Source: http://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62675&legiid=489
Timestamp: 2018-08-18 12:57:43
Document Index: 282720874

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 9', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 4', 'artículo 138', 'artículo 10', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 10', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 10', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 41', 'artículo 3']

EJECUCIÓN MUNICIPAL DIRECTA DE OBRAS PROVISORIAS DE EMERGENCIA EN ACERAS Y CALZADAS
CREACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEL ESTADO DENOMINADA "INTERMEDIACIÓN FINANCIERA"
APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO BUQUE DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y OCEANOGRÁFICA. PROYECTO DE ACUERDO
PREOCUPACIÓN POR NEGACIÓN DE VACACIONES DE INVIERNO A TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE COMUNA DE PUMANQUE. OFICIOS
NO ENTREGA DE BENEFICIO A TRABAJADORAS DE JARDINES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RETRASO EN TRAMITACIÓN DE DECRETO PERTINENTE. OFICIOS
FECHA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA INCENTIVO AL RETIRO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. OFICIO
NÚMERO DE VISAS DE TRABAJO REGULARIZADAS EN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA Y CANTIDAD DE PASOS ILEGALES BLOQUEADOS EN ZONA BIFRONTERIZA. OFICIO
INTERROGANTES A RAÍZ DE NOTICIA SOBRE EVENTUAL LICITACIÓN PARA TREN RÁPIDO SANTIAGO-VALPARAÍSO. OFICIOS
Sesión 34ª, en miércoles 18 de julio de 2018
(De 16:19 a 18:59)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de Hacienda, señor Francisco Moreno Guzmán, y General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señores Manuel José Errázuriz y Gonzalo Gacitúa.
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 31ª y 32ª, ordinarias, en 10 y 11 de julio del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 20.248, que Establece una Subvención Escolar Preferencial, a fin de facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro (boletín N° 11.843-04).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera" (boletín N° 11.554-05).
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional para dirigirse a los Estados Unidos Mexicanos a fin de participar, entre los días 22 a 25 del presente mes, en la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico.
Informa que durante su ausencia será subrogado por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, con el título de Vicepresidente de la República.
Dos del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (boletín N° 11.101-19).
Con el segundo expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 137 y 138 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar el documento.
Informa sobre eventual irregularidad que afectaría a psicopedagogos del sector municipal, materia consultada en nombre de la Honorable señora Provoste.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Atiende las siguientes peticiones de antecedentes formuladas en nombre del Honorable señor Navarro:
-Proceso de relocalización de familias del sector Villa El Triángulo y Nueva El Triángulo, comuna de Hualpén.
-Recursos destinados a la mantención de veredas en el país y estado en que se encuentran.
Da respuesta a requerimiento, planteado por el Honorable señor Sandoval, relativo a la posibilidad de realizar estudios técnicos para la creación de la comuna de La Junta, Región de Aisén.
De la señora Subsecretaria de Telecomunicaciones:
Contesta petición del Honorable señor De Urresti acerca de fiscalizaciones efectuadas a concesionarias del sector telecomunicaciones de ciertas localidades de la Región de Los Ríos por deficiencias técnicas en la comunicación digital y telefónica.
Del señor Superintendente de Seguridad Social:
Adjunta datos sobre tasa de rechazo de accidentes laborales por parte de mutualidades de empleadores, materia requerida por el Honorable señor Navarro.
De la señora Directora del Servicio Electoral:
Da respuesta a requerimiento, manifestado en nombre del Honorable señor García, en cuanto a procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones cometidas en elecciones municipales de 2016.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Anexa antecedentes sobre estudios paleobotánicos acompañados en reclamación efectuada con relación a proyecto minero que señala, de la comuna de Río Verde, consulta realizada en nombre de la Honorable señora Goic.
Contesta consulta, remitida en nombre del Honorable señor Durana, sobre falta de consideración de ocho pueblos originarios en celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Aisén:
Atiende solicitud, expresada en nombre de la Honorable señora Órdenes, para informar sobre resultados del estudio "Diagnóstico Plataforma Comercial Pesca Artesanal XI Región de Aysén".
De la señora Alcaldesa de Paillaco:
Informa respecto de catastro de viviendas con techo de asbesto cemento de la comuna, consulta efectuada en nombre del Honorable señor De Urresti.
Remite respuesta a requerimiento, expedido en nombre del Honorable señor Sandoval, acerca de extracción de áridos en sector El Furioso, Valle Chacabuco, Región de Aisén.
De la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula inscripción y porte de armas respecto de personas que han sido imputadas o condenadas (boletín N° 9.130-07).
De la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 9° del decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas (boletín N° 10.658-07).
Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera" (boletín N° 11.554-05) (con urgencia calificada de "simple").
--Por acuerdo de los Comités, quedan para la tabla de hoy.
De los Honorables señoras Muñoz, Allende, Órdenes y Rincón, y señor Latorre, con la que inician un proyecto de ley sobre acoso sexual (boletín N° 11.907-17).
De los Honorables señores Bianchi, Guillier y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para restringir la facultad de autorizar salidas alternativas y procedimientos abreviados tratándose de delitos contra la probidad pública (boletín Nº 11.920-07).
De los Honorables señoras Rincón y Provoste, y señores Harboe, Huenchumilla y Quintana, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, a fin de prohibir el ingreso de niños y niñas de cero a tres años a residencias como medida de protección (boletín N° 11.922-07).
--Pasa a la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes y se manda ponerla en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
Del Honorable señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley para precisar la responsabilidad del padre y de la madre sobre los hechos de los hijos menores (boletín Nº11.921-07).
--Pasa a la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes.
De la Honorable Cámara de Diputados, con la que hace presente que ha desarchivado el proyecto de ley que dicta normas sobre protección y valoración del árbol (boletín N° 2.238-12).
Del Honorable señor Guillier, con la que informa que se han incorporado a la Bancada Regionalista los Senadores señores García, García-Huidobro, Insulza y Soria.
Solicitudes de permiso constitucional
Del Honorable señor Latorre, para ausentarse del país a contar del día 28 de julio próximo.
Del Honorable señor Soria, para ausentarse del país a contar del día 21 de julio próximo.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el documento siguiente:
De la Honorable Cámara de Diputados, por el que comunica que ha aprobado el proyecto de ley
que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica (boletín N° 11.570-06) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda.
El señor MONTES (Presidente).- Se solicita la unanimidad de la Sala para que pueda asistir a la sesión el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
Si no hay objeciones, se accederá.
El señor MONTES (Presidente).- La misma petición se formula respecto de los asesores legislativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señores Gonzalo Gazitúa y Manuel José Errázuriz, con relación al proyecto sobre ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios.
El titular de la Cartera no está presente.
Si no hay inconvenientes, el asentimiento se otorgará sobre la base de hacerle ver al señor Ministro la necesidad de su concurrencia o de la del Subsecretario en tal situación. La aceptación será por esta vez, pero se planteará dicho criterio como una norma permanente.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, podrá asistir a la sesión el Subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno, quien viene con motivo de la creación de la sociedad anónima Intermediación Financiera.
Boletín N° 11288-06
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, modificatorio de la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por los municipios, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.288-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018 (se da cuenta).
Vivienda y Urbanismo: sesión 11ª, en 18 de abril de 2018.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 33ª, en 17 de julio de 2018.
Sesión 11ª, en 18 de abril de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El órgano técnico efectuó una enmienda al proyecto aprobado en general, consistente en la sustitución de su artículo único. Fue acogida por mayoría, por lo que será puesta en discusión y votación en seguida.
Cabe hacer presente que la Comisión, teniendo en cuenta lo acordado en definitiva, resolvió proponer a la Sala que se reemplace la denominación original por la siguiente: "Proyecto de ley que modifica la ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de reparaciones de emergencia por parte de los municipios.".
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe la modificación introducida y en la cuarta consigna la redacción que quedaría de ser sancionada.
El señor MONTES (Presidente).- En discusión particular.
Puede intervenir el Honorable señor Sandoval, en nombre del órgano técnico, para hacer una relación.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, el proyecto consta de un artículo único modificatorio de la ley N° 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, a fin de permitir que los municipios ejecuten reparaciones de emergencia en forma inmediata, tratándose de situaciones urgentes, y ello resulte más eficiente y expedito.
Durante la discusión particular se contó con la asistencia de representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y concurrieron a exponer las siguientes personas: del Ministerio de Obras Públicas, el asesor señor Felipe Hermosilla; de la Dirección de Presupuestos, el Subdirector, señor Mauricio Villena, y el Jefe de Administración Presupuestaria, señor Antonio Garrido; de la Municipalidad de Lumaco, el Alcalde, señor Manuel Painiqueo, y de la Municipalidad de Vilcún, la Directora de Obras, señora Verónica Parra.
Es oportuno recordar que la iniciativa se originó, fundamentalmente, a partir de un dictamen de la Contraloría General de la República relacionado con procedimientos de pavimentación en diferentes comunas. Al detectarse algunos problemas, los municipios plantearon al órgano contralor la necesidad de que las obras de emergencia se efectuaran de una manera más expedita, ante lo cual se les remarcó que tales procedimientos, aunque fueran de carácter menor, debían observar la normativa de la Ley de Pavimentación Comunal. Incluso se ha sancionado a varios. En realidad, más de cuarenta han enfrentado los respectivos exámenes de cuentas por haber hecho frente a esta necesidad comunitaria.
Además, existe el contrasentido de que las municipalidades son responsables civilmente de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de la falta de señalización o de lo inadecuado de esta. Por un lado, la Contraloría, a través de la interpretación normativa, les prohíbe realizar el trabajo de emergencia, pero muchas se han visto enfrentadas a demandas de compensación ante situaciones vividas por los vecinos.
En estas circunstancias excepcionales, los municipios requieren contar con flexibilidad y rapidez para poder atenderlas, particularmente considerando que en varias oportunidades han sido objeto de acciones judiciales por una supuesta falta de servicio.
En razón de lo anterior, y para solucionar los inconvenientes descritos, la Comisión, juntamente con el Ejecutivo, y a partir de las indicaciones formuladas a la iniciativa, elaboró una propuesta que, en lo esencial, introduce un artículo 77 bis a la ley N° 8.946 para disponer que no será exigible la aprobación del proyecto ni la inspección, certificación y recepción de obras por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo cuando un municipio, conforme a las facultades contempladas en los artículos 4° y 138 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, decida ejecutar reparaciones de emergencia en aceras, calzadas o ciclovías con el objeto de mantener la circulación por vías públicas en condiciones que no presenten riesgos para personas, vehículos o bienes.
Tales intervenciones deberán ser objeto previamente de esa calificación por la respectiva Dirección de Obras Municipales y no podrán superar los veinte metros cuadrados por cada bache o irregularidad de la acera, calzada o ciclovía. Su ejecución deberá efectuarse de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para la reparación de pavimentos en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Una vez realizadas, deberán ser recibidas por la Dirección de Obras Municipales e informadas a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, al Servicio de Vivienda y Urbanización y al Gobierno Regional correspondientes.
El texto descrito, que evidencia que los trabajos no serán obligatorios, reitera que los municipios actuarán conforme a las facultades ya contempladas en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo artículo 4° les permite desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con la vialidad urbana y rural. Es decir, el proyecto viene regulando la forma de hacer efectiva tal potestad cuando se trate de reparaciones de emergencia.
Fue una discusión que se planteó, puesto que se señalaba que no se encontraban en esa situación.
Al mismo tiempo, se atiende a las facultades contenidas en el artículo 138 de dicho cuerpo legal. Es decir, los municipios podrán celebrar convenios para asociarse entre ellos, lo que da lugar a que los que no cuenten con recursos para efectuar por sí solos las obras encuentren una alternativa para concretarlas. No obstante, se reiteró al Ejecutivo la pertinencia de que, en todo caso, estudie fórmulas que garanticen que se contará con los fondos necesarios para acometer las tareas de que se trata.
Finalmente, se dispone que la ejecución de los trabajos deberá efectuarse de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para la reparación de pavimentos en el Código de Normas. Con ello se asegura un estándar de calidad mínimo y adecuado respecto de la materia en examen.
Es cuanto puedo informar a la Honorable Sala.
El señor MONTES (Presidente).- Saludo a la delegación de Tufts University, de Boston, Estados Unidos, y a su responsable, señor Peter Wimm.
¡Bienvenidos a este país!
El señor MONTES (Presidente).- ¿Hay acuerdo para que use de la palabra el asesor del Ministerio de Vivienda señor Errázuriz?
Puede intervenir.
El señor ERRÁZURIZ (Asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, Honorables señoras Senadoras y señores Senadores, el proyecto de ley que se vota hoy busca dar sustento legal a la ejecución de reparaciones de emergencia de los baches o irregularidades existentes en aceras, calzadas y ciclovías, cuando aquellas sean realizadas por las municipalidades.
Tomando en consideración los fundamentos de la moción, lo acordado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional y las observaciones formuladas en las pertinentes sesiones de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, se presentaron indicaciones parlamentarias con el objeto de precisar algunas materias que podían derivar en conflictos de interpretación normativa, además de subsanar adecuadamente reparos expuestos por la Contraloría General en su Informe de Auditoria Nº 858, de 2017.
Cabe recordar que esta iniciativa nació en respuesta a una fiscalización del Órgano Contralor en diversos municipios, producto de lo cual fueron sancionados varios de ellos por realizar reparaciones de emergencia en baches, en atención a que no se encontraban autorizados o a que tales obras no estaban acordes con lo establecido en la ley Nº 8.946, sobre Pavimentación Comunal.
El referido Informe de Auditoría tuvo por objeto la verificación del cumplimiento de los artículos 11, 75 y 77 de la ley mencionada. Concluyó que determinadas municipalidades debían adoptar medidas para cumplir en forma cabal con dichas disposiciones, "en orden a contar con un informe favorable, la solicitud de inspección y la recepción de la ejecución de los trabajos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización".
En esa línea, se estimó pertinente que el proyecto de ley estuviera más vinculado y relacionado con dichos artículos, para lo cual la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado solicitó al Ejecutivo concordar las diversas indicaciones presentadas con el objeto de pronunciarse sobre una propuesta que consolidara todas aquellas indicaciones que fueren pertinentes y no contrarias con otras disposiciones.
Así, la propuesta finalmente acogida por la Comisión incorpora el contenido del texto aprobado por la Cámara de Diputados -consistente en la modificación del artículo 10- en un nuevo precepto, denominado "artículo 77 bis", referido a las reparaciones de emergencia.
Dicha norma estaría ubicada en el TÍTULO OCTAVO de la ley ("De la pavimentación en poblaciones, barrios o simples calles nuevas"), a continuación del artículo 77, que es la principal disposición en la que se basan los reparos que hizo la Contraloría General de la República. Ahí se establece el rol de los SERVIU respecto de las obras de pavimentación.
En resumen, en la Comisión de Vivienda de este Honorable Senado se aprobó lo siguiente:
1.- Modificar el inciso primero del artículo 10 de la ley, con el objeto de precisar que la exigencia de que los trabajos de pavimentación sean efectuados por personas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no sea aplicable en las reparaciones de emergencia contenidas en este nuevo artículo 77 bis.
2.- Precisar en los artículos 11 y 77 de la ley Nº 8.946 que no le corresponde al SERVIU fiscalizar las reparaciones de emergencia en aceras, calzadas y ciclovías y que no se requiere un informe del mencionado servicio cuando una municipalidad ejecute tales reparaciones de emergencia del artículo 77 bis.
3.- Incorporar un artículo 77 bis, que recoja lo que el proyecto proponía como incisos segundo y tercero del artículo 10, pero con algunas modificaciones: reducir la superficie máxima que puede tener cada intervención; precisar que estas pueden ser respecto de baches u otras irregularidades en aceras, calzadas o ciclovías, y exigir que estas obras sean recibidas por la Dirección de Obras Municipales respectiva y, posteriormente, informadas a la Seremía del ramo, al SERVIU y al Gobierno Regional correspondientes.
