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Timestamp: 2018-09-24 06:13:37
Document Index: 199411001

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 217', 'artículo 180', 'artículo 204', 'artículo 204', 'artículo 31', 'Artículo 179', 'artículo 144', 'Artículo 2', 'Artículo 138']

SENTENCIA SP10691-2014 DE 13 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:SEGUNDA INSTANCIA –INTERVINIENTES. LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A SENTENCIAS JUDICIALES, TAL COMO LO ESTABLECIÓ EL LEGISLADOR EN LA LEY 906 DE 2004, SOLO OPERA POR VÍA DEL RECURSO DE APELACIÓN, PORQUE NO SE PREVIÓ EL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA, NI SIQUIERA PARA GARANTIZAR DERECHOS O GARANTÍAS FUNDAMENTALES. EL DERECHO DE ACCESO A LA SEGUNDA INSTANCIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO SE EXTIENDE A TODAS LAS PARTES O INTERVINIENTES QUE DE ALGUNA FORMA RESULTEN AFECTADOS CON LA DETERMINACIÓN, PERO SE ENCUENTRA CONDICIONADO A QUE EL RECURSO SE INTERPONGA EN EL MOMENTO PROCESAL PERTINENTE CORRESPONDIENTE A LA AUDIENCIA DE LECTURA DE FALLO Y SEA SUSTENTADO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL: ORALMENTE EN ESA DILIGENCIA O POR ESCRITO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SEGUNDA INSTANCIA, INTERVINIENTES EN EL DERECHO PENAL, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2004, INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA, SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
PONENTE:FERREIRA VARGAS, JORGE EDUARDOPATIÑO CABRERA, EYDER
Sentencia SP10691-2014/41264 de agosto 13 de 2014
SP10691-2014
Rad.: 41264
1. La nulidad por inadecuada sustentación del recurso de apelación (demanda a favor de Caez Chirolla).
Como bien lo vislumbró la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, es imperioso abordar primero el estudio del libelo en el que se propone un cargo por nulidad, toda vez que, de prosperar, se afectaría la validez de la sentencia de segundo grado y, por ende, no habría lugar a examinar los demás, en donde se ataca el fallo por violación indirecta de la ley sustancial.
1.1. Según el apoderado de Caez Chirolla, el Tribunal Superior de Bogotá carecía de competencia para conocer en segunda instancia el asunto porque el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el proveído de primer grado no cumple con las exigencias necesarias para darle curso, habida cuenta que es disperso, ininteligible y asistemático.
Señaló que el juez plural, a pesar de reconocer tal falencia, decidió asumir competencia oficiosamente, bajo dos supuestos no previstos en la ley para tales efectos: i) estar acreditado que los acusados cometieron los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y captura ilegal, y ii) para respetar los derechos de las víctimas.
1.2. Razón le asiste al defensor al sostener que la doble instancia frente a las sentencias judiciales, tal como lo estableció el legislador de 2004, solo opera por vía del recurso de apelación, en cuanto no se previó el grado jurisdiccional de consulta, ni siquiera para garantizar derechos o garantías fundamentales, empero, no ocurre lo mismo en punto de la nulidad pretendida. Obsérvese:
1.2.1. El derecho de acceso a la segunda instancia, en el sistema procesal penal acusatorio, se extiende a todas las partes o intervinientes que de alguna forma resulten afectados con la determinación, pero, se encuentra condicionado a que el recurso se interponga en el momento procesal pertinente: la audiencia de lectura de fallo, y se sustente dentro del término legal: oralmente en esa diligencia o por escrito dentro de los cinco días siguientes(9).
Ahora bien, la sustentación no se restringe a la simple manifestación de desacuerdo con la decisión. Es imperioso que el discurso correspondiente contenga un mínimo de argumentación en virtud de la cual se pongan en evidencia las razones del disenso, esto es, se exhiban los motivos por los que, a juicio del impugnante, el fallador se equivocó y, a través de premisas fácticas y jurídicas, se enseñe una solución distinta a la contenida en la sentencia. Así lo ha afirmado la Sala de tiempo atrás:
El proceso penal, en esencia, es un escenario de controversia. A través de él el Estado ejercita su derecho de investigar, juzgar y penar las conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico. Esa actividad, sin embargo, en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria. La ley establece las reglas de su adelantamiento y a ellas debe sujetarse la actividad del Fiscal, del Juez y de las partes. Es la manera de ordenar el debate procesal, el cual, adicionalmente, debe encontrarse permanentemente ceñido a los principios impuestos por la Constitución Nacional, como condición de validez de los actos del proceso. El derecho del sindicado a la defensa durante toda la actuación judicial y como expresiones de éste los de contradicción e impugnación, hacen parte de esas garantías, que de no cumplirse tornan el proceso en inconstitucional, debiendo acudirse al mecanismo jurídico de la nulidad como forma de saneamiento de la conculcación.
