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Timestamp: 2016-07-28 23:14:30
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Principio de no regresión ambiental en el derecho comparado Latinoame…
Principio no regresión ambiental
Diapos ambienta
by Cristina Soriano ...
2. derecho ambiental latinoamericano
El principio de no regresión en materia de derechos humanos tiene su origen, a nivel internacional, en el área de los derechos sociales, en particular en relación con la cláusula de progresividad que contiene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretado por la Observación General número 3 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, prohibiendo toda medida deliberadamente regresiva.
ambiental en el derecho
comparado latinoamericano
El principio de la no regresión
ambiental en el d erecho
comparado latinamericano E
principio de la no regresión
c o m p a r a d o
de la no regresión ambiental
latinamericano El principio de la
en el derecho comparado latinoamericano
Maestría Profesional Derecho Ambiental de la Universidad de Costa
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Prólogo por Michel Prieur
1. El principio de no regresión ambiental en la legislación y jurisprudencia
costarricense, Mario Peña Chacón
2. Reflexiones para la interpretación de la no regresión, Rafael González Ballar
3. Reflexiones sobre el principio de no regresión ambiental en el derecho costarricense,
4.La explotación geotérmica en parques nacionales: una alternativa compatible con el
principio de no regresión, Jorge Cabrera Medaglia
5. El principio de no regresión en materia ambiental: análisis de dos casos de directrices
transgresoras, Alvaro Sagot Rodríguez
Progresividad y no regresión en el nivel de protección del ambiente,
José Alberto Esaín
Ensaio sobre o estado de retrocesso ambiental: é possível não retroceder na ordem
jurídica brasileira?, Patryck de Araújo Ayala
Del eterno retorno a la no regresión, Ramón Ojeda Mestre
El Principio de no regresión del derecho ambiental en el contexto legal y jurisprudencial
en la República de Panamá, Jessica Young
Caso práctico de violación al principio de no regresión en Colombia: Código de Minas
Ley 1382 del 2010, Rosana Romero Angarita
Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana, Karine Rinaldi
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 5
Para el equipo de medio ambiente del Centro Regional de América Latina
y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es
un honor presentar el libro El principio de No Regresión Ambiental en el
Derecho Comparado Latinoamericano, elaborado por destacados juristas
y abogados latinoamericanos, y lanzado en su versión electrónica en
coordinación con el PNUD.
El principio de no regresión o de prohibición de retroceso ambiental
dispone que las leyes nacionales no deberían ser revisadas si esto
implicara retroceder respecto a los niveles de protección ambiental
Este principio busca perpetuar el nivel de protección ambiental ya
alcanzado en los países de la región y por esta razón, favorece los esfuerzos
que ha venido haciendo el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo relativos a conservación de la biodiversidad y el mantenimiento
de servicios eco-sistémicos que brindan los recursos naturales en América
La principal obligación que conlleva su correcta aplicación es la de no
retroceder y no afectar los umbrales y estándares de protección ambiental
ya adquiridos. En momentos de recesión económica es especialmente
importante que los tomadores de decisiones eviten flexibilizar la
normativa ambiental vigente en aras de crecimiento económica.
En otra reciente publicación del Centro Regional del PNUD titulada América
Latina y el Caribe una Superpotencia de Biodiversidad, argumentamos
como la protección del medio ambiente contribuye al desarrollo y
al crecimiento económico. Específicamente analizamos los sectores
primarios de las economías de la región centrados en la biodiversidad:
agricultura, pesca, bosques, servicios hidrológicos, áreas protegidas y
turismo. Para cada uno de estos sectores expusimos sugerencias para
incorporar el valor económico de los bienes y servicios proporcionados
por los ecosistemas en la toma de decisiones de cada sector económico
Con esta publicación buscamos complementar la argumentación
económica a favor de la protección del medio ambiente con la
argumentación jurídica. Los autores de este libro nos explican como
la reducción territorial o el cambio de una categoría de manejo de un
Área Silvestre Protegida, o la introducción de mínimos de tolerancia más
elevados para estándares ambientales sin sustento técnico-científico
constituyen claros ejemplos de violaciones al principio de no regresión
que deben evitar las sociedades de la región.
Con esta publicación el equipo de medio ambiente del Centro Regional
de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo busca contribuir al debate regional para preservar la vida en
Líder de Práctica Medio Ambiente
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 7
El principio de no regresión en materia de derechos humanos tiene
su origen, a nivel internacional, en el área de los derechos sociales, en
particular en relación con la cláusula de progresividad que contiene el
interpretado por la Observación General número 3 del Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, prohibiendo toda medida
deliberadamente regresiva. La extensión del principio de no regresión
en el derecho ambiental es más reciente y más es el resultado de
innovaciones nacionales que internacionales. Los jueces constitucionales
fueron los primeros en identificar los desafíos que se presentaban como
consecuencia del retroceso en la protección del ambiente. El desarrollo
no puede ser sostenible si no es bajo la condición que las reglas de
protección del ambiente devengan intangibles, como lo es el derecho
fundamental a la vida que se aplica no solamente a beneficio de las
generaciones presentes, pero igualmente a beneficio de las generaciones
El año 2012 marcará la historia del principio de no regresión. En efecto, es
en ocasión de la conferencia de Río + 20 que la comunidad internacional
declara, por primera vez, que los logros de Río son irreversibles, en el
párrafo 20 de la declaración «El futuro que queremos» . Al respecto, es
menester destacar la presión de la comunidad internacional de juristas
del ambiente, a través del Centre International de Droit Comparé de
l’Environnement (Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado)
y la Comisión de Derecho Ambiental de la IUCN. Esta última adoptó,
durante su Congreso Mundial, una resolución en ese sentido aprobada
por 81 Estados : «reconozcan que el principio de no regresión es necesario
en el marco de su derecho y política ambientales ».
Al mismo tiempo la doctrina profundiza las causas y los efectos del principio
de no regresión en el derecho internacional y derecho comparado, ligado
a un programa de investigación Franco-Argentino . Pero la promoción
de la no regresión como nuevo principio del derecho ambiental le debe
mucho a América Latina. Al respecto, se debe resaltar las iniciativas de
los jueces y juristas brasileños, de los autores de la Constitución del
Ecuador de 2008 que integra la no regresión ambiental por primera vez
en una constitución, así como de los juristas de Costa Rica. Entre estos, el
Profesor Mario Peña, tiene un lugar aparte. Este eminente jurista se ha
comprometido con éxito a analizar y promover este principio, tanto en el
plano teórico como en la práctica judicial.
La presente obra es el fruto de sus esfuerzos. En ella reúne a lo más
ilustres autores de América Latina, acentuando los progresos y fracasos
de la no regresión en materia ambiental.
Es el momento de alertar a los juristas, a los políticos y a la sociedad civil, de
las amenazas que pesan sobre los logros ambientales. Debemos recordar
que algunos Estados, antes apóstoles del desarrollo sostenible, han
recientemente tomado la grave decisión de denunciar tratados relativos
al ambiente, dando así un terrible ejemplo de renuncia y retroceso en la
Pero la Tierra no podrá soportar más las regresiones sin vengarse. El
futuro de la humanidad exige el compromiso de todos de luchar contra la
contaminación y conservar la biodiversidad. También debemos continuar
demostrando sin descanso, el carácter criminal de las regresiones
toleradas tanto en la escala internacional como en la nacional. Por
ello y en espera de una competencia en materia ambiental de la Corte
Penal Internacional, un tribunal moral comienza a instaurarse: «El
Tribunal Internacional de la Naturaleza», que alertará a la opinión
pública internacional sobre los crímenes ambientales más graves y que
educará y concientizará sobre las buenas prácticas ambientales. Hay que
continuar demostrando incansablemente, la necesidad imperiosa y vital
de no retroceder en materia ambiental. Para ello, deben ser divulgadas
todas las innovaciones doctrinales y jurisprudenciales. De esta manera,
debemos reconocer la valentía del juez brasileño que condenó en el
2013 la regresión del Código Forestal. De igual forma, hay que recordar
a las cancillerías que en derecho internacional la no regresión ha sido
formalmente incluida en tratados incluyendo aquellos de libre comercio
o, incluso mejor, en el Convenio de Montego Bay sobre el Derecho del
Mar. En efecto, según el artículo 311-6 de este instrumento internacional,
los Estados se comprometen a que «no podrán hacerse enmiendas al
principio básico relativo al patrimonio común de la humanidad». En fin,
conviene desde ahora utilizar los recursos procedimentales del Protocolo
Facultativo sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2009,
que recién entró en vigor el 5 de mayo de 2013 y que brinda acceso a las
acciones individuales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales . Remarcamos que entre los primeros Estados que ratificaron
este Protocolo Facultativo, cinco son de la región latinoamericana .
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 9
Lo decidido en 1982 para preservar por siempre los fondos marinos,
debe decidirse hoy para preservar el conjunto de los elementos del
ambiente terrestre y marino, que constituyen un patrimonio común para
las generaciones presentes y futuras. Ello se debe traducir mediante
la prohibición expresa de la reducción de los niveles de protección
alcanzados. Un grupo de ONGs, entre las cuales se encuentra el Centro
Internacional de Derecho Ambiental Comparado, adoptó en ese sentido
en Bonn (Alemania) en marzo 2013 una declaración «Derechos Humanos
para Todos Pos-2015» que solicita la garantía de un nivel mínimo de
derechos humanos, entre ellos el ambiente, sin regresión. La misma idea
circula actualmente en las Naciones Unidas en Nueva York, en el seno de
las discusiones sobre el foro de alto nivel a implementarse en materia
ambiental en aplicación de Rio +20. El 3 de mayo de 2013, los Grupos
Principales sobre el compromiso de las partes involucradas, plasman el
principio de no regresión en el primer rango enunciando: «The principle
of non regression must be respected and effective modalities and
practices for participation from the CSD and elsewhere in the UN system
must be granted and any new rules and practices must not regress to
either current formal and informal practices ».
Desde ahora, la vía hacia la consagración jurídica del principio de no
regresión está despejada.
Profesor Michel Prieur
Presidente del Centre International de Droit Comparé de l’Environnement
(Centro International de Derecho Ambiental Comparado
Universidad de Limoges, Francia).
Director de la Revue Juridique de l’Environnement
(Revista Jurídica del Ambiente)
UN Photo/Costa Rica
AMBIENTAL EN LA LEGISLACIÓN Y
Mario Peña Chacón 1
“No, no es cierto que todo
tiempo pasado fue mejor. El
derecho ambiental no es para
regresar a la caverna de la
El principio de no regresión o de prohibición de retroceso enuncia que la
normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto
implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados
con anterioridad. Tiene como finalidad evitar la supresión normativa
o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren
demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya
que en muchas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como
consecuencia daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.
La principal obligación que conlleva su correcta aplicación es la de
no retroceder, no afectar los umbrales y estándares de protección
ambiental ya adquiridos, no derogar o modificar normativa vigente en la
medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma
afectar negativamente el nivel actual de protección. Para cumplir con
dicho cometido se hace necesario avanzar en la protección ambiental,
eventualmente mantenerla y por supuesto, evitar a toda costa retroceder.
Al estado actual de su desarrollo es posible deducir su contenido,
alcances y limitaciones acudiendo al Derecho Internacional Ambiental,
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional
regulador del Libre Comercio y las Inversiones, a la misma Constitución
Política, a la normativa interna, y en especial, a la jurisprudencia emanada
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
I. Principios Rectores del Derecho
El Diccionario de la Lengua Española en su vigésima segunda edición2 le
otorga varios significados al vocablo “Principio”, entre ellos: base, origen,
razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier
materia; causa, origen de algo; cada una de las primeras proposiciones
o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias
o las artes; y norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la
Por su parte, el Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas
edición 20033 al definir “Principios Generales del derecho” expone que se
trata de uno de los conceptos jurídicos más discuti¬dos. Sánchez Román
considera como tales los axiomas o máximas jurídicas recopiladas de las
antiguas compilaciones; o sea las reglas del Derecho (v.). Según Burón,
los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento
inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su
capital pensamiento. Una autorización o invitación de la ley para la libre
creación del Derecho por el juez (Hoffmann); y despectivamente, como el
medio utilizado por la doctrina para librarse de los textos legales que no
respon¬den ya a la opinión jurídica dominante (Mu-ger).
En doctrina a los Principios Generales del Derecho también se les conoce
como: principios rectores, principios fundamentales de ley, principios
deontológicos fundamentales, exigencias fundamentales, reglas con valor
constitucional, principios elementales del derecho, entre otros. Para
Jaquenod de Zsogon se entiende por Principio (del latín principium),
aquella “norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o
aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos
y tribunales”, y por Rector (del latín rector), lo que ‘rige o gobierna’, por
ende son principios rectores los postulados fundamentales y universales
que la razón especula, generalizando por medio de la abstracción las
soluciones particulares que se obtienen partiendo de la justificación y
la equidad social, atendiendo a la naturaleza de las cosas positivas. Son
principios rectores generales por su naturaleza y subsidiarios por su
función, porque suplen las lagunas de las fuentes formales del Derecho4.
“Entonces el nivel de
protección ambiental no sólo
no avanza, sino que
disminuye”
El jurista argentino Cafferatta5 citando a Vigo y a Cañiza-Merlo destaca
que “A pesar de la multiplicidad de concepciones y la ambigüedad del
término, los principios son muy usados por el juez para resolver, por el
legislador para legislar, por el jurista para pensar y fundar y por el operador
para actuar6”. En ese mismo sentido, “tienen carácter fundamentales
o postulados universales. Son Principios Rectores generales por su
naturaleza y subsidiarios por su función, pero que suplen las lagunas de
las fuentes formales del Derecho. Los principios son reglas sucintas que
sirven de fuente de inspiración de la legislación, la práctica judicial y la
actividad de los poderes públicos, además de inspirar, incluso, la actividad
de los particulares”7.
Lorenzetti destaca las siguientes funciones propias de los principios
generales o rectores del derecho, función integrativa: es un instrumento
técnico para colmar una laguna del ordenamiento; función interpretativa:
permite orientar la interpretación hacia fines más amplios de la política
legislativa; función delimitativa: pone un límite al actuar de la competencia
legislativa, judicial y negocial. Sin que se ahogue la tarea creativa y
dinámica del Derecho, los principios jurídicos constituyen lineamientos
básicos que permiten establecer un límite, al igual que los valores a las
bruscas oscilaciones de las reglas; y por último una función fundante:
ofrece un valor para fundar internamente al ordenamiento y dar lugar
a creaciones pretorianas”8. Por su parte Vigo expone que en materia de
principios “el Juez los utiliza para resolver cuestiones difíciles, el legislador
para proyectar normas legales, el jurista para pensar y el operador del
derecho, para actuar”9.
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 13
“La degradación normativa
conduce a la degradación
Tanto Código Civil como Ley General de Administración Pública
encasillan a los principios generales como fuentes o normas no escritas
del ordenamiento jurídico, asignándoles funciones de interpretación,
delimitación e integración de las fuentes escritas. En el caso específico de
la Ley General de Administración Pública, los principios generales llegan
a obtener el rango jerárquico de la norma que interpretan, integran o
delimitan y ostenta rango de ley en el tanto suplan la ausencia y no la
insuficiencia de las disposiciones que regulan el derecho administrativo10.
A fin de evitar que la existencia del derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado se restrinja al plano semántico de la realidad
jurídica, el Derecho Ambiental ha integrado una serie de principios
rectores que garantizan la tutela efectiva del derecho. Estos axiomas
describen los compromisos adquiridos por las Partes Contratantes de los
más representativos instrumentos internacionales en materia ambiental.
Debido a la rápida evolución del Derecho Ambiental Internacional se
ha creado una gran gama de soft law que, aunque no es vinculante, da
pautas que luego pueden convertirse en normativas (constituyéndose
una obligación que vincula a los Estados)11.
Forman parte del soft law o derecho blando todas aquellas Resoluciones
y Declaraciones de Principios emanadas de Conferencias y Organismos
Internacionales, tales como la Declaración de Estocolmo sobre Medio
Ambiente Humano, la Carta Mundial de la Naturaleza, Declaración de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Declaración de Johannesburgo
sobre Desarrollo Sostenible y la Declaración de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible (Río+20). Se trata de principios que se proponen
en abstracto para orientar la conducta de los Estados. La doctrina los
ha calificado como normas programáticas, las cuales disponen como
los Estados deberían actuar, careciendo de obligatoriedad, limitándose
a trazar un plan de acción futuro para el posterior desarrollo normativo
del sector ambiente. El soft law no necesita del trámite normal que
siguen los tratados internacionales para ser incorporados a los distintos
ordenamientos jurídicos y su función se circunscribe a interpretar,
integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados.
La Declaración de Estocolmo de 1972 marca un hito en el desarrollo
de la problemática ambiental en el mundo constituyéndose en el inicio
fundacional del Derecho Ambiental. A lo largo de su articulado se
consagran los siguientes principios del Derecho Internacional:
El principio de igualdad: reconoce que en materia ambiental todos
los estados son iguales en deberes y derechos. En este principio hay
una doble mención, por un lado al hombre, y por otro a los estados,
al condenar, entre otros, el apartheid, la segregación racial y la
El principio del derecho al desarrollo: señala que hay un vínculo
estrecho entre desarrollo económico y social y medio ambiente.
El principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios:
establece que los estados exploten sus recursos naturales libremente,
cuidando el uso racional de los mismos;
El principio de no interferencia: implica la obligación de los estados
de no perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros
El principio de responsabilidades compartidas: obliga a los estados a
asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen
la ecología de otro estado.
El principio de cooperación internacional: este principio debe guiar a
los estados en todas las actividades relacionadas al medio ambiente
teniendo en cuenta los intereses correspondientes de los demás
Posteriormente, durante la Conferencia de Río en 1992 fue aprobada la
Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la cual reconoce dentro
de sus postulados los siguientes principios rectores del derecho ambiental:
soberanía, desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, preventivo,
precautorio, evaluación de impacto ambiental, responsabilidad
estatal por daño ambiental, responsabilidad común pero diferenciada,
internalización de las costos ambientales, contaminador-pagador,
corrección o solución en la fuente, solidaridad, participación ciudadana,
cooperación internacional, notificación previa, entre otros12.
Por su parte, en junio de 2012 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, mejor conocida como la Conferencia
de Río+20, cuyo mayor logro fue el de reafirmar los principios aprobados
en la Conferencia de Rio de 1992, asignándoles con ello un carácter
consuetudinario en el sentido del derecho internacional, evitando por
tanto toda regresión13.
Como dato importante a destacar, la jurisprudencia constitucional
costarricense no sólo ha reconocido la función de integración,
delimitación e interpretación del bloque de legalidad ambiental por parte
de los principios rectores del derecho ambiental derivados tanto de la
Constitución Política y del Derecho Internacional Ambiental, sino que
además, les ha otorgado rango de principios constitucionales, elevándolos
por encima de todo el ordenamiento jurídico e incluso utilizándolos como
parámetros para el control de constitucionalidad14.