También se explicita que las municipalidades están facultadas por su ley orgánica para efectuar tales reparaciones y suscribir convenios con otros municipios con ese mismo fin.
Finalmente, se establece que, con el objeto de garantizar un estándar mínimo, las reparaciones de emergencia deberán efectuarse conforme a las especificaciones establecidas para la reparación de pavimentos en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, aprobado por el Ministerio de Vivienda.
Con ello se pretende facultar a los municipios para que realicen tales reparaciones de emergencia. Como se señaló en la Comisión, dado que muchas veces estos no se sentían con la atribución para ejecutar las obras, se limitaban a señalizar el bache o la irregularidad, lo que tenía un costo similar a la reparación.
El artículo 77 bis, nuevo, ya fue leído por el Senador Sandoval, razón por la cual entendemos que no es necesario reiterar la cita.
El señor MONTES (Presidente).- Sería recomendable que los señores Senadores hicieran referencia en sus intervenciones al número del artículo o a la letra que están poniendo en cuestión.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este proyecto fue largamente debatido en general antes de enviarlo a la Comisión para su segundo informe. Si bien el Ejecutivo recogió algunos de los aspectos planteados en esa oportunidad, hay otros que aún preocupan. En mi opinión, estamos lejos todavía de alcanzar una solución del problema.
Cabe señalar que se trata de una situación real, pero no sé si la iniciativa surgió a propósito de una demanda ciudadana, de los vecinos; más bien, nació a consecuencia de una dificultad administrativa que ha tenido un número importante de municipios, fundamentalmente de comunas grandes de la Región Metropolitana, a raíz de los hoyos o eventos en las calles.
Es preciso hacer la distinción respecto al tipo de ciudad de que se trate. El problema no es el mismo en las comunas de Las Condes, Vitacura, San Bernardo -seguramente fueron estas las que pidieron, y con razón, esta propuesta legislativa, presentada por varios Diputados- que en las comunas pequeñas del sur o del norte, altamente dependientes del Fondo Común Municipal porque no cuentan con recursos suficientes.
Quiero recordar que en la discusión anterior sobre la materia en esta Sala se formularon observaciones bien de fondo, como las de los Senadores García y Huenchumilla, quienes señalaron que esta iniciativa no era necesaria, dado que existe una norma que faculta a los municipios a invertir en tales obras.
Reitero que valoro el esfuerzo que se ha efectuado en algunos aspectos -señalaré cuáles son-, pero quedan otros temas preocupantes.
El principal cambio propuesto es la incorporación del artículo 77 bis en el TÍTULO OCTAVO de la Ley sobre Pavimentación Comunal, que textualmente señala: "No será exigible la aprobación del proyecto ni la inspección, certificación y recepción de obras por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, cuando una municipalidad (...) decida ejecutar reparaciones de emergencia en aceras, calzadas o ciclovías," -se agregan las ciclovías, lo que nos parece bien- "con el objeto de mantener la circulación por vías públicas en condiciones que no presenten riesgos para las personas, vehículos o bienes.".
¿Dónde está el problema? En que se concreta lo que era una preocupación y un temor de muchos: que finalmente los SERVIU -y esto nada tiene que ver con el gobierno de turno, porque se trata de una norma permanente- van a empezar a desentenderse de esa pavimentación.
¡Eso es lo que va a ocurrir!
Tales servicios no solo no van a contribuir con recursos, que son cuantiosos, para hacer esas reparaciones -entre comillas- de emergencia, sino que también dejarán de prestar su capacidad técnica. Porque los SERVIU son las unidades técnicas en esta materia. Ahí está radicada la especialidad en este tipo de obras.
Eso se perderá, por cuanto los municipios no tendrán que pedirle permiso a nadie para ejecutar dichas reparaciones ni les será exigible certificación o recepción de obra alguna. Las realizarán por su cuenta.
¿Dónde estuvo radicada la discusión?
Participaron en la Comisión algunos expertos, alcaldes, jefes de departamentos de obras -recuerdo a autoridades de la Municipalidad de Vilcún, entre otras-, algunos de los cuales plantearon que una reparación de emergencia para ser considerada como tal debe ser de cinco metros cuadrados hacia abajo.
La propuesta original de los Diputados -encabezados por el señor Soto, según recuerdo- hablaba de cincuenta metros cuadrados por bache. Eso es harto más que una intersección; podría corresponder a la superficie donde se juntan dos importantes avenidas.
En la Comisión se redujo esa cantidad. Es valorable, pero no resuelve el problema. Se proponen veinte metros cuadrados por bache: cinco metros de largo por cuatro de ancho, lo que equivaldría a la intersección de dos pasajes. ¡Habrá que paralizar todo ahí cuando se repare!
Los técnicos, los jefes de obras de los municipios de todo el país -estuvieron representados en la Comisión por sus respectivas asociaciones- plantearon que lo propuesto iba a ser un problema, pues una obra de veinte metros cuadrados no se puede considerar una reparación de emergencia. Ahí corresponde efectuar un bacheo o dar una solución definitiva, de asfalto en caliente y no en frío, como el que muchas veces usan los municipios y que dura dos o tres días.
Entonces, con este proyecto vamos a generar expectativas en las comunas, sin asumir que es muy distinta la realidad de las comunas del área metropolitana que la de las del sur o del norte.
Los expertos que nos visitaron hicieron la distinción y explicaron por qué se producen las fallas en los pavimentos. Ello se debe al tiempo de vida útil del material, pero, fundamentalmente, a la cantidad de precipitaciones que caen en ciertos lugares. ¡Por favor!, no es lo mismo lo que llueve en la Región Metropolitana que lo que llueve en la de Los Ríos, en la de Los Lagos, en La Araucanía, en el Biobío.
Además, en las comunas de Santiago rara vez uno verá pasar un camión cargado con troncos apilados por metro ruma. Bueno, esa es la realidad cotidiana de las comunas del sur, lo que provoca el deterioro de los pavimentos.
Creo que la solución no es la que se propone, señor Presidente.
Entiendo que usted mismo planteó en la Comisión una idea que finalmente no fue acogida: establecer una distinción entre municipios de más de cien mil habitantes y de menos de cien mil habitantes. La realidad varía en uno y otro caso.
Con esta iniciativa vamos a generar expectativas y frustración en la población.
Aquí no se consideran recursos. Por tanto, se debió aprovechar la capacidad y experiencia técnica del SERVIU, más los fondos de los gobiernos regionales.
Como todos quienes estuvieron en la Comisión, yo esperaba que el Ejecutivo se hiciera cargo de una indicación que contemplara plata. El proyecto otorga una atribución nueva a los municipios, sin recursos, como muchas otras que los alcaldes han reclamado al Congreso en el pasado.
Me parece que estamos cometiendo un error. Esta no es la solución. Debió haberse impulsado una política específica en el marco de la Ley de Presupuestos, con una glosa financiada, manteniendo la capacidad técnica en los SERVIU y no trasladando esa responsabilidad a los municipios, sin entregar los fondos que se requieren.
El señor PIZARRO.- ¿Me permite hacer una consulta sobre el procedimiento de votación, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor PIZARRO.- Estamos en un debate que mezcla lo particular con criterios generales.
Deseo saber si en algún momento se abrirá la votación, a efectos de ir avanzando en el despacho del proyecto.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, creo que debiéramos hacer una sola votación porque, si bien son normas distintas, finalmente la idea es una sola: permitir a las municipalidades realizar obras de emergencia para reparar hoyos con el fin de brindar mayor seguridad en el desplazamiento de las personas y de los vehículos.
Dicho eso, hago presente que un grupo de Senadoras y Senadores necesitamos salir a una reunión, razón por la que también solicito que se abra la votación.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en hacer una sola votación?
El señor QUINTANA.- Sí, señor Presidente.
El señor GARCÍA.- Muy bien.
El señor LAGOS.- Pero no la abra todavía.
El señor MONTES (Presidente).- Tengo que hacerlo, pues no hay más Senadores inscritos.
El señor QUINTANA.- No.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, vamos muy rápido.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Cómo?
El señor QUINTANA.- Es que queremos pedir segunda discusión.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces formalícelo, señor Senador.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, por las razones que señalé y acogiendo el planteamiento del Senador García -yo sé que en esta materia hay bastantes dudas-, solicito segunda discusión.
El señor MONTES (Presidente).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Por lo tanto, queda pendiente la discusión particular de la iniciativa.
--El proyecto queda para segunda discusión.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a los alumnos y familiares del Lycée Jean D'Alembert, de Viña del Mar, que vienen a cargo de doña María Cristina Fuenzalida.
Boletín N° 11554-05
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A.", con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.554-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 20ª, en 30 de mayo de 2018 (se da cuenta).
Hacienda (certificado): sesión 34ª, en 18 de julio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la política de financiamiento por medio de la creación de una nueva empresa del Estado, Intermediación Financiera S.A. (INFISA), continuadora legal de la Sociedad Agrícola (SACOR) de CORFO, para, por una parte, proveer, financiar y gestionar programas de cobertura de financiamiento crediticio a través de una sociedad anónima estatal regida por las mismas normas financieras, contables y tributarias que las sociedades anónimas abiertas y, por otra, establecer una solución administrativa permanente de los programas de garantía ofrecidos por CORFO, mejorando los estándares de gestión de riesgo, de regulación y supervisión, y de gobierno corporativo.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Elizalde, García, Lagos, Pérez Varela y Pizarro.
Cabe tener presente que los números 1 y 2 del artículo 16 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 24 señores Senadores.
Por otra parte, la iniciativa es materia de ley de quorum calificado, al tenor de lo que dispone el párrafo segundo del ordinal 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que su aprobación requiere el pronunciamiento favorable de la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, esto es, de 22 votos.
El texto que se propone aprobar solo en general se transcribe en las páginas 6 a 19 del certificado emitido por la Comisión de Hacienda.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos, quien va a informar en nombre de la Comisión.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en dicha labor trataré de reemplazar al Senador Letelier, lo cual es imposible. ¡Como usted sabe, él es irremplazable...!
Como señaló el señor Secretario, la iniciativa en comento busca fortalecer la política de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la creación de una nueva empresa del Estado, llamada "Intermediación Financiera S.A." (INFISA), que es la continuadora legal de la Sociedad Agrícola (SACOR) de CORFO.
La iniciativa aspira a proveer, financiar y gestionar programas de cobertura de financiamiento crediticio mediante una sociedad anónima estatal regida por las mismas normas financieras, contables y tributarias que las sociedades anónimas abiertas, mejorando los estándares de gestión de riesgo, de regulación y supervisión, y de gobierno corporativo.
Con esta iniciativa se pretende solucionar los principales obstáculos que enfrentan las empresas, en especial las de menor tamaño y los emprendedores. El acceso a crédito, así como sus condiciones, pueden ser factores claves para determinar tanto la supervivencia de las empresas como su desarrollo y crecimiento.
Para ello, se deberán otorgar a esta nueva institucionalidad dos funciones que en la actualidad ejecuta CORFO: refinanciamientos y cobertura .
La nueva institucionalidad de intermediación financiera conlleva, además, otros desafíos: mejorar el gobierno corporativo y la gestión de riesgos .
Actualmente, CORFO entrega cobertura parcial a créditos otorgados por instituciones financieras a mipymes beneficiarias. El objetivo es mitigar las fallas de mercado, inyectando liquidez e incrementando la disponibilidad de garantías con el fin de reducir el riesgo que enfrentan los intermediarios financieros al realizar operaciones con empresas, en especial con las de menor tamaño.
Por otra parte, el proyecto pretende perfeccionar el funcionamiento del decreto supremo Nº 793 y regular la excesiva flexibilidad que ha tenido respecto de las garantías del Estado con relación a determinados compromisos crediticios. Ejemplos de ello son los préstamos garantizados, vía este mecanismo, al Transantiago y a instituciones de educación superior.
Por lo anterior, se propuso una glosa -es parte de la historia de por qué estamos discutiendo esta iniciativa- en el Programa Corporación de Fomento de la Producción del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado, que buscaba transferir capital a SACOR con el objeto de que esta sociedad administrara los programas de cobertura y respaldara las coberturas comprometidas por CORFO.
Durante dicha discusión presupuestaria, como recordarán los señores Senadores que participaron en ella, se firmó un protocolo de acuerdo en el que el Ejecutivo se comprometía a presentar una iniciativa de ley donde se estableciera una solución permanente a la administración de los programas de garantía de CORFO.
Por lo tanto, el proyecto en debate deroga el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) y traspasa sus fondos a INFISA.
Ahora bien, la nueva sociedad se va a regir por las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas.
Sus balances y estados de situación financiera, así como los fondos que administra, deberán ser sometidos a firmas auditoras externas, de acuerdo al procedimiento que establezcan las normas relativas a las sociedades anónimas abiertas.
Estará administrada por un directorio compuesto por cinco miembros. De estos, dos directores serán elegidos por el Presidente de la República, a proposición del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y tres por el Comité del Sistema de Empresas Públicas (SEP), en conformidad a las normas y procedimientos para los altos directivos públicos del primer nivel jerárquico del Sistema de Alta Dirección Pública.
En resumen, lo que hace este proyecto de ley -si tuviera que explicarlo en términos más pedagógicos- es tomar las atribuciones que hoy día corresponden a CORFO y radicarlas en un ente separado que permitirá garantizar los créditos que pequeños emprendedores o pequeñas empresas solicitan al sistema financiero, tanto a bancos como a otras instituciones. Hoy día, la Corporación de Fomento hace parte de este trabajo.
Lo que se hace ahora es dar una institucionalidad única al organismo que se crea como sociedad anónima abierta, cuyos dueños serán el Fisco (en un 1 por ciento) y CORFO (en un 99 por ciento), los que le pondrán recursos para que tenga la capacidad de respaldar los créditos que las pequeñas empresas soliciten a la banca.
Además, señor Presidente, deseo señalar, como descripción -sin todavía dar una opinión personal al respecto, la cual emitiré seguramente más adelante- que el Gobierno planteó la voluntad de incorporar en este proyecto de ley algunas normas para que la sociedad de intermediación financiera que se crea desarrolle también actividades de financiamiento crediticio para los estudiantes de educación superior, de acuerdo a lo señalado en el Título V del proyecto que instaura un nuevo sistema de financiamiento solidario para dichos estudiantes, comprometiéndose a presentar las indicaciones pertinentes y otorgar el debido plazo para que esta Corporación pueda analizarlas.
Para comentar este tema me voy a tomar algunos minutos.
El proyecto en discusión descansa en una iniciativa enviada al Parlamento por el Gobierno anterior. Lo que está haciendo ahora la actual Administración es tomar ese proyecto e incorporarle una facultad para que la nueva institución, además de garantizar los créditos a los pequeños empresarios con la banca establecida, tenga la posibilidad -es lo que se hará a través de indicaciones- de regular el nuevo CAE y velar por el otorgamiento de los créditos universitarios.
¿Qué es lo complejo de esta situación? Que el proyecto que conocemos hoy y que aprobaríamos en general apunta a instituciones financieras, esto es, personas jurídicas, y no a personas naturales. Por lo tanto, si la institución se hace cargo de los créditos de educación superior, estaremos hablando de créditos a personas naturales. Se puede discutir si esto se halla o no dentro de las ideas matrices del proyecto.
Yo, más allá de que tengo dudas, entiendo el espíritu de lo que se pretende hacer, pero, a mi juicio, ello generará un debate relativamente interesante e intenso con relación a si la nueva institucionalidad que estamos creando es la más adecuada para dar cuenta de, si ustedes quieren, una política social, como es la política de gratuidad y de crédito en la educación superior.
