Source: https://jurisprudencia.cladem.org/honduras/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:07:23
Document Index: 242188021

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 124', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 104', 'artículo 4', 'artículo 105', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 20']

1º Observaciones finales sobre los informes del primero al tercero presentados por el Estado adoptadas en enero de 1992.1
No se observan recomendaciones.
El Comité examinó el informe inicial, y los informes periódicos segundo y tercero de Honduras (CEDA W/C/Add.44, CEDA W/C/13/Add.9 y Amend.1 y CEDAW/C/HON/3) en sus sesiones 193ay 196a, los días 22 y 24 de enero de 1992 (véase CEDA W/C/SR.193 y 196).
Al presentar el informe, la representante de Honduras declaró que recientemente se habían realizado muchas reformas. Como todavía no figuraban en el tercer informe periódico, se iba a concentrar en exponer los acontecimientos que habían tenido lugar desde la fecha de ese informe. Dijo que el 60% de la población de su país vivía en zonas rurales y que desde 1979 el país había padecido dificultades socioeconómicas cada vez mayores. En la actualidad, muchas mujeres de zonas rurales trabajaban por sueldos muy bajos en el sector no estructurado urbano. La mayoría de las mujeres de las zonas rurales realizaban actividades domésticas no pagadas. La falta de leña causada por la deforestación y la escasez de agua producida por la erosión y otros factores tenían una repercusión directa en la situación de la mujer, aunque el Gobierno estaba haciendo grandes esfuerzos mediante el sistema de compensación social para integrar a más mujeres en actividades remuneradas o permitirles beneficiarse de los programas de educación y capacitación.
La representante declaró además que Honduras había sido el país de América Central que más había sufrido de la pandemia del VIH/SIDA. El mayor porcentaje de casos de VIH/SIDA se registraba entre las mujeres y los hombres de 16 a 35 años, que es la edad de reproducción. El Gobierno estaba intentando informar a los oficiales sanitarios públicos mediante seminarios y clases prácticas. Se estaban llevando a cabo campañas de educación general y se impartía formación a maestras sobre educación sexual y enfermedades de transmisión sexual. El programa nacional de lucha contra el SIDA organizaba muchos programas de apoyo médico y sicológico dirigidos especialmente a las mujeres. Además, había programas nacionales relativos a la educación sexual y a las necesidades sanitarias básicas dirigidos específicamente a las mujeres rurales, incluida información sobre enfermedades de transmisión sexual.
Según la representante, las actividades de formación rural tenían por objeto integrar a las mujeres de las zonas rurales en el proceso de producción. Mencionó que para la adquisición de tierras no se hacía distinción alguna entre hombres y mujeres, mayores de 16 años en el caso de las personas solteras y de cualquier edad cuando se trataba de personas casadas o unidas en relación consuetudinaria o que no tenían familiares a cargo: el único requisito era ser ciudadano hondureño. Una oficina de desarrollo social (GADES) creada en 1986 por el Gobierno para prestar asistencia a los sectores sociales, había decidido incluir entre sus objetivos concretos la integración de la mujer en programas relacionados con la propiedad de la tierra en las zonas rurales y urbanas. Se planteaba la posibilidad de introducir reformas jurídicas, por ejemplo enmiendas al Código de Trabajo, y al Código Penal y recientemente se habían enmendado las leyes de seguridad social y ley sobre la reforma agraria. Ya se había iniciado el proceso de creación de cooperativas de consumidores para proporcionar productos básicos a precios aceptables. Por ejemplo, se habían establecido cooperativas en las que se ayudaba a las mujeres y los niños que vivían en condiciones de extrema pobreza, mediante la utilización de cupones por mujeres que eran jefas de familia. La representante también mencionó un programa de compensación social para las mujeres del sector no estructurado y para las mujeres que vivían en situación de marginación en las zonas rurales y urbanas. Las mujeres de las zonas rurales también empezaban a participar en la protección del medio ambiente. Estaban introduciéndose reformas en los libros de texto escolares con la asistencia de organismos internacionales, con objeto de eliminar los estereotipos.
Los miembros del Comité manifestaron su agradecimiento a la representante de Honduras por haber asistido a la sesión y haber presentado el informe con tanta sinceridad y detalle y por la información adicional presentada. Dieron las gracias al Gobierno por haber presentado un tercer informe periódico muy mejorado y reconocieron los esfuerzos realizados por el Gobierno pese a lo difícil de la situación política y económica, y celebraron los acontecimientos positivos que habían tenido lugar desde la ratificación de la Convención. Era evidente que la Convención había tenido una repercusión clara en la política del Gobierno encaminada a mejorar la situación de la mujer y enmendar algunas leyes a su favor. Los miembros también apreciaron las medidas tomadas por el Gobierno para mejorar las vidas de las mujeres de las zonas rurales, que habían participado en la preparación de reformas agrarias y ahora dirigían proyectos rurales. Sin embargo, plantearon preguntas acerca de la existencia de mecanismos nacionales o algún órgano similar para fomentar el adelanto de la mujer, la difusión de la Convención y su aplicación. Les preocupaba mucho la magnitud del problema del VIH/SIDA. Otra cuestión planteada por el Comité fue la de la distribución de la ayuda exterior, que con frecuencia corría a cargo de comités integrados por hombres y, en consecuencia, no atendía a las necesidades de las mujeres. Se preguntó si las mujeres podían participar en la distribución de fondos de ayuda exterior y de qué manera lo hacían.
En cuanto al artículo 2, los miembros preguntaron si lo que se dice en el informe con respecto a la violación de que los daños físicos y orgánicos y el traumatismo moral “cuando la víctima es varón pueden ser iguales o aún más graves que cuando es mujer” era resultado de un estudio o de un concepto prejuiciado. También preguntaron si existían planes para reformar el Código Penal con respecto a las sanciones por el asesinato de una esposa por adulterio, que eran de sólo cuatro a seis años. Se pidió al Gobierno que presentara el texto de la ley que daba a las mujeres un derecho preferencial sobre los salarios, ingresos o sueldos de sus maridos.
Con respecto al artículo 3, los miembros observaron que un cambio de legislación no era suficiente para combatir la discriminación contra las mujeres. Era importante aplicar las leyes conexas con medidas concretas. Aunque en el tercer informe periódico se hacía referencia a una serie de medidas, no parecía que tras ellas hubiera un plan de acción ni un mecanismo nacional para aplicarlas. También se observó que se mantenían las diferencias salariales entre hombres y mujeres y se preguntó qué programas se habían aplicado para eliminar esta desigualdad.
En cuanto al artículo 4, los miembros preguntaron por qué hasta el momento no se habían tomado medidas especiales temporales para garantizar la igualdad práctica entre hombres y mujeres. Se pidieron más aclaraciones sobre las prestaciones de maternidad y se preguntó por qué se mencionaban las prestaciones de maternidad en relación con el artículo 4 de la Convención aunque constituían un derecho fundamental.
Acerca del artículo 5, se solicitó más información sobre las leyes para proteger a las mujeres contra diversas formas de violencia u otras violaciones de los derechos humanos. Se preguntó si había servicios de apoyo, programas de información y capacitación para hacer frente a la violencia y se pidieron estadísticas sobre la frecuencia de las diversas formas de violencia. También se preguntó si se había intentado coordinar las actividades con grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales, qué se hacía para proteger a las mujeres migrantes y si había programas especiales para las refugiadas. Se solicitó más información sobre las leyes relativas al castigo por hostigamiento sexual y su aplicación.
En relación con el artículo 6, se solicitó más información sobre la prostitución de menores, sobre la eficacia de las medidas conexas y el número de casos que se llevaban a los tribunales. Se preguntó cuántas y qué tipo de mujeres se dedicaban a la prostitución y si había algún plan para establecer contacto con organizaciones no gubernamentales para proteger a las mujeres de la violencia y los malos tratos. Se observó que en el informe no se hacía referencia a programas sobre el SIDA dirigidos a prostitutas. Algunos miembros desearon saber si las prostitutas disfrutaban de la misma protección ante la ley que otras mujeres contra la violencia y la violación.
Sobre el artículo 7, se plantearon preguntas sobre la situación respecto a la ciudadanía de los hondureños de menos de 18 años de edad, y acerca de si la prohibición de que los soldados que prestaban servicios en las fuerzas armadas ejercieran su derecho de voto no constituía una discriminación de un determinado sector de la población.
En relación con el artículo 9, se pidió información sobre los derechos de nacionalidad de los hijos.
En cuanto al artículo 10, se pidieron estadísticas sobre el número de muchachas que asistían a escuelas de enseñanza media y universidades.
En cuanto al artículo 11, se pidieron aclaraciones sobre la larga duración de la licencia de maternidad y su carácter obligatorio, y se preguntó si las disposiciones que figuraban en el Código de Trabajo entrañaban que se consideraba a las mujeres como el sexo débil desde el punto de vista intelectual y moral. Se pidió información sobre las leyes que garantizaban la igualdad entre mujeres y hombres en los lugares de trabajo, la igualdad en cuanto a asignación de puestos de trabajo, sueldos y perspectivas de carrera. Los miembros preguntaron acerca del número de mujeres que asistían a cursos de formación profesional, acerca de las medidas tomadas por los sindicatos para garantizar igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres y sobre el porcentaje de mujeres que integraban la fuerza de trabajo, desglosadas por sectores. Se preguntó en qué medida participaban las mujeres en el proceso de producción y de qué forma se les protegía contra el despido del trabajo por estar embarazadas. Se plantearon preguntas acerca de si el artículo 124 del Código de Trabajo que se refería a la prohibición de la terminación del contrato de empleo de las mujeres embarazadas no funcionaba en la Práctica en contra de las mujeres, especialmente cuando éstas carecían de recursos para recurrir a los tribunales.
Con respecto al artículo 12, se plantearon preguntas sobre las condiciones obstétricas de las mujeres, la salud materno - infantil, la planificación de la familia y la anticoncepción, los resultados de los programas sanitarios, estadísticas sobre abortos clandestinos y el número de fallecimientos que de ellos resultaban. También se preguntó si las mujeres tenían libertad para practicar la planificación de la familia y si seguían mostrando renuencia a recurrir a servicios de asesoramiento sanitario.
Sobre el artículo 14, se pidieron aclaraciones acerca de los efectos del programa gubernamental para las mujeres de las zonas rurales. Se preguntó si se las trataba igual que a los hombres o se las consideraba simplemente como ayudantes. Algunas de los miembros preguntaron acerca del estado de salud y de la protección sanitaria de las mujeres rurales y sobre su información con respecto a la planificación de la familia. Preguntaron si había programas que alentaran la creación de cooperativas agrícolas, lo que constituiría un modo para independizar económicamente a las mujeres.
En relación con el artículo 15, se preguntó si el nuevo Código de Familia abolía el derecho del marido a decidir el lugar de residencia conyugal o si dejaba de considerar al marido cabeza de familia. Las expertas también preguntaron si en Honduras había alguna campaña para derogar la disposición relativa al homicidio en caso de adulterio.
En cuanto al artículo 16, se pidieron aclaraciones sobre el orden de derecho de tutela de menores, la administración del patrimonio de la familia en el matrimonio y las razones de que la edad para contraer matrimonio fuera mayor en los muchachos que en las muchachas. Los miembros preguntaron si las disposiciones jurídicas que rigen las uniones maritales también se aplicaban a las uniones de hecho, y si no era contraproducente encarcelar a los hombres por no pagar su contribución a la subsistencia de los hijos, dado que ello podría reducir el apoyo a la familia.
Al responder a las preguntas planteadas, la representante de Honduras dijo que pese a los grandes esfuerzos que hacía el Gobierno por aplicar la Convención, los efectos de muchas de las medidas sólo se apreciarían con el tiempo. La representante reseñó la estrategia de forestación del país para demostrar que el Gobierno quería promover la integración de la mujer rural en el desarrollo en un pie de igualdad. Dicha estrategia estaba encaminada, entre otras cosas, a mejorar las condiciones de vida de la mujer rural, a facilitar la participación de la mujer en la gestión, a promover proyectos sociales y para la familia con objeto de eliminar los estereotipos, a buscar fuentes alternativas de combustible y agua a fin de liberar a la mujer de la tarea de protección de los bosques, y a introducir reformas jurídicas. Entre las medidas recomendadas se incluían la coordinación con las organizaciones no gubernamentales, programas de capacitación, el acceso al crédito, la creación de guarderías y reformas jurídicas. En el proyecto de estrategia no figuraban debidamente los intereses concretos de la mujer en el desarrollo de programas nacionales, dada la falta característica de importancia que se concedía a la mujer. Se manifestó que hasta la fecha los intereses de la mujer se habían ignorado al elaborar los programas nacionales. La sociedad no consideraba importantes a las mujeres y sus intereses no se tenían en cuenta en los proyectos de desarrollo.
En relación con el artículo 2, explicó la representante que con arreglo al código de familia la mujer siempre tenía derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido, por las cantidades que correspondieran para alimento de ella y de sus hijos menores. El marido tenía un derecho igual si la esposa tenía la obligación de contribuir al ingreso familiar. Ambos cónyuges tenían las mismas obligaciones de mantener, educar e instruir a sus hijos y, en caso de divorcio, el cónyuge inocente y los hijos tenían derecho a percibir una pensión. La aseveración que figuraba en el informe en el sentido de que los daños físicos u orgánicos y el traumatismo moral cuando la víctima era varón podían ser más graves que cuando era mujer era resultado de los criterios imperantes entre los legisladores, pero se estaba examinando la posibilidad de reformar ese concepto.
Con referencia a las preguntas planteadas en relación con el artículo 3, dijo la oradora que el Grupo de Mujeres Parlamentarias dentro del Congreso Nacional estaba cada vez más interesado en reformar las leyes que limitaban los derechos de la mujer. Ese Grupo organizaba actividades de investigación y seminarios e insistía en que se realizaran reformas escolares. Más recientemente, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de mujeres habían comenzado a participar en esos seminarios. En la actualidad había una reunión nacional con la participación de todos los grupos interesados en los problemas de la mujer, para preparar un plan de acción con objeto de llevar a cabo el proyecto llamado “políticas de la mujer”. También se estaban designando más personas en los diferentes ministerios para abordar los problemas de la mujer. Con respecto a las preguntas planteadas sobre las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres, la representante dijo que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, toda persona tenía derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias y con salario igual por trabajo igual. Sin embargo, en la práctica, el principio de igualdad de pago no siempre se respetaba. La discriminación no se refería tanto al salario como a la categoría de los puestos. Muchas mujeres ocupaban puestos de menor importancia pero el deterioro económico general las había obligado a tratar de adquirir educación superior y un trabajo mejor.
Con referencia al artículo 4, la representante dijo que la falta de mecanismos y servicios que apoyaran directamente a la mujer se explicaba por la escasez de recursos financieros y por las demás razones ya expuestas. Las medidas provisionales, los servicios de apoyo y de vigilancia exigían enérgicos mecanismos para hacerlos cumplir y, si bien la causa de la mujer estaba comenzando a adquirir importancia en el país, también era menester apoyar la capacitación. En la práctica la creación de conciencia para erradicar la discriminación que aún subsistía sería muy difícil. Sin embargo, en la reunión en la cumbre de Jefes de Estado Centroamericanos se había puesto de manifiesto un nuevo marco de acción en el campo social.
Con respecto al artículo 5, la representante declaró que el Congreso Nacional, los Departamentos de Desarrollo Rural y el Ministerio de Salud, en cooperación con algunas organizaciones no gubernamentales, habían realizado varios seminarios y cursos prácticos a nivel popular destinados a la mujer. Hasta en los lugares más recónditos del país se impartía información sobre el VIH/SIDA. La representante manifestó que las organizaciones de mujeres estaban tratando de coordinar los esfuerzos a fin de resolver los problemas comunes. Explicó que no existían reglamentaciones especiales para las mujeres migrantes, pero que esas mujeres podían valerse de los procedimientos jurídicos normales en caso de que se violaran sus derechos. En forma similar, no había programas especiales para las mujeres refugiadas. Con respecto a las actitudes socioculturales discriminatorias que aún persistían, dijo que el Ministerio de Educación había redactado nuevos libros de texto y preparado nuevo material didáctico. Pese a que la ley todavía no abarcaba el tema del acoso sexual, la Comisión Parlamentaria que se ocupaba de las cuestiones de la mujer había presentado un proyecto de ley al Congreso Nacional con arreglo al cual se consideraban delitos los actos, cometidos sin consentimiento que incluyeran actitudes lascivas y propuestas sexuales indecentes entre personas de distinto sexo, actos que eran objeto de sanción penal. Si esos actos eran cometidos por personas que ejercieran autoridad sobre otras, se trataban de la misma manera.
Con respecto a la violencia en el hogar, la representante explicó que en virtud del código civil de 1906, ni la policía ni los tribunales podían hacer cumplir ninguna de las obligaciones inherentes al matrimonio, como el deber de fidelidad, el socorro mutuo y el deber de seguir al cónyuge. La policía, la legislación penal y la sociedad en general hacían caso omiso de la violencia en el hogar, salvo que incluyera homicidio o lesiones graves. En virtud del código de familia, el único recurso en caso de violencia en la familia era el divorcio o la separación. Otras causales de divorcio o separación eran la conducta encaminada a pervertir a la esposa o los hijos, la denegación de asistencia en materia de educación y alimentos y el abandono del cónyuge durante más de dos años. La representante mencionó la duración de las condenas establecidas por el código penal por delitos contra la vida o la integridad de la persona. El código penal imponía pena de cárcel por poco tiempo por delitos contra la vida y la integridad física del cónyuge legal o del participante en una unión consensual, por violencia física contra la mujer embarazada, por incumplimiento de la obligación de asistencia financiera a la familia y por la evasión fraudulenta de la obligación de mantenimiento. La denuncia del delito debía ser hecha por la víctima y, en caso de una persona menor de edad, por su representante legal, y si el autor fuera el padre o tutor, por el fiscal o un magistrado. Debía probarse daño corporal.
Con respecto a las disposiciones jurídicas que definían el abuso sexual, incluida la violación, la representante dijo que reflejaban conceptos patriarcales y demostraban menosprecio por la mujer como ser humano. En el caso de la violación, la edad de la mujer, su honestidad y buena reputación revestían importancia capital y las condenas se limitaban a breves penas de cárcel. Los procedimientos a menudo eran emocionalmente contraproducentes para las víctimas, no sólo debido al tipo de prueba que habían de presentarse, sino también por la forma subjetiva en que se comportaban con frecuencia las autoridades, a lo que en algunos casos se sumaba la falta de capacitación técnica, la escasez de servicios de seguridad y supervisión y el proceder de las autoridades en determinados casos. La magnitud de la violencia contra la mujer no se reconocía en forma generalizada y sólo existían estadísticas en las principales ciudades del país que reflejaban únicamente los casos que se habían remitido a los tribunales o respecto de los que habían informado los medios de información. Debido a los estereotipos culturales, por lo general esos delitos no se daban a conocer.
En respuesta a las preguntas planteadas en relación con el artículo 6, la representante dijo que la Junta Nacional de Bienestar Social estaba tratando de coordinar las medidas a favor de las prostitutas infantiles mediante programas de reorientación y rehabilitación para los niños de la calle. La vigilancia de las prostitutas realizada hasta el momento en su mayor parte se refería a la salud; debido a limitaciones económicas no se habían mantenido estadísticas de otro tipo. En lo que respecta a la explotación de la prostitución, las personas que promovían o facilitaban la prostitución o la corrupción de adultos de uno u otro sexo podían ser condenadas a pena de 10 a 15 años de cárcel y, si la víctima era menor de edad, a pena de 20 años. Las mismas penas se aplicaban a quienquiera promoviera o facilitara la entrada de una persona al país con fines de prostitución. La representante dijo que las leyes que penaban la violencia se aplicaban igualmente a las prostitutas, aunque en la práctica las propias prostitutas tendían a restar importancia a ese hecho al renunciar a su derecho y considerar que la violencia era parte integrante de su profesión.
En cuanto a las preguntas relacionadas con el artículo 7, la representante dijo que no se permitía que los militares votaran porque el ejército de Honduras era una institución nacional permanente en su mayor parte profesional, apolítica, obediente y no deliberante. En lo que respecta a la nacionalidad, la representante dijo que la ciudadanía hondureña se adquiría por nacimiento o naturalización. Ni el matrimonio ni su disolución afectaban la nacionalidad de los cónyuges o de los hijos.
En lo que concierne al artículo 10, la representante dijo que las restricciones económicas se reflejaban en la calidad y el nivel de la educación escolar. En lo relativo al analfabetismo, explicó que la tercera parte de los analfabetos urbanos eran mujeres. Muchos niños de las zonas rurales no tenían más de tres años de escolarización y la mayor parte de las deserciones escolares ocurrían después de los 10 años, cuando niños y niñas eran necesarios para las tareas domésticas.
En cuanto al artículo 11, la representante admitió que la larga duración de la licencia de maternidad era un punto que debía examinarse, pero dijo que debido a la deficiente situación económica las mujeres todavía no comprendían que podía ser un motivo de discriminación en el lugar de trabajo. En la actualidad no se disponía de estadísticas sobre el grado de participación de la mujer en el proceso de producción; no obstante, se procuraría proporcionar datos a ese respecto en el informe siguiente. La representante sólo mencionó cifras correspondientes a 1987, año en que los hombres representaban el 80% de la población trabajadora y las mujeres, el 20%. En cuanto a otra cuestión, la discriminación contra las mujeres embarazadas, la Representante dijo que en efecto, a menudo los empleadores averiguaban si una mujer estaba o no embarazada antes de contratarla. Era de esperar que cambiara con el tiempo el hecho de que los empleadores dieran preferencia al hombre y no a la mujer en el proceso de contratación. En la actualidad se estaban revisando las disposiciones del código laboral en lo relativo al trabajo de las mujeres y de los menores de edad.
En cuanto al artículo 12, la representante declaró que no se disponía de información sobre el número de abortos clandestinos. Dijo que la creación de conciencia en lo relativo a la planificación de la familia gradualmente estaba dando resultados positivos, como lo demostraba la reciente disminución de la tasa de natalidad. Los nacimientos tenían lugar en los hospitales y en los centros de salud en las zonas rurales. Las parteras recibían capacitación especial por intermedio del Ministerio de Salud, particularmente en lo relativo a la educación sexual, la transmisión de enfermedades por contacto sexual y la atención prenatal y postnatal. También se estaban promoviendo más aún las actividades de la División de Salud Materno infantil.
Al contestar las preguntas planteadas en relación con el artículo 14, la representante explicó que por lo general los hombres se mostraban renuentes a permitir que su esposa participara en cooperativas. No obstante, mencionó un seminario sobre la mujer y las cooperativas, patrocinado por la Alianza Cooperativa Internacional, que se celebró en 1991 y en el que se elaboraron estrategias para incorporar a la mujer en el proceso de desarrollo, para cuantificar el trabajo doméstico, para permitir que los miembros de cooperativas participaran en programas juveniles de capacitación y para incluir a más mujeres en el proceso de adopción de decisiones. También se hizo hincapié en la importancia de los servicios de planificación de la familia y de atención infantil. El proyecto de enmienda legislativa de la Ley Agraria preveía la posibilidad de incluir a la esposa como beneficiaria directa de la adjudicación de tierras en las zonas urbanas y rurales, de conceder a la esposa derecho a las tierras ante la ausencia o la muerte del marido y de ampliar los derechos de propiedad.
En cuanto al artículo 15, la representante dijo que si bien antes el marido era quien decidía el lugar de residencia conyugal, el código de familia actual estipulaba que el domicilio de los cónyuges era el lugar en el que cualquiera de ambos cónyuges normalmente tuviera su residencia, y que el domicilio de los hijos era el del cónyuge con el cual normalmente vivieran.
En relación con el artículo 16, la representante dijo que el orden de tutela legítimo de los menores era resultado de criterios fundados en estereotipos. Explicó que la pena de cárcel del hombre en caso de no pago de pensión no había tenido ningún efecto negativo y admitió que, siempre que se dispusiera de los recursos necesarios, debería intensificarse la conciencia del hombre. Podría ser útil encontrar otra sanción adecuada mediante la realización de investigaciones en la materia. Con respecto a la administración económica del hogar familiar, se dijo que con arreglo al código de familia, era posible el régimen comunitario y la separación de bienes, sin excluir la formación del patrimonio familiar. Los futuros cónyuges podían decidir el tipo de administración de la propiedad matrimonial antes de celebrar su matrimonio. En lo relativo a la diferencia de edad legal entre muchachas y muchachos para contraer matrimonio, la representante dijo que esa disposición se había heredado de los estereotipos sexistas del pasado y en la actualidad estaba en estudio.
Los miembros del Comité agradecieron a la representante los esfuerzos que había realizado por proporcionar explicaciones detalladas y francas. Reconocieron que ciertos sectores requerían la adopción de más medidas ulteriores por parte del Gobierno y que se necesitaban importantes cambios jurídicos para que la legislación de Honduras se ajustara a las disposiciones de la Convención, particularmente en vista de que las modalidades culturales estaban tan arraigadas que era difícil cambiarlas. Era menester intensificar la conciencia de hombres y mujeres. Sin cambiar la forma de pensar, las enmiendas legislativas nunca podrían tener un efecto duradero. Era de esperar que los informes posteriores indicaran que los hombres estaban participando en los esfuerzos en pro del adelanto de la mujer. También era evidente que Honduras había hecho progresos económicos y culturales. Los miembros del Comité subrayaron que la aplicación de la Convención contribuiría al desarrollo económico y social del país y que para ello era necesario utilizar la energía de todos, incluso de la mujer.
Se felicitó especialmente al Gobierno por haber incluido información sobre las inquietudes ambientales en un momento en que en todo el mundo estaba surgiendo el eco feminismo y en que los valores de la mujer parecían coincidir con los que trataban de proteger el medio ambiente. Las mujeres tenían un enfoque diferente respecto del medio ambiente y el concepto de “desarrollo” se estaba reemplazando por el de “desarrollo sostenible”. En esa evolución las mujeres debían desempeñar un papel importante.
Algunos miembros expresaron preocupación por la disposición que figuraba en la Constitución de Honduras en el sentido de que se prohibía a los militares en servicio activo que votaran y por el hecho de que al pertenecer a un órgano apolítico se les privara de uno de los derechos más fundamentales. Se preguntó si esa disposición se aplicaba también a la policía y a los guardias carcelarios, y se invitó al Gobierno a reconsiderar las disposiciones conexas en la Constitución. No obstante, otros miembros indicaron que comprendían esa disposición, declarando que muchos países latinoamericanos habían sufrido frecuentes golpes de Estado y que el ejército debía someterse al régimen del país. Las organizaciones militares y paramilitares debían proteger las elecciones y proteger a la nación y no participar en política.
Una experta preguntó si el Gobierno tenía conciencia del importante principio de igual remuneración por igual trabajo y se invitó a los legisladores hondureños a tenerlo en cuenta en la preparación de las futuras reformas jurídicas.
Al concluir sus observaciones, el Comité expresó su agradecimiento por los esfuerzos del Gobierno tendientes a aplicar la Convención y a mejorar la condición de la mujer, tomando nota a la vez de la situación política de Honduras y de los antecedentes de los países latinoamericanos en general. Subrayó la relación recíproca existente entre el desarrollo y el progreso social y observó que la Convención era uno de los pocos instrumentos internacionales que abordaba los diversos aspectos de la actividad humana. Pese a las condiciones que todavía imperaban en el país, se observó que la Convención tenía efectos positivos sobre la condición de la mujer hondureña. Desde la fecha de ratificación se habían emprendido muchas reformas positivas, especialmente en lo tocante a la familia, el código penal y el código agrario. El Comité señaló que la introducción de un nuevo sistema para evaluar las reformas agrarias merecía un examen y evaluación más detallados y que sus resultados deberían incluirse en informes posteriores. El Comité se mostró preocupado por la incertidumbre respecto de si el código penal discriminaba contra la mujer y si se respetaba el principio de igual remuneración por igual trabajo. También consideró que la cuestión de la violencia contra la mujer exigía una vigilancia más estrecha. Se expresó la esperanza de que el Gobierno adoptara medidas enérgicas para eliminar los viejos estereotipos que limitaban la función de la mujer y que iniciara campañas de intensificación de la conciencia de hombres y mujeres con objeto de permitir que la mujer aportara una efectiva contribución a la sociedad.
2º Observaciones finales sobre los informes del cuarto al sexto presentados por el Estado adoptadas el 26 de julio de 2007.2
El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Honduras (CEDAW/C/HON/6) en sus sesiones 797ª y 798ª, celebradas el 26 de julio de 2007 (véanse CEDAW/C/SR.797 (a. y 798 (a.). La lista de cuestiones y preguntas planteadas por el Comité figura en el documento CEDAW/C/HON/Q/6, y las respuestas de Honduras en el documento CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1.
Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones3
Al tiempo que recuerda la obligación del Estado Parte de poner en práctica, de forma sistemática y continua, todas las disposiciones de la Convención, el Comité considera que el Estado Parte debería prestar atención prioritaria, antes de la presentación del próximo informe periódico, a las inquietudes y recomendaciones señaladas en las presentes observaciones finales. Por consiguiente, el Comité exhorta al Estado Parte a que centre sus actividades de aplicación en esas esferas y a que en su próximo informe periódico rinda cuenta de las medidas adoptadas y de los resultados obtenidos. Exhorta asimismo al Estado Parte a que comunique las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes y al Congreso Nacional para garantizar su plena aplicación.
Aunque aprecia las iniciativas del Estado Parte de impartir capacitación respecto de las cuestiones de género a los profesionales del derecho, preocupa al Comité que las disposiciones de la Convención y las recomendaciones generales del Comité no sean conocidas suficientemente, ni por los profesionales del derecho ni por las propias mujeres, y que por tanto, no puedan servir de fundamento para promover la igualdad de género y eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
El Comité exhorta al Estado Parte a que intensifique sus iniciativas encaminadas a divulgar la Convención y las recomendaciones generales del Comité y a que vele por que los programas de capacitación respecto de las cuestiones de género para los profesionales del derecho abarquen todos los derechos y las disposiciones que se establecen en la Convención, a fin de que arraigue en el país una cultura jurídica favorable a la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra la mujer. El Comité exhorta además al Estado Parte a que difunda ampliamente la Convención y las recomendaciones generales del Comité entre todas las partes interesadas, en particular los ministerios de gobierno, los legisladores, la administración de justicia, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y el público en general, a fin de alentar su uso efectivo.
Aunque observa con beneplácito la creación de la Fiscalía de la Mujer, el Comité está preocupado por que la capacidad de las mujeres para entablar acciones judiciales por discriminación se vea limitada por factores como la pobreza, la falta de asistencia para defender sus derechos, la ausencia de información sobre sus derechos y las actitudes de los funcionarios judiciales y de los encargados de hacer cumplir la ley que oponen obstáculos a las mujeres que tratan de acceder a la justicia.
El Comité recomienda que se lleven a cabo campañas sostenidas de concienciación y divulgación jurídica focalizadas en las mujeres, incluidas las mujeres del medio rural, las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana, en materia de igualdad de género, a fin de alentar y empoderar a las mujeres para que se valgan de los procedimientos y amparos disponibles en relación con la violación de sus derechos en virtud de la Convención. El Comité exhorta al Estado Parte a que brinde servicios de asistencia letrada a las mujeres, incluidas las mujeres del medio rural, las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana, y a que elimine todos los impedimentos que se puedan plantear a las mujeres cuando acuden a la justicia, incluidos los gastos para interponer acciones e incoar juicios y las demoras prolongadas en las actuaciones judiciales. El Comité exhorta también al Estado Parte a que sensibilice a las mujeres respecto de su derecho a interponer recursos contra los funcionarios públicos que no apliquen las leyes pertinentes para beneficio de la mujer y a que fiscalice los resultados de esos recursos. El Comité alienta al Estado Parte a recabar la asistencia de la comunidad internacional para instituir medidas que faciliten el acceso de las mujeres a la justicia. El Comité pide al Estado Parte que suministre información sobre el acceso de las mujeres a la justicia, incluida la asistencia letrada que se les brinde, en su próximo informe periódico.
El Comité acoge con beneplácito la reforma del Código Penal en 2005 para revisar algunas disposiciones discriminatorias y observa las medidas del Estado Parte para establecer una dependencia de género en el poder judicial que examinaría y revisaría la legislación, los códigos de procedimientos y los reglamentos de carácter discriminatorio; no obstante, preocupa al Comité la demora en el proceso de reforma legislativa, en particular porque el Estado Parte asumió la obligación de derogar esas disposiciones discriminatorias al ratificar la Convención sin reservas hace 24 años.
El Comité insta al Estado Parte a asignar alta prioridad a su proceso de reforma legislativa y a reformar o derogar, sin demora y dentro de un plazo definido, las leyes, códigos de procedimiento y reglamentos de carácter discriminatorio, incluidas las normas discriminatorias contenidas en el Código de Familia y el Código de Trabajo. A ese fin, el Comité insta al Estado Parte a que empeñe un mayor esfuerzo por sensibilizar al Congreso Nacional y a la opinión pública respecto de la importancia de acelerar la reforma legislativa encaminada a lograr la igualdad de jure para la mujer y la observancia de la Convención.
El Comité acoge con beneplácito la creación del Instituto Nacional de la Mujer, en su calidad de mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, pero le preocupa que ese mecanismo nacional no esté dotado de los poderes y facultades requeridos ni tampoco de recursos financieros y humanos suficientes para desempeñar su cometido con eficacia. A ese respecto, el Comité observa que el mecanismo nacional recibe únicamente el 0,001% del presupuesto nacional y tiene una plantilla de sólo 50 funcionarios. Preocupa también al Comité que el reemplazo de la plantilla del mecanismo nacional con cada cambio de gobierno incida negativamente en el profesionalismo, la especialización y la necesaria continuidad de la labor del mecanismo nacional.
El Comité exhorta al Estado Parte a que fortalezca al Instituto Nacional de la Mujer mediante un aumento significativo de sus recursos humanos y financieros y de su capacidad técnica, para que pueda desempeñar con eficacia las funciones previstas en su mandato. Insta al Estado Parte a que fortalezca al mecanismo nacional para que esté dotado de los poderes y facultades que le permitan influir en la actividad normativa del Estado y promover mejor el uso de la estrategia de incorporación de una perspectiva de género por parte de todos los ministerios y niveles del Gobierno y la atención a los aspectos de igualdad de género en todas las leyes, políticas y planes de acción nacional. El Comité recomienda también que el Estado Parte vele por que los cambios de gobierno no incidan negativamente en el profesionalismo, la especialización y la necesaria continuidad de la labor del mecanismo nacional. El Comité exhorta al Estado Parte a evaluar la eficacia y los efectos de la Política Nacional de la Mujer, Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2002-2007. El Comité alienta asimismo al Estado Parte a establecer un sistema para vigilar la aplicación de la Convención.
Si bien acoge con beneplácito las reformas del Código Penal de 2005 en lo relativo a la violencia y el abuso sexuales y las reformas de la Ley de 2006, contra la violencia en el hogar, el Comité sigue preocupado por la incidencia de muchas formas de violencia contra la mujer, incluido el abuso sexual contra mujeres y niñas, en particular el abuso incestuoso de niñas, así como la violación, la violencia en el hogar y el femicidio. Preocupa al Comité que una asignación insuficiente de recursos dificulte la aplicación eficaz de los planes y el funcionamiento de los mecanismos para eliminar la violencia contra la mujer, tales como el Plan Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2006-2010), la dependencia propuesta en la Fiscalía para enjuiciar los delitos violentos contra las mujeres y los juzgados especiales para casos de violencia en el hogar de Tegucigalpa y San Pedro Sula. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado Parte por impartir capacitación respecto de las cuestiones de género a los funcionarios judiciales y los encargados de hacer cumplir la ley, pero sigue preocupado por las actitudes negativas de la policía y los magistrados a los que compete hacer cumplir la ley y aplicar los mecanismos de amparo en beneficio de las mujeres víctimas de actos de violencia, que se plasma en la persistente impunidad de los delitos de violencia contra las mujeres. A ese respecto, preocupa al Comité que sólo se haya resuelto el 2,55% de todas las denuncias de violencia en el hogar presentadas ante la policía en 2006. Preocupa además al Comité que las hondureñas puedan verse compelidas a emigrar debido a la violencia contra las mujeres.
De conformidad con su recomendación general 19 el Comité insta al Estado Parte a asegurar que se tipifiquen como delito todas las formas de violencia contra la mujer; que las mujeres y niñas que sean víctimas de actos de violencia puedan valerse inmediatamente de recursos de reparación y amparo; y que se enjuicie y castigue a los autores. El Comité exhorta al Estado Parte a asignar recursos suficientes para el funcionamiento eficaz de los planes y mecanismos, incluido el Plan Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los juzgados especiales para casos de violencia en el hogar, a fin de reprimir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. El Comité exhorta además al Estado Parte a vigilar la aplicación, por parte de los funcionarios judiciales y los encargados de hacer cumplir la ley, de la normativa pertinente en beneficio de las mujeres víctimas de actos de violencia y a velar por que los funcionarios que no la apliquen debidamente sean sancionados como corresponda. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe dé cuenta de los recursos, tanto humanos como financieros, asignados a los planes y mecanismos para eliminar la violencia contra la mujer y también sobre los efectos de esas medidas.
El Comité observa que el Estado Parte revisó su Código Penal en 2006 para añadir disposiciones sobre la trata y la explotación sexual comercial, pero le preocupa la persistencia de la trata y la explotación de la prostitución, incluida la falta de medidas para rehabilitar a las víctimas de la trata y la explotación.
El Comité insta al Estado Parte a aplicar cabalmente el artículo 6 de la Convención, especialmente mediante la pronta promulgación de legislación nacional amplia y específica sobre el fenómeno de la trata (tanto interna como transfronteriza. que permita castigar a los infractores y proteger y asistir adecuadamente a las víctimas. Insta al Estado Parte a que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Comité exhorta además al Estado Parte a que aumente sus actividades de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, tránsito y destino a fin de prevenir la trata. El Comité insta al Estado Parte a reunir y analizar datos de la policía y de fuentes internacionales, enjuiciar y castigar a los tratantes y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de la trata. Recomienda que el Estado Parte adopte medidas con miras a la rehabilitación e integración social de las mujeres y niñas víctimas de la explotación y la trata. El Comité exhorta además al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para reprimir la explotación de la prostitución de la mujer, en particular desalentando la demanda masculina de la prostitución.
Preocupa al Comité que siga siendo insuficiente la representación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y política. Si bien observa con satisfacción el establecimiento de una cuota mínima del 30% para las candidatas a cargos electivos en virtud del artículo 105 de la Ley electoral y de organizaciones políticas, el Comité está preocupado por la ausencia de medidas para hacer cumplir esa cuota; prueba de ello es que en las elecciones de 2006 las mujeres ocuparon menos del 30% de todas las categorías de cargos electivos (24% de los diputados y 21% de los suplentes en el Congreso Nacional, 8% de los alcaldes, 7% de los tenientes de alcalde y 18% de los concejales). El Comité está preocupado también porque el Estado Parte estime que la cuota mínima establecida en el artículo 105 está en contradicción con el artículo 104 de la misma ley, que garantiza la no discriminación.
El Comité insta al Estado Parte a que establezca una base legal general para aplicar medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité. Alienta al Estado Parte a que adopte medidas sostenidas, incluidas las medidas especiales de carácter temporal, y a que fije objetivos y calendarios concretos para aumentar rápidamente la representación de la mujer en órganos constituidos por elección y nombramiento en todas las esferas de la vida pública. El Comité exhorta al Estado Parte a hacer cumplir la cuota mínima de 30% estatuida en el artículo 105 de la Ley electoral y de organizaciones políticas. Recomienda también que el Estado Parte ejecute programas de capacitación en funciones directivas y técnicas de negociación para las dirigentes actuales y futuras. Exhorta además al Estado Parte a que lance campañas de concienciación de la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto la participación plena e igualitaria de la mujer en la toma de decisiones.
El Comité está preocupado por la elevada tasa de embarazo en la adolescencia y sus consecuencias para la salud y la educación de las niñas. Está preocupado por que las iniciativas encaminadas a impartir educación sexual en las escuelas, elaboradas por el Ministerio de Educación, tropiecen con la oposición de actores gubernamentales conservadores. El Comité está preocupado también porque el aborto esté tipificado como delito en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando sea el resultado de violación o incesto. El Comité está preocupado por las elevadas tasas de infección por el VIH/SIDA en las mujeres y por la circunstancia de que los programas y las políticas de lucha contra el VIH/SIDA no estén focalizados en las mujeres, con la excepción de las prostitutas y las mujeres embarazadas, y no atiendan a las necesidades de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
El Comité exhorta al Estado Parte a que mejore la información sobre la planificación de la familia y los servicios conexos para las mujeres y las niñas, en particular en materia de salud reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, y a que amplíe los cursos de educación sexual focalizados en los niños de ambos sexos, con especial hincapié en la prevención del embarazo en la adolescencia. El Comité insta al Estado Parte a garantizar que sus políticas y decisiones públicas estén de conformidad con su Constitución, que establece el carácter laico del Estado. El Comité recomienda que el Estado Parte examine la posibilidad de reformar la normativa sobre el aborto con miras a determinar en qué circunstancias se puede autorizar, por ejemplo, el aborto terapéutico y el aborto en casos de embarazo resultante de violación o incesto, y a derogar las disposiciones que penalizan a las mujeres que recurren al procedimiento, en consonancia con la recomendación general 24 del Comité, relativa a la mujer y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité exhorta también al Estado Parte a poner a disposición de las mujeres servicios de calidad para atender las complicaciones derivadas de los abortos peligrosos y a reducir la tasa de mortalidad materna. El Comité recomienda que el Estado Parte incorpore una perspectiva de género en sus programas y políticas relativos al VIH/SIDA y que asegure que esos programas y políticas atiendan a las necesidades de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
El Comité acoge con beneplácito las iniciativas del Estado Parte para incorporar una perspectiva de igualdad de género en el Currículo Nacional Básico y colaborar con diversas instituciones educacionales a fin de eliminar de los planes de estudio las imágenes estereotípicas de las mujeres y los hombres, pero manifiesta su preocupación por la persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en cuanto a las funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y en la sociedad. Esos estereotipos, que suponen un impedimento importante a la aplicación de la Convención, son la causa fundamental de la posición desventajosa de la mujer en todos los ámbitos, incluso en el mercado de trabajo y en la vida política y pública.
El Comité exhorta al Estado Parte a que combata las actitudes estereotípicas acerca de las funciones y las responsabilidades de mujeres y hombres, incluidas las pautas y normas culturales que perpetúan la discriminación directa e indirecta contra las mujeres y las niñas en todas las esferas de la vida. Exhorta al Estado Parte a que adopte medidas amplias para producir un cambio en las funciones estereotípicas generalmente aceptadas de hombres y mujeres y a que vigile la aplicación de esas medidas, que deben incluir campañas de concienciación y educación dirigidas a mujeres, hombres, niñas y niños de todas las confesiones religiosas, con miras a eliminar los estereotipos asociados con las funciones tradicionales de uno y otro sexo en la familia y en la sociedad, de conformidad con el apartado f. del artículo 2 y el apartado a. del artículo 5 de la Convención.
El Comité expresa su preocupación por la permanente discriminación contra la mujer en el mercado de trabajo, en el que se observa una segregación ocupacional y una diferencia persistente en la remuneración de hombres y mujeres. Preocupa al Comité la proporción de mujeres en el sector no estructurado y en el trabajo doméstico sin seguridad social ni otro tipo de prestaciones previstas en el Código de Trabajo. El Comité está preocupado también por la existencia del trabajo infantil, en particular la explotación y el abuso de las niñas que trabajan en labores domésticas y la explotación de quienes trabajan en las maquiladoras, que son en su mayoría mujeres.
El Comité recomienda que el Estado Parte adopte políticas y medidas concretas para eliminar la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, acelerar la eliminación de la discriminación contra la mujer en la remuneración y a asegurar la igualdad de oportunidades de facto para mujeres y hombres en el mercado laboral. Alienta además al Estado Parte a velar por que no se explote a las mujeres en el sector no estructurado y el trabajo doméstico y se les brinden prestaciones de seguridad social y de otro tipo. El Comité insta al Estado Parte a que promulgue y aplique estrictamente leyes contra el trabajo infantil y garantice que las niñas que trabajan en labores domésticas y otros empleos en los sectores estructurado y no estructurado no sufran explotación ni abusos. El Comité recomienda que el Estado Parte refuerce los servicios de inspección laboral a fin de vigilar la observancia del Código del Trabajo, en particular en las maquiladoras, y de velar por que se castiguen las infracciones con las sanciones correspondientes.
El Comité está preocupado porque en el informe no se facilitaron datos estadísticos suficientes sobre la situación de la mujer en todos los ámbitos abarcados por la Convención, desagregados por otros factores tales como edad, etnia y sector rural y urbano. El Comité está preocupado también por la falta de información respecto de los efectos de las medidas adoptadas y de los resultados logrados en diversos ámbitos de la Convención.
El Comité insta al Estado Parte a incluir en su próximo informe datos y análisis estadísticos sobre la situación de la mujer, desagregados por sexo, edad, etnia y sector rural y urbano, que indiquen los efectos de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la consecución práctica de una igualdad sustantiva para la mujer.
El Comité alienta al Estado Parte a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y a aceptar, tan pronto como sea posible, la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre el tiempo asignado a las reuniones del Comité.
El Comité pide al Estado Parte que asegure una amplia participación de todos los ministerios y organismos públicos en la preparación de su próximo informe y que consulte al respecto a las organizaciones no gubernamentales. Alienta al Estado Parte a recabar la participación del Congreso Nacional en el examen del informe antes de presentarlo al Comité.
El Comité exhorta al Estado Parte a que utilice plenamente, en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención, y pide que el Estado Parte incluya información a ese respecto en su próximo informe periódico.
El Comité destaca además que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para lograr los objetivos de desarrollo del Milenio. El Comité pide que se integre una perspectiva de género y se reflejen expresamente las disposiciones de la Convención en todos los esfuerzos encaminados a lograr los objetivos de desarrollo del Milenio, y pide que el Estado Parte incluya información a ese respecto en su próximo informe periódico.
El Comité encomia al Estado Parte por haber ratificado los siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Observa que la adhesión del Estado Parte a esos instrumentos aumenta el disfrute por las mujeres de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida.
El Comité pide que se difundan ampliamente en Honduras las presentes observaciones finales a fin de que el pueblo de Honduras, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los legisladores y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, tomen conciencia de las medidas que se han adoptado para velar por la igualdad de jure y de facto de la mujer, así como de las medidas adicionales que se requieran a ese respecto. El Comité pide que el Estado Parte siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide que el Estado Parte responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en su próximo informe periódico, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado Parte a que su séptimo informe periódico, previsto para abril de 2008, y su octavo informe periódico, previsto para abril de 2012, se presenten en un informe combinado en abril de 2012.
3º Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Honduras.4
El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Honduras (CEDAW/C/HND/7-8) en sus sesiones 1447ª y 1448ª, celebradas el 3 de noviembre de 2016 (véanse CEDAW/C/SR.1447 y 1448). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/HND/Q/7-8 y las respuestas de Honduras figuran en el documento CEDAW/C/HND/Q/7- 8/Add.1.
D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones5
El Comité reconoce las diversas iniciativas encaminadas a aumentar la conciencia acerca de los derechos de la mujer. Sin embargo, sigue preocupado por la escasa divulgación de la Convención en la sociedad en general y entre las mujeres en particular. También le preocupa que los profesionales del derecho y los funcionarios públicos tengan un conocimiento limitado de la Convención y las recomendaciones generales del Comité, situación agravada por los frecuentes cambios de gobierno y la rotación de funcionarios públicos, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/HON/CO/6, párr. 11), de que el Estado parte intensifique sus iniciativas encaminadas a divulgar la Convención y las recomendaciones generales del Comité y vele por que los programas de capacitación sobre cuestiones de género para los profesionales del derecho abarquen las disposiciones que se establecen en la Convención. También recomienda al Estado parte que lleve a cabo nuevas iniciativas de creación de capacidad entre jueces, abogados, agentes de policía y otros profesionales pertinentes en los sectores del poder judicial y la policía afectados por las constantes medidas de reestructuración institucional, de modo que tengan cabal conocimiento de los derechos reconocidos en la Convención.
**Definición de discriminación contra la mujer
El Comité acoge con satisfacción el hecho de que los principios de igualdad y no discriminación estén consagrados en la Constitución y que el ordenamiento jurídico de Honduras garantice la primacía de los tratados internacionales, incluida la Convención, sobre la legislación nacional. Sin embargo, le preocupa que la legislación del Estado parte sea contraria al artículo 1 de la Convención, limitando su alcance a la discriminación directa.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte una definición amplia de discriminación contra la mujer en la legislación nacional, en consonancia con el artículo 1 de la Convención, para garantizar que las mujeres estén protegidas contra la discriminación directa e indirecta por agentes estatales y no estatales. También recomienda al Estado parte que vele por que la prohibición de la discriminación contra la mujer esté acompañada de las sanciones y los mecanismos de aplicación apropiados.
El Comité reconoce que la asignación de recursos a la Unidad de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en Honduras es una medida destinada a mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. Sin embargo, al Comité le preocupan los obstáculos existentes, en particular en los casos de violencia de género. Le preocupa que la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia se vea agravada por la insuficiencia de recursos, la infraestructura deficiente y l a falta de personal y dependencias especializadas, incluidos agentes de policía, fiscales y magistrados calificados en cuestiones de género, lo que se traduce en un poder judicial corrupto y disfuncional, y una cultura general de impunidad. También preocup an al Comité las deficiencias de los procesos de investigación y recolección de pruebas y los servicios y las capacidades forenses, insuficiencias que provocan demoras prolongadas en las actuaciones judiciales y la revictimización de las mujeres. Le preocupa la renuencia de las mujeres a presentar denuncias debido a actitudes discriminatorias de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Comité también observa con preocupación que se carece de un programa eficaz de protección de testigos y que el modelo de atención integral a las víctimas solo está disponible como programa piloto. También lamenta la falta de conocimientos de las mujeres sobre los derechos que les reconoce la Convención y su limitada capacidad para reivindicar esos derechos, en particular el acceso limitado a la asistencia jurídica gratuita y a recursos eficaces.
**El Comité recuerda su recomendación anterior (CEDAW/C/HON/CO/6, párr.
y su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, y recomienda al Estado parte que:**
Fortalezca el sistema judicial, en particular mediante mayores recursos financieros, técnicos y humanos especializados, con miras a la tramitación de casos de manera oportuna, no discriminatoria y competente, que tenga en cuenta las cuestiones de género;
Fomente la profesionalidad, independencia y rendición de cuentas de los jueces, los fiscales y los agentes de policía, en particular en los procedimientos de selección, ascenso y destitución;
Vele por que todos los casos de violencia contra la mujer por motivos de género se investiguen de manera pronta y efectiva, que los autores sean enjuiciados y debidamente castigados, y que la impunidad se combata mediante la investigación de los casos de corrupción denunciados;
Vele por que las mujeres y las niñas tengan acceso a asistencia diferenciada para víctimas y testigos, y a programas de protección, y promueva la ampliación e institucionalización del modelo de atención integral a las víctimas, que actualmente es solo un programa piloto;
Vele por que la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la legislación nacional pertinente sean parte integrante de la educación jurídica y la formación obligatorias de los jueces, los fiscales, los abogados y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para abordar adecuadamente la igualdad de género, así como la violencia de género;
Garantice el acceso a servicios de asistencia letrada a las mujeres y las niñas, emprenda campañas de sensibilización para informar a las mujeres y las niñas sobre sus derechos en virtud de la Convención, y difunda información sobre los recursos jurídicos disponibles y su derecho a presentar denuncias, incluso contra funcionarios públicos.
El Comité observa con preocupación que el Instituto Nacional de la Mujer, carece de la categoría, la condición jurídica y los recursos necesarios para promover eficazmente la aplicación de la Convención e incorporar una perspectiva de igualdad de género en todos los departamentos y sectores. El Comité toma nota de las iniciativas adoptadas para introducir la presupuestación que tiene en cuenta el género. Le preocupa, sin embargo, que la descentralización haya dado lugar a una falta de armonización de las políticas de igualdad de género y las asignaciones presupuestarias, en particular a nivel local, y la persistencia de la dependencia de la financiación de donantes internacionales. En particular, le inquieta:
La falta de institucionalización del Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras y la insuficiente información disponible sobre su aplicación;
La falta de dependencias de género que funcionen en sectores gubernamentales de adopción de decisiones y los efectos adversos de la rotación de personal en el mecanismo nacional debido a los cambios y la reestructuración gubernamentales, especialmente a nivel local;
La indefinición de la función y la división de responsabilidades de las oficinas municipales de la mujer.
El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/HON/CO/6, párr. 17), de que el Estado parte fortalezca al Instituto Nacional de la Mujer mediante un aumento significativo de sus recursos humanos y financieros y de su capacidad técnica, para que pueda desempeñar las funciones previstas en su mandato, destacar los aspectos de igualdad de género en todas las leyes, políticas y planes de acción nacional y garantizar la coordinación efectiva de las políticas públicas sobre la igualdad de género. También recomienda al Estado parte que adopte una estrategia de incorporación de una perspectiva de género en todos los niveles de gobierno, con plazos claros y elementos de referencia mensurables. El Comité recomienda también al Estado parte que:
Vele por que todos los ministerios destinen una partida especial del presupuesto a la aplicación efectiva del Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género y establezca mecanismos de evaluación de los efectos que permitan hacer el seguimiento adecuado del Plan;
Fomente sistemáticamente la creación de capacidad sobre los derechos humanos de la mujer y establezca dependencias de género permanentes para evitar que los cambios de gobierno incidan negativamente en la competencia técnica y la continuidad de la labor del mecanismo nacional y los mecanismos que lo sucedan;
Aclare la función, la composición y la división de responsabilidades de las oficinas municipales de la mujer y las dependencias de género de cada departamento del Gobierno y los mecanismos de coordinación entre los niveles nacional y local.
Preocupa al Comité que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos carezca de la independencia y los recursos necesarios para llevar a cabo su mandato de forma efectiva. Observa que esta institución ha sido degradada a la categoría B por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas legislativas y administrativas necesarias para aplicar las recomendaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a fin de que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos desempeñe un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos de la mujer y el fomento de la igualdad de género.
El Comité observa con preocupación que la información facilitada por el Estado parte indica una falta de comprensión adecuada de la naturaleza, el alcance y la necesidad de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención. También le preocupa la ausencia de medidas especiales de carácter temporal en esferas distintas de las cuotas electorales, en particular para hacer frente a las formas concomitantes de discriminación de que son víctimas las mujeres de las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes o de las zonas rurales, o las mujeres con discapacidad.
De conformidad con su recomendación general núm. 25 (2004) sobre medidas especiales de carácter temporal, el Comité recomienda al Estado parte que tome medidas concretas, incluidas medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención, para acelerar la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre, especialmente en relación con las mujeres de las comunidades indígenas o afrodescendientes, las mujeres rurales o las mujeres con discapacidad, en particular en la vida política y en los ámbitos de la salud, la educación, la formación profesional y el empleo.
El Comité está preocupado por la ineficacia de las medidas para eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos discriminatorios arraigados acerca de las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad que obstaculizan la aplicación de la Convención y son una causa fundamental de la violencia contra la mujer. También preocupa al Comité que esas medidas no aborden las formas concomitantes de discriminación contra la mujer. Le inquieta asimismo que la dependencia de la financiación de donantes internacionales para campañas de sensibilización y programas de educación y capacitación, pueda afectar negativamente la sostenibilidad de estas iniciativas.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas coordinadas y adecuadamente financiadas para eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la sociedad y en la familia. También recomienda al Estado parte que aborde las formas concomitantes de discriminación contra la mujer en razón de su edad, su origen étnico, su condición socioeconómica, su procedencia rural o urbana, o su calidad de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual.
El Comité se hace eco del proceso de reforma del Código Penal que se está llevando a cabo, pero lamenta los elevados niveles que persisten de violencia doméstica, especialmente contra las niñas. Asimismo, le preocupa la incidencia cada vez mayor de violencia de género contra la mujer, lo que incluye un número muy elevado de actos de violencia sexual, secuestros, desapariciones y asesinatos de mujeres, así como de feminicidios. Además, inquietan al Comité la falta de estrategias preventivas suficientes y:
La persistente impunidad por los actos de violencia contra la mujer, violencia sexual y feminicidios, así como los actos de violencia contra la mujer cometidos por funcionarios públicos y militares, pese al Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022;
La falta de procedimientos, protocolos y recursos claramente definidos y armonizados para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia de género;
La correlación existente entre la proliferación y utilización de armas de fuego y los feminicidios, que aparentemente constituyen la segunda causa de muerte entre las mujeres en edad de procrear en el Estado parte;
El hecho de que no se denuncien todos los casos de violencia contra las mujeres por el miedo de estas a las represalias y por su falta de confianza en las autoridades;
La ausencia de protocolos normalizados con una perspectiva de género para investigar y enjuiciar los casos de violencia contra la mujer y los feminicidios;
La falta de datos actualizados y desglosados, así como de un registro oficial sistemático de las desapariciones y de un protocolo de seguimiento de estos casos, y la escasa información que comparten los agentes del orden y la Fiscalía.
El Comité, recordando sus recomendaciones anteriores (CEDAW/C/HON/CO/6, párr. 19) y su recomendación general núm. 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer, recomienda al Estado parte que vele por que toda reforma del Código Penal se adhiera a las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Convención. También le recomienda que:
Aplique las leyes vigentes para penalizar toda forma de violencia contra la mujer, se asegure de que se investiguen los casos y los culpables sean enjuiciados y sancionados como corresponde y garantice la instauración de los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión apropiados para la aplicación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022;
Vele por que las mujeres y las niñas tengan acceso a medios de reparación y protección efectivos, lo que incluye un número suficiente de refugios, especialmente en las zonas rurales, en los que se preste una atención especializada a las víctimas de violencia sexual, que comprenda programas de rehabilitación y reintegración jurídica y psicosocial, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil;
Refuerce su marco legislativo respecto de la posesión de armas de fuego y acelere la aprobación del proyecto de ley integral para el acceso a una vida libre de violencia, presentado al Congreso Nacional;
Imparta capacitación obligatoria al personal de las fuerzas del orden y los funcionarios judiciales, así como a los profesionales de ámbitos como la salud y el trabajo social, sobre la aplicación estricta de las disposiciones de la legislación penal para enjuiciar y castigar adecuadamente los actos de violencia de género, supervise periódicamente la aplicación de dichas disposiciones y se asegure de que los funcionarios que no las apliquen sean sancionados de manera apropiada;
Garantice que la definición del delito de feminicidio en el nuevo Código Penal se ajuste a las normas internacionales, en particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y elabore y apruebe protocolos normalizados para investigar los casos de desaparición de mujeres y de feminicidio en todo el país;
Apruebe protocolos específicos para unificar los procedimientos de denuncia de casos de violencia contra la mujer y centralice la reunión periódica de datos sobre violencia contra la mujer, desglosados por tipo de violencia y por la relación entre el culpable y la víctima.
El Comité celebra la creación de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, pero sigue preocupado por la elevada incidencia de casos de trata, especialmente de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. Observa con inquietud que las mujeres y las niñas de las zonas rurales y las pertenecientes a las comunidades indígenas y afrodescendientes corren un alto riesgo de ser víctimas de trata para la explotación sexual o el trabajo forzoso. Además, preocupan al Comité:
La falta de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros destinados a la aplicación de las medidas jurídicas y de otra índole que tienen por objeto luchar contra la trata de personas;
La falta de programas y de centros especializados para prestar asistencia a las víctimas y para su rehabilitación, y la elevada dependencia que se tiene de organizaciones de la sociedad civil para proporcionar servicios de rehabilitación y alojamiento a las víctimas de la trata;
La ausencia de datos desglosados sobre el alcance y las causas de la trata en el Estado parte, así como las deficiencias en el registro de las denuncias, el enjuiciamiento de los casos y el intercambio de información entre las instituciones, como la Fiscalía y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas;
La escasa atención que se presta a los vínculos existentes entre la trata con fines de explotación sexual y la delincuencia organizada en los barrios, así como la connivencia de la policía;
La falta de programas para mujeres que quieran abandonar la prostitución y de oportunidades alternativas de generación de ingresos para estas, así como la falta de protección contra el acoso policial y la violencia de que son objeto por parte de los clientes.
**El Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/HON/CO/6, párr.
y recomienda al Estado parte que:**
Aplique de manera efectiva la legislación de lucha contra la trata e intensifique la coordinación entre la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, la Fiscalía y la policía para garantizar la protección de las mujeres y las niñas que son víctimas de trata;
Se asegure de que las víctimas de la trata tengan acceso libre e inmediato a alojamiento, atención médica, asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y servicios especializados de rehabilitación y reintegración;
Realice estudios y encuestas para conocer mejor la naturaleza, las causas y las consecuencias de la trata y la explotación de la prostitución en el Estado parte, y reúna datos sobre su magnitud entre las mujeres y las niñas a fin de abordar sus causas fundamentales;
Fomente la capacidad y la rendición de cuentas de la policía y los agentes del orden para hacer frente a la delincuencia organizada vinculada a la trata mediante, entre otras cosas, la cooperación internacional, regional y bilateral, a fin de prevenir este problema mediante el intercambio de información y de prácticas y la posible armonización de los procedimientos jurídicos destinados a enjuiciar y sancionar a los traficantes;
Ofrezca programas para abandonar la prostitución y oportunidades alternativas de generación de ingresos a las mujeres y las niñas que deseen hacerlo, y adopte medidas para poner fin a la violencia de que son objeto las prostitutas por parte de los clientes.
El Comité sigue preocupado porque las mujeres, en particular las pertenecientes a grupos desfavorecidos y marginados, siguen estando insuficientemente representadas en los puestos a los que se accede por elección o por nombramiento en todos los ámbitos de la vida política y pública. Inquieta también al Comité que los prolongados retrasos en la aprobación del reglamento para aplicar el Decreto núm. 54 -2016 por el que se establecen cuotas electorales del 50% de candidatas en los partidos políticos puedan tener efectos negativos sobre su aplicación efectiva, en particular en relación con las elecciones internas de los partidos políticos que actualmente se están llevando a cabo, y la efectiva inclusión de las mujeres en las elecciones nacionales. El Comité observa que está en trámite el proyecto de ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, pero le preocupa que estas, especialmente en las comunidades rurales y campesinas, sean objeto de represión, discriminación y violencia si participan en la vida política y pública.
El Comité reitera la recomendación formulada anteriormente (CEDAW/C/HON/CO/6, párr. 23) al Estado parte de que apruebe disposiciones jurídicas, en particular para la adopción de medidas especiales de carácter temporal, como programas de divulgación o apoyo, reasignación de recursos o la fijación de objetivos cuantitativos y metas conexas con plazos concretos, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y las recomendaciones generales del Comité núm. 25 (2004), sobre medidas especiales de carácter temporal, y núm. 23 (1997), sobre la mujer en la vida política y pública, a fin de:
Aumentar la participación de la mujer en la vida política y pública, en particular en el Congreso Nacional, los puestos gubernamentales decisorios, el poder judicial y el servicio diplomático;
Asegurar que se cumpla cabalmente la cuota establecida por ley del 50% de mujeres en todas las elecciones nacionales y locales;
Tener en cuenta el boletín temático de la Unión Interparlamentaria sobre el sexismo, el acoso y la violencia contra las parlamentarias, acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre el acoso y la violencia política hacia las mujeres, y hacer cumplir las leyes sobre la igualdad de género y la prohibición de la violencia y la discriminación contra la mujer en la vida política y pública;
Realizar actividades de concienciación sobre la importancia para la sociedad en general de la participación de la mujer en la adopción de decisiones.
Las medidas cada vez más represivas, las agresiones, la violencia sexual, el acoso, la intimidación, las represalias y las campañas de difamación contra las defensoras de los derechos humanos, especialmente en el ámbito de los proyectos de aprovechamiento de tierras, la promoción de la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos de las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes;
La falta de protección efectiva de las defensoras de los derechos humanos y la impunidad de que gozan los culpables, ante la ausencia de investigaciones efectivas, enjuiciamientos y condenas por los delitos cometidos contra dichas defensoras;
Las muertes de defensoras de los derechos humanos, en particular Margarita Murillo en 2014 y Berta Cáceres en 2016, pese a las repetidas denuncias de la situación de peligro y acoso a las que se enfrentaban y de las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
La penalización de la protesta social y las restricciones impuestas al derecho de reunión pacífica de las defensoras de los derechos humanos.
Adopte y aplique sin dilación medidas efectivas para proteger a las defensoras de los derechos humanos a fin de que puedan llevar a cabo libremente su importante labor, sin miedo y sin verse amenazadas de sufrir violencia y acoso;
Aplique la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y elabore un protocolo con una perspectiva de género para investigar, enjuiciar y castigar las agresiones y otras formas de abuso cometidas contra defensoras de los derechos humanos;
Investigue de manera efectiva, enjuicie y castigue adecuadamente todos los casos de violencia contra defensoras de los derechos humanos, también en los casos de violencia contra defensoras del derecho a la tierra o a otros recursos naturales;
Despenalice la protesta social y la reunión pacífica y ponga fin al enjuiciamiento de defensoras de los derechos humanos por las actividades que realizan en el ejercicio de dichos derechos.
El Comité encomia al Estado parte por su ley sobre la nacionalidad y su labor para inscribir los nacimientos en el registro, pero expresa inquietud por las persistentes barreras con las que se topa dicho registro, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades indígenas y afrodescendientes. También preocupa al Comité que no se facilite información sobre las medidas adoptadas para asegurarse de que los niños de las zonas fronterizas y los que se encuentran en una situación migratoria, incluidos los niños no acompañados que participan en programas de retorno, tengan acceso al registro del nacimiento y a documentos personales. Le preocupa igualmente la falta de información sobre la supervisión de los procesos de retorno y reintegración de los niños migrantes y sus consecuencias en la reunificación familiar.
El Comité recomienda al Estado parte que vele por que se inscriban en el registro todos los nacimientos que se produzcan en el Estado parte, también en las zonas rurales y en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Le recomienda asimismo que se asegure de que todos los niños que nazcan en situaciones excepcionales, como en un contexto de migración o en zonas fronterizas, sean inscritos en el Registro Nacional de las Personas y se les proporcionen documentos personales. Recomienda igualmente al Estado parte que incorpore una perspectiva de género en los mecanismos de supervisión de los procesos de retorno de los niños migrantes y sus consecuencias en la reunificación familiar.
El Comité acoge con satisfacción la labor realizada para mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a una educación intercultural bilingüe, pero expresa inquietud por las insuficientes medidas adoptadas para garantizar el acceso de todas las niñas a la educación y mejorar la calidad de esta. También le preocupa el hecho de que las tasas de analfabetismo y de abandono escolar en la enseñanza secundaria de las niñas de zonas rurales y alejadas y de las comunidades indígenas y afrodescendientes sigan siendo desproporcionalmente altas comparadas con las del resto de la población, debido frecuentemente a la pobreza, los embarazos y matrimonios precoces y el trabajo infantil. Preocupa igualmente al Comité la elevada incidencia de actos de violencia sexual y acoso cometidos contra niñas en su trayecto hacia y desde la escuela, y observa la ausencia de un mecanismo de denuncia efectivo. Además, observa con inquietud el limitado componente de educación sobre salud sexual y reproductiva integrada de los programas escolares. También le preocupa la falta de información sobre el acceso a la educación, incluida la educación ordinaria, de las niñas con discapacidad.
Vele por que las niñas de zonas rurales y alejadas, así como de comunidades indígenas y afrodescendientes, tengan acceso en pie de igualdad a una educación, tanto primaria como secundaria, de calidad;
Establezca mecanismos de denuncia y rendición de cuentas efectivos para garantizar que los culpables de actos de abuso sexual o acoso contra niñas en el entorno escolar sean enjuiciados y castigados de forma apropiada;
Redoble los esfuerzos para retener a las niñas en la escuela y vele por que las jóvenes que son madres regresen a la escuela tras el parto;
Asegure la incorporación de información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, apropiadas a cada edad, en los programas escolares de todos los niveles educativos para las niñas y los niños, y capacite a los docentes para tratar dichos temas de un modo que tenga en cuenta el género;
En su próximo informe, facilite información sobre la inclusión de las mujeres y las niñas con discapacidad en el sistema de educación ordinario mediante, entre otras cosas, campañas de concienciación y en los medios de comunicación.
El Comité reitera su preocupación por la tasa desproporcionadamente alta de desempleo de las mujeres, la concentración de la ocupación femenina en empleos mal remunerados del sector informal y la persistencia de la segregación ocupacional horizontal y vertical. Así pues, observa con inquietud:
La falta de medidas específicas para facilitar la entrada de las mujeres en el sector laboral formal;
La persistencia de la desigualdad salarial por razón de género, la inseguridad laboral de las mujeres, a las que se somete ilícitamente sin su consentimiento informado a pruebas de embarazo o de infección por el VIH para ser contratadas o mantener su trabajo en la industria maquiladora, así como las inadecuadas condiciones de trabajo, principalmente en las maquiladoras y las situaciones de trabajo infantil;
La falta de normativas sobre condiciones de trabajo decente y derechos laborales para proteger a las mujeres frente a prácticas de explotación laboral, entre otros ámbitos, en el trabajo doméstico en casas particulares;
La falta de información sobre las inspecciones de trabajo en industrias y casas particulares, donde están empleadas predominantemente mujeres, y las denuncias de violencia y acoso sexual contra las mujeres en el lugar de trabajo;
La explotación de las mujeres en el sector agroindustrial del sur del Estado parte, donde trabajan expuestas a peligrosos productos químicos y plaguicidas nocivos para la salud, especialmente la salud reproductiva.
El Comité recomienda al Estado parte que realice un estudio sobre el número de mujeres trabajadoras y las características de su trabajo, y que adopte políticas y medidas específicas para erradicar la segregación ocupacional. También le recomienda que:
Garantice la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mercado laboral mediante, entre otras cosas, medidas específicas para promover el acceso o la transición de las mujeres al sector formal;
Refuerce las medidas para reducir la desigualdad salarial por razón de género, haciendo respetar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, y aplique leyes que establezcan que las mujeres y las niñas empleadas en el sector informal de la economía estén cubiertas por la legislación laboral y la protección social (Decreto núm. 318-2013); acelere la aprobación y la aplicación de la hoja de ruta para erradicar las peores formas de trabajo infantil que se presentó al Consejo de Ministros y aplique efectivamente las leyes contra el trabajo infantil, en particular en zonas geográficas remotas y en sectores laborales como la agricultura, el trabajo doméstico y la industria aquiladora;
Adopte y aplique las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para promover el trabajo decente de las mujeres empleadas en el sector informal, como las trabajadoras domésticas; aplique sanciones a los empleadores que vulneren los derechos de la mujer en el trabajo y ratifique el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
Aumente los recursos humanos, técnicos y financieros para que la inspección de trabajo investigue y vigile que se respeten las condiciones de trabajo decente y los derechos laborales de las mujeres y las niñas, y que detecte las prácticas discriminatorias contra las mujeres en la esfera laboral, particularmente en el sector informal; enjuicie y castigue debidamente los casos de violencia sexual y acoso contra las mujeres en el lugar de trabajo y refuerce los mecanismos de recopilación de datos a ese respecto;
Adopte medidas para abordar cuestiones relativas a la salud y los riesgos laborales, en particular de las mujeres que trabajan en el sector agroindustrial.
El Comité acoge con agrado las iniciativas destinadas a reducir la tasa de mortalidad materna, pero le preocupa que el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva en el Estado parte sea limitado. Además, le preocupan:
La penalización del aborto sin excepciones, que conlleva que un gran número de mujeres y niñas recurran a abortos en condiciones de riesgo y supone un aumento de la mortalidad materna;
La prohibición de la promoción, el uso, la venta y la compra de anticonceptivos de emergencia, así como de toda política o programa relacionado con ellos, y de la distribución gratuita o pagada y la comercialización de fármacos anticonceptivos de emergencia, incluso cuando el embarazo es fruto de la violación o el incesto, y que la Corte Suprema de Justicia declarase la constitucionalidad de esa prohibición en 2012;
La falta de estudios que evalúen los efectos de la penalización del aborto y de la prohibición de la prescripción, venta y uso de anticonceptivos de emergencia, incluso en casos de violación e incesto;
La falta de acceso suficiente de las mujeres a la información sobre su salud y sus derechos reproductivos y sexuales, que aborde comportamientos sexuales responsables, y el hecho de que las mujeres no puedan acceder, de manera razonable y asequible, a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos, especialmente en las zonas rurales, donde según las estimaciones el 71% de las mujeres no usan anticonceptivos;
La información insuficiente sobre medidas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
Teniendo en cuenta su declaración sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, aprobada en su 57º período de sesiones, en febrero de 2014, el Comité señala que los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. En ese sentido, recomienda al Estado parte que:
Estudie experiencias y prácticas positivas de otros países de la región, como las de aquellos que tienen visiones culturales y religiosas similares, y las de países de otras partes del mundo que hayan revisado su interpretación restrictiva del aborto terapéutico y hayan aceptado la despenalización del aborto en ciertas circunstancias como, al menos, en casos de violación o incesto, de amenaza para la vida o la salud de la madre, y de graves malformaciones fetales;
Evalúe los efectos que tienen, para la salud física y mental de las mujeres y las niñas, la penalización absoluta del aborto y la prohibición de los anticonceptivos de emergencia y de la distribución gratuita o pagada y la comercialización de fármacos anticonceptivos de emergencia, particularmente en aquellas mujeres y niñas que han sido víctimas de abusos sexuales, con miras a considerar la posibilidad de levantar la prohibición y despenalizar tales actos;
Vele por que las mujeres, especialmente las que viven en la pobreza y en zonas rurales, tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de buena calidad, que incluyan la planificación familiar, la prevención de los embarazos precoces y de infecciones de transmisión sexual, además de la atención de urgencias tras un aborto;
Refuerce las iniciativas destinadas a asegurar que adolescentes y jóvenes de ambos sexos, especialmente los que no asisten a la escuela, tengan acceso a información precisa sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, en la que se aborden comportamientos sexuales responsables.
El Comité acoge con satisfacción el Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH y Sida en Honduras 2015-2019, pero sigue preocupado por las elevadas tasas de infección por el VIH entre las mujeres, y por el hecho de que las leyes y políticas existentes para combatir la enfermedad carezcan de una perspectiva de género. Inquieta asimismo al Comité que se siga estigmatizando a las personas que viven con el VIH/SIDA, lo que afecta principalmente a las mujeres y en particular a las embarazadas, las que ejercen la prostitución y las afrodescendientes.
Garantice el acceso de mujeres y hombres en condiciones de igualdad al tratamiento y la prevención del VIH y del sida, además del acceso gratuito para mujeres y niñas a antirretrovirales a fin de evitar la transmisión maternoinfantil;
Fomente la realización voluntaria de pruebas del VIH y la sensibilización de mujeres y hombres, incluidas las personas que tienen un comportamiento sexual de riesgo y las que viven con el VIH, sobre su responsabilidad en la reducción de la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual a sus parejas sexuales;
Realice un estudio en las distintas zonas geográficas del Estado parte para obtener datos desglosados actualizados sobre la prevalencia del VIH.
El Comité toma conocimiento de los diversos planes y programas adoptados para promover el desarrollo social. Sin embargo, está preocupado por el alto grado de desigualdad en la sociedad hondureña, que es un impedimento para la realización de los derechos humanos de la mujer. El Comité lamenta la falta de información sobre los efectos que tienen los diversos programas de protección social en la vida de las mujeres, ya que la mayor parte de la información se desglosa por familia, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a estos programas por los grupos más marginados de mujeres, incluidas las mujeres indígenas y afrodescendientes. Le preocupa que el enfoque fragmentario que se aplica al desarrollo y la protección sociales y a los programas de reducción de la pobreza no haya sido eficaz para el empoderamiento económico sostenible de las mujeres.
El Comité recomienda al Estado parte que descentralice y garantice el acceso a programas de protección social y otros programas encaminados al empoderamiento económico de las mujeres que más lo necesitan, en particular en las zonas rurales y remotas y entre las comunidades indígenas y afrodescendientes. También recomienda que se adopte un enfoque más sistemático y basado en los derechos sobre la protección social y los programas de reducción de la pobreza y que el Estado parte establezca un sistema para la recopilación adecuada de datos desglosados y análisis de género sobre los efectos de los programas de protección social en el disfrute de los derechos humanos de las mujeres.
El Comité observa los esfuerzos realizados en relación con el registro conjunto optativo de tierras pero expresa preocupación por la persistencia de la discriminación contra las mujeres rurales, en particular las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana, y:
Las numerosas barreras para el acceso de las mujeres a la tierra y la protección de sus recursos naturales, en particular debido a la falta de consultas con las mujeres rurales acerca de proyectos de desarrollo en gran escala, proyectos turísticos, agroindustriales e hidroeléctricos ejecutados por inversores extranjeros y empresas privadas, así como los efectos adversos del cambio climático en las mujeres, como las graves sequías, la pérdida de cultivos y la escasez de agua y alimentos;
Los efectos negativos que tienen en el control de las mujeres sobre la tierra y los recursos naturales los proyectos empresariales y de desarrollo que producen desplazamientos internos de mujeres y niñas, desalojos forzosos, explotación laboral, graves problemas de salud, abuso y violencia sexuales, y trata;
La intimidación de las mujeres rurales, incluidas las dirigentes campesinas y comunitarias que participan en manifestaciones pacíficas para proteger sus tierras y la penalización de sus actividades;
Las denuncias de casos en que los recursos, incluidos los programas de asistencia alimentaria de emergencia y apoyo social, han sido desviados por la corrupción y se han subordinado a fines políticos en lugar de beneficiar a los destinatarios.
De conformidad con el artículo 14 de la Convención y la recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, el Comité recomienda al Estado parte que:
Cumpla con lo dispuesto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT y solicite el consentimiento libre e informado mediante la celebración de consultas con los pueblos indígenas y garantice que se beneficien de las actividades extractivas y los proyectos de desarrollo en sus tierras, e incluya a las mujeres como participantes activas en la formulación y aplicación de políticas y planes de acción nacionales sobre el cambio climático, la respuesta en casos de desastre y la reducción del riesgo; amplíe y facilite el acceso de las mujeres rurales a la propiedad de la tierra, en particular mediante la inscripción obligatoria de las tierras a nombre de ambos cónyuges y la fijación de metas para la emisión de títulos conjuntos; e incluya una perspectiva de género explícita en las políticas, los programas y las iniciativas nacionales para fomentar las actividades agrícolas, en particular para las mujeres indígenas y afrodescendientes;
Adopte medidas para proteger los derechos de las mujeres rurales, entre otras cosas haciendo rendir cuentas a las empresas por las prácticas que afectan negativamente a la salud, el bienestar y la seguridad de las mujeres trabajadoras y asignando recursos suficientes al Instituto Nacional Agrario a fin de garantizar el cumplimiento del protocolo establecido para los desalojos dispuestos por los tribunales competentes, de modo que se lleven a cabo sin el uso excesivo de la fuerza o la violencia y estén sujetos a estrictas garantías procesales;
Establezca un marco jurídico para garantizar que los proyectos de desarrollo en gran escala, así como los proyectos agroindustriales y otros proyectos empresariales no sigan socavando los derechos de las mujeres rurales a la propiedad de la tierra y los medios de subsistencia y garantice que los proyectos de desarrollo solo se pongan en marcha después de realizar evaluaciones de las consecuencias en función del género en que participan mujeres rurales;
Fortalezca los mecanismos, en particular auditorías eficaces, para la detección adecuada de mujeres que se encuentran en situaciones de emergencia que tienen derecho a programas de asistencia alimentaria y apoyo social.
Desplazadas internas, refugiadas y solicitantes de asilo
El Comité está preocupado por la situación de los niños, especialmente las niñas, que permanecen en el Estado parte tras la migración de miembros de su familia. También le preocupa la situación de las mujeres y los niños desplazados internos, como resultado directo de la violencia y delincuencia imperantes en el Estado parte, en particular perpetradas por bandas u organizaciones delictivas transnacionales. Le preocupa especialmente la situación de las mujeres en el corredor de drogas y violencia de la región fronteriza.
Reúna datos desglosados sobre la situación de los niños que permanecen en el Estado parte tras la migración de miembros de su familia;
Aumente y acelere sus esfuerzos para prevenir las causas de los desplazamientos y responder a las necesidades específicas de protección de las desplazadas internas;
Adopte nuevas medidas urgentes, en particular la formulación de una política integral para proporcionar protección y asistencia a las desplazadas internas;
Redoble sus esfuerzos, en particular mediante el aumento de la cooperación bilateral, regional e internacional, para hacer frente con eficacia a la violencia relacionada con las drogas y las bandas, que causa desplazamientos internos.
El Comité está preocupado por el gran número de mujeres en prisión preventiva y la falta de medidas para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. También le preocupan la salud deficiente y las condiciones de higiene de las mujeres privadas de libertad, en particular las mujeres embarazadas y las mujeres detenidas con sus hijos.
El Comité recomienda al Estado parte que reduzca la duración de la prisión preventiva, estableciendo medidas alternativas a la privación de la libertad, y fortalezca la eficacia y la independencia del poder judicial. Recomienda asimismo al Estado parte que vele por que las mujeres detenidas gocen de condiciones de salud e higiene adecuadas.
El Comité toma conocimiento de las enmiendas al Código de Familia en relación con el régimen económico del matrimonio. Sin embargo, le preocupa que las disposiciones de ese Código sigan permitiendo el matrimonio de niñas menores de 16 años, y observa que dichos matrimonios tienen graves consecuencias para las niñas, en particular en lo que respecta a su salud y educación. El Comité observa con preocupación que las parejas del mismo sexo no pueden inscribir su unión en el Estado parte. También está preocupado por la falta de un reglamento de aplicación de la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable.
Recordando su recomendación general núm. 29 (2013), sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución, el Comité recomienda al Estado parte que:
En su próximo informe proporcione información sobre los efectos del régimen de comunidad de bienes económicos sobre la mujer;
Apruebe y haga cumplir leyes que prohíban el matrimonio infantil y unifique la edad mínima legal para contraer matrimonio de las mujeres y los hombres en los 18 años;
Aborde las causas fundamentales del matrimonio infantil y fortalezca programas para promover el derecho de la mujer a elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio de forma libre y plenamente consentida, en igualdad de condiciones con los hombres;
Examine las prácticas de los países de la región que permiten el registro de parejas del mismo sexo;
Acelere la aprobación del reglamento de aplicación de la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable.
El Comité está preocupado por la falta de información estadística precisa, desglosada por sexo, edad, ubicación geográfica, origen étnico y situación socioeconómica en muchas esferas que abarca la Convención.
y recomienda al Estado parte que mejore la reunión y el análisis de datos desglosados por sexo, edad, ubicación geográfica, origen étnico y situación socioeconómica, indicando los efectos de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la realización práctica de la igualdad sustantiva de la mujer. El Comité también recomienda al Estado Parte que elabore indicadores mensurables para evaluar las tendencias en la situación de las mujeres y los avances en la consecución de la igualdad sustantiva de las mujeres en todas las esferas que abarca la Convención. A este respecto, señala a la atención del Estado parte su recomendación general núm. 9
sobre las estadísticas relativas a la condición de la mujer y alienta al Estado parte a elaborar indicadores que tengan en cuenta las cuestiones de género que podrían utilizarse en la formulación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y, en su caso, el examen de las políticas en favor de la mujer y la igualdad de género.**
El Comité alienta al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención y acepte lo antes posible la enmienda al artículo 20, párrafo 1, de la Convención relativa a la duración de los períodos de sesiones del Comité.
El Comité insta al Estado parte a que utilice la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus iniciativas encaminadas a poner en práctica las disposiciones de la Convención.
El Comité solicita al Estado parte que asegure que las presentes observaciones finales se difundan de manera oportuna, en los idiomas oficiales del Estado parte, a las instituciones estatales pertinentes de todos los niveles (nacional, regional y local), en particular al Gobierno, los ministerios, el Congreso Nacional y la judicatura, a fin de permitir su plena aplicación.
El Comité recomienda al Estado parte que vincule la aplicación de la Convención con sus esfuerzos de desarrollo y que se valga a ese respecto de la asistencia técnica regional o internacional.
El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 13 a. y d., y 29 a. y b..
20 a 30de enero de 1992, Suplemento No. 38 (A/47/38)↩
23 de julio a 10 de agosto de 2007 - CEDAW/C/HON/CO/6↩
CEDAW/C/HND/CO/7-8, 25 de noviembre de 2016↩