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Timestamp: 2017-06-25 02:01:59
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[Sentencia T-0106-12] – Pensión de sobrevivientes
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Sentencia T-106/12
Referencia: expediente T-3215125.
Acción de tutela instaurada por María Magdalena Maya Rodríguez, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión.
En la revisión del fallo dictado en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en abril 7 de 2011, dentro de la acción de tutela incoada por María Magdalena Maya Rodríguez, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la mencionada corporación, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección Nº 10 de la Corte, en auto de octubre 13 de 2011, lo eligió para su revisión.
La señora María Magdalena Maya Rodríguez instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión, aduciendo vulneración de su derecho al debido proceso, por los hechos que a continuación son resumidos.
1. Indicó la actora que su hijo Elider de Jesús Maya Ramírez, de quien dependía económicamente, “falleció en el municipio de Dadeiba (Antioquia) el día 16 de septiembre de 2000, estando al servicio de la NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL desde hacia un (1) año, ocho (8) meses y diecinueve (19) días, momento en el cual ostentaba la calidad de SOLDADO PROFESIONAL” (f. 1 cd. inicial).
2. Señaló que debido a que la muerte ocurrió encontrándose en combate, fue ascendido póstumamente al grado de Cabo Segundo, por lo cual “sus prestaciones se deben liquidar conforme a los dispuesto para éstos, es decir, teniendo en cuenta los factores prestacionales establecidos para los SUBOFICIALES del Ejército, factores consagrados en los Arts. 158 y 159 del DECRETO 1211 de 1990” (f. 1 ib.).
3. Por tal razón, solicitó ante la Dirección de Prestaciones del Ejército Nacional la pensión se sobrevivientes, pero dicha petición fue negada en julio 13 de 2004, por cuanto las disposiciones legales vigentes no consagraban ese beneficio para los soldados voluntarios (f. 1 ib.).
4. Ante ello, a través de apoderada judicial incoó acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Medellín, el cual mediante sentencia de agosto 14 de 2009, declaró la nulidad del acto administrativo N° 3611761 de julio 13 de 2004 y condenó al Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección de Prestaciones del Ejército Nacional a reconocer y pagarle a la actora la pensión de sobrevivientes, a partir de septiembre 16 de 2000 conforme a lo previsto en el artículo 48 inciso 2° de la Ley 100 de 1993 (f. 2 ib.), bajo el argumento de que el señor Elider de Jesús Maya Ramírez:
“… estuvo vinculado con el Ejército Nacional durante un período de 86 semanas 1 día desde el 8 de enero de 1999, hasta el 16 de septiembre de 2000, como quiera que inicialmente prestó el servicio militar obligatorio desde el 8 de enero de 1999, hasta el 1° de julio de 2000, siendo dicho tiempo más el de su circulación como soldado profesional el que se tiene en cuenta al realizar el cómputo para la pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 que se cita a continuación:
ARTÍCULO 40. AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:
En el caso que nos ocupa se dará aplicación a dicha norma como quiera que la pensión de sobreviviente en este caso surgió de forma autónoma, es decir que nació de manera directa en cabeza de la beneficiaria y no se derivó de ninguna otra pensión, siendo la pensión de sobrevivientes por regla general derivada de la jubilación, pero que en caso de surgir autónomamente se deben aplicar las mismas normas que regulan esta institución jurídica, pues sea originaria o derivada del artículo 40 de la ley 48 de 1993 establece que el tiempo del servicio militar obligatorio será tenido en cuenta para dicha pensión.
Así las cosas y realizando el cómputo en la forma antes dicha… el tiempo que se debe tener en cuenta al señor ELIDER DE JESUS MAYA RAMIREZ es de 1 año, 8 meses 15 días, es decir 86 semanas 1 día y como quiera que este tiempo no cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 1211 de 1980 para la pensión de sobrevivientes, por principio de favorabilidad se debe aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 46 establece que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste… hubiere cotizado por lo menos veintiséis semanas al momento de la muerte.” (fs. 19 y 20 ib., está en negrilla en el texto original.) 5. Contra ese fallo, la apoderada de dicho Ministerio interpuso apelación en agosto 27 de 2009; en mayo 24 de 2010, la Sala Novena de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia objeto de apelación, tras considerar que la señora María Magdalena Maya Ramírez no cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, puesto que en los términos de la Ley 100 de 1993 solamente se cotizaron “10 semanas que son las comprendidas desde el 02 de julio de 2000, hasta el 16 de septiembre de 2000, fecha en que fallece el soldado” (f. 44 ib.).
