Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-150-de-febrero-24-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f073f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-20 09:49:50
Document Index: 56835270

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 52', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 52', 'artículo 150', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 16', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 16', 'artículo 150', 'artículo 16', 'artículo 38', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 206', 'artículo 189', 'artículo 52', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 209', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 52', 'artículo 120', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 150', 'artículo 16', 'artículo 52', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 189', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 189', 'artículo 206', 'artículo 189', 'artículo 52']

﻿ SENTENCIA C-150 DE FEBRERO 24 DE 2004
SENTENCIA C-150 DE 24 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.". SE DECLARA EXEQUIBLE EL DECRETO LEY 1616 DE 2003.
Sentencia C-150 de febrero 24 de 2004
Sentencia C-150 de 2004
Ref.: Expediente D-4779
Accionantes: Fabio Morón Díaz y Antonio Barrera Carbonell.
Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 1616 de 2003.
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto del proceso, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.217 del 13 de junio de 2003.
Creación de la empresa de servicios públicos domiciliarios Colombia, Telecomunicaciones S.A. ESP
ART. 12.—Integración del capital social. En el momento de su constitución, el capital autorizado de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP será de un billón quinientos mil millones de pesos ($ 1.500.000.000.000) moneda corriente, dividido en un mil quinientos millones (1.500.000.000) de acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de un mil pesos ($ 1.000) moneda corriente, cada una, representadas en títulos de conformidad con lo establecido posteriormente en sus estatutos. El capital aquí indicado se podrá aumentar o disminuir en cualquier tiempo mediante la correspondiente reforma estatutaria, tramitada y aprobada por la asamblea general de accionistas y debidamente solemnizada en la forma prevista por la ley y los estatutos.
Del capital autorizado, la Nación suscribirá la suma de un billón ciento veinticuatro mil ochocientos nueve millones veintidós mil pesos ($ 1.124.809.022.000) correspondiente a un mil ciento veinticuatro millones ochocientos nueve mil veintidós (1.124.809.022) acciones, las cuales podrán ser pagadas en dinero efectivo o mediante los aportes en especie a los que se refiere el artículo 13 del presente decreto.
PAR.—En la protocolización de la constitución de la sociedad concurrirán como socios iniciales y sin perjuicio de la participación de nuevos socios las siguientes entidades: La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol; la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas; la Sociedad Canal Regional de Televisión Limitada Teveandina Ltda.; la Compañía de Información Audiovisuales, Audiovisuales, y las entidades oficiales que determine el Gobierno Nacional.
ART. 13.—Aportes de la Nación. El aporte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, al que se refiere el artículo anterior se encuentra representado en la habilitación que le confiere para participar en los negocios de telecomunicaciones conforme al presente decreto, incluido el aporte de licencias, permisos y concesiones y cualquier otro título habilitante para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que tenía la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en el momento de la entrada en vigencia del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional ordenó su supresión y liquidación. El valor del aporte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público es equivalente al monto de las acciones que se le asignen en el acto de protocolización de la constitución.
ART. 16.—Habilitación legal para la prestación del servicio de larga distancia nacional e internacional. Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de telecomunicaciones tendrá la función que tenía la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, de prestar en gestión directa el servicio de telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional e internacional y los servicios portadores de larga distancia nacional e internacional.
19.1. En virtud del Contrato de Explotación, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP recibirá de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en liquidación y de las teleasociadas en liquidación, el uso y goce de los bienes, activos y derechos que dichas entidades destinaban a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a cambio de una contraprestación que será pagada por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP a esas entidades o al patrimonio autónomo que ellas podrán constituir por medio de contrato de fiducia, la cual será fijada en función del valor de los pasivos de esas entidades y, entre ellos, prioritariamente, en función del costo de amortización del pagaré extendido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, para dotar de recursos financieros el patrimonio autónomo constituido en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 651 de 2001.
