Source: https://vlex.com.pa/vid/casacion-corte-suprema-justicia-841326035
Timestamp: 2020-07-07 19:30:44
Document Index: 28374228

Matched Legal Cases: ['artículo 1738', 'Artículo 1738', 'artículo 1738', 'artículo 1738', 'artículo 1738', 'artículo 1737', 'artículo 694', 'artículo 717', 'artículo 1738', 'artículo 1738', 'artículo 717', 'artículo 836', 'artículo 14', 'artículo 726', 'artículo 726', 'artículo 714', 'artículo 726', 'artículo 717', 'Artículo 717', 'artículo 1735', 'artículo 726', 'artículo 717', 'artículo 728', 'artículo 728', 'artículo 1727', 'artículo 1739', 'artículo 836', 'artículo 728', 'artículo 713', 'Artículo 713', 'artículo 719', 'artículo 717']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 18 de Julio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 841326035
Expediente: 385-16
Corresponde a esta Sala Civil resolver los recursos de Casación corregidos formalizados por la firma forense FUENTES Y ASOCIADOS, apoderada judicial de Y.J. de PINZÓN, y BERRIOS Y BERRIOS, en representación de JOSÉ DEL CARMEN V. QUINTERO, I.V.Q. y M.E.Q. de V., contra la Sentencia de 15 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario incoado por E.A.V.V. contra Y.J. de PINZÓN, M.E.Q. de V., J.D.C.V.Q., I.I.V.Q., C.A.V., D.E.V. de CASTILLERO y D.E.V. de DE LOS RIOS.
En su escrito de demanda corregido (fs.18-23), el actor solicitó se hicieran las siguientes declaraciones:
"1. Que se declare que la señora L.M.M.V.. DE V., no firmó ni dio su consentimiento para el otorgamiento del TESTAMENTO ABIERTO contenido en la Escritura Pública No.1100 de 26 de agosto de 1996.-
-Que como consecuencia de la declaración anterior se declare que es NULA de NULIDAD ABSOLUTA la Escritura Pública No.1100 de 26 de agosto de 1996, expedida por la Notaría Pública del Circuito Notarial de Veraguas, contentiva del testamento abierto de la señora L.M.M.V.. DE V..-" (fs.19-20)
Luego de agotados los trámites inherentes al referido proceso de conocimiento, el Juez Primero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Los Santos (adjunto), por conducto de la Sentencia N°16 de 26 de marzo de 2015 (fs.241-249), dispuso:
"1. DECLARAR PROBADA la pretensión de la parte demandante dentro del proceso ORDINARIO DECLARATIVO instaurado por E.A.V.V. en contra de YOLANY JIMENEZ DE P., M.E.Q.D.V., J.D.C.V.Q., I.I.V.Q., C.A.V., D.E.V.D.C. y D.E. DE DE LOS RIOS,
- DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la ESCRITURA No.1100 de 26 de agosto de 1996, expedida (sic) la Notaría Pública del Circuito Notarial de Veraguas, contentiva del testamento abierto de la señora L.M.M.V.. DE V. (q.e.p.d.).
- Sin condea en costas, en contra de la parte demandada.
- Los gastos serán liquidados por Secretaría."
Contra lo resuelto por el Juez a quo, la demandada Y.J. de PINZÓN anunció y sustentó recurso de apelación, mientras que los también demandados J.D.C.V.Q., I.V.Q. y M.E.Q. de V. anunciaron y presentaron pruebas para la segunda instancia.
Mediante fallo fechado 15 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial confirmó la sentencia de primera instancia (fs.358-367).
En la parte motiva del fallo, el Tribunal ad quem expuso el siguiente razonamiento:
"Cuando hacemos una valoración integral de la prueba, advertimos que los testigos instrumentales de la Notaría de Veraguas no conocían a la señora L.M.M.V.. DE V., así se desprende de sus declaraciones, presumen que fue a la persona a la que se le leyó el documento que contenía su última voluntad, pero en realidad ninguno de esos testigos pudo responder afirmativamente que hubiesen conocido a la testadora. Por otro lado, los peritos concluyen afirmando que la firma que aparece en la escritura N°1100 de 26 de agosto de 1996, no es de puño y letra de la señora L.M.M.V.. DE V.. A lo anterior, sumamos el indicio de que la testadora haya decidido trasladarse hasta la provincia de Veraguas a ejercer su derecho de testar, aun cuando la misma residía en la provincia de Los Santos." (fs.366-367)
RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA
A fin de atender los recursos de casación formalizados por los demandados, la Sala procederá a examinarlos en el orden que fueron presentados, por lo que iniciara con el interpuesto por Y.J. de PINZÓN, quien invoca tres conceptos de la causal de fondo: aplicación indebida, violación directa y error de derecho en la apreciación de la prueba.
La primera de ellas, la "infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de indebida aplicación, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", se apoya en el siguiente motivo:
El Tribunal Superior en el fallo impugnado partió del supuesto indebido de que en el otorgamiento del testamento debían participar testigos de conocimiento (ver foja 366) sin advertir que la ley contempla excepciones en las que aplican reglas especiales como en este caso que solo exige testigos instrumentales y no así de conocimiento. El error en la premisa por parte del Tribunal Superior, trajo como consecuencia la violación de normas sustantivas de derecho en el fallo impugnado.
La recurrente identifica el artículo 1738 del Código Civil como disposición presuntamente vulnerada por el Tribunal Superior a través del fallo impugnado:
"Artículo 1738. El N. debe conocer a las personas que le pidan la prestación de su oficio; si no las conoce, no deberá prestárselo a menos que se le presenten dos personas conocidas y de buen crédito, en quienes concurran las otras cualidades exigidas para los testigos instrumentales, que aseguren conocer a los otorgantes, y que se llaman como estos expresan. Estas personas se denominarán testigos de abono. En el instrumento se hará mención de esta circunstancia, nombrando a los testigos de abono, quienes suscribirán el instrumento con los otorgantes, los testigos instrumentales y el N.."
La infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de aplicación indebida acontece cuando el juzgador aplica una disposición legal que no guarda relación con el caso controvertido.
Como explica J.F.P., se configura "cuando entendida rectamente una norma en sí misma y sin que medien errores de hecho o de derecho, se hace aplicación de la regla jurídica contenida en ella a un hecho probado pero no regulado por ella." (Casación y Revisión, pág.105)
En otras palabras, se utiliza una regla jurídica a un hecho reconocido en el proceso, pero ajena a la hipótesis descrita en el precepto legal, soslayandose la aplicación de la norma pertinente.
Por conducto del fallo cuestionado en casación, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial prohijó la decisión del Juez de la causa de decretar la nulidad absoluta de la Escritura Pública N°1100 de 26 de agosto de 1996, expedida por la Notaría Pública del Circuito de Veraguas, contentiva del testamento abierto de la señora L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.).
A criterio de Y.J. de PINZÓN, dicho tribunal colegiado aplicó indebidamente el artículo 1738 del Código Civil al requerir que los testigos participantes en el otorgamiento del testamento fueran de conocimiento -la disposición los denomina como testigos de abono-, cuando la Ley no exige dicha cualidad.
La norma en cuestión, acota la Sala, ubicada entre las reglas concernientes a los actos e instrumentos que pasan ante los notarios, impone a éstos conocer a las personas que soliciten sus servicios, de lo contrario no deberán brindarlos; no obstante, podrán hacerlo de presentarse dos personas que aseveren conocer a los otorgantes.
Como se puede apreciar, el propósito de los testigos de conocimiento o de abono es garantizar la identificación de los otorgantes, en vista de que son desconocidos por el N.. El instrumento deberá contar con la firma de los testigos de conocimiento, los otorgantes, los testigos instrumentales y el N..
Lo antes anotado significa que los testigos de conocimiento, además de reunir los requisitos propios de lo testigos instrumentales, deben conocer a los otorgantes, pues dicha circunstancia es la razón de su participación.
Ahora bien, de la explicación dada por la Sala en torno a la causal por aplicación indebida se desprende que su viabilidad tiene como presupuesto elemental que el Tribunal de Apelación haya utilizado la disposición que se denuncia como vulnerada.
Revisada la sentencia recurrida, de su contenido no se aprecia la aplicación del artículo 1738 del Código Civil. Aparte de no aparecer referencia alguna a la misma, del cargo formulado se infiere que su alegada aplicación obedece a que el Tribunal Superior, en su razonamiento para acceder a la pretensión, según la censura, consideró que los testigos participantes en el otorgamiento de la disposición testamentaria han debido conocer a la causante.
Dicho de otra manera, si el tribunal de segunda instancia juzgó que para el otorgamiento del testamento se requería que los testigos fueran de conocimiento, implícitamente, entiende la recurrente, se está aplicando el artículo 1738 del Código Civil.
No comulga esta Superioridad con tal deducción, pues pasa por alto que los testamentos en general, y el abierto en particular, reglamentan lo atinente al número y cualidades de los testigos que intervienen en los mismos. La disposición que antecede a la presuntamente mal aplicada, el artículo 1737 lex cit, es claro al remitir en tal materia a las normas comprendidas en el título III libro III del Código Civil, que van del artículo 694 al 873.
En esa línea de pensamiento, a pesar que tampoco se cita en el fallo, el artículo 717 del Código Civil mandata que el N. y los testigos instrumentales deben conocer al testador, y en caso de no ser así, se identificará al otorgante "con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los testigos instrumentales.", es decir, testigos de conocimiento.
Esto conlleva dos cosas. Primero, contrario a la opinión de la casacionista, en el otorgamiento de un testamento tanto el N. como los testigos instrumentales deben conocer al testador -y en el supuesto que no sea así se recurre a la figura de los testigos de conocimiento-; segundo, al encontrarse regulado los testigos en los testamentos por una norma especial, distinta al artículo 1738 del Código Civil, aún cuando no se mencione en el fallo, se entiende que aquella fue la norma aplicada.
En todo caso, si asumieramos que el Tribunal Superior utilizó el artículo 1738, igualmente la norma dejada de aplicar -el artículo 717-, obliga que los testigos instrumentales conozcan al testador, lo que evidencia la inviabilidad de que prospere la causal por indebida aplicación.
La segunda causal invocada por Y.J. de PINZÓN es la "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", la cual se sostiene en dos motivos:
"PRIMERO: El Tribunal Superior no consideró ni aplicó en ningún momento las norma sustantivas que definen la naturaleza y esencia del documento que declaró nulo, el cual forma parte de un protocolo notarial con implicaciones específicas y especialísimas que consagran derechos claramente definidos, que fueron violados en el fallo impugnado de forma directa por omisión.
El Tribunal Superior en el fallo impugnado no aplicó en ningún momento las normas sustantivas que determinan las responsabilidades del N. Público al levantar un instrumento público en un caso especialísimo como éste, en que se limitó a levantar una escritura pública con arreglo a disposición testamentaria que le fue presentada por escrito, previamente preparada por abogado idóneo, en ejercicio e independiente.
Esta inobservancia del Tribunal Superior de normas sustantivas claramente aplicables al caso en estudio determinó el fallo condenatorio contra Y.J. violándose así normas sustantiva (sic) de derecho, de manera directa por comisión."
Denuncia la conculcación de los artículos 14, 726, 728, 1727 y 1739 del Código Civil, así como el artículo 836 del Código Judicial.
La infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa puede ocurrir de dos maneras, cuando el Tribunal deja de aplicar una disposición clara y específica a un caso en concreto, o cuando aplicada la norma se soslaya el derecho que consagra. En ambos casos la norma debe regular el tema controvertido.
Cuando se acusa a una resolución de infringir normas sustantivas por violación directa, lo que se censura es el desconocimiento del derecho que el ordenamiento jurídico reconoce. Por ello, en el fallo impugnado debe haberse dejado por sentado, de manera clara, que el hecho del cual deviene el derecho que se reclama o que se considera infringido está plenamente probado.
Veamos los argumentos con los cuales la casacionista arguye la vulneración por parte del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de los preceptos legales señalados.
El numeral 1 del artículo 14 del Código Civil fue infrigido por omisión al dejar de aplicar la norma especial concerniente a la cualidad de los testigos en la protocolización de un testamento. La censura explica la diferencia entre los testigos instrumentales con los de abono o conocimiento, indicando que los primeros "deben estar presente al momento de leerse el instrumento al otorgante", mientras que los otros son "quienes en el caso de que el notario no conozca al otorgante, lo identifican ante el funcionario" (f.439), agregando que el instrumento leído a la causante participaron testigos instrumentales.
Debe resaltar la Sala, la disposición en referencia establece como regla de hermenéutica legal que ante la incompatibilidad entre dos disposiciones, se ha de aplicar preferentemente la especial o particular sobre la de carácter general.
Como se verá, la casacionista estima que la norma "especial" dejada de aplicar es la segunda disposición que alega como infringida por violación directa, el artículo 726 del Código Civil.
Su vulneración se fundamenta en que se desantendió los parámetros generales y excepcionales para el otorgamiento de un testamento abierto, en concreto el segundo párrafo de la norma, lo que dio lugar a que el Tribunal de Apelación exigiera testigos de conocimiento en vez de instrumentales.
La excerta en cuestión preceptúa que el testamento abierto "deberá ser otorgado ante N. y tres testigos idóneos que vean y entiendan al testador, y de los cuales, uno, a lo menos, sepa y pueda escribir". Su párrafo final excluye lo transcrito a los supuestos descritos en el capítulo concerniente al testamento abierto.
Contrario a lo que acontece con el testamento cerrado, en el cual el testador desea mantener en secreto sus disposiciones testamentarias, en el abierto expresa públicamente, de manera oral o escrita, su última voluntad.
En torno a los testigos que participan, aspecto sobre el cual radica el cargo de ilegalidad, el artículo 726 lex cit prescribe que serán tres "idóneos que vean y entiendan al testador", con lo cual, entiende la censura, se agota las cualidades requeridas a los testigos.
Tal posición deja de lado que las reglas concernientes a la idoneidad y capacidad de los testigos que intervienen en los testamentos, incluyendo los abiertos, están contemplados en otros artículos, como por ejemplo los 713, 715, 717 y 718 del Código Civil. Igualmente, el artículo 714 recoge causales de incapacidad adicionales para el testamento abierto.
Nótese que el artículo 726 ni las normas subsiguientes definen o desarrollan la idoneidad ni los deberes de los testigos en un testamento abierto, por ende son aplicables las disposiciones que regulan la forma de los testamentos (ver capítulo III título III del libro III del Código Civil).
Al tenor del artículo 717 del Código Civil, los testigos con el N. no solo deben conocer al otorgante, pues además autorizan el acto de otorgamiento, estando obligados a procurar cerciorarse que el testador cuenta con capacidad legal necesaria para testar.
"Artículo 717. El N. y dos de los testigos que autoricen el testamento, deberán conocer al testador; y si no lo conocieran, se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los testigos instrumentales.
También procurarán el notario y los testigos asegurarse de que, a su juicio tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.
Igual obligación de conocer al testador tendrán los testigos que autoricen un testamento sin asistencia de notario en los casos de los artículos 732 y 733."
La norma en cuestión es de vital relevancia, ya que mientras los testigos instrumentales que participan en el resto de actos que demanden la actuación de N. Público, regladas en el artículo 1735 del Código Civil, tienen como función dar fe del acto de lectura del instrumento, oír su aprobación y observar su firma por los otorgantes, en los testamentos se les atribuye responsabilidades adicionales -la norma indica que autorizan con el notario la disposición testamentaria- , entre ellas la de conocer al testador.
Esto marca una diferencia cualitativa en los testigos instrumentales para los testamentos, en comparación a otros documentos que requieran la fe pública notarial, pues, como hemos visto, en aquellos no se circunscribe a dar fe.
Por otro lado, en torno al último párrafo del artículo 726 del Código Civil, en el que se indica que "Sólo se exceptuarán de esta regla los casos expresamente determinados en este mismo capítulo", no es plausible entender que se refiera a la idoneidad de los testigos, al menos en la forma que alega la censura -no se requiere que conozcan al testador-, sino a circunstancias especiales en las que no es posible la presencia de un N. al momento del otorgamiento.
El propio párrafo final del artículo 717 prevé que "Igual obligación de conocer al testador tendrán los testigos que autoricen un testamento sin asistencia de notario en los casos de los artículos 732 y 733", es decir, cuando el testador esté en peligro inminente de muerte y en caso de epidemia.
Si en ambas situaciones extremas la Ley mantiene como condición para ser testigo idóneo conocer al testador, no es de recibo entender que en los demás casos se pueda prescindir de tal requisito. Obsérvese que el párrafo indica "los testigos que autoricen", característica propia de los testigos instrumentales en los testamentos, de ahí que su rol no se limite a meramente presenciar el acto.
La alegada infracción al artículo 728 del Código Civil emerge de haber ignorado el Tribunal Superior que ante el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los testamentos abiertos, en los que el otorgante presenta al N. de manera escrita su última voluntad, aquel no podía eludir su protocolización.
En otras palabras, la censura denuncia la omisión de la norma -reglamenta el testamento abierto en el que el testador expresa al notario su última voluntad por escrito- argumentando simplemente que se cumplían los presupuestos contenidos en el precepto legal.
La Sala debe recordar que para prosperar la causal de violación directa, es imprescindible que en la sentencia de segunda instancia se tenga como acreditada la hipótesis descrita en la norma sustancial -del cumplimiento de tal presupuesto depende su aplicación- por tanto no es permitido a través de dicha causal de fondo modificar los hechos aceptados en el fallo. Para ello están destinadas las causales de error de hecho en la existencia de la prueba y error de derecho en su apreciación.
Al considerar el tribunal de apelación que el acervo probatorio lo llevó a concluir que L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.) no firmó el testamento atacado por nulidad, es indudable que no se ha visto vulnerado por violación directa el artículo 728 del Código Civil, pues su correcta aplicación requiere que el hecho recogido en la misma se haya estimado probado.
El mismo resultado tienen la alegada infracción al artículo 1727 del Código Civil, al cimentarse el cargo de ilegalidad exclusivamente en la disconformidad de la recurrente con la operación probatoria, al afirmar que la fe pública notarial no puede ser desconocida por "apreciaciones de testimonios ni de experticias no vinculantes", lo que refleja un cuestionamiento con los hechos reconocidos en la sentencia, y no con la aplicación incompleta o total de la norma de derecho.
Respecto a la alegada contravención al artículo 1739 del Código Civil, disposición que contempla la responsabilidad de los N.s con la parte formal de los actos y contratos que autorizan, al igual que lo acontecido con las dos últimas disposiciones, el cargo aducido riñe con la realidad fáctica fijada en el fallo de segundo grado. Asimismo, llama la atención de la Sala que la casacionista repare que se le ha debido relevar de toda responsabilidad.
Aparte de la apreciación del Tribunal de Apelación de que no fue así, lo cierto es que el demandante únicamente peticionó la nulidad del testamento, sin reclamar responsabilidad alguna a quien fungió como Notaria Pública del acto de disposición de bienes, y dado que la sentencia impugnada vía casación es congruente con la pretensión, no es comprensible a esta M. la queja de la recurrente.
Por último, tampoco es viable la infracción por violación directa del artículo 836 del Código Judicial, pues, amén de tratarse de una disposición probatoria y no sustancial, si bien se presume la autenticidad de los documentos públicos -como lo es una escritura pública-, el Tribunal Superior consideró demostrado que la firma consignada en el testamento no corresponde a L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.).
Una vez más la recurrente elabora el cargo sustrayéndose de los hechos tomados como ciertos en la sentencia impugnada en casación, lo que impide su empleo al momento de enjuiciar la controversia, por ende también será desestimado.
Descartados los motivos de agravio en que se afinca la causal por violación directa, la última causal invocada por Y.J. de PINZÓN es la "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", y cuenta con dos motivos:
"PRIMERO: A pesar de que el Tribunal Superior hace clara y expresa referencia a la obligación del N. de formar un protocolo notarial con las escrituras públicas y los documentos respectivos tanto de Ley como los que lleven los interesados, le restó mérito probatorio a este protocolo que da fe que La Notaria levantó el testamento abierto ceñido a la voluntad de la testadora (ver foja 63-64) y ceñido también a las exigencias formales especiales contempladas en el artículo 728 del Códifo Civil para este tipo especial de testamentos, violando así la norma sustantiva por omisión.
El Tribunal Superior al evaluar la escritura publica (sic) 1100 contentiva del testamento abierto, le restó mérito probatorio a que en ella misma consta (ver foja 66) que la disposición testamentaria de la testadora es la que aparece en la respectiva minuta preparada por abogado idóneo, con nombre, apellido y generales completos. El Tribunal Superior, de haber apreciado adecuadamente el texto de esta escritura, habría concluido que se trataba de un testamento abierto regido por reglas especiales, aplicando entonces la norma especial que lo regula lo cual no hizo, violando normas sustantivas de derecho, por omisión." (f.442)
Como disposiciones vulneradas se apunta a los artículos 781, 836 y 885 del Código Judicial, al igual que los artículos 728 y 1727 del Código Civil.
El error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba se origina cuando el juzgador le otorga a un medio probatorio un valor que no tiene por Ley. J.F.P. explica:
"...El error de derecho se produce: 1° Cuando a un medio de prueba examinado se le da un valor probatorio que la Ley no reconoce... 2° Cuando a un medio probatorio, producido con el lleno de los requisitos legales, se le examina pero se le niega el valor probatorio que la Ley le asigna... 3° Cuando la Ley requiere un medio específico y se le da valor a otro distinto. 4° Cuando se le reconoce valor a una prueba que se ha practicado sin las formalidades legales... 5° Desfiguración (suposición o cercenamiento de un medio probatorio)." (Casación y Revisión, P. 180).
La casacionista acusa la indebida ponderación de la minuta de testamento abierto de L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.), por cuyo conducto expresa por escrito su última voluntad (fs.63-64), así como la Escritura Pública N°1100 de la Notaría del Circuito de Veraguas, en un punto en concreto, la constancia de que el instrumento se confeccionó conforme a la referida minuta (f.66).
Ahora bien, la causal de fondo por error de derecho en la apreciación de la prueba supone que las pruebas señaladas por la censura hayan sido ponderadas en el fallo impugnado en casación, pues de lo contrario estaríamos ante el escenario de una prueba que no fue tenida en cuenta, supuesto propio de otra causal -excluyente de la que nos ocupa-, el error de hecho sobre la existencia de la prueba.
Tal aclaración obedece a que del contenido de la sentencia de segundo grado, no se desprende que el Tribunal Superior haya justipreciado la minuta del testamento abierto de L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.). Si no fue tomada en cuenta al momento de resolverse la alzada no fue valorada, por tanto es imposible se produjera un yerro en su apreciación.
Respecto a la Escritura Pública N°1100 de la Notaría del Circuito de Veraguas, mediante la cual se protocolizó el testamento impugnado, pierde de vista la censura que la nulidad decretada por el Tribunal Superior se apoya de manera primordial en la opinión de peritos grafotécnicos, quienes dictaminaron que la firma de L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.) no pertenece a la misma.
Ante una prueba pericial que arroja como resultado la falsedad de la firma -lo que vicia la disposición testamentaria por falta de voluntad de la otorgante-, queda desvirtuada la presunción de veracidad que la Ley reconoce a los instrumentos públicos. Esto evidencia que el documento público en cuestión, por sí solo, ya no acredita que en el acto de otorgamiento del testamento de L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.) se siguieron las reglas descritas en la Ley para los testamentos abiertos.
Descartados los cargos de ilegalidad referentes a la causal por error de derecho en la apreciación de la prueba presentada por YOLANNIS JIMÉNEZ de PINZÓN, corresponde a la Sala atender el recurso de casación presentado por los también demandados JOSÉ DEL CARMEN V. QUINTERO, I.V.Q. y M.E.Q. de V. (fs.445-452), quienes invocan la misma modalidad de causal de fondo, la cual consta tres motivos:
"PRIMERO: El Tribunal de la Alzada, al confirmar la sentencia apelada, dictada por el Juez de la Causa, valoró erradamente el contenido de las pruebas documentales públicas (el testamento en cuestión y fotocopias de las pruebas caligráficas de la firma de la causante en otro proceso penal) allegadas a la encuesta (fojas 7 a 9, 63 a 64, 254 a 264, 270 a 273, 280 a 283, 330 a 334); ya que, este Tribunal, no aplicó las reglas de la sana crítica, que lo obligaban a confrontar estas pruebas documentales públicas con el resto del acerbo (sic) probatorio y que, de haberse valorado correctamente, se habrían negado las pretensiones del demandante, puesto que, la de cujus L.M.M. Vda. De Vega (q.e.p.d.), sí firmó personalmente, tal como lo declaran los testigos actuarios que intervinieron en el Protocolo de la Escritura Pública 1100, de la Notaría del Circuito de Veraguas, que recoge el testamento abierto de la causante ya referida allegado a los autos (fojas 7 a 9 y 63 a 64), como las fotocopias autenticadas (fojas 254 a 264, 270 a 273, 280 a 283, 330 a 334) de su firma variable en su caligrafía, por tratarse de una persona analfabeta y de edad avanzada, que sólo sabía garabatear su firma, con símbolos gráficos variables entre una firma y otra y muy similares a la consignada en el testamento, lo cual, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo atacado.
El Tribunal de Segunda Instancia, al confirmar la sentencia apelada, proferida por el Juez del Conocimiento, valoró erradamente la prueba pericial grafo técnica presentada por los peritos E.A.M.G. y la perito G.G. de Quezada (fojas 120 a 156), al basarse éstos únicamente en una sola firma de la de cujus comparada con la cédula de identidad personal, que no es coetánea con la del testamento y tampoco se comparó con otras firmas de la causante de la época, por lo que, dicho peritaje -insistimos- se le ha dado un valor excesivo de plena prueba, cuando el mismo, confrontado con el resto del acerbo (sic) probatorio, apenas tiene un valor insignificante, pues el mismo está preñado de afirmaciones subjetivas, conclusiones ligeras y afirmaciones sin bases fácticas y objetivas, que se haberse valorado correctamente, se habría negado las declaraciones impetradas por el demandante, todo lo cual, influyó sustancialmente en lo resolutivo del fallo impugnado.
El Tribunal de Apelación, al confirmar la sentencia impugnada, dictada por el a quo, valoró erradamente las pruebas testimoniales (fojas 211 a la 215) de la testigo S.B.G. (fojas 216 a la 221) de la testigo Yanie Arosemena Canto, (fojas 222 a 228) del testigo R.J.G.C., que son contestes en la circunstancia de tiempo, modo y lugar, por lo que, dichos testimonios tienen el valor de plena prueba, al aplicársele las reglas de la sana crítica, con lo cual, de haberse valorado correctamente, dichas deposiciones, se hubiesen negado las pretensiones del demandante; ya que, dichos testimonios confirman que la firma del protocolo de la Escritura No. 1100, del 26 de agosto de 1996, expedida por la Notaría del Circuito de Veraguas, que recoge el testamento abierto de la de cujus ya referida, fue suscrito por ella, con base en minuta entregada por el Licdo. J.C.S. y firmado el protocolo personalmente por la causante antes mencionada y en presencia del notario y los tres testigos que intervinieron en el acto, todo lo cual, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo atacado." (fs.446-447)
Las disposiciones identificadas por las casacionistas como infringidas por el Tribunal de Apelación son los artículos 781, 836, 980 y 917 del Código Judicial, así como los artículos 776, 727 y 1720 del Código Civil.
En el primer motivo se arguye que la copia autenticada del testamento elevado a escritura pública (fs.7-9), la minuta (fs.63-64) y diligencias de ejercicio caligráfico realizadas a L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.) ante la Fiscalía de Circuito de Los Santos (fs.270-273 y 280-283), no fueron confrontadas con el resto del material probatorio.
En ese sentido, señalan dos elementos de prueba en concreto, las atestaciones de S.B.G. (fs.211-215), YANIE AROSEMENA CANTO (fs.216-221) y R.J.G. CANTO (fs.222-228), quienes según la censura reconocieron a L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.) como firmante del testamento, y la copia autenticada de los mencionados ejercicios caligráficos, asegurando que por tratarse de una persona analfabeta y de edad avanzada se limitaba a garabatear su firma.
El cargo de ilegalidad probatorio en el segundo motivo está dirigido a los informes periciales presentados por E.A.M.G. (fs.120-124) y G.G. DE QUEZADA (fs.125-132), alegando su errada valoración debido a que el único documento usado por los peritos para el cotejo de la firma no es coetáneo al testamento, soslayando la comparación con firmas de la misma época.
En el tercer motivo se asevera la indebida ponderación de los testimonios de S.B.G., YANIE AROSEMENA CANTO y R.J.G. (fs.211-215, 216-221 y 222-228), quienes coinciden en que el protocolo de la Escritura Pública N°1100 de 26 de agosto de 1996, contentivo del testamento de L.M.M. vda. de V. (q.e.p.d.), fue suscrito por dicha persona, con base en una minuta aportada, en presencia del N. y los tres declarantes en calidad de testigos instrumentales.
Como ya hemos mencionado, la pretensión de nulidad formulada por E.A.V.V., reconocida en segunda instancia, proviene de que la firma en la disposición testamentaria no pertenece a la causante, lo que, de ser cierto, acarrea de manera imperativa su nulidad por ausencia de voluntad.
Para justificar el convencimiento de que la causante no firmó la disposición testamentaria, el Tribunal de segunda instancia se apoyó en los informes periciales rendidos por E.A.M.G. y G.G. de QUEZADA; los testimonios de S.B.G., YANIE AROSEMENA CANTO y R.J.G., quienen fungieron como testigos instrumentales del testamento abierto; y como prueba indiciaria el hecho que la causante, con residencia en la provincia de Los Santos, a su avanzada edad se trasladara hasta la provincia de Veraguas a testar.
Debido a la prueba pericial decretada por el juez de conocimiento, se incorporaron al expediente los informes periciales de E.A.M.G. y G.G. de QUEZADA. Ambos coinciden de manera categórica que la firma en el testamento abierto atacado por nulo no es la misma que la contenida en el documento de identidad personal de L.M.M. Vda. DE V..
Veamos algunas de las observaciones que exponen en sus informes:
E.A.M.G. (perito del tribunal)
"Al realizar el análisis físico comparativo en el caso que nos ocupa y luego de cotejar la firma cuestionada con la utilizada como elemento de comparación observamos que existen automatismos o características caligráficas diferentes entre ellas de las cuales mencionamos: Presión e inclinación relativa, calidad de línea, continuidad, automatismos individuales tales como forma de cada una de las letras que componen la firma.
Sobre la base de lo observado y tomando en consideración lo antes descrito concluyo que NO se puede señalar a L.M.M. VIUDA DE V. como autora de la firma cuestionada." (f.123) (lo resaltado es de la Sala)
G.A.G. DE QUEZADA (perito del actor)
La persona que trató de imitar la firma de la sra. L.M.M.V.. DE V.; utilizó un patrón para intentar falsificar dicha firma. Se trata de una imitación servil.
Una vez realizada todas las investigaciones, comparaciones, estudios técnicos y científicos en este estudio técnico pericial, obtenemos como resultado que:
La firma que representa a la sra. L.M.M.V.. DE V., que aparece en la tercera foja de la Escritura Pública #1100; fechada 26 de agosto de 1996, NO PERTENECE AL PUÑO Y LETRA DE LA SRA. L.M.M.V.. DE V. con cédula de identidad personal #7-7-6594." (fs.128-129) (lo resaltado es de la Sala)
La perito G.A.G.D.Q. -quien con su informe aporta una extensa hoja de vida incluyendo un acuerdo de esta Corte que la refiere como perito grafotécnica a disposición de la jurisdicción- detalla hasta 15 característicias individuales diferentes entre los dos documentos comparados.
Frente a la opinión de los expertos, la censura denuncia que se les concedió un valor probatorio excesivo, aduciendo que para comparar la firma del testamento únicamente utilizaron la cédula de identidad personal de la difunta, la cual no es coétanea, en vez de confrontarla con documentos de la época en que se protocolizó la disposición testamentaria.
Disiente la Sala con la posición de las recurrentes. El que los especialistas en grafotécnica hayan comparado la firma tachada de falsa con un documento que no es contemporáneo con el testamento no le resta valor probatorio. En primer lugar, las conclusiones se sustentan en automatismos, descargas de tinta, bucles, tiempos de confección y presión de escritura, lo cual es inherente a cada persona. Dicho conocimiento no pertenece a la formación específica del Juez, con lo cual deben tener más peso en su decisión las conclusiones de los peritos que el ya comentado argumento de la parte demandada, dado que éste no cuenta con respaldo probatorio en el expediente.
En esa línea de pensamiento, los artículos 967 y 974 del Código Judicial permiten a la contraparte, en este caso la demandada, designar peritos para cuestionar las afirmaciones aportadas por los otros expertos, o para rendir su propia opinión; pero esta facultad no fue aprovechada por quienes ahora recurren en casación.
Los peritajes, al ser coincidentes, fundamentarse en principios técnicos, estar relacionados directamente con el material de hecho, y estar elaborados por expertos sobradamente competentes -la censura no ofrece razones para dudar de sus conocimientos- para dictaminar sobre los datos de infuencia en el proceso, su eficacia probatoria no puede ser desvirtuada por una afirmación de las casacionistas sin prueba que la sustente.
Otra probanza en que se apoya la decisión del Tribunal Superior, cuya ponderación también es motivo de disconformidad por las recurrentes (tercer motivo), son las atestaciones de S.B.G., YANIE AROSEMENA CANTO y R.J.G., quienes fungieron como testigos instrumentales en el testamento cuestionado.
Las demandadas aseguran que los mencionados testimonios confirman que L.M.M. Vda. DE V. suscribió la firma del protocolo de la Escritura Pública N°1100 de 26 de agosto de 1998 de la Notaría del Circuito de Veraguas; no obstante, como se podrá observar, las deposiciones no reflejan certeza de ello:
"...No conozco a L.M.M. vda de V. ...PREGUNTADA: Diga la testigo si realizó alguna gestión para la notaria? CONTESTO (sic): En el periodo de ella como Notaria labore (sic) con ella como testigo. PREGUNTADA: En que (sic) consistía su labor? CONTESTO (sic): Como testigo de los actos públicos en las escrituras que se confeccionaban en la Notaria...
REPREGUNTADA: Diga la declarante si usted intervino o no en el testamento que otorgo (sic) la señora L.M.M. VDA DE V., ante la notaria (sic) del Circuito de Veraguas, y en caso afirmativo si en esa diligencia usted declara o no que conoce a la señora L.M.M. VDA DE V., para los efectos pido se le muestre el testamento? CONTESTO (sic): Mi nombre y mi firma está allí porque yo intervine como testigo...
REPREGUNTADA: Diga la declarante si puede asegurar que L.M.M.V.D.V., fue la persona que firmó el testamento a que se hace referencia ya que usted manifestó que no conoce a dicha señora? CONTESTO (sic): Osea (sic), dije que no la conozco o no la recuerdo por el tiempo que ha pasado y por la cantidad de persona (sic) que tramitan documento en una Notaria (sic), pero al estar su firma allí, se presentó personalmente a declarar o testificar." (fs.211-214)
YANIE AROSEMENA CANTO
"PREGUNTADA: Diga la testigo si conoce a L.M.M. vda. de V., E.A.V.V. y a YOLANNIS JIMENEZ DE P., en caso afirmativo si le une algún vínculo de familiaridad, amistad o enemistad? CONTESTO (sic): A la Licenciada YOLANNIS JIMENEZ DE PINCON (sic), si (sic) la conozco porque trabajaba con ella y a los señores L.M.M. VDA DE V. y al señor E.A.V.V. no los conozco...
REPREGUNTADA: Diga la declarante si puede asegurar que la señora L.M.M.V.D.V., fue la persona que firmó el testamento a que se hace referencia ya que usted manifestó que no conoce a dicha señora? CONTESTO (sic): No puedo reconocerla ya que tantas personas que llegaban a la Notaria no la puedo recordar."(fs.216 y 220)
R.J.G. CANTO
"PREGUNTADO: Diga el testigo si conoce a la (sic) L.M.M. vda. de V., E.A.V.V. y a YOLANNIS JIMENEZ DE P., en caso afirmativo si le une algún vínculo de familiaridad, amistad o enemistad? CONTESTO: Conozco a la señora YOLANIS JIMENEZ DE P., no solo conocimiento en mi hambito (sic) laboral como abogado, en la actualidad no mantengo relacion (sic) con ninguno de los dos, pude haberlo conocido en mi ámbito laboral."
REPREGUNTADO: Diga el declarante para la fecha en que supuestamente L. VDA DE V. otorgó este testamento donde laboraba y específicamente que (sic) tipo de trabajo hacia? CONTESTO: (sic) En ese periodo yo era estudiante universitario y en horas libres gestionaba en el área de la placita (sic), laboraba como mensajeria (sic) a los abogados y colaboraba con las personas que gestionaban en la Notaria (sic)...
REPREGUNTADO: Diga el declarante ya que manifiesta que la señora L.V.D.V., fue la persona que otorgó este documento la puede describir físicamente, ya que ha dado muestra de mucha claridad y lucides (sic) en las respuestas que ha dado?...CONTESTO (sic): No la puedo describir físicamente debido a los 16 años que han pasado desde aquel momento." (fs.222, 226-228)
Ninguno de los testigos instrumentales logra afirmar que conocían o conocieron a la otorgante. En su lugar presumen que la testadora firmó el protocolo simplemente porque vieron sus rúbricas en el documento, aspecto que deja serias dudas teniendo en cuenta que los declarantes reconocen haber intervenido como testigos instrumentales en la protocolización de varios actos en la notaría de circuito de la provincia de Veraguas.
Lo antes anotado, pretexto dado por los testigos para justificar la dificultad en recordar a la señora L.M.M. vda. de V., revela una clara contravención al numeral 7 del artículo 713 del Código Civil:
"Artículo 713. No pueden ser testigos en los testamentos:
Los dependientes, amanuenses, criados o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad del N. autorizante."
Debe la Sala resaltar, por el carácter solemne del acto testamentario, la ausencia o deficiencia en las formalidades descritas en la Ley provoca su nulidad. Así lo decreta el artículo 719 del Código Civil al señalar que "Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas en este Título."
Para su validez y eficacia, los testamentos deben reunir rigurosamente, según la clase de forma testamentaria que se trate, las solemnidades previstas en la Ley. Al respecto, R.D.M.C. explica:
"El derecho positivo consagra que la forma es esencial en el acto testamentario, el cual para que tenga existencia jurídica y produzca sus efectos propios, ha de ajustarse rigurosamente a las solemnidades establecidas. Las solemnidades tienen por objeto garantizar la libre manifestación de la voluntad del testador, su segura conservación y prueba." (Derecho de Sucesiones, p.151)
Dentro de esas formalidades esenciales está la participación de un número determinado de testigos idóneos. A modo de ejemplo, deben conocer al testador y no encontrarse en algunas de las causas de incapacidad descritas en los artículos 713 y 714 del Código Civil, este último si se trata de un testamento abierto.
Conviene recordar, tal como se reprodujo en párrafos precedentes, por orden del artículo 717 del Código Civil, en las disposiciones testamentarias es imperativo que los testigos conozcan al testador, condición que no satisfacen S.B.G., YANIE AROSEMENA CANTO y R.J.G., a pesar que en el protocolo en que intervienen se deja consignado que "conocen el (sic) Testador (sic)" (ver foja 8).
Aún cuando el quebrantamiento de las solemnidades descritas, concernientes a los testigos instrumentales, no fue lo que provocó la declaratoria de nulidad del testamento -el demandante alegó la falsedad de la firma de la otorgante y la sentencia de segunda instancia es congruente con ello- la Sala lo resalta a fin de apreciar que, desde otro angulo, los testimonios tampoco son favorables a la causa de las recurrentes.
Finalmente, respecto a la discrepancia de las casacionistas con la apreciación en el fallo de segundo grado con la copia autenticada del testamento elevado a escritura pública (fs.7-9), la minuta (fs.63-64) y las diligencias de ejercicio caligráfico ejecutadas por L.M.M. vda. de V. ante la Fiscalía de Circuito de Los Santos (fs.270-273 y 280-283), argumentan que la variación en la firma de la difunta se debe a su avanzada edad y a que era analfabeta, ya que solo garabateaba su firma (primer motivo).
De los documentos en comento, la justificación de tal afirmación, interpreta la Sala, se apoya en la copia autenticada de la diligencia de ejercicios caligráficos realizados a la testadora por la Fiscalía del Circuito de Los Santos, el día 10 de enero de 1996 -por cuenta de la sumarias seguidas a DORIS ENCIDA V. DE LOS RIOS por el presunto delito contra la fe pública en perjuicio de L.M. vda. de V.-, en la que aparece lo siguiente:
"Se deja constancia que la señora L.M.V.. DE V. quien se encuentra practicando dicha diligencia en estos momentos es una señora de avanzada edad, y debido a su estado físico no puede seguir las diligencias de ejercicios caligráficos en las demás posiciones que se requieren para esta, se da por terminada la misma la cual de ser leída y encontrada conforme se firma por todos los que en ella han intervenido." (f.255).
La Sala es del criterio que lo transcrito no basta para demostrar que las firmas de la causante, al momento de otorgarse el testamento, eran disímiles.
Es plausible entender que por su edad, la causante se fatigara en repetir, en la posiciones y el número de veces que se le solicitara de manera seguida para la prueba caligráfica, su firma, pero no es suficiente para deducir que cada una de sus firmas en aquel momento eran diferentes.
Tal generalización, huérfana de argumentos y pruebas que lo acrediten al menos como probable, deja la afirmación de la censura como una opinión altamente subjetiva. Menos aún consta en autos que L.M.M. vda. de V. fuera analfabeta; ni siquiera en los ejercicios caligráficos apuntados por las recurrentes se deja constancia de ello.
En definitiva, los principales elementos de prueba que las casacionistas aducen como indebidamente ponderados -los peritajes y los testimonios de quienes sirvieron como testigos instrumentales- llevan a la convicción de que la causante no firmó el protocolo -a esto se le suma el hecho indiciario de que una persona de avanzada edad residente en la provincia de Los Santos, se traslade fuera de su circunscripción hasta la provincia de Veraguas para formalizar su última voluntad-, razón que tampoco permite prosperar la causal por error de derecho en la apraciación de la prueba invocada por J.D.C.V.Q., I.V.Q. y M.E.Q. de V..
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 15 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario incoado por E.A.V.V. contra Y.J. de PINZÓN, M.E.Q. de V., J.D.C.V.Q., I.I.V.Q., C.A.V., D.E.V. de CASTILLERO y D.E.V. de DE LOS RIOS.
La condena en costas a cada una de las recurrentes se fija en B/.150.00