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Timestamp: 2017-03-30 11:39:49
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Programa de Impulso a la Construcción Sostenible y Convocatoria de In…
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible y Convocatoria de Incentivos para 2014 y 2015
Bonificaciones y Reducciones a la C...
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by Ayde Hdz
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Publicado en el BOJA el Decreto Ley 1/2014 de 18 de Marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible y se efectúa la Convocatoria de Incentivos para 2014 y 2015.
26 de marzo 2014	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 58 página 1. Disposiciones generales
Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la
Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015.
La recuperación de la economía, la convergencia económica con España y con la Unión Europea y
disminuir la tasa de paro constituyen una prioridad inaplazable para los poderes públicos. Reactivar la economía
andaluza, incidiendo en una reorientación de nuestro modelo productivo hacia estructuras más productivas,
más sostenibles y, sobre todo, con más capacidad para generar empleo es la mejor manera de contribuir a la
superación de estos problemas, mediante el favorecimiento de las inversiones empresariales y la simplificación
El acuerdo suscrito por el Gobierno de Andalucía recoge entre sus compromisos «avanzar hacia una
construcción sostenible basada en la rehabilitación de vivienda y su ecoeficiencia energética, así como a los de
infraestructuras de transporte y de comunicaciones».
Ante la gravedad de la situación actual, el Gobierno de Andalucía, la Confederación de Empresarios de
Andalucía y las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de
Andalucía suscribieron el 20 de marzo de 2013 un Acuerdo para el progreso económico y social de Andalucía
que contempla, entre otras medidas, la necesidad de reforzar nuestros sectores productivos. Los tradicionales,
como la agricultura y la agroindustria, la minería, la industria manufacturera, la industria aeronáutica, el turismo,
el comercio y la construcción, deben seguir siendo pilares sobre los que debe descansar nuestro crecimiento, a
la vez que se impulsan otros sectores generadores de valor añadido y empleo, como las energías renovables, las
TIC, la biotecnología, las industrias culturales y los servicios avanzados a empresas, entre otros.
En términos energéticos, el sector de la edificación representa el principal sector de consumo energético
en la Unión Europea y uno de los principales sectores consumidores de Andalucía (23% del consumo de energía
final). A su vez, se caracteriza por su gran potencial de ahorro energético y uso de las energías renovables,
estimado en un 40%.
En una situación de crisis económica como la actual, con una tasa de desempleo que ronda el 40%,
el encarecimiento del precio de la energía está teniendo una gran incidencia en las economías domésticas y
empresariales. El incremento del precio de la electricidad y del gas está suponiendo, por un lado, que un alto
porcentaje del presupuesto de los hogares tenga que destinarse a sufragar la factura energética, y por otro, una
pérdida de competitividad de las empresas, que en muchos casos se ven avocadas al cierre, con la consiguiente
Otra de las causas de los elevados gastos energéticos de los hogares y las empresas radica, por un
lado, en el inadecuado comportamiento térmico de muchos de los edificios existentes, que se estima en un
50% del parque existente, construidos antes de las normas de obligado cumplimiento en materia energética
y, por tanto, sin criterios referentes al ahorro de energía, y por otro, en la baja eficiencia energética de las
instalaciones y equipamiento utilizados para la generación, distribución y uso de la energía, que se encuentra
muy alejada de las posibilidades de eficiencia y limitación de la demanda energética que ofrece el estado actual
de la tecnología y materiales de construcción usados para el aislamiento de los edificios, el aprovechamiento
de las energías renovables, la iluminación y climatización, el equipamiento del hogar o la gestión, seguimiento y
control energético, entre otros.
Así, en estos edificios más antiguos y peor equipados, se podrían alcanzar ahorros energéticos superiores
al 70% en los hogares o al 50% en los edificios del sector terciario, además de una notable mejora en el confort
de las personas que los usan.
Además, la participación del sector de la construcción en el ámbito de la rehabilitación en España sólo
alcanza el 28% del total del sector, datos que contrastan con el 41% en Europa y el 56% en Alemania. Según el
Ministerio de Fomento, la actividad de la rehabilitación genera el triple de puestos de trabajo, que los generados
por la construcción de nueva planta. Por otra parte, la construcción sostenible basada en la rehabilitación de la
vivienda y su ecoeficiencia energética, requiere también del uso de materiales constructivos que sean sostenibles
desde la óptica ambiental, tanto por las necesidades energéticas en su proceso de fabricación, como por sus
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efectos residuales tras su vida útil, por ello, se deberá promover especialmente el uso de materiales naturales
renovables, tales como el corcho, la madera o la piedra, entre otros.
Se demanda, por tanto, la inmediata puesta en marcha de ayudas que, dinamizando el sector de la
construcción, especialmente afectado por la situación de crisis económica, contribuyan al ahorro y eficiencia
energética de los edificios, con el consiguiente efecto sobre la factura energética de los hogares y las empresas,
y al cumplimiento de los objetivos energéticos de la Unión Europea. Asimismo, se prevé que estas medidas
tengan efectos muy positivos sobre la creación de empleo, a través de los servicios públicos de empleo, tanto en
las empresas que llevan a cabo las obras e instalaciones en los edificios, como de los sectores que suministran
bienes y servicios a dichas empresas, potenciándose especialmente los recursos naturales y sostenibles que
siendo abundantes en nuestra región, impliquen un valor añadido y permitan el relanzamiento de la industria de
materiales, así como de la relativa a las restantes instalaciones y dotaciones de la edificación y de las tecnologías
Con esta finalidad, el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía incluirá la concesión
de incentivos, instrumentos que faciliten el acceso a la financiación a pymes y empresas de economía social,
así como la constitución de un foro de participación para la definición de un nuevo modelo de construcción y
En primer lugar, los incentivos están dirigidos a facilitar la realización de inversiones que favorezcan
el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables
en los edificios de Andalucía, mediante la realización de obras de rehabilitación, reforma, adecuación al uso
e instalaciones eficientes. Con ello, se pretende fomentar la movilización del máximo posible de recursos y la
revitalización del sector, desde un punto de vista sostenible.
En relación con las empresas, los incentivos están dirigidos a fomentar su competitividad y el empleo.
El régimen aplicable a los incentivos que se concedan a las empresas en el marco del Programa de Impulso
a la Construcción Sostenible en Andalucía será el establecido en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de
la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, quedando excluidas en aplicación del mismo las
empresas que operen en los sectores de la pesca y la acuicultura y las empresas dedicadas a la producción
primaria de productos agrícolas.
Asimismo, con el objeto de facilitar la realización de inversiones energéticamente sostenibles en el parque
público de viviendas de la Junta de Andalucía y en infraestructuras de la Comunidad Autónoma, y reducir el
gasto público, se prevé la condición de beneficiarios para la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y
la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en atención a sus respectivos objetos y fines estatutarios.
Por otra parte, en relación con los organismos y entidades públicas que tengan la consideración de poder
adjudicador conforme a la legislación de contratos del sector público, incluyéndose a las entidades locales, se
prevé que continúen accediendo a la financiación de sus proyectos conforme a la Orden de 4 de febrero de
2009, modificada por la Orden de 7 de diciembre de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de
un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria
para los años 2009-2014, si bien se incrementa, a través del presente decreto-ley, el porcentaje máximo de
incentivo para las actuaciones incentivables a través de la Orden citada.
En el mismo sentido, los beneficios de este Programa deben extenderse bajo el principio de cohesión
territorial conforme al objetivo básico previsto en nuestro Estatuto de Autonomía.
En segundo lugar, dado que el acceso a la financiación por parte de las empresas, incluidas las de
economía social, para impulsar su actividad sigue siendo insuficiente en nuestro país, se pretende paliar esta
deficiencia mediante la articulación en el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía de un
instrumento de acceso a la financiación a través de la iniciativa JEREMIE, prevista en el Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Andalucía, que facilite la concesión de préstamos a las pymes
y a las empresas de economía social con el fin de impulsar el desarrollo empresarial asociado a este sector. El
programa financiará tanto inversiones como circulantes, siempre y cuando la financiación esté vinculada a un
proyecto de expansión de la empresa.