La Constitución Política, aunque le permitió excepcionar al legislador, consagró en el artículo 31 el principio de la doble instancia frente a las sentencias judiciales, bien por vía de apelación o de consulta. El artículo 29, por su parte, estableció como derecho fundamental procesal del sindicado el de impugnar la sentencia condenatoria, el cual naturalmente opera, salvo las excepciones legales (procesos de única instancia), frente a los fallos que por disposición de la ley deban consultarse. La posibilidad de acceso a la segunda instancia, sin embargo, está condicionada por la ley. El recurso, en primer lugar, debe ser interpuesto oportunamente y, en segundo, ser sustentado por escrito ante la primera instancia o en forma oral ante el superior jerárquico.
La fundamentación de la apelación, por el aspecto indicado, es ya un acto trascendental. No le basta al recurrente afirmar una inconformidad general frente a la providencia que recurre, sino que le es imperativo concretar aquello de lo que disiente presentando los argumentos de hecho y de derecho que lo conducen a cuestionar la determinación impugnada. Sustentar indebidamente, en consecuencia, es como no hacerlo, y la consecuencia de la omisión es que el recurso se declara desierto.
Es claro, entonces, de acuerdo a lo anterior, que la sustentación de la apelación es una carga del impugnante, que se constituye en un acto condición para acceder a la segunda instancia. Pero cumplido el requisito, dicha fundamentación —en tanto identifica la pretensión del recurrente— adquiere la característica de convertirse en límite de la competencia del superior, en consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos impugnados, de acuerdo a como lo dispone el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal. La sustentación, en otras palabras, fija el radio de acción del funcionario de segunda instancia y es limitativa de su actividad.
Si los fundamentos de la impugnación establecen el objeto de pronunciamiento del funcionario de segundo grado y ellos están referidos a discutir los términos y conclusiones de la decisión de primera instancia, es clara la relación de necesidad existente entre la providencia impugnada, la sustentación de la apelación y la decisión del juez de segunda instancia. Providencia impugnada y recurso, entonces, forman una tensión, que es la que debe resolver el superior. Se trata de una de las manifestaciones más decantadas del principio de contradicción o controversia que rige el proceso penal y que explica el deber legal que tiene el Juez de integrar a la estructura del fallo el resumen de los alegatos presentados por las partes y el de analizarlos, de acuerdo a como se encuentra previsto en los numerales 3º y 4º del artículo 180 del Código de Procedimiento Penal. (Cfr. CSJ SP, 25 mar. 1999, rad. 11279).
Igualmente, ha expuesto que el marco del examen y del pronunciamiento del funcionario de segunda instancia lo fija el contenido de la alzada(10). De manera que será sólo en relación con los argumentos de descontento allí planteados y con los que soportan la pretensión del recurrente que el fallador ha de resolver, y en torno a ellos versará su decisión.
Bajo esa línea, el planteamiento expuesto por el impugnante constituye el límite de la competencia del superior, en tanto solo podrá entrar a revisar los aspectos exhibidos en el recurso y los que se encuentren íntimamente vinculados a ellos, salvo, obviamente, que se advierta alguna causal de nulidad, caso en el cual, aun de no haberse alegado, está en la obligación de declarar para garantizar el debido proceso.
Esa restricción encuentra justificación en la garantía de los derechos de contradicción, defensa y doble instancia, pues resolver sobre asuntos no propuestos afectaría “las garantías fundamentales de contradicción, defensa y doble instancia, integradoras todas ellas del debido proceso”(11).
Si bien dicha cortapisa, prevista en el artículo 204 de la Ley 600 de 2000, no fue expresamente contemplada en la Ley 906 de 2004, es claro que también rige para los asuntos tramitados a su amparo(12), en donde por tratarse de un proceso de partes serán las argumentaciones exteriorizadas en la audiencia de sustentación o en el escrito respectivo, según sea el caso, las que delimiten el marco de acción argumentativa del tribunal.
Así lo ha reconocido la Sala:
… si bien la Ley 906 de 2004 no establece de manera expresa límite respecto a la competencia del superior para desatar el recurso de apelación, como sí lo hacía la Ley 600 de 2000 en el artículo 204, de todos modos, en virtud de lo consagrado por el artículo 31 de la Constitución Política, que consigna los principios de doble instancia y la prohibición de la reforma en peor, la decisión de segunda instancia sólo podrá extenderse a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación y que éstos no constituyan un desmejoramiento de la parte que apeló.
