Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0009_ES.html
Timestamp: 2020-08-15 06:39:04
Document Index: 91949644

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 108', 'artículo 52', 'artículo 174', 'artículo 167', 'artículo 39', 'artículo 12', 'artículo 26', 'artículo 16', 'artículo 218', 'artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 174', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 218']

INFORME que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)
Procedimiento : 2015/2233(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0009/2016
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que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)
Ponente: Viviane Reding
– Visto el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)(1), que entró en vigor en enero de 1995 a raíz de las negociaciones de la Ronda Uruguay en el marco de la OMC,
– Visto el informe de 21 de abril de 2011 elaborado por el presidente del Consejo del Comercio de Servicios de la OMC, embajador Sr. D. Fernando de Mateo, para su Comité de Negociaciones Comerciales, relativo a la sesión extraordinaria de negociaciones sobre el comercio de servicios(2),
– Vista la declaración emitida por el grupo «Really Good Friends of Services» (RGF) el 5 de julio de 2012(3),
– Vistas las directivas de la UE para las negociaciones de un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), aprobadas por el Consejo el 8 de marzo de 2013 y desclasificadas y hechas públicas por el Consejo el 10 de marzo de 2015(4),
– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el inicio de las negociaciones sobre un acuerdo multilateral sobre los servicios(5),
– Vistas las orientaciones políticas del Presidente Juncker, de 15 de julio de 2014, dirigidas a la nueva Comisión y tituladas «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático»,
– Visto el informe final de 17 de julio de 2014, elaborado para la Comisión por ECORYS y titulado «Evaluación de impacto sobre la sostenibilidad del comercio en apoyo de las negociaciones sobre un Acuerdo multilateral sobre el Comercio de Servicios (ACS)(6)»,
– Vistos los documentos de negociación presentados por todas las partes del ACS, en particular las partes desclasificadas y hechas públicas por la Comisión el 22 de julio de 2014, incluida la oferta inicial de la UE(7),
– Vista la declaración de 5 de febrero de 2015 de la comisaria Malmström sobre la movilidad de los pacientes en el ACS(8),
– Vista la Declaración conjunta UE-EE.UU., de 20 de marzo de 2015, sobre los servicios públicos(9) en el marco de las negociaciones del ACS y el ATCI,
– Visto el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión,
– Vistos el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la protección de datos de carácter personal y el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que promueven la igualdad entre mujeres y hombres como uno de los valores subyacentes de la UE,
– Vistos los artículos 14 y 106 y el Protocolo (n.º 26) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre los servicios de interés general,
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en el marco de la OMC, incluida la diversidad cultural(10),
– Visto el principio de coherencia de las políticas de cooperación para el desarrollo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones sobre la dimensión local y regional del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) (CDR 2700/2015),
– Vistos el artículo 108, apartado 4, y el artículo 52 de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Libertades Civiles y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0009/2016),
A. Considerando que las negociaciones sobre el ACS deben tener por objeto lograr una regulación internacional efectiva, que no deberá ser inferior a la regulación nacional;
B. Considerando que si bien el ACS en su forma actual y con sus actuales miembros negociadores es un acuerdo plurilateral, su ambición ha de ser que el acuerdo celebrado alcance la masa crítica para poder convertirse en un acuerdo multilateral en el marco de la OMC;
C. Considerando que todo acuerdo comercial debe prever más derechos y precios más bajos para los consumidores europeos, más empleo y una mayor protección de los trabajadores; considerando que debe contribuir también a promover un desarrollo sostenible y a promover la responsabilidad social de las empresas a escala mundial, así como a establecer condiciones equitativas para las empresas europeas; considerando que la política comercial debe contribuir y ser plenamente coherente con el Programa de Trabajo Decente de la OIT y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
D. Considerando que todo acuerdo comercial debe ser un instrumento para que nuestras empresas puedan abrir mercados en el extranjero, así como una red de seguridad para nuestros ciudadanos en casa; considerando que el ACS debe aumentar el acceso a los mercados exteriores, fomentar mejores prácticas y configurar la mundialización con vistas a garantizar que refleje los valores, principios e intereses de la UE y contribuya a que las empresas de la UE prosperen en la era de las cadenas de valor mundiales; considerando que los derechos de los consumidores y las normas sociales y medioambientales no son barreras comerciales sino piedras angulares innegociables de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; considerando que la política comercial de la UE debe defender los objetivos de cohesión económica, social y territorial según lo establecido en el artículo 174 del TFUE; considerando que la prestación de servicios en la UE se basa en los principios de acceso universal, calidad, seguridad, asequibilidad e igualdad de trato que se han de garantizar permanentemente en todas las ciudades y regiones; considerando que la UE debe promover la igualdad de género a escala internacional;
E. Considerando que, en el marco de la globalización, la creciente importancia del comercio de servicios y la digitalización de nuestras economías y del comercio internacional, es necesaria la adopción urgente de medidas políticas para mejorar las normas internacionales; considerando que la economía de la UE tiene un interés vital en reforzar las normas comerciales a escala mundial que rigen las cadenas de suministro mundial; considerando que el sistema comercial multilateral sigue siendo el marco más eficaz para alcanzar un comercio abierto y justo en todo el mundo;
F. Considerando que el ACS brinda una oportunidad para que la UE consolide su posición como mayor exportador mundial de servicios, con un 25 % de las exportaciones mundiales de servicios lo que supone un excedente comercial de 170 000 millones EUR en 2013; considerando que el valor de las exportaciones de servicios de la UE se ha duplicado en los últimos 10 años hasta alcanzar un valor de 728 000 millones EUR en 2014; considerando que el sector de los servicios emplea a cerca del 70 % de la mano de obra de la UE y representa el 40 % del valor de los bienes exportados desde Europa; considerando que el 90 % de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en la UE entre 2013 y 2025 estarán generados por el sector de los servicios; considerando que este Acuerdo tiene potencial para impulsar la creación de empleo en la UE;
G. Considerando que el comercio de servicios es un motor crucial para el empleo y el crecimiento en la UE que puede reforzarse mediante un ACS ambicioso;
H. Considerando que numerosos mercados importantes, incluidos los de las economías emergentes, siguen cerrados a las empresas europeas; considerando que los obstáculos innecesarios al comercio de servicios, que, traducidos a equivalentes arancelarios ascienden al 15 % en Canadá, el 16 % en Japón, el 25 % en Corea del Sur, el 44 % en Turquía y el 68 % en China, siguen impidiendo que las empresas europeas aprovechen plenamente las ventajas de su competitividad; considerando que la UE, cuyo equivalente arancelario de restricciones de los servicios asciende únicamente al 6 %, es sustancialmente más abierta que la mayoría de sus socios; considerando que la UE debe utilizar su posición de importador y exportador de servicios más importante para garantizar unas condiciones de competencia equitativas por medio de un acceso recíproco a los mercados y una competencia justa;
I. Considerando que las barreras no arancelarias, que representan por término medio más del 50 % del coste de los servicios transfronterizos, afectan de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan un tercio de los proveedores de exportación de servicios de la UE y que a menudo carecen de los recursos humanos y financieros necesarios para superar esos obstáculos; considerando que la eliminación de obstáculos innecesarios facilitaría la internacionalización de las pymes siempre y cuando estas barreras puedan eliminarse sin poner en peligro el cumplimiento de los objetivos de política pública que las sustentan; considerando que deben mantenerse las medidas necesarias para alcanzar objetivos legítimos de política pública;
J. Considerando que la globalización de las cadenas de valor aumenta el contenido de importaciones de la producción nacional y de las exportaciones; considerando que el comercio en bienes y el comercio en servicios están interconectados y que se necesitan normas mundiales para regular estas cadenas de suministro; que en un contexto de cadenas de valor globales, unas normas internacionales fundamentales vinculantes son incluso más necesarias a fin de evitar que se siga una carrera de mínimos, así como el dumping social y medioambiental;
K. Considerando que la confianza de los ciudadanos en la política comercial de la UE debe reforzarse garantizando no solo los resultados positivos en cuanto a creación de empleo y riqueza para los ciudadanos y las empresas, sino también garantizando el máximo nivel de transparencia, compromiso y responsabilidad, manteniendo un diálogo permanente con los interlocutores sociales, la sociedad civil, las autoridades regionales y locales y todas las otras partes interesadas, y fijando unas orientaciones claras en las negociaciones;
L. Considerando que la mayoría de los compromisos en la lista de la UE hacen referencia a la legislación nacional de los Estados miembros; que la aplicación de los compromisos afecta en particular a los gobiernos regionales y locales;
M. Considerando que la protección de datos no es una carga económica, sino fuente de crecimiento económico; considerando que es crucial restablecer la confianza en el mundo digital; considerando que los flujos de datos son indispensables para el comercio de servicios, pero que nunca deben comprometer el acervo de la UE sobre la protección de los datos y el derecho a la intimidad;
N. Considerando que, en su Resolución de 26 de junio de 2013 sobre el inicio de las negociaciones sobre un acuerdo multilateral sobre los servicios(11), el Parlamento pedía a la Comisión que perseverara «en su intención de preparar una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad»;
O. Considerando que el ACS conllevará movimientos de personas físicas entre los países que son parte del acuerdo y que, en este contexto, todos los ciudadanos europeos deben recibir el mismo trato por lo que respecta al acceso al territorio respectivo de las partes del acuerdo;
P. Considerando que el Parlamento Europeo tiene la última palabra, gracias al procedimiento de aprobación, en los acuerdos comerciales y que sus diputados solo tomarán una decisión de aprobación o rechazo del ACS una vez que hayan concluido las negociaciones; considerando que la ratificación en algunos Estados miembros puede exigir la ratificación por parlamentos regionales y/o cámaras parlamentarias que representan al nivel regional;
Q. Considerando que el Parlamento se reserva el derecho de expresar su opinión tras la consulta de futuros proyectos y propuestas de texto del ACS;
1. Dirige, en el contexto de las negociaciones en curso sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, las siguientes recomendaciones a la Comisión:
a) En lo que respecta al ámbito y al contexto:
i. que considere las negociaciones sobre el ACS como un paso intermedio hacia metas renovadas a escala de la OMC con objeto de relanzar las negociaciones para un AGCS reformado;
ii. que reitere su apoyo a una negociación ambiciosa, global y equilibrada, que debe utilizar el potencial no explotado de un mercado global de los servicios más integrado al tiempo que evite el dumping social, medioambiental y económico y garantice plenamente el respeto del acervo de la UE; que configure y regule la globalización y refuerce las normas internacionales, garantizando legalmente el derecho a regular, y que persiga objetivos legítimos de política pública como la sanidad pública, la seguridad y el medio ambiente; que vele por un mayor acceso al mercado para los proveedores de servicios europeos, incluidas las pymes, en sectores de interés clave, teniendo en cuenta al mismo tiempo exclusiones específicas para sectores sensibles incluidos todos los servicios públicos; que garantice que estas negociaciones contribuyan equitativa y significativamente a la creación de empleo y a un crecimiento integrador, y fijen normas ambiciosas en el comercio de servicios para el siglo XXI; que respete los modelos políticos, sociales y culturales de la UE y de sus Estados miembros, así como los principios fundamentales consagrados en los Tratados de la UE, y los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la igualdad de género; que fomente y proteja los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley en todo el mundo;
iii. que tenga como objetivo el multilateralismo y se oponga a toda disposición o anexo que lo impida, que sea incompatible con el AGCS y que impida una futura integración en el sistema de la OMC; que admita nuevas partes, a condición de que acepten las normas y los objetivos ya acordados; que incentive una mayor participación en las negociaciones; que tome nota de que los mayores obstáculos y el mayor potencial de crecimiento por lo que respecta al comercio de servicios se encuentran en los países BRICS y los países MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía); que reconozca la importancia de estos países para la UE como destino de sus exportaciones con una clase media en alza, fuente de productos intermedios y centros clave de las cadenas de valor mundiales;
que allane el camino para la participación de economías dinámicas y emergentes y reitere su apoyo a la solicitud de China de sumarse a las negociaciones; que garantice el compromiso de todos los participantes del ACS de «multilateralizar» el resultado de las negociaciones; que vele por que se preste especial atención a los países en desarrollo, y que el ACS incluya las disposiciones contenidas en el artículo IV del AGCS;
iv. que tome nota de que, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el sector de los servicios aporta aproximadamente el 51 % del PIB de los países en desarrollo, y de que están aumentando las exportaciones de servicios de los países africanos; que reconozca que el comercio, en particular el de servicios, podría impulsar, en determinadas condiciones, el crecimiento integrador, el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la desigualdad y la creación de empleo digno, y que podría estimular la innovación facilitando el intercambio de conocimientos especializados, tecnología e inversiones en investigación y desarrollo a través, entre otras cosas, de las inversiones exteriores; que reconozca, por tanto, que permitir que los países en desarrollo accedan en condiciones equitativas a los mercados mundiales de los servicios podría reforzar su integración económica y su adaptación a la mundialización;
v. que reconozca que, si las negociaciones se llevan a cabo sobre una base preferencial, los beneficios del acuerdo a las partes del ACS se limitarán hasta que el Acuerdo no adquiera un carácter multilateral; que rechace la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida (NMF) a las partes no firmantes del ACS hasta que el Acuerdo adquiera un carácter multilateral; que rechace, como en el AGCS, la inclusión de los ALC en la cláusula NMF;
vi. que reactive el debate sobre los servicios en la Ronda de Desarrollo de Doha;
vii. que garantice sinergias y coherencia entre los acuerdos bilaterales, plurilaterales y multilaterales en curso de negociación, así como con la evolución del mercado único, especialmente en relación con el mercado único digital; que garantice la coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la UE y promueva un enfoque integrado en materia de asuntos exteriores; que respete el principio de coherencia política para el desarrollo y fomente el logro de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en septiembre de 2015;
viii. que proponga salvaguardias específicas para los turistas, entre otras cosas, para lograr que las tarifas de la itinerancia internacional y las tarifas aplicadas a las llamadas y mensajes internacionales sean transparentes, de modo que se limiten las comisiones excesivas que se cobran a los consumidores que utilizan sus tarjetas de crédito fuera de Europa y se preserve el derecho de la UE y de los Estados miembros a emitir advertencias relativas a la seguridad sobre los destinos turísticos;
ix. que publique sin demora la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad y la actualice en consecuencia, una vez finalizadas las negociaciones, teniendo especialmente en cuenta las repercusiones del ACS en los ciudadanos, las autoridades regionales y locales, y en los países en desarrollo que no participen en las negociaciones y la situación social y de empleo en la UE; que lleve a cabo una evaluación detallada y oportuna del efecto del AGCS en la economía europea desde su entrada en vigor; que implique plenamente a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en la finalización de la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad; que pida que los servicios de estudios del Parlamento publiquen un estudio informativo completo sobre el ámbito de aplicación y las posibles repercusiones de las negociaciones sobre el ACS, inclusive desde una perspectiva de género y la necesidad de abordar fenómenos como el techo de cristal y la diferencia de retribución entre ambos sexos; que lleve a cabo un control de los derechos fundamentales que permita al Parlamento adoptar decisiones con conocimiento de causa sobre su aprobación o no al ACS;
x. que garantice que los mecanismos de resolución de litigios entre inversores y Estados no puedan «importarse» de otros acuerdos de inversión bilaterales en virtud de cláusulas NMF;
b) en lo que respecta al acceso al mercado:
i. que excluya a los servicios públicos y los servicios audiovisuales del alcance de la aplicación del acuerdo y que adopte un enfoque prudente en relación con los servicios culturales sin perjudicar los compromisos de la UE en el AGCS; que busque compromisos ambiciosos entre las partes, los sectores y los niveles de gobierno, en particular una mayor apertura de los mercados extranjeros en lo que respecta a las adquisiciones públicas, las telecomunicaciones, el transporte y los servicios financieros y profesionales;
ii. que garantice la reciprocidad a todos los niveles; que apoye la utilización de disposiciones horizontales en relación con los compromisos como medio de establecer un nivel común de ambiciones, sin perjuicio de los derechos y obligaciones con arreglo a los artículos XVI y XVII del AGCS, y que tome nota de que con estos requisitos mínimos se establecerían unos parámetros claros para los países interesados en participar; que, en consonancia con el artículo IV del AGCS, ofrezca flexibilidad a los países en desarrollo y menos desarrollados cuando estos suscriban el nivel de ambición del acuerdo; que garantice que el acuerdo persiga la creación de unas condiciones de competencia equitativas en el sector de los servicios y que abra nuevos mercados a los proveedores de servicios de la UE;
iii. que excluya de los compromisos de la UE la prestación de nuevos servicios no clasificados en el sistema de clasificación pertinente, manteniendo la capacidad de incluirlos en una fase posterior;
iv. que rechace la aplicación de las cláusulas de mantenimiento del statu quo y de trinquete a los compromisos de acceso al mercado y rechace su aplicación a sectores sensibles, como los servicios públicos y los culturales, las adquisiciones públicas, el Modo 4, el transporte y los servicios financieros; que permita la flexibilidad suficiente para que los servicios de interés económico general vuelvan a estar bajo control público; que mantenga el derecho de la UE y de los Estados miembros a modificar su calendario de compromisos de conformidad con el AGCS;
v. que asuma unos compromisos limitados en el Modo 1, en particular en los ámbitos de los servicios digitales y financieros y el transporte por carretera, a fin de evitar el arbitraje regulador y el dumping social; que, no obstante, asuma unos compromisos ambiciosos y reconozca intereses ofensivos en los ámbitos de los servicios de telecomunicaciones por satélite, los servicios marítimos y los reaseguros; que reconozca que dichos compromisos solo pueden dar fruto en un entorno adecuadamente regulado; que garantice que las normas de la UE se respeten y apliquen plenamente a los proveedores extranjeros cuando una empresa preste un servicio desde el extranjero a los consumidores europeos, y que incluya disposiciones que garanticen a los consumidores un fácil acceso a vías de recurso; que identifique en paralelo, los desafíos a los que se enfrentan los consumidores cuando tratan con proveedores de servicios que se encuentran en terceros países, que facilite orientación a los consumidores sobre su derecho a obtener reparación en tales circunstancias y que proponga medidas concretas en caso necesario;
vi. que adopte una postura ambiciosa en el marco del Modo 3 mediante la supresión de los obstáculos de terceros países a la presencia comercial y el establecimiento, tales como las limitaciones del capital extranjero y los requisitos para la creación de empresas conjuntas, que reviste una importancia crucial por lo que respecta a potenciar el crecimiento de los servicios prestados mediante los Modos 1 y 4, manteniendo al mismo tiempo el nivel actual de reservas para toda la UE;
vii. que tenga en cuenta que la UE tiene un interés ofensivo en la movilidad hacia el exterior de profesionales muy cualificados; que se abstenga de asumir nuevos compromisos al margen del AGCS en relación con la movilidad desde el exterior hasta que las demás partes hayan mejorado sustancialmente sus ofertas; que reconozca que la cláusula relativa al trabajo mantiene la obligación jurídica de que los proveedores de servicios extranjeros cumplan con la legislación social y laboral de la UE y de los Estados miembros, así como con los convenios colectivos; que contraiga compromisos ambiciosos del Modo 4 para los casos que sustentan los compromisos del Modo 3; que se reserve la posibilidad de someter a pruebas relacionadas con las necesidades económicas y el mercado laboral a los proveedores de servicios contractuales y los profesionales independientes;
viii. que respete el derecho soberano de los Estados miembros a elegir qué sectores se abren a la competencia exterior y en qué medida, mediante limitaciones y excepciones; que se abstenga de presionar a los Estados miembros para que no ejerzan plenamente este derecho;
ix. que, en consonancia con los artículos 14 y 106 del TFUE, con el Protocolo n.º 26 del TFUE, excluya los servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y futuros del ámbito de aplicación del acuerdo (en particular, pero no exclusivamente, el agua, la sanidad, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social y la educación, la gestión de los residuos y el transporte público); que garantice que las autoridades de la UE, nacionales y locales mantengan el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos; que aplique esta exclusión independientemente de la manera en que los servicios públicos se prestan y financian; que garantice que los sistemas de seguridad social quedan excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo; que rechace la propuesta de un anexo sobre la movilidad de los pacientes, al que se opone la mayoría de los participantes del ACS; que reconozca el gran apego de los ciudadanos europeos a unos servicios públicos de calidad, vectores de cohesión social y territorial;
x. que rechace las restricciones a la financiación cruzada de empresas que pertenezcan al mismo ente territorial, en la medida en que esas restricciones vayan más allá de las previstas en el Derecho de la Unión y en la legislación de los Estados miembros;
xi. que, sin perjuicio del AGCS, busque introducir una cláusula clara de referencia (tipo «regla de oro»), que podría incluirse en todos los acuerdos comerciales y que garantizaría que la cláusula relativa a los servicios públicos se aplicase a todos los modos de suministro y a todos los servicios considerados servicios públicos por las autoridades europeas, nacionales o regionales en todos los sectores y con independencia de la situación de monopolio del servicio;
xii. que garantice, en consonancia con el artículo 167, apartado 4, del TFUE y con la Convención de la UNESCO de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, mediante una cláusula horizontal y jurídicamente vinculante aplicable a todo el acuerdo, que las partes mantienen su derecho a adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la protección o la promoción de la diversidad cultural y lingüística, con independencia de la tecnología o plataforma de distribución utilizadas, operen en línea o no;
c) en lo que respecta a las normas sobre la economía digital:
i. que garantice los flujos de datos transfronterizos de conformidad con el derecho universal a la intimidad;
ii. que adopte un enfoque prudente en relación con las negociaciones de los capítulos relativos a la protección de datos y de la vida privada;
iii. que reconozca que la protección de los datos y el derecho a la vida privada no son obstáculos al comercio sino derechos fundamentales, consagrados en el artículo 39 del Tratado UE y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; que reconozca que un alto grado de confianza es fundamental para desarrollar una economía de los datos; que asegure el respeto pleno de estos derechos fundamentales, teniendo debidamente en cuenta los avances recientes en la economía digital y respetando plenamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al puerto seguro; que incorpore una disposición jurídicamente vinculante, independiente, horizontal, inequívoca y global, basada en el artículo XIV del AGCS, que excluya totalmente el actual y el futuro marco jurídico de la UE para la protección de los datos personales del ámbito de este acuerdo, sin condición alguna de que haya de guardar coherencia con otras partes del ACS; que aplique estas disposiciones a todos los anexos del ACS; que apoye de manera formal e inmediata la incorporación de dichas propuestas al anexo del ACS sobre comercio electrónico; que apoye las propuestas destinadas a garantizar que los marcos jurídicos nacionales para la protección de la información personal de los usuarios se aplican sobre una base no discriminatoria; que aplique las disposiciones en materia de protección de datos contempladas en el anexo sobre el comercio electrónico a todos los demás anexos del ACS, en especial al relativo a los servicios financieros;
iv. que garantice que la circulación de los datos personales de los ciudadanos europeos a escala mundial discurra respetando plenamente las normas en materia de seguridad y de protección de datos vigentes en Europa; que garantice que los ciudadanos mantengan el control de sus propios datos; que rechace, por tanto, las disposiciones «universales» sobre los flujos de datos que estén desconectadas de cualquier referencia al necesario respeto de las normas de protección de datos;
v. que se oponga de manera formal e inmediata a las propuestas de los EE. UU. sobre circulación de la información;
vi. que tenga en cuenta que un marco jurídico claramente definido y establecido de mutuo acuerdo garantiza un intercambio rápido de información cuando sea necesario para hacer frente a amenazas para la seguridad; que asegure que el artículo XIV bis del AGCS se reproducirá en el texto principal del ACS; que vele por que las cláusulas de seguridad nacional se basen en criterios de necesidad adecuados; que, no obstante, rechace con firmeza cualquier ampliación del ámbito de aplicación de la excepción relativa a la seguridad nacional consagrada en el artículo XIV bis del AGCS, y cualesquiera entradas encubiertas en las tecnologías; que se oponga de manera formal e inmediata a dichas propuestas con vistas al ACS;
vii. que reconozca que la innovación digital es un motor del crecimiento económico y de la productividad en el conjunto de la economía; que reconozca que los flujos de datos son un motor crucial de la economía de servicios, un elemento esencial de la cadena de valor añadido global de las empresas manufactureras tradicionales y decisivos para el desarrollo del mercado único digital; que busque, por tanto, una prohibición general de los requisitos de localización obligatoria de datos y que garantice que el ACS contiene normas válidas para el futuro y previene la fragmentación del mercado digital; que tenga en cuenta que los requisitos de localización obligatoria, es decir, que obligan a los proveedores de servicios a utilizar infraestructuras locales o tener presencia local como condición para prestar servicios, desincentivan la inversión extranjera directa entre las partes; que, en consecuencia, haga lo necesario para frenar tales prácticas en la medida de lo posible dentro y fuera de Europa, concediendo, al mismo tiempo, las exenciones necesarias por objetivos legítimos de política pública, como la protección de los consumidores y de los derechos fundamentales;
viii. que vele por que las disposiciones del acuerdo final sean coherentes con la legislación existente y futura a escala de la UE, incluido el Reglamento sobre un mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas, el Reglamento general de protección de datos, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y las 16 medidas incluidas en la Comunicación sobre el mercado único digital; que salvaguarde la neutralidad de la red y una internet abierta; que garantice que los datos personales únicamente puedan transferirse fuera de la Unión si se respetan las disposiciones sobre las transferencias a terceros países contenidas en la legislación de la UE sobre protección de datos; que garantice en particular que la UE mantenga su capacidad de suspender la transferencia de datos personales de la UE hacia terceros países cuando las normas vigentes en ellos no se ajusten a las normas de adecuación de la UE, cuando las vías alternativas, tales como las normas corporativas vinculantes o las cláusulas contractuales tipo, no sean utilizadas por las empresas y cuando las excepciones enumeradas en el artículo 26, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE no sean aplicables; que evite prácticas de bloqueo geográfico y defienda el principio de gobernanza abierta de internet; que colabore con las partes en relación con los ajustes oportunos con vistas a adoptar normas suficientemente elevadas en materia de protección de datos;
ix. que fomente la competencia basada en normas en el sector de las telecomunicaciones en beneficio de los proveedores de servicios y los consumidores; que aborde las persistentes asimetrías reglamentarias en el sector de las telecomunicaciones, impidiendo que las partes impongan limitaciones del capital extranjero, estableciendo normas de acceso al por mayor que favorezcan la competencia para las redes de los operadores tradicionales, proporcionando normas claras y no discriminatorias para la concesión de licencias, garantizando un verdadero acceso al «último tramo» de las infraestructuras en los mercados de exportaciones a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de la UE, garantizando la independencia de los reguladores, y apoyando una amplia definición de los servicios de telecomunicaciones que abarque todos los tipos de red; que garantice igualdad de condiciones para todos los operadores y que las empresas de terceros países de mercados oligopolísticos no se aprovechen de la fragmentación del mercado de la UE; que vele por que las partes del ACS respeten el principio de acceso abierto y no discriminatorio a internet para los proveedores de servicios y consumidores; que vele por que los operadores de la UE en los países participantes en el ACS disfruten de un acceso justo y simétrico al mercado de los servicios de telecomunicaciones, libre de cualquier tipo de barreras no arancelarias e internas, incluidos los requisitos reglamentarios, la asimetría de las normas y las imposiciones o restricciones tecnológicas;
x. que apoye firmemente las disposiciones sobre itinerancia móvil internacional y las amplíe a las llamadas y los mensajes internacionales; que aumente la información disponible públicamente relativa a las tarifas al por menor a corto plazo y que apoye las limitaciones a largo plazo con miras a reducir los precios; que garantice que el ACS no supondrá ningún obstáculo para la celebración de acuerdos bilaterales en este ámbito; que impulse la protección en línea de los consumidores, particularmente respecto de los mensajes electrónicos comerciales no solicitados;
xi. que permita una cooperación efectiva sobre la fiscalidad del sector digital, sobre la base de los trabajos de la Plataforma para la buena gobernanza fiscal de la Comisión, y garantice, en particular, el vínculo entre el gravamen y la actividad económica real de las empresas del sector;
d) en lo que respecta a las normas sobre movilidad:
i. que garantice que nada impida que la UE y los Estados miembros mantengan, mejoren y apliquen su normativa en materia social y laboral, convenios colectivos y legislación sobre la entrada de personas físicas o su estancia temporal en el territorio de la UE o de un Estado miembro, incluidas las medidas necesarias para garantizar los movimientos ordenados de las personas físicas a través de sus fronteras como, entre otras cosas, su admisión o las condiciones para que se autorice su entrada; que garantice, de conformidad con la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores, que las condiciones mínimas de empleo del país de acogida son aplicables a cualesquiera proveedores de servicios que accedan a la UE, tanto en la actualidad como en el futuro; que garantice que todos los trabajadores que entren en Europa, independientemente de su país de origen, disfruten de los mismos derechos laborales que los nacionales del país de acogida y que se respete el principio de la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor; que garantice que las partes del ACS respeten los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que pida a todas las partes que ratifiquen y apliquen las principales normas de la OIT y que promueva otros convenios de la OIT y resoluciones de las Naciones Unidas; que garantice que el Derecho laboral de la UE y los Estados miembros y sus convenios colectivos sean respetados en el territorio de la UE; que refuerce el mecanismo de control y ejecución de la UE con el fin de desincentivar las infracciones; que inste a los Estados miembros a incrementar los recursos de que disponen sus inspecciones de trabajo; que recopile y presente información detallada sobre el número y tipo de proveedores de servicios actualmente presentes en la UE de conformidad con el Modo 4, incluida la duración de su estancia; que garantice, en el futuro, un acceso transfronterizo a los datos mucho más eficiente dentro de la UE; que incluya una cláusula de seguridad por la que se impida a las empresas eludir o socavar el derecho a la acción colectiva recurriendo a trabajadores de terceros países durante las negociaciones sobre convenios colectivos y los conflictos laborales, y que permita a los miembros del ACS aplicar cualquier salvaguardia necesaria en caso de presión sobre los salarios nacionales, de peligro para los derechos de los trabajadores nacionales o de riesgo de infracción de otras normas acordadas, de conformidad con las limitaciones establecidas en el artículo X del AGCS; que inste a todas las partes contratantes a observar las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales;
ii. que recuerde que los compromisos del Modo 4 solo deben aplicarse al movimiento de profesionales muy cualificados, como personas en posesión de un título universitario o de un máster equivalente o que ocupan un puesto de alta dirección, con un fin específico, durante un período de tiempo limitado y con arreglo a condiciones precisas establecidas por la legislación nacional del país en el que se preste el servicio y por un contrato que respete dicha legislación nacional; pide, en este contexto, que se respete y aplique el artículo 16 de la Directiva de servicios (2006/123/CE); que rechace toda modificación de las normas relativas al Modo 4 tal y como se definen en el AGCS y que considere revisar la actual Directiva 2014/66/UE relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales;
iii. que reconozca el anexo sobre el Modo 4 como interés ofensivo para Europa, dado que los profesionales de la UE disponen de una buena formación y de movilidad y que las empresas de la UE requieren cada vez más las capacidades específicas de profesionales extranjeros dentro de Europa y de su personal fuera de Europa, a fin de contribuir al establecimiento de nuevas actividades empresariales; que garantice que esta movilidad reporte ventajas no solo a las empresas europeas, sino también a los trabajadores europeos;
iv. que se oponga a todas las disposiciones relativas a los visados y otros procedimientos de entrada, excepto las destinadas a aumentar la transparencia y la racionalización de los procedimientos administrativos; que garantice que el ACS no se aplique a las medidas que afectan a las personas físicas que tratan de acceder al mercado de trabajo de una de las partes ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente; que establezca salvaguardias adecuadas para garantizar que los proveedores de servicios temporales regresen a sus lugares de origen;
v. que se esfuerce por prohibir horizontalmente el requisito de establecer una presencia comercial, o de ser residente, como condición para la prestación de servicios profesionales; que limite el ámbito de aplicación del anexo sobre servicios profesionales a la lista de los compromisos contraídos por cada una de las partes;
vi. que trate de crear un marco para lograr el reconocimiento mutuo de la formación, los niveles académicos y las cualificaciones profesionales, en particular en el sector de la arquitectura, el sector contable y el sector jurídico, al tiempo que se garantiza la competencia del proveedor y, con ello, la calidad de los servicios prestados en consonancia con las Directivas de la UE sobre cualificaciones profesionales y evitando el reconocimiento mecánico y cuantitativo de las titulaciones universitarias;
vii. que pida una definición clara de los trabajadores incluidos en el anexo sobre el Modo 4;
e) en lo que respecta a las normas sobre los servicios financieros:
i. que alcance un acuerdo que incluya un anexo ambicioso pero equilibrado que contemple la prestación de todos los tipos de servicios financieros, en particular bancarios y de seguros, que vaya más allá del anexo sobre servicios financieros del AGCS y que favorezca el crecimiento sostenible a largo plazo, en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; que se proponga reforzar la estabilidad del sistema financiero y las distintas entidades financieras, garantizar la plena compatibilidad con el entorno regulador poscrisis, y garantizar una competencia leal entre los proveedores de servicios financieros; que alcance un acuerdo que aporte valor y protección a los consumidores europeos en forma de una convergencia al alza de los reglamentos financieros y de una selección más amplia de servicios financieros; que se proponga garantizar una protección adecuada de los consumidores, también en lo tocante a la protección de datos y el derecho a la privacidad, así como la facilitación de información comprensible y correcta, que es indispensable para reducir la asimetría de la información;
ii. que comprometa a las partes del ACS con la ejecución y aplicación de las normas internacionales para la regulación y la supervisión del sector financiero, como las aprobadas por el G-20, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Consejo de Estabilidad Financiera, la Organización Internacional de Comisiones de Valores y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros; que tome medidas para garantizar que se incluyan en el ACS los elementos clave del Entendimiento relativo a los servicios financieros, de la OMC, mejorando al mismo tiempo el texto del Entendimiento para adaptarlo a las rigurosas orientaciones políticas actuales de la UE en esos ámbitos; que garantice que el ACS ayuda a mitigar la doble imposición y que ni facilita ni crea en modo alguno resquicios legales para el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal agresiva o el blanqueo de capitales; que intente lograr compromisos exhaustivos, en particular sobre el acceso al mercado, por parte de los países que actualmente no tienen acuerdos bilaterales de comercio con la UE, como Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Taiwán, o que tienen un compromiso muy limitado a nivel de la OMC, como Chile y Turquía, o compromisos bilaterales muy limitados en materia de servicios financieros, como México;
iii. que incluya en el ACS medidas cautelares sobre la base de las incluidas en el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá, preservando el derecho soberano de una parte a desviarse de sus compromisos comerciales y que adopte las medidas que considere necesarias para regular sus sectores financiero y bancario por razones prudenciales y de supervisión, con el fin de garantizar la estabilidad e integridad del sistema financiero de las partes;
iv. que vele por que, en el ámbito de los servicios financieros, no se asuman nuevos compromisos que supongan una amenaza para la normativa financiera de la UE obligando a la Unión a dar marcha atrás en su marco regulador mejorado para el sector financiero o impidiendo a la UE utilizar la legislación para abordar el problema de la asunción excesiva de riesgos por parte de las entidades financieras, que vele por que ningún elemento del presente Acuerdo limite la capacidad de los reguladores de la UE de autorizar o rechazar productos financieros existentes o nuevos en consonancia con el marco regulador de la UE;
v. que, al tiempo que subraya la necesidad de aumentar el acceso a los servicios financieros en todo el mundo, dada la importancia que revisten para el crecimiento y la economía, excluya a los servicios financieros transfronterizos de los compromisos de la UE, incluida la gestión de carteras, hasta el momento en que se produzca la convergencia de los reglamentos financieros al más alto nivel, excepto en casos muy limitados y debidamente justificados, como los servicios de reaseguros prestados entre empresas; que considere, en particular, que es indispensable establecer unas normas y unos procedimientos claros y adecuados para autorizar a las empresas establecidas en terceros países a prestar tales servicios en la UE y, en su caso, el reconocimiento explícito por la UE de que el país de origen de dichas empresas dispone de un marco regulador y supervisor aplicable equivalente al de la UE, con el fin de garantizar que no pueda actuar en la Unión ninguna entidad no sujeta a supervisión y que se alcanza la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y extranjeras, independientemente del país en que estén establecidas; que adopte medidas inmediatas, paralelamente al ACS, para reducir la brecha entre las diferentes formas en que los países reconocen actualmente la equivalencia de los regímenes de regulación y supervisión de otras jurisdicciones, que está provocando actualmente una fragmentación de los mercados de servicios financieros mundiales, mediante un entendimiento común en el sentido de que una decisión de equivalencia debe ser el resultado de una evaluación transparente acerca de si las normas de cada jurisdicción consiguen los mismos objetivos y de que dicha decisión pueda ser unilateral cuando no sea posible el reconocimiento mutuo, aunque deba tomarse tras diálogos bilaterales tempranos y frecuentes;
vi. que encargue una evaluación ex ante exhaustiva e independiente de los efectos económicos y sociales de la ulterior liberalización financiera en el marco del ACS;
vii. que reconozca que el nuevo proceso de regulación a raíz de la crisis financiera aún no ha concluido, tampoco por lo que se refiere a los requisitos sobre determinadas formas jurídicas, la separación de actividades (por ejemplo, bancarias), los cambios de empresas o la reducción de tamaño;
f) respecto de las normas sobre logística:
i. que procure lograr un resultado ambicioso pero equilibrado para el sector del transporte, que es fundamental para el desarrollo sostenible de cadenas de valor mundiales; que incremente la rapidez, la fiabilidad, la seguridad y la interoperabilidad de los servicios de transporte, en beneficio de empresas y particulares y de los trabajadores; que garantice la coherencia con la política climática de la UE; que tenga presente la importancia de los servicios de transporte y de entrega para la economía y el empleo europeos, dado que los armadores europeos controlan el 40 % de la flota mercante mundial, que la industria de la aviación suma más de 5 millones de puestos de trabajo, que la industria ferroviaria europea representa más de la mitad de la producción mundial de equipos y servicios ferroviarios, y que el transporte por carretera sigue siendo importante para la logística de la UE; que reconozca, por consiguiente, el potencial de los servicios de transporte para reducir el nivel de desempleo en Europa; que garantice que en las negociaciones se tenga en cuenta la naturaleza del sector del transporte, en rápida evolución, y la creciente importancia de los modos de transporte de la economía colaborativa en la vida cotidiana de los europeos; que exija que las empresas extranjeras cumplan plenamente las normas regulatorias vigentes en la UE cuando ofrezcan sus servicios de transporte o entrega dentro del territorio de la UE;
ii. que trate de mejorar el acceso a los mercados extranjeros y de reducir las prácticas legislativas anticompetitivas, ante todo las que son perjudiciales para el medio ambiente y reducen la eficiencia de los servicios de transporte, así como las restricciones impuestas por países no miembros de la UE a la propiedad extranjera, al tiempo que asegura jurídicamente el derecho de las autoridades públicas a regular sobre el transporte y garantizar el transporte público; que aborde las restricciones en el sector del cabotaje y evite el retorno en vacío de los transportistas desde sus países de acogida, en particular en los anexos sobre transporte marítimo y aéreo;
iii. que presente disposiciones destinadas a reforzar los derechos de los pasajeros, en particular en el anexo relativo al transporte aéreo y también en relación con todos los modos de transporte para que los consumidores salgan beneficiados igualmente de este acuerdo.
iv. que preserve los derechos de los Estados miembros en lo relativo a las normas nacionales y los acuerdos bilaterales o multilaterales de transporte por carretera vigentes o futuros, incluidos los requisitos relativos a los permisos de tránsito; que excluya del anexo sobre transporte por carretera toda disposición que facilite la entrada y la permanencia de conductores profesionales; que rechace toda solicitud de contraer compromisos del Modo 4 en el sector del transporte por carretera;
v. que vele por la coherencia con las normas internacionales, como las aprobadas por la Organización Marítima Internacional y la Organización de Aviación Civil Internacional, y las considere normas mínimas, y que se oponga a toda rebaja de estos criterios de referencia internacionales; que persiga, como un objetivo a largo plazo, unas normas comerciales internacionales vinculantes para los sectores del transporte marítimo y aéreo; que vele por la aplicación de los convenios de la OIT referentes a los sectores de la logística y el transporte, como el Convenio sobre el Trabajo Marítimo; que insista en que la legislación de la UE y los Estados miembros prevé prestaciones para los trabajadores, también en materia de seguridad y protección, los consumidores y el medio ambiente; que subraye que todos los proveedores de servicios en la UE, ya sean de terceros países o locales, deben cumplir esta legislación; que reconozca que la calidad de los servicios está intrínsecamente vinculada a la calidad del empleo y a los marcos reguladores en vigor;
vi. que establezca un equilibrio adecuado entre la liberalización del sector postal competitivo, que es fundamental para el desarrollo ulterior de los servicios y la economía digital, y la protección de los servicios postales universales, que desempeñan un papel crucial en la promoción de la cohesión social, económica y territorial; que evite, por lo tanto, las subvenciones cruzadas contrarias a la competencia y que aumente el acceso a los mercados de países no pertenecientes a la UE, velando al mismo tiempo por el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal con arreglo a la definición de cada parte.
vii. que recuerde el papel fundamental que desempeña el transporte marítimo en la economía mundial, como una industria en sí misma y como instrumento que facilita el comercio internacional; que promueva un texto claro con compromisos firmes en relación con el acceso a los puertos, el acceso a los mercados y el trato nacional reservado a los servicios internacionales de transporte marítimo;
g) respecto de las normas sobre regulación nacional y transparencia:
i. que asegure jurídicamente el derecho a regular de las autoridades europeas, nacionales y locales en aras del interés público de un modo que no sea más estricto que el AGCS y que no esté sometido a pruebas de necesidad; que vele por que las disposiciones de los anexos no sean más restrictivas que los principios consagrados en el artículo VI del AGCS ni en el Derecho de la Unión Europea;
ii. que reconozca que las partes negociadoras disponen de un marco de Estado de Derecho y de una justicia independiente con posibilidades de recurso que garantizan los derechos de los inversores y de los ciudadanos;
iii. que promueva la buena gobernanza y la transparencia y fomente las buenas prácticas en los procedimientos administrativos, reguladores y legislativos, animando a una amplia adopción de medidas que refuercen la independencia de los responsables de la toma de decisiones, aumenten la transparencia y la responsabilidad democrática de las decisiones y reduzcan la carga burocrática; que insista en que la protección de los consumidores, de la salud y del medio ambiente y la seguridad y los derechos laborales deben ocupar un lugar central en los esfuerzos reguladores; que vele por que las posibles modificaciones de los niveles de protección regulatoria de la UE solo puedan reforzar esa protección y no reducirla;
iv. que reconozca que, de conformidad con las disposiciones del AGCS, un anexo sobre la regulación nacional debe impedir que las partes establezcan barreras comerciales encubiertas e impongan cargas innecesarias a las empresas extranjeras, en particular cuando soliciten diferentes tipos de licencia; que vele por que la regulación nacional siga cumpliendo los objetivos políticos públicos;
v. que garanticen que las normas acordadas se apliquen únicamente a medidas relacionadas con el comercio, tales como las cualificaciones y los requisitos y procedimientos de concesión de licencias, y solo en los sectores en que una Parte haya contraído compromisos;
vi. que solicite y publique un dictamen jurídico antes de la votación del Parlamento sobre el acuerdo final, con miras a examinar a fondo los dos anexos sobre regulación nacional y transparencia a la luz del Derecho de la UE y a comprobar si las obligaciones jurídicas establecidas en estos anexos ya se respetan en la UE;
vii. que defina con claridad los principios legislativos de transparencia y objetividad a fin de garantizar que estos conceptos no se conviertan en meras disposiciones genéricas;
viii. que publique en línea información sobre la reglamentación relacionada con el comercio y sobre cómo se administra, también sobre la reglamentación aplicable a nivel subfederal; que ponga un interés especial en las normas que rigen la concesión de licencias y autorizaciones; que propugne específicamente la creación de un mecanismo de información en línea para las pymes consistente en una ventanilla única y que incluya a las pymes en su diseño;
ix. que vele por que las tasas administrativas impuestas a las empresas extranjeras sean equitativas y no discriminatorias, por que se garantice la igualdad de acceso de los proveedores extranjeros y nacionales a suficientes vías de reclamación ante los tribunales nacionales, y por que estos resuelvan en un plazo razonable;
x. que mantenga la práctica de la UE de llevar a cabo consultas públicas previas a las propuestas legislativas; que garantice la estrecha observancia de los resultados de estas consultas durante las negociaciones;
xi. que se oponga a toda propuesta que pida la presentación obligatoria de las propuestas legislativas a terceros antes de su publicación; que tenga en cuenta que el acceso de las partes interesadas a los recursos y los conocimientos técnicos es desigual, y garantice que la introducción de un proceso de consulta de carácter voluntario a las partes interesadas en el marco del ACS no crea un sesgo hacia las organizaciones que reciben mayor financiación;
h) respecto de las normas contenidas en otras disciplinas reguladoras:
i. que reconozca que el ACS es una oportunidad para garantizar la competencia según las normas, y no por las normas;
ii. que vele por que se respeten en la práctica los compromisos asumidos de mutuo acuerdo, que permita la aplicación de mecanismos de represalia efectivos y que prevea elementos disuasorios del incumplimiento de los compromisos; que incluya, por consiguiente, un mecanismo de solución de diferencias entre Estados al que podrá recurrirse hasta que el Acuerdo adquiera un carácter multilateral y esté disponible el mecanismo de solución de diferencias de la OMC; que revise el Reglamento (UE) n.° 654/2014 sobre el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales con el fin de velar por que la UE pueda adoptar medidas de represalia en el sector de los servicios;
iii. que defienda la inclusión de un anexo regulador dedicado a la contratación pública con miras a maximizar la participación de las empresas europeas en licitaciones en el exterior, manteniendo al mismo tiempo los criterios, incluidos los sociales y medioambientales, y procedimientos de la UE en las licitaciones europeas, especialmente en lo relativo al acceso de las pymes a los contratos públicos, los criterios de admisibilidad sobre la base de la mejor relación «calidad-precio», y los límites por debajo de los cuales no se aplican los compromisos; que supere la falta de transparencia y las barreras que obstaculizan el acceso al mercado en lo que respecta a las convocatorias de licitaciones no europeas y denuncie la falta de reciprocidad en este ámbito a todos los niveles de gobierno, como ilustra el trato preferente dado a las empresas nacionales en varios países, contemplando simultáneamente la posibilidad de optar por compromisos en materia de acceso al mercado y de trato nacional en aras del multilateralismo; que fomente la ratificación y aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC y su revisión de 2011 por las partes que aún no lo hayan hecho; que invite a la Unión Europea a dotarse de una «European Business Act», a semejanza de la «American Business Act», que favorezca el desarrollo económico de las pymes y de la industria europea;
iv. que vele por la protección de los proveedores de servicios pequeños y medianos de la UE frente a las prácticas comerciales desleales de los proveedores de servicios de fuera de la UE;
v. que rebaje las barreras innecesarias al comercio de servicios relacionados con la energía y el medio ambiente, en particular los relativos al desarrollo y la promoción de energía renovable y tecnologías ecológicas manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de expresar reservas al acceso al mercado y al trato nacional en todos los modos de prestación de servicios en estos ámbitos, dado que, en estos dos ámbitos, se vende junto con los productos un número creciente de servicios, como la instalación, la gestión y las reparaciones; que exprese el reconocimiento explícito de la soberanía de cada parte sobre sus recursos energéticos, en consonancia con las disposiciones del Tratado, y que asegure jurídicamente, mediante una mejora de las disposiciones equivalentes a las del AGCS, el derecho de la UE a legislar, en particular para lograr los objetivos europeos por lo que respecta a la sostenibilidad, la política climática, la seguridad y la asequibilidad;
vi. que vele por que los futuros compromisos en materia de contratación pública no sobrepasen los límites de la legislación local o nacional de ninguna de las partes;
i) en relación con la sensibilización pública y de las esferas políticas:
i. que garantice el máximo nivel de transparencia, diálogo y rendición de cuentas;
ii. que mantenga al Parlamento Europeo plenamente informado, y de forma inmediata, en todas las fases de las negociaciones; que vele por que todos los diputados al Parlamento Europeo reciban todos los documentos de negociación relacionados con el ACS, así como los documentos internos de la Comisión Europea, como resúmenes detallados de las rondas de negociación y evaluaciones exhaustivas de las ofertas de las partes del ACS, siempre y cuando se garantice la debida confidencialidad; que haga públicos, en consonancia con la política de la OMC, la jurisprudencia del TJE sobre los documentos clasificados y las restricciones consagradas en el acervo de la UE, y en particular en el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 sobre el acceso a los documentos, los documentos de las negociaciones, exceptuando aquellos que hayan de clasificarse con una justificación clara y determinada caso por caso;
iii. que acoja con satisfacción el impulso sustancial en favor de la transparencia de cara al público desde las elecciones europeas de 2014, con la publicación de ofertas de acceso al mercado de la UE y el mandato otorgado por el Consejo; que prosiga estos esfuerzos proporcionando fichas técnicas que expliquen cada parte del acuerdo de forma clara y comprensible y publicando notas de información factual tras cada ronda en el sitio web Europa; que inste a nuestros socios negociadores a ir más allá por lo que se refiere a la transparencia, a fin de que el ACS no se negocie en condiciones más opacas que las dispuestas bajo los auspicios de la OMC;
iv. que garantice el compromiso serio y constante de las instituciones de la UE con todas las partes interesadas a lo largo de todo el proceso de negociación; que pida que se intensifique este compromiso a medida que avancen las negociaciones para que se tengan en cuenta adecuadamente las expectativas de la sociedad civil europea, los interlocutores sociales y otras partes interesadas, también en el marco del Diálogo de la Sociedad Civil; que haga hincapié en que los Estados miembros que establecieron las directrices de negociación deben desempeñar un papel fundamental a este respecto;
v. que anime a los Estados miembros a que involucren y consulten a sus Parlamentos nacionales, así como a las autoridades locales y regionales, y los mantengan informados adecuadamente sobre las negociaciones en curso;
vi. que invite a los representantes de las autoridades locales y regionales, representados a escala de la UE por el Comité de las Regiones, a participar en los diálogos organizados por la Comisión al inicio y al final de cada ronda de negociación;
2. Pide que la Comisión tenga plenamente en cuenta la presente Resolución y responda en un plazo de seis meses a partir de su aprobación;
3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo, a la Comisión y, para información, al Consejo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y a los Gobiernos y Parlamentos de todas las partes en el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios.
El Parlamento Europeo desempeña un papel decisivo en la política comercial de la UE. De conformidad con el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo no solo tienen la última palabra sobre los acuerdos comerciales, sino que tienen que recibir de inmediato información completa sobre todas las fases del procedimiento de negociación y conclusión de acuerdos comerciales para poder ejercer su supervisión continua sobre las negociaciones comerciales.
Para definir la evolución de las negociaciones, esta cámara está facultada para expresar su posición a lo largo del proceso. En consecuencia, por medio de un informe basado en el artículo 108, apartado 4, del Reglamento, la ponente desearía evaluar los primeros dos años y medio y las trece rondas de negociaciones de los Acuerdos sobre el Comercio de Servicios (ACS) y elaborar unas recomendaciones claras y sólidas para la Comisión Europea.
En opinión de la ponente, las negociaciones sobre el ACS deben garantizar una mayor reciprocidad en el acceso a los mercados, crear condiciones de competencia equitativas a escala mundial, aportar ventajas tangibles a los consumidores y facilitar que las partes interesadas accedan a las conversaciones a fin de allanar el camino hacia una futura multilateralización. No obstante, los servicios públicos y culturales, los derechos fundamentales a la privacidad de los datos y unas condiciones laborales justas, y el derecho a legislar son innegociables y deben quedar excluidos inequívocamente del alcance del Acuerdo.
Antes de concluirlo, no puede decirse si el ACS será bueno o malo. En cambio, el Parlamento Europeo debe trabajar de manera constructiva y pragmática para abordar de manera positiva las negociaciones del ACS, hacerlas más fáciles de entender y darles prioridad, a fin de garantizar que se logre un buen acuerdo en interés de las empresas y los consumidores europeos por igual. El ACS será equilibrado, o no será.
sobre recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)
1. Hace hincapié en que las políticas comercial y de inversiones de la UE están interrelacionadas con sus políticas de desarrollo y tienen efectos sobre los países en desarrollo; pide a la Comisión que respete el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo y que incorpore los principios de la ayuda al comercio en todas las negociaciones comerciales; destaca la necesidad de centrarse en la aplicación y la supervisión efectivas de los objetivos de desarrollo sostenible; pide a la Comisión que garantice el respeto de las normas universales más exigentes en materia de derechos humanos, normas de la OIT, protección social, diálogo social, igualdad de género, cobertura sanitaria pública y universal, acceso universal a los medicamentos y seguridad alimentaria en todos los acuerdos comerciales;
2. Toma nota de las medidas adoptadas recientemente por la UE para aumentar la transparencia de sus acuerdos comerciales; insta a la Comisión a que continúe aumentando la transparencia y la responsabilidad democrática en el proceso de negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS); reconoce el compromiso constante de las instituciones de la UE con un gran número de partes interesadas a lo largo de todo el proceso; anima a la Comisión a que prosiga y, si es posible, mejore esta estrategia proactiva en materia de transparencia en las políticas comerciales de la UE; hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones expresadas por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, en particular las de los países en desarrollo; insta a la Comisión a que aumente la accesibilidad de todos los documentos públicos de negociación consolidados, ya que estos constituyen el único medio democrático de que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interesados puedan estar informados y participar en el proceso; insta a la Comisión a que encargue un estudio independiente sobre el impacto del ACS en los países en desarrollo en lo que respecta a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en terceros países y a que examine cuidadosamente sus resultados;
3. Señala que, según la UNCTAD, el sector servicios aporta aproximadamente el 51 % del PIB de los países en desarrollo; señala también que están aumentando las exportaciones de servicios de los países africanos; reconoce que el comercio, en particular el de servicios, podría, en determinadas condiciones, impulsar el crecimiento integrador, el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la desigualdad y la creación de empleo digno, y que puede estimular la innovación facilitando el intercambio de conocimientos especializados, tecnología e inversiones en investigación y desarrollo a través, entre otras cosas, de las inversiones exteriores; sostiene, por tanto, que permitir que los países en desarrollo accedan en condiciones equitativas a los mercados mundiales de los servicios puede reforzar su integración económica y su adaptación a la mundialización;
4. Observa que solo un número limitado de países en desarrollo participan en las negociaciones del ACS; reitera la necesidad de un enfoque multilateral reforzado del comercio mundial, que debe alcanzarse por medio de una intensificación de la cooperación entre la UE y organismos internacionales democráticos, como la ONU y la OMC, en los que los países en desarrollo estén debidamente representados; observa que el ACS debería basarse en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, del que son partes todos los miembros de la OMC; reitera, no obstante, que rechaza cualquier disposición que sea incompatible con el AGCS y que evite una futura integración en el sistema de la OMC; pide a la Comisión que tenga en cuenta el impacto del ACS en los países que no son parte de las negociaciones, en particular en los países en desarrollo, y que incorpore al ACS las disposiciones contenidas en el artículo IV del AGCS;
5. Insta a la Comisión a que se esfuerce para evitar desequilibrios en las relaciones comerciales internacionales; recuerda que el objetivo de desarrollo sostenible 17.15 reconoce la necesidad de respetar el espacio político de cada país y su liderazgo para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible; insiste en que el derecho de regulación de las autoridades nacionales y locales quede preservado en las negociaciones del ACS; destaca que, para mitigar todo efecto potencialmente negativo para los países en desarrollo, cuya prioridad es el desarrollo de sus sectores de servicios, incluidos los servicios de interés económico general, y sus marcos reglamentarios, la UE debe intensificar su intervención para incluir a los países en desarrollo en las cadenas de valor mundiales en los servicios, y plantearse adoptar un enfoque más flexible para los países en desarrollo cuando estos suscriban el nivel de ambición del acuerdo;
6. Pide a la Comisión que excluya explícitamente de las negociaciones del ACS los servicios públicos y los servicios culturales y audiovisuales —y que garantice específicamente que los países en desarrollo estén en condiciones de proteger sus activos culturales—, dado que se trata de instrumentos fundamentales para garantizar el desarrollo sostenible y el respeto de la dignidad de las personas; recuerda que el ACS, como cualquier otro acuerdo internacional, debe respetar las normas acordadas a escala internacional en materia laboral, ambiental y de derechos humanos; pide a la Comisión que apoye y supervise los esfuerzos de creación de capacidades en los países en desarrollo para ofrecer servicios públicos sostenibles;
7. Recuerda que la crisis del sistema financiero de 2008 demostró la necesidad de definir una estricta regulación prudencial de la liberalización de los servicios financieros para mantener la solvencia y la estabilidad de los mercados financieros; pide a la Comisión, en consecuencia, que garantice que los aspectos del ACS relativos a los servicios financieros salvaguarden las normas más elevadas en materia de transparencia y responsabilidad, aseguren la sostenibilidad de la deuda, garanticen el principio de responsabilidad común de prestamistas y prestatarios y no agraven la volatilidad ni la inestabilidad económicas;
8. Pide a la Comisión que integre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en su política comercial y que, teniendo en cuenta las preocupaciones existentes, supervise de cerca los efectos de los tratados comerciales de la UE en la igualdad de género; señala, en este contexto, que la dimensión de género del comercio de servicios en África, donde la proporción de mujeres empleadas en el sector servicios supera a la de hombres empleados en el sector industrial, podría constituir una oportunidad para el desarrollo del espíritu empresarial de las mujeres y la creación de puestos de trabajo dignos para ellas;
9. Recuerda que el ACS no debe socavar el Derecho de la UE y el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es vinculante para las instituciones y los órganos de la UE y que se aplica a los gobiernos nacionales cuando estos llevan a la práctica la legislación de la UE; recuerda que la UE se basa en el firme compromiso de fomentar y proteger los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley en todo el mundo; insiste a este respecto en que los derechos humanos son el núcleo mismo de las relaciones de la UE con otros países y regiones;
10. Pide a la Comisión que reflexione sobre la reciente retirada de Uruguay de las negociaciones del ACS y que saque las conclusiones necesarias prestando más atención a las necesidades de los países en desarrollo que suscriban el ACS.
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Formula las siguientes recomendaciones destinadas a la Comisión:
a) que haga de los servicios financieros una de las prioridades de la UE en las negociaciones del ACS, dado que la Unión ya dispone de un mercado relativamente abierto para estos servicios; que alcance un acuerdo que incluya disciplinas y disposiciones ambiciosas pero equilibradas sobre la prestación de servicios financieros, en particular servicios bancarios y de seguros, en todos los modos de suministro, prestando particular atención a las nuevas normas relativas a los nuevos servicios; que alcance un acuerdo que aporte valor a los consumidores europeos en forma de una convergencia al alza de los reglamentos financieros, una selección más amplia de servicios financieros y una protección mejor de los consumidores (una información comprensible y correcta es fundamental para lograr un equilibrio mejor dentro de la asimetría de la información) y que favorezca el crecimiento a largo plazo, de conformidad con los objetivos de la Estrategia Europa 2020;
b) que proponga que, en el ámbito de los servicios financieros, el ACS apoye la aplicación y ejecución de las normas internacionales, que no se asuman nuevos compromisos que supongan una amenaza para la normativa financiera de la UE obligando a la Unión a dar marcha atrás en su marco normativo mejorado para el sector financiero o impidiendo a la UE utilizar la legislación para abordar el problema de la asunción excesiva de riesgos por parte de las instituciones financieras, y que los legisladores de la UE sigan manteniendo su capacidad de autorizar o rechazar productos financieros existentes o nuevos por motivos prudenciales tras una evaluación exhaustiva de los riesgos y los beneficios que la introducción de tales productos o servicios generaría en la Unión; que enumere los compromisos relativos al acceso al mercado en una lista positiva;
c) que, dada la importancia que revisten los servicios financieros para el crecimiento y la economía, permita en el ámbito del ACS, en los subsectores apropiados y sujetos a unas reservas limitadas y debidamente justificadas, la prestación transfronteriza de servicios financieros en la UE (para un número limitado de subsectores, como los reaseguros) por parte de entidades establecidas en terceros países, sobre la base de normas y procedimientos claros, para autorizar a dichas entidades la prestación de tales servicios en la UE y, en su caso, después de que esta reconozca que el país de origen de dichas entidades dispone de un marco jurídico y de supervisión aplicable equivalente al de la UE, con objeto de asegurarse de que ninguna entidad no sujeta a supervisión pueda actuar en la Unión, y que se alcanza la igualdad de condiciones entre entidades, independientemente del país en que estén establecidas;
d) que garantice que las partes del ACS tienen derecho a excluir sectores sensibles de la cláusula de trinquete, en particular en el caso de los compromisos transfronterizos relativos a servicios financieros, y que defienda así la postura de que la apertura del mercado no será óbice para la introducción de nuevas medidas y la modificación de las normas nacionales vigentes por motivos cautelares y de protección de los consumidores, o por la posible aplicación extraterritorial de esas normas;
e) que tenga en cuenta los obstáculos específicos al comercio y a la inversión por parte de las pymes; que contribuya a la movilidad y el desarrollo de empresas de mayor tamaño, pero sobre todo de las pymes y de los autónomos, a través de la mejora de las disposiciones relativas a las prestaciones de servicios financieros del modo IV, que permiten el desplazamiento temporal de profesionales altamente cualificados a otro país, para un propósito específico, durante un periodo de tiempo limitado, y bajo unas condiciones determinadas por un contrato y por la legislación nacional;
f) que ejerza una mayor presión sobre las otras partes negociadoras para que sigan ofreciendo a los países BRICS, en particular a la India y Brasil, la posibilidad de participar en las negociaciones y de aceptar la solicitud de China, siempre y cuando este país esté dispuesto a estar a la altura de la ambición de las partes, en particular por lo que respecta a su oferta de compromisos en materia de acceso al mercado y el trato nacional, evitando así la reapertura de las negociaciones sobre la estructura del acuerdo y sobre las disposiciones clave de los capítulos normativos ya acordados;
g) que anime a las partes a unirse a las negociaciones del ACS, incluso aunque las conversaciones ya incluyan a actores como la UE, los Estados Unidos y Japón, que son responsables del grueso del comercio mundial de servicios financieros; que, para lograr resultados sustanciales para la UE, prosiga los compromisos (en particular sobre el acceso al mercado) por parte de los países que actualmente no cuentan con acuerdos bilaterales de comercio con la UE, como Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Taiwán, o que tienen un compromiso muy limitado a nivel multilateral, por ejemplo Chile y Turquía, o compromisos bilaterales muy limitados en materia de servicios financieros, como México;
h) que vele por que el ACS no suponga traba alguna para el programa de negociaciones de la OMC, sino que, por el contrario, impulse un debate de enjundia sobre la mejor manera de abordar las barreras indebidas al comercio de servicios financieros y de desarrollar buenas prácticas de reglamentación para los servicios financieros que promuevan objetivos económicos y de sostenibilidad, y que abra asimismo el camino para su eventual adopción multilateral sobre la base de normas ya existentes a nivel multilateral;
i) que inste a las partes negociadoras a establecer disciplinas reglamentarias en el ámbito de los servicios financieros que vayan más allá del anexo sobre servicios financieros del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, que ya abarca a todas las partes en el ACS como miembros de la OMC, así como a contraer compromisos más profundos que las disposiciones sui géneris del Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros, que no es vinculante para los miembros de la OMC y, por lo tanto, solo abarca a una serie muy limitada de partes en el ACS; que aspire a incluir en el capítulo sobre servicios financieros del ACS las medidas cautelares sobre la base de la versión acordada en el Acuerdo Comercial Canadá-UE que refuerza las medidas cautelares establecidas en el artículo 2, letra a), del Anexo sobre servicios financieros del AGCS, que preserva el derecho soberano de las partes a adoptar medidas por motivos cautelares, en la medida en que dichas medidas no tengan por objeto eludir otros compromisos, con vistas a garantizar que los Gobiernos conservan la capacidad de adoptar acciones necesarias para mantener la estabilidad y la integridad del sistema financiero; que tome medidas a fin de que los elementos clave del Entendimiento, como las disposiciones específicas sobre transferencia de datos y acceso no discriminatorio a sistemas de compensación se incluyan en el ACS, mejorando al mismo tiempo el texto del Entendimiento para adaptarlo a las líneas políticas actuales de la UE en esos ámbitos;
j) que, en el capítulo reglamentario aplicable a los servicios financieros, establezca normas transversales sólidas en materia de transparencia reglamentaria, lo que contribuirá a aumentar la capacidad de todas las partes interesadas para analizar las legislaciones, las normas y las decisiones públicas y prepararse para las mismas y aumentar la confianza de los proveedores de servicios financieros para establecerse en el extranjero o prestar servicios a clientes de un tercer país, sin menoscabar el proceso democrático legítimo y consolidado, y encontrar soluciones para garantizar el respeto del trato nacional a los proveedores transfronterizos de servicios financieros; que, a tal fin, adopte medidas inmediatas para reducir la brecha entre las diferentes formas en que los países reconocen actualmente la equivalencia de regímenes de reglamentación y supervisión de otras jurisdicciones, lo que en la actualidad está causando una fragmentación de los mercados de servicios financieros mundiales, mediante un entendimiento común en el sentido de que una decisión de equivalencia debe ser el resultado de una evaluación transparente acerca de si las normas de cada jurisdicción consiguen los mismos objetivos y de que dicha decisión pueda ser unilateral cuando no sea posible el reconocimiento mutuo, aunque deba tomarse tras diálogos bilaterales tempranos y frecuentes;
k) que garantice que, de conformidad con el principio de proporcionalidad de las acciones de la UE, consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la UE, no aprueba en el marco del ACS unos requisitos sobre reglamentación nacional que excedan de lo necesario para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados;
l) que garantice que el ACS ayuda a mitigar la doble imposición y que ni facilita ni crea en modo alguno resquicios legales para el fraude fiscal, la evasión fiscal, la planificación fiscal abusiva o el blanqueo de capitales en el ámbito de los servicios financieros; que garantice igualmente que anima a las partes contratantes, en particular a los cuatro países que también están incluidos en la lista negra de la UE de paraísos fiscales a adoptar y atenerse a la Norma Común de Información de la OCDE para el intercambio automático de información a efectos fiscales, a las recomendaciones de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, a las normas mundiales del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, de conformidad con la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal(12);
m) que siga un enfoque razonable por lo que respecta a los flujos transfronterizos de datos financieros prohibiendo las medidas que impidan la transferencia de información o el tratamiento de información financiera hacia o desde el territorio del país en cuestión, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales (lo que se considera un derecho fundamental, de conformidad con el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales), la intimidad y la confidencialidad de los registros y las cuentas personales, mejorando de este modo el Entendimiento relativo a los servicios financieros del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios; que garantice que cualquier acuerdo sobre el ACS es plenamente conforme al Reglamento revisado de la UE relativo a la protección de datos;
n) que garantice, en lo que respecta a la adquisición de servicios financieros por entidades públicas, que las reglamentaciones de la UE sobre contratación pública adoptadas recientemente se protegen y apoyan en el marco de las negociaciones, particularmente en lo relativo al acceso de las pymes a los contratos públicos, los criterios de admisibilidad sobre la base de la mejor relación calidad-precio y no del precio más barato, los mercados reservados asignados a empresas de la economía social y la posibilidad de que las autoridades contractuales fomenten la cooperación intercomunitaria y que mantenga los umbrales para la exclusión de licitaciones de las reglamentaciones de la UE e internacionales;
o) que garantice el máximo nivel de transparencia, diálogo y responsabilidad durante todo el proceso de negociación, de acuerdo con la obligación que le incumbe en virtud del TFUE; que vele por que los miembros de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento reciban todos los documentos de negociación relacionados con el ACS, y por que los miembros de las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo tengan acceso a textos de negociación consolidados y a la información que se refieran a sus ámbitos de competencia respectivos; que intensifique el impulso sustancial en favor de la transparencia de cara al público desde las elecciones europeas de 2014, que hasta la fecha ha incluido la publicación de ofertas de acceso al mercado de la UE y el mandato otorgado por el Consejo;
p) que publique cuanto antes una evaluación de impacto independiente sobre la sostenibilidad y que, una vez finalizadas las negociaciones, lo actualice en consecuencia;
q) que excluya de los compromisos de la UE, en consonancia con los artículos 14 y 106 del TFUE, así como con el Protocolo 26 del mismo, los servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y futuros, (en particular, pero no exclusivamente, el agua, la sanidad, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social y la educación); que garantice que las autoridades europeas, nacionales y locales mantengan el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos; que aplique esta exclusión independientemente de la manera en que se prestan y financian los servicios públicos.
