Source: https://www.scribd.com/doc/120106692/Seis-tesis-sobre-la-jurisdiccion-constitucional-en-Europa-Francisco-Rubio-Llorente
Timestamp: 2019-02-21 01:55:12
Document Index: 332627999

Matched Legal Cases: ['artículo 280', 'artículo 144', 'artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 84', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 24']

Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en...
SEIS TESIS SOBRE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA
Es inexcusable precisar, al inicio de estas páginas, cuál es el concepto de jurisdicción constitucional que en ellas se utiliza, pues esa expresión se emplea frecuentemente en diversos sentidos, sólo parcialmente coincidentes. A veces, jurisdicción constitucional se identifica con jurisdicción protectora de los derechos fundamentales, aunque tal protección no se efectúe en aplicación de Constitución alguna (1), en tanto que en otras el concepto se res(*) Estas tesis, con algunas más, tan en agraz que no son publicables, hasta completar el número de once en recuerdo de un texto célebre, fueron presentadas en México (septiembre de 1991) en el Seminario sobre Tendencias actuales del Derecho, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La última de estas tesis, la sexta, fue expuesta y discutida, además, en la Mesa Redonda celebrada en Aix-en-Provence en julio de 1971 sobre El acceso directo a la jurisdicción constitucional: técnicas y resultados. En el curso de esta discusión, muy viva, y frente a quienes a partir de mis observaciones críticas sobre su configuración actual cuestionaban la conveniencia de mantener abierta esta vía de acceso directo de los ciudadanos a la jurisdicción constitucional, yo expuse mi convencimiento de que, por el contrario, y fuesen cuales fuesen los problemas que plantea, el recurso de amparo es una institución indispensable para mantener vivos entre los ciudadanos la voluntad y el sentimiento de Constitución, es decir, para hacer de la Constitución un texto vivo. A mi postura se adhirieron los colegas (Vichtum, de Alemania; Adamovich, de Austria, y Saladin, de Suiza) que se habían ocupado de la misma institución en sus países respectivos. (1) La imposibilidad de establecer un concepto único de jurisdicción constitucional fue demostrada ya hace más de sesenta años por Friesenhahn en el Handbuch editado por Anschütz y Thoma (vol. II, Tubinga, 1932, pp. 532 y ss.). Un ejemplo de esa tendencia a identificar jurisdicción constitucional con jurisdicción protectora de derechos fundamentales la ofrece el trabajo de CAPPELLETTI «¿Renegar
Revista Española de Derecho Constitucional Año 12. Núm. 35. Mayo-Agosto 1992
tringe hasta reducirlo sólo a aquella jurisdicción que puede resolver sobre la constitucionalidad de las leyes (2). Esta diversidad de usos, justificada por la necesidad de estudiar desde una perspectiva única instituciones en alguna medida diferentes, tiene su origen último en el hecho de que, en Europa, a diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, jurisdicción constitucional y jurisdicción que aplica la Constitución (constitutional adjudication) no son términos equivalentes. Aunque todos los jueces y tribunales del Estado deban aplicar su Constitución para resolver sobre la validez de los actos de la Administración o de las normas infralegales, como generalmente es el caso, se reserva a un Tribunal único, denominado Constitucional, la potestad de enjuiciar las leyes desde el punto de vista de su constitucionalidad. Por jurisdicción constitucional en sentido lato, o funcional, se entiende entonces la actuación total de estos órganos constitucionales, a los que, por la fuerza de las cosas, se les atribuyen otras muchas competencias. Es este sentido funcional (3) el que aquí damos a la expresión jurisdicción constitucional, aunque, dada la finalidad del trabajo, no tomaremos en consideración aquellas competencias que no tienen por objeto controlar la actuación del poder, sino la de sus titulares (4), o que atribuyen al Tribunal Constitucional el contencioso electoral (5). Esta mutilación del concepto puramente funcional nos obliga a colocar también en un segundo plano la actividad que estos tribunales desarrollan para resolver los conflictos que oponen a las instituciones centrales del Estado con aquellos entes dotados de una autonomía constitucionalmente garantizada y cuyo contenido concreto no está a la disposición del legislador, sea cual fuere la denominación (Lander, Cantones, Regiones, Comunidades Autónomas, etc.) de tales entes y la del Estado (Fedede Montesquieu? La expansión y legitimidad de la justicia constitucional», en Revista Española de Derecho Constitucional (en lo sucesivo, REDC), núm. 17, pp. 9-46. (2) Es el concepto que yo mismo utilicé en «La jurisdicción constitucional como forma de creación del Derecho», en REDC, núm. 22, especialmente pp. 10 y 11. (3) García-Pelayo («El status del Tribunal Constitucional», en REDC, núm. 1) utiliza la dicotomía material-formal, habitual en la literatura germánica. He preferido aquí el calificativo «funcional», para evitar otras connotaciones de la palabra «formal». (4) Así, por ejemplo, las competencias que tienen los Tribunales Constitucionales alemán, austríaco e italiano para juzgar a los titulares de los más altos cargos del Estado e incluso imponer (en el caso de Austria e Italia) una sanción penal. (5) La atribución al Tribunal Constitucional de competencia en el contencioso electoral es, por lo demás, casi inevitable, como evidencia el ejemplo español. La Ley Orgánica (en lo sucesivo, LOTC) no atribuía originariamente competencia alguna de este género al Tribunal Constitucional, pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LO 5/1985) prevé ya un recurso de amparo contra los acuerdos sobre proclamación de candidaturas. La reciente reforma de esta Ley (LO 8/1991) ha extendido esta competencia.
ral, Regional, de Autonomías) que los integra. Excusado es decir, por último, que, en consonancia con el valor que la expresión jurisdicción constitucional tiene en Europa, en lo que sigue no tomaremos en consideración aquellas formas de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes existentes, más en la teoría que en la práctica (6), en algunos países europeos pero que se ajustan al modelo norteamericano. El trabajo no pretende ser una exposición completa del sistema europeo de la jurisdicción constitucional. Ni sus obligadas dimensiones permitirían abordarla por grande que fuera el esfuerzo de síntesis, ni tal esfuerzo podría conducir a otra cosa que a actualizar, con detalles raramente trascendentes, obras ya hechas y seguramente conocidas de todos (7). Mi propósito no es el de describir esta jurisdicción, sino el de caracterizarla en su situación actual, escogiendo para ello los que me parecen ser los rasgos más salientes de su estructura y de su doctrina. He escogido para esta caracterización, en razón de su agilidad, la muy escolástica fórmula de la tesis. Debe quedar claro para todos, sin embargo, que tanto la división del discurso en tesis distintas como el número de éstas son totalmente convencionales. Destinados como están a la discusión, los juicios que en ellas se enuncian no pretenden otro valor que el puramente asertorio.
(6) Sobre la judicial review en los países nórdicos, vid. mi trabajo «La jurisdicción constitucional como forma de creación de Derecho», cit., pp. 12 y ss. (7) Cf., entre otras, L. FAVOREU, Les cours constitutionnelles (1. a ed., París, 1986) y «Europe Occidentale», en L. FAVOREU y J. A. JOLOWICZ (eds.), Le controle juridictionnel des lois (Aix-en-Provence, 1986); A. WEBER, «Generalbericht», en CH.,STARCK y A. WEBER (eds.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa (Baden-Baden, 1986) [traducción castellana en REDC, núm. 17, pp. 47-85].
Tampoco puede intentarse una caracterización de la jurisdicción constitucional en Hungría. integrado por miembros de otros Tribunales (Areópago. Hungría y Yugoslavia y ejercen también la jurisdicción constitucional el Tribunal Federal Suizo. a los facía concludentia. Los argumentos tradicionalmente empleados para negar la posibilidad de un control de la constitucionalidad de las leyes que sea realmente control judicial. desarrollada por la Ley Especial de 6 de enero de 1989. 1918-1939 (Madrid. salvo de forma parcial y limitada. y la resistencia de los demócratas del viejo estilo. que en Europa expuso sobre todo Cari Schmitt. Existe en los Estados cuya tradición democrática es más débil y quebradiza. produce cierta perplejidad la frecuente afirmación de que la jurisdicción constitucional es la coronación del Estado de Derecho o su perfeccionamiento (2). por ejemplo. pp. Dada la limitación competencial de los Tribunales polaco y yugoslavo y la situación político-constitucional de estos países. pendiente como está aún la aprobación de una nueva Constitución. para asegurar su supremacía frente a la ley y garantizar el respeto del poder a los derechos fundamentales que la Constitución consagra. Polonia. política de apariencia judicial. 12 . España. cuyas competencias originarias se han visto considerablemente acrecentadas por la reforma constitucional de 15 de julio de 1988 (art. (2) Vid. GARCÍA-PELAYO. 1987). y no. el Consejo Constitucional francés (aunque sólo bajo la forma de control previo) y el Tribunal Arbitral belga. en último término. En la actualidad existen Tribunales Constitucionales en Austria. Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas). y no simplemente. se desechan apelando. 15 a 20.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE PRIMERA TESIS En Europa. op. tan influyente en Europa. sobre el Tribunal Arbitral. Vista esta manifiesta correlación negativa entre estabilidad democrática y jurisdicción constitucional. 107 ter). a aban(1) Sobre el origen de la jurisdicción constitucional en Europa es de consulta obligada la obra de PEDRO CRUZ VILLALÓN La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad. El Tribunal Supremo Especial griego. actúa sólo ocasionalmente. en aquellos otros cuya evolución constitucional se ha proseguido sin más quiebras graves que las originadas por la guerra (1)... para dirimir diferencias de criterio entre los Tribunales Supremos de los distintos órdenes y tiene una actividad muy limitada en lo que aquí interesa. cit. Portugal. El razonamiento que conduce a esa concepción parte generalmente de la necesidad de dotar de eficacia directa a las normas constitucionales. hoy denominados jacobinos. Italia. una afirmación que encuentra su origen en la doctrina germánica. Alemania. no serán tomados en consideración en lo que sigue. la jurisdicción constitucional es una institución propia de las nuevas democracias.
aunque el componente político venga dado sólo. 13 . la amenaza de las mayorías. se dice. en Europa la jurisdicción constitucional es una institución destinada a permanecer y a extenderse. que son a la vez. ni definir en términos precisos la naturaleza de los Tribunales Constitucionales. Estas construcciones teóricas. en cierto sentido. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional (Madrid. en el terreno de los hechos. la fragilidad de la ley como garantía de los derechos fundamentales y la necesidad de atribuir a los jueces funciones que exceden de su cometido tradicional no son sentidas con la misma fuerza en todos los países europeos y sobre todo que sean escasamente sensibles a todo ello algunas sociedades cuya cultura política no está entre las menos desarrolladas del continente. órganos jurisdiccionales y políticos. implícita en el razonamiento. Sus enemigos no propugnan hoy tanto su abolición como su reforma y el esfuerzo por limitar el poder de los jueces se sitúa sobre todo en el ámbito de la teoría de la interpretación más que en el de la teoría de la Constitución o de la democracia. según se afirma con insistencia. aunque a veces esta apelación esté. más fuertes por su coincidencia con las tendencias políticas dominantes que por su rigor interno. por ser políticos los órganos cuya actuación controlan y revestir eventualmente trascendencia política sus propias decisiones. (3) Vid. E. con apelaciones a una concepción pluralista de la democracia y a la necesidad de proteger la libertad de la amenaza de la mayoría (3). Tampoco han logrado teorizar de modo plenamente satisfactorio la legitimidad de este poder del juez sobre la representación popular. Pesé a estas debilidades de la doctrina que le sirve de fundamento.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA donar el dogma de la soberanía de la ley y la sujeción a ella del juez. por todos. no han acertado hasta el presente a explicar por qué.. GARCÍA DE ENTERRÍA. 1985). que difícilmente podrá justificarse en nuestro tiempo mediante una apelación al principio aristocrático.
12. Título IV de la italiana y Título VI de la española) y el Tribunal Constitucional (Títulos 6. italiana y española regulan en Títulos distintos la jurisdicción o el poder judicial (Título 3. por lo general muy reducida. respectivamente). Esta misma tensión entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción «ordinaria» se patentiza en la composición. de los Tribunales Constitucionales (2). pero su pertenencia al mismo es puramente teórica). el Tribunal Federal está formado. II). como órganos constitucionales (se utilice o no esta expresión) en cuanto que su existencia. al menos en sus grandes líneas. 14 (y seis suplentes). Las Constituciones austríaca. 12 (6 de cada uno de los grupos lingüísticos). 9 (también forman parte del Consejo Constitucional los ex presidentes de la República. Francia. Bélgica. pues aunque la función que se les asigna es claramente jurisdiccional. 15. Un lugar intermedio ocupa la Constitución portuguesa. que califica de «judiciales» (art. que regula la composición y funciones del Tribunal Constitucional en su Parte 4. Italia. 14 . quizás no del todo demostrada. Sea por haber partido de la idea. y a cuya cabeza existe un Tribunal Supremo (o varios). 13. Suiza." (Título I. 212). por lo general. en total. España. (2) El número de jueces que integran los diferentes Tribunales Constitucionales es el siguiente: Austria. pero lo incluye también en el Título V (Tribunales). por utilizar la fórmula de la Constitución española. Hungría. por 30 jueces). su composición y sus funciones.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE SEGUNDA TESIS El lugar de los Tribunales Constitucionales en la estructura del Estado y su propia composición son reflejo de esa concepción de los mismos como órganos en donde lo político y lo jurídico se mezclan de forma no claramente definida. aunque cuidando de establecer una neta distinción entre él y los demás Tribunales. hace difícil incardinarlo resueltamente en el ámbito del poder judicial (1). VI y IX. su coexistencia con otro complejo orgánico «sometido sólo al imperio de la ley». 6 o 7 (es la composición variable de las dos Secciones de Derecho Público que llevan a cabo la mayor parte de las tareas propias de la jurisdicción constitucional. Cap. están establecidas en la Constitución. Portugal.°-B de la Constitución austríaca. al menos en relación con la que es habitual en los Tribunales Supremos de la Europa continental. de que los jueces «de carrera» de los países de civil law no están preparados para el ejercicio de la juris(1) Sólo la Constitución alemana se ocupa conjuntamente del Tribunal Constitucional y de los demás tribunales del país en un mismo Título (IX. sin embargo. 15 (actualmente sólo 10. en funciones). Son considerados. No resulta de ésta. Jurisdicción). 16. con la misma claridad cuál es la articulación de los Tribunales Constitucionales con los restantes poderes del Estado. Alemania.
en todos los casos la designación de los jueces constitucionales se hace por un procedimiento distinto al utilizado para el nombramiento de los restantes jueces. JOLOWICZ. sin posibilidad de reelección. 314. también una cierta desconfianza frente a los jueces del «antiguo régimen» ha desempeñado algún papel. (6) Sólo en Austria y Bélgica son nombrados los jueces hasta la edad de jubilación (setenta años). en L. los que nombran a 6 de los 9 miembros del Consejo Constitucional (3 el presidente de la Asamblea Nacional y 3 el del Senado). sea. Le controle juridictionnel des lois (Aix-en-Provence. (4) Como evidencia el hecho de que. aunque la relativa brevedad de la experiencia no permite aún afirmarlo. (5) Aunque el nombramiento corresponde formalmente en todos los casos al jefe del Estado. impuesta a veces por la norma y resultante otras simplemente de la práctica (7). A. sí al menos funcional. más probablemente. su «General Report». no basta a eliminar. pero no éstas directamente. España (nueve) y Francia (nueve). la jurisdicción constitucional se haya instaurado en el momento de tránsito de un sistema político autoritario (o totalitario) a otro democrático. insisten en considerar la jurisdicción constitucional como una manifestación más de la política. Italia (nueve). 1986). en términos que la incorporación de jueces de carrera al Tribunal Constitucional. p. Actualmente forman parte del Tribunal Constitucional tres magistrados procedentes de la carrera judicial. En Suiza y en Portugal la duración del mandato es aún más breve (seis años).LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA dicción constitucional (3). pero es posible la reelección. como es inevitable. En éste. por el deseo de mantener de algún modo la concordancia entre la jurisprudencia constitucional y la dirección política del Estado (4). El mandato es temporal. opere la lógica propia del Estado de partidos. esta técnica ha llevado a Suiza a una situación semejante a la austríaca y verosímilmente dará el mismo resultado en Portugal. Tanto el modo de designación de los jueces constitucionales como la limitación temporal de su mandato (6) son rasgos que acentúan la diferenciación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. movidos generalmente por un ánimo hostil. también en este campo. Vid. es el Parlamento el que designa a todos los jueces en Alemania. por ejemplo. En Francia son los presidentes de las Cámaras. nos encontramos al comienzo de una evolución que muestra algunas semejanzas con la que llevó a la identificación. La participación directa del Parlamento en estas designaciones es menor en Austria (6 de 14) e Italia (5 de 15). si no orgánica. FAVOREU y J. como en otros aspectos. y ofrecen argumentos a quienes. frecuentemente con una participación decisiva del Parlamento (5). lo cual. 15 .. en Alemania (doce años). i (7) Sólo en España no reservan la Constitución ni la Ley puesto alguno a los juecesprofesionales. da lugar a que. pero siempre han tenido este origen los magistrados designados por el Consejo Superior del Poder Judicial. Suiza y Bélgica y a la mayor parte de ellos en España (8 de los 12) y Portugal (10 de los 13). de justice administrative y justice judi(3) Cappelletti ha insistido frecuentemente en esta idea. en casi todos los países en donde existe.
16 .FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE ciaire. que en la designación parlamentaria de los jueces no se ceda a la tentación de repartir los puestos disponibles entre los diversos partidos de acuerdo con su respectiva fuerza (8). plausible como medio de evitar que mayorías apenas suficientes o coyunturales adopten decisiones con efectos a largo plazo. en cuanto sea posible. Para evitar los retrasos que la necesidad de lograr un quorum elevado ha originado reiteradamente tanto en Alemania como en Italia y España se han intentado remedios (hacer la designación por mayoría simple. no implica freno alguno de la lotizazione y más bien la favorece. la designación de los jueces por el Parlamento requiere un quorum cualificado (por lo general. y que sin duda aconseja someter a una segunda reflexión el sistema de temporalidad de los mandatos y arbitrar medidas destinadas a evitar. dos tercios o tres quintos). otorgar a un órgano ad hoc o al propio Tribunal la facultad de propuesta) que hasta ahora se han mostrado ineficaces. pero esta técnica. (8) En todos los casos en los que procede.
Las técnicas utilizadas en los distintos sistemas nacionales para asegurar la sujeción del poder a la Constitución difieren profundamente unas de otras no sólo en lo que respecta al procedimiento. resulta mayor cuanto 17 . b) la determinación de quienes son los legitimados para acudir ante el Tribunal Constitucional. puede calificarse como predominantemente judicial el sistema suizo. sino también de la consideración de que sería incorrecta cualquier calificación que se hiciese sólo a partir de las posibilidades ofrecidas por las normas. La diversidad de los sistemas impide también establecer criterios que permitan comparar su eficacia respectiva. Aunque de acuerdo con la opción adoptada respecto de cada uno de esos elementos cabe caracterizar el sistema francés como un sistema de orientación predominantemente política. de manera que. esto es. se acumulan en algunos de ellos (es el caso de los sistemas alemán y español) la orientación política y la judicial. Esta dificultad viene no sólo del hecho de que la opción adoptada en cada uno de los sistemas en relación con los distintos elementos antes indicados responde a orientaciones distintas. por ejemplo. en el que no existe el recurso abstracto ni cabe poner en cuestión la constitucionalidad de las leyes federales. el grado de incidencia en la vida de los individuos de la jurisdicción constitucional. que es función de la cultura jurídico-política de cada sociedad y que requeriría un acopio de datos no siempre fáciles de obtener y un análisis de los obtenidos que desborda con mucho de los límites de este trabajo. resulta difícil situar en un continuum entre estos dos polos al resto de los sistemas europeos. el concepto de jurisdicción constitucional incluye una considerable variedad de sistemas que sólo ese alto grado de abstracción permite reducir a unidad. es función directa de las posibilidades de que éstas dispongan para acudir ante ella y que. por el contrario. sino también en aspectos sustanciales. y. en cuanto que la legitimación para acudir ante el Consejo Constitucional está reservada a órganos políticos o minorías parlamentarias. y sólo para controlar la actuación del poder legislativo. Parece evidente que la eficacia social. Los elementos de diferenciación más importantes vienen dados por: a) el elenco de poderes sometidos a control.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA TERCERA TESIS Incluso simplificándolo en la forma que hemos propuesto en la introducción. y c) el modo de articulación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. en consecuencia. sin tener en cuenta la utilización real que de esas posibilidades se ha hecho en la práctica.
en consecuencia. los medios más adecuados para conseguir este incremento. En razón de consideraciones que. Por el contrario. su función como arbitros de las contiendas políticas. extraer de esta preferencia razonada conclusión alguna de política legislativa. parece aconsejable incrementar en lo posible el componente específicamente jurisdiccional de los Tribunales Constitucionales. pues. No cabe. en parte. como es obvio. puede ser mayor la eficacia política de aquellos sistemas en los que la legitimación está restringida a órganos de esta naturaleza y sólo para dirimir diferencias de criterio respecto de los límites constitucionales de la ley.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE más amplia es la legitimación y más extenso el elenco de los actos impugnables. respecto de las cuales no puede el jurista opinar sin incurrir en la impertinencia 18 . evidentemente. El recurso individual ante la jurisdicción constitucional y la participación en ésta de todos los órganos judiciales del país mediante una regulación adecuada de las cuestiones de inconstitucionalidad (control concreto de normas en la terminología germánica) son. disminuyendo. ésta ha de tener en cuenta consideraciones de otro género y atender a las necesidades de cada sociedad. se recogen en ulteriores tesis. sin embargo.
en todos los países del continente. a los grupos políticos o parlamentarios. Verfassungsbeschwerde. a través del acto administrativo o judicial que la aplica. En los países germánicos. (3) En Portugal. el rasgo que lo caracteriza es el de que el actor opera en él simplemente «en interés de la Constitución». Como fácilmente se comprende. en ninguno de ellos. la naturaleza política de los órganos legitimados para el recurso (4) y su abstracción. en aquellos sistemas en los que existen dos Cámaras de elección popular) determinado a priori mediante una cifra constante —así en España y en Francia— o como porcentaje del número de los miembros de derecho —así en Alemania. lo que sustancialmente distingue el recurso directo de aquellos otros procedimientos (recurso de amparo. directa o mediatamente. para dirimir las contiendas competenciales entre el Estado y las Regiones. de manera que su legitimación ad causatn es un elemento concreto de su status y no un instrumento para la defensa de sus propios derechos o intereses. como en Bélgica y en Portugal. también en la omisión del legislador por no dictar normas necesarias para el desarrollo de la Constitución. Individualautrag) a través de los cuales las personas físicas o jurídicas (incluso personas jurídicas de derecho público) pueden pretender de la jurisdicción constitucional la invalidación de una norma que. desligada de todo supuesto real (1) Fracciones parlamentarias en todos los casos. aunque en Italia sólo como instrumento. Es este carácter de acción desligada del círculo jurídicamente protegido de quien la inicia. (4) No todos los órganos legitimados para el recurso son órganos políticos en sen19 . la impugnación puede dirigirse también contra normas reglamentarias. por lo demás no muy utilizado. Este recurso existe. de una u otra forma. sino a un conjunto de miembros de la Cámara (o de cada una de éstas. La legitimación no se otorga directamente. sin embargo.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA CUARTA TESIS En la jurisdicción constitucional europea se entiende por recurso directo de inconstitucionalidad (control abstracto en la terminología germánica) una acción mediante la cual un órgano o una fracción de órgano (1) impugna una norma (2) fundamentando tal impugnación en la infracción de un precepto o un principio constitucional (3). Aunque la configuración de este recurso no es la misma en todos los sistemas nacionales. lesiona alguno de los derechos que la Constitución garantiza al actor. salvo en Suiza. Austria y Portugal. (2) La norma objeto del recurso ha de tener rango legal o formar parte de un Tratado o de un Reglamento Parlamentario en España y en Francia.
que lleva a distinguir entre recurso previo y recurso represivo o a posteriori. en las Cámaras legislativas entre mayoría y minoría. en tanto que en el segundo el actor defiende sus propias competencias. la clave de arco de cualquier sistema de jurisdicción constitucional. que no conoce ninguna otra vía procesal para controlar la constitucionalidad de las leyes. dentro de un mismo órgano) y aquellos otros que. cuando el poder está territorialmente dividido de modo federal o cuasi federal. Es esta evidencia la que determina la hostilidad de un sector doctrinal frente a este género de recursos. el que impone la función que el recurso desempeña en el equilibrio entre los distintos poderes territoriales. 20 . resulta aquí acentuado por la obligación de someter tido estricto en España. el que resulta del momento en el que puede iniciarse la acción. en donde también pueden acudir a él el Proveedor de Justicia y el Procurador General. presente. y en Portugal. Es evidente que muchas decisiones de los Tribunales Constitucionales implican la convalidación o invalidación de la postura mantenida por una u otra fuerza política. Es claro que el carácter objetivo del recurso sólo se da en estado puro en el primer caso. son proyección de un conflicto entre las instituciones centrales del Estado y uno o más de los «miembros» que lo integran. uno u otro partido y. Antes de tomar partido en esta disputa es necesario alguna precisión ulterior sobre una institución cuya unidad fundamental no es incompatible con una variedad de formas que exige una diversificación del juicio. interpretadas como victoria de unos y derrota de otros. en consecuencia. mediante la que frecuentemente se prolonga en sede jurisdiccional una polémica ya abierta. en todos los casos. que permite considerar como especies diferentes del mismo género aquellos que resuelven litigios entre órganos de un mismo ente (o más frecuentemente entre mayoría y minoría. por el contrario. en donde puede interponerlo también el Defensor del Pueblo por violación de derechos fundamentales. en rigor. es también cosa obvia. de una parte. dotan de una fuerte carga política a esta vía procesal. como hemos dicho. llamaremos recursos objetivos a los primeros y conflictuales a los segundos. la pieza básica e indispensable. de la otra. y a veces enconada.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE de aplicación de la norma. Los criterios de diferenciación de estas formas son. pero sólo en el recurso directo es la victoria política el objetivo inmediato del litigio. A falta de una denominación mejor. derechos subjetivos. El carácter objetivo del recurso directo. anterior o posterior al de entrada en vigor de la ley. aunque no. que para otros es. en cierto sentido. Recurso previo en forma muy pura es el existente en el derecho francés. Que de este modo se arroja sobre los Tribunales Constitucionales una carga que difícilmente puede asumir sin grave quebranto de un órgano jurisdiccional.
En todo caso. a las minorías parlamentarias. de Gobierno. También los ministros pueden iniciar un recurso previo respecto de reglamentos de ejecución o decretos legislativos de las regiones. La legitimación de las minorías parlamentarias. para que el Gobierno central (o federal) ataque las leyes de los Lander. En España. que puede ser levantado por la Asamblea de la República mediante mayoría de dos tercios. en unos casos. también los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y hasta 1985 todas las leyes orgánicas. la hacen difícil en la práctica. no es nunca preceptivo y está limitado al examen de constitucionalidad de normas que. sin embargo. una vez aprobadas. la limitación de su ámbito permite afirmar que este tipo de recurso tiene una importancia secundaria. salvo en el caso de Italia. o los Gobiernos de éstas impugnen las leyes aprobadas por el Parlamento nacional. (7) La situación es imaginable sólo en caso de cambio de mayoría y. pero sí seguramente los más importantes. cuya adecuación a la Constitución ha de ser examinada por el Consejo aunque nadie la ponga en duda. para salvar la responsabilidad del jefe del Estado en la ratificación de tratados o en la sanción de decretos legislativos o decretos-leyes que considera constitucionalmente ilícitos (6). o articulado como un instrumento (de muy dudosa eficacia. quedan sustraídas a la libre decisión del legislador (5). 21 . esto es. Dada la improbabilidad de que en un sistema parlamentario el Gobierno ataque normas aprobadas por la mayoría parlamentaria que lo sostiene (7). tan pronto como la ley ha sido promulgada. con independencia de que hayan entrado o no en vigor. por tanto. claro está. la concepción de los límites constitucionales (especialmente los derechos fundamentales) que en el debate político no ha logrado imponer. la sentencia del Tribunal opera como un veto devolutivo. salvo. está abierto en todos los casos a los Gobiernos y. no son éstos los únicos legitimados. dentro del sistema francés. Regiones o Comunidades Autónomas. encuentra su justificación teórica y su razón de ser práctica sobre todo en la conveniencia de ofrecer a la minoría un instrumento para defender. y la necesidad política de interponerlo. con argumentos jurídicos y ante un Tribunal. por lo demás). En los demás países en donde el recurso previo existe.LA IURISDICCION CONSTITUCIONAL EN EUROPA al control del Consejo Constitucional determinados tipos de normas (Reglamentos de las Cámaras y Leyes Orgánicas). aunque utilizable también para defender un determinado entendimiento de la delimitación competencial efectuada por la Constitución. dirigido contra leyes ya promulgadas. cuando se ha decidido hacer uso de él. la legitimación gubernamental para el recurso directo es utilizada sobre todo para iniciar recursos «conflictuales». El recurso directo o represivo o a posteriori. (5) Fundamentalmente los Tratados Internacionales. (6) En este caso. La brevedad del plazo disponible para la interposición del recurso.
sino más precisamente por competencias constitucionalmente garantizadas. un componente esencial de la jurisdicción constitucional. en un caso extremo. en tanto que ha de plantearse un «conflicto de competencia» frente a las normas reglamentarias (o los simples actos de ejecución) a los que se reprocha la invasión competencial. Con las únicas excepciones de Francia y Hungría. (9) En España. Si bien el círculo jurídicamente protegido que el actor intenta defender a través del recurso no está integrado por derechos. los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas siguen vías diferentes según cuál sea el rango de la norma que los origina. la contienda tiene naturaleza predominantemente subjetiva. en ningún país europeo se ha llegado a esta extrema perversión. sin embargo. sino que. Cuando se trata de leyes. oscurecida por la posibilidad de que el actor fundamente su pretensión (8) La observación no es extensible. al sistema francés. por lejana que sea. todos los Estados europeos en los que existen Tribunales Constitucionales son. en mayor o menor grado. y que. claro está. el riesgo de que se produzca no puede ser dedeñado y su sola posibilidad. la actuación del Tribunal Constitucional en los recursos directos iniciados por la oposición se identifique con la propia de una tercera cámara política que actúa con la lógica propia de una institución de esa naturaleza. El recurso directo del tipo que antes he denominado «conflictual» es. establecer una nítida distinción entre la argumentación jurídica y la política y punto menos que imposible evitar que.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE Como muestra la experiencia. ha de formalizarse como recurso de inconstitucionalidad. puede llevar también a los hombres políticos a ceder a la tentación de colocar en el Tribunal Constitucional a personas que no sólo comportan su propia concepción del mundo. Estados compuestos. que es la del Derecho. es extraordinariamente difícil. 22 . es evidente que en estos supuestos el elemento subjetivo es determinante y que el litigio se plantea entre quien ejerce la vindicado potestatis y quien se opone a ella. Aunque. en cuanto que socava su única autoridad. cuyo funcionamiento sería difícilmente concebible sin una instancia arbitral de este género. hasta donde sé. ante la conciencia popular. permiten poner en duda la conveniencia de mantener abierta esta vía procesal cuya discutible eficacia no equilibra en modo alguno sus muchos inconvenientes (8). lo que es natural y plausible. por el contrario. puedan ser sensibles a las apelaciones a la lealtad. sin embargo. Esta realidad queda. unida a la deformación de la imagen del Tribunal Constitucional en la conciencia popular que inevitablemente genera el recurso ante él de las minorías parlamentarias. en sí misma gravísima. aunque no en todos ellos la apelación al Tribunal sea tan frecuente como en España (9). aunque ambos se amparen en la defensa objetiva de la Constitución. Esta deformación de la imagen del Tribunal Constitucional.
esta posibilidad debería ser eliminada. 23 . que sea incurrir en un exceso de soberbia afirmar que las consideraciones políticas en cuyo nombre se prescinde de la coherencia propia de lo jurídico han de ser muy poderosas para que autoricen a introducir en la jurisdicción constitucional elementos que han de tener inevitablemente efectos perturbadores. ha de aceptar su propia limitación. de manera que sólo como vindicado potestatis pudiera plantearse en este caso el recurso de inconstitucionalidad. que sólo en nombre de aquélla puede hablar. y el jurista. Es evidente que. La lógica del Derecho puede tropezar aquí. sin embargo. con la de la política. No parece. en aras del rigor y de la claridad del sistema. sin embargo.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA en la infracción de una norma constitucional que no delimita ámbitos competenciales.
que el juicio sobre la constitucionalidad de las normas es competencia de todos los jueces y Tribunales. básica en el sistema europeo. a diferencia del recurso directo. cuyos sistemas son. definitivo o coincidente o no con aquél. Aunque los preceptos constitucionales y legales que establecen y regulan este modo de colaboración entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional no atribuyen al Juez o Tribunal proponente un juicio sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE QUINTA TESIS La cuestión de inconstitucionalidad (control concreto de normas en la terminología germánica) es aquella vía procesal mediante la que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la legitimidad de una norma. puesto que tanto en Alemania como en España (en este caso como competencia compartida con el Tribunal Constitucional) puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes preconstitucionales. no en Francia ni en Suiza. cuya tramitación se suspende entre tanto. El eufemismo de las fórmulas constitucionales y legales es simple proyección de la concepción. a propuesta del Juez o Tribunal que ha de aplicarla en un litigio concreto. Alemania y España) o cuando no considera «manifiestamente infundada» la alegación en la que una de las partes del litigio afirma que la norma es contraria a la Constitución (en la fórmula italiana). Esta vía procesal. que es el que lleva a cabo el Tribunal Constitucional. 24 . en donde todos los jueces pueden enjuiciar directamente la constitucionalidad de las leyes. España y Bélgica. que es la que más fácil y naturalmente articula la jurisdicción constitucional con la ordinaria y que. Tampoco en Portugal. Italia. utilizable sólo de hecho o de derecho dentro de plazos muy breves. por lo demás. por eso. la competencia del juez ordinario para enjuiciar la ley es más amplia. existe en Austria. aunque al solo efecto de decidir so(1) En rigor. entender. y otro. más correcto es. Alemania. aunque su declaración sólo tiene el efecto propio de una declaración de que la norma ha sido derogada. aunque sólo el Tribunal Constitucional la tiene para declarar la inconstitucionalidad de las leyes (1). ofrece. muy distintos entre sí. es evidente que la cuestión implica siempre un doble juicio de constitucionalidad: uno provisional y negativo. efectuado por el Juez o Tribunal que la suscita. un medio permanente para la depuración del ordenamiento. según la cual el juicio de constitucionalidad de las leyes es monopolio de un solo Tribunal. como el recurso de amparo. limitándose a decir que la cuestión ha de proponerse cuando el Juez tiene «dudas» acerca de ella (así en Austria. como tantas veces se ha dicho.
que no está vinculado por las peticiones de las partes. llevó en el sistema austríaco a atribuirla en exclusiva a los Tribunales Supremos o a los que han de resolver definitivamente en segunda instancia. inundando al Tribunal Constitucional de cuestiones destinadas seguramente a la inadmisión. Esta generalización de la facultad de cuestionar la constitucionalidad de las leyes ha de ser considerada sin duda como un avance técnico de primera magnitud. o que no han aplicado. en efecto. De otro lado. La impugnación de la ley aplicable puede llegar a ser un recurso fácil para abogados que carezcan de otro mejor y los jueces pueden incurrir en la tentación de ceder a las solicitudes que se le dirijan con este fin. mantenerlo. que genera el dinamismo social y permite. En todos ellos. La posibilidad que las partes tienen para recurrir ante el Tribunal Constitucional portugués frente a las decisiones judiciales que han aplicado una ley en su opinión inconstitucional. de la permanente tensión entre diversas concepciones de la libertad y el orden. desempeña. de la realidad no implica. las partes del litigio a quo se constituyen ante el Tribunal Constitucional para dirimir ante él la cuestión. quizás. y si bien en ellos el planteamiento de ésta es una decisión del juez. la admisión. Es. Es cierto. una ley que a su entender no lo es. El temor. aunque también esta inadmisión puede ser impugnada ante aquel mismo Tribunal. el efecto suspensivo de las cuestiones admitidas alargan. una politización de la justicia. a veces durante mucho tiempo.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA bre su aplicación al caso. de que los jueces pudiesen hacer uso ligero de esta facultad. claro está. Es cierto que así se evidencia que no todos los jueces comparten la misma concepción sobre elementos esenciales del ordenamiento. por considerarla así. como desde algunos sectores doctrinales se ha llegado a afirmar. pero esta patentización. En el resto de los países la cuestión puede ser planteada por todos los órganos judiciales. sin embargo. unipersonales o colegiados y puede replantearse en las sucesivas instancias. la resolución de los litigios en 25 . pero que no por ello dejan de consumir tiempo y esfuerzo. simplemente. de la consideración de que son los Tribunales Supremos o Superiores los que con mayor autoridad pueden fijar la interpretación de las normas legales. amén. por así decir. con la única excepción poco afortunada de España. también en Portugal puede en principio el propio Juez frente a cuya decisión se intenta recurrir ante el Tribunal Constitucional inadmitir el recurso. de otra parte. como componente normal de un orden jurídicopolítico libre. una función análoga a la que cumple la cuestión de inconstitucionalidad en los países antes citados. a su vez. que esta generalización del cuestionamiento plantea no pocos problemas procesales. de una realidad viva.
a la que no cabe imponer límites en aras de un entendimiento «material» de la igualdad o de la agilidad funcional del Tribunal Constitucional. Este problema. es una consecuencia inevitable de la independencia judicial. es evidente que la distinta sensibilidad de los jueces respecto de los valores constitucionales origina una cierta desigualdad entre los justiciables. como el que surge de la posibilidad de que una misma cuestión ya resuelta en sentido negativo. difícilmente aceptable sobre todo en aquellos casos en los que una parte de los órganos judiciales del país continúan aplicando normas legales respecto de cuya constitucionalidad no albergan duda alguna. declarando que la norma no es contraria a la Constitución. Por último. 26 . esto es.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE donde se plantearon. pero que se encuentran pendientes de la decisión del Tribunal Constitucional en virtud de cuestiones planteadas por jueces que sí han sentido esa «duda».
18. En alguna medida.) de la Constitución portuguesa cumple. para completar el sistema de protección de los derechos. desde 1867. una función análoga. 113. En todos los demás casos el recurso había de dirigirse al Consejo Federal (Gobierno). que el ciudadano esté desprotegido ante la actuación de las autoridades federales. reglamentos o actos de los Cantones y únicamente puede acudirse a él cuando no existe otra vía judicial (3). de manera que sólo la lesión de algunos derechos fundamentales podía hacerse valer ante el Tribunal Federal. este recurso de amparo (Verfassungsbeschwerde. (3) Esto no significa. el elenco de los derechos fundamentales frente a cuya lesión puede buscarse el remedio judicial ha ido ampliándose y en la actualidad sólo tres derechos fundamentales (los llamados «pequeños derechos sociales: el derecho de los soldados a ser equipados gratuitamente. También Austria conoció. Austria. su configuración es muy distinta de uno u otro caso.3.2 de la Constitución) están reservados a la decisión gubernamental. naturalmente. a veces se identifica jurisdicción constitucional con jurisdicción protectora de los derechos que la Constitución consagra y aunque.3. La Ley federal no está sujeta a control alguno. el recurso individual de inconstitucionalidad previsto en el artículo 280. a través del recurso contencioso-administrativo.6. A través de éste puede ponerse también en cuestión la constitucionalidad de los Reglamentos federales. En Suiza existe desde antiguo (2). Con el correr del tiempo. respecto de las leyes.1. (2) Fue introducido por la Constitución de 1874 (art. sin embargo.2 y 3. la Asamblea Federal hizo un uso frecuente de la facultad que le confiere el párrafo 2 de ese precepto. un recurso ante el Tribunal Administrativo frente a la vulneración de los derechos constitucionales. como especie del género más amplio de la Staatsrechtlichebeschwerde. Aunque. no encaja fácilmente en el esquema kelseniano (al menos en cuanto no vaya dirigido precisamente contra una ley) y debe su origen más bien a la tradición histórica de cada país.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA SEXTA TESIS Cinco Estados europeos (1) atribuyen al Tribunal Constitucional respectivo competencia para conocer de los recursos dirigidos por individuos o personas jurídicas contra actos del poder a los que imputan la vulneración de sus derechos fundamentales. como ya se dijo en la introducción. Esa protección ha de buscarla. Por esta razón. Alemania. en terminología germánica). como es obvio. España y Hungría. La Constitución de 1920 (art. 27 . y 53. el control de constitucionalidad de las leyes cumple en buena medida esta función. 27. el derecho a una enseñanza primaria gratuita y el derecho a un entierro decoroso: arts. pero sólo cabe contra leyes. (1) Suiza. La Staatsrechtlichebeschwerde o recurso de amparo permite cuestionar también las Leyes y Reglamentos cantonales. 144). sin embargo.°). o simplemente a la imitación de lo ajeno. En la primera época.
Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Europe {Badén. la República Federal de Alemania primero (6) y tras ella. mediante adiciones a los artícu- 28 . (6) El recurso de amparo fue introducido en la República Federal. en CH. las sentencias de los Tribunales cantonales que dieron por bueno el acto de la Administración al que se imputa la lesión del derecho garantizado por la Constitución o por los Tratados o que aplicaran una norma (excluidas las leyes federales) inconstitucional o interpretaron inconstitucionalmente una norma que en sí misma no lo era. en consecuencia. como es obvio. Frente a esta concepción estricta del recurso constitucional de amparo como un recurso utilizable sólo en defecto de otra vía judicial e impracticable. el Tribunal Federal puede anular. por la Ley del Tribunal Constitucional Federal (Ley de 12-111-1951). y en razón del escaso ámbito de esta «demanda individual» (Individualantrag). KORINEK. Dieciocho años después. contra las decisiones judiciales (5). K. Aunque en su forma original el recurso no podía fundarse en la inconstitucionalidad de la norma aplicada. el recurso de amparo austríaco sigue siendo un recurso paralelo y alternativo respecto del contencioso-administrativo y el Tribunal Constitucional remite al Tribunal de aquel orden una buena parte de los recursos que se le dirigen y sólo entra a conocer de ellos si. más siguiendo su ejemplo que como continuación de la (4) Cf. impugnan actos carentes de fundamento legal o que sólo en apariencia hacen aplicación de una ley o aplican una ley inconstitucional o que ha sido interpretada de modo contrario a la Constitución (4). sin apoyo constitucional expreso. el recurso de amparo austríaco (en cuyo conocimiento el Tribunal Constitucional actúa. (5) En Suiza. a través del cual también pueden hacerse valer. contra resoluciones administrativas u órdenes o actos de ejecución contra una persona concreta (los llamados «actos exentos de procedimiento»). además de plantear alguna cuestión de interés constitucional. STARCK y A. como se sabe. los derechos fundamentales. 172.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE atribuyó al Tribunal Constitucional el conocimiento de estos recursos dirigidos. según la doctrina de ese país. la actuación de la Administración es generalmente residenciable ante la jurisdicción contencioso-administrativa. por lesión de los derechos fundamentales. tras la reforma del artículo 144 de la Constitución por la Ley de 15 de mayo de 1975 también puede apoyarse en la ilegitimidad constitucional de ésta. en donde. 1986). p. como «Tribunal contencioso-administrativo especial») es paralelo al recurso contencioso-administrativo ordinario. que tampoco permite impugnar las decisiones judiciales. también la jurisdicción es en principio cantonal. sin embargo. Pese a ello. de otra parte. que es la propia de los sistemas judiciales en donde se origina. Como no pueden llevarse ante el Tribunal Constitucional las lesiones que se imputan a decisiones judiciales y como. la decimonovena Ley de Reforma de la Constitución (29-11969) incorporó la institución a la Ley Fundamental. WEBER.
J. De acuerdo con lo previsto en este artículo 53. sin embargo. contra actos de aplicación de una ley que sea lesiva del derecho afectado.2. tiene entre sus competencias el conocimiento de los recursos de amparo contra la vulneración de derechos fundamentales. se acordó que la nueva Constitución sería elaborada por el Parlamento resultante de las elecciones de 29 .) de la propia Constitución remite a la Ley la determinación de los casos y formas en los que será procedente el recurso de amparo. Tanto en uno como en otro país. por tanto. Hallándose como se halla pendiente aún de aprobación la nueva Constitución (9). el derecho al divorcio). sino también contra sentencias judiciales. no contra la defectuosa aplicación de leyes en sí mismas inobjetables y requiere que el recurrente sea titular del derecho lesionado. la existencia necesaria de un recurso de amparo judicial para la protección de los derechos y libertades mencionados y la no extensión de esa garantía reforzada a los derechos fundamentales enunciados en la Sección Segunda del mismo Capítulo. 1980).LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA malograda experiencia de la Segunda República (7). el artículo 161. el derecho a contraer matrimonio (e. vid. de 24-VI-1968) y está políticamente conectada con ella. no es conveniente hacer juicio alguno sobre este original sistema los 93 y 94. La constitucionalización del recurso de amparo es coetánea con la introducción de previsiones constitucionales respecto del estado de excepción (decimoséptima Ley de Reforma. En Hungría.6. el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional puede dirigirse no sólo contra actos de las Administraciones públicas. la libre elección de profesión u oficio. resulta fácilmente comprensible que durante el primer año de funcionamiento (1990) del Tribunal Constitucional húngaro sólo se hayan presentado ocho recursos de amparo.1. de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.2) prevé la existencia de un recurso basado en los principios de preferencia y sumariedad para recabar de los Tribunales ordinarios la protección del derecho a la igualdad ante la Ley y a la objeción de conciencia y de los derechos y libertades reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo (del Título I) y. creado por la reforma constitucional de octubre de 1989. «en su caso». (7) Sobre el recurso de amparo en la Segunda República española. desarrollada en este punto por la Ley XXXII-1990. que incluye. implícitamente. el derecho a la negociación colectiva de trabajadores y empresarios y el derecho al cierre patronal. la propiedad privada. ha sido configurado como acción popular. tanto por acción como por omisión. 53. la libertad de empresa. el Tribunal Constitucional. De esta norma sólo resulta. L. GARCÍA RUIZ. España (8). (8) La Constitución de 1978 (art. en tanto que el recurso de inconstitucionalidad. en tanto que se debe a la iniciativa privada de individuos o de asociaciones la mayor parte de los más de ochocientos recursos de inconstitucionalidad que se han llevado ante el Tribunal. (9) Al aprobarse la reforma constitucional de octubre de 1989. han instituido un recurso de amparo universal. El recurso de amparo en el derecho español (Madrid. Como este recurso sólo puede dirigirse. entre otros. por último.
ni la regulación constitucional y legal del recurso es la misma en ambos países ni es del todo coincidente la doctrina establecida respecto del alcance del mismo en Alemania y en España. 101. al análisis de la forma germano-española del recurso de amparo. (10) Esta acentuación del momento político del Tribunal Constitucional se recoge explícitamente en el trabajo (mecanografiado) que el profesor János Zlinsky. 33. en España sólo a parte de los derechos fundamentales (los contenidos en la Sección 1. tuvo la amabilidad de facilitarme y del que tomo alguno de los datos que expongo en el texto. problemas de no desdeñable gravedad para la jurisdicción constitucional de uno y otro país. más aparente que real. cuyo desarrollo plantea. en mi opinión.°.4. En tanto que allí. Aunque el recurso de amparo español ha sido configurado de acuerdo con el modelo alemán. a diferencia de lo que en España sucede. Aun excluido el caso húngaro. no existe proyecto alguno. En lo que sigue me reduciré. Hasta el presente. lo que. pues el Tribunal Federal alemán sólo admite el recurso en estos casos cuando el recurrente se ve afectado en sus derechos de modo inmediato y actual por la simple promulgación de la norma. están protegidos por el recurso de amparo.). en este punto. sin embargo.a. como puede 1990. en donde todos los derechos fundamentales. 30 . pero la diferencia es. De otra parte.a del Capítulo 2. como fácilmente se entiende en virtud de lo dicho. a actos privados que la jurisdicción ordinaria consideró ajustados a derecho). se le atribuye «sobre los recursos de amparo (Verfassungsbeschwerde) que todos pueden presentar basándose en la afirmación de que el poder público ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales o alguno de los derechos enunciados en los artículos 20. miembro de aquél.4. aunque sí trabajos previos. e incluso algunos que la Constitución no define como tales (11). el amparo puede dirigirse también directamente contra las leyes. especialmente en Alemania y España. aun sin mediar acto de aplicación. que al definir las competencias del Tribunal Constitucional.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE que parece concebido para un momento de transición en el que se pone el acento más en la función política que en la actuación estrictamente jurisdiccional del Tribunal Constitucional (10). (11) Así resulta del artículo 93. 38. y parece muy extendida la opinión de que la nueva Constitución no debe promulgarse hasta que se estabilicen las condiciones políticas y económicas del país. 103 y 104» (la cursiva es nuestra). por tanto. pero no los de la Sección 2.a) se extiende tal protección. un juicio global sobre el recurso de amparo en la jurisdicción constitucional europea que vaya más allá de una caracterización muy abstracta de tal recurso como una vía excepcional y subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales (a veces no de todos ellos) contra las vulneraciones imputables a actos del poder (aunque también. en algunos casos. resulta imposible hacer. en la República Federal.
el recurso de amparo que impugna decisiones judiciales no ha de fundamentarse necesariamente en un defecto de constitucionalidad de la ley aplicada. WEBER (eds. Así. su equivalente español ha sostenido hasta el presente. mientras que. Cf. o. el acto de aplicación de una ley que se considera inconstitucional por violar el derecho de propiedad no es recurrible en amparo. no del legislador. resulta de la inclusión entre los derechos fundamentales que tal recurso protege. p. el Tribunal alemán. por el contrario. I. en razón del contenido material de la ley. la Constitución utiliza las expresiones de «juez legal» (art. está en ella el origen de la lesión (así. 24.2) y de «derecho a la tutela judicial efectiva. en relación con el texto español. cualquier pretensión de inconstitucionalidad (13). E. (14) En España. y el Tribunal español desde el primer momento (Sentencia 41/1981) ha admitido la posibilidad del recurso de amparo dirigido contra la ley mediante la impugnación del acto que la aplica (12). cit. vid. ha hecho posible deducir.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA comprenderse y testimonia el escaso número de recursos deducidos (y sobre todo admitidos) por esta vía. por ejemplo. puede pretenderse la declaración de inconstitucionalidad de una ley es el de que ésta lesiona directamente alguno de los derechos protegidos (14). toda transgresión de la legislación (12) Sobre el caso español. la Constitución española. Esta doctrina es la que explica mi disentimiento frente a la STC 166/1986. 103). mediante una interpretación muy amplia de la libertad de actuación implícita en el artículo 2. a través del recurso de amparo. casi sin vacilaciones. BORRAJO INIESTA. en Revista de Administración Pública. op. ambos sistemas tienen la misma estructura y en los dos. en CH. raras veces sucede. por ejemplo. pues. que el único motivo por el que. y esto es seguramente lo decisivo. en España y en Alemania. STARCK y A. de «derecho al juez predeterminado por la ley» {art. sin que en ningún caso pueda producirse indefensión» (art. núm. el examen de constitucionalidad de la ley aplicada en el acto al que se imputa la lesión sólo es posible en el recurso de amparo si. del derecho al libre desarrollo de la personalidad. como es evidente. STC 167/ 1986). 98. 135.. (13) Se entiende que la norma inconstitucional es una limitación ilegítima de la libertad de actuación y. Pese al mayor laconismo de la expresión alemana. dicho en otros términos: la aplicación de una ley inconstitucional no puede fundamentar el recurso de amparo si la razón de la inconstitucionalidad no es precisamente la violación de alguno de los derechos especialmente protegidos. 101) y «derecho a ser oído» (art. Esta conversión del recurso constitucional de amparo en un medio de control del Juez. Pese a estas diferencias. Por último. del derecho al «juez natural» y a un proceso con todas las garantías (15). BENDA. Cabe no dirigir reproche alguno contra la legitimidad constitucional de la ley aplicable al caso e imputar directamente al órgano judicial la lesión del derecho fundamental por no haber aplicado la norma que debió o no haberlo hecho correctamente. a través del recurso de amparo. «El amparo frente a las leyes». por tanto.1 de la Constitución. 24.1). que además enuncia en el mismo 31 .). (15) En Alemania.
han incurrido los jueces al seleccionar la norma aplicable al caso o en su interpretación. para retrasar durante algún tiempo la ejecución de las sentencias desfavorables. allí en donde existen. la situación sería casi la misma. son supremos de forma mucho más extensa e intensa que. en principio. en sí misma no exenta de inconvenientes.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE procesal se convierte por esa vía en vulneración de un derecho fundamental y el recurso de amparo en una supercasación universal por defecto de forma. en el peor de los casos. Esta situación. La posibilidad de impugnar en amparo las decisiones judiciales alegando que en ellas se han aplicado normas inconstitucionales o se han aplicado de manera inconstitucional las que en otra interpretación no lo serían. las consecuencias prácticas no son muy distintas. Aunque. el Tribunal que la monopoliza coexiste con otro u otros Tribunales Supremos a los que. que es la gloria del recurso de amparo y la vía más eficaz para hacer de la Constitución un texto vivo y un punto de referencia permanente para todos los ciudadanos. y como antes he señalado. por ejemplo. Tribunales Supremos in suo ordine. todos los Tribunales Constitucionales son. la inclusión entre los derechos protegidos por el recurso de amparo de los derechos que corresponden a las partes del proceso en cuanto tales. en cuanto que su interpretación de la Constitución es vinculante para todos los órganos judiciales y esta interpretación condiciona la de las normas de rango infraconstitucional en todos los países europeos dotados de jurisdicción constitucional. como es obvio. sus equivalentes austríaco o italiano. corresponde en exclusiva la tarea de corregir la interpretación y aplicación de las normas por los tribunales inferiores y asegurar la unidad de doctrina en cada una de las ramas del ordenamiento. además de todo ello. basta seguramente por sí misma para que la imagen del Tribunal Constitucional en la conciencia popular (o al menos en la conciencia de los litigantes sin éxito ante los tribunales ordinarios) sea la de una última y definitiva instancia que conviene agotar para apurar hasta el final la vía litigiosa o. cuyos Tribunales Constitucionales. resulta sustancialmente modificada en el caso de Alemania y España. en razón de lo antes expuesto. La estrecha conexión entre Ley y Constitución y la amplitud de la tabla de los derechos fundamentales contenida en las Constituciones de los dos países (en rigor. 32 . Pero es que. aunque el único derecho consagrado fuese el derecho a la igualdad como derecho frente al legislador) ofrecen un ancho campo al ingenio de los abogados para dotar de relevancia constitucional a todos los errores en los que. en su opinión. como la experiencia muestra. permite llevar ante el Tribunal Constitucional todos los errores y transgresiones de procedimiento artículo 24 una serie de derechos que derivan de los indicados.
665 2...993 1. .99 3.. que la «noción de indefensión que la Constitución emplea es una noción material». ni en la teoría ni en la práctica.77 1. como inevitablemente sucede en esos casos... .. por ejemplo. . marcar la frontera entre unos y otros.77 Los índices K-1 y K-2 señalan. Como evidencia el índice K-1. . . .567 2... .20 1.90 0. el volumen del incremento anual se mantiene prácticamente constante desde 1986.35 1. Es cierto que los derechos procesales que la Constitución consagra no abarcan todos los que de las leyes resultan.. . . 33 . pero es igualmente evidente que las leyes procesales son desarrollo de aquéllos y que no es fácil. pero también. ..225 1. Sentencias 118/1983. de recursos AÑO K-1 K-2 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 .. .. dotándose así del amplio margen para la libertad de apreciación que toda noción no estrictamente formal comporta..... El Tribunal Constitucional español.69 11.. ..113 2. 218 386 434 827 807 969 1. ha venido sosteniendo. son las siguientes: Núm.79 3.. no formal...97 1. la tendencia al descenso del índice K-2 es simple consecuencia de la magnitud.. ..63 9. la variación en el número de asuntos ingresados cada año en relación con el año base (1980) y en relación con el inmediatamente precedente. de la cifra respecto de la que se establece la comparación. .12 1. las cifras..77 13. .. . ... . en una jurisprudencia muy reiterada (16).61 7.26 1. de manera que no cualquier error del juez basta para producirla.. .. abriendo la posibilidad de argumentar que el error cometido por el juez al computar un plazo o dirigir una comunicación han colocado a la parte en situación de indefensión..LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA y lo transforman en juez universal de la corrección procesal de todos los tribunales del país. referidas exclusivamente a los recursos de amparo.77 1. . respectivamente. Esta característica propia del sistema germano-español es el origen de la avalancha de recursos de amparo que abruma a los respectivos Tribunales Constitucionales (17).73 1.22 1. 161/1985 y otras muchas.70 4. la inmensa mayoría de los cuales se fundamentan pre(16) Vid.44 5.35 1. mayor de año en año. (17) Para España.
pudieron entonces albergar esa ilusión. sino en simple beneficio de la justicia y de su rapidez. En el 79 por 100 de los casos el recurso se dirige.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE cisamente en la lesión de lo que podríamos llamar. en la nota 17. De otra parte. incluso de su propia actividad. Estas decisiones de inadmisión. a pesar de las experiencias ajenas en contrario. deberán abandonarla con la simple lectura de las cifras que ofrecemos antes. el «derecho al proceso debido» (18). 34 . (19) Cf. Esta vía. esto es. Quienes. aun abreviadas.293 de los 2. En lo que toca a este extremo. alguno de los cuales ya señalé en otra ocasión (19). algunos pudieran pensar que la rapidez de las decisiones de inadmisión pudiera tener algún efecto disuasorio. 60 (octubre-diciembre 1988). pero que sirve poco para aligerar la carga de trabajo del Tribunal. haciendo cada vez más breve y expeditivo el camino que media entre la presentación del recurso y la decisión que rechaza su admisión a trámite. una buena parte del tiempo del Tribunal y reducen. como es lógico. consumen. RUBIO LLÓRENTE. deliberar y resolver la decisión sobre el fondo de las cuestiones que plantean problemas de auténtica relevancia constitucional. el que fundamenta la mayor parte de los recursos de amparo). pero en uno como en otro país. el disponible para preparar. (18) La vulneración de alguno de los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución fundamenta la petición de amparo en 2. es bien claro que cualquier modificación del procedimiento de admisión no libra al Tribunal de la necesidad de conocer y decidir en el fondo un sinfín de asuntos deducidos al amparo del artículo 24 de la Constitución (que es. en el momento de adoptar esa medida. «El trámite de admisión del recurso de amparo». Tanto en España como en Alemania. la situación ha sido percibida desde hace tiempo. F. no ya para descargar al Tribunal Constitucional de una carga que no es la suya. como antes se ha visto. la responsabilidad del legislador no viene sólo de su pasividad. el legislador no ha encontrado otra vía para atajarla que la de modificar el procedimiento de admisión de los recursos de amparo. Quizás. con un sentido distinto al que la expresión tiene en el mundo anglosajón. núm. y ciñéndome ya en exclusiva al caso español. sino. que ofrece no pocos inconvenientes.993 recursos de amparo presentados durante 1990. cuya solución. contra la decisión judicial. un efecto seguramente nada desdeñable. en consecuencia. permite sin duda abreviar el tiempo que media entre la presentación de un recurso y la decisión que decreta su inadmisión a' trámite. tiene su sede propia en los órganos judiciales ordinarios. dado que ésta es la conclusión estadísticamente más probable. en alguna medida. en Revista Española de Derecho Administrativo. en consecuencia.
inevitablemente. ha olvidado las consecuencias que de tal remedio habrían de seguirse para la jurisdicción constitucional. La supresión es.. La improbabilidad de que tal cosa suceda hoy en Madrid o Barcelona (o Sevilla. se ha creado una disparatada situación en la que todos los tribunales del país. Pero. por ejemplo. o Valencia. plausible. o. al eliminar (art. la conciencia popular entiende difícilmente que quepa hablar de trato igual cuando jueces diferentes (a veces colegios dicisorios distintos de. sin duda. pero en la práctica. buscando remedio para males ciertos. 35 . en pura teoría. pero al no ir acompañada de la apertura a otra vía que satisfaga las necesidades a las que con esa práctica se había intentado hacer frente. como digo. naturalmente. del contenido de las notificaciones hechas «en estrados». o Bilbao. Así. Ley Orgánica del Poder Judicial.. no tienen otro modo de remediarlo que el de recomendar a los justiciables víctimas del error que inicien un nuevo proceso ante el Tribunal Constitucional (20). (21) Cf. artículo 5. en el mantenimiento de la concepción tradicional del recurso de casación como un recurso extraordinario cuyo acceso sólo está abierto para asuntos «graves» por la cuantía del objeto del litigio o por la magnitud de la pena impuesta. STC 185/1990. Este olvido de que el sistema jurisdiccional ha resultado radicalmente transformado por la institución de la jurisdicción constitucional se patentiza también. Es claro que.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA En lo que toca a la inacción. no se ve afectada por la posibilidad de utilizar como motiva de casación la «infracción de Constitución» (21). 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) la viciosa práctica construida por la jurisprudencia con escaso apoyo legal y conocida como «incidente de nulidad de actuaciones». me parece clamoroso que la regulación de la llamada audiencia al rebelde no haya sufrido alteración alguna desde el siglo xix y siga basada en la presunción de que quien viva en una ciudad cualquiera durante tres meses ha de enterarse.un mis(20) Vid.) no ha llevado a modificar la configuración que la venerable Ley de Enjuiciamiento Civil dio a esta acción rescisoria y obliga a llevar al Tribunal Constitucional pretensiones que todos los demás tribunales del país podrían atender con más eficacia y mayor celeridad. incluido el Tribunal Supremo.. el legislador también ha errado a veces en su actividad cuando. Una estructura que. la «unidad de doctrina legal» no es una exigencia inexcusable del principio de igualdad y que éste queda satisfecho con la aplicación de la ley por un juez independiente e imparcial. por ejemplo. cuando después de dictar sentencia advierten haber incurrido en un error grave de procedimiento. sobre el tema.
. desde luego. En éstos. No es éste.FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE mo tribunal) interpretan de manera diversa un mismo precepto legal. (24) Cf.993 recursos de amparo presentados en 1990. el único caso en el que la sensibilidad del Tribunal Constitucional ha sido quizás excesiva. por el contrario. desde los primeros momentos de la actividad del Tribunal. por ejemplo. (25) Son las sentencias números 1 (la primera de las dictadas por el Tribunal) y 18 36 . al que. el amparo se otorga precisamente por violación del artículo 24 de la Constitución. el propio Tribunal Constitucional tiene alguna responsabilidad en la creación de esta situación. aunque no es ésta la que la inicia. Esta tendencia se manifiesta ya. También la incorporación al contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del derecho a la motivación de las decisiones judiciales se hizo en términos excesivamente rotundos y debería ser objeto de una rectificación más acentuada de la que ya se ha iniciado (24). y que por ello sólo en un pequeño porcentaje de casos ha de ocuparse de asuntos que han sido revisados ya por el Tribunal Supremo (22). que el recurrente originariamente fundamentaba en la vulneración de otros derechos fundamentales (25). que se arbitren los remedios procesales para satisfacerla sin arrojar también esta tarea sobre el Tribunal Constitucional. sólo 705 se originaban en asuntos en los que la última decisión había sido dictada por el Tribunal Supremo. En las veintisiete sentencias de este género dictadas durante su primer año de actividad (1981). el Tribunal Constitucional español ha incurrido en excesos de generosidad. pero sí aconseja. La necesidad de atender a esta demanda social no puede seguramente convertir la casación en un recurso ordinario utilizable en todos los casos. concede el amparo sólo en once casos. sí tienen acceso todos los litigantes. al que en dos de ellos el Tribunal de oficio reconduce la demanda. Ha sido después considerablemente matizada. creo. en términos muy acentuados. (22) De los 2. ha cometido pecado de juventud. Menos excusable es la tendencia del Tribunal a considerarse más como un órgano instituido para controlar a los jueces que como un juez del legislador. Sin duda. que podría haber evitado con un entendimiento menos amplio de las exigencias derivadas del principio de igualdad en la aplicación de la ley (23). como en otros puntos. Sentencia 116/1986. pero es difícil reprochar a un Tribunal que es intérprete supremo de la Constitución un exceso de sensibilidad respecto de los derechos que ésta consagra. Más aún: en siete de esos casos. (23) La doctrina está expuesta en la Sentencia 49/1982. sea cual sea la cuantía del objeto litigioso o la gravedad de la condena. pero en ninguno de ellos hace pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad de las normas. aunque la solución más radical que recoge la sentencia 144/1988 no se ha mantenido de manera consistente.
LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA El hecho es que.228 1.110 (27) En la cuantía que se muestra: 1987.actividad del legislador. 1989. en algunos casos. antes comentada. introducida en 1988 para aligerar el trámite de admisión. la cuestión es la de que no puede hacerse todo a la vez y que un solo Tribunal. Pese a la reforma. Pero sea cual sea la conveniencia de mantenerla. retrasa cada vez más la decisión que de ella esperan los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia. que sin duda estaba llena de sentido en los primeros años de vigencia de la Constitución. en razón fundamentalmente de la configuración del recurso de amparo. y en menor medida de errores propios y ajenos. inevitablemente. 265. 37 .977 2 416 2 703 1. La «reconducción» de las demandas la efectúa el Tribunal haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 84 de su Ley Orgánica. 209 sentencias. La desviación de la jurisprudencia constitucional hacia el desempeño de una tarea que no le es propia y que le abruma con un número creciente de demandas de amparo no sólo trae como consecuencia el retraso creciente en la resolución de los litigios que por esta vía acceden a ella.458 1. sino que también. 214. y a pesar también de que el número de sentencias dictadas anualmente ha crecido hasta el límite de lo posible (27) y de que el número de asuntos ingresados anualmente por las restantes vías procesales se mantiene estable o incluso. de 1981.222 1. parece hoy menos necesaria. otras funciones que ningún otro órgano puede asumir. que son. 1989 1990 1 317 1. de composición forzosamente reducida. si cabe hablar así. (26) Las cifras son las siguientes: Núm. cuando los titulares de los diversos órganos del poder judicial no estaban aún penetrados por los valores de ésta. 219. Como consecuencia de ello. no puede llevarla a cabo con éxito asumiendo.735 1. el Tribunal Constitucional español se ve obligado a consagrar una buena parte de su actividad a revisar la actuación de los jueces. 1990. no a controlar la. el número de recursos de amparo pendientes de solución aumenta de año en año (26). al mismo tiempo. su propia razón de ser.501 1. Esta función. asuntos resueltos pendientes AÑO K-2 1987 1988 . asuntos Núm.100 1. 1988.
119. quizás el camino por el que más eficazmente actúa la potencialidad integradora de la Constitución y uno de los instrumentos más eficaces para la depuración del ordenamiento. en el artículo 24. . (31) Así el el derecho a la presunción de inocencia. a mi juicio. 1988. para cuya determinación la Constitución deja al legislador un ancho margen de libertad.. que el escaso grado de garantía suplementaria que de este modo se consigue no compensa en (28) Los asuntos correspondientes a la competencia del Tribunal en Pleno (recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y conflictos de competencia) ingresados durante los últimos cuatro años son los siguientes: 1987. que todos ellos requieran la protección de este recurso ante el Tribunal Constitucional. (29) Los asuntos resueltos y pendientes de resolución por el Pleno del Tribunal son los siguientes: Núm. 123. en CH. asuntos resueltos Núm. 1988). Es más que dudoso. F. a la vista de la experiencia de todo un decenio. la cifra correspondiente a 1990 resulta superior a la que. LANFRIED. en consecuencia también. cuál el elenco de los derechos protegidos por esta vía procesal excepcional.. que consagra un conjunto muy amplio de derechos. aunque desde su primera sentencia (STC 31/1981) hasta 1987 (STC 150/1987) el Tribunal Constitucional lo trató como tal. continúa existiendo un preocupante número de asuntos pendientes de solución (29). claro está. 143... 1990. RUBIO LLÓRENTE. de acuerdo con el criterio anterior. 1989. más dudoso aún que éste sea el mejor medio de protegerlos y casi evidente. 215 119 76 115 321 345 344 536 (En razón de un cambio en el criterio estadístico. no todos los cuales tienen naturaleza estrictamente procesal (31). pp. . . Esta verificación de unos hechos incontestables obliga sin duda a una reflexión sobre la conveniencia de mantener sin cambios la regulación hoy vigente. . en especial en lo que toca a la legislación preconstitucional (30)..FRANCISCO RUBIO LLÓRENTE se ha reducido (28). La reflexión ha de centrarse sobre todo.. 142. «Constitutional Review and Legislation in Spain». Constitutional Review and Legislation (Nomos Verlag.) (30) Cf. habría de figurar. No se trata de poner en cuestión la existencia misma del recurso de amparo.. asuntos pendientes en 31-XII AÑO 1987 1988 1989 1990 . 38 . . 138139. sino de reconsiderar cuál debe ser su función y.
una obligación inexcusable. La reflexión debe hacerla el legislador en primer lugar. pero también seguramente el propio Tribunal. también en torno al artículo 14) es probablemente. en tanto que el legislador no adopte medidas más eficaces. en algunos extremos profunda.LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA absoluto el detrimento que su mantenimiento comporta para todas las demás tareas del Tribunal Constitucional. de la doctrina hasta hoy establecida en torno al artículo 24 CE (y en lo que toca a la igualdad en la aplicación judicial de la ley. 39 . La rectificación. que es el primer responsable del mejor desempeño de las funciones que la Constitución le atribuye.
Documents Similar To Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa (Francisco Rubio Llorente)
TEMA 1 CONSTITUCIONAL..docx
MIGRACIÓN Y CAMBIO SOCIAL - Documentos Jurídicos 3
Jurídicas Tema.1 Guardia Civil
Ivan Aguilar Cano
udp - foro por la no discriminación - ley que establece medidas contra la discriminación - 2005
Ana Morales Caso Practico
Anetti C. Miraglia
Plagio y Derechos Fundamentales, 2017, Scopus
Derechos Fundamentales Dih
00006-2003-AI.pdf
Camp Constitution Journal 9-5 2017 Thursday July 6, 2017
Derecho Constitucional II MOD IV
property right under constitutuion
Tomo 08. La Revolución Francesa. La Revolución Desatada.