Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-09459-de-septiembre-10-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0592867ec7bc0150e0530a0101510150&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-22 06:58:36
Document Index: 317892256

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 251', 'artículo 90', 'artículo 42', 'artículo 55', 'artículo 115']

﻿ Hernán Andrade Rincón
SENTENCIA 1997-09459 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- RIESGO EXCEPCIONAL. TRATÁNDOSE DE LA PRODUCCIÓN DE DAÑOS ORIGINADOS EN EL DESPLIEGUE- POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA O DE SUS AGENTES- DE ACTIVIDADES PELIGROSAS, ES AQUEL A QUIEN CORRESPONDA JURÍDICAMENTE LA GUARDA DE LA ACTIVIDAD CALIFICADA DE PELIGROSA QUIEN ESTARÁ LLAMADO A RESPONDER POR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN AL CONCRETARSE EL RIESGO CREADOASIMISMO, EN CUANTO AL REPARTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA QUE TIENE LUGAR COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE DICHO RÉGIMEN. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE COMO EL ESTADO SE ENCONTRABA A CARGO DE LA ACTIVIDAD PELIGROSA QUE PRODUJO EL DAÑO, COMO ES EL DESPLIEGUE DE UN OPERATIVO DE RESCATE DE UNA PERSONA SECUESTRADA, EN EL CUAL SE UTILIZARON ARMAS DE FUEGO, LE ES APLICABLE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL A TÍTULO DEL RÉGIMEN OBJETIVO, IDENTIFICADO COMO RIESGO EXCEPCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL, ARMAS DE DOTACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA
Sentencia 1997-09459 de septiembre 10 de 2014
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014).
Rad.: 410012331000199709459 01
Expediente: 29.186
Actor: Dionisio Bautista y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Ref.: Apelación sentencia. Reparación directa
2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2004, por el Tribunal Administrativo del Huila, comoquiera que la demanda se presentó el 17 de marzo de 1997 y la pretensión mayor se estimó en la suma global de $ 150’000.000 por concepto de lucro cesante a favor de la esposa e hijos de la víctima directa, monto que, según la jurisprudencia de esta corporación, debe ser dividido en un 50% para su cónyuge y el otro 50% para sus hijos, lo cual arroja la suma de $ 75’000.000, cantidad que supera la exigida ($ 13’460.000), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época(13).
2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ésta se presentó dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora ocurrida el 11 de julio de 1995, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 17 de marzo de 1997, se impone concluir que se formuló oportunamente.
En consecuencia, la Sala procederá a estudiar de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.
2.2. El material probatorio recaudado en el expediente.
Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso los siguientes elementos de convicción:
— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Guillermo Bautista Otálora, el cual indica que su muerte se produjo el 11 de julio de 1995, en el municipio de Rivera, Huila. Como causa de su deceso se indicó que se produjo como consecuencia de “herida arma de fuego”(14).
— Copia auténtica del protocolo de necropsia practicada al cadáver del señor Guillermo Bautista Otálora por el Instituto Nacional de Medicina Legal de Neiva, en el cual se consignó la siguiente conclusión respecto de su muerte:
“Hombre adulto que fallece por un estallido craneano con destrucción encefálica como consecuencia de herida penetrante a cráneo producida por un arma de fuego de alta velocidad. Manera de muerte: violenta: homicidio”(15).
— Copia auténtica del acta de inspección de cadáver practicada por la Fiscalía General de la Nación, CTI, al cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Guillermo Bautista Otálora; en dicho documento se manifestó lo siguiente (se transcribe tal cual aparece en el expediente, inclusive los errores):
“Lugar de los hechos: Kilometro 9 vía Neiva Campoalegre frente a piquetes. Descripción del lugar: Abierto.
Evidencias halladas: Una granada de mano GPM75, un portagranada en cuero.
“Prendas de vestir: Camibuso color gris, pantalón caqui, cinturón negro y tenis negros.
Objetos encontrados al occiso: Un billete de $ 5.000, uno de $ 1.000, una moneda de $ 100 y una de $ 10,00. Una bolsa plástica que contiene 50 cartuchos 9mm, en el bolsillo trasero izquierdo papel higiénico color azul.
“Hora probable de la muerte: 6:30 a.m. a 7 a.m.
Descripción de las heridas: Presenta herida en la región occipital con presencia ósea y de masa encefálica de aproximadamente 12 x 5 cms., una herida en el antebrazo izquierdo, orificio de entrada cara externa en el tercio superior del antebrazo y orificio salida en el tercio superior del antebrazo cara interna, en la región escapular izquierda presenta heridas causadas con arma de carga múltiple de escopeta.
Averiguación de los hechos: Operativo que había organizado el Grupo UNASE con otros organismos con el objeto de evitar el secuestro de Ismael Díaz.
Forma aparente de muerte: Muerte ocasionada por proyectiles de alta velocidad y arma de carga múltiple”(16) (negrillas y subrayas de la Sala).
