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Timestamp: 2017-11-19 15:53:32
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FERROAFICIONADOS UNIDOS DE CHILE - Sesion 24ª Comisión Investigadora Diputados EFE Larraín Massarente - Legales y Financieros
Sesion 24ª Comisión Investigadora Diputados EFE Larraín Massarente
#1 · 27/Abr/2008, 22:30
Sesión 24ª, celebrada en miércoles 19 de diciembre de 2007,
de 9.19 a 11.47 horas.
Asisten la diputada señora Marisol Turres y los señores Alfonso de Urresti, Fidel Espinoza, René Manuel García, Nicolás Monckeberg, Sergio Ojeda, Jaime Quintana, Gabriel Silber y Gastón von Mühlenbrock.
Concurren, además, los señores Guillermo Larraín Ríos, superintendente de valores y seguros; Armando Massarente, fiscal; Hernán López, intendente de valores; Daniel García, asesor del superintendente, y la señora Stefanie Sinkowitsch, auditora de la división de control financiero de la misma entidad.
El acta de la sesión 22ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El señor ÁLVAREZ (Secretario) da lectura a los documentos recibidos.
El señor PÉREZ (Presidente).- Debo informar que aun cuando el ministro de Hacienda estaba invitado a esta sesión, me llamó en el día de ayer para informarme que estaba comprometido con la Comisión de Hacienda del Senado para estudiar algunas reformas previsionales.
La señora TURRES (doña Marisol).- ¿Pero va a venir en el transcurso de la sesión?
El señor PÉREZ (Presidente).- No, hoy no tiene tiempo.
Por tanto, contamos con la presencia del Superintendente de Valores y Seguros y sus asesores.
La señora TURRES (doña Marisol).- ¿Vamos a aplicar el mismo procedimiento de otras ocasiones en que él primero exponga, o bien derechamente podemos hacerle algunas consultas?
El señor PÉREZ (Presidente).- No, porque si le ofrecemos la palabra puede que se demore media hora o 1 hora, como hemos visto en otros casos, y finalmente no nos queda tiempo para nosotros.
La señora TURRES (doña Marisol).- Entonces, vamos a ir directamente al grano.
El señor PÉREZ (Presidente).- Sí. Para hacer más ágil la sesión prefiero ofrecer la palabra a los diputados y que nos dé una respuesta de inmediato a las consultas, y luego darle tiempo para que haga una exposición rápida.
La señora TURRES (doña Marisol).- Me parece bien.
El señor PÉREZ (Presidente).- Se suspende la sesión para que hagan su ingreso las personas invitadas.
#2 · 27/Abr/2008, 22:34
-Ingresan a la Sala los señores Guillermo Larraín, Armando Massarente, Hernán López, Daniel García y la señora Stefanie Sinkowitsch, en representación de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El señor PÉREZ (Presidente).- Damos la bienvenida a nuestros invitados y agradecemos su participación.
Ofrezco la palabra a los señores diputados para iniciar la ronda de preguntas, y posteriormente, pediremos a nuestros concurrentes que nos hagan una breve exposición sobre lo que interesa y preocupa a esta comisión investigadora.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en primer lugar mi saludo a los invitados.
Mi primera pregunta al señor Superintendente es si usted ocupaba dicho cargo en el plan trienal de ferrocarriles.
El señor LARRAÍN.- No, porque asumí el cargo de Superintendente de Valores y Seguros el 14 de mayo de este año.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Entonces me gustaría hacerle una pregunta global. ¿Usted tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en ferrocarriles, o bien si su antecesor fiscalizó? La obligación de fiscalizar una empresa del Estado se encuentra claramente establecida en la ley. Me imagino que usted nos dará todos los antecedentes con respecto a esa fiscalización y cuál fue el papel que tuvo la Superintendencia de Valores y Seguros en poner atajo, revisar los contratos y ver todo lo que estaba sucediendo en ferrocarriles. Porque no nos cabe en la cabeza que el SEP nos dijera que fiscalizaban, pero al final nunca se dio tal fiscalización. En verdad, me gustaría que contestara esa pregunta y no tratara de centrarse solamente en la pregunta para no comenzar a ahondar en preguntas y preguntas.
En definitiva, nos interesa saber qué estaba pasando; qué han hecho; y cuáles son las fiscalizaciones que puede informar a la Comisión, porque la ley mandata a hacer eso con EFE.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, en el mismo sentido planteado por el diputado señor René Manuel García, quisiera decir que es bueno saber ese dato. Como se dice, las personas pasan y las instituciones quedan.
Queremos saber cuál ha sido el rol de la Superintendencia respecto de esta empresa.
Nos interesa saber si la Superintendencia tiene algún procedimiento para organizar fiscalizaciones periódicas a una empresa como EFE. La ley orgánica constitucional de EFE otorga facultades. Pero necesitamos saber si existe un procedimiento, si hay una investigación de oficio previo a que las irregularidades de EFE se hicieran públicas a través de la prensa, o si esto obedeció a las publicaciones que aparecieron.
De acuerdo con las fiscalizaciones efectuadas hasta la fecha, queremos saber cuáles son, a su juicio, las materias de su competencia, cuáles son las mayores irregularidades detectadas y qué instrucciones han dado a la empresa.
Tengo entendido que el superintendente es economista. ¿Estos problemas de desorden financiero son básicamente una mala administración? ¿Hay otros elementos? A medida que pasan las sesiones, entendemos menos respecto de cómo se llegó a este punto. No debió haber pasado lo que ocurrió, salvo que pusieran a personas absolutamente inexpertas y negligentes.
La mayoría de las personas tenían título profesional, es decir, contaban con las herramientas mínimas para, si no tener una administración fantástica, por lo menos, pudieran mantener una observancia mínima de la situación de EFE.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la misma línea, ya que estimo que coincidimos al escuchar al superintendente, pido que nuestro invitado nos explique qué procedimientos tienen; si existían procedimientos periódicos de verificación de EFE, no obstante considerar que nuestro invitado llegó en la fecha que nos indicaba.
¿Cuál era el procedimiento de fiscalización y de control de esta empresa? ¿Nos puede informar cuál es su diagnóstico?
¿Hay algún procedimiento en curso dada la información de que disponen? ¿Cuál es el diagnostico sobre una empresa de la magnitud de EFE y de las situaciones de público conocimiento?
Vamos a emitir un informe. Por lo tanto, queremos saber si tienen en curso algún procedimiento. ¿Qué sugerencia tienen para fiscalizar mejor a esa empresa y evitar las irregularidades detectadas?
Ayer la prensa informaba respecto de la primera condena en el caso EFE: cien días remitidos, y una multa de 11 UTM, por estafa, a un contratista que, simulando contratos en concomitancia con el ex gerente de administración y tecnología de Ferrocarriles, los usaron para defraudar.
El castigo de cien días de pena remitida, más 11 unidades tributarias mensuales, son francamente irrisorias. Así no se sanciona a nadie que cometa ese tipo de irregularidades, menos aún con los costos que significó para Ferrocarriles y el país.
Una pena de esa naturaleza no inhibe para seguir cometiendo esos delitos. Sabemos que, en general, los delitos económicos por una técnica legislativa, histórica, no tienen grandes penas asignadas.
¿Qué visión tiene como superintendente, en términos generales, de la gradualidad de estas penas de tan baja monta respecto del daño provocado y de la defraudación a una empresa del Estado?
El señor OJEDA.- Señor Presidente, quiero saludar a nuestros invitados, especialmente a don Guillermo Larraín y agradecer su presencia.
A través del tiempo, mientras se producían las irregularidades, se desencadenaba una serie de hechos que llevaron a constituir graves incorrecciones dentro del movimiento de Ferrocarriles.
Sin duda, debe haber habido organismos que fiscalizaban, que controlaban o que debieron haber tomado conocimiento de lo que estaba sucediendo. Las cosas que se han dado a conocer son graves y me imagino que debe haber constancia en alguno de los organismos contralores.
Me gustaría saber, a pesar de que nuestro invitado llegó recién en mayo -las personas pasan y las instituciones quedan-, si hay constancia de alguna fiscalización o de haberse percibido alguna irregularidad o error. Asimismo, si hubo alguna acción tendiente a denunciarlo, corregirlo o sancionarlo.
Saber si se llevó adelante algún procedimiento para evitar, controlar o corregir lo que estaba sucediendo.
No nos podemos convencer de que se hayan producido tantas irregularidades y que no hayan sido detectadas y corregidas. Solamente cuando este asunto salió a la luz, después de mucho tiempo, tomaron conocimiento de ello.
Quisiera que nos informara lo que se hizo en su tiempo, y de qué manera se fiscalizó. También saber si hay constancia de las irregularidades, las acciones y las medidas que se adoptaron.
El señor PÉREZ (Presidente).- Quiero decirle a nuestros invitados que en ese mismo lugar donde se encuentran hoy, hemos tenido a otras personas que han sido un gran aporte para la Comisión, como también, lamentablemente, hemos tenido a personas que nos han ocultado la verdad de manera descarada, lo que ha quedado en evidencia en sesiones posteriores.