No quiero complejizar más, señor Presidente.
Este tema se planteó en la Comisión de Hacienda, donde, en todo caso, hubo voluntad para aprobar en general el proyecto, entendiendo que vamos a disponer de un plazo más que prudente para discutirlo en particular. Sin embargo, cabe recordar que la Comisión de Educación está tratando hoy la iniciativa que crea un nuevo financiamiento solidario para la educación superior.
Entonces, muy probablemente vamos a aprobar en general hoy el proyecto en discusión, pero creo que los ritmos de su tramitación en la Comisión de Hacienda para su debate en particular van a quedar supeditados a que termine de dibujarse la institucionalidad completa sobre financiamiento de la educación superior: el nuevo CAE.
Entiendo que hay cierto compromiso de parte de la autoridad en cuanto a que no vamos a apurar este proyecto innecesariamente hasta ver bien cómo se define el nuevo sistema de crédito solidario.
Sin perjuicio de lo anterior, igual algunos señores Senadores manifestaron reparos, pero nos pareció conveniente dar una señal, dado que el proyecto que nos ocupa no está enfocado al crédito solidario sino a los emprendimientos, donde sí resulta importante permitir el financiamiento de proyectos de inversión.
En resumen, señor Presidente, luego de aprobar la idea de legislar, debería fijarse un plazo más que prudente para discutir con tiempo el texto en particular, porque, como se van a presentar indicaciones relacionadas con la facultad para administrar el crédito solidario, vamos a quedar a la espera de que el otro proyecto esté terminado o muy avanzado para saber qué tenemos que aprobar nosotros acá.
He tratado de ser lo más generoso y objetivo posible, guardándome mis opiniones personales para más adelante.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Senador.
Entiendo, entonces, que habría un acuerdo con el Ejecutivo para aprobar en general el proyecto en discusión y tener tiempo para discutirlo en particular, de modo de poder asumir todas las complejidades que Su Señoría ha indicado.
¿Es así, señor Senador?
El señor LAGOS.- Sí, señor Presidente, pero, para eso, la Comisión de Educación tiene que avanzar -y está trabajando en ello- en el proyecto sobre crédito solidario. En tanto esa institucionalidad no esté armada cien por ciento, difícilmente podremos darle atribuciones a la entidad que estamos generando para que se haga cargo de aquello.
El señor MONTES (Presidente).- Hay muchas interrogantes. De hecho, gran parte de los recursos están hoy día en la Tesorería. Habría que ver la relación...
El señor LAGOS.- Yo he informado, señor Presidente, pero, si usted quiere, puedo aprovechar de dar mi opinión.
El señor LAGOS.- Quiero decirle que este es un tema cuasifiscal, porque, al introducir recursos del crédito solidario, que entiendo son muchos -varios miles de millones de dólares-, y al hacerlo vía aportes a una sociedad anónima distinta, tal vez no queden contabilizados como parte del presupuesto propiamente tal.
Entonces, hay implicancias de otra naturaleza.
Sin embargo, no quisimos ser un obstáculo. Aprobamos en general el proyecto, pero aquello va a depender de cómo se tramita el primer proyecto y de si nos convencen de que este es el mecanismo adecuado para darle, a la institución que se desea crear, el otorgamiento y administración de los créditos solidarios, para decirlo en castellano.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señor Senador.
A continuación, le ofrezco la palabra al Honorable señor Pizarro.
Sería bueno que el Subsecretario explicara posteriormente los compromisos, si fuera posible.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente, esta iniciativa, tal como lo informó el colega Lagos, obedece al compromiso adoptado en el protocolo de acuerdo a propósito del debate del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado respecto a la posibilidad de que SACOR -empresa CORFO de larga existencia pero con otros objetivos- sirva, para decirlo de alguna manera, como una suerte de carrocería o de esqueleto legal para los efectos de contar con una instancia que pueda otorgar, de modo más eficiente, una cobertura importante al sector de la pequeña empresa, el emprendimiento, la innovación, con acceso a recursos financieros que le permitan desarrollar sus proyectos.
Eso es lo central.
Es importante, señor Presidente, no confundir aquí ese debate con el que se ha planteado al final de la intervención del Senador Lagos en cuanto a la posibilidad que tendría INFISA para administrar lo que hoy día es el crédito con aval del Estado (CAE), sobre el cual hay una propuesta que se está analizando en la Comisión de Educación. Yo los separaría para los efectos de la aprobación de la normativa en discusión, pues el objetivo principal, urgente y necesario es el apoyo, fomento y desarrollo de la pequeña empresa, la mipyme, la innovación y el emprendimiento.
Lo que se busca aquí, señor Presidente, es contar con una buena administración de los programas de cobertura, en términos crediticios, para el sector recién indicado, que tenga mucho más eficacia en la acción y mejores estándares de gestión de riesgo. Para ello se plantea un gobierno corporativo regulado, supervisado y sometido, lógicamente, a la misma fiscalización de las sociedades anónimas.
Me parece a mí que dentro de los objetivos más importantes se encuentra el hecho de que la nueva institución tenga independencia y autonomía respecto de sus propietarios, que en este caso serían la CORFO y el Estado, en un cien por ciento.
Junto con ello, se busca que ella esté facultada para administrar y otorgar cobertura y financiamiento a intermediarios financieros.
Asimismo, la idea es modernizar y mejorar la gestión de los programas de cobertura y financiamiento crediticio que hoy administra CORFO.
Se persigue también que la empresa siga las recomendaciones internacionales para un buen funcionamiento de su gobierno corporativo, con el fin de asegurar su independencia y optimizar su desempeño.
Por último, se busca que INFISA se rija por una normativa conocida, como es la que regula a las sociedades anónimas abiertas, quedando sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.
Uno de los temas que conversamos largamente en la Comisión de Hacienda tiene que ver con lo que sucede hoy día, en la práctica, cada vez que una pequeña empresa, una mipyme o un emprendedor quiere acceder a un instrumento de financiamiento estatal que le facilite la vida desde el punto de vista crediticio.
En la actualidad, tal como ha estado funcionando el sistema, los fondos de garantía, por ejemplo el FOGAPE, que es administrado por BancoEstado, entregan una cobertura hasta cierto porcentaje de lo que realmente se requiere en materia de financiamiento y la diferencia normalmente la debe colocar el emprendedor o pequeño empresario.
Y ahí es donde empiezan las dificultades, porque, en realidad, muchas veces algunas de las instituciones intermediarias del ámbito financiero piden, junto con el aval del Estado, otras garantías, las cuales significan, a la larga, que no se cumpla el objetivo que busca el Estado al entregar este tipo de apoyo o aporte crediticio: que haya un financiamiento adecuado, eficiente, más barato, más oportuno tal vez, para el desarrollo de cada uno de los proyectos.
La cantidad de gente que se ha visto beneficiada por este tipo de cobertura es bastante importante. Estamos hablando de alrededor de 120 mil personas. Los fondos que se destinan son del orden de los 4 mil millones de dólares, que forman parte del conjunto del patrimonio que posee CORFO para destinar a esta clase de políticas.
Ahí, la preocupación que nosotros planteamos (todos, en realidad) se vincula con el rol que juegan las instituciones de intermediación financiera.
Nosotros preferimos que la nueva institución establezca una relación directa con quienes pueden ser los usuarios, ya sea personas naturales, ya sea -considerando la promoción de asociatividad que existe en el sector de la pequeña empresa- asociaciones, cooperativas u otras organizaciones de comercialización o de producción de orden más colectivo.
Nos parece relevante la señal que se está entregando en tal sentido. Y por esa razón nos pareció potente aprobar el presente proyecto, entendiendo que habrá que formular indicaciones que permitan afinar un poco la forma como Intermediación Financiera S.A., entidad autónoma del Estado, se va a relacionar con los potenciales usuarios.
¿Qué pasa con el CAE? Efectivamente, consultamos al Gobierno si INFISA era el instrumento escogido para administrar el crédito con aval del Estado. Y el Ejecutivo nos confirmó que esa era la intención, haciéndose referencia, en el proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Educación, a que sería esa institución o una del mismo tipo la que administraría los recursos para la entrega de créditos directos a los estudiantes que los requieran.
Para no confundir las cosas, señor Presidente, hay que hacer presente que aquí se está hablando de un crédito, por lo que, siendo un crédito y no un subsidio directo, perfectamente cabría dentro de los objetivos de la nueva institución.
Sin embargo, la colega Provoste, Presidenta de la Comisión de Educación, me explicaba que la discusión que tenían allá era otra, relacionada más que nada con quién administra y asegura un buen y oportuno apoyo a los jóvenes que requieren algún crédito para poder llevar adelante sus estudios superiores, y que, en estricto rigor, aquello era perfectamente posible de llevar a cabo a través de otras entidades, del propio Ministerio o de la respectiva Subsecretaría, y no necesariamente vinculado a un esquema netamente crediticio o relacionado con el sector productivo de la pequeña empresa.
Por eso, no nos confundamos en esta materia.
A mi juicio, lo que corresponde hoy día es aprobar la idea de legislar respecto del proyecto en debate. Para mí, el instrumento que estamos generando es importante. La definición más conceptual acerca de quién tendrá, de aquí en adelante, la responsabilidad de gestionar o administrar los fondos para el financiamiento de los estudios superiores de los jóvenes a través de un crédito con aval del Estado puede quedar para más adelante. Si no hay un acuerdo claro y preciso respecto de que lo haga INFISA, dicha responsabilidad perfectamente puede recaer en otra institución.
Considero que el compromiso que asumieron el año pasado el Senado, el Congreso y el Gobierno anterior en el sentido de fortalecer los instrumentos de apoyo y de fomento al sector del emprendimiento, la innovación y la pequeña empresa resulta fundamental. Hablamos mucho de apoyar la reactivación de la economía y, llegado el momento de los quiubos y de ofrecer instrumentos para que todos nuestros emprendedores, a lo largo y ancho de Chile, tengan acceso adecuado a los créditos, me parece que debemos dar una buena señal.
Lo otro que también se halla establecido con precisión -y es muy importante que todos lo tengan claro, sobre todo la gente de regiones- es que los criterios de apoyo y distribución de los fondos se determinarán de manera equilibrada y equitativa para todo el país y no solo pensando en lo que se pueda hacer en los grandes centros urbanos.
Por todas las razones expuestas, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Existe una solicitud para abrir la votación.
El señor GARCÍA.- Sí
El señor MONTES (Presidente).- No hay acuerdo.
¿Ni siquiera manteniendo el tiempo de los discursos?
Entonces, tiene la palabra a continuación el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como ya se ha explicado, este es un proyecto con historia.
En algún momento, y fruto de la evaluación de los instrumentos de garantía de créditos para nuestras pymes, se llegó a la conclusión de que tanto el FOGAPE (Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios) como el FOGAIN (Fondo de Garantía para las Inversiones) no estaban funcionando todo lo bien que se quería.
Es más, en la sesión de la Comisión de Hacienda que tuvimos en la mañana nos informaron que lamentablemente estos instrumentos de garantía habían sido usados, por ejemplo, por la Universidad del Mar, para garantizar un crédito que nunca se pagó, y también por el Transantiago, para garantizar un crédito del BID en su oportunidad. Ambas operaciones estuvieron muy ajenas al espíritu de que tales instrumentos respaldaran créditos de pequeños empresarios, de emprendedores, de personas que dan trabajo, de gente que está haciendo un esfuerzo por generar su propia actividad productiva o de servicios.
A raíz de lo anterior, se pensó que el Estado debía tener una única institución que entregara estas garantías y que administrara el beneficio con la mayor profesionalización posible y con las exigencias de los más altos estándares internacionales.
Fue así como alguien sostuvo que era posible revivir y cambiarle el giro a SACOR, empresa pública creada en 1964 y destinada a la administración de predios rústicos en la agricultura, para que fuera la entidad encargada de la intermediación financiera y de otorgar las garantías correspondientes.
Finalmente, el asunto llegó a la discusión de la Ley de Presupuestos para el presente año; se alcanzó un acuerdo; se suscribió un protocolo y el Gobierno (me refiero al último de la Presidenta Bachelet) quedó de enviar en algún minuto un proyecto de ley para crear una institucionalidad nueva y así poder contar con una empresa del Estado orientada a contribuir a la actividad económica, particularmente de las pymes en materia de garantía de créditos.
Y es así como llegamos a la presente iniciativa, que instituye la empresa estatal Intermediación Financiera S.A. (INFISA).
Lo que hace este proyecto, en lo grueso, es crear una sociedad anónima del Estado para realizar operaciones de intermediación financiera y administrar la cartera de CORFO en materia de garantías.
Asimismo, pone término al FOGAPE, al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, y traslada su patrimonio a esta nueva empresa: INFISA.
Eso hace este proyecto.
Todos los sectores políticos hemos determinado en su minuto que es una necesidad del Estado apoyar a los pequeños empresarios, avalando sus créditos, y de esa manera permitir que puedan avanzar, progresar, salir adelante con sus emprendimientos.
Es un objetivo deseado transversalmente que ayuda y apoya mucho a nuestra economía, particularmente -como digo- a los pequeños y medianos empresarios.
Por lo tanto, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
En lo referente al otro proyecto de ley, que establece un nuevo sistema de crédito para el financiamiento de la educación superior y que se encuentra radicado en la Comisión de Educación, se afirmó que tiene relación con este, pues en algún minuto se dijo que INFISA debiera ser la institución que se hiciera cargo de otorgar los nuevos créditos de financiamiento de la educación superior.
Sin embargo, mi opinión es que tal como está hoy día -y solo vamos a votar la idea de legislar-, ello no sería posible.
Porque ¿qué le estamos permitiendo a INFISA?: "Contraer obligaciones indirectas", y los nuevos créditos de financiamiento de la educación superior serían directos. Repito: estamos facultando a esa sociedad para contraer obligaciones indirectas: "otorgar coberturas y comprometer subsidios contingentes con cargo a los fondos que constituya y administre, destinados a operaciones de financiamiento de entidades financieras".
Señor Presidente, nosotros sugerimos a la Sala que aprobemos la idea de legislar.
Ambos proyectos caminan en paralelo. Respecto del que está en debate, una vez aprobado en general tendremos que abrir un tiempo para presentar indicaciones. Y también se avanza en la iniciativa de ley sobre el nuevo crédito de financiamiento de la educación superior.
Y si se llega a la conclusión de que este es el instrumento, de que esta es la institucionalidad, de que esta es la empresa del Estado que tiene que otorgar los nuevos créditos universitarios, tendrán que concordar ambas legislaciones.
Por eso, es bueno que las dos estén en el Senado, marchando al mismo tiempo.
Señor Presidente, nosotros creemos que esta es una buena institucionalidad. Creemos que responde a una necesidad de nuestro país. Creemos que se trata de una gran oportunidad para entregarles garantías reales a nuestras pymes a fin de que puedan desarrollarse mejor.
Reitero: los Senadores de Renovación Nacional anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, es necesario precisar que estamos votando en general un proyecto que crea la sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A."(INFISA).
Es lo que se somete a consideración de esta Corporación.
Es una propuesta legislativa imprescindible, porque le da racionalidad a los instrumentos a través de los cuales se otorga crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Hoy contamos con distintos instrumentos que compiten entre sí y que generan a veces condiciones favorables para las empresas que otorgan créditos, pero no para el usuario final, para los sujetos de crédito.
Por tanto, a través de esta iniciativa se crea una nueva empresa y una nueva institucionalidad, que da mayor coherencia a esta política pública para efectos de promover el emprendimiento y la innovación.
Eso está en consideración. Y se hace a través de -como se ha señalado anteriormente- la creación de una nueva entidad, que es la continuadora legal de SACOR (de CORFO). Se remplaza el FOGAPE, cuyos fondos, que son administrados por el BancoEstado, pasan a ser dirigidos ahora por esta empresa pública.
