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Timestamp: 2019-12-15 06:24:25
Document Index: 94914617

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL CREADO EN FUENTE JURISPRUDENCIAL* 1 | Revista Misión Jurídica
EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL CREADO EN FUENTE JURISPRUDENCIAL* 1
[1] Reflexiones obtenidas del análisis documental de diversas resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al bloque de constitucionalidad y los parámetros de regularidad constitucional en México.
This article will analyze the parameter of regularity control, constitutional as the new paradigm that emerges precisely as a mechanism for judicial control and protection of human rights following the constitutional reform of June 6, 2011 and the judgments against of the Mexican state, in particular, to file number 912/2010, formed on the occasion of the judgment issued by the Inter-American Court of Human Rights RosendoRadilla Pacheco against the Mexican State and a series of issues before our Mexican Constitutional Court, as are: an amparo suit, an unconstitutional action; a contradiction of thesis 293/2011, that came to establish this new paradigm of the control of constitutional regularity, subject, in our opinion, to future revisions. A new paradigm that makes us reflect on the constitutional future in our country.
En este artículo se analizará el parámetro del control de regularidad constitucional, como el nuevo paradigma que surge precisamente como un mecanismo de control jurisdiccional y protección de los derechos humanos a raíz de la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, y de las sentencias en contra del estado mexicano, en especial, al expediente varios 912/2010, formado con motivo de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano y una serie de asuntos expuestos ante nuestro Tribunal Constitucional mexicano, como son: un juicio de amparo, una acción de inconstitucionalidad; una contradicción de tesis 293/2011, que llegaron a establecer este nuevo paradigma del control de regularidad constitucional, sujeto en nuestra opinión, a revisiones futuras. Un paradigma nuevo que nos hace reflexionar sobre el futuro constitucional en nuestro país.
Neste artigo analisaremos o parâmetro do controle da regularidade constitucional, como o novo paradigma que surge justamente como um mecanismo de controle judicial e proteção dos direitos humanos como resultado da reforma constitucional de 6 de junho de 2011, e das sentençasem contra o Estado mexicano, em particular, o expediente 912/2010, formado por ocasião da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos Rosendo Radilla Pacheco contra o Estado mexicano e umasérie de matériasapresentadasperantenosso Tribunal Constitucional mexicano, tais como: umjulgamento de amparo, umaação de inconstitucionalidade; umacontradição da tese 293/2011, que veioestabeleceressenovo paradigma do controle da regularidade constitucional, sujeitoemnossaopinião, a revisões futuras. Umnovo paradigma que nos faz refletir sobre o futuro constitucional emnosso país.
KEYWORDS: parameter, constitutional, paradigm
PALABRAS CLAVE: parámetro, constitucional, paradigma
PALAVRAS-CHAVE:parâmetro, constitucional, paradigma.
Fecha de recepción: Febrero 20 de 2018
Fecha de revisión: mayo 4 de 2018
Fecha de aceptación: mayo 07 de 2018
Dra. Magdalena Díaz Beltrán* [1]
[1] Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California; Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por el INEF y Licenciada en Derecho por UABC; Líder del cuerpo académico Paradigmas Constitucionales y Derechos Fundamentales de la facultad de Derecho-Mexicali; Secretaria Proyectista adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California.
En los últimos años no se ha dejado de hablar de la reforma constitucional de derechos humanos del 06 de junio de 2011 y sus efectos principales, así como la implementación y definición de medidas de control jurisdiccional y protección de los derechos humanos más efectivos.
A partir de esta reformahan surgido varios términos jurídicos que implican un nuevo estudio, nuevas reflexiones y cambios constitucionales, ejemplo de ello, son los términos que surgen de los análisis a las resoluciones de nuestro tribunal constitucional y que dieron bienvenida a la décima época el Semanario Judicial y su gaceta, nos referimos a los términos. parámetro, principio pro homine, regularidad constitucional, bloque de constitucionalidad y parámetro de regularidad constitucional, entre otros.
Hoy nos referiremos a este último tema, a esta nueva forma de hacer control constitucional, a través de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en él reflexionaremos sobre su origen, razón y función. Para ello, primero analizaremos el término parámetro y posteriormente las resoluciones que han permitido a nuestra Corte Nacional establecer este nuevo paradigma.
