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Timestamp: 2019-05-24 07:46:58
Document Index: 263367060

Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 117', 'artículo 106', 'artículo 121', 'artículo 292', 'artículo 106', 'artículo 121', 'artículo 293', 'artículo 61', 'artículo 292', 'artículo 292', 'artículo 141', 'artículo 139', 'artículo 106']

diariolaley - Documento Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 18 Sep. 2018, Rec. 432/2017
S AN 18/9/2018
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Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 18 Sep. 2018, Rec. 432/2017
LA LEY 149788/2018
ECLI: ES:AN:2018:3650
RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Administración del Estado. Ministerio de Justicia. Procedencia del aumento de la indemnización concedida por la dilación indebida padecida en la tramitación de proceso penal. La prolongación inadecuada del procedimiento hace que permanezcan o se agraven los daños que puede provocar el procedimiento penal y las medidas cautelares restrictivas de derechos adoptadas. La limitación de derechos ha supuesto un alto coste personal para el interesado, debido a la prolongación del periodo de tiempo en el que se vio privado de la posibilidad de relacionarse con sus hijas por la suspensión del régimen de visitas y alejamiento. A la suma ya reconocida se ha de añadir una cantidad adicional, en tanto que la prolongación de las medidas de suspensión y alejamiento ha venido a agravar las consecuencias de la falta de relación padre-hijas. Parece evidente que la ruptura del vínculo parental tiene más posibilidades de restauración si el periodo de suspensión es reducido que si es más prolongado, razón por la que la indemnización se incrementa.
La Audiencia Nacional estima parcialmente recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del Ministerio de Justicia que estima parcialmente reclamación para ser indemnizado a cargo del Estado, anulándola y reconociendo el derecho a que la cantidad reconocida sea incrementada.
SEGUNDO.- Admitido a trámite el escrito se tuvo por interpuesto el recurso, se acordó su sustanciación de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio (LA LEY 2689/1998), reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa, teniendo por personado y parte al procurador indicado, y reclamado el expediente de la Administración demandada, se dio traslado del mismo a la recurrente para que presentara demanda en legal forma; Evacuado el traslado conferido dentro de plazo, formuló escrito de demanda en el que tras exponer los hechos y fundamentos que estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se declare no conforme a derecho la resolución impugnada, y condene al Ministerio de Justicia a abonar al demandante 218.229,52 euros, en concepto de indemnización por daños morales, psíquicos y materiales, derivados del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, más los intereses legales desde la fecha de la entrada de la reclamación en vía administrativa (5 de junio de 2014), los intereses del artículo 106.2 dela LJCA (LA LEY 2689/1998) y las costas.
PRIMERO.- Reclamación administrativa y resolución impugnada.-
-Do n Hernan presenta escrito en el Ministerio de Justicia, el día 28 de mayo de 2014, en el que reclama por funcionamiento de la Administración de Justicia una indemnización de doscientos mil euros (200.000 euros), en relación con las actuaciones Judiciales seguidas, en el Sumario 31/2010-Secclón B- de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sumarlo Ordinario no 3/10 del Juzgado de Instrucción nº 2 de DIRECCION003), que fueron elevadas el día 9 de abril de 2014 a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
-Respecto al primer fundamento, no se puede olvidar que las resoluciones judiciales fueron tomadas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por lo tanto, valorar o emitir juicios sobre el sentido y contenido de las resoluciones judiciales dictadas en el seno de un proceso, entraría en el ámbito del error judicial, atentando contra la independencia judicial que consagra el artículo 117 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y conculcando el principio de división de poderes que rige en nuestro sistema constitucional.
El Ministerio de Justicia no puede considerar la petición indemnizatoria del reclamante por error judicial, dado que, por imperativo del Art. 293.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), se requiere una resolución judicial de un Tribunal Superior que expresamente lo declare.
La naturaleza de los hechos Investigados no permite justificar la necesidad de tan dilatado lapso temporal para la Instrucción y enjuiciamiento de la causa. La propia Audiencia Provincial de Tarragona, al decretar el levantamiento de las medidas cautelares mediante Auto de 28 de mayo de 2013 , tuvo en cuenta, para justificar su decisión, la demora que se había producido en la Instrucción del procedimiento: "La tramitación de la fase Instructora se demoró más de cuatro años, sin que en principio -dice el auto- ni la entidad ni el número de diligencias Instructoras acordadas Justifiquen tal retraso". Aparte de esta consideración general, el examen de las actuaciones evidencia diversos periodos de Inactividad durante la fase Instructora: así, por ejemplo, el Juzgado ordenó, mediante Auto de 28 de Junio de 2007, que la menor fuera examinada por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, pero el Informe del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal no se Incorporó hasta el 14 de diciembre de 2007, casi seis meses más tarde; en el mes de mayo de 2008, el Ministerio Fiscal Interesó del Juzgado la petición de un Informe al Hospital DIRECCION000, que no se Incorporó hasta el 10 de Julio de 2009, más de un año después; la Inhibición en favor del Juzgado de DIRECCION003 se adoptó mediante Auto de 20 de enero de 2010, dictado dos años y medio más tarde de la interposición de la denuncia; y, en fin, el Juzgado de DIRECCION003 tardó diez meses, cuando la causa ya estaba Instruida, en decretar, mediante Auto de 25 de octubre de 2010, la continuación del procedimiento por las reglas del sumarlo ordinario.
Las dilaciones indebidas no fueron, sin embargo, exclusivamente Imputables a los Juzgados DIRECCION001 y de DIRECCION003 que Instruyeron la causa. Tales dilaciones también se aprecian en la fase deenjuiciamiento ante la Audiencia Provincial de Tarragona: baste señalar que la causa tuvo entrada en la Sección Cuarta de dicha Audiencia el 10 de noviembre de 2010 y que el juicio oral se celebró, tras sucesivos aplazamientos, los días 2, 4 y 5 de diciembre de 2013, es decir, tres años más tarde.
La existencia de tales dilaciones comportó que el Sr. Hernan estuviera sometido a las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y suspensión del régimen de visitas a sus hijas durante más tiempo del debido. En el ya mencionado Auto de 28 de mayo de 2013, la Audiencia Provincial de Tarragona decretó su alzamiento señalando que "las medidas cautelares en su día adoptadas han superado en atención al tiempo en que han estado vigentes (en relación a la pena que en su caso pudiera llegarse a Imponer al acusado) el límite de lo razonable". El alzamiento de estas medidas no trajo consigo, sin embargo, el restablecimiento de las relaciones del Sr. Hernan con sus hijas, ya que la Audiencia Provincial de Tarragona entendió que debía ser la jurisdicción civil quien adoptase las correspondiente medidas al respecto: según dijo la Audiencia, debían "activarse, con rapidez y diligencia, los mecanismos civiles específicos que tiendan a favorecer una respuesta estable y ponderada al grave conflicto surgido, abriendo un Incidente en el procedimiento de familia en el que se puedan sustanciar los estudios y seguimientos mencionados en esta resolución". Pese a la Indicación de la Audiencia Provincial de Tarragona, encareciendo a la jurisdicción civil para que actuase con rapidez y diligencia, el Sr. Hernan no pudo comunicarse con sus hijas hasta casi dos años más tarde, cuando se dictó, en el procedimiento contencioso de divorcio, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de DIRECCION001, de 7 de abril de 2015, por la que se acuerda la "reanudación de las visitas entre el padre y las menores de forma gradual».
En resumen: entre el 16 de junio de 2007 -fecha en que el Juzgado deInstrucción nº 4 de DIRECCION001, en fundones de guardia, adoptó las medidas cautelares- y el 7 de abril de 2015 -fecha en que se dictó la sentencia de divorcio- transcurrieron casi ocho años, durante los cuales el Sr. Hernan no pudo acercarse a sus hijas, visitarlas o incluso -tal era el rigor de las medidas acordadas- tener "coincidencias espaciales" con ellas.
Si el proceso penal se hubiera tramitado en un plazo razonable, sin las dilaciones apreciadas, y la jurisdicción civil hubiese adoptado las medidas oportunas con la rapidez y diligencia exigidas por la Audiencia Provincial de Tarragona, el periodo de incomunicación entre el Sr. Hernan y sus hijas habría sido ostensiblemente menor. Los daños y perjuicios ocasionados por tal circunstancia son difícilmente evaluables, pero en todo caso resultan superiores a los 3.000 euros propuestos por el órgano Instructor. A tal efecto es preciso tener en cuenta el siguiente dato: en el momento de adopción de las medidas cautelares -16 de junio de 2007-, las hijas del ahora reclamante, Aida, nacida el NUM000 de 2001, e Angelina, nacida el NUM001 de 2003, tenían seis y tres años de edad respectivamente; en la fecha en que se acordó la reanudación del contacto entre padre e hijas -7 de abril de 2015-, Aida e Angelina tenían trece y once años de edad. No es difícil comprender que la ausencia de cualquier relación entre padre e hijas durante esas edades ha supuesto un coste personamuy elevado para el ahora reclamante: el daño moral que este alega se encuentra, por tanto, suficientemente justificado.
La Constitución, después de recoger en el artículo 106.2 el principio general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, - desarrollada en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y posteriormente en la Ley 39/2015 de 1 de octubre (LA LEY 15010/2015) del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-, contempla de manera específica en el artículo 121 CE (LA LEY 2500/1978) la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, recogiendo los supuesto de error y funcionamiento anormal. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) de 1 de julio de 1985 desarrolla dicha previsión, y en su artículo 292 dispone que:
Cuando el título de imputación es el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia han de englobarse en el mismo aquellas anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial, y produciendo daño a las partes procesales o a terceros concernidos, se producen debido a un irregular funcionamiento objetivo -sin que sea necesario dolo o culpa por parte del agente causante- del proceso o en la actividad administrativa que sirve de soporte. El Tribunal Supremo se refiere en su sentencia de 21 de marzo de 2006 a "cualquier defecto en la actuación de los juzgados o tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades". A diferencia de la responsabilidad patrimonial de Estado ( artículo 106.2 CE (LA LEY 2500/1978) y 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), donde la responsabilidad surge del funcionamiento normal o anormal de la Administración, que provoca un daño antijurídico en relación de causa efecto, en el caso del Estado Juez la responsabilidad tiene su fundamento en el funcionamiento anormal ( artículo 121 CE (LA LEY 2500/1978) y 292 LOPJ (LA LEY 1694/1985)).
A su vez, esta anormalidad ha de valorarse, con un criterio objetivo, partiendo de una apreciación razonable de los niveles de exigencia que la Administración de Justicia, desde el punto de vista de la eficacia, debe cumplir según las necesidades de la sociedad actual y para alcanzar los cuales los poderes públicos están obligados a procurar los medios necesarios ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 21 Junio 1996, Rec. 5157/1993 (LA LEY 9250/1996)); El Tribunal Supremo (entre otras, en Sentencia de 11 de noviembre de 1993) señala que " La anormalidad de ese funcionamiento no implica, desde luego, referencia alguna necesaria al elemento de ilicitud o culpabilidad en el desempeño de las funciones judiciales al tratarse de un tipo de responsabilidad objetiva" y que "El concepto de anormalidad en el funcionamiento de la Administración constituye un concepto jurídico indeterminado que debe quedar integrado en función de la naturaleza de los actos emanados de la función y las circunstancias concretas concurrentes en el supuesto enjuiciado".
A su vez, venimos recordando que la reclamación patrimonial derivada de error judicial, exige a tenor del artículo 293 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985), una previa declaración judicial que constate el error. El precepto dispone que: "1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de éste se aplicarán las reglas siguientes:
b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se atribuyese a una Sala o Sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. (....)
Con carácter previo hemos de poner de relieve que la reclamación administrativa inicial deducida por el demandante se circunscribía a reclamar en concepto de daños los "daños morales consistentes en la privación del régimen de visitas y contacto con sus hijas desde junio de 2007 hasta marzo de 2014", a cuyo efecto se solicitaba la "evaluación económica de los daños causados por la rotura del vínculo paterno-filial, los daños morales causados por la privación de la libertad deambulatoria desde junio de 2007 hasta junio de 2013 como consecuencia de la orden de alejamiento y la evaluación psicológica de los daños psicológicos referidos en el informe aportado por esta parte" (informe de 12 de mayo de 2014, unido a la reclamación emitido en Tarragona por Frida). No se reclamaban los daños consistentes en los gastos de abogado y procurador que ahora se demandan, respecto de los que existe un nuevo pedimento, del que no tuvo conocimiento la Administración y comporta desviación procesal vedada, en tanto que introduce una pretensión nueva ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 20 Julio 2012, Rec. 5435/2009 (LA LEY 110665/2012); Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 24/2018 de 15 Enero 2018, Rec. 2786/2016 (LA LEY 344/2018)). En cualquier caso, no sería abonable este concepto, puesto que tales gastos del proceso encuentran su resarcimiento a través de la condena en costas, de modo que si en vía civil o penal no cabe ese resarcimiento de los gastos devengados en el proceso, la demanda de responsabilidad patrimonial no resulta idónea para conceder aquello que el ordenamiento jurídico niega con carácter general. Por lo tanto, tal concepto no podría reconocerse en ningún caso, puesto que debe encontrar su cauce a través de las normas que regulan la condena en costa ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 8 Octubre 2010, Rec. 4723/2006 (LA LEY 181962/2010), FD 6º).
A su vez, el reclamante y demandante exige el abono de sendas cuantías en concepto de daños, debidos a la excesiva duración del procedimiento, que desde el inicio de la reclamación ha anudado a la consecuencia que ello ha producido: la prolongación de la suspensión del régimen de visitas, la imputación y el resto de las medidas cautelares. En este sentido, debemos distinguir claramente qué daños son indemnizables, porque tal y como afirma la Administración, deben deslindarse aquellos daños que son consecuencia directa de la adopción de una medida cautelar, y aquellos otros que derivan de la prolongación del procedimiento en sí. Los primeros no pueden indemnizarse sin una previa declaración de error; es decir, la adopción de una medida cautelar, y su justeza o no, no pueden cuestionarse a través de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con los presupuestos que hemos indicado, que surgen de la propia dicción del artículo 292 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985). La adopción de las medidas y sus consecuencias constituyen, en su caso, un supuesto de error, que debe reclamarse a través de la vía dispuesta en el artículo 292 LOPJ (LA LEY 1694/1985), conforme al diseño legal que hemos descrito. Por lo tanto, toda la reclamación que se centra en las consecuencias de las medidas cautelares debe quedar desechada.
Por un lado, contamos con el informe de evaluación psicológica del demandante de 12 de mayo de 2014, en el que la perito psicóloga Doña Frida, especifica que "la valoración que presentamos a continuación corresponde a un momento evolutivo determinado, no debiendo considerarse las conclusiones como definitivas e irreversibles. Por tanto, la interpretación del presente informe ha de ser flexible". El informe realiza un resumen de las vicisitudes procesales acaecidas desde el 16 de junio de 2007, fecha el que el Sr. Hernan recibe la orden de alejamiento, con el resultado de no poder comunicarse con sus hijas hasta el 1 de marzo de 2014; En esa fecha, dice el informe, realiza la primera visita con sus hijas en el punto de encuentro de DIRECCION001, comprobando el padre que la relación con sus hijas "es nula". El informe refiere que posteriormente ha realizado más visitas, con escasos resultados toda vez que indica que en "dichas visitas de 20 minutos", "sus hijas se niegan a sentarse en la mesa de conversaciones. Están todo el rato de pie, dando la espalda a su padre y mirando el reloj. Contestando alguna vez algún monosílabo. Situación esta que está causando al Sr. Hernan una sensación de impotencia y angustia". Detalla que el informado "empezó la consulta en enero de 2011, y sigue en la actualidad, de manera periódica, por el malestar que le había producido la denuncia, que le había puesto su exmujer el 15-6-2007 ......". "los hechos enunciados - sigue el informe- le produjeron al Sr. Hernan unos síntomas compatibles con estado depresivo severo, ... ansiedad moderada, ... somatización moderada".
