Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806066521
Timestamp: 2020-08-10 21:26:48
Document Index: 69377587

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'artículo 124', 'artículo 124', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 21', 'artículo 747', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 19', 'Artículo 105', 'artículo 40', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 123', 'artículo 178', 'artículo 115', 'artículo 41', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 44', 'Artículo 11', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'Artículo 44']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806066521
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 205/2017. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 205/2017. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS. 31 DE ENERO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S., EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: J.F.F.G.S.. SECRETARIA: A.C.C..
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, C.A.M.R., en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Estado de M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M., que a continuación se señalan:
2. La asunción de competencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, derivado del juicio laboral 01/238/06.
3. La sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el diez de marzo de dos mil diecisiete, en la que por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M..
2. El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por conducto del actuario adscrito, notificó al Ayuntamiento actor la sesión plenaria de diez de marzo del propio año, por medio de la cual, se impone al presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/238/06, la destitución de su cargo.(1)
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló, como transgredidos en su perjuicio, los artículos 1o., 14, 16, 17, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional bajo el expediente 205/2017, asimismo, ordenó su turno al M.J.F.F.G.S. por conexidad.
3. La controversia constitucional resulta improcedente, en términos del artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor promovió las diversas controversias constitucionales 253/2016, 100/2017, 111/2017, 149/2017, 171/2017 y 172/2017, las cuales se encuentran pendientes de resolver. Destaca que en dichos asuntos también se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., así como la asunción de competencia por parte del tribunal demandado para ordenar la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., en los que se esgrimen los mismos conceptos de invalidez.
No tiene razón el Municipio actor, en cuanto pretende se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
En ese sentido, señala que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, entonces, procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada ley, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Amacuzac, M., desatendió el laudo dictado en el expediente 01/238/06.
Precisa que al Congreso del Estado de M. compete sancionar actos u omisiones que pudieran derivar en responsabilidad política o administrativa de los servidores públicos por el ejercicio indebido de sus funciones; mientras que la sanción prevista en la disposición que se impugna es una consecuencia directa por desobedecer una resolución dictada por una autoridad jurisdiccional laboral, cuya finalidad es asegurar su debido cumplimiento.
No obstante, continúa, el incumplimiento a los laudos de la autoridad jurisdiccional laboral también constituye una conducta que da lugar a la responsabilidad administrativa o política de los presidentes municipales, ya que la obligación de acatarlos está contemplada en la fracción XXXIX del numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., por lo que no pueden desconocerse las atribuciones que corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus resoluciones, como lo es aplicar la sanción, consistente en la destitución del servidor público infractor, ya que tampoco puede afirmarse que los procedimientos administrativos o políticos sean la vía idónea para hacer efectivas las medidas de apremio, como la contenida en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de suerte que el citado tribunal puede imponer las sanciones procedentes para hacer efectivas sus resoluciones sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos o políticos referidos.
Por lo que toca al acto que compete al Ejecutivo del Estado de M., a saber, la promulgación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, es inexacto que transgreda los artículos 1o., 14, 16, 17, 115 y 133 de la Constitución Federal, ya que actuó conforme a las facultades constitucionales y legales que le corresponden al ordenar la promulgación y publicación de esa disposición legal.
La sanción que contempla la disposición impugnada es la destitución de quienes incumplan las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pero no refiere la desaparición de los Ayuntamientos, en ese sentido, no se encuentra dentro de los procedimientos que refiere el artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con el 41 de la Constitución Local, ya que no se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa ni un juicio político, pues no se pretende desaparecer Ayuntamientos ni suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros; se está sólo frente a una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral.
I. Causa de improcedencia.
Señala que la norma impugnada, al establecer la sanción de destitución de funcionarios que no cumplan con los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no puede dar lugar a una invasión a la esfera de competencias del Municipio actor, pues el único afectado por la resolución es el miembro del Ayuntamiento sancionado, por lo que procede que se reconozca su validez.
NOVENO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio y se puso el expediente en estado de resolución.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de M. y el Municipio Amacuzac, de la propia entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
El Municipio actor reclama: 1) Una disposición general, en concreto, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.; y, 2) Un acto, consistente en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el diez de marzo de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/238/06.
Se afirma que la controversia constitucional es improcedente, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 121/2006,(5) de rubro y texto siguientes:
En el caso, se invoca la diversa controversia constitucional 43/2015, como hecho notorio,(6) para concluir que el acuerdo impugnado en el presente asunto, no constituye el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. en perjuicio del Municipio actor.
Consecuentemente, si en la presente controversia no se reclama el primer acto de aplicación, sino uno ulterior, procede decretar el sobreseimiento por lo que hace a la impugnación de la disposición general reclamada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción VII, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(7)
En ese sentido, resulta innecesario el análisis de los argumentos del Poder Ejecutivo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de M., en los que alegan que el acuerdo que ahora se impugna, no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M..
