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Timestamp: 2019-04-26 02:50:25
Document Index: 88203158

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ARARTEKO, Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica IÑIGO LAMARCA Ararteko
Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica
Los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1993, constituyen la principal referencia normativa internacional sobre las funciones de las instituciones nacionales/públicas de derechos humanos124. El primero de dichos principios señala que estas instituciones son competentes “en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos”.
En el caso del Ararteko, institución prevista en el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979 (artículo 15), “constituye su función primordial salvaguardar a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad y poder y las negligencias de la Administración Pública Vasca”125. Además de esta función “primordial”, el Ararteko asume la responsabilidad de evaluar las políticas públicas, y de promover y defender los derechos humanos y los valores que los fundamentan, así como la cultura de respeto a los mismos126. Un análisis comparado de las funciones de las Defensorías del Pueblo en Europa muestra que prácticamente todas las instituciones de esta naturaleza tienen encomendada la función de examinar la labor administrativa a la luz del marco jurídico en vigor, incluyendo por supuesto los estándares normativos de derechos humanos127.
Por derechos humanos se entiende tanto los derechos civiles y políticos como los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC)128. Los DESC son reconocidos como derechos fundamentales para las personas tanto desde la vertiente del Derecho interno como del Derecho internacional129. El Comité DESC de Naciones Unidas, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ha afirmado que las instituciones públicas de derechos humanos “desempeñan un papel que puede ser decisivo en la promoción y la garantía de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”130.
El artículo 9.2 de la Constitución de 1978 dispone que:
Asimismo, el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco obliga a los poderes públicos vascos a velar y garantizar “el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos”, impulsar “particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo”, adoptar “aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica” y “remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales”.
Por otro lado, España ratificó en abril de 1977 el PIDESC131. También ha ratificado otros tratados internacionales del sistema universal de derechos humanos, de la Organización Internacional del Trabajo y del sistema europeo de protección de derechos humanos. España también fue el primer país europeo en ratificar en septiembre de 2010 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los DESC, que permitirá cuando entre en vigor la interposición de quejas individuales por vulneración de alguno de estos derechos. Todos estos instrumentos internacionales forman parte del marco jurídico interno en vigor a la luz del artículo 96.1 de la Constitución:
La Carta Magna, mediante su artículo 10.2, también demanda que los poderes públicos se guíen por el Derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su interpretación de los derechos y libertades reconocidas en el Título I de la Constitución.
Desde la perspectiva del Derecho internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, a la que se adhirió España en mayo de 1972132, recoge en su artículo 26 el llamado principio “pacta sunt servanda”, en virtud del cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. El artículo 27, corolario del anterior, dispone que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Esta es una regla consuetudinaria declarada como tal por el Tribunal Internacional de Justicia, que considera como un principio general del Derecho internacional público que en las relaciones entre Estados no puede prevalecer el Derecho interno sobre las disposiciones de los tratados internacionales133.
Si bien la incorporación de los derechos socioeconómicos en el marco jurídico adolece de carencias importantes (aspecto sobre el que volveremos más adelante), podemos afirmar que el marco jurídico vigente en el País Vasco, que incluye normativa autonómica, estatal e internacional, reconoce que los derechos socioeconómicos son derechos humanos.
124 Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 48/134, de 20 de diciembre de 1993, Anexo. Las Defensorías del Pueblo son un tipo de institución nacional de derechos humanos (junto con las comisiones de derechos humanos, los mediadores o los defensores del interés público). Con la finalidad de evitar la confusión que podría generar el término en el contexto de Euskadi, en este estudio se sustituye la palabra “nacional” por “pública”.
125 Artículo 1.2 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del “Ararteko” (BOPV nº 63, 22 de marzo de 1985).
126 Artículo 2 del Reglamento de organización y funcionamiento de la institución del Ararteko (BOPV nº 56, 24 de marzo de 2010).
128 Entendemos por ‘derechos económicos, sociales y culturales’ todos aquellos derechos reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, entre otros, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud física y mental, o el derecho a la educación. A tales efectos, en este estudio se utilizan las expresiones ‘derechos económicos, sociales y culturales’, ‘DESC’, ‘derechos socioeconómicos’ o simplemente ‘derechos sociales’ de forma indistinta.
129 El reconocimiento de los derechos sociales como derechos fundamentales es la tónica general en el Derecho constitucional comparado. Al respecto, véase, por ejemplo, Guillermo Escobar Roca (dir.), Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 95-285.
130 Comité DESC, Observación General 10ª: La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, doc. ONU E/C.12/1998/25, 10 de diciembre de 1998, párrafo 3.
131 BOE nº 103, 30 de abril de 1977.
132 BOE nº 142, 13 de junio de 1980.
133 International Court of Justice, Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947, Opinión Consultiva de 26 de abril de 1988, párrafo 57.