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Timestamp: 2019-03-20 13:55:18
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Nueva Jurisprudencia Vinculante sobre los Antejuicios de Merito
SALA CONSTITUCIONAL 04/11/2008
Expediente Nº 08-1016 Sentencia N° 1684
La Sala interpretó el artículo 266, cardinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y consideró que en caso de darse el supuesto de hecho en ella previsto, deberán remitirse los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva.
".Mediante el Oficio N° TPE-08-0344 del 25 de julio de 2008, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia remitió a esta Sala Constitucional el expediente N° AA10-L-2008-000067 de esa Sala, contentivo de la solicitud de antejuicio de mérito solicitado por la ciudadana Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el ciudadano CARLOS EDUARDO GIMÉNEZ COLMENÁREZ, titular de la cédula de identidad N° 5.426.658, quien ejerce el cargo de Gobernador del Estado Yaracuy.
Tal remisión se efectuó en virtud de la sentencia N° 90 publicada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 22 de julio de 2008, en la cual declinó en esta Sala Constitucional la competencia para resolver la presunta colisión de normas existente entre los artículos 5 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal y, de esta manera, determinar el Tribunal que habrá de conocer el juicio penal contra el referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso impropio, evasión de procesos licitatorios y concierto con contratista, tipificados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley contra la Corrupción.
El 4 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
FUNDAMENTOS DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 90, publicada el 22 de julio de 2008, se declaró incompetente para resolver la colisión de normas existente entre los artículos 5 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, con base en las siguientes consideraciones:
“…la ciudadana Fiscala General de la República solicitó en su escrito, la determinación del tribunal competente ˈ…para conocer del procedimiento que habrá de seguirse en lo sucesivo contra el ciudadano CARLOS EDUARDO GIMÉNEZ COLMENÁREZ…ˈ.
En este sentido, el numeral 3 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra lo siguiente:
ˈSon atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…)
Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva…ˈ.
De la disposición constitucional trascrita resulta que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, sería el competente para conocer de la causa que se le seguirá al alto funcionario una vez declarado con lugar el antejuicio de mérito, siempre y cuando el delito fuere común.
En cuanto a la competencia de los tribunales en el procedimiento de antejuicio de mérito, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 5, numeral 2, expresa que si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa, hasta sentencia definitiva, el Tribunal Supremo de Justica.
Es de observar también, que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el último aparte del artículo 22, en cuanto al procedimiento de antejuicio de mérito, remite al Código Orgánico Procesal Penal en los términos siguientes:
ˈ… En todo lo no previsto en este artículo se aplicarán las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal y del Código de Procedimiento Civil, así como las disposiciones normativas que emanen de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y fueren publicadas de conformidad con la ley, en cuanto sean compatibles con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con esta Ley…ˈ.
Sobre este particular, el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 378, al referirse a la competencia, distingue entre el Presidente de la República y los demás altos funcionarios. Tal disposición legal es del tenor siguiente:
ˈEfectos. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República, previa autorización de la Asamblea Nacional, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva.
Cuando se trate de los otros altos funcionarios del Estado y se declare que hay lugar al enjuiciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pasar los autos al tribunal ordinario competente si el delito fuere común, y continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos, salvo lo dispuesto en la Constitución de la República respecto del allanamiento de la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional.
La causa se tramitará conforme a las reglas del proceso ordinario.
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que no hay motivo para el enjuiciamiento pronunciará el sobreseimientoˈ.
Ahora bien, no cabe duda, de que sólo el Código Orgánico Procesal Penal (reformado en fecha posterior a la Constitución de 1999 y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004) prevé la competencia de los tribunales ordinarios en las causas seguidas contra los altos funcionarios, por delitos comunes, con excepción del Presidente de la República, quien sería eventualmente juzgado en única instancia por el Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, existe una colisión normativa entre el Código Orgánico Procesal Penal, por un lado, y la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por el otro.
A juicio de la Sala Plena, es necesario el examen y análisis de la disposición constitucional y de las disposiciones legales a las cuales se hizo referencia anteriormente, en razón de que regulan la competencia de los tribunales que habrán de conocer un eventual juicio penal con motivo de la declaratoria con lugar del antejuicio de mérito, lo cual constituye materia de orden público.
