Source: https://www.gabilos.com/webmercantil/r0-lsp.html
Timestamp: 2019-02-20 03:40:45
Document Index: 144855338

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 257']

El balance detallado de su activo y pasivo, o por lo menos un estado de situación que refleje, con la posible exactitud, la relación en que se hallan, en la fecha en que se produce dicha petición, los bienes del solicitante y el conjunto de sus obligaciones. En este caso, el Juez señalará un plazo, que no puede exceder de treinta días, para la presentación del balance definitivo, que habrá de formarse bajo la inspección de los Interventores.
Cuando el solicitante afirme que el número de sus acreedores pasa de 1.000, o que por la índole de las operaciones de que se deriven los créditos no le es posible fijar, desde luego, la cuantía de los mismos, bastará que haga constar, con referencia al último balance de situación, el número aproximado de acreedores, el nombre de los conocidos y el importe global de sus créditos.
En el acuerdo de la Junta General de accionistas, ratificando la decisión del Consejo de Administración, se indicará las personas u Organismos que habrán de ostentar la plena representación de la Sociedad en el expediente, con facultad para modificar la proposición de convenio formulada e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.
Con la petición y documentos a que se hace referencia en el artículo anterior, serán también presentados al Juzgado por el solicitante los libros de contabilidad, tanto los que deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de Leyes especiales como los que voluntariamente haya creído conveniente autenticar por exigirlo el sistema de contabilidad que hubiese adoptado. En la diligencia misma de presentación se hará constar que el Secretario, con el concurso de los Interventores, ha puesto, firmado y sellado nota de la solicitud de suspensión a continuación del último asiento en todos ellos. En las notas aludidas mencionará el Secretario cualquier anomalía que observe en los libros, señaladamente las enmiendas, raspaduras y espacios u hojas sin llenar. Pondrá el Juez su visto bueno, y el Secretario devolverá enseguida los libros al suspenso para que los conserve en su escritorio, continúe en ellos haciendo los asientos de sus operaciones y los tenga en todo momento a disposición del Juez, de los Interventores y de los acreedores en la forma y términos que el Juzgado determine.
El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los documentos y libros indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, en providencia que dictará necesariamente el mismo día de la presentación del escrito, y si no fuere posible, en el siguiente, y comunicará telegráficamente ese proveído a todos los Juzgados de las localidades en que tenga sucursales, agencias o representaciones directas el comerciante o Entidad a que se refiera dicha declaración. Esta providencia, de la que se dará publicidad en la forma que el Juez estime conveniente, se anotará en un registro especial, que se llevará en cada Juzgado, en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad donde estén inscritos los inmuebles del suspenso.
Hasta que la propuesta de convenio obtenga la aprobación de los acreedores en cualquiera de las formas señaladas en los artículos 14 y 18 de esta Ley, el comerciante suspenso conservará la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, con las limitaciones que en cada caso fije el Juzgado, previo informe especial que sobre este punto emitirán los Interventores, pudiendo tomar las medidas precautorias y de seguridad convenientes y llegar hasta la suspensión y sustitución del comerciante, Gerente o Consejo de Administración.
Los Interventores, dentro del término que el Juez les señale y que no podrá ser inferior a veinte días ni mayor de sesenta, redactarán previo informe de Peritos, cuando lo estimen necesario, un dictamen que versará acerca de los siguientes extremos:
En los casos de insolvencia provisional, en el mismo auto en que declare la suspensión de pagos conforme al artículo 8 acordará el Juez la convocatoria de la Junta general de acreedores. En los casos de insolvencia definitiva no se acordará la convocatoria hasta que transcurra el plazo de quince días señalado en el artículo 8 para la consignación o afianzamiento del déficit. Si el Juez, cumplido este trámite mantuviese la calificación de insolvencia definitiva convocará inmediatamente la Junta, a no ser que en el plazo de cinco días el suspenso o acreedores que representen los dos quintos del total pasivo soliciten que se sobresea el expediente o que se declare la quiebra.
Constituida legalmente la junta, leerá el actuario la solicitud del deudor, la propuesta de convenio, las cifras que arrojen el activo y el pasivo, y el dictamen, como dispone el núm. 3) del artículo 8.
El Juez se limitará a proclamar el resultado de la votación favorable al convenio, absteniéndose de aprobarlo hasta que transcurra el plazo marcado en el artículo 16. Los Interventores cesarán en sus funciones a menos que en la Junta se acuerde que continúe la intervención en la misma forma, designando a los mismos u otros Interventores, así como la forma de sustituirles o revocarles el nombramiento, pudiendo conferirles la representación de la masa para, en interés de ésta, ejercitar las acciones procedentes.
Cuando el número de acreedores exceda de doscientos podrá el Juez acordar la suspensión de la Junta, sustituyéndola por la tramitación escrita que se ordena en este artículo, siempre que, además, resulten rigurosamente observados los requisitos y formalidades que a continuación se previenen.
Dentro del plazo concedido, el suspenso presentará al Juzgado la proposición de convenio con el voto de los acreedores, hecho constar individualmente por comparecencia ante el Secretario judicial que intervenga en el expediente o en cualquiera de sus derivaciones, por medio de acta notarial, con excepción de los acreedores que tengan sus domicilios fuera de la población donde se sustancie el expediente y en localidades donde no resida ningún Notario, los cuales podrán hacer constar su voto mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado municipal del término donde residan. En todos los casos expuestos se permitirá la concurrencia de varios acreedores al acto de prestar el consentimiento. Cada voto expresará en forma clara e inequívoca, bajo la fe del Secretario judicial o del Notario, la conformidad o disconformidad de los que lo emitan, con la proposición del convenio, o especificará con todo detalle, si procediera, las modificaciones esenciales que en la proposición formulada por el deudor deban introducirse. A la manifestación de su opinión podrá también cada votante acompañar la exposición de los datos y razonamientos en que la apoye.
Una vez firme el auto de declaración de insolvencia definitiva, se formará una pieza separada para la depuración de las responsabilidades en que hayan podido incurrir el comerciante suspenso o los Consejos o Gerentes de las Compañías mercantiles que soliciten y obtengan tal declaración.
Podrán abstenerse de concurrir a la Junta, sin que el convenio surta efecto respecto de ellos, los acreedores que invoquen los derechos reconocidos en los artículos 908 a 910 del Código de Comercio. Los acreedores de esta clase, cuyos créditos no hubiesen sido reconocidos en la lista correspondiente de las enumeradas en el artículo 12, podrán formular sus reclamaciones, llevándolas a otras tantas piezas separadas, que se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 1.532 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las tercerías de dominio, siendo partes el reclamante, el deudor y los Interventores o representantes de los acreedores.
Véase el artículo 257 y siguientes de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.