En principio podemos señalar que el terminó parámetro se ha tornado indispensable para definir las bases jurídicas para la defensa de los derechos humanos en nuestro país, a partir de la reforma constitucional de 2011 y ha sido motivo de estudio por parte de los investigadores para determinar su concepto, integración y evolución.
Por ello, analizaremos este término desde la perspectiva de una magnífica obra elaborada por el investigador César Astudillo denominada El bloque y parámetro de constitucionalidad en México.
Surgen así, diversas preguntas sobre el concepto de parámetro e integración del mismo, por lo que procederemos a analizar cómo evoluciona este nuevo modelo o paradigma.
1. Parámetro de Control de Regularidad Constitucional
Últimamente escuchamos hablar sobre el término parámetro como algo familiar y útil para medir algunos requerimientos para hacer efectivo algo, así que entendemos este término como varias acepciones no forzosamente jurídicas.
Para la Real Academia de la Lengua (2009), la acepción parámetro, desde su contenido natural, representa el dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación y evoca la idea de arquetipo o modelo, y en sentido amplio indica la existencia de un punto de referencia que inevitablemente se transforma en un criterio de comparación.
Conocemos el término; parámetro como el dato que se considera como imprescindible y orientativopara lograr evaluar o valorar una determinada situación.
A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en perspectiva.
En el contexto de los derechos, dice Astudillo (2014), que el parámetro adquiere un contenido prescriptivo que escribe el referente normativo a partir del cual se lleva a cabo el control de constitucionalidad y- hay que decirlo- de convencionalidad de las disposiciones jurídicas y de los actos de los poderes públicos.
El jurista Cruz Villalón (citado en Astudillo, 2014), dice que un parámetro es “el sujeto de control” el derecho aplicable, es decir, el conjunto de ordenamientos que deben entrar en aplicación a la hora de resolver un determinado problema jurídico”.
También podemos considerarlo como un canon o criterio judicial, como lo denomina Spadaro (citado por Astudillo: 2014) utilizado en la resolución de un tipo específico de controversias como las relativas a derechos fundamentales.
Así podemos señalar que cuando escuchemos hablar de parámetro debemos entenderlo e integrarlo dentro de nuestro lenguaje jurídico, por aquellas disposiciones legales que el juez utiliza como referente a la hora de someter a control de ajuste constitucional las normas con rango de ley, las disposiciones, resoluciones o actos de los poderes públicos centrales o autonómicos, y los actos ejecutados por los agentes del poder público” (Gómez: 2006: 69)
Caballero O. (en Cossío: 2017), dice que la Suprema Corte ha calificado al bloque de constitucionalidad como un “parámetro de control de regularidad constitucional”, identificándolo, así como el conjunto o catálogo de derechos, aunque a su juicio, la conformación como parámetro conlleva el ejercicio interpretativo por parte de los organismos e instancias competentes en distintas sedes, incluyendo el ejercicio de control de convencionalidad.
Por ello el trabajo arduo de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha florecido con el nacimiento de nuevas reglas, cánones o criterios para proteger los derechos humanos; ha sentado las bases para que los jueces que resuelven una controversia se apoyen en lo que ella ha definido como un parámetro de control de regularidad constitucional.
Así, que el control de regularidad es el nombre o denominación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha dado al conjunto de normas que sirven para evaluar la constitucionalidad o regularidad de una norma.
Esta idea o concepto fue utilizado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios asuntos que fueron promovidos antes de la reforma constitucional pero que dado lo trascendental de las controversias fueron atraídas por el Pleno y resueltas en diversos momentos y a los que posteriormente se hará referencia.
Estos asuntos constituyen la línea de tiempo que nos lleva a conocer cómo surge este nuevo modelo:
Expediente Varios 912/2010 resuelto el 14 de julio de 2011; formado con motivo de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los derechos humanos dentro del caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado Mexicano.
Sentencia dictada en el amparo directo 28/2010 del 23 de noviembre de 2011.
Acción de Inconstitucionalidad 155/2007 resuelta en 07 de febrero de 2012.
Contradicción de Tesis 293/2011 que se dictó hasta 03 de septiembre de 2013.
