Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00159-2860-2014-de-abril-12-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_c0e55810ba8c4299a5013514bc852520&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-13 06:01:42
Document Index: 276720311

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 193', 'artículo 99', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 115', 'artículo 6', 'artículo 176', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 188', 'artículo 365', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 47', 'Artículo 3', 'artículo 47', 'Artículo 10', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2013-00159/2860-2014 DE ABRIL 12 DE 2018
SENTENCIA 2013-00159 DE 12 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DEL AUXILIO DE CESANTÍAS EN EL SECTOR PÚBLICO. SE SEÑALÓ QUE EL AUXILIO DE CESANTÍA ES UNA PRESTACIÓN SOCIAL DE CREACIÓN LEGAL QUE DEBE PAGAR EL EMPLEADOR AL TRABAJADOR POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EVENTO EN QUE LLEGARE A QUEDAR CESANTE, CON LA FINALIDAD DE QUE ATIENDA SUS NECESIDADES BÁSICAS (CESANTÍAS DEFINITIVAS)O DURANTE LA VIGENCIA DEL VÍNCULO LABORAL (CESANTÍAS PARCIALES), SIEMPRE QUE SE CUMPLAN DETERMINADOS REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO RELACIONADOS CON EDUCACIÓN, MEJORAMIENTO O COMPRA DE VIVIENDA. ASÍ MISMO, EL RÉGIMEN DE LOS AFILADOS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO TIENE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: I. DESTINATARIOS, SON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL TERRITORIAL QUE SE AFILIEN AL FNAII. LIQUIDACIÓN LA CUAL CONSISTE EN QUE EL EMPLEADOR DEBERÁ TRANSFERIR AL FNA 1/12 PARTE DE LOS FACTORES DE SALARIO QUE SEAN BASE PARA LIQUIDAR LAS CESANTÍAS, DEVENGADOS EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIORY III. INTERESES QUE CORRESPONDE AL 60% DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL IPC SOBRE LAS CESANTÍAS LIQUIDADAS POR LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL AÑO Y PROTECCIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DEL VALOR ADQUISITIVO DE LA MONEDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO DE CESANTÍAS, SERVIDOR PÚBLICO, DERECHO LABORAL, CESANTÍAS, TRABAJADOR CESANTE, APORTES DEL SECTOR PÚBLICO, AHORRO DE CESANTÍAS
Sentencia 2013-00159/2860-2014 de abril 12 de 2018
Rad.: 52001-23-33-000-2013-00159-01
Número interno: 2860-2014
Demandante: María Teresa de Jesús Delgado Gómez
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de Taminango
Asunto: Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Establecer si la demandante en su calidad de docente vinculada al sector oficial a partir del 26 de enero de 1993, es beneficiaria del régimen retroactivo de sus cesantías, pese a su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud del convenio interadministrativo celebrado entre el municipio de Taminago, el departamento de Nariño y el Fomag, con posterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el siguiente estudio: (i) Marco legal del auxilio de cesantías en el sector público; (ii) Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación; (iii) Antecedentes jurisprudenciales frente a improcedencia de aplicar un test de igualdad respecto de regímenes de cesantías diversos y el principio de favorabilidad; y (iv) Solución del caso.
2.1. Marco legal del auxilio de cesantías en el sector público.
En lo concerniente a la liquidación de esta prestación social, el legislador previó diversos sistemas cuyas disposiciones y características se describen a continuación:
Se encuentra previsto en la Ley 6ª de 1945 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”, la cual en su artículo 17 creó el auxilio de cesantías como una prestación social de los empleados y obreros del orden nacional de carácter permanente quienes gozarían de esta prestación social en los siguientes términos:
“PAR.—Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6ª de 1945, y a los trabajadores particulares”. (Se resalta).
En el artículo 2º ibídem se consagró la forma de liquidación de cesantías de los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares. Así, para su cómputo se tiene en cuenta no solo el salario fijo sino lo que se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones y se aplican las reglas del Decreto 2567 de 1946(26) que en su parte pertinente estableció:
“PAR.—Las liquidaciones de cesantía efectuadas con anterioridad a la vigencia del presente decreto, cuando se hayan hecho con sujeción a disposiciones legales o reglamentarias, entonces vigentes, no darán lugar a reclamación alguna contra tales entidades, instituciones o empresas oficiales”. (Se destaca).
El Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947“Sobre auxilio de cesantía”(27), en su artículo 1º reiteró el precepto normativo consagrado en la Ley 65 de 1945 relativo a hacer extensivo este derecho a empleados del orden territorial y en el artículo 6º señaló que la base para su liquidación lo constituye el último sueldo o el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo de servicios (si fuere menor de 12 meses), en caso de que la remuneración haya variado en los 3 últimos meses, así:
Es entendido que en el caso de que el trabajador haya recibido primas o bonificaciones que no tengan el carácter de mensuales, el promedio de la remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el último año de servicio, por doce (12), y sumando tal promedio a la última remuneración fija mensual […]”.
Así las cosas, se concluye que el régimen retroactivo tiene las siguientes características:
La Ley 344 de 1996 “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”(28) en el artículo 13 estableció la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (Ramas legislativa y ejecutiva)(29), a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:
“[…] Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
El Decreto 1582 de 1998(30) por medio del cual el Presidente de la República reglamentó parcialmente el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, extendió el régimen de liquidación de cesantías anualizado a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, en los siguientes términos:
“PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
El nuevo sistema contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990(31), señalados expresamente por el Decreto Reglamentario 1582 de 1998(32), previó la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero de cada año en el fondo privado seleccionado por el empleado y la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo a cargo del empleador en el evento en que incumpla la obligación. Dice la norma:
Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo. […]”.
De la norma transcrita, se establece que el régimen anualizado tiene las siguientes características:
El Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional de Ahorro, dispuso a partir del 1º de enero de 1969 en su artículo 27(33), que cada año calendario, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause a favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.
El artículo 33 ibídem(34), consagró el pago de intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3º de la Ley 41 de 1975(35).
Por su parte, la Ley 432 de 1998 “Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones” en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional vinculado al Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Comercio). La norma en cita, en su artículo 5º permitió que el personal vinculado al sector territorial pudiera afiliarse a este Fondo para que administrara sus cesantías, reconociera los intereses y protegiera dicha prestación contra la pérdida de valor adquisitivo. Señaló el referido artículo lo siguiente:
“PAR.—En los casos en que los servidores públicos tengan régimen de retroactividad en las cesantías, el mayor valor será responsabilidad de la entidad empleadora”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).
“ART. 6º—Transferencia de cesantías. Artículo modificado por el artículo 193 del Decreto 19 de 2012. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.
“PAR. —Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de Ia obligación de transferencia no serán aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido en el artículo 99 de Ia Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de cesantías, y demás normas que Ia reglamenten, modifiquen o sustituyan”. (Resaltado fuera del texto original).
De acuerdo con la norma transcrita, las particularidades del régimen de los afilados al Fondo Nacional de Ahorro son las siguientes:
2.2. Del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación.
La Ley 43 de 1975 “Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”, implementó un proceso de nacionalización de la educación estatal, el cual tenía como propósito trasladar gradualmente a la Nación la totalidad de los costos de la prestación de dicho servicio, entre los que estaban comprendidos los salarios y las prestaciones sociales de los docentes.
Posteriormente, la Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, diferenció las categorías en que se agruparían los docentes afiliados al fondo, con el fin de establecer los trámites y las disposiciones que les serán aplicables de conformidad a su fecha de vinculación. Al efecto, consagró que los docentes oficiales se agruparían así:
(ii) el nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 1975(36); y
(iii) el personal territorial, en el cual se encuentran los docentes por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la mencionada ley, relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria(37).
Así mismo, en el parágrafo del artículo 2º ibídem previó cómo se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales causadas hasta la fecha de promulgación de la citada ley, así:
Como se expuso, creó el Fomag como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya señalado y de los que ingresaran con posterioridad a ella. Dice la disposición:
La citada ley determinó las fuentes de donde provendrán los recursos para que el fondo desarrolle sus funciones; la prohibición de destinarlos para asuntos diferentes al pago de las prestaciones del magisterio y lo que tiene que ver con los procedimientos para la realización de convenios con las entidades territoriales para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, en los artículos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14.
En lo relativo a las cesantías del personal docente, el numeral 3 del artículo señalado, previó la siguiente disposición:
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”(38).
De la norma transcrita, se concluye que respecto de los docentes oficiales, la ley regula 2 situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza de su vinculación:
Lo anterior, debido a que los entes territoriales con anterioridad al proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 1975(39), regularon de distinta manera el asunto atinente a los salarios y prestaciones sociales de los docentes oficiales, por lo que en varios departamentos y municipios, antes de la expedición de dicha norma, los maestros oficiales devengaban emolumentos adicionales a los mínimos legales, lo cual responde a la voluntad o intención del legislador de garantizar el respeto por los derechos adquiridos de los docentes nacionalizados que venían devengando emolumentos salariales y prestacionales adicionales a los mínimos legales, reconocidos por normas territoriales.
2) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicará las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, decretos 3135 de 1968(40), 1848 de 1969(41) y 1045 de 1978(42), o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996(43) que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989 consagró un sistema anualizado, así:
Así, en virtud de lo dispuesto por la citada Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Destinatarios: Docentes (nacionales o nacionalizados) vinculados desde el 1º de enero de 1990;
Con posterioridad, en armonía con el desarrollo del concepto de educación como función pública y como elemento determinante en el cumplimiento de los fines del Estado establecidos en la Constitución Política de 1991, se expidió la Ley 60 de 1993 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, se creó el situado fiscal que sería destinado a la educación(44) y se definieron los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los entes territoriales, el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos y distritos(45).
En tal sentido, el Estado en ejercicio de la división y organización administrativa descentralizó la educación primaria y secundaria que se había nacionalizado a través de la Ley 43 de 1975(46), y distribuyó de manera diferente las competencias de los servicios educativos entre la Nación y los entes territoriales y se otorgaron los recursos necesarios —bienes y personal—, a los departamentos, distritos y municipios certificados para el ejercicio de la actividad docente.
El artículo 6º de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y los de las nuevas vinculaciones, sería el reconocido por la Ley 91 de 1989, en los siguientes términos:
“El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos”. (Se resalta).
En desarrollo de los principios constitucionales sobre el derecho a la educación, fue proferida la Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”, a través de la cual se definió el término educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, e igualmente, en cuanto al régimen especial de los educadores estatales indicó en el artículo 115 que era el que allí se señalaba y el previsto en las leyes 91 de 1989 y 60 de 1993(47).
La obligación de incorporar a los docentes departamentales, distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag surgió con el Decreto 196 de 1995 “Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de 1994”, el cual, en los artículos 5º y 7 estableció que se debía respetar el régimen prestacional que tuvieran los docentes al momento de su vinculación y respecto de los emolumentos causados con anterioridad a la incorporación al señalado fondo, determinó la responsabilidad directa de la respectiva entidad territorial o de la caja de previsión o entidad ante la cual se efectuaron los aportes, tal como se transcribe a continuación:
“ART. 5º—Los docentes departamentales distritales y municipales financiados con recursos propios de las entidades territoriales que estén vinculados a la fecha de vigencia del presente decreto, serán incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, […]. A estos docentes se les respetará el régimen prestacional que tengan al momento de la incorporación y no se les podrá imponer renuncias o exclusiones a riesgos asumidos por la ley y las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos a que se refiere el artículo 9º del presente decreto.
Ahora bien, mediante el Acto Legislativo 01 de 2001(48), se creó el sistema general de participaciones de los entes territoriales y en desarrollo del mismo, se expidió la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. que entró en vigor el 21 de diciembre de la misma anualidad, en virtud de la cual, se derogó en su integridad la Ley 60 de 1993, y a diferencia de la anterior disposición que fijó un porcentaje de recursos que luego se prorrateaba entre los departamentos y distritos para después ser distribuido en los diferentes sectores —educación y salud—, con la nueva norma, primero se estableció un porcentaje de recursos para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los municipios, distritos y departamentos(49).
