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Timestamp: 2019-11-11 22:09:43
Document Index: 86429591

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 35', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 83', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 15', 'artículo 43', 'artículo 15', 'artículo 16']

Vigencia desde 01 de Marzo de 2017. Revisión vigente desde 01 de Marzo de 2017 hasta 31 de Diciembre de 2017
Artículo 2 El derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada
Artículo 3 Servicio de interés general
Artículo 4 Calidad de la prestación y evaluación del servicio
Artículo 5 Función social de la vivienda
Artículo 6 Acción pública y derecho subjetivo exigible
Artículo 7 Ejercicio de competencias en materia de función social de la vivienda por parte de la Generalitat
Artículo 8 Ejercicio de las competencias por parte de los municipios y demás entidades de derecho público
Artículo 9 Competencias de la Generalitat de fomento y soporte financiero a las actuaciones locales en materia de vivienda social
Artículo 10 Competencias de coordinación de la Generalitat en materia de garantía de la función social de la vivienda
Artículo 11 Registros de oferta de vivienda y de demandantes con fines sociales y registro de viviendas deshabitadas
Artículo 12 Medidas propuestas para garantizar la protección a las personas que están en procedimientos de ejecución hipotecaria
Artículo 13 Declaración del interés social y la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social
Artículo 14 La declaración de vivienda deshabitada
Artículo 15 Indicios de falta de uso habitacional
Artículo 16 Grandes tenedores de viviendas
Artículo 17 Deberes de colaboración con la administración
Artículo 18 Actuaciones previas, inspección y medidas provisionales
Artículo 20 Colaboración con las entidades financieras, filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos
Artículo 21 Potestades de fomento en materia de vivienda
Artículo 22 Ayudas para el pago de alquiler
Artículo 23 Medidas para prevenir y para paliar la pobreza energética
Artículo 24 Fomento del alquiler
Artículo 25 Alquiler solidario
Artículo 26 Actuaciones de mediación social
Artículo 27 Mediación para el alquiler asequible
Artículo 28 Igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda
Artículo 29 Acción protectora de las administraciones
Artículo 30 Valoración de la prueba
Artículo 35 Medidas complementarias
Primera Acceso a la información pública y protección de datos de carácter personal
Segunda Deber de comunicación de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de activos relativa a viviendas protegidas
Tercera Creación del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana
Cuarta Medidas excepcionales para el control de las rentas de alquiler
Quinta Mecanismos de coordinación con otras administraciones y el sector eléctrico
Primera Facultades del Consell para la realización de un texto refundido
ANEXO I . Requisitos para la justificación de la situación de riesgo de exclusión social a los efectos del procedimiento de expropiación forzosa del usufructo a que se refiere el artículo 13 de la Ley
ANEXO II . Procedimiento para la declaración de vivienda deshabitada
Número 4 del artículo 2 introducido por el artículo 83 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 28 diciembre).
Apartado 3.º del número 2 del artículo 2 redactado por el artículo 43 de la L [COMUNIDAD VALENCIANA] 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 30 diciembre).
Letra b) del número 1 del artículo 15 redactada por el artículo 43 de la L [COMUNIDAD VALENCIANA] 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 30 diciembre).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5425-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalidad Valenciana, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de noviembre de 2017, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad núm. 5425-2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra los arts. 5.3 (letra b); 6.1, en la medida en que establece la acción pública frente a los a los órganos jurisdiccionales; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relación exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5); 30; 31; 33 (apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II. Se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –8 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E.» 4 diciembre).
Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión de los arts. 5.3 (letra b), 6.1, en la medida en que establece la acción pública frente a los órganos jurisdiccionales, 14, 15, 16, 18, 19, 23, en relación exclusivamente con el suministro de gas y electricidad (apartados 3 y 5), 30, 31, 33 [apartado 2 y apartado 3, letras b) y g)]; anexo I y anexo II; y mantener la suspensión de los arts. 12 y 13 («B.O.E.» 28 marzo).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5425-2017 (contra determinados preceptos de la L 2/2017, de 3 Feb., de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana)
R Administraciones Territoriales de 27 Abr. 2017 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-Generalitat en relación con la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana)
Véase la Res. de 27 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana («B.O.E.» 17 mayo).
Y no son únicamente los textos internacionales los que son plenamente conscientes de esta importancia, también los valencianos y valencianas, desde la recuperación de la democracia, hemos incidido en la importancia de hacer frente a estas necesidades. En este sentido, el artículo 15 de nuestro Estatuto de autonomía establece que “con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la ley». Se trata sin duda de objetivos ambiciosos, todavía no desarrollados de manera enteramente satisfactoria, que se completan con una específica manifestación de esta solidaridad para aquellos valencianos y valencianas que han perdido su domicilio habitual y están en serio riesgo de exclusión. Por esta razón, a continuación, el artículo 16 del Estatuto de autonomía establece que “la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas». Como puede advertirse, la lógica que enhebra este derecho en su versión estatutaria, más precisa que la constitucional, es la de facilitar el acceso a la vivienda a la población y, más concretamente, garantizarlo como derecho, con especial atención a los colectivos que, por sus ingresos u otras circunstancias, no pueden acceder en condiciones de mercado a una vivienda digna y asequible.
– Más de 3 miembros: 2 IPREM
– Más de 2 miembros: 1,5 IPREM
– 1 miembro: 1 IPREM
– La discapacidad de algún miembro
– Hijos dependientes
– Tener algún menor a su cargo
– Haber sufrido violencia de género
– Ser mayor de 60 años
5. El pago de la prestación se realizará por medio de entidad financiera, quedando ésta obligada a devolver las cuantías aportadas en exceso a partir de la extinción del derecho a la ayuda.