Source: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=264&lang=en
Timestamp: 2018-08-20 00:54:11
Document Index: 131454536

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1']

50. Al interpretar la cuestión de la pena de muerte en general, la Corte ha observado que el artículo 4.2 de la Convención permite la privación del derecho a la vida mediante la imposición de la pena de muerte en aquellos países en los cuales no está abolida. Es decir, la pena capital no es per se incompatible con la Convención Americana ni está prohibida por ella. Sin embargo, la Convención fija un número de limitaciones estrictas para la aplicación de la pena capital. Primero, la aplicación de la pena de muerte debe estar limitada a los delitos comunes más graves y no relacionados con agravios políticos. Segundo, se debe individualizar la pena de conformidad con las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Por último, la aplicación de la pena capital está sujeta a ciertas garantías procesales cuyo cumplimiento deberá ser estrictamente observado y revisado.
3.3. Notificación y lectura de las órdenes de ejecución
103. El Estado leyó órdenes de ejecución a las cuatro presuntas víctimas en dos ocasiones distintas notificándoles de este modo que serían ejecutadas por medio de la horca en un plazo de siete días, contado a partir de tales notificaciones. La primera notificación de órdenes de ejecución supuestamente ocurrió cuando sus apelaciones a nivel interno aún se encontraban pendiente de resolución. La segunda notificación supuestamente ocurrió cuando sus peticiones ante la Comisión Interamericana se encontraban pendientes de resolución. (…)
108. El Tribunal de Apelaciones de Barbados procedió a ordenar la conmutación de las penas de muerte de los señores Boyce y Joseph a cadena perpetua. Esa Corte llegó a la conclusión que dicha forma de reparación era la adecuada en vista a los siguientes cinco factores: primero, el plazo de los cinco años en el cual el Estado podría haber llevado a cabo las ejecuciones, de manera legal, de conformidad con la norma establecida en Pratt (…) estaba a punto de expirar; segundo, a ambas presuntas víctimas se les había leído en dos ocasiones las órdenes de ejecución y, por lo tanto, “no sería deseable exponerlos a una tercer notificación de las órdenes de ejecución y a la posibilidad de más procedimientos judiciales”; tercero, la sentencia condenatoria impuesta, por el mismo delito, a los coacusados que se declararon culpables del delito de “manslaughter” era desproporcionada, y cuarto, los señores Boyce y Joseph no tenían “fondos suficientes para ejercer, de manera efectiva, el derecho a otras apelaciones que podrían haber tenido”.
109. De igual manera, esta Corte considera que la cuestión referente a la primera notificación y lectura de la orden de ejecución de los señores Boyce y Joseph violó sus derechos a la integridad personal, reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Además, el Tribunal observa que el daño causado por esta violación ya ha sido analizado por el Tribunal de Apelaciones de Barbados de manera favorable para las presuntas víctimas, cuyas penas de muerte fueron conmutadas a cadena perpetua.
111. (…) [L]a Corte también considera que la segunda notificación de las órdenes de ejecución a los señores Boyce y Joseph violó el derecho a la integridad personal de éstos, según lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Asimismo, la Corte observa que el daño causado por la violación al derecho a la integridad personal de los señores Boyce y Joseph ya ha sido abordado por los tribunales internos a su favor, resultando en la conmutación de sus sentencias.
113. Independientemente del hecho que un peticionario tenga un “derecho constitucional” o una “expectativa legítima”, este Tribunal considera que es fundamental que los litigantes puedan completar sus procedimientos de apelación a nivel interno así como las peticiones y demandas interpuestas ante la Comisión y la Corte, respectivamente, antes de que se pueda llevar a cabo alguna ejecución. Esto es una consecuencia natural de la ratificación por parte de Barbados de la Convención Americana y del reconocimiento de la competencia de esta Corte. Una interpretación diferente de la Convención sería contradictoria con su objeto y fin, y dejaría sin sentido al acceso del individuo al sistema interamericano, así como a los artículos 62.3 y 63.1 de dicho instrumento.
114. En el presente caso, el Estado ha reconocido que no puede llevar a cabo ejecuciones, y que no lo ha hecho, luego de que esta Corte emitió resoluciones de carácter obligatorio respecto de medidas provisionales conforme al artículo 63.2 de la Convención. Esta Corte ha reiterado, en distintas oportunidades, que es responsabilidad del Estado adoptar medidas a fin de proteger a las personas sometidas a su jurisdicción y este deber es particularmente importante en el caso de aquellas personas cuyas demandas están aún pendientes de resolución ante los órganos de supervisión de la Convención Americana. No obstante, la Corte observa que el deber de no llevar a cabo ejecuciones mientras se encuentran pendientes de resolución las peticiones o las demandas ante la Comisión o ante este Tribunal, respectivamente, deriva no sólo de una orden directa de la Corte sino que también de la misma Convención Americana, según lo dispuesto en el artículo 1.1 de ésta. (…)
116. (…) [L]a Corte (…) reitera (…) que es fundamental que litigantes puedan completar sus procedimientos de apelación a nivel interno así como las peticiones y demandas interpuestas ante la Comisión y la Corte, respectivamente, antes de que se pueda llevar a cabo alguna ejecución. Dado que esto no sucedió en el presente caso, la Corte considera que la notificación y lectura de órdenes de ejecución a los señores Atkins y Huggins mientras se encontraban pendiente de resolución sus apelaciones a nivel interno y su petición ante el sistema interamericano, constituyó un trato cruel en violación del artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ésta.