Source: http://www.tse.go.cr/juris/electorales/0753-E9-2013.html
Timestamp: 2018-01-19 01:50:03
Document Index: 61613524

Matched Legal Cases: ['artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 195', 'artículo 105', 'Artículo 14', 'artículo 195', 'artículo 105', 'artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 6', 'artículo 195', 'artículo 6', 'artículo 195', 'artículo 195']

TSE, 0753-E9-2013
N.º 0753-E9-2013.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las quince horas y dieciséis minutos del siete de febrero de dos mil trece.
Gestión presentada por los señores Gabriel Bonilla Picado, Federico Malavassi Calvo y Rodrigo Alberto Carazo Zeledón para que este Tribunal autorice la recolección de firmas necesarias para convocar, mediante iniciativa popular, un referéndum para aprobar varias reformas constitucionales.
1.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de este Tribunal el 4 de febrero de 2013, los señores Gabriel Bonilla Picado, Federico Malavassi Calvo y Rodrigo Alberto Carazo Zeledón solicitaron a este Tribunal autorizar la recolección de firmas necesarias con el fin de convocar a un referéndum de iniciativa ciudadana para someter a consulta popular varias reformas constitucionales (folios 1 a 14).
I.- Sobre el fundamento y las modalidades del referéndum en el ordenamiento jurídico costarricense. Este Tribunal, en las resoluciones n.° 790-E-2007 de las 13:00 horas del 12 de abril del 2007 y 977-E-2007 de las 14:30 horas del 2 de mayo de 2007, definió algunos aspectos esenciales del instituto del referéndum.
En la citada resolución n.º 790-E-2007 se indicó que, en virtud de la reforma que experimentó la Constitución Política en el año 2003, el Gobierno de la República pasó a entenderse, además de “representativo”, “participativo” porque lo ejercen “el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí”. Esta reformulación del numeral noveno constitucional, en lo que a la participación ciudadana en asuntos públicos se refiere, cobra gran importancia a la luz de la modificación que antes había sufrido el artículo 105 de la Carta Fundamental, toda vez que, aunque se mantuvo el principio según el cual la potestad legislativa está, por regla general, en manos de la Asamblea por delegación popular, se previó que, excepcionalmente, el pueblo pudiera avocar el ejercicio de esa potestad a través del instituto del referéndum, para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución.
Al respecto, la citada disposición constitucional señala lo siguiente:
Este instituto será regulado por ley, aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.”.
Con base en esta disposición constitucional, nuestro ordenamiento jurídico contempla dos tipos de referéndum, desde el punto de vista de la materia objeto de consulta popular: el legislativo, dirigido a aprobar o derogar leyes (vertientes constitutiva y abrogativa, respectivamente), y el constitucional, mediante el que se somete a decisión de la ciudadanía reformas parciales a la Carta Fundamental.
Independientemente que se trate de un referéndum legislativo o constitucional, el constituyente derivado estableció tres vías por las cuales se podría activar este instituto y propiciar la celebración de un referéndum. En este sentido, el artículo 105 constitucional autoriza a convocarlo cuando lo solicite un cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (“referéndum ciudadano”), la Asamblea Legislativa por acuerdo respaldado por las dos terceras partes de sus miembros (“referéndum legislativo”) o el Poder Ejecutivo cuando cuente con el respaldo de, al menos, veintinueve diputados (“referéndum por gestión del Ejecutivo”).
II.- Sobre la existencia de un procedimiento agravado para el referéndum constitucional. El artículo 195 constitucional instrumentaliza el referéndum constitucional. Su octavo inciso advierte que la posibilidad de someter a consulta popular una reforma constitucional se encuentra supeditada a que el proyecto respectivo haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa en primera legislatura. Literalmente se preceptúa:
8) De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” (el subrayado no es del original).
Por su parte, la Ley sobre Regulación del Referéndum, Ley n.° 8492, reafirma lo anterior al señalar:
“Artículo 14.- Convocatoria del referéndum de reforma constitucional. Para reformar parcialmente la Constitución, el referéndum podrá ser convocado al menos por un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; por la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros, o por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. El referéndum únicamente podrá realizarse después de que el proyecto de reforma haya sido aprobado en la primera legislatura y antes de la segunda, de conformidad con el inciso 8) del artículo 195 de la Constitución Política.” (el subrayado no es del original.
Asimismo, conviene indicar que, del estudio de las actas del proyecto de Ley sobre la Regulación del Referéndum, expediente legislativo n.° 14850, resulta evidente que los legisladores dedicaron un importante espacio a deliberar sobre el alcance de las normas sobre el referéndum constitucional, con el fin de adecuar la legislación a la voluntad del constituyente derivado.
Durante la discusión sostenida en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, los diputados determinaron que la facultad concedida en el artículo 105 de la Constitución Política para reformar la Carta Fundamental vía referéndum no es autónoma o directa pues debe leerse a la luz del procedimiento de reforma establecido en el artículo 195 constitucional. Así, en el acta de la sesión ordinaria n°. 11 del 8 de junio del 2005, se plasmó lo siguiente:
“DIPUTADO MALAVASSI CALVO:
Si nosotros admitimos la tesis, que me parece a mí, que es la correcta, de que el referéndum en materia de reforma parcial a la Constitución engarza con el artículo 195, (…)
Y me parece que la hipótesis de trabajo, que formula el diputado Villanueva Monge, parte de un principio fundamental. Si la tesis va a ser que el 195, es el marco jurídico para hacer el referéndum, ciertamente, lo que señala el 195, es el momento del referéndum.
Más no aterriza adecuadamente, el suceso, me parece que sí es un proyecto, a ver, para ponerlo así. Una cosa es la reforma parcial a la Constitución y otra cosa es el recurrir a un referéndum para perfeccionarla son dos cosas diferentes.
Entonces, el 195 plantea un procedimiento para hacer una reforma parcial a la Constitución. Y la institución del referéndum es, para tomar una consulta popular en un momento de procedimiento. Pero, el procedimiento es de base en la Asamblea Legislativa, porque está asentado sobre una serie de presupuestos que al menos diez diputados firmen la solicitud, que se dé una primera legislatura, que se dé un trámite de admisibilidad, que se den las publicaciones, que pase a una Comisión, todos esos parecieran que son requisitos, que tienen su asiento aquí en este Poder de la República. Y que, lo que hay que hacer es engarzar el referéndum, verdad, que tiene una parte, digamos, tutela u organizada, por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero que hay que concluirlo, no lo puede dejar uno así desplegado.
DIPUTADO VILLANUEVA MONGE:
Me parece, tal y como lo dice el diputado Malavassi, que es magnifico. Yo creo que estamos claros, con el 105 y yo quiero decir, que el 195 y en eso tengo la diferencia con don José Miguel, el 195 es el procedimiento al 105, o sea, que es requisito para una reforma constitucional y se someta a referéndum, es requisito la primera legislatura.
O sea, no podríamos nosotros de una vez, si antes darle la primera legislatura ir a referéndum con una reforma constitucional.
Me parece que eso es claro, porque el mismo inciso ocho del 195, remite al 105, o sea, que lo liga, lo liga, no podemos salirnos de ahí, porque el legislador, nosotros que fuimos los que aprobamos, ligamos una con la otra.
El inciso ocho, cuando cita el 105, es porque lo desarrolla.
DIPUTADO MALAVASSI CALVO:
Recordemos, para todos los efectos, que no es lo mismo la iniciativa popular, que la convocatoria de referéndum. Entonces, la convocatoria de referéndum se puede hacer por tres vías distintas: Ejecutivo y mayoría absoluta, es una mayoría constitucional distinta, verdad, porque es la mayoría de los miembros, no mayoría simple, sino la mayoría de los miembros.
Esa es una manera de pedir el referéndum; la otra es, dos terceras partes de la Asamblea Legislativa; y la otra es el cinco por ciento del pueblo puede pedir el referéndum. Entonces, una cosa es que se haga iniciativa popular, para pedir una reforma a la Constitución. Otra cosa es que se pida, por parte del cinco por ciento, que se haga a través del referéndum y hacerla a través de referéndum también engarza en el 195. Para que se llegue a la etapa de referéndum en una reforma constitucional, tiene que superarse esta primera etapa.”.
Lo expuesto permite concluir que la intención del constituyente derivado y del legislador fue crear un procedimiento especial y agravado para someter a referéndum una reforma constitucional, en tanto se requiere de la intervención inicial de la Asamblea Legislativa, al exigirse que el proyecto de reforma constitucional previamente haya sido aprobado en la primera legislatura.
Este Tribunal, en resoluciones n.° 797-E9-2008, 2202-E9-2008, 3894-E9-2008, 3280-E9-2011 y 4279-E9-2012, al referirse sobre el examen de admisibilidad que debe realizar respecto de las solicitudes de autorización de recolección de firmas que pretenden reformas parciales de la Constitución, estableció la falta de aprobación en primera legislatura como una de las causas que provocan el rechazo de la solicitud. Al respecto indicó:
“El derecho constitucional de los ciudadanos para aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales a la Constitución Política no es ilimitado, de acuerdo con el marco normativo bajo estudio. Por esta razón este Tribunal, como parte de los actos preparatorios del artículo 6 incisos a) y b) de la Ley sobre Regulación del Referéndum, tiene la potestad de hacer un primer examen de admisibilidad del texto por consultar en referéndum para determinar, de previo, si procede autorizar la solicitud de recolección de firmas planteada, caso en el cual procedería la respectiva remisión al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para su evaluación formal.
Este examen puede conllevar el rechazo de la solicitud, básicamente, en las siguientes hipótesis: a) si el TSE detecta o concluye que el texto del proyecto se refiere a materias que no pueden ser conocidas por el Soberano mediante referéndum ya que la Carta Fundamental, en el numeral 105, especifica que existen ciertas materias en las que no procede el referéndum, como lo son: la presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa; b) cuando se trate de un proyecto que pretende modificar determinada ley pero que presenta vicios groseros y evidentes de inconstitucionalidad; c) cuando el proyecto tiene, como propósito, hacerle reformas parciales a la Constitución Política y no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en primera legislatura según lo exige el artículo 195 inciso 8) de la Constitución Política.” (el subrayado no es del original).
Conforme a lo expuesto, para autorizar la recolección de firmas para convocar a un referéndum dirigido a aprobar una reforma constitucional, indistintamente del mecanismo de convocatoria (iniciativa ciudadana, legislativa o por gestión del Poder Ejecutivo), es condición indispensable que el proyecto de reforma constitucional haya sido aprobado en primera legislatura por la Asamblea Legislativa.
III.-Sobre la solicitud de autorización para la recolección de firmas tendiente a la aprobación de varias reformas constitucionales. Los señores Bonilla Picado, Malavassi Calvo y Carazo Zeledón solicitan la autorización para la recolección de las firmas necesarias para convocar a referéndum -por iniciativa ciudadana- la aprobación de varias reformas a los artículos 11, 29, 30, 96, 102, 105, 106, 107, 121, 184 y 195 de la Constitución Política.
Para determinar la admisibilidad de la indicada solicitud, corresponde no solo cerciorarse de las formalidades previstas en el inciso b) del artículo 6 de la Ley sobre la Regulación del Referéndum, sino también analizar el respeto debido a las limitaciones temporales y sustanciales que rigen la aplicación de este instituto (véase, entre otras, la resolución n.° 3521-E-2007 de las 13:00 del 21 de diciembre del 2007). A esas constataciones debe adicionarse, tratándose de un referéndum constitucional, verificar que se haya cumplido con el trámite contemplado en el artículo 195 de la Constitución Política, es decir, que el proyecto de reforma haya sido previamente aprobado por la Asamblea Legislativa en primera legislatura, según se estableció en el considerando anterior.
En el caso concreto, no consta que la propuesta de reforma constitucional que se pretende someter a referéndum se haya siquiera presentado para su trámite en la Asamblea Legislativa, con lo que, consecuentemente, tampoco se tiene por acreditada su aprobación en primera legislatura, tal y como lo exige el artículo 195 de la Constitución Política. La falta de ese trámite provoca que la presente solicitud de recolección de firmas no supere los requisitos de admisibilidad exigidos por la Constitución Política y por la Ley sobre regulación del referéndum, siendo lo procedente su rechazo de plano.
Exp. n.º 047-Z-2013
Proyecto de ley reforma varios arts C. Pol.
Bonilla Picado, Malavassi Calvo, Carazo Zeledón