Source: https://www.scribd.com/document/61484690/IDL-Documento-sobre-Robinson-Gonzales-Resoluciones
Timestamp: 2017-07-27 08:12:02
Document Index: 337330263

Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 24', 'artículo 46', 'artículo 70', 'Artículo 70', 'Artículo 2', 'Artículo 146', 'artículo 108', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 44']

IDL: Documento sobre Robinson Gonzales - ResolucionesUploaded by Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - PerúRelated InterestsJudgeConstitutionViolence Against WomenHuman RightsState (Polity)Rating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: IDL: Documento sobre Robinson Gonzales - ResolucionesView MoreIDL: Documento sobre Robinson Gonzales - ResolucionesCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentAsunto: Alcance de información jurídica (Convocatoria Nº 007‐2010‐CNM para procesos de ratificación) AL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA Ernesto Carlos de la Jara Basombrío, identificado con DNI Nº 07852765, Miguel David Lovatón Palacios, identificado con DNI Nº 07900393 y Cruz Lisset Silva Del Carpio identificada con DNI Nº 40632855, en calidad de personas naturales, todos abogados que trabajan en el Instituto de Defensa Legal – IDL, y fijando domicilio legal común en Avenida del Parque Norte Nº 829, Urbanización CORPAC, San Isidro; nos presentamos respetuosamente ante Usted para poner en su conocimiento lo siguiente: En la Convocatoria de procesos individuales de evaluación integral y ratificación Nº 007‐ 2010‐CNM, ha sido convocado el MAGISTRADO SUPREMO ROBINSON OCTAVIO GONZALES CAMPOS. El magistrado mencionado, cuya entrevista ha sido programada por el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM para el viernes 05 de agosto a las 8.15am, ha emitido en los siete años de ejercicio de la magistratura que serán evaluados en el presente proceso de evaluación integral y ratificación, resoluciones judiciales que cuestionan gravemente la idoneidad requerida como Magistrado Supremo. Tales decisiones, que no son nuevas (es decir ya han sido públicas y cuestionadas en su debido momento), y que a continuación reseñaremos, vulneran los compromisos internacionales y bienes jurídicos constitucionales del Estado Peruano en materias sensibles como la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la perspectiva de género. Ello, sin tener en cuenta que incluso una de tales resoluciones (en el caso denominado “Ley Wolfenson”) promovió la inseguridad jurídica en relación a las sentencias del Tribunal Constitucional y el grave deterioro de la lógica del sistema disciplinario de la magistratura por el que, a la fecha, la inconducta funcional determinada por el propio Consejo Nacional de la Magistratura contra el magistrado hoy convocado ha quedado sin sanción alguna; es decir, en la impunidad. Por lo anterior, alcanzamos al Consejo Nacional de la Magistratura que Usted preside, información jurídica relacionada a la vulneración de los deberes de idoneidad a través de las siguientes resoluciones cuestionadas del magistrado convocado, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas para el servicio de administración de justicia y sus relaciones interinstitucionales. Las resoluciones judiciales son el principal fruto del trabajo de la magistratura y las mismas deben reflejar la idoneidad requerida constitucionalmente para la justicia que se administra a las y los justiciables, así como el cumplimiento de los deberes de lucha contra la corrupción y no discriminación por causas como la de género. Lamentablemente, las resoluciones que se adjuntan contravienen directamente tales deberes a los que, igualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra obligado como órgano constitucional autónomo que vela por que nuestra magistratura cuente con los mejores perfiles para dicha tarea, más aún cuando se trata de la Magistratura Suprema. Por ello, SOLICITAMOS que el Pleno del CNM que Usted preside tome en especial consideración estas resoluciones, las consecuencias para nuestro sistema de justicia, las finalidades del proceso ratificación (en el que la evaluación de resoluciones equivale hasta 80 puntos de 100 sobre Idoneidad1) y el mensaje que se ha de enviar a la magistratura y a la sociedad; a fin de que luego de una debida valoración declare LA NO RATIFICACIÓN del magistrado supremo ROBINSON OCTAVIO GONZALES CAMPOS. I. A. EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Las siguientes decisiones forman parte de un grupo de diez fallos cuestionables en materia de lucha contra la corrupción que en su oportunidad Justicia Viva hizo público. Teniendo en cuenta el período en la función de la magistratura a ser evaluado, a continuación se indican las decisiones que “sin contar con el debido fundamento jurídico, objetivamente favorecen a los procesados o condenados por la comisión de delitos de corrupción.”2 CASO LIBERACIÓN HERMANOS WOLFENSON Datos: Resolución del 7 de julio del 2005 (ANEXO 1) / Exp. N° 1205‐05 / Solicitud de excarcelación por exceso del plazo de detención / Promovido por Moisés y Alex Wolfenson / Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Balcázar Zelada, Barrientos Peña, Vega Vega y Príncipe Trujillo. SENTENCIAS CUESTIONADAS 1
Documento Parámetros para la elaboración del Informe de Evaluación de Jueces y Fiscales Supremos comprendidos en los procesos de evaluación integral y ratificación. Puede verse en: http://www.cnm.gob.pe/cnm/archivos/pdf/2011/er/PARAMINFOER0022011.pdf Diez fallos cuestionables del vocal supremo Robinson Gonzáles Campos, Justicia Viva Mail Nº 201 del 11 de julio del 2005. Puede verse en: http://www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/jm0201.htm 2
Sumilla: en aplicación de la ley Nº 28568, que equipara de modo irregular el arresto domiciliario y la prisión efectiva, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, sin ejercer el control difuso de constitucionalidad a que la obliga el artículo 138, pfo. 2 de la Constitución, ordenó la excarcelación de los hermanos Wolfenson por exceso en el plazo de la detención sin sentencia firme. Con ello, la condena de cinco años de cárcel quedó reducida a cinco meses y se validó como prisión efectiva los 32 meses que los condenados pasaron bajo arresto en domicilio durante el proceso. Fundamentos de la resolución: "…en ese sentido, para efectos del cómputo del plazo de excarcelación por exceso de detención, los peticionantes han acreditado en el presente caso, el haber sufrido arresto domiciliario desde el veinticuatro de mayo del año dos mil dos al veintiséis de enero del año dos mil cinco, conforme se aprecia de las constancias número cero cero dos y cero cero tres que han adjuntado a sus solicitudes respectivamente, suscritas por el mayor de la Policía Nacional del Perú, José Gonzáles Falla, Jefe del Departamento de Arresto Domiciliario; los que sumados dan un total de treinta y dos meses aproximadamente; que, asimismo a dicho cómputo debe añadirse el tiempo de reclusión efectiva, consecuencia de la sentencia condenatoria que es materia de grado a nivel de esta instancia, esto es, cinco meses aproximadamente, haciendo un total a la fecha de sus solicitudes de más de treinta y siete meses" (fundamento cinco) y "consecuentemente, estando a la condena impuesta en la recurrida y al tiempo de la detención sufrida por los sentenciados, resulta evidente que se ha excedido la mitad de la condena impuesta (treinta meses), sin que la misma haya quedado ejecutoriada y no advirtiéndose, además, dilaciones maliciosas imputables a los sentenciados cuyo derecho se reclama o a su defensa resulta arreglado a derecho sus pedidos" (fundamento seis). Consecuencias de la resolución: La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema convalida a nivel judicial la ley Nº 28568 que favorece a los procesados y condenados por corrupción, al equiparar un día de arresto domiciliario con un día de prisión efectiva. Otros procesados en la misma situación que los Wolfenson podrán acogerse a este errado criterio jurisprudencial. Cabe señalar que la inconstitucionalidad y contravención a los fines de la Lucha contra la Corrupción fueron de tal evidencia, que inmediatamente el Congreso cambió su postura legislativa y el TC declaró la respectiva inconstitucionalidad de la misma. Posteriormente, los demás integrantes de la mencionada Sala Suprema modificaron su fallo, salvo el magistrado Gonzáles (ANEXO 2). El caso, debido a las consecuencias para la Lucha contra la Corrupción y por referirse a sentenciados involucrados con el gobierno de Alberto Fujimori, calificado como de la “megacorrupción”, suscitó la atención permanente de la prensa nacional. CASO LUCHETTI (prescripción) Datos: Resolución del 27 de abril del 2005 (ANEXO 3) / Recurso de nulidad N° 4166‐2004 / Incidente de excepción de prescripción / Promovido por Andrónico Luksic Craig / Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Balcázar Zelada, Barrientos Peña, Vega Vega y Príncipe Trujillo / Voto singular de Robinson Gonzáles. Sumilla: Andrónico Luksic ‐procesado, junto con Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco por tráfico de influencias, debido a las reuniones que sostuvieron con Montesinos en marzo de 1998, con el fin de obtener resultados favorables a la empresa Luchetti en el proceso que sostenía con la Municipalidad de Lima por el caso de los Pantanos de Villa‐, interpuso recurso de nulidad contra la excepción de prescripción denegada por la Sala Superior Anticorrupción "A". Por mayoría, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró que la excepción no procede, debido a que todavía no se había cumplido el plazo de prescripción, ya que éste se cumple para Luksic en igual plazo que para Vladimiro Montesinos. Ello, en razón a que la pena para el instigador es la misma que para el autor (según el artículo 24 del Código Penal), pues su intervención no es de mera ayuda sino mucho más importante y eficiente. Sin embargo, Robinson Gonzáles, en voto singular, señaló que sí procede la excepción de prescripción por haberse cumplido el plazo, ya que, de computarse el plazo de prescripción igual que el de Montesinos, se estaría afectando el principio de seguridad jurídica y el de legalidad penal sustantiva. Fundamentos del voto singular de Robinson Gonzáles: "…el cómputo de la prescripción se realiza teniendo en cuenta el máximo de la pena fijada por la ley para el delito imputado; vale decir teniendo en cuenta la pena abstracta…" (fundamento cuatro) y "la pretensión de extender los efectos de la agravante genérica descrita en el artículo cuarenta y seis "A" del Código Penal a los supuestos de prescripción afecta el principio de seguridad jurídica" (fundamento nueve). Consecuencias: el voto singular de Robinson Gonzáles favorece la impunidad al acortar los plazos prescriptorios en un caso emblemático de tráfico de influencias, mediante una cuestionable interpretación del artículo 46 A del Código Penal. CASO BENAVIDES MORALES ("receptación") Datos: Resolución del 23 de noviembre del 2004 (ANEXO 4) / Recurso de nulidad N° 2607‐ 2004 / Incidente de excepción de naturaleza de acción / Promovido por Ida Barbarita Corigliano de Flecha / Primera Sala Penal Transitoria de la Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Valdez Roca, Vega Vega, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo. Sumilla: La empresa de fachada de los hermanos Oscar y Enrique Benavides Morales, CIFSA Internacional SAC, adquirió bienes con dinero ilícitamente extraído del erario público (comisiones irregulares por la venta de material bélico a las Fuerzas Armadas). Instaurado el proceso penal, CIFSA Internacional SAC transfirió esos bienes a parientes y allegados de los Benavides Morales. Estas transferencias no constituyen delito, según la Primera Sala Penal Transitoria que preside Robinson Gonzáles Campos. Fundamento de la resolución: "Ahora el tipo penal en comento se encuentra adscrito a la corriente de la receptación en cadena, esto es, que el bien receptado sea el mismo objeto materia del delito primigenio, "en la que los bienes son objetos de sucesivas conductas de receptación", por ende no cabe la receptación sustitutiva que implica la receptación de bienes adquiridos con la suma pecuniaria sustraída" (fundamento cuarto). Consecuencias: consagra la impunidad al permitir a sospechosos de corrupción transferir a terceras personas o a testaferros los bienes ilícitamente adquiridos, impidiendo la persecución penal. CASO ERNESTO GAMARRA (semilibertad) Datos: Resolución del 7 de junio del 2004 / Recurso de nulidad Nº 11‐01‐04‐A (asuntos varios) / Incidente de semilibertad (beneficios penitenciarios) / Promovido por Ernesto Gamarra / Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Vásquez Vejarano, Gonzáles Campos, Villa Stein y Vega Vega, con voto singular de Valdez Roca. Sumilla: La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la excarcelación del ex congresista Ernesto Gamarra, por otorgamiento del beneficio penitenciario de semilibertad en aplicación de una norma derogada del Código de Ejecución Penal de 1991, y contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que estableció la aplicabilidad de la nueva ley 27770 en estos casos (sentencia de 29 de enero del 2004, caso Saldaña Saldaña). Con ello, Ernesto Gamarra accedió a la semilibertad cumpliendo sólo un tercio de la pena, y no dos tercios como fijó la ley 27770, y sin pagar el íntegro de la reparación civil. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema consideró incluso que el Informe Técnico del INPE del que se vale la Procuraduría podría implicar un ilícito penal, por lo que ordena comunicar esto al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes. Fundamento de la resolución: "Que concediendo el beneficio de semilibertad, el Procurador Público adjunto mediante escrito de fojas ciento veinticuatro, apela de la resolución que concede dicho beneficio penitenciario, sustentando su pedido en el informe número cero veintitrés ‐dos mil tres‐ INPE/cero tres, otorgado únicamente por el tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario‐ INPE, José Luis Robles Campbell, de fecha cinco de diciembre del año dos mil tres, contrariando con ello lo dispuesto expresamente por el numeral quinto del artículo cuarentinueve del Código de Ejecución Penal, que predetermina que sólo el Consejo Técnico Penitenciario, es el llamado a expedir dicho informe Técnico, por lo que éste resulta írrito en general y con mayor motivo en particular, para servir de base al apelante como para que la Sala Penal Especial fundamente con ello la nulidad de dicho beneficio (fundamento cuatro)". Consecuencias: el fallo de la Corte Suprema estableció una línea jurisprudencial contraria a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, favoreciendo a los sentenciados por corrupción. De haberse mantenido este criterio, otros sentenciados se hubieran visto igualmente favorecidos. Esta línea jurisprudencial fue recién corregida en el año 2005 (casos Alberto Kouri, Agustín Mantilla). CASO FACULTADES DE LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN Datos: Resolución del 7 de junio del 2004 / Exped. N° 11‐01‐04‐A La Sala Penal Transitoria, con participación de Robinson Gonzáles, resolvió que la Procuraduría Ad Hoc sólo tiene facultades para apelar respecto de la reparación civil. Con ello, se pretendía recortar sensiblemente la participación de los procuradores en la lucha contra la corrupción. B. EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES, GÉNERO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN CASO VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD – ICA Datos: Resolución del 17 de diciembre del 2004 (ANEXO 5) / Recurso de nulidad Nº 3085‐2004 (violación sexual) / Promovido por Eliberto Villegas Sandoval / Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema / Magistrados integrantes de la Sala: Gonzáles Campos, Valdez Roca, Vega Vega, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo / Vocal ponente: Gonzáles Campos. Sumilla: El caso refiere uno de supuesta violación de menor de edad, en la que la Sala Penal de Cañete ante el dictamen acusatorio del Ministerio Público declara la culpabilidad del procesado como autor del delito Contra la Libertad – Violación Sexual de Menor de Edad, condenando a 20 años de pena privativa de libertad. La sentencia, signada con el Exp. Nº 003‐ 0958 y de fecha 23 de setiembre del 2004 (ANEXO 6), cuenta con fundamentación e indica asimismo algunos de los argumentos del Ministerio Público; entre los que se encuentran: i. “la agraviada… ha mantenido imputación en forma coherente en lo sustancial… en ellas no solo afirma en forma detallada la forma y circunstancias cono sean venido perpetrando las agresiones sexuales…” (página 2 de la sentencia). ii. “conoce la parte de afuera de su casa y el interior del garaje que detalladamente describe; tiene pleno conocimiento que él tiene algunas características propias, como un tatuaje en forma de cruz…” (página 3 de la sentencia). iii. “… varió su primigenia versión –el acusado– …” (página 4 de la sentencia). iv. “La versión exculpatoria del procesado se ve desvirtuado no solo con las afirmaciones coherentes y sostenidas de la menor, y como se ha visto no ha sido ese el comportamiento procesal del encausado…” (página 4 de la sentencia). v. “… en delito de Violación sexual especialmente de menores de edad, en la que es irrelevante el consentimiento de la víctima, comprensible por que no se encuentra en capacidad de decidir sobre su libertad sexual siendo fácil de ser influenciada, más aún cuando se trata de menores con demasiadas carencias especialmente económicas…” (página 5 y 6 de la sentencia). vi. “… si bien éste por su calidad de procesado no recae en él la carga de la prueba; sin embargo, debe tenerse en cuenta cuando declara, las contradicciones en que incurre, y sus imposibilidades de responder a las mismas, especialmente cuando se confronta con la víctima, con la madre y con la testigo…” (página 6 de la sentencia). vii. “… el bien jurídico que se protege no es precisamente la libertad sexual, desde que la menor no está en capacidad decidir sobre ella, sino la indemnidad sexual;…” (página 6 de la sentencia). Fundamento de la resolución: Cabe señalar que muchas de las premisas de la fundamentación de la resolución de la Sala Penal de Cañete no fueron contrarrestadas o expuestas las razones por las que no se compartía el fallo (lo que es un criterio de evaluación de resoluciones de acuerdo al artículo 70 de la Ley de la Carrera Judicial, Nº 29277). Además de ello, algunas consideraciones de la resolución suprema que resultan altamente cuestionable desde la conocida perspectiva de género, más aún cuando de delitos de violación sexual a menor de edad se trata, son: i.
Segundo.‐ “… pese a las reiteradas veces que arguye la agraviada fue violada y que incluso en una oportunidad pudo apreciar el cuerpo del encausado, en ningún momento señaló que el procesado presentaba una tumoración a nivel del vientre cerca de sus partes pudendas, conforme se ha corroborado con el informe médico…” (página 1 de la sentencia). ii. Cuarto.‐ “… De igual modo en la obra “Medicina Forense” por el Dr. Sydney Smith, versión inglés, Barcelona, señala en la página doscientos ochenta y dos cito: “ Se ha discutido mucho la cuestión de si un hombre puede, valiéndose sólo de sus propias fuerzas, violar a una mujer que se halle en plena posesión de sus facultades. Como es natural que una mujer se resista cuando pueda, presentará señales…, Es preciso no olvidar que en la violación se necesita derribar a la mujer, mantenerla en el suelo, impedirle que grite, sujetarle las manos de algún modo y abrirle las piernas después de levantarle las ropas. Todo esto, unido al hecho de que ella es todavía capaz de retorcerse, hace dificilísima la introducción del pene, aun tratándose de mujer acostumbrada al coito, y mucho más su se trata de una virgen cuyo orificio no ha sufrido dilatación…” (página 3 de la sentencia). iii. Cuarto.‐ “… el perito…señala que hubo “desgarro parcial”, y a la pregunta si: ¿se puede producir desgarro con una caída?, responde: es una de las causas de los traumatismos, puede ocasionar desgarro parcial…” por lo que concluimos de la apreciación del citado perito que hay una probabilidad que se puede dar desgarro parcial con una caída, quizá mínima pero no deja de ser probable…” “…la agraviada refiere que algunas veces el procesado utilizo violencia, entonces la menor opuso resistencia, por lo tanto tuvo que haber necesariamente desgarro total…” (página 4 de la sentencia). iv. Sexto.‐ “… b) la persistencia en la incriminación, es decir, que ésta debe ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones;…” (página 5 de la sentencia). v. Sexto.‐ “… nos encontramos en duda absoluta, máxime si el encausado ha negado de manera coherente su responsabilidad…” (página 5 de la sentencia). “…, en consecuencia: Declararon HABER NULIDAD en la sentencia que condena a ELIBERTO VILLEGAS SANDOVAL […] y REFORMANDOLA lo ABSOLVIERON […], ORDENARON su inmediata libertad […]”. Consecuencias: se consagra en una resolución de la Corte Suprema criterios peligrosos para el tratamiento de los casos de violación sexual de menores de edad, en tanto que utiliza argumentos indebidos como la permanencia total de la coherencia en la sindicación de la víctima, sin tener en cuenta los daños psicológicos y las relaciones de poder atemorizantes aún luego promoverse la investigación a nivel fiscal y judicial. Ello, sin contar en la ausencia de motivación sobre por qué rechaza todos y cada uno de los argumentos de la resolución apelada. La gravedad aumenta, en tanto que se trata de un caso donde la presunta agraviada es mujer y menor de edad. No hay que perder de vista, además, que la gravedad de la impunidad y sus efectos en este tipo de casos ha sido visibilizada en más de una ocasión por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que entre sus conclusiones, visibiliza la responsabilidad de la magistratura para erradicar la violencia contra las mujeres. Así lo ha señalado, por ejemplo, en el Informe Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, del 20073: El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede consultarse en: http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 3
“123. … La CIDH ha podido constatar que la respuesta judicial ante casos de violencia contra las mujeres es notablemente deficiente y no corresponde a la gravedad e incidencia del problema. 124. En varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva. La impunidad de estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia… 128. Igualmente, se presentan vacíos e irregularidades en las diligencias per se, que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. Se verifican deficiencias como la no realización de pruebas claves para lograr la identificación de los responsables, la gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales, el énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial, la escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y el tratamiento inadecuado de éstas y de sus familiares cuando procuran colaborar en la investigación de los hechos.” De las resoluciones cuestionadas, se puede concluir básicamente en DOS PUNTOS: ‐ Primero, que se trasgreden dos requisitos esenciales de una resolución judicial, si de un producto del sistema de justicia para una sociedad igualitaria e inclusiva se trata, los mismos que se evalúan como requisitos en la denominada “evaluación de resoluciones”: (2) “la solidez de la argumentación utilizada para sustentar la tesis que se acepta y refutar la que se rechaza”, y (4) “manejo de la jurisprudencia pertinente al caso, en la medida de las posibilidades de acceso a la misma.” (Artículo 70 de la Ley de la Carrera Judicial, Nº 29277). Segundo, se trasgrede además de tales requisitos concretos (pero a partir de ellos), bienes y fines constitucionales que el Estado en su conjunto persigue y del que el Sistema de Justicia es particular guardián: la lucha contra la corrupción y la violación de los derechos sexuales de mujeres y menores de edad; es decir, de grupos sociales vulnerables e históricamente discriminados. De nada, pues, sirve que la resolución judicial esté “técnicamente perfecta” si es que la misma, tiene efectos contrarios a los fines para las que sirven de instrumento. Teniendo en cuenta ello, es que se vislumbra con mucha más claridad la importancia vital de la función de evaluación y ratificación del CNM, ya que de ella depende que el sistema de justicia conserve solo el recurso humano que, a través de sus decisiones, promueva los fines constitucionales de acuerdo a derecho y en debido ejercicio de la independencia y responsabilidad que conlleva la función de la magistratura. ‐
Tales fines constitucionales y convencionales (que se derivan también de tratados y convenciones que obligan jurídicamente al Estado peruano) fundamentan también, por cierto, la obligación del Consejo Nacional de la Magistratura de NO RATIFICAR en sus cargos a quienes a través de resoluciones (por ejemplo) terminan por contravenir las metas constitucionales. Y esto, en tanto que esta instancia también tiene el deber, como parte de la estructura del Estado, de promover los fines y metas que indica el Estado Constitucional de Derecho. A continuación, señalaremos algunos de los argumentos jurídicos de dicha responsabilidad. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NO RATIFICACIÓN De acuerdo a la Constitución del Perú de 1993 La Constitución de 1993 es clara en señalar la defensa de la dignidad humana y los derechos constitucionales fundamentales sin distinción de sexo ni alguna otra índole, resguardando el principio‐derecho fundamental de la Igualdad y la no discriminación. Derechos y principio que contravienen las resoluciones del magistrado Gonzáles, sobre todo el caso de la Violación sexual a menor de edad, evidenciando incapacidad en la calidad de tales resoluciones judiciales. Constitución de 1993. Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. De acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional Ante esa situación la propia Constitución, así como la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la finalidad del proceso de evaluación y ratificación, señalan la intrínseca relación entre la independencia de la magistratura y la alta responsabilidad que la misma con lleva. Así, la incapacidad para emitir resoluciones de calidad y la no defensa de los valores constitucionales, como la lucha contra la corrupción y la lucha por la igualdad de grupos sociales históricamente discriminados se configuran como causales para la no ratificación. Constitución de 1993. Artículo 146°. (…) El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley. (…) 3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. (…) Sentencia Nº 3361‐2004‐AA. Caso “Álvarez Guillén”4. Sobre la responsabilidad del magistrados, los parámetros que deben regir su actuación (VALORES CONSTITUCIONALES) y la evaluación de las resoluciones “§2. Ratificación y cumplimiento de fines constitucionales 15. La correlación en el binomio independencia y responsabilidad debe ser tratada con ecuanimidad, e impone la búsqueda de límites que determinen su exigencia de modo efectivo y sobre aspectos relacionados exclusivamente con el ejercicio de la función judicial y fiscal, sin ir más allá. La independencia judicial no puede desembocar en una irresponsabilidad del magistrado que, por otra parte, resultaría incompatible con el principio democrático del Estado de derecho, por la simple razón de que todos los Poderes estatales deberán responder por el ejercicio de sus funciones, según fluye del equilibrio constitucional subyacente. Por eso, es allí donde aparece la ratificación como forma en que la responsabilidad del juez debe verse constitucionalmente definida. 16. Justamente, para lograr tal objetivo, la ratificación cumple diversas funciones constitucionales, las cuales pasamos a explicar a continuación: a) La ratificación renueva el compromiso y la responsabilidad de la magistratura Si la independencia es la garantía política para predicar la imparcialidad de la justicia en cualquier sistema, la responsabilidad es su contrapartida por excelencia. Responsabilidad implica una serie de compromisos en la labor de la magistratura, compromisos QUE VAN DESDE LA LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN Y SUS VALORES, hasta la imprescindible solvencia moral con que debe actuar en el ejercicio de las funciones. Es la responsabilidad con que actúa cada día un magistrado, lo que permite contrastar públicamente su independencia. (…) los jueces no son más independientes por que se autogobiernen o porque decidan ‘soberanamente’ desde su interioridad subjetiva las causas que la sociedad les plantea. (…) es un error calificar la actuación de un magistrado dentro de un sistema jurídico “(...) a partir exclusivamente de tomar en consideración sus poderes, ignorando sus deberes (...)”6, puesto que son las razones de sus decisiones, su conducta en cada caso y su capacidad profesional expuesta en sus argumentos, lo que permite a todo juez dar cuenta pública de su real independencia. (…) la ratificación ejercida dentro del marco de la Constitución, puede servir en el Estado Democrático para que la magistratura dé cuenta periódica del ejercicio de su independencia con responsabilidad cada siete años. (…) 4
La sentencia del Tribunal Constitucional puede http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03361‐2004‐AA.html#_ftnref17 consultarse en: Aguiló Regla, Josep. Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica. En: Isonomía. N.º 6 (abr. 1997). p. 76. b) La ratificación es un mecanismo de control al ejercicio de la función pública del magistrado Los jueces y fiscales, no hay que olvidarlo, son ante todo funcionarios públicos; en consecuencia, las garantías de independencia y permanencia en el cargo no pueden imponerse para mantener una magistratura ineficiente, irresponsable o corrupta. (…) d) La ratificación fomenta la participación ciudadana en la gestión del servicio de justicia (…) la ratificación de magistrados se presenta también como una oportunidad para que la ciudadanía pueda reivindicar al buen juez o pueda acusar directamente, y con las pruebas debidas, al juez incapaz, deshonesto o corrupto. La crítica ciudadana a la función pública es un elemento fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia participativa. Un modelo abierto a la participación del pueblo como es el Estado social y democrático, no puede desperdiciar un momento como este para que la magistratura dé cuenta pública de sus funciones cada siete años. Eso sí, el sistema debe permitir que el magistrado responsable, capaz y honesto, espere sin temor ni incertidumbre de lo que pueda ocurrir con su destino funcionarial luego del proceso de ratificación. (…) §3. Los nuevos parámetros para la evaluación y ratificación de magistrados 18. (…) comporta a un mérito mucho más estricto de quien se somete a evaluación por parte de la Comisión: ‐ Calificación de los méritos y la documentación de sustento, contrastados con la información de las instituciones u organismos que las han emitido. ‐ Apreciación del rendimiento en la calidad de las resoluciones y de las publicaciones (…) ‐ Análisis del avance académico y profesional del evaluado, así como de su conducta. (…) Solamente utilizando dichos criterios el CNM logrará realizar una evaluación conforme a la Constitución, respetuosa de la independencia del PJ y del MP, y plenamente razonada; y, a su vez, criticable judicialmente cuando no se haya respetado el derecho a la tutela procesal efectiva en el procedimiento desarrollado. (…)”5 5 Vale la pena recalcar la importancia de la evaluación de las resoluciones judiciales como parte de la responsabilidad que conlleva la independencia judicial, evaluación que además forma parte de la estructura de la función de ratificación a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Dicha evaluación, de acuerdo a lo dicho y reseñado aquí por el Tribunal Constitucional, no vulnera la denominada independencia judicial. Así, como se ha señalado, la Evaluación y Ratificación de magistrados se convierte en una valiosa función que revela la relación entre el Consejo Nacional de la Magistratura, la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos y los bienes y valores constitucionales consagrados por nuestro Estado. Su relevancia tiene que ver con el refuerzo de dichas garantías y bienes por parte de los magistrados. Las razones que fundamentan la no ratificación de quienes, además de no cumplir con los requisitos técnicos de calidad de las resoluciones judiciales contravienen tales bienes constitucionales (como el de la Lucha contra la Corrupción), son principalmente cuatro. Primero, el valor de los bienes jurídicos que resultan vulnerados (ya el Tribunal Constitucional los ha señalado). Segundo, la gravedad del delito que se deja en la impunidad (o se hubiera dejado en la impunidad). Tercero, la obligación que le asiste al CNM, como parte de la estructura del Estado, de garantizar el efecto útil de las disposiciones de protección de los derechos humanos y de los valores constitucionales. Y cuarto, la responsabilidad que tiene el CNM, a través de sus funciones, de procurar al sistema de justicia sólo magistrados que respondan idóneamente en el ejercicio de la jurisdicción. Asimismo, sobre el valor constitucional de la Lucha contra la Corrupción, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado concretamente sobre la responsabilidad de las instituciones del Estado para seguirla y no contravenirla, tal como lo hacen los efectos de las resoluciones del magistrado Gonzáles arriba señaladas. Sentencia Nº 019‐2005‐AI. Caso “Ley Wolfenson”6. Sobre el valor y deber de la Lucha contra la Corrupción. 47. (…) En atención a ello, es preciso destacar que al 10 de junio del presente año, de las 75 personas a las que se había impuesto la medida de arresto domiciliario, 50, es decir, más del 66%, eran personas acusadas de encontrarse vinculadas con actos de corrupción tanto de la década pasada como recientes (Diario La República del 10 de junio de 2005, p. 6). Es decir, se trata de conductas que no sólo resultan contrarias al orden jurídico penal, sino que se riñen con los más elementales designios de la ética y la moral, y consiguientemente, con LOS VALORES HEGEMÓNICOS DE LA AXIOLOGÍA CONSTITUCIONAL. Tal como afirma el Preámbulo de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por el Estado peruano el 4 de abril de 1997, “[L]a corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; (...) la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio; (...)”. Estos factores despejan toda duda respecto a la inconstitucionalidad del precepto impugnado, ya que anula todo fin preventivo‐general de la pena privativa de libertad, al equipararla al arresto domiciliario. Es evidente que la punición benevolente de hechos que generan un repudio social absoluto y que AFECTAN EN GRADO SUMO DIVERSOS BIENES JURÍDICOS DE PARTICULAR RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, mina la confianza de la población en el Derecho, con el consecuente riesgo para la consolidación del cuadro material de valores recogido en la Carta Fundamental. (…) 59. Una ponderación no menos equilibrada se requiere en un asunto en el que, como en el presente caso, se encuentra directamente involucrada LA EFICACIA DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN prevista por el Estado peruano como su principal objetivo en el diseño de la política criminal de los últimos 5 años. No sólo por una cuestión de connotación sociológica, sino porque, en el plano normativo‐constitucional, tal como ocurre con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el espionaje, la traición a la patria y el genocidio, el Constituyente ha advertido la dimensión particularmente disvaliosa de los actos de corrupción, por la magnitud de daño que provocan al cuadro material de valores reconocido por la Constitución. (…) 60. El cumplimiento efectivo de la pena y, por ende, la consecución de la plena eficacia de 6
La sentencia del Tribunal Constitucional http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00019‐2005‐AI.html puede consultarse en: los fines de la pena privativa de libertad en un Estado social y democrático de derecho, en especial en aquellos supuestos en los que es impuesta a los individuos que han incurrido en actos de corrupción, es un valor de especial relevancia en el ordenamiento constitucional. (…) 67. Finalmente, aun cuando en nuestro ordenamiento no se encuentra previsto un control jurisdiccional‐preventivo de constitucionalidad de la leyes, existe, sin embargo, de conformidad con el artículo 108º de la Constitución, la obligación del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de ejercer ese control en un nivel político‐preventivo, para cuyos efectos tienen la obligación de observar los criterios vinculantes sentados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; máxime en aquellos asuntos relacionados con el diseño de la política criminal y legislativa del Estado orientada a enfrentar aquellos hechos delictivos que, como los actos de corrupción, afectan la estabilidad, la seguridad, la justicia y la paz ciudadanas en las que se sustenta todo Estado social y democrático de derecho. De acuerdo a los tratados supranacionales de los que el Perú es parte A mayor ahondamiento de las obligaciones jurídicas para con los bienes y valores constitucionales y convencionales que tienen las instituciones que forman parte de la estructura del Estado (como el Poder Judicial y el CNM), tenemos los artículos pertinentes de Tratados de Derechos Humanos del cual el Perú es parte. Así lo señala la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará” y las obligaciones generales 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Convención Interamericana Contra la Corrupción – CICC7 “TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, (…) Artículo III Medidas preventivas A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: (…) 2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.” 7
La Convención puede ubicarse en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b‐58.html Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. “Convención de Belém do Pará”8 “AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;(…) CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y (…) Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; (…) CAPÍTULO III DEBERES DE LOS ESTADOS Artículo 7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;(…) e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;(…)”
Convención Americana sobre Derechos Humanos – CADH9 “ENUMERACIÓN DE DEBERES Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 8
La Convención puede ubicarse en: http://www.cidh.org/Basicos/Basicos8.htm La Convención puede ubicarse en: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm 9
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” Es decir, de acuerdo a las disposiciones anteriores (en especial, las obligaciones generales de la CADH), el Estado, léase Poder Judicial a través de sus resoluciones o Consejo Nacional de la Magistratura a través de sus funciones como la de evaluación y ratificación, tiene la responsabilidad no sólo de no incurrir en actos vulneratorios de derechos (no hacer), sino que además debe efectuar, motu propio, todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y, a la larga, de los bienes y valores constitucionales relacionados (hacer). Así es como se desprende, además, de la siguiente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y así lo señala también nuestra Constitución cuando en el artículo 44 refiere la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos, o el Tribunal Constitucional cuando define los valores jurídicos constitucionales seguidos por nuestro Estado, por ejemplo: “La segunda obligación de los Estados partes es “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de fondo del 29 de julio de 1998. Serie C N° 4, párrafo 166. El subrayado es nuestro. “180. La Corte ha interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías (…). Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, es importante destacar que la defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe realizarse a través de lo que se denomina “control de convencionalidad”, según el cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos (…).” Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Sentencia de 12 de Agosto del 2008. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) El subrayado es nuestro. III. SITUACIÓN ESPECIAL: LA VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL QUIEBRE DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE MAGISTRADOS Mención aparte merecen los efectos que la resolución del magistrado supremo Robinson Gonzáles, en el caso de la denominada “Ley Wolfenson”, provocaron sobre: (i) La seguridad jurídica implícita y derivada del carácter jurídico vinculante de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Esto, en tanto que una vez emitido por el TC el fallo que declaró inconstitucional la Ley Nº 28568, el magistrado supremo Gonzáles contravino expresamente el mismo, vulnerando de esa forma no solo la seguridad jurídica mencionada sino también el valor constitucional de la Lucha contra la Corrupción. En otras palabras, de acuerdo al caso concreto de la denominada “Ley Wolfenson” en el que era claramente vulneratorio de la Constitución (tal como evidenció el inmediato cambio de postura del Congreso de la República, por ejemplo) se creó un grave precedente para la relación jurídica entre el Poder Judicial y los efectos de las resoluciones de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. (ii) La lógica y unidad del Sistema Disciplinario de Magistrados Supremos, cuando el CNM concluye en la existencia de una inconducta funcional pero el órgano de gobierno correspondiente del Poder Judicial (encargado de indicar la sanción menor a destitución) señala todo lo contrario (resolución administrativa Nº 003‐ 2010‐SP‐CS‐PJ del 22 de enero del 2010, de la Sala Plena de la Corte Suprema10). En pocas palabras, estamos ante un peligroso quiebre de la unidad de nuestro Sistema Disciplinario (Mixto) que convive con la impunidad. La segunda consecuencia es, aún más, particularmente grave: es la institución que sancionó entonces (el CNM), la que ahora lleva a cabo el proceso de evaluación del magistrado Gonzáles, encontrándose nuevamente con la resolución judicial que no sólo es cuestionable; sino que además ha fomentado el quiebre del sistema disciplinario del que forma parte. Así, el CNM tiene la delicada tarea de contemplar adecuadamente esta situación. 10
La resolución puede encontrarse es: http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Res%20de%20Sala%20Plena%20de%20Suprema_nota%20Cruz. pdf “Sin duda, la Sala Plena de la Corte Suprema es el máximo órgano de deliberación judicial (en él se define la política judicial del sistema, se le valora, etc.) y el Poder judicial como poder del Estado tiene autonomía, la misma que no debe ser mal entendida para no restar a su legitimidad. ¿Puede desdecir la Sala Plena al CNM, y absolver a un magistrado cuando el Consejo, luego de un procedimiento disciplinario de valoración del caso donde se desplegó el derecho a la defensa del investigado, concluyó en que sí existe una inconducta funcional que, como todas, debe ser sancionada? ¿No resulta incoherente y contradictorio que mientras el órgano disciplinario a cargo de sancionar con destitución a los supremos (y que para ello tiene el poder implícito de definir la existencia o no la de inconducta funcional), el órgano compuesto por los pares de este supremo puedan decidir lo extremadamente opuesto? Si sí, ¿no se quiebra la unidad y coherencia del sistema disciplinario, y se convierte la Sala Plena en la segunda instancia del CNM asumiendo una competencia que no se le ha otorgado? Y por supuesto, ¿no es lógico que sea el CNM, instancia externa a la Corte Suprema, el que mínimamente decida si existe o no inconducta funcional, para resguardar la imparcialidad del sistema disciplinario de los magistrados supremos?; porque lo que ahora tenemos es: pares evaluando a sus pares y decidiendo entre ellos sus sanciones. ¿Es éste nuestro sistema? Como vemos, los principios que vulnera esta decisión y los efectos (¿qué mensaje se le da a los jueces supremos ahora?) son graves, y debieron ser evaluados por la Sala Plena. En todo caso, si la Suprema tiene esta objeción (un tema que también se desprende del cuestionamiento de la Sala es que el CNM estaría, en concreto, realizando una censura disciplinaria a la opinión expresada en las decisiones jurisdiccionales; tema sin duda relevante para el debate), lo pertinente, lo ponderado, lo razonable, era por ejemplo presentar la incertidumbre jurídica sobre las competencias disciplinarias para supremos ante el Tribunal Constitucional (¿quién define la existencia de la inconducta funcional en un caso como éste?). Pero no. Se escogió evadir estas reglas constitucionales y legales, y pateó el tablero en un escenario donde el CNM, aún sin salir totalmente de una de sus peores crisis, quizá pudiere aceptar tamaño enredo y vulneración a sus competencias.”11 POR LO TANTO Teniendo en cuenta lo expuesto, se solicita respetuosamente al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura tenga a bien analizar los argumentos señalados y se sirvan declarar la NO RATIFICACIÓN del magistrado supremo ROBINSON OCTAVIO GONZALES CAMPOS; en salvaguarda de la idoneidad de la magistratura en el desempeño de sus funciones y los valores jurídicos constitucionales y supranacionales indicados. 11
Sala Plena de la Corte Suprema absuelve a magistrado Robinson Gonzáles: se merece una investigación. Boletín electrónico Informando Justicia, del 18 de marzo del 2010. Puede ubicarse en: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=248 También puede verse: Las resoluciones del CNM en materia disciplinaria no vinculan a la Sala Plena de la Corte Suprema. Boletín electrónico Informando Justicia, del 18 de febrero del 2010. Puede ubicarse en: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=225 Lima, 27 de julio del 2011 Ernesto Carlos de la Jara Basombrío DNI Nº 07852765 Ernesto@idl.org.pe Miguel David Lovatón Palacios DNI Nº 07900393 lovaton@idl.org.pe Cruz Lisset Silva Del Carpio DNI Nº 40632855 csilva@idl.org.pe ANEXOS Anexo 1.‐ Caso Liberación Hermanos Wolfenson, resolución del 7 de julio del 2005, donde en aplicación de la ley Nº 28568 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ordenó la excarcelación de los hermanos Wolfenson por exceso en el plazo de la detención sin sentencia firme. Anexo 2.‐ Caso Liberación Hermanos Wolfenson, resolución del 22 de julio del 2005, donde los integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, salvo el magistrado Robinson Gonzáles, modificaron su fallo. Anexo 3.‐ Caso Luchetti (prescripción), resolución del 27 de abril del 2005. Anexo 4.‐ Caso Benavides Morales ("receptación"), resolución del 23 de noviembre del 2004. Anexo 5.‐ Caso Violación Sexual de menor de edad – Ica, resolución del 17 de diciembre del 2004, donde la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia condenatoria. El magistrado Robinson Gonzáles fue el vocal ponente. Anexo 6.‐ Caso Violación Sexual de menor de edad – Ica, resolución del 23 de setiembre del 2004, donde la Sala Penal de Cañete emite sentencia condenatoria. Recommended DocumentsDocuments Similar To IDL: Documento sobre Robinson Gonzales - ResolucionesSkip carouselEnsayo 293-11 Lic. 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