Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=655365
Timestamp: 2019-05-19 21:37:35
Document Index: 188091366

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 10', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 144', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 68', 'artículo 60', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6']

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS EN ZONAS EXTREMAS.
V. VOTACIÓN DE PROYECTOS PENDIENTES
NUEVA LEY DE PRENSA. Veto. (Votación).
INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES. Primer trámite constitucional. (Votación).
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA SOBRE PROYECTO DEROGATORIO DE LA PENA DE MUERTE.
GASTOS DE LA DEFENSA NACIONAL. Proyectos de acuerdo.
INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
Gonzalo Ibanez Santa Maria
Sesión 52ª, en martes 10 de abril de 2001
(Especial, de 16.01 a 19.06 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis, y Valenzuela Herrera, don Felipe.
V.-	VOTACIÓN DE PROYECTOS PENDIENTES
I. Asistencia	4
III.Actas	7
IV.Cuenta	7
Integración de Comisión especial sobre cumplimiento de medidas en zonas extremas	7
V.Votación de proyectos pendientes	7
-	Nueva ley de Prensa. Veto. (Votación)	7
-	Indemnización por jubilación a funcionarios municipales. Primer trámite constitucional. (Votación)	11
-	Integración de Comisión Mixta sobre proyecto derogatorio de la pena de muerte	13
VI.Objeto de la sesión.
Gastos de la defensa nacional. Proyectos de acuerdo	13
VII.Documentos de la Cuenta.
1.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que deroga la pena de muerte, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta que proponga la forma de resolver las discrepancias producidas, conforme a lo preceptuado en el artículo 68 de la Constitución Política de la República (boletín Nº 2367-07)	49
2.	Moción de los diputados señores Velasco, Ascencio, Krauss, Gutiérrez, Martínez, don Rosauro; Pérez, don José; Ulloa, Valenzuela, y de las diputadas señora Pollarolo, doña Fanny, y señorita Saa, doña María Antonieta, que autoriza la erección de un monumento en homenaje a los payadores de Chile en la comuna de Casablanca (boletín Nº 2690-04)	49
Mesías Lehu, Iván	PRSD	VIII	42
Ovalle Ovalle, María Victoria	UCCP	VI	35
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Jaime Naranjo.
-Asistieron, además, la señora ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear, los ministros de Defensa Nacional , señor Mario Fernández; de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre; de la Secretaría General de Gobierno, señor Claudio Huepe, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García. Concurrió, también, el senador señor Andrés Chadwick.
-Se abrió la sesión a las 16.01 horas.
El acta de la sesión 45ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 46ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.
Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de señoras y señores diputados para integrar la Comisión especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las medidas legales y/o administrativas que se aplican en las zonas extremas del país: señores Claudio Alvarado, Gabriel Ascencio, Pablo Galilea, Enrique Krauss, Carlos Kuschel, Pedro Muñoz, Jaime Orpis, Joaquín Palma, Leopoldo Sánchez, señorita Antonella Sciaraffia, señores Salvador Urrutia, Felipe Valenzuela y Carlos Vilches.
Señores diputados, ruego poner atención para evitar problemas reglamentarios posteriores.
Los Comités acordaron, por unanimidad, que la votación de las observaciones al proyecto de ley de Prensa se verificará en un solo acto, con excepción de los números 10, 23, 27, 28 y 31, que se votarán separadamente.
En votación los artículos no incorporados en los de excepción.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aprobadas las observaciones con los quórum constitucionales respectivos.
Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Molina, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Tiene la palabra el diputado señor Recondo para plantear una cuestión reglamentaria.
Señor Presidente , esta sesión es nueva, distinta de la de la mañana. En la primera sesión, se autorizó el ingreso de la subsecretaria a la Sala, pero ahora no se ha pedido la unanimidad para ese efecto, aunque ella se encuentra presente.
Solicito la unanimidad de la Sala para que la señora subsecretaria asista a esta sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Gutenberg Martínez para plantear una cuestión de Reglamento.
Entiendo que esta sesión está empalmada.
No, señor diputado. Es una nueva sesión.
Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para que pueda asistir a la sesión la señora subsecretaria.
En votación la observación Nº 10, que incorpora un artículo 10, nuevo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 4 abstenciones.
Aprobada la observación.
La Secretaría tiene una duda, de manera que se votará nuevamente la observación Nº 10.
Reglamento, señor Presidente. No se puede votar dos veces.
Pido reunión de Comités.
Hay duda en la Mesa, porque no se marcó un voto. Hay una falla electrónica. Esa es la verdad.
Un señor DIPUTADO .-
¿Cuál fue el voto que no se marcó?
El de la diputada señora Fanny Pollarolo.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 4 abstenciones.
Acuña, Aguiló, Alessandri, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Bustos, Ceroni, Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Martínez (don Gutenberg), Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco y Villouta.
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Kuschel, Leay, Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Mora, Mulet, Ojeda, Olivares, Orpis, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rojas, Silva, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Rozas (doña María), Cornejo (don Aldo), Jocelyn-Holt y Ovalle (doña María Victoria).
Señor Presidente , la bancada del Partido por la Democracia le solicitó reunión de Comités.
En votación la observación Nº 23.
Señor Presidente, estamos votando dos veces cada observación.
Lamentablemente, está fallando el sistema electrónico.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.
Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Orpis, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Vilches.
En votación la observación Nº 27.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones.
Acuña, Aguiló, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Girardi, Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Ibáñez, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Orpis, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Recondo, Rojas, Ulloa, Van Rysselberghe, Vargas, Vega y Vilches.
En votación la observación Nº 28.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 12 votos. No hubo abstenciones.
Aguiló,Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vega, Velasco, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Bartolucci, Correa, Dittborn, Galilea (don José Antonio), Ibáñez, Jiménez, Leay, Masferrer, Paya, Recondo, Ulloa y Van Rysselberghe.
En votación la observación Nº 31.
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Corresponde votar, en general, el proyecto, iniciado en mensaje, que concede beneficio indemnizatorio a funcionarios municipales que se acojan a jubilación en el período que se especifica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aprobado en general, con el quórum constitucional requerido.
Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos, Caminondo, Cardemil, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
A continuación, se procederá a votar la indicación de la Comisión de Hacienda al proyecto.
Su Excelencia el Presidente de la República formuló en la Comisión de Hacienda una indicación que tiene por finalidad sustituir el inciso primero del artículo 2º del proyecto por el siguiente:
“Artículo 2º.- El pago de la indemnización procederá inmediatamente de notificado el funcionario del cese en el cargo por aplicación de la causal prevista en la letra b) del artículo 144 de la ley Nº 18.883”.
Estamos en votación, señor diputado.
Señor Presidente , ésta es una votación muy importante, por lo que le pido que nos aclare qué está poniendo en votación. Queremos saber si votar la indicación a favor significa aprobar lo leído por el señor Secretario .
Eso es, señor diputado.
Señor Presidente , solicito suspender la sesión y citar a reunión de Comités.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
En reunión de Comités, se aclaró que la Mesa puso correctamente en votación la indicación de la Comisión de Hacienda.
En consecuencia, solicito la unanimidad de los señores diputados para darla por aprobada.
Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que rigidiza el cumplimiento del presidio perpetuo y deroga la pena de muerte, con los diputados señores Sergio Elgueta, Zarko Luksic, Juan Bustos, Francisco Bartolucci y señora Pía Guzmán.
De acuerdo con la presentación suscrita por 45 honorables diputados y diputadas, corresponde discutir “el tema de los gastos militares en general y la compra de aviones en particular, y entregar respuestas a la pregunta: ¿No será más provechoso invertir estos recursos en empleos que generan paz social, equidad y, consecuentemente, respeto y disuasión?”.
Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Longton.
Señor Presidente , me llama profundamente la atención la convocatoria a esta sesión: “Discutir el tema de los gastos militares en general y la compra de aviones en particular, y entregar respuestas a la pregunta: ¿No será más provechoso invertir estos recursos en empleos que generan paz social, equidad y, consecuentemente, respeto y disuasión?”.
Aquí, en forma anticipada, se están dando conclusiones. Nunca en una sesión especial, ni de Sala ni de Comisiones, se había dado un título de tales características. Es decir, se anuncia y se da la respuesta en forma inmediata. Me parece un exceso.
En el tiempo previo de 15 minutos, correspondiente al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer la presencia en la Sala de la ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear , y del ministro de Defensa Nacional , señor Mario Fernández . Lo hago para destacar las ausencias. También estaban invitados los ministros de Economía, de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, porque consideramos que frente a una materia de esta naturaleza la presencia de ellos es de extraordinaria importancia para responder las consultas que surjan.
Los gastos militares, la compra de material bélico, de aviones F-16 y la operación Tridente , llevada a cabo por la Armada, son temas que le atañen a todo el país, en los que les cabe decisión a las autoridades civiles y al poder político, y acerca de los cuales muchos de nosotros les hemos quitado el bulto y, al parecer, no hemos tenidos ganas de involucrarnos.
Comprendo que muchos parlamentarios, mucha gente y autoridades políticas no deseen involucrarse en un tema tan complejo, difícil y complicado de entender, ya que siempre prefieren dejar que otras personas resuelvan. Pero para los 45 diputados de la Concertación que solicitamos esta sesión especial es muy relevante poner la discusión en el lugar donde deben debatirse los temas más importantes: el Congreso Nacional. La compra de armamento militar, de material bélico es muy relevante para el país.
Muchos de nosotros debiéramos demostrar mayor interés acerca de lo que ocurre en el área de la Defensa, pues se está invirtiendo una cantidad muy importante de recursos. Se habla de 1.200 millones de dólares. No sé si será la cifra exacta. Se piensa que 600 millones serán invertidos en la compra de 10 ó 12 aviones F-16, y que se necesitarán alrededor de 600 millones de dólares más para su equipamiento. Por otra parte, la Armada nos anuncia que está pronta a iniciar un proyecto que permitirá la construcción de fragatas y que, junto con su equipamiento, invertirá entre 1.200 y 1.600 millones de dólares más. En épocas anteriores, hemos visto que se adquirió una cantidad importante de material, sea en tanques, helicópteros, aviones Mirage o en otro tipo de equipamiento militar, también por varios centenares de millones de dólares.
Entonces, el asunto consiste en que el Congreso Nacional tiene la obligación de dar transparencia a la información que existe sobre la materia. ¿Por qué compramos? ¿A quién compramos? ¿A qué política de defensa obedece la compra? ¿Cuál es el marco presupuestario fijado para este tipo de compra? ¿Cuáles son los potenciales riesgos que tenemos en la región, que deseamos prever con este tipo de adquisiciones? ¿Cuáles son las potenciales amenazas que podrían convertirse en riesgos en un momento determinado? En el caso de la compra que está realizando la Fuerza Aérea, ¿cuál ha sido la trayectoria, desde que se inició el proceso, tanto de la institución como de los ministros de Defensa ? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que éste es el tipo de aviones que se necesita adquirir?
Hay una cantidad importante de recursos comprometidos, justo en medio de necesidades que, según sostienen algunos y yo también, demandan una prioridad mayor. Estamos de acuerdo en que los problemas económicos del país son graves, que requieren la atención de todos y que se exigirán muchos sacrificios no sólo al Gobierno y a las instituciones públicas, sino también a los empresarios, y más de alguien dirá que se necesita también mucho compromiso y responsabilidad de parte de los trabajadores.
Sin embargo, ¿estamos dispuestos a pedir a las Fuerzas Armadas que se comprometan de igual forma cuando vivimos una situación económica difícil y el principal problema es la desocupación, el desempleo? ¿Estamos en condiciones de decirles que entendemos sus problemas, pero que tenemos una prioridad mayor como país?
Todos tenemos necesidades que resultan evidentes porque existen, están en las regiones. ¿Cuántos de nosotros no conocemos los graves problemas que enfrenta la población, para cuya solución se requieren recursos del Estado? Muchos mencionarán los de alcantarillado, de luz o de caminos.
Alguien podrá sostener que mi posición es demagógica y que eso no se puede hacer porque los recursos son de la Fach, de la Armada o del Ejército. ¿Quién dijo que los recursos del país tienen camiseta, una especie de propiedad? Si existen, hoy o a futuro, recursos disponibles, ¿por qué no podemos ponernos de acuerdo para ver en qué los invertimos mejor, con el objeto de trabajar en el bien común por sobre todas las cosas? ¿O me van a decir que es mejor tener aviones F-16, de última tecnología, que proporcionar más trabajo, por ejemplo? No sé si la mía sea una actitud demagógica, pero tengo derecho a plantear mi pensamiento. Creo que todos deberíamos comprometernos a analizar el tema desde otra perspectiva.
Señor Presidente , agradezco también la presencia en la Sala del ministro de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre , quien ha llegado en este momento.
Muchos afirman que debemos preocuparnos de otras materias antes de comprar pertrechos militares.
El año pasado, algunas autoridades de Gobierno manifestaron que había que esperar una oportunidad, la que podría darse cuando el país creciera al 6 por ciento o cuando la tasa de cesantía se mantuviera o fuera inferior al 7 por ciento. Me pareció lógico, porque era objetivo.
Pero, además de las autoridades de Gobierno, representantes de la Oposición también se han referido al tema. En su oportunidad, Joaquín Lavín dijo algo parecido; es decir, priorizar el gasto social sobre el gasto militar. Sostuvo que, pese a no estar al tanto de las negociaciones, las que tendrían un costo de 600 millones de dólares para el país, la prioridad uno hoy en Chile es juntar recursos para combatir el desempleo, la que está por sobre cualquiera otra. O sea, muchos parecen ser demagogos.
En mi opinión, no somos demagogos, sino que estamos planteando un problema justo, legítimo. ¿Necesitamos aviones F-16? ¿Creen lógico que una familia que enfrenta problemas económicos compre un Mercedes Benz , si sus necesidades son otras o si para desplazarse le basta otro vehículo?
Esta discusión no se ha dado en el Congreso y, en cambio, hemos preferido que el tema quede radicado en Defensa, lo que significa aceptar los criterios “técnicos” de nuestros institutos armados.
Quiero recalcar el asunto. Debemos acostumbrarnos a entender que el poder político es el que define la política de defensa, no los militares. Ellos son nuestros aliados en la entrega de toda la información técnica disponible, pero la política de defensa la define el poder político, para lo cual están los ministros y seguramente otras autoridades a través de los organismos pertinentes. Ellos analizan los riesgos, las amenazas y establecen un marco presupuestario, y luego determinan qué tipo de armamentos, de acuerdo con nuestra realidad, se necesitan; pero es al revés.
No se trata de que a una de nuestras instituciones se le ocurra comprar un armamento y después todos debamos ver de dónde sacamos los recursos para su adquisición. ¡No puede ser, no tiene mucho sentido! Por eso decimos que aún estamos a tiempo de paralizar la compra de los aviones F-16, debido a la cantidad de situaciones “anormales” que se han producido.
El Senado norteamericano va a autorizar a una empresa privada para que gestione la venta de los aviones, pero nosotros debemos utilizar el subterfugio de citar a una sesión especial para conocer el tema. Es posible argumentar que fuimos invitados a la Comisión de Defensa. Claro, allí informaron todo a los diputados, ¡pero en una sesión secreta! El país tiene derecho a saber cuál es su política de defensa, no los secretos militares, obviamente. Exigimos que el análisis sea de cara al país, igual que las proposiciones que queremos hacer.
Debe haber un organismo político que defina la compra y venta de armas por parte de Chile, y el Senado de la República debe dar la autorización para que nuestro país venda o compre armas. De ese modo se lleva el tema a una institución política que forma parte de los poderes del Estado.
También debe terminarse con la ley reservada del cobre, aspecto muy importante que favorecerá al país y a las Fuerzas Armadas, ya que ella se transformó en una camisa de fuerza para sus instituciones. No sé cuál es el sentido de mantenerla y de evitar que anualmente el Congreso conozca el destino de una cuantiosa cantidad de recursos.
Es obvio que en la discusión del Presupuesto se pueden analizar los gastos militares, y no sólo los gastos ordinarios del Ministerio de Defensa o para la defensa, sino que todo lo relativo a las compras a corto y largo plazo. Creo que debemos trabajar en la modificación de la ley reservada del cobre o en modernizar y mejorar lo que tenemos. Debe haber una oficina de adquisiciones militares por una razón muy obvia. Se comenta mucho respecto de las comisiones, de la plata que reciben determinados personajes o las instituciones que negocian la compra y venta de armas. Sólo vivimos de rumores.
¿Por qué no se actúa en forma transparente y se crea una oficina de adquisiciones militares? Tendría mucho más sentido para una sociedad democrática. O bien, se podría resolver, desde el punto de vista legal, con una ley de por medio, el “offset” o el “lobby”.
Muchos de nosotros escuchamos por primera vez esto del “offset”, de las compensaciones industriales, de la obligación que tiene el país que vende de realizar determinadas inversiones en el nuestro. Recién lo está conociendo Chile. No hace mucho que comenzó esta discusión.
Ahora hemos descubierto, por un lado, que podríamos sacar mayores ventajas si tuviéramos un procedimiento legal que nos indicara las obligaciones a que deben atenerse los negociadores en materia de “offset”.
El “lobby” se realiza en calles, pasajes y oficinas oscuras. ¿Por qué? ¿Por qué no lo transparentamos y establecemos un procedimiento legal que nos permita realizar estas negociaciones a cara descubierta? Lo podemos hacer perfectamente si está establecido en un procedimiento legal.
La sesión de hoy tiene por objeto incentivar al Congreso para que asuma lo que le corresponde: discutir los grandes temas. Si estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares en armamentos militares, lo mínimo es que se discuta aquí, porque se trata de recursos de todos los chilenos.
Tiene la palabra, en el tiempo de la Democracia Cristiana, por diez minutos, el diputado señor Andrés Palma.
Señor Presidente , las decisiones de inversión de largo plazo repercuten en múltiples esferas.
La de compra de armamentos, como la que hoy el país discute a través de la prensa, de seminarios en instituciones especializadas y de la propia Cámara, que se refiere a la renovación de la flota aérea, conlleva grandes complejidades. Primero, porque involucra recursos, que son escasos, como lo dijo el diputado señor Ascencio . Faltan recursos en muchas áreas.
Hace un momento, el diputado señor José Pérez me pedía que firmara un proyecto de acuerdo para que el tren se modernice y llegue hasta Puerto Montt. Me argumentó que era el único que no lo había hecho. Le contesté que no estaba seguro si debía invertirse en tal sentido. Bueno, y supongo que trata de una inversión similar a la de compra de los F-16 o de más. ¿Cuánto? ¿Trescientos, seiscientos o mil millones de dólares? ¿Cuánto será?
Se pretende comprar aviones por cientos de millones de dólares. Eso comprometerá el presupuesto del país por más de diez años, no el presupuesto de la Fuerza Aérea, porque las instituciones de Defensa, gracias a Dios, no se deben autofinanciar. Si tuvieran que hacerlo, sería muy complicado. Es una de las pocas cosas que todavía se reconoce como deber del Estado en esta sociedad, tan permeable a los mercados.
Pero hay que financiar a las instituciones de Defensa y, por lo tanto, todos debemos aportar recursos. Y además de los F-16, están en marcha los proyectos Tridente y Scorpene, sin perjuicio de otras deudas del sector. Esta no es información reservada. Es de conocimiento público en Chile y en el extranjero.
No siempre estas decisiones son adecuadas, ni en el momento, ni en la especificidad. Hace dos semanas, salió en la prensa que Chile no puede vender -ni siquiera el Ejército pondrá una orden de compra- el proyecto Rayo. Pero resulta que dicho proyecto ha sido desarrollado y financiado con cargo a todos nosotros. Se hizo una inversión de cientos de millones de dólares, pero el proyecto no le sirve al Ejército ni para venderlo.
Estas decisiones repercuten mucho en nuestra sociedad, en sus instituciones, y no precisan hacia dónde se quiere ir.
Quienes pedimos esta sesión solicitamos que se invitara a los ministros de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Defensa y del Trabajo, porque tenemos la intuición de que no es el mejor momento para efectuar la compra de aviones ni para endeudarse en esta línea.
¿Es demagógica esta intuición? No, señor Presidente . Obedece a la misma razón por la cual el entonces Presidente Frei y su ministro Pérez Yoma postergaron esta decisión. No recuerdo si el actual ministro de Defensa era subsecretario de Aviación en ese entonces, pero se decidió postergar la compra de determinado armamento porque estábamos entrando en un proceso económico que no hacía conveniente hacerse cargo de esas deudas como país. Y hoy, algunos pensamos que la situación económica internacional -de nuestros vecinos- y nacional aconseja postergar una decisión de este tipo.
Y si optamos por este camino, podemos disponer de recursos para resolver problemas internos, como ocurrió en el pasado. Recuerdo que en 1991, ante un ajuste necesario en la economía, el ex ministro de Hacienda señor Foxley pidió a todas las instituciones del país que rebajaran su presupuesto, y las Fuerzas Armadas lo hicieron por debajo de lo que la ley les fijaba como piso, porque había un interés nacional superior.
Entonces, ¿por qué no podemos hacer este tipo de reflexiones con tranquilidad? Se dirá porque ya aprobamos la iniciación de las negociaciones sobre los F-16. Es cierto, pero hasta ahora sólo se circunscriben a aspectos técnicos. Recién estamos empezando a hablar de los “offset”, de las condiciones financieras, y todavía tenemos espacio para priorizar otros aspectos en nuestro país. Y eso no es agredir ni ofender a nadie.
Otro tema, tal vez suscitado por esta convocatoria de la Cámara de Diputados y que ha aparecido en la prensa en los últimos días, nos obliga a mirar con mayor detención otras materias de fondo. Ya el diputado señor Ascencio , hace algún momento, las mencionó. Los problemas políticos y estratégicos no se refieren sólo a cuánto comprar, a quién comprar, qué comprar y cómo financiarlo.
Se ha iniciado, convocada en esta oportunidad por el ministro de Defensa , señor Mario Fernández , la discusión de la segunda versión del Libro de la Defensa; pero debiera ser en esta Sala, en la Sala del poder político representativo del país. Me parece muy bien que el ministro de Defensa invite, incluso, a los presidentes de las Comisiones de Defensa de la Cámara y del Senado y a todos los expertos para que informen a los poderes políticos de cuál es la propuesta en política de defensa.
Sin duda, el primer Libro de la Defensa fue un gran avance, pero todavía tiene un dejo de autoritarismo, de que las materias de defensa son de especialistas y que sólo competen a quienes en teoría saben de esto. No sé si un piloto de un avión F-16 sabe más de defensa que cualquiera de los parlamentarios. Puede ser un gran piloto de un F-16, capaz de derribar aviones enemigos a una distancia astronómica, pero no tener idea de políticas de defensa.
Es el poder político -esta Sala- el que debe definir el interés y las prioridades nacionales y hacia dónde queremos apuntar como país, pero hasta ahora esa discusión no se ha dado en plenitud en el Congreso Nacional, en parte porque hay leyes que la limitan e imposibilitan. Por eso debemos avanzar en la derogación de la ley reservada del cobre, que a estas alturas de reservada sólo tiene el nombre, porque todo el país sabe en qué consiste y cuántos son los recursos que se mueven. Pero hay que avanzar en su derogación y en la búsqueda de mecanismos transparentes e institucionales para la adquisición de armamentos, que digan relación con nuestra vocación de país.
Hace dos o tres días, leí un artículo de un ex embajador de Chile en Washington , quien hace dos afirmaciones que me parecen muy importantes para este debate. Una de ellas se refiere al avión que queremos comprar. Dice que es absolutamente agresivo, el más ofensivo que se ha construido en los últimos veinticinco años del siglo pasado. Y, de acuerdo con el Libro de la Defensa, nuestra política en la materia definida por la Fuerza Aérea y por el Ministerio de Defensa y aprobada por el Presidente de la República , señala que nuestra estrategia es disuasiva y no agresiva hacia nuestros vecinos. Y aunque algunos hagan chistes en la Sala, son distintos los aviones para agredir que los aviones para defenderse.
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
Ocuparé más del tiempo de mi bancada para terminar.
Algunos hacen chistes de esto y creen saberlo todo. Yo declaro mi ignorancia y hago explícita la de los poderes políticos en estas materias; pero no por eso vamos a aceptar que nos hagan comulgar con ruedas de carreta todo el tiempo y para siempre.
En el mismo artículo, el ex ministro secretario general de la Presidencia y ex embajador en Washington, señor John Biehl , habla de un intercambio de cartas que desaparecieron.
No sé si en esta sesión o en algún otro momento corresponda que las autoridades del Estado -ojalá el mismo señor Biehl - den una explicación al conjunto de los chilenos sobre el intercambio de cartas a que él hace referencia. Se trataría de una del Presidente Clinton y de la respuesta que sería, según se subentiende, del Presidente Frei , en relación con estos temas y que me parecen de la mayor gravedad en términos de su importancia, no de su contenido.
Todas son materias que, en su momento, debiera conocer el Congreso Nacional, y es lo que demandamos al pedir esta sesión.
Su Señoría ha ocupado un minuto y cuarenta y cinco segundos más del tiempo asignado, los que se imputarán a su bancada.
Señor Presidente , tengo un texto que señala que estamos cumpliendo un compromiso. La defensa de la soberanía es una responsabilidad de todos los chilenos, no sólo de las instituciones dedicadas a este fin específico. Más aún, en una democracia moderna, que busca la integración de todos en torno de los grandes problemas nacionales, ampliar la participación ciudadana es un tema contemporáneo y decisivo para profundizar y consolidar la democracia. Ello es significativo. Por eso, se hace en un área tan sensible como es la defensa nacional.
Todas estas palabras son del entonces Presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y las pronunció cuando se inició un trabajo que por vez primera integró no sólo a los especialistas técnicos en defensa, sino también a los “generalistas” o a los teóricos en materia de defensa. El mundo civil y el mundo militar comenzaron un proceso de integración que, finalmente, desembocó en el largamente publicitado Libro de la Defensa. La participación del mundo académico y del mundo técnico militar fue grande.
¡Qué curioso, señor Presidente , que hoy estemos discutiendo la necesidad de que se transparente un tema que desde 1994 se ha transparentado absoluta y claramente! Pero, sobre todo, precisamente por el sector político que hoy impugna esta publicación, porque no corresponde que en la definición del marco de la defensa sólo deban intervenir los pilotos de guerra -los citó el diputado señor Andrés Palma -, ya que es tarea nacional y, por lo tanto, de todos.
La política de defensa en Chile es conocida y pública y tiene un marco de referencia: alcanzar los objetivos nacionales, proteger a su población, defender los intereses nacionales, salvaguardar su independencia política, su soberanía nacional y su integridad territorial; estructurar un poder nacional de orden homogéneo; emplear este poder nacional y, en particular, su potencial bélico, si fuera necesario, para su defensa y el resguardo de los intereses nacionales frente a eventuales amenazas externas.
Los propios autores de la petición de sesión especial han dicho que se trata de un tema mal expresado y que hay situaciones oscuras. Los únicos oscuros son los propósitos que han tenido para esta discusión.
Sin duda, comparar situaciones reales es muy delicado, porque el momento económico y político que vive el país -particular-mente económico- es grave y en materia de empleo se ha fallado. El Presidente , hace un tiempo, habló de los miedos; pero hoy los miedos son quedarse de nuevo sin empleo -el que hoy es escaso- y no tener comida para los niños. Es cierto: ese miedo hoy es más grande que nunca. Pero esto de ninguna manera puede compararse con los eventuales riesgos de que el Estado -nación jurídica y políticamente organizada- sea afectado.
Las amenazas son potenciales y no pueden ser dimensionadas en una balanza con los problemas reales, porque sólo se convierten en problemas reales con la guerra. Desde luego, quien no está preparado no tiene posibilidad de sobrevivir.
La primera obligación del país, particularmente del Congreso, es que las generaciones venideras reciban el territorio sin peligros. Es deber nuestro mantener el Estado, y para mantenerlo es imprescindible que tengamos una fuerza disuasiva.
En términos claros, la política de defensa chilena está sustentada sobre el principio de la disuasión, que busca el efecto de que un eventual adversario tenga completa percepción acerca de que nuestro país posee la fortaleza, la capacidad y la voluntad política para emplear ese poder disuasivo.
Al inicio de la sesión se utilizó una serie de frases completamente irreales que, lisa y llanamente, son mentiras y falsedades, porque lo único que está claro, aun cuando se decidiera lo contrario, es que la compra de los aviones no es materia del Congreso Nacional, sino del Presidente de la República y del Gobierno, del cual, teóricamente, forman parte algunos señores diputados que la impugnan.
Se ha dado de baja un número muy importante de aviones por obsolescencia y próximamente, dentro de pocos años, podría ocurrir lo mismo con casi toda la flota de buques que compone la escuadra nacional. De hecho, si no tomamos las medidas necesarias para mantener la política disuasiva, a la cual estamos obligados también por compromisos y tratados internacionales, para la llegada del Bicentenario deberemos lamentarlo.
Le resta un minuto, señor diputado .
Señor Presidente , para terminar, sólo quiero hacer mención a lo siguiente: tenemos absolutamente clara la responsabilidad que el Chile de hoy y del mañana nos demanda. Los dineros fiscales destinados a la defensa no se pueden destinar a otros ítem. Aunque algunas autoridades quisieran o abdicaran de la decisión de comprar material de defensa, no pueden hacerlo.
Desde esa perspectiva, estamos señalando materias completamente disociadas de la realidad. Estamos hablando, definitivamente, de marcar políticamente un tema que, desde luego, no debe ser de orden partidista, sino exclusivamente una decisión de carácter suprapartidista, una decisión de carácter nacional.
Por esa razón, por último, me extrañan profundamente las declaraciones del ex ministro secretario general de la Presidencia señor John Biehl , quien participó activamente en las negociaciones para comprar los F-16. Incluso él preparaba las reuniones con los generales de la Fuerza Aérea. ¡Qué curioso, qué extraño resulta que hoy aparezca manifestando que, en realidad, la adquisición que se quiere hacer no es conveniente!
Termino señalando el grado de irresponsabilidad a que nos pueden conducir decisiones como las que están fomentando quienes han pedido que se inicie una discusión de esta naturaleza, en circunstancias de que hace más de cuatro años los integrantes de las Comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados hemos estado permanentemente informados, y como muchas de esas informaciones ni siquiera son secretas, un poco más de coordinación habría permitido, sinceramente, disponer de las que se desea sin tener que ventilar en forma pública -porque, de todas maneras, no lo haremos- los secretos que hemos jurado mantener.
Señor diputado , ha ocupado un minuto y medio más de tiempo, con cargo a su bancada.
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
Señor Presidente , en este delicado tema sin duda es necesario opinar, y daré mi parecer sobre las recientes decisiones, que espero no sean finales y que significarían un desembolso multimillonario para modernizar el equipamiento bélico del país.
