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Timestamp: 2018-04-25 02:53:28
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SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 20 DE NOVIEMBRE DE 2012.
-EL C. PRESIDENTE JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES: (11:38 horas) Solicito a la Secretaría informe del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores.
-LA C. SECRETARIA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: Honorable Asamblea, conforme al registro de la asistencia, se han acreditado 72 ciudadanos senadores.
Se abre la sesión del martes 20 de noviembre del año 2012, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de esta legislatura.
Una, de la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, presidenta de la comisión de Desarrollo Social.
Y otra, de la senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la comisión de Estudios Legislativos.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió comunicación suscrita por los senadores Roberto Gil Zuarth y Graciela Ortiz González, presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, con la que remiten el acuerdo aprobado por esas comisiones, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de los aspirantes para la elección de Consejeros de la Judicatura Federal.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió, también, una comunicación del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la comisión de Justicia, con la que remite el acuerdo de la Junta Directiva de esa comisión, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal, para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite propuestas de nombramientos de los Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años, a favor de los ciudadanos:
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese dicha documentación a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Justicia.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos del Ejército Mexicano, para apoyar en la construcción de un tramo carretero en el Puente Fronterizo Binacional Santa Elena en Corazal, Belice, en atención a la solicitud formulada por el gobierno de ese país.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Defensa Nacional.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio el que remite las respuestas a las preguntas parlamentarias relativas a la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Remítase dicha documentación a la Junta de Coordinación Política.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Se recibió otro oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 3º y se reforma el artículo 4º de la Ley de Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnense a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación correspondiente.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Así también, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con el que remite 200 hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Túrnese dicho expedientes a la comisión de Defensa Nacional, para sus efectos correspondientes.
-LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: De la Cámara de Diputados, se recibió un oficio con el que remite punto de acuerdo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, que exhorta al Senado a dictaminar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos electrónicos.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Remítase a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.
Compañeras y compañeros senadores, en la reunión de la Mesa Directiva, de esta mañana, se acordó una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a la conmemoración del 102 aniversario de nuestra Revolución Mexicana.
En consecuencia, se le concede el uso de la palabra, en primer término, a la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
En virtud de que no se encuentra.
Le concedemos el uso de la palabra, para el mismo tema, al senador Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud de que tampoco se encuentra.
Se le concede, para este mismo tema, el uso de la palabra al senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Se le concede el uso de la palabra, al senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
-EL C. SENADOR VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA: Buenos días.
Con el permiso de la Mesa Directiva. Y en vista de que me toca ser el primero, por ausencia de los demás.
Trataré de dar un breve mensaje, sobre nuestra revolución.
Señoras y señores senadores: El día de hoy, conmemoramos el centésimo segundo aniversario de la Revolución Mexicana.
La Revolución Mexicana fue un movimiento social, que transformó definitivamente la vida de nuestro país.
Más allá de la lucha armada, se lograron importantes cambios sociales, económicos y políticos, que siguen definiendo el rumbo de nuestro México.
El más importante de ello, sin duda alguna, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emanada del Congreso Constituyente de Querétaro, de 1917.
Hoy recordamos a todos los mexicanos, que dieron su vida para alcanzar un país más justo y democrático.
Desde esta tribuna, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, rinde un homenaje a Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata, José Vasconcelos, a los hermanos Serdán, entre muchos otros que dieron su vida en este movimiento revolucionario.
Tampoco se puede olvidar a todos los héroes anónimos, a los hombres y mujeres, cuyos nombres no conoce la historia; pero que sin su participación y su sacrificio, la revolución y sus logros no se hubieran logrado.
Revolución, también es sinónimo de cambio. Por lo que es necesario valorar todas las transformaciones que se lograron a partir del movimiento revolucionario.
México ha cambiado y el grupo parlamentario del PAN, que ha impulsado enérgicamente la transformación de nuestras instituciones, es una fuerza política que seguirá impulsando los cambios económicos, políticos y sociales necesarios, para que México sea una patria más ordenada y generosa.
El grupo parlamentario…
(SIGUE 2ª .PARTE)… económicos, políticos y sociales necesarios para que México sea una patria más ordenada y generosa.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, siempre ha dejado en claro que la Revolución no es patrimonio de ningún partido político ni de ningún grupo en el poder, se trata de una página importantísima de la historia de México perteneciente a todos los mexicanos.
Los importantes cambios políticos ocurridos en México en el transcurso del Siglo XX son un legado de los ideólogos de la Revolución, cuyas principales banderas fueron la no reelección presidencial y el respeto al sufragio efectivo y al voto libre y secreto.
La consolidación de la democracia, el voto femenino, el respeto a los derechos humanos, la creación de instituciones ciudadanas y la transparencia, también deben ser valoradas como consecuencia de una semilla sembrada con la Revolución y materializada por todos los mexicanos que siguieron luchando por hacer de la democracia una realidad en el Siglo XX.
Hoy también quiero destacar el papel de las Fuerzas Armadas en cada etapa de la historia de México. Sin duda alguna siempre se ha vertido la lealtad del Ejército, de la Fuerza Aérea y de La Armada, velando en todo momento por la seguridad, integridad de la población, a todos ellos nuestro reconocimiento.
Los mexicanos del presente debemos reconocer en gran medida los importantes avances que se han dado en nuestro país y se deben, en gran parte, al legado revolucionario.
Sin embargo, no podemos permanecer eternamente estancados en esa etapa de la historia nacional, debemos aplicarla la enseñanza de la historia para construir un México con una economía más fuerte, socialmente justo, democrático, sustentable, incluyente, que tenga espacio para todas las formas de pensar, para los jóvenes y para todos los grupos sociales minoritarios y vulnerables.
Los mexicanos de hoy debemos asumir este reto y en trabajar juntos para heredar a las próximas generaciones un mejor país.
El Grupo Parlamentario del PAN, en el Senado, seguirá luchando por encabezar los cambios que México necesita, a pesar de todas las resistencias.
Vamos a impulsar, como lo hemos hecho en los dos años que hemos encabezado el gobierno federal, cambios profundos para combatir la corrupción y la opacidad, reformas reales y de fondo, que fortalezcan a las instituciones y empoderen a la ciudadanía. No aceptaremos cambios cosméticos o simulados, vamos a rechazar cualquier intento de regresión autoritaria y a las prácticas clientelares, lo haremos porque el PAN quiere un país más justo y democrático y porque de esa forma honraremos a quienes dieron su vida por México y por los mexicanos.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias señor senador don Víctor Hermosillo y Celada.
Se le concede el uso de la palabra a la senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.
-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros senadores.
El posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en relación al Aniversario de la Revolución Mexicana, lo vengo a exponer hoy que se cumplen 102 años de haberse iniciado el movimiento armado denominado Revolución Mexicana, iniciado el 20 de noviembre de 1910, encabezado por don Francisco I Madero en contra de quien se había perpetuado en el poder, Porfirio Díaz.
Movimiento que culmina con la promulgación de nuestra actual Constitución de 1917.
Es de reconocer que la situación actual en nuestro país, ya desde el inicio del mandato de Porfirio Díaz, no era de paz y tranquilidad, ya que hubo diversas sublevaciones militares en su contra.
También hay que recordar las huelgas de Cananea y Río Blanco, que fueron reprimidas con balas por parte del gobierno, causando la muerte de muchos trabajadores.
La infame existencia de las tiendas de raya, con la explotación de los campesinos, la deportación de los inconformes a Valle Nacional, Oaxaca, y otras más.
La situación política del país empezó a cambiar al Partido Liberal mexicano con los hermanos Flores Magón. Proclama sus ideas liberales en contra de la dictadura y en 1906 se empiezan a organizar las primeras insurrecciones promovidas por dicho partido.
El Presidente Porfirio Díaz, en una entrevista con el periodista Creelman, aseguró que se retiraría al concluir su mandato sin buscar una buena reelección, lo que provocó que la situación política se agitara.
Francisco I Madero realizó varias giras con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos a una asamblea nacional, compitiera en las elecciones. El Partido Nacional antireeleccionista lo postuló como candidato a la Presidencia.
Porfirio Díaz lanzó una nueva candidatura a la Presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición, logró escapar y huyó a los Estados Unidos desde donde proclamó El Plan de San Luis, el 5 de octubre de 1910, en el que llamaba a las armas en contra del gobierno de Díaz.
El 20 de noviembre de 1910, declarando nulas las elecciones por fraudulentas. Lo que dio inicio a un movimiento armado, primero en el norte de Chihuahua, Durango y Morelos, y posteriormente en todo el país.
El avance del movimiento revolucionario motivó que Porfirio Díaz pretendiera ser modificaciones a la Constitución, las que entrarían en vigor al concluir su periodo presidencial de 1916.
La toma de Ciudad Juárez por las tropas de Francisco Villa y de Pascual Orozco, fueron determinantes para que el gobierno de Díaz propusiera terminar la lucha, logrando una negociación a través del acuerdo de Ciudad Juárez, del 21 de mayo de 1911, en el cual renunciaban Díaz como Presidente y Ramón Corral como vicepresidente. León de la Barra convocaría a elecciones y Madero sería Presidente provisional.
Díaz se retira del poder y parte al exilio, abordo del Ipiranga. Y se suponía que ya terminaría la lucha, no obstante que en el Plan de San Luis se proponía la devolución de las tierras a los campesinos. En el acuerdo de Ciudad Juárez no se mencionaban nada de este tema, por lo que los campesinos continuaron la lucha armada. Recordemos a Zapata con su lema “Tierra y Libertad”.
Madero asume la presidencia a principios de noviembre de 1911, conservando la gran mayoría del gabinete porfirista, lo que provocó el descontento entre sus seguidores, así como la continuación de la lucha por parte de Zapata en su Plan de Ayala.
Madero y Pino Suárez son traicionados por Victoriano Huerta y antiguos porfiristas como Blanquet y Félix Díaz, y son asesinados en la llamada “Decena Trágica”.
Carranza, Villa, Obregón y otros más ante el asesinato de Madero continuaron la lucha en contra de Huerta hasta culminar con el triunfo.
La expedición de la Constitución de 1917 reflejó los anhelos de la Revolución para el campo, los trabajadores y obreros, siendo la primera en el mundo en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos, considerada como el acontecimiento político y social más importante del Siglo XX en México.
No obstante todos los beneficios sociales y laborales obtenidos, tras el triunfo de la Revolución, es de mencionarse que aún quedan demasiados pendientes de solucionarse, hay una deuda pendiente con el campo mexicano que sigue estancado en la pobreza y la marginación, así como nuestros pueblos y comunidades indígenas a donde persiste la…..
(Sigue 3ª parte). . . . . .. . . . .........sigue estancado en la pobreza y la marginación, así como nuestros pueblos y comunidades indígenas a donde persiste la desigualdad social, y en cuanto a las garantías de los trabajadores baste recordar lo recientemente sucedido con la Reforma Laboral con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y la golpiza que dio un trabajador de una empresa coreana a un trabajador mexicano.
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Senadora Martha Palafox. A continuación se le concede el uso de la palabra para el mismo tema al Senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, senador.
- EL C. SENADOR FLORES RAMIREZ: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores: Estalló la Revolución de 1910 como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre en el alma de las naciones como vive la libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, para levantarnos de abyección a la que no puede estar condenada la especie humana.
Esta frase de Emiliano Zapata nos recuerda que se requiere un trabajo constante a fin de dar impulso a la lucha permanente contra toda forma de dominación, contra todo mal gobierno y así propagar la esperanza de un país mejor.
En 1910 el aparato político que construyó la dictadura porfiriana lo llevó finalmente a su propio desastre; muchos eran los inconformes, y en este campo se fue cultivando poco a poco la Revolución Mexicana.
A pesar de que la política económica implementada por Porfirio Díez catapultó la producción nacional, los beneficios no fueron repartidos igualitariamente en el país, sino solamente en la oligarquía excluyente.
Mientras tanto, los campesinos trabajaban en jornadas infrahumanas tierras que no eran de ellos, y sufrían vejaciones en sus personas y en sus familias.
En ese contexto la lucha revolucionaria dio el paso trascendental para el fortalecimiento de México como nación y como pueblo, dando como fruto la Constitución Política de 1917, que plasma por completo la esencia de los hombres contemplado en sus dos raíces: la individual y la social.
Sin embargo, hasta 1929 todavía México se perdía en senderos de conflictos permanentes, los residuos de la violencia revolucionaria y la permanencia de poder eran barreras infranqueables para realizar los principios de justicia, libertad y desarrollo social que tanto se anhelaban.
Fue entonces cuando la entrega de tierras a los campesinos, el respaldo a los derechos de los trabajadores, las nacionalizaciones, la defensa de la soberanía y de los recursos estratégicos fueron los resultados de un nuevo pacto social que trajo consigo la tranquilidad y la paz social de nuestro país.
Recordemos la Revolución de 1910 como un movimiento netamente agrario al ser la cuestión de las tierras el principal motor del movimiento.
Ahora, en el 2012 existe un México mucho más complejo, multicultural, con diversas áreas productivas y numerosos motores de crecimiento que es necesario atender y seguir fomentando.
Desafortunadamente, muchos de los ideales revolucionarios han quedado olvidados, enterrados y sepultados por la fuerza de intereses particulares, casi siempre intereses mezquinos alejando al México moderno de la paz conseguida en el primer tercio del Siglo XX.
Actualmente persiste una gran parte de la población en desventaja económica sin acceso a los beneficios del progreso ni a las garantías constitucionales logradas a raíz de la Revolución Mexicana.
Asimismo, entre los grupos en desventaja social y económica se encuentran comunidades indígenas los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidad, los fármaco dependientes, las víctimas del narcotráfico, y del a trata de personas, entre otros grupos vulnerables de la sociedad.
Hacia ellos debemos enfocar los esfuerzos revolucionarios de la actualidad.
No se necesita un movimiento violento para ello, sino avanzar de manera decidida hacia un entorno de políticas incluyentes, que entre otras cosas, contribuya a un desarrollo regional más armónico.
En los inicios del Siglo XXI, es inaceptable que exista un México del norte y un México del sur. Ahora, como en 1910 tenemos el choque de dos ideologías; izquierda y derecha; liberalismo económico, y democracia social. A pesar de que éstas podrían ser complementarias.
La existencia de posturas radicales en ambas ideologías ha desdeñado el motivo por el que luchamos todos. Es decir, el interés común y la búsqueda de soluciones para beneficio del pueblo.
