Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S81-05.html
Timestamp: 2018-10-15 20:27:46
Document Index: 168997615

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 37', 'artículo 31', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 31', 'artículo 50', 'Artículo 1', 'Artículo 24', 'artículo 31', 'artículo 50']

Andrew Harte y Familia v. Canada, Caso 11.862, Informe No. 81/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005).
1. El 18 de octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por el Sr. Lorne Waldman, abogado de la empresa Waldman and Associates of Canada, (en adelante “el peticionario”) en contra del Estado de Canadá (en adelante “Canadá” o “el Estado”). Dicha petición fue presentada a nombre de Andrew Harte (en adelante “el Sr. Harte”) y sus hijos menores de edad Rachel y Levi Harte.
2. El Sr. Harte es ciudadano guyanés y residente permanente de Canadá. Sus dos hijos son ciudadanos canadienses, nacidos en Canadá en fecha posterior a la emigración del Sr. Harte a ese país en 1980. Al momento de la petición, el Sr. Harte era residente permanente de Canadá. En junio de 1994 el Estado había ordenado su deportación por múltiples condenas penales ocurridas entre 1987 y 1993. En 1995, el Estado certificó al Sr. Harte como un “peligro público”, lo cual, según alega el peticionario, privó al Sr. Harte del derecho de apelar la orden de deportación. El peticionario argumenta también que el Estado no tomó en cuenta los intereses de los hijos del Sr. Harte durante los procesos judiciales correspondientes a la orden de deportación en contra del Sr. Harte y su certificación como “peligro público” o derivados de ellos. La deportación del Sr. Harte a Guyana se había programado para el 24 de octubre de 1997. Sin embargo, el Sr. Harte se ocultó y se mantuvo oculto hasta que las autoridades canadienses lo aprehendieron y detuvieron en julio de 1998. Posteriormente, en 1999, las autoridades canadienses le otorgaron la libertad bajo fianza.
5. Como se establece en el presente Informe, una vez analizados los planteamientos de las partes sobre admisibilidad, la Comisión ha decidido declarar inadmisible la petición, de conformidad con el artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión, por no haberse cumplido el requisito de agotamiento de los recursos internos.
10. Mediante nota del 15 de septiembre de 1998, el Estado transmitió su respuesta a la petición y aceptó cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión y suspender la deportación del Sr. Harte siempre que “la Comisión analizara la admisibilidad de la petición en su siguiente sesión y resolviera respecto a la admisibilidad dentro de un plazo razonable…”. Mediante comunicación de fecha 20 de octubre de 1998, la Comisión transmitió la respuesta del Estado al peticionario y solicitó sus observaciones al respecto dentro de un plazo de 30 días.
11. Mediante escrito del 20 de noviembre de 1998, el peticionario presentó sus observaciones respecto a la nota del Estado del 15 de septiembre del mismo año, las cuales fueron transmitidas a su vez por la Comisión al Estado mediante nota del 30 de noviembre de 1998. La Comisión solicitó al Estado sus observaciones dentro de un plazo de 30 días.
12. Mediante escrito del 12 de enero de 1999, el peticionario solicitó a la Comisión que convocara a una audiencia durante su siguiente período de sesiones para deliberar sobre la admisibilidad de la petición. Mediante comunicaciones a ambas partes de fecha 3 de febrero de 1999, la Comisión anunció que había programado una audiencia para el 5 de marzo de 1999 respecto a la admisibilidad y el fondo de la petición durante su siguiente período de sesiones (102º período de sesiones). Mediante nota del 26 de febrero de 1999, el Estado notificó su intención de presentar comunicaciones adicionales por escrito en dicha audiencia.
13. La Comisión celebró dicha audiencia el 5 de marzo de 1999, y en ella se recibieron declaraciones de los representantes de ambas partes sobre la admisibilidad y el fondo del caso. El peticionario avisó a la Comisión que el Sr. Harte no podía estar presente porque se encontraba oculto en Canadá y, en cualquier caso, el Sr. Harte no podía costear el viaje a los Estados Unidos de América. La Comisión decidió suspender la audiencia sobre el asunto en espera de que Suprema Corte de Canadá dictara sentencia sobre el caso de Mavis Baker c. Canadá (Ministro de Ciudadanía e Inmigración).[1] Se alegó la pertinencia de este caso al caso del peticionario por referirse a cuestiones similares, en particular a los derechos de los hijos nacidos en Canadá de personas que (a) se encontraran bajo orden de deportación y (b) hubieran solicitado su permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas con base en las leyes de inmigración canadienses.
