Source: https://www.aculvi.com/blog/page/4/
Timestamp: 2020-05-25 19:31:04
Document Index: 63914523

Matched Legal Cases: ['artículo 307', 'artículo 307', 'artículo 311', 'artículo 316', 'artículo 316', 'artículo 316']

Blog – Página 4 – Alan Culvi Bertomeu
Criterio sobre la aplicacio?n de las medidas de suspensio?n y reduccio?n de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma
Con fecha 1 de mayo de 2020, la DGT (Dirección General de
Trabajo) ha emitido el Criterio sobre la aplicación de las medidas de
suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del
estado de alarma, a partir del Plan de desescalada del gobierno, aclara cómo se
debe proceder por parte de personas trabajadoras y empresas en relación con las
medidas laborales de emergencia previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020,
particularmente en relación con las denominadas “medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de
actividad para evitar despidos”.
Dicho criterio aclara la posibilidad de que las empresas que estuviesen
aplicando medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto
de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan
desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor.
Además, será posible alterar la
medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las
reducciones de jornada, que suponen un menor impacto económico sobre la
persona trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y
demanda de productos y servicios de las empresas.
Según la comunicación de la DGT sólo
será necesario comunicar a la autoridad laboral la renuncia a la medida
autorizada o comunicada, ante una recuperación íntegra de la actividad, y
trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de afección y
desafección de cada uno de los trabajadores para poder adaptar el ERTE
solicitado a las medidas de la desescalada. Es decir, las empresas podrán sacar
progresivamente de los ERTE a sus empleados, pudiendo transformar las
suspensiones en reducciones de jornada con una simple comunicación a la
Autoridad Laboral y al SEPE.
Los objetivos principales, según se señala en la comunicación, son evitar
la destrucción de puestos de trabajo y flexibilizar y agilizar los mecanismos
que son imprescindibles para lograrlo, evitando cargas innecesarias y
estableciendo como prioridad la recuperación de la actividad laboral.
No duden en ponerse en contacto con cualquiera de nuestros despachos
para conocer más a fondo como proceder en su caso particular o para cualquier duda
a DGT – Criterio
Interpretativo de la Dirección General de Trabajo
El teletrabajo y la digitalización del proceso productivo
requerirán inversión y regulación, pero se quedarán. Los expertos discrepan
sobre si los ERTE son una herramienta que se seguirá usando mucho tras la
Las manifestaciones del Primero de Mayo surgieron como acto
reivindicativo para que los trabajadores consiguieran una jornada laboral de
ocho horas. Hoy, 130 años después de la primera celebración de este día en España,
conviene recordar que esas ocho horas de trabajo vuelven a ser un lujo para
millones de trabajadores. En cuestión de días, cinco millones de ellos no
tienen dónde ir a cumplir esas ocho horas porque han perdido su empleo (se han
destruido 900.000 puestos en la segunda quincena de marzo) o lo tienen en
suspenso por un ERTE. Además, otro número indeterminado, pero que se presupone
muy abultado, trabajan muy por encima de esas ocho horas, ya sea presencial o
Pero el que la jornada de ocho horas se haya convertido en
una quimera para millones de trabajadores es solo uno de los efectos negativos
de la pandemia de Covid-19, que ha estallado como una bomba nuclear sobre la
economía y las relaciones laborales del mundo entero y que España está
sufriendo con especial intensidad.
La gran incógnita es cuántos de estos convulsos cambios que
está experimentando el mundo laboral han venido para quedarse el día después de
tener controlada la crisis sanitaria y cuáles no. Lo primero que ponen de
manifiesto los expertos consultados es la enorme incertidumbre que existe
acerca de estos futuros cambios, porque dependerán de cómo y cuándo se controle
Pero, más allá de esa premisa, la mayoría coincide en que
hay dos cuestiones más susceptibles de perdurar tras la crisis que otras. Se
trata, por un lado, del teletrabajo y la digitalización de los procesos
productivos y, en segundo lugar, de los cambios de patrones de consumo, que
podrían modificar muchas de las relaciones laborales, tal y como hoy las
La doctora en Derecho del Trabajo de la Universidad de
Castilla-La Mancha Luz Rodríguez destaca que “habría que ser conscientes de
todo lo que nos está ayudando la tecnología a mantener activa una buena parte
de la actividad económica (educación, servicios de asesorías, ocio, sanidad,
medios de comunicación, etc.). También ha facilitado la tramitación
administrativa de las ayudas”. Por ello, insiste en que la digitalización está
siendo “un elemento central para que la economía no se paralice por completo. Y
esto nos lleva a la necesidad de invertir en la transformación tecnológica”.
