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Timestamp: 2018-06-17 21:46:23
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 35', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 21']

LEY 24.193 - TRANSPLANTES DE ORGANOS Y MATERIAL ANATOMICO HUMANO
Sancionada: 24/3/1993
Promulgada: 19/4/1993
Publicada Boletín Oficial: 26/4/1993
DEROGA LEYES 21541, 23464 Y 23885
IV - De la previa información médica a dadores y receptores
V - De los actos de disposición de órganos o materiales anatómicos provenientes de personas
VI - De los actos de disposición de órganos o materiales anatómicos cadavéricos
X - Del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
XI - De las medidas preventivas y actividades de inspección
Artículo 1º - La ablación de órganos y material anatómico para la implantación de los mismos de cadáveres humanos a seres humanos, y entre seres humanos, se rige por las disposiciones de esta ley en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º - La ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente. Estas prácticas se consideran de técnica corriente y no experimental.
Art. 3º - Los actos médicos referidos a trasplantes contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados por médicos o equipos médicos registrados y habilitados al efecto por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente, por parte del médico, de capacitación y experiencia en la especialidad. La autoridad de contralor jurisdiccional será responsable por los perjuicios que se deriven de la inscripción de personas que no hubieren cumplido con tales recaudos.
Art. 4º - Los equipos de profesionales médicos estarán a cargo de un jefe, a quien eventualmente reemplazará un subjefe, siendo sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de esta ley.
Art. 5º - Las instituciones en las que desarrollen su actividad trasplantológica los médicos o equipos médicos, serán responsables en cuanto a los alcances de este cuerpo legal.
Art. 6º - La autorización a jefes y subjefes de equipos y profesionales será otorgada por la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, la cual deberá informar de la gestión a la autoridad sanitaria nacional a fin de mantener la integridad del sistema.
Art. 7º - Los médicos de instituciones públicas o privadas que realicen tratamientos de diálisis deberán informar semestralmente al Ministerio de Salud y Acción Social a través del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la nómina de paciente hemodializados, sus condiciones y características.
Art. 8º - Todo médico que diagnosticare a un paciente una enfermedad susceptible de ser tratada mediante un implante, deberá denunciar el hecho a la autoridad de contralor dentro del plazo que determine la reglamentación.
Art. 9º - Los actos médicos contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos médicos registrados por ante la respectiva autoridad de contralor jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como requisito para la referida inscripción, la acreditación suficiente por parte del establecimiento de que cuenta con la adecuada infraestructura física e instrumental, así como con el personal calificado necesario en la especialidad, y el número mínimo de médicos inscriptos en el registro que prescribe el artículo 3º, conforme lo determine la reglamentación.
Art. 10 - La inscripción a que se refiere el artículo 9º tendrá validez por períodos no mayores de 2 (dos) años. Su renovación sólo podrá efectuarse previa inspección del establecimiento por parte de la autoridad de contralor jurisdiccional, y acreditación por parte del mismo de seguir contando con los recaudos mencionados en el artículo anterior. Las sucesivas renovaciones tendrán validez por iguales períodos.
Art. 11 - Los establecimientos inscriptos conforme a las disposiciones de los artículos 9º y 10 llevarán un registro de todos los actos médicos contemplados en la presente ley que se realicen en su ámbito. La reglamentación determinará los requisitos de ese registro.
Art. 12 - Los servicios o establecimientos habilitados a los efectos de esta ley, no podrán efectuar modificaciones que disminuyan las condiciones de habilitación.
Art. 13 - Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 3º, deberán informar a cada paciente y su grupo familiar en el orden y condiciones que establece el artículo 21, de manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, sobre los riesgos de la operación de ablación e implante -según sea el caso-, sus secuelas físicas y psíquicas, ciertas o posibles, la evolución previsible y las limitaciones resultantes, así como de las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, puedan resultar para el receptor.
En los supuestos contemplados en el título V, el lapso entre la recepción de la información y la operación respectiva no podrá ser inferior a 48 (cuarenta y ocho) horas.
Art. 14 - La extracción de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la presente ley, estará permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor. Esta extracción siempre deberá practicarse previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 15 - Sólo estará permitida la ablación de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de 18 (dieciocho) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de 3 (tres) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a 2 (dos) años si de dicha relación hubieren nacido hijos.
De todo lo actuado se labraran actas, por duplicado, un ejemplar de las cuales quedará archivado en el establecimiento, y el otro será remitido dentro de las 72 (setenta y dos) horas de efectuada la ablación a la autoridad de contralor. Ambos serán archivados por un lapso no menor de 10 (diez) años.
En los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona capaz mayor de 18 podrá disponer ser dador sin las limitaciones de parentesco establecidas en el primer párrafo del presente artículo. Los menores de 18 (dieciocho) años -previa autorización de su representante legal- podrán ser dadores sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el citado precepto.
Art. 16 - En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y/o el implante estarán a cargo del dador o de sus derechohabientes. Dichos gastos estarán a cargo de las entidades encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.
Art. 17 - Las inasistencias en las que incurra el dador, con motivo de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la situación sobreviniente a la misma, se regirán por las disposiciones que sobre protección de enfermedades y accidentes inculpables establezcan los ordenamientos legales, convenios colectivos o estatutos que rijan la actividad del dador, tomándose siempre en caso de duda aquella disposición que le sea más favorable.
Art. 18 - Cuando por razones terapéuticas fuere imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o materiales anatómicos que pudieren ser implantados en otra persona, se aplicarán las disposiciones que rigen para los órganos provenientes de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente los supuestos concretos a los que se refiere el presente párrafo.
Art. 19 - Toda persona capaz mayor de 18 (dieciocho) años podrá autorizar para después de su muerte la ablación de órganos o materiales anatómicos de su propio cuerpo, para ser implantados en humanos vivos o con fines de estudio o investigación.
Art. 20 - Todo funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas estará obligado a recabar de las personas capaces mayores de 18 (dieciocho) años que concurran ante dicho organismo a realizar cualquier trámite, la manifestación de su voluntad positiva o negativa respecto del otorgamiento de la autorización a que se refiere el artículo anterior, o su negativa a expresar dicha voluntad. En todos los casos el requerimiento deberá ser respondido por el interesado.
Todo establecimiento asistencial público o privado obrará, a los efectos de este artículo, como delegación del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) , siendo ésta condición para su habilitación.
La Policía Federal y el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) podrán registrar en el documento nacional de identidad la voluntad del ciudadano debiendo comunicar dicha circunstancia dentro de los 5 (cinco) días al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Art. 21 - En caso de muerte natural, ante la ausencia de voluntad expresa del fallecido, la autorización a que se refiere el artículo 19 podrá ser otorgada por las siguientes personas, en el orden en que se las enumera, siempre que se encuentren en el lugar del deceso y estuviesen en pleno uso de sus facultades mentales:
a) El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que, sin ser su cónyuge, convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua de 3 (tres) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida.
El vínculo familiar será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas la documentación respectiva.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se solicitará autorización para practicar la ablación. Será competente el juez ordinario en lo Civil con competencia territorial en el lugar de la ablación, quien deberá expedirse dentro de las 6 (seis) horas de producido el deceso.
Art. 22 - En caso de muerte violenta, no existiendo voluntad expresa del causante y ante la ausencia de los familiares referidos en el artículo anterior, la autoridad competente adoptará los recaudos tendientes a ubicar a éstos efectos de requerir su conformidad a los fines de la ablación.
En caso de que no se localizara a los mismos en el término de 6 (seis) horas de producido el fallecimiento, deberá requerirse del juez de la causa la autorización para ablacionar los órganos y materiales anatómicos que resultaren aptos, cuando surja de manera manifiesta e indubitable la causa de la muerte y no exista riesgo para el resultado de la autopsia.
Una vez constatados los requisitos legales, el juez deberá expedirse dentro de las 6 (seis) horas de producido el deceso.
Art. 23 - El fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente 6 (seis) horas después de su constatación conjunta:
La verificación de los signos referidos en el inciso d) no será necesaria en caso de paro cardiorrespiratorio total e irreversible.
Art. 24 - A los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento deberá ser suscripta por 2 (dos) médicos, entre los que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos será el médico e integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.
Art. 25 - El establecimiento en cuyo ámbito se realice la ablación estará obligado a:
Art. 26 - Todo médico que mediante comprobaciones idóneas tomare conocimiento de la verificación en un paciente de los signos descriptos en el artículo 23, está obligado a denunciar el hecho al director o persona a cargo del establecimiento, y ambos deberán notificarlo en forma inmediata a la autoridad de contralor jurisdiccional o nacional, siendo solidariamente responsables por la omisión de dicha notificación.
Art. 27 - Queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando la misma pretenda practicarse:
e) por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su última enfermedad, y por los profesionales médicos que diagnosticaron su muerte. Asimismo, quedan prohibidos:
f) Toda prestación u otro beneficio por la dación de órganos o materiales anatómicos, en vida o para después de la muerte, y la intermediación con fines de lucro;
Art. 28 - Será reprimido con prisión de 6 (seis) meses a 5 (cinco) años e inhabilitación especial de 2 (2) a 10 (diez) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar:
b) el que por sí o por interpósita persona recibiera o exigiera para sí o para terceros cualquier beneficio de contenido patrimonial o no, aceptare una promesa directa o indirecta para sí o para terceros, para lograr la obtención de órganos o materiales anatómicos, sea o no propios;
Art. 29 - Será reprimido con prisión de 2 (dos) a 6 (seis) años si el autor fuere un profesional del arte de curar o una persona que ejerza actividades de colaboración del arte de curar quien extrajera indebidamente órganos o materiales anatómicos de cadáveres.
Art. 30 - Será reprimido con prisión o reclusión de 4 (cuatro) años a perpetua el que extrajere órganos o materiales anatómicos de humanos de humanos vivos, sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 15, con excepción de la obligación prevista en el tercer párrafo de dicho artículo que será sancionada con la pena establecida en el artículo siguiente.
Art. 31 - Será reprimido con multa de $ 500 a $ 5.000 (quinientos a cinco mil pesos) y/o inhabilitación especial de 6 (seis) meses a 2 (dos) años:
b) el médico que no diere cumplimiento a la obligación que impone el artículo 7º
Art. 32 - Será reprimido con multa de $ 5.000 a $ 100.000 (cinco mil a cien mil pesos) e inhabilitación especial de 1 (uno) a 3 (tres) años el médico que no diere cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 26, o a las del artículo 8º.
En caso de reincidencia, la inhabilitación será de 5 (cinco) años a perpetua.
Art. 33 - Cuando se acreditase que los autores de las conductas penadas en el presente título han percibido sumas de dinero o bienes en retribución por tales acciones, serán condenados además a abonar en concepto de multa el equivalente al doble del valor de lo percibido.
Art. 34 - Cuando los autores de las conductas penadas en el presente titulo sean funcionarios públicos vinculados al área de sanidad, las penas respectivas se incrementarán de un tercio a la mitad.
Art. 35 - Las infracciones de carácter administrativo a cualquiera de las actividades o normas que en este ordenamiento se regulan, en las que incurran establecimientos o servicios privados, serán pasibles de las siguientes sanciones graduables o acumulables según la gravedad de cada caso:
b) multas de $ 10.000 a $ 1.000.000 (diez mil a un millón de pesos);
c) suspensión de la habilitación que se le hubiere acordado al servicio o establecimiento, por un término de hasta 5 (cinco) años;
e) suspensión o inhabilitación de los profesionales o equipos de profesionales en el ejercicio de la actividad referida en el artículo 3º por un lapso de hasta 5 (cinco) años;
Art. 36 - Las sanciones previstas en el artículo anterior serán publicadas, en su texto íntegro y durante dos días seguidos, en dos diarios de circulación en el lugar donde se halle el establecimiento sancionado, a cuyo cargo estará la publicación, consignándose en la misma un detalle de su naturaleza y causas, y los nombres y domicilios de los infractores.
Art. 37 - Las direcciones y administraciones de guías, diarios, canales de televisión, radioemisoras y demás medios que sirvan de publicidad de las actividades mencionadas en esta ley que les den curso sin la autorización correspondiente, serán pasibles de la pena de multa establecida en el artículo 35, inciso b).
Art. 38 - Las sanciones establecidas en el artículo 35 prescribirán a los dos años y la prescripción quedará interrumpida por los actos administrativos o judiciales, o por la comisión de cualquier otra infracción.
Art. 39 - Las infracciones de carácter administrativo a esta ley y sus reglamentos serán sancionadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, previo sumario, con audiencia de prueba y defensa de los presuntos infractores. Las constancias del acta labrada en forma, al tiempo de verificarse la infracción y en cuanto no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas como plena prueba de la responsabilidad del imputado.
Art. 40 - Contra las decisiones administrativas que la autoridad sanitaria dicte en virtud de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias, podrán interponerse los recursos que en las normas procesales se contemplen o establezcan.
Art. 41 - La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por mediación fiscal, constituyendo suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.
Art. 42 - El producto de las multas que por esta ley aplique la autoridad sanitaria jurisdiccional, ingresará al Fondo Solidario de Trasplantes.
X - Del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
Art. 43 - El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), creado por la ley 23885, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, como entidad estatal de derecho público, con personería jurídica y autarquía institucional, financiera y administrativa, está facultado para ejecutar el 100% (ciento por ciento) de los ingresos genuinos que perciba. Su fiscalización financiera y patrimonial estará a cargo de la Auditoría General de la Nación, y se realizará exclusivamente a través de las rendiciones de cuentas y estados contables que le serán elevados trimestralmente.
Art. 44 - Serán funciones del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI):
a) Estudiar y proponer a la autoridad sanitaria las normas técnicas a que deberá responder la ablación de los órganos y materiales anatómicos para la implantación de los mismos en seres humanos -provenientes de cadáveres humanos y entre seres humanos- y toda otra actividad incluida en la presente ley, así como todo método de tratamiento y selección previa de pacientes que requieran trasplantes de órganos y las técnicas aplicables a su contralor;
s) O adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes, aceptar herencias, legados y donaciones, estar en juicio como actor o demandado, contratar servicios, obras y suministros y en general realizar todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, con ajuste a las disposiciones vigentes;
Art. 46 - El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) estará a cargo de un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y tres directores, designados por el Poder Ejecutivo de conformidad con las siguientes disposiciones:
Los miembros del directorio durarán 4 (cuatro) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período más. Tendrán dedicación de tiempo completo y no podrán participar patrimonialmente en ningún instituto vinculado con el objeto de esta ley.
Art. 46 - Corresponde al Directorio:
En el presupuesto de gastos no se podrá destinar más de un 10% (diez por ciento) para gastos de administración;
d) Fijar las retribuciones de los miembros del Directorio; designar, promover, sancionar y remover el personal del Instituto, y fijar sus salarios, estimulando la dedicación exclusiva;
Art. 47 - Corresponde al presidente:
Art. 48 - En el ámbito del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) funcionarán dos Consejos Asesores, de carácter honorario, que se conformarán según lo determine la reglamentación de la presente ley:
1. El producido del tributo que resulte de aplicar una alícuota del 1,5% (uno y medio por ciento) sobre la primera venta que efectúen los fabricantes o importadores de los siguientes productos, que se detallan en el Anexo I que a todo efecto forma parte integrante de la presente ley:
I - Materiales para hemodiálisis y diálisis peritoneal;
II - Productos terapéuticos vinculados con el tratamiento de las complicaciones inmunológicas;
III - Productos vinculados con el tratamiento inmunológico, con estudios de histocompatibilidad y relacionados con la temática.
2. El producto del tributo que resulte de aplicar una alícuota del 1,5% (uno y medio por ciento) sobre las prestaciones de alta complejidad relacionadas con los trasplantes de acuerdo con el criterio del Protocolo de Determinaciones Básicas del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), a saber:
I - Histocompatibilidad (HLA);
II - Crossmatch (contra panel y donante-receptor);
III - Serología para determinar: HIV (SIDA), ELISA, Western Blot; HbsAg (hepatitis B); CMV (citomegalovirus); reacciones para Chagas; determinación de hepatitis C; VDRL (sífilis); toxoplasmosis; brucelosis.
3. El aporte de solidaridad comunitaria equivalente a $ 1 (un peso) por cada tarjeta de crédito y/o compra nacional o internacional, y que deberá tributarse en oportunidad de reducirse los siguientes hechos:
I - Emisión de la tarjeta;
II - Por el transcurso de uno o más períodos anuales de su vigencia, en cuyo caso la contribución deberá cumplimentarse en oportunidad de operarse el término de cada año, contado desde la fecha de emisión.
4. El producido de la venta de bienes en desuso, los de su propia producción, las publicaciones que realice, intereses, rentas u otros frutos de los bienes que administra.
5. Los legados, herencias, donaciones, aportes del Estado Nacional o de las provincias, de entidades oficiales, particulares o de terceros, según las modalidades que establezca la reglamentación, con destino a solventar su funcionamiento.
6. Las transferencias de los saldos del fondo acumulativo y de los de su presupuesto anual asignado, no utilizados en el ejercicio.
Los importes provenientes de la aplicación de lo dispuesto por el inciso c), apartados 1, 2 y 3, deberán ser depositados por la Dirección General Impositiva, dentro de los 20 (veinte) días corridos de percibidos, en una cuenta especial a la orden del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
Art. 50 - Los tributos que se crean por el artículo anterior se encuentran comprendidos en la excepción prevista en el inciso d) del artículo 2º de la ley 23548, conforme lo acordado entre la Nación y las provincias.
Los impuestos y la contribución solidaria que se establecen por el citado artículo regirán por un período de 2 (dos) años, prorrogable por un año más por el Poder Ejecutivo.
Fenecido este plazo, las partidas aludidas pasarán a integrar el presupuesto general, como partida específica del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación y Trasplante (INCUCAI).
Art. 51 - Los recursos del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán depositados en una cuenta especial a su orden creada a estos efectos y destinados prioritariamente para asistir al desarrollo de los servicios que se realicen para tratamiento trasplantológico en establecimientos públicos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de asistir a pacientes carenciados sin cobertura social, como así también a fomentar la procuración de órganos y materiales anatómicos a los fines de esta ley.
Los recursos provenientes de la recaudación de los tributos y la contribución solidaria establecidos en el artículo 50, y del producido de las multas de carácter administrativo, serán distribuidos entre las jurisdicciones dentro de los 10 (diez) días de acreditados y con aplicación a un fin específico, en la proporción que establezca la Secretaría de Salud de la Nación, previa consulta con el Consejo Federal de Salud (COFESA), y depositados en la cuenta especial que al efecto creen las jurisdicciones a la orden de los respectivos organismos jurisdiccionales.
Art. 52 - Los cargos técnicos del personal del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) serán cubiertos previo concurso abierto de títulos y antecedentes.
Art. 53 - La autoridad sanitaria jurisdiccional está autorizada para verificar el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, mediante inspecciones y pedidos de informes. A tales fines, sus funcionarios autorizados tendrán acceso a los establecimientos o servicios, habilitados o no, en que se ejerzan o se presuma el ejercicio de las actividades previstas por esta ley, podrán proceder al secuestro de elementos probatorios y disponer la intervención provisoria de los servicios o establecimientos.
Art. 54 - Sin perjuicio de la sanción que en definitiva corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá adoptar las siguientes medidas preventivas:
a) Si se incurriera en actos u omisiones que constituyeran un daño o peligro para la salud de las personas se procederá a la clausura total o parcial de los establecimientos o servicios en que los mismos ocurrieran, o a ordenar suspender los actos médicos a que refiere esta ley. Dichas medidas no podrán tener una duración mayor de 180 (ciento ochenta) días.
Art. 55 - A los efectos de lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la presente ley, la autoridad sanitaria jurisdiccional podrá requerir en caso necesario auxilio de la fuerza pública, y solicitar órdenes de allanamiento de los tribunales federales o provinciales competentes.
Art. 56 - Toda acción civil tendiente a obtener una resolución judicial respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos o materiales anatómicos será de competencia de los tribunales federales o provinciales en lo civil del domicilio del actor. En el orden federal se sustanciará por el siguiente procedimiento especial:
e) Los peritos elevarán su informe al juez en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la audiencia, y éste podrá además, en el mismo plazo, recabar todo tipo de información complementaria que estime conveniente.
f) De todo lo actuado se correrá vista, en forma consecutiva, al agente fiscal y al asesor de menores, en su caso, quienes deberán elevar su dictamen en el plazo de 24 (veinticuatro) horas.
g) El juez dictará sentencia dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores al trámite procesal del inciso anterior.
i) La inobservancia de las formalidades y requisitos establecidos en le presente artículo producirá la nulidad de todo lo actuado.
Art. 57 - El incumplimiento del juez, del agente fiscal o del asesor de menores, en su caso, a las obligaciones establecidas en el artículo anterior, se considerará falta grave y mal desempeño de sus funciones.
Art. 58 - Invítase a los gobiernos provinciales a sancionar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a las de este capítulo.
Art. 59 - El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los 60 (sesenta) días de su promulgación.
Art. 60 - La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará la reglamentación que establezca los recaudos para la realización de ablaciones de córneas de los cadáveres depositados en la Morgue Judicial de acuerdo a los lineamientos y principios de la presente ley.
Art. 61 - El Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ejercerá las funciones y facultades que por esta ley se asignan a las autoridades de contralor jurisdiccionales en aquellas jurisdicciones en las que no se encuentren en funcionamiento organismos de similar naturaleza hasta tanto los mismos sean creados y alcancen condiciones efectivas de operatividad, o hasta que las respectivas autoridades sanitarias jurisdiccionales indiquen el organismo que ha de hacerse cargo de dichas funciones.
Art. 62 - A partir del 1 de enero de 1996 se presumirá que toda persona capaz mayor de 18 (dieciocho) años que no hubiera manifestado su voluntad en forma negativa en los términos del artículo 20 ha convertido tácitamente la autorización a que se refiere el artículo 19. Los familiares enumerados en el artículo 21 podrán oponerse a la ablación en los términos y condiciones de la citada norma.
Para que lo dispuesto precedentemente entre en vigencia, el Poder Ejecutivo deberá haber llevado a cabo en forma permanente una intensa campaña de educación y difusión a efectos de informar y concientizar a la población sobre los alcances del régimen a que se refiere el párrafo anterior, y deberá existir constancia de que -por los mecanismos previstos en el art. 20- no menos del 70% (setenta por ciento) de los ciudadanos mayores de 18 años ha sido consultado.
Art. 63 - Deróganse las leyes 21541 y sus modificatorias 23464 y 23885.
Art. 64 - De forma.
Filtro homodializador 5421.29.600 5
Equipo tubular estéril para homodiálisis 9018.39.900 5
Solución fisiológica (bolsa de 500 cm) 3004.90.999 13
Solución dextrosada (bolsa de 500 cm) 3004.90.999 13
Solución de carbonato de sodio (bolsa de 500 cm) 3004.90.999 13
Solución clorurada hipertónica (bolsa de 500 cm) 3004.90.999 13
Solución glucosada hipertónica (bolsa de 500 cm) 3004.90.999 13
Solución de Beltzer (bolsa de 1000 cm) 3004.90.999 13