Source: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f50ee2d5-a40e-4289-b213-e575f38a5230
Timestamp: 2016-09-26 15:57:06
Document Index: 94700055

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 80', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 24', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 4']

Actualidad Normativa N.º 10 - Lexology
Actualidad Normativa N.º 10
I. Medio ambiente Las principales novedades normativas en materia de medio ambiente son las siguientes: 1. La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que deroga la anterior Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales y supone un cambio sustancial en cuanto a la función del Estado en relación con los parques nacionales. El Estado asume con la nueva ley un papel de mero coordinador y con ella aporta una normativa básica más exhaustiva para asegurar que las comunidades autónomas gestionan los parques nacionales correctamente, ya que se les otorga la competencia general para su gestión. En consecuencia, esta nueva norma es considerablemente más extensa que la anterior. Además, establece un listado de actividades prohibidas dentro de un parque nacional, así como la imposibilidad de que en él exista suelo susceptible de ser urbanizado o suelo urbanizado. Por último, se establecen algunos organismos e instrumentos jurídicos nuevos para favorecer la coordinación efectiva de la Red de Parques Nacionales en su conjunto y facilitar la labor coordinadora del Estado. 2. El Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios, cuyo objeto es garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente, y mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la armonización de las normas sobre la comercialización de productos fitosanitarios, a la vez que se mejora la producción agrícola. En este sentido, el real decreto aspira a mejorar la coordinación administrativa para cumplir los plazos establecidos en la normativa comunitaria para la aprobación de sustancias y la autorización de productos fitosanitarios, que hace imprescindible disponer de procedimientos específicos. II. Agroalimentario En el último trimestre de este año merecen especial mención las siguientes normas: 1. El Real Decreto 969/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores, la extensión de las normas, las relaciones contractuales y la comunicación de información en el sector del tabaco crudo. Establece el reconocimiento y finalidades de las organizaciones de productores de tabaco y sus asociaciones para apoyar el mantenimiento y la mejora de la ordenación sectorial alcanzada por medio de la aplicación al sector del tabaco crudo o en rama de las disposiciones relativas a organizaciones de productores y sus asociaciones recogidas en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios. Serán reconocidas como organizaciones de productores del sector del tabaco crudo todas aquellas entidades con personalidad jurídica propia —o una parte claramente definida de una entidad jurídica— que así lo soliciten y reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 y en el presente real decreto. Se posibilita, además, el reconocimiento como organizaciones de productores según la nueva normativa, a partir del 1 de enero del 2015, a las agrupaciones de productores de tabaco existentes en el 2014 en virtud de la normativa nacional, siempre que cumplan las condiciones mencionadas en el artículo 3 del real decreto y manifiesten al órgano competente la intención de ser reconocidas. L a s o r g ani z a ci on e s d e p r o du c t o r e s e s t a r án con s ti tuida s a ini cia tiva de su s miemb ro s y habrán de tener como finalidades , al menos , la de concentrar la oferta y la comercialización de los productos de sus miembros —incluida la comercialización directa— y la de garantizar que la producción se planifique y ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y la cantidad. Estas organizaciones no podrán ejercer la actividad de primera transformación y deberán agrupar una cantidad mínima de producción comercializable de 400 toneladas de tabaco crudo, correspondientes a una superficie mínima de cultivo de 100 hectáreas y un número mínimo de setenta y cinco productores. No obstante, en las regiones de producción aislada de Castilla y León, Navarra y el País Vasco, la cantidad mínima comercializable será de 35 toneladas de tabaco, correspondientes a una superficie mínima de cultivo de 14 hectáreas y un número mínimo de cinco productores. Respecto al sector del tabaco crudo en lo relativo a la extensión de normas pactadas en el marco de una organización o asociación de organizaciones de productores considerada representativa en la 3 circunscripción económica en la que opere, este real decreto contiene la normativa básica aplicable a todos los operadores del sector que actúen dentro de las circunscripciones económicas que para cada caso se determinen, aunque dichos operadores no formen parte de la organización o asociación y por un periodo limitado acorde con la finalidad perseguida. Por otra parte, se establece que todas las entregas de tabaco crudo que se lleven a cabo en España entre las fases de producción primaria y de primera transformación habrán de ser objeto de contrato por escrito —con excepción de las entregas que un productor efectúe a una cooperativa cuyos estatutos o acuerdos establezcan con carácter previo a la entrega disposiciones similares a las contenidas en el artículo 19 del real decreto— que habrá de suscribirse antes del 31 de marzo de cada año natural y respetar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 19 del mencionado real decreto. Se prevé expresamente la realización de controles para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de relaciones contractuales en el sector del tabaco crudo. 