Sin lugar a dudas, es una iniciativa razonable y necesaria. Por eso, todos los integrantes de la Comisión de Hacienda votamos esta mañana en favor de esta iniciativa.
La intervención del Senador García ha sido muy clarificadora porque efectivamente el Gobierno ha planteado, dentro de su proyecto para sustituir el Crédito con Aval del Estado, que eventualmente se haga a través de esta nueva empresa. Pero, claramente, no es lo que se está votando hoy. La iniciativa para sustituir el CAE se discutirá en su mérito, y el Senado de la República tendrá que pronunciarse cuando se conozca su contenido específico.
Hoy no nos tenemos que pronunciar al respecto, sino acerca de la creación de INFISA, la cual cumple con todos los requisitos para contar con una institucionalidad, en este caso una empresa, que desarrolle bien su trabajo, y de que los instrumentos de otorgamiento y de garantía de crédito para el emprendimiento se ejecuten de mejor forma.
En su oportunidad deberemos ver, obviamente, cuál es la propuesta específica respecto del remplazo del CAE.
De hecho, de aprobarse esta iniciativa tal cual está planteada, ello no sería posible a través de INFISA, porque el artículo 1 de la iniciativa señala: "Autorízase al Estado para desarrollar las actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a entidades financieras.". Es decir, no se habilita a INFISA para que otorgue créditos de manera directa.
Se plantea que el remplazo del CAE implicaría sacar a la banca, a las principales instituciones financieras, del otorgamiento de crédito. Por tanto, resultaría ilógico que bajo el marco de este proyecto se pudiera entender que ello de por sí es suficiente para buscar un nuevo mecanismo.
Es necesario clarificarlo.
Por eso, las intervenciones de los Senadores Pizarro y Lagos van en esta lógica: hoy solo debemos pronunciarnos respecto del proyecto que crea INFISA.
En ese contexto, voto a favor de esta iniciativa, porque es razonable, necesaria, oportuna.
En su oportunidad tendremos que pronunciarnos respecto de cómo se remplaza el CAE. Ese será un debate que se tendrá que desarrollar en su mérito, una vez que conozcamos los detalles específicos de la propuesta gubernamental. Y en lo absoluto puede generar ruido, ni menos contaminar aquello respecto de lo cual nos tenemos que pronunciar esta tarde en el Senado.
Señor Presidente, reitero que, en ese contexto, mi voto es a favor de esta iniciativa.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quería retomar un aspecto surgido de este proyecto.
En su idea matriz no hay reparos mayores respecto al rol que jugaría esta nueva institución -una sociedad anónima abierta estatal- para garantizar los préstamos a pequeños emprendedores; esto es, a que instituciones financieras presten dinero a los micro o pequeños emprendedores para un proyecto de inversión, con una garantía del Estado a ese crédito.
Y ello está bien; no hay problema.
El ruido surge a partir de lo que ha señalado el Ejecutivo: mediante esta institución que estamos creando -se presentarán indicaciones en su momento- se permitirá que una política social, como el financiamiento de la educación superior, radique en una sociedad anónima abierta.
Entonces, la pregunta es si es pertinente este vehículo para hacerlo.
¡Y siento que hay reparos!
Si alguno revisa la literatura, ya han surgido reparos reales.
Primero, quiero señalarles que las sociedades anónimas del Estado no son contabilizadas dentro del sector público, lo que implica que ciertos pasivos no se contabilizan en el año.
¿Los fondos que se van a aprobar anualmente para financiar este crédito solidario de la educación superior van a quedar dentro de una empresa que está fuera del presupuesto central?
Segundo, ¿cuál es el giro principal de este nuevo organismo? Dar garantías a los préstamos que estén pidiendo los emprendedores. Es decir, que si la banca señala "Mire, usted, amigo, no me da mucha confianza, porque tal vez su negocio no es muy bueno; pero como el Estado va a poner a través de CORFO hasta el 80 por ciento de garantía, yo le presto". Ese sería su giro principal.
Ello genera utilidades, eventualmente, pero también pérdidas.
¿Cómo se concilia eso? Con una política social de financiamiento.
Pregunta: ¿Si eventualmente los créditos que se hacen para la educación superior no son pagados, se van a imputar a pérdida de la empresa? ¿Cómo se distinguen las utilidades y las pérdidas de un negocio o de un giro con respecto a otro?
Entonces, yo siento que el punto en comento está poco claro.
No me preocupa ahora. Y por eso aprobé la iniciativa en general en la Comisión y haré lo mismo en la Sala.
¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque la indicación del Ejecutivo sobre la materia no existe; no es parte del proyecto.
Si hoy día aprobáramos en general esta iniciativa, y después la despacháramos en particular, no existiría lo relativo a la educación superior. Porque eso no forma parte del proyecto: no fue concebido así.
Señalamos aquello en la Comisión, y ahora hizo lo propio el Senador Elizalde.
Esto se encuentra establecido en el artículo 1, que dice que la autorización es para "proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a entidades financieras".
Ergo, si lo dejamos así, no hay por dónde financiar a un alumno de educación superior. Por eso se requiere una indicación, la cual va a cambiar por completo el giro de la empresa.
En consecuencia, si aprobamos esta iniciativa tal cual está y después no me satisface la indicación que formule el Ejecutivo en materia de educación superior, en nada se va a afectar su contenido.
Sin embargo, quiero decirle al Gobierno que encuentro a lo menos abigarrada esta forma de legislar. Porque si se quiere establecer un sistema de crédito para el financiamiento de la educación superior que remplace al CAE original y que sustituya la propuesta de la Presidenta Bachelet, el mecanismo en que están pensando no me parece el más adecuado.
No quiero hablar de improvisación, en fin.
Yo siento que aquel camino no es el más conveniente.
Convénzanme a mí o al resto de los Senadores de que una entidad que debe generar utilidades, que tiene que darles facilidades a las micro y pequeñas empresas para pedir créditos en la banca ha de ser, al mismo tiempo, la misma (con los mismos gerentes, los mismos recursos humanos, etcétera) que debe dedicarse a prestarles dinero a los estudiantes.
Son dos giros distintos, señor Presidente.
Entonces, la pregunta es por qué se hace así.
Aquí vuelvo al primer argumento: tal vez, porque no quieren que los recursos queden contemplados en el presupuesto anual propiamente tal, y los saquen de la primera línea.
Ahora, no es que sean platas que no se van a usar o que se van a malgastar. Pero quedan contabilizadas de manera distinta.
Y a ojo de buen cubero, ¿de cuántos miles de millones de dólares en créditos para la educación superior estamos hablando?
Ustedes, Senador Quintana u otros Senadores, están viendo aquello: ¿cuántos miles de millones serán?
El señor QUINTANA.- Ocho mil quinientos millones.
El señor LAGOS.- O sea, no estaba tan perdido: ¡8 mil millones de dólares!
¡Son hartos recursos, como para saber en qué parte del Presupuesto van a quedar consignados...!
Yo voy a votar a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto. Se aprueba como está para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
Si después el Gobierno quiere presentar una indicación relativa a la educación superior, habrá una discusión distinta, y yo anticipo que será compleja.
Mejor le pido al Ejecutivo, por intermedio de la Mesa, que piense una institucionalidad como corresponde para financiar la educación superior a través de un sistema de crédito. Y que ello se radique en un servicio público.
Eso me parece más razonable a que sea una sociedad anónima la que les preste recursos a los estudiantes de educación superior.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, sinceramente, creo que estamos frente a un enredo mayúsculo.
He escuchado con mucha atención a todos los miembros de la Comisión de Hacienda. Y debo decir que para nada son los responsables de este lío: ¡en lo absoluto!
Si yo fuera miembro de dicho órgano técnico lo más probable es que traería a la Sala la misma argumentación y anticiparía mi voto favorable en general, tal como lo hicieron los Senadores Pizarro, García, Lagos, en fin.
Sin embargo, en la Comisión de Educación estamos en una discusión completamente distinta.
Aquí hay dos órganos técnicos que en algún momento van a colisionar.
Lo señaló el Senador Elizalde recién: es imposible que esta iniciativa logre combinar -por así decirlo- los dos giros.
O aquí se toma el camino de una garantía de créditos para los pequeños agricultores, como era la idea original del proyecto, o bien se sigue el de un crédito para los estudiantes de la educación superior que compita con la gratuidad, que será otro debate.
Pero eso es lo que en la Comisión de Educación hemos ido observando.
Entonces, para intentar desenmarañar este enredo, creo que necesariamente debemos remontarnos a lo que pasó en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado.
Ahí se produjo un fuerte debate. No olvidemos que las bancas del frente y la Cámara de Diputados en el trámite respectivo no estaban por respaldar la iniciativa correspondiente.
Hubo un acuerdo -lo dijo el Senador García-, luego de escuchar el planteamiento del Banco Mundial, en que se señaló que esta sociedad agrícola, cuyo giro principal era la explotación y la administración de predios rústicos, no era el órgano más adecuado para -así lo indicó el Senador Lagos- otorgar garantías al sistema financiero, y, por lo tanto, lo que se requería era crear una entidad especializada, con un giro único.
Eso fue lo que finalmente se propuso, y es lo que aprobó el órgano técnico respectivo.
Si yo integrara la Comisión de Hacienda -reitero-, hubiera realizado exactamente lo mismo: habría aprobado en general la creación de la sociedad anónima del Estado llamada "Intermediación Financiera S.A.".
El problema es que se trata de dos Comisiones distintas: la de Hacienda y la de Educación.
Si cualquiera de los Senadores aquí presentes tuviera la ocasión de mirar el proyecto sobre el nuevo CAE -está recién ingresado-, se daría cuenta de que no hay una, ni diez, ni veinte, sino cientos -y no exagero- de referencias a lo que hoy día podríamos aprobar: la creación de la sociedad anónima "Intermediación Financiera S.A,", en adelante -según señala el proyecto- "la administradora".
O sea, mediante esta iniciativa estamos estableciendo una sociedad anónima estatal, en esta lógica de traspasar recursos de CORFO a esta entidad especializada, para otorgarle garantías al sistema financiero; y en la Comisión de Educación se nos dice que esta misma entidad será la que va a prestarles plata a los estudiantes.
Pero como bien manifestó el Senador García recién, una cosa son las obligaciones directas, y otra las obligaciones indirectas.
Evidentemente, el proyecto que ahora nos ocupa, tal como se nos ha presentado hoy día, no sirve para entregarles dinero a los alumnos de la educación superior de nuestro país. No puede ser la vía que remplace al CAE. Porque su artículo 1 habla de persona jurídica, y no de persona natural.
Señor Presidente, valoro la presencia de los representantes de Hacienda. Pero acá está la Presidenta de la Comisión de Educación, señora Yasna Provoste, quien sabe que ellos también han asistido a esta instancia -dicha Cartera no es muy grande-, pero hablando en otra dirección.
De modo que, dentro de todos los problemas que nos aquejan, afortunadamente tenemos acá al Ministro Secretario General de la Presidencia y al Subsecretario de dicha Cartera.
Me parecería importante que ellos nos clarificaran si efectivamente el instrumento que hoy día podríamos aprobar va a ser el órgano que les prestará plata a cientos de miles de jóvenes estudiantes chilenos, con todo lo que ello significa.
Hace algunos días el Presidente del Senado, en el marco de la discusión en la Comisión de Educación, preguntó cuál era el costo del proyecto sobre el nuevo CAE.
No hubo claridad al respecto. El informe financiero es bastante ambiguo.
Se habla de 3 billones de pesos, que es la cantidad de recursos de la recompra. Según entiendo, el Estado ya ha adquirido la mitad de eso.
Le acaban de comprar a la Universidad Iberoamericana, que está quebrada, el 63 por ciento de su cartera.
Esa es la discusión que viene.
Entonces, yo siento que, por un sentido de responsabilidad, el Senado debe pensar bien si finalmente nos vamos a enfocar en prestarles plata a las pymes, que ciertamente la necesitan para establecer sus garantías ante los bancos, o nos concentraremos en otorgarles dineros a los estudiantes.
Si el Gobierno nos despejara esa duda a través de la SEGPRES aquí presente, creo que podríamos seguir adelante con esta iniciativa. De lo contrario, me inclinaría a pensar que este asunto está bastante verde, pues hay poca claridad, y, además, se juntan dos iniciativas completamente contrapuestas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay cuatro Senadores que han pedido usar de la palabra. Pero hasta ahora en todas las intervenciones se ha expresado la misma inquietud.
Entonces, no sé si el Ejecutivo podría aclarar algunas de las consultas que han formulado Sus Señorías, o si seguimos con la discusión.
Los representantes del Gobierno me señalan que hablarán después.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo tenía un propósito: apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que claramente se hallan en una situación de desventaja con respecto a las grandes compañías en cuanto a la posibilidad de acceder a la banca y, además, a mejores condiciones en materia de tasas de interés.
Esa era la finalidad original de esta iniciativa.
Pero, tal como lo señaló nuestro colega de bancada el Senador Pizarro, quien integra la Comisión de Hacienda, cuando se le pregunta al Ejecutivo si esta sociedad anónima es la misma institución que dará cuenta de la nueva administración para los créditos universitarios, la respuesta es "sí".
Señor Presidente, en este punto creo que estamos en un problema, porque es una mala idea del Gobierno colocar en este proyecto el mecanismo de financiamiento de los créditos universitarios.
Un buen sistema de financiamiento de créditos requiere también que este sea transparente y fiscalmente responsable. Lo decía el Senador Lagos: si nos preocupa claramente la responsabilidad fiscal, necesitamos saber cuánto se está gastando, cuánto se está invirtiendo en créditos universitarios.
Hoy día, en la información oficial que se ha logrado entregar, tanto en la Comisión investigadora del CAE en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Educación del Senado a propósito del nuevo sistema de financiamiento, nos encontramos con cifras realmente alarmantes respecto de lo que le han significado al Estado la compra y recompra de la cartera de deudores de ese sistema.
Por lo tanto, es una mala idea del Gobierno colocar en esta iniciativa el financiamiento de los créditos universitarios.
Quiero decirles a quienes me han antecedido en el uso de la palabra que no es posible leer los proyectos de ley de manera individual; tenemos que hacer una lectura integral con otras iniciativas que están en discusión.
Entonces, cuando el artículo 1 de este proyecto de ley plantea que este busca financiar y gestionar programas de cobertura de financiamiento crediticio a entidades financieras, y luego, en la tramitación de otra iniciativa -el nuevo CAE presentado por el Gobierno-, también en su artículo 1o, se dispone que este crédito será otorgado a los estudiantes por una sociedad anónima del Estado, en verdad se está cambiando absolutamente la naturaleza del proyecto de ley que nos ocupa.
Respecto de la iniciativa que estamos discutiendo, cuyo propósito era apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas, se nos decía que la entidad que se crea entregaría financiamiento crediticio a entidades financieras. Pero en el debate del otro proyecto que mencioné se nos señala que esta misma sociedad anónima será la que se utilizará en el sistema de créditos para la educación superior.
Reitero, señor Presidente, que el Ejecutivo fue consultado sobre el particular durante la tramitación de la otra iniciativa, y la respuesta fue afirmativa.
Insisto en que ello me parece una mala idea, porque, efectivamente, lo que se plantea en el proyecto del nuevo CAE presentado por el Gobierno es que esta sociedad anónima va a prestar recursos a personas naturales, no a entidades crediticias, como lo dispone la iniciativa en discusión.
Por eso, señor Presidente, considero importante que el Ejecutivo aclare el punto en esta sesión. De lo contrario, formalmente pido segunda discusión de este proyecto de ley.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, ¿usted ha pedido segunda discusión en la medida en que el Ejecutivo no responda las inquietudes que han expresado los distintos señores Senadores? ¿Es eso correcto?
