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Timestamp: 2019-09-19 19:35:47
Document Index: 83761361

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﻿ LEY 182 DE 1995
LEY 182 DE 20 DE ENERO DE 1995
CONTENIDO:LEY DE TELEVISIÓN, REGLAMENTADOS EL SERVICIO Y LA CONTRATACIÓN, RESTRUCTURADAS LAS ENTIDADES DEL SECTOR
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1016, FEBRERO 15 DE 1995, PG. 81
DIARIO OFICIAL N°:41681
“Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
(Nota: Derogado en lo pertienente por la Ley 1150 de 2007 artículo 32 a partir de su promulgación véase artículo 33)
ART. 1º—Naturaleza jurídica, técnica y cultural de la televisión. La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política.
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y vídeo en forma simultánea.
ART. 2º—Fines y principios del servicio. Los fines del servicio de televisión: son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.
Dichos fines se cumplirán con arreglo a los siguientes principios:
a) La imparcialidad en las informaciones;
b) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los artículos 15 y 20 de la Constitución Política;
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural;
d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y libertades que reconoce la Constitución Política;
e) La protección de la juventud, la infancia y la familia;
f) El respeto a los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política;
g) La preeminencia del interés público sobre el privado, y
h) La responsabilidad social de los medios de comunicación.
De la comisión nacional de televisión
ART. 3º—(Derogado).* Naturaleza jurídica, denominación, domicilio y control político. El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política se denominará Comisión Nacional de Televisión, CNTV. Dicha entidad es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos.
El domicilio principal de la comisión nacional de televisión será la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., República de Colombia, pero por decisión de la junta directiva podrá establecer sedes en cualquier lugar del territorio nacional.
PAR.—Control político. La comisión nacional de televisión será responsable ante el Congreso de la República y deberá atender los requerimientos y citaciones que éste le solicite a través de las plenarias o las comisiones.
*(Nota: Derogado por la Ley 1978 de 2019 artículo 51)
ART. 4º—(Derogado).* Objeto. Corresponde a la comisión nacional de televisión ejercer, en representación del Estado, la titularidad y reserva del servicio público de televisión, dirigir la política de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relación con el servicio público de televisión de acuerdo con lo que determine la ley; regular el servicio de televisión; e intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho servicio, con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio, y evitar las prácticas monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley.
ART. 5º—(Derogado).* Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a la comisión nacional de televisión:
a) (Derogado).* Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión determinada en la ley y velar por su cumplimiento, para lo cual podrá realizar los actos que considere necesarios para preservar el espíritu de la ley;
*(Nota: Derogado por la Ley 1507 de 2012 artículo 23)
b) Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos; e imponer las sanciones a que haya lugar;
c) Clasificar, de conformidad con la presente ley, las distintas modalidades del servicio público de televisión, y regular las condiciones de operación y explotación del mismo, particularmente en materia de cubrimientos, encadenamientos, expansión progresiva del área asignada, configuración técnica, franjas y contenido de la programación, gestión y calidad del servicio, publicidad, comercialización en los términos de esta ley, modificaciones en razón de la transmisión de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios;
d) Investigar y sancionar a los operadores, concesionarios de espacios y contratistas de televisión por violación del régimen de protección de la competencia, el pluralismo informativo y del régimen para evitar las prácticas monopolísticas previsto en la Constitución y en la presente y en otras leyes, o por incurrir en prácticas, actividades o arreglos que sean contrarios a la libre y leal competencia y a la igualdad de oportunidades entre aquéllos, o que tiendan a la concentración de la propiedad o del poder informativo en los servicios de televisión, o a la formación indebida de una posición dominante en el mercado, o que constituyan una especie de práctica monopolística en el uso del espectro electromagnético en la prestación del servicio.
Las personas que infrinjan lo dispuesto en este literal serán sancionadas con multas individuales desde seiscientos (600) hasta seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción, y deberán cesar en las prácticas o conductas que hayan originado la sanción.
Igualmente, la comisión sancionará con multa desde cien (100) hasta seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción a los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren las conductas prohibidas por la Constitución y la ley.
Para los fines de lo dispuesto en este literal, se atenderán las normas del debido proceso administrativo. Al expedir los estatutos, la junta directiva de la comisión creará una dependencia encargada exclusivamente del ejercicio de las presentes funciones. En todo caso, la junta decidirá en segunda instancia;
e) Reglamentar el otorgamiento y prórroga de las concesiones para la operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión, así como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, y el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, de conformidad con las normas previstas en la ley y en los reglamentos;
f) Asignar a los operadores del servicio de televisión las frecuencias que deban utilizar, de conformidad con el título y el plan de uso de las frecuencias aplicables al servicio, e impartir permisos para el montaje o modificación de las redes respectivas y para sus operaciones de prueba y definitivas, (previa coordinación con el Ministerio de Comunicaciones)*;
g) (Derogado).* Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión, y las que correspondan a los contratos de concesión de espacios de televisión, así como por la adjudicación, asignación y uso de las frecuencias.
Al establecerse una tasa o contribución por la adjudicación de la concesión, el valor de la misma será diferido en un plazo de dos (2) años. Una vez otorgada la concesión la comisión nacional de televisión reglamentará el otorgamiento de las garantías.
Los derechos, tasas y tarifas deberán ser fijadas por la comisión nacional de televisión, teniendo en cuenta la cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, así como también la recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; así como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio.
Lo dispuesto en este literal también deberá tenerse en cuenta para la fijación de cualquier otra tasa, canon o derecho que corresponda a la comisión.
Las tasas, cánones o derechos aquí enunciados serán iguales para los operadores que cubran las mismas zonas, áreas, o condiciones equivalentes;
*(Nota: Derogado por la Ley 680 de 2001 artículo 6º parágrafo)
(Nota: Véase Corte Constitucional Sentencia C-351 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
h) Formular los planes y programas sectoriales para el desarrollo de los servicios de televisión y para el ordenamiento y utilización de frecuencias, (en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones)*;
i) Cumplir las decisiones de las autoridades y resolver las peticiones y quejas de los particulares o de las ligas de televidentes legalmente establecidas sobre el contenido y calidad de la programación, la publicidad de los servicios de televisión y, en general, sobre la cumplida prestación del servicio por parte de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y los contratistas de televisión regional;
j) Promover y realizar estudios o investigaciones sobre el servicio de televisión y presentar semestralmente al Gobierno Nacional y al Congreso de la República un informe detallado de su gestión, particularmente sobre el manejo de los dineros a su cargo, sueldos, gastos de viaje, publicidad, primas o bonificaciones, el manejo de frecuencias y en general sobre el cumplimiento de todas las funciones a su cargo. Sobre el desempeño de las funciones y actividades a su cargo, y la evaluación de la situación y desarrollo de los servicios de televisión;
k) Ejecutar los actos y contratos propios de su naturaleza y que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; para lo cual se sujetará a las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 80 de 1993, y en las normas que las sustituyan, complementen o adicionen;
l) Suspender temporalmente y de manera preventiva, la emisión de la programación de un concesionario en casos de extrema gravedad, cuando existan serios indicios de violación grave de esta ley, o que atenten de manera grave y directa contra el orden público. Esta medida deberá ser decretada mediante el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la junta de la comisión nacional de televisión. En forma inmediata la comisión nacional de televisión abrirá la investigación y se dará traslado de cargos al presunto infractor. La suspensión se mantendrá mientras subsistan las circunstancias que la motivaron. Si la violación tiene carácter penal, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación;
m) Diseñar estrategias educativas con el fin de que los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión regional las divulguen y promuevan en el servicio, a efecto de que la teleaudiencia familiar e infantil pueda desarrollar la creatividad, la imaginación y el espíritu crítico respecto de los mensajes transmitidos a través de la televisión;
n) Sancionar a los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión nacional cuando violen las disposiciones constitucionales y legales que amparan específicamente los derechos de la familia y de los niños. De acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la comisión nacional de televisión en el término de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, los infractores se harán acreedores de las sanciones de amonestación, suspensión temporal del servicio hasta por cinco meses o caducidad o revocatoria de la concesión o licencia, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. En todo caso, se respetarán las normas establecidas en la ley sobre el debido proceso, y
ñ) Cumplir las demás funciones que le correspondan como entidad de dirección, regulación y control del servicio público de televisión.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-310 de 1996, bajo el entendido de que la coordinación a que se refieren dichos preceptos es sólo de carácter técnico).
Organización y estructura de la comisión
ART. 6º—(Derogado).* Composición de la junta directiva. La comisión nacional de televisión tendrá una junta directiva compuesta por (5) miembros, los cuales serán elegidos o designados de la siguiente manera, por un período de cuatro (4) años que coincida con el del Presidente de la República y del Congreso, no reelegibles:
a) Dos (2) miembros serán designados por el Gobierno Nacional;
b) Un (1) miembro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de televisión, según reglamentación del Gobierno Nacional para tal efecto;
c) Un miembro, (de sendas ternas enviadas)* por las asociaciones profesionales y sindicales legalmente constituidas y reconocidas por los siguientes gremios que participan en la realización de televisión: directores y libretistas, productores, técnicos, periodistas y críticos de televisión, de acuerdo con reglamento que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, (el cual será escogido por la Cámara de Representantes)*, y
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-497 de 1995).
d) Un miembro, (de sendas ternas enviadas)* por las ligas y asociaciones de televidentes que tengan personería jurídica, asociaciones de padres de familia que también tengan reconocida dicha personería, investigadores vinculados a universidades, academias colombianas reconocidas como tales por la ley, de acuerdo con el reglamento que para tal efecto expida el Gobierno Nacional, (el cual será escogido por el Senado de la República)*.
PAR.—Para la elección de los miembros establecidos en los literales c) y d) del presente artículo se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros asistentes de las respectivas cámaras.
(Nota: El presente parágrafo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-497 de 1995).
*(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 1º).
ART. 7º—(Derogado).* Faltas absolutas de los miembros de la junta. Son faltas absolutas:
La muerte, la renuncia aceptada, la destitución, y la ausencia injustificada por más de cuatro sesiones continuas.
ART. 8º—(Derogado).* Requisitos y calidades para ser miembro de la junta directiva. Para ser miembro de la junta directiva de la comisión nacional de televisión se requieren los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano colombiano y tener más de 30 años en el momento de la designación.
Los miembros de la junta directiva de la comisión nacional de televisión serán de dedicación exclusiva.
Los miembros de la junta directiva de la comisión nacional de televisión tendrán la calidad de empleados públicos y estarán sujetos al régimen previsto para éstos en la Constitución y la ley.
La Procuraduría General de la Nación conocerá las faltas de los miembros de la junta directiva de la comisión nacional de televisión.
ART. 9º—(Derogado).* Inhabilidades para ser elegido o designado miembro de la junta directiva de la comisión. No podrán integrar la junta directiva de la comisión nacional de televisión:
a) Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular;
b) Quienes durante el año anterior a la fecha de designación o elección, sean o hayan sido miembros de juntas o consejos directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en cargos de dirección y confianza de los operadores de servicios de televisión o de empresas concesionarias de espacios de televisión, o de contratistas de televisión regional o de las asociaciones que representen a las anteriores. Exceptúanse los representantes legales de los canales regionales de televisión;
c) Quienes dentro del año inmediatamente anterior a la elección o designación hayan sido, en forma directa o indirecta, asociados o accionistas o propietarios en un 15% o más de cualquier sociedad o persona jurídica operadora del servicio de televisión, concesionaria de espacios o del servicio de televisión, contratista de programación de televisión regional o de una compañía asociada a las anteriores; o si teniendo una participación inferior, existieran previsiones estatutarias que le permitan un grado de injerencia en las decisiones sociales o de la persona jurídica similares a los que le otorga una participación superior al 15% en una sociedad anónima;
d) Quienes dentro del primer (1) año anterior hayan sido directivos, representantes legales, funcionarios o empleados en cargos de confianza de las personas jurídicas a que se refiere el literal anterior, y
e) El cónyuge, compañera o compañero permanente, o quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de cualquiera de las personas cobijadas por las inhabilidades previstas en los literales anteriores.
Las anteriores inhabilidades rigen, igualmente, durante el tiempo en que la persona permanezca como miembro de la junta directiva de la comisión nacional de televisión.
(Nota: Declarado exequible el literal e) del presente artículo en relación con el literal a) del mismo por la Corte Constitucional en Sentencia C-1001 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, en el entendido de que este no comprende a los parientes de los ediles, concejales y diputados)
ART. 10.—(Derogado).* Incompatibilidades de los miembros de la junta directiva de la comisión. Las funciones de miembro de junta directiva de la comisión son de tiempo completo e incompatibles con todo cargo de elección popular y con el ejercicio de la actividad profesional o laboral diferente de la de miembro de dicha junta o de la de ejercer la cátedra universitaria. Especialmente, no pueden, directa o indirectamente, ejercer funciones, recibir honorarios ni tener intereses o participación en una persona operadora o concesionaria de espacios o servicios de televisión, ni realizadora de actividades relativos a éstos, o a los de radiodifusión, cine, edición, prensa, publicidad o telecomunicaciones.
Lo dispuesto en este artículo, se aplicará también durante el año siguiente al término del período o al retiro de la junta directiva de la comisión nacional de televisión.
ART. 11.—(Derogado)* Prohibiciones especiales. Los miembros de la junta directiva de la comisión nacional de televisión no podrán tratar en privado o con terceras personas, los asuntos que son de competencia de la junta directiva.
Dichos asuntos sólo podrán ser tratados en sesión formal de la junta directiva.
La violación de esta prohibición será causal de mala conducta y dará lugar a la destitución del infractor.
*(Nota: Derogado por la Ley 335 de 1996 artículo 28).
ART. 12.—Funciones de la junta directiva. Son funciones de la junta directiva de la comisión nacional de televisión:
a) Adoptar las medidas necesarias para desarrollar el objeto y las funciones constitucionales y legales de la entidad;
b) Fijar las tarifas, tasas y derechos a que se refiere la presente ley, de conformidad con los criterios establecidos en la misma;
c) Asignar las concesiones para la operación del servicio público de televisión, así como adjudicar y celebrar los contratos de concesión de espacios de televisión y, en general, autorizar al director para la celebración de los demás contratos de acuerdo con la ley;
d) Aprobar y suscribir antes de su vencimiento, la prórroga de los contratos de concesión de espacios de televisión abierta de Inravisión, para lo cual las entidades concedentes cederán previamente dichos contratos a la comisión nacional de televisión;
e) Adoptar los estatutos de la entidad, en los cuales se regularán los aspectos no previstos en esta ley;
f) Aprobar y revisar periódicamente el presupuesto anual de la comisión nacional de televisión que le sea presentado por el director.
Con el superávit de cada ejercicio la junta directiva de la comisión deberá crear e incrementar las reservas patrimoniales, entre ellas, las destinadas a absorber las pérdidas eventuales y las que sean necesarias para fortalecer el “fondo para el desarrollo de la televisión”, que en esta ley se establece.
El superávit de la comisión nacional de televisión no podrá distribuirse o transferirse, si no se han enjugado totalmente las pérdidas de ejercicios anteriores no cubiertas con cargo a sus reservas.
En todo caso, anualmente se proyectará el resultado neto de la operación de la comisión nacional de televisión, y éste deberá incorporarse en la ley anual de presupuesto. Para este efecto, el superávit que proyecte recibir la comisión se incorporará al presupuesto de renta;
g) Determinar la planta de personal de la entidad, creando, suprimiendo o fusionando los cargos necesarios para su buena marcha, fijando las correspondientes remuneraciones y el manual de funciones sin más requisitos que los de sujetarse a las normas que el Congreso expida para la estructura de la administración central. Los estatutos expedidos por la junta directiva de la comisión nacional de televisión precisarán y desarrollarán la siguiente estructura básica de la comisión nacional de televisión.
1. Junta directiva de la comisión nacional de televisión.
2. La junta podrá delegar en el director las funciones que se refieren al manejo administrativo interno de la comisión. El director de la comisión nacional de televisión, del cual dependerán las siguientes oficinas: oficina de regulación de la competencia, encargada del ejercicio de las funciones a que se refiere el literal d) del artículo 6º de la presente ley; oficina de planeación, encargada de coordinar con las diferentes áreas la formulación del plan estratégico de la comisión, asesorar a la junta en la aprobación del plan operativo, evaluar los resultados de los planes, y coordinar el desarrollo, implantación y optimización del sistema de planeación; y oficina de control interno, que tendrá a su cargo el establecimiento de los mecanismos de control de gestión; de resultado y la auditoría interna en relación con el desempeño de las funciones de la comisión, así como la de adoptar los mecanismos y medidas necesarias para el debido ejercicio de la función disciplinaria.
3. Secretario general de la comisión nacional de televisión, encargado de ejecutar las políticas administrativas de la entidad, refrendar con su firma los actos de la junta y del director, expedir las certificaciones que se soliciten a la comisión, dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de la comisión y las demás que le sean asignadas en los estatutos que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
De la secretaría general dependerán las siguientes subdirecciones: subdirección de recursos humanos y capacitación, encargada de ejecutar las funciones administrativas de recursos humanos de la comisión y de velar por la capacitación de los servidores de la comisión; subdirección administrativa y financiera, encargada de planear, organizar, ejecutar y controlar los recursos financieros y físicos de la entidad, prever y suministrar los recursos necesarios para la ejecución de los planes de la comisión y cumplir las funciones que ésta le asigne; subdirección de asuntos legales, encargada de atender las demandas contra la comisión ante las autoridades competentes, según delegación del director y asesorar a la entidad en los asuntos jurídicos a que haya lugar; subdirección técnica y de operaciones, a la cual le corresponderá asesorar a la junta de la comisión en las decisiones de carácter técnico que deba adoptar (y coordinar con el Ministerio de Comunicaciones)* lo relacionado con la disponibilidad de frecuencias para su asignación por parte de la junta.
Son cargos de dirección y confianza los de jefe de oficina y subdirector, así como los que la comisión adscriba a éstos por ser de asesoría directa de los miembros de la junta, del secretario general y de los jefes y subdirectores de la entidad.
El régimen salarial y prestacional de los empleados de la comisión y el de los miembros de la junta directiva de la comisión nacional de televisión será, de acuerdo con las equivalencias establecidas por la junta, el establecido para los miembros de la junta directiva y demás funcionarios del Banco de la República.
Todos los empleados de la entidad serán designados por la junta de la comisión, pero ésta podrá delegar en el director dicha facultad;
h) Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias o de las de la comisión, relacionadas con el servicio.
Para tales efectos, y en relación con las concesiones originadas en un contrato, la junta directiva de la comisión decretará las multas pertinentes por las violaciones mencionadas, en aquellos casos en que considere fundadamente que las mismas no merecen la declaratoria de caducidad del contrato. Ambas facultades se considerarán pactadas así no estén expresamente consignadas en el convenio.
Las multas serán proporcionales al incumplimiento del concesionario y al valor actualizado del contrato, y se impondrán mediante resolución motivada.
Igualmente, la junta directiva podrá imponer la sanción de suspensión de la concesión hasta por seis (6) meses o la cancelación definitiva cuando la transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias de la comisión así lo acrediten.
En el caso de las comunidades organizadas, además de dicha suspensión, la junta directiva podrá imponer las sanciones de multa hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la de revocatoria de la licencia para operar el servicio.
En el caso de los operadores públicos las sanciones podrán ser multas de hasta mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la destitución de los servidores públicos que hayan tolerado o cometido la infracción.
Para el ejercicio de tal facultad la junta directiva deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión;
i) Reglamentar de modo general las condiciones y requisitos que deben cumplir los acuerdos que celebren los concesionarios de espacios de televisión y los contratistas de televisión regional para modificar, sin más limitaciones que las derivadas de la voluntad mayoritaria de los mismos y del respeto de los derechos que los amparan, el carácter y la modalidad de los espacios de que son titulares, la franja de audiencia, los horarios de emisión y la duración de los programas, entre otros;
j) Convenir con el Instituto Nacional de Radio y Televisión y con la compañía de informaciones audiovisuales la manera como habrá de garantizarse la continuidad temporal del servicio en caso de suspensión, caducidad o terminación de los contratos con los operadores zonales o con los concesionarios de espacios de televisión;
k) Establecer las condiciones para que los canales regionales de los que hagan parte entidades territoriales de zonas de frontera puedan asociarse, en condiciones de reciprocidad y observando los acuerdos y tratados internacionales de integración y cooperación, con entidades territoriales del país vecino, para la prestación del servicio público de televisión, y
l) Ejercer las demás funciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, que no estén expresamente asignadas a otra dependencia de la misma.
PAR.—Las decisiones de la junta directiva de la comisión nacional de televisión se adoptarán bajo la forma de acuerdos, si son de carácter general, y de resoluciones, si son de carácter particular. Sus actos y decisiones serán tramitados según las normas generales del procedimiento administrativo, siguiendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y publicidad. Con los mismos deberá garantizarse a los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión regional, el ejercicio de la competencia en términos y condiciones de igualdad.
En los estatutos se determinarán los actos que para su aprobación requieran del voto favorable de la mayoría cualificada de sus miembros.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-310 de 1996, bajo el entendido de que la coordinación a que se refieren dicho precepto es sólo de carácter técnico).
(Nota: Derogado el presente artículo con excepción del literal h) por la Ley 1978 de 2019 artículo 51)
ART. 13.—(Derogado).* Procedimiento especial para la adopción de acuerdos. Para la adopción de los actos de carácter general que sean de competencia de la junta directiva de la comisión nacional de televisión, deberá seguirse siempre el siguiente procedimiento.
a) La junta directiva deberá comunicar a través de medios de comunicación de amplia difusión la materia que se propone reglamentar;
b) Se concederá un término no mayor de dos (2) meses a los interesados, para que presenten las observaciones que consideren pertinentes sobre el tema materia de regulación;
c) Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en la información disponible, se adoptará la reglamentación que se estime más conveniente, y
d) Dicha reglamentación será comunicada de la manera prevista por la Ley 58 de 1985 o en las normas que la modifiquen o sustituyan.
ART. 14.—(Derogado).* Director de la junta directiva. La junta directiva de la televisión tendrá un director elegido de su seno, para un período de un (1) año. El director de la junta es reelegible hasta por tres (3) períodos, mientras sea miembro de la misma. Sin perjuicio de las funciones que ejerce como miembro de la junta, le corresponde la representación legal de la comunicación nacional de televisión y tendrá las demás atribuciones previstas en los estatutos.
*(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 3º).
ART. 15.—(Derogado).* Funcionarios de la comisión nacional de televisión. Los empleados de la comisión nacional de televisión tendrán la calidad de empleados públicos, y como tales estarán sometidos al correspondiente régimen constitucional y legal de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades.
Son empleados de libre nombramiento y remoción aquellos que estén adscritos al nivel directivo de la comisión, o que no perteneciendo a éste desempeñen cargos de dirección o confianza. Los demás empleados serán de carrera administrativa.
ART. 16.—(Derogado).* Patrimonio. El patrimonio de la comisión nacional de televisión estará constituido:
a) Por el monto de las tarifas, tasas y derechos que perciba de los operadores privados, como consecuencia del otorgamiento y explotación de las concesiones del servicio público de televisión;
b) Por el monto de las tarifas, tasas y derechos que perciba de los operadores privados, como consecuencia de la asignación y uso de las frecuencias, el cual se pagará anualmente;
c) Por el monto de las tarifas, tasas y derechos que perciba de los concesionarios, como consecuencia de la adjudicación y explotación de los contratos de concesión de espacios de televisión;
d) Por el monto de las tarifas, tasas y derechos que perciba de los concesionarios de espacios de televisión de Inravisión y de los concesionarios de espacios de televisión por suscripción del Ministerio de Comunicaciones, a partir de la fecha en que los respectivos contratos deban suscribirse por la comisión. La prórroga de los contratos de concesión de espacios en Inravisión adjudicado en virtud de la licitación 01 del 91, no dará lugar al pago de una nueva concesión;
e) Por las sumas percibidas como consecuencia del ejercicio de sus derechos, de la imposición de las sanciones a su cargo, o del recaudo de los cánones derivados del cumplimiento de sus funciones, y en general, de la explotación del servicio de televisión;
f) Por las reservas mencionadas en esta ley y por el rendimiento que las mismas produzcan;
g) Por los aportes del presupuesto nacional y por los que reciba a cualquier título de la Nación o de cualquier otra entidad estatal;
h) Por el producido o enajenación de sus bienes, y por las donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, e
i) Por los demás ingresos y bienes que adquiera a cualquier título.
PAR.—Para efectos exclusivamente fiscales la comisión nacional de televisión tendrá régimen de establecimiento público del orden nacional, y en consecuencia no estará sujeta al impuesto de renta y complementarios.
ART. 17.—(Derogado).* De la promoción de la televisión pública. La comisión nacional de televisión efectuará el recaudo de las sumas a tiene derecho y llevará su contabilidad detalladamente. Una vez hecha la reserva prevista en esta ley para absorber sus pérdidas eventuales, un porcentaje de las utilidades de cada ejercicio se depositará en un fondo denominado “fondo para el desarrollo de la televisión”, constituido como cuenta especial en los términos del artículo 2º del Decreto 3130 de 1968, adscrito y administrado por la comisión, el cual se invertirá prioritariamente en el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión y en la programación cultural a cargo del Estado, con el propósito de garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para el servicio de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio.
La comisión reglamentará lo establecido en este artículo.
ART. 18.—Regla de clasificación. El servicio de televisión se clasificará en función de los siguientes criterios:
a) Tecnología principal de transmisión utilizada;
b) Usuarios del servicio;
c) Orientación general de la programación emitida, y
d) Niveles de cubrimiento del servicio.
PAR.—Cada servicio de televisión será objeto de clasificación por parte de la comisión nacional de televisión según los criterios enunciados en este artículo. La entidad podrá establecer otros criterios de clasificación o clases diferentes, para mantener el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances tecnológicos.
ART. 19.—Clasificación del servicio en función de la tecnología de transmisión. La clasificación en función de la tecnología atiende al medio utilizado para distribuir la señal de televisión al usuario del servicio. En tal sentido la autoridad clasificará el servicio en:
a) Televisión radiodifundida. Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde la estación transmisora por medio del espectro electromagnético, propagándose sin guía artificial;
b) Televisión cableada y cerrada. Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario a través de un medio físico de distribución, destinado exclusivamente a esta transmisión, o compartido para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones de conformidad con las respectivas concesiones y las normas especiales que regulan la materia. No hacen parte de la televisión cableada, las redes internas de distribución colocadas en un inmueble a partir de una antena o punto de recepción, y
c) Televisión satelital. Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde un satélite de distribución directa.
PAR.—(Modificado).* Los concesionarios del servicio de televisión podrán utilizar las redes de telecomunicaciones del Estado para transportar y distribuir la señal de televisión al usuario del servicio, previo acuerdo entre los operadores de las redes y los concesionarios del servicio.
*(Nota: El presente parágrafo fue modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 4º).
(Nota: El inciso tercero del parágrafo del presente artículo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-60 de 2001, M.P.Carlos Gaviria Diaz)
ART. 20.—Clasificación del servicio en función de los usuarios. La clasificación del servicio en función de los usuarios, atiende a la destinación de las señales emitidas. En tal sentido la comisión clasificará el servicio en:
a) Televisión abierta. Es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que al respecto expida la comisión nacional de televisión, determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios, y
b) Televisión por suscripción. Es aquella en la que la señal, independientemente de la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas autorizadas para la recepción.
ART. 21.—Clasificación del servicio en función de la orientación general de la programación. De conformidad con la orientación general de la programación emitida, la comisión nacional de televisión clasificará el servicio en:
a) Televisión comercial. Es la programación destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos de los televidentes, con ánimo de lucro, sin que esta clasificación excluya el propósito educativo; recreativo y cultural que debe orientar a toda la televisión colombiana, y
b) Televisión de interés público, social, educativo y cultural. Es aquella en la que la programación se orienta en general, a satisfacer las necesidades educativas y culturales de la audiencia.
En todo caso, el Estado colombiano conservará la explotación de al menos un canal de cobertura nacional de televisión de interés público, social, educativo y cultural.
ART. 22.—(Modificado)* Clasificación del servicio en función de su nivel de cubrimiento. La comisión nacional de televisión definirá, y clasificará el servicio así:
1. Según el país de origen y destino de la señal:
a) Televisión internacional. Se refiere a las señales de televisión que se originan fuera del territorio nacional y que pueden ser recibidas en Colombia o aquella que se origina en el país y que se puede recibir en otros países, y
b) Televisión colombiana. Es aquella que se origina y recibe dentro del territorio nacional.
2. En razón de su nivel de cubrimiento territorial:
a) Televisión nacional. Se refiere a las señales de televisión autorizadas para cubrir de manera permanente todo el territorio nacional;
b) Televisión zonal. Es aquella autorizada, como alternativa privada y abierta al público, para cubrir, de manera permanente las necesidades del servicio y la prestación eficiente y competitiva del mismo, las zonas del territorio nacional que se señalarán más adelante.
Dichas zonas o territorios se configuran para los solos efectos de la prestación del servicio, con el fin de garantizar su prestación ordenada y el cubrimiento efectivo de todo el territorio nacional;
c) Televisión regional. Es el servicio de televisión que cubre un área geográfica determinada, formada por el territorio del distrito capital o de más de un departamento, y
d) Televisión local. Es el servicio de televisión prestado en un área geográfica continua, siempre y cuando ésta no supere el ámbito de un mismo municipio o distrito, área metropolitana o asociación de municipios.
*(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 24).
Del espectro electromagnético
ART. 23.—(Derogado).* Naturaleza jurídica e intervención en el espectro. El espectro electromagnético es un bien público, inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado.
La intervención estatal en el espectro electromagnético destinado a los servicios de televisión, estará a cargo de la comisión nacional de televisión.
La comisión nacional de televisión (coordinará previamente con el Ministerio de Comunicaciones)* el plan técnico nacional de ordenamiento del espectro electromagnético para televisión y los planes de utilización de frecuencias para los distintos servicios, con base en los cuales hará la asignación de frecuencias a aquellas personas que en virtud de la ley o de concesión deban prestar el servicio de televisión. La comisión sólo podrá asignar las frecuencias (que previamente le haya otorgado el Ministerio de Comunicaciones)* para la operación del servicio de televisión.
Igualmente deberá coordinar (con dicho ministerio)* la instalación, montaje y funcionamiento de equipos y redes de televisión que utilicen los operadores para la cumplida prestación del servicio.
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-310 de 1996, bajo el entendido de que la coordinación a que se refieren dichos preceptos es sólo de carácter técnico).
ART. 24.—De la ocupación ilegal del espectro. Cualquier servicio de televisión no autorizado por la comisión nacional de televisión, o que opere frecuencias electromagnéticas sin la previa asignación por parte de dicho organismo, es considerado clandestino. La junta directiva de la comisión procederá a suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden civil, administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes.
Los equipos decomisados serán depositados en la comisión nacional de televisión, la cual les dará la aplicación y destino que sea acorde con el objeto y funciones que desarrolla.
Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía prestarán la colaboración que la comisión nacional de televisión requiera.
Cuando sea necesario ingresar al sitio donde se efectúe la operación clandestina del servicio, el juez civil municipal decretará el allanamiento a que haya lugar.
Previa autorización y pago de los derechos de autor correspondientes, y en virtud de la concesión otorgada por ministerio de la ley o por la comisión nacional de televisión, los operadores públicos, privados y comunitarios, y los concesionarios de espacios de televisión, podrán recibir y distribuir señales codificadas.
Cualquier otra persona natural o jurídica que efectúe la recepción y distribución a que se refiere el inciso anterior con transgresión de lo dispuesto en el mismo, se considerará infractor y prestatario de un servicio clandestino y como tal estará sujeto a las sanciones que establece el artículo anterior.
Las empresas que actualmente presten los servicios de recepción y distribución de señales satelitales se someterán, so pena de las sanciones correspondientes, a lo dispuesto en este artículo.
PAR.—Con el propósito de garantizar lo dispuesto en este artículo y el anterior, quienes estén distribuyendo señales incidentales deberán inscribirse ante la comisión nacional de televisión, y obtener la autorización para continuar con dicha distribución, mediante acto administrativo de la comisión, para lo cual tienen un plazo de seis meses.
En el acto de autorización la comisión nacional de televisión determinará las áreas geográficas del municipio o distrito en las que puede efectuarse la distribución de la señal incidental. Quien sea titular de un área no puede serlo de otra.
La comisión establecerá también las demás condiciones en que puede efectuarse la distribución de la señal.
ART. 26.—De la recepción directa de señales vía satélite. Los operadores, contratistas y concesionarios del servicio podrán recibir directamente y decodificar señales de televisión vía satélite, siempre que cumplan con las disposiciones relacionadas con los derechos de uso y redistribución de las mismas y con las normas que expida la comisión nacional de televisión sobre el recurso satelital.
ART. 27.—(Derogado).* Registro de frecuencias. La comisión nacional de televisión llevará un registro público actualizado de todas las frecuencias electromagnéticas que de conformidad con las normas internacionales estén atribuidas al servicio de televisión, en cada uno de los niveles territoriales en los que se pueda prestar el servicio.
Dicho registro deberá determinar la disponibilidad de frecuencias y, en caso de que estén concedidas, el nombre del operador, el ámbito territorial de la concesión, su término y las sanciones de que hayan sido objeto los concesionarios.
La reglamentación del registro a la que se refiere este artículo corresponderá a la junta directiva de la comisión.
ART. 28.—(Derogado).* Del reordenamiento del espectro. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la presente ley, si no lo ha hecho antes, el Ministerio de Comunicaciones iniciará o contratará la elaboración del inventario de las frecuencias de todo el espectro electromagnético. Dicho inventario deberá indicar especialmente la ocupación actual de las frecuencias del espectro de televisión. Tal inventario debe hacerse bajo los criterios y normas establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Basado en este estudio y en el plan nacional de ordenamiento del espectro electromagnético para televisión, coordinará con la comisión nacional de televisión, la adopción de las medidas que permitan una eficiente gestión y control de dicho recurso. Las frecuencias del espectro que estén siendo utilizadas por los actuales operadores de televisión, podrán revisarse con el objeto de optimizar su uso.
El canal de interés público tendrá prioridad en la asignación de las respectivas frecuencias en la banda preferencial.
La asignación definitiva de las frecuencias deberá fundamentarse en el reordenamiento al que se refiere el presente artículo y deberá ser otorgada a los operadores zonales en condiciones que garanticen la igualdad de bandas entre éstas.
La licitación para otorgar las concesiones de televisión a que se refieren éstas, no podrá ser abierta hasta tanto no se concluya el reordenamiento de las frecuencias que se utilicen para el servicio de la televisión.
Del contenido de la televisión
ART. 29.—Libertad de operación, expresión y difusión. El derecho de operar y explotar medios masivos de televisión debe ser autorizado por el Estado, y depender de las posibilidades del espectro electromagnético, de las necesidades del servicio y de la prestación eficiente y competitiva del mismo. Otorgada la concesión, el operador o el concesionario de espacios de televisión harán uso de la misma, sin permisos o autorizaciones previas. En todo caso, el servicio estará sujeto a la intervención, dirección, vigilancia y control de la comisión nacional de televisión.
Salvo lo dispuesto en la Constitución y la ley, es libre la expresión y difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de televisión, los cuales no serán objeto de censura ni control previo. Sin embargo los mismos podrán ser clasificados y regulados por parte de la comisión nacional de televisión, con miras a promover su calidad, garantizar el cumplimiento de los fines y principios que rigen al servicio público de televisión, protegen a la familia, a los grupos vulnerables de la población, en especial los niños y jóvenes para garantizar su desarrollo armónico e integral, y fomentar la producción colombiana. (En especial, la comisión nacional de televisión, expedirá regulaciones tendientes a evitar las prácticas monopolísticas o de exclusividad con los derechos de transmisión de eventos de interés para la comunidad y podrá calificarlos como tales, con el fin de que puedan ser transmitidos por todos los operadores del servicio en igualdad de condiciones)*.
La comisión nacional de televisión reglamentará y velará por el establecimiento y difusión de franjas u horarios en los que deba transmitirse programación apta para niños o de carácter familiar.
Los operadores, concesionarios del servicio de televisión y contratistas de televisión regional darán cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre derechos de autor. Las autoridades protegerán a sus titulares y atenderán las peticiones o acciones judiciales que éstos les formulen cuando se transgredan o amenacen los mismos.
PAR.—Todos los canales nacionales, regionales, zonales y locales deberán anteponer a la transmisión de sus programas un aviso en donde se indique en forma escrita y oral la edad promedio apta para ver dicho programa, anunciando igualmente si contiene o no violencia y a su vez la existencia de escenas sexuales para público adulto, esto con el objetivo de brindar un mejor servicio a los televidentes en la orientación de la programación.
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1999).
ART. 30.—Derecho a la rectificación. El Estado garantiza el derecho a la rectificación, en virtud del cual, a toda persona natural o jurídica o grupo de personas se les consagra el derecho inmediato del mismo, cuando se vean afectadas públicamente en su buen nombre u otros derechos e intereses, por informaciones que el afectado considere inexactas, injuriosas o falsas transmitidas en programas de televisión cuya divulgación pueda perjudicarlo.
Podrán ejercer o ejecutar el derecho a la rectificación el afectado o perjudicado o su representante legal y si hubiere fallecido el afectado, sus herederos o los representantes de éstos, de conformidad con las siguientes normas:
1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la transmisión del programa donde se originó el mensaje motivo de la rectificación, salvo fuerza mayor, el afectado solicitará por escrito la rectificación ante el director o responsable del programa, para que se pronuncie al respecto; éste dispondrá de un término improrrogable de siete (7) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer las rectificaciones a que hubiere lugar. El afectado elegirá la fecha para la rectificación en el mismo espacio y hora en que se realizó la transmisión del programa motivo de la rectificación. En la rectificación el director o responsable del programa, no podrá adicionar declaraciones ni comentarios ni otros temas que tengan que ver con el contenido de la rectificación.
2. En caso de negativa a la solicitud de rectificación, o si el responsable del programa no resuelve dentro del término señalado en el numeral anterior, el medio, tendrá la obligación de justificar su decisión, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a través de un escrito dirigido al afectado acompañado de las pruebas que respalden su información. (El afectado podrá presentar inmediatamente su reclamo ante la junta directiva de la comisión nacional de televisión, la cual decidirá definitivamente dentro de un término de tres (3) días hábiles)*. Lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales a que pueda haber lugar.
No obstante lo anterior, se garantizan el secreto profesional y la reserva de las fuentes de información previstas en la Ley 51 de 1975, artículo 11. (En este caso, no podrá solicitarse la valoración del testimonio de persona no identificada).*
3. Si recibida la solicitud de rectificación no se produjese pronunciamiento tanto del responsable de la información o director del programa controvertido, (como de la junta directiva de la comisión nacional de televisión)*, la solicitud se entenderá como aceptada, para efectos de cumplir con la rectificación.
4. El derecho a la rectificación se garantizará en los programas en que se transmitan informaciones inexactas, injuriosas o falsas, o que lesionan la honra, el buen nombre u otros derechos.
(PAR. 1º—El incumplimiento por parte del medio de lo consagrado en este artículo dará lugar, según la gravedad de la falta y sin perjuicio de otros tipos de responsabilidad, a una de las siguientes sanciones:
1. Multas que impondrá la comisión nacional de televisión entre 100 y 1.000 salarios mínimos mensuales.
2. Suspensión del servicio por el término de uno (1) a treinta (30) días.
3. Revocatoria de la licencia para operar la concesión.
4. Caducidad administrativa del contrato.
Los miembros de la junta directiva de la comisión nacional de televisión que se sustraigan a la obligación de velar por la realización del libre ejercicio de este derecho, incurrirá en causal de mala conducta.
Las sanciones descritas en el párrafo anterior estarán precedidas del procedimiento y garantías establecidos en la Constitución Política.)*
(PAR. 2º—Cuando por orden de la comisión nacional de televisión o de un juez competente en decisión definitiva, un operador del servicio de televisión a cualquier nivel o concesionario de espacios de televisión o contratista de televisión regional deba rectificar por más de tres veces informaciones inexactas, injuriosas o falsas, o lesivas de la honra o del buen nombre de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, se hará acreedor a una reconvención pública por parte de la comisión nacional de televisión. Esta será suficientemente difundida y divulgada por los medios de comunicación, con cargo al presupuesto de la comisión nacional de televisión. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el presente artículo.)*
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-162 de 2000 declaró la exequibilidad del presente artículo, salvo las expresiones: “El afectado podrá presentar inmediatamente su reclamo ante la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, la cual decidirá definitivamente dentro de un término de tres (3) días hábiles” y “En este caso, no podrá solicitarse la valoración del testimonio de persona no identificada” del numeral 2º y “como de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión”, del numeral 3º y los parágrafos primero y segundo, que se declararón inexequibles).
ART. 31.—Espacios para partidos o movimientos políticos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y reconocimiento de la autoridad electoral, tendrán acceso a la utilización de los servicios de televisión operados por el Estado, en los términos que determinen las leyes y reglamentos que expida la comisión nacional de televisión y el Consejo Nacional Electoral.
ART. 32.—Acceso del Gobierno Nacional a los canales de televisión. El Presidente de la República podrá utilizar, para dirigirse al país, los servicios de televisión, en cualquier momento (y sin ninguna limitación)*.
PAR.—Cuando las plenarias de Senado o Cámara de Representantes consideren que un debate en la plenaria o en cualquiera de sus comisiones es de interés público, a través de proposición aprobada en las plenarias, solicitará a Inravisión la transmisión del mismo, a través de la cadena de interés público.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C- 1172 de 2001, declara exequible condicionalmente, la expresión “en cualquier momento”, bajo el entendido de que la intervención del Presidente de la República en la televisión, será personal, y sobre asuntos urgentes de interés público relacionados con el ejercicio de sus funciones y declaró Inexequible la expresión “y sin ninguna limitación” del presente artículo).
ART. 33.—(Derogado).* Programación nacional. Cada operador de televisión abierta, concesionario de espacios de televisión o contratista de televisión regional, cualquiera que sea el ámbito de cubrimiento territorial, deberá cumplir mensualmente los siguientes porcentajes mínimos de programación de producción nacional:
a) Canales nacionales y zonales:
Sábados, domingos y festivos el triple A será el 60% de programación de producción nacional, y
b) Canales regionales y estaciones locales:
En los canales regionales y estaciones locales, la emisión de programación de producción nacional deberá ser el 50% de la programación total.
Las repeticiones de los programas de producción nacional solamente serán incluidas en los anteriores porcentajes de acuerdo a las siguientes equivalencias:
PAR. —(La junta directiva de la comisión nacional de televisión podrá modificar dichos porcentajes.)*
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado Inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C- 564 de 1995).
Para efectos de esta ley se establecerán las siguientes definiciones:
a) (Modificado).* Producción nacional. Se entiende por producciones de origen nacional aquellas de cualquier género realizadas en todas sus etapas por personal artístico y técnico colombiano, con la participación de actores nacionales en roles protagónicos y de reparto. La participación de actores extranjeros no alterará el carácter de nacional siempre y cuando, ésta no exceda el 10% del total de los roles protagónicos.
La participación de artistas extranjeros se permitirá siempre y cuando la normatividad de su país de origen permita la contratación de artistas colombianos, y
*(Nota: El presente literal fue modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 6º).
b) Coproducción. Se entenderá por coproducción, aquella en donde la participación nacional en las áreas artística y técnica no sea inferior a la de cualquier otro país.
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la comisión nacional de televisión, que según la gravedad y reincidencia, pueden consistir en la suspensión del servicio por un período de tres (3) a seis (6) meses o a la declaratoria de caducidad de la concesión respectiva, sin perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar y del cumplimiento de la norma y principios del debido proceso.
*(Nota: Derogado por la Ley 680 de 2001 artículo 4º y artículo 15)
(Nota: Modificado por la Ley 1520 de 2012 artículo 21)
ART. 34.—(Derogado).* Inversión extranjera. Se autoriza la inversión extranjera en sociedades concesionarias de espacios o programas de televisión, o canales zonales. Sin embargo ésta estará limitada a un 15% del total del capital social de la sociedad concesionaria y a que el país de origen del inversionista ofrezca la misma posibilidad de inversión a las empresas colombianas en condiciones de reciprocidad. Dicha inversión deberá provenir de empresas o sociedades dedicadas a la industria de la televisión en el país de origen de la inversión.
Esta inversión llevará implícita una transferencia de tecnología que contribuya al desarrollo de la industria nacional de televisión a juicio de la comisión nacional de televisión.
PAR.—La inversión extranjera no podrá hacerse a través de sociedades con acciones al portador, ésta sólo podrá hacerse a través de sociedades con acciones nominativas. Para su aprobación el inversionista deberá presentar a la comisión nacional de televisión la autorización de funcionamiento que para el efecto se requiera en el momento de la inversión, así como una relación de los socios debidamente certificada por la cámara de comercio o de quien haga sus veces en el país de origen, legalizada de conformidad con las normas vigentes. No se aceptará la inversión de una sociedad cuyos socios sean sociedades con acciones al portador.
*(Nota: Derogado por la Ley 680 de 2001 artículo 1º y artículo 15)
De la operación y explotación del servicio
ART. 35.—Operadores del servicio de televisión. Se entiende por operador la persona jurídica pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que utiliza directamente las frecuencias requeridas para la prestación del servicio público de televisión en cualesquiera de sus modalidades, sobre un área determinada, en virtud de un título concedido por ministerio de la ley, por un contrato o por una licencia.
Para los efectos de la presente ley son operadores del servicio público de televisión las siguientes personas: el Instituto Nacional de Radio y Televisión al que hace referencia la presente ley, las organizaciones regionales de televisión, actualmente constituidas y las que se constituyan en los términos de la presente ley, las personas jurídicas autorizadas en virtud de contrato para cubrir las zonas que más adelante se describen, las organizaciones comunitarias y personas jurídicas titulares de licencias para cubrir el nivel local, y las personas autorizadas para prestar el servicio de televisión cerrada o por suscripción.
PAR.—Una vez entre a desempeñar sus atribuciones la comisión nacional de televisión, el Instituto Nacional de Radio y Televisión y las organizaciones regionales de televisión dejarán de ejercer las funciones de intervención, dirección, regulación y control del servicio público de televisión. El Instituto Nacional de Radio y Televisión continuará en relación con dicho servicio, solamente como operador del mismo.
(Nota: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-93 de 1996, bajo el entendido de que las personas con ánimo de lucro a que se refiere el artículo 37-4 de dicha ley son aquellas que se constituyen y funcionan como sociedades de capital abierto, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.)
ART. 36.—Distribución territorial para la explotación del servicio. El servicio de televisión podrá prestarse en los siguientes niveles territoriales en concordancia con la clasificación de servicio consignado en el artículo 19 de la presente ley:
2. (Derogado).* Zonal. Para el efecto de la prestación del servicio zonal, se crean las siguientes zonas de prestación:
a) Zona norte. Incluye los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre;
b) Zona central. Incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santafé de Bogotá, Santander, Tolima, Vaupés y Vichada, y
c) Zona occidental. Incluye los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
La comisión nacional de televisión definirá los límites exactos que corresponden a cada zona, la cual siempre deberá cubrirse de manera completa y permanente.
(Nota: El numeral 2º fue derogado por Ley 335 de 1996 artículo 28).
ART. 37.—Régimen de prestación. En cada uno de los niveles territoriales antes señalados, el servicio público de televisión será prestado en libre y leal competencia, de conformidad con las siguientes reglas:
1. Nivel nacional. Para garantizar que la competencia con los operadores zonales se desarrolle a partir del primero de enero de 1998, en condiciones de igualdad efectiva y real, y prevenir cualquier práctica monopolística en la prestación del servicio, así como para velar por la protección de la industria de televisión constituida al amparo de la legislación expedida hasta la vigencia de esta ley, el Estado se reservará, hasta dicha fecha, la prestación del servicio público de televisión en el nivel nacional, el cual estará a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión. Este operará los canales nacionales que determine la junta directiva de la comisión nacional de televisión, de acuerdo con las posibilidades del espectro, las necesidades del servicio y la prestación eficiente y competitiva del mismo.
A partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), el servicio podrá ser prestado también nacionalmente por los operadores zonales mediante encadenamientos, o por extensión gradual del área de cubrimiento y de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular expida la junta directiva de la comisión nacional de televisión.
2. (Derogado).* Nivel zonal. El servicio público de televisión será prestado por operadores particulares en cada una de las zonas definidas en el numeral dos del artículo anterior. El número de operadores de cada zona será determinado por la junta directiva de la comisión nacional de televisión, de acuerdo con las posibilidades del espectro electromagnético, las necesidades del servicio y la prestación eficiente y competitiva del mismo.
La prestación del servicio por parte de los operadores a que se refiere el presente numeral, deberá ocurrir dentro del año siguiente a la adjudicación respectiva. La apertura de las licitaciones correspondientes por parte de la comisión nacional de televisión, se producirá dentro de los cuatro (4) meses siguientes a aquel en que se haya conformado la junta directiva de la comisión o a la aprobación de la ley siempre y cuando se haya terminado el estudio de asignación de frecuencias para televisión de acuerdo al artículo 29 de la presente ley.
A partir de la entrada en operación, el cubrimiento podrá ser gradual, pero a primero (1º) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998) la zona deberá estar cubierta en su totalidad. Sin embargo, en ningún momento el cubrimiento podrá limitarse a los centros de mayor concentración demográfica de la respectiva zona. Cuando en dicha fecha hayan cubierto la totalidad de la zonas, éstas podrán: 1. Encadenarse con los canales zonales de otras zonas, siempre y cuando éstos también hayan cubierto la totalidad de su zona, o 2. Expandirse a otras zonas. Para iniciar el proceso de expansión a otras zonas, el concesionario, con el fin de obtener el otorgamiento de las frecuencias respectivas, requerirá autorización previa de la comisión nacional de televisión. Para el efecto, éste deberá presentar a consideración de la comisión, un programa de expansión, que incluya un cronograma y que garantice el cubrimiento total dentro de los dos años siguientes a la respectiva autorización.
El incumplimiento del cubrimiento acordado le acarreará al concesionario, multas que irán de tres mil (3.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la eventual cancelación de la concesión salvo fuerza mayor.
Con prescindencia del área de cubrimiento que les corresponda, los operadores zonales siempre deberán originar su programación desde uno de los municipios pertenecientes a la zona que cubren.
3. Nivel regional. El servicio público de televisión también será reserva del Estado y será prestado por las organizaciones o canales regionales de televisión existentes al entrar en vigencia la presente ley y por los nuevos operadores que se constituyan con la previa autorización de la comisión nacional de televisión, mediante la asociación de al menos dos departamentos contiguos, o en su nombre, de entidades descentralizadas del orden departamental, o empresas estatales de telecomunicaciones de cualquier orden, o bien del distrito capital, o entidades descentralizadas del orden distrital, salvo aquellos que estén funcionando a la fecha de la vigencia de la presente ley. Los municipios y sus entidades descentralizadas también podrán participar como socios de estos canales.
Los canales regionales de televisión serán sociedades entre entidades públicas organizadas como empresas industriales y comerciales del Estado, vinculadas a la comisión nacional de televisión, y podrán pertenecer al orden nacional o departamental, según lo determinen las juntas administradoras regionales en sus estatutos.
Los actos y contratos de los canales regionales de televisión, en materia de producción, programación, comercialización y en general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas del derecho privado. Los canales regionales estarán obligados a celebrar licitaciones públicas para la adjudicación de los programas informativos, noticieros y de opinión y el acto de adjudicación siempre se llevará a cabo en audiencia pública. Estos canales podrán celebrar contratos de asociación bajo la modalidad de riesgo compartido. Los contratos estatales de producción, coproducción y cesión de derechos de emisión que se encuentren en ejecución o estén debidamente adjudicados a la fecha de promulgación de esta ley, se ejecutarán hasta su terminación de acuerdo con las normas bajo las cuales fueron celebrados.
En la reasignación de frecuencias, se respetará las mismas que han sido asignadas a los canales regionales. En caso de requerirse el cambio de las mismas, la comisión nacional de televisión asumirá el costo para tal efecto.
En el acto de autorización la comisión adjudicará la frecuencia correspondiente.
Los canales regionales de televisión harán énfasis en una programación con temas y contenidos de origen regional, orientada al desarrollo social y cultural de la respectiva comunidad.
Los canales regionales de televisión podrán encadenarse para la transmisión de eventos de interés regional.
Santafé de Bogotá, D.C., podrá tener canal regional en asocio con Cundinamarca y los nuevos departamentos. San Andrés y Providencia podrá tener un canal regional, sin requerir para ello entrar en asocio con otro ente territorial.
La comisión reglamentará los encadenamientos entre las organizaciones o canales regionales de televisión.
(Nota: El penúltimo inciso del literal tercero del presente artículo fue modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 7º).
*(Nota: Derogado el inciso segundo del presente numeral por la Ley 1507 de 2012 artículo 23)
4. Nivel local. El servicio de televisión será prestado por las comunidades organizadas, las instituciones educativas, tales como colegios y universidades, fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y personas jurídicas con ánimo de lucro en municipios hasta de trescientos mil (300.000) habitantes, con énfasis en programación de contenido social y comunitaria y podrá ser comercializado gradualmente, de acuerdo a la reglamentación que al efecto expida la comisión nacional de televisión.
Para los efectos de esta ley, se entiende por comunidad organizada la asociación de derecho, integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros estén unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de televisión comunitaria, con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales. El servicio de televisión comunitario será prestado, autofinanciado y comercializado por las comunidades organizadas de acuerdo al reglamento que expida la comisión nacional de televisión.
PAR. 1º—En la ciudad de Santafé de Bogotá, los operadores de televisión local con comercialización, no podrán exceder los límites de una localidad según reglamentación que expida la comisión nacional de televisión.
PAR. 2º— Ningún concesionario de Inravisión, ni ningún operador de televisión zonal, podrán ser operadores de televisión local.
PAR. 3º—Las entidades competentes celebrarán contratos de concesión de canales y espacios de televisión o de programación regional con asociaciones o fundaciones privadas sin ánimo de lucro, para la explotación de la televisión cultural tal como ésta se entiende en la presente ley; el cultivo de los valores ético-religiosos también estará comprendido en dicha televisión. Estos espacios podrán tener tarifas diferenciales a juicio de la comisión nacional de televisión.
PAR. 4º—Ningún concesionario del servicio de televisión local podrá ser titular de más de una concesión en dicho nivel.
ART. 38.—(Derogado)* Participación nacional y zonal. Las empresas concesionarias de espacios de televisión de Inravisión y las empresas productoras de los canales regionales podrán participar en el capital de un operador zonal.
A partir del primero de enero del año dos mil (2000) el concesionario de espacios de televisión de Inravisión o los contratistas de televisión regional que participen en el capital de un operador zonal, deberán renunciar a la ejecución de los contratos de concesión de espacios de televisión o de elaboración de programación regional que tengan suscritos o vigentes en tal fecha. En caso contrario, los mismos se darán por terminados unilateralmente, y los respectivos espacios y horarios de programación deberán concederse nuevamente mediante licitación pública por la comisión nacional de televisión o las organizaciones regionales de televisión.
No habrá lugar al pago de perjuicios o compensaciones por la renuncia o terminación de los contratos mencionados en este artículo.
La junta directiva de la comisión reglamentará la presente materia.
(Nota: Derogado por la Ley 335 de 1996 artículo 28).
ART. 39.—(Derogado)* De la prohibición de ser concesionario de más de una zona. Ninguna persona jurídica que sea concesionaria de la operación de una de las zonas previstas en esta ley, podrá contratar la prestación del servicio en las demás zonas, directamente o por interpuesta persona, o en asociación con otra empresa.
Tampoco podrán ser adjudicatarios de ninguna zona, las sociedades de las que sean parte los socios de una sociedad que sea titular de una concesión para operar el nivel zonal, o aquellas en cuyo capital participen el cónyuge, o el compañero o compañera permanente de éstos o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
ART. 40.—(Derogado)* De la vigencia de otras restricciones. Ninguna persona natural o jurídica, ni los socios de éstas que sean concesionarios de espacios de televisión, podrán contratar directamente o por interpuesta persona o en asociación de otra empresa con las organizaciones regionales de televisión. En la misma forma, un contratista de estas organizaciones no puede, directamente o por interpuesta persona, o en asociación con otra empresa, ser concesionario de espacios de televisión.
Exceptúanse de lo anterior, los casos en los cuales el concesionario se asocie con personas de la región, y a éstas pertenezcan más del 50% del capital social de la empresa.
Las anteriores limitaciones se extienden a los cónyuges, compañero o compañera permanente y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
Igualmente, no se podrá otorgar a los concesionarios de espacios de televisión ni más del veinticinco por ciento (25%) ni menos del siete y medio por ciento (7.5%) del total de horas dadas en concesión en la respectiva cadena.
Quien sea concesionario en una cadena o canal de Inravisión no podrá serlo en otra, ni directamente ni por interpuesta persona.
PAR.—Con el fin de garantizar la supervivencia de los programadores o contratistas y garantizar la estabilidad de la programación en los canales nacionales y regionales, a partir de 1996, los concesionarios o contratistas de las cadenas nacionales y regionales, siempre y cuando éstos, o sus socios no participen en sociedades concesionarias de canales zonales o locales, podrán fusionarse o crear nuevas empresas que absorberían las concesiones de sus antiguos socios. En la sociedad resultante nadie podrá tener más del 30% del capital social de la misma. La fusión o el traspaso de los derechos a la nueva sociedad requerirá autorización de la comisión nacional de televisión. Ninguna programadora podrá llegar a tener dos espacios informativos noticiosos.
De la televisión por suscripción
ART. 41.—(Derogado).* Principios de asignación de concesiones. Las concesiones de televisión por suscripción deberán otorgarse de modo tal que promuevan la eficiencia, la libre iniciativa, la competencia, la igualdad de condiciones en la utilización de los servicios y la realización plena de los derechos a la información y al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones, en concordancia con la Constitución Nacional.
ART. 42.—(Derogado).* Parámetros para la adjudicación de concesiones para televisión por suscripción. Las concesiones para la prestación del servicio de televisión por suscripción, independientemente de la tecnología de transmisión utilizada, serán otorgadas por la comisión nacional de televisión mediante procedimiento de licitación pública.
ART. 43.—(Derogado).* Régimen de prestación del servicio de televisión por suscripción. A partir de la promulgación de la presente ley, la comisión reglamentará el número de operadores para una zona determinada, el área de cubrimiento, las condiciones de los contratos que deban prorrogarse, los requisitos de las licitaciones y nuevos contratos que deban suscribirse, el porcentaje de programación nacional que deban emitir. Cada canal de un concesionario de televisión por suscripción que transmita comerciales deberá someterse a lo estipulado en la presente ley en su artículo 33.
Los concesionarios de servicio de televisión por suscripción no podrán ser titulares o productores, directamente o por interpuesta persona o en asociación con otra empresa de más de una concepción del servicio de televisión cerrada.
Esta limitación se extiende a los cónyuges, compañero o compañera permanente y a los parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Igualmente, a las sociedades en que participen los socios de una persona jurídica titular del servicio de televisión por suscripción, y a aquellas en que participen las personas que tengan con dichos socios los vínculos aquí previstos.
PAR.—Hasta la fecha de cesión de los contratos a la comisión nacional de televisión, los concesionarios del servicio de televisión cerrada o por suscripción, seguirán cancelando la compensación a que se refiere el artículo 49 de la Ley 14 de 1991. Si la comisión decidiere prorrogar tales contratos por haberse satisfecho las condiciones contractuales para tal evento y por satisfacer los objetivos de las políticas que traze tal ente autónomo, la comisión percibirá la compensación que fije en idénticas condiciones de los operadores nuevos, y la destinará a la promoción de la televisión pública.
(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 8º).
ART. 44.—(Derogado).* El servicio de la televisión por cable en concurrencia con otros servicios de telecomunicaciones. Las personas públicas o privadas que sean licenciatarios de los servicios de valor agregado y telemáticos, y que se encuentren en consecuencia autorizados para prestar legalmente servicios de telecomunicaciones, podrán operar, en concurrencia, el servicio de televisión por cable, únicamente con la autorización previa de la comisión nacional de televisión, sujetándose a las normas previstas en la presente ley, y deberán cancelar adicionalmente las tasas y tarifas que fije la comisión para los operadores de televisión por suscripción por cable.
(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 9º).
ART. 45.—(Derogado).* De los contratos existentes. Los contratos de concesión otorgados por el Ministerio de Comunicaciones para la prestación del servicio de televisión por suscripción, continuarán rigiéndose y ejecutándose en las condiciones pactadas en los mismos, pero la representación de la Nación, será ejercida por la comisión nacional de televisión. El control del Ministerio de Comunicaciones permanecerá hasta tanto la comisión nacional de televisión entre en funcionamiento, quien asumirá estas funciones. La prórroga de los contratos existentes se hará en las condiciones pactadas en dichos contratos.
ART. 46.—Definición. La concesión es el acto jurídico en virtud del cual, por ministerio de la ley o por decisión reglada de la junta directiva de la comisión nacional de televisión, se autoriza a las entidades públicas o a los particulares a operar o explotar el servicio de televisión y a acceder en la operación al espectro electromagnético atinente a dicho servicio.
ART. 47.—(Derogado).* Del acceso a los canales comunitarios y/o locales. Los interesados en prestar el servicio de televisión en los canales comunitarios y/o locales deberán acceder a la concesión mediante el procedimiento de licitación y el de audiencia pública.
La comisión otorgará las licencias con base en los criterios de selección objetiva previstos en la ley y con las normas que sobre el particular se expidan por la junta directiva de la comisión nacional de televisión.
ART. 48.—De las concesiones a los operadores zonales. La escogencia de los operadores zonales, se hará siempre y sin ninguna excepción por el procedimiento de licitación pública. La adjudicación se hará en audiencia pública. De ninguna manera la concesión se hará por subasta pública.
Para tales efectos, la junta directiva de la comisión nacional de televisión tendrá en cuenta las siguientes disposiciones especiales, sin perjuicio de las que ordene incluir en los correspondientes pliegos de condiciones:
a) Sólo podrán participar en la licitación respectiva y celebrar contratos, las personas que se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas con anterioridad a la apertura de la licitación en el registro único de operadores del servicio de televisión, que estará a cargo de la comisión nacional de televisión y cuya reglamentación corresponderá a la junta directiva de ésta.
En dicho registro se evaluará fundamentalmente la estructura organizacional de los participantes, su capacidad financiera y técnica, los equipos de que disponga, su experiencia y la de sus socios mayoritarios o con capacidad de decisión en los aspectos fundamentales de la compañía. La calificación y clasificación de los inscritos tendrá una vigencia de dos (2) años. Esta vigencia es lo que se exigirá para participar en la licitación.
Esta vigencia solo se exigirá para participar en la licitación, o la celebración del contrato o licencia respectiva. Los factores calificados del registro, no podrán ser materia de nuevas evaluaciones durante el proceso licitatorio;
b) Los criterios que la junta directiva de la comisión nacional de televisión tendrá en cuenta para la adjudicación de los contratos, serán los evaluados en el registro de proponentes y la calidad del diseño técnico, la capacidad de inversión para desarrollo del mismo, la capacidad de cubrir áreas no servidas, el número de horas de programación ofrecida, mayor número de horas de programación nacional y la viabilidad económica de programación del servicio, entre otros.
Solamente serán elegibles aquellos proponentes que cumplan estrictamente con las exigencias establecidas para el diseño técnico, de conformidad con los pliegos de condiciones y que demuestren de manera satisfactoria una capacidad económica suficiente para cumplir con el plan de inversión correspondiente;
c) El otorgamiento de la concesión por la junta directiva de la comisión nacional de televisión por contrato o licencia, dará lugar al pago de una tarifa que será independiente de aquella que se cause por la utilización de las frecuencias indispensables para la prestación del servicio;
d) La junta directiva de la comisión nacional de televisión podrá delegar en el director la firma de los correspondientes contratos;
e) La concesión se conferirá por un término de hasta diez (10) años prorrogables. La prórroga se conferirá de conformidad con las normas que expida la comisión nacional de televisión;
f) Una vez perfeccionado el contrato administrativo de concesión, no será necesario permiso o acto adicional distinto de aquel que deba proferir, si es del caso, la autoridad local respectiva para adelantar las construcciones u obras necesarias;
g) Para efectos del control a cargo de la comisión nacional de televisión, los operadores deberán mantener los archivos fílmicos de la programación y publicidad emitidas en los términos y condiciones que establezcan los reglamentos expedidos por la comisión nacional de televisión;
h) No habrá lugar a la reversión de los bienes de los particulares. Sin embargo, la comisión nacional de televisión podrá acordar con los operadores la adquisición de los bienes y elementos afectos a la prestación del servicio de televisión, en los términos y condiciones que se definan de común acuerdo, o mediante perito designado conjuntamente por las partes;
i) El establecimiento, uso, explotación, modificación o ampliación de la red de televisión autorizada deberá efectuarse de conformidad con el título de concesión, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones y la comisión nacional de televisión;
j) En los contratos de concesión se deberá incluir una cláusula en donde se estipule que el concesionario se obliga a ceder al Gobierno Nacional espacios de su programación para transmitir programas de carácter institucional. La comisión nacional de televisión reglamentará esta materia;
k) Darán lugar a la caducidad del contrato y al cobro de la cláusula penal pecuniaria, además de las causales establecidas en la ley, aquellas que las partes pacten en el correspondiente contrato;
l) Igualmente se tendrá en cuenta como criterios de evaluación adicionales a los previstos en el literal b) de este artículo, la capacidad de los oferentes para ofrecer una programación más ventajosa para el interés público, con el fin de salvaguardar la pluralidad de ideas y corrientes de opinión, la necesidad de diversificación de las informaciones, así como de evitar los abusos de posición dominante en el mercado como las prácticas restrictivas de la libre competencia;
m) La concesión obliga a la explotación directa del servicio público objeto de la misma y será intransferible, y
n) Además de los establecidos en el literal b) los criterios de adjudicación que se deberán tener en cuenta son: experiencia, capacidad y profesionalismo, (condiciones a las cuales se les debe conceder el 70% al registro de empresas concesionarias)*.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado Inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-310 de 1996).
ART. 49.—(Modificado)* De las concesiones de espacios de televisión. Los contratos de concesión de espacios de televisión seguirán sometidos a las normas contenidas en la Ley 14 de 1991, en cuanto no sean contrarias a lo previsto en la presente ley. Su adjudicación corresponderá a la junta directiva de la comisión nacional de televisión, pero la misma podrá delegar su firma en el director de la entidad.
Además de las causales de caducidad previstas en la ley, darán lugar a la terminación del contrato y al cobro de la cláusula penal pecuniaria, aquellas causales pactadas por las partes.
El registro de empresas concesionarias de espacios de televisión a que se refiere la Ley 14 de 1991, seguirá siendo manejado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión.
*(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 10).
ART. 50.—(Derogado)* Prórroga de los contratos actualmente vigentes. Previa cesión de los contratos correspondientes por parte de las entidades concedentes la junta directiva de la comisión nacional de televisión, en los términos y condiciones de la Ley 14 de 1991 y de conformidad con la reglamentación que expida de acuerdo con dicha ley, procederá a prorrogar y a suscribir los contratos vigentes seis (6) meses antes de su vencimiento y por término igual al que fueron objeto de adjudicación.
Las organizaciones regionales de televisión procederán en igual forma.
ART. 51.—De la protección al usuario y al consumidor. Los espacios de televisión asignados actualmente en las cadenas 1, A, 3 y en los canales regionales a las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas por la ley, se mantendrán de manera permanente, a fin de que dichas organizaciones presenten programas institucionales de información a la ciudadanía, relacionados con sus derechos y mecanismos de protección.
En ningún caso se permitirá realizar proselitismo político, ni destacar la gestión de determinadas personas en dichos espacios. La violación a la presente prohibición dará lugar a la revocación de la autorización para utilizar el espacio.
En casos de pluralidad de solicitudes para la emisión de programas institucionales, la comisión nacional de televisión determinará el reparto de espacios entre ellas teniendo en cuenta el volumen de afiliados que agrupe cada organización, de suerte que la representación se otorgará a la organización de consumidores que reúna el mayor número de afiliados.
Del régimen para evitar las prácticas monopolísticas
ART. 52.—Beneficiario real de la inversión. Las normas previstas en esta ley para evitar las prácticas monopolísticas, se aplican a las personas naturales o jurídicas que sean operadoras o concesionarias del servicio de televisión o concesionarios de espacios de televisión; a sus socios, miembros o accionistas; o en general, a las personas que participen en el capital del operador o concesionario; o a los beneficiarios reales de la inversión en éstos.
Para efectos de la presente ley, se considera beneficiario real de la inversión cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietarios de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, facultad o poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción.
PAR. 1º—Para los efectos de la presente ley, conforman un mismo beneficiario real de la inversión los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancias que podrán ser declaradas mediante la gravedad del juramento ante la Superintendencia de Valores con fines exclusivamente probatorios.
Igualmente, constituyen un beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas.
PAR. 2º—Una persona o un grupo de personas se considera beneficiaria real de una acción, si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de un pacto de retrocompra o de un negocio fiduciario que produzca efectos similares.
PAR. 3º—Para efectos de la violación al régimen de inhabilidades establecido en esta ley, se presume propietario de una sociedad concesionaria de un canal zonal o de una programadora de programas o espacios de televisión, quien, a pesar de no figurar como accionista, intervenga con capacidad decisoria o, siéndolo en forma minoritaria, tenga el control de la empresa.
PAR. 4º—Se viola el régimen de inhabilidades cuando una persona, natural o jurídica, distinta de quien aparece como socio, accionista o propietario único resulta ser beneficiario real de más del diez por ciento (10%) de las acciones o cuotas partes de la sociedad concesionaria de los espacios, programas o canales zonales.
PAR. 5º—Se entiende que una persona es beneficiaria real de una acción de una sociedad si, no obstante no ser su titular formal, ejerce sobre ella control material y determina de manera efectiva el ejercicio de los derechos que le son inherentes o de alguno de ellos.
ART. 53.—(Derogado).* Facultades sancionatorias de la comisión nacional de televisión. La comisión nacional de televisión establecerá prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las personas que atenten contra el pluralismo informativo, la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes. La violación de las normas acarreará sanciones a los infractores o a quienes hayan resultado beneficiarios reales de tales infracciones.
PAR.—Quienes participen en la violación del régimen de inhabilidades serán sancionadas por la comisión nacional de televisión, con multas de seiscientos (600) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sanción. La comisión nacional de televisión estará obligada a elevar denuncia de los anteriores casos ante las autoridades competentes.
ART. 54.—Invalidez de las negociaciones hechas sin previa autorización. No tendrá ninguna validez, la negociación de derechos o cuotas sociales de sociedades concesionarias de espacios o programas de televisión de canales estatales, espacios o programas de televisión, cuando ésta no cuente con la autorización previa de la comisión nacional de televisión. Para efectos legales se entienden como propietarios quienes a la fecha figuren en el libro de accionistas como propietarios, no valdrá pacto en contra.
ART. 55.—Obligatoriedad de dedicar tiempo de programación a temas de interés público. Los canales nacionales, regionales, zonales y locales de televisión estarán obligados a dedicar un porcentaje de su tiempo a temas de interés público. El cubrimiento de éstos, debe hacerse con criterio de equidad, en el sentido de que, en éste, se provea igualdad de oportunidades para la presentación de puntos de vista contrastantes. La comisión nacional de televisión reglamentará los términos para el cumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo.
Los concesionarios o los operadores de espacios de televisión a nivel zonal, regional o local o los contratistas de los mismos, según reglamentación de la comisión nacional de televisión, dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la presente ley crearán, de manera permanente y en horarios de alta audiencia, los espacios institucionales para la promoción de la unidad familiar y del civismo, la educación para luchar contra el consumo de droga, las asociaciones de consumidores y los espacios gubernativos, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los noticieros y avances informativos del Congreso.
(Nota: El inciso segundo del presente artículo fue modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 12).
ART. 56.—(Modificado)* Sociedades anónimas para la prestación del servicio de televisión. Para efectos de la prestación del servicio de televisión en cualquiera de los canales zonales a que se refiere la presente ley, los concesionarios deberán ser sociedades anónimas, cuyas acciones estén inscritas en una bolsa de valores.
Ninguna persona o grupo de personas que conforman un mismo beneficiario real en los términos del artículo 55 de la presente ley, será titular de más del treinta por ciento (30%) de las acciones representativas del capital social.
A partir del segundo año siguiente a aquel en que se hubiere iniciado la operación del servicio y, en caso de que sea necesaria la capitalización de la sociedad, las personas mencionadas en el inciso anterior podrán acceder a las acciones expedidas al efecto, siempre que los demás socios no estuvieren interesados en su adquisición. Sin embargo, a través de este mecanismo dichas personas no podrán llegar a ser propietarias, a partir del quinto año, de más del cuarenta por ciento (40%) del capital social, ni de más del cuarenta y nueve por ciento (49%) del mismo a partir del séptimo año siguiente a aquel en que se hubiere iniciado la operación aquí establecida.
So pena de la caducidad de la concesión sin derecho a indemnización, declarada por la junta directiva de la comisión nacional de televisión, el requisito previsto en este artículo deberá cumplirse hasta el término de aquella.
(Nota: El presente artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-93 de 1996, bajo el entendido de que las sociedades a que la norma se refiere son aquellas cuyo capital en su totalidad se integra mediante ofertas destinadas al público en general y siempre que conserven realmente el carácter de abiertas, con el fin de garantizar el derecho fundamental a fundar medios masivos de comunicación y con el objeto de promover la democratización accionaria.)
*(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 13).
ART. 57.—(Derogado).* Del control sobre la enajenación de la propiedad. Sin perjuicio del régimen al que están sometidas de manera general las sociedades, todo acto de enajenación total o parcial de la propiedad de empresas concesionarias de espacios de televisión del Instituto Nacional de Radio y Televisión o contratistas de las organizaciones regionales de televisión cuyas acciones no se negocien en una bolsa de valores, requiere, so pena de ineficacia, de la previa autorización de la junta directiva de la comisión nacional de televisión.
Respecto de la enajenación de la propiedad de las acciones que se negocien en bolsa, el propietario deberá informar sobre la misma a la junta directiva de la comisión nacional de televisión, dentro de los cinco (5) días siguientes, siempre que la transacción comprenda la adquisición en forma global o sucesiva del cinco por ciento (5%) o más de las acciones. Será ineficaz toda enajenación de acciones de las sociedades abiertas, cuando se contravenga lo dispuesto en el presente título y en las demás normas sobre la materia.
ART. 58.—(Modificado).*De algunas prohibiciones para prestar el servicio. La comisión nacional de televisión se abstendrá de adjudicar la correspondiente licitación u otorgar la licencia, cuando en la sociedad o en la comunidad organizada interesada en la concesión tuviere participación, por sí o por interpuesta persona, una persona que haya sido condenada en cualquier época a pena privativa de la libertad, excepto por los delitos políticos o culposos.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo es causal de nulidad absoluta de la adjudicación de la licitación u otorgamiento de la licencia correspondiente.
Cuando uno de los socios o partícipes de la sociedad o comunidad organizada beneficiaria de la concesión, hubiere sido condenado por alguno de los delitos mencionados en el inciso anterior, la sociedad o comunidad correspondiente perderá el contrato y la comisión nacional de televisión procederá a terminarlo unilateralmente. Si se tratare de licencia, la comisión procederá a revocarla, sin que en este último caso se requiera el consentimiento del titular de la concesión; sin que en ninguno de los casos hubiere derecho a indemnización alguna.
PAR.—La persona que hubiere sido favorecido con amnistía, con indulto, cesación de procedimiento por delitos políticos o culposos se exceptúan de esta prohibición.
*(Nota: Modificado por la Ley 506 de 1999 artículo 1º del Congreso de la República).
ART. 59.—(Derogado).* De la celebración de algunos contratos especiales. Sin perjuicio de las transferencias previstas en la presente ley y de acuerdo con los planes adoptados por la comisión, la junta directiva podrá autorizar al director de la entidad para celebrar contratos de fomento con operadores públicos, a efectos de transferirle la propiedad, el uso o el goce de bienes o recursos que se destinarán a la prestación del servicio y a garantizar el cumplimiento eficiente del mismo, el pluralismo informativo y la competencia.
La contraprestación que reciba la comisión por la celebración de tales contratos, será fundamentalmente aquella que se derive de la prestación de un servicio libre, competitivo y eficiente.
No habrá lugar a la celebración de los contratos previstos en este artículo, cuando el operador público se encuentre incumpliendo los objetivos o los indicadores de gestión que le hubieren sido trazados para estos efectos y de modo general por la comisión, o en contratos de la presente naturaleza.
De la reorganización de las entidades del sector
ART. 60.—(Derogado).* Supresión y modificación de algunos organismos y dependencias. Una vez entre a ejercer sus funciones la comisión nacional de televisión, desaparecerán el consejo nacional de televisión, los consejos regionales de televisión, la comisión nacional para la vigilancia de la televisión y las comisiones regionales para la vigilancia de la televisión, a los cuales se refiere la Ley 14 de 1991.
La junta administradora de Inravisión y las juntas administradoras regionales seguirán cumpliendo las funciones que no contraríen lo dispuesto en esta ley y, en general, las de dirección de la entidad, de conformidad con las normas respectivas.
A partir de la vigencia de la presente ley, la junta administradora de Inravisión estará conformada así:
a) El Ministro de Comunicaciones o su delegado, quien la presidirá;
b) El representante legal de la empresa nacional de telecomunicaciones o su delegado;
c) El representante del máximo ente gubernamental especializado en la promoción de la cultura;
d) Un delegado de la junta directiva de la comisión nacional de televisión;
e) Un delegado de los concesionarios de espacios de televisión, y
f) Un delegado de los trabajadores de Inravisión designado por ellos mismos.
El director de la entidad asistirá por derecho propio a las reuniones de la junta, con derecho a voz pero sin voto.
De la junta administradora regional harán parte, además de las personas que se determinen en sus estatutos:
— Un miembro de la junta directiva de la comisión nacional de televisión o su delegado.
La junta administradora regional será presidida por uno de sus integrantes, de acuerdo con lo que determinen sus estatutos.
A la junta administradora regional le corresponderá la adjudicación de los contratos de cesión de derechos de emisión, producción y coproducción de programas informativos noticieros y de opinión.
(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 14).
ART. 61.—(Derogado).* Objeto de audiovisuales. Además de las funciones que en la actualidad tiene asignadas, la compañía de informaciones audiovisuales le corresponderá por ministerio de la ley y a partir de la fecha en que ésta entre a regir, explotar y producir conjuntamente con Inravisión o individualmente el servicio de televisión para la cadena tres de Inravisión. El mismo será de carácter cultural. Los programas de la cadena tres podrán recibir aportes, colaboraciones, auspicios y patrocinios, de conformidad con la reglamentación que expida la comisión nacional de televisión.
La señal de la cadena tres será de carácter y cubrimiento nacional.
Igualmente audiovisuales podrá ser concesionario de espacios de televisión en los canales comerciales de Inravisión.
Así mismo, la compañía de informaciones audiovisuales continuará, hasta el 31 de diciembre 1997, con los espacios de televisión que actualmente tiene en los canales “uno y A”. Una vez reviertan éstos a Inravisión, la junta directiva de la comisión nacional de televisión procederá a adjudicarlos mediante el procedimiento de licitación pública.
PAR.—La programación cultural por parte de la compañía de informaciones audiovisuales e Inravisión, es decir, de una programación basada en la cultura; deberá fundamentarse en un concepto amplio de ésta.
En consecuencia, no sólo serán culturales los programas producidos por dichas entidades que están referidos a la difusión del conocimiento científico, filosófico, académico, artístico, o popular, sino también aquellos cuyo contenido tenga como propósito elevar el desarrollo humano o social de los habitantes del territorio nacional o fortalecer su identidad cultural o propender por la conservación de la democracia y convivencia nacional.
Los programas deportivos, recreativos de concurso o destinados a la audiencia infantil serán considerados culturales si sus contenidos cumplen los requisitos establecidos en este parágrafo.
(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 15).
ART. 62.—(Modificado).* Cambio de la naturaleza jurídica de Inravisión. A partir de la vigencia de la presente ley, el Instituto Nacional de Radio y Televisión se transformará en una sociedad entre entidades públicas organizadas como empresa industrial y comercial del Estado conformada por la Nación a través del Ministerio de Comunicaciones, Telecom y Colcultura.
El Instituto Nacional de Radio y Televisión tendrá como objeto la operación del servicio público de radio y televisión y la producción, realización, y emisión de la televisión cultural y educativa en los términos de la presente ley.
Salvo el director ejecutivo, el secretario general, los subdirectores, los jefes de oficina y de división, los demás funcionarios pasarán a ser trabajadores oficiales y gozarán del amparo que la Constitución y la presente ley les otorga.
El patrimonio de Inravisión estará constituido entre otros por aquel que en la actualidad le corresponde por los aportes del presupuesto nacional, por las transferencias que le otorgue la comisión nacional de televisión y por las tasas, tarifas, y derechos producto de los contratos de concesión de espacios de televisión.
Los ingresos percibidos por Inravisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 14 de 1991, se destinarán a la promoción de la televisión pública.
En todo caso a partir de la fecha en que los contratos de concesión de espacios de televisión sean cedidos a la comisión, las transferencias que se efectúen para el fortalecimiento de Inravisión por parte de la comisión nacional de televisión, así como los recursos que aquella destine para la celebración de los contratos especiales previstos en esta ley serán los suficientes para que dicho operador público de televisión pueda cumplir cabalmente su objeto.
*(Nota: Modificado por la Ley 335 de 1996 artículo 16).
(Nota: Derogado el presente artículo con excepción del parágrafo 2° por la Ley 1978 de 2019 artículo 51)
ART. 63.—(Derogado).* De la industria de televisión. El Estado reconoce como industria las actividades nacionales de producción vinculadas al servicio de televisión y como tal, las estimulará y protegerá.
PAR.—Con el fin de garantizar la unidad nacional en la prestación del servicio de televisión en las cadenas nacionales a cargo del Estado, la comisión nacional de televisión invertirá los recursos necesarios provenientes del “fondo para el desarrollo de la televisión”, con miras a asegurar en un período no mayor a cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley, el cumplimiento total de este servicio en las áreas geográficas de los nuevos departamentos.
ART. 64.—Derogaciones. A partir de la vigencia de la presente ley quedan derogados los siguientes artículos de la Ley 14 de 1991:1º,2º, 3º (incs. 1º, 2º, 5º y 6º),5º, 6º,7º, 8º,10, 11, 12, 13, 15,16, 21 (inc. 2º),26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38 (y su parágrafo), 41, 51, 54 y 55.
En general, se derogan y modifican las disposiciones legales en cuanto sean contrarias a lo previsto en la presente ley.
ART. 65.—La vigencia de la ley. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su promulgación.
Dada en Barranquilla, a 20 de enero de 1995.