Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S7-04.html
Timestamp: 2015-05-29 00:26:25
Document Index: 20951559

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 17']

Gabriela Perozo y otros v. Venezuela, Caso 487/03, Informe No. 7/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 564 (2004). INFORME Nº 7/04
5. La Comisión recibió la petición de autos el 27 de junio de 2003 y acusó recibo de la misma en una carta dirigida a los peticionarios, fechada el 3 de julio de 2003. 6. El 19 de agosto de 2003 la Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado, al que concedió un plazo de dos meses para responder. A la fecha del presente informe la Comisión no había recibido respuesta alguna del Estado en relación con esa comunicación.
8. El 11 de marzo de 2002 el Estado respondió que la Fiscalía General había encomendado a dos fiscales de la Circunscripción Judicial del Área Metro de Caracas la iniciación de la investigación correspondiente para aclarar los hechos y determinar las responsabilidades respectivas. Informó además que el Director General de Coordinación Política se había reunido con los tres mencionados periodistas de Globovisión, quienes habían rechazado protección personal, solicitando únicamente números telefónicos para comunicarse con la Policía si fuera necesario. El 20 de marzo fue entregada a los peticionarios la respuesta del Estado. 9. El 30 de mayo de 2002 el Estado envió otra carta, en que señalaba que el caso de Globovisión estaba en la etapa de investigación y que se habían aplicado las medidas de protección correspondientes. Esa carta fue transmitida a los peticionarios el 19 de junio de 2002.
12. El 20 de octubre de 2003 los peticionarios solicitaron una nueva prórroga de las medidas cautelares, alegando que continuaban los ataques contra ellos y que el Gobierno no había aplicado las medidas cautelares anteriormente dispuestas. El 22 de octubre de 2003 la Comisión prorrogó por seis meses más las medidas cautelares y estableció un plazo de 15 días para que el Gobierno presentara sus observaciones con respecto a la aplicación de las mismas. 13. El 20 de noviembre de 2003 los peticionarios presentaron información adicional con respecto a su situación. Esa información fue transmitida al Estado, al que se intimó a presentar sus observaciones dentro de un plazo de 15 días. III. POSICIONES DE LAS PARTES
▪ El 22 de noviembre de 2001 la periodista Gabriela Perozo, el camarógrafo Efraín Henríquez y el ayudante de cámara Oscar Dávila fueron agredidos por partidarios del Presidente Hugo Chávez, que apedrearon su automóvil y trataron de quitarle de las manos la cámara al camarógrafo mientras el equipo cubría una manifestación. ▪ El 10 de diciembre de 2001, cuando la periodista Yesenia Balza, el camarógrafo Carlos Quintero y el ayudante Felipe Lugo estaban tratando de cubrir una manifestación de un grupo de campesinos, fueron rodeados por más de 20 personas que los insultaron a gritos, arrebataron la cámara al camarógrafo, lo tiraron al piso y le propinaron puntapiés, arrastraron a Balza y a Lugo y arrojaron un líquido al primero y lo persiguieron hasta su automóvil, que también golpearon y patearon. Esto impidió al equipo periodístico cubrir la manifestación.
▪ El 3 de enero de 2003, cuando la periodista Carla Angola estaba cubriendo una marcha de la oposición, fue agredida por simpatizantes del Gobierno, que profirieron insultos contra ella y contra Globovisión, hicieron gestos obscenos ante la cámara, bloquearon la cámara y arrojaron contra la periodista un recipiente lleno de orina. 15. Los peticionarios alegan que todos esos ataques fueron cometidos por partidarios del Gobierno del Presidente Hugo Chávez; muchos de ellos miembros de los denominados "Círculos Bolivarianos". Alegan también que los "Círculos Bolivarianos” son organizaciones políticas promovidas por el Presidente de la República para "organizar al pueblo" y "defender la revolución". Esos grupos están constituidos conforme a directrices dictadas por el Poder Ejecutivo, se registran en el Palacio Miraflores y reciben fondos públicos. Algunos de ellos son pacíficos y se dedican a prestar servicios comunitarios, pero se afirma que otros están armados y son violentos. 16. Los peticionarios alegan también que todos los episodios de agresiones antes referidos, perpetrados contra Globovisión, se produjeron como resultado de una prédica sistemática, agresiva y violenta del Presidente Chávez, que comenzó en 2001. Incluyen un gráfico que muestra las fechas de diversos discursos de ese tipo y su relación con los ataques contra Globovisión arriba descriptos, para demostrar que los ataques se produjeron poco después de uno de esos discursos. Los peticionarios alegan que los ataques no sólo no han sido investigados por el Estado, sino que han sido tolerados, justificados y alentados por el Presidente y otros altos jerarcas gubernamentales.
17. Los peticionarios manifiestan que han denunciado todos los episodios de ataques contra el personal y los bienes de Globovisión ante la Fiscalía General de la República, pero que ésta no ha tomado medida alguna para llevar a cabo una investigación seria de ninguno de esos incidentes. Agregan que solicitaron información a la Fiscalía General sobre el estado de las investigaciones mediante carta fechada el 10 de marzo de 2003, sin obtener respuesta. Afirman que proporcionaron a la Fiscalía videos y descripciones verbales de los perpetradores de los diversos ataques, que habrían permitido identificarlos, pero que el Estado no ha hecho esfuerzo alguno para identificar o aprehender a esas personas. 18. Los peticionarios afirman, además, que solicitaron medidas de protección en varios tribunales; medidas a las que se hizo lugar, pero que nunca fueron aplicadas. Como consecuencia de la omisión del Estado de atender las solicitudes de protección formuladas por los peticionarios, Globovisión consideró necesario contratar a una empresa de seguridad privada y adquirir equipo de seguridad, tal como máscaras antigás y chalecos a prueba de balas, para sus empleados. 19. Los peticionarios manifiestan que además de los ataques físicos y psicológicos perpetrados contra los empleados de Globovisión, los medios de difusión han sido objeto de numerosos actos legales y administrativos que entrañan la posibilidad de multas, suspensiones o revocación de las concesiones de emisión de que gozan los medios. Según los peticionarios, esos actos son arbitrarios y han sido dictados con fines de acoso e intimidación, de modo de mantenerlos bajo la constante amenaza de sanciones. 20. Con respecto al artículo 13 de la Convención, los peticionarios sostienen que los actos sistemáticos de agresión cometidos contra los empleados de Globovisión han intimidado a los trabajadores de los medios de difusión y los han inducido a la autocensura, ya que temen por su vida e integridad personal, lo que viola el derecho a la libertad de expresión. También sostienen que el Estado es directamente responsable de esas violaciones de derechos, ya que los actos de agresión fueron cometidos por los "Círculos Bolivarianos", entidades respaldadas por el Estado y que actúan en su nombre, o por partidarios del Gobierno que actúan por incitación de este último. 21. También sostienen que la serie de actos judiciales y administrativos adoptados por el Estado contra Globovisión han suscitado presiones adicionales sobre la estación, tendientes a impedir que publique determinadas notas o puntos de vista, por temor a sanciones, que van desde multas hasta la revocación de la concesión conforme a la que opera. Los peticionarios sostienen que esas medidas jurídicas han sido adoptadas en forma discriminatoria y arbitraria, por lo que violan su derecho a la libertad de expresión. 22. Con respecto al artículo 5 de la Convención, los peticionarios sostienen, primero, que los ataques verbales efectuados por el Presidente y otros altos jerarcas constituyen, en sí mismos, violaciones de la Convención Americana, aducen que el artículo 5 de la Convención protege el derecho a la "integridad moral", que es violada por esas manifestaciones ofensivas, Alegan, además, que el Estado ha violado su derecho al alentar a sus partidarios a atacar a los empleados de Globovisión, amenazarlos con objetos contundentes, golpearlos, proferir amenazas de muerte contra ellos y humillarlos. El hecho de que se les impida ejercer su profesión libremente no sólo menoscaba su integridad física, sino que va en detrimento de su integridad mental y moral.
