Source: https://www.scribd.com/doc/172525073/Documento-Sombra-Discapacidad-ONU-oct2013
Timestamp: 2016-08-28 07:58:25
Document Index: 379510381

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 35', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 43', 'artículo 12', 'artículo 43', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 29', 'Artículo 3', 'artículo 9', 'Artículo 94', 'in fine', 'in fine']

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REDI - ADC – FAICA - ACIJ
A la Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Dra. María Soledad Cisternas Reyes S/D.Por medio del presente informe, elaborado mancomunadamente entre organizaciones de organizaciones de Personas con Discapacidad (en adelante PCD), dirigidas por PCD; así como organizaciones transversales de derechos humanos, en el marco de lo dispuesto por el artículo 33 inciso 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD), le hacemos llegar información en relación a las diferentes problemáticas planteadas a raíz de la implementación de los artículos 12 y 29 de la CDPD. Ello, en consideración del párrafo 56 de las Observaciones Finales al informe inicial presentado por el Estado Argentino, en virtud del cual el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante el Comité) “solicita al Estado Argentino que le presente, en el plazo de do doce ce meses y de conformidad con el párrafo 2 del artículo 35 de la Convención, información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 22 y 48 48”. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. atentamente.-
ARTÍCULO 12: IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY El Comité examinó el informe inicial presentado por Argentina en virtud del artículo 35 de la CDPD en sus sesiones 79ª y 80ª, celebradas el 19 y 20 de septiembre de 2012, y aprobó sus Observaciones Finales a dicho informe en su 91ª sesión, celebrada en septiembre de 2012. En el parágrafo 22 de las Observaciones Finales, el Comité instó al Estado argen argentino tino “a que el Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial elimine la figura de la interdicción judicial y que garantice en dicho proceso de revisión la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad”. Asimismo, , solicitó al Estado “que le presente, en el plazo de doce meses y de conformidad con el párrafo 2 del artículo 35 de la CDPD, , información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en [el párrafo] 22”. Ese plazo se cumple el 27 de septiembre de 2013. Sobre las acciones implementadas por el Estado parte para que el Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial elimine la figura de la interdicción judicial
Tal como señaló el Comité, el Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, remitido al Congreso de la Naciónel 7 de junio de 2012 mediante el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N° 884/2012, “conserva la figura de la interdicción judicial y deja a total discreción del juez la decisión de designar un curador o de determinar los apoyos necesarios para la toma de decisiones de las personas con discapacidad”, en grave violación al artículo 12 de la CDPD. Así, el artículo 32 del proyecto establece que: “El juez puede restringir la capacidad de una persona mayor de TRECE (13) años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Cuando por causa de enfermedad mental una persona mayor de TRECE (13) años de edad se encuentra en situación de falta absoluta de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes, el juez puede declarar la incapacidad. En ambos casos, según corresponda, el juez debe designar un curador o los apoyos que resulten necesarios y fijar sus funciones”1. La Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, creada el 4 de julio de 2012, es el órgano encargado del “análisis del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación (...); la redacción del proyecto de ley correspondiente y la elaboración del despacho previo a su tratamiento legislativo”2. En los registros públicos que contienen información sobre las acciones desarrolladas y las audiencias celebradas por los miembros de la Comisión para analizar el contenido del proyecto3, no existen evidencias de que los miembros de la Comisión Bicameral hayan debatido el contenido y alcance de las disposiciones vinculadas a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y se hayan propuestos cambios a esta regulación de modo tal de eliminar la figura de la interdicción judicial. Con excepción de las audiencias públicas en las que representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron sus objeciones al proyecto y propuestas de modificación del régimen de capacidad jurídica, las únicas referencias sustanciales a este régimen las realizaron el Presidente de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, en una audiencia celebrada el martes 14 de agosto de 2012; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, en una audiencia celebrada el martes 21 de agosto de 2012. El doctor Lorenzetti defendió la regulación de la capacidad jurídica contenida en el proyecto, al señalar:
