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Timestamp: 2020-06-02 06:35:13
Document Index: 113110534

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 184', 'artículo 186', 'artículo 187', 'artículo 181', 'artículo 182', 'artículo 183', 'artículo 184', 'artículo 185', 'artículo 186', 'artículo 187', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 22', 'artículo 183', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 620', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 620', 'artículo 620', 'artículo 184', 'artículo 189', 'artículo 620', 'artículo 188', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 620', 'artículo 191', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 39', 'artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 620', 'artículo 189', 'artículo 188', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 184', 'artículo 620', 'artículo 132', 'artículo 8']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 527, de 06/10/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 527
celebrada el martes, 6 de octubre de 1998
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
(Número de expediente 121/000087) ... (Página 15196)
- Proyecto de Ley por la que se modifica la composición de la Comisión nacional de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
(Número de expediente 121/000117) ... (Página 15196)
- Proyecto de Ley de planta y organización territorial de la jurisdicción militar. (Número de expediente 121/000090) ... (Página 15196)
- Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
(Número de expediente 121/000117 ... (Página 15207)
- Proyecto de Ley de planta y organización territorial de la jurisdicción militar. (Número de expediente 121/000090) ... (Página 15208)
(Número de expediente 121/000087.)
Primer punto del orden del día: ratificación de la ponencia designada para informar la Ley Orgánica de Modificación del titulo VIII del libro II del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que someto a la aprobación de SS.SS. por asentimiento. (Pausa.) Queda ratificada.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE AYUDA Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 121/000117.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: ratificación de la ponencia designada en relación con el proyecto de ley por la que se modifica la composición de la Comisión nacional de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, que también someto a aprobación por asentimiento de SS.SS. (Pausa.) Queda ratificada.
- PROYECTO DE LEY DE PLANTA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA JURISDICCIÓN MILITAR.
(Número de expediente 121/000090.)
El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día: ratificación, en su caso, de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de planta y organización territorial de la jurisdicción militar, que también someto a votación por asentimiento. (Pausa.) Queda ratificada.
- EMITIR DICTAMEN, A LAVISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE ELPROYECTO DE LEY ORGÁNICADE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO VIII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL APROBADO POR LEY ORGÁNICA 10/199S, DE 23 DE NOVIEMBRE.
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica del título VIII del libro II del Código Penal.
Aeste proyecto de ley mantienen enmiendas en este trámite la señora Almeida, del Grupo Parlamentario Mixto; el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Socialista, y están anunciadas algunas enmiendas transaccionales, como suele ser habitual en el caso de que un proyecto tenga el número de enmiendas que se sostienen respecto al que vamos a debatir en este momento.
Como venimos haciendo en estos proyectos de ley que pueden ser objeto de una sola intervención, porque a pesar del número de enmiendas, el objeto de la acción legislativa es relativamente reducido, vamos a iniciar el debate con la indicación de que concederé un turno a cada uno de los grupos, en el que cada uno de ellos podrá defender sus enmiendas y fijar su posición en relación con aquellas otras de otros grupos que puedan merecer su interés o, en definitiva, también con el texto del proyecto de ley en sí mismo. Si terminada esa primera parte del debate, hubiese alguna otra cuestión, concederíamos un segundo turno para hacer precisiones o en relación con alguna enmienda transaccional.
Las votaciones de este proyecto de ley y de los dos restantes objeto del orden del día no tendrán lugar antes de las trece horas.
Por lo tanto, siguiendo el canon que he indicado, a la vista de que la señora Almeida no se encuentra en la sala y dándole oportunidad a sus muchos afanes, vamos a conceder la palabra en primer lugar al Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria en la persona del diputado señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señorías, mi grupo, después del amplio trabajo que hemos hecho en la ponencia y sobre el que quiero dejar constancia de la receptividad que han tenido en muchas de las enmiendas modificando sustancialmente en este trámite que nos llega a la Comisión el proyecto originario remitido por el Gobierno y sobre el que habíamos mantenido un amplio abanico de enmiendas, mantiene para este trámite las números 26, 28, 54 y 56, que pasaré a defender muy brevemente.
Por lo que hace a la enmienda número 26, posiblemente la de mayor enjundia, en coherencia con los límites fijados por el legislador español en el Código de 1995 y con nuestro derecho histórico, seguimos manteniendo inalterable la edad de 12 años, sin extender la tutela de la libertad sexual más allá de los límites que su propia naturaleza y las circunstancias del acto dispositivo pueden tolerar. Nosotros nos regimos por lo que dice el artículo 177 del Código Civil en su punto 1, que establece, por ejemplo, que el adoptado mayor de 12 años es sujeto de derechos capaz de consentir su propia adopción. No íbamos a permitir en nuestro criterio que este proyecto de ley de modificación del título VIII del Código Penal fije en 13 años esta edad. Se podría producir, incluso, la flagrante contradicción con ese artículo que he citado del Código Civil. De ahí que nuestra enmienda 26 proponga sustituir la expresión «menores de 13 años» por «menores de 12 años».
La siguiente enmienda, la número 28, va dirigida al artículo 184.3 del proyecto original y pide su supresión por entender que un principio de tipicidad penal exige ortodoxamente suprimir de los tipos penales aquellos términos o expresiones que semánticamente adolecen de la precisión necesaria para concretar el tipo penal, porque si no estaríamos en una situación de incertidumbre y, por tanto, de inseguridad jurídica.
La enmienda número 54 propone en el capítulo IV, de los delitos de exhibición y provocación sexual, la supresión de la expresión «y provocación sexual», también, como la enmienda anterior, porque es un concepto el de la provocación sexual que etimológicamente puede tener concreción pero que es improcedente porque es de carácter generalista e indefinido. Este texto no tiene un barómetro o un parámetro que pueda medir la intensidad en cuanto a lo que se entiende por provocación.
Respecto a la última enmienda que mantenemos, señor presidente, la número 56, aun estando de acuerdo con el texto del artículo 186 que figura en el proyecto del Gobierno, a nosotros lo único que nos llama la atención es la ubicación.
Entendemos que debería estar en el capítulo V, artículo 187, como un nuevo apartado, dadas las referencias que hace a la provocación y al exhibicionismo en relación con la corrupción de menores, que es en verdad la figura delictiva contemplada en dicho artículo con su correspondiente penalización. En fin, es una enmienda de carácter técnico en cuanto a la ubicación, pero volvemos a manifestar que estamos plenamente de acuerdo con el texto que contempla.
Por lo que se refiere a las enmiendas transaccionales que nos ha hecho llegar el Grupo Parlamentario Popular, corresponde a su soberanía mantenerlas o retirarlas, pero sí le adelanto, señor presidente, y para conocimiento de la portavoz de dicho grupo, a la que agradezco la amabilidad del trabajo que ha hecho para remitirnos una posible enmienda in voce de síntesis, que estamos plenamente de acuerdo con ella y la apoyaremos tanto en este trámite de Comisión como si se deciden a remitirla al trámite de Pleno.
El señor PRESIDENTE: En este momento la señora Almeida penetra en la sala, siempre en el momento oportuno.
La señora ALMEIDA CASTRO: No quiero oír esa palabra, señor presidente. (Risas.) Vengo andando, simplemente.
Estaba interviniendo en el momento en el que han ido a buscarme. Perdón.
El señor PRESIDENTE: Tiene S.S. la palabra para defender sus enmiendas.
La señora ALMEIDA CASTRO: Nuestro grupo quiere mantener casi todas las enmiendas presentadas, sin perjuicio de que del consenso que pudiéramos tener en la admisión de algunas de las otras enmiendas, se pudieran dar por asumidas en una u otra forma las que hemos presentado a lo largo de esta discusión. (El señor Vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.) Nosotros creemos que hay un tema fundamental que no fue objeto de consenso y sobre el que nos gustaría llamar la atención, y es que no introduzcamos en el artículo primero, en el título de las agresiones sexuales, el término de indemnidad.
Me parece que es un término que no se corresponde con el contenido de este capítulo y este título del Código Penal y que redunda en perjuicio de la propia identidad del capítulo y de la propia esencia que tiene hoy la agresión sexual. Por eso me parece importantísimo intentar llegar a un consenso para no modificarlo, y en ese sentido hemos presentado alguna de las enmiendas, fundamentalmente esta primera, la 57, porque me parece que el cambio de la titulación ya le da otro sentido.
Con la enmienda 58 pretendemos que no se tengan que modificar los capítulos, sino los artículos a los que se refieren, y por eso hemos hecho una matización al texto que tenía el artículo segundo del proyecto de ley orgánica.
Después de la ponencia seguimos manteniendo la enmienda al artículo 181, en el sentido de que la prisión sea de seis meses a tres años, aunque ya en la ponencia se había puesto de uno a tres años. Nosotros seguimos manteniendo que pueden darse situaciones muy distintas y nos parece más importante tener la posibilidad de que haya un cambio mayor en la aplicación de la ley, y por eso proponemos de seis meses para las más leves, a tres años, y no tener que entrar en la de un año.
La enmienda número 60 mantiene la supresión de la reforma que propone el artículo segundo para la redacción del artículo 182, porque entendemos que queda mejor redactado en la forma en que nosotros lo hemos hecho, aunque ya en la ponencia se han introducido algunos cambios, sobre todo en lo que se refería a la penetración bucal, etcétera, que me parece que mejoran de alguna forma lo
que venía con anterioridad. En ese sentido podría darse la circunstancia de que una u otra de nuestras enmiendas se identificaran con la redacción que quede definitivamente.
Seguimos manteniendo la enmienda 61, en cuanto al artículo 183, en la que proponemos que se rebaje de 18 a 16 años.
Mantenemos asimismo nuestra enmienda 62 en lo que se refiere al acoso entre iguales y creemos que la redacción que proponemos es más conforme con la que se pretende por la ponencia, en el sentido de sustituir el texto del artículo 184.1 por el siguiente: «El que, en el ámbito de una relación de prestación de servicios, sea laboral o por cualquier otro titulo, docente o análogo, solicitare sexualmente a otra persona, para sí o para un tercero, o realizare actos de significación sexual de suficiente entidad» -hemos añadido- «para producirle una situación objetivamente intimidatoria...».
Se ha cambiado algo la redacción en la ponencia, pero seguimos creyendo que es mejor la de nuestra enmienda 62.
En la enmienda número 63 no hemos previsto la situación de multas en la redacción del artículo 185, pero tampoco vemos que hubiera un gran inconveniente en poder aceptar la propuesta que se hace por la ponencia, siempre que sea a menores de edad.
La enmienda 64 se refiere al artículo 186, y es de supresión.
Nosotros hemos quitado la pena de seis meses a un año, porque me parece que no tiene razón de ser para muchas de estas actividades y sobre todo querríamos que se cifrara la edad y poner una edad mínima, por lo menos.
Aunque nosotros solicitábamos la supresión de este artículo, desearíamos que por lo menos se tuviera en cuenta que no fuera a los menores de edad, porque hablar de esto es hablar de menores de 18 años, y en cualquier caso a esa edad ya pueden comprar una revista porno (El señor Silva Sánchez: El que le guste.) y no va a pasar nada en lo relativo a la moral o la corrupción. Por tanto, en todo caso, pediríamos que se matizara lo de menores. Al que le guste.
No es que tenga yo ningún deseo de que los de 18 se las compren (risas) ni quiero hacer propaganda de esto, pero no les va a ocasionar ningún trauma ver a una señora desnuda, y a lo mejor a uno de 12, sí. Deberíamos limitar la situación, porque a mi me parece que la vida es ya mucho más abierta que lo que estamos haciendo aquí, encerrando en el Código Penal lo que no quitamos ni de la pantalla de la televisión, pero en cualquier caso pedimos que se rebaje la edad a los 13 años o a la que hemos estipulado de protección, y no a los 18.
La enmienda número 65, que se refiere al artículo segundo, a la rúbrica del capítulo V, propone suprimir las palabras «corrupción de menores».
La enmienda número 66 se refiere al artículo 187 del Código Penal, que en su redacción por la ponencia nos podría valer en alguna manera, pero nosotros hemos presentado otra que me parece más acorde con la situación real, aunque dependiendo del contenido que veamos aquí hoy y de las enmiendas que se aprueben por uno u otro grupo, la retiraríamos en el Pleno, si estuviéramos más conformes con esa nueva redacción.
La enmienda número 67 se refiere al artículo 188. El término de vulnerabilidad que se ha introducido me parece que es incierto, aunque sabemos que hay una situación de precariedad que puede ser lo que se está protegiendo, pero la expresión vulnerabilidad se presta a demasiadas cosas y nos parece que es poco estricta a la hora de introducirla en un Código Penal. Por eso creemos que la sustitución y la redacción que hacemos del artículo 188 en esta enmienda cumple mejor los requisitos que nosotros creemos que no desvirtúan de tal manera lo que es el contenido global de un código que ha nacido bastante recientemente y que no puede estar continuamente con estos altos y bajos, por mucha tensión social que algunos hechos puedan generar.
En la enmienda número 68, al artículo 189, mantenemos una reserva, por lo menos en la redacción que ha hecho la ponencia respecto al párrafo b), al que hemos dado otra redacción. En el apartado primero no hemos tenido esa objeción, pero sí en el segundo y por eso lo hemos planteado de otra forma. Nos preocupa la redacción última del apartado b) del número 1, en el sentido de que el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido y del que poseyera dicho material para la realización de cualquier conducta. La tenencia o la posesión de un material de por sí no tiene que significar la utilización y por tanto nos parece que es peligroso meter la mera tenencia de estos materiales, que se suelen tener por diversas causas, y que amplia en demasía el sentido punitivo de lo que pueden ser también opciones de libertad, siempre que se entienda la libertad en este sentido, pero hay mucha gente que la entiende así, y estamos dispuestos, siempre que no atente a la de los demás, a que lo puedan tener tranquilamente, sin presumir su tenencia. Respecto al numero 3, aunque también hubo un intento de darle otra redacción, no podemos dejar un campo tan abierto y tan falto de tipificación de conducta cuando estamos hablando de un código punitivo.
Por tanto, en ese párrafo concreto, tal y como había salido del trámite de ponencia, mantenemos nuestra enmienda.
En la enmienda número 69 proponemos la supresión del artículo 189 bis, pero este artículo no figura ya en el texto de la ponencia, es decir, no existe, aunque no sé si es un error.
Respecto a la enmienda número 70, se refiere a la supresión de disposición final primera, porque no correspondería al texto, sobre todo en el párrafo segundo, en el que se habla asimismo de la prostitución y los delitos relativos a la corrupción de menores, como hemos hecho, en coherencia, con la otra enmienda en la que no estábamos de acuerdo que se cambiara el título.
Con esto he defendido nuestras enmiendas y nuestro grupo está dispuesto a que haya un mayor consenso en la actitud que tengan los grupos mayoritarios en esta Comisión.
No sé si el texto de la ponencia va a plantearse como un bloque cerrado, como sugirieron el otro día. Me parece que sería bueno que hiciéramos un esfuerzo. Es verdad que muchas veces hay tensiones sociales que nos llevan a pensar que modificando los códigos ya arreglamos las situaciones de desigualdad que hay en la sociedad y hay voces que en estas cosas se intenta introducir mucha moral en lo que debe ser un Código Penal dispuesto a castigar los actos contra la libertad o la protección de la libertad de los demás, pero no se puede intentar conculcar una moral diferente o unificar los criterios de moralidad en nuestro código.
Solamente debe quedar en lo que signifique un atentado
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y, en ese sentido, llamamos al mayor consenso, ya que nuestro grupo está dispuesto, en base a ese consenso, a retirar cuantas enmiendas procedan a la vista del resultado final de esta Comisión o en el trámite de Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés). Si no he oído mal, mantiene vivas por ahora todas las enmiendas, ¿no?
La señora ALMEIDA CASTRO: Sí, señoría, porque ninguna está asumida en su totalidad y por eso lo haremos posteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para defender sus enmiendas, tiene la palabra la señora Uría en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señorías, nos encontramos ante un proyecto de ley que como en otros procedentes del Ministerio de Justicia, y citaré entre ellos el de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles o la venta a plazos de bienes muebles, la constatación del texto inicialmente traído a la Cámara y lo que después se debate ya en Comisión evidencia tremendas diferencias entre un texto y otro.
Es cierto que el proyecto que se presentaba en su día por el Gobierno tenía la finalidad loable de aumentar la protección al menor -lo que habla sido aprobado y decidido por la Cámara en una proposición no de ley de 26 de noviembre de 1996, a la que hace referencia la exposición de motivos, y había sido solicitado además por el Defensor del Pueblo- en relación con la elaboración de material pornográfico y su difusión por Internet, lo que ciertamente ha sido abordado también en el derecho de nuestro entorno con una recientísima ley italiana contra la pederastia que endurece notablemente las penas en esta materia. Sin embargo, creemos que el proyecto presentado incurría en excesos. El grupo al que represento no sólo elaboró 24 enmiendas a un texto de 14 artículos, sino que habiendo sido presentadas enmiendas a la totalidad por distintos grupos, decidirnos dar nuestro voto y en el trámite de enmienda a la totalidad apoyamos lo que así habla sido decidido por determinados grupos de la Cámara.
Las críticas a la ley sirvieron para algo y además de las enmiendas presentadas por todos los grupos debo manifestar el talante evidenciado por el Grupo Popular que se enmendó a si mismo al presentar 15 enmiendas a 14 artículos y que a lo largo de la ponencia ha demostrado flexibilidad, capacidad para la reflexión e incluso para la autocrítica, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que ha sido la señora Barrios quien ha representado a este grupo en todos los trabajos. Llegados a este punto, debo manifestar que de las 24 enmiendas que tenía presentadas el Grupo Parlamentario Vasco le quedan vivas, tal y como consta en el informe de la ponencia, sólo tres.
La enmienda número 3 hace referencia a una cuestión técnica y estoy en condiciones de retirarla en este momento.
Nos parecía inadecuado incluir la circunstancia de abuso de superioridad como especifica en este tipo de delitos cuando ya consta como genérica en el artículo 22.2.o del Código Penal. Sin embargo, nos han convencido de que el tipo de conductas de las que se trata puede ser una circunstancia cualificativa o subtipo agravado, dado el tipo de delito y, por tanto, retiraríamos esta enmienda.
