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Timestamp: 2017-06-27 20:51:31
Document Index: 338580681

Matched Legal Cases: ['artículo 588', 'artículo\n588', 'artículo 602', 'artículo 443', 'artículo 437', 'artículo\n28', 'artículo 472', 'artículo 41']

ANA SANTANDER ORTIZ & ASOCIADOS, ESCRITORIO JURIDICO, ASESORES.: ACCIONES QUE PUEDE TOMAR UN CONYUGE EN CONTRA DEL OTRO PARA EVITAR QUE DILAPIDE U OCULTE LOS BIENES CONYUGALES
ACCIONES QUE PUEDE TOMAR UN CONYUGE EN CONTRA DEL OTRO PARA EVITAR QUE DILAPIDE U OCULTE LOS BIENES CONYUGALES
Como siempre, vamos a partir de un
ejemplo: Acude un cliente a nuestro Despacho Jurídico y nos dice: “Mi
esposo(a) es quien se encarga de administrar, disponer y decir en qué se
invierten nuestros bienes o las rentas/alquileres/frutos, que éstos producen y
a mí no me dice nada, no me consulta, menos aún me rinde cuentas. Yo creo que
va a poner los bienes a nombre de sus padres o de un amigo de él (ella). ¿Puedo
impedirlo?”. Ante estas circunstancias, la mayoría de los Abogados proponen casi
sin dudar, un Divorcio para obtener las Medidas Cautelares Nominadas (Embargo,
Prohibición de Enajenar y Gravar, Secuestro) u otras Cautelares Innominadas
(Paralización de los Fondos de una Cuenta Bancarias, Administrador Ad Hoc de
una empresa, entre muchas otras). Pero y si el cliente nos dice: “…Dr (a), yo NO me quiero divorciar!, solo quiero darle una lección o
proteger los intereses de nuestros hijos, o simplemente impedir que burle mis
intereses patrimoniales en la comunidad conyugal…”. Allí algunos colegas se sentirán
de “manos atadas”, cuando lo cierto es que existe
una vía, poco frecuente, pero existente a nivel legal, que nos permite, en pro
y defensa de los intereses de nuestros clientes, hacer frente a esas maniobras inescrupulosas y de mala fe de
parte del cónyuge administrador. Estudiemos, a título de reflexión el tema así:
DE LOS HECHOS: El alegato principal
consistirá en que hay bienes presuntamente habidos en el matrimonio existente
entre “A” y “B”; así como que en el presunto comportamiento que el cónyuge “B”,
ha realizado actos que comprometen
potencialmente el patrimonio conyugal, los cuales generan en “A”, el temor
fundado, que por medio de argucias, distraiga “B”, los bienes conyugales, que
hacen que “A” se encuentre en esa situación de posible perjuicio y por eso
pretende se declare Medidas Innominadas, por esa administración irregular o
imprudente que mantiene “B”. Alegatos en base, a título ilustrativo, que el
cónyuge ha venido desplegando una serie de conductas que afectan en forma
artera la estabilidad patrimonial de la comunidad conyugal, persuadido quizás
de la inevitable división de bienes, que deberá practicarse una vez declarado
Con Lugar el divorcio que ya está instaurado, a cuyos efecto se permite ilustrar
los desmanes que en la administración de los bienes que conforman la comunidad
conyugal viene ejercitando el cónyuge, que requieren de la inmediata
intervención del poder cautelar del juez civil, para detenerlos. Ante ese
alegato, tocará al Jurisdicente determinar la procedencia de la medida
innominada de aseguramiento del patrimonio conyugal, solicitado. En otras
palabras, el cónyuge solicitante debe
dar a conocer las circunstancias que constituyen el exceso que denuncia o el
riesgo imprudente, además de señalar los efectos patrimoniales que los actos de
su cónyuge puedan acarrear en perjuicio de la comunidad, aportando los elementos
probatorios correspondientes. Existe
la posibilidad que las anormalidades de índole patrimonial que ocurran dentro
del matrimonio, no configuren la procedencia de la acción de nulidad de daños y
perjuicios, porque el cónyuge cuestionado no haya realizado actos de
disposición sobre determinados bienes, en contra del principio de la
bilateralidad, pero es posible que esté incurriendo en la realización de
ciertos actos de administración que lesionen o puedan lesionar la estabilidad
patrimonial del matrimonio, lo que configura la administración irregular, razón
por la cual deberá el Juez de primera instancia efectuar un análisis sobre los
hechos y las pruebas aportadas para determinar la procedencia de las medidas
precautelativas y su necesidad, para evitar que el patrimonio común pueda
