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Timestamp: 2017-04-26 10:35:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3']

Ley 2/1984, de 30 de octubre, de "Reversión de bienes y derechos incautados".
Publicado en BOPV núm. 188 de 13 de Noviembre de 1984
Vigencia desde 03 de Diciembre de 1984
Alteración en los bienes
Aplazamiento de la reversión y fraccionamiento del pago
Composición de la Comisión Instructora
BOPV 22 Noviembre. Corrección de errores L 2/1984 de 30 Oct. CA País Vasco (reversión de bienes y derechos incautados) Ley [PAÍS VASCO] 2/1984, 30 octubre, rectificada por Corrección de errores («B.O.P.V.» 22 noviembre).
Véase el D [PAIS VASCO] 256/1985, de 18 de junio, por el que se desarrolla la Ley de reversión de bienes y derechos incautados («B.O.P.V» 27 agosto).
Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/1984. de 80 de Octubre, de "Reversión de Bienes y Derechos Incautados".Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades que la guarden y hagan guardarla.
Exposición de Motivos Varias han sido las disposiciones dictadas a lo largo de estos últimos años para corregir en lo posible las consecuencias de toda índole surgidas de la Guerra Civil; faltaba, sin embargo, una legislación que se enfrentase abiertamente con el problema surgido a raíz de las incautaciones llevadas a cabo en bienes y derechos de personas físicas o jurídicas que se vieron desposeídas de los mismos como consecuencia de sus opciones político-sociales al amparo de una normativa de excepción que, surgida en los primeros días de la Guerra, ha prolongado sus efectos mucho después de su formal derogación, perpetuando así una situación que nos aparece hoy como injusta y contraria a los más elementales principios de una sociedad democrática.
No han faltado, ciertamente, propuestas en este sentido, y realizaciones parciales que han llevado en algunos casos a la devolución a sus antiguos titulares de bienes o derechos incautados, bajo distintas formas. No obstante, hasta el momento se carecían de unos preceptos que de modo ordenado y coherente se plantearan la totalidad de esta problemática desde el ángulo de una Administración Pública.
A llenar ese vacío legal viene la Ley cuyos motivos se exponen. Limitada en cuanto a los bienes a que se aplica, reducidos únicamente a aquellos transferidos a la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin embargo, su virtualidad abarca, dentro de ese infranqueable círculo, a cualesquiera bienes o derechos cuya desposesión haya tenido lugar por motivos fundamentalmente políticos o sociales, cualquiera que sea el mecanismo jurídico a través del cual se instrumentara en su momento, o la ideología de sus titulares.
El concepto central de esta Ley es la reversión a sus antiguos titulares de esos bienes o derechos: reversión sin contraprestación, como lo fue la desposesión que sufrieron. Unicamente en los supuestos de alteraciones físicas en los bienes, se contempla la posibilidad de la reversión parcial, o de las distintas opciones compensadoras, que pretenden acomodar la reversión a los límites de lo efectivamente detentado por los titulares de los bienes.
El derecho genérico a la reversión se concreta en cada caso por medio de Decreto del Gobierno, previo el oportuno expediente, en orden a conocer la concurrencia real de las circunstancias que, de acuerdo con lo prevenido en la Ley, generan el derecho a la revisión.
Desde el punto de vista de su estructura, la Ley se divide en cuatro Capítulos, con un total de once artículos, dos Disposiciones Adicionales y una Disposición Final.
El primer Capítulo establece el ámbito objetivo a que alcanza la Ley; el segundo, sienta las líneas maestras del procedimiento a que se debe ajustar la eventual reversión; en el Capítulo tercero se establece el tema de las responsabilidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, las reglas que deben seguirse para la aplicación de aplazamiento de la reversión y el fraccionamiento del pago y los recursos que corresponden; en el Capítulo cuarto se establece la composición de la Comisión Instructora.
La regulación termina con una Disposición Final, dedicada a establecer la competencia del Consejero del Departamento de Economía y Hacienda para proponer las normas precisas en orden al desarrollo y ejecución de la Ley.
Ambito de la Ley 1. La presente Ley regula, en las condiciones en ellas establecidas, la reversión gratuita a sus antiguos titulares o sus causahabientes de los bienes y derechos patrimoniales de que hubiesen sido desposeídos a consecuencia de su ideología política o social después del 18 de julio de 1936 y al amparo de la legislación o normativa de excepción que surgió tras la guerra civil, por:
a) La aplicación de normas generales emanadas de Autoridades o Gobiernos establecidos en el territorio español, tanto en la Región Autónoma del País Vasco como en cualquier otro punto de aquél.
b) Actuaciones concretas de Autoridades judiciales o administrativas, funcionarios o fuerzas militares o paramilitares de todo tipo al servicio de las Autoridades o Gobiernos mencionados en la letra anterior.
2. No será obstáculo para la reversión el que la privación de los bienes o derechos hubiere sido consecuencia de la aplicación de cualquier legislación sustantiva o procesal, si de las actuaciones seguidas con arreglo a lo prevenido en esta Ley aparece que la desposesión tuvo motivaciones político-sociales, o que sus titulares estuvieron impedidos para actuar en defensa de sus intereses por esos mismos motivos.
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, la concurrencia de motivación política o social en la desposesión de bienes o derechos pertenecientes a personas físicas o jurídicas en quienes concurran alguna de estas circunstancias:
a) Estar incluidas nominativamente en las relaciones de asociaciones, grupos, partidos políticos y personas declaradas fuera de la Ley o sujetas a responsabilidades políticas en el período a que se refiere el apartado 1 del artículo 1.º de esta Ley.
b) Haber sido objeto de expediente administrativo o judicial, terminado por resolución firme en su contra, y con motivo del cual se hubiera procedido a la incautación, retención o embargo de sus bienes o derechos, en ejecución de las normas sobre responsabilidades políticas.
4. La presente Ley no será de aplicación:
a) A toda clase de supuestos de pérdida de derechos personales, entendiéndose comprendidos en este término los políticos, sindicales, electorales, profesionales, laborales, funcionariales y retributivos de toda índole, incluso los regidos por la normativa de Clases Pasivas o de Seguridad Social.
b) A bienes o derechos por los que sus titulares hubieran recibido indemnización compensatoria de su valor.
Requisitos Para la reversión total o parcial o, en su caso, la compensación sustitutoria de los bienes y derechos a que se refiere esta Ley, será requisito imprescindible el que los referidos bienes y derechos hayan sido transferidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco, con título que permita su cesión a terceras personas, al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y normas que lo aplican y desarrollan.
Ejercicio del derecho El derecho a la reversión reconocido en esta Ley, deberá ejercitarse dentro del plazo de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Reglamento que se dicte para el cumplimiento de esta Ley. El titular de los bienes o derechos cuya reversión se pretende, o sus causahabientes, presentará en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco solicitud escrita de reversión del bien o derecho en concreto con descripción detallada del mismo.
A la solicitud deberán acompañarse los documentos que reglamentariamente se determinen, en orden a acreditar la personalidad y representación, en su caso, del peticionario, la existencia de los bienes o derechos cuya reversión se solicita, su titularidad y la desposesión de los mismos por causas político-sociales.
Instrucción del expediente 1. Las peticiones de los interesados, junto con la documentación por ellos acompañada, serán examinadas por una Comisión Instructora, compuesta del modo establecido en el artículo 11 de esta Ley que instruirá un expediente contradictorio con audiencia de todas las partes interesadas.
2. Al peticionario le corresponderá probar la realidad del expediente de responsabilidades políticas contra él seguido, y su resolución, con independencia de las facultades reconocidas a la Administración en orden a la documentación del expediente.
3. La Comisión podrá denegar la admisión a trámite de la petición, cuando se dedujera claramente que ésta se refiere a bienes o derechos no transferidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos previstos en el artículo 2.º de esta Ley, o la solicitud hubiera sido presentada fuera del plazo establecido en el artículo 3.º de la misma.
4. Podrá igualmente la Comisión suspender las deliberaciones de la misma en los supuestos de haberse suscitado contienda entre los particulares sobre cuestiones de derecho privado que condicionen la resolución del expediente, hasta que recaiga pronunciamiento firme de la Autoridad o Jurisdicción llamada a decidir sobre el litigio.
Propuestas de la Comisión 1. (sic) Finalizada la tramitación del expediente, la Comisión Instructora elevará al Consejero del Departamento de Economía y Hacienda la propuesta que proceda en orden a:
a) La desestimación de la petición, si de lo actuado en el expediente no resultasen acreditadas todas las circunstancias o requisitos exigidos por esta Ley para que haya lugar a la reversión.
b) La estimación de la reversión total o parcial o de la compensación sustitutoria en su caso.
Alteración en los bienes 1. Si con posterioridad a la desposesión los bienes hubiesen sufrido alteración en sus condiciones físicas que no pudiera ser calificada de simple mejora, la Comisión Instructora, de acuerdo con el peticionario, podrá proponer la aprobación de un convenio fundamentado en alguna de las siguientes fórmulas:
a) La reversión de la parte que fue objeto de desposesión.
b) La reversión total del bien o derecho, con la correlativa obligación por parte del beneficiario de la misma de compensar a la Administración en el valor que se atribuya a la parte del bien o derecho cuya reversión no procedía.
c) La retención por la Administración del bien o derecho con la consiguiente obligación de pago al beneficiario de la reversión de la compensación correspondiente al valor de la parte del bien o derecho cuya reversión se estimaba procedente.
Los convenios a que se refiere este apartado quedarán condicionados a su aprobación por el Gobierno mediante el procedimiento que se establece en el artículo 7.º
2. En el supuesto de que no se alcanzara el convenio entre la Comisión Instructora y el peticionario o aquél no fuera aprobado el Gobierno decidirá unilateralmente la fórmula qué proceda entre las previstas en el apartado anterior. Excepcionalmente, en los supuestos en los que la alteración suponga un incremento superior al 25 por 100 del valor del bien o derecho en cuestión, el peticionario podrá optar entre el pago de la compensación derivado del aumento de valor o la percepción de la correspondiente a la parte que fue objeto de desposesión.
3. En los casos en que la alteración física del bien hubiere consistido en la incorporación de mejoras y se diere la reversión total o parcial del mismo, el beneficiarlo de la reversión vendrá obligado a indemnizar a la Administración con el valor que supongan las incorporaciones al bien que recibiera, salvo que las mejoras supongan un incremento superior al 25 por 100 del bien o derecho objeto de reversión, en cuyo caso será de aplicación el derecho de opción previsto en el apartado 2 de este artículo.
4. La fijación por la Comisión de las compensaciones a que se refiere el artículo anterior, se efectuará de forma contradictoria aplicando los principios contenidos en la legislación sobre expropiación forzosa.
Resoluciones finales 1. El Consejero de Economía y Hacienda, a la vista del informe recibido de la Comisión Instructora, propondrá motivadamente al Gobierno la resolución procedente. El Gobierno decidirá la resolución definitiva del expediente, previo informe de la Comisión Económica relativo a la viabilidad de la reversión y a su posible aplazamiento o fraccionamiento conforme al artículo 9.º de la presente Ley.
2. La reversión total o parcial del bien o derecho, o la compensación sustitutiva, será acordada por Decreto.
Responsabilidades 1. La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y su Entes Institucionales no responderán por los eventuales daños y pérdidas o menoscabos en los bienes o derechos producidos, o que tengan su origen, en el período transcurrido entre el momento de la desposesión y la integración de aquéllos en el Patrimonio de Euskadi.
2. En ningún caso procederá pago alguno en concepto de indemnización, canon o renta, por el uso y disfrute de tales bienes o derechos.
3. El pago de cuantos gastos origine la reversión, así como de los impuestos que la graven, correrá por cuenta y cargo de quienes la instaren.
Aplazamiento de la reversión y fraccionamiento del pago 1. El Gobierno Vasco, en el Decreto que resuelva el expediente, o en un plazo no superior a tres meses desde que fuera firme la declaración gubernativa o judicial de la reversión, podrá aplazar su efectividad por un período máximo de dos años, previo informe de la Comisión Económica, si el uso de los bienes y derechos afectados por la reversión fuera necesario para la prestación de un servicio público. En este supuesto, la Administración habrá de abonar al beneficiario de la reversión la suma que se fije de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4.
2. Podrá también el Gobierno, previo informe de la Comisión Económica, de oficio, en el supuesto recogido bajo la letra a) siguiente, y a petición de parte, en el contemplado en la letra b) siguiente:
a) Acordar que el pago por la Administración de la compensación a su cargo, según lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 6.º de esta Ley, se realice en forma aplazada.
b) Conceder al beneficiario de la reversión, previa garantía por su parte, el fraccionamiento del pago de la compensación a que viniera obligado, de acuerdo con lo prevenido en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 3 del mismo artículo 6.º de esta Ley.
3. El Gobierno podrá determinar el período máximo de aplazamiento a que se refiere el apartado anterior, sin que en ningún caso pueda ser superior a cinco años. Las sumas aplazadas devengarán el mismo interés que corresponda a las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de derechos de naturaleza pública, por quienes no tuvieran la cualidad de Entes Públicos.
Recursos 1. El acuerdo de la Comisión Instructora denegando la admisión a trámite podrá ser recurrido en alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda.
2. Los acuerdos del Gobierno a que se refiere la presente Ley podrán ser impugnados directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Composición de la Comisión Instructora 1. La Comisión Instructora a que se refiere esta Ley estará compuesta del modo siguiente:
a) Presidente, el Director del Patrimonio y Contratación del Departamento de Economía y Hacienda.
b) Un Vocal, Asesor Jurídico, Letrado de la Dirección del Patrimonio y Contratación.
c) Un Vocal, representante del Departamento de Presidencia y Justicia.
d) Un Vocal, representante de la Dirección de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.
e) Dos Vocales, representantes del Departamento o Ente Institucional al cual se encuentre adscrito el bien o derecho cuya reversión se solicita.Si la solicitud afectare, a juicio del Presidente de la Comisión, a más de un Organo de la Administración, podrá disponer que participe en las reuniones de la Comisión un Vocal por cada uno de ellos.
f) Un Secretario, Técnico-Letrado de la Dirección del Patrimonio y Contratación, que tendrá voz, pero no voto.
2. En caso de ausencia o imposibilidad por cualquier causa del Presidente, le sustituirá en sus funciones el Vocal-Letrado.
El plazo de dos años, a que se refiere el apartado 1 del artículo 3.º se contará, respecto a bienes y derechos transferidos a la Comunidad Autónoma de Euskadi con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» del Decreto aprobatorio de su transferencia.
El Gobierno deberá informar semestralmente al Parlamento Vasco de los expedientes de reversión de bienes y derechos que se hayan tramitado ante la Comisión Instructora, con detalle de las circunstancias (desestimación, concesión parcial o total, alteración de los bienes, aplazamiento de la reversión, fraccionamiento del pago, etc.) y, en concreto, la decisión final motivada.