Source: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2018/04/
Timestamp: 2018-04-21 09:40:20
Document Index: 30909952

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'Artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 199', 'artículo 112', 'artículo 127', 'Artículo 203', 'in fine', 'artículo 92']

Conflictus Legum: 1/04/18 - 1/05/18
-COM(2018) 96 final, Bruselas, 12.3.2018, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos.
-COM(2018) 184 final, Brussels, 11.4.2018, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance).
-COM(2018) 184 final, Brussels, 11.4.2018, ANNEXES 1 to 2 to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC (Text with EEA relevance).
-COM(2018) 185 final, Brussels, 11.4.2018, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (Text with EEA relevance).
Agradezco la información a Mª Luz Puerto Mendoza.
Etiquetas: D.Obligaciones, Documentos, Proyectos, Reglamento Roma I
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Pensión de viudedad y unión por el rito gitano
Yolanda CANO GALÁN, Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos
Diario La Ley, Nº 9182, 20 de Abril de 2018
Se anula la pensión concedida a la viuda casada por el rito gitano desde hace 40 años y con 5 hijos. No es posible equiparar este supuesto al fallado por el TEDH en el asunto Muñoz Díaz, pues aquí no se aprecia buena fe en los contrayentes. En el libro de familia aparecían como "solteros", y en los certificados de nacimiento de los hijos como "extramatrimoniales". Por el hecho de ser gitanos no pueden ser eximidos de los requisitos formales de inscripción registral o escritura notarial de la pareja. No hay discriminación racial alguna.
Etiquetas: Bibliografía, D.Familia, D.Público
Jurisprudencia - Demanda contra los operadores de Internet para bloquear una web sin necesidad de demandar al infractor de los derechos de propiedad intelectual
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia 115/2018 de 20 Feb. 2018, Rec. 69/2017: Propiedad intelectual. Acción de cesación de actividad ilícita formulada contra Orange, Telefónica y Vodafone en su condición de intermediarios de servicios de internet. Estimación. Requisito de procedibilidad. No es necesario demandar directamente al infractor, basta con que quede acreditada suficientemente la existencia de un comportamiento infractor. Juicio de proporcionalidad. La medida adoptada debe ser proporcional a la importancia y gravedad de las violaciones de derechos de autor cometidas. Bloqueo de acceso a la web infractora.
Ponente: Fernández Seijo, José María.
Nº de Sentencia: 115/2018
Nº de Recurso: 69/2017
ECLI: ES:APB:2018:1317
[Texto sentencia]
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 1 marzo 2018, Rec. 697/2016: Adquisición de la nacionalidad española por residencia. Cómputo del tiempo de residencia en los casos de asilo o refugio. El plazo de residencia legal de dos años debe cumplirse de forma inmediatamente anterior a la solicitud, por lo que no puede atenderse, para completarlo, al plazo posterior a la solicitud que también aparece cubierto por permisos de residencia y que haya transcurrido durante la tramitación del expediente, incluida su impugnación ya sea en vía administrativa o judicial, y todo ello sin perjuicio de que el recurrente esté ya en disposición de formular una nueva solicitud. De acuerdo con el art. 36.1 c) de la Ley 12/2009 del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, es la concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria la que determina la autorización de residencia y trabajo permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el marco de la normativa de extranjería no es lo mismo autorización de permanencia que de residencia y mientras se tramita el asilo estamos ante una simple autorización de permanencia provisional. El computo del plazo de residencia legal a efectos de la concesión de nacionalidad por residencia ha de retrotraerse al momento de la solicitud del asilo (art. 57.3 de la LRJ-PAC, actual art. 39.3 de la LPAC): podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Nº de Recurso: 697/2016
Fuente: Otrosi .net - Penal.
