Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-385-10
Timestamp: 2016-12-07 13:01:25
Document Index: 166727138

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 27']

Ivan Eugenio Bohórquez
Auto 385/10 CORTE CONSTITUCIONAL-Sala especial de seguimiento a sentencia T-025/04 y autos de cumplimiento CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia en materia de protección de derechos constitucionales ACCION DE TUTELA-Derecho para reclamar ante los jueces la protección de los derechos fundamentales por acción u omisión de cualquier autoridad pública o particulares JUEZ DE TUTELA Y CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad para adoptar medidas necesarias para garantizar derechos constitucionales por acción u omisión de cualquier autoridad pública o particulares/CORTE CONSTITUCIONAL-Deber imperativo de asegurar el respecto de las dimensiones individual y colectiva de derechos constitucionales JUEZ CONSTITUCIONAL-Deber de verificar el respeto de los derechos subjetivos de accionantes específicos y asegurar la dimensión objetiva de los derechos/JUEZ CONSTITUCIONAL-Medidas adoptadas consisten en una orden para que aquel respecto de quien se solicita, actúe o se abstenga de hacerlo JUEZ DE TUTELA-Debe establecer los demás efectos del fallo para el caso concreto/ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION DE AUTORIDAD-Fallo que concede tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho ACCION DE TUTELA-Disposiciones encaminadas a proteger no solo víctimas específicas sino a indagar el origen de la violación para evitar lesiones futuras JUEZ CONSTITUCIONAL-Facultad para determinar el contenido y el sujeto pasivo y activo de sus órdenes para asegurar el restablecimiento de los derechos ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Competencia de la Corte Constitucional para dictar órdenes que sean necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada PRINCIPIO DE COLABORACION ARMONICA Y SEPARACION DE FUNCIONES DE LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO- Intervención de Corte Constitucional en política pública de atención integral de población desplazada 2.
Seguimiento T-025 de 2004 2 CORTE CONSTITUCIONAL-Puede establecer los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantener su competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-En función del tipo y número de derechos amenazados o violados representa una vulneración generalizada y reiterada de derechos constitucionales/ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-En función de los sujetos afectados por la vulneración de derechos, una misma situación afecta un grupo amplio y significativo de la población/ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-En función del origen de la vulneración de derechos, presenta algunas particularidades de tipo sistémico/ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-En función de los sujetos responsables de la vulneración de derechos, compromete un grupo amplio de autoridades públicas/ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-En función de los efectos jurídicos, se exige un especial dinamismo del juez constitucional en el tipo de decisiones que debe adoptar ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Facultad de adoptar órdenes se deriva de la norma constitucional y legal y no depende que este precedida de una declaratoria formal JUEZ CONSTITUCIONAL-Son admisibles las órdenes que imparta a partir de la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional JUEZ CONSTITUCIONAL-Interviene en la medida en que las políticas públicas del gobierno tengan relación directa y estrecha con la vigencia de los derechos de la población desplazada SALA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Evaluación del estado actual de las problemáticas que afronta la población desplazada CORTE CONSTITUCIONAL-Seguimiento al avance en la superación del estado de cosas inconstitucional y goce efectivo de derechos de población desplazada GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE POBLACION DESPLAZADA-Distinción de vulneración por políticas de vivienda, generación de ingresos y tierras, prevención del desplazamiento y atención humanitaria Referencia: Solicitud pronunciamiento del Gobierno Nacional frente al informe de cumplimiento entregado el 1 de julio de 3.
Seguimiento T-025 de 2004 3 2010, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento. Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVABogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil diez (2010)La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos decumplimiento, integrada por los Magistrados Juan Carlos Henao Pérez, NilsonPinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competenciasconstitucionales y legales, y CONSIDERANDOI. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ENMATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOSCONSTITUCIONALES1. De conformidad con las competencias establecidas en el artículo 241 de laCarta Política, corresponde a la Corte Constitucional como misión básica laguarda de la integridad y supremacía de la Constitución, misión quecomprende primordialmente la protección de los valores, principios yderechos que se consideran inquebrantables en un Estado Social de Derecho yasegurar la vigencia efectiva de estos contenidos sustanciales mínimos.2. En materia de protección de derechos constitucionales, el artículo 86 de laCarta dispone que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar antelos jueces (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionalesfundamentales, cuando quiera que éstos resulten amenazados o vulneradospor la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. En el mismosentido, los artículos 1 y 2 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acciónde tutela está encaminada a garantizar los derechos constitucionales de laspersonas frente a vulneraciones o amenazas, al establecer que “toda personatendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (…) la proteccióninmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera queéstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquierautoridad pública o de los particulares” (art. 1) y que “la acción de tutelagarantiza los derechos constitucionales fundamentales” (art. 2).3. De estas disposiciones surge que los jueces de tutela y, en particular, laCorte Constitucional, están facultados para adoptar todas las medidas que seannecesarias para garantizar los derechos constitucionales cuando se encuentrencomprometidos por las acciones u omisiones de las autoridades públicas o delos particulares. Así, cuando en un proceso de tutela se pone en evidencia unavulneración de derechos individuales pero también la transgresión 4.
Seguimiento T-025 de 2004 4generalizada, masiva y reiterada de derechos constitucionales, la CorteConstitucional tiene el deber imperativo de asegurar el respeto de lasdimensiones individual y colectiva de esos derechos.4. Diversas normas constitucionales y legales obligan al juez constitucional averificar no solo el respeto de los derechos subjetivos de accionantesespecíficos, sino también a asegurar la dimensión objetiva de los derechos.Así, el propio artículo 86 de la Constitución dispone que las medidasadoptadas por el juez constitucional deben estar encaminadas a hacer cesar elorigen de la vulneración, y “consistirá en una orden para que aquel respectode quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”, sin indicar quetal posibilidad deba circunscribirse a un catálogo cerrado de órdenes posibles.En este mismo sentido, el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991 confiere aljuez una amplia gama de posibles remedios al disponer que “en todo caso, eljuez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto” y que“cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad, el fallo queconceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce desu derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible”.5. El Decreto 2591 de 1991 también contiene una serie de disposicionesencaminadas a proteger no solo a víctimas específicas, sino a indagar por elorigen de la violación para evitar lesiones futuras: (i) el artículo 7 consagra lasdenominadas “medidas provisionales”, para que desde la presentación mismade la solicitud se adopten las medidas que sean necesarias y urgentes,pudiendo incluso ordenar la suspensión y aplicación de los actos generadoresde la vulneración, y dictar medidas de “conservación y seguridad”, según lasparticularidades del caso; (ii) por su parte, los artículos 23, 24, 25 y 27 delmismo decreto facultan al juez constitucional para adoptar medidas quetrascienden el caso específico en el que se inscribe la acción de tutela, con elobjeto de impedir vulneraciones de la misma índole: se puede prevenir a laautoridad para que no repita los actos u omisiones constitutivos de la amenazao violación, adoptar garantías de no repetición, ordenar la inaplicación denormas generales, mantener la vigilancia del caso hasta que cesen los hechos,actos u omisiones que originan la amenaza o la violación, y en general,adoptar todas aquellas medidas que tengan por objeto la protección de losderechos.6. De conformidad con lo anterior, el juez constitucional tiene la facultad paradeterminar el contenido, el sujeto pasivo y los sujetos activos de sus órdenespara asegurar el restablecimiento de los derechos. En cuanto al contenido delas órdenes, éstas podrán ser abiertas o cerradas, generales o específicas,simples o complejas; en cuanto a los sujetos pasivos de las órdenes, éstaspueden estar encaminadas a beneficiar únicamente al demandante o a losdemandantes en la acción de tutela o también a otras personas que seencuentran en la misma situación; y en cuanto a los sujetos activos de lasórdenes éstas pueden estar dirigidas a un número cerrado de entidades o 5.
Seguimiento T-025 de 2004 5particulares demandadas, pero también a otros sujetos de cuya actividaddepende la vigencia de los derechos constitucionales comprometidos.7. Por ello la declaratoria del estado de cosas inconstitucional mediante lasentencia T-025 de 2004 en el caso del desplazamiento forzado interno, nosolo se enmarca dentro de la misión básica de la Corte de asegurar laintegridad y supremacía del texto constitucional, sino que además sedesprende inequívocamente de una interpretación sistemática de las normasconstitucionales y legales que establecen las competencias de la CorteConstitucional en materia de acción de tutela, que le dan un amplio margenpara dictar las órdenes que sean necesarias para asegurar el goce efectivo delos derechos de la población desplazada.8. Con fundamento en el principio de colaboración armónica y con el plenorespeto del principio de separación de funciones de las ramas del poderpúblico, la Corte intervino en la política pública de atención integral de lapoblación víctima de desplazamiento forzado interno, no para ordenar ungasto no presupuestado, o para modificar una programación presupuestaldefinida por el legislador, o para delinear la política pública, o definir nuevasprioridades, o diseñar una política distinta a la establecida por el legislador,sino para “asegurar que el deber de protección efectiva de los derechos detodos los residentes del territorio nacional, sea cumplido y los compromisosdefinidos para tal protección sean realizados con seriedad, transparencia yeficacia,” para lo cual tuvo “en cuenta los instrumentos legales quedesarrollan la política de atención a la población desplazada, el diseño de esapolítica y los compromisos asumidos por las distintas entidades,” y con baseen ellos, le señaló al Ejecutivo la urgencia de adoptar correctivos a la políticapreviamente diseñada y en ejecución, para impedir la continua y reiteradaviolación de múltiples derechos constitucionales que afectaba a la poblaciónvíctima de desplazamiento forzado.9. También es por ello que de conformidad con lo que señala el artículo 27 delDecreto 2591 de 1991, la Corte puede establecer válidamente “los demásefectos del fallo para el caso concreto” y mantener su competencia “hastaque esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de laamenaza.”110. Dada la complejidad de la situación de vulneración de derechos queocasiona el desplazamiento forzado y su agravación por las falencias de lapolítica pública diseñada y en ejecución para su atención, el mantenimiento dela competencia de la Corte Constitucional hasta tanto estén restablecidos losderechos de la población desplazada o eliminadas las causas de tal amenaza,ha sido un instrumento esencial para asegurar que todas las acciones estatalesestén en permanente sintonía con las finalidades de superar el estado de cosas1 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de loordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. 6.
Seguimiento T-025 de 2004 6inconstitucional y de asegurar el goce efectivo de los derechos a la poblacióndesplazada11. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el estado de cosasinconstitucional tiene unas características especiales que señalan la necesidadde adoptar medidas complejas para asegurar la plena vigencia de los derechosafectados. En función del tipo y número de derechos amenazados o violados,el estado de cosas inconstitucional representa una vulneración generalizada yreiterada de un amplio elenco de derechos constitucional. Se trata no de unavulneración ocasional o esporádica, sino de una situación de permanente yconstante transgresión; y por otro lado, de una vulneración simultánea devarios derechos constitucionales. En segundo lugar, en función de los sujetosafectados por la vulneración de derechos constitucionales, en el estado decosas inconstitucional una misma situación afecta un grupo amplio ysignificativo de la población. En tercer lugar, en función del origen de lavulneración, el estado de cosas inconstitucional presenta algunasparticularidades. Se trata en general de problemas de tipo sistémico,relacionados, por ejemplo, con la ausencia de políticas públicas adecuadaspara enfrentar complejos problemas de índole social o económica, con laprolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de susobligaciones, con la adaptación sistemática de prácticas inconstitucionales, ocon la falta de expedición de medidas legislativas, administrativas ypresupuestales para evitar la vulneración. En cuarto lugar, en función de lossujetos responsables de la vulneración, el estado de cosas inconstitucionalcompromete un amplio grupo de sujetos, normalmente de autoridadespúblicas. Como el origen de la vulneración es de tipo estructural, usualmentela vulneración de los derechos constitucionales es el resultado de lasactuaciones y omisiones de diferentes entidades estatales, y eventualmenteparticulares. Por último, en función de los efectos jurídicos, en el estado decosas inconstitucional se exige un especial dinamismo del juez constitucionalen el tipo de decisiones que debe adoptar. Debido a la especial gravedad ycomplejidad del caso, dado el número de afectados, la frecuencia de lasviolaciones de derechos, las autoridades públicas comprometidas, el caráctersistémico del problema y las grandes dificultades para superarlo, el juezconstitucional debe adecuar sus órdenes a esta gravedad y complejidad inclusoa través de órdenes de ejecución compleja, y ejercer una vigilancia especialsobre el caso después de proferido el fallo de fondo, hasta verificar el respeto alos derechos constitucionales de la población.12. La facultad de adoptar las órdenes que sean necesarias para asegurar elrestablecimiento de los derechos vulnerados o amenazados por la acción yomisión de las autoridades o de particulares que configuran un estado de cosasinconstitucional, se deriva de la propia normativa constitucional y legal, y enesa medida su adopción no depende de que estén precedidas de unadeclaratoria formal del estado de cosas inconstitucional. 7.
Seguimiento T-025 de 2004 713. De conformidad con lo que establece el artículo 27 del Decreto 2591 de1991, la Corte puede establecer válidamente “los demás efectos del fallo parael caso concreto” y mantener su competencia “hasta que esté completamenterestablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”214. Tal como lo señaló esta Corporación, siguiendo la jurisprudenciaconstitucional en la materia, “el juez de tutela conserva la competencia paradictar órdenes que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o lascausas de la amenaza sean eliminadas, lo cual comprende introducir ajustesa la orden original siempre y cuando ello se haga dentro de los siguientesparámetros para que se respete la cosa juzgada: (1) La facultad puedeejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario modificar laorden, en sus aspectos accidentales, bien porque (a) la orden original nuncagarantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en uncomienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de formagrave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o (c) porquees evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir. (2) Lafacultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidasdeben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentidooriginal y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurarel goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dadoalterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a lascondiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesariopara alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debebuscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensardicha reducción de manera inmediata y eficaz.”315. En desarrollo de esta norma, la Corte Constitucional ha proferido, ademásde la sentencia T-025 de 2004, numerosos autos de seguimiento respecto delas medidas adoptadas para la superación del estado de cosas inconstitucional,así como para garantizar el goce efectivo de los derechos de la poblacióndesplazada, que partiendo del respeto a los principios de separación depoderes y colaboración armónica, ha implicado una intervención judicial en lapolítica pública de atención integral a la población desplazada.II. LA INTERVENCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAPOLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL ALA POBLACIÓN DESPLAZADA16. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte concluyó que “por las condicionesde vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población2 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de loordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.3 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte examinala competencia del juez que resuelve un incidente de desacato y las condiciones para modificar la ordenoriginal para asegurar la protección efectiva de los derechos tutelados. Ver también Auto 050 de 2004, MP:Manuel José Cepeda Espinosa 8.
Seguimiento T-025 de 2004 8desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protecciónoportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de suatención, se han violado tanto a los actores en el presente proceso, como a lapoblación desplazada en general, sus derechos a una vida digna, a laintegridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a laseguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especialdebida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a losniños (…). Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva,prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino queobedece a un problema estructural que afecta a toda la política de atencióndiseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a lainsuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a laprecaria capacidad institucional para implementarla.(…) Tal situaciónconstituye un estado de cosas inconstitucional que será declaradoformalmente en esta sentencia.(…) La declaratoria formal del estado de cosasinconstitucional (…) tiene como consecuencia que las autoridades nacionalesy territoriales encargadas de atender a la población desplazada debenajustar sus actuaciones de tal manera que se logre la concordancia entre loscompromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales ylegales y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo de losderechos de los desplazados. Esta decisión respeta las prioridades fijadaspor el Legislador y por el Ejecutivo y el experticio de las autoridadesnacionales y territoriales responsables que definieron el nivel de sus propioscompromisos, pero exige que éstas adopten a la mayor brevedad posible loscorrectivos que sean necesarios para que dicho estado de cosasinconstitucional sea remediado (…).” (Resaltado agregado al texto)17. Ahora bien, los fundamentos anteriormente señalados son suficientes paraindicar que son admisibles constitucionalmente todas las órdenes que impartael juez constitucional a partir de la declaratoria de un estado de cosasinconstitucional dirigidas a la superación de las causas de tal declaratoria y ala protección efectiva de los derechos afectados, en la medida que sondesarrollo de la optimización de los principios y reglas constitucionales. Deeste modo, el juez constitucional debe hallar aquella solución que efectivice ymaterialice el texto constitucional en su integridad. En especial, el juezconstitucional debe buscar aquella fórmula que le permita a un mismo tiemporespetar el principio de separación de poderes, y en particular respetar laautonomía del Ejecutivo en la formulación, ejecución y evaluación depolíticas públicas, pero también garantizar, con base en el principio decolaboración armónica, los derechos constitucionales lesionados por el grupopoblacional que es objeto de una declaración del estado de cosasinconstitucional.18. De conformidad con lo anterior, la figura del estado de cosasinconstitucional viene a ser entonces una de las muchas modalidades que sepueden presentar dentro de la tipología de órdenes constitucionales deprotección de derechos, y así debe ser entendida e interpretada. No se trata de 9.
Seguimiento T-025 de 2004 9una figura creada al margen de las competencias de la Corte Constitucionalsino únicamente de la especificación conceptual de un tipo de casos que sedeciden a través de la acción de tutela. Es por ello, que el estado de cosasinconstitucional está enmarcado en la plena vigencia de la Carta, y en elrespeto de las competencias constitucionales que ésta le ha asignado a cadarama del Poder Público. La figura del estado de cosas inconstitucional es enestricto sentido, no una nueva vía procesal autónoma e independiente derivadade una elaboración jurisprudencial, sino únicamente la denominación ycategorización conceptual de un conjunto de casos con característicascomunes, y que fueron rotulados con el nombre de “estado de cosasinconstitucional” para designar su extrema gravedad y complejidad desde elpunto de vista constitucional. En este sentido puede afirmarse que la labor dela Corte en este punto no ha consistido no tanto en “crear” una figurajurisprudencial, sino más bien en desarrollar los preceptos constitucionales ylegales y en “bautizar” un conjunto de casos especiales de vulneracióngeneralizada y masiva de derechos.19. En este contexto, el juez constitucional no se encuentra facultado paraintervenir per se y de manera ilimitada en las políticas públicas del gobierno,sino únicamente en la medida en que tengan una relación de conexidad directay estrecha con la vigencia de los derechos constitucionales de la poblaciónafectada. Debe tenerse en cuenta que el propio artículo 86 de la ConstituciónPolítica establece claramente que “toda persona tendrá acción de tutela parareclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechosconstitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulneradoso amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Laprotección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien sesolicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo (…)”; en el mismo sentido, elartículo 23 del Decreto 2591 de 1991 establece que “el fallo que conceda latutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho,y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible (…) En todocaso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto”.20. De este modo, el ordenamiento admite la procedencia de la tutela encualquier caso de violación de derechos constitucionales, independientementedel tipo de origen de la vulneración, y así mismo, admite que el juezconstitucional adopte las medidas que sean necesarias para garantizar lavigencia de dichos derechos. En estas circunstancias, dado que elordenamiento jurídico admite el control constitucional sobre todas lasacciones y omisiones que provocan la lesión de un derecho constitucional, yque el juez constitucional está facultado para adoptar las medidas quegaranticen la vigencia de dichos derechos, mal podría concluirse que cuandoel origen de una vulneración son las deficiencias de una política pública o suinexistencia, el juez constitucional debe abstenerse de intervenir.21. Con base en esta interpretación, a partir de la declaratoria del estado decosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno en el año 10.
Seguimiento T-025 de 2004 102004, la intervención de la Corte Constitucional ha sido extremadamentecelosa del respeto de las competencias constitucionales y legales del Ejecutivoen la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, pero también,basada en el principio de colaboración armónica, le ha señalado al Ejecutivo,los principios, valores y deberes constitucionales que deben orientar laformulación, corrección, ajuste y ejecución de dicha política, con el fin deasegurar que tales ajustes conduzcan a la protección efectiva de los derechosde la población desplazada.22. Dada la importancia de la efectividad de la protección de los derechos dela población desplazada y la magnitud del proceso de seguimiento alcumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, la Sala Plena de estaCorporación asumió el seguimiento al cumplimiento de las órdenesimpartidas en las providencias antes relacionadas, para lo cual creó una SalaEspecial de Seguimiento, la cual ha mantenido y mantendrá su competenciapara tal efecto hasta la superación del estado de cosas inconstitucional, talcomo lo dispone el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.23. La Sala Especial de Seguimiento se encuentra evaluando el estado actualde las principales problemáticas que afronta la población desplazada en elpaís, así como los avances, obstáculos y retrocesos que se ha tenido en lareformulación e implementación de cada uno de los componentes de lapolítica pública en materia de atención integral a las víctimas deldesplazamiento forzado, con el fin de adoptar medidas correctivas y eficacespara la superación del estado de cosas inconstitucional en materia dedesplazamiento forzado. No obstante, el cambio de gobierno y losplanteamientos públicamente expresados por éste y la reformulación de laspolíticas de tierras, víctimas, restitución de bienes, generación de ingresos, ymodelo de desarrollo plantean la necesidad de conocer la continuidad de lassoluciones propuestas en el informe de julio de 2010 y de los ajustesinstitucionales, operativos, presupuestales que tendrán que hacerse paragarantizar los derechos de la población desplazada bajo los nuevos esquemasplanteados.III. EL SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA SUPERACIÓN DELESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL Y EL GOCE EFECTIVODE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA21. A lo largo de este proceso de seguimiento, la Corte Constitucional siemprele ha dejado al Ejecutivo un amplio margen para decidir cómo debe realizar elajuste a la política de atención integral a la población desplazada que asegureel goce efectivo de sus derechos,4 para adoptar una solución distinta a la4 Ejemplo de este tipo de órdenes se observa en los ordinales segundo a séptimo de la parte resolutiva de lasentencia T-025 de 2004; en los ordinales segundo a décimo sexto de la parte resolutiva del Auto 178 de2005, ordinales segundo a noveno de la parte resolutiva del Auto 218 de 2006; y ordinales segundo a décimooctavo de la parte resolutiva del Auto 008 de 2009 11.
Seguimiento T-025 de 2004 11propuesta por la Corte,5 e incluso para redefinir las prioridades de esa políticay diseñar las modificaciones que se deben introducir a la política estatal deatención a la población desplazada,6 alternativas que hasta ahora no han sidoempleadas por el gobierno nacional.22. La Corte Constitucional ha constatado en reiteradas oportunidades que apesar de los avances y de las herramientas desarrolladas en los autos dictadospor la Corte a lo largo del proceso de seguimiento del cumplimiento de lasentencia T-025 de 2004, las medidas adoptadas por las autoridadesnacionales para superar el estado de cosas inconstitucional en materia dedesplazamiento forzado interno han sido insuficientes para responder enforma eficaz y adecuada a la magnitud y gravedad del fenómeno, y no hanincorporado completamente dichos instrumentos en el diseño, reformulación,ajuste, implementación y seguimiento de las mismas.23. Teniendo en cuenta que es el Gobierno Nacional quien tiene la carga demostrar que se ha avanzado en la superación del estado de cosasinconstitucional y en el goce efectivo de los derechos de la poblacióndesplazada, la Corte ha recibido periódicamente informes remitidos por lasentidades del gobierno nacional, por las entidades territoriales, por losorganismos de control, por las organizaciones de población desplazada, porlas entidades internacionales y por organizaciones promotoras de los derechoshumanos, así como por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública deDesplazamiento Forzado Interno, en los cuales evaluaban los avances,retrocesos o estancamientos en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte.24. Con base en dichas evaluaciones, la Corte Constitucional adoptó una seriede Autos de cumplimiento, orientados a señalar los vacíos de la respuestaestatal, la compatibilidad de dicha respuesta con los principios, derechos ydeberes constitucionales que orientan la protección y efectividad de losderechos de la población desplazada y para señalar los rezagos que debían seratendidos, y realizar los ajustes requeridos a las órdenes inicialmenteimpartidas para asegurar que se avanzara de manera acelerada y efectiva en lasuperación del estado de cosas inconstitucional y en el goce efectivo de losderechos de la población desplazada.5 Ejemplo de este tipo de órdenes se observa en los ordinales tercero y sexto de la parte resolutiva del Auto233 de 2007, Auto 092 de 2008, numerales V.B.1.4. y V.B.13.4.; Auto 218 de 2006; y ordinales quinto,séptimo y décimo de la parte resolutiva del Auto 008 de 20096 En el ordinal segundo, literal b. de la parte resolutiva la sentencia T-025 de 2004, la Corte autorizó algobierno para que “dentro del año siguiente a la comunicación de la presente sentencia, el Director de la Redde Solidaridad Social, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y del Interior y de Justicia, así como elDirector del Departamento Nacional de Planeación y los demás miembros del Consejo Nacional para laAtención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, realizarán todos los esfuerzos necesarios paraasegurar que la meta presupuestal por ellos fijada se logre. Si dentro del lapso de ese año, o antes, resultaevidente que no es posible asignar el volumen de recursos establecido, deberán (i) redefinir las prioridadesde esa política y (ii) diseñar las modificaciones que será necesario introducir a la política estatal de atencióna la población desplazada. En todo caso, para la adopción de estas decisiones, deberá asegurarse el goceefectivo de los mínimos de los cuales depende el ejercicio del derecho a la vida en condiciones de dignidad,señalado en la sección 9 de esta sentencia.” Esta facultad nunca fue empleada por el gobierno, quien insistióen continuar con la política tal como había sido establecida en la Ley 387 de 1997 12.
Seguimiento T-025 de 2004 1225. En este punto resulta relevante recordar que en materia de criterios desuperación del estado de cosas inconstitucional, la Corte Constitucional, en elAuto 008 de 2009, señaló que ésta exige que el gobierno nacional muestre queha alcanzado soluciones duraderas respecto de, a lo menos, los siguientes ejes,estrechamente relacionados entre sí: a) Goce efectivo de derechos por parte de un alto porcentaje de la población desplazada y demostración de que están dadas las condiciones para mantener este resultado y avanzar sosteniblemente en lograr que todos los desplazados gocen de sus derechos constitucionales. b) Corrección de las causas estructurales del estado de cosas inconstitucional, en especial (i) la insuficiencia de recursos y (ii) la precaria capacidad institucional. Estas causas deben ser corregidas a nivel nacional y territorial, según las prioridades departamentales y locales fijadas con base en la expulsión y recepción de desplazados. c) Demostración de que las políticas públicas relacionadas con cada uno de los derechos constitucionales de los desplazados conducen efectivamente a lograr el goce efectivo de los derechos por parte de los desplazados, lo cual comprende dos aspectos esenciales reiterados por la Corte en numerosas providencias: (i) la orientación de manera racional de las políticas públicas para alcanzar dicha finalidad y (ii) la incorporación de un enfoque diferencial, en especial respecto de mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad indígenas, y afrocolombianos. d) Demostración de que los desplazados, así como las organizaciones de la sociedad civil que aboguen por sus derechos, participan de manera oportuna, significativa y efectiva en la adopción de las decisiones estatales que les interesan y los afectan. e) Contribución suficiente de las entidades territoriales a la superación del estado de cosas inconstitucional.26. Un elemento importante para la comprensión de cómo operan estoscriterios es el hecho de que deben ser entendidos e interpretados en funcióndel criterio principal: la garantía jurisdiccional de los derechosconstitucionales. Es por esta razón que la mera demostración de ajustespresupuestales, la expedición de normas o el diseño y ejecución parcial depolíticas públicas, no constituye en modo alguno un motivo o una razónconcluyente para dar por superado el estado de cosas inconstitucional. Estoshechos pueden ser relevantes en cuanto se traduzcan en un mejoramientosignificativo en el goce efectivo de los derechos, pero no son per se un criteriopara dar por terminado el proceso judicial. Si la Corte se limitase a hacer unaevaluación de este tipo, no solo estaría invadiendo la órbita de las 13.