— Mediante oficio del 24 de agosto de 1999 el Comandante del Gaula, Regional Huila, respecto del requerimiento realizado por el tribunal de primera instancia manifestó lo siguiente:
“Una vez verificados los archivos de esta Unidad se pudo constatar que no reposan los archivos solicitados pero se tiene conocimiento que por esos hechos se adelantó investigación en el Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar y que en la actualidad reposan en la Auditoria Principal de Guerra de la Novena Brigada a donde se puede dirigir para que le sea enviada copia de los documentos relacionados”.(17)
— Mediante oficio del 29 de julio de 1999 el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Huila, certificó que el señor Guillermo Bautista Otálora no tenía antecedentes penales registrados en los archivos de esa entidad(18).
— Testimonio rendido ante el a quo por la señora Luz Marina Sánchez Cachaya, del cual resulta pertinente retener el siguiente pasaje:
“Guillermo Bautista tenía un campero color rojo con blanco y transportaba plátano, hacía viajes a diferentes sitios porque era transportador. En ese oficio él tenía un sueldo de más de un millón y mantenía su casa, colaboraba económicamente con Dionisio y doña Carmelina. (...). PREGUNTADO. Se enteró Usted acerca de las personas o entidades a las que el señor Guillermo Bautista Otálora les transportara algo. CONTESTÓ: No, no me enteré, no supe a quién le transportaba. PREGUNTADO: Acerca de las circunstancias en las que falleció el señor Guillermo Bautista Otálora, tiene Usted algún conocimiento, en caso tal, porqué. CONTESTÓ: Yo me enteré porque los hermanos mayores viven cerca de la casa de Guillermo, y ellos me comunicaron y así fue como me enteré de que a Guillermo lo habían matado, que iba en el carro que no se sabía por qué. (...). PREGUNTADO: Sírvase decir usted ¿supo si el Guillermo Bautista Otálora pertenecía a algún grupo armado? CONTESTÓ: No me consta que Guillermo hubiera pertenecido a ningún grupo armado”(19) .
— Declaración de la señora María Luisa Rodríguez de Manjarrés en la cual informó:
“Él tenía un carrito, un Toyota, un jeep, yo casi no se diferenciar, pero era un carro Toyota. En ese carro transportaba bananos, plátanos, para donde lo buscaban él iba, y hacía el viaje. PREGUNTADO: Sabe usted con qué personas trabajaba él o con qué entidades. CONTESTÓ: no señora, yo apenas sabía que él tenía ese carro y transportaba para los pueblos. (...). PREGUNTADO: Acerca de las causas de la muerte del señor Guillermo Bautista qué sabe Usted. CONTESTÓ: No, yo no más supe por medio del papá que a él lo habían matado, pero no sé por qué”.(20)
— En similar sentido obran las declaraciones de los señores Nidia Ruby Bonilla Casanova, Amparo Sánchez Acevedo y Daniel Medina Vargas, quienes coinciden en señalar que el señor Guillermo Bautista Otálora tenía un vehículo automotor, con el cual se dedicaba a realizar trasteos, acarreos, transporte de pasajeros, entre etc., al tiempo que señalaron que el hoy occiso tenía unas excelentes relaciones familiares y personales con sus vecinos y conocidos; finalmente, manifestaron que desconocían la causa de la muerte del señor Bautista Otálora, así como tampoco les constaba que hubiere pertenecido a algún grupo delictivo(21).
— Por último, obran recortes originales del periódico La Nación, del 12 de julio de 1995, en donde se contiene la noticia del rescate por parte del Grupo UNASE del Ejército Nacional de una persona secuestrada, el señor Ismael Díaz Perdomo, y da cuenta de que en dicho operativo de rescate se dio muerte a tres presuntos insurgentes, uno de los cuales respondía al nombre de Guillermo Bautista Otálora, quien tenía el alias de “Tocayo”(22).
Respecto de tales recortes de periódicos cabe anotar que las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio (art. 228 del CPC), por lo cual, en principio, deben ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y no de la veracidad de su contenido. En consecuencia, los ejemplares acompañados al expediente sólo prueban que allí apareció una noticia, pero no la veracidad de su contenido(23).
Ahora, si bien no puede considerarse a la información de prensa con la entidad de la prueba testimonial, sino con el valor que puede tener la prueba documental, no puede reputarse su inconducencia, o su inutilidad, pues esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que,
“(...) Le asiste razón al actor en argumentar que los ejemplares del diario 'El Tiempo" y de la revista "Cambio" no resultan inconducentes, ya que por regla general la ley admite la prueba documental, y no la prohíbe respecto de los hechos que se alegan en este caso. Asunto distinto será la eficacia que el juez reconozca o niegue a dichos impresos. Así, se revocará la denegación de la prueba a que alude el actor respecto de los artículos del diario y revista indicados, por encuadrar como pruebas conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y en su lugar se decretará la misma para que sea aportada por el solicitante de ella, dada la celeridad de este proceso (...)”(24).
Con fundamento en lo anterior se ha concluido que la información de prensa puede constituirse en un indicio contingente. En ese sentido, se la Sala ha precisado,
“(...) En otras providencias ha señalado que la información periodística solo en el evento de que existan otras pruebas puede tomarse como un indicio simplemente contingente y no necesario (...)(25)”
Sin duda, es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa allegada al proceso, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en los recortes de prensa y allegada al proceso, en calidad de indicio contingente para que obre dentro de la valoración racional, ponderada y conjunta del acervo probatorio(26).
2.3. Acerca de la prueba indiciaria(27).
Los jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda, por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige. Sobre tal proceso de inferencia la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,
“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido”(28).
En la misma sentencia la Corte Suprema de Justicia señaló los requisitos que ha de cumplir la prueba indiciaria, en los siguientes términos:
“De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria..., el hecho indicador del cual se infiere la existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden a su vez tomarse como hechos indicadores de otros acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de un hecho indicador no pueden estructurarse varios hechos indicados; si son varios han de ser concordantes, de manera que los hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que integran un mismo fenómeno; convergentes, es decir que la ponderación conjunta de los distintos indicios dé lugar a establecer una sola conclusión y no varias hipótesis de solución; y, finalmente, que en su apreciación, como ocurre con todos los medios de prueba, el juzgador acuda a las reglas de la sana crítica, establezca el nivel de probabilidad o posibilidad, y, en tal medida señale si son necesarios, contingentes, graves o leves, y su relación con los demás medios de prueba que obran en la actuación”(29).
“Los indicios pueden ser necesarios cuando el hecho indicador revela en forma cierta o inequívoca, la existencia de otro hecho a partir de relaciones de determinación constantes como las que se presentan en las leyes de la naturaleza; y contingentes, cuando según el grado de probabilidad de su causa o efecto, el hecho indicador evidencie la presencia del hecho indicado. Estos últimos, a su vez, pueden ser calificados como graves, cuando entre el hecho indicador y el indicado media un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, que no deben surgir de la imaginación ni de la arbitrariedad del juzgador, sino de la común ocurrencia de las cosas; y leves, cuando el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece”(30).
Sobre este medio de prueba, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha discurrido así:
“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos:
— Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso.
— Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento.
— Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar.
— El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental.
Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata.
La concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinar si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar”(31).
De igual forma, la doctrina ha señalado una serie de requisitos para que los indicios puedan conducir a un hecho inferido con el grado lógico suficiente que permita al juez establecer la probabilidad determinante o la certeza sobre un supuesto fáctico; dichos elementos son los siguientes(32):
a. Los indicios deben hallarse, desde luego, comprobados y esta comprobación necesita de pruebas directas, lo que no obsta para que la prueba pueda ser compuesta, utilizándose, al efecto, pruebas directas imperfectas, o sea, insuficientes para producir, cada una por separado, plena prueba. Adicionalmente, es válido afirmar que el hecho indicador, a su vez, no puede ser la consecuencia de un indicio previo (hecho inferido), ni tampoco puede estar constituido por un conjunto de hechos inferidos (sumatoria de indicios previos).
b. Los indicios deben haber sido sometidos al análisis crítico, encaminado a verificarlos, precisarlos y evaluarlos, análisis del cual deberán haber salido provistos con la etiqueta de graves, medianos o leves.
c. Los indicios deben ser independientes en varios sentidos. Primero, en cuanto no deben contarse como indicios distintos los que tienen el mismo origen respecto a su hecho indicador; en segundo lugar, tampoco deben considerarse como diferentes los que constituyan momentos o partes sucesivas de un solo proceso o hecho accesorio.
d. Si los indicios tienen el carácter de contingentes (aquéllos cuyo efecto dado puede tener varias causas probables), deben ser varios, en la medida en que su orden numérico otorga una mayor probabilidad respecto de su grado concluyente y, por ende, al nivel de probabilidad o certeza que otorgan.
e. Deben ser concordantes, esto es, que se ensamblen entre sí de tal manera que puedan producir un todo coherente y natural, en el cual cada hecho indicador tome su respectiva ubicación en cuanto al tiempo, lugar y demás circunstancias.
f. Las inferencias lógicas deben ser convergentes, es decir, que todas reunidas no puedan conducir a conclusiones diversas.
g. Las conclusiones deben ser inmediatas, lo cual debe entenderse en el sentido de que no se haga necesario llegar a ellas a través de una cadena de silogismos(33).
En casos similares a los analizados en el presente asunto, en los cuales se ha utilizado la prueba y/o razonamiento indiciario para derivar responsabilidad al Estado por la ejecución extrajudicial de personas, la jurisprudencia de esta Sección ha discurrido de la siguiente forma:
“... La muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon (sic) Jairo Quintero Olarte fue una ejecución extrajudicial, causada por agentes de la Policía Nacional (hecho indicado).
