Source: http://itziarurquiola.com/que-es-ley-de-desindexacion/
Timestamp: 2020-02-27 09:48:32
Document Index: 26273647

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 103', 'artículo 19', 'artículo 103', 'artículo 103']

La distinción entre “contratos de proveedores” y “contratos de clientes” no se distingue de forma expresa en la legislación actual en materia de contratación del sector público.
La normativa actual en materia de contratación en el sector público (hasta el 9 de marzo de 2018) es el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Dicha Ley en su artículo 4 (Negocios y Contratos Excluidos) dice textualmente:
“Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguiente negocios y relaciones jurídicas:
m) Los contratos por los que un ente, organismo o entidad se obligue a entregar bienes y derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del presente contrato.”
Del texto literal de este artículo puede interpretar que los contratos de las entidades del sector público que consisten en entregar bienes o prestar un servicio quedan excluidas de la LCSP y que en caso de contratar con otras entidades del sector público, estos últimos deben atenerse a su legislación específica (LCSP).
Es decir que la entrega de bienes o prestación de servicios, lo que en la práctica mercantil se llama “contratos con clientes” o “contratos civiles o privados con clientes” quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP, a diferencia, de los “contratos de proveedores”,quedarían englobados en el artículo 1 (Objeto y finalidad) de la LCSP, que indica textualmente.
“ La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de la obra, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa.”
En este artículo resulta más evidente que las licitaciones, obras, adquisiciones de bienes y servicios quedan dentro del régimen de contratación pública . Lo que en la práctica mercantil son “contratos con proveedores”.
La nueva Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el 9 de marzo de 2018,regula los contratos excluidos de su ámbito de aplicación en el artículo 11.4 ( Otros negocios o contratos excluidos), que dice textualmente:
“11.4. Asimismo, están excluidos los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato”
Es el mismo criterio que el de LCSP de 2011. Es decir, quedan fuera de la aplicación de la ley los contratos de entrega de bienes y prestación de servicios a terceros (contratos con clientes). En contraposición con los contratos de proveedores (o adquisición de bienes y servicios), que se encuentran regulados en el artículo 1 (Objeto y finalidad), con ligeros matices:
1.La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.”
Una vez efectuada esta distinción entre contratos sujetos a la Ley de Contratos de Sector Público de 2011 y contratos excluidos de su ámbito de aplicación, podemos referirnos a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
El citado texto legal resulta un tanto impreciso en su Exposición de Motivos al indicar textualmente que “se opta por definir el sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.En todo caso, para la aplicación de lo dispuesto en esta Ley no será necesario que concurra un negocio o relación jurídica incluida en el ámbito de aplicación del mencionado Texto Refundido, de modo que será condición suficiente la participación de una entidad perteneciente al sector público, con independencia de que lo haga en el marco de una relación sujeta a derecho público o a derecho privado.”
Criterio que resulta reforzado por lo dispuesto en su Artículo 3.1.a. (ámbito de aplicación), que señala: “Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a:
a) Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público. A tales efectos, se entiende por el sector público el conjunto de organismos y entidades enumeradas en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (entre las que se encuentran las sociedades mercantiles estatales), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.”
A tenor del citado artículo lo relevante para determinar si se aplica o no los criterios de indexación es la pertenencia al sector público según lo dispuesto en la LCSP y no al tipo de contratos, ya que los únicos contratos excluidos por la Ley de Indexación de la Economía Sostenible son los referentes a la negociación salarial colectiva, las rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, las pensiones y los instrumentos financieros.
Por lo tanto, cabría la posibilidad de que la Ley de Desindexación y su Reglamento (Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española) sea de aplicación a todos los contratos realizados formalizados por las sociedades mercantiles estatales, ya sean “ contratos de proveedores” o “ contratos de clientes”, ya que el criterio utilizado por la Ley de Desindexación es la pertenencia al sector público y no al tipo de contrato realizado por la entidad del sector público.
Esta cuestión, ha sido despejada parcialmente, con posterioridad, por el artículo 103 de la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que dice textualmente:
“1. Los precios de los contratos del sector público sólo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este capítulo.
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizado a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonados por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios sólo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros o de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro o de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho periodo se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado….
3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula en revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo……”.
En el citado artículo se alude de nuevo a contrato del sector público para hablar de la indexación de precios y no ya sólo a las “revisiones de las entidades que forman parte del sector público”.
Este artículo 103, no distingue entre “contratos de proveedores” y “contratos de clientes”, pero alude en todos los supuestos única y exclusivamente, a “expedientes administrativos”,” órgano de contratación”, “pliego de cláusulas administrativas”, “contratos de obras”, expresiones jurídicas que se refieren claramente a los “contratos de proveedores”.
Por todo ello, aunque no podemos afirmar con rotundidad que los “contratos de clientes” de las sociedades mercantiles estatales no se ven afectados por la Ley de Desindexación, si podemos fundamentar jurídicamente la opción de indexación en dichos “contratos de clientes” en base al artículo 103 de la nueva LSCP, por un criterio de exclusión tácita.