Source: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=82
Timestamp: 2018-02-17 19:49:41
Document Index: 44892676

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 40']

HCCH | #20 - Texto completo
20: Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial
Entrada en vigor: 7-X-1972
Convenio[1] sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial
(entrado en vigor el 7 de octubre de 1972)
Deseando facilitar la remisión y ejecución de cartas rogatorias [2] y promover la concordancia entre los diferentes métodos que los mismos utilizan a estos efectos,
Deseando acrecentar la eficacia de la cooperación judicial mutua en materia civil o mercantil,
CAPITULO I - CARTAS ROGATORIAS
La expresión "otras actuaciones judiciales" no comprenderá ni la notificación de documentos judiciales ni las medidas de conservación o de ejecución.
f) las preguntas que hayan de formularse a las personas a quienes se deba tomar declaración o los hechos acerca de los cuales se les deba oír;
La conformidad de toda traducción que acompañe a una carta rogatoria, deberá estar certificada por un funcionario diplomático o consular, o por un traductor jurado [3], o por cualquier otra persona autorizada a tal efecto en uno de los dos Estados.
Si la Autoridad central estimare que no se han cumplido las disposiciones del presente Convenio, informará inmediatamente de ello a la autoridad del Estado requirente que le haya remitido la carta rogatoria y precisará sus objeciones al respecto.
Si la autoridad requerida no tuviere competencia para su ejecución, la carta rogatoria se remitirá, de oficio y sin demora, a la autoridad judicial competente del mismo Estado según las normas establecidas por la legislación de éste.
No se podrá denegar la ejecución por el solo motivo de que la ley del Estado requerido reivindique una competencia judicial exclusiva en el asunto de que se trate, o no admita vías jurídicas que respondan al objeto de la demanda presentada ante la autoridad requirente.
Sin embargo, el Estado requerido tiene derecho a exigir del Estado requirente el reembolso de los honorarios pagados a peritos e intérpretes y el de los gastos que ocasione la aplicación de un procedimiento especial solicitado por el Estado requirente, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9.
CAPITULO II - OBTENCION DE PRUEBAS POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS O CONSULARES Y POR COMISARIOS
Todo Estado contratante podrá declarar que esta obtención de pruebas por un funcionario diplomático o consular, sólo podrá efectuarse mediante autorización, a petición de dicho funcionario o en su nombre, por la autoridad competente que el Estado declarante designe.
Un funcionario diplomático o consular de un Estado contratante podrá también, en el territorio de otro Estado contratante y dentro de la circunscripción en que ejerza sus funciones, proceder, sin compulsión, a la obtención de pruebas de nacionales del Estado de residencia, o de un tercer Estado, y que se refieran a un procedimiento incoado ante un Tribunal del Estado que dicho funcionario represente:
Todo Estado contratante podrá declarar que la obtención de pruebas previstas en el presente artículo podrá realizarse sin previa autorización.
Todo Estado contratante podrá declarar que la obtención de pruebas en la forma prevista en el presente artículo podrá realizarse sin autorización previa.
El hecho de que no haya podido efectuarse la obtención de pruebas conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, por haberse negado una persona a participar en dicho acto, no impedirá que posteriormente se expida carta rogatoria para esa obtención de pruebas de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo primero.
Todo Estado contratante podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, que no ejecutará las cartas rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en los países de Common Law con el nombre de "pre-trial discovery of documents".
Todo Estado contratante en donde estuvieren vigentes varios sistemas de Derecho, podrán designar a las autoridades de uno de dichos sistemas, las cuales tendrán competencia exclusiva para la ejecución de cartas rogatorias en aplicación del presente Convenio.
a) declare que se podrán remitir cartas rogatorias a sus autoridades judiciales por vías distintas de las previstas en el artículo 2;
b) permita, de conformidad con su legislación o costumbres internas, ejecutar en condiciones menos restrictivas los actos a que este Convenio se aplique;
a) el artículo 2 en lo relativo a la vía de remisión de las cartas rogatorias;
b) el artículo 4, en lo relativo a las lenguas que podrán utilizarse;
c) el artículo 8, en lo relativo a la presencia de personal judicial en la ejecución de las cartas rogatorias;
El presente Convenio sustituirá, en las relaciones entre Estados que lo hubieren ratificado, a los artículos 8 a 16 de los Convenios sobre procedimiento civil, suscritos en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, respectivamente, en la medida en que dichos Estados fueren Parte en uno u otro de estos Convenios.
Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, podrá excluir, en su totalidad o en parte, la aplicación de las disposiciones del párrafo segundo del artículo 4 y del Capítulo II. No se admitirá ninguna otra reserva.
Todo Estado contratante podrá retirar en cualquier momento la reserva que hubiere formulado. El efecto de la reserva cesará a los sesenta días de la notificación del retiro .
Cuando algún Estado hubiere formulado alguna reserva, cualquier otro Estado afectado por ésta podrá aplicar la misma norma, con respecto al primer Estado.
Cada Estado contratante dará a conocer al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, o con posterioridad, la designación de autoridades a que se hace referencia en los artículos 2, 8, 24 y 25.
b )la designación de las autoridades que puedan conceder al comisario la autorización prevista en el artículo 17 o la asistencia prevista en el artículo 18;
c) las declaraciones previstas en los artículos 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 y 27;
d) todo retiro o modificación de las designaciones y declaraciones antes mencionadas;
e) todo retiro de reservas.
El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación a que se hace referencia en el párrafo segundo del artículo 37.
Todo Estado no representado en la Undécima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que fuere Miembro de la Conferencia o de las Naciones Unidas o de un organismo especializado de las Naciones Unidas o que fuere parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 38.
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 38, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido al mismo posteriormente.
d) las extensiones a que hace referencia el artículo 40 y las fechas en que surtan efecto;
[2] Se utiliza el término "carta rogatoria" como sinónimo de "comisión rogatoria" o "exhorto".
[3] En otros países, se utiliza otra denominación, como "traductor público".