¿Quién sostiene que la adquisición no representa un gasto para el erario? En la mañana lo discutíamos; claro que representa un enorme gasto. Está equivocado el diputado señor Ulloa ; no es impropio decirlo. Estamos en tiempos en que la globalización de las relaciones políticas, culturales y económicas nos conducen hacia un período de paz duradero, sobre todo en nuestro continente, y discrepando de la opinión de mi estimado colega el diputado señor Ulloa , creo que en el caso de Chile es muy particular.
Nuestras relaciones en el entorno vecinal son buenas; la paz se asienta como un valor presente y futuro y como un anhelo sentido por los pueblos de la región. No se puede discutir; es cosa de este tiempo, de sentido, de moral, de educación, de nuestros valores insertos en la región americana.
Chile, como sabemos, vive momentos de estrechez económica; miles de cesantes reclaman del Estado ayudas mínimas para sobrevivir. La falta de trabajo y de esperanza también están en nuestro pueblo, y ello nos hace ver con malos ojos estas posibles cuantiosas inversiones en dólares, mejor dicho, multimillonarias, que comprometen el crédito del Estado e impactan en nuestra economía. Lo dicen intervenciones de honorables diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Soy pacifista por excelencia, y lo digo con orgullo y con todas sus letras, porque creo en la paz y en la amistad entre los pueblos del mundo, como creo en todos nosotros, especialmente en los latinoamericanos. No me gusta ver al Chile de hoy alterando los delicados equilibrios estratégicos de la región ni iniciando lo que puede confundirse con una carrera armamentista, que sabemos dónde comienza, pero no dónde termina.
Recursos no tenemos, y si los hay, se deben encauzar hacia donde hoy se requieren con urgencia: el desempleo. ¡Cómo quisiera que no se confundiera con demagogia la opinión de este humilde parlamentario! Porque es un tema sujeto a discusión, cuando queremos incluso congelar el salario mínimo.
El Presidente de la República , cuando aún no era candidato, nos decía que debíamos bajar nuestro gasto en defensa, y para ello expresó en varias oportunidades: “Hay que generar acuerdos; seré el Presidente de los acuerdos”.
La reducción del gasto es la única forma de que nuestros Estados destinen los recursos financieros a atender las verdaderas necesidades en salud, educación y vivienda.
Reclamo por la conducta de algunos mandos de la Armada de Chile, que, en un acto de clara y evidente provocación -allí sí que concuerdo en que existen las fuerzas bélicas-, han instalado una caseta de vigilancia a metros de la frontera con Perú y en medio de la línea de la concordia. Estos gestos de prepotencia tensionan las relaciones y deben ser sancionados. Las autoridades políticas del país tienen la palabra.
En la época en que vivimos no se logra la paz comprando el arma más destructora que ha creado el ser humano.
Señor diputado , ha terminado su tiempo. Puede continuar en el tiempo del diputado señor Ávila .
Señor Presidente , se nos dice que los aviones serían vendidos sin el arma mortífera, sin misiles agregados. Entonces, pienso que vendrán con guatapiques o fuegos de artificio.
No acepto esta estrategia y estoy en contra de ella.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica.
Señor Presidente, hemos sido convocados a esta sesión especial para hacer un ejercicio que siempre resulta positivo si concurren al menos dos elementos.
El primero de ellos es cuando se hace a tiempo, y el segundo, cuando se hace con todos los elementos necesarios para que el debate constituya una discusión que beneficie a alguien y no termine perjudicándonos a todos.
El análisis de que es más importante invertir los recursos en la defensa o, como dice el texto que nos convoca hoy, “en el gasto social”, es tan antiguo como la existencia del ser humano y, aparentemente, requiere de un examen sin profundidad; éste es un tema en blanco y negro. Pero, en verdad, es mucho más complejo de lo que parece, a menos que se quiera dar a la opinión pública, en una actitud demagógica, la impresión de que nuestras autoridades no lo han tenido en cuenta, y de que el ministro de Defensa y el Presidente de la República no han pensado en una decisión de esta naturaleza.
No es el Congreso, ni es la Cámara de Diputados, el órgano que toma estas decisiones, sino el Poder Ejecutivo.
El proceso de adquisición de armas, especialmente de aquellas que se mencionan en la convocatoria, ha sido lento como nunca y ha dado lugar a un escenario de polémicas desatadas, tras la decisión de comprar uno u otro elemento de defensa. Sin embargo, en estos procesos, que se han dado a conocer por los medios de comunicación y también al interior de la Cámara de Diputados -por lo menos en la Comisión de Defensa, como bien dijo el diputado señor Ulloa , habremos tenido unas diez reuniones para cada uno de los elementos que se comprarían-, nunca hemos visto participar a quienes hoy convocaron a esta reunión.
Eso es parte también de la ignorancia que reconoció el diputado señor Andrés Palma en la sesión, y no lo digo como una forma de subestimarlo, pues el tema de la defensa es algo serio. Y creo que de esta reunión también vamos a sacar algo positivo.
En los últimos cuatro años hemos asistido a una serie de polémicas; en general, han sido más bien monólogos que, de tanto en tanto, protagonizan analistas de defensa que tienen como escenario la opinión pública y no realmente donde se toman las decisiones. Por lo tanto, el resultado es obvio: han quedado en la superficialidad y han ido al ámbito llamativo más que al análisis cuidadoso de los hechos que realmente generan efectos positivos para el país.
Sin duda, el que las cosas hayan tomado ese rumbo se debe en parte a que la autoridad de Gobierno no ha concedido verdadera importancia a la forma en que se adoptan los procesos decisionales y al lógico y necesario involucramiento de la sociedad civil en ellos, la que a veces no ha querido participar en estas decisiones.
En la práctica, los avances hacia la definición de una política de defensa nacional y respecto de cómo deben organizarse y equiparse las Fuerzas Armadas para enfrentar los desafíos que demandan los nuevos escenarios, son temas abiertos, en los cuales los progresos de la última década han sido bastante menores.
En su esencia, el sistema actual es el mismo de hace 50 años. Lo antiguo de este sistema lo hace carente de la necesaria coordinación entre las ramas de las Fuerzas Armadas en lo que se refiere a las adquisiciones y, muchas veces, provoca un efecto negativo y discusiones inútiles generadoras de costos netos.
Es hora de convertir la legítima preocupación -que los mismos parlamentarios y los distintos agentes sociales tienen- en una herramienta útil a la consecución de resultados eficientes, lo que implica altura de miras de unos y gestión modernizadora de parte de la autoridad sectorial, lo que en otros ámbitos significa abrir espacios formales de discusión sobre temas tan significativos para el devenir del país como es la defensa nacional.
Chile debe velar por sus intereses nacionales, dentro de los cuales está la inversión social -a la que hacen mención quienes hoy nos convocan-, la equidad -como manifiesta el texto de la presentación-, pero también la disuasión, de acuerdo con la realidad vecinal y adecuada a las necesidades fronterizas; porque de una mala política de defensa -lo digo con conocimiento de causa- se pueden derivar verdaderas catástrofes no sólo para los ciudadanos que hoy están en la pobreza, sino para todos los chilenos.
En el debate de hoy no es posible dejar de mencionar uno de los elementos que quizás ha sido el más discutible en materia de adquisición de material de defensa: la tan controvertida y antigua ley Nº 13.196, de reserva del cobre, dictada en 1958 y modificada en varias oportunidades.
Quizás una de las principales características radica en que este sistema ha generado un divorcio entre las reales necesidades de la defensa del país y el monto de los recursos asignados para tal fin.
Otra consecuencia negativa del financiamiento actual es que con él se genera una relativa deficiencia de la inversión desde las perspectivas de la defensa en su conjunto, ya que cada rama de las Fuerzas Armadas, salvo circunstancias extraordinarias, cuenta cada año con una cantidad determinada.
El actual sistema tiene como característica el estar permanentemente en entredicho y ser motivo de discusiones, especialmente en época de elecciones. Este año las hay, y se pone en duda el tema del financiamiento del armamento.
De esto, diputado señor Ascencio , no le podemos echar la culpa a los militares; la responsabilidad es del sector político. Hace más de un año, Renovación Nacional -le pido al señor ministro de Defensa Nacional que nos escuche- entregó una propuesta de modificación y reemplazo del actual sistema. Hasta la fecha no ha tenido respuesta alguna.
En una rápida síntesis, debo decir que la propuesta concebía la defensa nacional como un proyecto común de país, en el cual se insertaban los distintos proyectos de compra de material, financiados con un fondo general de largo plazo, sin que se discutiera año a año en el Presupuesto de la nación, y permitía la competencia en distintos proyectos, los que, una vez evaluados, formaban parte del edificio de la defensa nacional.
En este corto tiempo no es posible debatir con seriedad lo que es y debiera ser una política de defensa nacional; pero no puedo aceptar lo que se ha dejado entrever esta tarde en algunas intervenciones, las que no comparto en absoluto, porque históricamente nuestras Fuerzas Armadas han desarrollado una capacidad técnica que avala las decisiones tomadas en esta materia.
La discusión de hoy revela un profundo desencuentro, descoordinación y falta de oportuno debate dentro de la coalición de Gobierno. La decisión de la compra de armas la toma el Gobierno, no el Congreso Nacional ni las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no ha habido en la Concertación la coordinación para determinar qué es bueno y cuándo hacerlo, lo que ha quedado demostrado parlmariamente en esta sesión.
Por último, hay una cuestión que, sin duda alguna, es menos rentable desde el punto de vista político que la idea de plantear que el país no invierta nada en defensa y que esos recursos se destinen a generar empleo o a resolver los problemas de pobreza.
El problema no es tan simple como lo plantea la convocatoria. En primer lugar, porque los recursos de la ley de reservas del cobre tienen un objetivo determinado, y a menos que ésta se modifique -como lo establece el proyecto que ya tiene cerca de un año; le consta al ministro de Defensa-, la discusión puede servir para muchas cosas, pero muy poco para cambiar el destino de estos recursos.
Creo firmemente que Chile debe compatibilizar la inversión de sus recursos; pero el gasto en defensa no es un derroche, sino, más bien, una prima de seguro que ayuda a mantener la paz, y sólo cuando ésta se pierde se percibe como un bien tangible, pues genera como resultado no sólo la pobreza de algunos ciudadanos, sino de todos, como lo señalé anteriormente.
Quiero hacer mención a un tema que, como Renovación Nacional, hemos planteado permanentemente al Gobierno: la utilización de los mecanismos existentes para compensar la inversión en defensa, los que han sido empleados en Europa durante 20 años, denominados “offset”.
El 10 de enero pasado se presentó un proyecto de acuerdo a fin de pedir al Gobierno hacer uso de dicho mecanismo, que, en la práctica, significa que la empresa vendedora del armamento invierta una cantidad igual o superior al monto que la respectiva operación involucre y se destine íntegramente a obras en beneficio de los civiles, especialmente en zonas donde se concentra la pobreza y el desempleo. El proyecto se aprobó con 42 votos a favor.
Espero que el Gobierno, a través de la Comisión de Corfo -donde se han dado pasos importantes- y encabezada por su vicepresidente, beneficie a estas regiones y a estas personas afectadas por problemas de cesantía, porque es una forma de compensar la inversión en defensa.
Tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Encina.
Señor Presidente , estoy muy contento de que se haya suscitado esta discusión, de gran importancia para el país. Pero debemos ser menos dramáticos y más certeros en nuestro análisis. No se puede afirmar que estamos ante una situación caótica o en crisis respecto del financiamiento de la compra de armamentos para las Fuerzas Armadas, porque es algo que no tiene ningún asidero.
Es bueno que se analice el problema del gasto militar, aunque, en el fondo, lo único que aquí se ha cuestionado es la posibilidad de que esta Cámara discuta el tema.
Si comparamos lo que Chile gasta en defensa, concluiremos que destina alrededor del 3 por ciento del producto interno bruto, mucho más de lo que gastan Brasil y Argentina. Eso está en las estadísticas de cualquier organismo internacional. Por ejemplo, si se lo compara con otros países sudamericanos, Chile gasta el 96,5 por ciento del gasto público en educación, y el 116,4 por ciento, en salud. Por lo tanto, estamos hablando de una materia que considero legítimo discutir.
En el fondo, de lo que se trata, diputado señor Prokurica , es de señalar quiénes deben decidir las compras de armamento y gasto en defensa. Indiscutiblemente, la decisión, hasta el momento, ha recaído en cada una de las ramas de la Defensa Nacional. Sin embargo, considero absolutamente legítimo que el país tenga derecho, ya sea a través del Gobierno o del Poder Legislativo, a conocer este tema. Por eso, es importante ver cómo se decide renovar el equipamiento de cada una de las ramas de la Defensa Nacional. Es relevante discutirlo porque, hasta ahora, esto se ha hecho como una especie de compartimiento estanco, en que cada una de dichas ramas defiende la parte de la “torta” que le corresponde en virtud de la ley reservada del cobre, sin preocuparse de las otras, a pesar de que debería existir coordinación entre ellas.
Por lo tanto, considero que, respecto de esta materia, debe existir la posibilidad de que participen el Ministerio de Defensa Nacional y, por supuesto, las cámaras políticas. Eso es lo que está detrás de toda esta situación. Por cierto, es importante ver cómo es posible modernizar las distintas ramas; es un asunto muy sentido. En definitiva, se trata de determinar cómo se distribuyen los recursos provenientes de la ley reservada del cobre. Incluso, los dos candidatos presidenciales estaban absolutamente de acuerdo en que los gastos de defensa se incluyeran en el Presupuesto de la Nación; pero no hemos avanzado en esa materia. Sería bueno que, como Cámara, decidiéramos avanzar en una situación tan significativa como ésta, porque eso tendría un impacto en la Defensa Nacional y en su eventual movilización.
Considero que es posible separar determinadas situaciones. Hoy día estamos analizando solamente el caso de la renovación del equipamiento de la Fach. Me parece que eso es absolutamente parcial, porque también deberíamos discutir, por ejemplo, la renovación del equipamiento de la Armada y del Ejército y su incidencia en el Presupuesto. Digo esto porque podríamos caer en el error de analizar sólo lo concerniente a la Fach, pero no lo relativo al resto de las ramas de las Fuerzas Armadas, decisión también muy importante.
Asimismo, hay que discutir otros temas muy significativos respecto de los cuales no se ha avanzado. En ese sentido, considero que el análisis efectuado se ha llevado a cabo sin profundizar en el tema de las compensaciones mediante inversiones en otros sectores económicos que, por supuesto, son de enorme valor. Considero perfectamente legítimo conocer con transparencia qué significa este tipo de compensaciones. Aquí ha habido ofertas de las empresas, en este caso, a la Fach; pero la decisión fue tomada, en primer lugar, sobre la base de qué equipamiento se requería desde el punto de vista militar y, en segundo término, sobre las compensaciones; ello es discutible, porque otros países lo han hecho al revés, en los cuales, por lo menos, ha adquirido valor el tema de las compensaciones; porque la sociedad civil ve con muy buenos ojos la posibilidad de que se invierta en sectores que no pertenezcan a la Defensa Nacional. Considero que es un problema sustancial.
De la misma forma, estimo que no es un tema para olvidar la situación subregional o regional.
¿Me permite, señor diputado ? Le resta un minuto.
Se trata de ver la situación militar y económica del resto de los países de América Latina.
Considero que aquí se debe generar una solicitud expresa de la Cámara de Diputados de más participación; no de la sociedad civil, sino de las instituciones civiles en el tema militar; concretamente, del Ministerio de Defensa Nacional -que hoy no tiene o posee en forma parcial la decisión final- y del Congreso Nacional, para tener Fuerzas Amadas mucho más modernas, como requiere el país.
Hay que hacer transparentes los gastos militares. Aquí no se trata de discutir si se gasta más o menos, si se gasta poco o nada -pareciera ser la argumentación de fondo de algunos parlamentarios-, sino cómo se gasta, porque el país necesita saberlo.
Por último, es necesario analizar un problema que considero legítimo, planteado por los diputados que suscriben el proyecto de acuerdo: si, por razones contables, la compra de los aviones afecta al país. Son temas que es bueno discutir, y por eso me alegro mucho de que hayamos tenido este debate.
Su Señoría ocupó 20 segundos del tiempo de la diputada señora Isabel Allende .
Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente , parto con una reflexión que nos deberíamos hacer todos los que participamos en la esfera pública y también la sociedad chilena: si queremos o no tener Fuerzas Armadas.
Si deseamos tenerlas, debemos dotarlas del equipamiento necesario; si no las queremos -digámoslo derechamente-, tomemos las medidas del caso, apuntemos a eso y hagamos transparente la decisión política que adoptemos. Debemos determinar si deseamos tener Fuerzas Armadas no sólo para que desfilen el 21 de Mayo o para las Fiestas Patrias.
Por lo tanto, si hemos decidido que este país debe tener Fuerzas Armadas, no sólo por una tradición histórica, sino por una necesidad real, pongamos a disposición de la nación un instrumento moderno y eficiente, capaz de enfrentar con éxito los desafíos presentes y futuros de la región.
Todas las naciones modernas disponen de Fuerzas Armadas, salvo raras excepciones que confirman la regla. Mucha gente se deja llevar por el ejemplo de Costa Rica, que carece de Fuerzas Armadas, pero que sí tiene una guardia nacional muy bien equipada para los estándares centroamericanos. Aún más, en alguna medida, ese país puede confiar en la protección que le brinda, precisamente, el gobierno estadounidense.
Ahora bien, la adquisición de armas para que las Fuerzas Armadas cumplan con su rol dentro del Estado, aunque sea espaciada en el tiempo, generalmente genera el debate que hoy día estamos llevando a cabo en esta Sala. En el caso de nuestro país, la Fuerza Aérea definió un nuevo avión de combate que reemplazara a aquel que está llegando al final de su vida útil. Luego de cuatro años de estudios a cargo de oficiales de gran competencia profesional, la Fuerza Aérea presentó su recomendación al Presidente de la República , quien dio su autorización para comenzar las negociaciones con la empresa norteamericana Lockeed Martin , a fin de adquirir el avión F-16.
En este proceso de selección participaron distintos aviones de excelentes características: el Mirage, el Gripen y el F-18, también norteamericanos. La Fuerza Aérea recomendó aquel que mejor satisfacía las necesidades estratégicas de nuestro país, considerando, entre otros factores, la realidad geográfica, los escenarios y los costos de operación.
Durante todo este período, se mantuvo permanentemente informada a esta Cámara, a través de la Comisión de Defensa Nacional, de los avances del proceso, sin que se hayan formulado reparos al respecto. De igual forma, se efectuaron exposiciones ante académicos y medios de prensa, que fueron ampliamente difundidas, con el objeto de mantener informada a la opinión pública nacional de los avances logrados en la materia y para dar transparencia a las negociaciones. Jamás, en los tres años en que participé en la Comisión, vi a los diputados que hoy plantean el tema en esta Sala, concurrir a ella para preguntar o hacer presente alguna inquietud.
Cada vez que tengo interés en alguna materia, concurro a la Comisión que la está tratando, aunque no pertenezca a ella. Por ejemplo, he asistido a la que estudia el problema de las pymes, porque me interesa el tema. En materia laboral, asisto a la Comisión de Trabajo, a pesar de no ser miembro de ella. Cuando tengo interés en saber lo que está pasando con determinado proyecto, y el día de mañana hay que votarlo en la Sala a favor o en contra, voy a las comisiones y me informo, a fin de tener mi propia opinión. No puedo descansar sólo en la confianza y lealtad de los parlamentarios que me representan en dichas comisiones.
El problema actual radica en que nuestro país atraviesa por una crisis económica, y con legítima razón algunos parlamentarios han preguntado si es necesario comprar armas. Si hoy estamos afectados por una crisis económica y por una fuerte cesantía, ¿es aconsejable gastar los montos involucrados? La pregunta que cabe formularse es ¿por qué compramos armas y cómo se financia este material?
El diputado señor Encina decía que hay que hacer transparente el gasto público, y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, considero que este gasto ha sido transparente: sabemos en lo que se va a invertir, cómo se hará y dónde se comprará. Chile necesita reemplazar material de vuelo que ha cumplido su tiempo de servicio en la institución; eso es lo importante. No hacerlo significaría aumentar los costos de operación; es decir, si se mantiene el actual nivel de aviones en la Fuerza Aérea, a la larga será mucho más caro mantener lo que existe hoy día que renovar el material.
Pero ¿saben de cuántos aviones estamos hablando, señor Presidente ? ¿Saben los honorables diputados cuántos aviones se comprarán? Diez aviones. Chile tiene 5 mil kilómetros de longitud, y estamos hablando apenas de diez aviones, más eficientes, con mayor control técnico, modernos, que permitirán abaratar costos operacionales y eso, por favor, también tiene un valor.
No hacerlo significa aumentar los costos de operación al tener que mantener material prácticamente obsoleto, puesto que adquirir repuestos que ya no están disponibles en los mercados es cada vez más difícil y costoso, además de los riesgos que implica operar ese tipo de material.
Chile necesita mantener una relación de fuerzas, en que se aproxime todo lo posible, dentro de sus recursos, a un razonable equilibrio, dadas las adquisiciones de sofisticados sistemas de armas efectuadas por otros actores de la región.
Perú, en el último año, compró a Rusia aviones Mig-29 en una proporción tres veces mayor que los que adquiere Chile.
Se cayó uno solo. Y todos saben la crisis económica que allí se vive.
Argentina, también con una tremenda crisis económica, ha modernizado su Fuerza Aérea con una cantidad de aviones considerable.
¿Por qué no Chile, si hemos estado dando las razones? Chile necesita tener una Fuerza Áerea muy eficiente, dados los escasos recursos que se le asignan. Se trata, entonces, de concentrar tecnología en menos unidades, con mayor variedad de empleo y menor costo de operación. Con ello se logra mayor eficiencia y efectividad, y se minimizan los problemas logísticos y de personal.
También es una realidad que los conflictos modernos son resueltos por un trabajo de coalición, con el mandato de las Naciones Unidas. Todos los años se efectúa aquí la operación Unitas .
En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se financian las adquisiciones de las Fuerzas Armadas?, todos sabemos que se hace con los fondos provenientes de la ley reservada del cobre. ¿Acaso me van a decir que los 600 millones de dólares se pagan de contado? Se pagan en un plazo de 12 años, en cuotas anuales. Además, interviene, como se ha dicho muchas veces, el llamado “offset”, que significa que los países que venden aviones invierten una cantidad determinada de recursos en modernizaciones, industria, etcétera, en los países compradores, de acuerdo con las condiciones que se especifiquen en la negociación.
Le queda un minuto, señor diputado .
Señor Presidente , si Chile aspira a entrar en un mundo desarrollado, necesariamente debe manejar tecnologías sofisticadas. Pero no se trata de una inversión a cambio de nada. Aquí viene lo que señalé: el “offset”. Estas compensaciones traerán beneficios innegables, por cuanto el vendedor se compromete a invertir en Chile el ciento por ciento del valor de la compra.
Pero no quiero dejar de referirme al proyecto Tridente. Ojalá que comenzara hoy y no mañana, puesto que significará trabajo, crecimiento del puerto de Talcahuano, desarrollo para la pequeña y mediana empresa y mano de obra contratada, porque todo se efectuará con personal técnico chileno en los astilleros de Asmar.
Tampoco quiero dejar de mencionar al ex embajador de Chile en Estados Unidos y ex ministro durante el gobierno del Presidente Frei, señor John Biehl , a quien le pidieron la renuncia de su cargo. Me llama profundamente la atención que haya guardado silencio durante tanto tiempo...
Terminó su tiempo, señor diputado .
...y que ahora venga a sacar la voz para señalar un punto que me parece bastante crítico y que no planteó mientras estuvo en el gobierno ni cuando asistió a las sesiones de Sala de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
No me parece conveniente que quienes estamos de acuerdo con la modernización de las Fuerzas Armadas, aparezcamos hoy en una posición distinta de la de otros que, con legítima razón, pudieran dudar en el escenario en un año electoral.
Esta materia, ampliamente difundida, ya fue resuelta. Me parece un grave error haber citado a sesión para debatirla.
Señor diputado , le ha restado 40 segundos a la intervención del diputado señor Ignacio Walker .
A continuación, en el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra, por diez minutos, la diputada señora María Angélica Cristi .
Señor Presidente , ayer escuché un comentario del cientista político Ricardo Israel , en relación con la pobreza del debate político en nuestro país. Le llamaba mucho la atención que cada día la discusión fuera más superficual y menos profunda.
Creo que la convocatoria a esta reunión en nada ayuda a mejorar la idea que existe respecto de los debates políticos. Francamente, llamar a una sesión especial, en la cual tenemos exactamente una hora y tres cuartos para discutir el tema de la compra de aviones por parte del Gobierno -discusión que lleva cuatro años y que ya ha sido zanjada-, me parece realmente muy poco serio.
Tampoco me parece serio el tenor de la convocatoria, porque, como dijo el diputado señor Longton al principio de la sesión, se hace un planteamiento y se responde una pregunta, cual es si será lógico o posible la compra de aviones en un momento en que hay desempleo, en referencia al gasto social del país. Esto no habla bien del Parlamento.
Ahora, si el Congreso Nacional, en materia de compra de aviones o de armamento, no tiene poder de decisión, sino el Gobierno, el cual ya la ha tomado, resulta más increíble que sean los diputados de la propia Concertación quienes hayan pedido citar a esta reunión.
Enfrente de mí están la ministra de Relaciones Exteriores y los ministros de Hacienda y de Defensa . Es valioso que se encuentren presentes, que asistan a una sesión especial de la Cámara; pero, francamente, no puedo dejar de preguntarme si no habría sido mejor que esos diputados de la Concertación se hubieran reunido con las autoridades de su Gobierno a fin de formularles las mismas preguntas que querían hacer aquí, en un supuesto debate público que, como digo, a estas alturas no tiene ningún sentido. Creo, sinceramente, que la asistencia de los miembros de la Comisión de Defensa, incluidos los de la Concertación, no amerita una reunión de esta naturaleza.
Por otra parte, las palabras de los propios ministros de la Concertación hablan por sí solas. Tengo en mis manos el discurso que el ministro de Defensa emitió recientemente en la nave “Aquiles”, cuando se realizó una discusión respecto del planteamiento del Libro Segundo de la Defensa . Dijo claramente que uno de los problemas por superar es la dicotomía o discusión que se percibe respecto de varios aspectos de la defensa, en especial la percepción ciudadana de que la defensa es un tema de exclusiva responsabilidad de las Fuerzas Armadas y, en parte, del Gobierno, pero no de la totalidad de la ciudadanía. O sea, el ministro dice que se requiere de esfuerzos por parte de la política de defensa y del Gobierno para que la ciudadanía también se sienta parte de la defensa; de las políticas que se aplicarán para defender al país, como se desprende de la propia palabra “defensa”
Cuando se plantean estos temas en la forma en que lo han hecho los diputados que llamaron a esta sesión especial, siempre queda la sensación de que con la adquisición de armamentos se está haciendo un gran favor a las Fuerzas Armadas; es decir, les damos un apoyo. Eso no es así. Es absolutamente ridículo. Los armamentos se compran para defender al país y, por lo tanto, para defender a toda la ciudadanía.
El señor ministro señaló, asimismo, que la nueva edición del Libro de la Defensa debe aspirar a conseguir que, dentro de la ciudadanía, el sector pase a ocupar un lugar similar al que tienen áreas como la salud, la educación y la vivienda. Es decir, que se instale como una política de Estado fundamental del país. Agregó que deben incorporarse nuevos conceptos que permitan hacer más cercano a la ciudadanía el tema de la Defensa.
Creo que los diputados de la Concertación “no están ni ahí” con los planteamientos del Gobierno o con las posturas que ha adoptado sobre la materia.
Ahora, todos tenemos claro -lo es para cualquier escolar o para cualquier persona- que las inversiones no son para la guerra ni para promover conflictos, sino, justamente, para prevenir la guerra y disuadir los conflictos.
Cuando el diputado Andrés Palma habla de que el gasto sería inapropiado, que su intuición le señala que no es el momento para efectuarlo, que los recursos son escasos, que ésta es la Sala del pueblo, donde se representa a la ciudadanía, me parece insólito que sea él quien lo diga; pero eso se lo he escuchado durante diez años, cada vez que se discute el presupuesto de la nación. O sea, es un tema recurrente del señor diputado .
Pero él, que está en la Comisión de Hacienda y que conoce muy bien el presupuesto de la nación, puede también saber que el gasto social ha aumentado casi en 90 por ciento desde 1990 a la fecha, es decir, casi se ha duplicado, mientras que el gasto en defensa ha disminuido desde 1989, cuando representaba el tres por ciento del PIB, a 1,8 -corrijo al diputado señor Encina , quien expresó que era el tres por ciento-. O sea, mientras el gasto social ha aumentado y casi se ha duplicado, el gasto en defensa de las Fuerzas Armadas ha disminuido en casi 1,2 por ciento.
Por lo tanto, cuando hablemos del gasto social versus el de la defensa, debemos tener cuidado. Todos somos testigos de lo que pasa en países en los cuales hay conflictos bélicos, en que no sólo se empobrecen los más pobres, sino que todo el país.
Recientemente, visité algunos de los estados palestinos que están en conflicto y, por ejemplo, en la ciudad de Belén hay un desastre, por cuanto sus habitantes no pueden cruzar a Jerusalén para ir a trabajar. Existe desánimo y empobrecimiento total en la población. Lo mismo ocurre en otros sectores de la zona. Sabemos que el conflicto y la inseguridad -no sólo la guerra- son una gran amenaza para la paz social y para los sectores más pobres.
Tampoco me parece adecuado insistir siempre en la política de hacer una especie de contraposición, de si es blanco o negro. No se considera que hay situaciones intermedias y, permanentemente, en especial en el último tiempo por el momento eleccionario -como decía el diputado señor Prokurica -, se insiste en contraponer a ricos contra pobres, a las Fuerzas Armadas contra los pobres; es decir, en una situación en la cual no vamos a caer, de que unos aparezcamos defendiendo a las Fuerzas Armadas y otros a las personas más humildes y necesitadas. Evidentemente, a todos nos debe preocupar sobre todo la situación de los más pobres, de quienes necesitan más apoyo y ayuda del Gobierno y, obviamente, el tema del desempleo. Pero cuando hablamos de cómo ha aumentado el gasto social -casi en un 90 por ciento-, también podríamos pensar que el problema de la pobreza en Chile no es sólo de recursos, sino también de cómo se han usado, cómo están llegando a los más necesitados y de qué políticas sociales existen al respecto.
En 1984, fui alcaldesa y puedo decir que las políticas sociales no han cambiado, son las mismas. Sin embargo, la pobreza de hoy es distinta de la de ese año y hay muchas cosas que debieran modificarse, cambiarse, a fin de usar mejor los recursos. Todos sabemos que hay pobreza y que se necesita acción; pero también, cuando en el presupuesto de la Nación figuran una serie de gastos, especialmente para algunos proyectos concursables que no son de alta rentabilidad social y mucho menos urgentes que la compra de armamentos, si sólo se pudieran analizar, quizás fácilmente se podría obtener gran parte del financiamiento de la inversión de la cual estamos hablando hoy.
Además, me extraña y sorprende que un diputado de la Concertación -no se encuentra presente en la Sala el señor Andrés Palma - que rechazó el informe de la Comisión investigadora sobre las indemnizaciones, que significaron al país la suma de 280 millones de dólares, la mitad de lo que costaría la compra de los aviones, no haya hecho hincapié en ese momento en lo que eso importaba ni haya aprobado la propuesta de la Comisión para seguir adelante con la investigación. Entonces, no es lógico -por no usar otras palabras- que quien por una parte avala con el silencio el escándalo de las indemnizaciones, ponga, por otra, una dicotomía entre el gasto de las Fuerzas Armadas y el social. Además -ya se dijo-, parte de los recursos de la ley reservada del cobre están destinados para la compra de armamentos y no pueden ser utilizados para otros fines.
Por lo tanto, me opongo también a la forma como se ha llevado a cabo esta discusión. Creo que es poco seria y tardía. Bien podrían los diputados de la Concertación haber planteado esta misma preocupación ante el propio Gobierno, que ya aprobó la compra de los aviones, y no cuatro años después de que se iniciaron las conversaciones, cuando ya se tomó una decisión. Si dispusieron de todos los caminos para hacerlo y no fueron capaces de aprovecharlos, es problema de ellos y no del país.
A continuación, en el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Nelson Ávila.
Señor Presidente , ¡cómo quisiéramos disponer de suficientes recursos para mantener en el aire el mayor número de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile! Algunos de sus miembros se han mostrado extraordinariamente peligrosos, pero cuando están en tierra.
El volumen de esta operación y el contraste que naturalmente se produce con las carencias y necesidades del país han sido latamente tratados en esta sesión. Desde luego, comparto todas las inquietudes que se han manifestado, pero, en el escaso tiempo de que dispongo, quiero referirme básicamente a algunos antecedentes que nos llegan desde afuera. Ellos no vienen a través de los canales oficiales, y quizás una de las ventajas de la globalización es la fluidez de las noticias y de los antecedentes, que antes se guardaban celosamente, sobre todo tratándose de armamentismo.
Se dice, a nivel de expertos, que a estos aparatos, los pilotos norteamericanos del F-16 les tienen el apodo de “widows makers”, fabricantes de viudas. Ello, porque esta nave ha protagonizado gran número de accidentes fatales. Es, quizás, un antecedente anecdótico que nunca ha surgido en las discusiones que se han registrado a lo largo del último tiempo en Chile; pero también conocemos una reacción que en diversos países, particularmente en Estados Unidos, ha habido acerca de esta decisión del gobierno chileno. Por ejemplo, el 15 de febrero de 2001, 26 organizaciones no gubernamentales de los Estados Unidos, contrarias al armamentismo, a favor de los derechos humanos y vinculadas a Latinoamérica, enviaron una nota al Presidente Bush , a través del cual lo instaban a revisar la autorización de venta de aviones F-16 a Chile. Ellos sostienen que la venta de dichos aparatos, por 700 millones de dólares, podría introducir sofisticadas armas a la región y provocar una innecesaria y potencial desestabilización. Eso se percibe desde afuera. Nosotros estamos inmersos en una realidad estrecha, agobiados por múltiples exigencias que nos impone un mundo competitivo en donde, paulatinamente, el ciudadano común siente que va perdiendo sus derechos. De ahí que estas discusiones, desde luego, le resultan exóticas, porque se apartan por completo de las necesidades que enfrenta día a día.
A la inmensa mayoría de los chilenos les costará mucho sintonizar adecuadamente la magnitud de estas cifras con un panorama externo al cual, a diario, nos encargamos de quitarle tensiones, precisamente en este campo. Decimos que el mundo ha derribado las fronteras y, por lo tanto, hoy se impone mucho más la colaboración que el enfrentamiento. De ello dan muestras las armadas de Argentina y de Chile que, paradójicamente, se insertan en proyectos comunes, con una visión muchísimo más amplia de la que ambos países tuvieron en el pasado.
Es difícil encontrar razones para asumir la urgencia en la adquisición de estos armamentos, que uno advierte en muchas intervenciones, fundamentalmente de la Oposición; desde luego, también en el discurso de las autoridades de Gobierno en el ámbito de la defensa.
El 12 de enero de 2001, un grupo de senadores norteamericanos, encabezados por Christine Todd , envió una carta al Presidente Bush manifestándole su oposición a la venta de aviones de combate F-16 a Chile. En la misiva indican: “El nivel de tecnología que posee este proyecto es innecesario y potencialmente desestabilizador”.
Si surgen tantas voces en el concierto internacional que muestran una preocupación por la decisión chilena, significa que debemos reflexionar algo más, porque nuestro país debe caracterizarse por su inserción en el mundo global sin mostrar los dientes y, por lo tanto, sin tener tras de sí una capacidad bélica que no se condice con los proyectos que en otros órdenes nos encargamos de propalar por el mundo.
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Rodrigo Álvarez.
Señor Presidente , como el señor ministro de Hacienda lo sabe mejor que yo, el país cuenta con recursos limitados para múltiples necesidades. Una de ellas es la defensa, la que debe ser -concuerdo plenamente con el diputado señor Encina - una tarea en la cual el sector civil asuma un rol preponderante en la definición de qué y cómo gastar. La necesidad de defensa es mayor, sobre todo cuando su tarea tradicional ha sido multiplicada por nuevas funciones, en las cuales, sin duda, la prevención y la soberanía siguen siendo las más importantes, pero no las únicas.
Debemos entender que en un mundo en constante globalización siguen existiendo niveles importantes de tensión. De hecho, muchos de los fenómenos de globalización llevan a momentos de grave tensión entre distintos países. También siguen vigentes situaciones casi clásicas de crisis, como la que tuvimos hace pocos días con Perú por la simple ubicación de una caseta naval, o la que hemos visto en las últimas semanas entre China y los Estados Unidos. Es decir, las situaciones de tensión y de riesgo de conflictos siguen plenamente vigentes, aun cuando estemos avanzando hacia nuevas hipótesis de integración.
Lamentablemente, debemos darnos cuenta de que la lógica de defensa, de seguridad, funciona de acuerdo con cánones totalmente distintos de los existentes en la lógica política, porque una funciona sobre la base del largo plazo, y la otra, del corto plazo.
Por eso, cualquier decisión que tomemos ahora en materia de defensa debe ser visualizada en un plazo de diez, quince o veinte años plazo. Cuando uno lee intervenciones de la década de los 60, en que la visión histórica era mucho más abierta en cuanto a las relaciones latinoamericanas, se da cuenta de que jamás habría previsto que apenas quince años después nuestro país iba a estar a punto de entrar en conflicto, en dos ocasiones, con sus vecinos.
Por lo tanto, hay que prever las necesidades de defensa, pensando en lo que ocurrirá en diez o quince años más. Eso es muy claro cuando nos damos cuenta de que nuestras principales ramas de las Fuerzas Armadas tienen problemas serios desde el punto de vista técnico y requieren ser modernizadas. Por una parte, como bien señalaba el diputado señor Ulloa , es absolutamente imprescindible el proyecto Tridente o alguno similar para la Armada, como también no sólo el reemplazo de nuestras unidades A-37, sino, a corto plazo, de aviones Mirage por parte de la Fuerza Aérea. En ese sentido, el proyecto es adecuado. Si es el momento o no, las necesidades están dadas por la visión de largo plazo que necesariamente debemos tener, y la demora en la llegada de este tipo de equipamiento puede resultar perjudicial. Insisto en que el tema hay que analizarlo con profundidad, quizás ni siquiera en una sesión como ésta, sino en la Comisión de Defensa, porque acá hemos escuchado gruesos errores, como pretender que el F-16 es el avión más poderoso o agresivo en la actualidad, lo que es desconocer absolutamente la realidad de las fuerzas aéreas mundiales. Por de pronto, el F-18 es mucho más agresivo; el F-15 es un avión de superioridad aérea, como también el F-22 Raptor , que costará 100 millones de dólares a la fuerza aérea norteamericana. Y si uno agrega el Rafalle, el Tornado, el Mirage, el Suckoi y las últimas versiones del Mig, se da cuenta de que no estamos hablando para nada del más agresivo de todos los aviones. Más aún, es necesario hacer este tipo de modernizaciones en un esfuerzo que no sólo reconozco, sino que aplaudo, dentro del marco de una política de defensa que, cada vez más, como en otros países a nivel internacional, exige el “offset”, es decir, la inversión civil paralela en el país.
Por todas las razones antedichas y sobre todo por el convencimiento de que las decisiones de defensa son necesariamente de largo plazo y de que debemos tener una fuerza defensiva suficiente para evitar que conflictos como los de la década de los setenta vuelvan a repetirse en nuestro país, al menos yo, el diputado señor Ulloa y otros de mi bancada, apoyamos estos procesos de modernización de nuestras Fuerzas Armadas.
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por siete minutos, el diputado señor Ignacio Walker.
Señor Presidente , en primer lugar, felicito a los autores de esta iniciativa, que nos permite, una vez más, debatir en forma oportuna un tema de enorme contenido y mucho fondo, que ha sido preocupación permanente no sólo de la Comisión de Defensa, sino también de la Cámara de Diputados en múltiples oportunidades. Por lo tanto, cualquier instancia democrática de debate, abierta, franca, con sentido de país y de futuro, me parece realmente conveniente y ésta es una buena ocasión.
Sin duda, frente a tantos apremios en materia social, especialmente cuando se viven niveles de desempleo como los actuales, y ante tantas necesidades en los ámbitos de la educación, de la vivienda, de la salud, de la capacitación, problemas de reactivación económica, etcétera, siempre es un tanto ingrato, y tal vez impopular, discutir sobre gastos o, en términos más positivos, sobre inversión en el campo de la defensa.
Sin embargo, ello no es un capricho, una arbitrariedad, un impulso que lleva a un Estado o a un gobierno a tratar de resolver los temas que en dicho campo se le presentan a cualquier país, sino una cuestión inherente a cualquier Estado, desde la ciudad-estado hasta la nación-Estado, pasando por las formas medievales de organización política, como la apreciación político-estra-tégica de cualquier Estado enfrentado a las necesidades de la defensa nacional.
Ciertamente, cuando hablamos de seguridad externa, de integridad territorial, de independencia, de autonomía del país, nos referimos a ciertos intangibles difíciles de cuantificar, de medir, pero no por ello menos significativos. Por el contrario, inciden en algunos de los aspectos más importantes de cualquier nación o Estado, como su sobrevivencia, libertad, autonomía, seguridad externa e integridad territorial, no sólo porque lo disponga la Constitución, sino porque, además, es una responsabilidad compartida, de todos.
El fin de la guerra fría y el nuevo entorno creado por la posguerra fría produjeron, tal vez, la sensación de que de alguna manera el gasto y las inversiones en defensa, por ejemplo, en la adquisición o renovación de armamento, pudieran parecer superfluos, pero no es así. Todos lo sabemos; no estoy diciendo nada nuevo.
En el caso de Chile, por su ubicación geopolítica, geoestratégica, como quiera llamársele, existe la necesidad, a la luz de la historia y de su entorno geográfico, de resguardar adecuadamente su integridad territorial y nuestra defensa nacional dentro de lo que ha sido la opción defensiva-disuasiva de un país que no tiene ninguna pretensión de extender su superficie mediante conquistas territoriales.
Quiero dar un solo ejemplo que, pienso, no está de más. Dos de nuestros tres vecinos, porque hablamos de nuestro entorno geopolítico, han tenido guerras externas en los últimos veinte años -éste no es un tema del siglo XIX, no es hacer historia con argumentos que pudieran parecer trasnochados-: Ecuador con Perú y Argentina con Gran Bretaña.
Por lo tanto, aquí no sólo se trata de las rémoras y las inercias de una historia decimonónica, sino que de un país que, por su ubicación, en esta apreciación político-estratégica, requiere invertir en todo aquello que necesita para el resguardo de su defensa nacional. En ese sentido, me parece absolutamente razonable el proceso de renovación y adquisición de armamento en que se encuentra empeñado el Estado de Chile, no sólo el Gobierno. Éste es un tema de Gobierno y de Oposición, de los poderes del Estado; en definitiva, de todos.
Al respecto, la construcción de dos submarinos Scorpene, en Francia y España, responde a una necesidad imperiosa de renovar nuestro material de submarinos de aquí al Bicentenario para que el efecto de ello, desde el punto de vista disuasivo, sea realmente eficaz.
Uno se puede preguntar por qué Perú tiene seis submarinos. Nosotros tenemos dos, y cuya vida útil se agotará en los próximos años, y por eso estamos renovándolos. Esta operación ciertamente es cara, porque significará más de 400 millones de dólares.
Lo mismo ocurre con las fragatas. Nuestra flota de superficie tiene sus días y años contados. El gasto que representa su reposición puede ser impopular -son cientos de millones de dólares; a lo mejor, más de 800 millones de dólares en el caso de las fragatas-, pero estamos empeñados en una nueva etapa de construir cuatro fragatas, con alta tecnología, para enfrentar esa necesidad de la defensa desde un punto de vista disuasivo.
Situación similar sucede con los aviones de combate. ¿De qué estamos hablando? De una flota aérea de combate de 10 ó 12 aviones. Es casi peligroso, desde el punto de vista de la defensa nacional, tener una fuerza tan precaria, la que eventualmente, de aquí a cuatro años, se complementaría con otros 10 ó 12 más, para llegar al Bicentenario con una flota de aviones de combate de no más de 20 ó 24, porque los que tenemos están en buen estado, han sido actualizados tecnológicamente, pero tienen sus años contados y será un material obsoleto de aquí al 2010.
Termino señalando que comparto muchas de las observaciones y aprensiones formuladas por los colegas que han solicitado esta oportuna sesión.
Efectivamente, tenemos un problema pendiente con la ley reservada del cobre. Hace muchos años, algunos hemos propuesto la derogación de la norma que establece los fondos reservados del cobre, porque con ella se baipasea una atribución del Congreso.
Este órgano de representación popular no tiene nada que decir ni que hacer en la adquisición y renovación de armamento. Codelco gira un cheque a la Tesorería y de ahí pasa a las Fuerzas Armadas. No hay discusión democrática al respecto, y eso está mal.
Debería existir en una ley de Presupuestos plurianual, como algunos lo hemos sugerido -porque son inversiones de mediano y largo plazo, de 5, 7 ó 10 años-, un mecanismo democrático para hacer participar a este órgano de representación popular en esas decisiones. La ley reservada del cobre es una anomalía y ha faltado discusión democrática.
Por lo tanto, celebro este debate en el Congreso, que, por excelencia, es el foro de la democracia, y creo que todos debemos confirmar nuestro compromiso ineludible con las exigencias y necesidades de la defensa nacional, dentro del concepto más amplio de seguridad externa.
A continuación, en el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende por dos minutos.
Señor Presidente , en el breve tiempo de que dispongo formularé un par de reflexiones.
Es importante que esta Cámara se pronuncie, discuta y reflexione sobre un tema que, sin lugar a dudas, es de país, y respecto del cual no caben falsos dilemas.
Lamento que algunos colegas pretendan señalar que aquellos que tenemos algunas inquietudes sobre la materia planteada, poco menos estamos en contra de las Fuerzas Armadas, o no queremos Fuerzas Armadas, o intentamos impedir la modernización de las Fuerzas Armadas, o no entendemos la función muy importante que cumplen en la defensa nacional.
No corresponde a una Cámara política no tener la altura de miras necesaria para comprender nuestras legítimas preocupaciones.
¿Qué es lo que más deseamos y cuál es el sentido de esta reflexión? Queremos mayor transparencia, mayor participación. Hoy, el Congreso, elegido casi en su totalidad por votación popular, no tiene participación, y ése es un punto que evidentemente debemos modificar, ya que claramente -y todos debemos coincidir en ello- no corresponde a una democracia.
Cuando decimos que deseamos avanzar en la revisión de la ley reservada del cobre es porque resulta evidente que actualmente se observa no sólo una falta de coordinación. Por ejemplo, entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas se reparten los recursos por igual y a lo mejor ello es absurdo, porque, tal vez, una tiene mayor necesidad desde el punto de vista estratégico, de la defensa nacional. A lo mejor, una debería recibir más, pero no se trata sólo de eso.
Nosotros queremos que esto se incorpore en la ley de Presupuestos. Desde luego, entendemos que esta ley tiene que ser plurianual porque, lógicamente, los proyectos son a mediano y largo plazo; pero cuando nosotros planteamos revisar la ley reservada del cobre...
Ha terminado su tiempo, señora diputada .
Señor Presidente , termino diciendo que no se nos puede calificar como se ha hecho. Nos duele y lo repetiremos una vez más: hoy gastamos más en defensa que en salud. ¿Es legítimo en este Congreso democrático preguntarse si corresponde o no al Chile de hoy gastar más en defensa que en salud? ¿No corresponde mejor seguir la línea de Relaciones Exteriores para lograr el mejor entendimiento con nuestros vecinos?
Por último, hago la siguiente pregunta aprovechando la presencia del señor ministro de Hacienda en la Sala: ¿No sería posible, si evitamos seguir endeudándonos de esta manera, que esa capacidad de endeudamiento la apliquemos parcialmente, por lo menos, hacia otro instrumento necesario para nuestro desarrollo?
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez, por tres minutos y medio.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , hoy esta honorable Cámara ha sido convocada para reflexionar acerca del gasto del país en materia de defensa, porque algunos de sus miembros están preocupados por el costo de la renovación de nuestro material bélico.
Se preguntan si es ello adecuado frente a una eventual debilidad que afectaría a las arcas fiscales y se alega una cierta evidencia de cuán alejadas estarían las posibilidades de una guerra, lo que haría inoficioso gastar tanto dinero en un consumo militar, que en esa perspectiva aparece como prácticamente inútil, cuando habría tantos otros objetivos de bien social que esperan la ayuda fiscal.
Parece, entonces, que nuestro país se ve enfrentado en la circunstancia actual a la famosa disyuntiva de emplear sus recursos en cañones o en mantequilla.
Desde luego, cabe advertir lo que la historia enseña una y otra vez: nadie, como persona ni como país, tiene comprada la paz.
Fórmulas para asegurar una paz perpetua entre las naciones se han inventado por miles, pero ninguna ha funcionado, salvo una que de manera relativa hace ya muchos siglos acuñaron los romanos. Estos se percataron de que si querían vivir en paz, no cabía otro camino que el de la guerra contra quienes intentaran perturbársela. Se dieron cuenta de que estando preparados para la guerra, paradójicamente inhibían que éstas se produjeran. Así lo expresaron de una vez y para siempre: si vis pacem para bellum, o sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Los romanos no buscaban, per se, ni la guerra, ni las conquistas, ni la dominación. A ellas fueron empujados por el anhelo de paz, la que muchas veces alcanzaron por la fuerza de las armas. Si bien siempre se preocuparon de dotar a la paz de raíces profundas por medio del derecho y de la justicia, nunca dejaron de protegerla con las armas en la mano.
En un mundo que se ha estremecido por los más feroces enfrentamientos, nuestra patria se ha visto libre de guerras exteriores por más de ciento veinte años. ¿Es obra de la casualidad, de la buena suerte o sólo de una magnífica diplomacia? Es posible que algo de todo eso se haya dado, pero nadie que mire desapasionadamente lo que han sido estos años podrá ignorar el aporte mayor que han hecho nuestras Fuerzas Armadas para alcanzar este inmenso objetivo. Siempre con presupuestos mínimos y pocas veces con el apoyo del país y de sus gobiernos, han sabido defender nuestra soberanía con sobriedad y sin aspavientos. No obstante la escasa cuantía de los recursos de que han dispuesto, han sabido disuadir cualquier aventura insensata de potencias exteriores contra nuestra soberanía y dignidad de nación independiente. Han reemplazado con coraje, inventiva y, sobre todo, con una enorme dosis de patriotismo, los recursos materiales, que en cualquiera otra parte se hubieran estimado indispensables para organizar una buena defensa. Y lo han hecho a sabiendas de que esos recursos, que tantas veces los gobiernos les han escatimado, eran gastados sin ningún tino en las más disparatadas aventuras.
Chile no carece hoy ni careció antes de recursos para organizar una buena defensa, pero sí, muchas veces, de gobiernos capaces para administrarlos bien.
Hoy nos enfrentamos nuevamente a la escasez; pero sepamos mirar la realidad y no la escondamos. La escasez de recursos se debe a la enorme capacidad de gasto inútil de que ha dado muestra la coalición gobernante.
Por otra parte, estoy seguro de que a pesar de las condiciones duras en que se desenvuelve nuestra economía, pueden hacerse ahorros cuantiosos, para así contar con recursos suficientes para renovar el viejísimo material de nuestras Fuerzas Armadas. Hacerlo es un imperativo de patriotismo y de buena economía. El gasto en una adecuada disuasión es siempre inmensamente menor que el de la guerra y, por cierto, que el de la posterior reconstrucción.
Pedí la palabra hace un rato.
Señor diputado , tiene preferencia el señor ministro . Después puede intervenir su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ ( Ministro de Defensa ).-
No sé si procede reglamentariamente que el señor diputado complete la rueda de participación de los partidos políticos.
Señor ministro , su Señoría tiene preferencia para hablar; pero si desiste de ese derecho, podrá intervenir a continuación del honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa.
Señor Presidente , prefiero hablar después del señor diputado .
Entonces, tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa.
Señor Presidente, por su intermedio, agradezco la gentileza del señor ministro de Defensa.
En primer lugar, es importante hacer resaltar en esta ocasión el trabajo que se ha hecho a través del Ministerio de Relaciones Exteriores desde que se reimplantó la democracia en nuestro país, que ha permitido solucionar los problemas limítrofes con Argentina y Perú, y disminuir la efervescencia bélica que había con los países aledaños.
En segundo lugar, quiero reflexionar sobre el siguiente punto. Así como el Presidente de la República dicta los lineamientos de las relaciones exteriores, también consideramos importante que, en un régimen basado en una Constitución de carácter presidencial, el Estado lleve todo lo relacionado con las políticas de defensa.
En tercer lugar, con esa misma fuerza, estimamos que es muy importante que el Congreso, en el cual se sustenta la base de la representación popular, conozca el presupuesto y cómo se manejan los dineros que se entregan para la defensa, porque es conveniente que la sociedad sepa cómo vamos a llevar a cabo los gastos en defensa.
Por último, es muy importante destacar la necesidad que tenemos, como Congreso, de vigilar qué se está haciendo, tanto en la compra como en la venta de armas que hoy se pueden estar desarrollando en nuestro país.
Debemos conciliar la política de defensa y los gastos militares, y, lo que es importantísimo, cómo podemos relacionarlos con los gastos sociales, que tanto necesita hoy nuestro país.
Lo expresado me parece fundamental para que podamos abordar la política de defensa y los gastos militares en el Congreso.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa Nacional
El señor FERNÁNDEZ ( Ministro de Defensa Nacional ).-
He sido invitado por esta Corporación para “discutir el tema de los gastos militares en general y la compra de aviones en particular, y entregar respuestas a la pregunta: ¿No será más provechoso invertir estos recursos en empleos que generan paz social, equidad y, consecuentemente, respeto y disuasión?”.
Sin perjuicio de advertir que la invitación se acompaña de un emplazamiento tan obvio y moralmente ineludible, quiero expresar mi agradecimiento a la honorable Cámara por esta oportunidad de debatir, en un ambiente soberano y en un nivel de responsabilidad política proporcional a su importancia, temas que son de la mayor significación nacional.
Con este debate en la Cámara política de nuestro Parlamento continúa un procedimiento de decisiones sobre adquisiciones militares mayores, con rasgos de transparencia y publicidad sin precedentes, tanto en Chile como en el entorno internacional.
Esta sesión ha sido precedida de un amplio debate público en todos los ámbitos y niveles imaginables y, por cierto, dentro de las propias Comisiones de Defensa de ambas Cámaras de este Congreso, en cuyo seno el tema ha sido expuesto y discutido con extrema seriedad y responsabilidad de Estado.
Curiosamente, el debate público sobre la adquisición de aviones de combate adquirió un giro crítico y hasta desacreditable sólo una vez que el Gobierno tomó la opción aconsejada por la Fach de negociar con la firma Lockheed Martin la adquisición de una decena de aviones F-16. Antes de ese momento, el núcleo del debate residía en el avión por el cual se definiría y no en la conveniencia u oportunidad de adquirirlo.
Abordaré la solicitud de la honorable Cámara con el mayor detalle posible, dentro de los límites de esta sesión. Si por la naturaleza de los temas que debo tratar estoy obligado a proporcionar informaciones clasificadas, solicitaré a su Señoría declarar la sesión secreta en ese punto. Esto, por respeto a la ley y a mis responsabilidades como ministro de Defensa .
Respecto del gasto militar.
El efecto del gasto militar en el desarrollo, cuestión que sirve de trasfondo a vuestra inquietud, no es nuevo en el debate. Por el contrario, la clásica alternativa entre cañones o mantequilla, que ha servido al ciudadano para expresar en términos comunes un viejo dilema de escasez de recursos financieros y su destinación, data de principios del siglo pasado.
Por un lado, se sostiene que el gasto militar funciona como un estímulo al crecimiento económico, igual que cualquier otro gasto fiscal; es decir, se trata de un argumento típicamente keynesiano. Además, se afirma que el gasto militar beneficia la economía de otras maneras. Por ejemplo, mediante el entrenamiento de reclutas para su futura inserción en el mercado laboral o el impulso de la modernización de la economía, en virtud de la aparición de industrias de defensa tecnológicamente avanzadas, la construcción de carreteras y demás infraestructuras o el estímulo al espíritu de emprendimiento y liderazgo propio de elites militares.
Por otro lado, se afirma que el efecto neto del gasto militar es el de retardar el desarrollo de la mayoría de los países subdesarrollados, debido a que el mismo no tiene una tasa de retorno relacionada con su ejecución presupuestaria, lo que se dice en términos tan simples como absurdos: un tractor contribuye a producir granos, pero un tanque no aportaría nada al crecimiento de la economía, salvo su función como póliza de seguro. Es decir, más allá de la especificidad de los dilemas de defensa que cada Estado enfrenta en los países subdesarrollados, la importación de armas sería un peso negativo en el sector externo de la economía, más aún si se adquieren con endeudamiento.
Tal como lo demuestra la propia invitación que me formulara esta honorable Cámara, ese debate no ha sido concluyente; parece simple, pero es muy complejo. Como idea general, porque luego me referiré a esto con más detalle, sólo puedo agregar que, desde 1990 a la fecha, el gasto en defensa ha aumentado marginalmente en términos absolutos. Aun más, en términos relativos, comparando su impacto con el producto interno bruto, con el incremento del gasto en educación, salud, previsión o infraestructura, la proporción del gasto del PIB en defensa ha disminuido.
Las cifras las pueden encontrar sus Señorías en el actual Libro de la Defensa y, actualizadas al 2000, en mi presentación ante la Segunda Subcomisión de Presupuestos del Congreso Nacional , en noviembre del año pasado.
Sin perjuicio de los datos que se encuentran a vuestra disposición, señalemos que el aporte fiscal a las Fuerzas Armadas, como porcentaje del producto, incluido el rendimiento de la ley reservada del cobre, entre 1989 y el año en curso, ha variado substancialmente, pasando de un 2,96 por ciento al 1,71 por ciento, según estimaciones para el 2001. O sea, en diez años, el gasto en defensa se ha reducido notablemente.
Hago notar que, a partir de 1994, en que ese porcentaje se situó en 1,83, esta variable ha fluctuado mínimamente entre un máximo de 1,87, en 1999, y un mínimo de 1,71, durante este año.
En comparación con el gasto en sectores sociales, subrayo que, en 1989, el gasto en defensa se situó en el rango de los 455 mil millones de pesos, mientras que el gasto en educación de ese mismo año fue del orden de los 500 mil millones. En salud, alcanzó a los 142 mil millones, y en previsión social, a los 878 mil millones.
En 1997, en cambio, la tendencia había variado notablemente al invertirse 530 mil millones en defensa, es decir, un poco más que en 1989; 996 mil millones en educación, o sea, el doble de la cifra de 1989; 432 mil millones en salud, es decir, el triple de la de 1989, y 715 mil millones en infraestructura, triplicando la de 1989.
A la idea anterior, en el sentido del claro énfasis que los gobiernos de la Concertación han puesto en el gasto social y en infraestructura, añadiría algo más: la mantención del gasto en defensa, incluso su relativa disminución desde 1990 a la fecha, no fue óbice para que el país creciera, en promedio, en torno del 7 por ciento, entre 1991 y 1998, ni lo fue para que lo hiciéramos en un 5,4 por ciento en 2000. Es decir, el gasto en defensa no ha impedido ni ha obstaculizado el crecimiento de Chile.
Por último, diría que nuestro gasto en defensa se compara razonablemente bien con el gasto de otros países. Hechas las actualizaciones correspondientes, el gasto en defensa de Chile el año 2000, incluido el rendimiento de la ley reservada del cobre, alcanzó el 1,8 por ciento del PIB. Calculado con las mismas variables, pero a la fecha, el gasto estimado para 2001, como ya dije, será del 1,7 por ciento del PIB. Cabe subrayar que, desde 1993, el porcentaje de nuestro gasto en relación con el PIB ha oscilado entre 1,7 y 1,8 por ciento.
Dentro del área vecinal, Argentina dedicó, en 1999, el 1,1 por ciento de su PIB, que es tres veces mayor que el PIB de Chile. El gasto de Perú, país cuyo gasto es difícil de medir por su falta de transparencia metodológica, fluctúa, según los años, desde el 1,5 al 2,5 por ciento del PIB. Resulta revelador, por ejemplo, que el gasto del Perú en la adquisición de aviones de combate Mig 29 y Suckoi 25, en la presidencia de Alberto Fujimori , aeronaves que en sus roles no tienen parangón en toda la región, no aparezca incorporado en el presupuesto de la defensa. O sea, el porcentaje que acabo de señalar no considera las adquisiciones de armas mayores, como estos aviones.
Algunas fuentes asignan a Bolivia un gasto de un 1,9 por ciento del PIB para 1998; Colombia, un 2,8, y Ecuador, un 2,1, por señalar algunos ejemplos. Si analizamos lo que ocurre en Europa, el conjunto de la Unión Europea tiene un gasto que se sitúa en la cota del 2 por ciento del PIB, o sea, mayor que el nuestro. Y en Estados Unidos, el gasto alcanza un punto más, es decir, un 3 por ciento, prácticamente el doble de nuestro gasto.
