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Timestamp: 2017-12-18 06:49:09
Document Index: 238039375

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I. DERECHO DE RETENCIÓN
III. DERECHO DE RETENCIÓN DEL ACREEDOR PIGNORATICIO
IV. DERECHO DE RETENCIÓN DEL ACREEDOR ANTICRÉTICO
V. DERECHO DE RETENCIÓN DEL CONTRATISTA
VI. DERECHO DE RETENCIÓN DEL MANDATARIO
VII. DERECHO DE RETENCIÓN DEL DEPOSITARIO
VIII. DERECHO DE RETENCIÓN DEL USUFRUCTUARIO
IX. DERECHO DE RETENCIÓN DEL POSEEDOR DE BUENA FE
El derecho de retención, o “ius retentionis”, puede ser definido, en un sentido amplio, como la facultad que la Ley establece a favor de determinadas personas que, en virtud de cierto vínculo contractual, quedan autorizadas para que en el caso de que la contraparte no cumpla sus obligaciones puedan apropiarse de la cosa propiedad del incumplidor, pero que ya poseían previamente, bien como garantía, bien para aplicar el precio obtenido por su venta al pago de su deuda.
Efectivamente, este derecho carece no sólo de regulación unitaria, sino incluso de autonomía propia, en el sentido de que siempre aparece ligado a alguna modalidad contractual donde, cualquiera que sea su naturaleza, de alguna forma, el titular del “ius retentionis” ostenta la posesión de algún bien propiedad de la otra parte y su finalidad prioritaria es la de ofrecer a éste una garantía adicional consistente en la facultad de retener (de ahí su nombre) la cosa hasta que aquella cumpla con las obligaciones que asumió. En este sentido, afirma sintéticamente el Tribunal Supremo que “el ius retentionis, discutida y poco estudiada figura en nuestro ámbito jurídico y sobre cuya naturaleza jurídica las posiciones no son precisamente pacíficas, viene a constituir, en términos generales y un tanto abstractos, a manera de un especial derecho de garantía dirigido principalmente a potenciar en cierta medida la protección de aquellos acreedores que tengan en su poder la cosa o el bien de su deudor, autorizándole a dilatar en orden al tiempo su devolución o entrega” (en Sentencia de 4 de octubre de 1989).
Como se puede observar, la principal facultad que atribuye este especial derecho es la de retener la posesión de la cosa o, si se quiere, la de dilatar en el tiempo la restitución de la misma a su titular, forzando el cumplimiento de éste de las obligaciones contractuales asumidas frente al titular del “ius retentionis”, no obstante esto, su naturaleza accesoria (por cuanto siempre aparece necesariamente vinculado a cierto tipo de contratos) determina muy distintos efectos según la propia naturaleza del contrato principal cuyas obligaciones trata de garantizar. Así, frente a la regla general, que faculta a la mera retención, pero que no supone atribución de titularidad ninguna sobre la cosa, en ocasiones se traduce en una facultad de reintegro, tal es el caso del derecho de retención reconocido a favor del usufructuario que realizare en la cosa las reparaciones extraordinarias que corresponde verificar al propietario, pudiendo verificar por sí las que fueran indispensables para la subsistencia de la cosa, el artículo 502 del Código Civil afirma que entonces tendrá derecho a exigir del propietario, al finalizar el usufructo, el aumento de valor experimentado por la finca por efecto de las mismas y, si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, se le reconoce el derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con los productos que genere la misma.
Pero, es más, en ocasiones incluso aparece configurado como auténtico derecho real (entendido como aquél que atribuye a su titular un poder o señorío directo sobre la cosa) ejercitable "erga omnes" (en la medida que tal poder puede hacerse valer frente a cualquier persona que perturbe su ejercicio) configurándose entonces como auténtico derecho de realización, es decir, aquel que no le atribuye la propiedad directa sobre la cosa, aunque sí sobre el precio obtenido en su venta. En definitiva, el poseedor (titular del "ius retentionis") puede apropiarse de la cosa, no para incorporarla a su patrimonio, pero pudiendo proceder a su venta a fin de satisfacer su deuda con el precio obtenido por la venta de la misma, por ejemplo en el contrato de mandato.
A propósito de esto, tiene declarado el Tribunal Supremo la necesidad de “reiterar la doctrina sancionada por la sentencia de esta Sala de 24 de junio de 1941...en cuanto establece... “que notorio, como es, que por el Código Civil español no ha sido regulado el derecho de retención como institución sustantiva, aunque sean numerosas sus aplicaciones en materia civil (artículos 453, 464, 502, 1600, 1730, 1780, 1892 entre otros) y en materia mercantil (artículos 276, 704, 843 y 868, “ad exemplum”), se da el caso, por falta de esa unidad conceptual y méritos de esa dispersión, de que sean también diversas las consecuencias jurídicas y económicas de ese derecho que, en unos supuestos, como el contemplado por el artículo 502 del Código Civil, lleva anejo un derecho de reintegro; en otros, se traduce en una preferencia o prioridad como en la de los eventos a que aluden los números cuatro, quinto y séptimo del artículo 1922 y en algunos, como en los casos a que se refieren los artículos 276, 704 y 842 del Código de Comercio, el privilegio originario, se aproxima, casi hasta la confusión a un derecho de garantía”.
Como ya se ha apuntado, el derecho de retención carece de toda unidad conceptual y autonomía, lo que obliga a atender en cada caso a la norma específica que lo reconozca; aún así, pueden apuntarse como presupuestos generales los de la necesidad de expresa previsión legal, su carácter supletorio y la absoluta interdicción de su uso abusivo o desproporcionado.
De estricta configuración Jurisprudencial, en el sentido de que al carecer de toda regulación unitaria ha debido ser la Jurisprudencia la que apunte tales criterios generales y uniformes, el derecho de retención no corresponde a todo poseedor o detentador de cosa ajena, sino únicamente a aquellos a los que la propia Ley reconoce esta facultad y con el alcance que también se establezca por la norma habilitante. Lo que, a su vez, determina la máxima cautela en su reconocimiento y extensión de sus efectos, quedando prohibida toda aplicación extensiva a otros supuestos no contemplados por la Ley, por mucha analogía que quepa apreciar entre las figuras contractuales.
De esta forma, afirma el Tribunal Supremo en la Sentencia de 16 de febrero de 2004, que si el derecho de retención se invoca para evitar el pago de la renta estipulada durante el tiempo que duró (el arrendamiento), también se desestima porque ningún precepto consagra el derecho del que se considera acreedor a retener cualquier bien de su deudor que tenga en su poder hasta que no le pague deudas que con él tiene contraídas por cualquier título o causa. Los supuestos legales de retención han de interpretarse restrictivamente por su carácter excepcional, como lo es el reconocimiento de un derecho de auto-protección del acreedor para asegurarse el pago de una obligación, en el caso sometido a debate, el recurrente no señaló en absoluto la ubicación de su derecho de retención en alguno de los casos en los que la ley concede tal facultad de retención, lo que determinó la declaración de indebida de la retención practicada por sí mismo.
Pero, es más, su régimen siempre es supletorio y el derecho de retención, por tanto, debe ceder ante otras formas de garantía específicamente establecidas por la Ley para el caso de que se trate. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del arrendatario (necesariamente poseedor de la cosa arrendada) se establece un específico régimen por cuanto se refiere a las mejoras que hubiere realizado el inquilino en la cosa arrendada que debe prevalecer frente a la regulación general que en esta materia se establece a favor de todo poseedor.
Efectivamente, frente a la norma general del artículo 453 del Código Civil que atribuye a todo poseedor de buena fe la facultad de retener la cosa mientras no le sean abonados los gastos necesarios o útiles realizados sobre la cosa (como auténtico derecho de reintegro), el artículo 1.573 del citado Texto legal establece los efectos concretos y propios que por la realización de tales gastos se atribuye al arrendatario y que, por expresa remisión al régimen del usufructuario, determina la posibilidad de que éste retire las mejoras de la cosa, cuando fuere posible hacerlo sin detrimento de la misma (artículo 487 del Código Civil), pero, en modo alguno, queda facultado a recibir indemnización alguna y, en consecuencia, toda retención practicada por éste debe reputarse indebida y prohibida, pues es principio general en nuestro Derecho que la normativa específica debe aplicarse preferentemente a la general.
En supuesto idéntico al contemplado, se pronuncia el Tribunal Supremo en el sentido de que el arrendatario no se encuentra vinculado por el ius retenendi que establece el artículo 453 del Código civil...ya que, como ha señalado la jurisprudencia, el arrendatario es sólo poseedor civil de su derecho de arrendamiento y tenedor por el dueño conforme al artículo 432 del Código civil por lo que al extinguirse el arrendamiento retiene la cosa viciosamente (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1959 y en sentido análogo las de 23 de mayo de 1946 y 23 de mayo de 1951), al estar regulado el régimen de las mejoras en el contrato de arrendamiento en el artículo 1.573 del Código civil, que como ley especial es de aplicación preferente al artículo 453 del Código civil y que se remite al régimen aplicable al efecto al derecho de usufructo recogido en los artículos 487 y 488 del Código civil.
Son estas las normas aplicables al caso de litis, en que según el propio contrato correspondía a la parte arrendataria la realización de las obras precisas para transformar la parcela entregada en un campo deportivo, de modo que la conceptuación de tales obras no es la de gasto necesario o reparación, sino de mejoras que comportan una revalorización del terreno en cuanto el mismo puede ser dedicado a la actividad deportiva, pero que poco provecho pueden revestir sino más bien lo contrario si se pretende dar una utilidad distinta a la finca arrendada. Es aplicable, por tanto, el régimen del artículo 487 del Código civil, y no previéndose en el mismo, ni en el contrato, derecho a indemnización a favor de la parte que realizara las reformas, no procede reconocérselo a la parte demandada, sin perjuicio, de que la misma pueda ejercitar su derecho a retirar dichas mejoras sin causar detrimento al bien arrendado, que debe llevarse a cabo en el modo que se determine en ejecución de sentencia en caso de que así se instase a falta de acuerdo de las partes(en Sentencia de 14 de noviembre de 2000).
Finalmente, se proclama la absoluta prohibición de hacer un uso abusivo de esta facultad, pues “el “derecho de retención” o facultad de retener, ejercitado por los administradores en base al artículo 1600 del Código civil, que lo reconoce y ampara, no puede ser valorado como una negligencia, pues qui suo iure utitur neminem laedit, a menos que se trate de un ejercicio abusivo, como tantas veces ha dicho esta Sala desde la sentencia de 14 de febrero de 1944” (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2006) como expresa concreción del principio general que prohíbe todo ejercicio abusivo o antisocial de un derecho, habida cuenta que la atribución a favor de cierta persona de una facultad o derecho ejercitable frente a terceros nunca se entiende en términos absolutos hasta el punto que su existencia perjudique los legítimos intereses de otros, pues “los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe” (artículo 7 del Código Civil).
La prenda (o “pignus”), regulada por los artículos 1.863 y siguientes del Código Civil, es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación principal de tal suerte que el deudor sujeta de forma directa ciertos bienes muebles de su propiedad que, entregados al acreedor, quedan afectos a la satisfacción de la deuda en caso de incumplimiento (véase “Prenda”), y atribuye al acreedor pignoraticio un auténtico derecho de realización del valor, que no de apropiación sobre la cosa entregada en garantía. Es decir, el acreedor “no puede apropiarse de las cosas dadas en prenda” (artículo 1.859 del Código Civil), sino que para satisfacer su crédito deberá instar la venta de las mismas de acuerdo con las reglas establecidas para ello, tratando el legislador de asegurar que con la venta de las mismas se obtenga el mejor precio.
En este sentido, la norma es clara y su finalidad digna de protección por el ordenamiento jurídico, quedando absolutamente prohibido todo pacto en contrario, recordando que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir” (artículo 6.4 del Código Civil).
En definitiva, todo acuerdo o pacto alcanzado por las partes que autorice al acreedor pignoraticio a apropiarse de la cosa en caso de impago, el denominado "pacto comisorio", además de prohibido, se tendrá por no puesto no pudiendo alterar las mismas la concreta naturaleza y efectos del derecho de retención reconocido a favor de aquél "dado que el artículo 6.4 del Código Civil es una norma que obliga a la represión del fraude a otra de carácter imperativo para que la eficacia de lo ordenado por el legislador se consiga, y dado que también la prohibición del pacto comisorio (artículos 1859 y 1884 del Código Civil) es imperativa y de orden público por afectar a la satisfacción forzosa de obligaciones en las que están involucrados no sólo los intereses del deudor sino de sus acreedores" (en Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2001).
Más concretamente, sobre la prohibición del pacto comisorio, se declara que “esta prohibición, con base en la que el acreedor, en caso de impago de su crédito, no puede pretender hacer suya la cosa dada en garantía, haciendo abstracción de su valor, tiene su origen en un texto del Derecho Romano (Constantino, libro VIII,...), fue acogida en nuestro Derecho Histórico (Partidas, 5ª...y Proyecto (de Código Civil) de 1851; aunque no por el Proyecto de 1882); y se considera recogida por los artículos 1859 y 1884 del Código Civil, respectivamente para la prenda e hipoteca, y la anticresis”, en Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2000, aclara que: “la prohibición hace referencia únicamente al pacto contemporáneo (previo o simultáneo) a la generación del crédito, no a las adjudicaciones o transmisiones posteriores en pago (sentencia de 27 de junio de 1980); resultando indiferente que adopte la fórmula clásica de apropiación en el supuesto de que se produzca el incumplimiento de la deuda, u otra distinta (aunque de efecto similar), como ocurre en el caso, de transmisión inmediata o simultánea del dominio en el momento de la generación del crédito, con efecto claudicante si se abonare totalmente la deuda...
La vigencia inequívoca de la prohibición está reconocida en la Jurisprudencia (sentencias de 25 de mayo de 1971, 25 de septiembre de 1986, 22 de diciembre de 1988, 18 de febrero de 1997, 13 de mayo de 1998 y 15 de junio de 1999) y en la doctrina de la Dirección General de Registros (resoluciones de 10 de junio de 1986; 3 de junio, 29 de septiembre y 16 de noviembre de 1987; 5 de junio y 19 de julio de 1991; 5 de mayo y 22 de septiembre de 1992; o 18 de octubre de 1994), siendo incuestionable su aplicabilidad a todo tipo de garantía atípica por coherencia del sistema, analogía (artículo 4.1 del Código Civil), evitar el fraude de ley (Sentencia de 18 de febrero de 1997), y, como dice la Sentencia de 13 de mayo de 1998, dadas las razones de moralidad e interés general en que se asienta, por lo que constituye un límite al principio de autonomía privada (artículo 1255 del Código Civil)" (en cuanto a la libertad de pacto, que ampararía la libre constitución de otras garantías, por ejemplo de retención, fuera de los supuestos legalmente tasados, véase Contrato).
La anticrésis, regulada por los artículos 1.881 a 1.886 del Código Civil, es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación principal de tal suerte que el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble del deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al del capital de su crédito (véase “Anticresis”). Debe puntualizarse que el acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda en el plazo convenido y que todo pacto en contrario será nulo (artículo 1.884 del Código Civil), si bien se permite al acreedor anticrético que pida, en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil, el pago de la deuda o la venta del inmueble. Por lo demás, constituye auténtico derecho de realización del valor de la cosa, en este caso inmueble, para el que valga reproducir toda la Doctrina Jurisprudencial sentada en torno a la prohibición del pacto comisorio antes expuesta.
El contrato de obra, o de arrendamiento de obra, regulado por los artículos 1.588 y siguientes del Código Civil, es aquel negocio jurídico por el que una de las partes (contratista) se compromete a ejecutar una obra a favor de la otra (propietario) a cambio de precio cierto (véase ”Arrendamiento de obra”). Pues bien, por lo que ahora interesa, el artículo 1.600 del citado texto legal, reconoce a favor del contratista que hubiere ejecutado una obra sobre cosa mueble el derecho a retener la misma en prenda hasta que se le pague lo pactado. Auténtico derecho de garantía del pago del precio, sus ejemplos en la práctica son numerosos, piénsese en los negocios de reparación de automóviles o electrodomésticos, donde se retiene legítimamente la cosa mueble hasta el pago de la reparación.
Auténtico derecho de garantía, como medio de protección del crédito que atribuye únicamente al contratista la facultad de retener la cosa hasta el pago, pues, no obstante la redacción del citado artículo 1.600, no goza éste de verdadero derecho de prenda (“ius distrahendi”) que le permita enajenar la cosa.
El contrato de mandato, cuya regulación debe buscarse en los artículos 1.709 a 1.739 del Código Civil, puede ser definido como aquel donde una de las partes (mandatario) se compromete a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otro (mandante). La amplitud de la definición contenida en el artículo 1.709 del Código Civil puede llevar a confundir este contrato con cualquier otro de cooperación por encargo o cuenta ajena, por lo que debe puntualizarse, en orden a su correcta distinción de otras figuras jurídicas, que su objeto (fuera de otros criterios subsidiarios de distinción, como pudieran ser la gratuidad o la representación) es la estricta actuación jurídica, la verificación de actos jurídicos por cuenta ajena, como esencia del mandato, aunque no es necesario que los mismos alcancen la categoría de negocio jurídico (véase “Mandato civil”).
Por lo demás, el mandante viene principalmente obligado a anticipar al mandatario (si éste lo pide) las cantidades necesarias para la ejecución del mandato (artículo 1.728 del Código Civil) y, en caso de que hubieren sido adelantadas por el mandatario, a reembolsarlas aunque el negocio no hubiera salido bien, con tal de que esté exento de culpa el mandatario; así mismo, deberá procurar que el mandatario salga indemne de la gestión encomendada, debiendo indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido sin culpa o imprudencia (artículo 1.729 del Código Civil). Pues bien, el artículo 1.730 del citado texto legal reconoce expresamente a favor del mandatario un derecho de retención sobre las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reembolso de que tratan los artículos anteriores, donde, sin perjuicio de afirmar que “podrá retener en prenda”, simplemente destacar que, lo mismo que en cuanto a la retención del contratista ya vista, no se le reconoce más que un derecho de retención (“ius retentionis”) como facultad de poseer la cosa, pero no la de ejecutarla (“ius distrahendi”). En este sentido se ha pronunciado igualmente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, a salvo una sentencia aislada de fecha 7 de julio de 1987, donde se mantuvo la literalidad del precepto y mantuvo que era un auténtico derecho real de prenda.
Por el contrato de depósito, regulado en los artículos 1.758 a 1.789 del Código Civil, una de las partes (depositario) se compromete a conservar y devolver la cosa, normalmente mueble, que recibe de otro (depositante), siendo, fuera de otras modalidades (depósito legal, necesario, secuestro judicial) su forma de constitución ordinaria la del libre acuerdo o pacto en este sentido por parte de los interesados, en cuanto al denominado “depósito voluntario” (véase “Depósito (Derecho civil)”) que, en principio será gratuito, a salvo la posibilidad de pactar retribución.
Con independencia de su carácter gratuito, y como en todo contrato de esta naturaleza, se establece el principio general de que el depositante deba indemnizar al depositario por todos los perjuicios que le hubiere generado el depósito de la cosa, así como a reembolsarle todos los gastos que aquel hubiere afrontado para la conservación de la misma (artículo 1.779 del Código Civil). Todo ello porque no se puede ignorar que el depósito no da derecho a usar las cosas y, en ocasiones, por la propia naturaleza de la cosa, no es posible defender la mera conservación de la cosa hasta su restitución, en definitiva, debe entenderse que el depósito “requiere prestar servicios, subsumibles tanto en el contenido del contrato de mandato como en el de arrendamiento” (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1991, a propósito del depósito sobre ganado).
Es además, principio general en nuestro Derecho el que establece que el obligado a entregar una cosa lo está a conservarla con la diligencia de un buen padre de familia (artículo 1.094 por expresa remisión del 1.766 del Código Civil), diligencia que incluso se exige al mero gestor de negocios ajenos, por lo que: "sea el contrato incardinable en cualquiera de las figuras enunciadas o en una mezcla atípica e innominada de todas ellas, en cualquier caso habrá de rendirse cuentas al propietario y, entre ambos, deberá liquidarse la situación posesoria...no se puede ignorar que todo depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos que haya efectuado en la conservación de la cosa y a indemnizarle de todos los perjuicios que le haya ocasionado".
No obstante, puntualiza el Tribunal Supremo que: "la obligación que el artículo 1779 del Código Civil impone al depositante de indemnizar al depositario de todos los perjuicios que se hayan seguido del depósito, ha sido entendido por la doctrina científica como limitada a la indemnización de los perjuicios directos, nacidos de los vicios de las cosas, que el depósito le haya ocasionado al depositario, sin que puedan incluirse las expectativas que hubiera podido aprovechar de no tener el depósito" (en Sentencia de 27 de noviembre de 1998). A esto debe añadirse la obligación del depositante de pago de los gastos que ocasione el traslado de la cosa, cuando se hubiere pactado la entrega o restitución de la misma en lugar distinto a aquél donde se hubiere verificado la conservación (artículo 1.774 del Código Civil), estableciéndose para todos estos supuestos un derecho de retención a favor del depositario hasta el completo pago de todo lo que se le deba, de conformidad con lo visto, por razón del depósito (artículo 1.780 del Código Civil). De nuevo, y no obstante la dicción literal de este último artículo, indicar que, igual que en los supuestos ya contemplados, no se trata de un auténtico derecho de prenda (de realización del valor), sino de mero derecho de retención.
Establece el artículo 467 del Código Civil que “el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa”; por tanto, y con independencia de los supuestos excepcionales que autoricen al usufructuario a disponer de los bienes ajenos, el usufructo es auténtico derecho real que permite a su titular usar y disfrutar los bienes propiedad de otra persona, que únicamente conserva la titularidad o propiedad sobre los mismos, pero vacía de contenido, la nuda propiedad (véase “Usufructo”). El usufructo se constituye, normalmente, durante la vida del usufructuario o incluso por un plazo de tiempo, generalmente amplio, por lo que supone la atribución de una situación posesoria por un tiempo realmente dilatado, lo que explica que sea el usufructuario el que asuma pagos inherentes a la propiedad (de tributos y cargas, por ejemplo), además de la general obligación, impuesta a todo el que tiene el deber de restituir la cosa ajena que posee, de cuidar la misma “como buen padre de familia” (artículo 497 del Código Civil).
Por este mismo motivo, y por lo que ahora respecta, se impone también el deber al usufructuario de efectuar las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo, por disposición del artículo 500 del Código Civil, que aclara en su apartado segundo que “se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación”. En consecuencia, las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del propietario (artículo 501 del Código Civil) siendo la única obligación del primero respecto de éstas la de avisar al propietario de la necesidad de hacerlas. Ahora bien, ante la desidia o desinterés del propietario, igualmente se establece la posibilidad de que, siendo estas reparaciones extraordinarias indispensables para la subsistencia de la cosa pueda hacerlas el propio usufructuario (artículo 502 del Código Civil) pudiendo entonces exigir del propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor experimentado por la finca por efecto de las mismas obras y “si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos”.
El derecho de retención que nace a favor del usufructuario (en la medida que el precepto citado habla expresamente de finca) parece quedar limitado al constituido sobre cosa inmueble por naturaleza, si bien, la Doctrina científica y la Jurisprudencia estiman que ningún inconveniente habría en extender este régimen al usufructo constituido sobre cosas de distinta naturaleza. Finalmente, y como especialidad de este derecho de retención, obsérvese como el usufructuario tiene no sólo un auténtico ius retentionis (que no ius distrahendi) sino que sigue aprovechando la cosa como si el usufructo (extinguido) continuase vigente con la exclusiva finalidad de aprovechar los frutos de la misma hasta hacerse pago del importe reclamado, configurándose como auténtico derecho de reintegro sobre los productos de la cosa.
El poseedor es, en un sentido amplio, aquel que tiene la cosa o disfruta un derecho sin ser el titular de los mismos, siendo poseedor de buena fe aquel que ignora que en su título o modo de adquirir la misma existe un vicio que lo invalida (artículo 433 del Código Civil), reputándose de mala fe el poseedor que se halla en la situación contraria. En definitiva, cabe hablar de “posesión justa” como aquella que es conforme a Derecho; frente a la “posesión injusta”, es decir, la de quien no tiene derecho a poseer. Por o demás, la posesión, en principio, se presume siempre de buena fe (artículo 434 del Código Civil) y la mala fe debe ser probada por quien la afirma (véase “Posesión”).
La buena fe en la posesión ofrece al poseedor una serie de presunciones y derechos, tanto durante como al extinguirse el estado posesorio, entre los que cabe destacar la facultad de retención para el reembolso al poseedor de buena fe por los gastos necesarios y útiles efectuados sobre la cosa reconocido por el artículo 453 del Código Civil. Por gastos necesarios debe entenderse todos aquellos efectuados para la conservación y mantenimiento de la cosa, teniendo todo poseedor derecho al reembolso de los mismos (sea de buena o mala fe); mientras que, los gastos útiles son aquellos que verificados sobre la cosa suponen un beneficio económico para la misma, ya sea por aumento de su rentabilidad o productividad, ya simplemente aumente su valor por mejora de la misma, y únicamente el poseedor de buena fe tiene derecho a ser reembolsado por estos últimos. Por lo demás, en atención a la buena fe del poseedor, únicamente a éste se reconoce el derecho a retener la cosa hasta el completo abono de los gastos realizados, es decir, aún cuando también se reconozca un derecho de reembolso a favor del poseedor de mala fe por los gastos necesarios, esto es, “por las impensas realizadas para la conservación de la cosa y que resulten imprescindibles de forma tal que de no haberlas llevado a cabo la cosa habría dejado de existir o desmerecido” (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1998); únicamente nace el derecho de retención sobre la cosa a favor del poseedor de buena fe, exigiéndose una buena fe declarada y la existencia de gastos determinables, como presupuestos que condicionan el ejercicio de este derecho (en este sentido se pronuncian, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1969 o la más reciente de 25 de octubre de 2005).