Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-127-de-febrero-17-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ee7bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-18 13:59:30
Document Index: 202661672

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 37']

﻿ SENTENCIA C-127 DE FEBRERO 17 DE 2004
SENTENCIA C-127 DE 17 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:ADMINISTRADOR DE UNA COPROPIEDAD. NOMBRAMIENTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. LA DESIGANCIÓN DEL ADMINISTRADOR POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SI LO HUBIERE NO DESCONOCE EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIETARIOS, PORQUE SE TRATA DE UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE LA COPROPIEDAD DESIGNADO POR TODOS LOS PROPIETARIOS EN ASAMBLEA GENERAL Y PORQUE NO EXISTE NINGUNA DISPOSICIÓN QUE PROHIBA DE QUE UN PROPIETARIO PUEDA SER DESIGNADO COMO ADMINISTRADOR, SI PARA ELLO ACREDITA LA IDONEIDAD. SE DECLARAN EXEQUIBLES ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 675 DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS, COPROPIETARIO, ELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS, DERECHOS DEL COPROPIETARIO, ADMINISTRACIÓN DE LA COPROPIEDAD, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COPROPIEDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:389 DE MAYO DE 2004, PG.784
Sentencia C-127 de febrero 17 de 2004
ADMINISTRADOR DE UNA COPROPIEDAD
NOMBRAMIENTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sentencia C-127 de 2004
Ref.: Expediente D-4909
Demandante: Gerardo Vargas Moreno.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 50, inciso primero, parcial, de la Ley 675 de 2001 “por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.509 de 4 de agosto de 2001. Se resalta lo acusado.
PAR. 3º—El Gobierno Nacional podrá disponer la constitución de pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administradores de edificios o conjuntos de uso comercial, mixto o residencial. En todo caso, el monto máximo asegurable será equivalente al presupuesto de gastos del edificio o conjunto para el año en que se realiza la respectiva designación”.
2. Problema jurídico-constitucional a resolver.
El argumento central del demandante radica en la extralimitación del Congreso de la República, al establecer en el inciso primero del artículo 50 de la Ley 675 de 2001, que sea el consejo de administración de edificios o conjuntos, quien designe al administrador de la copropiedad, y no la asamblea general, pues con ello se vulnera el derecho a la participación consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, concretamente el de elegir y ser elegido.
3. El derecho de participación que consagra la Constitución de 1991 no se circunscribe al campo electoral, sino que permea todos los escenarios públicos y privados en los que se adopten decisiones que interesan a la comunidad.
3.1. Considera la Corte que el argumento planteado por el demandante como sustento de su solicitud de inconstitucionalidad de la expresión “salvo en aquellos casos en los que exista el consejo de administración, donde será elegido por dicho órgano”, resulta de una interpretación restringida del derecho de participación que consagra la Constitución Política, porque el mismo no solamente tiene aplicación en el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, sino que tiene un espectro mucho más comprensivo, por cuanto se trata de garantizar la participación de toda la comunidad en las decisiones que los afectan.
La Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos se ha ocupado de examinar las características jurídicas del derecho fundamental a la participación ciudadana, como una de las expresiones más vivas de un Estado democrático. En efecto, se ha señalado que el estatuto fundamental desde el preámbulo dispone que el régimen constitucional colombiano se desarrolla dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, principio que se reitera entre otros(1), en el artículo 1º, al disponer que Colombia es un Estado de derecho democrático y participativo; y, establecer entre los fines del Estado el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (C.P., art. 2º).
De las normas superiores sobre las que se edifica la democracia participativa, se infiere que el derecho de participación de todas las personas no se circunscribe al ámbito electoral, sino que permea todos los ámbitos públicos, privados, sociales, familiares y comunitarios, en los cuales se han de tomar decisiones que afectan a toda la comunidad, como sucede con las decisiones adoptadas al interior de una copropiedad.
Precisamente, la Corte al examinar la constitucionalidad de unas disposiciones de la Ley 675 de 2001 (arts. 3º, 25 y 37), en los cuales se definen derechos y deberes de los copropietarios con base en el criterio de coeficiente de propiedad(2), precisó el concepto de democracia participativa, expresando que:
“De otra parte, es necesario puntualizar que la Constitución Política de 1991 no restringe el principio democrático al ámbito político sino que lo extiende a múltiples esferas sociales. El proceso de ampliación de la democracia supera la reflexión sobre los mecanismos de participación directa y especialmente hace énfasis en la extensión de la participación de las personas interesadas en las deliberaciones de los cuerpos colectivos diferentes a los políticos. El desarrollo de la democracia se extiende de la esfera de lo político en la que el individuo es considerado como ciudadano, a la esfera social donde la persona es tomada en cuenta en su multiplicidad de roles, por ejemplo, como trabajador, estudiante, miembro de una familia, afiliado a una empresa prestadora de salud, consumidor etc. Ante la extensión de la democracia la Corte Constitucional ha señalado que el principio democrático que la Carta prohíja es a la vez universal y expansivo(3). Universal porque compromete varios escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que válidamente puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por lo tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder. Es expansivo pues porque ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denotado esfuerzo para su efectiva construcción”(4).
La participación que consagra la Constitución no se contrae al campo de la participación política, en el cual los ciudadanos pueden elegir o ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, entre otros aspectos (C.P., art. 40), sino que se extiende a otros campos distintos del electoral, en los cuales los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que los afectan y que inciden en forma significativa en el rumbo de su vida(5).
3.2. Aduce el demandante que el régimen de propiedad horizontal, constituye una extralimitación del legislador, en tanto cercena el derecho de participación de los ciudadanos. La Corte no comparte esa apreciación. Al respecto, resulta relevante recordar que la participación, así como el resto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, no es un derecho absoluto, pues él mismo admite modulaciones cuya precisión le corresponde al legislador, a quien le compete a través de instrumentos democráticos seleccionar entre las opciones normativas que surgen de la Carta Política, las que desarrollen de mejor manera el derecho en cuestión, sin que resulten irrazonables o desproporcionadas.
En este sentido, resulta ilustrativo traer a colación la precisión que en relación con la competencia del Congreso de la República para expedir la ley que regula el régimen de propiedad horizontal, se hizo por la Corte en la Sentencia C-522 de 2002, ya citada. Se dijo en esa oportunidad:
“En múltiples ocasiones la Corte Constitucional se ha referido a la necesidad de identificar el ámbito de competencia que la Constitución Política le otorga al legislador en el caso objeto de estudio para definir el grado o intensidad del control con el propósito de armonizar los principios constitucionales de la división de poderes y supremacía de la Carta Política los cuales, en principio parecen entrar en contradicción al otorgar la facultad de hacer la ley al Congreso de la República pero al mismo tiempo prescribe que la Constitución Política es la norma de normas, lo cual significa que el legislador no posee una soberanía absoluta para producir la ley sino que se encuentra sujeto a las prescripciones constitucionales. Cuánto, cómo y por qué es un asunto que debe esclarecer el juez constitucional para definir los contornos de su acción y lograr un equilibrio entre los fundamentos de un régimen democrático y la vigencia de un orden constitucional.
Es este punto, es claro que el orden constitucional reconoce la propiedad privada y solo condiciona su ejercicio de dominio y disposición por motivos de interés y utilidad pública en consecuencia, la facultad conferida al legislador por la Carta Política frente al tema, hace parte de la cláusula general de competencia atribuida al cuerpo colegiado para que, en ejercicio de la deliberación democrática, establezca las reglas que considere necesarias al organizar el desarrollo en la vida en sociedad. De este modo, la Corte Constitucional se define dentro del marco constituido por la protección del interés social y la utilidad pública y por la facultad general que tiene el legislador para reglamentar el ejercicio del derecho de propiedad privada.
