Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/134/2
Timestamp: 2018-12-13 08:07:36
Document Index: 274484863

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 119', 'Artículo 2', 'Artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 45', 'artículo 110', 'Artículo 48', 'artículo 6', 'artículo\n6']

DECRETO 216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.
La disposición adicional primera de la citada Ley concreta los preceptos de la misma que se dictan en virtud de distintos títulos competenciales estatales, que deberán ser respetados por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de «Administración de Administración de Justicia¯, según gráficamente la ha calificado el Tribunal Constitucional, tal y como ocurre con la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de lo previsto en el artículo 52 de su Estatuto de Autonomía.
El Real Decreto 142/1997, 31 de enero, aprueba el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, entre las que se comprende el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma.
El Reglamento que se aprueba procede a regular, respetando el contenido de los preceptos dictados en virtud de competencias exclusivas estatales y de las bases establecidas por la Ley
1/1996, de 10 de enero, y por el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, la organización y funcionamiento en esta Comunidad Autónoma de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho, las obligaciones de los Colegios Profesionales respecto al mismo, así como el procedimiento que habrá de seguirse para la correcta justificación de las subvenciones que otorgue esta Comunidad Autónoma relativas a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. Crea y regula, por otra parte, el Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano de comunicación entre las instancias que intervienen en el procedimiento, teniendo como objetivo la formulación de propuestas para homogeneizar y mejorar el sistema de reconocimiento del derecho.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo, a propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de octubre de 1999,
Artículo único. Se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, cuyo texto se inserta a continuación del presente Decreto.
Disposición derogatoria única. Queda derogada la Orden de 10 de abril de 1997, por la que se establecen los Vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
Se autoriza al titular de la Consejería de Gobernación y Justicia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el Reglamento que se aprueba.
Disposición final segunda. Revisión de los módulos, bases de compensación económica y organización del servicio de
Se faculta al titular de la Consejería de Gobernación y Justicia para proceder anualmente a revisar los módulos y bases de compensación económica establecidos en los Anexos y 3 del Reglamento, previo informe de los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales y de la Consejería de Economía y Hacienda.
Igualmente, se autoriza al titular de la Consejería de
Gobernación y Justicia para modificar la organización del servicio de asistencia letrada al detenido o preso de los Colegios de Abogados determinada en el Anexo 5 a este
Sevilla, 26 de octubre de 1999
El presente Reglamento tiene por objeto regular el
procedimiento para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita, al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y la Ley 1/1996, de 10 de enero, así como el correspondiente a las prestaciones económicas que conlleva.
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
Artículo 2. Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Ambito de actuación.
2. Podrán crearse delegaciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en aquellos casos en los que el volumen de asuntos, las circunstancias geográficas u otras causas
justificadas, lo aconsejen. La creación se efectuará por Decreto, que fijará su composición, en la que estarán
representadas las mismas instituciones que integran, con carácter general, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estarán presididas por un miembro del Ministerio Fiscal designado, en la provincia de Granada, por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, en las restantes
provincias, por el Fiscal Jefe de las Audiencias Provinciales respectivas.
b) El Decano del Colegio de Procuradores de los Tribunales del ámbito provincial correspondiente, o el procurador que aquél designe; en caso de que haya más de un Colegio de Procuradores de los Tribunales en dicho ámbito, el Decano, o el procurador, designado de común acuerdo entre los Decanos de los Colegios respectivos; en su defecto, el de mayor antigüedad en el cargo.
El régimen jurídico de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo previsto en el presente Reglamento, y a lo establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos
2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se reunirán, al menos, con una periodicidad de quince días, previa
convocatoria que efectuará el Secretario por orden del
Presidente; no obstante lo anterior, las Comisiones podrán aprobar un calendario de sesiones, no siendo preciso, en este caso, efectuar su convocatoria, a las que se entenderán citados todos los integrantes de la Comisión.
c) Efectuar las comprobaciones y recabar la información que a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se estimen necesarias y, en especial, requerir de la Administración Tributaria correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos de carácter
tributario alegados por los solicitantes.
1. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dispondrán de las listas de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación de su domicilio
profesional y, en su caso, de especializaciones por órdenes jurisdiccionales o en las diversas ramas jurídicas.
CONSEJO ASESOR DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
c) Proponer a la Consejería de Gobernación y Justicia
modificaciones de carácter normativo o de funcionamiento del sistema de reconocimiento.
d) Estudiar y elevar a los órganos competentes cuantas
propuestas consideren oportunas que tengan por objeto la mejora de la prestación del servicio.
e) Dos representantes de los Colegios de Abogados de Andalucía, designados por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados entre aquéllos que formen parte de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
f) Dos representantes de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de Andalucía, designados por el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales entre aquéllos que formen parte de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
El Consejo se reunirá siempre que la Presidencia lo convoque y como mínimo una vez al año. El funcionamiento del Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a las disposiciones que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA
Artículo 13. Excepción a la iniciación a instancia de parte. En el orden jurisdiccional penal, cuando el imputado se encuentre presumiblemente incluido en el ámbito del artículo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y no haya cumplimentado y firmado la solicitud o resulte imposible la comunicación del abogado con su defendido, el abogado designado provisionalmente previo requerimiento judicial podrá iniciar el correspondiente procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, debiendo hacer constar expresamente esta circunstancia en el impreso que a tal efecto presente.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita se presentarán debidamente cumplimentadas y con la documentación correspondiente ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante. En este último caso el órgano judicial dará traslado inmediato de las
solicitudes al Colegio de Abogados territorialmente competente.
2. En los procedimientos penales, cuando el Colegio de Abogados aprecie la imposibilidad de aportar la documentación
contemplada en el Anexo 1 de este Reglamento, remitirá el expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente para que continúe la tramitación.
1. Si de la solicitud y documentación justificativas el Colegio estima que la persona interesada cumple los requisitos
legalmente establecidos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita, procederá, en el plazo máximo de quince días, contados a partir de la recepción de la solicitud por el citado Colegio o de la subsanación de los defectos, en su caso, a la designación provisional de abogado, comunicándolo de inmediato al Colegio de Procuradores de los Tribunales para que, dentro de los tres días siguientes, se designe procurador, si su intervención fuera preceptiva. El Colegio de Procuradores de los Tribunales comunicará inmediatamente al de Abogados la designación efectuada.
3. De acuerdo con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, si conforme a la legislación procesal, el órgano judicial que esté conociendo del proceso estima que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios Profesionales el nombramiento provisional de abogado y
procurador, cuando las designaciones no hubieran sido
realizadas con anterioridad. Dicha resolución se comunicará por el medio más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en este Reglamento.
Recibido el expediente, y a los efectos de dictar resolución, la Comisión, conforme dispone el artículo 17 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, podrá recabar de la
Administración Tributaria o, en su caso, de cualquier otra Institución o Entidad así como del propio interesado y de la parte contraria en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción, la información que estime necesaria para verificar la exactitud de los datos declarados por el
solicitante, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución.
2. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución estimatoria del reconocimiento del derecho implicará la confirmación de las designaciones de abogado y, en su caso, de procurador, efectuados
3. Si la resolución es desestimatoria quedarán sin efecto las designaciones provisionales efectuadas, debiendo el
solicitante, en su caso, abonar los honorarios profesionales correspondientes a las actuaciones practicadas, una vez adquiera firmeza aquélla.
Conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, las resoluciones de la Comisión se notificarán en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores de los Tribunales, así como a las partes interesadas si fueran conocidas,
comunicándose, asimismo, al Juzgado o Tribunal que conozca del proceso o al Juez Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado.
a) Transcurrido el plazo de treinta días a que hace
referencia el artículo 19.1 de este Reglamento sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por los Colegios de Abogados y de Procuradores, con los efectos estimatorios o desestimatorios que en cada caso correspondan, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
b) Si los Colegios no hubieran adoptado decisión alguna, el silencio de la Comisión en el plazo previsto en el artículo de este Reglamento, se entenderá positivo, procediendo el Juzgado o Tribunal que conozca del proceso, o el Juez Decano competente si la solicitud se realizó antes de la iniciación de aquél, a petición del interesado, a declarar el derecho en su integridad y a requerir de los Colegios Profesionales la designación de abogado y, en su caso, de procurador.
3. Las renuncias a que se refieren los dos apartados
precedentes no implicarán la pérdida de las demás prestaciones que puedan ser reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita.
1. Cuando se den las circunstancias previstas en el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión, previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, declarará la nulidad de la resolución que reconoció el derecho, en los términos establecidos por el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en consecuencia, revocará el referido derecho.
Las resoluciones expresas o presuntas de la Comisión que reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán ser impugnadas por los titulares de un derecho o interés legítimo en los términos establecidos en el artículo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LETRADA, DEFENSA Y REPRESENTACION GRATUITAS
1. Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y de Procuradores regularán y organizarán los servicios de
asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas de acuerdo con las directrices generales y normas sobre el acceso de los profesionales a los referidos servicios, aprobadas por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el de Procuradores de los Tribunales, que serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios.
Estas normas podrán exigir una experiencia profesional previa para acceder a los servicios, y se ajustarán, en todo caso, a los requisitos generales mínimos de formación y especialización establecidos por el Ministerio de Justicia, así como a los complementarios que se fijen por la Consejería de Gobernación y Justicia, de acuerdo con lo que establece el artículo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, debiendo ser comunicadas a la citada Consejería.
d) Requerir a los interesados la documentación preceptiva que ha de acompañar a la solicitud y la subsanación de las
deficiencias u omisiones de la misma.
2. Los Colegios de Abogados propondrán, por medio del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, a la Consejería de Gobernación y Justicia, la organización del turno de guardia, indicando el número de abogados que intervendrá en cada uno, para lo que se tendrá en cuenta un promedio de tres asistencias diarias por abogado; a los solos efectos de la organización del turno de guardia, se computará como asistencia la prestada por el letrado tanto en el Centro de detención como la posterior comparecencia ante el Organo judicial.
b) En las demarcaciones de los Colegios de Abogados de ámbito provincial en las que sus especiales características
geográficas, o la situación y distancias de los centros de detención, lo hagan necesario.
Los Colegios Profesionales establecerán sistemas de
distribución objetiva y equitativa de los turnos para la designación de los profesionales de oficio, que serán
comunicados a la Consejería de Gobernación y Justicia. Dichos sistemas serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
2. Para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido o preso, no será necesario que éste acredite
previamente carecer de recursos económicos; el abogado que le asista deberá informarle sobre su derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita, así como de su obligación de abonar los honorarios devengados por los servicios
efectivamente prestados si no insta el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita o no se le concede o,
concediéndosele, procede luego el reintegro económico conforme a lo previsto en el artículo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
La misma obligación de información tendrán los abogados de oficio designados provisionalmente por los Colegios de
Abogados, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita o los que sean consecuencia del requerimiento judicial previsto en el artículo 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Cuando el abogado designado para un proceso considere
insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los seis días siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión, tramitándose a continuación conforme a lo previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley de Asistencia Jurídica
2. Los Colegios comunicarán a las Comisiones las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes
disciplinarios que, en su caso, fueran incoados. Dichas resoluciones podrán recurrirse por las Comisiones mediante la interposición del correspondiente recurso ante los respectivos Consejos Andaluces de Colegios.
1. Conforme dispone el artículo 26 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, los Colegios de Abogados y de Procuradores estarán sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones Públicas por la Ley 30/1992, de 26 de
2. La anulación o modificación de las decisiones adoptadas por los Colegios profesionales respecto de las designaciones provisionales de abogado y procurador, que sean acordadas por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en el momento de dictar resolución, o por los órganos judiciales que resuelvan las impugnaciones previstas en el artículo 24 de este
Reglamento, no suponen en sí mismas título de imputación de responsabilidad a los Colegios profesionales, conforme dispone el artículo 24.2 del Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita, aprobado por R.D. 2103/1996, de 20 de septiembre.
3. La tramitación de las reclamaciones de indemnización por los daños producidos por el funcionamiento de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita se ajustará, en lo que sea de aplicación, a lo establecido en el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, con las siguientes precisiones:
a) El procedimiento de reclamación de indemnización se
iniciará mediante solicitud del interesado, que se dirigirá y presentará ante el Colegio correspondiente.
b) La resolución final, acordando o desestimando la
indemnización reclamada será adoptada por la Junta de Gobierno del Colegio respectivo, previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, cuando fuere preceptivo. Contra dicha resolución cabrá interponer recurso ante el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados y, en su caso, ante el de Procuradores de los
Tribunales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
a) Cuidar del correcto funcionamiento de los turnos de
asistencia letrada y de oficio, así como del Servicio de orientación jurídica y del cumplimiento de sus funciones. Asimismo, velarán especialmente por la inmediata tramitación de las solicitudes y expedientes de asistencia jurídica gratuita a las Comisiones respectivas en los plazos legalmente
establecidos. La remisión de los expedientes irá acompañada de soporte informático con la información estructurada, de forma que la misma pueda ser tratada por el sistema informático adoptado por la Consejería de Gobernación y Justicia.
FINANCIACION DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
La Consejería de Gobernación y Justicia subvencionará, dentro de las consignaciones presupuestarias, las actuaciones
relativas a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, con arreglo a las normas contenidas en el presente Capítulo y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) La implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de
Procuradores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
semestralmente al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al de Procuradores de los Tribunales, que distribuirán entre sus respectivos Colegios el importe de la subvención que
corresponda a cada uno en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por los Colegios ante los citados Consejos durante el semestre inmediatamente anterior al de cada libramiento y de los baremos establecidos, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 del presente Reglamento, así como las cantidades que les
corresponda por los gastos operativos de la prestación del servicio.
2. Las cantidades libradas tendrán que ingresarse por los Consejos de Colegios en cuentas separadas, bajo la denominación «Consejo Andaluz de Colegios de Abogados/Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, subvención de la Junta de Andalucía a los servicios de asistencia jurídica gratuita¯.
c) La retribución diaria por asistencias individualizadas, sea cual sea el número de las realizadas, no podrá exceder del doble de la cuantía establecida en el Anexo 2 de este
Reglamento para el «Servicio de guardia (hasta seis
asistencias)¯.
1. El importe de la retribución que corresponde a los abogados y procuradores designados de oficio se determinará conforme a las bases económicas y módulos de compensación que se
especifican en Anexo 2 al presente Reglamento.
2. Los abogados y procuradores designados de oficio devengarán la retribución correspondiente a su actuación en los
porcentajes establecidos en Anexo 3 de este Reglamento, una vez se haya acreditado ante su respectivo Colegio el cumplimiento de los trámites que para cada procedimiento se recogen en aquél.
Los Colegios de Abogados y los de Procuradores de los
Tribunales deberán verificar la efectiva prestación de los servicios por parte de los profesionales, mediante la oportuna justificación documental que conservarán a disposición de sus respectivos Consejos y de la Administración por un período de cinco años.
Los Colegios de Abogados y Procuradores están obligados a llevar un registro en el que figuren todas las designaciones de profesionales efectuadas, dejando constancia del peticionario, actuación a la que se refiere la solicitud, tipo de
procedimiento, órgano judicial o unidad donde se hace la misma, fecha, identificación de los profesionales designados,
renuncias efectuadas y cualquier otra circunstancia que se estime conveniente para la perfecta identificación de las actuaciones que se lleven a cabo.
Artículo 45. Subvención por gastos de funcionamiento y
gestión colegial de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
1. El importe máximo de la subvención que podrá ser destinado a atender los gastos derivados de la infraestructura y
funcionamiento de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previas al proceso a los ciudadanos, en ningún caso podrá superar el 8% del crédito total consignado en el presupuesto de cada ejercicio para la asistencia jurídica gratuita.
Procuradores de los Tribunales distribuirán la cantidad a que se refiere el apartado anterior entre los Colegios respectivos, atendiendo al volumen de asuntos, a la infraestructura de las unidades de asistencia jurídica gratuita, a la distancia respecto a los centros de detención, medios de comunicación, y cualesquier otros parámetros objetivos que afecten a la prestación del servicio.
c) Declaración sobre si se reciben otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquier
Administración, Ente público o privado, nacional o
internacional, a los efectos previstos en el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Certificación, de cada Colegio de Abogados, en la que conste el número e importe total de los turnos de guardia o
asistencias letradas realizadas, de los procedimientos de defensa gratuita -desglosados de acuerdo con la tipología y porcentajes que se establecen en los Anexos 2 y 3,
respectivamente, de este Reglamento-, así como los gastos de funcionamiento e infraestructura colegiales asociados a la prestación de los citados servicios.
A dicha certificación se unirá relación de los Números de Identificación de Expedientes -a que se refiere el artículo de este Reglamento-, correspondientes a los procedimientos de justicia gratuita efectuados.
e) Certificación, de cada Colegio de Abogados, en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos generales mínimos exigibles a los abogados, de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, de conformidad con lo establecido en la Orden del Ministerio de Justicia de 3 de junio de 1997.
2. La Consejería de Gobernación y Justicia tramitará las órdenes de pago para los libramientos que corresponda efectuar, de acuerdo con la documentación citada en el número de este artículo, pudiendo quedar en suspenso la tramitación de la subvención respecto de aquellos Colegios que no aporten la documentación preceptiva.
Artículo 48. Justificación de la aplicación de la subvención. Los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y de
Procuradores de los Tribunales deberán justificar la aplicación de la subvención percibida durante el ejercicio inmediatamente anterior, dentro de los cuatro primeros meses de cada año.
Si se incumpliera dicha obligación, se suspenderán los
sucesivos libramientos hasta que se rinda cuenta o, si el retraso se debiera a la falta de justificación de algún Colegio, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la no justificada por los mismos.
Las diferencias que pudieran resultar de los libramientos a cuenta realizados durante el ejercicio anterior -por
devoluciones, en su caso, de percepciones indebidas-, se regularizarán, una vez cumplimentado el trámite de
justificación anual, en el siguiente libramiento.
c) Relación de las cantidades distribuidas a cada Colegio por el Consejo, para atender los gastos de organización,
infraestructura y funcionamiento de los servicios, indicando los criterios de reparto y la aplicación que de dichas
cantidades haya realizado cada Colegio.
2. La justificación anual que deberá presentar el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales,
comprenderá la siguiente documentación:
b) Relación de las cantidades distribuidas a cada Colegio por el Consejo para atender los gastos de organización,
infraestructura y funcionamiento del servicio, indicando los criterios de reparto y la aplicación que de dichas cantidades haya realizado cada Colegio.
semestrales que se justifican.
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el régimen sancionador aplicable en relación con las subvenciones previstas en este Reglamento será el establecido en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, siendo competente para acordar e imponer las sanciones el titular de la Consejería de
Cuando la asistencia pericial gratuita a que se refiere el artículo 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita deba ejercerse por funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de la Administración autonómica andaluza,
corresponderá a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, previo requerimiento del órgano jurisdiccional que esté conociendo del proceso en que se haya admitido la prueba pericial propuesta por la parte beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, facilitar la persona u organismo que reúna los conocimientos que la pericia precise.
1. Para que proceda, conforme al segundo párrafo del artículo
6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la asistencia pericial gratuita prestada por técnicos privados, se requerirá:
a) Inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las
Administraciones Públicas o, aun existiendo estos últimos, cuando la Administración sea parte interesada en el
2. El abono de los honorarios devengados por los peritos privados correrá a cargo de la Consejería de Gobernación y Justicia, conforme a las condiciones económicas que se
estipulen entre la Administración y el perito.
A tales efectos, antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado remitirá a la Dirección General de
Instituciones y Cooperación con la Justicia, para su
aprobación, una previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:
a) Tiempo previsto para la realización de la pericia y
valoración del coste por hora. En caso de inexistencia de valoración de coste, la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, para determinar la minuta, valorará el tiempo empleado en la elaboración de la pericia y el coste por hora de dicho técnico, en función de la
retribución media que otorga la Administración a un miembro de un Cuerpo donde se exija titulación similar para la realización de la pericia.
c) Copia de la resolución judicial que dio lugar a la
VEANSE ANEXOS 1 Y 2 EN EDICION IMPRESA DEL BOJA
(*) En estos procedimientos los Colegios de Abogados
computarán el baremo hasta un total de cinco días de vistas celebradas. Si éstos superan dicho número, se abonará por cada día más el importe que resulte de dividir por cinco el baremo correspondiente al procedimiento respectivo.
MOMENTO DEL DEVENGO DE LA COMPENSACION ECONOMICA
Los abogados devengarán la indemnización correspondiente a su actuación en el turno de oficio, con arreglo a los siguientes porcentajes:
1. Un 70%:
a) En procesos civiles, incluidos los de familia, a la
presentación de la copia de la providencia de admisión de la demanda o teniendo por formulada la contestación de la misma.
f) En los recursos de casación formalizados, a la presentación de la copia de la providencia por la que se tenga por
formalizado el recurso.
g) En los recursos de casación no formalizados, a la
presentación de la copia del informe dirigido al Colegio, fundamentando la inviabilidad del recurso.
2. El restante 30% de los asuntos procedentes, a la
presentación de la copia de la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia.
4. En las transacciones extrajudiciales e informe de
insostenibilidad de la pretensión, se devengará la totalidad de la compensación económica correspondiente a la presentación de documento suscrito por el interesado o del informe de
Colegio de Abogados Código
Almería 01
Antequera 02
Jaén 07
Jerez de la Frontera 08
Lucena 09
ORGANIZACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO