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Timestamp: 2018-03-19 16:34:20
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EL DENOMINADO "PROCESO JUSTO"
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO / THE CONSTITUTIONALIZATION OF THE PROCESS
Que se indique de ese modo se debe a que la responsabilidad constitucional que asume la norma procesal es la de garantizar “un proceso… con todas las garantías” (artículo 24.2. de la Constitución) -esa es realmente “su responsabilidad constitucional”- por lo que fluye una norma procesal “comprometida” constitucionalmente y que, por lo mismo, no aplica las garantías constitucionales y procesales de las que se hace responsable como un mero “medio” (TARUFFO) y desde una vertiente instrumental propia de un subsistema dependiente del resto del ordenamiento jurídico ya sea civil, laboral, penal, o en fin, contencioso administrativo. Se ha dicho con acierto que el Derecho procesal “no es una rama jurídica sectorial; constituye un conjunto institucional que sirve a todo el Derecho” (ALMAGRO NOSETE).
En consecuencia, la responsabilidad constitucional de la norma procesal no se estructura como un subsistema instrumental a merced de la “Justicia” y/o “Verdad” de cualquier “sector normativo” del ordenamiento jurídico en el que “deba” o se proceda a diseñar la “Justicia” y/o “Verdad”. Para la norma procesal, a la “verdad de los hechos en litigio” (TARUFFO) se antepone su responsabilidad constitucional de lograr la única “Verdad” -y/o “Justicia”- de la que se hace responsable vinculada inexorablemente con el cumplimiento pleno de las garantías constitucionales y procesales.
Se ha dicho que “sería, por lo menos, paradójico que en un sistema democrático, inspirado en el valor de la verdad, la administración de justicia no se inspirara, sin embargo, en ese valor o, más aún, se fundara sistemáticamente en el error, en la mentira y en la distorsión de la verdad” (TARUFFO). Es cierto que sería algo más que patológico que un sistema democrático, inspirado en el “valor de la verdad”, no reniegue acerca de una Administración de justicia que se no se inspirara en ese valor. Pero, tras lo indicado es más cierto que, la “Justicia” y/o “Verdad” de la que se hace responsable constitucionalmente la norma procesal, se antepone a la “Justicia” y/o “Verdad” que pueda provenir -aunque no siempre pueda provenir- de una “decisión justa y legítima” y, en consecuencia, de cualquier resolución apropiada y correcta de la controversia entre las partes si se tiene en cuenta que la norma procesal no asume la responsabilidad constitucional de garantizar una “decisión justa”.
Si la norma procesal no asume la responsabilidad constitucional de garantizar una “decisión justa” ¿qué es lo que garantiza? Por lo pronto, conviene destacar que el denominado órgano jurisdiccional, conocido por su calificativo de Juzgado y Tribunal, es el que se regula en la ley orgánica del Poder Judicial “en garantía de cualquier derecho” (artículo 2 de la ley orgánica del Poder Judicial). Los Juzgados y Tribunales, cuando actúan “en garantía de cualquier derecho” (artículo 2 de la ley orgánica del Poder Judicial), asumen un modelo de litigación de indudable “vocación garantista” como el que surge del artículo 24.2. de la Constitución y con el que se garantizaría que, para hacer frente a la patología jurídica, “todos tienen derecho (…) a un proceso público (…) con todas las garantías” -constitucionales y procesales.
Esta conceptuación de los Juzgados y Tribunales que actúan “en garantía de cualquier derecho” (artículo 2 de la ley orgánica del Poder Judicial) no es nueva para el constitucionalismo español. Proviene de un ámbito cultural como es el del common law -o propio del derecho anglonorteamericano- y su mandato de un fair trial o también del due process of law que ya ha tenido plena acogida España. Al respecto se ha dicho que la categoría del proceso debido (que viene a ser la castellanización de la consabida formula anglosajona del due process of law) sea “en suma, el modelo [que el] art. 6 CEDH denomina proceso equitativo, o el que la jurisprudencia constitucional [la española] denomina proceso justo (v. gr. SSTC 65/2007, de 27 de marzo, 146/2007, de 18 de junio)” (GARBERÍ LLOBREGAT).
Conviene destacar, entonces, que los Juzgados y Tribunales -el juez constitucional- permiten interactuar con el resto de actores de la litigación un proceso justo y equitativo que, proveniente de un ámbito cultural como es el del common law -o propio del derecho anglonorteamericano- y su mandato de un fair trial o también del due process of law, ya ha tenido plena acogida España.
De modo que merced a la lectura del texto constitucional, deberíamos asumir, por imperativo constitucional, que el bisturí del que se sirve el modelo de litigación por el que el juez constitucional -los Juzgados y Tribunales- lleva a cabo la “función jurisdiccional” constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado según exigencias constitucionales (art. 117.3. de la Constitución), confluye en el que se ha de denominar “proceso justo” o “equitativo”. El derecho a un “proceso justo y equitativo” tiene plena acogida en el texto constitucional español.
Ante tan paradigmática advertencia, que se ha de aceptar sin cuestionamiento alguno -ya que no es de carácter programático-, se suministra la base y modelo para resolver los problemas que suscita el logro de la “Justicia” y/o “Verdad” y avanzar en su real significado en concordancia con la responsabilidad constitucional contraída por la norma procesal. Al respecto, nos ubicamos ante un “acontecimiento inédito” en la más reciente historia del procesalismo español en el que, bregar con el anhelo de una “Justicia” y/o “Verdad” “efectiva” vinculada inexorablemente con el deseo de plenitud de garantías procesales, supondría decantarse por una opción no meramente instrumental sino “efectiva de tutela judicial” y que, además, supondría la “confluencia” de la tutela judicial efectiva, propia del civil law, con la del debido proceso de ley (due process of law), propio del common law por cuanto que la “deuda” que se contrae en la aplicación según “ley” de las garantías procesales -debido=deuda contraída en la aplicación de las garantías procesales según la “ley” (due process of law)- supone para el civil law que “justicia civil efectiva” signifique según el artículo 24.2. de la Constitución que “todos tienen derecho (…) a un proceso público (…) con todas las garantías”. El resultado final es un claro y contundente mestizaje entre el sistema del common law y el sistema de derecho civil o civil law.
No obstante, la proclividad a dejarse subyugar en concreto por la noción de “debido proceso” vinculado con el logro de la “Justicia” y/o “Verdad” no ha pasado desapercibida y de él se ha dicho que ha experimentado “un revival con ocasión de la reciente reforma del art. 111 de la Constitución italiana” (TARUFFO), lo que ha llevado a decir que “existe un debido proceso si éste está construido de modo que, además de asegurar la efectividad de las garantías, se logren obtener decisiones justas”. Y, de seguido, se indica que difícilmente se podría reputar “debido” un proceso que “esté sistemáticamente dirigido a producir decisiones injustas, o en el que la posibilidad de una decisión injusta sea irrelevante” (TARUFFO).
Por el contario, puede suceder que aun cuando se cumpla cabalmente con la “deuda” contraída por el “debido proceso” con la aplicación de las garantías constitucionales y procesales, no se obtenga “Justicia” y/o “Verdad” alguna -que puede suceder- en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Luego, existe de entrada una certidumbre y, además, objetiva; a saber: que con el “debido proceso” se puede objetivar -sí o sí- si se ha tramitado el proceso -y ha actuado el juez constitucional- con respeto escrupuloso y pleno de las garantías constitucionales y procesales. No, en cambio, no siempre se puede objetivar la “Justicia” y/o “Verdad”.
Con esa finalidad y no otra, es aprovechable que se diga que ese “proceso justo y equitativo” “es el resultado de una combinación de garantías concurrentes que instrumentándose a través de la constitucionalización de los más significativos e inalienables derechos subjetivos y de algunas garantías fundamentales referidas al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, conduzcan a una situación en que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistirle, sino a través de un proceso conducido en forma legal y que concluya con el dictado de una sentencia fundada” (VALLESPÍN PÉREZ).
La “verdad” y “justicia” del proceso civil se justifica, solo y exclusivamente, en la correcta tramitación de un proceso justo o equitativo mediante el respeto inflexible y estricto de las garantías constitucionales y procesales. Ese respeto es lo que únicamente se puede objetivar. Consecuentemente, el proceso civil no aseguraría ni “otro tipo de justicia”, ni “verdad” pudiendo contribuir a su “diseño” aunque no se hace responsable de su diseño final.
Por tanto, la “Justicia” y/o “Verdad” de la que se hace responsable constitucionalmente la norma procesal es la que se puede objetivar -sí o sí- si se ha tramitado con respeto escrupuloso y pleno de las garantías constitucionales y procesales. En cambio, mantener que el “debido” -o, “deuda” contraída por el proceso en la aplicación de tales garantías - de un “proceso debido” tendría que estar -sí o sí- sistemáticamente dirigida a producir “decisiones justas”, excede del ámbito de responsabilidad de la norma procesal en la medida en que el logro de la “Justicia” y/o “Verdad” de la “decisión justa” además de no ser siempre objetivable -no siempre lo es- implicaría, por lo mismo incorporar esa “Justicia” y/o “Verdad” de la “decisión justa” en la responsabilidad constitucional de la norma procesal y por ningún lado se indica en el artículo 24 de la Constitución que en esa responsabilidad constitucional de la norma procesal se incluya la “Justicia” y/o “Verdad” de una “decisión justa”. Es ontológicamente imposible atribuir esa responsabilidad constitucional a la norma procesal. O que un precepto constitucional establezca que, a través de la aplicación de la norma procesal, se obtenga la “Justicia” y/o “Verdad” de una “decisión justa”.
El anterior MANIFIESTO forma parte de mi libro LA RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL DE LA NORMA PROCESAL. Examen crítico de sus cometidos editado por el Instituto Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián 2014. ISBN: 978-84--946636-2-8. Y también de mi libro LOS ACTORES DE LA LITIGACIÓN , en concreto, de su Capítulo XII y bibliografía allí citada, editado por el Instituto Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián 2016. ISBN: 978-84--943371-8-5.
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este manifiesto, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito del Instituto Vasco de Derecho Procesal. El plagio de los contenidos de este manifiesto o las citas del mismo sin especificar su origen serán perseguidas civil y penalmente.
Si usted desea adherirse al “Manifiesto a favor del derecho procesal como sistema de garantías procesales”, puede enviar su adhesión a la dirección de correo alorca@ehu.es o, también, a la dirección de correo institutovascoderechoprocesal@leyprocesal.com
Pensamos que su adhesión es fundamental para extender la nueva metodología del “Garantismo procesal” como clave para la comprensión de un “nuevo” Derecho procesal alejado de sus antañones explicaciones basadas en la denominada “acción”, “jurisdicción” y “proceso”.
Dr. Gustavo Calvinho, Abogado (UBA); Director del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Universidad Austral (Buenos Aires); Profesor Adjunto Regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Profesor Adjunto Nivel 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (Buenos Aires); Docente de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario; Miembro de la Comisón Redactora del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, designado por Resolución 496/2017 del Ministerio de Justicia de la Nación; Director de la Revista Latinoamericana de Derecho Procesal; Investigador principal y Profesor de Derecho Procesal y probatorio en la Uniremigton (Medellín, Colombia); Miembro Titular del Instituto Paramericano de Derecho Procesal y Miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Región Centro.
Prof. Dr. Alejandro Abal Oliú, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR, Uruguay); Profesor Titular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH); Directordel Instituto Uruguayo de Derecho Procesal (Universidad de la República, Uruguay) e Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (A.N.I.I.-Uruguay).