Con esta posibilidad, además, se facilita la transición de una cultura de subvención a otra de incentivo en
las políticas propias de desarrollo empresarial, fomentando la solvencia, calidad del proyecto y la responsabilidad
Por último, la constitución de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible pretende ser un
espacio de participación especializado para definir un modelo de construcción y rehabilitación sostenible, que
permita la generación de empleo y el desarrollo sólido de las empresas andaluzas de este sector, incluidas las
de economía social, tanto en Andalucía como en los nuevos mercados y oportunidades que se generen fuera
de Andalucía, en un escenario temporal a medio plazo, hasta el año 2020. Así se avanzó en la presentación de
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la propuesta de la presente iniciativa el pasado 21 de febrero ante representantes y expertos del sector de la
construcción sostenibles que formarán parte de la Mesa constituida a través del presente decreto-ley.
Todo ello, en relación con los artículos 10.3.8.º, 45.1, 47, 49.1.b), 49.2.a), 56 y 58.2 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y
en los términos de lo dispuesto en los artículos 148.1.3.º, 148.1.13.º, 149.1.13.º, 149.1.18.º y 149.1.25.º de la
La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, refundida
posteriormente en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010,
relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, a las que pueden añadirse la Estrategia
Temática para el Medio Ambiente Urbano y el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible, marcan
la estrategia a largo plazo que deben seguir los Estados miembros de cara a la consecución de los objetivos
energéticos de la Unión Europea, alineados con la estrategia energética de nuestra Comunidad Autónoma,
desarrollada a través de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía, instrumento pionero en este ámbito.
Precisamente la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, tras reconocer que los edificios
representan el 40% del consumo de energía final de la Unión Europea, obliga a que los Estados miembros
establezcan, también, una estrategia a largo plazo, hasta el año 2020 –para minorar el nivel de emisiones de
CO2– y hasta el año 2050 –con el compromiso de reducir el nivel de emisiones un 80-95% en relación a los
niveles de 1990–, destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios residenciales y comerciales,
para mejorar el rendimiento energético del conjunto del parque inmobiliario. A través de esta estrategia de
renovaciones exhaustivas y rentables que reduzcan el consumo de energía de los edificios, en porcentajes
significativos con respecto a los niveles anteriores a la renovación, se crearán además oportunidades de
crecimiento y de empleo en el sector de la construcción.
Esta actividad, globalmente entendida, no sólo es susceptible de atender a los objetivos de eficiencia
energética y de recuperación económica ya expresados, sino también de contribuir activamente a la sostenibilidad
ambiental, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en los edificios y en los
El Reglamento (CE) núm. 397/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, que
modifica el Reglamento (CE) núm. 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, establece la
subvencionabilidad de las inversiones en eficiencia energética y energías renovables en las viviendas existentes
definidas por los Estados miembros, con el fin de apoyar la cohesión social.
En el contexto de crisis económica actual, la cohesión social implica la igualdad de oportunidades para
que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de
ningún tipo y atendiendo a la diversidad. A través de las medidas reguladas en la presente norma, se promoverá
la igualdad de oportunidades de la ciudadanía y las empresas. Gracias a ello, se contribuirá a que cualquier
persona o empresa, sin ningún tipo de distinción, pueda realizar inversiones energéticamente sostenibles en
edificios, dinamizando la actividad económica y reduciendo su factura energética, con la consiguiente generación
de empleo y de bienestar social en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
Por otro lado, el Reglamento (UE) núm. 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas
al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1080/2006,
establece como una de las prioridades de inversión en el nuevo marco comunitario el apoyo de la eficiencia
energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las viviendas.
El Gobierno Andaluz ha situado la recuperación económica como el eje vertebrador de todas las políticas
públicas, encontrándose plenamente convencido de que una de las mayores rémoras para dicha recuperación
es que no exista una completa seguridad jurídica, fuente de inseguridad económica y de retraimiento de la
inversión. Por tanto, para que la inversión privada y pública se desenvuelva con la mayor prontitud y con su
completa potencialidad, se hace necesario contar con una mayor seguridad jurídica en el desarrollo de las
mencionadas políticas públicas. De ahí que resulte indispensable la puesta en marcha de forma inmediata de
medidas que dinamicen la actividad económica y la realización de inversiones.
La construcción es uno de los sectores que, en términos económicos y de empleo, más trascendencia
tiene en nuestra Comunidad Autónoma. Así, la construcción representa en Andalucía el 8,5% del Valor Añadido
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Bruto (VAB) y el 5,5% del empleo de nuestra comunidad y, lo que es más importante, padece en estos momentos
de una tasa de paro asociado de más del 40%.
En el marco de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, es necesario
poner en marcha medidas que diferencien y desvinculen al sector de la construcción del ámbito especulativo
al que se le ha unido en la actual crisis económica. La rehabilitación de edificios en Andalucía necesita, en
estos momentos, el impulso de la sostenibilidad aplicada al sector como motor de reactivación económica y
de generación de empleo que, a la vez que sea compatible y respetuosa con el medioambiente, incida en el
reforzamiento de la cohesión social en Andalucía.
Por otro lado, en términos ambientales, un modelo de construcción sostenible representaría la posibilidad
de evitar procesos especulativos, con inversiones que no conllevan compromisos con la gestión de los bienes en los
que se invierte, limitándose a la búsqueda del beneficio financiero de tan solo una de las partes involucradas.
Andalucía debe abanderar una clara oportunidad de especialización en el marco de las políticas
europeas y de desarrollo de actuaciones ligadas a nuevas soluciones constructivas no convencionales y
materiales. Oportunidad y actuaciones que permitan reducir el consumo energético de los edificios, así como
la incorporación de equipos e instalaciones de reducido consumo energético y alta eficiencia energética, y el
desarrollo de herramientas asociadas a servicios innovadores en la implantación de estas mejoras.
Se trata, por tanto, de impulsar un modelo de construcción que conjugue los intereses comunes del uso
eficiente de la energía, la necesaria protección ambiental, el desarrollo urbanístico equilibrado, etc., así como
la participación de todas las partes involucradas en los proyectos: ciudadanía, empresas y entidades del sector
energético, de la construcción, de las TIC y financiero.
Por ello, es urgente y necesario que desde los poderes públicos se adopten todas las medidas necesarias
para reactivar un sector con tanto potencial para disminuir la alta tasa de paro y afrontar la adversa coyuntura
En este contexto, resulta apremiante abrir el proceso de elaboración de un nuevo modelo productivo
para el sector de la construcción y la rehabilitación, asociando a un mayor número de personas y organizaciones
en su formulación y aplicación, lo que se traducirá en una mayor transparencia y en una mayor responsabilidad
de todos los participantes, profesionales, sociedad civil y empresas ligadas a la construcción, que deberán ser
vectores fundamentales para el cambio de modelo, donde la rehabilitación juegue un papel relevante.
Esta es la finalidad de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible, que se constituye y regula
a través del presente decreto-ley como un espacio de participación especializado con el objetivo de definir un
Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía que permita
la generación de empleo y el desarrollo sólido de las empresas andaluzas de este sector.
Este Plan, además, contribuirá a mejorar la eficiencia energética del parque de edificios en Andalucía, a
reducir el consumo energético en este ámbito, a aumentar nuestra tasa de autosuficiencia energética y a reducir
el impacto ambiental, en línea con los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea.
Se deberá prestar especial atención al desarrollo de medidas innovadoras de construcción sostenible en
barrios y distritos y, en general, respecto de aquellos colectivos vulnerables en los que la repercusión del gasto
energético con medidas de construcción sostenible pueda tener un mayor impacto, convirtiéndolos en sujetos
activos en la consecución de los objetivos de ahorro energético marcados por la Unión Europea. Se trata por
tanto de encontrar soluciones adecuadas para cada perfil, haciendo extensivo los beneficios de la construcción
sostenible a todo el conjunto de la sociedad. Los referidos colectivos tendrán presencia efectiva en la Mesa de la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía.
Se describe de esta forma un modelo de gobernanza que pasa por un mayor grado de participación y
apertura a los agentes e instituciones relacionados con la construcción sostenible y que serán responsables de
la definición de mejores políticas, mejores normativas y mejores resultados, desde la corresponsabilidad.
Las circunstancias del momento actual, condicionadas por la pérdida de empleo y tejido empresarial
durante la crisis económica, hacen que cobren singular relevancia los esfuerzos de simplificación administrativa
y de mejora de la regulación dirigidos a generar confianza en aquellos agentes económicos que tienen iniciativas
para acometer inversiones que favorezcan el impulso de la recuperación económica, propiciando la creación
de riqueza y empleo en el territorio andaluz. En este sentido, este decreto-ley contempla una serie de medidas
que podrían agruparse en dos bloques. Por una parte, las dirigidas a facilitar la adhesión como empresas
colaboradoras en la tramitación de los incentivos de todos aquellos profesionales y empresas proveedoras
de bienes y prestadoras de servicios ligadas a la construcción sostenible, a través de un procedimiento muy
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simplificado y telemático de adhesión, y por otra, se contempla, asimismo, un procedimiento simplificado de
concesión de incentivos con una tramitación íntegramente telemática y un plazo máximo de resolución de un
mes, basado en la reducción de cargas documentales.
El procedimiento simplificado de concesión de incentivos está dirigido a facilitar a la ciudadanía y a
las empresas la solicitud y tramitación de los mismos, para que puedan percibirlo de forma ágil y rápida. A tal
fin, en el artículo 9 del decreto-ley se prevén dos modalidades de tramitación, en función de la cuantía de la
inversión incentivable:
En primer lugar, una tramitación muy simplificada para aquellas solicitudes de actuaciones incentivables
de importe inferior a 18.000 euros, IVA excluido, en la que la solicitud y tramitación de los incentivos se realiza
por las empresas colaboradoras adheridas, en representación de las personas y entidades beneficiarias, una
vez ejecutada la actuación incentivable. Las empresas colaboradoras anticipan a las personas y entidades
beneficiarias el importe del incentivo, previa cesión del derecho para su cobro por parte de éstas, mediante una
reducción equivalente a dicho importe en el total de la factura que expiden a los beneficiarios.
En segundo lugar, una tramitación también simplificada, para aquellas solicitudes de actuaciones
incentivables de importe igual o superior a 18.000 euros, IVA excluido, que en atención a la mayor cuantía de las
inversiones, incluye determinadas peculiaridades. Al tratarse de inversiones de cuantía más elevada, que pueden
requerir de plazos de ejecución y justificación más amplios, en esta modalidad de tramitación se ha previsto
una tramitación adaptada a los plazos de ejecución y justificación que requieren este tipo de inversiones. A título
de ejemplo, en este tipo de actuaciones, los plazos de ejecución y justificación se establecerán en la resolución
de concesión, y se contempla la posibilidad de realizar un pago parcial del incentivo, previa acreditación de la
ejecución de, al menos, el 50% de la actuación, con el fin de agilizar la percepción por parte de la persona o
entidad beneficiaria de dicho incentivo.
Por último, con objeto de agilizar la ejecución de las actuaciones acogidas al Programa de Impulso a la
Construcción Sostenible en Andalucía, se ha determinado que dichas actuaciones son inocuas cuando se realicen
en suelo urbano y urbanizable ordenado o sectorizado y no afectan de forma apreciable a los espacios que
componen la Red Ecológica Europea Natura 2000. De esta manera, se evita la necesidad de aportar un nuevo
documento por parte de las personas o entidades solicitantes de los incentivos en los referidos supuestos.
Estas medidas pretenden dinamizar la actividad empresarial y la generación del empleo vinculado a
las inversiones realizadas por las personas y entidades beneficiarias de los incentivos a través de las empresas
La doctrina del Tribunal Constitucional ha venido afirmando que la figura del decreto-ley constituye un
instrumento constitucionalmente lícito para afrontar situaciones excepcionales de la coyuntura económica. La
simplificación y agilización de los procedimientos administrativos en relación con la actividad empresarial se
encuentra dentro de las medidas que el citado Tribunal legitima para el uso de la referida figura.
A los efectos de la explicación de por qué han de adoptarse las medidas previstas en esta norma bajo
la forma legislativa de decreto-ley, además de todo lo hasta aquí expuesto, ha de justificarse la extraordinaria
y urgente necesidad, en el dato general de la rehabilitación energética de los edificios que es, con su cuota
de mercado del 43%, el principal actor del sector de la construcción europeo. Además, es un segmento poco
propenso a fluctuar. De ahí que a menudo se hable de su papel anticíclico, ya que su estabilidad, combinada
con su gran volumen de mercado, tiene un efecto balsámico sobre el balance general del sector construcción.
Hace más llevaderas las crisis, pero para que opere como revulsivo del crecimiento es indispensable su incentivo
desde el poder público. Así, en un contexto de deterioro de la renta disponible, es obvio que sin incentivos
públicos inmediatos la inversión en mejoras de las edificaciones tiende a perder prioridad.
La eficiencia en términos de reactivación del sector pasa porque la construcción sea sostenible desde
el punto de vista energético, por cuanto es la que tiene un potencial más notorio. Su objetivo no es otro que el
de reducir el consumo de energía del edificio. Además de tener un atractivo claro para el usuario, enlaza con
los compromisos de la Unión Europea para ir corrigiendo las carencias de un stock de construcciones que es
responsable de una parte muy sustancial del consumo de energía del continente. Por tanto, es ahora, de manera
inmediata, que una construcción sostenible eficaz requiere una inversión inicial significativa.
En estas circunstancias, el mercado de la rehabilitación energética no podrá erigirse en catalizador
del crecimiento económico del sector de la construcción si inmediatamente no se le incentiva desde el sector
público, desde la Junta de Andalucía.
Para la correcta ejecución del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía se ha
previsto un reforzamiento de las medidas de control de las empresas colaboradoras y de las personas y entidades
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beneficiarias. En el caso de las empresas colaboradoras, se prevé la pérdida de la condición de empresa
colaboradora de aquéllas que incumplan las obligaciones específicas derivadas de su adhesión al Programa,
incrementen artificialmente los precios de mercado, así como cualesquiera otras circunstancias relacionadas
con el cumplimiento de la legislación fiscal, laboral y de la Seguridad Social, o aquellas normas que regulan las
producción de bienes o la prestación de servicios que les sean de aplicación; todo ello, a fin de evitar prácticas
irregulares o especulativas que perjudican tanto los derechos de los trabajadores y de los consumidores como la
competencia empresarial. A tal fin, las empresas colaboradoras, por su actividad, se incluirán preceptivamente
dentro de los planes de inspección de la Agencia Tributaria de Andalucía. Asimismo, la Agencia Andaluza de la
Energía mantendrá una comunicación constante con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
a fin de prevenir, perseguir y sancionar, en su caso, por parte de esta última Agencia, la actuación de las
empresas colaboradoras y cualesquiera otros agentes intervinientes que, como consecuencia de la ejecución del
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, alteren el precio de los bienes y servicios que
se incentivan gracias a este Programa, o lleven a cabo conductas colusorias o cualquier otro tipo de conducta
prohibida en la normativa de defensa de la competencia.
Igualmente se incrementarán las medidas de control respecto de las personas y entidades beneficiarias,
con objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden, así como el resto de condiciones
previstas en el decreto-ley, para lo cual, durante el desarrollo del Programa, se instrumentarán los mecanismos
de colaboración que sean necesarios con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y todas aquellas Administraciones Públicas y organismos de control competentes.
En definitiva, para que el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía pueda cumplir
con sus objetivos, es vital contar con la total implicación del sector empresarial y del conjunto de la ciudadanía en
la lucha contra el fraude y la especulación, redoblando esfuerzos en un ejercicio conjunto de corresponsabilidad
social que permita conseguir un modelo económico sostenible que genere empleo y bienestar social.
La adopción de las medidas contempladas en el presente decreto-ley cumple las condiciones de
extraordinaria y urgente necesidad que se exigen en el empleo de esta figura, atendiéndose los requisitos que
prevé el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, pues tiene como objetivo, dinamizar un sector
especialmente afectado por la situación de crisis económica, fomentando el ahorro y eficiencia energética de los
edificios, con el consiguiente efecto sobre el empleo y la factura energética de los hogares y las empresas, en
los términos señalados en los expositivos anteriores.
