Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32016L2284
Timestamp: 2019-06-17 22:09:19
Document Index: 377225494

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 288', 'artículo 290', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 8']

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (Texto pertinente a efectos del EEE )
DIRECTIVA (UE) 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE
En los últimos veinte años se han logrado grandes avances en la Unión en relación con las emisiones atmosféricas antropogénicas y la calidad del aire, en particular gracias a una política de la Unión específica, dentro de la que se inscribe la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2005, titulada «Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica» (en lo sucesivo, «ETCA»). La Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha sido decisiva a este respecto al fijar límites máximos para las emisiones anuales totales de los Estados miembros a partir de 2010 correspondientes al dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y el amoníaco (NH3). A causa de ello, entre 1990 y 2010 las emisiones de dióxido de azufre se redujeron en un 82 %, las de óxidos de nitrógeno en un 47 %, las de compuestos orgánicos volátiles no metánicos en un 56 % y las de amoníaco en un 28 % en la Unión. No obstante, como se indica en la Comunicación de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, titulada «Aire Puro para Europa» (en lo sucesivo, «ETCA revisada»), sigue habiendo importantes efectos negativos y riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
El Séptimo Programa de Medio Ambiente (5) confirma el objetivo a largo plazo de la Unión sobre calidad del aire de alcanzar unos niveles de calidad del aire tales que no haya importantes efectos negativos y riesgos para la salud humana o el medio ambiente y, a tal fin, insta a que se cumplan plenamente la legislación de la Unión vigente sobre calidad del aire y los objetivos y acciones estratégicos para después de 2020, a que se redoblen esfuerzos en las zonas en las que la población y los ecosistemas están expuestos a niveles elevados de contaminantes atmosféricos y a que se refuercen las sinergias entre la legislación sobre calidad del aire y los objetivos estratégicos que se ha marcado la Unión, en particular en materia de cambio climático y biodiversidad.
La ETCA revisada establece nuevos objetivos estratégicos para el período que concluye en 2030, con el fin de avanzar hacia el objetivo de la Unión a largo plazo sobre calidad del aire.
Los Estados miembros y la Unión están en proceso de ratificación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio de Minamata sobre el mercurio de 2013, que persigue proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de mercurio procedentes de fuentes nuevas o ya existentes con el fin de que entre en vigor en 2017. Las emisiones comunicadas de ese contaminante deben seguir siendo objeto de examen por parte de la Comisión.
Los Estados miembros y la Unión son Partes en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (en lo sucesivo, «Convenio LRTAP», por sus siglas en inglés de Long-Range Transboundary Air Pollution) y en varios de sus Protocolos, en particular el Protocolo de 1999 relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono troposférico, que fue revisado en 2012 (en lo sucesivo, «Protocolo de Gotemburgo revisado»).
Para 2020 y después, el Protocolo de Gotemburgo revisado establece para cada una de las Partes, tomando 2005 como año de referencia, nuevos compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos y partículas finas, promueve la reducción de las emisiones de carbono negro e insta a recoger y conservar información sobre los efectos nocivos de la concentración y deposición de contaminantes atmosféricos en la salud humana y el medio ambiente, así como a participar en programas en el marco del Convenio LRTAP centrados en los efectos.
El régimen de techos nacionales de emisión establecido por la Directiva 2001/81/CE debe por lo tanto revisarse para adaptarlo a los compromisos internacionales de la Unión y los Estados miembros. A tal efecto, en la presente Directiva los compromisos nacionales de reducción de emisiones para cualquier año, de 2020 a 2029, son idénticos a los del Protocolo de Gotemburgo revisado.
Los Estados miembros deben aplicar la presente Directiva de manera que contribuya efectivamente a que se alcance el objetivo a largo plazo de la Unión en materia de calidad del aire, tal como se ve respaldado por las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como los objetivos de la Unión sobre protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, reduciéndose los niveles y la deposición y de contaminantes atmosféricos acidificantes y eutrofizantes, así como del ozono, por debajo de las cargas y niveles críticos fijados por el Convenio LRTAP.
La presente Directiva debe contribuir asimismo a la alcanzar, de modo eficiente en términos de costes, los objetivos de calidad del aire establecidos en la legislación de la Unión y a mitigar los efectos del cambio climático, además de a mejorar la calidad del aire a nivel mundial y a mejorar las sinergias con las políticas de la Unión en materia de clima y energía, a la vez que se evitan duplicidades en la legislación de la Unión vigente.
La presente Directiva también ha de contribuir a reducir los costes que la contaminación atmosférica en la Unión ocasiona en el ámbito de la salud, al mejorar el bienestar de los ciudadanos de la Unión, así como a favorecer la transición a una economía verde.
La presente Directiva debería contribuir a la reducción progresiva de la contaminación atmosférica al añadirse a las reducciones logradas mediante la legislación de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente por emisiones de determinadas sustancias.
La legislación de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente debe lograr de forma efectiva las reducciones de emisiones esperadas. Identificar y dar respuesta en una fase temprana a una legislación ineficaz de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente resulta fundamental para alcanzar objetivos de calidad del aire más amplios, como demuestra la discrepancia entre las emisiones reales y las emisiones en ensayos de óxidos de nitrógeno de los automóviles diésel EURO 6.
Los Estados miembros deben cumplir los compromisos de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva desde 2020 a 2029 y a partir de 2030. Para garantizar avances demostrables hacia la consecución de los compromisos de 2030, los Estados miembros deben determinar en 2025 unos niveles indicativos de emisión que sean técnicamente viables y no supongan costes desproporcionados, y deben procurar cumplir esos niveles. En caso de que no puedan limitarse las emisiones de 2025 según la trayectoria de reducción determinada, los Estados miembros deben explicar las razones para apartarse de esta, así como las medidas que los devolverían a su trayectoria, en los siguientes informes que deban preparar con arreglo a la presente Directiva.
Los compromisos nacionales de reducción de emisiones que contempla la presente Directiva a partir de 2030 se basan en las posibilidades estimadas de reducción de cada Estado miembro contenidas en el informe ETCA n.o 16 de enero de 2015 (en lo sucesivo, «ETCA 16»), en el examen técnico de las diferencias existentes entre las estimaciones nacionales y las del ETCA 16, así como en el objetivo político de mantener la reducción general de los efectos en la salud para 2030, en comparación con 2005, lo más cerca posible de la propuesta original de la Comisión para la presente Directiva. Para mejorar la transparencia, la Comisión debe publicar los supuestos subyacentes empleados en la ETCA 16.
El cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones debe valorarse en referencia a la situación metodológica específica en el momento en que se haya contraído el compromiso.
Los requisitos relativos a los informes, así como los compromisos de reducción de emisiones, deben basarse en el consumo nacional de energía y en las ventas de combustibles. Con todo, algunos Estados miembros pueden optar, en virtud del Convenio LRTAP, por utilizar su total nacional de emisiones, calculado en función de los combustibles utilizados en el sector de los transportes por carretera como base para el cumplimiento. Esa opción debe mantenerse en la presente Directiva a fin de garantizar la coherencia entre el Derecho internacional y de la Unión.
Para paliar alguna de las incertidumbres inherentes a contraer compromisos nacionales de reducción de emisiones, el Protocolo de Gotemburgo revisado incluye mecanismos de flexibilidad que deben incorporarse a la presente Directiva. En particular, el Protocolo de Gotemburgo revisado establece un mecanismo para ajustar los inventarios nacionales de emisiones y promediar las emisiones nacionales anuales durante un período máximo de tres años cuando se cumplan determinadas condiciones. Además, deben establecerse mecanismos de flexibilidad en la presente Directiva cuando esta imponga un compromiso de reducción que supere la reducción de emisiones eficiente en términos de costes determinada en la ETCA 16 y también con objeto de ayudar a los Estados miembros en caso de acontecimientos súbitos y excepcionales relacionados con la generación o el suministro de energía, siempre que se cumplan determinadas condiciones. La Comisión debe hacer un seguimiento de la utilización de esos mecanismos de flexibilidad, teniendo en cuenta las orientaciones elaboradas en virtud del Convenio LRTAP. A efectos de evaluar las solicitudes de ajuste, debe considerarse que los compromisos de reducción de emisiones para el período entre 2020 y 2029 se han fijado a 4 de mayo de 2012, fecha en que se revisó el Protocolo de Gotemburgo.
Cada Estado miembro debe elaborar, adoptar y aplicar un programa nacional de control de la contaminación atmosférica con el fin de cumplir sus compromisos de reducción de emisiones y contribuir efectivamente a la consecución de los objetivos de calidad del aire. A tal fin, los Estados miembros deben tener en cuenta la necesidad de reducir las emisiones, en particular de óxidos de nitrógeno y partículas finas, en las zonas y aglomeraciones afectadas por concentraciones excesivas de contaminantes atmosféricos y/o en aquellas que contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica de otras zonas y aglomeraciones, incluso en los países vecinos. Los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica deben, a tal fin, contribuir a la aplicación satisfactoria de los planes de calidad del aire establecidos en virtud del artículo 23 de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).
Con el fin de reducir las emisiones procedentes de fuentes antropogénicas, los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica deben considerar las medidas aplicables a todos los sectores pertinentes, incluyéndose la agricultura, la energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables, la calefacción doméstica y la utilización de máquinas móviles no de carretera y disolventes. No obstante, los Estados miembros deben poder decidir qué medidas adoptar para cumplir los compromisos de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva.
Al elaborar los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, los Estados miembros deben tener en cuenta las mejores prácticas para ocuparse, entre otros, de los contaminantes más nocivos dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva con respecto a grupos de población vulnerables.
La agricultura contribuye de forma importante a las emisiones atmosféricas de amoníaco y partículas finas. Para reducir esas emisiones, los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica deben incluir medidas aplicables al sector agrícola. Esas medidas deben ser eficaces en términos de costes y basarse en información y datos concretos, teniendo en cuenta los progresos científicos y las medidas previas adoptadas por los Estados miembros. La política agrícola común ofrece a los Estados miembros la posibilidad de contribuir a la calidad del aire con medidas específicas. Una futura evaluación facilitará una mejor comprensión de los efectos de esas medidas.
Debe lograrse una mejora de la calidad del aire con medidas proporcionadas. Al tomar las medidas que se vayan a incluir en los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica aplicables al sector agrícola, los Estados miembros deben asegurarse de que se tengan plenamente en cuenta sus repercusiones en las explotaciones agrícolas pequeñas de modo que se limiten en la mayor medida posible los costes adicionales.
Cuando determinadas medidas adoptadas en el marco de los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica dirigidas a evitar las emisiones en el sector agrícola puedan optar a una ayuda financiera, en particular las medidas en las explotaciones agrícolas que requieran cambios significativos de prácticas o inversiones importantes, la Comisión debe facilitar el acceso a dicha ayuda y a otros tipos de financiación disponible de la Unión.
Para reducir las emisiones, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de apoyar el desplazamiento de las inversiones hacia tecnologías limpias y eficientes. La innovación puede contribuir a mejorar la sostenibilidad y a resolver los problemas en origen, mediante la mejora de las respuestas sectoriales a los desafíos relacionados con la calidad del aire.
Deben actualizarse periódicamente los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, incluidos los análisis en los que se basa la elección de estrategias y medidas.
Para que los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y cualquier actualización importante estén bien fundados, los Estados miembros deben someter esos programas y actualizaciones a consulta del público y de las autoridades competentes en todos los niveles y en todo momento cuando todavía estén abiertas todas las opciones respecto a medidas y estrategias. Los Estados miembros deben entablar consultas transfronterizas en los casos en que la aplicación de sus programas pueda afectar a la calidad del aire en otro Estado miembro o en un tercer país, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Derecho internacional y de la Unión, incluidos la Convención de la CEPE/ONU sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo de 1991 (en lo sucesivo, «Convención de Espoo») y su Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de 2003.
La presente Directiva tiene por objetivo, entre otros, proteger la salud humana. Como ha recordado el Tribunal de Justicia en reiteradas ocasiones, resulta incompatible con el carácter vinculante que el artículo 288, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce a una directiva excluir, en principio, que la obligación que esta impone pueda ser invocada por las personas afectadas. Esa consideración es especialmente válida para una directiva cuyo objetivo es controlar y reducir la contaminación atmosférica y que pretende, en consecuencia, proteger la salud pública.
Los Estados miembros deben preparar y comunicar inventarios y proyecciones nacionales de emisiones, así como informes sobre los inventarios en relación con todos los contaminantes atmosféricos contemplados por la presente Directiva, lo cual debe permitir a la Unión cumplir las obligaciones en materia de presentación de información que le imponen el Convenio LRTAP y sus protocolos.
Para preservar una plena coherencia en el conjunto de la Unión, los Estados miembros deben velar por que los inventarios y proyecciones de emisiones nacionales, así como los informes sobre los inventarios que comuniquen a la Comisión concuerden totalmente con la información que presenten en el marco del Convenio LRTAP.
Con objeto de evaluar la efectividad de los compromisos nacionales de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva, los Estados miembros deben, además, realizar un seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica en los ecosistemas terrestres y acuáticos, y comunicar tales efectos. Para garantizar un planteamiento eficiente en términos de costes, los Estados miembros deben poder utilizar los indicadores optativos de seguimiento a que se refiere la presente Directiva, y han de coordinarse con otros programas de seguimiento establecidos con arreglo a Directivas relacionadas y, en su caso, el Convenio LRTAP.
Debe establecerse un Foro Europeo «Aire Puro» que reúna a todas las partes implicadas, incluidas las autoridades competentes de los Estados miembros en todos los niveles pertinentes, para intercambiar experiencias y buenas prácticas, en particular para realizar aportaciones a efectos de orientación y facilitar la aplicación coordinada de la legislación y las políticas de la Unión relacionadas con la mejora de la calidad del aire.
En consonancia con la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), los Estados miembros deben asegurar la difusión activa y sistemática de información por medios electrónicos.
Es necesario modificar la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) con objeto de garantizar la coherencia de dicha Directiva con el Convenio de la CEPE/ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente de 1998 (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»).
A fin de tener en cuenta los avances técnicos e internacionales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación del anexo I, del anexo III, parte 2, y del anexo IV, para adaptarlos a los avances en el marco del Convenio LRTAP, y por lo que respecta a la modificación del anexo V, para adaptarlo al progreso técnico y científico y a los avances en el marco del Convenio LRTAP. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (9). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de los mecanismos de flexibilidad y de los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).
Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la presente Directiva y garantizar su ejecución. Tales sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Habida cuenta de la naturaleza y el alcance de las modificaciones que deben introducirse en la Directiva 2001/81/CE, esta debe ser sustituida para mejorar la seguridad jurídica, la claridad, la transparencia y la simplificación legislativa. Para garantizar la continuidad en la mejora de la calidad del aire, los Estados miembros deben cumplir los techos nacionales de emisión establecidos en la Directiva 2001/81/CE hasta que los nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones establecidos en la presente Directiva sean aplicables en 2020.
Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al carácter transfronterizo de la contaminación atmosférica, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (11), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.
los objetivos de calidad del aire establecidos en la legislación de la Unión, y los avances hacia el objetivo a largo plazo de la Unión consistente en alcanzar niveles de calidad del aire en consonancia con las orientaciones sobre la calidad del aire publicadas por la Organización Mundial de la salud;
los objetivos en materia de biodiversidad y de ecosistemas de la Unión en consonancia con el 7.o Programa de Acción en materia de medio ambiente;
la mejora de las sinergias entre la política de calidad del aire de la Unión y otras políticas pertinentes de la Unión, en particular las políticas climática y energética.