No debemos permitir que la historia se repita. Por ello, actualmente es necesario cuestionarnos sobre el verdadero significado de la Revolución, a fin de tomar consciencia sobre el valor de las luchas sociales de nuestros días contra la explotación de las personas y de los recursos naturales.
Igualmente es una oportunidad para valorar y defender las instituciones que nos han dado rostro, que nos han dado identidad y que nos permiten pensar en un futuro mejor, y también para sentirnos orgullosos de nuestro país, y para enfrentar juntos los momentos más difíciles.
Actualmente los mexicanos estamos conscientes de que la Revolución empieza en casa y en nuestras mentes, por ello, en el 2012 el pueblo mexicano votó por el cambio; por un cambio de gobierno que le permita superar la actual inestabilidad y desigualad social para conducirlo hacia el progreso, la equidad, la justicia social y el desarrollo sustentable, necesaria en este mundo globalizado.
En la administración que iniciará el primero de diciembre, el Partido Verde retomará los ideales que enarboló la Revolución y que actualmente se han perdido o no han sido alcanzados. Nuestro reto actual consiste en buscar el consenso entre todas las políticas a fin de replantear las estrategias, hacer realidad los ideales de la Revolución Mexicana, ya no por los medios violentos, sino por los medios que nos ofrece la democracia, como dije hace un momento.
Esa es una revolución que nos corresponde efectuar, no hacerlo sería una gran irresponsabilidad, y el pueblo mexicano sufriría las consecuencias, agravando su descontento.
Por todo ello, la Revolución Mexicana sigue presente en nuestros días, retomemos y rescatemos sus principales demandas como respeto al Sufragio, y la distribución equitativa de la riqueza, mismas que se erigen como premisas de primer nivel dentro de cualquier estado que se precie de ser democrático.
La motivación hoy debe ser la fidelidad al significado político, social y moral de la Revolución Mexicana, y la reivindicación permanente de los valores populares y nacionales de la Revolución.
Aquellas generaciones de los años de la Revolución cumplieron con su destino y responsabilidad histórica; ahora nos toca a nosotros honrarlos cumpliendo con la nuestra, es momento de pasar de las reflexiones a los hechos, hagámoslo juntos.
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muchas gracias, señor Senador Gerardo Flores Ramírez. Para el mismo tema se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
- EL C. SENADOR ROMERO LAINAS: Buenos días, senadores y senadoras. Hace 102 años nuestro país abrió una etapa de cambios radicales marcados por la violencia, la traición y la lucha política cruenta, pero también para los máximos ideales de democracia, justicia y libertad.
Como toda expresión de la historia la Revolución Mexicana no es para sacralizar a los héroes, pretenderles o prenderles incienso como si fueran deidades, sino para evaluar dónde estamos ahora, qué tanta progresividad de derechos hemos alcanzado en honor de estos miles de mexicanas y mexicanos que lucharon por mejorar la condición de su gente. La situación de sus hermanos, de sus padres y de sus hijos.
Señoras y señores: Esta es una oportunidad de revivir los ideales y valores que dieron sustento a nuestra nación. Celebrar la Revolución Mexicana nos permite dar continuidad a la construcción de una mejor nación.
Nuestra Revolución.....
(Sigue 4ª. Parte)...a nuestra Nación.
Celebrar la Revolución Mexicana nos permite dar continuidad a la construcción de una mejor Nación. Nuestra Revolución, aquella que sirvió de ejemplo a líderes en todo el mundo, es más que la gesta heroica de un solo hombre o de un grupo de patriotas, es la lucha de un pueblo entero por alcanzar plenamente la libertad y justicia.
El 20 de noviembre de 1910, un pequeño grupo de hombres encendió la mecha que derivó en una de las luchas más sangrienta de nuestra América Latina. Aquella de las venas abiertas que nos dice Eduardo Galeano “Sobraban las razones y motivos para una acción de rebeldía después de décadas de dictadura, de anulación de derechos hacia un pueblo oprimido, juzgado por autócratas”.
Justo hay que decirlo, Porfirio Díaz aportó significativamente al país, construyó la mayor cantidad de kilómetros ferroviarios que tenemos hoy en día, permitió inversiones extranjeras que alentaron el crecimiento regional, estabilizó políticamente al país después de décadas de invasión, guerras fraticidas, mortandad, hambruna; sin embargo, también alentó el desarrollo de caciques poderosos, gobernantes que decidían, sin escrúpulos, sobre miles de vidas sin resguardar un mínimo de bienestar para el pueblo, él mismo dependía de su control sobre las oligarquías.
El mayor error del General Díaz fue pensar que podría vivir eternamente, que no había hombres o mujeres capaces de sucederlo en el poder, así se anulaban las voces que discrepaban sobre las acciones y estrategias de este gobernante que se mantuvo como Presidente de la Nación de 1877 a 1880, y de manera consecutiva desde 1884 hasta 1910.
Jamás debemos permitirnos que un hombre o mujer acalle las voces de otros hombres y mujeres; jamás creamos que la discrepancia o la oposición le hará daño al país, porque como decía Lord Acton, en 1887: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Pero Porfirio Díaz en vez de sentar las bases de un régimen democrático modificó la Constitución para reelegirse durante siete períodos continuos a través del fraude electoral aboliendo toda posibilidad del voto democrático, del sufragio efectivo y desde el Jefe político, y de cualquier pueblo, hasta los gobernadores de los estados. Todos ellos eran designados por el General Díaz.
Las comunidades indígenas perdieron sus campos en manos de las haciendas convirtiéndose en esclavos de las tiendas de raya. La tiranía del gobierno, los tratos infrahumanos de que eran objeto los campesinos, las inhumanas jornadas de trabajo y las pésimas condiciones de trabajo de los obreros dieron paso al surgimiento de hombres valientes que representaron el descontento generalizado, siendo los primeros en pasar de la crítica a la acción.
Los hermanos Flores Magón, periodistas originarios de Oaxaca, como ustedes saben, en 1908 el Presidente Díaz, entrevistado por una cadena estadounidense donde prometía retirarse al finalizar su mandato, esto alentó a la sociedad sobre la posibilidad de un cambio. Es así que en el Norte un empresario coahuilense, liberal, educado en el extranjero, escribe la sucesión presidencial, su nombre Francisco I. Madero.
Es él quien crea el Partido Antirreleccionista y recibe el apoyo de los distintos estados sociales, ya que desilusionado, sin embargo, el Presidente se mantuvo ciego ante las demandas e inconformidades de la Nación encarcelando a Madero para evitar su elección como futuro Presidente, acusado de haber pronunciado un discurso en el que injuriaba al Presidente, es así que el 21 de junio de 1910 el General Díaz es reelecto por un período más.
Madero escapa de la cárcel cada vez más convencido de que no lograba transformación de las instituciones por la vía legal y pacífica, en el exilio dio forma al Plan de San Luis Potosí. Antes de triunfar por la vía armada, el apóstol de la democracia derrotó a la dictadura en el terreno de las ideas, la venció con la fuerza y los argumentos de la razón, por ello el Plan de San Luis es el único plan revolucionario en el mundo que cita un día preciso y a una hora exacta a la revolución, la fecha “domingo 20 de noviembre de 1910, a las seis de la tarde, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan, los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán a la víspera”.
Este Plan de San Luis que subraya el principio de “Sufragio efectivo, no reelección” fue la chispa que dio el inicio a la Revolución, acudiendo al llamado grupos rurales concentrados en ciertas zonas del país interesados en recuperar su libertad y la posesión de sus tierras, entre ellos Francisco Villa y Pascual Orozco, en el Norte, y Emiliano Zapata, en el Sur. El General Díaz no quiso esto, hay que decirlo de manera clara.
Oponerse a toda costa contra los revolucionarios decidió abandonar el país en el barco Ipiranga para dar lugar a elecciones democráticas donde Madero resultó vencedor; sin embargo las aportaciones más significativas de la Revolución vinieron después de una transición cuando Victoriano Huerta dio un golpe de Estado contra Madero en una de las más oscuras historias de nuestro país, el mártir de la democracia caído junto a sus más cercanos colaboradores por la espada de un traidor que debía defenderlo.
Es justo donde nuestra Revolución se nutrió de los ideales más ambiciosos. Ya no basta la democracia traicionada por un dictador como Huerta, sino ahora era necesario buscar las armas para una transformación social más profunda.
Emiliano Zapata, el líder campesino más grande que ha visto este país, representa el movimiento armado que buscaba la recuperación de las tierras.
En septiembre de 1909 es electo líder de la junta de defensa de las tierras de su estado, es ahí donde se interesa por los documentos que se originaron durante el virreinato, en las cuales se acreditaban los derechos de las propiedades de los pueblos sobre sus tierras, y que habían sido negados…
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor Senador, le informo que su tiempo ha concluido.
-EL C. SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS: Termino, señor Presidente.
Y que habían sido negadas a sus pobladores.
En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son dueños ni de la tierra que pisan, y sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la ganadería por estar monopolizados por unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esa causa se expropiaron previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, feudos legales para pueblos o campos de sembradíos o de labor, y se mejore en todo para toda la falta de la prosperidad de los pueblos mexicanos.
Es todo. Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señor Senador Adolfo Romero Lainas.
Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra, hasta por diez minutos.
-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Señoras y señores senadores:
De las diferentes fechas que marca el calendario de las efemérides del país, el inicio de la Revolución Mexicana cobra especial importancia. Los hechos…
.....que marca el calendario de las efemérides del país e inicio de la Revolución Mexicana, cobra especial importancia.
Los hechos históricos le dan rostro a un pueblo, y en ese devenir es un hecho que las demandas de multiplican y la responsabilidad de ayer, como la de hoy, exige detenernos unos minutos.
Ciertamente la historia de México está llena de capítulos de los que nos sentimos profundamente honrados, pero también los capítulos que no quisiéramos repetir bajo ninguna circunstancia, sin embargo, aquellos acontecimientos asociados a la justicia y a la obtención de mayores libertades públicas, aunque a veces dolorosos, la nación, estoy segura, estaría dispuesta a repetirlos.
Si bien es cierto también que México no es producto de ninguna fecha o de algún personaje en particular, es el resultado de un conjunto de circunstancias históricas en la que concurren mujeres y hombres con proyecto de nación, distintos que al momento de su confrontación han dado origen a un sólido proyecto que hoy configura la patria.
La Revolución Mexicana, compañeras y compañeros, tienen en su origen la desigualdad y la injusticia que por décadas se vivió en nuestro país, tiene su origen en el ...avance en la vida democrática de aquel entonces, tiene su origen también en la concentración del poder público en manos de unos cuantos, y en las actitudes autoritarias y despóticas del entonces presidente Díaz, y quienes gobernaban el territorio nacional con su beneplácito.
El 18 de noviembre de 1910, en la casa número cuatro, de la portería de Santa Clara, en lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, ocurrieron, compañeras y compañeros una serie de actos que forman parte indisoluble de los acontecimientos con que inició el movimiento revolucionario en nuestro país.
Es en Puebla, precisamente, donde la Revolución inicia dos días antes de lo estipulado en el Plan de San Luis, emitido por Francisco y Madero. Protagonistas de esa historia fue la familia Serdán, quienes se comprometieron con la causa revolucionaria en busca del sufragio libre, principio esencial en toda democracia. Aquiles, junto con su hermano, Máximo y su hermana Carmen y Natalia, y una veintena de partidarios no dudaron en iniciar la lucha armada con el presidente Díaz, y el gobernador de aquella entidad “Musio” Martínez; como en otras regiones del país, de aquellos de donde ustedes proceden, liderazgos locales con pocos recursos, pero con gran entusiasmo, participaron en la revolución maderista bajo el principio de no reelección, bajo el principio de sufragio libre, y bajo el principio del respeto a la voluntad popular.
Aquiles Serdán fue uno de ellos, para él la República sería salvada no por los hombres acostumbrados a gobernarla en forma despótica, sino por los hombres que no hayan manchado su conciencia cometiendo atentados contra la ley.
Madero, por su parte, escribió en su libro la sucesión presidencial, que los hombres de corazón que aún subsisten hagan un poderoso esfuerzo y que todos ellos, y yo en su compañía nos arrojemos resueltamente a la lucha para salvar a la patria, para cumplir con nuestra misión, pues es indudable que desde que nos encontrábamos en el espacio preveíamos esta lucha y la hemos encarnado con objeto de iniciarla y sostenerla.
Como muchos otros opositores al régimen porfirista, Aquiles Serdán también fue asesinado y su cadáver exhibido en la vía pública como escarmiento para aquellos que optaron por sumarse al Movimiento Maderista, la misma suerte corrieron más tarde Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Belisario Domínguez, y los diputados Serapio Rendón, y Adolfo “Gorrión”, entre otros tantos, miles de opositores al régimen, muchos de ellos, definitivamente anónimos.
Sin embargo, a pesar de las bajas, los postulados revolucionarios fueron mantenidos y siguieron siendo fuente de inspiración de las acciones políticas y militares que continuaron otros insignes revolucionarios: Carranza, Obregón, Villa, Zapata, quienes mantuvieron el ideario de la democracia en contra del “autoritarismo”, como forma de gobierno.
Amigas y amigos, estoy cierta que cuando la voluntad popular se une en un mismo propósito, es difícil detenerla, y más difícil derrotarla; los años posteriores a la revolución fueron “perpefilando” también un país de instituciones, un país en donde efectivamente lo que buscaba era democracia y justicia social, los avances fueron importantes, pero también es cierto que hoy hay rezagos que aun persisten y debemos enfrentar.
Por ello, me parece que hoy más que nunca necesitamos valorar que los pueblos que hacen de la libertad, su más alta aspiración de vida, difícilmente renuncian a ella, y no deja de expresarse a través del sufragio libre, ideal heredado del movimiento revolucionario.
En el grupo parlamentario del PRI estamos conscientes de ello, y sabemos que ese fue el incentivo que llevó a millones de mexicanos a las urnas el pasado mes de julio, y es ahí donde se expresó la voluntad de la población en un contexto de pluralidad, pero donde definitivamente decidió por la alternancia.
Señoras y señores legisladores, les invito a que la vigencia de los ideales revolucionarios tengan que ver precisamente con los postulados constitucionales, que dieron origen al Estado Mexicano, postulados que se expresan hoy en el respeto a los derechos humanos, en la vigencia de la democracia como formas de gobierno, y de participación social.
Probemos, como lo dijo aquella madrugada del 18 de noviembre Aquiles Serdán, que todavía hay hombres en México, hoy por supuesto agregamos que también hay mujeres; digamos como lo dijo Carmen Serdán, que como una patriota que a veces la historia trate de ocultar, definitivamente señaló en aquella casona: vengan, por ustedes lo estamos haciendo, más vale la libertad que la vida; los disparos contra todos lo que se ha dicho, no se hicieron solamente para acallar la vida de un héroe, se hicieron pensando que con ello se acallaba la vida de todo un pueblo.
