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Timestamp: 2018-09-19 19:32:38
Document Index: 243670950

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 59', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 18', 'Artículo 16', 'Artículo 5']

POSICIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA. Proyecto de Ley. Ley de control de la evasión fiscal" - PDF
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Germán Chávez Poblete
1 Proyecto de Ley Ley de control de la evasión fiscal" Julio 2013 EXPEDIENTE N.º Observaciones Generales: Un marco normativo adecuado en materia fiscal, resulta de gran importancia tanto para la Administración Tributaria como para los contribuyentes. En ese sentido, es importante mencionar que el papel de las empresas multinacionales en el comercio mundial se ha incrementado significativamente con el paso de los años. El crecimiento de este tipo de empresas en el comercio mundial y la presencia en nuestro país de una cantidad cada vez mayor de ellas, plantea cuestiones fiscales cada vez más complejas tanto para la Administración Tributaria, como para las propias empresas, ya que no se pueden considerar separadamente las normas de tributación de cada país. Existe una dificultad práctica para ambos tipos de entidades a la hora de determinar los ingresos y los gastos de una sociedad o de un establecimiento permanente parte de un grupo multinacional, que deben ser tenidos en cuenta por nuestra jurisdicción. La Cámara de Comercio considera importante que se emita legislación tendiente a regular los aspectos tributarias relacionados con el tema de precios de transferencia, que se base en normativa de referencia internacional, dado el vacío legal imperante. No obstante lo anterior, se incorporan dentro del proyecto modificaciones a dos artículos de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta de 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuya vinculación con la el propósito de combate a la evasión no quedan del todo claros Específicamente, se desconocen 1
2 las razones para modificar el artículo 8 inciso d), sobre la deducibilidad de los intereses y el artículo 59 que establece las tasas impositivas. Observaciones Específicas: En referencia al artículo 13 "Definición de partes Vinculadas", que se pretende incorporar en un nuevo capítulo V en el título I de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyo articulado será del 10 al 20 y el cual establece: "Artículo 13.- Definición de partes vinculadas A los efectos del presente artículo, se consideran partes vinculadas, las personas físicas o jurídicas y demás entidades residentes en Costa Rica, y aquellas también en el exterior, cuando alguna de ellas dirija o controle directa o indirectamente a la otra o por alguna otra causa objetiva pueda ejercer una influencia sistemática en las decisiones de precio de la otra. Vía reglamentaria se definirán de manera específica los casos de vinculación. Se presume que existe vinculación, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando una persona o entidad tenga su residencia en una jurisdicción extraterritorial que no tenga facultades suficientes, según la legislación de ese país, para intercambiar información de relevancia fiscal con la Administración Tributaria costarricense. Se considera que se deben tomar como referencia los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que los mismos se definan en la ley, con el fin de brindar la mayor claridad posible a los contribuyentes. La OCDE define partes vinculadas como: "1. Dos empresas se consideran asociadas si: (a) una empresa participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de la otra empresa, o (b) la misma o las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de ambas empresas. 2. Una persona o una empresa participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de una empresa cuando: 2
3 (a) posee, directa o indirectamente, más del [50 %] del capital social de la empresa; o (b) tiene la capacidad práctica de influir sobre las decisiones comerciales de la empresa." (...) En referencia al artículo 14 "Análisis de comparabilidad", que se pretende incorporar en un nuevo capítulo V en el título I de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyo articulado será del 10 al 20 y el cual establece: "Artículo 14.- Análisis de comparabilidad El análisis de comparabilidad permite determinar si las operaciones vinculadas objeto de estudio, son compatibles con el principio de plena competencia e implica la comparación de la operación vinculada objeto de la revisión y la o las operaciones no vinculadas que se consideren potencialmente comparables. La búsqueda de comparables constituirá solamente una parte del análisis de comparabilidad. Para la realización del análisis de comparabilidad se debe considerar como mínimo los siguientes elementos: a) Las características de las operaciones, productos y servicios, según sea el caso. b) Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones de cada una de las partes involucradas en la operación. c) Términos o condiciones contractuales. d) Circunstancias económicas, información financiera, valoración del entorno en el que el grupo económico desarrolla su actividad, el sector productivo, aspectos macroeconómicos, condiciones de mercado, entre otros. e) Las estrategias empresariales o de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y ampliación del mercado. f) Identificación y análisis de precios de transacciones comparables, tanto internos como externos. Se entiende por precio de transacción comparable interna, el precio que una parte interviniente en la operación vinculada acuerda con una parte independiente; y por precio de una transacción comparable externa, el precio entre dos o más partes independientes, es decir donde ninguna de las cuales interviene en la operación vinculada. Una operación no vinculada es comparable a una operación vinculada si se cumple al menos una de las dos condiciones siguientes: 3