13. Conforme a lo expuesto, el legislador se encuentra facultado para elegir el criterio conforme al cual se rigen las relaciones de las personas que adquieren la condición de copropietarios y para ello, eligió el coeficiente de propiedad...” (negrillas fuera de texto).
Estando el legislador en libertad, obviamente dentro del marco que le fija la Constitución, de diseñar un sistema normativo que a su juicio resulte pertinente y conveniente para desarrollar las relaciones de las personas que adquieren la condición de propietarios, pasa la Corte a examinar si se viola el derecho de participación al permitir que el consejo de administración, en los edificios o conjuntos en donde exista, nombre al administrador de la copropiedad.
4. La decisión del legislador de establecer que el administrador de una copropiedad pueda ser nombrado por el consejo de administración no viola el derecho de participación de los propietarios de los inmuebles.
4.1. La propiedad horizontal constituye una forma especial de dominio, constituida sobre pisos o locales, en el cual coexisten dos derechos: “el primero, que radica en la propiedad o dominio que se tiene sobre un área privada determinada; y, el segundo, una propiedad en común sobre las áreas comunes, de la cual son cotitulares quienes a su turno lo sean de áreas privadas”(6).
Ante la dualidad legislativa que existía en relación con este régimen especial de propiedad(7), surge la Ley 675 de 2001, mediante la cual se busca garantizar la seguridad, la convivencia pacífica y solidaridad social, la función social y ecológica de la propiedad, el respeto a la dignidad humana, la libre iniciativa empresarial en los inmuebles con destinación comercial o mixto, el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación, aspectos todos estos que deben ser respetados tanto por la asamblea general como por el consejo de administración.
Tal como lo dispone la Ley 675 de 2001, una vez constituida legalmente la propiedad horizontal, surge una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular, cuyo objeto es administrar en forma oportuna y eficaz los bienes y servicios comunes, así como manejar los asuntos de interés común y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal (art. 32). Para ello, la ley dispuso la creación de órganos de dirección y administración de la persona jurídica, a saber: la asamblea general de propietarios, el consejo de administración si lo hubiere y el administrador del edificio o conjunto (art. 36).
Otro de los órganos de dirección de la propiedad horizontal, es el consejo de administración, órgano que por ministerio de la ley (L. 675/2001, art. 53), solamente es obligatorio constituirlo en los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto integrados por más de treinta (30) bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos, el cual estará integrado por un número impar de tres (3) o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. En los demás casos, esto es, edificios o conjuntos de uso comercial o mixto con menos de treinta bienes privados, o en los de uso residencial integrados por más de treinta (30) bienes privados será potestativo la consagración de ese organismo en los reglamentos de propiedad horizontal.
No obstante, el legislador también previó que dada la trascendencia de ciertas decisiones que afectan a una copropiedad, ellas solamente puedan ser tomadas por la asamblea general como máxima autoridad de la copropiedad, tales como aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual; las reformas al reglamento de propiedad horizontal; decidir la desafectación de bienes comunes; y, aprobar la disolución o liquidación de la persona jurídica, entre otras, asuntos que son indelegables en el consejo de administración.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “salvo en aquellos casos en los que exista el consejo de administración donde será elegido por dicho órgano”, contenida en el inciso primero del artículo 50 de la Ley 675 de 2001 “por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”, por los cargos analizados en esta providencia.
(1) Cfr. C-089 de 1994.
(2) La Corte declaró la exequibilidad de la expresión “Define además su participación en la asamblea de propietarios” del artículo 3º, así como la constitucionalidad del numeral 2º del artículo 25 de la Ley 675 de 2001. En relación con el parágrafo 2º del artículo 37 de la citada ley se declaró exequible “en el entendido que cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda, el voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje de coeficiente de propiedad del respectivo bien privado, solo para las decisiones de contenido económico conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia”.
(4) Sentencia C-552 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(5) Cfr. C-089 de 1994, C-180 de 1994.
(6) Sentencia C-726 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(7) Ley 182 de 1948, Ley 16 de 1985.