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N° 884/2012 y Proyecto de Ley de Aprobación. Página 35. Disponible en http://www.infojus.gov.ar/_pdf/codigo_civil_comercial.pdf
2Información 3Comisión
disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/resolucion.html
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Versiones Taquigráficas de las audiencias. Información disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/versiones/index.html
“Otro aspecto vinculado a la persona que me parece de gran importancia es invertir la idea de incapacidad, porque en nuestra historia (...) la persona incapaz es segregada y excluida; se trata de un sello que se le pone a alguien para excluirlo de la sociedad (...). Nosotros hemos invertido la idea y hemos dicho que hay que presumir que la persona es capaz y quien quiera probar lo contrario tendrá que argumentar en ese sentido (...). [E]sto está en la capacidad como regla en los artículos 22 y 31 (...). Se presume la capacidad. Esto que parece tan obvio, no lo es en las prácticas sociales. Tenemos muchos problemas en los cuales las personas son limitadas en sus derechos por una aplicación distorsionada de este concepto. Siempre que hay un incapaz se le designa un curador y pierde sus derechos, se los disminuye. Entonces, este es un cambio muy importante a favor de la libertad de todas las personas. Hoy hablábamos de capacidad y de capacidad restringida, no hablamos de una incapacidad como regla. Hay algunos casos en los cuales hay incapacidad y no se puede hablar de otra cosa que no sea la incapacidad, cuando la hay es absoluta. Pero la regla es proteger la libertad (...). También me gustaría mencionar que en refuerzo de la capacidad se han previsto las denominadas “medidas de apoyo” en el artículo 43. Todo eso va a favorecer la plenitud en el desarrollo de la capacidad de las personas”4. En el mismo sentido, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sostuvo: “También se han propuesto modificaciones, no en el Título Preliminar, sino en la Parte General, en Capacidad (...). En ese sentido, el doctor Lorenzetti ha hecho un elogio importante de la modificación que se propuso del Poder Ejecutivo en cuanto a que la capacidad siempre se presume ante la incapacidad, y que el concepto que incorporó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido el de la Convención Internacional sobre Discapacidad, que es capacidad restringida como norma, y que la incapacidad funciona como excepción (...). Hay una idea o una voluntad de incorporar los preceptos de la Convención Internacional que fueron receptados positivamente por este Parlamento, más una serie de modificaciones que sostienen la modificación hecha, que van a favor de la autonomía de las personas con capacidades restringidas5. Como se desprende de las citas, si bien los redactores del proyecto y los representantes del Poder Ejecutivo involucrados reconocen la necesidad de que la legislación respete y promueva los derechos consagrados en la CDPD6 y, en consecuencia, establezca la presunción de capacidad de toda persona, aun cuando se encuentra internada;7 prevea la posibilidad de medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica8; y determine que las limitaciones a la capacidad de carácter excepcional “siempre en beneficio de la persona”9,
4Información 5Información
disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/versiones/buenosaires/2012-14-08b.html disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/versiones/buenosaires/2012-21-08.html
6“Asimismo, el presente proyecto distingue la capacidad de derecho de la capacidad de ejercicio. Las modificaciones importantes se producen en esta última, a fin de adecuar el derecho positivo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”. Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N° 884/2012 y Proyecto de Ley de Aprobación. Página 4. Disponible en http://www.infojus.gov.ar/_pdf/codigo_civil_comercial.pdf 7Proyecto 8Proyecto 9Proyecto
de Código Civil y Comercial, Art. 31, inciso a. de Código Civil y Comercial, Art. 43. de Código Civil y Comercial, Art. 31, inciso b.
al mismo tiempo justifican la subsistencia de un régimen de incapacitación y sustitución de la voluntad “por causa de enfermedad mental una persona mayor de TRECE (13) años de edad se encuentra en situación de falta absoluta de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes” y consideran que esta regulación respeta el artículo 12 de la CDPD, artículo que, según su interpretación, establece la “capacidad restringida como norma, y que la incapacidad funciona como excepción”. En otras palabras, más allá de las declaraciones efectuadas, el proyecto de ley no sólo contempla la figura de la incapacidad (en contradicción al texto convencional y a la disposición del Comité) sino que además la mantiene con el mismo grado de amplitud del Código actual. Es decir, nada impide que, luego de que se apruebe el nuevo Código, un/a juez/a civil siga considerando arbitrariamente que, a su criterio, una persona presenta “falta absoluta de aptitud” y, por ende, la declare incapaz y la someta al régimen de curatela. La enunciación de un principio general de capacidad o la inclusión (en forma totalmente inórganica y asistemática) del artículo 43 (referido a medidas de apoyo) no implican cumplimentar con la CDPD ni con el mandato del Comité. Se trata, entonces, de una modificación que nada cambia en lo sustancial la situación actual de las personas con discapacidad que habitan en Argentina. Como vimos, no existe ningún indicio formal o informal de que la Comisión Bicameral (o la Comisión redactora) sean permeables a este argumento y vayan a modificar el proyecto en el sentido referido. La última reunión de la Comisión se celebró el 21 de marzo de 2013. En esa oportunidad, la Presidenta de la Comisión señaló que se estaba redactando un dictamen de comisión (i.e. despacho previo para el tratamiento legislativo del proyecto) junto con el Ministerio de Justicia de la Nación y que se planeaba presentar “una propuesta de dictamen” a finales del mes de abril de este año10. A través de ese dictamen, el Estado estaba en condiciones de modificar el régimen legal de capacidad jurídica de las personas con discapacidad contenido en el Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y cumplir con el mandato del Comité de que elimine la figura de la interdicción judicial. No obstante, esa propuesta no fue presentada y, hasta la fecha de redacción de este informe, la Comisión no volvió a reunirse. Sobre las acciones implementadas por el Estado parte para garantizar la participación efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de revisión Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial a fin de que se elimine la figura de la interdicción judicial La Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación celebró 21 audiencias públicas en 14 ciudades de todo el país, en las que todo individuo que invocara “un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso”11, las organizaciones no gubernamentales y los organismos o autoridades públicas nacionales, provinciales o municipales podían presentar una ponencia con comentarios, objeciones y/o propuestas de modificación al texto del proyecto. En las audiencias debían estar presentes, al menos, tres senadores y tres diputados miembros de la Comisión Bicameral. Asimismo, durante las audiencias no se adoptaba ninguna resolución, pero sus conclusiones eran transmitidas a la Comisión Bicameral y puestas a disposición de todos los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación12.
10Información 11Información 12Información
disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/versiones/buenosaires/2013-03-21.html disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/reglamento.html disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/reglamento.html
Las siguientes personas y organizaciones presentaron ponencias con observaciones y propuestas de modificación a las disposiciones del proyecto vinculadas a la regulación de la capacidad jurídica: • Asesoría General Tutelar- Ministerio Público Tutelar- Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad Asociación Civil Mírame Bien Asociación Civil Tramas Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Neuquén María Cecilia Ruhl Mesa Federal de Salud Mental Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos Movimiento SuperAcción Proyecto de Extensión de Interés Social “Hacia la autonomía y la participación social de laspersonas con discapacidad” de la Universidad Nacional del Litoral Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad
Finalmente, pese a que el artículo 9 de la CDPD obliga al Estado argentino a adoptar “medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones (...) y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público” y, en particular, a identificar y eliminar los obstáculos y barreras de acceso a los edificios y otras instalaciones exteriores e interiores como los centros educativos, no en todos los casos las audiencias fueron accesibles. Por citar un ejemplo, el 10 de septiembre de 2012 la Comisión Bicameral celebró una audiencia pública en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Para acceder al edificio donde se realizó la audiencia es necesario salvar dos escalones. Por regla, el ingreso no cuenta con una rampa de acceso. En casos excepcionales en los que se organizan eventos en los que se espera la asistencia de personas con discapacidad, se coloca una rampa móvil de madera. El 10 de septiembre de 2012, esta rampa no estaba colocada en el lugar necesario para permitir que las personas con discapacidad accedieran al edificio, lo que motivó que María Cecilia Ruhl, una de las expositoras, debiera reclamar la colocación de la rampa y esperar varios minutos a que el personal de la universidad atendiera su pedido. Mientras esto sucedía en el ingreso al edificio, los organizadores se percataban de que el salón donde se desarrollaba la audiencia tampoco cumplía con las condiciones de accesibilidad necesarias, ya que el
estrado se encontraba elevado con respecto al nivel del suelo y no contaba con rampa de acceso. En consecuencia, se decidió trasladar la audiencia a otro salón más accesible.Si bien los organizadores de la audiencia pidieron disculpas por los problemas de accesibilidad, estos inconvenientes son sólo un ejemplo de las innumerables barreras que encuentran las personas con discapacidad para ejercer su derecho a la participación en la vida política y pública (artículo 29 de la CDPD), entre otros derechos fundamentales. Asimismo, al tratarse del edificio de una institución educativa, las barreras arquitectónicas presentes en el edificio de la Universidad Nacional de Rosario también lesionan el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva (artículo 24 de la CDPD)13. En resumen, no existe proceso alguno en marcha que dé cuenta cabal de una modificación del Proyecto de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación en el sentido requerido por el Comité. Por otro lado, y más allá de la realización de audiencias públicas durante 2012, no tenemos registro de que lo allí referido haya sido analizado pormenorizadamente por los miembros de la Comisión Bicameral o que existan reuniones programadas para analizar y debatir los temas en cuestión en las que se abra una convocatoria a participar.
ARTÍCULO 29: PARTICIPACION EN LA VIDA POLÍTICA Por su parte, en el párrafo 48 de las Observaciones Finales, el Comité recomendó al Estado Argentino que “(a)Revise el Código Electoral y haga las modificaciones necesarias para alinearlo con los estándares de la Convención, en particular en materia de capacidad jurídica y el ejercicio del derecho al voto en igualdad de condiciones; y, (b)Continúe sus esfuerzos para garantizar el acceso a las urnas electorales de las personas con discapacidad institucionalizadas mediante, por ejemplo, el diseño e implementación del plan nacional para garantizar el ejercicio del derecho a la participación política (CRPD/C/ARG/Q/Add.1) u otras soluciones alternativas”. CAPACIDAD JURIDICA Y EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO En concordancia con las preocupaciones manifestadas por el Comité en el punto 47 de las Observaciones Finales, que motivaran las recomendaciones antes referenciadas, cabe reiterar lo expresado en el Informe Alternativo presentado por la sociedad civil14, al que remitimos en honor a la brevedad. Es dable señalar que a la fecha de elaboración del presente informe, el Artículo 3, inciso “a” del Código Nacional Electoral mantiene la exclusión del padrón a los “dementes declarados tales en juicio”. Otra situación que merece mención especial es el caso de las personas que se encuentran privadas de la libertad en asilos psiquiátricos, quienes aunque no poseen restricción formal para ejercer su derecho a votar y hasta figuran en padrones electorales, no pueden salir libremente para las votaciones. En este
13Agradecemos la colaboración de María Cecilia Ruhl en la elaboración de esta sección del documento. En relación a estas barreras, ver también Versión taquigráfica de la audiencia pública llevada a cabo el 10 de septiembre de 2012 en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe.
Disponible en http://ccycn.congreso.gov.ar/versiones/rosario/2012-10-09.html y http://www.youtube.com/watch?v=tHdb1I0Grbw
Informe Alternativo REDI – CELS – FAICA- FENDIM – ADC http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/8thSession/REDICELS-FAICA-FENDIM-ADC_Argentina.doc.
supuesto la restricción se produce por falta de accesibilidad electoral y no por restricciones normativas. Esta circunstancia obligó a la Defensoría General de la Nación, a través de la Unidad de Letrados Art. 22 Ley 26.657, a realizar numerosas presentaciones ante la Justicia Civil, a efectos de que se garanticen los medios necesarios a fin de asegurar la concurrencia en forma efectiva a ejercer su derecho a sufragio, en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), celebradas en nuestro país el pasado 11 de agosto de 201315. ACCESIBILIDAD ELECTORAL Consideramos propicia la oportunidad para manifestar a este Organismo nuestra profunda preocupación por la falta de condiciones de accesibilidad en el proceso eleccionario. Pese a la sobreabundante normativa leyes y programas- que proclaman en sus considerandos estar en línea con los derechos y principios reconocidos en la CPCD, observamos que las políticas públicas diseñadas presentan alarmantes discrepancias con las disposiciones de la Convención. A través de la Resolución 820 del 17 de mayo de 2006 se crea el Programa de Accesibilidad Electoral con el propósito de "Incorporar a la normativa electoral, previsiones que faciliten el derecho al sufragio de las personas con capacidades diferentes" (lenguaje de la resolución). Entre las medidas previstas por la normativa para el ejercicio de los derechos políticos de este colectivo, se encuentra: “la instalación de un cuarto oscuro accesible (COA) por establecimiento, para ser utilizado por los electores que correspondan a esa mesa y además, por los electores con discapacidad que lo requieran, aún cuando estén registrados en otras mesas del mismo establecimiento”16. Ahora bien, la previsión de la instalación de un COA en cada establecimiento afectado a los comicios, como media que garantice accesibilidad acorde al artículo 9 de la CPCD, deviene insuficiente debido a que la gran mayoría de los centros eleccionarios presentan barreras que dificultan, cuando no imposibilitan, tanto el ingreso como la circulación horizontal dentro de los mismos a personas con discapacidad. El COA sólo resuelve la falta de accesibilidad vertical pero no el ingreso, circulación horizontal ni permanencia de personas con discapacidad, por tanto no puede ser equiparado a una medida tendiente a asegurar a la personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a voto en igualdad de condiciones con las demás. Por otro lado, y como se desprende de nuestra exposición, la medida no garantiza accesibilidad para todos/as sino que segrega a las personas con discapacidad en instalaciones “especiales” que las estigmatizan. El propio Ministerio de Interior, en virtud del mencionado Programa de Accesibilidad Electoral17, encomendó el relevamiento de más de 12.000 establecimientos –en su mayoría educativos- afectados habitualmente a
Comunicado de prensa de la Defensoría General de la Nación http://www.mpd.gov.ar/noticia/index/noticia/la-dgn-pidio-garantizar-elderecho-al-voto-de-las-personas-internadas-en-centros-de-salud-mental-785 16 http://www.elecciones.gov.ar/accesibilidad/accesibilidad.htm
17 Parte pertinente del informe de estado Argentino punto 136. “Una iniciativa específica vinculada a estas acciones, fue el relevamiento de centros y establecimientos de votación desarrollada en todo el país. Se procedió a establecer variables de observación vinculadas a la accesibilidad en 11.000 establecimientos educativos, comunitarios y sociales. La sistematización y análisis de los resultados fue realizado en conjunto con el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación —Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales— (SIEMPRO). Dichos resultados fueron comunicados oportunamente a las autoridades de los gobiernos provinciales —Gobernadores, Ministros— y del ámbito electoral — Juzgados Electorales Federales y Provinciales— como herramienta para la toma de decisiones y definición de estrategias (ver anexos).”
los comicios. Según el informe [del Ministerio del Interior sobre variable en 12.340 establecimientos de todo el país], dado a conocer en el año 2010, más de la mitad de los establecimientos tienen un acceso “inadecuado” (54,8%) ya sea porque tienen escaleras sin rampa (38%), o tienen rampa pero sin pasamanos (10,6%) y en menor medida, es angosta (menos de 1.10 m de ancho) (0,9%) o no es fija (1,3%)”18. Es dable aclarar que este relevamiento no incluye la evaluación de variables que permitan conocer el grado de accesibilidad horizontal ni vertical, tampoco la posibilidad de permanecer condicionada por la existencia de sanitarios accesibles, sólo considera la franqueabilidad del ingreso. En lo que respecta al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cabe mencionar que según información provista en 2011 por la Dirección de Infraestructura Escolar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del total de establecimientos educativos de gestión estatal sólo el 10% de las escuelas públicas de la ciudad cumplen con condiciones de accesibilidad. En este caso, el análisis se realizó sobre tres variables: franqueabilidad del ingreso, permanencia y circulación vertical. 19 Estos datos demuestran las grandes barreras y las limitaciones que encuentran las personas con discapacidad, privando a este colectivo no sólo del derecho a sufragar sino también de participar políticamente en el acto eleccionario como autoridades de mesa o fiscales generales, por el hecho de no poder ingresar ni circular dentro de los centros designados para realizar las votaciones. A su vez, es menester consignar que el COA como dispositivo de accesibilidad fue diseñado para que solo se ubicara en uno de los cuartos oscuros por centro electoral. Las escuelas que son empleadas como centros electorales asignan varias de sus aulas para constituir los cuartos oscuros, donde por orden alfabético cada ciudadano ejerce su derecho. Al contar con un solo COA por centro electoral -en los casos donde se los dispuso- muchos electores con discapacidad no pudieron emitir su sufragio en SU cuarto oscuro -el asignado por padrón electoral-, circunstancia que –para la emisión del voto- exige la movilización de la urna y la modificación en los mecanismos habituales. Esto constituye claramente, agregar tareas o mecanismos extras por la condición de discapacidad violando los principios de no discriminación y dignidad que establecen la CDPD. Además de la falta de accesibilidad física en los lugares de votación, en el marco de las últimas elecciones que tuvieron lugar el pasado 11 de agosto de 2013, se detectó la inobservancia de criterios de accesibilidad en lo relativo a la información previa al acto eleccionario propiamente dicho. Al momento de la consulta electoral para conocer previamente el centro asignado, sólo era accesible la consulta telefónica pues la vía web del padrón electoral resultaba a todas vistas inaccesible debido a que para acceder a la información hay que introducir un código “Capcha” que es ilegible para los lectores de pantalla. Por otra parte, los instrumentos y mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad visual no han innovado en contar con la boleta de votación en formato accesible. Es decir, tanto el COA como otros instrumentos, no han resuelto el acceso a la información -hasta ahora sólo en tinta- de la boleta donde constan datos de los candidatos y sus partidos políticos.
Dicha información fue obtenida por vía judicial (Expediente Fundación Acceso YA c/ Gobierno Nacional – Ministerio del Interior s/ Amparo, Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12/23). A través del link http://www.accesoya.org.ar/blog/wpcontent/uploads/2010/09/A-Total-Pa%C3%ADs.pdf se puede acceder al informe suministrado por el propio Ministerio del Interior.
19 Cap. IV, “Obstáculos a la Inclusión de personas con discapacidad en escuelas comunes de gestión estatal de la ciudad de Buenos Aires”, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - 2012. 18
El plan de accesibilidad electoral vigente, establece que en cada COA estará disponible el dispositivo para el voto de personas con discapacidad visual que permitirá identificar mediante el tacto las diferentes opciones de boletas electorales. Nos preguntamos ¿por qué sólo en el COA? Las boletas en formato accesible deberían estar disponibles en cada cuarto oscuro, si lo que se pretende es garantizar la accesibilidad, confidencialidad e intimidad para el ejercicio de derechos políticos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás; tal como proclama el Art. 105 de la Ley 2657120 en aparente armonía con la CDPD. Por su parte, el Artículo 94 del Código Nacional Electoral, prevé el Voto Asistido (lenguaje de la norma), al disponer: “Los electores ciegos o con una discapacidad o condición física permanente o transitoria que impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto podrán sufragar asistidos por el presidente de mesa o una persona de su elección, que acredite debidamente su identidad, en los términos de la reglamentación que se dicte. Se dejará asentada esta circunstancia en el padrón de la mesa y en el acta de cierre de la misma, consignando los datos del elector y de la persona que lo asista. Ninguna persona, a excepción del presidente de mesa, podrá asistir a más de un elector en una misma elección”. No obstante, el hecho de que se contemple la posibilidad de ser asistido, no redunda necesariamente en una medida acorde con la CDPD; ello, dado que las personas con discapacidad, en este contexto, debido a la falta de previsiones de accesibilidad físicas y comunicacionales, no tienen otra opción que la de requerir asistencia para poder votar. Ilustran esta preocupante situación las denuncias que se citan seguidamente y que fueran receptadas a través del sitio web de REDI, en el marco de la Campaña por el Derecho al Voto21 lanzada en el mes de agosto de 2013, oportunidad en la que tuvieron lugar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo: “Voté en la Escuela 29, mesa 500, ubicada en República de Israel 284. Allí los gendarmes me informaron que había un cuarto oscuro accesible, lo cual no era así. No había COA, de hecho para ingresar a la escuela había 2 escalones, ni dispositivo para el voto de personas ciegas. Tampoco pude hacer la consulta al padrón por la web, ya que el capcha que había que ingresar para verificar, no era accesible para lectores de pantalla utilizados por personas ciegas”. (San Martín, Provincia de Buenos Aires).
“La mesa de votación (Nº 3149) estaba en la escuela nº 9, sita en Cnel. Ramón L. Falcón 2934 (CABA) y era inaccesible por tener una escalinata de 10 peldaños, con el COA instalado arriba de esa escalinata. Me informaron también que no había boletas adaptadas para personas ciegas”. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
“Colegio Nacional Mariano Moreno, donde votó mi hijo, tenía COA, pero se tenía que subir 9 escalones. Según me explicó el Gendarme, la escuela no le dejo el viernes la llave de la parte de atrás, o
ARTICULO 105. — La autoridad de aplicación adoptará las medidas pertinentes a fin de garantizar la accesibilidad, confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad. Para ello se adecuarán los procedimientos, instalaciones y material electoral de modo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, tanto para ser electores como para ser candidatos. Ley N° 26.571 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=161453
Comunicado de prensa de la Campaña https://docs.google.com/viewer?url=http://www.redi.org.ar/docs/El%20derecho%20al%20voto%20final.docx
sea por B. Mitre, que sí es accesible. Escuela Primaria Mario Bravo 234, tenía rampa de ingreso a la escuela, NO TENÍA COA, y las aulas para votar estaban en primer piso por escalera”. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). “Lugar de votación: escuela Mariano Moreno (Paraguay 1251) Fecha: 11-08-2013 el colegio tenía varios escalones en la entrada que, si bien no era problema para mí, para alguien con motricidad reducida lo hubiera sido. No se instaló el cuarto accesible. No se colocó el boletero numerado. No me proveyeron de la plantilla para marcar la boleta única”. (Rosario, Provincia de Santa Fe).
“Escuela Nº 3 Zapiola.- J.V. González 180 decía escuela accesible y para ingresar tenía dos escalones. El cuarto oscuro, de la mesa 4581, que me tocó votar a mí personalmente, era como un biombo de cartones hecho manualmente en forma de U, muy desprolijo y la altura donde estaban las boletas no era para personas baja estatura inaccesible”. (Morón).
“Me tocaba votar en La Escuela Comercial de Los Hornos, mesa 577, no pude acceder al establecimiento por la inaccesibilidad de la escuela, no bajó el presidente de mesa a atender mi caso, un fiscal que me acompañó de otra escuela cercana para ver si podía resolver mi situación habló con la Delegada Municipal que se fue sin darme una respuesta, pedí un libro para dejar asentada mi queja y no había disponible ni me dieron constancia de haber ido a votar y no haberme permitido expresarme en las urnas”. (La Plata, Provincia de Buenos Aires).
“El 11 de agosto en el marco de las elecciones primarias, en la Escuela Nº 2 República de Panamá, ubicada en Av. San Martin Nro. 6387, Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, mesa 5069, en la cual fui designada autoridad de mesa se presentó a votar un señor el cual me requirió que sacara del padrón a dos personas que figuraban en él, con el mismo apellido, ya que eran sus hijos y eran discapacitados y él no quería luego tener algún problema porque no votaron o tener que efectuar algún tipo de trámite al respecto. Se dirigió a la Fiscal General y le pidió que dejara constancia de ello. (CABA).22
“Me presenté a votar y a fiscalizar a la hora de apertura de la escuela. ESC Nº4 CNEL ISIDRO SUAREZ VENEZUELA 771 - CAP FED. Las mesas estaban en primer piso pero no se podía subir porque no había ascensores ni rampas. Vote por lo menos una hora después. Primero negaban que la urna se pudiera bajar lo que me hizo pasar un mal momento. Luego no encontraban el lugar donde debían habilitar un cuarto oscuro en la planta baja. Hicieron un acta. Me fui sin poder ejercer mi derecho político a fiscalizar a mi partido porque no pude acceder a las mesas”. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Si bien dicho testimonio no da cuenta de un caso de inaccesibilidad electoral, da cuenta de las barreras actitudinales vigentes en el país –que redundan en violación de derechos- y sobre las cuales el Estado no realiza campañas de concientización o prevención alguna. Este relato se vincula con el apartado del capacidad jurídica incluido en el presente escrito y explicita la necesidad de una reforma legal comprehensiva y urgente.
Presentación de las Organizaciones REDI - Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad23 REDI es una organización no gubernamental cuyo principal objetivo es incidir en políticas públicas de los derechos de las PCD, bajo el modelo social. La Red por los Derechos de las PCD – REDI- surge en el año 1998 de la convergencia de diferentes organizaciones de PCD y de PCD y sus familiares y aliados que bregaban por su inclusión como sujetos plenos de derecho: derecho al trabajo unos, a la accesibilidad otros. Sosteniendo un activo protagonismo, las propias PCD fueron y son quienes conducen a REDI, postulando así principios que paralelamente se enunciaban por entonces en las Normas Uniformes, y una década más tarde se incorporarían en la letra de la CDPD. En años recientes, REDI ha dado un salto cualitativo, consolidando alianzas estratégicas con organizaciones locales e internacionales. Su activa participación en la redacción de la CDPD, y su consecuente actuación a favor de los derechos allí plasmados, la ubica como referente clave en la temática ante organismos de gobierno, de derechos humanos, de PCD, y de ONG que se van sumando en la lucha por la inclusión. Forma parte de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las PCD, de la Alianza Internacional sobre Discapacidad (IDA) y de Global Partnership for Disability and Development (GPDD).
ADC Asociación por los Derechos Civiles24 La ADC es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro creada en 1995 con el propósito de contribuir a afianzar una cultura jurídica e institucional que garantice los derechos fundamentales de las personas, sustentada en el respeto por la Constitución y los valores democráticos. Su principal misión es velar por el cumplimiento de los derechos civiles. Sus principales áreas de Trabajo son: Acceso a la Información Pública; Derechos Sexuales y Reproductivos; Educación; Justicia; Libertad de Expresión; Litigio de Interés público; Monitoreo Legislativo y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
ACIJ Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia25 La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, sin fines de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, asi como también contribuir al desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia.
Página web: www.redi.org.ar; Email: info@redi.org.ar; Dirección: Pje. Alemania 2782, C.A.B.A.; Teléfono: +5411-4571-7416. Pagina web: www.adc.org.ar Email: adc@adc.org.ar. Dirección; Av. Córdoba 795 - Piso 8, C.A.B.A. Teléfono: +5411-5236-0555
Página web: www.acij.org.ar E-mail: info@acij.org.ar Dirección: Avda. de Mayo 1161, 5° piso, oficina “9” CABA Teléfono: +54114381-2371.
Nuestra misión es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover el respeto por los derechos fundamentales y trabajar para la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad. Objetivos Colaborar para lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas, tales como organismos administrativos, legislativos, tribunales de justicia, entes reguladores y órganos de control. Promover el cumplimiento de la Constitución Nacional y la efectiva vigencia de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y bregar por la erradicación de las leyes y prácticas discriminatorias contra minorías históricamente postergadas. Desarrollar conciencia en la ciudadanía sobre sus derechos básicos y conocimiento sobre los canales disponibles para su protección. Realizar propuestas de reforma de políticas públicas. Formar profesionales de diversas disciplinas comprometidos en cuestiones de interés público.
Documento Sombra Discapacidad ONU oct2013 by Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia215 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less