Source: https://es.scribd.com/doc/148213378/Fallo-El-Morro-Corte-de-Apelaciones-de-Antofagasta
Timestamp: 2016-07-30 13:43:07
Document Index: 278389233

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Los recurridos informaron a fojas 231 y siguientes, solicitando el rechazo del mismo, sin referirse a las costas. A fojas 180 la Sociedad Contractual Minera El Morro se hizo parte en el recurso como tercero coadyuvante. Se acompañaron al recurso los siguientes documentos: A fojas 1, Acta N°60 de la Junta General Ordinaria de Comuneros, Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, reducida a escritura pública en la Notaría de Ricardo Olivares Pizarro en que asistieron ochenta comuneros con derecho a voto de un total de ochenta y nueve que están al día en el pago de sus cuotas del año 2010, pero la asistencia general fue ciento setenta y cuatro personas, según constancia expresa que indica “155” son comuneros propiamente tales o debidamente representados, de acuerdo al listado de asistencia que se incluye al final de la escritura de fecha 23 de agosto de 2010, más reducción de escritura pública de la primera sesión de las misma fecha y notaría.
A fojas 8 y siguientes, copia de la inscripción de dominio a favor de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, respecto del predio, denominado “Estancia Los Huasco Altinos”, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar, en cuyo margen figuran numerosas transferencias de derechos. A fojas 14, certificado de dominio de inscripción, efectuada a fojas 1083 N° 929 de fecha 27 de agosto de 1997 del Registro de Propiedades de Bienes Raíces, a favor de la Comunidad Agrícola Los Huascos Altinos (sic), dejando constancia que es dueña de la parte no transferida del predio denominada Estancia Los Huascos Altinos (sic). De fojas 15 y siguientes Estatuto de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huasco Altinos. Certificado de fojas 25 y 26 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Atacama, sobre la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos (sic), Rut N° 73.134.000-5, dejando constancia que cuenta con personalidad jurídica vigente, desde la inscripción del predio común en el Conservador de Bienes Raíces en el Año 1997, comunidad constituida, por sentencia judicial dictada en el Segundo Juzgado Civil de Vallenar de ese mismo año. Además se certifica que el directorio está conformado por los siguientes comuneros: Sergio Campusano Villches, presidente; Sergio Fuentes Fuentes, vicepresidente; Ramiro Arancibia Espinoza, tesorero; Robinson Pizarro Torres, secretario; y José Espinoza Páez, director. Oficio N° 95, de fojas 29 y 404, del Subdirector Nacional Norte de CONADI, región de Atacama, al Director del Servicio de Evaluación Ambiental de fecha 14 de marzo de 2011, donde se indica que se revisó el informe consolidado de la evaluación del proyecto “Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto El Morro”, haciendo presente que la estructuración de la mesa técnica para asuntos medioambientales, que tiene como rol fundamental la Resolución de Estudio de Impacto Ambiental entre el titular del proyecto y las directivas de las respectivas comunidades indígenas diaguitas, no es homologable ni debe ser subentendida como participación de la totalidad de la Asamblea Indígena. Se indica que en la práctica las reuniones efectuadas, sólo han sido de mera información y no pueden considerarse conforme al Convenio 169 de la O.I.T., y en cuanto a la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos, señala que está constituido por comuneros indígenas pertenecientes a diversas comunidades diaguitas de la comuna de Alto del Carmen. A fojas 33, 34, 303y 304, Resolución N° 1179 de fecha 24 de octubre de 2006 del Director de la CONADI, que deniega la solicitud de inscripción en el Registro Público de Tierras de la Propiedad denominada Estancia Los Huasco Altinos. A fojas 35 y siguientes, escritura pública de la Junta General Extraordinaria de Comuneros Agrícolas Los Huasco Altinos, Acta N° 46 de fecha 29 de agosto de 2006. Copia del Acta N° 39 de fojas 41 y siguientes, sobre Junta General Ordinaria, del 4 de junio de 2005.
acompañada de Acta Notarial donde consta una entrevista telefónica con don Sergio Campusano Villches. Copia del acta de la reunión de constitución para asuntos medioambientales entre comunidades indígenas de fojas 175 y siguientes. A fojas 305. Copia de una página web de fojas 167. mediante el cual se informa por la Intendenta Regional de la notificación por carta certificada a don Sergio Campusano Villches de la resolución de calificación ambiental N° 49.253. generando una instancia permanente de diálogo. En fojas 169 y siguientes. Región de Atacama.A fojas 135 y siguiente. estimándose como esencial iniciar cuanto antes un trabajo en conjunto con el titular de las comunidades diaguitas del sector. rola Oficio del Subdirector Nacional de CONADI N° 327 del 25 de agosto del año pasado. copia de publicación en página web www. sus derechos y las medidas de mitigación que exigen el consentimiento de los mismos. rola Oficio N° 492 de 14 de septiembre de 2009. Corte de Apelaciones de Copiapó que la solicitud de inscripción del predio Estancia Los Huascos Altinos fue denegada. del Subdirector Nacional Norte de CONADI. consulta e información. de 14 de marzo de 2011.ciudadano. haciendo presente que sin perjuicio de ello. Oficio N° 570 de 15 junio de 2011 agregado a fojas 190. Oficio N° 117 del 14 de junio de 2010. donde la CONADI juega un rol de asesoría técnica que puede permitir detectar a tiempo otros eventuales impactos no considerados originalmente y adoptar las medidas de mitigación oportunas y adecuadas. región de Atacama al Director Subrogante de la CONAMA III Región. a fojas 410. comunicando que de acuerdo a lo solicitado se revisó la Adenda del Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro” y la
. copia del recurso de reclamación interpuesto por Sergio Fernando Campusano Villches. A fojas 161 y siguientes. donde el Subdirector Nacional Norte de la CONADI.cl sobre la aprobación del proyecto minero El Morro en Atacama. concluyéndose que constituye una obligación del Estado velar por la protección de los indígenas. por sí y en representación de la comunidad en contra de Aludida Resolución Exenta N° 049. En fojas 408. dirigida al Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional del Medio Ambiente sobre proposiciones de consideraciones o exigencias específicas que el titular debiera cumplir para ejecutar el proyecto o actividad sobre el Estudio de Impacto Ambiental proyecto El Morro. copia del Acta de reunión ordinaria sobre comisión de evaluación. mesa técnica que permitirá la participación necesaria de las comunidades diaguitas afectadas con el proyecto en los términos exigidos por la normativa. cuyo amparo legal se encuentra en el artículo 34 de la Ley 19. comunicando a la Presidenta de la Iltma. referida a la entrevista aludida precedentemente. dado los antecedentes acompañados y la legislación actual “Las personas indígenas que sean titulares de derechos en la propiedad comunitaria denominada Estancia Los Huasco Altinos podrían inscribir sus derechos”.
de fojas 412. cuestión que consta en estudio sociocultural de la etnia Diaguita de la III Región. por lo que resulta imprescindible para establecer un sistema de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas. haciéndose un deber reiterar por la experiencia de la Corporación la necesidad de funcionamiento para asuntos medioambientales para el título de las propiedades. su desarrollo y efecto. Oficio N° 401 del Subdirector Nacional Jurisdicción Norte CONADI. especialmente si el proyecto considera el traslado de familias que ancestralmente utilizan la zona para el pastoreo de sus animales. asentamiento territorial y uso ancestral que realizan de sus tierras y como se señaló en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. con el objeto que sus miembros puedan conocer a cabalidad los detalles de la iniciativa para poder lograr acuerdos y consentimiento respecto del proyecto. Compañía Minera el Morro. Certificados de fojas 418 a 460.T. sin perjuicio de lo cual hace presente que “no es necesario acreditar.documentación en general. el que se acompaña en este acto” (sic). informando la calidad indígena de parte de los integrantes de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos. no obstante se informa que esta comunidad indígena reviste el carácter de comunidad sociológica por la práctica de sus costumbres. subsanando dudas. de fojas 461. Se indica que la comunidad se constituyó como tal el 27 de agosto de 1997. por lo que las comunidades indígenas de origen diaguita no podían constituirse en la forma contemplada en los artículos 9 y siguientes de la Ley. les acredita como tales. de conformidad a la Ley 19. el gobierno se encuentra obligado a consultar a los pueblos interesados. haciendo observaciones que las denomina consideraciones o exigencias específicas que debieran cumplirse para ejecutar el proyecto. lo que hizo en la modificación legal del 8 de septiembre de 2006. como las decisiones que adopta CONAMA y la respectiva COREMA. vigente en Chile desde el 15 de septiembre de 2009. mediante certificado de calidad indígena. demostrativo de poseer la calidad de indígena. donde se convino generar sobre el medioambiente y los alcances del proyecto. época en que la Ley 19. mediante procedimientos apropiados y a través de instituciones representativas las medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente. sobre cuarenta y tres personas integrantes de la Comunidad Agrícola. señalando a las siguientes personas:
. porque CONADI debe jugar un rol asesor para vislumbrar. porque de conformidad con el artículo 6° del Convenio N° 169 de la O.. por cuanto el apellido que los identifica. dicha comunidad se encuentra bajo el Régimen de Propiedad y como prueba de lo manifestado en el Oficio N° 095 ya reseñado y de lo expresado precedentemente.I. Tatul de los Perales. acompaña copia de certificado de calidad de indígena que consta perteneciente a la comunidad agrícola en comento. Proyecto el Morro y CONADI Región de Atacama. discutir y eventualmente resolver otros impactos primitivamente no considerados en la iniciativa.253. Copia del acta de fecha 10 de septiembre de 2012. sobre reunión de constitución de mesa técnica para asuntos medioambientales entre comunidades indígenas diaguitas Yastay de juntas de Valeriano.253 no reconocía la etnia diaguita como indígena. Chanchoquin Chico y Paytepén de Chanchoquin Grande.