La señora PROVOSTE.- Escuchemos al Gobierno.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Consulto al Ejecutivo si quiere hacer uso de la palabra ahora o más tarde, una vez que escuchemos a otro señor Senador.
Prefiere esperar. Bien.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, creo que cuando se discute un proyecto de ley es importante abocarse a las materias que esa iniciativa establece.
Nadie en esta Sala conoce qué planteará una eventual indicación, cómo se va a desarrollar determinado futuro. Por lo tanto, quiero centrar mi intervención en la necesidad de que el Senado dé una señal clara frente al propósito y al objetivo de este proyecto.
Si el día de mañana llega una indicación, ella será discutida en su mérito, teniendo presentes sus características o requisitos. Pero referirse a algo que nadie conoce, basado solo en una opinión entregada en sentido futuro por parte del Gobierno, me parece que es eludir claramente el objetivo central de esta iniciativa.
¿Y cuál es el objetivo central de este proyecto?
Ayudar a las micro y a las pequeñas empresas.
Muchas veces hemos escuchado en esta Sala opiniones acerca de la necesidad de avanzar en esa materia. Y cuando llega una iniciativa con ese fin, esgrimimos otros argumentos, otras razones para postergarla o, a lo mejor, para votar en contra de ella.
Pero digámoslo con claridad: este instrumento, esta sociedad anónima se crea para ayudar al financiamiento de las pequeñas empresas.
En discusiones presupuestarias pasadas, la temática giraba en torno a cómo funcionaban otros instrumentos de financiamiento que no pertenecían a CORFO.
Es el caso del FOGAPE, manejado por el Banco del Estado. Para las pequeñas y las medianas empresas era prácticamente inalcanzable ese instrumento. Muchas veces en reuniones en regiones -a más de alguno de los colegas le habrá pasado- pequeños emprendedores, agricultores o pequeños comerciantes nos han señalado que cuando han querido utilizar algún instrumento como el FOGAPE ello es imposible, inviable o lejano.
Lo que debemos hacer ahora es que esta sociedad anónima, en la que el uno por ciento será del Fisco y el 99 por ciento será de CORFO, actúe eficazmente para ayudar a aquel emprendedor que requiere recursos para su negocio.
¡Eso es lo que estamos votando hoy día!
Eventualmente, en otro trámite o en la discusión en particular de este mismo proyecto, puede llegar una indicación. La veremos en su oportunidad y diremos si es eficaz o no. Pero eludir o argumentar con una situación hipotética para atrasar esta iniciativa me parece que no es un camino correcto para el Senado. Más aún cuando este proyecto forma parte de un acuerdo adoptado en la discusión de la Ley de Presupuestos de este año, en que una vez más se determina que las pequeñas empresas tienen profundas dificultades de financiamiento y obstáculos para obtener recursos, llevar adelante sus programas y poder invertir.
¡A esa gente es a la que verdaderamente tenemos que dar respuesta hoy día!
Me sorprende, además, señor Presidente, que todos manifiesten que las normas de este proyecto van en el sentido correcto de darle eficacia a la acción de un organismo como CORFO para ayudar, de Arica a Magallanes, a los pequeños emprendedores que requieren un grado de financiamiento para sus proyectos.
¡Cuántas veces ustedes han recibido quejas de distintos pequeños empresarios en el sentido de que van al Banco del Estado y este no les da ninguna posibilidad de financiar sus iniciativas y los obliga a ir a la banca privada sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de ayuda!
Ese es el proyecto que hoy nos presenta el Gobierno para su aprobación, a fin de dar respuesta a esa familia, a ese emprendedor, a esa mujer de trabajo que quiere, a través de su talento, de su esfuerzo, desarrollar una actividad que, además de satisfacer las necesidades de su familia, logre también generar otros empleos.
No existe ninguna norma en esta iniciativa que diga que ese fin pueda ser objeto de transgresión o ser obstaculizado. Por eso hay que actuar con la más absoluta responsabilidad.
A mí me llama profundamente la atención que en este Hemiciclo se diga que existe irresponsabilidad en el tratamiento de este proyecto de ley.
Fíjese, señor Presidente, que el Senado hace algunos meses discutía el financiamiento de Televisión Nacional y el hecho de que era absolutamente imprescindible que todos los chilenos le pasaran determinada cantidad de millones de dólares para que dicho canal pudiera seguir funcionando.
Sin embargo, ahora nos enteramos de que parte de su directorio, al margen de toda normativa, establecía contratos y disposiciones adicionales a ellos que verdaderamente violaban la discusión que el Senado había sostenido en ese momento.
Por lo tanto, cuando hablemos de responsabilidad tengamos cuidado, porque debemos hacerlo siempre con un sentido de Estado.
Entonces, yo hoy día llamo la atención de esta Sala, porque nadie puede sostener aquí que alguna norma de la iniciativa no va en la dirección de ayudar al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor que requiere una forma de financiamiento.
En la mañana me tocó reemplazar al Senador Coloma en la Comisión de Hacienda, y la discusión giraba en torno a si este instrumento -y me sumo a la duda- está en condiciones de ayudar al pequeño agricultor de nuestra zona centro-sur. Porque la agricultura familiar campesina dispone en INDAP de un instrumento adecuado, pero hay otro segmento que enfrenta numerosas dificultades para obtener financiamiento. Yo espero que esta iniciativa pueda ir en ayuda de esas personas.
Eso es lo que estamos votando hoy día, no otra cosa.
En otra Comisión del Senado se está debatiendo cómo podemos suplementar la gratuidad, cómo podemos complementarla para ciertas familias, a través de un sistema solidario de financiamiento. En esa oportunidad se verá si este es un buen instrumento o no.
Pero demorar el debate por lo que eventualmente pueda pasar -nadie discute que a partir del análisis técnico que se realice al interior del Gobierno el mecanismo propuesto puede ser distinto- significará retrasar una solución y que cientos y miles de pequeños emprendedores a lo largo de nuestro país, que quieren generar con su propio esfuerzo el bienestar de sus familias, no dispondrán de un instrumento adecuado como el que nos hallamos debatiendo.
El FOGAPE tiene una muy buena sigla, señor Presidente. ¡Pero cuánto costaba que beneficiara a las personas para sus emprendimientos! ¡Cuánto costaba! ¡Porque siempre había una disculpa para que dicho Fondo no operara! ¡Siempre!
Por lo tanto, creo que debemos refrendar esta iniciativa -nace de una decisión del Senado y de todo el Congreso durante la tramitación de la Ley de Presupuestos-, toda vez que las normas sobre las cuales se quiere avanzar se reflejan de manera correcta en el proyecto que se somete a nuestra consideración.
¡Tenemos que votar sobre esta iniciativa y no sobre cosas hipotéticas!
¡Tenemos que votar sobre esta iniciativa y no sobre eventualidades!
¡Tenemos que votar sobre lo que el Gobierno nos propone y no sobre lo que eventualmente nos podría sugerir!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra.
En primer lugar, intervendrá el Ministro Gonzalo Blumel, y luego, el Subsecretario de Hacienda.
¿Es así, señor Ministro?
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Sí, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Muy bien.
Puede hacer uso de la palabra, señor Ministro.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, en primer término, quiero destacar algunos puntos. Naturalmente, los explicará con mayor detalle el Subsecretario de Hacienda, quien ha estado a cargo de la tramitación del proyecto y de sus aspectos más puntuales y específicos.
Debo precisar que esta iniciativa surge como un compromiso relevante -esto quedó consignado en el protocolo de la Ley de Presupuestos- que dice relación con la administración de los mecanismos de crédito que gestiona la CORFO, con la necesidad de crear una empresa pública que se haga cargo y mejore los estándares y las formas de administración y que modernice el sistema de distribución de los créditos, de acuerdo con los parámetros más avanzados y las recomendaciones del Banco Mundial.
Eso es lo que busca este proyecto en particular.
Entonces, a nosotros como Ejecutivo nos interesa que podamos separar la discusión.
Si efectivamente -como se explicó en una intervención anterior- se registra una discusión de otra naturaleza a raíz de una iniciativa diferente, que tiene que ver con el sistema de financiamiento solidario, creo que esa es una materia que debe analizarse en su mérito.
El mérito del proyecto que nos ocupa es uno solo. Sus Señorías lo conocen. Esta es una iniciativa que viene de la Administración anterior y que el actual Ejecutivo ha decidido empujar e impulsar.
Lo que nosotros queremos es que se evalúe en su mérito un proyecto que posee un conjunto de elementos que a nuestro juicio hacen necesarias su discusión y su materialización.
Ese es un primer punto, bien relevante, que a nosotros nos gustaría enfatizar: discutir este proyecto en su mérito, en cuanto a lo que busca. Y la iniciativa vinculada con la creación de un sistema de financiamiento solidario se está estudiando en otra Comisión y corresponde a otro proyecto.
Por lo tanto, las indicaciones a la iniciativa en análisis tienen que ver con su idea original. Y lo otro podremos discutirlo en el texto que se está estudiando en la Comisión de Educación.
En consecuencia, se trata de materias distintas. Cada una tiene sus tiempos, sus ritmos y sus momentos legislativos.
Me gustaría que el Subsecretario de Hacienda explicara con mayores detalles la motivación de este proyecto, cuáles son sus objetivos y por qué a nosotros nos parece importante la aprobación de la idea de legislar para, luego, pasar a la discusión particular de la iniciativa.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Hacienda.
El señor MORENO (Subsecretario de Hacienda).- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todas las Senadoras y a todos los Senadores presentes.
Como Subsecretario de Hacienda, me toca hacer algunos comentarios después de las intervenciones de los Senadores y las Senadoras que hoy día han participado en el debate.
También creo que sería conveniente efectuar un recuento de la tramitación de este proyecto.
Estamos hablando de una iniciativa presentada el 2 de enero de 2018 por la ex Presidenta Michelle Bachelet, que viene a cumplir un compromiso surgido a propósito de un protocolo firmado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos como resultado de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2018.
Al respecto, señor Presidente, quiero consignar lo siguiente.
Cuando se abre la discusión de la Partida Ministerio de Economía, específicamente en lo relativo a CORFO, el ex Vicepresidente Ejecutivo de dicho organismo señala que la intención del Gobierno anterior era capitalizar SACOR -empresa del Estado creada en 1964, que, al 2017, hacía trece años que no registraba ningún tipo de movimiento- para los efectos prácticos de alojar en ella el Programa del Fondo de Garantía para las Pequeñas y Medianas Empresas.
Cuando hablamos del FOGAIN -y también del FOGAPE, instrumento administrado por el BancoEstado y del cual me ocuparé a continuación-, nos estamos refiriendo básicamente a un instrumento de especial importancia para las micro, las pequeñas y las medianas empresas.
Para que tengamos clara la dimensión de los recursos que están hoy día alojados en una división de CORFO -no se trata de una persona jurídica propiamente tal, sino de una división-, la Gerencia de Inversión y Financiamiento de dicho organismo hoy día maneja un presupuesto cercano a los 4 mil 300 millones de dólares.
Durante esa discusión legislativa, para no capitalizar SACOR -sociedad que, reitero, no registraba movimientos hacía trece años-, se consideró del todo necesario constituir una sociedad anónima del Estado, denominada "Intermediación Financiera", a los efectos prácticos de tener un vehículo con normas que faciliten la transparencia y permitan continuar con las distintas recomendaciones que entidades como el Banco Mundial realizaron en su oportunidad respecto de la administración de los fondos de garantía para las pequeñas empresas, disponiendo finalmente de otro lugar a partir del cual poder otorgar esos recursos.
Lo que acabo de señalar está en la Glosa 31 de la Partida 07 de la ley Nº 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018.
Por eso el actual Gobierno, con la idea de proseguir con el proyecto ya presentado y concretar el compromiso adquirido por ambas ramas legislativas, viene a continuar la tramitación de esta iniciativa.
Este proyecto se presentó en la Cámara de Diputados, donde se registró una altísima aprobación en la Sala: solo tres abstenciones y el resto todos votos favorables.
Hay sobre el particular (diría yo) una sensibilización especial, porque el instrumento de que se trata es demasiado importante para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En 2017, a través de estos fondos de garantía, 168 mil 245 empresas fueron beneficiarias de programas tanto de cobertura cuanto de refinanciamiento (esta última es la otra figura).
Sin la existencia del FOGAIN y del FOGAPE, hoy día entre 15 y 20 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas no tendrían acceso al crédito.
¡Así de claro!
Por lo tanto, la comunidad de las referidas empresas mira con atención no solo el proyecto de ley de prontopago, sino también la forma en que nosotros, como entes colegisladores, finalmente vamos a ser capaces de resolver en qué estructura jurídica continúan los recursos en comento.
Dicho lo anterior, señor Presidente, cabe señalar que esos fondos, básicamente, les otorgan cobertura a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿En qué instituciones? En 91 intermediarios financieros, en distintos programas de refinanciamiento y cobertura.
La cantidad de intermediarios financieros que se han acercado para participar en los programas ha ido creciendo exponencialmente.
En consecuencia, era necesario transparentar que el Ejecutivo -lo conversábamos acá con algunos miembros de la Comisión de Hacienda del Senado-, entre sus propuestas, considera en el proyecto de ley sobre financiamiento solidario que este sea el vehículo que en último término administre los créditos.
Sin perjuicio de ello, es del caso decir que se trata de una discusión accesoria a lo principal.
Hoy día, esencialmente, esta Corporación debe votar la idea de legislar acerca de este proyecto, que -lo señalo de nuevo- se inició en mensaje del Ejecutivo anterior y fue tomado por el actual Gobierno debido a que lo considera necesario, sobre todo para la consolidación del sistema de otorgamiento de cobertura crediticia y refinanciamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. De modo que no podríamos sino tratar de que se apruebe en general esta iniciativa y no se le dé la espalda al mundo de aquellas empresas.
Ese fue nuestro predicamento en la Comisión de Hacienda, y ahora venimos a corroborarlo en esta Sala.
Ahora bien, la Cámara de Diputados introdujo al texto que presentó la Presidenta Michelle Bachelet modificaciones que estimo necesario puntualizar.
En primer lugar, hay que tener una consideración especial desde el punto de vista de la cobertura regional, no del FOGAPE, sino del FOGAIN. Porque el FOGAPE está en BancoEstado, pero también ingresa a esta sociedad, para constituir un solo ente y no generar una burocracia estatal excesiva.
Fue un punto que pusieron sobre la mesa los Diputados.
Como Ejecutivo, nos hicimos cargo de él. Así, mediante un decreto del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se van a establecer los requisitos para los efectos prácticos de que el FOGAIN y el FOGAPE el día de mañana, en Intermediación Financiera S.A., tengan cobertura regional suficiente para apoyar a la mayor cantidad posible de micro, pequeños y medianos empresarios.
La segunda modificación se relaciona con la necesaria cuenta pública y, por cierto, con el envío de estados financieros a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una vez al año.
Creemos que una sociedad anónima del Estado requiere un control. Y él será ejercido no solo por la ciudadanía, a través de los instrumentos existentes en la actualidad, sino además por la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS).
Hemos querido, señor Presidente, que el Congreso Nacional tenga una voz con respecto a la administración del fondo pertinente, que es de suma importancia y que involucra una cantidad no despreciable de recursos, los que deben ser bien ejecutados e invertidos en los proyectos de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Para finalizar, señor Presidente, y haciéndome cargo del punto expuesto sobre el particular, creo que la votación en general dice relación con la idea matriz, que no ha cambiado un ápice desde que el proyecto fue presentado por la Presidenta Bachelet, el 2 de enero del 2018.
Sin perjuicio de ello -y así lo comentamos en la Comisión de Hacienda del Senado-, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en la Comisión de Educación, donde habrá una discusión accesoria, aparte.
Obviamente, al respecto se tomará una decisión, la que en algún momento consideraremos, a los efectos de ampliar o no los alcances de esta iniciativa, lo que correspondería hacer en la votación particular.
El señor MONTES.- Señor Presidente, yo recuerdo muy bien el momento en que se elaboró la glosa del Presupuesto a que se hizo referencia. Y ello fue porque hubo oposición a la fórmula de financiamiento que proponía el Gobierno. Se dijo, entonces: "Vamos a crear una institución especial para esto". Y esa fue toda la discusión. Porque la propuesta original no contaba con los votos requeridos y, por ende, se buscó tal solución.
¿Qué estamos discutiendo ahora? La idea de establecer una financiera especializada en créditos para pymes, con un sistema de garantías y otras cosas.
Eso es lo principal: crear una sociedad anónima del Estado.
A mí me surgen varias dudas, y considero importante explicitarlas.
Yo no tengo problema en aprobar la idea de legislar. Pero creo que cuando desarrollemos el proyecto deberemos realizar una discusión mucho más profunda que el solo hecho de decir "Avancemos en esta dirección".
Primera duda: ¿por qué no se le asignan al Banco del Estado (opino que tenemos que hacerlo) las funciones respectivas?
A esa institución la estamos dejando como un resto, como un remanente.
Cuando se creó el Banco del Estado, aquellas eran sus funciones principales. Y, además de dar créditos, tenía la perspectiva de banco de desarrollo.
Hoy día, si uno escucha la discusión sobre esta materia, que se relaciona con las pymes, concluye que se trataba no solo de una dimensión financiera, de la cobertura de las necesidades de dicho sector, sino también de jerarquizar en ciertas áreas, en algunas regiones, en determinados temas: era asimismo un banco de desarrollo.
Entonces, me gustaría saber qué reflexión ha hecho el Ejecutivo a ese respecto, porque estamos ante una materia que debe discutirse.
La pequeña industria metalmecánica se halla congelada.
¿Qué han hecho los italianos en este tiempo? Crean la Ley Sabatini y establecen para dicha industria un sistema específico que se pueda vincular a la robótica en el tiempo actual.
¡Y nosotros qué!
O sea, vamos a ver lo que surge, pues no tenemos un sistema de desarrollo y el financiamiento no es parte de cierta estrategia para impulsarlo.
Esa es mi primera duda, y quiero dejarla explicitada.
Segunda duda, señor Presidente.
Supongamos que la entidad propuesta sea la que remplace al FOGAPE.
Aquí se hacen críticas a dicho Fondo. Sin embargo, debemos determinar cómo se va a alterar la lógica de su funcionamiento.
La verdad es que el FOGAPE tenía un aporte y respondía a varias necesidades. Pero todos visualizan sus limitaciones.
Como muy bien dijo el Senador Pérez Varela, adolecía de un conjunto de limitaciones en cuanto a la cobertura y a la función que cumplía. No tomaba en cuenta las características del proyecto presentado, ni la región donde este se insertaba, ni lo que podía o no aportar. Era otra su lógica para tomar las decisiones.
Ahora, si se desea crear un ente con tales características, uno puede hacer varias preguntas.
¿Qué va a pasar con ella y con las pérdidas? Porque claramente, por definición, las tendrá.
¿Qué ocurrirá con los créditos castigados?
¿Qué va a suceder con los costos de las garantías?
O sea, va a aparecer como una entidad ineficiente, pues por definición su margen de riesgo es alto. Entonces, de todas maneras registrará pérdidas de distinta naturaleza.
Me gustaría saber cómo lo considera el Ejecutivo, teniendo en cuenta la existencia de empresas estatales ineficientes.
Entonces, es muy importante saberlo.
Los bancos tienen su forma de procesar aquello.
El señor LAGOS.- Y sume la morosidad de los créditos universitarios.
El señor MONTES.- La tercera duda, señor Presidente, se relaciona con el crédito para la educación superior.
Aquí ya se ha dicho: es tremendamente complejo el instrumento que se va a crear.
Hoy día existe Ingresa, institución que tiene su historia: conoce la materia; también, el sector.
De consiguiente, creo que hay que fortalecerla y darle características de entidad pública o vincularla a otra institución que conozca realmente la singularidad de la educación superior. Porque no se trata de revisar a clientes estandarizados y decir "A este le doy; a este, no; a este le cobro", en fin.
El dar créditos, sobre todo para educación superior, requiere cierta especificidad, determinadas características.
Yo no confundiría pyme con educación superior, porque eso, en vez de ayudar a una u otra, va a generar una confusión entre ambas.
Por consiguiente, hay que analizar aquello con mucha calma.
Además, yo les diría a los Ministros que es indispensable tener claro que actualmente los créditos para educación superior en gran parte (60 por ciento) son propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque este los compró forzadamente, conforme a la ley del CAE. Y se hallan en la Tesorería General de la República, la que a raíz de ello está corriendo un conjunto de riesgos.
¿Qué vamos a hacer con tales recursos? ¿Se van a transferir a una nueva entidad?
Es parte de la discusión habida en la Comisión de Educación.
Porque aquí estamos no solo ante un asunto financiero, sino además frente a créditos para apoyar la educación superior. No se trata simplemente de una financiera más: es una entidad que debe tener sus propias especificidades.
La cuarta y última duda, señor Presidente, tiene que ver con el tratamiento de todo este movimiento en torno al equilibrio estructural.
¿Vamos a ponerlo arriba o abajo de la línea?
Eso ya ocurría en el caso del Crédito con Aval del Estado. En algún momento llegamos a tener 8 mil millones de dólares en el CAE a manera de provisión, o como se quiera decir; porque tampoco era pasivo.
O sea, por definición, aquí va a haber pérdida o existirá una dilatación muy larga en el tiempo.
Entonces, ¿cómo se piensa tratarlo con respecto al equilibrio estructural, cuestión que se discutió siempre con distintos ministros, en diferentes momentos? Porque al final se sacaba por fuera: ni por arriba ni por abajo, sino por el lado.
Para terminar, en cuanto a la pyme quiero decir que sería bastante bueno clasificar a los clientes para saber qué está pasando con ellos.
Asumamos que el sistema de financiamiento existente hoy día para la pyme no está funcionando bien.
No es cuestión de trasladar el FOGAPE de un lado a otro; tampoco, de decir "Entremos con un sistema de evaluación de proyectos para dar determinados créditos a otros similares".
Aquí hay que repensar.
En mi concepto, la dimensión de desarrollo es fundamental.
Además, me parece muy bien la dimensión territorial.
Yo pregunto qué habría sucedido si Büchi, cuando fue Ministro de Hacienda, hubiera operado con esa actitud y dicho "Aquí tienen un fondo de crédito. A ver si la forestal sale o no sale". Hubo una línea bien focalizada para impulsar el desarrollo de un sector. Y por eso funcionaron los instrumentos.
Con esto de crear condiciones en forma indiscriminada tenemos pequeñas empresas que no logran mejorar la productividad ni avanzar, y dentro de ellas, ciertos sectores que se modernizan a otro ritmo pero no consiguen diferenciarse.
En consecuencia, creo que estamos ante un proyecto que por un aspecto resulta interesante para aprobar la idea de legislar. Pero a lo mejor habrá que elaborar un poquito más las soluciones y buscar alternativas.
La institución financiera en cuestión se crea ante la dificultad que hubo en la discusión del Presupuesto para 2018 a los efectos de llegar a acuerdo sobre la entidad propuesta originalmente. De modo que esto no fue ni muy reflexionado ni muy elaborado: se trató de un parche para resolver un problema.
Señor Presidente, quizás llegó el momento de hacer un debate mayor sobre la pyme.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos votando hoy día tuvo su origen, como ya se expresó, en la discusión del Presupuesto para este año, a fines de 2017, cuando el Ejecutivo, a través del Director Ejecutivo de la CORFO, planteó mediante una glosa referida a dicha Corporación la capitalización de la empresa estatal Sociedad Agrícola SACOR con 260 millones de dólares. El objetivo era que esa Sociedad "... ejecute programas de coberturas de riesgos y respalde las coberturas que se encuentran comprometidas por CORFO con los Fondos de Cobertura de Riesgo.".
¿Por qué recuerdo aquello? Porque hoy día, en cuanto a este proyecto de ley, planteamos distintos asuntos que habría que tratar, en fin. Pero en ese minuto se hablaba de hacerlo simplemente a través de una glosa presupuestaria. O sea, acá no había mayor discusión en torno a si el mecanismo funcionaba bien o no: solo ¡capitalización y glosa presupuestaria!
De hecho, durante la discusión parlamentaria ni siquiera notamos que la norma pertinente se contenía en la glosa a que se ha hecho referencia.
Tal capitalización, señor Presidente, no se podía hacer mediante una glosa presupuestaria porque ello era inconstitucional.
La fórmula de utilizar una empresa que no tenía nada que ver con la tarea que se estaba encomendando era inadecuada. En efecto, su giro era el fomento de actividades agrícolas. O sea, se trataba de una empresa enfocada a apoyar, no a las pymes, sino al sector agropecuario. Además, en la práctica había estado sin actividad desde el año 2004; entonces, en 2012 el Consejo de la CORFO aprobó su disolución, medida que se revirtió el año 2016.
Pero el punto estriba en que toda esta discusión que estamos teniendo acerca de las pymes no fue planteada en su minuto por el Gobierno anterior, que solo dijo: "Pongamos los fondos en una empresa que se encuentra inactiva, que tiene un giro totalmente distinto, para que ahora se preocupe de apoyar a las pymes".
En consecuencia, señor Presidente, dado que la medida era inconstitucional y que a nuestro parecer la glosa presupuestaria no era el camino correcto, le pedimos al Ejecutivo -fue un planteamiento de varios Senadores y Diputados integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos- que actuara de manera completamente distinta y enviara al Parlamento un proyecto que se hiciera cargo de la cuestión específica.
Fue por eso que en enero de este año el Ejecutivo de la época presentó la iniciativa de ley que estamos votando esta tarde.
Este proyecto se hace cargo, como ya se ha dicho, del tema de las pymes. Por tanto, se podrá discutir más a fondo lo del apoyo a ese sector y lo que planteó el Senador Montes.
Una discusión distinta, señor Presidente, es la relativa al crédito solidario. Y yo invito a que la consideremos de esa forma.
Si a la Comisión de Educación no le parece que la nueva entidad se haga cargo del referido crédito, puede votar en contra. Entonces, nos será factible debatir para los efectos de determinar si debe asumir dicha tarea una agencia distinta, con un financiamiento y una lógica diferentes.
No es la primera vez que votamos en paralelo dos proyectos interrelacionados. En este minuto varias iniciativas vinculadas con la niñez tienen relación entre sí; de modo que tendremos que ver cómo avanzan unas para determinar de qué manera se adecuan las otras.
Esa -repito- es una tarea que hacemos constantemente.
Entonces, yo no haría de aquello algo muy complejo, pues no tiene grandes complicaciones.
A mi entender, señor Presidente, los puntos más importantes de la discusión en torno al crédito solidario son otros: el problema de las universidades; la forma de auxiliar a los estudiantes marginados de beneficios significativos; cómo se ayuda a los deudores del CAE, algunos de los cuales figuran en DICOM y a veces ven en peligro su casa; la manera en que las personas sin acceso a gratuidad -quizás ello suceda dentro de mucho tiempo o tal vez no ocurra nunca- pueden, para financiar su educación, acceder a un crédito mucho más blando que el otorgado con aval del Estado.
Pero la determinación de la entidad que se hará cargo del crédito solidario corresponde a una discusión posterior.
Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que no sean los bancos, sino una entidad estatal. Porque las personas van a pagar solo si están empleadas y si su ingreso es superior al sueldo mínimo. El pago corresponderá a una parte del sueldo: 10 por ciento. Y si se pierde el empleo se deja de pagar.
Me parece que ese es el centro de la cuestión.
Ahora, de no haber acuerdo en cuanto a la entidad que se hará cargo del crédito solidario, bueno, se votará en contra de la parte pertinente del articulado.
En mi concepto, señor Presidente, no podemos entrampar este proyecto, que fue presentado por el Gobierno anterior y que responde a una discusión específica habida en el Congreso Nacional durante el análisis parlamentario del Presupuesto para el año 2018.
Señor Presidente, debo recordar que el entonces Director Ejecutivo de la CORFO expresó que si no solucionábamos pronto la situación de los créditos y no determinábamos qué entidad se iba a hacer cargo de ellos tendríamos un problema grave, incluso a nivel internacional. Y puntualizó que por eso él había planteado el camino rápido de la capitalización a través, simplemente, de una glosa presupuestaria.
Nosotros consideramos que ese no era el camino correcto. Y por ello se presenta este proyecto de ley.
No lo entrampemos más. Dejemos que avance. Votémoslo en general. No lo mezclemos con la cuestión educacional. Y después se verá cuál es el camino adecuado: si no es el señalado como han sostenido los parlamentarios de Oposición, deberemos buscar otro.
¡No podemos dilatar más la solución de la problemática existente!
Creo que ya estamos un poquito contra el tiempo. Se nos viene encima la discusión presupuestaria. Por tanto, debemos actuar con rapidez.
La discusión acerca del crédito solidario yo la llevaría totalmente por cuerdas separadas. De hecho, es altamente probable que el proyecto salga antes -espero que así sea- de lo que vamos a demorar en la discusión acerca del crédito solidario.
Por eso, invito a aprobar la iniciativa, que viene de la Administración anterior.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se ha pedido abrir la votación.
Ahora usará de la palabra el Honorable señor Huenchumilla, y los Senadores señor Pizarro y señora Provoste me solicitaron poder hacerlo después de la intervención del Ejecutivo, pues se dejaron tres minutos cada uno.
Y ya hay más inscritos.
¿Habría acuerdo para abrir la votación y conservar los tiempos?
No se registra unanimidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, no he participado en la discusión de este importante proyecto en la Comisión de Hacienda; pero, a la luz del debate que ha tenido lugar aquí, me han surgido un par de dudas que quisiera plantear para la historia del establecimiento de la ley.
Me queda meridianamente claro que el objetivo, como aquí se ha señalado, es ir en ayuda del desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas, mas también que la finalidad es autorizar al Estado para realizar "las actividades empresariales de proveer, financiar y gestionar programas de cobertura y de financiamiento crediticio a entidades financieras".
Por lo tanto, las destinatarias de la tarea son estas últimas, con lo cual ello no podría extenderse, por ejemplo, a las de educación superior. Descartamos inmediatamente que el propósito perseguido se pudiera atribuir a refinanciar programas para créditos que les hubieran otorgado a sus estudiantes.
Imagino que tampoco podría considerarse el refinanciamiento de la propia cartera comprada por el Fisco y que, como decía el Senador señor Montes, alcanza a un sesenta por ciento, papeles que se hallan hoy día en la Tesorería General de la República.
Si pensamos en el cuarenta por ciento restante, la pregunta es dónde están los papeles producto del crédito. Si se encontraran en entidades financieras, diría que tampoco sería posible el refinanciamiento, porque la finalidad de la iniciativa es -repito- financiar el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas.
Entonces, una indicación del Ejecutivo tendiente a que esta empresa del Estado pudiera contemplar planes de refinanciamiento respecto del CAE tendría que ser necesariamente declarada inadmisible en la Comisión de Hacienda, pues no condice con las ideas matrices del proyecto, las cuales dicen relación con que la sociedad anónima que se está creando tiene por objeto el refinanciamiento de entidades financieras cuya finalidad es el desarrollo productivo.
Desde ese punto de vista, el Senador que habla, por lo menos, piensa que así tendría que ser el tipo de argumentación con que debiéramos contar para enfrentar la posibilidad de que el Ejecutivo quisiese contemplar, mediante una indicación, una nueva cobertura, digamos, en el mismo texto que nos ocupa. A mi juicio, no podría hacerlo, por la especial naturaleza de las ideas matrices y que se expresan, fundamentalmente, en el artículo 1°.
