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Timestamp: 2018-07-20 05:07:53
Document Index: 89087902

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 96', 'artículo 29', 'Artículo 16', 'Artículo 137', 'artículo 3']

PRACTICA FORENSE USUAL: PROCESO No. 34549
Aprobado Acta No. 322
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil diez (2010)
La apoderada del señor SALVATORE MANCUSO D’ANGIOLELLA interpone recurso de apelación contra la decisión del pasado 2 de julio emitida por el Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, a través de la cual denegó la solicitud de “desafectación de la medida cautelar que recae sobre el bien inmueble denominado El Cortijo”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 140-18662 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Montería.
El 12 de mayo de 2010 en la Secretaría del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, se radicó escrito mediante el cual el señor SALVATORE MANCUSO D’ANGIOLELLA, a través de apoderada, solicita el levantamiento de la medida cautelar dispuesta sobre el inmueble “El Cortijo”, por cuanto es de su exclusiva propiedad, según los siguientes hechos:
1. Es padre del postulado Salvatore Mancuso Gómez.
2. En la audiencia de versión libre llevada a cabo el 17 de mayo de 2007, Mancuso Gómez ofreció reparar a las víctimas con la entrega de varios bienes inmuebles.
3. En la misma diligencia, el postulado informó al Fiscal Octavo de Justicia y Paz que a su nombre figuraba el inmueble denominado “El Cortijo”, ubicado en Montería e identificado con matricula inmobiliaria No. 140-18662, el cual no es de su propiedad por pertenecer a su padre SALVATORE MANCUSO D’ANGIOLELLA.
4. Mancuso Gómez suministró tal información con el fin de evitar se creyera que estaba ocultando bienes.
5. El 17 y 18 de julio de 2007 se realizó audiencia preliminar de control de garantías en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, para resolver solicitud de imposición de medidas cautelares sobre varios bienes del postulado, incluido “El Cortijo”, petición elevada por la fiscalía y que fue denegada.
6. Apelada la decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso el 23 de agosto de 2007, dispuso, entre otros aspectos, la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo de dominio sobre los bienes referidos por la Fiscalía, incluido “El Cortijo”, conforme a lo previsto en el artículo 15 del Decreto Reglamentario 4760 de 2006.
7. Para sustentar la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, el peticionario aportó el folio de matrícula inmobiliaria y fotocopia de la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería del 16 de febrero de 2010, emitida en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio adelantado paralelamente sobre “El Cortijo” por SALVATORE MANCUSO D’ANGIOLELLA.
Adicionalmente, elevó solicitud probatoria para incorporar al incidente el video de la audiencia del 17 de mayo de 2007, cuando Mancuso Gómez se refirió al bien “El Cortijo”.
TRÁMITE Y DECISIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
El Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, el 2 de julio último realizó audiencia preliminar en la cual: a) verificó la asistencia de las partes e intervinientes; b) dispuso la sustentación de la petición de levantamiento de medida cautelar; c) corrió traslado a las partes e intervinientes de la solicitud; d) resolvió de manera negativa la pretensión, y e) concedió el recurso de apelación incoado por la apoderada del peticionario.
El Magistrado denegó la pretensión de levantamiento de medida cautelar por cuanto no aparece regulada en la Ley 975 de 2005 y la legislación complementaria contenida en la Ley 906 de 2004 - artículo 96 – la posibilidad de desembargar el bien afectado dentro del proceso cuando el peticionario es un tercero.
De otro lado, accediendo al planteamiento de la Fiscalía, ordenó compulsar copias para investigar la presunta comisión del punible de fraude procesal con ocasión de la sentencia de pertenencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería.
Por último, el Magistrado señaló que incorporaba a su decisión los argumentos esbozados por quienes se opusieron a la petición.
“Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal” (subrayas fuera de texto).
Ello no impide argumentar de manera breve y concreta; por el contrario, ésta es una de las formas válidas de desarrollar las ideas incorporadas por los operadores judiciales a sus determinaciones. Sin embargo, la brevedad no puede confundirse con la discrecionalidad, la falta o deficiente motivación, por cuanto, aún de manera concisa, es imperativo responder a las pretensiones de los intervinientes con argumentos que éstos puedan comprender y, consecuentemente, controvertir.
En ese orden, la Corporación en reiteradas ocasiones[1] ha recordado a los diferentes operadores judiciales su deber de motivar adecuadamente las decisiones, con el fin de garantizar tanto los derechos de defensa y de contradicción de las partes, como la adecuada resolución del recurso de apelación por parte del a quem, si llega a incoarse.
Tal consecuencia surge por cuanto el derecho al debido proceso constituye pilar fundamental de la actuación judicial, según lo establece el artículo 29 del ordenamiento Superior, y su incumplimiento torna el proceso en irregular obligando al juez que advierta tal defecto, a declarar la nulidad en procura de restablecer los derechos conculcados, tal como lo ordena esta preceptiva al señalar: “Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa y del debido proceso en aspectos sustanciales.”
iv) Porque la motivación es aparente y sofística, de modo que socava la estructura fáctica y jurídica del fallo.”[2]
“El gobierno reglamentará el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.”(negrilla fuera de texto)
“Artículo 16. PUBLICIDAD SOBRE BIENES ENTREGADOS AL FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. Con el fin de proteger los derechos de las víctimas y de los terceros de buena fe, y posibilitar el ejercicio oportuno de sus derechos, la Agencia Presidencial para al Acción Social y Cooperación Internacional –Acción Social- pondrá de manera permanente en conocimiento público el listado de bienes que en desarrollo de la ley 975 de 2005 le hayan sido entregados para la reparación de las víctimas y posibilitará su consulta a través de sus oficinas a nivel territorial, así como de los medios tecnológicos de que disponga.”(negrilla fuera de texto)
Por lo anterior, la Corte considera oportuno, en virtud de la importancia del tema y en cumplimiento de su labor hermenéutica, señalar cómo si bien la Ley 975 de 2005 no reguló expresamente los derechos de los terceros eventualmente afectados con las medidas cautelares, sí contempló la posibilidad de que éstos acudieran al proceso, de lo cual surge la necesidad de establecer bajó qué parámetros debe surtirse su intervención.
“En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal (subrayas fuera de texto).
“En aquéllas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del proceso penal.”(subrayas fuera de texto)
“Artículo 137. Los incidentes se propondrán y tramitarán así:
5º. Sobre la procedencia de las apelaciones que se interpongan en el curso de un incidente, se resolverá en el auto que conceda la apelación que se interponga contra el auto que decida el incidente. Si no se apela éste, aquéllas se tendrán por no interpuestas.”
Recaudadas las pruebas decretadas o si no existiesen para practicar, el magistrado decidirá el incidente, teniendo presente que los derechos a garantizar son los radicados en cabeza de terceros de buena fe exenta de culpa, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencias C- 1007 de 2002 y C- 740 de 2003 al estudiar el tema en relación con la acción de extinción de dominio:
“Finalmente, en relación con la protección que la parte final del artículo 3º suministra a los derechos de los terceros de buena fe exentos de culpa, hay que indicar que ella resulta compatible con la Carta pues quien ha adquirido un bien desconociendo, pese a la prudencia de su obrar, su ilegítima procedencia, no puede ser afectado con la extinción del dominio así adquirido. Este tema fue analizado con detenimiento en la Sentencia C-1007-02, oportunidad en la que se contextualizó tanto la buena fe simple como la buena fe cualificada y se le reconocieron, a ésta última, efectos en el ámbito de la extinción de dominio”[3]
“Entonces se concluye que, a diferencia de la buena fe simple que exige sólo una conciencia recta y honesta, la buena fe cualificada o creadora de derecho exige dos elementos a saber: uno subjetivo y otro objetivo. El primero hace referencia a la conciencia de obrar con lealtad, y el segundo exige tener la seguridad de que el tradente es realmente el propietario, lo cual exige averiguaciones adicionales que comprueben tal situación. Es así que, la buena fe simple exige sólo conciencia, mientras que la buena fe cualificada exige conciencia y certeza.”[4]
Que el procedimiento civil, en cuanto a su forma, sea diferente del previsto en la Ley 906 del 2004, en modo alguno puede ser obstáculo para implementarlo en aquellos aspectos en que la última no haya reglado un asunto específico, tal como argumenta la Procuraduría, pues cuando el legislador procesal penal permitió la integración, en norma rectora y prevalente, conocía con suficiencia las características del estatuto procesal civil, y con conciencia de ello, ordenó la remisión.”[5](Subraya fuera de texto)
JORGE LUIS QUINTERO MILANES JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
[1] Cfr. Autos de diciembre 12 de 2005, Rad. No. 24011; 25 de julio de 2007, Rad. No. 26693; diciembre 5 de 2007, Rads. Nos. 28432 y 28125; febrero 9 de 2009, Rad. 30942.
[2] Cfr. Sentencia de mayo 22 de 2003, Rad. 20756 y Auto de febrero 9 de 2009, Rad. 30942.
[3] Corte Constitucional, sentencia C-740 de agosto 28 de 2003.
[4] Corte Constitucional, sentencia C- 1007 de noviembre 18 de 2002.
[5] Cfr. Providencia de octubre 28 de 2009, Rad. No. 32452.
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Etiquetas: LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
marianella 18 de junio de 2011, 20:07
tienes un premio en mi blog...saludos