En cambio, la presente controversia constitucional es oportuna por lo que hace a la impugnación de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el diez de marzo de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/238/06, toda vez que fue presentada dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 21, fracción I, de la ley de la materia.(8)
En el caso, el Municipio actor fue notificado del acuerdo referido el martes dieciséis de mayo de dos mil diecisiete,(9) y surtió efectos el miércoles diecisiete siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo,(10) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(11) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del jueves dieciocho, al miércoles veintiocho de junio de dos mil diecisiete, de los que deben descontarse los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, todos del año en cita, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(12) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(13)
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Amacuzac, Estado de M., compareció al presente juicio por conducto de C.A.M.R., en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Concejo Municipal Electoral el diez de junio de dos mil quince,(15) en la que consta su carácter de síndica suplente, así como copia certificada del acta de Cabildo donde se le tomó protesta como síndica propietaria con motivo de la destitución de la propietaria S.F.R..
De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(16) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., como lo precisó el Ministro instructor en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete.
a) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. La contestación a la demanda la suscribe J.M.D.P., presidente del citado tribunal, quien cuenta con capacidad legal para suscribir la contestación, ya que la representación legal del citado órgano jurisdiccional corresponde a su presidente en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del reglamento interior de dicho tribunal;(19) personalidad que acredita con copia certificada de su nombramiento.(20)
b) Poder Ejecutivo. J.A.G.C.P. comparece como consejero jurídico y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de M., lo que acredita con la publicación de su nombramiento en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de abril de dos mil diecisiete.(21)
c) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de M. comparece B.V.A., en su carácter de diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión solemne celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura en la que consta su designación.(23)
QUINTO.—Causales de improcedencia. Sostiene el Poder Ejecutivo del Estado de M., que el Municipio actor no hace valer conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación de la Ley del Servicio Civil de dicho Estado, actos que no entrañan afectación o invasión a la esfera de atribuciones de dicho Municipio. También sostiene que el propio Municipio carece de legitimación pues no es titular del derecho que pretende hacer valer, ya que el gobernador de la entidad no ha realizado acto alguno que invada o afecte el ámbito competencial municipal y que, por la misma razón, carece de legitimación pasiva el mencionado gobernador.
No les asiste la razón a los Poderes demandados. En una controversia constitucional en que se impugnan normas generales, tienen la calidad de demandados, en términos de lo establecido por el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,(25) tanto el órgano que la hubiera expedido como el órgano que la hubiera promulgado, por lo que con independencia de que se hagan valer o no conceptos de violación por vicios del acto de promulgación, ello no impide tenerlo como acto impugnado al ser parte del proceso legislativo de la disposición combatida, y es, precisamente, por eso que se llama a juicio tanto al expedidor como al promulgador, a fin de que defiendan la validez de dicha disposición, tal como se explica en la siguiente tesis P. XV/2007,(26) del Tribunal Pleno:
Al respecto, debe considerarse que el Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y el acto de aplicación consistente en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el diez de marzo de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/238/06. Por tanto, si el acto que motivó la promoción de la controversia afecta la integración de dicho Ayuntamiento, está justificado el interés legítimo que asiste al Municipio para acudir al medio de control constitucional, tal como se explica en la jurisprudencia P./J. 84/2001,(27) que establece:
Por otro lado, tanto el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, como el Poder Ejecutivo de la entidad señalan que la determinación de destitución del presidente municipal de Amacuzac, constituye una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional.
Es infundada la anterior causa de improcedencia. Es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales cuando se pretende que a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(29) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(30) intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
No obstante, el Tribunal Pleno ha precisado que el referido motivo manifiesto e indudable de improcedencia no se actualiza, aun cuando se impugne una resolución de carácter jurisdiccional, cuando la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades. Así se determina en la jurisprudencia P./J. 16/2008,(31) de rubro y texto siguientes:"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.—El objeto principal de la controversia constitucional es tutelar el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado; de ahí que por regla general no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo; sin embargo, si dichas atribuciones llegasen a rebasar los principios rectores previstos en la Constitución, las posibles transgresiones estarán sujetas a dicho medio de control constitucional. En efecto, de manera excepcional procede la controversia constitucional intentada aun cuando el acto impugnado sea una resolución jurisdiccional en estricto sentido, si la cuestión a examinar atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, pues de lo contrario se llegaría al extremo de que, por ser resoluciones jurisdiccionales, no podrían analizarse en esta vía cuestiones en las que algún tribunal se arrogue facultades que no le competen, llegando al absurdo de que los poderes constituidos carecieran de medios de defensa para impugnar los actos que consideraran violatorios del ámbito competencial que les confiere la Norma Fundamental."
En el caso, el Municipio actor no pretende que se revise la legalidad de las consideraciones de fondo de la determinación a través de la cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje declaró procedente la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/238/06, con fundamento en el artículo 124, fracción (sic) de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., sino que plantea que la citada norma transgrede el artículo 115 de la Constitución Federal, que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos a que a su juicio convengan, de suerte que la sanción impuesta al citado presidente municipal supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, una infracción también en perjuicio del Municipio actor; aunado a que, en todo caso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. carece de competencia para decretar la destitución de un miembro del Ayuntamiento.
1. Controversia constitucional 253/2016: Se impugna la sesión plenaria de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/1032/13.
