Source: http://www.razonesypersonas.com/2020/05/ojala-la-seccion-seguridad-publica-del.html
Timestamp: 2020-07-04 22:18:50
Document Index: 34549566

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 32', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 346', 'artículo 341', 'artículo 8', 'artículo 82', 'artículo 287', 'artículo 266', 'in fine', 'artículo 9']

Razones y personas: repensando Uruguay: Ojalá la sección Seguridad Pública del proyecto de Ley de Urgente Consideración contuviera más artículos como el 32 y menos como la mayoría de los restantes
Ojalá la sección Seguridad Pública del proyecto de Ley de Urgente Consideración contuviera más artículos como el 32 y menos como la mayoría de los restantes
Piranesi, serie Carceri, plancha III (c. 1745)
La sección Seguridad Pública del proyecto de Ley de Urgente Consideración(LUC) consta de 10 capítulos y 120 artículos.
El capítulo I (“Normas Penales”) introduce modificaciones a la normativa penal vigente en materia de legítima defensa, circunstancias agravantes del homicidio, encubrimiento, complicidad y resistencia al arresto, entre otras. Establece también aumentos de penas para delitos graves como la violación (actualmente castigado con penas de entre 2 y 12 años de penitenciaría, que aumentarían a 3 y 16 años respectivamente), el abuso sexual (actualmente castigado con penas de entre 8 meses de prisión y 6 años de penitenciaría, que aumentarían a 2 y 12 años de penitenciaría respectivamente) y el abuso sexual especialmente agravado. Introduce, finalmente, nuevos tipos penales con el objetivo de proteger, entre otros, los medios y el accionar de las autoridades policiales.
El capítulo II (“Normas sobre el Proceso Penal”) establece una serie de cambios al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en materia de información al Ministerio Público, instrucciones generales del Fiscal de Corte, declaraciones voluntarias de los indagados ante la autoridad policial, registro de personas, lugares y vehículos, entre otros. A su vez, regula aspectos vinculados a la procedencia del proceso abreviado y simplificado (algunos de estos cambios serán comentados con mayor detalle más abajo), así como lo relativo al uso de dispositivos de control y rastreo en materia de salidas transitorias, entre otros.
El capítulo III (“Legislación Profesional Policial”) establece modificaciones a la Ley de Procedimiento Policial en lo relativo al uso de la fuerza, deber de identificación, advertencia, conducción policial, así como también aspectos vinculados a los límites del empleo de armas de fuego, entre otros. Introduce también modificaciones a la Ley Orgánica Policial en materia de organización administrativa del Ministerio del Interior, en especial regulaciones vinculadas a la Dirección de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Seguridad Rural, el Gabinete de Seguridad del Ministerio y la Dirección Nacional de Policía Caminera. Establece, finalmente, los deberes inherentes al personal policial y los deberes y derechos del personal en situación de retiro, entre otras cuestiones.
El capítulo IV (“Normas sobre Estupefacientes”) tiene por finalidad principal elevar las penas relativas de los delitos vinculados a los estupefacientes.
El capítulo V (“Normas sobre Adolescentes Privados de Libertad”) introduce modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia que restringen el régimen de semilibertad para los autores de delitos graves (violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, privación de libertad, rapiña, rapiña con privación de libertad, homicidio intencional, lesiones graves o gravísimas), duplica la duración máxima actual (5 años) de las medidas de privación de libertad y establece la conservación de los antecedentes de los autores de los delitos ya mencionados, a los efectos de que no puedan ser considerados primarios si volvieran a cometer otro delito una vez alcanzada la mayoría de edad.
El capítulo VI (“Normas sobre Gestión de la Privación de Libertad”) establece la obligatoriedad del trabajo de los reclusos en los establecimientos penitenciarios, limita la aplicación del régimen de salidas transitorias y excluye del régimen de redención de pena por trabajo o estudio a los autores de ciertos delitos (delitos vinculados a los estupefacientes, violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, privación de libertad, homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, rapiña, rapiña con privación de libertad, extorsión y secuestro).
