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Timestamp: 2019-07-21 20:59:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 55', 'artículo 10', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | Subsecretario General de la Presidencia con CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Subsecretario General de la Presidencia con CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Rol: RA11-09
Consejo para la Transparencia, 05/01/2010
Se deduce recurso de reposición en contra de la decisión del amparo A11-09, solicitando que se deje sin efecto la decisión, aplicando la causal de reserva que establece el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia respecto a los informes de auditoria solicitados. El Consejo rechaza la reposición, por tanto, debe concluirse entonces que las consideraciones contenidas en la decisión recurrida, las que se dan por expresamente reproducidas, poseen, a juicio de este Consejo, mérito suficiente para confirmar lo resuelto en la resolución impugnada, como también, las circunstancias que le sirvieron de fundamento, salvo en lo referido al RUT de los funcionarios, el que deberá tarjarse en los informes de auditoría pedidos, dando aplicación al principio de divisibilidad.
Procedimiento administrativo > General > Otros
DFL 1-19653 2001 - Ley de Bases Generales de la Administración del Estado ART-10
RESUELVE REPOSICIÓN EN AMPARO ROL A11-09
En sesión ordinaria N° 117 de su Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del recurso de reposición administrativo deducido el 9 de noviembre pasado, por el señor Subsecretario General de la Presidencia, en contra de la decisión recaída en el amparo Rol A11-09, formulado el 19 de mayo de 2009 por don René González Romero ante este Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la citada Ley de Transparencia.
1) Que el 4 de septiembre de 2009, en la sesión ordinaria N° 82 de su Consejo Directivo, este Consejo se pronunció sobre el amparo Rol A11-09, deducido por don René González Romero en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, y resolvió acogerlo en todas sus partes, por las consideraciones expuestas en el acuerdo respectivo, requiriendo a dicho Servicio la entrega de la información solicitada.
2) Que, mediante Oficio N° 755, de 28 de octubre de 2009, este Consejo notificó por carta certificada dicha decisión al reclamante y al reclamado, habiéndose ésta despachado con la misma fecha.
3) Que, por su parte, mediante presentación de 9 de noviembre de 2009, recepcionado en la oficina de partes de este Consejo el mismo día, el señor Subsecretario General de la Presidencia dedujo recurso de reposición administrativa en contra de la citada decisión, solicitando se deje ésta sin efecto, aplicando, en definitiva, la causal de reserva que establece el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia respecto de los informes de auditoría interna solicitados, de acuerdo a los fundamentos expuestos. En subsidio de lo anterior, solicita se revoque la decisión recurrida, en el sentido de que se de aplicación al principio de divisibilidad, reconociendo el carácter secreto o reservado de los informes de auditoría que se indicaron en el Capítulo II de la misma presentación, en base a los argumentos invocados en dicho acápite. Finalmente, solicita declarar que, en cualquier caso, los informes señalados en el Capítulo III son reservados por las causales que allí se explican.
4) Que, atendida la interposición de dicha impugnación administrativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 19.880, este Consejo dispuso notificar a don René González Romero de la interposición del citado recurso, en su calidad de tercero interesado en el amparo A11-09, a fin de que, en el plazo de 5 días hábiles, alegare cuanto considere procedente en defensa de sus intereses. Dicha notificación se materializó a través del Oficio N° 830, de 23 de noviembre de 2009, despachada por carta certificada con la misma fecha.
5) Que, mediante presentación ingresada a este Consejo el 1° de diciembre de 2009, don René González Romero expuso los fundamentos en virtud de los cuales estima que la reconsideración debe ser desestimada.
1) Que, el artículo 10 del D.F.L N° 1–19.653, de 13 de diciembre de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que “los actos administrativos serán siempre impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar”.
2) Que, asimismo, el inciso primero del artículo 59 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, señala que “el recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico”.
3) Que, verificándose en la especie los presupuestos para su procedencia, este Consejo admitirá a tramitación el recurso de reposición intentado por el señor Subsecretario General de la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 59 de la Ley N° 19.880, sin perjuicio de lo que se resolverá en definitiva.
4) Que, una vez admitido a tramitación el presente recurso, procede determinar únicamente, para los efectos de resolver la impugnación deducida por el servicio reclamado, si los argumentos y antecedentes esgrimidos por éste resultan o no suficientes para modificar, reemplazar, invalidar o dejar sin efecto lo resuelto por este Consejo en la decisión recaída en el amparo A11-09.
5) Que, analizados los argumentos vertidos por la recurrente en los Capítulos II y III de su libelo, se constata que ésta no hace sino reiterar, con diversos énfasis y matices, las mismas consideraciones que invocó al momento de evacuar sus descargos y aquellas contenidas en el informe técnico evacuado por el señor Auditor General de Gobierno, todas las cuales fundamentarían la forma en que se afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicha Subsecretaría con la divulgación de tales auditorías, agregando, además, los eventuales perjuicios que se ocasionarían a dichas funciones.
6) Que, de lo anterior se desprende que la recurrente no ha aportado nuevos antecedentes que permitan a este Consejo modificar, reemplazar o dejar sin efecto lo resuelto, razón por la cual se desechará el presente recurso, manteniéndose a firme el acogimiento del amparo A11-09
7) Que, por su parte, en el Capítulo III de su presentación la recurrente ha sostenido, sin perjuicio de lo ya alegado, que concurrirían nuevas causales de reserva sólo aplicables a específicos y determinados informes de auditoría que indica, los que se refieren a licencias médicas; pagos de bienios y la revisión del subproceso “Sistema de Monitoreo de Compromisos Ministeriales Programación Gubernamental”.
8) Que, no obstante la alegación extemporánea de las nuevas causales de reserva invocadas, este Consejo se referirá igualmente a ellas, a fin de resolver acertadamente la presente reposición.
9) Que, revisado el informe relativo a los "Procedimientos utilizados para la recuperación de recursos ligados a licencias médicas”, este Consejo no advierte de qué modo la publicidad de dicha información produciría una afectación a los derechos de los funcionarios del Ministerio que comprende, teniendo en especial consideración que tal información se genera a partir del ejercicio de las funciones públicas de los mismos, cuyo estándar de escrutinio público es mayor que la de cualquier otra persona. Por otra parte, cabe consignar que la identidad de los funcionarios –nombre y apellidos– constituye un dato ya conocido, dado que ello forma parte de los deberes de transparencia activa. En lo que respecta al RUT de los funcionarios es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública (art. 13 del Estatuto Administrativo), y no directamente de un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que se dispondrá su secreto o reserva, debiendo aplicarse el principio de divisibilidad a su respecto.
10) Que, en cuanto a la auditoría referida al pagos de bienios de funcionarios de la reclamada, este Consejo estima que no se acredita en la especie la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia toda vez que el citado informe no queda, por esa sola condición, amparados necesariamente por el secreto del sumario administrativo, pues éste constituye un antecedente previo a la instrucción del mismo. Por su parte, este Consejo estima que la reclamada tampoco ha acreditado la concurrencia de las causales del artículo 21 N° 1 letra a) y N° 2, en cuanto no se advierte en qué medida la publicidad de la información en comento afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada y/o los derechos de los terceros, particularmente considerando que tales antecedentes se refieren al ejercicio de funciones públicas.
11) Que a juicio de este Consejo tampoco resultan comprobadas la causales del artículo 21 N° 1 y 3 invocadas respecto del informe concerniente al “Sistema de Monitoreo de Compromisos Ministeriales Programación Gubernamental”, desechándose la supuesta afectación de las funciones de la reclamada o de la seguridad nacional.
12) Que, debe concluirse entonces que las consideraciones contenidas en la decisión recurrida, las que se dan por expresamente reproducidas, poseen, a juicio de este Consejo, mérito suficiente para confirmar lo resuelto en la resolución impugnada, como también, las circunstancias que le sirvieron de fundamento, salvo en lo referido al RUT de los funcionarios, el que deberá tarjarse en los informes de auditoría pedidos, dando aplicación al principio de divisibilidad.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY Nº 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
I. Rechazar el recurso de reposición administrativo deducido el 9 de noviembre de 2009 por el señor Subsecretario General de la Presidencia, en contra de la decisión recaída en el amparo Rol A11-09, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, salvo en lo referente al RUT de los funcionarios, el que deberá tarjarse en los informes de auditoría pedidos, dando aplicación al principio de divisibilidad.
II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don René González Romero y al Subsecretario General de la Presidencia.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila.