Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43563678
Timestamp: 2019-11-20 19:57:07
Document Index: 22725523

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 161', 'artículo 57', 'artículo 209', 'artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 49', 'artículo 365', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 95']

Sentencia de Tutela nº 259/00 de Corte Constitucional, 6 de Marzo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43563678
Sentencia de Tutela nº 259/00 de Corte Constitucional, 6 de Marzo de 2000
Derecho a la salud. Suspension de atencion medica por mora en el pago de aportes. La mora tiene origen en el empleador por ello es el quien debe responder. Negada.
Sentencia T-259/00
DECISION JUDICIAL-Motivación
La función del juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo. De modo que toda sentencia debe estar razonablemente fundada en el sistema jurídico, mediante la aplicación de sus reglas a las circunstancias de hecho sobre las cuales haya recaído el debate jurídico surtido en el curso del proceso y la evaluación que el propio juez, al impartir justicia, haya adelantado en virtud de la sana crítica y de la autonomía funcional que los preceptos fundamentales le garantizan.
FALLO DE TUTELA-Fundamentación
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES-Mora en aportes
EMPLEADOR-Asunción de responsabilidad por no pago de aportes en riesgos profesionales
Referencia: expediente T-259426
Acción de tutela incoada por Gustavo Narváez contra el Seguro Social
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
Gustavo Narváez instauró acción de tutela contra el Seguro Social, por estimar violados los derechos a la salud y a la seguridad social.
Afirmó el actor que, como consecuencia de un accidente de trabajo, perdió una mano, y dijo que, al momento del percance, se encontraba afiliado a una ARP del Seguro Social, entidad que le prestó todos los auxilios necesarios.
El demandante argumentó que necesitaba la implantación de una prótesis ortopédica, pero que el Seguro Social se negaba a efectuar ese procedimiento porque la empresa para la cual labora estaba atrasada en el pago de las cuotas de aportes a la ARP.
Alegó el accionante que, según los decretos 1295 y 1771 de 1994 y 1530 de 1996, se debía prestar la atención en salud, con independencia de que el empleador se encontrara o no al día en el pago de los aportes.
En declaración rendida ante el juez de primera instancia, el peticionario afirmó que el 25 de agosto de 1998 ocurrió el accidente de trabajo, y que necesitaba la prótesis para que la empresa lo reintegrara a sus labores. Manifestó que aún recibía los salarios por parte del empleador.
El demandante aportó al proceso copia de las autoliquidaciones correspondientes al período comprendido entre junio de 1998 y junio de 1999.
Se anexó copia del oficio que el 28 de abril de 1998 el Seguro Social envió al peticionario, mediante el cual le informaba que éste había sido desafiliado del sistema de riesgos profesionales debido al no pago de dos o más cotizaciones periódicas antes del accidente de trabajo, y que de acuerdo con los artículos 16 del Decreto 1295 y 10 del Decreto 1772 de 1994, era el patrono quien debía responder por la atención en salud (fl. 41).
Mediante oficio del 2 de agosto de 1999, el Seguro Social, informó al juez de conocimiento que en su base de datos aparecía que el trabajador figuraba como afiliado a esa EPS desde julio de 1995, a cargo del empleador "Ladrillera e Inversiones Sila Ltda", y que se registraron pagos solamente por los meses de julio y noviembre de 1995, y de marzo de 1996; que después de haber transcurrido más de seis meses desde ese último pago, se afilió nuevamente por parte del empleador "Flores Altamira S.A.C.I.", y que se registraron pagos desde abril de 1997 hasta enero de 1998; que últimamente se encuentra afiliado por cuenta de "Pisaltec EU", pero que esta empresa no pagó los meses de junio y julio de 1998.
Alegó el Seguro Social que, según lo dispuesto en los artículos 161, 204 y 209 de la Ley 100 de 1993 y 57 del Decreto 806 de 1998, el peticionario no tenía derecho a la prestación del servicio de salud, por cuanto se suspendió la afiliación por mora en el pago de los aportes, y que, para levantar la suspensión el patrono estaba obligado a cancelar los períodos atrasados o, de lo contrario, debía responder por la atención reclamada.
Además, la entidad demandada aseveró que en este caso había operado la pérdida de antigüedad, establecida en el artículo 64 del Decreto 806 de 1998, puesto que el trabajador dejó de cotizar durante más de seis meses desde marzo de 1996. En consecuencia, para tener derecho a determinadas prestaciones asistenciales de enfermedades catastróficas como la de implante de prótesis ortopédica, se debía acreditar nuevamente un mínimo de cien semanas cotizadas, que comenzarían a contarse a partir del momento de la cancelación total de la deuda.
Por último, el Seguro alegó que en el caso en referencia no estaban en juego derechos de rango constitucional sino de naturaleza legal.
El Juzgado 17 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante fallo del 12 de agosto de 1999, negó la protección solicitada, pues el actor no cumplía con el requisito de las 100 semanas de cotización para que pudiera practicársele el implante. Señaló que el demandante no se encontraba en inminente peligro de muerte, y que actualmente está recibiendo su salario. Expresó el juez que el trabajador tenía otros medios judiciales de defensa para reclamar al Seguro Social o al empleador la indemnización de perjuicios, la pensión por invalidez, o exigir a este último que se pusiera al día en sus aportes. Además, estimó que no se había demostrado fehacientemente que la prótesis permitiera recobrar la habilidad laboral.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante providencia del 24 de septiembre de 1999, confirmó la decisión del a quo. Después hacer una descripción de hechos y de señalar que, con el objeto de obtener protección para el derecho a la seguridad social, era necesario que éste se hallara en conexidad con otros derechos fundamentales, el Tribunal afirmó lo siguiente: "De acuerdo con lo anterior la Sala concluye que la accionada no ha puesto en peligro hasta el momento ningún derecho fundamental del accionante. Por lo tanto, al no darse los supuestos exigidos para que proceda el amparo al derecho a la seguridad social, debe negar la acción de tutela, como lo hizo el juzgado de primera instancia, cuya decisión se confirma".
Las decisiones judiciales deben fundamentarse
Antes de llevar a cabo el análisis del caso concreto, la Corte estima pertinente hacer algunas anotaciones respecto del fallo de segunda instancia.
Dicha providencia, como se dijo en el capítulo de antecedentes, no contiene ninguna razón que fundamente la decisión adoptada. En efecto, pasa de hacer una consideración de tipo general a la descripción de los hechos, pero en ninguna parte se hace la conexión entre lo primero y lo segundo.
La función del juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo.
De modo que toda sentencia debe estar razonablemente fundada en el sistema jurídico, mediante la aplicación de sus reglas a las circunstancias de hecho sobre las cuales haya recaído el debate jurídico surtido en el curso del proceso y la evaluación que el propio juez, al impartir justicia, haya adelantado en virtud de la sana crítica y de la autonomía funcional que los preceptos fundamentales le garantizan.
Una cosa es el margen de interpretación y razonamiento que tiene todo juez al proferir sus providencias, y otra bien distinta la arbitrariedad que pudiera permitirle resolver sin hacer explícito el porqué de su resolución.
En el caso de autos, la falta de nexo entre los hechos y el Derecho hace inexistente el razonamiento judicial y, por tanto, falta en realidad la mínima motivación en que ha debido fundarse la sentencia.
Suspensión de la atención en salud por mora en la cotización patronal
En el presente caso debe la Corte determinar si la omisión en la prestación del servicio de salud por parte de una entidad administradora de riesgos profesionales ha sido legítima o si, por el contrario, su conducta ha violado derechos fundamentales del actor.
De las pruebas aportadas al proceso se deduce que se dejaron de pagar las cotizaciones para riesgos profesionales durante por lo menos los dos meses anteriores al momento en que ocurriera el accidente de trabajo -25 de agosto de 1998-, y ello, a la luz del ordenamiento vigente, trae consigo la asunción plena por parte del patrono de los gastos que genere la atención en salud, incluyendo aquellos que se deriven de los riesgos profesionales.
En efecto, el artículo 161 de la Ley 100 de 1993 establece que "la atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no haberse efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente las cotizaciones en la entidad de seguridad social correspondiente". En igual sentido, el artículo 57 del Decreto 806 de 1998, prevé que cuando la suspensión tenga su origen en el empleador, éste debe garantizar la prestación de los servicios de salud a los trabajadores que los requieran.
Cabe además resaltar que el artículo 209 de la Ley 100 de 1993, norma que fue objeto de estudio por parte de esta Corte, prevé la suspensión de la afiliación y de los servicios de salud en caso de no pago de la cotización. Dicha disposición fue declarada exequible bajo los siguientes condicionamientos:
30- Esto muestra pues que la norma acusada es exequible en el entendido de que mantiene una responsabilidad subsidiaria de las EPS a fin de proteger el derecho a la salud del trabajador, frente a la responsabilidad primaria que recae en el patrono. Esta responsabilidad originaria del empleador en caso de mora encuentra fundamento no sólo en elementales principios de responsabilidad sino en la propia Carta. En efecto, el artículo 53, que regula los principios mínimos del derecho laboral, señala que se debe garantizar al trabajador la seguridad social. Se entiende entonces que esa norma constitucional, que se proyecta esencialmente en el ámbito de las relaciones entre patrono y empleado, está estableciendo que el responsable primario de garantizar la seguridad social de los trabajadores es el propio patrono, lo cual armoniza con el sistema diseñado por la Ley 100 de 1993, según la cual éste tiene a su cargo la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema. Por ende, en caso de incumplimiento de este deber legal 'aquellos asumen directamente la responsabilidad de prestar el servicio (artículo 161 de la Ley 100 de 1993).
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución sólo la atención básica de salud debe ser gratuita para todas las personas, por ende es razonable que el incumplimiento de una obligación pecuniaria en este campo origine las consecuencias económicas que le garanticen, a la entidad que debe responder por el servicio, la estabilidad y el equilibrio del sistema. demás, el artículo 365 de la Constitución dispone que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, el cual debe leerse en concordancia con el artículo 2º de la Carta que dispone como fin de nuestro Estado la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Por tal razón, si no existen serias consecuencias contra el empleador o el individuo que incumple, no se garantiza "a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud" (CP art. 49). Finalmente, no debe olvidarse que el actual sistema de seguridad social en salud se diseñó para también favorecer a las personas sin capacidad de pago, pues a través del fondo de solidaridad se busca hacer efectivo el derecho a la salud de quienes objetivamente no pueden cotizar en el sistema. Por ende, si no existen mecanismos jurídicos que garanticen el pago efectivo de la cotización de quienes pueden hacerlo, se desconoce el deber ciudadano de solidaridad social que contempla el numeral 2º del artículo 95 constitucional. Por todo lo anterior, la Corte considera que en aquellos casos en que el incumplimiento es imputable al patrono, entonces no existe ninguna razón para que se lo excluya del pago de intereses, pues ello constituye una invitación a eludir el pago de esas contribuciones parafiscales.
Por el contrario, en el caso de los trabajadores independientes y pensionados, la Corte considera que es razonable el mandato según el cual durante el periodo de la suspensión, no se podrá causar deuda ni interés de ninguna clase. En efecto, en tales eventos, la suspensión de la afiliación constituye una consecuencia drástica para la persona afectada, por lo cual se justifica que se lo exima del pago de intereses, a fin de no hacer excesivamente gravosa su posterior vinculación al sistema de salud. Por ende, también se condicionará la exequibilidad de esta frase". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-177 del 4 de mayo de 1998. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero)
En aplicación de los anteriores criterios, se estima legítima la conducta asumida por el ente demandado, pues debe tenerse en especial consideración que los recursos del sistema de seguridad social en salud son escasos, y que la efectiva cobertura a los afiliados y beneficiarios depende de los aportes que hagan las personas pertenecientes al régimen contributivo. Solo así podrá darse plena vigencia a los principios de universalidad, solidaridad, eficiencia, integralidad y equidad que rigen la prestación de este servicio público esencial y obligatorio (artículos 1 2, 48, 49, 209, 365 y 366 de la Carta, en concordancia con los artículos 1, 2, 3, 4, 152, 153 y 156 de la Ley 100 de 1993).
Si se presenta la evasión de responsabilidades de quienes tienen capacidad económica para colaborar con la financiación del sistema de seguridad social, se pone en peligro el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho. Cabe recordar que, según lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución, las personas deben actuar conforme al principio de solidaridad social y deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, conforme a los conceptos de justicia y equidad.
Por lo anterior, resulta razonable que si el patrono se desentiende de sus obligaciones de afiliación y contribución al sistema de seguridad social, deba entonces asumir todas las cargas económicas que genere su reprochable conducta.
Así, pues, en el caso concreto no existe conducta arbitraria por parte del Seguro Social, aunque no sobra recalcar que el trabajador puede exigir del patrono los tratamientos médicos y quirúrgicos que requiera para obtener su recuperación y rehabilitación.
En todo caso, es importante aclarar, siguiendo las pautas trazadas en la sentencia de constitucionalidad antes citada que, como en el asunto bajo examen existió mora patronal, no es justo que opere la suspensión de la afiliación y que el trabajador pierda su antigüedad en el sistema. El efecto que genera dicho incumplimiento consiste en que el empleador debe asumir todos los costos que ocasione la atención de la salud del actor.
En este orden de ideas, se confirmarán los fallos de instancia.
Primero.- CONFIRMAR los fallos proferidos por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, mediante los cuales se negó la protección solicitada.