14. Mediante nota del 24 de enero de 2000, el Estado informó a la Comisión que la Corte Suprema de Canadá había dictado sentencia en el caso de Mavis Baker y entregó una copia de la decisión para ser considerada por la Comisión.
15. Mediante escrito del 23 de marzo de 2000, la Comisión transmitió al peticionario las partes pertinentes de la nota del Estado del 24 de enero de 2000 y solicitó sus observaciones dentro de un plazo de 45 días. El peticionario entregó sus observaciones mediante escrito del 3 de mayo de 2000. El peticionario planteó, entre otras cosas, que el Sr. Harte era indigente, por lo que no podía pagar la cuota (de Can$500.00) que el Estado requería para presentar una solicitud de permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas. Mediante comunicación del 26 de junio de 2000, la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de las observaciones del peticionario. La Comisión solicitó al Estado sus observaciones al respecto dentro de un plazo de 30 días.
16. Mediante nota del 6 septiembre de 2000, el Estado presentó sus observaciones adicionales, que incluyeron la refutación del alegato del peticionario de que el Sr. Harte estaba imposibilitado de pagar la cuota requerida para presentar la solicitud de permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas.
17. Mediante nota al Estado del 11 de septiembre de 2000, la Comisión preguntó al Estado si sería posible que Canadá condonara la cuota por la solicitud, en consideración a la indigencia del Sr. Harte.
30. El peticionario alega que al Sr. Harte también se le negó la asistencia legal para presentar una solicitud ante la Corte Federal de Canadá (División Procesal) para la revisión judicial de la decisión de certificarlo. Declara el peticionario que el Sr. Harte presentó una solicitud de revisión judicial sin asistencia legal, pero que dicha solicitud fue desestimada en agosto de 1996, por “no haber presentado adecuadamente la documentación necesaria”. Según el peticionario, un solicitante de revisión judicial tiene que presentar un memorando de argumento en que establezca las razones de la solicitud, que será considerado por la Corte Federal. El peticionario señala que no se lleva a cabo una audiencia oral si la solicitud es desestimada, y que la notificación de la desestimación se envía por correo certificado al abogado del solicitante o a su último domicilio conocido (en caso de no tener un abogado que lo represente). El peticionario alega que el Sr. Harte se enteró de esta decisión apenas en julio o agosto de 1997, cuando le informó al respecto un funcionario de inmigración canadiense. El peticionario alega que al Sr. Harte se le negó el derecho al debido proceso pues no se le permitió apelar la orden de deportación ni tuvo acceso a la asistencia legal necesaria para recusar su certificación como “peligro público”.
31. El peticionario sostiene asimismo que (a) no existe en Canadá un derecho general de asistencia legal para solicitudes de revisión judicial de la mayoría de las decisiones sobre inmigración (incluidas las deportaciones); (b) la asistencia legal es proporcionada a discreción por agencias provinciales de asistencia legal; (c) en la decisión de otorgar o negar la asistencia legal no se toman en cuenta factores humanitarios y compasivos al considerar la solicitud de una persona declarada como peligro público.
43. En lo que respecta al Sr. Harte, el Estado sostiene que no agotó los recursos internos puesto que:
a) No envió ninguna comunicación al Ministro de Ciudadanía e Inmigración durante el trámite de la determinación de que era un peligro público.
48. El Estado señala también que el Sr. Harte no invocó los recursos a su disposición con base en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. En especial, el Estado sostiene que “durante el trámite de su solicitud, el Sr. Harte pudo haber solicitado reparación declaratoria por revisión judicial con fundamento en que la decisión u orden emitida por las autoridades contradecía la Carta Canadiense de Derechos y Libertades...”.
49. El Estado sostiene asimismo que la petición presentada a nombre del Sr. Harte es inadmisible porque se presentó con posterioridad al plazo de seis meses establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Comisión. Al respecto afirma el Estado que la petición se presentó en octubre de 1997, más de un año después de la decisión de la Corte Federal de Canadá (en agosto de 1996) en que se denegó la solicitud del Sr. Harte de revisión judicial de la decisión ministerial en que se le declaró un ‘peligro público’. El Estado señala que la decisión de la Corte le fue debidamente transmitida al Sr. Harte por correo certificado a su último domicilio conocido y que si él omitió notificar a la Corte sobre su cambio de domicilio, no se le debe excusar por un retraso del que es el único responsable.
50. En cuanto a las quejas de los hijos del Sr. Harte, el Estado arguye que no han instituido ningún recurso basado en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, y que por lo tanto sus quejas se deben declarar inadmisibles. En especial, el Estado sostiene que los menores podrían haber recusado la decisión ministerial de deportar al Sr. Harte y de declararlo un peligro público.
51. Por último, el Estado afirma que la petición es manifiestamente infundada por no establecer violaciones prima facie de los artículos I, VI, IX y XIII. El Estado argumenta que conforme al artículo 41 del Reglamento de la Comisión, la Comisión debe declarar inadmisible la petición por no contener hechos que caractericen una violación de la Declaración Americana.
62. El artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión especifica que con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto, la Comisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Sin embargo, el artículo 31(2) del Reglamento de la Comisión especifica que este requisito no se aplica si no existe en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados, si no se ha permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o ha sido impedido de agotarlos, o si ha habido retardo injustificado en la decisión sobre los recursos internos.
65. La jurisprudencia del sistema interamericano también deja claro que la regla que requiere el agotamiento previo de los recursos internos está diseñada para beneficio del Estado, pues su intención es evitar que el Estado tenga que responder a acusaciones por acciones que se le imputen ante una instancia internacional sin haber tenido antes la oportunidad de remediarlas por medios internos.
66. La Comisión ha compartido en el pasado la opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido de que de acuerdo con los principios generales del derecho internacional, no es necesario que un peticionario agote los recursos internos si existen evidencias de que dicho proceso obviamente sería inútil o no tendría posibilidades razonables de tener éxito.[15]
67. Canadá no es parte de la Convención Americana. Sin embargo, para fines de análisis, la Comisión se refiere al caso Velásquez Rodríguez[16] en que la Corte Interamericana consideró el artículo 46 de la Convención Americana sobre la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, cuyas disposiciones son semejantes a las establecidas en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión. En el caso Velásquez, la Corte Interamericana declaró que para que la regla de agotamiento de los recursos internos sea aplicable, los recursos del Estado en cuestión deben estar disponibles y ser adecuados y eficaces a fin de ser agotados. La Corte opinó también que cuando la parte alega el no agotamiento debido a la falta de disponibilidad del debido proceso en el Estado, la carga de la prueba se traslada al Estado que alega el no agotamiento y que “tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad”.[17]
70. En contraste, el Estado ha objetado la admisibilidad de la petición con base en que ni el Sr. Harte ni sus hijos han agotado los recursos internos disponibles, y que el Sr. Harte no ha demostrado su indigencia ni que se le haya negado la asistencia legal cuando la solicitó.
71. Aunque Canadá no es parte de la Convención Americana, la Comisión, para fines de análisis, se refiere a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana OC-11-90[20] en que la Corte consideró las excepciones al agotamiento de los recursos internos con base en los artículos 46(1), (2)(a) y (2)(b) de la Convención Americana en particular con respecto a los peticionarios a quienes se les niega el acceso a los recursos internos por indigencia o por falta de acceso a asistencia legal.
80. El Sr. Harte dice que no pudo costear un abogado privado y que por lo tanto solicitó asistencia jurídica. Declara que esta solicitud le fue negada, pero no presenta detalles sobre el sitio y fecha en que esto ocurrió o a quién dirigió esta solicitud. No presenta documentos que apoyen esta afirmación, como puede ser una carta de denegación. Como respuesta al argumento del Estado de que existen clínicas legales comunitarias (además de las oficinas de asistencia legal financiadas por el gobierno), el Sr. Harte afirma que ignoraba su existencia.
81. El peticionario sostiene en términos más generales que (a) no existe en Canadá un derecho general de asistencia legal para solicitudes de revisión judicial de la mayoría de las decisiones sobre inmigración (incluidas las deportaciones); (b) la asistencia legal es proporcionada por agencias provinciales de asistencia legal a discreción; (c) en la decisión de otorgar la asistencia jurídica no se toman en cuenta factores humanitarios y compasivos al considerar la solicitud de una persona declarada como peligro público.
82. En lo que respecta a las clínicas legales comunitarias, el peticionario sostiene que estas clínicas no cuentan con los recursos ni la competencia para manejar casos como el del Sr. Harte. Como ocurrió con la supuesta denegación de asistencia legal, no se le proporcionaron a la Comisión documentos que corroboraran ninguna de estas afirmaciones. Por otro lado, el Estado afirma que hasta abril de 1996 se disponía de asistencia legal, además de las clínicas legales comunitarias. El Estado suministró una amplia lista de estas instituciones como parte de su comunicación a la Comisión del 15 de setiembre de 1998 (Anexo G).
84. Si el acceso del Sr. Harte a los recursos internos no le fue impedido por indigencia o por falta de acceso a la asistencia legal, corresponde ahora considerar si estos recursos satisfacen los criterios de ser disponibles, adecuados y eficaces.
85. Como ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “no se debe presumir con ligereza que un Estado Parte en la Convención ha incumplido con su obligación de proporcionar recursos internos eficaces”.[32] La Corte ha afirmado también que “la regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta ‘coadyuvante o complementaria’ de la interna”.[33]
87. La Comisión desea señalar que si un recurso no es adecuado para un caso específico, obviamente no es necesario su agotamiento. Apunta a ello el principio de que una norma tiene como fin tener un efecto y no debe interpretarse de tal manera que se niegue su efecto o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Como ha opinado la Corte Interamericana, “que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida”. Surge entonces la pregunta de si los recursos disponibles eran idóneos para la queja central del peticionario, a saber, la violación de la Declaración Americana por parte del Estado[34] al no tomar en cuenta los intereses de los hijos del Sr. Harte durante los procesos jurídicos correspondientes a la orden de deportación en contra del Sr. Harte y su certificación como “peligro público”, o derivados de ellos. Sin embargo, el peticionario no hizo ningún esfuerzo por invocar estos recursos ni ofreció pruebas convincentes de que dichos recursos (en caso de haberse invocado) no habrían sido adecuados para proteger los derechos jurídicos que supuestamente fueron infringidos. La Comisión no encuentra en el expediente que obra frente a sí razón alguna que justifique o excuse la omisión por parte del Sr. Harte de invocar o agotar la gama de recursos a su disposición en la legislación canadiense. En especial, la Comisión observa que para el Sr. Harte, estaba razonablemente abierta la posibilidad de recusar la certificación ministerial (de que era un peligro público) más allá de la División Procesal de la Corte Federal de Canadá, como lo afirma el Estado. Igualmente estaba abierta para él la posibilidad de presentar una solicitud de exención por razones humanitarias y compasivas. De forma congruente con el principio de la naturaleza complementaria del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en relación con los sistemas judiciales internos de los Estados, se debe permitir a éstos la posibilidad de resolver las posibles violaciones mediante su jurisdicción interna y, por ende, la supuesta víctima tiene que agotar todos recursos internos a su disposición.
88. La Comisión determina que el artículo 37 de su Reglamento es el instrumento que rige en la decisión respecto a la admisibilidad y que sus disposiciones son aplicables. El peticionario no ha cumplido con la carga de demostrar de manera suficiente que la legislación de Canadá carece de recursos adecuados o eficientes para la protección de los derechos del Sr. Harte. Como ha argumentado el Estado, todavía existen recursos disponibles por invocar y agotar en Canadá. Aunque la Comisión toma nota de los argumentos del peticionario respecto a la ineficacia y falta de idoneidad de ciertos recursos (en particular la solicitud con base en la sección 114 de la Ley de Inmigración de exención por razones humanitarias y compasivas) ello no exime al Sr. Harte de realizar esfuerzos de buena fe por agotarlos. El peticionario no ha suministrado prueba alguna específica al caso del Sr. Harte que demuestre que los recursos disponibles no habrían sido adecuados o eficaces. En contraste, el Estado no solamente ha identificado recursos no agotados por el peticionario, sino que ha citado además la decisión de la Corte Suprema en el caso de Baker c. Canadá, en la que parece establecerse que el Estado (a través de un funcionario de inmigración) estaría obligado a tomar en cuenta los intereses de los hijos del Sr. Harte al considerar una petición de permiso de permanencia por razones humanitarias y compasivas. En vista de esta jurisprudencia, la Comisión no puede aceptar el alegato del peticionario en el sentido de que dicha solicitud inevitablemente sería inútil.
89. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Sr. Harte omitió de manera imperdonable el agotamiento de los recursos internos disponibles y que su petición es por ende inadmisible con esta base.
Análisis con respecto al agotamiento de los recursos por los hijos del Sr. Harte
90. El Estado sostiene que ninguno de los hijos del Sr. Harte ha interpuesto los recursos internos a su disposición; en especial, que no han solicitado ante las cortes canadienses la reparación de las presuntas violaciones a sus derechos con base en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. El peticionario afirma que en la legislación canadiense, los menores no tienen derecho de participación ante las cortes canadienses (según fallos de la Corte Federal de Canadá) con respecto a cuestiones de inmigración y que, por lo tanto, los hijos del Sr. Harte no tuvieron derecho de participación para intervenir en ninguna etapa del proceso de inmigración, incluida la decisión del Ministro de declarar al Sr. Harte un peligro público.
91. En particular alega el peticionario que los hijos del Sr. Harte no tuvieron derecho de recusar la decisión del Ministro mediante revisión judicial. Según el peticionario, como resultado de la decisión de la Corte Suprema de 1999 en Baker, se permite a los menores a participar en las solicitudes de permiso de permanencia por razones humanitarias y compasivas (con respecto a sus padres). No obstante, observa el peticionario que esta participación sólo es posible si se efectúa dicha solicitud, lo que no ocurrió en el caso del Sr. Harte por las razones anteriormente expuestas.
92. Con respecto específicamente a la afirmación del Estado de que los hijos del Sr. Harte no agotaron los recursos disponibles con fundamento en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, el peticionario argumenta que: (a) el caso de la Corte de Apelaciones de Ontario de 1999 de Francis demuestra que los hijos del Sr. Harte no tienen a su disposición un recurso basado en la Carta, y (b) los hijos del Sr. Harte carecen (o carecían) de los recursos para invocar este recurso (en caso de haber estado disponible).
93. Incluso si la Comisión aceptara los planteamientos del peticionario respecto a la inexistencia del derecho de participación en el proceso de inmigración, el expediente claramente muestra que existen recursos internos a disposición de los hijos del Sr. Harte que no se han agotado. Aunque la Comisión toma nota de los argumentos del peticionario en este sentido, la Comisión observa que el peticionario no ha presentado prueba alguna de ningún intento de agotar estos recursos o del hecho de que los hijos del Sr. Harte carecieran de los recursos para hacerlo. La Comisión observa que en el trámite ante el Ministro (en que se declaró al Sr. Harte un peligro público), el Sr. Harte reconoció que no planteó la cuestión del impacto de su deportación sobre sus hijos. La Comisión opina que esto vuelve irrelevante la cuestión de si los menores tenían o no derecho de participación en el trámite ante el Ministro o los consecuentes procesos de revisión judicial. En segundo lugar, las partes están de acuerdo en que los intereses de los menores podrían haber sido considerados en una solicitud de exención por razones humanitarias y compasivas, en caso de que el Sr. Harte hubiese optado por presentarla. Como concluyó ya con anterioridad la Comisión, el Sr. Harte no ha presentado pruebas convincentes para la Comisión de que se vio impedido de hacerlo (por indigencia). Además, como ha señalado ya la Comisión, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Baker c. Canadá parece establecer que el Estado (a través de un funcionario de inmigración) estaría obligado a tomar en cuenta los intereses de los hijos del Sr. Harte al considerar una petición por parte del Sr. Harte de un permiso de permanencia por razones humanitarias y compasivas. A falta de una solicitud en este sentido por parte del Sr. Harte, la Comisión no puede aceptar el alegato del peticionario en el sentido de que dicha solicitud habría sido inútil. Por lo tanto, la Comisión concluye que las demandas de los hijos del Sr. Harte son inadmisibles por falta de agotamiento de los recursos internos.
