Source: https://e-justice.europa.eu/content_interim_and_precautionary_measures-78-be-es.do
Timestamp: 2019-09-19 23:37:43
Document Index: 382683007

Matched Legal Cases: ['artículo 1413', 'artículo1959', 'artículo 1175', 'artículo 1178', 'artículo 1148', 'artículo 1696', 'artículo 1395', 'artículo 1962', 'artículo 1696', 'artículo 584', 'artículo 1280', 'artículo 1397', 'artículo 1398', 'artículo 1399', 'artículo 1400', 'artículo 1415', 'artículo 1961', 'artículo 1408', 'artículo 1410', 'artículo 1409', 'artículo 1410', 'artículo 1961', 'artículo 223', 'artículo 1479', 'artículo 1398', 'artículo 1399', 'artículo 1419', 'artículo 1031', 'artículo 1419', 'artículo 1125', 'artículo 1402']

Medidas provisionales y cautelares - Bélgica
Las medidas provisionales o cautelares se dirigen contra los bienes del deudor. El principio que se aplica en el cobro de deudas es que el deudor responde tanto con sus bienes muebles (dinero efectivo, mobiliario, joyas, acciones) como con los inmuebles (terrenos, edificios o viviendas). El acreedor también puede reclamar los derechos o títulos del deudor (cuentas bancarias, nóminas).
1.1. Medidas cautelares
En caso de urgencia, el acreedor puede solicitar al órgano jurisdiccional que autorice el embargo preventivo de los bienes embargables del deudor (artículo 1413 del Código Procesal belga). El deudor pierde su capacidad de disponer de los bienes que quedan sujetos a embargo preventivo. No puede venderlos, donarlos ni hipotecarlos. El efecto de esta pérdida de capacidad dispositiva es solo relativo: se aplica únicamente a favor del acreedor que obtiene el embargo, ya que el deudor sigue siendo el titular de los derechos de propiedad y usufructo de los bienes.
El secuestro es un depósito caucional de los activos objeto del litigio, que deben conservarse hasta que se dicte resolución firme (artículos 1955 y ss. del Código Civil). El secuestro puede ser acordado por las partes (secuestro por acuerdo) o impuesto por el tribunal (secuestro judicial). A diferencia de lo que ocurre con la garantía ordinaria, el secuestro puede aplicarse también al patrimonio inmueble (artículo1959 del Código Civil).
La finalidad de elaborar un inventario es determinar el valor de una herencia, una comunidad de gananciales o una propiedad indivisa de varias partes (artículo 1175 del Código Procesal), previa solicitud del acreedor, el cónyuge o un heredero. Las personas que solicitan la elaboración del inventario están facultadas para elegir al notario que levantará el acta patrimonial del inventario. De no haber acuerdo, el juez de paz designará al notario correspondiente (artículo 1178 del Código Civil). Este mismo juez será competente en caso de conflicto.
El precintado de los bienes impide que se pueda seguir disponiendo de ellos. Cuando hay un interés importante que proteger, los acreedores, el cónyuge o los herederos pueden solicitar que se precinten los bienes que forman parte de la comunidad de gananciales, la herencia o la propiedad indivisa (artículo 1148 del Código Procesal). Compete ordenar el precintado al juez de paz, que puede retirarlo a petición de quien lo solicitó: acreedores, cónyuge o herederos. Si existe oposición a la retirada, corresponderá de nuevo resolver al juez de paz.
Las medidas provisionales o provisionalmente ejecutivas pueden alzarse y no son irrevocables. Se dictan en el procedimiento sobre medidas provisionales o en el procedimiento sobre el fondo del asunto.
La ejecución provisional o ejecución anticipada es posible en condiciones muy estrictas cuando ha habido resolución, pero esta no es aún firme. En otras palabras, cuando aún existe posibilidad de apelar o de oponerse a la sentencia, la sentencia constituye solo prueba de lo que ha sido demostrado pero no puede ejecutarse aún. Esto podría tener consecuencias negativas para la parte que pretende que la otra cumpla su obligación. En algunos casos, el demandante puede solicitar al tribunal que ordene la ejecución provisional de la sentencia. Una forma de ejecución provisional es el embargo preventivo del patrimonio del deudor.
Cuando una persona cuenta con una sentencia a su favor, incluso si dicha sentencia ha sido dictada en otro país, puede solicitar al agente judicial que proceda al embargo preventivo de los bienes del deudor a quien afecta la resolución. Si el acreedor no dispone de una sentencia, será necesaria una orden judicial para imponer el embargo preventivo. Los tribunales arbitrales no están facultados para ordenar el embargo preventivo (Código Procesal, artículo 1696).
Las solicitudes de embargo se presentan ante el tribunal competente y se tramitan del mismo modo que el procedimiento sobre medidas provisionales (Código Procesal, artículo 1395). El plazo de notificación de la comparecencia ante el tribunal debe ser al menos de dos días, aunque puede reducirse en casos urgentes.
El abogado presenta la demanda de embargo preventivo a instancia de parte ante el tribunal competente en el procedimiento de embargo, que puede autorizar la imposición del embargo preventivo. Este debe resolver en el plazo de ocho días. El agente judicial se encarga de notificar al deudor la resolución y la orden de embargo para garantizar que aquel tenga conocimiento del embargo.
La resolución es provisionalmente ejecutiva por ministerio de la ley y su firmeza e inapelabilidad son solo relativas. El tribunal del procedimiento de embargo puede modificar o retirar la resolución en cualquier momento si se producen cambios en las circunstancias. El Real Decreto de 30 de noviembre de 1976 (Diario Oficial belga, Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 8 de febrero de 1977) establece la retribución de los agentes judiciales.
En el caso de que el secuestro haya sido acordado entre las partes, no es necesaria una orden judicial. Por el contrario, el secuestro judicial debe ser ordenado por un órgano jurisdiccional.
En ambos casos se designa un depositario, bien mediante acuerdo bien por decisión del tribunal. Su función consiste en gestionar con la diligencia debida el patrimonio que se le confía. Cuando el secuestro finaliza, debe reintegrar los bienes de que se trate. El depositario percibe una remuneración que está establecida por ley (Código Civil, artículo 1962, apartado 3).
Las medidas provisionales deben solicitarse siempre ante los tribunales, bien en un procedimiento sobre medidas provisionales bien en un procedimiento sobre el fondo. Los tribunales arbitrales también están facultados para dictar medidas provisionales (Código Procesal, artículo 1696).
En caso de urgencia, el presidente del tribunal de primera instancia resuelve con carácter provisional en todos los asuntos que no estén por ley fuera de la competencia de los tribunales (Código Procesal, artículo 584, apartado 1). «Provisionalmente ejecutiva» significa que la sentencia es solo provisional y puede no tener efectos definitivos ni irrevocables. Los presidentes del tribunal mercantil y del tribunal laboral están facultados para dictar resoluciones provisionalmente ejecutivas en todos los asuntos urgentes dentro de sus competencias respectivas.
Por ejemplo, en los asuntos de divorcio, el presidente del tribunal de primera instancia está facultado para dictar medidas provisionales referidas a la persona, los bienes y los alimentos de los cónyuges y de sus hijos (Código Procesal, artículo 1280, apartado 1).
El agente judicial notifica formalmente a la otra parte las medidas dictadas y la insta a cumplirlas, si es necesario bajo la amenaza de intervención policial o de incautación de una multa impuesta judicialmente. El Real Decreto de 30 de noviembre de 1976 (Diario Oficial belga,Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 8 de febrero de 1977) establece la retribución de los agentes judiciales.
Dado que el juez de paz decide en primera instancia, puede ordenar medidas provisionales durante el período de tiempo que dure la convivencia de un matrimonio o una pareja legalmente reconocida en los casos en los que la relación se haya roto. Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a asuntos como el hogar familiar o la persona y el patrimonio de los hijos. Estas medidas son de carácter puramente provisional y finalizan cuando las partes dejan de vivir juntas. Sin embargo, no constituyen una base para solicitar el divorcio. La regulación definitiva del divorcio corresponde al tribunal de primera instancia.
Las resoluciones judiciales son títulos ejecutivos. Mientras no sean firmes no pueden ejecutarse. La ejecución queda en suspenso en la medida en que la ley prevea la posibilidad de oposición o apelación, salvo cuando se trate de recurrir en casación (Código Procesal, artículo 1397).
El juez que dicte sentencia definitiva podrá autorizar la ejecución provisional de la misma, excepto en los casos en que la ley lo prohíba (Código Procesal, artículo 1398). Estas excepciones son el divorcio, la separación legal, la oposición al matrimonio y la nulidad matrimonial. Además, si la resolución admite una reclamación por un importe inferior a 2 500 euros no puede ejecutarse a título provisional (Código Procesal, artículo 1399).
Si la ejecución provisional es admisible, se aplica por cuenta y riesgo del demandante. El tribunal puede imponer determinadas condiciones a la ejecutabilidad de una resolución en dichos casos, exigiendo a la parte solicitante que aporte una garantía (Código Procesal, artículo 1400, apartado 1). El demandante puede incoar la ejecución pero debe depositar una cantidad o una garantía bancaria en la Oficina de depósitos y consignaciones o gestionar una garantía bancaria, ya que existe la posibilidad de que la sentencia sea modificada en apelación y de que la otra parte tenga derecho a compensación.
La pretensión del solicitante debe ser segura en el sentido de tener una justificación clara y de que no existan fundamentos razonables que la pongan en duda. La reclamación de deuda debe ser asimismo fija. El importe de la deuda debe estar determinado o al menos ser susceptible de calcularse provisionalmente. Si el importe exacto de la deuda no se ha fijado aún, el tribunal que ordene el embargo hará el cálculo del mismo. Por último, la deuda debe ser exigible, es decir, el acreedor debe estar facultado para reclamarla. En el artículo 1415 del Código Procesal se define este requisito de modo más preciso, de manera que incluso las reclamaciones de ingresos periódicos (alimentos, alquileres, intereses) y de créditos eventuales pueden ser susceptibles de embargo preventivo.
El secuestro judicial puede ordenarse en el caso de bienes muebles sobre los que exista una orden de embargo, en el caso de bienes muebles o inmuebles cuya propiedad o posesión se disputen dos o más personas o en el caso de objetos que el deudor ofrezca para saldar su deuda (Código Civil, artículo 1961). En términos generales, esto se refiere a una situación en la que las circunstancias del caso justifiquen el uso del secuestro como medida cautelar con el fin de garantizar que los objetos se mantengan en su condición actual, sin perjuicio de cualquier solución definitiva que pueda alcanzarse. La urgencia es irrelevante, pero el tribunal tendrá la precaución de recurrir al secuestro solo como medida excepcional y grave cuando existan buenas razones para ello.
Los bienes inembargables se enumeran en el artículo 1408 del Código Procesal. Entre ellos se encuentran los enseres necesarios para cubrir las necesidades básicas, los objetos que el deudor o sus hijos utilizan para el estudio o la formación, el equipamiento profesional del deudor, los destinados al culto religioso, los alimentos y el combustible. En el artículo 1410, apartado 2, del Código Procesal se establece una relación de los importes excluidos del embargo, entre los que cabe citar las prestaciones familiares y los ingresos mínimos necesarios para la subsistencia.
Los salarios y otras remuneraciones solo pueden embargarse parcialmente. Las cantidades están establecidas en el artículo 1409, apartado 1, del Código Procesal y se revisan anualmente por Real Decreto con arreglo al índice de precios al consumo. En el artículo 1410, apartado 1, del Código Procesal se amplía el alcance de esta norma de exclusión parcial a otras fuentes de ingresos, como los que se perciben en concepto de alimentos y pensiones, los subsidios de desempleo y las prestaciones por incapacidad laboral o general.
El agente judicial hace inventario del patrimonio embargable en un documento oficial con vistas a su ulterior venta, a menos que el agente intermedie en un acuerdo con el acreedor. Disponer de los bienes consignados en el acta u ocultarlos constituye un delito y está estrictamente prohibido.
El tribunal puede ordenar el secuestro judicial en el caso de bienes muebles sobre los que haya una orden de embargo, en el caso de bienes muebles o inmuebles cuya propiedad se disputen dos o más personas, o en el caso de objetos que el deudor haya ofrecido para saldar su deuda (Código Civil, artículo 1961).
El juez de paz está facultado para ordenar medidas provisionales durante el período completo de tiempo que dure la convivencia en los casos en los que la relación se haya roto. Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a asuntos como el hogar familiar o a la persona y el patrimonio de los hijos. Esta norma se aplica únicamente a los matrimonios (Código Civil, artículo 223, apartado 1) y a las parejas legalmente reconocidas (Código Civil, artículo 1479, apartado 1), pero no a las parejas de hecho.
En principio, todas las sentencias son susceptibles de ejecución provisional si lo ordena el juez, excepto en los casos en que la ley lo prohíba (Código Procesal, artículo 1398). Estas excepciones son el divorcio, la separación legal, la oposición al matrimonio y la nulidad matrimonial. Además, si la resolución admite una reclamación por un importe inferior a 2 500 euros no puede ejecutarse a título provisional (Código Procesal, artículo 1399).
El secuestro, como cualquier otro depósito o garantía judicial, implica que la posesión material de los bienes se transfiere al depositario, que podrá solo emprender acciones destinadas a su preservación.
Las medidas provisionales urgentes dictadas por el juez de paz cesarán en el momento en que se inicie el procedimiento de divorcio o causa principal. A partir de entonces, el asunto pasará al tribunal de primera instancia y su presidente dictará medidas provisionales si lo estima preciso.
Cuando el juez encargado del procedimiento de embargo deniegue el embargo preventivo, el solicitante podrá recurrir la resolución en el plazo de un mes a partir de su notificación (Código Procesal, artículo 1419, apartado 1, y artículo 1031). El asunto se tratará del mismo modo que cuando se presentó ante el primer órgano jurisdiccional. La decisión será debatida por la Sección de Cuestiones Preliminares (chambre du conseil/raadkamer). Si el embargo se confirma en el procedimiento de apelación, el deudor que desee oponerse al embargo podrá remitir el caso al tribunal de apelación, presentando una demanda de oposición de tercero.
Cuando el juez encargado del procedimiento de embargo accede a ordenar el embargo preventivo, el deudor o cualquier otra parte interesada tendrá derecho a presentar una demanda de oposición de tercero contra la resolución (Código Procesal, artículo 1419). Esta demanda deberá interponerse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución de autorización del embargo y será oída por el juez que dictó la resolución impugnada (Código Procesal, artículo 1125). La interposición de demanda de oposición de tercero no tiene efectos suspensivos, a menos que el juez que dictó la orden de embargo decida suspender la ejecución.
En el caso de que el procedimiento se incoara mediante citación o comparecencia voluntaria, cualquier recurso de oposición o apelación deberá presentarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de traslado de la resolución. Cuando la notificación de la resolución se hubiese realizado mediante pliego judicial y la resolución se hubiese dictado como respuesta a una demanda a instancia de parte, el recurso de oposición o apelación deberá presentarse en el plazo de un mes desde la fecha de notificación.
La orden judicial de ejecución provisional no es apelable. El tribunal de apelación no está facultado bajo ninguna circunstancia para prohibir o suspender la ejecución de una sentencia (Código Procesal, artículo 1402).