Esa conclusión se impone dada la fuerza y contundencia de los hechos indicadores los cuales llevan a la lógica conclusión de que en la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon (sic) Jairo Quintero Olarte, tuvieron participación activa miembros de la Policía Nacional, en el marco de una serie de ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en el municipio de Yarumal a partir del mes de junio de 1993.
En efecto, resalta la Sala que si bien el material probatorio analizado es escaso, el mismo resulta suficiente para tener como ciertos los hechos que indican la conclusión a la que ha arribado la Sala, los cuales en síntesis son: (i) los homicidios selectivos que desde junio de 1993 se presentaban en el municipio de Yarumal, Antioquia, acerca de los cuales la comunidad acusaba a miembros del Ejército y de la Policía Nacional como partícipes; (ii) las vainillas recuperadas en la diligencia de levantamiento de los cadáveres de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon (sic) Jairo Quintero Olarte, fueron percutidas en el fusil Galil asignado al Teniente Juan Carlos Meneses Quintero, en calidad de comandante de la Estación de Policía de Yarumal y, (iii) en el proceso disciplinario que adelantó el Ministerio Público, por la situación de “limpieza social” que se presentó en Yarumal, se concluyó que existía el suficiente material probatorio para responsabilizar por tales hechos, catalogados como ejecuciones extrajudiciales, a los agentes investigados.
Demostrado indiciariamente que la muerte de los señores Jorge de Jesús Quintero Zapata y Yon (sic) Jairo Quintero Olarte fue producto de una ejecución extrajudicial en la que participaron miembros de la Policía Nacional, quienes de forma activa colaboraban con un grupo de “limpieza social” que operaba en el municipio de Yarumal desde junio de 1993, resulta comprometida la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, a la cual se le imputa el daño sufrido por los miembros de la parte actora, a título de falla del servicio”(34).
Así pues, relacionadas las pruebas del proceso y esbozados los requisitos y elementos de la prueba o razonamiento indiciario, procede la Sala a realizar en el presente asunto los procesos lógicos que permiten establecer las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora, así como la responsabilidad de la entidad demandada respecto de ese hecho.
2.4. Imputación del hecho dañoso al Estado.
De conformidad con el material de convicción allegado al proceso, se tiene acreditado el daño sufrido por los demandantes, en tanto la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora supone, por sí misma, una afectación de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.
Una vez establecida la existencia del daño que fundamentó la presente acción indemnizatoria, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si ésta se encuentra en el deber jurídico de resarcir los perjuicios que de él se derivan.
Ahora bien, del acervo probatorio relacionado anteriormente se puede establecer, básicamente, lo siguiente:
— Que en la madrugada del día 11 de julio de 1995, en el kilómetro 9 de la vía que de la vereda Campoalegre conduce a Neiva (Huila), el señor Guillermo Bautista Otálora resultó muerto como consecuencia del impacto de un proyectil de arma de fuego de “carga múltiple”.
— Que la muerte de la referida persona se produjo en medio de un operativo oficial desarrollado por el Grupo UNASE del Ejército Nacional, el cual tenía por objeto lograr el rescate del señor Ismael Díaz Perdomo, quien, momentos antes, había sido secuestrado por un grupo de personas.
— Que según la certificación expedida por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el señor Guillermo Bautista Otálora no tenía antecedentes penales; de igual forma, los testimonios relacionados en el anterior acápite de esta sentencia coinciden en señalar que dicha persona disponía de un vehículo automotor, tipo campero, con el cual realizaba diversas actividades productivas relacionadas con el transporte de personas y mercancías, de lo cual se infiere que se trataba de una persona que se dedicaba a actividades productivas legales y/o lícitas.
De otra parte, si bien es cierto que los documentos técnicos de levantamiento de cadáver no identificaron el arma de fuego con la cual se causó la muerte del señor Bautista Otálora (solo indican que es un arma de “carga múltiple”), lo cierto es que según el acta de inspección de cadáver su óbito se produjo en desarrollo de un operativo organizado por el Grupo UNASE del Ejército Nacional, tendiente a evitar el secuestro de una persona, lo cual finalmente se habría logrado, pues así lo revelaron las noticias periodísticas de la época por parte de periódicos de la región —La Nación—, allegadas en original al expediente, las cuales dan cuenta también de que en dicho operativo de rescate se dio muerte a tres presuntos insurgentes, uno de los cuales respondía al nombre de Guillermo Bautista Otálora.
Así las cosas, ha de concluir la Sala que la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora se produjo en medio de la ejecución del operativo desplegado por parte de miembros del Ejército Nacional, es decir se produjo con ocasión y por razón del servicio, toda vez que —bueno es reiterarlo—, los miembros del Ejército pertenecientes al Grupo UNASE se encontraban desplegando una misión de rescate de una persona secuestrada, de modo que el estudio de imputación del daño irrogado a la parte actora será analizado con base en el título de riesgo excepcional. Ello en virtud de que, a pesar de que en el presente asunto no se encuentra prueba alguna respecto de que la víctima hubiere disparado contra los militares que hacían parte del operativo, se acreditó que el señor Guillermo Bautista falleció cuando se produjo el operativo de rescate de una persona secuestrada, por lo que, mal podría, en principio, predicarse que la actuación de los aludidos agentes del orden hubiere sido irregular o ilegítima cuando las circunstancias en las cuales acaeció el hecho no resultan completamente claras, aspecto sobre el cual volverá la Sala más adelante, al analizar la causal eximente de responsabilidad —culpa exclusiva de la víctima— advertida por el a quo para denegar las súplicas de la demanda.
La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado de forma reiterada ha sostenido que como corolario del principio general de responsabilidad estatal consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responde por las acciones u omisiones contrarias a Derecho que le sean atribuibles e, incluso, por aquellas conductas lícitas en cuanto unas u otras ocasionen daños antijurídicos, así como también ha sido reconocida la operatividad de regímenes en los cuales no se precisa del acaecimiento de falta o falla alguna en el funcionamiento del servicio para que resulte posible deducir responsabilidad a la entidad normativamente encargada de prestarlo. Se trata, en efecto, de los denominados regímenes de responsabilidad “sin culpa” o “sin falta”, en los cuales la obligación de indemnizar a cargo del Estado puede ser declarada con independencia de que la actividad de éste o la conducta —activa u omisiva— de sus agentes, se encuentre plenamente conforme con el ordenamiento jurídico, eventos, estos últimos, en los cuales esta corporación ha reconocido y estructurado los catalogados como títulos jurídicos objetivos de imputación de responsabilidad extracontractual del Estado, entre los cuales se encuentra aquel que se fundamenta en el riesgo excepcional(35).
Ciertamente, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que, tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, es aquel a quien corresponda jurídicamente la guarda de la actividad calificada de peligrosa quien estará llamado a responder por los perjuicios que se ocasionen al concretarse el riesgo creado(36); asimismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar como consecuencia de la aplicación de dicho régimen, se ha advertido, en forma reiterada, que
“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la Administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”.(37)
Dado que el Estado se encontraba a cargo de la actividad riesgosa que produjo el daño, como es el despliegue de un operativo de rescate de una persona secuestrada, en el cual se utilizaron armas de fuego, la Sala encuentra que la responsabilidad predicable respecto del ente demandado lo es a título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional, sin perjuicio de que deba analizarse la alegada en este caso “culpa exclusiva de la víctima” como causal eximente de responsabilidad.
La entidad demandada ha sostenido a lo largo del trámite de la presente acción que la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora se produjo por su propia culpa. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone para quien la alega la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a la administración, pues de no encontrarse acreditadas tales circunstancias, el daño endilgado le será imputable a título de riesgo excepcional(38).
Para el asunto sub examine, obran en el proceso pruebas suficientes para tener por cierto, sin lugar a la menor hesitación, que la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora fue causada por los miembros del Ejército Nacional adscritos al Grupo UNASE, mientras éstos se encontraban en ejercicio activo de sus funciones y en desarrollo de un operativo tendiente a lograr el rescate de una persona -lo cual finalmente se logró-, y utilizando para ello sus correspondientes armas de dotación oficial.
Adicionalmente, advierte la Sala que del examen detallado de las pruebas allegadas al expediente es posible anticipar que no existe elemento alguno de convicción que permita concluir que la muerte de la víctima, generada por la actuación que en su momento desplegaron los miembros del Ejército Nacional, hubiere obedecido o hubiere sido determinada por razón de su propia y exclusiva culpa, tal como lo ha venido sosteniendo la parte demandada y acogió el tribunal a quo en la sentencia impugnada.
La Sala echa de menos en el proceso los respectivos procesos penales y disciplinarios que debían haberse iniciado contra los miembros de la Policía que participaron en el operativo de rescate en el cual resultó muerta la citada persona, así como resalta la ausencia del informe del operativo de rescate en el cual se hubiesen identificado las circunstancias de la muerte del señor Bautista Otálora, todo lo cual hubiera permitido eventualmente que resultara acreditada, bien fuese la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa de la víctima, alegada por la demandada, u otra conclusión soportada en la forma como concretamente habrían ocurrido los hechos. Al respecto cabe agregar que el Comandante del Grupo Gaula, Regional Huila, certificó que por los hechos del presente litigio se realizó una investigación por parte del Juzgado 35 Penal Militar; no obstante, tales diligencias no fueron allegadas a este proceso, hecho imputable exclusivamente a la parte demandada.