2. La Resolución de 18 de noviembre del 2014, de la Subsecretaría [de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente], por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre del 2014, que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. Las líneas de actuación que integran el Plan de Seguros Agrarios se orientan al logro de los objetivos de revisión de los criterios de asignación de subvenciones, el avance en el desarrollo del sistema de seguros agrarios y el perfeccionamiento de los procedimientos de gestión de los seguros y la información que se facilita al asegurado. Además de la totalidad de las líneas de seguro contenidas en el anexo de la resolución, el Plan 2015 incorporará, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria suficiente para atender el coste de las garantías previstas y una vez terminados los estudios necesarios para la determinación de su viabilidad y de las condiciones de cobertura correspondientes, las siguientes garantías: a) cobertura del riesgo de sequía en los daños en plantación en el cultivo de almendro; b) cobertura de los daños en madera en el viñedo para uva de vinificación que, sin causar la muerte de la vid, sí producen pérdidas de producción en la cosecha del año siguiente; c) cobertura de los daños ocasionados en la calidad por el riesgo de helada en la planta de temporada, dentro de la planta ornamental; d) cobertura del riesgo de nieve en la línea de seguro para explotaciones forestales; e) cobertura a la plantación en el cultivo de azafrán; f) cobertura al sector del tabaco en la línea de costes fijos para organizaciones de productores y cooperativas; g) inclusión de la producción de atún en el seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lenguado, lubina y rodaballo y, en su caso, la oreja de mar. En relación con las subvenciones del coste del seguro, destaca el incremento de la aportación estatal al pago de la prima del seguro correspondiente a las pólizas de los seguros con coberturas crecientes para las organizaciones de productores y sociedades cooperativas que se establezcan en las correspondientes líneas de seguro al 54 %. Son también objeto de incremento los distintos módulos de la subvención única aplicable a las pólizas contratadas por entidades asociativas constituidas por agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales que deseen asegurar conjuntamente la producción de sus integrantes y que cumplan con las características admitidas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. III. Sanidad En este ámbito debemos considerar el Reglamento Delegado (UE) núm. 1252/2014 de la Comisión, de 28 de mayo del 2014, por el que se completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a principios y directrices de prácticas correctas de fabricación de principios activos para medicamentos de uso humano. El nuevo reglamento, que será aplicable a partir del 25 de mayo del 2015, establece principios y directrices de prácticas correctas de fabricación de principios activos para medicamentos de uso humano, incluidos los destinados a la exportación. De la nueva regulación cabe destacar, entre otros extremos, la obligación de que el fabricante de un principio activo establezca, documente y aplique un sistema eficaz de gestión de la calidad de sus operaciones de fabricación. El sistema incorporará la participación activa del personal de gestión y de fabricación. Además, el fabricante designará una unidad de calidad, independiente de la unidad de fabricación, responsable de la garantía y del control de calidad y efectuará periódicamente auditorías internas y el seguimiento de los resultados. De igual modo, se prevé que el fabricante dispondrá de personal suficiente con las cualificaciones necesarias, 4 | Actualidad Normativa diciembre 2014 Actualidad Normativa adquiridas mediante educación, formación o experiencia, para llevar a cabo y supervisar la fabricación de los principios activos. El personal desplegará prácticas adecuadas de saneamiento y de higiene en la zona de fabricación, a la que no tendrán acceso las siguientes personas: — las que padezcan una enfermedad contagiosa, tengan heridas abiertas u otras enfermedades de la piel que puedan perjudicar la calidad y la pureza del principio activo; — las que lleven ropa sucia que no proteja el principio activo de una posible contaminación procedente del personal o que no proteja al personal de la exposición a principios activos potencialmente nocivos para la salud; — las que estén realizando actividades que puedan contaminar el principio activo, o comprometer de otra manera su calidad, al ir a entrar a la zona de fabricación. De igual modo, se recogen disposiciones sobre los edificios e instalaciones (art. 5), equipos (art. 6), documentación y registro (art. 7), gestión de material (art. 8), control de la fabricación y del proceso (art. 9), envasado y etiquetado (art. 10), comercialización (art. 11), controles de laboratorio (art. 12), validación (art. 13), control de los cambios (art. 14), rechazo y devolución (art. 15), reclamaciones y retiradas (art. 16), subcontratación (art. 17) y reenvasado (art. 18). IV. Propiedad intelectual e industrial En relación con esta área debemos considerar la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se trata de una reforma con la que se incorporan al Derecho español determinadas exigencias normativas impuestas por directivas europeas. Pero se ha aprovechado la ocasión para introducir otras modificaciones, que han generado —y continuarán haciéndolo— un gran debate y polémica en el sector. Quizá por ello la disposición final cuarta de la ley preceptúa que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de aquélla, efectuará los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento. Para un análisis de las principales modificaciones introducidas por esta ley de reforma, que entrará en vigor el 1 de enero del 2015 (salvo la regulación de algunos aspectos concretos, que se adelanta o se atrasa, según el caso), remitimos al documento publicado en nuestra web titulado «Puntos clave de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual por medio de la Ley 21/2014». En los últimos meses ha habido, entre otras, las siguientes modificaciones en el ámbito tributario: 1. La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, aprueba una serie de medidas que modifican el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y establecen la ausencia de tributación en los casos de capitalización de deudas, salvo que la deuda hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto a su nominal. Asimismo, se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relación con el tratamiento fiscal de las rentas que traigan causa de quitas y esperas derivadas de la aplicación de la Ley Concursal. 2. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con origen en el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de igual título, objeto de recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional por providencia del 23 de septiembre del 2014, afecta a un gran número de materias, con mayor relevancia en el ámbito jurídico público-regulatorio, pero también en el privado. De entre las medidas fiscales que implanta se podrían destacar las siguientes: a) con efectos desde el 1 de enero del 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, se establece que estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaigan sobre aquélla; V. Tributos5 y b) se establece, en relación con las retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de actividades profesionales, un porcentaje de retención del 15 % cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondientes al ejercicito inmediato anterior sea inferior a 15 000 euros y represente más del 75 % de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. 3. La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. Entre las novedades más destacadas cabe subrayar: a) la incorporación de un nuevo régimen fiscal aplicable a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia Exit Tax; b) la modificación del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español; c) la eliminación de la aplicación de los coeficientes de actualización y la modificación del régimen de los coeficientes de reducción o abatimiento aplicables a las transmisiones de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas que hayan sido adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994; d) la modificación de la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador; e) la incorporación de nuevas deducciones de apoyo a la familia, y f) la modificación del régimen de transparencia fiscal internacional. 4. Por su relevancia, debemos destacar también la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que introduce, entre otras, las siguientes novedades: a) se incorporan determinadas modificaciones en la regulación de la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros; b) se introducen importantes novedades en la valoración de los diferentes elementos patrimoniales que determinan la base imponible del impuesto, fundamentalmente en materia de amortizaciones y pérdidas por deterioros; c) se incorporan determinadas novedades en el régimen fiscal aplicable a las operaciones vinculadas; d) se establece un nuevo régimen de exención en la transmisión de participaciones de entidades residentes en España; e) se introducen modificaciones en el régimen de deducciones aplicables, y f) se introducen determinadas novedades con respecto al régimen fiscal especial aplicable a las operaciones de reestructuración. 5. Además, cabe tener en consideración la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Entre las medidas más novedosas se encuentran: a) el establecimiento de nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica; b) con carácter general, el incremento de los tipos impositivos de productos sanitarios; c) las modificaciones en el ámbito de las exenciones inmobiliarias; d) la ampliación de plazos para la modificación de la base imponible; e) la ampliación de los supuestos en que se aplica la regla de «inversión del sujeto pasivo»; f) la reducción de los límites que permiten al contribuyente optar por el régimen simplificado, y g) el establecimiento de nuevos tipos de infracción y sanciones. 6. En el ámbito foral, reseñamos para el territorio histórico de Gipuzkoa el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales. 7. En el territorio foral de Bizkaia, el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre, por el que se modifican varios reglamentos tributarios, introduce determinadas modificaciones en los reglamentos tributarios reguladores de las obligaciones tributarias formales del territorio histórico de Bizkaia, del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las obligaciones de facturación. 8. Por último, en relación con el territorio foral de Navarra, el Decreto Foral 102/2014, de 5 de noviembre, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, en virtud del cual se establece que no estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual determinados sujetos pasivos respecto de los que la Administración tributaria ya posea información suficiente; y la Ley Foral 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la notificación electrónica en el ámbito tributario de Navarra.6 | Actualidad Normativa diciembre 2014 Actualidad Normativa En materia de derecho contable, destacamos las siguientes novedades: 1. La Circular 4/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 1/2007, de 11 de julio, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión Europea, que modifica parcialmente la Circular 2/1998, de 27 de julio, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión Monetaria Europea. 2. La Circular 6/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica parcialmente la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización. 3. La Circular 7/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica la Circular 6/2013, de 25 de septiembre, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de activos bancarios. 4. En el ámbito europeo, el Reglamento de Ejecución núm. 1067/2014 de la Comisión, de 3 de octubre del 2014, por el que se establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del Feaga y del Feader, así como con fines de seguimiento y elaboración de previsiones. VI. Contabilidad VII. Laboral Las principales novedades legislativas en materia laboral son las siguientes: 1. La ya mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. El elemento nuclear en cuestiones laborales de ésta se centra en el desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, creado en julio de este mismo año. Se trata de un sistema estatal cuyo objetivo principal es que todos los jóvenes mayores de dieciséis años y menores de veinticinco (o menores de treinta, en caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %), no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados, por medio de la implantación de este Sistema Nacional de Garantía Juvenil. A tal fin, las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de forma indefinida (también en la modalidad fija discontinua) a una persona beneficiaria del mencionado sistema disfrutarán de una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros (proporcionalmente, en el caso del trabajo a tiempo parcial, 150 euros si se trata del 50 % de la jornada o 225 euros si es el 75 %). La duración de la bonificación será de seis meses. Para el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, se permite que la jornada a tiempo parcial pactada (y que, con carácter general, no podrá ser superior al 50 % de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable) pueda alcanzar el 75 % en el caso de personas beneficiarias de este Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Todas las bonificaciones previstas se aplicarán hasta el 30 de junio del 2016. 