Seguimiento T-025 de 2004 13competencias de las demás funciones del Estado, sino que además estaríaquebrantando el ordenamiento constitucional, al dar por concluido un procesode esta magnitud, sin haber garantizado el contenido de los derechosconstitucionales amenazados y violados en el presente caso.27. Por este motivo, para la Corte Constitucional el criterio último paradeclarar la superación del estado de cosas inconstitucional no es la realizaciónde un esfuerzo presupuestal o la elaboración de mejores políticas públicas, nila expedición de nuevas y mejores leyes, o del paso de un tiempodeterminado, sino de la garantía de los derechos del grupo poblacionalafectado. Obviamente, como en gran medida la vulneración generalizada yreiterada de los derechos de la población desplazada estuvo provocada por laausencia de políticas públicas idóneas para tal fin, y por la insuficiencia de losrecursos asignados para la atención de este amplio grupo poblacional, es obvioque el manejo de estos problemas estructurales se traduzca en unmejoramiento en el respeto de los derechos de la población desplazada. Sinembargo, lo anterior no puede llevar a confundir los dos criterios, y muchomenos, a que la Corte pase por alto su obligación de garantizar el goce de losderechos.28. Pero incluso bajo la hipótesis de que el criterio principal es la superaciónde los problemas estructurales, la indagación por el goce efectivo de derechosse convierte en un asunto de la mayor relevancia, dado el vínculo indisolubleentre ambos tipos de asuntos. En últimas, la superación de los problemasestructurales únicamente puede verificarse cuando ello se traduce en unagarantía de los derechos constitucionales. Así por ejemplo, ni la idoneidad yeficacia del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, ni eldesbloqueo y la coordinación institucional y el esfuerzo presupuestalrelevante, pueden ser determinados en abstracto y sin referencia almejoramiento en las condiciones del grupo poblacional afectado. En otraspalabras, no podría admitirse que una política pública es idónea y eficaz en laprotección de la población desplazada, si por otro lado no conduce a un goceefectivo de derecho; de igual modo, no podría considerarse que el esfuerzo yel manejo presupuestal es el adecuado, si por otro lado resulta insuficientepara asegurar los derechos constitucionales de la población afectada; y a lainversa, únicamente puede entenderse que existe un desbloqueo institucional yunas asignaciones presupuestales adecuadas, cuando tanto lo uno como lo otrose traducen y materializan en la garantía de derechos.29. En resumen, el goce efectivo de derechos es el criterio que permite evaluarla superación de los problemas estructurales. Pretender circunscribir el análisisde la Corte a una supuesta verificación de problemas estructurales, sin indagarpor el nivel de goce de los derechos, parte del falso supuesto de la disociaciónentre ambos asuntos. De acuerdo con las consideraciones anteriores, elexamen del juez constitucional para declarar superado del estado de cosasinconstitucional debe tener como referente principal el goce efectivo de 14.
Seguimiento T-025 de 2004 14derechos, mientras que el examen de los problemas estructurales constituyenestándares relevantes que son evaluados en función del criterio principal.30. Un hecho importante en la utilización del criterio de goce efectivo de losderechos de la población desplazada tiene que ver con la distinción de lasvulneraciones que surgen de los problemas estructurales, como es el caso delas políticas de vivienda, generación de ingresos y tierras, o las falencias enmateria de prevención del desplazamiento, de atención humanitaria deemergencia y de coordinación; y la relacionada con la obligación de asegurarlos mínimos de protección que debían garantizarse en todo momento a lapoblación desplazada, mientras se corrigen las falencias institucionales,presupuestales, de coordinación, y participación.31. Desde la sentencia T-025 de 2004, la Corte señaló que la dificultad de lacorrección de problemas estructurales no podía ser utilizada como excusa parapostergar indefinidamente la garantía del mínimo de protección a la poblacióndesplazada. Reconociendo la dificultad que tenía la superación de las falenciasestructurales de tres componentes mencionados, la Corte incluso autorizó algobierno que dentro del año siguiente a la expedición de la sentencia pudieraadoptar ciertas medidas regresivas. Sin embargo esa puerta de salida no fueutilizada por el gobierno nacional, y a partir de ahí la lógica del procesodecidido por el gobierno fue apostarle a todo, con igual intensidad.32. Por ello, a pesar de algunos avances en el diagnóstico o diseño desoluciones estructurales, o del incremento importante de los recursosdestinados a la atención de la población desplazada, hasta ahora no ha sidoatendido de manera adecuada el problema más recurrente que aumenta lapresión sobre las autoridades nacionales y que confirma la gravedad de lacrisis humanitaria que vive la población desplazada, así como el número deacciones de tutela solicitando la protección de los jueces: la falta de garantíaefectiva de los mínimos de protección. Esta situación sigue siendo tan críticahoy en día, que a pesar del volumen de recursos asignados a la entidadresponsable de coordinar los esfuerzos de las entidades que hacen parte delSNAIPD, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional - Acción Social, los problemas administrativos y operativos enla atención a la población desplazada ha llegado en algunos casos asituaciones peores que las señaladas en la sentencia T-025 de 2004.IV. GENERALIDADES DEL INFORME DE GOBIERNOPRESENTADO EL 1 DE JULIO DE 201033. Aun cuando en el presente Auto no se hará una valoración del informepresentado por el Gobierno Nacional el 1 de julio de 2010, si vale la penaresaltar algunos aspectos de ese informe frente a los cuales se espera unpronunciamiento expreso del gobierno nacional. 15.
Seguimiento T-025 de 2004 1534. En materia presupuestal, el Informe de Gobierno del 30 de octubre de2009 y del 1 de Julio de 2010, se señala que la Nación ha multiplicado casidiez veces los recursos destinados para la atención de la población desplazada,al comparar lo destinado en el período 1999-2002 con lo destinado en elperíodo 2007-2010, con lo cual afirma se han alcanzado resultadosprogresivos e importantes en el goce efectivo de los derechos de la poblacióndesplazada, gracias a la existencia de políticas públicas diseñadas con enfoquede derechos. En el Informe del 1 de Julio de 2010 se proyectó un planfinanciero para la política a 10 años, con el que se busca garantizar de maneraprogresiva y sostenida el goce efectivo de los derechos teniendo en cuenta lascargas fiscales que implican el cumplimiento de las obligacionesconstitucionales a su cargo frente a otros grupos vulnerables. Sin desconocerlos esfuerzos realizados en términos presupuestales, resulta preocupante queese mayor volumen de recursos no se refleje en una mejor atención a lapoblación desplazada, tal como lo resaltara el Procurador General de laNación en la última sesión técnica territorial realizada en cumplimiento de loordenado en el Auto 314 de 2009.35. En materia de capacidad institucional, el Informe de 1 de julio de 2010,trae por primera vez en 6 años un diagnóstico sobre las falenciasinstitucionales y la proyección de planes de acción institucionales para lasuperación de tales falencias. Esa capacidad institucional se midió, partiendode un enfoque particular de la política, que concentra la oferta institucional enlo urbano, dadas las necesidades de atención de la población desplazada en loslugares donde se asienta. En dicho informe se presentaron evaluaciones deldiagnóstico institucional realizadas en el año 2009, que evidencian que losproblemas identificados en la sentencia T-025 de 2004 persisten y que losavances en la materia aún son pobres. El informe presenta los planes de accióny de fortalecimiento institucional cuya implementación aún no se ha iniciado.No obstante el limitado avance de esta respuesta, el diagnóstico y los planesformulados son un punto de partida significativo que deben ser tenidos encuenta para avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional.36. En términos de goce efectivo de derechos, el gobierno nacional presentaunas cifras que supuestamente indican un avance significativo en la materia.La información proporcionada por el Gobierno constituye una herramientavaliosa para evaluar la condición de la población desplazada, que sin dudaofrece importantes elementos de juicio para adoptar una decisión con respectoal levantamiento del estado de cosas inconstitucional en materia dedesplazamiento forzado. No obstante, la Corte advierte que para la valoraciónde este informe se deben tener en cuenta, algunas de las pautas metodológicasutilizadas para su elaboración, pero cuyos soportes no fueron aportados en sutotalidad al proceso con el fin de que pueda concluirse sobre su pertinencia,suficiencia y comparabilidad. No obstante lo anterior, de los datos presentadoshay varios puntos que llaman la atención:• En primer lugar, el universo de estudio recae únicamente sobre la población inscrita en el RUPD, al descartar de plano la información sobre la población 16.
Seguimiento T-025 de 2004 16 en situación de desplazamiento que por diversos motivos no hace parte de dicho registro. Este hecho genera dudas sobre la posibilidad de inferir conclusiones para ambos grupos poblacionales (los inscritos y los no inscritos en el RUPD), pues tal como se mostró en la III Encuesta Nacional de Verificación, la situación que enfrentan estos dos grupos no son necesariamente comparables. Dada la continuidad del fenómeno del desplazamiento, el aumento en las cifras de rechazo a quienes declaran ser desplazados, la existencia de indicios que cuestionan la idoneidad de los procedimientos administrativos para valorar las declaraciones y proceder a la inclusión, así como la persistencia de problemas en los sistemas de información, hace necesario contar con los soportes técnicos y la valoración de expertos que aporten elementos de juicio a la Corte Constitucional y al gobierno nacional sobre el alcance, utilidad y limitaciones de tales decisiones metodológicas.• Algo similar sucede con la decisión de optar por la metodología de “muestra panel” tenida en cuenta por el gobierno. Sobre el punto, no resulta claro para la Corte Constitucional, dado el universo escogido para la medición, cómo ese método permitiría evaluar la situación en materia de goce efectivo de derechos de la población recientemente desplazada e inscrita en el RUPD, la cual, según otras fuentes de información7, está siendo desatendida en algunos casos en niveles operativos más bajos que los señalados en la sentencia T-025 de 2004. Adicionalmente, tampoco resulta claro cómo esta “muestra panel” pueda arrojar resultados confiables cuando se aplica a grupos con un alto nivel de movilidad, como ocurre precisamente en el caso de la población desplazada.• A pesar de los avances señalados en el informe, persisten las falencias señaladas en relación con el informe anterior, en cuanto a la confiabilidad de la información en que se sustentan las conclusiones del informe gubernamental: (i) Varios de los resultados presentados como avance respecto del informe anterior, en realidad establecen una nueva línea de base afecta su comparabilidad; ii) Se identificaron varias contradicciones entre la encuesta GED y los indicadores sectoriales que no encuentran explicación; iii) Hay mediciones de ciertos derechos que no son pertinentes desde el punto de vista técnico, tal como ocurre con la percepción sobre el derecho a la seguridad o el derecho a la vida; y (iv) hay varias conclusiones del informe que mostrarían una interpretación sesgada, que no se sustenta en los datos presentados en el mismo informe.• Si bien hasta ahora se ha empleado el sistema de encuestas de percepción para algunos de los derechos de la población desplazada, teniendo en cuenta los indicadores de goce efectivo de derechos adoptados mediante Auto 116 de 2008 y 233 de 2007, no obstante su utilidad estadística, preocupan a la Corte Constitucional las limitaciones técnicas de este instrumento para medir el goce efectivo de algunos derechos, tal como fue señalado por la Comisión de Seguimiento, así como para establecer este sistema como un método permanente de medición de la situación que enfrenta la población desplazada.7 Ver los informes presentados por las entidades territoriales en cumplimiento de lo ordenado por la CorteConstitucional en el Auto 314 de 2009, así como los informes remitidos por la Defensoría del Pueblo y por laProcuraduría General de la Nación durante el período 2009-2010 17.
Seguimiento T-025 de 2004 17 En relación con la primera preocupación, las cifras presentadas por el gobierno sobre percepción de goce sobre los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad, contrasta con las estadísticas oficiales existentes sobre estos derechos, lo cual indicaría la necesidad de realizar ajustes importantes al informe gubernamental. En el caso del derecho a la integridad personal, por ejemplo, los resultados de la encuesta gubernamental contrastan significativamente con los arrojados por las estadísticas oficiales, y en el que incluso parece existir algún tipo de contradicción entre los resultados del 2008 y del 2010. Esto mismo ocurre con la percepción de seguridad alimentaria para calcular la satisfacción del derecho a la alimentación, que se basa única y exclusivamente en la recordación de los desplazados sobre su seguridad alimentaria en el 2008. En cuanto a la segunda preocupación, la complejidad del fenómeno del desplazamiento y las dificultades técnicas del sistema de encuestas, resaltan la urgencia de contar con otro sistema de medición permanente, que permita saber si se está avanzando, retrocediendo o se ha producido un estancamiento en la superación del estado de cosas inconstitucional y en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada.• Con respecto a la Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE), el mismo informe del gobierno nacional reconoce las limitaciones de la encuesta, y por tal motivo efectúa un cruce de la información obtenida a partir de las encuestas, con los registros administrativos de Acción Social. Todo lo anterior demuestra que la encuesta tiene una capacidad restringida para mostrar con fidelidad la situación sobre el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.• Adicionalmente, la Corte debe tener en cuenta que la comparación entre la denominada “línea de base” y el primer seguimiento tiene algunas limitaciones derivadas de la diferente metodología utilizada en uno y otro caso, que hace que en algunos casos las cifras presentadas sean en realidad una nueva línea de base a partir de la cual se deberá evaluar si hay avance en términos de goce efectivo de los derechos. Si bien es cierto que en términos generales el diseño muestral de la Línea de Base y del Primer Seguimiento tienen una misma estructura, existen algunas importantes excepciones. Con respecto a algunos derechos hubo diferencias significativas en el indicador de goce efectivo del derecho. Este es el caso, por ejemplo, del derecho a la identidad. Así, mientras para el año 2008 se excluyó la exigencia de la libreta militar, para el año 2010 se exige la libreta militar para las personas entre 18 y 45 años, a pesar de que la exigencia legal es hasta los 50 años.• Finalmente, se encuentran algunas inconsistencias significativas que ponen en duda la fiabilidad de las mediciones efectuadas, que indicarían que los avances en términos de goce efectivo de derechos no son tan significativos en relación con la anterior medición. Esta conclusión se corrobora con los resultados de la Tercera Encuesta de Verificación realizada por la Comisión de Seguimiento, que muestra unos avances más conservadores e incluso un estancamiento en relación con varios de los derechos. Este informe será trasladado al gobierno nacional para que realice el análisis pertinente. 18.
Seguimiento T-025 de 2004 1837. En términos de la reformulación de políticas ordenada en el Auto 008 de2009, varios de los avances presentados en el informe gubernamental del 1 dejulio de 2010 como resultados concretos, no superan la etapa de diagnósticos,o de formulación de planes que aún no han sido objeto de implementación, yque carecen de un cronograma concreto, por lo que no es claro que cumplanlos parámetros de evaluación señalados en dicho auto, y que no puedaconocerse su impacto en la superación del estado de cosas inconstitucional.38. En relación con la política de generación de ingresos, en el informegubernamental se presenta el documento CONPES 3616 como el instrumentoa través del cual se incorporarán las necesidades de la población desplazada.No obstante, este instrumento de política no evidencia cómo se integrarán laspolíticas de ayuda humanitaria de emergencia y de generación de ingresospara superar la dependencia de la población, ni se vinculan de maneraoperativa con los programas de vivienda y de tierras, lo cual aumenta el riesgode dependencia permanente de la ayuda humanitaria de emergencia, y porende de la presión sobre el sistema de atención.39. En cuanto al cumplimiento de las órdenes impartidas en los autos deenfoque diferencial, resalta la Corte Constitucional que en el informe remitidoel 1 de julio de 2010, la mayor parte de las acciones reportadas comoresultados concretos, se refieren en realidad a actividades de diseño, oformulación, pero sin implementación ni balance de resultados que muestrencómo se ha avanzado en la materia, o si se han presentado rezagos, cuál es larazón de los mismos. Varios de los informes remitidos por las organizacionesque han acompañado el proceso de cumplimiento de los Autos 092 y 241 de2008, 004, 0045 y 006 de 2009, han expresado su preocupación por losrezagos tanto en atención efectiva como en diseño e implementación.40. Finalmente, en términos de decrecimiento del fenómeno dedesplazamiento, a pesar de la afirmación del gobierno sobre la reducción delmismo, las cifras presentadas muestran la persistencia del fenómeno, y undecrecimiento de apenas 3,6% si se comparan los períodos 2004 a 2006 –2007 a 2009.8 De las cifras gubernamentales también es posible observar quelas zonas más afectadas por desplazamiento masivos son Nariño, Antioquia,Chocó, Cauca y Arauca y que es en esas zonas donde se presentan el mayorvolumen de rechazos de las declaraciones por desplazamiento forzado. Si seobservan las cifras sobre rechazos de inclusión en el RUPD, se obtiene unaumento del 121% en la tasa de rechazos de personas que rinden sudeclaración como desplazados en el período 2007-2009, especialmente encasos de desplazamientos intraurbanos, interveredales, originados por bandascriminales o producidos en el contexto de operaciones legítimas del Estado.8 Cifras consolidadas a septiembre 30 de 2010 19.
Seguimiento T-025 de 2004 19V. NECESIDAD DE UN PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNOFRENTE AL INFORME PRESENTADO EL 1 DE JULIO DE 2010ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL41. A lo largo del proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, tal como ya fue puntualizado, la tarea de la Corte ha sidoindicarle al Ejecutivo, luego de dejar a su discrecionalidad el camino a escogery constatar que el camino escogido o la ausencia de acción no conducían a lacorrección, los elementos constitucionales que le servían para corregir eseelemento.42. La Corte ha señalado expresamente al Ejecutivo cuáles eran las falenciasque continuaban impidiendo la superación del estado de cosas inconstitucionale impartió órdenes concretas y fijó parámetros para valorar la respuestaestatal. Dentro del conjunto de medidas dictadas, las impartidas en el período2008 - 2009 marcaron un cambio en el ritmo y la intensidad del proceso deseguimiento, dado el estancamiento de la respuesta estatal en aspectosesenciales para la superación del estado de cosas constitucional. En eseentonces estableció un marco complejo de acciones que debían ser atendidaspor el gobierno nacional.943. En ese contexto, ordenó (i) la reformulación, ajuste e implementación delos diferentes componentes de la política pública en materia dedesplazamiento forzado (Auto 008 de 2009); (ii) la realización de ajustesimportantes para mejorar el nivel de coordinación y corresponsabilidad entrela Nación y las entidades territoriales –Autos 007 y 314 de 2009–; (iii) lacorrección de las falencias de los sistemas de información y hábeas data (Auto011 de 2009); (iv) la aplicación de indicadores de goce efectivo de derechospara determinar si se estaba avanzando (Autos 233 de 2007 y 116 de 2008 );(v) la adopción de medidas específicas para asegurar la protección del derechoa la vida de la población desplazada (Autos 054, 093 y 200 de 2008, 009 de2009) y (vi) la incorporación del enfoque diferencial de la política pública enmateria de desplazamiento (mujeres Autos 092 y 237 de 2008, niños, niñas yadolescentes –Auto 251 de 2008-, personas y comunidades indígenas –Auto004 de 2009–, población y comunidades afrodescendientes –Auto 005 de2009–, y personas con discapacidad –Auto 006 de 2009).44. El diagnóstico consignado en la sentencia T-025 de 2004 y en su anexo 5,y en los anteriores autos de seguimiento, indican expresamente cuáles son losparámetros bajo los cuales se realizará la valoración de esa respuesta estatalcon miras a la superación del estado de cosas inconstitucional. A pesar de supertinencia, en aras de la brevedad y dado que son documentos públicos, no sehará una transcripción de las falencias que debían ser atendidas, de los9 En la materia son pertinentes los siguientes apartados: Sentencia T-025 de 2004, Secciones 6, 9, y su parteresolutiva, así como el Anexo 5; Auto 008 de 2009, secciones III a VII y parte resolutiva; Auto 007 de 2009,párrafos 22 a 27 y parte resolutiva; Auto 011 de 2009, sección II y parte resolutiva; Auto 116 de 2008; y losparámetros fijados en los Autos 092 de 2008, y 237 de 2008, Auto 251 de 2008, Auto 004 de 2009, Auto 005de 2009, y Auto 006 de 2009, así como los Autos 054, 093 y 200 de 2008, 009 de 2009. 20.
Seguimiento T-025 de 2004 20parámetros fijados ni del contenido de las órdenes impartidas. No obstante,deberán ser tenidos en cuenta por el gobierno al pronunciarse sobre el informegubernamental presentado el 1 de julio de 2010.45. Dado que públicamente el Gobierno Nacional está impulsando cambioslegales y administrativos que tienen impacto en la continuidad de la política deprevención y atención al desplazamiento forzado, así como del ritmo deavance en la superación del estado de cosas inconstitucional y del compromisocon que el presente gobierno planea atender la problemática deldesplazamiento, es necesario que el gobierno fije su posición frente a laspropuestas, enfoques, diagnósticos y resultados presentados en el informe de 1de julio de 2010 y señale cómo los cambios planteados incluyen una respuestaefectiva a la crisis humanitaria que vive la población desplazada, y para lacorrección de las falencias e incongruencias que dieron lugar a la declaratoriadel estado de cosas inconstitucional.46. Sin hacer un barrido exhaustivo de las propuestas gubernamentales, oprofundizar en su contenido, es evidente el cambio de orientación que talespropuestas tienen, basta mirar, en términos generales, el énfasis en lo rural queplantean los distintos instrumentos promovidos por el gobierno. Este énfasisgenera nuevos retos para la respuesta estatal frente al desplazamiento que aunno han sido considerados. La respuesta estatal al desplazamiento y laarquitectura institucional sobre la que estuvo fundada la atención de estapoblación en los últimos 6 años se da en un contexto urbano, dados los lugaresde asentamiento de la población desplazada. El énfasis en lo rural que planteael gobierno requiere ser examinado para determinar cuáles son los ajustes quedeben hacerse tanto en materia de oferta como de capacidad institucional paragarantizar los derechos de la población desplazada, cualquiera que sea elmodelo de política que impulse el gobierno.47. Reconociendo que es legítimo que el Ejecutivo, plantee y reformulepolíticas públicas para atender problemáticas estrechamente relacionadas conel desplazamiento forzado interno, ello no lo exime de asegurar la efectividadde los derechos de la población desplazada ni de adoptar las medidas que seannecesarias para avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional.En esa medida, el pronunciamiento que se le pedirá al gobierno nacional enrelación con el informe presentado el 1 de julio de 2010, con el fin dedeterminar si avala lo allí planteado o si propone una salida distinta, requiereen todo caso una respuesta concreta sobre los siguientes aspectos:- Se han anunciado cambios en el marco del SNAIPD que pueden implicar modificaciones en competencias y responsabilidades de las entidades responsables de la atención a la población desplazada. Al respecto, es necesario conocer si el Gobierno ha decidido continuar con el Plan de Fortalecimiento Institucional presentado en los Informes del 30 de octubre de 2009 y 1 de julio de 2010. En el caso de presentarse cambios. ¿Qué entidad tendría la responsabilidad en coordinación y la responsabilidad de certificar el desempeño institucional del resto de entidades de conformidad 21.
Seguimiento T-025 de 2004 21 con lo ordenado en el Auto 008 de 2009? ¿Cuáles serían los ajustes que deberá hacer el gobierno en esa estructura para asegurar la actuación articulada de las entidades que hacen parte del SNAIPD y de las entidades territoriales de todos los niveles?- Se plantean modificaciones legales que son en realidad una respuesta a problemas operativos de Acción Social en términos de registro, temporalidad de la ayuda, efecto reparador de programas de asistencia social brindados a la población desplazada, y de cesación de la condición de desplazado, sobre los cuales existe abundante jurisprudencia y que podrían entrar en contradicción con las exigencias constitucionales en la materia y con lo planteado por el gobierno el 1 de julio de 2010, pero que también plantean una transición entre los dos enfoques que de no ser atendida puede terminar agravando la situación humanitaria que vive la población desplazada y las dificultades operativas en la atención, tal como ha sido evidenciado en informes recientes remitidos a la Corte Constitucional. ¿Cómo ha evaluado el gobierno nacional el impacto de tales medidas en términos de goce efectivo de los derechos? ¿Cuáles ajustes planean hacerse para asegurar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y la superación del estado de cosas inconstitucional, en la transición, y una vez se haya consolidado el proceso de reforma?- En el informe del 1 de julio el gobierno Nacional efectúo una proyección de la magnitud de la inversión requerida para atender a la población desplazada, que implica un compromiso a 10 años con la política de atención al desplazamiento. ¿Se mantiene el gobierno en esa proyección? En caso positivo: ¿Cuál será el ritmo de apropiación presupuestal? En el evento de existir cambios en la formulación de programas, qué ajustes se requerirían en materia presupuestal? En el evento de modificar la proyección de inversiones requeridos, qué alternativas está pensando el gobierno implementar para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y para avanzar en el avance hacia la superación del estado de cosas inconstitucional.- El desplazamiento forzado ha generado cambios en la estructura demográfica de los entes territoriales lo que implica cambios en los montos asignados por el Sistema General de Participaciones que deben ser evaluados en el marco de los procesos de retorno de población. ¿De qué manera se podría plantear un análisis estructural en términos de formulación y ejecución de la política pública, especialmente en lo concerniente a la asignación de recursos del nivel nacional?- Varias de las iniciativas legislativas contienen instrumentos de desarrollo, generación de ingresos, atención, servicios sociales, que no necesariamente tienen en cuenta a la población desplazada o que por lo menos no es evidente su inclusión dentro de tales iniciativas. En esa medida, cómo ha valorado el gobierno que tales propuestas incluyen a la población desplazada y cuál se proyecta que sea su impacto en términos de goce efectivo de derechos y de superación del estado de cosas inconstitucional? 22.
Seguimiento T-025 de 2004 22- Varias de las iniciativas legislativas tienen impacto profundo en términos de los mecanismos de protección diseñados para garantizar la vida, la seguridad o los bienes de la población desplazada, así como en términos de articulación entre las distintas entidades que hacen parte del SNAIPD. ¿Cómo ha valorado el gobierno nacional esos riesgos y qué medidas está pensando adoptar para reducir el eventual daño que produzcan tales acciones en términos de goce efectivo de los derechos de la población desplazada y de superación del estado de cosas inconstitucional?- Dadas las responsabilidades estatales frente a la población desplazada y la magnitud de la crisis humanitaria, qué planea hacer el gobierno nacional para superar el estado de cosas inconstitucional, a qué ritmo, con qué metas, cómo y con qué prioridades.VI. DECISION47. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Seguimiento a la sentenciaT-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento, de la Corte Constitucional, enejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVEPrimero.- CONSTATAR que a pesar de los avances logrados, el estado de lainformación presentada por el gobierno nacional y el nivel de ejecución de lascorrecciones planteadas, señalan que persiste el estado de cosasinconstitucional, en la medida en que aún no se ha logrado un avancesistemático e integral en el goce efectivo de todos los derechos de la poblaciónvíctima de desplazamiento forzado, ni se ha logrado garantizar de maneraefectiva los mínimos de protección que deben asegurarse en todo tiempo. Lacarga de demostrar que las condiciones que dieron lugar a la declaratoria delestado de cosas inconstitucional han sido superadas, recae sobre el gobiernonacional, y ésta no ha sido cumplida todavía. Con el fin de avanzar en laevaluación de la información remitida, ORDENAR al Director de AcciónSocial, enviar a la Corte Constitucional dentro de los dos (2) días siguientes ala comunicación del presente Auto, los soportes técnicos del informe de goceefectivo de derechos entregado el 1 de julio de 2010.Segundo.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional CORRERTRASLADO del informe presentado por el gobierno el 1 de julio de 2010 alos Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, deDefensa Nacional, de Protección Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, deAmbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director Nacional dePlaneación y al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y laCooperación Internacional.Tercero.- CONCEDER a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienday Crédito Público, de Defensa Nacional, de Protección Social, de Agriculturay Desarrollo Rural, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al 23.
Seguimiento T-025 de 2004 23Director Nacional de Planeación y al Director de la Agencia Presidencial parala Acción Social y la Cooperación Internacional, un plazo de tres (3) meses,contados a partir de la comunicación del presente Auto, para que presenten ala Corte Constitucional, en nombre del gobierno nacional, un informeconjunto en el cual se fije su posición frente a las propuestas, enfoques,diagnósticos y resultados presentados en dicho informe, señale cómo loscambios legislativos y administrativos públicamente planteados incluyen unarespuesta efectiva a la crisis humanitaria que vive la población desplazada, ypara la corrección de las falencias e incongruencias que dieron lugar a ladeclaratoria del estado de cosas inconstitucional, y de respuesta específica alos interrogantes planteados en el párrafo 47 de este Auto.Cuarto.- ORDENAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte,que se dé traslado a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda yCrédito Público, de Defensa Nacional, de Protección Social, de Agricultura yDesarrollo Rural, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al DirectorNacional de Planeación y al Director de la Agencia Presidencial para laAcción Social y la Cooperación Internacional, de los resultados de la TerceraEncuesta Nacional de Verificación presentados por la Comisión deSeguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado.Quinto.- SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación, a laContraloría General de la República, y a la Defensoría del Pueblo, que dentrodel ámbito de sus competencias, continúen haciendo seguimiento a lasacciones adelantadas por el gobierno nacional para la superación del estado decosas inconstitucional y la garantía del goce efectivo de los derechos de lapoblación desplazada, y presenten sus observaciones sobre los retosplanteados por la agenda legislativa impulsada por el gobierno nacional y loscambios institucionales propuestos.Sexto.- INVITAR a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidaspara los Refugiados - ACNUR a continuar presentando los informes queconsidere pertinentes, cuando lo considere oportuno, sobre el avance en larealización del goce efectivo de los derechos de la población desplazada y enla superación del estado de cosas inconstitucional, y sus recomendacionesfrente a los retos planteados por la agenda legislativa impulsada por elgobierno nacional y los cambios institucionales propuestos.Séptimo.- ORDENAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte,comunicar el contenido de la presente providencia al Secretario General de laPresidencia de la República para que éste, informe al señor Presidente de laRepública sobre el contenido del presente Auto para los fines que estimepertinentes. 24.
Seguimiento T-025 de 2004 24Comuníquese y cúmplase. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Ponente JUAN CARLOS HENAO PEREZ Magistrado NILSON PINILLA PINILLA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ Secretaria General Recommended