Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/5250
Timestamp: 2020-02-26 05:14:29
Document Index: 288040323

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'e contrario', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 35', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 86']

HJ System - Decision: SENTENCIA 245/2004
SENTENCIA 245/2004, de 16 de diciembre
ECLI:ES:TC:2004:245
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 3562-2000, 3572-2000, 4174-2000, 5344-2000, 5572-2000, 5573-2000, 5903-2000, 235-2001, 300-2001, 342-2001, 763-2001, 1741-2001, 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450- 2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667- 2001, 6711-2001, 4250-2002 y 4251-2002, planteadas por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y núm. 3666-2002, promovida por la Sección Sexta de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo, todas ellas sobre el art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por su posible vulneración de los arts. 31.3 y 86 CE. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El día 19 de junio de 2000 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (registrado con el núm. 3562- 2000), al que se acompañaba, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala de 4 de mayo de 2000, por los que se acuerda elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por presunta vulneración de los artículos 31.3 y 86 de la Constitución española.
2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la citada cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:
a) La Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento giró noventa y una liquidaciones a la entidad Telefónica de España, S.A., en concepto de canon por reserva del dominio público radioeléctrico por importe de 4.042.919 pesetas.
b) Presentada reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico- Administrativo Central (RG 3993/96; RS 400/96), por Resolución con fecha de 28 de enero de 1998 se desestima.
c) Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (núm. 307/99) y una vez tramitado el correspondiente procedimiento, por providencia de 20 de enero de 2000 la Sala suspendió el plazo para dictar sentencia, acordando oír a las partes y al Ministerio Fiscal, para que alegasen lo que considerasen conveniente en relación con el posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 1 del Real Decreto- ley 2/1996, de 26 de enero, por la posible infracción de los artículos 31.3 y 86 de la Constitución Española "en cuanto al cauce normativo empleado y su eventual contrariedad con el principio de reserva de ley".
3. Mediante Auto de 13 de marzo de 2000 la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, al dudar de su constitucionalidad por infracción de los artículos 31.3 y 86 de la Constitución española. La razón que se aduce es que "a la luz de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, entre otras, en STC 4/2/83, 14/12/95, 28/10/97, entiende la Sala ... que la utilización del mecanismo del Decreto Ley para crear y regular prestaciones patrimoniales, con el fin de dar cobertura legal a situaciones que se vieron afectadas por la Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional, presenta serias y racionales dudas sobre su adecuación y respeto al principio de reserva de Ley establecido por el art. 31.3 de la CE, tal como viene siendo interpretado por la doctrina constitucional, y a lo establecido en el art. 86.1, respecto de la materias vedadas al Decreto ley".
4. Por providencia de la Sección Primera de este Tribunal de fecha de 25 de julio de 2000, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 37.1 LOTC, se acordó oír al Fiscal General del Estado para que en el plazo de diez días alegara lo que considerase oportuno acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad, por posible falta de fundamentación de las dudas de constitucionalidad.
5. El Fiscal General del Estado evacuó sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal con fecha de 20 de septiembre de 2000, interesando se dictase Auto de inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad, de acuerdo con lo previsto en el art. 37.1 LOTC. En este sentido entiende el Fiscal General, en primer lugar y con relación a la posible falta de fundamentación del Auto de planteamiento, que, dado que las causas de inadmisión previstas en el art. 37.1 LOTC son tasadas, el concepto de cuestión notoriamente infundada en ningún caso se refiere "a la concisión con que el órgano judicial trata de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada". En segundo lugar, con referencia a las dudas de constitucionalidad, y puesto que no se ha suscitado ningún problema respecto de las razones de urgencia que llevaron a promulgar el Real Decreto-ley 2/1996, llega a la conclusión de que "el hecho de acudir a este instrumento para regular determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público, no puede considerarse contrario a las normas constitucionales citadas, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal".
6. Mediante providencia de la Sección Tercera de este Tribunal, con fecha de 31 de octubre de 2000, se acordó incorporar a los autos el anterior escrito del Fiscal General del Estado y admitir a trámite la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la incoación de la cuestión (lo que se cumplimentó en el BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 2000).
7. Por escrito registrado en este Tribunal el día 15 de noviembre de 2000 la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicaba que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
8. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 24 de noviembre de 2000, en el que suplicaba que se dictase Sentencia por la que se declarase mal planteada e inadmisible la cuestión de inconstitucionalidad o, subsidiariamente, se desestimase. En efecto, a juicio de esta representación pública la cuestión está mal planteada por dos razones, siendo superable una de ellas e insubsanable la otra. En primer lugar entiende que el objeto de la cuestión no puede ser el art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, globalmente considerado, pues la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 supondría, por conexión, la de todos los precios públicos relacionados en el anexo de la citada norma y no sólo la del canon de reserva del dominio público radioeléctrico, que es el único que constituye el objeto del proceso a quo. Por ello de prosperar la cuestión de inconstitucionalidad debería limitarse la declaración de inconstitucionalidad y nulidad al apartado del anexo que hace referencia al precio público impugnado en el proceso contencioso-administrativo que da lugar al planteamiento de la presente cuestión.
En segundo lugar el otro óbice en que incurre la cuestión de inconstitucionalidad, insuperable, según el Abogado del Estado, se encuentra en que la cuestión está notoriamente falta de fundamentación, pues el órgano judicial no ofrece los concretos argumentos que le llevan a dudar de la constitucionalidad de la norma legal cuestionada. El juez o tribunal proponente de una cuestión de inconstitucionalidad debe exponer ordenadamente en qué se asienta su duda constitucional, pues la apertura de cualquier proceso de constitucionalidad, y especialmente de aquellos que pueden concluir con la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de una norma con fuerza de ley, debe hacerse fundadamente (art. 85.1 LOTC), lo que significa que quien inicie ese proceso debe explicitar las razones para ello. Sin embargo, el razonamiento que se incluye en el auto de planteamiento se limita a decir que "[l]a utilización del mecanismo del Decreto-Ley para crear y regular prestaciones patrimoniales, con el fin de dar cobertura legal a situaciones que se vieron afectadas por la sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional, presenta serias y racionales dudas sobre su adecuación y respeto al principio de reserva de ley establecido por el art. 31.3 CE tal corno viene interpretado por la doctrina constitucional y a lo establecido en el art. 86.1, respecto a las materias vedadas al Decreto- Ley". Ciertamente -afirma el Abogado del Estado- esto mismo podría decirse de cualquier Decreto-Ley que regulara tributos o cualesquiera otras prestaciones patrimoniales de carácter público. Ahora bien, es un dato evidente que la doctrina constitucional admite el empleo del Decreto-ley para regular materia tributaria dentro de ciertos límites. Así lo habrían declarado la STC 6/1983 de 9 de febrero (FJ 4) y la STC 182/1997 de 28 de octubre (FFJJ 6 y 7), que resume la doctrina constitucional en este punto, Sentencia esta última de cuyo fundamento jurídico 8 se deduce que cuando el Decreto-ley se utilice correctamente en la materia tributaria, la reserva legal del art. 31.3 CE queda respetada al ser una "disposición legislativa provisional" (art. 86.1 CE), es decir, una disposición normativa con fuerza formal de ley [arts. 161.1 a) CE y 27.2 b) LOTC].
Por otra parte, y respecto a la materia tributaria, la STC 182/1997 ha puntualizado que el deber constitucional de contribuir (art. 31.1 CE) está conectado con la capacidad económica y relacionado con "el conjunto del sistema tributario" (FFJJ 6 y 7); que el Decreto-ley no puede alterar ni el régimen general ni los elementos esenciales del deber de contribuir, esto es, que el Decreto-Ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadano de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo (FJ 7); que vulnerará el art. 86 CE cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario (FJ 7); y, en fin, que no queda absolutamente impedida la utilización del Decreto- ley en materia tributaria, cuando concurre el supuesto habilitante, como instrumento normativo del Gobierno al servicio de los objetivos de la política económica. Sería preciso tener en cuenta en cada caso, en consecuencia, en qué tributo concreto incide el Decreto-ley -constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica-, qué elementos del mismo -esenciales o no- resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa, y cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate. Pues bien, aplicando este test de constitucionalidad, y teniendo en cuenta además la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 5; y 233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 9 y 15 y ss.) no puede entenderse que el art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996 viole el art. 86.1 CE en relación con el art. 31.1 CE.
Por lo tanto para el Abogado del Estado no es cierto que el Real Decreto-ley 2/1996 establezca ex novo ninguna prestación patrimonial de carácter público, pues habían sido ya establecidas y venían cobrándose desde años atrás. Algunas de ellas lo habían sido de conformidad con el art. 26 de la Ley 8/1989, en la confianza de que este precepto y los concordantes no eran contrarios a la Constitución, mientras que otras habían sido establecidas por una Ley especial, como ocurría con el canon o precio público por reserva del dominio público radioeléctrico, cuyas liquidaciones se impugnan en el proceso contencioso- administrativo a quo. Este detalle, no sólo es pasado por alto en la demanda contencioso- administrativa, sino que es ignorado por el Auto de planteamiento. Efectivamente, aunque el canon por reserva del dominio público radioeléctrico había sido regulado, al amparo del art. 26 de la Ley 8/1989, por la Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1992, luego sustituida por la de 10 de octubre de 1994, sin embargo, había sido establecido formalmente como un tributo - con perfecto cumplimiento de cuanto disponen los arts. 31.3 y 133.1 CE- por el art. 7.3 y la disposición adicional novena de la Ley 31/1987 de 18 de diciembre, de ordenación de las telecomunicaciones. Sería después la Orden de 17 de noviembre de 1992 -en relación con la disposición transitoria de la Ley 8/1989- la que le otorgaría la naturaleza de un precio público (números 1 y 5). Ese art. 7.3 y la adicional novena de la Ley 31/1987 estuvieron en vigor hasta su derogación por la Ley 11/1998 de 24 de abril, general de telecomunicaciones, cuya disposición transitoria décima ordena que, hasta que se fije el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, se aplique "lo establecido en la Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 10 de octubre de 1994 de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/1996 de 26 de enero". Este pronunciamiento legislativo abona, pues, lo bien fundado de entender establecido el canon/precio público por reserva del dominio público ya desde la Ley 31/1987. En consecuencia el art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996 no establece ex novo un canon por reserva del dominio público radioeléctrico, ni tampoco altera la carga económica que venía suponiendo el pago del mismo, limitándose a sanar el defecto de rango de las normas que venían regulándolo con el exclusivo fin de dar cumplimiento a una Sentencia constitucional publicada.
9. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido por escrito registrado el día 24 de noviembre de 2000, en el que suplicaba se dictase sentencia por la que se desestimase la presente cuestión de inconstitucionalidad. A juicio de esta parte las razones que llevan a la Sala a estimar que la norma cuestionada es inconstitucional -como así se deduce de las alegaciones efectuadas por las distintas partes en el trámite del art. 35 LOTC- son evidentes: se habría producido un incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 86 CE, de regular por Real Decreto-ley cuestiones que afecten a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la misma, lo que, a su vez, constituiría una infracción del art. 31.3 en cuanto la reserva de ley que en dicha norma se contempla ha de serlo en todo caso de ley tramitada en Cortes, sin permitir el Decreto-ley.
10. Con posterioridad al planteamiento de la cuestión núm. 3562-2000, tuvieron entrada en este Tribunal, de un lado, veintiocho escritos de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fechas de entrada en este Tribunal el día 20 de junio (registrado con el núm. 3572-2000), 18 de julio (registrado con el núm. 4174- 2000), 10 de octubre (registrado con el núm. 5344-2000), 24 de octubre (registrados con los núms. 5572-2000 y 5573-2000) y 14 de noviembre de 2000 (registrado con el núm. 5903- 2000), 15 de enero (registrado con el núm. 235-2001), 17 de enero (registrado con el núm. 300- 2001),18 de enero (registrado con el núm. 342-2001), 12 de febrero (registrado con el núm. 763-2001), 27 de marzo (registrado con el núm. 1741-2001), 3 de diciembre (registrados con los núms. 6356-2001 y 6426-2001), 4 de diciembre (registrado con el núm. 6378-2001), 5 de diciembre (registrados con los núms. 6396-2001 y 6397-2001), 10 de diciembre (registrados con los núms. 6450-2001, 6451-2001 y 6452-2001), 18 de diciembre (registrados con los núms. 6646-2001, 6647-2001 y 6648-2001), 19 de diciembre (registrados con los núms. 6665- 2001, 6666-2001 y 6667-2001) y 20 de diciembre de 2001 (registrado con el núm. 6711- 2001) y 9 de julio de 2002 (registrados con los núms. 4250-2002 y 4251-2002), y de otro lado un escrito de la Sección Sexta de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo, con fecha de entrada el día 13 de junio (registrado con el núm. 3666-2002), a los que se acompañaban, junto con los testimonios de los correspondientes procedimientos, los Autos de la referida Sala de fechas 4 de abril de 2000 (dos Autos), 26 de julio de 2000, 21 de septiembre de 2000, 15 de septiembre de 2000, 13 de octubre de 2000, 6 de noviembre de 2000, 29 de noviembre de 2000, 6 de noviembre de 2000, 7 de septiembre de 2000, 15 de febrero de 2001 (cuatro Autos), 27 de marzo de 2001 (dos Autos), 1 de junio de 2001, 13 de junio de 2001 (dos Autos), 12 de noviembre de 2001 (siete Autos), 4 de abril de 2002, 5 de abril de 2002 y 30 de abril de 2002; Autos todos ellos por los que se acordaba igualmente elevar a este Tribunal cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el citado artículo 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por presunta vulneración de los arts. 31.3 y 86 CE.
11. Los antecedentes de hechos del planteamiento de las veintinueve cuestiones citadas anteriormente son los siguientes:
a) La Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento giró en concepto de canon por reserva del dominio público radioeléctrico a Telefónica de España, S.A., una liquidación por importe de 10.000 pesetas (cuestión núm. 3572-2000), treinta liquidaciones por importe de 10.434.143 pesetas (cuestión núm. 4174-2000), cincuenta y nueves liquidaciones por importe de 621.680 pesetas (cuestión núm. 5344-2000), dos liquidaciones por importe de 153.895 pesetas (cuestión núm. 5572-2000), mil setenta y cinco liquidaciones por importe de 641.625.755 pesetas (cuestión núm. 5573-2000), seis liquidaciones por importe de 1.166.997 pesetas (cuestión núm. 5903-2000), una liquidación por importe de 1.334.608 pesetas (cuestión núm. 235-2001), una liquidación por importe de 388.247 pesetas (cuestión núm. 300-2001), trece liquidaciones por importe de 4.342.928 pesetas (cuestión núm. 342-2001), cinco liquidaciones por importe de 50.000 pesetas. (cuestión núm. 763-2001), quinientas cuarenta y cinco liquidaciones por importe 19.901.246 pesetas (cuestión núm. 6396-2001), una liquidación por importe de 10.000 pesetas (cuestión núm. 6397-2001), sesenta y tres liquidaciones por importe de 263.912.153 pesetas (cuestión núm. 6450-2001), treinta y dos liquidaciones por importe de 334.0899 pesetas (cuestión núm. 6451- 2001), doscientas ochenta y ocho liquidaciones por importe de 169.227.979 pesetas (cuestión núm. 6452-2001), diez liquidaciones por importe de 100.000 pesetas (cuestión núm. 6665- 2001), cuatro liquidaciones por importe de 562.288 pesetas (cuestión núm. 6711-2001), noventa y dos liquidaciones por importe de 329.274.055 pesetas (cuestión núm. 3666-2002) y ciento noventa y seis liquidaciones por importe de 221.348.678 pesetas (cuestión núm. 4250- 2002).