Pese a todo lo anterior, Chile ha querido ser especialmente transparente en materia de gasto de la defensa. Por ello, junto con Argentina, pero a raíz de una iniciativa chilena presentada en 1997, solicitamos a la Cepal elaborar una metodología para medir, sobre bases equiparables, el gasto de defensa de ambos países. Estamos en la última etapa del proceso, a punto de que ambos gobiernos aprueben el borrador final de un instrumento metodológico desarrollado por la Cepal. Una vez aprobado, esta herramienta no sólo permitirá acrecentar la confianza mutua entre Chile y Argentina al saber cuánto y cómo gasta el otro en defensa, sino que ofrecerá cifras reales, arrojadas por una metodología aceptada por la comunidad económica internacional, eliminando así distorsiones que en forma reiterada en el plano internacional, a veces incluso en el nacional, adjudican a Chile más gasto del que realmente hace.
Al proveer defensa, el Estado sólo cumple con una de sus funciones primarias, y es obligación del Ejecutivo financiarla mientras no hayan cambiado las condiciones internacionales. El cambio deseable, ciertamente, sería hacia un desarme multilateral y completo o hacia la generación de una autoridad mundial en esta materia, por encima de cada nación, que garantice la seguridad de todas y la justicia para todos los países más débiles frente a los más fuertes. Es un cambio deseable, pero imposible, ni en el corto, ni en el mediano, ni, al parecer, en el largo plazo, según lo que podemos avizorar.
Mi propia responsabilidad como ministro es abogar por que el gasto del Estado para proveer defensa se ajuste a que las Fuerzas Armadas, es decir los instrumentos que nos hemos dado para ello, dispongan de los medios que requieren para el adecuado cumplimiento de las misiones que el Estado les exige y pide cumplir en un contexto de recursos escasos.
Faltaría a mi responsabilidad si no luchara por que las tropas que Chile envía en misiones internacionales de paz cada vez más complejas, estén equipadas con la mejor tecnología que los contribuyentes puedan proveer, o si no apoyara, decididamente, la renovación de material obsoleto por equipamiento moderno que, entre otras cosas, redunda en ahorro de vidas humanas y de recursos materiales.
La defensa es continua y puede ser estratégica y financieramente ajustada en función de diversos factores, pero no puede ser interrumpida. Si no adquirimos aviones y construimos buques de superficie, en el próximo lustro Chile no tendrá más flota aérea ni naval. Así de simple y perentorio es nuestro desafío.
Respecto de la compra de aviones, es necesario distinguir entre el proceso que condujo a la elección del F-16 y la elección misma de este avión por encima de otras aeronaves en competencia. Desde el momento en que se decidió iniciar el proceso de cambio de material de combate aéreo pronto a la obsolescencia, el camino ha seguido pasos muy precisos. En primer lugar, la Fuerza Aérea conformó un grupo de expertos, integrado por oficiales de Estado Mayor, con más de veinte años de experiencia en la operación de aviones de primera línea, en posesión también de títulos profesionales en administración y economía. Es decir, junto con la pericia técnica, el equipo seleccionado satisfizo requisitos de conocimientos teóricos y prácticos en la planificación de empleo de fuerza, capacidad que se obtiene con la especialización de Estado Mayor, de práctica de vuelo y de participación en ejercicios nacionales e internacionales, donde se prueba el desempeño de un avión o de una determinada arma de combate.
Aquí deseo referirme a algo que se ha dicho en esta Sala. Si bien un piloto de guerra no necesariamente debe ser un especialista en materia de política de defensa, sí lo es entre los mejores especialistas del país en el conocimiento de los aviones de combate.
En segundo lugar, sobre la evaluación de los aviones en competencia, el trabajo fue complejo y arduo, y se prolongó durante un período razonable de tiempo, hasta culminar la evaluación de cada uno de los 1.700 ítem involucrados para cada aparato. Al respecto, sólo puedo decir que el trabajo realizado por el equipo de expertos de la Fach fue calificado por las tres compañías participantes como una licitación de primer nivel.
En tercer lugar, y al cabo de ese período de evaluación, el equipo de expertos emitió un informe técnico en función de los méritos de los distintos aviones y de las características requeridas para la defensa del país. En ese sentido, la Fuerza Aérea siempre fue muy clara en señalar que no se trataba sólo de una decisión sobre el mejor avión en términos absolutos, sino de elegir el mejor avión para Chile.
En cuarto lugar, se produjo la decisión institucional, fundada en dicha evaluación.
En quinto lugar, se trasladó tal decisión al conocimiento de su Excelencia el Presidente de la República y del ministro de Defensa Nacional que habla.
Finalmente, después de todo este proceso, el Presidente de la República adoptó la decisión de autorizar el inicio de negociaciones con el fabricante seleccionado y con las autoridades del país de nacionalidad del fabricante, Estados Unidos en este caso.
A partir de ese momento, la negociación propiamente tal ha ido evolucionando según los procedimientos y fases característicos de este tipo de proceso, la que se puede resumir así: elaboración de una carta de intenciones por parte de la Fach, presentación de este documento al Pentágono, envío de los antecedentes por parte del Pentágono al Congreso de Estados Unidos y preparación, según los resultados, de una carta de aceptación de oferta o contrato final. Por último, la aprobación final por parte de Chile, en caso de haber sido satisfechos todos nuestros requerimientos.
Todo este proceso toma alrededor de 300 días. Para ser más precisos, 295 días si transcurre favorablemente, por lo que es probable que el tema quede zanjado a fines del presente año.
Por último, el proceso para dotar a la Fuerza Aérea de nuevo material de combate ha sido transparente. En efecto, el desarrollo de sus distintas fases ha tenido amplia repercusión en medios de prensa, quizás como nunca antes en nuestra historia, concitándose opiniones favorables y contrarias en un debate que hubiésemos deseado de mayor altura; pero, sobre todo, se han observado las reglas de transparencia propias de una democracia, en el sentido de proporcionar completa información a las comisiones pertinentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Evidentemente, a sus parlamentarios, representantes del pueblo de Chile, y en el marco de sus altas funciones estatales, se les puso en conocimiento de detalles que, por su naturaleza, exigen la lógica reserva y secreto.
En materia de defensa, los límites de la transparencia son los que imponen las leyes o, simplemente, el sentido común. Creo que hemos cumplido mucho más de los precedentes en esta materia.
Por lo demás, la propia intervención del Congreso estadounidense, contemplada obligadamente en el procedimiento de ese país para autorizar la venta de material militar a terceros países, no hace sino reforzar las condiciones de transparencia de las negociaciones iniciadas por Chile.
Como resultado de lo anterior, las decisiones institucionales que se han ido adoptando son suficientemente fundadas.
Ahora, en relación con la selección misma del aparato F-16, los argumentos que se han esgrimido en contra de esta decisión son de distinta naturaleza, yendo desde el estímulo a una carrera armamentista hasta la falta demostrada de competencia técnica, pasando por los cargos de ingenuidad, liviandad política y regreso irresponsable a la tutela tecnológica norteamericana.
No pretendo aquí hacerme cargo de cada uno de esos argumentos. Sólo diré que algunos, no todos, fueron dichos con anterioridad a la decisión final, y que llama la atención el hecho de que no todos los que hoy, en un año electoral, critican la decisión de renovar nuestra flota aérea de combate, hayan alzado la voz para oponerse antes a la misma.
Respecto del F-16, puedo subrayar que este avión ha sido seleccionado por muchas otras fuerzas aéreas del mundo y hace poco por la Fuerza Aérea de Italia, lo que indica su efectividad y confiabilidad.
En relación con su durabilidad y soporte en el tiempo, me permito señalar que la Fuerza Aérea definió los parámetros para un nuevo avión de combate capaz de enfrentar los estándares tecnológicos con un horizonte no menor de veinte años.
Aquí quiero salir al paso de una afirmación que se hizo respecto de que el avión entraba en obsolescencia en algunos años más. Claro, los primeros F-16 están entrando en obsolescencia; pero han de saber que el tipo que la Fuerza Aérea seleccionó, el Block 5052, es un avión de última tecnología. El F-16 ha tenido muchos tipos de aviones durante las décadas en que ha sido construido.
Por otra parte, el problema de satisfacer los requerimientos del país y la realidad presupuestaria de la institución, obligó a que el proceso de selección cumpliera con requisitos de interoperabilidad, así como de bajo costo de operación y, a la vez, alta capacidad para llenar la brecha tecnológica que los actuales sistemas van a generar a corto plazo, al pedir que sean retirados del servicio por completar su vida útil.
Los sistemas adicionales que se están considerando como elementos a bordo de esta aeronave han sido estudiados, por ser compatibles con los actuales sistemas de mando y control, armamento en uso y en desarrollo a nivel nacional, cumpliéndose con los objetivos de defensa de Chile, tal como se encuentran expuestos en nuestro Libro de la Defensa Nacional.
Quiero hacer aquí un comentario en relación con lo señalado por el diputado señor Ávila respecto de la carta de un grupo de senadores al Presidente Bush. Ciertamente, esa carta, que fue pública, obviamente, daba a conocer tres temas sobre el avión, en cuanto a que alcanzaríamos un nivel tecnológico que, según este grupo de senadores, pondría en peligro la estabilidad dentro de la región. Los temas tenían que ver con un sistema de navegación, con el sistema de misiles y con la posibilidad de que se le incorporaran tanques suplementarios de combustible.
Junto con señalar que hay una carta de estos senadores, también hay una carta del Presidente Bush, dirigida a esos parlamentarios, fechada el 12 de marzo, en la cual textualmente dice: “La integración política y económica en América del Sur ha mejorado en forma dramática el clima de la seguridad regional.
“Chile se encuentra entre nuestros aliados de mayor importancia y confianza. La iniciativa del Gobierno de Chile de fomentar medidas regionales para establecer la confianza y la seguridad, ha sido una fuerza estabilizadora en la región.
“La política de transferencia de armas de los Estados Unidos pone a Chile y a otros países de América Latina sobre la misma base de otras regiones del mundo en que las transferencias de armas se consideran en base a cada caso por separado dentro de un contexto general de moderación.
“Recibo con agrado un pleno intercambio de opiniones sobre los planes de Chile para adquirir un número modesto de aviones para modernizar su Fuerza Aérea durante el proceso de notificación al Congreso, exigido por la Ley de Control de Exportación y Armas.
“Entiendo que los Departamentos de Estado y de Defensa se encuentran en el proceso de reunirse informalmente con personal del Senado y de la Cámara de Representantes para conversar sobre esta posible transacción.
“Esperamos iniciar el proceso formal de notificación lo más pronto posible”.
O sea, el Presidente de Estados Unidos respondió a esa carta, y en términos positivos, al señalar que Chile es un país confiable no sólo por su política exterior, sino, especialmente, por la respetabilidad que ha alcanzado por su proceso político interno.
En otras palabras, para el Presidente de Estados Unidos, Chile no significa un peligro para la estabilidad en la región.
Empleo alternativo de recursos para la Defensa.
Suele decirse que la defensa nacional emplea recursos productivos que podrían tener usos alternativos en otras actividades.
Hace unos años, esta idea ganó relevancia debido al proceso de globalización, que ha presionado por una disminución del gasto militar, especialmente a partir del término de la guerra fría. En nuestra región, la idea también ha sido reforzada por la ampliación del número de regímenes democráticos y los procesos de integración subregionales, todo lo cual ha dado origen a la presunción de que los balances de poder entre países y los eventuales conflictos que surjan pueden ser regulados principalmente por la vía de la negociación, el arbitraje y el entendimiento.
Siendo un supuesto el hecho de que en el futuro bastará mantener un buen sistema de relaciones internacionales, la consecuencia obvia es la idea de propiciar una reducción -no importa si es unilateral- de los gastos de la Defensa.
Finalmente, en el caso de nuestro país, se suma a lo anterior el hecho de los cambios en las estructuras de varias economías internacionales que han tenido por efecto la necesaria adaptación de nuestra propia economía, con los problemas por todos conocidos.
Es, por lo tanto, normal la inquietud demostrada por esta honorable Cámara. Sin embargo, entiendo que esta preocupación no pasa por plantear una reducción del gasto en defensa y, mucho menos, por poner en duda la necesidad de que el Estado cumpla su función de proveer defensa al país. Si así fuere, cabría plantear la misma inquietud respecto de otras funciones estatales, tan vitales como la defensa para la existencia de un Estado nacional y democrático en la perspectiva de concentrar todos los recursos públicos sólo en el gasto social.
Como entiendo que ese propósito no es parte de la inquietud planteada por esta honorable Cámara, creo conveniente aclarar, entonces, algunos términos involucrados en la pregunta en cuestión. Concretamente, el supuesto sobre el que descansa la interrogante es que el país disuade si aumenta su prestigio, y aumenta su prestigio si tiene paz social y la vida social se desarrolla con equidad.
En parte, este supuesto es cierto. Sin embargo, también es verdad que el prestigio de un país aumenta en la escena internacional cuando, por ejemplo, la comunidad de naciones nos considera para garantizar los acuerdos de partes beligerantes, como ocurrió hace pocos años en la guerra entre Perú y Ecuador, o cuando considera, a fin de asegurar las condiciones de paz y seguridad necesarias para la construcción de un nuevo Estado en Timor Oriental, la incorporación de tropas chilenas en el dispositivo militar de carácter internacional desplegado con este propósito.
En definitiva, nuestro país disuade como un todo, y por eso requiere que todas sus partes constitutivas concurran a aumentar su prestigio o, en nuestro lenguaje, su estatura político-estratégica.
Finalmente, el presupuesto de Defensa es parte de la ley que contiene el Presupuesto de la nación y está regido por las mismas normas legales que el resto del sector público, tanto en su formulación como en su ejecución.
En general, puede decirse que el presupuesto de Defensa se asigna por dicha ley a través de un doble mecanismo que contempla un aporte fiscal, por la vía presupuestaria, y otro, por medio de la ley reservada del cobre. En lo que respecta a la Defensa, algunas partes de la ley general de Presupuestos tienen características particulares y son afectadas por leyes especiales, como la Nº 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, la que en su artículo 96 especifica los montos mínimos de los distintos aportes fiscales a los presupuestos de las Fuerzas Armadas, tanto en pesos como en dólares, estableciendo para los gastos en personal que el aporte fiscal para financiar las remuneraciones debe ser el necesario para cumplir las obligaciones derivadas de la planta y de los derechos del personal establecidos en dicho cuerpo legal y en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, lo cual es similar al resto de la Administración Pública.
La ley Nº 18.948, en su artículo 96, establece también mínimos para los aportes en pesos a los gastos distintos de personal, denominados “resto”, fijados por el monto entregado en el ejercicio presupuestario de 1989, debidamente actualizado por la variación del IPC. Para el caso de los aportes en moneda extranjera, se establece el mismo criterio del piso en 1989, sin reajustabilidad.
En la práctica, esos valores mínimos han sido superados en los últimos años por el desarrollo, capacidades y requerimientos, y los montos contenidos en los presupuestos son mayores que estos mínimos. Si para los efectos de nuestro análisis esta norma dejara de existir, se mantendrían sólo las regulaciones presupuestarias generales a las que el sector está afecto en la misma forma que todo el sector público.
De acuerdo con la normativa vigente, las Fuerzas Armadas tienen aportes y gastos que no se reflejan en la ley de Presupuestos, siendo el más importante el sistema de adquisición de pertrechos bélicos, más conocido como ley reservada del cobre, que corresponde a la ley Nº 13.196, de 1958 y sus modificaciones, la última de las cuales corresponde a la ley Nº 18.445, de 1985, que entrega a las Fuerzas Armadas ingresos provenientes del diez por ciento de las exportaciones de cobre y sus derivados, efectuadas por Codelco. Estos recursos financieros deben ser dedicados en su totalidad a la adquisición de los medios bélicos requeridos.
Las normas legales antes señaladas constituyen lo central del presupuesto de las instituciones de Defensa, y ellas establecen un sistema que entrega exclusividad financiera a las Fuerzas Armadas y fijan un marco rígido, en que las necesidades deben ser cubiertas sobre parámetros que se mantienen fijos y no permiten un mayor dinamismo en la asignación de recursos de acuerdo con las necesidades efectivas de la Defensa Nacional. Asimismo, la división por tercio de estos recursos implica flujos de cajas separados que no permiten manejar ahorros financieros aprovechando holguras en una parte para cubrir estrecheces temporales en otra.
La estructura de financiamiento descrita, tanto en el Presupuesto de la nación como en la ley reservada del cobre, presenta restricciones que se han convertido en un elemento de rigidez para las propias Fuerzas Armadas. Sabemos que el criterio de corrección presupuestaria anual, basado en la hipótesis inflacionaria y en un crecimiento del producto, ha determinado en la práctica una paulatina reducción del presupuesto de Defensa en relación con el aporte fiscal global. También es cierto que tal criterio se estableció en la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, dictada a principios de 1990, según una proyección de futuro económico del país que resultó errada. El mismo efecto de rigidez se produce con las inversiones a largo plazo en la medida en que el precio del cobre se ha mantenido en niveles bajos, con lo que el piso de la ley se ha transformado, en la práctica, en un techo para la planificación financiera del sector. Los límites o pisos establecidos en la ley tienden a transformarse en un referente obligado al momento de asignar los recursos, que no permite disminuir los montos asignados, pero limita su expansión frente a necesidades específicas. De igual forma, la ley reservada del cobre, junto con entregar una herramienta que permite planes e inversiones a largo plazo, fundamentales para la adecuada planificación de nuestra defensa, se transforma en una condición económica que limita las inversiones, pues, dada su variabilidad, sólo puede comprometer el piso de la ley, que hoy tiene un valor cercano a los 225 millones de dólares, por lo que gran parte de los recursos originados por el mayor rendimiento se debe usar en adquisiciones destinadas a satisfacer necesidades puntuales.
En relación con el mecanismo de adquisiciones del sistema de armas, puedo decir que la ley Nº 18.445, de octubre de 1985, es la única norma legal promulgada que regula el sistema de financiamiento y adquisiciones de bienes de uso bélico para las Fuerzas Armadas. El texto refunde y modifica normas dictadas por la ley Nº 13.196 y sus modificaciones posteriores.
El sistema de financiamiento resultante incluye como prioridad los denominados sistemas de armas; pero también se puede adquirir con el producto de esta ley todo tipo de pertrechos de carácter bélico, incluso los destinados a mantención para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esta ley establece en sus principales acápites que Codelco aportará el diez por ciento de sus ventas de cobre y derivados al exterior, incluyendo una larga lista de subproductos.
La ley establece que dichos aportes no podrán ser menores a 180 millones de dólares de 1986, los que se reajustarán anualmente por la variación del índice de precios al por mayor de los Estados Unidos de América, lo que significa para el año 2000 una cifra cercana a los 225 millones de dólares. Cuando el diez por ciento de las ventas del cobre no cubra este mínimo, la Tesorería General de la República deberá aportar la diferencia que se produzca.
El rendimiento de la aplicación de la ley, dividido en tercios, será depositado en la Tesorería General de la República en las cuentas correspondientes a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas cuando Codelco efectúe los retornos correspondientes.
Las Fuerzas Armadas deberán entregar al Consejo Superior de la Defensa Nacional un porcentaje de los fondos cedidos para financiar proyectos conjuntos.
Las instituciones, a través de los comandantes en jefe, deberán presentar al Consudena, para su aprobación, los distintos proyectos en que usarán los recursos, los que deberán ser autorizados por decreto supremo.
En este punto, honorables diputados, quiero llamar la atención porque, paradójicamente, yendo contra todas las insinuaciones que incluso en esta misma Sala se han hecho, este sistema es más transparente que la ejecución del Presupuesto, que no requiere de decreto para cada uno de sus gastos. Se realiza un presupuesto una vez al año y son las autoridades de cada ministerio las encargadas de ejecutarlo; sin embargo, cada gasto de la ley del cobre debe hacerse por decreto supremo que firman los ministros de Hacienda y de Defensa , y en el caso de nuevas inversiones, del propio Presidente de la República . Por lo tanto, paradójicamente -repito-, este sistema es el más transparente, legal y regularizado de todos los mecanismos de ejecución presupuestaria del Estado de Chile, contra todo lo que se pueda presumir.
La ejecución de los proyectos aprobados corresponde a la institución que los generó, quedando bajo la normativa general para las operaciones que signifiquen el uso de recursos públicos, lo cual significa que están bajo la tutela de la Contraloría General de la República y de los mecanismos de control institucionales, velando la secretaría del Consudena por el registro de las operaciones y por que los pagos se produzcan con arreglo a lo autorizado.
Todo lo anterior muestra una situación compleja que presenta problemas en los ámbitos político, estratégico y económico, pero también tiene ventajas. Cuando inicié mi gestión al frente del Ministerio de Defensa, anuncié como una de las metas ministeriales la revisión del sistema de asignación de recursos y de adquisiciones; o sea, ley del cobre y el sistema de asignación de recursos por el Presupuesto de la nación. De hecho, el Ministerio y las Fuerzas Armadas han estado presentes cuando la discusión del tema ha sido propuesta en los ámbitos académicos; pero es de natural prudencia abordar este tema con la cautela requerida y esperamos que el tiempo decante posiciones para poder enfrentar una modificación consensuada del sistema en cuestión.
Al respecto, quiero agregar que abogo completamente por propiciar una revisión de la ley reservada del cobre, porque para las propias Fuerzas Armadas se ha convertido en un sistema rígido. Por lo tanto, abogo por una revisión en la medida en que el sistema que se establezca en su reemplazo contemple la posibilidad de hacer adquisiciones de largo plazo. De otro modo, si sólo se está sujeto a la aprobación presupuestaria anual, no podemos tener ningún proveedor que pueda vender sistemas de armas mayores a Chile con un sistema sujeto a la aprobación anual del Presupuesto. Por lo tanto, pido a la honorable Cámara que tome en consideración este tipo de reflexiones y necesidades. Tomando las palabras del diputado Prokurica, reconozco que efectivamente él me entregó una proposición a principios de año, y me comprometo ante esta honorable Cámara a que uno de los temas prioritarios de la agenda de Defensa para este año será una revisión de la ley reservada del cobre para crear un mecanismo que permita no sólo una participación por parte del Congreso Nacional en cuanto a los gastos, sino también que las Fuerzas Armadas dispongan de un sistema que evite la rigidez que actualmente tienen y que les impide llevar a cabo los programas que formulan, y que, además, las obliga a contraer endeudamientos más allá de sus propias posibilidades.
Señor Presidente , al terminar esta exposición retomo la pregunta de la convocatoria. ¿No será más provechoso invertir estos recursos en empleos que generan paz social, equidad y, consecuentemente, respeto y disuasión?
Me pregunto, honorables señores diputados quién podría contestar negativamente esta pregunta. ¿Acaso suponen sus Señorías que el ministro que habla o las Fuerzas Armadas están tomando estas decisiones para restar recursos al empleo o a las políticas sociales? ¿O se piensa que somos presa de la insensibilidad o irresponsabilidad ante nuestros ciudadanos?
Pido comprensión. No sólo jurídicamente los recursos están destinados a inversiones de la defensa; no sólo el gasto social se ha incrementado notablemente en relación con la defensa; no sólo las Fuerzas Armadas racionalizan sus recursos en el marco de rigidez presupuestaria; también las autoridades de este sector actuamos con responsabilidad de Estado, mirando al país como un todo y afrontando las necesidades ineludibles de la defensa nacional.
Democracias ejemplares, desarrolladas y relativamente pequeñas -Suiza, Holanda o Suecia-, disuaden e influyen por sus estándares de vida, su cultura y su respeto por la dignidad humana y por el medio ambiente en que se desarrollan. Pero, junto con estos atributos, disponen de fuerzas armadas modernas, con alta tecnología y profesionalmente muy eficientes. Son buenos ejemplos.
Mi responsabilidad no reside en sustraer recursos para el desarrollo de Chile, sino en utilizar los que todos los ciudadanos nos entregan -según nuestro Estado de Derecho- para progresar rodeados de respeto y de paz.
Han llegado a la Mesa dos proyectos de acuerdo.
El señor Secretario va a dar lectura al primero.
Proyecto de acuerdo de los diputados señores Ascencio, Palma, don Andrés; de la diputada señora Allende, doña Isabel, y de los diputados señores Jaramillo, Tuma, Seguel, Huenchumilla, Velasco, Jarpa y Encina.
Luego del debate efectuado en relación a nuestra política de defensa y a las compras de material bélico, especialmente por parte de la Fuerza Aérea de Chile, esta Cámara de Diputados acuerda:
1.	Siendo el problema de la desocupación nuestra primordial preocupación, esta Cámara de Diputados hace un llamado al Gobierno, a los empresarios, a las organizaciones de trabajadores, a las instituciones públicas y privadas, y a las instituciones de la Defensa Nacional, a fin de que adecuen sus objetivos inmediatos a la solución de este crucial tema, comprometiendo sus mejores esfuerzos en aportar a que la desocupación disminuya lo más pronto posible.
2.	Debemos perfeccionar nuestra democracia para que la política de defensa sea efectivamente nacional, definida plenamente por los poderes políticos con el respaldo técnico de nuestras instituciones armadas.
En este sentido, esta Cámara de Diputados propone:
a.	Que en el contexto de un ordenamiento constitucional presidencial, el Congreso Nacional tenga participación en la compra o venta de armas por el Estado o empresas nacionales. Para ello comprometemos nuestro apoyo a fin de efectuar las modificaciones constitucionales que correspondan a tal efecto.
b.	Avanzar en la revisión de la ley reservada del cobre, de manera que el total de los recursos de la defensa, sean definidos, con la flexibilidad necesaria, en el Presupuesto de la nación.
c.	Solicitar al Ejecutivo que, a través de un proyecto de ley, proponga la modernización de los organismos encargados de las adquisiciones militares, priorizando su carácter conjunto.
d.	Solicitar al Ejecutivo que despache una iniciativa legal a fin de reglamentar nuestras exigencias en dos materias vinculadas a los casos de compras de armas: las compensaciones industriales, conocidas como "offset"; y la existencia de las oficinas de influencia, conocidas como "lobby".
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 3 abstenciones
Así se hará, señor diputado .
Acuña, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Encina, Girardi, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Riveros, Rocha, Sánchez, Seguel, Tuma, Valenzuela, Velasco y Villouta.
Caminondo, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Galilea (don Pablo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Molina, Orpis, Recondo, Vega y Vilches.
Álvarez-Salamanca, Díaz y Prokurica.
Se va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo de los diputados señores Prokurica, Alessandri, Leay, Díaz, Bertolino, Cardemil; de la diputada señora Cristi, doña María Angélica; de los diputados señores Ibáñez, Martínez, don Rosauro, y de la diputada señora Guzmán, doña Pía.
1.	Que el Gobierno ha tomado la decisión de renovar los aviones de la Fuerza Aérea de Chile, por un monto de 600 millones de dólares;
2.	Que dada la situación económica que vive el país, resulta indispensable hacer uso de los mecanismos que existen, para compensar los gastos en materia de Defensa, los denominados “offset”.
Oficiar al Presidente de la República a fin de que:
1.	En la adquisición de material bélico se haga uso de las compensaciones denominadas “offset”, de manera tal que se beneficie especialmente a las zonas del país con mayor índice de pobreza y de cesantía;
2.	Se estudie una modificación a la ley reservada del cobre, tal como se le ha propuesto al Gobierno desde hace más de un año, para evitar así su permanente cuestionamiento, especialmente en períodos eleccionarios”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención.
Alessandri, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Bertolino, Rozas (doña María), Caminondo, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (cristidoña María Angélica), Dídaz, Dittborn, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, Kuschel, Leay, Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Monge, Mulet, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Riveros, Rocha, Seguel, Silva, Tuma, Urrutia, Vargas, Vega, Velasco y Vilches.
Ávila, Cornejo (don Patricio), Jaramillo, Muñoz (doña Adriana), Sánchez y Valenzuela.
-Se abstuvo el diputado señor Melero.
-Se levantó la sesión a las 19.06 horas.
“Valparaíso, 10 de abril de 2001.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado las enmiendas introducidas por esa honorable Cámara al proyecto de ley que deroga la pena de muerte. (Boletín Nº 2367-07).
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme a lo preceptuado en el artículo 68 de la Constitución Política de la República y, por tanto, la Corporación designó a los honorables senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3255, de 3 de abril de 2001.
Moción de los diputados señores Velasco, Ascencio , Krauss, Gutiérrez, Rosauro Martínez, José Pérez, Ulloa, Valenzuela y de las diputadas señoras Fanny Pollarolo y María Antonieta Saa.
Autoriza la erección de un monumento en homenaje a los payadores de Chile en la comuna de Casablanca. (boletín Nº 2690-04)
“Vistos: el Nº 5 del artículo 60 de la Constitución Política de la República.
1.	Que los payadores son una tradición viva de nuestro país que es necesario preservar y mantener a través del tiempo, potenciando su actividad y reconociendo su trascendental aporte a la chilenidad del país.
2.	El payador nace de nuestra tierra, es puramente campesino y huaso chileno.
3.	Que este arte de la oratoria pícara y ladina se ha ido extinguiendo poco a poco, por lo que se hace imprescindible de parte del Gobierno buscar fórmulas para fomentar esta costumbre popular.
4.	Que la ciudad de Casablanca se ha transformado en la capital nacional de la paya, siendo sede de encuentros a nivel nacional, todos con indudable éxito. Debido a ello, han nacido niños y jóvenes cultores de esta tradición en la comuna, lo que da pie a efectuar un incentivo para continuar por esta senda.
5.	Que la erección de este monumento sería un verdadero acicate para todos los payadores del país y, sobre todo, para los recientes exponentes de la paya.
6.	Por todo lo anterior, los diputados patrocinantes venimos a proponer el siguiente proyecto de ley:
Artículo 1.- Autorízase la erección de un monumento en memoria de todos los payadores de Chile, el que será instalado en la comuna de Casablanca: capital nacional de la paya.
Artículo 2.- Las obras se financiarán por erogaciones populares, obtenidas mediante la realización de colectas públicas, las que se efectuarán en las fechas y lugares que determine la comisión especial que se crea para los efectos de este proyecto, como también por medio de donaciones y otros aportes privados y públicos.
Artículo 3.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que se señala en el artículo anterior.
Artículo 4.- Créase una comisión especial de cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a.	Un representante de la I. Municipalidad de Casablanca.
b.	Un diputado del distrito.
c.	Un representante del Ministerio de Obras Públicas.
d.	Un representante de la Agrupación de Payadores de Chile.
e.	Y un representante de la Universidad Católica de Valparaíso.
El diputado será designado por la Cámara de Diputados.
El quórum para sesionar será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5.- La Comisión Especial tendrá las siguientes funciones:
a.	determinar la fecha, la forma y los lugares en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen.
b.	administrar el fondo creado por el artículo tres.
c.	llamar a concursos públicos de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlos.
d.	abrir una cuenta corriente especial para gestionar el fondo.
Artículo 6.- Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados, conservando el espíritu de la tradición folclórica, a la Agrupación Nacional de Payadores, a fin de continuar expandiendo esta disciplina artístico-cultural, netamente chilena”.