Consta que en febrero de 2014 se iniciaron las entrevistas iniciales en el punto de encuentro de DIRECCION001, reduciéndose las visitas a 20 minutos, debido al rechazo de las menores. El informe de 11 de junio de 2014 emitido por los técnicos del punto de encuentro, mantiene el inicial desacuerdo de la madre con las visitas ante el temor de que los encuentros puedan tener una repercusión negativa en las menores; frente a esta posición, el peritaje destaca el entusiasmo mostrado por el padre. Advierte una actitud de rechazo por parte de las dos menores que obliga a reducir las vistas a 20 minutos, y dificultades para reconstruir el vínculo familiar, llegándose a suspender temporalmente el régimen de visitas para derivar a las menores al servicio de Salud Mental y Juvenil de la Creu Roja a DIRECCION002 (véase informe de 11 de junio de 2014 y Providencia de 2 de octubre de 2014) debido al estado de ansiedad que ha generado las visitas. En este informe se remarcan posturas rígidas y opuestas en los padres, escasamente facilitadoras de los reencuentros. También consta que el citado centro dio de alta a las menores, debido a su mejoría, en un breve espacio temporal.
Estas sumas comprenden la totalidad del daño moral y personal, sobre cuyo particular se ha de indicar, que si bien es cierto que el demandante aportó un informe pericial psicológico, de cuyo contenido hemos dejado constancia, este se refiere a un momento determinado (12 de mayo de 2014) y comprende el periodo 2011-2014, respecto del que se indica que se aprecian síntomas compatibles con la depresión y ansiedad, impotencia etc. Pero todos esos signos se asocian al hecho de la denuncia por abusos sexuales deducida por la esposa. Luego, no pueden anudarse al hecho de la dilación en puridad. Además contrastan con el hecho reflejado en los informes del punto de encuentro de DIRECCION002, relativo a la posición optimista y entusiasta del padre (informe de 11 de junio de 2014 del Servicio Técnico del Punto de Encuentro Familiar de DIRECCION002), una vez casada la medida.
A esta suma ha de añadirse el interés legal, conforme a lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , conforme al cual "La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria (LA LEY 1781/2003)".
Tales intereses se devengarán desde la fecha de la reclamación administrativa, como medio de actualizar una deuda de valor, que trata de lograr el íntegro resarcimiento, conforme venimos reconociendo en casos semejantes ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 761/2016 (LA LEY 232418/2016) de 14 de diciembre 2016, Rec. 820/2014, Sentencia de 14 junio 2011, Rec. 608/2009 o 26 de septiembre de 2013, rec. 637/2012).
SEXTO.- Como quiera que la estimación del recurso es parcial no procede condenar en costas a ninguna de las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.1 de la LJCA (LA LEY 2689/1998).
En su lugar se anula dicha Resolución, reconociendo el derecho del demandante a percibir en concepto de indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia la cantidad de 42.000 euros (que se añaden a los 10.000 € reconocidos por la Administración), así como losinterese legales devengados desde la fecha de la reclamación administrativa el 5 de junio de 2014, y, en su caso, los intereses a que se refiere el artículo 106.2 de la LJCA (LA LEY 2689/1998).
Atendiendo a la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (LA LEY 12048/2015), la presente es susceptible de RECURSO DE CASACIÓN que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de TREINTA DÍAS a contar desde el siguiente al de la notificación y que podrá ser admitido a trámite si presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los términos que se determinan en el art. 88 de la LJCA (LA LEY 2689/1998), lo que habrá de fundamentarse específicamente, con singular referencia al caso, en el escrito de preparación que, además, deberá cumplir con los requisitos que al efecto marca el art. 89 de la LJCA (LA LEY 2689/1998) y cumplir con las especificaciones que al afecto se recogen en el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE 6-7-2016).