Fernando Ober Ardiles Alday. Teresa del Carmen Villegas Peralta. Ana del Tránsito Bordones. Segundo Dámaso Godoy Cayo. 8. en el cual se asegure a la Comunidad Diaguita Agrícola Los Huasco Altinos sus garantías constitucionales. y Elba Rodríguez González. con motivo de la Resolución Exenta N°049/2011. Julio Copa Huayllas. Victoria del Tránsito Olivares Campillay. haciendo presente que dicha institución de pronunció sólo a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Raúl Esteban Arcos Aróstica. Gubier Néstor Santibáñez Campillay. Gustavo Santibáñez Campillay. Teodoso del Rosario Carmona Bordones. Guillermo Enrique Escobar Bordones. Florencio Antonio Rojas Villegas. por cuanto estima que éste conculca sus garantías constitucionales establecidas en los números 2. Puesta la causa en estado se han traído los autos para dictar sent encia. Isabel del Tránsito Pallauta. por medio de la cual calificó favorablemente el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro” cuyo titular es la Sociedad Contractual Minera El Morro. Teresa del Carmen Villega Peralta. Sinforosa Santibáñez Campillay. Emerinda Elvira Campillay Toro. Juan de Dios Cortés Pallauta. Ramón Rojas Rojas. Ibar del Carmen Rojas González. solicitando se deje sin efecto la misma y se ordene al Estado de Chile practicar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Williams Raúl Santander Campillay.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que se ha interpuesto recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación de III Región de Atacama representada por su Presidenta e Intendenta de la misma región. de acuerdo a seis oficios cuyas fotocopias remite. Copia acompañada a fojas 467 de un video sobre audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de un informe emitido por la Asesora Jurídica de la Comunidad AgrícolaLos Huasco Altinos. Adelina Cayo. Oficio N° 525 del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. 21. Juan Eduardo Campillay Guajardo. se les reconozca su calidad de indígenas y se respeten sus derechos territoriales. señora Ximena Matas Quilodrán. de fecha 14 de marzo de 2011. Simón Antonio Campillay Páez. Clemente Alfonso Araya Núñez.Guillermo Adrián Villegas Rojas. Jaime Nibaldo Ardiles Ardiles. Rosendo del Carmen Rojas Gómez. Ibar Enrique Villegas Rodríguez. culturales y participativos presentes en la
. Rufino Segundo Bordones Carril. Nicolás Ambrosio Bordones Villegas. Emiliano Aristo Olivares Campillay: Danilo Antonio Huanchicay Bordones. 24 y 26 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Juan Carlos Campillay Campusano. Santiago Garrote. Pedro Patricio Campillay Campillay. Briseida Elba Cayo Bordones. Juan Alberto Garrote Martínez. Norberto Ildarino Huanchicay Villegas. Saturna del Rosario Cayo Cayo. Jacinto Aliro Bordones Rojas. Amado del Tránsito Quinzacara Quinzacara. Mario Walterio Huanchicay Huanchicay.
generará diariamente 296. principalmente en el área Mina-Planta.
. Refiere que el proyecto minero El Morro se ubica en la III Región de Atacama. Los impactos ambientales de mayor relevancia que generarán dichas obras. y. donde se ubican las vegas en Quebrada Larga y Quebrada La Campana. Huasco y Vallenar. El proyecto consiste en la construcción y posterior operación de obras cuyo objetivo será la producción de concentrado de cobre mediante la extracción de mineral.T.300 y en el resto de la normativa ambiental. comunas de Alto del Carmen. según el titular. depósito de estéril y rajo minero. que se ubica en la zona costera de El Huasco. perturbando la calidad de las aguas.410 toneladas de relaves.Ley Indígena y en el Convenio N°169 de la O. de los cuales. obras que serán emplazadas en tres lugares distintos: Área Mina-Planta. sin embargo la caracterización y catastro de esos sitios a la fecha de emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 049/2011 aún se encontraba en proceso de ejecución. descritos por el titular del proyecto son: daños en la cuenca de las quebradas Larga y Piuquenes.I. incluyendo flujos permanentes y esporádicos. el cual confluye al Río Conay”. además la pérdida de un número importante de senderos tradicionales que siguen los cursos de las quebradas y ríos. Área Quebrada Algarrobal. 145 serán afectados directamente. las que serán dispuestas en un depósito de estériles que estará contenido por un muro de una altura de 230 metros. aguas que serán captadas y depositadas en piscinas colectoras. y nuevos micro ruteos han arrojado otros sitios de significación en el área de emplazamiento del proyecto.. vizcachas y algunas especies de reptiles y anfibios.100 toneladas de material estéril y 90. ubicada en el sector de El Morro. que comprende desde la alta cordillera hasta el mar. por el emplazamiento de obras en el área Mina-Planta. “en la cuenca de las quebradas Larga y Piuquenes. en la provincia de El Huasco y Copiapó. ambas tributarias de la cuenca del Río Cazadero. a través de la explotación a rajo abierto del yacimiento de cobre La Fortuna y su posterior procesamiento. Área Totoral. Estancia Huasco Altina. ambas tributarias de la cuenca del Río Cazadero. Copiapó. guanacos. debidamente inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar. con pérdida de vegas que son usadas como majada por los comuneros en sus ciclos de trashumancia. pérdida de cobertura vegetacional por emplazamiento de obras. afectación de recursos hídricos subterráneos. pérdida de hábitat de especies silvestres como vicuñas. modificación de flujos por emplazamiento de relaves. Además en el área MinaPlanta hay un total de 489 sitios arqueológicos y/o patrimoniales. El área Mina-Planta está localizada en la comuna de Alto del Carmen y afecta específicamente terrenos de la Estancia Huasco Altina de propiedad de la comunidad agrícola de origen Diaguita. que confluye al Río Conay. y los derechos y principios presentes en la Ley 19. afectación de recursos hídricos superficiales desviando el cauce original de las aguas “no contactadas” de la Quebrada Larga que no tuvieron contacto con elementos contaminantes. Freirina. los que durante catorce años de operación alcanzarán aproximadamente 450 millones de toneladas.
000 hectáreas. para construir un espacio cultural. siendo tierras de propiedad de los recurrentes..T.La resolución impugnada desconoce que el proyecto se emplaza en tierras indígenas. debiendo además existir garantías que las tierras de reemplazo tengan similares características ambientales y productivas lo que no se ha cumplido. omitiendo aplicar el Estatuto Indígena. bajo el nombre de Estancia de Los Huasco Altinos. Según lo anterior.76 hectáreas. en una superficie 1. costumbres y formas de vida. según el acápite 7. haciendo uso de todos los recursos ecológicos-ambientales y naturales existentes en sus territorios. La comunidad se integra por aproximadamente 262 comuneros y sus respectivas familias. derivan del uso inmemorial. la reubicación será una medida
.10. siendo sus deslindes los que indica a fs. reconocido primeramente por el derecho indiano.Existe arbitrariedad e ilegalidad porque se genera el desplazamiento de los crianceros.253. de aguas. pero no les negó el carácter de tales. Refiere que para compensar la pérdida de vegas en el área MinaPlanta.6 veces el área intervenida. además de lo certificado por el Servicio de Impuestos Internos. la economía ganadera se complementa con la agricultura a pequeña escala. 58. el artículo 16 del Convenio 169 de la O. ni el mecanismo legal y. señalando como principio rector que no deberán ser trasladados de sus tierras. por considerar que no está entre los titulares del artículo 12 de la Ley Indígena. con una vegetación zonal de 150. 2. la Comunidad de los Huasco Altino tiene una superficie de 395. según la Ley N° 19. social y económica que se localiza en la pre cordillera de Los Andes en una comuna de Alto del Carmen. regularizada la propiedad en el año 1997 por el Ministerio de Bienes Nacionales e inscrita en el Registro de Propiedad del mismo año. sin que estén definidos los terrenos que se adquirirán para compensar estas tierras. la Sociedad Contractual Minera El Morro adquirirá un área para la compensación de la pérdida de vegas y los hábitat asociados a ellas en la Ex Estancia Valeriano. cuenca del Río Tránsito y sus afluentes. minería artesanal y actividad recolectora y de caza. en este caso. siendo su población indígena. El territorio de la comunidad se conforma por tierras individuales o de sucesiones familiares que se encuentran bajo riego y se dedican a los cultivos y por terrenos comunitarios dedicados al pastoreo. mediante la Tasa de Gamboa de 1850. En lo relativo al impacto en el ambiente humano. según la Estudio de Impacto Ambiental. se pronuncia explícitamente sobre el traslado de pueblos indígenas de sus tierras. inscritos en un título comunitario. Los derechos de dominio ancestral de la Comunidad y sus miembros.En cuanto a las ilegalidades y arbitrariedades se sostiene: 1. requiere expreso consentimiento de la comunidad para permutarlas. pero la CONADI negó la inscripción del territorio en el Registro de Tierras Indígenas por resolución N° 1179 del año 2006.. las medidas de compensación que se sugieren benefician a tres familias de crianceros que usan Quebrada Larga y suponen entregar a los beneficiarios terrenos en compensación y habitación de sectores de pastoreos de tipo veranadas e invernadas. Sus actividades productivas se caracterizan por ser silvopastoril. los antecedentes topográficos. dedicada al pastoreo de ganado caprino y mular y a la agricultura. vulnerando derechos territoriales. para fines de conservación. así.I.. quienes descienden de las comunidades Diaguitas que desde tiempos precolombinos han habitado el territorio.
