Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-generalitat-salud-comunidad-valenciana-71950263
Timestamp: 2020-02-27 03:22:20
Document Index: 163289912

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 15', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'ARTÍCULO 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'ARTÍCULO 54', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'ARTÍCULO 59', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'ARTÍCULO 69', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 75', 'artículo 13']

Ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana (Ley 4/2005, de 17 de junio) - Normativa de la Comunidad Valenciana - Legislación - VLEX 71950263
Ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana (Ley 4/2005, de 17 de junio)
TÍTULO II. Cartera de Servicios de Salud Pública - arts. 6 a 8
CAPÍTULO I. Competencias de la Generalitat - art. 9
CAPÍTULO II. Competencias de las entidades locales - arts. 10 y 11
CAPÍTULO II. Estructura de la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública - arts. 16 a 23
CAPÍTULO III. Régimen económico, presupuestario y contable - arts. 24 y 25
CAPÍTULO IV. Régimen patrimonial - art. 26
CAPÍTULO V. Del personal de la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública - arts. 27 a 29
SECCIÓN 1ª, Disposiciones generales. - arts. 30 a 34
SECCIÓN 2ª. Órganos de la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria - arts. 35 a 40
SECCIÓN 3ª. Régimen de personal y económico - arts. 41 a 44
CAPÍTULO II. Plan de Seguridad Alimentaria - arts. 45 a 49
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 50 a 53
CAPÍTULO II. Estructura y organización del Centro Superior de Investigación en Salud Pública - arts. 54 a 58
CAPÍTULO III. Régimen económico-financiero - arts. 59 a 61
CAPÍTULO IV. Régimen de personal - arts. 62 y 63
TÍTULO VII. Información en salud pública - arts. 64 a 67
CAPÍTULO I. Intervención en salud pública - arts. 68 y 69
CAPÍTULO II. Medidas especiales en salud pública - arts. 70 a 79
TÍTULO IX. Régimen sancionador - arts. 80 a 91
Norma citada en: 14 sentencias, 4 artículos doctrinales, 45 disposiciones normativas, una resolución administrativa
La salud pública actual tiene en España sus orígenes en la Instrucción General de Sanidad, aprobada por Real Decreto de 12 de enero de 1904, que concretó en el ámbito jurídico la figura del inspector de sanidad en sus tres niveles territoriales: general, provincial y municipal. La inspección sanitaria tenía entre sus obligaciones vigilar el estado de la salud de la población mediante la vigilancia y la profilaxis de las enfermedades infecciosas, la salubridad urbana, la higiene alimentaria, el control de las vacunaciones y la elaboración de las estadísticas sanitarias. Un hito esencial para la dotación de profesionales adecuados a las nuevas actividades sanitarias fue la creación, mediante Real Decreto de 9 de diciembre de 1924, de la Escuela Nacional de Sanidad.
El título IV propone, con la creación de la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública, una mayor implicación institucional, especialmente con la administración local, la creación de mecanismos de participación y coordinación, una respuesta más eficiente ante las distintas situaciones que se generen y un marco que permita la mejor gestión de los recursos humanos y materiales. Se crea asimismo una Oficina de Información y Comunicación en Salud Pública, con la finalidad de obtener un mayor rendimiento en el tratamiento de la información normalizada, así como adaptar sus mecanismos ante la aparición de las posibles crisis que generen altos niveles de preocupación en la población.
Valorar las necesidades de salud de la población, lo que significa comprender y medir los determinantes de la salud y del bienestar de la población en su contexto social, político y ecológico.
Desarrollar las políticas de salud, con lo que se contribuye a la construcción de respuestas sociales para mantener, proteger y promover la salud.
Garantizar la prestación de servicios de salud pública con criterios de eficiencia, sostenibilidad, subsidiariedad, equidad y paridad en las políticas, programas y servicios para la salud pública, todo ello en el marco de la garantía de prestación de servicios sanitarios a la población, establecida en la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana.
Describir y analizar la asociación de los factores de riesgo y los problemas de salud.
Prevenir y controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia sanitaria.
Contribuir a definir la ordenación del sistema de salud.
Fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales.
Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones sanitarias.
Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de los ciudadanos sobre su propia salud.
Gestionar y evaluar servicios y programas sanitarios en el ámbito de la salud pública.
Realizar inspecciones y auditorias en el ámbito de la salud pública.
Elaborar guías y protocolos de actuación en salud pública para ofrecer información útil y fiable.
TÍTULO II Cartera de Servicios de Salud Pública Artículos 6 a 8
Título II desarrollado por Decreto 98/2009, de 17 julio, publicado en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 21 de julio de 2009.
A los efectos de esta ley, se entiende como Cartera de Servicios de Salud Pública el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones de salud pública a que tiene derecho toda la población de la Comunidad Valenciana.
La Cartera de Servicios de Salud Pública, como manifestación del compromiso público del Consell de la Generalitat con la sociedad, será dinámica, adaptándose de forma continuada a los nuevos problemas y necesidades de salud. La Cartera de Servicios de Salud Pública la elaborará la Conselleria de Sanidad, y aprobada mediante decreto por el Consell de la Generalitat, debiendo incluir, cuanto menos, la Cartera de Servicios de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, sin menoscabo de las competencias que, con carácter exclusivo, correspondan al Estado.
Información en salud pública.
La Cartera de Servicios de Salud Pública será definida de forma detallada, con indicación precisa de las estructuras sanitarias o sociales que deban llevarla a cabo y con los sistemas de acreditación, información y registro normalizado que permitan la evaluación continua y descentralizada.
En cualquier caso, los programas de promoción de la salud, educación para la salud y prevención de la enfermedad de base o actuación individual se proveerán por los servicios sanitarios asistenciales, mientras que los de base poblacional lo serán por los servicios de salud pública. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones de carácter individual que puedan ser realizadas por los funcionarios sanitarios de salud pública, en el ejercicio de su actividad, especialmente en la actividad de inspección.
TÍTULO III Competencias de las administraciones públicas Artículos 9 a 11
CAPÍTULO I Competencias de la Generalitat Artículo 9
Las competencias de la Generalitat en materia de salud pública se ejercerán a través de la Conselleria de Sanidad, a quien corresponde planificar todos los servicios en materia de salud pública, disponer la creación de los órganos administrativos necesarios, su forma de integración en la administración sanitaria y su dependencia jerárquica, proponer la creación de las personificaciones instrumentales precisas y establecer las normas para ejercer la coordinación de las entidades e instituciones que tengan atribuidas competencias.
Las competencias de la Conselleria de Sanidad son las siguientes:
Elevar al Consell de la Generalitat, para su aprobación si procede, la propuesta del Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, su seguimiento y evaluación.
La creación, desarrollo y explotación de un sistema de información en salud que permita conocer y actuar sobre el estado de salud de la población, los factores de riesgo que incidan sobre la misma y las desigualdades en salud.
La vigilancia e intervención frente a zoonosis, brotes epidémicos y situaciones de riesgo, así como frente a enfermedades prevalentes, emergentes y reemergentes.
Promocionar hábitos de vida saludable entre la población, con atención específica a los grupos sociales más vulnerables.
La vigilancia y control de las actuaciones relacionadas con la salud de la población trabajadora.
La vigilancia y control sanitario en materia de productos químicos y biocidas.
La atención al medio ambiente en cuanto a su posible repercusión sobre la salud humana, sin perjuicio de las competencias de otras consellerías y administraciones públicas. A estos efectos le corresponden, entre otras:
. La vigilancia sanitaria de la calidad de las aguas potables de consumo público, así como de las aguas de baño y recreativas.
. La vigilancia sanitaria de la contaminación atmosférica.
. La vigilancia sanitaria de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos.
. La vigilancia sanitaria de los equipos de transferencia de masa de agua en corrientes de aire con producción de aerosoles.
. La vigilancia sanitaria de la contaminación acústica, electromagnética y radiactiva.
La vigilancia sanitaria y el control oficial en la producción, transformación, almacenamiento, transporte, manipulación, comercialización y venta de alimentos, bebidas y productos relacionados directa o indirectamente con la alimentación, incluida su autorización.
Fomentar la formación e investigación en el ámbito de la salud pública.
Coordinar las actuaciones públicas y privadas en materia de salud pública.
CAPÍTULO II Competencias de las entidades locales Artículos 10 y 11
ARTÍCULO 10 Competencias de los ayuntamientos.
La Conselleria de Sanidad, a través de la Cartera de Servicios de Salud Pública, establecerá las directrices, planes y programas de actuación en salud pública y coordinará con los ayuntamientos y diputaciones el nivel de responsabilidad y funciones que deben asumir, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y siguientes de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el marco de lo previsto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
La coordinación entre la administración local y la Generalitat en el ámbito de la salud pública se llevará a cabo a través de los órganos previstos en esta ley y sin perjuicio de las disposiciones establecidas al respecto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo.
TÍTULO IV Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública Artículos 12 a 29
Título IV, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 12 a 15
Capítulo I, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Capítulo I, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
ARTÍCULO 15 Competencias de la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública Son competencias de la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública:
CAPÍTULO II Estructura de la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública Artículos 16 a 23
Capítulo II, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Capítulo II, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 17, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 17, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 18, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 18, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 19, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 19, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 20, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 20, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 21, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 21, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 22, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 22, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 23, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 23, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO III Régimen económico, presupuestario y contable Artículos 24 y 25
Capítulo III, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Capítulo III, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
ARTÍCULO 24 Régimen económico La Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública dispondrá de los siguientes recursos económicos para el cumplimiento de sus fines:
Artículo 24, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 24, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 25, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 25, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO IV Régimen patrimonial Artículo 26
Capítulo IV, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Capítulo IV, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 26, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 26, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO V Del personal de la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública Artículos 27 a 29
Capítulo V, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Capítulo V, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 27, apartado 4 cumplimentado por Decreto 166/2006, de 3 noviembre, publicado en DO. Generalitat Valenciana el 7 de noviembre de 2006-
Artículo 27, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 27, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 28, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 28, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 29, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 29, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
TÍTULO V Seguridad alimentaria Artículos 30 a 49
Título V, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Título V, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO I Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria Artículos 30 a 44
SECCIÓN 1ª, Disposiciones generales Artículos 30 a 34
Sección 1ª, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Sección 1ª, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 30, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 30, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 31, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 31, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 32, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 32, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 33, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 33, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 34, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 34, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
SECCIÓN 2ª Órganos de la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria Artículos 35 a 40
Sección 2ª, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Sección 2ª, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 35, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 35, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 36, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 36, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 37, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 37, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 38, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 38, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 39, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 39, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 40, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 40, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
SECCIÓN 3ª Régimen de personal y económico Artículos 41 a 44
Sección 3ª, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Sección 3ª, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 41, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 41, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 42, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 42, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 43, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 43, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 44, derogado por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 22 de Octubre de 2012.
Artículo 44, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO II Plan de Seguridad Alimentaria Artículos 45 a 49
Garantizar la inocuidad para el consumidor de los alimentos y aguas de consumo en relación con los contaminantes bióticos o abióticos que pudieran contener.
Garantizar en todos los eslabones de la cadena alimentaria la incorporación de los dispositivos de control necesarios, de forma habitual, periódica y programada.
Evaluar y gestionar los riesgos asociados al consumo de los alimentos, mediante la identificación y caracterización de los posibles peligros.
Elevar el nivel de salud individual y colectiva de la población mediante la modificación de actitudes y conductas en relación con las prácticas de la alimentación, y de manera especial de los manipuladores de alimentos.
Adecuar los recursos y efectivos de inspección y control oficial de alimentos, así como los propios de la investigación analítica de los contaminantes bióticos y/o abióticos susceptibles de estar presentes en los alimentos.
Garantizar la implantación de los sistemas de autocontrol en las empresas e industrias agroalimentarias, mediante sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico, y su control oficial mediante auditorías.
Fomentar la educación e información de los consumidores sobre la naturaleza y contenido de los productos alimenticios.
Impulsar la participación interinstitucional para el abordaje de la seguridad alimentaria.
Códigos de prácticas correctas.
El autocontrol, o el control permanente que las empresas del sector agroalimentario realizan sobre sus propios sistemas de producción, garantizará la puesta en el mercado de productos seguros, y convierte a los empresarios y demás agentes económicos en los responsables principales de la seguridad alimentaria. El autocontrol estará basado en los siete principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).
El uso de códigos de prácticas correctas, como instrumento valioso que oriente a los agentes económicos del sector alimentario en todos los niveles de la cadena alimentaria en el cumplimiento de las normas sobre higiene de los productos alimenticios y en explotaciones agrarias.
El control oficial es aquel que, efectuado por las administraciones competentes, tiene por finalidad comprobar que se cumple la normativa sobre alimentación humana y animal, con objeto de prevenir riesgos para la salud pública, la sanidad animal y vegetal, garantizando la lealtad de las transacciones comerciales y protegiendo los intereses de los consumidores, incluyendo las disposiciones que tienen como objeto la información de los consumidores.
La trazabilidad es uno de los principios fundamentales de la seguridad alimentaria, que permite que, ante la pérdida de seguridad de cualquier producto, se adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo a los consumidores, mediante la aplicación de los procedimientos adecuados para su retirada del mercado.
La información y formación de los consumidores comprenderá la comunicación sobre la naturaleza de los riesgos y las medidas para controlarlos, información que oriente con acierto la elección de compra de los consumidores y la formación necesaria que permita la prevención de los riesgos que puedan derivarse del consumo de los alimentos.
La definición de objetivos específicos que se pretende alcanzar.
La relación de programas de fomento y control de la seguridad de los alimentos.
El conjunto de medios, tanto públicos como privados, que soportan las actuaciones.
Los instrumentos técnicos e indicadores necesarios para la evaluación y seguimiento de los resultados.
Los planes de acción anual son elaborados anualmente por la Dirección Técnica de la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, que los eleva para su aprobación al Consejo de Dirección.
Los planes de acción anual deben referirse necesariamente, al menos, a los siguientes extremos:
Los objetivos anuales que se pretenden alcanzar.
Las actuaciones que se pretenden desarrollar.
La descripción de los programas.
El detalle de recursos personales y financieros necesarios.
La relación de disposiciones administrativas cuya adopción deviene necesaria.
TÍTULO VI Centro Superior de Investigación en Salud Pública Artículos 50 a 63
Título VI desarrollado por Decreto 120/2008, de 5 septiembre, publicado en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 9 de septiembre de 2008.
Título VI, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 50 a 53
Artículo 50, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 51, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 52, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 53, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO II Estructura y organización del Centro Superior de Investigación en Salud Pública Artículos 54 a 58
ARTÍCULO 54 Estructura y órganos de gobierno La estructura básica del Centro Superior de Investigación en Salud Pública estará constituida por los siguientes órganos:
Artículo 54, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 55, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 56, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 57, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 58, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO III Régimen económico-financiero Artículos 59 a 61
ARTÍCULO 59 Recursos económicos El Centro Superior de Investigación en Salud Pública dispondrá de los siguientes recursos económicos:
Artículo 59, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 60, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 61, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
CAPÍTULO IV Régimen de personal Artículos 62 y 63
Artículo 62, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
Artículo 63, derogado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Mayo de 2013.
TÍTULO VII Información en salud pública Artículos 64 a 67
Valorar las necesidades de salud en la comunidad mediante la identificación de los problemas de salud que afectan a la población de la Comunidad Valenciana, así como sus riesgos y el análisis de los determinantes de la salud o sus efectos.
Realizar el análisis epidemiológico continuo del estado de salud de los valencianos, detectando los cambios que puedan producirse en la tendencia y distribución de los problemas de salud.
Establecer un mecanismo eficaz de detección, alerta precoz y respuesta rápida frente a los riesgos potenciales para la salud.
Realizar o proponer los estudios epidemiológicos específicos para un mejor conocimiento de la situación de salud de la Comunidad Valenciana, así como otros estudios en salud pública.
Aportar la información necesaria para facilitar la planificación, gestión, evaluación e investigación sanitaria.
Difundir la información epidemiológica a todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.
Con carácter subsidiario, servir de base para la elaboración de las estadísticas de interés de la Generalitat.
Desarrollo y utilización de mecanismos de análisis, asesoramiento, notificación, información y consulta sobre cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario, especialmente en lo que hace referencia a las actividades de promoción y protección de la salud y de prevención de la enfermedad.
Desarrollo y mantenimiento de redes telemáticas, u otro tipo, para el intercambio de información sobre la mejor práctica en materia de salud pública, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.
Crear y usar mecanismos para informar y consultar a las organizaciones de los pacientes, los profesionales sanitarios y otros agentes interesados en las cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario.
Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios tanto del sector público como privado, así como los profesionales sanitarios en ejercicio, están obligados a adaptar sus sistemas de información y registros con la finalidad de posibilitar el Sistema de Información en Salud Pública.
Todas las administraciones públicas o personas físicas o jurídicas están obligadas a participar, en el ámbito de sus competencias, en el Sistema de Información en Salud Pública. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones, que versen sobre materias relacionadas con la salud pública, serán comunicados a este Sistema de Información con objeto de su tratamiento posterior para garantizar la salud de los habitantes de la Comunidad Valenciana, así como con fines históricos, estadísticos o científicos en el ámbito de la salud pública. La cesión de datos de carácter personal estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
En todos los niveles del Sistema de Información en Salud Pública se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos, quedando obligados al secreto profesional todos aquellos que, en virtud de sus competencias, tengan acceso a los mismos.
TÍTULO VIII Intervención y medidas especiales en salud pública Artículos 68 a 79
CAPÍTULO I Intervención en salud pública Artículos 68 y 69
Las autoridades sanitarias, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán intervenir las actividades públicas y privadas de las que, directa o indirectamente, pueda derivarse un riesgo para la salud y seguridad de los ciudadanos, a través de los siguientes medios:
Sometimiento a previa autorización sanitaria. La autorización otorgada por las autoridades sanitarias no exime de obtener otras licencias o autorizaciones requeridas por la Generalitat u otras administraciones públicas.
Sometimiento a inspecciones y otros actos de control preventivo.
Sometimiento a reglamentaciones que establezcan las condiciones de funcionamiento y ejercicio de las actividades.
Sometimiento a prohibiciones u órdenes de mandato que contengan los requisitos mínimos para el uso y tráfico de bienes.
Adopción de medidas especiales para la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos.
Las actuaciones de intervención respetarán los principios de igualdad de trato, libertad individual y proporcionalidad.
ARTÍCULO 69 Actuaciones inspectoras u otros actos de control preventivo En el ejercicio de las funciones de inspección u otros actos de control preventivo, los funcionarios sanitarios de salud pública actuantes tienen la consideración de agentes de la autoridad sanitaria y, previa acreditación de su condición, están facultados para:
Entrar libremente y sin previa notificación en todo centro o establecimiento objeto de inspección y control oficial.
Realizar las pruebas, investigaciones y exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la legislación vigente.
Tomar o sacar muestras en orden a la comprobación del cumplimiento de la legalidad vigente.
Acceder a la documentación industrial, mercantil y contable de los centros que inspeccionen cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de su función.
Realizar cuanto sea preciso en orden al cumplimiento de las funciones de inspección o control que realicen.
CAPÍTULO II Medidas especiales en salud pública Artículos 70 a 79
Las autoridades sanitarias, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder a la adopción de las medidas especiales que resulten necesarias para garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos ante la existencia o sospecha razonable de existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud de los ciudadanos.
Las medidas a utilizar por la administración serán, entre otras:
El cierre de empresas o sus instalaciones.
Inmovilización cautelar de productos.
Intervención de medios materiales o personales.
Prohibición de comercialización de un producto u ordenar su retirada del mercado y, cuando sea necesario, acordar su destrucción en condiciones adecuadas.
Cuando la situación de riesgo sea debida a la situación sanitaria de una persona o grupo de personas, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
La duración de las medidas de carácter temporal a que se refieren los artículos anteriores no excederá de lo que exija la situación que la motiva, ello sin perjuicio de las posibles prórrogas que puedan acordarse mediante resolución motivada.
Todas las medidas contenidas en el presente título deberán atender a los siguientes principios:
No se podrán ordenar medidas que conlleven riesgo para la vida.
Serán preferidas aquellas medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación de las personas y los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos de los administrados.
Proporcionalidad de la medida a los fines perseguidos y a la situación que la motiva.
Todas las administraciones públicas, en su ámbito competencial, así como las entidades o instituciones privadas y los particulares, tienen el deber de colaborar con las autoridades sanitarias cuando sea necesario para la efectividad de las medidas adoptadas.
La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas, cuando sea necesaria para la protección de la salud pública, será obligatoria. El requerimiento de comparecencia deberá ser motivado.
En el caso de que los titulares de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias, detecten la existencia de riesgos para la salud derivados de la actividad o de los respectivos productos, están obligados a informar de inmediato de los mismos a las autoridades sanitarias correspondientes y retirar, si procede, el producto del mercado o cesar esta actividad de la forma que reglamentariamente se determine.
Podrá acordarse el cierre de empresas o sus instalaciones o la suspensión o prohibición de actividades por requerirlo la salud colectiva, por incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente o por la falta de autorizaciones preceptivas.
Para la adopción de estas medidas será necesaria resolución motivada, una vez cumplimentado el trámite de audiencia a las partes interesadas que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
En el supuesto de riesgo inminente y extraordinario para la salud pública, podrá prescindirse del trámite de audiencia, sin perjuicio de que, posteriormente a la adopción de cualquiera de estas medidas, deban ser oídos los interesados, y ser confirmadas, modificadas o levantadas, mediante decisión motivada.
Serán autoridades competentes para la adopción de estas medidas las que se determinen reglamentariamente.
Podrá acordarse la inmovilización de un producto o lote de productos cuando exista o se sospecha razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.
La inmovilización cautelar podrá ser ordenada por cualquiera de las personas recogidas en el artículo 5 de esta ley.
La inmovilización acordada deberá ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente, que deberá dictarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
La adopción de esta medida comporta la prohibición de manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de los productos inmovilizados por la autoridad sanitaria.
Procederá la adopción de la intervención cautelar de medios materiales cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud y seguridad de los ciudadanos.
Será competente para la adopción de esta medida la autoridad sanitaria que reglamentariamente se determine.
La intervención acordada deberá ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo correspondiente, que deberá dictarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.
La adopción de esta medida comporta la prohibición de manipulación, traslado o disposición en cualquier forma de los bienes intervenidos por la autoridad sanitaria.
Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, derivado de la intervención de determinada persona o personas en el proceso de producción de bienes o de prestación de servicios, se podrá prohibir su participación en el mismo mediante decisión motivada, por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo.
Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupos de personas, se podrá ordenar la adopción de las medidas preventivas generales y de intervención entre las que se incluyen las de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control individual sobre la persona o grupos de personas, mediante decisión motivada, por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo. La adopción de medidas que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental está sujeta a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, y a la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Será competente para la adopción de estas medidas la autoridad sanitaria que reglamentariamente se determine.
La autoridad sanitaria que se determine reglamentariamente, previa instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y mediante resolución motivada, podrá ordenar la retirada definitiva del mercado de un producto o lote de productos o prohibir su comercialización, cuando resulte probada la falta de seguridad o la peligrosidad de los mismos para los ciudadanos o existan sospechas razonables de su peligrosidad sin posibilidad práctica de determinar su seguridad.
Cuando sea necesario podrá acordarse asimismo la destrucción del producto o lote de productos en condiciones adecuadas.
Serán de cuenta de la persona responsable los gastos derivados de la adopción de las medidas contempladas en este precepto.
El plazo para resolver y notificar los procedimientos administrativos a que se refiere el presente capítulo será de seis meses contados desde la fecha en que se dicte el acuerdo de incoación del mismo.
TÍTULO IX Régimen sancionador Artículos 80 a 91
Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo producido fuese de escasa entidad.
Las que, en razón de los criterios contemplados en los artículos 82 a 84, merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como graves o muy graves.
Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable a cada caso.
El ejercicio o desarrollo de cualquiera de las actividades sujetas a autorización sanitaria previa o registro sanitario sin contar con dicha autorización o registro cuando sean preceptivos, así como la modificación no autorizada por la autoridad competente de las condiciones técnicas o estructurales expresas sobre las cuales se otorgó la correspondiente autorización.
La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones o desarrollo de cualquier actividad, cuyo precintado, clausura, suspensión, cierre o limitación de tiempo hubiera sido establecido por la autoridad competente, siempre que se produzca por primera vez y no concurra daño grave para la salud de las personas.
Las que se produzcan de forma negligente, por la falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate y dé lugar a riesgo o alteración sanitaria grave.
El incumplimiento del deber de colaboración, información o declaración hacia las autoridades sanitarias para la elaboración de los registros y documentos de información sanitaria que establezca la normativa aplicable. Así como no seguir, las entidades o personas responsables, los procedimientos establecidos para el suministro de datos y documentos o haciéndolo de forma notoriamente defectuosa.
La resistencia a suministrar datos, a facilitar información, o a prestar la colaboración a las autoridades sanitarias o a los funcionarios sanitarios de salud pública, en el ejercicio de sus funciones y, en general, cualquier acción u omisión que perturbe, retrase o impida la labor de los funcionarios sanitarios de salud pública.
Incumplir los deberes de confidencialidad y/o custodia de la información relativa a la salud de los trabajadores.
El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente con trascendencia directa para la salud pública.
Las que, en razón de los elementos contemplados en los artículos 82 a 84, merezcan la calificación de graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves.
La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones o el desarrollo de cualquier actividad cuyo precintado, clausura, suspensión, cierre o limitación de tiempo hubiera sido establecido por la autoridad competente, cuando se produzca de modo reiterado aún cuando no concurra daño grave para la salud de las personas.
El incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa sanitaria o cualquier otro comportamiento doloso aunque no dé lugar a riesgo o alteración sanitaria grave.
La preparación, distribución, suministro o venta de alimentos o bebidas que contengan gérmenes, sustancias químicas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre, o que superen las limitaciones o tolerancia reglamentariamente establecida en la materia con riesgo grave para la salud.
La negativa absoluta a facilitar información, a suministrar datos o a prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a los funcionarios sanitarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones.
La elaboración, distribución, suministro o venta de productos alimenticios cuando en su presentación se induzca a confundir al consumidor sobre sus verdaderas características nutricionales, con trascendencia directa para la salud.
Las que, en razón de los elementos contemplados en los artículos 82 a 84 y de su grado de concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves.
Las infracciones en materia de salud pública se sancionarán de la siguiente manera:
Multas hasta 3.000 euros, las infracciones leves.
Multas desde 3.000,01 hasta 15.000 euros, las infracciones graves.
Multas desde 15.000,01 hasta 600.000 euros, las infracciones muy graves. En este supuesto, el Consell de la Generalitat podrá acordar, además, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un tiempo no superior a 5 años, con los efectos laborales que determine la legislación correspondiente.
Igualmente en el caso de infracciones muy graves, el Consell de la Generalitat podrá acordar la supresión, cancelación o suspensión, total o parcial, de las ayudas oficiales, tales como créditos, subvenciones, desgravaciones u otras, que tuviere reconocidas y podrá quedar inhabilitado para contratar con las administraciones públicas en los términos que establezca la legislación sobre contratación pública.
No tendrá el carácter de sanción la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 75 de esta ley.
La imposición de una sanción no es incompatible con la obligación de reponer la situación alterada a su estado originario y con las indemnizaciones que, de acuerdo con la legislación vigente, deba satisfacer el sujeto responsable.
La autoridad sanitaria a quien corresponda resolver el procedimiento sancionador podrá imponer como sanción accesoria el decomiso de los bienes o productos deteriorados, caducados, adulterados, no autorizados o que puedan entrañar riesgo para la salud, siendo de cuenta del infractor los gastos que origine su intervención, depósito, decomiso, transporte y destrucción.
La sanción a imponer será proporcionada a la gravedad del hecho y se graduará atendiendo a la existencia de intencionalidad o reiteración, generalización de la infracción, reincidencia por la comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, naturaleza de perjuicios causados, incumplimiento de advertencias previas, volumen de negocios, número de personas afectadas y cualquier otra circunstancia que incida en el grado de reprochabilidad de la conducta o culpabilidad del responsable.
Al imponer la sanción se deberá prever que la comisión de la infracción no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
Son sujetos responsables las personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en materia de salud pública.
La responsabilidad administrativa se entiende sin perjuicio de la que penal o civilmente pueda corresponder al inculpado.
Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzara a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido, y se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose si el expediente estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, a los dos años las impuestas por faltas graves, y a los tres años las impuestas por faltas muy graves.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción, y se interrumpirá con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, reanudándose si el expediente estuviera paralizado durante mas de un mes por causa no imputable al infractor.
El procedimiento sancionador será el establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
La potestad sancionadora para la imposición de sanciones por infracciones en materia de salud pública corresponde a la Generalitat y a las corporaciones locales.
Cuando la potestad sancionadora se ejerza por la Generalitat, corresponderá a los órganos que, reglamentariamente, la tengan atribuida, pudiendo ser objeto de delegación conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No podrá delegarse el ejercicio de la potestad sancionadora en el órgano a quien correspondería resolver los recursos que puedan proceder contra la resolución que imponga la sanción.
Las corporaciones locales podrán imponer multas, por infracciones cometidas en su territorio y dentro de su ámbito competencial, hasta el límite de 15.000 euros.
Para evitar la doble imposición de sanciones por los mismos hechos, las autoridades municipales darán cuenta, a los órganos competentes de la Generalitat que se determinen reglamentariamente, de la incoación y resolución de expedientes sancionadores. Asimismo la Generalitat llevará a cabo las notificaciones que sean necesarias de los expedientes que instruyan a los Ayuntamientos.
Las plazas de farmacéuticos de Salud Pública serán provistas por medio de sucesivos procedimientos selectivos, en los que respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad se valorarán especialmente los servicios prestados en calidad de farmacéutico titular interino al servicio de la Sanidad Local. La extinción de las plazas de farmacéutico titular ocupadas por personal interino se iniciará una vez finalizado el primer proceso de selección de farmacéuticos de salud pública, en la medida que resulte necesario para dar lugar a éste. La amortización del resto de las plazas se efectuará de forma escalonada en sucesivos ejercicios presupuestarios, con ocasión de los correspondientes procesos de selección y coberturas de plazas de farmacéutico de salud pública.en base a las necesidades existentes., garantizando de este modo el más adecuado funcionamiento de los servicios de salud pública.
. Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública.
. Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria.
. Centro Superior de Investigación en Salud Pública.
DECRETO 265/2000, de 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Boca de Huérgano (León).
RESOLUCIÓN CLT/1774/2017, de 20 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, por el que se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para actividades de las empresas discográficas.