Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2012/as201221307L.htm
Timestamp: 2019-04-24 18:49:37
Document Index: 18007945

Matched Legal Cases: ['artículo 340', 'artículo 341', 'artículo 341', 'artículo 16', 'artículo 340', 'artículo 341', 'artículo 563', 'artículo 568', 'artículo 341', 'artículo 42']

201211-Sala Civil Liquidadora-1-307
Expediente: SC-95-07-S
Partes: Guido Erwin Foianini Gutiérrez c/ Julio Fernando Moreno Gutiérrez.
VISTOS: el recurso de casación en el fondo de fojas 296 a 297, interpuesto por Julio Fernando Moreno Gutiérrez, contra el Auto de Vista N° 121 de 15 de febrero de 2006 cursante de fojas 293 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre concurso necesario de acreedores, seguido por Guido Erwin Foianini Gutiérrez, contra el recurrente y Virginia Angélica Tamayo de Moreno, la respuesta de fojas 298 y vuelta, el auto concesorio, los antecedentes del proceso, y:
CONSIDERANDO: que, tramitada la causa, el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 355 de 13 de junio de 2005, cursante de fojas 270 a 272, disponiendo que con el producto del remate de los bienes otorgados en garantía hipotecaria y los embargados dentro de los procesos, se paguen las acreencias según el orden establecido en sentencia.
Deducida la apelación por el concursado Julio Fernando Moreno Gutiérrez, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante auto de vista de 121 de 15 de febrero de 2006, cursante a fojas 293 y vuelta, confirma la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.
CONSIDERANDO: que, el concursado Julio Fernando Moreno Gutiérrez, mediante memorial cursante de fojas 296 a 297, formuló recurso de casación en el fondo acusando: la violación del artículo 340 del Código Civil, pues no se tomó en cuenta que los créditos otorgados por el Banco de Crédito no se encontraban con los términos vencidos para exigir el pago o la mora. Arguye también errónea interpretación y una falsa aplicación de la ley, toda vez que el Ad quem indica que el requerimiento en mora al deudor con relación a los créditos otorgados por el Banco de Crédito, no necesitarían requerimiento de mora alguna, pues el artículo 341-1) del Código Civil, que existirá mora sin intimación o requerimiento cuando así sea convenido el mismo que también se cumplió según contrato de fojas 36 a 41 y 45 a 51, hay interpretación errónea, toda vez que en obrados no consta ningún instrumento que acredite que el suscrito haya incumplido el pago de las obligaciones contractuales en forma parcial o global, por lo que el Ad quem mal interpreta el artículo 341-1) del Código Civil.
El actor acusa que el Ad quem al confirmar la sentencia sin respaldo jurídico afectó su derecho patrimonial toda vez que el Banco de Crédito carece de títulos idóneos y que además se violenta su derecho al debido proceso regulado por los artículos 566, 567, 568 y 575 del Código de Procedimiento Civil, concordante con el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.
CONSIDERANDO: que, el recurrente centra su impugnación en la aparente violación del artículo 340 del Código Civil, indicando al respecto que no se tomó en cuenta que el Banco de Crédito de Bolivia S.A. sucursal Santa Cruz, a tiempo de exigir el pago de los instrumentos públicos Nº 2689/97, saliente de fojas 36 a 44 por $us. 55.000 y, del saliente a fs. 45 a 54 por $us. 20.000, no obstante que dichos créditos tenían un plazo de 12 años y de 10 años, respectivamente y cuyo vencimiento alcanzaba al 26 de agosto de 2006; en ese mismo sentido indicó que no existía ninguna prueba que evidencia que dichas deudas fueron incumplidas para justificar el razonamiento del Tribunal de alzada en sentido de que habría operado la constitución en mora sin necesidad de su constitución conforme lo previsto por el artículo 341 del Código Civil.
Siendo esa la impugnación deducida, corresponde precisar que por determinación del artículo 563 del Código de Procedimiento Civil, tanto el concurso necesario como el voluntario son de carácter universal y comprenderán todas las obligaciones del deudor; precisamente en consideración a esa naturaleza universal iniciada la demanda del concurso necesario, el juez, según prevé el artículo 568 del Adjetivo Civil, debe ordenar la acumulación de todos los procesos ejecutivos pendientes en otros juzgados y llamar por edicto a los demás acreedores.
Ahora bien, del concurso de acreedores participan todos los acreedores del concursado, estén o no en mora sus acreencias, por lo que el criterio expuesto por el concursado en sentido de que no podría considerarse dentro el proceso concursal una acreencia que no estuviese constituida en mora no resulta correcto y por lo tanto su impugnación deviene en infundada.
Ahora, el objetivo del proceso concursal es la emisión de una sentencia de grados y preferidos que establezca en base a las preferencias previstas por ley, el orden en que corresponde pagar las acreencias del concursado, en ese sentido si el recurrente considera que el orden asignado por el A quo en sentencia no corresponde debió impugnar esa determinación cuestionando en ella la correcta o indebida aplicación de los artículos 1337 del Código Civil y la indebida apreciación de las preferencias consideradas por el A quo, lo cual no sucedió, habiéndose limitado a señalar que la acreencia del Banco no estuviera legalmente constituida en mora, sin desvirtuar en absoluto el criterio ni el motivo por los cuales el A quo dio aplicación del artículo 341 del Código Civil.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Julio Fernando Moreno Gutiérrez de fojas 285 a 287 vuelta, con costas.
Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 500, que deberá hacer efectivo el Juez A quo.
ibro Tomas de Razón 307/2012