Afortunadamente la historia fue diferente, hoy, insisto, vivimos un México de instituciones, pero sobre todo, vivimos un México en donde más allá de “filias”, o fobias es momento de pensar con visión de Estado, pensar en los ciudadanos, y pensar en la patria.
Los invito, que la Revolución Mexicana se pueda cristalizar en cada una de las iniciativas, en cada uno de nosotros “pronunciamientos”, en cada una de nuestras tareas, es el deber de los mexicanos, se lo debemos al pueblo. Muchas gracias.
Honorable asamblea, a fin de dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo aprobado el pasado día 13 de noviembre por el que se estableció el procedimiento para la elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, daremos inicio a las exposiciones de los integrantes de las ternas remitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Primeramente, recibiremos las exposiciones de los integrantes de la terna para sustituir al Ministro Guillermo “Iberio” Ortiz Mayagoitia, e inmediatamente las de los candidatos de las ternas para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
De acuerdo al mismo punto señalado en la base segunda, del acuerdo referido, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de las señoras y señores senadores.
El primero de los comparecientes será la ciudadana Rosa Elena González Tirado, ubicada en primer lugar de la primera terna para cubrir la bacante del Ministro Ortiz Mayagoitia. En consecuencia, solicito a las señoras y señores senadores Arely Gómez González, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela Guevara Espinoza, y Carlos Alberto Puente Salas, introduzcan a este salón a la ciudadana Rosa Elena González Tirado.
En espera de que esta Comisión cumpla con su cometido, hacemos un pequeños receso.
(Sigue 6ª parte)….. que esta Comisión cumpla con su cometido, hacemos un pequeños receso.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Ciudadana Rosa Elena González Tirado, a nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta sesión.
Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna para su exposición hasta por 20 minutos.
En consecuencia se le concede el uso de la palabra.
-LA C. ROSA ELENA GONZALEZ TIRADO: Con su venia, Presidente.
Señoras senadoras, y señores senadores, tengo el honor de comparecer ante esta honorable soberanía el día de hoy como aspirante a ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde luego agradezco sinceramente el reconocimiento implícito que ello conlleva para su servidora en el ámbito personal y profesional.
Estar ante ustedes y tener la oportunidad de hacer llegar mi pensamiento a todos aquellos interesados en conocer quién soy, qué he hecho y qué puedo hacer por nuestro país en el campo de la impartición de justicia es una de las experiencias más gratificantes que he tenido a lo largo de mi carrera judicial, sobre todo, porque como mujer no ha sido nada sencillo transitar por la ardua y azarosa tarea de impartir justicia, y el estar hoy aquí me permite compartir un gran sueño que por mi experiencia y conocimientos considero estar capacitada para alcanzarlo.
Ha sido afortunado que los aspirantes a este cargo hayan abordado temas de gran importancia sobre la labor que desempeña la Suprema Corte de Justicia, ya que lo anterior contribuye a que mi comparecencia pueda centrarse en describir lo que a mi juicio debe ser la función de una ministra en el alto Tribunal.
No abundaré en definiciones sobre lo que es el control de convencionalidad o el control difuso, ni en los principios relativos a los derechos humanos que el Constituyente Permanente ha plasmado en el artículo 1º constitucional, que ustedes conocen perfectamente, así como en el alcance y efectos de la misma.
Una ministra debe conocer la realidad de nuestra sociedad, las posturas filosóficas y el debate constitucional, pero lo que les interesa a ustedes como legisladores y al pueblo de México es saber qué es lo que deba hacer un miembro del máximo tribunal para hacer realidad la justicia y que ésta sea de calidad.
Saber escuchar y actuar con prudencia han sido principios rectores de mi vida, éstos son indispensables para todo juzgador constitucional, pues yo entiendo la función jurisdiccional bajo las cuatro características socráticas, escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.
Ante todo, he de comentar que llego a este importante escenario sólo con el respaldo de mi vocación de juzgadora y espíritu de servicio forjado desde hace más de 22 años en el Poder Judicial de la Federación, como secretaria, jueza y magistrada, revelado y fortalecido en la intención de servir a los intereses comunes de las personas y de la nación.
Mi conducción en la judicatura federal ha sido siempre imparcial, lo que se refleja en mis decisiones, no podría cambiar, bajo pretexto alguno esa cualidad que construí con el paso de los años, con la práctica del estudio, la paciencia y la acuciosidad a lo largo de mi carrera judicial.
La legitimidad de un Poder Judicial se construye a través de sus fallos, de la interpretación que permita resolver favorablemente el conflicto cuidando siempre y en todo momento los efectos sociales y políticos que se producen con nuestras sentencias.
Ha sido un reclamo reiterado de la sociedad e incluso de distintos sectores del gobierno que México es encuentra a graves problemas de seguridad.
Para una juzgadora de carrera como su servidora, hablar de la impartición de justicia en este contexto impone una labor crítica del poder al que sirvo, no temo a la crítica, aprendo de ella para poder ir hacia delante.
Uno de los problemas de la justicia es la operación desarticulada y sin dirección de las instituciones, la que se ha intentado resolver a través de la excesiva regulación normativa.
El problema de seguridad no se resuelve solamente con reformas al sistema penal, se trata de un fenómeno multifactorial que debe de analizarse desde diferentes ángulos y ser parte de la agenda prioritaria de los poderes de la unión.
Por estas circunstancias se torna indispensable revalorar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como árbitro fundamental de los poderes de la unión.
La función de la magistratura constitucional no se limita al juicio de amparo, son precisamente las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad los mecanismos que irrumpen en la escena jurídica como instrumentos de defensa de las autoridades.
La esencia del constitucionalismo moderno es la protección de los derechos, la limitación del poder a través de la consagración de éstos, contra el fundamentalismo, la intolerancia y el dogmatismo.
Actualmente las funciones de los poderes judiciales tanto federales como locales, alcanzan un grado predominante en la formación, consolidación y regularidad de la democracia, al proteger esa decisión fundamental tomada por el Constituyente originario, pero la justicia mexicana requiere que los responsables de impartirla sean seres humanos capaces, conocedores del derecho y honestos en toda la extensión de la palabra como condición indispensable de la justicia.
Parafraseando a “Malen”, una mala persona, no puede ser un buen juez, en consecuencia, una mala persona no puede ser un buen ministro.
La democracia la ejerce el pueblo al elegir a sus representantes y la construyen ustedes en la toma e decisiones y consensos para la aprobación de las leyes y resoluciones como la que ahora, por mandato cnstitucional tienen encomendada.
Un juez como intérprete honra a la democracia pero no busca la aprobación de sus fallos por las mayorías.
¿En qué momento comenzó la necesidad de ponerle apellido a la justicia? No lo sé, un juez constitucional es garante de la democracia, pero sus decisiones no se construyen por la voluntad popular sino por la aplicación del derecho como el camino a la justicia, es decir, justicia sin apellidos.
Ante ustedes, me comprometo que al impartir justicia tendré una interlocución permanente con los justiciables, quienes a su vez tienen el derecho de exigir que con atención y respeto se escuchen sus alegatos y reciban respuesta a sus planteamientos, sólo así es que se logra el equilibrio y la congruencia entre realidad y justicia cuyo, objetivo es lo que debe buscar en principio la ley.
De ahí que las constituciones modernas, precisamente por integrarse de conceptos abiertos permiten su interpretación a partir de una cantidad de contenidos que mientras no alteren los fines del estado, los valores de la sociedad y el texto expreso de la Constitución, pueden irse adecuando a la luz de las necesidades políticas y sociales del país.
Estos cambios nos muestran cuán importante puede ser el papel que desempeña no sólo la Constitución como norma suprema sino los medios de control que la misma prevé.
El perfil de ministro que nuestro país necesita debe estar orientado hacia la construcción y modificación del orden normativo a la luz del fin que justifica su existencia, que es garantizar la seguridad jurídica, vigilando y exigiendo que los actos de las autoridades respeten los derechos de los justiciables a través de decisiones predecibles, porque la actuación del juzgador está acotada por las leyes, el precedente y la prudencia.
Y cuando se trate de conflictos entre autoridades, que sean resueltos con estricto apego a la ley, buscando el bien común.
Correlativo a esta tarea. . .
(Sigue 7ª parte)…con estricto apego a la ley, buscando el bien común.
Correlativo a esta tarea, no debe soslayarse la confluencia de la necesidad de establecer un sistema de rendición de cuentas por parte de los juzgadores, pues la independencia en la labor encomendada no es motivo para desconocer el resultado de su gestión.
Los juzgadores no tememos a los controles de confianza, más bien, lo que necesitamos es que el propio poder cuente con instrumentos efectivos y eficaces para la evaluación del desempeño y permanencia en el cargo.
Deseo hacer hincapié, en este momento, que además de juzgadora soy madre y esposa, lo que contribuye a que mi labor en la solución de los asuntos se vea enriquecida, no limitada.
Soy defensora de los derechos de las mujeres, pero no en oposición a los derechos de los hombres. La equidad es el puente entre ellos.
Como dijo Sofía Valdivieso: “Estoy contra la desigualdad, no contra la diferencia”. Por ello, creo que debe existir equilibrio en la conformación de órganos, poderes e instituciones.
Mucho se ha dicho que la integración de estas ternas pretender guardar un equilibrio en la equidad de género, prueba de ello es mi presencia hoy aquí.
El acceso efectivo a la justicia no sólo requiere de buenas leyes, sino fundamentalmente de buenos jueces. De ahí, que si la historia de ha de juzgar, que sea por mis sentencias, las cuales son examinables y están sujetas al escrutinio público, en las que he preocupado siempre una justicia de y para las partes, no de expedientes.
Aquellos que han acudido ante mi como juzgadora, podrán confirmar un enunciado, que generalmente les digo: “Estudio su asunto como si fuera mío, como si yo fuera actor o demandado”. Eso es lo que puedo ofrecer: constancia, dedicación, estudio, experiencia e imparcialidad en la administración de la justicia, y al servio de esta pongo mi trayectoria profesional y académica, porque al igual que ustedes, pretendo ser parte de la construcción del México que todos queremos.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muchas gracias por su intervención, ciudadana Rosa Elena González Tirado.
-Pido a la comisión designada que cumpla con su cometido para acompañar a la ciudadana Rosa Elena González Tirado.
-Y solicito a la comisión, encabezada por la señora Senadora Arely Gómez González;
Senador Roberto Gil Zuarth;
Senador Manuel Camacho Solís y,
Senador Carlos Alberto Puentes Salas, introduzcan a este Recinto al ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien ocupa el segundo lugar en la primera terna.
-Pido a esta comisión que cumpla, en su momento, con su cometido.
-Declaramos un breve receso.
-Ciudadano Alberto Gelacio Pérez Dayán, sea usted bienvenido a este Recinto, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos para hacer su exposición.
-EL C. MAGISTRADO ALBERTO GELACIO PEREZ DAYAN: Con su venia, señor Presidente.
Comienzo por honrar la dignísima oportunidad que me dispensa esta Honorable Soberanía para hacer uso de la palabra en la más alta tribuna legislativa de la república, expresando a ustedes, integrantes de este Senado, mi más sincero y emotivo sentimiento de gratitud.
Extiendo mi reconocimiento al Ejecutivo Federal al proponerme de nueva cuenta para ser considerado en la designación de 2 nuevos integrantes del tribunal supremo.
En anterior oportunidad expresé a ustedes que la tribuna del Senado de la República impone reflexión, responsabilidad, y por sobre todo conciencia histórica.
Extendí, entonces, y extiendo ahora mi genuino reconocimiento a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Senadores, a su Junta Directiva y a los grupos parlamentarios del Senado por la apertura, el respeto y el profundo interés con el que nos recibieron, antes y ahora, a quienes hoy aspiramos a un cargo en la Suprema Corte.
A ustedes ofrezco nuevamente congruencia entre los dicho y lo que está por hacerse.
Por igual, refrendo el gran honor que ha sido compartir este proceso con juristas y jueces constitucionales, de la calidad moral y profesional como lo es:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y mis compañeros de carrera Norma Lucía Piña Hernández; Rosa Elena González Tirado; Ricardo Romero Vázquez, y Julio César Vázquez Mellado García, en todos ellos, el ejercicio de la abogacía encuentra un ejemplo a seguir y un motivo de profundo orgullo.
Esta nueva comparecencia me permite desarrollar más en detalle los 5 ejes de acción que ya puse a su elevada consideración.
Indiqué, como primero de ellos, que el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y la nueva Ley de Amparo son, sin lugar a dudas, la asignatura prioritaria del tribunal constitucional. Corresponde a este, ahora, moldear y madurar nuevas figuras del enjuiciamiento constitucional a través de sus fallos y su jurisprudencia.
Será su deber articular una nueva generación interpretativa en el entorno de un vigoroso contexto constitucional, con ello traducirá a los tribunales de circuito y a los juzgados de distrito el entendimiento cabal de las rediseñadas prerrogativas fundamentales que permiten perfilar institucionalmente el juicio de amparo y garantizar su cohesión en el sistema jurídico.
El supremo tribunal debe emprender esta tarea creativa y jurisprudencial con gran empeño y responsabilidad; con apego y lealtad al espíritu que animó al poder revisor de la constitución, y con la mira alzada en la impartición de justicia siempre equilibrada con el orden público, el interés de la sociedad y el progreso de la vida institucional.
Pienso también, como segunda encomienda, en la instrumentación del nuevo modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, bajo la lectura acuciosa que establecen los artículo 1 y 133 de la Constitución, y los relevantes precedentes sustentados por el alto tribunal a partir del cumplimiento de fallos dictados por cortes internacionales.
Es importante trazar desde el más alto tribunal las grandes líneas de actuación que debe seguir la jurisdicción ordinaria en el tema de desaplicación de normas.
La facultad reasignada al juzgador de instancia, debe aportar estabilidad y certeza, comprender que el principio de legalidad es supremo, y que separarse de la norma para decidir una causa, será el último recurso al que debe asirse, siempre y cuando la hermenéutica jurídica no pueda ofrecerle una interpretación conforme a la Constitución, que le haga preservar la ley.
Refrendo, como un tercer apartado, que la tarea jurisdiccional del Tribunal Constitucional de México, no puede diseñarse al margen de las graves condiciones a las que se enfrenta nuestro sistema de justicia, soslayando la amenaza constante que el fenómeno de la ilegalidad…
(Sigue 8ª. Parte)…al margen de las graves condiciones a las que se enfrenta nuestro sistema de justicia, soslayando la amenaza constante que el fenómeno de la ilegalidad representa para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.
Por ello, afirmo con énfasis, el balance entre la fuerza legítima y el orden jurídico en esta prioridad es irrenunciable.
Sostengo que una Corte fuerte debe también ser una Corte prudente; una Corte responsable. Hoy se exige un Tribunal Constitucional, visionario y progresista en la defensa de los derechos humanos, comprometido en la misión de asegurar el equilibrio entre los poderes y profundamente deferente con la acción política, cuando ella se sustente en razones del orden constitucional; gradualista y atento a las consecuencias que generen sus fallos; apto para identificar criterios cerrados y humilde para reconsiderarlos.
Por tanto, la Corte debe, en todo momento, distinguir con nitidez los espacios en que la voluntad del Constituyente favorece a legislador o al ejecutivo, y no al juez, preservando así el balance que la Carta Magna previene en el ejercicio ordenado del Poder de la Unión.
Es por ello, como corolario a estos ejes de acción, que reafirmo que junto con la prudencia, uno de los valores torales de la función jurisdiccional es, la congruencia.
Ésta se debe transformar en consistencia argumentativa y dar estabilidad y certeza al orden jurídico.
A la Corte toca hoy ejercer un papel preponderante en la vida pública, tiene la asignatura y alta responsabilidad de darle México, criterios consistentes de interpretación constitucional.
El foro y la Academia exigen hoy una mística definida y una filosofía del juzgamiento, que el supremo tribunal de nuestro país debe materializar en todas sus decisiones.
Un elemento fundamental para la justicia, el desarrollo social o el crecimiento económico, es, la certeza jurídica.
La Suprema Corte tiene hoy un mandamiento irrenunciable frente a las reformas constitucionales en materia de justicia penal; juicio de amparo y derechos humanos.
Le corresponde armonizar los principios y valores que sustenta nuestra democracia constitucional y transformar los derechos escritos en realidades fácticas; debe posibilitar la transición del reconocimiento de los derechos fundamentales al en torno de la vida de las personas.
Toca a ella establecer la voz serena que articule los nuevos derroteros jurisprudenciales, que le imponen sus nuevas responsabilidades superiores; dando paso a la pluralidad y atención a las minorías, y aunque ello no es una tarea sencilla, se alcanzará el objetivo cuando los cambios constitucionales se traduzcan, justamente, en cambios jurisprudenciales.
El derecho es una disciplina que constantemente se adapta al devenir social. Primero, con el acto legislativo, formal y material; esto a través de la ley o de la facultad reglamentaria; y después, mediante la contienda litigiosa que consolida el orden jurídico, con fallos que sientan precedentes y aportan seguridad jurídica.
Además de la iniciativa preferente, cuyo tránsito legislativo generó recientemente en las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, diversos ejercicios interpretativos, por ahora superados, la profunda reforma constitucional realizada al texto supremo en esta misma anualidad, incorporó temas de primordial relieve, como lo son, entre otros, el de las candidaturas independientes; el de la consulta popular, en la que se asigna a la Suprema Corte de Justicia, una inédita y a la vez atípica facultad para calificar su contenido; la iniciativa popular o las reglas para la sustitución del Ejecutivo Federal, en casos de ausencia.
Todas ellas constituyen, a no dudarlo, asignaturas cuyos alcances eventualmente podrán ser definidos a través del sistema de controversia constitucional.
Esta relevante atribución confirma a la Corte Suprema, su naturaleza de Tribunal Constitucional, es decir, a ella corresponde conocer y decidir conflictos del orden político, surgidos entre poderes, a través de procedimientos y métodos jurídicos, aplicando en sus sentencias los principios de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, característicos del enjuiciamiento en general.
Paralelamente a ello, tanto la acción de inconstitucionalidad conferida a las minorías legislativas, la Procurador General de la República, a los partidos políticos o a las comisiones de derechos humanos, como la recientemente incorporada declaratoria general de inconstitucionalidad de normas, por reiteración de sentencias, permiten al garante de la supremacía constitucional, en votaciones calificadas, expulsar del orden jurídico nacional, aquellas disposiciones generales, que resulten contrarias al texto constitucional.
El ejercicio de estas facultades, demanda la mayor acuciosidad y profunda visión del entorno social, que deben caracterizar al árbitro de los poderes.
Para ello, es necesario no ignorar que la norma es producto de la voluntad soberana del pueblo, materializada documentalmente por sus legisladores y entraña una definición del bien común; a la vez que dar certidumbre jurídica a la colectividad entera.
Prescindir de ella debe ser, insalvablemente, un acto de honda reflexión y ponderación serena, sobre las consecuencias que produce su falta súbita.
Desde luego, cuando así se requiera, se deberá ser inquebrantable frente a normas cuyo contenido esté irremediablemente viciado, por importante que resulte la materia que regulen.
En conclusión, al máximo tribunal corresponde el mandato de dar cohesión, unidad y visión sistemática al orden jurídico; privilegiando un enfoque de promoción y defensa del desarrollo social, siempre delimitado y flanqueado por los derechos humanos, reconocidos por la carta fundamental y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.
Ello significará, sin duda, una contribución sustancial a la consolidación de nuestra democracia constitucional.
Ofrezco entonces, señoras y señores senadores, ser un juez con visión de Estado, que entienda la realidad de nuestro país; que busque la justicia por sobre todas las circunstancias y que genere equilibrio y aporte criterios que fortalezcan las políticas públicas.
Estoy entendido de la encomienda que la Constitución Federal confiere al Poder Judicial de la Federación, Poder de la Unión que debe coadyuvar en el fortalecimiento y evolución del Estado mexicano. Poder que debe entender la responsabilidad que conlleva ser el supremo intérprete de su carta máxima y árbitro de todo el poder público.
Velaré siempre por estos principios y objetivos, es y será mi convicción y tarea, es mi compromiso con México.
Con la voluntad indeclinable de hacerlo así, y de ser desde la Suprema Corte un juez del que puedan sentirse satisfechos todos ustedes, reitero mi convicción republicana, federalista y mi absoluta e incondicional entrega a México.
Senadores y senadores, representantes de todas las entidades federativas que dan fuerza a la Unión. Reafirmo nuevamente mi convicción como servidor público ante ustedes, y sobrepongo mi compromiso, de que siempre privilegiaré el bien común, en la función que se me encomiende.
Serán precisamente mi vocación de juzgador constitucional y mi formación humanista, las que refrenden y den sustancia a mis valores étnicos y profesionales.
Señores legisladores, muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, por su exposición…
(SIGUE 9ª. PARTE)… y profesionales.
Señores legisladores, muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias por su exposición, ciudadano Pérez Dayán.
Solicito a la comisión integrada por las senadoras Arely Gómez González, senador Roberto Gil Zuarth, senador Manuel Camacho Solís y senador Carlos Alberto Fuente Salas, acompañen al salón contiguo e inviten a pasar al señor Julio César Vázquez Mellado García, quien es el tercero de los candidatos en la primera terna.
Bienvenido señor Julio César Vázquez Mellado García, dispone usted de hasta 20 minutos para su exposición. Se le concede el uso de la palabra.
-EL C. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ MELLADO GARCÍA: Gracias, presidente. La verdad es que este auditorio y esta tribuna imponen. Saludo con afecto a las senadoras y a los senadores de la República. Vengo aquí después de haber dedicado toda una vida a la impartición de justicia. No he hecho otra cosa más que pretender resolver litigios. No he hecho otra cosa más que escuchar a los que claman por justicia, ponerme en sus zapatos y dictar una sentencia en donde con honestidad y con claridad he pretendido decir qué es lo suyo de cada quien.
La vida ha sido extraordinariamente noble y buena conmigo, me permite llegar ahora frente a ustedes con un anhelo, llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vestir la toga no por orgullo propio, sino con el ánimo de establecer un paradigma para todos los jueces de mi patria.
Se ha dicho aquí y se ha dicho bien, todas las atribuciones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha hablado de sus facultades, se ha hablado de sus atribuciones.
Yo quiero ahora señalar frente a ustedes algo que para mí es de fundamental importancia, porque si hay razón en lo que digo tengo derecho a pedir el voto de cada uno de ustedes para llegar al más alto sitial de la justicia de mi país.
Mucho me hubiese gustado haberle visto a los ojos a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes y explicarles en corto la pasión y la vivencia de quien ha impartido justicia, y que todavía puedo voltear hacia atrás y encontrar una vida limpia, una vida de un deber cumplido.
Es por ello que en estos breves minutos habré de mostrarme frente a ustedes tal cual soy, en mis virtudes y en mis miserias, porque los seres humanos somos un conjunto de virtudes y de miserias.
Cuánto sufrí aquella vez que una mujer llegó a pedir audiencia al Tribunal Colegiado de Querétaro, donde yo estaba como magistrado, y la vi ingresar modesta y humilde, con un delantal y con una bolsa de mercado, llevando dentro una serie de papeles y azorada entró a verme y me dice: “¿Cómo, usted me recibe?”. Señora, con todo cometimiento y la atiendo y la escucho.
Me narró todos los avatares de un procedimiento en el que estaba a punto de perder su casa. Y le dije: Bueno, pero cómo es que me dice usted que ha pagado el bien inmueble que está reclamando y ahora resulta que en el expediente no están los recibos de pago. “¡No --me dijo con gran júbilo-- los traigo aquí en mi bolsa, porque el abogado me dijo que los guardara en lo más seguro que fuera posible!”. Y yo tuve que resolver, conforme al expediente, y sentir cómo traicionaba a una persona, porque no tuve la posibilidad de ser un juez en que los derechos humanos, un juez en que la dignidad de la persona fuera fundamental y fuese importante.
La vida, decía yo, me ha sido muy grande. La vida me ha dado muchas satisfacciones. Durante cuatro años dirigí la escuela judicial y en ella mi intención y mi pasión fue enseñarles a los jóvenes jueces de Distrito, a los jóvenes magistrados, que el adquirir un puesto de esa naturaleza implicaba necesariamente una responsabilidad y una entrega absoluta. Las virtudes judiciales tienen que estar presentes en cada instante.
Y con satisfacción puedo decirles que de aquella escuela judicial brotaron nuevos magistrados, nuevos jueces con una visión más amplia, con una visión donde fundamentalmente se establece que el derecho no es un fin en sí mismo. El derecho es una herramienta para la convivencia de los seres humanos. El derecho es la mejor herramienta que los seres humanos, las personas, nos hemos logrado dar para encontrar la paz social.
Que del entramado social sólo se puede ver sincera y absolutamente entramado cuando hay jueces que defienden los derechos de cada una de las personas que acuden a un juzgado.
Legisladores y jueces nos hermanamos en que la ley estamos ciertos será el elemento que cohesione a la sociedad a la que nos debemos.
Los legisladores logran una norma de excelencia, pero requieren de jueces que bajen esa norma para poderla poner en el caso concreto y específico que dirime un litigio.
Me dirán ustedes: “¿Y qué no es usted un pretendiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué razón tiene este ejemplo de juez que nos está dando para llegar a un tribunal constitucional?” Y yo les digo: Para mí hay una función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación poco explorada y que a mi juicio debe ser incentivada, ¿cuál es ésta? El admitir, reconocer y actuar como cabeza de todo el Poder Judicial de la Federación.
Llegar ahí el juez íntegro y paradigmático implica necesariamente matizar desde la cumbre hasta el juez más modesto del rincón más modesto de nuestra República.
Es necesario entender que…..
(Sigue 10ª parte). . . . . . . . . .. ........pues más modesto del rincón más modesto d nuestra república.
Es necesario entender que de nada sirven las leyes, si no tenemos quien las aplique a toda su cabalidad.
Yo quiero llegar a la Suprema Corte para insistir en ese cuerpo colegiado en la necesidad de políticas judiciales públicas que de alguna manera enaltezcan la función jurisdiccional, porque me parece que sin buenos jueces un país no puede transitar su historia. Requiere de leyes, pero requiere de personas honestas, congruentes, convencidas, empecinadas en que la justicia sea paradigmática en nuestro país.
Señoras senadoras, señores senadores: Empiezo a entender que si no tenemos quienes sepan interpretar la norma entendiendo que un expediente de un caso no es un conjunto de hojas polvorientas, sino que detrás de cada una de esas hojas palpita una vida human, y porque es indispensable que pendamos los jueces que al momento de sentenciar debemos imaginar que vemos a los ojos del justiciable para poderle decir la condena que le corresponde, la pérdida de su patrimonio, para decirle a quién le corresponde la custodia de un hijo, si al padre o a la madre. Y esa responsabilidad se tiene que ir generando al través de toda una vida de servicio y de vivencia de los valores judiciales.
Pido a ustedes específicamente su voto personal y particular para que pueda yo acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pueda yo hacer realidad un sueño de toda la vida: Ser un juez constitucional que sirva de ejemplo a los jueces de todo mi país para que con valentía, con decisión seamos capaces de transformar nuestro entorno social, y seamos capaces de poner en evidencia que el Derecho es la herramienta que los seres humanos nos hemos dado para lograr la felicidad.
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muchas gracias señor Julio César Vázquez Mellado García, pido a la comisión que acompañe al señor Vázquez Mellado García hasta el salón contiguo a este recinto.
(SEGUNDA TERNA DE MAGISTRADOS)
- A continuación daremos el desahogo de las exposiciones de los integrantes de la segunda terna.
Es el turno de la exposición del señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante, en primer lugar, de la terna para sustituir al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Como en las exposiciones anteriores, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a mociones, preguntas o interpelaciones por parte de las señoras y señores senadores; en consecuencia, solicito a los senadores Miguel Romo Medina, María del Pilar Ortega Martínez, Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela Guevara Espinoza, y Carlos Alberto Puente Salas introduzcan a este salón al señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien es el primero de los integrantes en la segunda terna.
Hacemos un breve receso en espera de que la comisión cumpla con su cometido.
- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a nombre del Senado doy a usted la bienvenida a este salón de sesiones, conforme al acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna hasta por 20 minutos para su exposición. En consecuencia se le concede el uso de la palabra.
- EL C. ALFREDO GUTIERREZ ORTIZ MENA: Señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Muy distinguidos señoras y señores senadores: Estar ante ustedes en esta alta tribuna representa un gran honor para mí, y hacerlo por las causas que me traen a ello me enaltece enormemente.
He recibido la honra de integrar una de las ternas de candidatos a ocupar las próximas vacantes de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en este momento, recibo la honrosa oportunidad de comparecer ante esta soberanía con el objeto de exponer mi visión sobre la trascendencia institucional de nuestro máximo tribunal y sobre la impartición de justicia.
Ser parte de la Suprema Corte es para mí sin duda la mejor oportunidad de contribuir como juez de un tribunal constitucional a la construcción del modelo de estado constitucional y de democracia. Modelo al que en lo esencial aspiramos todos en este país.
A continuación explico por qué considero que la función de un juez constitucional resulta tan relevante para ello.
Como resultado de las reformas visionarias en materia de amparo, especialmente a partir de la Reforma Constitucional de 1988 en la que el legislador en su exposición de motivos explicó que el propósito de dicha reforma era convertir a la Suprema Corte en un tribunal especializado de naturaleza constitucional nuestro más alto tribunal ha experimentado una evolución progresiva para convertirse materialmente en un tribunal constitucional.
Esto es, la Suprema Corte se ha convertido en el órgano cúspide que tiene bajo su encomienda toda la custodia de la Constitución.
En efecto, la principal preocupación de un tribunal constitucional en un estado democrático no es corregir los errores individuales de los juicios de tribunales menores, esa es más bien la labor de los tribunales de apelación; la principal preocupación de un tribunal constitucional es la más amplia acción correctiva de todo el sistema. Es, fundamentalmente un garante de la regularidad constitucional salvaguardando así el concepto estado democrático constitucional.
Así, concebía su misión el notable Ministro Guillermo Guzmán Orozco, quien en su voto particular sobre un amparo directo resuelto en 1983, arguyó que los Ministros de la Corte, y cito: “....No somos jueces de proceso, sino jueces de constitucionalidad, y nuestra función no es ver que los culpables sean sancionados, sino que al acusarlo se le respete el debido proceso legal...”.
Ahora bien, en el camino para lograr que la protección judicial de la democracia en general y de los derechos humanos en particular sea efectiva, los tribunales constitucionales, entre ellos ciertamente la Suprema Corte ha tenido que ir modificando el paradigma de estado constitucional Lucioniano, así dicho modelo tradicional pretendía acotar el poder con límites meramente formales bajo dos postulados principales, por un lado: El Estado de Derecho o Gobierno de las Leyes y de los Hombres; y por el otro, el que tales leyes emanaran de los representantes del pueblo, Sufragio universal.
De esa manera tal modelo decimonónico consideraba como condiciones suficientes para la legitimación democrática del poder la existencia de un gobierno representativo y que el mismo se encontrara en todo momento sujeto a leyes.
Sin embargo, la historia política ha demostrado en reiteradas ocasiones que si bien el Estado de Derecho o Gobierno de las Leyes y No de los Hombres, es una condición necesaria para la protección de la libertad frente al poder del Estado, ciertamente no resulta suficiente.
Para lograr tal propósito se requiere además el establecimiento de límites sustantivos o materiales que permitan garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales.
Esta última noción, el control de la regularidad constitucional......
(Sigue 11ª. Parte)...garantizarle el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales.
Esta última noción, el control de la regularidad constitucional mediante la inclusión de límites sustantivos, ha sido abanderada con mucho fervor en las últimas décadas por los tribunales constitucionales; sin embargo, tal idea fue expuesta de manera muy clara desde la ilustración, si bien en determinadas épocas fue hecho a un lado en favor de otras doctrinas y modelo de Estado constitucional y democracia.
En efecto, el que la Constitución tiene como función la de garantizar los derechos fundamentales, y no sólo la de establecer el gobierno representativo y la división de poderes ha sido considerado así, por lo demás, desde el texto del artículo 16 de las declaraciones de derechos de 1789, al señalar que “todo país que no tenga derechos garantizados, ni la división de poderes establecidos, carece de Constitución”.
Así, de conformidad con dicho acuerdo fundamental, los derechos del hombre eran considerados como superiores a cualquier ley del Estado, incluyendo el Estado revolucionario, o finalmente a la República. Esta declaración fue repetida en la Constitución de la Quinta República Francesa de 1958, y así se ha mantenido vigente como límite constitucional del poder público.
Bajo esta concepción, la Constitución es pues la norma emanada del poder constituyente la que reconoce los derechos fundamentales, y no meramente la norma emanada del poder constituido que está compelida a observarlos, posición que claramente se contrapone a una noción “hobbesiana”, de acuerdo con la cual la ley es el único estándar objetivo de justicia que está disponible para los seres humanos entre sí, de donde se sigue que al ser los derechos un mero derivado de la legislación soberana entonces no son susceptibles de constituir precondiciones de la soberanía legítima.
De esta manera, se ha considerado que la característica genuina, es decir, la nota definitoria al Estado constitucional como forma política e histórica no es sólo la limitación del poder mediante el derecho, sino, sobre todo, el sentido de esa limitación. Dicho en otras palabras, la finalidad que se pretende lograr con tal limitación consiste en salvaguardar la libertad.
Así, si bien la limitación jurídica del poder puede tener otros fines distintos a preservar la libertad, como puede ser, por ejemplo, la eficacia organizativa del Estado la idea de constitución que prevalecen las democracias modernas gracias en gran medida a la labor de los tribunales constitucionales, fundamentalmente consiste en la noción de limitar el poder no por razones de pura eficacia, sino la de hacerlo para preservar la libertad.
En otros términos, la idea de que el pueblo es soberano, o, mejor, de que sólo es soberano si permanece libre, y en consecuencia de que el Estado ha de organizarse en coherencia con ese postulado, de manera que los actos del poder constituido no puedan despojar a los hombres de su libertad. La Constitución, así vista, representa sencillamente el instrumento jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos.
De esa manera, si bien el poder del Estado tendría que ser un poder representativo elegido, debía a su vez ser inexcusablemente limitado no sólo formalmente mediante el principio de representación y de legalidad, sino sobre todo materialmente mediante la defensa de los derechos humanos. Sólo la garantía constitucional de los derechos fundamentales, indisponibles por el legislador, permite juridificar de manera más plena y eficaz la democracia; es decir, asegurar que el Estado democrático, el pueblo siguiera siendo soberano, esto es, siguiera siendo un pueblo libre, cuya libertad sería intocable jurídicamente, incluso por la obra de la propia mayoría.
Ese es el núcleo o la pieza esencial de este nuevo modelo en el momento del nacimiento del Estado constitucional, producto de la revolución francesa y de la Independencia norteamericana, y lo cual ha sido revigorizado en tiempos recientes por los Tribunales Constitucionales quienes, junto con la doctrina especializada, han puesto en claro de manera enfática que la limitación material del poder supone un auténtico salto cualitativo en la concepción del modelo de Estado constitucional.
Tal cambio de paradigma constituye una verdadera conquista del constitucionalismo moderno, situación que resulta motivadora y orientadora para todo juez de un Tribunal Constitucional. Para ello, de ser seleccionado como Ministro de nuestro máximo Tribunal, dedicaré todo mi esfuerzo con pasión y consciente de la gran tradición sobre la que se encuentra construida la jurisdicción constitucional, al desarrollo del Estado constitucional y en el avance del proyecto democrático de la Nación.
Ahora bien, como anticipé, una concepción renovadora de los derechos humanos, como una precondición para el ejercicio de la democracia constitucional, fue retomada y ajustada acorde con las concepciones político filosóficas imperantes en tiempos posteriores a la apenas referido. Así, en manos de Manuel Cantt y de pensadores como John Rolls y Jürgen Habermas, la doctrina del contrato social revivió a finales del siglo XX en la forma de lo que Cantt llamó la idea de razón.
Bajo esta nueva perspectiva se concibe al contrato social no como algo realmente histórico hecho por determinadas personas, sino como un modelo conforme al que pueda examinarse si las instituciones de Estado son tales que puedan recibir el consentimiento de todas las personas afectadas. Así, lo que uno debe preguntarse si aquellas instituciones serían o no aceptadas si se propusiera su adaptación a todos en una posición de mutua igualdad.
En este mismo sentido, en la actualidad Luigi Ferrajoli, actor que ha tenido una enorme influencia en la construcción de los criterios de tribunales constitucionales modernos, ha puesto en claro que la limitación material del poder supone un auténtico salto cualitativo de la concepción de modelo de Estado constitucional.
Derivado de esta nueva concepción, todos los derechos fundamentales, no sólo los derechos sociales y las obligaciones positivas que imponen al Estado, sino también los derechos de libertad y correspondientes deberes negativos que limitan sus intervenciones, equivalen a vínculos de sustancia y no de forma, que condicionan la validez sustancial de las normas producidas y expresan, al mismo tiempo, los fines a que está orientado ese moderno artificio, que es el Estado constitucional de derecho.
Y en el plano de la democracia material, ello se traduce en el establecimiento de límites respecto de qué es lo que no puede decidirse o debe ser decidido por cualquier mayoría, y qué está garantizado por las normas sustanciales que regulan la sustancia o el significado de las mismas decisiones, vinculándolas so pena de invalidez al respeto de los derechos fundamentales y de los principios axiológicos establecidos en aquellas.
Así, los derechos fundamentales se configuran como otros tantos vínculos sustanciales impuestos a la democracia política; vínculos negativos generados por los derechos de libertad que ninguna mayoría puede violar; vínculos positivos generados por los derechos sociales que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer.
La democracia política, como por lo demás el mercado, se identifican con la esfera de lo decidible, delimitado y vinculada por aquellos derechos. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social.
Los derechos humanos, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman parte de lo indecidible, de esa manera es precisamente con la sustancia de las decisiones con lo que tienen que ver las obligaciones y prohibiciones impuestas a la legislación por los derechos fundamentales estipulados en las normas de producción, que por eso se llaman “sustanciales” aquellos que establecen las condiciones de su validez, a deferencia de las normas que condicionan su vigencia.
De ser seleccionado por este honorable Senado de la República como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pondré especial énfasis en que el funcionamiento del control constitucional de actos y normas de los diferentes órganos de Estado sea realizada precisamente de acuerdo con los cánones de la Administración de Justicia que han sido establecidos a través de un proceso continuado de depuración de los Tribunales Constitucionales y por la doctrina especializada, pues desgraciadamente existe con frecuencia la creencia equivocada de que ante casos de indeterminación, no normativa, los jueces constitucionales gozan de un enorme grado de discreción para resolver tales casos con base en sus convicciones morales o en razones prudenciales.
Cuando un juez más bien ante casos no previstos en reglas, incluyendo precedentes, se encuentra vinculado a resolver los casos no previsto en reglas con base exclusivamente en aquellos principios y normas que son susceptibles de ser exhumados o inferidos del propio orden jurídico.
Por ese motivo, de ser seleccionado como Ministro, pondré especial interés en que las políticas judiciales que orienten o debieran orientar la labor de los Tribunales Constitucionales sean explicitadas para que, de esa manera, pueda eficientarse la función de la Suprema Corte como garante de los derechos fundamentales, en especial, y de la democracia…
(SIGUE 12ª PARTE).... de esa manera pueda eficientarse la función de la Suprema Corte como garante de los derechos fundamentales, en especial, y de la democracia en general.
Ese nuevo paradigma de Estado Constitucional ha sido reflejado, incluso, en el ámbito del Derecho Internacional, con gran ímpetu, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, así en diciembre de 1948, la reciente creada organización de las Naciones Unidas estableció y proclamó la declaración universal de los derechos humanos, la que debía ser suscrita por todos los miembros de la ONU, posteriormente se han producido muchas más convenciones realizadas, relacionadas en materia, tales como discriminación racial, discriminación contra la mujer, los derechos de los niños y similares.
El resultado general es la concreción de modo cada vez más detallado los compromisos a gran escala expresado en la Declaración Universal. Claramente todo esto da cuenta de una considerable institucionalización de los derechos humanos, tanto internamente como en cada estado como a través de organizaciones internacionales; la forma de esta institucionalización transforma el antiguo debate de los derechos fundamentales.
Puede seguir siendo objeto de controversia, y de hecho lo es, tal como antes lo fue, si es que existen derechos naturales universales fundados en principios morales universalmente válidos.
Muchas escuelas de pensamiento han tratado de demostrar en diversas maneras cómo es que se pueden fundar objetivamente derechos y deberes morales básicos, vinculantes para los seres humanos, simplemente en virtud de la naturaleza humana o de la naturaleza de las cosas.
Otros se oponen, pero esto no por ello ha de oponerse también a la institucionalización de los derechos humanos, lo cual, como se ha dicho, representa un salto cualitativo en la protección de la libertad humana y del ejercicio efectivo de la democracia constitucional.
Así, el nuevo paradigma de la justicia constitucional requiere para estar en condiciones de fungir como un verdadera garante de los derechos fundamentales y de la democracia, que el poder político sea acotado o limitado no meramente mediante límites formales relativos a procedimientos que deben ser observados para la creación de las leyes a través de representantes democráticamente elegidos, sino además mediante límites sustantivos o materiales que permitan garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales.
Esta situación constituye, como se ha insistido, una condición necesaria para la efectiva “juridificación” de la democracia, pues ello resulta el único modo de hacer compatible la existencia del poder político institucionalizado, y la subsistencia de una sociedad libre.
En consecuencia, el juzgador está sometido a los derechos fundamentales como se expresa en la gran frase de “Krüger”, que señala, antes los derechos fundamentales valían en ámbito de la ley, ahora las leyes valen en el ámbito de los derechos fundamentales. Nuestro máximo tribunal, en su actual conformación, ha desempeñado un papel fundamental en el tránsito de una constitución nominal a una constitución normativa, con base en un criterio que contrasta las normas constitucionales con la realidad del proceso político.
La idea básica subyacente a este criterio, es que una Constitución escrita no opera por sí misma, una vez aprobada, sino que una Constitución es lo que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica para que sea real y efectiva, esto es normativa, una Constitución tiene que ser observada fielmente tanto por los detentadores como destinatarios del poder, esto es necesariamente por operadores jurídicos del sistema quienes se someten a los límites establecidos por la propia Constitución, y en primerísimo lugar los jueces constitucionales.
Por ello, de ser designado ministro, tendré como uno de mis principales objetivos el que se haga muy patente, el que se conscienticen las conquistas que han sido efectuadas en tiempo recientes por la jurisdicción constitucional a fin de generar las condiciones para continuar el desarrollo y expansión de esta en los términos en que la misma ha sido desarrollada por los tribunales constitucionales, los instrumentos internacionales, y por la doctrina especializada.
Finalmente deseo transmitirles, señoras y señores senadores que es para mí un honor el ser considerado para ser partícipe como juez de nuestro máximo tribunal, en una continuada elaboración del modelo de Estado constitucional y de democracia que exigen las necesidades heterogéneas y cambiantes de este país.
El Congreso de la Unión, y muy especialmente esta Honorable Cámara, han dado cuenta de la vida profesional pública de quien está frente de ustedes, pues en tres ocasiones anteriores he acudido a solicitar su confianza para desempeñar delicadas responsabilidades del quehacer público.
En cada ocasión he prometido cumplir cabalmente con las obligaciones inherentes a tales responsabilidades, y hoy, en esta, que sin demérito de las anteriores, representa la de mayor trascendencia, acudo nuevamente ante ustedes con la honra del deber cumplido para comprometer, en caso de que esta soberanía así lo decidiera, todo mi empeño, toda mi cordura y mi lealtad absoluta a la nación, a favor de la noble y anhelada causa de la justicia. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias al señor Alfredo Gutiérrez Ortiz. A la misma comisión le solicitamos acompañe al salón contiguo al compareciente; y a la misma comisión que invite a pasar a la ciudadana Norma Lucía Piña Hernández, quien ocupa el segundo lugar en la terna, para sustituir al Ministro Aguirre Anguiano. Hacemos un breve receso.
Sea bienvenida, señora Norma Lucía Piña Hernández, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos, para su exposición.
-LA C. SEÑORA NORMA LUCIA PIÑA HERNANDEZ: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores senadores, mi presencia en la más alta tribuna del país me honra y me distingue, pero más allá de esos sentimientos estrictamente personales, me responsabiliza. Fue propuesta por el Poder Ejecutivo, y si ustedes así lo deciden ocupare el alto cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se eligen a través de sufragio directo, en cambio, el Constituyente dispuso que a propuesta del Ejecutivo en ustedes recaiga la responsabilidad de la elección de los ministros de la Suprema Corte, facultad de gran trascendencia y complejidad, ya que tienen que decidir quien de los aspirantes cuenta con las cualidades y capacidades necesarias para integrar el máximo tribunal, y cumplir tan honrosa encomienda.
El cuidado que impone esta misión, y más en un momento como el que atraviesa nuestra nación, impone que el proceso de elección en curso sea llevado acabo con la mayor acuciosidad, el Estado Constitucional, entendido como el ideal del Estado de Derecho implica el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón.
Un Estado constitucional descansa sobre tres pilares: a dos de ellos los elige directamente el poder soberano, y el pueblo ha dispuesto que el tercero sea el garante de su solidez, reflejado en el respeto y procuración de los derechos humanos, y lo ha facultado como guardián....
(Sigue 13ª parte). . . y procuración de los derechos humanos y lo ha facultado como guardián para evitar los excesos en que pudiesen incurrir todas las autoridades del país.
La historia nos dice que en tiempos de crisis es frecuente que tales excesos se cometan, y por ello es un hecho notorio que el Constituyente ha incrementado extraordinariamente el poder de los jueces, y en particular el de los jueces constitucionales.
Vivimos, como “Bovio” escribió hace ya muchos años, en la edad de los derechos y al juez de manera muy especial, al juez constitucional le ha sido confiada la protección de esos derechos.
En eso radica, entre otras cosas su alta función, en contribuir a garantizar los derechos de las personas, todos los derechos y de todas las personas, he ahí la relevancia de este proceso democrático en el que el Senado ejerce la elevad función de elegir a quienes integrarán el máximo tribunal del país.
Soy profesora normalista y como jurista empecé en la Academia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tengo 24 años de pertenecer al Poder Judicial de la Federación, ocupé el cargo de juez por oposición y soy magistrada también por concurso de oposición y he seguido preparándome personal y académicamente para cumplir con la elevada función de juzgadora, así lo refleja mi historia de vida.
Estoy convencida que la capacidad no es una cuestión de género, provengo de una familia de cuatro mujeres y ahora por ironías de la vida, soy madre de tres hijos hombres y comparto mi vida con mi esposo desde hace más de 27 años.
Sin embargo también estoy convencida que en una democracia las mujeres debemos participar en la construcción del país que queremos, elegir nuestro destino, actuar y pensar no sólo o no únicamente en función del bienestar familiar, sino en nosotras mismas, es decir, asumirnos no como medio, sino como fin, la teoría y la realidad indican que generalmente eldesarrollo de las naciones auténticamente democráticas, se mide entre otros parámetros por el número de mujeres que ocupan los cargos públicos.
La solución de los conflictos en las sociedades democráticas se han confiado a los jueces y a un ministro le corresponde decidir tales conflictos con un gran impacto nacional.
Se dice, reiteradamente que un ministro debe cumplir una función de estado, pero no se explica en qué consiste la misma.
El juez dirime una controversia entre partes, atendiendo a los intereses particulares de quienes en ella intervienen, el juez constitucional va más allá, ser juez constitucional entraña primordialmente una alta responsabilidad social, política, jurídica, profesional y personal, circunscrita respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales en ella contenida, conlleva fidelidad a los principios que sustentan nuestra convivencia y que marca los límites del respeto a la esfera de lo individual sin afectar la esfera de lo colectivo, teniendo siempre en cuenta que la ingeniería constitucional sólo se explica en relación con la cultura de un país y en el caso de México con nuestra identidad nacional.
Las decisiones del os ministros deben estar inspiradas en la imparcialidad, que como todos sabemos, quiere decir que el criterio del juez no ha de estar sesgado en favor o en contra de ninguna de las partes que accione nuestro sistema de justicia constitucional, el juez ha de esforzarse por ser objetivo, ha de facilitar que pueden expresarse todos los argumentos que sean relevantes en el caso a resolver y a de elegir los más justos, incluso cuando éstos lleven a una solución que no sea la que él como individuo particular hubiese preferido.
Pero imparcialidad no significa neutralidad, en el sentido de que el juez constitucional no puede prescindir de los valores que informa la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Las soluciones imparciales y objetivas tienen que ser al mismo tiempo soluciones comprometidas con los valores de nuestra Constitución que legitimen a sus intérpretes.
La legitimación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se construye también con la transparencia.
Entiendo por tal la claridad y justificación de su sentencias, que supere las pruebas más estrictas de los peritos en derechos y de quienes no lo son. Es decir, en suma, entendibles por todos, sentencias que justifiquen una decisión por más complicado y debatido que sea el tema, sentencias que se dicten por y cada una realidad mexicana, sentencias que contribuyan a la democracia y a hacer realidad la justicia en una nación pluricultural, sentencias que dicten el activismo judicial y que no olviden que el primer deber del juez es actuar conforme a derecho y de manera prudente.
En otro país como México, la justicia constitucional es una instancia fundamental para luchar contra todo tipo de discriminación, práctica que lamentablemente ha sido una constante en nuestra historia.
Algunos de los casos más relevantes de discriminación están relacionados por la condición de ser mujer, de pertenecer a algunas de las comunidades indígenas que conforma nuestra nación o de estar en cualquier tipo de situación que implique un riesgo de exclusión social.
Mención especial requiere el caso de la protección de los grupos vulnerables y del caso de los guiños y de adolescentes, quienes como presente y futuro de nuestra nación necesitan la máxima tutela.
El gran pedagogo “John Dewey” expresó: “Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás”.
Nuestro sistema de justicia constitucional le impone a un ministro la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del estado y en sus diversas . . .
(Sigue 14ª parte)…constitucional, le impone a un ministro la obligación de salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado y en sus diversos órdenes para garantizar un sistema democrático a través de la solución de controversias que se susciten entre ellos, y el garantizar el acceso a las minorías parlamentarias, a los organismos reconocidos que actúan a favor de los derechos humanos, al Poder Ejecutivo por conducto del Procurador, y a los partidos políticos tratándose de leyes en materia electoral, y para ello el ministro tiene que ser independiente, lo que no implica tener la capacidad, perdón, lo que implica tener la capacidad para resistir a todas las presiones externas a su función, como las provenientes de los poderes políticos y económicos, y de lo que ahora suele llamarse “Los poderes blandos”.
El juez constitucional tiene que tomar sus decisiones considerando únicamente las razones provenientes del derecho para no decidir de manera arbitraria, tal circunstancia constituye uno de los principios que garantiza la existencia de una sociedad democrática.
La independencia no es una prerrogativa del juez constitucional, es un derecho del que acciona esa justicia, ya sea a través del juicio de amparo las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales.
Además, independencia no quiere decir: “Formalismo”.
Sometimiento al derecho, no significa dejarse esclavizar por la letra de la ley.
Las normas deben de interpretarse para lograr la justicia de acuerdo con los propósitos, los objetivos y los valores que subyacen en las mismas.
En su función de garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los individuos, un Ministro de la Suprema Corte no debe actuar de manera formalista.
Lo que razonablemente se espera de él, no es que use de la letra de la ley como una especie de escudo frente a los riesgos de soluciones innovadoras, sino que sea capaz de innovar el derecho.
“Renovar” no significa apartarse del derecho, sino desarrollarlo cuando la protección efectiva de los derechos de los individuos así lo requiera.
Buscar la justicia a través del derecho, debe ser el objetivo del juez constitucional. Es la capacidad para encontrar soluciones justas a los casos que ha de decidir, y capacidad para argumentarlas, motivarlas, sin abandonar el derecho.
En la actualidad, con la lección del caso Radilla, que todos ustedes ya conocen ampliamente, y a partir de las reformas a la Constitución, nuestro sistema jurídico se está redefiniendo.
La vereda que conduce a la justicia está franqueada por 2 precipicios, ahora que está de moda hablar de precipicios ¿verdad? el formalismo y el activismo judicial.
A los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corresponde, además, marcar el rumbo que todos los jueces del país debemos seguir, de ahí, repito, la relevancia de su decisión en este proceso democrático.
Tenemos la fortaleza del orgullo por nuestra nacionalidad y la obligación, como servidores públicos, de realizar nuestra función como lo exige nuestra ley fundamental.
La congruencia de las decisiones debidamente justificadas, y derivado de ello, la seguridad jurídica, son valores que no se deben menospreciar como atributos de un ministro, porque además, en sí mismo, son derechos fundamentales, como son el de legalidad y el de igualdad ante la ley, y son la base sobre la que se erige como condición necesaria la satisfacción y procuración de los derechos humanos, derechos que no implican ninguna concesión, sino que constituyen la condición o el límite para la actuación de la autoridad, correspondiendo a los jueces constitucionales la elevada misión de velar porque no se transgredan.
Estoy segura que la decisión que ustedes adopten, como culminación de este proceso democrático, será la correcta.
Mis compañeros son reconocidos juristas y personas destacadas.
El estado constitucional de derecho precisa de jueces comprometidos con los valores de libertad y de igualdad, leales con el derecho, pero ampliamente entendidos y abiertos a las exigencias de una sociedad democrática, como es la mexicana, en que la exclusión social es más que un riesgo.
La función de un ministro implica: analizar la regularidad constitucional de las normas generales a través de juicios de amparos promovidos por los gobernados, lo que en algunos casos, y con las condiciones requeridas por nuestra Constitución, podría conducir a una declaratoria general de inconstitucionalidad.
Es examinar esa misma regularidad garantizando el derecho de las minorías parlamentarias, de las instituciones que actúan en defensa de los derechos humanos, del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos en materia federal electoral para hacerse oír a través de la acción de inconstitucionalidad, y además conlleva el resolver controversias entre los diversos órganos de los órdenes Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, para hacer valer y proteger sus atribuciones.
La tarea de un ministro supone, por lo tanto, hacer frente a grandes dificultades y enormes retos. Eso, en mi opinión, es en lo que consiste la responsabilidad de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ello, como lo mencioné al principio, participar en este proceso, más que una distinción, implica una gran responsabilidad, responsabilidad que estoy segura todos ustedes asumen en la participación de este proceso democrático, y que tomarán su decisión por el bien de México.
Hablar de democracia es hablar de justicia. Si nos preciamos de ser una nación democrática, debemos hacer efectiva la justicia en México.
-EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias por su exposición, señora Piña Hernández, y solicito a la comisión acompañe a la ciudadana Norma Lucía Piña, al salón contiguo e invite a pasar al señor Ricardo Romero Vázquez, quien es el tercer…
(Sigue 15ª. Parte)… y solicito a la comisión, acompañen a la ciudadana Norma Lucía Piña, al salón contiguo, e invite a pasar al señor Ricardo Romero Vázquez, quien es el tercer integrante de la terna para cubrir la vacante del Ministro Aguirre Anguiano.
Sean usted bienvenido, ciudadano Ricardo Romero Vázquez, dispone de hasta 20 minutos, para su exposición.
-EL C. RICARDO ROMERO VÁZQUEZ: Muchas gracias.
Respetables señoras senadoras y señores senadores de la República: Comparezco ante el pleno de esta honorable Cámara, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución General de la República y del acuerdo de la Mesa Directiva, que establece el procedimiento para la elección de dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del día 13 del mes que transcurre.
Ser parte en este proceso democrático, para la designación de dos integrantes del máximo tribunal del país, me distingue y honra; por el solo hecho de haber sido considerado para integrar la terna, para cubrir la vacante de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, sobre todo al lado de dos notables juristas, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, quien además me distingue, desde hace algunos años, con la más noble de las virtudes del ser humano: su amistad.
Y de don Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, maestro en derecho tributario, impecable servidor público y actual jefe del Sistema de Administración Tributaria.
Mi trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación, comprende 32 años de servicio, durante los cuales tuve la oportunidad de fungir como Actuario Judicial, un breve tiempo.
Como secretario de Acuerdos y Proyectistas, en un juzgado de Distrito, especializado en materia civil en el Distrito Federal, y después secretario Proyectista en un Tribunal Colegiado en materia civil, del Primer Circuito, por más de siete años.
Posteriormente secretario de Estudio y Cuenta, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte, y unos cuantos meses en la actual Primera Sala, pues a principios de 1995, fui designado Juez de Distrito en el estado de Campeche, que no tiene ni tenía especialización y, por tanto, conocía de todas las materias.
Finalmente, tengo 15 años como integrantes de tres Tribunales Colegiado en materia civil, con sedes, uno en el Distrito Federal, y dos en la ciudad de Toluca, en el estado de México.
No obstante, considero que la preparación de un juzgador, no sólo debe comprender la experiencia profesional. No, el juzgador no sólo es escuela, el juzgador debe vivir y aprender a juzgar el entorno en que vive y se desarrolla.
Los tribunales, no son laboratorios de la imaginación, en donde se experimente con la vida, la libertad o el patrimonio de las personas.
