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Timestamp: 2019-05-23 16:46:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 149', 'artículo 139', 'artículo 141', 'artículo 71', 'artículo 214', 'artículo 137']

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas – Cuestiones Administrativas
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Indemnización de daños por parte de las Administraciones públicas
Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus funciones, pueden causar daños a las personas/administrados. Nace así el instituto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece:
La Constitución Española reserva al Estado la competencia exclusiva sobre “el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas” (artículo 149.1.18).
La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se regula en el título X de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP en adelante) desarrollado por el Real Decreto 429/1993.
El artículo 139.1 da la LRJAP reproduce la previsión constitucional antes comentada con la precisión de que el funcionamiento de los servicios públicos que da lugar a la indemnización puede ser normal o anormal. De esta manera, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se configura como una responsabilidad objetiva, con independencia de que haya mediado o no culpa o negligencia.
El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
Cuando la reclamación se derive de la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva.
Con carácter general, se puede decir que los particulares tienen derecho a que se les indemnice de la lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Con carácter particular, vamos a señalar los requisitos necesarios y las excepciones al sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
El concepto de servicio público, en este caso, debe considerarse en un sentido amplio. Así, por funcionamiento de servicio público debe entenderse funcionamiento de la Administración Pública, es decir, el derivado de la actividad de las Administraciones Públicas.
El funcionamiento de la administración pública que ocasiona la lesión indemnizable puede ser tanto por acción como por omisión.
La lesión/daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
La lesión/daño tiene que ser antijurídico. Que el particular lesionado no tenga el deber jurídico de soportar el daño por no existir causa alguna que lo justifique.
El Tribunal Supremo viene señalando que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas no las convierte en aseguradoras universales de todos los riesgos. Lo exigible es una prestación razonable y adecuada a las circunstancias, lo que se viene considerando un funcionamiento estándar del servicio.
Así, en palabras del Tribunal Supremo, y refiriéndose a las vías públicas, el daño es antijurídico cuando el riesgo inherente a su utilización supera los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social.
Debe existir un nexo causal entre la acción u omisión de la administración pública y la lesión/daño.
La lesión/daño sea consecuencia de un supuesto de fuerza mayor. La Ley 4/1999 precisó supuestos concretos de daños producidos por fuerza mayor en los siguientes términos “los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos”.
La lesión/daño entre dentro del concepto del deber jurídico de soportar. Que no sea antijurídico.
Como se señaló anteriormente, la lesión/daño entrará dentro del concepto del deber jurídico de soportar cuando, entre otros casos y con carácter general, el funcionamiento del servicio público originador del daño, se haya prestado bajo los parámetros que le son exigibles.
La lesión/daño sea consecuencia de actos expropiatorios.
Tiene un régimen indemnizatorio propio, denominado justiprecio y regulado en la legislación de expropiación forzosa.
La lesión/daño sea consecuencia de un acto legislativo – norma con fuerza de ley – no expropiatorio.
Tiene un régimen indemnizatorio propio, de forma que la indemnización solo se producirá cuando así se establezca en el propio acto legislativo y en los términos que especifique dicho acto.
El artículo 141 de LRJAP señala que la indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
Así mismo, señala que la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
El Tribunal Supremo señala (STS 4124/2006 del 5/7/2006) “La doctrina jurisprudencial ha proclamado la necesidad de plena indemnidad o reparación integral de los daños y perjuicios causados (Sentencias de esta Sala de 14 y 22 de mayo de 1993, 22 y 29 de enero y 2 de julio de 1994, 11 y 23 de febrero y 9 de mayo de 1995, 6 de febrero y 12 de noviembre de 1996, 24 de enero, 19 de abril y 31 de mayo de 1997, 14 de febrero, 14 de marzo, 10 y 28 de noviembre de 1998, 13 y 20 de febrero, 1 3 y 29 de marzo, 12 y 26 de junio, 17 y 24 de julio, 30 de octubre y 27 de diciembre de 1999, 5 de febrero, 18 de marzo y 13 de noviembre de 2000, 27 de octubre y 31 de diciembre de 2001)”.
Por tanto, la indemnización debe perseguir la reparación íntegra procediendo una indemnización que equivalga al daño sufrido.
La normativa regula dos procedimientos: el general y el abreviado. El procedimiento general se regula en los artículos 4 al 13 y el procedimiento abreviado en los artículos 14 al 17 del Real Decreto 429/1993.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados.
Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por los interesados deberán especificar, además de lo dispuesto con carácter general para las solicitudes, “las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante”.
Interpuesta la reclamación de responsabilidad patrimonial con el contenido que se indica, la administración pública debe admitirla e instruir el correspondiente procedimiento.
Interpuesta la reclamación de responsabilidad patrimonial sin el contenido que se indica, la administración pública debe solicitar la subsanación da la reclamación interpuesta, conforme al artículo 71 de la LRJAP, por un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
En el procedimiento general si transcurre el plazo de 6 meses o en el procedimiento abreviado si transcurre el plazo de 30 días –desde la fecha del acuerdo de iniciación, en los iniciados de oficio, o desde la presentación de la reclamación, en los iniciados por reclamación del interesado– sin que recaiga resolución expresa, los interesados pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
Daño producido por contratistas
Un régimen jurídico propio, particular, es el derivado de daños producidos sobre los administrados, los particulares, por empresas privadas al servicio de la administración, contratistas en adelante.
Durante mucho tiempo se siguió el criterio –tanto de la jurisprudencia como de la doctrina del Consejo de Estado– según el cual el particular lesionado podía exigir de la administración contratante, titular de la obra pública/servicio público, en régimen directo y objetivo, la indemnización por los daños sufridos debiendo la administración si se daban los requisitos de responsabilidad abonar la indemnización al dañado sin perjuicio de su derecho de repetición frente al contratista.
En la actualidad, se sigue lo dispuesto por la normativa administrativa contractual –artículo 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011–, por el cual es obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Los terceros pueden requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. Así, la administración declarará que la responsabilidad es del contratista, salvo que exista una orden de aquella que provocara el daño o salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto.
Por tanto, en el caso de que la responsabilidad pueda corresponder a una empresa contratista, la administración no se interpone de manera automática como sujeto responsable ante el ciudadano, sino que adopta una mera posición dirimente, una posición que se limita a fijar el sujeto responsable. En el caso de que dicho sujeto sea la administración se seguirá el procedimiento de responsabilidad patrimonial legalmente establecido. En caso contrario, se seguirá el procedimiento que corresponda.
Relaciones de Derecho Privado
Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo ya señalado.
La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (artículos 292 y siguientes).
ftorresb 24 julio, 2014 at 18:28 Responder
Cuando tratas sobre la responsabilidad del contratista y dices que la Administración ya no se interpone de manera automática como sujeto responsable ante el ciudadano, sino que adopta una mera posición dirimente que se limita a fijar el sujeto responsable, ¿Me podrías decir si existe ya jurisprudencia al respecto?.
Hasta el momento el proceder, al menos de mi Administración (Local), continúa siendo el de indemnizar al particular y posteriormente reclamar al contratista, procedimiento que tampoco tenemos muy claro.
Alex 16 febrero, 2015 at 09:46 Responder
Sí, si que existe…
* Sentencia del Tribunal Supremo 3572/2001 de 30 de abril de 2001. Se dice “[…]Recuerda luego el Abogado del Estado que en la jurisprudencia de este Tribunal Supremo han venido conviviendo dos líneas jurisprudenciales y así lo recuerda la sentencia de 6 de octubre de 1994: . Esta segunda línea jurisprudencial es la tesis correcta a juicio de nuestra Sala no sólo porque el texto del artículo 137 citado es clarisimo, en su misma redacción literal, pues carece de sentido -pues atenta el principio de economía procesal- que, teniendo como tiene la Administración potestad de interpretar el contrato, y por tanto las incidencias habidas en el mismo, tenga que abrirse una nueva vía administrativa, en su caso procesal, para que el pago se haga efectivo […]”.
* Sentencia del Tribunal Supremo 6747/2003 del 30 de octubre de 2003.
* Sentencia del Tribunal Supremo 3524/2007 de 24 de mayo do 2007, y otras que en ella se citan. En particular, la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de junio de 2006, parcialmente reproducida en la anteriormente señalada, declara “la responsabilidad patrimonial de la Administración sólo se impone cuando los daños deriven de manera inmediata y directa de una orden de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, modulando así la responsabilidad de la Administración en razón de la intervención del contratista, que interfiere en la relación de causalidad de manera determinante, exonerando a la Administración, por ser atribuible el daño a la conducta y actuación directa del contratista en la ejecución del contrato bajo su responsabilidad, afectando con ello a la relación de causalidad, que sin embargo se mantiene en todo lo demás, en cuanto la Administración es titular de la obra y el fin público que se trata de satisfacer, e incluso en los casos indicados de las operaciones de ejecución del contrato que responden a órdenes del proyecto elaborado por la Administración o vicios del proyecto elaborado por la misma.”
Miguel 24 octubre, 2015 at 20:07 Responder
La secretaria general provincial de agricultura, pesca, y desarrollo rural tiene retenida mi embarcación que se me robo. Y curso la denuncia días después el 24–4–2013 cuando me doy cuenta de que la embarcación no esta. Desde ese día estoy reclamando la devolución de mi embarcación ya que en ese momento los ladrones avian sido cojido en el acto y hasta la fecha actual una jueza dicta la devolución de dicha embarcación y dos meses después me enviaron una carta en la que me dicen que en fecha actual es materialmente imposible proceder a la devolución integral de la embarcación, puesto que su armazón se ha deteriorado y destruido como consecuencia del paso del tiempo y me dice que haga una reclamación de responsabilidad patrimonial para obtener una indemnización económica equivalente a du valor. Y ellos quieren darme lo que valia mi embarcación hace 15 años 225mil pesetas era de madera y ellos me lo an desvalorado por todo aquello que puedo hacer??? Gracias
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