Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2011/as201112146.htm
Timestamp: 2020-03-30 10:34:56
Document Index: 207590178

Matched Legal Cases: ['artículo 144', 'artículo 142', 'artículo 135', 'artículo 355', 'artículo 297', 'artículo 298', 'artículo 59', 'artículo 307']

201105-Sala Penal Segunda-2-146
Auto Supremo Nº 146 Sucre, 26 de mayo de 2011
Expediente: Cochabamba 9/2006
Partes: Prefectura del Departamento Cochabamba C/ Luís Ernesto Hurtado Andrade.
Delito: Peculado y malversación.
VISTOS: el recurso de nulidad y casación interpuesto por Luís Ernesto Hurtado Andrade (fojas 460 a 462) impugnando el Auto de Vista de 28 de noviembre de 2005 (fojas 445 a 448) pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Prefectura del Departamento de Cochabamba, representada por Susana Acuña, contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de peculado y malversación.
CONSIDERANDO: que del análisis de la causa, se tiene que, una vez concluido el proceso, la Juez Cuarto de Partido en lo Penal y Liquidador del Distrito Judicial de Cochabamba dictó la Sentencia de 20 de mayo de 2003 (fojas 354 a 356), por la que declaró a Luís Ernesto Hurtado Andrade autor del delito de malversación que prevé el artículo 144 del Código Penal, imponiéndole la pena de un año de reclusión, y lo absolvió de culpa y pena respecto a la comisión del delito de peculado que establece el artículo 142 del Código Penal, por existir sólo prueba semiplena.
Apelada dicha Sentencia por el procesado Luís Ernesto Hurtado Andrade, el Tribunal de Alzada emitió el Auto de Vista de 28 de noviembre de 2005 que confirmó en todas sus partes dicha Sentencia.
Contra el mencionado Auto de Vista, Luís Ernesto Hurtado Andrade, el 4 de enero de 2006, interpuso el recurso de casación y nulidad en el que arguyó lo siguiente:
1.- Los querellantes lo acusaron sin tomar en cuenta que sus superiores, Gary Zaconeta, Director de Finanzas, y Gonzalo Garay Anaya, mediante memorando, le obligaron a disponer de "Bs. 72.000.- (setenta y dos mil Bolivianos 00/100) para gastos del festejo de la efemérides Departamental del 6 de agosto de 1998" a sabiendas que esos gastos son ilegales y prohibidos por ley. Él representó por escrito que aquello era ilegal; sin embargo, la Prefectura atacó al más débil. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito en dos instancias como acontece en su caso, una acción por la vía coactiva y otra por la vía penal, pretendiendo la responsabilidad civil en ambas. Tampoco se tomó en cuenta la litispendencia opuesta en el recurso de apelación incidental, la que no fue resuelta hasta la fecha. No se tomaron en cuenta los descargos presentados pues sólo quedó la suma de Bs. 12.000.- (doce mil Bolivianos 00/100) y no el monto de Bs. 72.000.- (setenta y dos mil Bolivianos 00/100) como se pretende.
2.- La notificación con el Auto de Vista de 28 de noviembre de 2005, efectuada en fecha 28 de diciembre del mismo año, no fue realizada de forma personal como manda el Código de Procedimiento Penal de 1972.
3.- El Auto de Vista impugnado se emitió con violación de los artículos 296, 297 numerales 3, 6 y 8, 298 incisos 1), 2), 3) y 4), 299 incisos 1) y 2), 303, 305 y 307 numerales 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal de 1972; 153 del Código Penal y 31, 32, 34, 228 y 229 de la Constitución Política del Estado.
CONSIDERANDO: que de los referidos antecedentes se infiere que no son evidentes los cuestionamientos del impetrante, como se acredita por las siguientes apreciaciones:
1.- En cuanto a la denuncia consistente en que la Juez no tomó en cuenta las pruebas que demuestran que representó oportunamente ante sus superiores la ilegalidad de sus órdenes, no es suficiente la representación por escrito para liberarle de la responsabilidad del manejo de la cosa pública pues la conducta de un funcionario público debe adecuarse a lo previsto en las leyes respectivas.
2.- En lo concerniente a la afirmación sobre falta de valoración de las pruebas aportadas, se tiene que la Juez obró conforme a lo previsto por el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal de 1972, porque valoró todos los medios de prueba aportados en su conjunto, con prudente arbitrio y de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
3.- En lo que se refiere a las denuncias de vulneración del principio "non bis in idem", por haberle seguido dos procesos diferentes por los mismos hechos, uno en la vía administrativa coactiva fiscal y otro en el ámbito penal, la doctrina y la jurisprudencia al respecto señalan que no se vulnera tal principio cuando por un mismo hecho se siguen dos procesos diferentes en jurisdicciones también diferentes y se impone una sanción penal y otra administrativa. En esos casos ese principio no es aplicable porque cada uno de esos procesos se basó en vulneración de diferentes bienes jurídicos, tutelados por distintas ramas o ámbitos del Derecho: el penal y el administrativo, razón por la cual el fundamento de las sanciones es diferentes. Se sigue el presente proceso en la vía penal para determinar la responsabilidad penal emergente de esos hechos. En consecuencia; se trata de dos jurisdicciones diferentes y por tanto no existe vulneración al principio "non bis in idem". En ese sentido se tiene la Sentencia Constitucional Nº 506/2005-R de 10 de mayo, que dice: "El principio non bis in idem en términos generales, implica la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad. De acuerdo a las normas transcritas, cuando por un mismo hecho se impone una sanción penal y otra administrativa, el principio del non bis in idem no es aplicable, toda vez que en estos casos se vulneran diferentes bienes jurídicos, tutelados por distintas ramas o ámbitos del derecho: el penal y el administrativo y, en consecuencia, el fundamento de las sanciones es diferente. Así, cuando un funcionario contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria, se le impone una sanción administrativa en virtud a la potestad disciplinaria del Estado, que tiene un componente fundamentalmente ético, toda vez que su finalidad es el resguardo del prestigio y dignidad de la institución pública, el servicio de los intereses generales y la eficacia de los servicios públicos. De lo señalado se concluye que es conforme a derecho aplicar una sanción disciplinaria y otra penal cuando un hecho vulnera diferentes bienes jurídicos que son protegidos por diferentes esferas del derecho. En consecuencia, en esos casos, el principio non bis in idem no es aplicable en el aspecto sustantivo, ni tampoco en el adjetivo, lo que permite iniciar un proceso disciplinario, con independencia de que por el mismo hecho se haya iniciado o se pueda iniciar un proceso penal".
4.- El recurrente sostuvo que hasta la fecha no se resolvió la litispendencia. Ello no es evidente pues fue resuelta (fojas 308 a 315) sin que se acredite recurso de apelación incidental alguno al respecto. Además el recurrente no anexó los recaudos de ley para viabilizar la apelación incidental del Auto Final de la Instrucción, pues no existe en obrados ese extremo, por lo que, por mandato del artículo 355 del Código de Procedimiento Penal de 1972, es aplicable al caso de autos la previsión de los artículos 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, que estatuyen que la falta de provisión de recaudos de ley en el plazo que señala el juez da lugar a la ejecutoria de la resolución de oficio o a petición de parte.
5.- De la revisión detallada de los cuestionamientos expuestos por el solicitante se concluye que no son evidentes las infracciones acusadas de los preceptos 142, 144, 153 de la norma sustantiva penal, menos los artículos 296, 297 numerales 3, 6 y 8, 298 incisos 1), 2), 3) y 4), 299 numerales 1 y 2, 303, 305 y 307 incisos 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal de 1972. Tampoco lo previsto en los artículos 31, 32, 34, 228, 229 de la Constitución Política del Estado, porque no concurren las causales de nulidad que contempla el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal de 1972, ni las causales de casación que señala el artículo 298 del mismo Código.
POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo la atribución primera del artículo 59 de la Ley de Organización Judicial, aplicable al caso de autos, de acuerdo con el requerimiento fiscal de fojas 468 a 470 y de acuerdo a la prescripción del artículo 307 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal de 1972, declara INFUNDADO el recurso de nulidad y casación interpuesto por Luís Ernesto Hurtado Andrade, impugnando el Auto de Vista de 28 de noviembre de 2005, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Prefectura del Departamento de Cochabamba, representada por Susana Acuña, contra el recurrente, por la presunta comisión de delitos de peculado y malversación.