4 1. Que ninguna de las diferencias, si es que existen, entre las operaciones comparadas o entre las empresas que llevan a cabo esas operaciones comparadas, afecta materialmente el precio o el margen de plena competencia. 2. Que pueden efectuarse ajustes razonables para eliminar los efectos materiales de dichas diferencias." Se solicita modificar el párrafo 2 para que se lea de la siguiente manera: "Para la realización del análisis de comparabilidad se deben considerar los siguientes elementos". Es del criterio de la Cámara de Comercio de Costa Rica que establecer una lista taxativa que hace referencia elementos mínimos a considerar genera incerteza jurídica, por cuanto las empresas no sabrían ni tendrían claridad para sobre qué elementos va a tomar en consideración la Administración Tributaria. La Cámara de Comercio de Costa Rica apoya que se establezcan los elementos que se deben considerar para el análisis de comparabilidad, pero estos deben ser los indicados en la legislación y no lo que disponga la Administración Tributaria a su discreción. En referencia al artículo 15 "De los métodos", que se pretende incorporar en un nuevo capítulo V en el título I de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyo articulado será del 10 al 20 y el cual establece: Artículo 15.- De los métodos La determinación del precio o margen que hubieren pactado partes independientes en operaciones comparables, podrá ser realizada por cualquiera de los siguientes métodos. Se aplicará el método más adecuado que respete el principio de libre competencia: i. Método del precio comparable no controlado: Consiste en valorar el precio del bien o servicio en una operación entre personas relacionadas al precio del bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas independientes en circunstancias comparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, considerando las particularidades de la operación. ii. Método del costo adicionado: Consiste en incrementar el valor de adquisición o costo de producción de un bien o servicio, en el margen de utilidad habitual que obtenga el 4
5 contribuyente en operaciones idénticas o similares con personas independientes o, en su defecto, en el que personas independientes aplican a operaciones comparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, considerando las particularidades de la operación. Se considera margen de utilidad habitual el porcentaje que representa la utilidad bruta respecto de los costos de venta. iii. Método del precio de reventa: Consiste en sustraer del precio de venta de un bien o servicio, el margen de utilidad habitual que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas independientes o, en su defecto, el que personas independientes aplican a operaciones comparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, considerando las particularidades de la operación. Se considera margen de utilidad habitual el porcentaje que representa la utilidad bruta respecto de las ventas netas. iv. Método de la partición de utilidades: Consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por las partes vinculadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes, conforme a lo siguiente: a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la operación. b) La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas relacionadas, considerando elementos tales como activos, costos y gastos, u otra variable que refleje adecuadamente lo dispuesto en este párrafo, de cada una de las partes vinculadas, con respecto a las operaciones entre dichas partes vinculadas. v. Método del margen neto de la transacción: Consiste en atribuir a las operaciones realizadas con una persona relacionada, el margen neto que el contribuyente o, en su defecto, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones. El margen neto se calculará sobre costos, ventas o la variable que resulte más adecuada en función de las características de las operaciones. Adicionalmente se podrá aplicar en forma alternativa al método del numeral i) anterior, la valoración de los bienes con cotización internacional. En los casos en que proceda, se determinará el rango intercuartil utilizando la serie de los comparables identificados. Si el precio de la transacción analizada se encuentra dentro del rango contenido entre el primer y el tercer cuartil, se considera que el valor o precio no es de libre competencia y se establecerá la mediana como el precio de libre competencia." Se señala que no incorporan derechos de los contribuyentes, considerados por la OCDE en esta materia, tales como: 5
6 "El contribuyente puede aplicar un método en materia de precios de transferencia distinto a los métodos aprobados, siempre y cuando pueda demostrar (i) que no se puede aplicar ninguno de los métodos aprobados de manera razonablemente fiable para determinar las condiciones de libre competencia de la operación vinculada, y (ii) que este otro método genera un resultado compatible con el resultado que empresas independientes hubiesen obtenido en operaciones no vinculadas y comparables y llevadas a cabo en circunstancias comparables. El contribuyente que recurra al uso de un método distinto a los métodos aprobados descritos deberá demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. Cuando, para determinar la remuneración de sus operaciones vinculadas, un contribuyente ha utilizado un método en materia de precios de transferencia consistente con las disposiciones de la presente artículo, la administración fiscal deberá basarse en dicho método para examinar si las condiciones de las operaciones vinculadas del contribuyente son conformes al principio de libre competencia." Es del criterio de la Cámara de Comercio de Costa Rica que estos derechos son técnicamente válidos, por lo que deben ser incluidos. No resulta procedente que la Administración pueda utilizar un método distinto al aplicado por el administrado, cuando el método aplicado por este último, se ajuste a las disposiciones del presente artículo y mucho menos dictar una resolución no recurrible por parte del administrado. En referencia al artículo 16 "Pautas generales de documentación", que se pretende incorporar en un nuevo capítulo V en el título I de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyo articulado será del 10 al 20 y el cual establece: "Artículo 16.