Los tribunales, con la conclusión de la experiencia y del estudio. Para dictar una sentencia, es necesario aprender y comprender la existencia del ser humano; en su familia, en la comunidad en la que se desarrolla y en la sociedad en la que participa activamente.
Desde luego, no se niega, que el Livio contiene experiencias, pero por si solas, nunca serán suficientes…
El de la voz, es el primero de ocho hermanos. Mis estudios los realicé en la ciudad de México. La licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y los postgrados, Maestría en Derecho de Amparo y Doctorado en Ciencias Penales, en la Universidad Tepantlato.
Desde entonces aprendí que todos tenemos la posibilidad de triunfar en la vida, por medio del estudio y del trabajo.
Antes de comenzar a desempeñarme en el Poder Judicial de la Federación, en el año 1980, desempeñé los más variados trabajos, en el comercio, en la fábrica y en la oficina. También fue pasante de derecho, en donde mi primera experiencia la viví en un despacho jurídico, en el que me dijeron que fuera al entonces Palacio de Lecumberri, en la sección en donde estaban instalados los juzgados del fuero común. Con la indicación, observa bien a las personas que ahí se encuentran, si les ves con cara de preocupación o llorando, acércate a ellos y diles: “que le pasa, señor; qué le sucede, señora, le puedo ayudar en algo, soy abogado”.
Sí, me estaban mandando a coyotear.
Desde luego que no lo hice, me marché a casa, y no regresé.
¿Qué más aprendí en esa época? Muchas cosas.
Algunas positivas. Como por ejemplo, que a través del estudio te superas. Que a través del trabajo prosperas. Que con lealtad y amor, disfrutas la vida y eres feliz.
Algunas otras, no muy agradables. Como ocurría con los comerciantes ambulantes, que se instalaban, muy de madrugada allá en las lecherías o en los molinos de nixtamal, a vender algunos productos y eran prácticamente correteados por la camioneta de la vía pública. O el despido de los trabajadores, esto que era tan común en aquellos tiempos, por el solo hecho de haber incurrido en una grave falta: la de haber cumplido 40 años. Antes, era casi un delito llegar a los 40 años y ser un trabajador.
O bien, otras actitudes autoritarias, como la detención por parte de policías, por no haber invitado un refresco o un cigarro, de los normales, no de otros. O por traer el cabello largo, en los años 60-70, pero todo eso, todo es, es experiencia.
Pues bien, en atención al acuerdo de la Mesa Directiva, que me referí en un principio, y basado en las experiencias narradas.
Ahora les daré a ustedes la visión que tengo de la impartición de justicia.
Desde siempre, se imparte por una persona que estudia y se especializa, precisamente para llevar a cabo esa actividad, la de administrar justicia.
Por ello, debe conocer la ley. Entenderla y aplicarla a situaciones que se generan en la vida cotidiana, y que debe saber comprender, la tarea del juzgador es difícil, debe tener, como decía Sócrates, ya lo decía alguno de mis compañeros, cuatro características: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.
Esas circunstancias y cualidades…
(SIGUE 16ª. PARTE)… ponderar prudentemente y recibir imparcialmente.
Estas circunstancias y cualidades deben satisfacerlas el juez constitucional que integre la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir los asuntos y controversias que se dirimen en tan alto tribunal y que indefectiblemente comprenden derechos no sólo de carácter fundamental, sino más sutiles aún, los denominados derechos humanos que son más amplios por cuanto a su reconocimiento previsto no sólo en el código político más importante del país, la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que comprenden el conjunto de prerrogativas inherentes a la persona, indispensables para su desarrollo comunitario y que deben ser respetada por todos, especialmente por las autoridades gubernamentales.
Y como no siempre es así, las controversias correspondientes deben resolverse ante el órgano jurisdiccional que tiene la característica de ser terminal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la actualidad los derechos humanos comprenden las prerrogativas civiles y políticas, como so la vida, la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad de derechos, la prohibición de la esclavitud en toda sus formas, la servidumbre, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el respeto a la vida privada, a la intimidad, a la correspondencia, al libre tránsito, a tener una nacionalidad, a buscar asilo y disfrutar de el en cualquier país, a casarse y decidir libremente el número de hijos que desea tener, a que se le reconozca su libertad de pensamiento, opinión y expresión de ideas y de religión, de reunión y asociación política.
Algunos de estos derechos, aunque recientemente reconocidos en la Carta Maga, desde hace mucho tiempo eran identificados como tales en la doctrina y clasificados como de primera generación.
También comprende los derechos humanos de la segunda generación que incluyen las prerrogativas económicas, sociales y culturales, las cuales se materializan mediante la implementación de acciones, programas y estrategias, como la seguridad social, condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, también a un nivel adecuado de vida en la que se asegure salud, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica, así como los servicios sociales indispensables y el derecho a la educación gratuita, hasta la preparatoria a partir del 9 de febrero del presente año.
Actualmente se reconocen los denominados derechos humanos de tercera generación que ven no sólo al progreso social en una determinada región, sino al marco de respeto y colaboración mutua en la comunidad internacional, destacando la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación regional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y en general el desarrollo que permita una vida digna.
Con el conocimiento de estos derechos también se ampliaron los conceptos de parte agraviada en la promoción del juicio de amparo que constituye por antonomasia el único medio de control constitucional de que disponen el individuo o el gobernador, pues ahora se comprende el interés jurídico y además el interés legítimo.
En este sentido, la visión de la justicia por un Ministro de la Suprema Corte implica estar al día en el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, sobre todo a conocer y ponderar el desarrollo de esos derechos en otras latitudes. De manera que no se limite a decidir igual que en otros lugares, sino que compare la tradición y la idiosincrasia que prevaleció en el caso resuelto y lo pondere con la tradición, cultura e idiosincrasia de nuestro pueblo, pues antes que nada debe velar por preservar nuestra identidad.
También en este sentido es importante que el ministro esté convencido de qué es lo más conveniente para los individuos y para el país, como integrante de la Comunidad Internacional de la que voluntariamente forma parte ante el planteamiento de la supremacía del orden jurídico, sin perder de vista y en todo caso armonizar el reconocimiento y sujeción a las resoluciones de los tribunales internacionales con todo lo que ello involucra.
La aspiración general de la ciudadanía, en materia de administración de justicia, consiste en que las resoluciones de las controversias se lleve a cabo de manera pronta y expedita, uno de los factores que tradicionalmente obstaculiza ese ideal lo constituyen las cargas de trabajo que en el mejor de sus efectos produce rezago y eso molesta a los justiciables.
Ya lo dice el adagio: “Justicia que no es pronta, o sea, rápida y expedita, o sea, libre de todo estorbo, no es justicia”.
Para abatir ese mal, se ha puesto de moda la oralidad y la informática, o si se quiere la cibernética. Para agilizar el trámite de los asuntos en la Suprema Corte, para hacer efectivo el imperativo constitucional, sólo se puede emplear la tecnología. Veo en propio para ello la oralidad, dada la naturaleza de los asuntos que conoce y, para ello, en el proyecto de Ley de Amparo se reglamenta el uso de la firma electrónica que es el preámbulo de los juicios en línea. Por ello, en breve los ministros de la Suprema Corte deben estar a la altura de las circunstancias. Con ello, desde luego, se agilizarán la solución de los conflictos, porque se podrán allegar de la información indispensable actual y de la más variable índole, previendo la implantación de redes, de comunicación, ligadas a la potencialidad de los instrumentos para almacenar, gestionar y transmitir información, con lo que se logrará una rápida tramitación de los tradicionales modos de organización social y económica, lo que tiene impacto en el estilo de vida patrones de convivencia y administración política eficiente.
Otro de los factores que también pueden contribuir a la agilización y resolución de los negocios jurisdiccionales, la constituye el adecuado uso de la facultad de dictar acuerdos generales para la remisión de asuntos a los tribunales colegiados de circuito. De modo que de la manera más acertada se logre abatir el rezago a lo que se debe de agregar que la Reforma Constitucional también prevé la tramitación de juicios colectivos y la instauración de procedimientos relacionados con acciones colectivas, con las que, sin lugar a dudas, se administrará justicia a un mayor número de personas en muy pocos actos jurídicos.
En los últimos tiempos la Suprema Corte de Justicia desempeña un papel destacado en la consolidación de la democracia que se erige en un principio fundamental, basado en la soberanía que representa la voluntad popular, que exige el respeto irrestricto a sus derechos jurídicos y legítimos.
La Suprema Corte se alza como el fiel de la balanza en el sistema de pesos y contrapesos que implica la tramitación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las cuales son sometidas a su decisión y deben garantizar la preservación de condiciones aceptables para lograr una convivencia social, política y……..
(Sigue 17ª parte). . . . . . . . . . . . .........y acciones de inconstitucionalidad, las cuales son sometidas a su decisión y deben garantizar la preservación de contenciones aceptables, para lograr una convivencia social, política y armónica mediante el fortalecimiento de las instituciones del Estado, donde, respetuosa, y haciendo respetar la esfera de competencias de cada autoridad se erija la Suprema Corte de Justicia.
De las instituciones más sólidas que caracterizan la vida institucional del país sobresalen los medios de control constitucional a través de los cuales se salvaguardan los derechos constitucionales y los derechos derivados de los tratados internacionales a favor de los gobernados, incluso por invasión de la esfera de competencia de las autoridades gubernamentales.
Por ello, mi vehemente convicción sobre la necesidad de que por medio de la actuación efectiva de la Suprema Corte de Justicia a través de los medios legales y pacíficos que tiene, que consolide el imperio del derecho, el respeto a los bienes de las personas y el clima de paz y justicia que es el anhelo del pueblo de México y que estoy dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias, si es que ustedes, señores y señoras senadores así lo creen conveniente.
Señoras y señores senadores: Gracias por permitirme compartir mis anhelos. El sueño de que nuestra patria cuente con una justicia moderna, transparente, accesible, eficiente, rápida y comprensiva para todos, bajo una premisa justa con cara humana pues la justicia es y será la reina de las virtudes, no se ve, no se siente, no se toca, pero cuando se imparte adecuadamente se logra el anhelo más importante del hombre, la paz social.
- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, señor Magistrado Romero Vázquez, muy amable. Solicito a la comisión designada se sirva acompañarle al salón contiguo.
- Concluidas las exposiciones de los candidatos de las dos ternas, procede su comparecencia ante la Comisión de Justicia, conforme al acuerdo aprobado por sus integrantes, y del cual dimos cuenta al inicio de nuestra sesión de este día.
Se recibió de los senadores Lilia Guadalupe Merodio Reza y Carlos Alberto Puente Salas un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se turna a la Cámara de Diputados.
Asimismo, se recibió del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al último párrafo el Artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y, de Estudios Legislativos Primera.
Vamos a dar lectura a los que se turnan a la Cámara de Diputados, Secretaria, por favor.
- LA C. SECRETARIA BARRERA TAPIA: Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a la Cámara de Diputados.
De la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se destinen 165 millones de pesos para el control y mitigación de la plaga THLV en el Estado de Colima que se turna a la Cámara de Diputados.
Otra proposición de los senadores Marcela Torres Peimbert y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de Acuerdo que exhorta asignar una ampliación presupuestal al Instituto Politécnico Nacional para finalizar la construcción del Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada en los estados de Querétaro que se turna a la Cámara de Diputados.
Otra más de la Senadora Martha Elena García Gómez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de acuerdo que exhorta a contemplar dentro del anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación un aumento de recursos dirigidos a la atención de madres solteras que deseen concluir sus estudios de educación profesional especializada, técnica o de licenciatura que se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.
El último, de los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una ampliación presupuestal para el Ejercicio 2013 destinado exclusivamente a la resolución definitiva de los conflictos agrarios que se turna la Cámara de Diputados.
- EL C. PRESIDENTE BURGOS GARCIA: Muchas gracias, esta Presidencia ratifica los turnos de los que se ha dado cuenta.
Honorable Asamblea: Me permito informarles que realizaremos un simulacro de evacuación por caso de sismo, escucharemos primero una alarma de advertencia que servirá para saber que tenemos 20 segundos para colocarnos en un sitio seguro.
Quienes están ubicados debajo del tragaluz y la línea de iluminación deberán subir por los salones y escalones hacia la pared del fondo; los que estamos en la Mes Directiva, deberemos colocarnos a un lado de las escaleras.
Posteriormente escucharemos otra alarma con un sonido distinto que nos indicará que debemos desalojar el recinto de manera ordenada hacia Paseo de la Reforma en el parque “Luis Pasteur”.
Nuestros invitados en los palcos recibirán instrucciones de brigadistas asignados.
Una vez que concluya el simulacro, regresaremos a este salón a reanudar nuestra sesión.
(BREVE RECESO A LAS 14:30 HORAS)
(Sigue 18ª. Parte)-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se reanuda la Sesión.
En el apartado de iniciativas, la Mesa Directiva acordó realizar únicamente una ronda de intervenciones en tribuna para su presentación.
En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
-LA C. SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ: Gracias, Presidente. Con su permiso.
A nombre del Senador Arturo Zamora Jiménez, de los senadores Miguel Ángel Chico Herrera, de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, de la Senadora Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, María Lucero Saldaña Pérez, y del mío propio, Margarita Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de Delitos de Trata de Persona cuando sean cometidos por parte de la delincuencia organizada.
Si bien es cierto que durante muchos años juristas y sociólogos restringieron las actividades de la delincuencia organizada casi exclusivamente a la esfera del narcotráfico, desde hace algún tiempo esta situación ha progresado, al grado que hoy se acepta, casi por unanimidad, que la delincuencia organizada ha extendido sus actividades a la comisión de otros ilícitos de muy variada naturaleza y la trata de personas es precisamente uno de los delitos en que la delincuencia organizada registra mayor actividad.
Según cifras de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, en México existen diez mil mujeres que son traficadas con fines de explotación sexual; cinco mil son trasladadas a Estados Unidos y Canadá cada año. Los estados con mayor incidencia de mujeres traficadas son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo, en tanto que los principales puntos de destino son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.
El artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prevé que el delito de delincuencia organizada se comete cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o re iterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que se mencionan en las fracciones I y VII del mismo numeral, que son a saber:
En la primera, el terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter.
Segundo, acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Tercero, tráfico de indocumentados, previstos en los artículos 159 de la Ley de Migración.
Cuarto, tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud.
Quinto, corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal.
Sexto, delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles.
Séptimo, las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre del 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, algunas conductas definidas como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; sin embargo la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; es por ello que, aún que la trata de personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los delitos en materia de trata de personas, no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos, para luego y proceder contra los autores ante los tribunales de la Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas.
En virtud de lo anterior y a fin de que se cuente con un marco que brinde certeza jurídica y de evitar lagunas en materia de competencia, formulamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en Materia de Delitos de Trata de Personas cuando sean cometidos por parte de la Delincuencia Organizada.
Artículo 3.- Los delitos señalados en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo no serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres…
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño de la Senadora Dávila.
-LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: (Desde su escaño) Solicito si esta iniciativa sea turnada también a la Comisión Contra la Trata de Personas, por favor, por el tema que se toca.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Concedido. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Marcela Torres Peimbert, a nombre propio y de diversos senadores, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
-LA C. SENADORA MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT: Con su permiso, señor Presidente.
La presente iniciativa no es sólo a nombre mío, es a nombre del Senador Ernesto Ruffo, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios, Dolores Padierna, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, así como de la Cumbre Ciudadana, realmente somos la voz de estas ciudadanas y ciudadanos que han estado trabajando fuertemente por la sociedad mexicana…
(SIGUE 19ª PARTE)..... realmente somos la voz de estas ciudadanas y ciudadanos que han estado trabajando fuertemente por la sociedad mexicana.
Estamos ante un cambio de época, fenómenos como la migración, la inclusión de la mujer en el mercado laboral, la transformación de la institución familiar, entre otras cosas, han ocasionado que la sociedad mexicana sufra fuertes modificaciones.
Desde hace algunos años la conformación familiar se transformó. Según cifras del INEGI, tan solo siete de cada cien niños viven con ambos padres, mientras que el tiempo promedio de duración de un matrimonio es de diez años, existen en la actualidad una conformación diversa de familia, esto implicó necesariamente un cambio en la estructura social, tareas básicas como la transmisión de valores, la formación de una identidad nacional de unión y de trabajo en equipo, de protección a los niños, a los adultos mayores, y a los enfermos, ya no se viven únicamente en el seno familiar.
Hoy tenemos un hueco en el proceso de formación del ser humano, el cual no se cubre con el deficiente sistema educativo mexicano, y es paulatinamente reemplazado por los medios masivos de comunicación, que acompañan a nuestras niñas y niños en promedio cinco horas diarias.
El fenómeno de transformación de la familia es mundial, y plateó un reto a las sociedades actuales, adaptarse y buscar la manera de sustituir las funciones que antaño eran exclusivas de las familias.
En países como Alemania, donde cada ciudadano participa en promedio en al menos siete organizaciones sin fines de lucro, las tareas que antes realizaba la familia ahora las realiza esta sociedad organizada, es así que la participación ciudadana a través de la conformación de organizaciones de la sociedad civil, se pondera en el siglo XXI como el mejor medio para trasmitir valores, para formar identidad nacional, para proteger a los desvalidos, para generar unión y enseñar a trabajar en equipo a los jóvenes que forman parte de una sociedad determinada.
En nuestro país la figura de Estado paternalista que subsistió durante muchos años, generó una codependencia de los mexicanos y mexicanas hacia la resolución de los problemas sociales mediante medidas estrictamente gubernamentales, esta codependencia ha impedido fortalecer a la ciudadanía y trascender de una mera democracia formal a una democracia de calidad.
La gran cantidad de legislación electoral nos demuestra que los esfuerzos por fortalecer la democracia no debe ser solo legislativos, por el contrario, la democracia no se logra exclusivamente por las leyes; la democracia se logra sólo a través de las ciudadanas y ciudadanos, que son capaces de construir una democracia sólida cuando se les permite participar y deliberar los asuntos públicos.
En nuestro país existen tan sólo 36 mil organizaciones de la sociedad civil, para aproximadamente 112 millones de mexicanos, mientras que en países como Argentina, existen cien mil para 30 millones de argentinos.
En México no comprendemos que la ciudadanía es lo que hace fuerte al país. Como legisladores de esta situación nos exige tomar medidas, a efecto de reformar el marco fiscal de las organizaciones con el objetivo de incentivar la creación de nuevas y fortalecer las ya existentes.
En el entendido de que como medida de largo plazo se liberará al Estado de realizar muchas actividades que se pueden realizar de manera mucho más eficiente, desde la sociedad civil organizada.
Actualmente la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece un límite de siete por ciento a la deducibilidad de los donativos otorgados por personas físicas y/o morales, a donatarios autorizados. Este bajo margen no incentiva la donación, y mucho menos permite la proliferación de recursos que financien la operación de organizaciones de la sociedad civil, que por vocación y compromiso atienden a grupos vulnerables, minorías y dan solución a problemas sociales, “ecológicos”, y de distinta índole en el país.
Esta situación de falta de fuentes de recursos para apoyar la operación ciudadana a través de las organizaciones, sólo limitan el tamaño del sector social, su capacidad de acción y desincentiva la donación, haciéndolas dependientes mayoritariamente del recurso público.
Las organizaciones de la sociedad civil han cobrado verdadera importancia en el desarrollo social de México y en la reintegración de las minorías mexicanas a la sociedad y a las actividades cotidianas. Este tipo de organizaciones realizan actividades de remediación social, que no realiza ni el sector privado ni el sector público, no sólo por falta de capacidad técnica, humana y operativa, sino también por una verdadera falta de visión para empoderar a la sociedad civil y fortalecer a los grupos menores favorecidos de la sociedad.
Si bien la publicación de la Ley Federal para el Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, permitió que este tipo de organizaciones se constituyera en México un canal eficiente para la participación ciudadana y para la atención de demandas sociales, el crecimiento y el fortalecimiento de este sector depende fuertemente del nivel de recursos con el que cuenta.
Por ello se propone aumentar el límite existente en la legislación en los artículos 31 y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del siete por ciento al 25 por ciento. La ampliación de límite de la deducibilidad de donativos otorgados por personas físicas y/o morales, a donatarias autorizadas al 25 por ciento, privilegiaría a la actividad que realizan estas organizaciones, fortalecería al sector dándoles mejores esperanzas de supervivencia.
Respecto al artículo 93 del mismo ordenamiento jurídico, en 2009 el Ejecutivo Federal propuso, y posteriormente se aprobó, precisar que los ingresos que obtiene las donatarias autorizadas por la enajenación de bienes o prestación de servicios no relacionadas a su objeto social, o los fines para los que fueron creadas, no podrían exceder del diez por ciento de los ingresos obtenidos por el desarrollo de actividades directamente relacionadas con su objeto.
Es correcto obligar a las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, a las donatarias autorizadas, a dedicar mayoritariamente a las actividades que se definen por la consecución de su objeto social y a no encubrir la realización de actividades empresariales, pues de esta manera se transparenta la actividad en este sector.
Adicionalmente se evita la evasión o elusión fiscal por esta vía, en la medida en que actividades empresariales pudieran disfrazarse de actividades sociales.
Sin embargo, también es cierto que esta reforma al artículo 93 presupuso de forma errónea que las actividades directamente definidas por el objeto social de las organizaciones, son suficientes para financiar su actividad y su supervivencia.
Si los ingresos derivados por las actividades enmarcadas por el objeto social de estas organizaciones fueran suficientes, estas no se verían obligadas a realizar actividades distintas a la de su objeto social; más aún, si los ingresos provenientes por fuentes distintas a su propia actividad, es decir, donativos, y apoyos económicos provenientes de la filantropía del sector privado, empresarial, y público fueran suficientes y distribuidos de forma mucho más equitativa entre todas las organizaciones, estas no se verían obligadas a realizar actividades que las distraen de su realización y cumplimiento cabal de su objeto social, pero que sin duda les generan ingresos para poder sobrevivir y seguir realizando actividades sociales en apoyo de la sociedad mexicana, principalmente la más vulnerable o la menos protegida.
Sin duda, y con un afán de evitar la evasión y elusión fiscal, efectivamente obligar a las organizaciones a que cumplan con su misión y objeto social para lo que fue creada, es importante no abrir completamente este límite, pero sí es fundamental para la sobrevivencia y crecimiento del sector, de las organizaciones sin fines de lucro, que este límite se revise a la laza.
Por lo anterior, esta iniciativa de reforma propone cambiar la redacción actual del artículo 93 a obtener ingresos por actividades con fines no lucrativos a los que se refiere el artículo 95 de esta Ley, susceptibles de ser consideradas para recibir donativos en los términos de este título, siempre que no excedan de una tercera parte de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate.
Esta modificación, sin duda, daría un respiro a las organizaciones de la sociedad civil, y haría una sociedad más justa socialmente hablando. En virtud de que este sector no obtuvo apoyos económicos para sortera la crisis económica mundial, del 2009 y del 2010, también significa incrementar las oportunidades que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad y las minorías por tener a su alcance ayuda y auxilio, como el que prestan estas organizaciones y que no necesariamente prestan ni .....
(Sigue 20ª parte). . . a su alcance, ayuda y auxilio, como el que prestan estas organizaciones y que no necesariamente prestan ni las empresas privadas ni el sector público en el país.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias señora Senadora.
Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 76, 1205, 109 y 110 constitucionales.
-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores.
La presente iniciativa con proyecto de decreto se inscribe en una discusión amplia que hemos venido dando en este cuerpo colegiado desde el propio momento en el cual empezamos a discutir la iniciativa preferente en materia de contabilidad gubernamental, la discusión que se dio alrededor de la reforma laboral en materia de transparencia de rendición de cuentas y que hoy viene a acompañar un debate que sin duda alguna será amplio respecto a las iniciativas que han sido presentadas especialmente por el Partido Revolucionario Institucional alrededor de la conformación de una comisión anticorrupción.
En el Partido de la Revolución Democrática y en la izquierda del país, hemos venido subrayando la importancia de avanzar en nuevas instituciones que garanticen una revisión profunda de la manera en la cual la sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas tienen forma de garantizar que cada peso, que cada centavo del erario público realmente sea utilizado en aquello para lo cual fue dispuesto para la Cámara de Diputados.
El debate no solamente tiene que ver con la corrupción que ha carcomido muchos de los espacios de la vida pública nacional, sino tiene que ver con una lógica mucho más profunda que implica la rendición de cuentas, la eficiencia del gasto público, es decir, que cada peso, que cada centavo sea utilizado en beneficio de la ciudadanía en virtud de que son los ciudadanos y las ciudadanas quienes a partir de los impuestos están disponiendo precisamente dicho gasto público.
Y el tema de la corrupción es un tema de especial preocupación en este momento d la vida nacional.
Para el 2010 transparencia mexicana identificó al menos 200 millones; 200 millones de actos de corrupción en los tres niveles de gobierno. La cifra realmente es espeluznante, estamos hablando de actos de corrupción de distinto tipo, de distinta magnitud, pero que están ahí, que forman parte de la estadística nacional y que no han generado la alarma que en otros países generaría una cifra de esta naturaleza, pareciera ser un dato más, un dato que la Cámara de Diputados o que el Senado puede escuchar, puede oír, pero que no atiende.
Otro ejemplo es, el dado por el Centro de Estudios Económicos del sector privado, quién estima que el impacto de la corrupción es de alrededor del 10 por ciento del valor del Producto Interno Bruto, y el mismo centro de estudios estratégicos para el sector privado establece que las empresas gastan alrededor del 10 por ciento del total de los recursos destinados a la producción en el país, precisamente en este tema, en pagar mordidas, en atender la problemática de una condición institucional pues que evita el crecimiento, que inhibe la innovación y que inhibe a final de cuentas el desarrollo tanto empresarial como del país.
Continuando con estas cifras, porque en realidad cuando uno hace un examen, una revisión muy puntual hay muchos organismos de la sociedad civil organizada, muchas organizaciones no gubernamentales que se han esmerado precisamente en darle información a los políticos, en darle información a los representantes populares sobre este flagelo de la sociedad.
Por ejemplo la encuesta de fraude y corrupción en México, ésta salió en el 2008, destacó que el 44 por ciento, casi la mitad de las empresas que operaban en México para ese año reconoció haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos, ya fuera en los municipios, ya fuera a nivel federal o ya fuera a nivel de las entidades federativas.
Y para cerrar con tan solo alguna parte de las cifras que conglomeran esta numerología de lo que es la corrupción en el país, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental para el 2011 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el INEGI y que precisamente es medir la percepción sobre las prácticas de corrupción en las que se realizan trámites y servicios, señala que los mexicanos estiman que la corrupción es, sobre todo prevalerte en la policía con el 91.8 por ciento de los encuestados señalando que los cuerpos policiacos están infiltrados por la corrupción, el 88.6 por ciento señalando que son los partidos políticos los que se encuentran pues mucho más infiltrados por este flagelo y por último las agencias del Ministerio Público con el 80.8 por ciento.
¿Qué es lo que queremos presentar en el Grupo Parlamentario del PRD compañeras y compañeras? Pues una iniciativa que amplia en la mira si es que verdaderamente se le quiere entrar al tema de la corrupción, de la rendición de cuentas, de la eficiencia en la calidad del gasto, pues que no nos quedemos con una institución que lo que busca es taparle, como dicen en mi tierra el ojo al macho, que simple y sencillamente quiera tapar el sol con un dedo, lo que necesitamos es que verdaderamente en esta Asamblea, los senadores y las senadoras tomemos esta bandera como una de las principales banderas de la nueva etapa de la transición democrática del país.
Hemos logrado la democracia electoral para que cada ciudadano y ciudadana tenga en el voto la capacidad de ejercer plenamente su ciudadanía.
Dotémosle, compañeros y compañeras de un nuevo engranaje institucional, un nuevo andamiaje que garantice que cada ciudadano y ciudadana tenga capacidad de supervisar que ese peso, que ese centavo que está siendo gastado con los recursos del pueblo, con los recursos de la gente, verdaderamente se vaya hacia dónde se tiene que ir, que no acabe en el bolsillo de los funcionarios públicos y que no acabe dando muestras de que la impunidad en materia de corrupción es algo que está presente en todas las cifras y a lo cual no le quieren entrar los políticos de este país.
Esperamos, compañeras y compañeras que esta iniciativa fortalezca el debate, fortalezca las instituciones y fortalezca la nueva etapa de la vida democrática del país.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Gracias Senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Compañeros senadores, y compañeras senadoras, les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en al agenda de hoy se turnarán a comisiones.
Los senadores que deseen mantener inscrito su asunto sólo deben hacerlo del conocimiento de la Mesa Directiva o de la Secretaría Parlamentaria.
Les informo también que las intervenciones de la agenda política y las efemérides se insertarán en el Diario del os Debates.
Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 22 de noviembre a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 15:27 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1317