Source: https://it.scribd.com/document/394786479/Ponencia-Procedimiento-Penal-Adolescente-Expositora-Luz-Rocio-Fleitas-Villarrica-Modulo-I
Timestamp: 2020-08-11 09:45:19
Document Index: 333177130

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo 232', 'Artículo 1', 'Artículo 17', 'Artículo 13', 'Artículo 37', 'Artículo 232', 'artículo 198', 'artículo 200', 'Artículo 3']

Ponencia. Procedimiento Penal Adolescente. Expositora Luz Rocio Fleitas. Villarrica Modulo I. | Derecho penal | Ley procesal
SalvaSalva Ponencia. Procedimiento Penal Adolescente. Exposit... per dopo
Articulo 19 Ley 20000 Cometer Delito Detencion SD y As
STENGLEIN, Gudrun. Condición femenina y delincuencia. Estudio comparado hispanoalemán.pdf
Abg. LUZ ROCIO FLEITAS
EL AMBITO PENAL DE LA
- Al menor de edad se le reconocen los derechos y garantías del derecho penal de
- Se considera al menor de edad responsable por los actos ilícitos que realice.
- Se establece una jurisdicción especializada y autónoma para el juzgamiento de los
delitos cometidos por los menores de edad.
- Se limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia penal.
- Se establece una amplia gama de sanciones (socio-educativas).
- Las sanciones se basan en principios educativos.
- Se reduce al mínimo las penas privativas de libertad.
- Se da atención a la víctima bajo la concepción de la reparación del daño.
- La sanción tiene una connotación negativa, el menor de edad tiene que cargar con las consecuencias de sus actos.
C.N.A. LIBRO V, legislación
especial que establece un
tratamiento diferenciado del
que se aplica a los adultos en
consideración a la condición
jurídico –social del menor de
• El art. 192 señala que para la
aplicación de este código la
condición de adolescente debe
darse al tiempo de la
realización del hecho,
art. 10 del C.P.
• En ese sentido la Ley 2169/03
establece que adolescente es
toda persona humana desde los
14 hasta los 17 años de edad.
Por política criminal el legislador dispuso que el sistema penal paraguayo prescinde de la persecución penal de los hechos punibles atribuidos a personas que no hayan cumplido aun los 14 años, es decir en los términos del art. 21 del C.P. son considerados inimputables; y el trámite adoptado por la legislación especial es que los niños que se encuentren en esta situación deben ser puestos a disposición de la CODENI de su ciudad; para que estos a su vez se encarguen de la entrega a sus padres o adopten la medida más adecuada para el mismo.-
• Al no ser imputable en razón de la edad, el menor ingresa al ámbito de protección y le son aplicables las medidas de protección y apoyo previstas en el art. 34 C.N.A.
• El ministerio público en ese caso será el
encargado de efectuar la comunicación a la
Codeni, en base al interés superior del niño. Art. 236 segundo párrafo.-
Según la dogmática jurídica la IMPUTABILIDAD es la condición que debe reunir un sujeto para que responda por su acción. Jurídicamente sabemos que es la capacidad del sujeto para conocer el acto y dirigir sus acciones conforme a ese
Los elementos son: * capacidad de comprender lo injusto del
* capacidad de dirigir la actuación conforme a dicho
entendimiento.-
La ley penal se aplicara en consecuencia a la franja etárea de los
A partir de los 18 años ya rigen las normas sustantivas y procesal
PRORROGA ESPECIAL DE LA COMPETENCIA
Si en el transcurso del procedimiento se comprobase, que la persona
a quien se atribuye la comisión de un hecho punible era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho, el juzgado penal de la adolescencia se declarará incompetente y remitirá los autos al
juzgado penal que corresponda.-
Si fuese menor de 14 Años, cesará el procedimiento y deberá
informarse a la CODENI, del municipio en que reside el niño, para
su intervención.-
Si la persona a quien se imputa un hecho punible REALIZADO
DURANTE LA ADOLESCENCIA, fuera procesada después de haber cumplido 18 años, pero antes de alcanzar los 20 años de edad, se prorrogará la competencia del juzgado penal de la adolescencia
hasta completar el proceso siempre que no hubiera prescripto la
Prórroga especial de la
•En el caso de que el imputado ya tuviese 20 años de edad o más la competencia
corresponderá al fuero penal común, siéndole
aplicables las disposiciones penales generales, salvo en lo relativo a la duración de la pena,
que se regirá por lo establecido en este código.
Art. 237 C.N.A.
•Para la aplicación del C.N.A., entonces la condición de adolescente debe darse al tiempo de la realización del hecho. (art. 10 C.P.)
Uno de ellos es la EDAD y el otro la MADUREZ SICOSOCIAL
Si bien el legislador establece como primer
requisito haber alcanzado la edad de 14 años; dispone como segundo requisito de carácter excluyente; que el adolescente al momento de realizar el hecho debe tener la madurez psicosocial suficiente, en caso de no ser así, dispone que el juez podrá en ese caso ordenar medidas de protección y apoyo, previstas en el art. 34 del C.N.A.-
Madurez sicosocial
El adolescente que siendo presuntamente imputable por razón de la edad, pasará a ser irreprochable, si al momento del hecho no ha podido conocer la criminalidad del acto y dirigir sus acciones conforme a ese conocimiento, por falta de madurez sicosocial
suficiente; por tanto no cabe acudir a ninguna sanción, se
le aplican medidas de protección y apoyo. Según el Art. 194 C.N.A.
• El adolescente solo adquiere responsabilidad penal, cuando su capacidad de entendimiento se halla tan desarrollada, como para comprender el injusto material de su hecho particular.
• Sin embargo no basta con que el se halle en condiciones de advertir el injusto del hecho, sino también debe tener la capacidad de conformar su voluntad según esa comprensión.
• En el adol. Su facultad de entendimiento suele encontrarse desarrollada, pero aun le falta la fuerza de voluntad (autonomía)
para oponerse a la presión recibida para cometer un hecho
• Un joven relativamente mayor, es convencido por su profesor de deportes para realizar robos en común, y no se atreve a materializar su rechazo interno frente a
la autoridad, representada por aquél.
• Un joven de conducta incuestionable, va quitando pertenencias a su amigo, debido ello a que no puede resistirse al deseo de posesión que domina repentinamente su vida.-
• El estudio sicosocial esta destinado a determinar la reprochabilidad del adolescente
• Es decir ante un hecho punible atribuido a un adolescente de entre 14 a 17 años, no puede concluirse por regla general que siempre es
responsable jurídico penalmente, la ley exige que los presupuestos
de madurez sicosocial, conocimiento de la antijuridicidad del hecho, y capacidad de determinación conforme a ese conocimiento, sean constatados en cada caso concreto.
• Comprobación minuciosa e individual y en caso de duda, se debe admitir la falta de responsabilidad del adol.
• El operador jurídico se debe sobreexigir para constatar esa
interrelación entre madurez y capacidad de compresión y de acción, ello a través de la psicología del desarrollo, diferencias
estructurales o sociales etc para dicha valoración judicial.-
• El estudio sicosocial entonces esta destinado a determinar la reprochabilidad del adolescente. El art. 194 del C.N.A. y su concordante 427 C.P.P., obliga bajo pena de nulidad la realización
del mismo a fin de determinar si el imputado al momento de la
comisión del hecho, tenía la madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho, y para determinarse conforme a ese conocimiento, a los efector de concluir si podría ser o no
penalmente responsable.-
• Los presupuestos de MADUREZ SICOSOCIAL, CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD DEL
HECHOY LA CAPACIDAD DE DETERMINACIÓN
CONFORME A ESE DE CONOCIMIENTO, deben ser constatados en cada caso antes de la determinación de responsabilidad. En caso de duda in dubio pro reo
DETERMINACION DE LA EDAD.
Para el caso en que existan dudas acerca de la
verdadera edad del sujeto procesado el código establece la siguiente presunción:
entre niño o adolescente, la condición de niño y
entre adolescente y adulto, la condición de adolescente. Art. 2 del C.N.A.
Por su parte el c.p.p. 427 inc 2 dispone el aspecto formal
de la determinación de la edad en el proceso; el cual se
efectuara en primer termino a través del certificado de nacimiento, pero a falta de este, el juez resolverá en base al dictamen pericial, efectuado por un medico forense
acreditado o por dos médicos en el ejercicio de su profesión.