Resalta la Sala que en el presente caso la alegada configuración de la eximente de responsabilidad consistente en “la culpa exclusiva de la víctima”, no encuentra sustento probatorio alguno en el proceso que pruebe que el hoy occiso pertenecía a un grupo guerrillero, o que había planeado junto con los otros individuos ocupantes del vehículo automotor el secuestro de una persona, que estaba armado y que había sido accionada su arma contra los miembros del Ejército Nacional y que esas habrían sido las razones determinantes para que aquellos reaccionaran disparándole.
Agréguese a lo anterior que preocupa a la Sala y, así debe señalarlo, que la entidad demandada tuvo una actitud de total despreocupación en la demostración de tales circunstancias que adujo para exonerarse de responsabilidad, pues no aportó prueba técnica alguna que apuntara a la acreditación de sus alegaciones, ni allegó la investigación penal militar completa encaminada exclusivamente a esclarecer la muerte de Guillermo Bautista Otálora, teniendo la posibilidad y el deber de hacerlo.
Bajo dicha línea de argumentación, concluye la Sala que era a la entidad demandada a quien correspondía demostrar -en este caso concreto-, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, la existencia de una causal de exoneración, como fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva y determinante de la víctima, y ocurre que ninguna prueba tendiente a tal propósito se trajo al proceso, ni se pidió o buscó aportar por parte de la demandada.
Estas mismas circunstancias probatorias del proceso impiden también declarar concurrencia de causas(39) entre la entidad demandada y el señor Bautista Otálora, ya que, —reitera la Sala—, si bien se encuentra demostrado que para el momento de su muerte se encontraba junto con el grupo de personas que secuestraron a una persona, lo cierto es que no se halla establecido en el proceso que su conducta hubiese sido la causa determinante del daño causado, pues nada indican las probanzas recaudadas en punto a dar claridad acerca de la necesidad del uso de las armas en ese específico caso por parte de las autoridades, ni se ha demostrado que el señor Bautista Otálora hubiese utilizado arma alguna en contra de los representantes del orden, ni cosa semejante de manera tal que hubiere sido imperiosa la reacción del grupo UNASE que le causó la muerte.
Al respecto, debe precisarse que, a pesar de que en el acta de inspección de cadáver se relacionaron como objetos encontrados en el lugar donde reposaba el cadáver, una granada de mano y una bolsa con 50 cartuchos de pistola 9 mm, lo cierto es que no obra prueba alguna de que hubiesen sido utilizados o tan siquiera manipulados por el hoy occiso, ni que en realidad le pertenecieran. Por el contrario, se encuentra acreditado en el proceso es que el señor Bautista Otálora resultó ser víctima de un tiroteo, respecto del cual se desconocen las circunstancias en que ocurrió.
Adicionalmente, cabe advertir que según los testimonios practicados en el proceso, el señor Guillermo Bautista Otálora era una persona que se dedicaba a actividades de transporte en el vehículo automotor de su propiedad, de lo cual se infiere —como se advirtió—, que se trataba de una persona honesta y que gozaba del respeto de los habitantes de la región; asimismo, la Sala resalta que en contra de la citada persona no figuran antecedentes penales, como tampoco se aportó documentos de inteligencia previos o posteriores a su fallecimiento que dieran cuenta de la comisión de actividades delictivas, razón por la cual la Sala debe reconocer en su favor el derecho fundamental de la presunción de inocencia que lo ampara (art. 29, C.P.).
Como consecuencia de lo que se deja visto, se impone concluir que en el sub judice concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de los daños derivados de la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora.
Por consiguiente, todas las razones expresadas servirán de apoyo para revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, se estudiará la pretensión indemnizatoria deprecada en la demanda.
2.5.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.
Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada se produjo por la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora, en las circunstancias descritas en el anterior capítulo de esta providencia, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.
Acerca de los daños causados por la muerte de una persona, resulta necesario precisar que con la simple acreditación de la relación de parentesco mediante los respectivos registros civiles de nacimiento, se presume que los parientes cercanos de una víctima fatal han sufrido un perjuicio de orden moral; en efecto, la simple acreditación de tal circunstancia, para eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos hubiere fallecido o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(40) y de las máximas de la experiencia, resulta posible inferir que el peticionario ha sufrido el perjuicio por cuya reparación demanda.
Agréguese a lo anterior que, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando se produce la muerte de una persona; asimismo, la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para cuyo propósito debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la aflicción y de sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.
En el caso que hoy ocupa a la Sala, según lo ya expresado, puede inferirse fácilmente que el daño moral sufrido por los familiares del señor Guillermo Bautista Otálora fue de gran intensidad, en atención a las circunstancias en que se produjo la muerte de la referida persona y que quedaron establecidas en esta sentencia, razón por la cual se impone acceder al reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia —como se solicita en la demanda—, a favor de los padres, hijos, y cónyuge de la víctima directa, y la cantidad de cincuenta (50) smlmv a favor de sus hermanos, sumas que de forma reiterada ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación en los eventos en que el perjuicio moral se presenta en circunstancias similares a las acontecidas en el presente asunto, en los cuales se ha otorgado la indemnización de perjuicios por la muerte de una persona.
Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento y matrimonio de los demandantes, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el señor Guillermo Bautista Otálora y quienes acudieron al proceso en calidad de su padres, hermanos, esposa e hijos (fls. 15 a 29 cdno. 2).
Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de indemnización del daño moral para cada uno de los demandantes, las sumas de dinero señaladas a continuación:
Dionisio Bautista (padre) 100 SMMLV
Carmelina Otálora (madre) 100 SMMLV
Mercedes Duque Bautista (cónyuge) 100 SMMLV
Guillermo Bautista Duque (hijo) 100 SMMLV
Ferney Bautista Duque (hijo) 100 SMMLV
Bernardo Bautista Otálora (hermano) 50 SMMLV
Luz Marina Bautista Otálora (hermana) 50 SMMLV
Carmenza Bautista Otálora (hermana) 50 SMLMV
Leonor Bautista Otálora (hermana) 50 SMMLV
José Eugenio Bautista Otálora (hermano) 50 SMMLV
Álvaro Bautista Otálora (hermano) 50 SMMLV
José Dionisio Bautista Otálora (hermano) 50 SMMLV
Yolanda Bautista Otálora (hermana) 50 SMMLV
Nancy Bautista Otálora (hermana) 50 SMMLV
2.5.2. Perjuicios materiales.
— Daño emergente.
Respecto de tales perjuicios, se solicitó en la demanda que se condenara a la demandada al pago de $ 3’000.000, “derivados de gastos funerarios, honorarios de abogado, y en fin, todos los conceptos que se sobrevinieron con la muerte del señor Guillermo Bautista Otálora”.
Sobre el particular advierte la Sala que, revisado el material probatorio allegado al expediente, se observa que no se aportó elemento probatorio alguno que acredite la causación de tales perjuicios, razón por la cual se denegará el pedimento que con ello se relaciona.
— Lucro cesante.
Se solicitó en la demanda que se condenara a la demandada al pago de $ 150’000.000, que se correspondería con la pérdida de los ingresos económicos que percibía el señor Guillermo Bautista Otálora derivados del ejercicio de su actividad comercial que desplegaba.
Sobre la aspiración resarcitoria en tal sentido planteada, ha de decir la Sala que, revisado el material probatorio allegado al expediente, se observa que si bien los testimonios de los señores Nidia Ruby Bonilla Casanova, Amparo Sánchez Acevedo y Daniel Medina Vargas coinciden en señalar que el señor Guillermo Bautista Otálora, para el momento de su muerte, se dedicaba al transporte de mercancías y personas en un vehículo automotor, tipo campero, de su propiedad, lo cierto es que no se puede tener por acreditado el monto que realmente recibía mensualmente como producto de esa actividad, razón por la cual se acudirá a la presunción de que toda persona en edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal mensual para su propio sustento, el cual, para la época de su óbito —año 1995—, equivalía a $ 118.933,oo.
La indemnización a que tiene derecho comprende dos períodos: uno el vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha de ocurrencia de los hechos —11 de julio de 1995— hasta el momento presente, lapso que arroja un total de 188 meses y, el otro, futuro o anticipado, que corre desde la presente fecha hasta el fin de la vida probable del mayor de los cónyuges, que en este caso es el señor Guillermo Bautista Otálora quien nació el 23 de agosto de 1955.
De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:
Ingresos de la víctima al momento de su fallecimiento: $ 118.933.
Expectativa de vida total de la víctima: 36.77 años (441,24 meses)(41)
Período consolidado: 228 meses
Período futuro: 213,24 meses
Ind. final – junio de 2014 (116,914)
• RA = VH -------------------------------------------------
Ind. Inicial – julio de 1995 (29,991)
RA = $ 463.636, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000), se tomará éste último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000)) y, de dicho guarismo se reducirá un 25%, correspondiente al porcentaje que dedicaba a sus gastos personales, obteniéndose como resultado ($ 577.500), monto que según jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado, debe dividirse entre su esposa (50%) y sus dos hijos (50%), lo cual arroja el monto de $ 288.750.
A favor de la señora Mercedes Duque de Bautista (cónyuge):
Consolidado: Desde la fecha de la muerte de Guillermo Bautista Otálora (julio de 1995) hasta la fecha de esta sentencia (julio de 2014), esto es 228 meses, aplicando la siguiente fórmula:
Ra = $ 288.750
S = VA -------------
(1.004867)228-1
S = VA ---------------------
S = $ 288.750 x 416,112
S = $ 120’152.604
Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima directa, esto es 213,24 meses, aplicando la siguiente fórmula:
(1+0.004867)n-1
S =VA ------------------------
i (1+0.004867)n
(1.004867)213,24- 1
S =VA --------------------------
i (1.004867)213,24
S =VA ----------------
S = $ 288.750 X 13,255
S = $ 3’827.518
Total perjuicios materiales para la cónyuge: Ciento veintitrés millones novecientos ochenta mil ciento veinte dos pesos ($ 123’980.122).
