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Timestamp: 2018-07-20 10:10:38
Document Index: 203205129

Matched Legal Cases: ['artículo 360', 'artículo 361', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 368', 'artículo 160', 'artículo 364', 'artículo 198', 'artículo 193', 'artículo 201', 'artículo 365', 'artículo 198', 'artículo 366', 'artículo 367']

SuperContable.com - Disolución de una sociedad mercantil
Régimen jurídico de la disolución de las sociedades mercantiles.
Además del concurso de acreedores, otro de los fenómenos que más pende durante los periodos de crisis sobre las empresas que tienen forma societaria es su disolución y posterior liquidación. Evidentemente, no todas las causas de disolución de una sociedad tienen su origen en motivos económicos, pero también es cierto que la no disolución de una sociedad, generalmente por motivos económicos, de forma correcta puede dar lugar a la responsabilidad de sus administradores, y es por ello que consideramos necesario dedicar eleste comentario a analizar el régimen legal de la disolución de las sociedades mercantiles.
La disolución de una sociedad se encuentra regulada de forma global en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, específicamente su Título X recoge todas las fases del proceso de disolución, las causas que la provocan y sus efectos, así como también el proceso de liquidación de la misma.
En cuanto a las causas de disolución de una sociedad mercantil, el propio texto legal distingue entre tres bloques según se trate de disolución de pleno derecho, por la existencia de causas legales o estatutarias, o por acuerdo de la Junta General.
La liquidación de una sociedad mercantil.
Disolución de pleno derecho.
Las causas de disolución de pleno derecho de una sociedad de capital se regulan en los artículo 360 y artículo 361 de la Ley.
El registrador, de oficio o a instancia de cualquier interesado, hará constar la disolución de pleno derecho en la hoja abierta a la sociedad.
Por su parte, debe aclararse que la declaración de concurso de la sociedad de capital no constituirá, por sí sola, causa de disolución. Sin embargo, la apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores SÍ producirá la disolución de pleno derecho de la sociedad. En tal caso, el juez del concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura de la fase de liquidación del concurso.
Disolución por la existencia de causa legal o estatutaria.
Con carácter general, las sociedades de capital se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial.
Así, serán causas de disolución:
Lo que se pretende con esta causa de disolución es la protección o tutela del socio que ante la inactividad de su sociedad podrá recuperar la plena disponibilidad de aquella parte de su patrimonio integrado en una sociedad que ya no se dedica al mismo tipo de actividad.
Al tratarse de una situación de hecho, el problema reside en saber en qué momento concreto se ha producido la paralización de la actividad y cómo probar la concurrencia de esta causa durante el período de un año legalmente establecido. En este sentido, cuando se trate de inactividad absoluta de la sociedad, algún sector de la doctrina considera que podría utilizarse como presunción la falta de depósito de las cuentas anuales durante el citado período de tiempo.
Esta presunción de cese de la actividad, que va a ser la que justifique su disolución, podrá enervarse reactivando la sociedad, es decir, que la Junta General acuerde que la sociedad vuelva a su vida activa, o bien mediante acuerdo que modifique el objeto social, de conformidad con los requisitos establecidos en la ley para la adopción de acuerdos que supongan modificación de los estatutos, teniendo en este caso derecho a separase de la sociedad aquellos socios que no hubieren votado a favor del acuerdo de modificación.
Nos encontramos ante una causa de disolución que normalmente va a entrar en juego en aquellas Sociedades de Capital que tengan por objeto una actividad muy específica y transitoria, como por ejemplo la construcción de una determinada obra, de forma que una vez realizada la actividad, finalizada la obra, deberá disolverse. En cambio, no sucede lo mismo con aquellas sociedades que desarrollan una actividad permanente o que desarrollan tal cantidad de actividades que hacen inagotable su objeto, de forma que más que concluir su objeto lo que hacen es ir renovándolo, es decir, que lo van agotando y comenzando de nuevo, de forma sucesiva y automática.
Esta imposibilidad de conseguir el fin social debe obedecer a circunstancias sobrevenidas, ya sean técnicas, humanas, económicas, legales, etcétera, así como a causas internas o externas a la misma sociedad, que impidan alcanzar el objeto que llevó a los socios a la constitución de la sociedad. Las causas o circunstancias han de ser manifiestas y de carácter insubsanable y permanente.
Esta causa de disolución de la sociedad se refiere fundamentalmente a la paralización del funcionamiento de la Junta General que es el órgano supremo de expresión de la voluntad de la sociedad, es decir, a la imposibilidad de tomar acuerdos en la misma, que podrá deberse, por ejemplo, a la existencia de diferencias absolutas entre los criterios de los socios, o porque no se llegan a conseguir mayorías requeridas, etcétera. Razones todas ellas que provocan que no se pueda formar la voluntad de la sociedad, produciéndose una paralización permanente de ésta.
Lo que se trata de tutelar aquí son los intereses de los acreedores. Sin embargo esta función protectora es de menor trascendencia en las Sociedades de Responsabilidad Limitada que en las Sociedades Anónimas, habida cuenta que el capital social mínimo en las primeras puede estar cifrado en 3.000 euros.
Al igual que en los puntos anteriores, la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la Junta General, salvo que resulte procedente solicitar la declaración de concurso (pues en este caso la competencia no es de la Junta General, sino del órgano de administración o liquidación, conforme al artículo 3 de la Ley Concursal), la cual podrá acordar la disolución, o bien otra serie de medidas que evitarían la disolución.
Esta causa puede producirse como consecuencia de un acuerdo adoptado por la Junta General. En este caso, la mayor parte de la doctrina considera que no nos encontramos realmente ante una causa de disolución, pues ese acuerdo de reducción del capital por debajo del mínimo legal sería nulo de pleno derecho, por ser contrario a la Ley, concretamente al artículo 5 de la Ley de Sociedades de Capital.
En consecuencia, en este caso, se deberá convocar Junta General, la cual deberá adoptar acuerdo en el que decida si disuelve, transforma o aumenta el capital de la sociedad hasta una cifra igual o superior a su capital mínimo.
Por último señalar, que esta causa de disolución se completa con una sanción: en el caso de que transcurra más de un año desde que se adoptó el acuerdo de reducción de capital y no se haya inscrito alguna de las tres medidas citadas anteriormente (transformación, disolución o aumento del capital) se producirá la disolución de la sociedad de pleno derecho respondiendo los administradores personal y solidariamente entre si y con la sociedad de las deudas sociales. Además, en ese caso, el registrador, de oficio o a instancia de cualquier interesado, hará constar la disolución de pleno derecho en la hoja abierta a la sociedad.
Supone este supuesto un reconocimiento de la autonomía de la voluntad, en el sentido de admitir la posibilidad de añadir otras causas de disolución distintas a las previstas legalmente, admitiendo incluso algunos sectores de la doctrina el establecimiento de causas de disolución vinculadas a las situaciones personales de los socios, como por ejemplo el fallecimiento de alguno de los socios o su incapacidad. Sin embargo, el límite a esta libertad de establecer estatutariamente causas de disolución estará en que no se podrán excluir o flexibilizar las demás causas previstas legalmente.
Estas causas de disolución previstas en los estatutos, funcionarán como el resto de las causas legales vistas, es decir, que será necesario acuerdo de la Junta General o una resolución judicial para que sean efectivas, no pudiendo por lo tanto establecerse en los estatutos causas de disolución de pleno derecho.
Además de las causas expuestas, la sociedad comanditaria por acciones deberá disolverse también por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de todos los socios colectivos, salvo que en el plazo de seis meses y mediante modificación de los estatutos se incorpore algún socio colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social.
Disolución por acuerdo de la Junta General.
El artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital señala que la sociedad de capital podrá disolverse por mero acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos.
En realidad no se trata de una causa de disolución propiamente dicha, pues es una manifestación de la voluntad de los socios, mediante la cual adoptan un acuerdo, el de disolver la sociedad, con los requisitos y mayorías establecidas para la modificación de los estatutos.
En este sentido la Junta deberá ser convocada en forma ordinaria, siendo necesario que la voluntad de los socios de disolver la sociedad quede manifestada, si se trata de una S.L., por la mayoría de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.
Si se trata de una S.A., el acuerdo de disolución se adoptará por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados. Sin embargo, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.
El acuerdo de la Junta se configura como una causa autónoma e independiente de disolución, es decir, tiene carácter imperativo, de modo que los socios no podrán eliminar por vía estatutaria la voluntad social como causa de disolución. Esta facultad para disolver la sociedad le viene atribuida expresamente a la Junta por la Ley en su artículo 160.h). Así, podrá decidir en cualquier momento si disuelve o no la sociedad, independientemente de que ésta se haya constituido por una período de tiempo determinado y éste no hubiese transcurrido todavía.
El acuerdo de disolución podrá ser impugnado si se opone a los estatutos o lesiona el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, siguiendo para ello el procedimiento de impugnación establecido en los artículos 204 a 208 de la Ley de Sociedades de Capital.
Eficacia de las causas de disolución.
Una vez producida alguna de las causas de disolución previstas en la Ley o en los estatutos - excepto aquellas que producen la disolución automática de la sociedad, de pleno derecho - es necesario un acuerdo de la Junta General, en el cual se constate la existencia de la causa de disolución a los efectos de su remoción o bien que se acuerde la disolución.
Así lo establece el artículo 364, que señala que la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 198, y con el quórum de constitución y las mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los artículo 193 y artículo 201 de la Ley de Sociedades de Capital.
La Junta General deberá ser convocada por los administradores, bien a iniciativa propia o bien a instancia o petición de cualquiera de los socios, en el plazo de dos meses. La Ley, si bien establece ese plazo de dos meses, no indica a partir de que momento deberá empezar a computarse, siendo la postura más lógica la de entender que comenzará a computarse a partir del momento en que los administradores tuvieron conocimiento de la causa, bien de forma directa o a instancia de cualquier socio. En el caso de que los administradores no convocaran la Junta, cualquier socio podrá instar la disolución ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al domicilio social de la sociedad.
Los administradores también deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses, si la sociedad fuera insolvente, para que ésta inste el concurso. Asimismo, cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, la sociedad fuera insolvente.
Conforme al artículo 365, la junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si consta en orden del día, aquél o aquéllos acuerdos que sean necesarios para la remoción de la causa de disolución.
En la sociedad de responsabilidad limitada, el acuerdo de la Junta General deberá ser adoptado por la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social, sin computar los votos en blanco (artículo 198 de la Ley de Sociedades de Capital). Mediante ese acuerdo la Junta podrá decidir la disolución o por el contrario la remoción de la causa.
En la Sociedad Anónima, la junta general de accionistas quedará validamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. Los estatutos podrán fijar un quórum superior.
En segunda convocatoria, será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma, salvo que los estatutos fijen un quórum determinado, el cual, necesariamente, habrá de ser inferior al que aquellos hayan establecido o exija la ley para la primera convocatoria.
Y en cuanto a la adopción del acuerdo de disolución, se adoptará por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados. Los estatutos sociales podrán elevar la mayoría para este supuesto.
En el caso de que la Junta no se celebrara o el acuerdo sea contrario a la disolución o no pudiera ser alcanzado, los administradores están obligados a instar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la Junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.
Además, y conforme al artículo 366, si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos en el artículo anterior, cualquier interesado podrá instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social. La solicitud de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad.
En el caso de incumplimiento de esta obligación por los administradores, se impone la responsabilidad solidaria de éstos por todas de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, conforme al artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital. Del mismo modo responderán los administradores que no soliciten, si procede, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.