Source: https://de.scribd.com/document/378024607/Ejecutoria-Art-19-Racerf-Criterio-Psp
Timestamp: 2020-08-09 03:53:24
Document Index: 165300517

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Ejecutoria Art. 19 Racerf (Criterio Psp) | Caso de ley | México
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Daños s.u. Consejo de Se Estado
Jurisprudencias y Tesis. 17 de Marzo de 2017
Microcurriculo Tera Gnral Del Dercho
270115 Visitadores fiscales
1 Cronograma Dcho de La SS en La Jurisprudencia Arg
02479-2017-AA
Jur Susp Mod
M13_U3_S5_JUPR
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1234/2013. QUEJOSA: **********.
PONENTE: MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: FAUSTO GORBEA ORTIZ.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la
sesión del día cinco de junio de dos mil trece.
V I S TO S; y
PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de
septiembre de dos mil doce, en la Oficina del Servicio Postal
Mexicano de Ciudad Juárez Chihuahua, recibido el diecinueve del
mismo mes y año en la Sala Regional del Norte Centro I, del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en
Chihuahua, Chihuahua, **********, por conducto de su
representante **********, promovió demanda de amparo directo en
contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican:
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1234/2013.
Autoridad responsable: La Sala Regional del Norte Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en Chihuahua, Chihuahua.
Acto reclamado: La sentencia de uno de agosto de dos mil doce, emitida en el juicio fiscal ***********.
La parte quejosa señaló como derechos violados en su perjuicio, los consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, en los que
planteó entre otras cosas,
la inconstitucionalidad del artículo
19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de
Afiliación, Clasificación de las Empresas, Recaudación y
que textualmente dispone:
“Artículo 19. Para efectos de este Capítulo, aquellas personas físicas o morales, que mediante un contrato de prestación de servicios, realicen trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo, serán clasificadas de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores, de conformidad a lo consignado en el Catálogo de Actividades establecido en este Reglamento.”
De la demanda de amparo correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Decimoséptimo Circuito, quedando registrada con el número de expediente **********.
Seguidos los trámites del juicio, el Tribunal del conocimiento, en sesión de catorce de marzo de dos mil trece resolvió negar el amparo solicitado.
Las consideraciones en que se apoyó el Tribunal Colegiado al dictar el citado fallo hoy recurrido, en la parte que interesa en este asunto, son las siguientes:
“QUINTO.- Previo al estudio de los conceptos de violación planteados, para una mejor comprensión del asunto, conviene dejar asentados los siguientes aspectos jurídicos relevantes del caso:
1.- *********, en representación de la persona moral ********** demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** de veinticinco de junio de dos mil once, la cual se admitió por auto de veinticuatro de noviembre de ese año (foja 33 del juicio de nulidad).
2.- La autoridad contestó la demanda mediante escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil doce, que se agregó al expediente fiscal por auto de veintisiete de dicho mes y año; asimismo, se
concedió a la actora el plazo legal para ampliar su demanda (foja 129 del juicio de nulidad).
3.- El diez de abril de dos mil doce, la Sala Fiscal tuvo por formulada la ampliación de demanda y con su contenido corrió traslado a la autoridad para que produjera su contestación, que fue recibida en la Sala Fiscal, mediante auto de veintidós de mayo de la mencionada anualidad, en el que se concedió a las partes el término de cinco días para expresar alegatos. (foja 171 del expediente fiscal).
4.- El diecinueve de junio de dos mil doce, se declaró cerrada la instrucción y el primero de agosto de ese año fue emitida la sentencia correspondiente, en la que se resolvió que la parte actora no acreditó los extremos de su acción y por tanto, se reconoció la validez de la resolución impugnada (fojas 185 a la 194 del contencioso administrativo).
SEXTO.- Los conceptos de violación planteados son infundados.
Argumenta en su escrito de demanda esencialmente las siguientes consideraciones: (…)
1.2.- Conforme a los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, el seguro de riesgo de trabajo tiene
relación directa con la peligrosidad que represente la actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas, lo anterior en plena concordancia con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31 constitucional, pues a mayor peligrosidad que represente la actividad de la empresa, incrementa el riesgo de siniestro y por ende, mayor la cantidad a pagar por concepto de prima, y por el contrario, a menor peligrosidad de la actividad de la empresa, será igualmente inferior la cantidad a liquidar por dicho concepto. Así, las cuotas se determinan en relación con dos factores a saber: 1) la cuantía del salario base de cotización y 2) el riesgo inherente a la actividad de la empresa.
1.3.- Se acredita la inconstitucionalidad porque existe exceso en el reglamento, al quebrantar el principio de proporcionalidad tributaria y supremacía legal al obligarlo a tributar sobre la actividad más riesgosa y por ende onerosa, cuando
realice dos o más actividades con distinto grado de riesgo, desconociendo por completo los elementos
fijados por determinación
riesgo de trabajo, esto es, la inherente a la
actividad realizada por la empresa.
1.4.- La Ley de Seguro Social exige para la determinación de la cuantía de las cuotas de riesgo de trabajo que se contemple el riesgo inherente a la actividad de la empresa, pero el artículo 19 del reglamento, se excede cuando establece que para la determinación de las cuotas debe considerarse
trabajadores, pues dicho contenido desconoce completamente el riesgo real de la empresa para el caso de que se realicen dos o más actividades tal y como lo establece la ley, por lo que resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
1.5.- No resulta obstáculo que del artículo 71 de la Ley del Seguro Social se advierta la referencia expresa al reglamento en comento para la determinación de la cuota de riesgo de trabajo, pues ello de ninguna forma autoriza desconocer los dos elementos claramente establecidos en la ley para la determinación de las cuotas.
1.6.- Tampoco pasa desapercibido que la violación señalada es por el ejercicio mil novecientos noventa y siete, porque hasta el dos mil diez se publicó en el Diario Oficial de la Federación, de nueve de julio de dos mil nueve, la adición al
segundo párrafo al artículo 75, de la Ley del Seguro Social, para incorporar las empresas prestadoras de servicios como la actora que realizan dos o más actividades, una opción por medio de la cual se asignará un registro patronal por cada una de las clases que así requiera el patrón a nivel nacional, y ello es precisamente para reconocer de manera independiente todas y cada una de las actividades desarrolladas por la empresa de una manera más adecuada al Principio de Proporcionalidad Tributaria, consagrado en el artículo 31 constitucional (…)
Pues bien, la Sala Fiscal, en el considerando segundo precisó que la parte actora esgrimió en su tercer concepto de impugnación que la resolución impugnada se funda en el artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, mismo que resulta ilegal por exceder a lo dispuesto en los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, ya que el primero establece que las empresas serán clasificadas de acuerdo con la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores en otros centros de trabajo, mientras que los segundos indican que sólo deben considerarse el salario base de los trabajadores y el riesgo inherente a la actividad de
la empresa, por lo que solicita se declare que el artículo 19 del reglamento en mención trasgrede lo contenido en el artículo 71 de la Ley del Seguro Social.
Al respecto, resolvió que carece de competencia para conocer sobre la ilegalidad de reglamentos, en términos de los artículos 2 y 8, fracción IX, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (…) Para dar respuesta al concepto de violación planteado, se precisa que a fojas veintisiete del juicio de nulidad, aparece el oficio **********, mediante el cual la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez 1., se dirigió al representante legal de la Empresa Líder en la Industria, expresando los siguiente:
“…De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, las empresas al registrarse por primera vez o al cambiar de actividad deberán auto clasificarse para efectos de la determinación y pago de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, conforme al Catálogo de Actividades establecido por el Reglamento, en la división económica, grupo económico, fracción y
clase que en cada caso les corresponda de acuerdo
a su actividad. Por otra parte, el artículo 22 del
Reglamento citado, señala que si el Instituto determina que lo manifestado por el patrón en lo
relativo a su clasificación no se ajusta a lo
dispuesto en la ley, hará rectificación que proceda,
y la notificará al patrón, quien deberá cubrir sus
cuotas con sujeción a ella. En las relatadas circunstancias, por este conducto lo exhorto para que revise si su empresa se encuentra bien clasificada para los efectos del pago de cuotas sobre el Seguro de Riesgos de Trabajo o si debe de corregir su clasificación. En este orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42-A del Código Fiscal de la Federación; 251, fracciones XV, XVI, y XVIII, de la Ley del Seguro Social y 155, primer párrafo, fracción VIII, inciso e) del Reglamento Interior del Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
septiembre del 2006, donde se describe la circunscripción correspondiente a la Delegación Estatal Chihuahua, así como de esta Subdelegación, por este conducto se le requiere para que dentro del plazo de quince días hábiles siguientes en que surte efectos la notificación de esta carta-requerimiento, proporcione a esta Subdelegación la siguiente documentación de
acuerdo con la actividad económica que desarrolle:…” (foja 27 del juicio de nulidad).
Asimismo, el diecinueve de julio de dos mil once, la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social: Juárez 1., se dirigió al representante legal de la Empresa Líder en la Industria, resolvió lo que a continuación se precisa:
“…SÉPTIMO. Mediante escrito presentado con fecha 04 de mayo del 2011, dando contestación a la carta requerimiento número ********** presentado por la ********** representante legal de la empresa manifiesta que su actividad consiste en “Servicios de reclutamiento, selección y contratación de personal operativo, administrativo y gerencial”; por lo que considerando su manifiesto textual que señala. “En nuestra empresa nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a cubrir sus necesidades de personal calificado para cada una de sus operaciones”, y en el proceso de trabajo manifiesta lo siguiente: “Contratación y/o Selección, volanteo, manta, publicación, perifoneo, Selección, entrevista, revisión de documentos. Contratación; Elaboración de expedientes, alta IMSS, contrato, gafete, lista de asistencia; nómina (elaboración y pago de nómina)”. Ahora bien, aunado a con lo anterior expuesto aporta Formato
PS-1, Solicitud de Registro de Información de los Contratos de Prestación de Servicios mediante el cual el patrón **********, señala su objeto social de prestación de servicios administración, reclutamiento, selección y contratación de servicios temporales, técnicos, administrativos y de operadores en general requeridos por la industria maquiladora, e informa el beneficiario de los servicios o trabajos contratados siendo la empresa ***********, con giro de “fabricación de guantes de látex”, clasificada actualmente en la fracción 323 de Clase V, se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización que a la letra dice: “Artículo 19. Para efectos de este capítulo, aquellas personas físicas o morales que mediante un contrato de prestación de servicios, realicen trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo, serán clasificadas de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores de conformidad a lo consignado en el Catálogo de Actividades establecido en este reglamento.”. En consecuencia resulta aplicable el que dicho patrón sea ubicado en la fracción 323 de clase V la cual a la letra dice:
“Fabricación de productos de látex. Comprende a
las empresas que a base de látex natural, se dedican mediante el proceso industrial de inmersión, a la fabricación de productos para usos quirúrgicos, higiénico y farmacéutico, domésticos e industriales, tales como sondas, catéteres, protectores para prótesis, calzones, preservativos, tetillas para biberón, guantes, globos y otros productos diversos. Por lo anterior, esta Subdelegación, Órgano operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de organismo fiscal autónomo. RESUELVE: PRIMERO. Con fundamento en los artículos 5, primer párrafo, 73, 75, 251, primer párrafo, fracciones I, XVI, XVIII, XX, XXI y demás relativos de la Ley del Seguro Social; 1, primer párrafo, fracción IV, 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, primer párrafo, fracción I, 29, primer párrafo, fracción III, 30, primer párrafo, fracción III, 33 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 196, División 3, Grupo 32 y fracción 323, del catálogo de Actividades para la Clasificación de las Empresas en el Seguro de Riesgo de Trabajo, previsto en el mismo Reglamento y de conformidad con lo expuesto en el considerando SÉPTIMO de esta resolución se RECTIFICA la clasificación de la
empresa de referencia, para efectos de la cobertura del Seguro Riesgos de Trabajo, a:
CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA FRACCIÓN Fabricación de productos de látex
En estrecha vinculación con lo anterior, cabe señalar que los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, así como el 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, disponen lo siguiente:
“Artículo 71. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos que establezca el reglamento relativo.”