La enmienda número l0 hace referencia a una de las pocas cuestiones sobre las que tenemos motivo de queja respecto al texto aprobado en ponencia, que es la alusión que se hace a los límites de edad en los abusos sexuales del artículo 183 en su apartado l. La previsión contenida de que se proteja hasta los 18 años nos parece un exceso.
En los tiempos que corren cada vez se llega más tempranamente a los conocimientos y a la madurez sexual, que permiten la autoprotección de los jóvenes, y este tope de edad nos parece inadecuado. Mantendríamos nuestra enmienda número 10, si bien entendemos que es más correcta en la tipificación la número 39 de Convergència i Unió, y me explico. En la enmienda del Grupo Vasco únicamente se castiga la conducta con pena de prisión, mientras que la de Convergencia i Unió establece la alternativa posible de cara al juzgador de prisión o también multa.
Por tanto, votaremos la nuestra, pero la número 39 de Convergència i Unió también será objeto de nuestro voto a favor por considerar más adecuada la alternancia de penas que propicia el juzgador.
Quedaba también la enmienda número 12, pero dado el cambio tan grande que ha recibido el texto en el trámite de ponencia, no sé si es técnicamente posible mantenerla. Sigo defendiendo su espíritu, puesto que creíamos que el artículo 184 del proyecto contenía conductas que podían ser todo lo groseras que se quiera, pero que carecían de relevancia para ser delitos. Tal y como ha quedado ahora, no es el artículo 184 el que contempla estas conductas, y nuestro reproche va dirigido hacia el mantenimiento de una nueva falta como 620.3 en el Código Penal de determinadas conductas.
El mantenimiento de mi enmienda supondría que va contra el artículo 184; luego me conformo con manifestar el reproche y que me hubiera gustado que hubiera sido posible en este trámite la aprobación de una enmienda transaccional que presentaba el Grupo Popular, de retirada de esa nueva falta, pero si no es así, lo intentaremos en Pleno, si alguien mantiene enmiendas en el texto, o si no, en el trámite del Senado, puesto que para lo que se pueda considerar en estos casos vejación injusta basta y sobra el texto del artículo 620. 2.o, del actual Código Penal, sin que exista ninguna falta distinta.
Me gustaría referirme a como ha quedado tipificado lo que se ha dado en llamar la corrupción de menores, es decir, el artículo 189. El grupo al que represento no era partidario de volver a resucitar este tipo delictivo, si bien en los trámites de ponencia el representante de Convergència i Unió con sus documentadas intervenciones nos llevó a la convicción de que la no existencia de este tipo específico estaba llevando a que el Tribunal Supremo en numerosas sentencias forzase la aplicación de otros tipos penales para que determinadas conductas no específicamente incluidas pudiesen ser objeto del alguna sanción penal. Parecía entonces oportuno que quizás así se introdujese algún tipo de reproche respecto de estas conductas y debo manifestar que la dicción con la que ha quedado en el informe de la ponencia el artículo 189.3 no nos parece mal, porque se castiga como conducta típica el obligar a participar, es
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decir, forzar la voluntad del menor es lo que contiene reproche y no la conducta determinada que se le induzca a practicar, lo que nos podía parecer que tenía connotaciones morales alejadas de las valoraciones sociales hoy en uso.
Esta tipificación, sin que nos parezca la más feliz, puesto que se puede prestar a interpretaciones variadas por parte de los juzgadores, nos ha parecido que por lo menos era un punto de consenso y, repito, el que el tipo de conducta sea el obligar a participar, el forzar la voluntad de un menor, nos satisface en alguna medida, aunque quizás en el trámite del Senado intentemos alguna redacción que nos permita avanzar en el terreno de una tipificación que conlleve una mayor seguridad jurídica, por un tipo más cerrado.
Por último, quería referirme a otro bloque de enmiendas que mi grupo apoyará, que son las 50 y 53 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que no hacen referencia en principio a lo que era objeto del proyecto de ley, pero que recogen algo respecto de lo cual la urgencia social es una evidencia. Se refieren todas ellas a lo que se ha dado en llamar violencia doméstica, y aunque es de todos conocido que el Gobierno ha remitido a la Cámara un proyecto de ley en este sentido, esta ley va más adelantada en cuanto a tramitación. Creemos que existe, repito, urgencia social en que se salga al paso de estas conductas cuanto antes, y esta ley estaría en condiciones en el plazo de uno o dos meses, de estar en el «Boletín Oficial del Estado» y poder ser un instrumento de utilidad por parte de los jueces, con lo cual, sin que queramos despreciar el esfuerzo efectuado desde el Gobierno en esta materia, creemos que es conveniente apoyar estas enmiendas en este trámite y que ya exista tipificación adecuada para estas determinadas conductas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Como saben SS.SS., el proyecto de ley remitido por el Gobierno responde al cumplimiento excesivo, como ya se ha manifestado, de una proposición no de ley de 26 de noviembre de 1996. Quiero recordar que estamos casi a dos años de la aprobación de aquella proposición no de ley y nos encontramos ahora efectuando estos trabajos en Comisión. Ciertamente, el sentido de la Cámara era responder a una inquietud tan general que provenía desde el propio Defensor del Pueblo, en nuestro caso concreto del Sindic de Greuges de la Generalitat de Catalunya, y de resoluciones del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, fundamentalmente también de la Conferencia de Estocolmo de 1997 y de otros organismos muy numerosos.
El planteamiento del Grupo Parlamentario Catalán ante el proyecto remitido por el Gobierno ha sido muy similar al que acaba de manifestar la señora Uría como posición del Grupo Parlamentario Vasco. Por un lado, se trataba de reafirmar todo aquello que pudiera suponer una mayor protección de los menores, de inclusión de tipos, en la medida en que se habían puesto de manifiesto algunas lagunas por avances de la técnica, que también han sido aprovechadas por los delincuentes, pero al mismo tiempo de intentar que el proyecto de ley respondiese realmente al mandato de la Cámara sin incurrir en excesos.
De ahí que pueda decir que las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, por un lado y en el sentido de esa mayor protección de los menores, establecían como principio una mayor protección, vuelvo a reiterar, a estos menores: entender, por ejemplo, como agravante en los supuestos de agresión sexual que quedasen afectados menores de 13 años, o considerar que estos menores de 13 años no eran hábiles para prestar consentimiento de cara a excluir el delito de abuso sexual; plenamente conformes también con la introducción de ese nuevo tipo de venta o exhibición de material pornográfico, incluso añadiendo en una enmienda que debía ser castigado con independencia del lugar de su procedencia, aunque se ignorase la misma; una cierta revisión- del acoso sexual entre iguales que se establecía en la ley, así como una manifestación favorable -a ello se ha remitido la señora Uría y quería agradecer sus expresionesa la introducción del tipo de corrupción de menores. Otras enmiendas iban dirigidas a la aceptación de la eliminación del requisito de doble incriminación, etcétera.
Fundamentalmente aquí quería hacer referencia, porque ha sido uno de los supuestos que más puede interesar a la opinión pública, a la reintroducción de este delito de corrupción de menores. Como ya se ha manifestado, es lo cierto que cualquiera que examine la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos años ve los esfuerzos que realiza el alto Tribunal para situar en otros tipos delictivos aquellas conductas que anteriormente se consideraban insertas en este tipo de corrupción de menores; en unos casos eran llevadas al abuso sexual con engaño, y, por ejemplo, hay diversas sentencias del ponente señor Moner, que entendía que en aquellos supuestos en los cuales el menor realizase determinadas actividades sexuales llevado por un error sobre la trascendencia de su propios actos -piénsese en algo tan etéreo- los situaba en abuso sexual por engaño. Ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo en esta materia. En otros casos el propio Tribunal Supremo lo llevaba al abuso sexual por prevalimiento, pero por un prevalimiento puramente objetivo. Hay sentencias del ponente Martínez Pereda en que bastaba la pura y simple diferencia de edad, eso sí, muy relevante diferencia de edad, entre el menor y la persona que le inducía o realizaba actividades sexuales con él para entender que nos encontrábamos en un abuso sexual por prevalimiento, por lo demás, ya digo, objetivo. Es una persona de 63 años con un menor de 13 ó 14 años. Hay varias sentencias también del Tribunal Supremo. Pero donde el intento del Tribunal Supremo no roza, es que ya sobrepasa absolutamente esa audacia interpretativa a la que se refiere el fiscal general del Estado en su informe sobre este proyecto de ley es al considerar que se produce agresión sexual entendiendo que existe intimidación cuando el pederasta le manifiesta al menor que si no consiente en yacer con él, le dirá a sus padres que fama. Obviamente da la impresión de que esa no es la intimidación que puede convertir esa actuación sexual en una agresión sexual.
Mi grupo asume esa afirmación del fiscal general del Estado de que el Tribunal Supremo está realizando una audacia interpretativa que puede vulnerar, incluso cabría decir que vulnera, el principio de legalidad y que, por tanto,
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hay que responder a esa necesidad, salvo que se quiera despenalizar lo que estoy seguro que ninguno de nosotros quiso despenalizar en su día. Por lo demás, la reintroducción del delito de corrupción de menores ha sido también asumida en el informe del Consejo General del Poder Judicial; se habla también de ese caso, al menos en el informe del Sindic de Greuges, y, en consecuencia, no se trata -y eso lo queremos decir muy claro- de penalizar una precocidad sexual, porque no es esa la misión del Código Penal, no se trata de penalizar el aprendizaje sexual ordinario, perfectamente social y socializado, sino de intentar acabar con comportamientos de pederastas que -y ahí la redacción del tipo- lo que hacen es afectar al libre desarrollo de la personalidad del menor.