Mi segunda prevención o duda es que si vamos a establecer una empresa del Estado con el objetivo de contribuir al desarrollo productivo de las pymes, resulta que en el número 3 del artículo 4, donde se señalan sus atribuciones y obligaciones -a lo mejor, el Ejecutivo o los miembros de la Comisión de Hacienda podrían ilustrarnos, no digo ahora, sino cuando el punto se discuta más adelante-, también le otorga la facultad, ya saliéndose de dicho apoyo, de "Otorgar coberturas para la emisión de títulos de deuda de securitización".
Esta es una finalidad, exclusivamente financiera, que puede contemplar una institución bancaria de todo tipo. Porque el inciso segundo del número 5 señala qué se entiende por entidades financieras: puede serlo una cooperativa de ahorro, pero también un gran banco.
En consecuencia, estando de acuerdo en que sería posible servir como banca de "segundo piso", podríamos decir, para los efectos del desarrollo productivo de las pymes, no me parece que podamos contar con una empresa del Estado que se preste para procesos de securitización. Porque todos sabemos que cuando se inicia uno de ellos y se consolidan títulos de deuda o de crédito, como queramos llamarles, estos se transan indefinidamente en la bolsa. Entonces, el Estado estará otorgando una cierta garantía a entidades bancarias que podrían securitizar los títulos y llevar la responsabilidad del primero mucho más allá de la intención del legislador, cual es disponer un apoyo a las entidades financieras, en la medida en que el crédito va directamente en beneficio de pequeños y medianos empresarios.
Finalmente, alguien se preguntaba aquí qué pasaría con eventuales pérdidas. Bueno, quiero que tengamos claro que en la creación de una empresa del Estado rige el artículo 19, número 21°, de la Constitución y que, aparte de la exigencia de aprobarla con quorum calificado, como bien decía el señor Secretario, ella se va a regir por las normas del sector privado, salvo las de derecho público que consignemos en el texto. Por lo tanto, las pérdidas se regirán por las primeras, al igual que la capitalización.
Y si el Fisco quiere introducir una nueva capitalización, ello tendrá que ser motivo de una ley o se tendrá que pelear anualmente en el Presupuesto la inyección de recursos para que la empresa pueda funcionar.
Entonces, a mí me parece que estos aspectos podrían ser dignos de discutirse en la tramitación que el proyecto siga en la Comisión de Hacienda, pero que, en lo central, cabe apoyarlo, sin perjuicio de que el peligro del CAE no podría encontrarse en el articulado, porque se sale absolutamente de sus ideas matrices.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, seré muy breve.
La idea matriz de la iniciativa es fortalecer la política de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la creación de una sociedad anónima del Estado: Intermediación Financiera, continuadora de la Sociedad Agrícola de Corfo, para proveer, financiar y gestionar proyectos, etcétera. No voy a repetir lo que ya hemos dicho varias veces.
Por lo tanto, no podría estar en contra del establecimiento de una institución de este tipo si soy partidario de que el Estado proteja y promueva a las pequeñas y medianas empresas.
He leído, además, el informe de la Cámara de Diputados y los demás documentos que han llegado.
Mas estimo que el debate ha adquirido un cierto grado de confusión. He escuchado plantear una cantidad de aspectos. El Senador señor Huenchumilla acaba de aclarar algunos. Empezamos discutiendo que el sistema se podía meter con el CAE. Es decir, se ha desplegado una lista de argumentos realmente muy confusos.
Pregunté si la Comisión de Hacienda había informado la iniciativa. Hay un informe financiero, sí, entregado por el Gobierno anterior. Pero no hay uno del órgano técnico.
Ahora, sé que se votará en general. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es: "No importa, porque revisaremos todos los artículos". Pero no es cuestión de "siga participando". Se trata de la aprobación de la idea de legislar acerca de un proyecto con conceptos bastante claros.
Hubiera preferido que la Comisión emitiera un informe -repito- y que hubiese tenido lugar, entre los Senadores que trabajan en estos asuntos, una discusión muy a fondo sobre muchas de las cosas dichas aquí. Eso no ha ocurrido.
Si se vota ahora, me pronunciaré a favor. Pero mi opinión es que el órgano técnico debería haber informado un poco más acuciosamente antes que enviar a la Sala el texto, sin hacerlo, un par de horas antes de empezar la sesión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Solo para aclarar, deseo consignar que en esa instancia se votó a eso de las 13:30 o 14. El Honorable señor Lagos, en su calidad de Presidente de la Comisión, ha hecho un resumen de lo que estamos sancionando y votando.
Puede intervenir por tres minutos la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, reitero que compartimos plenamente el sentido original de la iniciativa, que es el apoyo a pequeñas y medianas empresas. No cabe ninguna duda de la necesidad de equiparar y mejorar las condiciones en las cuales la pequeña empresa puede acceder a la banca y optar por condiciones más convenientes en las tasas de interés.
Pero el propio Ejecutivo ha enredado el debate. Cuando en la Comisión de Hacienda se le preguntó si esta es la misma institución que administrará el nuevo CAE, la respuesta fue afirmativa.
A mi juicio, no se puede decir que en educación se da otra discusión y, en una forma un poquito despectiva, que esta es accesoria, frente al drama que viven más de 800 mil estudiantes endeudados por el crédito con aval del Estado. La solución en un nuevo sistema de financiamiento es vital, por lo tanto.
No podemos volver a cometer los mismos errores que en la implementación del CAE. En consecuencia, nos preocupa que el Ejecutivo distorsione hoy el proyecto original, tendiente a ayudar a entidades productivas, a apoyar a pequeñas y medianas empresas.
Insisto en que estimamos una mala idea del Gobierno la de colocar en la iniciativa que respalda a estas entidades, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo, un mecanismo de financiamiento de créditos universitarios. Para este último efecto se requieren un buen sistema y mecanismos transparentes. Entonces, juzgamos que una sociedad anónima no es el camino adecuado.
Claramente, nos parece necesario que el Ejecutivo aclare cuál es su posición. Nosotros compartimos la postura del proyecto original, que apunta a apoyar -reitero- a pequeñas y medianas empresas. Mas el propio Gobierno mezcló la iniciativa con la administración del nuevo CAE.
En nuestra opinión, la administración de créditos para la educación superior se debiera realizar a través de un servicio público ad hoc o una institución distinta, mas no mezclarse con esta sociedad anónima. Considero, tras la intervención del Ejecutivo, que eso no fue despejado.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Senador señor Pizarro tiene la palabra por espacio de tres minutos, que dejó pendientes en su primera intervención.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo primero que quiero destacar es la importancia de aprobar la iniciativa.
No vengamos después con el cuento de la señal a las pequeñas empresas, la reactivación de la economía, la generación de empleo o la idea de dirigirse a los jóvenes, quienes podrían aprovechar más potencialmente un sistema de fomento y de acceso a crédito para desarrollar sus ideas. O ello se manifiesta claramente o lo único que se hace, al final, es confundir.
Existe la necesidad de contar con instrumentos e instancias del Estado orientados al desarrollo de la pequeña empresa. Ese es el objetivo.
Si a lo anterior se suma el que se procederá con un criterio claramente equilibrado en la distribución de recursos para las regiones, tanto mejor, porque los problemas se presentan allá, fundamentalmente.
En cuanto al desempleo, un 17 por ciento de los jóvenes carecen hoy día de la posibilidad de desarrollar una actividad económica. Seguramente, muchos podrían acceder a ella si somos eficientes con este tipo de instrumentos.
¿Cuál es la ventaja de una aprobación ahora, para decirlo en buen castellano? Significa sancionar en general y decidir el Senado cuándo empieza el debate en particular en una fecha próxima, además de cerrarse la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo.
Lo que estamos discutiendo no incluye al CAE. Este no se encuentra en el proyecto. Es una propuesta que el Gobierno seguramente tendrá que resolver si hace o no. Mientras antes nos pronunciemos a favor, más rápida será su decisión en orden a efectuar o no la inclusión y a ver si cuenta o no con un piso político.
En ese sentido, no nos perdamos tampoco. Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Verificada la aprobación, entraremos en el estudio en particular y se fijará un plazo para indicaciones, que podrá ser de quince o veinte días, y el próximo mes podemos perfectamente estar entrando al detalle y contenido de varios de los artículos a los cuales se ha hecho referencia.
Pareciera haber temor a la creación de empresas del Estado participantes en el sistema de financiamiento del sector productivo, sobre todo dirigido a la pequeña empresa. Nos gusta decirlo, pero no ejecutarlo. El instrumento que nos ocupa apunta claramente en esa línea, a mi juicio. Existía un amplio consenso en la materia, y juzgo que es el momento de concretarlo.
¿Qué dudas tenemos en la Comisión de Hacienda? Muchas. Entre otras, la de por qué no establecer que, más allá de quiénes sean operadores de la intermediación, puedan recibir también el crédito directamente las propias pymes o personas. Es perfectamente posible que se dé esa situación -lo planteamos en la Comisión-, y ojalá podamos contar con el patrocinio del Ejecutivo para tal efecto.
Insisto en que corresponde aprobar, fijar una fecha de no más de quince días para la presentación de indicaciones y proceder al debate en particular, como se ha planteado.
Si no lo hacemos ahora, perderemos un mes, porque la semana próxima es de trabajo regional y solo se podría votar en la subsiguiente, cuando se determinaría recién un plazo de quince o veinte días. Lamentablemente, ello no les parecería muy bien a muchos chilenos por la urgencia de disponer de una institucionalidad como la que nos ocupa.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Antes de la intervención del Honorable señor Latorre...
El señor PIZARRO.- Que se abra la votación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Precisamente deseo pedir un acuerdo en tal sentido.
El señor LAGOS.- Que se mantengan los minutos adeudados.
El señor PIZARRO.- Pido formalmente el cierre del debate.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Está bien, Su Señoría. Pero todavía quedan dos intervenciones.
El señor PIZARRO.- Corresponde acceder a la solicitud, señor Presidente, y someter a la consideración de la Sala si se vota o no. Ha transcurrido el tiempo reglamentario y han mediado intervenciones a favor o en contra, de distinto tipo. Es perfectamente posible hacerlo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Lo sé. Pero vuelvo a requerir el asentimiento de los señores Senadores, para no llegar a eso.
La señora PROVOSTE.- Hay peticiones pendientes para usar de la palabra.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Son dos. Pero ¿hay acuerdo para abrir la votación?
El señor PIZARRO.- He pedido, como Comité Demócrata Cristiano, el cierre del debate.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría, usted ocupó denantes su tiempo completo. Le hemos dado algunos minutos adicionales. Existe la voluntad de que puedan intervenir también otros señores Senadores.
El Honorable señor Latorre ha esperado durante los tiempos utilizados por quienes hablaron antes; por lo tanto, le daremos la palabra y después pediré el pronunciamiento respecto del cierre del debate que se ha solicitado.
Puede intervenir el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, seré breve, para que la Sala pueda resolver la petición hecha por el Senador Pizarro.
En primer lugar, debo señalar que estoy a favor de la creación de una empresa estatal, moderna, para hacer intermediación financiera, con el objeto de dar acceso a créditos a las pequeñas empresas.
Nosotros, el Frente Amplio, estamos en esa línea.
Nos parece muy bien que este proyecto, presentado en la Administración de la Presidenta Bachelet, ahora sea impulsado por un Gobierno de Derecha, como el de Sebastián Piñera, sobre todo considerando que su objetivo es posibilitar el otorgamiento de crédito a las pymes.
Como dijo el Senador Montes, hace falta una estrategia de desarrollo. Muchas veces se escuchan eslóganes de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendimientos, etcétera, pero no se plantea una estrategia de desarrollo efectiva para impulsar a ese sector tan importante para la economía chilena y el trabajo.
Por otro lado, en la Comisión de Educación estamos tramitando el proyecto que busca reemplazar el CAE. En dicha instancia se mencionó la creación de una sociedad anónima del Estado para hacer intermediación financiera con el objeto de dar acceso al crédito a alumnos de educación superior. Eso está propuesto en dicha iniciativa.
Ya se han hecho varias referencias sobre el punto, como señaló el Senador Quintana.
Por lo que entiendo -y así lo han manifestado varios colegas-, en la Comisión de Hacienda hoy día el representante del Ejecutivo afirmó que aquel iba a ser el instrumento para el otorgamiento de crédito en educación superior, para lo cual el proyecto que ahora nos ocupa no fue creado.
Por lo tanto, efectivamente existe demasiada confusión al respecto y, además, como dijo recién el Senador Insulza, falta un informe financiero.
En definitiva, por varias razones, le pido al Gobierno que se dé un tiempo para reflexionar sobre el particular y sea más claro sobre si el instrumento que ahora analizamos es o no el que desea impulsar para el reemplazo del CAE. Para eso no fue creado y lo veo muy incompatible.
Me gustaría que se precisara con mayor claridad ese punto.
Por consiguiente, pido segunda discusión para este proyecto. Así dispondremos de más tiempo para pronunciarnos al respecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hasta aquí llegaría la primera discusión, entonces.
Quiero aclarar que lo solicitado denante por el Senador señor Pizarro -tenía todo el derecho a requerirlo- es posible luego de que se cumplen dos horas de debate, plazo que aún no se completa.
Sin embargo, pedida la segunda discusión, no hay nada más que agregar.
El Senador señor Moreira había pedido hacer uso de la palabra.
El señor MOREIRA.- Ya no es necesario, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se agradece, Su Señoría.
El Honorable señor Lagos está inscrito, quien intervino al principio como informante, en su calidad de Presidente de la Comisión.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, creo que con la solicitud de segunda discusión ya no cabe continuar.
Solo quiero reiterar conceptualmente un aspecto.
Hoy el Gobierno en la Comisión de Hacienda señaló en forma textual que presentaría indicaciones para permitir que la institución que estamos creando sea la que administre los créditos de la educación superior, pero que las formularía en la iniciativa que está analizando la Comisión de Educación.
Como dijimos varios -entre otros, el Senador Huenchumilla-, las ideas matrices del presente proyecto son claras, y eso es lo que se aprobará en general en su oportunidad.
Segundo, con respecto al tema que genera inquietud -a mí también me preocupa-, creo que se debe establecer una institucionalidad propia para los créditos solidarios de la educación superior y no otorgarlos a través de una sociedad anónima estatal.
Ahora, imagino que, una vez presentada la indicación respectiva en la Comisión de Educación a propósito de la otra iniciativa de ley, seguramente se va a rechazar. En verdad, me tiene sin cuidado que se quiera -perdónenme la expresión- contaminar el proyecto en estudio con esta discusión.
Dicho eso, señor Presidente, dejo constancia de que yo habría votado favorablemente la idea de legislar. Esperaremos hasta la próxima vez que nos reunamos para pronunciarnos sobre esta iniciativa.
Estimo que su texto en nada echaba a perder el objetivo buscado, pues en lo grueso corresponde a la propuesta presentada por la Administración anterior.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Entonces, dejamos pendiente este debate para otra ocasión.
Boletín N° s1997-12
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y señores Bianchi, Castro, Durana, Elizalde, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria, que fue firmado durante el transcurso de la tarde
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.997-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 34ª, en 18 de julio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, aprovisione los recursos necesarios para la construcción de un buque de investigación pesquera y oceanográfica que reemplace al buque científico Abate Molina.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la sala, lo votaremos de inmediato.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
A la señora Alcaldesa de Paillaco y a los señores Alcaldes de Panguipulli, de Valdivia, de Corral, de La Unión, de Río Bueno, de Mariquina, de Máfil, de Los Lagos, de Lanco, de Futrono y de Lago Ranco, a fin de que se remitan antecedentes acerca de ESTADO DE PUENTES Y SUS PROBLEMAS MATERIALES O ESTRUCTURALES E INVERSIONES MUNICIPALES, DE VIALIDAD O PRIVADAS PARA SUBSANARLOS.
Del señor ELIZALDE:
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura, pidiéndoles informar sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ, REGIÓN DEL MAULE".
A los señores Ministros de Salud y de Agricultura, para que comuniquen MEDIDAS ADOPTADAS ANTE PRESENCIA DE PLAGUICIDA PROHIBIDO EN MENORES DE EDAD DE SECTORES RURALES DE TALCA Y SAN CLEMENTE, SEGÚN ESTUDIO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE, y respecto de FALENCIAS EN PROTOCOLOS DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE SAG REGIONAL.
Al señor Ministro de Salud, consultándole si tiene en carpeta el establecimiento de algún FACILITADOR INTERCULTURAL O PROTOCOLO PARA MEJORAR COMUNICACIÓN CON PACIENTES INDÍGENAS EN RED HOSPITALARIA NACIONAL Y, ESPECÍFICAMENTE, EN HOSPITAL DE CURICÓ.
Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole diversos antecedentes relacionados con PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA TEMPORADA 2018-2019 Y PLAN DE RESTAURACIÓN FORESTAL DE SUPERFICIES DAÑADAS POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA PRODUCIDA MÁS DE UN AÑO ATRÁS.
Y al señor Intendente del Maule, pidiéndole información referida a ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DENOMINADO "COMPLEJO ATLÉTICO DE LINARES", APROBADO Y FINANCIADO CON FONDOS DE GOBIERNO REGIONAL.
Del señor GARCÍA-HUIDOBRO:
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de O'Higgins, requiriéndole ampliar información sobre PROPIEDADES FISCALES DE REGIÓN Y DISPONIBILIDAD PARA DESTINACIÓN EN COMODATO, CON INDICACIÓN DE NOMBRES DE PERSONAS USUFRUCTUARIAS DE ELLAS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, con el propósito de solicitarle que dé instrucciones necesarias para ASUNCIÓN POR GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS DE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA ANTE DEUDA DE EMPRESA TITANIUM CHILE S.A. CON TRABAJADORES PARTICIPANTES EN CONSTRUCCIÓN DE CESFAM DE PUQUELDÓN.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En Incidentes, en el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Educación por la situación que han denunciado profesores y profesoras en la comuna de Pumanque, dado que en esta oportunidad se les negaron las vacaciones de invierno a todos los trabajadores de la educación.
Se trata de algo inaudito en el país.
Sin embargo, preciso que el propio Estatuto Docente no reconoce tal beneficio como un derecho, más allá de que claramente estemos en presencia de un derecho adquirido.
Hemos recogido la preocupación del Directorio Regional de Rancagua del Magisterio, pues consideramos muy importante que el Ministerio de Educación se pronuncie frente a la situación descrita. Requerimos saber si está dispuesto a introducir algún cambio en el artículo 41 del referido Estatuto.
Por otro lado, lo que denuncia la comunidad escolar de Pumanque también es muy relevante para la discusión que hoy se está dando respecto del Estatuto de los Asistentes de la Educación. Ellos precisamente han planteado la necesidad de que el feriado de vacaciones de invierno quede establecido legalmente, de manera que no nos veamos enfrentados a arbitrariedades como las que hoy sufren los trabajadores de la educación de Pumanque, al habérseles negado el derecho adquirido de las vacaciones de invierno.
En consecuencia, solicito que el Ministro se pronuncie al respecto, y también pido que se oficie a la Contraloría General de la República con el objeto de que emita su parecer sobre el particular.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, hace más de cuarenta días hice uso de la palabra en este mismo espacio para manifestar mi preocupación por el retraso en la tramitación del decreto de homologación que permitirá a cerca de 24 mil trabajadoras y funcionarias que se desempeñan en jardines infantiles y salas cuna a lo largo de todo el país, a través de la modalidad vía transferencia de fondos, recibir el pago de una asignación mensual, según lo establecido en el artículo 3º de la ley Nº 20.905, norma que señala que a contar del 1 de julio del 2018 accederán al 50 por ciento restante de la brecha salarial, con lo cual quedaría cerrada la diferencia remuneracional entre las trabajadoras de jardines VTF y las de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
En esa oportunidad, señalé anticipadamente el problema para que el Gobierno agilizara el trámite. De lo contrario, se dejaría a más de 24 mil trabajadoras de jardines VTF, en su gran mayoría jefas de hogar, sin percibir el referido beneficio a partir del 1 de julio de este año.
Bueno, como es sabido, ya han transcurrido 18 días del mes en cuestión y todavía no les llega la homologación respectiva a dichas trabajadoras.
En el intertanto sostuvimos en las Comisiones unidas de Educación y de Hacienda, a propósito de la tramitación del proyecto sobre modificación del Estatuto pertinente, una sesión especial para abordar temas que iban más allá de la homologación, instancia en la que la Subsecretaria aseguró que esto iba a estar totalmente tramitado el 1 de julio.
Bueno, han transcurrido 18 días sobre ese plazo y la tramitación respectiva no ha llegado a su fin, razón por la que los recursos no se han entregado como la ley establece. Lo más complejo es que más de 24 mil trabajadoras de jardines VTF hoy día no disponen de esos dineros, que estaban destinados para ellas y que en justicia les corresponden.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República, para conocer la fecha exacta en la que el Ministerio de Educación dio inicio a este trámite y saber en qué estado se encuentra.
De la misma forma, pido que se curse un oficio al Ministro de Educación, a fin de que nos informe sobre el estado de dicha tramitación y cuándo se comienzan a entregar los recursos que les corresponde percibir a las trabajadoras de los jardines VTF. Como he dicho, debieron recibirlos a partir del 1 de julio, pero hasta la fecha eso no ha ocurrido.
La señora PROVOSTE.- En tercer lugar, señor Presidente, quiero manifestar que he recibido una nota del asistente de la educación don Joel Ramón Escobar, RUT 4.717.377-9, de la comuna de Ovalle. Esta persona tiene 75 años y aún espera recibir el incentivo al retiro de los asistentes de la educación.
Con fecha 5 de diciembre de 2017, se le informó formalmente que él era uno de los 878 asistentes de la educación que habían logrado un cupo para acogerse a ese beneficio. Sin embargo, hasta el momento no llegan los recursos de parte del Ministerio de Educación para que él pueda gozar del merecido descanso, ya a sus 75 años de edad.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Educación, para que informe la fecha en que han sido transferidos a todos los municipios del país los fondos que dicen relación con el incentivo al retiro para los asistentes de la educación.
Se ha informado a varios de ellos que ya han sido aceptados en esos cupos, pero los dineros no llegan.
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los Comités Partido País Progresista e Independientes, Partido Evópoli y Partido Revolución Democrática no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el fin de semana leí en el diario local La Estrella de Arica un reportaje sobre la precariedad con que trabaja Carabineros en la Región que yo represento y que limita con Perú y Bolivia.
A propósito de esa nota de prensa y del sinfín de peligros al que se expone la policía, me vino a la memoria que en diciembre del año 2016 el Gobierno anterior anunció, en medio del Comité Interinstitucional contra el Crimen Organizado en la Macrozona Norte, coordinado por la Subsecretaría del Interior, la ejecución de más de 56 bloqueos o zanjas en pasos ilegales permanentes en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en un plan que buscaba detener los casos de contrabando y narcotráfico en el Norte Grande del país.
En Antofagasta se esperaba llegar a la inhabilitación de 21 pasos; en Arica, de 22, y en Iquique, de 13, con el fin de dificultar acciones de contrabando y narcotráfico, para lo cual se coordinarían el Ministerio del Interior, a través de las policías, y la Cartera de Obras Públicas. Esta última, con el propósito de utilizar maquinaria fiscal en esas labores.
Sin embargo, tales anuncios, como otros tantos, no se materializaron en su totalidad: en la Región de Arica y Parinacota aún quedan pasos expuestos con total facilidad para el ingreso ilegal de narcotraficantes y para el contrabando de mercancías, vehículos y personas.
Grande fue mi sorpresa cuando a comienzos del mes de julio de este año me enteré de que se descubrieron 166 pasos no habilitados en el norte, a raíz de que las instituciones que participaban del Plan Frontera Segura hicieron un catastro del territorio fronterizo que limita con Perú y Bolivia. Ahí se detectó tráfico de drogas, de migrantes, y contrabando como los principales ilícitos.
Desde el aire, la tecnología del avión CASA 295 de la Armada permitió evidenciar tamaña cifra, pero el Gobierno anterior solo quería realizar 56 zanjas.
Por lo mismo, destaco que se haya materializado en Antofagasta la primera reunión del remozado Plan Frontera, el cual cuenta con las principales autoridades de la zona, tanto políticas como policiales y técnicas.
A partir de este nuevo plan, todas las organizaciones estatales con facultades en frontera deberán trabajar coordinadas en esta labor: Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero. A ellas se sumarán las respectivas fiscalías, incorporando en esta ocasión a la Región de Coquimbo, por el incremento significativo del ingreso de drogas por esta región.
En este mismo sentido, señor Presidente, quiero destacar que actualmente se está analizando el proyecto de ley enviado por el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, para modificar el decreto ley Nº 1.094, que establece normas sobre extranjeros en Chile.
Como ya es sabido, se está llevando a cabo un proceso de regularización para que todas las personas sin antecedentes penales que hubiesen ingresado al país por pasos no habilitados, que tuvieran visas vencidas o que hubieran solicitado una visa sin haber recibido aún una resolución puedan regularizar su estadía en Chile.
Por lo mismo, señor Presidente, solicito oficiar al Ministro del Interior, para que se informe a esta Cámara cuántas personas ya han regularizado su visa de trabajo en la Región de Arica y Parinacota y cuántos pasos finalmente se llegaron a bloquear en nuestra zona bifronteriza.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido por la Democracia e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quiero aprovechar mi turno en Incidentes para pedir que se oficie al Presidente de la República y a los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, a fin de que informen, de manera formal y, ojalá, perentoria, si existe una decisión respecto a licitar el proyecto de un tren rápido que una Valparaíso con la Capital.
Lo digo por lo siguiente.
Se han presentado alrededor de cinco iniciativas sobre esta materia. La última es de un consorcio chino y un grupo empresarial chileno, que significaría una inversión de 1.600 millones de dólares: un tren que partiría en Valparaíso (en Barón) y pasaría por Viña del Mar y Casablanca, para llegar a Maipú, en Santiago, en un trayecto de alrededor de 50 minutos, etcétera, etcétera.
¿Qué ha ocurrido? Que esa propuesta, que se hizo pública hace alrededor de tres o cuatro meses, capturó cierta atención de los actores políticos y del Gobierno. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo y no hay noticias.
Yo, que soy un Senador relativamente responsable, le pedí al Ejecutivo que tome una definición para saber si va a impulsar tales iniciativas de alguna forma. ¿Las va a encauzar por medio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado o a través de la Ley de Concesiones?
Planteo eso porque el grupo Sigdo Koppers y el consorcio chino han señalado que pretenden llevar a cabo el proyecto a través de la Ley General de Ferrocarriles, que data de 1931.
En su oportunidad -y esta es la razón que me lleva a pedir estos oficios- se le solicitó al Gobierno que tomara una definición sobre el particular: si se iba a ir por la Ley de Concesiones o por la Ley General de Ferrocarriles. Un camino u otro tiene distintas implicancias desde el punto de vista de las licitaciones, la competencia a la hora de establecer el uso de las líneas, etcétera.
Sin embargo, el Gobierno no ha respondido porque, entiendo, está tomando una decisión meditada o hay que resolver temas jurídicos. Pero lo que molesta, lo que genera una situación difícil de digerir es que no informe oficialmente nada y que el principal diario de Chile y de Hispanoamérica, por su antigüedad, El Mercurio de Valparaíso, titule hoy: "Gobierno llamará a una licitación internacional por tren Santiago-Valpo".
Yo me alegro por la noticia, si es que resulta cierta, porque la fuente señala que no fue el Gobierno, no fue el Presidente de la República, no fue la Ministra de Transportes, no fue el Ministro de Obras Públicas el que la anunció, sino que se trata de una declaración de dos Senadores que ayer asistieron a una reunión-desayuno en Cerro Castillo, una reunión reservada.
Yo me pregunto: ¿ha tomado una decisión el Gobierno en esta materia? Si así fuera, sería bueno que se supiera.
Dos: también sería bueno que se la dieran a conocer al Intendente, pues él afirma que no puede dar información debido a que aquella reunión fue reservada.
Entonces, ¿hay o no hay tren rápido de Valparaíso a Santiago?
¿Saben qué molesta? No el titular: es que le estén anunciando a los porteños, a los viñamarinos, a los casablanquinos, así como a los santiaguinos que quieran venir, que va a haber un tren, y que tal vez eso no sea cierto y sigamos matando la fe pública. Porque este es un titular que puede ayudarle a algún parlamentario a decir: "Tengo la primicia: el Presidente nos contó tal cosa en el desayuno".
Más allá de que encuentro poco adecuado andar contando lo que ocurre en desayunos reservados, si aquello fuera cierto, yo esperaría que el Gobierno mañana, ¡hoy!, llamara a un punto de prensa y nos diera una tremenda noticia: que vamos a contar con un tren de Valparaíso a Santiago. Sería la principal obra pública que podría dejar el Presidente Piñera en materia de infraestructura, tal como se lo expresé a él en persona en una oportunidad, y al señor Chadwick, Ministro del Interior, en su calidad de Vicepresidente, en otra.
¿Qué siente uno, entonces? Que parece que esto, o no es cierto, o se está manejando de manera muy improvisada, o es una decisión que aún no se ha tomado y alguien quiere hacer el garlito de "adelantarme y ser yo el que da la noticia".
Si fuera cierto, bienvenido por Valparaíso, por Viña del Mar y por nuestra región entera. Pero, si fuera cierto, podría pedir, sin ánimo de generar polémica, que aumentaran la garantía de la persona que hace el anuncio.
No tengo ni una duda de mis colegas; los quiero mucho: al Senador Ossandón y al Senador Chahuán. Pero una noticia de esta envergadura, ¿no requerirá, tal vez, al menos un desmentido o una confirmación? Para poder agradecerle al Gobierno que haya tomado una definición en esta materia -la que, entiendo, aún no ha tomado- y para que, de paso, se la informaran al Intendente Martínez, pues parece que de esa decisión nos hemos enterado todos por el titular de un diario, que yo respeto y con el cual trabajo muy coordinadamente para proveerle buena información, cuando es posible, y hacerme cargo de los cuestionamientos que nos formulan los medios.
Este es el tipo de noticias que me hacen pensar que no hemos avanzado nada, porque lo del tren -se los digo de verdad- la gente no cree que vaya a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque un día 18 de julio aparece un titular y después no pasa nada en no sé cuántos meses.
Yo espero que el Gobierno haga una aclaración y diga que lo está estudiando, porque, si no, ¿en base a qué vamos a trabajar en nuestra región en materia de infraestructura? En base a trascendidos de reuniones reservadas. ¡Perdón: ni siquiera trascendidos! En este caso, asistentes a una reunión con el Presidente, cuyo contenido era reservado -porque no hubo versión oficial de lo tratado-, formulan declaraciones en "on", explícitas.
Por lo tanto, o fueron mandatados para dar la noticia -lo cual sería notable- y el Presidente prefiere que sea el Senador Chahuán quien anuncie el tren de Valparaíso a Santiago -porque considera que es la mejor forma de hacerlo-, o que los desmientan.
Sí quiero pedirle al Gobierno que pare de improvisar en esta materia, porque lo único que vemos es un titular y no a una autoridad gubernativa diciendo que el tren va. ¿Y en qué queda todo esto? En un anuncio de parlamentarios, que así vamos perdiendo credibilidad.
--Se levantó a las 18:59.