ART. 20.—Compromisos de gestión. Con el fin de garantizar la sana gestión empresarial y financiera, los miembros de la junta directiva, individual y colectivamente, el presidente de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y sus administradores se comprometen a adelantar una gestión profesional e independiente. Para ello cumplirán, entre otros, los siguientes parámetros relativos a costos y políticas laborales y de inversiones:
20.1.2. En los estatutos se determinará la relación máxima del personal de soporte administrativo con respecto al personal que genera ingresos. En todo caso no podrá haber más de una persona de soporte administrativo por cada tres (3) personas vinculadas a la generación de ingresos;
ART. 21.—Transitorio. Los certificados de disponibilidad presupuestal para la contratación inicial del presidente, del secretario general y del vicepresidente financiero de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, serán expedidos por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces del Ministerio de Comunicaciones con cargo al presupuesto de funcionamiento de dicha empresa.
1. El cargo de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 1616 de 2003.
Los demandantes consideran que al expedir el Decreto-Ley 1616 de 2003 el Presidente de la República se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002. Aseguran que las facultades extraordinarias solo podían emplearse para crear entes que sustituyeran o reemplazaran a los que fueran objeto de fusión o supresión en los términos de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 16 literal a) de la Ley 790 de 2002; que el Presidente de la República no podía utilizar simultáneamente dos tipos de facultades o competencias que pertenecen a ordenamientos jurídicos diferentes, que se excluyen entre sí, esto es las del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y las del artículo 16 literal f) de la Ley 790 de 2002; que el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002 no facultó al Presidente de la República para crear empresas de servicios públicos domiciliarios, y que carecía de facultades para crear entidades u organismos del orden nacional suprimidos con fundamento en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
Las instituciones intervinientes y el Ministerio Público coinciden en solicitar la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada.
Corresponde ahora a la Corte establecer la procedencia del cargo formulado contra el decreto de la referencia.
2.Creación y supresión de entidades y organismos de la administración nacional.
2.1. El artículo 150 numeral 7º de la Constitución Política señala que corresponde al Congreso de la República determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica.
El legislador dispone de un amplio margen de configuración para regular los asuntos a que se refiere el precitado numeral 15, con lo cual podrá establecer limitaciones a los contenidos y fijar las condiciones para su desarrollo, que pueden ser más o menos flexibles, sin que se exija que todos ellos queden incorporados en una sola ley. Es el caso de los límites para efectos de la supresión de entidades y organismos públicos del orden nacional que están consagrados en el artículo 52 de la Ley 489, disposición declarada exequible en la Sentencia C-702 de 1999, y los límites para la fusión de entidades y organismos públicos nacionales, los cuales están contenidos en el artículo 2º de la Ley 790 de 2002.
Por su parte, en el Presidente de la República pueden concurrir simultáneamente las facultades permanentes, asignadas por el artículo 189 numeral 15 superior y las facultades extraordinarias, para legislar sobre las atribuciones contenidas en el artículo 150 numeral 7º de la Constitución Política. Ahora bien, el otorgamiento transitorio de facultades extraordinarias al Presidente de la República no implica un desplazamiento ni una subrogación temporal de sus facultades permanentes. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en relación con la concurrencia simultánea en cabeza del Presidente de la República de las facultades extraordinarias y las facultades permanentes(3). La constitucionalidad de los decretos que profiera en uso de facultades extraordinarias corresponde a la Corte Constitucional, mientras que la de los expedidos en ejercicio de sus facultades permanentes compete al Consejo de Estado (C.P., arts. 241-5 y 237-2, respectivamente).
2.2. De otro lado, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 16 literal f) de la Ley 790 de 2002, que contiene la habilitación legislativa que sirvió de fuente para proferir el decreto demandado.
En esa disposición se señala que, de conformidad con el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la ley para, entre otros aspectos, crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya lugar.
Según lo determinó la Corte Constitucional, las facultades extraordinarias conferidas por el literal f) en referencia cumplen el requisito de precisión exigido para el otorgamiento de la delegación legislativa. En la Sentencia C-121 de 2004, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra, en la que conoció de la demandada de inconstitucionalidad formulada contra esa disposición por violación del artículo 150 numeral 10 de la Constitución, expresó lo siguiente:
4. Los literales e) y f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, no adolecen de falta del requisito de precisión que exige el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política (...).
Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que el requisito de precisión que debe respetar con rigor el Congreso de la República, para desprenderse de su atribución legislativa y trasladarla en forma transitoria al ejecutivo, contiene ciertos elementos que pueden resumirse así: el deber de indicar la materia que delimita el ámbito sustantivo de acción del Presidente de la República; indicar la finalidad que persigue el jefe del ejecutivo con la solicitud de las facultades para su adecuado ejercicio; y, por último, en la ley habilitante se deben enunciar los criterios restrictivos que orientarán las decisiones del ejecutivo respecto de las opciones de política pública “dentro del ámbito material general de la habilitación”(4).
Entonces, según lo expuesto por esta corporación, el Presidente de la República, con fundamento en las atribuciones dadas por el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, estaba facultado, si a ello hubiere lugar, para crear entidades y organismos públicos que se requirieran para cumplir objetivos asignados a entidades u organismos que se suprimieran, escindieran, fusionaran o transformaran dentro del programa de renovación de la administración pública(5), sin que esta potestad estuviera reducida únicamente a los objetivos a cargo de los organismos que se fusionaran o suprimieran con ocasión de lo dispuesto por los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 16 literal a) de la Ley 790 de 2002.
Así pues, las facultades del literal f) incluían también los objetivos de entidades descentralizadas y de organismos diferentes a ministerios y departamentos administrativos. En la Sentencia C-121 de 2004 la Corte fue enfática en este punto específico y sobre el particular concluyó que, “no les asiste razón a los demandantes cuando afirman que las facultades adolecen de falta del requisito de precisión, porque la ley habilitante no indica cuáles son las entidades u organismos que serán objeto del ejercicio de las facultades extraordinarias acusadas pues, como se expresó, no son otras que las entidades u organismos de la administración pública nacional a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, sin que sea necesario indicar taxativamente y en forma detallada y minuciosa cuáles son, porque precisamente eso hace parte de las facultades que le fueron conferidas al ejecutivo, quien se deberá sujetar eso sí, a la materia, finalidad y criterios que la ley habilitante establece como límites al ejercicio de esas atribuciones, elementos que hacen parte del requisito de precisión exigido por la Constitución Política que deben ser observados con rigor al expedir los decretos que con fuerza de ley profiera el Presidente de la República” (negrilla fuera de texto).
2.3. A esta misma conclusión se llega si se acude a otros métodos de interpretación. En primer lugar, si se efectúa una revisión del contenido literal del ordinal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, se aprecia que está conformado por dos aspectos complementarios entre sí, que facultan al Presidente de la República para crear entidades y organismos del orden nacional, siempre y cuando se requirieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se suprimieran, escindieran, fusionaran o transformaran en desarrollo del programa de renovación de la administración pública.
Esa disposición no limita el ejercicio de la delegación legislativa a ciertos organismos ni a determinados objetivos específicos de la administración pública. Su descripción comprende el conjunto de entidades y organismos de los sectores central y descentralizado de la administración nacional, tal como ya lo precisó esta corporación en la citada Sentencia C-121 de 2004 y en la cual reitera que “en la ley habilitante se deben enunciar los criterios restrictivos que orientaran las decisiones del ejecutivo respecto de las opciones de política pública, dentro del ámbito material general de la habilitación”.
El literal f) en referencia constituye entonces una proposición jurídica completa dentro de la configuración de la Ley 790 de 2002. Ello es así en tanto cada asunto que haga parte de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República es autónomo de los demás componentes de la delegación legislativa, a menos que el Congreso, de manera expresa, establezca que la regulación que se emita por el Presidente en uno de estos temas esté condicionada a la previa regulación de otro asunto igualmente delegado.
Cuando la ley habilitante condicione el desarrollo de un tema a las decisiones adoptadas en ejercicio de otros apartes o literales del artículo por el cual se otorgan las facultades extraordinarias, el Presidente respetará la oportunidad señalada por el Congreso de la República so pena de incurrir en extralimitación de las facultades otorgadas. Pero, si el Congreso no prevé expresamente ningún tipo de secuencia o articulación material para el empleo de los diferentes literales que conforman la habilitación legislativa, el Presidente ejercerá por separado cada una de las facultades.
