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Timestamp: 2019-11-13 16:55:34
Document Index: 402440073

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173', 'ARTÍCULO 173', 'artículo 173', 'artículo 308', 'artículo 173', 'artículo 183', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 173']

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Dictamen : 223 del 05/07/2007
Consultante: Allan P. Sevilla Mora
Texto Dictamen 223
C-223- 2007
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos es grato referirnos a su oficio n.° SCMC 222-06-07, del día 11 de junio del año en curso, por medio del cual nos transcribe el acuerdo unánime tomado por el Concejo Municipal de esa corporación, según el artículo 5°, capítulo 4°, de la sesión ordinaria n.° 57-2007, del 29 de mayo del 2007, y que a su vez procedemos a citar literalmente:
“21:05 ACUERDO Nro. 17.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- CONSULTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- A las veintiuna horas cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil siete.- Visto el dictamen emanado de la Asesoría Legal de este Concejo, mediante el cual se analiza la situación del establecimiento denominado KINDER KIDs WORLD MONTESORI, propiedad de OSLE. S.A., y sometida a votación la recomendación en él vertida, y en concordancia con lo que estipula el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, se acuerda por unanimidad, solicitar el criterio de la Procuraduría General de la República, en cuanto a la existencia o no de la nulidad evidente y manifiesta del acto, para poder de esta forma, enderezar los procedimientos y resolver de conformidad.”
Al efecto se remite con su gestión la fotocopia sin certificar del expediente administrativo (que consta de 86 folios) correspondiente a las solicitudes de otorgamiento y traslado de patente comercial, y uso de suelo, relacionadas con el establecimiento KID’S WORLD MONTESSORI; del que nos permitimos reseñar algunas actuaciones de su contenido que resultan pertinentes a la hora de evacuar este dictamen.
Ante solicitud de uso comercial para kinder presentado por los interesados, la municipalidad consultante mediante certificado de uso de suelo n.°795-2004, les informa que deben aportar un escrito en donde constara el consentimiento de los vecinos ubicados en un radio de 50 metros a la redonda (uso comercial condicionado), de conformidad con el Plan regulador urbano del cantón de Curridabat, en su aparte sobre usos condicionales para la zona residencial de media densidad (folio 48).
La Dirección de Operaciones de esa entidad local, en razón del cumplimiento del referido trámite por parte de los interesados, emite el certificado de uso de suelo solicitado n.° 814-2004 (folio 50). Asimismo, según se desprende de varios documentos que corren agregados al expediente, el Concejo Municipal en sesión ordinaria n.°131-2004, del 28 de octubre del 2004, acuerda aprobar el traslado de la respectiva patente comercial (folios 1, 31 y 69).
Algunos vecinos de la zona presentaron un escrito ante la municipalidad oponiéndose al establecimiento de un Kinder (folio 53 y 54). Ulteriormente, se constató mediante inspectores de la Dirección de Operaciones y de la sección de Patentes que dos de las firmas de dicho escrito correspondían a vecinos comprendidos dentro de los mencionados 50 metros de radio (folio 59).
En virtud de lo anterior, la alcaldesa decide anular por resolución n.° 931-10-2006, de las 9 horas del 31 de octubre del 2006, el certificado de uso de suelo n.°814-2004 antes indicado, y ordena a la sección de patentes que notifiquen a los interesados que el funcionamiento del Kinder Kid’s World Montessori queda suspendido indefinidamente (folios 69-70).
El acto anterior es revocado, con ocasión de un recurso interpuesto por la parte interesada, a través de la resolución n.° 986-11-2006, de las 9:15 horas del 10 de noviembre del 2006, por violación al debido proceso y sobre la consideración de que lo afirmado en el certificado de uso de suelo n.° 814-2004 no era del todo cierto, pues sólo 6 de los 10 propietarios vecinos al Kinder dieron su consentimiento, lo que ameritaba “una investigación exhaustiva para la averiguación de la verdad real, mediante el proceso de LESIVIDAD, previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debiéndose en consecuencia, anular lo actuado mediante la resolución impugnada.” (folio 76 y 77).
Es a raíz del criterio de la asesora legal del Concejo Municipal que se solicita nuestro criterio, al estimar que “existiendo la controversia sobre la nulidad evidente y manifiesta sobre el acto administrativo denominado Uso de Suelo 814-2004 procédase de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, de forma que se solicite el criterio a la Procuraduría General de la República en cuanto a la existencia o no de la nulidad evidente y manifiesta del acto para poder de esta forma enderezar los procedimientos y resolver de conformidad.” (Folio 85-86).
Con fundamento en el cuadro fáctico anterior, que aclara los alcances de la petición que nos hace el Concejo Municipal en el citado acuerdo tomado en la sesión n.° 57-2007, y sobre la base de lo ya señalado a esa misma municipalidad en nuestro dictamen C-140-2004, del 7 de mayo de 2004, en un caso similar al descrito, esta Procuraduría rechaza pronunciarse sobre la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del certificado de uso de suelo n.° 814-2004, toda vez que la gestión municipal a tal efecto deviene prematura y contraria, como veremos a continuación, al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas (en adelante LGAP).
II. INOBSERVANCIA DEL PÁRRAFO 3) DEL ARTÍCULO 173 DE LA LGAP, EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO.
“V. LA NECESIDAD DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO PARA LA REVISIÓN O ANULACIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. La administración pública respectiva autora del acto que se pretende anular o revisar, de previo a la declaratoria de nulidad, debe abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibidem). Durante la sustanciación del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el dictamen debe pronunciarse, expresamente, sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley General de la Administración Pública). Si el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, en el sentido que la nulidad absoluta del acto administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad. El dictamen de los dos órganos consultivos citados es vinculante para la administración respectiva en cuanto al carácter evidente y manifiesto de la nulidad. Sobre este punto, el artículo 183, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública preceptúa que “ Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos a favor del administrado y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ”. (Resolución n.° 2005-03004, de las 8:31 horas del 18 de marzo del 2005. En igual sentido, las resoluciones n.° 2005-12324 de las 10:28 horas del 9 de setiembre del 2005; 2006-8767, de las 16:40 horas del 21 de junio; y 2006-8960, de las 10:53 horas del 23 de junio, ambas del año 2006).
“En efecto, toda actuación administrativa que pueda derivar en un acto capaz de afectar negativamente la esfera de derechos subjetivos de la persona, debe ser precedida de un procedimiento que se constituya en un instrumento apto para conocer y tomar en consideración la posición del interesado, de frente a la decisión del Estado que habrá de proyectarse directamente sobre sus derechos.” (Resolución n° 11408-2000 de las 15:15 horas del 20 de diciembre del 2000)
“La jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de este órgano técnico-consultivo, han establecido el cumplimiento estricto de la Carta Política y de la Ley, que no se puede declarar la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta sin el cumplimiento previo de un procedimiento administrativo ordinario, de conformidad con los artículos 239, siguientes y concordantes y 308, siguientes y concorcantes de la Ley General de la Administración Pública.” (lo destacado no es del original) (en el mismo sentido, pueden consultarse nuestros dictámenes: C-233-2001 de 27 de agosto del 2001, C-180-2002 de 11 de julio del 2002 y C-225-2003 de 23 de julio del 2003)
En efecto, no se les ha precisado a los interesados o beneficiados cuales son los actos viciados de nulidad de hecho, en la misma gestión que esa corporación nos hace llegar no quedan claramente identificados, ni tampoco las posibles irregularidades en su otorgamiento al tenor de la normativa que resulta aplicable, ni las consecuencias que implicaría su eventual anulación, y muchos menos, se les ha dado un plazo prudencial para que preparen su defensa y aporten los medios de prueba correspondiente.
En otras palabras, luego de que el órgano director ha terminado la instrucción del procedimiento, debe comunicarlo así al órgano decisor, con la finalidad de que sea éste el que tome el acuerdo correspondiente a la remisión del asunto ante la Procuraduría General, o a la Contraloría General, según corresponda. Sobra decir que este aspecto se echa de menos en la gestión que nos ocupa, aspecto que se recomienda subsanar al igual que lo oportunamente mencionado sobre el expediente administrativo en donde conste la realización del procedimiento ordinario.” (Dictamen C-109-2005 del 14 de marzo del 2005)” (Ver en igual sentido, el citado dictamen C-054-2007 y el C-175-2007, del 1 de junio del año en curso).El subrayado no es del original.
Precisamente es a tal fin, que esa Administración territorial tiene que desarrollar el correspondiente procedimiento ordinario en los términos señalados en el apartado segundo de este escrito; de manera que este órgano asesor pueda entrar a “ejercer un control previo o preventivo de legalidad en cuanto a que efectivamente se esté ante el supuesto que contempla el artículo 173 de la LGAP (nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos subjetivos), que se cumplieron los diversos principios y formalidades que informan el procedimiento administrativo, así como que se esté dentro del plazo previsto para decretar la nulidad del acto” (Dictamen C-194-2007).
Esta Procuraduría se encuentra legalmente imposibilitada para emitir el dictamen preceptivo que establece el artículo 173 de la LGAP, ante la inobservancia de ese precepto al no haberse tramitado un procedimiento administrativo ordinario y porque la gestión del Concejo Municipal solicitante es a todas luces prematura.
Procurador Adjunto Abogada de Procuraduría a.i.