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Timestamp: 2020-07-10 18:08:44
Document Index: 326795836

Matched Legal Cases: ['artículo 404', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 539', 'artículo 16', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 534', 'artículo 534', 'artículo 239', 'artículo 240', 'artículo 241', 'artículo 534', 'artículo 539', 'artículo 199', 'artículo 539', 'artículo 534', 'artículo 68', 'artículo 289']

Viernes, 20 de Diciembre de 2019 15:47
"....(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-49312019 (54166), 11/13/2019 )
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró en un fallo que los menores de edad no deben desecharse como testigos por el solo hecho de su edad, sino que corresponde al juez, dentro de la sana crítica, evaluar sus testimonios conjuntamente con las demás pruebas a fin de otorgarles el alcance a que haya lugar. Insistió, igualmente, que la declaración del menor víctima de abusos sexuales, por el impacto del acto en su memoria, es altamente confiable. “De la misma forma que la Corte ha rechazado la tesis de considerar falsos los testimonios de los menores de edad por ser fácilmente sugestionables o carecer de pleno discernimiento, en ningún momento ha expresado que deba creérseles en todos los casos, solo por su condición de posibles víctimas de un abuso sexual”, aclara el fallo. De ahí que sus testimonios deben examinarse de conformidad con los criterios de apreciación previstos en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, “sin parcialidad ni prejuicio de ningún tipo y sin marginar de la evaluación los demás medios de convicción, de cuyo ejercicio finalmente surgirá el mérito que les corresponda” (M. P. Eugenio Fernández Carlier)..."
Última actualización el Viernes, 20 de Diciembre de 2019 15:50
Jueves, 07 de Noviembre de 2019 13:55
"..No basta con demostrar que la conducta recayó sobre una mujer, sino que, además, resulta imperioso constatar la necesidad de proteger un bien jurídico adicional —a la familia-, en este caso consistente en la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación.."
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR Magistrada ponente SP4135-2019 Radicación n° 52394 (Aprobado Acta n° 253) Bogotá D.C., primero (1) de octubre de dos mil diecinueve (2019):
"...Por estas razones, la Sala concluye lo siguiente: (i) el legislador no consagró un elemento subjetivo especial para la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, como sí lo hizo para el delito de feminicidio; (ü) tal y como sucede con la consagración de este delito -104 A del Código Penal-, dicha causal de agravación constituye otra de las medidas orientadas a erradicar la discriminación y la violencia estructural ejercida sobre las mujeres21; (iii) este incremento punitivo se justifica en la medida en que se verifique que el sujeto activo realizó la conducta en un contexto de discriminación, dominación o subyugación de la mujer, independientemente de la finalidad con la que haya actuado; (iv) de esta forma, se garantiza que el daño inherente a una pena mayor esté justificado por la protección de un determinado bien jurídico; y (y) ello se traduce en la obligación que tiene la Fiscalía de indagar por dicho contexto, no solo para establecer la viabilidad de una sanción mayor, sino, además, para verificar si se está en presencia de un caso de violencia de género, que debe ser visibilizado en orden a generar las transformaciones sociales que permitan erradicar este flagelo.
Ante las aclaraciones hechas en el numeral 6.2.3 acerca de la interpretación de la circunstancia de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, es claro que la misma fue indebidamente aplicada en este caso, porque para ello no basta con demostrar que la conducta recayó sobre una mujer, sino que, además, resulta imperioso constatar la necesidad de proteger un bien jurídico adicional —a la familia-, en este caso consistente en la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación.
En consecuencia, como está demostrada la violación directa de la ley sustancial, la Sala casará parcialmente y de oficio el fallo impugnado, en orden a declarar que la condena procede por el delito de violencia intrafamiliar, sin la referida circunstancia de agravación. ..."
Última actualización el Jueves, 07 de Noviembre de 2019 14:23
Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:55
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA : PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR..Magistrada ponente...STP7721-2019...Radicación N.º 104439....Acta 143..... Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019).
"....3.1. Pautas para el desarrollo de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.
Los arts. 306 a 316 del Código de Procedimiento Penal regulan las medidas de aseguramiento. En la audiencia que debe surtirse para decretarlas, la Fiscalía y la representación de víctimas tienen la carga de motivar su postulación para solicitarlas y el juez de control de garantías emitir su decisión, ambos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
i) La inferencia razonable de participación del imputado en la conducta. Para tales efectos, deben presentarse y explicarse las evidencias físicas y otra información legalmente obtenida, con la que se acredite, en el nivel de conocimiento establecido en la ley, que el delito ocurrió y que el imputado es autor o partícipe.
ii) La necesidad de la medida contra el imputado. Para ello, tanto el solicitante al formular la petición, como el juez al resolverla, deben evaluar los siguientes factores:
a. Factores no procesales, que desarrollan los arts. 310 y 311 del Código de Procedimiento Penal, que disponen la imposición de la medida restrictiva de la libertad cuando el imputado represente un peligro para la seguridad de la comunidad (posibilidad de reiteración de la conducta o comisión de otras), o pueda inferirse razonablemente que atentará contra la víctima, sus familiares o sus bienes.