A partir de la sentencia constitucional 1993-6240 se instauró el criterio
jurisprudencial por medio del cual, los instrumentos ambientales
internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena
ejecutoriedad, en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo
legislativo, y por ende, deben ser respetadas en tanto el rango normativo
de aquellos es superior15.
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 15
Aplicando el anterior criterio y en múltiples ocasiones, la Sala Constitucional
costarricense16 al resolver recursos de amparo por violaciones al derecho
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, o bien, acciones de
inconstitucionalidad en esta materia, ha procedido a fundamentar sus
fallos por medio del derecho internacional ambiental haciendo uso
incluso de aquellos principios rectores contenidos en las declaraciones de
soft law antes citadas, gozando de especial preponderancia los principios
precautorio y desarrollo sostenible17.
II. Principio de No Regresión,
contenido y alcances .
Básicamente, el principio de no regresión enuncia que la normativa y
la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare
retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con
Tiene como finalidad evitar la supresión normativa o la reducción de
sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser
jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchas
ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencias
daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.
A primera luz no aparece expresa o taxativamente plasmado en ninguna
de las Declaraciones de Principios, Convenios o Tratados ambientales, sin
embargo, encuentra su mayor desarrollo y aplicación a nivel internacional
a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como
contracara del principio de progresión.
Como bien lo afirma Prieur18, la terminología utilizada para la aplicación de
este principio aún no se encuentra establecida de forma definitiva, de ahí
que, tanto en doctrina como en derecho comparado es posible encontrarlo
como: principio de no regresividad, principio de no retrogresión, principio
de prohibición del retroceso ambiental, antidegradation policy, standstill,
cláusula de status quo, cláusula de eternidad, cláusula de salvaguardia,
intangibilidad de derechos adquiridos, intangibilidad de los derechos
fundamentales, normas pétreas, efecto trinquete anti retorno, entre
El principio de no regresión implica necesariamente una obligación
negativa de no hacer. De esta forma, el nivel de protección ambiental
ya alcanzado debe ser respetado, no disminuido sino incrementado. La
principal obligación que conlleva su correcta aplicación es precisamente
la de no retroceder; no afectar los umbrales y estándares de protección
ambiental ya adquiridos; no derogar, modificar, relajar ni flexibilizar la
normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar
o de cualquier forma afectar negativamente el nivel actual de protección;
no vulnerar el derecho de las futuras generaciones a gozar de un
ambiente sano y ecológicamente ecológico, ni disminuir el patrimonio a
transmitir a las generaciones futuras como garantía de progreso. Por ello,
la prohibición de regresividad funciona como una garantía sustantiva que
protege a los titulares de derechos frente a normas o políticas regresivas,
vedando al Estado el “dar un paso hacia atrás”19.
Debido al carácter finalista del Derecho Ambiental y siendo sus
objetivos la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico a través
de normas jurídicas que busquen aumentar la biodiversidad y disminuir
éste únicamente podrá ser eficaz cuando las
peor que el anterior, por tanto, cualquier retroceso sería inmoral.
En contraste, su contracara el principio de progresión o progresividad,
conlleva siempre una obligación positiva de hacer que se traduce en
“progreso” o “mejora continua en las condiciones de existencia”. Aquí
el imperativo manda a “hacer”, el Estado debe “moverse hacia delante”
y generar progresivamente la ampliación de la cobertura y protección
ambiental mediante medidas graduales y escalonados cuando puedan
verse afectados otros derechos fundamentales.
De esta forma, mientras que el principio de no regresión reconoce un
nivel mínimo20 de protección ambiental que debe respetarse, el de
progresión busca la evolución sostenida de la normativa ambiental. Por
ello, el principio objeto de este estudio no se opone a la idea de evolución
clásica ni a la mutabilidad propia del derecho (modificación permanente
e inevitable) a raíz de que no existe ningún derecho que sea inmutable
o eterno. El derecho siempre debe evolucionar por medio de procesos
de modificación y derogación legislativos, reglamentarios e incluso
jurisprudenciales. A lo que sí se opone el derecho ambiental a partir
de la puesta en práctica del principio de no regresividad es a cambios
en el bloque de legalidad y jurisprudencial que tengan como finalidad la
eliminación o disminución del nivel de protección ya alcanzado a favor de
intereses no ambientales.
Este principio encuentra en los procesos de desregulación y simplificación
de trámites a su principal enemigo y amenaza permanente. Por medio de
este tipo de procesos, y en muchos casos por razones eminentemente
políticas y económicas (tales como cambios de gobierno o bien crisis
económicas) grupos de presión pretenden romper el equilibrio óptimo
entre los aspectos ambientales, sociales y económicos propios del
desarrollo sostenible, en favor del crecimiento económico a través
de la derogación o modificación de normativa ambiental. La ideología
desreguladora se suele centrar en la ciencia de la ineficacia de la gestión
burocratizada y en la preferencia del sector privado abogando por una
reducción del peso del Estado en la vida social. Se resume en la máxima
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 17
de que los controles gubernamentales sólo están justificados cuando
resultasen necesarios más allá de toda duda y sus beneficios tuviesen
mayor peso que sus costos para la sociedad21.
La plasmación de las ideas de la desregulación trae consigo diversos
efectos en la política ambiental, en especial la reducción de presupuestos,
desmantelamiento de programas de intervención del Estado, así como
la rebaja, disminución o relajación e incluso la derogación de normativa
que protege al medio ambiente en pro de un supuesto “mejoramiento”
o “incremento” de la eficacia del derecho y la tutela de los consumidores
y usuarios de servicios22. De esta forma, escudándose en la simplificación
del derecho, el Poder Ejecutivo o el Parlamento aprovechan para disminuir
de forma insidiosa el nivel de protección, procediendo en realidad a un
retroceso del derecho existente y de la protección del medio ambiente23,
fenómeno que precisamente se busca evitar con la puesta en práctica del
principio de no regresión24.
Es importante tener presente como lo indica Prieur que “la regresión
manifiesta en materia de medio ambiente es inimaginable. No sería
factible la abrogación brutal de las leyes anticontaminación o de las leyes
de protección de la naturaleza. En cambio, las regresiones insidiosas o
progresivas se encuentran a la orden del día. Se trata de regresiones
graduales, que son las que más amenazan el derecho ambiental”25.
También es posible encontrar regresiones por “omisión” que se plasman
cuando el Poder Legislativo o bien el Poder Ejecutivo omiten desarrollar
vía legal o reglamentaria normas ambientales tornando ineficaz dicha
derecho. La ineficacia a raíz del incumplimiento en la aplicación del
derecho ambiental por si misma constituye una regresión.
De esta forma y a manera de ejemplos, la reducción territorial o el
cambio/rebaja de categoría de manejo de un Área Silvestre Protegida,
la introducción de mínimos de tolerancia más elevados o variación
de estándares y umbrales ambientales sin sustento técnico-científico
que lo justifique, o bien, la omisión al deber de desarrollar vía legal o
reglamentaria normas ambientales, así como la falta de aplicación
sostenida y recurrente de la legislación ambiental, constituyen claras
violaciones al principio de no regresión.
Por último, tal y como se desarrollará más adelante, el principio de
no regresión no podría ser ilimitado ni irrestricto y por consiguiente,
se encuentra condicionado por los principios constitucionales de
razonabilidad y proporcionalidad, así como por las reglas unívocas de la
ciencia, técnica, conveniencia y la lógica. De igual forma, la actuación del
Estado en esta materia se ve limitada por el deber de garantizar, defender
y preservar este derecho, por los principio de desarrollo sostenible y uso
racional, precautorio o evitación prudente y por la vinculatoriedad de la
III.	Relación respecto a los principios
de objetivación de la tutela ambiental e
irreductibilidad de espacios sometidos
a régimen especial de protección.
Los principios de objetivación de la tutela ambiental, irreductibilidad de
ecosistemas relevantes y no regresión son autónomos e independientes,
presentando cada uno de ellos su propia naturaleza, contenido, alcances,
fundamentos, limitaciones y restricciones. Sin embargo, poseen y
comparten áreas de confluencia o zonas comunes, que hacen posible su
interdependencia e incluso su coexistencia.
1. Principio de Objetivación de la tutela ambiental
El principio general de objetivación de la tutela ambiental, también
llamado principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, o bien,
principio de razonabilidad en relación con el derecho ambiental, ha sido
reconocido y desarrollado ampliamente en la última década por parte
de la jurisprudencia constitucional costarricense, y consiste básicamente
en la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la
toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con actos
administrativos individuales o disposiciones de carácter general, tanto
legales como reglamentarias26, reforzando con ello el deber de contar
siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente,
con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos
que garanticen el menor impacto ambiental posible.
De esta forma, todas aquellas decisiones administrativas, que puedan
tener incidencia en el ambiente, requieren de un sustento técnico
y científico que les de respaldo, y en tal condición queda limitada y
condicionada la discrecionalidad de la Administración en su actuación27,
discrecionalidad que encuentra asidero jurídico en los artículos 16 y 160
de la Ley General de Administración Pública.
