Source: http://diputadospes.mx/2017/06/que-reforma-el-articulo-37-de-la-ley-de-coordinacion-fiscal-recibida-del-diputado-alejandro-gonzalez-murillo-del-grupo-parlamentario-del-pes-en-la-sesion-de-la-comision-permanente-del-miercoles-14/
Timestamp: 2018-01-21 20:41:16
Document Index: 320116699

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'artículo 33']

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 14 de junio de 2017 – Diputados Encuentro Social
Alejandro González Murillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 a 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes en los municipios de México, con base en la siguiente
El municipio libre es la base de la división competencial de los órdenes de gobierno en el país. Sin embargo, no es exagerado decir que varios ayuntamientos se encuentran al borde del colapso financiero por la insolvencia que enfrentan; la apremiante situación financiera que afrontan los municipios en nuestro país pone en grave riesgo su funcionamiento y viabilidad; como resultado de lo anterior, cada vez resulta más común saber que, un número importante de ellos, no cuenta con los recursos financieros suficientes para hacer frente a sus obligaciones.
Botón de muestra de lo anterior es el informe de la Auditoría Superior de Coahuila respecto al análisis que realizó a la Cuenta Pública 2015, en que señaló que, al menos, 21 municipios de esa entidad están al borde la quiebra por falta de liquidez para solventar adeudos a corto plazo. Los 38 municipios del estado sólo cuentan con 35 por ciento de los 596 millones de pesos que adeudan (Gutiérrez, González, 2016).
En cuanto a Querétaro, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado refirió que, sin importar el tamaño del municipio o cantidad de recursos, hay ejemplos devastadores, que cuentan con 20 centavos por peso que adeudan (Patiño Flores, 2016).
Ante esa situación, los municipios optan por incurrir en un mayor endeudamiento público, lo cual deteriora aún más sus finanzas públicas. De este modo, en los últimos diez años la deuda de los ayuntamientos se ha incrementado en 121.2 por ciento en términos reales: pasó de 14 mil 622 millones de pesos al cuarto trimestre de 2006 a 47 mil 841.3 millones al mismo trimestre de 2016 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017).
Los municipios que superan mil millones de pesos de endeudamiento al cuarto trimestre de 2016 son éstos (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017):
• Tijuana, Baja California (2.7 mil millones de pesos);
• Guadalajara, Jalisco (2.3 mil millones de pesos);
• Monterrey, Nuevo León (1.8 mil millones de pesos);
• Hermosillo, Sonora (1.7 mil millones de pesos);
• León, Guanajuato (1.3 mil millones de pesos);
• Mexicali, Baja California (1.3 mil millones de pesos);
• Benito Juárez, Quintana Roo (1.2 mil millones de pesos); y
• Zapopan, Jalisco (1.1 mil millones de pesos).
Mientras, Tonalá Jalisco; Cozumel y Othón P. Blanco, Quintana Roo; Agua Prieta, Nogales y Guaymas, Sonora; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Cuautla, Morelos; Playas de Rosarito, Baja California y Tuxpan Veracruz, enfrentan una deuda superior a 50 por ciento de sus ingresos (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017).
Uno de los problemas que más afecta a las finanzas municipales es el relacionado con los pasivos laborales en todas sus vertientes; las cuales van desde la falta de pago de las cuotas obrero patronal hasta el incumplimiento de los laudos laborales por falta de recursos monetarios para hacerles frente.
Las propias autoridades del municipio pueden llegar a ser inhabilitadas por no atender el pago de los laudos en materia laboral, lo cual igualmente resulta injusto pues, en la mayoría de los casos, suponiendo sin conceder que se tratare de litigios y resoluciones correspondientes al tiempo de su encargo, el incumplimiento es por razones financieras.
En el estado de México para finales de 2014 y, tras el cambio de gobiernos municipales, más de 8 mil 400 empleados de los 125 municipios demandaron a las administraciones entrantes por despidos injustificados, destacándose Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca (Salazar, 2014).
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos ordenó, en septiembre de 2015, el pago de más 72 millones de pesos, como resultado de la conciliación dentro y fuera de juicio, entre empleados de los tres poderes, así como de los ayuntamientos, en beneficio de mil 931 trabajadores (gobierno de Morelos, 2015).
En el caso de Chiapas, los 122 municipios tienen laudos vencidos por pagar. Tapachula, por ejemplo, tiene que pagar 97 millones de pesos; Ocosingo 43 millones; Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Reforma y San Cristóbal de las Casas, adeudan 38, 31, 33, 24 y 14 millones de pesos, respectivamente, por lo que estimó que, para el ejercicio fiscal de 2016, los 122 ayuntamientos, tendrían un déficit de alrededor de 2 mil millones de pesos (Noriega, 2015).
En Jalisco, 80 ayuntamientos debían 5 mil millones de pesos en 2016 (Romo, 2016) y, para marzo de 2017, el Congreso del estado reportaba “un total de 152 asuntos pendientes de esta legislatura, se han desechado más de 100 solicitudes y cada mes nos turnan un promedio de 20 solicitudes, en todos ellos se ordena la suspensión de diversos funcionarios municipales por ser omisos en el cumplimiento de estos laudos” (Redacción, Quadratín Jalisco, 2017).
La presente iniciativa busca reformar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal para posibilitar que los municipios del país puedan hacer uso de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para destinarlos al pago por laudos condenatorios firmes.
Para mayor claridad, se expone el siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal
Si bien debemos reconocer que, la causa principal de los conflictos laborales que enfrentan nuestros municipios son a consecuencia de la inexistencia, insuficiencia o falta de implementación de sistemas de servicio profesional de carrera municipal que permitan dar estabilidad laboral al colaborador y contribuya a mejorar la calidad de los servicios municipales; la urgencia que hoy enfrentamos exige atender, urgentemente, el grave problema de pasivos exigibles por concepto de pago por laudos condenatorios firmes que enfrentan los municipios del país, a través de la inyección de recursos que puedan ser utilizados para tal fin.
Por lo expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal
Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de laudos condenatorios firmes , al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, Apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de junio de 2017.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 14 de 2017.)