Source: https://www.scribd.com/document/362718410/Fallo-Bussi
Timestamp: 2018-11-19 20:29:28
Document Index: 191535246

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 75', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 48', 'artículo 64', 'artículo 16', 'artículo 48', 'artículo 64', 'artículo 36', 'artículo 23']

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(Congreso de la Nación - Cámara de
Diputados) s/ incorporación a la Cámara de
Vistos los autos: "Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Na-
cional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ in-
corporación a la Cámara de Diputados".
1°) Que en la presente causa se discute si la deci-
sión de la Excma. Cámara de Diputados de la Nación de rechazar
el diploma del diputado electo Domingo Bussi, con fundamento
en su inhabilidad moral, pueden ser revisados por esta Corte
y, en su caso, en qué medida.
2°) Que corresponde, en primer lugar, delimitar los
elementos fácticos y normativos que constituyen las premisas
de la decisión a tomar, dentro de los límites de admisibilidad
y procedencia del recurso extraordinario interpuesto.
La Excma. Cámara de Diputados de la Nación suspendió
la incorporación del diputado Domingo Bussi en fecha 1° de
diciembre de 1999. Luego de seguir los pasos previstos en el
procedimiento establecido en el reglamento de la propia
Cámara, que incluyeron el ejercicio del derecho de defensa, se
rechazó el diploma en sesión plenaria celebrada el 10 de mayo
de 2000. Se consideró que la participación del diputado como
funcionario en el régimen de facto iniciado el 24 de marzo de
1976 y en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en
ese período, configuraban la causa de "inhabilidad moral",
impeditiva del acceso al cargo. El dictamen de mayoría fue
aprobado por 181 votos afirmativos, 7 negativos y 2
El actor, Antonio Domingo Bussi, promovió acción de
amparo con el objeto de que se declarase la nulidad de la
decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que había
suspendido su incorporación a ese cuerpo con fecha 1° de di-
ciembre de 1999. La jueza de primera instancia rechazó la
demanda in limine fundándose en que el juzgamiento de la ad-
misibilidad del diputado electo no es una cuestión justicia-
ble. La Cámara Nacional Electoral confirmó la sentencia al
entender que se trataba de un acto institucional emitido para
asegurar la organización del Estado y por lo tanto no era
susceptible de revisión judicial. Con posterioridad a la in-
terposición del recurso extraordinario contra ese pronuncia-
miento, el actor hizo saber al Tribunal la referida decisión
de la Cámara de Diputados del 10 de mayo de 2000. Esta Corte
Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que se trataba de un
acto revisable judicialmente y revocó la decisión de grado con
fecha 11 de octubre de 2001 (fs. 323/329, sentencia publicada
en Fallos: 324:3358).
Devueltas las actuaciones al juzgado de origen, la
magistrada desestimó nuevamente la demanda, y apelada, la
Cámara Nacional Electoral declaró que no había interés jurí-
dico en emitir un pronunciamiento porque el cargo de diputado
nacional que motivó esta disputa había sido cubierto por el
doctor Roberto Lix Klett del mismo partido. Esta Corte Suprema
de Justicia de la Nación entendió que la cuestión no resultaba
abstracta, ya que el mandato del recurrente no había vencido y
se pronunció revocando la sentencia de grado el 4 de noviembre
de 2003 (fs. 1063/1076 vta., sentencia publicada en Fallos:
En cumplimiento de lo decidido por esta Corte, la
Cámara Nacional Electoral hizo lugar al amparo promovido por
el actor contra la decisión de la Cámara de Diputados de la
Nación del 10 de mayo de 2000. Contra dicho pronunciamiento,
la Cámara demandada dedujo el recurso extraordinario de fs.
1134/1145 en el cual se plantea que la cuestión resulta abs-
tracta y que ella había realizado un juicio con apego a las
normas de procedimiento previstas en su reglamento interno y
fundado su decisión en un juicio cumplido de acuerdo con lo
previsto por el art. 64 de la Constitución Nacional.
El recurso extraordinario es formalmente admisible,
pues se discute la interpretación de normas federales (arts.
1°, 16, 22, 48, 64, 66, 75 inc. 22, de la Constitución Nacio-
nal) y la decisión del a quo resulta contraria a la posición
que la impugnante funda en aquéllas (art. 14, inc. 3°, de la
ley 48).
3°) Que existe un caso, en la medida en que la
cuestión federal está relacionada con un interés institucional
que subsiste al momento del dictado de la presente.
Esta cuestión ha sido resuelta por esta Corte en el
fallo del 4 de noviembre de 2003, donde se estableció que el
amparo resultaba absolutamente esencial para salvaguardar el
interés de la soberanía popular y la defensa de la transpa-
rente manifestación de la voluntad de los ciudadanos, a riesgo
de quedar afectado el pleno imperio de la Constitución
Nacional Carts. 1°, 5, 22 y 33C (considerando 8°, fs. 1094).
Conviene precisar que, actualmente, el interés sub-
jetivo del demandante configurado por su pretensión de que se
declare la nulidad de las resoluciones dictadas por la Cámara
de Diputados de la Nación que negaron la incorporación del
peticionario como miembro de dicho cuerpo es, como lo peti-
ciona la recurrente, abstracta. Ello es así no sólo porque
resulta de cumplimiento imposible, sino porque no ha habido
ninguna declaración expresa de nulidad del acto en las ins-
tancias inferiores ni ha sido materia recursiva ante esta
Corte. Por lo tanto, resulta inoficioso todo pronunciamiento
sobre el tema quedando firme la resolución dictada en el caso.
El primero de ellos es el resguardo de la soberanía
del pueblo y la expresión de su voluntad, que está claramente
comprometida en el caso.
El segundo se refiere a la posibilidad de repetición
del acto, lo que justifica una decisión esclarecedora (voto
del juez Petracchi en Fallos: 310:819).
Que conforme con lo expresado, existe un caso fede-
ral cuyo interés institucional consiste en determinar los
límites de la competencia que la Constitución establece para
la Excma. Cámara de Diputados de la Nación como "juez de las
elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su
validez" (art. 64).
4°) Que declarado admisible el recurso y subsistente
la cuestión que en él se somete al conocimiento de esta Corte,
corresponde recordar que la decisión adoptada por la Excma.
Cámara de Diputados de la Nación es un acto jurídico sometido
En efecto, esta Corte resolvió que se trataba de una
cuestión justiciable en la sentencia dictada el 11 de octubre
de 2001, como surge de lo dicho al delimitar la base fáctica y
normativa. En consecuencia, existe un límite basado en la cosa
juzgada que impide al Tribunal revisar su propia sentencia. La
decisión referida, no sólo es cosa juzgada en el caso, sino un
precedente que debe ser respetado por la garantía de igualdad
ante la ley, que obliga a dar igual solución a casos análogos,
como la seguridad jurídica, que favorece la certeza y
estabilidad del Derecho.
Además, no puede soslayarse, en este sentido, que la
propia Excma. Cámara de Diputados de la Nación, en el recurso
extraordinario de fs. 1134/1145, expresó que "(...) Nunca
cuestionó esta parte que el Poder Judicial sea quien tiene
facultades para revisar los poderes atribuidos por la
Constitución a los otros dos Poderes del Estado, ni así tam-
poco que sea dicho Poder quien revise el ejercicio que de
dicho Poder efectuaron tales órganos" (ver fs. 1138 vta.).
5°) Que en razón del interés institucional que pre-
senta la causa, corresponde precisar el criterio con que pue-
den ser revisadas las decisiones de la Excma. Cámara de Dipu-
tados de la Nación en el ámbito del art. 64 de la Constitución
Para dar una solución razonable, es necesario pon-
derar dos principios adoptados por nuestra Constitución y que
han sido aplicados con distinto grado de intensidad por esta
Corte a lo largo de su historia.
En primer lugar, el Tribunal ha sostenido la regla
general de la no justiciabilidad de las decisiones que se
adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro
poder. Esta interpretación es consistente con los precedentes
de este Tribunal que la ha sostenido desde el año 1865 (Fa-
llos: 53:420). También es coherente dentro del sistema jurí-
dico argentino, en el que se adopta el principio de división
de poderes que obliga a los magistrados a respetar la inde-
pendencia de las otras autoridades de la Nación (Fallos:
354:43; 321:3236, considerando 16), sin que les sea posible
juzgar el modo en que ellas ejercen sus competencias.
En segundo lugar, se ha dicho que "no hay otro poder
por encima del de esta Corte para resolver acerca de la
existencia y los límites de las atribuciones constitucionales
otorgadas a los departamentos legislativo, judicial y ejecu-
tivo, y del deslinde de atribuciones de éstos entre sí y con
respecto a los de las provincias" (sentencia del 11 de octubre
de 2001, considerando 7° del voto de la mayoría, fs. 325 vta.).
Cámara de Diputados de la Nación es juez de los títulos de los diputados conforme lo establece el art. En el presente caso se ha invocado que la Excma. en su interrelación con los otros. al quedar sujetos a lo que deci- dieran mayorías circunstanciales. Por otro lado. lo que obliga a ponderar un razonable equilibrio. Ningún departamento del Gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas (Fallos: 316:2940 y sus citas). cuando la Constitución dispone que la Cámara tiene una competencia precisa para juzgar. pero deben estable- cer sus límites.justiciabilidad de las decisiones del Congreso por un lado anularía el diálogo de poderes que la propia Constitución sustenta. surge un campo de tensión en la satisfacción de ambos principios de modo simultáneo. ésta no -6- . mediante el cual cada uno de ellos encuentra. Es función prominente de esta Corte precisar los límites que la Constitución fija para el ejercicio de las competencias del Congreso de la Nación. Por lo expuesto. En primer lugar. la fuente de sus propios límites y una buena orientación general en las políticas de Estado. pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos como la auto- ridad de esta propia Corte Suprema. 64 de la Constitución Nacional. En sentido contrario. una inteligencia orientada hacia la judicialización de las decisiones de otros poderes. podría producir el desamparo de los ciudadanos que pertenecen a minorías. De dicho balance surge que los jueces no pueden opinar sobre el modo en que se ejercitan las facultades de otro poderes. Ello es así porque "la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. lo que plantea tres tipos de cuestiones.
XL.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. al juzgar el cumplimiento de la regula- ridad formal del título. Por ello. por el contrario. En este sentido. 903. -7- . éste puede ser presentado ante la Cámara. aun cuando el Congreso haya ejercido su facultad de valorar los títulos de sus integrantes. o bien se extiende a la valoración de la ido- neidad de los diputados. 6°) Que corresponde establecer cuáles son los límites que la Constitución fija a la Cámara de Diputados de la Nación para juzgar la validez formal de los títulos que presentan los diputados. se debe decidir si la competencia de la Cámara de Diputados se limita al juzgamiento de la va- lidez formal. es necesario determinar si la Cámara de Diputados. actuó dentro de los límites de su competencia o. Bussi. De tal modo. cabe precisar que los conflictos vinculados a la etapa previa a la elección. esa cuestión ya fue resuelta por el Tribunal en la sentencia del 11 de octubre de 2001. es claro que la facultad de la Excma. se ha excedido. 64 de la Constitución Nacional. Cámara de Diputados sólo puede referirse a la revisión de la legalidad de los títulos de los diputados electos y la autenticidad de los diplomas. que es "juez" de ese título conforme al art. Por esa razón. Una vez aprobado el diploma. Como se dijo en el considerando 4°. así como los que tienen relación con el acto eleccionario en sí mismo. esta Corte se encuentra habilitada para conocer en la presente controversia. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . 116 establece que corresponde al Poder Judicial el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por ella. B. es exclusiva ni excluyente ya que el art. En tercer lugar. el control de los requisitos constitucionales de los candidatos para diputados de la Nación se efectúa de modo previo y ante el Poder Judi- cial de la Nación. son materias sometidas a la Justicia. En segundo lugar.
Lo dicho hasta ahora también puede ser sostenido en términos de principios constitucionales. el derecho es un límite al poder. Si hay algo que ha consagrado la Constitución. inequívocamente.esto es. si fueron regularmente emitidos por la autoridad competente. guarda conformidad con la transparencia electoral. Es decir que no hay ninguna habilitación constitucional para examinar la habilidad moral anterior a la elección y no habiendo ninguna norma expresa no puede presumirse. En efecto. el art. entre otros). al fijar la competencia de la Cámara para dictar su reglamen- to. un sistema de poderes limitados (conf. En este sentido. 64 se aplica a hechos anteriores que ya han sido valorados por la autoridad electoral y por lo tanto se conforma con el requisito de una mayoría absoluta. las que para actuar legítimamente requieren de una norma de habilitación (Fallos: 32:120. Esta interpretación es coherente y armónica dentro de la Constitución. mientras que el art. establece que puede remover a sus miembros por inhabilidad física o moral sobreviniente. 66 de la Constitución regula los hechos posteriores a la elección sobre los que no hubo una decisión previa y requiere una mayoría calificada de dos tercios. el art. y no sin fervor. es la limitación del poder del gobierno. La libertad se vería amenazada si los poderes ejercieran fa- cultades no concedidas. En este sentido. En efecto. porque permite que los ciudadanos conozcan los defectos que se adjudican a los -8- . lo que impide toda interpretación extensiva de las facultades de las Cámaras. Fallos: 318:1967). Tampoco corresponde buscar la solución en la analo- gía porque ambas cláusulas constitucionales refieren a su- puestos de hecho diferentes. 66 de la Carta Magna. La Constitución ha establecido.
cabe re- chazar su incorporación porque se lesionan valores constitu- cionales.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. 903. Bussi. por lo tanto. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . Es lo que se ha invocado. ya que todos son iguales ante la ley. También comporta una inteligencia compatible con la soberanía porque cuando el elector informado toma una deci- sión. ésta debe ser respetada. desconocidos. las que configurarían un delito permanente. por lo tanto. La conclusión del razonamiento efectuado es que la decisión impugnada ha sido tomada sobre la base de hechos anteriores al proceso electoral sobre los que no hubo impug- nación y que. porque la Cámara entendió que aun cuando el diputado fuera electo sin impugnaciones. La Constitución no reconoce el derecho de algunos ciudadanos a corregir las decisiones de otros porque. En particular se invocó la "inhabilidad moral" por- que Bussi actuó durante el gobierno militar y ha sido imputado por violaciones a los derechos humanos. B. lo cual no ocu- rriría si fueran analizados con posterioridad y. 7°) Que corresponde establecer cuáles son los límites que la Constitución fija a la Cámara de Diputados de la Nación para examinar la validez material de los títulos que presentan los diputados. presuntamente. candidatos con anterioridad al acto eleccionario y puedan ejercer su derecho con la debida información. salvo la ocurrencia de hechos posteriores. pero no se lo considera aceptable porque es contrario a principios o valores consti- tucionalmente protegidos. en el caso. XL. La declaración de invalidez material surge cuando el título es formalmente válido. la Cámara de Diputados de la Na- ción actuó fuera de su competencia. La primera cuestión a dilucidar es si la Constitu- -9- . estarían mejor capacitados o informados. concu- rrentemente.
I. toda vez que este mismo Tribunal indicó que "el art. en cuanto sostiene que la Cámara no sólo tiene un rol puramente formal sino que está facultada para examinar la idoneidad para el acceso a la fun- ción pública. Y que la doctrina y la jurisprudencia legislativa de los Estados Unidos. han sido también terminantes en su inter- pretación y aplicación en el mismo sentido (Story. aunque éste es literalmente menos amplio que el ar- gentino. La Cámara. Cuando la Constitución. 48. no puede agregar nuevos re- querimientos que la Constitución no contempla. The Constitution of the United States of America. Adam Clayton vs. cláusula 1ra. no sería la Cámara sino el Pueblo de la Nación el juez de esa calidad. 426/427. p. de la Constitución Norteame- ricana. Hinds Asher C. sección 5ta. Esta Corte no comparte los argumentos del señor Procurador General en este aspecto. p.ción otorga competencia a la Cámara de Diputados para rechazar un título invocado por un diputado electo fundándose en la ausencia de idoneidad o en su "inhabilidad moral". I. 486 (1969)C en la que el referido tribunal sostuvo que la Cámara de Representantes no tiene poder para excluir de su cargo a un legislador. En este aspecto es legítima la cita que ha hecho esta Corte de la sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en la causa Powell (jr. como juez. On the Constitution. 56 de la Constitución Nacional reconoce como fuente el texto del art.S. p.. Commenta- ries. Tucker. en su art. Corwin.). 95 y 547... Hind's Precedents of the House of -10- . regula los requisitos necesarios para ser diputado de la Nación no requiere la idoneidad ni calidades morales. Pero aun cuando se sostuviera que la idoneidad es un requisito para los cargos electivos. 501/502. Mac Cormack C395 U. La interpretación histórica avala esta conclusión.
trad. p. Bussi. Vincent M. La Constitución Americana. B.. Es el sufragio el instrumento que da sentido al principio liminar de que el pueblo. Nuestra historia Ccomo la de muchos otros paísesC muestra la lucha por la con- sagración plena del gobierno del pueblo y el consecuente abandono de clasificaciones fundadas en el sexo. junio 1939. p. 847 y sgtes. I. que son los procedimientos a través de los cuales el pueblo las designa. p. Pritchett. aun cuando ella tendiera tan sólo a la institución de una primera instancia judicial para el juicio de validez de las elecciones. XL. aproximando el ideal democrático a la realidad de la vida. como titular de la sobe- ranía. LIV. Herman C. Contest Congressional Elections in recent years. en Political Science Quarterly. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . Su fun- ción es hacer posible el gobierno del pueblo.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. 187 y sgtes. reservando la instancia final para cada una de las Cámaras. Se materializa así la relación entre quienes aspiran a ser designados y quienes con su voto realizan la designación (Fallos: 326:1778 y sus citas). conside- rando 17 del voto de la mayoría).. vol.. estado o condición tanto de los electores como de aquellos que pueden aspirar a ser elegidos (Fallos: 325:524 y 324:3143).. De allí la fundamental importancia de respetar el -11- . En aquel país hasta se ha cuestionado la constitucionalidad de una posible reglamentación legal de la cláusula." (Fallos: 263:267. 219. 903. ya que el pueblo es la fuente originaria de la soberanía y el modo de ponerla en ejercicio es el voto de los ciudadanos a efectos de constituir directa o indirec- tamente a las autoridades de la Nación.. castellana. Representatives. Barnett. El carácter represen- tativo de las autoridades depende de que su designación haya tenido origen en las elecciones. es la fuente originaria de todos los poderes.). Los principios de la Constitución también sostienen esta interpretación.. etc. vol. 1965.
Tanto la intención de los redactores de la Consti- tución. como un estudio de los principios básicos que la sos- tienen. impidiendo paralelamente el establecimiento ex post facto de "requisitos" no contemplados en ninguna reglamentación. por vía analógica.sentido de la elección popular. En este caso es el pueblo el que elige a sus representantes quien valora la idoneidad y no la Cámara de Diputados de la Nación. nos convence de que no se ha otorgado al Congreso un poder para negar la incorporación a un candidato electo. que establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y "admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad". De ello deduce que los constituyentes entendieron que la admisión en la función pú- blica sólo debe aceptarse en las personas que sean idóneas y que ello es condición necesaria incluso en aquellos supuestos en los que el arribo al cargo sea por vía electoral. 8°) Que uno de los argumentos fundamentales del señor Procurador General se basa en el art. ba- sándose en valoraciones materiales como la falta de idoneidad o la inhabilidad moral. 16 de la Constitución Nacional. pero no es igual para quien accede al cargo por la vía electoral. En el presente caso no se discute la exigencia de idoneidad. Esta Corte no comparte este razonamiento. sino precisar quién está facultado para valorar el cumplimiento de ese requisito. la -12- . En los supuestos de acceso a la administración pú- blica se ha declarado constitucionalmente admisible el esta- blecimiento de jurados que determinen si el postulante es idóneo. Tampoco puede sostenerse que. porque el régimen electoral establece justamente el procedimiento adecuado para impugnaciones que permitan a los electores valorar la idoneidad.
ya que el impedimento deviene. Pero una expresión prohibitiva no es un mandato ni una permisión de la que pueda derivarse lógicamente una esfera de competencia para la Cámara de Diputados como lo sostiene el señor Procurador General. 903. por apelaciones a las calidades morales del sujeto. porque todos los ciudadanos tiene la garantía del debido proceso. Este es el sentido que esta Corte ha conferido a aquella disposición constitucional. No hay una incapacidad de derecho para las personas que hayan tenido una actuación histórica determinada. cuando establecen sanciones de carácter penal. sino que es la única razón por la cual una ley podría restringir el acceso. 36 de la Constitución Nacional y de los tratados sobre derechos humanos. el dictamen de la Comisión de Peticiones. -13- .Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. Bussi. norma constitucional autoriza a este tipo de juicios. 321:194. XL. Poderes y Reglamento (carpeta. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . cuerpo III. Una correcta interpretación de esta norma es que ella no establece un nuevo requisito para ser diputado de la Nación. porque se considera cen- surable toda restricción que sea discriminatoria. 327:5118). necesariamente. fs. 9°) Que los graves hechos que imputan al diputado electo deben ser motivo de un proceso judicial. al utilizarla para valorar la razonabilidad de algún requisito contenido en disposiciones infraconstitucionales como reglamentación de aquel igualitario acceso (Fallos: 238:183. En este aspecto. se requiere el cumplimiento de un proceso judicial. La regla de la igualdad en el acceso a los cargos públicos está expresada mediante una prohibición. Las consecuencias que se derivan del estado de ino- cencia no podrían ser obviadas mediante el recurso de susti- tuir los efectos de la condena penal. Estas afirmaciones permiten afirmar que una inter- pretación correcta del art. de una condena judicial por un deli- to. B.
La historia enseña que las mayorías pueden tener momentos en que se aparten del buen juicio y del equilibrio. y en tales casos una persona puede ser excluida porque su comportamiento es contrario a la ética republicana. inc. 75. Constitución Nacional). otra porque se opone a un gobierno dictatorial. Ningún ciudadano puede ser privado del derecho a ser sometido a proceso y a defenderse ante un juez imparcial. 36. Una idea confusa en manos de una mayoría podría dar lugar a que una persona sea rechazada porque es anarquista. Esta Corte ha sido clara respecto de la persecución de los autores de los delitos de lesa humanidad. pueden ser afectados por esas decisiones cuando cam- bien las proporciones. otra porque es socialista. Los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría.711/742) aclaró que el fundamento del rechazo del diploma sólo respondía a la participación activa reconocida y probada que el diputado electo tuvo con el terrorismo de Estado (art. Los riesgos futuros son demasiados y la sabiduría aconseja la abstención. otra por motivos religiosos o de género. pero es necesario reiterar que ello debe ser compatible con el debido proceso. Constitución Nacional) y específicamente al encuadre de su conducta en las Convenciones sobre Genocidio y Tortura (art. 10) Que no aplicar estas garantías y sostener que existe un poder para rechazar el título de toda persona que viola "la ética republicana" puede tener consecuencias graví- simas para el mismo sistema que se dice proteger. Este común sentir se edifica sobre algunas reglas que deben ser aceptables para quienes están distancia- -14- . 22. 11) Que es misión de esta Corte fundamentar y pro- teger los consensos básicos para el funcionamiento de una sociedad en la que puedan convivir personas y grupos con opi- niones diferentes.
racionales y razonables que permitan una convivencia basada en la cooperación y que no son otros que los del estado de derecho. iguales. B. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . entendida como los principios morales que acep- tarían personas libres. El escrutinio judicial de los procedimientos resulta esencial para robustecer las prácticas democráticas.- -15- . 903. Nuestro deber en la hora actual es garantizar. y por ello la fun- ción de esta Corte en este caso se dirige a garantizar la vigencia de principios regulativos del modo en que expresan las mayorías. dos por una controversia particular y que lo serán en los conflictos subsiguientes cuando cambien sus posiciones de poderío o debilidad. Por ello. La Constitución no admite la validez de una voluntad mayoritaria expresada sin respetar los principios del estado de derecho ni les permite derogar principios fundamentales sobre los que se basa la organización republicana del poder y la protección de los ciudadanos.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. La Democracia es Constitucional. El cumplimiento de los principios que constituyen el núcleo del estado de derecho es lo que orienta a una sociedad hacia una expresión madura y plural. mientras que su apartamiento condena al futuro a repetir un pasado que se desea mejorar. oído el señor Procurador General de la Nación y con el alcance definido en el considerando 3° del presente: 1. de modo indubitable. El buen juicio de un estadista es afirmar reglas que consti- tuyan incentivos apropiados para los futuros participantes en la competencia electoral. la vigencia plena y efectiva del estado de derecho para quienes habitan esta Nación y para las generaciones futuras. y que serán aplicadas por las generacio- nes futuras porque se habrán transformado en una práctica constitucional consolidada. XL. Bussi. Este es el significado profundo de la concepción de la justicia.
JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia). 64 de la Constitución Nacional a la Cámara de Diputados de la Nación de juzgar la validez de las elecciones. 2. HIGHTON de NOLASCO (en disidencia).E. con arreglo a lo que surge de los considerandos precedentes.Se declara admisible el recurso extraordinario al solo efecto puesto de manifiesto. ARGIBAY. derechos y títulos de sus miembros. Notifíquese y devuélvase. y se interpreta la facultad atribuida en el art. ES COPIA VO-//- -16- ..CARLOS S. RAUL ZAFFARONI (según su voto)- CARMEN M.Se declara inoficioso todo pronunciamiento del Tribunal sobre el planteo introducido en la demanda con respecto a la validez de las decisiones de la Cámara de Diputados de la Nación que rechazaron la pretensión del demandante de incorporarse como miembro de dicho cuerpo. RICARDO LUIS LORENZETTI . FAYT .ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia).ELENA I.
para separarlos por "in- habilidad moral". corresponde referirse especialmente a los requisitos para desempeñarse como diputado nacional los cuales se hallan establecidos en el art. B. la deducción precedente. 66 establece que los diputados pueden ser removidos por la propia Cámara con mayoría de dos tercios de sus votos "por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación". de lo que se seguiría que también ésta puede por esas inhabilidades rechazar la incorporación. 66. por lo menos resulta dudosa. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . El art. está referida a lo que hoy se denomina "inhabilidad mental o psíquica". requiere una mayoría calificada de dos ter- cios. XL. Pero incluso admitiendo ad argumentandum la equiva- lencia y. pero en modo alguno agregar otros que la Ley Suprema no menciona. 48 de la Constitución Nacional. por ende. Tal deducción no es totalmente válida o. y no obstante la ad- hesión indicada. conforme a la terminología de la época. 12) Que a mayor abundamiento. tratándose de funciones reguladas por ésta. por ende. 903.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. RAÚL ZAFFARONI Considerando: Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 11 del voto que antecede. Se trata de las viejas "facultades del alma" o "del espíritu". la legislación ordinaria puede precisar los recaudos constitu- cionales. que impone Cpor razones exegéticas e históricasC entender que la "inhabilidad moral" que menciona este artículo es alternativa a "inhabilidad física" y. en tanto que el art. es decir. -//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. Así. dado que el art. 64 se conforma con la mayoría absoluta para juzgar la validez de los títulos de los diputados. no puede obviarse una cuestión de fondo. "facultades morales" con las que la psiquiatría -17- . Bussi.
riesgoso. Sin duda se trataría de un concepto bastante difuso y.precientífica hacía referencia al correcto ejercicio del jui- cio crítico como síntesis adecuada de la actividad consciente. 13) Que. porque en tal caso la Constitución incurriría en la contradicción de violar la reserva del art. en consecuencia. 19 de su propio texto. quebrando la infranqueable línea que separa el pecado del ilícito y negando de ese modo una de las mayores Csino la mayorC conquista de la modernidad. directamente desemboca en la ideología o concepción del mundo y de la política que tenga quien la enuncia. sin que incluso en este aspecto quepa incurrir en excesos de sensibilidad. siem- pre que éste asuma formas por demás groseras. de entender la "inhabilidad moral" en referencia a la ética republicana del diputado. o bien quien crea que la actual división de poderes es imperfecta y pretenda modificarla por los cauces constitucionales o lega- les. ensayada en el dictamen del señor Procurador General de la Nación. referido a la moral individual o personal del diputado. Un diputado que responda a una ideología que propugne el colectivismo. Debe igualmente descartarse que "inhabilidad moral" se refiera a la moral pública en general. el estatismo o sus antípodas. 19. puede ser objeto de un juicio de valor contrario a la ética republicana. producto de una valoración subjetiva que. puesto que la conducta republicana es interpretada de diversa manera y. apenas se intenta objetivar. tampoco puede entenderse que "inhabilidad moral" tenga otro contenido. depende en buena medida de juicios subjetivos de valor. según quien sea y qué valores sostenga -18- . 14) Que finalmente resta considerar la posibilidad. lo que se excluiría sólo cuando un comportamiento escandaloso del diputado esté directamente dirigido a ofender o denigrar la dignidad de la Cámara. pues si bien ésta queda excluida del art. por ende.
Notifíquese y devuélvase. en virtud del cual bien podría consi- derarlo incurso en "inhabilidad moral". ES COPIA DISI-//- -19- . La sola mención de esta posibilidad indica la in- conveniencia de receptar la construcción de una inhabilidad parlamentaria elaborada sobre la base de una ética republica- na. con arreglo a lo que surge de los considerandos precedentes. ético. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . oído el señor Procurador General de la Nación y con el alcance definido en el considerando 3° del presente: 1.. concepto que si bien es legítimo. E. precisamente. 2. B.Se declara admisible el recurso extraordinario al solo efecto puesto de manifiesto. XL. 64 de la Constitución Nacional a la Cámara de Diputados de la Nación de juzgar la validez de las elecciones. Por ello. se asienta en buena medida en el campo opinable de las ideologías. en especial si se trata de apoyar sobre ella nada menos que el título de un representante del Pueblo. quien emite el juicio.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. derechos y títulos de sus miembros. no por ello deja de ser. con grave riesgo para la democracia. Bussi.- Se declara inoficioso todo pronunciamiento del Tribunal sobre el planteo introducido en la demanda con respecto a la validez de las decisiones de la Cámara de Diputados de la Nación que rechazaron la pretensión del demandante de incorporarse como miembro de dicho cuerpo. RAUL ZAFFARONI. y como tal. y se interpreta la facultad atribuida en el art. 903.
-20- .
y de conformidad con el referido dictamen. remítase. B. ES COPIA DISI-//- -21- . oportunamente. Por ello. XL. -//-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. ELENA I.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. 1119/1126 con el alcance indicado. 903. Bussi.ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI. HIGHTON de NOLASCO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: Que este Tribunal comparte los argumentos y conclu- siones desarrolladas por el señor Procurador General. HIGHTON de NOLASCO . a los que corresponde remitir en razón de brevedad. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . Notifíquese y. se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia de fs.
derechos y títulos del diputado electo se encuentra comprendida dentro de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere a cada una de la Cámaras que forman el Congreso de la Nación. 903. estableciendo el examen de los títulos de los legisladores que pretenden incorporarse.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. 154/156 desestimar la acción de amparo con sustento en que la competencia para realizar un juicio de valor sobre la admisi- bilidad de las elecciones. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Nacional Electoral (ver fs. Bussi. 209/232 y a 260/261 denunció Ccomo hecho nuevoC el rechazo del diploma de diputado nacional de Antonio Domingo Bussi dispuesto por la Cámara de Diputados de la Nación el 10 de -23- . B. había sido el adecuado funcionamiento de las Cámaras del Congreso de la Nación que. ejercitan sus facultades privativas en un ámbito pacíficamente excluido del control jurisdiccional por tratarse de un espacio propio y exclusivo en que dichos órganos gozan de amplia discrecionalidad funcional. 31) Que el actor dedujo recurso extraordinario a fs. en este marco. El a quo agregó que la cuestión fundamental tenida en cuenta por los constituyentes al sancionar la norma del art. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . 21) Que el juez de primera instancia decidió a fs. 64 de la Constitución Nacional. XL. 129/ 145 acción de amparo para reclamar la declaración de nulidad de la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que había suspendido su incorporación a ese cuerpo con fecha 11 de diciembre de 1999. 204/206) al considerar que la aprobación o no del diploma de un legislador reviste el carácter de un acto institucional emitido para asegurar o lograr la organización o la subsistencia del Estado. -//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA Considerando: 11) Que Antonio Domingo Bussi promovió a fs.
que carecía de interés actual pronunciarse sobre la presente causa. 41) Que apelado dicho pronunciamiento por el deman- dante. El remedio federal fue admitido por esta Corte. la Cámara Nacional Electoral declaró a fs. 61) Que a fs. 747/778 y esta Corte Ccon disidencia del suscriptoC declaró procedente el recurso extraordinario plan- teado por el demandante y revocó la sentencia cuestionada al entender que la causa no resulta abstracta ya que el mandato del recurrente no había vencido por lo que no podía entenderse que careciera de interés actual decidir la cuestión (ver fs. 1063/1076). 323/329). 739/743 que el cargo de diputado nacional había sido cubierto por el doc- tor Roberto Lix Klett del Partido Republicano. 667/677 la demanda interpuesta con sustento en que la competencia ejercida por la Cámara de Diputados se encuentra comprendida dentro de las atribuciones que la Constitución Nacional confiere a cada una de las Cámaras que forman el Congreso de la Nación. y contestado el informe previsto por el art.mayo de 2000. 51) Que la actora dedujo nuevamente recurso ex- traordinario a fs. la magistrada desestimó a fs. 8 de la ley 16. 1119/1126 la Cámara Nacional Electoral Cen cumplimiento de lo decidido por esta CorteC analizó el planteo formulado en sede judicial y en una segunda fase de su pronunciamiento hizo lugar al amparo promovido por el actor -24- . Devueltas las actuaciones al juzgado de origen.986. con distinta integración. que la cuestión que había dado origen a las actuaciones requería que se hallase vacante la representación del pueblo del distrito electoral de Tucumán y concluyó. en consecuencia. que decidió revocar el fallo de la cámara Ccon fecha 11 de octubre de 2001C ya que se presentaba una cuestión justiciable cuya resolución correspondía a este Tribunal como intérprete final de la Constitución (ver fs.
c. b. 64 de la Constitución Nacional. 64 de la Constitución Nacional Cal igual que las otras inmunidades y prerrogativas parlamentariasC se remontan a la historia constitucional de Inglaterra para responder a la necesidad de afirmar el equilibrio de los poderes y fortalecer así la institución representativa de la voluntad popular. en "El Poder Legislativo" Tomo II. XL. página 49). Bussi. 1906. El examen de las actas de elección por las cámaras está sujeto a la arbitrariedad y al capricho y "el único medio" de sustraerlas a esa situación es entregarlas a los tribunales para que juzguen con estrecha sujeción al derecho escrito (el tribunal mencionó concretamente a Ojea y Somoza. Montevideo. Mc. Este criterio ha sido análogamente aplicado por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Powell v. Las fuentes de la redacción histórica del actual art. 1134/1145 en el cual se plantea que la cuestión resulta abstracta y que la Cámara de Diputados de la Nación había realizado un juicio con apego a las normas de procedimiento previstas en su reglamento interno y fundado su decisión en un juicio cumplido de acuerdo con lo previsto por el art. 903. 71) Que la Cámara Nacional Electoral consideró el planteo de fondo del actor y concluyó que correspondía su consideración de acuerdo con los siguientes argumentos: a. contra la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. la demandada dedujo el recurso extraordinario de fs. Editorial de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . B. Cormack en cuanto allí se ha señalado que la Consti- tución no asigna a la Cámara ninguna autoridad para ex- cluir a una persona debidamente elegida por sus electores -25- . citado Csegún se señala en el fallo recu- rridoC por Justino Jiménez de Aréchaga. Contra dicha decisión.
e. esto es. Sin perjuicio de ello. corresponde delimitar el sentido y el alcance que tiene la atribución. 64 de la Constitución Nacional. -26- . derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez que le ha conferido el art. 1070/1076. si fueron regularmente emitidos por la autoridad compe- tente". La evolución de la legislación electoral ha atenuado el tipo de control que el art. los derechos y los títulos de sus miembros en cuanto a su validez sólo puede referirse "a la revisión que deben efectuar sobre la legalidad de los títulos de los electos y la autenticidad de los diplomas. 81) Que de lo expresado resulta que el a quo ha estudiado el sustento material del pronunciamiento de la Cá- mara de Diputados de la Nación y ha realizado su interpreta- ción respecto de los alcances de la mencionada norma consti- tucional de un modo que fue descartado por el suscripto en oportunidad de emitir el voto de fs. lo que se habría concretado mediante la sanción de la ley 8871 a través de la crea- ción de las "juntas escrutadoras". ahora cabe examinar en concreto los nuevos argumentos planteados por la Cámara Nacional Electoral para descalificar la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que no permitió la incorporación a su seno de Antonio Domingo Bussi. (395 US 486. en primer lugar. a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación de la competencia de examinar las elecciones. 64 aún le reconoce a las cámaras de representantes. 91) Que. d. La facultad de las cámaras de ser juez de las elec- ciones. 64 de la Constitución Nacional. 522). 60 y 61 del Código Electoral Nacional deben entenderse como una reglamentación razonable del mencionado art. En particular señaló que los arts.
3. 4. Realización de la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados para la toma de juramento de los nuevos dipu- tados. 64 de la Cons- titución Nacional. Bussi. inc. 71). 64. 21 del Reglamento de la Cámara). 11 del reglamento de dicho cuerpo (ver fs. Presentación de las impugnaciones efectuadas por di- versos diputados a la incorporación de Antonio Domingo Bussi. Poderes y Reglamento de la misma cámara emitió un dictamen por el cual proponía que se rechazara el diploma del diputado electo por la Provincia de Tucumán como miembro del cuerpo de conformidad con el art. fs.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. Traslado de la impugnación al afectado para hacer uso del derecho de defensa (art. 10) Que la medida examinada por el a quo fue adop- tada el 11 de diciembre de 1999 por la Cámara de Diputados de la Nación que suspendió la incorporación de Antonio Domingo Bussi a ese cuerpo de acuerdo con lo dispuesto por el art. lo cual fue aprobado por el plenario de la cámara el 10 de mayo de 2000. 2. B. XL. 903. A raíz de estas actuaciones. Constitución Nacional)C fue prece- dida de un procedimiento que se desarrolló según las reglas internas previstas y que pueden reseñarse en los siguientes términos: 1. Propuesta para su suspensión (conf. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . 3. ese cuerpo sancionó el proyecto de resolución por el que se rechazó el diploma del mencionado diputado y su incorporación como miembro a la Cá- mara de Diputados de conformidad con la norma mencionada (conf. art. Posteriormente. inc. la Comi- sión de Peticiones. 70/71 del expediente principal). 11) Que la decisión de la cámara Ccomo juez de este tipo de materias (art. -27- . 11 del Reglamento interno) aprobado en el recinto (fs. 604). 3.
12. Asimismo. 10. emana de la reseña efectuada que se han se- guido los pasos formales necesarios para el juicio de admisi- -28- . La Cámara de Diputados de la Nación rechazó el di- ploma del diputado electivo Antonio Domingo Bussi en sesión plenaria celebrada el 10 de mayo de 2000. 12) Que resulta de lo expresado que esa decisión fue precedida por un amplio debate producido en el seno del Congreso de la Nación en el cual se plantearon diversos argu- mentos a favor y en contra de la incorporación de Antonio Domingo Bussi como diputado nacional por la Provincia de Tu- cumán. 11. Traslado de este dictamen a Bussi por el plazo de ocho días. 7. Presentación de Antonio Domingo Bussi con fecha 24 de febrero de 2000 y posterior contestación del traslado. El 11 de abril de 2000 se realizó una audiencia final de alegatos por los impugnantes y por Antonio Domingo Bussi. 6. 8. 9. 5. El 13 de abril de 2000 la Comisión aprobó por mayoría un proyecto de resolución que proponía al plenario el rechazo del diploma del diputado electo con sustento en su participación como funcionario en el régimen de facto iniciado el 24 de marzo de 1976 y por violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de esa fecha y rechazó los planteos referentes al falseamiento de su declaración jurada. Consideración por la Comisión de diversos planteos de Bussi (8 de marzo de 2000). Giro de los antecedentes a la Comisión de Peticiones. Poderes y Reglamento para emisión del dictamen respecti- vo. Determinación acerca de la admisibilidad e inadmisi- bilidad de las impugnaciones.
necesariamente final en los puntos de su competencia. contestación por el imputado. 15) Que. así como de plantear las cuestiones que estimó con- ducentes para la correcta solución de las impugnaciones efec- tuadas. excluidos del ejercicio del control judicial de esta Corte. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . 903. B. alegato. tuvo el diputado electo Bussi para ejercer sus defensas con amplitud. como así también el acto de la posterior incorporación a ese cuerpo del diputado Lix Klett. en las causas en que se impugnan actos cumplidos por otros poderes. debate y votación) que requiere el Reglamento de la cámara respectiva. que durante las distintas etapas del procedimiento seguido en la Cámara de Diputados. bilidad (presentación de impugnaciones. derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez".Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. por consiguiente. 64 de la Constitución Nacional dispone que "cada Cámara es juez de las elecciones. con lo que se salvaguarda igualmente la jerarquía de los poderes legislativo y judicial de la Nación (Fallos: 256:208). por el carácter supremo del Tribunal. Por consiguiente. en el ámbito de estas facultades que les son privativas con arreglo a lo prescripto por la Constitución -29- . 14) Que el examen acerca de la idoneidad del candi- dato elegido y la decisión adoptada en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación. 13) Que cabe Cen este puntoC concluir entonces que el procedimiento reseñado da cuenta del expreso resguardo de la garantía constitucional del debido proceso. prueba. dictamen. en efecto. Bussi. se encuentran incluidos dentro del marco de actividad y deci- sión exclusivas del cuerpo legislativo y. pues el art. XL. este tipo de decisiones se halla dentro de las denominadas facultades privativas cuyo ejercicio no debe ser interferido o limitado por una resolución de esta Corte. en tanto surgen con claridad las oportunidades.
Vinculación que manifestó referida a una clara atribución constitucional del asunto a un departamento político de igual rango constitucional. que por su naturaleza está sustentado en la discrecionalidad política -30- .. el tema es dirimir si la cuestión admite o no una resolución judicial en virtud de la división de poderes. aunque cada una tiene uno o dos elementos que la vinculan esencialmente al tema de la función de división de poderes. centrando el análisis en aquello que la doctrina denomina el ámbito propio y exclusivo del órgano. la Corte Suprema de Jus- ticia de los Estados Unidos de América ha sostenido Cen opor- tunidad de delinear la doctrina de las cuestiones políticasC que es evidente que algunas formulaciones que varían levemente según el entorno en que las mismas son planteadas pueden describir una cuestión política. 17) Que. por lo expresado. ámbito ajeno al control jurisdiccional del Tribu- nal (considerando 16 de Fallos: 321:3236). 16) Que.. o a la ausencia de pautas susceptibles de ser determinadas o in- terpretadas judicialmente para resolverlo.En síntesis. 1119/1126 remiten al modo en que se han ejercitado sus facultades constitucionales privativas. o la imposibilidad de que los jueces tomen una decisión independiente sin que ella signifique una falta al respeto debido a las demás ramas del gobierno de igual rango o la necesidad inusual de no cuestionar la adhesión a una decisión política que ya haya sido tomada.Nacional. las objeciones que sobre esa actividad de la Cámara de Diputados de la Nación ha efec- tuado al a quo en la sentencia de fs. en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autoridades de la Nación (Fallos: 254: 43). la función jurisdiccional no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones. en este aspecto.
que la cuestión deba- tida involucra la responsabilidad y autoridad del Congreso de la Nación en el ejercicio de una atribución consagrada expre- samente en el art. Excluye el control judicial de modo de evitar avanzar sobre las competencias propias de otro de los poderes y a los efectos de desechar la imposición de un criterio político sobre otro (Fallos: 311:2580). para ponderar los fines y alcances de la atribución conferida. pues.S. 217.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. Butler'. 64 de la Norma Fundamental.La admonición de que solamente la autorrestric- ción judicial limita el ejercicio arbitrario de nuestra auto- ridad es relevante cada vez que se nos pide que anulemos una legislación. no a los tribunales. Presupuesto este último ligado íntimamente en cada caso al alcance e interpretación que el órgano asigna al ejercicio de aquellas facultades (Baker v.S. 18) Que resulta claro. sino al sufragio y a los procesos del gobierno democrático' ('United States v. 297 US 79. Porque la remoción de leyes poco sabias del registro legal corresponde. que en sí misma es más política que legal.. 186.. Carr 369 U. disidencia). B. XL. cuyo modo de ejercicio ha puesto en práctica o ha reglamentado por aplicación de las disposiciones constitucionales. Bussi. Tales consideraciones son plenamente aplicables al sub examine en cuanto dicho magistrado afirmaba que "no hace mucho tiempo fuimos recordados de que 'el único control que existe sobre nuestro ejercicio del poder es nuestro propio sentido de la autorrestricción (self restraint). 624 [1943]) distinguió las competencias propias de ambos poderes que nuestra Constitución Nacional ubica en su Segunda Parte. 19) Que el juez Frankfurter en su disidencia en el caso West Virginia State Board Education v.. Barnette (319 U. 211. 1962). 903. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación .En ninguna situación es nuestra función compa- rable a la de una legislatura ni somos libres para actuar como -31- ..
C.. 194 US 267). y la función exclusiva y muy estrecha de esta Corte es la de determinar dentro de la amplia concesión de autoridad investida en las legislaturas si éstas han desarrollado un juicio para el cual puede ofrecerse una justificación razonable.. La autorrestricción judicial es igualmente necesaria cada vez que el ejercicio de un poder político o legislativo es impugnado.si fuéramos una superlegislatura. Tenían de- lante de sí el conocido ejemplo del Consejo de Revisión de Nueva York que estaba funcionando desde 1777. Los constituyentes de la Constitución federal pu- dieron haber elegido la asignación de una participación efec- tiva de esta Corte en el proceso de legislación. responsables como son directamente ante el pueblo. Kansas & Texas R. fue hasta la esencia misma de nuestro sistema constitucional y de la concepción democrática de nuestra sociedad. y éste es que la competencia de la legislación corresponde a las legislaturas. Cuando el juez Holmes hablando por esta Corte. May'. No existe competencia en la base constitucional de la autoridad de esta Corte para atribuirle roles diferentes dependiendo de la naturaleza de la impugnación que se haga a la legislación. Él estaba señalando el deber judicial completo y el papel de esta Corte en nuestro esquema constitucional cada vez que se busca anular alguna legislación bajo cualquier fundamento. v..La Constitución del Estado hacía a los jueces parte del proceso legislativo al proveer que 'todos los proyectos aprobados por el Senado y la -32- . Él no quiso decir que solamente en algunas fases del gobierno civil esta Corte no podía suplantar a las legislaturas y juzgar sobre lo correcto o equivocado de la medida impugnada. escribió que 'debe recordarse que las legislaturas son los guardianes últimos de las libertades y del bienestar del pueblo en un grado casi tan grave como los tribunales' ('Missouri..
.. versión de Juan V.. XL.Pero la determinación de lo que es importante y lo que es menor plantea en sí mismo cuestiones de política.. Sola en Control judicial de constitucionalidad.Si la función de esta Corte fuera esencialmente no diferente de una legislatura. no pueden oponerse contra cada compulsión legislativa de hacer actos positivos en conflicto con esos escrúpulos. Buenos Aires. Porque la manera en que hombres igualmente guiados por la razón aprecian lo que consideran importante apunta hasta el corazón propio de lo político.. que debe ser utilizado con la mayor cautela. qué medios son apropiados para fines correctos y cuál es el costo social total al golpear el equi- librio de imponderables" (conf. entonces los jueces no deberían ser vitalicios y deberían ser directamente responsables ante el electorado. Bussi.. B. Pero los constituyentes negaron estos poderes legislativos a la justicia federal. Pero es por la mejor de las razones. como esta Corte ha reconocido frecuentemente. si las consideraciones que gobiernan la interpretación constitucional deben ser sustancialmente aquellas que subyacen en la legislación.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. Los jueces deberían ser muy tímidos al escribir una decisión contra un Estado y determinar qué es y qué no es una preocupación mayor. La razón por la cual aun desde el inicio la estrecha autoridad judicial para anular la legislación ha sido observada con un ojo celoso es porque ella impide la actividad plena del proceso democrático.'.. 903.. Asamblea tendrán antes de ser leyes' que ser llevadas al Consejo en que los jueces constituyen la mayoría 'para su revisión y consideración. Abeledo -33- . todos debemos admitirlo. Escrúpulos de conciencia. La extensión precisa del caso planteado define los límites del poder constitucional que está en cuestión. El hecho de que pueda haber un aspecto no democrático en nuestro esquema de gobierno no convoca a su rechazo o a su abandono. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación .
en el marco de la norma.Perrot. 266) (Fallos: 243:467. su ejer- cicio tiene un contenido fuertemente discrecional. por otra parte. 22) Que. A modo de síntesis esta Corte ha tenido presente "el principio autolimitador que Félix Frankfurter. 69 S. Por consiguiente. el pronunciamiento sobre la existencia y validez de los títulos de los miembros de los poderes políticos está previsto por la Constitución Nacional de manera que excluye una sentencia.Ct. no es posible considerar como causa justiciable el examen de una cuestión que ha sido asignada en términos precisos e inequívocos a cada una de las cámaras.S. Cormack (395 U. carácter que re- viste la atribución prescripta en el art. el uso por analogía del precedente Powell v. 64 de la Constitu- ción Nacional en tanto que. págs. 148 a 150). 476). Mc. 2001. 21) Que desde esa perspectiva. v. State of North Carolina". Es una cuestión vinculada a la esfera interna del Poder Legislativo. de esta Corte Suprema (Fallos: 256:192). 1969) para -34- . juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. enuncia concisamente así: "Es esencial que sean ejercidas con la reserva más rigurosa las facultades correspondientes al órgano menos representativo de nuestro gobierno" (caso "Whiteker and al. por ende. que al referirse a su propia integración está sometida al criterio de ponderación del propio cuerpo sin forma jurídica precisa. 20) Que. la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables determina y restringe como margen del control de constitucionalidad la revisión de la sustancia política de los actos de los otros poderes. 486. y también desde una correcta consideración respecto de las diversas y equiparadas funciones que corresponden a los tres poderes del Estado en el sistema normativo fundado por nuestra Constitución Nacional. p. por necesidad final.
25) Que la Constitución de los Estados Unidos de América utiliza el término returns simplemente en el sentido técnico de "escrutinio". Resulta. el primer concepto de ambos artículos Celec- cionesC es idéntico en los dos textos constitucionales mien- tras que existen diferencias entre los dos grupos siguientes. escrutinios y calificaciones de sus propios miembros.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. esto es. Bussi. en efecto. necesario profundizar el examen respecto de los conceptos ya señalados. pues. cláu- sula 1ra. sección 5ta. entre "derechos y títulos de sus miembros" con "es- crutinios y calificaciones". el art. derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez". 64 de la Constitución Nacional refiere que las cámaras son jueces "de las elecciones. justificar la intromisión del Poder Judicial en ese ámbito no resulta ajustado al caso toda vez que existen diferencias textuales entre ambos sistemas constitucionales que no es posible pasar por alto para la correcta dilucidación de una materia que se vincula a la independencia de los poderes del Estado. 23) Que. ese término se refiere al "informe oficial de los resultados de una elección" y es una versión abreviada de la expresión "election returns" que es "el informe hecho por la junta de escrutinio o la junta electoral.. I. sino más bien que se las haya aceptado en el sentido más obvio al entendimiento común en la colectividad en que han de regir (Fallos: 248:111). En concreto. B. 24) Que esta Corte ha indicado que con referencia a la interpretación constitucional no es probable que se haya buscado alguna significación obscura o abstrusa de las pala- bras empleadas. 903. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . mientras que el art. Como se advierte de su sola lectura. por aquellos encargados de registrar los votos. XL. de la Constitución de los Estados Unidos de América establece que cada cámara será juez de las elecciones. -35- ..
2 de la Constitución de Tennessee. III. art. Alexander Hamilton y John Jay. X y cap. VII. IV. IV. Por su parte. 2 y art. Estas condiciones legales (qualifi- cations) han sido fijadas en el art. 3 y 4 de la Constitución del Estado de Maryland y art. III. sec. art. II. 7 y art. sec.acerca del número de votos emitidos por un candidato o propo- sición particular" (Blacks's Law Dictionary. 4 de la Constitución del Estado de Connecticut. art. Mc Cormack se limitó a examinar las condiciones legales que establecía la constitu- ción estadounidense para la incorporación del demandante a la Cámara de Representantes. sec. 26) Que el fallo Powell v. II. 60 y 62)C resultan necesariamente idénticas a la idea del examen de títulos de sus miembros en cuanto a su validez mencionado por el art. I. cap.. VII. sec. sec. sec. art. sec. art. págs. II. I. ed. 11 de la Constitución del Estado de Pennsylvania. el art. III de la Constitución del Estado de Massachussets. En efecto. St. sec. nros. art. 1987. I.. Paul. The Federalist Papers. 64 de la Constitución Nacional. 1319 y 537 respectivamente) y este es el modo en que se usa esa expresión en el mundo jurídico norteamericano (conf. Penguin. sec. secciones 2 y 3 de ese texto constitucional y tampoco Cen su ámbito de comprensión (ver James Madison. IV. I. 1999. 2. Minn. cap. ambas cá- -36- . art. 9 de la Constitución del Estado de New York). 70. III. Se trata de un término que es susceptible de ser entendido Cpor el órgano exclusiva- mente asignado por la Constitución para elloC en un sentido muy distinto al que se vincula al análisis de los informes de escrutinio que resulten de los diversos sistemas electorales que puedan utilizarse en nuestro país para la designación de los diputados y senadores de la Nación. 64 de la Constitución Nacional se refiere al examen de los "derechos" de aquellos que pretenden incorporarse a las cámaras. sec. Londres.
I. Asambleas Constituyentes Argentinas. 891 a 898 y 972 a 993) resulta ilustrativa en el sentido que la consideración de los "títulos en cuanto a su validez" no es una expresión necesariamente equiparable a las condiciones legales señaladas en el texto de la Constitución estadounidense. todo lo cual demuestra que existe un ámbito de interpretación amplio para ambas cámaras en este sentido. XL. I. En efecto. 64 de la Constitución Nacional. que recién fue in- troducido por Juan Bautista Alberdi en el art. Buenos Aires. maras pueden entender este concepto de un modo distinto a lo que ocurrió en el precedente citado y ello resulta tanto de la diversidad textual como del distinto recorrido histórico de ambos países. 3 de la Constitución de 1826 se referían -37- . 1937. el art. 64 que se refiere a los derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. 46 de su pro- yecto de Constitución de julio de 1852 y que es idéntico. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . págs. 903.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. T. de la Constitución Norteamericana "es literalmente menos amplio que el argentino" (considerando 17 de Fallos: 263:267). Asimismo. Estas divergencias ya habían sido implícita- mente ponderadas por esta Corte Suprema en cuanto había des- tacado que el texto del art. expresión que no es utilizada Cen idénticos términosC en el art. sección 5ta.. 32 del cap. cláusula 1ra. Bussi. XXII del cap. 3 de la Constitución de 1819 y el art. al actual art. 48 y 55 de la Constitución Na- cional establecen requisitos para ser elegido senador y dipu- tado. en este aspecto. 27) Que tal diferencia surge aun más claramente si se tienen en cuenta los distintos intentos de organización constitucional de nuestro país que no habían contemplado el concepto de los derechos de los miembros. los arts. B. La discusión habida en el Congreso General Constituyente de 1824-1827 respecto a la legitimidad de los poderes conferidos por algunas provincias a los convencionales (ver Emilio Ravignani.
29 de la Constitución de la Provincia de Catamarca de 1855. del 14 de noviembre de 1865. 28) Que esta ponderación respecto al ámbito exclu- sivo de interpretación que incumbe a cada una de las cámaras en este tipo de cuestiones es la que. 19. art. Así fue reconocido desde antiguo por este Tribunal (conf. art. 1 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe de 1856). 19 inc. 1. Las constituciones provinciales. Fallos: 321:3236). Desde entonces la Corte ha considerado que el ejercicio de las atribuciones de las cámaras legislativas como -38- . los doctores Salvador María del Carril y José Benjamín Gorostiaga. inc. se adecua con la tradición histórica de nuestro país. 25 de la Constitución de la Provincia de Córdoba de 1855. art. y la de las demás que directamente haga el pueblo. contemporáneas a la Constitución Nacional de 1853. 28. por el contrario. Una versión más amplia Cpero desligada también de la expresión de la Constitución NacionalC se encuentra en el art. sentencia dictada veintiocho años antes que la emitida en el conocido caso "Cullen". 22 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos de 1860. de la Provincia de Jujuy de 1855 que establecía que son atribuciones de la Sala de Representantes juzgar y calificar la validez de las actas de elecciones de sus miembros. 1 de la Constitución de la Provincia de La Rioja de 1855 y art. (Fallos: 53: 420). No hay en esa limitación desmedro alguno del orden constitucional sino. además. se trata de preservar el principio de separación de poderes. inc.solamente a la facultad de cada sala de ser juez "para calificar la elección de sus miembros". se referían solamente a la validez de las elecciones de sus miembros (art. base de su subsistencia. y en la que votaron dos convencionales constituyentes de 1853. en una corriente jurisprudencial iniciada en Fallos: 2:253.
". 29) Que. 373. pues "no era posible confiar a otro poder la de- cisión última de las elecciones del pueblo. por consiguiente. González. la aplicación al caso del precedente Powell v. careciendo cualquier otro de la soberanía del Congreso y de su repre- sentación popular.. 64). 56 (actual art. 30) Que. 903. 31) Que. en el art.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. destruyendo la armonía y el equilibrio entre los que componen el gobierno" ("Manual de la Constitución Argentina". "el tribunal de última resolución en las elecciones populares para represen- tantes. incluso bajo la perspectiva de una interpretación dinámica de la Constitución Nacional. en segundo término. Así lo dijo también Joaquín V. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . como ha sido señalado. principio que es obvio para la competencia de explícito origen constitucional (Fa- llos: 263:267 y sus citas). aparte de que importa- ría dar a un poder extraño superioridad sobre él. nro. Cormack no resulta apropiada porque Alberdi se ha apartado semánticamente de la cláusula -39- . conservación y funcionamiento. Mc. porque. Estrada. Bussi. porque es también fun- ción judicial el resguardo de la jurisdicción que la ley atribuye a organismos no judiciales. B.. constituye una cuestión no revisable por el Poder Judicial. resulta apropiado exa- minar los nuevos argumentos que resultan de la sentencia re- currida en torno a la clara restricción que entiende el Tri- bunal corresponde aplicar a esa norma constitucional. al considerar que la Constitución creó. 1971). habría sido poner en peligro su indepen- dencia. el principio atinente a la no revisión judicial de los casos expresamente reservados a los poderes políticos por la Constitución Nacional subsiste sin mengua. jueces de las elecciones de sus integrantes. tanto por su interpretación del derecho comparado como por la pos- terior tradición histórica. Ed. XL.
En primer lugar. No basta el examen de la calidad (requisitos constitucionales). en su Proyecto. 43 de la Constitución de Uruguay de 1830 afirmaba que cada cámara será el juez privativo para calificar las elecciones de sus miembros. elecciones. será del resorte privativo de cada cámara.semejante de la Constitución de los Estados Unidos de América. El ParlamentarismoC dice precisamente lo re- -40- . la cita a la que alude la cámara COjea y Somoza. calida- des y admisión de sus respectivos miembros. la Constitución de la Gran Colombia de 1821 disponía en su art. Y no sólo se ha separado de ese modelo Cdonde decía elecciones (elections). su admisión y la resolución de las dudas que sobre esto puede ocurrir y el art. La Constitución Nacional Cbasada en el proyecto de AlberdiC habla concretamente de derechos y corresponde a esta Corte determinar el alcance de esta afirmación. 92 que a la Cámara de Represen- tantes corresponde la calificación de las elecciones y cuali- dades de sus respectivos miembros. El art. 59 de la Constitución de Venezuela de 1811 mencionaba que la calificación de elecciones. Tipografía Escuela Nacional de Artes y Oficios. de las elecciones (la limpieza de su realización concreta) o el escrutinio (el modo en que se han computado los votos). derechos y títulosC y de los modelos de las Constituciones de 1819 y 1826 sino de otros modelos contemporáneos de constituciones hispanoamericanas. 33) Que en este orden de ideas tampoco resulta apropiada la cita de la obra "El Poder Legislativo" de Justino Jiménez de Aréchaga (Montevideo. 1906) por diversos motivos. escrutinio (returns) y calificaciones (qualifications) dice. 32) Que Alberdi menciona Ca diferencia de estos casosC que cada cámara puede examinar los derechos que tiene una persona electa a incorporarse al órgano representativo.
se dañaría profundamente al Poder Judicial. a pesar de todos los abusos y de todas las injus- ticias que cometen las Cámaras al verificar los poderes de sus miembros. Para que éste pueda llenar satisfactoriamente sus funciones. sería en extremo perjudicial quitarles el ejercicio de esa facultad para confiárselo a los tribunales. porque el principio de la inamovilidad de los jueces. De suerte que.. 903. porque no podrían desatender las vivísimas instancias de los partidos políticos y las indicaciones del Poder Ejecutivo. por más que en la ley fundamental esté escrito. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . es de todo punto necesario separarlo completamente de las luchas políti- cas. ferido por la cámara (ver tomo II. sin favorecer en nada la buena composición de las asambleas representativas. no es una verdad en la práctica.Si la verifi- cación de los poderes de los Representantes y de los Senadores se confiara a los magistrados judiciales. XL. que son de capitalísima importancia. 43 y 44) pero es el mismo Jiménez de Aréchaga quien Ca continuación de esa tras- cripciónC plantea una posición similar a la expresada en el presente voto. que. sobre todo en sociedad como la nuestra en donde la independencia judicial no está aún sólidamente garantida. los fallos de éstos serían tan arbitrarios y tan censurables como los que hoy dicta cada Cámara al desempeñar esa función. págs. En efecto el citado autor señala: "Creo firme- mente.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. B. ni porque considere que éstos han de proceder en el desempeño de su tarea con más irregularidad e injusticia que las Cámaras. Bussi. por este -41- . y se le haría entrar de lleno en ellas si se le confiara la facultad de resolver sobre la validez o nulidad de las elec- ciones de los miembros del Poder Legislativo.. Y opino así. sino porque en- tiendo que. de las agitaciones y de las intrigas de los partidos. no porque vea un peligro para la independencia legislativa en el hecho de que el examen de poderes sea veri- ficado por magistrados judiciales.
sobre la Constitución de Uruguay de 1830 que se refería. En cuanto a las consideraciones de Jiménez de Aréchaga Cque en gran parte compartoC se asientan. y examina así las calidades de los individuos que la componen. 47 a 49). como quedó dicho. por consiguiente. como la legalidad de su elección.medio. entregándolo a los partidos y a las acciones como arma de combate y suprimiendo. En resumen. 667/677 en cuanto a que no corresponde la revisión judicial sobre este tipo de actos del Poder Legislativo en general. Respecto del planteo de Ojea y Somoza corresponde señalar que no existía en ese momento norma constitucional alguna en España similar a nuestro art. como necesaria consecuencia de esto. la doctrina citada por el a quo reafirma lo sostenido por la jueza de primera instancia a fs. 34 de la Constitución de la Monarquía Española de 1876 se refería sólo a que cada uno de los Cuerpos Colegisladores forma el respectivo reglamento para su gobierno interior. y se dañaría profundamente al Poder Judicial mezclándolo en las luchas políticas. 64 ya que el art. En segundo término Cy esto es más decisivo aúnC tanto Telésforo Ojea y Somoza como Justino Jiménez de Aréchaga se refieren a sistemas constitucionales distintos (el primero escribiendo bajo el régimen de una Constitución monárquica y el segundo como catedrático de Derecho Constitucional en la República Oriental del Uruguay). toda garantía de imparcialidad y de rectitud en los magistrados judiciales y esa firme confianza que debe tener la sociedad en la administración de justicia para su bienestar y su progreso" (págs. Esto nada tiene que ver con el amplio margen que concede la Constitución -42- . a la sinceridad de la representación popular. de todos modos. exclusivamente al control de las elecciones. no se obtendría ventaja alguna en cuanto a la legalidad de los poderes de los miembros de las Cámaras y.
Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . 35) Que en tal entendimiento no es posible limitar la actividad de la Cámara. y. B. Defectos que hacen peligrosa su imitación Cde Juan B. La consecuencia de tal decisión constituyente es que cada cámara debe examinar los planteos que cuestionan "los derechos" que tienen cada uno de los diputados electos y concluir Ccomo juezC si se encuentran habilitados para desempeñarse como representantes en el Congreso de la Nación. al incorporar el término "derechos". Esta interpretación prescinde de considerar que la Constitución Nacional prevé que cada cámara no sólo es juez de las "elecciones" y "títulos" sino también de "derechos". AlberdiC donde descarta totalmente la consideración de la constitución uruguaya de 1830 como eventual modelo para la elaboración de la entonces futura Constitución Argentina. -43- . en el ejercicio de una función propia y exclusiva. Si alguna duda cabe al respecto basta recurrir al capítulo VIII de las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina Ctitulado Constitución del Estado Oriental del Uruguay. 34) Que la interpretación del a quo respecto de la reglamentación de los escrutinios por el Código Electoral Nacional deriva de esta indebida restricción de las facultades de cada una de las cámaras. 36) Que el informe de la Comisión de Peticiones. XL.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. precisamente. 903. fue en referencia a ellos que la Cámara de Diputados de la Nación resolvió rechazar el diploma. a un examen meramente formal sobre la legalidad de los títulos y la autenticidad de los diplomas porque expresamente la Constitución Nacional. Bussi. Nacional de 1853 a las facultades de cada cámara que extienden el examen a los derechos y títulos de sus miembros. introduce un concepto de alcance más amplio que habilita un campo de acción legislativa de conte- nido sustantivo al tiempo de ejercer aquella atribución.
En tal sentido. puso de manifiesto la interpretación en cuyo marco entendía que la Cámara de Diputados de la Nación.. 16. 2000.. 16 de la Constitución Nacional." (Cámara de Diputados de la Nación. debía ejer- cer las atribuciones que le otorga el art. p. en virtud de cuya aplicación la evaluación de la integridad moral y ética constituye un imperativo constitucional. Con ello pre- ciso que apuntaba a una interpretación armónica e integradora de la Norma Fundamental para ponderar las relaciones existen- tes entre el ejercicio de la representación política por man- dato popular. 36. ade- más. 48 y 75 inciso 22. conside- rando que es "el que resulta del artículo 64 de la Constitu- ción Nacional interpretado sistemáticamente en función de los artículos 1. 64 de la Norma Fundamental. según lo previsto en el art. Es así que en el informe referido se delimitó el "contexto de constitucionalidad operativa que conforma la legalidad con la que actúa y juzga esta comisión"." Pero. 36. surge del informe que se le recono- ció al vocablo "derechos" un nexo sustantivo con el principio de idoneidad para el acceso a los cargos públicos... 22 como son específicamente los artículos 32. 606). y las expresas limi- taciones que a partir de 1994 se consagran en los arts. 18. Orden del Día N° 117. aconsejando al plenario la aprobación del proyecto de resolución que re- chazaba el diploma del diputado electo por la Provincia de Tucumán. el requisito de idoneidad. 75 inc.Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. Sesiones Ordinarias. 23 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. 19. señaló la aplicación "de normas derivadas y emergentes del artículo 75 inc. a la luz de la reforma constitucional de 1994. 22 y concordantes de la Constitución Nacional. Recordó seguidamente que en 1994 se introdujo el -44- .
) de allí entonces que la interpretación que se deba hacer del alcance del artículo 64 de la Constitución Nacional con posterioridad a 1994. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación .. como consecuencia de estos actos. en lo pertinente. B.. 903..) Después de 1994 la Constitución Nacional de los argentinos sólo reconoce una legitimidad. 22 (. que la "Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observan- cia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Las acciones respectivas serán imprescriptibles". Sostuvo que esta norma "implicó la toma de una de- cisión política constitucional que quiebra el eje ideológico del pensamiento jurídico tradicional argentino (. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el ar- tículo 29.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. 36 que dispone.. no obstante y más allá de la legitimidad electoral del -45- . inevitablemente será diferente de aquella interpreta- ción gestada conforme las antiguas líneas interpretativas del derecho argentino formadas en la doctrina de la Corte sobre la continuidad jurídica del Estado (. la que emerge de la legalidad constitucional (. usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las pro- vincias. XL. Estos actos serán insanablemente nulos.) De allí la dificultad de encontrar interpretaciones ajustadas a la nueva realidad constitucional acerca de cuál debe ser el alcance que debe darse al artículo 64 en función del dictado constitucional que nos imponen los artículos 36 y 75 inc.) Esta comisión de juzgamiento entiende que el artículo 64 de la Constitución Nacional luego de la reforma constitucional de 1994 es norma legal suficiente que habilita un juicio de idoneidad o de habilidad moral del diputado electo.. inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la con- mutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes. Bussi.. art. los que responderán civil y penalmente de sus actos...
. 611 del informe citado).) La legitimidad electoral del artículo 48 no obsta al juicio de legitimidad moral-política del artículo 64" (p. 22 fijan nuevos paradigmas jurídicos y éticos. la Comisión de Peticiones... 37) Que el informe en cuestión evaluó además que "el requisito constitucional de la 'idoneidad' también cae en su interpretación bajo los nuevos paradigmas constitucionales (. En línea con tales consideraciones. "si los artículos 36 y 75 inc. es claro que la evalua- ción de la 'idoneidad' del artículo 16 debe seguir esta línea constitucional.artículo 48 de la Constitución Nacional (. Concluye el punto precisando que "el hecho particu- lar de que el diputado impugnado haya sido comprendido por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y eximido de pena y condena...) Es nuestra obligación juzgarlos conforme la legalidad constitucional hoy vigente".. a los efectos de aclarar el fundamento jurídico-político de su postura Cy posterior reco- mendación a la Cámara de DiputadosC señala que el dictamen -46- .) "La nueva constitución de los argentinos ful- mina toda posibilidad de que autores o partícipes de golpes de estado o de violaciones de derechos humanos asuman cargos electivos o ejecutivos en la democracia (. 607 del informe citado).)".. no lo exime ni lo libera de modo alguno de ser juzgado por esta comisión política constitucional en los términos del artículo 64 de la Constitución Nacional y con los alcances que damos a tal juzgamiento" (p. Poderes y Reglamento. De tal forma. En la Argentina pos reforma 1994 ya no es constitucionalmente posible tenerlo por idóneo para el ejer- cicio de un cargo público de gobierno a quién se haya alzado en armas contra los poderes constitucionales o a quién hubiera participado en actos de masivas violaciones a derechos humanos" (..
responde a la impugnación que se refiere a ".. XL.En este informe.la participa- ción activa Creconocida y probadaC que el diputado electo tuvo con el terrorismo de Estado argentino (artículo 36.. 22. al examinar la queja del recurrente respecto a la alegada violación al derecho de los ciudadanos -47- .. 613 del informe cita- do).) decimos que: el Sistema Americano de Protección de Derechos Humanos ha sentado un principio jurídico que sostiene lo siguiente: La participación en movimientos que rompen el orden constitucional es legal fundamento de inelegibilidad política" (p. hoy impugnado. Poderes y Reglamento afirma que "resulta válido citar en este proceso de juzgamiento político como sustento jurídico de nuestra decisión." (pág. 22.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. 22 de la Cons- titución Nacional vigentes al momento de la elección del di- putado electo.. 75 inc. B. Asimismo. 612 del informe citado). 903.) A la luz de este precedente (. Bussi.. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación ... Constitución Nacional).tenidas en consi- deración en este juzgamiento jurídico político de títulos y diplomas por vía de los artículos 36 y 75 inc..... 38) Que en cuanto a las expresas limitaciones que a partir de 1994 se consagran en el art. Constitución Nacional) y específicamente al encuadre de su conducta en las Convenciones sobre Genocidio y Torturas (ar- tículo 75 inc....804. planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.. la Comisión de Peticiones. el informe número 30/93 en el caso 10.) en el caso de Ríos Montt pasa por responder al grado de compatibilidad que existe entre la norma constitucional guatemalteca que prohíbe la elegibilidad como presidente de la república a ciudadanos que participaron en golpes de Estado con la norma del artículo 23 de la Convención Americana (. el informe 30/93 permite constatar que la Comisión Interamericana.La cuestión central (..
la última instancia posible para hacer operativo el art.. reiterado 3 de noviembre de 2000 CCPR/CO/70/ARG en referencia al desempeño de tales per- sonas en empleos militares o en la administración pública y a su situación de revista en dichos cargos).. cabe destacar que la Comisión de Peti- ciones. 64 de la Norma Fundamental.dentro de aquellas condiciones que posee todo sistema jurídico constitucional para hacer efectivo su funcionamiento. 75 inc. y para defender la integridad de los derechos de sus ciudadanos" (punto 38 del Informe de la Comi- sión Interamericana de Derechos Humanos).. Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados invocó la postura del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. manifestó que la causal de "inelegibilidad surge de un acto de la Asamblea Constituyente elegida por votación democrática en la que el pueblo guatemalteco decidió a través de sus representantes constituyentes que era necesario mantener dicha causal. conforme lo dispuesto en el art. Por ello. 22 y su alcance en el contexto del derecho in- ternacional de los derechos humanos se enlazan con el art.. Finalmente.guatemaltecos de elegirlo como presidente.. Estamos pues." (CCPR/C/79. 36 en el caso de cargos legislativos elec- -48- . 39) Que las consideraciones efectuadas en torno del art.y aún más hacerla permanente. 36 de la Constitución Argentina a los efectos de su aplicación y efectivo cumplimiento por los poderes constituidos en el ejercicio de sus funciones. el que al considerar el informe de la Argentina de 1994 recomendó al Estado "que se establezcan procedimientos ade- cuados para asegurar relevar de sus puestos a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad contra los que existan pruebas suficientes de participación en violaciones de los derechos humanos. ya existente en la historia constitucional..
y de controles recíprocos entre los diferentes órganos del gobier- no. en cuanto establece para este procedimiento una fase de acusación de la Cámara de Diputados a los funcio- narios mencionados en el art.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. la atribución exclusiva y privativa que le asigna el art. considerando 12). 903. dentro del marco concedido por la Ley Fundamental. ha establecido esta facultad de un modo similar para el juicio político. ello sin menoscabo de la ga- rantía del debido proceso legal y la defensa en juicio. no sólo en el sentido débil de que cada una está circunscrita a su esfera de poder. Régimen de mayorías y derechos -49- . tivos es el momento en que las respectivas Cámaras ejercen la función de juez de los electos. 40) Que de lo reseñado en los considerandos 36 a 39 se advierten los fundamentos constitucionales en virtud de los cuales la Cámara de Diputados de la Nación ejerció. en efecto. XL. por su relación definitiva con los valores de libertad y seguridad jurídica (Fallos: 316:2940. 41) Que. 53 e impone al Senado la facul- tad para "juzgar en juicio público" a aquéllos. Nada incorrecto se advierte en esta asignación porque la in- terpretación sistemática de la misma Constitución permite advertir que. B. Bussi. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . por imperio del principio de división de pode- res. que pide por una prudente consideración a riesgo de mor- tificar un balance asentado tanto en una racionalidad técnica como axiológica. 64 de aquélla. se ha señalado (casos "Brusa" CFallos: 326:4816C y "Lona" CFallos 327:46C voto del juez Maqueda) que hay en todo esto muestra del delicado equilibrio de la arquitectura republicana buscado por la Constitución. mediante el clásico principio de "frenos y contrapesos". En un sistema de frenos y contrapesos las institu- ciones políticas se limitan entre sí. sino en el sentido fuerte de que aun dentro de sus esferas no son omnipotentes (Jon Elster.
44) Que a partir de lo expresado queda en claro que. 43) Que esta Corte ha dicho desde antiguo que es regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres altos poderes que forman el gobierno de la Nación. Oxford Amnesty de 1993. El concepto expuesto se integra con las ideas de delimitación e indelegabilidad: cuando la Constitu- ción asigna funciones a un órgano del Estado. y no otro. Domingo Felipe s/ recurso de casación". aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente (Fallos: 53:420). que. considerando 27 de mi voto en la causa "Cavallo.M. quien debe asumirlas y ejercerlas. cada órgano puede y debe ejercer exclusivamente las competencias y atribuciones asignadas por la Ley Fundamental. pues. Ed. balances. desde los inicios de esta Corte Suprema de Justicia de la -50- . Las Conferencias. and boundaries: The Separation of Powers in the Constitucional Debate of 1787. Existe. 1998). The invention of the Modern Republic. Cheks. en la concepción republicana la idea de que debe existir también la posibilidad de que cada uno de los cuerpos del gobierno pueda resistir y contrabalancear al otro. que implica. Madrid. Fontana. rige el principio de especialidad. 42) Que. como regla general. 1994. Fallos: 327:4376). Cambridge University Press. Cambridge. 27-62) (conf. a diferencia de lo que ocurre con las personas. en B. Trotta.individuales en De los derechos humanos. en este sentido. Bajo este principio Cdistinto al de la separación de poderesC cada poder está autorizado a ejercer cierta influencia activa sobre el otro en orden a resistir y contrabalancear su poder (Bernard Manin. corresponde recordar que respecto de los órganos creados por la Constitución que inte- gran el gobierno federal. es éste.
se ha aceptado la existencia de un ámbito de actividad exclusivamente asignado a los otros poderes cuya revisión se encuentra exenta del control de los magistrados. que en el ámbito de las facultades exclusivas atribuidas constitucio- nalmente. la senten- cia apelada. Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General. en realidad. B. sobre su inhabilidad moral para desempeñar tan eminente fun- ción en razón de los hechos imputados. en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión inadmisible de la "zona de reserva" de facultades propias de otro órgano del Estado. no pueden ser revisadas por esta Corte Cy por ningún tribunalC porque su examen constituye una competencia exclusiva y excluyente atribuida a cada cámara por el art. El objetivo de estas limitaciones refleja.Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados. Nación. situación que se configura tanto en la determinación acerca del examen de admisibilidad de la incorporación de los representantes a cada una de las cámaras como en la calificación y juicio de las causales de remoción en el marco del juicio político. 64 de la Constitución Nacional. representada por la Dra. 903. Cámara de Diputados de la Nación. JUAN CARLOS MAQUEDA. Tomás A. con el alcance indicado. Beceyro -51- . con el patrocinio del Dr. Karina N. 46) Que corresponde concluir. un acercamiento prudente a la necesaria correlación que debe existir entre los diversos brazos del sistema institucional para el adecuado despliegue de sus diversas competencias. entonces. Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación . Prieto. ES COPIA Recurso extraordinario interpuesto por la H. Notifíquese y devuélvase. Bussi. XL. la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de las mismas. respecto a la incorporación del diputado electo Antonio Domingo Bussi. 45) Que las consideraciones formuladas por los in- tegrantes de la Cámara de Diputados de la Nación. se declara procedente el recurso ex- traordinario y se revoca.
Traslado contestado por Antonio Domingo Bussi. Gregorio Badeni Tribunal de origen: Cámara Nacional Electoral -52- . representado por el Dr.
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