Lo anterior tiene razón jurídica procesal, en tanto que el nuevo sistema contempla que el impulso del juicio está supeditado a las tesis y a las argumentaciones que los intervinientes aduzcan frente a sus pretensiones, las cuales tienen vocación o no de éxito dependiendo del resultado de la actividad probatoria. Dentro del tal premisa, se impone entonces colegir que el sentenciador de segundo grado, frente a la inconformidad del impugnante, debe circunscribir su competencia a los asuntos que el recurrente ponga a su consideración, sin que le sea permitido inmiscuirse en otros temas que no son objeto de discusión o que han sido materia de conformidad, salvo que advierta violación de derechos y garantías fundamentales. (Cfr. CSJ SP, 11 abr. 2007, radicado 26128).
De lo anterior se colige que la decisión del superior debe circunscribirse a resolver los planteamientos que, para soportar su pretensión, exponga el censor y que sólo podrá abordar otros asuntos siempre y cuando se encuentren íntimamente ligados a aquellos. Así mismo, que tal limitación no le impide, ante flagrantes violaciones de derechos o garantías fundamentales, declarar las nulidades que oficiosamente advierta.
Adicionalmente, bajo esa misma línea y en tanto no se desconozcan los derechos de contradicción y defensa, resulta admisible que el ad quem se ocupe sobre temas no esbozados por el impugnante, siempre que con ello favorezca los intereses de la parte que representa y, en consecuencia, mejore su situación en el proceso, cuidándose en lo lesionar injustificadamente los derechos de los demás intervinientes. Esa facultad surge del deber constitucional(13) y legal(14) de garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes participan en el proceso (CSJ SP, 28 sep. 2011, rad. 34871).
Ahora, que la inconformidad se oriente solo respecto de la apreciación de una prueba específica, no restringe al ad quem para examinar las demás, pues el estudio no puede ser insular. Por manera que, para arribar a una conclusión, le corresponde hacer la valoración conjunta de todos los elementos probatorios.
Así, esta corporación sostuvo (CSJ SP, 11 abr. 2007, radicado 26128):
Ahora bien, el hecho de que al sentenciador de segunda instancia se le plantee en la impugnación una inconformidad relacionada con la valoración de una prueba específica, ello no significa que el ad quem no pueda, en aras de su labor constitucional y legal, evaluar el conjunto probatorio para lograr, dentro del marco de la legalidad, adoptar sus conclusiones.
En otros términos, en tratándose de inconformidades que radiquen sobre el grado de persuasión otorgado a un elemento de juicio, tal aspecto no puede ser analizado de manera insular frente a las demás conclusiones probatorias, habida cuenta que las pruebas deben ser valoradas con estrictez a las reglas de la sana crítica, es decir, que las probanzas deben ser apreciadas de manera individual y mancomunada con el fin de declarar como probados o no los hechos que se discuten al interior del proceso.
De ahí que en lo atinente al punto de discusión probatoria, tal situación debe ser examinada por la instancia de manera particular respecto de la ocurrencia del defecto invocado y socialmente en torno con los demás elementos de juicio, a efecto de verificar si el yerro de apreciación probatoria resultó trascendente frente a la masa probatoria.
Dicho de otra manera, el yerro de apreciación probatoria demandado se debe cotejar con las demás probanzas que se consideran como bien apreciadas con el objeto de establecer su trascendencia, puesto que puede ocurrir que el error de derecho o de hecho denunciado sobre el medio de prueba existe; no obstante, tal circunstancia no lleva fatalmente a concluir que le asista razón al impugnante, toda vez que si el mismo no logra modificar las circunstancias fácticas declaradas como probadas en la sentencia, las decisiones adoptadas en el fallo recurrido permanecen incólumes.
Por consiguiente, la adecuada sustentación de la alzada es una carga que se impone a quien recurre para poder acceder a la segunda instancia y lo allí planteado, junto con sus pretensiones, constituye el límite de competencia del superior (CSJ SP, 8 jul. 2004, rad. 15001).
1.2.2. Atendiendo el marco conceptual descrito, la Corte advierte que el cargo propuesto no tiene vocación de prosperidad porque una mirada detenida a la sentencia permite evidenciar que, como con acierto lo catalogó el juez plural, el escrito de apelación sí contenía un mínimo de razones de disenso frente a la absolución decretada en primera instancia.
Es que si la Sala únicamente se atuviera a la forma en la que el abogado presenta el asunto, concluiría que le asiste razón porque el Tribunal no puede fundar su competencia para conocer, en la sola percepción, partiendo de su propia visión, de que los acusados sí cometieron los delitos, y que, por tanto, se hace necesario proteger a las víctimas, sin que si quiera éstas se hubiesen manifestado. Sin embargo, una pulcra lectura de lo que al respecto se consignó en la sentencia, junto con el escrito contentivo del recurso vertical propuesto por el delegado de la Fiscalía, permite arribar a un desenlace distinto.
