Source: https://www.forodevigilantes.com/t2133-prestacion-de-servicios-de-seguridad-privada-en-centros-militares
Timestamp: 2017-10-21 13:55:45
Document Index: 241617499

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 81', 'artículo 113', 'artículo 81']

por josepmarti el Vie 08 Ago 2014, 08:53
Efectivamente, en diversos informes de este Centro Directivo se dice textualmente lo siguiente: "En cuanto a la prestación de servicios de seguridad privada, la filosofía que preside la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, es la de que tales servicios, como norma general, se presten sin armas, previéndose la autorización del uso de las mismas únicamente cuando lo exijan las concretas circunstancias".
Así, cuando el apartado b).1º habla de "Centros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes del Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las Fuerzas Armadas o estén destinados al uso por el citado personal", cabe entender que cualquier tipo de instalación militar o centro dependiente del
Ministerio de Defensa, sea cual sea su destino o utilidad, está comprendido en el
ámbito del citado apartado, y ello -debe insistirse- por la especial peligrosidad o
vulnerabilidad de los mismos, en los que, entre otros factores, la presencia de
armas de fuego es habitual.
Desde algunos sectores se ha venido manteniendo el criterio de que la prestación
de servicios de vigilancia en los centros y establecimientos militares no debe
desarrollarse necesariamente con armas de fuego, puesto que resulta excesivo que,
tratándose de establecimientos que no están obligados a disponer de tal servicio, si
quieren establecerlo de "motu propio", se les obligue a que el mismo se preste con
Pues bien, tal argumento, que en principio parece razonable, resulta chocante no
sólo con el contenido sino también con la propia sistemática del repetido artículo 81
del Reglamento de Seguridad Privada.
La propia Ley 23/1992, en su artículo 14, remite a la regulación reglamentaria la
determinación de los supuestos en que las funciones de los vigilantes de seguridad
previstas en el artículo 11 de aquélla se desarrollarán con armas de fuego. Ello
significa que no todas las funciones contempladas en dicho artículo se desarrollarán
con armas, sino solamente aquéllas que se determinen por vía reglamentaria. Pero
la Ley también señala expresamente los supuestos que deben necesariamente
contemplarse entre los que "se desarrollarán" con armas: la protección del
almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos
valiosos, la vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transportes de armas y
explosivos, de industrias o establecimientos peligrosos que se encuentren en
despoblado y aquellos otros de análoga significación.
En cumplimiento del mandato legal, el artículo 81.1, letras a) y b), del Reglamento
de Seguridad Privada, además de contemplar tales supuestos, incluye (se supone
que por ser de "análoga significación") a los centros y establecimientos militares, y
otros dependientes del Ministerio de Defensa.
En consecuencia, si bien es cierto que los centros y establecimientos militares no
están obligados a disponer de un servicio de vigilantes de seguridad -salvo por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 del repetido Reglamento-, si tal servicio
se implanta debe ser armado, medida que, por otra parte, resulta lógica, no sólo
para preservar la seguridad de los edificios y las personas que los ocupan, sino
también la de los propios vigilantes de seguridad, que están expuestos a mayores
De ahí que si la intención del artículo 81 hubiese sido la de propiciar en todo caso la
prestación opcional de servicios de seguridad privada con o sin armas, los
supuestos contemplados en el apartado 1, letras a) y b), deberían estar integrados,
bien en el contenido del apartado 1, letra c) (imposición del servicio armado por la
Delegación del Gobierno o por la Dirección General de la Policía), bien en el del
apartado 2 (solicitud de tal servicio por el propio organismo, entidad o empresa).
Es precisamente la regulación diferenciada respecto a esos dos supuestos lo que ha
inducido a mantener que los supuestos contemplados en el apartado 1, letras a) y
b), por contraposición a los restantes -y por exclusión-, son aquéllos en los que los
servicios deben prestarse necesariamente con armas de fuego.
Por otra parte, cuando por aplicación de los artículos 112 y 113 del Reglamento de
Seguridad Privada se exige a las empresas o entidades privadas o públicas la
adopción de determinados servicios o sistemas de seguridad, la imposición del
servicio de vigilantes de seguridad conlleva asimismo la determinación de si tal servicio habrá de prestarse con o sin armas.
fuente. MIR
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