sin contar con la comunidad recurrente. excluyéndose decisiones estatales como los proyectos de desarrollo económico. debiendo garantizarse el normal abastecimiento de dicho recurso a las comunidades afectadas.T. ya que el proyecto aprobado significa desplazamiento de miembros del pueblo indígena de las tierras en que se emplazan. 7. son meramente informativas y aclara que el proyecto se emplaza en tierras indígenas. Al respecto se representó por la comunidad a la CONADI el proceder arbitrario e ilegal de la autoridad.excepcional y en circunstancias que se consideren inevitables.. de los cuales es titular la Comunidad recurrente y sus miembros. las propiedades agrícolas que desde tiempos ancestrales han poseído en el valle del Río Tránsito. ha sido propuesta de manera unilateral por el titular del proyecto. las aguas que se encuentren en terrenos de la comunidad y no se establecerán nuevos derechos de aguas. vulnerando sus derechos individuales de propiedad sobre los derechos reales de aprovechamiento constituidos en dicha cuenca. atentando contra la identidad cultural del pueblo diaguita. porque la información de la extensión de las tierras afectadas y la entidad de la afectación no existe. los que deben comprender cabalmente el sentido y consecuencias del desplazamiento. hubo una mesa de diálogo en que participaron diversas comunidades indígenas. Se trata del caso del artículo 16 Nº2 del mencionado Convenio. por lo que no se pueden entender
. 15 y 16 del Convenio 169 de la O. porque desconoce los derechos participativos establecidos en los artículos 6. normas que el Tribunal Constitucional declaró autoejecutables. tributario de las aguas que provienen de los ríos Cazadero y Conay están en grave peligro por el impacto del proyecto en las fuentes de agua que tributan al Río Tránsito. Al respecto la Resolución de Calificación Ambiental no hace ninguna referencia a este derecho ancestral.La Resolución de Calificación Ambiental es arbitraria e ilegal. entidad que cuestionó el criterio de evaluación aplicado y no fue visado. ríos Cazadero y Conay. Aquí está en juego la completa destrucción de una vega y acuíferos asociados. exigiendo el consentimiento de los pueblos interesados. el que debe ser con el consentimiento libre e informado de los afectados. En relación con ello el artículo 64 de la referida Ley. por lo que requiere la aplicación de los estándares que en materia de derechos participativos ha establecido el citado Convenio 169 y la mesa de diálogo de ninguna forma permitió a los participantes incidir en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental..T. con posterioridad a la realización del Estudio de Impacto Ambiental. 3. lo que además ha sido reconocido jurisprudencialmente. aún cuando son ellos quienes hacen uso de las tierras afectadas.I. Aquí la medida de mitigación consistente en el traslado. normativa que no ha sido considerada por la titular al presentar el estudio de impacto ambiental ni por la autoridad evaluadora. pues se creó el 10 de septiembre de 2010. sin que pudiera otorgar su acuerdo.I. busca asegurar el normal abastecimiento de las aguas. lo que es al menos una falta al principio de la buena fe. Al respecto deben aplicarse los artículos 6 y 15 2) del Convenio 169 de la O. por lo que no puede sino concluirse que es arbitraria e ilegal. normas que no han sido aplicadas por la Resolución de Calificación Ambiental. Además el artículo 64 de la Ley Indígena señala que serán bienes de propiedad y uso de las comunidades indígenas. confirmando que las mesas técnicas no constituyen un procedimiento de consulta.
según certificado de la Municipalidad que acompaña. lo que no es efectivo.I. abarca a todas las comunidades de Huasco Alto. omita a dicha comunidad y se refiera a una organización de papel. desconociendo la Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región una vez más su origen diaguita. incluida Junta Valeriano. hipótesis de la que no se da cuenta en el procedimiento y las características de la consulta del Convenio en comento. además no se encuentra activa. vulnerando la Ley Indígena en su artículo 9 y el Convenio 169.I. ello por cuanto reúne al menos tres de las cuatro condiciones que establece dicha norma. regulada en los artículos 26 y siguientes de la Ley 19. señalando sólo al centro cultural Diaguita.T.300. territoriales y culturales. que en opinión del ejecutor del proyecto. Sólo se señala a la Comunidad Huasco Altina como comunidad Agrícola en la página 90 anexo 51. recogidos en el estudio “Diagnóstico Socio Cultural de la Etnia Diaguita” que adjunta y fue encargado por la Intendencia de Atacama. pues no se renueva su Directiva desde junio de 2008. siendo indispensable una nueva línea de base. a realizar consulta a estos pueblos en los términos del artículo 6 Nº2 del Convenio. La Comisión Evaluadora parece validar como única instancia de organización indígena la que se estructura según el artículo 10 de la citada ley
. libre e informado de la comunidad diaguita de los Huasco Altinos en relación al reasentamiento de los crianceros y la alteración de los ciclos de trashumancia. En síntesis. negándoles la condición de organización indígena e infringe las disposiciones de la Ley 19. ya que dicha organización posee una representatividad limitada al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada –ejecutar proyectos de carácter cultural. vulnerando sus garantías constitucionales..300 y el reglamento respectivo en lo relativo a resguardar los derechos y evaluar los impactos del proyecto respecto a comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales. por mandato constitucional. la participación ciudadana en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. lo que ha sido interpretado además por el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la O. sería obligado. lo que contraviene la Ley Indígena y el Convenio 169 de la O. Asimismo.T.cumplidas a través de la ejecución de otro mecanismo similar que exista en nuestra legislación. siendo por ende una arbitrariedad que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Resolución de Calificación Ambiental impugnada. es insuficiente para cumplir con el derecho a expresar el consentimiento libre e informado. En la base del proyecto sólo se menciona a los Diaguitas con la intención de minimizar el componente étnico. y si alguno de los órganos del Estado pretenden dictar alguna medida administrativa que pudiese afectar directamente a los pueblos indígenas. la Comisión de Evaluación Ambiental de la IIIRegión de Atacama ha realizado un acto ilegal al haber dictado una Resolución de Calificación Ambiental sin haber obtenido el consentimiento previo. vulnerando los derechos políticos.-La Resolución de Calificación Ambiental es también arbitraria e ilegal. tal como lo señala en forma expresa la CONADI y ha sido reconocido por la Corte Suprema en causa rol 6062-2010. 4. para identificar e individualizar a la población indígena del Área de Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta. porque aprueba un Estudio de Impacto Ambiental que discrimina contra la comunidad Diaguita a Los Huasco Altinos.y no poseen territorio.
identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos.el principio preventivo. se exige la elaboración de estos estudios cuando el proyecto genera como efecto el reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.F. en la naciente del Río Cazadero. incumpliendo además una serie de requisitos específicos que debe tener el Estudio de Impacto Ambiental.300. debe proporcionarse antecedentes fundados para la predicción. señalados en el artículo 12 letras c). que observó la falta de consulta a dicha comunidad en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minero Pascua Lama. correspondiente a la parte alta de la Quebrada Larga y Cuenca de Piuquenes”.La Resolución de Calificación Ambiental es arbitraria e ilegal porque vulnera el principio preventivo que estructura el Estudio de Impacto Ambiental. cita el artículo 16 inciso final de la Ley de Bases del Medio Ambiente 19. incumpliendo –a juicio del recurrente. pero no los previene adecuadamente. omisión que fue constatada por la CONADI y representada a la autoridad ambiental.. lo que es una interpretación ilegal y arbitraria. se establecen en el párrafo 6 de la Resolución de Calificación Ambiental que señala los impactos ambientales y situaciones de riesgo. documento que adjunta.L. causados principalmente por la captación de las aguas contactadas en el tanque de relaves y por el cono de depresiones que originará el rajo. Uno de los impactos más grandes es la destrucción de vegas en el sector de Quebrada Larga. manifestaciones de cultura. la magnitud o duración de la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en o alrededor de áreas donde habite población protegida por leyes especiales. El Reglamento indica que deberán ser consideradas las características étnicas. no obstante haber sido reconocida su condición de indígena por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. lo que generará una reducción de recurso hídrico superficial de 28 l/s. 5. se consideraron adecuadas. Asimismo.y adquiere personalidad jurídica como tal.300. violando por tanto dicha ley. En relación con los recursos hídricos en la Quebrada Larga. impactos que fueron calificados por la resolución como no significativos respecto de su calidad y cantidad y las medidas de mitigación y compensación presentadas por el titular.174. N° 5 sobre Comunidades Agrícolas. impidiendo el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos. correspondientes a un 56. ya que la resolución reconoce los impactos en los recursos naturales. del cual aparece que para que la autoridad ambiental apruebe positivamente el Estudio de Impacto Ambiental. violando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. discriminando a la comunidad recurrente y a sus miembros. los que consistirían en “la modificación del drenaje superficial y subterráneo en el sector Mina-Planta y aguas abajo del proyecto de la instalación de las obras del mismo. al respecto. Las medidas de mitigación y compensación propuestas incurren en ilegalidades y arbitrariedades. según lo dispuesto por el artículo 11 letra b) de la Ley 19. además de la reducción de los recursos hídricos subterráneos. lo que no fue objetado por el Estado de Chile en el caso 12. minimizando sus significación al establecer las condiciones
. amparados por la Ley Indígena y por el D. como es el caso de los Huasco Altinos. 49). d) y e) (fs.5% del total del caudal de la línea de base.
. Las medidas de mitigación consistentes en la compensación sólo se contemplan para las hectáreas de vegas que desaparecerán por el emplazamiento del tranque de relaves y depósitos de estériles. lo que se manifiesta en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 letras b) y e) de la Ley 19.300 que conciben la línea de base como “la descripción detallada del área de un proyecto o actividad. que reconoce que no se ajusta a la ley en los términos allí indicados. en relación a los sitios arqueológicos y/o patrimoniales se omite la descripción pormenorizada que exige la línea de base. evidenciando la falta de una caracterización pormenorizada y previa a la calificación ambiental del proyecto en los términos del artículo 12 de la ley. implica privación de los recursos y pone en riesgo sus actividades económicas tradicionales y que pretenden ejercer colectivamente en ejercicio del derecho
. que queda de manifiesto en el acápite 7 referido a las medidas de mitigación y compensación. se encuentran realizando similares funciones. Al respecto la Resolución de Calificación Ambiental es contradictoria. 6. pero a pesar de ello aprueba el proyecto.300 que sujeta a una evaluación ambiental previa a determinados proyectos por su potencial impacto al medio ambiente y el artículo 16 del mismo texto legal señala que no se puede aprobar un proyecto si no se identifican en su totalidad sus impactos ambientales significativos.de vegas en sectores aledaños. número 7. No es posible compensar la pérdida de ecosistemas de vega con la afectación –como área protegida. incluidas las eventuales situaciones de riesgo” y aquí no hay claridad respecto a todas las variables o componentes del ecosistema que afectan y sus interacciones. ya que las mismas en forma simultánea. reparación o mitigación pierde eficacia y minimiza ilegal y arbitrariamente los potenciales daños sobre el ecosistema afectado. en forma previa a su ejecución”.La Resolución de Calificación Ambiental es ilegal. y que el artículo 12 c) señala que el Estudio de Impacto Ambiental deberá contar con una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad. indispensables para el desarrollo de actividades productivas que ejercen colectiva e individualmente. la que está incompleta y es insuficiente. Se indica que el principio preventivo está en el artículo 8 de la Ley 19. sin contemplar las especies del libro rojo de la flora de Atacama y tampoco la especie de Adesmiaechinus. (fs 59). por lo que cualquier medida de compensación. También vulnera el artículo 12 c) que indica que todo Estudio de Impacto Ambiental debe contener una descripción pormenorizada de aquellos efectos o características o circunstancias del artículo 11 que den origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental”.del Plan de Equivalencia que condiciona la aprobación del proyecto. con graves falencias en torno a la descripción de la línea de base.11 letra c). Asimismo. porque discrimina en forma arbitraria contra el desarrollo de las actividades económicas de los recurrentes en sus tierras y territorios. pues reconoce que la línea de base es incompleta. proponiéndose para cada uno de ellos las medidas ambientales adecuadas. incluida en el Decreto 68 de 2010 del Ministerio de Agricultura. es imposible predecir y realizar una evaluación seria de los impactos generados. vulnerando también el principio preventivo. por cuanto les niega derechos territoriales y sobre sus recursos naturales.
refiriendo la prohibición de privilegiar a ciertas personas o grupos y discriminar arbitrariamente(19 Nº 2). aceptando como medidas de mitigación el camuflaje de las obras y no repara en la inexistencia de medidas concretas destinadas a evitar las alteraciones del paisaje.El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (19 Nº 8). La confluencia de climas existente permite el curso de aguas permanente. Agrega que según lo que se describe en el proyecto. arbitrariamente. cuya acta adjuntan. convirtiendo al valle del Río Huasco en una de las cuencas principales de la Región de Atacama.Derecho a realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral. lo que decidieron en una asamblea general del año 2006.. según el titular.
..Derecho de propiedad. la vicuña y la chinchilla.Igualdad ante la Ley. Estima vulneradas las siguientes garantías: 1. En principio se registraron en el área Mina. decidió aprobarlo.. lo que fue representado por el Consejo de Monumentos Nacionales al finalizar el proceso de evaluación. circunscribiéndolos arbitrariamente al impacto visual derivado de la construcción de las obras del proyecto.reconocido por el artículo 7 del Convenio 169. lo que se hará imposible. siendo uno de los sitios de mayor riqueza de especies vegetales y animales de todo el país y especies con graves problemas de conservación como el guanaco. exenta de razonamientos. no obstante la comisión recurrida. en concordancia con el Nº 26 al privarlos del uso y goce sobre el sector de mayor relevancia ambiental. sin que se concluyera la evaluación de aquello. definido y proyectado con asesoría técnica del Programa Sendero de Chile y financiado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. orden público o seguridad nacional.. y se encuentran en proceso de implementación de un sendero turístico dentro de sus terrenos: tramo La Totora-Manflas. lo que a todas luces interferirá en el proyecto cultural y ecoturístico que tiene por objeto mostrar al mundo los paisajes naturales y parte del camino del Inca. el camino de acceso por Chanchoquín corresponde al camino inicial del sendero y el área Mina-Planta se ubica en su tramo medio. 4. 12 letra b) de la Ley y el artículo 10 del Reglamento DS 95. vulnerando el artículo 11 letra e). lo mismo pasa con la flora. cultural y económica de sus territorios (19 Nº 24 en concordancia con el N° 26). 2. de los cuales. La comunidad Diaguita recurrente ha optado por el desarrollo del turismo. 145 serían afectados directamente. pero nuevos micro ruteos durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental dieron un número mayor de sitios. 3. respetando las normas legales que la regulan (19 Nº 21).Planta 489 sitios arqueológicos y/o patrimoniales. letras b) y c) (fs 63). según mapa que adjuntan. como el turismo de intereses especiales o etno-turismo. 7..la Resolución de Calificación Ambiental es arbitraria e ilegal porque discrimina en forma arbitraria contra el patrimonio de Los Huasco Altinos en sus tierras y territorios. prescindiendo de una determinación de impacto y daños posibles al respecto. Sin embargo aquello no se ha recogido en el proyecto y la resolución recurrida minimiza los impactos sobre los valores paisajísticos y turísticos.
presentó recurso administrativo especial de reclamación contemplado en la Ley 19.I. perturbación o amenaza a sus derechos. por lo que no se puede determinar si realmente es agraviada para los efectos de la legitimidad para recurrir.Piden se restablezca el imperio del derecho. además. la comunidad que representa el recurrente intervino durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”. careciendo de legitimidad activa. puesto que dicho plazo debe contarse del 14 de marzo de 2011. por lo que los treinta días desde que tomaron conocimiento de la privación. iniciado el 25 de noviembre de 2008. perturbación o amenaza a sus garantías constitucionales. en su mayor parte.
SEGUNDO: Que los recurridos han solicitado el rechazo del recurso.T.. como una comunidad indígena. se les reconozca su calidad de indígenas y se respeten sus derechos territoriales. La recurrente afirma que el Estudio de Impacto Ambiental afecta sus derechos constitucionales. que estima debieron ser consideradas por la autoridad.. constando a la autoridad informante el conocimiento de la comunidad agrícola recurrente. sobre la base de los siguientes razonamientos: 1. que puede interponerse en contra de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto. lo que se puede obtener en la página web del Servicio y/o consultando a la Oficina Regional del mismo. de su simple expresión formal. haciendo diversas observaciones por escrito al mismo. no es posible establecer si por la elaboración y dictación de la resolución de calificación ambiental se producen los hechos denunciados. por lo que tendría una serie de prerrogativas. decretándose se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 049/2011 de Calificación Ambiental que aprueba el proyecto El Morro y se ordenen al Estado de Chile hacer un nuevo Estudio de Impacto Ambiental en el que se asegure a la Comunidad Diaguita de Los Huasco Altinos las garantías constitucionales antes señaladas. se extinguió antes de la interposición del recurso. 2. No se especifica en el recurso como se produciría la privación. pues no existe derecho amagado por el acto recurrido y la acción de protección no es de aquellas denominadas populares.Refiere que el recurso además es inadmisible por falta de legitimación activa de la recurrente. como comunidad Diaguita no se encuentran reconocidos a través de los conductos regulares que establece nuestra
.300. que concurrieron por la recurrente a dicha sesión. y los derechos y principios de la Ley 19. ya que sólo las primeras son capaces de producirlo respecto de derechos o garantías amparados por la vía de protección y. por no tener derecho alguno conculcado.300 y el resto de la normativa ambiental señalada en el recurso. sin embargo. por lo tanto son ellos los que se deben identificar para contar el plazo de interposición y en este caso. culturales y participativos presentes en la Ley Indígena y en el Convenio 169 de la O. que corresponde a la publicación del acto en el expediente electrónico del proyecto de la Resolución de Calificación Ambiental.Extemporaneidad del recurso porque debe distinguirse la manifestación material del agravio. ya que en la sesión de calificación del proyecto de 14 de marzo de 2011 estuvieron presentes Rubén Campusano y Robinson Pizarro.
En cuanto a las alegaciones que no se basan en su auto determinada condición de indígenas. pues implica consideraciones técnicas que no corresponde resolver al órgano judicial. rectificaciones y ampliaciones al titular del proyecto. b) Mediante la acción constitucional se pretende intervenir en competencias que se han determinado como propias de la administración activa. persona jurídica distinta de las personas naturales que la integran. además la recurrida se ha ajustado absolutamente a las disposiciones ambientales vigentes sobre la materia. pues el legitimado activo debe tener un derecho subjetivo y/o interés jurídico actualmente comprometido. Materias radicadas directa. cita jurisprudencia. cita los art 8 y 9 de la ley 19. siendo improcedente que la recurrente intente en esta sede resolver aspectos técnicos de la evaluación ambiental de un proyecto. el que fue objeto de cuatro rondas de preguntas y respuestas llamadas informes consolidados de solicitud de aclaraciones. estima que es evidente que la recurrente considera al recurso de protección como una acción popular. 3. no presenta ningún argumento que dé cuenta de una vulneración a la esfera de prerrogativas individuales que otorgan las garantías constitucionales señaladas. Ningún órgano estatal manifestó inconformidad al proyecto. Las materias en cuestión fueron objeto de evaluación ambiental por órganos con competencia en la materia. al no ser una comunidad indígena. señala que existen personas indígenas que forman parte de su comunidad Agrícola. y en los cuales los órganos con competencia ambientales se pronunciaron conformes. en que se ha entregado la competencia de pronunciarse del mérito de la evaluación ambiental de un proyecto a la autoridad administrativa ambiental. pero don Sergio Campusano ha recurrido en representación de la Comunidad Agrícola de Los Huasco Altinos. no puede ser titular de aquellos derechos y destinataria de aquellas prerrogativas que la ley reconoce a esas comunidades de un tratamiento especial. manifestaron su conformidad al Estudio de Impacto Ambiental. como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. rectificaciones o ampliaciones y cuatro adendas respectivas. por lo que las actuaciones de la recurrida se han ajustado plenamente a las disposiciones vigentes sobre la materia.
. quienes luego de pedir aclaraciones. concluyendo con una calificación favorable. por lo que la pretensión de la recurrente carece de validez y procedencia.normativa interna y. exclusiva y excluyentemente en órganos de la administración del Estado. en que el titular fue dando respuestas a las distintas preguntas de los órganos estatales con competencia ambiental.En cuanto al fondo se sostiene que el recurso es improcedente porque excede el ámbito propio de esta garantía constitucional y por las siguientes razones: a) El recurso importa el planteamiento de una hipótesis técnica no demostrada y cuya demostración no es una materia propia de un recurso de protección: los dichos de la demandante no se fundan en estudio o antecedente relevante alguno. No obstante. derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad. que permitan rebatir los informes sectoriales que figuran en la evaluación ambiental del proyecto y en especial aquellos relativos a recursos naturales..300. lo que no es así. Cita jurisprudencia en el sentido que las cortes no pueden asumir el rol de adoptar decisiones que la ley asigna a órganos idóneos o expertos.
ya que no existe norma legal o reglamentaria que así lo establezca. Define el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (fs. La resolución de calificación ambiental sólo es una autorización de funcionamiento con contenido ambiental que no confiere derechos sobre bienes privados o públicos. puede reclamarse. La resolución de calificación ambiental de un proyecto es un acto administrativo terminal. 242). también puede interponer un recurso de reclamación y si su resolución no le es satisfactoria. Ausencia de requisitos para la procedencia de las acciones incoadas. formas de ingreso y tramitación. básicamente cuando se trata de un Estudio de Impacto Ambiental.c) Inidoneidad (sic) de la acción de protección para obtener la interpretación sobre el sentido y alcance de un convenio internacional. sin embargo esos pronunciamientos no son vinculantes para ella. tampoco otorga
. No existe arbitrariedad o ilegalidad alguna en el proceso de calificación ambiental en cuanto a la forma ni al fondo. En el caso de un Estudio de Impacto Ambiental. actuando con la debida razonabilidad. y pretende que la Corte también lo haga. que se pronuncia sobre la viabilidad ambiental de un proyecto o actividad. siendo improcedente el recurso por no concurrir sus requisitos legales.300 y del artículo 36 de la Resolución del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. indicando que las opiniones técnicas emitidas por los órganos de la administración del Estado constituyen jurídicamente informes que no son vinculantes. según se desprende de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley 19. o si se aprueban con condiciones o exigencias. normas medioambientales u otras. puede intentarlo ante el juez de letras competente. por los órganos con competencia ambiental. La evaluación de impacto ambiental del proyecto que fue aprobado se efectuó en cumplimiento de toda la normativa ambiental. adoptando todas las medidas que permitan impedir o minimizar los efectos significativos adversos del proyecto. por el órgano calificador al momento de resolver acerca de la calificación ambiental de un proyecto o actividad. d) El acto impugnado no agravia las garantías constitucionales invocadas. junto con otros antecedentes. La recurrente interpreta normas medioambientales y legislación indígena. según el artículo 43 del Reglamento. lo que no procede en este recurso. se refiere al tipo de proyectos que deben someterse. pretendida arbitrariedad e ilegalidad y ausencia de relación de causalidad. han de ser considerados. aquél que considere que su observación no fue debidamente ponderada. Alega que existe una errónea interpretación por la recurrida respecto de las normas supuestamente infringidas. que permiten inferir que la autoridad al momento de resolver debe calificar el proyecto teniendo siempre presente su deber primigenio de tutela y protección al medio ambiente. haciendo presente el valor jurídico y la vinculación de los pronunciamientos de los órganos con competencia ambiental. Si la declaración o el Estudio son rechazados. también precisa las normas aplicables y concluye que los pronunciamientos o permisos que deben otorgarse a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.880. los que se encuentran regulados en los artículos 37 y 38 de la Ley 19.