En efecto, la colegiatura reconoció que, no obstante, en estricto rigor, el memorial referido no era “adecuado”(15), toda vez que el impugnante se dedicó a exponer lo dicho por cada uno de los testigos sin explicar o controvertir con precisión las razones de tipo fáctico, probatorio o jurídico que permitieran observar el error del a quo, lo cierto es que tampoco había lugar a declararlo desierto, tal como lo pidió la defensa.
Ello porque, en criterio del juez plural, los reparos manifestados por la Fiscalía, relativos a que, con los actos irregulares desplegados en el operativo del 5 de diciembre de 2007, está acreditado el error en el que los acusados hicieron incurrir a los jueces, así como que faltaron a la verdad en el informe que sobre el mismo rindieron y abusaron de sus funciones al hacer capturas ilegales, son “razones suficientes para que el Tribunal se pronuncie sobre el tema sobre el cual mostró desacuerdo…”(16).
Por consiguiente, si de la exposición hecha por el memorialista, así tuviese falencias, el ad quem podía extraer los motivos de inconformidad, las razones del disenso y su pretensión, era absolutamente viable y, por demás, apropiado, darle curso a la alzada, con independencia de si tenía o no vocación de éxito. Fue así como, a juicio de esa corporación, a pesar de que el recurso adolecía de algunas fallas, ellas no impedían comprender la crítica elevada por el impugnante frente a las consideraciones esgrimidas por el a quo.
A ese colofón llegó la autoridad que, per se, es la llamada a calificar la oportuna presentación e idoneidad en la sustentación —el juez superior— y la Corte, luego de realizar una lectura del aludido escrito(17), lo comparte plenamente. En él se logra evidenciar que el representante de la Fiscalía hace explícito su reproche en punto de la apreciación probatoria hecha por el juez, toda vez que, en su sentir, los acusados no pudieron ser engañados, actuaron en forma excesiva y la captura se realizó en un lugar distinto al consignado en el informe.
En ese orden, el cargo de nulidad no prospera.
2. Violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho. Los falsos juicios de identidad.
Entra la Corte, entonces, a analizar las demandas presentadas en favor de Sierra Sierra y Coronado Ricardo y la suscrita por el agente especial del Ministerio Público, las cuales serán estudiadas en conjunto dado que en ambas se formulan cargos que resultan coincidentes —falsos juicios de identidad—.
2.1. Antes de abordar el fondo del asunto, resulta significativo recordar brevemente las consideraciones expuestas en los fallos de instancia.
El a quo dictó uno de carácter absolutorio, tras determinar que la Fiscalía no probó el actuar doloso de los procesados, el abuso en el ejercicio de sus funciones, que se haya estado ante un falso positivo y que los encartados sirvieran a intereses oscuros propios o de terceros.
Para el juez fue claro que ellos llevaron a cabo un operativo el 5 de diciembre de 2007, que no resultó clandestino ni amañado, sino motivado por una denuncia que a la postre resultó ser falsa; además, actuaron bajo la creencia de estar ante la comisión de una conducta punible (extorsión), y, en su criterio, no hubo discusión respecto de lo ocurrido, salvo el hecho de si la captura se hizo afuera o adentro del inmueble donde funciona JVL, frente a lo cual determinó que, con las pruebas practicadas, se verificó que fue en su interior.
El ad quem, por su parte, tampoco tuvo reparo en relación con la legalidad de ese operativo ni con la aparente veracidad que para ese momento revestía la denuncia formulada por Vera Polanco, pues reconoció que Caez Chirolla, Sierra Sierra y Coronado Ricardo actuaron porque “creían estar realizando una actividad contra la delincuencia”(18) y su proceder fue correcto, en tanto, dadas las circunstancias, no requerían orden de fiscal escrita, máxime cuando “posteriormente presentaron un informe ejecutivo al fiscal de turno dando cuenta de la diligencia adelantada”(19).
Sin embargo, consideró que debían responder penalmente por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público porque consignaron datos mentirosos en el aludido informe, toda vez que la captura de Danilo Emilio Garzón Buitrago no se hizo en el lugar allí indicado —en la oficina del denunciante, Diego Fernando Vera Polanco—, sino en otro —en el exterior de la misma— y, por lo tanto, tampoco se halló, en su poder o cerca de él, el paquete contentivo del dinero que se entregaría por la inventada extorsión.
Señaló el Tribunal que tal determinación se soporta en lo afirmado por Danilo Emilio Garzón Buitrago, quien refirió que, si bien traspasó la reja de entrada a la empresa JVL, no ingresó a la oficina de Vera Polanco, pues solo llegó hasta el jardín que era utilizado como garaje, y que ello lo corroboraron José Alfonso Silva Granados, Yomaira Stella García Barco, Germán Velásquez Arango y Armando Yara Gómez.
2.2. Lo anterior hace palmario que para los jueces de instancia no hubo controversia en punto de la legalidad del operativo llevado a cabo por los acusados el día 5 de diciembre de 2007, en tanto actuaron bajo la convicción errada de que Vera Polanco estaba siendo extorsionado por Danilo Emilio. Tampoco la hay para la Corte, después de verificar el juicio y el video válidamente allí introducido, que condensan momentos previos y posteriores a ese proceder.
La contraposición en las decisiones de primero y segundo grado versa en que, mientras para el Juez singular lo dicho por Danilo Emilio no merece credibilidad, para el colegiado sí, en tanto —en su parecer— fue ratificado por Silva Granados, García Barco, Velásquez Arango y Yara Gómez, y, de allí, concluyó que en el informe se estipuló una falsedad, con la cual se hizo incurrir en error a los funcionarios judiciales.
2.3. La inconformidad de los actores en casación se contrae justamente en que, al apreciar los mencionados testimonios, el juez plural violó indirectamente la ley sustancial, al incurrir en errores de hecho, consistentes en falsos juicios de identidad y existencia.
Los cargos propuestos —uno por cada demanda— prosperarán por las razones que a continuación se exponen:
2.3.1. Que Danilo Emilio Garzón Buitrago haya hecho la afirmación señalada en el fallo que se discute, es decir, que no entró a las oficinas de JVL y que su captura fue en la parte externa, no hay duda alguna —así lo constató la Sala al revisar su declaración rendida en juicio en la sesión del 28 de marzo de 2011—. Sin embargo, en total contravía con lo consignado en el proveído que se objeta, tales datos no fueron confirmados por los señores Silva Granados, García Barco, Velásquez Arango y Yara Gómez.
2.3.2. José Alfonso silva Granados(20) (funcionario del CTI – conductor) jamás dijo que la captura de Danilo Emilio hubiese sido fuera de la oficina de Vera Polanco. Es más, nunca detalló las circunstancias particulares de esa aprehensión.
El juez plural, para respaldar su afirmación, citó así lo que sobre ese aspecto relató el testigo:
… nos bajamos ligero, la fotógrafa empieza a grabar hay dos señores recargados al lado derecho contra la paredes al pie de la moto yo me bajo ligero y le digo a los policías que requisen a ellos que ellos eran los del operativo (…) ya después de que estaban los policías y esto yo veo un señor canoso que estaba recargado sobre la reja de la entrada principal donde supuestamente era el operativo (…) el señor que estaba con unos papeles en la mano que era ya después preguntaron que quien era don Danilo y entones el señor dijo yo qué pasa.(21) (Subraya la Corte).
Nótese que Silva Granados no describió la captura ni el lugar de la misma. Si bien refirió haber visto a un señor canoso (Danilo Emilio) sobre la reja de la puerta principal, de su versión se extrae, con claridad, que ese miramiento tuvo lugar después de pasados 20 minutos desde que llegó al lugar Danilo Emilio en su camioneta, justo en el instante en que arribaron varias patrullas de la policía.
De manera que su testimonio fue adicionado, como bien lo expuso el agente especial del Ministerio Público.
La Sala enfatiza que durante el juicio el deponente no mencionó que Danilo Emilio hubiese sido capturado en la parte externa de la oficina, es más, ni siquiera adujo que haya sido en su interior. Sobre ese particular no dio detalles, tan solo relacionó un momento del operativo posterior, cuando identificó a Danilo Emilio, pero no confirmó ni desvirtuó los pormenores de la aprehensión.
2.3.2. Yomaira Stella García Barco (fotógrafa del CTI) tampoco acreditó que la detención de Danilo Emilio hubiese sido afuera de la oficina de JVL, tampoco adentro.
Es que sobre las individuales circunstancias de tal acto no se pronunció. Tan solo narró, cómo, una vez en el lugar del operativo, llegó una camioneta de donde se bajó alguien y se dirigió al frente, pero fue clara en señalar que ella no tenía visión de frente y se dedicó a fijar las imágenes que creyó tenía que filmar.
Obsérvese cómo no se ocupó sobre el lugar de la captura de Danilo Emilio, ni de las particularidades de la misma y menos si el dinero que previamente grabó y que utilizaría el denunciante en la extorsión —así lo reconoció en el juicio(22)— estaba adelante de Danilo Emilio cuando fue detenido.
En su declaración manifestó(23):
Yo me bajo del vehículo y veo que cada uno cogió como para un lado diferente, lo único que hice fue que, Alfonso se había dirigido hacia las personas que estaban en la moto, entonces quedaron de frente entonces yo me dirigí hacía ese lugar y empecé a grabar a las dos personas que estaban ahí y luego empecé a hacer como movimientos con la cámara como ubicándome exactamente donde era la diligencia (…) empiezo a hacer la grabación de todo, alrededor, luego me dirijo ya hacia el frente y es cuando hago la grabación de la nomenclatura, hay una persona que se encuentra en la entrada, como no tengo idea o claridad qué es lo que tengo que grabar, grabó a la persona que está ahí en la entrada, a la que ellos se están dirigiendo en ese momento y empiezo a hacer grabaciones como hasta el momento en que ya se(sic) que es la persona que ellos hacen el requerimiento y después fijo unos documentos que tenía la persona, esa persona tenía un folder.
Lo anterior pone de presente que Yomaira Stella no confirmó que la captura de Danilo Emilio haya tenido ocurrencia en el jardín, fuera de la oficina de la firma JVL, como lo dijo el Tribunal, por lo que se incurrió en falso juicio de identidad, por adición.
Percátese, además, que ese testimonio fue igualmente cercenado por el juez colegiado, puesto que este no apreció lo dicho respecto de que la persona que ella filmó —parece referirse al que estaba en la entrada del inmueble—, fue la que salió de la casa (minuto 28:32). Yomaira Stella dijo que vio salir a un señor de la casa (minuto 32:59)(24), pero, al respecto, el ad quem guardó silencio.
Lo expuesto permite evidenciar que, en punto de ese elemento probatorio, el Tribunal incurrió en falsos juicios de identidad por adición y cercenamiento.
2.3.3. Germán Velásquez Arango (acompañante de Danilo Emilio en la camioneta) tampoco manifestó, como se consignó en la sentencia condenatoria, que la captura de Danilo Emilio hubiese sido fuera de las oficinas, por lo que el ad quem agregó contenido a esa prueba. Adicionalmente, sí relató otros aspectos importantes que fueron suprimidos en el fallo, como que luego de que Danilo Emilio le dijera que lo esperara ahí y éste pasó la reja del inmueble al que llegaron, allí aguardó 20 minutos junto con Armando Yara Gómez.
Esto fue lo anotado por el sentenciador en punto de lo dicho por Velásquez Arango y Yara Gómez:
En igual sentido se pronunciaron las otras dos personas que resultaron judicializadas, pues en ningún momento y contrario a lo manifestado por el a quo, Germán Velásquez Arango o Armando Yara Gómez, señalaron que Danilo Emilio Garzón Buitrago ingresó a las instalaciones de la empresa JVL, pues al verificar el contenido de lo manifestado en juicio se puede advertir sin equívoco alguno que lo que manifestaron éstos fue que Garzón Buitrago si bien ingresó a la residencia donde quedan las dependencias de JVL se quedó en ese sector catalogado como jardín pero que era utilizado como garaje.(25)
Específicamente, en relación con lo narrado por Velásquez Arango, el ad quem hizo la siguiente cita:
Defensa: ¿Qué sucedió cuando estacionaron el vehículo, Danilo se quedó dentro de él, que hizo?
Germán: Se bajó y me dijo que lo esperara ahí con Armando
Defensa: ¿Y para dónde se fue él?
Germán: hacia una reja que había ahí, eso es una casa, una reja
Defensa: Hacia una reja ¿y pasó la reja, se quedó afuera, qué sucedió ahí?
Germán: Estuvo ahí en la reja y enseguida yo me fui ahí con Armando. Estuvo en la reja don Danilo y yo me fui hacia donde estaba Armando
Defensa: ¿El señor Danilo entró o no de la reja hacía allá?
Germán: pasó la reja
De la anterior trascripción no surge que Velásquez Arango haya contado que Danilo Emilio se quedó en el jardín o que no ingresara a la oficina, menos que haya descrito el lugar y las circunstancias de la captura.
Como el juez colegiado refirió que aquél sostuvo algo que no dijo, incurrió en falso juicio de identidad por adición.
De otro lado, el sentenciador omitió valorar un fragmento de su declaración, esto es, cuando en el contrainterrogatorio, a instancias del defensor —quien pidió permiso al Juez para ponerle de presente una declaración jurada rendida por él en ocasión anterior—, respondió que mientras Danilo Emilio entró y salió del lugar pasó una media hora y no salía Danilo “de esas oficinas” (minuto 33:37). Más adelante, adujo que los filmaron y llegaron otros señores, entraron a las oficinas y “después salieron con don Danilo” sin esposas (minuto 35:57)(26).
Ese contenido fue ratificado por Velásquez Arango en el juicio.
Lo expuesto, en lugar de apoyar la tesis del Tribunal, la destruye, porque el deponente fue suficiente al indicar que Danilo Emilio sí ingresó a las oficinas, por lo que no se quedó afuera, como se escribió en el fallo.
Por consiguiente, no solo se adicionó esa prueba, en punto de que la captura fue en la parte externa de la oficina, sino que se mutiló por no considerarla en su integridad.
2.3.4. Armando Yara Gómez tampoco afirmó que Danilo Emilio se hubiese quedado en el jardín, como lo refirió la colegiatura, y menos que la captura se hubiese dado allí.
Lo que el deponente narró y así se trascribió en la providencia condenatoria, fue que al llegar al lugar, Danilo Emilio se “dirigió a una reja, ahí de una casa (…) yo vi que él pasó la reja (…) y de ahí para allá no se (…) yo no estaba pendiente (minuto 59:50)(27).
El sentenciador, entonces, desnaturalizó su contenido porque lo que con precisión adujo Yara Gómez es que después de que Danilo Emilio dejó la reja no supo más, porque no estuvo pendiente. De modo que si el testigo no prestó atención, la Corte no entiende de dónde extrajo el Tribunal su apreciación.
El juzgador reconoció que tanto Yara Gómez como Velásquez Arango esgrimieron que Danilo Emilio pasó la reja y duró como 20 minutos, pero explicó que ello no implicaba su ingreso a las oficinas, porque pudo inferir que allí afuera estuvo hablando con Guillermo Cristiano, sin embargo, no hay soporte probatorio para tal aseveración.
En ese orden, adicionó la prueba e, incluso, la tergiversó al entender algo diferente a lo expuesto por Yara Gómez.
2.3.5. De otra parte, como lo puso de presente el agente especial del Ministerio Público, el ad quem recayó en otro falso juicio de identidad al apreciar la declaración de Yomaira Stella, esta vez, por falseamiento del elemento, pues en el fallo se señaló que, aun de existir dudas en punto de si Danilo Emilio “se hallaba con Diego Fernando Vera Polanco en su oficina, las mismas se despejarían dándole una ojeada al CD aportado a la actuación y que contiene la grabación del operativo”(28), pues allí se observa que “Garzón Buitrago no se encontraba en el sitio, con la persona y elementos (paquete de dinero) que refiere el informe…”(29).
Tampoco podía esa corporación hacer tal afirmación, porque la misma carece de respaldo probatorio, toda vez que de lo expuesto por Yomaira Stella en el juicio, cuyos apartes importantes fueron trascritos por el juez plural, surge que ella no grabó en su totalidad todo el operativo realizado el día 5 de diciembre de 2007, en la medida en que la filmación no inició desde el instante en que ella llegó al lugar, sino con posterioridad, esto es, abarcó tan solo una parte del mismo, pues inicialmente ella dirigió su atención hacia las dos personas que estaban en la moto —ninguna de ellas era Danilo—.
2.4. Los errores descritos son, sin duda, trascendentes porque recayeron sobre los elementos probatorios que sirvieron de base para que el Tribunal revocara la absolución y declarara la responsabilidad penal de los acusados.
Es que, de no haber incurrido en los falsos juicios de identidad y existencia relacionados y, por contera, de haber hecho una correcta valoración de ellos, la conclusión sería distinta, esto es, que era imposible darle credibilidad a lo manifestado por Danilo Emilio Garzón Buitrago, en lo que respecta al lugar y a las peculiaridades de su captura. Ello justo por los motivos expuestos por el juez de primera instancia, es decir, porque sus dichos fueron desmentidos por sus mismos acompañantes Velásquez Arango y Yara Gómez y ningún respaldo tuvieron por parte de otros deponentes(30).
Los señores José Alfonso Silva Granados, Yomaira Stella García Barco, Germán Velásquez Arango y Armando Yara Gómez no ratificaron que la aprehensión hubiese sido en la parte externa de la oficina de JVL, ningún detalle sobre ese instante narraron, lo que deja sin fundamento la tesis del sentenciador de segundo grado.
2.5. Vale la pena acotar dos cosas en lo que respecta al dinero que sería utilizado por el denunciante al momento de la presunta extorsión, el cual, según el ad quem, no fue relacionado en el informe, lo que pone en evidencia la mendacidad del mismo, y no fue visto por los funcionarios del CTI durante el operativo.
De un lado, que Silva Granados sí adujo haberlo observado antes del procedimiento cuando sería grabado por la fotógrafa Yomaira Stella, y que ésta admitió haberlo filmado ese día previo a que la víctima lo guardara en el maletín.
De otra parte, aunque los anteriores testigos aseveraron no percatarse del mismo en el curso del operativo, ello en nada desvirtúa el contenido del informe policial, puesto que, como con acierto lo destacó la Procuradora Delegada para la Casación Penal, su existencia fue objeto de estipulación probatoria, en donde figura que esos billetes se devolvieron al denunciante. Ese fue el motivo por el cual no se pusieron a disposición de la Fiscalía General, como lo extraña el juez plural.
En efecto, bajo el número 10, la Fiscalía y la defensa estipularon como cierto el contenido del “ACTA DE ENTREGA DE DINERO”(31), en virtud de la cual se hizo “EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONSISTENTE EN LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO AL CIUDADANO DIEGO FERNANDO VERA POLANCO (…) QUIEN APORTÓ Y PREVIA FILMACIÓN DE LOS MISMOS EN CUANTÍA DE 11.000.000 ONCE MILLONES DE PESOS.”
Ese documento, entonces, pasó inadvertido para el ad quem, por lo que incurrió en un falso juicio de existencia por omisión. De haberlo visto, la conclusión que sobre su no inclusión en el informe extrajo, sería bien diferente.
2.6. En ese orden lógico, ningún argumento existe para argüir que en el informe del 5 de diciembre de 2007 se consignaron datos mentirosos y que, por consiguiente, los acusados cometieron las conductas punibles de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Es más, si, aun en gracia de discusión, surgiera alguna duda respecto de los pormenores de la captura de Danilo Emilio, la misma debería resolverse en favor de los procesados.
2.7. Así las cosas, los cargos propuestos en las demandas presentadas por el defensor de Carlos Ernesto Sierra Sierra y Juan Gustavo Coronado Ricardo, y por el agente especial del Ministerio Público prosperan.
En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto los condenó, junto con Orlando Caez Chirolla —respecto de quien se hace extensiva la decisión por compartir, en todo, las argumentaciones expuestas en esta providencia—, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, para, en su lugar, confirmar la de primera instancia, que los absolvió de responsabilidad penal por esos injustos(32).
2.8. Finalmente, conviene aclarar que no hay lugar a hacer algún pronunciamiento respecto de los pedimentos del defensor de Sierra Sierra y Coronado Ricardo, relativos a las técnicas de interrogatorio, las estipulaciones probatorias y los informes de policía judicial, toda vez que, en punto de tales asuntos no se planteó algún error en concreto por parte del fallador de segundo grado y la Corporación no los advierte, como tampoco considera necesario ocuparse de esos temas para desarrollar la jurisprudencia.
1. No casar la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de febrero de 2013, por razón del cargo planteado por el defensor de Orlando Caez Chirolla.
2. Casar parcialmente el referido fallo, por la prosperidad de las censuras propuestas por el defensor de Carlos Ernesto Sierra Sierra y Juan Gustavo Coronado Ricardo, y por el agente especial del Ministerio Público, en cuanto los condenó, junto con Orlando Caez Chirolla, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
En consecuencia, confirmar la providencia de primera instancia, que los absolvió de responsabilidad penal por esos injustos.
3. En lo demás, la sentencia impugnada se mantiene.
4. Devolver las diligencias al tribunal de origen.
5. Contra esa determinación no procede recurso alguno.
9 Artículo 179 del Código de Procedimiento Penal de 2004, modificado por el 91 de la Ley 1395 de 2010.
10 Sentencia del 2 de mayo de 2002 (radicado 15.262).
11 Cfr. Auto del 9 de diciembre de 2010, radicado (34.447).
12 Normativa aplicable al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en los términos del artículo 144 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
13 Artículo 2º de la Carta Política.
14 Artículo 138, numeral 2º, del Código de Procedimiento Penal de 2004.
15 Folio 20 del fallo.
17 Folios 118 a 134 de la carpeta 2.
18 Folio 33 del fallo.
19 Folio 34 ídem.
20 Disco compacto del juicio oral, sesión del 28 de noviembre de 2011.
21 Folios 39 y 40 del fallo.
22 Disco compacto del juicio oral, sesión del 30 de noviembre de 2011.
23 Ese segmento fue trascrito por el tribunal en el fallo.
24 Disco compacto del juicio oral, sesión del 30 de noviembre de 2011.
25 Folio 41 del fallo.
26 Disco compacto contentivo del juicio oral, sesión del 30 de noviembre de 2011.
27 Disco compacto contentivo del juicio oral, sesión del 30 de noviembre de 2011.
28 Folio 42 del fallo.
30 Folio 6 de la sentencia absolutoria.
31 Folio 78 de la carpeta 3 de evidencias.
32 No se olvide que el Tribunal solamente recovó el fallo de primera instancia en cuanto absolvió por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, pues respecto de esa misma determinación, adoptada en punto de las demás conductas endilgadas en la acusación, lo confirmó.