativa estatal básica.
Responsables de las infracciones 1. Quien ejerza en la entidad de crédito o en su Federación cargos de administración o dirección, será responsable de las infracciones muy graves o graves que se cometan, cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, serán considerados responsables de las infracciones muy graves o graves cometidas por las Cajas de Ahorros sus administradores o miembros de sus órganos de gobierno, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando quienes formen parte de órganos rectores no hubieran asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes, o hubiesen votado en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubiesen dado lugar a las infracciones.
3. Incurrirán también en responsabilidad las personas que participen como compromisarios o candidatos en los procesos electorales, así como quienes asistan a las sesiones de los órganos de gobierno, en los términos establecidos en la presente ley.
Competencias en materia sancionadora 1. La competencia para la instrucción de los expedientes sancionadores y para la imposición de las sanciones a que se refiere este título corresponderá a la consejería competente en materia de economía y hacienda, y se regirá por las siguientes reglas:
a) La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero competente en materia de economía y hacienda.
b) La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá al consejero competente en materia de economía y hacienda.
2. En el supuesto de infracciones muy graves o graves, la propuesta de resolución deberá ser informada preceptivamente por el Banco de España.
3. Cuando los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de infracción que deba ser sancionada por los órganos competentes de la Administración General del Estado o por el Banco de España, darán traslado de los mismos al Banco de España.
Normas de procedimiento 1. Para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley se seguirá el procedimiento previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades previstas, en todo caso, en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, así como lo dispuesto en la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, aplicándose supletoriamente los reglamentos reguladores del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y, particularmente, del procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.
2. El plazo total para tramitar, resolver el procedimiento sancionador y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la adopción del correspondiente acuerdo de iniciación, pudiendo excepcionalmente ser ampliado según lo previsto en el artículo 42.6 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que exista una motivación suficiente de la necesidad de ampliar el plazo por no poder habilitar medios materiales y personales para la tramitación en plazo del procedimiento y que el acuerdo de ampliación se notifique al interesado dentro del plazo para resolver.
3. La imposición de sanciones, con excepción de la amonestación privada, se hará constar en el Registro de Cajas de Ahorros de Canarias, de Órganos de Gobierno y demás registros que procedan.
Clasificación de las infracciones En atención a su gravedad, las infracciones de las normas de ordenación y disciplina se clasifican en muy graves, graves y leves.
Infracciones muy graves Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal constituyen, asimismo, infracciones muy graves:
a) La realización de los actos que a continuación se relacionan sin autorización o aprobación, cuando ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma o habiéndola obtenido por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular:
1º. La creación de nuevas Cajas de Ahorros en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2º. La fusión, absorción, escisión, disolución, liquidación y transformación en una Fundación de carácter especial, de estas entidades.
3º. La modificación de estatutos y aquellos reglamentos sujetos a autorización administrativa preceptiva.
4º. La distribución de reservas, expresas u ocultas.
b) La vulneración de las normas reguladoras de los procesos electorales para la elección y designación de los órganos de gobierno que afecten al resultado de los procesos electorales.
c) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades de los miembros de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros establecido en la presente ley, así como de las resoluciones o sentencias firmes que hayan determinado la suspensión, separación e inhabilitación para el ejercicio del cargo de las personas sancionadas en la entidad.
Infracciones graves Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal son, asimismo, infracciones graves:
a) La dotación insuficiente del presupuesto de la obra benéfico-social a realizar en el territorio de Canarias, exigida en el artículo 85.1 a las Cajas de Ahorros que operen en la Comunidad Autónoma de Canarias sin tener en ella su domicilio social.
b) La utilización por la Caja de Ahorros de denominaciones que puedan inducir a error al público sobre la identidad de la propia Caja o confusión con la denominación de otra entidad de crédito con domicilio social en Canarias, salvo lo dispuesto en el artículo 2.5 y 6, para el ejercicio indirecto de la actividad financiera por una Caja de Ahorros.
c) La cesión por las cajas del remate de bienes embargados por las mismas a favor de los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control o del director general de las Cajas de Ahorros, bien directamente o a través de persona física o jurídica interpuesta. Se considerará infracción grave del director general de las Cajas la adjudicación a los empleados de la misma, con su conocimiento, de bienes embargados por aquella, directamente o a través de persona interpuesta.
d) El incumplimiento de la obligación de comunicar a la consejería competente en materia de economía y hacienda el nombramiento e incidencias respecto a los miembros el Consejo de Administración y de la Comisión de Control de las Cajas, prevista en los artículos 44.4 y 63.5 de la presente ley.
e) La adjudicación a los miembros del Consejo de Administración o a los directores generales de las Cajas o de la Comisión de Control de remate de bienes embargados por las Cajas. Se considerará infracción grave del director general de las Cajas la adjudicación a los empleados de la misma, con su conocimiento, de bienes embargados por aquella.
f) La vulneración de las normas reguladoras de los procesos electorales para la elección y designación de los órganos de gobierno que afecten al resultado de los procesos electorales, cuando no sea calificada como infracción muy grave, o la comisión de irregularidades en los mismos. A estos efectos, se considerarán irregularidades las conductas que no respeten los principios de legalidad, transparencia, publicidad, proporcionalidad o participación democrática.
g) Quebrantar el deber de secreto en relación con las deliberaciones y acuerdos de los órganos de gobierno de las Cajas.
h) No convocar a la Asamblea General o al Consejo de Administración en los casos previstos en la legislación aplicable.
i) El incumplimiento del régimen de incompatibilidades de los miembros de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros establecido en la presente ley, así como de las resoluciones o sentencias firmes que hayan determinado la suspensión, separación e inhabilitación para el ejercicio del cargo que las personas sancionadas ostenten en la Caja, cuando ello no constituya una infracción muy grave de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Infracciones leves Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal constituyen, asimismo, infracciones leves, aquellos incumplimientos de preceptos de obligada observancia para las Cajas de Ahorros comprendidos en esta ley y en las normas de ordenación o disciplina aplicables, que no constituyan infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.
Prescripción 1. Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años y las leves a los dos años.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto responsable.
Imposición de sanciones La comisión de las infracciones a las que se refieren los artículos anteriores, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en este capítulo.
Sanciones a Cajas de Ahorros Por la comisión de las infracciones señaladas en el capítulo anterior, se podrán imponer a las Cajas de Ahorros:
1. Por la comisión de infracciones muy graves, una o más de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta el 1 por ciento de sus recursos propios o hasta 1.000.000 de euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
b) Revocación de la autorización de la entidad, con exclusión del Registro de Cajas de Ahorros de Canarias.
c) Amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
2. Por la comisión de infracciones graves, una o más de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta el 0,5 por ciento de sus recursos propios o hasta 500.000 euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
b) Amonestación pública con publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Sanciones a personas responsables Con independencia de la sanción que corresponda a la Caja de Ahorros por la comisión de infracciones, podrán imponerse las siguientes sanciones a quienes ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma, sean responsables de una infracción.
a) Multa a cada uno de ellos por importe de hasta 500.000 euros.
b) Suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no inferior a tres años.
c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma Caja de Ahorros por un plazo máximo de cinco años.
c) Multa a cada uno de ellos por importe de hasta 250.000 euros.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en la Caja de Ahorros, por plazo no inferior a un año.
Criterios de graduación de las sanciones 1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves, se determinarán en base a los siguientes criterios:
d) La importancia de la Caja de Ahorros correspondiente, medida en función del importe total de su balance, fijado a treinta y uno de diciembre anterior.
h) La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación y disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.
2. Para determinar la sanción aplicable entre las previstas en el artículo 105 de esta ley, se tomarán en consideración, además, las siguientes circunstancias:
b) La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra Caja de Ahorros o entidad de crédito, en relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.
Medidas provisionales 1. El Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de economía y hacienda, en el acuerdo de incoación del expediente disciplinario o durante la tramitación del mismo, podrá disponer la suspensión provisional en el ejercicio del cargo de las personas que, ostentando cargos de administración o dirección en una Caja de Ahorros domiciliada en Canarias, aparezcan como presuntos responsables de infracciones muy graves, siempre que ello resulte conveniente para la protección del sistema financiero o de los intereses económicos afectados. Asimismo, podrá disponer dicha suspensión cuando resulte necesario para la protección de la propia Caja de Ahorros.
2. Dicha suspensión será objeto de inscripción en el Registro Mercantil y de anotación preventiva en el Registro de Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros de Canarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta ley.
3. La suspensión provisional, salvo en el caso de paralización del expediente por causa imputable al interesado, tendrá una duración máxima de seis meses, y podrá ser levantada en cualquier momento, de oficio o a petición de aquel, siempre que se hubieran modificado las circunstancias que determinaron su adopción. Estas medidas deberán ponerse en conocimiento del Banco de España.
El tiempo que dure la suspensión provisional será computado a efectos de cumplimiento de las sanciones de suspensión.
4. En el caso de que, por el número y clase de personas afectadas por la suspensión provisional o por la imposición de sanciones firmes de suspensión o separación, ello resulte estrictamente necesario para asegurar la continuidad de la administración y dirección de la Caja de Ahorros, el Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de economía y hacienda, podrá disponer el nombramiento, con carácter provisional, de los miembros que se precisen para que el órgano colegiado de administración pueda adoptar acuerdos, o de uno o más administradores, señalando sus funciones. Dichas personas ejercerán sus cargos hasta que por el órgano competente de la Caja de Ahorros, convocado de modo inmediato, se provean los correspondientes nombramientos y tomen posesión los designados o, en su caso, hasta que transcurra el plazo de suspensión o separación.
Remisión telemática de información La información que las Cajas de Ahorros que operan en Canarias deberán enviar a la consejería competente en materia de economía y hacienda, de conformidad con los preceptos contenidos en esta ley, será remitida por vía telemática cuando así se establezca en las medidas y disposiciones reglamentarias que se dicten para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
Adaptación de los estatutos y reglamentos electorales de las Cajas de Ahorros 1. Las Cajas de Ahorros de Canarias deberán adaptar sus estatutos y reglamentos electorales a las modificaciones normativas introducidas en esta ley en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, elevándolos a la consejería competente en materia de economía y hacienda para su autorización en el plazo de un mes contado desde la adopción por la Asamblea General del correspondiente acuerdo.
2. La solicitud de autorización deberá resolverse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley, excepto en lo que se refiere a los efectos del silencio administrativo determinados en dicho precepto ya que, cuando en el procedimiento de autorización de la adaptación de los estatutos y reglamentos electorales de las Cajas de Ahorros regulado en la presente disposición transitoria, no haya recaído resolución en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la solicitud, se entenderá denegada la autorización.
3. La consejería competente en materia de economía y hacienda podrá requerir la modificación de aquellos preceptos sometidos a autorización que no se ajusten a las normas y principios establecidos en esta ley y demás normativa vigente, concediendo el plazo que fuera necesario para posibilitar el cumplimiento de lo ordenado por la Caja de Ahorros y que no podrá exceder de tres meses.
4. Si transcurriera el plazo de tres meses señalado en el apartado 1 de esta disposición sin que la Caja de Ahorros correspondiente haya modificado sus estatutos y reglamentos para adecuarlos a la presente ley o sin que, en su caso, haya procedido a la modificación de los mismos prevista en el anterior apartado 3, la consejería competente en materia de economía y hacienda quedará facultada para proceder a su adaptación y aprobación definitiva.
Adaptación de los órganos de gobierno 1. La adaptación de la Asamblea General y de los demás órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros de Canarias a lo establecido en esta ley, se realizará dentro de los dos meses siguientes a aquel en el que produzca la autorización de los nuevos estatutos y reglamentos electorales de las Cajas por la consejería competente en materia de economía y hacienda, de conformidad con la anterior disposición transitoria primera.
2. A tal efecto, la duración del mandato de los miembros que estén formando parte de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros a la entrada en vigor de esta ley que, si no hubiera operado la prórroga regulada en la disposición transitoria quinta del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, se hubiera extinguido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31.1 y 2, 44.1 y 2, y 66.1 y 2 de este texto legal, se verá prorrogado hasta la fecha de la Asamblea General prevista en el anterior apartado 1.
3. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 9.Dos de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de Normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, reflejado en los artículos 31.4, 44.3 y 63.3 de esta ley, que prohíbe la renovación total de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros o una renovación parcial que por su proximidad temporal pudiera asimilarse a la total, el mandato de los miembros de los órganos de gobierno de la Caja que, en el momento de la celebración de la primera Asamblea General citada en el anterior apartado, no se hubiera extinguido por no haber transcurrido los plazos señalados en los citados artículos 31, 44 y 66, se verá prorrogado hasta la celebración de una posterior Asamblea General transcurridos dos años desde la primera, en la que se procederá a la siguiente renovación por mitades de los órganos de gobierno regulada en los artículos 31.4, 44.3 y 63.3 de la presente ley.
4. Sin embargo, la Caja de Ahorros determinará en los estatutos que apruebe para la adaptación a la presente ley, los miembros de sus órganos de gobierno que, aún encontrándose en el supuesto contemplado en el presente apartado 3 por no haber vencido su mandato en el momento de la celebración de la primera Asamblea citada, deban, no obstante, también cesar en esa fecha, para proceder al cumplimiento del límite máximo de representación del 40 por ciento señalado en el artículo 22.2 de esta ley, de los grupos y porcentajes de representación establecidos en los artículos 21 y 22, del régimen de limitaciones, incompatibilidades y requisitos de los miembros de los órganos de gobierno igualmente previsto en la presente ley, y de las restantes normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables, regulando los procedimientos de cese para cada uno de los grupos de representación y órganos de gobierno de la Caja afectados.
Cómputo total del mandato en determinados supuestos Para el cómputo total de mandatos de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) Los miembros de los órganos de gobierno que a la entrada en vigor de la presente ley ya hayan superado el límite temporal máximo de ocho años establecido en sus artículos 31.2, 44.2 y 66.2, cesarán en el momento de la celebración de la Asamblea General en la que se proceda a la adaptación de los nuevos órganos de gobierno prevista en la disposición transitoria segunda, apartado 1, sin que en ningún caso sea posible la renovación de su mandato.
b) Si se hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, y resultara nuevamente elegido en la misma entidad, el cómputo total del mandato del miembro del órgano de gobierno no podrá superar en ningún caso los ocho años, teniéndose en cuenta el tiempo que haya desempeñado el cargo con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de Cajas de Ahorros que acuerden su integración con otras entidades o el ejercicio indirecto de su actividad financiera, en cuanto a los cargos en vigor a la entrada en vigor de esta ley podrá superarse el límite de ocho años hasta el cumplimiento del mandato en curso en la entidad de que se trate.
c) Si resultara elegido en una entidad resultante de un proceso de fusión quien hubiese ostentado el cargo con anterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decreto-Ley 11/2010, en una de las entidades fusionadas, podrá superar el límite de ocho años computado conforme a la letra anterior hasta el cumplimiento de su primer mandato en la entidad fusionada. En todo caso, a los miembros de los órganos de gobierno que inicien mandato en las entidades fusionadas, se les aplicará el régimen de limitaciones, incompatibilidades y requisitos previsto en la presente ley.
Gobierno transitorio de las Cajas de Ahorros 1. En tanto no se haya producido la adaptación de la Asamblea General a lo previsto en la presente ley y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, el gobierno, representación y administración de las Cajas de Ahorros con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Canarias seguirán atribuidos a sus órganos de gobierno en su composición actual, quienes, en consecuencia, adoptarán los acuerdos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las prescripciones de esta ley.
2. En caso de incumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior, el Consejo de Gobierno queda autorizado para dictar las disposiciones y adoptar los acuerdos que fueran necesarios.
Normas derogadas Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo previsto en la presente ley y, en particular:
a) La Ley 13/1990, de 26 de julio, de Cajas de Ahorros.
b) La Ley 1/1995, de 30 de enero, por la que se modifica la Ley 13/1990, de 26 de julio, de Cajas de Ahorros.
c) Los artículos 16.1, 16.2, segundo párrafo, y 21 del Decreto 10/2002, de 13 de febrero, por el que se regula la obra benéfico-social de las Cajas de Ahorros de Canarias y se establecen directrices en la materia.
d) La Orden de 20 de julio de 1984, por la que se desarrolla el Decreto 491/1984, de 18 de mayo, de Régimen de las Cajas de Ahorros de Canarias.
Habilitación normativa Se autoriza al Gobierno de Canarias para que, en el plazo de ocho meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley adopte las medidas y dicte las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.