Ante esta circunstancia se revisará la competencia de la Sala Plena y, al respecto, el artículo 266 (numerales 2 y 3) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra lo siguiente:
ˈArtículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva…ˈ.
Las atribuciones señaladas en los numerales 2 y 3 serán ejercidas por la Sala Plena.
También el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, regula las atribuciones de la Sala Plena en los términos siguientes:
ˈ…Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
1. Declarar, en Sala Plena, si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces; y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa, previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva;
2. Declarar, en Sala Plena, si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General de la República, del Fiscal o la Fiscal General de la República, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, de los Gobernadores o Gobernadoras, Oficiales, Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional, en funciones de comando, y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva…”.
Del examen de tales artículos se concluye que la Sala Plena sólo tiene competencia para decidir si procede o no la solicitud de antejuicio de mérito. Por consiguiente, no tiene competencia para examinar y analizar los artículos constitucional y legales que regulan la competencia del tribunal que conocerá un eventual juicio penal producto de la declaratoria con lugar del antejuicio de mérito; en casos como el presente, en los cuales se hace imprescindible acudir a la interpretación constitucional para resolver la colisión de normas supra referida; determinándose que tal competencia está atribuida constitucional y legalmente a la Sala Constitucional, tal como se demuestra en los artículos siguientes:
El artículo 266 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra:
Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución
La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional…ˈ.
Asimismo, el Título VIII de nuestra Carta Magna, establece las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
ˈ…Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley….ˈ.
Por otra parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece la competencia de la Sala Constitucional y al respecto señala:
14. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer;
52. Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los casos previstos en la ley, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiereˈ.
Las competencias previstas en los numerales 3 al 23 serán ejercidas por la Sala Constitucional y en los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida.
A tal efecto, la Sala Plena observa que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorga a la Sala Constitucional la competencia exclusiva para conocer de cualquier acción cuya naturaleza sea de orden constitucional.
La vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el último aparte del artículo 266, señala que corresponde a este Supremo Tribunal de Justicia, por intermedio de su Sala Constitucional principalmente, ejercer la jurisdicción constitucional, la cual comprende, entre otros aspectos, la interpretación sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335).
Consecuencia de ello, constituye la interpretación que del artículo 266 (numeral 3) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe hacer la Sala Constitucional en relación con los artículos 5 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.
En aplicación de las precedentes consideraciones en concordancia con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que las interpretaciones de la Sala Constitucional son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, la Sala Plena se declara incompetente para resolver la colisión de normas existente para determinar el Tribunal Competente para el enjuiciamiento de los Altos Funcionarios distintos del Presidente de la República; y declina la competencia en la Sala Constitucional de este máximo Tribunal. Así de declara…”.
Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer de la presunta colisión de normas existente entre los artículos 5 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, observa que lo requerido a la Sala Plena por la Fiscala General de la República fue la“…determinación del tribunal competente para conocer del procedimiento que habrá de seguirse en lo sucesivo contra el ciudadano CARLOS EDUARDO GIMÉNEZ COLMENÁREZ…”, una vez que fue declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito propuesta en su contra.
Al respecto este órgano jurisdiccional estima, luego de un estudio minucioso de la solicitud planteada, que la misma se traduce en realidad en una pretensión de interpretación del contenido del artículo 266, cardinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en lo concerniente a la determinación del tribunal competente para seguir conociendo de la causa, una vez declarada con lugar la solicitud de antejuicio de mérito presentada en contra de cualquiera de los altos funcionarios públicos que integran el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Estadal, el Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial, el Poder Moral, la Fuerza Armada Nacional o los Jefes de Misiones Diplomáticas de la República.
