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Timestamp: 2016-08-30 10:47:35
Document Index: 218650711

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 38', 'artículo 28', 'artículo 200', 'artículo 88', 'artículo 230', 'artículo 200', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'Artículo 94', 'Artículo 43', 'Artículo 94', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 427', 'artículo 342', 'artículo 342', 'artículo 9', 'artículo 6', 'Artículo 241']

Jose Ernesto Coca Caycho
Derecho, Política y otros
SOBRE AMONESTACIÓN VERBAL EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE SERVIR Teniendo en cuenta que la sanción de amonestación verbal no amerita el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, y que ante la remisión de un expediente para su calificación a la Secretaria Técnica, esta, ante la evidencia de la levadad de la falta, debe emitir un pronunciamiento, se pone como un escaparate Cirpini Dixit a su disposición el presente modelito de informe, que permitira de alguna forma, no dejar constancia de la sanción impuesta, pues recuerden mi estimados asesores y secretarios técnicos del PAD, el fin ultimo del derecho disciplinario no es la sanción sino la prevención.
del Mar de Bolivia”
N° -2016
THE PUNISHER Jefe del
Área de Recursos Humanos Presente.-
ASUNTO : NO HA LUGAR HA TRAMITE EL INICIO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a servidor Víctor Augusto García Orestes
Es grato dirigirme a Ud. En
relación al documento de la referencia y remitirle el presente informe para
conocimiento y fines:
1.1. Mediante Informe n° de fecha 08 de agosto de 2016, el encargado del área de control de asistencia, Brayan Echeandia, informa que el servidor Víctor
Augusto García Orestes, en adelante V.A.G.O habría incurrido en ausencias
injustificadas los días 1, 2,3 del mes de agosto de 2016. 1.2. Con fecha 09 de agosto de 2016, se remite el informe
antes indicado para su evaluación y calificación de la conducta del servidor V.A.G.O
II. ANALISIS: 2.1. Que,
la conducta de V.A.GO, que califica como presunta falta, consiste no haber
concurrido a su centro de labores los días 1, 2,3 del mes de agosto de 2016. En
ese sentido, la norma jurídica vulnerada, corresponde a la descrita en el
inciso c) del artículo 17° del Reglamento Interno de la entidad, aprobado
mediante Resolución N° 001-2015:
Artículo 17.- Son
deberes y obligaciones de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa
Local N° 07, San Borja:
Concurrir puntualmente en los horarios establecidos, debiendo registrar su
asistencia en las respectivas tarjetas
u otro instrumento de control.
En razón a que el citado servidor no habría cumplido
con concurrir puntualmente a su centro de labores dentro del horario normal de
trabajo que rige en la Sede Institucional que es de 08:00 horas a 16: 45 horas,
incurriendo en inasistencia injustificada los días 1, 2,3 del mes de agosto de
2.2. Que,
en tal sentido, el señor V.A.GO , habría incurrido en falta administrativa
señalada en el artículo 38° del Reglamento Interno antes indicado:
Constituyen falta de carácter disciplinario, además de las contempladas en el
artículo 28° de la Ley D.L 276, las siguientes:
- (…) inasistencias injustificadas
tiempo en el centro de trabajo calificado entre el horario y la jornada de
labores es un elemento esencial que contribuye a un adecuado desempeño del
personal del servicio público pues se liga a la obligatoriedad de controlar la
asistencia del personal. De esta manera se puede asegurar la ejecución
permanente e idónea de las prestaciones ligadas al servicio público,
estableciendo como obligación del servidor público, el cumplir con el horario y
la jornada de trabajo establecidos por la entidad donde presta servicio.
2.4. El
ejercicio del poder disciplinario de la administración en casos que ameriten
una sanción distinta a la amonestación verbal, se manifiesta con el inicio del
procedimiento respectivo, el mismo que tiene por finalidad específica, proteger
la permanencia y regularidad de la función pública mediante la aplicación de
medidas correctivas que coadyuven al correcto funcionamiento y adecuada
prestación de los servicios. 2.5. La
sanción disciplinaria es posible cuando se incurre en algún ilícito administrativo
previsto en la Ley. Su finalidad es la de salvaguardar
la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores
públicos. Es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde
se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual
supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o
de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos
en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables.
2.3. En el presente caso no
se advierte medios probatorios que indiquen que la inasistencias injustificadas
del trabajador, las misma que están sujetas a los descuento de ley, hayan
causado algún tipo de perjuicio al normal desenvolvimiento de la administración[1]. Por lo tanto, la consecuencia jurídica de dicha
responsabilidad (sanción) no amerita la iniciación de un procedimiento
disciplinario por tener el carácter de falta leve[2], análisis acorde al
principio de proporcionalidad[3] establecido en el último
párrafo del artículo 200° de la Constricción Política del Perú, y que permitirá
cumplir con la finalidad de la sanción disciplinaria antes expuesta.
2.6. En consecuencia, con el fin de mantener una correcta
proporción entre los medios utilizados y los fines a los que se busca llegar
con la imposición de una medida disciplinaria, luego del análisis correspondiente, esta Secretaria Técnica
considera que V.A.G.O ,
le asiste responsabilidad administrativa disciplinaria por los hechos
comunicados, debiendo imponérsele la sanción disciplinaria indicada en el
inciso a) del artículo 88° de la Ley N° 3007, en forma personal y reservada,
sin registro en su legajo[4].
III. CONCLUSION.-
2 3.1. Por
tanto, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el análisis del presente
informe, esta Secretaria Técnica declara NO
HA LUGAR A TRÁMITE el inicio de procedimiento administrativo disciplinario
contra V.A.G.O, por las razones expuestas en el análisis del presente informe.
IV. RECOMENDACION.- 4.1. EJECUTAR la sanción correspondiente al
servidor V.A.G.O, en forma personal y reservada.
SECRETARIO TÉCNICO DEL PAD
[1] El informe
emitido por el encargado de control de asistencia, fue elevado por el Jefe de
Recursos, quien constituye para efectos del PAD, el Jefe Inmediato del servidor
VA.G.O.
[2] Conforme lo señala el numeral 3 del artículo 230 de la
Ley ° 27444, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte menso ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción. [3] “El principio de proporcionalidad es un principio
general del derecho expresamente positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del
derecho. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla
constitucionalizado en el último párrafo del artículo 200° de la Constitución
Política del Perú. (Justificación de la existencia normativa del principio de
proporcionalidad, STC N° 0010-2002-AI).
[4] La amonestación verbal, por su propia naturaleza,
entendida como una llamada de atención al servidor como consecuencia de
incurrir en falta leve, no se registra en su legajo, puesto que la misma se
impone por el jefe inmediato en forma personal y reservada, es decir, sin
procedimiento disciplinario previo. Asimismo, cabe precisar que dicha
amonestación no requiere de oficialización con algún documento.
(1° conclusión del INFORME
TÉCNICO N° 647-2015-SERVIR/GPGSC de fecha 16 de julio de 2016 emitido por la Gerente
(e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil).
Corte Suprema adopta teoría de los actos propios para desestimar reconocimiento de vínculo laboral de Presidenta de Directorio
Corte Suprema adopta teoría de
los actos propios para desestimar reconocimiento de vínculo laboral de
Presidenta de Directorio Se ha publicado la Casación Laboral N° 4862-2015-Lima,
mediante la cual la Corte Suprema determinó la inexistencia de vínculo laboral
entre quien se desempeñó como Presidenta de Directorio y la entidad demandada,
efectuando el análisis correspondiente bajo la teoría de los actos propios. La
teoría de los actos propios suele aplicarse en el marco de relaciones civiles,
en situaciones en las que un sujeto adopta deliberadamente una conducta
incoherente con otra conducta anterior, con la finalidad de verse favorecido en
un proceso judicial; de tal forma que dicha conducta incoherente es descalificada
al contravenir el ordenamiento jurídico. Los hechos La demandante se
desempeñó como Presidenta del Directorio de la entidad demandada desde
noviembre de 2006 hasta setiembre de 2010, al amparo de distintos contratos de
locación de servicios. Tras renunciar a dicho cargo, interpuso una demanda de
reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios sociales alegando haber
cumplido un horario de trabajo y haber estado subordinada a la Junta General de
Accionistas y al Directorio como órgano colegiado. Los argumentos de la Corte
Suprema La Corte Suprema señaló que en el caso bajo análisis no correspondía
aplicar el principio de primacía de la realidad, dado que en la relación
jurídica existente entre la Presidenta del Directorio y la entidad demandada no
se presentaron los elementos esenciales de una relación de trabajo. Por el contrario, en virtud de la
teoría de los actos propios, la Corte valoró el hecho de que la propia
demandante había manifestado a través de distintos documentos, tanto ante la
demandada como frente a terceros, que su prestación de servicios como
Presidenta de Directorio no implicaba la existencia de una relación laboral.
Así, la Corte Suprema aplicó la teoría de los actos propios en sede laboral,
desestimando la demanda interpuesta. Citado de: Payet, Rey,
Cauvi, Pérez Abogados
PLAZO DE INVESTIGACION EN EL REGIMEN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL SECTOR EDUCACION
La Ley N° 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, en su artículo 29º, define al
procedimiento administrativo de la siguiente forma: “Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y
diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables
sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.”
Según dicha normativa, los procedimiento
administrativo se clasifican en :
· Procedimiento de Aprobación Automática
· Procedimiento de Evaluación Previa · Procedimiento trilateral
· Procedimiento sancionador (Potestad Sancionadora
Disciplinaria).
administrativo disciplinario, el numeral 229.3 de la citada normativa deslinda claramente de la regulación reservada
para el procedimiento sancionador del régimen disciplinario de las entidades
sobre su personal, indicando lo siguiente: “La potestad sancionadora disciplinario sobre
el personal de las entidades se rige por la normativa de la materia”.
La normativa de la materia que
regula el régimen disciplinario en el sector educación es el establecido en la
Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil, los mismo que señalan los distintos plazos de investigación.
Desde conocido los
hechos por la autoridad competente
Ley N° 30057
Una vez iniciado procedimiento 45 días hábiles[3]
30 días hábiles o 1 año según la complejidad[4]
[1] Artículo 105.- Plazo de prescripción de la acción
disciplinaria, Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial
[2] Artículo 94° La competencia para iniciar procedimientos
administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo
de tres años contabilizados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la
oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces.
[3] Artículo 43. Sanciones
Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo
proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y
cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración
[4] Artículo 94.
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30) días hábiles.
Si la complejidad. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo,
la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso,
entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de
la resolución no puedo trascurrir un plazo mayor de un (1) año.
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO ....ADIÓS A LA LEY Nª 27815, LEY DEL CÓDIGO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Mediante Resolución
N° 001109-2016-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 31 de mayo de 2016, la Primera
Sala del Tribunal del Servicio Civil, resuelve declarar la NULIDAD de la
Resolución de la Unida de Administración n° 219-2015/MIDIS-PNADP-VA del 6 de
agosto de 2015, y de la Resolución de la Unidad de Administración n°374-2015/MIDIS-PNADP-UA
de 20 de noviembre de 2015, emitidas por la Jefatura de la Unidad de
Administración del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Pobres JUNTOS, al
haberse iniciado procedimiento administrativo disciplinario y posteriormente
sancionado al ciudadano Emiliano Mancilla Buleje por infracción a los numerales
1 y 3 del artículo 6° y numeral 6 del artículo 7° de la Ley n° 27815 – Ley del
Código de Ética de la Función Pública, cuando la norma que prevé la sanción por
dicha infracción había quedado derogada.
administrativo emitido por el Tribunal del Servicio Civil resuelve lo que es
obvio, el legislador al derogar el capítulo del Reglamento de la Ley Nª 27815, que
establece las sanciones por trasgresión a la citada Ley, deja en la
imposibilidad absoluta de que la Administración Publica siga tipificando
algunas conductas de los servidores con la Ley del Código de Ética.
En ese sentido, ¿Por
qué SERVIR se resiste a señalar de forma definitiva mediante un pronunciamiento
de carácter vinculante a las Administraciones Públicas, la no aplicación de la
Ley del Código de Ética de la Función Pública? ¿Por qué se empeña en señalar mediante una Directiva
que las consecuencia jurídicas por trasgresión a la Ley Código de Ética son las
señaladas en la Ley nª 30057, Ley del Servicio Civil?.
La Directiva n° 002-2015-SERVIR/GPSC,
sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley n° 30057, Ley
del Servicio Civil, señala
14. La sanciones
A las las faltas del CEFP y las que señala la LPAG se les aplica las sanciones establecidas en la LSC y su Reglamento, conforme al articulo 100 del Reglamento, a excepción de lo establecido en el articulo 241 de la LPAG La explicación no sería
otra que los funcionarios de SERVIR, no pueden explicar el error incurrido al impulsar a través de los
legisladores, la “mutilación “de gran parte del Reglamento de la Ley nª 27815,
y que hace prácticamente inaplicable dicha norma jurídica para efectos del PAD.
Y señalo error pues el legislador no ha previsto que gran parte de los servidores
en la Administración Publica son servidores CAS (a los que solo se le puede
aplicar la Ley del Código de Ética) y que muchas de las conductas imputadas
como faltas devienen de exámenes de control, de hechos auditados anteriores al 14 de junio de 2014, por lo que ya no es
aplicable la normativa en cuestión.
La terquedad de
continuar en el error por parte de los funcionarios de SERVIR, se plasma en la
reciente modificación a la directiva antes mencionada, que vuelve a indicar que
las faltas por trasgresión a la Ley del Código de Ética se aplicaran las
sanciones señaladas en la Ley del Servicio Civil. "5.- Incorporase el siguiente párrafo a la Primera Disposición Complementaria Final de la Directiva cuyo texto se detalla a continuación: Primera.- Aplicación a otras formas de contratación
Asimismo el procedimiento y sanciones establecidos en la LSC, el Reglamento y las Disposiciones de la presente Directiva son de aplicación por infracción al CEFP...."
observarse, esta regla establecida por SERVIR, vulnera de forma escandalosa el
principio de legalidad, pues solo por una norma con rango de ley se pueden establecer
las consecuencias jurídicas por infracción a la Ley del Código de Ética de la Función
Pública, y no con una directiva, por lo que la Ley Nª 27815, Ley del Código de
la función Pública, en virtud a este principio ya no es aplicable a partir del 14
de junio de 2014 (El capítulo de sanciones del Reglamento, por infracción a la citada
Ley fue derogado por el Reglamento de la Ley del Servicio Civil publicado en el
Diario Oficial el Peruano el 13 de junio de 2014
"El principio de legalidad ha sido incorporado por el legislador, al establecer solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a titulo de sanción son posibles de aplicar a los administrados, las que en ningún caso habilitara a disponer la privación de la libertad (articulo 230.1 de la Ley nª 27444)" En consecuencia, los
operadores jurídicos dentro de la Administración Publica, encargados de asesorar
en el PAD contra servidores públicos, deben entender que, antes de seguir los lineamientos
establecidos por el órgano rector del Sistema de Recursos Humanos al pie de la
letra, deben acudir a los principios generales del Derecho, como el de
legalidad, ello a fin de no incurrir en nulidad de actos administrativas
emitidos por los funcionarios que asesoran, con la consiguiente responsabilidad
que ello generaría, pues como veremos más adelante, seguirán emitiéndose pronunciamientos
( Resoluciones del Tribunal del Servicio Civil) anulando los actos
administrativos de sanción emitidos por las entidades que tipifique faltas por trasgresión
a la Ley del Código de Ética, pero sin hacer un análisis sobre principios tan
elementales como el de legalidad, retroactividad, ultractividad, que permitirían,
de alguna manera, sincerar el
procedimiento y dar por sentado que a partir del 14 de junio de 2014, las
entidades de la Administración Publica no podrán señalar que un servidor ha cometido
falta establecida en la Ley Nª 27815, por no existir norma con rango de Ley que
prevea las consecuencia jurídicas por la conducta incurrida.
SENTENCIA DE CASACIÓN DE GREGORIO SANTOS Desde las aulas
universitarias en la Facultad de Derecho, se nos inculca que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la
ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.
Ahora como abogado
en ejercicio, soy más consciente de la importancia de dicha norma
fundamental, pues constituyen la base del resto del
ordenamiento jurídico, por eso me causa extrañeza el pronunciamiento dado por
la Sala Suprema en la Casación N° 309-2015, sobre recurso de Casación interpuesto
por la defensa de Gregorio Santos Guerrero por la Decisión del Segundo Juzgado
de Investigación Preparatoria Nacional que resuelve declarar fundado en parte
el requerimiento del representante del Ministerio Publico, prorrogando la
investigación preparatoria por once (11) meses. En tal sentido, hare una
pequeña reseña que explicara el motivo del presente artículo.
La citada Sala
resuelve declarar infundado el pedido de casación de conformidad con el
artículo 427 del NCPP, como doctrina jurisprudencial el décimo segundo,
vigésimo, y vigésimo tercer considerando, del rubro II, fundamentos de derecho.
Solo voto a favor de declarar fundado la
casación el Juez Supremo Pariona Pastrana.
casación admitida es establecer como doctrina jurisprudencial cual es a
aplicación del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal respecto a los
plazos de la investigación preparatoria en caso complejos formalizados con
anterioridad a la vigencia de la Ley N° 30777, ello a raíz del pedido de la
defensa de Gregorio Santos de que el pedido de prórroga del representante del
Ministerio Publico debió y su posterior otorgamiento debió adecuarse a la
normativa vigente al momento de la postulación, pues el presentado caso ya se
había iniciado el 13 de mayo de 2014 (se formalizo la investigación preparatoria),
dado que en dicha fecha se encontraba vigente el texto original del Código
Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957, que establecía en el inciso 2 del
artículo 342 que “tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la
Investigación Preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe
concederla el Juez de la Investigación Preparatoria”
2014 entro en vigencia la Ley N° 30777 que establece: “Tratándose de investigaciones
complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. Para el
caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de
organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo
de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses. La
prórroga por igual plazo debe concederla debe de concederla el Juez de la
Investigación Preparatoria”; es en virtud a dicho modificación normativa que el
Ministerio Publico con fecha 30 de diciembre de 2014 requiere la prórroga del
plazo de la investigación preparatoria por 14 meses, la misma que se le concede
en parte el 19 de enero de 2015, sobre la base que la Ley Procesal se aplica
inmediatamente. Al respecto los recurrentes señalan que esta decisión es
contrario al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal que
señala: “La Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata (…) sin embargo,
continuaran rigiéndose por la Ley anterior (…) los plazos que hubieren
reseñado se advierte que esta todo claro, que si se inició el procedimiento
penal Decreto Legislativo N° 957, se debe continuar con dicha norma lo que
implica los plazos de duración de la investigación preparatoria; sin embargo la
Sala Penal Suprema hace una interpretación antojadiza de la Ley (la justicia
para mis amigos, la ley para mis enemigos) señalando una serie de argumentos
para denegar la casación:
La prórroga requiere de una
disposición fiscal, es decir es un acto procesal. En ese sentido, la disposición
fiscal con la que se inicia el plazo de investigación constituye un acto
procesal, y el requerimiento de prórroga del plazo de investigación, otro;
pues, no es de aplicación automática, ni de oficio, sino que necesita ser
postulado por el Fiscal al Juez de la Investigación Preparatoria que debe
someterlo a audiencia con la defensa del imputado, en consecuencia son actos
procesales con criterios autónomos propios desplegados por las partes y el
La Sala Penal Permanente de la
Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en la Casación N° 2-2-2008 – La
Libertad, sexto fundamento sobre el Plazo de las diligencias preliminares,
sosteniendo que forma parte de la investigación preparatoria, pero tiene un
plazo distinto, debido a las finalidades que persiguen.
Entonces queda establecido que la disposición fiscal que establece el plazo
ordinario de la investigación, y el requerimiento de su prorroga, constituyen actos procesales distintos.
El fundamento 77 y 79 de la
Sentencia del 30 de enero de 2014, caso Liakat
Ali Alibux vs. Suriname, emitido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sostiene: (…) respecto de la aplicación que regulan el procedimiento,
la Corte nota que existe en la región una tendencia a su aplicación inmediata
(principio de tempus regit[1]).
Es decir que, la norma procesal se
aplica al momento de entrada en vigencia de la misma, siendo la excepción, en algunos países, la aplicación de
favorabilidad de la norma procesal más beneficiosa para el procesado. (…).
Por otro lado, la aplicación inmediata de normas que regulan el procedimiento
no es contraria a los principios de legalidad e irretroactividad.
El problema de a aplicación de
las leyes procesales en el tiempo se presenta en los procesos en curso que se
instauraron con una ley y entra en vigor una nueva. El criterio rector que
asume el inciso 1 del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Penal, en materia de derecho transitorio, es la aplicación inmediata de la
nueva ley al proceso en trámite. En consecuencia, las actuación procesales
sucesivas o futuras, luego de entrar en vigor las nueva ley procesal, se rige
por esta última, pues está prohibida la aplicación retroactiva de las normas no
solo por estar prohibida constitucionalmente, sino porque debido a la
naturaleza del proceso como sucesión de actos, se debe aplicar la norma vigente
al momento que estos se producen.
Concluye señalando que la
invocación del inciso 2 del artículo 342 del Código Procesal Penal, conforme a
las modificaciones incorporadas por la Ley N° 30777, vigente desde el 1 de
julio de 2014, en un procesos en trámite, tiene sustento en el principio
previsto en el inciso 1 del artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Penal que establece la aplicación inmediata de la ley que rige al
tiempo de la actuación procesal. La interpretación de este principio permite
concluir que el plazo ordinario de ocho (8) meses primigeniamente establecido
para la investigación preparatoria no puede ser adecuado a la citada
modificatoria pues es un plazo empezado o en giro; pero si con la prórroga del
plazo de investigación preparatoria, que es una institución autónoma, con su
propio estatuto y que constituye un nuevo acto procesal, por lo que no se da
ningún supuesto de excepción a la aplicación inmediata de la ley procesal
prevista en la segunda parte del inciso 1 del artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Penal, por cuando se solicita tal prorroga, ya
estaba vigente la Ley N° 30777, del 1 de julio de 2014, por lo que debe ser
Investigación Preparatoria persigue
reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al
Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su
defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es
delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del
autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.
Asimismo que su formalización genera una serie de efectos como el suspender los
plazos de prescripción y provocara que el Fiscal pierda la facultad de archivar la investigación sin
intervención fiscal.
interpretación efectuada por la Sala Penal Suprema hace un distingo entre actos
procesales señalando que el pedido de ampliación de plazo constituye un nuevo
acto procesal, y que , teniendo en cuenta la Ley N° 30777 entró en vigencia
durante el pedido de prorroga le corresponde su aplicación, a pesar de ser
menos favorable al procesado. Nótese que la Sala al llevar la discusión a un
plano procesal respecto a lo que
constituye o no un acto procesal, dejando de lado la discusión sobre el derecho a ser juzgado en un plazo
razonable y la aplicación de la norma más favorable al procesado. La Sala para
rechazar la Casación se centra solo en el primer párrafo del artículo VII del
Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 957, que señala que “La Ley procesal penal es de aplicación
inmediata, incluso al proceso en trámite, y es la que rige
al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, continuarán rigiéndose por
la Ley anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales
con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado”, llevando a
la discusión acerca de lo que se entiende por actuación procesal (actos
procesales) para justificar la aplicación de la norma menos favorable al
procesado; sin tener en cuenta que dicho artículo también señala en su segundo
y tercer párrafo:
La Ley procesal referida a
derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con
posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso
para los actos ya concluidos, si fuera posible. La Ley que coacte la libertad o
el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite
un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será
interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas
mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos
Los abogados que
trabajábamos en la administración pública o la administración de justicia, buscamos
muchas veces doctrina que nos sirven de sustento a nuestras decisiones, por lo
general para favorecer al administrado o justiciable, simplemente por buscar la
justicia dentro de la “fría” ley , la justicia;
sin embargo, estos es la excepción, pues muchas veces no es así, y se da por motivos nada altruistas (
la justicia para los amigos, la ley para mis enemigos), lo que al parecer se
presenta en el presente caso, donde se cita una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, del CASO LIAKAT ALI ALIBUX VS. SURINAME, para
sustentar la aplicación inmediata de la norma procesal que no favorece al
procesado; absurdo por cierto, pues recurrir a la doctrina para desconocer lo
que señala expresamente la constitución y el código procesal penal.