Nos da mucha pena que haya seres humanos que ocuparon cargos importantes en EFE y que hayan venido a pretender engañar a la Comisión de la manera más infantil que puedan imaginar.
Esperamos que en esta oportunidad nos colaboren, no nos interesa otra cosa. Lo que no sepan, no lo dirán, pero por sobre todas las cosas queremos claridad absoluta en la información que nos entreguen.
En primer lugar, me interesa saber cuál es el motivo del abandono de su cargo del anterior superintendente de valores y seguros.
Asimismo, ¿cuándo la superintendencia detectó irregularidades en EFE y cuál fue su proceder?
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, quiero realizar algunas preguntas.
¿Qué procedimiento utiliza la Superintendencia para llevar adelante su mandato? Explíquelo, porque aparentemente es una reacción.
¿Qué investigaciones hizo la SVS a EFE durante el período 2000-2005? Se debe incluir a la administración anterior ya que hay cosas que se heredan.
Como muy bien decía el Presidente, han venido personas que, más que decir los problemas y ser humildes con respecto a los errores que han cometido, mienten, descaradamente, luego salen y, prácticamente, los condecoran. Después, uno se encuentra con toda la cantidad de irregularidades que existen.
Me llama la atención el caso de las publicidades. Por ahí vi un oficio de la Superintendencia que también solicitaba antecedentes acerca de eso y daba la impresión de ser algo reactivo. Quiero saber qué ha pasado con todo eso. ¿Entregaron, finalmente, el informe? ¿Quedó satisfecha la SVS con él?
También me interesa saber qué pasa con el tema de los viáticos y facturas que faltaban por documentar. Hasta hoy tenemos la incógnita acerca de cuánto significó a EFE la gran cantidad de viajes a Europa que hicieron muchos ejecutivos para comprar esos trenes que hoy no funcionan. Quiero saber la versión del Superintendente. ¿Es eso recurrente? ¿Qué pasó, desde su punto de vista, en EFE?
Estamos hablando de empresas como EFE que gastan cifras cuantiosas y vemos que aquí no se prendieron las alarmas. Se lo pregunto porque hemos tenido muchos casos, por ejemplo Corfo-Inverlink, y varias empresas grandes. ¿Qué está haciendo la Superintendencia para detectar con anticipación esas situaciones y tomar medidas? No sólo ustedes sino también la Contraloría y los organismos competentes, porque estamos hablando de cifras millonarias y lamentablemente estamos haciendo una fiscalización ex post de los hechos que están ocurriendo, y eso realmente nos preocupa porque en estos momentos, fuera de que tenemos una empresa que hoy no camina, nos ha costado enormemente conseguir la información. Todavía no podemos saber cuál es la permuta, el traspaso de terrenos, la condonación. Cuesta creer la cantidad de desorden que había en una empresa tan importante como ésta.
A raíz de esto quiero saber qué otros antecedentes nos puedan hacer llegar, o advertirnos sobre ciertas situaciones, tal como lo hizo el señor Contralor General, cuando acudió a nuestra Comisión a destacar las irregularidades que estaban pasando. Además de decirnos cuáles son los problemas, dijo algo muy grave: que aquí se entorpeció la labor de la Contraloría General de la República. Por eso quiero saber si también han tenido esa obstaculización en su función fiscalizadora.
El señor LARRAÍN.- Agradecemos habernos invitado a la Comisión. Esto nos brinda la oportunidad de explicar con la mayor cantidad de detalle posible lo que ha hecho la Superintendencia en el proceso de supervisión de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
En relación a la larga lista de preguntas que han hecho y dado que recién en mayo de este año fui nombrado como Superintendente, he solicitado al señor Intendente de Valores, don Hernán López; al señor Fiscal de Valores, don Armando Massarente y a Stefanie Sinkowitsch, que ha sido la persona que ha estado viendo la situación de EFE en terreno y durante todo el período en cuestión, que me acompañen para poder brindarle a la Comisión la mayor cantidad de información y transparencia posible.
La información que ha sido requerida por la Comisión, ha sido entregada en su totalidad y está a su disposición. Es tanta que quizá cueste descifrarla, pero estamos absolutamente disponibles para ayudar a su mejor entendimiento.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Usted dice que ha recibido toda la información y documentación de EFE.
El señor LARRAÍN.- Es todo lo contrario, hemos entregado a la Comisión toda la información que tenemos.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Me refiero a la información recibida por parte de Ferrocarriles. Estamos hablando de que ustedes son los intermediarios y luego entregaron la documentación.
¿Confía en la veracidad de los datos entregados por EFE? ¿Ha comprobado la veracidad de ellos?
El señor PÉREZ (Presidente).- Solicito no interrumpir a los invitados hasta el término de su exposición.
El señor LARRAÍN.- Quiero ordenar las preguntas para que la opinión de la Superintendencia sea clara y transparente para ustedes.
Como hay miembros de la Comisión que no participan de la Comisión de Hacienda, por esa razón me parece interesante explicar cuál es la función natural que cumple la Superintendencia de Valores y Seguros y, luego, el rol que cumple en relación con las empresas del Estado en general y específica de EFE; porque respecto de EFE y de Televisión Nacional la ley le asigna un rol específico.
El rol tradicional de la Superintendencia de Valores y Seguros en relación con la totalidad de las sociedades anónimas del país, consignado en el decreto ley N° 3.338 de 1980, ley orgánica de la Superintendencia, señala que tenemos la superior fiscalización como misión y deber de las actividades y entidades que participan en el mercado de valores y de seguros de Chile. Entonces, nos corresponde velar porque las personas o instituciones supervisadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de estos mercados.
Las atribuciones para eso incluye la interpretación de materias de nuestra competencia, la interpretación de las leyes, de los reglamentos y de otras normas que rijan a las entidades fiscalizadas; fijamos normas, dictamos normas, impartimos instrucciones para el mejor funcionamiento de los mercados; examinamos operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de los entes fiscalizados; inspeccionados por medio de empleados o por medio de auditores externos a los entes fiscalizados y requerimos de los fiscalizados información veraz, suficiente y oportuna sobre su situación jurídica, económica y financiera. En general, hacemos la revisión de los estados financieros, los cuales tienen que estar auditados por firmas externas de reconocido prestigio; revisión de los acuerdos adoptados en juntas extraordinarias; revisión de información esencial entregada por las distintas entidades que nosotros supervisamos; revisión de la información de prensa que lleva al mercado información blanda de las compañías muy útil para nuestra función y, evidentemente, fiscalización en terreno.
Quiero ser sumamente enfático en que la Superintendencia de Valores y Seguros no evalúa, no fiscaliza la gestión de ninguna compañía en Chile. No evaluamos la gestión de la Papelera, de Copec, no evaluamos la gestión de las compañías que fiscalizamos. Este marco, que es nuestra ley orgánica, se enmarca dentro de otras leyes que rigen en nuestro accionar, como es la ley de Sociedad Anónima, la ley del Mercado de Valores. En el conjunto de ello, intentamos cumplir una misión fundamental cualitativa que tiene que ver con nuestro mercado financiero: hacer imperar en nuestro mercado financiero la confianza para que pueda ser eficiente y contribuir al desarrollo del país. Eso es un contexto general que me parece importante que los señores diputados tengan a la vista a la hora de evaluar el rol de la Superintendencia de Valores y Seguros en el caso particular de EFE, al cual me voy a referir enseguida.
La Superintendecia cuenta con 300 funcionarios en su totalidad, quienes cumplen las diferentes funciones. En el registro de sociedades anónimas supervisamos a más de 400 sociedades anónimas, lo que implica supervisar la labor de aproximadamente 2 mil directores de compañías en el país, directores activos, más otros 13 mil, que da un total de 15 mil directores inscritos en el registro de directores, que en algún minuto han sido directores y que están en ese registro. Supervisamos 400 fondos mutuos, todos los cuales tienen su reglamento que debe ser aprobado y supervisado por la Superintendencia; cuatro bolsas a nivel del país, tres bolsas de valores y una bolsa de productos agrícolas; 52 corredores en la Bolsa de Comercio de Santiago más algunos corredores que están en la bolsa de Valparaíso y en la bolsa electrónica, más los corredores de la bolsa de productos; 50 compañías de seguros con alrededor de 3 mil corredores.
Entregué estas cifras para responder una pregunta sobre los procedimientos –encontré interesante la pregunta-, dado que por la naturaleza de nuestra institución, por sus funciones y por la amplia cantidad de actores que debe supervisar, por necesidad física y material, nuestro procedimiento es selectivo. Esto quiere decir que nos importa más aquellas operaciones que puedan atentar más contra la fe pública, que debe imperar en el mercado de valores. Esto se asocia con grandes operaciones y le damos más relevancia que a operaciones pequeñas y aisladas debido, insisto, a la naturaleza del problema que enfrentamos. Esto no quiere decir que no nos preocupemos de las otras, pero naturalmente hay un orden de prioridad que parte por operaciones grandes, operaciones frecuentes, más que por operaciones chicas y operaciones aisladas. Eso se aplica para la totalidad de las instituciones que supervisamos en el país.
Ahora bien, nosotros supervisamos no sólo a ese tipo de empresas del Estado, sino que a una serie de otras empresas del Estado. La ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, establece que cuando el Estado o sus organismos donde haya una titularidad que permita nombrar uno o más directores, esas empresas estarán sujetas a la obligación de presentar información a la Contraloría General de la República, en particular información sobre declaraciones de intereses y patrimonios. El rol de la Superintendencia global respecto de todas las empresas del Estado es verificar que dichas declaraciones de intereses y patrimoniales sean efectivamente remitidas a la Contraloría y hemos impartido distintos decretos y oficios circulares que verifican esta situación.
Entrando en el tema que interesa, en el caso particular de EFE el DFL-1, de 1993, ley orgánica de EFE, en el artículo 38 dice: “La empresa quedará sujeta a la tuición y fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros...”. Aquí hay una primera relación equívoca entre la Superintendencia, por su naturaleza, y las empresas, en particular EFE, porque se habla de una tuición que es algo extraño y nunca ha quedado muy claro lo que quiere decir con ello la ley. Lleva a equívoco respecto de lo que puede dar la Superintendencia sobre la supervisión de la empresa en cuestión.
La señora TURRES (doña Marisol).- Perdón, ¿en qué artículo está el concepto de tuición?
El señor LARRAÍN.- En el artículo 38 de la ley orgánica de EFE.
Luego, el inciso segundo del artículo 39 de la misma ley señala: “El informe de la Superintendencia de Valores y Seguros deberá considerar el cumplimiento de la finalidad de la empresa, la regularidad de sus operaciones y señalar si existe o no responsabilidad de sus directivos o ejecutivos.”.
Nuevamente este artículo hace referencia a una función que no es para nada natural respecto de lo que hace la Superintendencia de Valores y Seguros en cuanto a la totalidad de las empresas que por su naturaleza le toca gestionar. Esta es una ley que nos ha implicado una tarea específica que no está en la naturaleza de la Superintendencia realizarlo. Sin embargo, evidentemente, se ha hecho.
Finalmente, de las obligaciones particulares que la ley nos impone respecto de la Empresa de Ferrocarriles del Estado quiero resaltar, exactamente, con ese nivel de detalle, algunos de los elementos más llamativos que han salido a la luz a raíz de fiscalizaciones nuestras o de los informes de Contraloría, en los cuales hemos tenido que actuar.
¿Qué podemos decir respecto de la situación de EFE? En cuanto a los casos puntuales, me reservaré la opinión hasta el final de mi exposición. Nuestra función tradicional tenía que ver con la evaluación de la información financiera. Hemos estado revisando los estados financieros, periódicamente, de la empresa de Ferrocarriles del Estado desde 1993 en adelante y antes también.
La percepción general que tenemos es que estos estados financieros, que han sido auditados por empresas externas, han sido sujetos de una revisión, incluso de las críticas y observaciones normales que hace la Superintendencia a través del tiempo. Hoy no tenemos mayores conflictos con la información financiera que ha remitido la empresa, salvo respecto de los estados financieros, que producto de la imposibilidad de tener auditores contratados para entregar los estados financieros de junio de este año, solicitó un período extraordinario para entregarlos. Nos negamos a esa petición, ya que las reglas tienen que ser parejas para todos.
No obstante eso, aquellos estados financieros llegaron con atraso y es por esa razón que hoy estamos revisando qué es lo que vamos a hacer con este caso. La empresa, como lo hemos dicho en otras oportunidades, por este hecho, se expone a sanciones.
Otros temas que quiero resaltar respecto de la información financiera y que ha llamado la atención de la comisión y de muchos observadores, tienen que ver con algunos registros de operaciones que han sido registrados como ingresos y que por los cuales ha habido un cuestionamiento respecto de si era razonable hacerlo. Me refiero, fundamentalmente, a la situación de los llamados “atraviesos y paralelismos”. Es decir, al uso de la infraestructura que tiene EFE para llevar cables de distinto tipo de compañías y, por los cuales EFE reclama poder cobrar.
El señor VON MUHLENBROCK.- ¿Por el pago de bonos?
El señor LARRAÍN.– No. Me estoy refiriendo a que hubo una versión de prensa que hablaba de que los estados financieros se habían inflado.
La inflación del estado financiero tiene que ver con que se computa, la empresa reclama, como un ingreso una contienda que tiene con distintas compañías por el cobro de ingresos por el uso de la infraestructura de EFE, en particular con la empresa Telefónica. Esta empresa utiliza partes de la infraestructura de EFE, de rieles y de cables, para llevar ella misma cables y lo que reclaman a EFE es que tienen que cobrarle por este uso. A nosotros nos ha parecido que es un reclamo razonable de parte de la compañía. No obstante eso, la situación es que la empresa Telefónica dice lo contrario y hay una situación de arbitraje.
Cuando se ha hablado en la prensa, en los últimos meses, de que habría habido estados financieros inflados, se hace referencia, en forma importante, a EFE.
Tenemos esta situación en compás de espera, porque hay un arbitraje y cuando éste se resuelva vamos a actuar en consecuencia. Pero, nos parece que el reclamo de la empresa de incorporar como ingreso un cobro que tendría que hacerle a las empresas que están utilizando la infraestructura de EFE, nos parece que es razonable y por esta vía no hemos rechazado estas partidas que implican incrementos importantes en los ingresos de EFE de los últimos años.
Estas bases razonables tienen que ver con la ley de EFE que, a nuestro juicio, le da facultades para cobrar por el uso de su infraestructura por convenios que ha tenido la empresa con CTC y por estudios de abogados. Es el caso del estudio Cariola, quien hizo un informe, donde avala las facultades que tiene EFE para hacer dichos cobros.
Dentro del rol tradicional de la Superintendencia respecto de la empresa EFE están las operaciones por interés. Éstas, en el caso particular de EFE, tienen que ver con que su Presidente, el señor Ajenjo, tenía un interés particular en algunas empresas y establecía contratos con ellas: contratos de publicidad con la revista Siete + 7 y con radio Cooperativa. Este es un tema natural de nuestra función y hemos oficiado a la empresa, dentro de nuestro proceso de investigación, para luego tomar decisiones una vez que hayamos obtenido toda la información. Debo decir que esta empresa, en muchas ocasiones, ha tenido problemas para entregarla a tiempo y, en reiteradas oportunidades, se lo hemos hecho saber.
La investigación de estos casos son procesos en curso y, normalmente, por la naturaleza reservada de todas las investigaciones, no hacemos comentarios sobre esta materia. Sin embargo, podemos responder sólo algunas preguntas que puedan tener en particular sobre este punto.
Ahora, como comentábamos al inicio, estamos recién trabajando en estos temas. Estamos hablando de contratos que, en su totalidad, son por montos relativamente bajos y que, parte de ellos, estaban designados a una agencia de publicidad que subcontrató a las empresas en cuestión. No obstante ello, nos parece que estas operaciones por interés tendrían que haber sido aprobadas por el directorio antes de ser ejecutadas y no después como ocurrió en este caso.
Acerca del rol de la Superintendencia con relación a las empresas del Estado, ¿qué podemos decir con respecto a EFE en lo relativo a declaraciones tanto de patrimonio como de intereses de sus directores y de sus gerentes generales? En forma bastante clara, aquí ha habido una dilación muy grande de muchos personeros de EFE en entregar sus declaraciones de intereses y de patrimonio. Hemos estado permanentemente pidiéndolas, algunos las han presentado, pero todavía quedan otros por presentarlas.
Por otro lado, la estrategia que tomó la Superintendencia desde 1995 en adelante -y creo que es razonable- ha sido solicitar que la compañía, a través de sus empresas auditoras de reconocido prestigio -en algunos casos ha sido Ernst & Young y, en otros, KPMG- extienda el contrato de auditoría para que ellas hagan referencia y una visión particular respecto de las funciones que la Superintendencia tiene que tener a la vista. Es decir, va a tener un doble chequeo, por medio del auditor externo, de aquellas funciones que la ley le impone específicamente en el caso de EFE.
Por lo tanto, reitero, nuestro rol ha tenido un doble chequeo con los auditores. Ello ha sido una política de la Superintendencia, la cual pidió a la compañía que extendiese el contrato de los auditores para que vieran lo mismo que la ley la obligaba a ver, lo que no está en los contratos de auditorías.
Algunos de los casos relevantes para esta Comisión son los de Evasa e Invia. Acá la Superintendencia ya actuó. Se hizo una censura al gerente general de la compañía por no entregar información.
En el caso de Renfe, que es la mayor parte de los contratos de adquisición de material rodante...
El señor PÉREZ (Presidente).- ¿La censura es a Evasa?
El señor LARRAÍN.- El ex gerente general de EFE, señor Dupré, recibió una sanción de censura por demora en la entrega de información.
Una cosa importante respecto del contrato que se pidió que estableciera la empresa con los auditores -que iba más allá del rol del auditor para obtener este doble chequeo de la obligación adicional de la Superintendencia respecto de EFE- es que la parte de la información adicional se entregaba sólo a la Superintendencia y no a la empresa, de manera de tener un chequeo de primera mano y sin que la empresa estuviese enterada del contenido de esa parte del informe.
Respecto de los casos de Renfe, hemos estado siguiendo las adquisiciones que ha estado realizando EFE, pero desde la perspectiva de lo que nos compete ver. Con la información que hoy tenemos, en el entendido de que se nos ha entregado toda la información relevante –si no ha sido así, las conclusiones pueden cambiar-, habiéndose cumplido los reglamentos internos de EFE que incorporaban una aprobación del directorio como norma general de adquisición de material rodante y existiendo una norma aprobada por el directorio respecto de adquisiciones en forma extraordinaria, la Superintendencia no tiene mayores observaciones que hacer al respecto.
En cuanto a lo que mencionó recién el diputado Von Mühlenbrock respecto de los bonos del gerente general, de la información y del análisis que ha hecho la Superintendencia, se puede concluir que dicho bono tiene una base legal que está respaldada por contratos que fueron definidos adecuadamente en su minuto, y el cálculo del monto del bono contó con las deducciones, con aquellas partes de los estados financieros que efectivamente eran cuestionados. Eso fue hecho en su minuto. Desde nuestro punto de vista, se cumplieron las formalidades y los contratos para el cálculo del bono al gerente general. No tenemos observaciones que hacer al respecto.
La Superintendencia sí ha manifestado, ha sido de público conocimiento, una opinión en contrario respecto de las dobles dietas que algunos directores de la empresa tenían en otras empresas del Estado. Hemos tenido una diferencia de opinión con la Contraloría General de la República. Son opiniones de dos instituciones que obedecen a lógicas propias. Nosotros mantenemos nuestra opinión de que hay una incompatibilidad en ese sentido, no obstante lo cual hemos pedido información adicional. Eventualmente, este tema tendrá que zanjarse en los tribunales.
Como diagnóstico global, desde el punto de vista de la ley, tenemos que a la Superintendencia se le está exigiendo, conforme con el decreto con fuerza de ley N° 1, que cumpla una serie de formalidades para las cuales no está estrictamente preparada y que tienen que ver con evaluaciones de algunos elementos de gestión.
Ante ello, la Superintendencia adoptó un criterio que me parece razonable y que se tradujo en la contratación de una opinión alternativa, cual fue la de los auditores.
Pero más aún, hay un traslape entre las funciones y obligaciones de la Superintendencia, en esa ley, con las de la Contraloría General de la República. Hoy día hay una duplicidad de obligaciones entre la Superintendencia y la Contraloría General de la República, hecho que nos parecería del todo razonable que se pudiera corregir en la nueva ley de gobiernos corporativos públicos anunciada por el ministro de Hacienda.
Finalmente, los casos de fraude tendrán que ser efectivamente sancionados. Concuerdo con que las condenas son reducidas, considerando que en este caso se está atentando contra la fe pública.
En general, el problema fundamental que enfrentamos en el caso de EFE es una mezcla de gobierno corporativo de la compañía, enmarcado en un contexto legal, que tiene esta suerte de superposición de funciones entre la Superintendencia de Valores y Seguros, la Contraloría General de la República y el Sistema de Empresas Públicas.
Creo que esto no está bien zanjado en la actual institucionalidad y debiera ser considerado en una ley futura.
En consecuencia, hay problemas de gobierno corporativo y de gestión, respecto de los cuales a la Superintendencia no le compete referirse.
#3 · 27/Abr/2008, 22:42
El señor PÉREZ (Presidente).- ¿Por qué abandonó el cargo de asesor? ¿Cuál ha sido su reacción después de detectar las irregularidades? ¿Ha enviado los antecedentes a los tribunales?
En cuanto a las condenas que hemos conocido por los medios de comunicación, algunas son tan reducidas, que parecieran ser un estímulo para que las personas reincidan en aquellas faltas que se están sancionando. En este caso, es un negocio redondo para estos caballeros. Esperamos que sea corregido en otras instancias, por cuanto nos parece lamentable.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, no me quedó claro el argumento del señor Larraín cuando se refirió a que se tenía como ingreso en su estado financiero lo que a futuro podrían cobrar por la instalación de esos cables.
No soy economista, y por eso pregunto sobre esta materia con mayor detalle.
El superintendente decía que no era –no encuentro un término más adecuado en este momento- “reprochable”, o no se cuestionaba por ahora que se tuviera como ingreso algo que efectivamente todavía no está zanjado. Si ello actualmente está en un tribunal arbitral, ¿por qué no va a ser cuestionable que se dé por hecho algo que aún no está resuelto? ¿Y si resuelve en sentido contrario? Ese estado financiero sería cuestionado.
Por lo tanto, ¿por qué hoy se acepta eso, si está por resolverse?
Me gustaría tener un mejor fundamento al respecto, porque se puede decir: “Sí, lo acepto, porque puede ser” o “Yo creo que tiene la razón”, pero el definir ese conflicto no está en manos de la Superintendencia, sino de un tribunal arbitral. Y sabemos que existe la eventualidad de que ello no se dé en esa manera.
Por otro lado, él señor superintendente se refirió al criterio selectivo para efectos de fiscalizar algunas empresas. Aquí, varios diputados preguntamos si se realizó alguna investigación antes de que las irregularidades que se veían en EFE aparecieran en la prensa o en forma posterior.
El señor superintendente habló de una superposición de funciones entre la Contraloría y la Superintendencia de Valores y Seguros o del SEC. ¿Exactamente en qué punto se da dicha superposición? Porque si el día de mañana estimamos pertinente legislar sobre esta materia es bueno y oportuno saber dónde.
Por último, esto también nos debe hacer reflexionar respecto de las sanciones. Porque sancionar a una empresa del Estado con una multa significa que el Estado se meta la mano en un bolsillo, saque los recursos y los ponga en el otro. Entonces, da exactamente lo mismo.
Insisto en que no deja sorprenderme ver en cada sesión el grado de incumplimiento para enviar lo que se le pide, como los estados financieros, para estudiar las declaraciones de patrimonio e intereses de sus directores.
Obviamente, a todas esas personas la sanción les dice nada. Es decir, con una censura pueden seguir en sus funciones, inclusive no tienen ningún impedimento para ir a otras empresas del Estado y hacer exactamente lo mismo.
Por tanto, más allá de la censura, qué otra sanción que tenga algún efecto real sobre los sancionados puede aplicar en este caso la Superintendencia de Valores y Seguros.
El señor GARCÍA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Respecto de las preguntas del diputado señor Pérez, el abandono del cargo del ex superintendente, don Alberto Etchegaray, no guarda ninguna relación con el caso en cuestión, sino obedece a un problema de disconformidad respecto de lo que se había denunciado: El título profesional que en ese minuto él detentaba. Eso no tiene que ver con este caso en particular.
Lo otro que mencionaba el Presidente de la Comisión tiene que ver con cuándo detectamos irregularidades. Ésta es una de las preguntas que recién hizo la diputada Turres respecto del tema de la prensa. Hay irregularidades que podemos identificar cuando entramos a una compañía y analizamos sus estados financieros. Por eso, me pareció importante partir entendiendo la complejidad del trabajo que hace la Superintendencia. Por la naturaleza de lo que hacemos, las operaciones de montos menores en general se tienden a ver después de las de montos grandes. Entonces, puede ocurrir que las operaciones de montos menores, como, por ejemplo, en la contratación de servicios de publicidad en el caso del Siete+7 y de Radio Cooperativa, que eran de montos relativamente bajos, no se vean en instancias naturales, en primeras visitas, porque en esos casos la Superintendencia puede hacerse parte cuando aparece en algún aviso de prensa. Pero, cuando se trata de grandes irregularidades, la Superintendencia lo puede ver desde un primer plano.
Respecto de la pregunta sobre los atraviesos y paralelismos, eso es algo que ocurre a menudo con las compañías que tienen las denominadas cuentas por cobrar, las cuales aparecen en los activos, pero representan deudas que terceros tienen con ellas. En este caso, si ustedes quieren conocer más detalles del proceso que se ha hecho, se lo pueden consultar al intendente, pues él ha estado analizando el tema en todo momento. Esas cuentas por cobrar tienen un impacto en el estado de resultados de cada año. De manera que en la medida que no se produce el ingreso, se van generando provisiones y a través del tiempo las cuentas se tienden a corregir. Esa es la práctica habitual en todas las sociedades anónimas. El mandato que nos entrega la ley de EFE es que tratemos a dicha empresa como cualquiera otra sociedad anónima. Entonces, se le ha dado el mismo trato y se le ha exigido que vaya generando provisiones, a medida que la situación de arbitraje con la CTC se vaya postergando en el tiempo.
En cuanto a la superposición de funciones, en el artículo 39 de la ley está lo fundamental del problema. Dicho precepto legal señala: “El informe de la Superintendencia deberá considerar el cumplimiento de las finalidades de la empresa,…” Sin embargo, eso excede el ámbito natural de nuestro trabajo. Asimismo, agrega: “…la regularidad de sus operaciones”. ¿Eso quiere decir que los trenes lleguen a la hora? No se sabe. Fundamentalmente, el cumplimiento de las finalidades de la empresa y la regularidad de las operaciones generan el mayor problema, porque tienen que ver con la gestión. Además, el artículo 38 somete a la empresa a la tuición de la Superintendencia. ¿Eso quiere decir que somos el directorio de la empresa o estamos por sobre él? Tampoco se entiende bien. A mi juicio, ese sería el centro del problema. Pero, obviamente habría que hacer un análisis más detallado de la ley.
Finalmente, respecto de las sanciones, éstas pueden ser incluso pecuniarias a la empresa y en algunos casos a las personas. Dependiendo del caso, hemos aplicado sanciones pecuniarias a la persona. Lo que hacemos es tratar a los directores de esas compañías como a cualquier otro director de los 2 mil directores activos que tenemos en nuestro registro. Si no hemos impuesto sanciones de esta naturaleza es porque desde la perspectiva de lo que nos corresponde no lo ameritaba, pero eso no obsta a que ocurra en el futuro.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).- Quiero mostrar a nuestros invitados la transparencia con que actúa Ferrocarriles del Estado al enviarnos los documentos que solicitamos. ¡Todas las partes importantes están borradas! ¿De qué transparencia hablamos cuando Ferrocarriles envía así la información que se le solicita? ¡Las partes más importantes están vetadas por Ferrocarriles!
El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, tiene mucha razón cuando dice que los directores de Ferrocarriles obstruyeron la labor de la Contraloría.
Tiene la palabra el señor Hernán López.
El señor LÓPEZ.- Señor Presidente, quiero extender la explicación del superintendente sobre el reconocimiento de ingresos. Éstos se efectúan respecto de derechos que Ferrocarriles entiende sobre el cobro de servicios de paralelismo y atraviesos. Estos se reconocen en el momento que se entiende que tenía el derecho y no es respecto a futuros servicios, sino que a ingresos propios en razón de los servicios que está otorgando o que ha otorgado en el pasado. Lo que ha hecho EFE es reconocer eso en sus ingresos e iniciado, posteriormente, un proceso de cobro. Ese proceso no ha tenido una respuesta satisfactoria y se genera la necesidad de provisionar estas cuentas. Se reconoce por las partes que el servicio está siendo otorgado, porque por algo se sujeta a un arbitraje, ya que si alguien no está dentro de un esquema de contrato no estaría expuesto a someterse a un sistema de arbitraje.
Además, quiero complementar el tema de la superposición de funciones. Las funciones que le otorgaron a la Superintendencia son las mismas que se le otorgan a la Contraloría en su ley orgánica respecto al resto de las empresas. El artículo 16 de la ley orgánica de la Contraloría señala que tiene que “cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados”
Es decir, aquella función que es propia, natural, de la Contraloría fue dada en el decreto con fuerza ley N° 1 a la Superintendencia. Si se revisa el artículo 40 del DFL 1 se señala que la empresa sólo estará afecta al control de la Contraloría General de la República “en los mismos casos, oportunidades, materias y formas en los que estaría una sociedad anónima abierta privada.” Resulta curioso, pero parece haber una suerte de enroque de funciones: aquello que aparece como natural a la superintendencia es otorgado a la Contraloría y al revés, aquello que es propio de la Contraloría aparece otorgado a la Superintendencia. Queda claro que hay algo que se debe revisar.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, en nuestro poder tenemos antecedentes que hablan del pago extraordinario e indemnización efectuada a funcionarios de la empresa de Ferrocarriles del Estado por el período 2003-2006, que son bastante altos.
Me llamó la atención el antecedente que entregó el señor Larraín de que ha habido cierta reticencia y dilación en la entrega de la declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios de Ferrocarriles. Me gustaría saber la fundamentación legal para no hacerla, porque si todos estamos obligados –incluso los parlamentarios- ¿a qué nivel lo están exigiendo?, porque no son personas particulares.
También pido que nos informen si se han aplicado sanciones o algún procedimiento de apercibimiento para aquellos que no han entregado esta declaración de patrimonio de intereses, la cual para nosotros es fundamental a fin de establecer la transparencia de lo ocurrido en este tipo de hechos que estamos investigando.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).- Les advierto que debemos suspender la sesión en 2 minutos más debido a que tenemos que ir a la Sala y luego volver a las 10,45 horas.
Por lo tanto, propongo dejar las preguntas hechas.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, quiero preguntarle al Superintendente por qué él consideró que estaba jurídicamente bien el pago de bonos. También me llama mucho la atención que haya finiquitos, en circunstancias de que no existía ninguna cosa pendiente y, después, aparece este pago de bonos con posterioridad. Me gustaría conocer su opinión al respecto.
Por otra parte, por qué se censuró al señor Dupré y cuál es el procedimiento que se usa para censurar a una persona. También quiero saber si es la única persona de EFE que hasta la fecha ha sido censurada por la Superintendencia, y si es así por qué otras personas no lo han sido. Solicito hagan llegar copia de esa censura.
También queremos conocer los antecedentes respecto de la licitación que hubo para los terrenos de San Joaquín y San Eugenio, donde hay más de 4 mil metros que están volando y que hasta el día de hoy no hay claridad ni tampoco ha llegado a la Comisión el proceso de esa licitación.
Solicito nos hagan llegar las actas del directorio de las empresas filiales de EFE –que por lo demás es su función-, por ejemplo Merval del año 2000 a la fecha, porque las hemos pedido muchas veces en nombre de la Comisión y todavía no llega ninguna.
Otra cosa se refiere a las personas de Invia, quienes cuando vinieron a la Comisión se lavaron las manos al señalar que era una corredora mandatada por EFE; por lo tanto, es una corredora que le paga el Estado. Entonces, ellos actuaban de acuerdo a la necesidad de EFE. Quiero saber si ustedes han detectado algún problema de parte de Invia en lo que respecta a los terrenos.
Con relación al tema de las permutas o transacciones que hacía EFE con proveedores, ¿ustedes han sentido obstrucción –como lo dijo el Contralor General de la República- desde el punto de vista de la Superintendencia a su labor con respecto a EFE o algunas de sus empresas filiales?
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el Superintendente nos informó claramente que entre sus funciones estaba auditar los estados financieros y revisar informes de prensa, no evaluar la gestión empresarial.
Me gustaría pedirle que nos aclare con mayor precisión, dentro de los estados financieros, ¿cómo es posible que, de acuerdo con los informes de Contraloría, y con distintos informes internos, con una empresa que tiene un déficit enorme por mala gestión financiera, y que corresponde a ustedes auditar, se hayan pagado bonos, en especial al ex gerente general señor Castillo y a una serie de funcionarios que figuran en este listado? Se trata de bonos inauditos por los montos, además que se deben considerar las indemnizaciones por años de servicios.
¿Cómo es posible que suceda, conociendo la legislación que se aprobó en esta Cámara en orden a evitar pagar indemnizaciones a empresas con déficit y mala gestión? Nos gustaría saber dónde está el control de ustedes.
Es increíble esta situación. Es una afrenta a Ferrocarriles que estos señores, luego de hacer pésimas gestiones, se vayan con montos millonarios. Esto es increíble.
Por lo tanto, solicito que se cite a esas personas y a quienes estuvieron a cargo de pagar estos bonos. Pido que se envíen los antecedentes a la justicia, si corresponde. Porque esto es reírse de la opinión pública.
Pido, entonces, que se aclaren los hechos respecto de lo que a usted corresponde, no respecto de la gestión empresarial, porque no les corresponde. Pero sí respecto de los estados financieros.
¿Cómo una empresa con estos estados financieros abultó los montos para pagar esos bonos?
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).- Señor diputado, ¿podría dar a conocer algunos montos de bonos a fin de que la gente que escucha no quede con dudas?
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, tenemos la indemnización por años de servicios. Hablamos de cifras de 55 millones de pesos, de 170 millones de pesos y de 125 millones de pesos. Hay montos también por bonos, en especial para el ex gerente general, señor Castillo. Se trata de bonos sobre estas indemnizaciones. Eso les compete. Queremos saber cómo y bajo qué circunstancias se pagaron esos bonos.
El señor GARCÍA, don René Manuel (Presidente accidental).- Se suspende la sesión.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, voy a insistir sobre un tema de la mayor relevancia.
Se ha hablado en general, y un señor diputado recién preguntó respecto de las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. Consulté sobre si hubo algún procedimiento fiscalizador anterior al de la prensa. Me da la impresión que no entiendo las razones.
Sin embargo, quiero saber si el tipo de incumplimientos por el atraso en la entrega de información, ya sea de los estados financieros o de las declaraciones de intereses y de patrimonio de los directivos, y si este fenómeno se produjo solamente ahora, o si se ha producido al menos en los años en que estamos investigando respecto de las irregularidades cometidas por los anteriores directores, se produjo con anterioridad. Y si ha habido antes de esta sanción, de esta censura, sanciones, por estas razones, a otros directivos.
Quisiera saber dos cosas: si este tipo de irregularidades, que aquí son de más fácil detección, como el atraso en la entrega de información se ha producido antes y si ha habido sanciones.
Y respecto de los montos de las sanciones, a las que hacía referencia hace un rato, desde dónde y hasta dónde van, porque, al final, uno ve que, a lo mejor, el enriquecimiento igual puede valer la pena si la sanción es mínima.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, escuchábamos al superintendente, quien nos dijo que tenía las mismas funciones que la Contraloría.
No sé si fue una queja o una advertencia, pero la ley otorga poder de fiscalización.
Me gustaría saber si las investigaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros coinciden con las de la Contraloría, porque él dice que son de su planta. Pero, lo que me importa, es que la ley le da la atribución para hacerlo.
Respecto de que se ha metido en el patrimonio de las deudas de Ferrocarriles, de lo que tienen que pagar las otras empresas, eso para mí es como el cuento de la lechera que iba con un jarro de greda pensando en que iba a comprar un auto o un camión. Pero se le rompió el jarro y no alcanzó a vender la leche.
Me gustaría saber si hay algún contrato de Ferrocarriles, o una servidumbre por ciertos años, sin ningún cobro. Si bien es cierto, en el fondo pueden tener razón, porque las empresas eléctricas o de cable cobran.
Pero quisiera saber qué tipo de contrato existe y cuál es el argumento que tienen para basarse en este tremendo patrimonio incobrable.
Asimismo, saber si Ferrocarriles facturó a la empresa que supuestamente tendría que pagar esa especie de peaje.
Quiero saber con absoluta claridad si estamos hablando de supuestos o si han hecho investigaciones. Si es sobre supuestos, no vamos a avanzar mucho.
¿Qué opinión le merece el encubrimiento descarado que han hecho los gerentes y los miembros del directorio, unos a otros?
Creo que no habla bien de la transparencia que deben tener las empresas públicas.
Para ahondar más en lo que preguntaba el diputado Alfonso De Urresti, quiero saber si han tenido oportunidad de ver las indemnizaciones y que se pronuncien, como superintendencia, sobre su corrección.
¿Esa gente tenía indemnización a todo evento?
Las indemnizaciones de las empresas públicas, sobre todo en la calidad con que estaba trabajando Ferrocarriles, ¿son a todo evento? ¿En qué se basan? ¿En un contrato? ¿En un premio por la gestión?
El señor PÉREZ (Presidente).- Quisiera consultar a nuestros invitados, cuál es el mecanismo que tiene la institución para requerir que se entregue información de las empresas que están siendo revisadas, auditadas, como el caso de EFE, cuando la información es lenta en su entrega.
Hay investigaciones que ustedes están realizando y han pasado muchos meses sin que llegue la información, según lo señalado por el propio superintendente.
¿Qué mecanismo usa la institución cuando pasan muchos meses y no reciben la información que les interesa?
En la sesión pasada un diputado consultó sobre la venta de bienes de EFE, concretamente partes de recintos de estaciones sureñas, a muy bajos precios, de acuerdo con el listado que recibimos.
¿Están chequeando esa situación y analizando si se reitera la venta a las mismas sociedades o personas? Me refiero a las ventas iniciales.
¿Qué han detectado en cuanto a supuestas irregularidades en ese sentido?
Tiene la palabra el señor Guillermo Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quisiera iniciar mi intervención tomando algunas de las preguntas que hicieron los señores diputados antes de la suspensión de la sesión, para continuar con las que se agregaron ahora.
Voy a partir por el tema de los bonos e indemnizaciones que generan inquietud entre los señores diputados.
Respecto de ese punto voy a separar mi exposición en dos; uno, la legalidad, la mecánica del pago de los bonos e indemnizaciones en cuestión. En seguida, me voy a sacar el traje de superintendente y me voy a poner el de ciudadano para dar una opinión más bien cualitativa, de sentido común. Dos cosas que no necesariamente coinciden.
Respecto de la mecánica y legalidad de los bonos e indemnizaciones, en primer lugar, resulta complejo, para un organismo fiscalizador como el nuestro, emitir una opinión respecto al monto de las indemnizaciones de una empresa a la que tenemos que tratar igual como lo hacemos con las privadas. Por ejemplo, no nos corresponde opinar sobre el monto del bono que recibe un funcionario de Copec, o de cualquier empresa supervisada por nosotros.
Respecto de la legalidad de esos actos, y en particular el bono asignado al ex gerente general -el señor Castillo-, señalo que cumplió con la normativa y formalidades necesarias. Se calculó reliquidando aquella parte incobrable de los ingresos que de haber sido considerados abultarían la cifra más allá de lo necesario. De manera que, desde el punto de vista de la formalidad, el bono no nos merece comentario en particular.
Desde el punto de vista de las indemnizaciones, lo que hemos hecho es revisarlas todas desde 2003 en adelante. La información que tenemos es que ellas se enmarcan dentro del instructivo presidencial N°12 que determina la forma en que se deben calcular y pagar. Eso, en lo que respecta a la legalidad y mecánica del pago de bonos e indemnizaciones.
A continuación, quiero hacer una apreciación más bien cualitativa desde el punto de vista ciudadano y como contribuyente. Me parece que el sentimiento que encuentro en esta mesa, dado el estado en que se encontraba la compañía, es que parece del todo imprudente haber hecho ese tipo de pagos, en particular el bono por gestión de desempeño.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Por su intermedio, señor Presidente.
Usted habla del instructivo N° 12, ¿en qué consiste? ¿Quién lo firmó?
El señor LARRAÍN.- Es un instructivo presidencial
El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¿Qué presidente lo firmó?
El señor LARRAÍN.- No lo sé
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Sería bueno saberlo.
El señor LARRAÍN.- Lo podemos averiguar.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Por favor, y háganos llegar el resultado.
El señor LARRAÍN.- Como señalé, el pago del bono y del contrato se enmarcan dentro de la legalidad vigente. Pero, en el plano más bien personal cualitativo, creo que, efectivamente, corresponden a una política imprudente respecto de esa materia.
En cuanto a las sanciones, lo que hemos aplicado a EFE ha sido el procedimiento fiscalizador regular de la Superintendencia, lo mismo hacemos con las 400 sociedades que nos corresponde fiscalizar; es un proceso que toma el instrumento principal, los estados financieros auditados remitidos a la Superintendencia, junto con otros instrumentos regulares.
Se ha intensificado la supervisión en el último plazo.
En relación con la obstrucción señalada por el señor contralor, hemos tenido una percepción similar. Ha habido una obstaculización importante en materia de acceso a la información.
No nos ha tocado algún caso como aquel del documento tan enmendado que mostró el señor Presidente, no ha sido el caso nuestro. La verdad es que tenemos facultades para requerir información a todas las sociedades y las ejercemos a plenitud.
Cuando hay información que por razones estratégicas de las compañías requieren ser mantenidas en reserva, entonces se hace, pero no aceptamos que algunos documentos vengan con obstaculización de información. Si por razones estratégicas la información es relevante para la empresa, pedimos entonces que se nos comunique en forma reservada.
En la Superintendencia tenemos información reservada de muchas empresas que así nos lo han solicitado. Sin embargo, es cierto que ha habido importantes problemas de acceso a la información. En general, se termina por obtener la información, pero la verdad es que de forma bastante lenta y más compleja de lo que pudo ser el caso.
Respecto de lo que mencionaba la diputada Turres, no existen sanciones previas por las razones que estamos evidenciando. Durante los años previos no ha habido sanciones.
La señora TURRES.- ¿Hubo incumplimiento?
El señor LARRAÍN.- Imagino que no, porque no ha habido sanciones. En ese sentido, la Superintendencia no tiene ningún problema en sancionar si es que hay incumplimiento, por lo tanto, el que no haya habido sanciones se debe a que no ha habido incumplimiento. En ese sentido, pido al señor Intendente y al señor Fiscal que me corrijan en caso que fuera de otra forma. Pero si no ha habido sanciones es porque no hubo incumplimiento en el pasado.
Hemos tenido incumplimiento ahora y estamos procediendo a las sanciones y a las formalizaciones de cargo que corresponde.
Me parece que están enterados que las formalizaciones de cargo que hace la Superintendencia, al menos por el momento, son formalizaciones que se mantienen en el ámbito de la reserva. Es decir, nosotros tenemos, en el caso de muchas otras empresas privadas, procesos de investigación en curso, sin embargo, existen formulaciones que están siendo realizadas, pero que se mantienen en el ámbito de la reserva y se darán a conocer más adelante.
El monto de las sanciones, señalado por la diputada Turres, es un tema sumamente clave. Lo que no puede ocurrir es que las sanciones sean tan mal calculadas que hagan rentable infringir la norma. En este sentido, la filosofía con la cual actuamos es que cuando se llega a la conclusión de que hay una determinada acción de un director, gerente o de una compañía que merece una sanción, se genera la sanción, y el cálculo del monto final, tiene que ver, precisamente, con un elemento inhibitorio de la acción que se está tratando de castigar.
En ese particular es la filosofía que hemos tenido y lo vamos a resguardar en forma celosa y estricta con el caso de las personas o de la compañía. Creo que acá hay varios de los problemas que estamos señalando; muchos de ellos son responsabilidades individuales y, como tales, serán sancionados con multa individual a las personas, y éstas tendrán que responder de su patrimonio en caso de así serlo.
Respecto de lo que dijo el diputado García respecto de las funciones, y esta superposición de funciones que en forma tan clara explicó el señor Intendente de Valores, considero que hay un enroque de responsabilidades, tanto en la ley entre las responsabilidades de la Superintendencia como en las responsabilidades de la Contraloría General de la República. Esto redunda en las atribuciones que tenemos nosotros para llevar a cabo esas funciones. Lo que pasa es que muchas de ellas no están en la naturaleza ni en la expertise de los funcionarios de la Superintendencia, porque sólo se refieren puntualmente a la situación de EFE y no al resto de las 399 sociedades anónimas que nosotros fiscalizamos.
De tal manera que ahí tenemos un problema de enfoque, es decir, de ganancias que se podrían obtener en materia de especialización de las funciones que quizás no estamos cubriendo con toda la fuerza que pudiéramos hacer.
El diputado García pregunta si estamos actuando sobre supuestos o investigaciones. Nosotros actuamos sobre datos objetivos proporcionados por las empresas, los cuales son auditados por una empresa externa que en este caso han sido fundamentalmente las auditoras Ernst & Young y KPMG. No actuamos sobre supuestos. Cuando lo hacemos -como acabo de decirlo- anuncio que estamos actuando sobre una visión valórica, pero el resto de las observaciones obedecen a un análisis legal de auditoría respecto de la información proporcionada por la empresa. Esta información –como he señalado- en algunas oportunidades ha llegado con rezago, pero, finalmente, ha llegado -en el caso particular de los estados financieros- auditado por las compañías.
El diputado García también hablaba respecto de las indemnizaciones, si son correctas o no. Desde el punto de vista de la legalidad, no tenemos reparos que hacer a la forma en cómo fueron calculadas las indemnizaciones. La información que tenemos se ajustan a lo que dice la ley, no tanto la indemnización que, probablemente, es un derecho de otra naturaleza, pero respecto del bono uno puede hacer un juicio más bien de tipo prudencial.
Respecto de su pregunta señor Presidente, en cuanto a ventas de estaciones del sur, he pedido también al señor intendente que pueda adoptar las medidas para ver la información que tenemos al respecto. Reitero, la Superintendencia tiene amplias facultades de requerimiento de información de todas las sociedades anónimas bajo su supervisión. Cuando las compañías no informan o lo hacen con retraso, tenemos la facultad para sancionar a las compañías o a los gerentes generales o miembros del directorio si nos parece que hay responsabilidades de esa materia y esto se ve caso a caso.
Eso es lo que puedo informar.
#4 · 27/Abr/2008, 22:44
El señor PÉREZ (Presidente).- Muchas gracias.
Me llama la atención lo que usted decía: que están acumulando información para determinar si procede o no desde el punto de vista ético o desde otros, tener contratos de la magnitud de los que se tuvieron con los medios Siete+7, Radio Cooperativa. Han pasado ya muchos meses. Es de público conocimiento la cantidad de recursos que se invirtieron y hasta cuándo van a seguir buscando antecedentes. ¿Qué plazo tiene esto o pueden pasar años y, finalmente, las cosas quedan olvidadas porque no se tuvieron los antecedentes? ¿Cuáles son los pasos en situaciones como éstas en que hay tantos ejemplos que podríamos mencionar?
El señor LARRAÍN.- Señor presidente, en el caso de Siete+7 estamos hablando de un contrato por un millón 620 mil pesos; en el caso de “Radio Cooperativa” no está el dato, es algo más que eso. Quiero decir que respecto de estos contratos en particular la información ya se recopiló y, en estos momentos, estamos en un proceso de formalización de cargos por estos contratos.
Desde nuestro punto de vista esta es una falta administrativa, por lo que corresponde una sanción en esa dirección. Los tribunales deben actuar en el plano penal y pido perdón, porque no soy abogado, pero no puedo adelantar si hay una falta penal.
Señor Presidente, se me olvidó mencionar el tema de la adquisición de material rodante. Mirando las atribuciones de la Superintendencia hicimos ver a la compañía, a su gerente general y a su Directorio, a través de los años, la habitualidad con la cual se recurría a un proceso extraordinario para adquirir material rodante crítico para la empresa. Se lo hicimos ver a la empresa y si bien no había una vulneración de los reglamentos internos, porque las facultades para adquirir los bienes de esa forma existían, nos parece era inapropiado utilizar en forma recurrente un canal que tiene, por su naturaleza, una condición de excepcionalidad.
Pero, observando el cumplimiento de las formalidades para hacer las adquisiciones estaban respetándose los contratos y los reglamentos respectivos.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, me gustaría solicitar que se conteste la pregunta que le formulé al señor Guillermo Larraín.
El señor PÉREZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Hernán López.
El señor LÓPEZ.- Señor Presidente, entiendo que la preocupación es cómo un ingreso que está facturado, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, que se reconoce al momento de la facturación como un ingreso, sin perjuicio de que generalmente en todas las empresas se genera un proceso de facturación y plazos de pagos de diez días, que es lo tradicional en el comercio, o plazos mayores, en la medida de que no se reconoce la factura por la contraparte, por el supuesto deudor, se inicia un proceso de cobro y de reconocimiento, si es el caso, de las provisiones. Particularmente, en lo que es operaciones o ingresos reconocidos como paralelismo, lo que hizo EFE es verificar hacia el 2004 una política de reactivar temas de cobros que pudieran estar, de algún modo, efectuándose de manera pasiva. Se hizo todo un levantamiento reconociendo los convenios que había efectuado con distintas compañías, hemos usado el ejemplo de CTC, en la cual hay un convenio desde 1993.
En base a eso, se hace un análisis de cuál es la necesidad de cobro o la falta de cobro de esos ingresos e inicia todo un proceso de cobro a través de la emisión de facturas. Dichas facturas no son reconocidas o son rechazadas por algunas contrapartes.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Perdón, ¿cuál es el monto?
El señor LÓPEZ.- En total reconoció 3 mil millones. Pero, por la misma situación de que no se pudo cobrar, fueron provisionadas. Por tanto, ese supuesto ingreso no representa un mayor patrimonio en EFE. En la actualidad hay demandas cruzadas respecto a la oportunidad y a la razón de este cobro.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, ya que solicité la circular N° 12, además, me gustaría pedir el monto que se facturó y a las empresas que se facturó, por los atraviesos y por todos los convenios con Ferrocarriles.
Quiero que la Superintendencia sea tan amable de hacernos llegar esa información.
El señor LÓPEZ.– Se planteó una duda respecto de la venta de activos prescindibles. En cuanto a ello, cabe señalar que respecto de esa materia, fue uno de los temas que se requirió a la auditoría externa desde sus inicios, se encargó que abordara una serie de materias particulares que eran de principal preocupación. Una, la adquisición de activos. Dos, el pago de indemnizaciones, ya que desde 1995 ha habido una serie de procesos de desvinculación de personal de la empresa y, por lo tanto, había una preocupación respecto de que se cumpliera la regulación respecto de ese pago.
El último elemento que se consideró fue la venta de activos prescindibles y la labor del auditor en esta materia, lógicamente, por la cantidad de activos, nuevamente se manejó bajo el concepto de muestreo y de los análisis que hizo y del cual nos informaron los auditores, no denotó mayores irregularidades. Puede haber observaciones respecto de determinados procesos, que falte algún tipo de documentación, la cual, posteriormente, fue requerida por la Superintendencia, para que fuera aclarada por la compañía. En ese sentido no se verificó una falta mayor, salvo situaciones de carácter formal.
El señor LARRAÍN.– Señor Presidente, el diputado Von Mühlenbrock solicitó una copia de la sanción de censura al señor gerente general de la empresa y quiero entregársela a usted para que quede a disposición de la comisión.
El señor GARCÍA (don René Manuel).– Señor Presidente, quiero solicitar al señor Armando Massarente -respecto de los temas conversados- que exponga la visión de la Superintendencia y, si quiere, su percepción como fiscal o privada.
El señor MASSARENTE.– La Superintendencia diseñó, en la década de los noventa, el cumplimiento del DFL 1, respecto de la facultad de fiscalización que le había introducido esta ley, en particular. Como bien señalaba el señor superintendente, encomendó esta función a auditores externos y éstos eran los de la compañía y se les hizo hacer una extensión de contrato. Esa información, como también se señaló en la comisión, llega en forma reservada a la Superintendencia y, sobre ella, periódicamente la Superintendencia ha ido formulando las observaciones y aclaraciones que se han estimado pertinentes.
Dentro de eso quiero aterrizar en los contratos de los paralelismos, las indemnizaciones y también el contrato de Siete+7 y de Radio Cooperativa, porque es la parte medular del problema que tenemos, al margen de que los más importantes son los contratos Renfe.
Lo que se observa y que señalaba el superintendente, tomando el contrato de Renfe, que es el más grande, es que se trabaja sobre la base de una estructura legal que la compañía cedió, con su reglamento de adquisiciones, el cual contempla tres procedimientos: adquisición, licitación pública y privada y contratación directa, en casos determinados.
La regla general, y no la excepción, es que la empresa aplicó esta última regla para adquirir en determinadas ocasiones. Al final, la Superintendencia llegó a concluir que, gustara o no, habían seguido su procedimiento.
Ahí caemos en un punto que es un problema que, a juicio muy personal, es de estructura de gobiernos corporativos, es decir, de cómo la empresa se estructura, más allá de lo que le pida la ley, de cómo se cumplirá las funciones como directorio. Ahí hay una falla, ya que no hay una legislación o un marco, pero tampoco hay una política de Gobierno, pese a que los distintos directorios no pueden hablar.
Respecto del proceso de las facturaciones, las que se dice que se abultaron, se llevaron y se reconocieron, puede ser una buena o una mala política, pero a través de la fiscalización y de las revisiones se detectó este asunto y se hicieron las provisiones.
Ahora -lo digo como fiscal-, hay informes jurídicos y antecedentes que ellos tienen para avalar su posición. Si bien, uno puede decir que no tienen el ciento por ciento de razón, tampoco puede decir que no la tienen. Por lo tanto, esta materia, como muy bien lo sabe el superintendente, ha ido a arbitraje. Es una materia que está en discusión y el mayor deudor, de acuerdo con los antecedentes que nos ha proporcionado Ferrocarriles, sería Telefónica Chile. Ésa discusión debiera ser zanjada a través de la mediación o, de lo contrario, mediante los tribunales. Lo importante es que esta situación se neutralizó con las provisiones y que los bonos que se pagaron se calcularon descontando dichas provisiones. Ahora, no sé si estén bien o mal pagados, pero sí podemos decir que el monto calculado no contempló ingresos que no se percibieron.
Me atrevería a decir que toda la gente que ha participado dentro de la Superintendencia en este proceso tiene la misma opinión, en el sentido de que muchas cosas pueden estar formalmente ajustadas a normas, pero no me cabe la menor duda que se pudo haber hecho algo mejor.
Como punto final, diría que hay una situación que hay que distinguir. Se ha hablado de la información de las declaraciones de patrimonio que deben hacer los directores de EFE. Ésta es una norma que se les aplica a todos los directores de empresas públicas.
La Superintendencia -y tiene que ver con la pregunta que hacía la diputada señora Turres- efectivamente ha estado, desde que apareció esta norma, dando instrucciones y exigiendo la entrega de las declaraciones a la Contraloría. Ha costado mucho, pero, al final, se ha logrado enrielar a los directores de las empresas públicas para que las entreguen en forma oportuna. Incluso, de repente llegan a preguntar: “si este año hice una declaración por la empresa a), ¿por qué debo repetirla por la empresa b?” Porque pertenece a las dos empresas. Esa situación se da permanentemente y a la gente le cuesta entender que debe presentar sus declaraciones.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, un comentario aparte.
Así como el señor Larraín y sus asesores -en este caso los fiscales- han pasado muy malos ratos, porque no les ha llegado la información. Esperamos que esta Comisión no tenga que pasar malos ratos y nos envíen la información a la brevedad posible, pues estamos concluyendo la investigación de Ferrocarriles.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el contrato con la revista Siete + 7 fue por 1.620.000 pesos. Lo que obra en nuestro poder respecto de los contratos con radio Cooperativa, en forma directa, asciende a 1.951.000 pesos y, en forma indirecta; a través de la agencia BBDO, a 31.706.000 pesos.
El señor PÉREZ (Presidente).- ¿En cuál medio?
El señor LARRAÍN.- Radio Cooperativa. Ésa es la información de la que disponemos.
El señor PÉREZ (Presidente).- Vamos a chequear esa información con la de nosotros, pues pareciera ser diferente. En todo caso, en esta oportunidad no vamos a emitir opinión al respecto.
Agradecemos a nuestros invitados por haber asistido a esta Comisión.
Debemos determinar los invitados para la próxima sesión, pero antes quiero señalar que los diputados, de la Concertación y de Oposición, que integran la Comisión deben estar aquí presentes. Me refiero específicamente a los que no han participado en esta sesión. Si ellos no pueden venir, por último, que envíen a una persona que los pueda representar. Se ha pedido que se televisen nuestras sesiones y si hay una escasa asistencia, eso no habla bien de los miembros de la Comisión.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, estamos hablando de personas que vendrán el 8 ó 9 de enero. Me parece que íbamos a invitar a tres personas, entre las que estaba don Alberto Echeverría. Sin embargo, confío plenamente en su criterio para determinar con la secretaría los invitados a esta Comisión. Eso se ha hecho anteriormente y para nadie es una novedad.
El señor PÉREZ (Presidente).- A la última sesión debería venir el señor Rodríguez Grossi.
Posteriormente, tendremos que abocarnos a las conclusiones.
Por otra parte, necesitamos solicitar ampliación del plazo porque, en caso contrario, el informe tendríamos que presentarlo en enero.
En el caso de Renfe, hemos hecho todas las gestiones que ustedes pueden imaginar para obtener alguna respuesta sobre las operaciones que hicieron con EFE. Ayer estuve conversado a través de otro canal, la Embajada de Chile en España, con el jefe de gabinete del embajador, lamentando que no hayan habido respuesta durante estos meses. Dejé en claro mi malestar y el de la Comisión por este motivo. Ahora, tenemos algunos caminos a seguir, que hemos estado analizando con la secretaría. Por lo tanto, quiero pedirle al señor Secretario que nos entregue los antecedentes que tenemos.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, cuando vinieron los representantes de Temoinsa hablaron mucho de Renfe. En consecuencia, puede haber un contacto en la gerencia…
El señor DE URRESTI.- Señor diputado, debemos escuchar lo que nos dice el señor Secretario al respecto.
El señor PÉREZ (Presidente).- Conversé con la Secretaría la necesidad de que, como Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, enviemos un oficio al Presidente del Congreso de los Diputados de España para que haga saber a sus pares el malestar de esta Comisión porque no hemos tenido respuesta de la empresa estatal española Renfe a las innumerables consultas que se han hecho durante meses. Tenemos el documento prácticamente listo, pero necesitamos la anuencia de la Comisión para enviarlo. Ahora, si ustedes quieren, el señor Secretario le dará lectura. Nos parece importante que nuestros pares en España sepan que hay una empresa española que no ha sido suficientemente responsable en este sentido. Por último, que nos digan que no están en condiciones de satisfacer nuestros requerimientos, que podría ser a través de tal o cual ministerio, pero que nos den alguna respuesta.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, le sugiero que, junto con el reclamo, adjunte la petición de que ellos recaben información de esa empresa pública, porque como Cámara española, con facultades para fiscalizar, no les pueden decir que no.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, junto con el envío del oficio sería importante dirigirla, además del presidente del Congreso de los Diputados, al ministro de Transportes o de quien dependa la empresa Renfe, con copia a los ejecutivos de dicha compañía, para saber si están informados. Pero creo que debiera ser remitida a las autoridades del gobierno español. Conociendo la seriedad con que trabajan, me parece inaudito que no respondan. Nos es fundamental conocer lo que ha ocurrido con Renfe.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, nos resta determinar la fecha para invitar al señor Jaime Estévez, ex ministro de Transportes. Lo propusimos hace dos semanas, pero no hemos fijado la fecha para recibirlo.
El señor PÉREZ (Presidente).- Señor diputado, como usted se habrá dado cuenta, el diputado René Manuel García acaba de intervenir y pidió que el presidente de la Comisión, junto con la secretaría, ordene las próximas citaciones.
Ahora bien, si usted quiere, lo hacemos de otra manera.
El señor MONCKEBERG.- No, señor Presidente, me da lo mismo. Lo importante es que se haga.
El señor PÉREZ (Presidente).- Le recuerdo a los señores diputados que las sesiones comienzan a la 09.00 horas de los miércoles.
-Se levantó la sesión a las 11.47 horas.
Jefe Taquígrafos de Comisiones
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