De hecho, según datos de la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), que cita Rodríguez, solo
el 7% de los españoles asegura teletrabajar alguna vez y apenas el 3% dice
No obstante, en esta intención de permanencia del
teletrabajo surgen inmediatamente algunas cuestiones que corregir. “Las
empresas han visto que el trabajo a distancia genera evidentes mejoras de
productividad, pero va a haber que regularlo por ley. No puede ser todo corra a
cargo del empleado (el pago de la línea wifi, los equipos informáticos), hay
que regular quién paga qué”, asegura el secretario general de UGT, Pepe
A esto se une la “falta de fronteras entre la vida personal
y la laboral”, añade Rodríguez, que según coincide con Álvarez, se debe regular
Desde el lado empresarial, el presidente de la patronal de
las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), Gerardo Cuerva, destaca que la
variable de proteger la salud que ha irrumpido en la sociedad y en la economía
hace que cambie el punto de vista de la regulación del teletrabajo, “porque no
es lo mismo el trabajo a distancia sobre el modelo productivo anterior a la
pandemia que en el nuevo que pueda surgir”, matiza. Es más, este dirigente
empresarial se muestra convencido. “Hoy ni siquiera podemos saber cómo van a
ser los modelos de negocio del futuro más inmediato porque no sabemos cómo
evolucionará una variable externa como la salud. La pandemia ha metido más
revoluciones a la hora de buscar nuevos modelos de negocio que hasta hoy
estaban dormidos”, dice Cuerva.
Si bien sobre este punto, el secretario general de CC OO,
Unai Sordo, llama la atención sobre los peligros que pueden surgir con esos
nuevos modelos de negocio: “Va a haber mucha más economía de plataforma y
muchos más falsos autónomos, ante el riesgo de que la gente sin empleo se tenga
que buscar la vida”, alerta.
Pero entre los expertos hay quien advierte también que
debido a la acelerada digitalización y automatización que están experimentando
los agentes del mercado español, podría aumentar la brecha digital, ya que este
proceso beneficiará a la parte alta y más cualificada de la pirámide laboral y
podría perjudicar a los empleos que ya son más precarios e intensivos en mano
Todo esto tiene relación también con cómo afectará el
esperado cambio en los patrones de consumo marcados por la prevención y las
normas de distanciamiento social que, independientemente de cuánto dure la
pandemia, muchos de los expertos creen que es una tendencia que también ha
“Va a haber muchos menos dependientes de comercio y más
trabajadores de logística y repartidores”, advierte Unai Sordo. Llegados a este
punto surge la más que posible necesidad de que muchos trabajadores transiten
hacia los nuevos modelos de negocio que se potencien o que aparezcan. Si bien a
ninguno de los expertos consultados se le escapa que dicha transición no es ni
fácil ni rápida, por lo que se vislumbra un nuevo desacoplamiento en el mercado
Además del teletrabajo, la digitalización y los nuevos
patrones de consumo que cambiarán los modelos de negocio, Álvarez (UGT) cree
que las empresas han visto otras potencialidades en los efectos de esta
pandemia: el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)
como mecanismo de flexibilidad interna alternativa a los despidos. “Espero que
los empresarios se hayan dado cuenta de que los ERTE ya propician la
flexibilidad necesaria en el mercado laboral y que esto sirva para reducir la
temporalidad”, expone.
A este respecto, Sordo coincide en que, tras controlar la
pandemia, “los ERTE se podrán usar más que antes, pero tampoco pueden ser barra
libre, sino que implicará un mayor control sobre las causas de estos ajustes y
de los despidos; solo así podremos sacar una enseñanza de este asunto que se
quede después de la crisis”.
No obstante, en el colectivo de economistas tienen serias
dudas acerca de que las empresas sigan recurriendo a los ERTE, sobre todo como
alternativa a la temporalidad, si se mantiene la exigencia de no poder despedir
durante los seis meses posteriores al fin del ajuste. Además, alertan de que
este hipotético mayor recurso a los ERTE como algo definitivo en el mercado de
trabajo supondría una socialización de las pérdidas de las empresas.
El dÃ­a despuÃ©s: cÃ³mo serÃ¡ el mercado laboral tras la pandemia
Las empresas están preocupadas por la legalidad de medidas
como “tomar la temperatura a la entrada del local a empleados y clientes”, “la
geolocalización a través del móvil” o quizás en el futuro, “un pasaporte
inmunológico” que confirme que esa persona ya dejó atrás el coronavirus, tal y
como ocurre ya en China o Corea del Sur, que sus ciudadanos están obligados a
portar dicho pasaporte en sus desplazamientos.
Pero ¿qué dicen los expertos en privacidad sobre estas medidas?. Medidas,
que a priori enfrentan el derecho fundamental a la privacidad con el de la
salud pública. El debate está servido, especialmente tras un comunicado de la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) cuestionando
algunas de estas medidas. La
AEPD pide a Sanidad que determine y regule los criterios que hagan segura y
poco invasiva esta práctica, ya que advierte que estas actuaciones suponen una
injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados y que se
están realizando sin el criterio previo de las autoridades sanitarias.
Así mismo deja muy claro la AEPD en su comunicado, que este
tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que, como tal, debe
ajustarse a las previsiones de la legislación correspondiente. Esta normativa
contiene apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al
tiempo que permiten seguir aplicando los principios y garantías que protegen el
Este tratamiento de toma de temperatura supone una
injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados:
– Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud
de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato
de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una
persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la
– Por otro lado, los controles de temperatura se van a
llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual
denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría
desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la
persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no
relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.
En último extremo, y dependiendo del contexto en que se
aplique esta medida, las consecuencias de una posible denegación de acceso
pueden tener un importante impacto para la persona afectada.
La implantación de sistemas que tomen el calor corporal de
los clientes, parece que ha venido para quedarse, y son muchas ya las entidades,
tanto públicas como privadas que han anunciado el comienzo de este tipo de
medidas; el Gobierno vasco anunció que va a realizar controles aleatorios de
toma de temperatura en los puntos de acceso del transporte público de todo el
territorio (metro, tren, tranvía y autobuses), denegando el acceso a aquellos
que superen los 37 grados. De igual manera algunos supermercados asiáticos en
Madrid ya han comenzado a tomar la temperatura de los clientes que acuden a
comprar para controlar su acceso. El Corte Inglés anunció que realizará test
rápidos a sus empleados de centros comerciales y tomará la temperatura a los
clientes, como parte de un plan de contingencia, publicado por el sindicato
mayoritario en la compañía.
Para algunos expertos, como José Luis Piñar, ex director
general de la AEPD, lo más lógico es que las empresas realicen consultas a la
AEPD para aclarar “si la toma de
temperatura la tiene que hacer personal sanitario y solo a los empleados y si
existe alguna habilitación legal de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
que lo cubra”. Para Piñar el problema se centra “en que solo las grandes empresas tienen personal sanitario. Otros los
tienen externo. Habría que ver qué pasa si vienen nuestros clientes a vernos y
si les podemos tomar la temperatura y cómo lo hacemos. No tiene sentido que una
empresa tenga un médico a la puerta de cada uno de sus establecimientos. Es
importante que la AEPD deje claro si se puede utilizar personal sanitario o no”.
Al final, este tipo de iniciativas está generando un nuevo
derecho de admisión, en función de la temperatura que tenga el ciudadano. “Hay que diferenciar mucho entre que se
capten la temperatura por cámaras térmicas, con capacidad de grabar y conservar
datos –cuyo uso no recomienda la AEPD por ser muy invasivas– o por un aparato
que no capte datos personales y solo ofrezca la temperatura”.
En el otro lado del debate se encuentra el “derecho a la salud pública”, por el cual
la ley permite limitar tanto la privacidad como el derecho a la libre
circulación de los ciudadanos, siendo igual de relevante lo que tiene que decir
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que obliga a las empresas a
tomar todas las medidas necesarias para proteger a sus empleados de los riesgos
a los que puedan verse expuestos en su lugar de trabajo, “y el contagio del
Covid-19 es uno de ellos. Lo que convertiría en “obligatorio el uso de estas
medidas” en locales de cara al público donde la exposición al virus es mayor.
Sin embargo, tanto la AEPD como los expertos argumentan que
las medidas de control deben cumplir con dos principios primordiales, la
proporcionalidad y minimización de los datos. Es decir, que las medidas que se
instauren vayan acordes al fin perseguido y sean las estrictamente necesarias
para alcanzarlo. Es decir, a priori simplemente la toma de temperatura a la
entrada de un local de forma automática, sin recoger y tratar esos datos de
ninguna forma, sería una práctica legítima, ya que no es invasiva y responde a
la necesidad de la empresa de evitar que entren personas que puedan estar
Comunicado de la Agencia Española
FUENTE: AEPD / ADADE
Â¿Se puede tomar la temperatura a clientes y empleados? Â¿quÃ© dice la ley?
Un informe de Hogan Lovells alerta de que la infracción en
su tramitación tiene consecuencias más allá del plano laboral.
El fraude en la tramitación de los ERTE está en el punto de
mira del Ministerio de Trabajo. Hace unos días, el Real Decreto Ley 15/2020
endurecía las sanciones de tipo laboral para estos supuestos, calificando como
muy grave la declaración o comunicación de datos falsos o inexactos para
obtener irregularmente prestaciones, o las artimañas para lograr que su
cantidad fuera superior a lo que regularmente corresponde. Las multas serán de
entre 6.251 y 187.515 euros, el rango más alto previsto en la Ley de
Infracciones y Sanciones del Orden Social.
No obstante, el fraude en la tramitación de un ERTE puede no
quedarse solo en una infracción laboral y saltar, incluso, al orden penal,
conllevando penas de hasta seis años de prisión. Así lo advierte en informe,
que analiza los riesgos penales de las empresas en el contexto de la crisis del
El artículo 307 del Código Penal (CP) castiga a quien, por acción
u omisión, «defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas
de esta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente
devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto
asimismo de forma indebida».
Cuando la cuantía objeto del fraude supere los 50.000 euros,
esta conducta será castigada con una pena de prisión de entre uno y cinco años,
y una multa del séxtuplo del dinero impagado o recibido indebidamente. Si la
cantidad sobrepasa los 120.000 euros, la condena será de dos a seis años de
cárcel y la multa se eleva al doble del séxtuplo. Asimismo, en ambos casos se
prohibirá al autor de los hechos la imposibilidad de recibir contratos o
subvenciones públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la
Según Ignacio Sánchez, encajaría en este supuesto el caso de
una empresa que solicita un ERTE sin que exista una verdadera suspensión de
contratos o reducción de jornada. O también si se tramita como fuerza mayor un
expediente que no cumple los requisitos legales.
En este sentido, Sánchez recuerda que en el Real Decreto Ley
9/2020 se incluía un aviso a navegantes, al establecer que tanto la Inspección
de Trabajo como la Agencia Tributaria, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad
del Estado, incluirían en sus planes de actuación la persecución de los casos
con indicios de fraude.
No es el único delito que puede cometer la empresa o los
trabajadores tentados de obtener un beneficio ilegítimo de la actual situación.
El informe también apunta que, en el caso de que los empleados logren una
prestación de la Seguridad Social de forma fraudulenta, estarían vulnerando el
307 ter del CP, que impone condenas de dos a seis años si la cuantía es de más
de 50.000 euros, o de seis meses a tres años si es inferior.
Es importante señalar que el precepto no solo castiga la
obtención para uno mismo, sino también facilitar o ayudar a un tercero a
conseguirlo (también salpica al empresario). Ahora bien, ¿cuándo podría cometerse
esta infracción? Por ejemplo, si se simula un despido para obtener alguno de
los subsidios creados durante al pandemia, como el de empleados del hogar o el
de trabajadores con contrato temporal.
Asimismo, nos recuerdan que tanto el artículo 307 del CP como
el 307 ter generan responsabilidad penal para la persona jurídica, por lo que
son conductas que las compañías deben prevenir.
La falta de protección adecuada de los trabajadores también
puede conllevar penas de prisión. El documento apunta que una reducción de
jornada ficticia puede suponer un delito de imposición de condiciones laborales
lesivas (artículo 311 del CP), penado con entre seis meses y seis años de
Igualmente, el artículo 316 tipifica los delitos contra la
seguridad y la salud en el trabajo, que pueden cometerse si se somete a los
trabajadores a un riesgo grave para su vida o integridad sin las medidas de
protección necesarias. Su castigo: entre seis meses y tres años de cárcel.
Finalmente, el bufete incide en que el falseamiento de una
autorización para circular, en determinados supuestos, podría encajar dentro
del delito de falsedad en documento oficial, regulado en el 392 del Código
Contagios. La falta de medidas adecuadas de protección a la salud y la
seguridad en el trabajo es, en sí misma, una conducta punible, según establece
el artículo 316 del Código Penal. Para su comisión, no se requiere que se
produzca un daño efectivo. Pero, si este se materializa, además de la
infracción señalada, el empresario podría estar incurriendo en un delito de
lesiones o, en el peor de los casos, uno de homicidio, ambos en su modalidad
imprudente, como resalta el informe. «Si se demuestra que se ha generado
un riesgo jurídicamente desaprobado y con esa vulneración de tus obligaciones
sanitarias provocas una lesión, encaja en el delito de lesiones»,
reflexiona Ignacio Sánchez, socio del bufete. «El problema, continúa, es
probar la relación de causalidad; es decir, que ese contagio se ha producido en
el trabajo».
Compliance. Si bien el artículo 316 del Código Penal no es susceptible
de generar responsabilidad penal a las personas jurídicas, Ignacio Sánchez cree
que la inclusión de medidas de protección de la salud en relación al Covid-19
será una realidad a partir de ahora dentro de los planes de compliance.
«Mi recomendación es que vayan estableciéndose unos mínimos: cómo
organizar el trabajo y la distribución del personal, vigilar la seguridad de
los suministros, etcétera, porque esto va más allá de los riesgos penales»,