“67. Respecto
de la aplicación de normas que regulan el procedimiento, la Corte nota que existe
en la región una tendencia a su aplicación inmediata (principio de tempus regit
actum). Es decir que, la norma procesal se aplica al momento de entrada en
vigencia de la misma, siendo la
excepción, en algunos países, la aplicación del principio de favorabilidad de
la norma procesal más beneficiosa para el procesado.
69. Esta Corte
considera que la aplicación de normas que regulan el procedimiento de manera
inmediata, no vulnera el artículo 9 convencional, debido a que se toma como referencia
el momento en el que tiene lugar el acto procesal y no aquél de la comisión del
ilícito penal, a diferencia de las normas que establecen delitos y penas
(sustantivas), en donde el patrón de aplicación es justamente, el momento de la
comisión del delito. Es decir, los actos
que conforman el procedimiento se agotan de acuerdo a la etapa procesal en que se
van originando y se rigen por la norma vigente que los regula.
ello, y al ser el proceso una secuencia jurídica en constante movimiento, la
aplicación de una norma que regula el procedimiento con posterioridad a la
comisión de un supuesto hecho delictivo no contraviene per se, el principio de
que el caso de Gregorio Santos haya salido a la luz en pleno conflicto del
CONGA, y la Contraloría (¿existe?) haya empleado todo su poder para encontrar
(bueno hasta ahora no sabemos en qué se basa el pedido del fiscal para seguir
ampliando la investigación) algún indicio que lleve a sospechar que lo vincule
en las Licitaciones mal llevadas en Cajamarca, lo que es difícil de probar,
pues es permitido que los Presidentes Regionales delegen los temas que tengan que
ver con Contrataciones con el Estado al Gerente General y este a su vez a los
miembros del Comité encargados de llevar el proceso.
partidario de Gregorio Santos ni siquiera vote por él, ni me causa simpatía su
candidatura por estar en un partido lleno de personas de dudosa formación moral
(ya saben a quién me refiero, Huacho los conoce), pero siento que los colegios
de abogados no están haciendo ningún cuestionamiento a los constantes fallos de
emite los diferentes tribunales y salas encargados de administrar ¿justicia?,
contrarios a la constitución, pervirtiendo la justicia con un aire de
legalidad, favoreciendo a algunos, perjudicando a otros, lo cual no debe ser
permitido por nadie y menos por los estudiantes de derecho y abogados de este país.
nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”. Paul Auster (1947-?) Novelista y poeta estadounidense.
[1] En ese sentido, y de manera genérica, en Estados Unidos como
México, Brasil, Costa Rica, Perú, se aplica por regla general, las normas que
regulan el procedimiento de manera inmediata.
La inconstitucionalidad del articulo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2016, Ley N° 30372
Hace poco se aprobó la Ley de Presupuesto del año 2016, Ley 30372, la misma que contempla en su articulo 6ª el mismo texto de Ley de Presupuesto del año 2013, 2014 y 2015, texto que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional por vulnerar el DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
En el año 2013, mediante Expediente N°003-2013-PU/TC, 004-2013PI/FC y 023-2013-PU/TC el TC resolvió declarar INCONSTITUCIONAL la prohibición de la negociación colectiva para incrementos salarial, en consecuencia fundadas en parte, por el fondo, las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 6 de la Ley N° 29951, de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2013; por lo tanto se declara:
a) Inconstitucionales las expresiones “(…) beneficios de toda índole(…) y (…) mecanismos (…)” en la medida en que no se puede prohibir de o absoluto el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva a Administración Publica que implique acuerdos relativos a los incrementos remunerativos; y b) Inconstitucional por conexión, y por reflejar una situación de hecho constitucional, la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales contenida en los artículos 6° de la Ley N° 30114, de Prepuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2014, y 6° de la Ley N° 30182, Ley de Presupuesto del año 2015.
Veamos que señala el articulo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2016:
Art. 6.- “Prohíbase en las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.
Adjunto el link de la pagina del MEF donde podran comprar el texto de las Leyes de Presupuesto del Sector Publico del año 2013, 2014 y 2015: https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&Itemid=101158&lang=es
Es claramente el mismo texto de las Leyes de Presupuesto del año 2013, 2014 y 2015, entonces que paso en el Congreso de la República? no se dieron por enterado que dicho texto vulnera el derecho a la NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y QUE POR ESA RAZÓN FUE DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR EL TC, ES UNA LEGULEYADA? SOBRE QUE VAN A NEGOCIAR LOS TRABAJADORES SI ES IMPOSIBLE CON ESE ARTICULADO NEGOCIAR CUALQUIER BENEFICIO ECONÓMICO?.
Esperemos que el Proyecto de Ley presentado por la congresista Marisol Espinoza Cruz, el mismo que dispone se derogue dicho articulo por ser inconstitucional, sea aprobado, de lo contrario se tendrá que utilizar los mecanismo legales para su declaratoria de inconstitucionalidad por el TC.
El 1 de junio de este año, la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional emitió un precedente vinculante mediante el cual se estableció que la reposición del trabajador público sujeto al régimen laboral privado se proscribe cuando se desnaturalicen sus contratos laborales modales o contratos civiles y se exige un requisito imposible de cumplir por ellos: el concurso público. Lamentablemente, la sentencia constituye un retroceso y un gran error por parte del Tribunal Constitucional. Consideramos que dicho precedente es contrario a la Constitución, tiene una motivación deficiente, e incumple las reglas básicas por las siguientes razones: 1.- El precedente vinculante Huatuco Huatuco es contrario al parámetro de constitucionalidad(Constitución, jurisprudencia constitucional, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador) relativo al derecho al trabajo y a la reposición laboral (pública o privada), que establecen: a) El contenido del derecho al trabajo supone que el trabajador sólo puede ser despedido por causa justa b) En caso de despido sin causa, nulo o fraudulento, el trabajador, a su elección, puede elegir la reposición o la indemnización c) Dichas pautas constitucionales se aplican indistintamente a trabajadores públicos o privados d) Este estándar mínimo reconocido por el Estado a favor de los trabajadores no debe ser disminuido (principio de no regresividad).
10.- Ha habido casos anteriores en que el TC ha modificado o atenuado los efectos de sus sentencias cuando se afectan derechos o comprueban que hubo un grave error, como es el presente caso. Los Magistrados Constitucionales también se equivocan, por ello están a tiempo de rectificarse. Excelente artículo del Dr. Morales Saravia
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Abogado en Estudio Jurídico "Coca Romero & Asociados"Abogado Encargado: Jose Antonio Coca Romero
Educación: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Titulo)Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión (Maestría Ciencias Penales)
Experiencia Laboral Previa: Abogado defensor en diversas ramas del derecho, con mas 15 años de ejercicio profesional, Servidor nombrado categoría A profesional de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Especialización en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Derecho Laboral (litigio y consultoria)
Actividad Académica: ex Docente
Universitario en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Nacional José
Idiomas: Español y Ruso Áreas de especialización: Derecho
Penal y Procesal Penal (Litigación Oral), Derecho Administrativo y Contencioso
Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Procesal Laboral, Derecho Civil ,
Derecho Penitenciario.Abog. Jose Ernesto Coca CaychoEducación: Universidad Nacional
José Faustino Sánchez Carrión (Titulo)
Experiencia Laboral Previa: Asistente
Jurídico (Ministerio de Educación), Asesor Ministerio de Educación (Dirección
Regional de Educación y Unidades de Gestión Educativa), Asesor Gobiernos
Locales, Ministerio Publico, Abogado Defensor Derecho Procesal Penal y Procesal Laboral Actividad Académica: Docente
Faustino Sánchez Carrión (Derecho Procesal Laboral y Derecho Municipal).
Áreas de especialización: Derecho
Penal y Procesal Penal (Delitos contra la Administración Pública), Derecho
Administrativo y Contencioso Administrativo, Derecho Procesal Laboral, Procedimiento Administrativo Disciplinario
No pretendo ser un erudito del tema ni fijar un estilo particular acerca del arte de litigación oral en un modelo procesal adve...
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