sufrir menoscabo por la denunciada imprudencia del cónyuge administrador. Otros
alegatos, pueden ser que el cónyuge denunciado asumió roles y atribuciones dentro
de la empresa común, tomando decisiones unilaterales e inconsultas, sin
autorización, y desplazándole de su participación como Junta Directiva,
administrando la empresa sin rendir cuentas y negándole los anticipos y
ganancias que pudiera generar la empresa. Otro alegato, que, sin causa justificada
excedió los límites de la administración, arriesgando con imprudencia las
cuentas bancarias ya que se ha dedicado a manejar los ingresos a su antojo
vendiendo y regalando sin medida en emisión de cheques, viajes, consumo de
tarjetas de crédito, etc., mientras que el cónyuge afectado no percibe absolutamente
nada aunado a que tuvo que, producto de una denuncia sin fundamento que, salir
y abandonar el hogar y ahora carece de medios de subsistencia. DEL DERECHO: El fundamento lo conseguimos en la Administración de la Comunidad
Conyugal, Capítulo XI, Título IV, Libro primero del CC. En tal caso, el Juez podrá, a solicitud del otro cónyuge, dictar las
providencias que estime conducentes a evitar aquel peligro, previo conocimiento
de causa. Ahora bien, caben 2 preguntas de inmediato: 1) ¿Debo probar la
fama de buen derecho y el peligro en la mora, como si estamos hablando de
solicitar Medidas Cautelares Nominadas? Y 2) ¿Esta protección es autónoma o
incidental? Valga decir, en un lenguaje más sencillo para nuestros Usuarios,
¿Esta solicitud debo hacerla a través de Demanda principal o la pido dentro de
un proceso ya en curso?. Hay una disyuntiva en tal sentido. Unos señalan que se requiere, en todo caso,
del previo conocimiento de causa, el juez en jurisdicción civil, podrá a
solicitud de uno de los cónyuges dictar las providencias que estime conducentes
a fin de evitar el exceso de una administración regular o los riesgos por
imprudencia en el manejo de los bienes comunes de la comunidad conyugal de
gananciales. En tal sentido, conforme a la regla general en materia de medidas
cautelares, la norma adjetiva establece que debe existir la pendencia de un
juicio, puesto que las providencias
cautelares se dictan con ocasión de un juicio, como requisito previo de
procedencia. Ciertamente,
puede cualquiera de los cónyuges que considere que el cónyuge que administra el
patrimonio de la comunidad, se excede de los límites de su administración o
arriesgue con imprudencia los bienes comunes, solicitar, mediante el
procedimiento especialísimo contemplado en el Código Civil, las medidas que
considere conducentes para evitar tal peligro, habiéndose formado conocimiento
de causa por parte del juez. Las citadas medidas son una de las cautelas
denominadas por la doctrina y la jurisprudencia como “Innominada”, la cual deja a total arbitrio del juez la
determinación de los caracteres de la misma, adaptándola a las necesidades de
protección de la parte solicitante, debiendo investigar los hechos y en
consecuencia, una vez empapado de la
realidad de los hechos modificar, cambiar, revocar o dictar nuevas cautelas
destinadas a proteger los bienes de la comunidad de una administración que
exceda de la regular o de la imprudencia en el manejo de estos. Esta potestad
de solicitar medidas o providencias conducentes a evitar el exceso en la
administración regular o la imprudencia al manejar los bienes comunes por parte
del cónyuge administrador, se fundamenta en la existencia tanto del matrimonio válidamente
celebrado, como de la existencia de la comunidad conyugal. Habrá que tener en
cuenta la existencia y administración de los bienes de la comunidad que
provienen de la profesión o industria de alguno de los cónyuges, conforme a los
artículos 156, 164 y 168 del CC. En estos casos, podrá el Juez autorizar a uno
de los cónyuges para que realice por si solo, sobre bienes de la comunidad,
alguno de los actos para cuya validez se requiere el consentimiento del otro,
cuando éste se encuentre imposibilitado para manifestar su voluntad y los
intereses del matrimonio y de la familia así lo impongan. Igualmente el Juez
podrá acordar que el acto lo realice uno de los cónyuges cuando la negativa del
otro fuere injustificada y los mismos intereses matrimoniales y familiares así
lo exijan. En estos casos el Juez decidirá con conocimiento de causa y previa
audiencia del otro cónyuge, si éste no estuviere imposibilitado, tomando en
consideración la inversión que haya de darse a los fondos provenientes de
dichos actos. DE LO ANTERIOR SE EVIDENCIA QUE: Las Medidas Preventivas del
artículo 588 del CPC, no son las únicas, ni exclusivas, que existen en el
derecho venezolano, puesto que existen también otro tipo de medidas,
contempladas en los procesos de separación de cuerpos y de divorcio; lo que
lleva a concluir que dichas providencias son del tipo de las que facultan al
juez para dictarlas apartándose de
la fórmula de las medidas típicas establecidas en nuestro derecho para las del
588 de la Ley adjetiva Civil, pero
siempre con fórmula de la pendencia de juicio, en los procesos ordinarios, determinándose
que dichas providencias derivan del
juicio de conocimiento sobre excesos en la administración de los bienes de la
comunidad conyugal de gananciales. En consecuencia de las consideraciones
explanadas se concluye, debe existir el
previo conocimiento de causa, es decir, el juicio de excesos o imprudencia en
la administración de los bienes de la comunidad conyugal de gananciales,
requisito sine qua non de procedencia de las medidas solicitadas, tal como en
las demás medidas preventivas típicas o innominadas. Queremos destacar que
lo antes señalado es solo uno, de los 2
polos opuestos, en relación al tema que tratamos. Pues hay otro criterio de la
doctrina y jurisprudencia que, nos remite a una solución efectiva, sin
necesidad de un juicio previo sólo, siendo necesario que se demuestre
y se le cree la convicción al juez suficiente para evitar la administración irregular;
y si dichas medidas no son suficientes, el cónyuge afectado podrá solicitar la
separación de bienes. Es así como tenemos la posición del Magistrado Dr. Jesús
Eduardo Cabrera (…Expediente 0086) “…para
decretarla, la ley no pide requisito específico alguno como los del artículo
588 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el sentenciador tome la
decisión con conocimiento de causa (lo cual no es un instituto exclusivo de los
procesos no contenciosos); es decir, que sin
necesidad de plena prueba y con la sola presencia de la parte que pide, si ésta
justifica la necesidad de la medida, el juez la ordena, pudiendo incluso para
tomarla mandar a ampliar la justificación. Lo importante en estos casos es
que al Juez se le faculta para investigar la verdad y que no dicte resolución
alguna sino después de hallarse en perfecto conocimiento de causa. Tal criterio
ha sido sostenido y reiterado por nuestro máximo Tribunal, así se ratificó
por la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 08 de fecha 16 de enero de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. Omar
Mora Díaz, indicándose que “…Lo importante en estos casos es que al juez se le
faculta para investigar la verdad y que no dicte resolución alguna sino después
de hallarse en perfecto conocimiento de causa…”. La Sala de Casación Civil del TSJ, en sentencia No. 203, del 09 de julio
de 2010, respecto al tema, asentó: “… es absolutamente legítimo solicitar al órgano judicial la protección
del patrimonio conyugal a través de una medida cautelar.” Conforme a lo
anterior, puede colegirse que…constituye
una acción autónoma, es decir, no es parte incidental de otro juicio; y
además, tiene como finalidad el decreto de una medida cautelar…Bajo este análisis, cuando uno de los
cónyuges considere que el otro cónyuge (administrador de la comunidad) excede
los límites de una administración regular o arriesgue con imprudencia los
bienes comunes que está administrando, el primero podrá acudir al órgano
jurisdiccional –con prescindencia de la
existencia de un proceso principal- a los fines de solicitar al Juez el
decreto de las medidas pertinentes, con el objeto de evitar posibles daños
sobre los bienes comunes; todo previo conocimiento de causa, es decir,
analizando los alegatos y pruebas presentadas por el cónyuge solicitante. Además,
al perseguir esta acción el decreto de una medida cautelar, el trámite se hará inaudita altera pars,
siendo que, en el caso de decretarse alguna medida –tendente a limitar el poder
de administración-, el cónyuge administrador de la comunidad, una vez
notificado de la misma, podrá ejercer todos los recursos destinados a enervar
los efectos ésta…la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (en decisión No. 1682, del 15/07/2005, con
carácter vinculante para todos los tribunales de la República), el Código Civil contempla el ejercicio de una acción, acción ésta que –a consideración de esta juzgadora- tiene carácter
autónomo, es decir, no depende de la pendencia de un juicio principal. Por
su parte el Dr. Francisco López Herrera,
en su obra Derecho de Familia, sostiene: “…no existe un procedimiento específico, sin embargo la autoridad
judicial debe actuar al respecto con bastante prudencia… de manera que
consideramos que el modus operandi debe ser el siguiente: i) una vez estudiada
la petición respectiva y examinadas las pruebas acompañadas, el juez, si lo
estima necesario, ordena ampliar éstas y a continuación acuerda o niega las
medidas en referencia y si la decreta, procede a su ejecución; ii) en tal caso,
debe considerarse que esa decisión es de carácter provisional , puesto que ha sido dictada sin audiencia de la
contraparte… iii) seguidamente, por la aplicación analógica de la previsión
contenida en el artículo 602 C.P.C., se notifica de lo actuado al cónyuge
contra quien obra la medida en cuestión, a fin de que dentro del tercer día
siguiente exponga las razones que tuviere que alegar al respecto; iv) haya o no
habido oposición se abrirá una articulación de 8 días, para que ambos esposos
promuevan y hagan evacuar cualesquiera pruebas que convenga a sus derechos; v)
dentro de los dos días siguientes al vencimiento de dicho lapso de pruebas, el
juez debe ratificar o revocar las medidas preventivas que hubiere decretado; y
vi) de esta última decisión se oirá apelación en un solo efecto si las medidas
en cuestión fueron ratificadas…” Como podemos apreciar, se trata de una medida
judicial autónoma, instaurada por el cónyuge que pretende el resguardo de los
bienes de la comunidad conyugal, a efectos de que el juez conocedor tome las
medidas necesarias y conducentes producto de la pésima gestión del esposo
administrador de éstos, lo cual no amerita un procedimiento previo. Sin
embargo, la aplicación de tal institución en el Código Civil, amerita la
verificación de ciertos requisitos para su procedencia, a saber: • Que se active el aparato
jurisdiccional con el ánimo de resguardar bienes que forman parte de la
comunidad conyugal. • Que las
medidas requeridas por el cónyuge solicitante, se dirijan a resguardar los
bienes de la comunidad conyugal administrados por el cónyuge solicitado. • Que haya excesos en la
administración de los bienes comunes, de modo que puedan comprometerlos...es necesario la existencia de excesos en
la administración o que se arriesgue con imprudencia los bienes comunes…MEDIDAS PARA
PROTEGER LOS BIENES CONYUGALES: Estando bajo la noción de
Medidas Innominadas, no hay más límites que la propia iniciativa del Juez de la
causa, conjugada con su convicción que se está ante una irregular
administración de bienes conyugales. En tal sentido podremos solicitar, entre
otras: -La designación de un Administrador Judicial Ad Hoc, si se trata
de una sociedad mercantil, que sin violentar ni reformar el estatuto
constitutivo societario represente sus derecho e intereses en la vigilancia
diaria de la compañía y pueda evaluar si la situación amerita o no la
interposición de la acción de separación de bienes que refiere la norma. Sin que
se confunda la figura del “Administrador” o “Veedor” con el término
Administrador utilizado en el Código de Comercio, -Se dicte
prohibición de vender e hipotecar bienes, -Se decrete el secuestro judicial
sobre vehículos, -Congelamiento de los dineros habidos en las cuentas bancarias,
-Se requiera información al Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de Norte América, si el ciudadano (a) “B”, tiene cuentas bancarias en ese país, y de la misma forma si
desarrolla alguna actividad comercial y por tanto es contribuyente del Fisco
Nacional;- Se ordene notificar al Registro Público del Municipio X del Estado X,
para que se abstenga de autenticar o protocolizar cualquier documento de
administración o enajenación bajo cualquier título o afectación de uso o
usufructo, de los Bienes Inmuebles X, - Se ordene Inventario de equipos, maquinarias,
enseres, moblaje y semovientes y demás bienes muebles que se encuentren en los
Bienes Muebles o Inmuebles X, designando perito a los fines de verificación de
dicho inventario, - Hacer inventario de todos los bienes que conforman el
Patrimonio Conyugal del Matrimonio “A” y “B” , - Decretar una medida innominada que
permita a un cónyuge ubicar los bienes de la comunidad conyugal cuyo paradero
desconoce, por no ser él el administrador, luce una cautela justa en beneficio
de los copropietarios. En consecuencia, una medida tendente a que se ubiquen
los bienes de la comunidad conyugal en el estado en que se encuentren, es
posible, y si se trata de acciones o cuotas de participación, la investigación podría
realizarse en las compañías donde los cónyuges son los accionistas. Lo anterior
en base a que no obsta para que la compañía colaborara como tercero en
tal ubicación, ya que la colaboración de los terceros con el proceso no es
extraña en el CPC, desde el momento que ellos puedan informar (artículo 443) y
pueden ser requeridos a exhibir (artículo 437);
además, las personas naturales que sean terceros tienen el deber de
testimoniar, por lo que el proceso exige a terceros actividades y ellos deben
cumplirlas. También puede servir de base el texto constitucional en su artículo
28 que crea el derecho de acceso a la información o habeas data, así como acceder a
documentos de cualquier naturaleza que contengan información, “cuyo
conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, derecho de
acceso que se ejerce contra partes o terceros, ya que la norma no hace
distingos (Sentencia n ° 94 del 15 de marzo de 2000, que “se puede involucrar a un tercero
relacionado jurídicamente con las partes, como forma de cautela para
detener la dilapidación o el fraude”), - Solicitar, Inspección Judicial en las
sedes de la empresa “Y”, conforme a lo establecido en el artículo 472 del CPC,
en concordancia con el artículo 41 del CC. PETITORIO: Demandar formalmente al B, por
Administración Irregular De Bienes Comunes, de conformidad con el CC para que convenga en el manejo irregular de los fondos que manejó en los
ejercicios económicos de los años X al X en la empresa “Y”, perteneciente a la
comunidad conyugal, lo cual asciende a un monto de XBs, o en su defecto sea
condenado a ello por este tribunal. Solicito, de conformidad con lo establecido
en el CC, la separación de los bienes de la cónyuge “B”, en lo que
respecta a las acciones de la sociedad mercantil “Y”, en la cual se es
accionista. Al mismo tiempo solicitar, por vía de informe se le pida a los
Registradores Mercantiles, copia certificada de los expedientes de la sociedad
mercantil “Y”. CONCLUSION:
Entendemos que la acción en cuestión no está clara a nivel jurisprudencial, pero en el entendido que el
derecho no es matemático y por el contrario, crece y enriquece, conforme nuestro actuar
como litigantes, consideramos, oportuno demandar en base a que los hechos y
circunstancias anotadas permiten afirmar categóricamente que el ciudadano “B”, ha
incurrido con su conducta en irregularidades administrativas sin causa que lo
justifique y como consecuencia inmediata de tal incumplimiento, en este caso concreto,
nace para el cónyuge afectado, el
derecho de demandar por administración irregular de los bienes comunes, más aún en el caso que la disolución del vínculo no se haya realizado y curse por ante el Juzgado
“Z”, solicitando que: -El ciudadano “B”
convenga en que ha manejado con el carácter de administrador los Bienes Inmuebles
y Muebles…, durante los ejercicios fiscales X al X, e informe sobre la
administración de los bienes comunes, exhibiendo los respectivos libros de
contabilidad; - Convenga en reponerle el
cincuenta por ciento (50%) de los fondos que manejo en esos periodos. Lo anterior, entre
otras consideraciones y a modo de ejemplo. Recordemos que el poder cautelar es a veces la garantía de un buen arreglo. Dra. Ana Santander.
bienes conyugales,
dilapida,
venta a los padres,
venta a tercero