2. El Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. Se trata del marco normativo previsto para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto del Estado. Contiene un análisis pormenorizado de la situación y de las tendencias del mercado de trabajo, con una atención especial en los jóvenes y los mayores de cincuenta y cinco años. Incluye asimismo una presentación de las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas para el empleo. Como objetivos estratégicos para este bienio 2014-2016, este plan persigue la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y de los mayores de cincuenta y cinco años, el cumplimiento de la garantía juvenil, la mejora de la formación profesional para el empleo, el refuerzo de la vinculación entre las políticas activas y pasivas de empleo y el impulso del emprendimiento. Para ello dispondrá de planes anuales, de servicios y programas específicos, de una modernización de los servicios públicos de empleo con el seguimiento y la evaluación periódica de esta estrategia y con la colaboración de las 7 comunidades autónomas que gestionarán parte de los presupuestos destinados a desarrollar esta estrategia. 3. La Resolución de 16 de septiembre del 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre del 2014, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 4. La Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución española. Entre otras, se encuentran la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, la Ley General de Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de Empleo o el Estatuto Básico del Empleado Público. 5. La Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios. Esta orden modifica el que regía desde 1994, cuyo anexo se sustituye por el nuevo modelo de recibo aprobado por esta norma. En él se incorpora un apartado en el que han de constar la determinación de las bases de cotización a la Seguridad Social y los conceptos de recaudación conjunta y de la base sujeta a retención del IRPF y la aportación de la empresa. Así pues, se impone la concreción tanto de la aportación del trabajador como de la empresa, añadiéndose a este apartado de determinación de bases de cotización, recaudación conjunta y base sujeta a retención (ya existentes con anterioridad), la aportación de la empresa, para lo que el nuevo modelo de recibo de salarios introduce una nueva columna en cada uno de los conceptos (contingencias comunes, profesionales, conceptos de recaudación conjunta, cotización por horas extraordinarias y base sujeta a retención por IRPF). Las empresas dispondrán de un plazo de seis meses (hasta el 12 de mayo del 2015) a partir de la entrada en vigor de esta norma (que fue el 12 de noviembre del 2014) para adaptar sus modelos de recibo de salarios al nuevo. 6. La Resolución de 17 de octubre del 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2015. 7. La Orden ESS/1571/2014, de 29 de agosto, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la movilidad internacional. Concreta aspectos de cuantía, gestión y recaudación de algunas tasas incluidas en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. 8. La Resolución de 17 de noviembre del 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2015, a efectos de cómputos de plazos. VIII. Mercados financieros También tenemos importantes novedades en esta área: 1. El Reglamento de Ejecución (UE) núm. 964/2014 de la Comisión, de 11 de septiembre del 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las condiciones generales para los instrumentos financieros, desarrolla las condiciones generales de uso de los instrumentos financieros con apoyo en los fondos EIE. Se trata de préstamos de cartera con riesgos compartidos, los cuales son considerados de especial interés para la financiación de pymes; garantías de cartera con un límite máximo, descritas como incentivo a los intermediarios financieros para incrementar sus préstamos a las pymes; y préstamos para renovación, previstos como especialmente apropiados para incentivar el potencial de ahorro energético derivado de la renovación de edificios de viviendas. En los acuerdos de financiación, las autoridades de gestión podrán añadir condiciones adicionales a las generales establecidas por el reglamento. El texto del reglamento se acompaña de cuatro fundamentales anexos en los que se ofrecen modelos marco relativos a un acuerdo de financiación entre una autoridad de gestión y un intermediario financiero, a préstamos para las pymes basados en un modelo de préstamo con riesgos compartidos, a la garantía de cartera con un límite máximo para pymes, y préstamo para eficiencia energética y energías renovables en el sector de los edificios residenciales. 2. La ya mencionada Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autoriza al Gobierno para que, 8 | Actualidad Normativa diciembre 2014 Actualidad Normativa antes de noviembre del 2015, elabore la refundición de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, e incluya en el texto las siguientes disposiciones legales relativas a los mercados de valores, debidamente reguladas, aclaradas y sistematizadas: — Las disposiciones adicionales tercera y decimocuarta y las disposiciones transitorias primera, segunda, quinta y sexta de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. — La disposición adicional tercera de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. — Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y las disposiciones transitorias primera, segunda y sexta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