Así, se continuó con el proceso de descentralización territorial de la educación, pues adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley 715 de 2001(50), mediante los cuales se entregó a los departamentos, a los distritos y a los municipios certificados(51), la planeación, dirección y prestación directa del servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
2.3. Antecedentes jurisprudenciales frente a improcedencia de aplicar un test de igualdad respecto de regímenes de cesantías diversos y el principio de favorabilidad.
La Corte Constitucional en diferentes oportunidades ha sostenido la improcedencia general del juicio o test de igualdad entre los diferentes regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos, esto en consideración a que no son equiparables y que responden a los requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten, el grado de responsabilidad y calificación profesional requerida o, de las condiciones en que prestan sus servicios.
Este fue el asunto resuelto por la Corte en la Sentencia C-313 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la cual desestimó el cargo por violación del derecho a la igualdad respecto a la aplicación del Decreto 1278 de 2002, “Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”, para el caso de determinados maestros oficiales, con exclusión de aquellos vinculados al amparo de un régimen anterior. En esa oportunidad, la Corte recopiló el precedente aplicable al asunto objeto de estudio y planteó los siguientes argumentos que, por su importancia en el asunto de la referencia, la Sala considera pertinente transcribir in extenso:
“En este orden de ideas la Corte ha aceptado que en materia laboral puedan existir regímenes jurídicos diferentes que regulen diversos aspectos de la relación de trabajo entre los trabajadores y los empleadores, sean estos oficiales o privados, sin que por ello, pueda considerarse que por esa sola circunstancia se viole el principio de igualdad(52).
Así, como lo ha señalado igualmente la corporación, desde antiguo existen en el sector público, distintos estatutos especiales que establecen diversos regímenes salariales y prestacionales, que presentan en cada caso características peculiares y un sistema de auxilios y reconocimientos particulares(53).
En lo concerniente al principio denominado situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, la Corte Constitucional resumió su doctrina en la Sentencia T-981 de 2012(54), en la que dijo:
El principio opera (i) cuando existe controversia respecto de la aplicación de dos normas; y también, (ii) cuando existen escenarios en los cuales una norma admite diversas interpretaciones. A juicio de la Corte, “la favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones…”(55).
Profundizando en el último escenario propuesto, cuando una norma admite varias interpretaciones, ha dicho esta corporación que para la aplicación de la favorabilidad, deben presentarse, además, dos elementos a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica que una u otra interpretación tengan; y, (ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso concreto, es decir, deben ser aplicables a los supuestos fácticos concretos de las disposiciones normativas en conflicto(56)”.
Descendiendo a la materia objeto de estudio, reitera la Sala que la interpretación del artículo 15 de la Ley 91 de 1989(57) no ofrece duda seria y objetiva, pues, como se ha visto, a partir del 1º de enero de 1990, los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.
En el sub judice, el a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que en atención a la vinculación de la docente a partir del 26 de enero de 1993, esto es, con posterioridad al 1º de enero de 1990, el régimen de cesantías que regula su situación jurídica es el anualizado establecido en la Ley 91 de 1989(58) y no el sistema de retroactividad.
El apoderado judicial del demandante manifestó su desacuerdo frente a la decisión de primera instancia, al estimar que debido a que la demandante ingresó al servicio estatal docente con anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996(59), tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente, sin tener en cuenta que ejerció su labor por períodos discontinuos, pues tal como ha sucedido en frente a la pensión gracia, ello no impide el reconocimiento del derecho prestacional.
En tal sentido, la Sala analizará los elementos de prueba aportados al expediente en primera instancia, a efectos de determinar si se acreditaron los supuestos fácticos alegados por la parte apelante, así:
1) Con la contestación de la demanda, la mandataria judicial del municipio de Taminango aportó copia de los siguientes documentos relacionados con la vinculación de la demandante, así:
Documento Asunto Fls.
1 Decreto 11 de 12 de febrero de 1987 y acta de posesión Por el cual la alcadesa municipal de Taminago nombró a la demandante como profesora de la escuela ubicada en la vereda de Charguayaco. 90-92
2 Decreto 044 de 1º de septiembre de 1988 Por el cual el alcalde y el secretario del municipio declaran insubsistente el nombramiento de profesora de la vereda Alto de Don Diego. 93-95
3 Decreto 18 de 1º de septiembre de 1989 y acta de posesión
Por el cual el alcalde y el secretario del municipio ordenan el traslado a la escuela de la vereda de Corneta. 97-99
4 Decreto 60 de 1º de octubre de 1991 y acta de posesión Por el cual las mismas autoridades nombran a la demandante como profesora municipal de la escuela de la vereda Charguayaco. 100-101
5 Contrato de prestación de servicios 025 de 10 de enero de 1992 Por el cual la demandante se comprometió con el municipio a prestar sus servicios como profesora en la escuela de la vereda Charguayaco desde el 13/01/92 - 30/06/92 y desde el 01/09/92 - 20/12/92. 102
6 Decreto 19 de 26 de enero de 1993 y acta de posesión Por el cual el alcalde y el secretario de educación municipal nombraron a la actora en el cargo de docente municipal en la vereda de la Concordia. 104-105
2) En virtud de la prueba decretada de oficio por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Nariño en la audiencia inicial celebrada el 4 de diciembre de 2013(60), el profesional universitario de prestaciones sociales de la gobernación de Nariño allegó copia de la Resolución 1317 del 21 de octubre de 2009, por la cual la secretaria de educación municipal le reconoce el valor de $ 8.447.590 por concepto de cesantías parciales con destino a reparaciones locativas por el período comprendido entre el 20 de enero de 1993 y el 30 de diciembre de 2007(61).
3) Convenio interadministrativo del 16 de junio de 1999 suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el secretario general del Ministerio de Educación Nacional, el gobernador de Nariño y el alcalde de Taminango(62), cuyo objeto estipulado en las cláusula primera consistió en:
“Garantizar la afiliación o incorporación de 136 docentes financiados con recursos propios del municipio, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de los docentes nuevos que la entidad territorial vincule a su planta de personal de conformidad con lo establecido en el Estatuto Docente, teniendo en cuenta que estos no tienen pasivo prestacional por concepto de cesantías o pensiones, b) Determinar el pasivo prestacional por docente, existente a cargo del municipio, el cual será parte integral del presente convenio. El régimen prestacional aplicable será el acorde con lo establecido por la Ley 60 de 1993”.
Como obligaciones de las partes, se consagraron en las cláusulas segunda y cuarta particularmente relacionadas con las prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fomag, las siguientes:
“Obligaciones del municipio. a) El municipio efectuará el pago de la suma de $ 309.671.153,43 por concepto de pasivo prestacional de los docentes a que hace alusión el presente convenio. Esta deuda se cancelará en un plazo no superior a cuatro años, […] Con cada cuota se reconocerá y pagará un interés corriente equivalente a la tasa comercial promedio de captación del sistema financiero durante el período de amortización más 4 puntos, sobre los saldos a capital pendientes de pago; […] e intereses de mora que se causarán a partir del incumplimiento en el pago de las cuotas […].
Obligaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. a) Reconocer y pagar a través de la entidad fiduciaria contratada para administrar los recursos del Fondo, las prestaciones económicas establecidas en la Ley 91 de 1989 y el régimen prestacional aplicable a los docentes objeto del presente convenio, que se cause, previo el cumplimiento de los requisitos que permiten su exigibilidad […]”.
En cuanto a la duración del convenio en la cláusula quinta, se pactó el término de “[...] 10 años contados a partir del perfeccionamiento del mismo y se prorrogará automáticamente por un término igual, mientras no existan disposiciones posteriores que modifiquen los términos de este convenio”.
El pago del pasivo prestacional adeudado por el municipio de Taminango fue pagado al Fomag, en las siguientes fechas:
Fecha Valor Fl.
1 26/12/1996 $ 714.328,06 228
2 06/09/1999 $ 50.000.000 229
3 07/09/1999 $ 11.934.230 256
4 21/12/2012 $ 288.013.497
5 16/05/2002 $ 1.864.074
De los elementos de prueba aportados en el expediente, se evidenció que tal como lo señaló la demandante en el acápite de hechos de la demanda, ésta fue vinculada como docente al servicio del municipio de Taminango mediante Decreto 19 de 26 de enero de 1993, puesto que si bien prestó sus servicios durante períodos anteriores, a través de nombramientos (1987, 1988, 1989, 1991) y un contrato de prestación de servicios (1992), en la anualidad de 1993 se inició una relación laboral, pues como se observó, al efecto fue proferido un acto administrativo y tomó posesión del cargo de docente de la vereda de la Concordia.
