Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-02529-35635-de-mayo-18-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_c42d3e69da8c48e1b2153cf76006c61b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-23 08:02:21
Document Index: 314393691

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 18', 'artículo 170', 'artículo 208', 'artículo 47', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 115', 'artículo 129', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 53', 'artículo 53']

﻿ SENTENCIA 1999-02529/35635 DE MAYO 18 DE 2017
SENTENCIA 1999-02529 DE 18 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES DERIVADOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO. DEBE VERIFICARSE LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA LESIÓN CAUSADA A LA VÍCTIMA DIRECTA, PARA DETERMINAR EL MONTO INDEMNIZATORIO QUE LE CORRESPONDE EN SALARIOS MÍNIMOS, Y PARA LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS SE ASIGNA UN PORCENTAJE DE ACUERDO CON EL NIVEL DE RELACIÓN EN QUE ÉSTAS SE HALLEN RESPECTO DEL LESIONADO
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAÑO MORAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS
Sentencia 1999-02529 de mayo 18 de 2017
Radicación: 76001-23-31-000-1999-02529-01 (35.635)
Actor: Visitación Londoño y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Salud – Servicio Seccional de Salud del Cauca y Hospital Local de Miranda (Cauca)
La Corporación es competente para conocer del asunto(11), en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(12), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de agosto de 2007, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
2. Objeto del recurso de apelación
Resulta necesario precisar, ab initio, que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora centra sus inconformidades en el reconocimiento y liquidación de los perjuicios materiales e inmateriales derivados del daño antijurídico consistente en la muerte del señor Jair Luango Londoño(13) y las lesiones sufridas por la señora Justiniana Londoño, en los hechos ocurridos el día 14 de agosto de 1999. De manera que, en esta instancia procesal no se debate la configuración de los presupuestos de la responsabilidad (daño antijurídico e imputación).
Ahora bien, respecto al marco de competencia del juez de segunda instancia, debe preverse que éste está limitado por el sustento fáctico y al objeto del recurso de apelación, por cuanto el principio de congruencia y principio dispositivo(14) así lo exigen:
“para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”, razón por la cual se ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(15)
Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que, como ya se dijo, en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(16) de la sentencia como el principio dispositivo(17)-(18).
En este sentido la Sala Plena de la corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia, lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C(19).
Dicho lo anterior, la Sala reitera que la parte actora concretó los motivos de su inconformidad en la liquidación que el a quo efectuó de los perjuicios materiales y morales para algunos de los demandantes.
3. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de muerte y lesiones personales
La Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la corporación, mediante sentencias del 28 de agosto de 2014(20), sintetizó el concepto de daño moral en aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.
4. Liquidación de perjuicios
En atención a los parámetros que anteceden, la Sala procede a modificar la sentencia de primera instancia de acuerdo al orden solicitado en el recurso de apelación:
A. Se solicitó: Modificar el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en el sentido de reconocerle a la señora Marilú Grisales Velasco el equivalente a 100 SMLMV, en lugar de los 50 que allí se le asignaron.
De acuerdo con la anterior solicitud, tiene probado la Sala que la señora Marilú Grisales Velasco contrajo matrimonio con el señor Jair Luango Londoño el 22 de marzo de 1997, tal como se hizo constar en el registro civil de matrimonio que reposa a folio 9 del cuaderno 1999-2529.
Entonces, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia de unificación se le reconocerá a la señora Marilú Grisales Velasco la suma de 100 SMLMV, por concepto de perjuicios morales, con ocasión de la muerte de su esposo, el señor Jair Luango Londoño.
B. Se solicitó: Modificar el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en el sentido de reconocerle a la señora María Visitación Londoño, el equivalente a 20 SMLMV por perjuicios morales, comoquiera que si bien sólo se aportó una partida de origen eclesiástico para probar el parentesco con la señora Justiniana Londoño, también es cierto que mediante los testimonios recaudados durante el proceso, se pudo probar el dolor y el sufrimiento que padeció por las lesiones sufridas por su hermana.
De acuerdo con la anterior solicitud, encuentra la Sala que a folio 160 a 162 del cuaderno 2, reposan el certificado y el dictamen expedidas por la Junta de Calificación de Invalidez Regional del Valle del Cauca, en el que califican la invalidez de la señora Justiniana Londoño con un porcentaje del 14, 96%.
Aunado a lo anterior, para probar la relación de parentesco entre las hermanas María Visitación Londoño y la señora Justiniana Londoño (víctima lesionada), se aportó con la demanda el original del certificado de bautismo de la señora María Visitación en la que se hizo constar que nació el 2 de junio de 1937 y que su madre es la señora Rosa Londoño (ver folio 4 cuaderno 1999-2570), quien figura también como madre de Justiniana de acuerdo al registro civil visible a folio 5 del mismo cuaderno.
A partir de la vigencia de la Ley 92 de 15 de junio de 1938, los documentos referidos pasaron a ser supletorios y se determinó en el artículo 18 ibídem que solo tendrían el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones, que se verifiquen con posterioridad a la señalada ley, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los notarios, el alcalde municipal, los funcionarios consulares de Colombia en el exterior y los corregidores e inspectores de policía, quienes quedaron encargados de llevar el registro del estado civil de las personas. Finalmente con el Decreto Ley 1260 de 1970, se estableció como prueba única del estado civil, para los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos después de su vigencia, las copias auténticas de los registros civiles.
Así las cosas, dependiendo de la fecha de nacimiento de las personas, la prueba del estado civil y la acreditación del parentesco deberá hacerse con el documento que corresponda.
Aplicando lo anterior al caso concreto, tenemos que la señora María Visitación Londoño nació el 2 de junio de 1937, es decir, cuando la partida de bautismo era prueba principal del nacimiento y por lo tanto idónea para probar el parentesco, motivo por el cual la calidad de hermanas de las señora María Visitación y Justiniana Londoño se encuentra plena y válidamente acredita dentro del proceso.
En consecuencia, se le reconocerá de acuerdo a la tabla de unificación 10 SMLMV en calidad de hermana de la víctima directa que resultó lesionada en el accidente ocurrido el 14 de agosto de 1999.
C. Se solicitó: Modificar el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en el sentido de proceder a realizar una nueva liquidación de los perjuicios materiales que por lucro cesante corresponden a la Sra. Marilú Grisales Velasco, a su hija Lesli Dayana Luango Velasco y a la Sra. Justiniana Londoño, procediendo a especificar en forma concreta lo correspondiente a cada una de ellas y no en forma global como allí se dijo.
D. Se solicitó: Que se acoja como salario especifico de la víctima Jair Luango Londoño, la suma de $1.153.750 mensuales, equivalente a dos SMLMV, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.
Pasará la sala a resolver los puntos C y D bajo las siguientes consideraciones:
En primera medida, no se encuentra dentro del acervo probatorio ninguna certificación o constancia que indique o especifique el salario devengado por el señor Jair Luango Londoño. Ahora, si bien se demostró que era propietario de un establecimiento de comercio, dicha prueba por sí sola no demuestra los ingresos o salario que percibía dicho señor.
Por lo tanto, se considera que la liquidación efectuada por el a quo se realizó conforme a la jurisprudencia reiterada de la corporación toda vez que respecto de una persona que se encuentre en edad laboral productiva y no haya certificado sus ingresos, se presumirá que por lo menos devengaba un salario mínimo, situación que se presentó en el caso bajo estudio.
Por otro lado, respecto de la solicitud de que se proceda hacer una nueva liquidación en donde no se condene en la parte resolutiva de manera global los perjuicios materiales de las señoras Marilú Grisales Velasco, a su hija Lesli Dayana Luango Velasco y la Sra. Justiniana Londoño, encuentra la Sala que tampoco tiene vocación de prosperar, toda vez que:
Observa la Sala, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca si realizó en la parte considerativa de la providencia la liquidación para cada una de las demandantes referidas en el párrafo anterior, y que analizada dicha liquidación tenemos que se encuentra ajustada a derecho y a los lineamientos y formulas acogidas por el Consejo de Estado.
No obstante lo anterior, es cierto que en el numeral cinco (5) de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, se ordenó:
5. (sic) Condenar a la Red de Salud del Cauca – Hospital Nivel I Miranda a pagar a favor de los actores por concepto de perjuicios materiales: $124.972.364,85 ciento veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos.
Sin embargo, previo las liquidaciones de rigor efectuadas por el a quo, tenemos que en la página 21 de la pre citada sentencia dispuso: (Fl. 259 c1)
Resumen perjuicios materiales Marilu Grisales Velasco Leslie Dayana Luango Grisales Justiniana Londoño Totales
1) Lucro cesante vencido
24.834.141,18
24.834.139,96
9.907.166,72
59.575.447,86
2) Lucro cesante futuro
38.170.245,18
15.928.215,13
11.298.456,68
65.396.916,99
63.004.386,36
40.762.355,09
21.205.623,40
124.972.364,85
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que la liquidación realizada en primera instancia deberá actualizarse y posteriormente discriminarse en la parte resolutiva como lo solicitó el apelante.
E. Como último punto de apelación se solicitó que al concurrir en la indemnización la Sra. Marilu Grisales Velasco con su hija menor de edad, Lesli Dayana Luango Grisales, quien solo concurre a la indemnización hasta llegar a su mayoría de edad, la suma que ésta deja de percibir sirva de incremento en lo faltante para la indemnización del período futuro de su madre.
Al respecto, la Sala advierte que tal solicitud, constituye una variación de la causa petendi, pues aun cuando el actor solicitó en debida forma el reconocimiento de los perjuicios materiales para la esposa e hija del señor Jair Luango Londoño, nunca mencionó que se hiciera un acrecimiento para la señora Marilú Grisales Velasco.
En reciente pronunciamiento la Subsección ha manifestado que:
“Efectivamente, esta Subsección no puede pronunciarse sobre hechos distintos a aquellos en los que el actor basó sus pretensiones, pues, se insiste, no es el recurso de apelación la oportunidad procesal prevista por el ordenamiento jurídico para modificar la causa petendi de la demanda, ni siquiera con base en la aplicación del principio iura novit curia, por cuanto,
“la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuesto en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son precisados por el actor, y no otros. Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les puede dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “Los hechos en que se funda la controversia”. (…) Si se aceptare que el juez puede al final del proceso, en la sentencia cambiar los hechos alegados en la demanda se estaría desconociendo el derecho de defensa y contradicción del proceso que tiene la parte demandada, la cual contestará la demanda enfrente de los hechos alegados por el demandante y enfocará su actividad probatoria para desvirtuar esos hechos que se conocen desde un comienzo. Pero si al final del proceso se cambia ya no podría cuestionarlos”(21) (resaltado fuera de texto).
De acuerdo con el contenido del artículo 208 del C.C.A., subrogado por el artículo 47 del Decreto 2304 de 1989, la demanda podrá aclararse o corregirse hasta el último día de la fijación en lista, oportunidad que en el sub lite no fue aprovechada por la parte demandante, razón por la cual no puede admitir la Sala, que en la sustentación del recurso, se persiga variar las pretensiones de la demanda, solicitando una nueva tipología de liquidación, de la cual ni siquiera pudo ejercer el derecho de defensa, oponiéndose, la parte demandada.
Expuesto todo lo anterior, procederá la Sala a actualizar las sumas liquidadas en la sentencia de primera de instancia, de conformidad con la fórmula utilizada por la Corporación para dicha operación:
Para Marilú Grisales Velasco en su condición de cónyuge del señor Jair Luango Londoño:
Lucro cesante vencido o consolidado:
Lucro cesante futuro:
Para Leslie Dayana Luango Grisales en su condición de hija del señor Jair Luango Londoño:
Para Justiniana Londoño en su condición de lesionada:
5. De la cesión de derechos litigiosos
Por último, encuentra la Sala que a través de memorial de 1º de marzo de 2017, el apoderado de la parte actora, solicitó que se le tuviera como cesionario de la totalidad de los derechos litigiosos que le pudieran corresponder dentro del proceso a todos las personas que conforman el extremo demandante, para cuyo afecto allegó copia de la escritura pública No. 3.158 de 25 de agosto de 2008 de la Notaría Segunda de Popayán. (fls. 527-523 c1):
De la lectura del documento de cesión claramente puede extraer la Sala que el mismo comporta o constituye una de las faltas establecidas en el Código Disciplinario del Abogado —Ley 1123 de 2007, norma vigente para el momento en que se produjo la cesión— en cuyo artículo 34 literal g) que establece:
Así pues, la norma consagra como falta disciplinaria que el apoderado adquiera de su cliente como derecho litigioso parte del interés que este tiene en la causa, a un título distinto a la equitativa retribución de sus servicios profesionales.
Ahora bien, en esta misma línea de pensamiento, a juicio de la Sala se está frente a un contrato de cesión de derechos litigiosos celebrados en contravención de una norma de imperativo cumplimiento, aquella que prohíbe al apoderado adquirir inequitativamente el interés que su cliente tiene en una causa judicial.
Bajo ese mismo entendimiento el Consejo de Estado, en pasada oportunidad, resolvió dejar sin efectos una providencia que aceptaba la cesión de la totalidad de los derechos litigiosos del demandante en favor del apoderado, rechazó la cesión y ordenó compulsar al Consejo Seccional de la Judicatura:
“La Sala estima que de la lectura del acuerdo antes trascrito se puede inferir que la cesión de derechos litigiosos, así establecida, no constituye una equitativa contraprestación a los servicios profesionales del mandatario judicial del demandante y, por ende, tal acuerdo podría constituir una falta disciplinaria por parte del profesional del Derecho que representa judicialmente a los aludidos actores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1123 de 2007(22)[20], cuya letra g) señala que constituyen faltas de lealtad con el cliente, entre otras, la siguiente:
“g) Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales”.
“Ahora bien, en gracia de discusión, en el evento en el cual los actores hubieren cedido la totalidad de sus derechos litigiosos a su apoderado judicial, a título de honorarios o cualquier otra contraprestación profesional, ello podría no ajustarse a los preceptos normativos que rigen el ejercicio profesional de la Abogacía, de conformidad con el numeral 2° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en cuya virtud, constituyen faltas a la honradez del abogado:
“2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente”.
“En este punto se hace necesario precisar que si bien la venta de los derechos litigiosos se realizó el día 28 de junio de 2005, fecha en la cual no se encontraba vigente la Ley 1123 de 2007, lo cierto es que el Decreto 196 de 1971 –normativa vigente para el momento de celebración del contrato-, también consagró como falta de lealtad para con el cliente la adquisición a éste de todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios(23)[21].
“De otro lado la solicitud elevada por parte del apoderado judicial cesionario se presentó ante esta corporación el día 25 de agosto de 2009, fecha en la cual ya se encontraba vigente la Ley 1123 de 2007.
“Por consiguiente, al advertirse que la cesión de derechos litigiosos resulta contraria a la ley, la Sala dejará sin efectos el auto de fecha 24 de septiembre 2009, proferido dentro del proceso citado en la referencia y, en consecuencia, no aceptará el acuerdo sobre la cesión de derechos litigiosos
“Finalmente se precisa que teniendo en cuenta que se hizo una cesión de derechos litigiosos que se muestra contraria al ordenamiento jurídico, a la Sala le corresponde compulsar copias con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Ibagué, Tolima, para que dentro del marco de sus competencias determine si con la actuación desplegada por el apoderado de la parte actora, quien actuó como cesionario de la totalidad de los derechos litigiosos de sus representados, según se reseñó anteriormente, se incurrió, o no, en una falta disciplinaria.”(24)[22]
Siguiendo esa misma postura y comoquiera que en el caso concreto se presenta un supuesto similar, la Sala procederá de la misma manera en el sentido de rechazar la cesión de derechos litigiosos efectuada entre el abogado y sus representadas en la casusa y ordenar compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Popayán - Cauca, para que sea el juez disciplinario el que determine si se incurrió o no en una falta disciplinaria.
En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
Primero. MODIFICAR la sentencia del 17 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:
“Primero. NIÉGUENSE las pretensiones con respecto a la Nación – Ministerio de Salud.
Segundo. DECLÁRESE administrativamente responsable a la Red de Salud del Cauca – Hospital Nivel I Miranda, por los hechos sucedidos el 14 de agosto de 1999 en los que resultó muerto el señor Jair Luango Londoño y lesionada la señora Justiniana Londoño.
Tercero. CONDENAR a la Red de Salud del Cauca – Hospital Nivel I Miranda, a pagar a cada uno de los demandantes las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales, como consecuencia de la muerte del señor Jair Luango Londoño:
Demandantes Indemnización
Justiniana Londoño 100 SMLMV
Marilú Grisales Velasco 100 SMLMV
Lesli Luango Grisales 100 SMLMV
Carmen Luango Londoño 50 SMLMV
Honorio Hernando López Londoño 50 SMLMV
Cuarto: CONDENAR a la Red de Salud del Cauca – Hospital Nivel I Miranda, a pagar a cada uno de los demandantes las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales, como consecuencia de las lesiones sufridas por la señora Justiniana Londoño:
Justiniana Londoño 20 SMLMV
Carmen Luango Londoño 10 SMLMV
Jhon Anderson Prado Luango 10 SMLMV
Honorio Hernando López Londoño 10 SMLMV
Jesica María López González 10 SMLMV
Luisa Fernanda López González 10 SMLMV
Marilú Grisales Velasco 10 SMLMV
Lesli Luango Grisales 10 SMLMV
María Visitación Londoño 10 SMLMV
Quinto: CONDENAR a la Red de Salud del Cauca – Hospital Nivel I Miranda a pagar a favor de la señora Justiniana Londoño por concepto de daño a la vida en relación la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Sexto: CONDENAR a la Red de Salud del Cauca – Hospital Nivel I Miranda a pagar a favor de los demandantes, las siguientes sumas por concepto de perjuicios materiales:
Perjuicios materiales Marilú Grisales Velasco Leslie Dayana Luango Grisales Justiniana Londoño
Lucro cesante vencido
$37.133.648,90
$37.133.647,08
$14.813.850,33
$57.074.672,84
$23.816.919,78
$16.894.199,01
$94.208.321,74
$60.950.566,86
$31.708.049,34
Séptimo: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda”.
Segundo: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Tercero: RECHAZAR la cesión de derechos litigiosos solicitada por el apoderado de la parte actora, Dr. Olid Larrarte Rodríguez de conformidad con lo expuesto en el numeral 5 de esta providencia.
1 Folios 239 a 261 cp.
2 En el informe de accidente de tránsito se consignó que el accidente ocurrió el 14 de agosto de 1999 y no el 21 como se señala en la demanda.
3 Fls. 30-31, C.1.
4 Fls. 42-51, C.1.
5 Fls. 97-105, C.1.
6 Fls. 30-31, cuaderno proceso 1999-2529
7 Fls. 58-64, ibídem.
8 Fls. 104-114, ibídem.
9 Fls. 239 a 261, cuaderno principal.
10 Fols. 262 y 305 a 311, cuaderno principal.
11 De conformidad con el artículo 129 del C.C.A, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y artículo 1° del Acuerdo 55 de 2003.
12 El Decreto 597 de 1988 consagró que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 1999 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $18.850.000. En el sub lite se instauraron las demandas el día 25 de noviembre de 1999, cuya pretensión mayor ascendió a la suma de $200.000.000 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, razón por la cual es susceptible de ser tramitada en segunda instancia.
13 Copia auténtica del registro civil de defunción, donde consta que el señor Octavio Méndez Villamizar falleció el 13 de diciembre de 1997 (Fl.30 C.1).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 1 de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 32800.“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2010. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997.
16 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.
17 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.
18 Consejo de Estado – Sección Tercera –Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060.
19 Consejo de Estado – Sala Plana de Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060.
20 Consejo de Estado sentencia de 28 de agosto de 2014, No. 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; No. 27.709 M.P. Carlos Alberto Zambrano.
21 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 14 de febrero de 1995; Rad. S-123
22 [20] Ley que derogó el Decreto-Ley 196 de 1971 por el cual se dictó el Estatuto de Ejercicio de la Abogacía, en cuyo artículo 53 numeral 6º, dispuso que constituían faltas de lealtad con el cliente, entre otras: “6. Adquirir del cliente parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales”.
23 [21] “Decreto 196 de 1971 artículo 53 numeral 6: Adquirir del cliente parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales”.
24 [22] Subsección A, Sección Tercera, 16 de septiembre de 2013, expediente 28.334, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.