1.2. Distinciones con el bloque de constitucionalidad
El concepto bloque, empleada por el derecho francés, evoca la idea de solidez y unidad, a partir de que, en su concepción tradicional, exterioriza algo que no puede ser dividido o escindido. (Astudillo: 2014)[1].
El concepto fue creado en 1970 en Francia, donde la doctrina lo utilizó para explicar las decisiones del Consejo Constitucional, quien empezó a usar la remisión que formula la Constitución vigente a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 el preámbulo de la Constitución de 1946; a los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República debido a que en Francia la totalidad de las normas que lo integran son de derecho interno y gozan de la misma jerarquía.
López M. y Pahuamba B. (2014) definen al bloque de constitucionalidad como la unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer textualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte de la misma y deben de tener aplicación directa y eficaz.
La noción de Bloque de Constitucionalidad implica asumir que existen una serie de normas que hacen parte de la Constitución por mandato mismo del mismo texto constitucional sin que necesariamente se hallen explicitadas en él. Esas normas son esencialmente estándares internacionales de derechos humanos, debido al tratamiento especial y privilegiado que el constitucionalismo contemporáneo confiere a los tratados de derechos humanos. (Uprimny: 2008).
El bloque de constitucionalidad implica incorporar un parámetro de control constitucional, con normas y principios que no están contemplados directa o formalmente en la Constitución, pero que, de conformidad con esta, deben ser considerados con grado constitucional para el control de actos y leyes. Entonces, este concepto, cobra trascendencia para ampliar la esfera de derechos a ser protegidos por nuestros tribunales, a través de diversos medios de control constitucional, específicamente, los controles jurisdiccionales de la Constitución. (Muñoz, J., citado por Morales, A. &Odimba J. 2011).
Para seguir con la búsqueda de la distinción entre parámetro de control de regularidad y bloque de constitucionalidad debemos entender sus distinciones.
En su análisis sobre el bloque de constitucionalidad y los parámetros constitucionales, Astudillo (2016) establece algunas distinciones que consideramos acertadas.
El parámetro de constitucionalidad está vinculado a contenidos procesales, el bloque de constitucionalidad a contenidos sustanciales.
El parámetro de constitucionalidad encuentra su sustento en el derecho procesal constitucional y el bloque adquiere la totalidad de su sentido en la lógica del sistema de fuentes,
El parámetro se dirige a agregar disposiciones de diferente naturaleza, función y jerarquía en el bloque se dirige a normas que comparten el mismo valor;
El parámetro representa la agregación eventual de derechos y reglas con propósitos procesales y en el bloque representa una unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales;
El parámetro tiene la finalidad práctica de servir como premisa mayor del enjuiciamiento constitucional y el bloque tiene la finalidad genérica de agregar bajo la misma cobertura constitucional a un conjunto de derechos;
El parámetro se vincula con la Constitución procesal, la cual ubica a la norma suprema como criterio de enjuiciamiento práctico para la resolución judicial de las controversias a su esfera y el bloque se vincula a la noción de Constitución material que hace que la ley fundamental, la regla de reconocimiento y racionalización de sistema de fuentes del derecho, y particularmente de las fuentes de los derechos.
Así, el parámetro de controlconstitucional constituye un instrumento o mecanismo de habilitación dirigido a todos los jueces para que conformen las reglas de la premisa mayor del enjuiciamiento constitucional, a partir del conjunto de ordenamientos pertinentes para ello. Su conformación es compleja, producto de la estratificación a varios niveles de fuentes que lo componen y que se estiman relevantes para que el juez se forme la convicción respecto de la constitucionalidad de la disposición o del acto impugnado.
Por otra parte, el bloque es el conjunto de derechos fundamentales de fuente nacional e internacional reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, caracterizado por estar elevados al mismo rango normativo.
2. Antecedentes del nuevo paradigma constitucional.
Debemos identificar cuatro resoluciones emitidas por la Suprema Corte Justicia de la Nación que marcaron el nacimiento del parámetro de control de regularidad en México; si bien es cierto, tanto los hechos que dieron vida al expediente varios 912/2010, así como el juicio de amparo 28/2010, la acción de inconstitucionalidad 155/2007 y contradicción de tesis 293/2011, fueron interpuestas en fechas anteriores a la reforma constitucional, todas constituyen el punto de partida para el nacimiento y delimitación del parámetro de regularidad constitucional.
