Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-00804-de-marzo-24-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0a44ab7e8560088e0430a0101510088&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-15 06:30:19
Document Index: 200994473

Matched Legal Cases: ['artículo 651', 'artículo 772', 'artículo 74', 'artículo 651', 'artículo 771', 'artículo 618', 'artículo 771', 'artículo 777', 'artículo 777', 'artículo 755', 'artículo 730', 'artículo 178', 'Artículo 777']

﻿ Sentencia 2005-00804 de marzo 24 de 2011
SENTENCIA 2005-00804 DE 24 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. PARA QUE LOS ANEXOS, DOCUMENTOS PRIVADOS TENGAN VALOR PROBATORIO DEBEN PRESENTARSE ANTE NOTARIO, O ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y SÓLO SERÁ LEGITIMO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE CONSTE DICHA PRESENTACIÓN. SI LA CONTABILIDAD GOZA DE VERACIDAD Y EXACTITUD, SI PUEDEN SER VALORADAS LAS PRUEBAS SIN SER AUTENTICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, VALOR PROBATORIO DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Sentencia 2005-00804 de marzo 24 de 2011
Rad.: 66001-23-31-000-2005-00804 - 01 (16481)
Demandante: Cable Unión de Occidente S.A.
Asunto: Impuesto sobre las ventas quinto (5) bimestre de 2000
En el caso materia de litis, se impugna la legalidad de la liquidación oficial de revisión 160642004000020 del 18 de marzo de 2004 y de la Resolución Confirmatoria 160772005000013 del 25 de febrero de 2005, actos a través de las cuales la administración local de impuestos y aduanas de Pereira, modificó la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al quinto (5) bimestre de 2000, y le determinó la suma de $ 1.333.031.444 por impuesto y una sanción por inexactitud de $ 59.181.400.
La sociedad al presentar el recurso de apelación manifiesta su inconformidad con la adición de ingresos y el desconocimiento de los impuestos descontables, por existir violación directa a las normas por parte de la administración tributaria.
Al efecto insiste en que no es aplicable el literal b) del artículo 651 del estatuto tributario; que la DIAN incurrió en indebida valoración de las pruebas; indebido procedimiento; falsa motivación, violación del derecho al debido proceso y a la defensa.
Debido proceso y valoración de pruebas
Frente a las pruebas relacionadas por el contribuyente, la división jurídica en la resolución confirmatoria de la liquidación oficial de revisión expuso, que sobre los hechos notorios de la contabilidad del contribuyente obtenidos en desarrollo de la investigación se estableció que la contabilidad no es confiable y que no goza de capacidad probatoria.
— La investigación en la Fiscalía se inició con el despacho comisorio 006 del 9 de julio de 2002 dentro del proceso 435111-79 proferido por la coordinadora del grupo de investigaciones económicas y lavado de activos del cuerpo técnico de investigación seccional Pereira, por medio del cual se exhorta al jefe de la sección de investigación de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Bogotá, para que asigne un contador para que investigue a las sociedades Importaciones, Exportaciones y Representaciones Latinoamericanas Ltda. con NIT 890.110.827-5, CI Importex S.A. con NIT 800.116.871-1, Representaciones Unidas Ltda. con NIT 860.004.042-8 y CI Maresa de Colombia Ltda. con NIT 830.012.622-4.
Del informe presentado por la fiscalía se estableció:
“Análisis de las transacciones ficticias
Las transacciones por compras de bienes y servicios con las cuatro empresas mencionadas en los numerales 1º a 4 corresponden a transacciones irreales como quedó demostrado en los informes de los funcionarios adscritos al grupo de investigaciones económicas del CTI de Bogotá, quienes después de realizar las inspecciones judiciales en cada una de las cuatro empresas mencionadas concluyeron que en la contabilidad de las mismas no se encontró vinculo comercial con Cable Unión de Occidente S.A.
Lo anterior significa que las empresas Importaciones, Exportaciones y Representaciones Latinoamericanas Ltda. con NIT 890.110.827-5, CI Importex S.A. con NIT 800.116.871-1, Representaciones Unidas Ltda. con NIT 860.004.042-8 y CI Maresa de Colombia Ltda. con NIT 830.012.622-4 durante los años 1999, 2000 y 2001 no realizaron ventas a Cable Unión de Occidente S.A.”
“Conclusiones del informe de policía judicial Nº 188.
Importaciones, Exportaciones y Representaciones Latinoamericanas Ltda.
$ 68.007.525
Representaciones Unidas Ltda.
$ 1.493.290.262
CI Maresa de Colombia Ltda.
$ 817.441.903
$ 3.786.934.854
Se benefició a algunas personas naturales, tales como Rodrigo Humberto Patiño Cardona, Ligia del Socorro Giraldo Rico y Daniel López Florián, pues en las cuentas bancarias de ellos se consignaron los dineros con los que aparentemente se cancelaban las facturas por las compras ficticias. Se encontró relación entre estos y los socios de la empresa que asesora Cable Unión de Occidente S.A. denominada Servicio Integral de Apoyo Fiscal SIAF de la cual son socios los señores Gustavo Adolfo Quintana y Rubén Darío Vélez Rico”.
Los días 1º, 2 y 3 de agosto de 2002 la subdirección de fiscalización tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales efectúo diligencia de registro en las instalaciones de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A., en la que se obtuvieron las pruebas que se relacionan a continuación correspondientes a la contabilidad en la cual se detallan los registros de las transacciones realizadas con algunas empresas beneficiarias de pagos por compras ficticias por valor de $ 3.786.934.854:
— Factura 11109970 a nombre de CI Importex S.A. de fecha 5 de septiembre de 2000 por valor de $ 121.630.693 y la Nº 11109981 de fecha 8 de septiembre de 2000 por valor de $ 110.636.200.
— Comprobante de egreso Nº 9500090 del 19 de noviembre de 1999 a nombre de CI Importex S.A. por valor de $ 7.262.929 por cancelación de la factura 11109970.
— Comprobante de egreso Nº 3901097 a nombre de CI Maresa de Colombia Ltda. por valor de $ 7.567.779 el cual fue cancelado con el cheque Nº 6249789 del Banco de Bogotá.
“... El principal motivo por el cual se llegó a proponerle a la honorable asamblea el cambio de domicilio de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A., es que nos hemos sentido demasiado acosados por la DIAN de Pereira, no descansan con sus visitas, requerimientos, creemos que con esta decisión se puede aliviar un poco la decisión, creemos que nos puede ayudar y la única forma de saberlo es haciendo el cambio, hay casos puntuales como el de la Rosa, Nicole y Suzuki, quienes cambiaron de domicilio y la situación les cambio un poco, esperemos que con la decisión que se pretende tomar se alivie un tanto la situación (...) Sometida a consideración de los asistentes la anterior proposición se aprueba por unanimidad (fl. 1475, anexo 1)...”.
Para la Sala es indudable que todas las situaciones narradas afectaron la contabilidad de Cable Unión de Occidente S.A., esta perdió eficacia probatoria, debido a que en la investigación tributaria quedó demostrada que no era llevada en debida forma y no reflejaba la realidad económica de la sociedad. Así mismo no se aportó la contabilidad en el momento requerido por los funcionarios de la división de fiscalización y, no explicó la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
Dentro del proceso de determinación es tal la importancia de la contabilidad, que es el punto de referencia para que la administración tributaria pueda establecer las circunstancias frente al desarrollo de la actividad mercantil del comerciante, en esa medida, si el comerciante está obligado a llevarla de manera completa y fidedigna, resulta entendible que si los registros en ella contenidos no prueban su actividad, no se le asigna valor probatorio en caso de verificación tributaria.
Observa la Sala que la contabilidad de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. no refleja la situación fiscal y económica del negocio, razón suficiente para no tenerla como prueba idónea para desvirtuar las modificaciones realizadas por la administración tributaria. En estos términos no puede aplicarse lo determinado por el artículo 772 del estatuto tributario(9) en cuanto a la capacidad probatoria de la contabilidad a favor del investigado, al quedar demostrado el incumplimiento de las normas contables y de los artículos 773 y 774 ibídem que establecen:
ART. 774.—Requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, estos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
La simple lectura de las normas permite establecer la existencia de unos condicionamientos para que la contabilidad del demandante constituya prueba a su favor y, es que sea llevada en debida forma, es decir, la falta de atención de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional hace que la misma, no tenga valor probatorio alguno.
Conviene precisar que a partir del informe de la Fiscalía, de la inspección tributaria, de la diligencia de registro, la Administración de Impuestos comprobó la existencia de movimientos ficticios relacionados con activos, costos, deducciones, impuestos descontables y pasivos por el año gravable de 2000, por compra de bienes y servicios
En estas condiciones no tiene soporte jurídico la manifestación del apelante en cuanto a “... quebranto del debido proceso, el desconocimiento del derecho sustancial y la vulneración del derecho a acceder a la administración de justicia, lo cual configura una vía de hecho, dando lugar a una inhibición por parte de los servidores públicos”, pues como se indicó la administración detectó inconsistencias en la contabilidad del año gravable 2000, lo que condujo a su desconocimiento como prueba fehaciente de los hechos glosados.
“... conforme a los artículos 772 y 774 del estatuto tributario, los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba suficiente a su favor, siempre que se lleven en debida forma, que estén registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según si el contribuyente está obligado o no a llevar contabilidad; que se encuentren respaldados por comprobantes internos y externos; que reflejen toda la situación de la entidad o persona natural; que no se hayan desvirtuado por los medios probatorios permitidos en la ley, y que el contribuyente no se encuentre en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio(10).
En caso de que exista desacuerdo entre los datos de la declaración de renta y los asientos de contabilidad que registran los libros, prevalecen los últimos (art. 775 ibíd.). Y, si las cifras registradas en dichos asientos respecto de costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos, exceden del valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entienden comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes (art. 776 ibíd.(11)).
Improcedencia del literal b) del artículo 651 del estatuto tributario - desconocimiento de impuestos descontables
Considera el apoderado del demandante, que al haber revocado la administración tributaria, el acto sancionatorio por no enviar información cuyo fundamento fue el rechazo de los impuestos descontables, al no producir dicho acto efectos jurídicos, no podía tenerlo en cuenta para proferir una decisión en contra de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. en el proceso de determinación.
El artículo 771-2 del estatuto tributario exige para el reconocimiento de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas que el documento soporte, la factura, cumpla con algunos de los requisitos de los artículos 617 y 618 ibídem:
“b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c) Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando este exija la discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al respectivo descuento.
d) Llevar un número correspondiente a un sistema de numeración consecutiva.
e) Fecha de expedición
f) Descripción de los artículos vendidos o servicios prestados.
g) Valor total de la operación”.
De igual manera el artículo 618 del estatuto tributario determina como requisito adicional para los responsables que pertenezcan al régimen común, la discriminación del correspondiente impuesto sobre las ventas.
Lo anterior permite concluir que no le asiste razón al demandante en el sentido, de que por haberse revocado el acto que impuso sanción por no informar, no había lugar al rechazo de los impuestos descontables, pues al tenor del artículo 771-2 del estatuto tributario, para su procedencia deberá aportarse la factura o el documento equivalente, requisito que la sociedad no cumplió, por lo que no procede su aceptación.
Es de precisar que el proceso en el cual se determinó sancionar a la sociedad demandante por no enviar información, es totalmente independiente del que en este momento se controvierte. De manera concreta versa sobre las modificaciones de la declaración del impuesto sobre las ventas del quinto (5) bimestre de 2000, en el cual se rechazan los impuestos descontables por las inconsistencias establecidas en la contabilidad del contribuyente.
Se advierte que la naturaleza y finalidad del proceso sancionatorio son diferentes a las del proceso de determinación, el primero tiene relación con el incumplimiento de los deberes formales del contribuyente tales como, la inscripción en el RUT, la obligación de facturar, de enviar información, de llevar libros de contabilidad, de declarar y, el de determinación corresponde a la verificación de la obligación sustancial, referida a la liquidación y pago del tributo.
Se reitera lo precisado por la Sala en la sentencia del 26 de noviembre de 2009, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Radicación 16502:
“... El procedimiento que culmina con liquidación oficial de revisión, tiene por objeto modificar las declaraciones privadas, cuando la administración establezca que la determinación del impuesto hecha por el contribuyente, responsable o agente retenedor, no fue la correcta; por su parte el proceso sancionatorio pretende castigar las infracciones a las normas tributarias.
El criterio jurisprudencial en cita, permite a la Sala desestimar el argumento del demandante que revocado el acto sancionatorio no había lugar al rechazo de los impuestos descontables.
Improcedencia de la adición de ingresos por indebida valoración de la información exógena
La información exógena es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN según lo establezca el director general, sobre las operaciones con sus clientes, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.
Durante la investigación realizada por la división de fiscalización se solicitó tanto la información exógena reportada por la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. como la información exógena de los terceros con los cuales tuvieron transacciones durante el año 2000.
En la información exógena, la división de fiscalización encontró diferencias sustanciales(12) entre lo informado por la sociedad demandante y los terceros, posteriormente realizó cruces de información con los terceros en los cuales los valores reportados por el contribuyente no coincidían con los valores reportados por la sociedad Cable Unión de Occidente S.A.
Las diferencias entre los valores reportados como IVA descontable por costos y deducciones y los valores reportados por terceros como IVA cobrado por ingresos recibidos por Cable Unión de Occidente S.A., en el año 2000 son las siguientes:
IVA descontable inf. exógena
IVA descontable respuesta al requerimiento
10.116.591
Merheg Marun Habiv
$ 3.293.877
890.301.680
Moto Valle Cali
$ 18.046.000
$ 8.502.052
$ 9.543.948
811.019.900
Tv Occidente Ltda.
$ 29.981.000
$ 27.216.911
$ 2.764.089
$ 15.601.914
Considera la Sala que mal podía la administración local de impuestos de Pereira, desestimar la información enviada por los terceros, precisamente porque esta era la adecuada para esclarecer los valores de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, costos, impuestos descontables, gastos, deducciones; cuando era evidente la irregularidad en la contabilidad.
Al respecto la administración en el acta de inspección tributaria de fecha 16 de junio de 2003(13) señala:
“... cruce con la Comisión Nacional de Televisión.
Como puede apreciarse existen diferencias claras entre los valores reportados a la Comisión Nacional de TV y a la DIAN, lo que demuestra la falta de seguridad en la información presentada por la sociedad a los diferentes organismos de control, lo cual quedó evidenciado durante el desarrollo de la inspección tributaria en la cual fue imposible acceder a los auxiliares de la sociedad...”.
Estas diferencias en los valores reportados en la información exógena, la carencia de idoneidad de la contabilidad, son suficientes para considerar como lo hizo la administración y lo decidió el a quo, que no es posible proporcionarle valor probatorio a los documentos adjuntados a la respuesta al requerimiento especial así como al memorial del recurso de reconsideración, pues estos no constituyen el medio de prueba idóneo y eficaz para la demostración de los hechos materia del proceso.
El contribuyente presentó ante las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales una certificación de contador público, para acreditar sus costos, gastos y los impuestos descontables. Esta constancia constituye prueba contable de acuerdo con el artículo 777 del estatuto tributario(14).
Para que las certificaciones de contador público o revisor fiscal se consideren pruebas suficientes, deben permitir llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, sujetándose a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad.
Sobre el tema, se pronunció la Sala, en sentencia del 25 de septiembre de 2008, C.P. Héctor J. Romero Díaz, Radicación 25000-23-27-000-2003-02203-01(15255)
“... Si bien el artículo 777 del estatuto tributario señala que la certificación de los contadores o revisores fiscales es suficiente para presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, la jurisprudencia ha precisado que para que estos certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor probatorio de la contabilidad; deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico(15).
Como lo precisó la Sala, deben contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues “en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones(16)...”.
En la certificación de contador público aportada por el actor, no pueden verificarse los anteriores requisitos, y fue desvirtuada por la administración por las irregularidades en la contabilidad, es decir, no puede ser prueba a su favor cuando fiscal y penalmente quedó demostrado que la contabilidad carece de valor probatorio, ya que se debe demostrar la verdad material de las operaciones y, no la formal, por tanto dicha prueba resulta inconducente, pues se repite, la administración tributaria no fundamentó el rechazo de los impuestos descontables en la falta de contabilización, sino en la calificación de ficticios, derivados de los hechos y circunstancias reseñadas que la sociedad no pudo desvirtuar.
Indica el demandante que en la liquidación oficial no se especificó sobre cuáles de las 28 cuentas bancarias se estableció la presunción bancaria, teniendo en cuenta que de las 28 muchas estaban inactivas.
Observa la Sala en el anexo explicativo de la liquidación oficial de revisión(17) lo siguiente:
“Las cuentas que se tomaron como base son las siguientes:
- Banco Ganadero Cta. Cte. Nº 416170100002210 vr. consignaciones $ 706.698.209. Se corrigió error de suma ya que se llevaron valores doblemente (tirilla anexa al expediente)
- Davivienda de Medellín. Cta. Cte. 0360-6999-9823 vr. consignaciones $ 16.048.730 (...)”.
Se colige, que de las 28 cuentas bancarias reportadas por las entidades financieras solo se tomaron las dos (2) activas; en consecuencia no existe violación a los artículos 704 y 711 del estatuto tributario, por el contrario hubo correspondencia entre lo propuesto en el requerimiento especial y lo determinado en la liquidación oficial de revisión.
“Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el periodo gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario.
De los términos de la norma se infiere que dentro de los presupuestos para que aplique la presunción legal allí prevista, está referida a la existencia de indicios graves de los cuales pueda deducirse que los valores consignados en cuentas propias, cuentas de terceros o en cuentas no registradas en la contabilidad, corresponden a ingresos derivados de operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, a ingresos propios.
Para la Sala los argumentos del demandante no desvirtúan la adición de ingresos, pues se observa en los extractos que la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. es la titular de las mismas(18). Ahora el solo hecho de no haberlas incluido en la contabilidad hace procedente la determinación de la renta presuntiva por el método de presunción de consignaciones bancarias.
En consecuencia, se configuran los supuestos fácticos que señala el artículo 755-3 del estatuto tributario para que opere la presunción, toda vez que está demostrado y, no han sido desvirtuados los indicios graves apreciados para no considerar que los valores consignados en las cuentas bancarias a nombre de la demandante corresponden a operaciones generadoras de ingreso, pues coinciden los números de cuenta y razón social reportados por las entidades financieras, lo que originó la adición de ingresos gravados con el 15% del total de las consignaciones realizadas en las cuentas corrientes Nº 0360-6999-9823 de Davivienda [Medellín] y Nº 416170100002210 del Banco Ganadero.
Indebida valoración de las pruebas - indebido procedimiento - falsa motivación.
En el presente caso, el demandante señaló que el funcionario de la DIAN omitió la realización de una labor importantísima al interior de la investigación, la conciliación bancaria que le permitía establecer con precisión los ingresos mensuales y en especial de las cuentas objeto de la presunción bancaria.
La anterior afirmación no es acertada, en tanto que la prueba para demostrar lo contrario debe ser aportada por el investigado y no solicitada por él al ente fiscal; en el proceso tributario se ha establecido, que la carga de la prueba recae sobre quien impugna el acto administrativo dictado por la administración tributaria, cualquiera sea su contenido.
El demandado debía probar en las instancias procesales los hechos constitutivos, esto es, el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide. El demandante se limita a negar los hechos, sin aportar otros.
Es necesario precisar que en el informe parcial realizado por la división de investigaciones especiales de la subdirección de fiscalización tributaria de la DIAN - nivel central, como resultado del registro, se tiene la queja Nº 1 que dice:
“... la señora Claudia Lorena Saldaña Montoya, revisora fiscal de la sociedad Cable Unión de Occidente S.A. con tarjeta profesional Nº 59110 presenta renuncia al cargo a la asamblea general de accionistas con fecha diciembre 21 de 2001, soportada entre otras, por las siguientes razones:
— No ha existido una buena energía de trabajo entre la revisoría fiscal y la dirección de la organización.
— No comparto algunas prácticas contables que le están dando a algunas transacciones en la organización.
— El sistema de control interno de la empresa no es integro.
La anterior situación, aunada a las irregularidades de la contabilidad, así como al informe de revisoría fiscal, constituye un indicio grave en contra del contribuyente.
Referente a la falsa motivación, por cuanto los valores indicados en el requerimiento especial y el valor final propuesto en la liquidación oficial presentan inconsistencias, no le asiste razón al demandante, pues los valores son los correctos, y se obtuvieron como resultado del análisis de las cuentas bancarias activas que no se encontraron registradas en la contabilidad, simplemente hubo un error de trascripción, que fue subsanado en la resolución de reconsideración que confirma la liquidación oficial de revisión, cuando señala el valor correcto en la suma de $ 722.746.939.
Este hecho no constituye irregularidad para declarar la nulidad de la actuación, pues cuando la administración tributaria detecta un yerro dentro de las etapas de determinación o discusión puede corregirlo, sin que se enmarque dentro de las causales de nulidad del artículo 730 del estatuto tributario(19).
Violación al debido proceso y al derecho de defensa - valor probatorio de las copias.
Esta conciliación la debió realizar Cable Unión de Occidente S.A., tomando la información del libro auxiliar de bancos, en el cual debe registrar los movimientos realizados en las cuentas bancarias, como son el giro de cheques, consignaciones, notas débitos, notas créditos.
Si la sociedad no estaba de acuerdo con la información enviada por Davivienda y el Banco Ganadero sobre los valores reportados en los extractos bancarios con los saldos del libro auxiliar, debió identificar las diferencias y las causas y solicitarle al banco la corrección de la inconsistencia; una vez identificados los conceptos y valores que ocasionaban la diferencia, enviar la conciliación bancaria a la administración tributaria con los respectivos ajustes y, no solicitar que fuera esta la que estableciera las diferencias o realizara la conciliación.
En el caso, la Sala observa que la administración tributaria en el fallo del recurso de reconsideración se pronunció(20) ante las pruebas solicitadas así:
“... La recurrente solicita se realice cuadro demostrativo de la prueba documental aportada y su respectiva cuantificación; al respecto, este despacho considera que dentro del proceso de discusión de los actos administrativos proferidos por la administración, corresponde al contribuyente aportar las pruebas que pretenda hacer valer a su favor, de tal forma que permita identificar claramente los hechos con los cuales pretende desvirtuar los valores determinados. Por lo anterior se hace necesario que dichas pruebas y en especial los documentos se encuentren debidamente organizados y claramente dispuestos a fin de llevar al ente fiscal al convencimiento de lo que pretenden probar.
En el caso está demostrado que el contribuyente con sus prácticas buscada el incumplimiento de la ley y entorpecer la investigación tributaria iniciada por la administración local de impuestos de Pereira.
La sociedad Cable Unión de Occidente cambió de manera reiterada su domicilio, a tal punto que el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales lo debió establecer mediante la Resolución 05040 del 17 de junio de 2003 en la ciudad de Pereira; y como quedó citado en el acta de asamblea general extraordinaria de accionista de fecha 3 de enero de 2003, la única intención era evitar ser investigados por la DIAN.
De todo esto queda claro, que quien violó el principio de la buena fe, no fue la administración tributaria, sino que por el contrario quien actúo con deslealtad, con intención negativa para evitar la actividad del ente investigador fue la sociedad demandante.
En este orden de ideas, es claro que el principio de la buena fe no fue transgredido, si no que fueron los procedimientos adoptados por el contribuyente los que obstaculizaron la labor de la administración.
De otro lado, manifiesta el demandante que no fueron valoradas las 3764 copias allegadas con el recurso de reconsideración, en consideración a que estas no fueron autenticadas.
Precisa la Sala que el demandante no indica cual documento de las 3764 copias se debe valorar, por lo que el análisis se hará teniendo en cuenta la decisión adoptada por la administración, en cuanto las excluyó por no reunir los requisitos del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil(21).
Según la norma, para que un documento privado, tenga valor probatorio, debe presentarse previamente ante notario público o ante otra autoridad administrativa, y solo será legítimo a partir de la fecha en que conste dicha presentación.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 1º de febrero de 2007 del Tribunal Administrativo de Risaralda dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Cable Unión de Occidente S.A. contra la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
2. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora María Cristina Arias Hernández como apoderada de la parte demandada, según poder que obra en el folio 396 del expediente.
(9) ART. 772.—La contabilidad como medio de prueba. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma.
(10) Articulo 74 del Código de Comercio “... Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos”.
(11) Sentencia del 18 de marzo de 2010, Radicación 25000-23-27-000-2004-01388-01(16729), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
(12) Folio 1449 a 1499 del anexo 1.
(13) Folio 3333 a 3366 del anexo 3.
(14) “Artículo 777.—La certificación de contador público y revisor fiscal es prueba contable. Cuando se trate de presentar en las oficinas de la administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes”.
(15) Sentencias de 14 de junio de 2002, Expediente 12840, C.P. Ligia López Díaz y de 11 de septiembre de 2006, Expediente 14754, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(16) Sentencias de 25 de noviembre de 2004, Expediente 14155, C.P. María Inés Ortiz Barbosa y de 30 de noviembre de 2006, Expediente 14846, C.P. Héctor Romero Díaz.
(17) Folio 50, cuaderno principal.
(18) Folio 3301 a 3321 anexo 3.
(19) “Art. 730.— Causales de nulidad. Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la administración tributaria, son nulos:
6. Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley como causal de nulidad”.
(21) Folio 28 del cuaderno principal.