Source: https://tc.vlex.es/vid/competencias-montes-medio-ambiente-696960149
Timestamp: 2019-10-14 07:54:40
Document Index: 368169171

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 149', 'artículo 57', 'artículo 149', 'artículo 57', 'artículo 149', 'in fine', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 149']

STC 118/2017, 19 de Octubre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 696960149
Número de Recurso: 2143-2016
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 de abril de 2016, la Letrada de la Junta de Andalucía, en representación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 3 a 8 de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
El recurso de inconstitucionalidad transcribe íntegramente la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015 impugnada, identificando el título competencial —“legislación básica en materia del medio ambiente” (art. 149.1.23 CE)—, al amparo del que se dicta la norma. A continuación dedica una primera parte del recurso a examinar, partiendo de sucesivas citas de Sentencias de este Tribunal, el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente, y, en segundo lugar, expone las razones por las que considera que los mencionados apartados han incurrido en un exceso competencial.
Reconoce, con cita de la STC 22/2014 , de 13 de febrero, FJ 6, que la distribución de competencias, puede, no obstante, verse afectada excepcionalmente por la supraterritorialidad como canon de atribución de competencias autonómicas al Estado, pero deben concurrir determinados presupuestos: en primer lugar, la excepcionalidad, que obliga a una necesaria motivación que la justifique; y en segundo lugar, la ausencia de punto de conexión entre la imposibilidad de fraccionamiento o cooperación, debiendo descartarse la coordinación de aquellas competencias sobre las que el Estado carece de título competencial. Solo cuando concurran poderosas razones de seguridad, grave y urgente necesidad, que justifiquen la utilización de la competencia estatal sobre la base de la dependencia en materia de protección del medio ambiente y para evitar daños irreparables, se puede justificar la intervención del Estado mediante la invocación de la supraterritorialidad.
Mediante providencia de 10 de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el presente recurso, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones, y ordenó la publicación de la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”; publicación que se produjo en el núm. 121, de 19 de mayo de 2016.
Por escrito registrado en este Tribunal el 25 de mayo de 2016, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, compareció en el proceso y solicitó la ampliación en ocho días del plazo de 15 establecido para formular alegaciones habida cuenta del número de asuntos que penden en la Abogacía del Estado.
Por providencia de 26 de mayo de 2016 el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por personado al Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta y conceder la prórroga solicitada.
Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de mayo de 2016, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de personarse en el proceso ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de mayo de 2016, el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó el 17 de junio de 2016 en el registro general de este Tribunal Constitucional su escrito de alegaciones.
El indicado escrito comienza por perfilar el objeto del recurso de inconstitucionalidad, descartando que el mismo impugne los apartados uno, dos y nueve de la disposición adicional sexta, a cuyo contenido se refiere. Pone de manifiesto, con cita de la STC 85/2016 , de 28 de abril, que la impugnación de los apartados 3 y 4 no se ajusta a los criterios mínimos exigidos por el Tribunal Constitucional en orden a la fundamentación de los recursos de inconstitucionalidad. En concreto afirma, que el apartado 4 se impugna en su conjunto sin concretar los motivos por los que cada uno de sus apartados incurre en inconstitucionalidad, pues nada se dice en relación con los subapartados a) a k) del apartado 4 de la disposición, ni se detalla en la demanda los motivos por los que cada uno de tales apartados se considera inconstitucional, con la salvedad de la referencia al contenido de los preceptos de las letras c) y f) —letras que ni tan siquiera se citan—. Se limita el recurrente a indicar respecto de la letra h) que “el apartado 4 atribuye al Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente tal elenco de funciones, erigiéndose así el Estado en sujeto de competencias positivas, que vacía las que ostenta la Comunidad Autónoma en materia medioambiental. Basta con observar cómo se reservan competencias tales como la ejecución de la obras ( sic ), la incorporación de los caminos a la red natural … en el subapartado h) del apartado 4 se señala que le corresponde al Estado determinar, en colaboración en su caso con las administraciones competentes, el trazado y diseño de los caminos naturales a incluir en la Red, lo que comporta, de la dicción del precepto, una participación de las Comunidades Autónomas dependiente de lo que en su caso decida el Estado en cada supuesto”. Considera que dicha falta de argumentación también se proyecta sobre el apartado 3, puesto que no se impugnan las definiciones y la propia validez de los itinerarios básicos y secundarios, sino solo las competencias que se atribuye al Estado en los apartados 6 y 7.
Indica, que la construcción de los caminos no atrae las competencias medioambientales, correspondiéndole a las Comunidades Autónomas las competencias relativas a la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones exigidas, actuando el Estado como promotor de la red de caminos que se fundamenta en la titularidad sobre ellos y no recaba para sí ninguna competencia adicional más que la derivada de la creación de una red nacional, que no se impugna. Entiende que en los caminos que no son de titularidad estatal, el Estado puede realizar las obras necesarias de construcción, permaneciendo la titularidad en la Administración promotora, financiando y ejecutando las obras, si así se conviene con la Administración competente. Afirma que aunque no figure en la disposición final séptima, al título relativo al medio ambiente, debe añadirse como base jurídica de la actuación del Estado el previsto en el artículo 149.1.13 CE, es decir, el relativo a las bases y coordinación general de la actividad económica (STC 11/2015 , de 5 de febrero), en la medida en que el programa pretende vitalizar las zonas rurales.
En concreto, en relación con el apartado 3, no se fundamenta la invasión competencial del apartado a), formando parte de la competencia del Estado la configuración de estos caminos que, por su supraterritorialidad o por su carácter transfronterizo, afectan a varias Comunidades Autónomas. En este sentido, la STC 329/1993 , FJ 4, reconoce la intervención del Estado en esta materia, cuando se trata de proteger intereses supraterritoriales. Si la Comunidad Autónoma considera que un camino no debe ser calificado como básico podrá impugnar tal calificación cuando sean delimitados por el plan director, pero su configuración no puede presentar dudas de inconstitucionalidad porque en ellos se basa la existencia de la red nacional, no impugnada. Considera que la impugnación de este precepto, estriba en su vinculación con el apartado 6, si bien, de éste último resulta que la actuación directa para la construcción de estos caminos solo es posible en aquellos que son de titularidad estatal, no en aquellos de titularidad autonómica o local, que solo podrán ser construidos por el Estado si media convenio que lo habilite.
Mediante escrito de 7 de julio de 2017, la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón comunicó su voluntad de abstenerse en el conocimiento del presente recurso de inconstitucionalidad, al haber participado, en su anterior condición de Consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, en la adopción del Dictamen núm. 215/2016, de 5 de abril, sobre el recurso de inconstitucionalidad que pretendía plantear el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Por Auto de 18 de julio de 2017, el Pleno de este Tribunal acordó estimar justificada la abstención formulada, apartándola definitivamente del conocimiento del recurso y de todas sus incidencias.
Por providencia de 17 de octubre de 2017, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
La Letrada de la Junta de Andalucía, en representación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 3 a 8 de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, por vulneración de las competencias autonómicas en materia de medio ambiente [arts. 149.1.23 CE y letras a) y b) del artículo 57 del Estatuto de Autonomía]. El Abogado del Estado se opone al recurso, bien por no satisfacer la carga argumental respecto de los párrafos a) y b) del apartado 3, los subapartados a), b), c), f), g), h), i), j) y k) del apartado 4 y el apartado 7 de la disposición citada, bien razonando que las previsiones impugnadas se ajustan a la Constitución.
Antes de abordar el fondo del recurso conviene resolver la solicitud de desestimación parcial formulada por el Abogado del Estado, que se basa en el incumplimiento por el recurrente de su carga alegatoria. Resulta necesario examinar si “la impugnación de las normas se acompaña de una fundamentación que permita a las partes a las que asiste el derecho de defensa (en este caso, al Abogado del Estado), así como a este Tribunal, conocer las razones por las cuales los recurrentes entienden que las disposiciones cuestionadas vulneran el orden constitucional” (STC 103/2013 , de 25 de abril, FJ 7). Tal carga alegatoria es una condición inexcusable inherente “a la presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que no puede desvirtuarse sin una argumentación suficiente, no siendo admisibles las impugnaciones globales carentes de un razonamiento desarrollado que las sustente” (STC 185/2016 , de 3 de noviembre, FJ 7 c)].
Ese modo de exponer el recurso, unido a la reiterada doctrina de este Tribunal, por la que no podemos “reconstruir de oficio la demanda ni suplir las razones de los recurrentes, cuando éstas no se aportan en su recurso” (STC 85/2016 , de 28 de abril, FJ 2), lleva a excluir de nuestro enjuiciamiento, los subapartados incluidos en las letras a), b), f), g), i), j) y k).
Resuelta la solicitud de desestimación parcial formulada por el Abogado del Estado, la resolución del presente recurso ha de partir necesariamente del examen de los subapartados c), d), e) y h) del apartado 4 y de los apartados 5, 6, 7 y 8 de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de montes.
Contextualizada la norma, procede entrar en el examen del fondo del recurso, señalando que las previsiones normativas en las que se concreta la controversia competencial atribuyen al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las siguientes funciones: i) “decidir sobre la inclusión de nuevos itinerarios en la Red Nacional de Caminos Naturales” [letra c) del apartado cuarto], ii) “ejecutar las obras y realizar el mantenimiento de los caminos naturales promovidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” [letra d) del apartado cuarto], iii) “asumir la ejecución de las obras de los Caminos Naturales de nueva incorporación a la Red, salvo acuerdo distinto con las administraciones competentes” [letra e) del apartado cuarto], iv) “determinar, en colaboración en su caso con las administraciones competentes, el trazado y diseño de los caminos naturales a incluir en la Red” [letra h) del apartado cuarto], v) “la iniciativa en la construcción de los Caminos” (apartado quinto), vi) “la construcción de forma directa, o bien mediante la suscripción de los oportunos convenios de colaboración con las administraciones territoriales afectadas para las obras, de caminos naturales definidos como de carácter básico” (apartado sexto), vii) “instar la declaración de interés general para ejecutar las actuaciones correspondientes a los trazados definidos como de carácter secundario” (apartado séptimo) y viii) “acordar la incorporación de otros itinerarios construidos por otras Administraciones a la Red Nacional de Caminos Naturales” (apartado octavo).
Efectuado el encuadre competencial de la materia, debemos recordar que el Estado en virtud del artículo 149.1.23 CE ostenta competencia para establecer la legislación básica sobre protección del medio ambiente y a las Comunidades Autónomas corresponde, de acuerdo con sus Estatutos, dictar normas adicionales de protección, así como la ejecución. De este modo, el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce a la Comunidad Autónoma “competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución, en materia de: a) Montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales y b) Vías pecuarias”.
a) En cuanto a los criterios de orden material que este Tribunal ha destacado como característicos de la legislación básica de medio ambiente, sus elementos esenciales fueron sistematizados en la STC 101/2005 , de 20 de abril, FJ 5 —a la que se alude en la STC 53/2017 , de 11 de mayo, FJ 4—, en los siguientes términos:
El primero de estos criterios se concreta en que ‘en materia de medio ambiente el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica, aun siendo menor que en otros ámbitos, no puede llegar, frente a lo afirmado en la STC 149/1991 [FJ 1 D) in fine] de la cual hemos de apartarnos en este punto, a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente, vaciándolas así de contenido’ (STC 102/1995 , FJ 8).
El segundo criterio consiste en ‘que lo básico, como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos, como ya se dijo en la STC 170/1989 .’…
El tercer criterio a tener en cuenta … es el relativo al alcance de la ‘afectación transversal’ que las directrices básicas medioambientales pueden tener, no ya sobre las normas de desarrollo legislativo y la ejecución en la propia materia de medio ambiente, sino sobre las competencias sectoriales de las Comunidades Autónomas con las que se entrecruzan y que están directamente implicadas.
b) Por otra parte, “hemos subrayado que el contenido normativo de lo básico en esta materia no significa la exclusión de otro tipo de actuaciones que exijan la intervención estatal. Entre ellas pueden incluirse funciones ejecutivas, ésta es una solución excepcional a la cual sólo podrá llegarse cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de [armonizar] intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad” (STC 141/2016 , de 21 de julio, FJ 6).
La retención de funciones ejecutivas por el Estado en materia medioambiental es una solución excepcional que se vincula al carácter supraautonómico del fenómeno regulado. Precisamente, el carácter supraautonómico ha sido esgrimido por el Abogado del Estado para sustentar la reserva por el Estado de competencias ejecutivas sobre los caminos naturales, alegato que hace obligado recordar, que “el principio de territorialidad de las competencias autonómicas significa, en lo que aquí interesa, que esas competencias deben tener por objeto fenómenos, situaciones o relaciones radicadas en el territorio de la propia Comunidad Autónoma. Ello no implica necesariamente que cuando el fenómeno objeto de las competencias autonómicas se extiende a más de una Comunidad Autónoma, éstas pierdan en todo caso y de forma automática la competencia, y que la titularidad de la misma deba trasladarse necesariamente al Estado; semejante traslado de la titularidad, que ha de ser excepcional, sólo puede producirse cuando ‘no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter suprautonómico del fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso, siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un ente supraordenado con capacidad de integrar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terreno del estado de necesidad’ (SSTC 102/1995 , de 26 de junio, FJ 8, y 194/2004 , de 4 de noviembre, FJ 7)” [SSTC 244/2012 , de 18 de diciembre, FJ 7, y 22/2014 , de 13 de febrero, FJ 7 ].
c) Finalmente, debemos traer a colación la STC 149/1991 , de 4 de julio, ya citada, a la que alude el Abogado del Estado, de la que resulta que “según una doctrina que muy reiteradamente hemos sostenido [SSTC 77/1984 , fundamento jurídico 3; 227/1988 , fundamento jurídico 14, y 103/1989 , fundamento jurídico 6 a)] la titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial y que, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. Tal doctrina no significa, sin embargo, que la Constitución no establezca con absoluta precisión que es competencia propia del Estado la determinación de aquellas categorías de bienes que integran el dominio público natural y que atribuya al Estado la titularidad del mismo, como ya se declaró en la STC 227/1988 (fundamento jurídico 14).” [FJ 1 C)].
De este modo “en un Estado unitario, en efecto, la titularidad demanial es título suficiente para que la Ley habilite a la Administración una intervención plena en cualquier aspecto relativo al uso y destino del correspondiente bien, regulando, mediante concesiones, autorizaciones y reglamentaciones, las actividades públicas y privadas que se realizan utilizando porciones del dominio público … Una vez instaurado el Estado de las autonomías, sin embargo, la potencialidad expansiva del dominio público como título de intervención administrativa se ve drásticamente limitada por el orden constitucional de competencias, y así como una Comunidad Autónoma no puede enajenar un bien inmueble de su exclusiva propiedad sin atenerse a las reglas estatales cuya observancia impone el art. 149.1.18 C.E. (STC 85/1984 ), las leyes estatales no pueden otorgar a la Administración del Estado atribuciones sobre las actividades que se desenvuelven en el demanio natural sin respetar los ámbitos materiales que los Estatutos de Autonomía reservan a sus respectivas Administraciones (STC 103/1989 , fundamento jurídico 4).
La propiedad pública de un bien es, en efecto, separable del ejercicio de aquellas competencias públicas que lo tienen como soporte natural o físico; ni las normas que distribuyen competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado sobre bienes del dominio público prejuzgan necesariamente que la titularidad de los mismos corresponda a éste o a aquéllas, ni la titularidad estatal del dominio público constitucionalmente establecida predetermina las competencias que sobre él tienen atribuidas el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 227/1988 , fundamentos jurídicos 14.5 y 15.1).” [FJ 4 A].
Las previsiones normativas impugnadas son cuestionadas constitucionalmente porque a juicio del recurrente entran de lleno en las competencias de gestión o ejecución que ostenta la Comunidad Autónoma ex artículo 57 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAAnd). Por su parte el Abogado del Estado, que reconoce la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de desarrollo y ejecución de la legislación básica estatal, sustenta la competencia estatal en que no quedan afectadas las referidas competencias autonómicas, así como en la supraterritorialidad del proyecto que trasciende del ámbito de la Comunidad Autónoma y finalmente en la posibilidad del Estado de actuar sobre bienes de su titularidad.
La atribución de tales funciones, obviando cualquier intervención de la Comunidad Autónoma, a juicio de la recurrente margina las competencias estatutariamente reconocidas en el artículo 57.1 letras a) y b) del Estatuto de Autonomía, excediéndose el Estado de la competencia normativa básica ( ex art. 149.1.23 CE), que, en modo alguno, puede sostener funciones relativas a la decisión de incluir nuevos itinerarios, incorporar otros, ejecutar obras, realizar el mantenimiento, tomar la iniciativa en la construcción o materializar la misma, efectuando la declaración de interés general.
En primer lugar, las previsiones normativas impugnadas no contienen precisión alguna relativa al titular del camino sobre el que tiene lugar la intervención y, además, como hemos recordado en la letra C) del fundamento anterior, la titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial, pues las normas que distribuyen competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado no prejuzgan que la titularidad de los mismos corresponda a este o a aquellas, como tampoco la titularidad estatal del dominio público constitucionalmente establecida predetermina las competencias que sobre él tienen atribuidas el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 149/1991 , de 4 de julio, FFJJ 1 y 4).
Por otra parte, si bien los caminos naturales pueden extenderse y no detenerse en una Comunidad Autónoma, ello no es suficiente para desplazar la competencia en su gestión al Estado, pues como tuvimos ocasión de indicar en la STC 113/2013 , de 9 de mayo, FJ 6, “hemos de recordar que este Tribunal ha afirmado que la supraterritorialidad no es un título competencial (STC 178/2011 , de 8 de noviembre, FJ 5). Así, en la STC 194/2004 , de 4 de noviembre, FJ 16, recogiendo doctrina anterior, afirmamos que ‘es evidente que la supraterritorialidad no configura título competencial alguno en esta materia [ciertos espacios naturales supracomunitarios] … Ciertamente los espacios naturales tienden a no detenerse y mucho menos a coincidir con los límites de las Comunidades Autónomas. Pero ello no es suficiente para desplazar la competencia de su declaración y gestión al Estado, so pena de vaciar o reducir la competencia autonómica en la materia’ (STC 102/1995 , FJ 19).”. Dicha insuficiencia atributiva se manifiesta ahora en toda su intensidad si atendemos a los precedentes normativos que, compartiendo los mismos objetivos que la disposición impugnada, tuvieron su origen, como hemos expuesto, en la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, lo cual es buena muestra de la posibilidad de alcanzar los objetivos pretendidos mediante mecanismos de cooperación, lo que a la postre imposibilita el traslado de la titularidad competencial pretendido (SSTC 102/1995 , FJ 8; 194/2004 , FJ 7; 244/2012 , FJ 7, y 22/2014 , FJ 7).
i) El primer inciso del subapartado c) del apartado 4 de la disposición adicional sexta, que se cuestiona por la Junta de Andalucía, atribuye al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la decisión de incluir nuevos itinerarios en la red nacional de caminos naturales. La finalidad de dicha norma no es otra que la de preservar y proteger la homogeneidad de la red nacional de caminos naturales, asegurando que los nuevos itinerarios que se incluyan en la red tengan unas características comunes y unos estándares mínimos de calidad que permitan además de su inserción en la marca registrada, garantizar los ejes esenciales de la red nacional cuya planificación se acomoda sin esfuerzo alguno al concepto de lo básico (STC 102/1995 , de 26 de junio, FJ 3), cumpliendo con ello una función de ordenación mediante mínimos que debe respetarse en todo caso (STC 53/2017 , FJ 4).
v) Finalmente, debe descartarse la inconstitucionalidad de la atribución al Estado de la facultad de acordar la incorporación a la red nacional de caminos naturales de otros itinerarios, construidos por otras Administraciones (apartado 8 de la disposición adicional sexta). A dicho apartado le es de aplicación el mismo razonamiento, que el que se ha efectuado en relación con el subapartado c) del apartado 4 de la disposición adicional impugnada. El objetivo de dicha norma, como sucedía con la facultad de decidir la inclusión de nuevos itinerarios en la red nacional de caminos naturales, no es otro que el de asegurar la uniformidad de la red nacional de caminos naturales, garantizando que los itinerarios que se incluyan en la red tengan unas características que aseguren la homogeneidad mínima exigida por la propia definición del camino natural, cumpliendo con ello una función de ordenación mediante mínimos que debe respetarse en todo caso (STC 53/2017 , de 11 de mayo, FJ 4).
Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad, y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes apartados, subapartados e incisos de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015 de 20 de julio:
Declarar la constitucionalidad del apartado quinto de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, interpretado conforme al fundamento jurídico 6 de la presente Sentencia.
La competencia que atribuye al Estado el artículo 149.1.23 CE para dictar la legislación básica en materia de protección del medio ambiente podría desde luego proyectarse en la fijación de características comunes o estándares mínimos de calidad por vía normativa, como prevé el apartado 2 de la propia disposición impugnada, y en la articulación de mecanismos de coordinación o cooperación para el más armónico funcionamiento de la red nacional de caminos naturales como un conjunto integrado de itinerarios. Pero esta competencia estatal no presta cobertura constitucional a la adopción de decisiones sobre itinerarios concretos, actos netamente ejecutivos que consisten en aplicar la legalidad, individualizándola, como para los espacios naturales protegidos señalara la STC 102/1995 , de 26 de junio, incluso si abarcan el territorio de dos o más Comunidades Autónomas (FFJJ 18 y 19).