Lucro cesante para Ferney Bautista Duque.
El periodo a indemnizar va desde el día de la ocurrencia de los hechos —11 de julio de 1995— hasta la fecha en que cumplió 25 años —9 de abril de 2010—, esto es, 177 meses.
S = $ 144.375 (1+ 0.004867)177-1
$ = 40.392.695
Total perjuicios materiales para Ferney Bautista Duque: Cuarenta millones trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos ($ 40’392.695).
Lucro cesante para Guillermo Bautista Duque.
El periodo a indemnizar va desde el día de la ocurrencia de los hechos —11 de julio de 1995— hasta la fecha en que cumplió 25 años —23 de septiembre de 2012—, esto es, 125 meses.
S = $ 144.375 (1+ 0.004867)125 - 1
$ = 24’761.591
Total perjuicios materiales para Guillermo Bautista Duque: Veinticuatro millones setecientos sesenta y un mil quinientos noventa y un pesos ($ 24’761.591).
Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.
1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 5 de mayo de 2004.
2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.
3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar las siguientes cantidades y por los siguientes conceptos:
3.1. Por daño moral, las sumas de dinero establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes:
Carmenza Bautista Otálora (hermana) 50 SMMLV
3.2. Por daño material en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Mercedes Duque de Bautista, la cantidad de ciento veintitrés millones novecientos ochenta mil ciento veinte dos pesos ($ 123’980.122).
— A favor de Ferney Bautista Duque, la suma de cuarenta millones trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos ($ 40’392.695).
— A favor de Guillermo Bautista Duque, la cantidad de veinticuatro millones setecientos sesenta y un mil quinientos noventa y un pesos ($ 24’761.591).
4. DENIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.
5. CUMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera».
13 Decreto 597 de 1988.
14 Fl. 29 cdno. 1.
15 Fl. 37 a 39 cdno. 2.
16 Fls. 10 a 13 cdno. 2.
17 Fl. 53 cdno. 2.
18 Fl. 3 cdno. 2.
19 Fls. 80 a 84 cdno. 2.
20 Fls. 86 a 88 cdno. 2.
21 Fls. 86 a 98 cdno. 2.
22 Fls. 41 a 44 cdno. 2.
23 Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 25 de enero de 2001, Exp. 11.413 y del 1° de marzo del 2006, Exp. 13.764, ambas con ponencia del consejero Dr. Alier E. Hernández Henríquez, entre muchas otras.
24 Auto de 20 de mayo de 2003, Exp. Pl-059.
25 Sentencia de 30 de mayo de 2002, Exp. 1251-00.
26 Sentencia del 22 de junio de 2011, Exp. 19980, sentencia del 25 de julio de 2011, Exp. 19434, todas con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
27 En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013, Exp. 27.067.
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.
31 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Exp. 15.700, M.P., Ruth Stella Correa Palacio; posición reiterada entre otras en la sentencia de octubre 12 de 2011, Exp. 22.158 de la misma consejera ponente.
32 Cf. DELLEPIANE, Antonio “Nueva Teoría de la Prueba”, Ed. Temis, Bogotá, 1972, pág. 97 y 98.
33 En términos similares a los descritos en esta sentencia consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de junio de 2008, Exp. 16.398 con ponencia del Consejero, Doctor Mauricio Fajardo Gómez.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 21.521, M.P. Ruth Stella Correa.
35 Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero de 2009, Exp. 17.145 y de 26 de marzo de 2008, Exp. 16.530, entre muchas otras.
36 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez, expediente 15473; sentencia del 4 de diciembre de 2.007, Exp. 16.827.
37 Sentencia de 14 de junio de 2001, Exp. 12.696, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia de abril 27 de 2006, Exp. 27.520, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
38 Respecto de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado, de manera reiterada ha manifestado lo siguiente:
“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.
Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”. En Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009, Exp. 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Exp. 17.405, todas ellas con ponencia del consejero, Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
39 En relación con la denominada “concausa”, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima o de un tercero, habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (art. 2.357 C.C.) puesto que aquel contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima o el tercero contribuyó realmente a la causación de su propio daño. Ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de septiembre de 1999, Exp. 14.859 y del 10 de agosto de 2005, Exp. 14.678, M.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras decisiones.
40 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.
41 De conformidad con los registros civiles de nacimiento allegados, se tiene que el señor Luis Parménides Timaná Daza tenía una expectativa de vida menor que la de su cónyuge.