“Artículo 75. La determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una clase determinada. Este supuesto sólo se aplicará a las
empresas que se inscriben por primera vez en el Instituto o cambien de actividad.
Para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, tratándose de los patrones a que se refiere el tercer párrafo del artículo 15-A, de esta Ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará un registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera, de las señaladas en el artículo 73 de esta Ley, con el que realizará la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. Los patrones o sujetos obligados que se hayan clasificado en términos de lo dispuesto en este párrafo, revisarán anualmente su siniestralidad conforme al artículo 74 de esta Ley de manera independiente por cada uno de los registros patronales asignados.”
fracción I, constitucionales establecen:
…IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado
y Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.”
En relación con el principio de proporcionalidad, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, entre otros criterios que fijan su alcance, los siguientes:
Tesis P. XXXV/2010 del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, correspondiente al mes de Agosto de dos mil diez,
visible en la página 243, que a la letra dice:
“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA QUE UN TRIBUTO RESPETE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL SE REQUIERE QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL GRAVAMEN Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS SUJETOS,
QUE ÉSTA ENCUENTRE RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO GRAVADO Y QUE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE GRAVABLE SE RELACIONEN ESTRECHAMENTE. (Se transcribió su texto)”.
Tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 187-192, Primera Parte, visible en la página 113, que a la letra dice:
“PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. (Se transcribió su texto)”.
Además de la tesis de jurisprudencia P./J. 18/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, correspondiente al mes de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, visible en la página 62, que a la letra dice:
“SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. (Se transcribió su texto)”.
Así, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, la cual debe ser gravada diferencialmente para que en cada supuesto, el impacto sea distinto respecto de la cantidad y del mayor o menor sacrificio que se ve reflejado cuantitativamente en la disminución patrimonial que se produce, y en proporción a los ingresos obtenidos.
Este principio obliga al legislador a graduar la aportación, de forma que la contribución al gasto público se realice en función de la mayor o de la menor capacidad económica manifestada por ellos al llevar a cabo el hecho imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia a él, es decir, que sea la base gravable la que permita medir esa capacidad económica y la tarifa o tasa la que exprese la parte que corresponde al ente público acreedor del tributo, de lo que resulta que la capacidad económica no sólo marca el cauce lógico del tributo, sino que también lo legitima y explica su existencia, condicionando su estructura y contenido.
Tratándose de la reserva legal, que se contempla en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sus principios y límites en la tesis de jurisprudencia P./J. 79/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, correspondiente al mes de Agosto de dos mil nueve, visible en la página 1067, que a la letra dice:
“FACULTAD
Contrario a lo que expresa la parte quejosa, el artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, no quebranta el derecho de proporcionalidad tributaria, ni el principio de reserva legal antes aludido, toda vez que de la interpretación sistemática que deriva de éste y los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, se desprende que las distinciones realizadas en cuanto a la determinación del riesgo de trabajo, no contrarían los preceptos constitucionales en que se sustentan.
En efecto, la empresa actora en el juicio de nulidad, se auto clasificó para efectos de la determinación y
pago de la prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, expresando que se dedica al “reclutamiento y preselección de personal”, indicando que le corresponde la división económica 6, grupo 66, fracción 666, clase II.
Al contestar la carta de requerimiento descrita líneas precedentes, indica que uno de los beneficiarios del servicio es la sociedad anónima Ansell Edmont Industrial Inc. de México, con el giro de “fabricación de guantes látex” clasificada en la fracción 323 Clase V.
Acorde a los datos señalados, al establecerse en el artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, que aquellas personas físicas o morales, mediante un contrato de prestación de servicios, realicen trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo, serán clasificadas de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores, de conformidad a lo consignado en el Catálogo de Actividades establecido en el mismo, no desatiende la capacidad contributiva de la parte actora en el juicio de nulidad, debido a que en términos del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, los tipos de actividades y ramas industriales se catalogan en
razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una clase determinada.
Entonces, el reclutamiento y preselección del personal, constituye un acto previo para destinar al trabajador a un área específica en la que desarrollará su actividad, que no refleja por sí mismo, la mayor o menor peligrosidad a que estará expuesto el empleado al momento de ser asignado a una empresa para el desarrollo de una labor concreta, siendo ésta la que por razón de su complejidad constituye el parámetro para medir el nivel de riesgo a que será expuesta la integridad de la persona que desarrolla el empleo.
De ahí que su capacidad contributiva legalmente no es medida diferencialmente en relación a otros contribuyentes, porque se dispone de manera general para todas aquellas personas físicas o morales que mediante contrato de prestación de servicios realicen trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo, que serán clasificados de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores de conformidad a lo establecido en el catálogo de actividades.
Lo anterior resulta congruente, porque el campo de acción en que se desarrolla el empleado, atiende al ejercicio de su actividad corporal, que en el caso se vincula con la fabricación de productos de látex; de ahí que sea en este momento en que se produce para el mismo un grado de riesgo que constituye uno de los aspectos que el Constituyente tomó en cuenta para fijar las cuotas obrero patronales.
Asimismo, el contenido del artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, tampoco quebranta el principio de reserva legal, establecido en el artículo 89, fracción I, constitucional, atendiendo a que lo que se prevé en dicho numeral reglamentario no contraviene lo establecido en los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social.
En efecto, el artículo 71 de la Ley del Seguro Social, es el que prevé los elementos esenciales para el cálculo de las cuotas por seguro de riesgo de trabajo, al establecer que su fijación será con base a la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad del negocio de que se trate, en los términos que establezca el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia
de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
Luego, si el Reglamento aludido, particularmente el artículo 19 en comento, señala que aquellas personas físicas y morales, que mediante un contrato de prestación de servicios, realicen trabajos con elementos en otro centro de trabajo, serán clasificados de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores, de conformidad con lo consignado en el catálogo de actividades establecido en este reglamento, ello no implica que adicione nuevos elementos a los ya previstos en la Ley del Seguro Social para la determinación de las cuotas por riesgo de trabajo.
Lo anterior es así, porque del propio artículo 71 de la Ley del Seguro Social, se pone de manifiesto, que el concepto de actividad del negocio, el constituyente lo sujetó a lo que prevé el Reglamento, de ahí que el artículo 19 en comento, sí toma en cuenta la actividad del negocio, y claro está que al existir un contrato de prestación de servicios, el índice de siniestralidad, no puede ser reflejado sino en función de la actividad que desarrolle el trabajador, por lo que no es exacto que se trate de un elemento extraño a la ley.
Estimar lo contrario, sería tanto como considerar que existen empresas que no tienen ni clases, ni grados de riesgo para sus empleados, debido a que éstos fueron contratados por una persona física o moral dedicada exclusivamente a “reclutamiento y preselección de personal”, lo cual es absolutamente contrario al objeto que motivó al constituyente a establecer cuotas obrero patronales en razón del salario base de cotización y riesgo al que son expuestos los trabajadores.
De ahí que el artículo 19 del Reglamento controvertido, lo que hace es pormenorizar un supuesto en el que la actividad de la empresa se vincula con un contrato de prestación de servicios; por tanto, el concepto “actividad del negocio” se traslada a esta última con la que se contrata, que será la que finalmente impone al trabajador la actividad específica que va a desarrollar, resultando legal que para efectos del cálculo de las cuotas aludidas la autoridad fiscal haya atendido a la actividad de **********.
Por tanto, la aplicación de la norma reglamentaria, no implicó la introducción de algún elemento ajeno al sistema de tributación y el Ejecutivo Federal, al emitir ese reglamento, sólo proveyó en la esfera
administrativa a la exacta observancia de la Ley del Seguro Social.
No resulta óbice a lo anterior, la afirmación de la parte quejosa en el sentido de que la violación señalada es por el ejercicio mil novecientos noventa y siete, porque hasta el dos mil diez se publicó en el Diario Oficial de la Federación, de nueve de julio de dos mil nueve, una adición al segundo párrafo al artículo 75 de la Ley del Seguro Social, para incorporar las empresas prestadoras de servicios como la actora que realizan dos o más actividades, la opción por medio de la cual se asignará un registro patronal por cada una de las clases que así requiera el patrón a nivel nacional.
Lo anterior porque en nada incide el contenido del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, -reproducido líneas precedentes- que fue adicionado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de nueve de julio de dos mil nueve, y que se sujetó a los transitorios que a continuación se indican:
“ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de la reforma al artículo 75, de la Ley del Seguro Social,
que se adiciona, cuya vigencia empezará 250 días después de que se haya efectuado dicha publicación.”
“ARTÍCULO TERCERO. Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 75, de la Ley del Seguro Social, que se adiciona, los patrones o sujetos obligados que venían operando con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán clasificados en la misma actividad para efectos del seguro de riesgos de trabajo y aplicando la misma prima determinada conforme al procedimiento establecido por el artículo 74 de esta Ley por los registros patronales que tenían vigentes a esa fecha. Los registros patronales que soliciten con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se clasificarán conforme a lo establecido en el citado segundo párrafo del artículo 75. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social podrá emitir reglas generales para tal efecto.”
Lo expuesto por la parte quejosa no tiene relevancia al caso, porque el requerimiento llevado a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que proporcionara documentación a efecto de comprobar la actualización de su clasificación es de diecinueve de enero de dos mil once, esto es,
cuando ya estaba en vigor el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, de ahí que aun cuando se encontrara en ese supuesto, no estaba eximida de revisar anualmente su siniestralidad conforme al artículo 74 de la Ley del Seguro Social, de manera independiente por cada uno de los registros patronales que hubieren sido asignados ( ).”
SEGUNDO. Al no estar de acuerdo con la resolución anterior, la empresa quejosa interpuso recurso de revisión en su contra.
TERCERO. En su oportunidad, los autos del recurso fueron remitidos a este Alto Tribunal, cuyo Presidente, por auto de diecisiete de abril de dos mil trece ordenó formar y registrar el asunto con el número de expediente 1234/2013; determinó que el Tribunal en Pleno carecía de competencia legal para conocer del recurso de revisión, y acordó remitirlo a la Segunda Sala.
CUARTO. Por acuerdo de veintitrés de abril siguiente, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y turnó los autos a la Señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que formulara el proyecto de resolución respectivo.
El Agente del Ministerio Público de la Federación, designado para intervenir en el caso no formuló pedimento.
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, y 84, fracción II, de la anterior Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo que se inició durante la vigencia de la citada Ley de Amparo (la presentación de la demanda de amparo se llevó a cabo el catorce de septiembre de dos mil doce) y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
Es así, ya que en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor el tres del mismo mes y año, se precisó que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, “continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables
vigentes a su inicio”; en este orden de ideas, deberá entenderse que los artículos que se citen con fundamento en esta ley, se refieren a ésta.
SEGUNDO. El recurso de revisión se hizo valer en tiempo, atento a que se interpuso dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la anterior Ley de Amparo, pues la sentencia recurrida se notificó a la recurrente por lista, el veinte de marzo de dos mil trece, notificación que surtió efectos el veintidós siguiente, conforme al artículo 34, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, en consecuencia, el plazo para la presentación del recurso corrió del veinticinco de marzo, al diez de abril de dos mil trece, descontándose los días veintiuno; veintitrés y veinticuatro; treinta y treinta y uno de marzo de dos mil trece; seis y siete de abril de la propia anualidad, por ser días inhábiles de conformidad con los artículos 23 de la anterior Ley de Amparo y el diverso 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De igual modo se descuentan los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo del año en cita, por haber sido declarados inhábiles por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal.
En consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el ocho de abril de dos mil trece, resulta evidente que se interpuso oportunamente.
TERCERO. Antes de abordar el estudio de los agravios hechos valer por la recurrente, es necesario determinar si en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos primero, tercero y séptimo, 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en términos de lo previsto en el Acuerdo General Plenario 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial, el punto primero, fracciones I y II.
Al respecto, cabe decir que el recurso de revisión en amparo directo conforme a la normatividad mencionada, sólo es procedente cuando se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o de un reglamento federal o local; o cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones a pesar de haber sido planteadas.
De esa manera, si subsiste la materia de constitucionalidad, el recurso será procedente siempre y cuando entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Es decir, un asunto será importante cuando se aprecie que los argumentos son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se
advierta la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.
Finalmente, no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:
a) exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad
planteado;
b) cuando no se hayan expresado agravios o éstos resulten
inoperantes, siempre que no se advierta queja deficiente qué
suplir;
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al Acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes.”
(No. Registro 171,625. Jurisprudencia. Materia Común. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, agosto de 2007. Tesis 2a./J. 149/2007. Página
En la especie, el recurso de revisión cumple con los requisitos de procedencia, en virtud de que la quejosa en su demanda de amparo señaló como concepto de violación, que el artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, es inconstitucional; el Tribunal Colegiado del
conocimiento desestimó el concepto de violación relativo, y ahora la parte recurrente, en los agravios, cuestiona tal decisión.
Por lo tanto se satisfacen los requisitos de importancia y trascendencia a que se refieren los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, 86 y 93, de la anterior Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo 5/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación del recurso de revisión en amparo directo; de ahí que procede el presente medio de impugnación, así como el estudio de los agravios propuestos.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno que enseguida se transcribe:
“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE EXAMINA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN REGLAMENTO FEDERAL O LOCAL, SIEMPRE QUE EL ASUNTO ENTRAÑE LA FIJACIÓN DE UN CRITERIO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, A JUICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS GENERALES CORRESPONDIENTES. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito procede, excepcionalmente, cuando subsista el problema de constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o local expedido por el Gobernador de algún Estado, siempre y cuando a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en términos de los acuerdos generales correspondientes, el asunto entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, limitándose la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. En ese tenor, el examen de la satisfacción de los mencionados requisitos se debe efectuar por las Salas o el Pleno del Alto Tribunal en cada asunto concreto.”
(No. Registro: 166,806. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXX, julio de 2009. Tesis: P./J. 71/2009. Página:
CUARTO. Agravios. En un primer segmento del escrito de expresión de agravios, la recurrente aduce que el Tribunal Colegiado no atendió, y por ende, no resolvió sobre lo realmente planteado en los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad del artículo 19 del Reglamento de la Ley del
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
Al respecto, la revisionista, expuso los siguientes agravios:
1. Afirmó en los conceptos de violación que si la Ley del Seguro Social exige para la determinación de la cuantía de las cuotas de riesgo de trabajo que se debe contemplar el riesgo inherente a la actividad de la empresa, resultaba inconcuso que el artículo cuestionado excede al contenido de la Ley, y por ende resultaba ilegal cuando establece que para la determinación de las cuotas de riesgo de trabajo debe considerarse la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores, pues dicho contenido desconoce completamente el riesgo real inherente a la empresa para el caso de que se realicen dos o más actividades tal y como lo establece la ley; argumentos que no fueron atendidos por el Tribunal Colegiado en su sentencia, pues no resolvió lo efectivamente planteado, en razón de que el concepto de violación se enderezó a sostener que el artículo 71 de la Ley del Seguro Social establece que se debe tomar en consideración, para la determinación de la prima de riesgo, el salario base de cotización y la actividad inherente de la empresa, tornándose contrario a la Constitución el contenido del artículo 19, al establecer
que para la determinación de cuotas del seguro de riesgo de trabajo debe considerarse la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores, pues dicho contenido desconoce completamente el riesgo real inherente a la empresa, sin que nada de ello se hubiera resuelto en la sentencia recurrida, pues únicamente se limitó a señalar que conforme al artículo 75 de la Ley del Seguro Social, los tipos de actividades se catalogan en razón de la mayor o menor peligrosidad a la que están expuestos los trabajadores, asignando a cada uno de los grupos una clase determinada; que el artículo 19 establece la utilización de la actividad más riesgosa para todos los contribuyentes y finalmente que se atiende a la actividad más riesgosa para el trabajador, pero nada dijo de la afectación patrimonial que se produce al quejoso al obligarlo a tributar por todos sus empleados tomando en cuenta la actividad más riesgosa que alguno de ellos desarrollen, lo cual constituye la parte medular del concepto de violación.
2. En ningún momento expuso la quejosa que el artículo 19 reclamado no considerara la actividad que desarrolle el trabajador, ni que no tomara en cuenta la actividad del negocio, sino que el concepto de violación se enderezó para sostener que resultaba violatorio del principio de reserva de ley el alcance que el reglamento le dio al artículo 71 de la ley de la materia,
al permitir hacer una determinación general de la actividad más riesgosa para todos los empleados de la quejosa, cuando el patrón realiza diversas actividades y no solamente la preselección y contratación de personal, como infundadamente lo sostiene, y en ese sentido es claro que no se entró al estudio de la cuestión realmente planteada y sólo se disimuló el estudio en una resolución que adolece de congruencia y exhaustividad.
3. Que en sus conceptos de violación sostuvo que no basta con resolver que el artículo 75 de la Ley del Seguro Social establece que la prima de riesgo se determinará considerando el grado de peligrosidad inherente a las actividades desarrolladas, ni que el artículo 19 resulta aplicable a todas las personas físicas y morales de manera general, y que todo lo anterior resulta congruente porque se atiende a la actividad corporal del trabajador, pues ninguna queja se enderezó en contra del artículo 71 o 75 de la ley de la materia, o que la aplicación del artículo 19 impugnado fuera de aplicación selectiva o arbitraria, sino que el precepto impugnado desconoce lo preceptuado por la constitución, al establecer que a la totalidad de los trabajadores les resultaba aplicable la prima correspondiente a la actividad más riesgosa, con independencia de que no la desarrollen, y en ese punto se advierte que contrario a lo resuelto en la
sentencia recurrida, el razonamiento en la misma sí es incongruente, pues es claro que no se atiende a la actividad corpórea del trabajador, sino al mayor peligro, con independencia de que la desarrolle o no.
4. Por otra parte, en diverso apartado del escrito de expresión de agravios, la empresa recurrente sostiene que la sentencia del Tribunal Colegiado le causa perjuicio porque contrario a lo ahí resuelto, el artículo 19 reglamentario desconoce por completo a uno de los elementos fijados por la Ley del Seguro Social para la determinación de las cuotas por concepto de riesgo de trabajo, específicamente el riesgo inherente a la actividad realizada por la empresa, toda vez que dicho numeral 19 no lo toma en cuenta y en su lugar incorpora que debe considerarse la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores, por lo que es evidente que en este caso el artículo combatido incorpora elementos novedosos y no contemplados por la ley de la materia, lo que se traduce en violación al principio de proporcionalidad tributaria y de supremacía de Ley sobre el Reglamento.
QUINTO. Estudio. Son infundados los agravios identificados en los números 1 al 3 de la relación recién efectuada, en los que la empresa recurrente aduce que el Tribunal Colegiado no atendió, y por ende, no resolvió sobre lo realmente planteado en
los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad del artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
Para dilucidar el punto de controversia planteado por la empresa revisionista en los agravios que nos ocupan, se torna necesario traer en contexto el contenido de los conceptos de violación de la demanda de amparo en los que se alegó la inconstitucionalidad del precepto reglamentario cuestionado, para después verificar si esos argumentos fueron o no analizados por el Tribunal Colegiado, al emitir el fallo materia de este recurso.
Así las cosas, en el denominado segundo concepto de violación de la demanda (hoja 11 a la 16 del cuaderno de amparo) la empresa quejosa expuso las siguientes inconformidades.
1. El artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización es inconstitucional, al exceder lo dispuesto por los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, en franca contravención al artículo 31 constitucional, ya que mientras el precepto reglamentario establece que las empresas serán clasificadas de acuerdo con la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores en otros centros de trabajo, los artículos de la Ley del Seguro Social
establecen que para la determinación de las cuotas de riesgo de trabajo deben considerarse dos elementos:
el salario base de cotización de los trabajadores, y el riesgo inherente a la actividad de la empresa, por ende, el alcance del precepto reglamentario excede lo dispuesto por la ley, considerándose violatorio de los principios de supremacía de la ley y de proporcionalidad tributaria.
2. Conforme a los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, el seguro de riesgo de trabajo tiene relación directa con la peligrosidad que represente la actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas, lo anterior en plena concordancia con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31 constitucional, pues a mayor peligrosidad que represente la actividad de la empresa, incrementa el riesgo de siniestro y por ende, mayor la cantidad a pagar por concepto de prima, y por el contrario, a menor peligrosidad de la actividad de la empresa, será igualmente inferior la cantidad a liquidar por dicho concepto.
3. Así, de conformidad con el artículo 71 de la Ley del Seguro Social las cuotas se determinan en relación con dos factores a saber: 1) la cuantía del salario base de cotización y 2) el riesgo inherente a la actividad de la empresa.
4. Se acredita la inconstitucionalidad alegada porque existe exceso en el reglamento al quebrantar los principios de proporcionalidad tributaria y supremacía legal, al obligarlo a tributar sobre la actividad más riesgosa y por ende onerosa, cuando realice dos o más actividades con distinto grado de riesgo, desconociendo por completo los elementos fijados por la Ley del Seguro Social para la determinación de las cuotas por concepto de riesgo de trabajo, esto es, el riesgo inherente a la actividad realizada por la empresa, toda vez que el numeral reglamentario omite tomarlo en cuenta y en su lugar incorpora que deba considerarse la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores, por lo que dicho numeral incorpora elementos novedosos y no contemplados por la ley, lo que se traduce en una violación a los principios ya citados.
5. La Ley de Seguro Social exige para la determinación de la cuantía de las cuotas de riesgo de trabajo que se contemple el riesgo inherente a la actividad de la empresa, pero el artículo 19 del reglamento se excede cuando establece que para la determinación de las cuotas debe considerarse la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores, pues dicho contenido desconoce completamente el riesgo real de la empresa para el caso de que se realicen dos o más
actividades tal y como lo establece la ley; que no es obstáculo que del artículo 71 de la Ley del Seguro Social se advierta la referencia expresa al reglamento para la determinación de la cuota de riesgo.
Ahora bien, es menester precisar que contrariamente a lo argumentado por la parte recurrente, el Tribunal Colegiado de Circuito que antecedió en el conocimiento del asunto se avocó al análisis e interpretación de los resumidos argumentos vertidos en vía de conceptos de violación, en los términos en que fueron planteados por la parte quejosa resultando por ende, correcta la interpretación del precepto reglamentario tildado de inconstitucional.
En efecto, esta Sala lo considera así, ya que el tribunal del conocimiento si atendió y dio respuesta a tales conceptos de violación, a los que calificó como infundados en virtud de que en su opinión, a pesar de que el numeral 71 de la Ley del Seguro Social es el que prevé los elementos esenciales para el cálculo de las cuotas por seguro de riesgo de trabajo, al establecer que su fijación será con base a la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad del negocio de que se
; sin embargo, puntualizó, que tal situación no implicaba
que el impugnado numeral 19 adicionara nuevos elementos a
determinación de las cuotas por riesgo de trabajo; y que por
tal motivo, en contra de lo
alegado por la empresa quejosa,
constitucionales señalados.
inmersas en el fallo sujeto a revisión:
1. Contrario a lo que expresa la parte quejosa, el artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, no quebranta el derecho de proporcionalidad tributaria, ni el principio de reserva legal antes aludido, toda vez que de la interpretación sistemática que deriva de éste y de los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social, se desprende que las distinciones realizadas en cuanto a la determinación del riesgo de trabajo, no contrarían los preceptos constitucionales en que se sustentan.