[Texto en CENDOJ: Roj: SAN 689/2018 - ECLI: ES:AN:2018:689]
Etiquetas: Extranjería, Jurisprudencia, Nacionalidad
Jurisprudencia - Presupuestos para la aplicación de la Ley sobre el juego a las actividades de juego transfronterizas
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 112/2018 de 29 Ene. 2018, Rec. 783/2017: Interés casacional. Juegos de azar. Actividades de juego transfronterizas. Ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de regulación del juego: interpretación de su art. 2.1 d). Inclusión de las actividades realizadas por operadores radicados fuera de España, que organicen y ofrezcan actividades de juegos a residentes en España mediante dispositivos o aplicaciones electrónicas a los que se conecten a través de una dirección IP asignada a la red de internet española. No requiere la existencia de un establecimiento propio o de una estructura organizativa que evidencie o refleje su presencia en el mercado español. Es suficiente que usuarios residentes en España puedan acceder a plataformas o dispositivos electrónicos, informáticos o telemáticos diseñados para facilitar la participación on-line de los jugadores. Obligación de dichos operadores de disponer del título habilitante correspondiente y de cumplir todas las medidas destinadas a proteger a los clientes.
Nº de Sentencia: 112/2018
Nº de Recurso: 783/2017
Diario La Ley, Nº 9181, Sección Jurisprudencia, 19 de Abril de 2018
ECLI: ES:TS:2018:196
Etiquetas: D.Público, Extranjería, Internet
Nota: En este Plan Estratégico cabe destacar el objetivo estratégico núm. 9, destinado a mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de seguridad social, economía irregular y extranjería. Igualmente, el objetivo núm. 10, por el que se pretende mejorar la lucha contra el fraude transnacional y reforzar la cooperación internacional en materia de inspección. En este último, la línea 92 se refiere a los desplazamientos transnacionales de trabajadores.
Por su parte, en el Anexo (Informe de Evaluación del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social 2012-2017), en su apartado III (Análisis general de las actuaciones y resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), en su sección dedicada a las medidas adoptadas en la tercera parte del periodo (2016-2017) como continuación del plan de lucha contra el fraude, se contiene un núm. 5, dedicado a la plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado.
[BOE n. 95, de 19.4.2018]
Jurisprudencia - Delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis CP
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 22 marzo 2018, Rec. 10484/2017: Condena de cuatro acusados, dos de ellos por los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y prostitución coactiva, en concurso medial, y los otros dos por delito de trata de seres humanos. Requisitos del delito de trata de seres humanos y su relación concursal con los delitos de inmigración ilegal y prostitución. Problemas que se suscita. La tipicidad de la conducta consistente en colaborar desde el extranjero con el principal acusado, que reside en España y planifica y dirige desde el territorio español los delitos que se perpetran con respecto a la víctima nigeriana. La realización de las gestiones desde Francia para enviar a España a la mujer nigeriana víctima del delito constituye una conducta específicamente tipificada en el art. 177 bis del C. Penal: traslado de la víctima desde el extranjero "con destino a España", y compete su enjuiciamiento a la jurisdicción española. La conspiración pertenece a una fase del iter criminis anterior a la ejecución, por lo que tiene naturaleza de acto preparatorio, y se ubica entre la ideación impune y las formas imperfectas de ejecución, como una especie de coautoría anticipada que determinados autores desplazan hacia el área de la incriminación excepcional de algunas resoluciones manifestadas, pero que, en todo caso, se caracteriza por la conjunción del pactum scaeleris o concierto previo. La resolución de ejecución del delito ha de ser firme, seria, real y definitiva, según reiterada jurisprudencia de esta Sala.
Nº de Recurso: 10484/2017
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1020/2018 - ECLI: ES:TS:2018:1020]
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Etiquetas: D.Penal, DPPI, Extranjería, Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.4.2018)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 17 de abril de 2018, en los asuntos acumulados C‑316/16 (B) y C‑424/16 (Vomero): Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho a residir y circular libremente en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo 28, apartado 3, letra a) — Protección reforzada contra la expulsión — Requisitos — Derecho de residencia permanente — Residencia en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores a la decisión de expulsión del Estado miembro de que se trate — Período de estancia en prisión — Consecuencias sobre la continuidad de la residencia de diez años — Relación con el examen global del vínculo de integración — Momento en el que tiene lugar dicho examen y criterios que han de tenerse en cuenta.
