Source: http://www.legalinfo-panama.com/php/pfp.php3?doc=/articulos/articulos_43.htm
Timestamp: 2017-11-22 20:18:13
Document Index: 10113523

Matched Legal Cases: ['Artículo 48', 'Artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 153', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 153']

http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_43.htm
Tasas y Derechos en el Registro Público
Fábrega, Barsallo, Molino & Mulino
La Constitución Nacional establece lo siguiente:
"Artículo 48: Nadie está obligado a pagar contribuciones ni impuestos, que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita en la Ley".
"Artículo 153: La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las Leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
10. Establecer impuestos y contribuciones, nacionales rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos.
La Junta Directiva del Registro Público, mediante Resolución N°99-8 del 7 de julio de 1999, ha dispuesto en uso de las facultades que le fueron otorgadas mediante la Ley N°3 del 6 de enero de 1999 (delegadas por la Asamblea Legislativa), aprobar las tasas y derechos respecto a los servicios que presta el Registro Público.
Todas las contribuciones (tasas y derechos) y su cobranza, señaladas en la Resolución N°99-8 del 7 de julio de 1999, son violatorias de la Constitución, y atenta contra el principio de legalidad que señalan los artículos 48 y 153 (ordinal 10) de nuestra Carta Magna.
La Ley N°3 del 6 de enero de 1999 facultó a la Junta Directiva del Registro Público para estructurar, reglamentar, determinar, fijar la cuantía y alterar las tasas y derechos, por los servicios que preste dicha entidad, que de por sí ya es inconstitucional pues la Asamblea Legislativa ha delegado en dicha Junta Directiva una de las funciones que la Constitución le asigna en el ordinal 10° del artículo 153, que señala que es ella la que debe establecer los impuestos y contribuciones nacionales.
Las contribuciones (tasas y Derechos) y la forma de cobrarlos, establecidas por la Junta Directiva del Registro Público a través de la Resolución N°99-8 son inconstitucionales al no estar señaladas en una Ley, tal como lo prevee el artículo 48 de la Constitución Nacional.
Si aceptamos lo anterior, tendríamos que, al haber quedado derogados los artículos 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 del Código Fiscal, y no existir Tasas y Derechos establecidos por Ley, la Junta Directiva del Registro Público, al establecer las nuevas contribuciones, se convierte en "Legisladora", usurpando una de las funciones otorgadas a la Asamblea Legislativa como lo es la de "expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos Nacionales", vulnerando el principio de legalidad que la Constitución Nacional respecto a los impuestos, contribuciones y la forma de cobrarlos, señala.
La Ley N°3, que creó la Junta Directiva del Registro Público no fijó ningún impuesto o contribución, y tampoco señaló la forma de cobrarlos si los hubiere establecido.
Todo lo relacionado a las contribuciones, respecto a los servicios que ofrece el Registro Público estaban regulados en los artículos 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Ley N°8 del 27 de enero de 1956 y sus reformas (Código Fiscal), y al ser derogados por la Ley 3 del 6 de enero de 1999, era potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa establecer el nuevo baremo, y no la Junta Directiva del Registro Público a través de una Resolución.
El hecho de que la Asamblea Legislativa haya concedido facultades a la Junta Directiva del Registro Público para reglamentar, estructurar, determinar, fijar y alterar las tasas y derechos es inconstitucional, y como consecuencia lógica todas las resoluciones que ella dicte para efectos de sustituir las que fueron derogadas del Código Fiscal, tambien son inconstitucionales, amparados en el principio de legalidad que resguarda el artículo 48 de la Constitución Nacional respecto al establecimiento de contribuciones e impuestos, y la forma de cobrarlos.
El Doctor Mario Galindo Heurtematte, con ocasión de una advertencia de inconstitucionalidad, expuso, refieriendose al principio de legalidad consagrado en los artículos 48 y 153 de la Constitución Nacional, lo siguiente:
"....este precepto constitucional consagra el principio de legalidad en materia fiscal, principio que aparece reiterado en el inciso 10 del artículo 153 de la Constitución, según el cual sólo la Ley promulgada conforme a los principios constitucionales que rigen la materia-...puede crear, modificar o suprimir impuestos, definir el hecho generador de la relación jurídico-tributaria, fijar la alícuota del impuesto y la base del cálculo, indicar el sujeto pasivo, otorgar excepciones o beneficios, señalar con toda precisión los límites estrictos dentro de los cuales éstos habían de otrogarse, sin conceder competencias discrecionales, establecer los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en cuanto éstos signifiquen una limitación o regulación de los derechos y garantías individuales, tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones, crear privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios y regular los medios de existencia de los mismos".
Todo lo expuesto, señala por último el Doctor Galindo Heurtematte, "evidencia la infracción en el concepto de violación directa del artículo 48 de la Constitución".
La Honorable Corte Suprema de Justicia atendiendo los criterios expuestos por el Doctor Galindo Heurtematte se pronunció de la siguiente forma:
"En igual orden de la confrontación constitucional, en lo que respecta a la violación del artículo 48 de la Constitución, que al señor Procurador General no le parecen muy convincentes los argumentos del advertidor; sin embargo, para el Pleno de la Corte la impetrada infracción del precepto constitucional, resulta clara al disponer que nadie esta obligado a pagar contribución ni impuesto, que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prevista por las leyes. Se trata evidentemente, como se arguye en la advertencia, del denominado principio de legalidad, recogido también por el inciso 10 del artículo 153 de la Constitución Nacional, en el sentido de que solo la Ley "....promulgada conforme a los principios constitucionales que regulan la materia puede crear, modificar o suprimir impuestos, el hecho generador de la relación jurídico-tributaria, fijar la alícuota del impuesto y la base de su cálculo...".
(Registro Judicial de febrero de 1992. Sentencia del 4 de febrero de 1992. Pleno de la Corte Suprema de Justicia).
Por último recomiendo la lectura de una monografía publicada en la revista Centro Financiero, en la cual el Doctor Carlos Barsallo explica claramente, y así titula el trabajo, "Los Tributos, la Ley y la Constitución". De este estudio extraemos la siguiente idea para finalizar:
"El hecho de que sea difícil que los legisladores aprueben los tributos es precisamente una protección al ciudadano que lejos de haber sido inventada por nuestro sistema jurídico tropical proviene de latitudes avanzadas y de tiempos antiquísimos. Los legisladores como representantes del ciudadano y preocupados cada uno por su reelección, son usualmente los que reaccionan al establecimiento de nuevos tributos. Si se crea una formula para que estos no asuman su obligación y la deleguen en otro Organo y otras persona, creemos que se establece una especie de subterfugio al querer Constitucional".
Agrega el Doctor Carlos Barsallo:
"En cuanto al argumento de la dificultad de modificar la cuantía de los tributos para ajustarla a las necesidades cambiantes, tenemos que se puede señalar que este es un tema que requiere mayor análisis. Muy superficialmente, sin conocer todas las interioridades del proceso legislativo, si podemos decir, que si la Asamblea Legislativa encuentra tiempo, como puede observarse de la revisión de la Gaceta Oficial, para, por ejemplo aprobar legislación que protege a los delfines, con todo respeto que nos merecen estos animales, deben encontrar tiempo para establecer los Tributos que todos debemos pagar, fijar su monto, alterar dicho monto cuando y cuantas veces sea necesario y decir como y a quien se le cobran los Tributos."