Source: https://es.scribd.com/doc/20056510/Sentencia-Amparo-Dominicano-Declara-Inconstitucionalidad-y-Astrente
Timestamp: 2016-02-06 13:58:01
Document Index: 355750790

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 8', 'e contrario', 'Artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 8']

SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Sentencia Amparo Dominicano Declara Inconstitucionalidad y AstrenteSentencia Amparo Dominicano Declara Inconstitucionalidad y Astrente|Views: 688|Likes: 3Publicado porEscuela Nacional de la JudicaturaMore info:Categories:Types, Business/Law, FinancePublished by: Escuela Nacional de la Judicatura on Sep 22, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/20056510/Sentencia-Amparo-Dominicano-Declara-Inconstitucionalidad-y-Astrente06/28/2012pdftextoriginal1REPUBLICA DOMINICANA
SEXTA SALA DE LA CAMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL
“EN NOMBRE DE LA REPUBLICA” SENTENCIA No. 063/2007.PROCESO NO. 044-07-RA-0043 En el Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) día del mes de mayo del año Dos Mil Siete (2007), año 164” de la Independencia y 143” de la Restauración. La Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, regularmente constituida en la sala donde celebra sus audiencias públicas, sito en la tercera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicado en la manzana comprendida por las calles: Beller, Fabio Fiallo, Francisco J. Peynado y Arzobispo Portes, del sector Ciudad Nueva, Distrito Nacional, compuesta por el Magistrado XXXX, Juez, y el LIC. BERNARDO DE JESUS RODRIGUEZ, Fiscal Adjunto del Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Nacional, en representación de la demandada ANA MERCEDES ROSARIO, asistidos de la infrascrita Secretaria y del alguacil DANTE GOMEZ, se ha constituido en atribuciones de garantías constitucionales, para conocer sobre la acción de Amparo interpuesta por el señor HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ, siendo la Una horas y veinticinco minutos de la tarde (1:25 a.m.) ha dictado la siguiente Sentencia: OIDO: Al Magistrado Juez en la apertura de la audiencia; OIDO: Al alguacil de estrados de turno en la lectura del rol; OIDO: Al demandante en garantía en sus calidades el DR. CANDIDO SIMON POLANCO conjuntamente con la DRA. CEMIRAMI ISA asistiendo a HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ; OIDO: Al ministerio publico el LIC. BERNARDO DE JESUS RODRIGUEZ fiscal adjunto del Procurador Fiscal del Distrito Nacional; quien representa a la demandada.
OIDO: Al impetrante concluir de la siguiente manera: “PRIMERO: Comprobar y establecer que la supuesta procuradora fiscal adjunta del Distrito Nacional ANA MERCEDES ROSARIO, mediante lo que ella llama Orden de Protección a favor de ANA VIRGINIA ACOSTA ABREU ACOSTA ABREU y en perjuicio de HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ disponiendo medida restrictivas contra el mismo afecta sus derechos fundamentales a la libertad y a la seguridad jurídica establecida por la constitución toda vez que ello implica una usurpación de funciones por el ministerio publico, no tiene la función jurisdiccional que suele corresponder a los jueces disponer supresión restricción o limitación de los Derechos Fundamentales o cualquier otro derecho constitucional de un ciudadano; SEGUNDO: Establecer y comprobar que la Orden de Protección implica una violación fragante a los artículos 4, 8, 47 y 99 de la Constitución, afectado de nulidad absoluta conforme al articulo 46 de la constitución por ser usurpatoria de la función que es atributo exclusivo del Poder Judicial, texto que son refrendado por os artículos 22 y 73 del código Procesal Penal y en virtud y en atención al mandato del articulo 25.1 de la Convención de los Derechos Humanos, la ley 437-06 que establece la Acción de Amparo en la Republica Dominicana, el Estatuto del Ministerio Publico y la Resolución 1920 del año 2006, le os ruega dictar sentencia conforme a las conclusiones dictada en la Instancia de apertura a este proceso, consistente en síntesis: “Que se declare nula la Orden de Protección dictada en perjuicio del señor HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ; TERCERO: Disponer por resolución un astreinte a cargo de la lic. ANA MERCEDES ROSARIO de RD$10,000.00 diarios por casa día que tuvo en vigencia la orden de protección que se computa a partir del 10 de Abril del año 2007 fecha en que fue intimada para que revocase esa ilegal Orden conforme a la prueba del acto No.54 Instrumentado en esa fecha por el alguacil de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, JOSE MANUEL ROSARIO, mediante el cual el afectado le intimo para que revocase dicha decisión cosa que no hizo sino por el contrario, manipulo el sistema para abrir un proceso al ciudadano sin concurso de la
alegada victima conforme esta misma ha expresado en comunicación dirigida al juez de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional y a la Procuradora Adjunta de este Distrito Nacional, fechada 17 de mayo del año 2007 con firma notarial de la Dra. Miguelina Gómez la cual se aporta como evidencia, CUARTO: Os ruego que se condene a la LIC. ANA MERCEDES ROSARIO al pago de las costas ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados postulantes; OIDO: Al Ministerio Publico por la demandada en sus conclusiones in voce expresarse de la siguiente manera: 1ro. Que se declaréis como bueno y valido en cuanto a la forma el presente Recurso de Amparo incoado por el señor HUMBERTO DE JESUS, en cuanto al fondo que tengáis a bien rechazar porque el mismo contraviene la disposición establecida en el articulo 1 de la Ley 437-06 el cual establece que cuando la prisión sea consumado no procede el Recurso de Amparo; 2do. En cuanto al Astreinte planteado que se rechace el mismo toda vez que el Ministerio Publico ordeno la Orden de Protección fundamentada en el articulo 16 de la Ley 7800-3, que se rechace por improcedente y mal fundada; 3ro. Y de manera subsidiaria y sin renunciar a la anterior conclusiones, que se declare sin objeto toda vez que la prisión del señor HUMBERTO ALVAREZ fue en virtud de una orden dada por un juez competente en el cual autoriza al ministerio publico, arrestar con el auto No. 5199-me2007 del 4to. Juzgado de la Instrucción del Departamento Judicial de Santo Domingo de fecha 15 de mayo del año 2007, y que en el Expediente, reposa el acta de registro de persona y vehiculo; Que se rechace la solicitud de Astreinte por improcedente, mal fundada y carente de base legal y que las costas sean declaradas de oficio por ser un Recurso de Amparo; OIDO: Al Impetrante solicitar al tribunal los siguiente: “Rechazar las conclusiones del Ministerio Publico por cuanto la Acción de Amparo nada tiene que ver con la privación de libertad consumada sino con la protección de los Derechos Individuales distintos a la prevención de libertad, que es la economía y la interpretación correcta tanto de la ley 437-06 que establece de manera general el Recurso de
Amparo, en el contexto integro de la misma a mas de lo cual el asunto que se trata es de garantizar la vigencia efectiva de la tutela judicial del derecho a la libertad de transito del ciudadano HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ, que ha sido cancelado mediante la resolución impugnada. Establecer por sentencia y declarar no conforme con la Constitución de la Republica la parte final del párrafo capital del articulo 1 de la ley 437-06 específicamente donde dice “tutelada por el Habeas Corpus” ya que esta en confrontación por la 2da. Parte del literal G del numeral 2 del articulo 8 de la Constitucional que manda a que la privación de la libertad o el derecho fundamental a no ser privada su libertad, sea garantizado, mediante la ley de Habeas Corpus y sabido es que el Amparo ha sido concebido tanto por la convención Internacional de los Derechos Humanos como por la Doctrina la Jurisprudencia para garantizar derechos individuales diferentes al Derecho de la Libertad física; OIDO: al ministerio Publico dictaminar de la siguiente manera: “Que se rechace todos los planteamiento subsidiarios planteados por la defensa por improcedente y mal fundada y carente de base legal”; AUTOS Y DOCUMENTOS VISTOS RESULTA: Que en fecha diez (10) del mes de Mayo del año Dos Mil Siete (2007), fue depositada ante la Secretaría de esta Sala la instancia de solicitud de mandamiento de Recurso de Amparo realizada por el señor HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ, por órgano de su abogado constituido y apoderado especial DR. CANDIDO SIMON POLANCO, mediante la cual solicita: “UNICO: Declarar nula, y sin ningún valor ni efecto jurídico la Orden de Protección dispuesta el 9 de Marzo del año 2007 por la Procuradora Fiscal Adjunta ANA MERCEDES ROSARIO”; RESULTA: Que en fecha Once (11) del mes de Mayo del año Dos Mil siete (2007), mediante Auto N.105/07, este Tribunal fijó para el día Diecisiete (17) del mes de MAYO del año Dos Mil Siete (2007), a las nueve de la mañana (9:00), la vista pública para conocer el presente
Recurso de Amparo, ordenando el citatorio ante esta Sala de la impetrada LICDA. ANA MERCEDES ROSARIO, Fiscal Adjunto de la Zona Colonial como a las demás partes. RESULTA: Que en la audiencia de fecha 17 de Mayo del año 2007, fue aplazada a los fines de dar oportunidad de que el Abogado Titular del impetrante pueda representarle, como que le sea notificadas las piezas aportadas por el Ministerio Publico, fijando la próxima audiencia para el día 18 de mayo a las once horas de la mañana (11:00 a.m.); RESULTA: Que en fecha dieciocho (18) de mayo del 2007 siendo las 11:30 de la mañana, convocadas todas las partes y presentes o representadas estas, se comenzó a conocer la presente acción constitucional de Amparo, concluyendo las partes en la forma que más arriba se indica, habiendo decidido el juez acogiendo parcialmente dicho amparo y dando de manera verbal los motivos que tuvo para fallar en la forma correspondiente, motivos que se recogen de manera expresa en la presente sentencia. RESULTA: Que habiendo fijado fecha de lectura para 24 de mayo del 2007 a las 9 horas de la mañana de conformidad con el Art. 335 del Código Procesal Penal, sin embargo la misma fue pospuesta por auto motivado del tribunal fijando la nueva fecha de lectura para el día lunes 28 de mayo del 2007 fecha en que a las 3:45 horas de la tarde se procedió a dar lectura íntegra, en cumplimiento a la formalidad de publicidad de las sentencias y al mandato de la ley de Organización judicial, que sin embargo por razones técnicas no fue posible entregar a las partes la copia correspondiente por lo que es a partir de la fecha de notificación de la misma en que deberá computarse los plazos de recursos extraordinarios. “EL JUEZ DESPUÉS DE ESTUDIAR EL CASO”