Por todo ello, resulta necesario implementar con la suficiente celeridad estas medidas extraordinarias
adoptadas para permitir la reactivación en nuestro tejido empresarial de las industrias asociadas a la rehabilitación
de edificios y al ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, incorporando al presente decreto-ley
las actuaciones consideradas estratégicas para hacer frente de modo inaplazable a las necesidades económicas
y sociales existentes.
A la vista de todos estos antecedentes, resulta acreditada la urgencia para los poderes públicos de
acometer de modo inaplazable medidas positivas que permitan tanto la recapitalización de las empresas
industriales como todas aquellas modificaciones en el actual marco normativo que permitan que las empresas
andaluzas puedan crecer y generar empleo.
En su virtud, en uso de la autorización atribuida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de marzo de 2014,
1. El presente decreto-ley tiene por objeto la regulación del Programa de Impulso a la Construcción
Sostenible en Andalucía destinado a facilitar la realización de inversiones de ahorro y eficiencia energética
y energías renovables en los edificios ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su
convocatoria para los años 2014 y 2015.
2. El Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía está integrado por las siguientes
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a) Incentivos dirigidos a promover actuaciones que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la
eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en edificios ubicados en Andalucía, a
través de la realización de obras de rehabilitación, reforma, adecuación al uso e instalaciones eficientes.
b) Instrumentos para facilitar el acceso a la financiación de las pymes ligadas a un modelo de
construcción sostenible, incluidas las empresas de economía social, poniendo a su disposición instrumentos
financieros flexibles y adaptados a sus necesidades.
c) Constitución de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, como un
espacio de participación especializado en construcción sostenible que defina e impulse un Plan Integral para la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía en el periodo 2014-2020.
Ayudas para la realización de inversiones de ahorro y eficiencia energética
y energías renovables en edificios
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera,
así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.
k) El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la
l) La Orden de 25 de febrero de 2002, por la que se crea y regula la base de datos de subvenciones y
ayudas públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Con carácter específico, los incentivos regulados en el presente decreto-ley se regirán por las
a) Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo
b) Reglamento (CE) núm. 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006
c) Reglamento (CE) núm. 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan
normas de desarrollo para el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen disposiciones
y el Reglamento (CE) núm. 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
d) Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DO L
352 de 24.12.2013 pág.1).
e) Orden de 23 de julio de 2008, modificada por la Orden de 6 de septiembre de 2013, por la que se
establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.
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f) Instrucción 1/2013, de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, por la que se
g) Criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento para la aplicación del
Programa Operativo FEDER de Andalucía.
A efectos del presente decreto-ley, serán tenidas en cuenta las definiciones establecidas en la normativa
comunitaria y nacional de desarrollo o transposición de la misma, y en particular, las siguientes:
1. Edificio: Todo bien inmueble, con independencia de su uso, fijo e inseparable del suelo cerrado
perimetralmente y cubierto que comprenda una o más viviendas, locales o espacios desarrollados vertical u
horizontalmente en los que se realicen actividades habituales o permanentes, que constituyen una sola propiedad
o que se rigen como una comunidad de propietarios independientes, aunque pertenezcan con otros edificios a
un mismo conjunto inmobiliario. Asimismo, se incluyen los espacios y elementos de urbanización exteriores
adscritos al mismo, así como las instalaciones y equipamiento de los mismos.
2. Coste incentivable: Importe de la inversión o gasto necesario para el cumplimiento de la finalidad del
incentivo, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto-ley.
3. Medidas de eficiencia energética: Aquéllas que contribuyen a aumentar la capacidad de un edificio
para realizar su función con menor consumo de energía y aprovechamiento eficiente de energías renovables.
4. Medidas de alta eficiencia energética: Aquéllas que contribuyen a aumentar la capacidad de un edificio
para realizar su función con el menor consumo de energía posible y aprovechamiento eficiente de energías
renovables, y que son detalladas como tales en los Anexos I y II del presente decreto-ley.
5. Integración arquitectónica de instalaciones de energías renovables: Aquélla disposición de los equipos
de captación o elementos para el almacenamiento del combustible, en el caso de instalaciones de biomasa,
en la que cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos
convencionales. La integración arquitectónica abarca al sistema de acumulación energética, incluyendo su
disposición en el interior del edificio.
6. Gestor energético: Titulado técnico competente que realiza el Informe de Evaluación del Edificio, en
los casos en que sea preceptivo, estudia y proyecta las medidas de eficiencia energética objeto de incentivación
a través del presente decreto-ley, participa en la dirección de la obra, suscribe el correspondiente certificado final
de obra y en su caso diseña el Plan de Gestión de la Energía del edificio, así como aquellas otras establecidas
en el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías
Renovables y la Eficiencia Energética en Andalucía, en caso de que sea de aplicación.
7. Informe de Evaluación del Edificio: Informe a que se refiere el artículo 4 de la Ley 8/2013, de 26 de
8. Plan de Gestión de la Energía: Conjunto de acciones técnicas y organizativas encaminadas a conocer
la estructura de los consumos energéticos de un edificio, de su eficiencia energética y el mantenimiento en el
tiempo de ésta, así como las posibilidades de ahorro.
9. Proyecto: Conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias
técnicas de las obras o actuaciones objeto de los incentivos.
10. Obra o actuación mayor: Las comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, así como otras que, por la normativa de aplicación, requieren
la redacción de proyecto.
11. Empresas ligadas al sector de la construcción sostenible: Aquéllas que llevan a cabo obras e
instalaciones en edificios relacionadas con el ahorro, la eficiencia energética y el aprovechamiento de energías
renovables, así como sus proveedoras.
12. Reserva previa de fondos: Trámite previo a la solicitud de incentivo que se realiza por parte de
las empresas que tengan la condición de colaboradoras conforme a lo establecido en el presente decreto-ley,
con antelación a la ejecución de la actuación incentivable, concretamente en el momento en que la persona
o entidad beneficiaria formaliza el encargo de dicha actuación, con objeto de que los fondos destinados a
incentivar las actuaciones estén disponibles cuando se finalice la ejecución de la actuación y se presente la
solicitud de incentivo. La reserva de los fondos está condicionada a la presentación de la solicitud de incentivo
y se mantendrá vigente durante el plazo que se establece en el presente decreto-ley. El incumplimiento de la
citada condición, determina el vencimiento automático de la reserva efectuada.
13. Incentivo: Ayuda consistente en sufragar una parte de las actuaciones incentivables previstas en el
presente decreto-ley que cumpla con los requisitos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Podrán solicitar los incentivos previstos en el presente decreto-ley las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Quedan excluidos los organismos o entidades públicas que tengan la consideración de poder adjudicador
conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional novena.
2. No se podrá obtener la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de
1. Los incentivos se destinarán a actuaciones en edificios ubicados en la Comunidad Autónoma de
Andalucía que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de
las energías renovables, y que cumplan con las condiciones establecidas en el presente decreto-ley. Estas
actuaciones deben encuadrarse en alguna de las siguientes:
2. Las actuaciones objeto de los incentivos, así como su finalidad y requisitos, se establecen en los
Anexos I y II del presente decreto-ley.
3. Para que las actuaciones incluidas en los Anexos I y II sean incentivables al amparo del presente
decreto-ley, deberán ser ejecutadas y justificadas en la forma y plazos establecidos en los artículos 9 y 20, y en
cualquier caso, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto-ley y antes del 30 de junio de 2015.
Los plazos que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión deberán ajustarse a la citada
fecha máxima.
1. Los incentivos se ajustarán a los porcentajes previstos en los Anexos I y II para cada tipo de actuación
incentivable.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.i) los incentivos concedidos a las empresas no
podrán superar los 200.000 euros por empresa durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. En el
caso de empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, los
incentivos concedidos no excederán de 100.000 euros, sin que los mismos se puedan utilizar para la adquisición
de vehículos de transporte de mercancías por carretera.
Para el resto de personas y entidades beneficiarias, los incentivos no superarán los 200.000 euros por
beneficiario, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional novena.
2. El importe de los incentivos en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en
concurrencia con incentivos o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, supere el coste de la actuación incentivada.
3. Se consideran costes incentivables aquellos que, conforme a las características de la actuación
incentivada, sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad de las actuaciones del Anexo I y II, y en
b) Adecuación de los elementos de las edificaciones afectadas por la realización de las medidas objeto
de los incentivos, inclusive en su caso, la restitución de la realidad alterada por la adecuación a la situación
e) Equipos para la medición, seguimiento, control y gestión de las instalaciones y actuaciones
incentivables, incluidos los elementos que permiten difundir los resultados energéticos y medioambientales
ligados a las actuaciones realizadas.
4. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado en la forma y plazos establecidos
en el presente decreto-ley.
5. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos incentivables podrá ser superior al valor de
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7. En ningún caso serán incentivables aquellos costes correspondientes a actuaciones que hayan sido
iniciadas, realizadas, facturadas, así como aquéllas para las que se hayan presentado las comunicaciones
previas o solicitudes de las correspondientes licencias urbanísticas con anterioridad a la entrada en vigor del
8. Los tributos son gastos incentivables cuando la persona o entidad beneficiaria del incentivo los
abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos incentivables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
9. Cuando el importe del gasto incentivable supere las cuantías establecidas en el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, en los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley
1. Los incentivos regulados en la presente disposición se financian en un 80% a través del Fondo Europeo
La referida financiación estará sujeta a las disposiciones del Título V del Reglamento (CE) núm.
1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.
2. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, de
acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
La Agencia Andaluza de la Energía establecerá las medidas necesarias para informar a la Intervención
General de la Junta de Andalucía acerca del cumplimiento de los importes globales previstos en su programa
de actuación, inversión y financiación y en su presupuesto de explotación y capital, a los efectos previstos en el
artículo 58.5 del referido Texto Refundido.
En orden al cumplimiento de la normativa reguladora de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, el órgano concedente de los incentivos previsto en el artículo 17, con cumplimiento de
la normativa reguladora de las subvenciones, podrá dejar sin efecto la convocatoria de aquellos incentivos que
no hayan sido objeto de resolución de concesión conforme a la distribución provincial prevista en el apartado 4.
3. Los incentivos se concederán con cargo a los créditos presupuestarios del artículo 74 del Programa
73A «Planificación, desarrollo energético y fomento de la minería» del Servicio 17 (Fondos FEDER) hasta un
máximo de 150 millones de euros.
4. Con el fin de facilitar la consecución del principio de cohesión territorial, la distribución de los incentivos
se realizará conforme al peso poblacional de cada una de las provincias de Andalucía, conforme a los siguientes
importes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional quinta.
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5. En el caso de eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, la persona titular del órgano
concedente conforme a lo dispuesto en el artículo 17, podrá proceder a la resolución complementaria de la
concesión de los incentivos, que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido
6. El régimen de control de los incentivos se realizará mediante control financiero permanente conforme
a lo dispuesto en el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, y en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2007, y mediante control financiero previo
en los supuestos y en la forma previstos en la Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, sobre la implantación del procedimiento previsto en el párrafo segundo del
artículo 85.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las entidades
sometidas a control financiero permanente.
El procedimiento de concesión de incentivos se iniciará a solicitud de la persona o entidad interesada,
y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva por orden cronológico de entrada en el
Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, en atención a la mera concurrencia de
una determinada situación en la persona o entidad perceptora, sin que sea necesario establecer la comparación
de solicitudes ni otra prelación entre las mismas, de conformidad con lo previsto en el artículo 120.1 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
1. Las solicitudes de incentivos correspondientes a inversiones incentivables de importe inferior a 18.000
euros, IVA excluido, se tramitarán por un procedimiento simplificado con las siguientes características:
a) Intervención como empresas colaboradoras de aquellas empresas proveedoras de los bienes y/o
servicios objeto de las actuaciones incentivables que soliciten ante el órgano concedente colaborar en la gestión
y tramitación de los incentivos.
Las empresas solicitantes deberán indicar la tipología o tipologías de actuación del artículo 5 para la
que solicitan su adhesión. No obstante, podrán solicitar, asimismo, su adhesión aquellas empresas que realicen
exclusivamente los proyectos, dirección facultativa y gestión energética previstos en la letra f) del artículo 6.3,
los cuales deberán ser objeto de una solicitud de incentivo independiente al de las obras a las que se refieran,
en el caso de las actuaciones recogidas en el Anexo I.
Las empresas colaboradoras tendrán la consideración de entidad colaboradora a los efectos previstos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para los reintegros, pérdidas del derecho al cobro, y la exigencia de
b) El suministro del bien, la prestación del servicio y/o ejecución de la actuación incentivable deberá
realizarse necesariamente por las empresas colaboradoras previamente autorizadas por la Agencia Andaluza de
la Energía conforme a lo establecido en el artículo 11.
c) La empresa colaboradora expedirá factura por la realización de la actuación incentivable o, en su
caso, el documento sustitutivo de la misma según lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.
La aplicación informática de tramitación de los incentivos generará automáticamente un modelo factura
con los requisitos mínimos exigidos por la normativa de aplicación y en el presente decreto-ley. Asimismo, la
referida aplicación generará un modelo de anexo a la factura que incluirá las características técnicas de la
actuación incentivable señaladas en la solicitud de incentivo. La factura y el anexo técnico que expida la empresa
colaboradora deberán ajustarse al contenido mínimo de dichos modelos.
d) La representación de los solicitantes de los incentivos se articulará a través de las empresas
colaboradoras mediante el formulario establecido en el Anexo III. En dicho formulario se incluye información
sobre las obligaciones que corresponden a la persona o entidad beneficiaria y a la empresa colaboradora, sobre
el registro de empresas colaboradoras existentes, y el alcance de la representación.
e) Las actuaciones incentivables se ejecutarán previamente a la solicitud de incentivo y con posterioridad
a la reserva previa de fondos, por lo que la documentación justificativa de la ejecución y pago de las referidas
actuaciones deberá aportarse junto con la solicitud del incentivo como requisito para la tramitación y resolución
de la misma. Cada solicitud de incentivo sólo podrá acompañarse de una única factura que deberá comprender
el gasto total correspondiente a la actuación incentivable.
f) El pago del incentivo se hará por cesión del derecho de cobro a la empresa colaboradora a través del
formulario de representación establecido en el Anexo III.
La empresa colaboradora solicitará, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.1.1, una reserva previa de
fondos públicos suficientes para la concesión de los incentivos que tramite en representación de los solicitantes
en el momento en que éstos formalicen el encargo de la actuación incentivable, y antes de la solicitud del
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incentivo. El importe de dicha reserva estará condicionado a las disponibilidades presupuestarias existentes en
cada momento. En estos casos, confirmada la misma, se generará, en su caso, la obligación económica a que
se refiere el artículo 26.1 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
La empresa colaboradora anticipará el incentivo a la persona o entidad beneficiaria aplicando una
reducción en el importe total de la factura por una cuantía equivalente al importe del incentivo cedido por la
misma, sin que en estos casos la empresa colaboradora pueda exigir a la persona o entidad beneficiaria el
abono del importe correspondiente al incentivo cuyo cobro ha sido cedido a la misma.
g) El abono del incentivo cedido a la empresa colaboradora se realizará mediante un único pago por el
importe total de dicho incentivo, previa aportación de la factura que comprenda el gasto total correspondiente a
la actuación incentivable.
h) La tramitación del incentivo se realizará de forma telemática mediante firma electrónica de la empresa
colaboradora que tenga conferida la representación de la persona o entidad beneficiaria.
i) Los incentivos concedidos a las empresas dentro de este procedimiento deberán cumplir las
condiciones establecidas en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
2. Las solicitudes de incentivos correspondientes a inversiones incentivables de importe igual o superior
a 18.000 euros, IVA excluido, se presentarán, en todo caso, antes del inicio de la actuación incentivable. Las
facturas, comunicaciones previas o solicitudes de las correspondientes licencias urbanísticas anteriores a la
fecha de presentación de las correspondientes solicitudes de incentivo no serán incentivables en los términos
previstos en el artículo 6 del presente decreto-ley.
Las solicitudes de incentivo por los referidos importes se tramitarán igualmente por el procedimiento
simplificado previsto en el apartado anterior, con las siguientes particularidades:
a) La resolución de concesión del incentivo establecerá los plazos máximos de ejecución y justificación
de la actuación incentivada.
c) Se admitirá la realización de un pago parcial, previa aportación de la factura acreditativa de la
ejecución de, al menos, el 50% de la actuación incentivada. El pago final se realizará previa presentación de la
factura correspondiente al importe restante.
1. La tramitación de las solicitudes previstas en el presente decreto-ley se realizará utilizando sólo
medios electrónicos, resultando acreditada dicha obligatoriedad conforme al artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, ya que la solicitud de incentivo será presentada por las empresas colaboradoras en representación
de las personas o entidades beneficiarias, que por razón de su capacidad técnica tienen garantizado el acceso
y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Por ello, se prevé la presentación exclusivamente en el
Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección
electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo.
2. Para la presentación de las solicitudes acogidas al presente decreto-ley, las empresas colaboradoras
deberán disponer de certificados electrónicos reconocidos expedidos por cualquiera de los prestadores de
servicios de certificación cuyos certificados reconoce la Administración de la Junta de Andalucía. En el caso de
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica los certificados electrónicos serán los correspondientes
a dicha entidad. Igualmente, se podrán utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento
Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 13 y 14 de la citada Ley 11/2007,
1. Podrán intervenir como empresas colaboradoras en el Programa de Impulso a la Construcción
Sostenible en Andalucía aquellas empresas que soliciten su adhesión en alguna de las tipologías de actuaciones
incentivables de este decreto-ley, y estén constituidas como tales para el suministro del bien, prestación del
servicio y/o ejecución de la actuación incentivable.
2. Las solicitudes de adhesión se ajustarán al formulario previsto en el Anexo IV que estará disponible
en la web de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, e irán dirigidas a la persona titular de la
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía.
3. Una vez comprobado por parte de la Agencia Andaluza de la Energía que la empresa solicitante haya
cumplimentado correctamente todos los extremos requeridos en la solicitud, le asignará un código identificativo
y la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía la inscribirá en el registro
de empresas colaboradoras en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde la presentación de la
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solicitud. El vencimiento de dicho plazo máximo sin que se haya inscrito a la empresa colaboradora en el citado
registro, legitima a la empresa solicitante para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de
4. La inscripción en el registro de empresas colaboradoras se publicará en la web de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en los términos del artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. En todo caso, esta publicación sustituye a la
notificación personal y surtirá los mismos efectos. En dicho registro se incluirá la fecha de inscripción, la razón
social de la empresa colaboradora, el domicilio social, el teléfono, la/s tipología/s a la/s que está adherida,
código identificativo de empresa colaboradora y, en su caso, el nombre comercial, fax, dirección de correo
electrónico y página web. El citado registro será de acceso público.
La inscripción en el citado registro implica la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para
que los referidos datos de la empresa colaboradora sean utilizados en aquellas medidas dirigidas a informar a
las personas o entidades beneficiarias y a las empresas colaboradoras sobre las condiciones del Programa de
Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, y en particular, las referidas a informar sobre las actuaciones
incentivables, porcentajes de los incentivos, procedimiento de tramitación, localización de las empresas
colaboradoras y resultados estadísticos de las actuaciones incentivadas y las ejecutadas por las citadas empresas
5. La empresa solicitante no estará autorizada a actuar como empresa colaboradora en este Programa
hasta tanto no figure inscrita en el citado registro. En el caso de que la empresa no cumpliera con los requisitos
exigidos para ser colaboradora o la solicitud no estuviese correctamente cumplimentada, se notificará
telemáticamente a la misma el requerimiento para que subsanase en el plazo máximo de diez días, con la
indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que será dictada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o, en su caso, se dictará
la resolución de desestimación de la adhesión que corresponda.
6. La solicitud de adhesión conlleva la autorización a la Agencia Andaluza de la Energía para que
pueda recabar, respecto a la empresa colaboradora, la información o la remisión de datos a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, y a la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, efectuándose de oficio por parte de la Agencia Andaluza de la Energía las correspondientes
7. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento,
determinará la imposibilidad de continuar actuando como empresa colaboradora desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos y se dicte el correspondiente acuerdo de suspensión cautelar conforme al
procedimiento previsto en el artículo 12.2, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.
En particular, en el caso de que se detectasen indicios de que la empresa colaboradora promueve
o aplica precios superiores a los de mercado, lleven a cabo conductas colusorias o cualquier otro tipo de
conducta prohibida en la normativa de defensa de la competencia, la Agencia Andaluza de la Energía lo pondrá
inmediatamente en conocimiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, a los efectos,
en su caso, de la imposición de las pertinentes sanciones pecuniarias a la empresa colaboradora, además de
cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar.
a) Ejecutar la actuación incentivable en la forma y plazos establecidos en el presente decreto-ley y, en
su caso, en la resolución de concesión del incentivo, y adecuar su actuación a los requisitos y exigencias del
b) Actuar en representación de las personas y entidades beneficiarias en la solicitud y tramitación de
los incentivos, presentando la documentación exigida en el presente decreto-ley la subsanación, en su caso, así
como en la justificación del incentivo.
c) Comprobar el cumplimiento de la persona o entidad solicitante del incentivo de estar al corriente de
de solicitar la reserva, y cuando se trate de entidades sin personalidad jurídica, la referida comprobación se
extenderá a cada uno de sus miembros. La solicitud de incentivo vinculada a dicha reserva no podrá resolverse
estimatoriamente si dicho extremo no queda acreditado en el momento de la presentación de dicha solicitud,
debiendo acompañarse a la misma los documentos acreditativos del cumplimiento por parte de las personas o
entidades beneficiarias de las citadas obligaciones.
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d) Actuar como cesionaria de derecho de cobro de los incentivos en los supuestos previstos en el artículo
9.1, solicitando una reserva anticipada de fondos públicos en el momento en que exista una formalización del
encargo por parte de la persona o entidad beneficiaria relacionado con la actuación incentivable y, en todo caso,
antes de la solicitud de incentivo, e informando al interesado, con carácter previo a la solicitud de la reserva, que
la cuantía y validez de la misma está condicionada a la presentación de la solicitud de incentivo en el plazo de
vigencia de dicha reserva.
e) Informar de las ventajas de las actuaciones energéticas objeto de los incentivos, así como sobre la
existencia del registro de empresas colaboradoras, e incluir la publicidad sobre el incentivo concedido en lugar
visible y en la forma y tamaño que se determine por parte de la Agencia Andaluza de la Energía. En particular,
se deberán llevar a cabo las actuaciones de publicidad y difusión de la participación comunitaria de acuerdo con
lo estipulado en la Sección 1 del Capítulo II del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre,
así como la información y publicidad institucional de la Junta de Andalucía.
f) Adecuar todas las acciones o medidas de difusión o publicidad que se lleven a cabo en relación con
las actuaciones incentivables a las disposiciones reguladoras de estos incentivos y a la Guía de Publicidad
que establezca la Agencia Andaluza de la Energía. La citada Guía se publicará en la web de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los términos del artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, sustituyendo dicha publicación a la notificación
personal, y surtiendo los mismos efectos. Asimismo, la empresa estará obligada a solicitar autorización previa
de dicha entidad para los casos no previstos en la referida Guía de Publicidad, y para aquellos en los que se
pretendan realizar cualquier variación o modificación respecto a lo establecido en la misma. Dicha autorización
será dictada por la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía en el plazo
máximo de quince días. El vencimiento de dicho plazo máximo sin que se haya autorizado la modificación
solicitada, legitima a la empresa solicitante para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de
g) Comunicar a las personas o entidades beneficiarias a través del Anexo III el porcentaje de cofinanciación
con fondos FEDER, así como que la aceptación de esta financiación implicará su inclusión en una lista pública de
beneficiarios, que será objeto de publicación electrónica o por otros medios según lo previsto en el Reglamento
(CE) núm. 1828/2006.
h) Facilitar a la persona o entidad beneficiaria una copia del Anexo III de solicitud de incentivo y
autorización a la empresa colaboradora para actuar en representación del solicitante.
i) Remitir a la Agencia Andaluza de la Energía la documentación verificada para que, por parte de ésta,
se proceda a la resolución y pago de los incentivos.
j) Asumir los gastos de gestión asociados a su actuación como empresa colaboradora que, en ningún
caso, podrán ser repercutidos a la persona o entidad beneficiaria.
k) Conservar las facturas y demás soportes justificativos de los gastos imputados, incluidos los
documentos electrónicos, así como los correspondientes justificantes de pago, para su puesta a disposición
de los órganos administrativos, de gestión y de control, para el caso de que sean requeridos. El período de
conservación será el establecido en el artículo 90 del Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo de 11
l) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente para verificar el
cumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en el presente decreto-ley, así como a las actuaciones
de verificación y control de la Dirección General de Fondos Europeos, de los órganos de control de la Comisión
Europea y cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
m) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con los incentivos y ayudas concedidas, y a las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le
sea requerida por dichos órganos.
n) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio social, o de la dirección de correo electrónico
durante el período en el que el incentivo es susceptible de control.
ñ) Facilitar, a requerimiento de la Agencia Andaluza de la Energía, información sobre el desarrollo y
resultados obtenidos por la actuación objeto de incentivo.
o) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 24 del
2. El incumplimiento por parte de las empresas colaboradoras de cualquiera de las obligaciones
previstas en el apartado 1 conllevará la pérdida de su condición de empresa colaboradora durante la vigencia
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del presente decreto-ley, que será declarada previa audiencia de la misma en el improrrogable plazo de quince
días computado desde la fecha de inicio del procedimiento, mediante resolución de la persona titular de la
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía que será dictada en el plazo máximo de dos meses a
contar desde la fecha del acuerdo de inicio, sin perjuicio de las demás responsabilidades que procedan y las que
puedan exigir directamente las personas o entidades beneficiarias conforme a la normativa de aplicación.
La pérdida de la condición de empresa colaboradora implicará, además de la exclusión del registro de
empresas colaboradoras, la obligación de retirar de forma inmediata cualquier medida de publicidad o difusión
relacionada con el incentivo.
En caso de que se detectase por parte de la Agencia Andaluza de la Energía un posible incumplimiento
de la normativa aplicable en materia laboral y de la Seguridad Social, prevención de riesgos y salud laboral,
responsabilidad civil, consumidores y usuarios, de protección del medio ambiente y cualquier otra normativa que
sea de obligado cumplimiento para la empresa, se pondrá en conocimiento de los organismos competentes y se
suspenderá cautelarmente la adhesión al Programa hasta tanto se dicte la resolución que corresponda por parte
de los referidos organismos.
a) Cumplir el objetivo, ejecutar la actuación, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión del incentivo en la forma y plazos establecidos en este decreto-ley, y en su caso, en la
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute del incentivo.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente para verificar el
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otros incentivos, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades incentivadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del incentivo.
f) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de
no tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de
en el momento en que ésta solicite la reserva previa de fondos.
g) Disponer de una contabilidad separada conforme a lo dispuesto en el artículo 60.d) del Reglamento
(CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio, así como de libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, y cuantos estados contables y registros específicos exija la
legislación tributaria y demás registros que sean necesarios con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y, en particular, los
originales de las facturas y demás soportes justificativos de los gastos imputados, incluidos los documentos
electrónicos, así como los correspondientes justificantes de pago, para su puesta a disposición de los órganos
administrativos, de gestión y de control, para el caso de que sean requeridos. El período de conservación será
el establecido en el artículo 90 del Reglamento (CE) número 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006,
publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» de 31 de julio de 2006.
i) Incluir la información o publicidad sobre el incentivo concedido por la Agencia Andaluza de la Energía,
en lugar visible y en la forma y tamaño que se determine por parte de la misma. Asimismo, se deberán llevar a
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cabo las actuaciones de publicidad y difusión de la participación comunitaria de acuerdo con lo estipulado en la
Sección 1 del Capítulo II del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre.
j) Obtener las autorizaciones administrativas que para la ejecución de las obras exijan las disposiciones
k) Destinar y mantener los bienes al fin concreto para el que se concedió el incentivo, que no podrá ser
inferior a tres años en caso de inversiones realizadas por empresas o cinco en el caso de bienes inscribibles
en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes. En el caso de bienes inscribibles en un registro
público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe del incentivo concedido,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.
Cualquier sustitución, cambio de destino, enajenación o gravamen, deberá ser autorizado con carácter
previo por el órgano concedente en los términos contemplados en el artículo 31.5 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. En los casos de bienes inscribibles en un registro público, el adquiriente asumirá la obligación
de destino de los bienes por el período restante y, en caso de incumplimiento de la misma, del reintegro del
l) Aceptar su inclusión en una lista pública de beneficiarios, que será objeto de publicación electrónica
o por otros medios según lo previsto en el Reglamento (CE) núm. 1828/2006, de la Comisión, de 8 de
m) Someterse, en su caso, a los trámites establecidos en la legislación medioambiental de la Comunidad
Autónoma, y en particular, en lo referente a la no afección de la actuación para el que se solicita el incentivo a
los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000 para actividades señaladas en el artículo 27.1.d) de la
n) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante
el período en el que el incentivo es susceptible de control.
ñ) Facilitar a la Agencia Andaluza de la Energía, a requerimiento de ésta, información sobre el desarrollo
y resultados obtenidos por la actuación objeto de incentivo.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas o entidades beneficiarias
y las empresas colaboradoras estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea
requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de
Andalucía, a la Dirección General de Fondos Europeos, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa
comunitaria, tengan atribuidas funciones de control, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en
b) El libre acceso a los edificios o los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se
desarrolle la actuación incentivada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas
con cargo al incentivo.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
disfrute o destino del incentivo.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda
haber efectuado el cobro de los incentivos o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones
1. Las solicitudes de incentivo se ajustarán al formulario incorporado en el Anexo III del presente decreto-
ley e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía.
1.1. Solicitudes de importe inferior a 18.000 euros:
La empresa colaboradora solicitará, previamente a la presentación de la solicitud de incentivo, la
correspondiente reserva de fondos definida en el artículo 3.12, en la siguiente forma:
a) La solicitud de reserva de fondos se realizará por vía telemática en la web de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en la que harán constar el número de identificación de la empresa
colaboradora, DNI/NIE/NIF de la persona o entidad beneficiaria y la actuación e importe para la que se solicita
el incentivo. Las empresas colaboradoras podrán consultar, con carácter previo a la solicitud de reserva de
fondos vía web, la disponibilidad de recursos y el importe aplicable a cada una de las actuaciones incentivables.
b) La Agencia Andaluza de la Energía confirmará las reservas de fondos o informará, en su caso, sobre
la no disponibilidad de fondos para hacer reservas el mismo día y en la misma forma solicitada. Con carácter
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general, las reservas confirmadas tendrán una vigencia de tres meses. En el caso de las actuaciones que
requieran de proyecto, dirección facultativa y gestión energética, la vigencia de las reservas será de ocho meses.
Transcurrido dicho plazo o bien el establecido en el artículo 5.3 sin haberse efectuado la solicitud del incentivo
con arreglo a los apartados siguientes de este artículo, la reserva de fondos quedará sin efecto, liberándose los
fondos correspondientes a las mismas para realizar nuevas reservas.
Asimismo, quedará sin efecto la reserva de fondos si ésta no incluyese los datos exigidos en la letra a)
de este apartado para solicitar la misma, o si habiéndose requerido a la empresa colaboradora algún documento
o información en relación con la reserva, éstos no se hubiesen aportado en tiempo y forma.
c) Realizada la actuación, la empresa colaboradora, en el momento de facturar el bien o servicio, aplicará
una reducción en el importe total de la factura equivalente al importe del incentivo.
d) La persona o entidad beneficiaria cumplimentará el Anexo III por el que se confiere la representación
a la empresa colaboradora, se cede, en su caso, el derecho de cobro a la misma, y se solicita el incentivo. El
citado Anexo incorporará las declaraciones responsables de la persona o entidad beneficiaria sobre los siguientes
- Sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4 para obtener la condición de
persona o entidad beneficiaria.
- Sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a la cofinanciación mediante el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), que incluye la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios
publicada de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) núm. 1828/2006,
de la Comisión, de 8 diciembre.
- En caso de que la persona o entidad beneficiaria sea una empresa, declaración sobre el cumplimiento
de los requisitos para acceder a las ayudas de minimis.
- En el caso de entidades sin personalidad jurídica, declaración sobre los compromisos de ejecución y
el importe de incentivo a aplicar por cada miembro, así como sobre el cumplimiento de los requisitos
para obtener la condición de persona beneficiaria de cada miembro.
Asimismo, dicho Anexo incluirá, en su caso, el consentimiento expreso al órgano instructor para
que recabe de otras Consejerías o de otras Administraciones Públicas toda la información o documentación
acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el
consentimiento, la empresa colaboradora estará obligada a aportar los documentos necesarios para facilitar esa
información junto con la solicitud.
e) Una vez suscrito el Anexo III por parte de la persona o entidad beneficiaria, la empresa colaboradora
firmará electrónicamente la solicitud de incentivo contenida en el citado Anexo, y la presentará ante el Registro
Telemático Único de la Junta de Andalucía, a través de la dirección electrónica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, en nombre y representación de la persona o entidad beneficiaria.
f) La empresa colaboradora anexará a la solicitud de incentivo copia digitalizada de los siguientes
documentos acreditativos de los requisitos de la persona o entidad solicitante del incentivo y de la justificación
de la actuación incentivable:
1.º En el caso de personas físicas y representantes legales de personas jurídicas o de representantes
de entidades sin personalidad jurídica, el DNI/NIE. La presentación de la documentación acreditativa
de la identidad sólo será necesaria en el caso de que no se haya consentido su consulta a través del
Cuando se trate de personas empresarias autónomas, la declaración censal de alta en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores.
2.º En caso de solicitantes personas jurídicas, el NIF, la acreditación de la personalidad jurídica y del
representante legal, y la declaración censal de alta en el Censo de empresarios, profesionales y
3.º Cuando se trate de entidades sin personalidad jurídica, acreditación de la constitución de la entidad
e inscripción en los registros que correspondan, NIF de la entidad y poder de representación del
solicitante, y certificado del acuerdo sobre la solicitud presentada.
4.º En los casos en que se requiera licencia urbanística municipal, comunicación previa de la
correspondiente licencia o, en su caso, de la solicitud y concesión de la misma.
5.º Certificados acreditativos de que la persona o entidad solicitante del incentivo está al corriente de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
y de no tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de la Comunidad
6.º Factura o documento sustitutivo en los términos de la normativa aplicable en materia de facturación,
u otro documento con validez jurídica que acredite el gasto realizado en los términos previstos en los
artículos 9 y 20.
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7.º Documentación acreditativa de la materialización del pago de la inversión por parte de la persona o
entidad beneficiaria en los términos previstos en el artículo 20.
1.2. Solicitudes de importe igual o superior a 18.000 euros.
a) No se requerirá la realización de una reserva de fondos con carácter previo a la presentación de la
solicitud de incentivo.
b) La empresa colaboradora presentará la solicitud ante el Registro Telemático Único en los mismos
términos establecidos en el apartado 1.1 anterior.
c) La documentación justificativa de la ejecución de la actuación incentivable no se presentará junto con
la solicitud, sino en el plazo máximo establecido en la resolución de concesión en los términos establecidos en
2. A través del Anexo III se podrá autorizar a la Agencia Andaluza de la Energía para la comprobación
de la autenticidad de los datos personales de acreditación de identidad de las personas físicas, y de los
representantes de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido en el Decreto 68/2008, de
26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y
del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de
Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
3. La empresa colaboradora garantizará la fidelidad de las copias digitalizadas de los documentos
aportados junto con la solicitud mediante la utilización de su firma electrónica avanzada. La Agencia Andaluza
de la Energía podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas, y
excepcionalmente ante su imposibilidad, requerir a la empresa colaboradora o la persona o entidad solicitante del
incentivo la exhibición del documento original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Agencia
Andaluza de la Energía para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.
4. Los documentos que acompañan a la solicitud también podrán anexarse, en su caso, mediante
copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de documentos emitidos originalmente en
soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o
5. La presentación de la solicitud conlleva la autorización para recabar de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio la información relativa a la no afección de la actuación incentivable a los
espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, en los casos en que se requiera dicha información.
6. Con carácter general, cuando se trate de información o documentos que obren en poder de
la Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, podrá ejercerse el derecho a no presentarlos,
autorizando al órgano instructor para que los recabe de otra Consejería o agencia, para lo cual deberá indicarse
el órgano al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha presentación o emisión, y el
procedimiento al que corresponden, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
de este. Asimismo, podrá autorizar a la Agencia Andaluza de la Energía para que pueda recabar de otras
Administraciones Públicas los documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte
1. El plazo de presentación de solicitudes de adhesión de empresas colaboradoras y de solicitud de
incentivos comenzará el 1 de abril de 2014, permaneciendo abierto hasta que se declare su conclusión cuando
concurra el supuesto previsto en el artículo 7.2, mediante Resolución de la persona titular de la Dirección Gerencia
de la Agencia Andaluza de la Energía, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
notificada telemáticamente a la empresa colaboradora, en su condición de representante de la persona o entidad
beneficiaria, en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el Registro Telemático Único se
remitirá al solicitante una comunicación que incluirá la fecha y hora de presentación y el número de entrada en
el registro. Asimismo, se informará del plazo máximo para adoptar y notificar la resolución del procedimiento de
concesión del incentivo, así como el efecto desestimatorio del silencio.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en el artículo 14, el órgano
instructor requerirá a la empresa colaboradora para que en el plazo de diez días proceda a la subsanación, con
la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto
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en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos del artículo 42.1 de la referida Ley.
2. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de la solicitud, y la
inadmisión en los casos en que corresponda.
3. Los escritos mediante los que las empresas colaboradoras efectúen la subsanación se presentarán
ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía con su firma electrónica.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2.q) de la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de
la Agencia Andaluza de la Energía, y en el artículo 5.1.q) del Decreto 21/2005, de 1 de febrero, por el que se
aprueban sus Estatutos, el órgano competente para la instrucción del procedimiento será la unidad directiva
competente en materia de financiación y promoción de actuaciones energéticas de la Agencia Andaluza de la
Energía, y para la resolución del procedimiento de concesión de incentivos, la persona titular de la Dirección
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía.
1. El plazo máximo para resolver y notificar será de un mes a contar desde la presentación de la solicitud
de incentivo. La notificación de la resolución se realizará de forma telemática de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado
y publicado la resolución expresa, legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión del incentivo.
2. La resolución del procedimiento se motivará con sucinta referencia a hechos y fundamentos de
derecho, y con el siguiente contenido mínimo:
a) La identificación de la persona o entidad beneficiaria, de la empresa colaboradora, y de la actuación
c) Los plazos de ejecución y justificación del cumplimento de la finalidad para la que se concede el
incentivo y de la aplicación de los fondos recibidos, así como el inicio del cómputo de los mismos, en el caso de
las actuaciones previstas en el artículo 9.2.
d) La indicación de que la Unión Europea participa en la financiación del incentivo, consignando la
cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el FEDER, y que dicho incentivo implica su inclusión en una
lista de beneficiarios publicada de conformidad con el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) núm. 1828/2006, de
la Comisión, de 8 de diciembre.
e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias y a las
f) En el caso de entidades sin personalidad jurídica, se harán constar los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, en su condición de beneficiarios, así como el importe de incentivo
a aplicar por cada uno de ellos.
g) Forma y secuencia del pago y de los requisitos exigidos para su abono, así como la posibilidad de
realizar un pago parcial, en el caso de las solicitudes previstas en el artículo 9.2.
3. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la
4. La resolución se notificará telemáticamente a la empresa colaboradora en su condición de
representante de la persona o entidad beneficiaria. Sin perjuicio de lo anterior, las personas o entidades
beneficiarias podrán señalar en el Anexo III por el que se confiere la representación a la empresa colaboradora
una dirección de correo electrónico para que se les remita información sobre la resolución de la solicitud de
incentivo que presente en su nombre la empresa colaboradora. Dicha comunicación no surtirá efectos de
notificación, y tendrá efectos meramente informativos, sin perjuicio de los derechos que le corresponden a
la persona o entidad beneficiaria como interesada en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Asimismo, podrá consultar la información sobre los incentivos concedidos a través de la página web
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, los incentivos concedidos se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de
Guia activacion Fisica Educ.preescolar