94. Con base en el análisis anterior, la Comisión concluye que las afirmaciones del peticionario con respecto a las violaciones de la Declaración Americana en cuanto al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona (artículo I), el derecho a constituir familia y a recibir protección para ella (artículo VI), el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo IX), y el derecho al debido proceso (artículo XVIII) son inadmisibles con base en los artículos 31(1) y 34 del Reglamento de la Comisión.
95. De conformidad con los artículos 31 a 34 del Reglamento de la Comisión, la Comisión concluye que tiene competencia para considerar las demandas planteadas en la petición del peticionario, la cual incluye la competencia para determinar si el Estado ha violado derechos protegidos por Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
96. La Comisión concluye también que las demandas planteadas en la petición son inadmisibles, con base en que las supuestas víctimas no invocaron ni agotaron los recursos internos de acuerdo con los principios del derecho internacional generalmente reconocidos según lo requiere el artículo 31 del Reglamento de la Comisión.
97. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
[2] La petición presentada por el peticionario el 15 de octubre de 1997 señala (en su página 2) que como consecuencia de no haber contado con asistencia legal, en las comunicaciones del Sr. Harte se omitió “información altamente relevante respecto a las posibilidades de que cometiera algún otro delito, así como de las circunstancias que rodearon sus primeras dificultades con la ley”, además de los “informes psicológicos que generalmente se presentan en estos casos y que establecen las posibilidades de que se repitan las acciones delictivas”. No obstante, véase la página 6 del escrito del peticionario de fecha 20 de noviembre de 1998 (como respuesta a las observaciones del Estado del 15 de setiembre de 1998) en la que el peticionario declara que el Sr. Harte no presentó comunicación alguna al Ministro respecto al peligro porque no contó con asistencia legal para su elaboración.
[3] El peticionario explica asimismo que las solicitudes de revisión judicial en la Corte Federal de Canadá requieren que el solicitante presente por escrito una solicitud de permiso (de revisión judicial), acompañada de un memorando de argumento en que establezca las razones de la solicitud. Añade el peticionario que no existe una audiencia oral en la que el Sr. Harte pudiera haber estado presente para que se le notificara directamente la decisión de la Corte; la notificación de desestimación de una solicitud se envía por correo registrado al último domicilio conocido del solicitante o al domicilio de su abogado (en su caso). El peticionario alega que el Sr. Harte no recibió tal notificación.
[8] El artículo 20 del Estatuto de la Comisión estipula lo siguiente:
b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales; y
[9] El artículo 20 del Estatuto de la CIDH dispone que en relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión puede examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales. Véase también la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Arts. 3, 16, 51, 112, 150; Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arts. 26, 51-54; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/8, “Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 14 de julio de 1989, Serie A, Nº 10 (1989), párrafos 35-45; CIDH, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de setiembre de 1987; Informe Anual 1986-87, párrafos 46-49.
[10] CIDH, Opinión Consultiva OC-10/89 (Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 14 de julio de 1989.
[13] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, (1988), párrafos 64-66.
[14] Véase también Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párrafo 59.
[17] Ibídem supra, párrafos 59-60.
[18] Esta disposición se reproduce (mutatis mutandis) en el artículo 31(2) del Reglamento de la Comisión. Esta disposición se aplica a Canadá (que no es signataria de la Convención Americana) en virtud del artículo 50 del Reglamento de la Comisión.
[21] Ibídem, véase el párrafo 20, página 5.
[22] Artículo 1(1) (Obligación de Respetar los Derechos). Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
[23] Artículo 24 (Igualdad ante la Ley). Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
[28] Esta disposición se reproduce en el artículo 31(2) del Reglamento de la Comisión y es aplicable a los países que no son parte de la Convención, como lo es Canadá, en virtud del artículo 50 del mismo Reglamento.
[29] De fecha 5 de octubre de 2000.
[30] Véase la comunicación del Estado a la Comisión de fecha 6 de setiembre de 2000
[31] Véase el Caso 11.071, Informe No. 6/97, Nación Cheroquí v. Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH 1996, párrafo 45.
[32] Véase Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párrafo 60.
[33] Ibídem, párrafo 61.