Así iniciaremos en el breve análisis de estas resoluciones paradigmáticas.
2.1. El Expediente Varios 912/2010
Resuelto por sesión del 14 de julio de 2011, y formado con motivo de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dentro del caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado MexicanoExcepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, resolvió lo siguiente:
En virtud de la reforma constitucional del 06 de junio de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el párrafo 31, estableció la existencia de un parámetrode controlde la regularidad de las normas que integran el sistema jurídico mexicano y lo refirió como un conjunto de normas a partir del cual se debía determinar la regularidad o la validez de las normas que integran al ordenamiento jurídico mexicano; sosteniendo además que dicho parámetro constituía un catálogo normativo que permitiría a los juzgadores determinar cuál de las normas resultaba más favorable para las personas, a fin de ser tomado en cuenta para la circunstancia particular a la que se enfrenten.
Y delimitamos el parámetro de la siguiente manera:
-Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;
-Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; y
-Los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.
Así, dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia de este parámetro de regularidad constitucional, de conformidad con lo interpretado y definido por la Suprema Corte, no determina ex ante (antes del suceso) un criterio de jerarquía entre las normas que lo integran, debido a que, de acuerdo con el texto del segundo párrafo del nuevo artículo primero constitucional, cada una de las autoridades debe favorecer la protección más amplia para cada caso concreto.
2.2. Sentencia dictada en el amparo directo 28/2010.
Este juicio de amparo atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelto en sesión del 23 de noviembre de 2011, resolvió un conflicto planteado en relación a la posición y valor entre el derecho al honor y la reputación, ya que ninguno de los dos se encontraban reconocidos expresamente en la Constitución, pero sí en los tratados internacionales, por ello, nuestro tribunal Constitucional, al resolver este conflicto, reflexiona y argumenta que conforme el texto del artículo 1o. constitucional, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias:
a) Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
b) Todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano.
Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos- y atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el Texto Constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano[2].
Así se escribió la historia de este parámetro de regularidad constitucional en sus inicios.
2.3. Acción de Inconstitucionalidad 155/2007
Resuelta el 07 de febrero de dos mil doce y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de ese mismo año. Este asunto inicia el 09 de julio de 2007, cuando el entonces Procurador General de la República promovió acción de inconstitucionalidad, en la que demandó la invalidez de los artículos 72, fracción V, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial de la entidad el 08 de junio de 2007. Preceptos de los que se sospechaba su inconstitucionalidad, pues establecían una sanción administrativa por reincidencia, consistente en trabajos a favor de la comunidad, al padre o tutor responsable que desatendieron los programas terapéuticos de sus hijos; y, a quienes obstaculizaron las visitas de verificación y la labor de los inspectores.
En la resolución dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se argumentó que conforme el artículo primero Constitucional, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas no sólo a velar por los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y al configurar los contenidos de tales derechos, cualquier autoridad del Estado mexicano debe preferir la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate[3]. Además, que al resolverse el expediente Varios 912/2010, ya se había determinado que tal disposición debe leerse e interpretarse de manera conjunta con lo que dispone el artículo 133 de nuestra Constitución Federal y, a partir de ello, estableció la existencia de un parámetrode controlde la regularidad de las normas que integran el sistema jurídico mexicano[4].
Argumenta también el Pleno de nuestro máximo tribunal, que este parámetro se refiere a un conjunto de normas a partir del cual se determina la regularidad o la validez de las normas que integran al ordenamiento jurídico mexicano. Adicionalmente, este parámetro constituye un catálogo normativo que permite a los juzgadores determinar cuál de ellas resulta más favorable para las personas, a fin de ser tomado en cuenta para la circunstancia particular a la que se enfrenten.
Y reiteró que dicho parámetro estaba compuesto, tal como ya los sostuvo este Tribunal en la resolución del expediente varios 912/2010, en su párrafo 31, de la siguiente manera:
-Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte;
-Así como los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.
Enfatizando además que la existencia de este parámetro de regularidad constitucional, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte, no determina ex ante (antes del suceso) un criterio de jerarquía entre las normas que lo integran, debido a que, de acuerdo con el texto del segundo párrafo del nuevo artículo primero constitucional, cada una de las autoridades debe favorecer la protección más amplia para cada caso concreto.
Lo anterior implica, la existencia de un objetivo constitucional: favorecer en todo momento la protección más amplia de los derechos humanos. A fin de cumplir este objetivo, en cada una de los casos que se les presenten en el ámbito de sus competencias, tanto los juzgadores, como las demás autoridades del Estado mexicano, deberán elegir si son los derechos humanos de fuente constitucional (así como sus interpretaciones) o los derechos humanos de fuente internacional, los que resultan más favorables. Es decir, de las opciones normativas posibles, nacionales o internacionales, las autoridades deberán elegir y preferir la que resulte en una protección más amplia de las personas.
Consecuentemente, reiteró nuevamente la Corte mexicana, que corresponde a los jueces, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, la realización de un ejercicio de valoración derivado del mandato contenido en la parte final del segundo párrafo del nuevo artículo 1° constitucional para la elección del estándar normativo que integrará el parámetro de regularidad constitucional a aplicar en cada caso concreto, buscando siempre el objetivo constitucional: aplicar el que resulte en el mayor beneficio de las personas.
A partir de esta obligación genérica de todos los jueces del Estado mexicano, en tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe limitarse al texto constitucional, sino que también debe tomar en cuenta lo establecido en los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, aun cuando no hayan sido invocados. Así, la integración del parámetro de control de constitucionalidad en cada caso concreto, para el posterior ejercicio de valoración derivado del mandato contenido en la parte final del segundo párrafo del nuevo artículo 1° constitucional realizado por este Tribunal, debe incluir de forma oficiosa los estándares derivados de las disposiciones internacionales que establezcan derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.
2.4. Contradicción de Tesis 293/2011
Debido a los cambios que originó la reforma constitucional de 06 de junio de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se vio obligado a analizar de nueva cuenta la jerarquía de los Tratados Internacionales (recordando que hasta ese momento su jurisprudencia los ubicaba por debajo de la Constitución y por encima de la Leyes Federales).
Así ante la denuncia de una contradicción de tesis motivada por este tema en diversas sesiones de fechas 12, 13 y 15 de marzo de 2012, se analizó la Contradicción de tesis registrada con el número 293/2011; en la que se denunciaba el posible conflicto o tensión de criterios entre las resoluciones sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y de las que se desprendieron dos puntos a dilucidar y establecer bajo la perspectiva del nuevo texto constitucional:
– 1. La posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y, -2. El carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este expediente fue turnado al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien después de la tramitación correspondiente presentó ante el Pleno un proyecto en la que proponía la solución a los temas a resolver en la contradicción conforme a los mandatos constitucionales:
-En un primer plano la existencia de un bloque de constitucionalidad de derechos humanos conformado por la Constitución y los derechos humanos de sede internacional y que dicho bloque o masa de derechos es lo que constituye el referente para analizar la validez y regularidad de todos los actos y normas del sistema jurídico mexicano.
-En un segundo tema, se propuso por el ponente, un nuevo criterio interpretativo para establecer la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los derechos humanos, siempre en búsqueda de lo más favorable para las personas, pero que debían de prevalecer las restricciones establecidas en la Constitución, protegiéndose de esta forma actos, leyes que podrían generar violaciones graves a los derechos humanos, pero que será motivo de un diverso estudio.
Después de varias sesiones el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, sí existía contradicción de tesis, y en cuanto al primer punto en contradicción dijo: que la nueva conformación del catálogo de derechos humanos nopuede ser estudiada en términos de jerarquía, pues la reforma constitucional modificó el artículo primero precisamente para integrar un catálogo de derechos y no para distinguir o jerarquizar esas normas en atención a la fuente de la que provienen.
Esta conclusión se refuerza si se considera que el citado artículo primero constitucional, además de determinar las fuentes de reconocimiento de los derechos humanos, incorpora criterios hermenéuticos para la solución de posibles antinomias frente a la posible duplicidad en la regulación de un derecho humano[5].
De igual forma, de la lectura del engrose de esta resolución en su página 32 in fine, también se advierte que el Tribunal en Pleno reconoce que una de las principales aportaciones de la reforma constitucional fue la creación de un conjunto de normas de derechos humanos, cuya fuente puede ser, indistintamente, la Constitución o un tratado internacional. Así, este conjunto integra el nuevo parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano.
Para finalizar la discusión sobre la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, laque en síntesis dijo que conforme a la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo primero, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano.
Es importante señalar los argumentos que conforman la nueva jurisprudencia de carácter obligatorio, bajo el rubro de: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL, que dice: El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano[6].
Debe mencionarse además que de esta sentencia dictada dentro de la contradicción de tesis en análisis también se establecieron otros criterios obligatorios como: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.[7]
Primera. El parámetro de control de constitucional constituye un instrumento o mecanismo de habilitación dirigido a todos los jueces para que conformen las reglas de la premisa mayor del enjuiciamiento constitucional, a partir del conjunto de ordenamientos pertinentes para ello. Su conformación es compleja, producto de la estratificación a varios niveles de fuentes que lo componen y que se estiman relevantes para que el juez forme la convicción respecto de la constitucionalidad de la disposición o del acto impugnado.
Segunda. El parámetro de control de regularidad surge a partir del nuevo paradigma generado por la reforma constitucional de 2011 y los nuevos criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los asuntos paradigmáticos: Expediente varios 912/2010, juicio de amparo 28/2010, acción de inconstitucionalidad 155/2007 y la contradicción de tesis 293/2011, bajo este nuevo esquema constitucional.
Tercera. Los Elementos que componen al parámetro de control de regularidad constitucional, son:
a) La Constitución (texto), tratados internacionales,
b) Las decisiones del Poder Judicial de la Federación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
c) El parámetro de regularidad implica que el juez no se debe limitar al texto constitucional
d) La construcción del parámetro para cada caso concreto.
Astudillo, C. (2014).El bloque y parámetro de constitucionalidad en México. México: Tirant Lo Blanch
Cossío Díaz, J.R. (2017). Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosComentada. México: Tirant Lo Blanch.
Muñoz Mena, E. (2016). Principios Rectores de los derechos Humanos y sus garantías. México: Editorial Flores.
Senado de la República, (2014). La Reforma Constitucional sobre derechoshumanos. México: Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica.
Nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.
Ejecutoria dictada en el expediente varios 912/2010, por el Pleno de la SupremaCorte de Justicia de la Nación. el 14 de julio de 2011
Ejecutoria Juicio de Amparo Directo 28/2010 dictada por la Primera Sala de laSCJN el 23 de noviembre de 2011.
Ejecutoria. Acción de Inconstitucionalidad 15 /2007 promovida por el Procurador General De la República, resuelta por el Tribunal en Pleno de la SCJN el 25 de junio de 2007
Ejecutoria. Contradicción de Tesis 293/2011, entre las Sustentadas por el PrimerTribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dictada el 03 de septiembre de 2013 por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ferrer E., Martínez F., Figueroa G. (2014). Diccionario de Derecho ProcesalConstitucional y Convencional México, Poder Judicial de la Federación – UNAM. Disponible en:https://www.cjf.gob.mx/resources/diccionarioDPCC/diccionario%20Tomo%20I.pdf.
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[1] aun cuando debemos señalar que la dificultad que implica en el derecho comparado del uso de términos, palabras y expresiones que no forzosamente tienen el mismo sentido y que pudieran crea confusión en nuestro sistema mexicano.
[2]Tesis 1ª. XIX/2011 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, t. 3, enero de 2012, p. 2918; en la cual aparece la existencia de una denuncia por contradicción de tesis, con registro número 214/2017, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.
[3] Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del 30 de Octubre de 2012, Diario Oficial de la Federación sección segunda, Página 42.
[4] Tribunal Pleno en la sesión ordinaria, resolución emitida en el expediente varios 912/2010, 14 de julio de 2011, Párrafo 27.
[5] Tesis 293/2011, Resolución contradicción, página 30.
[6]Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Décima Época Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I .P.: 202, aprobada por mayoría de 10 votos.
[7]Ídem, p. 204, aprobada por mayoría de 6 votos se aprobó el efecto vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos.