Source: https://www.scribd.com/document/79217784/Las-mutilaciones-genitales-femeninas
Timestamp: 2017-04-30 09:39:33
Document Index: 322590010

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En estas líneas encontraran no sólo información relativa a la mutilación genital sino también propuestas concreta...View Morehttp://www.diagramconsultores.com: más anuncios, documentos, campañas y web de ONG.
En estas líneas encontraran no sólo información relativa a la mutilación genital sino también propuestas concretas sobre como podemos cambiar el destino de millones de mujeres y niñas. Se analizan, con ayuda de personas expertas en el tema, cuales son los fundamentos que mantienen viva, aún hoy, esta tradición, como reacciona nuestro ordenamiento jurídico ante la misma o cuales han sido las iniciativas emprendidas hasta el momento para luchar contra ella. Sobre todo, se deja claro en esta publicación que la mutilación genital, al igual que cualquiera de las manifestaciones sexistas de nuestra cultura, es una prueba más de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, incorporamos en estas páginas una propuesta elaborada a partir de las aportaciones de distintas organizaciones y personas expertas que esperamos sirva de referencia a los que tienen el poder y el deber de tomar medidas frente a las mutilaciones genitales femeninas dentro y fuera de nuestro país.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentFederación dePlanificación Familiar
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genitales femeninas
Cuadernos de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos Nº 4
Cuadernos: Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
Nº 4: Las mutilaciones genitales femeninas
Edita: Federación de Planifcación Familiar de España
Almagro, 28 - 28010 Madrid - España
Ponce de León, 8 - 1º izda. 28010 Madrid - España
Tel.: 34-91 591 34 49
Fax: 34-91 591 38 84
e-mail: info@fpfe.org
Publicación coordinada por: Marta O’Kelly y Maite Serrano. Colaboradoras: Filomena Ruggiero, Chelo Ortigosa y Pilar Alonso.
Realización y diseño: PardeDÓS
Depósito legal: M-54962-2002
ISBN: 84-607-6692-6
Imprime: Seg. Color, S.L.
A Pascaline Sebgo, por regalarnos su testimonio personal y por luchar día a día en su país para erradicar la mutilación genital femenina. A Mª José Montero por tener la idea de esta publicación. A Montse Pablo y Cati Cladera, de la orga-
nización Mallorca Amiga, por cedernos algunas de las fotografías de su exposición “Dones d’Africa”, que puede verse actualmente en Baleares (dirección de contacto: montsepa@hotmail.com). A Adriana Kaplan y Francisco de Borja Villena por su amable ofrecimiento a participar en este proyecto. A la Federación Internacional de Planifcación Familiar-Región Europea (IPPF-EN), Lut Joris y Kaatje De Clercq (GGSO-Trepfunt, Bélgica), Dominique Audouze (Mouvement Français pour le Planning Familial), Alice Frade y Iasmine Gonçalves (Associaçao para o Planeamento da Familia, Portugal), Gaby Kohli (PLANES, Suiza), Hanna Pandian, Naana Otoo-Oyortey (Federación Internacional de Planifcación Familiar, IPPF), Adwoa Kwateng Kluvitse (Forward, England), Els Leye (International Centre for Reproductive Health, Bélgica), Elisabeth Practh (OEGF, Austria), Karen Griffn (Irish Family Planning Association) y Viktor Bernharzt (RFSU, Suecia). A las ONGs y personas expertas que participaron en el I Encuentro sobre Mutilación Genital.
Nuestro especial agradecimiento a Pedro Guerra por habernos cedido su canción Malicunda para prologar esta pu-
blicación y por su colaboración en otras iniciativas de la Federación de Planifcación Familiar.
A todas las personas y organizaciones que creen que un mundo sin discriminación y sin prácticas que vulneren los derechos humanos de las mujeres es posible y que trabajan día a día para hacerlo realidad.
Nota: Las declaraciones expresadas en esta publicación no refejan necesariamente las opiniones de la Federación de Planifcación Familiar de España Índice Presentación
Guillermo González, Presidente, FPFE.
Pedro Guerra, cantautor.
Testimonio de Pascaline Sebgo, presidenta de GASCODE, Burkina Faso.
Una mirada a la mutilación genital femenina
Marta O’Kelly, responsable de sensibilización, FPFE.
Aproximación antropológica a las mutilaciones genitales femeninas
Adriana Kaplan, antropóloga, Investigadora Ramón y Cajal.
Departamento de Antropología Social. UAB.
La mutilación genital femenina más cerca que nunca: la realidad en España
La respuesta en Derecho Español al problema de las mutilaciones genitales femeninas
Francisco de Borja Villena Cortés, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción nº 3 del Prat de Llobregat.
Una propuesta de Acción frente a las mutilaciones genitales femeninas
Conclusiones del I Encuentro de trabajo sobre MGF
Anexo I: Iniciativas legislativas relativas a las mutilaciones
genitales femeninas adoptadas en España
Anexo II: Conferencias, declaraciones, convenios y demás acuerdos
internacionales relacionados con las mutilaciones genitales femeninas
Anexo III: Situación legislativa de las mutilaciones genitales femeninas
Anexo IV: Situación legislativa de las mutilaciones genitales femeninas
Creo que podrán ponerse en mi lugar si les digo que es para mi un placer amargo presentar este nuevo número de la Colección de Cuadernos sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Amargo porque el tema que se aborda en esta ocasión, la mutilación genital femenina, es especialmente duro e impactante, porque estamos hablando de la vida y la salud de millones de mujeres y niñas, porque desafortunadamente todavía encontramos situa-
ciones fagrantes en las que se violan los derechos humanos y se muestra nítidamente la desigualdad entre hombres y mujeres.
A pesar de ello y después de tres años de andadura de esta Colección de Cuadernos, la Federación de Planifcación Familiar de España ha considerado que esta herramienta puede ser una forma de aportar nuestro modesto granito de arena a la lucha por la erradicación de esta práctica tradicional tanto en nuestro país como en el resto del mundo.
En estas líneas encontraran no sólo información relativa a la mutilación genital sino también pro-
puestas concretas sobre como podemos cambiar el destino de millones de mujeres y niñas. Se analizan, con ayuda de personas expertas en el tema, cuales son los fundamentos que mantienen viva, aún hoy, esta tradición, como reacciona nuestro ordenamien-
Guillermo González Antón,
de Planifcación Familiar
de España P
Fotografía: Cati Cladera. Catálogo de la exposición Dones d’Africa, ONG Mallorca Amiga.
to jurídico ante la misma o cuales han sido las iniciativas emprendidas hasta el momento para luchar contra ella. Sobre todo, se deja claro en esta publicación que la mutilación genital, al igual que cualquiera de las manifestaciones sexistas de nuestra cultura, es una prueba más de la desigualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, incorporamos en estas páginas una propuesta elaborada a partir de las aportaciones de distintas organizaciones y personas expertas que esperamos sirva de referencia a los que tienen el poder y el deber de tomar medidas frente a las mutilaciones genitales femeninas dentro y fuera de nuestro país.
Creemos que todavía queda mucho trabajo por delante y esta publicación no es más que una nueva iniciativa de la FPFE ante una realidad frente a la que no podemos permanecer inactivos. Otros proyectos estarán por venir hasta que logremos el cambio. Esperamos contar con la colaboración de todos y todas para hacerlo posible. Vaya por delante mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la presente publicación y muy especialmente a Pascaline Sebgo por su testimonio personal. P
En Malicunda juraron que nunca más
niñas nómadas que cruzan el desierto
cuidando los rebaños, guardando los corderos
en que la vieja gitana
circuncide su sexo
con cortes de navaja
entonces serán mujeres de provecho
que sus padres cambiarán por 5 o 6 camellos
porque 6 camellos vale una mujer
siempre y cuando esté intacta
la puerta de su piel
fue en Malicunda que se hizo el Juramento
y el eco fue llegando a oídos del gobierno
que pare el rastro
de niñas mutiladas
mujeres que no cuentan
mujeres que son nada
y así hasta que termine y no vuelva a oírse nunca
el corte de acero en todo Malicunda
las prácticas sexuales
En Malicunda juraron que nunca más De su último disco “Hijas de Eva”
Conocido como “Juramento de Mali-
cunda”, el nombre de su pueblo, situado en la región de Thies, a una hora de carretera de Dakar (Senegal), en junio de 1997, una treintena de mujeres, desafando las prohibiciones de la tra-
dición, se comprometieron, solemne y públicamente, a abandonar la práctica de la ablación.
Contra la Ablación. Roland-Pierre Paringoux.
Testimonio de Pascaline Sebgo, presidenta de GASCODE, Burki-
Pascaline Sebgo vive en Burkina Faso, es matrona y presidenta de GASCODE, una organización no gu-
bernamental que lucha contra la mutilación genital femenina. Esta mujer comprometida con la lucha contra la mutilación genital femenina en su país nos brinda para abrir esta publicación su propio testimonio sobre el día en que sufrió la ablación. Conscientes de la tristeza que le ha supuesto escribir este texto, queremos agradecerle muy especialmente, que haya decidido compartir parte de sus recuerdos con nosotros y le hacemos llegar nuestra confanza de que este esfuerzo no habrá sido en vano. Fui mutilada a la edad de 11 años. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Vuelvo a verme a mi misma tirada en el suelo, cuatro mujeres del pueblo sujetando mis muslos y mis brazos bien fjos en el suelo, las piernas separadas y frente a mi, una extraña de al menos 60 años que no había visto jamás, preparada para cortar trozo a trozo mis órganos genitales.
Me dolió mucho, grité con todas mis fuerzas hasta quedarme sin aire. No podía respirar y llegué a creer en un momento que me iba a morir. No sabía por-
qué me hacían eso. No recibí ninguna preparación ni ninguna explicación antes de la intervención. Fue más tarde cuando mi madre me explicó que la ablación se practicaba para mantener a la mujer pura y permitirle tener un marido y muchos hijos.
El día de mi ablación mi madre me levantó muy temprano, estaba calentando agua en una marmita y me pidió que me lavara y me vistiera porque íbamos a ir a un lugar con las otras niñas de mi edad, para Fotografía: Cati Cladera. Catálogo de la exposición Dones d’Africa, ONG Mallorca Amiga.
La ablación se llevó a cabo en un corral familiar separado en una esquina por una estera de paja. En la tierra se cavó un agujero con objeto de que la sangre y los restos de los órganos genitales pudieran ser enterrados al fnalizar. Por supuesto el mismo cuchillo sirvió para realizar la ablación a todas las niñas.
Después de la intervención, me hicieron sentarme al lado de las demás niñas, en el suelo. Las mu-
jeres pusieron tierra en la herida pero seguí sangrando muchísimo. Me sentía muy débil y quería acostarme aunque no pude, tenía que permanecer de pie todo el día. En un momento determinado, me entraron ganas de orinar. Cuando las primeras gotas de orina tocaron la herida me puse a gritar, lo que había sufrido era ya demasiado para mi así que intenté aguantar todo lo posible hasta que al fn por la tarde no pude más y tuve que hacerlo a pesar del dolor. Me sentía muy débil y quería
acostarme aunque no pude, tenía
que permanecer de pie todo el día.
La herida provocada por la ablación se cura dos veces al día, por la mañana y por la noche. Se encargan de ello las mujeres del pueblo y se realiza con agua caliente y jabón. El dolor es indes-
criptible durante la semana siguiente a la intervención. Tras el lavado, se coloca un paño mojado en mantequilla de karitú y otros productos a la entrada de la vagina entre los bordes de la herida, evitando así que la vulva se pegue durante la cicatrización. Al cabo de 10 días las heridas de mis amigas comenzaron a cicatrizar aunque en mi caso no tuve tanta suerte. Sufrí una infección y tuvieron que tratarme 3 veces al día. Fue un suplicio aún mayor unos días más tarde cuando la infección se agravó y me subió la febre. Estaba muy débil y aunque las mujeres comenzaron a preocuparse, se negaron a llevarme al centro de salud más cercano ya que lo llevaban un grupo de religiosas contrarias a la ablación.
Finalmente me salvó una prima mía enfermera, que pasó por el pueblo para visitar a mis padres y me trató con antibióticos hasta que me curé. Mi herida cicatrizó después de un mes pero continué teniendo problemas años más tarde durante las relaciones sexuales y cuando traté de quedarme embarazada. La infección que me provocó la ablación llegó hasta los órganos genitales internos y me creó problemas en las trompas con la consecuente esterilidad. Sólo después de una interven-
ción quirúrgica y un largo tratamiento médico pude tener un hijo. Evidentemente tuvo que ser por cesárea, con las subsiguientes complicaciones que hicieron una vez más peligrar mi salud. Lo peor es que después de este hijo no pude tener ninguno más.
Desde hace muchos años lucho con todas mis fuerzas contra la realización de la mutilación genital femenina en mi país, Burkina Faso, e intento evitar que otras niñas sufran lo que yo sufrí. En 1979, después de obtener mi título de matrona fui involucrando, poco a poco, a otras personas en la lucha contra esta práctica. Juntos creamos una asociación llamada GASCODE, desde la cual luchamos contra todas las prácticas tradicionales perjudiciales para las mujeres.
asistir a una ceremonia en el curso de la cual podríamos “comer huevos”. “Comer huevos” era una expresión inventada que signifcaba ablación aunque no lo comprendí hasta más tarde.
Éramos un grupo de 15 niñas de edades entre 7 y 14 años. Antes de salir de casa pregunté a mi madre y a mis hermanas como iba a ser la ceremonia pero nadie me quiso contar nada. Una de mis hermanas me dijo que le estaba prohibido hablar y que yo tampoco debía contar nada a nadie después. Según me dijo las creencias populares hablaban que si contaba algo podía morir.
Durante todo el viaje estuvimos acompañadas de mujeres del pueblo pero no de nuestras madres. Estuvimos cantando y riendo, yo estaba contenta al igual que las otras chicas, de participar en una festa donde se podían comer huevos. El huevo es una alimento muy apreciado y no accesible a los niños pues existen tabúes tradicionales en torno a él. Cuando llegamos al lugar elegido, algunas mujeres se quedaron con el grupo mientras otras se llevaban a una de las niñas a una casa del pueblo alejada de donde nos encontrábamos. Todas nos quedamos esperando a que regresara para saciar nuestra curiosidad pero no volvió. Algunos mo-
mentos después, dos mujeres vinieron a buscar a otra niña y cuando presas del miedo comenzamos a preguntar donde estaba nuestra amiga, nos dijeron que nos mantuviésemos tranquilas porque pronto la volveríamos a ver. Así, una a una, las niñas fueron marchando y cuando las volvimos a ver ya habían pasado por el horror de la mutilación.
Teníamos miedo, ya nadie hablaba, esperábamos tendidas a que nos tocara el turno. Quedábamos sólo tres niñas cuando las mujeres pronunciaron mi nombre. Me estremecí de terror, no quería ir con ellas pero me tranquilizaron diciendo que las otras me esperaban. Cuando entré en el cuarto donde se estaba realizando la ablación, vi a mis amigas tendidas en el suelo, desnudas, con las piernas separadas y sangre por todas partes. Algunas de ellas gemían. Entonces comprendí el peligro y me di la vuelta para correr hacia la puerta y escapar. No hubo oportunidad, rápidamente las mujeres me agarraron y me tiraron al suelo mientras yo gritaba y suplicaba que me dejaran marchar. Yo gritaba y gritaba pidiendo socorro, llamaba a mi madre pero ella no estaba allí.
Teníamos miedo, ya nadie
hablaba, esperábamos tendidas
a que nos tocara el turno
Aquellas mujeres me desnudaron y me echaron al suelo, a continuación me separaron los muslos y la mujer que realizaba la ablación comenzó a cortar, a cortar y a cortar...
La intervención se hizo sin anestesia ni calmantes. Es una tortura indescriptible que dura largo tiempo, quizás 20 o 30 minutos, a veces más. Los órganos genitales son cortados en pequeños trozos porque según creencias erróneas, eso evita la hemorragia. Lejos de ser así, esto hace que se acentúe y se prolongue aún más el dolor. Siendo el clítoris un órgano tan sensible, se puede imaginar el dolor tan insoportable que se produce cuando alguien lo corta a trozos, sin anestesia... yo lo he vivido y no puedo ponerle palabras.
Desde hace muchos años lucho con todas mis fuerzas contra la realización de la mutilación genital
femenina en mi país
En GASCODE llevamos a cabo acciones de sensibilización y formación sobre salud y derechos de las mujeres. Asimismo, apo-
yamos actividades de promoción econó-
mica de las mujeres. Con mucho esfuerzo hemos conseguido resultados positivos en algunas poblaciones, que han abandonado la práctica de la ablación y los matrimonios forzosos, pero el camino por recorrer es aún inmenso porque esta práctica continua todavía en otras comunidades. Todo el apo-
yo que nos puedan brindar para extender nuestras actividades será bienvenido.
Así pues, aquí dejo mi testimonio impre-
so a pesar del dolor que me produce aún hoy rememorar esta parte de mi vida. Me anima el hecho de que quizás pueda servir para que cada gobierno, cada institución pública o privada y cada persona decida aportar su grano de arena para acabar con esta práctica tan terrible y juntos podamos ver un mundo en el que las niñas no tengan que pasar por un trance así para que les sea reconocida su identidad.
Marta O’Kelly, responsable
de sensibilización, FPFE.
Mutilaciones genitales femeninas (en adelante MGF), es el nombre para designar a una serie de prácticas tradicionales que incluyen la ablación de los genitales femeninos. Estas prácticas se realizan generalmente a niñas entre 4 y 12 años, como acto ritual que marca el paso a la edad adulta, aunque existen casos en que se realizan días después del nacimiento, justo antes del matrimonio o después del primer embarazo. En la actualidad existen unos 120 millones de niñas que han sido objeto de la mutilación genital femenina. na mirada
mutilaciones genitales fe-
Se calcula que cada año otros dos millones son sometidas a esta práctica lo que implica unos 6.000 nuevos casos cada día, cinco niñas por minuto
1 . Las poblaciones utilizan diversos nombres para designar estas costumbres, tahara en Egipto, tahur en Sudán, bolokoli en Malí o ñyakaa en Gambia. A nivel internacional se habla de cir-
cuncisión femenina, ablación o excisión, aunque en la última década la mayoría de las organi-
zaciones de mujeres han adoptado el término mutilaciones genitales femeninas por considerar que es el que mejor muestra como esta tradición vulnera la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, y sus derechos humanos más básicos. La OMS y el Comité Inter-Africano sobre Prácticas Tradicionales que afectan a la Salud de las Mujeres y Niñas adoptaron el tér-
mino mutilaciones genitales femeninas en 1990 siendo el utilizado actualmente de forma ofcial en los documentos internacionales. A pesar del consenso existente, este término ha resultado ofensivo a la hora de trabajar directamente con las poblaciones que cuentan con este rito entre sus tradiciones, razón por la cual en este con-
texto se siguen utilizando otros términos como el de “circuncisión femenina”.
¿En qué consisten las mutilaciones genitales femeninas?
El hecho concreto de la mutilación genital fe-
menina consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales femeninos externos, es decir el clítoris, los labios mayores y menores, uretra y abertura vaginal. No existe ninguna prueba concluyente sobre el momento y las razones de la aparición de estos ritos, aunque parece que podrían haber surgido 1
hace 2.000 años en el sur de Egipto y norte de Sudán. No obstante, en muchos países africanos las mutilaciones genitales femeninas son una costumbre reciente, que se comienza a aplicar en el siglo XIX o XX. Sin entrar en valoraciones sobre la circuncisión masculina, es preciso destacar que ésta tiene un alcance mucho menor que las mutilaciones geni-
tales femeninas. En el primer caso no se llega a dañar el órgano genital masculino, a diferencia de lo que sucede en el caso de las mujeres. Los efectos sobre la salud en uno y otro caso tampoco pueden compararse y mientras que la justifcación última de la circuncisión mascu-
lina es el aumento de la virilidad y el goce del hombre, la circuncisión femenina persigue todo lo contrario, restringir la sexualidad de la mujer y dejar patente su rol subordinado al hombre dentro de la sociedad.
¿Cuáles son los grupos que prac-
tican las mutilaciones genitales femeninas?
Hasta bien entrado el siglo XX, la clitoridecto-
mía era considerada por los médicos occiden-
tales como un remedio contra la histeria y la masturbación y fue practicada en países como Estados Unidos en numerosas ocasiones, la última en 1948.
Aunque ya no se practica por este motivo en occidente, las MGF están vigentes, de una for-
ma u otra en unos 40 países, donde la aplican distintos grupos de población adscritos a la re-
ligión musulmana, cristiana y judía. Es común en determinadas etnias de 25 países del África al sur del Sahara. Aunque no en todos los países están extendidas en igual medida, las MGF se practican en: Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Mar-
fl, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Guinea Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, 15
Etnias que practican las mutilaciones genitales femeninas por país
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo y Uganda. Es preciso tener en cuenta no obstante, que estos ritos no deben atribuirse a una determinada zona o país, ni a una determinada religión, sino a las etnias concretas que la realizan. Así, dentro de un mismo territorio y una misma religión puede haber grupos que las practiquen y grupos que no.
Además del continente africano, las MGF son unas costumbres extendidas de forma puntual en algunos grupos localizados en países de la península arábiga (Bahrein, Omán, Yemen y Emiratos Árabes Unidos) y de la población mu-
La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue cuatro tipos de MGF:
Tipo I: conocida como “clitoridectomía”, consiste en la remoción del prepucio del clítoris, con o sin la extirpación de la totalidad o parte del mismo.
Es común en algunas etnias de Camerún, Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau, Kenia, Malí, Mauritania, Nigeria y Uganda.
Tipo II: denominada “ablación”, consiste en la extirpación del prepucio, del clítoris y de la totalidad o parte de los labios menores. Es común en algunas etnias de Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfl, República del Congo, Djibouti, Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Togo y Uganda. Tipo III: conocida como “infbulación”, consiste en la extirpación de la totalidad o parte de los órganos genitales externos cosiendo a continuación la abertura vaginal de forma que sólo quede un pequeño orifcio para expulsar la orina y el fujo menstrual.
Es común en algunas etnias de Sudán, Somalia, Tanzania, Eritrea y Djibouti.
Tipo IV: aquí se incluyen procedimientos como el punzamiento, la perforación, la cauteri-
zación, la raspadura, el corte o la utilización de sustancias para remover la totalidad o parte de los órganos genitales externos.
sulmana de Indonesia y Malasia. En India una pequeña secta musulmana llamada Daudi Bohra tiene asimismo la MGF entre sus tradiciones.
A esto hay que unir el hecho de la presencia de las MGF en España y otros países europeos donde los grupos de inmigrantes continúan prac-
ticando sus costumbres. Los casos producidos en nuestro país, Francia, Reino Unido o Italia han levantado la alarma y la preocupación de los sectores sociales y políticos y han dado lugar a reacciones a cuyo análisis dedicamos varias secciones de esta publicación.
La prevalencia de las mutilaciones genitales 17
Tipos de mutilaciones genitales femeninas prevalentes por país Tipo I: clitoridectomía
Tipo II: excisión
Tipo III: infbulación
varia mucho de un país a otro, en función del peso y el número de etnias que la practican. En Djibouti, Etiopía, Eritrea, Malí, Sierra leona, Egipto, Somalia y Sudan la MGF está muy extendida pues la prevalencia roza o supera al 80% de la población. Teniendo en cuenta que en estos dos últimos países, así como en Eritrea se practica sobre todo la infbulación, podemos considerar a estos tres países como los más representativos en términos de gravedad de la situación.
Como contraposición a estos índices tan altos de prevalencia, hay países como Camerún, Re-
pública Democrática del Congo, Níger, Senegal, Tanzania, Sudán, y aquellos otros situados fuera de África Subsahariana que no exceden del 20%. Entre los niveles de prevalencia media encontra-
mos a Benin, República Centroafricana, Costa de Marfl, Guinea, Ghana, Guinea Bissau, Kenia y Togo, cuyas estadísticas rondan entre el 20 y el 50%. Por último, dentro del grupo de preva-
lencia alto, entre el 50% y el 80% se encuentra Burkina Faso, El Chad, Liberia y Nigeria.
Las mujeres que viven en medios urbanos son en general menos susceptibles de practicar la ablación. Excepto en el caso de Burkina Faso y Sudán, la prevalencia de mutilaciones genitales femeninas es inferior entre las mujeres que viven en el medio urbano, lo cual puede ser debido a una mayor disponibilidad de información y una menor imposición y vigencia de los esquemas culturales. La situación excepcional de Burkina Faso y Sudán puede deberse a que muchas de las etnias presentes en los medios rurales no con-
templan en sus tradiciones este tipo de prácticas.
¿Qué consecuencias tienen las mu-
tilaciones genitales femeninas sobre la salud de las mujeres?
Es muy difícil conocer con exactitud el número de mujeres y niñas que mueren como resulta-
do de las mutilaciones genitales femeninas. Algunas estadísticas, en cualquier caso muy conservadoras, hablan de más de un millón de mujeres en República Centroafricana, Egipto y Eritrea, únicos países donde esta información está disponible.
Fuente: traducido al español de Creel, Liz: “ Abandonner l’excision feminine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2002.
Mujeres de 15 a 49 años que han sufrido la ablación por religión
Nivel de prevalencia de las mutilaciones genitales femeninas por país
ritos?
Las mutilaciones genitales femeninas son Prevalencia de la ablación según zona urbana o rural
prácticas culturales basadas en una serie de convicciones y percepciones muy enclavadas en la cultura popular: placer del marido, obliga-
ciones religiosas, propiedad, identidad, salud o posición social. Aquellos que las practican poseen una especie de esquema mental, en base al cual estas prácticas quedan justifcadas e incluso son consideradas benefciosas para la comunidad. Este esquema está constituido tanto por argumentos psicológicos y sociales como por creencias religiosas, sociales e individuales, que entrelazadas entre sí hacen muy difícil la tarea de erradicar las mutilaciones genitales femeninas. Es imprescindible la comprensión de este esquema para diseñar acciones efectivas que promuevan el abandono de estos ritos. 21
 Inmediatas:
Shock, dolores intensos y/o hemorragias. 
Infecciones de la herida, incluido el virus del tétano. 
Daños a otros órganos cercanos (uretra, esfínter anal, paredes vaginales, etc.)
Retención de la orina por hinchazón o bloqueo de la uretra.
Dolores coitales.
 A medio plazo:
Complicaciones durante el embarazo y el parto.
 A largo plazo:
Fístulas rectovaginales o vesiculovaginales.
Incontinencia urinaria o anal.
Formación de cálculos/piedras en la vagina.
Complicaciones obstétricas debido a infecciones perianales, desgarros, etc.
Riesgos fetales debido a la prolongación del parto, obstrucción del parto.
Complicaciones Psicológicas:
Los efectos psicológicos de las MGF no están tan estudiados como los físicos pero algunos informes ponen de relieve que estas prácticas generan síntomas de ansiedad, depresión, así como otras enfermedades psicosomáti-
cas. Las niñas experimentan dis-
funciones en la alimentación, el sueño y el comportamiento tras serles practicadas la ablación. ¿Por qué es difícil acabar con estos 22
Razones por las que la ablación continúa: un esquema mental
Fuente: Traducido al español de Creel, Liz: “Abandonner l’excision feminnine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2002.
Mecanismo de ejecución comunitaria:
La comunidad rechaza que se contraiga
matrimonio con mujeres no mutiladas.
La comunidad obliga a practicar la ablación a las mujeres de otras tribus que
contraen matrimonio con algún miembro de la comunidad.
Existe la creencia en la comunidad que habrá un castigo divino o de fuerzas
sobrenaturales si no se realiza la abla-
Existen poemas y cantos que celebran la realización de la excisión y que se
mofan de las chicas que no han sido mutiladas.
Adriana Kaplan Marcusán, Antropólo-
ga, Investigadora Ramón y Cajal. Dpto.
de Antropología Social.
proximación antropológica
La comunidad internacional, a través de diversas agencias de Naciones Unidas (OMS, FNUAP o UNICEF, entre otros) y la Unión Europea, se ha pronunciado en diferentes foros, convenciones y declaraciones sobre las mutilaciones genitales feme-
ninas (MGF), los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos del niño/a. Estas prác-
ticas ancestrales han sido prohibidas por algunos 24
gobiernos africanos, aunque no existe por el momento una legislación al respecto en todos ellos. Sólo algunos países han aprobado en sus parlamentos leyes sancionadoras específcas, entre ellos Senegal, Malí, Mauritania o Ghana. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aunque éste sea un avance importante, las estrategias planteadas para la erradicación de estas prácticas comportan fundamentalmente una transformación social, religiosa y cultural más amplia, que debe llegar a las propias raíces culturales y a las relaciones de género, y no sólo a través de prohibiciones legales o decretos, que difícilmente son respetados, acatados y ejecutados, sobre todo en las zonas rurales, donde reside mayoritariamente la población femenina. Este es el caso de Senegal, por ejemplo, donde las MGF han sido prohibidas en el año 1999 y donde, sin embargo, las iniciaciones siguen vigentes, en menor medida dentro de territorio senegalés, aunque traspasando la frontera hacia Gambia, país vecino en el que la práctica es habitual, públicamente reconocida y legitimada.
La erradicación de estas prácticas
comportan fundamentalmente una transformación social, religiosa
A pesar de que casi la mitad de los países africanos con prevalencia de MGF disponen de medidas legislativas al respecto, las prácticas siguen produciéndose. Países como Etiopía, con una prevalencia del 85%, donde la prohibición se expresa desde la misma Constitución, son un claro ejemplo de la necesidad de desarrollar actividades de información y prevención con las comunidades afectadas, al amparo de un marco jurídico adecuado.
En España, los primeros casos detectados han sido en Cataluña, a principios del año 1993. Ambos fueron denunciados por personal sanitario, y las sentencias absuelven a los padres alegando “la no intencionalidad de lesionar y el error de prohibición”. Una mediación antropológica permitió una comprensión del ritual y de la ignorancia de los padres frente a la legislación española y a las consecuencias derivadas de la práctica, pero también consiguió un compromiso con la comunidad africana inmigrada de que no se realizarían estas prácticas aquí. Desde entonces no se han producido nuevas intervenciones en España, aunque algunas familias aprovechan los viajes de vacaciones a sus países de origen para iniciar a sus hijas. Valdría la pena señalar también, que las niñas nacidas en territorio español NO son españolas, sino que tienen la nacionalidad de sus padres y están su-
jetas a la situación jurídica del cabeza de familia. Esta precariedad legal es determinante ya que condiciona un proyecto estable en el país de destino, y los procesos de aculturación e integración social se hacen más difíciles y poco sostenibles.
¿Circuncisión femenina? ¿Mutilaciones genitales femeninas? ¿Cortes genitales femeninos? ¿Sunna? ¿Cirugía genital femenina? ¿Clitoridectomía? ¿Operación? ¿Práctica tradicional? Como vemos, los términos utilizados son diversos y aunque podemos entender de lo que se trata, sólo un análisis conceptual de los mismos, aunque necesariamente breve, nos dará una idea de los contenidos que F
cada uno de ellos trata, de quién los trata y desde dónde se tratan.
Durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, el uso frecuente para este tipo de intervenciones es el término circuncisión, haciendo referencia también a la de los ni-
ños, como rito iniciático a la edad adulta. Es una expresión que no destila violencia o agresión, sino que la equipara a una práctica cultural ejercida sobre ambos sexos. Desde posiciones relativistas y desde las mismas culturas que la practican, se sigue defendiendo el uso de la palabra circun-
cisión, junto a otras como operación o prácticas tradicio-
nales. La propia población musulmana que la practica, por ejemplo en Sudán o Etiopía, se refere a ella como sunna o bien remiten al término utilizado en la lengua autóctona: por ejemplo, en mandinga es ñyakaa o en somalí es gudniin gadbahaada, que tiene una carga más simbólica y menos emocional. Otros términos utilizados entre algunas etnias africanas son “abierto” o “cerrado”. Desde ámbitos académicos, el término que con mayor frecuencia encontramos, es el de Female Genital Cutting (FGC), que podríamos traducir como Cortes Genitales Femeninos. Autoras que provienen de las ciencias sociales, como María de Bruyn (1998), antropóloga, o Dara Carr (1997), demógrafa, preferen hablar de FGC como una forma más respetuosa de referirse, no a la inter-
vención, sino a la población que la ejecuta, y que contempla los tres tipos de operación descritos, evitando la estigmatización, la barbarización o los juicios morales sobre la práctica. En este mismo sentido se pronuncian algunos profesionales de las ciencias de la salud, como Morison (2001) o Walraven (2001). Sin embargo, desde otros ámbitos sanitarios se alude al ejercicio médico y, en la reivindicación de este derecho, a la praxis médica, como en Egipto, donde se ha llegado a clasifcar, hasta muy recientemente, como una especialidad de Cirugía Genital Femenina. Desde posiciones más feministas y de los derechos humanos, se propone el término Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF), que va a cambiar no solamente la orientación terminológica sino conceptual, en la medida en que se entiende que este tipo de prácticas claramente atentan contra la integridad física y psíquica de las mujeres y las niñas, defendiendo que se trata de la amputación de una parte funcional y sana del organismo femenino. A partir de este momento, en algunos foros internacionales y desde el propio Comité Interafricano, se habla de MGF o, en su defecto y por respeto a las culturas afectadas, se utiliza, como concepto que organiza una acción, el de “Prácticas tradicionales perjudiciales que afectan la salud de las mujeres y las niñas.” Marco antropológico
Las MGF, es decir, la clitoridectomía, la ablación/excisión, y la infbulación, son prácticas ances-
trales extendidas entre muchos pueblos africanos, aunque no exclusivamente, que tienen profundas raíces sociales y culturales. Una de las razones principales que aducen las mujeres que mantienen, reivindican, defenden y ejecutan esta práctica tiene que ver con una cuestión de higiene: una mujer 26
africano, a través de la descripción etnográfca de sus contenidos, para ir centrándonos en la espe-
cifcidad que concierne a las mujeres.
Este ritual es imprescindible para
el acceso futuro de los niños y niñas
al mundo de los adultos
Contextualización del rito de iniciación
La signifcación de estos ritos de iniciación es compleja y cada una de las fases que los compo-
nen (Van Gennep,1986) está pautada culturalmente por unos elementos, unos personajes y unos contenidos rituales específcos. El kaseo (iniciación masculina) y el ñyakaa
1 (iniciación femenina) signifcan el paso de la infancia a la pubertad, primer estadio de la vida adulta. En ambos casos se dan las tres fases del rito de paso: separación, marginación y agregación. En la primera fase, las niñas y los niños son separados de la comunidad y circuncidados. La ruptura con la etapa anterior, la infancia, está marcada por el corte del prepucio o la excisión del clítoris, la sangre y el dolor. La segunda fase, de marginación, tiene una duración que depende del tiempo de cicatrización de la herida y del proceso de aprendizaje de los iniciados. En el corte del prepucio del pene suele tratarse de dos a tres semanas, mientras que en la excisión del clítoris y/o infbulación se prolonga entre dos y ocho semanas, según el tipo de operación realizada. Es un período de alto riesgo, rodeado de tabúes y normas estrictas, prescripciones y prohibiciones especiales referidas a los cuidados, la higiene, el alimento, la ropa y el movimiento en general. Es en esta fase donde se lleva a cabo el aprendizaje por parte de las iniciadas, donde les son trans-
mitidas las enseñanzas que aglutinan la riqueza cultural y social de su pueblo. Ya en la tercera fase, de agregación, se celebra una gran festa de «graduación» donde se presenta públicamente a las iniciadas como nuevas miembros, con sus nuevos roles y categorías sociales. Y de esta forma, también son públicamente reconocidas, legitimadas y aceptadas por la comunidad como nuevas integrantes de la sociedad secreta de las mujeres. Los niños por su parte, entrarán a formar parte del grupo de los hombres. Los personajes rituales encargados de llevar a cabo la iniciación son los mismos en el caso de las mujeres que en el de los hombres, siempre legitimados por los más ancianos de la aldea. Cada uno recibe un nombre y cumple unas funciones específcas. Sólo vamos a señalar y describir aquí el rol de la Ngnangsimbah, que signifca madre/padre de los iniciados. Se trata de un anciano/a que encabeza el grupo y cumple la función de supervisión y guía espiritual; es quien realiza la operación, y quien será responsable del ordenamiento, desarrollo y cumplimiento del ritual. Es una de las personas más respetables y temidas de la aldea, a quien atribuyen poderes sobrena-
turales, es decir, que suele ser kufanungte, cabeza grande, aquella que puede captar la presencia de malos espíritus. Las mujeres que ejecutan esta operación han sido instruidas por sus madres y sus abuelas, y pertenecen al estamento social de los herreros. Suelen ser también las comadronas F
circuncidada es una mujer limpia. A los hombres también se los circuncida por una cuestión de higiene: un hombre circuncidado es un hombre limpio. Una de las diferencias fundamentales que existe entre ambas circuncisiones viene dada por el carácter religioso que estas culturas conferen a cada una de ellas. La circuncisión masculina dicen que es una obligación emanada del Corán y por lo tanto tiene carácter preceptivo. Todos los hombres musulmanes están circuncidados, al igual que los judíos, mientras que no todas las mujeres musulmanas lo están. La circuncisión fe-
menina es una sunna, es decir, forma parte de la tradición y sólo tiene carácter recomendatorio y no obligatorio. Es importante resaltar que se trata de una práctica pre-islámica y que el Corán no hace mención ni alusión en ningún versículo a ella, a diferencia de la Biblia, que sí lo hace para los hombres, en el Antiguo Testamento (Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, etc.). Vale la pena indicar que una cosa es la obligatoriedad del Islam y otra, la obligatoriedad social, al margen o no del Islam, como por ejemplo la infbulación entre las mujeres judías falashas de Etiopía o entre las cristianas coptas de Egipto.
En el Corán, la circuncisión femenina
es una sunna, sólo tiene carácter
recomendatorio y no obligatorio
Por otra parte, también es necesario precisar que ni en todos los países africanos se practican las MGF, ni todos los grupos étnicos de un mismo país la llevan a cabo, como por ejemplo en Senegal, donde la mayoría de la población es wolof y no la ejecuta. Sin embargo, debemos señalar que en recientes estudios llevados a cabo en Gambia, se han encontrado con poblaciones wolof que tradicionalmente no practicaban las MGF y que, al entrar en contacto con otros grupos étnicos y asentarse territorialmente en sus poblados, han comenzado, como parte de un proceso adaptativo mas amplio, con estas iniciaciones rituales.
En términos culturales y sociales, el hecho de que la circuncisión, tanto femenina como masculina, forme parte del rito de paso a la edad adulta, signifca que, independientemente de que estemos hablando de una pubertad social y no fsiológica, este ritual es imprescindible para el acceso futuro de los niños y las niñas al mundo de los adultos. Y, como en muchas culturas, este mundo está claramente defnido y diferenciado entre el mundo secreto de las mujeres y el mundo secreto de los hombres. La circuncisión es una «marca» que llevan de por vida, y simboliza que su unión al grupo también será de por vida. Se trata de una cuestión de cohesión social y pertenencia, estás dentro o estás fuera.
Por ello, es fundamental enmarcar la signifcación del ritual de iniciación en su amplio contexto 1 Los términos utilizados son en lengua mandinga, mayoritaria en Gambia y ampliamente difundida en Guinea Bissau, Mali (bambara), Sierra Leona (mandé) y en la región de la Casamance, al sur de Senegal.
señas de identidad propias, avaladas por unas huellas físicas imborrables, permanentes e inalte-
rables, que llevarán de por vida, y por unos aprendizajes propios que caracterizan y diferencian a cada uno de los grupos y que constituyen el primer peldaño en la construcción de su identidad étnica y de género.
una justifcación
explícita de la
acción sino que
proceden directamente a ella
¿Qué dice la tradición?: Razones para el mantenimiento de la MGF
Las razones que aducen las propias mujeres africanas para continuar con su práctica, mayoritaria-
mente la clitoridectomía y la excisión (tipo I y II) y que ellas entienden como “razones prácticas”, son las siguientes: la higiene, la estética, facilitar el parto, promover la cohesión social, prevenir la promiscuidad, aumentar las oportunidades matrimoniales, preservar la virginidad, mantener a la mujer alejada de los hombres, potenciar la fertilidad, mantener una buena salud y prevenir el nacimiento de niños muertos en las primigrávidas, ya que creen que, si el niño, al nacer, toca con su cabeza el clítoris, puede morir o padecer algún trastorno mental. En realidad, no hay una justi-
fcación explícita de la acción sino que proceden directamente a ella. Y en todo caso, cuando se les pregunta, remiten a la tradición, a la religión, aducen razones estéticas (puede crecer demasiado), sanitarias (es más limpio) y de protección (de la virginidad).
¿Qué estrategias plantear? Si conocemos las razones que la propia población aduce para el mantenimiento de las MGF, vemos que es posible “desmontarlas” y que es necesario poner énfasis en las consecuencias visibles y frecuentes que estas operaciones acarrean, como la esterilidad, las infecciones y las hemorragias que puede causar la herida. Otra estrategia debe tener como objetivo realizar una labor comunitaria donde los hombres puedan participar, ser informados y tomar conciencia de su responsabilidad ante este tipo de problemas que afectan e inciden directamente en la salud de sus mujeres y sus niñas, que también repercuten en el bienestar de la comunidad y producen graves consecuencias socioeconómicas y psicológicas para el grupo familiar. Algunas experiencias recientes en África (Kenia y Tanzania principalmente) están demostrando que es posible mantener la estructura ritual de la segunda y la tercera fase (marginación y agrega-
ción), eliminando la parte física. Involucrar a los hombres en la toma de decisión está signifcando grandes avances para su erradicación, sin necesidad de eliminar completamente el sentido ritual de iniciación.
tradicionales que atienden los nacimientos y cuidan de las madres y los bebés durante los primeros días posteriores al parto.
Las iniciadas deben pasar
seleccionadas pruebas y
enseñanzas morales y sociales
Las iniciadas deben pasar seleccionadas pruebas y enseñanzas morales y sociales. Se les transmiten, con frmeza y severidad, las normas de comportamiento respecto a los padres, los mayores, los ancianos, y las formas de relación entre los géneros. Aprenden como serenar al prójimo y cuáles serán, a partir del momento en que sean incorporadas socialmente como individuos adultos, sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. También se les enseña cuáles deben ser sus relaciones con los demás grupos étnicos, basadas en leyendas que dan cuenta de sus interrelaciones históricas y en el establecimiento de lazos de solidaridad. Dentro de las enseñanzas hay un importante contenido de lenguaje no verbal que sólo podrá ser interpretado por alguien perteneciente al mismo grupo secreto, como los gestos, el lenjengo (las danzas) y el kijo (percusión). Es lo que se llama la diferenciación de los saberes.
Los ritos de iniciación, como hemos visto, no son ritos de pubertad física porque no coinciden con la pubertad fsiológica, sino con una pubertad social cuyas edades varían en función del sexo, de las etnias, de la localización territorial de éstas y de la densidad demográfca de los grupos. En Senegambia, área de procedencia de población migrante africana mayoritaria en España las niñas actualmente son iniciadas cuando tienen entre cuatro y siete años, aunque dependiendo de la et-
nia, a algunas se las somete al ritual cuando son más pequeñas, pero siempre antes de la primera menstruación. El sentimiento de pertenencia al que estarán ligadas durante el resto de su ciclo vital, otorga unas 30
Hace falta un trabajo consciente y riguroso, de información, formación y sensibilización tanto con las comunidades directamente afectadas como con los colectivos profesionales de primera línea que trabajan con la población migrante
¿Qué difcultades encontramos? El fruto de la labor en España realizada hasta el momento ha sido escaso debido a las reticencias que presentan las madres africanas:  Confictos de lealtades respecto a sus mayores en las sociedades gerontocráticas de origen, donde el poder lo ostentan los ancianos que representan y legitiman la reproducción de la tradición.  Debate entre estigmatización versus integración, que poco contribuye a un proceso de encul-
turación selectiva, que daría lugar a una refexión más profunda sobre el futuro de sus hijas.  La incertidumbre respecto a su estabilidad jurídico-administrativa en España.
 El mito del retorno está presente e incide directamente en el proceso de socialización infantil y de construcción de la identidad étnica y de género.
 La existencia de una violencia simbólica difundida por los medios de comunicación a través de imágenes y palabras.
 Consideran que no se tienen en cuenta otros problemas que para ellas son prioritarios, de carácter laboral, residencial, legal, de vivienda, de violencia doméstica, escolar, etc.
España tiene una realidad étnica (mayoritariamente del África Occidental, Senegambia), una dis-
tribución geográfca (básicamente Cataluña, Aragón, Andalucía, Madrid y Canarias), y un número accesible de población, que permiten una sensibilización privilegiada. Hace falta un trabajo consciente y riguroso, de información, formación y sensibilización tanto con las comunidades directamente afectadas como con los colectivos profesionales de primera línea que trabajan con la población migrante: sanitarios, educativos y del trabajo social. Vemos entonces que se hace imprescindible una tarea interdisciplinar de carácter preventivo que permita diseñar estrategias encaminadas a la erradicación de estas prácticas. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿Cuántas niñas más deberán ser mutiladas? Es una responsabilidad que compete a todos y a todas. Las culturas son dinámicas, cambian, aunque no con facilidad. Las tradiciones también.
as mutilaciones genitales
más cerca que nunca: la realidad en España
La mutilación genital femenina es hoy por hoy un “fenómeno internacional”. Casi todos los Estados y organismos internacionales se han pronuncia-
do acerca de éstas y otras prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres y niñas, Fotografía: Cati Cladera. Catálogo de la exposición Dones d’Africa, ONG Mallorca Amiga.
femenina pasa a ser “un asunto interno”, la pro-
ducción de iniciativas legislativas se intensifca. Ya no se trata de un problema de “África” sino de un fenómeno que se está dando en la comarca del Maresme, en Zaragoza, en Baleares... Casi todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, exceptuando Coalición Canaria y PNV, han reaccionado a esta realidad con una Proposición no de Ley donde han presentado sus fórmulas para actuar frente a esta práctica
3 . De todas estas Proposiciones, la única que explícitamente solicita la regulación de la muti-
lación genital como supuesto para la concesión de asilo es la iniciativa de Izquierda Unida. El Grupo Mixto se centra fundamentalmente en el aspecto de prevención, información y educación mientras que la propuesta socialista destaca sobre todo la petición de realizar las reformas legales pertinentes para poder perseguir estos delitos, aún cuando sean cometidos fuera de España, siempre que las personas afectadas sean residentes en nuestro territorio. La Propo-
sición no de Ley del Grupo Catalán, bastante exhaustiva, pide que se estudie la posibilidad de exigir a los solicitantes del permiso de resi-
dencia, la declaración o compromiso formal de que se abstendrán de realizar dentro o fuera del territorio español este tipo de prácticas. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular presenta una propuesta en la misma línea que el Grupo Catalán, incorporando la necesidad de elaborar programas específcos de educación para la salud de la mujer inmigrante. Considerando que todas las iniciativas presen-
taban bastantes puntos en común, los grupos parlamentarios decidieron consensuar sus propuestas en una sola Proposición no de Ley que fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados
4 . Las medidas que recoge esta propuesta son:
 Proceder a un análisis de la legislación española y estudiar las posibles modifca-
ciones legislativas necesarias para sancionar adecuadamente esta práctica, sea cual sea el 1.
Iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista publicada en el DOCG de 17 de Septiembre de 1997.
2. Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista publicada en el DOCG de 22 de diciembre de 1998.
lugar donde se lleve a cabo siempre que las personas afectadas residan en España.
 Interesar al Fiscal del Estado para que dicte las instrucciones oportunas para perseguir y enjuiciar a las personas responsables de la mutilación genital femenina.
 Informar a los solicitantes del permiso de residencia que la mutilación genital feme-
nina es un delito perseguible penalmente en nuestro país.
 En colaboración con las comunidades autó-
nomas y con las ONG, desarrollar programas sanitarios, sociales y educativos destinados a prevenir la mutilación genital femenina entre la población de riesgo.
 En colaboración con las Comunidades Au-
tónomas dotar a los distintos colectivos de profesionales de la formación y los proto-
colos necesarios a fn de prevenir y tratar la mutilación genital femenina.
nomas, estudiar la incidencia de esta práctica y articular procedimientos para detectar situaciones de riesgo.
 Seguir apoyando a las ONG que desarrollan programas para luchar contra esta práctica y fomentar la cooperación con aquellos países que han adoptado medidas legislativas y de gobierno tendentes a la erradicación de la misma.
 Desarrollar la Proposición no de Ley apro-
bada en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en la parte que se refere a “utilizando los instrumentos previs-
pudiendo afrmar que en la actualidad existe una agenda política internacional consolidada en torno al fenómeno de estos ritos, que vulneran los derechos fundamentales de mujeres y niñas.
Además de estar extendida en 25 países de África, los movimientos de personas de estas zonas hacia Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda en busca de oportunidades y mejores condiciones de vida, han propiciado que las mutilaciones genitales femeninas se esté produciendo también en estas sociedades, a pesar de ser contraria a sus normas jurídicas.
Ante esta situación, tanto la comunidad interna-
cional en su conjunto como los Estados a nivel individual están utilizando distintos recursos, con más acierto en unos casos y menos en otros, para conseguir eliminar las mutilaciones genita-
les femeninas de su realidad social.
Acciones a nivel del Estado Español
El alcance de la mutilación genital femenina en España es todavía indefnido. No existen datos concretos sobre la población en riesgo que reside en nuestro país, aunque se han conocido más de 30 casos relacionados con esta práctica. Hay evidencias claras de la existencia en España de niñas y mujeres que antes de llegar a nuestro país han sido sometidas a algún tipo de muti-
lación genital. Asimismo, existen numerosas denuncias presentadas por personal sanitario, médicos o enfermeras, generalmente de los ser-
vicios de pediatría, que teniendo conocimiento de la intención frustrada de los padres de realizar 3. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, 10 de mayo 2001 (162/000291)
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, 10 de mayo 2001 (162/000308)
Proposiciones no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista: 10 de mayo 2001 (162/000290) Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, 10 de mayo 2001 (162/000292)
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán, 10 de mayo 2001 (162/000304)
Enmienda transaccional aprobada por todos los grupos políticos, 19 de junio de 2001 estas prácticas a sus hijas en España, recurren a los tribunales de justicia para intentar evitar que ésta se produzca durante un viaje de vacaciones a su país de origen.
Hasta el momento los grupos de población que tienen la mutilación genital femenina entre sus costumbres se localizan fundamentalmente en Cataluña y Aragón aunque también se encuen-
tran en Andalucía, Madrid, Canarias o Baleares. En todo caso, como señalan algunas personas expertas, son grupos de población localizados respecto a los cuales la labor de sensibilización es asequible si se actúa de forma coordinada desde los servicios de salud, servicios sociales y escuelas. La posibilidad de prevenir nuevos casos es difícil si no se actúa desde los distintos frentes implicados: servicios de inmigración, tri-
bunales judiciales, servicios sociales, servicios sanitarios y escuelas. Iniciativas legislativas
La preocupación por la lucha contra la mutila-
ción genital está patente a nivel legislativo en nuestro país desde 1997. Ya entonces se presentó una Proposición no de Ley de la Comisión Mixta Congreso-Senado instando al Gobierno a promover políticas que contribuyesen a la erradicación de la mutilación genital a nivel in-
1 . Tanto esta proposición como la de 10 de noviembre de 1998
2 , en el mismo sentido que la anterior, vienen a responder a la consoli-
dación de un gran consenso internacional acerca de la necesidad de luchar contra esta práctica. También a raíz de que la mutilación genital 34
de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogi-
miento por tiempo de 4 a 10 años. La privación de la patria potestad o custodia de un/a menor ya está contemplada en el artículo 170 del Código Civil, que autoriza al Juez para ordenarla en caso de inobservancia grave de los deberes de cuidado y protección que correspon-
den al titular de la patria potestad o custodia. Estos deberes de cuidado y protección son de-
fnidos en el artículo 154 que establece que los padres están obligados a velar por el bien de sus hijos, procurándoles alimentación, educación y formación integral. No hace referencia expresa aquí a la protección de la integridad física de los hijos porque, como señala Francisco de Borja Villena, juez y colaborador de esta publicación, el legislador da por hecho que se entiende que esa es la protección fundamental y básica que hay que dar a los hijos.
En principio, la inclusión de esta medida de inhabilitación de la patria potestad en el artí-
culo 149.2 de la nueva formulación propuesta en el Proyecto de Ley Orgánica entendemos que persigue reforzar la protección de la menor ante una situación como la mutilación genital femenina. La cuestión reside en si realmente estamos benefciando a una menor que tras sufrir la mutilación genital se ve separada de su entorno familiar, o por el contrario le estamos causando un perjuicio mayor. Este tipo de medidas tiene sentido, según nuestra opinión, en aquellos casos en los que se trata de prevenir una mutilación genital. De hecho, actualmente, aplicando el artículo 172 párrafo 2º del Código Civil, se puede considerar en situación legal de desamparo a una menor en riesgo de sufrir la mutilación genital dentro o fuera de España ante lo cual el organismo co-
rrespondiente de cada Comunidad Autónoma, bajo vigilancia del Ministerio Fiscal, puede 5.
Proposición de ley del Senado, 1 de junio de 2001, nº 622/000012
suspender la patria potestad de los padres y acordar el ingreso de la menor en un centro de acogida o su entrega a una familia en régimen de acogimiento temporal familiar. Nuestro orde-
namiento jurídico dispone que esta separación de los padres dure lo menos posible ya que no se trata de desarraigar a la menor de su familia sino de evitar una situación de desprotección. De esta forma en los casos de conocimiento de la intención de los padres de llevar a cabo la mutilación genital a su hija se puede ordenar la suspensión temporal de la patria potestad o su-
peditarla a la realización de exámenes médicos que acrediten la integridad física de la menor.
Valorar con carácter general la idoneidad de aplicar la inhabilitación de la patria potestad con fnes estrictamente punitivos es bastante com-
plejo, pues como en todos los casos dependerá de las circunstancias concretas de la menor y su familia así como de la gravedad de la situación. En todo caso, tratándose la mutilación genital femenina de una acción puntual, la separación de la menor de su familia no tendría la función de protegerla frente a futuras lesiones una vez esta hubiera sido consumada y si podría comportarle en cambio una situación traumática mayor. Por otro lado, hay que tener en cuenta que al recaer la pena de inhabilitación sobre ambos progenitores se podría llegar a penalizar injus-
tifcadamente a uno de ellos. De hecho pueden producirse situaciones en que uno de los proge-
nitores no desee practicar la mutilación genital a su hija pero no tenga posibilidades de oponerse a ella ante la presión del otro.
En consecuencia, en los casos en que la muti-
lación genital ya se haya consumado y en que los padres estén cumpliendo sus deberes de procurar alimentación, educación y desarrollo personal a la menor, de conformidad con el artículo 154 del Código Civil, no somos favo-
rables a que se aplique la inhabilitación de la patria potestad. Creemos en todo caso que ésta debe ser considerada una opción a favor de la menor y sólo acordarse en aquellos casos en que 35
tos en el ordenamiento jurídico mantenga y refuerce la protección a las mujeres que se hayan visto obligadas a abandonar su país de origen debido a cualquier forma de violencia de género”.
Aunque la adopción por mayoría absoluta de una Proposición no de Ley es sin duda un acontecimiento positivo, es de lamentar que la iniciativa adoptada escape a un posicionamiento claro a favor de incluir el riesgo de la mutilación genital femenina como causa para la concesión del Derecho de Asilo. La Cámara del Senado, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, también se ha mani-
festado respecto al tema de la mutilación genital femenina con una Proposición de Ley
5 en la que promueve una reforma del artículo 149 del Código Penal, que añada una referencia explícita a este tipo de prácticas en el sentido siguiente: “ En todo caso se considerará comprendida en el párrafo anterior la mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones”. Esta propuesta ha sido recogida en el Proyecto de Ley Orgánica 121/000136 presentado por el Grupo Parlamentario popular el 21 de marzo de 2003 en el Congreso de los Diputados para su debate y aprobación. En su artículo septimo este Proyecto de Ley propone una modifcación del artículo 149 del Código Penal por el que se le añadiría un segundo párrafo en los siguientes términos: “El que causare a otro la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a doce años. Si la víctima fuere menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años, si el Juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz”.
En un primer análisis de esta propuesta y aten-
diendo a la fnalidad preventiva del Derecho más que a la punitiva, es difícil augurar que esta nue-
va formulación conlleve mayores posibilidades de evitar la realización de este tipo de prácticas en nuestro país, puesto que aún constituyendo un delito, la mutilación genital femenina tiene una dimensión cultural y social, a la que no se puede hacer frente desde el Código Penal. Por otro lado y a pesar del conocimiento de algunos casos dentro de nuestras fronteras, la mayoría de las veces la mutilación genital se realiza fuera de nuestro país por lo que es pro-
bable que la tipifcación de esta práctica tenga fnalmente más un carácter simbólico y si acaso disuasorio que de efcacia punitiva. Esta apreciación no puede ser entendida en el sentido de que debamos considerar la realiza-
ción de este tipo de prácticas al margen de la Ley Penal ni mucho menos. De hecho, si bien esta nueva formulación viene a precisar el al-
cance que hasta ahora tenía el artículo 149 del Código Penal con una referencia expresa a la mutilación genital, no viene a llenar un vacío jurídico en modo alguno, puesto que este tipo de prácticas en todas sus manifestaciones, eran perfectamente encuadrables dentro de la hasta ahora vigente formulación de dicho artículo 149 que penalizaba la “pérdida o inutilidad de un órgano principal”. En nuestra opinión con esa regulación sería sufciente, siendo preferible centrarse en otra serie de modifcaciones legislativas y acciones a nivel de prevención, sensibilización y educación de cara a evitar que estas prácticas se produzcan dentro o fuera de nuestro país. En cualquier caso, la propuesta anunciada en el Proyecto de Ley sigue la línea de otros países europeos como Reino Unido, Suecia o Bélgica, que han considerado pertinente introducir prohibiciones específcas de la mutilación genital en sus res-
pectivos Códigos Penales. La nueva redacción propuesta en el Anteproyec-
to de Ley Orgánica hace referencia también a la posibilidad, si el Juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz, de aplicar la pena 36
las personas interesadas en esta cuestión. Otras iniciativas se han producido también en Las Cortes de Aragón
8 , a instancias de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida y en Las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. En la primera de ellas se pide al Gobierno de Aragón que im-
pulse una campaña de información destinada a la comunidad de inmigrantes de la zona así como que apoye los esfuerzos de las organizaciones que en Aragón y en los países de procedencia desarrollan programas para luchar contra esta práctica. Esta proposición fue aprobada en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos ampliada con tres nuevas medidas: desarrollar campañas de sensibilización en los centros edu-
cativos de Aragón, fomentar la ayuda exterior a aquellos países que han adoptado medidas legislativas y administrativas que prohíban y sancionen esta práctica así como establecer intercambio de información sobre detección de posibles casos o situaciones de riesgo entre el Gobierno central y el autonómico.
La Proposición no de Ley presentada en Cas-
tilla-La Mancha
9 propone asimismo adoptar medidas específcas de prevención, dirigidas a las familias de inmigrantes a través de los servi-
cios sanitarios, educativos y sociales, desarrollar políticas de formación e información o proteger y amparar a las posibles víctimas. Finalmente, nos consta que el Parlamento Andaluz
se ha pronunciado sobre las mutilaciones genitales femeninas así como las Cortes Valencianas,
donde el grupo parlamentario Izquierda Unida presentó una Proposición no de Ley sobre im-
pulso de una campaña de información contra la mutilación genital femenina.
Todas estas iniciativas legislativas constituyen sólo el comienzo de un proceso de toma de conciencia de una situación que debe ir seguida de acciones concretas y efcaces para evitar que esta práctica se produzca en nuestro país y en el resto del mundo. Para ello es necesario, además de voluntad política, conocer el alcance real de la situación y trabajar codo con codo con las ONG, las mujeres inmigrantes, los servicios sanitarios, los servicios sociales, los tribunales de justicia y las escuelas.
Sensibilización, educación y cooperación
Para acabar con la mutilación genital femenina, las medidas jurídicas son necesarias pero no sufcientes. Es mucho más efectivo encaminar esfuerzos a acometer campañas de sensibiliza-
ción, educación e información, dirigidas a las poblaciones de inmigrantes o a programas de prevención de la mutilación genital femenina en los países de origen, que a perseguir jurídi-
camente esta práctica.
Más aún, como apunta Yolanda Solana tras su experiencia en Malí como delegada de Cruz Roja en el proyecto “Lucha contra la MGF en la Fotografía: Cati Cladera. 6.
Resolución 124/IV, 13 diciembre de 1993
ésta manifeste su voluntad de separarse de su familia y solicitar el acogimiento por parte de las Instituciones Públicas. Esta menor tendría entonces que recibir el cuidado de la adminis-
tración hasta alcanzar la mayoría de edad, salvo que solicitara volver de nuevo al núcleo familiar. Evidentemente, en caso de que la situación de acogimiento se produjera la menor tendría que pasar a tener residencia legal en España a todos los efectos, si no gozara de ella previamente (párrafo 4 art. 35 de la LO 4/2000). La situación sería diferente en aquellos casos en que la mutilación genital femenina no se hubiera realizado todavía o cuando habiéndose realizado algún intento no se hubiera podido consumar. En estas situaciones tendría más sentido acordar la suspensión de la patria potestad para proteger la integridad física de la menor o incluso llegar a la inhabilitación temporal. Por otro lado, incluso para estos casos, sería conveniente ampliar el plazo establecido para la inhabilitación de la patria potestad hasta catorce años en vez de diez para de esta forma, teniendo en cuenta la edad a la que la mutilación genital suele realizarse, poder proteger a las niñas hasta alcanzar la mayoría de edad.
En todo caso, consideramos imprescindible que el Juez oiga siempre la opinión de la menor a efectos de determinar su decisión y que sólo en casos excepcionales en que éste lo considere necesario para su protección, se pronuncie en contra de la voluntad de la menor. Finalmente, es preciso tener en cuenta que la aprobación de la reforma propuesta para el Có-
Resolución 832/VI de la Comisión de Política Social de 20 de junio de 2001
8. PNL 130/01 de la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de 15 de junio de 2001 e Iniciativa del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida de 30 de Abril de 2001
9. Iniciativa 130/01 del Grupo Parlamentario Ezquerra Unida, BOCV 104 10. Iniciativa de la Comisión de la Mujer 6-01/PNLC-000366 de 5 de marzo de 2002
11. Iniciativa 130/01 del Grupo Parlamentario Ezquerra Unida, BOCV 104
digo Penal no puede suponer un incremento de la presión sobre unos recursos que en la actualidad no pueden siquiera dar respuesta efectiva a las necesidades actuales de los y las menores que se encuentran en situación de desprotección en nuestro país y por tanto deberá conllevar la previsión de un aumento de los presupuestos en los servicios correspondientes. Ámbito autonómico
A nivel autonómico se ha abordado la cuestión de la mutilación genital femenina desde diversas instituciones parlamentarias. La Comisión de Política Social del Parlamento de Cataluña adoptó en 1993 una primera Resolución para la erradicación de las mutilaciones genitales femeninas en las comunidades de inmigrantes
6 donde propuso informar al Gobierno Central de la existencia de esta problemática entre las comunidades de inmigrantes de Cataluña así como adoptar las medidas necesarias para hacerle frente. Ocho años más tarde, el 31 de mayo de 2001 portavoces de los Grupos Socia-
lista, Popular, Iniciativa Per Catalunya-Verdes, Convergencia i Unió y Ezquerra Republicana presentaron una Proposición no de Ley
7 por la que instaban al Ejecutivo Catalán a crear una comisión interdisciplinaria de personas expertas responsable de diseñar un plan de acción y a to-
mar una serie de medidas para prevenir este tipo de prácticas. Entre otras cosas, la Proposición planteaba la creación dentro de los servicios sociales de unos “puntos de consulta o infor-
mación” orientados fundamentalmente hacia las mujeres inmigrantes, donde pudiesen dirigirse 38
gen. Aunque con menor incidencia, casi todos los demás países de la Unión Europea conocen de forma más o menos ofcial la existencia de casos ocurridos dentro de sus fronteras o reali-
zados en el país de origen durante una visita de vacaciones. En Portugal no existen evidencias concluyen-
tes de casos de mutilación genital femenina, aunque la atención se torna fundamentalmente hacia la comunidad emigrante procedente de Guinea Ecuatorial y Guinea, países donde la mutilación genital femenina afecta a un 50% de la población. En Bélgica, ocurre lo mismo y el mayor riesgo se encuentra entre la población de la República Democrática del Congo, al ser la más numerosa. No obstante, no hay que perder de vista que sólo algunas de las etnias de los países donde existe la mutilación genital femenina la incluyen entre sus costumbres, por lo que el país de origen puede ser un indicativo, pero no implica necesariamente que esa pobla-
ción la practique como tradición. Por otro lado, ha existido en Bélgica bastante controversia en torno a la concesión del derecho de asilo, pues aunque este país no considera la mutilación genital femenina como causa para ello, se han producido alrededor de 20 solicitudes por este motivo (fundamentalmente de mujeres de So-
Las Relatoras Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sostienen que “la con-
dena judicial de las mutilaciones genitales femeninas no debe ser sino el último recurso, cuando la educación, la información y la existencia de otros ritos que no atenten contra la integridad no hayan tenido el resultado desea-
do. Capacitación, información y educación, particular-
mente en los países de alto índice de inmigración, son los mejores medios para luchar efcazmente contra prácticas tradicionales nocivas y hacer salir a las mujeres y niñas del oscurantismo y la violencia”.
Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 52º Periodo de Sesiones: “La aplicación de los derechos humanos con respecto a la mujer. Prácticas tradicionales que afectan a la salud de las mujeres y las niñas”. 27 de junio de 2000.
malia, Nigeria, y Camerún). En Irlanda, Suiza, Dinamarca, Holanda, No-
ruega o Alemania existe cierta conciencia de la posibilidad de que se estén dando mutilaciones genitales femeninas pero no hay prueba jurídi-
ca alguna. No obstante, en Alemania existe un supuesto en que se ha otorgado el derecho de asilo por esta causa y Noruega y Holanda tienen abiertas varias peticiones de asilo. Por otro lado, Suecia y Reino Unido han perseguido un caso respectivamente de mutilación genital femenina practicada por personal médico. Finalmente, Luxemburgo y Grecia son los únicos países cuyos Gobiernos afrman que el fenómeno de la mutilación genital femenina no existe en sus territorios.
región de Segú”: más importante es adentrarse en las respectivas estructuras socio-culturales de los diferentes países y regiones donde estas prácticas forman parte de la vida cotidiana y de la identidad colectiva para, primero entender y después buscar estrategias reales de lucha “desde abajo”. Esta afrmación es válida desde nuestro punto de vista tanto para las estrategias a seguir en nuestras sociedades, como para las que adoptar sobre el terreno.
El Instituto de la Mujer elaboró en el 2001 una serie de folletos que informan que las mutila-
ciones genitales constituyen un delito y una violación de los derechos humanos. El Ayun-
tamiento de Girona ha adoptado un Protocolo de prevención de las mutilaciones genitales femeninas destinado a los servicios de salud. En el ámbito de la cooperación al desarrollo por su parte, la Agencia Española de Cooperación (AECI) fnanció en el año 1999 un proyecto para la eliminación de esta costumbre en Malí. Estas son algunas de las iniciativas que hasta ahora se han llevado a cabo con mayor o menor impacto según el caso. Sería necesario además:
 Hacer más hincapié en garantizar que jueces, personal sanitario, profesores y agentes so-
ciales tengan una buena información acerca de la mutilación genital femenina y como prevenirla o actuar frente a ella.
 Facilitar a estos grupos de profesionales, un mayor conocimiento y formación sobre como abordar la atención a personas proce-
dentes de otras culturas, de forma satisfacto-
ria y respetuosa para la persona que la recibe, a la vez que acorde con nuestro sistema de valores.  Desarrollar estrategias de información, sensibilización y educación dirigidas a las comunidades de inmigrantes, profesionales sanitarios, jueces, profesores y trabajadores sociales. Esfuerzos a nivel europeo
En Francia han tenido lugar hasta el momento 23 procesos judiciales relacionados con la mutila-
ción genital femenina, todos ellos con resultado de pena de prisión para la persona que la practi-
có, así como en algunos casos también para los padres. En este país hay grupos de población aproximadamente de 20 países africanos donde se practica la mutilación genital, siendo los más numerosos los procedentes de Senegal, Malí y Costa de Marfl. Además de perseguir judicial-
mente esta práctica, la Comisión de Recursos de Asilo otorgó en el 2001 el estatuto de refugiado a una pareja de Malí y a una mujer somalí que se negaron a someter a sus hijas a la ablación. A Francia le sigue Italia con dos casos pendien-
tes de resolver en los tribunales, referentes a una mutilación genital practicada en el país de ori-
Legislación y ordenamiento jurí-
dico A nivel jurídico, hasta el momento 4 países europeos, Bélgica, Noruega, Suecia y Reino Unido, han adoptado leyes específcas para prohibir las mutilaciones genitales femeninas
. En los demás países estas prácticas se engloban dentro de otros supuestos previstos en el Código Penal, generalmente los referidos a “daños a la integridad física”. En el 2001, el Parlamento irlandés discutió una propuesta para adoptar un Acta de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina y en la actua-
12. Bélgica: Artículo 409 del Código Penal
Noruega: Ley de 15 de Diciembre de 1996
Suecia: Acta de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina,
Reino Unido: Acta de prohibición de la Mutilación Genital Femenina, 1985 40
Fuente: Els Leye, Maria de Bruyn, Stan Mewese, “Proceedings of the expert meeting on Female Genital Mutilation” Gante Personal sanitario que ha tenido conocimiento de la MGF
Estas Leyes, que generalmente proponen una enmienda al Código Penal, castigan con penas de prisión y/o multa, que oscilan entre 1 día y 20 años según el país, a aquellas personas que realicen estas prácticas a jóvenes y niñas, a los padres que lo consientan y a los que sabiendo de los hechos no lo denuncien.
En el resto de países africanos, donde no existe ley específca que condene las mutilaciones genitales o donde se ha estimado que no es nece-
saria, estos ritos se pueden incluir dentro de otros supuestos previstos en la Ley Penal, aplicándose las penas previstas en los mismos. Así es el caso 13. Ley de 28 de Noviembre de 2000 de Protección Penal de los Menores de Sudán, Camerún, República Democrática del Congo, Eritrea, Gambia, Guinea Ecuatorial o Nigeria, donde se pueden considerar dentro del supuesto de “daños”. En Uganda, el Estatuto del Menor, aprobado en 1996, establece que es ilegal someter a niños y niñas a prácticas tradicionales o sociales que sean perjudiciales para la salud. En 1996, se evitó que se practicara la mutilación genital a una niña en base a esta regulación. Estrategias de Estado Miembro
Han visto casos de MGF en los últimos 5 años
51 % (18)
61 % (17)
56 % (5) 89 % (49)
68 % Han sido consul-
tados por secuelas de la MGF en los últimos 5 años
47 % Solicitud de practi-
car la MGF en los últimos 5 años
lidad el Gobierno está considerando la necesidad de adoptar legislación específca para prohibir estos ritos. Las penas previstas diferen según el país, osci-
lando entre 3 y 12 años de prisión. Francia e Italia establecen las penas más graves para este delito mientras que Reino Unido o Alemania aplican penas menos severas.
Algunos Estados protegen a las jóvenes y niñas a través de sus Leyes de Protección del Menor. Así ocurre en Bélgica,
Suecia o Reino Unido, cuyo Parlamento modifcó su “Acta de Protec-
ción del Menor” para permitir que un tribunal con sospechas de que una niña pueda estar en riesgo de sufrir la mutilación, pueda extender una orden para protegerla evitando su salida del país o sujetándola a exámenes periódicos. En lo que respecta a la legislación de asilo, ningún país europeo ha modifcado la Ley para contemplar como causa de concesión, el estar en peligro de ser sometida a algún tipo de mutilación genital, aunque como hemos señalado más arriba algunos Estados han realizado una interpretación extensiva de la misma y han concedido el asilo en algún caso en base a este argumento. Acciones de sensibilización
Desde la administración francesa y belga se han acometido diversas campañas de sensibilización y reuniones con asociaciones de inmigrantes para defnir estrategias de acción. En otros casos, los gobiernos han apoyado a ONGs concretas para que desarrollen materiales de información. No obstante, no existen en la actualidad experiencias exitosas de trabajo que hayan sido evaluadas y haya quedado demostrada su incidencia en la pre-
vención en grupos de población de inmigrantes de la mutilación genital femenina. El camino hacia el abandono de la ablación en África
Son numerosos los países que han adoptado medidas de sensibilización e información para luchar contra la mutilación genital femenina y que además han adoptado legislaciones es-
pecífcas o han resuelto aplicar determinadas disposiciones de su ordenamiento jurídico a la regulación de esta práctica. En la actualidad, 13 países disponen de legis-
lación específca contra la mutilación genital femenina: Guinea (1965), Ghana (1994), Burkina Faso (1997), Djibouti (1995), Costa de Marfl (1997), Egipto (Decreto Ministerial), Tanzania (1998), Togo (1998), Senegal (1999), Etiopia (en su Constitución) Kenia (2001), Mali (2002), Níger (2002). 42
Los programas más efcaces han sido aquellos dirigidos a cambiar el comportamiento de la comunidad a través de una o varias de las si-
guientes estrategias:
Prestación de iniciativas de desarro-
llo económico y social a cambio del abandono de la ablación: esta estrate-
gia ha funcionado fundamentalmente en aquellas comunidades donde las mujeres han tenido que asumir el rol de “jefe de familia” al haberse visto los hombres forzados a emigrar al extranjero. En estos proyectos, las mujeres se han benefciado de actividades de producción, de cursos de alfabetización y de servicios de salud previa frma de una declaración compro-
metiéndose a abandonar la ablación. Un ejemplo exitoso se produjo en Egipto. 
Elaboración de rituales alternativos para sustituir las ceremonias tradi-
cionales que acompañan la ablación: esta estrategia ha consistido en preservar el ritual de paso a la edad adulta de las niñas, pero eliminando el componente de la ablación. Las primeras evaluaciones realizadas en Kenia, la auguran como una estrategia efcaz para acabar con las mutilaciones genitales. Experiencias con éxito en Kenia
La organización Maendeleo Ya Wa-
nawake puso en marcha en 1996 el programa “Ntanira na Mugambo” (la ablación por palabras) por el que propo-
nía conservar en el rito de paso a la edad adulta de las niñas aquellos valores tradi-
cionales femeninos positivos, eliminando la ablación. Para ello se separaba a las niñas durante cinco días para enseñarles los valores y comportamientos adultos y se celebraba una ceremonia con banquete y entrega de regalos y diplomas. Poste-
riormente se desarrollaron otros 14 ritos iniciáticos sin ablación en Kenia de los que se benefciaron más de 3000 niñas en 4 años. Traducido de Creel, Liz: “Abandonner l’excision feminnine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2002.
Refuerzo de la autonomía de las muje-
res a través de técnicas participativas, con objeto de ayudarlas a adoptar deci-
siones colectivas para la eliminación de la ablación y a negociar el apoyo de la comunidad: esta estrategia se ha basado fundamentalmente en el diálogo entre mujeres, hombres, dirigentes comunita-
rios y religiosos sobre asuntos relaciona-
dos con los derechos, la salud de las mu-
jeres y la ablación. Además de favorecer la autonomía y el poder de las mujeres en los casos exitosos, el debate ha llevado a una declaración pública proclamando el abandono de la ablación. Esta estrategia ha tenido mucho éxito en Senegal.
Experiencias con éxi to en Senegal
La organización TOSTAN planteó como alternativa a la mutilación ge-
nital femenina un programa educa-
tivo de contenido variado, desde téc-
nicas contables o de planifcación de pro-
yectos hasta salud de la mujer. Después de conocer las consecuencias nefastas de la ablación, las mujeres de la región de Malicounda Bambara comenzaron a movilizarse y con apoyo del jefe de la 43
“Pedimos a Dios que nuestra decisión sirva de inspiración a otras comunidades del mundo entero. Ayer, era un solo pue-
blo, después fueron 10, hoy más de 100, y mañana seremos millones en Senegal y en toda África, los que protegeremos el bienestar de nuestros ciudadanos”.
Participante de un pueblo, leyendo la Declaración de punto fnal a la ablación, redactada y aprobada en 105 pueblos de Kolda, región del sur de Senegal. Traducido de Creel, Liz: “Abandonner l’excision feminnine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2000.
A lo largo de los últimos 20 años, gobiernos y ONG africanas han llevado a cabo distintos proyectos y programas encaminados a acabar con las mutilaciones genitales femeninas. De hecho, en todos los países de África Subsa-
hariana donde se practica la ablación se han constituido Comités Nacionales de Lucha contra las Prácticas Tradicionales Perjudiciales para las Mujeres y Niñas. Aunque aún queda mucho por hacer, a través de estas y otras organizaciones, se han llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización, información y educación que poco a poco han facilitado que las cuchillas vayan desapareciendo de las vidas de las niñas y sobre todo han facilitado que en muchos países de África, la ablación no sea ya un tema tabú.
Campaña de información, educa-
ción y sensibilización en Burkina Faso
En Burkina Faso existe una larga tradi-
ción de actividades de sensibilización y de promoción del abandono de la abla-
ción. Estas iniciativas, comenzaron por una campaña de radio lanzada en 1975, y llevaron a la creación, mediante Decreto presidencial, de un Comité Nacional de Lucha contra la Práctica de la Ablación en 1990. Las actividades de éste último son la formación, información, educación y comunicación dirigida hacia distintos públicos, particularmente de medios urbanos, incluyendo jefes tradicionales, grupos religiosos, jóvenes, militares, policía y medios de comunicación. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Ablación realizada en 1996 demuestran que estos esfuerzos han ampliado, sobre todo en las zonas urbanas, la toma de conciencia de los ciudadanos respecto a la nocividad de esta práctica y a las complicaciones que conlleva. Traducido al español de Creel, Liz: “Abandonner l’excision feminnine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2002.
Las estrategias de acción han sido variadas:
Una de las más antiguas y conocidas se basó en el “riesgo para la salud” que implican las mutilaciones genitales feme-
ninas. No obstante, esta estrategia infuyó poco en la disminución de la incidencia de este tipo de prácticas y provocó un efecto contrario, al plantear la necesidad de la medicalización de la práctica.
Otra estrategia se ha centrado en dar formación a las mujeres encargadas de efectuar la operación y dotarlas de una nueva fuente de ingresos. La experiencia no ha sido muy exitosa puesto que los pa-
dres han seguido recurriendo a ellas para efectuar la ablación a sus hijas. Finalmen-
te ha sucedido que aceptaban practicar la operación no por necesidad de ingresos sino para conservar el reconocimiento de la comunidad de pertenencia.
apoyo de los líderes gubernamentales. Lecciones aprendidas en Uganda
En la comunidad de Sabiny, donde las chicas viven la ablación entre los 15 y 22 años o justo antes de contraer matrimonio, se celebran ceremonias de ablación cada diciembre de los años pares. Como conse-
cuencia de un programa de eliminación de la mutilación genital, durante un año no se celebró ninguna ceremonia. No obstante, el programa fracasó en convencer com-
pletamente a los dirigentes comunitarios que volvieron a su posición favorable ha-
cia la ablación, entre otros motivos debido a la voluntad de las chicas, las cuales al no haber participado en la toma de decisión de acabar con la práctica, lo vivieron no como un benefcio sino más bien como que se les estaba negando un privilegio, al que por tradición tenían derecho. Traducido de Creel, Liz: “Abandonner l’excision feminnine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2002.
Todas estas experiencias, han devuelto la es-
peranza a la comunidad internacional y han potenciado grandes avances en la lucha contra la mutilación genital. Para continuar con estos esfuerzos, es preciso que los Gobiernos de países ricos apoyen programas concretos en los países donde la mutilación genital es una práctica ex-
tendida. Estos programas, suelen tener además una buena relación coste-efectividad puesto que no se necesitan grandes recursos para llevarlos a cabo y tienen benefcios para la comunidad y sobre todo para las mujeres, que van más allá de la eliminación de la mutilación genital.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la participación de los hombres es esencial para promover el abandono de la ablación. No obs-
tante, los hombres no han sido siempre objetivo de campañas de sensibilización e información. Los estudios cualitativos realizados en Burkina Faso y Malí por el Consejo de Población de Naciones Unidas, indican que los hombres re-
conocen que esta práctica no será abandonada sin su participación. En Burkina Faso, los padres juegan un rol preponderante en la decisión de operar sus hijas. El rol de los hombres en el aban-
dono de la ablación
En sólo dos de los países donde existen datos acerca del posicionamiento de los hombres, los resultados demuestran que estos son menos susceptibles que las mujeres a continuar con la ablación. Es el caso de Guinea, donde el 68% de las mujeres apoyan la ablación frente a un 52% de los hombres. Lo mismo ocurre en el caso de Eritrea, donde 57% de las mujeres frente a 46% de los hombres se muestran a favor de esta práctica.
Traducido de Creel, Liz: “Abandonner l’excision feminnine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2002.
comunidad declararon que no se realizaría ninguna ablación más. Es más, el Imán del pueblo de Keur Bambara, dispuesto a acabar con la ablación recorrió en tres meses todos los demás pueblos de la región abogando por la eliminación de la práctica. Actualmente, 274 pueblos han puesto fn a la ablación y el proyecto sigue en marcha.
Fuente: Traducido de Creel, Liz: “Abandonner l’excision feminnine, prevalence, attitudes et efforts pour y mettre fn”, Population Reference Bureau, 2002.
Puesta en marcha de una estrategia de “marketing social” para evaluar los costes y ganancias de la continuación o el abandono de la ablación: esta estrategia se basa en la sustitución del ritual de la ablación por otro no nocivo, la celebración de una jornada cultural para afrmar la identidad de la comunidad y sus elementos positivos y la celebración de una ceremonia con entrega de regalos a los dirigentes comunitarios que piden que se acabe la ablación. 
Identifcación de personas contrarias a las convenciones sociales que puedan explorar otras opciones positivas para remplazar las convicciones, normas culturales y percepciones de la comuni-
dad: a través de esta estrategia se intenta identifcar a los miembros contrarios a la ablación y presentarlos como modelos a seguir dentro de la comunidad. A partir de ahí se organizan foros o reuniones donde estas personas relatan su experiencia. Esta fórmula ha sido utilizada con éxito en Egipto.
Se ha demostrado que la incidencia de este tipo de proyectos se acentúa cuando van acompaña-
das de una campaña de información masiva y del Fotografía: Cati Cladera. a respuesta del derecho español al problema de la mutilación genital femenina
Francisco de Borja Villena Cortés, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción
nº 3 del Prat del Llobregat
Como se indica en el título de este artículo, el objeto del mismo es dar una visión general sobre Fotografía: Cati Cladera. Catálogo de la exposición Dones d’Africa, ONG Mallorca Amiga.
1. J. Bentham, “Anarchical Fallacies: being and examination of the Declaration or Rights issued during the French Revolution”, Edinburg, 1929. vigencia. Cuando los valores sociales van cambiando lentamente, la norma jurídica pierde parte de su legitimidad social, se vuelve menos aceptada, y si el sistema político en concreto lo permite, se procede a su derogación o reforma, para adaptarla a la nueva situación. De lo contrario surgen tensiones sociales, entre la opinión de amplios sectores de la sociedad y la fuerza vinculante de la norma, respaldada por el aparato del Estado, que pueden llevar a crisis políticas, generadoras de cambios más radicales. Así, por ejemplo, puede existir en determinado ámbito social la regla cultural de vestir de etiqueta en determinadas celebraciones, o bañarse completamente desnudo en zonas públicas de baño. Pero esas reglas no gozan ni del consenso social ni de la importancia general como para dar contenido a una norma jurídica. Quien no vista de etiqueta podrá ser criticado o rechazado en tal ámbito social, pero no podrá ser sancionado o castigado. En cambio, el respeto a la propiedad privada o a la vida han alcanzado fuertes dosis de respaldo social, como valores comunes al conjunto de la sociedad, que ha determinado proteger jurídicamente esos valores, y castigar severamente a quien realice comportamientos que vulneren la vida o la propiedad. A veces los cambios de las normas son signifcativos en relación con la evolución de los fenómenos sociales y los valores que repre-
sentan. Así, por ejemplo, ocurre con el tratamiento jurídico de la homosexualidad, perseguida en la primera mitad del siglo XX, castigada en numerosos Estados como delito, con severas penas, pasando luego a una progresiva despenalización, e incluso fnalmente a normas jurídicas tendentes a garantizar la plena igualdad de todos los individuos y parejas, con independencia de su tendencia sexual, cuando la sociedad en su mayoría ha asumido valores de tolerancia respecto a todas las opciones sexuales. De hecho, tales valores son fruto de la cultura y también su modulación al caso concreto se hace según los criterios culturales. Así por ejemplo, en España, es un valor completamente aceptado el respeto total a la integridad física de la persona, de tal modo que resulta perseguido jurídicamente cualquier comportamiento por mínimo que sea, por ejemplo propinar una bofetada a otra persona, que vaya contra este principio. Estos comportamientos, en cambio, se justifcan jurídicamente cuando son conformes a los pareceres culturales, como cuando el progenitor golpea levemente al hijo con el fn de educarle o cuando se perforan los lóbulos de la oreja a las niñas recién nacidas para colocarles pendientes. Toda sociedad, en su seno, conoce la existencia de comportamientos minoritarios que no respetan los valores esenciales, vulnerando las normas jurídicas que los protegen, respondiendo a esos comportamientos con sanciones graves por parte del estado. Los factores que llevan a individuos de una misma sociedad a quebrantar las normas creadas en el seno de la propia sociedad a la que pertenecen son numerosos, pero no dejan generalmente, de ser un número estadísticamente des-
preciable dentro de tal sociedad, ya que las normas jurídicas deben responder al amplio consenso social sobre tal aceptación. Es decir, son muchas las razones que, por ejemplo, pueden llevar a un individuo a quitar la vida a otro, en una sociedad como la española, pero el individuo homicida no podrá afrmar que no conocía o no asumía que el respeto a la vida ajena supone uno de los valores esenciales del orden social de la comunidad a la que pertenece. En los Estados occidentales surgidos de la modernidad, tras las revoluciones del siglo XIX, es característico recoger los valores esenciales que inspiran el conjunto del ordenamiento jurídico en 49
la respuesta del ordenamiento jurídico español al fenómeno de la mutilación genital femenina. Ciertamente no se trata de una respuesta sistemática, ya que nuestro derecho no se ha enfrentado de modo tradicional y continuo a tal fenómeno. Es más bien una respuesta fragmentaria, tomada de diferentes partes del ordenamiento, y de soluciones creadas para otro tipo de problemas, que deben ser adaptadas, en la medida de las posibilidades, a los nuevos acontecimientos. En cualquier caso, lo que deseo resaltar en la introducción de este resumido trabajo es, de una parte, que el tono en el que redacto el mismo pretende ser accesible a personas no juristas, no profesionales del derecho. No obstante, a veces es irremediable recurrir a la terminología técnica del derecho para explicar ciertas instituciones, pese a lo cual intentaré dotarlas de menor rigor dogmático, haciéndolas más accesibles a lectores no juristas. En segundo lugar, debo señalar que la exposición es resumida, ajustada a las pocas instituciones y respuestas que en este momento ofrece un ordenamiento jurídico como el español a este problema, sin vocación de sistemática acabada, sino solo de exposición general. En España, es un valor completamente aceptado el respeto total a la integridad física de la persona
El Derecho como creación cultural
Previamente a entrar en el análisis central del tema, conviene tomar una perspectiva de conjunto a cerca de lo que es y de donde proviene el derecho de una determinada nación y momento histórico, por que sólo de esa manera puede llegarse a conocer cual es el verdadero alcance que supone para la aplicación de las normas los problemas que genera una naciente sociedad multicultural. El ordenamiento jurídico viene a ser el conjunto de normas de derecho que una determinada socie-
dad, organizada políticamente bajo la forma de Estado, se ha dado para regir su conducta de una forma vinculante, en todos los aspectos de la vida social. Por supuesto, generalmente la producción de tales normas, en el proceso legislativo, se encuentra fuertemente infuenciada por las clases dirigentes de la sociedad, según el sistema político y el momento histórico de cada Estado, ya que no es igual el consenso general sobre los valores que la norma jurídica ampara en una democracia que en un sistema dictatorial. Pero aún así, el contenido de las normas jurídicas suele responder a valores sociales fuertemente consolidados en el conjunto de la sociedad, asumidos lo sufciente como para revestirlos de poder normativo, y hacer vinculante su observancia por todos los indivi-
duos que integran la comunidad social
1 . Tales valores son fruto de la larga evolución cultural de cada comunidad social a lo largo de la historia, derivados de unas experiencias históricas comunes al cuerpo social y a unas infuencias perdurables. Se han cristalizado tras un largo proceso de pen-
samiento político y social, propio de cada comunidad. Esos valores sociales aceptados inspiran el contenido de la norma en el momento de su creación, y garantizan buena parte de su periodo de F
La nueva forma de este fenómeno, individuos con determinados valores culturales asumidos que se enfrentan a la vinculante aplicación de normas jurídicas fundadas en valores diferentes, se da como resultado de las masivas migraciones de población surgidas desde la segunda mitad del siglo XX. Pero a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no es un Estado colonial quien impone el derecho de la metrópolis a la colonia, sino son individuos o grupos de individuos que se desplazan voluntariamente a un país diferente, para residenciarse en él, con una asunción de nuevos compor-
tamientos culturales, a la vez de conservación de otras tradiciones, ligadas a su identidad de origen. Ello supone que toda comunidad cultural integrada, como minoría, en otra comunidad estatal mayor, asume y respeta parte de los valores esenciales de la comunidad mayoritaria, como fase necesaria de su progresiva integración y sistema de convivencia bajo el Estado de destino, lo que determina el respeto a las normas jurídicas del Estado receptor. Pero también conserva tradiciones culturales propias, que le permiten identifcarse como comunidad cultural y distinguirse como minoría dentro de la cultura preponderante, como parte de su arraigo cultural. Además, es en esos entornos culturales diferentes donde suele producirse una mayor raigambre de las tradiciones importadas por los grupos inmigrantes, en afrmación de su origen. El problema surge cuando alguna de tales tradiciones choca con las normas jurídicas del Estado de destino. Este el supuesto de la tradición cultural de la mutilación genital femenina, pero no sólo de ese problema, sino de otros varios, que progresivamente van saltando a realidad social, como por ejemplo lo relativo a la poligamia matrimonial, o determinada vestimenta femenina, en lugares públicos, como ocurrió recientemente sobre el uso del velo por una menor de origen magrebí, en la escuela, aunque pueden encontrarse precedentes en nuestro país, como es el caso de la llamada “ley gitana”, aplicada por la etnia gitana, desde hace mucho. Los resortes del derecho, y de la sanción por parte del Estado, no son siempre los más efectivos para responder a estos problemas. El anterior fenómeno supone un problema aplicativo para el derecho. De una parte, el Estado no puede dejar de imponer la efcacia general de su ordenamiento, y de otro lado, los castigos con los que el ordenamiento garantiza su efcacia pueden no ser lo sufcientemente intimidativos cuando el individuo actúa motivado por ciertas convicciones culturales o religiosas. Sin duda la cuestión puede ser muy ardua, pero debe darse una respuesta clara, aunque provisional a lo planteado. El derecho puede, y debe, respetar aquellas tradiciones culturales de las minorías tanto en cuanto supongan un libre desarrollo de la personalidad de los individuos, y de los grupos en los que estos se integran, como recogen los arts. 10.1 y 9.2 de la Constitución. Pero cuando tales manifestaciones culturales chocan frontalmente con valores esenciales e incuestionados de nuestra sociedad, aquellos que asientan el orden social y la convivencia, en los términos actuales, el derecho debe reaccionar frente a ello con toda contundencia y gravedad, ya que esos valores suponen un acuerdo de mínimos en el respeto de la dignidad de la persona, sin el cual nuestra sociedad sería irreconocible por nosotros mismos
4 . Además, precisamente por ser una acuerdo de mínimos, esos valores resultan fácilmente accesibles por cualquier individuo procedente de una comunidad cultural diversa, con un mínimo de integración. Son el respeto a la vida, la integridad física y la libertad y dignidad de los demás. Estos valores, al menos en el territorio del Estado, han 2. J. Humphrey, “La Declaración Internacional de Derechos. Estudio crítico.” Barcelona, 1985.
normas constitucionales, cúspide de todo el sistema normativo. Así se hace en derecho español, con la Constitución de 1978, al reseñar en su art. 1 que son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En parecido sentido el art. 10 proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Tras ello, los arts. 14 a 29 recogen los denominados derechos fundamentales, la vida, la integridad física, el honor, la intimidad personal y familiar, libertad de religiosa y de pensamiento..., y fnalmente una serie de derechos sociales, a una vivienda digna, al trabajo remunerado, a la salud, a la protección del medio ambiente..., desde luego con distinta efcacia jurídica, unos respecto de otros. En consonancia con lo anterior, a la vez que la evolución social en cada Estado fue determinando la aparición de textos constitucionales, refejo de los valores esenciales de cada comunidad social, paralelamente fue apareciendo la vocación de universalizar tales derechos, extendiéndolos a todo ser humano, perteneciente o no a esa comunidad. Ello es fruto de la muy similar evolución en materia de valores y derechos ocurrida en los países occidentales, Europa y América, a lo largo del siglo XIX. Ello termina por producir una serie de convenciones internacionales, con intención de extender en ámbitos internacionales la vigencia de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el marco de la ONU, o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. Desde luego la vocación de estas normas internacionales no es otra que extender a todo individuo, cualquiera que sea su comunidad social de pertenencia y nacionalidad, la vigencia de los derechos básicos, generados, no obstante, a partir de valores evolucionados en la cultura occidental
2 . El problema de la transculturalidad
Como se ha apuntado al fnal del apartado anterior, un punto general de conficto se genera cuan-
do normas jurídicas, es decir, comportamientos sociales de obligada observancia, bajo pena de sanción estatal, creadas a partir de los valores de una determinada sociedad y momento histórico, se pretenden aplicar a individuos pertenecientes a diferentes sociedades y por tanto con diferentes valores sociales asumidos. Este fenómeno no es nuevo, aunque sí ha tomado una nueva dimensión. Desde antiguo, los Estados más poderosos han extendido su dominio, por la fuerza de las armas, sobre otras organizaciones políticas, mediante la conquista militar. Cuando tal dominio alcanzó una cierta estabilidad temporal, ha sido tónica constante en la historia que el Estado dominador extienda la aplicación de sus leyes al territorio conquistado, y a sus gentes. Esta actuación es muy propia del primer colonialismo, con la aplicación de las leyes españolas a los territorios americanos de la corona de Castilla, lo que desató, ya entonces, críticas entre algunos intelectuales por los desafortunados resultados de pretenden castigar a los indígenas por la inobservancia de las normas jurídicas castellanas, a ellos impuestas. Ello llevó incluso a ciertas reformas. Se repite esto en todo el colonialismo posterior de las potencias europeas por los cinco continentes, hasta el siglo XX, tratando de imponer una única cultura, un único derecho
3. F. Fukuyama, “¿El fn de la historia?”, 1989.
naturaleza, pero más o menos graves. Para este último supuesto el art. 150 CP dispone que cuando las lesiones antes descritas consistan en la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no prin-
cipal o la deformidad será castigado el hecho con pena de prisión de tres a seis años. Y aún más grave, el art. 149 CP reseña que cuando se cause la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, o la impotencia, esterilidad o grave deformidad la pena será de seis a doce años de prisión. Una operación consistente en la mutilación genital femenina, dependiendo del alcance de la ablación practicada, será encuadrable bien en el art. 149 CP, supuesto en que se practique la extirpación del clítoris, bien el art. 150 CP. Para distinguir entre órgano principal y no principal, nuestros Tribu-
nales vienen utilizando el criterio de la funcionalidad del órgano, según afecte en más o en menos al normal desarrollo de la personalidad. Parece claro que el desarrollo de una saludable e integral vida sexual de la mujer afecta a tal funcionalidad
5 . Estas penas de prisión, de entre tres y doce años, se aplicaran a quien practique la ablación a la mujer. Además, si la pena se impone a un facultativo o médico, podrá el Tribunal aplicar la pena de inhabilitación especial para su ofcio durante todo el tiempo de la condena, como pena acce-
soria del art. 56 CP. En cuanto a los padres o familiares de la menor, estos además incurrirán en una agravante, por su razón de parentesco, conforme al art. 23 CP, que determinará que las penas 4. E. Lévinas, “Les droits de l´home et les droits d´autrui”, Friburgo, 1985
El derecho puede, y debe, respetar aquellas tradiciones culturales de las minorías tanto en cuanto supongan un libre desarrollo de la personalidad de los individuos, pero cuando tales manifestaciones culturales chocan frontalmente con valores esenciales e incuestionados de nuestra sociedad, aquellos que asientan el orden social y la convivencia, en los términos actuales, el derecho debe reaccionar frente a ello con toda contundencia y gravedad
Fotografía: Cati Cladera.
de resultar intangibles, y quien se integra en nuestra comunidad cultural ha de asumir su respeto, sin perjuicio de en lo demás poder conservar otros rasgos culturales propios, y particularmente frente a tradiciones, como la mutilación genital femenina, que se encuentran en profunda revisión en las propias comunidades culturales donde tradicionalmente se venía aplicando.
En el cruce de culturas que se produce en el seno de nuestro Estado, tomado como ámbito terri-
torial de aplicación de nuestro derecho, el anterior razonamiento supone la base de la aplicación de las diferentes normas concurrentes al problema de la mutilación genital femenina. Y a su vez, determinará la modulación en la aplicación de sus normas, teniendo presente que los estándares culturales de generación de la norma y del destinatario de la aplicación no son iguales ni semejantes, en atención a la realidad social a la que se aplican, tal cual señala el art. 3.1 del Código Civil, al decir que las normas se aplicarán según... la realidad social del tiempo en que deban ser aplicadas, atendiendo al espíritu y fnalidad de aquellas. La respuesta del Derecho Penal
El ordenamiento jurídico es el conjunto total de las normas jurídicas que rigen en un Estado, pero no como mero sumatorio de ellas, sino como una estructura ordenada, donde existe una correlación e integración de todas aquellas normas, bajo los principios de jerarquía normativa y competencia, y donde existen normas sobre normas, que resuelven confictos entre leyes, o regulan como se crea un norma, o como se expulsa otra del seno del ordenamiento. Ese ordenamiento se subdivide en bloques, que agrupan clases de normas según el contenido de su regulación. Dentro de esos blo-
ques, el derecho penal es el encargado de sancionar con los castigos más graves que puede aplicar el Estado a determinados comportamientos, que resultan socialmente intolerables. La mutilación genital femenina es uno de los comportamientos que merece tal sanción penal. El Estado utiliza pues su arma jurídica más contundente para responder a este fenómeno. No se en-
cuentra regulado delito alguno bajo ese epígrafe, sino que le deben ser aplicados delitos distintos. En principio la ablación total o parcial de los órganos genitales femeninos constituye un delito de lesiones, penado en el art. 147 del Código Penal (CP), al disponer que el que por cualquier medio o procedimiento, causaré a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado a pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera para su sanidad tratamiento médico o quirúrgico. Lo anterior, sería el delito básico de lesiones, y sobre él la ley regula otros delitos de la misma 5. En tal sentido se expresan las sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1989, 16 de febrero de 1990, de 17 de septiembre de 1990, o de 10 de febrero de 1992. La ablación total o parcial de los órganos genitales femeninos constituye un delito de lesiones, penado en el art. 147 del Código Penal (CP)
La jurisprudencia de los Tribunales es totalmente opuesta a la admisión del error de derecho, en delitos contra bienes eminentemente personales. El problema de la perseguibilidad Se ha de tener en cuenta, en el tema que se está tratando, que muchos de los delitos que en esta materia se produzcan y puedan ser conocidos por las autoridades judiciales españolas se habrán producido de forma transfronteriza. Es decir, el hecho de la ablación sobre la mujer no se habrá ejecutado en territorio español, sino bien antes de su entrada en él, bien durante una salida provi-
sional, con destino a su país de origen, y regreso tras ello a territorio español. En el supuesto de que la mutilación se produzca por entero dentro del territorio del Estado, la aplicación de las normas de derecho penal se podrá llevar a cabo sin problema, como en el caso de cualquier otro delito, ya que en principio los Tribunales españoles tienen jurisdicción plena sobre cualquier delito cometido en territorio español, ya sea por extranjeros o por nacionales, art. 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, cuando el delito haya sido cometido fuera del territorio del Estado, la jurisdicción de los Tribunales españoles no se extiende en todo caso a su conocimiento. En efecto, el ordena-
miento jurídico limita la potestad que tienen los Tribunales respecto al enjuiciamiento de delitos cometidos fuera de la frontera del propio Estado, ya que de lo contrario se produciría una invasión en la soberanía de otros países, al fallar los Tribunales de una nación sobre asuntos que afectan por entero a otro país. Por ello el art. 23.2 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, esta-
blece que sólo se podrá castigar a los responsables de delitos cometidos fuera de España, cuando tales responsables sean ciudadanos de nacionalidad española, y que el hecho cometido también sea califcado como delito por las leyes del país donde fue realizado el hecho. Parece remota la posibilidad de que personas oriundas de culturas con tales tradiciones practiquen la mutilación genital femenina cuando esa persona haya arraigado lo sufciente como para adquirir la nacionali-
dad española. Fuera de tales supuestos, el art. 23.3 y 4 de la señalada LOPJ permite perseguir a los Tribunales españoles ciertos delitos, sin sujeción a más requisito, pero debe tratarse de delitos de genocidio, terrorismo, piratería aérea, tráfco de drogas, o similares, donde no parece encuadrable la persecución de la mutilación genital femenina. Por tanto en los supuestos donde la menor sea sacada de España, de modo transitorio para practi-
carle en su país de origen la ablación, y luego regrese a España, el hecho no podrá ser perseguido penalmente, no podrá aplicarse castigo alguno a los padres o familiares responsables, sin perjuicio de aplicar otro tipo de medidas, a las que más adelante se hará referencia. Alguna opinión de la Fiscalía se ha manifestado en el sentido de que podría castigarse a los padres por los actos preparatorios del delito llevados a término dentro del territorio español, puniéndolos como tentativa de delito, del art. 16 CP. No parece demasiado sostenible tal opinión, de una parte por que la mayor parte de tales actos carecen por sí mismos de relevancia penal, y de otro lado por que quedarían fnalmente absorbidos por el hecho fnal cometido, según el art. 8.3 CP, el cual es no es punible por falta de jurisdicción. 6. Romero de Tejada, “El Consentimiento de la víctima en los delitos de lesiones”, Madrid, 1999. 55
habrán de imponerse en sus grados máximos, dentro del marco de duración, según los arts. 149 o 150 CP. Estas penas de prisión, por su duración, vienen a ser equivalentes a las previstas para delitos como el homicidio, art. 138 CP, con pena de diez a quince años de prisión, o con el delito de violación, art. 179 CP, de seis a doce años de prisión, y muy superiores por ejemplo al delito de robo con intimidación, art. 242 CP, penas de dos a cinco años. Puede por ello decirse que el hecho consistente en la mutilación genital femenina constituye uno de los más graves delitos, para el ordenamiento jurídico español. Respecto a la actuación del médico, parece claro que la respuesta del derecho penal no alcanza a exculpar al facultativo médico que realice la ablación, incluso con el fn de evitar que la menor sea sometida a la misma en condiciones de absoluta falta de salubridad o sin material quirúrgico adecuado. Puede que la exculpación sí ampare operaciones como la circuncisión masculina, ya que la extirpación del prepucio ni tiene remotamente el alcance físico de la ablación de labios menores y mayores y clítoris en la mujer, y además la circuncisión es una práctica conocida por nuestra cultura y aceptada socialmente, aunque se respalde de indicaciones médicas para su aplicación. Además, en el caso de los padres, cuando no sean ellos los que realizan la ablación, ni siquiera otros a su orden, pueden incurrir igualmente en aquellas penas cuando no pongan todos los medios a su alcance para impedir la lesión de la menor, al encontrarse en una posición de garantía respecto a su hija, obligados a actuar en su defensa. Se dice en estos casos que son responsables del delito, cometido en comisión por omisión, según el art. 11 CP.
Terceras personas, no familiares, que conociesen el riesgo en que se encuentra una niña de ser sometida a mutilación genital, y no actuare para impedir la operación, o lo denunciasen a las autoridades, de modo inmediato, podrían incurrir en pena de prisión de seis meses a dos años, de acuerdo con el art. 450 CP. Igualmente, el médico del sistema público de salud, u otro funcionario, que por su profesión tuviese conocimiento de que se ha practicado ya la ablación, y no lo denun-
ciase a las autoridades, podría incurrir en delito castigado con pena de inhabilitación de seis meses a dos años, según el art. 408 CP.
Las dos posibles modulaciones admisibles dentro de los márgenes de la legalidad penal a tan contundente sanción derivan de dos instituciones diferentes. La primera hace referencia al con-
sentimiento prestado por la víctima del delito de lesiones, para sufrir la lesión de que se trate. Ese permiso o consentimiento no hace desaparecer el delito, ya que la integridad física de las personas es indisponible incluso por uno mismo, pero se atenúa la pena, según dispone el art. 155 CP. Se exige, no obstante, que la persona que emita el consentimiento sea mayor de edad, nunca menor. Parece del todo improbable que una mujer mayor de edad, en territorio español, preste su consentimiento a la mutilación genital, al no existir la misma presión social que en sus comunidades de origen
6 . La segunda de las posibilidades consistiría en la aplicación de lo que se conoce como error de prohibición de derecho penal. El art. 14.3 CP dispone que puede quedar exento de pena aquella persona que pese a cometer un hecho descrito en la ley como delito, ha realizado el acto en la frme creencia de que su comportamiento está permitido por las leyes. Debe advertirse que este precepto no ampara a quien actúa en la creencia de obrar bien, según su conciencia o religión, sino que ha de creer que lo que hace lo permite la ley, lo que es muy distinto. Por tanto, sólo sería aplicable al caso impensable de una familia recién llegada a España, desde su comunidad de origen donde se practique la mutilación genital, sin contacto social alguno con la realidad del país, que le permita captar, al menos remotamente, que existe un reproche o censura general a tal operación. 56
durar el tiempo mínimo imprescindible, ya que no se busca desarraigar a la menor de su familia o de la cultura de origen, sino únicamente garantizar que la misma no será sometida a mutilación genital. Tan pronto como tal objetivo resulte cumplido, deberá restituirse a la menor al seno de su familia, art. 172.4 CC. Teniendo presente que el mayor riesgo de padecer la ablación genital por parte de las menores no se produce tanto dentro de territorio nacional, como ante un posible viaje de temporada en regreso a su país de origen, la medida de garantía puede ser simplemente obtener por parte de la Administración Autonómica una orden del Juez de prohibición de salida de la menor del territorio español, o incluso la de prohibición de regreso a España si la menor ha sido sometida a tal opera-
ción, realizándose los oportunos exámenes médicos a la salida y a la entrada. Un supuesto problemático se da cuando las autoridades españolas descubren que ya se ha practicado a la niña la mutilación genital. Propiamente en este supuesto ya no existe situación de desamparo, en los términos del art. 172 CC, puesto que ya no existe riesgo de mutilación, por haberse con-
sumado, y además, los padres pueden estar prestando a la menor, dentro de sus posibilidades y cánones culturales, las atenciones precisas para su cuidado y desarrollo. Quizás puede ser relevante para detectar el riesgo existente de ablación para hermanas de la pequeña que aún no hayan sido sometidas la extirpación, y quienes sí podrían requerir aún auxilio público para evitarlo, y sin perjuicio de aplicar programas de información y prevención contra la mutilación genital femenina en el ámbito de la comunidad a la que la familia pertenezca. Un segundo sistema de protección se aplica directamente por los Jueces y Tribunales, cuando en el curso de cualquier clase de proceso jurisdiccional, conocen la posible situación de riesgo para la menor. En tales casos, el art. 158 CC habilita al Juez para adoptar cualquier clase de medida con el fn de apartar al menor de cualquier peligro o evitarle algún mal. La ley no fja cuales son las medidas a aplicar, así que será el Juez en cada caso el que determine lo más conveniente para evitar que llegue a realizarse la mutilación, llegando incluso a ordenar el acogimiento público de la menor, o encargar su guarda a otro familiar de la misma niña, quien pueda asegurar que no será sometida a mutilación, y la suspensión de la patria potestad por parte de los padres. Cuando el Juez estime, ante el hecho de la consumación de la ablación, que ello supone una inobservancia grave de los deberes de la patria potestad, puede llegar a decretar la privación defnitiva de la patria potestad, art. 170 CC. Sólo se podrá castigar a los responsables de delitos cometidos fuera de España, cuando tales responsables sean ciudadanos de nacionalidad española, y que el hecho cometido también sea califcado como delito por las leyes del país donde fue realizado
7. Montero Aroca, “Guarda y Custodia de Hijos”, Valencia, 2001. F
La respuesta del Derecho Civil
El derecho civil es aquella rama del ordenamiento jurídico que se destina de un modo preferente a la regulación de las manifestaciones más próximas de la persona, tanto familiar como patrimonial-
mente. Entre tales normas, un conjunto importante de las mismas se dirige a la protección de los derechos e intereses de los menores. Esta normativa es aplicable a los supuestos de niñas menores de edad en situación de riesgo de ser sometidas a la mutilación genital. Dispone el art. 172 pf. 2º del Código Civil (CC) que se considera en situación legal de desamparo al menor, que a causa del incumplimiento de los deberes de protección establecidos en las leyes para la guarda de menores, éstos se ven privados de la necesaria asistencia moral o material. Los deberes de protección a los que se refere el anterior precepto son los recogidos en el art. 154 CC, que señala que los padres están obligados a velar por el bien de sus hijos, procurándoles la alimen-
tación, educación y formación integral. Es de observar que este precepto no recoge literalmente la necesidad de velar por la integridad física de los menores, pero esa omisión se debe al simple hecho de que el legislador, de acuerdo con los valores imperantes en la cultura española actual, da por supuesto que ese respeto a la integridad física del menor, como a su vida, es la protección primigenia
7 . Partiendo de los dos anteriores preceptos, art. 172 pf. 2 en relación con el art. 154 CC, debe enten-
derse que la menor que se encontrase en situación de efectivo riesgo de ser sometida a la mutila-
ción genital, dentro o fuera de España, se halla en situación legal de desamparo. La consecuencia jurídica de esa situación, una vez conocida, es que el organismo público competente en cada Comunidad Autónoma para la protección de los menores asume de un modo automático la tutela de la menor, con suspensión inmediata de la patria potestad por parte de los padres, art. 172 pf. 1 y 3 CC. Desde ese momento, el organismo público autonómico correspondiente está legitimado para adoptar cualquier medida que estime adecuada para proteger a la menor, incluso la retirada de la custodia a la familia de origen, acordando el ingreso de la menor en un centro de acogida de menores, o su entrega a una familia tercera en acogimiento familiar temporal, art. 173 bis CC. Tales medidas se realizan siempre bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, art. 174 CC, que vela por la legalidad de la actuación de la Administración Autonómica, sin perjuicio de que los padres de la menor puedan recurrir ante los Jueces la medida y la declaración de situación legal de desamparo, quienes confrmarán o revocaran la medida, según proceda en cada caso.
En el desarrollo de las previsiones del Código Civil la mayoría de las Comunidades Autónomas han dictado normas propias en materia de protección de los menores, regulación que suele ser paralela y convergente con lo recogido en el Código Civil, al menos en sus líneas esenciales. Una vez garantizada la seguridad de la menor, por los medios que sea, el más grave, como se dijo, mediante el desapoderamiento de la niña respecto de su familia, el organismo público es-
tará obligado, dentro de sus competencias en cada Autonomía, a aplicar programas específcos información y educación respecto de la familia de la pequeña, y a obtener de tal familia garantías sufcientes para asegurar que la menor no será sometida a la ablación genital, ni dentro ni fuera de España. Cuando se haya separado a la menor de su núcleo familiar, ingresándola en un centro público asilar de menores, o entregándola en acogimiento familiar simple, dicha separación ha de 58
menor y su familia, desde su perspectiva profesional, según sea educador, sanitario o asistente social, a la vez que trasmitirá los primeros juicios de desvalor que la mutilación genital femenina recibe en la sociedad española. La segunda reacción ha de ser necesariamente acudir a las auto-
ridades correspondientes para poner en su conocimiento los hechos. Sólo así puede activarse la respuesta que desde el plano público debe ser aplicada a aquella acción, tanto en la prevención como en la reprensión, e incluso se favorece la puesta en marcha de programas sociales destinados a la prevención de esa práctica, en los ámbitos culturales afectados. La circunstancia de que se dé un potencial riesgo para la menor de ser sometida a mutilación genital no debe disuadir al profesional de dar noticia a la autoridad competente, ya que se confrme o no tal potencialidad de riesgo, no existe responsabilidad alguna para el profesional, y en cambio permite a la Administración encargada de la tutela de los intereses de los menores poner en marcha sistemas de control de ese posible riesgo, sin adoptar medidas más traumáticas para la menor o su familia. El problema en el derecho de extranjería En el tratamiento global del problema de la mutilación genital femenina debe concurrir así mismo la aplicación de una normativa perteneciente, en lo básico, al ordenamiento administrativo, tal cual es el conjunto de normas reguladoras del estatuto jurídico de los extranjeros en territorio español. Las dos normas fundamentales aplicables son la Ley Orgánica de Derechos de los Extranjeros en España, 4/2000, de 11 de enero, y la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y Condición de Refugiado. Ciertamente ninguna de tales leyes hace un tratamiento específco del problema de la mutilación genital femenina, aunque si previene algunas instituciones que de un modo tangencial pueden ser aplicadas. De otra parte, deben resaltarse ciertas prevenciones en la práctica administrativa en la aplicación de esas leyes, que facilitarían la prevención de aquellas prácticas.
En primer término el art. 35 de la LO 4/2000 se dedica a la regulación de los menores extranjeros indocumentados, siguiendo en buena medida las pautas generales previstas para los mayores de edad. No obstante, el apartado nº 4 del precepto, reseña que cuando se produzca una situación legal de desamparo, la que más arriba ya describí, con la asunción de la tutela automática por parte de la correspondiente Comunidad Autónoma, el menor pasará a tener residencia legal en España, a todos los efectos. Debe entenderse que este precepto es aplicable a menores hallados en territorio español carentes de todo apoyo familiar, como aquellos otros que contando con familia, les deba ser aplicable el concepto de desamparo legal, lo que ya razoné para el caso de riesgo de mutilación genital femenina. Al asumir la tutela el organismo autonómico correspondiente, art. 172 CC, las menores pasarán de modo simultaneo a situación de residencia legal en España, gozando de los derechos reconocidos en la ley, y no pudiendo ser expulsadas. Este extremo debería tenerse presente tanto por la Administración Pública, en su coordinación autonómica y estatal, como por otro tipo de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los extranjeros en territorio español. En cuanto algunas prácticas administrativas que debieran generarse como respuesta al problema 8. Como se recoge en Sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de enero de 1998, de Barcelona de 4 de abril de 1998, o Bilbao de 8 de noviembre de 1988.
Debe resaltarse que conforme al art. 9 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, de 1996, el Juez deberá oír a la menor antes de decidir, si ésta tuviese sufciente juicio, y en todo caso si es mayor de doce años. No obstante, el Juez en su decisión podrá apartarse de las preferencias manifestadas por la pequeña, cuando estime que defende mejor el interés de aquella. La jurispru-
dencia no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre supuestos de riesgo de ablación, pero sí lo ha hecho en casos que afectan a menores, frente a las creencias religiosas de los padres, como es el supuesto de las transfusiones de sangre, con indicación médica, sobre menores cuyos padres profesan la fe de los “Testigos de Jehová”, oponiéndose a ello los padres, por sus ideas religiosas, e incluso a veces el propio menor
8 . Las formas de detección del problema Algo de lo que si debe tomarse una clara conciencia es del hecho de que el evidente presupuesto para la aplicación de toda la anterior normativa es que las autoridades llamadas a aplicarla tengan efectivo conocimiento bien del hecho de la ablación ya practicada, bien del riesgo de que una menor sea sometida a ella. Los casos en los que tal conocimiento se tiene de modo directo por parte de las autoridades son muy escasos. Sólo si con motivo de un proceso judicial aparece, entre los hechos alegados por las partes, el riesgo de mutilación, puede el Juez actuar de ofcio, o en el inesperado caso de que la propia menor, suelen ser de muy corta edad, se dirija a la policía, denunciando los hechos. En la mayor parte de los casos los que primero tienen conocimiento de los hechos son los profesio-
nales que por razón de su cometido, se relacionan de un modo habitual con el entorno familiar de las menores, como ocurre con los educadores, asistentes sociales o profesionales sanitarios, de una forma preferente. La intervención de estos profesionales se extiende al conocimiento de las tradiciones culturales de las personas receptoras de su trabajo, y se despliega un contacto directo, y generalmente duradero con esas personas, lo que determina que puedan ser ellos los primeros, fuera del entorno de la familia o la pequeña comunidad desplazada, que adquieran el conocimiento del riesgo de mutilación que puedan sufrir algunas pequeñas. Muy seguramente la reacción de los señalados profesionales se desplegará en un doble plano. El primero estará relacionado con dar una adecuada respuesta a las concretas personas afectadas, la La circunstancia de que se dé un potencial riesgo para la menor de ser sometida a mutilación genital no debe disuadir al profesional de dar noticia a la autoridad competente
de la mutilación genital femenina, sería conveniente revisar los usos de la administración en re-
lación con el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, previsto en el art. 17 LO 4/2000, facilitando al máximo tal derecho cuando se den situaciones de riesgo para menores que quedaron en áreas de población donde se practique aquella tradición, respecto de sus padres o familiares ya ingresados en territorio español. Igualmente debiera prestarse una especial atención en cuanto a las resoluciones administrativas de expulsión, de los arts. 57 y 58 LO 4/2000, cuando de la misma pueda derivarse un riesgo subsiguiente para la integridad física de las menores dependientes del progenitor expulsado, suspendiendo tal acuerdo o adoptando medidas para paliar tal riesgo. En cuanto a la segunda de las normas aplicables, la Ley 5/1984, de 26 de marzo, del Derecho de Asilo, por el cual se acoge por un Estado a personas extranjeras que sufren persecución política, religiosa o étnica en sus países de origen, debería estudiarse la posibilidad de reconocer la con-
dición de refugiado, concediendo el derecho de asilo, a mujeres, mayores o menores de edad, en situación de riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina. Para ello, sería imprescindible para la autoridad española encargada del reconocimiento de tal derecho conocer cuales son las comunidades culturales y étnicas que dentro de cada país practica tal tradición, y cual es el riesgo efectivo de ser sometida a ello, al menos en estadísticas porcentuales. Además el reconocimiento de tal derecho conllevaría su extensión a los familiares cercanos, como dispone el art. 10 Ley 5/1984.
Jurídicamente el reconocimiento de tal derecho se hace no con base en normas estatales, sino en convenciones internacionales, la de Ginebra de 28 de julio de 1951 y la de Nueva York de 31 de enero de 1957, que son igualmente normas de referencia para otros Estados, en alguno de los cuales se viene reconociendo tal derecho de asilo por el riesgo de ser sometida a mutilación genital, lo que no parece pues impensable sea extendido al caso español. Conclusión
Queda claro que el derecho español se enfrenta a un problema como el de la mutilación genital femenina como un fenómeno muy incipiente, aún algo extraño, en la realidad social donde ese derecho se viene aplicando. Por tal causa, el ordenamiento jurídico no ha elaborado por el momento ninguna respuesta específca o de conjunto al problema, sino que habrá de responder a él adaptando otras instituciones ya previstas para problemas diferentes. Lo que sí hace el ordenamiento, en consonancia con los valores sociales y culturales sobre los que se asienta, es reprochar enérgicamente el fenómeno de la mutilación genital femenina, sancionándolo gravemente. Por ello, dejando la respuesta contundente del ordenamiento como última frontera, la sociedad española y el Estado deben buscar previamente respuestas al problema en otros terrenos, de la educación, la prevención social y la integración, desde el respeto a otros aspectos de la cultura de origen de las familias afectadas. na propuesta de acción frente a las mutilaciones genitales femeninas
En noviembre de 2000, la Federación de Planif-
cación Familiar de España organizó una reunión de expertos y expertas en torno al tema de la mutilación genital femenina. Como resultado de la misma la FPFE ha elaborado un documento en el que se plan-
tean una serie de recomendaciones encaminadas a lograr un abordaje integral y efcaz de este tema para conseguir eliminar esta práctica tan dañina para las mujeres y niñas.
Hacia donde vamos: como abordar la erradicación de la muti-
lación genital femenina
Un problema complejo como la mutilación genital femenina no va a tener soluciones sencillas por mucho que nos empeñemos en ello. Será preciso actuar desde diferentes ámbitos y de forma coordinada. Desde nuestro punto de vista, cualquier iniciativa para erradicar la mutilación genital pasa por actuar fundamentalmente en los países de origen, ya que está demostrado que los inmigrantes que residan en nuestro país seguirán conservando sus reglas y tradiciones para ser aceptados al regresar a su comunidad. Esta intervención se deberá hacer a varios niveles:
 A nivel de Política Exterior, incorporando la cuestión de la mutilación genital femenina junto con el respeto de los Derechos Humanos, dentro de los elementos de la política exterior del Gobierno y presionando a los Gobiernos afectados para que adopten leyes y medidas para acabar con la mutilación genital.
 A nivel de cooperación al desarrollo, apoyando con recursos concretos a aquellas instituciones y ONGs que trabajan por la erradicación de la mutilación genital en los países donde se practica y fnanciando proyectos a largo plazo.  A nivel de Naciones Unidas, cooperando con los organismos internacionales, aprobando todos los documentos y acuerdos internacionales que obligan a la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer y exigiendo lo mismo a los demás Gobiernos. Medidas a adoptar
En cuanto a la forma de afrontar la situación en nuestro país, creemos que se deben adoptar una serie de decisiones ineludibles para afrontar el tema con seriedad y compromiso:
Las administraciones deben garantizar la protección de aquellas personas que dentro de España se encuentren en peligro de ser víctimas de mutilación genital y otorgar el derecho de asilo a las mujeres o niñas que por este motivo lo soliciten. Para ello, deben modifcar las leyes pertinentes y adoptar las medidas apropiadas.
Se debe realizar una investigación exhaustiva sobre el alcance de esta práctica en nuestro país y habilitar sistemas para su seguimiento.
La penalización de esta práctica no es sufciente por sí misma para acabar con la mutilación. Es primordial adoptar estrategias de sensibilización y educación, que promuevan cambios de actitudes en la población afectada. Así mismo, es imprescindible disponer medidas preventivas que eviten que se produzcan estos hechos.
Para que la consideración de esta práctica como delito sea efcaz, se deberá modifcar las leyes necesarias de forma que se pueda proteger a las mujeres y niñas residentes en nuestro país, independientemente de que el acto sea cometido dentro o fuera de nuestras fronteras.
De donde partimos: Cómo enfocar el problema de la Mutilación Genital Femenina
La conceptualización de esta práctica debe enmarcarse fundamentalmente en las estructuras y reglas de género imperantes en estas sociedades y secundariamente en el contexto cultural. To-
dos los grupos sociales tienen establecido en su comunidad determinados ritos de transición que marcan los cambios en la condición y el papel de los individuos dentro de la colectividad y que conforman el sentido de «identidad» de cada persona. Aunque en algunas sociedades estos ritos se han ido diluyendo poco a poco, en otras, donde la cohesión colectiva es todavía muy fuerte, las distintas etapas en la vida de los individuos siguen marcadas por ritos muy claros, que tienen por objetivo reconocer públicamente que el individuo dispone de las aptitudes y cualidades necesarias para asumir un nuevo rol dentro de la comunidad. Todas estas etapas y ritos, constituyen una parte intrínseca de la identidad de la persona como individuo y como miembro del grupo y determina por tanto un círculo muy difícil de romper. Pero la cultura no es un elemento estático, sino que puede y debe experimentar variaciones en función de la evolución de la sociedad.
La mutilación genital femenina, discrimina a las mujeres y atenta contra sus derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Ninguna cultura es ajena a esta desigualdad entre hombres y mujeres, bien al contrario, esto es un elemento comun a todas las culturas, incluida la española. Las estrategias de acción deben ir por tanto a fomentar la igualdad y la au-
tonomía de las mujeres de nuestro entorno cercano y lejano, evitando discursos que estigmaticen a determinadas etnias o grupos, que no hacen sino aplicar a su manera una realidad común a todas las sociedades: la subordinación de la mujer al hombre.
Por otro lado, la mutilación genital femenina debe englobarse dentro de un grupo más amplio de practicas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres y niñas. Aunque no son tan conocidas, estas prácticas también tienen consecuencias nefastas para ellas y deben ser erradicadas. Nos referimos al “sexo seco”, matrimonios prematuros, matrimonios forzosos, tabúes alimenta-
rios, multiparidad, etc. Asimismo, estas prácticas, íntimamente relacionadas con la sexualidad y la reproducción, deben abordarse siempre en el marco de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Conclusiones:
 Para trabajar el tema de la MGF hay que CONOCER, que no JUSTIFICAR, las estructuras y relaciones de género culturalmente construidas en las que se enmarca esta práctica y las mujeres que la practican.
 La MGF debe tratarse en el marco de la igualdad de genero, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la erradicacion de las practicas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres y las niñas.
comprender la situación a la que se enfrentan y actuar en la prevención de la MGF en nuestro país. Esta formación debe centrarse en la mutilación genital femenina, pero también en otras cuestiones anexas como la interculturalidad, las relaciones entre género y salud sexual y re-
productiva, la salud de la mujer inmigrante y el desarrollo de habilidades de comunicación.
 Informar a todo el personal socio-sanitario de la obligación de presentar una denuncia cuando exista la sospecha de que una niña está en riesgo de que se le practique la mutilación genital, dentro o fuera de nuestro país.
Establecer los mecanismos necesarios para facilitar esa denuncia en coordinación con la policía, los servicios de protección del menor y los juzgados de instrucción.
 Determinar la actuación de los servicios socio-sanitarios en la prevención, control y seguimiento de los casos de mutilación genital femenina, en coordinación con los servicios sociales y las escuelas.
 Poner en marcha programas concretos de atención a las mujeres inmigrantes donde se incluya la prevención de la mutilación genital femenina o incorporar esta cuestión a los ya existentes.
En las comunidades inmigrantes
 Realizar campañas de sensibilización, dirigidas a la población inmigrante que practica la mutilación genital femenina, donde se transmitan mensajes claros sobre la ilegalidad de esta práctica en nuestro país.
 Poner en marcha actividades de educación dirigidas a la población inmigrante para promover que abandonen esta práctica y presionen en sus países para que se erradique totalmente.
 Apoyar a las redes de organizaciones y a las asociaciones de mujeres que trabajan por la erra-
dicación de esta práctica en nuestro país.
En el encuentro participaron las siguientes organizaciones y personas expertas: Cruz Roja, Medicus Mundi – Andalucía, Escuela Nacional de Sanidad, Amnistia Internacio-
nal, Asociacion de Mujeres Inmigrantes de Fuenlabrada, Afromujer Andalucia, Asociacion de Planifcacion Familiar de Madrid, Asociacion de Planifcacion Fami-
liar de Cataluña y Baleares, Fatou Secka, mediadora sociocultural, Adriana Kaplan, antropóloga, Francisco de Borja Villena Cortés, juez, Mauricio Tajada, ginecólogo y Esther Alcalá, mediadora sociocultural.
La persecución del delito debe recaer sobre las personas que realicen la mutilación genital y debe estar gravada más fuertemente en aquellos casos en que sea realizada por personal médico. En el caso de los padres, se debe valorar la situación de la menor en su conjunto y actuar de la forma que sea más conveniente para ella. 
Las administraciones y sobre todo aquellas que tienen que ver más directamente con las personas inmigrantes, deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier persona que llegue a nuestro país conozca que la mutilación genital, constituye según nuestra legislación una violación de los derechos humanos y un delito. 
Las actividades de sensibilización y en especial las informaciones facilitadas por los medios de comunicación, deberán evitar que se creen “estigmas” en las mujeres que han sufrido estas prácticas y deberán huir de tratamientos sensacionalistas. Además de esto, habrá que abordar una serie de iniciativas en los ámbitos judicial, socio-sanitario y con los grupos de inmigrantes.
 Desarrollar en colaboración con las asociaciones del sector iniciativas de sensibilización dirigi-
das a jueces, fscales y abogados, que informen sobre las características, orígenes y supuestos de la mutilación genital femenina.
 Incorporar estudios de multiculturalidad y derechos humanos en la formación de jueces y fscales.
 Establecer procedimientos de actuación unifcados ante las denuncias presentadas por un posible riesgo de mutilación genital.
 Promover la adopción por parte de los or-
ganismos judiciales y en especial el Ministerio Fiscal, de una circular general que exponga el posicionamiento ofcial en esta materia y las medidas a tomar al respecto. En el ámbito socio-sanitario
 Desarrollar iniciativas de sensibilización di-
rigidas al personal socio-sanitario, que informen sobre la ilegalidad de la mutilación genital feme-
nina en nuestro país y sobre las características y orígenes de esta práctica.  Desarrollar actividades de formación dirigi-
das al personal socio-sanitario para que puedan F
Anexo I: Iniciativas legislativas relativas a las mutilaciones genitales femeninas adoptadas en España
Anexo II: Conferencias, declaraciones, convenios y demás acuerdos internacionales relacionados con las mutilaciones genitales femeninas
Anexo III: Situación legislativa de las mutilaciones genitales femeninas en Europa
Anexo IV: Situación legislativa de las mutilaciones genitales femeninas en África
Iniciativas legislativas relativas a las mutilaciones genitales femeninas adoptadas en España
Conferencias, declaraciones, convenios y demás acuerdos internacionales relacionados con las mutilaciones genitales femeninas
Situación legislativa de las mutilaciones genitales femeninas en Europa
Situación legislativa de las mutilaciones genitales femeninas en África
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