Señala además que deberá intervenir además, un
psicológico forense, quien agregara sus conclusiones en el dictamen.
El plazo para la presentación del dictamen no podrá exceder de 72 hs. después de notificada la resolución que
LICACIÓN SUPLETORIA DE LAS DISPOSICIONES DEL CODIG
responsabilidad penal del adolescente infractor son objeto de
profundos replanteos. Pues la norma especial introduce una clara diferencia de trato para adolescentes frente a los adultos.-
partir de la vigencia del C.N.A. los criterios que dominan la
El art. 193 C.N.A establece: las disposiciones generales se aplicaran solo cuando este código no disponga algo distinto. El código penal y
el código procesal penal tendrán carácter supletorio.-
Concordante con el art. 231 C.N.A. el procesamiento de un adolescente por la realización de un hecho punible, será regido por
disposiciones del código procesal penal, en cuanto este código no
disponga algo distinto.
SUPLETORIEDAD DEL CPP.
Y por su parte el código penal señala: este código se aplicara a los hechos punibles realizados, por menores salvo que la legislación sobre menores infractores disponga lago distinto art. 12.
Entendemos que con esta previsión (aplicación supletoria de la ley penal) que el legislador pretende asegurar y garantizar que el adolescente imputado por
la comisión de un hecho punible no sea tratado como
adulto, su condición de persona en estado de desarrollo requiere un tratamiento especial.-
INICIO DE LAS INVESTIGACIONES:
•El adolescente no puede ser indagado por el Agente
Fiscal como si lo hace en lo procesos penales que involucran a adultos, la declaración indagatoria en
materia de adolescentes es solo facultativa del Juez Penal
de la Adolescencia, por lo que el procedimiento
establece que al momento de la constatación de la
minoridad del procesado, se activan las garantías
previstas en su favor.
Art. 427 inc. 3 C.P.P.-
• debiendo el agente fiscal interviniente; poner al adolescente a disposición del juez penal de la adolescencia dentro del plazo perentorio e
improrrogable de 24 hs desde su aprehensión,
para que el juez lo oiga bajo las formalidades del art. 423 inc 3, lo cual constituye la
audiencia de declaración indagatoria y de
imposición de medidas para el adolescente, que debe realizarse en presencia de su abogado
defensor bajo pena de nulidad.
IMPOSIBILIDAD DE APREHENCION SIN
ORDEN JUDICIAL.-
•El Art. 427, inc…4. establece acerca del Régimen de
libertad, señalando que un adolescente solo podrá ser privado de su libertad por la policía cuando fuere sorprendido en flagrancia; en caso contrario cuando los investigadores; tengan la sospecha razonable acerca de la participación de un adolescente en un hecho punible, solo podrá solicitar al juzgado la orden de detención, pues es éste órgano el único habilitado legalmente para disponer dicha media.-
Las aprehensiones efectuadas por la P. N. sin contar con la orden judicial correspondiente, constituyen en base a las normas invocadas un acto ilegítimo, para fundar un auto de prisión preventiva y en
caso de ser decretada deviene ilegal y arbitraria.
Art. 37 …b) C.D.N ningún niño será privado de su libertad ilegal o
Art. 7 inc. 2 Pacto de San José de Costa Rica: nadie puede ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones o leyes. 3 nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.-
Orden jurídico y
• Es sabido que el orden jurídico impone que el estado debe proteger el interés social. Sin embargo el mismo orden jurídico establece limites a dicha intervención estatal.
• La represión de los hechos punibles debe lograrse respetando los derechos de la persona sindicada de cometerlo.
• Para ello el ordenamiento jurídico procesal, contiene un catálogo de garantías fundamentales que hacen al debido
proceso. Esto para todo procesado pero con mayor énfasis
tratándose de adolescentes quienes por su condición se encuentran en un estado potencial de mayor indefensión y los efectos del proceso penal probablemente le sean mas nocivos.
Fallo T. Apel.
“ El imputado fue aprendido sin orden judicial, constituyendo este el primer acto ilegal, dado que en los casos de adolescentes solo podrá ser privado preventivamente de su libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia o por orden judicial escrita”
(A.I. Nº 5, “M.M. S/ Homicidio doloso”, Tribunal
Penal de la Adolescencia de la capital 2004)
LAS MEDIDAS CAUTLARES
El artículo 232 del Código de la Niñez y
Adolescencia, el cual dispone “…LAS
MEDIDAS PROVISORIAS. Hasta que la sentencia quede firme, el Juzgado Penal de la
Adolescencia podrá decretar medidas provisorias con
el fin de promover la educación y de garantizar las
prestaciones necesarias para el sustento del procesado.
• El Juzgado Penal de la Adolescencia podrá ordenar la internación transitoria del adolescente en un hogar adecuado, en espera de las medidas definitivas resultantes del proceso, si ello fuera recomendable para proteger al adolescente frente a influencias
nocivas para su desarrollo y el peligro presente de la
realización de nuevos hechos punibles…”.
medida restrictiva a la libertad
Las medidas provisorias deben ser dispuestas por el juzgado penal de la adolescencia; al momento de recepcionar el acta de imputación e iniciar el
procesamiento del adolescente; constituyen las primeras
medidas dispuestas atendiendo a las características personales del sujeto así como también la naturaleza del
hecho que le es atribuido.-
Se valorará el contexto sociambiental que lo rodea, por
lo que el principio de inmediatez es fundamental para la
adopción de la medida mas adecuada, tendiente al logro de la finalidad educativa del proceso.-
LA PRISION PREVENTIVA DEL ADOLESCENTE Y SUS FUNDAMENTOS
La privación de libertad es de carácter excepcional, y debe aplicarse solo como última alternativa, cuando las demás medidas no sean suficientes para garantizar la realización del proceso y la obtención de sus fines.-
Así también rige en su aplicación el principio de subsidiaridad en virtud al cual ella ha de ser impuesta solo cuando no existan otras
medidas a través de las cuales se logren los objetivos del proceso o
las mismas no sean suficientes para garantizarlo.
En este fuero se exige para la aplicación de dicha medida, que el juez penal de la adolescencia; justifique las razones por las que se considera que las demás medidas previstas no serian suficientes para garantizar la realización del proceso.
Instrumentos que reglamentan la
Las Reglas de N.U. para la protección de los menores
privados de libertad señalan: Artículo 1: El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de
los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El
encarcelamiento debería usarse como último recurso. Art. 9.4 pacto de derechos civiles y políticos: la prisión preventiva
de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general, pero su libertad deberá estar subordinada a garantías que aseguren su comparecencia.
Art. 19 C.N. la prisión preventiva solo será dictada
cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio.
• Artículo 17. En la medida de lo posible deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales, la detención antes de la celebración del juicio. En
consecuencia, deberá hacerse todo lo posible para
aplicar medidas sustitutorias.
• Las (Reglas de Beijing) disponen: "Artículo 13.1: Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso durante el plazo más breve posible"
LA MEDIDA SERA DISPUESTA EN BASE A LOS
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE NUTREN EL
Convención de los Derechos del Niño establece:
"Artículo 37.b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la
prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley
y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda“
La medida debe ser estrictamente necesaria e idónea para contrarrestar el peligro que se trata de evitar.
Se divide en 3 sub principios, NECESIDAD a traves del cual
toda ingerencia a un derecho fundamental debe ser el ultimo
recurso, de modo que si el fin puede lograrse por otros medios que representen una menor intervención, debe optarse por ellos.
IDONEIDAD exige que la prisión sea el medio adecuado para
contrarrestar el peligro q se trata de evitar. Proporcionalidad consiste en la prohibición de exceso que obliga
a determinar si la restricción de los intereses individuales q
representa la medida guarda relación adecuada con la importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar.
El juzgador debe pronunciarse sobre las razones por las
cuales considera proporcionada la medida cautelar y no
suficiente las demás medidas menos lesivas, a través de razones objetivas amparadas legalmente y debidamente
respaldadas en la causa.
Es el deber natural de fundamentación de los jueces con la
amplitud y particularidades del proceso penal juvenil. No
se trata de apreciaciones subjetivas, sino razones objetivas amparadas legalmente y debidamente respaldadas en la
causa traducido y expuesto en el resuelve. De manera tal
que las partes puedan controlar el inter-lógico seguido por
DEBER DE FUNDAMENTAR
• Es el órgano jurisdiccional como garante de los derechos del adolescente, quien esta obligado a seguir lo presupuestos fijados en el art. 233 del C.N.A. o en su defecto justificar los motivos por los cuales no fueron dispuestas medidas menos gravosas, dando
fundadas razones de la aplicación de la prisión
preventiva, conforme lo impone la norma específica.
• T. Apel. R.G. s/ Hurto Agravado.-
C.N.A. Art. 233. De la
• La prisión privativa de un adolescente podrá ser
decretada sólo cuando con las medidas
provisorias previstas en el Artículo 232, primer párrafo, de este Código no sea posible lograr su
*La necesidad de educación
• *Proteger al adolescente frente a influencias nocivas
• *Garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado
• *Peligro presente de la realización de nuevos hechos
• Las necesidades estatales de aplicación del derecho penal jamás deben sacrificar las libertades y derechos fundamentales de las personas.
• Daniel Pastor señala que la manifestación más importante de la
tensión entre las necesidades del estado y las libertades fundamentales, se refleja en los opuestos PRISION o LIBERTAD, durante el proceso penal:
• El encarcelamiento preventivo asegura del modo más firme la
realización del juicio y la eventual aplicación de la pena, pero
vulnera de la manera más cruenta y brutal los derechos fundamentales del imputado
• Es entonces al derecho procesal penal al que le corresponde establecer el punto de equilibrio, pero para ello debe tener muy claro los lineamientos básicos que le establecen la Constitución
y los pactos de Derechos Humanos para saber hasta donde “el
péndulo de los riesgos procesales se orientará hacia la vulneración de los derechos fundamentales del imputado y en que casos será el estado quién deberá soportar los riesgos de
respetarlos. (Proceso penal y Derechos Fundamentales).-
• Al considerar la proporcionalidad de la medida, se tendrá en cuenta la carga emocional que la ejecución de la misma implica para el adolescente.
• En caso de decretar la prisión preventiva, la orden debe manifestar expresamente las razones por las cuales otras
medidas, en especial la internación transitoria en un hogar, no
son suficientes y la prisión preventiva no es desproporcionada.
Se identifica con la prohibición de exceso, debe existir equilibrio entre intereses enfrentados. Idónea, necesaria
• Reglas de Beijing. 5.1 El sistema de justicia de menores hará
hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcional a las circunstancias del delincuente y del delito.
Art. 207 CNA: “ A los efectos de la medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal común. La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa a favor del condenado.
a) en el mismo procedimiento ya se haya fugado con anterioridad o
b) no tenga arraigo…” Si en el proceso penal ordinario se considera
a la prisión como última ratio, en el proceso de adolescentes
infractores, la misma constituye la última de la última ratio por su
condicionamiento de excepcionalidad, previo a la imposición de las
medidas provisorias citadas antecedentemente
• En el caso en estudio no existe la conjunción de los presupuestos, señalados para que pueda mantenerse la prisión preventiva. No se practicaron estudios especializados, ni se produjeron informes psicosociales
sobre el encausado, para que el judicante pueda evaluar, la carga emocional que la prisión preventiva implica para
el adolescente. B.Q. s/ R.A.
• Se advierte una censurable orfandad de toda actividad destinada al examen de la situación del adolescente, a los fines de satisfacer siquiera mínimamente, la prescripción
contenida en el art. 233. no se practicaron estudios
especializados si bien fueron ordenados, ni se produjeron estudios sicosociales para que el judicante tenga frente a
sí toda la constelación de elementos evaluables, cuya
ponderación era inexcusable, para evaluar la carga emocional que la prisión preventiva implica para el
adolescente. C.Z. S/ R.A.
La juzgadora ha partido de premisas erradas, al aplicar como primera ratio la prisión preventiva, es decir directamente la
medida mas gravosa, sin explicar los motivos o las razones,
por los cuales las medidas no son suficientes apartándose de
las disposiciones de la convención, asimismo hizo letra muerta del art. 233 los presupuestos para ordenar la prisión preventiva difieren del derecho penal común teniendo en cuenta su finalidad que es eminentemente educativa y de protección.
• No se puede aplicar ni mantener la medida mas gravosa alegando que no existe infraestructura o instituciones adecuadas como sostuvo la fiscalía. La juzgadora ha puesto énfasis en el tipo penal, el peligro de fuga y expectativa de
pena dejando de lado las disposiciones del C.N.A., cuando
que debió priorizar la aplicación de dichas normativas por ser las mismas aplicables en caso de infracción cometida por adolescentes. En consecuencia no se advierten razones que
justifiquen mantener la medida impuesta, debiendo la
misma ser revocada, aplicando previamente otras medidas sustitutorias a la prisión preventiva.
• T. Apel. As. 2007. O.R. s/ robo agravado.-
Celeridad y limitación
• La duración de la medida cautelar no puede superar, la duración mínima de la medida privativa de libertad, a la cual puede ser condenado un adolescente conforme lo dispone el art. 207 del
C.N.A concordante con el art. 19 C.N. en ningún caso la misma se
prolongará por un plazo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito en el auto respectivo.
• Art. 236 C.P.P. la privación de libertad durante el procedimiento
deberá ser proporcional a la pena que se espera. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho en la
ley, concordante con el 252 inc 2 y 4, revocación de la p.p. cuando
su duración supere o equivalga al mínimo de la pena prevista
• Cuando el adolescente se encuentra privado de su libertad las autoridades judiciales tenemos el deber de tramitar la causa con mayor celeridad, conforme lo dispone el art. 5 de la
Convención, por los efectos aflictivos que dicha privación
ocasiona al ser humano. El legitimo derecho de la sociedad de adoptar todas las medidas de precaución para defenderse del adolescente, no puede excluir el respeto del debido proceso y la
libertad individual. En razón de ello es obligación adoptar con mayor mesura las medidas que la restrinjan y evitar la violación de las garantías consagradas. C.G. s/ Robo Agravado.
(PENA MINIMA)
• AC. Y S N °1063 …Por haber cumplido este en prisión preventiva la pena mínima que pudiera corresponderle conforme a la ley 1680/01 en su art. 207, con sustento en el atr. 19 C.N., el
Pacto de San José de Costa Rica, los art. 236 y 252 del C.P.P.,
resuelve disponer la libertad del aludido prevenido previa adopción de las medidas cautelares que aseguren su comparecencia en juicio por parte del órgano jurisdiccional correspondiente”
• Ver fallo CIDH Instituto de reducación del menor vs py.
LOS MODOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO
• El proceso terminará en forma anticipada:
• a) por las formas establecidas en el C.P.P.; y
• b) por la Remisión
Es un mecanismo procesal de desjudicialización en el tratamiento, jurídico del adolescente, incluso ante una conducta delictiva.
Es una innovación en nuestro sistema, y el mismo cumple con
los estándares y recomendaciones de los instrumentos internacionales que sugieren la minima intervención estatal y
máxima oferta de ayuda y protección. (Reglas de BEIJIN)
• Por ello debe ser implementada esta alternativa de salida a los conflictos procesales como medio de desjudicialización ideado para satisfacer las finalidades de prevención especial y general.
• Consentimiento del Tribunal
• Fiscal podrá prescindir de la persecución penal
• Cuando se den los presupuestos del Art. 19 CPP (oportunidad)
• O cuando hayan sido ordenadas y ejecutadas las
medidas educativas pertinentes
• En las condiciones señaladas, el Juzgado podrá prescindir de la persecución penal en cualquier etapa del
2 ° caso
• El Art. 242 del C.N.A. por su parte establece la posibilidad de que el Juez Penal de la adolescencia pueda disponer la no continuación del procedimiento y, la remisión del mismo a Programas Comunitarios ,
con el apoyo de su familia y bajo control de una Institución.
• CONDICIONES Y REQUISITOS:
• En todas las etapas procesales
• Posibilidad de no continuar el proceso
• Cuando la sanción penal no supere dos años
• Basado en la responsabilidad del adolescente, el daño causado y la reparación del mismo (daño)
• a) Citación a las partes a una audiencia
• b) Acuerdo común de las partes y el Juzgado
• c) Resolución remitiendo al adolescente a
• d) Apoyo de la familia
• e) Bajo control de la institución especializada
• CON LA APLICACIÓN DEL 234 CNA, TANTO EL FISCAL COMO EL JUEZ, PRESCINDEN O RENUNCIAN A LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, LO
CUAL CONLLEVA LA EXTINCIÓN DE LA
• EN TANTO QUE LA REMISIÓN ESTABLECIDA
EN EL ARTICULO 242 CNA, TIENE EL EFECTO
DE SUSPENDER LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, REMITIENDO AL ADOLESCENTE A PROGRAMAS
COMUNITARIOS, FUERA DEL SISTEMA
PANAL, SI EXISTE ACUERDO.
• El Instituto de la Remisión tiende a evitar recurrir a los Tribunales y por consiguiente evadir los efectos estigmatizadores que
significan someter a proceso a las personas en plena etapa de
• Su aplicación promueve la participación de las ONGs y la
comunidad en los programas de apoyo, educación y protección del
adolescente facilitando su reinserción social y hacer efectivo los fines de la prevención especial.
• Por último la Remisión, que entraña la desjudicialización, favorece
la reducción de los costos de la administración de la justicia que siempre serán insuficientes y deficientes para la prestación de un
MODOS ALTERNATIVOS DE CONCLUSIÓN
DEL PROCESO/COMUNES AL PROCESO
• a) Criterio de oportunidad o prescindencia de la persecución penal (Art. 19 CPP)
• b) Suspensión Condicional del procedimiento (Art.21 CPP)
• c) Procedimiento Abreviado (Art. 420 CPP)
• d) La Conciliación (Art. 311 CPP)
• Art. 25 inc. 10.
LAS SANCIONES APLICABLES EN EL PROCESO PENAL ADOLESCENTE
• Hemos dicho que la especialidad de este proceso, encuentra su fundamento principal en la importancia que las consecuencias jurídicas tienen para el adolescente. Que por encontrarse en una etapa de transición al mundo adulto, para lograr su integración social y asumir una función constructiva, necesita una respuesta
claramente diferenciada, del sentido punitivo con que el estado
expresa su reproche respecto de los mayores de edad.
• Ellas tienen una significación negativa, pues comportan una restricción a determinados derechos, aunque su finalidad sea la de reeducar. Deben responder al principio de necesidad y proporcionalidad.
• Art. 196. de las medidas.
• Con ocasión de un hecho punible realizado por un adolescente, podrán ser ordenadas medidas socioeducativas.
• El hecho punible realizado por un adolescente será castigado con
medidas correccionales o privativa de libertad, solo cuando la
aplicación de medidas socioeducativas no sea suficiente.-
• El juez prescindirá de las medidas señaladas en el párrafo anterior
cuando su aplicación, en atención a la internación del adolescente
en un hospital psiquiatrico o centro de desintoxicación sea lo indicado.
• NO se podrá disponer la publicación de sentencia prevista en el art. 60 del Código Penal.-
• A. MEDIDAS DE VIGILANCIA, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD Estas medidas se encuentran normadas por el artículo 198 del C.N.A., las medidas de mejoramiento, son las de internación en un Hospital Psiquiátrico y el de Internación en un establecimiento para la desintoxicación. Ahora bien, al determinar la aplicación de una medida de seguridad la norma establece a la cancelación de la licencia de conducir.
• MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS Las medidas socioeducativas,
se encuentran normadas en el artículo 200 del C.N.A. las cuales en
la medida de la necesidad el juez puede combinar las aplicaciones, las medidas socioeducativas, solo pueden ser establecidas por un
plazo no mayor de dos años.
• MEDIDAS CORRECCIONALES Estas medidas son casi las más severas y se aplican mediante a: La amonestación de conformidad
al articulo 204 del C.N.A, b: resarcir el daño causado, pedir
personalmente disculpas, realizar determinados trabajos, prestar servicios a la comunidad, pagar dinero a una entidad de
beneficencia. (Art. 205 C.N.A.)
• MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Entre las sanciones, más severas dentro del C.N.A. se encuentra la privación de libertad Art. 206 C.N.A, la cual puede ser aplicada al no dar resultado ninguna de las anteriormente
citadas, ya que la aplicación de las medidas
debe ser obligatoriamente en escala, pudiendo ser en un régimen cerrado Art. 215 del C.N.A
y el régimen semi abierto Art. 215 del C.N.A.
Finalidad de las
• Conforme hemos visto la sanción en este ámbito tiene fin de prevención especial positiva. Estos fines obligan a evitar reacciones
punitivas contrarias a la resocialización, es decir a las
consecuencias de la medida en la vida futura del adolescente.
• CN, Art. 20 “Tendrán por objeto la readaptación de los
condenados y la protección de la sociedad”
• CP, Art. 3 ° “Tendrán por objeto la protección de los bienes jurídicos y la readaptación del autor a una vida sin delinquir”.
• Ley 3.440/08 “Artículo 3º.- Principio de prevención. Las sanciones
penales tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad.”
• CNA, Art. 206: “Fomentar su educación y adaptación a una vida sin
Marco penal rector
• Al respecto se puede mencionar que dicha regulación resulta insuficiente, pues no proporciona criterios definidos que fundamenten la
determinación de la medida por parte de los aplicadores de la ley, deben
establecerse reglas precisas para la aplicación de los marcos penales a adolescentes, pues en este ámbito no pueden aplicarse a la hora de establecer la sanción adecuada los parámetros o circunstancias establecidas en el atr. 65 del C.P.
• Así lo sostiene el Tribunal de Apelaciones de la Adolescencia
“el tribunal de sentencia debió seguir el iter lógico establecido en
los instrumentos jurídicos mencionados y no a las pautas del art. 65 del C.P.”
• La garantía del debido proceso debe ser respetada en los procesos en que se hallan involucrados adolescentes, aun en la etapa de ejecución de las
• ART. 215 CNA. LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A NECESIDADES Y POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS, REGÍMENES CERRADOS O SEMI-ABIERTOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE ENTRENAMIENTO SOCIAL
• ART. 218 CNA. EJECUCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DIFERENTE.
• CUANDO SEA NECESARIA, PODRÁ, PREVIO INFORME DE EXPERTOS MODIFICAR, SUSTITUIR O REVOCAR LAS MEDIDAS ORDENADAS. COSA JUZGADA FORMAL NO
MATERIAL. VIGILANCIA DE OFICIO CADA 3
MESES. ART. 167 ÚLTIMO PÁRRAFO CNA.
• Se requiere también la designación de jueces de
ejecución especializados en materia de la adolescencia
para el correcto cumplimiento de los postulados mencionados.
Analizamos el juicio oral como otra etapa procesal donde se identifican disposiciones especiales que diferencian al proceso penal de adolescentes y el
proceso ordinario o de adultos.
Entre las diferencias marcadas del proceso ordinario se individualiza a la división formal obligatoria del juicio oral y público, esta división se produce a los efectos de imponer la cesura del debate al momento de discutir sobre la medición de la sanción penal a ser aplicable.
• Art. 243 C.N.A. El sistema de recursos procedente a favor de la los adolescentes es el mismo que el previsto para los adultos, de conformidad a lo establecido en el C.P.P.
• ART. 244 C.N.A. la casación procederá exclusivamente: a.
cuando en la sentencia de condena se imponga una medida privativa de libertad mayor a 3 años, y se alegue la inobservancia
o errónea aplicación de un precepto constitucional y;
b. En las demás condiciones expresadas en el C.P.P.
como eje transversal
• La necesidad de tener una justicia diferenciada obedece al principio constitucional de igualdad ante la ley, que supone tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, el adolescetne es una persona que requiere ser tratada con todas las garantías constitucionales, más
un adicional cual es atender a su peculiar proceso de
formación, especialmente cuando el déficit cultural y educativo lo han colocado en contacto con el sistema
Tengamos fe en el derecho
como el mejor instrumento
para la convivencia; en la
justicia como el destino normal
del derecho, en la paz como
sustituta bondadosa de la
justicia y sobre todo tengamos
fe, en la libertad sin la cual no
hay derecho, ni justicia ni paz.
(Eduardo Couture).-
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