2. Agregó que el contenido del artículo 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, tampoco quebranta el principio de reserva legal, establecido en el artículo 89, fracción I, constitucional, atendiendo
reglamentario no contraviene lo establecido en los artículos 71 y 75 de la Ley del Seguro Social.
3. En efecto, sostuvo que, el artículo 71 de la Ley del Seguro Social es el que prevé los elementos esenciales para el cálculo de las cuotas por seguro de riesgo de trabajo, al establecer que su fijación será con base a la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad del negocio de que se trate, en los términos que establezca el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
4. Luego,
particularmente en su artículo 19 señala que
servicios, realicen trabajos con elementos en
otro centro de trabajo, serán clasificados de
desarrollen sus trabajadores, de conformidad
actividades establecido en dicho reglamento,
ello no implica que adicione nuevos elementos a
los ya previstos en la Ley del Seguro Social para
la determinación de las cuotas por riesgo de
5. Lo anterior es así, porque del propio artículo 71 de
la Ley del Seguro Social, se pone de manifiesto,
reglamento, de ahí que el artículo 19 combatido,
sí toma en cuenta la actividad del negocio, y
siniestralidad, no puede ser reflejado sino en
trabajador, por lo que no es exacto que se trate
de un elemento extraño a la ley.
6. Estimar lo contrario, sería tanto como considerar que existen empresas que no tienen ni clases, ni grados de riesgo para sus empleados, debido a que éstos fueron contratados por una persona física o moral dedicada exclusivamente a “reclutamiento y preselección de personal”, lo cual es absolutamente contrario al objeto que motivó al constituyente a establecer cuotas obrero patronales en razón del salario base de
cotización y riesgo al que son expuestos los trabajadores.
7. De ahí que el artículo 19 del Reglamento controvertido, lo que hace es pormenorizar un supuesto en el que la actividad de la empresa se vincula con un contrato de prestación de servicios; por tanto, el concepto “actividad del negocio” se traslada a esta última con la que se contrata, que será la que finalmente impone al trabajador la actividad específica que va a desarrollar, resultando legal que para efectos del cálculo de las cuotas aludidas la autoridad fiscal haya atendido a la actividad de **********.
8. Por tanto, la aplicación de la norma reglamentaria, no implicó la introducción de algún elemento ajeno al sistema de tributación y el Ejecutivo Federal, al emitir ese reglamento, sólo proveyó en la esfera administrativa a la exacta observancia de la Ley del Seguro Social.
Lo que basta para demostrar que el Tribunal Colegiado de Circuito sí atendió al planteamiento central de inconstitucionalidad efectivamente planteado por el ahora recurrente, mediante consideraciones que atienden de una u otra forma a la reclamación hecha valer.
En ese tenor, resulta también infundado lo manifestado en el agravio sintetizado en el punto número 4 de la relación efectuada en párrafos precedentes, por las razones que enseguida se expondrán.
En efecto, en dicho agravio la empresa inconforme sostiene que en contra de lo que resolvió el Tribunal del conocimiento el precepto reglamentario cuestionado sí es inconstitucional, ya que desconoce por completo a uno de los elementos fijados por la Ley del Seguro Social para la determinación de las cuotas por concepto de riesgo de trabajo, específicamente el riesgo inherente a la actividad realizada por la empresa, toda vez que dicho numeral 19 no lo toma en cuenta y en su lugar incorpora que debe considerarse la actividad más riesgosa que desarrollen los trabajadores, por lo que es evidente que en este caso el artículo combatido incorpora elementos novedosos y no contemplados por la ley de la materia, lo que se traduce en violación al principio de proporcionalidad tributaria y de supremacía de Ley sobre el Reglamento.
Para justificar la calificativa otorgada al referido agravio es importante mencionar que la facultad reglamentaria contemplada en el artículo 89, fracción I, constitucional, está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.
El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada
materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley; esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento.
El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar.
Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se
emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden
y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta
observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del “qué”, “quién”, “dónde” y “cuándo” de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el “cómo”
de esos mismos supuestos jurídicos.
En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del “cómo”, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (“qué”, “quién”, “dónde” y “cuándo”), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.
En este mismo sentido, este Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 5/2001, en relación a la facultad reglamentaria del ejecutivo federal, sostuvo que la facultad que el artículo 89, fracción I, constitucional establece en favor del presidente de la república de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede válidamente ejercerse, tanto mediante la expedición de un conjunto de normas constitutivas de un ordenamiento en el que se desarrollan las disposiciones de la ley, como por medio del dictado de una norma particular requerida por una situación determinada para la mejor realización de los fines del cuerpo legal, es decir, que esa facultad comprende la atribución de expedir reglamentos, así como la emisión de decretos, acuerdos y todos aquellos actos que sean necesarios para la exacta observancia de las leyes en materia administrativa, sin que estos últimos deban confundirse con
reglamentos, ya que no tienen por objeto desarrollar y detallar, mediante reglas generales, impersonales y abstractas, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación, que es la característica que distingue a los reglamentos.
Ahora bien, con el propósito de dilucidar si el precepto reglamentario tildado de inconstitucional, lo es o no, se estima necesario traer a contexto los artículos 71, 73, 74 y 75, todos de la Ley del Seguro Social, así como el de los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
“Artículo 71. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos que establezca el reglamento relativo. Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:
Prima media En por cientos Clase I 0.54355
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)
Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al período y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, si disminuye o aumenta.
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2001)
La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser modificada, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al uno por ciento con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la comprobación documental del
establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima mínima y máxima, que serán de cero punto cinco por ciento y quince por ciento de los salarios base de cotización respectivamente.
La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia.
comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una clase determinada. Este supuesto sólo se aplicará a las empresas que se inscriben por primera vez en el Instituto o cambien de actividad. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE JULIO DE 2009)
Para efectos de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, tratándose de los patrones a que se refiere el tercer párrafo del artículo 15-A, de esta Ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará un registro patronal por cada una de las clases, que así se requiera, de las señaladas en el
artículo 73 de esta Ley, con el que realizará la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional. Los patrones o sujetos obligados que se hayan clasificado en términos de lo dispuesto en este párrafo, revisarán anualmente su siniestralidad conforme al artículo 74 de esta Ley de manera independiente por cada uno de los registros patronales asignados.
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN.
Artículo 18. Las empresas al registrarse por primera vez o al cambiar de actividad deberán autoclasificarse para efectos de la determinación y pago de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, conforme al Catálogo de Actividades establecido en el Título Octavo de este Reglamento, en la división económica, grupo económico, fracción y clase que en cada caso les corresponda de acuerdo a su actividad.
Artículo 19. Para efectos de este Capítulo, aquellas personas físicas o morales, que mediante un contrato de prestación de servicios, realicen trabajos con elementos propios en otro centro de trabajo, serán clasificadas de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores, de conformidad a lo consignado en el Catálogo de Actividades establecido en este Reglamento.”
Como se observa, de los reproducidos numerales de la Ley
1. Que las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo
deban pagar los patrones, se determinarán en relación
con la cuantía del salario base de cotización, y con los
riesgos inherentes a la actividad de la negociación de
reglamento relativo.
2. Que por disposición expresa del artículo 71 de la Ley del
Seguro Social, será el Reglamento el que establezca los
términos en los que se determinarán los riesgos inherentes
de la negociación de que se trate, para
efectos del cálculo de las cuotas que deban pagar los
patrones, por el seguro de riesgos de trabajo.
cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media
de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de
acuerdo a la tabla contenida en el artículo 73.
anualmente su siniestralidad, conforme al período y dentro
del plazo que señale el reglamento, para determinar si
permanecen en la misma prima, si disminuye o aumenta. Y
que la siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la
5. Que la determinación de las clases comprenderá una
industriales, catalogándolas en razón de la mayor o
trabajadores, y asignando a cada uno de los grupos que
formen dicha lista, una clase determinada.
En estrecha vinculación con lo anterior, se encuentran los
artículos 18 y 19 del invocado reglamento que disponen que las
autoclasificarse
determinación y pago de la prima en el Seguro de Riesgos de
Trabajo, conforme al Catálogo de Actividades establecido en el
Título Octavo del reglamento, en la división económica, grupo
económico, fracción y clase que en cada caso les corresponda de
acuerdo a su actividad.
Que aquellas personas físicas o morales, que mediante un
elementos propios en otro centro de trabajo, serán clasificadas de
trabajadores, de conformidad a lo consignado en el Catálogo de
Actividades establecido en el reglamento.
Pues bien, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la válida
conclusión de que el precepto reglamentario impugnado no viola
89, fracción I,
la Constitución, que faculta al
administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el
Congreso de la Unión, en oposición a lo que refiere la empresa
revisionista en sus agravios.
Ello es así en virtud de que dicho dispositivo reglamentario,
al especificar que “aquellas personas físicas o morales, que
mediante un contrato de prestación de servicios, realicen trabajos
desarrollen sus trabajadores, de conformidad a lo consignado en
el Catálogo de Actividades establecido en el Reglamento”;
excede a lo que la
Ley del Seguro Social dispone, sino que tan
establece (dicha ley) en su artículo 75, en el sentido de que
tratándose de la clasificación de empresa, para efectos de la
determinación de la prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo,
deberá atenderse, entre otras cuestiones, a la mayor o menor
peligrosidad a que están expuestos los trabajadores en la
empresa en la que presten sus servicios.
impugnada dispuso que las personas
físicas o morales, que
complementar lo que el artículo 75 de la Ley del Seguro Social
dispone al respecto, cuando refiere que
empresa, para efectos del cálculo de la prima en el Seguro de
Riesgos de Trabajo, deberá atenderse a la mayor o menor
peligrosidad a que están expuestos los trabajadores.
reglamentario combatido introduzca elementos ajenos a los
que prevé la ley que reglamenta.
Sobre tales premisas, resulta jurídicamente correcto validar
la constitucionalidad del artículo 19 del Reglamento de la Ley del
Empresas, Recaudación y Fiscalización, ya que como se ha visto
no viola el principio de subordinación jerárquica previsto en el
artículo 89, fracción I, constitucional; toda vez que no excede en
forma alguna las disposiciones de la Ley del Seguro Social; de ahí
que los agravios en estudio resultan infundados.
A mayor abundamiento, es importante destacar que al existir
un contrato de prestación de servicios, el índice de siniestralidad
reflejado sino en función de la actividad que
desarrolle el trabajador, por lo que no es exacto que se trate de
un elemento extraño a la ley.
Estimar lo contrario, sería tanto como considerar que existen
empresas que no tienen ni clases, ni grados de riesgo para sus
empleados, debido a que éstos fueron contratados por una
persona física o moral dedicada exclusivamente a “reclutamiento
y preselección de personal”, lo cual es absolutamente contrario al
objeto que motivó al constituyente a establecer cuotas obrero
patronales en razón del salario base de cotización y riesgo al que
son expuestos los trabajadores.
En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los
analizados se impone confirmar el fallo recurrido y negar la
protección constitucional solicitada.
En la materia de la revisión, se confirma la
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, en contra de la autoridad y por el acto señalado en el primer resultando de esta sentencia.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Ministro Presidente Sergio A. Valls Hernández. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas votó contra consideraciones.
Firman el Ministro Presidente y la Ministra Ponente con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.
LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.
Esta hoja corresponde al AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1234/2013. QUEJOSA: ***********. Fallado en sesión de cinco de junio de dos mil trece. En el sentido siguiente: “PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********, en contra de la autoridad y por el acto señalado en el primer resultando de esta sentencia.” Conste.
En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
FGO/mdm
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