El capítulo VII (“Consejo de Política Criminal y Penitenciaria”) crea un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria en la órbita del Ministerio del Interior, como un órgano honorario asesor colegiado que tiene como cometido esencial el diseño, la planificación, la coordinación, el monitoreo y la evaluación de la política criminal y penitenciaria a nivel nacional.
El capítulo VIII (“Normas sobre Prevención y Represión de la violencia en espectáculos deportivos y en otros espectáculos de carácter masivo”) contiene normas relativas a lo que su título, suficientemente explícito, indica.
El capítulo IX (“Disposiciones Varias”) integra disposiciones que ofrecen una mayor certeza respecto a los beneficiarios de la pensión para víctimas de la violencia, regula las circunstancias en que se otorgan los beneficios a la familia del policía fallecido, extendiéndola a todo hecho asociado al enfrentamiento con la delincuencia, prevé el acceso a información acerca del origen de llamadas y transmisiones de datos en el marco de las investigación policiales, a la vez que protege el desempeño del servicio 911 de las comunicaciones maliciosas. Finalmente, el capítulo contiene disposiciones referidas a la identificación de las personas que circulan en ciclomotores, crea un Registro Nacional de Violadores y Abusadores e integra diversas disposiciones para favorecer el desempeño de la Fiscalía General de la Nación, entre otras.
El capítulo X (“Normas sobre Protección de la Soberanía en el Espacio Aéreo”) establece un protocolo de acción frente a vuelos sospechosos y no identificados, que incluye la muy discutida posibilidad de efectuar derribos.
Un análisis pormenorizado de sus 120 artículos, sus fundamentos y sus efectos prácticos, así como una evaluación global de la sección son, todas ellas, cosas que están muy por encima de mis posibilidades. En esta nota me concentraré específicamente en lo que refiere al impacto de algunas de estas normas sobre las formas que adopta el castigo penal y su administración.
Como observa el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit en su informe a la Comisión Especial de estudio de la LUC y a la Asamblea General, la fisonomía de nuestra edificación penal es el resultado de la suma de tres factores:
a) las normas penales (los delitos tipificados y la dosimetría de las penas),
b) la mecánica procesal penal, y
c) la regulación de la ejecución penal, que incluye tanto las condiciones de reclusión como los mecanismos liberatorios, los sistemas de redención de pena y la existencia o no de medidas alternativas a la privación de libertad.
Sobre cada uno de esos puntos impactan (negativamente, en la mayoría de los casos) varios artículo de la LUC.
Por una parte, tenemos una serie de artículos que o bien tipifican delitos nuevos, o bien aumentan las penas de los ya existentes.
Por otra parte, tenemos varios artículos que modifican aspectos de la mecánica del proceso penal. Uno en especial, el art. 34, deroga la suspensión condicional del proceso (arts. 383-392) y la posibilidad de acuerdos reparatorios (arts. 393-395) previstos en el nuevo CPP. La suspensión condicional del proceso, basada en un acuerdo entre las partes, permite, en casos de delitos de poca gravedad, instrumentar medidas reparatorias y alternativas al castigo concebido al modo tradicional como imposición de una pena.
Desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al tribunal en forma fundada y bajo su responsabilidad funcional […], la suspensión condicional del proceso a cambio de condiciones u obligaciones. La suspensión procederá cuando no exista interés público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello (art. 383). La suspensión condicional del proceso no procederá en los siguientes casos: a) cuando la pena mínima prevista en el tipo penal supere los tres años de penitenciaría; b) cuando el imputado se encuentre cumpliendo una condena; c) cuando el imputado tuviera otro proceso con suspensión condicional en trámite (art. 384).
El imputado y la víctima desde el momento de la formalización de la investigación y durante todo el proceso, podrán suscribir un acuerdo reparatorio material o simbólico, que será puesto a consideración del juez de la causa en audiencia, con intervención del Ministerio Público, cuando no exista interés público en la persecución y cuando la gravedad de la culpabilidad no se oponga a ello (art. 393). El acuerdo reparatorio procederá en los siguientes casos: a) delitos culposos; b) delitos castigados con pena de multa; c) delitos de lesiones personales y delitos de lesiones graves cuando provoquen una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por un término superior a veinte días y no pongan en peligro la vida de la persona ofendida; d) delitos de contenido patrimonial; f) delitos perseguibles a instancia de parte, excepto delitos contra la libertad sexual; g) delitos contra el honor (art. 394).
Como señala el comisionado Petit en su informe: “[La suspensión condicional del proceso y la posibilidad de acuerdos reparatorios] va[n] en línea con la moderna justicia restaurativa, donde el objetivo no es siempre la pena a quien delinquió sino la resolución del hecho ocurrido a satisfacción de las partes, en particular de la agredida. La parte agredida puede verse —según los casos— más satisfecha con un acuerdo reparatorio […] —la presentación del imputado a un tratamiento médico o de salud mental, reparación material o simbólica del daño, cambio de conducta o la realización de tareas positivas y constructivas en la comunidad— que por el simple castigo carcelario, quizás generador de futuros conflictos mayores. La suspensión y el contenido del acuerdo queda bajo supervisión fiscal, pudiendo ser revocado y abriendo las vías habituales de continuación del proceso en caso de incumplimiento”.
La LUC se carga completamente esos dos títulos (título II y título III del libro VI) del nuevo CPP con todos y cada uno de sus artículos.
Finalmente, y en tercer lugar, en lo que hace a la regulación de la ejecución penal, prevalecen en la LUC los artículos que restringen los mecanismos liberatorios y los sistemas de redención de pena. Una interesante excepción es el art. 32 que establece un régimen de libertad a prueba. Es, hasta donde alcanzo a advertir, el único artículo a contracorriente de toda la sección.
ARTÍCULO 32. (Régimen de Libertad a Prueba). Las penas privativas de libertad podrán cumplirse en régimen de “libertad a prueba” en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley.
I. Rapiña (artículo 344 del Código Penal).
II. Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 bis del Código Penal).
IV. Secuestro (artículo 346 del Código Penal).
V. Homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 311 y 312 del Código Penal).
VI. Hurto con circunstancias agravantes (artículo 341 del Código Penal).
VII. Delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en los artículos 35 Bis y 36 del citado cuerpo normativo.
VIII. Crímenes y delitos contenidos en la Ley Nº 18.026, de 4 de octubre de 2006.
IX. Delitos previstos por los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008.
X. Delito previsto en el artículo 8° de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014.
3) Presentación una vez por semana en la Secciona! Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el literal A) de este artículo.
El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen de libertad a prueba deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018. No obstante, será preceptiva la medida si se tratare de penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales.
La violación grave del régimen de libertad a prueba deberá dar lugar a su revocación inmediata, sin necesidad de contar con la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía (artículo 287 del Código del Proceso Penal). Se considerará violación grave, entre otras, la existencia de una formalización posterior (artículo 266.6 in fine del Código del Proceso Penal).
A las causas penales en trámite a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y aquellas causas que se inicien con posterioridad por delitos cometidos con anterioridad a la misma, se aplicará lo dispuesto en los artículos 2 a 12 de la Ley Nº 19.446, de 28 de octubre de 2016 y el artículo 9 de la Ley Nº 17.726, de 26 de diciembre de 2003.
En síntesis, casi todo el capítulo de seguridad de la LUC es una fuerte apuesta a la cárcel (crear tipos penales, aumentar penas, restringir libertades anticipadas, acotar el sistema de redención de penas) como una vía de solución a los problemas de la seguridad pública. En palabras del comisionado Petit: “Buena parte del planteo implica un aumento de penas, reformas procesales que acotan posibilidades liberatorias, achicamiento del sistema de redención de penas, de soluciones de justicia restaurativa o de medidas alternativas, pareciendo soluciones pensadas para casos de gravedad conductual que son minoritarias y que son habitualmente contenidos por las normas vigentes, pero que, de aprobarse las modificaciones de esos temas, significarán un aumento injustificado de la población penitenciaria, lo que a corto plazo es contraproducente para la propia seguridad pública y la rehabilitación”. Casi como única excepción, a contracorriente del resto del articulado, como si hubiera sido escrito por otra persona, el art. 32 habilita la exploración de vías alternativas al castigo penal tradicional.
El comisionado Petit ha pedido que varios de estos artículos no se aprueben, o que se aprueben con modificaciones. Ojalá le hagan caso.
Publicado por Aníbal Corti at 1:48