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Timestamp: 2019-08-24 07:26:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 323', 'artículo 162', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 44', 'artículo 320', 'Artículo 27']

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 57 QUE APRUEBA EL INFORME
"LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN EL PERÚ"
El pedido de investigación presentado por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas Declaradas en Emergencia (ANFASEP), el 7 de setiembre de 1997 y el oficio N°1077-97/DP del 13 de octubre del mismo año mediante el cual este despacho le dio respuesta. El informe defensorial Nº 55 "La Desaparición Forzada de Personas en el Perú (1980-1996)" elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.
Primero.- El pedido de investigación formulado por ANFASEP y la respuesta de la Defensoría del Pueblo.- El 7 de setiembre de 1997 la mencionada institución presentó ante la Representación Defensorial con sede en Ayacucho un pedido para que se investigara las desapariciones forzadas ocurridas en ese departamento entre 1983 y 1992 y se determinara la situación jurídica de los afectados. Con ese propósito ANFASEP solicitó se requiriera al Ministerio Público y a otras entidades nacionales e internacionales la información y documentación relacionada con este asunto.
El 13 de octubre del mismo año, la Defensoría del Pueblo respondió el pedido mediante oficio N°1077-97/DP, señalando que la desaparición forzada importaba una afectación a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad física y psíquica y un recurso efectivo ante los tribunales de justicia, todos ellos reconocidos por la Constitución Política y las normas internacionales sobre derechos humanos suscritas por el Perú. A este respecto, la Defensoría del Pueblo recordó que en virtud del deber de garantía contemplado en el artículo 1°de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2°del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados deben no sólo prevenir la violación de los derechos humanos, sino investigar y sancionar cualquier violación a ellos, así como procurar, de ser posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la correspondiente reparación por los daños producidos.
En su respuesta la Defensoría del Pueblo también sostuvo que cualquiera que fueran las limitaciones respecto a la investigación jurisdiccional derivadas de la aplicación de la Ley de Amnistía N°26479 subsistía el derecho de los familiares a conocer el destino de las víctimas y las circunstancias en que se produjeron las desapariciones y, de ser el caso, el lugar donde se encontrarían sus restos, para hacer posible el derecho de los deudos de brindar sepultura a sus familiares, así como su derecho a ser reparados por el daño sufrido.
Con dicho objeto, la Defensoría del Pueblo se comprometió a llevar a cabo una investigación, cuyos alcances comprenderían la recopilación y sistematización de la información disponible. También se comprometió a promover la creación de un mecanismo destinado a formular recomendaciones en relación a la situación jurídica de las víctimas y a la reparación del daño sufrido por ellas y sus familiares. El pedido fue derivado para su tramitación a la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad el 27 de enero de 1998.
Segundo.- Transferencia a la Defensoría del Pueblo de las denuncias de desapariciones forzadas recibidas por el Ministerio Público entre 1983 y 1996.- El Ministerio Público fue creado por la Constitución Política de 1979, la que le otorgó atribuciones para actuar como Defensoría del Pueblo y por tanto recibir las quejas por violaciones de derechos humanos. Fue así que entre 1983 y 1996 el Ministerio Público recibió, primero a través de la Oficina General de Derechos Humanos y desde 1989 a través de las Fiscalías Especiales de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, miles de quejas por desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos.
La Constitución Política de 1993 incorporó a la Defensoría del Pueblo como órgano constitucional autónomo (artículos 161°y 162°). Consecuentemente, con el nombramiento del primer Defensor del Pueblo en abril de 1996 el Ministerio Público dejó de tramitar las quejas por violaciones de derechos humanos, tal como lo estableció la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520. El Ministerio Público, mediante resolución N° 181-96 -MP- FN- CEMP de fecha 6 de setiembre de 1996, dispuso la entrega a la Defensoría del Pueblo del acervo documentario correspondiente a expedientes de quejas contra servidores o funcionarios públicos. Los expedientes recibidos del Ministerio Público fueron así incorporados al archivo central de la Defensoría del Pueblo y sirvieron de base fundamental para la investigación realizada.
Tercero.- La investigación defensorial.- En agosto de 1998, gracias a una donación de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), la Defensoría del Pueblo pudo constituir un pequeño equipo de investigadores que inició la revisión de más de 12000 expedientes de violaciones de derechos humanos transferidos por el Ministerio Público. El apoyo de ASDI se ha mantenido hasta el presente y ha permitido complementar los recursos aportados por el Tesoro Público para este trabajo. Como resultado de la revisión de expedientes realizada, se identificaron 5750 expedientes que contenían 7248 denuncias por desaparición forzada. En el curso de la investigación la Defensoria del Pueblo recibió 15 pedidos adicionales de investigación de desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1996, las que se sumaron al universo de estudio. Posteriormente este también incorporó 225 expedientes de ejecuciones extrajudiciales, conteniendo 514 denuncias. Así, el universo global trabajado en la investigación asciende 7762 casos, referidos a 7248 desapariciones forzadas y 514 ejecuciones extrajudiciales.
Cada uno de estos casos fue estudiado detalladamente y la información recogida fue incorporada a una base de datos diseñada especialmente para este propósito. Simultáneamente, la Defensoría del Pueblo solicitó a las instituciones no gubernamentales de derechos humanos la información que tuvieran disponible, la que ha sido contrastada con aquella proporcionada por el Ministerio Público. Además de las Asociación Nacional de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en las Zonas Declaradas en Emergencia del Perú, colaboraron con este esfuerzo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica y la Comisión de Derechos Humanos. También proporcionaron valiosa información a la Defensoría del Pueblo, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Cuarto.- Alcances de la investigación defensorial.- Es preciso subrayar el carácter preliminar de algunos de los hallazgos de la investigación, sobre todo en lo que se refiere a la identidad de las víctimas y al número exacto de ellas. Esto es así porque la investigación se ha llevado a cabo en base a la información documental que el Ministerio Público transfirió a la Defensoría del Pueblo y la que ésta recibió de organismos internacionales y de instituciones no gubernamentales de derechos humanos. Por esta razón, los listados de presuntos desaparecidos elaborados en base a estas fuentes deberán ser verificados con los propios familiares de los desaparecidos a efectos de que estos puedan confirmar si sus seres queridos siguen o no desaparecidos.
En el mismo sentido se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de abril de 1999 en sus Informes N°56/99, 51/99, 52/99, 53/99, 54/99, 55/99, 57/99 referidos a denuncias de desaparición forzada ocurridas entre 1989 y 1993. Según el mismo, en dicho período "existió en el Perú una práctica sistemática y selectiva de desapariciones forzadas, llevada a cabo por agentes del Estado peruano, o al menos tolerado por dicho Estado. La mencionada práctica de desapariciones forzadas formó parte de la llamada lucha antisubversiva, sin perjuicio de que muchas veces afectó a personas que no tenían nada que ver con actividades relacionadas con grupos disidentes".
La desaparición forzada fue incorporada como delito a la legislación nacional en el artículo 323°del Código Penal de 1991 el que estableció pena privativa de libertad para el funcionario o servidor público que privara a una persona de su libertad y que ordenara y ejecutara acciones que tuviera por resultado su desaparición. Esta disposición fue modificada por el Decreto Ley 25592 del 2 de junio de 1992, que estableció que sólo se configuraría el delito de desaparición forzada si esta fuera "debidamente comprobada". Este tipo penal ha sido mantenido por la Ley 26926 del 21 de febrero de 1998 que incorporó este delito al Código Penal como Delito Contra la Humanidad. Estas disposiciones no han permitido sancionar a los responsables de esta práctica porque las características de la misma hacen imposible su comprobación.
Primero.- La competencia de la Defensoría del Pueblo.- El artículo 162°de la Constitución Política del Estado establece que corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. El artículo 9°de la Ley Nº 26520 faculta al Defensor del Pueblo ha llevar a cabo investigaciones conducentes al esclarecimiento de los actos y las resoluciones de la administración publica y de sus agentes, que implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo
o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales. El artículo 26°de la misma norma, faculta al Defensor a emitir resoluciones con ocasión de sus investigaciones, a efectos de formular a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración del Estado sus advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas.
Segundo.- Los resultados generales de la investigación defensorial.-
Del análisis de las 7762 denuncias estudiadas, cuya información fue actualizada por el Ministerio Público hasta 1996, es posible concluir que hasta esa fecha continuaban en estado de presunta desaparición 4022 personas, es decir casi el 52% del universo de análisis. Las denuncias de estas desapariciones ante el Ministerio Público eran normalmente interpuestas por los familiares de las víctimas que en muchos casos habían presenciado su detención por las fuerzas de seguridad, o contaban con testigos que lo habían hecho.
Los testimonios de la mayoría de ellas dan cuenta de los malos tratos y torturas sufridas -acreditadas ante el Ministerio Público en 281 casosy de los sucesivos trasladados de un centro de detención a otro. Estos testimonios resultan de un valor incalculable, toda vez que permiten conocer el objetivo que perseguían los captores con su desaparición y del sistema que la hacía posible.
La práctica de la tortura y los tratos crueles y degradantes contra los detenidos está evidenciada con la presencia de certificados médicolegales y fotografías en por lo menos 281 expedientes, que se suman a las manifestaciones de los agraviados y testigos y a las propias constataciones por el Ministerio Público del estado físico de las víctimas. En estas manifestaciones no sólo se da cuenta de las múltiples formas de tortura y tratos inhumanos, sino que se describen las modalidades de detención, se identifican a los agentes de la misma y se detalla el recorrido al que se le somete a los detenidos quienes son trasladados de un centro de detención a otro de manera continua.
En ellas, además, las víctimas dejan constancia de las presiones o amenazas de muerte recibidas para compelerlos a firmar documentos cuyo contenido desconocían. A pesar de que el Ministerio Público acreditó la existencia de torturas en 281 casos, sólo en un número insignificante de ellos la autoridad fiscal formalizó denuncia penal por el delito de lesiones. En la mayoría de casos las denuncias se archivaron provisionalmente por no haberse podido individualizar al autor, o definitivamente luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en 1995. En algunos casos los fiscales derivaron la investigación de estos hechos al fuero privativo militar a efectos de que se procesara a los responsables por el delito de abuso de autoridad.
En más del 25% (137) de casos de ejecución extrajudicial estudiados, los familiares denunciaron ante el Ministerio Público la desaparición forzada, en base a sus propios testimonios o a los de testigos de la detención. La Defensoría del Pueblo pudo constatar que en la mayoría de estos casos se consignaba la presencia de huellas de torturas en los cuerpos de las víctimas o de disparos en la cabeza con fusiles tipo FAL como los utilizados por las fuerzas del orden o de indicaciones que los cadáveres habían sido sometidos a explosiones de granadas. Estos casos permiten corroborar parcialmente que el destino final de los desaparecidos fue la muerte. El estudio realizado de las ejecuciones extrajudiciales ha permitido constatar que en muchas de ellas el Ministerio Público inicio de oficio la investigación por el hallazgo de un cadáver o de restos óseos en fosas comunes. Según testigos, muchas de estas ejecuciones habrían sido obra de las fuerzas de seguridad luego de que éstas incursionaran en territorios anteriormente ocupados por las organizaciones subversivas.
Casi el 60% de los presuntos desaparecidos sobre los que existía información sobre su ocupación eran campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia, la mayoría de ellos quechua hablantes. Un 16% de las víctimas eran trabajadores dependientes o independientes, 14% estudiantes escolares o universitarios y 8% profesionales. Cuatro víctimas pertenecían a las fuerzas de seguridad. El departamento en el que desaparecieron más personas fue el de Ayacucho con un 58% del total. Si a las víctimas de Ayacucho se les suman las de Apurímac, Huancavelica y Junín tenemos que tres de cuatro desapariciones ocurrieron en los departamentos de la Sierra Central del país, ubicados en el llamado Trapecio Andino, zona caracterizada por la profunda pobreza y marginación de sus habitantes y en la que el Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso) consolidó su organización y desarrollo su principal esfuerzo militar. En los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali, hacia los que fue desplazándose progresivamente Sendero Luminoso y en los que desde sus inicios operó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ocurrieron el 20% de las desapariciones registradas.
Según la misma información, la Policía Nacional del Perú fue responsable del 12.4% de las detenciones de presuntos desaparecidos. Finalmente, las denuncias estudiadas refieren la existencia de 50 secuestros, con posterior asesinato, atribuidos a las organizaciones subversivas, 45 de ellos a Sendero Luminoso y 5 al MRTA, lo que en conjunto representa el 1.4% del universo de análisis. A modo de conclusión, es preciso llamar la atención sobre la vulnerabilidad de las presuntas víctimas, en su mayoría jóvenes campesinos andinos y quechua hablantes, asentados en las zonas rurales más pobres del país. Ello es indicador de que la desaparición forzada se aplicó con una cierta selectividad derivada del sector social de las presuntas víctimas. El desarrollo territorial de la práctica distingue la experiencia peruana de otras en el cono sur en el que los escenarios de las desapariciones son fundamentalmente urbanos, pero la acerca a la experiencia de Colombia y de los países centroamericanos. La información disponible permite inferir una relación directa entre la actividad militar de los grupos subversivos, el desarrollo de escenarios de confrontación armada, la declaratoria de estados de emergencia, la instalación de comandos político-militares a cargo de las Fuerzas Armadas y la práctica de la desaparición forzada de personas. En efecto, no existe un solo departamento en que ocurriera la desaparición forzada fuera de este marco normativo especial.
Quinto.- La labor del Ministerio Público a la luz de la investigación defensorial.- Con el objeto de analizar el alcance de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo - con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perúdiseñó una muestra de 724 denuncias por desaparición forzada para evaluar el trámite que se les dio a las mismas. Esta muestra representa alrededor del 18% del total de las denuncias de desaparición forzada recibidas por el Ministerio Público, a quien por mandato de la ley correspondía averiguar el paradero de la persona supuestamente detenida e identificar a los responsables de su privación de libertad. Existen tres actuaciones principales en la tramitación de este tipo de denuncias: la verificación in situ de la detención, el requerimiento escrito de información y la toma de manifestación a los posibles testigos o a los supuestos responsables.
Del análisis de la muestra se concluye que en el 33% de las denuncias el Ministerio Público no llevó a cabo ningún tipo de actuación. En el 66% de casos restantes, el promedio fue de dos actuaciones por denuncia. Más del 75% de estas fueron requerimientos escritos de información, lo que constituye una actuación fundamentalmente administrativa. Considerando que las investigaciones duraban en promedio entre uno y dos años, la actividad de investigación fue realmente muy escasa, tanto cuantitativa como cualitativamente. La actuación más importante en la investigación de denuncias por desaparición forzada es la verificación que los representantes del Ministerio Público realizan in situ, las que deben ser personales y directas con el objeto de constatar la detención de la víctima, las condiciones de su detención y, eventualmente, obtener su libertad. Dada la gravedad de una denuncia de este tipo y la importancia de intervenir lo más pronto posible ante la autoridad responsable, para que cese la violación de los derechos vulnerados por esta práctica, la verificación debe realizarse inmediatamente después de recibida la denuncia.
Redundó negativamente en el ejercicio de esta facultad fiscal la negativa de las autoridades, principalmente militares, de facilitar el acceso a los centros de detención. De otra manera no se puede entender la promulgación en setiembre de 1991 del Decreto Legislativo 665 que autorizó a los fiscales a ingresar a los centro de detención ubicados en las zonas de emergencia. Esta norma sólo tiene sentido si el acceso fiscal a dichos establecimientos no existía, o dependía de la voluntad de las autoridades. Es igualmente digno de mencionar, la presión a la que se vieron sometidos los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial que, como es de conocimiento público, fueron objeto de amedrentamiento y lamentables atentados por parte de los grupos terroristas.
Los resultados de la verificación no fueron más alentadores, pues en el 54% de los casos ella no permitió determinar la ubicación de la presunta víctima ni su lugar de detención; en el 25% la autoridad sólo pudo confirmar la detención; en el 11% tomar conocimiento del lugar de detención y de los agentes responsables, sin ver personalmente al afectado; y, en el 6% presumir la muerte de la presunta víctima. En dos de cada tres casos estudiados el Ministerio Público requirió información por escrito a diversas instituciones para establecer si la persona había sido detenida y para ubicar su paradero. En uno de cada tres casos el Ministerio Público ni siquiera cumplió con llevar a cabo esta, la más sencilla y rutinaria de todas las actuaciones fiscales. En poco más de la mitad de los casos en que lo hizo, recibió respuestas normalmente escuetas denegando la detención.
Antes de haber podido reponerse al impacto de la detención, los atemorizados familiares debieron iniciar el largo, doloroso y en la mayoría de los casos infructuoso camino de la búsqueda del ser querido. Se enfrentaron así con la paradoja de que las instituciones encargadas de velar por su seguridad, eran las responsables de vulnerar sus derechos. Tal circunstancia, así como el estigma de ser familiar de un "subversivo", contribuyó a agudizar en las familias de las víctimas, mayoritariamente de origen campesino, quechua hablantes y muy pobres, su tradicional sensación de indefensión y desamparo. Ante la ausencia de interlocutores públicos dispuestos a brindar apoyo y protección, la búsqueda se convirtió en un nuevo escenario de maltratos y crueldades, caracterizado por la negativa de las autoridades a brindar cualquier información sobre el paradero de la víctima y mucho menos a colaborar en su ubicación. La búsqueda en muchos casos incluyó la visita a los páramos y quebradas en los que se arrojaban los cadáveres de los desaparecidos. Para los familiares la arbitrariedad e injusticia de la desaparición no se configuró solamente porque la detención fuera ilegal y violenta, sino por la inocencia de la víctima.
La desaparición forzada también tuvo efectos económicos, sociales y psicológicos. La pérdida de un hijo o de un esposo, desestabilizó el núcleo familiar puesto que el varón era el que generalmente se encargaba de generar ingresos y mantener a la familia. Efecto parecido tuvo la desaparición de un hijo que normalmente aportaba al presupuesto familiar. Los hombres cumplían además el rol de representar a la familia en los espacios públicos. Al dolor e incertidumbre por la ausencia inexplicable de un ser querido se sumaron las angustias relacionadas a la necesidad de subsistir en condiciones emocionales sumamente difíciles. Los trámites para ubicar al familiar generaron gastos adicionales, tales como viajes a las ciudades y honorarios profesionales. Muchas de estas familias no fueron ajenas a las extorsiones. La desaparición forzada agravó pues su situación de pobreza e impuso sobre las viudas la pesadísima tarea de asumir simultáneamente los roles materno y paterno, tanto en el plano educativo, como en el económico y emocional.
Si bien mediatizados por el paso del tiempo, estos efectos aún subsisten. Los familiares entrevistados refieren las precarias condiciones de vida que hoy enfrentan. Dicen haber pasado de un estado de pobreza a uno de extrema pobreza. Hacen especial hincapié en las oportunidades que sus hijos perdieron al no poder acceder a una buena educación por falta de recursos. Además del desamparo económico, la desaparición tuvo un fuerte impacto en la crianza de los hijos quienes sufrieron la ausencia de la imagen paterna durante buena parte de su niñez y adolescencia. También se refieren a las secuelas psicosomáticas que dejó el hecho traumático. Además de dolores de cabeza y de otros en diversas partes del cuerpo, confiesan que siguen experimentando sentimientos de miedo, impotencia, frustración y desamparo que les impide desarrollar sus vidas normalmente. Entre los jóvenes que presenciaron la detención y la búsqueda de sus familiares se ha podido identificar personalidades retraídas y cuadros de ansiedad y angustia que les impiden estudiar o desarrollar normalmente cualquier otra actividad. Asimismo, los familiares refieren la imposibilidad de llenar el vacío dejado por el ser querido. Se trata de situaciones de duelo no resueltas, que impiden procesar la pérdida del ser querido y agudizan la incertidumbre y el dolor por la indefinición sobre la situación y el paradero del familiar desaparecido.
En medio de la indiferencia general un grupo de familiares liderado por doña Angélica Mendoza Ascarza, Teodosia Layme Cuya y Antonia Zaga conformó en setiembre de 1983 la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en Zonas de Emergencia (ANFASEP) con sede en Ayacucho, con el propósito de congregar a otras mujeres para obtener la libertad de sus seres queridos, denunciando sus detenciones ante el Ministerio Público. A ellas se sumaron posteriormente Felicitas Delgadillo Congachi, Adelina García Mendoza, Sergia Flores Sullcarayme, Guadalupe Ccallocunto (desaparecida) y Esteban Canchari Cacñahuaray, entre otros. Durante los últimos 17 años esta asociación ha mantenido viva la llama de la esperanza contra viento y marea.
Un año después de creada ANFASEP, se constituyó en Lima el Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados de Lima (COFADER) con el fin de agrupar a los familiares de víctimas de desaparición forzada residentes en Lima que provenían de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, participaron en este grupo Zenaida Fernández, Ofelia Antezana Torre, Rosa Carcausto, Irene Ramírez; entre otras.
Estas instituciones, entre otras, conformaron en 1985 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que en 1988 bajo el liderazgo de Pilar Coll se llevó a cabo la primera campaña nacional de solidaridad con los desaparecidos tanto a nivel nacional como internacional. Desde 1989 la Coordinadora emite informes anuales que han ido dando cuenta de manera detallada de las denuncias de desapariciones forzadas en el Perú. La Coordinadora no sólo ha brindado apoyo legal y psicológico y respaldo a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y a sus instituciones representativas, sino que ha exigido inalterablemente el esclarecimiento de los hechos ante los tribunales de justicia. Similar actitud y preocupación ha sido asumida a lo largo de los años tanto por la Conferencia Episcopal Peruano como por el Concilio Nacional Evangélico.
Frente a las oportunidades perdidas, el fracaso de los pequeños negocios familiares y la situación actual de extrema pobreza, los familiares esperan además ser reparados por los daños infligidos contra las víctimas y contra ellos mismos. Esta reparación no solo tendría una finalidad material inmediata que contribuiría a aliviar su pobreza, sino que de alguna manera constituiría un reconocimiento por parte del Estado de la calidad de víctimas de sus seres queridos y de ellos mismos. Son plenamente conscientes que tanto los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, como otros funcionarios públicos y autoridades, que fueron víctimas de la violencia subversiva, han sido oportunamente beneficiados con el reconocimiento y apoyo del Estado.
Séptimo.- La Ley de Amnistía y la responsabilidad del Estado ante la desaparición forzada de personas.- La Defensoría del Pueblo considera que el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas se encuentra seriamente limitado por la vigencia de la cuestionada Ley Nº 26479, Ley de Amnistía. Ésta ha pretendido exonerar la responsabilidad penal de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú ante delitos tan graves como la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, todos ellos crímenes de lesa humanidad que a la luz del derecho no deben quedar exentos de responsabilidad y de sanción.
Dicha Ley de Amnistía ha sido objeto de cuestionamiento a nivel nacional e internacional. En el primer caso, aparte del debate en torno a su aprobación y de su escasa aceptación en la opinión pública, fue motivo de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que, con participación de la totalidad de sus miembros -esto es, antes de la destitución de tres de sus magistrados por parte del Congreso de la República en acto que la Defensoría del Pueblo ha considerado arbitrario- la declaró constitucional mediante sentencia del 28 de abril de 1997 por mayoría de votos, con la sola excepción del voto singular en sentido contrario del doctor Manuel Aguirre Roca. No obstante, la sentencia del Tribunal privilegió en su argumentación razones formales antes que entrar a discutir el fondo del asunto.
Artículo tercero.- RECORDAR a todos los funcionarios públicos destinatarios de la presente Resolución Defensorial, que conforme al artículo 44°de la Constitución Política del Estado cumplan con su deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y pongan en práctica las siguientes recomendaciones.
Artículo cuarto.- INVOCAR al Presidente de la República a que en su condición de Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú asuma la responsabilidad que le correspondería al Estado por los graves hechos presentados en este Informe y que pida perdón a los familiares de las víctimas.
Artículo quinto.- SOLICITAR:
Artículo séptimo.- RECOMENDAR a las Comisiones de Constitución, de Derechos Humanos y Pacificación, de Justicia, y de Defensa, Orden Interno e Inteligencia del Congreso de la República para que, de conformidad con los artículos 34°y 35°inciso a) del Reglamento del Congreso de la República y de acuerdo con las conclusiones contenidas en el Informe Defensorial N°55:
c) La modificación del tipo penal de desaparición forzada establecido en el artículo 320°del Código Penal, introducido por la Ley N° 26926, con el fin de hacer más eficaz la persecución de los responsables de estos hechos;
d) La derogatoria de las leyes Nº 26479 y 26492 y de la Resolución Legislativa Nº 27152 que dispone el retiro del reconocimiento por el Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Artículo décimo quinto.- INCLUIR la presente Resolución Defensorial, así como su seguimiento, en el Informe Anual al Congreso de la República, conforme lo establece el Artículo 27°de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Artículo décimo sexto.- REMITIR la presente Resolución Defensorial y el informe a que se refiere el artículo primero de la misma, al Presidente de la República; a la Presidenta del Congreso de la República; al Presidente de la Corte Suprema de Justicia; a la Fiscal de la Nación; al Presidente del Consejo de Ministros; al Ministro de Defensa; al Ministro del Interior; al Ministro de Justicia; al Ministro de Economía y Finanzas; al Ministro de Relaciones Exteriores; a la Ministra de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano; y a los Presidentes de las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos y Pacificación, de Justicia y de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia del Congreso de la República.