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Timestamp: 2019-08-18 03:10:08
Document Index: 387585186

Matched Legal Cases: ['Artículo 134', 'Artículo 14', 'artículo 2', 'in fine', 'Artículo 29', 'Artículo 63', 'Artículo 65', 'Artículo 66']

Viviana krsticevic marisol blanchard maria clara galvis - Página 9
34 “Adquisición de Tierras en el Chaco por parte del Estado Paraguayo, Años 1995, 1996 y 1997”, Stephen W. Kidd, Asunción, 1998.
35Gracias a la presión de las comunidades y organismos indígenas, el Poder Ejecutivo se vió obligado a retirar dicho proyecto de ley y a inicar el proceso de consulta.
36 Las fincas afectadas han figurado en el registro de la propiedad en Paraguay, desde iniciada la reivindicación, como propiedad de las firmas constituidas en los EEUU de Norteamérica: Florida Agricultural Corporation (de la Florida), Livestock Capital Group (de Delaware) y Agricultural Development Inc. (de la Florida); arrendadas y administradas por la firma comercial de plaza Torokay S.A. Agropecuaria y Forestal. Investigaciones realizadas señalaron en su momento como verdadero propietario a un ex financista de plaza, Oscar Carísimo Netto, ligado a la crisis bancaria paraguaya de mediados de los ’90 provocada por el manejo de dinero en negro. (Ver Anexo 8 de la presente demanda autónoma: Informe sobre condiciones de dominio de las tierras reivindicadas por la Comunidad Yakye Axa). A finales del año 2001, las firmas susodichas transfieren las tierras a manos de Julio Osvaldo Domínguez Dibb, empresario ligado a Carísimo Netto.
37 Véase Anexo 8 de la demanda de la CIDH: Informe Antropológico, CEADUC.-
38 Véase Anexo 4 Tomo I de la demanda de la CIDH: Informe de Inspección Ocular de fecha realizada el 17 de noviembre de 1998; Expediente 7261/93
39 Véase en Dictamen del INDI 33/99 del 18 de agosto de 1999, del INDI. Expediente administrativo N° 7261/93.
40 Resolución P.C. N° 363/00 del 8 de agosto de 2000, del INDI. Expediente administrativo N° 7261/93.
41Véase Anexo 13 de la demanda de la CIDH: Anteproyecto de Ley de Expropiación presentado por la Comunidad Yakye Axa al Poder Legislativo.
42 Véase Anexos 17 y 18 de la demanda de la CIDH: Dictamen 365 de Comisión de Bienestar Rural de Cámara de Diputados, del 8 de noviembre de 2000 y Resolución N 544 de la Cámara de Diputados, del 28 de noviembre de 2000.
43 Ver nota del Estado de Paraguay a la CIDH de fecha 22 de agosto de 2002.
44Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la fecha indicada, cuya remisión a manos de la H.Corte se solicita al Estado de Paraguay.
45 Artículo 134 - DEL AMPARO
El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. ( Constitución Nacional del Paraguay)
46 Artículo 14: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. Ley 234/93 ratificatoria del Convenio 169 de la OIT.
Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el
respectivo hábitat. Constitución Nacional del Paraguay
47 Véase Anexos 20, 10 y 22 de la demanda de la CIDH: Acciones Judiciales promovidas por la Comunidad; SD N° 275 de fecha 17 de abril de 1997 y Acuerdo y Sentencia N° 375 del 1 de julio de 1997.
48 Ver Anexo 35 de la demanda de la CIDH: Dossier de Prensa
49 Sobre este punto cabe resaltar finalmente y sin perjuicio de profundizar el tema más adelante en lo que respecta a la violación del acceso a la justicia, que la Corte Suprema en el fallo recaído en el juicio de marras ha dicho también que el debate propuesto sobre el derecho antedicho corresponde a las resultas del proceso administrativo previsto por la Ley 904/81. Es decir, reenvía ad absurdum la acción de tutela intentada al ámbito administrativo, mismo que por su inidoneidad para tal efecto, llevó a la Comunidad a acudir al órgano judicial.
50 Ver Anexo 23 de la demanda de la CIDH: Acciones Judiciales promovidas por la Comunidad; AI N° 413.
51 A tenor de lo dispuesto en los Capítulos V y VI del Código Procesal Civil, “...podrá solicitarse la anotación de litis cuando se promoviere demanda sobre bienes inmuebles y demás bienes registrables, o sobre constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real, o se ejercieren acciones vinculadas a dichos bienes, si el derecho invocado fuere verosímil y la sentencia haya de ser opuesta a terceros” ( Art. 723). “Anotada la litis, la sentencia en el proceso respectivo surtirá efectos contra terceros” (Art. 724). Respecto a la prohibición de innovar, el mismo Cuerpo Legal dispone que “...podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que existiere el peligro que alterada la situación de hecho o de derecho, ello pudiere influir en la sentencia o convirtiere su cumplimiento en ineficaz o imposible; y la cautela no pudiere obtenerse por medio de otro medida precautoria” (Art. 725, incisos a y b).
Por otra parte y como ya hemos dicho, en los casos de reivindicaciones territoriales indígenas, estas medidas judiciales se fundan esencialmente en la Ley 43/89, cuyo artículo 2 establece que “No se admitirá innovación de hecho y de derecho en perjuicio de los asentamientos de las comunidades indígenas durante la tramitación de los expedientes administrativos y judiciales a que diesen lugar la titulación definitiva de las tierras...”.
52 Ver Anexo 23 de la demanda de la CIDH: AI N° 173.
53 Ver Anexo 23 de la demanda de la CIDH: Acciones Judiciales promovidas por la Comunidad; AI N° 375.
54 Véase Anexos 26 y 35 de la demanda de la CIDH: Acciones Judiciales promovidas por la Comunidad; Denuncia por desmonte ante el Ministerio Público y Dossier de Prensa.
55 Ver Véase Anexo 25 de la demanda de la CIDH: Acciones Judiciales promovidas por la Comunidad; AI N° 795 de fecha 28 de junio de 1999.
56Véase Anexos 26, 27 y 28 de la demanda de CIDH: Denuncias de atropellos a la Comunidad; Informe de la Asistente Fiscal Vilma Acosta y del Secretario Fiscal Gabriel Cáceres del Ministerio Público.
57 Ver Véase Anexo 8 de esta presentación autónoma y 26 de la demanda de la CIDH: Denuncias de atropellos a la Comunidad; Escrito de denuncia de desmonte ante el Ministerio Público.
58 Véase Anexo 29 de la demanda de la CIDH: actuaciones del Juez Ramón Martínez Caimén contra la Comunidad Yakye Axa; Expediente “Averiguación s/ Invasión de inmueble ajeno, coacción grave y hurto en la Estancia Loma Verde, Chaco”.”.
59 Id. 56
60 Ibid. 56, Informe de la Asistente Fiscal Vilma Acosta, in fine.
61 Véase Anexo 8 de esta presentación autónoma: Denuncias de atropellos a la Comunidad; Telegrama Colacionado remitido a la ONG Tierraviva.
62 Id. 58
63 Ibidem 58 y 61: Actuaciones del Juez Ramón Martínez Caimén contra la Comunidad Yakye Axa; Actas de consitución del Juzgado, oficios y cédulas de notificaciones librados por el Juzgado en la causa “Averiguación s/ Invasión de inmueble ajeno, coacción grave y hurto en la Estancia Loma Verde, Chaco”.
64 Ibidem 58 y 61: Actuaciones del Juez Ramón Martínez Caimén contra la Comunidad Yakye Axa; Providencias dictadas por el Juzgado.
65 Véase Anexo 8 de esta presentación autónoma: Denuncias por la comisión de hechos punibles contra la libertad, coacción y amenaza perpetrados contra la Comunidad Yakye Axa y / Dossier de prensa.
66 Véase Anexo 8 de esta presentación autónoma: Denuncias de atropellos a la Comunidad
67 Id. 34. Investigación sobre Adquisición estatal de tierras para comunidades indígenas del Chaco, 1995,1996 y 1997; E.Kidd, 1998. Parte de dicho estudio sobre compra de tierras en el chaco por el Estado concluye que en el periodo 1995 - 1997:
a. El costo total de las tierras compradas ha sido de US$ 21.732.397, lo cual da un nivel de sobreprecio probable conforme valores comerciales de la Región Occidental de US$ 13.481.805, aproximadamente 62% del total.
b. De las 451.528 hectáreas adquiridas, 269.399 hectáreas son tierras que, antes de la oferta de venta de los propietarios, no estaban siendo reivindicadas por comunidades indígenas, es decir, 59,6% de la tierra adquirida. La mayoría de estas tierras son en general de muy baja calidad y es poco probable que comunidades indígenas se asienten en ellas.
68 Ver Anexo 9 de esta presentación autónoma: Dossier de Prensa
69 Declaraciones de Martín Lezcano al Diario ABC Color, 20-03-1999
70 Llamado así en alusión a la movilización ciudadana con ocasión del juicio político y posterior renuncia del Pdte. Raúl Cubas Grau.
71 Véase Anexo 4, Tomo II de la demanda de la CIDH: Resolución 363/00 del INDI.
72 Ver Anexo Dictamen Fiscal para el levantamiento de viviendas de Yakye Axa.
73 Ver Anexo Actas de Reunión de la Mesa de Diálogo establecida con entre víctimas, peticionarios y el Estado paraguayo.
74 Ver Anexo Dossier de Prensa y Actuaciones y Resoluciones del INDI
75Caso 1690
76Informe del Caso 7615 Yanomami vs. Brasil; Resolución Nº12/85, 5 de marzo de 1985
77 Como reza el adagio latino, nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habere; nadie puede transferir a otro mas derecho del que posee.
78 Antecedentes Interamericanos sobre temas indígenas, Situación de los DDHH de los indígenas en las Américas; CIDH, 2000.
79 Corte IDH: Opinión Consultiva OC-5/85, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas”, 13 de noviembre de 1985, Serie A, Nº 5, párr. 52.
80 Artículo 29. Normas de Interpretación
81 Bidart Campos, Germán: La interpretación de los Derechos Humanos en la Jurisdicción Internacional y en la Jurisdicción Interna; artículo publicado en la obra: “La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia Editor; San José, Noviembre de 1994, pág. 48.
82 Véase documentos adjuntos: Informe de Evaluación del Programa “La Herencia” 1985/1986, páginas 17 y 18, ntecedentes del pedido de reconocimiento de la Personería Jurídica de El Estribo.
83Paraguay ratificó el Protocolo Adicional a la Convencion Ameridana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 3 de junio de 1995
84 Corte IDH. Caso Villagrán Morales y otros –Caso de los “Niños de la Calle” –, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C, N° 63. Voto concurrente conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, 3 y 4).
85Observación General Nº 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, párr. 27.
86 Véase Decreto N° 3789/99, del Presidente de la República de Paraguay.
87 El censo da cuenta de una totalidad de 91 familias. Se distingue entre quienes están viviendo permanentemente en Yakye Axa y quienes no. La ausencia se debe a varias causas. Gran parte las familias se encuentra ausente de manera transitoria o permanente por motivos laborales. Otras, si bien formaron parte del censo inicial de reivindicación, nunca se llegaron a mudar al asentamiento actual, pero han manifestado por sí mismas o a través de sus parientes, su voluntad de retornar a su hábitat cuando esto se haga posible, es decir, cuando se restituyen las tierras. Otras han partido en razón de conflictos internos emergentes de las difíciles circunstancias y presiones por las que ha tenido que pasar la comunidad. En un primer momento se considero excluir a muchas de estas familias del censo comunitario y de hecho así se hizo –lo que ha reflejado cambios en los número de familias en censos realizados en distintos momentos; Ej. Al inicio de la reivindicación, 57 familias, luego 47 familias- pero finalmente, los razones de tales conflictos probaron ser coyunturales y se acepta la posibilidad de que ellas retornen o se unan a quienes se mantienen en la ruta al momento de la restitución.
88 De estas, 3 personas fallecieron en la Estancia Loma Verde, 4 en la Colonia El Estribo, 7 en el asentamiento actual y las restantes 8 personas en otros lugares.
89 Se apuntan los montos en guaraníes a su equivalente en dólares americanos de modo a ilustrar mejor la situación laboral.
90 El ataque de personas ligadas a la estancia Loma Verde que dispararon sobre las casas; los guardias armados apostados al costado de las casas de los indígenas y que los amedrentaron por varios meses, simulación de envenenamiento de los tajamares, etc.
91Artículo 63: Queda roconocido y garantizado el derecho de los Pueblos Indígenas a preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimisimo, a aplicar libremente sus sistemas de organización polític a, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujección a sus normas consuetudinarias (...),
92Artículo 65: Se garantiza a los Pueblos Indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo a su usos consuetudinarios, ésta Constitución y las leyes nacionales.
93Artículo 66: El Estado respetará las peculiaridades culturales de los Pueblos Indígenas, especialmente lo relativo a la eduación formal. Se atenderá además a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación ambiental, la explotación económica y la alientacion cultural.
94 La denegación estructural de derechos encierra la idea de que determinadas violaciones de derechos humanos suponen la presencia de otras, de mayor o menor jerarquía en cuanto al bien jurídico tutelado, pero no necesariamente de menor entidad o frecuencia, de tal modo que se sostienen mutuamente y establecen un menoscabo permanente y continuado de la dignidad humana.
95DDHH en Parasguay, CODEHUPY 2002.
96Siempre a tenor del Informe citado de la CODEHUPY desde el año 1999 los fondos que tradicionalmente eran asignados por el Parlamento al INDI para tareas de asistencia social han sido reasignados a las Secretarías de Asuntos Indígenas de las gobernaciones de los departamentos, bajo el discurso oficial de brindar dichos servicios con mayor eficiencia a nivel local. Dichos recortes presupuestarios al INDI alcanzaron en el año 1999 un 58% en relación al anterior, y en el año 2000 un 64%. Agregemos que para el presente año, el INDI aún continua sin recibir fondos a tal efecto.
97 Corte IDH, caso Bámaca Velásquez, sentencia de reparaciones del 22 de febrero de 2002, párr. 36.
98Incluye gastos estimativos de pasasjes ida y vuelta de líderes y miembros de la Comunidad para la tramitación del caso en la jurisdicción interna y su alimentación; todos abonados por la organización Tierraviva.