Esta conclusión se deriva del hecho de que la presunta colisión no se limita a las disposiciones aludidas contenidas en dos leyes orgánicas, sino que la antinomia también involucra una norma constitucional cuya redacción coincide con una de las disposiciones legales, es decir, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, para resolver esta antinomia entre leyes es imprescindible precisar mediante la interpretación el adecuado sentido que debe darse al artículo 266.3 de la Constitución vigente; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, cardinal 52 y primer aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En este sentido, esta Sala en sentencia N° 1.077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
En este orden de ideas, se ha precisado que la norma a interpretar debe estar en la Constitución (sentencia N° 1415/2000 del 22 de noviembre caso: Freddy Rangel Rojas, entre otras) o integrar el sistema constitucional (sentencia N° 1860/2001 del 5 de octubre caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas), del cual formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia N° 1077/2000 del 22 de septiembre caso: Servio Tulio León) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia N° 1563/2000, caso: Alfredo Peña).
Sentado lo anterior, y visto que la interpretación requerida versa sobre una disposición de rango constitucional, esta Sala declara su competencia para conocer de la interpretación in commento; y así se declara.
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INTERPRETACIÓN
Establecido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción interpuesta y, al respecto, observa que en la sentencia N° 1.029 del 13 de junio de 2001 (caso: Asamblea Nacional), este órgano jurisdiccional precisó los requisitos de admisibilidad de la acción de interpretación constitucional, en atención a su objeto y alcance. En este sentido, estableció lo siguiente:
5.- Cuando no se acumulen acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles;
6.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible;
7.- Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos;
8.- Inteligibilidad del escrito;
9.- Representación del actor.
La solicitud deberá expresar:
1.- Los datos concernientes a la identificación del accionante y de su representante judicial;
2.- Dirección, teléfono y demás elementos de ubicación de los órganos involucrados;
3.- Descripción narrativa del acto material y demás circunstancias que motiven la acción.
En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos...”.
La Sala advierte que, en el caso de autos, está demostrado el cumplimiento efectivo de cada uno de los requisitos señalados supra, por parte de la interesada en la interpretación que ocupa a esta Sala; en efecto, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimidad que ostenta a tales fines la Sala Plena en el requerimiento de la determinación del tribunal competente para conocer del procedimiento que habrá de seguirse contra el ciudadano Carlos Eduardo Giménez Colmenárez, en su condición de Gobernador del Estado Yaracuy, una vez declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito propuesta en su contra, por parte de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.
En segundo lugar, el recurso fue planteado bajo la premisa de una ambigüedad sobre el contenido del artículo 266, cardinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente con relación al órgano jurisdiccional que seguirá conociendo de la causa una vez declarada con lugar la solicitud de antejuicio de mérito.
Asimismo, la interpretación constitucional que nos ocupa constituye una novedad para este órgano jurisdiccional, ya que no existe criterio alguno al respecto establecido con anterioridad a la presente decisión. No existen vías ordinarias a las cuales se pudiese acudir para dilucidar la pretensión, ni acumulación con otra acción con la que pudiese excluirse mutuamente o cuyos procedimientos resultaran incompatibles. Por otra parte, la solicitud fue presentada en términos claros, no contiene conceptos ofensivos y se acompañó con los documentos indispensables para verificar su admisibilidad. En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala admite la interpretación solicitada; y así se decide.
En cuanto al procedimiento a seguir para sustanciar el recurso de interpretación constitucional, la Sala, en sentencia del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), dejó abierta la posibilidad de que, una vez admitida la acción, si lo creyere necesario, en aras de la participación de la sociedad, pudiera emplazar por “edicto” a cualquier interesado que quisiera coadyuvar en el sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se señalaría un lapso de preclusión a fin de que aquéllos concurrieran y expusieran por escrito (dada la condición de mero derecho de este tipo de causas), lo que creyeren conveniente. Además, a los mismos fines, se haría saber de la admisión del recurso, mediante notificación, a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, quedando a criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala el término señalado para las observaciones, así como la necesidad de llamar a los interesados, ya que la urgencia de la interpretación puede conducir a que ello sea obviado (Vid. Sentencia N° 226 del 20 de febrero del 2001, caso: Germán Mundaraín Hernández y otros).
En la presente causa, la Sala, en atención a la facultad discrecional que posee, considera pertinente entrar a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sin abrir procedimiento alguno, ello por estimar que la presente causa constituye un asunto de mero derecho, que además debe resolverse con la menor dilación posible, por lo que pasará inmediatamente a pronunciarse sobre su procedencia; y así se decide.
En tal sentido, a los efectos de dar una solución que resulte coherente o pertinente con las propiedades del supuesto de hecho, esta Sala considera que en caso de darse los elementos anteriormente mencionados, deben remitirse los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva.
En consecuencia, vista la integración de la laguna axiológica de que adolecía la norma constitucional, esta Sala declara resuelta la interpretación solicitada; y así se decide.
Precisado lo relativo a la interpretación del cardinal 3 del artículo 266 del Texto Fundamental, esta Sala estima pertinente realizar algunas consideraciones con respecto al contenido de las normas previstas en artículos 5, cardinal 2, 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal, ello en atención a la posible contradicción que podría existir entre ellas y su vinculación con la disposición constitucional en referencia.
Al respecto, las disposiciones aludidas establecen lo siguiente:
“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
2. Declarar, en Sala Plena, si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General de la República, del Fiscal o la Fiscal General de la República, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, de los Gobernadores o Gobernadoras, Oficiales, Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional, en funciones de comando, y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.
El Tribunal conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2…”. (Subrayado de esta Sala)
“Artículo 22. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de las causas para declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los altos funcionarios o funcionarias, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a instancia del Fiscal General de la República, quien interpondrá escrito con los respectivos documentos, testimonios, averiguaciones u otros medios de prueba que acrediten los alegatos expuestos y permitan constatar la presunta comisión de un hecho punible previsto en la ley. En caso de que la solicitud vaya dirigida contra un diputado o una diputada de la Asamblea Nacional, el procedimiento se regirá conforme a lo que establece el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley.
En todo lo no previsto en este artículo se aplicarán las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal y del Código de Procedimiento Civil, así como las disposiciones normativas que emanen de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y fueren publicadas de conformidad con la ley, en cuanto sean compatibles con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con esta Ley…”. (Subrayado de esta Sala)
“Artículo 378.- Efectos. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República, previa autorización de la Asamblea nacional, continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva.
Cuando se trate de los otros funcionarios del Estado y se declare que hay lugar al enjuiciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pasar los autos al tribunal ordinario competente si el delito fuere común, y continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos, salvo lo dispuesto en la Constitución de la República respecto del allanamiento de la inmunidad de los miembros de la Asamblea Nacional…”. (Subrayado de esta Sala)
De la lectura de las disposiciones supra transcritas, se desprende que pareciera existir una colisión de normas o antinomia, es decir, una situación de incompatibilidad entre enunciados jurídicos “…que pertenecen al mismo ordenamiento (y que) tienen el mismo ámbito de validez…”, producto de una solución contraria a supuestos de hecho similares (Cfr. Norberto Bobbio, Teoría General del Derecho, pág. 201).
Sin embargo, en vista de la interpretación constitucional realizada y el hecho de que el último aparte del artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia remita expresamente al Código Orgánico Procesal Penal “en todo lo no previsto” en lo que concierne a los procedimientos de antejuicio de mérito y enjuiciamiento de altos funcionarios hace concluir a esta Sala Constitucional, que la antinomia está resuelta, no solo por la aludida remisión, sino porque, a pesar de tratarse la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código Orgánico Procesal Penal de normas de igual jerarquía (orgánicas), el Código Orgánico Procesal Penal es ley posterior (su última reforma es del 4 de octubre de 2006) y ley especial en lo que concierne al procedimiento penal, pues la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es fundamentalmente una ley organizativa del máximo Tribunal. En consecuencia, la normativa aplicable en lo que concierne al Tribunal competente y al enjuiciamiento de altos funcionarios es la contenida en el Título IV (artículos 377 al 381) del Código Orgánico Procesal Penal; y así se decide.
1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de interpretación constitucional del artículo 266, cardinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2.- Declara PROCEDENTE la interpretación del primer aparte del artículo 266, cardinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3.-ORDENA publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, ORDENA que en la página principal del sitio web de este Tribunal se haga mención de la existencia del fallo y se remita a su texto íntegro.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenando. Remítase el expediente a la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008). Años: 198° de la Independencia y 149° de