Source: https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/al-dia/al-dia-3/
Timestamp: 2020-07-15 01:14:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 31', 'in fine', 'artículo 62', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 92', 'artículo 1256']

Al Día | E&J
Se publica Convenio de colaboración con la Asociación Española de Gestores Fiscales para establecer los Puntos de Atención al Emprendedor
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE (BOE núm. 109, de 8 de mayo de 2017)
El PAE proporcionará con carácter obligatorio los siguientes servicios a los emprendedores:
Información sobre las ayudas públicas aplicables al proyecto empresarial. Para ello podrá hacer uso de la base de datos de ayudas del portal PYME, www.pae.es.
Serán servicios opcionales los siguientes:
Información general dirigida a emprendedores relacionada con el ejercicio de la actividad.
Realización de la tramitación para el ejercicio de la actividad mediante el sistema de tramitación telemática CIRCE y utilizando el PACDUE.
Información general dirigida a emprendedores relacionada con el cese de la actividad.
Realización de la tramitación para el cese de la actividad mediante el sistema de tramitación telemática CIRCE y utilizando el PACDUE.
Información a los emprendedores que lo demanden sobre el estado de tramitación de los procedimientos iniciados en su nombre. Esta información será accesible en el PAE electrónico.
Notificación de los actos de trámite preceptivos y la Resolución a los emprendedores que así lo demanden de los trámites iniciados en su nombre y siempre y cuando así lo permita el PAE electrónico.
Tutorización del plan de empresa que permita mostrar la viabilidad de la idea empresarial mediante el uso del Plan de Empresa interactivo de la DGIPYME, o de cualquier otra herramienta que la DGIPYME ponga a disposición de los emprendedores).
Información general sobre la transmisión de empresas, así como la intermediación entre posibles compradores y vendedores de acuerdo con los servicios que se dispongan por parte de la DGIPYME para ello.
Información general sobre aspectos relacionados con la competitividad empresarial, tales como la internacionalización, la I+D+i, la cooperación empresarial y la propiedad industrial.
Realización de otras tramitaciones distintas de las anteriores mediante el sistema de tramitación telemática CIRCE y utilizando el PACDUE, conforme la DGIPYME las implemente en el PAE electrónico.
RECALIFICACIÓN URBANISTICA
La prórroga de un plazo para el administrado no puede perjudicar a la Administración
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 05/04/2017
El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, ha establecido que no puede recalificarse suelo urbano consolidado como no consolidado cuando se realice una revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
En relación al caso enjuiciado, el Alto Tribunal concluye que no es admisible que unos terrenos que cuentan, no sólo con los servicios exigibles para su consideración como suelo urbano, sino también con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público, y que están plenamente consolidados por la edificación pierdan la consideración de suelo urbano consolidado, pasando a tener la de suelo urbano no consolidado, por la sola circunstancia de que un nuevo planeamiento contemple para ellos una determinada transformación urbanística.
Así pues, se concluye la imposibilidad de someter al régimen de cargas de las actuaciones sistemáticas, que son propias del suelo urbano no consolidado, a terrenos que merecían la categorización de urbano consolidado conforme a la realidad física preexistente al planeamiento que prevé la nueva ordenación, la mejora o la reurbanización.
En este sentido, no procede devaluar el estatuto jurídico de los propietarios de esta clase de suelo exigiéndoles el cumplimiento de las cargas y obligaciones establecidas para los propietarios del suelo no consolidado, en tanto en cuanto, tal degradación en la categorización del terreno por la sola alteración del planeamiento, además de resultar ajena a la realidad de las cosas, produciría consecuencias difícilmente compatibles con el principio de equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, principio éste que, según la normativa básica las leyes deben garantizar.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal 70374593
Se aprueban los modelos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes del ejercicio 2016 y se regula su presentación electrónica
Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. (BOE núm. 110, de 9 de mayo de 2017).
En primer lugar, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Esta norma entra en vigor el 1 de enero de 2016, y modifica el artículo 128 de la Ley 27/2014, así como, el artículo 31.1.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, incorporando la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta a las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios en relación con las operaciones que se realicen en España.
En segundo lugar, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ha modificado la Ley 27/2014, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final decimocuarta de la Ley 22/2015, siendo de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016.
En tercer lugar, hay que mencionar la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
En cuarto lugar, destaca la aprobación del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, cuya aprobación responde a la necesidad de cumplir con los objetivos comunitarios a nivel presupuestario.
En quinto lugar, hay que mencionar la Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Como sexta novedad, hay que mencionar el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, por medio del cual, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se adoptan dos medidas de relevancia para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
En séptimo lugar, hay que mencionar el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, que incluye algunas novedades importantes que afectan a los estados de cuentas anuales correspondientes a ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, deberán de tener en cuenta al cumplimentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades para períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016.
Se regulan las especificaciones normativas y técnicas de la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. (BOE núm. 115, de 15 de mayo de 2017)
LIQUIDACIÓN ITP E ISD
No pueden utilizarse valores catastrales con efectos retroactivos en la liquidación del ITP y el ISD
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 06/04/2017
En el caso planteado se determina que la Administración debe justificar adecuadamente su elección y razonar el resultado de la comprobación, de modo que se permita al contribuyente conocer los datos tenidos en cuenta relativos a la referencia catastral del inmueble, su valor catastral en el año del hecho imponible, el coeficiente aplicado y la normativa en que se basa la Administración Tributaria.
En consecuencia, el Alto Tribunal concluye que no es admisible que la normativa autonómica se aplique a hechos imponibles producidos con anterioridad a su entrada en vigor, aunque se hayan tenido en cuenta valores vigentes a la fecha del devengo, en tanto en cuanto, los obligados tributarios tienen derecho a conocer previamente los valores considerados por la Administración.
En este sentido, el art. 157.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprobaron los procedimientos de gestión e inspección tributaria, dispone que la comprobación de valores no procederá cuando el obligado tributario haya declarado de acuerdo con los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los medios previstos en el art. 57.1 de la Ley General Tributaria.
Así pues, la aplicación del medio de valoración consistente en la estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, exige que la metodología técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo, hayan sido objeto de aprobación y publicación por la Administración tributaria que los vaya a aplicar.
Por otra parte, el art. 90 de la Ley General Tributaria regula la información por la Administración Tributaria con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles, información que lógicamente ha de tener en cuenta los coeficientes aprobados.
En vista de todo lo anterior, el Supremo llega a la determinación de que si los obligados tributarios pueden consignar en sus declaraciones y autoliquidaciones el valor que la Administración Tributaria asigna a los bienes inmuebles urbanos aplicando los coeficientes establecidos al valor catastral actualizado a la fecha del devengo, sin que el órgano de gestión pueda proceder a la comprobación por otro medio si han declarado un valor igual o superior, razones de seguridad jurídica impiden aplicar la normativa con carácter retroactivo.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal 70374606
Se prorroga hasta el 15 de abril de 2018 el Programa de Activación para el Empleo
Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2017)
La agilización del acceso al programa se consigue mediante la reducción de seis meses a un mes del plazo de espera posterior al agotamiento de cualquiera de las prestaciones o ayudas, así como de la misma reducción del plazo de espera en el caso de que tras el agotamiento de alguna de las prestaciones o ayudas se hubiese percibido cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales, etc., concedidas por cualquier Administración Pública.
Se considerará práctica de mercado aceptada la realización de contratos de liquidez si cumplen los requisitos establecidos por la CNMV
Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez. (BOE núm. 111, de 10 de mayo de 2017).
En cumplimiento con el procedimiento establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/908 de la Comisión de 26 de febrero de 2016, por el que se completa la MAR mediante el establecimiento de normas técnicas de regulación sobre los criterios, el procedimiento y los requisitos para establecer una práctica de mercado aceptada, así como los requisitos para mantenerla, derogarla o modificar las condiciones para su aceptación, la CNMV ha llevado a cabo un proceso de consulta pública en relación con los contratos de liquidez dirigido principalmente a las sociedades emisoras, empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, asociaciones de inversores, entidades rectoras de los mercados y otras autoridades competentes. Asimismo, la CNMV ha comunicado a ESMA su intención de considerar los contratos de liquidez sujetos a la presente Circular como práctica de mercado aceptada. En respuesta a dicha comunicación, ESMA ha emitido un dictamen en relación con el establecimiento de la práctica de mercado en el que concluye que la práctica de mercado comunicada por la CNMV es compatible con el artículo 13.2 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 y contiene diversos mecanismos para limitar las amenazas a la confianza en el mercado. La CNMV ha tenido en cuenta dicho dictamen a la hora de elaborar la presente Circular.
La DGRN dicta una instrucción sobre interconexión de los registros mercantiles
Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre interconexión de los registros mercantiles. (BOE núm. 116, de 16 de mayo de 2017)
La Directiva 2012/17/UE modifica la Directiva 89/666/CEE y las Directivas 2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que respecta a la interconexión de registros centrales, mercantiles y de sociedades. Dicha Directiva viene a establecer un sistema de interconexión de registros mercantiles de los Estados miembros, basado en el portal de justicia en red europea, la plataforma central europea y los registros mercantiles nacionales. Dicho sistema debe permitir la publicidad de los datos y documentos de los registros mercantiles, así como la comunicación entre registros de distintos Estados a efectos de coordinación en relación con la información de la situación relativa a matrices y sucursales y también a fusiones transfronterizas. Desde el plano de las obligaciones de los Estados miembros la Directiva 2012/17/UE recoge en su artículo 5 dos plazos de transposición: un primer plazo de transposición hasta el 7 de julio de 2014, referido a aspectos puntuales sobre protección de datos, fechas de publicación de las inscripciones y obligaciones de información, y un segundo plazo de transposición de dos años desde la determinación por la Comisión de las correspondientes especificaciones técnicas necesarias para la interconexión.
Un préstamo participativo puede considerarse subvención pública
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 06/04/2017
El Alto Tribunal establece en una reciente sentencia, que un préstamo participativo es una transferencia de capital que viene a equivaler a una transferencia financiera encubriendo una subvención o ayuda pública.
En relación al caso planteado, el supremo afirma que es un hecho notorio que, en el desarrollo de los préstamos participativos, por los distintos organismos públicos figura la exigencia de poder contratar con el Estado para poder obtener un préstamo participativo. Asimismo, como sucede, en el caso enjuiciado, si el préstamo no es susceptible de reintegro, lo que acontece con una empresa inmersa en concurso de acreedores, aquel adquiere naturaleza de subvención.
En consecuencia, los préstamos que se conceden a sociedades inmersas en procesos de concursos de acreedores y a empresas con pérdidas recurrentes son considerados a efectos de contabilidad nacional como transferencias de capital, con efectos en el déficit público.
Se establece que lo relevante no es el eventual déficit público sino la consideración de transferencia de capital lo que viene a equivaler a una transferencia financiera encubriendo una subvención lo que no permite, en una situación como la de autos, ni la normativa nacional ni la comunitaria por cuanto podría vulnerar la libre competencia.
Si se atiende al notorio criterio del inversor privado empleado por los órganos comunitarios, Comisión y Tribunal de Justicia, permite, en el concreto caso examinado, considerar ayuda estatal el antedicho préstamo.
Basta con remitirse a la relevante Sentencia de 3 de abril de 2014 del Tribunal de Justicia examinando el recurso de casación 224/12 formulado por la Comisión Europea frente a la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 2 de marzo de 2012 que había anulado parcialmente una Decisión sobre una ayuda del Reino de los Países Bajos en favor de un grupo bancario.
Recuerda la Abogado General Sra. Sharpston, en el punto 27 de sus conclusiones que el Tribunal General en las reflexiones contenidas en los apartados 95 a 114 de su sentencia señaló que “para calificar una medida como ayuda estatal, entre otras cosas, debe conferir una ventaja económica a la empresa beneficiaria que ésta no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado”.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal 70374607
Un matrimonio de conveniencia solo es punible penalmente se existe ánimo de lucro
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 06-04-2017
La presentación de recursos para lograr la caducidad de un procedimiento no interrumpe la prescripción
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 10/01/2017
La presentación de un recurso solicitando la caducidad de un procedimiento, no interrumpe la prescripción del mismo.
En una reciente sentencia, el Alto Tribunal modifica su postura hasta la fecha, estableciendo que la presentación de un recurso solicitando la caducidad de un procedimiento, no interrumpe la prescripción del mismo.
En el caso planteado, el Supremo establece que si bien es cierto que la prescripción se interrumpe por la interposición de cualquier clase de recursos, no lo es menos que esto debe interpretarse de forma conjunta con el artículo 92.3 LRJPAC , de tal manera que si la parte se vio obligada a utilizar los recursos pertinentes para conseguir una declaración de caducidad que tenía que haber sido apreciada de oficio por la Administración, hay que entender que en un supuesto como el presente, los recursos interpuestos no vienen sino a integrar el procedimiento caducado, por lo que carecen de virtualidad par interrumpir la prescripción.
Esta declaración del Alto Tribunal contradice la jurisprudencia existente hasta la fecha, que se postulaba por una solución contraria, aplicando la tesis de que las reclamaciones y recursos entablados para que se declare la caducidad del procedimiento interrumpe la prescripción de la acción administrativa.
Con este cambio, se considera, por tanto, que la reclamación o recursos para lograr la declaración de caducidad no son sino una prolongación del mismo procedimiento que se declara caducado, y que desaparece embebida en él. Así pues, el procedimiento declarado caducado se hace inexistente y en él se incluye la reclamación o recurso que lo ha declarado tal.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal nº 70356044
Los delegados sindicales no pueden disfrutar del crédito sindical en vacaciones
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 01/02/2017
No es posible disfrutar de un permiso retribuido cuando el representante unitario o sindical disfruta de sus vacaciones.
El Alto Tribunal establece que este crédito corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.e ET a cada uno de los miembros del comité de empresa o delegado de personal y por extensión a los delegados LOLS, que no sean miembros del comité de empresa, quienes solo podrán disponer del mismo durante 11 meses al año, ya que no es posible disfrutar de un permiso retribuido cuando el representante unitario o sindical disfruta de sus vacaciones, en tanto en cuanto, no se puede disfrutar de este permiso cuando no se está trabajando.
En consecuencia, si el representante unitario o sindical dispone de un crédito horario, cuya naturaleza es propia de un permiso retribuido, incompatible con el disfrute de sus vacaciones anuales, se hace absolutamente evidente que no puede ceder dicho crédito a la bolsa de crédito horario, por cuanto dicho crédito no estuvo nunca en el patrimonio de dichos representantes.
Así pues, en el supuesto presente no existe ni el más mínimo indicio que pueda llevar a la conclusión de que el ineludible consentimiento empresarial se haya producido ni de forma expresa ni de forma tácita, de forma que quepa deducir que alguna conducta o actitud pueda ser reveladora de tal propósito.
Se concluye por ello, que no se puede sostener la existencia de la condición más beneficiosa pretendida y sí de una práctica que se llevaba a cabo en la empresa en la creencia de que era la que se derivaba de la exigencia de la ley, práctica cuya modificación no vulneró las exigencias del artículo 1256 CC puesto que no se trata de un derecho que se hubiera incorporado al nexo contractual.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal 70368217
SE CONCEDE SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al Consejo General de la Abogacía española en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2017. (BOE núm. 92, de 18 de abril de 2017)
SE CONCEDE SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES EN MATERIA DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se concede subvención directa al Consejo General de los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2017. (BOE núm. 92, de 18 de abril de 2017)
SE APRUEBAN SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUDICIALES PROFESIONALES DESTINADAS A FACILITAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHAS ASOCIACIONES Y FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO JUDICIAL
Acuerdo de 27 de abril de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las asociaciones judiciales profesionales. (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 2017).
Final de la convocatoria: Será el plazo fijado en la correspondiente convocatoria.