Ahora bien, pese a que dicho decreto de nombramiento fue expedido por el alcalde municipal de Taminango, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, debido a su vinculación con posterioridad al 1º de enero de 1990, su nombramiento no se asimila al de un docente territorial, pues conforme a la norma en cita, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se encuentra regulado por las normas vigentes aplicables a los empleados del orden nacional, sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses establecido en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, en concordancia con el ordinal b), numeral 3, artículo 15 de la citada Ley 91 de 1989.
Por lo anterior, no es posible equiparar el régimen de cesantías de estos docentes, entre los cuales se encuentra la demandante, a la de los demás empleados del régimen general territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en tanto son beneficiarios de un sistema especial y en esa medida gozan de unas previsiones especiales en cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones, en atención a la fecha de vinculación.
En un caso similar, la Sala homóloga de esta subsección en sentencia del 19 de octubre de 2017(63), manifestó que al personal docente incorporado o vinculado a las plantas de personal del servicio educativo departamental o municipal, se les aplica el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses, que no puede equipararse al general de aquellos del orden territorial o a aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989. Al respecto, señaló lo siguiente:
Finalmente, no le asiste razón a la parte demandante al señalar que por ser un docente vinculado con anterioridad a la expedición de la Ley 344 de 1996, tiene derecho a que las cesantías le sean liquidadas retroactivamente, ello, toda vez porque el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluyó de su aplicación a los docentes vinculados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, es decir, a partir del 1.º de enero de 1990.
En el presente asunto, toda vez que el demandante se vinculó como docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, se le aplica para el reconocimiento de cesantías las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses. (Se resalta).
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la demandante no es beneficiaria del sistema retroactivo de cesantías, sino que por el contrario su sistema de liquidación está regulado por las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional, de que trata la Ley 344 de 1996 y el ordinal b), numeral 3, artículo 15 de la citada Ley 91 de 1989, el cual se caracteriza por una liquidación definitiva por la anualidad o por la fracción correspondiente a 31 de enero de cada año, sin retroactividad y el reconocimiento y pago de un interés anual por parte del Fomag sobre el saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.
La Sala precisa igualmente, que no es de recibo el argumento del apoderado judicial de la demandante concerniente a que para el reconocimiento de la pensión gracia pueden acumularse tiempos discontinuos, y por ende, en este caso deberán tenerse en cuenta los períodos laborados por la actora con anterioridad a su vinculación en 1993. Lo anterior, por cuanto la pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913(64) y para su reconocimiento la ley contempla como requisito el tiempo de servicio de 20 años en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o nacionalizado, entre otros, como 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observando buena conducta. Así las cosas, se trata de una prestación periódica que nada tiene que ver con el sistema de liquidación de cesantías de los maestros estatales determinado por la fecha de vinculación al sector oficial, como se expuso en precedencia.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 2 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negó a la demandante la liquidación de sus cesantías bajo el sistema de retroactividad, por las razones expuestas en precedencia.
En el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó en costas(65) a la parte demandante. Al respecto, la Sala de Sección indica que si bien no existe criterio único que gobierne su condena, ha de señalarse que ambas subsecciones acuden al de causación, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(66), impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso(67).
En este orden, la Sala observa que dentro de la valoración de las pruebas obrantes en el proceso, no existe ninguna que sugiera causación de expensas distintas a los gastos ordinarios del proceso, que son completa responsabilidad de la demandante, razón que al margen de la conducta de las partes, sugiere a la Sala que no procede su imposición al vencido, por lo que se revocará la condena en costas impartida y no se condenará en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó a la demandante la liquidación de sus cesantías bajo el sistema de retroactividad, con excepción del numeral tercero de la parte resolutiva, el cual se REVOCA; en su lugar se dispone, no CONDENAR en costas, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
26 El Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y la establecida en el artículo 22 de la Ley 6ª de 1945 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre prestaciones a favor de los trabajadores oficiales”.
