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Timestamp: 2019-10-14 15:03:42
Document Index: 130448729

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 300', 'artículo 1', 'artículo 300', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 170', 'artículo 300', 'artículo 300', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 7', 'artículo 88', 'artículo 87', 'artículo 4', 'artículo 88', 'artículo 87', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 29', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 157', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5']

Diario Oficial L 295/11 d
Reglamento (CE) no 1826/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
Reglamento (CE) no 1827/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan los precios representativos y los importes de los derechos adicionales por importación de melaza en el sector del azúcar aplicables a partir del 11 de noviembre de 2005
Reglamento (CE) no 1828/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación del azúcar blanco y del azúcar en bruto sin perfeccionar
Reglamento (CE) no 1829/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, que fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco a determinados terceros países para la 12a licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1138/2005
Reglamento (CE) no 1830/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se establece el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar
Reglamento (CE) no 1831/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, relativo a la expedición de certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas
Reglamento (CE) no 1832/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos
Reglamento (CE) no 1833/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fija la restitución máxima por exportación para la mantequilla en el marco de la licitación permanente prevista en el Reglamento (CE) no 581/2004
Reglamento (CE) no 1834/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fija la restitución máxima por exportación para la leche desnatada en polvo en el marco de la licitación permanente prevista en el Reglamento (CE) no 582/2004
Reglamento (CE) no 1835/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
Reglamento (CE) no 1836/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se modifican los tipos de las restituciones aplicables a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado
Reglamento (CE) no 1837/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
Reglamento (CE) no 1838/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones a la producción en el sector de los cereales
Reglamento (CE) no 1839/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
Reglamento (CE) no 1840/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, relativo a las ofertas comunicadas para la exportación de cebada en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1058/2005
Reglamento (CE) no 1841/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fija la restitución máxima a la exportación de trigo blando en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1059/2005
Reglamento (CE) no 1842/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, relativo a las ofertas comunicadas para la importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1808/2005
Reglamento (CE) no 1843/2005 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, relativo a las ofertas comunicadas para la importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1809/2005
Decisión del Consejo, de 6 de junio de 2005, relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil
Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, relativa al régimen de ayudas previsto por Alemania para el desarrollo de la infraestructura municipal de carácter económico en el marco de la parte II, punto 7, del plan de ordenamiento Mejora de la estructura económica regional — Construcción o ampliación de centros industriales y tecnológicos que ponen a la disposición de PYME de reciente creación locales y servicios comunes, 2004-2006 [notificada con el número C(2005) 1315] ( 1 )
Decisión de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, por la que se modifican las Decisiones 2001/689/CE, 2002/231/CE y 2002/272/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a determinados productos [notificada con el número C(2005) 4102] ( 1 )
Decisión 2005/784/PESC del Consejo, de 7 de noviembre de 2005, por la que se prorroga y modifica la Decisión 1999/730/PESC sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre en Camboya
REGLAMENTO (CE) N o 1826/2005 DE LA COMISIÓN
del Reglamento de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se establecen los valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
REGLAMENTO (CE) N o 1828/2005 DE LA COMISIÓN
RESTITUCIONES POR EXPORTACIÓN DEL AZÚCAR BLANCO Y DEL AZÚCAR EN BRUTO SIN TRANSFORMAR APLICABLES A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2005 (1)
REGLAMENTO (CE) N o 1829/2005 DE LA COMISIÓN
que fija el importe máximo de la restitución a la exportación del azúcar blanco a determinados terceros países para la 12a licitación parcial efectuada en el marco de la licitación permanente contemplada en el Reglamento (CE) no 1138/2005
A efectos de la 12a licitación parcial de azúcar blanco, realizada en virtud del Reglamento (CE) no 1138/2005, el importe máximo de la restitución por exportación será de 41,360 EUR/100 kg.
REGLAMENTO (CE) N o 1830/2005 DE LA COMISIÓN
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar se determina periódicamente a partir del precio del mercado mundial registrado para el algodón desmotado, teniendo en cuenta la relación histórica del precio fijado para el algodón y el calculado para el algodón sin desmotar. Esta relación histórica ha quedado establecida en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de agosto de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayuda al algodón (3). Cuando el precio del mercado mundial no pueda determinarse de esta forma, debe establecerse a partir del último precio fijado.
El precio del mercado mundial del algodón sin desmotar, mencionado en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/2001, quedará fijado en 21,976 EUR/100 kg.
REGLAMENTO (CE) N o 1831/2005 DE LA COMISIÓN
El Reglamento (CE) no 936/97, en la letra f) de su artículo 2, fija en 11 500 t la cantidad de carnes de vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas, que respondan a la definición establecida en dicha disposición, que pueden importarse en condiciones especiales en el período del 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006.
1. Cada solicitud de certificado de importación presentada del 1 al 5 de noviembre de 2005, para las carnes de vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o congeladas, contempladas en la letra f) del artículo 2 del Reglamento (CE) no 936/97, se satisfará íntegramente.
2. Durante los cinco primeros días del mes de diciembre de 2005 podrán presentarse solicitudes con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 936/97 por un total de 5 132,33 t.
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1782/2003 (DO L 270 de 21.10.2003, p. 1).
(2) DO L 137 de 28.5.1997, p. 10. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1118/2004 (DO L 217 de 17.6.2004, p. 10).
REGLAMENTO (CE) N o 1832/2005 DE LA COMISIÓN
Visto el Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece una organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (1), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 31,
En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1255/1999, la diferencia entre los precios en el comercio internacional de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación, dentro de los límites derivados de los acuerdos celebrados con arreglo al artículo 300 del Tratado.
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1255/1999, las restituciones para los productos contemplados en el artículo 1 del citado Reglamento que se exporten en su estado natural deben fijarse tomando en consideración:
la situación y las perspectivas de evolución en el mercado de la Comunidad, en lo que se refiere al precio de la leche y de los productos lácteos y las disponibilidades de los mismos, y, en el comercio internacional, en lo que se refiere a los precios de la leche y de los productos lácteos,
los gastos de comercialización y los gastos de transporte más favorables desde el mercado de la Comunidad hasta los puertos u otros lugares de exportación de la Comunidad, y los gastos de envío hasta los países de destino,
los objetivos de la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, que son garantizar a dichos mercados una situación equilibrada y un desarrollo natural a nivel de los precios y de los intercambios,
los límites derivados de los acuerdos celebrados con arreglo al artículo 300 del Tratado,
el interés por evitar perturbaciones en el mercado de la Comunidad,
el aspecto económico de las exportaciones previstas.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1255/1999, los precios de la Comunidad se determinan teniendo en cuenta los precios practicados más favorables para la exportación, estableciéndose los precios del comercio internacional teniendo en cuenta, en particular:
los precios practicados en los mercados de terceros países;
los precios más favorables a la importación procedente de terceros países en los terceros países de destino;
los precios a nivel de producción comprobados en los terceros países exportadores, teniendo en cuenta, en su caso, las subvenciones concedidas por dichos países;
los precios de oferta franco frontera de la Comunidad.
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1255/1999, la situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación de la restitución para los productos contemplados en el artículo 1 del citado Reglamento de acuerdo con su destino.
El apartado 3 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1255/1999 prevé que se fijen por lo menos una vez cada cuatro semanas la lista de los productos para los que se concede una restitución a la exportación y el importe de la misma. No obstante, el importe de la restitución puede mantenerse al mismo nivel durante más de cuatro semanas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 174/1999 de la Comisión, de 26 de enero de 1999, por el que se establecen las modalidades particulares de aplicación del Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo en lo que concierne a los certificados de exportación y a las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos (2), la restitución concedida para los productos lácteos azucarados es igual a la suma de dos elementos: uno de ellos tiene en cuenta la cantidad de productos lácteos, y se calcula multiplicando el importe de base por el contenido de productos lácteos del producto en cuestión; el otro tiene en cuenta la cantidad de sacarosa añadida y se calcula multiplicando por el contenido de sacarosa del producto entero el importe de base de la restitución aplicable el día de la exportación a los productos contemplados en la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece una organización común de mercados en el sector del azúcar (3). No obstante, este último elemento sólo se tiene en cuenta si la sacarosa añadida se ha producido a partir de remolacha o caña de azúcar cosechadas en la Comunidad.
