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Timestamp: 2020-04-04 09:43:55
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Matched Legal Cases: ['Artículo 11', 'Artículo 384', 'Artículo 384', 'artículo 274', 'artículo 402', 'Artículo 3', 'Artículo 469', 'Artículo 52']

Pareciera que empresas constructoras cuestionadas e investigadas estarían tratando de afincarse en ámbitos opuestos a su origen, todo ello con la finalidad de ejecutar obras y pasar inadvertidas, pese al endeudamiento que mantienen por el no pago de impuestos y las investigaciones que pesan sobre ellas.
El 13 de los corrientes, la Municipalidad Distrital de Jayanca, a través del Comité de Selección, encargado del proceso para contratar al ejecutor de la obra “Rehabilitación del camino vecinal 11.43 Km en la Tomasita, Cruce La Viña, El Marco, Pan de Azúcar, El Verde, Jayanca, Pampa de Lino, Tomasita, Noria Nueva , Jayanca, Congreso Bajo, Medio y Alto en el distrito de Jayanca”, logró adjudicar la buena pro al Consorcio Unión conformado por las empresas Inversiones Har Suárez SAC y la hasta hoy considerada como integrante del ‘Club de La Construcción’ J. Alva Centurión Contratistas - Jaccsa S.A.C., adjudicación que tuvo que ser dilucidada por sorteo entre cuatro participantes que obtuvieron 100 puntos en su calificación y que a la vez propusieron un monto de tres millones 842 mil soles.
Las indagaciones realizadas por el fiscal Germán Suárez Atoche, del Equipo Lava Jato, ha podido determinar que 19 empresas, entre ellas J. Alva Centurión Contratistas SAC, conformaron el ‘Club de la Construcción’, pues habrían concertado entre sí para repartirse obras licitadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cambio del pago de coimas a funcionarios públicos, para lo cual todas las obras fueron adjudicadas por encima del valor referencial y el pago de las coimas habría ascendido al 3 % del valor contratado.
A ello se suma que inclusive habrían logrado la aprobación de varios millones de soles como adicionales de obra, como es el caso del proyecto ejecutado del “Mejoramiento de la Carretera Satipo – Mazamari – Dv. Pangoa – Puerto Ocopa en el Departamento de Junín”, a cargo del Consorcio Vial Junín, del cual J. Alva Centurión SAC fue parte.
Dicha obra que fue adjudicada por un monto superior al valor referencial equivalente a 305 millones de soles y luego de una serie de adicionales otorgados terminó costando 320 millones de soles.
De acuerdo a la información que se registra en el portal de la SUNAT, se evidencia que la empresa J. Alva Centurión mantiene una deuda tributaria desde diciembre de 1996 hasta julio de este año ascendiente a 10 millones 172 mil soles, la cual actualmente se encuentra en proceso de cobranza coactiva y reportada a las centrales de riesgo.
La mencionada deuda proviene de la omisión de la obligación del pago de los aportes al Tesoro Público durante varios años, deuda que tan solo por este concepto alcanza el 90 % de los más de 10 millones pendientes de pago, manteniendo también un endeudamiento por el no pago de aportes a la ONP, EsSalud y SENCICO, equivalente al 10 % del importe total adeudado.
Expresión tuvo acceso a la denuncia ciudadana interpuesta 14 de agosto de 2019 ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, mediante la cual se ha puesto en conocimiento de este organismo la omisión del pago por los conceptos referidos que superan los 10 millones de soles.
A la vez, la denuncia interpuesta explica sucintamente la modalidad que estarían aplicando empresas deudoras para burlar el cumplimiento de sus obligaciones pendientes de pago, pues utilizarían para este fin el escondite de conformar un consorcio, con la finalidad de que bien uno de los consorciados emita la factura y se efectivice el pago por la ejecución de obras, o sistemáticamente se obtenga un RUC temporal para el consorcio que factura y cobra por los servicios de ejecución, y de esta manera lograr que la entidad recaudadora no recupere los impuestos y tributos dejados de pagar por los consorciados.
A modo de ahondar en el tema, recurrimos al consultor en Contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, quien explica que no siendo un impedimento que las empresas que mantengan deudas tributarias puedan contratar con el Estado, estas deben ser sometidas a medidas cautelares para recuperar los dineros no pagados, ya que al tomar conocimiento SUNAT de la deuda pendiente de pago por parte de una de las empresas contratistas, como es el caso, el ente recaudador podría optar por ordenar que la entidad contratante retenga un monto porcentual de los pagos que tenga que efectuar, lo que conllevaría a que la ejecución de la obra podría quedar trunca por falta del presupuesto contratado.
Jueces supremos piden que se determine si hubo o no perjuicio patrimonial contra el municipio del distrito con la compra de un volquete en la gestión de Jaime Urbina.
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República emitió su sentencia en la Casación N° 542-2017 Lambayeque, referida al caso ‘Pacora’, que involucra al exalcalde de dicho distrito Jaime Urbina Urbina, prófugo desde el 2015, exfuncionarios y el representante de una empresa automotriz, anulando la sentencia condenatoria emitida por la Corte de Lambayeque y que una nueva Sala de Apelaciones emita un pronunciamiento recogiendo sus consideraciones.
El recurso de casación excepcional fue interpuesto por William Rodríguez Ventura, Omar Llontop Baldera, Gloria Suyón Quiroz y Raúl Távara Monja, quienes fueron sentenciados en primera instancia el 9 de diciembre del 2016 por el Juzgado Unipersonal de Lambayeque, despacho que condenó a los tres primeros como coautores y al cuarto como cómplice primario del delito de colusión agravada en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Pacora, imponiendo seis años de pena privativa de la libertad e inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Asimismo, se estableció una reparación civil de 200 mil soles.
La decisión fue confirmada el 18 de abril del 2017 por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque y tras la presentación del recurso de casación, la Corte Suprema declaró bien concedido el mismo, en enero del año pasado, considerando que el caso ameritaba revisión por cuanto definiría aspectos jurisprudenciales sobre el delito de colusión agravada.
La casación fue admitida en el extremo que cuestionó la aplicación e interpretación de la ley penal por parte de los juzgadores de segunda instancia en relación a lo señalado por el Código Procesal Penal respecto a la colusión agravada.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, que fue acogida por los jueces de primera y segunda instancia en Lambayeque, Gloria Suyón Quiroz, como jefa de la Unidad Formuladora de Proyectos de la comuna de Pacora, durante la gestión de Jaime Urbina Urbina, elaboró el perfil de SNIP N° 256408, “Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de Pacora”.
Según lo afirmado por los jueces, Suyón Quiroz dolosamente señaló la necesidad de adquirir un volquete marca Mitsubishi, cuyas características descritas direccionaron a comprar dicha marca. Dichas características eran las mismas que la empresa Interamericana Norte SAC presentó en su proforma e incluso el precio, pese a la prohibición regulada en el Artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Para los juzgadores, de esta manera se estableció la coordinación entre sus coprocesados para cumplir con la finalidad de direccionar el procedimiento de licitación.
Respecto a William Rodríguez Ventura, entonces jefe de la División de Desarrollo Urbano de la comuna de Pacora, por su condición de integrante del Comité Especial del Proceso de Licitación N° 002-2013-MDP/CE, “a sabiendas que las especificaciones técnicas y los requerimientos técnicos mínimos para la adquisición del camión volquete consignado en el perfil elaborado por Suyón Quiroz estaban direccionados para favorecer a la empresa Interamericana, a un precio sobrevalorado (…) elaboró en un solo día las bases administrativas y se interesó con sus demás coprocesados, miembros del Comité en su aprobación”.
El mismo razonamiento aplicaron para Omar Llontop Baldera, exjefe de Abastecimiento y también integrante del Comité Especial.
En relación a Raúl Távara Monja, vendedor y jefe de línea de la empresa Interamericana, los jueces concluyeron para sentenciarlo que este coordinó directamente con el exalcalde de Pacora, Jaime Urbina Urbina y Rodolfo Sandoval Santamaría. A este se le atribuyó el direccionamiento del proceso a fin de comprar el camión a través del asesoramiento dado, así como haber facilitado proformas de las empresas Interamericana y Olano Motors SAC sobre vehículos pesados a la comuna para que sean tomadas en cuenta en la formulación del perfil técnico, consignando en estas precios sobrevalorados y que no correspondían a las que obran en el sistema informático de las compañías, sobre todo de Olano Motors SAC.
“Esto permitió que las características técnicas del vehículo camión volquete fuso FV de 15 m3 marca Mitsubishi, que solo comercializaba la empresa Interamericana, fueras transcritas en el perfil técnico con la marca y el precio sobrevalorado de 460 mil soles. Asimismo, realizó todo el trámite administrativo para su empresa, en el antes mencionado proceso de licitación, incluyendo el día del otorgamiento de la buena pro. La conducta se tipificó como delito contra la administración pública – colusión desleal”, relata la resolución casatoria.
ANÁLISIS DE LA SUPREMA
“El Juzgado Penal Unipersonal declaró probado que los sentenciados Rodríguez Ventura y Llontop Baldera, miembros del Comité Especial, y Gloria Suyón Quiroz, jefa de la Unidad Formuladora, de la Municipalidad Distrital de Pacora, se concertaron con Távara Monja, en el Proceso de Licitación N° 002-2013-MDP/CC para la adquisición de un volquete de carga pesada, llevado a cabo por la citada municipalidad, a efecto que la empresa Interamericana sea la ganadora de la buena pro. Y que con dicha conducta generaron un perjuicio patrimonial a la citada municipalidad, porque si bien no hubo sobrevaloración, se le privó de la mejor posibilidad de contar con otras ofertas que hayan podido cubrir de mejor forma sus necesidades”, señala la Corte Suprema.
Añade, que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque compartió las conclusiones probatorias a las que arribó el juez penal unipersonal y en cuanto al perjuicio ocasionado también sostuvo que si bien no se probó la sobrevaloración, “la conducta colusoria de los sentenciados agravió a los intereses de la entidad municipal, pues a pesar que el volquete adquirido de marca Mitsubishi continúa utilizándose, ello no enerva el perjuicio materializado en la imposibilidad de contratar y elegir mejores precios y calidad, que es lo que la norma pretende”.
El tribunal supremo consideró que los sentenciados sostuvieron que no se configuró el delito de colusión agravada, previsto en el segundo párrafo del Artículo 384 del Código Procedo, pues este exige un perjuicio patrimonial real, a diferencia del primer párrafo del citado artículo, que solo exige un perjuicio potencial.
“En este caso no se determinó la existencia de tal perjuicio patrimonial, porque no se demostró de modo incontrovertible el monto de sobrevaloración del preciso del vehículo adquirido por la citada municipalidad y, por el contrario, el volquete aún es utilizado por la comuna”, recoge la resolución casatoria.
Los magistrados supremos refieren además que tanto el juez penal unipersonal como la Primera Sala Penal de Apelaciones estimaron que no hubo sobrevaloración y restaron valor a las conclusiones del perito Guillermo Castillo Díaz en relación con el Informe Especial N° 001-OCI-PL/2005, pues consideraron que la cotización obtenida de la empresa San Blas por la misma marca y modelo de volquete a un precio menor no tuvo en cuenta que se trata de un precio de lanzamiento y presupuesto que se otorga a particulares es distinto al de las entidades públicas, porque en este último deben incluirse gastos de licitación y una serie de especificaciones adicionales, precisando que este perito solo cotizó a una empresa.
“Esta línea de razonamiento de las instancias inferiores no tomó en cuenta que la diferencia entre el precio pagado por el volquete adquirido y el cotizado por el perito es una diferencia significativa, ya que para el caso de autos la sobrevaloración fue calculada en treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro dólares estadounidenses, y el perito en juicio sostuvo que el precio que se le brinda a una entidad puede variar entre mil o dos mil dólares estadounidenses de diferencia, pero no mucho, tal como se consignó en la sentencia de primera instancia. Empero esta circunstancia no fue explicada en la sentencia de vista”, dice la resolución suprema.
En consecuencia, la sala suprema consideró necesario que se realice un nuevo juicio oral de apelación con la participación de otros jueces, en el cual se deberá determinar si se causó perjuicio patrimonial efectivo a la municipalidad de Pacora (sobrevaloración) en la compra del volquete, conforme a la interpretación que se ha efectuado respecto al segundo párrafo, Artículo 384, del CP, o si se debe reconducir al delito de colusión simple, de ser el caso.
“Con relación a la situación jurídica del sentenciado Távara Monja, se encuentra privado de su libertad desde el 26 de enero de 2016, en mérito al mandato de prisión preventiva, por lo que a la fecha han transcurrido más de tres años de privación de libertad. En consecuencia, de conformidad con el inciso 5, artículo 274, del CPP debe ordenarse su inmediata libertad, sujeto a reglas de conducta”, concluye la sala.
En cuanto a los sentenciados Rodríguez Ventura, Llontop Baldera y Suyón Quiroz, al momento de dictarse la sentencia de primera instancia se encontraban con mandato de comparecencia simple, y en la sentencia el juez unipersonal, por la pena concreta, dispuso la ejecución provisional de la condena (artículo 402 del CPP) y como consecuencia de ello ordenó se oficie para la captura correspondiente; por tanto, subsiste este mandato.
REPRESENTANTE DE MOTUPE ES CORONADA MISS PERÚ LAMBAYEQUE 2020
Flamante ganadora representará a la región en el próximo certamen nacional
Nella Costa Huerto, representante del distrito de Motupe, fue elegida Miss Perú Lambayeque 2020. Jessica Newton, directora nacional de este certamen coronó, a quien ahora representará a la región Lambayeque en el próximo certamen nacional de belleza.
En un noche de glamour y belleza el pasado sábado 17 de agosto en un reconocido centro de convenciones de Chiclayo, se vivieron momentos de amistad y glamour donde un grupo de bellas lambayecanas, desfilaron en el escenario para competir por el título de "Miss Perú Lambayeque 2020".
Jessica Newton, directora nacional del certamen de belleza y Camila Escribens, finalista del Miss Perú 2019, fueron parte del jurado que se encargó de elegir a la nueva Miss Perú Lambayeque 2020. Las acompañaron entre otras personalidades, empresarios de la región.
Tras calificar a 7 participantes del certamen de belleza, se eligió a las candidatas representantes de Santa Rosa y Jayanca como primera y segunda finalista. Mientras que Nella Costa Huerto, de Motupe, fue coronada como Miss Perú Lambayeque 2020.
Además, se reconoció como miss redes y miss fotogenia a Nella Costa, representante de Motupe; miss sonrisa y elegancia a Sandra Sosa de Santa Rosa, miss silueta a Katherine Monja de Olmos y miss simpatía a Nicolle Valera de Monsefú.
Como parte de las actividades previas a este certamen las candidatas recibieron clases de etiqueta social, oratoria, coreografía, pasarela, maquillaje y conocimientos de cultura y turismo.
Durante sus palabras, la directora nacional del Miss Perú Universo, Jessica Newton, refirió que el certamen busca más que una cara bonita “Buscamos una mujer que empodere a otra mujer, que las haga sentirse cómodas con su piel y además celebren sus diferencias, porque la perfección no es sinónimo de belleza”.
En otro momento, dijo que llegó a Chiclayo para acompañar al jurado calificador de este certamen a ayudarlos a entender que es lo que están buscando como organización. “Queremos una mujer completa, una mujer bella, pero que también sea inteligente y que pueda llevar la corona durante todo un año, realizando actividades sociales importantes que marquen la diferencia”.
Cabe mencionar que el evento contó con el respaldo de Jessica Newton, director nacional del Miss Perú Mundo, y con el auspicio de varias empresas como Santa Lucía centro odontológico, NETBeauty, Soho Color, Hyundai, Star Perú, Winmeier, Canal 45 Cosmos TV, entre otros.
SALA APARTA A JUEZA GRANDEZ DEL CASO “TEMERARIOS”: NO ERA COMPETENTE PARA TUTELAR INVESTIGACIÓN
Sin embargo, ningún acto procesal es declarado nulo. Mandatos de prisión preventiva y sentencias por terminación anticipada siguen vigentes.
La insistencia de la defensa de los hermanos David y Noé Cornejo Chinguel, sindicados como cabecilla y lugarteniente, respectivamente, de la organización “Temerarios del crimen”, tuvo eco en la Primera Sala Penal de Apelaciones. Con fecha 16 de agosto, los magistrados superiores resolvieron apartar del caso a la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, y derivar el expediente y los actuados al Décimo Juzgado de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En junio, Grandez Rojas declaró improcedente el recurso presentado por la defensa de los hermanos Cornejo Chinguel para que se aparte del proceso, sin considerar que dada la existencia de un Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios el caso debía pasar a manos de un juez de dicho ámbito, toda vez que los cargos imputados por el Ministerio Público versan sobre la administración pública.
Por requerimiento de la Fiscalía Especializada en Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, en noviembre del año pasado la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria emitió resoluciones ordenando la interceptación telefónica y luego la detención preliminar del entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, su hermano, regidores, funcionarios y empresarios, vinculados a la supuesta organización denominada “Los temerarios del crimen”.
Asimismo, la misma magistrada ordenó mandatos de prisión preventiva, avaló acuerdos de colaboración eficaz y emitió sentencias condenatorias de prisión suspendida a favor de quienes se acogieron a la terminación anticipada, entre ellos el exregidor Boris Bartra Grosso y el ex candidato regional Antonio Becerril Rodríguez.
Meses después, Grandez Rojas amparó nuevos requerimientos de la FECOR sobre este caso y en julio de este año autorizó la detención de un tercer grupo de investigados, emitiendo sobre estos 25 sentencias condenatorias, también de prisión suspendida, por terminación anticipada.
Ante la negativa de la magistrada de aceptar el pedido de declinatoria de competencia, con la Resolución N° 6, del 11 de junio pasado, los defensores de David Cornejo Chinguel y el exgerente de Desarrollo Vial y Transportes de la comuna de Chiclayo, Isaías Merino Chavesta, ambos bajo mandato de prisión preventiva, apelaron a la instancia superior.
El abogado Jovino Castillo Castillo, patrocinador de David Cornejo, argumentó que Grandez Rojas debía derivar el proceso y los actuados al Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios por razones de competencia y especialización, sustentando que el Decreto Legislativo N° 1342 modificó la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, en virtud de la cual se ha dispuesto que la competencia para los casos del numeral 18 del Artículo 3 de la referida norma deben ser conocidos por los juzgados y salas especializadas anticorrupción.
Castillo Castillo invocó, además, la Resolución Administrativa N° 001-201-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la cual se creó los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios, siendo que para el caso de Lambayeque se dio origen al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y al Décimo Juzgado Unipersonal Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, los mismos que entraron en funciones desde el 1 de marzo del año pasado.
La audiencia de revisión del pedido de Castillo Castillo, presentado el 8 marzo, fue programada inicialmente para el 29 del mismo mes y reprogramada hasta en dos oportunidades, revisándose finalmente en el despacho de Grandez Rojas el 3 de junio, emitiendo la magistrada su pronunciamiento ocho días después, desestimando el recurso.
Cecilia Grandez defendió sus fueros señalando que la declinatoria de competencia debió presentarse a los 10 días de formalizada la investigación contra los imputados, pero además que el fiscal, en este caso Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la FECOR Lambayeque, “decidió la competencia al enviar la comunicación de la emisión de la disposición de formalización preparatoria”.
“Presupone que el juez aceptó la competencia y, por tanto, los sujetos procesales no la cuestionaron oportunamente una vez que se avocó al conocimiento del asunto, por considerar que mal haría en remitir el proceso al Juzgado Anticorrupción cuando se ha excedido de sobremanera el plazo que la norma procesal otorga a las partes para deducir la declinatoria de competencia”, indicó la resolución emitida por la magistrada, añadiendo que cuando Castillo Castillo presentó el recurso habían trascurrido seis meses desde la formalización respectiva.
Grandez Rojas añadió que su juzgado ya había tomado conocimiento del proceso desde la etapa de diligencias preliminares, incluso había resuelto medidas de coerción procesal personal y terminaciones anticipadas, por lo que derivar el caso a otra judicatura “no solo ocasionaría una grave afectación al desarrollo del proceso sino también a la finalidad de la misma”.
En apelación, tanto Castillo Castillo como el abogado de Isaías Merino Chavesta refutaron los argumentos de la jueza, en tanto el representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción pidió a la sala que se confirme la decisión de Cecilia Grandez. El Ministerio Público ni los abogados de los demás investigados, que inicialmente se mostraron en contra del cambio de juzgado, asistieron a la audiencia de apelación.
Para la Primera Sala Penal de Apelaciones, Grandez Roja quebrantó el principio de congruencia procesal, pues resolvió un pedido distinto al que fue planteado por la defensa técnica de los hermanos Cornejo Chinguel, toda vez que se orientó la resolver sobre competencia por inhibición, recurso que no había sido sustentado por el abogado.
“De la revisión de la resolución recurrida (apelada) se advierte que la juez no ha expresado ninguna razón por la que alegue que ella sí tiene competencia material para conocer delitos contra la administración pública en el marco de una organización criminal, pues no ha efectuado el análisis de la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30077 en su texto vigente, tal como lo postula la defensa técnica de los procesados David y Juan Noé Cornejo Chinguel, por lo que en este extremo también se adolece de una motivación aparente, por cuanto los argumentos expresados por la juez no dan respuesta a los fundamentos de la parte recurrente”, señala la sala.
Los jueces superiores sostienen también que lo señalado por Grandez Rojas respecto a que el fiscal le fijó competencia al momento que le comunicó la formalización de la investigación preparatoria “no tiene ningún sustento legal y en virtud a que la competencia, ya sea material, territorial o funcional es fijada por la ley”. Aclaran, además, que el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones contra los investigados le fue asignado de manera aleatoria al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria y, en virtud de ello, los demás incidentes realizados fueron asumidos por dicho despacho.
Respecto a lo expuesto por la jueza de que ya ha emitido sentencias de terminación anticipada, la sala señala que estas fueron dictadas bajo el supuesto previsto en el Artículo 469 del Código Procesal Penal, circunstancia que no puede ser argumento válido para justiciar su competencia.
“En ese sentido, las medidas de prisión preventiva dictadas por la juez no validan necesariamente la competencia material, por cuanto estas medidas pueden ser dictadas por un juez mientras estuviere pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, tal como lo dispone el Artículo 52 del Código Procesal Penal”, aseveran los magistrados.
Por esas consideraciones, para la Primera Sala Penal de Apelaciones, la resolución emitida por Grandez Rojas en junio pasado adolece de motivación y debe declararse nula.
Por otro lado, teniendo en cuenta que los dispositivos vigentes señalan que los órganos especializados en delitos de corrupción de funcionarios son competentes para conocer los procesos penales referidos a delitos contra la administración pública y considerando que el caso “Los temerarios del crimen” versa sobre una serie de actos delictivos relacionados contra la administración pública como peculado, tráfico de influencias, cohecho activo genérico, organización criminal, entre otros, el caso debe ser asumido por el juzgado especializado anticorrupción.
SIN NULIDAD
Asimismo, la sala precisa que si bien Grandez Rojas no era competente para revisar el caso, la remisión a un juez especializado no perjudica el proceso, por cuanto no está en cuestión la imparcialidad de la magistrada y sus actos corresponden a los de un juez de garantías.
“La sala es enfática en señalar que los actos procesales como las medidas de coerción y las sentencias de terminación anticipada que han sido dictadas por la Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria mantienen su validez”, precisa la resolución.
La decisión superior fue adoptada por los jueces Zapata Cruz, Sánchez Dejo y Vásquez Ruiz.