2. Controversia constitucional 100/2017: Se impugna la sesión plenaria de veintinueve de enero de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/306/03.
3. Controversia constitucional 111/2017: Se impugna la sesión plenaria de siete de febrero de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/198/08.
4. Controversia constitucional 149/2017: Se impugna la sesión plenaria de uno de julio de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 31/01/12.
5. Controversia constitucional 171/2017: Se impugna la sesión plenaria de diez de marzo de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/22/2004.
6. Controversia constitucional 172/2017: Se impugna la sesión plenaria de veinticuatro de marzo dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, se declaró procedente la medida de apremio, consistente en la destitución del presidente municipal de Amacuzac, derivada del juicio laboral 01/142/2005.
De lo anterior, se desprende que en cada controversia constitucional promovida por el Municipio de Amacuzac, M., ha impugnado actos diferentes, por lo que con independencia de que haya hecho valer los mismos conceptos de invalidez, ello no da lugar a que se sobresea en el presente asunto.
En ese sentido, es infundado que en el caso se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que, se insiste, no hay una identidad de actos impugnados.
En suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 40 (sic) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(32) esta Segunda Sala considera el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
"2) La facultad de revocación o suspensión del mandato por haberse incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas Locales, se refiere a los miembros de los Ayuntamientos, como expresamente se señala en el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Magna, miembros que especifica el primer párrafo de la referida fracción del precepto constitucional señalado, al señalar que ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ... integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.’, es decir que tal facultad de revocación o suspensión se refiere al presidente municipal, y a los regidores y síndicos exclusivamente, y no así a los demás trabajadores, empleados o servidores públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo, en términos de la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias."
La jurisprudencia P./J. 19/1999,(34) que se cita en el precedente señala:
Lo anterior también lo destacó el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 7/2004,(35) en los términos siguientes:
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., en su artículo 178 refiere la atribución del Congreso de la entidad, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, para declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes; mientras que en sus numerales 181 y 182, señala los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del Ayuntamiento o revocar su mandato, en los términos siguientes:
La disposición transcrita, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como el artículo 41 de la Constitución del Estado de M. y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., permite considerar que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues de lo contrario se contravendría la Norma Fundamental, al estimar que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje está facultado para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala, con toda claridad, que únicamente las Legislaturas Locales "... por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan."
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud destituir a un integrante del Ayuntamiento, por lo que revocó de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de M. y Ley Orgánica Municipal del Estado de M. citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución previo cumplimiento de los requisitos que la propia disposición constitucional exige para afectar la integración de un Municipio.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a un integrante del Municipio actor, en concreto, al presidente municipal, procede declarar la invalidez del acuerdo dictado el diez de marzo de dos mil diecisiete, en el que, por unanimidad de votos del tribunal referido, se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/238/06.
SÉPTIMO.—Efectos. Conforme a los artículos 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia,(36) que obliga a esta Segunda Sala a determinar los alcances y efectos de la declaratoria de invalidez, fijando con precisión los órganos obligados a cumplirla y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia, y 42(37) del mismo ordenamiento legal, en concordancia con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal,(38) se precisa que la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes y sólo respecto del acuerdo impugnado dado que se decretó el sobreseimiento respecto de la disposición general.
En términos del artículo 44 de la ley reglamentaria de la materia,(39) esta ejecutoria sólo deberá publicarse en el Semanario Judicial de la Federación «y en su Gaceta».
A similares consideraciones arribó esta Segunda Sala, al resolver la controversia constitucional 253/2016, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete.
TERCERO.—Se declara la invalidez del acuerdo dictado el diez de marzo de dos mil diecisiete, en el que se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., por los motivos expuestos en el penúltimo considerando.
CUARTO.—P. esta ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S. (ponente), M.B.L.R. y presidente E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S. (ponente), emitió su voto con reservas.
1. Página 76 de la controversia constitucional 205/2017.
9. Foja 76 de autos.
14. Reverso de la foja 26 de autos.
16. "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
20. Foja 114 de autos.
21. Foja 609 de autos.
23. Fojas 349 a 383 de autos.
26. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1534, registro digital: 172562.
28. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, página 710, registro digital: 193266.29. Texto: "El motivo manifiesto e indudable de improcedencia da lugar al desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional, acorde con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta tesitura, la impugnación de resoluciones jurisdiccionales en la demanda de controversia constitucional constituye un motivo manifiesto de improcedencia cuando de su análisis integral, de los escritos aclaratorios o de ampliación y de los documentos anexos a tales promociones, se aprecie con claridad que los actos cuya invalidez se reclama fueron emitidos por órganos jurisdiccionales o pueden atribuírseles, sin la existencia de elementos relativos a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, lo que constituye la excepción para la impugnación de tales resoluciones. Asimismo, esa petición de invalidez constituye un motivo indudable de improcedencia cuando derivado del análisis de los documentos iniciales del proceso constitucional existe certeza de que se está en presencia de la regla general y no de la excepción de la impugnación de resoluciones jurisdiccionales, lo que genera la plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
30. Texto: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO.’; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
39. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen."Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."