1. Hace hincapié en la importancia de la ratificación, la aplicación y el cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de los firmantes del ACS; pide a los firmantes del ACS que cumplan y promuevan los demás convenios de la OIT, acuerdos y resoluciones de Naciones Unidas pertinentes, que incluyen, entre otros, el Convenio sobre las cláusulas de trabajo (C094), el programa de trabajo digno y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;
2. Pide que se adopten disposiciones con miras a convertir en vinculantes las normas de la OIT y otras normas acordadas; considera que los futuros acuerdos sobre el comercio de servicios deben incluir una cláusula relativa a los mecanismos de control y ejecución, a fin de evitar que las empresas vulneren los derechos sociales y laborales, incluidos los convenios colectivos, y disuadirlas del recurso a estos métodos; pide que los conflictos que puedan surgir en relación con las disposiciones laborales estén sujetos a mecanismos de solución de diferencias que incluyan la posibilidad de imponer sanciones, tomando debidamente en consideración los órganos de supervisión de la OIT;
3. Pide que se adopten medidas para garantizar que el ACS contribuya equitativa y significativamente a la creación de empleo y fije normas ambiciosas en el comercio de servicios que aborden las principales cuestiones del siglo xxi, especialmente la pertinaz crisis laboral en algunos Estados miembros, el aumento de la desigualdad, el desempleo juvenil y otros retos sociales, y que fomente niveles elevados de protección de las normas laborales y ambientales, que combata todas las formas de dumping social y que garantice que se respeta la prohibición de la discriminación;
4. Señala el destacado papel que desempeña el sector servicios en la economía de la UE al representar el 70 % de la actividad económica y crear el 90 % de los nuevos puestos de trabajo; reconoce al mismo tiempo que el 90 % del crecimiento mundial tiene lugar fuera de la UE, y subraya, por tanto, la importancia capital de poder ofrecer nuevas oportunidades de acceso al mercado a los firmantes del tratado y garantizar un trato justo, equitativo y no discriminatorio a los proveedores de servicios; recuerda el papel fundamental que desempeña el sector de los servicios en la creación de empleo altamente cualificado en la UE; destaca la importancia de garantizar que se aprovecha todo el potencial del Acuerdo para impulsar la creación de empleo en la Unión; considera que también debe garantizar que las normas establecidas se consolidan y mejoran, con vistas a establecerlas en un ámbito más generalizado y multilateral;
5. Insiste en el fuerte potencial de crecimiento sostenible e inclusivo y de creación de nuevos empleos altamente cualificados que representa la firma de un acuerdo equilibrado en este sentido; confía en que se tengan en cuenta los obstáculos concretos a los que deben hacer frente las pymes, en particular porque son las principales generadoras de empleo;
6. Destaca que la oportunidad potencial que representa el ACS para la internacionalización de las empresas europeas debe flanquearse de verdaderas políticas que ayuden a los trabajadores a adaptarse al nuevo entorno; subraya que la UE ha creado mecanismos de financiación que pueden acompañar a estas medidas, como el Fondo Social Europeo;
7. Pide que su Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sea informada sin demora en el caso de que cualesquiera disposiciones de la versión final del ACS pudieran poner en peligro las normas establecidas en los sectores afectados o entrar en conflicto con ellas, a fin de ofrecer la oportunidad de debatir y adoptar las decisiones oportunas;
8. Subraya que el aumento de la movilidad debe ir acompañado de normas sociales y laborales rigurosas, al objeto de velar por la protección de los trabajadores frente a la explotación; se muestra particularmente preocupado por las consecuencias derivadas de las complejas cadenas de subcontratación transfronterizas, a lo largo de las cuales resulta extremadamente difícil garantizar y supervisar el cumplimiento; destaca que tanto los organismos de inspección laboral como los sindicatos desempeñan un papel fundamental a la hora de controlar y evitar los abusos; aboga por un acceso transfronterizo a los datos mucho más eficiente dentro de la UE;
9. Pide, por tanto, a la Comisión que proponga disposiciones legislativas de la UE tendentes a garantizar la responsabilidad, en especial en las cadenas de subcontratación largas, y considera que dicha responsabilidad también debe ser aplicable y exigible a las empresas de terceros países;
10. Hace hincapié en que concretamente las inspecciones de trabajo se enfrentan a problemas a la hora de supervisar empresas que tienen contratados a trabajadores migrantes o desplazados de la UE y de terceros países; insta a los Estados miembros, en este respecto, a que incrementen el personal y los recursos de sus inspecciones del trabajo, y a que cumplan el objetivo de un inspector por cada 10 000 trabajadores, conforme a las recomendaciones de la OIT;
11. Alienta a la Comisión Europea a defender el objetivo social que se había fijado en las negociaciones del ACS en forma de «cláusula laboral»; recuerda que el ACS debe garantizar las disposiciones de la legislación social y laboral a escala europea y nacional, así como los convenios colectivos y las normas sociales, con objeto de asegurar la calidad de los servicios; recuerda que las políticas sociales y laborales de los Estados miembros y, cuando proceda, de la UE no deben verse afectadas negativamente;
12. Pide, a este respecto, que se excluyan las normas laborales de los conceptos de barreras no arancelarias y barreras técnicas, y que se involucre a una representación equilibrada de los interlocutores sociales en el proceso de cooperación reglamentaria con objeto de garantizar que la cooperación reglamentaria no restrinja el derecho de los Gobiernos y del Parlamento Europeo a legislar a favor del interés público y no provoque una paralización reglamentaria ni el debilitamiento de las normas laborales, incluidas las normas sobre salud y seguridad;
13. Estima que todos los trabajadores, independientemente de su país de origen, deben disfrutar de los mismos derechos y condiciones de trabajo que los nacionales del país en el que trabajan; considera además que los futuros acuerdos sobre el comercio de servicios deben incluir una cláusula por la que se impida a las empresas eludir o socavar el derecho a la acción colectiva recurriendo a trabajadores de terceros países durante las negociaciones sobre convenios colectivos y los conflictos laborales;
14. Pide que se adopten medidas, en consonancia con los artículos 14 y 106 del TFUE, y con el Protocolo 26 del TUE, para excluir los servicios de interés general y los servicios de interés económico general (en particular, pero no exclusivamente, el agua, la sanidad, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social y la educación), actuales y futuros, del ámbito del Acuerdo, a fin de garantizar que las autoridades europeas, nacionales y locales conservan el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos, a aplicar esta exclusión independientemente de la manera en que los servicios públicos se prestan y financian, y a garantizar que los sistemas de seguridad social quedan excluidos de las negociaciones;
15. Mantiene, por otra parte, que no deberían aplicarse cláusulas de trinquete ni de mantenimiento del statu quo al acceso a los mercados o a las obligaciones de trato nacional;
16. Pide a la Comisión que garantice la posibilidad de aplicar criterios ecológicos y sociales, incluidos criterios de igualdad de género, en la adjudicación de contratos públicos; insiste en que los acuerdos comerciales no deben afectar en ningún caso a las disposiciones de la Directiva sobre contratación pública que garantizan la aplicación del Derecho laboral y permiten a los órganos de contratación utilizar las disposiciones específicas relativas a los servicios sociales, sanitarios y de otro tipo prestados directamente a las personas; recuerda a la Comisión la extremada sensibilidad en cuanto a la regulación de las concesiones de servicios, así como la necesidad de proteger el espacio político para poder reaccionar ante los modelos de colaboración público-privada que han fracasado;
17. Considera que las negociaciones relativas a una ulterior liberalización de los servicios transfronterizos de la UE deben ir acompañadas de medidas de protección social, tales como regímenes de salario mínimo, de conformidad con las prácticas nacionales, y una cooperación a escala de la Unión destinada a mantener unas condiciones laborales conformes con la pertinente legislación sobre cuestiones sociales y laborales, así como con los convenios colectivos del país donde se prestan los servicios y, por lo tanto, se realiza el trabajo; estima que lo anterior se entiende sin perjuicio de la existencia de unas disposiciones más favorables en la legislación o los acuerdos aplicables en el país de origen;
18. Considera que no se debe socavar la capacidad de los Gobiernos para adoptar políticas en materia de contratación pública de servicios que sean social y ecológicamente responsables, que respondan a las necesidades sociales y ambientales, y que, por consiguiente, todo acuerdo debe respetar el Convenio n.º 94 de la OIT relativo a las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas;
19. Anima a las instituciones europeas a continuar elaborando estudios de evaluación del impacto social, completos e independientes, que aborden las posibles repercusiones del ACS en la situación social y del empleo en la UE y los demás países que participan en el Acuerdo, en particular la disponibilidad, asequibilidad, calidad, accesibilidad y el acceso justo y sin discriminación alguna a los servicios de interés general y a los servicios de interés económico general; solicita que se publiquen las proyecciones estadísticas, actualizadas permanentemente, sobre pérdida y creación de empleo, sobre la base de un posible acuerdo, a fin de que la Comisión pueda intervenir a tiempo en apoyo de las regiones o los Estados miembros afectados; pide, por otra parte, que se establezca un sistema de seguimiento para prevenir cualquier caso de infracción;
20. Considera que la UE debe asumir compromisos muy limitados con respecto a cualquier futura disposición del actual Modo 1 del AGCS para no socavar las elevadas normas y condiciones laborales que existen en la UE mediante la prestación de servicios a partir de terceros países, en particular en el sector de las TIC;
21. Recuerda que las barreras reglamentarias deben reducirse a fin de garantizar que la movilidad de trabajadores altamente cualificados reporte ventajas no solo a las empresas europeas, sino también a los trabajadores europeos; reitera la importancia de garantizar que el ACS no impide, en ningún caso, la aplicación de normas ambientales y sociales, incluidas las normas sobre el desplazamiento de trabajadores;
22. Recuerda que las cláusulas del ACS relativas al sector de los transportes no pueden perjudicar los intereses de los trabajadores europeos de dicho sector; alienta a la Comisión a establecer restricciones claras sobre el cabotaje con el fin de prevenir el dumping social;
23. Pide una definición clara de los trabajadores incluidos en el anexo sobre el Modo 4;
24. Considera que el Acuerdo debe respetar plenamente el derecho de un firmante a modificar o retirar un elemento de su lista, tal como se establece en el artículo XXI del AGCS; espera que el Acuerdo, y en particular el anexo sobre el Modo 4, incluya disposiciones para evitar relaciones laborales abusivas en el caso de los trabajadores extranjeros y una cláusula de seguridad que permita a los miembros del ACS aplicar cualquier salvaguardia necesaria en caso de presión sobre los salarios nacionales, de peligro para los derechos de los trabajadores nacionales o de riesgo de infracción de otras normas acordadas;
25. Pide que se adopten medidas adicionales para abrir el mercado de la contratación pública a todos los países que participan en las negociaciones del ACS; subraya que, en lo que a la concesión de contratos se refiere, las empresas deben cumplir las normas fundamentales sociales y laborales de la OIT; considera que los contratos no deben concederse exclusivamente sobre la base del precio, pero que estas medidas no pueden actuar como barreras al comercio;
26. Destaca los esfuerzos realizados por la Comisión para conducir las negociaciones con la máxima transparencia posible; pide, sin embargo, que, en consonancia con las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la ATCI, se mantengan y redoblen los esfuerzos en curso para incrementar la transparencia en las negociaciones mediante la publicación inmediata de todos los documentos pertinentes del ACS; pide que se adopten medidas a fin de fortalecer un compromiso permanente y transparente con los Parlamentos nacionales y todos los ministerios competentes en la materia a escala de los Estados miembros; destaca la importancia de las partes interesadas, las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales, así como de su experiencia, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que los asocien y colaboren estrechamente con ellos durante toda la negociación del ACS, en particular en lo que se refiere a los posibles efectos que cualquier acuerdo comercial de servicios pueda tener para el mercado de trabajo; anima a todas las partes interesadas a participar activamente y a presentar iniciativas, inquietudes y problemáticas y a facilitar información relevante en las negociaciones, e insta a la Comisión a que tenga más en cuenta las aportaciones de los interlocutores sociales y de la sociedad civil;
27. Considera que debe mantenerse la posibilidad de que los países apliquen pruebas de necesidades económicas;
28. Lamenta que el Parlamento no haya sido consultado antes de que el Consejo adoptase el mandato; considera que se ha perdido una ocasión para que las negociaciones fuesen lo más democráticas posibles y de involucrar desde un principio a quienes pudieran estar más afectados por el ACS;
29. Lamenta la inexistencia en la actualidad de estadísticas y de datos sobre el movimiento de personas físicas (Modo 4) en el marco del vigente Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS); toma nota de la intención de incluir en el ACS un capítulo similar; pone de relieve la importancia de supervisar esta categoría de proveedores de servicios con el fin de evitar el abuso y la explotación de trabajadores de terceros países; pide a la Comisión que recopile y presente con carácter urgente información sobre el número y el tipo de proveedores de servicios, que acceden a la UE a través del Modo 4 del AGCS, incluida la duración de su estancia; pone de relieve que toda disposición futura relativa al Modo 4 solo debe aplicarse a los profesionales altamente cualificados, es decir, a las personas en posesión de un título universitario o un máster equivalente y que ocupan un puesto de alta dirección, cuya estancia en la UE debe cumplir un propósito específico, durante un periodo bien determinado, limitado y sujeto a unas condiciones concretas;
30. Aboga, asimismo, por una directiva de la UE destinada a armonizar y controlar el flujo de proveedores de servicios individuales de terceros países que acceden a la UE sobre la base de estas disposiciones con el fin de establecer las condiciones de entrada y estancia de estos proveedores de servicios;
31. Subraya que los Estados miembros deben conservar su plena soberanía en cuanto a si se comprometen o no en relación con futuras disposiciones del Modo 4; resalta, además, que cualquier sector incluido en estas disposiciones deberá definirse conjuntamente y en el marco de una plena cooperación con los interlocutores sociales;
32. Destaca que antes de adquirir un nuevo compromiso en materia de comercio mundial de servicios, la Comisión debe presentar una evaluación exhaustiva sobre los efectos en la economía y el mercado laboral de todos los Modos actuales del AGCS desde su entrada en vigor; pide, asimismo, a la Comisión que presente, a la mayor brevedad posible, una evaluación de impacto del ACS en relación con las condiciones de trabajo, los posibles efectos de la competencia desleal y cualquier posible descenso en algunos sectores debido a la mayor competencia de terceros países.
Remite, en el contexto de las negociaciones en curso sobre el ACS, las siguientes recomendaciones a la Comisión:
En lo que respecta al planteamiento general:
1. Asegurar el mayor grado de transparencia y de rendición de cuentas; el acceso a los documentos pertinentes de las negociaciones y la consulta a la sociedad civil, las empresas y los interlocutores sociales; la aplicación de las mismas normas a los proveedores de servicios de la UE y de los terceros países; la reciprocidad entre las partes, a todos los niveles, de modo que se refleje su grado de ambición parejo; unas evaluaciones de impacto puntuales y exhaustivas; que se desplieguen los mayores esfuerzos para que el ACS tenga un verdadero carácter multilateral mediante la negociación de una cláusula de adhesión al Acuerdo y acogiendo a aquellos que compartan el mismo nivel de ambición que las Partes;
2. Garantizar la capacidad sin limitaciones de los Estados miembros de regular, proporcionar y financiar servicios públicos y servicios de interés económico general existentes y futuros a todos los niveles; la concesión de una atención especial a los servicios de telecomunicaciones y de energía, esenciales para los ciudadanos y las empresas y que contribuyen a la cohesión, a un entorno favorable al comercio electrónico, al espíritu empresarial y a un empleo de calidad elevada; el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de protección de datos y privacidad;
En lo que respecta al mercado de las telecomunicaciones:
3. Asegurar que el ACS aporta ventajas claras a los consumidores y empresas de la UE, en particular las pyme y los emprendedores; que las empresas de terceros países de mercados oligopolísticos no se aprovechan de la fragmentación del mercado de la UE; la igualdad de condiciones de competencia a todos los operadores;
4. Garantizar que los operadores de la UE en los países signatarios del ACS disfrutan de un acceso al mercado justo y simétrico, libre de cualquier tipo de barreras no arancelarias e internas, incluidos los requisitos reglamentarios y en materia de concesión de licencias, la asimetría de las normas, las imposiciones o restricciones tecnológicas y las normas en materia de utilización compartida de las infraestructuras (en particular en relación con la «última milla») que favorecen a los operadores establecidos; que los signatarios del ACS respetan el principio de acceso abierto y no discriminatorio a internet abierto a los proveedores de servicios;
5. Evitar nuevos compromisos que podrían socavar la reglamentación de la UE; mantener las competencias de las autoridades de la UE en materia de reglamentación; defender el principio de gobernanza abierta de internet; garantizar que todos los signatarios del ACS cuentan con un regulador independiente en el ámbito de las telecomunicaciones.
La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Formula, en el contexto de las negociaciones en curso sobre el acuerdo sobre el Comercio de Servicios, las siguientes recomendaciones a la Comisión:
i) que tenga en cuenta la importancia de los servicios de transporte, turísticos y de entrega para la economía y el empleo europeos, dado que los armadores europeos controlan el 40 % de la flota mercante mundial, que la industria de la aviación suma más de 5 millones de puestos de trabajo y que la industria ferroviaria europea representa más de la mitad de la producción mundial de equipos y servicios ferroviarios, y que el transporte por carretera sigue siendo importante para la logística de la UE; que reconozca el potencial de los servicios de transporte para reducir el nivel de desempleo en Europa; que reconozca el impacto de la liberalización del comercio de servicios en la industria del turismo;
ii) que garantice que en las negociaciones se tenga en cuenta la naturaleza del sector del transporte, en rápida evolución, y la creciente importancia de los modos de transporte de la economía colaborativa en la vida cotidiana de los europeos;
iii) que insista en que la legislación de la UE y los Estados miembros establece prestaciones para los trabajadores, incluidas la seguridad y la protección; que subraye que todos los prestadores de servicios en la UE, ya sean de terceros países o locales, deben cumplir esta legislación; que reconozca que la calidad de los servicios está intrínsecamente ligada a la calidad del empleo y los marcos reguladores en vigor; que tenga en cuenta la sostenibilidad social y medioambiental del acuerdo; que evite las distorsiones desleales del mercado de trabajo y garantice al mismo tiempo el respeto de los derechos sociales existentes;
iv) que tenga en cuenta la importancia de los servicios de interés general en el sector del transporte y las obligaciones de servicio público, así como la contribución de este sector a la cohesión social y territorial;
v) que refuerce las disposiciones relativas a los derechos de los pasajeros en todos los modos de transporte de manera que el acuerdo beneficie también a los consumidores;
vi) que se fije como objetivo a largo plazo el establecimiento de unos niveles más elevados de calidad y seguridad de los servicios de transporte, acortando a la vez el tiempo de transporte y fomentando así el rendimiento y la innovación en este ámbito;
vii) que garantice que las negociaciones aborden los sectores del transporte y el turismo de la manera adecuada y en un espíritu de reciprocidad; que preserve el espacio político necesario para reaccionar ante los fenómenos que se produzcan en el sector del transporte, en el sector postal y en el sector de la mensajería; que respete el principio de no discriminación; que excluya del acuerdo los servicios públicos de transporte;
viii) que tenga en cuenta experiencias de liberalización negativas, como los efectos perjudiciales para la calidad de los servicios, las condiciones laborales y la seguridad y protección del transporte;
ix) que promueva negociaciones sobre regulación que cubran aspectos como la transparencia, los plazos, las garantías procesales, las cargas innecesarias, la no discriminación y las vías de recurso, sin dejar de exigir que las empresas extranjeras que deseen ofrecer servicios de transporte o entrega en la Unión Europea cumplan las normas de regulación existentes en la UE; que pida a los terceros países que den a conocer a través de documentos de información específicos su legislación vigente en la materia a fin de fomentar un diálogo más sencillo y más eficaz;
x) que excluya de la aplicación del ACS todos los servicios relativos al transporte público y los servicios postales cuando estos tengan carácter público;
xi) que aborde las restricciones impuestas por determinados países a la propiedad y el control extranjeros de aerolíneas así como los derechos de cabotaje ; que persiga, como objetivo a largo plazo unas normas comerciales internacionales vinculantes para el sector de la aviación, reconociendo al mismo tiempo la responsabilidad de la Organización de la Aviación Civil Internacional respecto de la regulación económica y de seguridad; que, en los casos en que importantes socios comerciales se muestren reacios a realizar avances sustanciales, explore otras opciones para garantizar que los transportistas europeos se encuentren en condiciones de competencia equitativas;
xii) que recuerde el papel fundamental que desempeña el transporte marítimo en la economía mundial, como una industria en sí misma y como instrumento que facilita el comercio internacional; que promueva un texto claro con compromisos firmes en relación con el acceso a los puertos, el acceso a los mercados y el trato nacional reservado a los servicios internacionales de transporte marítimo;
xiii) que aproveche esta oportunidad para integrar la legislación y las prácticas actuales en materia de transporte marítimo en un texto internacional jurídicamente vinculante que impida en el futuro la introducción de normas proteccionistas por las partes, velando al mismo tiempo por la coherencia con las normas internacionales pertinentes, como las establecidas por la Organización Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo;
xiv) que aborde y elimine las restricciones actuales a los servicios de transporte marítimo y que persiga la reciprocidad, dado que, con gran frecuencia, el acceso de las empresas de la UE a determinados segmentos de mercados extranjeros se ve obstaculizado, cuando esos mismos segmentos están abiertos a empresas extranjeras en la UE, por ejemplo en el sector de la navegación de corta distancia y el cabotaje;
xv) que preserve los derechos de los Estados miembros en cuanto a regulaciones nacionales vigentes o futuras y acuerdos bilaterales o multilaterales de transporte por carretera, incluidos los requisitos relativos a los permisos de tránsito;
xvi) que se oponga a todo compromiso de acceso al mercado en relación con el transporte por carretera, en particular al Modo 4, dado que podría conducir a la circulación de trabajadores a través de las fronteras sin protección del empleo alguna y al socavamiento de la legislación laboral superior en los países de acogida;
xvii) que garantice que un mayor acceso a los mercados de terceros países de los servicios de entrega no ponga en peligro las obligaciones de servicio universal en el sector postal; que reconozca el papel crucial de los servicios postales universales en la promoción de la cohesión social, económica y territorial; que refuerce estos servicios universales;
2. Lamenta la falta de transparencia que se ha registrado hasta la fecha y el hecho de que el Parlamento no haya tenido la oportunidad de expresar su punto de vista antes de que el Consejo adoptara el mandato de negociación;
3. Pide que todos los diputados al PE reciban los documentos relacionados con las negociaciones sobre el ACS y solicita que se hagan públicos todos los textos negociados;
La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Reconoce que es necesario actualizar las disciplinas del AGCS vigentes por estar anticuadas y facilitar el comercio de servicios nuevos; reconoce el valor de los servicios público en la UE y en el resto del mundo, y toma nota de que, según la Comisión, entre 2013 y 2025 el crecimiento del empleo en Europa estará generado por los empleos en el sector servicios, que en la UE representa el 90 % de los nuevos puestos de trabajo, especialmente los de mayor capacitación, como los servicios profesionales, los servicios empresariales y la informática; observa asimismo que el sector servicios representa en torno al 70 % de la económica de la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros a que, en el contexto de las negociaciones en curso sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) defiendan los objetivos de cohesión económica, social y territorial según lo establecido en el artículo 174 del TFUE;
2. Reitera que la prestación de servicios en la UE se basa en los principios de acceso universal , calidad, seguridad, asequibilidad e igualdad de trato, que se han de garantizar permanentemente en todas las ciudades y regiones; considera que el ACS no debe restringir estos principios; reitera la importancia de mantener los servicios públicos de naturaleza especial, como por ejemplo los del sector del agua, bajo la responsabilidad de los Estados miembros, a fin de evitar posibles efectos adversos sobre la cohesión económica, social y territorial;
3. Recuerda que la política de cohesión de la UE es el principal instrumento de inversión, no solo para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, sino también para abordar las necesidades socioeconómicas urgentes; destaca la necesidad de defender y reforzar en el contexto del ACS sus objetivos y principios fundamentales;
4. Considera que la liberalización comercial en el sector servicios puede promover el desarrollo regional a través del incremento de las oportunidades inversoras a nivel local y regional; reitera que dicha liberalización debe respetar el modelo político, social y cultural de la UE y los principios fundamentales consagrados en los Tratados de la UE;
5. Pide a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros, que han otorgado a la Comisión el mandato de negociación, que supervisen y evalúen el impacto del ACS en la cohesión y en la gobernanza local y regional en la UE, muy especialmente en todo el proceso de negociación; pide a la Comisión que recopile y ponga a disposición datos exhaustivos y comparables y que incluya evaluaciones de impacto territoriales; pide a la Comisión que tenga en cuenta, en el contexto de las negociaciones sobre al ACS, las competencias de las entidades locales y regionales;
6. Subraya que el ACS no debe obstaculizar las competencias de las entidades locales y regionales —que son responsables de una gran parte de la inversión pública en el marco de la política de cohesión de la UE y que participan activamente en la prestación de servicios públicos clave en todo el territorio— ni tampoco reducir la capacidad de estas entidades de impulsar el desarrollo local y regional y proteger los intereses generales de sus ciudadanos; reitera que los Estados miembros y de las entidades locales y regionales deben mantener sus competencias intactas, sin que se vean afectadas por el ACS, y tener derecho a regular la prestación de servicios y a introducir nuevas disposiciones jurídicas en sus respectivos territorios para alcanzar sus objetivos de políticas públicas; confía en que durante las negociaciones se tengan en cuenta estas consideraciones a fin de garantizar la plena aplicación de la política de cohesión de manera que las entidades locales y regionales puedan representar libremente los intereses de sus ciudadanos;
7. Reitera la importancia de los servicios públicos y la necesidad de respetar las competencias de las entidades locales y regionales tal como establecen los Tratados y el Protocolo 26 así como las disposiciones sobre regulación nacional y contratación pública; destaca que también debe respetarse su prerrogativa de creación de nuevos servicios públicos en el futuro; celebra, por consiguiente, que la Comisión haya declarado pública y reiteradamente que excluirá a los servicios públicos del ámbito de negociación del ACS, y pide por ende a la Comisión que los actuales y futuros servicios de interés general, incluidos los de interés económico general, permanezcan fuera del ámbito de aplicación del ACS, a fin de garantizar que las entidades nacionales y, si procede, locales y regionales conserven el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos, tal como se dispone en los Tratados; considera asimismo que es necesario regular la circulación de los proveedores de servicios profesionales;
8. Considera que las negociaciones del ACS son cada vez más importantes para la economía de la UE; destaca que las negociaciones del ACS pueden ser una oportunidad para reforzar un comercio mundial basado en normas que sea abierto y transparente, respete los estándares de la UE —particularmente en materia de protección de datos—, e incremente la reciprocidad en lo que respecta al acceso a los mercados;
9. Recuerda que los modelos sociales adoptados por los Estados miembros se aplican no solo a la obligación relativa a la prestación, continuidad y calidad de los servicios públicos sino también a la supervisión democráticas de los mismos por los ciudadanos; pide por consiguiente a la Comisión que prosiga el proceso de consultas públicas para asociar a las entidades locales y regionales, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil e incluir sus puntos de vista en las directrices negociadoras en el marco de las negociaciones del ACS, dado el papel fundamental de estos actores en la regulación y la prestación de los servicios públicos, en el crecimiento económico y en la creación de empleo; celebra, en este sentido, el establecimiento por la Comisión de reuniones de diálogo con la sociedad civil y los esfuerzos que se están realizando para que la posición de la UE en las conversaciones sobre el ACS sea lo más transparente posible mediante la información periódica sobre los avances en el proceso de negociación.
Ponente de opinión: Jan Philipp Albrecht
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
– Vistas las directrices del Consejo para la negociación del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)(13),
A. Considerando que la Unión está vinculada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «la Carta»), en particular su artículo 8 sobre el derecho a la protección de los datos de carácter personal, y por el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el mismo derecho fundamental, que constituye un pilar esencial del Derecho primario de la UE que ha de respetarse plenamente en todos los acuerdos internacionales;
B. Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) obliga a la UE, entre otras cosas, a respetar y defender los valores de la democracia y el Estado de Derecho;
C. Considerando que los artículos 20 y 21 de la Carta obligan a la UE a respetar y defender los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación;
D. Considerando que tanto el artículo 1 como el artículo 10, apartado 3, del TUE disponen que las decisiones han de tomarse de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos; que la transparencia y el diálogo abierto entre los interlocutores, incluidos los ciudadanos, son de vital importancia durante las negociaciones, así como durante la fase de ejecución; que el Parlamento respalda la petición del Defensor del Pueblo Europeo relativa a un enfoque transparente;
E. Considerando que las negociaciones en curso sobre acuerdos comerciales internacionales, como el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), también inciden en los flujos internacionales de datos, mientras que excluyen por completo el respeto de la intimidad y la protección de datos, que se debatirán en paralelo;
F. Considerando que el proyecto de texto de los Estados Unidos sobre comercio electrónico para el ACS socavaría las normas y salvaguardias de la UE en materia de transferencia de datos personales a terceros países; que el Parlamento se reserva el derecho de expresar su opinión tras la consulta de futuros proyectos y propuestas de texto del ACS;
a) que vele por que el acuerdo garantice el pleno respeto de las normas de la UE en materia de derechos fundamentales a través de la inclusión de una cláusula de derechos humanos, jurídicamente vinculante y suspensiva, que sea un componente estándar de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países;
b) que incorpore, como prioridad fundamental, una disposición independiente, horizontal, global e inequívoca, basada en el artículo XIV del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que excluya plenamente del acuerdo al actual y futuro marco jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales, sin condición alguna de que haya de guardar coherencia con otras partes del ACS, y que vele por que el acuerdo no excluya la aplicación de excepciones relativas a la prestación de servicios que resulten justificables conforme a las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio (artículos XIV y XIV bis del AGCS);
c) que garantice que los datos personales únicamente puedan transferirse fuera de la UE si se respetan las disposiciones sobre las transferencias a terceros países contenidas en la legislación de la UE sobre protección de datos; que solo negocie sobre disposiciones que inciden en el flujo de datos personales si se garantiza y respeta la plena aplicación de las normas de la UE en materia de protección de datos;
d) que se oponga a las disposiciones relativas a la protección de los datos personales contenidas en el proyecto de capítulo del ACS sobre comercio electrónico que proponen los Estados Unidos;
e) que tenga presente que las normas de la UE en materia de transferencia de datos personales pueden prohibir el tratamiento de dichos datos en terceros países si estos no respetan el nivel de adecuación de la UE; que insista en que cualquier requisito relacionado con la localización de equipos y establecimientos de tratamiento de datos sea conforme con las normas de la UE en materia de transferencias de datos; que colabore con terceros países en relación con los ajustes oportunos para adoptar normas estrictas y adecuadas en materia de protección de datos a escala internacional;
f) que tome plenamente en consideración la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las negociaciones a lo largo de todo el proceso, y que cumpla la obligación contraída en virtud del artículo 218, apartado 10, del TFUE —cuyo carácter obligatorio ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia en una de sus últimas sentencias(14)— de informar cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases de las negociaciones; que garantice el acceso público a los documentos pertinentes de todas las partes relativos a las negociaciones, exceptuando aquellos que hayan de clasificarse por un motivo claro y caso por caso, debiendo justificarse públicamente en qué medida el acceso a las partes confidenciales del documento en cuestión podría socavar de forma específica y real los intereses protegidos por las excepciones, en consonancia con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(15); que se asegure de que el acuerdo no debilite en modo alguno la legislación de la UE o de sus Estados miembros relativa al acceso del público a documentos oficiales.
Ponente de opinión: Monika Vana
A. Considerando que, aun cuando los acuerdos comerciales afectan a hombres y mujeres de manera diferente debido a las desigualdades de género en determinados sectores, en la consulta pública sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) no se hizo referencia a la necesidad de que las cuestiones de igualdad de género se tuvieran en cuenta en mayor consideración, además de que no existe un consenso suficiente sobre la manera de integrar estas cuestiones en el ámbito del comercio y de que la dimensión de género se integra en la actualidad en las políticas y los acuerdos comerciales solo de forma limitada; que aún no se han estudiado plenamente las consecuencias específicas en materia de género que puede tener la liberalización del comercio a la que estamos asistiendo;
B. Considerando que el éxito de la política comercial debe evaluarse en función de su impacto positivo sobre hombres y mujeres por igual, por lo que se deben estudiar, analizar y determinar, desde las fases preliminares, las diversas y complejas repercusiones para ambos géneros; que el principio de cautela debe servir de base también en este caso;
C. Considerando que las relaciones entre hombres y mujeres influyen en todos los procesos y actividades económicos y se reflejan en las cuestiones relativas al trabajo, el empleo y la remuneración; que las mujeres siguen estando discriminadas de forma estructural y que, por ejemplo, sigue existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres en todas las regiones del mundo; que la brecha salarial entre hombres y mujeres también se utiliza como ventaja competitiva, pero que los acuerdos comerciales deben contribuir a poner fin a esta situación;
D. Considerando que el Parlamento no tuvo la posibilidad de manifestar su posición antes de que el Consejo adoptara el mandato de negociación sobre el ACS, y que el 4 de julio de 2013 aprobó una propuesta de Resolución para expresar su posición sobre dicho mandato;
E. Considerando que, a escala mundial, las repercusiones del cambio climático afectan especialmente a las mujeres y, en ocasiones, las obligan incluso a abandonar sus hogares; que la política comercial debería intentar evitar que esto ocurra, por lo que debería concebirse teniendo en mente la sostenibilidad medioambiental;
F. Considerando que un número de mujeres superior a la media trabaja en los servicios públicos o en el sector de los servicios públicos, y que, en cuanto usuarias, las mujeres dependen más que los hombres de servicios públicos de alta calidad, asequibles, de proximidad y adaptados a la demanda, especialmente en lo que se refiere a servicios sociales como el cuidado de los niños y los ancianos; que las restricciones, los recortes y las subidas de precios en los servicios públicos hacen que la prestación no remunerada de estos servicios recaiga normalmente en las mujeres, lo que les impide ejercer una actividad profesional sujeta a la seguridad social o les permite hacerlo solo en un régimen de tiempo parcial;
G. Considerando que la reducción o los recortes en los servicios y prestaciones públicos se traducen generalmente en un traslado de los costes y los riesgos laborales al trabajo asistencial no remunerado y a la economía doméstica, ámbitos fundamentalmente femeninos, lo que repercute negativamente en la igualdad de género;
H. Considerando que aunque el ACS pueda constituir una oportunidad para el crecimiento sostenible, también debe fomentar el intercambio de buenas prácticas y promover el cumplimiento por todas las partes interesadas de unas normas estrictas en materia de derechos humanos; que, en este sentido, el ACS debe contribuir a que se siga avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres, y no minorar en ningún caso los progresos alcanzados por la UE y sus Estados miembros en este ámbito;
I. Considerando que la finalidad del ACS es establecer un nuevo modelo para el comercio mundial, con 51 participantes que representan el 70 % del comercio mundial de servicios, y que es fundamental que cualquier nuevo acuerdo mundial de comercio avance en la igualdad de género;
1. Señala que el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un requisito legal vinculante que la Comisión debería hacer cumplir, entre otras cosas, mediante evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad; en este contexto, pide a la Comisión que incluya indicadores específicos de género y que lleve a cabo una evaluación del impacto específica en función del género, desglosada por edad y factores socioeconómicos y que refleje los distintos papeles de la mujer, para asegurar que la UE defiende y promueve de manera irreprochable los derechos de las mujeres;
2. Subraya que la UE está obligada a garantizar un elevado nivel de protección de los derechos humanos, laborales y de los consumidores, en pro del fomento de la igualdad de género y del respeto de las normas sociales y medioambientales; considera que el comercio nacional y transnacional, así como, en particular, los acuerdos como el ACS, deben guiarse por estos valores, que deben servir también para apoyar de forma activa la consecución de estos objetivos;
3. Considera que la Comisión debería supervisar el impacto del ACS en la igualdad entre hombres y mujeres y en el respeto de los derechos humanos fundamentales, y llevar a cabo una evaluación de dicho impacto una vez transcurridos tres años desde la entrada en vigor del acuerdo;
4. Considera que, en cualquier caso, todos los Estados miembros firmantes del ACS deben comprometerse a garantizar el respeto de la igualdad de género y de los derechos fundamentales, también en el marco de la liberalización y apertura de los mercados locales y nacionales;
5. Destaca la necesidad de garantizar la máxima transparencia de los textos pertinentes y, en su caso, de garantizar la calidad de las negociaciones en curso;
6. Lamenta la reducida presencia de las mujeres en el sector comercial en Europa y en las relaciones con los terceros países, así como la escasa atención prestada a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a los servicios;
7. Lamenta que el Consejo no aguardase a disponer de la opinión del Parlamento antes de conceder el mandato, y considera que se ha perdido así la oportunidad de mantener unas negociaciones plenamente democráticas y de contar desde un principio con la participación de aquellas personas a quienes más les puede afectar el ACS, como, por ejemplo, las mujeres;
8. Pide a la Comisión que mantenga y refuerce la coherencia entre políticas diferentes pero interconectadas, tales como las políticas en materia de comercio, desarrollo, empleo, migración e igualdad de género, y que tenga en cuenta su impacto en los derechos de las mujeres y las niñas, así como en su empoderamiento, y en el derecho a la salud, la educación, la alimentación, el trabajo y el agua; pide a la Comisión que incluya estas consideraciones en sus evaluaciones de impacto para evitar que del ACS o de la interacción entre distintos acuerdos comerciales se deriven cualesquiera repercusiones negativas;
9. Recomienda encarecidamente que la UE ejerza su voluntad política al objeto de garantizar que las autoridades europeas, nacionales y locales conserven el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o revocar cualquier medida relacionada con la adjudicación, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos, así como de excluir en particular todos los servicios sociales —de financiación tanto pública como privada— del alcance del ACS y de incluir para dichos servicios una cláusula del tipo «regla de oro» a fin de salvaguardar su calidad; destaca, a este respecto, la importancia de la educación y de la salud, así como de garantizar el acceso permanente de las mujeres y las niñas a estos servicios;
10. Manifiesta su preocupación por que la repercusión del ACS pueda ser sesgada respecto al género; recuerda, en este contexto, la importancia de asegurar un equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos de negociación y, en caso necesario, de prever medidas que integren la dimensión de género en los Estados miembros en cuanto se aplique el ACS;
11. Pide que en el ACS se incluya una cláusula en materia de derechos humanos que contemple la igualdad de género, a fin de garantizar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, y su participación en el comercio y los servicios, y que se incluyan igualmente indicadores adecuados para asegurar el respeto de la igualdad de género a la hora de aplicar el ACS;
12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen estadísticas desglosadas por género con objeto de evaluar mejor el impacto de sus políticas y acuerdos comerciales en la igualdad de género, y que apliquen medidas de discriminación positivas;
13. Pide a la Comisión que garantice la posibilidad de aplicar criterios ecológicos y sociales, incluidos criterios de igualdad de género, en la adjudicación de contratos públicos;
14. Pide a la Comisión que vele por que las disposiciones del ACS relativas a los servicios de las TIC sean compatibles con la creciente presencia de las mujeres en este sector;
15. Pide que, de acuerdo con las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europeo en relación con la ATCI, se mantengan e intensifiquen los esfuerzos en pos de una mayor transparencia de las negociaciones gracias a la publicación inmediata de todos los documentos relacionados con el ACS, incluidas las propuestas de negociación, en particular los textos consolidados de las negociaciones; insta a que se refuerce el compromiso continuo y transparente con los Parlamentos nacionales y todos los ministerios pertinentes en los Estados miembros; solicita que se permita la participación en el proceso de negociación de todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres, y los interlocutores sociales europeos;
16. Considera indispensable que el acuerdo incluya una cláusula que permita a los países revocar la liberalización de los servicios, sobre todo si se constata que dicha liberalización tiene efectos negativos para las mujeres; pide, por lo tanto, el establecimiento de una lista positiva, así como la exclusión del acuerdo de cláusulas de mantenimiento del statu quo y de trinquete.
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0325.
DO C 61 E de 10.3.2004, p. 289.
DO L 338 de 12.12.2012, p. 37.
Documento 6891/13 ADD 1 del Consejo.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2014, Parlamento/Consejo, C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.