4) «objetivos de calidad del aire»: los valores límite, los valores objetivo y las obligaciones en materia de concentración de la exposición establecidos en la Directiva 2008/50/CE y en la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12);
las emisiones de las aeronaves fuera del ciclo de aterrizaje y despegue;
las emisiones del tráfico marítimo nacional desde y hacia los territorios mencionados en el artículo 2, apartado 2;
las emisiones del tráfico marítimo internacional;
las emisiones de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles no metánicos de las actividades contempladas en las categorías 3B (gestión de estiércol) y 3D (suelos agrícolas) de la nomenclatura para informes de 2014 (en lo sucesivo, «NFR», por sus siglas en inglés de Nomenclature for Reporting) establecida por el Convenio LRTAP.
el Estado miembro afectado, tras haber tenido en cuenta las conclusiones de los programas nacionales de inspección y ejecución que examinan la eficacia de la legislación de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente, demuestre que factores de emisión significativamente diferentes no se derivan de la aplicación o ejecución en el ámbito interno de dicha legislación;
el Estado miembro afectado haya informado a la Comisión sobre la diferencia significativa en los factores de emisión, institución que, con arreglo al artículo 11, apartado 2, investigará la necesidad de medidas adicionales.
el Estado miembro afectado haya demostrado que se han hecho todos los esfuerzos razonables, incluida la aplicación de nuevas medidas y políticas, para garantizar el cumplimiento, y que se seguirá haciéndolos para que el período de incumplimiento sea lo más breve posible, y
el Estado miembro afectado haya demostrado que la aplicación de medidas y políticas adicionales a las mencionadas en la letra a) implicaría costes desproporcionados, comprometería seriamente la seguridad energética nacional o plantearía un riesgo importante de pobreza energética para una parte significativa de la población.
Programas nacionales de control de la contaminación atmosférica
valorarán en qué medida las fuentes de emisiones nacionales pueden tener un impacto sobre la calidad del aire en su territorio y en el de Estados miembros vecinos, en su caso, utilizando datos y metodologías elaborados por el Programa europeo de seguimiento y evaluación (en lo sucesivo, «EMEP», por sus siglas en inglés de European Monitoring and Evaluation Programme) en virtud del Protocolo relativo a la financiación a largo plazo del Programa concertado de seguimiento continuo y evaluación del transporte a gran distancia de los contaminantes atmosféricos en Europa del Convenio LRTAP;
tendrán en cuenta la necesidad de reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos para cumplir los objetivos de calidad del aire en su territorio y, en su caso, en el de los Estados miembros vecinos;
darán prioridad a las medidas de reducción de las emisiones de carbono negro a la hora de adoptar medidas para cumplir sus compromisos nacionales de reducción de las partículas finas;
garantizarán la coherencia con otros planes y programas pertinentes establecidos en virtud de requisitos indicados en la legislación nacional o de la Unión.
el programa marco de investigación e innovación;
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, incluida la correspondiente financiación en el marco de la política agrícola común;
instrumentos de financiación para el medio ambiente y la acción por el clima, como el programa LIFE.
Inventarios y proyecciones nacionales de emisiones e informes sobre los inventarios
Seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica
Presentación de información por los Estados miembros
controles para comprobar la transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información presentada;
controles para detectar aquellos casos en que los datos de los inventarios se hayan preparado de una forma incompatible con los requisitos establecidos en virtud del Derecho internacional, en particular el Convenio LRTAP;
cuando sea indicado, un cálculo de las consiguientes correcciones técnicas necesarias, en consulta con los Estados miembros de que se trate.
a más tardar el 1 de julio de 2018 y a continuación cada cuatro años, la ubicación de los lugares de seguimiento y los indicadores asociados utilizados para el seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica, y
a más tardar el 1 de julio de 2019 y a continuación cada cuatro años, los datos de seguimiento indicados en el artículo 9.
los avances para alcanzar:
los compromisos sobre los niveles indicativos de emisiones y sobre la reducción de emisiones a que se refiere el artículo 4 y, en su caso, las razones de cualquier incumplimiento,
niveles de calidad del aire ambiente que estén en consonancia con las orientaciones sobre la calidad del aire publicadas por la Organización Mundial de la Salud,
la determinación de las medidas adicionales necesarias a escala de la Unión y de los Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en la letra a);
la utilización de los fondos de la Unión para respaldar las medidas adoptadas con el fin de cumplir los objetivos de la presente Directiva;
los resultados del examen de la Comisión de los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y sus actualizaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo tercero;
una evaluación de los impactos sanitarios, ambientales y socioeconómicos de la presente Directiva.
Foro Europeo «Aire Puro»
los últimos datos científicos;
las actualizaciones del documento orientativo de la CEPE/ONU para la prevención y reducción de las emisiones de amoníaco procedentes de fuentes agrícolas de 2014 [en lo sucesivo, «documento orientativo sobre el amoníaco» (15)], el Código marco de buenas prácticas agrarias de la CEPE/ONU para reducir las emisiones de amoníaco (16), en su versión revisada en 2014;
las actualizaciones de las mejores técnicas disponibles definidas en el artículo 3, punto 10, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17);
las medidas agroambientales en el marco de la política agrícola común.
los programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y sus eventuales actualizaciones;
los inventarios nacionales de emisiones (incluidos, cuando sea aplicable, los inventarios nacionales de emisiones ajustados), las proyecciones nacionales de emisiones, los informes sobre los inventarios y los demás informes y datos proporcionados a la Comisión con arreglo al artículo 10.