"1) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a la protección contra la expulsión prevista en dicha disposición está sujeto al requisito de que el interesado sea titular de un derecho de residencia permanente en el sentido de los artículos 16 y 28, apartado 2, de dicha Directiva.
2) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un ciudadano de la Unión que está cumpliendo una pena privativa de libertad y contra el que se ha adoptado una decisión de expulsión, el requisito de haber «residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores» que establece dicha disposición se cumple si un examen global de la situación del interesado que tenga en cuenta la totalidad de los aspectos pertinentes lleve a la conclusión de que, a pesar de dicha privación de libertad, no se han roto los vínculos de integración que unen al interesado con el Estado miembro de acogida. Entre estos aspectos figuran, en particular, la fuerza de los vínculos de integración con el Estado miembro de acogida antes del ingreso en prisión del interesado, la naturaleza de la infracción que haya justificado el período de estancia en prisión al que ha sido condenado y las circunstancias en las que se haya cometido la infracción y la conducta del interesado durante el período de estancia en prisión.
3) El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la cuestión de si una persona cumple el requisito de haber «residido en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores», en el sentido de esa disposición, debe examinarse en la fecha en la que se adoptó la decisión de expulsión inicial."
-Reglamento de Ejecución (UE) 2018/578 de la Comisión, de 13 de abril de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto.
Nota: Mediante la presente norma se sustituye el anexo II (lista de los participantes en el sistema de certificación del proceso de Kimberley y de sus autoridades competentes debidamente designadas) del Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002.
-Corrección de errores del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldova por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Moldova sobre la facilitación de la expedición de visados, firmado en Bruselas el 27 de junio de 2012.
Nota: Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Moldova, así como la entrada de este blog del día 20.6.2013.
[DOUE L97, de 17.4.2018]
Publicado por Federico Garau a las 16:03:00 No hay comentarios:
Acaba de aparecer la obra "Viajes combinados y servicios de viaje vinculados [Directiva (UE) 2015/2302]. Cuestiones de Ley Aplicable", de la que es autora Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor y que ha sido publicada por la Editorial Reus.
En el presente trabajo se aborda el estudio de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, lo que configura un enfoque totalmente novedoso e inexplorado hasta el momento. La monografía implica un análisis del iter contractual de los viajes combinados y servicios de viaje vinculados, esto es, la fase previa, en todo lo referente a la información precontractual; la fase de contratación y ejecución del contrato; y tras la celebración del contrato, prestando especial atención a la regulación de la responsabilidad por la ejecución del viaje combinado y a la regulación de la protección del viajero frente a la insolvencia del empresario. Para ello se da un enfoque original de trabajo: se analiza el derecho sustantivo armonizado en la nueva Directiva, pero también del derecho conflictual aplicable a los contratos de viajes combinados y servicios de viaje vinculados, para demostrar la existencia de un desequilibrio de intereses en favor del viajero y del contratante de servicios de viajes vinculados, en detrimento de los organizadores y minoristas. De interés para juristas especializados en el sector turístico, así como para operadores del sector que precisan conocer el ordenamiento jurídico aplicable a sus operaciones de mercado.
I. LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL SIGLO XXI: UN NUEVO CONTEXTO
II. UNA NUEVA REGULACIÓN: LA DIRECTIVA (UE) 2015/2302
2.1. Ámbito de aplicación espacial
2.2. Ámbito de aplicación subjetivo: empresarios turísticos y viajeros
2.3. Ámbito de aplicación material de la Directiva: viajes combinados y servicios de viaje vinculados
2.4. Derecho sustantivo armonizado: Directiva de armonización máxima
2.5. La transposición de la Directiva 2015/2302 en los Estados Miembros. Especial referencia a España
2.6. Relación de la Directiva 2015/2302 con otras disposiciones legales
III. DERECHO CONFLICTUAL PRESENTE EN LA CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS
3.1. El Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I)
3.2. ¿Aplicación de la normativa de consumo?
3.3. Cuestiones incluidas en el ámbito de la ley aplicable
IV. LA LEY APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO
4.1. Condiciones subjetivas previstas en la Directiva 2015/2302
4.2. Condiciones objetivas de aplicabilidad previstas en el Reglamento Roma I
4.3. La Ley aplicable al contrato de viaje combinado
4.4. La celebración del contrato de viaje combinado
V. DERECHO CONFLICTUAL PRESENTE EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS
5.1. La Ley aplicable en la contratación de servicios de viaje vinculados
5.2. Responsabilidad del empresario que facilita servicios de viaje vinculados
VI. RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA INSOLVENCIA EN LOS VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS
6.1. Protección de los viajeros frente a la insolvencia de los empresarios (organizadores o minoristas) de viajes combinados
6.2. Protección de los viajeros frente a la insolvencia en la contratación de servicios de viaje vinculados
6.3. Derecho conflictual presente en el régimen jurídico de Protección frente a la insolvencia
6.4. Límite de la garantía
6.5. Reconocimiento mutuo de la protección frente a la insolvencia y cooperación administrativa
VII. A MODO DE REFLEXIÓN, ¿LOGRA LA DIRECTIVA 2015/2302 EL EQUILIBRIO ENTRE LOS OPERADORES TURÍSTICOS?
7.1. Intereses presentes en la Directiva
7.2. Equilibrio de intereses en el derecho material armonizado
7.3. Equilibrio de intereses en el derecho conflictual
7.4. Medidas correctoras del desequilibrio de intereses entre empresarios y viajeros
S. Feliu Álvarez de Sotomayor
"Viajes combinados y servicios de viaje vinculados [Directiva (UE) 2015/2302]. Cuestiones de Ley Aplicable"
Editorial Reus, Madrid, abril 2018
248 págs. - 25 €
Etiquetas: Bibliografía, D.Obligaciones, Insolvencia, Reglamento Roma I
-Civitas. Revista Española de Derecho Europeo: núm. 65 (2018).
-European Journal of Migration and Law: 2018, núm. 1.
-Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly: 2018, núm. 1.
-Revista de Derecho Mercantil: núm. 307 (2018).
Nota: Mediante esta norma se incorporan al Derecho español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (véase la entrada de este blog del día 20.3.2014), así como la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (véase la entrada de este blog del día 20.9.2017).
Para ello, modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Entre las principales reformas con incidencia en el DIPr cabe destacar las siguientes:
-Nuevo art. 31 ter, que reglamenta la accesibilidad para personas con discapacidad. Su núm. 2 establece que "en aquellos supuestos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra, y que no perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular del derecho, las entidades autorizadas establecidas en España que produzcan ejemplares en formato accesible de obras para uso exclusivo de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, podrán llevar a cabo los actos del apartado anterior, de la forma referida en el mismo, para uso exclusivo de dichos beneficiarios o de una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, los beneficiarios y las entidades autorizadas establecidas en España podrán conseguir o consultar un ejemplar en formato accesible facilitado por una entidad autorizada establecida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea".
-El art. 151, que reglamenta los requisitos de las entidades de gestión sin establecimiento en España.
-El capítulo IV, sección 2ª, arts. 170 y ss., en los que se regula el régimen jurídico de las autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales.
-Capítulo V, sección 2ª, arts. 179 y ss., que se ocupan del régimen jurídico de la gestión de los derechos recaudados por autorizaciones multiterritoriales no exclusivas de derechos en línea sobre obras musicales.
-Art. 195, núm. 6, párrafo tercero, en el que se establece que "cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquéllos por un período máximo de un año".
-La DA 2ª, que regula el intercambio de información entre autoridades competentes europeas.
Por su parte, la DA 4ª de este Real Decreto-ley de 2018 se ocupa del tema de las comunicaciones de inicio de actividad de entidades de gestión con establecimiento fuera de España y de operadores de gestión independientes.
Con todo, la modificación más importante se produce al darse nueva redacción a los preceptos del libro cuarto ("Del ámbito de aplicación de la ley") -antiguos arts. 163 a 167, que pasan a ser los nuevos arts. 199 a 203-, que contienen las normas que determinan el ámbito de aplicación personal (a qué personas situadas en qué territorio) de la LPI. Estos preceptos se complementan con la norma de conflicto unilateral del art. 10.4 CCiv, de manera que la conjunción de ambos preceptos establece el ámbito de aplicación de la LPI.
"Artículo 199. Autores.
4. Los plazos de protección previstos en el artículo 112 serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente mencionado.
3. Los plazos de protección previstos en los artículos 119 y 125 serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en los artículos anteriormente mencionados.
3. Los plazos de protección previstos en el artículo 127 serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente mencionado.
Artículo 203. Beneficiarios de la protección del derecho “sui generis”.
2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Unión Europea; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el mencionado territorio únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro."
Finalmente, el Real Decreto-ley modifica en su DF 1ª el art. 32.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La razón de esta modificación estriba en que, según la exposición de motivos de la norma, de no aclararse la redacción referida a las prórrogas de las licencias de exportación de los bienes muebles con carácter de urgencia, podría producirse un incremento de salidas definitivas del territorio español de esos bienes culturales importados, cuyos propietarios, estando cercano el vencimiento del plazo de 20 años, no quieran verlos sometidos al régimen general de la ley o simplemente prefieran tener la seguridad de que podrán volverlos a enajenar en un precio y en un contexto de mercado internacional. De este modo, el art. 32.2 de la LPHE pasa a tener la siguiente redacción:
"Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición respecto de ellos. Antes de que finalice el plazo de diez años los poseedores de dichos bienes podrán solicitar de la Administración del Estado prorrogar esta situación, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en vigor y oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
Las prórrogas del régimen especial de la importación regulado en este artículo se concederán tantas veces como sean solicitadas, en los mismos términos y con idénticos requisitos que la primera prórroga.
Por el contrario, si los poseedores de dichos bienes no solicitan, en tiempo y forma, prorrogar el régimen de importación, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley."
Este Real Decreto-ley entrará en vigor mañana (DF 6ª).
[BOE n. 91, de 14.4.2018]
Etiquetas: BOE, D.Comercio Internacional, D.Obligaciones, Internet, IP, Ley aplicable
Nota: El tema objeto de esta resolución tiene su origen en una escritura autorizada por notario en agosto de 2017 por la que tres ciudadanas de nacionalidad española vendieron a dos ciudadanos de nacionalidad china una vivienda en Barcelona. En la escritura se hizo constar que los compradores están casados entre sí en el régimen establecido en la legislación de China y que compraron en un 80 % la esposa y en el 20 % restante el esposo.
Presentada la escritura al Registro de la Propiedad, la registradora suspendió la inscripción porque, a su juicio, siendo el régimen legal chino el de comunidad y comprar la finca transmitida con carácter privativo en la proporción indicada, debía acreditarse que conforme al Derecho de China los cónyuges pueden adquirir bienes inmuebles por cuotas privativas con su simple manifestación o con el consentimiento del consorte. El notario alegó que la calificación incurría en el error de afirmar que en la escritura de compraventa los mencionados cónyuges compraban la finca «con carácter privativo», cuando en realidad lo que se expresa es que los compradores compraban en determinada proporción, y, por tanto era aplicable el art. 92 RH, de modo que deberá practicarse la inscripción de la adquisición de cada cónyuge «con sujeción al régimen matrimonial de la legislación china».
En las Resoluciones de 25.7.2017 y 31.8.2017, la DGRN ha afirmado que «(…) tanto registradores de la Propiedad como notarios, complementariamente, desempeñan un papel fundamental en la seguridad jurídica preventiva, por lo que el instrumento público así como la inscripción deben procurar reflejar de forma cierta todas aquellas circunstancias referentes a la capacidad de los otorgantes, como edad o circunstancias modificativas de la capacidad, estado civil, nacionalidad, vecindad civil, o régimen económico-matrimonial que incidan de presente o de futuro en la validez del negocio jurídico o de la relación jurídico real constituida (…)».
El sistema español de seguridad jurídica preventiva exige que la determinación de la titularidad debe quedar reflejada en los asientos del Registro de la Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad queda afectada por la existencia convencional o legal de un régimen económico-matrimonial que determina el ejercicio y extensión del derecho. Para que dichas circunstancias puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas, por lo que se exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico-matrimonial aplicable al titular registral.
Por otra parte, debe tenerse presente que la entrada en juego de un ordenamiento extranjero no supone la renuncia a la determinación de la situación jurídica publicada ni que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva. De un lado, el art. 159 RN no hace distinción alguna, por lo que el autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para proceder, tal y como exige dicho precepto, testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto (véase Resolución de 15.6.2009). De otro, el notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto española (art. 12.6 CCiv) y a determinar, de acuerdo a dicha norma, la ley material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. Así aunque el notario desconozca el contenido de la ley material extranjera reflejará debidamente en la comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligación de conocer el Derecho extranjero con el deber de determinar cuál es la legislación extranjera aplicable.
Tratándose de adquisiciones llevadas a cabo por personas cuyo régimen económico-matrimonial esté sujeto a una ley extranjera, la finalidad de publicar una situación jurídica cierta no se ve modificada por dicha circunstancia. La cuestión, sin embargo, es más compleja pues la determinación de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento del Derecho extranjero, lo que no es obligado para los funcionarios españoles. Esta oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su extensión el derecho adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el régimen matrimonial legalmente aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde antiguo para la jurisprudencia y para la DGRN. A esta dificultad pretende dar respuesta el art. 92 RH. Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que esté claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad (art. 51.6ª RH), y aunque, desde un punto de vista estrictamente dogmático, para la adquisición de un bien por extranjero casado debería acreditarse el régimen económico en ese momento, a fin de inscribir dicho bien según la determinación de dicho régimen, tal y como preceptúa el art. 51.9ª.a) RH, lo cierto es que tales reglas están ciertamente flexibilizadas para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori» del régimen económico-matrimonial, bastando que la inscripción se practique a favor del adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción a su régimen matrimonial (art. 92 RH). En efecto, teniendo en cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico-matrimonial de los sujetos a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante en el momento de la disposición del bien será el régimen aplicable en tal preciso momento, y no el régimen vigente en el de la adquisición, este Centro Directivo primero y el art. 92 RH después (desde la reforma de 1982), asumieron que la solución más acertada consiste en aplazar tal prueba para el momento de la enajenación o gravamen posterior, inscribiéndose la adquisición sin necesidad de expresar el régimen en la inscripción («con indicación de éste, si constare» expresa la disposición «in fine» de ese precepto reglamentario), difiriendo la prueba para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 del Reglamento Hipotecario se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial». Por lo demás, esta norma no necesita mayor aclaración en los casos en que, como ocurre respecto del presente expediente, los dos cónyuges extranjeros tengan la misma nacionalidad, pues su régimen económico-matrimonial, a falta de pacto será el régimen legal supletorio correspondiente a su ley nacional común (art. 9.2 CCiv).
Según la DGRN (Resoluciones de 19.12.2003, 10.1.2004, 4.2.2004, 12.2.2004 y 31.8.2017, entre otras) la aplicación del art. 92 RH no tiene un carácter preferente respecto del conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera. Por ello, en casos en los que la escritura se limite a expresar que los cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su régimen económico-matrimonial sin que conste cuál sea este, si el registrador tiene conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera justificada su exigencia sobre la constancia en dicha escritura de la cuota que corresponde a cada uno de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al art. 54 RH.
En el presente caso, la registradora reconoce en su calificación que el régimen económico-matrimonial legal chino es de comunidad, si bien, por entender que la adquisición se realiza por los cónyuges con carácter privativo, exige que se acredite que ser puede realizar dicha adquisición en el Derecho chino. Lo que ocurre es que, como aduce el recurrente, resulta inequívocamente de la escritura calificada que los adquirentes no atribuyen tal carácter privativo a sus respectivas cuotas adquiridas, por lo que ningún obstáculo existe para inscribirlas a nombre de cada uno de los cónyuges con sujeción a su régimen matrimonial, de modo que será en el ulterior momento de su enajenación -voluntaria o forzosa- cuando habría que acreditar si conforme al Derecho chino puede la misma realizarse sin consentimiento de ambos consortes.