— La disposición adicional tercera de la Ley 26/2003, de17dejulio,porlaquesemodificanlaLey24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. — La disposición adicional de la Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. — Las disposiciones finales primera, segunda y cuarta de la Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. — La disposición adicional decimotercera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito. 3. La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva; ha derogado la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras. El nuevo texto consta de cuatro títulos, divididos en 103 artículos, tres disposiciones adicionales, una derogatoria y ocho finales. Además, hay que tener en cuenta que la ley recién publicada será objeto de una inmediata modificación, puesto que el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial (LFFE), publicado en el BOCG de 17 de octubre del 2014, contiene una disposición final sexta por la que se da nueva redacción al párrafo introductorio del artículo 80 (relativo a la comercialización de entidades de capital riesgo y entidades de inversión colectiva de tipo cerrado gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en España por la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del 2011, en el ámbito de la Unión Europea); introduce una nueva letra z bis en el artículo 93 (infracciones muy graves); y una nueva letra, la z, en el artículo 94 (infracciones graves). 4. La ya mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que afecta asimismo al sector financiero. 5. La Resolución de 29 de septiembre del 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se crean las oficinas de registro. Se trata de la Oficina de Registro General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), situada en Madrid, calle del Barquillo, 5, CP 28004; y la Oficina de Registro Auxiliar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, situada en Barcelona, calle de Bolivia, 56, CP 08018. Asimismo, se crea la Oficina del Registro Electrónico, que actuará como otra oficina de registro auxiliar de la CNMC y será la encargada del registro de los documentos relacionados con la recepción, remisión y tramitación de solicitudes, escritos y comunicaciones que se reciban o se comuniquen a través de la Sede Electrónica creada por la Resolución de 8 de noviembre del 2013, de la Presidencia de la CNMC. Todas las oficinas se encuentran en el ámbito competencial de la Secretaría General de la CNMC, a la cual se faculta, a su vez, para adoptar las medidas necesarias para la ejecución y desarrollo de la citada resolución. 6. En desarrollo de lo previsto por el artículo 24 de la LMV, se ha publicado la Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; se deroga el Real Decreto 1732/1998, de 31 de julio. La actualización del régimen de tasas persigue un triple objetivo. En primer lugar, garantizar la suficiencia financiera de la CNMV con respeto del principio de equivalencia. Teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos de la CNMV son las tasas que liquida por las actividades y servicios que presta a las distintas personas, entidades e instituciones que intervienen 9 en los mercados financieros, la ley acomete la revisión de los hechos imponibles en vigor e incorpora otros nuevos y, como consecuencia de ello, nuevos sujetos pasivos y ajustes en las tarifas. Los otros dos objetivos consisten en a) conseguir una mayor alineación de nuestro régimen de tasas con el contexto integrado de otros mercados de nuestro entorno y así evitar que los costes derivados de las tasas puedan actuar como un elemento negativo en el desarrollo de nuestro mercado de capitales y b) incorporar mejoras en la gestión, con las que se beneficiará tanto a los sujetos pasivos de la tasa como a la propia CNMV al reducirse los costes y cargas vinculados a los procedimientos de liquidación y recaudación que efectuará la propia CNMV según la información de que dispone en sus registros o que en su caso pueda obtener sin necesidad de recurrir a requerimientos adicionales de información para estos fines. El pago de las tasas correspondientes lo harán los sujetos pasivos con arreglo a los modelos oficiales que serán aprobados por el Ministerio de Economía y Competitividad. 7. La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, contiene importantes modificaciones en el régimen de funcionamiento y competencias de la junta de socios y en el órgano de administración de las sociedades de capital, con especial referencia a las sociedades cotizadas. Esta ley está siendo objeto de tratamiento separado y específico por materias, sobre las que se van publicando comentarios en nuestra página web. IX. Energía En el sector de la energía eléctrica destacan las siguientes nuevas normas: 1. El Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. La norma regula la «hibernación» (o más propiamente, cese efectivo) del almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor». Tras los terremotos en la zona de Castellón que acompañaron a las diversas fases del proceso de inyección de gas y la renuncia a la concesión de la empresa adjudicataria (Escal UGS, S. L.), Enagás Transporte, S. A. U., asumirá la administración de la infraestructura, se subrogará en la posición de Escal en tanto se decide la reanudación de la actividad o su desmantelamiento (lo más seguro) y asume el pago de la suma de «1 350 729 miles» de euros a la empresa Escal UGS, S. L., por el valor neto de la inversión. Efectuado el pago, Enagás será titular de un derecho de cobro por parte del sistema gasista con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del sistema gasista durante treinta años, hasta la total satisfacción del importe pagado. Además, la nueva norma prevé cambios en la titularidad de las centrales nucleares existentes en España. Habiendo transcurrido el plazo previsto en la Ley 12/2011, sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares o Producidos por Materiales Radiactivos, para que los titulares de las autorizaciones de explotación de centrales nucleares se adaptaran a las exigencias del artículo 28 de la Ley 25/1964, se hace necesaria la intervención del regulador que impone ex lege la titularidad única. Así, si el 4 de octubre del 2014 la titularidad de la autorización de explotación de una central nuclear no correspondía a una sola persona jurídica, dicha titularidad se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tuviera encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación. 2. La Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles en las instalaciones solares termoeléctricas. Esta nueva metodología se aplicará a las instalaciones del subgrupo b.1.2 del artículo 2 del Real Decreto 413/2014 (instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad), con las particularidades establecidas para las instalaciones híbridas de tipo 2 (instalaciones del subgrupo b.1.2 que incorporen adicionalmente uno o más de los combustibles principales indicados para los grupos b.6, b.7 y b.8, esto es, biomasa, biolíquido procedente de biomasa o biogás). Además, las instalaciones que hayan percibido alguna retribución por la energía eléctrica imputable a la utilización de un combustible de apoyo calculada según lo establecido en el artículo 4 de la orden, en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 14 de julio del mismo año —fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013—, deberán reintegrar al sistema de liquidaciones las cantidades percibidas en concepto de primas y tarifas correspondientes a esa energía. Dicha energía percibirá, exclusivamente, el precio del mercado. Para el periodo posterior a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013 se estará a lo previsto en la disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014.10 | Actualidad Normativa diciembre 2014 Actualidad Normativa 3. La ya mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Es ésta una norma de contenido muy diverso que también afecta al sector energético en su conjunto. Entre otras, modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Se reforma el régimen de retribución del sistema gasista; se obliga a distribuir a domicilio a los operadores al por mayor de gases licuados del petróleo envasados (carga superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos), se liberaliza el precio de venta de esos gases y se define el ámbito de aplicación de los precios máximos de venta al público, que el ministro de Industria, Energía y Turismo podrá establecer en tanto las condiciones de concurrencia y competencia en este mercado no se consideren suficientes. Estas reformas constituyen un primer paso de lo que será una reforma más profunda del sector de hidrocarburos acometida por el proyecto de ley que modifica la Ley de Hidrocarburos aprobado por el Consejo de Ministros del 12 de diciembre del 2014 y de cuya tramitación se dará cuenta en los boletines sectoriales. Con carácter transversal e impacto sobre los diversos mercados que integran el sector energético, la Ley 18/2014 crea el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética para cumplir el objetivo de ahorro energético durante el periodo 2014-2020, impuesto a España por la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre del 2012, relativa a la eficiencia energética. En virtud de este sistema se asignará a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional denominada «obligaciones de ahorro». El objetivo del ahorro energético anual que se determine se repartirá entre los sujetos obligados de forma proporcional —en el caso de las comercializadoras de gas y electricidad— al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales; y en el caso de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor, expresadas en gigavatios por hora (GWh), durante el segundo año anterior al periodo anual de la obligación. Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deberán efectuar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera que se establezca. Este fondo se dedicará a la financiación de mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información u otras medidas con el fin de aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores, de forma que contribuyan a alcanzar el objetivo de ahorro energético nacional que establece el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética. La ley concreta las obligaciones de aportación al fondo para el 2014. Excepcional y únicamente para el 2014, no estarán obligados a contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética los comercializadores de pequeño tamaño (volumen de ventas finales igual o inferior a 5 kteps —kilotoneladas equivalentes en petróleo— en el 2012). 4. El Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. El bono social constituye una obligación de servicio público cuyo coste será asumido por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica (art. 45.4 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico). El porcentaje de reparto de las cantidades correspondiente a cada grupo se calculará como «la relación entre un término que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras en que participe el grupo, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de suministros y clientes de todos los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto». El porcentaje de reparto será calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidos en el Real Decreto 964/2014 y aprobados por orden ministerial. Las cantidades que debe aportar cada una de las sociedades matrices se ingresarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por el organismo liquidador, que será responsable de su gestión. 5. El Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en su caso, de los desajustes temporales negativos posteriores. Se establece el procedimiento para que las eléctricas («titulares iniciales») puedan ceder a terceros los derechos de cobro correspondientes a la financiación del déficit de ingresos del sistema eléctrico del ejercicio 2013, que asciende a 3540 millones según la liquidación de cierre del año 2013 efectuada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el 26 de noviembre del 2014, así como la metodología 11 para determinar el tipo de interés de mercado que se reconoce a los titulares de los derechos de cobro de dicho déficit y de los años posteriores, en caso de que se produzcan desajustes. Además, tal real decreto modifica el Real Decreto 1164/2001, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por Real Decreto 1110/2007; el Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; el Real Decreto 1047/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, y el Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 6. En el ámbito autonómico, en Cataluña destaca la Ley 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. El capítulo III de esta ley regula el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear por los riesgos que puede tener en el medio ambiente el uso de combustible nuclear. Se grava la utilización de combustible nuclear (800 000 euros por tonelada consumida en el periodo impositivo). Se afectan parcialmente los ingresos de este impuesto en la cuantía de 257 154 euros anuales, al efecto de atender la financiación de los medios y las actividades y actuaciones de protección civil expresamente destinadas a la disminución, el control y, si procede, la reducción de los riesgos derivados de la actividad gravada. Este impuesto —como los demás creados por la ley— es compatible con otros impuestos y tasas previstas por la legislación estatal o catalana. X. Telecomunicaciones En esta materia debemos reseñar lo siguiente: 1. La Recomendación de la Comisión de 9 de octubre del 2014 relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Sin perjuicio de los análisis de mercado ya realizados, cuando las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) valoren si un mercado de redes o servicios de comunicaciones electrónicas debe ser objeto de regulación ex ante, tendrán en cuenta los criterios establecidos en esta recomendación. Según ésta, a efectos de imposición de obligaciones ex ante, se deberán analizar los mercados de productos y servicios enumerados en su anexo (cuatro mercados) y se podrán identificar otros mercados no incluidos en dicho anexo si las ANR demuestran que concurren los tres requisitos siguientes: a) la presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo estructural, jurídico o reglamentario; b) una estructura del mercado que no tiende hacia una competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente, teniendo en cuenta el grado de competencia basada en la infraestructura o en otro tipo de barreras de entrada, y c) el hecho de que la legislación en materia de competencia no resulte suficiente por sí sola para abordar adecuadamente las deficiencias detectadas. Los mercados citados en el anexo no serán objeto de regulación ex ante si las ANR pueden demostrar que, en las circunstancias nacionales específicas, no se cumple al menos uno de los tres criterios indicados. El Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital. Conforme a este nuevo plan, se redistribuye el espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de radiodifusión televisiva, lo que supone la reordenación de los actuales canales de la televisión digital terrestre (TDT). Se detallan las condiciones básicas en las que se producirá el proceso de reordenación del espectro y de liberación de los canales radioeléctricos 61 a 69 (banda de frecuencias: 790 MHz a 862 MHz), que han de ser abandonados por la Corporación de Radio y Televisión Española, por los titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual televisiva de cobertura estatal, por el servicio de televisión digital terrestre de cobertura autonómica y por el servicio de televisión digital terrestre de cobertura insular y local, de modo que unos canales quedan libres para ser utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles y otros serán adjudicados a nuevos licenciatarios a través del procedimiento de concurso. Con esto se pretenden conseguir dos objetivos establecidos por la Agenda Digital para Europa: 1.º) el 12 | Actualidad Normativa diciembre 2014 Actualidad Normativa despliegue de redes y el desarrollo de servicios de telefonía móvil de cuarta generación que permitirán el acceso a la banda ancha ultrarrápida en movilidad y la ampliación de la cobertura de la banda ancha incluso a zonas rurales, y 2.º) el impulso de la televisión digital de alta definición. Para facilitar la adaptación de los aparatos y garantizar la cobertura a la gran mayoría de la población, se permite la emisión simultánea y transitoria de la programación en los canales radioeléctricos que han de ser abandonados y en los nuevos canales hasta el 31 de diciembre del 2014 (fecha límite para la liberalización del dividendo digital). Este real decreto modifica el Real Decreto 346/2011 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y deroga la disposición adicional tercera de la Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el citado reglamento, así como el Real Decreto 944/2005, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, y el Real Decreto 365/2010, por el que se regula la asignación de los múltiples digitales de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. 3. La Resolución de 16 de octubre del 2014, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se establece el momento en que debe realizarse la reubicación de los canales de televisión digital terrestre en los múltiples digitales RGE1, RGE2, MPE1, MPE2, MPE3, MPE4 y MAUT planificados en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre aprobado por el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre. Esta norma estableció el día 26 de octubre del 2014 entre las 2.00 y las 6.00 horas como la fecha en la que los operadores habilitados para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisiva terrestre de cobertura estatal o autonómica debían reubicar sus canales de TDT en los nuevos múltiples digitales planificados en el Real Decreto 805/2014. 4. El Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. La reordenación de canales y la asignación de los nuevos múltiples exigen adaptaciones en los aparatos receptores para continuar viendo la misma programación. La adaptación será más o menos compleja en función del sistema de recepción del cada edificio. 5. En cumplimiento del citado Real Decreto 920/2014, la Resolución de 7 de noviembre del 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convoca la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. Sólo podrán obtener las subvenciones las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto inmobiliario sujeto al régimen de propiedad horizontal. Las ayudas se solicitarán una vez efectuada la adaptación, mediante la plataforma telemática habilitada al efecto (https:// ayudas.televisiondigital.gob.es) y antes del 30 de junio del 2015. Las solicitudes serán atendidas por orden de presentación hasta el agotamiento del importe máximo de las ayudas (280 000 000 euros). 6. Por otra parte, se ha aprobado la Resolución de 2 de octubre del 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publica la de 23 de septiembre del 2014, de la Sala de Supervisión Regulatoria, por la que se aprueba la definición y el análisis de los mercados mayoristas de terminación de llamadas en redes fijas, la designación de los operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. Se designan como operadores con poder significativo en los mercados mayoristas de terminación de llamadas en redes fijas a todos los operadores a los que se ha atribuido numeración telefónica (geográfica o no) y se les imponen las obligaciones recogidas en el anexo 2 de la Resolución de 23 de septiembre del 2014 (obligación de proporcionar los servicios de terminación de llamadas a todos los operadores a precios orientados a costes y en condiciones no discriminatorias); por su peculiar estatus, a Telefónica de España, S. A. U., se le imponen las obligaciones del anexo 3, que incluyen, además de las obligaciones del resto de los operadores, otras en materia de transparencia y separación de cuentas.13 En el ámbito ferroviario ofrecen interés particularmente las siguientes normas: 1. En España, la ya mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha modificado asimismo la Ley 39/ 2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, para añadir una nueva disposición adicional decimocuarta en la que se habilita al Gobierno para aprobar, a propuesta del Ministerio de Fomento, el reglamento de circulación ferroviaria en el que se establecerán las reglas y procedimientos operativos necesarios para que la circulación de los trenes por la red ferroviaria de interés general se lleve a cabo de forma segura y eficiente. 2. Por otra parte, en el marco de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio del 2008, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad, se ha publicado un conjunto de normas que aprueban las especificaciones técnicas (ETI) aplicables a los diversos subsistemas del sistema ferroviario de la Unión Europea, con el propósito de conseguir la interoperabilidad del sistema como paso previo e indispensable para lograr la consolidación del mercado interior de los servicios ferroviarios. Las nuevas especificaciones técnicas se aplicarán a las instalaciones nuevas que entren en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2015, si bien las decisiones preexistentes reguladoras de esta materia seguirán siendo de aplicación a los subsistemas autorizados conforme a ellas y a los proyectos de subsistemas nuevos, renovados o acondicionados para un nivel superior de prestaciones que, en la fecha de publicación de las nuevas especificaciones técnicas, se encuentren en una fase avanzada de desarrollo o sean objeto de un contrato en curso. Nos limitamos aquí a enumerar las nuevas normas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de diciembre del 2014: — El Reglamento (UE) núm. 1299/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre del 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea. — El Reglamento (UE) núm. 1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre del 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida. — El Reglamento (UE) núm. 1301/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre del 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema de energía del sistema ferroviario de la Unión. — El Reglamento (UE) núm. 1302/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre del 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de material rodante «locomotoras y material rodante de viajeros» del sistema ferroviario en la Unión Europea. — El Reglamento (UE) núm. 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre del 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea. — El Reglamento (UE) núm. 1305/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre del 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad referente al subsistema de aplicaciones telemáticas para el transporte de mercancías en la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 62/2006. — La Decisión de ejecución de la Comisión 2014/880/UE, de 26 de noviembre del 2014, sobre las especificaciones comunes del registro de la infraestructura ferroviaria y por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2011/633/UE. — La Recomendación de la Comisión2014/881/UE, de 18 de noviembre del 2014, relativa al procedimiento para la demostración del nivel de cumplimiento de los parámetros básicos de las especificaciones técnicas de interoperabilidad por parte de las líneas ferroviarias existentes. Conforme a lo dispuesto en la sección 7.3.4 del anexo del Reglamento (UE) núm. 1299/2014 (ETI de infraestructura) y en la sección 7.3.4 del anexo del Reglamento (UE) núm. 1301/2014 (ETI de energía), la demostración del nivel de cumplimiento de los parámetros básicos de las especificaciones técnicas de interoperabilidad en las líneas ferroviarias existentes que no estén sujetas a un proyecto de renovación o acondicionamiento o a proyectos que impliquen un procedimiento de verificación «CE» debe ser voluntaria. La Recomendación 2014/881/UE sustituye a la Recomendación 2011/622/UE y regula el procedimiento normalizado para la demostración del nivel XI. Sector ferroviario14 | Actualidad Normativa diciembre 2014 Actualidad Normativa de cumplimiento de los parámetros básicos de las especificaciones técnicas de interoperabilidad por las instalaciones fijas existentes. — La Directiva 2014/106/UE de la Comisión, de 5 de diciembre del 2014, por la que se modifican los anexos V y VI de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad; tiene como objetivo definir mejor el ámbito y el contenido de la declaración «CE» de verificación de los subsistemas ferroviarios de la Unión, aclarar algunas cuestiones relativas al procedimiento de verificación y definir mejor el ámbito y el contenido de la declaración «CE» de verificación de los subsistemas en el anexo V de la Directiva 2008/57/CE. En particular, debe indicarse claramente la responsabilidad del signatario de dicha declaración de instalaciones.