Igualmente giró a Promotora de Emisoras, S.A., una liquidación por importe de 233.370 pesetas (cuestión núm. 1741-2001); a Compañía Aragonesa de Radiodifusión, S.A., una liquidación por importe 40.704 pesetas (cuestión núm. 6356-2001); a Sociedad de Estudios de Radio y Televisión, S.A., cuatro liquidaciones por importe de 62.489 pesetas (cuestión núm. 6378-2001); a Radiodifusión de Tenerife, S.A., dos liquidaciones por importe de 207.319 pesetas (cuestión núm. 6426-2001); a Antena 3 de Radio, S.A., veintiuna liquidaciones en cuantía indeterminada (cuestión núm. 6646-2001), y setenta y cuatro liquidaciones en cuantía indeterminada (cuestión núm. 4251-2002); a Radio Zaragoza, S.A., siete liquidaciones por importe de 855.945 pesetas (cuestión núm. 6647-2001); a Sociedad de Radiodifusión Aragonesa, S.A., tres liquidaciones por importe de 30.000 pesetas (cuestión núm. 6648- 2001); a Ondas Galicia, S.A., dos liquidaciones por importe de 119.884 pesetas (cuestión núm. 6666- 2001); y a Avante Radio, S.A., siete liquidaciones por importe de 345.805 pesetas (cuestión núm. 6667-2001).
b) Contra las anteriores liquidaciones se presentaron las correspondientes reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico- Administrativo Central, siendo todas ellas desestimadas mediante Resoluciones de 11 de marzo de 1998 [RG 6450/97; RS 1074/97 (cuestión núm. 3572-2000)], 29 de enero de 1997 [RG 7771/95; RS 318/96 (cuestión núm. 4174-2000)], 19 de diciembre de 1997 [RG 5783/97; RS 969/97 (cuestión núm. 5344-2000)], 12 de marzo de 1999 [RG 2979/98; RS 1039/98 (cuestión núm. 5572-2000)], 26 de septiembre de 1997 [RG 1210/97; RS 555/97 (cuestión núm. 5573-2000)], 4 de diciembre de 1998 [RG 3278/98; RS 708/98 (cuestión núm. 5903-2000)], 3 de noviembre de 1999 [RG 2054/99; RS 428/99 (cuestión núm. 235-2001)], 21 de octubre de 1999 [RG 2041/99; RS 432/99 (cuestión núm. 300-2001)], 11 de febrero de 1999 [RG 3280/98; RS 709/98 (cuestión núm. 342-2001)], 13 de enero de 1999 [RG 1674/98; RS 618/98 (cuestión núm. 763-2001)], 24 de junio de 1999 [RG 1462/98; RS 485/98 (cuestión núm. 1741-2001)], 24 de febrero de 1999 [RG 1444/98; RS 369/987 (cuestión núm. 6356-2001)], 13 de enero de 1999 [RG 1470/98; RS 372/98 (cuestión núm. 6378-2001)], 23 de octubre de 1998 [RG 1503/98; RS 498/98 (cuestión núm. 6396-2001)], 26 de junio de 1998 [RG 6854/97; RS 64/98 (cuestión núm. 6397-2001)], 13 de enero de 1999 [RG 1461/98; RS 518/98 (cuestión núm. 6426-2001)], 11 de febrero de 1999 [RG 6318/96; RS 445/96 (cuestión núm. 6450-2001)], 13 de marzo de 1999 [RG 3282/98; RS 832/98 (cuestión núm. 6451-2001)], 29 de noviembre de 1999 [RG 1504/98; RS 499/98 (cuestión núm. 6452-2001)], 4 de diciembre de 1998 [RG 1460/98; RS 449/98 (cuestión núm. 6646-2001)], 13 de enero de 1999 [RG 1447/98; RS 514/98 (cuestión núm. 6647-2001)], 12 de marzo de 1999 [RG 1448/98; RS 368/98 (cuestión núm. 6648-2001)], 13 de enero de 1999 [RG 3281/98; RS 710/98 (cuestión núm. 6665-2001)], 4 de diciembre de 1998 [RG 1458/98; RS 569/98 (cuestión núm. 6666-2001)], 4 de diciembre de 1998 [RG 1451/98; RS 515/98 (cuestión núm. 6667-2001)], 11 de junio de 1999 [RG 4970/98; RS 837/98 (cuestión núm. 6711-2001)], 21 de octubre de 1997 [RG 1393/97; RS 610/97 (cuestión núm. 3666-2002)], 24 de junio de 1999 [RG 1505/98; RS 500/98 (cuestión núm. 4250-2002)] y 29 de enero de 1999 [RG 1465/98; RS 450/98 (cuestión núm. 4251-2002)].
c) Frente a las anteriores Resoluciones se interpusieron recursos contencioso- administrativo ante la Audiencia Nacional núms. 345/99 (cuestión núm. 3572-2000), 407/99 (cuestión núm. 4174-2000), 532/99 (cuestión núm. 5344-2000), 779/00 (cuestión núm. 5572- 2000), 528/99 (cuestión núm. 5573-2000), 882-2000 (cuestión núm. 5903-2000), 615/99 (cuestión núm. 235-2001), 567/99 (cuestión núm. 300-2001), 236-2000 (cuestión núm. 342- 2001), 883-2000 (cuestión núm. 763-2001), 210/99 (cuestión núm. 1741-2001), 234-2001 (cuestión núm. 6356-2001), 124/01 (cuestión núm. 6378-2001), 506-2000 (cuestión núm. 6396-2001), 320/00 (cuestión núm. 6397-2001), 239/01 (cuestión núm. 6426-2001), 875- 2000 (cuestión núm. 6450-2001), 1006/00 (cuestión núm. 6451-2001), 1331-2000 (cuestión núm. 6452-2001), 1372/00 (cuestión núm. 6646-2001), 114-2001 (cuestión núm. 6647-2001), 125- 2001 (cuestión núm. 6648-2001), 778-2000 (cuestión núm. 6665-2001), 159-2001 (cuestión núm. 6666-2001), 152-2001 (cuestión núm. 6667-2001), 918-2001 (cuestión núm. 6711- 2001), 1306/97 (cuestión núm. 3666-2002), 403-2001 (cuestión núm. 4250-2002) y 155-2001 (cuestión núm. 4251-2002).
d) Una vez tramitados los correspondientes procedimientos, se dictaron por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional providencias con fechas de 17 de febrero (cuestión núm. 3572-2000), 7 de julio (cuestión núm. 763-2001), 21 de septiembre (cuestiones núms. 235-2001 y 342-2001), 11 de octubre (cuestiones núms. 300-2001 y 6397- 2001), 19 de octubre (cuestión núm. 6396-2001), 26 de octubre (cuestiones núms. 1741- 2001 y 6667-2001) y 2 de noviembre de 2000 (cuestión núm. 6451-2001), 8 de febrero (cuestión núm. 6450-2001), 15 de febrero (cuestión núm. 6452-2001), 4 de abril (cuestión núm. 6426- 2001), 26 de abril (cuestión núm. 6378-2001), 3 de mayo (cuestión núm. 6356-2001), 6 de junio (cuestión núm. 6666-2001), 14 de junio (cuestión núm. 6665-2001), 20 de junio (cuestión núm. 6646-2001), 24 de julio (cuestión núm. 6711-2001), 6 de septiembre (cuestión núm. 6647- 2001) y 20 de septiembre de 2001 (cuestión núm. 6648-2001), y 14 de marzo de 2002 (cuestión núm. 4250-2002), por las que la Sala suspendía el plazo para dictar sentencia, acordando oír a las partes y al Ministerio Fiscal, para que alegasen lo que considerasen conveniente en relación con el posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, por la posible infracción de los artículos 31.3 y 86 de la Constitución Española "en cuanto al cauce normativo empleado y su eventual contrariedad con el principio de reserva de ley".
Igualmente, se dictaron providencias con fechas de 13 de febrero (cuestión núm. 5572- 2000), 6 de julio (cuestión núm. 5344-2000), 13 de julio de 2000 (cuestión núm. 5903- 2000), y 1 de marzo de 2002 (cuestión núm. 4251-2002), por las que la Sala acordaba suspender el plazo para dictar sentencia y oír a las partes y al Ministerio Fiscal, para que alegasen lo que considerasen conveniente en relación con el posible planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, "en relación con los arts. 86 y 31.3 de la Constitución Española en contrariedad con el principio de reserva de ley".
12. Mediante Autos de la referida Sala de fechas 4 de abril (dos Autos), 26 de julio, 7, 15 y 21 de septiembre, 13 de octubre, 6 (dos Autos) y 29 de noviembre de 2000, 15 de febrero (cuatro Autos), 27 de marzo (dos Autos), 1 y 13 de junio (dos Autos) y 12 de noviembre de 2001 (siete Autos), 4, 5 y 30 de abril de 2002 la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional acordó elevar a este Tribunal cuestiones de inconstitucionalidad en relación con el citado artículo 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, por idéntico motivo al expresado en el Auto de 13 de marzo de 2000, por el que se planteó la cuestión núm. 3562-2000.
13. Por providencias de la Sección Primera y Cuarta de este Tribunal, de fechas 25 de julio de 2000 y 3 de octubre de 2000, respectivamente, y a efectos de lo dispuesto en el art. 37.1 LOTC, se acordó oír al Fiscal General del Estado, para que en el plazo de diez días alegara lo que considerase oportuno acerca de la admisibilidad de cuestiones de inconstitucionalidad núms. 3572-2000 y 4174-2000, por posible falta de fundamentación de las dudas de constitucionalidad.
14. El Fiscal General del Estado evacuó sus alegaciones por escritos registrados los días 20 de septiembre y 24 de octubre de 2000, interesando se dictase Auto de inadmisión, de acuerdo con lo previsto en el art. 37.1 LOTC, por idénticas razones a las expresadas en el escrito de 20 de septiembre de 2000, presentado con ocasión de la apertura del mismo trámite para la cuestión núm. 3562-2000.
15. Mediante providencias de las Secciones Primera y Cuarta de este Tribunal con fechas de 31 de octubre y 14 de noviembre de 2000, respectivamente, se acordó incorporar a los autos los anteriores escritos del Fiscal General del Estado y admitir a trámite las cuestiones núms. 3572-2000 y 4174-2000, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado"de la incoación de las citadas cuestiones (lo que se cumplimentó en el BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 2000; y en el núm. 288, de 1 de diciembre de 2000).
16. Mediante providencias de la Sección Primera de fechas 30 de enero (núm. 235- 2001) y 8 de mayo de 2001 (núm. 1741-2001), 29 de enero (núms. 6397-2001, 6450-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6648-2001 y 6666-2001) y 17 de septiembre de 2002 (núm. 4251- 2002); de la Sección Segunda, de fechas 14 de noviembre de 2000 (núm. 5572-2000), 30 de enero de 2001 (núm. 300-2001) y 29 de enero de 2002 (núm. 6378-2001 y 6667-2001); de la Sección Tercera, de fechas 31 de octubre (núm. 5344-2000) y 14 de noviembre de 2000 (núm. 5573-2000), 30 de enero de 2001 (núm. 342-2001), 29 de enero (núms. 6696-2001, 6426- 2001 y 6647-2001) y 17 de septiembre de 2002 (núm. 4250-2002); y de la Sección Cuarta, de fechas 31 de enero (núm. 5903-2000) y 27 de febrero de 2001 (núm. 763-2001), 29 de enero (núms. 6356-2001, 6451-2001, 6665-2001 y 6711- 2001) y 16 de julio de 2002 (núm. 3666-2002) se acordó admitir a trámite las restantes cuestiones planteadas, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el improrrogable plazo de quince días pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la incoación de las mismas, lo que se cumplimentó en los siguientes núms. del BOE: núm. 274, de 15 de noviembre de 2000, (cuestión núm. 5344-2000); núm. 288, de 1 de diciembre de 2000 (cuestiones núms. 5572- 2000 y 5573-2000); núm. 34, de 8 de febrero de 2001, (cuestiones núms. 5903-2000, 235-2001, 300- 2001 y 342-2001); núm. 60, de 10 de marzo de 2001, (cuestión núm. 763-2001); núm. 124, de 24 de mayo de 2001, (cuestión núm. 1741-2001); núm. 33, de 7 de febrero de 2002, (cuestiones núms. 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450-2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001 y 6711- 2001); núm. 181, de 30 de julio de 2002 (cuestión núm. 3666-2002); núm. 241, de 8 de octubre de 2002, (cuestión núm. 4250-2002) y núm. 237, de 3 de octubre de 2002, (cuestión núm. 4251-2002).
17. Por escritos registrados en este Tribunal los días 15 de noviembre de 2000 (cuestiones núms. 3572-2000 y 5344-2000), 1 de diciembre de 2000 (cuestión núm. 4174- 2000), 24 de noviembre de 2000 (cuestiones núms. 5572-2000 y 5573-2000), 15 de febrero de 2001 (cuestiones núms. 5903-2000, 235-2001, 300-2001 y 342-2001), 16 de marzo de 2001 (cuestión núm. 763-2001), 21 de mayo de 2001 (cuestión núm. 1741-2001), 14 de febrero de 2002 (cuestiones núms. 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450- 2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001 y 6711-2001), 31 de julio de 2002 (cuestión núm. 3666-2002) y 4 de octubre de 2002 (cuestiones núms. 4250-2002 y 4251-2002) la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicaba que dicha Cámara no se personaría en los procedimientos ni formularía alegaciones, poniendo a disposición de este Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
18. Por escritos registrados en este Tribunal los días 24 de noviembre (cuestión núm. 5344-2000) y 13 de diciembre de 2000 (cuestiones núms. 4174-2000, 5572-2000 y 5573- 2000), 20 de febrero (cuestiones núms. 5903-2000, 235-2001, 300-2001 y 342-2001), 16 de marzo (cuestión núm. 763-2001) y 29 de mayo de 2001 (cuestión núm. 1741-2001), 15 de febrero (cuestiones núms. 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450- 2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001 y 6711-2001), 13 de septiembre (cuestión núm. 3666-2002) y 16 de octubre de 2002 (cuestiones núms. 4250-2002 y 4251-2002), se recibieron comunicaciones de la Presidenta del Senado, en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en los citados procedimientos y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
19. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones en los diferentes procedimientos mediante escritos presentados en el Registro de este Tribunal los días 24 de noviembre (cuestiones núms. 3572-2000 y 5344-2000) y 1 de diciembre de 2000 (cuestiones núms. 4174- 2000, 5572-2000 y 5573-2000), 20 de febrero (cuestiones núms. 5903-2000, 235-2001, 300- 2001 y 342-2001), 20 de marzo (cuestión núm. 763-2001) y 29 de mayo de 2001 (cuestión núm. 1741-2001), 12 de febrero (cuestiones núms. 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397- 2001, 6426-2001, 6450-2001, 6451-2001, 6452-2001), 18 de febrero (cuestiones núms. 6646- 2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001 y 6711-2001), 31 de julio (cuestión núm. 3666-2002) y 10 de octubre de 2002 (cuestiones núms. 4250-2002 y 4251- 2002), en los que suplicaba que se dictase sentencia, por la que se declarasen mal planteadas e inadmisibles las cuestiones de inconstitucionalidad o, subsidiariamente, se desestimasen, por idénticas razones a las expuestas en el escrito de alegaciones presentado con fecha de 24 de noviembre de 2000 en la cuestión núm. 3562-2000.
20. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido por escritos registrados los días 24 de octubre (cuestión núm. 4174-2000), 24 de noviembre (cuestiones núms. 3572-2000 y 5344-2000) y 29 de noviembre de 2000 (cuestiones núms. 5572-2000 y 5573-2000), 22 de febrero (cuestiones núms. 5903-2000, 235-2001, 300-2001 y 342-2001), 26 de marzo (cuestión núm. 763-2001) y 31 de mayo de 2001 (cuestión núm. 1741-2001), 25 de febrero (cuestiones núms. 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450- 2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001 y 6711-2001), 16 de septiembre (cuestión núm. 3666-2002) y 9 de octubre de 2002 (cuestiones núms. 4250-2002 y 4251-2002), en los que suplicaba que se dictase Sentencia, por la que se desestimasen las presentes cuestiones de inconstitucionalidad, por los mismos motivos que fueron expuestos en el escrito de alegaciones presentado con fecha de 24 de noviembre de 2000 en la cuestión núm. 3562-2000.
21. Dado que tanto el Abogado del Estado como el Fiscal General del Estado habían solicitado, de conformidad con el art. 83 LOTC, la acumulación de todas las cuestiones a la que lleva el núm. 3562-2000, dada la plena identidad existente entre todas ellas, tanto de objeto como de argumentación, por Auto de este Tribunal con fecha de 30 de noviembre de 2004 se acordó la acumulación de las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 3572-2000, 4174- 2000, 5344-2000, 5572-2000, 5573-2000, 5903-2000, 235-2001, 300-2001, 342-2001, 763-2001, 1741-2001, 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450-2001, 6451- 2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667-2001, 6711-2001, 3666-2002, 4250-2002 y 4251-2002 a la registrada con el número 3562-2000, al apreciarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 83 LOTC.
22. Por providencia de fecha de 14 de diciembre de 2004, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha cuestionado la conformidad con la Constitución del art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes. Según el órgano judicial proponente cabría sostener que la utilización del mecanismo del Decreto-ley para crear y regular prestaciones patrimoniales, con el fin de dar cobertura legal a situaciones que se vieron afectadas por la Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre, del Tribunal Constitucional, presenta serias y racionales dudas sobre su adecuación y respeto al principio de reserva de Ley establecido por el art. 31.3 CE, tal como viene siendo interpretado por la doctrina constitucional, y a lo establecido en el art. 86.1 CE, respecto de las materias vedadas al Decreto-ley.
2. Antes de nada hemos de pronunciarnos sobre el vicio insubsanable que, según el Abogado del Estado, aqueja al planteamiento de las presentes cuestiones, en la medida en que, de concurrir, conduciría a su inadmisión. Concretamente solicita la representación pública que se declaren inadmisibles las presente cuestiones de inconstitucionalidad, al estar notoriamente faltas de fundamentación, pues el órgano judicial no ofrece los concretos argumentos que le llevan a dudar de la constitucionalidad de la norma legal cuestionada.
3. Sentado lo anterior, es preciso comenzar recordando que la exigencia contenida en el artículo 35 LOTC "no supone tan sólo que el Auto en que se plantee la cuestión contenga la cita de tales preceptos, sino que es preciso también que el órgano judicial exteriorice en él el razonamiento que le ha llevado a cuestionar la constitucionalidad de la norma aplicable. No puede el Juez ni remitirse a las dudas que sobre la constitucionalidad de una norma hayan expresado las partes, ni limitarse a manifestar la existencia de su propia duda sin aducir las razones que la abonan, pues ni las partes de un proceso ordinario están legitimadas para proponer la cuestión ante el Tribunal Constitucional, ni la decisión de éste es posible sino como respuesta a las razones por las que los órganos del Poder Judicial vienen a dudar, en un caso concreto, de la congruencia entre la Constitución y una norma con rango de Ley" [SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1; y 126/1987, de 16 de julio, FJ 3; en el mismo sentido las SSTC 176/1993, de 26 de mayo, FJ 1; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4 a)].
4. Como se ha señalado anteriormente, el órgano judicial se limita a afirmar en los Autos de planteamiento de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad que la creación y regulación de "prestaciones patrimoniales" mediante el mecanismo del Decreto-ley "presenta serias y racionales dudas sobre su adecuación y respeto al principio de reserva de Ley establecido por el art. 31.3 de la CE, tal como viene siendo interpretado por la doctrina constitucional, y a lo establecido en el art. 86.1 CE, respecto de las materias vedadas al Decreto-ley". Pues bien, a la luz de la doctrina expuesta resulta evidente que la mera afirmación de que la norma cuestionada vulnera varios preceptos constitucionales no cumple con la exigencia de exteriorizar las razones que llevan a un órgano a plantear una cuestión. Es más, el razonamiento que conduce al Juez a proponer las cuestiones de inconstitucionalidad, preciso con carácter general, se hace más necesario en este caso, dado el contenido y alcance de los preceptos de la Constitución que se dicen vulnerados y la doctrina que sobre los mismos ha sentado este Tribunal.
En efecto, en primer lugar, el Auto de planteamiento parece fundamentar la vulneración del art. 31.3 CE en la mera circunstancia de que el Decreto-ley cuestionado regula materia reservada a la ley, concretamente, el establecimiento de "prestaciones patrimoniales". Desde luego esta afirmación resultaría suficiente si este Tribunal hubiera negado a la citada disposición legislativa cualquier posibilidad de intervención en el ámbito reservado a la ley. Lo cierto es, sin embargo, que desde la STC 182/1997, de 28 de octubre, venimos señalando con rotundidad que el hecho de que "una materia esté reservada a la Ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso la regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante Decreto-ley, porque, como ya hemos dicho en la STC 111/1983, 'la mención a la Ley no es identificable en exclusividad con el de Ley en sentido formal'. Para comprobar si tal disposición legislativa provisional se ajusta a la Norma fundamental, habrá que ver si reúne los requisitos establecidos en el art. 86 CE y si no invade ninguno de los límites en él enumerados o los que, en su caso, se deduzcan racionalmente de otros preceptos del Texto constitucional, como, por ejemplo, las materias reservadas a Ley Orgánica, o aquellas otras para las que la Constitución prevea expressis verbis la intervención de los órganos parlamentarios bajo forma de Ley. No hay aquí, por tanto, -concluíamos- un problema de reserva de Ley, sino de vulneración o no de los requisitos y de los límites que para la emanación de Decretos-leyes por el Gobierno establece la Constitución" (FJ 8).
Por tanto, como hemos venido señalando, del hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales "de carácter público" -y no de todas las "prestaciones patrimoniales" (SSTC 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 15; y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9), como podría deducirse del Auto de planteamiento- esté sujeto al principio de reserva de Ley (art. 31.3 CE) y de que dicha reserva tenga carácter relativo y no absoluto, no se deriva necesariamente que la citada materia se encuentre excluida del ámbito de regulación del Decreto-ley, que podrá penetrar en la misma siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no "afecte", en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas. A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del art. 86.1 CE no es, pues, al modo como se manifiesta el principio de reserva de Ley en una determinada materia, "sino más bien al examen de si ha existido 'afectación' por el Decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el título I de la Constitución. Lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate" (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6).
5. Tampoco la mera afirmación de que el Decreto-ley cuestionado vulnera el art. 86 CE "respecto de las materias vedadas al decreto-ley" permite a este Tribunal conocer las razones por las que el órgano judicial duda de su constitucionalidad. Tal vez, como señala el Abogado del Estado, la escueta referencia a las "materias vedadas al decreto-ley" que hacen los Autos de planteamiento permita entender que el órgano judicial acepta implícitamente que en este caso concurre el presupuesto habilitante que legitima la utilización del decreto-ley, esto es, la extraordinaria y urgente necesidad. Pero nada se dice en las citadas resoluciones judiciales acerca de por qué la norma con fuerza de ley cuestionada vulnera los límites materiales que la Constitución impone al decreto-ley.
Inadmitir las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 3562-2000, 3572-2000, 4174- 2000, 5344-2000, 5572-2000, 5573-2000, 5903-2000, 235-2001, 300-2001, 342-2001, 763- 2001, 1741-2001, 6356-2001, 6378-2001, 6396-2001, 6397-2001, 6426-2001, 6450-2001, 6451-2001, 6452-2001, 6646-2001, 6647-2001, 6648-2001, 6665-2001, 6666-2001, 6667- 2001, 6711-2001, 3666-2002, 4250-2002 y 4251-2002.
Type and record number Cuestión de inconstitucionalidad 3562-2000
Date of the decision 16/12/2004
Planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con el art. 1 del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público.
Alegada vulneración de la reserva de ley y de los límites al decreto-ley: Auto que plantea la cuestión sin fundamentarla.
Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero. Determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes
Artículo 31.1, ff. 4, 5
Artículo 31.3, ff. 1, 3 a 5
Artículo 86, ff. 3 a 5
Cuestión de inconstitucionalidad notoriamente infundadaCuestión de inconstitucionalidad notoriamente infundada, f. 2
Motivación del Auto de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidadMotivación del Auto de planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, ff. 3, 4
Prestaciones patrimoniales de carácter públicoPrestaciones patrimoniales de carácter público, f. 4
Decretos-leyesDecretos-leyes, ff. 4, 5