6. Así, la actora sostuvo que este fallo contraría lo ordenado en el numeral a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, según el cual en las entidades del Estado se computará el tiempo de servicio militar para efectos pensionales (f. 5 ib.).
7. En consecuencia, pidió que se ordene al Tribunal accionado dictar una nueva sentencia conforme a los lineamientos señalados en los precedentes judiciales y de esa manera, se le reconozca el tiempo prestado por su hijo en el servicio militar como válido para acceder a su derecho pensional (f. 10 ib.).
1. Providencia dictada por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, en agosto 14 de 2009 (fs. 12 a 22 ib.).
2. Sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión, en mayo 24 de 2010 (fs. 27 a 45 ib.).
En auto de diciembre 13 de 2010, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección 2ª, Subsección B, vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, para que contestara las pretensiones y el problema jurídico planteado en la acción de tutela (f. 75 ib.).
D. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión.
En escrito de noviembre 5 de 2010, el Magistrado Gonzalo Zambrano Velandia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Presidente de la Sala Novena de Decisión, pidió negar el amparo al estimar que la decisión judicial impugnada no desconoce “las normas que evidentemente son aplicables al caso, ni que se ha realizado una interpretación de la normatividad que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (f. 70 ib.).
E. Respuesta del Ministerio de Defensa. En escrito de enero 21 de 2011, la Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, se opuso a las pretensiones por cuanto la actora “tuvo la oportunidad de presentar sus alegaciones en las diferentes instancias establecidas en la Ley sin que se evidencie vía de hecho dentro de las actuaciones de la jurisdicción contencioso administrativa” (f. 79 ib.).
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, otorgó la tutela mediante fallo de febrero 3 de 2011, al estimar que el Tribunal “consideró, equívocamente, que el Cabo Segundo (póstumo) Elider de Jesús Maya Ramírez no había cotizado el numero de semanas exigidas por la Ley 100 de 1993 para que la accionante tuviera derecho a la pensión de sobrevivientes, pues, con total desconocimiento del ordenamiento jurídico no dio aplicación al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, el cual expresamente señala que el tiempo de servicio militar obligatorio debe ser contabilizado para efectos del reconocimiento de pensiones, de manera que, deben tenerse en cuenta las 10 semanas durante las cuales el causante prestó sus servicios como soldado profesional, pero adicionalmente las 72 semanas en las cuales ostentó la calidad de soldado regular” (no está en negrilla en el texto original, f. 102 ib.).
Ese fallo fue apelado en marzo 3 de 2011 por la Coordinadora de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, reiterando que “el único tiempo cotizado por el soldado Eider de Jesús Maya era el que tuvo como soldado voluntario y no como conscripto y como soldado voluntario solo estuvo desde el 02 de julio hasta el 16 de septiembre de 2000” (f. 139 ib.).
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de abril 7 de 2011, revocó la de primera instancia, al considerar que “Elider de Jesús Maya Ramírez solamente cotizó diez semanas como soldado profesional, para efectos del reconocimiento de la pensión. Así mismo, se encuentra probado que prestó el servicio militar como soldado regular durante seis meses (72 semanas), tiempo en el que no cotizó para una pensión de jubilación”.
Agregó que “las pensiones de jubilación, de vejez y de sobreviviente son diferentes y si el legislador hubiere querido asimilarlas no habría establecido requisitos disímiles para acceder a ellas, más allá de la simple distinción entre el cotizante y el familiar del causante que pudiere resultar beneficiario de ellas. No se puede dar a las normas un alcance que el legislador no les ha asignado, pues esta conducta si es constitutiva de vía de hecho por interpretación errónea” (f. 139 ib.).
Se determinará si han sido vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la actora, al no tener en cuenta el Ministerio de Defensa, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el tiempo durante el cual su hijo Elider de Jesús Maya Ramírez prestó el servicio militar obligatorio.
