Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/Julio/101-3708-2008-07-000060.html
Timestamp: 2017-01-17 10:55:02
Document Index: 286969742

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 245', 'artículo 397', 'artículo 246', 'artículo 251', 'artículo 370', 'artículo 381', 'artículo 147', 'artículo 379', 'artículo 147', 'artículo 77', 'artículo 237', 'artículo 69', 'artículo 58', 'artículo 7', 'artículo 243', 'artículo 313', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 370', 'artículo 62', 'artículo 237', 'artículo 237', 'artículo 237', 'artículo 14', 'artículo 14']

101-3708-2008-07-000060.html
N° AA70-E-2007-000060
27 de julio de 2007, los ciudadanos JOSÉ GREGORIO PÉREZ HERRERA, VLADIMIR
SUÁREZ, YRMA FLOR PINTO y LUIS FELIPE SUÁREZ MARTÍNEZ, venezolanos, mayores
de edad, titulares de las cédulas de identidad números 6.081.852, 6.280.462,
3.364.999 y 16.380.723, respectivamente, actuando con el carácter de “…Presidente,
Secretario General Nacional, Secretaria de Actas, Correspondencia, Prensa y
Propaganda y Secretario de Seguridad Social e Industrial, Educación, Cultura y
Deporte del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores en
General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A)…”
en su orden, asistidos por la abogada Doris Zabaleta, inscrita en el Instituto
de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.452; interpusieron recurso
contencioso electoral contra la Resolución signada con el número 070503-0413 del 3 de mayo de 2007, publicada en Gaceta Electoral número 380 del 10 de julio
de 2007, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declaró sin lugar el
recurso jerárquico presentado contra las actuaciones de la Comisión Electoral Sindical. Asimismo, impugnaron la elección de la Comisión Electoral Sindical celebrada el 11 de julio de 2006 y el proceso electoral cuyo acto
de votación se realizó el 18 de abril de 2007. El
31 de julio de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala acordó solicitar
a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral los antecedentes administrativos
y el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con el
presente recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.
18 de septiembre de 2007, el abogado David Matheus Brito, actuando con el
carácter de apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, consignó los
antecedentes administrativos y el informe sobre los aspectos de hecho y de
derecho a que se refiere el artículo 243 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.
3 de octubre de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dictó auto
mediante el cual admitió el referido recurso y ordenó emplazar a todos los
interesados mediante cartel que debía publicarse en el diario “Últimas
Noticias”. Asimismo, ordenó notificar a los recurrentes, al Ministerio Público
y al Consejo Nacional Electoral, respecto a la admisión del recurso.
17 de octubre de 2007, los recurrentes consignaron el cartel de notificación
debidamente publicado en el diario “Últimas Noticias”. El
1° de noviembre de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dictó auto
mediante el cual abrió la causa a pruebas, por un lapso de cinco (5) días de
despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. El
6 de noviembre de 2007, los recurrentes consignaron su escrito de promoción de
pruebas. El
8 de noviembre de 2007, los ciudadanos Reinaldo Dorante, Luis Prieto, Alberto
Aguilera y Laura Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad números
9.999.776, 7.998.053, 16.857.089 y 16.875.246, respectivamente, aduciendo
actuar con el carácter de miembros de la Comisión Electoral Nacional del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y
Trabajadores en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A), consignaron escrito mediante el cual pretenden
intervenir en la presente causa como terceros opositores al recurso.
12 de noviembre de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dictó auto mediante
el cual fijó para ese mismo día la oportunidad para que las partes se opusieran
a la admisión de las pruebas promovidas por la parte contraria, de conformidad
con el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil y el criterio
jurisprudencial contenido en la sentencia de esta Sala número 99 del 6 de
agosto de 2001. El
13 de noviembre de 2007, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala dictó auto
mediante el cual admitió las pruebas promovidas por los recurrentes. Igualmente,
admitió las pruebas que promovieron los terceros opositores al recurso, sin antes
pronunciarse sobre la admisión de la intervención de estos en la presente
5 de marzo de 2008, las partes consignaron su escrito de conclusiones. El
6 de marzo de 2008, se designó ponente al Magistrado LUIS ALFREDO SUCRE CUBA,
para que dictara sentencia definitiva en la presente causa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 246 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. El
8 de abril de 2008, el Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual
difirió el lapso para dictar sentencia por un plazo de siete (7) días de
despacho siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del
Código de Procedimiento Civil. El
21 de mayo de 2008, la Sala Electoral dictó sentencia mediante la cual ordenó a
la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, informar
dentro de un lapso de tres (3) días de despacho siguientes, sí el ciudadano
Máximo Alexis Martínez era afiliado al Sindicato Nacional Autónomo y Social de
Obreros y Trabajadores en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A) y, en caso afirmativo, indicara la fecha de su inscripción
como afiliado. El
3 de junio de 2008, el Juzgado de Sustanciación dejó constancia de haber
recibido oficio número 2008-0475 del 28 de mayo de este año, emanado de la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual éste informó que
una vez revisado el expediente administrativo del referido Sindicato que cursa
en sus archivos bajo el número 082-2002-02-00009, no encontró constancia alguna
de afiliación del ciudadano Máximo Alexis Martínez, devolviéndose el expediente
al Magistrado Ponente Dr. LUIS ALFREDO SUCRE CUBA, a los fines de la
decisión correspondiente. Siendo
esta la oportunidad para decidir el mérito del presente asunto, esta Sala
Electoral pasa a hacerlo, previas las siguientes consideraciones: I
Adujeron los
recurrentes, que el 25 de enero de 2007 presentaron ante el Consejo Nacional
Electoral “recurso de impugnación” contra las actuaciones realizadas por
la Comisión Electoral Sindical, por “no garantizar a los afiliados los principios de imparcialidad, transparencia, eficiencia, confiabilidad, igualdad y publicidad en el proceso electoral”.
Nacional Electoral, mediante Resolución número 070503-0413 del 3 de mayo de
2007, publicada en Gaceta Electoral número 380 del 10 de julio de 2007, declaró
sin lugar la referida impugnación. Que para
declarar sin lugar la impugnación planteada por los recurrentes, el Consejo
Nacional Electoral incurrió en los vicios de “ausencia de causa o causa
falsa, inmotivación, ilegalidad, incongruencia, infracción de Ley, falta de
aplicación, falso supuesto, derivadas (Sic) de una inadecuada apreciación e
interpretación del Derecho”.
Que dicha decisión “… está basada sobre hechos
totalmente falsos de toda falsedad y violatorios del debido proceso, así como
del derecho a la defensa que nos asiste como miembros fundadores y afiliados de
S.I.N.A.S.O.I.C.A., por las siguientes consideraciones que de seguida
esbozamos:
En lo que respecta a la motivación para decidir, el máximo Organismo Electoral estableció
que los únicos hechos respecto a los cuales recaía la impugnación planteada, consistían
en la sustitución del cargo de Presidente de la Comisión Electoral Sindical (…), así como en la falta de legitimidad del ciudadano MÁXIMO
ALEXIS MARTÍNEZ, Presidente del citado Organismo (…) por no estar este afiliado
al referido Sindicato.
estos totalmente falsos, discordantes y fuera de toda realidad, ya que además
de ello alegamos todos y cada uno de los errores y omisiones realizadas por la Comisión Electoral, los cuales no fueron tomados en cuenta por el Consejo Supremo Electoral
al momento de producir su decisión. Pero lo más grave de todo ello que al
momento de valorar todas y cada una de las pruebas por nosotros promovidas en
el referido Procedimiento Administrativo, el máximo organismo electoral (…) [señaló]
que dicho medio probatorio [listado de asistencia a la Asamblea de Afiliados] carece de prueba…”. Que
entre las pruebas aportadas al expediente administrativo se encontraba “…
una lista de todos los miembros afiliados al Sindicato (…) con lo cual se
comprueba que indudablemente que el mencionado ciudadano [Máximo Alexis
Martínez] no es miembro del referido Sindicato…”. Razón por la cual consideran
que el ente rector del Poder Electoral debió atenerse “… a todo lo alegado y
probado en autos…” y, al no hacerlo, violó “…el Principio de Comunidad
de la Prueba…”. Que
cuatro (4) de los cinco (5) miembros principales de la Comisión Electoral Sindical decidieron sustituir del cargo de Presidente, al ciudadano Máximo
Alexis Martínez. Que
dicha sustitución se produjo “… por cuanto el mencionado ciudadano [Máximo
Alexis Martínez] venía realizando constantes ajustes y modificaciones al
cronograma electoral, de igual manera no efectuaba las correcciones a tiempo,
indicadas por el Consejo Nacional Electoral a las Actas presentadas, y para
dicha fecha [14 de octubre de 2006] el cronograma electoral había sido
modificado en Cuatro (4) oportunidades diferentes…”. (Sic). De
allí que consideran que la Resolución impugnada está viciada de incongruencia
negativa, ya que no se pronunció sobre el alegato referido a la existencia de
dos (2) Comisiones Electorales Sindicales, el cual constituye un hecho que a su
juicio violó los principios de imparcialidad, transparencia, eficiencia y
confiabilidad que deben regir todo proceso electoral. Además
de ello, arguyeron que la Resolución impugnada está plagada de vicios e
irregularidades procesales que acarrean su anulabilidad, ya que la misma violó los
derechos al debido proceso y a la defensa, así como también incurrió en los
vicios de inmotivación, falso supuesto, silencio de pruebas y errónea
interpretación, en virtud de que no fueron analizados todos los alegatos
expuestos en sede administrativa. Por lo que “… la decisión dictada no está
apegada a lo alegado y probado en los autos, mucho menos versa sobre la
realidad, por lo que mal podría alegar la ciudadana Presidente del Consejo Nacional
Electoral, la declaratoria Sin Lugar de la impugnación…”. De
otro lado, expresaron que “… todos los puestos de la comisión electoral
fueron ocupados por los integrantes de una sola lista electo (Sic) mediante un
sistema de votación mayoritario el cual resulta incompatible con los principios
de equidad e imparcialidad (…) por cuanto no se permitió el equilibrio en la
participación de todos los factores de la contienda electoral…”, al extremo
que la ciudadana Laura Margarita Londoño, quien fungía como Secretaria de la Comisión Electoral Sindical, es sobrina del ciudadano Pedro Londoño, quien es “…
Secretario General del Sindicato en el Estado Vargas, y quien a la vez aspira
el cargo de Secretario General Nacional…”. Que
“… la Comisión Electoral electa en fecha 11 de julio del 2006 integrada en su mayoría por
directivos regionales del Estado Vargas y la Ciudad de Caracas, cambian la sede de la comisión electoral estableciéndose como nueva sede la del sindicato en la
seccional del Estado Vargas, con esta dolosa actuación los miembros de la Comisión Electoral electa comenzaron a estructurar una serie de artificios de tal manera que
pudieran tener todo el control, negándosenos toda la información de las
actividades referidas en el cronograma de elecciones y estructurándose en el
seño (Sic) de la comisión electoral un fraude electoral de proporciones
inimaginables por tal razón comienza (Sic) los miembros de esta comisión
electoral a realizar una campaña electoral y desmedida a favor de la única
planta (Sic) aceptada por ello…”.
también la existencia de un “fraude procesal” cometido en perjuicio de
los afiliados al Sindicato, ya que en ninguna de las seccionales se habría
efectuado proceso eleccionario alguno y, los miembros de la única plancha
postulada habrían conformado un laboratorio electoral en el que falsificaron
firmas y huellas dactilares de los afiliados que aparecen votando en los
cuadernos electorales, con la finalidad de elegirse como nuevos directivos del
Sindicato. Finalmente,
señalaron que los ciudadanos Eudes Tomás Martínez Morillo y Asdrúbal Lorenzo
Gómez eran inelegibles y no podían ser postulados a los cargos de Secretario de
Organización y Presidente, respectivamente, en virtud de que los mismos habían
sido expulsados del Sindicato por haber violado las normas estatutarias que
rigen la organización sindical. En
virtud de lo antes expuesto, solicitaron: i) se declare con lugar el
recurso; ii) se declare la nulidad de la elección de la Comisión Electoral Sindical efectuada el 11 de julio de 2006; iii) se declare la
nulidad del proceso electoral cuyo acto de votación se efectuó el 18 de abril
de 2007; y iv) se ordene a la Junta Directiva anterior, seguir ocupando los cargos con plenas facultades, hasta tanto se
realice una nueva elección de las autoridades sindicales. II
derecho relacionados con el presente recurso, en el que señaló: a) Que los
recurrentes pretenden invocar en sede judicial, alegatos y fundamentos que no
fueron argumentados bajo ningún respecto en vía administrativa. En este
sentido, expresó: “… la parte actora invocó entre otros hechos, que la Comisión Electoral estableció como nueva sede la del sindicato en la seccional del Estado
Vargas; que algunos de los integrantes de la Comisión Electoral estaban parcializados a favor de una de las Planchas presentadas; que la Secretaria de la Comisión Electoral era familiar del Secretario General del sindicato ya mencionado; que todos
los puestos de la Comisión Electoral fueron ocupados por integrantes de una sola lista y que uno de los
trabajadores que se postuló como candidato a la Presidencia gozaba de una sanción disciplinaria de expulsión. De igual forma alegaron que en
las seccionales no se efectuó proceso electoral alguno y que existían otros
trabajadores electos que eran inelegibles.