b. Factores procesales, previstos en los cánones 309 y 312, que disponen la procedencia de la restricción de la libertad cuando existan «motivos graves y fundados» que den cuenta de que el imputado podría no comparecer al proceso y/o afectar la actividad probatoria.
iii) La elección del tipo de medida a imponer. En esta etapa, es carga de los involucrados en la diligencia indicar cuál de las medidas de aseguramiento previstas en el art. 307 del Código de Procedimiento Penal se habrá de imponer (privativa o no privativa de la libertad), y luego exponer los motivos por los que dicha medida es la procedente.
Para ello, deberán tenerse en cuenta: (i) las previsiones normativas aplicables, esto es, las que permiten la imposición de medida de detención en establecimiento carcelario (como el art. 313); (ii) las que prohíben el decreto de una medida distinta a la de privación de la libertad intramuros (v. gr. el art. 199 de la Ley 1098 de 2006); y (iii) si resulta procedente una medida no privativa de la libertad, cuando la misma pueda ser suficiente para alcanzar el fin perseguido (parágrafo 2º del art. 307 y art. 308).
En este proceso, es necesario llevar a cabo el juicio de proporcionalidad, orientado a que se evalúe si la medida solicitada resulta adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto, a través de un balance de los intereses que se confrontan, esto es, el derecho fundamental que se afecta con la imposición de la medida y el fin constitucional que se busca proteger al decretarla (Art. 295 y 296 de la Ley 906 de 2004).
Como tercer aspecto, habrán de evaluarse los problemas jurídicos atinentes a las particularidades del caso, como por ejemplo, la posibilidad de imponer una medida más o menos grave que la solicitada por la Fiscalia o la victima.."
Última actualización el Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:59
Sábado, 24 de Agosto de 2019 20:45
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL ...FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Magistrado Ponente STP14140-2018 Radicación n.° 101256-----Acta 372 Bogotá D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
En ese sentido debe recordarse que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que para que se pueda aplicar el principio de favorabilidad deben concurrir: i) sucesión o simultaneidad de dos o más leyes en el tiempo; ii) regulación de un mismo supuesto de hecho, pero que conlleva consecuencias jurídicas distintas; y iii) permisibilidad de una disposición frente a la otra[1].
De acuerdo con lo anterior, las autoridades judiciales cognoscentes del asunto efectuaron una errónea interpretación del parágrafo del artículo 539 de la Ley 906 de 2004, de que trata el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017, con desconocimiento del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en el artículo 6º del Código Penal, pues consideraron que la rebaja de pena por aceptación de cargos allí prevista, solo procede en los casos de flagrancia de los delitos enlistados en el artículo 534 de la misma Ley 906, lo cual no es acertado.
Y a tal conclusión se arriba, teniendo en cuenta que ya la Sala de Casación Penal de esta Corporación se pronunció sobre ese aspecto en particular, en decisión SP1763-2018 del 23 de mayo de 2018, proferida dentro del Radicado No. 51989, en la cual la Sala precisó lo siguiente:
5. El 6 de julio de 2017, es decir, con posterioridad a los hechos, pero con anterioridad a la emisión de las sentencias de primera y segunda instancia, entró en vigor la Ley 1826 de 2017, promulgada el 12 de enero del mismo año en el Diario Oficial n.° 50114, “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado”. Para el efecto, fueron modificados varios artículos del Código de Procedimiento Penal y se le adicionó a éste el Libro VII, sobre “Procedimiento especial abreviado y acusación privada”, conformado por los artículos 534 a 564.
6. El procedimiento especial abreviado en mención se aplica a las conductas punibles que requieren querella para el inicio de la acción penal y a los delitos que se enlistan en el numeral 2° del artículo 534 del C. de P. P., entre los que se encuentran: “(…) hurto (C.P. artículo 239); hurto calificado (C.P. artículo 240), hurto agravado (C.P. artículo 241, numerales del 1 al 10), (…)”, es decir, la conducta punible por la que se procede en el presente caso.
También opera frente a “(…) todos los casos de flagrancia de los delitos contemplados en el presente artículo” (parágrafo del artículo 534).
9. La Ley 1826 de 2017 prevé que el indiciado puede acercarse al fiscal y aceptar cargos en cualquier momento previo a la audiencia concentrada. Así mismo, que: “La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena. (…)” (artículo 539).
El parágrafo de ese precepto aclara: “Las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del delito”. Se entiende que dichas prohibiciones son, v. gr., las contempladas en el artículo 199 -numerales 7 y 8- de la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia.
10. En resumen, la Ley 1826, para los casos en los que ha existido captura en flagrancia, contiene un tratamiento punitivo más favorable por efecto de la aceptación de cargos en la primera oportunidad procesal habilitada para ello (rebaja de hasta la mitad de la pena) que el contemplado en la Ley 906 de 2004 para los mismos eventos (rebaja del 12.5% de la pena). Por consiguiente, al cumplirse los presupuestos de operatividad del principio de favorabilidad de la ley penal, en el presente caso debe aplicarse de preferencia y con retroactividad, lo dispuesto por la normatividad de 2017.
Contrastando el contenido de este precedente con las decisiones adoptadas por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad, refulge evidente que las autoridades judiciales accionadas efectuaron una interpretación equivocada de los alcances del parágrafo del artículo 539 de la Ley 906 de 2004, por cuanto, aunque el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos por el cual fue condenado JOHAN DANIEL PAGUATIÁN RENDÓN, no se encuentra dentro de las conductas punibles señalada en el artículo 534 de la misma codificación, sí se trata en el sub lite de un caso de captura en flagrancia, tal y como se da cuenta en los documentos aportados al plenario[2].
Además, como se desprende del precitado pronunciamiento de la Corte, el punible perpetrado por el actor no es de aquellos respecto de los cuales existe algún tipo de prohibición legal para el otorgamiento de rebajas o beneficios, ya que no se encuentra incluido, por ejemplo, en el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 o en normas especiales como el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Por consiguiente, la rebaja deprecada por el aquí accionante, en aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, resulta procedente y por lo tanto su pretensión en sede de tutela está llamada a prosperar.
5. Así las cosas, al establecerse la viabilidad de la acción de tutela en el presente caso, la Sala concederá el amparo al derecho fundamental al debido proceso invocado por el apoderado del señor JOHAN DANIEL PAGUATIÁN RENDÓN.
En ese contexto, se dejarán sin efecto las providencias de primera y segunda instancia dictadas, en su orden, por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, que resolvieron equívocamente la petición de redosificación de pena con fundamento en la Ley 1826 de 2017, formulada en el marco del proceso con radicación 190014-31-07-002-2014-00090-01 seguido contra JOHAN DANIEL PAGUATIÁN RENDÓN.
Como consecuencia de lo anterior, se ordenará al Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que, en el término improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta decisión, se pronuncie de fondo frente a la solicitud de redosificación punitiva de conformidad con lo previsto en la Ley 1826 de 2017, en aplicación del principio de favorabilidad, teniendo en cuenta las directrices sentadas en la parte considerativa de esta providencia.
[1] Entre otras, CSJ, SP, 14 de noviembre de 2007, Rad. 26190.
[2] Ver folios 6 al 8 ibídem; sentencia del 17 de junio de 2015, proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Popayán.
Última actualización el Sábado, 24 de Agosto de 2019 20:48
Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:53
"...La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de varios debates sobre la tipificación del delito de falsedad ideológica en documentos privados, aceptó que el artículo 289 del Código Penal incluye esa forma de alteración de la verdad y aclaró que, a lo largo de su desarrollo jurisprudencial, se han delimitado las circunstancias bajo las cuales la consignación de datos falsos en este tipo de documento constituye un atentado contra la fe pública.
En tal sentido, resaltó que la obligación de plasmar la verdad en algunos documentos privados es solo uno de los criterios para establecer la existencia de una falsedad ideológica en estos textos.
No obstante, enfatizó que es necesario, además, que el documento privado constituya, en sí mismo, la prueba de una determinada relación jurídica y también que sea usado, esto es, introducido en el tráfico jurídico donde está llamado a cumplir esa función.
A juicio de la corporación, el anterior análisis, en esencia, ha girado en torno a tres aspectos o reglas relevantes:
En relación al deber que tienen los ciudadanos de plasmar datos veraces en ciertos documentos privados, bien porque la misma ley les imponga esa obligación o porque la naturaleza del documento implique dicho compromiso con la verdad. Ello, en la medida en que se desborde la esfera de interés de sus creadores y, por tanto, pueda afectar los derechos de terceros.
Requiere que el documento pueda servir de prueba, esto es, que sea apto en sí mismo para crear, modificar o extinguir una determinada situación jurídica.
En armonía con los anteriores aspectos, se asegura que, en el ámbito de las relaciones civiles y comerciales, la ciudadanía deba confiar en esos medios de prueba de lo que se deriva, precisamente, la lesividad de la conducta consistente en consignar en esos documentos datos contrarios a la verdad.
Sumado a lo anterior, la providencia también explicó que la configuración de la conducta indicada no ocurre con el dictamen pericial en el que se consigna un contenido apócrifo, toda vez que la pericia pertenece a una categoría distinta denominada declaración documentada cuya protección se ofrece a través de un bien diverso de la fe pública, como es la recta y eficaz impartición de justicia.
El magistrado Eyder Patiño Cabrera presentó salvamento de voto (M. P. Patricia Salazar Cuéllar)
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-17042019 (52700), May. 14/19....."
Última actualización el Lunes, 19 de Agosto de 2019 16:54