El Reglamento (CEE) no 896/84 de la Comisión (4), ha previsto disposiciones complementarias en lo que se refiere a la concesión de las restituciones cuando tengan lugar cambios de campaña. Dichas disposiciones prevén la posibilidad de diferenciar las restituciones en función de la fecha de fabricación de los productos.
Al efectuar el cálculo del importe de la restitución de los quesos fundidos, no deberán tenerse en cuenta las posibles cantidades de caseína y/o de caseinatos que se añadan.
Al establecer los productos y destinos susceptibles de recibir una restitución hay que tener en cuenta, por un lado, que la posición competitiva de ciertos productos comunitarios no justifica el apoyo a la exportación, y por otro lado, que la proximidad geográfica de ciertos territorios puede facilitar abusos y desviaciones del tráfico comercial.
La aplicación de dichas modalidades a la situación actual de los mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos y, en particular, a los precios de dichos productos en la Comunidad y en el mercado mundial conduce a fijar la restitución para los productos a los importes consignados en el anexo del presente Reglamento.
Se fijan, en los importes consignados en el anexo, las restituciones a la exportación contempladas en el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1255/1999 para los productos exportados en su estado natural.
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 186/2004 de la Comisión (DO L 29 de 3.2.2004, p. 6)
(2) DO L 20 de 27.1.1999, p. 8. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1513/2005 (DO L 241 de 17.9.2005, p. 45).
(3) DO L 178 de 30.6.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 39/2004 de la Comisión (DO L 6 de 10.1.2004, p. 16).
(4) DO L 91 de 1.4.1984, p. 71. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) no 222/88 (DO L 28 de 1.2.1988, p. 1).
del Reglamento de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos
Los códigos de los destinos numéricos se definen en el Reglamento (CE) no 750/2005 de la Comisión (DO L 126 de 19.5.2005, p. 12).
Ceuta, Melilla, la Santa Sede, los Estados Unidos de América y las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo.
Ceuta, Melilla, Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, la Santa Sede (forma usual: El Vaticano), Turquía, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerce el control efectivo.
Albania, Bosnia y Hercegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
REGLAMENTO (CE) N o 1833/2005 DE LA COMISIÓN
Con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 580/2004 de la Comisión, de 26 de marzo de 2004, por el que se establece un procedimiento de licitación relativo a las restituciones por exportación para determinados productos lácteos (3), y tras un examen de las ofertas presentadas en respuesta a la invitación a licitar, procede fijar una restitución máxima por exportación para el período de licitación que concluye el 8 de noviembre de 2005.
En relación con la licitación permanente abierta por el Reglamento (CE) no 581/2004, para el período de licitación que concluye el 8 de noviembre de 2005, el importe máximo de la restitución para los productos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento figura en el anexo del presente Reglamento.
(2) DO L 90 de 27.3.2004, p. 64. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1239/2005 (DO L 200 de 30.7.2005, p. 32).
(3) DO L 90 de 27.3.2004, p. 58. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2250/2004 (DO L 381 de 28.12.2004, p. 25).
REGLAMENTO (CE) N o 1834/2005 DE LA COMISIÓN
En relación con la licitación permanente abierta por el Reglamento (CE) no 582/2004, para el período de licitación que concluye el 8 de noviembre de 2005, el importe máximo de la restitución para el producto y los destinos a que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento será 12,29 EUR/100 kg.
REGLAMENTO (CE) N o 1835/2005 DE LA COMISIÓN
Tipos de las restituciones aplicables a partir del 11 de noviembre de 2005 a determinados productos de los sectores de los cereales y del arroz exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del tratado (1)
(1) Los tipos fijados en el presente anexo no son aplicables a las exportaciones a Bulgaria con efecto a partir del 1 de octubre de 2004 ni a las mercancías que figuran en los cuadros I y II del Protocolo no 2 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza de 22 de julio de 1972 exportadas a la Confederación Suiza o al Principado de Liechtenstein con efecto a partir del 1 de febrero de 2005.
REGLAMENTO (CE) N o 1836/2005 DE LA COMISIÓN
El Reglamento (CE) no 1763/2005 de la Comisión (2), fijó los tipos de las restituciones aplicables a partir del 27 de octubre de 2005, a los productos mencionados en el anexo exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado.
De la aplicación de las normas y los criterios a que se hace referencia en el Reglamento (CE) no 1763/2005 a los datos de que la Comisión dispone en la actualidad se desprende la conveniencia de modificar los tipos de las restituciones vigentes en la actualidad del modo indicado en el anexo del presente Reglamento.
Se modifican, con arreglo al anexo del presente Reglamento, los tipos de las restituciones fijados por el Reglamento (CE) no 1763/2005.
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 48; Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1787/2003 (DO L 270 de 21.10.2003, p. 121).
(2) DO L 285 de 28.10.2005, p. 18.
Tipos de las restituciones aplicables a partir del 11 de noviembre de 2005 a determinados productos lácteos exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado (1)
en caso de exportación de mercancías que contengan, en forma de productos asimilados al PG 3, mantequilla o nata de precio reducido en aplicación del Reglamento (CE) no 2571/97
en caso de exportación de mercancías que contengan mantequilla o nata de precio reducido y hayan sido fabricadas en las condiciones previstas en el Reglamento (CE) no 2571/97
(1) Los tipos fijados en el presente anexo no son aplicables a las exportaciones a Bulgaria con effecto a partir del 1 de octubre de 2004 ni a las mercancías que figuram en los cuadros I y II del Protocolo no 2 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza, de 22 de julio de 1972, exportadas a la Confederación Suiza o al Principado de Liechtenstein con efecto a partir del 1 de febrero de 2005.
REGLAMENTO (CE) N o 1837/2005 DE LA COMISIÓN
del Reglamento de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los productos transformados a base de cereales y de arroz
REGLAMENTO (CE) N o 1838/2005 DE LA COMISIÓN
12,99 EUR/t para el almidón de maíz, trigo, cebada y avena;
21,86 EUR/t para la fécula de patatas.
REGLAMENTO (CE) N o 1839/2005 DE LA COMISIÓN
Se fijan en los importes consignados en el anexo las restituciones a la exportación, en el estado en que se encuentran, de los productos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1784/2003, excepto la malta.
del Reglamento de la Comisión, de 10 de noviembre de 2005, por el que se fijan las restituciones aplicables a la exportación de los cereales y de las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno
REGLAMENTO (CE) N o 1840/2005 DE LA COMISIÓN
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 4 al 10 de noviembre de 2005 en el marco de la licitación para la restitución o el gravamen a la exportación de cebada contemplada en el Reglamento (CE) no 1058/2005.
REGLAMENTO (CE) N o 1841/2005 DE LA COMISIÓN
Para las ofertas comunicadas entre el 4 al 10 de noviembre de 2005 en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1059/2005, la restitución máxima a la exportación de trigo blando se fijará en 5,00 EUR/t.
REGLAMENTO (CE) N o 1842/2005 DE LA COMISIÓN
relativo a las ofertas comunicadas para la importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1808/2005
El Reglamento (CE) no 1808/2005 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación de maíz en España procedente de terceros países.
Con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión (3), la Comisión, basándose en las ofertas comunicadas, puede decidir, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1784/2003, que no dará curso a la licitación.
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 4 al 10 de noviembre de 2005 en el marco de la licitación para la reducción del derecho de importación de maíz contemplada en el Reglamento (CE) no 1808/2005.
(2) DO L 291 de 5.11.2005, p. 3.
REGLAMENTO (CE) N o 1843/2005 DE LA COMISIÓN
relativo a las ofertas comunicadas para la importación de maíz en el marco de la licitación contemplada en el Reglamento (CE) no 1809/2005
El Reglamento (CE) no 1809/2005 de la Comisión (2) ha abierto una licitación de la reducción máxima del derecho de importación de maíz en Portugal procedente de terceros países.
No se dará curso a las ofertas comunicadas del 4 al 10 de noviembre de 2005 en el marco de la licitación para la reducción del derecho de importación de maíz contemplada en el Reglamento (CE) no 1809/2005.
(2) DO L 291 de 5.11.2005, p. 4.
de 6 de junio de 2005
relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil
(2005/781/CE)
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 170, apartado 2, en relación con el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase, y con el artículo 300, apartado 3,
La Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad, un Acuerdo de cooperación científica y tecnológica con la República Federativa de Brasil.
A reserva de su posible celebración en fecha posterior, el Acuerdo rubricado el 3 de diciembre de 2002 fue firmado el 19 de enero de 2004.
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión (2).
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Comunidad, a la notificación prevista en el artículo XII del Acuerdo.
Hecho en Luxemburgo, el 6 de junio de 2005.
(1) Dictamen emitido el 28 de abril de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial).
de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil
LA COMUNIDAD EUROPEA (en lo sucesivo denominada «la Comunidad»),
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL (en lo sucesivo denominado «Brasil»),
CONSIDERANDO el Acuerdo marco de Cooperación entre las Partes celebrado el 29 de junio de 1992 y en vigor desde el 1 de noviembre de 1995;
CONSIDERANDO la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico y social de las Partes;
CONSIDERANDO la actual cooperación científica y tecnológica entre las Partes;
CONSIDERANDO que las Partes realizan y apoyan actualmente actividades de investigación, incluidos proyectos de demostración en una serie de campos de interés común, tal como se definen en el artículo II, letra d), del presente Acuerdo, y que pueden obtenerse beneficios mutuos de la participación conjunta en actividades de investigación y desarrollo basándose en la reciprocidad;
DESEANDO crear una base oficial de cooperación en el ámbito de la investigación científica y tecnológica, a fin de ampliar e intensificar las actividades de cooperación en campos de interés común, e impulsar la aplicación de los resultados de dicha cooperación en beneficio económico y social de las dos Partes;
CONSIDERANDO que el presente Acuerdo de cooperación científica y tecnológica forma parte de la cooperación general entre Brasil y la Comunidad,
Las Partes fomentarán, desarrollarán y facilitarán actividades de cooperación en los campos de interés común, llevando a cabo y apoyando actividades de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología.
«actividad de cooperación», cualquier actividad que las Partes realicen o patrocinen en virtud del presente Acuerdo, incluida la investigación conjunta;
«información», los datos científicos o técnicos y los resultados o métodos de investigación y desarrollo obtenidos a partir de la investigación conjunta, y cualquier otra información que los participantes en una actividad de cooperación y, llegado el caso, las propias Partes, consideren necesaria;
«propiedad intelectual», el concepto definido en el artículo 2 del Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967;
«investigación conjunta», los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, ejecutados con o sin ayuda económica de una de las Partes o de ambas y que supongan colaboración entre los participantes tanto de Brasil como de la Comunidad. Los «proyectos de demostración» son proyectos destinados a demostrar la viabilidad de las nuevas tecnologías con posibilidades de ofrecer ventajas económicas pero que no pueden comercializarse directamente. Las Partes se mantendrán periódicamente informadas acerca de las actividades consideradas de investigación conjunta con arreglo al artículo VI;
«participante» o «entidad de investigación», toda persona o grupo de personas, instituto de investigación o cualquier empresa o entidad legal establecida en Brasil o en la Comunidad que participe en actividades de cooperación, incluidas las Partes.
Las actividades de cooperación se realizarán atendiendo a los siguientes principios:
beneficio mutuo basado en un equilibrio general de las ventajas;
acceso recíproco a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de las dos Partes;
intercambio oportuno de la información que pueda afectar a las actividades de cooperación;
adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual.
Campos de las actividades de cooperación
La cooperación en virtud del presente Acuerdo podrá cubrir todos los campos de interés mutuo en los que las Partes estén llevando a cabo o apoyando actividades de investigación y desarrollo tecnológico (en lo sucesivo denominadas «IDT»), de acuerdo con lo establecido en el artículo VI, apartado 3, letra b). Tales actividades deben tener por objetivo fomentar el avance de la ciencia, la competitividad industrial y el desarrollo económico y social, centrándose especialmente en los siguientes campos:
la bioinformática,
las micro y nanotecnologías,
la investigación sobre materiales,
las tecnologías limpias,
la gestión y utilización sostenibles de los recursos naturales,
la bioseguridad,
la salud y la medicina,
la metrología, la normalización y la evaluación de la conformidad, y
Medidas y actividades de cooperación
1. Las Partes fomentarán:
la participación de entidades de investigación en las actividades de cooperación cubiertas por el presente Acuerdo, de conformidad con sus propias políticas y reglamentaciones internas, a fin de ofrecer oportunidades comparables de participación en sus actividades de investigación científica y de desarrollo tecnológico y en el aprovechamiento de sus beneficios;
acceso recíproco a las actividades fomentadas por las Partes con arreglo a los actuales programas y políticas nacionales.
2. Las actividades de cooperación podrán adoptar las siguientes formas:
proyectos de IDT conjuntos;
visitas e intercambios de científicos, investigadores y expertos técnicos;
organización conjunta de seminarios, congresos, talleres y simposios científicos, así como la participación de expertos en esas actividades;
acciones concertadas, como la puesta en común de los proyectos de IDT ya ejecutados, conforme a los procedimientos aplicables en los programas de IDT de cada Parte, y redes científicas;
intercambio y uso compartido de equipo y materiales;
intercambio de información sobre procedimientos, leyes, disposiciones y programas relacionados con la cooperación realizada en virtud del presente Acuerdo, incluida la información sobre la política científica y tecnológica;
cualquier otra medida recomendada por el Comité directivo que debe crearse en virtud del artículo VI, que se considere compatible con las políticas y los procedimientos aplicables en ambas Partes.
3. Sólo se iniciarán proyectos conjuntos de IDT una vez que los participantes hayan aprobado un plan conjunto de gestión de la tecnología, según lo indicado en el anexo del presente Acuerdo.
Coordinación y ejecución de las actividades de cooperación
1. La coordinación y agilización de las actividades de cooperación al amparo del presente Acuerdo correrán a cargo, por parte de la Comunidad, de los servicios de la Comisión Europea y, por parte de Brasil, del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de órganos ejecutivos.
2. Los órganos ejecutivos establecerán un Comité directivo de cooperación científica y técnica que será responsable de la gestión del presente Acuerdo. El Comité estará compuesto por representantes oficiales de cada Parte y establecerá su propio reglamento interno.
3. Serán funciones del Comité directivo las siguientes:
preparar actividades de cooperación con arreglo al presente Acuerdo y prestarles apoyo, de conformidad con lo establecido en el artículo V;
de conformidad con el artículo V, apartado 1, letra b), indicar para el año siguiente, entre los posibles sectores de cooperación en IDT, los sectores o subsectores prioritarios de interés común, con vistas a dicha cooperación;
proponer a los investigadores de ambas las Partes la agrupación de proyectos de interés mutuo o proyectos complementarios;
presentar recomendaciones de conformidad con el artículo V, apartado 2, letra g);
asesorar a las Partes sobre la forma de intensificar y mejorar la cooperación de conformidad con los principios establecidos en el presente Acuerdo;
supervisar que el Acuerdo se aplique y funcione de manera eficiente;
presentar un informe anual a las Partes sobre la situación, el nivel alcanzado y la eficacia de la cooperación emprendida al amparo del presente Acuerdo. Este informe se remitirá al Comité conjunto establecido en virtud del Acuerdo marco de Cooperación celebrado entre las Partes el 29 de junio de 1992.
4. El Comité directivo, que depende del Comité conjunto, se reunirá, por regla general, una vez al año, preferiblemente antes de la reunión del Comité conjunto, de acuerdo con un calendario establecido previamente de común acuerdo. Las reuniones se celebrarán alternativamente en la Comunidad y en Brasil. Se podrán celebrar reuniones extraordinarias a instancia de una de las Partes.
5. Los gastos de los representantes en el Comité directivo derivados de su asistencia a las reuniones correrán a cargo de la Parte que representen.
Las actividades de cooperación estarán sujetas a la disponibilidad de los fondos adecuados y a las leyes, disposiciones, políticas y programas aplicables de las Partes. Los costes generados por los participantes en las actividades de cooperación no darán lugar, por regla general, a transferencia de fondos entre las Partes.
Movilidad de personas y equipo
1. Cada Parte tomará todas las medidas oportunas y realizará los mayores esfuerzos, en el marco de las leyes y disposiciones vigentes en su territorio, para facilitar la entrada, estancia y salida de su territorio de las personas, materiales, datos y equipo relacionados con las actividades de cooperación desarrolladas por las Partes en virtud de lo estipulado en el presente Acuerdo o utilizados en las mismas. Estas personas y estos materiales, datos y equipo estarán exentos de impuestos y derechos de aduana, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables en los territorios de cada Parte.
2. Cuando un mecanismo de cooperación específico de una Parte proporcione ayuda económica a los participantes de la otra Parte, tales subvenciones, aportaciones financieras u otras contribuciones de una Parte a los participantes de la otra en apoyo de estas actividades se concederán libres de impuestos y derechos de aduana, de conformidad con las leyes y disposiciones aplicables en los territorios de cada Parte.
Las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual derivadas del presente Acuerdo se tratarán con arreglo a lo dispuesto en el anexo, que forma parte integrante del Acuerdo.
Actividades comunitarias en favor de los países en desarrollo
El presente Acuerdo no afecta a la participación de Brasil, en su calidad de país en desarrollo, en las actividades comunitarias en el campo de la investigación para el desarrollo.
El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios en los que sea aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones previstas por dicho Tratado y, por otra, al territorio de la República Federativa de Brasil.
Entrada en vigor, terminación y solución de controversias
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las Partes se notifiquen por escrito haber ultimado sus respectivos procedimientos internos a tal fin.
2. El presente Acuerdo se concluye por un período inicial de cinco años, renovable por consenso entre las Partes tras una evaluación que tendrá lugar en el penúltimo año de cada período de renovación subsiguiente.
3. El presente Acuerdo podrá ser enmendado mediante acuerdo de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor en las mismas condiciones que las mencionadas en el apartado 1.
4. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Acuerdo en todo momento mediante notificación por escrito dirigida a la otra parte por la vía diplomática con seis meses de antelación. La expiración o la terminación del presente Acuerdo no afectarán a la validez o duración de los proyectos conjuntos de investigación en curso al amparo del Acuerdo ni a ningún derecho u obligación específicos adquiridos de conformidad con su anexo.
5. Todas las controversias y litigios relacionados con la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán resueltos de mutuo acuerdo entre las Partes.
Hecho en Brasilia, a diecinueve de enero de dos mil cuatro, por duplicado, en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués y sueco, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de discrepancias en la interpretación entre alguna de estas lenguas, prevalecerá el texto inglés.
Con arreglo al artículo IX del presente Acuerdo:
Las Partes garantizarán que la propiedad intelectual creada en virtud del Acuerdo reciba una protección adecuada y efectiva.
Las Partes se comprometen a informarse con la debida diligencia de cualquier invento o cualquier otra obra producida en virtud del presente Acuerdo que pueda generar derechos de propiedad intelectual.
A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por «propiedad intelectual» el concepto definido en el artículo 2 del Convenio por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
Este anexo no afecta en modo alguno a la atribución de derechos, intereses y propiedad intelectual entre cada Parte y sus ciudadanos o participantes ni la prejuzga, esta atribución se determinará según las leyes y usos de aquélla.
Los litigios sobre propiedad intelectual que puedan surgir se resolverán mediante consultas entre las instituciones participantes o, si fuese necesario, por las Partes o sus representantes autorizados. Cuando las Partes así lo acuerden, los litigios podrán someterse a un tribunal arbitral, con arreglo a las disposiciones del Derecho internacional aplicables al caso. A menos que las Partes o sus representantes autorizados decidan otra cosa y manifiesten tal decisión por escrito, se aplicarán las normas sobre arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
En caso de que una de las Partes considere que un proyecto determinado de investigación conjunta realizado en virtud del presente Acuerdo haya dado lugar o vaya a dar lugar a la creación o concesión de algún tipo de derecho de propiedad intelectual que no esté protegido por la legislación aplicable en el territorio de la otra Parte, las Partes iniciarán consultas inmediatamente con vistas a alcanzar una solución mutuamente aceptable de acuerdo con la legislación aplicable.
II. ATRIBUCIÓN DE DERECHOS
Cada Parte, con sujeción a lo dispuesto en su legislación nacional, podrá tener, mediante contrato, una licencia no exclusiva, irrevocable y libre del pago de derechos de autor que le permita traducir, reproducir, adaptar, transmitir y distribuir públicamente los artículos, informes y libros técnicos y científicos generados directamente por las actividades de cooperación a las que se aplica el presente Acuerdo, siempre y cuando se respeten las disposiciones sobre propiedad y transmisión de derechos de autor para la creación del trabajo. En todos los ejemplares de las obras sujetas a derechos de autor producidas de acuerdo con estas disposiciones y distribuidas públicamente deberán mencionarse los nombres de los autores, a no ser que estos hayan renunciado expresamente a este derecho.
Los derechos sobre todas las formas de propiedad intelectual no descritos en la sección II A se atribuirán tal como se indica a continuación:
Los investigadores visitantes, como, por ejemplo, los científicos que efectúen visitas principalmente para mejorar su formación, recibirán derechos de propiedad intelectual mediante acuerdo con sus instituciones de acogida con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable. Además, todo investigador visitante designado como inventor tendrá derecho, en condiciones de igualdad con los investigadores de la institución de acogida, a una parte proporcional de los derechos de autor percibidos por la institución en virtud de la licencia sobre la utilización de la propiedad intelectual.
En lo que respecta a la propiedad intelectual que se cree o pueda crearse a partir de la investigación conjunta, los participantes prepararán un plan conjunto de gestión de la tecnología que se negociará y que adoptará la forma de un contrato escrito entre los participantes en proyectos conjuntos de investigación. Este contrato establecerá de antemano una distribución justa y equilibrada de los resultados o los beneficios de cualquier tipo derivados de la cooperación, teniendo en cuenta la contribución relativa de las Partes o sus participantes, y se ajustará estrictamente a la legislación sobre propiedad intelectual en vigor en cada Parte, así como a los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual de los que sean signatarias las Partes.
Cuando las Partes o sus participantes no aprueben un plan conjunto de gestión de la tecnología en la fase inicial de cooperación y no puedan llegar a un acuerdo dentro de un plazo razonable, no superior a seis meses, a partir de que alguna de las Partes tenga conocimiento de que se haya creado o pueda crearse propiedad intelectual a partir de la investigación conjunta, las Partes deberán mantener inmediatamente conversaciones a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable. En espera de que el asunto se resuelva, los titulares conjuntos de dicha propiedad intelectual serán las Partes o sus participantes, a no ser que, de mutuo acuerdo, se decida otra cosa.
Cuando un proyecto de investigación conjunto realizado en virtud del presente Acuerdo dé lugar a una obra que pueda ser protegida por derechos de propiedad intelectual no previstos en la legislación en vigor en una de las Partes, éstas deberán mantener inmediatamente conversaciones a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable con arreglo a la legislación aplicable.
Las Partes y sus participantes deberán proteger cualquier secreto industrial o comercial especificado como confidencial que se haya generado o suministrado en virtud del presente Acuerdo de acuerdo con las leyes disposiciones y prácticas aplicables acordadas entre las Partes.
Ninguna Parte o participante podrá divulgar información especificada como confidencial sin autorización previa, excepto a empleados que pertenezcan a las categorías de funcionarios, contratistas o subcontratistas; la divulgación de información deberá limitarse estrictamente a las Partes que participen en el proyecto conjunto de investigación acordado entre los participantes, o al personal autorizado de los organismos gubernamentales relacionados con el proyecto o el presente Acuerdo.
Esta información podrá divulgarse sólo cuando las partes den su autorización por escrito para ello y en ningún caso, podrá tener más difusión que la estrictamente necesaria para la ejecución de las tareas, deberes o contratos relacionados con la información divulgada.
Los receptores de la información confidencial se comprometerán por escrito a mantener la confidencialidad y las Partes deberán garantizar el cumplimiento de esta obligación.
Cuando una Parte no pueda, o es probable que no pueda, garantizar que mantendrá la confidencialidad de la información deberá notificarlo inmediatamente a la otra. A continuación, las Partes celebrarán consultas para decidir las medidas apropiadas al caso.
relativa al régimen de ayudas previsto por Alemania para el desarrollo de la infraestructura municipal de carácter económico en el marco de la parte II, punto 7, del plan de ordenamiento «Mejora de la estructura económica regional» — Construcción o ampliación de centros industriales y tecnológicos que ponen a la disposición de PYME de reciente creación locales y servicios comunes, 2004-2006
[notificada con el número C(2005) 1315]
(2005/782/CE)
Visto el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1), y, en particular, su artículo 7,
Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, y teniendo en cuenta dichas observaciones (2),
Mediante carta de 19 de septiembre de 2002, registrada en la Secretaría General de la Comisión el 20 de septiembre de 2002, Alemania notificó a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE el régimen de ayudas antes citado. Aunque Alemania no considera esta medida como ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, sin embargo la notificó por razones de seguridad jurídica. El expediente se registró como ayuda estatal bajo el número N 644/g/2002. Mediante cartas de 9 de octubre de 2002, 17 de enero de 2003, 30 de junio de 2003 y 25 de septiembre de 2003, la Comisión pidió información suplementaria. Alemania la transmitió mediante cartas de 18 de noviembre de 2002, 11 y 12 de febrero de 2003, 24 de julio de 2003 y 30 de octubre de 2003. Mediante carta de 26 de noviembre de 2003, Alemania aprobó la prórroga hasta el 5 de febrero de 2004 del plazo de dos meses previsto en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) no 659/1999 y transmitió más información.
Mediante carta de 18 de febrero de 2004, la Comisión comunicó a Alemania su intención de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La Comisión invitó a las partes a presentar sus comentarios.
Por carta de 2 de noviembre de 2004, registrada el 3 de noviembre de 2004, la Comisión recibió un escrito de la ADT (Bundesverband deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren, Federación de centros de innovación, tecnología y viveros de empresas, en lo sucesivo denominada «ADT»), que remitió a Alemania mediante carta de 15 de noviembre de 2004, ofreciéndole la ocasión de dar a conocer su punto de vista. Sin embargo, Alemania no se pronunció sobre estas observaciones.
El 19 de marzo de 2004 se recibieron observaciones de Alemania. El 22 de abril de 2004 se celebró una reunión. Después de haber sido invitada por la Comisión a hacerlo, el 9 de julio y el 9 de septiembre de 2004, Alemania facilitó información suplementaria mediante carta de 16 de septiembre de 2004, registrada el 22 de septiembre. El 16 de diciembre de 2004 tuvo lugar otra reunión, tras la cual Alemania, respondiendo a la invitación de la Comisión de 14 de febrero de 2005, facilitó información suplementaria mediante sendas cartas de 3 y 23 de marzo de 2005, registradas el mismo día, modificando la medida.
La medida está cofinanciada por el Estado federal y por los Estados federados, y administrada por los Gobiernos regionales (Landesregierungen), lo que explica que la aplicación de algunos de sus detalles sea ligeramente diferente en función del Estado federado.
La ayuda estatal se concede en forma de subvenciones en favor de los órganos responsables de los centros y está limitada al 90 % de los gastos de construcción o ampliación de éstos. La ayuda financiera concedida en el marco de la medida se supone que debe beneficiar a los usuarios de los centros y no debe interpretarse como la concesión de ayudas de hasta el 90 % de los costes seleccionables a los órganos responsables o a los usuarios de los centros. La medida se aplica tanto a las regiones citadas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado CE, como a las regiones no seleccionables (que supone aproximadamente el 5 % de las incluidas en la medida). Su período de validez expira el 31 de diciembre de 2006 y el presupuesto previsto es de unos 120 millones EUR anuales.
La medida se orienta a hacer ofertas a las PYME, esencialmente de alquiler de locales en un centro. En los centros, las PYME pueden además recurrir a servicios (asesoramiento, por ejemplo), equipos de investigación y a colaboraciones, en especial con altas escuelas e institutos de investigación y también en redes de empresas.
Sin embargo, las PYME no están subvencionadas directamente sino en el marco de una estructura más compleja. Alemania pone a disposición de los órganos responsables medios financieros para fomentar la construcción o ampliación de centros industriales y tecnológicos para que estos centros puedan ofrecer a los usuarios, es decir, a las PYME, servicios y locales. Los órganos responsables deben garantizar el funcionamiento de los centros durante al menos 15 años.
Los órganos responsables de los centros son generalmente los municipios y las mancomunidades de municipios y a veces asociaciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas.
En general, los centros tienen el estatuto de empresa municipal sin ánimo de lucro o de personas jurídicas diferenciadas sin ánimo de lucro.
Existen distintas clases de centros: los industriales ofrecen habitualmente locales a toda clase de PYME de un sector dado o de todos los sectores y los tecnológicos se orientan a las pequeñas empresas que realizan actividades de investigación, proponiéndoles los equipos necesarios a tal efecto, como laboratorios, asesoramiento o contactos con altas escuelas e institutos de investigación. Se presta una atención particular a las empresas recientemente creadas y a las microempresas, aunque son posibles modalidades mixtas. Cuando la totalidad de los locales no pueden alquilarse a empresas del tipo buscado, los centros suelen atraer a empresas de otro tipo y así un centro tecnológico puede utilizarse parcialmente como centro industrial.
Las PYME que recurren a los servicios de los centros (en lo sucesivo denominados «los usuarios») pagan por los locales en alquiler así como suplementos por utilizar otras instalaciones (laboratorios o equipos especiales, por ejemplo) y por los servicios de asesoramiento, en su caso. El alquiler y el precio de las otras instalaciones o servicios pueden ser inferiores al precio de mercado. En general, los usuarios pueden utilizar los centros durante cinco años (y ocho años en casos excepcionales).
El siguiente gráfico aclara el método de funcionamiento de la medida:
III. RAZONES PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN
En su decisión de incoar el procedimiento formal, la Comisión planteó dudas sobre la compatibilidad de la medida con el mercado común debido a que Alemania no había proporcionado suficiente información sobre algunos aspectos. Uno ellos se refería, en particular, a la cuestión de saber si las ayudas abarcaban a todos los niveles de la medida y en especial si los órganos responsables de los centros y las PYME beneficiarias de los servicios estaban favorecidas o si la totalidad de la ayuda beneficiaba a las PYME.
IV. OBSERVACIONES DE TERCEROS INTERESADOS
La ADT afirmó que los servicios propuestos por los centros no estaban disponibles en el mercado. Según ella, los servicios ofrecidos son los de asesoramiento (elaboración de planes empresariales, apoyo para reunir el capital de lanzamiento, etc.), contratos de alquiler a corto plazo, colaboración y reagrupamiento con organismos de investigación regionales u otras empresas, así como equipos de investigación (laboratorios, equipos especiales, etc.).
La ADT indicó por otro lado que aproximadamente un 90 % de las empresas recientemente creadas en los centros sobreviven a los tres primeros años, lo que es mucho en comparación con otras creaciones de nuevas empresas.
V. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ALEMANAS
En sus explicaciones iniciales, Alemania dijo que la medida servía para compensar la incapacidad del mercado en el sector inmobiliario, al no estar en condiciones de ofrecer, en particular a empresas recientemente creadas, locales a un precio asequible. Según la experiencia de Alemania, el mercado privado duda en ofrecer locales a sociedades innovadoras recientemente creadas teniendo en cuenta el alto riesgo que pesa sobre ellas. Además, en el mercado no existen manifiestamente pequeños locales disponibles.
Por otro lado, Alemania declaró que la totalidad de la ayuda beneficiaba a los usuarios de los centros. Por lo que se refiere al elemento de ayuda destinado a los usuarios, Alemania en primer lugar afirmó que la intensidad de la ayuda para los usuarios no sobrepasaba en más de un 10-20 % los precios comparables de mercado. Pero en su carta de 22 de septiembre de 2004, Alemania afirma que los usuarios pagan habitualmente los precios de mercado (aunque la franja inferior de la escala de precios de mercado) y que el importe de la ayuda era de cualquier forma inferior a 100 000 EUR durante un período de tres años (hasta 23 000 EUR por año y usuario durante cinco años). Alemania transmitió los informes de todos los Estados federados, algunos de los cuales se referían a estudios que describían las repercusiones positivas de los centros para los usuarios y las regiones. Hasta esa fecha, Alemania no se había comprometido a cumplir todas las condiciones del Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (4), y, en particular, su artículo 3, relativo a la acumulación y control.
En su última información y en particular en su carta de 3 de marzo de 2005, Alemania modificó su comunicación inicial. Por lo que se refiere a las ayudas a los servicios de asesoramiento en favor de las PYME usuarias de los centros, se comprometió a cumplir el artículo 5 del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales en favor de las pequeñas y medianas empresas (5). Se comprometía además a aplicar el Reglamento (CE) no 69/2001 a todas las demás medidas de apoyo a las PYME y, en particular, al alquiler de locales y laboratorios, la utilización de instalaciones de investigación u otros equipos. Aunque la ayuda sea admisible en virtud de los susodichos Reglamentos, Alemania pidió a la Comisión una decisión definitiva por razones de seguridad jurídica.
VI. VALORACIÓN DE LA MEDIDA
La Comisión evaluó la medida a la luz de los artículos 87 y siguientes del Tratado CE, de los artículos 61 y siguientes del Acuerdo EEE y de los Reglamentos (CE) no 69/2001 y (CE) no 70/2001.
1. Existencia de ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE
Para evaluar la ayuda con respecto a las disposiciones del Tratado CE relativas a las ayudas estatales, conviene comprobar sobre todo si la medida constituye ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado.
En virtud de esta disposición, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. El concepto de ayuda incluye todas las ventajas directa o indirectamente financiadas con recursos del Estado y concedidas por el propio Estado o por instituciones que actúan en virtud de un mandato público. Se considera ayuda estatal toda medida que cumple el conjunto de los criterios del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.
En el caso de medidas concedidas en forma de subvención o préstamo, el examen destinado a establecer si se trata de ayuda estatal suele dar como resultado saber qué empresa podría verse favorecida. Sin embargo, en el caso de la presente medida esto es más complicado dado que las autoridades alemanas crean incentivos para una categoría de participantes en el mercado (los órganos responsables) que apoyan a otros (los usuarios). Además, la medida prevé la creación de una tercera categoría (los centros), que existe independientemente de los órganos responsables y de los usuarios. Aunque Alemania sólo tiene intención de ofrecer una ventaja a los usuarios, las empresas de estos tres niveles podrían ser las beneficiarias de la ayuda estatal.
En consecuencia, la existencia de una ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE debe controlarse a tres niveles diferentes: órganos responsables, centros y usuarios.
1. Primer nivel: órganos responsables
Es innegable que la ayuda se financia con cargo a fondos públicos. El porcentaje de la ayuda pública varía en función de que el órgano responsable sea un municipio o mancomunidad de municipios, o un organismo público o privado sin ánimo de lucro. En el primer caso, el centro se crea con un 100 % de fondos públicos (hasta un 90 % de fondos federales y regionales y al menos 10 % de fondos municipales o de la mancomunidad). Por el contrario, si se trata de un organismo sin ánimo de lucro, éste debe aportar al menos un 10 % de la financiación y el Estado interviene con el restante 90 %. Los verdaderos beneficiarios de la ayuda son sin embargo las PYME. Las ayudas públicas son ciertamente necesarias para cubrir los gastos de construcción del edificio, pero no dicen nada sobre el importe de la ayuda concedida a las PYME.
Existen dos clases de órganos responsables: 1) municipios o mancomunidades de municipios y las empresas públicas que les pertenecen; 2) organismos públicos o privados sin ánimo de lucro como altas escuelas o institutos de investigación. Cualquiera que sea la forma jurídica de los órganos responsables y prescindiendo y sin tener en cuenta el ánimo de lucro, la Comisión opina, como ya indicó en su Decisión 98/353/CE, de 16 de septiembre de 1997, relativa a las ayudas estatales en favor de la sociedad Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (6), que los órganos responsables deben considerarse como empresas según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, siempre que ejerzan una actividad económica en el mercado.
Los municipios y mancomunidades no son de ordinario considerados como empresas. Sin embargo, como indicó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 16 de junio de 1987 en el asunto C-118/85 (Comisión/Italia) (7), pueden ser consideradas como tales en cuanto ejercen en el mercado una actividad económica aunque desempeñen una serie de tareas públicas y puedan ejercer el poder público. Esta conclusión es aún más pertinente en el caso presente ya que los municipios ejercen un control directo.
En el marco de la medida, los órganos son responsables de la construcción y gestión del centro y así se cumple la condición necesaria para que éste pueda alquilar locales a PYME y proponerles otros servicios. Aunque los órganos responsables no son organismos con ánimo de lucro, no dejan de ejercer una actividad económica que podría, por ejemplo, ser ejercida por sociedades inmobiliarias privadas o asesorías privadas.
No obstante, no es necesario que la medida beneficie a los propios órganos responsables puesto que la ayuda pública tiene por objeto ofrecer a las PYME locales y servicios. Los fondos públicos puestos a disposición de los órganos responsables deben tener exclusivamente por objeto obtener una ventaja económica para los usuarios. Con el fin de garantizar que los órganos responsables no conservan ninguna ventaja, se establecen distintos mecanismos.
La construcción o ampliación del centro debe hacerse mediante un procedimiento de licitación que respete las normas sobre contratos públicos.
Los órganos responsables deben permitir que los usuarios disfruten o utilicen el centro durante al menos 15 años, período durante el cual los edificios deben utilizarse como centros, por lo que los órganos responsables no obtienen ninguna ventaja.
Al término de estos 15 años, los edificios siguen siendo propiedad de los órganos responsables y, en la medida en que éstos no están obligados a pagar una compensación por el valor residual, el valor del centro que entonces puede utilizarse para otras actividades o venderse podría suponer una ventaja para los responsables propietarios del edificio. Con el fin de garantizar que no subsiste ninguna ventaja para los órganos responsables al expirar este período, las autoridades alemanas se comprometen, en el momento del control por parte de la Comisión, a aplicar un impuesto al beneficio después de 15 años, que se calcularía según el método del valor productivo (método de recursos generados descontados) o, en cualquier caso, según un método definido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1269/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (8). El método tendrá en cuenta todos los beneficios y pérdidas registrados por los órganos responsables durante los 15 años de explotación del centro, incluido el valor residual del edificio. Esto sugiere establecer la actividad empresarial de los centros al nivel de los órganos responsables, puesto que son estos últimos los que, finalmente, deben asumir el riesgo económico del centro.
Puesto que los órganos responsables no obtienen ningún provecho económico, no pueden considerarse como destinatarios de la ayuda estatal según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, sino sólo como vehículos para la prestación de ayuda a los usuarios por intermedio de los centros.
2. Segundo nivel: los centros y sus gestores
Los fondos públicos liberados en el marco de la medida de ayuda sirven para la construcción o ampliación de los centros. Como sólo los costes de construcción son seleccionables en el marco de la ayuda, los costes de explotación no están cubiertos en este caso. A tal efecto es aconsejable un control de la utilización de los fondos, es decir, la vigilancia de la ayuda por parte de Alemania. Los centros propiedad de los órganos responsables sirven solamente para proponer locales y servicios a los usuarios.
Por otro lado, el impuesto citado en el apartado 33, tal como lo ha prometido Alemania, también se aplicará a los centros. El método garantizará que no persista ninguna ventaja injustificada para los centros al expirar los 15 años.
Alemania prometió por otro lado someter la explotación de los centros a las disposiciones aplicables en materia de contratos públicos en caso de que el centro pase al control de un tercero. Los gestores del centro percibirán simplemente la compensación comercial usual establecida en el concurso de licitación.
De esta forma, ni los centros ni sus gestores perciben una ventaja económica y no pueden ser considerados como beneficiarios de la ayuda, sino solamente como vehículos para poner ayuda a disposición de los usuarios. Por tanto, se concluye que ninguna ayuda se concede a los centros y a su gestión en el marco de la medida.
3. Tercer nivel: los usuarios
Las PYME que alquilan locales en los centros se benefician indirectamente de fondos públicos por medio de los órganos responsables de los centros y de los propios centros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para el grupo objetivo de las PYME, la intensidad de la ayuda prevista no es del 90 % pero los costes financiados hasta un máximo del 90 %, o incluso del 100 %, con fondos públicos son necesarios para poder construir un centro.
Los centros proponen a las PYME una multitud de ofertas (locales, equipos, posibilidad de trabajar juntos, laboratorios, servicios de asesoramiento u otros). El alquiler que pagan las PYME por utilizar los locales y por otros elementos (laboratorios y equipos especiales, por ejemplo) puede estar por debajo del de mercado. Algunas PYME pueden tener dificultades para encontrar en el mercado locales y ofertas similares, al menos a precios financieramente abordables. La ventaja en favor de las PYME reside, por lo tanto, en la utilización financieramente ventajosa (en relación con los precios de mercado) de los locales del centro, incluida la utilización de otros servicios. La Comisión considera pues que la medida otorga una ventaja a los usuarios PYME si el alquiler y las otras ofertas son inferiores al precio de mercado.
La medida tiene o puede tener como efecto falsear la competencia puesto que se destina a determinadas empresas y que el grupo objetivo viene determinado por la naturaleza del centro. Como se explica en los considerandos 6 a 14, los centros industriales se orientan hacia todo tipo de PYME, los centros tecnológicos a las PYME innovadoras y los viveros de empresas a las pequeñas empresas y las microempresas recientemente creadas. Numerosas formas intermedias son posibles, por supuesto, como empresas que sean a la vez innovadoras y hayan sido creadas recientemente.
En el marco de la medida, no se excluye que la ayuda se conceda a empresas activas en sectores económicos que registran intercambios intracomunitarios. Es necesario por lo tanto considerar que la medida afectará a los intercambios entre Estados miembros.
La medida constituye pues, con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, una ayuda a los usuarios en la medida en que el límite superior de minimis de 100 000 EUR por beneficiario, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 69/2001, no se supera durante un período de tres años.
Por lo que se refiere a la aplicación del límite máximo de minimis a las distintas ofertas de los centros, la Comisión constata lo que sigue:
En la medida en que se trata del alquiler de locales, toma nota de que Alemania se compromete a hacer cumplir por los usuarios de los centros las disposiciones del Reglamento (CE) no 69/2001. La falta de transparencia de la que sufría hasta ahora la medida queda disipada puesto que Alemania se compromete a calcular los elementos de ayuda contenida en el precio del alquiler de los locales a las PYME sobre la base de alquileres comparativos de locales similares y en particular del nivel de los alquileres industriales oficiales (Gewerbemietspiegel). Alemania garantizará de este modo el respeto del límite máximo de minimis de 100 000 EUR durante tres años y se compromete a precisar a cada usuario de un centro que el uso de los servicios de dicho centro puede contener elementos de ayuda evaluados como ayudas de minimis sujetas a las condiciones del Reglamento (CE) no 69/2001.
Por lo que se refiere a la utilización de laboratorios y otros equipos especiales (en particular, en los centros tecnológicos), Alemania informó de que los posibles elementos de ayuda se reflejarán en un aumento del alquiler que el usuario debe pagar, que puede pues estar separado del alquiler habitual. Subrayamos que Alemania también prometió, con respecto a estos suplementos por la utilización de laboratorios y equipos especiales, respetar el Reglamento (CE) no 69/2001.
No obstante, por lo que se refiere a los servicios de asesoramiento, el elemento de ayuda no se limitó al límite máximo de minimis y por ello debe ser evaluado como ayuda estatal contemplada en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.
2. Legalidad de la ayuda
Alemania respetó la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.
3. Compatibilidad de la ayuda con el Tratado CE
Puesto que con excepción de los servicios de asesoramiento, las medidas posibles de conformidad con el régimen de ayudas en favor de las PYME (locales, laboratorios y equipos especiales, por ejemplo) no se consideran como ayuda estatal en cuanto al límite máximo de minimis siempre que se cumplan las disposiciones del Reglamento (CE) no 69/2001, solamente los servicios de asesoramiento en favor de las PYME quedan por examinar en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.
El régimen de ayudas debería apoyar la difusión y utilización comercial de la nueva investigación y desarrollo alemán e internacional en el marco de la gestión general y del desarrollo de las empresas. Por lo tanto, favorece la transferencia de tecnología y la cooperación entre empresas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Tratado CE, la ayuda a la transferencia de tecnología y la cooperación entre empresas constituyen dos objetivos importantes de la Comunidad. A este respecto, el régimen de ayudas responde a los objetivos de dicho artículo. No obstante, la Comisión aún no elaboró criterios específicos para evaluar las medidas de ayuda específicamente orientadas a estos objetivos aunque, en el marco de la política regional de la Comunidad, tales medidas a menudo están respaldadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En este contexto, la Comisión también se refiere a su Comunicación destinada a la sesión de primavera del Consejo Europeo titulada «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo» (9), que destaca la importancia de estimular las innovaciones y los polos de innovación. El grupo objetivo de esta medida se limita a las PYME innovadoras orientadas hacia la tecnología y recientemente creadas, grupo que es también el más importante desde el punto de vista del crecimiento económico y el empleo.
Por lo que se refiere a los servicios de asesoramiento, hay que tener en cuenta que Alemania se comprometió a limitar al 50 % la ayuda concedida a los costes seleccionables. La ayuda a los servicios de asesoramiento se ajusta así al Reglamento (CE) no 70/2001 y, en particular, a su artículo 5.
En consecuencia, la Comisión debería examinar la medida con comprensión.
Las modificaciones aportadas por Alemania durante el procedimiento formal de examen llevan a la Comisión a concluir lo siguiente:
Por lo que se refiere a la ayuda concedida a las PYME en el marco del régimen de ayudas para el alquiler de locales, la utilización de laboratorios o equipos especiales y otros equipos, la Comisión toma nota de la promesa de Alemania de garantizar el respeto del Reglamento (CE) no 69/2001 en el marco del presente régimen.
En la medida en que, en el marco del régimen de ayudas, se conceden ayudas a las PYME establecidas en los centros para servicios de asesoramiento, Alemania se comprometió a conceder estas subvenciones de acuerdo con el Reglamento (CE) no 70/2001 y, en especial, con su artículo 5.
1. El régimen de ayudas que Alemania prevé ejecutar durante el período 2004-2006 para el desarrollo de infraestructura municipal de carácter económico en el sentido de la parte II, punto 7, del marco de interés común «Mejora de la estructura económica regional» para la construcción o ampliación de centros industriales y tecnológicos que ponen a disposición de las pequeñas y medianas empresas y empresas de reciente creación locales y servicios comunes, no constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, siempre que Alemania respete su promesa de respetar el Reglamento (CE) no 69/2001 para el alquiler de locales, laboratorios, equipos especiales y otros servicios.
2. El régimen de ayudas citado en el apartado 1 constituye una ayuda estatal compatible con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre que Alemania mantenga su promesa de respetar el Reglamento (CE) no 70/2001 para toda ayuda concedida a servicios de asesoramiento en favor de pequeñas y medianas empresas que utilicen los servicios ofrecidos por los centros industriales, los centros tecnológicos y los centros que acogen a sociedades recientemente creadas.
(2) DO C 84 de 3.4.2004, p. 2.
(5) DO L 10 de 13.1.2001, p. 33. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 364/2004 (DO L 63 de 28.2.2004, p. 22).
(6) DO L 159 de 3.6.1998, p. 58.
(7) Apartados 7 y 8, Rec. 1987, p. 2599.
(8) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 173/2005 (DO L 29 de 2.2.2005, p. 3).
de 14 de octubre de 2005
por la que se modifican las Decisiones 2001/689/CE, 2002/231/CE y 2002/272/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a determinados productos
[notificada con el número C(2005) 4102]
(2005/783/CE)
La definición de la categoría de productos y los criterios ecológicos establecidos en la Decisión 2001/689/CE de la Comisión, de 28 de agosto de 2001, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los lavavajillas (2), expirarán el 28 de agosto de 2006.
La Decisión 2002/231/CE de la Comisión, de 18 de marzo de 2002, por la que se establecen criterios ecológicos revisados para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al calzado y se modifica la Decisión 1999/179/CE (3), expirará el 31 de marzo de 2007.
La Decisión 2002/272/CE de la Comisión, de 25 de marzo de 2002, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las baldosas rígidas para suelos (4), expirará el 31 de marzo de 2007.
De conformidad con el Reglamento (CE) no 1980/2000, se ha procedido a su debido tiempo a la revisión de los criterios ecológicos, así como de los requisitos correspondientes de cumplimiento y comprobación, establecidos en virtud de las decisiones mencionadas.
A la luz de la revisión de tales criterios y requisitos, resulta adecuado en los tres casos prorrogar por un año el período de vigencia de los mismos.
Habida cuenta de que la obligación de revisión de conformidad con el Reglamento (CE) no 1980/2000 afecta exclusivamente a los criterios ecológicos y a los requisitos de cumplimiento y comprobación, es pertinente que las Decisiones 2002/231/CE y 2002/272/CE permanezcan vigentes.
Así pues, las Decisiones 2001/689/CE, 2002/231/CE y 2002/272/CE deben modificarse en consecuencia.
Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) no 1980/2000.
Los criterios ecológicos aplicables a la categoría de productos “lavavajillas”, y los requisitos de cumplimiento y comprobación correspondientes serán válidos hasta el 28 de agosto de 2007.»
Los criterios ecológicos aplicables a la categoría de productos “calzado”, y los requisitos de cumplimiento y comprobación correspondientes serán válidos hasta el 31 de marzo de 2008.».
Los criterios ecológicos aplicables a la categoría de productos “baldosas rígidas para suelos”, y los requisitos de cumplimiento y comprobación correspondientes serán válidos hasta el 31 de marzo de 2008.».
Hecho en Bruselas, el 14 de octubre de 2005.
(2) DO L 242 de 12.9.2001, p. 23.
(3) DO L 77 de 20.3.2002, p. 50.
(4) DO L 94 de 11.4.2002, p. 13.
DECISIÓN 2005/784/PESC DEL CONSEJO
por la que se prorroga y modifica la Decisión 1999/730/PESC sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre en Camboya
Vista la Acción Común 2002/589/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2002, sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre (1), y, en particular, su artículo 6 en relación con el artículo 23, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea,
El 15 de noviembre de 1999, el Consejo adoptó la Decisión 1999/730/PESC (2), sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre en Camboya.
La Decisión 1999/730/PESC se prorrogó y modificó por última vez mediante la Decisión 2004/792/PESC.
Algunos de los objetivos finales no han podido cumplirse a 15 de noviembre de 2005, fecha en la que habrá de expirar la Decisión 1999/730/PESC, y otros tendrían que ser consolidados después de esa fecha. El proyecto de referencia es de carácter plurianual.
Por consiguiente, procede prorrogar y modificar la Decisión 1999/730/PESC.
La Decisión 1999/730/PESC se modifica como sigue:
en el artículo 3, apartado 1, el importe de referencia financiera «1 375 565 euros» se sustituye por el de «600 000 EUR»;
en el artículo 4, segundo párrafo, la fecha «15 de noviembre de 2005» se sustituye por la de «15 de noviembre de 2006»;
se suprime el artículo 5 de la Decisión;
La presente Decisión surtirá efecto el 16 de noviembre de 2005.
(2) DO L 294 de 16.11.1999, p. 5. Decisión modificada por última vez por la Decisión 2004/901/PESC (DO L 379 de 24.12.2004, p. 111).
MANDATO DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (2006)
El director del proyecto, en cooperación con las Fuerzas Armadas de Camboya, proseguirá los trabajos relacionados con el mantenimiento de los registros y la gestión y la seguridad de los depósitos de armas así como con el desarrollo de políticas, orientaciones y prácticas en este ámbito. Con tal fin, el director del proyecto llevará a cabo un seguimiento de los proyectos anteriormente ejecutados en las Regiones Militares 1 (Stung Treng), 2 (Kampong Cham), 3 (Kampong Speu), 4 (Siem Reap) y 5 (Battambang), la Región Militar Especial (Phnom Penh) y la Gendarmería Real. En estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa Nacional, definirá y llevará a cabo un proyecto adicional para el almacenamiento seguro y el registro de las armas de las Fuerzas Aéreas y de la Marina. El proyecto incluirá la construcción de centros de almacenamiento a medio y corto plazo, la formación del personal correspondiente a todos los niveles y el registro de todas las armas en la base de datos informática centralizada del Ministerio de Defensa. El proyecto que se ejecute tendrá que incluir la prestación de asistencia, con apoyo de los oportunos expertos, al programa gubernamental de destrucción en ceremonia pública de los excedentes de armas militares y, cuando proceda, de las armas recogidas y de los excedentes de armas que aún puedan estar en manos del ejército, la policía y las fuerzas de seguridad.
En caso necesario, el director del proyecto seguirá asesorando —y, cuando sea posible, prestando asistencia— al Gobierno, a las organizaciones internacionales y a las ONG locales en los temas relacionados con la seguridad de las armas y las actividades en curso y anteriores de la ASAC de la UE.
El director del proyecto garantizará que se establezcan los procedimientos adecuados para que las actividades se supervisen y evalúen de forma efectiva. Para ello, tratará de obtener la plena colaboración del Gobierno de Camboya y de la policía y las fuerzas de seguridad.
Una vez finalice el proyecto de almacenamiento seguro y registro de las armas de las Fuerzas Aéreas y la Marina, el director del proyecto ejecutará los planes elaborados con arreglo a su mandato para 2005, destinados a consolidar el mantenimiento de registros y la gestión y la seguridad de los depósitos de armas y a proceder a la terminación y liquidación del proyecto.»