estos argumentos, ciudadanos Magistrados (…) no fueron invocados en sede
administrativa, puesto que como ya se ha señalado, la impugnación
administrativa se circunscribió a indicar que uno de los miembros de la Comisión Electoral no era trabajador ni afiliado y que durante el desarrollo del proceso
electoral habían actuando dos Comisiones Electorales. De
manera que los argumentos expuestos en sede judicial (…) constituyen sin lugar
a dudas alegatos sobrevenidos no invocados en el recurso jerárquico, por lo que
los mismos constituyen innovación de la pretensión inicial y, que deben ser
declarados inadmisibles…”. b) Que el
listado de asistentes a la Asamblea celebrada el 11 de julio de 2006, no es el
instrumento idóneo para demostrar que el ciudadano Máximo Alexis Martínez no es
trabajador ni afiliado del Sindicato, y c) Que no
resulta procedente hablar de la existencia de dos (2) Comisiones Electorales, pues,
lo que ocurrió fue una situación interna en cuanto a quién ocupaba el cargo de
Presidente del referido órgano electoral, esto es, si lo hacía Máximo Alexis
Martínez o Nazareth Infante, siendo que el resto de los miembros eran los
mismos, vale decir, Danny Reyes, Reinaldo Dorante y Luis Prieto. Por
tales razones, el Consejo Nacional Electoral solicitó la declaratoria Sin Lugar
del presente recurso. III
LOS TERCEROS INTERVINIENTES
Aguilera y Laura Rodríguez, antes identificados, actuando con el carácter de
miembros de la Comisión Electoral Nacional del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y
intervenir en la presente causa, alegando lo siguiente: a) Que en
razón de que pudieran resultar afectados sus derechos por la decisión que ha de
dictar esta Sala Electoral, se presentan como terceros opositores al recurso. b) Que la Resolución impugnada fue dictada conforme a derecho.
c) Que no
se precisa contra quién se está recurriendo, es decir, si es contra las
actuaciones del Consejo Nacional Electoral, la Comisión Electoral Sindical o la Junta Directiva electa, y que dicha imprecisión crea contradicción e incertidumbre para
determinar cuál es la acción ejercida por los recurrentes. Por lo que existe
una acumulación de recursos que se excluyen mutuamente o cuyos procedimientos
son incompatibles. d) Que los
recurrentes tenían cinco (5) días para recurrir ante la Comisión Electoral Sindical “si tenía conocimiento de algún vicio del proceso electoral”.
recurrentes pudieron haber recurrido ante el Consejo Nacional Electoral para
impugnar las elecciones, siendo que ahora pretenden hacerlo en esta instancia
judicial sin agotar la vía administrativa, y
f) Que las
pruebas promovidas en la instancia administrativa no fueron idóneas para
demostrar que el ciudadano Máximo Alexis Martínez no era trabajador ni afiliado
del Sindicato, ni tampoco para evidenciar que hubo dos (2) Comisiones
tales razones, solicitaron: i) que sea declarado Sin Lugar el recurso
contencioso electoral interpuesto; ii) se tenga como válida la elección
de la Comisión Electoral celebrada el 11 de julio de 2006; iii) se tenga como válido el
proceso electoral celebrado el 18 de abril de 2007; y iv) se declare sin
lugar la petición de dejar en sus cargos a la Junta Directiva anterior, hasta que se realice una nueva elección. IV
a cualquier otra consideración, corresponde a esta Sala Electoral emitir un
pronunciamiento en torno a la admisibilidad o no de la intervención efectuada
por los ciudadanos Reinaldo Dorante, Luis Prieto, Alberto Aguilera y Laura
Rodríguez, antes identificados, quienes sostienen actuar como miembros de la Comisión Electoral Nacional del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y
Trabajadores en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A) y, en tal sentido, observa que el ordinal 3° del
artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa
de los artículos 19.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, establece:
370. Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente
entre otras personas, en los casos siguientes: (…)
el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna
de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso”. Por
su parte, el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, prevé que el
interviniente adhesivo será considerado litisconsorte de la parte principal,
cuando según las disposiciones del Código Civil, la sentencia firme del proceso
principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente
adhesivo con la parte contraria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 147 ejusdem.
propósito de las disposiciones legales en referencia, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 04577 del
30 de junio de 2005, reiterando criterios previos (véase a este respecto
sentencia del 26 de septiembre de 1991 dictada por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en el caso de Rómulo
Villavicencio), los cuales han sido acogidos por esta Sala Electoral en
diversas sentencias, expresó: “La
condición para la procedencia de esta intervención es que el interés que el
tercero debe tener, conforme a lo dispuesto en el artículo 379 del Código de
Procedimiento Civil, es un interés jurídico actual, originado bien porque la
decisión del proceso influya sobre el complejo de derechos y deberes del
interviniente, mejorando o empeorando su situación jurídica o bien porque teme
sufrir los reflejos o efectos indirectos de la cosa juzgada.
primero de los supuestos mencionados, estamos ante la denominada intervención
adhesiva simple y en el segundo de los supuestos estamos ante la
denominada intervención litisconsorcial o intervención adhesiva autónoma,
según algún sector de la doctrina. La
intervención litisconsorcial ocurre cuando la sentencia firme del proceso
principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo
con la parte contraria, considerándose a éste como litisconsorte de la parte
principal, a tenor de lo dispuestos en el artículo 147 del Código de
Procedimiento Civil. (V. Art. 381 eiusdem).
contrario a lo que ocurre en la intervención litisconsorcial, en la
intervención adhesiva simple el tercero no discute un derecho propio, y en
consecuencia, no amplía la pretensión del proceso, su función es coadyuvante de
una de las partes principales, y se refleja en el hecho de defender un interés
ajeno en el conflicto, lo que lo convierte en parte accesoria o
secundaria de la principal. De esta
manera el tercero puede intervenir en cualquier estado y grado de la causa del
proceso, mediante diligencia o escrito, aun con ocasión de la interposición de
algún recurso; asimismo, respecto a sus facultades, el interviniente adhesivo
tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre y está autorizado
para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado
de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con
los de la parte principal. (Artículos 378 y 379 eiusdem)”. (Subrayado
de la Sala). Dicho
lo anterior, se observa que la Comisión Electoral Nacional del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores en General de la Industria de l a Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A), en lo adelante la Comisión Electoral Sindical, tiene un innegable interés en las resultas del presente juicio,
toda vez que ella organizó el proceso electoral en cuestión.
los recurrentes no se limitan a impugnar únicamente el proceso electoral sino
también pretenden la declaratoria de nulidad de la elección de la Comisión Electoral Sindical, alegando que su Presidente, el ciudadano Máximo Alexis Martínez,
no es afiliado al referido Sindicato. En virtud de lo anterior, este órgano
jurisdiccional admite su intervención como tercero verdadera parte, de
conformidad con los artículos 370, ordinal 3°, 379 y 381 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa de los artículos 19.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y así se decide. V
esta la oportunidad para decidir, esta Sala Electoral estima necesario
precisar, en primer lugar, que a través del presente recurso los recurrentes
pretenden obtener: a) la declaratoria de nulidad de las actuaciones de la Comisión Electoral Sindical; b) la declaratoria de nulidad de la elección de la Comisión Electoral Sindical efectuada el 11 de julio de 2006; y c) la declaratoria de nulidad
del proceso electoral cuyo acto de votación se efectuó el 18 de abril de 2007,
ordenando a la Junta Directiva anterior, seguir ocupando los cargos que venía
desempeñando con plenas facultades, hasta tanto se realice una nueva elección
de las autoridades sindicales. Es decir, que un mismo libelo los recurrentes
han acumulado varias pretensiones. Siendo
así, es menester señalar que el demandante podrá acumular en el mismo libelo
cuantas pretensiones le competa contra el demandado, aunque deriven de
diferentes títulos, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del
Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión de los artículos 19.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 238 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Ello
porque dicha figura (acumulación de pretensiones) tiene por fin
coadyuvar a la celeridad del proceso e impedir que se produzcan sentencias
contradictorias sobre dos o más procesos que tienen determinada vinculación. De
modo que, el principio rector en esta materia es la libertad del demandante de
acumular cuantas pretensiones quiera contra el mismo demandado, aún cuando
provenga de diversos títulos. Sin
embargo, existen algunos supuestos que constituyen prohibiciones de acumular
pretensiones y que, por tanto, devienen en excepciones a la regla. Estas
excepciones ocurren cuando las pretensiones: a) sean excluyentes una de la otra
o sean contrarias entre sí; b) no correspondan al mismo tribunal por razón de
la materia; o c) se tramiten mediante procedimientos que resulten incompatibles
entre sí. Bajo
este contexto, se observa que en el presente caso pueden acumularse las
pretensiones de las que trata el presente recurso, toda vez que las mismas no
se excluyen mutuamente ni son contrarias entre sí, ni corresponden al
conocimiento de otro tribunal en razón de la materia, ni sus procedimientos
resultan incompatibles entre sí. Por tales razones, esta Sala Electoral
considera que la acumulación de pretensiones a que se contrae el presente caso
resulta procedente, y así se decide. En
segundo lugar, se aprecia la existencia de una gran confusión por parte de los
recurrentes con respecto a la calificación de los vicios denunciados. En
efecto, según las afirmaciones contenidas en el escrito libelar, el Consejo
Nacional Electoral habría incurrido en diferentes vicios, tales como “…
ausencia de causa o causa falsa, inmotivación, ilegalidad, incongruencia,
infracción de Ley, falta de aplicación, [y] falso supuesto…” todos derivados
supuestamente de una parcial apreciación de los hechos y de una inadecuada
apreciación e interpretación del derecho. Así
pues, los vicios delatados se habrían producido porque el Consejo Nacional
Electoral debió atenerse “… a lo alegado y probado en autos….” y no lo
hizo, siendo que los hechos en que se basó la impugnación resultaron probados,
vale decir, que el ciudadano Máximo Alexis Martínez no podía actuar como
miembro de la Comisión Electoral Sindical porque no era afiliado del Sindicato, así como también que habían
dos (2) Comisiones Electorales, una presidida por Máximo Alexis Martínez, y otra
por Nazareth Infante. Además
de ello, los recurrentes alegaron que el Consejo Nacional Electoral violó sus
derechos a la defensa y al debido proceso, e incurrió también en el vicio de silencio
de pruebas, ya que no analizó todos los alegatos y probanzas presentados en
sede administrativa. Así,
queda en evidencia que los referidos vicios giran en torno a un sólo argumento,
vale decir, que el Consejo Nacional Electoral no analizó y valoró todos los
alegatos y pruebas expuestos en sede administrativa. Por eso, la Resolución impugnada, a juicio de los recurrentes, estaría viciada de nulidad. Ahora
bien, existe un segundo grupo de argumentos que no fueron expuestos en sede
administrativa y que ahora pretenden plantearse por vez primera en sede
judicial. En efecto, los recurrentes alegan que la Comisión Electoral Sindical estuvo integrada por un solo factor, el cual estructuró un supuesto
fraude electoral, al realizar una campaña desmedida en favor de la única
plancha que participó en la contienda electoral. Asimismo,
denunciaron la existencia de un “fraude procesal” cometido en perjuicio
de los afiliados al Sindicato, ya que en ninguna de las seccionales se habría
efectuado proceso eleccionario alguno, falsificándose así las firmas y huellas
dactilares de los que aparecían en los cuadernos de votación. Por último,
alegaron que los ciudadanos Eudes Tomas Martínez Morillo y Asdrúbal Lorenzo
Gómez eran inelegibles y no podían ser postulados como candidatos a los cargos
de Secretario de Organización y Presidente del Sindicato en su orden, en virtud
de la expulsión de la que fueron objeto por violar las normas estatutarias que
rigen la organización sindical. Así las cosas,
tenemos que los argumentos en que se basa el presente recurso, se pueden
clasificar en dos (2) grupos. El primero, reitera las denuncias expuestas en
sede administrativa, reforzándolas con el señalamiento relativo a que el
Consejo Nacional Electoral no analizó y valoró todos los hechos y pruebas
expuestos en dicha sede. Mientras que el segundo agrega denuncias que se exponen
por vez primera en sede judicial, pretendiendo así innovar las actuaciones
originalmente impugnadas. Siendo ello así,
esta Sala Electoral estima necesario realizar algunas consideraciones previas,
las cuales servirán de base para resolver el mérito del presente asunto, lo
cual hace en los siguientes términos: En primer lugar,
se debe advertir que el procedimiento administrativo, si bien se encuentra
regido por los principios fundamentales de los derechos a la defensa y al
debido proceso, no puede ser confundido con la función jurisdiccional, en la
cual el Juez se encuentra sometido a reglas procesales distintas, dependiendo
del tipo de proceso de que se trate. (Cfr. Sentencia de la Sala Político Administrativa número 00819 del 11 de junio de 2003). Así pues, los
recurrentes no pueden pretender que la Administración -en este caso electoral- adecúe su actuación a las pautas que debe
seguir el Juez cuando dicta una sentencia, previstas en los artículos 12, 243 y
254 del Código de Procedimiento Civil, las cuales difieren sustancialmente de
las consagradas en los artículos 9 y 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dado la naturaleza propia del acto
administrativo, razón por la cual la impugnación no debe hacerse sobre la base
de vicios de la sentencia que han sido ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia casacional, tales como el silencio de prueba, la errónea
interpretación, falta de aplicación, o incongruencia negativa. En segundo
lugar, se debe señalar que de acuerdo con la jurisprudencia contencioso
administrativa, basta que el acto administrativo contenga la expresión sucinta
de los hechos, así como las razones que hubieren sido alegadas y los
fundamentos legales pertinentes, para entender que se ha realizado una
motivación suficiente, no siendo necesario que el ente administrativo realice
una relación precisa y detallada de todos y cada uno de los medios probatorios
aportados al procedimiento, ya que el fin de la motivación es hacer del
conocimiento de los destinatarios o afectados por el acto, las razones o causas
del mismo, para que éstos pueden ejercer su derecho a la defensa.
significa que la Administración pueda obviar sin ningún miramiento los alegatos y pruebas presentados por los interesados, pues, si con ese proceder hace nugatorio su derecho a la defensa y al debido proceso, bien pudiera considerarse que el acto administrativo resultó insuficientemente motivado. Por supuesto, tratándose la “suficiencia” de un término perteneciente a aquella categoría jurídica
conocida como “conceptos jurídicos indeterminados”, será el Juez quien
determine en cada caso si la motivación resultó suficiente o no y, en tal
sentido, le servirá de apoyo los criterios jurisprudenciales previos como el
análisis de las peculiaridades de cada situación específica. (Cfr. Sentencia
de la Sala Electoral número 161 del 6 de noviembre de 2001). En tercer lugar,
la Sala Electoral estima necesario señalar que entre los aspectos esenciales
que el Juez debe constatar previamente para declarar la violación del derecho a
la defensa, se encuentra el que la Administración haya resuelto un asunto sin cumplir con el procedimiento legalmente establecido o haya impedido de manera absoluta
que los particulares, cuyos derechos e intereses puedan resultar afectados por
un acto administrativo, participasen en la formación del mismo. De modo tal que
la violación del derecho a la defensa se produce cuando los interesados no
conocen el procedimiento que pueda afectarles, se les impide su participación
en él o el ejercicio de sus derechos, se les prohíbe realizar actividades
probatorias, o no se les notifican los actos que les afectan lesionándoles o
limitándoles el debido proceso que garantiza nuestra Carta Magna. En
otro orden de ideas, es necesario señalar respecto al segundo grupo de
argumentos que éstos están sujetos al lapso de caducidad a que se refiere el
artículo 237 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Así lo
ha establecido esta Sala Electoral mediante sentencia número 169 del 14 de
noviembre de 2001, en los siguientes términos: “… una
vez escogida la vía administrativa para revisar las actuaciones de los órganos
electorales, variar la pretensión implicaría introducir nuevas cuestiones que la Administración no pudo haber conocido y decidido, aunado al hecho de que transcurrido el
lapso de impugnación los actos en cuestión habrían devenido en firmes. Por
tanto, contra una decisión que no llegó a realizarse no cabría la pretensión de
anulación, característica fundamental del contencioso en general, sino un
pronunciamiento sobre los pedimentos expuestos en el recurso jerárquico, lo que
no impide que el accionante en sede judicial abandone y deje de traer
cuestiones planteadas en sede administrativa, y tampoco significa, que se esté
innovando en vía jurisdiccional, sino que sobre las cuestiones no ratificadas
en esta instancia, aun en los casos de no haber sido decididas expresamente por
la Administración, deberán simplemente entenderse firmes por el paso del
tiempo y agotada la posibilidad de impugnación…”. Dicho
lo anterior, esta Sala Electoral pasa al análisis de cada uno de los argumentos
en que se basa la pretensión y, en tal sentido, observa que los recurrentes
alegan que el acto impugnado está viciado de nulidad, por “ausencia de causa”
o “causa falsa”. Sobre este particular, es necesario indicar que por
causa del acto administrativo ha de entenderse los antecedentes o
circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. En
razón de ello, cualquier vicio que afecte la apreciación y calificación de los
supuestos de hecho que sirven de fundamento al acto, origina un vicio en la
causa o motivo del acto administrativo de que se trate. De allí que la causa o
motivo del acto administrativo se identifiquen al responder esta interrogante:
¿Por qué se dictó el acto? Así
pues, la Administración está obligada a comprobar y calificar adecuadamente los
hechos para subsumirlos en el fundamento de derecho que autoriza su actuación,
aplicando las consecuencias de derecho previstas en la norma. A
propósito de la causa o motivo del acto administrativo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 01705 del
20 de julio de 2000 (Caso: Miguel Ángel Gracilazo Cabello), señaló: “… Por causa
del acto administrativo ha de entenderse los antecedentes o circunstancias de
hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Va de suyo que tales
antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho deben existir o concurrir
al tiempo de emitirse el acto.
La Administración, cuando dicta un acto administrativo, no puede actuar caprichosamente, sino
que tiene que hacerlo, necesariamente, tomando en consideración las
circunstancias de hecho que se corresponden con la base o fundamentación legal
que autoriza su actuación.
general, todo acto administrativo para que pueda ser dictado, requiere: a) que
el órgano tenga competencia; b) que una norma expresa autorice la actuación; c)
que el funcionario interprete adecuadamente esa norma; d) que constate la
existencia de una serie de hechos del caso concreto, y e) que esos supuestos de
hecho concuerden con la norma y con los presupuestos de hecho. Todo ello es lo
que puede conducir a la manifestación de voluntad que se materializa en el acto
tal sentido, los presupuestos fácticos o los supuestos de hecho del acto administrativo
son la causa o motivo de que, en cada caso, el acto se dicte.
requisito de fondo de los actos administrativos es quizás el más importante que
se prevén para el control de la legalidad de los actos administrativos a los
efectos de que no se convierta en arbitraria la actuación de un funcionario.
Por ello, la Administración está obligada a comprobar adecuadamente los hechos
y a calificarlos para subsumirlos en el presupuesto de derecho que autoriza la
puede, por tanto, la Administración, dictar actos fundados en hechos que no ha
necesidad de comprobar los hechos como base de la acción administrativa y del
elemento causa está establecida expresamente en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en donde se establece que en los
procedimientos sumarios, la Administración está obligada a comprobar de oficio ´la verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para el
esclarecimiento del asunto´. Por tanto, en los procedimientos administrativos, la Administración tiene la carga de la prueba de los presupuestos de hecho, es decir, de la
causa o motivos del acto. Los particulares también pueden probar estos hechos,
así, el artículo 58 ejusdem establece que los hechos que se consideren
relevantes para la decisión de un procedimiento pueden ser objeto de todos los
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico vigente…”. Ello
así, la Sala Electoral observa que la Resolución impugnada expresa los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron lugar a su emisión, vale decir, que el “…listado
de asistencia a la Asamblea de afiliados para la designación de la Comisión Electoral (…) con el objeto de comprobar la ilegitimidad del ciudadano: Máximo
Alexis Martínez (…) [no es el medio probatorio idóneo] pues la misma
solo (Sic) demuestra la asistencia a la Asamblea de afiliados y no la condición de afiliado, y, por ende, lo procedente para acreditar la afiliación al
sindicato es la lista de afiliados convalidada por el Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo y Seguridad Social (…) [y que] los recurrentes
no acreditaron prueba alguna sobre la violación de los principios de
imparcialidad, transparencia, eficacia o confiabilidad (Sic) de la Comisión Electoral…”. Por lo que resulta evidente que la causa del acto
administrativo ha sido expresada en dicha motivación. Por esta razón, se
desestima la denuncia referida a la ausencia de causa, y así se decide. En
adición, se debe señalar que no es igual “ausencia de causa” y “causa
falsa”, toda vez que la primera hace referencia a la inexistencia de las
circunstancias o supuestos de hecho que sirven de fundamento al acto
administrativo, mientras que la segunda podría configurar más bien el vicio de
falso supuesto de hecho, al dar por descontado que los motivos del acto
administrativo existen, pero son falsos. Por
su parte, la inmotivación del acto administrativo (segundo vicio denunciado)
sólo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer la
fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario para
dictar la decisión, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por
ser contrarios y contradictorios. En este caso, se observa que la Resolución impugnada se basó en los razonamientos que se transcriben a continuación: “Alegan
los recurrentes que el ciudadano Máximo Alexis Martínez, Presidente de la Comisión Electoral (…) no esta (Sic) afiliado al referido sindicato, razón por la cual no
está legitimado para actuar en dicha Comisión Electoral.
respecto, esta instancia electoral observa (…) que los recurrentes aportaron
listado de asistencia a la Asamblea de afiliados para la designación de la Comisión Electoral del referido sindicato con el objeto de comprobar la ilegitimidad del
ciudadano: Máximo Alexis Martínez, por no ser trabajador (folios 13 al 37); en
este sentido, es importante señalar, que dicho medio probatorio carece de
idoneidad, pues la misma solo (Sic) demuestra la asistencia a la Asamblea de afiliados y no la condición de afiliado, y, por ende, lo procedente para
acreditar la afiliación al sindicato es la lista de afiliados convalidada por
el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, a la luz de
lo establecido en el artículo 7 de las Normas para la Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales. En consecuencia, se desestima
dicha denuncia. Y así se declara. Así
mismo indican, que la existencia de dos Comisiones Electorales que pretenden
regir las elecciones del Sindicato, crea una inseguridad jurídica, pues no se
sabe ante cuál de las Comisiones se realizarán las fases de postulación,
Publicación de Registro Preliminar y demás etapas del proceso electoral. En
cuanto a este argumento de los recurrentes, esta instancia electoral observa
(…) que en el presente caso en ningún modo se ha cambiado o modificado la
conformación de la Comisión Electoral, ya que continúa integrada por los mismos cinco (5) miembros Principales,
a saber: Máximo Alexis Martínez, Danny Reyes, Reinaldo Dorante, Luis Prieto y Nazareth
Infante (…) De modo que (…) los recurrentes no acreditaron prueba alguna sobre
la violación de los principios de imparcialidad, transparencia, eficacia o
confiabilidad (Sic) de la Comisión Electoral (…) En consecuencia, se desestima la denuncia alegada. Y así se declara”. Véase
entonces que el acto impugnado contiene la expresión de los fundamentos de
hecho y de derecho que dieron lugar a la emisión del mismo, razón por la cual
esta Sala Electoral debe desestimar la denuncia relativa a la inmotivación, y
así se decide. En
cuanto a la ilegalidad del acto administrativo (tercera denuncia), se
observa que ésta no es vicio en sí misma sino la consecuencia de una actuación
u omisión contraria al ordenamiento jurídico. Su delación no puede hacerse de
forma genérica, sin explicar alguna razón que la sustente. Por ello, al
evidenciarse que se trata de un alegato genérico, esta Sala procede a
desestimarlo, y así se decide. En
relación con la incongruencia negativa, entendida ésta como la omisión de pronunciamiento
sobre alguna petición o defensa específica de las partes, esta Sala Electoral
debe reiterar que la misma se concibe como un vicio de la sentencia, a tenor de
lo previsto en el numeral 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil,
que no es extrapolable al acto administrativo. Por lo que no puede exigírsele
al Consejo Nacional Electoral que adecúe su actuación a las exigencias propias
de la función jurisdiccional, ante la disímil naturaleza jurídica que comporta
ambas funciones (la administrativa y judicial), y así se decide. En
todo caso, los recurrentes alegaron la existencia de una incongruencia negativa
porque -según ellos- el Consejo Nacional Electoral no se pronunció sobre el
alegato referido a la existencia de dos (2) Comisiones Electorales. No
obstante, la Sala Electoral constata que dicho alegato resulta infundado, pues,
en relación con el mismo, el máximo órgano electoral señaló: “Así
a saber: Máximo Alexis Martínez, Danny Reyes, Reinaldo Dorante, Luis Prieto y
Nazareth Infante (…) De modo que (…) los recurrentes no acreditaron prueba
alguna sobre la violación de los principios de imparcialidad, transparencia,
eficacia o confiabilidad (Sic) de la Comisión Electoral (…) En consecuencia, se desestima la denuncia alegada. Y así se declara”. Cabe
destacar, que además de lo anterior, los recurrentes sostuvieron que también
habían alegado en sede administrativa “…
todos y cada uno de los errores y omisiones realizadas por la Comisión Electoral, los cuales no fueron tomados en cuenta por el Consejo Supremo (Sic)
Electoral al momento de producir su decisión…”. Sin
embargo, esta Sala Electoral constata que los recurrentes no especificaron en
su escrito libelar cuáles eran esos “errores y omisiones” en los que
supuestamente habría incurrido la Comisión Electoral Sindical, razón por la cual dicho alegato habría que desestimarlo, por
haberse hecho sin ninguna explicación que lo sustente, y así se decide. Respecto
al vicio de infracción de ley, o más propiamente el de errónea interpretación,
que es el que se alega en este caso, esta Sala Electoral advierte que la
misma (errónea interpretación) se produce cuando el Juez, aún
reconociendo la existencia y validez de una norma apropiada al caso,
eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y
abstracto, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan en su
contenido. No obstante, es
menester advertir que la misma se concibe como un vicio de la sentencia, a
tenor de lo previsto en el numeral 2 del artículo 313 del Código de
Procedimiento Civil, que no puede justificar la declaratoria de nulidad del
acto administrativo impugnado, pues, se insiste, no se puede confundir la
función jurisdiccional con las exigencias a las que está sometida la actividad
administrativa. Por esta razón, se desestima la referida delación, y así se
decide. En
adición, se observa que los recurrentes ni siquiera expresan cuál es la norma
legal erróneamente interpretada, razón por la cual esta Sala Electoral considera
que dicho alegato resulta infundado, y así se decide. Respecto
a la denuncia sobre el silencio de prueba, se debe señalar que éste se
configura cuando el Juez deja de analizar una prueba producida por las partes, aún
cuando ésta sea inocua, ilegal o impertinente, pues, precisamente esa
calificación (inocua, ilegal o impertinente) debe hacerse según sea el
juicio de valoración que se haga sobre la prueba. Sin
embargo, es menester advertir que la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal mediante sentencia número 00819 del 11 de junio de 2003 ha señalado respecto del silencio de prueba, lo siguiente: “Con respecto
al alegado vicio de silencio de prueba en que incurrió el acto impugnado, esta
Sala observa:
la recurrente la existencia del mencionado vicio, en el incumplimiento por
parte del ente administrativo de los artículos 509 y 12 del Código de
Procedimiento Civil, normas éstas dirigidas a regular la actividad valorativa y
apreciativa de las pruebas por parte del Juez en los procesos jurisdiccionales
y que, en principio, no le son aplicables en toda su extensión a los
procedimientos administrativos, toda vez que éstos tienen como norma especial
de aplicación, en cuanto a la materia adjetiva o formal, lo preceptuado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
el procedimiento administrativo, si bien se encuentra regido por los principios
fundamentales del derecho a la defensa y al debido proceso, no puede ser
confundido con la función jurisdiccional, en la cual el Juez se encuentra
sometido a reglas procesales distintas, dependiendo del tipo de proceso de que
se trate. Por lo tanto, en el procedimiento administrativo (…) basta para
entender que se ha realizado una motivación suficiente, el análisis y
apreciación global de todos los elementos cursantes en el expediente
administrativo correspondiente, no siendo necesario que el ente administrativo
realice una relación precisa y detallada de todos y cada uno de los medios
probatorios aportados… ”.
pues, esta Sala Electoral observa que el “silencio de prueba” que ha
sido denunciado en el presente caso habría conducido a la Administración a dictar un acto sobre la base de un falso supuesto de hecho, toda vez que el
Consejo Nacional Electoral no valoró -a juicio de los recurrentes- todas
las pruebas que éstos produjeron para acreditar que el ciudadano Máximo Alexis
Martínez no era afiliado al Sindicato Autónomo y Social de Obreros y
Trabajadores en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A). Así
las cosas, esta Sala Electoral observa que en la motivación del acto impugnado se
expresó: “Al
acreditar la afiliación al sindicato es la lista de afiliados convalidada por el
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, a la luz de lo
establecido en el artículo 7 de las Normas para la Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales. En consecuencia, se
desestima dicha denuncia. Y así se declara”. (Negritas de la Sala). No
obstante, si bien es cierto que “… lo procedente para acreditar la
afiliación al sindicato es la lista de afiliados convalidada por el Ministerio
del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, a la luz de lo establecido
en el artículo 7 de las Normas para la Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales…”, no es menos cierto que dicha lista de afiliados se
encontraba en el expediente administrativo, circunstancia ésta que se evidencia
de las copias que el ciudadano Miguel José Villaroel Medina, titular de la
cédula de identidad número 5.484.039, certificó en su condición de Secretario
General del Consejo Nacional Electoral, las cuales cursan desde el folio 120 al
291 de las actas procesales contenidas en este expediente, y de las cuales se
puede verificar que el ciudadano Máximo Alexis Martínez no es afiliado al
Sindicato. Ello
así, la Sala Electoral considera que el acto impugnado está viciado de nulidad,
ya que el Consejo Nacional Electoral desestimó la denuncia formulada sobre la
base de un falso supuesto de hecho, al estimar que “… lo procedente para
el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social…”, siendo
que dicha lista se encontraba en el expediente administrativo del Sindicato
Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A). De
manera que la Comisión Electoral Sindical se constituyó con una persona que no
estaba afiliada al Sindicato Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores en
General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A), lo cual se traduce en una violación al principio de equidad, ya que las Normas Para la Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales, dictadas por el Consejo
Nacional Electoral mediante Resolución número 041220-1710 del 20 de diciembre
de 2004, establecen en su artículo 14 que la Comisión Electoral estará integrada por un número de miembros -lógicamente del Sindicato-
que serán elegidos en Asamblea General de Afiliados, en donde cada plancha o
grupo tendrá derecho a un representante, atendiendo siempre al principio de
equidad. Por
esta razón, la Sala Electoral estima que no solo el acto impugnado es nulo sino
también el proceso electoral en cuestión, toda vez que éste se organizó por una
Comisión Electoral que estaba mal constituida, situación ésta que ha debido
corregir el Consejo Nacional Electoral al decidir la impugnación presentada en
sede administrativa. En consecuencia, se anula el acto impugnado y el proceso
electoral celebrado en el Sindicato Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores
en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A), y
así se decide. Visto
el anterior pronunciamiento, esta Sala considera inoficioso pronunciarse sobre
el resto de las denuncias formuladas en el recurso, y así se decide. VI
mérito de lo antes expuesto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO:
ADMITE la intervención de la Comisión Electoral
Nacional del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores en
General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A), como tercero “verdadera parte”, de conformidad con los artículo 370, ordinal
3, 379 y 381 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa
de los artículos 19.1 de las Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y
238 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. SEGUNDO:
CON LUGAR el recurso contencioso electoral presentado contra la
Resolución signada con el número 070503-0413 del 3
de mayo de 2007, publicada en Gaceta Electoral número 380 del 10 de julio de
2007, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declaró sin lugar el
recurso jerárquico presentado contra la actuaciones de la Comisión Electoral del referido Sindicato. En consecuencia, se anula el acto impugnado, así como el proceso electoral que se llevó a cabo en dicho Sindicato, y se ordena la constitución de una nueva Comisión Electoral Sindical en un lapso no mayor de treinta (30) días continuos, contados a partir de la notificación del presente fallo, para que realice un nuevo proceso electoral en un tiempo que no deberá exceder de noventas (90) días continuos, contados desde la constitución del referido órgano electoral. Publíquese,
regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Dada,
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los (30) del mes de junio del
año dos mil ocho (2008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
Presidente-Ponente,
RAFAEL ARÍSTIDES
RENGIFO CAMACARO
DE STEFANO PÉREZ
AA70-E-2007-000060
30-06-08, siendo las 10:55 a.m, se firmó la presente decisión, pero se difirió
su publicación por el anuncio de voto concurrente del Magistrado Juan J. Núñez.
El Secretario, Quien
suscribe, el Magistrado JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN, en virtud de la facultad
que le confiere el artículo 62 del Reglamento
Interno del Tribunal Supremo de Justicia, consigna su opinión concurrente al
contenido decisorio del fallo que antecede, en los términos siguientes:
bien quien suscribe el presente voto concurrente comparte la decisión de la
mayoría que declaró con lugar el recurso contencioso electoral ejercido por el ciudadano José
Gregorio Pérez Herrera, Vladimir Suárez, Irma Flor Pinto y Luis Felipe Suárez
Martínez, en su condición de integrantes del Sindicato Nacional Autónomo y
Social de Obreros y Trabajadores en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A.) contra la Resolución Nº 070503-0413 dictada el 03 de mayo de 2007, publicada en la Gaceta Electoral Nº 380 del 10 de julio de 2007, mediante la cual el Consejo Nacional
Electoral declaró sin lugar el recurso jerárquico presentado contra las
actuaciones de la Comisión Electoral del referido Sindicato, sin embargo, no
comparte el criterio sostenido por la mayoría sentenciadora respecto a dos (2) de
los razonamientos contenidos en el fallo que antecede, referentes a: (i) el
alegato esgrimido por el Consejo Nacional Electoral sobre la innovación de
argumentos del recurrente, en sede judicial, que no fueron expuestos en sede
administrativa; y, (ii) la integración de la Comisión Electoral Sindical. En
ese sentido, las razones que sustentan la opinión concurrente de quien
suscribe, tiene como fundamento las siguientes consideraciones: 1.-
En primer lugar, se observa de la motiva del fallo que al analizarse la
pretendida innovación de argumentos por parte de los recurrentes, al plantear
en esta instancia judicial denuncias que no fueron expuestas en sede
administrativa, la mayoría sentenciadora se limita a señalar que “…respecto
al segundo grupo de argumentos (…) estos están sujetos al lapso de
caducidad a que se refiere el artículo 237 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política…” y seguidamente, cita el extracto de la
sentencia Nº 169 dictada por esta Sala en fecha 14 de noviembre de 2001, afirmando
que tales denuncias están sujetas al lapso de caducidad, dispuesto en el
artículo 237 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, sin declarar,
de manera expresa, si tales alegatos expuestos resultaban procedentes o no.
quien concurre que se requería, entonces, que de manera expresa se hubiese
declarado que con relación a los nuevos alegatos
planteados en sede judicial, relacionados con: (i) el supuesto fraude electoral
en el que incurrió la Comisión Electoral del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores en General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A.); (ii) el presunto fraude procesal en
perjuicio de los afiliados; y, (iii) la causal de inelegibilidad en la que,
supuestamente, se encontraban incursos los ciudadanos Eudes Tomás Martínez
Morillo y Asdrúbal Lorenzo Gómez, operó el lapso de caducidad estipulado en el
artículo 237 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y que,
por esta razón, resultaba improcedente su consideración debiendo ser
desestimados, como ha sido criterio jurisprudencial de esta Sala Electoral
(Véase en ese sentido, entre otras, las sentencias
Nros. 154 del 25 de octubre de 2001, caso: Víctor García Burgos; 169 del
14 de noviembre de 2001, caso: Noé Acosta Olivares; 203 del 13 de
diciembre de 2001, caso: Ezequiel Eligio Pérez Roa y 174 del 18 de
octubre de 2007, caso: Ulises Antonio Suárez y
otros). 2.-
En segundo lugar, se observa que en la decisión de la mayoría sentenciadora, el
alegato referente a la errónea constitución de la Comisión Electoral del Sindicato Nacional Autónomo y Social de Obreros y Trabajadores en
General de la Industria de la Construcción y Afines (S.I.N.A.S.O.I.C.A.) no fue objeto de suficiente análisis, pues estima quien concurre que no bastaba señalar
el hecho de que la referida Comisión Electoral Sindical estaba integrada por un
número de miembros “lógicamente del Sindicato”, conforme lo establecido
en el artículo 14 de las Normas para la Elección de las Autoridades de las Organizaciones Sindicales, dictadas por el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución
Nº 041220-1710 del 20 de diciembre de 2004.
respecto, considera quien suscribe que la Sala debió interpretar lo dispuesto en el prenombrado artículo 14 eiusdem, el cual dispone:
Comisión Electoral estará integrada por un número de miembros
preferiblemente, superior a cinco; o en todo caso, por un número impar. Sus miembros
serán elegidos en Asamblea General de afiliados. Cada plancha o grupo tendrá
derecho a un representante en la Comisión. En todo caso, la representación deberá atender al principio de equidad.
Cuando la Asamblea General de Afiliados no lograse llegar a un acuerdo para
conformar la Comisión Electoral, el Consejo Nacional Electoral podrá, a
solicitud de la organización sindical, nombrar los miembros de la misma,
seleccionándolos de cada grupo participante, salvaguardando el equilibrio
imparcial dentro de la Comisión Electoral.
criterio de quien concurre, vista la normativa anterior, resultaba necesario señalar que la integración o conformación de la Comisión Electoral Sindical es una actuación que emana de la mayoritaria voluntad colegiada de la Asamblea de Afiliados de la organización sindical de que se trate, mediante la cual, atendiendo a los principios de
equidad e imparcialidad, se decide elegir o designar a determinados miembros
del sindicato como integrantes del órgano electoral -transitorio o permanente-
que tendrá por objeto organizar y dirigir directamente un proceso electoral
sindical determinado, con el auxilio del Consejo Nacional Electoral, órgano que
está dotado de un amplio margen de competencias en virtud de las cuales, sin
menoscabo de la autonomía de acción que tienen las organizaciones sindicales,
puede adoptar las medidas que estime necesarias para que todos sus integrantes,
sectorizados o no, logren el equilibrio y respeto mutuo necesario para elegir a
sus autoridades (Véase en ese sentido, entre otras, las sentencias
Nros. 76 del 07 de junio de 2007, caso: Miguel José Rojas y Pedro José Torres Vs. Consejo
Nacional Electoral y 119 del 04 de julio de 2006, caso: SUMA PDV
MARINA). Queda así expuesto el criterio del Magistrado
E. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Los…/…
…/…Magistrados,
03-07-08, siendo las 2:53 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia
bajo el N° 101, con el voto concurrente del Magistrado Juan J. Núñez.