Igualmente, se analizará si el Tribunal accionado vulneró el derecho a la igualdad de la actora, al no haber proferido la sentencia de mayo 24 de 2010 observando las directrices planteadas por la jurisprudencia.
Tercera. Por regla general, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. Como es bien sabido, mediante sentencia C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los artículos 11 y 12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que pongan fin a un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la Constitución Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no puede extender su actuación para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso.
Sin embargo, a partir de algunas manifestaciones que la propia Corte incluyó dentro de esa providencia, entre ellas que los jueces de la República tienen el carácter de autoridades públicas y pueden incurrir en “actuaciones” de hecho, fue dándose origen a la doctrina de la vía de hecho, a partir de la cual, de forma muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar aquellas “decisiones” que por contrariar de manera grave, flagrante y grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como verdaderos pronunciamientos judiciales. Así, siendo claro e indiscutible que también los administradores de justicia deben respeto a la Constitución y a las leyes, más aún en el ejercicio de sus competencias, ello implica que las decisiones judiciales han de ser adoptadas con estricto apego al ordenamiento jurídico, en el cual la primacía de los derechos fundamentales ocupa un lugar significativo. En ese sentido, el proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr la eventual corrección de las actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías que resulten comprometidas.
En la jurisprudencia constitucional se vino desarrollando así, desde 1993, la noción de la vía de hecho, al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y, sobre todo, causales especiales de procedibilidad.
A su vez, es cardinal considerar que si bien la jurisprudencia constitucional ha admitido paulatinamente la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pese a la claridad y al efecto de cosa juzgada (art. 243 Const.) que es inmanente a las decisiones contenidas en el fallo C-543 de 1992 al que antes se hizo referencia, no sería menos atinente tomar en cuenta también los parámetros de racionalidad dentro de los cuales el legislador extraordinario de 1991 quiso enmarcar la procedencia de esta acción.
Empero, luego de esos categóricos raciocinios, en la citada providencia fueron compilados los denominados “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, siendo catalogados los primeros de la siguiente manera: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i. Violación directa de la Constitución.”
Cuarta. El lapso de la prestación del servicio militar obligatorio debe computarse como tiempo de servicio válido en el trámite de pensiones. El artículo 216 de la Constitución Política establece que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones políticas. También prevé que la ley fijará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.
En desarrollo de este precepto el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, que reglamentó el servicio de reclutamiento y movilización, consagrando derechos, prerrogativas y estímulos dirigidos a quienes presten el servicio militar obligatorio, indica que:
“ARTÍCULO 40: … Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:
a.	En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación, de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley. (…)”
La Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto 1557 de julio 1° de 2004 se refirió al tema, afirmando: “… el tiempo de servicio militar se computa para efecto de derechos pensionales tanto en el Régimen General de Seguridad Social como en el especial de las Fuerzas Militares, incluido el del personal de soldados profesionales, pues la preceptiva del artículo 40 de la ley 48 de 1993 se refiere de modo genérico a ´todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio´, de donde se infiere que la efectividad del beneficio opera de manera automática una vez se haga valer para el reconocimiento de derechos pensionales, bien en el Régimen General como en el propio de la fuerza pública. Estos son derechos que adquieren quienes prestan el servicio militar obligatorio.”
Esta norma ha sido aplicada por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, indicado que el beneficio consignado en el literal a) del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, implica que toda persona que haya prestado el servicio militar obligatorio tiene derecho a que las entidades públicas contabilicen ese término como tiempo útil para reconocerle la pensión de jubilación. Así, es un derecho de todo colombiano que prestó el servicio militar obligatorio, que en las entidades públicas le sea computado ese tiempo como válido al momento de reconocer la pensión de vejez. En el mismo sentido, en sentencias de esta corporación se ha considerado que conforme al articulo 40 de la Ley 48 de 1993, las personas tienen derecho a que se le compute el tiempo en que prestaron el servicio militar como tiempo válido para obtener pensiones de vejez.
Siguiendo los mandatos constitucionales, incluidos los aportados por el llamado bloque de constitucionalidad, esta corporación ha desarrollado la fundamentalidad del derecho a la igualdad, como principio cardinal del Estado social de derecho y elemento insustituible en el orden jurídico, en cuanto todas las personas pueden exigir un trato equilibrado, sin importar la existencia de diversidades específicas por razones culturales, políticas, filosóficas o de sexo, raza, nacionalidad, lengua, religión, etc., correspondiéndole al Estado, correlativamente, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.
De tal manera, está claro que el derecho a la igualdad exige, como condición sine qua non para su aplicación concreta, que las autoridades otorguen idéntica protección, trato y definición a quienes se encuentren en igual situación fáctica, para evitar así la trasgresión del derecho y brindar seguridad jurídica, en cuanto a que, para el caso, las decisiones judiciales no estén sometidas al albur de que situaciones fácticas afines reciban decisiones opuestas, según el despacho al cual haya correspondido el conocimiento.
6.1. La demandante solicita que por medio de la acción de tutela se le ordene al tribunal accionado dictar una nueva sentencia, conforme a los lineamientos señalados en los precedentes judiciales y, de esa manera, se le reconozca el tiempo prestado por su hijo en el servicio militar como válido para acceder a su derecho pensional.
6.2. En ese orden de ideas, es importante precisar que el Cabo Segundo (póstumo) Elider de Jesús Maya Ramírez, tenía derecho a que se le computara el tiempo durante el cual prestó servicio militar obligatorio (18 meses), para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación; debido a su fallecimiento, tal prerrogativa radica en cabeza de la accionante, mamá del occiso, quien podrá solicitar la pensión de sobrevivientes, en razón a su parentesco con el causante (artículo 47 de la Ley 100 de 1993).
6.3. Así, la pensión de sobrevivientes corresponde a una garantía propia del sistema de seguridad social, fundada en varios principios constitucionales, como el de solidaridad, que lleva a brindar estabilidad económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad, por cuanto de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron con el causante; y el de universalidad del servicio público de la seguridad social, toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del causante. 6.4. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró erróneamente en el fallo cuestionado que el Cabo Segundo (póstumo) Elider de Jesús Maya Ramírez no había cotizado el número de semanas exigidas por la Ley 100 de 1993 para que la accionante tuviera derecho a la pensión de sobrevivientes, pues no dio aplicación al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, el cual expresamente señala que el tiempo de servicio militar obligatorio debe ser contabilizado para efectos del reconocimiento de pensiones, de manera que deben tenerse en cuenta las 10 semanas durante las cuales el causante prestó sus servicios como soldado profesional, pero adicionalmente las 72 semanas de su desempeño como soldado regular.
De tal manera, se concluye que la actora cumple a cabalidad el requisito exigido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; (…)”
Así, en aras de garantizar los derechos fundamentales a la seguridad social y a la igualdad de la actora, debe darse aplicación al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, atendiendo los precedentes jurisprudenciales antes referidos. 6.5. Por todo lo expuesto, será revocado el fallo proferido en abril 7 de 2011 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, que en su momento revocó el dictado en febrero 3 del mismo año por la Sección Segunda, Subsección B, de dicha corporación, que había concedido el amparo; en su lugar, serán tutelados los derechos a la seguridad social y a la igualdad de la actora María Magdalena Maya Ramírez.
En consecuencia, se dejará sin efecto el fallo dictado en mayo 24 de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión y se ordenará a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a reconocer a la demandante la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho, a partir del fallecimiento de Elider de Jesús Maya Ramírez, diciembre 16 de 2000, en lo que no se encuentre prescrito, teniendo en cuenta la prohibición de sufragar una pensión inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
Primero.- REVOCAR el fallo proferido en abril 7 de 2011 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, que en su momento revocó el dictado en febrero 3 del mismo año por la Sección Segunda, Subsección B, de dicha corporación, que había concedido el amparo; en su lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la seguridad social y a la igualdad de la demandante María Magdalena Maya Ramírez.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la providencia dictada en mayo 24 de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión.
Tercero.- ORDENAR a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a reconocer a la accionante María Magdalena Maya Ramírez la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho a partir del fallecimiento de su hijo Elider de Jesús Maya Ramírez, desde cuya fecha deben ser cubiertas las mesadas que no estén prescritas, teniendo en cuenta la prohibición de sufragar una pensión inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.