Al respecto, en la Sentencia C-121 de 2004 se expresó que, “(...) en el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, se autoriza al ejecutivo para crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían los suprimidos, fusionados, escindidos o transformados, cuando a ello haya lugar. Respecto de esta facultad, no encuentra la Corte que se desconozca el requisito de precisión, como quiera que si bien las expresiones “que se requieran” y “cuando a ello haya lugar”, otorgan al ejecutivo un margen de acción amplio, como lo sostiene la vista fiscal, ello no implica imprecisión, pues la creación de entidades a las que se refiere la norma, surge solamente de la necesidad de otorgar a una nueva los objetivos que cumplían las que sean suprimidas, fusionadas, escindidas o transformadas, y únicamente en el evento en que como lo señala la disposición acusada, a ello haya lugar, pues puede suceder que luego de los estudios técnicos y jurídicos pertinentes, se concluya que no se hace necesario en aras de la eficiencia y eficacia de la función administrativa, la creación de nuevas entidades u organismos. Ello por cuanto la racionalización del funcionamiento de la administración pública, no es asunto que pueda ser estimado libremente, sino que encuentra soporte en las valoraciones y estudios que deba realizar el Gobierno Nacional, con acatamiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Constitución Política”.
De tal suerte que si las facultades extraordinarias incorporadas en el literal f) del artículo 16 fueron concedidas sin condicionar de manera expresa su uso a decisiones que se tomaran en desarrollo de otras facultades de la misma naturaleza otorgadas por la Ley 790, el Presidente estaba facultado para crear una empresa estatal de servicios públicos domiciliarios del orden nacional, vinculada a un ministerio, cuyo objeto fuera garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público domiciliario.
2.4. Una interpretación sistemática de la disposición acusada permite igualmente deducir que el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002 permitía la creación de entidades descentralizadas para cumplir objetivos atendidos por entidades y organismos diferentes a ministerios o departamentos administrativos.
En el artículo 20 de la misma ley, el Congreso incorpora, de manera expresa, las entidades públicas que no podrán ser suprimidas, liquidadas ni fusionadas en desarrollo del programa de renovación de la administración pública. Entonces, por ser este un programa integral, las demás entidades y organismos no mencionados dentro de esta cláusula de protección, bien podían ser suprimidas por el Presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
Si la Ley 790 de 2002 no restringe el mecanismo por el cual las entidades y organismos fueron suprimidos, escindidos, fusionados o transformados, se deduce que las facultades del literal f) en referencia comprenden las diferentes alternativas que la Constitución Política consagra para ejercer aquellas competencias y que el Presidente de la República estaba plenamente facultado para crear entidades y organismos cuyos propósitos fueran desarrollar los objetivos de toda entidad y organismo que, dentro del programa de renovación de la administración pública, se suprimieran por el Congreso de la República (C.P., art. 150-7), por el legislador extraordinario (C.P., art. 150-10) o por el Presidente de la República en uso de sus facultades permanentes (C.P., art. 189-15 y L. 489/98, art. 52).
La Corte ya se pronunció sobre los alcances de la competencia delegada, que incluye toda entidad y organismo del nivel nacional, independiente del mecanismo utilizado para suprimirlas. En la Sentencia C-121 de 2004 señaló que “las normas examinadas describen de manera inequívoca la materia sobre la cual versan las facultades que mediante ellas se confieren, pues en forma explícita se refieren a las atribuciones del jefe del ejecutivo en relación con las entidades u organismos que resulten suprimidos, fusionados, escindidos o transformados, bien para señalar, determinar o modificar sus objetivos o estructura orgánica, ya para crear las que sean requeridas para el cumplimiento de los objetivos de las desaparecidas por cualquiera de las formas que para el efecto establece la ley. Adicionalmente, la materia sobre la cual versan las facultades otorgadas, guardan congruencia con los motivos que llevaron al legislador ordinario a concederlas que no es otro que renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional” (negrilla fuera de texto).
De otra parte, el literal a) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002 fue incorporado con el fin de atender una necesidad diferente a la de señalar límites al uso de las facultades consagradas en el literal f) de ese mismo artículo. Su aprobación obedeció al respeto legislativo de los parámetros fijados por el artículo 206 de la Constitución Política, según el cual corresponde a la ley el señalamiento del número, denominación y orden de precedencia de los departamentos administrativos.
Por ello, el Congreso de la República estimó que, al no estar incluida la supresión y fusión de departamentos administrativos y la determinación de su número, denominación y orden de precedencia en las atribuciones del artículo 189 numeral 15 de la Constitución y del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, se requería otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República en esta materia específica. Este fue el criterio tenido en cuenta al incorporar el literal a) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002(6).
2.5. Por último, una interpretación teleológica del literal f) en mención ratifica los alcances de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República.
En la exposición de motivos del correspondiente proyecto de ley, el gobierno manifiesta al Congreso que solicita la atribución de facultades extraordinarias con el propósito de racionalizar la organización y funcionamiento de la administración pública o con el objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la Nación. Agrega que el proyecto que pone a consideración del legislativo, dota al Presidente de la República de los instrumentos jurídicos necesarios para tomar las medidas que se requieren para modernizar la estructura de la administración pública, racionalizar el ejercicio de la función pública y estabilizar las finanzas nacionales, mediante el ajuste del gasto de la Nación, medidas complementarias a las sometidas al Congreso para mejorar los ingresos públicos y que combinados permitirán contar con un sistema administrativo eficiente, sostenible y viable(7).
Estos propósitos inspiraron el trámite y aprobación de la Ley 790 de 2002. Según lo dispone en su artículo 1º, el objeto de la ley es renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado cumplimiento de los fines del Estado, con celeridad e inmediación en la atención de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución y desarrollados en la Ley 489 de 1998.
Más específico resulta el parágrafo 1º del artículo 16 de la Ley 790 de 2002, en el cual se precisa que las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República son para renovar la administración pública nacional y que serán ejercidas con el propósito de racionalizar la organización y funcionamiento de la administración pública o con el objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la Nación. Razón de más para concluir que la delegación conferida por el literal f) abarca la administración pública nacional en su conjunto, sin estar limitadas, como lo estiman los accionantes, a ministerios, departamentos administrativos y entidades fusionadas.
Así entonces, las decisiones del legislador extraordinario en ejercicio de la competencia delegada en el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002 no estaban circunscritas únicamente a la creación de entidades para cumplir objetivos de los organismos mencionados en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 16 literal a) de la misma ley. Su alcance era más amplio y abarcaba también los objetivos de las demás entidades y organismos que fueran suprimidos, escindidos, fusionados o transformados dentro del programa de renovación de la administración pública a que alude la Ley 790 de 2002.
En cambio, lo que no permitían dichas facultades era la creación de entidades y organismos para desarrollar objetivos de entidades y organismos suprimidos, fusionados, escindidos o transformados por fuera del aludido programa de renovación de la administración pública, puesto que, según el entorno en que fueron concedidas y el sentido racional de esas disposiciones, la delegación del artículo 16 de la Ley 790 de 2002 tiene esa limitación circunstancial.
Por lo tanto, nada se oponía a que el Presidente de la República, en uso de sus facultades extraordinarias, creara una entidad pública para desarrollar los objetivos que cumplían entidades que fueron suprimidas en ejercicio de facultades permanentes. De tal suerte que el Decreto-Ley 1616 de 2003 no deviene inconstitucional por disponer la creación de una empresa de servicios públicos domiciliarios para que cumpla objetivos de empresas suprimidas en aplicación del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. La sociedad creada en el Decreto-Ley 1616 de 2003 es una persona jurídica diferente de las 13 empresas suprimidas por los decretos 1603 a 1615 de 2003(8).
2.6. De otro lado, los demandantes infieren que al declararse inexequible el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 por la Sentencia C-702 de 1999, en el que se concedían facultades extraordinarias al Presidente para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva del poder público, y al quedar vigente solamente el artículo 52 de esa ley, entonces el gobierno perdió toda competencia para suprimir entidades públicas con fundamento en dichas facultades extraordinarias. Es decir que, en su sentir, el gobierno perdió toda competencia para crear entidades que se supriman con aplicación de aquel artículo 52, por lo que es necesario el otorgamiento de nuevas facultades extraordinarias, precisas, en los términos del artículo 150 numeral 10 de la Constitución, que no son las contenidas en el literal f) del artículo 16 de la Ley 790 de 2002.
La Corte no comparte la conclusión a la que llegan los demandantes, puesto que, la materia que está regulada por el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 es independiente de las facultades extraordinarias para crear, suprimir, escindir o fusionar entidades y organismos de la administración nacional que contenía el artículo 120 ibídem. Siendo diferentes ambos tipos de facultades, tal como se indica en esta sentencia, ellas bien pueden concurrir en cabeza del primer mandatario. Además, la norma que ahora se demanda fue expedida con fundamento en el literal f) de la Ley 790 de 2002 y no, como ellos consideran, en aplicación del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que fue declarado inexequible por la Sentencia C-702 de 1999.
2.7. De conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia, se declarará exequible, por el cargo analizado, el Decreto-Ley 1616 de 2003.
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el Decreto-Ley 1616 de 2003.
(3) Sobre el particular, en la Sentencia C-401 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, expresó: “Es cierto que cuando el Congreso habilita al Presidente para dictar normas con rango de ley, se concentran en el ejecutivo dos funciones que tradicional y normalmente compete a dos ramas diferentes del poder público. El ideal en una democracia es que esto no suceda. Sin embargo, el constituyente admitió de manera expresa que ello ocurra, al mantener, con modificaciones importantes que no es del caso analizar en esta oportunidad, la institución de las facultades extraordinarias (C.P., art. 150, num. 10). Así, siempre que el Congreso habilite al Presidente para legislar, no solo en el caso de la liquidación y disolución de entidades públicas del orden nacional, sino en los demás eventos en los que expide normas de carácter general, se presenta esta acumulación de funciones en cabeza del ejecutivo. Cabe anotar que una vez expedido el régimen de liquidación o de disolución comprendido en el numeral 5º del artículo 189, el gobierno no necesita solicitar facultades extraordinarias o autorización específica para proceder a aplicarlo; pero los decretos que dicte para aplicar dicho régimen legal deben respetar las normas de rango superior que el ejecutivo solo puede ejecutar”.
(4) Sentencia C-097 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(5) De acuerdo con el título de la Ley 790 de 2002, su contenido se refiere a dos asuntos en especial: uno, la expedición de disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y, dos, el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República.
(6) En la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley, el gobierno manifestó en relación con el contenido del literal a) del artículo 10 del proyecto inicial, que corresponde al literal a) del artículo 16 del texto definitivo de la Ley 790 de 2002: “Atendiendo la jurisprudencia sobre la materia, el gobierno entiende que esta facultad no se encuentra dentro de la facultad general a la que se refiere el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política. Una interpretación armónica de las distintas normas constitucionales conduce a deducir que, de acuerdo con la facultad del Congreso, contenida en el artículo 206 de la Constitución, la facultad de determinar el número y orden de precedencia de los... departamentos administrativos, es propia del cuerpo legislativo. En consecuencia, la supresión o fusión de... departamentos administrativos, solo es posible mediante normas con fuerza de ley”. En: Gaceta del Congreso Nº 430 del 16 de octubre de 2002, pág. 6.
(7) Ver: Gaceta del Congreso Nº 430 del 16 de octubre de 2002, págs. 6 y 7.
(8) Mediante los decretos 1603 a 1615 el Gobierno Nacional dispuso la supresión de las siguientes empresas de telecomunicaciones: Telecaquetá S.A. ESP, Telemaicao S.A. ESP, Telecalarcá S.A. ESP, Teletuluá S.A. ESP, Telenariño S.A. ESP, Telesantarrosa S.A. ESP, Telecartagena S.A. ESP, Telebuenaventura S.A. ESP, Telearmenia S.A. ESP, Teletolima S.A. ESP, Teleupar S.A. ESP, Telehuila S.A. ESP y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. En esos casos el Presidente de la República hizo uso de las facultades previstas en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 254 de 2000.