Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1185446
Timestamp: 2019-02-22 21:29:42
Document Index: 164783042

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 38']

El principio de atención integral también es el hilo conductor del Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen las directrices de funcionamiento en Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”, con la finalidad de erradicar la violencia de género y garantizar la atención integral a todas sus víctimas en Castilla y León.
Desde otro punto de vista, la promulgación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla y León, marca un punto de inflexión importante al configurar un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, en el que se integran los servicios sociales de titularidad pública y los de titularidad privada financiados total o parcialmente con fondos públicos. Se configura un sistema de servicios sociales único a través de un proceso de progresiva unificación y organización integrada del sistema de servicios sociales, independientemente de su naturaleza, carácter o contenido. La Administración es considerada garante de la calidad a través de la función de registro, autorización y acreditación de entidades, servicios y centros de carácter social y a través de la función de inspección y control, configurándose el Registro de entidades, servicios y centros del sistema de servicios sociales como el instrumento básico de conocimiento, ordenación, planificación y control de los servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, que permite la coordinación de los recursos disponibles y su optimización.
Finalmente, la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , configura la acreditación de centros y servicios como un reconocimiento por parte de la Administración de unos determinados niveles de calidad, idoneidad y garantía para las personas usuarias de los centros, de forma que es necesario desarrollar el régimen concreto de la acreditación de los centros destinados a la atención integral de las víctimas de violencia de género, que incremente esa garantía de calidad y eficacia mínima impuesta por la autorización.
Hay que pensar que la citada Red de Asistencia, creada en el año 2000, se estructuró en un momento en el que aún no se habían promulgado ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico, leyes específicas para atender la situación, específica y concreta de violencia de género, tanto en la definición que se le da a esta realidad en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre , de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como a nivel autonómico a través de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre.
En el título preliminar se define el objeto del decreto: Cumplir el mandato legal de desarrollo reglamentario de determinados aspectos de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, regulando y homogeneizando la organización, funcionamiento, medios personales y materiales, estructura, elementos de gestión y condiciones de acceso, de los centros de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León, a la vez que integra su regulación dentro del ámbito y sistema de servicios sociales, conforme a lo establecido en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre . Asimismo se clarifica su ámbito de aplicación, incluyendo a todos los centros, tanto de titularidad pública como privada, si bien con diferente intensidad. Finaliza el título preliminar con tres artículos dedicados a la conceptuación de las personas usuarias de la Red de Atención, sus derechos y sus deberes.
Una vez establecidos los requisitos mínimos, en el título III, igualmente de aplicación a todos los centros de la Red de Atención, se regula el régimen de autorización, inscripción y comunicación previa aplicable. Cabe destacar de este título que el desarrollo que contiene el presente decreto responde a la necesidad de adecuar y adaptar la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que la inscripción se debe realizar en el Registro de entidades, servicios y centros del sistema de servicios sociales, al ser el instrumento básico de conocimiento, ordenación, planificación y control de los servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, que permite la coordinación de los recursos disponibles y su optimización. El título se divide a su vez en tres capítulos, dedicados cada uno a de ellos a regular las disposiciones generales de este régimen, el procedimiento de autorización, y el procedimiento de comunicación previa.
Aun cuando no le sea de estricta aplicación, pues el artículo 22 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, se refiere expresamente a las entidades privadas sin ánimo de lucro, es preciso advertir aquí que al régimen de autorización administrativa que se establece en el artículo 62 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, le resulta de aplicación necesariamente, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado, básica en la materia; ley que no hace sino extender a todas las actividades económicas, el libre acceso y ejercicio de las mismas, al tiempo que clarifica las condiciones que deben concurrir para aplicar los medios de intervención administrativa a la actividad económica que ya preveía la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
A otras situaciones que pueden producirse durante el funcionamiento de un centro, como son el cambio de titularidad, el cese de una actividad o el cierre temporal o definitivo, resulta exigible la comunicación previa al órgano competente, prevista también como un medio de intervención administrativa en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre . En estos casos, concurren las razones imperiosas de interés general ya expuestas por las que la administración autonómica precisa conocer quién ostenta la titularidad de los centros, el número de estos y los servicios que en ellos se prestan. La comunicación previa frente a la autorización supone una reducción de las trabas administrativas, lo que se alinea con los principios de calidad normativa que se imponen a la normativa comunitaria, nacional y autonómica. En este último ámbito, los medios de intervención administrativa señalados, la autorización y la comunicación, son los empleados en la normativa de otras comunidades autónomas en la materia, en iguales términos.
Mediante el presente decreto se regula por vez primera respecto a estos centros la figura de la acreditación como plus de garantía de calidad y buen funcionamiento de dichos centros, destacando en este punto la coherencia en su funcionamiento con los principios y directrices del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”, regulación del régimen de acreditación al que se dedica expresamente el título IV.
Finaliza el articulado del decreto, con el título V, dedicado a la inspección de los centros de la Red de Atención, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , como garantía de los derechos de las personas usuarias.
El presente decreto se ha elaborado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, cabe señalar que es claro interés general del objeto de la norma, que va dirigido a regular y homogeneizar la autorización y funcionamiento, organización, medios personales y materiales y condiciones de acceso, de los centros de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León, a la vez que integra su regulación dentro del ámbito y sistema de servicios sociales, conforme a lo establecido en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre . Asimismo se regula el régimen concreto de la acreditación, como un plus de garantía de calidad y buen funcionamiento de dichos centros. Del mismo modo, en cumplimiento del principio de eficiencia, la disposición evita a sus destinatarios cargas administrativas innecesarias para el logro de su objetivo.
Los centros de la Red de Atención forman parte del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, conforme a lo establecido en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , con las particularidades previstas en este decreto.
1.	Permanecer en el centro mientras no concurra alguna de las causas de finalización de la estancia previstas en el presente decreto, así como a cesar definitivamente en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia.
2.	A que las personas componentes de la unidad de convivencia acogida puedan permanecer juntas, debiendo, a tal efecto, ser atendidas en el mismo recurso.
3.	A la protección de su intimidad personal, de la propia imagen y de los datos de carácter personal, así como a la confidencialidad de su expediente.
4.	A hacer uso de las dependencias del centro de acogida y de los objetos, equipamientos y utensilios de uso común que se encuentren en él.
5.	A ser informadas, en un lenguaje comprensible y accesible, del contenido de estos derechos y de los cauces para hacer efectivo su ejercicio.
1.	Cumplir las normas de régimen interno del centro, en especial:
a)	Facilitar la convivencia, con un comportamiento basado en el respeto mutuo, la tolerancia y la colaboración.
b)	Participar en el reparto y ejecución de tareas comunes. Cada mujer acogida será responsable del orden y limpieza de su habitación y objetos personales.
c)	Ser responsables del buen uso y normal funcionamiento de los objetos y servicios de uso común, respondiendo de los daños causados intencionadamente o por negligencia grave, en las dependencias del centro.
d)	No tener ni consumir drogas y/o sustancias estupefacientes.
e)	No consumir bebidas alcohólicas, ni fumar en el interior del centro salvo en los lugares en los que así está autorizado.
2.	Firmar el documento de renuncia, en caso de negarse a recibir atención social, jurídica o psicológica, expresando motivadamente su rechazo.
3.	Aportar la documentación que le sea requerida. El tratamiento de los datos de carácter personal que figure en dicha documentación se ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
4.	Hacerse cargo del cuidado y atención de las personas dependientes a su cargo.
5.	Respetar la libertad de pensamiento, opinión, ideología y religión de las personas con las que comparten el centro.
6.	Cumplir las medidas de protección y seguridad del centro, sin revelar la identidad de las personas usuarias, ni la ubicación, teléfono o localización del centro, y sin permitir el acceso al centro de personas no autorizadas.
7.	Colaborar con el personal de apoyo técnico encargado de prestar la asistencia necesaria.
8.	Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal o familiar que pueda afectar a los servicios que estén prestándose.
9.	Realizar las gestiones y acciones oportunas tendentes a conseguir la normalización de su situación personal y favorecer su integración social, de acuerdo con sus capacidades.
De los centros de la Red
Concepto, tipología y contenido
a)	Centros de emergencia: son aquellos en los que se acoge con carácter urgente a víctimas de violencia de género, tanto mujeres como personas dependientes de ellas, con el objeto de garantizar su integridad y seguridad personal, y que funcionan las veinticuatro horas al día durante todos los días del año.
b)	Casas de acogida: Son viviendas atendidas por personal especializado, que tienen por objeto el alojamiento seguro y la manutención de las víctimas de violencia de género, para llevar a cabo su recuperación integral, en los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico, favoreciendo la superación de los efectos de la violencia de todas las personas afectadas.
c)	Pisos tutelados: Son viviendas que tienen por objeto dispensar, en régimen de autogestión, alojamiento y seguimiento psicosocial a las víctimas de violencia de género, cuando precisen, apoyo en su proceso de su autonomía personal.
a)	Alojamiento.
b)	Información, orientación y asesoramiento profesional: Apoyo para la elaboración del proyecto de vida.
c)	Apoyo a la atención en los ámbitos psicológico, jurídico y social.
Ingreso y acceso a los centros de la Red
1. El ingreso en los centros de la Red se ajustará a lo dispuesto en el presente decreto, en coherencia con lo previsto para este ámbito en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero” aprobado por la Junta de Castilla y León.
Estancia en los centros de la Red
a)	Régimen de uso de las instalaciones, conforme a su naturaleza y destino, minimizando en la medida de lo posible su deterioro, pudiendo disponer de elementos decorativos y que contribuyan a su confort físico o emocional, siempre teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por las normas de régimen interno.
b)	Régimen de salidas durante el día y las ausencias temporales del centro en el que se preverá el tiempo mínimo de comunicación previa, los horarios de regreso, la duración máxima de las ausencias, el régimen específico cuando sean debidas a causas de fuerza mayor, y los supuestos en que es necesaria la autorización previa.
c)	Régimen de tenencia de animales de compañía. Con sujeción a la normativa que regule la asistencia a las personas por parte de animales, las personas usuarias podrán llevar sus animales de compañía a los centros, siempre que las condiciones de seguridad, higiénico sanitarias, de equipamiento, de infraestructuras y dotacionales del centro cumplan con lo dispuesto en la legislación específica de la materia. La persona poseedora de un animal, es la responsable de su protección y cuidado, así como del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas legalmente. La presencia de los animales de compañía en el centro no puede suponer riesgos o perturbaciones para la seguridad, salud o bienestar de cualquier otra persona que sea usuaria o personal del centro. Para que el animal pueda acceder o permanecer en el centro todas las personas antes citadas han de manifestar expresamente su conformidad a la presencia del animal de compañía en el centro. La mujer víctima de violencia de género debe asumir el compromiso de que el animal abandone el centro si no existiese la citada unanimidad, o si se produjese cualquier situación sobrevenida de riesgo o perturbación en los términos expuestos.
1.	Decisión de la mujer víctima de violencia de género.
2.	Finalización del programa individual de intervención.
3.	Traslado a otro centro de la Red de Atención o de otra comunidad autónoma.
4.	Derivación a otro recurso del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León.
5.	Finalización del período máximo de estancia previsto en el artículo 7.
6.	Como sanción, en los términos previstos en las normas de régimen interno.
Requisitos para la autorización de los centros de la Red
a)	Plan de centro: Todos los centros, deberán contar con un plan de centro que defina su identidad y favorezca el cumplimiento de sus fines, la convivencia, y la participación de las personas usuarias.
b)	Programa anual: Todos los centros elaborarán un programa en el que se planificarán, para cada año natural y para cada dispositivo de atención, las previsiones a desarrollar de acuerdo con el diagnóstico de necesidades y recursos.
c)	Programa individual de intervención: El programa individual de intervención tiene el objeto de que la persona adquiera un funcionamiento autónomo y saludable, que le permita su participación en los procesos dirigidos a la normalización. En él se potenciarán sus recursos cognitivos, afectivos y físicos, así como las habilidades sociales y los hábitos para recuperar las capacidades educativas y lúdicas, y las competencias laborales. La persona beneficiaria, y en su caso, el resto de personas que formen la unidad de convivencia, participarán en la elaboración del programa individual de intervención y firmará su conformidad y su compromiso de colaboración para alcanzar los objetivos recogidos en el mismo.
d)	Memoria anual: Los centros elaborarán una memoria al final de cada año natural, que remitirán para su conocimiento a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia respectiva. En la memoria se reflejarán:
e)	Reglamento de régimen interno: Todos los centros contarán con un reglamento de régimen interno que regule y ordene su actividad, el desarrollo de la vida diaria y las normas de convivencia, estableciendo las normas organizativas y de coordinación de sus estructuras y servicios, el régimen de horarios y articulación general del funcionamiento de los distintos servicios así como salidas y entradas de las personas usuarias.
Condiciones generales en materia de personal de los centros de la Red
a)	Dirección del centro: Corresponde a la persona responsable de la gestión, organización y funcionamiento del centro, quien deberá contar con titulación universitaria y formación técnica especializada en violencia de género. No obstante, quienes a la entrada en vigor de este decreto estuviesen ejerciendo la dirección de un centro de acogida y no reúnan los requisitos señalados, podrán seguir desempeñando esta función cuando se acredite una experiencia mínima de dos años en la atención de mujeres víctimas de violencia de género.
b)	Equipo profesional técnico y/o de atención directa: Está formado por el conjunto de profesionales que realizan las intervenciones programadas en los diferentes ámbitos y áreas propias de una atención integral a las personas usuarias y los que prestan atención directa y apoyo a las personas usuarias para la adquisición de las habilidades previstas en las intervenciones acordadas, así como canalizar las demandas de aquellas que no puedan satisfacer. El personal que desempeñe estas funciones deberá poseer los conocimientos y capacidades que le permitan ejercer sus funciones con garantía de calidad y profesionalidad.
Régimen de autorización e inscripción de centros de la Red
Autorización, inscripción y comunicación previa
a)	Que cumpla los requisitos y condiciones establecidos en este decreto.
b)	Que se trate de un centro que acoja única y exclusivamente a víctimas de violencia de género, mujeres y personas dependientes de ellas, según lo dispuesto en la Ley 13/2010, de 9 de diciembre.
1.	El cambio de titularidad del centro.
2.	El cese de una actividad complementaria incluida en el plan general del centro.
3.	El cierre temporal o definitivo de un centro.
4.	Cualquier otra modificación de la autorización que no esté prevista en el artículo precedente.
a)	De forma electrónica, por las personas obligadas a ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para ello, las personas solicitantes o sus representantes legales deberán disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico reconocido por esta Administración en la sede electrónica y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Las entidades prestadoras del señalado servicio de certificación reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
b)	De forma presencial, quienes no estén obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, que podrán presentar las solicitudes, preferentemente en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que se ubique el centro al que se refiere el acto objeto de autorización, así como en los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en cualquiera de las unidades que integran los servicios de información y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, conforme al artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
a)	Acreditación de la identidad de la persona solicitante y, en su caso, de la representación que se ostente, así como declaración responsable de estar en posesión de la licencia de primera ocupación del inmueble y de la documentación exigida para el inicio de la actividad, según lo previsto en el presente decreto.
b)	Documento acreditativo de la disponibilidad del inmueble por la entidad titular, salvo que tratándose de la propiedad del inmueble, la titularidad catastral y registral coincidan y se autorice a la Administración la verificación de este dato.
c)	Documentación gráfica del centro en la que estén representadas todas las plantas de que conste el centro, además del plano de situación del inmueble, describiendo el uso significativo de las distintas zonas. Si en el mismo inmueble o parcela estuvieran ubicados varios centros de los regulados en el presente decreto, deberán identificarse adecuadamente.
d)	Declaración responsable de reunir los requisitos establecidos en el presente decreto para la obtención de la correspondiente autorización.
5. Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León dirijan a los interesados, se realizarán por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada “Buzón electrónico del ciudadano”, para lo cual los interesados deberán acogerse a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) en la “Ventanilla del ciudadano”, y suscribirse obligatoriamente al procedimiento correspondiente.
a)	Documento acreditativo de la personalidad del nuevo titular, o documento de constitución de la nueva entidad si fuese persona jurídica.
b)	Estatutos de la entidad y certificaciones de los acuerdos adoptados referidos a la transmisión, en su caso.
c)	Declaración responsable del nuevo titular en la que declare que se subroga en cuantas obligaciones y compromisos estén pendientes con la Administración autonómica.
Acreditación de los centros de la Red
a)	Contar con la preceptiva autorización de apertura y funcionamiento del correspondiente centro de acogida.
b)	Cumplir los criterios y estándares de calidad en materia de personal, calidad, evaluación de la satisfacción de las personas usuarias y profesionales, gestión y funcionamiento del centro que se indican a continuación:
1.	Adhesión expresa y formal a los protocolos, guías, instrucciones del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”.
2.	Coordinación con el resto de agentes implicados en la atención y protección a víctimas de violencia de género que forman parte del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia Cero”.
3.	Elaboración de un plan de formación continuada para el equipo profesional en materias relacionadas con su actividad, que incluya la asistencia a actividades formativas periódicamente.
4.	Disponer de un sistema de control de calidad, basado en indicadores objetivos, que analice el sistema de información, la evaluación y el control de la actividad y mida la valoración de los resultados atendiendo a los objetivos conseguidos y al grado de satisfacción existente entre el personal profesional y también entre las personas usuarias del centro. Este control de calidad deberá facilitar, a su vez, la introducción de acciones y líneas de mejora en el centro.
5.	Promover y facilitar la participación de las personas usuarias en los programas institucionales orientados a la inserción laboral de víctimas de violencia de género.
1.	De forma electrónica, por las personas obligadas a ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para ello, las personas solicitantes o sus representantes legales deberán disponer de DNI electrónico o cualquier certificado electrónico reconocido por esta Administración en la sede electrónica y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Las entidades prestadoras del señalado servicio de certificación reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
2.	De forma presencial, quienes no estén obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas podrán presentar las solicitudes, preferentemente en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que se ubique el centro al que se refiere el acto objeto de autorización, así como en los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o en cualquiera de las unidades que integran los servicios de información y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, conforme al artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero.
a)	La pérdida de la autorización de apertura y funcionamiento del centro.
b)	El incumplimiento de los criterios y estándares de calidad de acuerdo a los que se concedió la acreditación, previo requerimiento realizado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
c)	Renuncia de la persona titular del centro, mediante comunicación escrita a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
La función de inspección y control que tiene por objeto velar por el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en este decreto por los centros de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV del título V de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , y demás normativa de desarrollo de ésta que resulte de aplicación.
1. A los centros de acogida de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León se les aplica el régimen sancionador previsto en el título XI de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre .
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Servicio específico de fomento de la autonomía.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Inscripción de oficio de entidades y centros ya autorizados.
Primera. Modificación del Decreto 109/1993, de 20 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
“En relación con los centros de atención a víctimas de violencia de género, la inscripción de los datos anteriores se adecuará a las prescripciones de seguridad y confidencialidad que son propias de los centros de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León.”
Segunda. Modificación del Decreto 52/2014, de 16 de octubre , por el que se crea y regula el Observatorio de la Comunidad de Castilla y León.
El Decreto 52/2014, de 16 de octubre , se modifica en los siguientes términos:
“d) Una persona en representación de la entidad sin ánimo de lucro, con mayor número de personas o entidades asociadas, de las personas con discapacidad, que cuente en su organización con una estructura específica en representación de las mujeres con discapacidad y que esté inscrita en el Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León.
f) Una persona en representación de la entidad sin ánimo de lucro, con mayor número de personas o entidades asociadas, de las personas inmigrantes, que cuente en su organización con una estructura específica en representación de las mujeres inmigrantes y que esté inscrita en el Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León.”
Tercera. Modificación del Decreto 10/2015, de 29 de enero , de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, mujer y juventud.
El Decreto 10/2015, de 29 de enero , se modifica en los siguientes términos:
“Una persona en representación de la asociación de mujeres que en cada provincia tenga un mayor número de asociadas y que esté inscrita en el Registro de entidades para la igualdad de oportunidades.”
Dos. El artículo 38, apartado 2, letra b) 5.º, se modifica con la siguiente redacción:
“Dos personas en representación de las dos confederaciones y federaciones de asociaciones de mujeres de ámbito regional con mayor número de asociaciones inscritas en el Registro de entidades para la igualdad de oportunidades y una persona en representación del resto de confederaciones y federaciones, de forma rotatoria en función del número de asociaciones, de mayor a menor número.”
“7.º Una persona en representación de la entidad sin ánimo de lucro, con mayor número de personas o entidades asociadas, de las personas con discapacidad que cuente con una estructura representativa de las mujeres con discapacidad y que esté inscrita en el Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León.
9.º Una persona, en representación de la entidad sin ánimo de lucro, con mayor número de personas o entidades asociadas, de las personas inmigrantes que cuente con una estructura representativa de las mujeres inmigrantes y que esté inscrita en el Registro de entidades, servicios y centros de carácter social de Castilla y León.”
Cuarta. Modificación de la denominación del Registro de Entidades para la Igualdad de Oportunidades y Centros de asistencia para la Mujer.
A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Registro de Entidades para la Igualdad de Oportunidades y Centros de asistencia para la Mujer, creado en el Decreto 6/2000, de 13 de enero, pasa a denominarse “Registro de entidades para la igualdad de oportunidades”.
Quinta. Habilitación de desarrollo.
Escrito el 22/02/2019 21:33:24 por michealbensonloanagency@gmail.com Responder Es ofensivo Me gusta (0)