Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0396_ES.html
Timestamp: 2019-07-16 11:16:09
Document Index: 66377226

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 263', 'artículo 285', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7']

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sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
Ponente: Sergio Gutiérrez Prieto
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0821),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 53, apartado 1, 62 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0011/2017),
– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Bundestag alemán, el Bundesrat alemán, la Asamblea Nacional francesa y el Senado francés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 31 de mayo de 2017(1),
– Visto el artículos 59 de su Reglamento interno,
– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0396/2017),
(6) Las medidas para hacer cumplir efectivamente las normas por las que se rige el mercado interior de servicios que se exponen en la Directiva 2006/123/CE deben reforzarse mediante la mejora del actual procedimiento de notificación establecido por dicha Directiva con respecto a los regímenes de autorización nacionales y a determinados requisitos relativos tanto al acceso a las actividades como trabajadores por cuenta propia como al ejercicio de dichas actividades. Debe facilitarse que se evite la adopción de disposiciones nacionales por las que se establezcan requisitos y regímenes de autorización que sean contrarios a la Directiva 2006/123/CE. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias de la Comisión en virtud de los Tratados y de la obligación de los Estados miembros de cumplir las disposiciones del Derecho de la Unión.
(6) Las medidas para hacer cumplir efectivamente las normas por las que se rige el mercado interior de servicios que se exponen en la Directiva 2006/123/CE deben reforzarse mediante la mejora del actual procedimiento de notificación establecido por dicha Directiva con respecto a los regímenes de autorización nacionales y a determinados requisitos relativos tanto al acceso a las actividades como trabajadores por cuenta propia como al ejercicio de dichas actividades. Debe facilitarse el diálogo entre la Comisión y los Estados miembros a fin de evitar la adopción de disposiciones nacionales por las que se establezcan requisitos y regímenes de autorización que sean contrarios a la Directiva 2006/123/CE y lleven a la fragmentación del mercado único, y asimismo a fin de reducir al mínimo el número de nuevos casos de infracción. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias conferidas a la Comisión y al Tribunal de Justicia en virtud de los Tratados y de los derechos y obligaciones de los Estados miembros que de ellos se derivan.
(7) La obligación de notificación establecida mediante la presente Directiva debe aplicarse a las medidas reglamentarias de los Estados miembros, como las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter general o cualquier otra norma vinculante de carácter general, incluidas las adoptadas por organizaciones profesionales para regular de forma colectiva el acceso a las actividades de servicios o el ejercicio de dichas actividades. Por otra parte, la obligación de notificación no debe aplicarse a las decisiones individuales emitidas por las autoridades nacionales.
(7) La obligación de notificación establecida mediante la presente Directiva debe aplicarse a las medidas reglamentarias de los Estados miembros, como las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de carácter general o cualquier otra norma vinculante de carácter general, incluidas las adoptadas por organizaciones profesionales o asociaciones para regular de forma colectiva el acceso a las actividades de servicios o el ejercicio de dichas actividades.
(7 bis) La obligación de notificación establecida por la presente Directiva no debe aplicarse a las decisiones tomadas con respecto a un proveedor de servicios determinado o a los proyectos de normas establecidas mediante convenios colectivos negociados por los interlocutores sociales que no se consideren como requisitos a efectos de la presente Directiva. Tampoco debe aplicarse a medidas que deroguen regímenes de autorización o requisitos, ni a medidas de aplicación de actos vinculantes de la Unión cuando dichos actos contengan disposiciones precisas que deban aplicarse y no haya margen para divergencias entre Estados miembros en su transposición y aplicación.
(7 ter) A fin de facilitar el cumplimiento de la obligación de notificación establecida por la presente Directiva por parte de los Estados miembros, la Comisión debe facilitar orientaciones en relación con los aspectos prácticos del procedimiento de notificación, en particular para las autoridades municipales y locales. Con objeto de garantizar que la obligación de notificación de dichas autoridades sea proporcionada, no deben ser objeto de notificación los proyectos de medidas de aplicación de regímenes de autorización o requisitos que ya hayan sido notificados a la Comisión y adoptados por el Estado miembro de que se trate a nivel nacional y que no modifiquen el contenido de dichos regímenes de autorización o requisitos ya notificados.
(7 quater) Las enmiendas o modificaciones de proyectos de medida que estén siendo objeto de un procedimiento de notificación que sean presentadas por Parlamentos de los Estados miembros a los niveles local, regional o nacional de conformidad con sus procedimientos parlamentarios no deben ser objeto de la obligación de notificación ex ante. No obstante, el Estado miembro interesado debe notificar a la Comisión dichas modificaciones sin demora y a más tardar en el plazo de dos semanas a partir de su adopción.
(8) La obligación de que los Estados miembros notifiquen, con una antelación mínima de tres meses, los proyectos de medida por los que se establecen los regímenes de autorización o los requisitos contemplados en el artículo 4 de la presente Directiva tiene por objeto asegurarse de que las medidas que van a adoptarse se ajustan a la Directiva 2006/123/CE. Para que el procedimiento de notificación sea eficaz, debe realizarse una consulta sobre las medidas notificadas con una antelación suficiente para su adopción. Conviene promover la buena cooperación y la transparencia entre la Comisión y los Estados miembros, así como seguir profundizando en los intercambios entre la Comisión y las autoridades nacionales acerca de los regímenes de autorización y determinados requisitos, nuevos o modificados, que se contemplan en la Directiva 2006/123/CE, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). A fin de garantizar la eficacia del procedimiento, debe considerarse que incumplir la obligación de notificar una medida notificada o abstenerse de adoptarla, incluso durante el período siguiente a la recepción de una alerta, es un vicio sustancial de procedimiento de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.
(8) La obligación de que los Estados miembros notifiquen los proyectos de medida por los que se establecen los regímenes de autorización o los requisitos contemplados en el artículo 4 de la presente Directiva tiene por objeto asegurarse de que las medidas que van a adoptarse se ajustan a la Directiva 2006/123/CE. Para que el procedimiento de notificación sea eficaz, debe realizarse una consulta sobre las medidas notificadas con una antelación suficiente para su adopción. Conviene promover la buena cooperación y la transparencia entre la Comisión y los Estados miembros, así como seguir profundizando en los intercambios entre la Comisión y las autoridades nacionales acerca de los regímenes de autorización y determinados requisitos, nuevos o modificados, que se contemplan en la Directiva 2006/123/CE, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE). A fin de garantizar la eficacia del procedimiento, debe considerarse que incumplir la obligación de notificar una medida o no notificarla dentro de los plazos fijados por la presente Directiva es un vicio sustancial de procedimiento de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.
(9) En un espíritu de transparencia y cooperación, cuando se realicen modificaciones de fondo en un proyecto de medida que esté siendo objeto de un procedimiento de notificación en virtud de la presente Directiva, el Estado miembro notificante debe informar a su debido tiempo a la Comisión, a los demás Estados miembros y a las partes interesadas. No deben comunicarse los cambios meramente formales.
(9) En un espíritu de transparencia y cooperación, cuando se realicen modificaciones de fondo en un proyecto de medida que esté siendo objeto de un procedimiento de notificación en virtud de la presente Directiva, el Estado miembro notificante debe informar a su debido tiempo a la Comisión, a los demás Estados miembros y a las partes interesadas, a quienes debe darse la oportunidad de que formulen sus comentarios sobre las mismas. La notificación de modificaciones de fondo no debe alterar sustancialmente los plazos fijados para la consulta. En tales casos, el Estado miembro notificante debe notificar dichas modificaciones al menos un mes antes de su adopción. No deben comunicarse los cambios meramente formales.
(10) La información facilitada por el Estado miembro notificante debe bastar para evaluar el cumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, en particular la proporcionalidad del régimen de autorización o requisito notificado. Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal información debe aclarar el objetivo de interés general perseguido, exponer en qué medida el régimen de autorización o requisito notificado es necesario y está justificado para alcanzar este objetivo, y explicar por qué resulta proporcionado para ello; por tanto, debe incluir explicaciones sobre por qué es adecuado, por qué no va más allá de lo necesario y por qué no se dispone de medios alternativos y menos restrictivos. Las razones justificativas que puede invocar el Estado miembro de que se trate deben ir acompañadas de las pruebas apropiadas y de un análisis de la proporcionalidad de la medida notificada.
(10) La información facilitada por el Estado miembro notificante debe bastar para evaluar el cumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, en particular la proporcionalidad del régimen de autorización o requisito notificado. Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal información debe aclarar el objetivo de interés general perseguido, explicando en qué medida el régimen de autorización o requisito notificado es necesario y está justificado para alcanzar este objetivo, y por qué resulta proporcionado para alcanzar este objetivo. Por tanto, el régimen de autorización o requisito notificado debe incluir explicaciones suficientes sobre por qué es adecuado, por qué no va más allá de lo necesario y por qué no se dispone de medios alternativos y menos restrictivos.
(10 bis) No obstante el procedimiento de notificación ordinario, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en casos excepcionales, de actuar rápidamente cuando se presenten asuntos urgentes en circunstancias graves e imprevisibles en relación con la protección del orden público, la seguridad pública, la salud pública o la protección del medio ambiente. Esta excepción no debe utilizarse para eludir la aplicación del procedimiento de notificación establecido por la presente Directiva. En consecuencia, los Estados miembros deben notificar a la Comisión todas las medidas adoptadas, así como su contenido y los motivos de la urgencia que llevaron a su adopción, sin demora injustificada y en ningún caso después de la fecha de adopción de dichas medidas urgentes.
(12) La obligación de notificación establecida en la Directiva 2006/123/CE exige a los Estados miembros que informen a la Comisión y a los demás Estados miembros sobre los requisitos contemplados en el artículo 15, apartado 2, el artículo 16, apartado 1, párrafo tercero, y el artículo 16, apartado 3, primera frase, de la Directiva 2006/123/CE. La aplicación de dicha Directiva ha puesto de manifiesto que los regímenes de autorización o los requisitos relacionados con regímenes de autorización, seguros de responsabilidad profesional, garantías o acuerdos similares, y las restricciones multidisciplinarias son comunes y pueden constituir obstáculos importantes en el mercado único de servicios. Por tanto, también deben estar sujetos a la obligación de notificación a fin de facilitar la conformidad de los proyectos pertinentes de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros con la Directiva 2006/123/CE. La obligación de notificación engloba los requisitos mencionados en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE, en la medida en que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 16, apartado 3.
(12) La obligación de notificación establecida en la Directiva 2006/123/CE exige a los Estados miembros que informen a la Comisión y a los demás Estados miembros sobre los requisitos contemplados en el artículo 15, apartado 2, el artículo 16, apartado 1, párrafo tercero, y el artículo 16, apartado 3, primera frase, de la Directiva 2006/123/CE. La aplicación de dicha Directiva ha puesto de manifiesto que los regímenes de autorización o los requisitos relacionados con regímenes de autorización, seguros de responsabilidad profesional, normas profesionales en materia de comunicaciones comerciales, garantías o acuerdos similares, y las restricciones multidisciplinarias son comunes y pueden constituir obstáculos importantes en el mercado único de servicios. Por tanto, también deben estar sujetos a la obligación de notificación a fin de facilitar la conformidad de los proyectos pertinentes de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros con la Directiva 2006/123/CE. La obligación de notificación engloba los requisitos mencionados en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE, en la medida en que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 16, apartado 3.
(13) La presente Directiva establece una consulta de tres meses a fin de permitir la evaluación de los proyectos de medidas notificados, así como un diálogo efectivo con el Estado miembro notificante. Para que la consulta funcione en la práctica y para que los Estados miembros, la Comisión y las partes interesadas puedan comunicar sus observaciones eficazmente, los Estados miembros deben notificar los proyectos de medidas al menos tres meses antes de su adopción. Los Estados miembros notificantes deben tener en cuenta las observaciones formuladas en relación con el proyecto de medida notificado, de conformidad con el Derecho de la Unión.
(13) Como norma general, la presente Directiva establece una consulta de tres meses a fin de permitir la evaluación de los proyectos de medidas notificados, así como un diálogo efectivo con el Estado miembro notificante. Para que la consulta funcione en la práctica y para que los Estados miembros y la Comisión puedan comunicar observaciones o comentarios eficazmente, los Estados miembros deben notificar los proyectos de medidas al menos tres meses antes de su adopción. Cuando las observaciones se refieran a la compatibilidad de la medida notificada con las disposiciones de la Directiva 2006/123/CE, los Estados miembros, la Comisión y las partes interesadas podrán comunicar también comentarios más generales para, entre otros fines, intercambiar mejores prácticas y reforzar su cooperación y el intercambio general de información. Cuando la notificación se refiera solamente a modificaciones de un proyecto de medida ya notificado, esta notificación de modificaciones estará sujeta a un periodo de consulta más breve, de un mes de duración. Los Estados miembros notificantes deben tener en cuenta las observaciones formuladas en relación con el proyecto de medida notificado o las modificaciones, de conformidad con el Derecho de la Unión. Si el Estado miembro notificante decide no adoptar el proyecto de medida notificado, debe tener en todo momento la posibilidad de retirar la notificación.
(14) Cuando, a raíz de la consulta, la Comisión siga teniendo dudas sobre la compatibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva 2006/123/CE, podrá alertar al Estado miembro notificante, dándole la oportunidad de que ajuste su proyecto de medida al Derecho de la UE. En dicha alerta debe incluirse una explicación de las dudas jurídicas identificadas por la Comisión. La emisión de una alerta implica que el Estado miembro notificante no adoptará la medida notificada en un plazo de tres meses.
(14) Cuando, a raíz de la consulta, la Comisión siga teniendo dudas sobre la compatibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva 2006/123/CE, podrá alertar al Estado miembro notificante, dándole la oportunidad de que facilite más explicaciones o ajuste su proyecto de medida al Derecho de la Unión. En dicha alerta debe incluirse una explicación pormenorizada de las dudas jurídicas formuladas por la Comisión o por otros Estados miembros. La emisión de una alerta implica que el Estado miembro notificante no adoptará el proyecto de medida notificada en un plazo de tres meses.
(15) El incumplimiento de la obligación de notificar los proyectos de medidas al menos tres meses antes de su adopción o de abstenerse de adoptar las medidas notificadas durante este período y, en su caso, durante los tres meses siguientes a la recepción de una alerta, debe considerarse una infracción sustancial de procedimiento de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.
(15) El incumplimiento de la obligación de notificar los proyectos de medidas o modificaciones de proyectos de medidas ya notificadas o medidas adoptadas conforme a la presente Directiva en el periodo establecido debe considerarse una infracción sustancial de procedimiento de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.
(16) Para garantizar la eficiencia, la eficacia y la coherencia del procedimiento de notificación, la Comisión debe mantener la facultad de adoptar Decisiones por las que se exija al Estado miembro de que se trate que se abstenga de adoptar medidas notificadas o, si ya han sido adoptadas, que las derogue si infringen la Directiva 2006/123/CE.
(16) Para garantizar la eficiencia, la eficacia y la coherencia del procedimiento de notificación, en relación con regímenes de autorización o requisitos que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 4, letras a), c), d) y e), debería ofrecerse a la Comisión la posibilidad de adoptar recomendaciones en las que se solicite al Estado miembro en cuestión que adapte las medidas notificadas de que se trate, que se abstenga de adoptarlas o, si ya han sido adoptadas, que las derogue para resolver las serias dudas acerca de la compatibilidad de esas medidas con la Directiva 2006/123/CE. Por lo que se refiere a los requisitos incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 4, letra b), la Comisión debe mantener la facultad de adoptar decisiones por las que se solicite al Estado miembro de que se trate que se abstenga de adoptar medidas notificadas o, si ya han sido adoptadas, que las derogue si infringen la Directiva 2006/123/CE. De conformidad con el artículo 263 del TFUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para controlar la legalidad de determinados actos adoptados por la Comisión, en particular sobre la base de recursos interpuestos por los Estados miembros. De conformidad con el artículo 285 del TFUE, si, tras dar a un Estado miembro la oportunidad de presentar sus comentarios, la Comisión emite un dictamen motivado en el sentido de que dicho Estado miembro ha incumplido alguna de sus obligaciones derivadas de los Tratados, y si dicho Estado miembro no se atiene a dicho dictamen motivado, la Comisión podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
(17) Se debe permitir que las terceras partes interesadas tengan acceso a las notificaciones enviadas por los Estados miembros, a fin de que sean conscientes de los regímenes de autorización o determinados requisitos que estén previstos en relación con los servicios en mercados en los que operen realmente o tengan posibilidades de operar, así como para que puedan formular observaciones al respecto.
(17) A fin de mejorar la transparencia, se debe permitir que los Estados miembros y las terceras partes interesadas tengan acceso a las notificaciones enviadas por los Estados miembros, de modo que sean conscientes de los regímenes de autorización o determinados requisitos que estén previstos o hayan sido introducidos en relación con los servicios en mercados en los que operen realmente o tengan posibilidades de operar, así como para que puedan comunicar sus reacciones al respecto. La Comisión debe ofrecer a las terceras partes interesadas la posibilidad de formular observaciones sobre las notificaciones efectuadas por los Estados miembros dentro del periodo de consulta e informar al Estado miembro de que se trate de las reacciones al respecto, si lo considera necesario. La Comisión debe transmitir las reacciones de las terceras partes interesadas al Estado miembro de que se trate solamente si considera que las reacciones son de interés y pueden aportar una contribución significativa a la evaluación por el Estado miembro de la medida de que se trate.
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b
b) «adopción», la decisión de un Estado miembro por la cual la disposición legal, reglamentaria o administrativa de carácter general pasa a ser definitiva con arreglo al procedimiento aplicable.
b) «adopción», la decisión de un Estado miembro por la cual el proyecto de medida pasa a ser una medida definitiva de conformidad con el procedimiento aplicable.
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier proyecto de medida que introduzca los nuevos requisitos o regímenes de autorización a los que se refiere el artículo 4, o modifique tales requisitos o regímenes de autorización vigentes.
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier proyecto de medida que introduzca los nuevos requisitos o regímenes de autorización a los que se refiere el artículo 4, o modifique sustancialmente tales requisitos o regímenes de autorización vigentes.
1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no estarán obligados a notificar al a Comisión:
a) los proyectos de medidas que consistan únicamente en la revocación de regímenes de autorización o requisitos existentes;
b) los proyectos de medidas de aplicación de regímenes o requisitos de autorización que ya hayan sido notificados a la Comisión y adoptados por el Estado miembro de que se trate a nivel nacional y medidas que no modifiquen el ámbito de aplicación o el contenido o hagan que los regímenes o los requisitos de autorización ya adoptados sean más restrictivos para el establecimiento o la prestación de servicios transfronterizos;
c) los proyectos de medidas mediante las cuales los Estados miembros cumplan con actos jurídicamente vinculantes de la Unión que regulen requisitos específicos relativos al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio, en la medida en que dichos requisitos estén expresamente previstos y los actos de la Unión afectados requieran su transposición uniforme.
2. En caso de que un Estado miembro modifique un proyecto de medida notificado cuyo efecto sea ampliar su ámbito de aplicación o su contenido de forma significativa, o abreviar el calendario inicialmente previsto para su aplicación, o añadir requisitos o regímenes de autorización, o hacer que los requisitos o los regímenes de autorización sean más restrictivos para el establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios, volverá a notificar el proyecto de medida notificado previamente en virtud del apartado 1, incluyendo una explicación del objetivo y del contenido de las modificaciones. En tal caso, la notificación previa se considerará retirada.
2. En caso de que un Estado miembro modifique sustancialmente un proyecto de medida notificado que esté siendo objeto de un procedimiento de notificación, alterando su ámbito de aplicación o su contenido, abreviando el calendario para su aplicación, o añadiendo requisitos o regímenes de autorización para el establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios, el Estado miembro modificará la notificación inicial del proyecto de medida y notificará a la Comisión las modificaciones del proyecto de medida, incluyendo una explicación de sus objetivos y su contenido.
2 bis. Los Estados miembros no estarán obligados a notificar antes de su adopción las modificaciones de proyectos de medida que estén siendo objeto de un procedimiento de notificación que sean presentadas por Parlamentos de los Estados miembros a los niveles nacional o regional. El Estado miembro interesado podrá adoptar estas medidas en la versión modificada y deberá notificarlas a la Comisión sin demora y a más tardar en el plazo de dos semanas a partir de su adopción.
3. Los proyectos de medidas a los que se hace referencia en los apartados 1 y 2 se notificarán a la Comisión al menos tres meses antes de su adopción.
3. Los proyectos de medidas a los que se hace referencia en el apartado 1 se notificarán a la Comisión al menos tres meses antes de su adopción.
Las modificaciones a las que se hace referencia en el apartado 2 se notificarán a la Comisión al menos tres meses antes de su adopción.
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. La obligación de notificar un proyecto de medida antes de su adopción conforme al apartado 3 no se aplicará en aquellos casos en los que un Estado miembro tenga que adoptar con rapidez medidas urgentes en circunstancias graves e imprevisibles por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente. El Estado miembro interesado notificará a la Comisión el contenido de la medida urgente y los motivos de la urgencia que llevaron a su adopción. Lo hará sin demora injustificada y en ningún caso después de la fecha de adopción de dicha medida urgente.
A la recepción de la notificación de la medida urgente, la Comisión evaluará si la aplicación del procedimiento de urgencia estaba justificada en vista de las circunstancias.
4. El incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el artículo 3, apartados 1, 2 y 3, o en el artículo 6, apartado 2, constituirá un vicio sustancial de procedimiento de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.
4. El incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el presente artículo, apartados 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 y 3 bis, y en el artículo 6, apartado 2, constituirá un vicio sustancial de procedimiento de carácter grave por lo que se refiere a sus efectos sobre los particulares.
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2
Dicha información deberá identificar la razón imperiosa de interés general que se persigue y explicar las razones por las que el régimen de autorización o requisito que se notifica no es discriminatorio por razón de la nacionalidad o la residencia y por qué es proporcionado.
Dicha información deberá identificar la razón imperiosa de interés general que se persigue y ofrecer una explicación de por qué el régimen de autorización o requisito que se notifica no es discriminatorio y es necesario y proporcionado para garantizar la consecución del objetivo perseguido.
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 3
Dicha información deberá incluir una evaluación que demuestre que no se dispone de medios menos restrictivos, así como elementos de prueba que respalden los argumentos presentados por el Estado miembro notificante.
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
e bis) las normas profesionales sobre comunicaciones comerciales a que hace referencia el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE;
1. Tras la recepción de una notificación de un Estado miembro tal como se señala en el artículo 3, apartados 1 y 2, la Comisión informará al Estado miembro notificante de que la notificación recibida está completa.
2. A partir de la fecha en que la Comisión comunique al Estado miembro notificante que una notificación recibida está completa, tendrá lugar una consulta de una duración máxima de tres meses entre el Estado miembro notificante, otros Estados miembros y la Comisión.
2. Tras la notificación del proyecto de medida, tendrá lugar una consulta de una duración máxima de tres meses entre el Estado miembro notificante, otros Estados miembros y la Comisión. Dicha consulta se iniciará en la fecha en que la Comisión reciba la notificación.
3. En un plazo de dos meses a partir del comienzo del período de consulta mencionado en apartado 2, la Comisión y los Estados miembros podrán formular observaciones al Estado miembro notificante.
3. En un plazo de dos meses a partir del comienzo del periodo de consulta mencionado en el apartado 2, la Comisión y los Estados miembros podrán formular al Estado miembro notificante o bien observaciones relativas a una posible incompatibilidad de la medida notificada con la Directiva 2006/123/CE o bien otras observaciones.
4. El Estado miembro notificante responderá a las observaciones formuladas por la Comisión o por otros Estados miembros en un plazo de un mes a partir de su recepción y antes de la adopción de la medida notificada, bien explicando la forma en que se tendrán en cuenta estas observaciones en la medida notificada, o bien indicando las razones por las que dichas observaciones no pueden tenerse en cuenta.
4. El Estado miembro notificante responderá a las observaciones formuladas por la Comisión o por otros Estados miembros en un plazo de un mes a partir de su recepción, bien explicando la forma en que se tendrán en cuenta estas observaciones en la medida notificada, o bien indicando las razones por las que dichas observaciones no pueden tenerse en cuenta.
5. En caso de que ni la Comisión ni otros Estados miembros hayan presentado observaciones sobre un proyecto de medida notificado dentro del plazo de dos meses mencionado en el apartado 3, el período de consultas cesará de inmediato.
5. En caso de que ni la Comisión ni otros Estados miembros hayan presentado observaciones sobre una medida notificada dentro del plazo de dos meses mencionado en el apartado 3 y el Estado miembro notificante no haya realizado modificaciones a la notificación inicial, el período de consultas cesará de inmediato. Si la notificación se llevó a cabo de conformidad con el artículo 3, apartado 3, primer párrafo, el Estado miembro notificante podrá entonces adoptar el proyecto de medida sin que ello constituya una infracción de dicha disposición.
5 bis. Las notificaciones realizadas de conformidad con el artículo 3, apartado 2, serán sometidas a un periodo de consulta de un mes a partir de la fecha de su recepción. Durante este periodo, la Comisión y los Estados miembros podrán formular observaciones relativas a la compatibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva 2006/123/CE u otras observaciones.
1. Antes del cierre del período de consulta a que se refiere el artículo 5, apartado 2, la Comisión podrá alertar al Estado miembro notificante de su preocupación por la compatibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva 2006/123/CE y de su intención de adoptar una decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 7.
1. Antes del cierre del período de consulta a que se refiere el artículo 5, apartados 2 y 5 bis, la Comisión podrá alertar al Estado miembro notificante de su preocupación, que expondrá pormenorizadamente, por la compatibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva 2006/123/CE y de su intención de adoptar una recomendación o una decisión conforme a lo dispuesto en el artículo 7.
1 bis. La Comisión, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la modificación de la notificación prevista en el artículo 3, apartado 2 bis, podrá emitir una alerta.
2. Tras la recepción de dicha alerta, el Estado miembro notificante no podrá adoptar el proyecto de medida en un plazo de tres meses a partir del cierre del período de consulta.
2. Tras la recepción de una alerta de conformidad con el apartado 1, el Estado miembro notificante no podrá adoptar el proyecto de medida en un plazo de tres meses a partir del cierre del período de consulta. La recepción de una alerta no impide al Estado miembro adoptar la legislación, el reglamento o el acto administrativo correspondiente una vez transcurrido el plazo de tres meses.
En el plazo de un mes a partir de la recepción de una alerta, el Estado miembro notificante, de conformidad con los apartados 1 y 1 bis, presentará a la Comisión una explicación de la compatibilidad de la medida notificada con la Directiva 2006/123/CE, o modificará o revocará la medida de que se trate para garantizar el cumplimiento de dicha Directiva.
Artículo 7 – párrafo 1
En caso de que la Comisión haya emitido una alerta de conformidad con el artículo 6, apartado 1, podrá, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de cierre del período de consulta mencionado en el artículo 5, apartado 2, adoptar una Decisión por la que se declare que el proyecto de medida es incompatible con la Directiva 2006/123/CE y se exige al Estado miembro en cuestión que se abstenga de adoptar el proyecto de medida o, si dicha medida ha sido adoptada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, o en el artículo 6, apartado 2, que la derogue.
En caso de que la Comisión haya emitido una alerta de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 1 bis con respecto a los requisitos objeto del artículo 4, letra b), y siga teniendo serias dudas sobre la medida notificada de conformidad con el artículo 3, apartados 1, 2, 2 bis y 3 bis, podrá, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de dicha alerta, adoptar una Decisión por la que se solicite al Estado miembro en cuestión que se abstenga de adoptar la medida notificada o que la derogue.
En caso de que la Comisión haya emitido una notificación de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 1 bis, sobre regímenes de autorización o requisitos objeto del artículo 4, letras a), c), d) y e), y siga teniendo serias dudas sobre la medida notificada de conformidad con el artículo 3, apartados 1, 2, 2 bis y 3 bis, podrá, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de dicha notificación, adoptar una recomendación por la que se solicite al Estado miembro en cuestión que se abstenga de adoptar la medida notificada o que la derogue.
La Comisión publicará en un sitio web específico accesible al público las notificaciones efectuadas por los Estados miembros en virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, y las medidas conexas adoptadas.
La Comisión publicará en un sitio web específico accesible al público las notificaciones efectuadas por los Estados miembros en virtud del artículo 3, apartado 1, y modificaciones a las notificaciones iniciales realizadas conforme al artículo 3, apartados 2 y 2 bis, las medidas urgentes adoptadas conforme al artículo 3, apartado 3 bis), las medidas conexas adoptadas conforme al artículo 3, apartado 7, y las recomendaciones o decisiones adoptadas conforme al artículo 7.
La Comisión dará a las partes interesadas la posibilidad de proporcionar por medios electrónicos información sobre las notificaciones publicadas o de alertar a la Comisión acerca de proyectos de medidas o medidas adoptadas que no hayan sido notificados de conformidad con la presente Directiva. A la recepción de dicha información o dichas alertas de las partes interesadas, la Comisión informará sin demora al Estado miembro interesado.
Los Estados miembros designarán a una autoridad competente que será responsable a nivel nacional del funcionamiento del procedimiento de notificación establecido por la presente Directiva.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión una autoridad que será responsable a nivel nacional del funcionamiento del procedimiento de notificación establecido por la presente Directiva. Dicha designación no afectará al reparto de funciones y competencias entre las autoridades dentro de los sistemas nacionales.
1. A más tardar el [36 meses a partir de la fecha de transposición de la presente Directiva] y, como muy tarde, cada cinco años a partir de entonces, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.
1. A más tardar el [36 meses a partir de la fecha de transposición de la presente Directiva] y, como muy tarde, cada cinco años a partir de entonces, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva que incluirá una evaluación de cualquier uso abusivo destinado a eludir la aplicación del procedimiento de notificación establecido en virtud de la presente Directiva.
DO C 288 de 31.8.2017, p. 43.
El 10 de enero de 2017, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos relacionados con los servicios. Esta propuesta forma parte de una serie de acciones de la Comisión destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado único de servicios. Se centra en aspectos de procedimiento con vistas a mejorar la aplicación y el cumplimiento de la obligación de notificación establecida en la Directiva 2006/123/CE (la «Directiva de servicios»).
Contexto de preparación de la propuesta
El procedimiento de notificación actual de los requisitos para los proveedores de servicios incluido en la Directiva de servicios no ha contribuido a la plena y correcta aplicación de la Directiva, ya que no se ha puesto en práctica. Esto ha entrañado costes tanto para consumidores como para empresas a causa de la fragmentación del mercado único de servicios, así como elevados costes administrativos para los Estados miembros debido a las infracciones y para la Comisión por tener que emprender acciones (el 40 % de los casos de infracción se plantea debido a la aprobación de nuevas normas nacionales que incumplen la Directiva de servicios).
La propuesta se apoya en una evaluación de impacto, en virtud de la cual la Comisión concluyó que el procedimiento de notificación vigente no está alcanzando sus objetivos, por lo que se considera necesaria una intervención de la Unión para subsanar las deficiencias detectadas, de manera que el procedimiento de notificación se convierta en un instrumento eficaz y eficiente para una mejor aplicación de la Directiva de servicios.
La finalidad de la Directiva que nos ocupa es garantizar que las normas nacionales por las que se establezcan regímenes de autorización o determinados requisitos cumplan la Directiva de servicios, cuando proceda con arreglo al ámbito de aplicación de esta última, así como intentar evitar infracciones.
Por lo tanto, esta propuesta tiene como objetivo aumentar la eficiencia del procedimiento de notificación, mejorar la calidad y el contenido de las notificaciones presentadas, abordar los requisitos adicionales —que, como ha quedado patente con la aplicación de la Directiva de servicios, pueden constituir importantes obstáculos al mercado único de servicios—, y aclarar las consecuencias legales de la omisión de notificación. El resultado último sería una mejor aplicación y cumplimiento de la Directiva de servicios en su forma actual.
El ponente acoge positivamente la propuesta como parte del paquete de servicios. En ella, se desarrollan los trámites relativos a la obligación de notificación, se aclaran los procedimientos y se persigue una mayor transparencia a fin de mejorar la aplicación de la Directiva de servicios.
1. Obligación de notificación
La propuesta se basa en la obligación de notificación prevista en la Directiva de servicios y establece la obligación específica para los Estados miembros de notificar los proyectos de medidas, incluidas las modificadas por los Parlamentos nacionales durante su tramitación, así como la información adjunta. Además, recoge de manera explícita las consecuencias de infringir las obligaciones de notificación. Para garantizar la eficiencia y eficacia del procedimiento de notificación, se fijan plazos estrictos. El ponente considera necesario garantizar los poderes legislativos de los Estados miembros, en especial en el marco de los trámites parlamentarios nacionales, por lo que propone cambios en este sentido.
Por otra parte, si el procedimiento de notificación se aplicara de manera absoluta, generaría una carga administrativa adicional que podría resultar desproporcionada con arreglo a los objetivos perseguidos, en particular en el caso de las autoridades municipales y locales. Con objeto de garantizar que las obligaciones de notificación de dichas autoridades sean proporcionadas, el ponente considera que no deberían ser objeto de notificación aquellos proyectos de medidas de aplicación de regímenes o requisitos de autorización que ya hayan sido notificados a la Comisión y adoptados por el Estado miembro de que se trate a nivel nacional.
2. Parlamentos nacionales
La propuesta de Directiva establece asimismo un procedimiento de consulta de tres meses de duración entre el Estado miembro notificante, los demás Estados miembros y la Comisión, de modo que se puedan formular comentarios en relación con las medidas notificadas. En caso de que la Comisión manifieste su preocupación («alerta») acerca de la compatibilidad del proyecto de medida notificado con la Directiva de servicios, el Estado miembro notificante no adoptaría la medida en cuestión durante un período de tres meses tras la conclusión del período de consulta. En este caso, la Comisión podrá comunicar su decisión y se han previsto diferentes modalidades, por ejemplo para las enmiendas parlamentarias. El ponente considera que, si bien la Comisión debe seguir estando facultada para tomar una decisión como prevé la Directiva de servicios, no puede privarse a los Parlamentos nacionales de la posibilidad de adoptar la medida en cuestión. En consecuencia, este nuevo elemento que introduce la propuesta de la Comisión tendría que descartarse y solo deben contemplarse medidas ex post.
El ponente cree que esta propuesta resultará en un mejor cumplimiento de la obligación de notificación establecida por la Directiva de servicios, aumentará la transparencia y reforzará el diálogo entre los Estados miembros y la Comisión y, por ende, mejorará la aplicación de dicha Directiva.
Asimismo, el ponente considera que el refuerzo de las notificaciones propuesto por la Comisión en determinados casos podría interferir con las competencias legislativas nacionales e imponer una carga administrativa a las autoridades nacionales, especialmente a las locales y municipales. A este respecto, el ponente estima necesario introducir una serie de enmiendas a fin de conseguir un procedimiento de notificación seguro y mejorado, que tenga en cuenta las preocupaciones manifestadas.
Aplicación efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos relacionados con los servicios, y por la que se modifican la Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior