Source: https://es.scribd.com/document/49292745/Propuesta-legislativa-de-la-Red-LGBTI-de-Venezuela-a-la-Asamblea-Nacional-para-el-periodo-2011-2016
Timestamp: 2017-11-22 04:07:45
Document Index: 9122960

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 77', 'Artículo 26', 'artículo 118', 'Artículo 118', 'artículo 115', 'Artículo 115', 'artículo 116', 'Artículo 116', 'artículo 146', 'Artículo 146', 'artículo 503']

Descripción: Caracas 22/02/2011 La Red LGBTI, que agrupa a Unión Afirmativa, Alianza Lambda, Diverlex, Fundación Huellas, Iglesia de la Comunidad Metropolitana, Lesbianas y Ya, Tertulias de la Diversidad Sexual...
Caracas 22/02/2011 La Red LGBTI, que agrupa a Unión Afirmativa, Alianza Lambda, Diverlex, Fundación Huellas, Iglesia de la Comunidad Metropolitana, Lesbianas y Ya, Tertulias de la Diversidad Sexual, Transvenus y Venezuela Diversa; entrega hoy la agenda legislativa para el período 2011-2016, donde se solicita la creación de una Comisión Especial para Asuntos de Diversidad Sexual, que evalúe las propuestas legislativas para la protección legal de las parejas del mismo sexo y de las personas transgénero, así como también la eliminación de las leyes segregacionistas de las personas sexodiversas.
PROPUESTA BÁSICA DE ELIMINACIÓN DE SEGREGACIÓN LEGAL CONTRA LAS PERSONAS POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA LEGISLACIÓN
VENEZOLANA Caracas, 22 de febrero de 2011 Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados Asamblea Nacional República Bolivariana de Venezuela Presente Resumen Ejecutivo Se entiende por leyes segregacionistas aquellas que niegan o limitan derechos a las personas en razón de un prejuicio, tales como las que negaban derechos iguales a la mujer, o a las personas de diferentes razas o religiones. Las leyes segregacionistas han venido siendo abolidas en todas las latitudes. Sin embargo, en Venezuela subsisten leyes segregacionistas por razón de orientación sexual o identidad de género. Al igual que antes las mujeres, o las personas de razas o religiones diferentes no gozaban de iguales derechos, hoy en día las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, son excluidas y excluidos de iguales derechos, a pesar de tener iguales deberes, contraviniendo el principio de la igualdad. Ello en virtud de prejuicios de distinta naturaleza similares a los que justificaban la privación de derechos a las mujeres, personas de diferentes religiones o colores de piel, inadmisibles en un estado laico y que respete los derechos humanos de todas y todos por igual sin discriminación. La aplicación de la protección derivada de los derechos humanos ha venido rompiendo estos prejuicios en casi todos los países de la región (México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, Argentina, entre otros) en los que existe un grado más o menos alto de igualdad ante la ley. Venezuela, sin embargo, se ha quedado en rezago de este movimiento, contradiciendo los valores democráticos y constitucionales, así como los derechos humanos, negando la dignidad inmanente de todos los seres humanos. Ello a pesar de declaraciones y compromisos internacionales asumidos por Venezuela. Las organizaciones y personas abajo firmantes venimos a requerir a la Asamblea Nacional el cumplimiento de sus deberes y exigimos que se modifiquen y deroguen las leyes segregacionistas existentes. Así, pedimos, en un primer gesto de igualdad y no discriminación: 1) Que se establezcan disposiciones claras y precisas, que incluyan órganos de protección específicos y sanciones severas, en caso de discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en todas las actividades humanas, incluyendo sin limitación: educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes, trabajo y otras, así como la tipificación de los crímenes de
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odio como agravante genérica de todos los delitos. Todo ello en concordancia con el principio de no discriminación establecido en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 28 de febrero de 2008 (caso Unión Afirmativa de Venezuela) y en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular. Más adelante se detallan las principales disposiciones a considerar. 2) Que se reconozcan los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo en condiciones de igualdad y no discriminación con las parejas de distinto sexo, tal y como lo ha determinado la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en diferentes resoluciones, y en concordancia con las declaraciones voluntarias de protección de las personas por razón de orientación sexual, por medio de la modificación de tres artículos de la Ley Orgánica de Registro Civil, tal y como se señala más adelante, siguiendo criterios y pautas ampliamente aceptados en la ley o la jurisprudencia de la región. 3) Que se reconozca el derecho de las personas al reconocimiento de su identidad de género físico-psico-social autopercibida por medio de un procedimiento administrativo expedito, claro, no patologizante, privado y que preserve la igualdad de oportunidades a través de la reserva de la identidad anterior, como acontece en el caso de la adopción, siguiendo los lineamientos de las declaraciones voluntarias de protección de derechos humanos de las personas transexuales, transgénero e intersexuales asumidas por Venezuela en concordancia con los principios de protección de derechos humanos derivados de declaraciones, recomendaciones y opiniones derivadas de los órganos internacionales de protección de derechos humanos. Esto incluye el cambio de nombre y sexo en toda la documentación de la persona sin necesidad de reasignación genital. La falta de identidad legal de las personas transexuales les condena a la marginación, marginalidad y a la casi imposibilidad de acceder a la salud, educación, trabajo, vivienda y otras prestaciones básicas en condiciones de igualdad y no discriminación efectiva. Para superar esta situación basta la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica de Registro Civil tal y como se señala más adelante, siguiendo los criterios incorporados en leyes o decisiones judiciales ampliamente aceptados en la región. Creemos que Venezuela no puede declarar que cumple con sus compromisos de inclusión, no discriminación y respeto de los derechos humanos mientras mantenga en su ordenamiento jurídico leyes segregacionistas. I. JUSTIFICACIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 1) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de la igualdad y no discriminación, así como el del establecimiento de medidas de acción afirmativa a favor de las personas o grupos vulnerables o sujetos a discriminación o marginación (art. 21). Asimismo asegura el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 20) y el goce efectivo de todos los derechos a todas las personas (art.19), al tiempo que establece que la finalidad esencial del Estado es la defensa y el desarrollo de la persona (art. 3), en el entendido de que la enumeración de derechos
establecidos en la Constitución es enunciativa y no debe entenderse como negación de otros derechos (art. 23) particularmente aquellos establecidos en pactos y tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela (art. 24). 2) La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 28 de febrero de 2008 (caso Unión Afirmativa de Venezuela) estableció el principio de la no discriminación por razón de orientación sexual. Sin embargo, este principio sólo ha tenido concreción legal en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Popular, agregando también la identidad y expresión de género (que aparecen por primera vez en una ley venezolana) pero como simple declaración de principios sin ningún órgano efectivo de aplicación. 3) La misma sentencia del Tribunal Supremo de Justicia estableció que la Asamblea Nacional puede legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, en virtud de que si bien el artículo 77 constitucional protege las parejas heterosexuales, puede darse protección a las parejas del mismo sexo en virtud del principio de la progresividad de los derechos, tal y como ha ocurrido en toda la región. 4) Venezuela ha firmado declaraciones voluntarias sobre el tema de la orientación sexual y la identidad y expresión de género ante diferentes instancias internacionales, que tienen el valor de declaración de compromiso voluntario. Así: a. Aprobó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) las declaraciones Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008 (AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), 2009 (AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) y 2010 (AG/RES. 2600 (XL-O/10), en las cuales manifiesta su preocupación por el alto grado de violación de derechos humanos, violencia y negación de oportunidades a las personas por razón de orientación sexual o identidad de género e insta a tomar medidas para superar esa discriminación, violencia y negación de derechos. b. Aprobó la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos que incorpora dentro de las categorías de personas vulnerables que necesitan de legislación especial que las proteja (arts. 52 y 53), a las personas con diferente orientación u opción sexual. Cabe destacar que de las categorías de personas vulnerables indicadas en esta Carta la única que en Venezuela no ha tenido una legislación de protección es la que nos ocupa. En efecto, esta Carta incorpora como categorías de personas vulnerables objeto de medidas de acción afirmativa a las mujeres; a los niños, niñas y adolescentes; a los adultos mayores; a las personas con discapacidades; a los migrantes con sus familias; a las personas con diferente orientación u opción sexual; a los desplazados internos; a las personas privadas de libertad y a los refugiados y apátridas. c. Aprobó la Resolución de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2008, Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género en la que se insta a tomar acciones para otorgar iguales derechos y superar la discriminación contra las personas por esas razones. d. Aprobó la Resolución sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU de 22 de diciembre de 2010 en la que se menciona la categoría de orientación sexual dentro de las causas de ejecuciones extrajudiciales que deben ser atacadas.
5) Existen criterios expresados por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU según los cuales los países están obligados, como condición de respeto de los derechos humanos, a reconocer los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo en condiciones igualitarias con los derechos de las parejas no casadas (en la región el caso X contra Colombia), ya que el no hacerlo constituye una violación del Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 6) En la región existe un creciente número de países que ha establecido constitucional o legalmente el principio de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género con órganos de defensa de derechos humanos encargados de su aplicación, particularmente: México, Ecuador, Bolivia y Uruguay. A esto se agrega la existencia de países en los que la protección contra la discriminación se ha logrado por vía de interpretación judicial, como en Colombia o Perú; o de decretos ejecutivos, como en el caso de Brasil o El Salvador. 7) El derecho al reconocimiento igualitario de los derechos de parejas es una constante en la Región. En 2010 México (DF con efectos nacionales) y Argentina establecieron el matrimonio igualitario. Pero Colombia, Ecuador y Uruguay reconocen derechos iguales a los de las parejas de hecho y Brasil establece protecciones nacional, estadal y municipal variadas. 8) El derecho al reconocimiento de la identidad de las personas transexuales es una constante de la región. México y Uruguay tienen leyes que permiten el cambio de nombre y sexo por medio de otorgamiento de nueva partida de nacimiento sin necesidad de reasignación genital. Igual posición ha tomado la jurisprudencia de Argentina y Brasil durante el último año. Panamá permite este cambio por medio de resolución del Registrador del Estado Civil. Colombia a través de una anulación de la partida de nacimiento y otorgamiento de nueva partida. Ecuador ha establecido reglas de protección a la identidad de género que han llevado a opiniones vinculantes de la Defensoría del Pueblo. Igual ha acontecido en Bolivia. En otros países se permite el cambio de nombre durante el período de transición: Colombia, Panamá, Chile, y la mayoría de los países de América Central y algunos del Caribe. La jurisprudencia de Cuba ha ido en el mismo sentido. Sólo Venezuela ha quedado al margen en la región de este movimiento, junto con Honduras, Belice y algunas islas del Caribe. En Cuba, el gobierno ampara el derecho de las personas a la reasignación quirúrgica. 9) La Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral se ha negado a permitir el registro de parejas del mismo sexo por uniones celebradas en el extranjero así como el cambio de nombre de las personas transexuales por incongruencia entre el nombre y el género, a pesar de que tal fue la intención del legislador. 10) La Asamblea Nacional en el período 2005-2010 bloqueó todo avance significativo en esta materia, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de los países de la región. La discusión de la Ley de Igualdad y Equidad de Género fue suspendida ante los reclamos de inclusión de los derechos de las personas sexodiversas. 11)Esta situación afecta significativamente la dignidad, la igualdad y la no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, que ven negados o limitados sus derechos por las mismas razones y
prejuicios que antes negaban derechos a la mujer o a las personas de razas, origen étnico o religión diferentes. 12) Esto muestra el altísimo grado de homofobia, lesbofobia y transfobia institucional que existe en Venezuela en contradicción con los principios constitucionales y los pactos y tratados sobre derechos humanos. II. PROPUESTAS ESPECÍFICAS 1) Legislar de forma efectiva en materia de no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, en todas las áreas de la vida de las personas: educación, salud, seguridad social, vivienda, trabajo, consumo, etc., incluyendo un organismo con potestades de investigación y sanción. Asimismo, establecer sanciones civiles y penales por la discriminación (puede tomarse como ejemplo la ley por el Respeto de las Diferencias y contra toda Forma de Discriminación, 2010) y regular las consecuencias agravantes sobre los delitos por razones de homofobia, lesbofobia o transfobia (crímenes de odio). Esta regulación debería ser incorporada en una Ley que incluya todas las diferencias y proteja contra todas las discriminaciones y otras formas conexas de intolerancia. 2) Modificar de forma inmediata los siguientes artículos de la Ley Orgánica de Registro civil, con la finalidad de eliminar las consecuencias segregacionistas de esta ley, y asegurar los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo en condiciones de igualdad, a tenor de los fundamentos teóricos antes indicados; y el derecho a la identidad de las personas transexuales. a. Modificación del artículo 118 de la siguiente manera, para aclarar la existencia de uniones estables de hecho paritarias a tenor de lo exigido en el ordenamiento sobre derechos humanos: Artículo 118 Manifestación de voluntad La libre manifestación de voluntad efectuada entre dos personas de diferente o igual sexo, declarada de manera conjunta, de mantener una unión estable de hecho, conforme a los requisitos establecidos en la ley, se registrará en el libro correspondiente, adquiriendo a partir de este momento plenos efectos jurídicos, sin menoscabo del reconocimiento de cualquier derecho anterior al registro. b. Modificación del artículo 115 para aclarar el tema del registro del matrimonio igualitario celebrado por venezolanos o venezolanas en el extranjero. Se tiene noticias de que al menos 1000 venezolanos y venezolanas están casados o casadas con personas del mismo sexo en el extranjero, particularmente en España. Estas personas se encuentran en grado extremo de vulnerabilidad y segregación, pues se plantean temas tales como cuál es el estatus de los bienes que tengan en Venezuela en caso de divorcio o de muerte de uno de los
cónyuges, cuál es su situación legal a los fines de contraer nupcias o celebrar un acuerdo de unión estable de hecho (¿casados o solteros?). En todos los casos de matrimonio la ley aplicable es la del lugar donde tuvo lugar el acto. Artículo 115 Matrimonio de venezolano o venezolana en el extranjero El venezolano o la venezolana que contrajere matrimonio en un país extranjero podrá declararlo ante la delegación diplomática o consular del país donde se hubiere celebrado; a tal efecto, presentará copia legalizada y traducida por intérprete público, de ser el caso, del acta de matrimonio, a los fines de su inserción en el libro respectivo del Registro Civil. Los requisitos de fondo y de forma serán los previstos en la ley en la que ocurrió el acto. c. Modificación del artículo 116 para aclarar el tema del registro del matrimonio igualitario celebrado en el extranjero entre extranjeros que estén domiciliados o se domicilien en Venezuela y de los matrimonios no notificados a la delegación diplomática o consular. El hecho de que Venezuela no tenga en su legislación matrimonio igualitario no le permite desconocer aquél celebrado fuera de sus fronteras, en virtud del principio de la ley más favorable a la protección de los derechos humanos: Artículo 116 Inserción del acta de matrimonio de extranjeros Los extranjeros y las extranjeras que hubieren contraído matrimonio fuera del país y que se residenciaren en la República Bolivariana de Venezuela, deberán presentar en el Registro Civil, dentro de los primeros quince días de establecer su residencia, copia legalizada y traducida por intérprete público, si es el caso, del acta de matrimonio para su inserción en los libros de Registro Civil. Esta obligación deberá ser cumplida por los venezolanos o venezolanas que, habiendo contraído matrimonio fuera del país, no lo hubieren declarado ante la representación diplomática u oficina consular correspondiente. Los requisitos de fondo y de forma serán los previstos en la ley en que ocurrió el acto. 3) Introducir las reformas necesarias para permitir el cambio de nombre y sexo de las personas transexuales y adaptar el cambio de nombre al estándar internacional de protección del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que autoriza este cambio a opción de la persona sin limitación alguna. a. Modificación del artículo 146 de la siguiente forma: Artículo 146 Cambio de nombre propio y de nombre y sexo.
En aplicación del principio del libre desarrollo de la personalidad toda persona podrá cambiar su nombre propio libremente y sin limitación alguna, por una sola vez, ante la Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral. En el caso de las personas transexuales, transgénero o intersexuales este derecho engloba asimismo el cambio libre de su nombre y sexo con la sola prueba de la incongruencia entre el sexo atribuido al nacimiento y su género autopercibido, sin necesidad de reasignación genital. Todo medio de prueba de esta incongruencia es admisible, y no se requerirán informes médicos o pruebas periciales de ningún tipo. En este último caso se ordenará la expedición de una nueva acta de nacimiento y la reserva de la original a toda persona que no demuestre un interés legítimo y previa autorización judicial, todo sin perjuicio de la preservación de todo derecho de terceros originado antes de la modificación. A los fines de dar continuidad y coherencia a la personalidad jurídica, dar seguridad a los terceros y evitar la discriminación, se ordenará la modificación de todos los registros públicos anteriores de la persona, tales como, registros inmobiliarios, impositivos, educativos, y otros. Esta modificación se hará de manera expedita y sin costo para el usuario o usuaria. Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre o representante; si es adolescente mayor de catorce años podrá solicitar personalmente el cambio de nombre propio; una vez alcanzada la mayoría de edad podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez. En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre propio sin autorización judicial previa. La Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral procederá a la tramitación del cambio de nombre propio o de nombre y sexo, mediante el procedimiento de rectificación en sede administrativa. b. Reformar la Disposición Derogatoria primera para incorporar el artículo 503 del Código Civil, ya que su contenido viola el derecho a la privacidad y la igualdad de las personas en caso de desconocimiento o reconocimiento de paternidad; cambio de nombre y sexo; y otros casos similares. 4) Incorporación en las leyes de los subsistemas prestacionales de seguridad social, de vivienda y hábitat, y otros, de disposiciones sobre igualdad entre hombres y mujeres y entre parejas del mismo sexo, en materia de prestaciones de salud, pensiones de sobrevivencia y otras prestaciones a tenor de las disposiciones sobre igualdad de derechos que han sido delineadas por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
La RED LGBTI DE VENEZUELA DIVERLEX Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, Tamara Adrián LESBIANAS Y YA TRANSVENUS DE VENEZUELA A.C. ALIANZA LAMBDA DE VENEZUELA A.C. FUNDACIÓN HUELLAS DE VENEZUELA IGLESIA COMUNIDAD METROPOLITANA DE VENEZUELA TERTULIAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL UNIÓN AFIRMATIVA DE VENEZUELA A.C. VENEZUELA DIVERSA A.C.
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