Se trata ni más ni menos de la aplicación del principio constitucional de
razonabilidad al derecho ambiental, obligando a que los actos y las normas
que se dicten con respecto a esta materia, estén debidamente motivados
en estudios técnicos serios, aun cuando no existiera otra normativa legal
que así lo estableciere de manera expresa28. No exige sólo cumplir con
ciertas formalidades, sino utilizar todos los medios jurídica y fácticamente
posibles para preservar el ambiente29, esto en cabal cumplimiento del
principio 11 de la Carta Mundial de la Naturaleza, el cual insta a utilizar
las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los daños
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 19
ambientales, así como del Principio 17 de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo que obliga a emprender una evaluación
de impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de
cualquier actividad propuesta que probablemente pueda producir un
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a
la decisión de una autoridad nacional competente. Lo anterior encuentra
respaldo en la jurisprudencia constitucional, por ejemplo en los votos
2011-13294 y 2011-13295 donde la Sala Constitucional dispuso:
“El artículo 50 de la Constitución Política ordena al Estado que garantice
el derecho a un ambiente sano. Tal obligación implica que el Estado debe
tomar todas las medidas técnicas posibles para asegurarse de que la
actividad que aprueba no causará daños al ambiente.”
En la misma línea, el voto 2007-2410 estableció:
“…a través de la producción y uso de la tecnología es que debe de
promoverse que se obtenga (…) un desarrollo y evolución favorable del
medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin
que se cause a éstos daño o perjuicio, como lo ha considerado nuestro
Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus
orígenes, así en las sentencias supra citadas número 3705-93 y número
2006-17126.”
Ahora bien, específicamente sobre el principio de objetivación, la Sala
Constitucional en los votos 2005-14293, 2006-17126 y 2009-3684 expuso:
“De la objetivación de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este
Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta
y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio
que en modo alguno puede confundirse con el anterior [refiriéndose al
principio precautorio], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los
artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce
en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones
en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de
carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva
la exigencia de la “vinculación a la ciencia y a la técnica”, con lo cual, se
condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De
manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios
técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia
un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente
daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es
que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas;
y en caso de una “duda razonable” resulta obligado tomar decisiones
en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la
adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de
proteger de la manera adecuada el ambiente.”
La objetivación del principio constitucional de razonabilidad permea al
entero ordenamiento jurídico, a lo cual por supuesto, no escapa el derecho
ambiental, incluyendo la totalidad de sus principios rectores, entre ellos:
preventivo, precautorio, contaminador-pagador, reparación in natura,
irreductibilidad de espacios sometidos a régimen especial de protección,
no regresión, etc. Por ello, toda actuación en materia ambiental, así como
toda normativa, no puede desvincularse, bajo ninguna circunstancia, de
este principio sin incurrir en un vicio de inconstitucionalidad por violación
al criterio de razonabilidad, o bien, de ilegalidad por infringir las reglas
unívocas de la ciencia y la técnica.
A nivel normativo es posible encontrar la obligatoriedad de la vinculación
entre la ciencia y técnica y las decisiones ambientales en las disposiciones
que regulan la evaluación de impacto ambiental en la Ley Orgánica del
Ambiente; la evaluación de riegos en materia de organismos genéticamente
modificados prevista en Ley de Protección Fitosanitaria; la exigencia
de estudios técnicos justificativos como requisito sine qua non para la
reducción de la superficie de Áreas Silvestres Protegidas contenida tanto
en la Ley Orgánica del Ambiente como en el Convenio para la Protección
de las Bellezas Escénicas de los países de América, así como la exigencia
de planes de manejo forestal previo a su aprovechamiento, o bien, la
plasmación de los criterios para otorgar permisos de corta limitada,
razonable y proporcional en terrenos privados cubiertos de bosque que
exige la Ley Forestal.
En estricta aplicación del principio de objetivación de la tutela ambiental
a raíz de la ausencia de criterios y estudios técnicos y científicos que les
otorgara respaldo, y a manera de ejemplo, la Sala Constitucional por
medio del voto número 2009-2019 declaró la inconstitucionalidad del
artículo 14 del Decreto Ejecutivo número 32734 del 09 de agosto del
2005 por el cual se derogó la obligación de viabilidad ambiental (EIA)
previo al otorgamiento de concesiones para el aprovechamientos de
aguas superficiales y subterráneas. De igual forma, mediante el voto
2012-12081 decretó la inconstitucionalidad de la Nota del Cuadro 3 del
Anexo I del Reglamento para la Calidad de Agua para Consumo Humano
en Establecimientos de Salud, Decreto Ejecutivo número 37314-S del 10
de octubre de 2012, que permitió un nivel de arsénico en el agua mayor
al que recomiendan diversos estudios científicos, incrementando con ello
el riesgo de padecer de cáncer.
2. Principio de Irreductibilidad de espacios
sometidos a régimen especial de protección
Íntimamente relacionado con el principio de objetivación de la tutela
ambiental se encuentra el principio de irreductibilidad, que tiene como
finalidad impedir la reducción, disminución, desafectación, exclusión,
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 21
segregación y limitación de los espacios naturales sometidos a régimen
especial de protección, debido a que albergan ecosistemas considerados
jurídicamente relevantes, entre ellos es posible reconocer: bosques
ubicados en terrenos privados, humedales (manglares), áreas silvestres
protegidas (ASP), territorios indígenas, anillo de contención del Gran
Área Metropolitana (GAM), así como todos aquellos terrenos que forman
parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE).
El principio de irreductibilidad busca el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y encuentra fundamento tanto en el Convenio
de Diversidad Biológica30 como en la Ley de Biodiversidad31, y en los
Principios del Enfoque de Ecosistemas de Malawi32 contenidos en el
Reglamento de la Ley de Biodiversidad33 que conceptualiza dicho enfoque
como una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas y recursos
vivos, fundamentada entre otros, en los siguientes principios:
“Principio 5: A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas,
la conservación de la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas debería ser un objetivo prioritario;
Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites
de su funcionamiento”.
Es posible extraer, sustentar y desarrollar el principio de irreductibilidad
de ecosistemas relevantes basándose tanto en el derecho internacional
ambiental como en la normativa constitucional, legal y reglamentaria.
Diversas normas contenidas en instrumentos internacionales suscritos
por Costa Rica imponen la obligación de evitar el cambio de uso de suelos
en las áreas con cobertura forestal y aptitud forestal, así como el deber de
recuperar las áreas deforestadas, entre ellas:
El párrafo tercero del artículo 3 del Convenio Marco de Cambio
Climático de las Naciones Unidas dispone que los Estados Partes
“tomar medidas de precaución para prever, prevenir o
reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus
efectos adversos”, mientras que por el artículo 4 se adquiere el
compromiso de promover la conservación y el reforzamiento de
sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, entre los que
se encuentran los bosques.
El artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula el
deber de los Estado Parte de administrar los recursos “importantes
para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera
de las áreas protegidas, para garantizar su conservación”, así como
el de promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales
y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos
El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección
de Áreas Silvestres prioritarias en América Central, en su artículo 10,
contiene la obligación estatal de: “tomar todas las medidas posibles
para asegurar la conservación de la biodiversidad”; entre éstas, las
“que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones
de especies naturales”.
El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los
Ecosistemas Naturales Forestales y el desarrollo de Plantaciones
Forestales consagra en su artículo 3 el compromiso de los Estados
Parte de propiciar que los suelos se utilicen en concordancia con su
mejor aptitud; priorizar la rehabilitación de bosques degradados y
secundarios y detener o disminuir la presión para la conversión del
bosque natural primario a otros usos del suelo.
Por su parte, el artículo 19 de la Ley Forestal dispone que en terrenos
cubiertos de bosque, no se permite cambiar el uso del suelo, ni
establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración
Forestal del Estado se encuentra autorizada a otorgar permisos en
esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación,
oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones
destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en
terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques.
de conveniencia nacional. En estricta vinculación con el principio
de objetivación de la tutela ambiental, la norma expresamente
dispone que en estos casos de excepción la corta de bosque debe ser
limitada, proporcional y razonable, previo dictamen que podría exigir
la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Por su
parte, el artículo 52 de Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos
dispone la obligación de reparar los daños causados al recurso suelo,
así como la de indemnizar a terceros afectados, independientemente
de la existencia de dolo o culpa.
En esa misma línea, pero en materia de manglares, el artículo 5 del
Decreto Ejecutivo 29342-MINAE dispone que aquéllas áreas que
hayan sido desprovistas de manglar mantendrán su condición de tal.
Esta disposición de suma importancia establece su irreductibilidad,
pues con ella se busca evitar que las zonas de manglar, una vez
degradadas, sean objeto de un cambio de uso de suelo y de
apropiación privada34. Mientras tanto, el artículo 98 de la Ley de
Conservación de Vida Silvestre establece expresamente la obligación
de recomposición de este tipo de ecosistema35.
Tratándose de áreas silvestres protegidas, tanto la ley Orgánica del
Ambiente como el Reglamento Ley de Biodiversidad, en armonía con
el Convenio de Washington, prohíben la reducción de su superficie,
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 23
salvo que ésta fuera realizada mediante ley de la República y después
de realizar estudios técnicos que justifiquen dicha medida.
En materia de paisaje, el artículo 72 de la Ley Orgánica del Ambiente,
dispone que: cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el
paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que
el anterior, siendo que la jurisprudencia constitucional, por medio
de los votos números 1993-3705 y 2003-6324, ha expuesto que
el paisaje es un recurso integrante del derecho fundamental al
ambiente encontrándose por tanto tutelado en los artículos 50 y
89 constitucionales.