2. De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), la Comisión garantizará la difusión activa y sistemática al público de los inventarios y proyecciones de emisiones y de los informes sobre los inventarios relativos a toda la Unión mediante un sitio web accesible al público.
los supuestos subyacentes que haya tenido en cuenta para cada Estado miembro en la definición de sus posibilidades nacionales de reducción de emisiones utilizados para preparar el Informe ETCA;
la lista de la legislación pertinente de la Unión dirigida a controlar la contaminación atmosférica en la fuente, y
los resultados del examen mencionado en el artículo 10, apartado 1, párrafo tercero.
Cooperación con terceros países y coordinación en el seno de organizaciones internacionales
4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (19).
1. La Comisión estará asistida por el Comité de Calidad del Aire Ambiente establecido en el artículo 29 de la Directiva 2008/50/CE. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.
Modificación de la Directiva 2003/35/CE
artículo 6, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (*1).
los artículos 1 y 4 y el anexo I de la Directiva 2001/81/CE seguirán aplicándose hasta el 31 de diciembre de 2019;
los artículos 7 y 8 y el anexo III de la Directiva 2001/81/CE quedarán derogados el 31 de diciembre de 2016.
(1) DO C 451 de 16.12.2014, p. 134.
(2) DO C 415 de 20.11.2014, p. 23.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 23 de noviembre de 2016 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de diciembre de 2016.
(4) Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 22).
(5) Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
(6) Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).
(8) Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).
(12) Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (DO L 23 de 26.1.2005, p. 3).
(14) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
(15) Decisión 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.
(16) Decisión ECE/EB.AIR/127, apartado 36e.
(17) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
(18) Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264 de 25.9.2006, p. 13).
Fechas de información
Emisiones nacionales totales de la nomenclatura NFR (1) por categoría de fuente (2)
Metales pesados (Cd, Hg, Pb) (3)
COP (4) (total de HAP (5), benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno, dioxinas/furanos, PCB (6) y HCB (7))
Cada año, desde 1990 hasta el año de información menos dos (X-2)
Emisiones nacionales totales por categoría de fuente de la nomenclatura NFR (2)
PM2,5, PM10 (8) y, si se dispone de la información, CN (carbono negro)
Cada año, desde 2000 hasta el año de información menos dos (X-2)
Emisiones nacionales totales por categoría de fuente de la nomenclatura NFR (10)
Metales pesados (As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn y sus compuestos) (11)
Cada año, desde 1990 (desde 2000 en el caso de las TPS) hasta el año de información menos dos (X-2)
Series cronológicas/años objetivo
Metales pesados (Cd, Hg, Pb)
COP (total de HAP, HCB, PCB, dioxinas/furanos)
CN (si se dispone de la información)
Emisiones proyectadas, por NFR agregadas
SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 y, si se dispone de la información, CN (carbono negro)
Metales pesados (Cd, Hg, Pb) y CN
COP (total de HAP, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, indeno(1,2,3-cd)pireno, dioxinas/furanos, PCB y HCB)
Si se dispone de la información, metales pesados (As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn y sus compuestos) y TPS
(1) Nomenclatura para informes (NFR), establecida por el Convenio LRTAP.
(2) Se informará sobre las emisiones naturales de conformidad con los métodos que figuran en el Convenio LRTAP y la guía para la producción de inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos del EMEP/AEMA. No se incluirán en los totales nacionales y se informará sobre estas por separado.
(3) Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (plomo).
(4) COP (contaminantes orgánicos persistentes).
(5) HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos)
(6) PCB (policlorobifenilos)
(7) HCB (hexaclorobenceno)
(8) Por «PM10», se entienden las partículas de un diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 micrómetros (μm).
(9) En caso de errores, debe presentarse nueva información en un plazo de cuatro semanas, como máximo, con una explicación clara de los cambios realizados.
(10) Se informará sobre las emisiones naturales de conformidad con los métodos establecidos en el Convenio LRTAP y la guía para la producción de inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos del EMEP/AEMA. No se incluirán en los totales nacionales y se informará sobre estas por separado.
(11) As (arsénico), Cr (cromo), Cu (cobre), Ni (níquel), Se (selenio), Zn (zinc).
(12) TPS (total de partículas en suspensión).
(13) En caso de errores, debe presentarse nueva información en un plazo de cuatro semanas, con una explicación clara de los cambios realizados.
Compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), de óxidos de nitrógeno (NOx) y de compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). Los compromisos de reducción tienen 2005 como año de referencia, y para el transporte por carretera, se aplican a las emisiones calculadas en función de los combustibles vendidos (*1).
Reducción de las emisiones de SO2 en comparación con 2005
Reducción de las emisiones de NOx en comparación con 2005
Reducción de las emisiones de COVNM en comparación con 2005
Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3) y de partículas finas (PM2,5). Los compromisos de reducción tienen 2005 como año de referencia, y para el transporte por carretera, se aplican a las emisiones calculadas en función de los combustibles vendidos (*2).
Reducción de las emisiones de NH3 en comparación con 2005
Reducción de las emisiones de PM2,5 en comparación con 2005
(*1) Los Estados miembros que puedan optar por usar el total nacional de emisiones, calculado en función de los combustibles utilizados, como base para el cumplimiento en virtud del Convenio LRTAP, podrán conservar esa opción para garantizar la coherencia entre el Derecho internacional y de la Unión.
(*2) Los Estados miembros que puedan optar por usar el total nacional de emisiones, calculado en función de los combustibles utilizados, como base para el cumplimiento en virtud del Convenio LRTAP, podrán conservar esa opción para garantizar la coherencia entre el Derecho internacional y de la Unión.
El programa nacional inicial de control de la contaminación atmosférica a que se refieren los artículos 6 y 10 contendrá, al menos, lo siguiente:
el marco estratégico nacional en materia de calidad del aire y contaminación en el que se haya elaborado el programa, en particular:
las prioridades estratégicas y sus vínculos con las prioridades establecidas en otros ámbitos de referencia, incluidos el cambio climático y, en su caso, la agricultura, la industria y el transporte,
las responsabilidades atribuidas a las autoridades nacionales, regionales y locales,
los avances realizados gracias a políticas y medidas vigentes en la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire, y el grado de cumplimiento de las obligaciones nacionales y de la Unión,
la evolución prevista en el supuesto de que las políticas y medidas ya adoptadas no sufran ninguna modificación;
las opciones estratégicas consideradas para cumplir los compromisos de reducción de emisiones para el período entre 2020 y 2029 y a partir de 2030 y los niveles intermedios de emisión establecidos para 2025, así como para seguir mejorando la calidad del aire, y el análisis de esas opciones, en particular el método de análisis; si se dispone de la información, el impacto, por separado o combinado, de las políticas y medidas en la reducción de emisiones y la calidad del aire y el medio ambiente y las incertidumbres asociadas;
las políticas y medidas elegidas para ser adoptadas, incluidos el calendario para su adopción, aplicación y revisión y las autoridades competentes responsables;
en su caso, una explicación de las razones por las que no pueden cumplirse los niveles indicativos de emisión para 2025 sin adoptar medidas que acarreen costes desproporcionados;
en su caso, una relación del recurso a los mecanismos de flexibilidad previstos en el artículo 5 y de cualesquiera consecuencias medioambientales que resulten de tal recurso;
una evaluación de la coherencia de las políticas y medidas elegidas con los planes y programas establecidos en otros ámbitos de referencia.
Las actualizaciones del programa nacional de control de la contaminación atmosférica a que se refieren los artículos 6 y 10 contendrán, al menos, lo siguiente:
una evaluación de los avances realizados en la aplicación del programa y en la reducción de emisiones y de concentraciones;
cualquier cambio significativo del contexto político, las evaluaciones, el programa o su calendario de aplicación.
Los Estados miembros establecerán un código nacional que recomiende buenas prácticas agrarias para controlar las emisiones de amoníaco, teniendo en cuenta el Código marco de buenas prácticas agrarias para reducir las emisiones de amoníaco de 2014, que trate, al menos, los aspectos siguientes:
gestión del nitrógeno, teniendo en cuenta el ciclo del nitrógeno completo;
estrategias de alimentación del ganado;
técnicas de esparcimiento de estiércol con bajo nivel de emisiones;
sistemas de almacenamiento de estiércol con bajo nivel de emisiones;
sistemas de albergue de animales con bajo nivel de emisiones;
posibilidades de limitación de las emisiones de amoníaco generadas por el uso de fertilizantes minerales.
Los Estados miembros podrán establecer un balance del nitrógeno nacional para seguir los cambios en las pérdidas globales de nitrógeno reactivo de la agricultura, incluidos el amoníaco, el óxido nitroso, el amonio, los nitratos y los nitritos, basándose en los principios del documento orientativo de la CEPE/ONU sobre los balances de nitrógeno (1).
Los Estados miembros prohibirán el uso de fertilizantes a base de carbonato de amonio y podrán reducir las emisiones de amoníaco de los fertilizantes inorgánicos aplicando los planteamientos siguientes:
sustituir los fertilizantes a base de urea por fertilizantes a base de nitrato de amonio;
en los casos en que sigan aplicándose fertilizantes a base de urea, utilizar métodos que hayan demostrado reducir las emisiones de amoníaco en al menos un 30 % respecto al uso del método de referencia, como se especifica en el documento orientativo sobre el amoníaco;
fomentar la sustitución de fertilizantes inorgánicos por fertilizantes orgánicos y, cuando se sigan aplicando los fertilizantes inorgánicos, esparcirlos de acuerdo con las exigencias previsibles del cultivo o pradera receptor en lo que respecta al nitrógeno y al fósforo, y teniendo en cuenta también el contenido de nutrientes presentes en el suelo y los nutrientes procedentes de otros fertilizantes.
Los Estados miembros podrán reducir las emisiones de amoníaco del estiércol aplicando los planteamientos siguientes:
reducir las emisiones resultantes de la aplicación de purines y estiércoles sólidos en tierras de labor y praderas utilizando métodos que reduzcan las emisiones en al menos un 30 % respecto al método de referencia descrito en el documento orientativo sobre el amoníaco, y en las condiciones siguientes:
esparcir los estiércoles y purines solamente de acuerdo con la necesidad previsible de nutrientes del cultivo o pradera receptor en lo que respecta al nitrógeno y al fósforo, y teniendo en cuenta también el contenido de nutrientes presentes en el suelo y los nutrientes procedentes de otros fertilizantes,
no esparcir estiércoles ni purines cuando la tierra receptora esté saturada de agua, inundada, helada o cubierta de nieve,
aplicar los purines en las praderas utilizando un latiguillo trasero, una zapata trasera o mediante inyección poco profunda o profunda,
incorporar los abonos y purines esparcidos en tierras de labor al suelo dentro de las cuatro horas siguientes a su aplicación;
reducir las emisiones generadas por el almacenamiento de estiércol fuera de las edificaciones destinadas al albergue de animales aplicando los planteamientos siguientes:
en el caso de almacenes de purines construidos después del 1 de enero de 2022, utilizar sistemas o técnicas de almacenamiento con bajo nivel de emisiones que hayan demostrado reducir las emisiones de amoníaco en al menos un 60 % respecto al método de referencia descrito en el documento orientativo sobre el amoníaco y, en el caso de los almacenes de purines existentes, en al menos un 40 %,
cubrir los almacenes de estiércol sólido,
garantizar que las explotaciones agrarias tengan una capacidad de almacenamiento de estiércol suficiente para esparcirlo solo durante los períodos adecuados para el crecimiento de los cultivos;
reducir las emisiones de las edificaciones destinadas al albergue de animales utilizando sistemas que hayan demostrado reducir las emisiones de amoníaco en al menos un 20 % respecto al método de referencia descrito en el documento orientativo sobre el amoníaco;
reducir las emisiones procedentes del estiércol utilizando estrategias de alimentación bajas en proteínas que hayan demostrado reducir las emisiones de amoníaco en al menos un 10 % respecto al método de referencia descrito en el documento orientativo sobre el amoníaco.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo II sobre cumplimiento cruzado del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), los Estados miembros podrán prohibir la quema al aire libre de restos y residuos de cosechas y de broza forestal.
Los Estados miembros podrán establecer un código que recomiende buenas prácticas agrarias para la gestión correcta de los restos de cosechas, basado en los planteamientos siguientes:
mejora de la estructura del suelo mediante la incorporación de restos de cosechas;
técnicas perfeccionadas para la incorporación de restos de cosechas;
usos alternativos de los restos de cosechas;
mejora del contenido de nutrientes y de la estructura del suelo mediante la incorporación del estiércol necesario para un crecimiento vegetal óptimo, evitando con ello la quema de estiércol (estiércol de granja, cama de paja profunda).
(1) Decisión 2012/10, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.
(2) Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
Los inventarios nacionales de emisiones serán transparentes, coherentes, comparables, completos y exactos.
Las emisiones de las principales categorías identificadas se calcularán de acuerdo con las metodologías descritas en la Guía EMEP/AEMA y con el fin de aplicar una metodología de nivel 2 o superior (más detallada).
En el caso de las emisiones del transporte, los Estados miembros calcularán y comunicarán las emisiones de acuerdo con los balances energéticos nacionales transmitidos a Eurostat.
Las emisiones generadas por el transporte de carretera se calcularán y se informará al respecto en función del combustible vendido (1) en el Estado miembro considerado. Además, los Estados miembros también podrán comunicar esas emisiones del transporte por carretera sobre la base del combustible utilizado o de los kilómetros recorridos en el Estado miembro.
Los Estados miembros comunicarán sus emisiones nacionales anuales expresadas en la unidad aplicable especificada en el modelo de presentación de las emisiones en nomenclatura NFR del Convenio LRTAP.
Las proyecciones nacionales de emisiones serán transparentes, coherentes, comparables, completas y exactas, y se incluirá información, al menos, sobre lo siguiente:
una descripción clara de las políticas y medidas adoptadas y previstas incluidas en las proyecciones;
en su caso, los resultados del análisis de sensibilidad realizado en relación con las proyecciones;
una descripción de las metodologías, los modelos, las hipótesis subyacentes y los parámetros de entrada y salida principales.
Las proyecciones de emisiones se calcularán y agregarán en relación con los sectores emisores pertinentes. Los Estados miembros presentarán, respecto a cada contaminante, una proyección «con medidas» (medidas adoptadas) y, en su caso, «con medidas adicionales» (medidas previstas), conforme a las directrices de la Guía EMEP/AEMA.
Las proyecciones nacionales de emisiones serán coherentes con el inventario nacional de emisiones anuales para el año x-3 y con las proyecciones presentadas en virtud del Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
descripciones, referencias y fuentes de información de las distintas metodologías, hipótesis, factores de emisión y datos de actividad, así como las razones por las que se eligieron;
una descripción de las principales categorías nacionales de fuentes de emisión;
información sobre las incertidumbres, la garantía de calidad y la verificación;
una descripción de lo dispuesto institucionalmente para la preparación del inventario;
los nuevos cálculos y las mejoras previstas;
en su caso, información sobre el recurso a los mecanismos de flexibilidad contemplados en el artículo 5, apartados 1, 2, 3 y 4;
en su caso, información sobre las razones para apartarse de la trayectoria de reducción determinada conforme al artículo 4, apartado 2, así como las medidas para volver a converger en la trayectoria;
una sinopsis.
Si un Estado miembro propone un ajuste de su inventario nacional de emisiones de acuerdo con el artículo 5, apartado 1, incluirá en su propuesta a la Comisión, como mínimo, los siguientes documentos:
la prueba de que se ha excedido el compromiso o los compromisos nacionales de reducción de emisiones de que se trate;
la prueba de la medida en que el ajuste del inventario de emisiones reduce el exceso y contribuye al cumplimiento del compromiso o los compromisos nacionales de reducción de emisiones correspondientes;
una estimación de si se prevé que vayan a cumplirse el compromiso o los compromisos nacionales de reducción de emisiones correspondientes, y de la fecha en que se prevea que se cumplan, sobre la base de las proyecciones nacionales de emisiones sin ajuste;
la prueba de que el ajuste es coherente con una o varias de las siguientes circunstancias; puede hacerse referencia a ajustes anteriores pertinentes, según corresponda:
en el caso de nuevas categorías de fuentes de emisión:
la prueba de que la nueva categoría de fuente de emisión está reconocida en la bibliografía científica y/o en la Guía EMEP/AEMA,
la prueba de que esa categoría de fuente no estaba incluida en el correspondiente inventario nacional del historial de emisiones en el momento en el que se fijó el compromiso de reducción de emisiones,
la prueba de que las emisiones de una nueva categoría de fuente contribuyen a impedir al Estado miembro cumplir sus compromisos de reducción de emisiones, respaldada por una descripción detallada de la metodología, los datos y los factores de emisión utilizados para llegar a esa conclusión,
en el caso de factores de emisión significativamente diferentes utilizados para determinar las emisiones de categorías de fuentes específicas:
una descripción de los factores de emisión iniciales, incluida una descripción detallada de la base científica que sirvió para determinar los factores de emisión,
la prueba de que los factores de emisión iniciales se utilizaron para determinar las reducciones de emisiones en el momento en el que se establecieron,
una descripción de los factores de emisión actualizados, con información detallada sobre la base científica que sirvió para determinar los factores de emisión,
una comparación de las estimaciones de emisiones realizadas utilizando los factores de emisión iniciales y los actualizados, con la que se demuestre que el cambio de factores de emisión contribuye a impedir al Estado miembro cumplir sus compromisos de reducción,
las razones por las que se decidió que los cambios de factores de emisión son significativos,
en el caso de metodologías significativamente diferentes utilizadas para determinar las emisiones procedentes de categorías de fuentes específicas:
una descripción de la metodología inicial utilizada, con información detallada de la base científica que sirvió para determinar los factores de emisión,
la prueba de que la metodología inicial se utilizó para determinar las reducciones de emisiones en el momento en el que se establecieron,
una descripción de la metodología actualizada utilizada, incluida una descripción detallada de la referencia o base científica que sirvió para establecerla,
una comparación de las estimaciones de emisiones realizadas utilizando la metodología inicial y la actualizada, con la que se demuestre que el cambio de metodología contribuye a impedir al Estado miembro cumplir sus compromisos de reducción,
las razones por las que se decidió que el cambio de metodología es significativo.
Los Estados miembros podrán presentar la misma información en apoyo de procedimientos de ajuste basados en condiciones previas similares, siempre que cada Estado miembro presente la información específica del país requerida como se indica en el apartado 1.
Los Estados miembros volverán a calcular las emisiones ajustadas para garantizar, en la medida de lo posible, la coherencia de las series cronológicas para cada año al que se aplica el ajuste o ajustes.
(1) Los Estados miembros que puedan optar por utilizar el total nacional de emisiones, calculado en función de los combustibles utilizados, como base para el cumplimiento en virtud del Convenio LRTAP, podrán conservar esa opción para garantizar la coherencia entre el Derecho internacional y de la Unión.
(2) Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión n.o 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13).
En el caso de los ecosistemas de agua dulce: la determinación de la magnitud del daño biológico, incluidos los receptores sensibles (microfitos, macrofitos y diatomeas), y de la disminución de las poblaciones de peces o invertebrados:
En el caso de los ecosistemas terrestres: un análisis de la acidez del suelo, de la pérdida de nutrientes del suelo, del contenido y balance de nitrógeno y de la pérdida de biodiversidad:
como indicador principal, la acidez del suelo: fracciones intercambiables de cationes básicos (saturación básica) y aluminio intercambiable en los suelos:
como indicador principal, el lixiviado de nitratos del suelo (NO3,lix):
como indicador principal, la relación carbono/nitrógeno (C/N) y, como indicador complementario, el nitrógeno total en el suelo (Ntot):
como indicador principal, el balance de nutrientes en el follaje (N/P, N/K, N/Mg):
En el caso de los ecosistemas terrestres: análisis del daño del ozono en el crecimiento de la vegetación y en la biodiversidad:
como indicador principal, el crecimiento de la vegetación y el daño al follaje y, como indicador complementario, el flujo del carbono (Cflujo):
como indicador principal, la superación de los niveles críticos basados en los flujos:
Directiva 2001/81/CE
Artículo 2, párrafo primero, y párrafo segundo, letras c), d) y e)
Artículo 3, puntos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y 13
Artículo 3, letra g)
Artículo 3, punto 11
Artículo 2, párrafo segundo, letras a) y b)
Artículo 6, apartados 2, 5 a 10
Artículo 6, apartados 3 y 4
Artículo 8, apartados 1, párrafo segundo, y 2 a 4
Artículo 7, apartado 3, y artículo 8, apartado 3
Artículo 8, apartado 1, y anexo III
Anexos III, V y VI