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Timestamp: 2019-04-25 00:19:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 333', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 335']

El régimen especial de integraciones empresariales para el sistema financiero y asegurador por: Alfonso Miranda Londoño Bogotá D. C., Agosto de 2012
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1.MARCO JURÍDICO DE LA LIBRE COMPETENCIA EN COLOMBIA 3
1.1 Régimen General de Protección de la Competencia 4
1.2 Régimen Especial de Competencia para el Sector Financiero y Asegurador 5
2.RÉGIMEN DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES 6
2.1 Concepto de Integración Empresarial 7
2.2 Concepto de Empresa 7
2.3 La actividad económica 7
2.4 Formas jurídicas que puede revestir la operación 8
2.5 Operaciones realizadas en el exterior 8
2.6 El deber de informar una operación 8
2.7 El procedimiento ante la SIC. 9
2.7.1 Fase I. 10
2.7.2 Fase II. 10
2.8 Condicionamientos 10
3.RÉGIMEN DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES PARA EL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 11
3.1 Autoridad competente para adelantar el control de las integraciones en el sistema financiero 11
3.2 La autorización de integraciones empresariales en el E.O.S.F. 15
3.3 Proceso de Fusión 16
3.3.1 Presentación del Aviso 16
3.3.2 Facultad de la SFC para objetar las integraciones 17
3.3.3 Causales de objeción relacionadas con la estabilidad del sistema financiero. 17
3.3.4 Causales de objeción relacionadas con la competencia en los mercados financieros. 18
3.3.5 Formalización de la Fusión 20
3.4 Notas especiales sobre el proceso de Adquisición 20
3.5 Notas especiales sobre el proceso de Cesión de Activos, Pasivos y Contratos 21
3.6 Otras formas jurídicas de la integración empresarial 21
3.7 Institutos de salvamento y protección de la confianza pública 21
4.CONSIDERACIONES RESPECTO DEL ANÁLISIS DE LIBRE COMPETENCIA QUE REALIZA LA SIC 22
4.1 La definición del mercado relevante 23
4.1.1 Mercado Relevante Producto 23
4.1.2 El Mercado Relevante Producto en el Sector Financiero 24
4.1.3 Mercado Relevante Geográfico 25
4.1.4 Mercado Relevante Geográfico en el Sector Financiero y Asegurador 25
4.2 Análisis sobre los efectos en la competencia en materia de integraciones empresariales en el Sector Financiero y Asegurador 26
4.2.1 La estructura oligopólica de los Mercados Financieros 27
4.2.2 Barreras de Entrada en los Mercados Financieros 27
4.3 La excepción de eficiencia 29
5.CONCLUSIONES 29
Alfonso Miranda Londoño1
MARCO JURÍDICO DE LA LIBRE COMPETENCIA EN COLOMBIA
El derecho a la libre competencia fue consagrado de manera expresa por primera vez en Colombia por la Constitución de 19912. En efecto, el artículo 333 de la carta fundamental establece que la libre competencia es un “derecho de todos que supone responsabilidades”. Se trata de un derecho económico y de carácter colectivo3, que no ha sido clasificado por la jurisprudencia constitucional, como un derecho fundamental.
Debe advertirse que desde antes de la consagración del derecho de la competencia en la Constitución, ya el legislador colombiano, en ejercicio de la facultad de intervención en la economía, había expedido normas generales como la Ley 155 de 1959 y normas especiales de libre competencia en varios sectores económicos. En el caso del Sector Financiero y Asegurador, dichas normas fueron introducidas con la Ley 45 de 1990, que posteriormente fue subsumida por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF, contenido en el Decreto 663 de 1993.
El Derecho de la Competencia incluye las normas sobre Protección de la Competencia, Competencia Desleal, Protección al Consumidor y Metrología. Las normas sobre Protección de la Competencia, que son las que resultan relevantes para el presente estudio se subdividen en el Régimen General de Protección Competencia, que se aplica a todos los sectores y actividades económicas que no tengan normas especiales de competencia; y los Regímenes Particulares o Especiales de Competencia, compuestos por las normas que se hayan expedido en los sectores especiales cuyas características y naturaleza requieran de una normativa específica4.
1.1 Régimen General de Protección de la Competencia
El Régimen General de Protección de la Competencia se encuentra conformado de manera principal por la Ley 155 de 1959, el Decreto-Ley 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 20095. El artículo 2 de la Ley 1340 de 2009 establece el ámbito de aplicación del régimen:
“Artículo 2. Ámbito de la Ley. Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a prácticas comerciales restrictivas, esto es Acuerdos, Actos y Abusos de la Posición de Dominio, y el Régimen de Integraciones Empresariales. Lo dispuesto en las normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico” (Subrayas fuera de texto)
La norma circunscribe el ámbito objetivo de aplicación del Régimen de Protección de la Competencia a: (i) las Prácticas Restrictivas de la Competencia en la modalidad de Acuerdos6 y Actos7 contrarios a la libre competencia, además de la prohibición de las conductas de Abuso de la Posición Dominante8; y (ii) al Régimen de Integraciones Empresariales.
Respecto del ámbito subjetivo de aplicación la norma, se considera que está sometido a la normativa de competencia “… todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica”, lo cual establece un ámbito de aplicación bastante amplio que se refiere a los “agentes de mercado”. Esta definición normativa abarca tanto a las personas naturales como a las jurídicas, ya sea que tengan ánimo de lucro o no, e inclusive resulta aplicable a las agremiaciones.
Es necesario señalar que la parte final de la norma establece la “Teoría de los Efectos”, según la cual no importa dónde se realice la conducta o con qué objeto, siempre que dicha conducta tenga efectos restrictivos de la competencia en el país. Así, si la conducta desplegada o la integración empresarial tienen efectos en el mercado nacional, aún cuando se realicen en el exterior, la SIC podrá investigarlas o ejercer control sobre ellas, según sea el caso.
El artículo 4 de la Ley 1340 de 2009 contiene un principio hermenéutico de adecuación normativa según el cual el Régimen General de Protección de la Competencia resulta aplicable “… a todos los sectores y todas las actividades económicas”, pero en caso de que existan normas particulares para algunos sectores (como es el caso del Sector Financiero y Asegurador), dichas normas se aplican de preferencia a las del Régimen General. La mencionada norma dispone:
“ARTÍCULO 4o. NORMATIVIDAD APLICABLE. La Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la presente ley y las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, constituyen el régimen general de protección de la competencia, aplicables a todos los sectores y todas las actividades económicas. En caso que existan normas particulares para algunos sectores o actividades, estas prevalecerán exclusivamente en el tema específico. (Subrayado fuera de texto).
Este principio hermenéutico para la aplicación de las normas de competencia resulta congruente con la naturaleza especial y preferente de las normas del Sector Financiero. En efecto, en relación con la normativa del sistema financiero, el Artículo 335 de la Constitución dispone que la actividad financiera es de “… interés público y sólo puede ser ejercida previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias”9.
En este mismo sentido, la doctrina ha reconocido que “[d]ado el carácter especial del derecho bancario, no puede decirse que su fuente primigenia es la legislación en general. La forma especial del mismo es la legislación financiera: esto es, las normas jurídicas que se ocupan del ámbito propio del derecho bancario”10. Resulta claro que para efectos de los establecimientos financieros y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben aplicarse las normas especiales de Competencia establecidas en la legislación financiera.