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Timestamp: 2019-10-20 09:28:18
Document Index: 368871887

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 175', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 107', 'artículo 110', 'artículo 80', 'artículo 83', 'artículo 112', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 50', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 81', 'artículo 2', 'artículo 128', 'artículo 168', 'artículo 260', 'artículo 83', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 112']

﻿ DECRETO 2569 DE 2014
DECRETO 2569 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. REGLAMENTA LAS LEYES 1448 Y 1450 DE 2011, Y MODIFICA EL DECRETO 4800 DE 2011, EN LO RELACIONADO CON LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y TRANSICIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO CON BASE EN LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA SUBSISTENCIA MÍNIMA.
TEMAS ESPECÍFICOS:POBLACIÓN DESPLAZADA, ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, BENEFICIOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, AYUDA HUMANITARIA A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, ATENCIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, MEDIDAS DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
“Mediante el cual se reglamentan los artículos 182 de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1448 de 2011, se modifican los artículos 81 y 83 del Decreto 4800 de 2011, se deroga el inciso 2º del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011.
Que mediante Decreto 1725 de 2012 el Gobierno Nacional adoptó el Conpes 3726 de 2012 que estableció el plan nacional de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas a que hace referencia el artículo 175 de la Ley 1448 de 2011;
Que a través de estos dos planes, el gobierno definió los criterios de acceso gradual y progresivo a las medidas de reparación por parte de las víctimas del conflicto armado, a las que hace referencia el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011;
Que el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, establece la ayuda humanitaria como una de las medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y los artículos 62 a 65 regulan las etapas y competencias para la entrega de la atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado en tres etapas, a saber: inmediata, de emergencia y de transición, reglamentado principalmente en el capítulo V del título VI del Decreto 4800 de 2011;
Que el artículo 107 del Decreto 4800 de 2011, estableció como criterios de la ayuda humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado la sostenibilidad, gradualidad, oportunidad, aplicación del enfoque diferencial y articulación de la oferta institucional en el proceso de superación de la situación de emergencia;
Que el artículo 110 del Decreto 4800 de 2011, ordenó que los componentes y montos de la atención humanitaria en las etapas descritas sean definidos con base en la situación particular de cada víctima y su nivel de vulnerabilidad, producto de causas endógenas y exógenas al desplazamiento forzado, según las siguientes variables: i) carácter de la afectación: individual o colectiva; ii) tipo de afectación: afectación médica y psicológica, riesgo alimentario, riesgo habitacional; iii) tiempo entre la ocurrencia del hecho victimizante y la solicitud de la ayuda; iv) análisis integral de la composición del hogar, con enfoque diferencial; y v) hechos victimizantes además del desplazamiento forzado;
Que de acuerdo con los principios rectores de los desplazamientos internos, las víctimas del desplazamiento forzado tienen derecho a un nivel de vida adecuado, y que, cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán como mínimo: i) alimentos indispensables y agua potable, ii) cobijo y alojamiento básico, iii) vestido adecuado, y iv) servicios médicos y de saneamiento indispensables;
Que mediante Auto 99 de 2013, la Corte Constitucional estableció tres escenarios en los que se pone en riesgo y/o vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de las víctimas de desplazamiento forzado, a saber: a) no reconocer, debiendo hacerlo, la ayuda humanitaria o su prórroga; b) no se hace entrega efectiva de la ayuda humanitaria reconocida, y c) se entrega la ayuda humanitaria, pero incompleta o parcial, “desprovista de toda posibilidad de contribuir efectivamente a que la persona que se ha desplazado recientemente pueda solventar sus mínimas necesidades y, de este modo, pueda tener una vida digna”;
Que en relación con los mencionados escenarios, la Corte precisó las siguientes subreglas para constatar que se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de las víctimas de desplazamiento forzado: cuando las autoridades i) no reconocen la ayuda humanitaria o su prórroga aduciendo únicamente requisitos, formalidades y apreciaciones que no se corresponden con la situación en la que se encuentra esa población, que es fáctica; ii) no reconocen la ayuda humanitaria aduciendo requisitos, formalidades y apreciaciones que no se encuentran establecidos en la ley; iii) se limitan a responder formalmente a una solicitud de ayuda humanitaria y no se hace su entrega efectiva; iv) se limitan al reconocimiento de la ayuda humanitaria por medio del acto administrativo correspondiente y no se hace su entrega efectiva; v) no entregan efectivamente la ayuda humanitaria por razones injustificadas; vi) no la entregan de forma inmediata y urgente, vii) la entregan de forma dispersa a lo largo del tiempo e incompleta, y viii) la entregan sin acompañarla del acceso a salidas efectivas frente a la situación de emergencia fruto del desplazamiento sino que perpetúa la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada;
Que es imperativo reglamentar los criterios y procedimientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia y de transición, con base en la situación y necesidades reales de los hogares víctima de desplazamiento forzado, con el objeto de eliminar las barreras identificadas por la Corte Constitucional mediante Auto 99 de 2013;
Que de conformidad con el artículo 80 del Decreto 4800 de 2011, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas y el Departamento Nacional de Planeación “propondrán al Gobierno Nacional los criterios técnicos de evaluación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta a través de los indicadores de goce efectivo de derechos básicos y restablecimiento económico y social”;
Que el artículo 83 del Decreto 4800 de 2011 establece que la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas debe proferir actos administrativos sobre la determinación de entrega o suspensión de la atención humanitaria y de declaración de la superación de la situación de vulnerabilidad a las personas y hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el registro único de víctimas (RUV), contra los cuales proceden los recursos establecidos en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo;
Que es necesario derogar el inciso 2º del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011 porque el modelo adoptado mediante el presente decreto define la subsistencia mínima a partir de datos concretos y no exclusivamente, como lo hacía el Decreto 4800 de 2011, en función de presunciones asociadas al tiempo transcurrido en el desplazamiento y la solicitud de atención humanitaria;
ART. 1º—Objeto. El presente decreto establece los criterios y procedimientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento forzado con base en la evaluación de los componentes de la subsistencia mínima.
PAR. 1º—Las víctimas de desplazamiento forzado, una vez incluidas en el registro único de víctimas (RUV), acceden a la atención humanitaria mientras presenten carencias en la subsistencia mínima. Una vez superadas dichas carencias, y en concordancia con lo establecido en los artículos 6º y 7º del Decreto 1377 de 2014, serán priorizadas para el acceso a las medidas de reparación y particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la superación de la situación de vulnerabilidad. En todo caso, una vez superada la situación de vulnerabilidad la víctima continuará en el proceso de reparación hasta acceder a todas las medidas de este tipo a las que tiene derecho.
PAR. 2º—Para efectos de las poblaciones a que se refieren los decretos-ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, los criterios y procedimientos para la entrega de atención humanitaria y para la medición de la superación de la situación de vulnerabilidad serán definidos de conformidad con lo establecido en los mencionados decretos y demás normas relacionadas.
ART. 2º—Finalidad. Las previsiones contenidas en este decreto están dirigidas a caracterizar la situación real de cada hogar víctima de desplazamiento forzado y, con base en ello, acompañar a los hogares en el acceso a las diferentes medidas, planes, programas y proyectos contemplados en la Ley 1448 de 2011, particularmente los relacionados con la atención humanitaria de emergencia y de transición, la superación de la situación de vulnerabilidad y la reparación integral, con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, el mejoramiento de la calidad de vida, y la superación progresiva del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.
ART. 3º—Ámbito de aplicación. Serán destinatarios de las presentes medidas las personas y los hogares víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el registro único de víctimas (RUV) que residan en el territorio nacional.
ART. 4º—Principios. Para efectos del presente decreto, los siguientes principios constitucionales y legales se aplicarán así:
1. Buena fe. En atención al principio establecido en el artículo 83 de la Constitución Política y el artículo 5º de la Ley 1448 de 2011, la actuación de las víctimas ante las autoridades estará cobijada bajo el principio de la buena fe, lo cual implica la presunción de autenticidad de los documentos que allegue la víctima y de las afirmaciones por ellas efectuadas.
3. Participación conjunta y actualización de la información. De acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 29 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 50 del Decreto 4800 de 2011, la información veraz y completa que las víctimas aporten a las autoridades y aquella que estas últimas recauden servirán como base para facilitar el acceso de los miembros de cada hogar a medidas de atención, asistencia y reparación específicas según sus necesidades particulares y actuales. El acceso a estas medidas y programas se desarrollará con arreglo al principio de la participación conjunta y activa de las víctimas de conformidad con los objetivos para los cuales estos fueron creados.
5. Debido proceso y actuación administrativa. Toda actuación que se surta en aplicación al presente decreto deberá atender lo establecido en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y en los principios de la función pública establecidos en el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 y la Ley 1437 de 2011, particularmente en lo referido a la garantía de la doble instancia. Igualmente, debido a la especial protección constitucional contemplada para las víctimas de desplazamiento forzado, las personas y hogares a que hacen referencia las disposiciones contenidas en este decreto dispondrán de mecanismos más favorables en lo referente al procedimiento administrativo con respecto de las decisiones que se adopten por la administración en ejecución del presente decreto.
ART. 5º—Componentes de la atención humanitaria. La atención humanitaria es la medida asistencial prevista en los artículos 62, 64 y 65 de la Ley 1448 de 2011, dirigida a mitigar o suplir las carencias en el derecho a la subsistencia mínima derivadas del desplazamiento forzado.
6. Transporte de emergencia, entendido como el necesario en la etapa de atención inmediata que está a cargo de las alcaldías municipales.
Corresponde a la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas entregar los componentes esenciales de alojamiento temporal, alimentación y vestuario en la etapa de emergencia. En la etapa de transición, el componente de alimentación será entregado de acuerdo con la normatividad vigente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o quien haga sus veces, y el de alojamiento temporal por la unidad para la atención y reparación integral para las víctimas, conjuntamente con las entidades territoriales correspondientes, según lo establecido en los artículos 113 y 116 del Decreto 4800 de 2011. En todo caso, y de acuerdo con las disposiciones legales establecidas, este esquema de entrega podrá ser modificado según se considere necesario.
PAR. 1º—La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o las entidades responsables de entregar la atención humanitaria, actuarán de manera conjunta y unificada en la entrega de la atención humanitaria de transición.
PAR. 2º—Las entidades nacionales y territoriales darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia. Esta priorización de recursos deberá considerar las acciones diferenciales para sujetos de especial protección constitucional.
ART. 6º—Carácter personalísimo de la atención humanitaria. En desarrollo de lo previsto en la Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia constitucional, la atención humanitaria es una medida para garantizar un derecho personal, por lo tanto, no se puede ceder, ni endosar, no es acumulable y no es objeto de entrega retroactiva.
ART. 7º—Criterios para la entrega de la atención humanitaria. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto 4800 de 2011, la entrega de los componentes de la atención humanitaria a las víctimas del desplazamiento forzado se fundamenta en los siguientes criterios:
1. Vulnerabilidad en la subsistencia mínima. Para los efectos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1448 de 2011 y en el capítulo V del título VI del Decreto 4800 de 2011 se entenderá como vulnerabilidad en la subsistencia mínima la situación de una persona que presenta carencias en los componentes de la atención humanitaria a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 5º de este decreto.
ART. 8º—Sujetos de la atención humanitaria de emergencia. Las víctimas de desplazamiento forzado incluidos en el registro único de víctimas (RUV) tendrán derecho a recibir atención humanitaria de emergencia en los siguientes casos:
PAR. 1º—La atención humanitaria de emergencia estará compuesta por alojamiento temporal, alimentación y vestuario. Este último componente se entregará exclusivamente y por una única vez a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de solicitud.
PAR. 2º—La atención humanitaria de emergencia incluirá un porcentaje adicional correspondiente a gastos básicos y necesidades urgentes en materia de educación (para niños, niñas y adolescentes) y de salud, los cuales se entregarán exclusivamente y por una única vez a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de solicitud.
ART. 9º—Sujetos de la atención humanitaria de transición. Se entenderá que tienen derecho a recibir atención humanitaria de transición aquellos hogares en que se identifiquen carencias leves en los componentes de alojamiento temporal y/o alimentación.
PAR.—La atención humanitaria de transición estará compuesta por los componentes de alojamiento temporal y alimentación.
ART. 10.—Participación conjunta de las víctimas en el acceso a la oferta institucional para el autosostenimiento del grupo familiar. Para efectos de este decreto, en desarrollo del principio de participación conjunta consagrado en la Ley 1448 de 2011, la atención humanitaria se articulará de manera simultánea y concurrente con los programas de la oferta institucional dirigidos a generar las condiciones de autosostenimiento del hogar víctima de desplazamiento forzado, en el lugar de recepción o en el marco del acompañamiento a procesos de retorno o de reubicación. Para ello, los beneficiarios de los componentes de la atención humanitaria accederán a los programas y rutas dispuestas por las entidades responsables de generar las condiciones para la subsistencia mínima y la superación de la situación de vulnerabilidad.
ART. 11.—Definición de carencias en la atención humanitaria. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, definirá mediante resolución, las condiciones constitutivas de carencias graves y leves en los componentes de alojamiento temporal y/o alimentación.
ART. 12.—Unidad de análisis. Para los efectos de identificación de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación, se entenderá por hogar la persona o grupo de personas, parientes o no, donde al menos una de ellas está incluida en el registro único de víctimas (RUV) por desplazamiento forzado, y donde todas ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas.
PAR. 1º—Para aquellas personas cuyo desplazamiento forzado haya ocurrido en un término inferior o igual a un año, a partir de la fecha de solicitud, la conformación del hogar será definida de acuerdo con la información consignada en el registro único de víctimas (RUV) a partir de la declaración del hecho victimizante.
PAR. 2º—La unidad de análisis referida solo tendrá efectos para la entrega de la atención humanitaria y no necesariamente implicará modificaciones en la composición de los hogares incluidos en el registro único de víctimas (RUV).
ART. 13.—Identificación de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación. La identificación de las carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación se basará en un análisis integral de la situación real de los hogares, a partir de la valoración de todas y cada una de las personas que lo integran, y tomando en consideración las condiciones particulares de los miembros pertenecientes a grupos de especial protección constitucional tales como: persona mayor, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, grupos étnicos, y personas puestas en circunstancias de debilidad manifiesta asociadas a la jefatura del hogar.
ART. 14.—Objetivos del proceso de identificación de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación. Atendiendo las variables establecidas en el artículo 110 del Decreto 4800 de 2011, la identificación de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación realizada por la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas tendrá los siguientes objetivos:
PAR. 1º—Los hogares incluidos en el RUV, cuyo desplazamiento forzado hubiese ocurrido dentro del año anterior a la solicitud de atención humanitaria, no serán sujetos de identificación de carencias en los componentes de alojamiento temporal y alimentación.
Durante el año siguiente a la ocurrencia del hecho victimizante, se presumirá que las carencias en dichos componentes son graves.
PAR. 2º—Atendiendo lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 110 del Decreto 4800 de 2011, en caso de hogares que hayan sufrido otros hechos victimizantes adicionales al desplazamiento forzado, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas tendrá en cuenta la posible contribución de estos hechos a la existencia de carencias en los componentes de la subsistencia mínima del hogar y/o al agravamiento de las mismas.
PAR. 3º—La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas destinará y coordinará la entrega de la atención humanitaria a que hubiere lugar a las víctimas en procesos de retorno y/o de reubicación con acompañamiento institucional y de acuerdo con la valoración de carencias en los componentes de la subsistencia mínima de cada hogar.
ART. 15.—Efectos de la identificación de carencias en el componente de alojamiento temporal. La identificación de carencias en el componente de alojamiento temporal produce los siguientes efectos:
2. En casos de hogares en que se identifiquen carencias leves en el componente de alojamiento temporal, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas entregará la atención humanitaria de transición correspondiente a ese componente conjuntamente con las entidades territoriales correspondientes, según lo establecido en los artículos 113 y 116 del Decreto 4800 de 2011.
ART. 16.—Efectos de la identificación de carencias en el componente de alimentación. La identificación de carencias en el componente de alimentación produce los siguientes efectos:
ART. 17.—Componente de servicios médicos y atención en salud en la etapa de emergencia. En cuanto al componente de salud, como parte integral de la subsistencia mínima, la unidad para la atención y la reparación integral a las víctimas verificará y solicitará a las entidades competentes del sistema general de seguridad social en salud que las personas que conforman el hogar sean afiliadas y tengan las condiciones de acceso efectivo a la prestación del servicio de salud.
ART. 18.—Situación de extrema urgencia y vulnerabilidad. Se entiende que se encuentran en situación de extrema urgencia y vulnerabilidad aquellos hogares que por sus características socio demográficas y económicas particulares y por su conformación actual estén inhabilitados para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, y no puedan cubrir por sus propios medios los componentes de la subsistencia mínima en materia de alojamiento temporal y alimentación.
ART. 19.—Criterios para definir los montos de la atención humanitaria. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 110 y 111 del Decreto 4800 de 2011, se tendrán como criterios para determinar los montos de la atención humanitaria, los siguientes:
ART. 20.—Tasación y frecuencia de la atención humanitaria. La atención humanitaria será proporcional a la gravedad y urgencia de la carencia detectada, de modo que a mayor carencia, mayor será el monto de la ayuda entregada sin perjuicio de los montos máximos establecidos por el artículo 111 del Decreto 4800 de 2011.
PAR. 1º—En el caso de hogares sujetos de atención humanitaria de emergencia, cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de solicitud, se entregará por una sola vez el componente de vestuario. Adicionalmente, se podrá entregar por una (1) sola vez un monto adicional para gastos de salud y en hogares con niños, niñas y adolescentes, se entregará por una sola vez apoyo por concepto de útiles escolares. En cada caso, el monto máximo de cada componente adicional por persona será de tres (3) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
PAR. 2º—En todos los casos, en hogares con niños y niñas menores de cinco (5) años así como en aquellos con madres gestantes y/o lactantes se reconocerá un 15% adicional en el componente de alimentación correspondiente a cada una de estas personas.
PAR. 3º—La tasación y entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición solo aplicará a las personas víctimas del desplazamiento forzado que formen parte de los hogares incluidas en el registro único de víctimas (RUV) y de acuerdo con la resolución que expida la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.
ART. 21.—Suspensión definitiva de la atención humanitaria. La entrega de los componentes de la atención humanitaria se suspenderá de manera definitiva en cualquiera de los siguientes casos:
De la superación de la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado
ART. 22.—Evaluación de la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado. El artículo 81 del Decreto 4800 de 2011 quedará así:
“ART. 81.—De la evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad. En la evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas tendrá en cuenta la información recopilada mediante la red nacional de información a su cargo, las diferentes intervenciones en el marco de su modelo de atención asistencia y reparación integral a las víctimas (Maariv) o de las estrategias, mecanismos y herramientas que sean pertinentes y la verificación de la situación de vulnerabilidad que esta adelante o conozca con el concurso de las entidades territoriales.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015 artículo 2.2.6.5.5.3. del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social )
ART. 23.—Superación de la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado. Se entenderá que una persona víctima del desplazamiento forzado ha superado la situación de vulnerabilidad originada en dicho hecho victimizante cuando se ha estabilizado socioeconómicamente. Para ello se tendrá en cuenta la medición de los derechos a la identificación, salud (incluye atención psicosocial), educación, alimentación, generación de ingresos (con acceso a tierras cuando sea aplicable), vivienda y reunificación familiar, según los criterios del índice global de restablecimiento social y económico, sea que lo haya hecho con la intervención del Estado o por sus propios medios.
PAR. 1º—Se podrá declarar que una persona víctima del desplazamiento forzado ha superado la situación de vulnerabilidad, aún en los casos en que no haya tomado la decisión de retornar o reubicarse en el lugar donde reside actualmente.
PAR. 2º—La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas establecerá la ruta de acompañamiento por una sola vez en el retorno y reubicación para las víctimas que han superado la situación de vulnerabilidad, y decidan posteriormente retornar al lugar de expulsión o reubicarse en un tercer lugar del país.
PAR. 3º—Para los casos en que no se presenten situaciones favorables de seguridad, no podrá declararse la superación de la situación de vulnerabilidad.
ART. 24.—Unidad de análisis. La evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad se hará sobre cada persona víctima del desplazamiento forzado que forme parte de los hogares incluidos en el registro único de víctimas (RUV).
ART. 25.—Fuentes de información. Para la medición de la superación de la situación de vulnerabilidad, La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas tendrá en cuenta la información contenida en los registros administrativos con los que cuente la red nacional de información, la que puedan aportar las entidades territoriales y la recaudada en la interacción con las víctimas en el marco del modelo de atención, asistencia y reparación integral (Maariv) o por el esquema operativo que haga sus veces.
PAR.—Las entidades territoriales contribuirán a la verificación de la situación de vulnerabilidad en los casos en que cuenten con la capacidad técnica, administrativa y/o financiera para hacerla. Esta verificación servirá como insumo para el proceso de evaluación que adelante la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas.
ART. 26.—De los efectos de la evaluación de la superación de la situación de vulnerabilidad. Valorada la situación de vulnerabilidad y declarada la superación de la misma, la persona víctima del desplazamiento forzado no pierde la condición de víctima, permanecerá en el registro único de víctimas (RUV) y será priorizada en el acceso a las medidas de reparación integral a que haya lugar y que se encuentren pendientes.
ART. 27.—Superación de la situación de vulnerabilidad voluntaria por parte de las víctimas. Las personas víctimas del desplazamiento forzado podrán manifestar de manera voluntaria, libre, espontánea y consciente a la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, que consideran que han superado la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado, sin perjuicio de que la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas realice la verificación respectiva con las herramientas pertinentes.
ART. 28.—De las acciones de focalización, priorización y asignación de oferta. Las entidades del orden nacional y territorial deberán tener en cuenta los resultados de la medición de subsistencia mínima y superación de situación de vulnerabilidad para efectos de caracterizar, diagnosticar, planificar e implementar acciones en los planes de acción nacional y territorial.
ART. 29.—Listados para la focalización de oferta. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, como entidad coordinadora del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas (SNARIV), generará en los meses de febrero y agosto de cada año los listados de las personas y hogares víctimas del desplazamiento forzado que requieren oferta para garantizar cada uno de los derechos a la salud, educación, identificación, alimentación, vivienda, generación de ingresos incluyendo el acceso a tierras, empleo y atención psicosocial, de acuerdo con los resultados de las mediciones de subsistencia mínima y superación de situación de vulnerabilidad.
Sin perjuicio de los términos previstos en el artículo 128 del Decreto 4800 de 2011, las entidades del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas (SNARIV) deberán informar a la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en los meses de febrero y agosto sobre el acceso efectivo de las víctimas incluidas en los listados remitidos en el semestre anterior.
ART. 30.—Asignación de la oferta nacional y territorial. Las entidades del nivel nacional y territorial que hacen parte del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas (SNARIV), en el momento de asignar los cupos, subsidios y demás bienes y servicios ofrecidos para garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas, con base en los listados remitidos por la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, deberán tener en cuenta los siguientes criterios mínimos, sin perjuicio de los criterios particulares de la oferta específica, de conformidad con las competencias propias de cada entidad:
PAR. 1º—La regionalización de los proyectos de inversión de las respectivas entidades del orden nacional, deberá tener en cuenta la asignación a la que se refiere este artículo.
PAR. 2º—Las víctimas que hayan superado la situación de vulnerabilidad y que se encuentren en procesos de retorno o reubicación, accederán prioritariamente a las medidas de reparación que no hayan recibido hasta el momento y continuarán siendo priorizadas para el acceso a los programas sociales del Estado.
ART. 31.—De la certificación de las entidades que conforman el sistema nacional de atención, y reparación integral a las víctimas (SNARIV). La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas incluirá en los criterios para la certificación de las entidades nacionales y territoriales que conforman el sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas (SNARIV), su contribución a la superación de la situación de la vulnerabilidad de las víctimas y el goce efectivo de sus derechos, de conformidad con el numeral 4º del artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 260 del Decreto 4800 de 2011.
PAR.—Para la certificación la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, verificará el cumplimiento de lo establecido en los artículos 29 y 30 de este decreto por parte de las entidades nacionales y territoriales que conforman el sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas (SNARIV).
TÍTULO (sic)
ART. 32.—De los actos administrativos de entrega o suspensión definitiva de la atención humanitaria y de la declaración de superación de la situación de vulnerabilidad. El artículo 83 del Decreto 4800 de 2011 quedará así:
“ART. 83.—De los actos administrativos de entrega o suspensión definitiva de la atención humanitaria y de la declaración de superación de la situación de vulnerabilidad. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas proferirá actos administrativos, con la motivación fáctica y jurídica de entrega o suspensión definitiva de la atención humanitaria y de declaración de superación de la situación de vulnerabilidad a los hogares y personas víctimas del desplazamiento forzado incluidos en el registro único de víctimas (RUV), con base en el resultado de identificación de carencias en la atención humanitaria y/o de evaluación de superación de la situación de vulnerabilidad establecidas por este decreto.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015 artículo 2.2.6.5.5.11. del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social )
ART. 33.—Divulgación y socialización. Las entidades encargadas de la implementación de los lineamientos establecidos en este decreto, adoptarán estrategias de divulgación y socialización de los procedimientos, alcances y efectos trazados en las anteriores disposiciones, de conformidad y en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 4º del presente decreto.
ART. 34.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011.
ART. 35.—Implementación. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas adoptará las decisiones correspondientes para la implementación de las medidas establecidas mediante el presente decreto, de manera gradual y progresiva, dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, de acuerdo al siguiente cronograma:
ART. 36.—Derogatorias. El presente decreto modifica los artículos 81 y 83, y deroga el inciso 2º del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011.
Dado en Bogotá, D.C., a 12 de diciembre de 2014.