A nivel jurisprudencial, el principio de irreductibilidad de ecosistemas
relevantes ha sido desarrollado ampliamente por el Tribunal Superior de
Casación Penal al interpretar y aplicar el delito de cambio de uso de suelo
de terrenos privados cubiertos de bosques, ilícito previsto y sancionado
por el numeral 61 en relación con el artículo 19 de la Ley Forestal.
También, ha encontrado respaldo en la jurisprudencia constitucional, en
especial en materia de Patrimonio Natural de Estado36 y áreas silvestres
protegidas37.
3. Análisis comparativo.
Los principios de no regresión, objetivación e irreductibilidad poseen
un carácter finalista, buscan satisfacer el interés público mediante la
protección del medio ambiente, y encuentran sustento jurídico tanto
a nivel de la Constitución Política, del derecho internacional, de la
normativa de carácter legal y reglamentaria, así como de la jurisprudencia
constitucional, contenciosa administrativa y penal.
Los principios de objetivación y no regresión sobrepasan al derecho
ambiental, siendo posible encontrarlos, en el primer caso impregnando
el entero ordenamiento jurídico por medio del criterio de razonabilidad,
y en el segundo relacionado no sólo a normas jurídicas, sino también
a políticas y jurisprudencia, puede hallarse incluso en todos aquellos
derechos denominados prestacionales. Por su parte, el principio de
irreductibilidad es más restringido que los dos anteriores, encontrándose
limitado y supeditado únicamente a espacios naturales y ecosistemas
entero ordenamiento jurídico, a lo cual no escapa el derecho ambiental
y sus principios rectores de prevención, precaución, contaminadorpagador, reparación in natura, y por supuesto, de irreductibilidad de
espacios sometidos a régimen especial de protección y prohibición de
De esta forma, toda actuación en materia ambiental, así como toda
normativa, no pueden desvincularse, bajo ninguna circunstancia, de este
principio sin incurrir en un vicio de inconstitucionalidad por violación
Por ello, el principio de objetivación de la tutela ambiental actúa como
una especie de requisito sine qua non de ciertas regresión ambientales,
en la medida que podría catalogarse de regresivas todas aquellas políticas,
normas o jurisprudencia que no se fundamenten ni sustenten en las
reglas unívocas de la ciencia y la técnica, y que además tengan como
consecuencia el deterioro o puesta en peligro del medio ambiente. De
esta forma el principio de objetivación actuaría como un condicionante
del principio de no regresión, el cual no es ilimitado ni irrestricto, y se
encuentra limitado además por el deber estatal de garantizar, defender
y preservar el ambiente; por los principio de desarrollo sostenible y uso
racional; precautorio o evitación prudente y por la vinculatoriedad de la
En virtud de la existencia de cierto tipos o clases de regresiones no
vinculadas al principio de objetivación, tales como la omisión al deber
de desarrollar vía legal o reglamentaria normas ambientales, así como
la falta de aplicación sostenida y recurrente de la legislación ambiental,
se concluye que no necesariamente toda violación al principio de no
regresión implica, a la vez, violación al principio de objetivación de la
tutela ambiental, pero si existen algunos tipos de regresiones (las más
comunes) que concomitantemente vulneran el principio de objetivación.
De igual forma, no toda vulneración al principio de objetivación conlleva
violación al principio de prohibición de retroceso, debido a que sería
posible que se diera el supuesto, a título de ejemplo, donde por medio
una norma jurídica se aumenten los niveles o estándares de protección
ambiental haciéndolos más estrictos, pero que estos no se ajusten a
los criterios de la ciencia y la técnica. En esta situación, se violentaría y
vulneraría el principio de objetivación de la razonabilidad, pero no así el de
prohibición de retroceso, en la medida que no tendría como consecuencia
el deterioro o puesta en peligro del bien jurídico tutelado ambiente.
El principio de objetivación de la tutela ambiental también actúa como
excepción al principio de irreductibilidad de ecosistemas relevantes. De
esta forma, sólo es posible el cambio de uso de suelo en bosque o terrenos
con aptitud forestal ubicados en terrenos privados, en los supuestos
previstos en los incisos a, b, c y d del numeral 19 de la Ley Forestal, y
siempre y cuando su corta sea limitada, razonable y proporcional, no
exista afectación sensible de los recursos, se resguarden los ecosistemas
frágiles, se respete y adapte el paisaje, no implique devastación de la
cobertura boscosa ni se modifique de manera negativa ni grave el medio
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 25
Tratándose de los demás espacios naturales sometidos a régimen
especial de protección y cobijados por el principio de irreductibilidad,
existen ciertas excepciones que permiten su reducción, disminución,
desafectación, exclusión, segregación, y limitación; siempre y cuando
éstas se realicen por ley y cuenten con estudios técnicos y científicos que
demuestren su no deterioro o no puesta en peligro. De lo anteriormente
expuesto se deduce la existencia de un vínculo directo o conexidad entre
los principios irreductibilidad y objetivación de la tutela ambiental, a
los cuales debe agregárseles además, los principios de reserva de ley,
preventivo, precautorio, reparación in natura y prohibición de retroceso.
Si bien existe conexidad entre los principios de objetivación e
irreductibilidad, no toda violación que sufra el primero de ellos implicaría
per se vulneración del segundo, ya que podría darse el supuesto donde
se modifiquen estándares o umbrales de contaminación sin sujeción a
las reglas de la ciencia y la técnica, y por tanto se quiebre el criterio de
razonabilidad, sin que esto implique impacto alguna de las áreas físicas
donde se asientan espacios naturales sometidos a régimen especial de
protección, y que por tanto, se esté frente a una violación al principio de
objetivación, pero no así al de irreductibilidad.
A contrario sensu, al ser los estudios técnicos y científicos un condicionante
que permite, bajo ciertas circunstancias, la reducción, disminución,
desafectación, exclusión, segregación, y limitación de espacios naturales
relevantes, podríamos concluir que siempre que ocurra una violación al
principio de irreductibilidad por la ausencia de dichos estudios, a la vez se
estaría vulnerando las reglas de la razonabilidad, ciencia y técnica, y por
tanto, del principio de objetivación.
Por su parte, también sería posible afirmar que toda violación al principio
de irreductibilidad de ecosistemas frágiles, además de vulnerar el
principio de objetivación como se acaba de mencionar, implica a la vez
una regresión ambiental, ya que se estaría disminuyendo el nivel actual
de protección en menoscabo de las presentes y futuras generaciones,
pero no toda violación al principio no regresión conlleva rompimiento del
principio de irreductibilidad, ya que este último se encuentra únicamente
supeditado a la reducción territorial de espacios naturales relevantes,
mientras que el principio de prohibición de retroceso es más amplio y no
sólo incluye regresiones en espacios naturales, sino que también en todo
tipo de políticas, normas e incluso en la jurisprudencia ambiental.
IV. Fundamentos de la no regresión
Además de lo ya expuesto respecto al carácter finalista del derecho
ambiental, es posible también derivar y fundamentar el contenido,
alcance y limitaciones del principio de no regresión basado en el Derecho
Internacional Ambiental, Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Derecho Internacional regulador del Libre Comercio y las Inversiones,
así como en la misma Constitución Política, a la normativa interna, y en
especial, en la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional de la
1. Fundamentación basada en el Derecho
Internacional Ambiental y sus principios rectores.
Es posible sustentar la idea de la no regresión ambiental basado en
los principios rectores del derecho ambiental plasmados tanto en
instrumentos internacionales de declaraciones de principios (soft law38)
como en los convenios ambientales vinculantes (hard law).
En un primer orden de ideas, resultaría imposible interpretar el concepto
del desarrollo sostenible desvinculándolo del principio de no regresión.
Tal y como fue concebido en el Informe Brundtland el desarrollo sostenible
consiste en aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de
la generaciones presentes sin menoscabar la capacidad de las futuras
generaciones de satisfacer sus propias necesidades, y derivado de éste
nace el precepto de equidad intergeneracional recogido en el principio 7
de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Coincidiendo con Prieur39, al modificarse o derogarse una norma que
protege el medio ambiente para reducir su grado de protección se le
estaría imponiendo a las generaciones futuras un medio ambiente más
degradado a través de una norma jurídica con contenido regresivo,
conducta que estaría en flagrante discordancia con el principio de
equidad intergeneracional, en la medida que a nuestra generación le
está vedado comprometer a las generaciones futuras con una norma
que haría retroceder la protección del medio ambiente. De esta forma, la
regresión del derecho ambiental que se decida hoy constituiría entonces
una vulneración de los derechos de las generaciones futuras, ya que esto
conlleva a imponerles un nivel de protección del medio ambiente inferior
al actualmente logrado40.
A la vez, los principios de prevención y precaución también contenidos
en la Declaración de Río complementan al principio de no regresión en la
medida que buscan adelantarse al daño ambiental y así evitar situaciones
irreversibles, incluso en aquellos supuestos donde no existe aún plena
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 27
certeza científica. Esta postura fue adoptada por la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en el voto 2010-18702, único
precedente existente a la fecha sobre la aplicación directa del principio de
progresión y no regresión en materia ambiental:
“De tal forma, el principio precautorio encuentra aplicación en la medida
que se carezca de certeza en cuanto al daño a producir y las medidas
de mitigación o reparación que deben implementarse, pues al tenerse
certeza sobre el tipo o magnitud del daño ambiental que puede producirse
y de las medidas que deberán adoptarse en cada momento, se elimina
todo sesgo de duda y, por consiguiente, resultaría impropio dar aplicación
al principio precautorio. Dicho de otro modo, el principio precautorio
debe ser aplicado en supuestos de duda razonable o incerteza, mas no
cuando se tiene certeza del tipo de daño y de las medidas que deban
adoptarse, ya que por su propia naturaleza resulta inviable la aplicación
de este principio. Sin embargo, en el presente caso se echa de menos esta
valoración. Ciertamente, cada concesión requerirá de previo un estudio de
impacto ambiental evaluado por parte de SETENA, no obstante lo anterior,
algunos de estos ecosistemas, por ejemplo las reservas marinas, son áreas
que fueron protegidas precisamente con la intención de que en esta zona
no se realice ninguna actividad extractiva y no se vea afectada tampoco,
por ningún tipo de contaminación (escapes de motores, contaminaciones
acústicas, contaminaciones luminosas, etc.), para que la flora y la fauna
se vayan regenerando a lo largo del tiempo, hasta que sus poblaciones
alcancen el mayor número de ejemplares que pueda haber en ese sitio;
lo cual es totalmente excluyente con la concesión de una marina turística
por los efectos que evidentemente lo alterarán. Otros ecosistemas de los
citados puede ser que no requieran necesariamente una veda absoluta
de toda actividad, pero cualquier autorización en ese sentido debe ser
valorada y anticipada. Como ya se indicó, resulta irrazonable proteger
unas zonas y otras no sin un criterio técnico que así lo sustente, pues ello
resulta lesivo del principio precautorio y del principio de progresividad del
ámbito de tutela de los derechos fundamentales”.
Por su parte, también es posible fundamentar la existencia y contenido
del principio de no regresión sustentado en los tratados y convenios
internacionales (hard law) vigentes y suscritos por Costa Rica, en razón que
en general todos buscan procurar un alto nivel de protección ambiental,
mejorar el medio ambiente, aumentar la biodiversidad, proteger los
recursos naturales bióticos y abióticos, y por supuesto, acabar, disminuir
y aplacar la contaminación y la degradación ambiental; esto conlleva a
deducir fehacientemente la imposibilidad de regresión, tanto a nivel de
los tratados internacionales como en su aplicación dentro del derecho
interno del Estado, partiendo del hecho que para el caso costarricense
el derecho internacional ambiental es de obligado acatamiento y goza de
plena ejecutoriedad.
Afirma Prieur que en materia de medio ambiente no existe ningún
precedente de regresión que se derive de una modificación que afecte
al propio texto de un convenio y que de lugar a un retroceso sustancial
Costa Rica ha suscrito un
elenco altísimo de convenios ambientales donde destacan el Convenio
Diversidad Biológica, Convenio Marco de Cambio Climático, Convenio
para la Protección de la Capa de Ozono, Convenio sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación,
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas
Escénicas naturales de los países de América, Convenio CITES sobre
Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestre, Convención Ramsar
sobre Humedales de Importancia Internacional, y a nivel regional:
Convenio sobre Cambios Climáticos, Convenio para la Conservación de
la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Protegidas en América
Central, Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizos de
Desechos Peligrosos, Convenio Regional para el Manejo y Conservación
de los Ecosistemas Forestales y el desarrollo de Plantaciones Forestales.
Entre ellos, y a manera de ejemplo, los Convenios de Basilea y Helsinki
prevén la superioridad de la norma más favorable al ambiente (pro
natura); mientras tanto, el Convenio de Diversidad Biológica y su
protocolo de Cartagena expresamente disponen su supremacía sobre
otros tratados, convirtiéndose por tanto en pisos normativos que sólo
permitirían disposiciones más estrictas y rigurosas que las ya previstas por
ellos mismos. En estos casos, la normativa internacional posterior debe
ser más rigurosa y por tanto, se descarta la regla de “lex posterior derogat
priori”, ya que se busca la aplicación de la norma más estricta y protectora
Descartadas las regresiones a nivel estrictamente del derecho internacional
ambiental, reviste interés destacar el rol de “dique de contención” que
asumen los convenios ambientales en pro de evitar regresiones a nivel
del derecho interno.
El derecho internacional ambiental parte del concepto soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales, y por ello, tanto la suscripción de
convenios internacionales, como la inclusión de sitios o espacios físicos
a regímenes especiales de protección de carácter internacional, se hace
por mera voluntad soberana de los Estados, razón por la cual, estos
mismos Estados están facultados, en cualquier momento, a denunciar
las convenciones ambientales que suscriben o bien, desafectar sitios
ubicados dentro de sus territorios, siempre y cuando se ajusten a las
reglas previstas al efecto en cada tratado.
La regla general es que todo sitio sometido a un régimen especial de
protección ambiental debe mantener tal designación, ya sea que se trate
de un sitio Ramsar, una Reserva de la Biosfera, un sitio del Patrimonio
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 29
Mundial o un Parque Nacional, y que su extensión inicial completa debe
mantener su designación, siempre que sea posible y apropiado, lo cual, a
todas luces es acorde con los principios de prohibición de retroceso y de
irreductibilidad de espacios sometidos a régimen especial de protección.
De esta forma, sólo en circunstancias realmente excepcionales, un Estado
debería considerar la posibilidad de retirar o de modificar la extensión
inicial de uno de estos sitios.
La Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas
Escénicas naturales de los países de América (Convenio de Washington41),
en su artículo III prohíbe alterar los límites de los Parques Nacionales
y enajenar parte alguna de ellos si no lo es por acción de autoridad
legislativa competente, a la vez, prohíbe la explotación comercial de las
riquezas existentes en ellos42. La Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas (Convención Ramsar43) , en sus artículos 2.5 y 4.2, establece
como situaciones de excepción para retirar de la Lista o reducir los límites
de humedales de importancia internacional “motivos urgentes de interés
nacional”44 debiendo compensar la pérdida de recursos de humedales y,
en particular, crear nuevas reservas naturales45.
De igual forma, el procedimiento de supresión de la lista de una
Reserva de la Biosfera46 es absolutamente excepcional y debe aplicarse
únicamente después de un minucioso examen, atendiendo debidamente
a la situación cultural y socioeconómica del país, y tras consultar con
el Gobierno interesado. Por su lado, la Convención del Patrimonio
Mundial47 prevé como excepción la posibilidad de modificar los límites
de un bien del Patrimonio Mundial o bien, su retiro o exclusión de la
Lista, estableciendo que cuando un bien está amenazado por peligros
graves y concretos, primero debe considerarse su inclusión en la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro, y solamente cuando se destruye su Valor
Universal Excepcional que justificó la inscripción en la Lista del Patrimonio
Mundial, puede considerarse la posibilidad de excluirlo.
Como puede observarse, en todos los casos, además de evitarse situaciones
de violación al principio de no regresión, se cumplen a cabalidad con los
principios de irreductibilidad de espacios sometidos a régimen especial
de protección48 y de objetivación de la tutela ambiental, íntimamente
relacionados con la prohibición de retroceso, y que exigen la vinculación
de la decisión de retiro o alteración de límites a las reglas unívocas de la
ciencia, técnica, lógica y la conveniencia. Al efecto, a la luz del Convenio
de Washington, toda alteración negativa o disminución de los límites de
áreas silvestres protegidas, o bien, toda explotación comercial o industrial
de sus riquezas, calificaría como una regresión ambiental y por tanto,
quedaría expresamente prohibida, salvo que contare con aprobación
legislativa; disposición que se encuentra reforzada por el artículo 38 de
la Ley Orgánica del Ambiente que obliga además contar con estudios
técnicos y científicos que lo justifiquen.
En esa misma línea, la Convención Ramsar, mediante sus resoluciones
VIII.20 y IX.6 exige, previo a retirar de la Lista o reducir los límites de un
humedal de importancia internacional, la realización de una evaluación
ambiental previa, que tenga en cuenta toda la gama de funciones, servicios
y beneficios ofrecidos por el humedal, y en la medida de lo posible,
propone que la evaluación se realice consultando ampliamente a todos
los interesados directos; aplicar del principio precautorio al tomar en
cuenta que cuando existen amenazas de daño grave o irreversible, la falta
de plena certidumbre científica no se debe utilizar como un motivo para
aplazar medidas eficaces en función del costo para prevenir el deterioro
del medio ambiente, y por último, obliga informar a la Secretaría de la
Convención Ramsar de tales cambios a la mayor brevedad posible.
Tratándose de Reservas de la Biosfera, el procedimiento de supresión de la
lista es excepcional y debe aplicarse únicamente después de un minucioso
examen, atendiendo debidamente a la situación cultural y socioeconómica
del país, y tras consultar con el Gobierno interesado. Mientras que en
el caso de Sitios del Patrimonio Mundial Natural, únicamente cuando
un bien incluido en la Lista del Patrimonio Mundial se haya deteriorado
gravemente, o cuando las medidas correctivas necesarias no se hayan
adoptado en el plazo de tiempo propuesto, sería posible aplicar el
procedimiento excepcional de exclusión o modificación de límites.
En todos los casos se busca el fiel cumplimiento de los principios
preventivo, precautorio y de restauración/recomposición de ecosistemas,
previo a cualquier intento de exclusión o modificación de límites. Al
efecto, la Convención Ramsar y sus Resoluciones obligan, en primera
instancia, a distinguir y diferenciar entre cambios reversibles e irreversibles
en los ecosistemas de humedal. Si existen posibilidades de remediar
la situación del humedal, deben definirse las condiciones en las que el
cambio puede invertirse, y las actuaciones de manejo (con inclusión de
la restauración) necesarias para asegurarlo, así como los períodos de
tiempo que probablemente serían necesarios para permitir recuperar las
características del sitio. En caso de daños irreversibles, obliga a considerar,
como primera opción, la posibilidad de restricción de los límites y sólo en
circunstancias excepcionales debe considerarse la posibilidad de retirar
un sitio de la Lista, siempre que una parte o todo un sitio haya perdido los
elementos, los procesos y/o los servicios del ecosistema del humedal por
los que inicialmente se designó. En estos casos, la Convención Ramsar
obliga compensar en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de
humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves
acuáticas y para la protección de una porción adecuada de su hábitat
original, en la misma región o en otro lugar.
