Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43558426
Timestamp: 2020-05-25 21:31:56
Document Index: 201333815

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 113', 'artículo 29', 'artículo 115', 'artículo 29', 'artículo 115', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 115']

Sentencia de Constitucionalidad nº 427/94 de Corte Constitucional, 29 de Septiembre de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43558426
Sentencia citada en: 90 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 noticias
Santafé de Bogotá, D.C., septiembre veintinueve (29) mil novecientos noventa y cuatro (1994)
El ciudadano J.E.L., en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, solicita a esta Corporación declarar parcialmente inexequibles los artículos 113 y 115 del Decreto No. 2699 de 1991 "por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación".
"El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5o., del capítulo 1o. de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la Comisión Especial,
- Que la facultad que se le otorga a la Oficina de Veeduría de la Fiscalía General de la Nación, en el artículo 113 del Decreto, "choca contra principios fundantes del Estado Social de Derecho como son la dignidad humana, el principio de legalidad y de seguridad jurídicas, del debido proceso, la presunción de inocencia ínsita en el artículo 29 de la Carta e invierte la carga de la prueba del Estado hacia el funcionario o empleado 'responsable'; además, se califica de 'funcionario o empleado responsable' a quien no ha sido oído ni vencido en juicio así sea disciplinario".
- Que el artículo 115 del Decreto en la parte acusada, "...deja al libre arbitrio del funcionario investigador, DEFINIR qué actos del funcionario o empleado atentan '...contra la moral o las buenas costumbres....' ¿ Quién puede señalar unos parámetros fijos de moralidad? ¿A qué clase de MORAL se refiere esta abstracta e indefinida norma? ¿En qué criterios éticos se basará el funcionario investigador para definir el tipo de moral contra la que no se debe atentar?, ¿Quién puede señalar unos parámetros fijos e inmodificables de 'buenas costumbres'? ¿A qué clase de buenas costumbres se refiere la norma? ¿Queda al libre albedrío y personalísimo criterio del investigador definir cuáles son las 'buenas costumbres'? "
- Que el legislador no puede, "...presumir a priori, per se, que el funcionario o empleado 'es responsable' cuando apenas está en proceso de investigación de la conducta endilgada. Tampoco puede el legislador, otorgar la delicadísima facultad de calificar 'la gravedad de la falta, para, con base en esa personalísima y subjetiva apreciación, disponer la separación del cargo, así sea en forma temporal", pues con ello se viola el artículo 29 de la C.N..
- Que ese poder discrecional otorgado a "funcionarios de mediano y bajo rango que no garantizan una adecuada preparación intelectual y una ponderada ecuanimidad y serenidad para 'calificar' la gravedad de una presunta falta, lo cual afecta el derecho al trabajo. "Además la sola separación del cargo, implica la vulneración del derecho fundamental a la honra y al buen nombre, pues esa suspensión laboral servirá de base para los chismes y consejas sobre la honradez y pulcritud del funcionario cuando aún no ha sido oído ni vencido en juicio".
- Que "el literal b) del artículo 115 en la parte acusada, vulnera los derechos enunciados, al facultar al funcionario investigador para definir los actos 'que supuestamente atentarían contra la moral (¿cuál?) y las buenas costumbres (¿cuáles?)'. Estos conceptos, a su juicio, dependen de la disímil cultura de cada región y de las particulares creencias y confesión religiosa de las personas. Lo que de acuerdo con una particular concepción de la vida puede ser tenido como un 'atentado contra la moral y las buenas costumbres, en otra perspectiva no lo sería violándose derechos fundamentales como los ya enunciados".
- Que el artículo 113 regula una etapa "que corresponde sin duda a una fase preliminar, frente al régimen disciplinario propiamente dicho de competencia de los superiores jerárquicos y nominadores al interior de la Fiscalía General".
- Que la medida que se autoriza en el inciso 2o. del artículo 113, "crea una situación transitoria que instrumentalmente hablando tiene como objeto el proseguir una investigación disciplinaria libre de las injerencias del investigado, así como también tutelar el derecho colectivo de obtener una administración diligente, eficaz y eficiente, al separar del ejercicio del cargo a aquellos servidores que no son garantía en el desempeño de la función pública".
- Que la "razonabilidad de la medida, no justifica sin embargo la característica de la indeterminación de los supuestos en que opera". Pues su "contenido normativo presenta ambivalencia entre el carácter precautelativo que la rotula y la calificación como de 'responsable' al servidor público sujeto de la misma."
- Que "las expresiones 'abuso de los derechos' contenidas en el inciso primero del artículo 115 también acusadas, carecen de concepto de violación, lo que le releva de pronunciarse sobre ellas y a la Corte de decidir sobre su constitucionalidad".
- Que la tipificación de la conducta reprochable disciplinariamente en los términos del artículo impugnado no es nueva; "referencias de esta clase son comunes en los regímenes generales o particulares del derecho disciplinario ('buenas costumbres', 'moral', 'mal comportamiento social', etc.)."
- Que los "tipos abiertos", son comunes en los regímenes disciplinarios, "ante la imposibilidad de contar con un catálogo de conductas donde se subsuman todas aquellas que se alejen de los propósitos de la función pública y por ende que son reprochables". (Corte Suprema de Justicia, sentencias de julio 5 de 1975 y de agosto 12 de 1982).
- Que la probidad a que alude la Corte Suprema de Justicia "en la sentencia que procede, es a no dudarlo la misma que se exige para los servidores de la Fiscalía General de la Nación en su actuar público y privado, confirmando entonces la constitucionalidad de las referencias a la moral y a las buenas costumbres, ingredientes del tipo disciplinario, que hacen parte del régimen de esos servidores que hoy se analiza".
Sin embargo, estima la Corte que, a la luz de la nueva preceptiva constitucional, conviene que la Veeduría antes de tomar las decisiones que se autorizan en este caso, oiga en descargos al servidos público y motive las correspondientes resoluciones disciplinarias.
Sobre este aspecto de la falta disciplinaria, y utilizando criterios diferenciadores con la tipicidad de la conducta criminal, se ha pronunciado la jurisprudencia nacional en distintas oportunidades. La Honorable Corte Suprema de Justicia, S.P., en sentencia de junio 5 de 1975, expresó:
"Las faltas disciplinarias, en cambio, no son diseñadas con el mismo pormenor, (que las acciones delictuosas), y de ordinario se las señala en diversos ordenamientos por vía genérica, que dan margen de apreciación a quien haya de calificarlas, pudiendo éste, para bien de la función pública, decidir en algunas circunstancias si un hecho ofrece aspectos suficientemente reprensibles para justificar o nó un correctivo disciplinario. Este proceder se aleja del principio sobre la legalidad de los delitos. Y las represiones disciplinarias, además de latas e individualizables, según la sana crítica del juzgador, se refieren siempre a la situación del inculpado en calidad de funcionario, de modo que apenas la afectan en relación con el servicio público, o sea con la actividad que atienda (amonestación, anotación en la hoja de vida, multa deducible del sueldo, suspensión, destitución, etc.). O., en fin, que la represión disciplinaria es independiente de la penal, de modo que si el acto de un funcionario es a la vez de naturaleza penal y de carácter disciplinario, el sujeto infractor puede ser sancionado tanto por el delito como por la falta disciplinaria, con cada uno de los correctivos previstos en los mandatos pertinentes". (G.J. Tomos CL II y CLIII números 2393 y 2394 pgs 86 y 87).
"Todos estos aspectos suponen en común que quien decida asumir una función pública, se acoge al régimen estatutario constitucional y legal del funcionario y se somete a sus mandatos, siendo libre de hacerlo o de abstenerse, pero no de sustraerse de ellos una vez adquiera el status de funcionario público. Pues la función pública supone no sólo la tutela implícita a la libertad de trabajo y de escogencia de actividad, de oficio o de profesión, sino también la fundamental y explícita de garantía de imparcialidad, decoro, dignidad, probidad, aptitud, capacidad e idoneidad de los funcionarios que el Estado le debe a sus gobernados. No le basta al funcionario no violar la Constitución y la ley como los demás ciudadanos, sino que a él se le exige además cumplir con los deberes asignados y tener que ceñirse a los mandamientos legales autorizados por la Carta, relativos a su comportamiento en relación con su función, de manera que si no lo hace compromete la investidura que ejerce y queda sometido a la jurisdicción correccional o disciplinaria respectiva." (C.S. de J. Sentencia de agosto 12 de 1982 M.P.D.M.G.C..