Quería recordar para acabar con este apartado que precisamente en los informes que se presentaron en su día en la Conferencia de Estocolmo lo que pusieron de manifiesto los técnicos es que los explotadores sexuales de menores lo que hacen precisamente es intentar convencerse de que sus victimas, estos menores, consienten activamente ese abuso y que además hasta gozan o disfrutan con él. De ahí que una de las labores en los tratamientos a los pederastas -no se trata en esta reforma del Código Penal, pero desde luego el tratamiento penitenciario que debe darse a los autores de estos delitos es tremendamente importante-, como decía, el elemento fundamental del tratamiento de estos delincuentes es precisamente lograr que admitan esos abusos en vez de minimizarlos sobre la base de esa libertad de esa realización del deseo del menor.
Si bien esos eran los planteamientos de mi grupo apoyando algunos aspectos del texto o bien incorporándolos a través de sus enmiendas, también tengo que decir que en otros casos el texto nos pareció absolutamente desmesurado, y de ahí que varias de nuestras enmiendas fuesen dirigidas a situarlos en sus estrictos términos. Pretender penalizar la actuación o el comportamiento sexual o la realización de actividades sexuales de menores de 15 años con mayores de 18, por más que una resolución del Consejo de Europa pudiera dar pie a ello, entendíamos que era absolutamente imposible o desde luego no estábamos nosotros dispuestos a actuar en esa materia. El fomento de la prostitución de mayores cuando no se produce coacción, violencia e intimidación de ningún tipo entendíamos que también afectaba a la libertad, aparte de que, como tuve ocasión de recordar en la intervención en el Pleno, podía suponer llevarse por delante a todos los directores de diarios o de periódicos de este país. Lo mismo decíamos respecto de la asistencia a espectáculos en los que interviniesen menores, entendiendo que en este caso la tipificación era innecesaria porque o bien nos encontrábamos ante una complicidad psicológica o ante una omisión del deber de socorro. La pura posesión de material pornográfico entendíamos que si no iba dirigida al tráfico o a la exhibición pública, tampoco debiera ser penada.
Respecto del exhibicionismo ante personas mayores de edad, sí tengo que manifestar que mi grupo, admitiendo los planteamientos que se hablan realizado anteriormente por la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y por el propio planteamiento de la ponencia, entender que este exhibicionismo ante personas mayores de edad debiera tener su encaje si acaso en el artículo 620 del Código Penal en relación a una falta, la duda es si basta la pura expresión vejación para que asé lo entiendan los Jueces o es necesaria la explicitación de que es exhibicionismo. El exhibicionismo desde luego será obsceno ante personas mayores de edad, porque si consiste pura y simplemente en pasearse por la Barceloneta desnudo, no entendemos que se pueda realizar este tipo. (La señora Almeida Castro: Seguro.) No es ése el criterio. En cualquier caso, señora Almeida, lo que pretendemos evitar es que se pueda sancionar por exhibicionismo a una persona que pueda pasearse desnuda por la playa de la Barceloneta, pero, por el contrario, sí nos da la impresión de que si esa persona, además de pasearse, se masturba delante de la gente, quizá haya que tipificarlo de alguna manera. (El señor Belloch Julbe: No siga con detalles.) No soy el fiscal y no se preocupe el señor Belloch. Lamento haber tenido que ser tan gráfico -más que gráfico, supongo que explícito-. Ésa es una duda que mi grupo tiene, por lo que sí instaríamos a que de aquí al Pleno nos podamos poner de acuerdo. O bien entendemos todos conveniente esa explicitación o bien entendemos que aquellos supuestos que deban ser tipificados se encuentran dentro del vejamen a que hace referencia el artículo 620.
Matizábamos el tipo de acoso sexual, pero tampoco querría cansar más a SS.SS. Sí quiero manifestar, por un lado, el mantenimiento de nuestra enmienda número 39, en la que se entiende que el abuso sexual por engaño no puede producirse cuando el afectado es mayor de 16 años. Como he señalado anteriormente, el Tribunal Supremo está llevando al abuso por engaño otros comportamientos que serían más propios de corrupción. Puede producirse algún conflicto entre estos tipos, el de corrupción y el de abuso sexual por engaño, y precisamente por eso lo reducimos a los 16 años. También hago la manifestación explícita de que con ello mi grupo no quiere en modo alguno sostener que no pueda corromperse a mayores de 16 años.
Finalmente, en su día, mi grupo presentó cuatro enmiendas referentes a los malos tratos, a mujeres fundamentalmente, y se trataba de establecer como requisito para la suspensión condicional de la pena o bien incluirlo como penalidad, la prohibición de que el autor de esos malos tratos se aproximase a la víctima o se comunicase con ella o con su familia. Me gustaría que nadie entendiese que estas enmiendas son oportunistas. Yo más bien diría que son oportunas. Mi grupo no ignora que el 11 de noviembre del año pasado la Cámara aprobó una proposición no de ley en la que se establecía valorar o estudiar la posible modificación del Código Penal en esta materia. Tampoco entendemos que todo se deba hacer a golpe de modificación del Código Penal. Sin embargo, al menos en el ámbito estricto de estas enmiendas, la inclusión de una pena o de una medida cautelar de carácter penal, de prohibición de aproximación a la víctima o de comunicarse con ella o con su familia, pensamos que en estos momentos es plena y perfectamente oportuna, que existe una grave preocupación social, un clamor social y que el Gobierno podía haber remitido a la Cámara con anterioridad su proyecto, pero en estos momentos nos tenemos que pronunciar sobre esta materia, de la misma manera que en la ponencia sobre tutela cautelar penal habrá que pronunciarse con más extensión sobre la posible tipificación de medidas cautelaros específicas.
De ahí que entendiendo que se ha dado esa oportunidad,
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puesto que las enmiendas están publicadas desde el 16 de febrero de este año, por lo que tiempo ha habido para formarse juicio sobre las mismas, solicito del resto de los grupos el voto favorable a las mismas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Tiene la palabra el señor Castellano para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Como ha sido ya destacado por otros intervinientes, el trabajo realizado en ponencia ha hecho que muchas de las enmiendas objeto de determinadas transacciones quizá hayan perdido no sólo su contenido sino que además hayan perdido su encaje, porque pueda resultar que refiriéndose a determinados supuestos, estos han sido vertidos en otros artículos y, en consecuencia, más que defender las enmiendas, lo que mi grupo va a manifestar en este acto es qué parte del dictamen le parece asumible y qué otra no puede ser aceptada por el mismo y sobre la cual mantiene sus específicas reservas.
También ha sido destacado que efectivamente ante la reacción lógica producida por un determinado supuesto de pederastia, encontró todo el mundo normal que se tratara de tutelar la libertad sexual de los menores, que es el fundamento de este proyecto de ley, y que, en consecuencia, fuera bien recibido, sin perjuicio de que en su detalle pudiera haber las correspondientes matizaciones. Pero ha ocurrido que so pretexto de combatir algo que común y coloquialmente llamamos la pornografía, nos hemos ido deslizando hacia la posible persecución del erotismo, para llegar incluso a señalar, como categoría punible dentro de lo penal, la obscenidad y, yo diría más, con un cierto trasfondo hacia la calificación o tipificación como delito de la inmoralidad, la indecencia o el buen gusto. Entonces aquí evidentemente hay que ser exquisitos y hay que serlo porque hay cosas que pertenecen de una forma tan natural al comportamiento que no podemos, por mucho que a otros, desde determinados pensamientos, pueda no gustarles, cometer ninguna extralimitación.
A la luz de estos principios y sobre todo a la luz de que lo que aquí se trata fundamentalmente, es de concebir la libertad sexual como un hecho consciente, responsable, libre y voluntario y, en consecuencia, de sancionar todo lo que pueda suponer violencia, intimidación, engaño, lo que pueda ser aprovechamiento de situaciones de ignorancia o de indefensión, de situaciones de necesidad o de sometimiento, en lo que creo que estaremos todo el mundo de acuerdo, nos debemos circunscribir a todos estos supuestos.
Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, es un tema evidentemente muy delicado, porque si ha de ser protegido el libre desarrollo de la personalidad frente a cualquier otra clase de factores o incidencias que lo puedan conducir no en la línea que libremente la propia naturaleza va produciendo sus efectos, también es cierto que en el libre desarrollo de esa personalidad no todo es absolutamente dañino.
Es evidente que es de una enorme apreciación subjetiva. Es más, yo diría que a veces es muy difícil objetivar, porque en la formación de la personalidad lo primero que entra es el factor de formación. Por ejemplo, en el requisito de la edad, cuando discutimos acerca de si la mayoría de edad que tenemos que contemplar es la legal de los 18 años o la fisiológica de los 16, o cuando discutimos sobre los 12 ó 13 años estamos entrando en una valoraciones de carácter cronológico que tal vez no se cohonestan en modo alguno con el grado formativo. Por eso queremos hacer estas manifestaciones, por lo delicado que es y entendiendo que en la formación de la personalidad, el desarrollo sexual y la naturaleza sexual del ser humano, que no creo que ahora vayamos a condenar y a volver a entender que es per se dramáticamente pecaminoso, tenemos que tener cuidado para que el principio de mínima intervención del Código Penal brille con todas sus consecuencias.
En la propia exposición de motivos, efectivamente, se aclara que cuando se habla de la venta, difusión, exhibición o facilitación de cualquiera de estas actividades y de materiales pornográficos se refiere a cuando en ellos aparezcan personas de unas características ya indicadas. No se quiere extender a todo, se quiere extender exclusivamente a la utilización fraudulenta, engañosa, criminal -si quieren ustedes utilizar esta expresión- de menores con estos fines, pero no quiere extenderlo a otra clase de supuestos a tutelar.
Por ello, lógicamente, no parece coherente que si la propia exposición de motivos nos habla de esa limitación, luego en el texto dejemos que quede la posibilidad de deslizarnos hacia la contemplación de otras conductas que, sinceramente, no pueden tener esa misma valoración.
De todas maneras, nosotros rechazamos ya, en cuanto a la exposición de motivos, el que pueda decir expresamente que trata de reintroducir el delito de corrupción de menores, porque esta fraseología sobre la corrupción de los menores no nos parece en modo alguno acertada, cuando nuestro código contempla con mucho mayor acierto los delitos contra la libertad sexual, y del menor también, que debe ser objeto de protección en la medida en que el menor todavía no sea consciente, responsable, libre y voluntario de sus propias acciones, porque también se puede producir el hecho de que lo sea por un desarrollo precoz o porque las condiciones en que ha llevado adelante su formación hayan sido mucho más avanzadas que otras. Esto nos lleva ya a decir que estamos en contra de esta exposición de motivos, que efectivamente, a la luz del trabajo realizado, tiene que ser objeto de total reconsideración. Este texto no vale.
Rechazamos también la expresión «indemnidad» en el epígrafe del trillo. Existe la libertad sexual o no existe. Si la indemnidad trata de referirse, pura y simplemente, a lo que podríamos llamar la personalidad íntegramente contemplada, una faceta importante de lo que se ha de proteger es la libertad. Puede ocurrir -repito- que lo que en algunos pueda suponer un posible quebranto de un desenrollo en libertad, para otros sea el desenrollo normal de su propia personalidad. En consecuencia, mantenemos nuestra oposición a la exposición de motivos y, parcialmente, a esa expresión del correspondiente título.
Llamamos la atención (no con carácter de enmienda, sino sencillamente por un cierto respeto a la lengua castellana) respecto a que en el artículo 184 se diga que con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria. Si la situación es objetiva y gravemente intimidatoria, no es que sea provocada, es
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que está en ella. Por lo tanto, hay que utilizar la expresión produjere, situare o constituyere, pero no la de provocare, porque provocar es otra cosa. Provocar no es una situación que tenga carácter estático, provocar significa mover a alguien a que reaccione de una determinada manera. Mal puede reaccionar quien se encuentra en tal situación. Doctores tiene la santa Academia de la Lengua y en esta Comisión suficientemente representados como para que busquen una expresión que no sea ésta. Se puede provocar una situación, pero no provocar a la persona una situación, sino colocarla en situación.
En todo caso, nuestra oposición es total y absoluta a todo el capitulo IV, De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, entre otras cosas porque los términos que se emplean son términos absolutamente calificables en el mundo de lo moral. Por ejemplo, la exhibición obscena.
Sinceramente, las exhibiciones que para unos pueden resultar absolutamente obscenas, para otros son simplemente mal gusto, para otros constituyen el colocarse en una situación de absoluto ridículo que a lo que pueden mover es a la risa, pero desde luego no son calificables. Además, aquí, en el intento de protección de algunos menores o incapaces, incurriríamos en la contradicción de estar calificando como actos de exhibicionismo y provocación sexual algunas determinadas conductas por el simple hecho de que sean objeto de denuncia, mientras otras son perfectamente difundidas y -yo diría más- golpean normalmente a todos los ciudadanos por su mal gusto, incluidos los menores, pero no provocan ninguna reacción ni suponen ninguna situación atentatoria contra el bien de la libertad sexual.
Lo mismo hay que decir del que vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico, porque la venta, difusión o exhibición de material pornográfico -supuesto distinto de aquel material en que intervinieron menores-, está siendo objeto de unos comportamientos absolutamente normalizados en determinados estratos, en determinadas capas, y no tiene por qué ser recogida en este código. Se toman las medidas correspondientes para no ponerlo al alcance -aunque eso pertenece más al derecho administrativo-, pero suponiendo que llegara al alcance de un menor un material de este tipo, lógicamente, no se puede llegar a configurar y a tipificar como una auténtica provocación sexual. Es más, yo creo que en muchísimos casos el colocar dentro del rango de provocación sexual la difusión de esta clase de materiales lo que hace es, precisamente por su clandestinidad o por su oscurantismo, provocar reacciones que no son las que naturalmente provocarían y que conducen a una deformación del pensamiento. Demasiadas veces, el que quiere defender es el que induce, con esas actuaciones, a darle un tono de morbosidad o de, podríamos decir, peligrosidad a lo que la naturaleza por si misma no ha configurado como tal. Por lo tanto, ahí mantendremos nuestras enmiendas y pediremos votación separada de todo el capitulo IV para manifestar nuestra oposición, oposición que, lógicamente, se tiene que extender al número 3 del apartado 2 del artículo 189, sobre el que haga participar a un menor o incapaz. Además, ahora se añade, en una enmienda que nos ha sido trasladada: en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad. Los conceptos que aquí se manejan son casi imposibles de tipificar por un juez o magistrado. Habría que llevar a nuestros jueces a que, además de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, se dediquen al estudio y desarrollo de la personalidad y de los impactos que en cada uno de ellos causa. Sinceramente esto abre el portillo a unas valoraciones tan subjetivas que no existe la menor posibilidad de objetivación, y pedimos que desaparezca.
Parece ser, y acabo, que va a desaparecer el artículo 620.3 la falta de los que ejecutaren actos de exhibicionismo ante mayores de edad sin su consentimiento. Celebramos que se vayan convenciendo algunos compañeros y compañeras de que hay quienes no necesitan tutela. No hace falta que estemos con tal necesidad de protección, porque tal necesidad lo que está encubriendo, no nos engañemos, es el intento de imposición, a través de una reforma que todos hemos aplaudido y hemos visto como necesaria, de recuperación de viejos valores que nada tienen que ver con el respeto a la libertad de los ciudadanos en un Estado laico, sin ninguna otra clase de valores que no sean los que nacen de su propia formación y de su propio sentido crítico.
Por estas razones vamos a pedir, repito, la supresión parcial del epígrafe, la de los artículos 185, 186, 189 número segundo, apartado tercero, 620.3 y la exposición de motivos, considerando que en; el resto de los temas que se discuten no vamos a hacer caballo de batalla de la discusión entre la edad de 12 ó 13 años, pero si nos gustaría que llegáramos al acuerdo de que en vez de hablar de mayoría de edad, hablemos siempre de 16 años. Cronológicamente nos parece un término que se ajusta mucho más a la realidad que estarnos contemplando cada día.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Con el fin de aclarar de antemano la situación un tanto confusa en que ha quedado este proyecto de ley después del informe de la ponencia, quisiera anunciar que el Grupo Socialista retira en este acto las enmiendas 73, 74, 83, 86, 87, 90 y 92; que mantendrá la enmienda 75 exclusivamente en lo que se refiere a suprimir la expresión «como reo de violación» ; la enmienda 76, por lo que hace a eliminar la modificación de las agravantes 2.a, 3.a y 4.a; la 84, para suprimir el apartado 5 del artículo 188; y la 85, con el fin de suprimir el apartado 3 del; artículo 189 y la expresión o «corrupción», de su apartado 4. Mantendremos en sus propios términos el resto de las enmiendas.
Esta retirada total o parcial de varias enmiendas no es casual. Efectivamente, algún cambio ha habido en este proyecto de ley desde que llegó a la Cámara hasta hoy, una vez terminado el informe de la ponencia. En su momento, el Gobierno aprovechó algunos mandatos concretos de este Congreso de los Diputados, algunas recomendaciones de organismos internacionales, recomendaciones muy concretas, para extralimitarse claramente en sus funciones y mandar un proyecto de ley que sustituía la protección penal de la libertad sexual por la retrógrada imposición de una determinada moral sexual, usando como instrumento coercitivo el Código Penal. Esta era nuestra opinión en aquel momento
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como oposición, y no sólo la nuestra. Varios grupos aliados del Gobierno vieron en su día, bien con cierto espanto, bien con cierta perplejidad ante su exageración, aquel proyecto de ley del Gobierno. El propio Grupo Popular se vio obligado en su momento a presentar varias enmiendas para eliminar alguna de las perlas más destacadas de aquello que era un auténtico monumento a la moral tridentina, un viaje hacia atrás muy lejos en el tunal del tiempo, como decía la ponente socialista en el debate de totalidad. El trabajo de la ponencia ha conseguido limar en parte las asperezas más llamativas y las moralinas más ridículas que contenía aquel proyecto de ley. Ya no se penaliza la inducción a una actividad lícita, como es la prostitución de mayores; ya no se penalizan las relaciones sexuales entre personas de 14 y 18 años. Algo hemos conseguido, pero este texto que tenemos hoy aquí sigue estando mucho más pegado a la vieja idea de la honestidad que a la protección democrática de la libertad sexual. Yo diría, señor presidente, que hemos logrado desandar en parte aquel viaje hacia atrás en la máquina del tiempo que supuso el proyecto de ley, pero que aunque hemos desandado un camino, este viaje hacia el presente no ha logrado conducirnos todavía al siglo XX ni al Estado democrático de derecho. Y lo digo porque se mantiene en el proyecto de ley una serie de normas, una serie de cuestiones que desde luego mi grupo considera incompatibles con un Código Penal democrático. La primera y principal es la nueva tipificación de la corrupción de menores. Ya el Consejo General del Poder Judicial reprochaba en su informe la generalidad y la imprecisión del tipo y la falta de la exigencia del principio de legalidad por el felizmente hoy fallecido, tras el informe de la ponencia, artículo 189 bis. Pero es que la ponencia por mayoría ha llegado a una nueva definición de corrupción de menores, que tampoco satisface en absoluto los principios del Estado democrático ni la exigencia del principio de legalidad.
La definición, en la que por cierto no se cita el término corrupción, dice así: Hacer participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste.
El cambio de redacción ha servido de bien poco. El texto sigue suponiendo aquí una suspensión de la libertad sexual de los menores, sigue siendo ambiguo y sigue solapando actitudes morales con la protección de los bienes jurídicos. En primer lugar, porque el principio de legalidad sancionador brilla aquí por su ausencia. No sabemos en qué comportamiento están pensando, aparte de los ya tipificados en el título VIII. Hay que tener en cuenta que el vigente código no eliminó el tipo de corrupción de menores por capricho ni por olvido, lo eliminó porque atentaba contra el principio de legalidad y porque tenía una fuerte mezcla de valores morales que no cabían dentro de un Código Penal. Se pretendía que todas las conductas sancionables contra la libertad sexual de los menores estuvieran claramente delimitadas y tipificadas, y por ello se precisaron todas las posibles conductas contra esta libertad sexual: abusos, agresiones, tráfico de pornografía infantil, prostitución, etcétera, cualquier conducta que impusiera al menor actos sexuales no deseados o actos sexuales que todavía no estuviera en condición de decidir si deseaba o no por su edad.
Es cierto que esta regulación ha venido funcionando -lo señalaba el señor Silva y yo debo reconocerlo- con algún problema que ya señaló el Defensor del Pueblo en su informe y que ya señaló esta Cámara también, con motivo de la aprobación de una proposición no de ley, hace más o menos un año, y es que si bien se contemplaban todas las conductas que podían atentar contra la libertad sexual de un menor, concretamente en algunos tipos de abusos sexuales sin consentimiento o con consentimiento viciado la pena de multa que fija hoy el Código Penal resultaba insuficiente, era necesario incluir penas de prisión, y éste ha sido uno de los aspectos en que, con mayor o menor amplitud, todos los grupos hemos estado de acuerdo. Creemos pues que, incluyendo penas de prisión para estos tipos de atentados contra la libertad sexual de los menores, tenemos ampliamente cubierto el espectro de penalización de cualquier tipo de conducta que trate de violar esa libertad sexual. Ir más allá, y menos definiendo un tipo tan sumamente vago, atenta contra los principios de un Estado de derecho democrático y laico. Para nosotros no sólo contiene una fuerte carga de moral muy respetable pero sin cabida en un Código Penal, sino que no respeta derechos constitucionales, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad del niño, como la libertad ideológica, como el propio derecho de los padres a educar a sus hijos con sus propias convicciones. No respeta, en absoluto, y lo repito porque es importante, el principio de legalidad. ¿Qué es un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique el desarrollo de la personalidad? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo va a decidir? ¿Lo va a decidir el juez un psicólogo? Además, plantea una condición objetiva de punibilidad, que es el perjuicio al desarrollo de la personalidad, que es un hecho incierto y de futuro. ¿Cómo puede el que juzga, en el momento que juzga, saber o definir si se va a producir ese perjuicio al desarrollo de la personalidad del menor? Creemos que el Grupo Popular y los grupos que le apoyan deberían reflexionar y tratar entre todos de respetar los principios del Estado laico, del Estado democrático, y no tipificar en el Código Penal conductas vagas, que sólo desde el punto de vista inmoral pueden merecer reproche.
Hay otra cuestión central, señor presidente, por la que nos parece que esta reforma del Código Penal no es una reforma propia de fines del siglo XX, está en su propio título: la modificación del título VIII, en el que se habla de atentados contra la indemnidad sexual. Una modificación que está dando desde el primer momento la pista de la tendencia de esta reforma a interpretar el derecho penal como garante de la moralidad. Tenemos aquí una vez más indemnidad, ausencia de daño; una vez más el espinoso problema de qué es el daño sexual, quién interpreta si hay daño sexual o no lo hay, algo muy vinculado con lo que hablábamos de la corrupción -y no me voy a extender más-, esa nueva vaguedad. El Consejo General del Poder Judicial ha repetido que el bien jurídico que se protege en este título VIII no es la honestidad, no es una determinada moral colectiva, es la libertad sexual de las personas. En este binomio -libertad sexual- lo sustantivo es libertad y lo adjetivo es sexual. Se trata de que ninguna conducta sexual atente contra la voluntad de la persona, bien porque se la viole, bien porque la persona no tenga formada su voluntad todavía y no sea capaz de decidir en su propia
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sexualidad. Añadir aquí indemnidad no añade nada a la protección del bien jurídico. Lo único que añade es volver a las viejas ideas de virginidad y honestidad; añade meter a los niños en un cubículo de cristal, tratar de hacerlos intocables, ajenos a cualquier tipo de sexualidad, tratar, en fin, de que no tengan el libre desarrollo de su personalidad garantizado, tratar -por qué no decirlo- de hacer lo imposible, de ponerle puertas al campo.
Éstas son las dos objeciones fundamentales que mi grupo mantiene contra esta reforma. Mantenemos más, señoría. Nos parece que, aunque se ha corregido en parte -y debo reconocer el trabajo de todos los ponentes, en especial de la ponente del Grupo Popular- la desproporción que había entre las penas y el delito en determinadas conductas, se mantienen algunas desproporciones evidentes, una de ellas la mencionaba el señor Castellano hace un momento. Las conductas de exhibicionismo, que se contemplan en los artículos 185 y 186, que son, sin duda, aquellas en que la lesión a la libertad sexual es menos grave en todo el título, tienen ahora la alternativa de pena de prisión, cuando en opinión de mi grupo una pena de multa sería más que suficiente. Se mantiene algún límite de edad absurdo -y en esto anuncio ya nuestro voto favorable a la enmienda 39 de Convergencia i Unió-, como es subir hasta 18 años el límite máximo de edad para el abuso con engaño.
Por último -y no quisiera alargarme demasiado- se introduce también una nueva tipificación del acoso sexual entre iguales que, a nuestros ojos, es totalmente incorrecta, que no respeta el principio de legalidad y que, en cualquier caso, puede constituir otra conducta ya contemplada en este código, como es una falta de dejación -del artículo 620- o bien, en casos graves, un atentado contra la integridad moral, pero en modo alguno un delito independiente. Éstos son los principales motivos de oposición que tenemos a este texto que ha salido de la ponencia, texto que, como digo, no es tan malo como el que fue a ella, pero que sigue siéndolo a nuestros ojos.
Aparte de estos motivos de oposición, señor presidente, quisiera plantear ahora dos cuestiones concretas. Mi grupo mantiene las enmiendas 88 y 89 precisamente a uno de los artículos que no nos parece mal de este texto, el artículo 191.3 después del informe de la ponencia. En él se cumple con una de las recomendaciones que hicieron el Defensor del Pueblo y determinados organismos internacionales: no iniciar el cómputo de los plazos de prescripción de los delitos contra la libertad sexual hasta la mayoría de edad de la víctima, atendiendo fundamentalmente a la dificultad que puede tener un menor para denunciar esas conductas cuando se cometen contra él. No nos parece mal esta medida, pero creemos que esa misma dificultad y esa misma gravedad de las conductas se da también en otro tipo de delitos; es decir, la misiva dificultad puede tener un menor para denunciar un atentado contra su libertad sexual que para denunciar un delito de lesiones, que para denunciar un delito de aborto no consentido. Por eso, nuestra propuesta -y haríamos una enmienda in voce, transaccional con el informe de la ponencia- es que esta modificación del cómputo de los plazos de prescripción pase al artículo 132, en la parte general, donde se regula la prescripción y que al final del artículo 132.1 se añada el siguiente texto: En los delitos de homicidio, aborto no consentido, lesiones, malos tratos, detenciones ilegales, torturas y otros delitos contra la integridad moral, contra la libertad sexual y contra la intimidad, cuando la víctima fuera menor de edad desde el día -se entiende, se contará la prescripción- en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad. Si la víctima falleciere antes de la mayoría de edad -y ésta es la parte transaccional que se incorpora a nuestra enmienda-, el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha del fallecimiento.
Es una enmienda in voce que someto a la consideración de los grupos y que espero que no tengan inconveniente en aceptar.
Por último, señor presidente, quiero anunciar también nuestro voto favorable a las enmienda números 50 y 53 de Convergència i Unió. Creemos que en este momento nos encontramos ante una buena oportunidad para solucionar de una manera rápida, aunque sólo sea parcialmente -por lo que hace a la medida de alejamiento contemplada en sentencia o en medidas de seguridad o como condición de la suspensión de la sentencia-, un problema que desde luego cada día es más urgente y más grave.
Esta misma-noche otra mujer en Madrid ha estado a punto de perder la vida víctima de los malos tratos. Creemos que ya que estas enmiendas de Convergència i Unió están presentadas, y como decía el señor Silva no son oportunistas sino oportunas, es el momento de aceptarlas y también de esperar que en el proyecto de ley de tutela cautelar penal, que ya está en trámite en esta Cámara y que posiblemente tenga una tramitación rápida, se puedan aceptar otras enmiendas que establezcan el alejamiento del agresor como medida cautelar.
En fin, diría que con estas últimas enmiendas estamos ante un típico caso de que no hay mal que por bien no venga. Estamos ante un proyecto de ley que no nos gusta, que parece que no protege la libertad sexual, pero mediante la aprobación de estas enmiendas podemos sacar de él alguna consecuencia positiva y rápida en beneficio de las mujeres maltratadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Una vez defendidas las enmiendas presentadas, vamos a dar la palabra al Grupo Popular para que fije su posición en relación a las enmiendas que, como he dicho, han sido presentadas.
Tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: La intervención de la representante del Grupo Popular no sólo se va a limitar a la aceptación o rechazo, en tal caso, de las enmiendas que mantienen vivas los diferentes grupos, sino también a una pequeña intervención fundamentando lo que ha sido la elaboración y articulación de este proyecto.
El informe de la ponencia que hoy se va a aprobar se ha fraguado -ya lo han dicho diferentes intervinientes- a través de numerosos textos y debates a lo largo de la ponencia.
Las posturas que en la ponencia se han mantenido hoy también las han defendido en las enmiendas que mantienen vivas los diferentes representantes de los grupos con una perfecta técnica y con una gran sensatez. En muchas de sus intervenciones han hecho hincapié en exceso en el contenido
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o incluso diciendo que no les gustan algunos aspectos que regula este proyecto de ley. Tengo que decir que este proyecto de ley no ha sido una ocurrencia del Gobierno, sino que tiene su fundamento y responde no sólo en la aprobación unánime de 305 diputados de una proposición no de ley del Grupo Popular de fecha 26 de noviembre de 1996, que también aprobaron todos los grupos incluido el Partido Socialista, que ahora dice que no está de acuerdo en muchas materias como es la corrupción de menores, cuando en esa proposición no de ley se recogía, sino también en otra iniciativa que se aprobó en el Congreso con fecha 6 de mayo de 1997. Pero no sólo con estas dos iniciativas sino que también se fundamenta -como han dicho algunos intervinientes anteriores- en múltiples sentencias del Tribunal Supremo, dos de fecha 16 de septiembre de 1996 y una última de 12 de enero de 1998, en la que se hace hincapié en la no posibilidad de penalizar adecuadamente determinadas conductas por la ausencia del delito de corrupción de menores que en el texto que ahora se está aplicando del Código Penal ha desaparecido; asimismo, se insta a esta regulación en la recomendación que en ese sentido elaboró el Defensor del Pueblo el 28 de noviembre de 1996. Ytambién, desde el punto de vista internacional, en Suecia, el comité parlamentario para la pornografía infantil elabora una recomendación en la que se insta a los Estados al endurecimiento de la legislación penal en estos temas, haciendo especial hincapié en la posesión de material pornográfico en donde intervengan menores y en la explotación sexual de los niños. Además, existe la Resolución 1009 del Consejo de Europa que marca unas directrices sustancialmente recogidas en este proyecto, ya que la Unión Europea ha suscrito una acción común relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños, por la que los Estados miembros se comprometen a revisar su legislación en esta materia, y así lo hace incluso el Tratado de Amsterdam, que hace muy poco se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, en su artículo K.3, letra e), que fija establecer normas mínimas relativas a elementos constitutivos de estos delitos y sus penas. Yes que el Código Penal de 1995, al cambiar totalmente el sistema de regulación de los delitos que vulneran la libertad sexual, había dado lugar a señaladas y graves ausencias de tipos penales, así como a determinadas imperfecciones en materia de penas, que dio lugar a la critica de profesionales y especialistas y a una gran alarma social. Por tanto, no nos encontramos, como se ha dicho por algunos intervinientes, ante un proyecto de ley referente a moral sexual.
Las recomendaciones internacionales, de las que anteriormente he hablado, los tratados, los informes de organismos constitucionales, remiten directamente a los derechos fundamentales de la persona y a la obligación derivada de nuestro texto constitucional. Me estoy refiriendo especialmente al artículo 39, en donde se recoge que los poderes públicos deben proteger a la familia y deben proteger a los menores. Así, el artículo, en su punto 2, dice que los poderes públicos deben proteger integralmente a los hijos. Y el artículo 10, en su punto 1, recoge la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, que son fundamento del orden político y de la paz social. También las declaraciones universales, que garantizan la protección de menores, tal y como establece el punto 4 del artículo 39, donde se nos dice que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Pues bien, dicho todo lo anterior, no nos encontramos aquí con la imposición que, de algunas intervenciones que he escuchado, parece que podría ser la imposición de morales determinadas; no. No lo dice sólo el Partido Popular y quienes en este sentido lo han apoyado. Lo dicen, como expliqué antes, foros internacionales y organismos constitucionales.
Además, porque es una exigencia del Estado de derecho, ya que han surgido nuevas fórmulas de explotación sexual a las que da este proyecto respuesta contundente y correcta con penas proporcionadas y disuasorias. Por tanto, estamos hablando de deficiencias de la protección penal de la libertad sexual; de que estas deficiencias se proyectan con particular intensidad en relación con los miembros de la sociedad más vulnerables y necesitados de protección, como son los niños e incapacitados.
Al respecto, quiero, por determinadas intervenciones realizadas por la señora Almeida y el señor Castellano, decirles que no nos encontramos aquí ante lo que decía la famosa canción de nuestra juventud: Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar. Aquí nos encontramos ante unos menores a los que se incorpora a la actividad sexual de una forma perversa. No estamos hablando de las relaciones sexuales que se producen entre jóvenes y donde su desarrollo va a estar tan fundamentado. Por consiguiente, existen aquí unas lagunas y ausencias respecto a determinadas modalidades de explotación sexual que traspasan las fronteras de los Estados y que han sido reiteradamente denunciadas en los más prestigiosos foros internacionales, como he dicho anteriormente; estamos hablando sobre las más elementales exigencias de protección de la dignidad humana.
La reforma se estructura modificando las penas para adecuar la respuesta penal a la gravedad de las conductas: incriminación expresa de espectáculos pornográficos y de todo tipo de conductas relacionadas con la pornografía infantil; reintroducción del delito de corrupción de menores, ya que la trascendencia, creemos nosotros, de este delito radica en que al iniciar en el sexo al menor de manera eminentemente perversa, se impide que cuando alcance la plenitud de su personalidad pueda optar libremente por lo que su instinto y su libertad le sugieran, conjuntamente con la pareja por él pretendida; un incremento del plazo de prescripción de los delitos, que se comenzará a contar desde la mayoría de edad de la victima; así como la introducción del principio de justicia universal para promover la persecución de la explotación sexual de los menores, superando el territorio del Estado.
Creemos que la inmadurez, la irreflexión y las inferiores defensas anímicas de quienes no han cumplido todavía una determinada edad, como los 13 años, en unos casos; o 18 años, aumentan la proclividad de los mismos a la prostitución o a la corrupción y los hace presa fácil de proxenetas y otras personas de actividad similar. Esto sucede, señora portavoz del Grupo Socialista, en el siglo XX y dentro de un régimen democrático. Todos conocemos las noticias que diariamente surgen en ese sentido y las denuncias que diferentes sentencias han hecho al respecto. Hay que tener en
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cuenta, con independencia de la torpeza del acto, abominable y depravado, que sin duda obedece a diferentes inhibiciones en la escala de valores del agresor, que el resultado del acometimiento sexual es mucho más grave por sus consecuencias no sólo físicas, que son brutales en la mayoría de los casos, sino psíquicas, en orden a la trascendencia futura de la formación del menor, con inevitables traumas que estigmatizarán su vida.
Es cierto, lo han dicho ya los diferentes intervinientes, que en el camino del debate de ponencia han desaparecido artículos, como el delito de exhibicionismo y provocación sexual ante mayores, puesto que se ha transmitido a una falta, y desde ahora expongo sí que admito en una enmienda in voce la desaparición de ese apartado 3 del artículo 620 del Código Penal actual. También ha desaparecido la mera asistencia a espectáculos exhibicionistas, las definiciones de prostitución y corrupción del artículo 189 bis, pero también hay que recordar que el texto regula ahora de forma coherente y precisa con el espirita de la iniciativa otros. aspectos, por ejemplo, en el artículo 188.2 penaliza el favorecimiento de la entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas para su explotación sexual -creo que eso es muy importante y no se regulaba hasta este momento-, o lo que recoge el artículo 189.1, letra a), donde se penaliza la financiacion de espectáculos exhibicionistas o pornográficos en que intervengan menores -señor Castellano, siempre estos espectáculos en los que intervengan menores-, o la letra b) del artículo 189.1, que recoge todas las actividades relativas a la elaboración, venta, difusión y exhibición de material pornográfico en el que intervengan menores, o el artículo 189.3, donde se fija la corrupción de menores que, como ustedes han dicho, no se recoge en sí el nomen iuris, pero sí se fija esta figura residual penalizando al que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste. También se incorpora la agravante de pertenecer el responsable a organizaciones o asociaciones que se dediquen a estas actividades y, por fin, el artículo 184 distingue, dentro del acoso sexual, el que se lleve a cabo entre iguales y los que aprovechan su situación de superioridad, o con anuncio de provocación de un mal. También en este período de ponencia se ha efectuado una más precisa determinación de las penas. Se eliminan, es cierto -ya lo han dicho anteriores intervinientes-, las yuxtaposiciones que se habían deslizado en el borrador inicial entre algunas penas correspondientes a infracciones de diversa gravedad, dotando al texto de coherencia interna entre las distintas conductas que se tipifican; atempera algunas sanciones e introduce penas alternativas que permiten abarcar con mayor precisión el castigo de las plurales formas de comisión de algunas figuras delictivas, permitiendo que jueces y tribunales puedan seleccionar las penas que en cada caso resulten más adecuadas.
Por tanto, creemos que estamos ante un texto que ha perfeccionado bastante el título VIII del actual Código Penal. Pensamos que se mejora, lo han dicho ya anteriores intervinientes. Comprendemos que algunos de los portavoces no estén de acuerdo con algunos aspectos, pero en estos momentos el texto está muy mejorado. Entendemos que es perfectible, y por eso adelanto que admitiría las enmiendas 88 y 89, del Grupo Socialista, aportando la señora Del Campo una transaccional, para pasar a la parte general, la prescripción ampliada para determinados delitos. También quiero decir que a pesar de que el Gobierno del Partido Popular ha elaborado un proyecto de ley que recoge diversas medidas para reducir la violencia doméstica, también vamos a aceptar y apoyar estas enmiendas que ha mantenido el Grupo de Convergència i Unió, en el sentido de que nos parece oportuno. Estamos por la eliminación de dicha violencia y, por tanto, sabiendo que este es un instrumento más y que se unirá a la iniciativa que ha presentado el Gobierno, nos parece adecuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Como ha anunciado el señor presidente de la Comisión, ¿algún grupo desea realizar una intervención breve? (Pausa.) Damos por debatido este proyecto de ley.
- APROBACIÓN, CON COMPETENCIALEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Pasamos a debatir el proyecto de ley por la que se modifica la composición de la Comisión nacional de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Queda una enmienda presentada por Convergència i Unió. Para presentar dicha enmienda tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Podríamos decir que la enmienda se defiende prácticamente por sí misma. Se trata de integrar en la Comisión nacional a que hace referencia esta ley de ayudas y asistencia a las victimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, a representantes de aquellas comunidades autónomas que ostentan competencias en la materia y que, además, tienen ya una organización para atender precisamente a las victimas. Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña que cuenta con una dirección general de asistencia a las victimas y medidas alternativas en el seno de la Consellería de Justicia y, por lo tanto, se trata de efectuar ese planteamiento y posibilitar esa incorporación.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Ésta era la única enmienda que quedaba viva.
¿Grupos que desean intervenir para fijar posición? (Pausa.)
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Ninguno. Por tanto, damos por debatido también este proyecto de ley.
- PROYECTO DE LEY DE PLANTA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA JURISDICCIÓN MILITAR. (Número de expediente 121/000090.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Pasamos al siguiente proyecto de ley de planta y organización territorial de la Jurisdicción Militar.
Quedan vivas dos enmiendas del Grupo Socialista.
¿Quién va intervenir? (Pausa.)
El señor BELLOCH JULBE: El Grupo Socialista da por defendidas las dos enmiendas.
¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)
Según lo anunciado al principio de la Comisión, la votación de los tres proyectos de ley se celebrará a la una. Suspendemos la sesión hasta esa hora.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
La señora Barrios, por el Grupo Parlamentario Popular, tenía que formalizar su enmienda transaccional.
La señora BARRIOS CURBELO: Presidente, aportamos nuestra enmienda in voce, que propone la eliminación del apartado 3 del artículo 620, para que, en su caso, pase a votación.
El señor PRESIDENTE: La señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Fruto de la presentación de la enmienda in voce por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y de mi aceptación de la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), retiro las dos enmiendas que me quedaban vivas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar, vamos a votar las enmiendas al proyecto de ley orgánica de modificación del título VIII del libro II, del Código Penal, que presenta y mantiene para votación la señora Almeida Castro, del Grupo Mixto.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Perdón, señor Presidente, el Grupo Socialista solicita votación separada, por un lado de las enmiendas números 57, 58, 60, 63, 64, 65, 69 y 71; por otro, si es que se mantiene para votación, la número 70, y por otro, el resto.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 57, 58, 60, 63, 64, 65, 69 y 71, de la señora Almeida, del Grupo Mixto.
Enmienda número 70, de la señora Almeida.
Restantes enmiendas de la señora Almeida.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria mantiene para votación las enmiendas números 26, 28, 29, 54 y 56.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Señor presidente, solicitamos la votación, por un lado, de la 26 y la 28, por otro, de la 56, y, por último, del resto.
El señor PRESIDENTE: Entonces, votamos en primer lugar las enmiendas 26 y 28, de Coalición Canaria.
Enmienda 56, del Grupo de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, dos.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Como quiera que han quedado retiradas las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Vasco, a continuación vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
SILVA SÁNCHEZ: El señor Señor presidente, quiero indicar que el contenido de la enmienda número 39, en la medida que las penas se pactaron en ponencia, se limita pura y simplemente a que el abuso con engaño ha de ser con persona mayor de trece y menor de dieciséis, no menor de dieciocho. Es decir, que la enmienda afecta, pura y exclusivamente, a la edad y no a la pena.
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La señora ALMEIDA CASTRO: Señor presidente, pediría votación separada de las enmiendas 50, 51, 52 y 53, en su conjunto.
El señor PRESIDENTE: Entonces, votamos en primer lugar la enmienda 39, en los términos que el señor Silva ha indicado antes del comienzo de.esta votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado.
votos a favor, 18; en contra, 17.
Restantes enmiendas, números 50, 51, 52 y 53, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Rogaría votación separada, por un lado, de las enmiendas 115, 118 y 120; por otro, de las números 109, 110, 111, 112, 113, 117 en aquello que pervive, porque en parte se refiere a un artículo que ya no existe, y si quedaran más, el resto en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos las enmiendas 115, 118 y 120, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Enmiendas números 109, 110, 111, 112, 113 y 117, de Izquierda Unida.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos, en contra, 21; abstenciones, 13.
Votamos las enmiendas del Grupo Socialista números 93, 72, 75 y 76, en los términos resultantes del debate; las números 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 y 85, también en los términos parciales que resultan del debate, y la número 91.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Señor presidente, había mencionado usted en primer lugar la número 93.
Las números 88 y 89 se retirarían para hacer posible la votación de la enmienda transaccional al artículo 132.1.
El señor PRESIDENTE: No las he citado. ¿La enmienda 93 se somete a votación? (Asentimiento.) De acuerdo.
La señora ALMEIDA CASTRO: Pido votación separada de la enmienda número 80.
La señora BARRIOS CURBELO: Pedimos votación separada de la transaccional que ha ofertado ahora la portavoz del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Después de la votación de las enmiendas vivas procederemos a la votación de las transaccionales, señora Barrios.
Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación de la enmienda numero 80, del Grupo Socialista.
Votamos a continuación las enmiendas números 93, 72, 75 y 76, en los términos que antes anuncié, 77, 78, 79, 81, 82, 84 y 85, también en los términos parciales indicados, y la número 91, del Grupo Socialista.
Votamos a continuación las enmiendas transaccionales en relación con las números 88 y 89, del Grupo Socialista.
Votamos la enmienda transaccional en relación con la número 12 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Votamos, finalmente, el dictamen de este proyecto de ley.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Señor presidente, solicito votación separada de los artículos l78, 187, 188, salvo su apartado 5, 189, apartados 1, 2 y 5, 190 y 132.1, de acuerdo con la redacción de la transaccional.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos del texto del dictamen los artículos 178, 187, 188, salvo el apartado 5, 189, apartados 1, 2 y 5, l90 y 132.1.
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A continuación, sometemos a votación el proyecto de ley por el que se modifica la composición de la Comisión nacional de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, con competencia legislativa plena. Únicamente existe una enmienda del Grupo Catalán de Convergencia i Unió al artículo único, que se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.
Votamos el texto resultante del debate del proyecto de ley indicado con competencia legislativa plena.
Finalmente, procedemos a la votación del proyecto de ley de planta y organización territorial de la jurisdicción militar, donde subsiste una enmienda del Grupo Socialista al artículo 8, apartado c), que se somete a votación.
Concluido el orden del día, señorías, se levanta la sesión.