Tratándose de Reservas de la Biosfera, su situación debe ser revisada
cada diez años sobre la base de un informe preparado por la autoridad
competente, y remitido a la Secretaría por el Estado interesado. El informe
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 31
deber ser sometido al Comité Consultivo sobre Reservas de Biosfera
para que emita una recomendación destinada al Consejo Internacional
de Coordinación (CIC). Si el CIC estimara que la reserva de biosfera ha
dejado de cumplir los criterios que sustentaron su designación, podrá
recomendar que el Estado interesado adopte medidas para ajustarse a
tales criterios, teniendo en cuenta el contexto cultural y socioeconómico
del Estado interesado y únicamente, si el CIC estimara que la reserva de
biosfera todavía no cumple los criterios que sustentaron su designación,
al cabo de un plazo razonable, la zona dejará de ser considerada reserva
de biosfera perteneciente a la Red.
Por su parte, la Convención UNESCO obliga a los Estados Parte tomar
medidas correctivas necesarias para conservar un bien cuyas cualidades
intrínsecas ya estuvieran en peligro debido a la actividad humana en
el momento en que se propuso su inscripción y a informar de tales
circunstancias, lo antes posible, a la Secretaría del Comité.
Vale la pena resaltar que únicamente, el Convenio de Diversidad Biológica
hace una alusión clara, directa y expresa a las obligaciones derivadas del
principio de no regresión, al disponer en su artículo 8 inciso k) que cada
Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda establecerá o
mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones reglamentarias
para la protección de las especies y poblaciones amenazadas.
Por lo anterior, es posible afirmar que el derecho internacional
ambiental ejerce un papel fundamental en la sustentación del principio
de no regresión, reforzando a la vez los criterios de irreductibilidad
de los espacios sometidos a regímenes especiales de protección y de
objetivación de la tutela ambiental o vinculación del derecho ambiental a
las reglas unívocas de la ciencia y la técnica.
2. Fundamentación basada en el Derecho
Internacional regulador del Libre Comercio y
También es posible afirmar la existencia y aplicación del principio de
no regresión sustentado en las obligaciones ambientales contraídas por
Costa Rica al suscribir y ratificar el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como
CAFTA-DR49.
Manifiesta Cabrera50 que la principal obligación contenida en el Capítulo 17
del CAFTA-DR consiste en la aplicación de la propia legislación ambiental,
de forma que se reconoce el derecho de cada Parte de establecer sus
propios niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades
de desarrollo ambiental, así como de modificar sus leyes y políticas
ambientales. Esta obligación se encuentra contenida en el artículo 17.1:
Niveles de Protección. Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer
sus propios niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades de
desarrollo ambiental, así como de adoptar o modificar, consecuentemente,
sus leyes y políticas ambientales, cada Parte garantizará que sus leyes y
políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y
deberán esforzarse en mejorar esas leyes y políticas.
Del artículo anterior se interpreta que cada Parte puede modificar su
normativa ambiental vigente, con el único condicionante que dichas
reformas busquen lograr “altos niveles de protección” concepto que
evidentemente se opone a la idea de la regresión. A la anterior disposición
hay que sumarle la obligación de aplicar de manera sostenida y recurrente
la legislación ambiental contenida en el artículo 17.2.1.a:
Una parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación ambiental,
a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una
manera que afecte al comercio entre las Partes, después de la fecha de
Esta segunda obligación busca evitar la ineficacia en la aplicación y
cumplimiento de la legislación ambiental, ineficacia que por sí misma
constituye una regresión ambiental. Según Cabrera, no cualquier
incumplimiento conlleva la posibilidad de iniciar el proceso de solución
de controversias que establece el CAFTA-DR, sino únicamente aquellos
que califiquen como recurrentes, sostenidos y que además afecten el
comercio entre las Partes. Otro aspecto a considerar respecto a esta
obligación es la restrictiva definición de legislación ambiental que ofrece
el Tratado en el artículo 17.13.1, y que excluye toda aquella normativa
relacionada con la salud y seguridad de los trabajadores y aquella cuyo
principal propósito sea la administración de la recolección o explotación
comercial de recursos naturales, ni la recolección de recursos naturales
con propósitos de subsistencia o de recolección indígena, de recursos
Legislación ambiental significa cualquier ley o regulación de una Parte, o
disposiciones de las mismas, cuyo propósito principal sea la protección del
medio ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud
humana, animal o vegetal, mediante:
A. la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o
emisión de contaminantes ambientales;
B. El control de químicos, sustancias, materiales y desechos
ambientalmente peligrosos o tóxicos y la diseminación de información
relacionada con ello; o
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 33
C. La protección o conservación de la flora y fauna silvestres,
incluyendo las especies en peligro de extinción, su hábitat y las áreas
naturales bajo protección especial, en áreas con respecto a las cuales las
Partes ejercen soberanía, derechos de soberanía, o jurisdicción, pero no
incluye ninguna ley o regulación, o ninguna disposición en las mismas,
relacionadas directamente a la seguridad o salud de los trabajadores.
Para mayor certeza, “legislación ambiental” no incluye ninguna ley ni
regulación o disposición de los mismos, cuyo propósito principal sea la
administración de la recolección o explotación comercial de recursos
naturales, o la recolección con propósitos de subsistencia o recolección
indígena, de recursos naturales.
Para los efectos de la definición de “legislación ambiental”, el propósito
primario de una disposición particular de una ley o regulación se deberá
determinar por referencia a su propósito primario en vez del propósito
primario de la ley o regulación de la que es parte.
Aunada a las anteriores obligaciones se encuentra aquella contemplada
en el artículo 17.2.2 que con el fin de evitar “dumping ambiental” y la
existencia de “paraísos de contaminación”, taxativamente prohíbe
regresiones ambientales mediante la derogación, debilitamiento o
reducción de la normativa ambiental:
Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la
inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones
contempladas en su legislación ambiental interna. En consecuencia, cada
Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá
dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que debilite o
reduzca la protección otorgada por aquella legislación, como una forma
de incentivar el comercio con otra Parte, o como un incentivo para el
establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en
Sobre esta disposición expresa de no regresión, única dentro del bloque
de legalidad ambiental costarricense, es importante tomar en cuenta los
Al estar establecida en un tratado internacional ostenta rango
superior a la ley ordinaria y demás normas infralegales;
La normativa ambiental que estaría protegida de la no regresión
sería únicamente aquella que se ajuste a la definición restrictiva
de “legislación ambiental” según el artículo 17.13.1, excluyendo la
legislación relacionada con la salud y seguridad de los trabajadores
y aquella cuyo principal propósito sea la administración de la
recolección o explotación comercial de recursos naturales, ni la
recolección de recursos naturales con propósitos de subsistencia o
de recolección indígena, de recursos naturales;
Debe considerarse la intención o “animus” de la regresión, tomando
en cuenta que únicamente estarían vedadas aquellas derogatorias,
reducciones o debilitamientos normativos cuyo fin sea incentivar
el comercio entre las Partes del Tratado o pretendan otorgar un
incentivo para el establecimiento, expansión o retención de una
inversión en el territorio.
Las obligaciones establecidas en el capítulo 17 del CAFTA-DR, incluyendo
por supuesto la prohibición expresa de no regresión, fueron objeto de una
consulta preceptiva de constitucionalidad51 por parte de la Defensoría de
los Habitantes y un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa ante
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la cual, mediante
el voto de mayoría 2007-9469, les otorgó la viabilidad constitucional
disponiendo al efecto:
“En cuanto a la materia ambiental, debe indicarse que en el Tratado
analizado se establece un capítulo completo destinado a la materia
ambiental y además, incluye disposiciones específicas sobre el tema
en el Capítulo 7 “Obstáculos Técnicos al Comercio”, en el Capítulo 9
“Contratación Pública”, en el Capítulo 10 de “Inversiones” y en Capítulo
21 “Excepciones”. Sobre este aspecto, esta Sala destaca que el artículo
17.1 del Tratado reconoce el derecho de cada Parte de establecer sus
propios niveles de protección ambiental, además que insta a cada una
a estimular altos niveles de protección en esta materia a través de la
emisión de leyes y políticas ambientales. Asimismo, en el artículo 17.2.2
del Tratado, se reconoce que es “inapropiado promover el comercio o
la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones
contempladas en su legislación ambiental interna”, por lo que se insta a
cada Parte a asegurar que no dejará sin efecto o derogará, la legislación
ambiental como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, o
como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o
retención de una inversión en su territorio. Por lo anterior, es evidente que
el Estado costarricense mantiene su poder de regulación y fiscalización
en esta materia, además que se mantiene vigente toda la legislación
existente en nuestro país, respetándose lo dispuesto en el artículo 50 de
la Constitución Política, el cual en todo caso tiene un rango superior a
cualquier disposición del Tratado de Libre Comercio y debe ser tomado en
cuenta para efectos de su interpretación. De todas formas, no encuentra
esta Sala disposición alguna en el tratado que contradiga nuestra norma
constitucional, pues incluso las Partes se comprometen a no disminuir ni
dejar de aplicar sus estándares ambientales con el objetivo de promover el
comercio y la inversión y se remite a la legislación interna para sancionar
las infracciones en materia ambiental (artículo 17.3). Asimismo, se
permite el establecimiento de medidas cautelares (17.3.4.d), de incentivos
para contribuir al mantenimiento de la protección ambiental (17.4), crea
un Consejo de Asuntos Ambientales (17.5) y mecanismos de participación
pública (17.6 y 17.7). De igual forma, se establecen principios de
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 35
cooperación ambiental entre las Partes para fortalecer la capacidad
de proteger el ambiente y para promover el desarrollo sostenible (17.9
y anexo 17.9), se crean mecanismos de consulta ambientales entre las
partes (17.10) y la fijación de una lista de árbitros especializados en la
materia (17.11). De lo anterior, se desprende que en realidad el Tratado
de Libre Comercio establece una serie de garantías ambientales que en
nada contradicen el precepto contenido en el artículo 50 de la Constitución
Política, por lo que no observa esta Sala inconstitucionalidad alguna en
cuanto a este aspecto”.
Sin embargo, en voto de minoría los magistrados Fernando Cruz y Gilbert
Armijo no sólo encontraron vicios de constitucionalidad en el Tratado de
Libre Comercio objeto de estudio, sino que además determinaron dentro
del mismo violaciones al principio de no regresión en materia de salud y
“En primer lugar, tal y como menciona la Defensoría de los Habitantes,
conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar
medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así
entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la
salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a
los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado
Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa
de proteger al comercio. De hacerlo, se trataría entonces de una violación
al derecho a la salud. En cuanto a la protección de este derecho no se
puede retroceder en la implementación, o tomar medidas que disminuyan
este derecho. Toda normativa o actuación del Estado, debería dirigirse a la
expansión de la protección y garantía de los derechos fundamentales. En
el caso del Tratado, no nos encontramos frente a una acción que garantice
beneficios para la generalidad de la población, sino únicamente para
aquellas personas que se constituyan en inversionistas o comerciante.”.
“Por un lado, si bien el artículo 17.1 establece el derecho de cada parte
de establecer sus propios niveles de protección ambiental, este principio
general sufre algunas limitaciones o inconvenientes imprecisiones que por
el contenido y alcance de un Tratado, con valor superior a la ley ordinaria,
con su valor derogatorio y convencional, pone en peligro materia tan
sensible y de trascendencia constitucional como el medio ambiente. Por
otro lado, igualmente, aunque el artículo 17.2.2 del Tratado establece
que es “inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el
debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en su
legislación ambiental interna” esta previsión, si bien constituye una
disposición que pretende tener un efecto tutelar del ambiente, se
comprende que se trata de una limitación para que los Estados no reduzcan
la legislación vigente en función del comercio o la inversión, pero se trata
de una disposición muy imprecisa que debe ser contrastada con otras
disposiciones, especialmente las normas que definen en el Tratado, lo que
se entiende por ambiente, pues siendo evidente que existe una permanente
tensión entre ambiente, desarrollo, inversión y crecimiento económico,
tales disposiciones abrirán espacios muy amplios de discusión sobre los
que las disposiciones generales comentadas, teniendo una incidencia muy
limitada, situación que torna muy vulnerable la protección del ambiente,
lo que resulta inadmisible desde un punto de vista constitucional. Por
lo anterior, si bien es importante mencionar la vigencia incuestionable
del artículo cincuenta de la Constitución Política, tal reconocimiento no
resuelve la vigencia de las disposiciones del Tratado cuyo contenido puede
objetarse en función de las definiciones explícitas del Tratado y el concepto
que puede tenerse entre medio ambiente, desarrollo e inversión”.
Por todo lo anteriormente manifestado, es posible extraer de las
obligaciones derivadas del Capítulo 17 del CAFTA-DR una prohibición
manifiesta de no regresión de carácter restringida, ya que la misma se
encuentra supeditada a la limitada definición de legislación ambiental
prevista en el artículo 17.13.1. y al “animus” o intención de incentivar
el comercio entre las Partes del Tratado o a la intención de otorgar un
incentivo para el establecimiento, expansión o retención de una inversión
en el territorio. De esta forma, el Capítulo 17 del CAFTA-DR busca que
los países suscriptores logren “altos niveles de protección ambiental”
estableciendo medidas de protección reforzadas o salvaguardias, bajo la
premisa –proteger más y contaminar menos – obligando a los Estados
Parte a aplicar de manera sostenida y recurrente su propia legislación
ambiental, prohibiendo expresamente una rebaja en los umbrales de
protección. Pero a la vez, y al amparo del voto de minoría de la consulta
preceptiva de constitucionalidad antes citado, de ese mismo Tratado se
podrían deducir violaciones al principio de no regresión en materia de
3. Fundamentación basada en el Derecho
Donde mayor desarrollo ha encontrado el principio de no regresión
en Costa Rica es en materia de derechos humanos, en especial como
contracara del principio de progresión, siendo la Sala Constitucional, por
medio de sus fallos, quien ha ejercido el rol de garante de los derechos y
libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos
reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica52.
Al tenor de lo anterior y por medio de la sentencia 1994-2485, la Corte
Constitucional refiriéndose al derecho internacional ambiental estipuló
que el fenómeno de internacionalización del derecho ambiental había
seguido un patrón de desarrollo similar al de los Derechos Humanos, pues
pasó de ser materia de jurisdicción doméstica de los Estados, a ser parte
de la jurisdicción internacional. Es así como los derechos ambientales
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 37
forman parte de los Derechos Humanos de la tercera categoría, no en
importancia, sino por su ubicación de aceptación universal e histórica53.
En la sentencia 1995-231354, el Tribunal Constitucional elevó, por
encima de la Constitución Política a los Tratados Internacionales que
versan sobre Derechos Humanos, pudiéndose afirmar entonces que se
ha internacionalizado al Derecho de la Constitución, y al mismo tiempo,
se ha constitucionalizado al Derecho Internacional, y dentro de éste, al
Derecho Ambiental. Este mismo tratamiento ha dado como resultado
un singular enfoque de identificación entre Derecho Humano y Derecho
Fundamental, en tanto no hay diferencia entre un derecho reconocido
expresamente en la Constitución y los Derechos Humanos que pudieran
no estar incluidos en su texto. De tal manera que el derecho ambiental
reconocido en los tratados de Derechos Humanos, forma parte del elenco
positivo y valorativo de la Constitución Política de Costa Rica55.
Además, el fallo constitucional 1993-6240 instauró el criterio
jurisprudencial por medio del cual, los instrumentos internacionales son
de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad, en tanto sus
normas no precisen de mayor desarrollo legislativo, y por ende, deben
ser respetadas en tanto el rango normativo de aquellos es superior56. Y
aunado a lo anterior, mediante las resoluciones constitucionales 19923435 y 1995-2313 se dispuso que las regulaciones y principios contenidos
en los tratados y convenios, incluso los aún no ratificados por la Asamblea
Legislativa, son de acatamiento en nuestro legislación interna.
Ahora bien, ya en materia propia del principio de no regresión, se hace
necesario exponer los instrumentos de derechos humanos de donde es
posible fundamentar su existencia y contenido, siendo el artículo 28 de la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 179357 el primer
precedente al establecer que “una generación no puede comprometer
con sus leyes a generaciones futuras”, debido a que como afirma Prieur
“la regresión del derecho ambiental que se decida hoy constituirá
entonces una vulneración de los derechos de las generaciones futuras,
ya que lleva a imponer a dichas generaciones futuras un medio ambiente
degradado”58.
Por su parte, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos59 abre la línea para el desarrollo del principio de progresividad
de los derechos humanos, contracara de la no regresión, mismo que reza:
“Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en
la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales60
ratifica la visión de progresividad de los derechos humanos iniciada por la
Declaración Universal de Derechos Humanos, visión que quedó plasmada
Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la
asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular
la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos.
Articulo 5.2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de
los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país
en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto
de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Artículo 11.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
las condiciones de existencia.
Artículo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos61 en su artículo 5.2
dispone que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno
de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un
Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres,
so pretexto de que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor
La Convención Americana de Derechos Humanos62 abre la vía de la
progresividad dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
por medio de su artículo 26:
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en
la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
Además, su numeral 29 establece que ninguna disposición de la
Convención puede ser interpretada en el sentido de:
El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano 39
A. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona,
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
B. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los
Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno
de dichos Estados;
C. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de
D. excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
Por último el Protocolo adicional a la Convención Americana de
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales
y culturales, conocida como Protocolo de San Salvador63, no sólo
reconoce expresamente dentro del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos el derecho a un ambiente sano y a su protección, preservación
y mejoramiento (Artículo 11), sino que además ratifica la idea de
progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales por
medio de su numeral 1:
Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las
medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación
entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de
los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin
de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna,
la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente
Tratándose el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado de un derecho humano recocido en instrumentos
internacionales se beneficia de sus teorías previamente existentes
que tienen por objetivo aumentar su eficacia, por ello la obligación de
progresividad o de avance continuo de los derechos humanos se traduce
jurídicamente en una prohibición de regresión que permea al derecho
Es a partir del año 2001 que la Corte Constitucional mediante su
jurisprudencia inicia el camino para el desarrollo del principio de no
regresión, siempre ligado al ideal de progresión de los derechos humanos.
De esta forma, al referirse sobre la normatividad de los derechos
prestacionales en el voto 2001-3825 dispuso: