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Timestamp: 2019-05-21 03:21:05
Document Index: 115229966

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 25', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 21']

Transición Televisión analógica a Digital - Noticias
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.09-2019, celebrada el doce de febrero del dos mil diecinueve y ratificada el diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice:
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio MICITT-DVT-OF-081-2019 de Edwin Estrada, Viceministro de Telecomunicaciones, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, secretaria.telecom@micit.go.cr. Reciban un cordial saludo. Como es de su conocimiento, en relación con el tema de la transición de la televisión analógica abierta a la televisión digital gratuita, la fecha establecida por el Poder Ejecutivo para el cese de las transmisiones de las señales analógicas (14 de agosto de 2019) está cada vez más cerca. El Gobierno de la República ha tomado y continúa tomando todas las medidas necesarias para garantizar su éxito; sin embargo, es un tema que puede generar inquietudes, como ha sido reflejado en las consultas recientes que he recibido de algunas municipalidades. En vista de lo anterior, me dirijo a ustedes para exponer algunos de los principales elementos a tomar en cuenta sobre el uso del espectro radioeléctrico y la disposición de las frecuencias producto de este proceso.
Al respecto, me permito indicar que en apego a los principios de ley referentes a la optimización de recursos escasos, los objetivos de asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico, de procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia dispuestos en la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones,[1] y los objetivos de política pública incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), ha sido siempre un alto interés del Poder Ejecutivo promover la innovación en beneficio de toda la población. En materia de radiodifusión digital televisiva, el Poder Ejecutivo desde el año 2009, ha venido promoviendo acciones para sentar las bases que permita lograr con éxito dicho hito histórico, y que la digitalización de estos servicios beneficie a toda la población.
Por ello, en cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, a partir de la definición del estándar Japonés-Brasileño (ISDB-Tb), se han emitido una serie de normativas para orientar el proceso, entre las que se destacan: el Decreto Ejecutivo N° 36774-MINAET, “Reglamento para la Transición a la Televisión Digital en Costa Rica”, publicado en setiembre de 2011; la Directriz N° 069-MICITT, denominada “Directriz de canalización y parámetros técnicos de transmisión” emitida en fecha 16 de mayo de 2014 publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 93; la Directriz Nº 020-MICITT, denominada “Directriz de canal virtual Asignación de canales virtuales durante la transmisión a la televisión digital terrestre en Costa Rica” publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 73 de 16 de abril de 2015; el Modelo de Referencia hacia la Transición Digital en Costa Rica; y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (2015-2021), “Una sociedad conectada.”
Precisamente, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), se dispone la aspiración de “crear un entorno habilitador que permita la innovación de la radiodifusión sonora y televisiva hacia su digitalización”; para lo cual se estableció el Proyecto Democratización del Espectro Radioeléctrico el cual dispone como meta, al menos 24 MHz de espectro atribuido al servicio radiodifusión televisiva reservados por el Estado con fines de atención de necesidades locales y nacionales. Meta que parte del reconocimiento legal de la particular naturaleza y de la importancia para el país de la radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, estipulada en el artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642 (en adelante LGT), numeral que establece en lo que interesa que:
ARTÍCULO 29.- Servicios de radiodifusión y televisión. El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés público. (…)”
No obstante, es importante aclarar que el espectro radioeléctrico para el servicio de televisión abierta es un bien escaso. Por tanto, la protección constitucional del espectro radioeléctrico, y su condición de recurso escaso y estratégico que debe ser usado de manera óptima, eficiente, equitativa, no discriminatoria y transparente, impiden considerar que el espectro radioeléctrico sea un bien demanial “como cualquier otro”. Precisamente, por su naturaleza, en el artículo 3, inciso i) de la LGT, se regula el principio de optimización del espectro radioeléctrico, el cual implica que su asignación y utilización, así como de las infraestructuras de telecomunicaciones deberá ser efectuada “de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios. (…)”. Corolario de lo anterior, como recurso natural que es, el espectro radioeléctrico constituye un bien de dominio público, tal y como lo prescribe el artículo 7 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642.
Debido a este carácter, posee las características de los bienes demaniales, es decir, son aquellos que por su naturaleza o por decisión de la Asamblea Legislativa, por una votación de al menos dos terceras partes de sus miembros, están afectados a un uso público; por lo que son inalienables, imprescriptibles y están fuera del comercio de los hombres. Sobre los mismos, la Sala Constitucional mediante su voto Nº 02408 de las 16:13 horas del 21 de febrero de 2007, ha indicado: “(…) son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela.(…).”[2]
Por todo lo indicado, para obtener el derecho de usar y explotar una frecuencia del espectro radioeléctrico para radiodifusión sonora y/o televisiva; debe considerarse que al ser un bien demanial conforme lo establecido por el ordenamiento jurídico y reiterado tanto por la Procuraduría General de la República (PGR) como la Sala Constitucional, se requiere de un proceso concesional, previa determinación por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de la necesidad y la factibilidad técnica de estos procesos, y cuyas reglas se sujetarán a los principios de transparencia, objetividad, libre concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación; a los cuales podrán participar todos aquellos interesados: “Ahora bien, se ha indicado que la Ley de Telecomunicaciones impone el concurso como medio para otorgar la concesión de radiodifusión.
Dicha Ley no establece reglas especiales de concurso para tal efecto, como sí sucede para efectos de la concesión de redes públicas de telecomunicaciones, respecto de las cuales a partir del artículo 12 regula elementos del concurso público. En ausencia de normas especiales sobre contratación, considera la Procuraduría que el concurso para otorgar la concesión de la red de radiodifusión debe ser tramitado conforme lo establece la Ley de Contratación Administrativa, norma general en materia de contratación administrativa. (…)”[3]. Así, ante cualquier vacío o laguna que derive de la aplicación de la Ley de Radio, Ley Nº 1758, no solo resulta factible acudir supletoriamente a la Ley General de Telecomunicaciones referida, sino también de la Ley de Contratación Administrativa, norma general que regula la Contratación o Licitación de bienes y servicios para el Estado, y que regula la consecuente protección del interés público que llevan implícitos los procesos citados, así como el cumplimiento de una serie de principios constitucionales, que aseguran que su asignación sea equitativa.
Los eventuales procesos de concurso público para la concesión de espectro referidos anteriormente, así como las concesiones actuales que poseen los operadores de televisión, están sujetas a lo establecido en el artículo 21 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde se establece que la SUTEL debe emitir una recomendación técnica en caso de estar ante algún caso de concentración de espectro que afecte la competencia efectiva. En conclusión, el marco jurídico vigente ya contempla el mecanismo para poder satisfacer la necesidad de comunicación local, regional o municipal. De esta forma, el espectro que se libere producto de la transición a la televisión digital podrá ser utilizado para nuevos servicios (como la banda de 700 MHz que será utilizada para sistemas IMT), y también para servicios de televisión (utilizando los segmentos de frecuencias que seguirán siendo utilizados para televisión en estándar digital y que se liberen del proceso).
Para ello, se debe llevar a cabo un proceso de concurso público orientado a satisfacer tal necesidad, cuya orden de inicio es dictada por el Poder Ejecutivo, previa determinación por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la factibilidad técnica de estos procesos de concurso público, y basados en criterios de oportunidad y conveniencia pública cuyas reglas se sujetarán a los principios de transparencia, objetividad, libre concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación; a partir de los cuales podrá contemplar el importante sentido social de la comunicación. Concursos donde podrán participar todos aquellos interesados, incluyendo los que estén enfocados en satisfacer necesidades locales, regionales y/o municipales. En cuanto a la necesidad que los servicios sean prestados en zonas específicas, es importante señalar que la cobertura real de cualquier transmisión de radiodifusión corresponde a un fenómeno físico de propagación de las ondas electromagnéticas considerando las características del medio de propagación, la geografía y otros factores que inciden en la probabilidad de contar con el servicio en puntos determinados con los umbrales técnicos determinados en la reglamentación vigente; y no corresponderá al 100% con una delimitación de zonas geopolíticas específicas (líneas imaginarias), sean regionales o para la totalidad del país (contemplando que esto incluye además territorios costarricenses no continentales).
Estos aspectos técnicos que determinan la cobertura son parte de los elementos que la SUTEL debe contemplar a la hora de llevar a cabo los estudios de necesidad y factibilidad, los cuales además determinan la demanda de las distintas necesidades locales, regionales y/o municipales, y que sirven como base para que el Poder Ejecutivo pueda dimensionar el acto de instrucción de inicio de procedimiento concursal, cuando proceda, y para lo cual se podrá hacer uso del espectro reservado mediante los instrumentos de política pública (por ejemplo, del Proyecto Democratización del Espectro Radioeléctrico del PNDT). Otro de los aspectos que se deben considerar, es que el estándar seleccionado permite la existencia de tres roles que pueden asumir las partes interesadas en la prestación del servicio de radiodifusión televisiva en estándar digital y que se han detallado en el Modelo de Referencia para Transición a la Televisión Digital en Costa Rica: i) concesionarios de las frecuencias o espectro radioeléctrico; ii) los operadores de canal lógico o programación (creadores de contenidos) y; iii) los desarrolladores o administradores de la red, roles que pueden ser asumidos por una o varias personas físicas o jurídicas, lo cual abre espacios para entablar alianzas privadas, públicas o público-privadas, de forma que permita llevar las parrillas de programación a sus respectivas audiencias haciendo un uso compartido de la infraestructura y/o del espectro, logrando sinergias y reducción de costos operativos.
Esto puede generar la figura de un operador multiplex, que porte las señales de múltiples operadores de canal lógico; sin embargo, esto es una opción y no una imposición del modelo. Con respecto a las necesidades de comunicación audiovisual de carácter local, regional y/o municipal que han sido manifestadas a este Ministerio, es importante reiterar que, una vez se cuente con el recurso disponible producto de la transición a la televisión digital, se deben llevar a cabo los procesos concursales que dicte el Poder Ejecutivo, a partir de los estudios de necesidad y factibilidad que emita la SUTEL, los cuales deberán tomar en cuenta las necesidades de comunicación de las distintas regiones del país y los insumos que faciliten partes interesadas de la academia y la sociedad civil. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos de política pública antes descritos. Finalmente, por la relevancia que tiene este proyecto para el país nos complace el apoyo que han manifestado recientemente algunos concejos municipales al proyecto de Transición a la Televisión Digital, siendo que efectivamente los gobiernos locales juegan un rol fundamental en cuanto al desarrollo y despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo las redes de televisión digital.
Es por ello que agradecemos toda la colaboración que se pueda brindar para informar a la población acerca de este hito tan relevante para el país, de manera que las personas estén preparadas ante el cese de transmisiones analógicas de televisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Unidad de Comunicación, informar a la comunidad en relación con el tema de la transición de la televisión analógica abierta a la televisión digital gratuita, la fecha establecida por el Poder Ejecutivo para el cese de las transmisiones de las señales analógicas (14 de agosto de 2019), de manera que las personas estén preparadas ante el cese de transmisiones analógicas de televisión.