Source: https://freepol.es/suspension-de-derechos-y-libertades.html
Timestamp: 2019-03-22 17:10:23
Document Index: 350002394

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 28', 'Artículo 23', 'artículo 37']

Suspensión de derechos y libertades : Estado de alarma, sitio y excepción.
Escrito por admin en agosto 22, 2011 . Publicado en policia nacional.
Derecho a la libertad y seguridad, excepto el apartado 3 del artículo 17 (derecho de información en la detención, no obligación de declarar y asistencia de abogado) para el supuesto de declaración del estado de excepción. La suspensión abarca todo el artículo 17 para el supuesto de declaración del estado de sitio.
Derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. (artículo 18.2 y 18.3 CE).
Derecho a la libertad de residencia y circulación (artículo 19 CE). Puede ser suspendido tanto en el estado de sitio como el de excepción.
Derecho a la libertad de expresión, derecho a la información y prohibición del secuestro de publicación sin resolución judicial sin resolución judicial (artículos 20.1.a) y d) y 20.5).
Derecho a la libertad de reunión (artículo 21 CE).
Derecho de huelga (artículo 28.2 CE).
Artículo 23. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. (La Autoridad Gubernativa podrá prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo, cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión de los artículos 28.2, y 37.2, de la Constitución.)
Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (artículo 37.2 CE).
Una Ley Orgánica regulará los estados de alarma, excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes:
Se puede declarar frente a situaciones de catástrofes naturales, calamidades o desgracias públicas de gran multitud; crisis sanitarias graves; paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se los garantice en caso de huelga o de conflictos laborales colectivos y haya, además, alguna otra circunstancia grave como las mencionadas, y a situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Está claro que la declaración no obedece a motivos de carácter político.
Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá prorrogarse dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
Durante este estado la autoridad competente
podrá limitar algunos derechos pero no suspenderlos:
Limitar la presencia o circulación de personas o vehículos en determinados lugares y horas.
Intervenir temporalmente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, excepto domicilios privados, dando cuenta a los Ministerios interesados.
Asegurar el abastecimiento de los mercados.
Puede declararse en caso de grave alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos o del normal funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales para la comunidad o en caso de cualquier otra grave alteración del orden público que no pueda restablecerse con el ejercicio ordinario de las potestades públicas.
Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo (derechos y garantías suspensas y cuantía máxima de las sanciones económicas que pueden imponerse), el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. El Gobierno puede dar por finalizado el plazo antes de tiempo dando cuenta al Congreso.
Existe suspensión de derechos y libertades fundamentales.
Cuando se produzca una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, contra su integridad territorial o contra el ordenamiento constitucional, cuando la situación no pueda resolverse por otros medios.
Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados mencionados. Así, las Cámaras quedarán automáticamente convocadas si no estuvieren en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si produjese alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por la Diputación Permanente.