- Pautas generales de documentación Los sujetos pasivos deben tener la información y los documentos que respalden el análisis correspondiente para valorar sus operaciones con partes vinculadas, según lo defina la Administración Tributaria mediante resolución general. La documentación elaborada o utilizada en este proceso, debe estar a disposición de la Administración Tributaria, con el fin de comprobar el cumplimiento del principio de plena competencia. 6
7 Las necesidades de documentación de la Administración se concretarán aplicando los principios de gestión empresarial prudente, sopesando que las obligaciones de documentación no impliquen costos o cargas desproporcionadas a las circunstancias de los contribuyentes." La Cámara de Comercio de Costa Rica, considera que es la ley la que debe definir las pautas generales de documentación que deben generar los administrados sobre sus operaciones con partes vinculadas. La Administraciones Tributaria mediante resolución general podría aclarar dichas pautas pero no establecerlas. En referencia al artículo 18 "Infracción por omisión de la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia ", que se pretende incorporar en un nuevo capítulo V en el título I de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyo articulado será del 10 al 20 y el cual establece: "Artículo 18.- Infracción por omisión de la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia La no presentación de la declaración informativa de precios de transferencia, constituye infracción administrativa. La sanción será el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas, durante el año fiscal correspondiente." La Cámara de Comercio de Costa Rica considera esencial que se evalúe la proporcionalidad de las multas, especialmente porque la omisión de la presentación de la declaración informativa no implica la existencia de un incumplimiento tributario y por tanto, la multa pudiese resultar desproporcionada. En referencia al artículo 18 "Acuerdos de precios por anticipado ", que se pretende incorporar en un nuevo capítulo V en el título I de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuyo articulado será del 10 al 20 y el cual establece: 7
8 "Artículo 20.- Acuerdos de precios por anticipado Los contribuyentes podrán solicitar un acuerdo de precios por anticipado a la Administración Tributaria con el fin de determinar la valoración de las operaciones entre personas relacionadas, con carácter previo a su realización. Dicha solicitud se debe acompañar de una propuesta del contribuyente que se fundamente en el valor de las operaciones que habrían convenido partes independientes en operaciones similares. Cuando no se logre un consenso entre el contribuyente y la Administración Tributaria en la suscripción del acuerdo, se dictará un auto que así lo indique y en el mismo se dispondrá el archivo del expediente. Contra este auto no cabrá recurso alguno." La Cámara de Comercio de Costa Rica, considera que cuando un contribuyente presente un acuerdo de precios por anticipado que cumpla con los lineamientos establecidos en el artículo 15, la Administración Tributaria deberá respetarlo. A efectos de no causar indefensión y en virtud del principio del debido proceso, debe existir un mecanismo legal para que el contribuyente objete la resolución emitida por la Administración Tributaria, tomando en consideración que la Administración no puede indicar cuál de los métodos es el que debe aplicar el contribuyente. En referencia al artículo 59 de la Ley N.º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, para que se lea de la siguiente forma: Artículo 59.- Tarifas La tarifa de este impuesto será del quince por ciento (15%), salvo lo dispuesto en los incisos siguientes: a) Por el transporte y las telecomunicaciones se pagará una tarifa del cinco punto cinco por ciento (5.5%). b) Por los reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros de cualquier clase se pagará una tarifa del cinco punto cinco por ciento (5.5%). c) Por los intereses y las comisiones que paguen o acrediten al extranjero las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia General de Entidades Financieras, así como los intereses y comisiones que paguen o acrediten personas 8
9 costarricenses a bancos domiciliados en el exterior que forman parte de un grupo o conglomerado financiero sujeto a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, se pagará una tarifa del cinco punto cinco por ciento (5.5%). No estarán sujetos a retención ni al tributo establecido en el título IV de esta ley, los intereses que se paguen o resulten exigibles por organismos financieros internacionales y sus entes derivados, constituidos mediante convenio internacional debidamente ratificado por Costa Rica, tales como pero no limitados a: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, que se dedican a actividades financieras en cumplimiento de sus fines, por los créditos otorgados al Estado, municipalidades, instituciones autónomas y semiautónomas del Estado, las universidades estatales y los órganos desconcentrados con personería jurídica instrumental. La Cámara de Comercio, cuestiona la vinculación de este artículo con el principio de reducción de la evasión, pues lo único que se modifican son las tarifas. 9
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