Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20037099
Timestamp: 2019-10-20 07:14:47
Document Index: 75537149

Matched Legal Cases: ['artículo 385', 'artículo 385', 'artículo 380', 'artículo 72', 'artículo 2', 'artículo 385', 'artículo 9', 'Artículo 375', 'Artículo 377', 'Artículo 378', 'Artículo 379', 'Artículo 380', 'Artículo 382', 'Artículo 385', 'Artículo 376', 'Artículo 375', 'artículo 17', 'Artículo 376', 'artículo 18', 'artículo 32', 'artículo 208', 'Artículo 377', 'Artículo 378', 'Artículo 20', 'Artículo 382']

C-689 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020037099CC-SENTENCIAC689200227/08/2002CC-SENTENCIA_C_689__2002_27/08/2002200370992002Sentencia C-689/02 COSA JUZGADA MATERIAL -Inexistencia por ausencia de identidad entre contenidos normativos NARCOTRAFICO -Despenalización no es asunto a resolver en sede de control constitucional NARCOTRAFICO -Despenalización es asunto de política criminal DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD -No es absoluto El derecho al libre desarrollo de la personalidad, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto. Así las cosas éste no puede ser invocado para desconocer los derechos de otros, ni los derechos colectivos, ni mucho menos para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico, o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos. NARCOTRAFICO -Amplia gama de derechos interferidos que no pueden desconocerse NARCOTRAFICO -Penalización protege bienes jurídicos DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN MATERIA DE NARCOTRAFICO -No vulneración ni exoneración de responsabilidad penal PRINCIPIO DE IGUALDAD EN MATERIA DE NARCOTRAFICO -Legislador no puede ver limitados los ámbitos de su accionar legítimo NARCOTRAFICO -Compromisos internacionales para combatirlo DERECHO A LA PAZ EN MATERIA DE NARCOTRAFICO -No afectación por penalización NARCOTRAFICO -Aumento de intensidad punitiva y ampliación de tipos penales LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DELITO Y SANCION -Límites Al Legislador le asiste una amplia potestad de configuración normativa en materia de delitos y sanciones. No obstante, siendo claro que en el constitucionalismo no existen poderes absolutos, el Legislador al ejercer esa competencia, se encuentra en el deber de respetar el sistema de valores, principios y derechos consagrado en la Carta y de observar rigurosamente los límites que en materia punitiva le han sido impuestos directamente por el constituyente. En ese sentido el Legislador debe respetar los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad. RESPONSABILIDAD PENAL -Elementos RESPONSABILIDAD PENAL -Supuestos fácticos que atenten contra un bien jurídico TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES -Supuestos fácticos que atenten contra el bien jurídico de la salud pública DELITO O CONTRAVENCION -Valoración de comportamiento implica un juicio por el legislador DELITO O CONTRAVENCION -Valoración legislativa de circunstancias propias de la realidad de cada época Referencia: expediente D-3869
Pedro Augusto Nieto GóngoraCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisAcción pública de inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal"D3869Identificadores20020037100true56197Versión original20037100Identificadores
Norma demandada: Acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 "por la cual se expide el Código Penal"
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN MATERIA DE NARCOTRAFICO-Legislador no puede ver limitados los ámbitos de su accionar legítimo
Al Legislador le asiste una amplia potestad de configuración normativa en materia de delitos y sanciones. No obstante, siendo claro que en el constitucionalismo no existen poderes absolutos, el Legislador al ejercer esa competencia, se encuentra en el deber de respetar el sistema de valores, principios y derechos consagrado en la Carta y de observar rigurosamente los límites que en materia punitiva le han sido impuestos directamente por el constituyente. En ese sentido el Legislador debe respetar los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Pedro Augusto Nieto Góngora demandó los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000"por la cual se expide el Código Penal"
Aduce así mismo que las circunstancias que se describen en los diferentes numerales del artículo acusado"ni siquiera alcanzarían la connotación de delitos, pues a lo sumo se enmarcarían dentro de las sanciones de tipo administrativo por violación de normas de aeronavegación", con lo que se desconocería el principio de proporcionalidad en virtud del cual solo se pueden determinar como punibles "los atentados más graves a los bienes jurídicos más importantes".
1.Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección Nacional de Estupefacientes
Afirma que la declaratoria de inexequibilidad pretendida por el actor basada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad es improcedente pues no toma en cuenta el hecho de que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto[1]. Advierte que una decisión en este sentido no solamente iría en contravía de las políticas del Estado en este campo, sino que convertiría al país en un paraíso de la mafia.
El interviniente afirma que"las normas demandadas deben mirarse en un contorno especial y armónico con el bien jurídico que se tutela (salud pública) y además con el título que las agrupa (Título XIII, capítulo II del Código Penal) lo que infiere que las conductas que el Legislador incorporó como punibles apuntan todas a erradicar el flagelo que cunde el mundo entero como lo es el narcotráfico"
Respecto de la vulneración del derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), señala que"todas y cada una de las disposiciones demandadas de inconstitucionalidad tiene como sujeto activo a persona indeterminada, ya que si observamos el texto de las preceptivas, vemos que a excepción del artículo 385 todas ellas comienzan con el texto El QUE y (en)esta última norma se menciona como sujeto activo de la conducta punible al dueño, poseedor o arrendatario de predios, sujetos estos indeterminados que en nada hacen colegir que se rompa con el principio de igualdad".
Al respecto señala que es al legislador a quien corresponde decidir en determinado momento"cuales conductas deben ser objeto de control por el derecho penal" y que "con independencia de las críticas, que desde el punto de vista político criminal, puedan desprenderse por parte de determinado sector de la sociedad acerca de la eficacia del control impuesto en determinado caso, lo cierto es que si la norma penal no transgrede los límites materiales impuestos por la Carta fundamental, su validez no puede ser atacada a través del ejercicio público de la acción de inconstitucionalidad".
Señala al respecto que" la especificidad de la manifestación delincuencial que se deriva del tráfico de estupefacientes y el elevado daño social que esas conductas han causado en la sociedad, son los criterios determinantes que justificaron constitucionalmente el tratamiento penal específico y diferenciado dado por el Legislador al tipificar esas conductas, como atentatorias contra el bien jurídico de la salud pública. Sin embargo, esta situación no puede tacharse como violatoria al principio de la igualdad, como lo afirma el actor, sino que simplemente responde a la facultad que tiene el Estado, para con base en fundados criterios de política criminal, seleccionar cuáles conductas, por su elevado grado de dañosidad social, merecen sanción penal".
Así mismo, sostiene que no existen derechos ni libertades absolutas. En este sentido aclara que la autorización del consumo de la dosis personal en virtud del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad,"no puede conllevar a la absurda conclusión que, también con fundamento en el libre desarrollo de la personalidad, se deba despenalizar la producción, distribución y venta de estupefacientes, cuando se reitera han sido funestas las consecuencias de estas practica ilícitas, no solo a nivel del desequilibrio que se produce en la economía nacional, sino -lo que por supuesto resulta mas grave-, en punto de las innumerables pérdidas de vidas humanas que ha generado"
Por último, precisa que el artículo 385 atacado no desconoce el derecho penal de acto,"el cual apunta a excluir la posibilidad de soportar la responsabilidad penal en la forma de ser de la persona o en su carácter". Afirma que por el contrario la penalización para quien permita, ya sea como dueño, poseedor, tenedor o arrendatario que en sus predios se construyan y utilicen pistas de aterrizaje clandestinas, "responde a la necesidad de sancionar a quien, con conocimiento y voluntad, coadyuva a generar el tráfico ilícito de estupefacientes, conducta que realmente amerita ser objeto de sanción penal, por poner en peligro bienes jurídicos fundamentales para la convivencia pacífica".
La Vista Fiscal advierte que emitió concepto en relación con los artículos acusados y por cargos similares, excepto en relación con los artículos 380 y 385 del Código Penal dentro del expediente D-3665[2]; que el análisis presentado a favor de la constitucionalidad de los artículos 378 y 379, es el mismo con el que argumenta la exequibilidad del artículo 380; y, que para la fecha en que la Sala Plena de esta Corporación resuelva el proceso de la referencia, ya existirá pronunciamiento de fondo sobre el particular y, por tanto, habrá de estarse a lo allí resuelto, en lo que sea pertinente.
Afirma que si bien es cierto que desde el punto de vista puramente individual el consumo de drogas en Colombia se considera un asunto propio del libre desarrollo de la personalidad, y por tanto escapa al control jurídico[3], también lo es que la penalización del tráfico de drogas estupefacientes y conductas conexas, entendiéndose la actividad integralmente considerada, tiene pleno asidero constitucional, y por tanto resulta razonable y proporcionada, en cuanto a la obligación del Estado de garantizar el bien común y realizar el interés general representados en la represión de conductas o actividades que se consideran contrarias a los intereses del Estado mismo y la sociedad, puesto que se busca prevenir, controlar y reprimir de la manera más radical y legítima, un negocio que genera consecuencias negativas que recaen sobre el entorno político, económico y social, en donde son percibidas sus ganancias, las que inclusive amenazan la existencia misma del Estado.
Recuerda que Colombia ha suscrito una serie de instrumentos internacionales para combatir el narcotráfico, entre ellos "La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988. En ella se establece muy bien la diferencia entre asuntos de narcotráfico y consumo y los Estados Partes se obligan automáticamente a adoptar las medidas necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno lo referente a las actividades relacionadas con el narcotráfico y conexas, mientras que lo relacionado con el consumo de sustancias estupefacientes queda bajo la reserva del orden constitucional de cada Estado Parte. Colombia incorporó el referido instrumento mediante la Ley 67 de 1993, cuyo control de constitucionalidad se surtió a través de la Sentencia C-176 de 1994. De acuerdo con ello, se tiene un elemento adicional propio del derecho internacional que le impone al Estado Colombiano la obligación de tipificar en su derecho interno como delitos penales lo referente a todas las actividades que genéricamente encuadran dentro del concepto de narcotráfico y sus conexas, en desarrollo del principiopacta sunt servanda, que se consagra en los artículos 9, 226 y 227 constitucionales. El objeto mismo de dicha Convención era el de crear instrumentos para reprimir el menoscabo económico, cultural y político que representa el tráfico de estupefacientes y no sólo la salud pública.
3.1.1 Consideración preliminar. La ausencia de cosa juzgada material en relación con los verbos rectores y los modelos descriptivos de los artículos375, 376, 377, 378, 379 y 382 acusados.
Previamente al análisis de los cargos planteados por el actor contra los artículos enunciados de la Ley 599 de 2000, la Corte estima pertinente recordar que la Sentencia C-420 de 2002, declaró la exequibilidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 43 de la Ley 30 de 1986, que contienen respectivamente, los mismos verbos rectores y los modelos descriptivos de las normas ahora demandadas[4].
No siendo entonces la misma norma en uno y otro caso, y al no ser posible escindir los contenidos normativos relativos a la descripción típica de las conductas de las consecuencias jurídicas que son impuestas en cada caso, no resultan reunidos en este caso los presupuestos señalados en la jurisprudencia para la configuración de la cosa juzgada material[5] .
Dicho fenómeno se presenta en efecto cuando "no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos"[6]
De ese proceder del demandante surge un interrogante: ¿El criterio político-criminal del legislador, que le conduce a la tipificación del tráfico de estupefacientes, es susceptible de control constitucional . En otros términos: ¿La decisión del legislador de tipificar el tráfico de estupefacientes, como un mecanismo de política criminal orientado a la prevención y represión de ese tipo de comportamientos, independientemente del alcance particular de cada una de las reglas de derecho promulgadas, puede ser objeto de confrontación con el Texto Superior para determinar su legitimidad o ilegitimidad
Para responder ese interrogante debe tenerse en cuenta que el legislador es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de política criminal. Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático[7]. Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.
Este enfoque permite colocar las cosas en su punto: Si el legislativo es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de tipificación de conductas punibles y si el único límite que existe para el ejercicio de esa facultad está determinado por el sistema de valores, principios y derechos fundamentales previsto en el Texto Superior, el demandante no puede pretender que la Corte, a través de sus fallos, imponga el modelo de política criminal que ha de seguir el Estado pues sólo le está permitido confrontar con la Carta las normas legales que, habiendo sido demandadas, desarrollen ese modelo para retirar del ordenamiento aquellas que lo contraríen y mantener aquellas que lo respetan"[8].
Al respecto la Corte señala que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto[9]. Así las cosas éste no puede ser invocado para desconocer los derechos de otros, ni los derechos colectivos, ni mucho menos para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico, o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos.
...Cabe reiterar, entonces, que no afecta este fallo las disposiciones de la ley 30 del 86, relativas al transporte, almacenamiento, producción, elaboración, distribución, venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el mismo estatuto"[10].
Luego, es claro que los bienes jurídicos protegidos por el tráfico de estupefacientes son de naturaleza colectiva, indisponibles por personas individualmente consideras y, en consecuencia, no susceptibles de exonerar de responsabilidad penal por el consentimiento de la víctima. Ante ello, carece de sentido afirmar que las normas legales que tipifican el tráfico de estupefacientes son inexequibles por desconocer el carácter disponible de bienes jurídicos desprovistos de ese carácter, mucho más si frente a la Carta es legitima aún la penalización de conductas que atentan contra bienes jurídicos disponibles"[11].
La Corte estima que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el entendimiento que sustenta las consideraciones del actor, y que se reduce a exigir al legislador, encargado de determinar la política criminal, el respeto a una supuesta igualdad entre el narcotraficante y el comerciante de alcohol o de tabaco, no es aceptable, puesto que el legislador no puede ver limitados o desconocidos los ámbitos de su accionar legítimo. Todo lo contrario, la Carta otorga competencia al Congreso de la República para reconocer las diferentes situaciones de hecho y de derecho, y para establecer supuestos normativos generales conformados con ellas[12]; por eso no es dable al juez constitucional reprochar los fundamentos de la política criminal, elevados a rango legal. En consecuencia, acceder a un juicio de igualdad, en relación con la penalización del narcotráfico, sería invadir por parte de la Corte, una competencia constitucional propia del Congreso de la República, que se reitera, está señalada expresamente por la propia Carta al Legislador para que éste, en el marco de su potestad de configuración, pueda diseñar el sistema penal con arreglo a la política criminal que se la ha encomendado.
"¿El hecho de que el legislador no haya penalizado la producción y comercialización de tabaco y de bebidas alcohólicas y sí haya penalizado el tráfico de estupefacientes implica la inexequibilidad de las normas que dispusieron tal penalización
En ese marco, que el legislador no haya penalizado la producción y comercialización de tabaco y de bebidas alcohólicas y que en lugar de ello haya optado por afirmar la licitud de esas actividades y por ordenar campañas de prevención contra el consumo de alcohol y del tabaco, tal como lo hace en los artículos 15 a 19 de la Ley 30[13], pone de presente que no estimó necesario acudir a ese mecanismo de política criminal en relación con tales fenómenos. Esa decisión no solo es fundada constitucionalmente sino que además es compatible con el carácter subsidiario y fragmentario que desde hace mucho se le reconoce al derecho penal pues, no obstante la legitimidad de su ejercicio racional, es imperativo que, dados los profundos niveles de violencia institucional que convoca, sólo se acuda a él cuando es absolutamente necesario para la defensa de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia.
Si el juez constitucional, desconociendo la ausencia de condicionamientos constitucionales en materia de política criminal -distintos al sistema de valores, principios y derechos fundamentales y a los mandatos y prohibiciones expresamente dirigidos al legislador penal- e ignorando la facultad legítima que le asiste al legislativo de concebir mecanismos específicos en ese ámbito, interfiere ese campo de competencias para forzar la despenalización de conductas como el tráfico de estupefacientes, estará abandonando el rol que le asiste en una democracia constitucional pues de la defensa del Texto Superior y de los derechos fundamentales pasaría a adentrarse en la configuración de un ámbito de la política que es ajeno a su competencia"[14].
Al respecto se debe tener en cuenta en efecto que esta Corporación, mediante Sentencia C-176-94[15], en la cual cumplió la revisión constitucional de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988, declaró la constitucionalidad de la obligación adquirida por el Estado colombiano de tipificar como punibles ciertas conductas relacionadas con el narcotráfico.
En el mismo sentido, en la Sentencia C-344-95[16], sobre exequibilidad del artículo 72 de la Ley 104 de 1993 -de acuerdo con el cual el Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la información y la colaboración necesaria para el desarrollo del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios-, se precisó que el legislador no podía ignorar la referencia a tratados o convenios internacionales como elementos integrantes de la política criminal del Estado y especialmente en lo relacionado con el narcotráfico[17].
El mismo artículo 2o. determina que "las autoridades de la República están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". (subrayas fuera de texto). Es claro que las normas acusadas constituyen un desarrollo de esta disposición superior particularmente en cuanto hace a la protección a la vida y al aseguramiento de los deberes sociales de los particulares, disposición esta última que se enmarca también dentro del concepto de Estado Social de Derecho.
No obstante, siendo claro que en el constitucionalismo no existen poderes absolutos, el Legislador al ejercer esa competencia, se encuentra en el deber de respetar el sistema de valores, principios y derechos consagrado en la Carta y de observar rigurosamente los límites que en materia punitiva le han sido impuestos directamente por el constituyente[18]. En ese sentido el Legislador debe respetar los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad.
"Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado"[19].
Por lo que solamente "en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad,"[20] correspondería al Juez Constitucional pronunciarse.
En relación con este último texto la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-127 de 1993 que declaró su exequibilidad[21], circunstancia que sin embargo no hace que se configure en el presente caso el fenómeno de cosa juzgada material, por las mismas razones por las que la Corporación concluyó que dicho fenómeno no se configuraba en relación con los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 382 de la Ley 5999 de 2000 acusados.
Frente a los argumentos del actor en contra del artículo 385 acusado y a la petición del señor Procurador a que se ha hecho referencia, la Corte recuerda que la expedición de reglas de derecho para configurar delitos y penas debe entenderse como un mecanismo a través del cual se hace efectiva la política criminal del Estado y que ella debe analizarse en el contexto de las normas rectoras de la Ley penal que orientan su interpretación[22].
En este sentido se debe recordar que de acuerdo con el artículo 9 del Código Penal, para que una conducta sea punible se requiere que sea "típica, antijurídica y culpable" y que "la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado"[23].
Cada uno de esos elementos, tipicidad[24], antijuridiciadad[25] y culpabilidad[26] deben en consecuencia estar reunidos para que pueda endilgarse responsabilidad penal a los destinatarios de la norma penal bajo examen.
En este sentido el sólo ejercicio, dentro del respeto de los límites fijados en la Constitución[27], de la potestad de configuración del Legislador en materia punitiva, no puede servir de fundamento para cuestionar la constitucionalidad de la disposición demanda.
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 375 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 377 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 378 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 379 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 380 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 382 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible por el cargo analizado ... Artículo 385 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible Artículo 376. LEY_599_2000_24/07/2000
[1]Sustenta sus afirmaciones en los considerandos del salvamento de voto de las Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa a la sentencia C-221/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[2]Expediente en el que se expidió la Sentencia C-420 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3]Al respecto señala que la Coporación despenalizó el consumo personal de drogas estupefacientes por considerarlo asunto propio de la moral de cada individuo, fundado en la dignidad humana, la autonomía personal o ejercicio del libre albedrío y el libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, sustraído del control jurídico imperante pues él sólo puede ejercerse en aquellos casos en que la conducta del consumidor afecte el entorno social.
[4]En efecto los textos normativos confrontados son los siguientes :
ARTICULO 32.El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de diez (10) a cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales.
Artículo 375- Conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 33. (Modificado por el artículo 17 de la Ley 365, sancionada en 1997).El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
Artículo 376- Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 34. (Modificado por el artículo 18 de la Ley 365, sancionada en 1997).El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en ellos tal destinación incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto-ley 522 de 1971 (artículo 208, ordinal 5° y 214, ordinal 3° del Código Nacional de Policía).
Artículo 377.Destinación ilícita de muebles o inmuebles.El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes."
ARTICULO 35.El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
Artículo 378- Estímulo al uso ilícito.El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 36.El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
ARTICULO 43 (Modificado por el Artículo 20 de la Ley 365 sancionada en 1997).El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
Artículo 382.Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[5]Sobre la noción de cosa juzgada material ver entre otras las sentencias C-427/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-774/01 M.P. Rodrigo escobar Gil.
[6]Sentencia C-427/96 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7]Desde luego que la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En un reciente pronunciamiento esta Corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía: "Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica". Corte Constitucional, Sentencia C-646-01. M. P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[8]Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[9]Ver salvamento de voto de los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo Fabio Morón Diaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa a la Sentencia C-221/94 M.P. Carlos Gaviria Diaz. En el mismo sentido ver, entre otras, las Sentencias C- M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
[10]Sentencia C-221 de 1994 Magistrado Ponente, Carlos Gaviria Díaz. S.V. de los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo Fabio Morón Diaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa.
[11]Sentencia C-420 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12]Ver Sentencia C-210/000 M.P. Fabio Morón Diaz.
[13]Estos artículos prohíben el trabajo de personas menores de catorce (14) años durante la jornada nocturna en establecimientos donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas; ordenan la impresión, en los empaques de tales productos, de etiquetas sobre el daño a la salud producido por el exceso de alcohol y por el tabaco; prohíben la venta de licores, cigarrillo y tabaco que no contengan esa impresión y disponen que la propaganda sobre esos productos sólo podrá transmitirse en los horarios y con la intensidad determinada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
[14]Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[15]Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero.
[16]Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández Galindo.
[17]Sobre el mismo punto cabe recordar además, entre otras, la Sentencia C-756-01, en la que la Corporación declaró exequible el Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y el Reino de España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmado el 14 de septiembre de 1998, y la Ley 624 de 2000, se resaltó que el trabajo conjunto de los Estados para solucionar los problemas derivados del narcotráfico guardaba correspondencia con los fines y principios de la Carta Política. En el mismo sentido la Sentencia C-835-01, en que la Corte declaró la exequibilidad del Acuerdo suscrito entre la República de Colombia y la República de Cuba para la prevención, el control y la represión, del tráfico ilícito de estupefacientes firmado el 14 de enero de 1999 y de la Ley 625 de 2000, por medio de la cual se lo aprobó. En ella se destacó la importancia de los convenios internacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y la compatibilidad existente entre las medidas adoptadas mediante esos convenios y los deberes constitucionales de las autoridades. Ver Sentencia C-420/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[18]Ver Sentencia C-1404/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis.
[19]Sentencia C-013/1997 M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[20]Ver Sentencia C-013/1997 M. P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias C-173/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-553/01 M.P. Jaime Araujo Rentería, C-647/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[21]Ver Sentencia C- 127/93 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[22]Art. 13.-Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación
[23]Art. 9º-Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
[24]Art. 10.-Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal.
[25]ArtT. 11.-Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
[26]Art. 12.-Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.
[27]Ver en relación con el ejercicio de la potestad de configuración del legislador en materia penal, entre otras las sentencias C-070/96. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-646/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.