23. Con respecto a los artículos 8 y 25 de la Convención, los peticionarios alegan que el Estado ha violado sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial al no realizar una investigación seria y exhaustiva de los referidos incidentes de violaciones de derechos humanos, cometidas contra sus empleados. Además, los actos de agresión contra los empleados de Globovisión constituyen delitos; el Ministerio Público es el único organismo que puede promover acciones penales, y su omisión de hacerlo en el caso de los empleados de Globovisión deja a éstos en estado de total indefensión. 24. Los peticionarios señalan asimismo que existe falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, lo que ha impedido a los peticionarios gozar de sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. La falta de independencia se extiende también a los notarios públicos, que dependen del Ministerio del Interior y Justicia y que en múltiples ocasiones se han rehusado, sin razón legal para ello, a autenticar documentos presentados por los peticionarios. 25. Los peticionarios señalan además que el Estado ha incurrido en una violación de sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos protegidos en el marco de la Convención Americana, tal como lo preceptúan los artículos 1(1) y 2 de la Convención. Esas obligaciones generales comprenden el deber de los agentes del Estado de abstenerse de actos que violen derechos humanos protegidos en el marco de la Convención, así como la obligación del Estado de prevenir o investigar y sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por particulares. Como ya se señaló, los peticionarios creen que los perpetradores de actos de agresión deben ser considerados "agentes del Estado" porque actuaron con apoyo y aliento del Gobierno. También señalan que la falta de una investigación seria de los incidentes, así como la omisión del Estado de llevar a los perpetradores a la justicia refleja una violación, por parte del Estado, de su obligación de dar eficacia jurídica a los derechos protegidos en el marco de la Convención, tal como lo dispone el artículo 2.
31. Los peticionarios poseen locus standi para presentar peticiones conforme al artículo 44 de la Convención. En la petición se identifican como supuestas víctimas a personas individuales, cuyos derechos, en el marco de la Convención, se ha obligado a respetar y garantizar la República Bolivariana de Venezuela. En lo que respecta al Estado, Venezuela es un Estado parte de la Convención Americana. Los peticionarios denuncian actos u omisiones directamente imputables al Estado. La Comisión considera, por lo tanto, que posee competencia ratione personae. Además los peticionarios alegan que los actos de los "Círculos Bolivarianos" son directamente imputables al Estado. En su informe sobre los méritos del caso la Comisión se pronunciará sobre la posibilidad de que el Estado pueda ser hecho directamente responsable de los actos de esas entidades. 32. La Comisión posee competencia ratione materiae, ya que en la petición se alegan violaciones de los derechos humanos de los peticionarios protegidos por la Convención Americana conforme a los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 y 25 de la misma. 33. La Comisión posee competencia ratione temporis, ya que los hechos alegados en la petición se produjeron en un momento en que la obligación de respetar y garantizar los derechos previstos en la Convención estaba en vigor para el Estado, que ratificó la Convención el 9 de agosto de 1977. 34. La Comisión posee competencia ratione loci para entender en la petición de autos, ya que alega violaciones de derechos garantizados por la Convención Americana que supuestamente ocurrieron en el territorio de un Estado parte. C. Agotamiento de recursos internos
36. La Comisión y la Corte han insistido repetidamente en su carácter de órganos "coadyuvante[s] y complementari[os]"[6] dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos,[7] condición que se refleja en el artículo 46(1)(a) de la Convención, que permite a los Estados partes decidir casos dentro de su propio marco jurídico, antes de que sea necesario recurrir a un procedimiento internacional. 37. La Convención prevé determinadas excepciones, en casos en que el agotamiento de los recursos internos sea impracticable. Una de esas situaciones es la prevista en el artículo 46(2)(b), que prevé que no es necesario agotar los recursos internos cuando "b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos[.]"
38. En el caso de autos, los peticionarios alegan que se les ha denegado acceso a recursos, porque el Ministerio Público, que posee potestad exclusiva para iniciar investigaciones y promover procesamientos penales por delitos denominados de acción pública, no ha iniciado investigaciones de los delitos denunciados por los peticionarios, quienes efectuaron su primera denuncia de los mismos el 31 de enero de 2002, dos años antes de que se redactara el presente dictamen. 39. El artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión establece que cuando un peticionario alega que no le es posible agotar los recursos internos, se transfiere al Gobierno la carga de probar que determinados recursos internos siguen representando un correctivo eficaz frente al perjuicio alegado. No obstante, el Estado puede renunciar expresa o tácitamente a su derecho de plantear la cuestión del agotamiento de los recursos internos. Específicamente si no responde a la petición dentro del plazo pertinente, planteando en esa oportunidad sus argumentos referentes al agotamiento de los recursos internos, ello constituye una renuncia tácita a invocar el argumento del no agotamiento de dichos recursos.[8] En el caso de autos, la petición fue transmitida al Estado el 19 de agosto de 2003, concediéndose al Estado un plazo de dos meses para responder. A la fecha del presente informe el Estado no había formulado observación alguna, por lo cual ha renunciado tácitamente a su derecho de alegar la falta de agotamiento de los recursos internos. D. Plazo para la presentación de la petición a la CIDH
40. En la petición que se considera, la CIDH ha concluido que el Estado de Venezuela renunció tácitamente a su derecho de oponer la objeción de falta de agotamiento de recursos internos, por lo cual no es aplicable el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. No obstante, las disposiciones de la Convención que requieren el previo agotamiento de los recursos internos y la presentación de la petición dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la sentencia definitiva de la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto la Comisión Interamericana debe determinar si la petición de que se trata fue presentada dentro de un período razonable. A ese respecto la CIDH observa que la petición original fue recibida el 27 de junio de 2003. Los incidentes que se denuncian en la petición se produjeron en el período comprendido entre noviembre de 2001 y enero de 2003. La CIDH considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable. E. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
42. De las manifestaciones de los peticionarios no se desprende que la petición esté pendiente ante ningún otro procedimiento o foro internacional o que sea sustancialmente igual a alguna otra anteriormente examinada por la Comisión u otro organismo internacional Por lo tanto la Comisión considera que en el caso de autos se han cumplido los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. F. Naturaleza jurídica de los hechos alegados
45. Los peticionarios han formulado alegaciones que, si se comprobaren como ciertas, tenderían a configurar violaciones de los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 y 25 de la Convención Americana, y que no son "manifiestamente infundadas" o "evidentemente improcedentes". Por lo tanto, sin prejuzgar sobre los méritos del caso, la Comisión considera que se han cumplido los requisitos de los artículos 47(b) y (c) de la Convención Americana en relación con los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 y 25 de la Convención. IV. CONCLUSIONES
46. La Comisión considera que posee competencia para entender en la petición de autos, y que la misma es admisible a la luz de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en lo referente a las violaciones alegadas de los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 y 25 de la Convención Americana. 47. En virtud de los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto,
1. Declarar que el caso de autos es admisible en relación con las supuestas violaciones de los derechos protegidos por los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 y 25 de la Convención Americana. 2. Notificar a las partes la presente decisión.
3. Continuar con el examen del caso. 4. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Notes_________________ [1] El Comisionado Freddy Gutiérrez Trejo, de nacionalidad venezolana, no tomó parte en el debate y votación del presente informe, conforme a lo dispuesto por el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión. [2] La periodista Rossana Rodríguez Gudiño falleció poco después de este incidente en un accidente de tránsito, por lo cual no figura como peticionaria.
[4] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez (Honduras), Serie C, Nº 4, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafos 135-36. [5] Ídem, párrafo 138; CIDH, Informe Nº 28/96, Caso 11.297, Guatemala, 16 de octubre de 1996, párrafo 45.
[8] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Nº 31/031, Caso 12.195, Admisibilidad, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003, párrafo 35; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi, Excepciones Preliminares, Sentencia del 1 de febrero de 2000, párrafo 53.