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Timestamp: 2019-06-25 22:05:20
Document Index: 35356949

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'e contrario', 'in fine', 'e contrario', 'artículo 65', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 192']

REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PRECISIÓN DE AUTORIZACIONES PARA TRANSPORTE DE DESECHOS
Sesión 66ª, en martes 13 de noviembre de 2018
(De 16:23 a 19:3)
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Salud, señor Emilio Santelices Cuevas, y del Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar.
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 62ª, ordinaria, en 23 de octubre; 63ª, ordinaria, y 64ª, especial, ambas en 24 de octubre de 2018, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Asimismo, el acta de la sesión 65ª, ordinaria, en 7 de noviembre de 2018, se encuentra en Secretaría a disposición de sus Señorías, hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero inicia un proyecto de ley que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, que fija obligaciones a esta, que determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y que declara una amnistía (boletín N° 12.229-02).
Con el segundo inicia un proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (boletín N° 12.234-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional, a la de Seguridad Pública y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017 (boletín N° 11.730-10).
Con los siete siguientes, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que tipifica el delito de acoso sexual en público (boletines N°s 7.606-07 y 9.936-07, refundidos).
2.- El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.315-18).
3.- El que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines N°s 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).
4.- El que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín N° 11.175-01).
6.- El que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín N° 11.621-04).
7.- El que modifica la ley N° 20.743, respecto al mes de concesión del aporte familiar permanente (boletín N° 11.977-05).
Con el primero informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren al interior de estos (boletín N° 11.818-25) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 19.585, en materia de determinación de filiación de los hijos naturales que hayan sido reconocidos mediante declaración ante el Servicio de Registro Civil, con anterioridad a su entrada en vigencia (boletín N° 12.104-07) (con urgencia calificada de "simple").
Con el siguiente expresa que ha prestado su aprobación, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, al proyecto de ley que modifica el Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar daños en playas, riberas de ríos y lagos y parques nacionales (boletín N° 8.179-07).
Con el subsiguiente indica que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017 (boletín N° 11.730-10) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
Con el quinto hace presente que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín N° 12.107-04).
Con el último solicita el parecer del Senado sobre el acuerdo de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de esa Corporación, que determinó el archivo del proyecto de ley que declara el 15 de mayo de cada año como el Día Nacional del Pisco Chileno (boletín N° 6.473-04).
--Se autoriza su archivo.
Expide copias autorizadas de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, y 334, 351 y 352, todos del Código de Procedimiento Penal.
-Artículos 1° de la ley N° 19.989 y 17 de la ley N° 20.027.
-Artículos 2.434, inciso primero, y 2.515 del Código Civil.
-Artículos 557, inciso cuarto, y 559, inciso primero, letra c), e inciso segundo, ambos del Código Civil.
-Artículos 167, inciso primero, parte final, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículos 78, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal vigente a octubre de 1973.
-Artículos 470, inciso primero, y 473, inciso final, del Código del Trabajo.
-Artículos 1°, incisos tercero, séptimo y octavo, y 420, letra a), del Código del Trabajo.
-Artículos 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, y 195, incisos segundo y tercero, ambos de la ley N° 18.290.
Comunica respuesta reservada a consulta expedida en nombre del Senador señor Pugh.
Aclara situación sobre la adopción de medidas para dotar de energía eléctrica a la comuna de General Lagos; materia planteada en nombre del Senador señor Durana.
Contesta solicitud, dirigida en nombre del Senado, sobre la asistencia de los Secretarios de Estado a los debates legislativos de los proyectos en la Sala.
Atiende oficio, despachado en nombre del Senador señor Elizalde, sobre la reestructuración del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que ha significado el despido de funcionarios.
Da respuesta a los siguientes requerimientos, enviados en nombre de los Senadores que se indican:
-Del Senador señor Navarro, sobre el proyecto de ingeniería para el relleno sanitario Monte Águila, comuna de Cabrero, entre otras materias.
-Del Senador señor Araya, acerca de las acciones aplicadas ante la denuncia presentada por extracción de áridos en el sector Tres Marías, de Tocopilla.
-Del Senador señor De Urresti, referido a las resoluciones sanitarias dictadas en el sumario iniciado contra la empresa que se señala, en la ciudad de Valdivia.
-Del Senador señor Durana, relativo a los estudios del nivel de purificación del agua que se comercializa en la Región de Arica y Parinacota.
-Del Senador señor García, para informar de la situación de salud de la persona que se individualiza.
Contesta los siguientes oficios, dirigidos en nombre de los Senadores que se indican:
-Del Senador señor Harboe, en cuanto a proyectos de inversión ministerial que se encuentren en tramitación ante la Contraloría General de la República; priorización del camino que une San Rosendo con la comuna de Hualqui, y pavimentación del camino Trapiche, comuna de San Carlos.
-Del Senador señor De Urresti, respecto de la instalación de señalética en el cruce de la ruta T-239, Región de Los Ríos; la solicitud de derechos de aguas de la Sociedad Agrícola Sur; el estado del proyecto camino básico sector Tronlico, comuna de La Unión, y el estudio ambiental de conservación del tramo 2 ruta T-720, Parque Nacional Alerce Costero, de la comuna de Corral.
-Del Senador señor Quintana, en relación con la situación de desbordes e inundaciones ocurridos en la localidad de Carén, comuna de Melipeuco.
-Del Senador señor García, referido a la conectividad vial en Curacautín-Lonquimay.
-De la Senadora señora Allende, acerca de la infraestructura de la caleta Portales, comuna de Valparaíso.
-Del Senador señor Durana, sobre la cartera de proyectos vigentes en la Región de Arica y Parinacota.
Acompaña informes sobre lo siguiente:
-La tramitación de las áreas protegidas que indica; materia requerida en nombre del Senador señor Navarro.
-El plan de conservación de la güiña; solicitado por el Senador señor De Urresti.
Responde petición, despachada en nombre del Senador señor Navarro, en relación con el número de brigadistas forestales fallecidos en los últimos treinta años.
Remite datos de la construcción del nuevo estadio de la ciudad de Los Ángeles; consulta realizada en nombre del Senador señor Navarro.
Atiende preocupación del Senador señor Sandoval, relativa a la ejecución del programa de transferencia de diversificación productiva de pesca artesanal para la Región de Aisén.
Del señor Intendente de Aisén:
Envía respuesta a consulta formulada, en nombre del Senador señor De Urresti, referente al vertedero privado de lodos orgánicos del sector Cachillahue, de Río Bueno.
Del señor Intendente de Valparaíso:
Comunica información, solicitada en nombre del Senador señor Chahuán, referida al aporte de recursos para el evento denominado "Mil Tambores".
De la señora Seremi de Bienes Nacionales de Aisén:
Consigna antecedentes de la situación del comité campesino productivo Nacimiento, solicitados en nombre del Senador señor Sandoval.
Indica pormenores del catastro de viviendas con techo de asbesto cemento; petición enviada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Director del Servicio de Salud Atacama:
Del señor Jefe del Departamento de Gestión Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
Menciona las obras consideradas en la licitación pública que se individualiza; requerimiento formulado en nombre del Senador señor Chahuán.
Del señor Gerente de Clientes de ESVAL:
Adjunta datos, solicitados en nombre del Senador señor Chahuán, referidos a la situación de saneamiento del alcantarillado del sector El Encanto, Reñaca, Viña del Mar.
Segundo informe de la Comisión de Agricultura recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de la leche y otros productos lácteos (boletín N° 11.986-01).
Informe de la Comisión de Seguridad Pública recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín N° 11.913-25) (con urgencia calificada de "suma").
De los Senadores señor Bianchi, señora Muñoz y señores De Urresti, Guillier y Letelier, con la que inician un proyecto de reforma constitucional referido a la naturaleza jurídica de las entidades que administren fondos de pensiones (boletín N° 12.216-07).
De los Senadores señor Moreira, señoras Ebensperger y Van Rysselberghe y señores Pérez Varela y Sandoval, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que regula la celebración de acuerdos internacionales que comprometan la responsabilidad del Estado (boletín N° 12.217-07).
De los Senadores señor Kast, señoras Aravena, Goic y Órdenes y señor Pérez Varela, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo al homicidio calificado y la violación impropia (boletín N° 12.218-07).
De los Senadores señores Castro, De Urresti y Galilea, con la que inician un proyecto de ley en materia de representación de las partes que solicitan divorcio de común acuerdo (boletín N° 12.230-07).
Del Senador señor Harboe, con la que informa acerca de su participación en la 40ª Conferencia Internacional sobre Protección de Datos Personales, realizada en Bruselas, Bélgica, en octubre recién pasado.
De la Senadora señora Aravena, para ausentarse del país a contar del sábado 17 de noviembre en curso.
Del Senador señor Castro, para ausentarse del país a contar del sábado 17 del presente mes.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza, sobre la Cuenta.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, no he tenido oportunidad de conversarlo con el Senador Bianchi -creo que preside la Comisión de Defensa Nacional-, pero quisiera plantear que el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (boletín N° 12.234-02), que pasa a la Comisión de Defensa, a la de Seguridad Pública y a la de Hacienda, en su caso, al menos pudiera ser tratado en Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública.
Creo que ahorraríamos tiempo y no tendríamos grandes problemas.
Esto se podría aprobar previa consulta al Senador Bianchi.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para proceder de esa forma?
El señor MONTES (Presidente).- Se resolvió constituir una Comisión Especial del Adulto Mayor. Estaba pendiente la determinación de sus integrantes.
La propuesta que presenta la Mesa es conformarla con el Senador David Sandoval (UDI); el Senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional); el Senador Rabindranath Quinteros (Partido Socialista); la Senadora Ximena Órdenes (PPD) y la Senadora Carolina Goic (Democracia Cristiana).
¿Habría acuerdo para acceder a lo propuesto?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión celebrada hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Retirar de la tabla de la sesión ordinaria del día de hoy el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín N° 10.696-07) y tratarlo en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 14.
2.- En cuanto a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público del año 2019 (boletín N° 12.130-05), seguir el siguiente procedimiento:
a) Citar a sesión especial el día martes 20 de noviembre, de 10:30 a 13:30 horas, y destinar la sesión ordinaria de ese día, de 16 a 20, para su discusión.
b) Citar a sesiones especiales para el día miércoles 21 de noviembre, de 10:30 a 13:30 horas y de 15:30 hasta su total despacho.
-Fijar plazo para formular indicaciones y solicitar votaciones separadas, hasta las 16 horas del lunes 19 de noviembre, en los formularios pertinentes.
3.- Rendir homenaje al ex Senador y ex Diputado, don Juan Luis Maurás Novella, al inicio de la sesión ordinaria del miércoles 28 de noviembre del año en curso.
El señor MONTES (Presidente).- Con relación a estos acuerdos, quisiera comunicarles que el próximo lunes 19, al final de la mañana, va a estar disponible para cada Senador, en la página web de la Corporación, el informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobado por la Cámara de Diputados.
Hay plazo hasta las 4 de la tarde de ese mismo día lunes para presentar indicaciones.
El martes 20 empezaremos a tratar el proyecto en la sesión fijada para las 10:30. Habrá un período de una hora y media destinado a las opiniones de las distintas bancadas, y después entraremos a debatir las Partidas específicamente.
¿Existen dudas sobre el procedimiento para el análisis del proyecto de ley de Presupuestos?
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero saber si escuché bien.
¿Se está planteando que las indicaciones deben presentarse antes del debate?
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría, le repito el acuerdo de los Comités que leyó el señor Secretario: las indicaciones se pueden presentar hasta las 4 de la tarde del día lunes.
Esperamos que el informe de la Comisión Especial Mixta esté listo el viernes. Pero, a más tardar, estaría el lunes en la mañana.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la tradición ha sido que uno presente las indicaciones en Sala hasta diez minutos antes de discutir las Partidas.
El señor MONTES (Presidente).- No, señor Senador. Ese procedimiento se utiliza en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, como me indican. Es distinto cuando se trata el proyecto en la Sala, en que normalmente hay un período para la presentación.
Si hubiese acuerdo en alguna materia, se podría hacer un cambio; pero no en esta etapa, cuando ya está aprobado en la Sala.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en el marco del debate que hubo, quiero decir que eso obliga a que, ante cualquier duda que uno tenga, se pida votación separada para echar abajo las Partidas.
Y eso fuerza un espíritu distinto al que se construyó.
Lo digo de buena fe, cualquiera que sea el procedimiento.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, esto es lo que hemos hecho normalmente, con la diferencia de que ahora la Secretaría ha solicitado que exista un período mayor, porque vamos a recibir antes el informe, para que cada uno de ustedes se programe.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, las indicaciones son de diferente tipo.
El señor MONTES (Presidente).- Efectivamente, las primeras son las de votación separada; las segundas son las adicionales, las terceras son las inadmisibles, y también están las de solicitud de información.
El señor LETELIER.- ¿A cada uno se le enviará el informe con todas las Partidas este viernes?
El señor MONTES (Presidente).- Los documentos van a estar disponibles en la página web del Senado.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, disculpe, pero tal como lo estoy confirmando hoy, muchas de las indicaciones que concordamos ayer no están correctamente transcritas en el informe que está viendo la Cámara hoy.
Actuamos de buena fe.
Considero que vamos a tener un tiempo de revisión insuficiente.
El señor MONTES (Presidente).- La verdad es que lo discutimos bastante, pero vamos contar con un período desde este viernes hasta el próximo lunes a las 4 para hacer esa revisión.
En el debate que se está realizando en este momento en la Cámara de Diputados se han presentado cerca de 500 indicaciones. No sabemos su alcance y contenido.
Ahora me informan que en realidad no fueron 500, sino 790.
¿Cómo será el informe que nos va a llegar? Eso tendremos que evaluarlo en su momento.
En todo caso, si en el camino fuera necesario modificar los procedimientos, podrán hacerse los ajustes pertinentes por acuerdo unánime, como siempre.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solicito que se recabe el acuerdo de la Sala para que pueda sesionar el día miércoles 21 de noviembre, a las 18, la Comisión Mixta que debe estudiar el proyecto que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.
Íbamos a sesionar a las 15. Pero, como está fijada la discusión del proyecto de ley de Presupuestos, existe un problema de asistencia del señor Ministro a esa hora.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría solicita que, durante el análisis del proyecto de ley de Presupuestos, la Comisión antes señalada pueda funcionar en paralelo con la Sala y concordar esto con el Secretario de Estado.
La señora RINCÓN.- El señor Ministro está de acuerdo, entendiendo que deberemos contar con la movilidad del caso.
El señor MONTES (Presidente).- Aprovecho de saludar a los alumnos del Liceo Polivalente Juan Antonio Ríos, de Quinta Normal, que vienen con la profesora Daniela Riquelme.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quisiera solicitar el desarchivo del proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del contralmirante Arturo Fernández Vial en la ciudad de Concepción (boletín 9.284-04), que se encuentra archivado desde el 21 de marzo del 2018.
--Se accede al desarchivo solicitado.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de entrar al Orden del Día, deseo dar la bienvenida a los Secretarios de Estado que nos acompañan: el Ministro de Salud y el Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Aravena y señores Kast y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos, con segundo informe de la Comisión de Salud, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
Salud (segundo): sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018.
Hacienda: sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018.
Sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 14 de agosto de 2018.
La Comisión de Salud efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de una, que será puesta en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna Senadora o algún Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existieren indicaciones renovadas.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia e introdujo enmiendas por mayoría de votos en los artículos primero y segundo transitorios, las que serán puestas en discusión y votación cuando corresponda.
Cabe señalar que, respecto de los mismos artículos transitorios, el Senador señor Coloma ha pedido votación separada.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión de Salud, las enmiendas efectuadas por la de Hacienda y el texto como quedaría en caso de aprobarse todos los cambios.
De consiguiente, correspondería votar sin debate las modificaciones unánimes, sobre las cuales no hay ninguna petición especial.
El señor COLOMA.- Los artículos transitorios no.
El señor MONTES (Presidente).- Esas normas no están incluidas en esta votación, señor Senador. Estamos votando los cambios acogidos por unanimidad.
¿Habría acuerdo en aprobarlos?
--Se aprueban las enmiendas unánimes.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora correspondería tratar la única modificación de la Comisión de Salud que fue aprobada por mayoría de votos. Se encuentra en la página 3 del boletín comparado.
Consiste en reemplazar el inciso cuarto del artículo 2º bis de la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos por el siguiente: "Se entenderá que existe duda fundada respecto de la condición de donante, por el hecho de estar inscrito en el Registro Nacional de No Donantes a que se refiere esta ley o de presentar ante el médico encargado del procedimiento documentos contradictorios.".
Respecto de la norma aprobada en general, la enmienda propuesta no incluye la última parte.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo advertir sobre un pequeño error de transcripción -prefiero señalarlo inmediatamente- en la página 5, última columna, del comparado.
Dice: "En ausencia de todas las personas señaladas en el inciso tercero, o habiendo manifestado". Debiera decir: "no habiendo manifestado". Es un error de tipeo que la Secretaría, evidentemente, va a avalar y certificar.
Ahora paso a explicar el proyecto, señor Presidente, que es muy importante.
Lo digo con conocimiento de causa porque yo fui el autor original de la iniciativa de ley sobre donación de órganos que se tramitó durante el año 2009 y que se publicó en 2010.
Ese cuerpo legal fue muy relevante porque Chile tenía en esta materia una de las tasas más bajas del planeta: cerca de siete donantes por millón de habitantes, lo que refleja una situación muy distinta, por ejemplo, de la que muestran países como España, que cuentan con más de cincuenta donantes por millón de habitantes.
Alrededor de 2 mil personas están en lista de espera para trasplante de órganos; cerca de 400 aguardan por un corazón o por un hígado, y de estas, aproximadamente el 30 por ciento va a morir este año si no se concreta la donación.
Quienes necesitan ciertos órganos, como un riñón, efectivamente pueden vivir. Pero lo hacen en condiciones muy dramáticas, pues deben someterse a un sistema de diálisis.
El procuramiento de órganos es una oportunidad para que las personas rehagan una vida con dignidad y, muchas veces, recuperen casi una plena normalidad respecto a sus procesos vitales, a su dimensión laboral, emocional, familiar.
En la época en que hicimos la ley recién se comenzaba a discutir la idea de que los chilenos fueran donantes por la sola razón de nacer en el país. Por eso se llama "Ley de Donante Universal".
Quiero recordar que en el pasado, para ser donante, había que ir a una notaría para declarar tal condición, cosa que no ocurría. Ante ello, cambiamos el criterio y dijimos: "Todos son donantes por el solo hecho de nacer en Chile, a menos que renuncien a esa condición".
Como no conocíamos bien el proceso y no había experiencia suficiente en este ámbito, se estableció que las personas pudieran renunciar a la calidad de donantes en cualquier momento: bastaba que lo declararan al hacer un trámite en el Servicio de Registro Civil o al sacar o renovar la licencia de conductor.
Pero ¿qué pasó? Como este es un tema complejo, cuando las personas fueron enfrentadas -sin reflexión y sin la posibilidad de madurar una decisión- a la pregunta "¿es usted donante o no?", la mayoría respondió que no.
Es más, muchas veces en el Registro Civil ni siquiera se consultaba y, ante esa omisión, se ponía que eran "no donantes".
¿Qué ocurrió entonces? Que 4 millones de personas establecieron la condición de no donantes en el referido Servicio.
¿Cuál es la consecuencia hoy? Que no hay donantes.
Por ejemplo, el Hospital Barros Luco, que era uno de los que más trasplantes de riñón hacía en Chile, ahora casi no los practica desde un donante cadáver.
En el año 2013 modificamos la ley y dijimos: "Para renunciar a la condición de donantes van a tener que ir a la notaría". Y miren la diferencia: entre 2010 y 2013, 4 millones de personas renunciaron a su condición de donantes en el Registro Civil y, desde 2013 a la fecha, después de establecer que tal renuncia debía hacerse en una notaría, para que fuera un proceso reflexivo, ¡solo 12 mil personas declararon no ser donantes!
Este proyecto no nació de nosotros, sino de la Sociedad Chilena de Nefrología, de la Sociedad Chilena de Trasplantes y del mundo científico, que se comunicaron con el Senador Felipe Kast -ahora no se encuentra en la Sala- y conmigo. Nos pidieron audiencias para proponernos esta fórmula, con el objeto de que esas 4 millones de personas, que de manera poco eficaz o poco reflexiva habían renunciado a su condición de donantes, tuvieran que ratificar su decisión, pero ante un notario público.
A ese efecto se estableció que tales personas, si en un período de seis meses no han resuelto confirmar esa renuncia en una notaría, se van a considerar nuevamente como donantes.
¿Por qué? Porque hoy día se registra una cifra menor de donantes en comparación a lo que había en el pasado. Ello refleja una situación dramática desde el punto de vista de salud.
El señor GIRARDI.- Le pido unos minutos más para terminar de explicar el proyecto.
El señor MONTES (Presidente).- Los tiene, Su Señoría.
La modificación que propusimos fue que las personas que están en ese stock de 4 millones, que renunciaron a ser donantes antes de la ley del 2013; o sea, a través del Servicio de Registro Civil, tienen que recalificarse, esta vez en una notaría, para confirmar su renuncia.
¿Por qué? Porque la experiencia lo demuestra: con la ley del 2013, que impone renunciar ante un notario público, solo 12 mil personas manifestaron la condición de no donantes versus 4 millones que lo hicieron en el Registro Civil con la normativa anterior. Y hoy día no hay donación de órganos.
Por esa razón presentamos este proyecto.
Pero ocurrió una situación sorpresiva.
La Comisión de Hacienda, que no es un órgano técnico que tenga expertise en salud ni recibió a todos los representantes de las Sociedades Chilenas de Nefrología y de Trasplantes y a todos los expertos, volvió a incorporar al Servicio de Registro Civil como una instancia para renunciar a la condición de donante.
¡Mejor tomemos esta iniciativa y tirémosla al tarro de la basura, porque ya no sirve de nada!
Me parece bien que la Comisión de Hacienda -lo digo muy respetuosamente- establezca criterios en el ámbito de su competencia. ¡Pero se involucró en un tema de salud que era central!
El proyecto nació como una demanda angustiosa de los pacientes, de las sociedades médicas, como la Sociedad Chilena de Nefrología. Y eso lo pueden corroborar.
No está hoy día el Senador Kast, que fue el coautor de esta moción. Trabajamos codo a codo con la doctora Jacqueline Pefaur, Vicepresidenta de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe, con el doctor Jorge Morales, con todos los equipos médicos y con la gente del Ministerio de Salud, evidentemente.
Este proyecto, además, cuenta con el total apoyo del MINSAL.
Entonces, le pido al Senado que, por favor, tratemos de actuar en esta materia sobre la base de antecedentes fundados, conforme a lo que dice la evidencia científica.
Sí hay problemas de procuramiento, ¡pero ese es otro tema!
Si no acogemos la propuesta de la Comisión de Salud, estamos condenando a miles de chilenos y chilenas a no tener una vida digna.
¡Chile necesita más donaciones de órganos, no menos!
Este proyecto busca cumplir una misión tremendamente altruista.
Evidentemente, todos pueden renunciar a ser donantes, pero para ello se requiere un acto reflexivo. Hay muchas situaciones que obedecen a mitos respecto de la muerte cerebral, entre otras cosas, lo que esta iniciativa resolvía de buena manera.
Si aprobamos el texto con las modificaciones de la Comisión de Hacienda, vamos a volver a lo mismo del principio.
Hubo 4 millones de personas que renunciaron a ser donantes en tres años a través del Registro Civil y solo 12 mil lo hicieron desde el año 2013 -¡en cinco años!-, cuando establecimos la condición de declararlo en una notaría. Bueno, si de nuevo incluimos al referido Servicio, aunque se ampliara el stock de donantes, no resolveríamos la situación de esas 4 millones de personas que no son donantes y podrían serlo, dado que creemos que la consulta que se hizo en su oportunidad no fue la adecuada.
Entonces, como estamos hablando de un tema estrictamente de salud pública, pido que se rechace la proposición de la Comisión de Hacienda, la cual, aunque seguramente se planteó con buenas intenciones, causará un tremendo daño a las políticas de trasplantes de este país, que son fundamentales.
Todavía no hemos desarrollado las biotecnologías para generar órganos a partir de células madres. Durante cinco años, por lo menos, vamos a seguir necesitando donantes cadáveres y vivos. Ya hicimos una legislación para la donación cruzada de donante vivo.
Hemos trabajado codo a codo estos temas con el Ministerio de Salud, que ha compartido esta visión y ha dialogado con los equipos técnicos.
Por lo tanto, solicito a este Senado que restablezca lo que la Comisión de Salud, de acuerdo a todos los criterios científicos y técnicos, propuso en conjunto con el Ministerio.
El señor MONTES (Presidente).- El Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, ha pedido autorización para ingresar a la Sala.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, inicio esta intervención diciendo que soy donante y hago presente que, si algún hijo mío falleciese de manera brusca o quedara con muerte cerebral y sus órganos fuesen necesarios para salvar una vida, aceptaría que fuera donante en caso de que no hubiese manifestado su voluntad de acuerdo a lo que dispone la ley.
Sin embargo, pienso que la falta de donantes en nuestro país es algo mucho más complejo que la instancia en la que uno puede declarar que no quiere ser donante.
En el inconsciente colectivo, en la cultura cotidiana -lo he escuchado en más de una oportunidad-, está la creencia de que al donante se le prestarían menos cuidados paliativos o se le dejaría morir más fácilmente para concretar la donación.
Mucha gente cree eso. Yo lo he escuchado.
Falta educación en torno a cómo puede ayudar a otro ser humano el hecho de generar vida -aunque suene un poco rebuscado- incluso después de la vida.
Por otra parte, eso de hacerles el negocio a los notarios, la verdad es que me parece bastante fuerte. ¡No corresponde obligar a las personas a ir a una notaría para declarar que no desean donar sus órganos!
No comparto la exigencia de pagar a un notario para decir: "No quiero ser donante", por la razón que sea.
Ese es un acto de libertad, y tengo que notificarlo. No creo que una notaría haga que yo reflexione más profundamente. Por el contrario, tal obligación puede ser atentatoria contra las libertades.
Pienso que efectivamente es bueno ser donante universal. El concepto está bien. Pero poner barreras a quienes se niegan a serlo me parece que no corresponde. ¡De verdad!
En mi concepto, basta con declararlo en el Servicio de Registro Civil o cuando uno saca o renueva la licencia de conductor.
Por lo demás, tales personas normalmente son jóvenes que no han pensado en morirse y, por tanto, no van a hacer el trámite, aunque bien pudieron haberles comunicado a sus padres: "Yo no quiero ser donante". Pero resulta que con esta iniciativa obligaremos a la familia a pasar por encima de la voluntad que manifestó su ser querido porque no hizo la declaración respectiva en la notaría. Tal vez, cuando el joven fue a la notaría, estaba cerrada o no tenía la plata o no quiso gastarla en ese trámite.
Se trata de 4 millones de personas que deberán ir a las notarías -¡en horario de oficina, cuando están llenas!- y pagar para registrarse como no donantes.
A mi juicio, en esta materia el Estado debiera esforzarse en hacer una campaña de convencimiento sobre por qué es importante ser donante y cómo de repente podemos ser beneficiados gracias a la vida de otra persona.
Pero forzar una política pública mediante el establecimiento de barreras, como la obligación de ir a una notaría a pagar por un trámite, ¡la verdad es que no me parece bueno!
Por eso pedimos votación separada de los artículos transitorios.
Considero relevante que las personas sean donantes universales y que deban manifestar su voluntad si no quieren serlo. Pero el hecho de que se les obligue a pagar para decir que no, ¡y en una notaría!, con lo odioso que muchas veces resulta ir a una de ellas -porque están congestionadas, porque hay que hacer fila, porque ahí se realizan un montón de trámites-, creo que es forzar una acción que debiera ser de convencimiento, de altruismo, de querer y, tal como lo dice la palabra, de donación en un momento muy doloroso para la familia.
Entonces, si bien entiendo el beneficio de este proyecto de ley, eso de obligar a ir a una notaría, sinceramente, no lo comparto.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, he sido coautor de esta iniciativa y también de la que estableció la donación cruzada de órganos, cuyo reglamento, según entiendo, está en la Contraloría General de la República.
Ello va a facilitar la situación que hoy día viven más de 3 mil personas que están en riesgo de perder la vida por la falta de disponibilidad de órganos.
La fusión de mociones que da origen al proyecto en análisis busca que los 4 millones de chilenos que habían manifestado su voluntad de no ser donantes reevalúen su decisión.
Hoy, más que nunca, es necesario no solo contar con órganos que permitan salvar vidas, sino también realizar un esfuerzo adicional, que tiene que ver con la capacidad operativa de los Servicios de Salud del Ministerio para disponer de los órganos. Pero eso implica otro tipo de esfuerzo, el cual, por supuesto, será parte de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.
En consecuencia, establecer más requisitos, cuando tratamos de propiciar la disponibilidad de órganos, estimo que no va en la dirección correcta.
En tal sentido, les pido a los señores Senadores que hoy día pensemos en los 3 mil chilenos que se encuentran en riesgo. Por lo demás, dicha cifra está muy subestimada, porque en ella ni siquiera se considera el 10 por ciento de personas que se dializa y requiere trasplantes. Si fuésemos rigurosos, la cantidad de pacientes que necesita urgentemente un órgano podría ser bastante mayor.
Por lo tanto, hay que entender que donar órganos es donar vida; es un acto generoso.
Además, debemos generar capacidad y conciencia respecto de la donación no solo de órganos, sino también de tejidos y de sangre, aspectos muy necesarios para la vida.
De ahí la importancia de facilitar que esos 4 millones de chilenos puedan rerevisar su decisión.
Por eso mismo, llamo a rechazar las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda.
Este es un tema que hemos hablado con el propio Ministro de Salud. Y la idea es facilitar que esos cuatro millones de chilenos puedan revisar esa situación.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, me van a perdonar lo que voy a decir, y espero que el Senador Girardi -por su intermedio, señor Presidente- comprenda esto.
A mí me carga que nos pongan como patriotas o antipatriotas; como violentistas o no violentistas; como quienes estamos por la vida o contra la vida; como los que estamos por la donación o contra la donación de órganos.
Me parece que ese lenguaje no es propio del Senado.
Yo soy partidario de la donación de órganos. Voy a apoyar la ley en proyecto plenamente. Pero es mi responsabilidad como legislador asegurar que haya una ley justa y correcta.
En nuestro país hay personas que son no donantes. No es mi caso, pero existen.
Por el solo ministerio de la ley estamos cambiando el mecanismo que establecimos históricamente, según el cual uno manifestaba su voluntad al momento de renovar su cédula de identidad o licencia de conductor. Estamos estableciendo algo nuevo. Se tendrá que generar el nuevo Registro de No Donantes.
Y está muy bien que se ratifique esa voluntad a través de una notaría. Sin embargo, me parece muy bien que uno lo pueda hacer también ante el Registro Civil, porque no en todas las comunas hay notarías. Esto tiene que ver con respetar la opción legítima -¡legítima!- de una persona que no quiera ser donante.
Estamos cambiando la matriz: hoy todos seremos donantes universales. ¡Eso es lo que hay que aplaudir!
Pero hay que respetar el derecho de quienes -espero que sean una minoría- decidan ser no donantes.
¡Cómo vamos a cuestionar el derecho de una persona a manifestar su voluntad! ¡Cómo le vamos a poner obstáculos para que pueda declarar su voluntad de ser no donante!
¿Por qué si uno facilita esa expresión va a estar en contra del espíritu de este proyecto de ley?
Quiero solo hacer un llamado a la reflexión.
Uno de los Senadores de la Comisión de Hacienda era absolutamente contrario a que modificáramos en cualquier parte la ley vigente, sosteniendo que ya había habido una manifestación de voluntad de varios millones de personas.
Yo trataría de calibrar nuestras palabras.
Me parece adecuado que exista la posibilidad de hacer la declaración en el Registro Civil o en una notaría. Me encantaría que pudiéramos establecer que los notarios no cobren por este acto. Pero los parlamentarios no podemos hacer eso, pues se trata de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
En tal sentido, la ley en proyecto queda equilibrada. Se trata de un cambio histórico por cuanto todos pasamos a ser donantes universales, pero respetando la opinión -reitero- de los que espero sean una minoría de personas no donantes por razones filosóficas o religiosas. Pero entreguémosles todos los mecanismos posibles para manifestar su voluntad y no les pongamos obstáculos innecesarios a quienes puedan pensar distinto de quienes sí somos donantes.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero pedir especial atención suya -sé que está muy concentrado-, porque quiero hacer un planteamiento. Y me gustaría que los Senadores de la Comisión de Constitución o aquellos para los cuales estos temas jurídicos son interesantes me rectificaran si estoy tan equivocado.
Primero, quisiera desmitificar: la Comisión de Hacienda no vio el tema de salud, sino el del Registro, que es correcto.
Segundo, no es cierto que no haya donantes en Chile, pues hay ocho millones de donantes; ese es el principio de donación universal.
Le pregunté al Ministro. A los 17 millones de habitantes hay que restar a los niños y a la gente que tiene complicaciones. Y hay ocho millones que sí son donantes y cuatro millones que decidieron no serlo -yo no estoy entre ellos; yo soy donante-, porque el Congreso, la ley les dijo que optaran entre ser donantes o no donantes.
Esta fue una ley que se aprobó acá; muy discutida. Y cuatro millones dijeron que "no". ¿Cómo dijeron que "no"? Cuando renovaron la cédula de identidad o la licencia de conductor.
Hubo cuatro millones de personas que libremente decidieron -¡no estoy entre ellos!-, por distintas razones, y después de una reflexión. Y no sé por qué ahora sostienen que el que señaló que "no" es irreflexivo y que el que dijo que "sí" es reflexivo.
Entonces, ¿para qué preguntamos, si una respuesta era reflexiva y la otra no era reflexiva?
Esas personas decidieron no ser donantes.
Respecto de ellos -señor Presidente, con todo respeto-, no me parece lícito que hoy día se les instale la lógica de la irreflexión y que se establezca en la ley en proyecto un artículo transitorio que diga: "Si usted dijo que sí, está perfecto. Era una opción", pero "Si usted dijo que no, fue un irreflexivo". Entonces, debe tener una opción. Según el Senador que intervino primero, tiene que gastar plata e ir a la notaría para poder ratificar su voluntad. Y aquí está lo importante, señor Presidente: si no dice nada, transcurridos seis meses, pasó automáticamente a decir que sí.
A mí no me resulta coherente una situación de esa naturaleza.
Ya se cambió el sistema.
En general, está el principio de donante. Pero no podemos desentendernos de quien legítima y reflexivamente tomó una opción en la vida.
Imagínense que esto sucediera en cualquier institución en que uno diga que sí o que no, desde el matrimonio hasta cualquier otra: "Usted dijo que sí, pero fue irreflexiva su decisión, por lo que tiene seis meses para ratificar y, de lo contrario, se entiende que dijo que no".
Los sistemas no funcionan así, señor Presidente. Las instituciones jurídicas no funcionan así.
Quien dijo que no -repito por tercera vez que dije que sí- merece el mismo respeto y tiene el mismo derecho de quien dijo que sí. Y será cada cual el que reflexione por qué optó de una manera u otra.
Pero que a través de otra ley después se cambie esa decisión de voluntad, presumiendo que fue irreflexivo, honestamente, en los años que llevo aquí, en el Parlamento, no lo había visto nunca. ¡Nunca he visto una cosa de esta naturaleza!
Ya se ratificó en la discusión general lo que había que hacer.
Pero solicito que no se apruebe el artículo transitorio, porque, a mi juicio, desde un punto de vista jurídico y de la libertad de expresión es un error gigantesco.
¿Dónde queda el libre albedrío de la persona humana? Tomó la decisión y después el Congreso le dice que se equivocó en la pregunta, que nunca la debió haber hecho.
La pregunta se hizo, y se le consultó a millones de personas. ¿Hay cuatro millones de irreflexivos en Chile? ¿Cuatro millones de lesos? ¿Cuatro millones de personas insensibles? Son seres humanos que adoptaron una decisión, y no me siento autorizado moralmente para decirles que la tomaron mal y que si en seis meses no van a la notaría -como pretende un Senador-, entonces, se revoca automáticamente su decisión.
Con todo respeto, señor Presidente, todo tiene un límite.
Honestamente, quiero que se efectúen la mayor cantidad de trasplantes posibles.
No es cierto que hoy día el problema de los trasplantes sea la falta de donantes, pues hay ocho millones. Aquí hay infraestructura. También se registran necesidades en las regiones, pues muchos sabemos de las dificultades que existen para transportar los órganos.
Hay poca vocación, en el sentido social estricto, para asumir roles de este tipo. Pero, a propósito de una argumentación, no tratemos de cambiar el concepto de libertad del ser humano. Me parece grave; me parece errado.
Pretendo que haya el máximo de donaciones posibles. Pero no soy partidario de que el fin justifique los medios, ni menos de que estemos señalándoles a las personas que dijeron que no, por ley, que son irreflexivas.
Eso, a mi juicio, traspasa los límites.
Por ello, voy a votar en contra de los artículos transitorios, porque creo que son, desde un punto de vista jurídico y moral, profundamente equivocados.
El señor MONTES (Presidente).- Hago presente que estamos en la discusión en particular, y aquí se ha hecho referencia a artículos transitorios y a otros.
En consecuencia, terminaré de ofrecerle la palabra a los cuatro señores Senadores inscritos y después se procederá a opinar y poner en votación las disposiciones pertinentes.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en verdad, a mí no me cuadran las cifras: se habla de millones de personas que son donantes, pero también tenemos datos que dicen que hay más de 2 mil pacientes esperando a ser trasplantados.
Solo para trasplante de hígado se registran sobre cien enfermos que esperan. En riñón -como se ha sostenido acá- la lista de espera es mayor porque contamos con la tecnología para manejar a los enfermos con insuficiencia renal a través de diálisis. Pero cuando alguien tiene un daño de hígado o de corazón, como no tenemos mucha tecnología para sostener a esos enfermos, se producen muertes de los receptores de estos órganos.
Tengo acá algunas cifras que entregó la Universidad de Chile y que señalan que la donación de órganos en nuestro país va a la baja.
Todo indica que el año 2018 se registrará la peor tasa de donantes de los últimos veinte años.
De enero a mayo de 2017 -el mejor año histórico- hubo 195 trasplantes de órganos, gracias a 79 donantes.
De enero a mayo de 2018 bajan a 134 los trasplantes de órganos (33 por ciento menos), gracias a 45 donantes.
En mayo del año pasado, la tasa de donantes era de 4,6 por cada millón de habitantes; este año, la cifra cae a 2,6 donantes por millón de habitantes.
Si consideramos que cada donante puede salvar ocho vidas, necesariamente debemos concluir que este año se han salvado menos vidas y más personas han muerto esperando un trasplante.
Además, la Corporación del Trasplante, entidad privada sin fines de lucro nacida en abril de 1990 para fomentar la donación de órganos y tejidos para trasplantes en Chile, cerró definitivamente en mayo de 2018, tras 28 años de funcionamiento, producto de la falta de recursos. Esta entidad organizaba grupos de apoyo de trasplantados con el objetivo de optimizar los índices de sobrevida; daba apoyo emocional y contención a los familiares de donantes; realizaba actividades de difusión, educación y sensibilización respecto al tema de la donación de órganos.
Por eso, señor Presidente, frente a esta realidad se comprenden todos los esfuerzos destinados a generar mayor conciencia y disminuir las posibilidades de rechazo a la donación.
El proyecto que vimos en la Comisión de Salud fue perfeccionado, y el texto que hoy votamos en particular contiene normas dirigidas a estas finalidades.
Así, elimina a ciertos familiares como sujetos habilitados para oponerse a la donación, manteniendo solo a los más cercanos.
También establece la obligación de los médicos tratantes de comunicar a la unidad de coordinación de procuramiento de órganos y tejidos cuando un paciente se encuentre en la condición de muerte encefálica.
A la vez, otorga facilidades a quienes estén inscritos en el Registro de No Donantes para poder salir de él en cualquier momento.
Y, por último, fija un plazo de seis meses para que las personas inscritas en el Registro de No Donantes puedan ratificar su condición, y de no hacerlo en el plazo establecido se entenderá que son donantes.
Si estas medidas no dan resultados satisfactorios, no podemos descartar que se adopten normas aún más restrictivas para el rechazo a la donación de órganos.
La declaración de voluntad de no ser donante debe formar parte de un proceso reflexivo, con participación de un profesional que entregue de manera clara, sencilla y comprensible toda la información necesaria y relevante para que esta persona pueda tomar una decisión informada. Por lo mismo, tal decisión debe estar revestida de mayores requisitos y solemnidades, atendidos los efectos perjudiciales para la salud pública de dicha declaración.
El Estado, señor Presidente, no puede ser neutral en esta materia.
Por estas razones, anuncio mi voto a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en este momento ha llegado a la Mesa una petición de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para ampliar el plazo de indicaciones hasta mañana, a las 12, respecto del proyecto que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno (boletín N° 10.625-17).
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, la Ley de Trasplantes y Donación de Órganos fue publicada en abril de 1996 ante la innegable necesidad de regular un tema tan importante para la vida humana en Chile.
Cabe hacer presente que nuestro país fue considerado pionero en materia de intervenciones, como la del famoso doctor Jorge Kaplán, quien en 1968 realizó un trasplante de corazón en el Hospital Naval de Valparaíso, apenas un año después de la primera intervención de este tipo en un ser humano, efectuada en Sudáfrica.
En la práctica, sin embargo, carecíamos de elementos fundamentales para hacer funcionar el sistema: donantes, especialmente de órganos provenientes de cadáveres. Por lo mismo, se tornó apremiante legislar en la materia, y con este objetivo vio la luz la ley N° 19.451.
En ese entonces, la tasa era de 7,7 donantes efectivos por cada millón de habitantes, insuficiente, obviamente, para hacer frente a una larga lista de espera progresivamente muy nutrida. Hoy día, más de veinte años después, los especialistas señalan que alcanzar esa cifra sería positivo considerando las actuales circunstancias.
El primer semestre de este año arrojó un récord de negativa familiar a donar los órganos de sus parientes cercano al 70 por ciento; sumado a la lamentable tónica de perder casi la mitad de los órganos susceptibles de donarse, con una mortalidad de uno de cada tres en la lista de espera y agravado por un Registro de No Donantes que ha mantenido durante meses imposibilitado a casi un cuarto de la población de la posibilidad de donar.
¿Cómo dos décadas después de promulgada la ley que buscaba aumentar el número de donantes no solo no estamos igual, sino que peor que en un comienzo?
El año 2010 se estableció por ley el consentimiento presunto y con ello la universalidad de la donación, es decir, todos los mayores de 18 años pasamos a ser donantes, a excepción de aquellos que manifestaran su voluntad en contrario frente al Registro Civil o a una municipalidad al momento de obtener o renovar licencia de conductor.
Lo único que buscaba dicha modificación era aumentar el número de donantes en nuestro país. Sin embargo, logró justamente todo lo contrario: durante el 2010 se registraron únicamente 92 casos de donantes efectivos, el número más bajo desde la publicación de la ley original. Para peor, en el período comprendido entre enero de 2010 y septiembre de 2013 se inscribieron en el Registro Nacional de No Donantes -como lo han dicho mis antecesores- 3 millones 889 mil 711 personas. Un cuarto de la población nacional pasaba a ser no donante.
Ante las catastróficas cifras obtenidas con ese sistema, en 2013 se hizo una nueva modificación a la Ley de Trasplantes mediante la ley N° 20.673, por ser evidentemente errada la anterior forma de manifestación de voluntad. De este modo, se estableció que la manera de expresar la voluntad de no ser donante debía realizarse por medio de una declaración jurada otorgada ante notario. El cambio fue notable: de 4 millones de personas que pasaron a ser no donantes entre 2010 y 2013, con la nueva normativa se alcanzó solo a 11 mil 500 entre 2013 y 2018. Esta cifra respalda la noción de lo inadecuado que fue el primer método para ingresar al sistema de no donantes.
Pero, lamentablemente, con ello no se solucionaron los problemas, porque los 4 millones de personas ya inscritas no fueron borradas y, para peor, se perpetuaron en el sistema de no donantes al hacerles exigible la nueva forma de inscripción en el mencionado registro.
Con este enorme margen de la población perpetuada en el Registro de No Donantes se hace imposible avanzar en donación de órganos, menos si nuestra legislación actual establece que la "duda fundada" solo aplica respecto de la calidad de donante y no al revés.
Con esto se dio pie al dictamen de la Contraloría que les impidió a los doctores preguntar siquiera a los familiares del difunto que estaba en el Registro de No Donantes si había cambio de parecer, facilitando el peor de los escenarios: se permite que la familia revoque la voluntad del donante, pero a la vez imposibilita que se converse con los familiares de los no donantes.
Un esfuerzo de los Senadores de esta bancada permitió revertir dicho pronunciamiento y reducir aquella interpretación a los no donantes inscritos a partir del 2013. Pero de lo anterior quedó en evidencia que, pese a que el espíritu de la norma siempre ha pretendido aumentar el número de donantes, sus modificaciones, que buscaron perfeccionarla, apuntaron justamente en el sentido contrario.
Por lo mismo, es hora de hacer cambios coherentes con el espíritu de la ley y la finalidad para la cual se concibió: promover de una vez por todas el aumento de las donaciones.
Para ello es totalmente necesario, en primer lugar, limpiar el equívoco Registro de No Donantes que, a base de una decisión de dudosa reflexión, mantiene a una porción más que significativa de nuestra población sustraída de la condición de donante.
Para ello es a todas luces congruente el periodo de tiempo que esta iniciativa de ley propone para ratificar dichas voluntades de manera seria y ponderada.
Por otro lado, hay que reforzar el principio de consentimiento presunto, poco promovido y respetado en nuestro país.
La universalidad de las donaciones fue concebida, entre otras cosas, para aprovechar los múltiples casos en que no hay familiar alguno que ratifique la voluntad del difunto.
Por lo tanto, señor Presidente, ratifico mi aprobación a este proyecto.
La señora GOIC.- Señor Presidente, trataré de clarificar el porqué de este proyecto.
Creo que cuando empezamos a discutir si la persona realiza un acto reflexivo o irreflexivo perdemos el foco.
Lo que buscamos con este proyecto es aumentar la cantidad de donantes.
En Chile las cifras son objetivas.
Tenemos 4 millones de personas inscritas en el Registro de No Donantes. Nuestra tasa es de 6,7 donantes efectivos por millón de habitantes. La de Brasil, 25; la de Uruguay, 20; la de España, 50.
Es cierto que respecto de la procuración de órganos y de una serie de elementos del sistema para hacer efectiva una donación hay mucho que hacer. Pero existe un problema objetivo sobre la cantidad de donantes y de personas que pueden salvar su vida.
Ahí están los datos entregados acerca de las 2 mil personas en condiciones de recibir un trasplante.
Una persona que dona puede salvar diez vidas.
Entonces, con este proyecto buscamos incrementar la cantidad de donantes.
Se ha planteado la situación de los 4 millones de personas que, según se señaló, quedaron en el Registro de No Donantes.
Ello fue porque la pregunta se les hacía en el Registro Civil. Ahí la situación es mucho más fácil: si se formula la consulta ahí a propósito de cualquier trámite, poco cuesta decir "En realidad, no quiero ser donante".
¿Por qué aquello? Porque hay muchos temores infundados, probablemente porque no tenemos la cultura de la donación. Entonces, lo más fácil y rápido ante la pregunta es responder que no.
Es evidente, pues, que cuando se debe ir a una notaría el trámite resulta más difícil.
Con esta iniciativa aspiramos a que más personas sean donantes, a menos que digan que no quieren serlo. ¡Así de claro!
Me referiré ahora, señor Presidente, al artículo transitorio relativo a los 4 millones de personas que en el plazo de seis meses deberán ir a la notaría para ratificar su condición de no donantes.
Si dejamos ambas cosas, el Registro Civil y la notaría, quedamos prácticamente en la misma situación previa a esta discusión, porque lo más probable es que no exista un cambio significativo.
Aquí no estoy anticipando la decisión de las personas (quiero clarificar bien lo que estoy diciendo), sino expresando que no hacemos muchos cambios respecto de las herramientas, de los instrumentos que estamos entregando.
Y quiero explicarlo con nitidez: en el fondo, volvemos casi a lo que teníamos antes de este proyecto.
La experiencia es clarísima: ¡4 millones de personas dijeron que no querían ser donantes cuando abrimos la posibilidad del Registro Civil!: cuando se cierra esa posibilidad y se deja abierta solo la de la notaría ¡esa cifra baja a 13 mil personas!
Por supuesto, uno dice: "¡Algo pasa!".
Entonces, ¿queremos o no queremos con la ley en proyecto favorecer la donación?
Está la evidencia práctica respecto de lo que ocurre con un trámite, con el otro o con los dos.
Hoy día la Ley de Donante Universal establece que la persona que nace es donante. Y nosotros estamos planteando que para no serlo deba ir a la notaría. O sea, al cerrarse la posibilidad del Registro Civil se cambia con respecto a la situación que se abrió y que nos llevó a los ya referidos 4 millones de personas.
Ese es el cambio que estamos proponiendo.
Actualmente los no donantes pueden ir al Registro Civil a manifestar su voluntad de serlo. Les facilitamos esa posibilidad.
Es eso lo que estamos discutiendo.
Ahora, quiero decir con mucha claridad que si en definitiva mantenemos las mismas alternativas de antes no estaremos asumiendo un cambio que es necesario.
Hemos conversado sobre el particular con aquellos que están en el problema de la donación. Son ellos quienes nos pidieron presentar este proyecto, al que le dieron su respaldo en la Comisión.
Aquí no se acusa a nadie de cometer un acto irreflexivo.
Claro: a la gente le preguntan, y la respuesta más fácil es una.
Eso es lo que nos ha demostrado la experiencia práctica.
Nosotros queremos cambiar el número de no donantes para que ojalá sea el menor posible.
Por eso respaldamos el proyecto en la Comisión de Salud, señor Presidente, y esperamos que se mantenga el texto que aprobamos en ella.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¡la vida o la muerte!: eso es en definitiva lo que está votando el Senado.
De quienes han propiciado siempre un discurso y un accionar de defensa de la vida yo esperaría una actitud coherente.
Cuando se trata de valores, de ética, de moral, y particularmente de la vida, ¡toda vida es importante!
Yo diría que lo que está decidiendo el Senado con esta votación no es el rechazo o la aprobación de un artículo: está decidiendo si las personas que están a la espera de una donación viven o mueren.
Si esta Corporación provoca un retroceso con lo que se está planteando y se establecen restricciones que no han dado resultado, en los hechos estará condenando a la muerte a aquellos que requieren un órgano para vivir.
La pregunta es si el Senado va a reflexionar sobre la donación.
Ya lo hemos hecho: todos, sin excepción, hemos mantenido una vocación de apoyo a la donación.
Yo pido, entonces, que haya coherencia entre lo que se ha dicho en el discurso y la acción.
A quienes piden que se vuelva al Registro Civil les digo que ello va a retrotraer la situación al 2010: ¡4 millones de personas van a declarar que no son donantes!
Señor Presidente, vio el proyecto la Comisión de Hacienda, aun cuando no significaba gasto fiscal.
Estamos tomando una decisión que determinará si las familias van a continuar gastando lo que no tienen y vendiendo sus propiedades para mantener con vida a sus seres queridos.
Al final del día, aquí los únicos que ganan son los laboratorios, porque la gente, mientras espera una donación, se consume en la vida y económicamente.
Por tanto, yo espero facilitar la donación.
Este debate parte al revés, Ministro.
Usted ha señalado que hay 300 millones de pesos para una campaña publicitaria.
¡300 millones....!
Si uno hace un seguimiento a quienes esperan una donación ve que un solo tratamiento puede superar ¡cinco veces esa cantidad!
¡La cifra de 300 millones es absolutamente insuficiente!
Discutimos el tiempo de televisión para los proyectos de seguridad o de utilidad pública.
Este debate debería haber sido previo a una campaña, pero a una campaña intensiva, en serio (en televisión, en radio), que buscara proteger la vida y ahorrarle al Estado miles de millones. Porque cuando la gente es de FONASA y está a la espera de recibir un órgano, se le mantiene viva con los tratamientos más caros que existen hoy día en el sistema médico, los que, por cierto, son de cargo del Estado.
Quienes cuentan con recursos privados también lo hacen.
Sin embargo, aquí existe un componente, más que económico, ético.
Si estamos a favor de la vida, debemos dar todo lo necesario para facilitar la donación.
Señor Presidente, en esta sociedad consumista el ego y la competencia nos transforman cada día más y nos hacen pensar que la voluntad personal está por sobre la vidas de los demás.
Más allá de las creencias religiosas sobre lo que existe después de la vida, hoy tenemos una decisión de vida o de muerte.
Si el Senado opta por el Registro Civil, vamos a tener una vuelta al inicio.
No se trata de que queramos obligar a los chilenos: estamos haciendo una política de utilidad pública con un problema real de la sociedad.
En muchas oportunidades el Senado toma decisiones por sobre la voluntad de las personas. Pero en esta algunos argumentan que hay que preguntarles: en esta ocasión sí se debe contar con la voluntad expresa de la gente.
Yo pienso que en ese ámbito cabe una reflexión profunda, una campaña, pero también un mecanismo facilitador.
No he escuchado a ningún Senador argumentar en contra de la donación. Por el contrario. La Senadora Van Rysselberghe y el Senador Coloma han hablado de facilitar la donación. Y señalaron que ellos son donantes. Pero que lo sean no sirve: lo que les sirve a aquellos cuya vida depende de una donación es que haya una cantidad adecuada de donantes.
Señor Presidente, la verdad es que si se aprueba la condición vinculada con el Registro Civil vamos a tener un retroceso grave, como lo ha señalado el Senador Girardi: 4 millones de no donantes en 2010 y 13 mil en 2013.
Si bien algunos...
El señor MONTES (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador. Le pido que redondee la idea.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, más allá de las cifras, hoy estamos por la vida, por facilitar la donación de órganos.
El Senador Coloma plantea, según el informe, que la solución es mayor campaña. Y el Ministro nos dice que hay 300 millones.
Ministro, lo vamos a apoyar. Pero -el señor Presidente y los demás Senadores lo sabemos muy bien- 300 millones son del todo insuficientes para una campaña por la televisión, que es el único medio de real impacto.
En consecuencia, señor Presidente, votaré a favor. Y abogo por otorgar las máximas facilidades para que en Chile haya más donantes que permitan salvar la mayor cantidad posible de vidas.
El señor MONTES (Presidente).- Saludo a una delegación del Colegio Simón Bolívar, de Quillota, que viene encabezada por el profesor señor Marcos Campoy.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, luego de saludar a los Ministros presentes, trataré de sumar al debate algo que me preocupa.
Desde hace largo tiempo hemos debatido distintas iniciativas para incentivar las donaciones.
Lo han dicho varios Senadores: aquí no hay un principio ideológico en el sentido de que alguien exprese que hay en nuestro país un sector absolutamente contrario a las donaciones; al revés, uno ve voluntad, ánimo.
Sin embargo, considero que no estamos haciendo bien las cosas.
Más allá de la concurrencia a una notaría o al Registro Civil, que se inscribe en un formalismo que en Chile exacerbamos, nosotros debiéramos tener una presunción.
Al revisar la legislación comparada vemos que en España rige la figura del donante presunto, en que se asume que la persona fallecida era donante, salvo que su familia exprese lo contrario.
España es líder mundial en materia de donación de órganos. En ese país se realizan 14 trasplantes diarios. En un año hubo 2 mil 18 donaciones, las que permitieron 4 mil 818 trasplantes.
En Chile, en un año (2017) hubo 173 trasplantes.
En América Latina, Cuba, Brasil, Argentina y Uruguay lideran las donaciones de órganos.
En tanto, Ecuador, México, Guatemala, Bolivia y nosotros estamos absolutamente atrasados.
Entonces, señor Presidente -está en la Sala el Ministro, en quien presumo voluntad para impulsar esta materia-, creo que aquí fallan otros aspectos.
Permítame, señor Presidente, hablar de la experiencia que he recogido de gente que solicita acompañamiento y que acude con frecuencia a nuestras oficinas parlamentarias.
Hasta hace tres años, Valdivia, centro de referencia en materia de trasplantes, tenía un cuello de botella muy simple: no había fórmula para trasladar los órganos desde esa ciudad a Santiago, a Valparaíso o al lugar donde se requirieran.
¿Por qué aquello? Porque los ministerios no dialogaban: por ejemplo, Salud no lo hacía con Obras Públicas.
¿Qué logramos? A través de un proyecto de la Dirección de Aeropuertos, iluminar, con un presupuesto de no más de 100 millones, la pista de aterrizaje del aeródromo de Valdivia.
¿Y quién pidió eso? No el club aéreo o la gente de Aeronáutica, sino precisamente la comunidad que trabaja en trasplantes. ¿Para qué? Para hacer el vuelo de noche, luego de cerrado el aeropuerto. Y la iluminación permite el accionar del equipo de extracción de órganos y desplazarse hacia otro lugar.
Entonces, vuelvo a la misma situación.
Considero que no está funcionando la red.
Tenemos un buen sistema de salud; contamos con especialistas para realizar las intervenciones; existe voluntad, pues en nuestro país no hay una oposición ideológica. Pero, claramente, los hospitales no están bien estructurados.
Algo que nunca he podido entender -usted es médico, Ministro; quizá pueda explicármelo- es por qué en nuestro país los hospitales funcionan medio día: uno va por la tarde, y en ellos penan las ánimas.
Hay, pues, una red que no se hace cargo.
Le doy solo un ejemplo práctico, Ministro.
Si tuviéramos más aeródromos habilitados, coordinados con los hospitales; con los lugares donde generalmente se producen bastantes accidentes y por tanto hay más ocurrencia de extracción de órganos; y con la red de trasplantes, le aseguro que aumentaríamos la tasa, que hoy es tremendamente baja.
Más allá de si es la notaría o el Registro Civil, de si es consentimiento presunto, en fin, yo creo que existe un problema de base: no se halla focalizada la estructura.
¡Para qué le voy a hablar, Ministro, del trasplante de médula ósea!
Producto de unas peleas inadmisibles, derivadas de egos profesionales, todavía no está implementado el centro de trasplantes de médula ósea en Valdivia, donde está el equipo médico (lo más caro, lo más difícil): seis trasplantólogos de primer nivel. ¡Y el Ministerio brilla por su ausencia! Entonces, debemos trasladar a los pacientes a clínicas privadas de Santiago para hacer en ellas los trasplantes, lo que le cuesta al Ministerio millonarias sumas.
¡Buen negocio para los médicos y para las clínicas particulares!
Por lo tanto, señor Presidente, yo pediría que, más allá de la discusión acerca de dónde y de qué manera se otorga el consentimiento, pudiéramos recibir una explicación del Ministro -reitero que está acá y que considero que tiene interés y que su objetivo es avanzar-, pues me parece que la ley en proyecto no va a cambiar absolutamente nada o va a mover solo un milímetro el número de casos si no tenemos a disposición una red en que los hospitales funcionen con horario extendido, en que exista cadena de frío, en fin.
En Valdivia nos explicaban con dolor que, dependiendo de la hora, los médicos y el resto del equipo se quedaban sin poder utilizar los órganos porque no podían trasladarlos al lugar donde se iba a hacer el trasplante.
Si eso ocurre en Valdivia, que está bien conectada, ¿qué ocurre cuando el trasplante debe realizarse en Chiloé, en Aisén o en el extremo norte?
Estimo que tenemos que mejorar esa red, que constituye una prioridad, independiente de que en la iniciativa podremos llegar a acuerdo en que exista una presunción.
Pero -insisto- en el sistema operativo para llegar con el órgano desde el lugar de donde se extrae hasta el centro en que se hace el trasplante, claramente, existe un déficit.
El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley sigue el criterio interpretativo contenido en el Dictamen N° 17.656, del 13 de julio de 2018, emanado de la Contraloría General de la República, el cual deja establecido que, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Registro Nacional de No Donantes "no reflejaría de forma segura la última voluntad de quienes fueron inscritos antes de la modificación a la Ley 19.451, el año 2013".
Me parece necesario puntualizar que la donación de órganos obedece a un imperativo de vida. Se trata de conservar y prolongar la vida del donatario, y ello, además de ser un imperativo moral, se encuentra constitucionalmente protegido, conjuntamente con el derecho a la salud y a la protección física y psíquica de las personas.
De ahí surge el deber del Estado de garantizar que el marco regulatorio
de los trasplantes de órganos sea unívocamente interpretado en favor de la vida que se trata de preservar y no establecer mecanismos burocráticos y engorrosos que entorpezcan esta labor, que concierne a todos.
Las cifras estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Salud nos muestran resultados lamentables por la insuficiencia en los casos que pueden ser atendidos. Hoy tenemos mil ochocientas personas esperando un trasplante de riñón, y las intervenciones de esa naturaleza alcanzan a 172 anuales. Es decir, no se está cubriendo ni el diez por ciento de quienes lo necesitan.
De la misma forma, 165 enfermos aguardan por un trasplante de córnea; 121, uno de hígado; 29, uno de pulmón; 23, uno de corazón, y 21, uno de páncreas, todos ellos con esperanzas de vida o de una mejor salud que no podemos defraudar.
En consecuencia, no puede caber duda de que todas las normas en la materia deben garantizar la fluidez de los procedimientos requeridos por los trasplantes de órganos, y, en este aspecto, las disposiciones contenidas en el proyecto de ley son consecuentes.
Debemos preguntarnos por qué existe un registro de no donantes de órganos. Sin duda, la respuesta se relacionará con la voluntad de no disponer o de mantener la integridad del cuerpo aun después de muerto. Ello motivaría a que las personas decidieran inscribirse en un momento de su vida.
¿Es razonable asumir que esa voluntad, expresada quizás varios años antes del fallecimiento, se mantiene invariable cuando se está jugando una vida constitucionalmente protegida y el eventual donante ya no se puede manifestar?
¿Es razonable que el Estado respete esa voluntad aun cuando el contexto en el que se da pueda variar conforme a las circunstancias del fallecimiento, la opinión de la familia y la urgencia de la donación para el potencial beneficiario?
Me parece que no, puesto que siempre existirá una duda razonable en el sentido de que el inscrito podía cambiar su opinión frente a la apremiante situación en la que se encuentre el eventual receptor de la donación.
Lo anterior debe llevarnos a reflexionar sobre la verdadera necesidad de mantener un registro de no donantes e incluso respecto de su constitucionalidad, sobre todo considerando el último criterio interpretativo de la Contraloría General de la República.
Debemos circunscribir la decisión de donación, en caso de que una persona no haya decidido manifestar expresamente su decisión de ser donante y más allá de la presunción legal, a la familia del fallecido. Es esta la llamada a permitir que sus órganos continúen la vida que Dios nos da.
Es por ello que voté a favor del proyecto, pero en general, y, en lo particular, lo haré en contra del artículo transitorio de que se trata.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, el debate es difícil, desde luego. No cabe duda de que, por la misma razón, debemos conducirlo siempre con el máximo respeto, como lo manifestaba el Senador señor Letelier.
Al igual que algunos de los presentes, soy donante. No solo lo soy, sino que también asistí a la promulgación de la ley, cuando se instaló una mesa en la puerta del palacio de la Moneda. No recuerdo mi número, pero era inferior a cien. Puedo haber estado entre los primeros treinta, incluso.
Fue un día alegre. Muchos inscribimos voluntariamente para ser donantes.
Al no ser suficiente el sistema, se determinó después que un conjunto de personas podían decidir que el fallecido fuera donante: su familia.
Como eso no bastó, se buscaron otros medios. Se está elaborando una ley. Estoy dispuesto a seguirla, para que me digan que puede ser donante el que no ha expresado nada y que, en tal caso, la familia ya no se puede oponer. Estoy de acuerdo. Estoy dispuesto a votarlo.
Pero no lo haré si me plantean que alguien que dijo que no pasó a decir que sí por no haberse presentado en seis meses. Lo siento mucho. Todo tiene su límite.
Y tiene su límite también -quiero consignarlo muy claramente aquí- que vengan a manifestarme que eso me convierte en cómplice de la pérdida de vidas humanas. A mí me parece ello una falta de respeto. Creo que uno tiene derecho a mantener sus ideas.
No estoy dispuesto a disponer del cuerpo de una persona si ella ha expuesto claramente que no quiere que eso ocurra. Y nada va a hacerme cambiar. ¡Porque después pasaremos a otra cosa! No es que quiera ponerme tremendista, pero más adelante intentaremos nuevas fórmulas para conseguir órganos.
¡A los presos de pronto les sobra un riñón, pues! ¿Por qué no plantearlo?
¿Por qué no afirmar otro tanto acerca de gente discapacitada? ¡Va a seguir viviendo! ¡No hay problema! ¡Saquémosle algo!
Hoy día se trasplantan partes de hígado, también. En mi familia hay trasplantados, de modo que a mí no me cuentan cuentos. Y algunos de sus miembros han tenido que dar un pedazo por su pariente. Y lo han hecho con gusto. Pero estoy seguro de que no estarían dispuestos a que les sacaran algo si no hubieran hecho una mínima manifestación de voluntad.
El proyecto contempla una presunción: dona el que nada dijo. ¿Quieren que done, además, el que dijo que no? No puedo aceptarlo. Lo siento. A veces, uno se sale del rebaño. Y pido respeto por lo que voy a decidir. No voy a apoyar el artículo transitorio.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SANTELICES (Ministro de Salud).- Señor Presidente, quisiera poner la iniciativa y la discusión en un marco sanitario.
Chile, como ya se ha señalado, registra una tasa de donación de siete por millón de habitantes. Ello contrasta claramente con lo que ocurre en Uruguay, de veinticinco por millón, y en España, de cuarenta y tres por millón.
Hace semanas conversé sobre el asunto con la Ministra española y revisamos pormenorizadamente los pasos que allá llevan dados en la materia. Uno de ellos tiene que ver con la existencia de una cultura bastante arraigada en la población, que nace desde el grupo familiar, en donde el ser donante se entiende como una acción de vida y un instrumento sanitario para poder entregarles vida a muchos. Entonces, en línea con ese acervo cultural, se establece que no existen grandes restricciones para que las personas puedan expresarse por sí mismas como donantes de órganos, y lo contrario ocurre solo en condiciones excepcionales.
Por lo tanto, quisiera relevar con relación al debate que, de una u otra manera, la gran dificultad que enfrentamos, como país, para obtener una mayor donación de órganos es generar una discusión más clara y nítida a fin de que la población comience a tomar conciencia de que estamos en presencia de una herramienta terapéutica progresivamente valiosa, ya que cada vez existen mayores expectativas de vida, mejores tecnologías y, por consiguiente, más posibilidades de hacer de alguien con muerte cerebral un potencial donante de al menos diez personas.
Dicho lo anterior, quisiera apelar a que nos orientase en la decisión el bien superior de la vida, que es -y no me cabe duda de que aquí hay unanimidad al respecto- el que estamos buscando hacer prevalecer, en definitiva.
Por otro lado, cabe esclarecer que en el sistema público de atención, a diferencia de lo expresado por el Senador señor De Urresti, disponemos de una red y de equipos de trasplante en los principales hospitales. Como todo proceso clínico, es perfectible, pero no se puede establecer que no es posible aumentar la donación de órganos a partir de la no existencia del sistema. Al menos podemos señalar que eso es inexacto, porque los equipos existen.
Y debo expresar que también lo es la referencia que hizo a la cadena de frío y a que, muchas veces, los órganos están disponibles, pero no se va a rescatar. En lo particular, formé parte de los equipos de trasplantes durante treinta años de vida en el servicio público y en los servicios privados, y pude constatar fehacientemente cuál es el proceso. Porque, afortunadamente, nuestro país aplica rigurosidad, en ese sentido, en los procedimientos de asignación de órganos.
Creo que el eje final de la discusión es que debemos avanzar. Celebro que se pueda aprobar el proyecto y, en particular, dar una señal clara de que naturalmente lograremos progresar en la medida en que establezcamos el concepto de "donante universal" y sea posible transmitirlo, entregar esa nitidez a la población y, desde este estamento legislativo, generar una cultura de donación.
Estimo que en las curvas que hoy día no nos son favorables, con una relación baja de donación, como ya señalaba, de siete por millón de habitantes, vamos a lograr una recuperación, ya que, como Ministerio, estamos haciendo grandes esfuerzos para mejorar todos los procedimientos asociados a que no se pierdan los órganos de un donante.
El señor MONTES (Presidente).- Hago presente a la Sala que se ha sugerido efectuar un solo pronunciamiento para la proposición relativa a la letra d) del número 1 y los dos artículos transitorios, pues ello está vinculado. De esa manera, no se repetirá la discusión en votaciones particulares.
Puede intervenir el Honorable señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, nos hallamos frente a un propósito noble. El señor Ministro hacía referencia al derecho a la vida. Juzgo que ningún colega en el Hemiciclo deja de compartir el objetivo moralmente elevado de que los chilenos podamos ser donantes de órganos para salvar a otros. Me parece que eso está fuera de discusión.
¿Pero sabe el punto que se me plantea, señor Presidente? Que, así como el Senador señor Girardi afirmó que la gente de Hacienda no sabe de salud, el que habla podría considerar que la gente de Salud a lo mejor no domina el derecho.
A mi juicio, aquí se trata, si perseguimos un buen propósito, de contar con un buen instrumento. Al leer el proyecto, concluyo: "El propósito es bueno; pero estimo confusa, no clara, la solución que buscamos como Estado", porque este dictó hace un tiempo un cuerpo legal que expresó: "El que no quiera ser donante puede ir al Registro Civil y quedar como tal", y hoy día le estamos manifestando a esa persona: "Usted, que fue al Registro Civil y dijo que no, ahora tiene que ir a la notaría, y si no lo hace, el `no' se transformará en `sí'.".
Entonces, me pregunto si esa es una buena manera de legislar.
Es evidente que si el Estado se da cuenta de que una política pública no funciona y una ley no cumplió el objetivo de generar más donantes, tiene derecho a un cambio y a ofrecerle un incentivo a la población y a plantearle: "Tengamos un propósito de solidaridad común para que haya más donantes". Pero pido, entonces, hacer las cosas bien.
Pienso que, desde el punto de vista jurídico, el texto en examen evidentemente constituye un mal instrumento y es confuso. Y da una mala señal, porque a la gente le dijimos anteriormente: "Si va para allá, es `no'. Si hoy día no va para allá, es `sí'.".
¿Qué es lo limpio? Que expresemos: "Todos los chilenos somos donantes, salvo el que manifieste su voluntad en contrario". ¿Dónde? En el Registro Civil, en una escritura pública, en un testamento o en cualquier parte en que ello se exponga.
En consecuencia, la ley establece la presunción positiva de que todos -repito- somos donantes, salvo que alguien, por cualquier medio, diga lo contrario. Pero, para eso, tenemos que derogar el cuerpo legal vigente y dictar uno nuevo, que empiece a regir en adelante. Con la gente tenemos que ser claros y no hacer las cosas mal, como aquí.
Finalmente, si lo propuesto por la Comisión de Hacienda obedece a una indicación de un señor Senador, resulta evidente que es inconstitucional, porque este no puede darle atribuciones al Servicio de Registro Civil, en virtud del artículo 65, número 2º, de la Carta. En consecuencia, el Presidente del órgano técnico debió declararla inadmisible, lo que también puede determinar la Mesa de la Corporación.
Quiero votar que sí, porque reitero que el propósito es bueno, pero no estamos haciendo las cosas bien.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, nuestro colega Huenchumilla nos ilustra e ilumina, como siempre, en materias jurídicas. Lo que ha hecho es reflejar lo complejo y difícil que resulta legislar de la mejor manera para el objetivo que busca el proyecto, cual es la posibilidad de contar con la mayor cantidad de donantes disponibles en razón de lo planteado por el señor Ministro: el principio de la vida.
"Lo ideal es enemigo de lo bueno", dice el refrán. Porque la búsqueda del bien común, al que todos aspiramos -ello dice relación con incentivar las donaciones de órganos para que obtengan mayores posibilidades de vida quienes lo necesiten-, se contrapone, primero, con la legislación que nosotros mismos hemos dictado, y segundo, con la manifestación consciente de voluntad de cualquier chileno que, así como puede expresar su deseo de ser donante, también puede hacer lo contrario.
No creo que sea inadmisible que en la Comisión de Hacienda hayamos planteado que, junto a la exigencia de ir a una notaría, se ratifique en el Registro Civil la expresión de quien no quiere donar, porque ello ya había sido contemplada en la ley en estos términos:
"Las personas mayores de dieciocho años podrán, en forma expresa, renunciar a su condición de donantes de sus órganos para trasplantes con fines terapéuticos.
"La renuncia podrá manifestarse en cualquier momento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Asimismo, al obtener o renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir vehículos motorizados.".
No veo dónde estaría la inadmisibilidad cuando lo que hacemos es insistir, como Comisión de Hacienda, en que se mantenga la actuación en el Registro Civil. Creo que es toda lógica.
En todo caso, el Honorable señor Huenchumilla es mucho más versado en la materia que el Senador que habla, quien no es abogado. Pero me parece algo de sentido común.
¿Por qué en la Comisión volvimos a la idea del cumplimiento de la diligencia en el Registro Civil o en los municipios al momento de renovar la licencia? Porque es un trámite fácil, que tenemos que realizar a menudo. Cuando fui a renovar mi licencia, el oficial me preguntó e hice presente mi deseo de ser donante, como lo había hecho en otras oportunidades.
Pero también ahí debiera existir la posibilidad fácil, adecuada, de que la persona que no quiere o no tiene la voluntad de ser donante lo ratifique.
¿Por qué? Porque aquí se trata de crear un registro donde haya más gente que esté en condiciones de ser donante.
Por eso decía que lo ideal es enemigo de lo bueno. Entiendo las razones que daba el Senador señor Huenchumilla en el sentido de que es complejo armar esto. Pero tratemos de ir por lo simple, señor Presidente.
Efectivamente, el alegato en blanco o negro nos dice: "Mira, si tú no apoyas esto, entonces estás en contra de la vida". Y, si lo apoyo, ¿estoy en contra de qué? ¿De la esencia de que cada ser humano tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo? ¡Si eso es de Perogrullo! ¿Cuál principio es primero? Seguramente son valores iguales, porque uno va a hacer una cosa u otra.
Esa es la razón por la cual, en mi opinión, se debiera buscar una salida intermedia donde, cumpliendo el objetivo de aumentar el universo de donantes, a la gente que expresamente ha dicho "no" no se la obligue a ir a una notaría a ratificar esa decisión que ya manifestó ante la institucionalidad del Estado que han fijado las propias leyes. ¡Si es absurdo!
Por eso es que decimos: "Bueno, si el objetivo es que tengamos más donantes, facilitemos que aquellos que ya han dicho que no, si quieren ratificar su pronunciamiento, lo hagan de manera expedita, más normal, no excepcional".
Porque algunos colegas han dicho: "El objetivo es que a aquel que dijo que no le cueste mucho ir a ratificarlo". Es decir, lo estamos obligando. No puede ser.
Por eso decía que el ideal es enemigo de lo bueno. Yo voy a votar a favor de esta norma y voy a apoyar los artículos transitorios.
El señor MONTES (Presidente).- Senador señor García, le ofrezco la palabra.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Yo comparto mucho de lo que aquí han señalado el Senador señor Coloma, el Senador señor Insulza, el Senador señor Huenchumilla, pero tengo una pequeña discrepancia en el sentido de la admisibilidad de lo que aprobó la Comisión de Hacienda respecto de incorporar al Servicio de Registro Civil.
La tarea de llevar el Registro Nacional de No Donantes la actual legislación se la entregó al Registro Civil. Por lo tanto, no se está creando una función nueva.
Leo el inciso segundo del artículo 15 del texto legal vigente: "El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un registro nacional de no donantes, que será público y estará disponible para su consulta expedita, especialmente por los establecimientos de salud públicos y privados".
Entonces, si se trata de pedirle a alguien que señaló que no quiere ser donante que ratifique su decisión, lo lógico, lo razonable es que, como está inscrito en el Registro Nacional de No Donantes, lo pueda hacer en el Registro Civil, porque la facultad ya está dada, o bien, como lo decía el Senador señor Huenchumilla, ante notario, por escritura pública.
Pero la función del Servicio de Registro Civil ya está en la ley y, por lo tanto, la Comisión de Hacienda no le ha entregado ninguna tarea nueva.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Girardi solicita la autorización de la Sala para intervenir nuevamente, dado el carácter del debate.
El señor COLOMA.- Abramos de nuevo el espacio, entonces.
El señor GIRARDI.- Es para una aclaración, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Coloma quiere intervenir también.
El señor PIZARRO.- Pero ya cumplieron su tiempo, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Démosles a los dos Senadores la posibilidad de participar en el debate nuevamente. ¿Les parece?
Senador señor Girardi, le ofrezco la palabra.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, es importante aclarar, en relación con lo que planteó el Senador Pizarro -por su intermedio-, que en el año 2013 hubo un cambio a la ley. Hasta ese momento las personas podían establecer el rechazo a la condición de donante en el Registro Civil. Eso hizo que existieran 4 millones de personas que dijeran que no iban a ser donantes. Esta prueba es empírica: en tres años, 4 millones de personas en el Registro Civil dijeron que no. Y cuando se establece la norma de la notaría, que está aprobada por ley a partir de 2013 -ir a la notaría es la única manera de rechazar la condición de donantes-, solo 13 mil personas han establecido en cinco años esa condición.
Es decir, algo tiene que ser distinto. Cuando hay un proceso reflexivo, evidentemente las personas no tienen la misma conducta que cuando hay una pregunta refleja para la cual no estaban preparadas. Porque no es un tema de simple despacho cuando a uno le preguntan si quiere ser donante o no.
Entonces, es muy importante entender que hay un estatus distinto en Chile. Hay ciudadanos que para renunciar a su condición de donantes tuvieron que ir a la notaría, del 2013 en adelante. Y hay otros ciudadanos que solo yendo al Registro Civil establecieron su rechazo a la condición de donantes: 4 millones de personas.
¿Cuál es el problema real? Porque yo creo que aquí puede haber visiones ideológicas, valóricas, pero la primera misión de una sociedad es salvar la vida de las personas. Yo pienso que ese es el mayor principio. Hay gente que se va a morir. Yo no lo quiero poner en blanco y negro. ¡Si esta propuesta no nació de nosotros! ¡Nació de la angustia de los propios científicos, de las propias comisiones de trasplantes, de los pacientes que nos solicitaron a varios Senadores que, por favor, impulsáramos esta iniciativa!
Yo sé que no hay un sistema perfecto, pero también creo que hay derecho a equivocarse en las políticas públicas. Ese es un derecho humano. Entonces, porque en algún momento pensamos que las cosas eran de una determinada forma, ¿no se pueden reparar, independientemente de las consecuencias y costos que tenga para la sociedad?
Hoy día tenemos 2 mil personas notificadas que están esperando una donación de órganos. Y están totalmente subnotificadas: son más de 10 los pacientes en esa situación. Pero yo les quiero decir que, de verdad, hay 400 de ellas que, si no reciben órganos -hígado y corazón, especialmente-, van a morir. Y hoy día no existen donantes, porque cuando un tercio del stock está fuera del sistema, hay hospitales que no están haciendo, o casi no están haciendo, trasplantes.
No estoy hablando de una visión subjetiva; estoy hablando de los antecedentes científicos.
Entonces, claro, uno puede tener dos maneras de proceder. Hay algunos a los que les da lo mismo la evidencia científica para formular políticas públicas. Yo creo que nosotros cometimos un error en esa política pública, pero se tiene que rectificar. Porque no hay nada más ético que salvar la vida de personas que van a morir. No hay nada más ético que volver a darle vida a una persona que pasa dos veces, tres veces a la semana en un centro de diálisis. No hay nada más ético que volver a restablecer la calidad de vida de los seres humanos.
Y aquí no se está transgrediendo nada a las personas, que no son responsables, evidentemente, porque permitimos un mecanismo de consulta que era inadecuado. Tan inadecuado es que 4 millones dijeron que no, versus 13 mil. Y queremos rectificar eso.
¿Por qué? ¡Si esto no es una cosa ideológica! Queremos rectificarlo porque, en la práctica, ese stock de personas que dijeron que no significa que en Chile los donantes se vinieron al piso. Y hay decenas y centenas de personas que van a fallecer.
Yo no estoy diciendo que aquí son responsables de la vida y la muerte, ¡no! Estoy hablando de las consecuencias de las políticas públicas. ¡Y acá parecen no importar!
Porque ¿cuál es el sentido de una política pública? ¿El orgullo personal de haber defendido ciertos valores o principios? ¿O tiene que ver con las consecuencias que se generan? ¿Cómo se mide la eficacia de una política pública en educación, en salud?
Estamos tratando de reparar una mala política pública. Quizá el propuesto no es el mejor instrumento, pero no tenemos otro.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Coloma, tal como habíamos acordado.
El señor LETELIER.- ¡Pero hay una tercera posición, señor Presidente!
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mí me gusta colocar las cosas en su contexto. No me parece justo que el Senador señor Girardi diga que hay personas que se están muriendo porque otras dijeron que no respecto de la donación. Hay 8 millones de personas que sí son donantes.
Yo quiero, por lo menos, contextualizar.
Y lo más importante es lo otro, lo que plantearon los Senadores señores Insulza, Pizarro y Huenchumilla: ¿qué convicción hay de que esos 4 millones de personas cambiaron de opinión? No es lo mismo que a uno le pregunten algo a que lo fuercen a ir a una notaría.
Señor Presidente, yo le aseguro que hay muchas cosas que a uno le pueden preguntar para las cuales no iría a una notaría.
Entonces, el tema de fondo es hasta dónde los medios son indiferentes respecto de cómo se logra una política pública.
¡Siempre la política pública tiene que respetar la libertad de las personas! Eso es esencial, es lo más ético que hay. Porque, cuando uno deja de respetar la voluntad de las personas, se empieza a transformar en el dueño de esa libertad, y esa es la destrucción en sí misma de la ética.
Por eso, algunos planteamos que, si a los ciudadanos se les dio la legítima opción de escoger entre A y B, no nos parece bien que, después de que tomaron una decisión, se les diga que tienen seis meses para ratificarla porque, si no, el Estado o nosotros estaríamos reflexionando por ellos y les diríamos que, a pesar de que optaron por B, en el fondo lo que querían decir era A.
Me quedó dando vueltas lo que dijo el Senador Insulza: ¿a dónde nos conduce esa política pública?
El día de mañana, si uno no se fija en los medios, se puede llegar a mucha acción destinada a buscar teóricamente un fin y a despreciar las libertades de las personas. En este caso, estamos hablando de la libertad de disponer del propio cuerpo, lo que, para mí, obviamente, es muy muy sagrado.
Entonces, señor Presidente, aquí no están los buenos contra los malos.
Creo que eso quedó suficientemente claro.
Aquí no están los correctos versus los incorrectos, ni los que quieren la vida versus los que no la quieren.
Aquí se trata de ver cómo una política pública cumple un fin sin vulnerar éticamente la libertad de las personas.
El día de mañana esto va a seguir funcionando y, como está instalado el principio del donante universal, esos 8 millones se van a transformar en 9, 10 u 11, dependiendo de cómo suban la natalidad y la supervivencia en Chile.
Pero eso no puede llevarnos a interpretar que las personas actuaron de forma irreflexiva, porque se nos ocurrió, a pesar de haberles dado la opción de hacerlo libremente. ¡Ese es el problema de fondo!
Por tanto, en nada afecta -¡ojo!- que los artículos transitorios sean rechazados, porque la lógica quedó ya modificada. No se va a dividir la votación respecto de la norma en debate. Vamos a votar los artículos transitorios.
Y nada obsta a que esa persona que dijo que "no" pueda decir que "sí" el día de mañana, a través de la reflexión, del convencimiento.
Pero presumir lo contrario, presumir que hay personas irreflexivas, insensatas, equivocadas porque optaron por un derecho que les dio este Parlamento, me parece impresentable.
¡Honestamente, todo tiene un límite!
Lo que han planteado varios Senadores me ha interpretado plenamente respecto a lo que está en juego.
Yo soy donante. Espero que mucha gente lo sea. Pero confío, porque así lo determinamos, en que la decisión que tomó una persona libremente sea respetada y no vulnerada.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Letelier solicita la posibilidad de hacer uso de la palabra, porque aduce que tiene una posición distinta a las dos presentadas.
La señora ALLENDE.- ¡La tercera vía...!
El señor NAVARRO.- ¡El tercerismo en su máxima expresión...!
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier, por un minuto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el Senador Girardi habla de 4 millones de no donantes. Lo que no clarificó es que la consulta se verificaba cuando la gente iba a cambiar su carné de identidad.
En esta ley estamos estableciendo que todos somos donantes. Pero debemos dar un plazo para que los no donantes puedan manifestar su opinión de nuevo.
Entiendo que el Senador Coloma tiene una opinión distinta. No obstante, la voluntad mayoritaria es que haya un mecanismo para expresar que uno es no donante.
Es evidente que establecer que ello solo se podrá hacer ante las notarías es inadecuado, es insuficiente. No las hay en todo el país ni incluimos instrumentos públicos distintos, como los testamentos; es curioso. Pero, a lo menos, debemos considerar en la norma que la persona pueda ir al Registro Civil para plantear que no es donante. No es como cuando se renueva la licencia de conducir: ¡uno va con ese objetivo!
No es problema que a uno le pregunten: "¿Eres donante o no?". Aunque falta capacitación e información.
Esta medida es para la gente que no quiere ser donante. Y me parece inadecuado no generar los mecanismos para crear este nuevo registro, un plazo y las facilidades necesarias.
Por eso, señor Presidente, me gustaría que entendiéramos que lo menos malo es mantener los artículos transitorios propuestos y que lo más malo, pues retrasa aún más el proyecto, es pedir un nuevo segundo informe.
Debemos entender que dirigirse al Registro Civil como alternativa -no cuando se esté renovando el carné de identidad, sino que en el plazo estipulado- es lo que garantiza que las personas a las que quiere defender el Senador Coloma -me parece legítimo- tengan una oportunidad.
¡Si no está incorporado el Registro Civil, quedamos en el peor de los mundos!
Por tanto, señor Presidente, o aceptamos este mecanismo en la forma lo más amplia posible o solicitamos un nuevo segundo informe, para ver cómo generamos el registro.
Considero que es mejor tomar el acuerdo con el Registro Civil, porque, si no es así, no vamos a contar con registro alguno de los no donantes.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, por un asunto reglamentario.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como Comité País Progresista e Independientes, solicito segunda discusión sobre los artículos transitorios.
El señor MONTES (Presidente).- Reglamentariamente, tiene facultades para hacerlo.
¿Está solicitando segunda discusión?
Se han planteado tres posiciones en la Sala acerca de un tema que es esencial y todos hemos coincidido en que ha habido poca reflexión en quienes estamos tomando esta decisión. Un segundo debate para estos artículos nos va a permitir reflexionar con mayor precisión, a fin de arribar a una votación que nos deje más satisfechos.
No estoy metido en el tema. He hablado desde una posición que intenta obedecer a un sentimiento más profundo.
Sin embargo, veo que existen dificultades y eso es real.
Una segunda discusión nos puede permitir afinar mucho más el asunto y tomar una decisión más reflexiva.
El señor MONTES (Presidente).- Hay dos posibilidades: una es la segunda discusión, en cuyo caso tendríamos que ver el proyecto mañana, y la otra es contar con un nuevo segundo informe, para elaborar una mejor alternativa de solución.
¿Les parece que se solicite un nuevo segundo informe?
Acordaríamos eso...
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿por qué el proyecto fue a la Comisión de Hacienda, si no tiene costo fiscal?
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el caso de la modificación propuesta por la Comisión de Salud, la Senadora señora Van Rysselberghe ha retirado la objeción que tenía. De consiguiente, esa enmienda cuenta ahora con unanimidad. Por ende, no sería necesario incluirla en el nuevo segundo informe que se está solicitando, el cual se centraría solo en los artículos transitorios.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la norma señalada por el señor Secretario.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estábamos hablando con el señor Ministro y el Senador Girardi y tenemos acuerdo en hacer las modificaciones en los términos que plantea el Senador Letelier, para poder ir despejando este proyecto. A lo mejor, si hay acuerdo de la Sala, podemos despacharlo en el acto y sacarlo adelante, en vez de esperar un nuevo segundo informe.
El señor MONTES (Presidente).- Esta sería una nueva alternativa, pero ya había acuerdo en que lo razonable era enviar los artículos transitorios a un nuevo segundo informe, de manera que se elabore una propuesta lo más rápido posible para resolver estas diferencias.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, perdone que le insista, pero ¿quién va a hacer el nuevo segundo informe: la Comisión de Salud o la Comisión de Hacienda? Porque las discrepancias están ahí. Los de la Comisión de Salud dicen que los de Hacienda no entendemos nada. Y los de la Comisión de Constitución dicen que los de Salud no entienden nada...
El señor MONTES (Presidente).- ¡Los de Constitución dicen que ninguno de las otras dos Comisiones entiende nada...!
El señor PIZARRO.- ¡Y nosotros menos...!
Entonces, la consulta es pertinente.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que el nuevo segundo informe fuera elaborado por las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas?
El señor PIZARRO.- ¿Y si lo hace la Comisión de Constitución, señor Presidente, para no enredar las cosas?
El señor INSULZA.- Señor Presidente, entiendo que el acuerdo es aprobar el proyecto, con todo su articulado permanente...
El señor MONTES (Presidente).- Está aprobado entero, con excepción de sus artículos transitorios.
El señor INSULZA.- Esos artículos serían los que habría que enviar a las Comisiones de Hacienda y de Salud. No hay problema.
El señor MONTES (Presidente).- La propuesta, para evitar postergaciones, es que ambas Comisiones funcionen unidas para tales efectos, dado que la controversia surgió entre ellas y lo mejor sería que la solución la buscaran entre las dos.
--El proyecto vuelve a las Comisiones de Salud y de Hacienda para la elaboración conjunta de un nuevo segundo informe sobre los artículos transitorios.
Boletín N° 9233-01
El señor MONTES (Presidente).- En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje del Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.233-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Hacienda: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
Hacienda (segundo): sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018.
Sesiones 7ª, en 9 de abril de 2014 (queda pendiente la discusión general); 10ª, en 16 de abril de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general por el Senado en su sesión de 16 de abril de 2014.
La Comisión de Hacienda, en su segundo informe, deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Dicha Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda, y el texto como quedaría de aprobarse tales modificaciones.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a plantearlo en forma muy simple.
Años atrás se creó una ley de bolsas de productos agrícolas. Este instrumento, que tenía como finalidad generar posibilidades de transacción, en particular de granos y carnes, fue evolucionando y se hizo un cambio legal para que las llamadas "bolsas de productos agrícolas" pudieran transar también facturas (hoy constituyen la mayoría de las transacciones), lo que ha demostrado ser muy útil.
La finalidad de este proyecto es pasar de productos agrícolas y de los instrumentos que ya hay a todo tipo de productos que se puedan ir transando (no valores, evidentemente), incluidos los contratos, para lo cual se requiere una institucionalidad que dé garantías respecto a quiénes son los corredores de estos productos, cuestión que es muy importante. Se establece que deberán ser sociedades anónimas, de forma tal de asegurar las responsabilidades legales correspondientes.
Se incorpora también un proceso de certificación de los productos e instrumentos. En la ley original, la entidad que certificaba los productos físicos agrícolas era el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Ahora podrán hacerlo igualmente las propias bolsas de productos.
Asimismo, señor Presidente, se instaura un mecanismo de financiamiento muy positivo para dinamizar a otros sectores de la economía.
En la Comisión hablamos con todos los actores y discutimos el proyecto, al cual invitamos a la Sala a aprobar en particular.
Se han despejado ciertas dudas que había en cuanto a las exigencias legales para los corredores.
Evidentemente, habrá una supervisión institucional, como corresponde.
Por sobre todo, lo que quiero plantear es que, atendida la evolución de hecho que ha experimentado la Bolsa de Productos Agropecuarios, lo que traemos hoy a la consideración de la Sala es una bolsa de productos en todo su ámbito, que facilitará, sin duda, los fenómenos de transacción.
Es muy importante dejar claro que quien calificará la calidad de los productos transados no será el corredor. La certificación vendrá por otro lado. Y es un tema de quienes compran y venden.
La Comisión, señor Presidente, recomienda por unanimidad a la Sala la aprobación del proyecto.
La ampliación del ámbito de las bolsas, la formalización de los actores y los mecanismos de certificación son, diría yo, los ejes sustantivos que, junto con la supervisión, garantizan que este es un instrumento que les servirá, no a miles, sino a decenas de miles de productores, a muchos de los cuales les permitirá, sin duda, acceder al financiamiento necesario para su emprendimiento en forma adecuada.
El señor MONTES (Presidente).- Deseo aclarar que todas las modificaciones que se le introdujeron al proyecto fueron acordadas por unanimidad.
Por lo tanto, se trata de clarificar su contenido y alcance para posteriormente tomar decisiones.
Le ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, tal como indicó el Senador Letelier, que preside la Comisión de Hacienda, la iniciativa se vio en dicho órgano, donde fue mejorada y clarificada en varios aspectos que quiero describir.
El proyecto se inserta dentro de los objetivos de inclusión financiera que persigue nuestro Ministerio y busca ampliar el acceso de las pymes y los emprendimientos al mercado de capitales.
Asimismo, promueve la competencia en el mercado del crédito. De hecho, esperamos que su aprobación disminuya los costos para las pymes y demás emprendedores, fortaleciendo así sus posibilidades de expandirse y de generar mayor actividad económica y empleo.
A modo de antecedente, la ley que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios fue dictada en 1993, aunque solo quedó operativa a partir del 2002. Y el 2005 la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) otorgó la primera y hasta ahora única autorización de existencia para una bolsa de productos. Podrían existir más, pero en la actualidad solo hay únicamente una autorizada.
En abril del 2007 se incorporaron las facturas. Esta modificación fue muy importante porque, aunque todavía se llamaba "Bolsa de Productos Agropecuarios", el 90 por ciento de las transacciones que hoy día se efectúan corresponde, tal como indicó el Senador Letelier, a facturas. El 10 por ciento restante son, mayoritariamente, repos (obligaciones de retrocompra o, en inglés, repurchase agreements) de productos agropecuarios.
Considerando el positivo efecto de la incorporación de las facturas y el crecimiento de la bolsa, a comienzos de 2014, precisamente el 8 de enero, durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, se presentó este proyecto de ley, cuyo objetivo fundamental era ampliar el tipo de productos, bienes y contratos a ser transados en este tipo de bolsas, de manera de profundizar la disminución de las tasas de financiamiento para las pymes.
La iniciativa fue bien acogida por el Senado y aprobada en general en abril de ese mismo año.
En enero de 2018, prácticamente cuatro años después, el Gobierno anterior presentó un proyecto misceláneo, conocido como "Proyecto Productividad II", que modificaba, entre otros cuerpos legales, la ley de bolsas de productos agropecuarios y planteaba, al mismo tiempo, la necesidad de modernizar la legislación sobre la materia.
Dado lo anterior, el actual Ejecutivo decidió reanudar su tramitación, enviando indicaciones que ingresaron el 24 de septiembre último. Ellas toman algunas de las modificaciones propuestas por el Gobierno anterior y reflejan el trabajo que han realizado el Ministerio de Hacienda, en forma conjunta con la Comisión para el Mercado Financiero, y los Ministerios de Agricultura y de Minería, así como la Comisión de Hacienda del Senado.
Los principales elementos del texto aprobado en general por esta Corporación son tres.
Se amplía la definición de productos, incluyendo no solo los agropecuarios, sino también todo tipo de bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y contratos, así como títulos representativos y derivados de estas categorías de productos. Se explicita que estos productos no pueden corresponder a valores. Debe tratarse de productos, no de valores.
Se establece que las prendas sobre productos se constituirán de acuerdo con las normas especiales que las regulen.
Se traspasa a las bolsas la obligación de llevar el registro de productos, actualmente a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero (antes SVS), y el registro de entidades certificadoras, hoy a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El objetivo de ambos traspasos es dar mayor agilidad al proceso de registro.
La Comisión para el Mercado Financiero aprobará y supervisará las reglas generales aplicables, de tal manera que es esta entidad la que va a regir y regular las bolsas de productos.
Enseguida voy a explicar en forma muy breve, señor Presidente, las indicaciones que se han realizado, las que, en términos genéricos, corresponden a nueve tipos.
En primer lugar, se establece que las bolsas deberán acreditar ante la Comisión para el Mercado Financiero que cuentan con un gobierno corporativo, controles internos y sistemas de gestión de riesgo adecuados para funcionar correctamente. Esto incluye gestionar riesgos como ciberseguridad, liquidez y riesgos operativos.
En segundo término, se elimina el requisito de instalar un local físico como parte de la estructura de la bolsa, dado que, considerando los avances tecnológicos, las transacciones pueden ser virtuales, tal como ocurre hoy en la Bolsa Electrónica.
Tercero, en la actualidad existen dudas con relación a si los corredores de bolsas de productos pueden intermediar fuera de bolsa. Pues bien, una de las indicaciones permite explícitamente que exista intermediación fuera de bolsa.
En cuarto lugar, considerando que el proyecto de ley permite intermediar contratos más complejos que los anteriores, se agregan nuevos requisitos a los corredores de bolsas de productos, tales como la obligación de constituirse como sociedad anónima y contar con un gobierno corporativo, controles internos y gestión de riesgos.
Quinto, la ley vigente señala que la SVS (hoy Comisión para el Mercado Financiero) puede establecer mayores garantías para los corredores en razón del volumen y naturaleza de las operaciones. Se precisan estas garantías desde un mínimo de 6 mil UF hasta un máximo de 30 mil UF.
Sexto, si bien los corredores son responsables del cumplimiento de los términos de la transacción propiamente tal, se aclara que ellos no son responsables de las obligaciones emanadas de los contratos negociados. ¿Qué significa esto? Que en el caso de las facturas, por ejemplo, los corredores no son responsables de su pago. Esta es obligación del pagador, de a quien le corresponde pagar la factura, y no del corredor.
Séptimo, hay tres modificaciones centrales que permitirán que pymes y otros emprendimientos acrediten ante terceros la existencia de bienes en custodia en las bolsas para que puedan utilizarlos como prenda, es decir, como garantía para acceder a crédito, por ejemplo a créditos bancarios a tasas más bajas.
Las tres modificaciones son: uno, se faculta a las bolsas de productos para emitir títulos representativos de cualquier producto y no solo agrícolas; dos, se explicita la facultad de las bolsas para simplemente custodiar productos (hoy no la tienen, salvo en el contexto de una transacción), y tres, se agrega un nuevo artículo 20 bis que permite y regula la constitución de prendas y de otros derechos reales sobre productos en custodia en las bolsas.
Estos tres puntos se refieren a las pymes.
Octavo, se establece la inoponibilidad. ¿En favor de quién? En favor de los compradores de facturas por la nulidad de transacciones que den origen a ellas. O sea, si hay vicios legales en una transacción que da origen a una factura, estos no pueden ser causal para que la empresa deje de pagar dicha factura.
Si una pyme le vende un producto a una empresa grande (podría ser un retail) y esta después señala que la persona que emitió la factura no era el representante legal de la pyme y que, por tanto, hay un problema con la factura, ello no es causal para que la empresa grande deje de pagarla. Después habrá que arreglar el problema legal, pero la empresa que recibe el producto y lo recibe en buenas condiciones no puede oponerse al pago.
Por último, se vuelve a la redacción original del proyecto, estableciéndose que las multas serán a beneficio fiscal. La propia Bolsa de Productos señala que es mucho más fácil que así sea, dado que resulta muy difícil fiscalizar que sean utilizadas en educación para los inversionistas.
En definitiva, señor Presidente, el proyecto, con las actualizaciones y los cambios que ha sufrido, será muy importante para facilitar el acceso de pymes y emprendimientos al mercado del crédito y para reducir el costo de los créditos, y por eso recibió el apoyo transversal y unánime de todos los miembros de la Comisión de Hacienda.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, estamos analizando un tema legislativo que representa un avance, como bien ha señalado nuestro Ministro de Hacienda.
Como siempre he manifestado en esta Sala, un buen resultado económico es esencial para el buen desarrollo de una sociedad. Una sociedad de mercado requiere emprendedores y consumidores. Pero, para que el sistema funcione, se necesita un mercado al que tanto proveedores como inversionistas puedan acceder de forma fácil, informada y transparente.
La Bolsa de Productos Agropecuarios ha sido, desde el año 2005, un actor relevante en esta materia. Si bien el mercado agropecuario mantiene un tamaño muy pequeño que impide su desarrollo en términos tales que pueda prevenir las asimetrías de información, la incorporación de las facturas, primero en su modalidad física para luego pasar a la documentación electrónica, ha significado un importante aumento de los montos transados.
El Gobierno del Presidente Piñera ha decidido darle un nuevo impulso a este proyecto, el que, con las indicaciones incorporadas, se ha convertido en una iniciativa robusta, que ojalá logre su objetivo.
El acceso a financiamiento no solo es difícil en el campo agrícola; también afecta a otros sectores productivos del país, en especial a las microempresas y pymes, que encuentran en el financiamiento bancario una forma demasiado cara y muy poco transparente.
El Gobierno del Presidente Piñera está empeñado en ofrecer nuevas herramientas para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento más conveniente, con mejores tasas. Por ello, se deben agradecer e incentivar tales medidas.
Las experiencias exitosas deben ser evaluadas para ampliarlas y adaptarlas a las nuevas realidades. De verdad, este proyecto, con las indicaciones presentadas, queda un poco más robusto.
Pero en el campo de la agricultura aún nos queda mucho por avanzar.
Recuerdo que nosotros criticamos a la Presidenta Bachelet cuando en su penúltima cuenta pública aquí, el 21 de mayo -cuando aún se realizaba en esa fecha-, destinó solo 30 segundos a la agricultura. Y en la última habló apenas un minuto sobre ella, oportunidad en la que también criticamos al Gobierno de la Nueva Mayoría por su poca preocupación por el sector.
Por eso hoy día, como Gobierno, tenemos la responsabilidad de marcar la diferencia y entregar propuestas claras para la agricultura chilena. Nosotros hemos hablado de agricultura regional y de una nueva legislación que permita que los agricultores progresen.
De ahí que nosotros esperamos que durante el año 2019, con los recursos que se aprueben en la Partida del Ministerio de Agricultura, comiencen nuevos proyectos y empecemos a avanzar.
Si en el pasado nosotros formulamos críticas en materia de agricultura, hoy, como Gobierno, debemos dar el ejemplo. Si prometimos algo, lo tenemos que cumplir.
Por eso, señor Presidente, más allá de señalar la importancia de este proyecto de ley y de valorar su contenido, debemos hablar un poquitito más ampliamente respecto de lo que viene para la agricultura.
Represento una zona agrícola como la Región de Los Lagos, y sobre todo su provincia de Osorno. Ahí los agricultores esperan de nuestro Gobierno acciones, que anhelo que se lleven adelante. Una es la salvaguardia de la industria lechera, que hoy día precisamente está estudiándose. Y esperamos que el Gobierno nos ayude en esta materia.
En este proyecto que modifica la bolsa de productos agropecuarios, voto que sí.
El señor MONTES (Presidente).- Hay una solicitud para abrir la votación.
Es una sola votación. Están todos de acuerdo en las indicaciones.
El señor GARCÍA.- Sí, por supuesto.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en Renovación Nacional valoramos enormemente este proyecto.
Tal como ya se ha dicho, la "bolsa de productos agropecuarios" -así era conocida- poco a poco se fue abriendo a otro tipo de bienes no necesariamente provenientes del mundo agrícola.
Y en este proyecto finalmente se reconoce eso. Se abre a todo tipo de bienes, pero además a servicios, a concesiones, a derechos, a contratos, siempre y cuando la única restricción sea que no se trate de instrumentos del mercado de valores; porque, naturalmente, estos se transan en la Bolsa de Valores.
Nosotros creemos que es una iniciativa que va a dar mayor liquidez; que va a constituir una nueva fuente de inversión, y que terminará alimentando el círculo virtuoso de mayor crecimiento, mayor empleo, mayor dinamismo de nuestra economía y mayor estabilidad.
Así que, con mucho entusiasmo, votamos favorablemente esta iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Les solicito a los señores y señoras Senadoras que emitan su voto.
Les recuerdo que está abierta la votación.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero fundar brevemente el voto.
Creo que este es un proyecto bien importante, particularmente para el mundo agrícola.
Y quiero graficarlo básicamente en que se establece la posibilidad, tal como lo ha dicho el Ministro de Hacienda, de transar contratos. Ahí hay una diferencia muy significativa respecto de la actual regulación de la bolsa de productos agropecuarios, que ha cumplido su objetivo. Porque, si bien es una institución relevante, lo lógico, lo sano, es que haya mucha competencia y bastante más amplitud en cuanto a lo que es transable en este campo.
¿Cuál es el efecto de tener una bolsa de productos más amplia, que transe más cosas? Básicamente, el acceso al crédito de la pequeña y mediana empresa a una tasa más barata de lo que supondrían otras condiciones. Ese es el gran mérito de estos cambios: permite que al final se transen.
En la Comisión de Hacienda vimos la comparación respecto de cuál es el tipo de financiamiento de productos que se transan a través de la bolsa, versus créditos o factoring que pueden darse en otras circunstancias. Y la diferencia era sustancial.
En un momento en que estamos tratando de empujar el emprendimiento, el crecimiento, la capacidad de inversión, obviamente ello es muy favorable. Ahora, como fue una discusión larga y, quizás, hay un acuerdo unánime, muy bienvenido, tal vez ello puede quedar fuera de la historia de la ley, como si fuera un tema menor. Por eso, es necesario decir que es un asunto importante, que viene trabajándose desde hace harto tiempo, y en que el Ministerio de Hacienda le puso un especial empeño.
Quiero destacar el hecho de que el Ministro de Hacienda, que está en plena discusión presupuestaria, haya venido por este proyecto. Ello, de alguna manera refleja que es relevante y da una señal significativa respecto de hacia dónde deben ir las lógicas del emprendimiento y del uso de la imaginación para ampliar los campos de acción, cosa que viene desarrollándose en Chile desde hace hartos años.
Por eso, señor Presidente, no quería dejar pasar la oportunidad de fundar mi voto, destacando lo importante que es esta iniciativa de ley, particularmente para el mundo agrícola, las pymes, y aquellos que quieren invertir en momentos en que Chile lo necesita.
--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite (28 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Quintana, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de las intenciones de voto favorable de la Senadora señora Provoste y del Senador señor Prohens.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta a la Mesa. Sé que usted ha estado muy preocupado por el proyecto de ley de Presupuestos que vamos a votar -esperamos- la próxima semana o la última del mes.
El señor MONTES (Presidente).- La próxima semana, acá, en el Senado.
El señor MOREIRA.- Gracias.
Ya vendrá el momento en que usted nos explique cuál va a ser el procedimiento para su tramitación, pero quiero hacerle presente que hay algunos Senadores que deseamos presentar una serie de indicaciones, y quería saber si ello será posible.
¡Porque sé que hay un Senador que va a formular alrededor de 220 indicaciones...!
Yo no pretendo igualarlo, pero por lo menos tengo 52 indicaciones.
Esas se presentarían el lunes 19, y mi pregunta es si se tramitarán en la misma forma que en años anteriores.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría, al comenzar esta sesión se explicó que el plazo para formular indicaciones es el día lunes 19, a las 4 de la tarde.
Esperamos que nos llegue a nuestros correos el informe de la Cámara de Diputados el día viernes 16, o el mismo lunes en la mañana para poder preparar las indicaciones.
Así que va a tener tiempo para presentarlas.
El martes 20, en la mañana, se hará el debate en general del proyecto y se empezarán a analizar algunas Partidas. Se continuará en la tarde, hasta las 8 de la noche. Y el miércoles 21 la sesión se prolongará hasta su total despacho.
Boletín N° 12139-15
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Navarro, García-Huidobro y Letelier, en primer trámite constitucional, para precisar las autorizaciones requeridas para transportar desechos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.139-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Navarro, García-Huidobro y Letelier):
En primer trámite: sesión 57ª, en 9 de octubre de 2018 (se da cuenta).
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.
-Explicitar que el transportista que traslade los escombros a un vertedero solo deberá contar con la autorización municipal de la comuna en donde se origine su trayecto, independientemente del número de ciudades por las que se traslade para llegar a su destino.
-Establecer que el transportista siempre deberá portar el documento tributario respectivo que acredite el destino y origen de su recorrido, a fin de que se pueda verificar si se dirige o no a un vertedero clandestino.
-Habilitar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para dictar un reglamento que establezca los elementos fundamentales y esenciales que deberán contemplar las ordenanzas municipales al momento de regular esta materia.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia de que acordó proponer a la Sala discutir solo en general este proyecto de ley, no obstante ser de artículo único, y que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Navarro, Chahuán y García Huidobro.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 18 del informe de la Comisión.
El Senador señor García-Huidobro hará una relación de su texto.
Pero ¿les parece abrir la votación antes? Porque se trata de una iniciativa que concita bastante apoyo.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, esta iniciativa modifica la Ley de Tránsito con el objeto de precisar las autorizaciones que se requieren para el transporte de desechos.
El proyecto, tal como lo manifestó el señor Secretario, está estructurado en un artículo único conformado por dos numerales que modifican el artículo 192 bis de la Ley de Tránsito.
Con respecto a las enmiendas analizadas en la Comisión de Transportes, cabe señalar que el numeral 1) detalla la autorización por parte de la municipalidad acerca del recorrido que deberá hacer el vehículo que retira escombros, y el numeral 2) faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para dictar un reglamento y determinar los elementos esenciales que este ha de contener en cuanto a las municipalidades.
Señor Presidente, el aumento considerable de vertederos clandestinos para evitar la acumulación de residuos se ha convertido en una problemática. Por regla general, es una práctica realizada por vehículos de mediano y pequeño tamaño que no cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo tales actividades y, en consecuencia, estos residuos terminan siendo depositados en sitios no habilitados.
Uno de los puntos tratados en la Comisión para hacer más expedito el trámite es que el transportista porte un documento tributario que acredite el destino y origen de su recorrido, a fin de que se pueda verificar si se dirige o no a un vertedero clandestino. Con esta regulación se debería favorecer el traslado de escombros a un vertedero autorizado y reconocido por la autoridad.
El proyecto busca explicitar que el transportista que traslade escombros a un vertedero solo deba contar con la autorización municipal de la comuna donde se origina su trayecto, aunque el vehículo pase por distintos municipios o comunas para llegar finalmente a su destino. Se quiere legislar a este respecto debido a que actualmente el transportista es multado al pasar por diferentes comunas antes de llegar a su destino final.
¿Por qué, señor Presidente? Porque hay una mala interpretación de la normativa actual por la entidad fiscalizadora.
De ahí que se necesite mejorar lo ya regulado, por lo que las eventuales interpretaciones que pudieren surgir se soslayan con un documento tributario que acredite el origen y el destino final de lo que se transporta.
Nosotros sugerimos votar a favor de este proyecto en general, porque se trata de algo que plantearon los camioneros que fueron a la Comisión, quienes nos dijeron que los multaban permanentemente cuando llevaban escombros a vertederos autorizados. Ellos tienen la autorización de la primera comuna, pero carabineros hoy día les exige la de todas las comunas por donde atraviesan para llegar a un vertedero.
A nuestro juicio, eso es algo que se debe solucionar, con el fin de impedir que los sigan multando. Porque ¿se imaginan ustedes lo que significa una autorización cuando hay que atravesar cuatro, cinco, seis comunas para ir a botar escombros o algún elemento que sea necesario llevar a esos depósitos?
Por eso, señor Presidente, nosotros votamos a favor de este proyecto -el cual creemos que es bastante razonable- con el propósito de buscar una solución respecto de la interpretación de la ley que aprobamos hace un tiempo en este Parlamento.
El señor MONTES (Presidente).- Les recuerdo a las señoras Senadoras y señores Senadores que está abierta la votación y que, por ende, pueden emitir su pronunciamiento.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, solo deseo hacer algunas precisiones a la luz de lo señalado por el Senador García-Huidobro.
Entiendo que este proyecto se refiere al traslado de escombros, y, por lo tanto, no confundamos el concepto "escombros" con los términos "desechos" o "residuos", que son una cosa distinta. Porque los residuos pueden ser domiciliarios, industriales, peligrosos o no peligrosos, no así los escombros.
Es lo primero que debo aclarar.
Ahora, no siempre los escombros se llevan a los basureros o vertederos, pues se utilizan normalmente para rellenar sitios en desnivel. Mucha gente los recibe.
Sin embargo, la duda es si resulta factible que alguien se dedique a llevar escombros de una comuna a otra. Porque el problema de los alcaldes -varios de los que estamos aquí lo fuimos, y lo sabemos- es que ninguno va a aceptar que se estén mandando desechos de una comuna a otra, aunque sean escombros. Y, en consecuencia, si una sola municipalidad lo autoriza, una persona puede hacer un largo recorrido tirando escombros por distintas comunas. Lo digo porque ¿en qué consiste la autorización que da la municipalidad? ¿Es para que el transportista la utilice en trasladar escombros? ¿O la municipalidad la otorga por la naturaleza del escombro?
Tal vez sería conveniente precisar ese punto tan importante en la discusión en particular que vamos a tener. Todos sabemos lo que es la basura y lo que significan los residuos, la suciedad, los escombros, por lo que debemos respetarnos entre unas comunas y otras.
Ahora bien, sabemos que en este ámbito existen basurales, cuyo nombre indica que no se aplica ningún tratamiento -simplemente se tiran las cosas ahí-; que existen vertederos, donde la basura se va cubriendo con tierra, y que existen los rellenos sanitarios, que son lugares donde se tratan los líquidos percolados. Pero también están las escombreras, que son áreas donde se van a tirar escombros.
Por lo tanto, me parece que es necesario hacer una distinción, porque una cosa es la autorización que puede dar la municipalidad para el tránsito de un camión y otra cosa es el pronunciamiento de la autoridad sanitaria y de salud sobre el contenido de lo que transporta ese vehículo.
Entonces, pienso que eso es lo que tenemos que salvaguardar. Porque para mí este es un buen proyecto; pero, señores Senadores de la Comisión, es conveniente que podamos precisar esos temas y de esa manera hacer una mejor iniciativa.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, quienes fuimos alcaldes nos encontramos muchas veces con situaciones similares a las descritas, particularmente en lo que dice relación con la proliferación de vertederos clandestinos y problemas relacionados con estos residuos, que no siempre van a parar a un lugar indicado.
Ahora, entiendo que la moción que dio origen a este proyecto nació fundamentalmente -o por lo menos es lo que genera el problema- como consecuencia de que la actual norma establece que, en caso de producirse traslado de escombros en cada comuna, ello será objeto de fiscalización. Esto provoca el problema de requerir diversas autorizaciones conforme a las tantas comunas por donde pase el respectivo camión desde su origen hasta su destino final.
En ese sentido, lo que busca el proyecto -obviamente me parece interesante haber iniciado su tramitación- es que a través de este mecanismo (una autorización por parte del municipio de origen) se reconozca cuál es el destino final de un camión que transporta escombros, además de que estos efectivamente sean escombros, no otro material, y que al contar con esta debida regulación se eviten los sucesivos requerimientos de autorizaciones de los demás municipios por donde se transite.
Creo que la iniciativa se hace parte -a lo mejor, en la discusión particular se podrán subsanar los aspectos que pudieran generar dudas- de la necesidad de mejorar y de corregir una interpretación que la norma actual contiene. Esto es, cada vez que un vehículo con ese tipo de carga pasa por una comuna distinta es objeto de fiscalización y, por lo tanto, se enfrenta a la dificultad de no poder destinar el residuo al vertedero final, lo cual efectivamente se regula a través de esta norma, y con esto se obvian los inconvenientes.
Estimo que el proyecto va en la dirección adecuada para resolver el problema, independiente de que en la discusión particular podamos corregir algunos aspectos de detalle que contiene.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, el colega Huenchumilla tiene toda la razón: estos son traslados de escombros.
El punto es que muchas personas que llevan escombros a un lugar autorizado enfrentan un problema bastante serio al pasar de una comuna a otra y ser fiscalizados.
El proyecto pretende simplificar eso: siempre y cuando se trate de traslados a un destino autorizado, el vehículo respectivo solo deberá contar con el permiso del municipio de la comuna de inicio del recorrido, debiendo portar también el documento que acredite claramente el lugar dónde serán depositados los escombros.
¿Por qué se propone esta iniciativa? Porque a estos transportistas, que pasan por distintas comunas, les cursan partes por no contar con la autorización de cada una de las municipalidades del recorrido.
¿Y qué ocurre a la larga? Que no se hace lo debido y los escombros terminan siendo depositados en cualquier parte (por ejemplo, en vías rurales), lo que Sus Señorías bien saben, pues conocen esta realidad a nivel país.
Con todo, creo que debemos mejorar la iniciativa. Hoy estamos votando no en particular, sino en general; así que tendremos la oportunidad de explicitar mejor las normas propuestas a fin de que no queden dudas de la importancia de este proyecto.
De ese modo, los transportistas de escombros podrán trasladarlos a lugares autorizados o ser usados para rellenos, como ha dicho el Senador Huenchumilla, en sitios en desnivel, o bien dejarlos en zonas permitidas para el depósito de escombros.
Señor Presidente, reitero que aquí estamos hablando de escombros, no de residuos; estamos hablando de lo que ocurre todos los días en las construcciones, por lo general, en las comunas que representamos.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero señalar que sería bueno que consultaran a los gobiernos regionales.
En el caso de la Región Metropolitana, este problema se resolvió gracias a una decisión del nivel regional: se organizó todo el asunto y se puso de acuerdo a los municipios.
Pero, bueno, eso será parte del debate en particular.
Además, se llegó a la conclusión de que se trata de algo más amplio que los escombros. Es bueno regular el traslado de estos, pero también el de otro tipo de desechos.
--Se aprueba el proyecto en general (24 votos a favor) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 10 de diciembre.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes y Provoste y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana y Sandoval.
A la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, solicitándole informar sobre POSIBLES ASESORÍAS DE INSTITUCIÓN QUE DIRIGE A ALCALDE Y/O MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PARA USO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP), DURANTE AÑO 2018.
Al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso, consultándole por NO OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO HABITACIONAL PARA DON PEDRO FRANCISCO DROGUETT LEÓN, DOMICILIADO EN COMUNA DE SAN ANTONIO.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que informe sobre medidas a adoptar con relación a EVENTUAL CONFLICTO DE INTERESES ENTRE COORDINADOR NACIONAL DE UNIDAD DE MEDIACIÓN DEL MINISTERIO Y DIRECTORA DE MAGÍSTER EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO, POR ESTRECHA RELACIÓN DE ELLOS EN MATERIA DE DOCENCIA Y EN ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PARA SERVICIOS DE MEDIACIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole antecedentes acerca de SITUACIÓN ACTUAL DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL HUAPE, COMUNA DE CORRAL, y consultándole por MULTAS CURSADAS A EMPRESAS CONCESIONARIAS DE RECINTOS CARCELARIOS DE ALTO HOSPICIO, ANTOFAGASTA, LA SERENA, SANTIAGO 1, RANCAGUA, CONCEPCIÓN, VALDIVIA Y PUERTO MONTT ENTRE 2009 Y 2017, PRECISANDO MOTIVOS DE DICHAS MULTAS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, al señor Ministro de Bienes Nacionales, a la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al señor Subsecretario del Patrimonio Cultural y al señor Alcalde de Mariquina, a fin de se remitan antecedentes acerca de ESTADO DE FUERTE SAN LUIS DE ALBA DE CRUCES, COMUNA DE MARIQUINA, Y PLAZO PARA RESTAURACIÓN.
Y al señor Ministro de Agricultura y al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para que informen respecto de INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN 35 HECTÁREAS OBJETO DE FISCALIZACIÓN POR CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL DE LOS RÍOS.
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole informar sobre ESTADO DE ACTA DE ACUERDO ENTRE TRABAJADORES Y DIRECCIÓN DE ASMAR Y FECHA ESTIMADA DE TOMA DE RAZÓN.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, pidiéndole enviar información detallada acerca de MULTAS CURSADAS A EMPRESAS ELÉCTRICAS A PARTIR DE AÑO 2016, POR EMPRESA Y REGIÓN.