mediante molienda y flotación de mineral extraído desde el yacimiento La Fortuna. Respecto del patrimonio cultural y arqueológico (fs. con respecto a la resolución de la Comisión. con una vida útil divididas en etapas de construcción en una operación de aproximadamente catorce años. de los cuales se afectarán directamente ciento cuarenta y cinco. por ello la no vinculación a los informes. utilizando agua desalinizada. Señala que se otorgaron catorce permisos ambientales sectoriales (fs. por lo que no hace uso de agua de la cuenca del Huasco. En cuanto a la calificación de “apropiadas” de las medidas de mitigación. unos 72 km al Nororiente del Poblado de Chanchoquin). y que por micro ruteo se han localizado doscientos diez nuevos sitios. estableciendo la posibilidad de adoptar alternativas frente a un proyecto dado y al calificarlo. Finalmente señala que el impacto corresponde a percepciones. precisándose que hay tres familias de crianceros que usan la Quebrada Larga que se verán afectadas. Quebrada Algarrobal desde la alta cordillera al mar. 257). contienen grados de estimación.derechos sobre bienes de terceros. al Norte de Vallenar y área el Totoral entre Caleta El Totoral Bajo y Posada Algarrobal. aplicando correctamente la norma. 257) se indica que hay cuatrocientos ochenta y nueve sitios en la zona. recursos hídricos. la autoridad estimó que la información existente es suficiente para establecer el impacto y consideró necesario condiciones copulativas que deberá desarrollar el titular (fs. porque continuará después de efectuadas las instalaciones. constituir servidumbres o generar gravámenes sobre bienes de dominio público o privado.300. medio biótico. considerando que el impacto será de duración permanente. quien decide la suficiencia de los antecedentes aportados al proceso para determinar la concurrencia de los efectos. los excluyen. marino y humano. En el programa de implementación y mitigación. hasta la etapa del cierre o abandono inclusive. bombeada desde una planta desalinizadora ubicada en Totoral. ni se faculta a proceder sin obtener las demás autorizaciones que el orden jurídico contempla. Luego se refiere a la Evaluación de Impacto ambiental del proyecto El Morro y a sus principales aspectos. únicamente constituye un permiso sobre la viabilidad desde el punto de vista ambiental. 258) y refiere las condiciones y exigencias impuestas al titular por la Comisión de
. Se refiere también a la calidad del aire. en los sectores El Morro. ya que el diseño del proyecto. parte alta de las cuencas de Quebrada Larga. las medidas y el monitoreo propuestos. cruzando la carretera panamericana a 50 km. la Comisión de Evaluación ejerció ese grado de estimación. por lo que se estableció la entrega de terrenos. Quebrada Piuquenes. cuyo objetivo es producir 90. e indirectamente trescientos cuarenta y cuatro.000 toneladas diarias de concentrado de cobre. indicando que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 25 de noviembre de 2008 y fue calificado ambientalmente el 14 de marzo de 2011. características y circunstancias según el artículo en comento. no tienen aptitud para plantear expropiaciones. habilitación y generación de sectores de pastoreo alternativo de veranadas a las tres familias de crianceros que usan la Quebrada Larga. compensación y reparación. señala que si se analiza el artículo 11 de la Ley 19.
sino que se integra armónicamente con las normas vigentes y que el Tribunal Constitucional estableció flexibilidad para implementar las consultas. precisando que el Tribunal Constitucional ha declarado la no auto ejecutabilidad de los artículos 13 a 15 del Convenio. no obstante fueron cinco estas oportunidades y aclara que la visación del informe consolidado de evaluación la CONADI lo presentó fuera de los plazos legales. cita su artículo 6.1 letra b) y 6. pretendiendo que la Corte se pronuncie indirectamente sobre dicho acto. que a través de sus organismos competentes. para cumplir con los estándares del Convenio 169 de la O. El convenio no es un cuerpo normativo aislado. por lo que sería reprochable a la recurrida solucionar en sede ambiental una controversia por demanda de tierras. La comunidad formuló muchas observaciones. Aduce que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es conciliable con los principios que informan el Convenio 169 y que la Excma.T. permitan la consulta a los pueblos indígenas.Evaluación. entregándosele el Estudio de Impacto Ambiental en las etapas de participación ciudadana. con especial consideración a ella. una sin considerar a las organizaciones indígenas y otra. Con relación a la opinión de la CONADI. Corte Suprema (rol 4078-2010) ha señalado que el procedimiento de participación ciudadana en los proyectos sometidos a Estudio de Impacto Ambiental. pormenorizando las distintas instancias de participación (fs 265) con relación a la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos. En cuanto a las pretendidas ilegalidades alegadas por el recurrente. junto con las copias de las adenda y actas de reuniones efectuadas fuera del periodo de participación ciudadana para recoger sus inquietudes. En cuanto a la participación ciudadana postula que existieron dos líneas. basada mayoritariamente en los pronunciamientos sectoriales de los órganos técnicamente competentes que participaron en la evaluación ambiental del proyecto(fs. independiente de que algunos de sus integrantes puedan pertenecer a algún pueblo originario.300 es el mecanismo a través del cual se lleva a efecto el deber de consulta a que obliga el Convenio referido. previsto en el artículo 26 de la Ley 19.2. que se efectuó pese a la afectación de la letra d) del artículo 11 que determina impactos significativos sobre la población protegida y no afecta a la población indígena. 259). sino que busca entregar este deber a los Estados. se señala que la recurrente es considerada una comunidad agrícola.I. por cuanto la recurrente no tiene la calidad de comunidad indígena. porque fue la propia recurrente quien expresó que la CONADI denegó la solicitud de inscripción de las tierras como indígenas. en consecuencia concluye que la CONAMA se mantuvo en contacto permanente con la directiva. no indígena.. que desde un comienzo manifestó su preocupación por los alcances del proyecto. Luego se refiere a la aplicación del Convenio 169. expresa que en el Oficio N°95 de 14 de marzo de 2011 se indica que hubo un solo pronunciamiento. el mismo día de la calificación ambiental del proyecto. de los que se desprende que la consulta debe hacerse de buena fe para llegar a un acuerdo y no tienen por objeto establecer un procedimiento reglado. referida por la recurrente.
y en lo referente al derecho de propiedad. no obstante para el Tribunal Constitucional únicamente los artículos 6 N° 1 a) y 7 N° 1 parte final. También alega la falta de relación causal entre la acción u omisión ilegal o arbitraria y el agravio al derecho fundamental en forma que éste pueda considerarse en el comportamiento antijurídico. se reitera que no son comunidad indígena. sino también porque pueden establecerse senderos y rutas distintos. 7. sin que la CONADI realizara más observaciones. Postula que la calidad de comunidad indígena debiera ser declarada en un juicio de lato conocimiento. Además se indica que el levantamiento étnico fue hecho por el titular en el Estudio de Impacto Ambiental y complementado a través de la adenda. por ello la comunidad agrícola no fue ni debió ser tratada como indígena. vulnerando sus derechos territoriales sobre la tierra aguas y a mantener sus costumbres y formas de vida. por ser una comunidad agrícola. 15 y 16 del Convenio. haciendo presente que la garantía constitucional relacionada con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. respecto de la cuales se dictaron medidas de mitigación. En cuanto a la arbitrariedad e ilegalidad por desconocer los derechos participativos de los artículos 6. refiere que el Estatuto Indígena les será aplicable en la medida que se les reconozca la calidad de tales. y el sendero turístico es una vaga expectativa. tienen carácter de autoejecutables. TERCERO: Que además el tercero coadyuvante Sociedad Constructor y Minera El Morro. Si no hay garantía conculcada. no sólo porque se autodefine como beneficiaria de un Estatuto que no le es aplicable. agregándose que ninguna influencia tiene la imputación en cuanto al perjuicio de las actividades económicas de Los Huasco Altinos en sus tierras y territorios. sino sólo tres familias afectadas. respecto de la actividad económica sólo son intereses y no derechos adquiridos. influye en trashumancia. El artículo 15 expresamente se declaró no autoejecutable y respecto del 16 no se pronunció. concluye que no hay privación. perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos señalados. ni se ha visto entrabado menos privado. se detenta por la recurrente sin base técnica y no se advierte su conculcación en forma concreta. Finalmente. y que es de competencia exclusiva y excluyente de la Comisión verificar la existencia de impactos y considerar las medidas propuestas. no se le aplica el Estatuto Indígena. no procede acoger el recurso. porque el ejercicio de este derecho no se ha tornado irrealizable. ha solicitado el rechazo del recurso. lo que se extiende al N° 2 del artículo 6 cuando permite el cumplimiento de su N° 1. aún cuando exista un acto ilegal o arbitrario. aduciendo la extemporaneidad del mismo por haber sido interpuesto fuera del plazo de
. aseverando que la calificación favorable del proyecto El Morro no constituye una amenaza al derecho de propiedad.Sobre la arbitrariedad e ilegalidad por desplazamiento de los crianceros de sus tierras ancestrales. pues la actividad económica que describe es de iniciativa particular. por lo tanto no hay falta de ponderación de impactos y arbitrariedad en la calificación de las medidas.
dichos procesos continuaron desarrollándose una vez aprobado el proyecto. pero si se estimaren concurrentes. incluso se sostiene que hizo observaciones ciudadanas del proyecto. en consecuencia. En cuanto al fondo. CUARTO: Que el Subdirector Nacional Norte de la CONADI ha indicado. incorporado en el debate. insistiendo en que todas las comunidades y personas indígenas tuvo acceso a la participación ciudadana. emitió un informe cuestionándolo. También hace presente que la solicitud de mesas técnicas para comunidades indígenas fue acogida durante el curso del proceso de evaluación. dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Agrega que las supuestas “incongruencias” no invalidan la Resolución de Calificación Ambiental. respecto del cual el 17 de mayo se interpuso un recurso jerárquico ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. que después de realizar el informe consolidado. QUINTO: Que todo lo relativo a la extemporaneidad e inadmisibilidad por falta de legitimación. según Oficio N° 08-331/2010. que no sólo participó en forma oportuna. incluso la propia CONADI se manifestó conforme con la Evaluación de Informe Ambiental del Proyecto. haciendo presente que se reclama de los fundamentos de la resolución para lo cual existe un recurso pendiente y en general se refieren en forma sustancialmente coincidente con el informe de los recurridos. las mesas fueron convocadas por la propia CONADI donde se invitó a los representantes de las comunidades indígenas y se discutió acerca de las preocupaciones. como también el requerimiento efectuado durante el proceso de evaluación por parte de monumentos nacionales. según Oficio N° 95 ya reseñado. no le invalidan porque los respectivos servicios visaron el estudio y las diferencias responden al proceso normal y necesario para la evaluación de un proyecto. haciendo apreciaciones críticas de las mesas técnicas con comunidades indígenas. sino que su intervención fue más allá de lo exigido en la propia ley. por lo demás.T. por lo que resulta extraño el cuestionamiento posterior. vencido el plazo para visar el Informe Consolidado de Evaluación.
. reconociendo que la CONADI. la estructuración de la mesa técnica para asuntos medioambientales no es homologable ni debe ser subentendida como participación de la totalidad de la asamblea indígena. los que permiten continuar con la concreción del proyecto minero. no pueden considerarse a la luz del Convenio 169 de la O.I. estima que no existen incongruencias entre las observaciones y los organismos sectoriales y lo dispuesto por la Resolución de Calificación Ambiental.treinta días. habiéndose incorporado las solicitudes adicionales del SAG y CONAF.. sin embargo afirma que no existen. incluso la comunidad Los Huasco Altinos. haciéndose presente en el Oficio N° 327 que de acuerdo a la legislación actual las personas indígenas titulares de derechos en la comunidad Estancia Los Huasco Altinos pueden inscribir sus respectivos derechos. se desestimará al tener únicamente presente que es la Resolución N° 049 que califica positivamente el estudio de impacto ambiental del proyecto El Morro. la única que materializa o concreta los distintos actos administrativos. en su tercera adenda. ya que se tuvo conocimiento de los actos con anterioridad a la fecha de notificación. no son las reuniones ni las resoluciones adoptadas en las comisiones.
mientras éste no se materialice en un acto administrativo propiamente tal.300. La verada. la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental se regulan especialmente por la Ley N° 19. es un de las actividades centrales (pero no exclusiva) en el proceso de formación de recursos para la economía familiar. pertenecientes al patrimonio cultural. no cumple con sus efectos jurídicos propios y por lo mismo no puede ser considerado sino a partir de su notificación. características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19. entre otros. compensación o reparación apropiadas al caso. También se indica la alteración significativa del valor paisajístico o turístico o sitios con valor antropológico. Si ello no sucede debe ser rechazado (ibid Artículo 16 inciso final). su protección. identificar o interpretar el impacto ambiental. Pero su importancia no solo reposa en los ingresos. La vega de Quebrada Larga. objeto del recurso. reasentamiento de comunidades humanas. SEXTO: Que además para la conveniente resolución del asunto y antes de entrar a analizar la procedencia de la pretensión se hace conveniente destacar de la normativa ambiental lo siguiente: 1° El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 5° La normativa ambiental prevé la participación ciudadana obligatoria únicamente en los procesos de calificación de estudios de impacto ambiental. SEPTIMO: Que la Resolución Exenta N° 049. 4° Los proyectos o actividades enumerados en el artículo 11 requieran de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental cuando generan. 2° El Estudio de Impacto Ambiental es el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. de manera que el hecho de haber tomado conocimiento de la decisión de adoptar la aprobación del proyecto. arqueológico o histórico en general. para lo cual utilizan las vegas de quebrada Larga.éste es el acto administrativo que a juicio de los recurrentes va a generar las acciones o omisiones.300. con relación a la letra c) del artículo 11 de la Ley 19. 3° El Estudio de Impacto Ambiental se aprueba cuando cumple con la normativa de carácter ambiental y de debe hacerse cargo de los efectos. Piuquenes y del Medio para sus veranadas. o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. uno de los siguientes efectos. a lo menos.300 (Artículo 1). Piuquenes y del Medio son utilizadas por 3 familias de crianceros además de una persona que pertenece a una de las familias y que tiene su majada propia. Por otra parte la legitimación nace justamente de la calidad de indígena invocado por los recurrentes y reconocido en el ordenamiento jurídico nacional. proponiendo medidas de mitigación. ya que constituye
. en análisis. describiendo las acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar los efectos significativamente adversos (ibid Artículo 2 letra i)). estableció que: “El proyecto provocará la pérdida de la vega utilizada como majada en Quebrada Larga. Estas familias desarrollan como actividad principal la criancería. el que debe proporcionar antecedentes fundados para predecir. obligando a las comisiones respectivas establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad (ibid Artículo 26).
Estos senderos son usados en las veranadas. otro efecto identificado es la alteración en la imagen de la calidad de productos agropecuarios en la cuenca del Huasco.24 ha para generación y habilitación de áreas de pastoreo para los miembros de la Comunidad Agrícola de los Huasco Altinos. Aún cuando generaría efectos menores. aire. Relacionado con la pérdida de vegas se encuentra la pérdida parcial de senderos/huellas usados para tránsito en Quebradas Larga Y Piuquenes. generación y habilitación de sectores de pastoreo alternativo a los crianceros de la Comunidad Agrícola de los Huasco Altinos y áreas aledañas. Freirina y Huasco. de carácter tradicional. circularán diariamente 80 camiones de la planta al puerto (160 viajes diarios) por esa ruta. habilitación de un sector de pastoreo a los crianceros de veranadas.”. se ocupan hasta agotar zonas de potreros y vegas.también una institución cultural alrededor de la cual se organiza la vida familiar. especialmente de los recursos del área: agua. generación de sectores de pastoreo de invernadas. que siguen los cursos de quebradas o ríos. corresponde apercepciones. existe un número importante de senderos y huellas. en el área de influencia directa del Proyecto. En rigor. que pretenden asegurar una conducción segura. el proyecto podría generar molestias por desplazamiento de transporte para población de asentamientos humanos de ruta c-46. Por otra parte. En la zona de ocupación de Los Huasco Altinos. se han considerado las mismas medidas de mitigación y/o compensación expuestas anteriormente. Se trata de rutas de trashumancia. entrega de terrenos de 114. En los casi cincuenta kilómetros. puesto que el diseño del Proyecto y las medidas y el monitoreo propuestos excluyen los efectos.
. por la estrecha relación con la mencionada pérdida de la vega en Quebrada Larga. De este modo. estilos de vida. aplicación de la política del buen vecino. Fondo de Desarrollo Sustentable para los crianceros de la Comunidad Agrícola de los Huasco Altinos. entre los meses de octubre y mayo de cada año. pudiendo afectar centros poblados tales como Maitencillo. habilitación de las condiciones de sectores de pastoreo de invernadas. considera medidas voluntarias de mitigación asociadas a la divulgación de la información sobre cumplimiento de la normativa ambiental y medias de manejo ambiental. Este efecto tendrá mediana relevancia y se han considerado medidas de mitigación voluntarias asociadas a las capacitación de chóferes tanto de SCM El Morro como de contratistas. Entre las medidas de mitigación se ha propuesto la entrega de terreno y generación de sectores de pastoreo alternativos de veranadas a las 3 familias de crianceros que utilizan Quebrada Larga. asegurara el cumplimiento de normas de buena conducta. Las molestias potenciales a las comunidades de la ruta C-46 se asocian al transporte de concentrados procedentes del área de Mina-Planta del Proyecto. Finalmente. entre ellos en quebradas Larga y Piuquenes. las comunidades indígenas y vecinos de la comuna de Alto del Carmen. Se trata de un efecto negativo de alcance moderado que si bien no compromete planes de manejo. y divulgación de la planificación de transporte.
a través de sus instituciones respetar. cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a estas personas. rige en Chile el Convenio 169 de la O. por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. en consecuencia. el recurso de protección no es idóneo para revertir decisiones de la autoridad administrativa en orden a la calificación favorable de un Estudio de Impacto Ambiental. en cuyo artículo 1° indica que “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias. familias y comunidades. debe destacarse para este caso concreto la Ley 19. la “Diaguita del Norte del país”. precisándose en su artículo
. no está en condiciones de revisar o auscultar cada una de estas actuaciones o sub-procedimientos.253. modificada por la Ley 20. Fomento y Desarrollo de los Indígenas y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”. Desde este punto de vista. Por último esta misma ley permite que la calidad indígena se acredite mediante un certificado otorgado por la Corporación Nacional d e Desarrollo Indígena. NOVENO: Que no obstante lo anterior. sino porque la numerosas decisiones técnicas requieren de estudios previos y de conocimientos específicos que el órgano jurisdiccional carece y.”. y sin perjuicio de lo expresado. velar por su adecuada explotación. en armonía con la Ley 19. En esta disposición se reconoce como principales etnias indígenas de Chile. sus culturas.117 que “Establece Normas sobre Protección. adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas. en particular. entre otras. proteger y promover el desarrollo de los indígenas. porque además la acción cautelar requiere de derechos indubitados e inequívocos que ostenten los titulares de la acción para disponer el restablecimiento de los derechos o asegurar la debida protección a los afectados.I. (promulgado en el Diario Oficial del 29 de abril de 1989. Es deber de la sociedad en general y del Estado. precisándose que “El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena así como su integridad y desarrollo de acuerdo a sus costumbres y valores. a través de los cuales los pueblos indígenas y tribales interesados puedan participar libremente. sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. DÉCIMO: Que además de la legislación nacional.T. normativa vigente a la luz de lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República y 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. mediante Decreto N° 778 del 30 de noviembre de 1976) cuyo artículo 6° exige a los gobiernos consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados e instituciones representativas.OCTAVO: Que si bien la calificación desfavorable o no que debe efectuar la respectiva Comisión de Evaluación sobre un Estudio de Impacto Ambiental contiene numerosos documentos. no sólo porque existe un procedimiento previamente establecido y muy pormenorizado. siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”.253. informes e incluso resoluciones sectoriales que impiden al órgano jurisdiccional evaluar alguna acción u omisión de las que describe el artículo 20 de la Constitución Política de la República relativa a esta acción cautelar. debiendo establecerse los medios.
debiendo el estudio de impacto ambiental de proyecto El Morro considerarlos específicamente. social y cultural. debiendo consultarse a los interesados para determinar si los intereses de estos pueblos son perjudicados y en qué medida. administración y conservación de dichos recursos. constituyen antecedentes que este estudio debió considerar específicamente para la entrega de terrenos. lo cierto es que sus integrantes ya individualizados tienen tal calidad y les afecta el proyecto porque se comprobó que son titulares del derecho de dominio inscrito de terrenos respecto de los cuales iniciarán las actividades de explotación la Sociedad Contractual Minera El Morro. los artículos 26 y 27 del Pacto establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a similar protección. Por lo demás. antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación podrían dañarse.
UNDÉCIMO: Que según se ha venido razonando y de acuerdo a la transcripción de la Resolución Exenta 049 con relación al reasentamiento de las comunidades humanas o alteración significativa de sistema de vida o costumbres de grupos humanos. Asimismo. profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma. en la medida que éste afecte a sus vidas. creencias. por lo que es lógico deducir que los integrantes de la Comunidad Agrícola y especialmente las cuarenta y tres personas individualizadas en la parte expositiva -según certificados de fs.7° que estos pueblos deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. además de una persona que pertenece a una de estas familias y “que tiene su majada propia”. aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional. en la medida de lo posible. susceptibles de afectarles directamente y en lo referente a la utilización de recursos naturales y propiedades mineras. Su artículo 15 ordena una protección especial como derecho de estos pueblos a participar en la utilización. la aplicación de estas normas ha sido aceptada por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia dictada en causa Rol 26832010 dictada a propósito de un recurso de casación acogido el 11 de enero del presente año. instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar. el proyecto sólo consideró tres familias de crianceros. debiendo los Estados respetar las minorías étnicas para tener su propia cultura. El Estudio de Impacto Ambiental que destaca que los ingresos de estas personas no constituye lo esencial sino también el aspecto cultural en cuanto organiza la vida familiar y las actividades centrales en el proceso de formación de recursos para la economía familiar. generación de sector de pastoreo.le es aplicable la normativa nacional e internacional ya referida. porque independientemente a la circunstancia que la comunidad agrícola Los Huasco Altinos no haya tenido a la fecha de la elaboración del proyecto un reconocimiento como Comunidad Indígena. Se estatuye que en este sentido “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. debiendo participar en la formulación. su propio desarrollo económico.
. habilitaciones de sectores en condiciones de pastoreo invernal que reconozca la existencia de los mismos y no en forma genérica como lo hizo. 418 a 460 que acreditan sus calidades de indígena.
la desigualdad ante la ley que priva la garantía constitucional del N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental. incluir sólo tres familias y una persona natural y prescindir específicamente del resto de estas personas que tienen la calidad de indígena comprobada. existiendo por tanto dos rubros que obligan a acoger el recurso. como tampoco existe en el proyecto. una audiencia específica en cuanto a sus necesidades. en todo su desarrollo. y la amenaza al derecho de propiedad como consecuencia del desconocimiento de la calidad de indígenas que requieren un tratamiento especial para los aspectos ya señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. 390 del estudio se proponen medidas de mitigación. especialmente porque el ordenamiento
. en consecuencia.000 hectáreas y que se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar. sitios de valor antropológicos e históricos que de acuerdo al artículo 11 requieren este estudio. por hacer diferencias que no tienen justificación y que son ilegales y arbitrarias. planes de mitigación y las indemnizaciones correspondientes. de manera que desconocer su existencia. en términos de sujetos activos para las acciones de mitigación. la no existencia de grupos privilegiados sin que autoridad alguna pueda establecer estas diferencias arbitrarias entre tres familias de crianceros y una persona natural. respecto de todos los integrantes de la comunidad agrícola que acreditaron poseer la calidad de indígenas y que ya fueron enumerados. Todas las demás acciones u omisiones no corresponde analizarlas en este recurso porque consisten en aspectos específicos relativos al paisajismo. lo que está reconocido en la legislación nacional según se ha venido razonando. entrega de terrenos y generación de sectores de pastoreo alternativo de veranadas únicamente a estas tres de familia de crianceros. ilegalidad que justifica acoger excepcionalmente un recurso de protección frente a la calificación favorable del Estudio de Impacto Ambiental porque en la letra c) de la fs. por estimarse que el reconocimiento tardío de la calidad de indígena y la intervención transversal de la CONADI cuyos informes tuvieron una evolución desde su primera intervención sin un reconocimiento claro y enfático sobre los derechos de esta comunidad agrícola. constituye una ilegalidad que representa una amenaza concreta a su derecho de propiedad. cuya evaluación no demuestra ostensiblemente alguna arbitrariedad o ilegalidad que protege la acción cautelar. han hecho plausible las actitudes de los recurridos. constituye una ilegalidad que está protegida en la Constitución Política de la República que garantiza la igualdad ante la ley. Este desconocimiento se ha mantenido en el informe reseñado de la recurrida en cuanto se acepta que la comunidad agrícola fue escuchada en diversas reuniones pero sus integrantes no fueron considerados como indígenas. perjuicios que le ocasionarán. DUODECIMO: Que por lo razonado y establecido se acogerá el recurso en la forma señalada. denominado Estancia Los Huasco Altinos. sin costas.desconociendo a los integrantes de estas comunidades de hecho. ocupado por la comunidad integrada por aproximadamente doscientos sesenta comuneros y sus respectivas familias. quienes descienden de las comunidades Diaguitas que desde tiempos precolombinos han habitado el territorio. desconociéndose a las personas integrantes de la comunidad agrícola. turismo. de manera que surge indefectiblemente la ilegalidad que afecta al derecho de propiedad que ostentan estos comuneros respecto de un vasto terreno de aproximadamente 395. reasentamiento e indemnizaciones.
CristinaAraya Pastene. Oscar Clavería Guzmán. ClaudiaCampusano Reinike. Autoriza la Secretaria Titular Sra.
. Pronunciado por la Sala de Verano integrada por los Ministros Sra.Laura Soto Torrealba. el que se deja sin efecto mientras no se complemente y se corrija el apartado relacionado a los efectos.300 relativo al reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sistema de vida o costumbres de grupos humanos (fs. 390). Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema. Redacción del Ministro Titular Sr. comuníquese y archívese en su oportunidad. sin costas.
Regístrese. dictada por la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama que califica favorablemente el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto El Morro”. el recurso de protección interpuesto por Fernando Campusano Villches por sí y en representación de la Comunidad Agrícola Los Huasco Altinos en contra de la Resolución Exenta N° 049 del catorce de marzo de dos mil once.jurídico nacional incorporó la etnia indígena diaguita sólo a partir del 8 de septiembre del año 2006 en virtud de la Ley 20.SE ACOGE. Rol 618-2011. Oscar Clavería Guzmán y Sra. características y circunstancias señaladas en la letra c) del artículo 11 de la Ley 19. Sr.117. de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.
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