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Timestamp: 2017-10-18 11:17:40
Document Index: 390442078

Matched Legal Cases: ['artículo 403', 'artículo 399', 'artículo 424', 'artículo 266', 'artículo 269', 'artículo 264', 'artículo 265']

Auto A.P. Sevilla 114/2010 de 14 de mayo. Administración concursal. Acreedores. Impugnación. Estimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Auto A.P. Sevilla 114/2010 de 14 de mayo
Administración concursal: Estimación de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores del informe de la administración concursal. Impugnación de créditos.
ROLLO: 6821/2009
JUZGADO: Mercantil núm. 1 de Sevilla
AUTOS: 778/2008
DON JOSE HERRERA TAGUA
En Sevilla, a catorce de mayo de dos mil diez.
Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho del Auto apelado que con fecha 29 de octubre de 2008, dictó la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla, en los autos núm. 778/2008, promovidos por la entidad Contsa Corporación Empresarial S.A., representada por el Procurador D. Rafael Campos Vázquez, contra la Administración Concursal y contra D. Teofilo, cuya parte dispositiva literalmente dice: "DISPONGO: Inadmitir a trámite las demandas incidentales de impugnación de la lista de acreedores del informe de la administración concursal, presentadas por el Procurador Sr. Campos Vázquez en nombre y representación de la entidad CONTSA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A."
Primero.-Notificada a la parte actora dicha resolución y apelada por la misma, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, previo emplazamiento de la parte para su personación ante esta Superioridad por término de 30 días, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.
Segundo.-Acodada por la Sala la deliberación y fallo de este recurso, la misma tuvo lugar el día 13 de mayo de 2009, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.
Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON JOSE HERRERA TAGUA.
Primero.-Por el Procurador Don Rafael Campos Vázquez, en nombre y representación de la entidad Contsa Corporación Empresarial, S.A., se presentó 128 demandas, salvo error u omisión, sobre impugnación de créditos incluidos en la lista formalizada por la Administración concursal, al estimar que no adeudaba el importe de los mismos. Por parte del Juzgado, tras la oportuna acumulación, dictó Auto por el que inadmitía a trámite las citadas demandas, contra el que interpuso recurso de apelación la parte actora a los efectos de que se revocara dicha decisión.
Segundo.-Sobre la cuestión planteada en esta litis, ha declarado esta Sala en innumerables ocasiones que la inadmisión de la demanda es una medida extraordinaria y excepcional, como expresamente dispone el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solo admisible en los supuestos expresamente en la citada ley. En cualquier caso, es necesario que dicho escrito rector reúna una serie de requisitos intrínsecos y esenciales que regula el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, además de la identificación de las partes, que se concrete y especifique la razón de ser de la demanda, es decir, de la causa de pedir, al ser el medio necesario para que el demandado conozca por qué ha sido traído al proceso y, de ese modo, pueda combatir las pretensiones del actor, o, al contrario, mostrar su conformidad. Se trata de que la demanda contenga los datos, circunstancias, argumentos y razonamientos necesarios, pero con la suficiente claridad y precisión, de ahí que la citada norma disponga que los hechos se relaten de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Igualmente será necesaria una exposición detallada de los fundamentos que sostienen la pretensión. Con ello, se pretende evitar, como señala la Sentencia de 16 de junio de 1.970, no la facultad interpretativa del Tribunal, sino que tenga que descifrar enigmas o tener que plantearse hipótesis sobre bases ininteligible, lo que equivale a que prácticamente falte la petición y no pueda resolver por ausencia de las mismas.
De ahí que, de las normas que regulan la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, especialmente del artículo 424 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deduzca que su admisión ha de ser restrictiva, es decir, tiene un carácter excepcional y extraordinario. Sólo será posible decretar el archivo o el sobreseimiento cuando no se realicen las aclaraciones y precisiones interesadas por el Tribunal, pero siempre y cuando, pese a la desidia de la parte actora en cumplir el requerimiento judicial, fuese absolutamente imposible determinar las pretensiones que contiene el suplico de la demanda, es decir, que no bastaría una situación de indeterminación o confusión relativa, sino que ha de ser plena y absoluta. De modo que sólo se podrá inadmitir en aquellos supuestos que exija un esfuerzo excepcional, extraordinario y especial al Tribunal, y a la parte demandada, para conocer las pretensiones que constituyen y conforman la demanda.
Conforme a una reiterada y constante jurisprudencia, sólo sería inadmisible la demanda o procedería estimarse la citada excepción, cuando la demanda no reúna los requisitos legalmente previstos, STS de 30 de septiembre de 2.002. En este sentido, declara la Sentencia de 18 de diciembre de 2.003 que: "Tiene declarado esta Sala, que los requisitos de la claridad y previsión en la demanda no tienen otra finalidad que la de que los Tribunales pueden decidir con certeza y seguridad sobre la reclamación interesada, única manera de que la decisión, en vez de nula, sea adecuada y congruente con el debate sostenido (sentencia de 13 de octubre de 1919), y que: "Para cumplir con este requisito formal basta con que en la demanda se indique lo que se pide de modo y manera y con las características precisas para que el demandado pueda hacerse cargo de lo solicitado (sentencia de 4 de julio de 1924 ": igualmente tiene declarado esta Sala que: "Lo proclamado por estos preceptos (arts. 524 y 533.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) no hay que entenderlo con el rigor formal de una literalidad gramatical en las peticiones de las demandas, proyectadas en sus suplicos, si en el sentido de que éstas adecuadamente cohonestadas con las remisiones que en ellas se hagan en las pretensiones consignadas en su exposición fáctica, con manifestaciones en fundamentación jurídica, pongan de relieve lo en definitiva reclamado, ya que el Derecho lo que impone son posibilidades reales y efectivas de conocimiento indubitado de lo que se reclama y no especulaciones teóricas que no desvirtúen ese conocimiento" (sentencia de 28 de febrero de 1978)". En parecidos términos se pronuncia la Sentencia de 2 de junio de 2.004.
En definitiva, como en reiteradas ocasiones ha señalado el Tribunal Constitucional para que tenga consecuencias jurídicas esa inactividad de la parte actora, se exige que la infracción de los defectos formales sean graves y no se hayan subsanados pese al requerimiento en ese sentido, y, en todo caso, la interpretación de esos requisitos formales y procesales ha de hacerse en el sentido más favorable. En este sentido destacan las Sentencias de 2 de julio de 1.990 (121/90) y 23 de mayo de 1.990 (92/90), esta última declara que: "el derecho a la tutela judicial impide la clausura de un procedimiento por defectos que puedan subsanarse sin perjuicio de otros derechos o intereses igualmente legítimos. El órgano judicial está obligado, en consecuencia, a rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos procesales que le conduzcan a negar el derecho de acceso a la jurisdicción, debiendo utilizar, en su lugar, la que resulte ser la más favorable al ejercicio de aquel derecho fundamental, concediendo a la parte la posibilidad de subsanar los defectos u omisiones procesales que sean susceptibles de subsanación, tal y como, por otro lado, dispone el art. 11.3 LOPJ (cfr., recientemente, la STC 33/1990, f. j. 3.º, que recoge la doctrina consolidada del Tribunal), así como los arts. 240.2 y 243 de dicha Ley Orgánica que consagran los principios de conservación y convalidación de los actos procesales irregulares".
Sólo la falta de presentación de los documentos a que se refiere el artículo 266, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 269-2.º, dará lugar a la no admisión de la demanda, desde luego hemos de entender una vez que requerido a tal efecto no haya subsanado el correspondiente defecto, al igual que respecto de los documentos que se refiere el artículo 264. Los demás documentos relacionados en el artículo 265, salvo la excepción contemplada en el párrafo tercero, su falta presentación, afectará a las consecuencias negativas de la carga de la prueba, dado que no podrán presentarse con posterioridad, pero no conllevará que se inadmita la demanda.
Sobre la base de todas estas premisas, esta Sala no puede compartir la decisión recurrida, dado que se trata de inadmitir la demanda por cuestiones de fondo, que pudieran ser ciertas y legítimas, pero no en este momento procesal, es decir, no pueden servir de justificación para rechazar la tramitación de las demandas acumuladas en los presentes autos, ya que se podrá rechazar la tramitación, pero solo por cuestiones formales.
Tercero.-Las precedentes consideraciones han de conducir, con estimación del recurso de apelación, a la revocación del Auto recurrido, y, en su lugar, a que se dicte otro por que admita a trámite las demandas presentadas, siempre y cuando reúnan los requisitos legales, sin pronunciamiento en cuanto a las costas de esta alzada.
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Rafael Campos Vázquez, en nombre y representación de la entidad Contsa Corporación Empresarial S.A., contra el Auto dictado en 29 de octubre de 2009, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla, en los autos 778/08, lo debemos revocar y revocamos, y, en su lugar, que se dicte otro que admita a trámite las demandas presentadas, siempre y cuando reúnan los requisitos legales, y sin pronunciamiento en cuanto a las costas de esta alzada.
Y en su día, devuélvanse las actuaciones originales con certificación literal de este Auto y despacho para su ejecución y cumplimiento, al Juzgado de procedencia.