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Timestamp: 2019-11-21 06:43:16
Document Index: 56051098

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Sentencia nº 1484 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 24 de Agosto de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 313673102
Número de Expediente: 2011-1014
Expediente Nº 11-1014
El 24 de agosto de 2011, se dio por recibido ante la Secretaría de esta Sala, Oficio de fecha 23 de agosto del mismo año 2011, suscrito por el ciudadano H.C.F., en su condición de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anexo al cual remite un ejemplar del “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas”, aprobado en C.d.M. N° 733, de fecha 23 de agosto de 2011, dictado en ejecución de lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 9, de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en Materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009 Extraordinario, de fecha 17 de diciembre de 2010, y el artículo 2° eiusdem, en concordancia con el artículo 25, cardinal 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de someter a consideración de esta Sala Constitucional la ratificación de la constitucionalidad del carácter orgánico del referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme lo establece el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En esa oportunidad, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Examinado el articulado del mencionado “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas”, para la emisión del pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de su carácter orgánico, se observa:
CONTENIDO DEL Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las
conexas y auxiliares a estas
En el Título I titulado “Disposiciones Generales”, se contempla el objeto de la presente Ley, el cual es “regular lo relativo al régimen de las minas y yacimientos de oro, la reserva al Estado de las actividades primarias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho mineral, y la creación de empresas para su ejercicio, con el propósito de revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente, el irrespeto de la ordenación territorial, el atentado a la dignidad y la salud de las mineras mineros y pobladoras pobladores de las comunidades aledañas a las áreas mineras, a través de la auténtica vinculación de la actividad de explotación del oro con la ejecución de políticas que se traduzcan en el vivir bien del pueblo, la protección ambiental y el desarrollo nacional”.
Asimismo, se consagra en el artículo 2, la reserva al Estado “por razones de conveniencia nacional y carácter estratégico, las actividades primarias y las conexas y auxiliares al aprovechamiento del oro”, en su artículo 3, se establece la naturaleza jurídica de los yacimientos de oro como pertenecientes “a la República y bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del Estado (…)”, y finalmente en el artículo 4, se declara de “utilidad pública e interés social los bienes y obras vinculadas con la reserva prevista en el presente Decreto Ley”.
Seguidamente, en el Título II denominado “Del Ejercicio de las Actividades Reservadas”, se establece que las actividades establecidas en la presente Decreto Ley, sólo podrán ser ejercidas por la República o a través de sus institutos públicos o empresas de su exclusiva propiedad, o filiales de estas, o por empresas mixtas, en las cuales la República o alguna de las empresas de la República, en las cuales ésta tenga control de sus decisiones y mantenga una participación, mayor del cincuenta y cinco por ciento del capital social (artículo 5); y asimismo, se establece la aprobación por Acuerdo de la Asamblea Nacional para la constitución de las empresas mixtas, para la realización de las actividades primarias y las condiciones que regirán las mismas (artículo 6).
En igual sentido, se consagran el establecimiento del régimen jurídico de empresas mixtas para la realización de las actividades primarias (artículo 7); la competencia al Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia para la delimitación del área total asignada a cada empresa para la realización de actividades primarías así como los años de duración (artículo 8); y la potestad por parte del Ejecutivo Nacional de transferir mediante Decreto “el derecho al ejercicio de todas o parte de las actividades aquí reservadas. Asimismo, podrá transferirles la propiedad u otros derechos sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República, requeridos para el eficiente ejercicio de tales actividades”. En este sentido, establece que “El Ejecutivo Nacional podrá abstenerse de otorgar estos derechos, incluso revocarlos, en ejercicio de sus potestades soberanas, cuando así convenga al interés nacional, e igualmente, cuando las referidas empresas no den cumplimiento a sus obligaciones” (artículo 9).
Finalmente, dentro de dicho capítulo se establece la no garantía de la existencia del recurso (artículo 10), así como, la realización de contratos de servicios especiales por parte de las empresas que realicen las actividades primarias (artículo 11).
En el Título III, denominado “Migración a Empresa Mixta de las Concesiones, las Autorizaciones para el ejercicio de la Pequeña Minería y Contratos de Exploración y Explotación de Oro Extinguidos”, se establece el proceso de migración el cual “propenderá, facilitará y tendrá como objetivo fundamental, el cambio de las concesiones, autorizaciones para el ejercicio de la pequeña minería y contratos para la exploración y explotación del oro, a un esquema de Empresa Mixta” (artículo 12), el régimen de negociación (artículo 13), la extinción de concesiones, autorizaciones para el ejercicio de la pequeña minería y contratos de exploración y explotación de oro (artículo 14), el procedimiento para el control de las operaciones (artículo 15), el régimen de valoración de los bienes cuya propiedad se transfiere a la República (artículo 16), así como, las medidas para garantizar la continuidad de las actividades (artículo 17).
El Título IV, titulado “Regalía y Ventajas Especiales”, contempla el régimen de regalía minera de oro (artículo 18), la forma de pago de la regalía (artículo 19), el establecimiento de la “alícuota correspondiente a las ventajas especiales” (artículo 20), y finalmente, la obligatoria venta y entrega a la República Bolivariana de Venezuela de “Todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional”, quedando excluidas “la comercialización de las joyas de oro de uso personal” (artículo 21).
El Título V, contempla las “Limitaciones Legales a la Propiedad”, estableciendo el régimen de servidumbres, ocupación temporal y expropiación (artículos 22 al 24), la fiscalización técnica de las actividades mineras por parte del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia, lo cual “comprende lo relativo al desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de dichos recursos auríferos, así como el estudio de mercado, análisis, fijación de precios y el régimen de la inversión nacional y extranjera en el sector” (artículo 25), así como la fiscalización de los ingresos públicos por las referidas actividades, a través de la Superintendencia de Fiscalización del Oro “como servicio desconcentrado, adscrito al ministerio del poder popular con competencia en materia de finanzas, a los fines de fiscalizar, liquidar y recaudar la regalía y las ventajas especiales establecidas en el presente Decreto Ley” (artículo 26).
Igualmente, se declara “el mineral de oro y a las áreas mineras auríferas, como estratégicas para la Nación, a los fines de la declaratoria de zonas de seguridad a las que se refiere la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación” (artículo 27), y con ello el deber de comunicar inmediatamente, por parte de las empresas autorizadas, al ministerio del poder popular con competencia en la materia, en caso de que se encuentren minerales diferentes a los autorizados (artículo 28), el deber de respetar el medio ambiente (artículo 29), así como el régimen de exención tributaria.
El Título VI denominado “Infracciones y delitos”, contiene lo referido a las “Infracciones administrativas”, que fija las sanciones pecuniarias a los sujetos sometidos a las disposiciones del presente Decreto, se delega la imposición de las sanciones de esta índole al ministerio con competencia en materia de minería, “conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. (Artículo 31)
En el artículo 32, se dispone como delito la realización de actividades “primarias”, “conexas” o “auxiliares” sin cumplir con las formalidades establecidas en el presente Decreto Ley para el ejercicio de las mismas, estableciéndose una pena corporal de prisión que oscila los seis (06) meses a seis (06) años al infractor, bien sea persona natural o jurídica, en cabeza de sus socios y directores, o mediante interpuesta persona.
En el Titulo VII, se establecen las “Disposiciones Finales” que comprende los artículos mediante los cuales se delega la competencia de la coordinación de las medidas y acciones necesarias para garantizar el cumplimento de las normas contenidas en el presente Decreto Ley, al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular competente; la afirmación de la jurisdicción venezolana para la resolución de los conflictos que se deriven de la aplicación del mismo; el régimen financiero aplicable a las empresas sometidas al presente Decreto Ley; su aplicación preferente con respecto a cualquier otra Ley del mismo rango; la aplicación supletoria de la Ley de Minas y su Reglamento con respecto a todo lo no previsto en el mismo; la derogatoria de todas las normas que colidan con lo dispuesto en aquél, y su entrada en vigencia al término de sesenta (60) días continuos, de su publicación. Todo ello contenido en los artículos 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 y 38 del presente Decreto Ley.
Finalmente, el Título VIII, contiene las “Disposiciones Transitorias” que refiere la vigencia de los permisos ambientales otorgados a proyectos mineros en ejecución y su transferencia a las empresas a las cuales se les asigne la continuidad de su ejecución, no así con respecto a las solicitudes que se encuentren en curso para el momento de la entrada en vigencia del presente Decreto Ley (primera y segunda).
Establece, igualmente, la continuidad de la relación laboral y garantía de pago de los beneficios laborales de los trabajadores que presten sus servicios a las empresas beneficiarias de los contratos para la exploración y explotación del oro, extinguidos de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Ley, así como la habilitación temporal para seguir realizando actividades mineras relacionadas con el mineral oro a las empresa del Estado hasta tanto el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia las modifique; de la misma manera la habilitación para el ejercicio de actividades “conexas o auxiliares”, a quienes venían ejerciéndolas hasta que el ministerio con competencia dicte la resolución que corresponda (disposiciones tercera, cuarta y quinta).
En la disposición sexta de este Título, se establece la obligación del registro público inmobiliario de dejar constancia de “la extinción de las concesiones o de cualquier otro título o derecho minero, estampando la respectiva nota marginal, de oficio o a solicitud del ministerio del poder popular con competencia en la materia minera”.
A.e.c.d. “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas”, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer de la presente solicitud.
Como premisa procesal, esta Sala debe fijar su competencia para efectuar el pronunciamiento a que se refiere el segundo aparte del artículo 203 constitucional y el artículo 25.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para examinar la constitucionalidad del carácter conferido al “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas”. Con tal propósito observa:
El “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas” fue dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en C.d.M., en ejercicio de la facultad legislativa conferida en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con los artículos 1°, letra 9 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009, Extraordinario, del 17 de diciembre de 2010.
Así, si bien el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas” no fue dictado por el titular de la potestad legislativa, esto es, la Asamblea Nacional, lo fue por delegación de ésta -mediante la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en C.d.M.-, razón por la cual esta Sala resulta competente para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico del mismo, conforme a las normas antes indicadas, y así se declara.
ANÁLISIS DEL CARÁCTER ORGÁNICO DEL Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado
las Actividades de Exploración y Explotación del Oro,
así como las Conexas y Auxiliares a estas
Esta Sala Constitucional observa que el objeto del instrumento jurídico sometido a su examen, es “regular lo relativo al régimen de las minas y yacimientos de oro, la reserva al Estado de las actividades primarias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho mineral, y la creación de empresas para su ejercicio, con el propósito de revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente, el irrespeto de la ordenación territorial, el atentado a la dignidad y la salud de las mineras mineros y pobladoras pobladores de las comunidades aledañas a las áreas mineras, a través de la auténtica vinculación de la actividad de explotación del oro con la ejecución de políticas que se traduzcan en el vivir bien del pueblo, la protección ambiental y el desarrollo nacional”.
Dicha norma reconoce explícitamente a los yacimientos mineros y de hidrocarburos como bienes del dominio público, ratificando así la doctrina de S.B. -la cual es consagrada como fundamento ideológico de nuestra República, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 de nuestra Constitución- quien mediante Decreto de 24 de octubre de 1829, dictado en la ciudad de Quito, estableció que “las minas de cualquier clase corresponden a la República”.
Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo
Por conveniencia nacional el Estado queda facultado para reservarse determinadas actividades económicas, de manera particular en el sector minero y petrolero (…)
De tal forma que, siendo el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas” una norma que reserva al Estado venezolano una actividad minera, concluye la Sala que su carácter ha de ser orgánico, por disposición expresa del artículo 302 de la Constitución de la República.
En ese orden de ideas, luego de analizar los fundamentos teóricos anotados, y sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido de la normativa propuesta por el ciudadano Presidente de la República, con base en las anteriores consideraciones, este M.T. se pronuncia, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 2 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan y en el artículo 25.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de declarar la constitucionalidad del carácter orgánico del “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas”, y así se declara.
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara LA CONSTITUCIONALIDAD DEL CARÁCTER ORGÁNICO DEL “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a estas”.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de Agosto de dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
Exp. N º AA50-T-2011-1014
Decisión nº 70-07 de Juzgado Cuarto de Primera Instancias en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Carora), de 12 de Febrero de 2007