Cabe menciona también lo alejado de ambas tradiciones jurídicas, española y china. La normativa relevante (Ley de Matrimonio de la República Popular China de 1980 modificada, de acuerdo con la «Decisión sobre Enmiendas de la Ley de Matrimonio de la República Popular China», de 2001) en su art. 19 permite cierto margen de acuerdo a los cónyuges acerca de la forma de tenencia de los bienes comunes. Sin embargo, ello es teniendo en cuenta las peculiaridades de aquel Derecho, en el que el concepto de titularidad dominical privada no tiene igual alcance ni puede ser trasladable al Derecho español. En efecto, la protección legal de los bienes privados en la República Popular China lo es por igual que los estatales y colectivos, dejado a salvo que «la propiedad pública es la base de la economía de mercado», definiéndose los patrimonios personales desde 2007, reconocidos ya por ley, en cuanto integrados por ingresos, bienes inmuebles, inversiones y otros activos. Por ello, han de tenerse muy presente las normas del foro en sede registral (arts. 10.1 y 12.1 y 3 CCiv), máxime cuando la compraventa y su efecto traslativo del dominio tiene lugar en España, sobre un bien situado en España y entre residentes en España.
Por tanto, cabe concluir que no puede confirmarse una interpretación como la mantenida en la calificación impugnada en cuanto haría inaplicable injustificadamente una norma como la del art. 92 RH en un caso como el presente, en el cual cobra todo su sentido a fin de permitir el tráfico jurídico con unas garantías suficientes, permitiendo que la inscripción se practique a favor del cónyuge comprador de la cuota respectiva, con sujeción a su régimen matrimonial de comunidad.
Por todo lo anterior, la DGRN estima el recurso y revoca la nota de calificación de la registradora.
[BOE n. 90, de 13.4.2018]
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Jurisprudencia - Un estudiante becado que permanece más de 183 días al año en el extranjero no está sometido al deber legal de contribuir por obligación personal en el IRPF
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Sentencia de 18 enero 2018, Rec. 831/2017: Estudiante becado en el extranjero. Permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo del año natural. No puede considerarse como una ausencia esporádica a los efectos del art. 9.1 a) LIRPF, a fin de determinar la permanencia en España por tiempo superior a 183 días durante el año natural y, con ello, su residencia habitual en España. El concepto de ausencias esporádicas debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que pueda vincularse a la presencia de un elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, con clara intención de retorno al lugar de partida.
Nº de Recurso: 831/2017
Iustel - Diario Del Derecho, 12 abril 2018, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 110/2018 - ECLI: ES:TS:2018:110]
Bibliografía - El TJUE debería interpretar la euroorden
Diario La Ley, Nº 9175, Sección Documento on-line, 11 de Abril de 2018
DOUE de 11.4.2018 - Comité Económico y Social Europeo
(530º Pleno del CESE de los días 6 y 7 de diciembre de 2017)
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión de 28 de abril de 2017 — Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia medioambiental»
[DOUE C129, de 11.4.2018]
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Nota: Véase la Ley 3/2017 de PGE para el año 2017, así como la entrada de este blog del día 28.6.2018.
[BOE n. 88, de 11.4.2018]
Jurisprudencia - Lugar de presentación de la solicitud de residencia por regrupación familiar
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Sentencia de 6 octubre 2017, Rec. 220/2017: Solicitud de autorización de residencia por reagrupación familiar. Presentación en una oficina de Correos. No admisión. Régimen específico del art. 56.2 del Reglamento de Extranjería: presentación personal de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
Nº de Recurso: 220/2017
Iustel - Diario Del Derecho, 10 abril 2018, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: Roj: STSJ MU 1646/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:1646]
Publicado por Federico Garau a las 16:53:00 No hay comentarios: