Source: https://es.scribd.com/doc/73622821/admision-garantias-jurisdiccionales
Timestamp: 2017-02-26 15:43:13
Document Index: 240364681

Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 43', 'Artículo 55', 'artículo 60', 'artículo 1', 'Artículo 7']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseAB.IGNACIO FALCONES FERRÍN, Docente de la Unidad Académica de lo Social, Coordinación de Derecho de la Universidad Particular "San Gregorio de Portoviejo"
Que la Tesis de Grado Titulada "ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ADMISIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES CON LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN 2008" ha sido desarrollada bajo mi dirección por el Egresado Sr. George Gabriel Farfán Intriago, quién con esfuerzo y dedicación ha concluido el presente trabajo de investigación.
Ab. Ignacio Falcones Ferrín DIRECTOR DE TESIS
UNIVERSIDAD PARTICULAR "SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO"
UNIDAD ACADÉMICA DE LO SOCIAL CARRERA DE DERECHO TEMA:
"ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ADMISIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES CON LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN 2008"
TESIS DE GRADO Sometida a consideración del Tribunal de Revisión y Sustentación y Legalización por el Honorable Consejo Directivo como requisito previo a la obtención del Título de:
La Investigación, resultados y conclusiones del presente trabajo es responsabilidad exclusiva del Autor
El presente trabajo de Investigación es el fruto de un proceso de formación profesional en el que me han influido muchas personas, pero siempre entre ellas se encuentran unas más especiales, sin las cuales hubiera sido imposible la culminación de esta etapa de mi formación académica. Dedicado en primer lugar a Dios por entregarme la paciencia y sabiduría e iluminarme en los momentos de dudas, para enfrentar los retos diarios de mi vida estudiantil de una forma eficiente. Sin lugar a dudas quiero dedicar este éxito profesional a las personas que me han incentivado y me han impulsado a ser la persona que he llegado a ser, mis padres Ab. George Farfán quien desde que yo era muy pequeño me adentró y enseño el mundo del Derecho, logrando poco a poco sembrar en mí la curiosidad del saber; a mi madre Ab. María Elena Intriago, quien con su paciencia y profundo amor supo contener mis energías, aconsejándome con mucho amor y cariño, gracias a ellos soy quien soy, y es a ellos a quienes dedicare los éxitos de cada culminación de mis etapas de vida. A mis hermanos Andrés, Abraham y Mariángel, para que tomen este logro como una muestra de que nada es imposible, y que con esfuerzo y dedicación todo en la vida se puede cumplir. A todos mis familiares, incluidos en ellos abuelos, tíos, primos, por haberme ayudado de una u otra forma con correcciones, consejos y diálogos dentro de mi vida.
Una dedicatoria especial a mi enamorada Alexandra Mendoza, por el tiempo y la paciencia que ha depositado para mí, por el cariño y el amor que me ha profesado y que me ha motivado a luchar y esforzarme por mejorar cada día. En último lugar, pero no en importancia a dos personas que no me acompañan en estos momentos en vida, a mi Abuelo George, de quién siempre admiraré la fortaleza y su espíritu trabajador, y a mi Tío José, quién me enseñó a luchar y trabajar siempre por lo que más queremos. A todas y cada uno de mis amigos, compañeros de clases, y demás personas que de una u otra forma ya sea en conversaciones y/o debates compartimos conocimientos y pudimos defender nuestras teorías.
Existen muchas personas a quienes agradecer por su colaboración en la culminación de esta etapa profesional.
A mis Padres por el apoyo incondicional profesado, sin los cuales, no hubiera sido posible la culminación de mi carrera Universitaria.
A la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo y de manera especial a todos los Profesores y Personal de Apoyo de la Carrera de Derecho, quienes supieron impartir de manera correcta y eficiente sus conocimientos, los cuales han sido aprovechados y serán reflejados en mi vida Profesional;
Al Ab. Ignacio Falcones Ferrín, Director de mi Tesis de Grado, quien con su dirección, conocimientos y experiencia supo guiarme
correctamente en la culminación del presente trabajo investigativo.
El Garantismo instituido en la Constitución de la República del 2008 en vigencia torna necesario un análisis efectivo y concienzudo referido al Análisis Jurídico de la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales, para procurar de esta manera un amparo eficaz y efectivo de los Derechos Fundamentales; puesto que al establecer la Jurisdicción Constitucional en los Jueces de Primera Instancia de la Función Judicial, han variado los criterios de admisión de las mismas de juez en juez, lo cual se torna inaceptable por la importancia y la jerarquía del asunto constitucional y la obligatoriedad de aplicación de precedentes constitucionales que se vuelven las herramientas más efectivas en el momento de la admisión.
Dentro de este trabajo de investigación se ha procurado enmarcar todos los requisitos procesales doctrinarios como antesala y
explicación del Procedimiento Constitucional Ecuatoriano, haciendo referencia en todo sentido exclusivamente a la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales sin entrar en análisis de la procedencia o improcedencia de cada una de ellas, delimitándome a analizar los requisitos de admisibilidad y las causas de inadmisión respectivas, explicando diferentes criterios de varios autores latinoamericanos y mundiales reconocidos en por sus de aportes México, al Derecho cuna del Procesal Amparo
Constitucional, y país que se ha erigido como el vórtice latinoamericano en cuestiones de garantías y constitucionalismos.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, en el Ecuador, se establece un nuevo Marco Jurídico, con un carácter más garantista y protector a los Derechos Constitucionales, tanto es así que el Ecuador pasa de ser un Estado Social de Derecho a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo cual implica un cambio radical en la idiosincrasia jurídica del País donde las leyes ya no son el todo para defender vulneraciones a derechos y se vuelven solo una mera herramienta accesoria, sino que se impone la necesidad de hacer uso de la Constitución como norma suprema para procurar un amparo eficaz y una reparación integral a los Derechos que pudiesen ser vulnerados en todos los procesos e instancias, proclamando a las Garantías Jurisdiccionales como un medio Constitucional eficaz, directo y efectivo para este fin.
Las Garantías Jurisdiccionales, Garantías Constitucionales o Procesos Constitucionales son definidas en la doctrina con varias acepciones, ligadas siempre al fin de proteger y reparar integralmente la vulneración de Derechos Constitucionales, el Diccionario Jurídico Consultor Magno define a las Garantías Constitucionales como “Amparo o protección jurídica que la sociedad ofrece al individuo, para asegurar la efectividad de algún derecho que debe ser llevado al máximo de su eficacia para poseer las cualidades esenciales y características de una garantía verdadera”; siendo estas Garantías las máximas expresiones de
Justicia dentro del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano por ser de rango jerárquicamente superior a todos los demás procesos jurídicos.
Al plantearnos el problema necesariamente hay que señalar que con la aprobación mediante referéndum de la Constitución de la República, el legislador constituyente impuso además la obligación, de que en el Ecuador se establezca un “Régimen de Transición” mientras se aplica en su totalidad todos las Disposiciones Transitorias de la Constitución y que son de vital importancia para su total y eficaz aplicación, y son en estas Disposiciones Transitorias, en especifico la Primera, donde se impone la necesidad y la Obligación de que la Función Legislativa en un plazo no mayor de 365 días promulguen varias leyes, entre ellas, la Ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y los procedimientos de control de Constitucionalidad, ley con la Jerarquía Orgánica que fue promulgada en el Registro Oficial No. 52 del Jueves 22 de Octubre del 2009 con el nombre de “Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, la cual contiene entre sus normas nuevas reglas de procedimientos para hacer efectivas las Garantías Jurisdiccionales contenidas en el Capítulo Tercero de la Constitución de Montecristi de entre las cuales la “Admisión de las Garantías Jurisdiccionales” ha traído varios criterios discordantes dentro de la Jurisdicción Constitucional radicada en los Jueces de Primera Instancia al amparo de lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley Orgánica antes mencionada, pues al momento de Dictar el Auto de Admisión el Juez Constitucional debe tener en cuenta diversos puntos
entre los cuales se encuentran la Jurisdicción y la Competencia Constitucional, que en su espíritu es totalmente diferente a las de la Jurisdicción Ordinaria, las Reglas de Procedencia y de Legitimación que varían totalmente de la Constitución anterior pues existen nuevos principios de aplicación de Derechos invocados en la nueva Constitución y que tienen mayor importancia en el procedimiento Constitucional 1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA La importancia de esta investigación radica en que las Garantías Jurisdiccionales son mecanismos de Tutela y Reparación Integral de Derechos Constitucionales o de Derechos Humanos vulnerados ya sea por una Autoridad Pública mediante actos u omisiones Administrativas o por una Persona Natural o Jurídica Privada cuando el perjudicado se encuentra en estado de indefensión o sumisión, lo cual le da una calidad relevante a los fallos de los mismos pues, al tener supremacía constitucional, sobresale sobre cualquier otra sentencia emitida por un juez de la Jurisdicción Ordinaria. Otorga más agilidad al momento de calificar las demandas de Garantías Jurisdiccionales, pues contiene puntos a ser considerados antes de empezar un proceso Constitucional. 1. Permite obtener un amparo más eficaz y eficiente de los derechos vulnerados a los habitantes del País;
2. Permitir observar un primer punto más amplio al juez que conoce para dirigir más eficientemente el proceso constitucional; y 3. Evita el abuso de estas Garantías Jurisdiccionales por parte de individuos que pretenden deslegitimar estas acciones para fines fuera de los ya proclamados en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte Constitucional aún no ha emitido una Gaceta Judicial donde se establezcan claramente las reglas de Admisibilidad pertinentes para cada Garantía Jurisdiccional contenida en el Capítulo Tercero de la Constitución de la República vigente, para que de esta manera los jueces no tengan criterios divididos al momento de emitir los Autos de Admisión de estas Garantías. 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera ha variado la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales con la Vigencia de la Constitución 2008 en vigencia? 1.4.-DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: La investigación realizada hace referencia a la Admisión de las garantías Jurisdiccionales, significa esto que el escenario jurídico (Juzgados de Primera Instancia del cantón Portoviejo) se caracterizó por la emisión de los Autos de Admisión o de Inadmisión emitidos ante
constitucionales. 1.5.1. OBJETO DE ESTUDIO 1.5.1.1. Campo: 1.5.1.2. Área: Jurídico Procesal Constitucional
1.5.1.3. Aspectos: La Admisión de las Garantías Jurisdiccionales – la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia. 1.5.1.4. Termino de Relación Vigencia
1.5.1.5. TEMA: “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ADMISIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES CON LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN 2008” 1.5.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL: El sistema investigativo implementado se desarrolló en el Palacio de la Corte Provincial de Justicia de Manabí ubicada en las calles Córdova entre Ricaurte y Chile, a los Jueces de Primera Instancia de la ciudad de Portoviejo y a las Abogadas y Abogados en el libre ejercicio en la ciudad de Portoviejo. 1.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL: La presente investigación se la realizó en el periodo correspondiente de Mayo del 2011 a Noviembre del 2011
1.6.1. OBJETIVO GENERAL Analizar Jurídicamente la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales en el Ecuador con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, para evidenciar las reglas correctas de aplicación a las mismas. 1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.1. Analizar los Principios Constitucionales pertinentes a las Garantías Jurisdiccionales. 2. Analizar las Finalidades Individuales de las Garantías Jurisdiccionales. 3. Analizar las Reglas de la Competencia Constitucional. 4. Analizar las Reglas de la Jurisdicción Constitucional. 5. Definir las formas de Legitimación en las jurisdiccionales. 6. Diseñar una propuesta alternativa sobre el problema investigado. garantías
MARCO TEÓRICO CAPITULO 1 DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR DERECHOS HUMANOS
Sobre los Derechos Humanos son definidos como todas aquellas condiciones que promueven el bienestar del ser humano como persona por el solo de hecho de su existencia, para entender con más precisión Pedro Danaires Sánchez cita a Francisco del Solar Rojas quien hace alusión a que “los Derechos Humanos son las condiciones de la existencia humana que permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en orden a la satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida espiritual y natural”1; estas condiciones básicas antes mencionadas han sido recogidas en legislaciones de carácter internacional con la finalidad de que sirvan como base en la elaboración de las normas internas de cada país, de esta manera el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en varias páginas web del internet así como en numerosas publicaciones literarias. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las
1 Pedro Donaires Sánchez, LOS DERECHOS HUMANOS, 17 de agosto de 2002, http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero5/15-5.pdf
escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios; la idea esencial de estos derechos es la LIBERTAD, manifestando entre otras cosas que todo ser humano nace libre, y desarrolla sus demás preceptos alimentando este pensamiento con el fin de fortalecerlo. Los Derechos Humanos tienen como característica principal la supranacionalidad, es decir, que en la doctrina al menos, sus condiciones y prevalencia supera la norma escrita de la legislación nacional de cada país por ser de interés mundial el bienestar de todos y cada uno de los seres humanos, de aquí que su principal diferencia con los Derechos Fundamentales radica en que como se explico el primero es de orden supranacional y el segundo se radica al carácter interno del país donde impera la constitución que los promulga, al respecto Pedro Nikken manifiesta que “estos derechos no dependen de su reconocimiento por el estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca”2 con lo cual se afirma más el concepto de la supranacionalidad de los Derechos Humanos. En lo referente al garantismo de la Constitución de la República del Ecuador 2008 3, se hace alusión en su Artículo 11 numeral 3 que los “derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
2 Nikken, Pedro, SOBRE EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS, http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2062/5.pdf 3 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Registro oficial No. 449 20 de Octubre del 2008
instrumentos internacionales de Derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”, de esta manera se configura un total garantismo a los Derechos Humanos y fundamentales. DERECHOS FUNDAMENTALES Los Derechos Fundamentales son estipulaciones básicas que
contienen aspectos esenciales para procurar el buen vivir de todo ser humano en sociedad, es así que la doctrina y diversos autores han establecido amplios debates en torno al origen y a la caracterización que rigen a los derechos fundamentales, el Dr. Jorge Zavala Egas jurista ecuatoriano define a estos derechos como “la forma que el
Derecho expresa los valores que motivan al pacto social que se concreta mediante la expedición de una Constitución”
ello conceptualizarlos como el resultado del acuerdo con el cual las personas regidas bajo una régimen jurídico expreso son beneficiadas si no alteran el orden establecido, al respecto y siguiendo con el análisis de este tipo de derechos, es necesario aclarar, que si bien es cierto, son propios de todo ser humano y pueden acceder a ellos con el solo hecho de su nacimiento, para poder hacer uso de ellos deben necesariamente estar establecidos en una norma escrita que sea jerárquicamente superior a las normas ordinarias, con el fin de poder
4 Zavala Egas Jorge, Apuntes sobre Neo constitucionalismo y Ponderación, Acción de Inconstitucionalidad y Proceso Constitucional 2009 pág. 33 y 34
procurar un acceso ilimitado y en igualdad de condiciones, al respecto Roberth Alexy afirma que “Siempre que alguien posee un derecho fundamental, existe una norma valida de derecho fundamental que le otorga este derecho. Es dudoso que valga lo inverso” 5, al respecto de norma válida es necesario entenderla como aquella disposición vigente que por haber cumplido con los procedimientos para su
promulgamiento está habilitada para exigirla y cumplirla y es de carácter obligatoria para todas y cada una de las personas sobre las cuales impera, por ende válida; según las acepciones anotadas se puede definir que los derechos fundamentales son parte del Derecho Objetivo como una premisa de sus pensamientos, pero no basta tan solo con que conste en norma escrita, es necesario que esta disposición tenga la capacidad de prevalecer sobre cualquier otra norma que la contradiga para que sea considerada fundamental, en este punto, el maestro Kelsen mediante su teoría de la jerarquicidad de las normas, nos aclara cuales son superiores a otras, dándole de esta manera un orden esencial adoptado por la mayoría de los países del mundo por su practicidad e importancia, pues si no existiera esta característica de superioridad entre una norma y otra, las leyes podrían contradecirse e inaplicarse una con otras, lo que causaría confusión y criterios divididos en las autoridades con competencia y jurisdicción para conocer controversias jurisdiccionales; de esta manera llega a
5 Alexy, Roberth Teoría de los Derechos Fundamentales, THEORIE DER GRIINDRECHTE Suhrkamp-Verlag 1986, Versión castellana: Ernesto Garzón Valdés; Revisión: Ruth Zimmerling; pág. 47
nuestro estudio la Constitución, norma que ha sido ubicada en más alto grado jerárquico establecido, con la finalidad de que con ello, sus normas, derechos y principios sobresalgan sobre cualquier otra disposición, e imponiendo la necesidad de que cualquier otra ley que se promulgue a futuro se adapte a ella pues su contradicción de forma automática inhabilita la norma inferior, situación que en el Derecho Constitucional se ha denominado Inconstitucionalidad. La Constitución de la República del Ecuador 6 resultante de un proceso democrático que estableció una Asamblea Constituyente de amplios poderes, dispone un cambio importante en la idiosincrasia jurídica del Ecuador, puesto que al establecer a nuestro país como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia da inicio a nuevo régimen más garantista y protector de Derechos Humanos y fundamentales, estableciendo principio de aplicación de derechos y de procedimientos para un amparo eficaz de los mismos, dividiendo los derechos fundamentales en ella proclamados de la siguiente manera: DERECHOS DEL BUEN VIVIR.- Dentro de esta clasificación el legislador constituyente incluyó los derechos fundamentales al agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, Hábitat y Vivienda, salud, trabajo y seguridad social; todos ellos considerados elementales para alcanzar el buen vivir (sumak kawsay), que no significa otra cosa más que vivir bien, con ello
6 Constitución de la República, Asamblea Constituyente, Registro oficial No. 449 20 de Octubre del 2008
se enmarca las condiciones optimas para que todas las personas se desenvuelvan sin problemas en la sociedad, se da prioridad a las necesidades básicas de todo ser humano para su subsistencia. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.- Dentro de esta clasificación se da especial atención a los grupos vulnerables definidos como aquellos que por sus capacidades físicas o mentales se encuentran en una especie de desventajas con respecto al resto de la población, clasificados dentro de esta categoría los derechos de las personas adultas mayores, jóvenes, los de movilidad humana, mujeres embarazadas, niños niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas con
enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad, personas usuarias y consumidoras. DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y
NACIONALIDADES.- En esta clasificación se ha considerado al ser humano en sociedad, dándole derechos a los pueblos, comunidades y nacionalidades ancestrales para procurar mantener sus costumbres, tradiciones y el dominio de las tierras habitadas por sus ancestros. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN.- El pueblo como mandante ha sido considerado para que participe activamente en la vida social, política, económica y administrativa, estableciendo como derechos
fundamentales, las herramientas necesarias para procurar exigir a los mandatarios cuentas claras y procurar que las decisiones del poder
público de importancia para la sociedad sean analizadas con las personas directamente afectadas o beneficiadas según sea la naturaleza de los actos del poder público. DERECHOS DE LIBERTAD.- Al ser un Estado Constitucional de Derechos y justicia, dentro de esta clasificación se establecen los límites de todas las en la personas en general contempla en torno a su
esenciales que a mas de otorgar libertades de manera genérica, delimitan la actuación del poder público para procurar su cumplimiento. DERECHOS DE LA NATURALEZA.- La naturaleza también ha sido considerada como sujeta de derechos, y esta afirmación ha causado amplios debates en aulas universitarias y foros de discusión, debido a que por regla general y lógica común solo las personas como individuos autónomos deben ser consideradas como sujetos de derecho y no la naturaleza, pues si bien es cierto son organismos vivos, no poseen la autonomía ni la capacidad de raciocinio necesarias para reclamar violaciones de derechos; sobre este punto, debo referirme a que esta clasificación en análisis de la Constitución 2008 en vigencia si bien es cierto esta expedida para proteger a las naturaleza, el sujeto inmediatamente beneficiado es el ser humano, pues aquel que habita dentro de ella, es así que cualquier persona podría ser legitimada para comparecer a exigir el cumplimiento de derechos fundamentales, siempre y cuando demuestre su vinculación directa con afectación.
DERECHOS DE PROTECCIÓN.- Contiene Principios y Derechos especializados sobresalientes en el protección Derecho al de personas, uno de de los más
cumplimiento en todos los procedimientos, procesos e instancias, es así que es un buen ejemplo para destacar la importancia de que las normas fundamentales se encuentren establecidas por normas superiormente jerárquicas. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE DERECHOS Una vez analizados los Derechos Humanos y los Derechos
Fundamentales en su esencia, y al haber diferenciado sus acepciones, corresponde dentro del Estudio del presente trabajo de investigación analizar la forma de aplicación de estos Derechos, para ello, en adelante es necesario explicar, que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 no hace diferencia alguna entre Derechos Humanos o Derechos Fundamentales, por ende como se explicará más adelante las Garantías Jurisdiccionales para la prevención de amenazas o vulneraciones natas de Derechos abarcan ampliamente tanto los Derechos Humanos como los Derechos Fundamentales; esta
afirmación se sustenta en la proclama del Art. 1 de la misma que dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia…”, al respecto el Dr. Jorge Zavala Egas hace referencia a que la Corte Constitucional mediante sentencia interpretativa publicada en el
Registro Oficial No. 451 del 22 de Octubre del 2008 se ha pronunciado en el sentido de que “La Constitución de 2008 establece una nueva
forma de Estado Constitucional de Derechos y Justicia, cuyos rasgos básicos son: 1) el reconocimiento del carácter normativo superior de la Constitución, 2) la aplicación directa de la Constitución como norma jurídica y 3) el reconocimiento de la jurisprudencia constitucional como fuente primaria del derecho” 7, lo antes mencionado conduce a una conclusión inequívoca acerca de la supremacía constitucional con alusión al anterior Estado Social de Derecho, pues, la Corte Constitucional menciona que la misma Constitución a más de ser normativamente superior, por esta misma condición puede ser aplicada directamente, lo que con el Estado Social de Derecho no ocurría, pues para hacer prevalecer la Constitución era condición sine qua non la vigencia de Ley expresa que desarrollara los preceptos establecidos en la norma constitucional, y por última manifiesta que la jurisprudencia constitucional es fuente primaria del derecho, que dicho de otra forma quiere decir que, los actos y decisiones expedidos mediante el uso de la Jurisdicción Constitucional son de obligatorio cumplimiento para todos los administrados, estableciendo de manera automática la necesidad de configurar protocolos dirigidos a una correcta aplicación de los precedentes constitucionales para la protección de derechos La aplicabilidad de los Derechos deriva en la eficiencia, eficacia y factibilidad de aplicación de las normas previstas en la norma fundamental para la correcta acepción de los mismos, al respecto Juan
7 Zavala Egas Jorge, Apuntes sobre Neo constitucionalismo y Ponderación, Acción de
Inconstitucionalidad y Proceso Constitucional, 2009 pág. 16
Alfonso da Silva explica que “no hay norma constitucional destituida de eficacia. Todas ellas irradian efectos jurídicos, importando siempre en una innovación del orden jurídico preexistente la entrada en vigor de la Constitución a la que se adhieren, y en una nueva ordenación instaurada”8, esto en relación a que todas las normas constitucionales entre las que se incluyen las que instauran derechos y mecanismo de protección de los mismos, crean nuevo derecho desde el momento de su promulgamiento, por ende, la eficacia incide en la propia autorregulación que ellas se determinen, pues, en el campo de los hechos pueden devenir situaciones que contraríen las mismas normas o que generen conflictos en relación a la aplicación de uno u otro derechos, dando importancia con ello a los principios de aplicación de derechos para dilucidar cualquier tipo de situaciones que a futuro pudiesen presentarse, y dando agilidad a la jurisdicción constitucional al momento de pronunciarse en casos específicos. Es necesario tener en cuenta lo mencionado por Rubén Hernández Valle para la correcta Aplicación de los derechos “Con frecuencia el constituyente no consagra principios, fundamentales en disposiciones concretas, sino que aquellos se deben derivar de la interpretación armónica de dos o más normas formalmente constitucionales.” 9; por consiguiente como requisito esencial para la correcta aplicación de
8 Alfonso da Silva, José, Aplicabilidad de las Normas Constitucionales, Universidad Nacional Autónoma de México 2003 9 Hernández Valle, Rubén, Los Principios Constitucionales, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, Costa Rica Junio 1992 17
derechos es sumamente necesario inteligenciarse de la parte dogmática de la Constitución para un correcto análisis de lo en ella instituido. La Constitución de la República 2008 en su Artículo 11 establece los principios de aplicación de Derechos antes mencionados los cuales se explican a continuación: “1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas garantizarán su cumplimiento.” autoridades
La norma constitucional establece de forma inequívoca y por demás clara, que cualquier persona puede ejercer, exigir y promover de forma individual o colectiva ante cualquier autoridad, al respecto, y entrelazando lo explicado en líneas anteriores al referirse a personas, la Constitución no solo se refiere a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, pues éstas a su vez, están reconocidas en la legislación del Ecuador.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial,
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, Administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
CAPITULO 2 GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN EL ECUADOR Tal y como se lo explicó en el Capítulo anterior del presente Trabajo de Investigación, la Constitución de la República del Ecuador al declararlo como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia ha instituido un régimen garantista y netamente protector de derechos para procurar una justicia integral, por lo cual se han dispuesto varios mecanismos procesales que teniendo la jerarquía constitucional, imponen
procedimientos eficaces, efectivos y eficientes para tutelarlos y hacer cumplir los principios de aplicación de derechos también ya explicados; al respecto Humberto Nogueira Alcalá manifiesta que “si el sistema de derechos esenciales o Derechos Humanos no ofrece a sus titulares la posibilidad de obtener una satisfacción frente a los sujetos obligados, no hay un verdadero derecho. Un derecho solo es tal dentro de un ordenamiento jurídico si es resistente frente a otros poderes. Esta característica de resistencia del derecho, adquiere sentido a través de los diferentes instituciones o instrumentos de protección de derechos”
capítulo del presente trabajo investigativo deben ser preferentes sobre cualquier otra norma que intente su vulneración.
10 Nogueira Alcalá, Humberto, Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales; Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición 2003 22
Las Garantías Jurisdiccionales nacen doctrinariamente como la herramienta constitucionalmente eficaz acogida para la protección de los derechos garantizados por la misma, es así que se les dota de características esenciales para en unos casos proteger
especializadamente ciertos derechos y en otros casos dotándoles de características generales, que sin desmerecer su finalidad dan como resultado al menos en la teoría una resolución protectora de los derechos vulnerados; el maestro José Mario García Laguardia define a las Garantías Jurisdiccionales como “medios técnicos-jurídicos,
orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado”
con la teoría que previamente cite en el presente análisis; como principales características de estas garantías me parece oportuno citar el criterio de la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana quienes establecen como características principales de las Garantías Jurisdiccionales: “1. Conjunto de instrumentos jurídicos: son mecanismos o medios que se prevén expresamente en normas jurídicas para lograr una efectiva administración de justicia, 2. Establecidos en el texto constitucional: las garantías constitucionales se contemplan en la Norma Suprema del ordenamiento jurídico, de ahí que no puedan ser contravenidas por ninguna otra norma inferior;
11 García Laguardia, Jorge Mario, La defensa de la Constitución, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de San Carlos de Guatemala e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1983 23
Buscan asegurar la independencia e imparcialidad de los Jueces: la principal característica de estas garantías es el fin que persiguen, traducible en que los órganos jurisdiccionales actúen con plena libertad, únicamente sujetos a lo dispuesto en las normas jurídicas, de modo que mediante su establecimiento se dota a éstos de ciertos elementos que les permitan una labor independiente.” 12 Grandes tratadistas han entablado diversas discusiones en relación a definir a las Garantías Jurisdiccionales como Acciones o Recursos, vale la pena recordar que en el Ecuador la anterior Constitución de la República de 1998 no refería a las garantías jurisdiccionales que estableció como Acciones o Recursos salvo la excepción del amparo constitucional que en el Art. 95 de la misma lo menciona como Acción, pero pese a ello varios analistas jurídicos ecuatorianos las definían como recursos, situación que aún se mantiene en vigencia en algunos países, al respecto la actual Constitución, establece a las Garantías Jurisdiccionales como Acciones, de aquí que entrando un poco al mencionado debate, previo a emitir un criterio consciente, es necesario hacer referencia a ellas para así concluir en un criterio pertinente sobre lo mencionado. RECURSO.- Se define como el “Acto procesal en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial pide su reforma o anulación, total o parcial, sea al mismo juez o
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, Primera Edición, septiembre 2006, pág. 75 24
tribunal jerárquicamente superior”
esta definición crea el
entorno de un proceso o procedimiento previo con una resolución en firme que afecte a una de las partes procesales, con ello se entiende que los “recursos” procedimentalmente referidos no tienen un carácter originario, sino que son de carácter impugnatorios de resoluciones procesales o
procedimentales. ACCIÓN.- Es definido por el Diccionario Jurídico Consultor Magno como la “Facultad que corresponde a una persona para requerir la intervención del Estado, a efecto de tutelar una pretensión jurídica material”14; entrando en el análisis de la definición citada, el término acción indica el origen de un procedimiento, entendiéndose esto como el primer acto que se realiza para acceder a la tutela de algún procedimiento establecido para proteger cualquier tipo de derechos. La “acción” analizada desde el punto de vista procesal constitucional se definiría como el derecho público para acceder a los órganos jurisdiccionales de tutela de derechos invocando la vulneración de ellos para procurar su resarcimiento; a manera de conclusión sobre este último punto, llego a la conclusión de que las Garantías
13 Goldstein, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor Magno, Edición 2008 14 Goldstein, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor Magno, Edición 2008 25
correctamente establecida como Acciones, pues no son recursos en los términos ya antes planteados. Las Garantías Jurisdiccionales en la Constitución 2008 en vigencia se establecen y garantizan por la especialidad de la protección de derechos que ofrecen, lo que a criterio del investigador constituye una de las principales diferencias en relación de las unas con las otras, y lo que se toma como base para establecer la siguiente clasificación de Garantías Jurisdiccionales en el Ecuador:
GARANTÍA JURISDICCIONAL GENÉRICA: ACCIÓN DE PROTECCIÓN.“Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.”
La Acción de Protección dentro de la Constitución de la República 2008 se erige como la garantía jurisdiccional de Amparo de derechos vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o por un particular cuando el afectado se encuentre en subordinación, indefensión o discriminación; como se aprecia de la lectura del Artículo transcrito la Acción de Protección es una Garantía Genérica de protección de derechos, pues en su concepción no consta algún tipo de restricciones a su alcance o su especialidad, por ende es aplicable a todos los derechos consagrados en la constitución e incluso de aquellos reconocidos por instrumentos internacionales reconocidos en el Ecuador siempre y cuando no estén protegidos por otra medio procesal idóneo y eficaz, debiendo justificar esta última aseveración en cuanto a las excepciones de admisibilidad de la Acción de Protección por la especialidad misma de las Garantías Jurisdiccionales que han sido Instituidas En la Doctrina Universal varios maestros se refieren a esta Garantía ya sea como Acción de Protección o como Amparo Constitucional pero todos ellos concuerdan en su finalidad, alcance y objetivos, Gonzalo Armienta Calderón define al Amparo como “un instituto procesal y de control de constitucional, circunscrito al ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales de uno de los poderes de la Unión. El Poder
; a este punto por ser de pertinencia al tema de análisis de
la presente investigación, es interesante hacer notar un cambio preciso y de gran importancia en torno a esta garantía jurisdiccional con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, anteriormente con la Constitución de 1998, el amparo constitucional se presentaba ante un Juez de lo Civil de la localidad donde se produce el daño o en su caso ante un juez penal en los días no laborables o feriados
actualidad con la Constitución 2008 en vigencia la Acción de Protección, como se analizará a profundidad posteriormente, se presentará ante cualquier juez de primera instancia de la localidad donde se produce el daño o donde el acto vulnerador de derechos produce sus efectos 17. Los orígenes de la Acción de Protección en el Ecuador se remontan al numeral 15 del Art. 28 de la Constitución de 1967 la misma que mencionaba “sin perjuicio de otros derechos que se deriven de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza el derecho de demandar el amparo jurisdiccional, sin perjuicio del deber que incumbe al poder público de velar por la Observancia de la Constitución y las leyes”, esta referencia la realiza el Jurista Manabita Dumar Iglesias
15 Armienta Calderón, Gonzalo M.; Procesos y Procedimientos Constitucionales, La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor FixZamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer MacGregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Coordinadores; Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal Constitucional, México 2008 16 Ley Orgánica de Control Constitucional derogada, Art. 47. 17 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial 52 de fecha 22 de octubre del 2009 , Art. 6
; estas referencias nos muestran un alcance del gran progreso
jurídico que implica la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, pues con el solo hecho de establecer un Estado Constitucional de Derechos y Justicia hace necesario que todos los Jueces
Jurisdiccionales tenga que especializar sus conocimientos jurídicos en el Derecho Constitucional sin desmerecer ni descuidar la magistratura en la jurisdicción ordinaria que pertenezcan, otorgándoles de esta manera el control difuso de la Constitucionalidad de los actos Públicos Como lo manifiesta el Art. 88 de la Constitución 2008 en vigencia citado anteriormente, al respecto de la Acción de Protección la norma constitucional menciona que procede contra todo acto de poder público lo cual será analizado con más detalle más adelante, pero para efectos de hacer un análisis sobre la Acción de Protección como Garantía Jurisdiccional, es necesario recalcar que la excepción lógica a la generalidad antes manifestada referente a todos los actos de poder público es siempre y cuando el mencionado acto no puede ser resarcido en la jurisdicción ordinaria, pues, la jurisdicción constitucional es una vía excepcional, que procede solo en caso de vulneraciones de derechos consagrados en la Constitución que los instituye.
18 Iglesias Mata, Dumar; Amparo Constitucional y el Hábeas Data, Imprenta y Gráfica Ramírez, Junio 2003 29
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ESPECIALES PARA LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN El Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece como requisitos para la presentación de la acción de protección los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; Al ser la Acción de Protección una Garantía Jurisdiccional una forma del Garantismo y de defensa de los derechos fundamentales establecidos en la constitución, como requisito sine qua non, debe hacerse alusión al mismo en la demanda de Garantías, aclarando que por disposición del Art. 8 núm. 2 lit. c) de la Constitución de la República no será necesario invocar el Artículo expreso que contiene el derecho vulnerado, más sin embargo se deberá describir los hechos de tal manera que demuestren la vulneración de uno de ellos. 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular; Este requisito hace referencia a la necesidad de describir el acto o la omisión vulneradora de derechos fundamentales, para poder
establecer la legitimación pasiva que se explicará más adelante. 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Las Garantías Jurisdiccionales, son métodos excepcionales para protección exclusiva de los derechos fundamentales por ende, al momento de activar la Jurisdicción Constitucional se debe hacer
alusión a la necesidad de la Garantía para la protección del derecho, pues en caso de que exista otro método especificado por normas ordinarias para su protección la Acción de Protección se vuelven inaplicable salvo que se explique la ineficacia de ese método establecido y por ende se vea la necesidad de la Garantía Jurisdiccional.
GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LIBERTAD AMBULATORIA
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS “Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y
de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Siguiendo con el Análisis de las Garantías Jurisdiccionales
establecidas en la Constitución de la República 2008, encontramos el Hábeas Corpus como una garantía dispuesta para resarcir la retención ilegal, arbitraria e ilegitima de cualquier persona privada de su libertad, en la primera parte del siglo XIII, las expresiones habeás corpus constituían una formula procesal civil que significaba sencillamente una orden para traer físicamente a alguien ante un tribunal.
Para analizar detenidamente esta Garantía es preciso citar el Art. 66 Núm. 14 y 29 de la Constitución de la República que se refiere a la libertad de movilidad y a la premisa de que todos los seres humanos nacen libres: “14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados. 29. Los derechos de libertad también incluyen: a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.
c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.
El cambio radical en el Hábeas Corpus está en su procedimiento, con la anterior Constitución 1998 el Alcalde de la localidad era la Autoridad encargada de otorgar o negar esta garantía Jurisdiccional, lo que ocasionaba cierta crítica de los juristas ecuatoriano puesto que, como se entenderá el Alcalde muchas veces no tenía los conocimientos necesarios para resolver sobre este asunto puesto a su consideración y terminaba delegando esta facultad a algún servidor de su gestión que por lo general era el Procurador Síndico de su Municipio; salvando esta crítica, la Constitución 2008 en vigencia, le entrega esta facultad a los Jueces de Primera Instancia de la localidad donde se produce el confinamiento del individuo, pero sabiamente impone una excepción para evitar abusos en la invocación del mismo, de esta manera, cuando la detención impugnada proceda de procesos judiciales, la autoridad que conoce el Hábeas Corpus serán los jueces de la Corte Provincial de Justicia, situación que no será de nuestro análisis por cuanto este último asunto referido no constituye una acción sino un recurso El Art. 89 al instituir la Acción de Hábeas Corpus, la propone contra detención Arbitraria, Ilegal e Ilegítima, características que deben ser
definidas para comprender el alcance de esta Garantía Jurisdiccional; así tenemos que al referirse a 1) Arbitrario, se refiere a que la orden de detención no ha sido motivada conforme a derecho, y ha sido producto de la voluntad de un individuo fuera del derecho, quien en uso de actos violentos pretende confinar y privar del derechos a la libertad individual del ofendido; 2) Ilegal, en cuanto a esta característica, se hace alusión a que, pese a la orden motivada, está ha sido emitida invocando artículos erróneos o en su caso impertinentes en relación a los hechos que motivan el acto, y por la situación enunciada se produce la privación de la libertad individual del ofendido; 3) Ilegitima, en este punto, el Hábeas Corpus procede aún cuando la orden está motivada conforme a derecho y guarda fiel relación con los hechos que la motivan, pero no ha sido emitida por la Autoridad a quien la ley o la misma Constitución faculta para su expedición; de las características antes mencionadas se vuelve a confirmar la tesis de que las Garantías Jurisdiccionales y los Derechos Fundamentales deben ser proclamados por una legislación suprema que sobresalga sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico vigente para prevenir o detener vulneraciones de Derechos.
El Artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
menciona que el Hábeas Corpus como
protector de derechos enmarca: 1) La no privación de la libertad en
19 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Asamblea Nacional, Registro Oficial No. 52 del 22de Octubre del 2009 35
forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 2) La no afiliación forzada, desterramiento o expatriación del territorio nacional; 3) La no desaparición forzosa; 4) La no tortura, trato cruel, inhumano o degradante; 5) A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 6) A no ser detenida por
deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias; 7) A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 8) A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con reclusión; 9) A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad humana; 10) A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención.
Para tener una idea más clara de esta garantía Jurisdiccional resulta interesante citar a Osvaldo Alfredo Gozaíni quien menciona que el Habeas Corpus “tiene por finalidad preservar las libertades de la persona. Principalmente, protege la libertad personal contra
detenciones arbitrarias, pero manifiesta numerosas proyecciones en,
por ejemplo, la discusión de temas menores como la internación de personas; la salud de reclusos o interdictos; las restricciones, malos tratos o vejámenes que pueda sufrir el procesado, etcétera.” 20 GARANTÍA JURISDICCIONAL PARA LA INFORMACIÓN ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra
clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con
anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley” Esta Garantía Jurisdiccional se estrena con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, pues anteriormente era una acción de orden legal más no de orden Constitucional, en la actualidad aún las disposiciones del procedimiento están conceptualizadas en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública; para empezar a analizar
20 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, El Derecho Procesal Constitucional y los Derechos Humanos (Vínculos y Autonomías), Universidad Nacional Autónoma de México, 1995 37
esta garantía es necesario diferenciar el Derecho a la Información con el Acceso a la información Pública debiendo partir de que no existe un concepto expreso sobre el Acceso a la Información, debiendo obtener ayuda de la Carta Universal de los Derechos Humanos, misma que menciona a esta garantía como mecanismo para atraer información, informar y ser informada; debiendo citar a Ernesto Villanueva, quien menciona como característica de lo antes mencionado lo siguiente “a) El derecho a atraerse información incluye las facultades de a) acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y, b) la decisión de que medio se lee, se escucha o se contempla; b) el Derecho a informar que incluye las a) libertades de expresión y de imprenta, b) el de constitución de sociedades y empresas informativas; c) el derecho a ser informado incluye las facultades de a) recibir información objetiva y oportuna, b) la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias, y c) con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna”21; en el Ecuador, está garantía no solo complementa la labor periodística de los medios de comunicación para obtener de la fuente las noticias que difunden a su público en general, sino que se convierte además en una herramienta eficaz para fomentar el Derecho de Participación Ciudadana contenido en el Art. 61 de la Constitución de la República,
21 Villanueva Ernesto, Derecho de Acceso a la Información Pública en América latina; Instituto de Investigaciones Jurídicas, universidad Nacional Autónoma DE México, Primera edición 2003
pues, se entiende que la Constitución a más de proclamar derechos, delimita el poder de los Actos Públicos y los conmina al ejercicio de la administración pública para la protección eficaz de los derechos
partiendo de esta premisa, cuando la información solicitada por cualquier persona de forma individual o de forma colectiva como así lo precisan los principios de Protección de Derechos y el ejercicio de los Derechos de Participación Ciudadana contenidos en los Arts. 61 y 95 de la Constitución de la República, La Acción Constitucional de Acceso a la Información Pública obliga a la Entidad Pública o Privada con administración de servicios públicos la entrega inmediata de la información negada.
Esta Garantía procede cuando se ha mancillado el derecho a obtener la información de las entidades estatales estipuladas en el Art. 225 de la Constitución de la República; los derechos protegidos en su esencia son los establecidos en el Art. 18 de la Constitución; Humberto Nogueira Alcalá menciona que “El Derecho a la información en el contexto americano se encuadra por las respectivas disposiciones constitucionales, La Convención Americana de Derechos Humano o Pacto de San José de Costa Rica y las legislaciones complementarias internas de cada Estado. El derecho a la información constituye así un complejo de derechos que dicen tener relación tanto con el sujeto que
22 Constitución de la República 2008, Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
informa (informador) como con quiñen recibe ducha información (Informado)
; en el Ecuador el Acceso a la Información que generen
las Instituciones Públicas es s obligatorio para todas ellas a excepción de aquella que ha sido declarada con carácter reservado con anterioridad al requerimiento, o en caso de asuntos relacionados con la seguridad del Estado, uno de Instituciones encargadas de velar de manera constante y progresiva el acceso a este derecho es la Defensoría del Pueblo.
GARANTÍA JURISDICCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS INDIVIDUOS. ACCIÓN DE HÁBEAS DATA “Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos,
23 Nogueira Alcalá Humberto, El derecho la Información en el ámbito del derechos constitucional comparado en Iberoamérica y Estados Unidos; Derecho a la Información y Derechos Humano; Coordinadores Carpizo, Jorge Carbonell, Miguel; Instituto de Investigaciones Jurídicas, universidad Nacional Autónoma DE México, 2000
su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.
El derecho a la reserva personal es el principal derecho protegido por esta garantía jurisdiccional, mismo que se refiere al derecho a guardar reserva sobre sus convicciones; disponiendo además que nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas y en ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención
médica; esta Garantía dirigida a la protección de lo antes mencionado tiene el alcance de la prohibición de difusión en caso de publicidad de la misma y de corrección en los casos en que la información difundida es errónea, Gonzalo Armienta Calderón afirma que “se trata de un medio de control contra los autoritarismos, y más cuando se trata de salvaguardar aquellos derechos relativos a datos que son de entera importancia para los gobernados, cuyos principios se asientan en el derecho a la intimidad”
, con ello y así definida el Hábeas Corpus
constituye una Garantía por excelencia buscando con ello proteger el uso abuso de la información personal para fines no autorizados e incluso en ocasiones prohibidos por la ley. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional define el ámbito de acción de ésta garantía jurisdiccional de la siguiente manera: 1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas.
24 Armienta Calderón, Gonzalo M.; Procesos y Procedimientos Constitucionales, La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor FixZamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer MacGregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Coordinadores; Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal Constitucional, México 2008
2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando existe orden de jueza o juez competente. GARANTÍA JURISDICCIONAL DE SEGURIDAD JURÍDICA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.Art. 93.- La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de Derechos Humanos, cuando la norma o decisión cuyo
cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional.
Uno de los Derechos esenciales para el correcto desenvolvimiento de la vida jurídica de un Estado, es sin duda aquel que proteja el cumplimiento de normas jurídicas expresa cuando están expedidas por los órganos estatales competentes y han sido productos del proceso establecido por una norma superior para su promulgación y vigencia; de esta forma el Derecho a la Seguridad Jurídica toma un rol importante en el Ecuador, pues surte como resultado de la necesidad
de garantizar el cumplimiento expreso de normas y resoluciones para procurar el prevalencimiento de la Justicia que también proclama el Ecuador en el Art. 1 de la Constitución 2008 en vigencia. Esta Garantía Jurisdiccional es nueva en el Ecuador y su descripción dispone como requisitos para su procedencia que sea entable por incumplimiento de normas, sentencias o informes de entidades nacionales o internacionales siempre que conlleven la obligación de hacer o no hacer algo; vale la pena recalcar, que la seguridad jurídica de un estado incide directamente en la inversión de compañías dentro del mismo, puesto que propenden a que se encuentran en igualdad de condiciones con todos las demás compañías del Estado, misma que su jurisdicción no recae en los Jueces de Primera Instancia sino en los Jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, en consecuencia, la acción de incumplimiento comprende dos etapas, la administrativa que se tramita ante la misma instancia que responsable del cumplimiento de la resolución, orden o informe obligatorio y la jurisdiccional que debe ser presentada ante la Corte Constitucional siguiendo el trámite establecido para el efecto; en consecuencia, el incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico y de las obligaciones que de él se derivan, puede ser subsanado por dos vías: la administrativa con intervención de la misma instancia y la jurisdiccional con actuación de la Corte Constitucional mediante la Garantía Jurisdiccional de Acción por Incumplimiento, la cual no defiende las normas, sino la eficacia de ellas, entendiéndose como ello la satisfacción o realización de las
finalidades u objetivos sociales o políticos perseguidos por el legislador, El
de esta concepción descansa en la idea de que el
fenómeno normativo siempre tiene una causa: las normas, en principio, no se dictan sin razón; las regulaciones jurídicas no son sino el instrumento resultante de una determinada ideología o visión política sobre la sociedad, puesto que en sí es lo que interesa a los individuos y sobre donde recae la tesis del derecho a la Seguridad Jurídica contenido en el Art. 82 de la Constitución de la República. CAUSALES DE INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR
INCUMPLIMIENTO Una vez delimitado la finalidad de la Acción por Incumplimiento, se entiende de forma automática los requisitos de admisión, pero el Art. 56 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional establece las siguientes causas de inadmisión:
1) Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados mediante otra garantía jurisdiccional.
Este requisito genérico para todas las Garantías Jurisdiccionales se refiere a la necesidad de no desviar el objetivo garantista de la Acción por Incumplimiento, puesto que, existen leyes ordinarias que promulgan procedimientos para ejecución de sentencias, por ende, en caso de presentar una acción de éste tipo, en la demanda de Garantías
es necesario aseverar que no existe otro medio procesal para la ejecución de la misma. 2. Si se trata de omisiones de mandatos constitucionales. Esto en referencia a que los mandatos constitucionales no constitución sentencia ejecutoriadas, por ende, son disposiciones sustantivas que si bien es cierto contienen una obligación específica, no obliga a nadie en particular a cumplirla de forma específica.
3. Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse la acción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para el accionante. Al igual que en la causal 1, se entiende la necesidad de evitar el abuso de la Garantías Jurisdiccionales para proteger asuntos de los cuales existen procedimientos establecidos en leyes ordinarias, salvo la excepción de que se demuestre del daño inminente en caso de no admitirse la misma.
4. Si no se cumplen los requisitos de la demanda. Los requisitos de la demanda para la Acción por Incumplimiento están detallados en el Artículo 55 de la Ley Orgánica e Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y son: a) Nombre completo de la persona accionante. (Legitimación Activa)
b) Determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita su cumplimiento, con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible que se requiere cumplir. c) Identificación de la persona, natural o jurídica, pública o privada de quien se exige el cumplimiento. (Legitimación Pasiva) 4. Prueba del reclamo previo. 5. Declaración de no haber presentado otra demanda en contra de las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. 6. Lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida. GARANTÍA JURISDICCIONAL PROCESAL ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado.
Esta Garantía Jurisdiccional también resulta novel en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y surte de la necesidad de separar la Acción de
Protección o Amparo Constitucional de las violaciones resultantes de procesos judiciales, entendido esto en el fundamento, de que la Acción de Protección de Derechos procede contra vulneraciones que no tienen mecanismos de protección en la vía ordinaria por lo que nace como garantía esencial para el garantismo constitucional; ante ello
empezaron debates y discusiones que dieron como resultado una protección extraordinaria, refiriéndose con ello a que no busca la protección de derechos primaria, sino la protección de derechos
derivada de procesos judiciales, siendo esta premisa la acogió la Asamblea Constituyente de Montecristi que dio paso a que en el Art. 94 de la Constitución de la República del 2008 en vigencia se fijará la Acción Extraordinaria de Protección. Como resultado de lo expuesto en líneas anteriores, al tener el carácter de “extraordinario” se implantó la necesidad de que sea conocida por jueces que apliquen el control abstracto de la constitucionalidad, por ello, la Constitución de la República otorga esta importante misión a la Corte Constitucional, debiendo además señalar que la violación de las normas constitucionales y de sus garantías, al día de hoy, se encuentran también sometidas a control a través de organismos de justicia supranacionales como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya ha condenado varias veces al Ecuador por la violación de los Derechos Humanos y de las garantías
constitucionales que sus jueces y magistrados no observan, causando con ello la obligación del Estado de pagar millonarias indemnizaciones
a los perjudicados. Hoy, en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, esa será una de las tareas fundamentales de la Corte Constitucional: evitar que el Ecuador siga siendo humillado en cortes internacionales como uno de los ejemplos de lo que no hay que hacer, de lo indebido. Este recurso permitirá emerger un sistema de justicia caracterizado por el respeto y la obediencia a la Constitución de la República, lo cual, visto desde la perspectiva política y jurídica no solo es mantener la institución procesal de la cosa juzgada, sino dar un salto cualitativo a un Estado nacional que respeta a los ciudadanos, a las leyes y a los derechos. ADMISIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN El Art. 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece como requisitos de admisión: 1) La presentación ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; éste ordenará notificar a la otra parte y remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días. La disposición se refiere a que la Acción se presentará ante el Juez de Primera Instancia, sala o tribunal de segunda instancia que emita la decisión definitiva, siendo ésta no solo referida a las Sentencias sino también a autos que pongan fin a procesos o procedimientos. 2) La sala de admisión en el término de diez días deberá verificar lo siguiente:
a) Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso; Que el Derecho que se pretenda amparar por esta Garantía Jurisdiccional no sea solo aquel que motivó la Acción originaria, sino que sea un derecho violado por la Autoridad (Judicial) dentro del proceso. b) Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión; Entendiendo como tal, que sea necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional por tratarse de algún asunto que contraríe directamente los derechos y principios constitucionales y que su pretensión sea encaminada a corregir tal des variación.
c) Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia; Siendo este un punto esencial, debe el accionante demostrar la vulneración del derecho constitucional en el proceso, más no ya sobre la vulneración del derecho originario, lo que se configura como la principal diferencia tomando como punto de comparación el Recurso de Casación, al caso que nos compete, la acción extraordinaria de protección se erige contra vulneraciones de derechos comentados durante el proceso,
d) Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley; Eso es referencia a que la Acción Extraordinaria de Protección no es una forma de Garantismo de la ley, sino de la Constitución.
e) Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba por parte de la jueza o juez; f) Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el artículo 60 de esta ley; g) Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales; y, h) Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una violación grave de derechos, establecer
precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. Si declara la inadmisibilidad, archivará la causa y devolverá el expediente a la jueza, juez o tribunal que dictó la providencia y dicha declaración no será susceptible de apelación; si la declara admisible se procederá al sorteo para designar a la jueza o juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el proyecto de sentencia, al pleno para su conocimiento y decisión.
La admisión de la acción no suspende los efectos del auto o sentencia objeto de la acción. Esta identificación incluirá una argumentación clara sobre el derecho y la relación directa e inmediata, por acción u omisión.
JURISDICCIONALES ECUATORIANAS A manera de Introducción, en la doctrina internacional se han entablado varias discusiones en torno a la rama del derecho sobre la cual se debe de reconocer al procedimiento de las Garantías Jurisdiccionales o Procedimiento Constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana afirma que la doctrina de la teoría general del proceso “involucra a la Acción, normalmente abstracta (analizada en el capítulo 1 de la presente investigación); la jurisdicción, conferida a determinados órganos jurisdiccionales; y el proceso, caracterizado según cada legislación, puesto que no en todos los países existen los mismos medios de control constitucional”25; tomando ésta premisa como válida por la coherencia misma de su contenido analizaremos estas características en el presente capítulo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana afirma que la doctrina de la teoría general del proceso “involucra a la Acción, normalmente abstracta (analizada en el capítulo 1 de la presente investigación); la jurisdicción, conferida a
determinados órganos jurisdiccionales; y el proceso, caracterizado según cada legislación, puesto que no en todos los países existen los
25 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho Procesal y Derecho Constitucional Procesal; México, 2006, página 35
mismos medios de control constitucional”26; tomando ésta premisa como válida por la coherencia misma de su contenido analizaremos estas características en el presente capítulo; así existen 3 teorías diferentes enmarcadas de la siguiente manera: COMO PARTE DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.- Sobre esta teoría, los autores se manifiestan considerando que el procedimiento constitucional de las garantías Jurisdiccionales pertenecen a la Rama del Derecho Constitucional, basándose en la premisa de que los Derechos que protegen son promulgados por la constitución, y las acciones o garantías para la protección de los mismos, son consideradas también en la norma suprema, por ello, resulta inválido referir a que las Garantías Jurisdiccionales pertenecen a otra rama del derecho, pues como se explica, tiene sus orígenes en la Constitución y por ende pertenece a ella, José Julio Fernández Rodríguez en su trabajo denominado Reflexiones sobre alguna peculiaridades del Proceso Constitucional refiere a que “el Derecho Procesal
Constitucional científicamente hablando, se integra en la materia denominada justicia o jurisdicción constitucional, materia que, a su vez, conforma un sector del derecho constitucional. De esta forma, entendemos que la naturaleza del derecho procesal constitucional lo
26 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho Procesal y Derecho Constitucional Procesal; México, 2006, página 35
sitúa en el derecho constitucional antes que en el derecho procesal” 27, los autores concordantes con esta teoría manifiestan COMO PARTE DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL. Al referirse a esta premisa, los autores manifiestan, que si bien es cierto las Garantías Jurisdiccionales tienen como origen la Constitución en sí, ésta en su estructura proclama derechos e instituye el ordenamiento estatal y jurídico del Estado, en ese sentido, no es válido incluir el proceso de las garantías jurisdiccionales dentro de la Rama Constitucional, pues es ajena e su contenido a las ideologías de la misma; mas sin embargo, tampoco es válido retirarle el rango constitucional con el que nacen, por ende, propone adherirla a lo que han llamado “Derecho Constitucional Procesal”, fijando con ello una derivación del Derecho Constitucional encuadrado al análisis de los procedimientos necesarios para desarrollar los principios, deberes, derechos y obligaciones derivadas directamente de todo lo inherente a la Constitución COMO PARTE DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Jorge Zavala Egas afirma que “el Derecho Procesal Constitucional, se encarga de regular el proceso cuyo objeto es el derecho
27 Fernández Rodríguez, José Julio, Reflexiones sobre algunas peculiaridades del Derecho Procesal Constitucional; Procesos y Procedimientos Constitucionales, La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor FixZamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer MacGregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Coordinadores; Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal Constitucional, México 2008
constitucional”28; con ello estableciendo doctrinariamente que el procedimiento constitucional es una rama no constitucional que se encarga del estudio del proceso de las Garantías Jurisdiccionales y demás Procedimientos establecidos en la Constitución, siendo este pensamiento el que acojo, por considerarlo prudente, y teniendo como antecedentes que el procedimiento expreso no está considerado en la misma Constitución, por ello, y al estar considerado en una norma de inferior jerarquía no considero válido darle el mismo rango, puesto que, no lo constituye un poder constituyente sino un constituido, es decir, la ley ordinaria que establece el procedimiento es expedida por una asamblea nacional, misma que a su vez es constituida por la Constitución, más no por ella misma, afirmación que la hago dejando en claro que, los derechos que protegen si son de Rango Constitucional y por ende superior a cualquier otros amparados por leyes subordinadas; no descartando con ello la existencia de un Derecho Constitucional Procesal, para ello vale citar una vez más a Jorge Zavala Egas quien menciona que “El Derecho Constitucional Procesal es el que estudia determinadas Garantías Procesales Penales, Civiles, Administrativas como la Tutela Judicial Efectiva, El Debido Proceso, El Derecho a la Defensa, el Principio de Legalidad y de Proporcionalidad, la suspensión del acto administrativo impugnado,
28 Zavala Egas Jorge, Apuntes sobre Neo constitucionalismo y Ponderación, Acción
de Inconstitucionalidad y Proceso Constitucional 2009 pág. 40
el juez predeterminado, etc.”
, refiriéndose con ellos a mi criterio, de
forma ineludible a los derechos inherentes a los procesos, es decir, son Derechos Fundamentales de establecidos en norma en originaria o
procedimientos establecidos por leyes ordinarias. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Considero como definición válida de Jurisdicción Constitucional, que es el poder de administrar justicia que recae en los jueces establecidos en el procedimiento expreso para las garantías de protección de Derechos Humanos y fundamentales, y de esta manera emitir un criterio sobre la protección o no de las vulneraciones denunciadas. La Jurisdicción Constitucional es una de las premisas de más importancia en el Derecho Procesal Constitucional de todos los países, pues de su efectividad depende el cumplimiento del Garantismo de los Derechos Proclamados en las diversas Constituciones del mundo, “La jurisdicción constitucional es privativa de los órganos especializados en resolver asuntos derivados de la interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales”
; en lo referente al Ecuador, el Art. 7 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la Jurisdicción en materia de Garantías Jurisdiccionales
29 Zavala Egas Jorge, Apuntes sobre Neo constitucionalismo y Ponderación, Acción
de Inconstitucionalidad y Proceso Constitucional 2009 pág. 40 y 41
30 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho Procesal y Derecho Constitucional Procesal; México, 2006, página 22 57
de Derechos Fundamentales recae en los Jueces de Primera Instancia del País. Dentro de la Jurisdicción Constitucional ya definida en líneas anteriores se entiende un control sobre la Constitucionalidad de las normas, referidas a su no contradicción, amenaza o vulneración de los preceptos en ella contenida, en vista de ello, surge la necesidad de la defensa de la Constitución, lo que los tratadistas constitucionales han definido como los Controles de la Constitucionalidad, derivándose ello en los siguientes: CONTROL ABSTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN.- Sobre este control, la Jurisdicción Constitucional recae en la Corte Constitucional instituida en el Art. 429 de la Constitución, con las competencias que le otorga el Art. 436 de misma la norma suprema, el Control Abstracto se refiere al control de todo lo inherente al ámbito constitucional pero desde el un punto de vista general, comprendiendo a este control, la inconstitucionalidad de las leyes, la emanación de jurisprudencia vinculante constitucional, la constitucionalidad de los actos emanados por los Poderes del Estado, entre otros.
“El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas,
por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico”31. CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN.- Referido de esta manera al Control concreto que se realiza por los casos puestos a consideración de los Jueces Constitucionales, queriendo mencionar con ello, a los casos individuales de amenazas o vulneración de derechos fundamentales puestos a consideración de la Jurisdicción Constitucional, que como se dijo anteriormente, recae en los Jueces de Primera Instancia de la Función Judicial, activados por la Acción Constitucional para que se les provea una Pretensión Constitucional. “El control concreto tiene como finalidad garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos judiciales. Los jueces aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido.” 32 ACCIÓN CONSTITUCIONAL
Iván Escobar Fornos menciona que “la acción constitucional es el derecho público concedido por la Constitución y la Ley de Amparo para
31 Art. 74 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial No. 52 del Jueves 22 de Octubre del 2009 32 Art. 141 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial No. 52 del 22 de Octubre del 2009
poner en movimiento la jurisdicción Constitucional por alegarse que se ha infringido la Constitución por ley, decreto, reglamento, acto, acción u omisión y que puede o no puede prosperar según se acredite o no la Violación de la Constitución o de los derechos y garantías consagrados en ella"
, en virtud de ella, se inician las garantías Jurisdiccionales
estudiadas en el capítulo anterior y por la cual se desarrolla la Jurisdicción Constitucional, pues en el caso concreto del Ecuador activa los mecanismos establecidos en la Constitución (Art. 86) y los propios de cada garantía invocada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL, no es más que la finalidad de la Acción Constitucional, se enmarca objetivamente en proteger el derecho ante amenazas o en la reparación integral de los derechos fundamentales o garantías establecidas en la Constitución.
COMPETENCIA CONSTITUCIONAL La competencia Constitucional es la medida dentro de la cual, los jueces investidos con la calidad de Jueces Constitucionales pueden hacer uso de la potestad de juzgar y ejecutar los juzgados en razón del territorio, la definición general de competencia en el ámbito procesal,
33 Escobar Fornos, Iván; Procesos y Procedimientos Constitucionales, La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Coordinadores; Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal Constitucional, México 2008, pág. 428
ampara además a la “materia” definida como el área procesal a la que pertenece, pero al referirnos de Competencia Constitucional, al ser ésta una potestad otorgada por la Constitución la materia siempre será la Constitucional; dentro de la Competencia Constitucional Ecuatoriana, es preciso resaltar lo relacionado al Fuero y a la Competencia Constitucional por el Territorio, lo cual será analizado en el capítulo posterior. En el Ecuador la Jurisdicción Constitucional está organizada de la siguiente forma:
1. LOS JUZGADOS DE PRIMER NIVEL. Compete a las juezas y jueces de primer nivel conocer y resolver, en primera instancia, la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, petición de medidas cautelares; y ejercer control concreto en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
2. LAS CORTES PROVINCIALES. Compete a las Cortes Provinciales Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos y las sentencias de las juezas y jueces de instancia respecto de las acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y acción de acceso a la información; Conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero y de órdenes de privación de libertad dictadas por jueza o juez
penal de primera instancia; y Ejercer el control concreto de constitucionalidad en los términos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 3. LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. 1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de hábeas corpus resueltos por las cortes provinciales, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 2. Conocer las acciones de hábeas corpus en los casos de fuero (referidos a procesos penales judiciales). 3. Ejercer el control concreto de constitucionalidad en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 4. LA CORTE CONSTITUCIONAL. Como encargada del control Abstracto de la Constitucionalidad en todos los sentidos. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Entrando en el Estudio de la Justicia Constitucional, es necesario invocar la premisa de que la Justicia es el anhelo social de un Estado, en el Ecuador, la Justicia se encuentra integrada a la forma del Estado Ecuatoriano, puesto que el Art. 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en él, se ha proclamado el Garantismo, pero el mismo no
surtiría efecto sino se obtiene una Justicia en el verdadero sentido de entregar a cada quien lo que le corresponde. En el ámbito constitucional, la justicia es acogida como el resultado del Garantismo Constitucional, obtenido mediante un proceso definido en la constitución y que lleva impreso varios componentes que se describen en el siguiente diagrama:
Pero para analizar de forma imparcial a la justicia constitucional, no solo es necesario referirse a la parte procesal que obtiene su pretensión constitucional, pues ésta puede considerarlo como justa al momento de salir favorecida con una resolución jurisdiccional, más sin embargo, la parte no favorecida con la sentencia puede tomarlo como una injusticia a sus pretensiones (excepciones); por esta consideración, al referirnos a la Justicia Constitucional es necesario enmarcarnos
desde el concepto de la Justicia que imparte el Juez, mas no, desde los efectos jurídicos a las partes procesales, puesto que una resolución dentro de cualquier área, siempre va a favorecer a una en desmedro de la otra, dependiendo de los alegatos y medios probatorios que ejecuten en el proceso o procedimiento respectivo. En la actualidad la justicia constitucional es un mecanismo de control del poder estatal, de garantía de la soberanía popular y de participación ciudadana, imposible de eludir u obviar en los sistemas de Derecho modernos, pues se ha convertido en uno de los medios más eficaces para lograr efectivos niveles de control de constitucionalidad y de defensa de los derechos fundamentales. PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL
ECUADOR.- Con la vigencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Ecuador a más de los principios establecidos en la Constitución se establecieron otros principios generales a tener en cuenta al momento de activar la jurisdicción constitucional para resolver las causas que se sometan a su conocimiento, los cuales se encuentran considerados en el Art. 2 de la Ley Orgánica antes mencionada: 1. PRINCIPIO DE APLICACIÓN MÁS FAVORABLE A LOS
DERECHOS.“Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona.”
Este principio también denominado pro – homine, se perfila para ponderar los derechos en conflicto con la finalidad de que surja el que sea más garantista, recordando que el garantismo es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de la República que estable el Estado Constitucional de Derechos y Justicia; la ponderación resulta del análisis que efectúa el juzgador al momento de conocer los derechos en conflicto, quien debe analizar todas las circunstancias que rodean la acción para poder obtener un resultado justo y equitativo; teniendo que considerar además que uno de los principios de aplicación de derechos consiste en la igualdad de los mismos, en ese sentido, la ponderación no va en desmedro de uno u otro derecho, sino que se erige como la forma de proteger un derecho más que el otro, dejando de lado aquel derecho que en el asunto concreto del conflicto tenga una protección menor en relación al otro. 2. OPTIMIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.- “La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de los principios constitucionales.” Interpretando este principio de la Justicia Constitucional en el Ecuador, se entiende como tal que para la creación de nuevas disposiciones legales, su interpretación y posterior aplicación, debe tenerse en cuenta la finalidad garantista de los principios constitucionales para la protección de derechos, esto debido a la jerarquicidad de la norma constitucional, y al derecho preferente del colectivo por sobre el interés particular de las personas.
3. OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL.“Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del estado constitucional de derechos y justicia.” Siendo este uno de los pilares fundamentales de éste trabajo de investigación, interpreto el mismo como la obligatoriedad de hacer cumplir la igualdad y formalidad del Derecho Procesal Constitucional para una efectiva Justicia Constitucional, la obligatoriedad del precedente es sumamente necesaria para dar agilidad y efectividad del control difuso de la constitucionalidad, pues, en este sentido al haberse pronunciado la Corte Constitucional, como encargada del Control
Abstracto de la Constitución, se vuelve una regla fija para admitir y resolver sobre las causas puestas a conocimiento de la Jurisdicción Constitucional, en virtud de ello, la igualdad formal y material de los ciudadanos se fortalece y ayuda a fomentar la Seguridad Jurídica también proclamada como un derecho fundamental en el Art. 82 de la Constitución de la República 4. OBLIGATORIEDAD DE ADMINISTRAR JUSTICIA
CONSTITUCIONAL.“No se puede suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o falta de norma jurídica.”
Por el mismo hecho de ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el garantismo proclamado por ello, no permite que ninguna autoridad con jurisdicción constitucional se abstenga del conocimiento de una causa por falta de norma escrita, oscuridad de la establecida o contradicción entre ellas, pues, el juez constitucional, con el solo de hecho de la enunciación de la amenaza o vulneración de derechos, deberá actuar y resolver según crea conveniente, por lo tanto, es obligatorio para toda autoridad la admisión de las garantías, siempre y cuando cumplan con los requisitos de admisión establecidas por la Constitución y la Ley de la materia.
ADMISIÓN DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN EL ECUADOR En el Procedimiento Constitucional Ecuatoriano se ha establecido un filtro procesal para evitar el abuso de las Garantías Jurisdiccionales y el desmedro de la efectividad que deben tener estas formas de protección de derechos, en vista de ello, la Admisión surge como un paso previo efectivo para reconocer de primera mano si existe la circunstancia de una “posible” amenaza o vulneración de derechos fundamentales o humanos, con ella el juez constitucional, sin la necesidad de resolver el fondo del asunto puede admitir o inadmitir una garantía jurisdiccional puesta en su conocimiento para el amparo de estos derechos, siendo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales aquella norma que establece los preceptos necesarios para el paso de la misma, siendo ésta una confirmación más de lo que se conceptualizó en líneas anteriores sobre el Derecho Procesal Constitucional como una rama derivada del Derecho Procesal, pero especializada en la protección de derecho fundamentales reconocidos en la Constitución. El proceso de admisión lo defino como el trámite previo en que se decide si hay lugar a la tramitación de una querella, recurso o acción presentado; en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales existen varios requisitos generales para admisión, así como específicos para cada Garantía Jurisdiccional establecida en la Constitución, pese a ello, varios jueces de primera instancia, admiten garantías jurisdiccionales
violentando o vulnerando los precedentes constitucionales, o en su caso interpretando excesivamente las disposiciones establecidas en la ley orgánica de la materia. El Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece las bases para la Admisión o no de las Garantías Jurisdiccionales en general disponiendo lo siguiente: “Art. 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción en su primera providencia.
La jueza o juez de turno será competente cuando se presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de los otros juzgados.”
En lo concerniente a la admisión, esta disposición legal hace alusión a varios requisitos para la misma, entre los cuales encontramos:
COMPETENCIA TERRITORIO.- “Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos.”, ésta disposición deja entrever, que para la admisión de las garantías la competencia se mirará en relación al territorio, teniendo en cuenta el lugar donde se origina el acto o donde produce sus efectos, en este sentido, es necesario aclarar las formas de manifestación de los poderes públicos para poder establecer cuál sería el lugar de origen y el lugar donde produciría sus efectos.
ACTO ADMINISTRATIVO.- El Art. 65 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva lo define como una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa; teniendo en cuenta está definición legal, cualquier resolución de autoridad pública es considerada como Acto Administrativo, teniendo por ello además que, debe causar algún efecto de forma directa en el mundo externo
ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACIÓN.- El Art. 70 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva lo define como toda declaración unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma indirecta en vista de que solo afectan a los administrados a través de los actos, reglamentos y hechos
administrativos, dictados o ejecutados en su consecuencia. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.Se conceptualiza en el
Ordenamiento jurídico ecuatoriano como todo acto o declaración multilateral o de la voluntad común; procurador de efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa y su regulación está regido por las normas jurídicas aplicables. HECHOS ADMINISTRATIVOS.- Es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de la función Administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo. ACTOS NORMATIVOS.- Es toda declaración unilateral efectuada n ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales, objetivos de forma directa. En cuanto a ello, retomando el análisis de la competencia por el lugar donde se origina el acto, se entiende por tal, la circunscripción territorial
donde se emite el Acto Administrativo que vulnere los derechos fundamentales propiamente dichos; al respecto se podría tomar como ejemplo los casos en que el representante legal de una Institución Pública con asiento en la ciudad de Portoviejo emita una orden que afecte el derecho de vivienda de un ciudadano, éste último afectado, puede iniciar la acción constitucional pertinente en la ciudad de Portoviejo; y a la vez, tomarse en consideración como “el lugar donde produzca sus efectos” aquella circunscripción territorial que sin ser aquella donde se origina el acto, es resultante del cumplimiento del mismo, así tomando el mismo ejemplo anterior, si el representante legal de una Institución Pública con asiento en la Ciudad de Portoviejo emite una orden que vulnere el derecho a la vivienda en la ciudad de Manta, el afectado podría iniciar la acción constitucional respectiva en la ciudad de Portoviejo por ser aquella donde se emitió el acto, o en la ciudad de Manta por ser ella donde se producen los efectos; a este punto es necesario una aclaración sobre una interpretación extensiva que pude observar de un Auto de Admisión de una Garantía Jurisdiccional en la ciudad de Portoviejo (ver anexo 01), en la misma la Jueza Constitucional admite una Acción de Protección contra el Municipio de Pedernales por la competencia del territorio, para lo cual tomó en consideración el lugar donde aparentemente se producían los efectos; en este proceso puesto a consideración, el Actor de la Garantía Jurisdiccional impugnaba una resolución donde el Alcalde como máximo personero del Municipio de Pedernales daba por
Terminado Unilateralmente un contrato de Obra Civil en la ciudad de Pedernales, presentando la querella en la ciudad de Portoviejo pese a que en el cantón Pedernales existe un Juez Multicompetente de primer nivel con capacidad jurisdiccional para conocer y resolver garantías jurisdiccionales, alegando que los efectos de la resolución que ocasionaba la terminación unilateral del contrato de obra le causaba efectos en la ciudad de Portoviejo en vista de que la ley ordenaba con ello la ejecución de las garantías establecidas en la ley respectiva, y con ello lo iban a declara contratista incumplido y lo afectaría en la ciudad de Portoviejo donde tiene asiento la compañía que representa; en vista de ello, La juez constitucional de la ciudad de Portoviejo toma como valedero el alegato esgrimido por el actor, admitiendo la garantía a trámite por esta consideración. Entrando en el análisis de la situación jurídica planteada, y aclarando que con la Admisión no se resuelve sobre el asunto principal de la Garantía Jurisdiccional, sino que solo se analiza el criterio de admisión del Juez Constitucional en uso del control difuso de la Constitución con la Garantía específica invocada, a mi criterio personal, existió interpretación extensiva de la Juez, en medida de que el lugar donde cause efectos el acto impugnado debe relacionarse directamente con el mismo, y no ser derivado de consecuencia legal alguna disposición ajena al acto, de esta manera, si el acto lo emitió el Alcalde del Cantón Pedernales, y la resolución consistía en la Terminación unilateral de un contrato de obra civil en el cantón Pedernales, tanto el lugar de emisión, como donde se causan
los efectos es en el cantón Pedernales, puesto que la declaración de contratista incumplido no es un acto que emite el Alcalde en el caso concreto, sino que es una consecuencia legal por el acto de incumplimiento, en vista de ellos La jueza de la ciudad de Portoviejo no debió admitir la misma por ser incompetente en razón del territorio. COMPETENCIA EN RAZÓN DE LOS GRADOS.La jueza o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción en su primera providencia. En materia procesal general se entiende como grados, aquel privilegio del que gozan ciertas autoridades y representante de Entidades Públicas para ser juzgados por jueces de nivel jerárquico superior; así podría entenderse que cualquier juez inferior que llegase a tener en su conocimiento algún conflicto jurídico que involucre a algún Servidor Público con beneficio de fuero deberá inhibirse de su conocimiento de oficio. El extracto pertinente citado a inicios de este análisis hace referencia a que el juez constitucional puede inadmitir la garantía puesta a su conocimiento, cuando la misma deba ser conocida por un juez de mayor jerarquía en razón de los grados. En este punto, es necesario ilustrar un ejemplo proporcionado en un caso real puesto a consideración de un juez constitucional de la ciudad de Portoviejo, el mismo que en el auto de inadmisión de una Acción de
Protección que proponía un estudiante de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo en contra del Presidente de la República, del Procurador General del Estado, del Presidente de la Asamblea Nacional y del Presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, inadmite la misma por considerarse no competente para conocer un proceso constitucional contra el Presidente de la República, debiendo considerar éste criterio inválido en virtud de que en materia de Garantías Jurisdiccionales, cualquiera sea su clase, no existe inadmisión por el fuero de los servidores públicos cualquier que fuere el cargo que ostenten, en el caso traído a colación, el juez confundió la inadmisión por competencia de grados con el fuero de los servidores públicas, debiendo para fortalecer mi aseveración tomar en
consideración los siguientes aspectos jurídicos: 1. El principio de aplicación de Derechos establecido en el Art. 11 numeral 3 inciso 2 establece que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley; en virtud de ello, y en vista de que no existe ninguna norma constitucional ni legal que otorgue algún tipo de fuero constitucional a servidor público alguno, no debe tomarse esto como requisito previo para la admisión de cualquier Garantía Jurisdiccional; pues de la misma forma el numeral 5 del Art. 11 antes invocado menciona que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia; por ello debió admitirse a trámite la Acción de Protección citada como ejemplo ilustrativo 2. El numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República establece que el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el
ejercicio de los derechos. Recalcando una vez más que con la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales no se resuelve el asunto puesto a consideración o el acto impugnado, el Estado representado por el Presidente de la República y el Procurador General del Estado deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos y garantías, por ello, cualquier norma que restrinja esta obligación se torna inconstitucional por cohibir derechos y garantías expresas, además de que en el Numeral 11 del mismo Art. 11 la misma Constitución establece como responsable directo al Estado por la vulneración de derechos fundamentales. 3. Tanto el Art. 76 núm. 7 lit. m) de la Constitución de la República como el Art. 4 numeral 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen la obligación de motivar y argumentar las decisión judiciales, entendiéndose
con esto que a más de invocar las disposiciones legales correspondientes, deberán referirse a la pertinencia de la aplicación de la misma con relación a los antecedentes puestos a su consideración, por ello, al momento de la inadmisión de las Garantías Jurisdiccionales en razón del fuero, el el juez
constitucional deberá
pertinente que otorgue este beneficio al servidor público demandado, lo cual será imposible puesto que no existe tal disposición en todo el ordenamiento jurídico vigente del Ecuador. Una vez explicada y argumentada mi afirmación sobre la no existencia del fuero en materia constitucional, es un hecho innegable que el Art. 7 hace alusión a una incompetencia por los grados, por ellos surge la necesidad de explicar la misma como tema de análisis del presente trabajo de investigación, ante ello, debo hacer alusión en que este es un requisito general para admisión de garantías jurisdiccionales, y que a la vez existen requisitos específicos para cada una de ellos que entran en concordancia con la incompetencia en razón de los grados. El habeas corpus por ejemplo, tanto en el Art. 89 último inciso de la Constitución de la República como en el Art. 44 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional hacen mención que cuando la detención arbitraria, ilegal o ilegitima procede de un proceso penal, la garantía deberá conocerla la Corte Provincial de Justicia Pertinente, con este ejemplo, se aclara el requisito de
competencia en razón de los grados, debido a que de forma general las garantías jurisdiccionales son conocidas por los Jueces de Primera Instancia, salvo las excepciones respectivas, como en el presente caso puesto a consideración, que deberá ser conocido por la Corte Provincial, entendiéndose esta como superior en razón de los grados, mas no por el fuero. Siguiendo con el análisis de la Admisión de las Garantías
Jurisdiccionales, es necesario entrar a estudiar la Legitimación de las mismas:
LEGITIMACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES La legitimación en el ámbito de las Garantías Jurisdiccionales es la capacidad que tiene una persona ya sea natural o jurídica para activar la Jurisdicción Constitucional contra otra, clasificándose la misma en Legitimación Activa y Legitimación Pasiva. La Legitimación Activa recae sobre la persona natural o jurídica que ha sufrido una vulneración en sus Derechos Fundamentales o tiene una amenaza grave e inminente de una vulneración, es la capacidad que tiene ésta persona para accionar los Jurisdicción Constitucional mediante las Garantías establecidas en la Constitución para exigir una reparación Integral de los daños sufridos o en su caso para exigir el establecimiento de medidas que prevengan una posible vulneración
La Legitimación Pasiva en cambio se refiere a aquella persona natural o jurídica, por lo general de la Administración Pública o de Instituciones que manejen fondos del Estado o administren servicios públicos sobre la cual recae una demanda de Garantías
Jurisdiccionales por haber cometido una supuesta vulneración de Derechos o por amenazar gravemente con vulnerar uno de ellos. REQUISITOS DE DEMANDA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Otro Requisito de Admisión de Garantías Jurisdiccionales es que cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional los cuales son: 1) Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada. (Legitimación Activa) Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. (Legitimación Pasiva) 2) La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. 3) El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.
4) El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 5) Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia. 6) La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 7) Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba. Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días. Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia.
HIPÓTESIS GENERAL Las Reglas de Admisión de las Garantías Jurisdiccionales dependen de la correcta aplicación de los principios de aplicación de derechos, mismos que han variado con la vigencia de la Constitución 2008.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1. Los Principios Constitucionales influyen directamente en el Garantismo que la Constitución pretende hacia los Derechos Constitucionales 2. Las Garantías Jurisdiccionales son La Acción de Protección, El Habeas Corpus, El Habeas Data, el Recurso de Acceso a la Información Pública, la Acción por Incumplimiento, La Acción Extraordinaria de Protección. 3. Las Garantías Jurisdiccionales son competencia de los Jueces de Primera Instancia, salvo la Acción por Incumplimiento y la Acción Extraordinaria de Protección cuyo cumplimiento compete a la Corte Constitucional. 4. La Competencia de las Garantías Jurisdiccionales dependen del lugar donde se emanó el acto vulnerador de derechos o en lugar donde este acto produce sus efectos.
5. Al momento de Admitir las Garantías Jurisdiccionales no existe Fuero en razón del Servidor Público que emane el acto vulnerador de Derechos
VARIABLES 1. VARIABLE INDEPENDIENTE: La Admisión de las Garantías Jurisdiccionales 2. VARIABLES DEPENDIENTE: Constitución 2008 en vigencia 3. VARIABLE INTERVINIENTE: Análisis Jurídico 4. TÉRMINO DE RELACIÓN: Vigencia.
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES VARIABLE INDEPENDIENTE: LA ADMISIÓN DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES
TÉCNICAS CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS INSTRUMENTALES
Arts. 86, 87, 88, 89, 90,
¿Considera usted que se
admite eficientemente las
Garantías Jurisdiccionales?
Ley Orgánica de Arts. . 2, 6, 7, 8, 9, 10,
Garantías Es el Trámite previo en que Jurisdiccionales y se decide si hay o no hay Control lugar a la tramitación de una Constitucional Garantía Jurisdiccional que
39, 40, 41, 42, 43, 47,
Instancia Portoviejo
respetan los principios de
54, 55, 56, 58, 59, 60,
aplicación de derechos al
Garantías Jurisdiccionales? pretende tutelar un Derecho
Fundamental Ley Orgánica de Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
Acceso a la 22. ¿Considera usted necesario
Información Pública que la Corte Constitucional
reglamente mediante una
Gaceta Constitucional las
normas para la Admisión de
3.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE: CON LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN 2008 EN VIGENCIA
Constitución Cambios con la
vigencia ha establecido Constitución 2008 reglas más garantistas en vigencia de entorno a derechos que la antigua Garantías Constitución 1998? Jurisdiccionales Entrevista a Jueces ¿Considera usted que al ser el Ecuador un de Primera Instancia de Portoviejo Protección de
y la Jueces de Primera Instancia Estado Constitucional de Derechos y Justicia
Suprema Organización
resultado de los factores reales reúne de poder que los Derechos
de Derechos y Justicia se ha evolucionado
Individuales y Sociales y sus Garantías, y un su
teniendo como punto de comparación el antiguo Estado Derecho? Social de
Gobierno organización.
Garantías Jurisdiccionales como método eficaz de protección de Derechos Abogados en Libre correctamente Ejercicio de la Garantías Profesión Jurisdiccionales? las ¿Cree usted que los Jueces Constitucionales están admitiendo
Encuesta a Abogados en Libre Ejercicio
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN LA INFORMACIÓN PRIMARIA Se la obtuvo de los Jueces de Primera Instancia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí a quienes se les preguntó con el cuestionario de encuesta y formulario de entrevista. LA INFORMACIÓN SECUNDARIA Se la obtuvo de fuentes bibliográficas actualizadas, documentos, leyes, reglamentos y resoluciones publicados por las autoridades
competentes del Estado Ecuatoriano, así como de la información vía Internet, que servirán de sustento para el Marco Teórico, el análisis interpretativo de los resultados y el planteamiento de la propuesta pertinente.
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN La información se revisó de forma crítica realizando las correcciones pertinentes para depurar lo risible que resulte de la misma. Para efectos de un procesamiento rápido e idóneo se procedió a codificar los datos. La información se tabuló a través de tablas estadísticas y se representó en gráficos de pasteles y/o barras, que permite una visualización concreta de los resultados. Los resultados se describieron, analizaron e interpretaron con el apoyo del Marco Teórico, para formular las conclusiones, recomendaciones y la propuesta.
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y DOCUMENTAL Se realizó la investigación de campo en Portoviejo, y recurrí a la
siguiente Institución de la ciudad de Portoviejo: Corte Provincial de Justicia de Manabí, se obtuvo de esta fuente, la información necesaria para la investigación. También se adoptó la investigación de tipo bibliográfica, ya sea en papel o digital, puesto que se tomaron diferentes libros, y fuentes de datos y cifras de las Instituciones tanto del Corte Constitucional como de funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Manabí y los abogados en libre ejercicio. NIVEL DE INVESTIGACIÓN De acuerdo a la complejidad del estudio la investigación se realizó en: EXPLORATIVA: Juzgados de la H. Corte Provincial de Justicia de Manabí, y abogados en libre ejercicio de esta ciudad DESCRIPTIVA: Se describió cualitativamente las categorías del fenómeno que se investigó.
MÉTODOS.Método deductivo: Partí de lo general a lo particular, para luego analizar las peculiaridades del fenómeno de la falta cumplimiento. Método estadístico: Comprobé las hipótesis mediante el método estadístico.
TÉCNICAS ENTREVISTA: Dirigida ENCUESTA: Se dirigió a Jueces de Primera Instancia en la Corte Provincial de Justicia de Manabí y a los Abogados en libre ejercicio en la Ciudad de Portoviejo.
INSTRUMENTOS  Cuestionario de encuesta
RECURSOS RECURSOS HUMANOS La presente investigación se la realizó en lo que respecta a la investigación de campo se contó con personal de apoyo al realizar las encuestas, las que se realizaron a los Jueces de Primera Instancia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí en Portoviejo y Abogados en libre ejercicio, Director de Tesis, Profesores Universitarios y el Investigador RECURSOS MATERIALES Dentro de los recursos materiales utilizaré una computadora para la digitación del proyecto la cual es personal así mismo se contará con materiales de escritorio, textos y grabadora. Adquisición de libros. Transporte. Internet.
RECURSOS ECONÓMICOS Todo el proceso Investigativo, desde la fase diagnóstica hasta la presentación y aprobación del presente trabajo de investigación (tesis) generó un gasto de $ 2.201 (DOS MIL DOSCIENTOS UN DÓLARES AMERICANOS), valor que fue cubierto por el autor de la Investigación.
POBLACIÓN Y MUESTRA Dentro de la investigación se consideró la siguiente población: Para analizar la muestra participarán como informantes:
UNIDAD DE INSTITUCIÓN ANÁLISIS POBLACIÓN PORCENTAJE MUESTRA
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA JUECES 26 100 26
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA 26 JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y A 100 ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO La encuesta es una técnica, tomando como base un cuestionario debidamente estructurado mediante el cual se recopilan datos provenientes de una población frente a una problemática determinada del Análisis Jurídico de la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales con la vigencia de la Constitución 2008.
ENCUESTA DIRIGIDA A 26 JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABÍ Y A 100 ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO OBJETIVO.- Conocer y confrontar los puntos de vista de los jueces de Primera Instancia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí con asiento en Portoviejo y los Abogados en Libre ejercicio de la Profesión respecto de la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia. 1 ¿Considera usted que se admite eficientemente las Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
Por qué 2 ¿Cree usted que se respetan los principios de aplicación de derechos al momento de admitir Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
3 ¿Considera usted necesario que la Corte Constitucional reglamente mediante una Gaceta Constitucional las normas para la Admisión de Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
4 ¿Cree usted que la Constitución 2008 en vigencia ha establecido reglas más garantistas de Protección de derechos que la antigua Constitución 1998? Si No ( ) ( )
5 ¿Considera usted que al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se ha evolucionado teniendo como punto de comparación el antiguo Estado Social de Derecho? Si No ( ) ( )
6 ¿Cree usted que las Garantías Jurisdiccionales deben ser conocidas por jueces netamente Constitucionales, es decir, designados para ejercer justicia exclusivamente en materia de Garantías
Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS La encuesta realizada a los Jueces de Primera Instancia y dio los siguientes resultados: PREGUNTA No. 1 1 ¿Considera usted que se admite eficientemente las Garantías Jurisdiccionales con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Considera usted que se admite eficientemente las Garantías Jurisdiccionales? 100% SI 26 NO 0
R.- De 20 Jueces de Primera Instancia de la ciudad de Portoviejo, el 100% respondió que si se están admitiendo eficientemente las Garantías Jurisdiccionales con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, razón por la cual a la actualidad aún no han sido emitidas normas aclaratorias respecto a la preguntas realizada. PREGUNTA No. 2 2 ¿Cree usted que se respetan los principios de aplicación de derechos al momento de admitir Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Cree usted que se respetan los principios de aplicación de derechos al momento de admitir SI 26 NO 0
Garantías Jurisdiccionales? 100%
R. De 20 Jueces de Primera Instancia de la ciudad de Portoviejo, el 100% respondió que si se respetan los principios de aplicación de Derechos al momento de admitir Garantías Jurisdiccionales, refiriendo que es una obligación Constitucional y por ende un deber inexcusable de los Jueces al momento de conocer este tipo de acciones de carácter Constitucional. PREGUNTA No. 3 3 ¿Considera usted necesario que la Corte Constitucional reglamente mediante una Gaceta Constitucional las normas para la Admisión de Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
DESCRIPCIÓN ¿Considera usted necesario que la Corte Constitucional reglamente mediante una Gaceta Constitucional las normas para la Admisión de Garantías
Jurisdiccionales? 100%
R. El 100 % de los Jueces consultados respondieron que si es necesario que la Corte Constitucional reglamente mediante una Gaceta Constitucional las normas para la Admisión de Garantías
Jurisdiccionales, en vista de que pese a que ellos admiten conforme a la Constitución y la Ley, no pueden negar que existen comentarios desfavorables en contra de sus dictámenes y resoluciones, por esta razón y al ser la jurisprudencia constitucional disposiciones vinculantes, se otorga una herramienta más de apoyo a los jueces que conocen Garantías Constitucionales.
PREGUNTA No. 4 4 ¿Cree usted que la Constitución 2008 en vigencia ha establecido reglas más garantistas de Protección de derechos que la antigua Constitución 1998? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Cree usted que la Constitución 2008 en vigencia ha establecido reglas más garantistas de Protección de derechos que la antigua Constitución 1998? 100% SI 26 NO 0
R. El 100% de los Jueces consultados mencionan que si bien es cierto la Constitución actual establece reglas claras y específicas, sería incorrecto afirmar que con la Constitución 1998 derogada no se protegían los derechos, mas bien, al establecer de una forma más clara y organizada, ayuda de sobremanera a su aplicación y cumplimiento, sin dejar de lado el gran avance jurídico al imponerse el Estado Constitucional de Derechos y Justicia. PREGUNTA No. 5 5 ¿Considera usted que al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se ha evolucionado teniendo como punto de comparación el antiguo Estado Social de Derecho? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Considera usted que al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se ha SI 26 NO 0
evolucionado teniendo como punto de comparación el antiguo Estado Social de Derecho? 100%
R. Los encuestados fueron coincidentes en un 100% al referirse a que ha sido un gran avance el pasar del Estado Social de derecho al Estado Constitucional de Derechos y Justicia en consideración de que en la actualidad basta con invocar la Constitución para que cualquier juez tenga la obligación de resolver conforme a Derecho, y de la misma forma, tiene la obligación de invocar la norma suprema en la motivación de sus fallos. PREGUNTA 6 6 ¿Cree usted que los Jueces Constitucionales están admitiendo correctamente las Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
DESCRIPCIÓN ¿Cree usted que las Garantías Jurisdiccionales deben ser conocidas por jueces netamente Constitucionales, es decir, designados en para materia ejercer de justicia Garantías
exclusivamente Jurisdiccionales?
R. Los jueces Mencionaron que debido a la gran cantidad de carga laboral el 43 % coincidió de que debe establecer jueces netamente constitucionales para que conozcan garantías jurisdiccionales, en ese, en ese sentido el 57% mencionó que sin dejar de lado la carga laboral, la forma de jurisdicción actual colabora en la mayor Garantía de derechos fundamentales puesto que se pone a disposición de la ciudadanía en general todo el cuerpo jurisdiccional de la Función Judicial para la defensa de Derechos Constitucionales
La encuesta realizada a 100 Abogados en Libre ejercicio de la Profesión dio los siguientes resultados: PREGUNTA No. 1 1 ¿Considera usted que se admite eficientemente las Garantías Jurisdiccionales con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Considera usted que se admite eficientemente las Garantías Jurisdiccionales? 5% 95 % SI 5 NO 95
R.- De 100 Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión, el 5% respondió que si se están admitiendo eficientemente las Garantías Jurisdiccionales con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, mas sin embargo, el 95 % de los encuestados mencionan que las Garantías Jurisdiccionales no están siendo admitidas eficientemente, pues muchos jueces desestiman las demandas de garantías y las envían a completar cuando no se enuncia la disposición constitucional violentada, situación que se contrapone a los manifestado en el Art. 86 de la Constitución que menciona que no será necesario enunciarla, sino mas bien, determinar los hechos detalladamente y con ello se da paso a la tramitación de la Garantía Jurisdiccional invocada. PREGUNTA No. 2 2 ¿Cree usted que se respetan los principios de aplicación de derechos al momento de admitir Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Cree usted que se respetan los principios de aplicación de derechos al momento de admitir SI 1 NO 99
100 50 0 Serie 1
SI Serie 1 1
R. De 100 Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión, el 1% respondió que si se respetan los principios de aplicación de Derechos al momento de admitir Garantías Jurisdiccionales, concordando con los Jueces de Primera Instancia que refirieron que es una obligación Constitucional y por ende un deber inexcusable de los Jueces al momento de conocer este tipo de acciones de carácter Constitucional; más sin embargo, 99 % de los abogados mencionaron que estas Garantías Jurisdiccionales están siendo objeto de abusos por parte de Jueces, pues muchas veces con la finalidad de evitarse problemas se abstienen de admitir las Garantías, con la finalidad de que en la Apelación, el juez de instancia superior se pronuncie al respecto, lo que se contrapone con el principio de celeridad y de obligatoriedad de administrar justicia constitucional.
PREGUNTA No. 3 3 ¿Considera usted necesario que la Corte Constitucional reglamente mediante una Gaceta Constitucional las normas para la Admisión de Garantías Jurisdiccionales? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Considera usted necesario que la Corte Constitucional reglamente mediante una Gaceta Constitucional las normas para la Admisión de Garantías SI 100 NO 0
R. El 100 % de los Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión consultados coincidieron con los Jueces de Primera Instancia de la
ciudad de Portoviejo y respondieron que si es necesario que la Corte Constitucional reglamente mediante una Gaceta Constitucional las normas para la Admisión de Garantías Jurisdiccionales, puesto que al ser la Jurisprudencia Constitucional de obligatorio cumplimiento, evitaría abusos por parte de Jueces. PREGUNTA No. 4 4 ¿Cree usted que la Constitución 2008 en vigencia ha establecido reglas más garantistas de Protección de derechos que la antigua Constitución 1998? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Cree usted que la Constitución 2008 en vigencia ha establecido reglas más garantistas de Protección de derechos que la antigua Constitución 1998? 100% SI 100 NO 0
R. El 100% de los Abogados consultados mencionan que en materia de Derechos, la Constitución 2008 en vigencia es un gran avance en la Legislación Ecuatoriana, protege en mucha más medida que la
anterior Constitución 2008 en vigencia y amplia el campo de acción de las Garantías Jurisdiccionales, permitiendo entre otras cosas, que los afectadas acuden a la instancia constitucional sin la necesidad de un Abogado defensor y sin la necesidad de invocar el derecho vulnerado, lo que en su sola proporción incurre en una mayor protección de los mismos, de cuya vigencia el Juez es el responsable de tutelar. PREGUNTA No. 5 5 ¿Considera usted que al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se ha evolucionado teniendo como punto de comparación el antiguo Estado Social de Derecho? Si No ( ) ( )
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Considera usted que al ser el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia se ha SI 100 NO 0
evolucionado teniendo como punto de comparación el
antiguo Estado Social de Derecho? 100%
R. Los Abogados encuestados coincidieron con los Jueces de Primera Instancia y mencionaron que si ha sido un gran avance el pasar del Estado Social de derecho al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, pues con él, la Justicia defiende derechos, y se consolidan en las disposiciones normativas de la Constitución, de esta manera, ya no solo constituye una proclama de derechos, sino una herramienta activa y eficaz en la normativa jurídica ecuatoriana. PREGUNTA 6 6 ¿Cree usted que las Garantías Jurisdiccionales deben ser conocidas por jueces netamente Constitucionales, es decir, designados para ejercer justicia exclusivamente en materia de Garantías
Por qué DESCRIPCIÓN ¿Cree usted que las Garantías Jurisdiccionales deben ser conocidas por jueces netamente Constitucionales, es decir, designados en para materia ejercer de justicia Garantías SI 24 NO 76
R. Los Abogados en libre ejercicio en un 76 % piensan que no es necesario que las garantías Jurisdiccionales sean conocidas por Jueces netamente Constitucionales, debido a que incurriría en un
aglutinamiento de causas y no llevando un agil despacho de las mismas, por cuanto el crear nuevos juzgados significaría egresos considerables a la Función Judicial que bien podría solventarse en los juzgados de primera instancia ordinaria para mejorar el servicio a los usuarios externos; mientras que el 24 % cree que si es necesario juez especializados exclusivamente en Garantías puesto que ayudaría a obtener sentencias o resoluciones de mayor peso jurídico, lo que conllevaría a una evolución y progreso del Derecho Constitucional Ecuatoriano.
CONTRASTACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS En el sentido más general, el problema consiste en una dificultad que requiere de una solución, partiendo de esta premisa, detectarlo es un buen punto de partida, siendo uno de los procedimientos para ello el analizar la realidad que rodea el problema para determinar los límites del análisis y la investigación. Lo antes mencionado facilitó la identificación del problema, y usando la lógica común, en conjunto con los resultados de las encuestas realizadas, obtuve un aporte significativo a la solución del problema de cómo analizar Jurídicamente la Admisión de las Garantías
Jurisdiccionales en el Ecuador con la vigencia de la Constitución 2008 en vigencia, para evidenciar las reglas correctas de aplicación a las mismas, determinando como solución alternativa, la promulgación de una Gaceta Constitucional emitida por la Corte Constitucional que
establezca reglas claras de aplicación para evitar interpretación extensiva y de esta manera incoar a una igualdad de criterios en la jurisdicción constitucional, estos resultados tienen pleno valor por la rectitud y responsabilidad impuesta en la realización del presente trabajo investigativo. Dentro de la contrastación aquí expuesta, es correcto afirmar que sin duda alguna la reglas de admisión de las Garantías Jurisdiccionales han variado ampliamente en relación a la anterior constitución 1998, lo que ha sido parte del Garantismo instituido en el artículo 1 de la Constitución del 2008 en vigencia, de aquí que éstas nuevas reglas han ocasionado que los jueces de primera instancia, investidos con la jurisdicción constitucional para ejercer el control difuso de la constitucionalidad, muchas veces interpreten extensivamente las disposiciones de aplicación de proceso de admisión de Garantías lo que conllevan a una inadmisión de Garantías o en su caso aplicación incorrecta de las reglas de aplicación de la admisión de las mismas, de aquí la importancia para que la Corte Constitucional como ente de control abstracto de la Constitucionalidad en el Ecuador sea la entidad a corregir, regular y evaluar las admisiones y el proceso en general de tramitación de las Garantías Jurisdiccionales, pues sin duda alguna, la Admisión constituye un principio eficaz para la protección de derechos, pues lleva implícita una orden de suspensión del acto vulnerador; por ello sería válido proponer:
1. Que exista una Regla de Procedimiento Obligatorio para la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales en Primera Instancia, con la cual los jueces antes mencionados, sigan reglas claras y específicas que permitan una mejor agilidad, eficiencia y eficacia en la Admisión de las Garantías Jurisdiccionales recaídas en los Jueces de Primera Instancia. 2. Que exista un verdadero seguimiento de aplicación de la Admisión de Garantías por parte de los Jueces Superiores Jerárquicos con la finalidad de sancionar la mala aplicación de reglas de admisión y para evitar de esta manera abusos y hechos ilícitos con la finalidad de obtener sentencias favorables. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: La Constitución de la República dentro de los Principios de Aplicación de Derechos Art. 11 numeral 9 hace mención a la Responsabilidad del Estado ante la mala aplicación u otorgamiento de servicios públicos por parte de sus delegados, concesionarios y demás personas que actúen en virtud de una potestad estatal, de ahí que, el Estado podrá repetir contra ellos, en caso de demostrarse algún tipo de responsabilidad contra ellos al momento del ejercicio de sus funciones; mencionando a la vez que el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso; en este sentido, la
Constitución como norma suprema obliga a cumplir los lineamientos respectivos para la eficiente protección de derechos; por otro lado, y como se explicó anteriormente, en el Art. 2 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se dispone expresamente que los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante, así mismo, la Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del estado constitucional mencionados, de derechos la y justicia; de estos emitir artículos una antes
CONSTITUCIONAL, tal y como ya realizó una expedida mediante la sentencia No. 001-10-PJO-CC publicada en el registro oficial No. 351 de fecha 29 de Diciembre del 2010, la misma que deberá exponer reglas claras al momento de admitir Garantías Jurisdiccionales basados en las disposiciones del Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, las mismas que han causado diversos criterios debido a la competencia en razón de territorio y de los grados, en virtud de ello, se debe colegir a la Corte Constitucional el problema aquí planteado y que ha sido expuesto tomando como ejemplo dos autos de admisión de primer instancia, los cuales mal interpretan las normas enunciadas ocasionando con ello una vulneración de derechos y una abrupta omisión del Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
PROPUESTA PROYECTO DE PRECEDENTE CONSTITUCIONAL QUE DISPONGA REGLAS CLARAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA ADMISIÓN DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN LOS
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. ANTECEDENTES La Potestad de control difuso de la constitucionalidad de los actos de poder público por parte de los Jueces de Primera Instancia se ha visto trastocada por la diversidad de criterios que han emitido los mismos en relación a la admisión de las Garantías Jurisdiccionales de Primera Instancia, es así que, se han admitido Garantías interpretando erróneamente las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en especial en lo referente a la inadmisión en razón de la Competencia y de los Grados, partiendo de este hecho el Garantismo Ecuatoriano se ve cuestionado por cuanto los servidores públicos llamados a defender la Constitucionalidad de los Actos Administrativos en casos concretos se equivocan en sus autos de admisión; en este sentido, el Control Abstracto de la Constitucionalidad surge como una posibilidad para corregir lo antes expuesto. Los precedentes Constitucionales son de cumplimiento obligatorio para todos los operarios de justicia, los mismos que son definidos por la misma Corte Constitucional en su Resolución Administrativa no. 0004-
10-AD-CC del 5 de Agosto del 2010 como "la parte de una sentencia Constitucional (ratio construida a partir del pensamiento jurídico anterior de la Corte) que contiene el conjunto de parámetro de interpretación de la Constitución fijados por el Pleno de la Corte Constitucional, y que tiene efectos obligatorios o vinculantes respecto de las garantías jurisdiccionales y demás competencias de la Corte cuando se refiera a la protección o desarrollo de derechos específicos de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, con prescindencia del caso concreto de violación de derechos, pero sin perjuicio de fallar respecto de aquel."34; dejando establecidas estas conceptualizaciones y tomando como referencia las sentencias que han sido incorporadas en los anexos de la presente investigación, estos ejemplos deberían ser analizados por la Corte Constitucional para partiendo de su análisis emitir un precedente jurisprudencial jurisdiccionales. relacionado a la admisión de las garantías
JUSTIFICACIÓN Ante el problema planteado en líneas anteriores resulta de vital importancia la participación de la Corte Constitucional en vista de su potestad de Control Abstracto de la Constitucionalidad del régimen jurídico ecuatoriano, ya que en aras de fortalecer el Garantismo del Estado Constitucional de Derechos y Justicia se debe emitir
34 Resolución Administrativa No. 004-10-AD-CC, Corte Constitucional del Ecuador 114
correcciones prudentes y urgentes para continuar protegiendo los derechos garantizados por la Constitución de la República en vigencia, con lo cual se fortalecería además el procedimiento Constitucional Ecuatoriano, incurriendo automáticamente en el establecimiento de la Justicia en el país y otorgando seguridad jurídica a todos los habitantes del mismo, pues existe interpretación extensiva de normas procesales constitucionales que invocan al error al momento de aplicar las medidas establecidas por la Constitución para la protección de Derechos, debiendo tener en cuenta existe un promulgamiento previo de las reglas para emitir precedente jurisprudenciales por la Corte Constitucional, el cual otorga los requisitos necesarios para que la misma obtenga la calidad Erga Omnes.
OBJETIVO GENERAL Emitir un precedente Jurisprudencial a través de la Corte Constitucional del Ecuador en donde se especifique claramente la forma de interpretación de las reglas de admisión por competencia y por los Grados de las Garantías Jurisdiccionales de Primera Instancia establecida en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional promulgada mediante Registro Oficial Segundo Suplemento No. 52 de fecha 22 de Octubre del 2009.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL QUE DEBERÍA SER EMITIDO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR  En todos las Garantías jurisdiccionales que se incoen en los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces Constitucionales deberán interpretar las disposiciones del Artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de la siguiente forma: 1. COMPETENCIA EN RAZÓN DEL TERRITORIO.- Este tipo de Competencia hace razón al poder de administrar Justicia Constitucional en razón del territorio donde se incurre la vulneración del Derecho invocado o en su caso donde éste cause sus efectos, debiéndose
exclusivamente entenderse con ello, a la circunscripción territorial donde ocurre la Vulneración del Derecho Fundamental vulnerado; y, por el lugar donde produce sus efectos, aquella circunscripción territorial donde el Acto vulnerador de derechos ocasione sus consecuencias directas, sin con ello entender, que serán extensivas a aquellas consecuencias provenientes de Leyes,
Reglamentos, Acuerdos o Resoluciones. Cuando existan varias Juezas o Jueces en la misma circunscripción territorial, la demanda de Garantías
deberá sortearse entre ellos; así mismo en caso de días no laborables o feriados, será competente aquella jueza o juez de turno, en caso de existir varias juezas o jueces, al igual que en el caso anterior la demanda de Garantías se sorteará entre ellos. 2. COMPETENCIA EN RAZÓN DE LOS GRADOS.- debe entenderse por tal la capacidad de Administrar Justicia en virtud de la Jerarquía de los Jueces que conocen las Garantías Invocadas, así en el caso de los Hábeas Corpus derivado de Proceso Penal, éste por ningún motivo será conocido por un Juez de Primera Instancia, en tal sentido deberá inadmitir La Garantía Jurisdiccional invocada por Incompetencia en Razón de los Grados. En consideración del Art. 11 Núm. 9 de la Constitución de la República vigente ibídem, todo servidor público será responsable por sus acciones en cumplimiento de una potestad estatal, en tal sentido, por ningún motivo se deberá entender la improcedencia por los grados con algún tipo de Fuero especial.
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Constituyente, Registro oficial No. 449 20 de Octubre del 2008. 4. Zavala Egas Jorge, Apuntes sobre Neo constitucionalismo y Ponderación, Acción de Inconstitucionalidad y Proceso
Constitucional 2009. 5. Alexy, Roberth Teoría de los Derechos Fundamentales, THEORIE DER GRIINDRECHTE Suhrkamp-Verlag 1986,
Versión castellana: Ernesto Garzón Valdés; Revisión: Ruth Zimmerling; 6. Alfonso da Silva, José, Aplicabilidad de las Normas
Constitucionales, Universidad Nacional Autónoma de México 2003 7. Hernández Valle, Rubén, Los Principios Constitucionales, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, Costa Rica Junio 1992 8. Nogueira Alcalá, Humberto, Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales; Instituto
Universidad Nacional Autónoma de México, Primera Edición 2003 9. García Laguardia, Jorge Mario, La defensa de la Constitución, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de San Carlos de Guatemala e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1983 10. Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, Primera Edición, septiembre 2006, 11. Goldstein, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor Magno, Edición 2008 12. Armienta Calderón, Gonzalo M.; Procesos y Procedimientos Constitucionales, La Ciencia del Derecho Procesal
Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar 13. Lelo de Larrea Coordinadores; Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal
Constitucional, México 2008 14. Ley Orgánica de Control Constitucional derogada, Art. 47.
Constitucional, Registro Oficial 52 de fecha 22 de Octubre del 2008 16. Iglesias Mata, Dumar; Amparo Constitucional y el Hábeas Data, Imprenta y Gráfica Ramírez, Junio 2003 17. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, El Derecho Procesal Constitucional y los Derechos Humanos (Vínculos y Autonomías), Universidad Nacional Autónoma de México, 1995 18. Villanueva Ernesto, Derecho de Acceso a la Información Pública en América latina; Instituto de Investigaciones Jurídicas, universidad Nacional Autónoma DE México, Primera edición 2003 19. Nogueira Alcalá Humberto, El derecho la Información en el ámbito del derechos constitucional comparado en Iberoamérica y Estados Unidos; Derecho a la Información y Derechos Humano; Coordinadores Carpizo, Jorge Carbonell, Miguel;
Instituto de Investigaciones Jurídicas, universidad Nacional Autónoma DE México, 2000 20. Armienta Calderón, Gonzalo M.; Procesos y Procedimientos Constitucionales, La Ciencia del Derecho Procesal
Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo
Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal Constitucional, México 2008 21. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho Procesal y Derecho Constitucional Procesal; México, 2006 22. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho Procesal y Derecho Constitucional Procesal; México, 2006. 23. Fernández Rodríguez, José Julio, Reflexiones sobre algunas peculiaridades del Derecho Procesal Constitucional; Procesos y Procedimientos Constitucionales, La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor FixZamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Coordinadores; Instituto Mexicano de Derecho Procesal
Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal Constitucional, México 2008. 24. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Derecho Procesal y Derecho Constitucional Procesal; México, 2006. 25. Escobar Fornos, La Iván; Procesos del y Procedimientos Procesal
Constitucional Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en
sus cincuenta años como investigador del Derecho, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar de Lelo de Larrea Procesal
Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo 1 Teoría General del Derecho Procesal Constitucional, México 2008.
INTRODUCCIÓN ............................................................................... 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................ 2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................... 4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: .................................................... 5 OBJETO DE ESTUDIO ...................................................................... 6 Campo: Área: Aspectos: .............................................................................. 6 .................................................................................. 6 ............................................................................ 6 ............................................................ 6
TEMA: ............................................................................................... 6 DELIMITACIÓN ESPACIAL: .............................................................. 6 DELIMITACIÓN TEMPORAL: ............................................................ 6 OBJETIVOS ....................................................................................... 7 OBJETIVO GENERAL ....................................................................... 7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- ............................................................ 7 MARCO TEÓRICO ............................................................................ 8 CAPITULO 1 ...................................................................................... 8
DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR ......................................................................................... 8 DERECHOS HUMANOS.................................................................... 8 DERECHOS FUNDAMENTALES .................................................... 10 DERECHOS DE PROTECCIÓN.- . .................................................. 15 PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE DERECHOS ............................. 15 CAPITULO 2 .................................................................................... 22 GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN EL ECUADOR ................... 22 RECURSO. ...................................................................................... 24 ACCIÓN ........................................................................................... 25 GARANTÍA JURISDICCIONAL GENÉRICA: ................................... 26 ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- .......................................................... 26 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ESPECIALES PARA LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN ........................................................................... 30 1. Violación de un derecho constitucional; .................................... 30 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular; ........ 30 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. ....................................... 30 GARANTÍA JURISDICCIONAL DE LIBERTAD AMBULATORIA ..... 31 ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS ..................................................... 31 GARANTÍA JURISDICCIONAL PARA LA INFORMACIÓN.............. 37
ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .................. 37 GARANTÍA JURISDICCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD PERSONAL DE LOS INDIVIDUOS. ............................. 40 ACCIÓN DE HÁBEAS DATA ........................................................... 40 GARANTÍA JURISDICCIONAL DE SEGURIDAD JURÍDICA .......... 43 ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.- ................................................ 43 CAUSALES DE INADMISIÓN DE LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO .......................................................................... 45 GARANTÍA JURISDICCIONAL PROCESAL .................................... 47 ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN ............................ 47 ADMISIÓN DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN ......................................................................................................... 49 CAPITULO 3 .................................................................................... 53 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES ECUATORIANAS ......................................... 53 COMO PARTE DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL. 55 COMO PARTE DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL . 55 JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ............................................... 57 Control Abstracto de la Constitución.- . ............................................ 58 Control Difuso de la Constitución.- l. ................................................ 59 ACCIÓN CONSTITUCIONAL ........................................................... 59
PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL. ................................................ 60 COMPETENCIA CONSTITUCIONAL .............................................. 60 LOS JUZGADOS DE PRIMER NIVEL. ............................................ 61 LAS CORTES PROVINCIALES. ...................................................... 61 LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. ............................................ 62 LA CORTE CONSTITUCIONAL. ..................................................... 62 JUSTICIA CONSTITUCIONAL ......................................................... 62 PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL ECUADOR.- ..................................................................................... 64 PRINCIPIO DE APLICACIÓN MÁS FAVORABLE A LOS DERECHOS.- ............................................................................... 64 OPTIMIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.- 65 OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL.- .. 66 OBLIGATORIEDAD DE ADMINISTRAR JUSTICIA CONSTITUCIONAL.- .................................................................... 66 CAPITULO 4 .................................................................................... 68 ADMISIÓN DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN EL ECUADOR ....................................................................................... 68 COMPETENCIA TERRITORIO.-. ..................................................... 70 ACTO ADMINISTRATIVO.- .......................................................... 70 ACTOS DE SIMPLE ADMINISTRACIÓN.-. .................................. 71
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.-. .......................................... 71 HECHOS ADMINISTRATIVOS.-................................................... 71 ACTOS NORMATIVOS.- .............................................................. 71 COMPETENCIA EN RAZÓN DE LOS GRADOS.- ........................... 74 LEGITIMACIÓN DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES ......... 78 REQUISITOS DE DEMANDA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES ......................................................................................................... 79 HIPÓTESIS ...................................................................................... 81 HIPÓTESIS GENERAL .................................................................... 81 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ............................................................. 81 VARIABLES ..................................................................................... 82 VARIABLE INDEPENDIENTE: La Admisión de las Garantías Jurisdiccionales ................................................................................ 82 VARIABLES DEPENDIENTE: Constitución 2008 en vigencia ......... 82 VARIABLE INTERVINIENTE: .......................................................... 82 TÉRMINO DE RELACIÓN: ............................................................. 82 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......... 83 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ......................................... 85 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................... 85 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN............................................ 86 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 86
METODOS.- ..................................................................................... 86 TÉCNICAS ....................................................................................... 87 ENTREVISTA: .............................................................................. 87 INSTRUMENTOS ............................................................................ 87 RECURSOS ..................................................................................... 87 RECURSOS ECONÓMICOS ........................................................... 88 POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................. 88 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN......................................... 89 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ......................................................................................................... 93 CONTRASTACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS .......................109 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: ....................................................111 PROPUESTA ..................................................................................113 JUSTIFICACIÓN .............................................................................114 OBJETIVO GENERAL ....................................................................115 BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................118 ÍNDICE ............................................................................................123
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