CONSIDERANDO: Que este Tribunal está apoderado sobre una acción constitucional de Amparo interpuesta por el ciudadano HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ, a través de su representante legal, DR. CANDIDO SIMON POLANCO, de conformidad con las disposiciones del artículo 1 y siguientes de la Ley 437-06 sobre el Recurso de Amparo en la Republica Dominicano contra la LICDA. ANA MERCEDES ROSARIO, Fiscal Adjunta del Distrito Nacional, del contenido de la cual se invoca que la indicada fiscal adjunta lesionó derechos fundamentales e incursionó en lo jurisdiccional en desmedro del impetrante. CONSIDERANDO: Que el artículo 8, inciso 2 de la Constitución de la República Dominicana, expresa en su literal b, que: “Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito.” CONSIDERANDO: Que la Convención Interamericana en su artículo 25.1 consagra el Recurso de Amparo al indicar que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; dicho recurso fue positivizado por la Ley No. 437-06, al considerar que es un recurso autónomo, que no requiere que se agoten los recursos administrativos ni ningún otro para la admisibilidad de dicho recurso, basta y es suficiente con que se haya conculcado un derecho; CONSIDERANDO: Que el Art. 1 de la ley 437-06 dispone “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad
individual, tutelada por el Hábeas Corpus. Párrafo.- Podrá reclamar amparo, no obstante, cualquier persona a la que se pretenda conculcar de forma ilegítima su derecho a la libertad, siempre y cuando el hecho de la privación de la libertad no se haya consumado. Art. 2.- Cualquier persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos individuales mediante la acción de amparo. CONSIDERANDO: Que la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, lo que resulta de la obligación estatal prevista en el Art. 8 de nuestra Constitución, por cuanto sólo a través del respeto a la constitución y las leyes puede alcanzarse la convivencia pacífica y disfrutar de la seguridad jurídica a la que tienen derechos todos los ciudadanos, resultando indispensable que cada uno de los funcionarios judiciales o no asuman su rol dentro del respeto al marco legal previsto. CONSIDERANDO: Que nuestra Constitución en su artículo 8 parte capital consagra que se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden público, el bienestar general y los derechos de todos; CONSIDERANDO: Que corresponde al juez la tutela judicial efectiva de los derechos de todos los ciudadanos nacionales o no, máxime cuando el juez del amparo es el juez de la libertad y cualesquiera otros derechos fundamentales, por lo que en justicia se impone que este tome todas las disposiciones aún de oficio tendentes a garantizar el respeto a los mandamientos constitucionales, la solemnidad de los llamados de la justicia, los derechos de los impetrantes y el respeto que todo funcionario debe tener por el cumplimiento de la ley, lo que concretizará el Estado de Justicia al que todos aspiramos.
CONSIDERANDO: Que tal como sostiene el Art. 29 de la Convención de Derechos Humanos ninguna disposición de esta convención puede ser interpretada para restringir anular o coartar la vigencia efectiva de los derechos reconocidos por las leyes locales. CONSIDERANDO: Que ciertamente existen dos corrientes de opinión en torno a la procedencia del amparo, (Ver Morillo y Vallefin Pág. 372 obra El amparo. Régimen procesal. Argentina. La Plata, 2004) la primera que encabezan autores como Nestor Sagues, conforme a los cuales el amparo es una vía subsidiaria cuando las demás vías de derecho no resulten idóneas, que contrario a esta tesis se levantan autores que como Lino E. Palacio quienes refieren “En presencia de un acto u omisión que lesione o restrinja con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley y siempre, desde luego, que en tales circunstancias sean alegada y acreditarlas por el interesado siquiera prima faccie, el proceso ordinario no puede en ningún caso ser considerado un remedio judicial más idóneo que el amparo”, concepción moderna a la que se adhirió el legislador dominicano cuando dispuso que el Amparo constituye una acción autónoma que no está sujeta al agotamiento de otras vías de derecho. CONSIDERANDO: Que la procedencia del amparo requiere de la existencia de un acto lesivo. Este debe interpretarse en el sentido más amplio posible, involucrando todo hecho positivo o negativo sin necesidad de hacer la distinción entre acto y hecho, desde que el término Acto comprende también los hechos del Estado. La doctrina es unánime en el sentido de interpretar que todo tipo de manifestación estatal, sean actos, hechos, acciones, decisiones, órdenes, negocios jurídicos u omisiones, con capacidad para afectar los derechos de los particulares quedan comprendidos dentro del precepto y por tanto pueden excitar el control jurisdiccional” Pag. 21 Morello-Vallefìn Obra citada.
CONSIDERANDO: Que la cuestión en discusión radica en el hecho de que la Fiscal Adjunta de la Fiscalía Barrial de la Zona Colonial emitió frente a una denuncia de la Sra. ANA VIRGINIA ACOSTA ABREU contra HUMBERTO DE JS. ALVAREZ, una orden de protección que dice: “ORDEN DE PROTECCION A FAVOR DE ANA VIRGINIA
ACOSTA GARCIA. QUE OBLIGA A EL SEÑOR HUMBERTO DE JESÚS ALVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. Desconocido, Domiciliario y Residente en la calle C/ 1era No.17, Residencial Tío Melo, Villa Faro, de esta a: ABTENERSE de molestar, intimidar o amenazar por cualquier medio, así como por la vía telefónica, a la señora ANA VIRGINIA ACOSTA GARCIA. PROHIBICIÓN de acercarse y acceder a la residencia de la señora ANA VIRGINIA ACOSTA GARCIA. PROHIBICIÓN de acercarse a los lugares frecuentados por la señora ANA VIRGINIA ACOSTA GARCIA, con la finalidad de molestar o amenazar; PROHIBICIÓN de ocasionar daños o destruir los bienes de la señora ANA VIRGINIA ACOSTA GARCIA. ADVIRTIÉNDOLE A EL SEÑOR HUMBERTO DE JESÚS ALVAREZ, contra quien se dicta esta orden, que en caso de incumplirla, la infrascrita procuradora fiscal Adjunta del Distrito Nacional solicitara su arresto y juicio ante el tribunal competente. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, a los nueve (9) días del mes de Marzo del año dos mil siete (2007)”
CONSIDERANDO: Que de esta acción el impetrante invoca lesión a sus derechos fundamentales sin que tal lesión haya provenido de la autoridad con legitimidad constitucional para ello. Por lo que la cuestión es analizar si al momento de emitir tal orden la Fiscal adjunta lo hacía con fundamento legal y autoridad para ello, toda vez que en ausencia de su comparecencia el tribunal queda imposibilitado de conocer las cuestiones circunstanciales en que se produjo tal evento. CONSIDERANDO: Que no obstante su incomparecencia, su defensa ha invocado indistintamente que lo hizo en virtud de las disposiciones del Art. 6 como del 16 del Estatuto del Ministerio Público, los que se refieren así: Art. 6.- El Ministerio Publico es un órgano del sistema de justicia, garante del estado de derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad, de la puesta en movimiento y del
ejercicio de la acción pública; proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes. Que igualmente el Art. 16 de la ley 78-00 o Estatuto del Ministerio Público, que dispone “Corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal, sin perjuicio de la participación de la víctima o de los ciudadanos en el proceso conforme a lo que establece la ley. Para ello tendrá entre otras las siguientes atribuciones: j) Adoptar las medidas para proteger las víctimas de las infracciones y a los testigos, cuando fuere necesario, para la seguridad personal de ellos o de sus familiares; lo que mantiene la discusión del caso en el ámbito estrictamente del derecho. CONSIDERANDO: Que tal premisa normativa lo que pretende es que los Fiscales a quien llega una victima o un testigo en condiciones de desprotección le brinden todo su apoyo, disponiendo cuando fuere útil a los fines de evitar daños o que reciban presiones o amenazas que imposibiliten el curso de los procesos o la reclamación de sus derechos, sin que ello implique autorización ni legitimación constitucional alguna para incursionar en el área jurisdiccional, atribuyéndose las facultades del Poder Judicial y cercenando la libertad de tránsito u otros derechos fundamentales que por su carácter constitucional solo un juez conforme a procedimiento debido puede menoscabar, naturalmente cumpliendo con los parámetros de legalidad, necesidad, idoneidad, justeza y proporcionalidad, por cuanto el principio de legalidad no se agota con la mera autorización legal a los jueces o simple cobertura normativa, sino que reporta justificar que el mismo es necesario o imprescindible por no existir otra vía para evitar el posible daño, que resulta la medida idónea para el caso de la especie por cuanto evita males peores, que la misma resulta justa, que guarda proporcionalidad con el bien que se intenta tutelar y que frente al lesionado se han agotado todos los procedimientos que garantizan el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso en sentido general.
CONSIDERANDO: El Estado es el garante del debido proceso y no puede violar su propia ley, máxime cuando el propio Estatuto del Ministerio Público los califica a sus integrantes como Garantes del Estado de Derecho, por cuanto no serlo deslegitimaría la autoridad para lidiar con los ciudadanos que devengan en conflicto con la ley, resultando inaceptable que la parte acusadora pueda reducir las garantías y derechos fundamentales so pretexto del bien común, por la sola celeridad procesal o el alegado interés de proteger las victimas, por cuanto los derechos de los imputados son compatibles con los de la victima, y unos no dan derecho a ignorar los otros. CONSIDERANDO: Que en un Estado constitucional, si algún tipo de justicia necesita estar revestida de garantías extremas para asegurar que no haya arbitrariedad judicial o ilegalidad es la justicia penal. En este ámbito, como en ninguno otro, el juez y los demás actores no deben propiciar vulneraciones a los derechos fundamentales. El juzgador penal como el investigador y acusador del Ministerio Público deben ser especialmente cauteloso, a fin de no desconocer los principios en que se funda esta forma de administración de justicia, dispuestos por la Constitución Política, Los pactos internacionales de Derechos Humanos, el Código Procesal Penal y toda la normativa nacional que incluye garantías individuales, de rango constitucional por la extensión hecha a tales conquistas por el Art. 10 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que para efectos del resguardo de un derecho fundamental tan importante como lo es la libertad, resulta inadmisible desde la óptica constitucional que las garantías de juez natural, indelegabilidad jurisdiccional y seguridad jurídica claramente fijadas sean burladas sobre la base del excesivo interés por perseguir o como mecanismo de presión adicional. CONSIDERANDO: Que el juez del AMPARO es un juez de garantías cuyo rol es de esencia constitucional que debe responder exclusivamente al imperio de la constitución y del llamado bloque de constitucionalidad integrado por todos los derechos fundamentales
que generan seguridad jurídica a la persona y por tanto llamado a decretar cualquier vulneración a derechos fundamentales, generando los correctivos jurisdiccionales tendentes a evitar la continuación o la reiteración arbitraria. CONSIDERANDO: Que el Art. 99 de la Constitución Política de la República Dominicana establece que “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” disposición que combinada con la del Art. 63 que prevé que “El poder judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los tribunal del orden judicial...” que igual la disposición del Art. 8 de la Constitución establece que nadie puede ser cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funcionario judicial competente.. Cuyas disposiciones concluyen que ciertamente la Fiscal Adjunta incursionò en el área jurisdiccional cuando dispuso medidas que restringen los derechos de los ciudadanos sin que un juez se lo autorizara, de lo que se desprende que dicha resolución es nula por violar la separación de poderes, la libertad de tránsito de los ciudadanos y derechos fundamentales que solo un juez en la forma debida puede menoscabar. CONSIDERANDO: Que huelgan las motivaciones al respecto de analizar la nulidad de la misma por cuanto ella resulta no solo del pronunciamiento constitucional sino del más cotidiano y ligero análisis, lo que no por ello deja de ser común entre nosotros, por lo que resulta necesario fijar responsabilidades a fin de que el Ministerio Público encause sus actuaciones por el sendero de la legalidad y cumpla los requerimientos constitucionales, toda vez que como garante del Estado de Derecho, debe ser el primer llamado a respetar el marco jurídico establecido. CONSIDERANDO: Que tal dijera un Ex presidente centroamericano “Los que para defender el Estado tienen que violar la Constitución no solo hacen lucir mal al Estado, sino que también hacen daño a su pueblo”, por demás los ciudadanos no sólo son pasibles del peso de
la ley también son merecedores de los beneficios de esta, y que hacemos un flaco servicio a la paz social cuando solo pretendemos aplicar el poder y la coerción y nos olvidamos que la ley también tiene un lado de garantías mínimas a favor de los ciudadanos y que son el equilibrio entre el ciudadano común y todo el Poder del Estado. CONSIDERANDO: Que la ley de amparo No. 437-06 es el marco general de la tutela judicial de derechos, entre los que se incluye la libertad amenazada o conculcada ya y en su articulo 4 contempla que el amparo, es una acción autónoma que no puede suspenderse para aguardar la definición de la suerte de ningún otro proceso ni tampoco se subordina al cumplimiento de formalidades previas o al agotamiento de otras vías de recurso para combatir el acto u omisión lesivo de derechos fundamentales y que tal como sustentó en su tiempo un eminente jurista “El amparo hay que despojarlo de todo vasallaje procesal” CONSIDERANDO: Que el impetrante ha invocado la inconstitucionalidad del Art. 1 de la ley 437-06 dispone “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad individual, tutelada por el Hábeas Corpus. , que sin embargo la construcción un poco atropellada e incomprensible de dicho articulado no da motivos al juez de presumir que la misma colide con la constitución de la República. CONSIDERANDO: Que a título de derecho comparado podríamos analizar que si bien el Art. 1 de la ley 16,986 sobre AMPARO de la República Argentina refiere que “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías
explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, CON EXCEPCION DE la libertad individual, tutelada por el Hábeas Corpus,” que parece ser la construcción más comprensible de este texto, no menos cierto es que al fijar la ley de amparo nacional el legislador al parecer sin proponérselo incluyó dentro del amparo no solo la protección de los derechos fundamentales en sentido general, sino que hizo expresa inclusión del derecho de la libertad tutelado por el Habeas corpus dentro del género del amparo, lo cual no es incompatible toda vez que el amparo es el género y el habeas corpus una especie dentro de éste”, de lo que se entiende que nuestra legislación por error o no resulta mucho más avanzada, toda vez que generó una norma supletoria para el habeas corpus frente a lo escueto del Articulado del 381 al 392 del Código Procesal Penal, el que también ya contemplaba el habeas corpus preventivo. CONSIDERANDO: Que por ello este tribunal entiende que tal construcción literal no acredita ninguna violación constitucional, contrario a la parte final del párrafo de este Artículo 1 que sanciona la improcedencia del amparo una vez se ha ejecutado la prisión del impetrante, la que si constituye una disposición irrazonable e inútil por cuanto si es procedente el amparo cuando solo existe una amenaza de vulneración de derechos incluida la libertad con mayor necesidad se requiere el amparo judicial cuando tal amenaza ha sido consumada, que lo que sucedería es que el amparo inicial se convertiría en habeas corpus, aún así podría sobrevivir como amparo si persisten vulneraciones a otros derechos fundamentales concomitantemente con la privación de libertad. CONSIDERANDO: Que sin embargo el párrafo del Art. 1ero de la ley 437-06 establece que: “Podrá reclamar amparo, no obstante, cualquier persona a la que se pretenda conculcar de forma ilegítima su derecho a la libertad, SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO DE LA PRIVACION DE LA LIBERTAD NO SE HAYA CONSUMADO”· CONSIDERANDO: Que tal disposición constituye una traba procesal irrazonable e injustificable que no pasa el parámetro del Art. 8.5 de
nuestra Constitución. A título de derecho comparado en Latinoamérica existe abundante jurisprudencia conforme a la cual un amparo puede ser mutado a habeas corpus y un habeas corpus puede mutarse a amparo cuando la realidad fàctica de la violación pueda cambiar al momento del conocimiento del asunto, por lo que tal obstáculo a la existencia y conocimiento del amparo por el hecho de que la libertad haya sido conculcada resulta inaceptable e incomprensible, toda vez que si es admisible el amparo por la simple amenaza a la libertad mucho mayor es la necesidad de éste cuando esta ya ha sido suprimida, toda vez que obligar a quien inicialmente tuvo derecho al amparo en amenaza a recurrir a otro procedimiento para restituir la libertad perdida es hacer al ciudadano necesitado de la justicia victima del trámite, por tanto tal disposición resulta inconstitucional por cuanto vulnera no solo la constitución misma en cuanto al principio de razonabilidad, justeza y utilidad previsto en el Art. 8.5 de la Constitución Política sino que choca contra el llamado bloque de constitucionalidad, que procura garantizar a los ciudadanos recursos rápidos y efectivos para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO: Que en ese tenor de cosas es evidente que como dispone la Constitución en su Art. 8 numeral 5, “ la ley es igual para todos y no puede prohibir más que lo que es útil y justo para la comunidad”, de cuyo postulado se desprende el principio de razonabilidad, justeza y utilidad que ciertamente han transformado el ejercicio de la justicia constitucional. CONSIDERANDO: Que por resultar irrazonable e inútil ciertamente dicha disposición colide con el texto constitucional, como a la obligación prevista en el Art. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos conforme a la cual “El Estado desplegará todas las iniciativas legislativas y de otro orden para asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos”·, en cuyo caso el Estado está abandonando al impetrante cuando más necesita del amparo y la protección.
CONSIDERANDO: Que por igual el Art. 3 literales a y c de la ley de amparo disponen que: La acción de amparo no será admisible en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos jurisdiccionales emanados de cualquier tribunal de los que conforman el Poder Judicial, b)……c) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente a juicio del juez apoderado resultan inconstitucionales toda vez que restringen de manera grave y prácticamente desnaturalizan la institución del amparo al proscribir la acción contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial o cuando permiten que el juez del amparo pueda rechazar el mismo sin mediar audiencia ni escuchar las partes sobre la base de que resulta evidentemente rechazable, lo que colide con el derecho de Petición y Repuesta efectiva previsto en el Art. 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la OEA 1948, como el derecho a un recurso rápido y efectivo previsto a favor de los ciudadanos frente a cualquier acto proveniente de la autoridad pública y que lesione derechos fundamentales, lo que no excluye los jueces, que por demás si el amparo es de raigambre constitucional por provenir su existencia del llamado bloque de constitucionalidad, el legislador puede regular el procedimiento pero no puede desnaturalizarlo con obstáculos procesales insalvables, no solo porque ello generaría a favor de los jueces el privilegio de que seríamos los únicos autorizados a violar la ley, sino porque desestabilizaría el necesario contrapeso de poderes que debe existir en la democracia y haría inexistente la institución de protección de derechos fundamentales, tan útil como imprescindible en un mundo cada vez más convulso. CONSIDERANDO: Que a tales títulos se han pronunciado eminentes tratadistas dominicanos que doctrinalmente han admitido la posibilidad de que los actos jurisdiccionales o no del Poder Judicial también puedan ser objeto del recurso de amparo cuando de evidentes ilegalidades o arbitrariedades se trate, por cuanto las vías recursivas ordinarias resultan en la mayoría de los casos remedios tardíos a violaciones o inobservancias que pueden
devenir en daños irreparables, por lo que la vía del amparo resulta el medio más idóneo y eficaz a los fines de evitar turbaciones manifiestamente ilícitas y que no pueden escapar de control por el solo hecho de proceder de los jueces. CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de convenios internacionales y se ha adherido al llamado bloque de constitucionalidad, que le obliga a establecer las disposiciones legislativas y de otro orden que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales, que compatible con ello es la obligación de que exista un recurso rápido y efectivo para tutelar los derechos fundamentales, de modo que al excluir el recurso de amparo contra los actos del poder judicial, ciertamente se generó una indefensión de los ciudadanos frente a las inobservancias de los tribunales y un privilegio a nuestro favor que colide con disposiciones constitucionales, sin que se reporte una necesidad para tal discriminación positiva. CONSIDERANDO: Que sobre el particular el impetrante ha solicitado la imposición de un astreinte de RD$10,000.00 diarios contra la autoridad usurpadora que atribuyéndose facultades que la ley no le concede ha cercenado derechos fundamentales, de lo que se desprende la necesidad de analizar si la violación a derechos persiste al momento de la demanda y al momento de ser fallada, resultando un hecho no controvertido que la Fiscal adjunta ANA MERCEDES ROSARIO dispuso en fecha 9 de marzo del 2007 una decisión de la competencia del poder judicial que limitó al impetrante en sus derechos de libertad, circulación y libre tránsito, que al momento de interponerse la acción de amparo dicha violación se mantenía, que si bien al momento del fallo ya había intervenido una orden judicial que pretendió subsanar la situación de flagrancia y vulneración de derechos, no menos cierto es que ignorar que la pretendida subsanación fue como respuesta al amparo mismo, es generar una vía de indefensión para los ciudadanos y prohijar la usurpación de funciones, por lo que este
tribunal es de criterio que debe pronunciarse sobre la vulneración de derechos aún cuando la lesión a tales derechos ahora proceda de un juez, decisión que no sustituye la anterior sino que por el contrario inicia una nueva vida jurídica, frente a la cual si bien no se han invocado el beneficio del amparo no puede el tribunal ignorar que frente a ella no se produjo tampoco citación al afectado ni se evidencia garantía del debido proceso, de lo que se desprende que aún dentro del marco judicial la violación a derechos fundamentales se mantuvo al momento del fallo de este recurso de amparo. CONSIDERANDO: Que si bien en la vieja concepción del amparo dirigido a resolver situaciones urgentes sin profundizar en la restitución de derechos, cual si fuere un referimiento, las fijaciones de astreintes resultan provisionales y conminatorias tendentes a asegurar el cumplimiento de lo ordenado, intentando restituir la situación al estado anterior a la violación de derechos, no constituyendo en principio condenas en sí, no adquieren autoridad de cosa juzgada, porque están destinadas a vencer la inercia del violador de modo que resultaban provisionales y debían ser evaluadas con posterioridad de ahí su carácter de astreinte provisional, sin embargo la nueva concepción constitucional del amparo como vía principal no subsidiaria rebasa los estrechos límites que por años le fue impuesto, generando un despojo del vasallaje procesal que impedía la existencia efectiva de dicha acción, es por ello que conforme al texto de la ley 437-06 el juez del amparo en su artículo 28 prevé la posibilidad para el juez del amparo no solo de fijar astreintes que tienen características de provisionales y conminatorios, sino también la posibilidad de fijar condenaciones definitivas lo que equivale al astreinte definitivo del derecho procesal civil no solo para hacer cesar la turbación manifiestamente ilícita sino también para desestimular nuevas turbaciones, en el entendido de que lo ilegal no se regulariza, que por otra parte quien puede lo más puede lo menos y hasta por celeridad y economía procesal es preferible resolver la cuestión en su totalidad, en presencia de un texto legal que lo autoriza que reenviar las partes a
proveerse con otro procedimiento ordinario a fin de obtener condenaciones por la lesión a derechos constitucionales, cuyo juez de amparo es el que mayor afinidad guarda con tal comprobación y que por tanto es el que está en mejor condiciones de apreciar la restitución condigna. Por tales motivos, vista la Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 25 de Julio del 2002; La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, El Art. 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948), los artículos 1, 3, 4 y 28 de la Ley 437-06, La Sexta Sala de La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, administrando justicia, cual Guardián de la Constitución, en nombre de la República y por autoridad de la Ley: F A L L A
PRIMERO: Declara regular y valida la Acción Constitucional de Amparo en cuanto a la forma.SEGUNDO: Declara inconstitucional la disposición final del párrafo único del artículo 1 del la Ley 437-06 acogiendo parcialmente el planteamiento de la defensa del impetrante HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ. Igualmente declara inconstitucional la disposición del artículo 3, literales A y C, de la Ley 437-06, por colidir con el artículo 8 numeral 5 de la Constitución Política de la República Dominicana; TERCERO: Acoge parcialmente la acción de Amparo. CUARTO: Declara nula la Orden de Protección dictada por la Ministerio Público, DRA. ANA MERCEDES ROSARIO, en fecha 09 de marzo del Año 2007, por ser materia jurisdiccional y rebasar las atribuciones del articulo 16 del Estatuto del Ministerio Publico;
QUINTO: Condena a la Fiscal Adjunta DRA. ANA MERCEDES ROSARIO al pago de DOS MIL PESOS ORO DOMINICANOS (RD$2,000.00), a favor del señor HUMBERTO DE JESUS ALVAREZ, por cada día transcurrido entre el 9 de Marzo y el 15 de Mayo del año 2007, periodo en que de manera ilegal se vulneraron los derechos fundamentales al impetrante; SEXTO: Declara la presente sentencia ejecutoria sobre minuta e inapelable y oponible al Ministerio Público y al Estado Dominicano; Y por esta nuestra Sentencia, así se Pronuncia, Ordena, Manda y Firma. Juez Secretaria DADA Y FIRMADA, ha sido la Sentencia que antecede por ante el Magistrado Juez de esta Sala, el mismo día, mes y años antes citados, siendo la hora arriba indicada la que fue leída, firmada y publicada por mí, Secretaria que Certifica y da fe. Secretaria
SAO/catj/lpg.-
Más de este usuarioCivil - Resilicación Contrato Alquiler y Desalojo - Robert Ramírez Vs Wiston McdougalEscuela Nacional de la JudicaturaCivil - Resilicación Contrato Alquiler y Desalojo - Robert Ramírez Vs Wiston McdougalCivil - Nulidad de Contrato y Desalojo - Ediberto de Los Santos vs Richard BolivarEscuela Nacional de la JudicaturaCivil - Nulidad de Contrato y Desalojo - Ediberto de Los Santos vs Richard BolivarSentencia Guía de Aprendizaje en la Acción (La Defensa en el Proceso Penal II)Escuela Nacional de la JudicaturaSentencia Guía de Aprendizaje en la Acción (La Defensa en el Proceso Penal II)Medida de CoerciónEscuela Nacional de la JudicaturaMedida de CoerciónEscrito de DefensaEscuela Nacional de la JudicaturaEscrito de DefensaAcusaciones Escuela Nacional de la JudicaturaAcusaciones Acusación y Medios de Pruebas completoEscuela Nacional de la JudicaturaAcusación y Medios de Pruebas completoAuto de Apertura a JuicioEscuela Nacional de la JudicaturaAuto de Apertura a JuicioAcusación y Medios de PruebasEscuela Nacional de la JudicaturaAcusación y Medios de PruebasMaterial Servicio al(la) Usuario(a)Escuela Nacional de la JudicaturaMaterial Servicio al(la) Usuario(a)Material Forjando LíderesEscuela Nacional de la JudicaturaMaterial Forjando LíderesENJ- 500 Material Trabajo de Equipo EfectivoEscuela Nacional de la JudicaturaENJ- 500 Material Trabajo de Equipo EfectivoLey General de Protección de los Derechos del Consumidor o UsuarioEscuela Nacional de la JudicaturaLey General de Protección de los Derechos del Consumidor o UsuarioConstitucionDominicana2010Escuela Nacional de la JudicaturaConstitucionDominicana2010Currículum Hermógenes AcostaEscuela Nacional de la JudicaturaCurrículum Hermógenes AcostaLevantamiento de PerfilEscuela Nacional de la JudicaturaLevantamiento de PerfilGestion Educativa ModuloEscuela Nacional de la JudicaturaGestion Educativa Modulo Decreto No. 707 de 2002 Escuela Nacional de la Judicatura Decreto No. 707 de 2002 Ley No. 5879 de 1962Escuela Nacional de la JudicaturaLey No. 5879 de 1962Ley No. 5994 de 1962Escuela Nacional de la JudicaturaLey No. 5994 de 1962Ley No. 4250 de 1955Escuela Nacional de la JudicaturaLey No. 4250 de 1955Ley No. 3835 de 1954Escuela Nacional de la JudicaturaLey No. 3835 de 1954Ley No. 1 de 1963Escuela Nacional de la JudicaturaLey No. 1 de 1963Ley No. 434 de 1964Escuela Nacional de la JudicaturaLey No. 434 de 1964Resolución No. 4948 de 1958 Escuela Nacional de la JudicaturaResolución No. 4948 de 1958 Descargar e imprimir este documentoLea e imprima sin anunciosDownload to keep your versionEdit, email or read offlineChoose a format:.DOC.PDF.TXTDescarga