27 Expedido por el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones legales y teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la Ley 65 de 1946; artículos 12, 13 y 17 de la Ley 6ª de 1945; artículo 7º de la Ley 64 de 1946; y las disposiciones pertinentes del Decreto 2350 de 1944.
28 Publicada en el Diario Oficial 42.951 de 31 de diciembre de 1996.
29 Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
30 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”.
31 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
33 “ART. 27.—Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1º de enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
34 “ART. 33.—Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47”.
35 “Por la cual se modifica el Decreto-Ley 1253 de 1975 y se dictan otras disposiciones. (…) Artículo 3º—El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta intereses del 12 por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantías que se encuentren en poder de establecimientos públicos o empresas industriales o comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47 del Decreto 3118 de 1968”.
36 “Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.
37 Ley 45 de 1975, Artículo 10. En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.
38 Destacado por la Sala.
39 “Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones”.
40 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
41 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.
42 “Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”.
43 “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
44 “ART. 9º—El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política”.
45 “ART. 11.—Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el artículo 356 de la Constitución Política, se distribuirá en la siguiente forma: 1. El 15% por partes iguales entre los departamentos, el Distrito Capital y los distritos de Cartagena y Santa Marta. 2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: a) Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita la prestación de los servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del presente artículo. Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo. b) El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por situado fiscal mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la población potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios establecidos en el parágrafo 2º del presente artículo. La metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar las reglas de distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes, será adoptada por el Conpes para la política social de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: i) Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en el sector oficial, más la becada que atiende el sector privado. La población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos de la estadística de usuarios. ii) La población potencial, en educación, es la población en edad escolar comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector privado. iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año por las instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector oficial, medida a través del registro de las consultas de medicina, enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. iv) La población potencial en el sector salud se mide como la población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la seguridad social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado por el DANE”.
46 La Ley 43 de 1975 “Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones” nacionalizó los servicios educativos públicos hasta el bachillerato y reguló la forma de prestarlos y de administrarlos por la Nación, que asumió la competencia directa de la prestación de este servicio”.
47 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
48 “Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.
“ART. 356.—Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos, y municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios. […]”.
49 “ART. 4º—Distribución sectorial de los recursos. Modificado por el artículo 2º, Ley 1176 de 2007, modificado transitoriamente por el artículo 4º, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del sistema general de participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 2º, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0”.
50 “ART. 5º—Competencias de la Nación en materia de educación.
51 “ART. 20.—Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los departamentos y los distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año 2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
52 Sentencia C-65 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
53 Sentencia C-995 de 200. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
54 Con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla, en la que se estudió una acción de tutela interpuesta por una ciudadana a quien, encontrándose en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, le negaron una pensión de jubilación. El problema jurídico planteado por la Corte fue el siguiente: “Debe esta Sala de Revisión determinar si los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la señora Leonor Murcia Figueroa, fueron vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al revocar el fallo del juzgado 9 laboral del circuito de esa ciudad, y no otorgarle la pensión de vejez de acuerdo el régimen de transición, anotando que tiene “un tiempo superior a los 20 años de servicio” y en la actualidad cuenta con más de 55 años de edad. Para ello, serán analizados los siguientes temas: i) la improcedencia general de la acción de tutela para controvertir providencias judiciales; ii) el derecho fundamental a la seguridad social, su protección por medio de la acción de tutela, y procedencia de ésta en la reclamación de una pensión de vejez; iii) los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tomando como régimen anterior aplicable la Ley 71 de 1988; iv) el principio de favorabilidad; y v) finalmente, será decidido el caso concreto”.
55 T-290 de marzo 31 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
56 T-545 de mayo 28 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-248 de marzo 6 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-090 de febrero 17 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras.
57 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
58 Ibídem 48.
59 “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
60 Fl. 150 vto.
61 Fls. 178-180.
62 Fls. 230-231 vto.
63 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A. Sentencia del 19 de octubre de 2017. Rad. 20001-23-39-000-2014-00289-01(5010-15). C.P. William Hernández Gómez.
64 “Que crea pensiones de jubilación a favor de los maestros de Escuela”.
65 Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho (artículos 361 y ss. CGP).
66 “ART. 188.—Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
67 “ART. 365.—En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: