Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/25930
Timestamp: 2020-01-22 19:26:15
Document Index: 261664775

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 35', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'in fine', 'Artículo 754', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 64/2019
b) Mediante providencia de 15 de mayo de 2018, el órgano judicial acordó dar audiencia a las partes y al ministerio fiscal a los efectos del art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dado que el precepto cuestionado “obliga al juez a dar traslado del acto de exploración a las partes para que puedan formular alegaciones y considerando que ello podría afectar al derecho a la intimidad de la menor (art. 18 CE)”.
Al exigir la extensión de un “acta detallada”, la norma cuestionada se aparta de la normativa precedente (art. 770.4 LEC) y de las más recientes modificaciones legislativas en esta materia (art. 778 quinquies.8 LEC, introducido por la disposición final, tercera apartado 12 de la misma Ley 15/2015).
4. Por providencia de 17 de julio de 2018, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad; reservar para sí su conocimiento [art. 10.1 c) LOTC]; dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al fiscal general del Estado, al objeto de que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones (art. 37.3 LOTC); comunicar la presente resolución al Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Barcelona, a fin de que permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente (art. 35.3 LOTC); y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”.
b) El auto de planteamiento no contiene mención alguna al juicio de aplicabilidad o relevancia. Si bien la aplicabilidad de la norma es casi de automática comprensión, la conclusión es distinta respecto al llamado juicio de relevancia. El juez en realidad no identifica ningún dato, de los aportados por la menor en la comparecencia, como afectante a su intimidad. Siempre se refiere a ello de forma hipotética: (“manifestaciones que puedan afectar a la vida de la menor”), sin indicar cuál de ellas es la que afecta. Es más, del contenido del acta no se desprende que ninguna de las afirmaciones recogidas en ella suponga una vulneración, pues no hace ninguna que no haya sido ya recogida por sus respectivos progenitores en sus escritos de iniciación del expediente y de oposición al mismo. Dar traslado del acta a las partes no supone otra cosa que poner en su poder unas manifestaciones que ya eran plenamente conocidas por ellos, y por lo tanto en absoluto suponen un perjuicio real para la intimidad de la menor.
Frente a lo que se desprende del auto de planteamiento, el precepto cuestionado dice más, pero no distinto de lo que dicen los arts. 770.4 y 778 quinquies.8 LEC. Si bien es cierto que solo el art. 18.2.4 de la Ley 15/2015 recoge el deber de extender “acta detallada”, no es menos evidente que el art. 374 LEC, para las declaraciones testificales, se remite a la documentación conforme al art. 146.2 LEC, que se refiere a la “necesaria extensión y detalle” para describir el contenido del acta. Respecto a la entrega del acta a las partes, el art. 232.1 LOPJ establece la regla general de la publicidad de las actuaciones judiciales, solo limitada por la posibilidad de declarar el secreto de las actuaciones en los excepcionales casos en que proceda, y el art. 234 LOPJ regula el derecho de las partes o de quienes acrediten algún interés a obtener copias de todas las actuaciones, sin más límite para las partes que la declaración de secreto, y para el resto de los interesados, la declaración de secreto o de reserva. Esta misma regulación se repite en el art. 140 LEC para su ámbito de aplicación. El auto de planteamiento no atiende a interpretación íntegra del ordenamiento jurídico.
Es doctrina consolidada que el juicio de relevancia, “consistente en que la decisión del proceso a quo dependa de la validez de la norma cuestionada (art. 35.2 LOTC), se erige en uno de los requisitos esenciales para impedir que la cuestión de inconstitucionalidad pueda quedar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad, lo que sucedería si se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que se suscita (por todas, STC 175/2016, de 17 de octubre, FJ 2 y 23/2017, de 16 de febrero, FJ 2), de manera que el control de constitucionalidad se convierta en un control abstracto (entre las últimas, SSTC 1/2016, de 18 de enero, FJ 2; 175/2016, de 17 de octubre, FJ 3 y 57/2017, de 11 de mayo, FJ 1). Constituye, pues, una de las más esenciales condiciones procesales de las cuestiones de inconstitucionalidad la de que su planteamiento no desborde la función de control concreto o incidental de la constitucionalidad de las leyes, lo que sucede cuando la duda planteada por el órgano judicial no es determinante de la decisión a adoptar y, por tanto, de la validez de la norma (en los términos en que ha sido acotada) no depende el fallo” (por todas, STC 77/2018, de 5 de julio, FJ 2).
No obstante, debido precisamente a que está en juego el derecho fundamental a la intimidad protegido por el art. 18.1 CE, atendiendo a los rasgos propios y característicos de este derecho, el Tribunal entiende que cuanto pone de manifiesto el ministerio fiscal no impide en este caso examinar el fondo del asunto. La razón estriba en que el contenido del derecho a la intimidad no está predeterminado: el art. 18.1 CE “no garantiza una ‘intimidad’ determinada, sino el derecho a poseerla, a tener vida privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público” (STC 134/1999, de 15 de julio, FJ 5; en el mismo sentido, SSTC 115/2000, de 5 de mayo, FJ 4; 121/2002, de 20 de mayo, FJ 2; 185/2002, de 14 de octubre, FJ 3, y 176/2013, de 21 de octubre, FJ 7).
En este proceso el control de constitucionalidad se proyecta sobre la norma cuestionada. Por esta razón, aunque ciertamente hubiera sido plausible que el órgano promotor de esta cuestión hubiera aportado al Tribunal Constitucional un mayor desarrollo argumental sobre las manifestaciones del menor de edad recogidas en el acta de exploración que hicieran evidente la dependencia o nexo de subordinación entre el fallo del proceso a quo y la validez de la norma, al Tribunal “únicamente le corresponde un control externo sobre el juicio realizado, que excluye la revisión del criterio sentado por el órgano judicial salvo que resulte con toda evidencia errado, porque sea notoriamente inconsistente o equivocada la argumentación judicial sobre la aplicabilidad de la norma al caso o porque de manera patente, sin necesidad de examinar el fondo debatido y conforme a principios jurídicos básicos, se advierta que el razonamiento en relación con el juicio de relevancia resulta falto de consistencia (entre tantas otras, en ese sentido, STC 43/2015, de 2 de marzo, FJ 3)” (STC 151/2017, de 21 de diciembre, FJ 2).
4. El interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores “que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”, según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990. Como detalla la observación general núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, el citado precepto enuncia uno de los cuatro principios generales de la Convención en lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño, a aplicar como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Es uno de sus valores fundamentales, y responde al objetivo de garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención. Añade que no hay jerarquía de derechos en la Convención: todos responden al “interés superior del niño” y ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del menor.
El derecho del menor a ser “oído y escuchado” forma así parte del estatuto jurídico indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos (STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5). Su relevancia constitucional está recogida en diversas resoluciones de este Tribunal, que han estimado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los menores en supuestos de procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal (SSTC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 5; en el mismo sentido, SSTC 71/2004, de 19 de abril, FJ 7; 152/2005, de 6 de junio, FFJJ 3 y 4, y 17/2006, de 30 de enero, FJ 5).
Sucede sin embargo que el propio ejercicio de este derecho puede producir afectación a otro derecho fundamental del que es titular el mismo menor de edad: su derecho a la intimidad, protegido por el art. 18.1 CE, y recogido en los arts. 16.1 de la Convención sobre los derechos del niño y 4.1 de la Ley Orgánica 1/1996. El derecho a la intimidad, según ha reiterado la STC 58/2018, de 4 de junio, “tiene por objeto ‘garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art. 10.1 CE), frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares. De suerte que el derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no solo personal sino también familiar (SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, y 197/1991, de 17 de octubre), frente a la divulgación del mismo por terceros y una publicidad no querida’ (por todas, STC 176/2013, de 21 de octubre, FJ 7)” (FJ 5).
Toda interpretación de las normas que procuran el equilibrio entre ambos derechos, cuando se trata de menores de edad, debe basarse en asegurar el interés superior del menor: “todos los poderes públicos —incluido el judicial— deben velar por el superior interés y beneficio de los menores de edad” (STC 185/2012, de 17 de octubre, FJ 2; en el mismo sentido, SSTC 127/2013, de 3 de junio, FJ 6; 167/2013, de 7 de octubre, FJ 5, y 186/2013, de 4 de noviembre, FJ 5). Bien refleja este principio la citada Ley Orgánica 8/2015, que en su exposición de motivos destaca su importancia: “Los cambios introducidos en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor desarrollan y refuerzan el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, principio fundamental en esta materia, pero concepto jurídico indeterminado que ha sido objeto, a lo largo de estos años, de diversas interpretaciones. Por ello, para dotar de contenido al concepto mencionado, se modifica el artículo 2 incorporando tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos años como los criterios de la Observación general núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial”. Dispone en consecuencia el reformado art. 2.4 de la Ley Orgánica 1/1996:
Ante un supuesto de colisión entre derechos fundamentales, o de imposición de determinadas limitaciones a los mismos en interés de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, examinar la constitucionalidad de una norma como la que es objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad exige efectuar un juicio de proporcionalidad, a fin de verificar si cumple la triple condición de (i) adecuación de la medida al objetivo propuesto (juicio de idoneidad); (ii) necesidad de la medida para alcanzar su objetivo, sin que sea posible su logro a través de otra más moderada con igual eficacia (juicio de necesidad) y (iii) ponderación de la medida por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). Sin olvidar que la posición constitucional del legislador “obliga a que la aplicación del principio de proporcionalidad para controlar constitucionalmente sus decisiones deba tener lugar de forma y con intensidad cualitativamente distinta a las aplicadas a los órganos encargados de interpretar y aplicar las leyes” (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6).
La doctrina del Tribunal ha puesto asimismo de relieve que “la función del intérprete constitucional alcanza la máxima importancia ‘y se ve obligado —como dice la STC 53/1985— a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos’ " (STC 215/1994, de 14 de julio, FJ 2). En esta ponderación, que también el Tribunal Constitucional ha de acometer bajo el prisma del interés superior del menor, se tendrá presente que “[l]a solución consistirá en otorgar la preferencia de su respeto a uno de ellos, justamente aquel que lo merezca, tanto por su propia naturaleza, como por las circunstancias concurrentes en su ejercicio. No se trata, sin embargo, de establecer jerarquías de derechos ni prevalencias a priori, sino de conjugar, desde la situación jurídica creada, ambos derechos o libertades, ponderando, pesando cada uno de ellos, en su eficacia recíproca, para terminar decidiendo y dar preeminencia al que se ajuste más al sentido y finalidad que la Constitución señala, explícita o implícitamente” (STC 320/1994, de 28 de noviembre, FJ 2).
La entrega a las partes del acta que documenta el resultado de la audiencia al menor, para que puedan formular alegaciones, constituye en efecto un instrumento perfectamente idóneo para procurar la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Es doctrina constitucional consolidada que “el art. 24 CE, en cuanto reconoce los derechos a la tutela judicial efectiva con interdicción de indefensión, a un proceso con todas las garantías y a la defensa, ha consagrado, entre otros, los principios de contradicción e igualdad de armas, imponiendo la necesidad de que todo proceso judicial esté presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos e intereses. También hemos afirmado que la interdicción de la indefensión requiere del órgano jurisdiccional un indudable esfuerzo, a fin de preservar los derechos de defensa de las partes, correspondiendo a los órganos judiciales la obligación de procurar que en un proceso se dé la necesaria contradicción entre ellas, así como que posean idénticas posibilidades de alegar o probar y, en definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen” (STC 307/2005, de 12 de diciembre, FJ 2, y las allí citadas).
7. El Tribunal ha reiterado que, prima facie, el juicio de necesidad compete al legislador, lo que viene “justificado, al igual que la del amplio margen de libertad del que goza y que deriva, no sólo de la abstracción del principio de proporcionalidad (STC 62/1982, fundamento jurídico 5) y de la reseñada complejidad de la tarea, sino también y sobre todo de su naturaleza como ‘representante en cada momento histórico de la soberanía popular’ (SSTC 11/1981, 332/1994)” (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 8).
Si, por decisión del juez, la exploración judicial se desarrolla en ausencia de las partes a fin de garantizar el derecho de audiencia en condiciones que preserven el interés superior del menor, la posterior entrega del acta detallada a las partes concilia esa decisión judicial con los derechos fundamentales de las partes en el proceso (art. 24 CE). No es ocioso recordar que, según la doctrina constitucional, “el criterio que ha de presidir la decisión judicial, a la vista de las circunstancias concretas de cada caso, debe ser necesariamente el interés prevalente del menor, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no resulta desdeñable por ello (SSTC 141/2000, de 29 mayo, FJ 5; 124/2002, de 20 mayo, FJ 4; 144/2003, de 14 julio, FJ 2; 71/2004, de 19 abril, FJ 8; 11/2008, de 21 enero, FJ 7)” (STC 185/2012, de 17 de octubre, FJ 4).
Tampoco en la tutela de derechos e intereses que se sustancian en los expedientes de jurisdicción voluntaria, aunque sean los intereses de un menor los directamente afectados por la decisión (arts. 18.2.4 párrafo primero, y 19.2 de la Ley 15/2015), puede obviarse que el acceso de las partes a todos los documentos del proceso es una consecuencia obligada del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en la noción acuñada por la doctrina de este Tribunal, como “privación del derecho a alegar y a demostrar en el proceso los propios derechos”, que “tiene su manifestación más trascendente, cuando por el órgano judicial se impide a una parte el ejercicio de este derecho a la defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, de justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias, en el ejercicio del indispensable principio de contradicción” (STC 8/2009, de 12 de enero, FJ 3). En el mismo sentido, la STC 278/2006, de 25 de septiembre, afirma que “en ningún caso pueden ser privadas las partes de la oportunidad de alegar sobre la cuestión que, a juicio del órgano judicial, resulta determinante de la decisión del recurso, pues de otro modo sufre la confianza legítima generada por los términos en que fue conformada la realidad jurídica en el proceso, que no puede desconocerse por los órganos judiciales (STC 53/2005, de 14 de marzo, FJ 5)” [FJ 3 b)].
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 3442-2018
Se cuestiona la constitucionalidad de un precepto de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, que establece la obligación del juez o letrado de la administración de justicia de extender acta detallada del resultado de la exploración de menores o personas con capacidad modificada judicialmente –celebrada en acto separado de la comparecencia–, con traslado del acta a las partes.
Se desestima la cuestión. Se afirma que el interés superior del niño exige garantizar su derecho a ser oído en todo procedimiento judicial en que el menor se encuentre afectado, procurando preservar al mismo tiempo su derecho a la intimidad. Asimismo, el traslado a las partes del acta que documenta el resultado de la audiencia al menor, resulta esencial para garantizar una efectiva contradicción entre las partes y el derecho de defensa de las mismas.
La medida impugnada garantiza el respeto del interés superior del menor. Ello en tanto el juicio de proporcionalidad debe realizarse en un momento previo al traslado del acta, procurando conciliar el derecho del menor a ser oído y a su intimidad con el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes. Así, mientras que el traslado del acta garantiza el derecho a la defensa de las partes, la celebración de la audiencia a puerta cerrada garantiza el efectivo ejercicio del derecho del menor a ser oído así como la protección de su derecho a la intimidad, debiendo el juez velar porque las declaraciones del menor se limiten a las imprescindibles para la averiguación de los hechos controvertidos.
Artículo 18.2.4
Artículo 18.1, ff. 1, 3 a 5
Artículo 24, ff. 5 a 7
Artículo 24.1, ff. 3, 4, 7
Artículo 24.2 (derecho a la asistencia de letrado), f, 5
Artículo 35 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 2
Carta europea de los derechos del niño. Resolución del Parlamento Europeo de 21 de septiembre de 1992
Apartado 15, f. 4
Artículo 2.4 (redactado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio), f. 4
Artículo 9.1 (redactado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio), f. 4
Artículo 9.1 párrafo 2 (redactado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio), ff. 4, 8
Artículo 9.2 párrafo 3 (redactado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio), f. 5
Artículo 9.3 in fine (redactado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio), f. 4
Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996. Ratificado por Instrumento de 11 de noviembre de 2014
Artículo 754, f. 7
Instrucción del fiscal general del Estado 2/2006, de 15 de marzo. Sobre el fiscal y la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores
Instrucción del fiscal general del Estado 1/2007, de 15 de febrero. Sobre actuaciones y jurisdiccionales e intimidad de menores
Observación general núm. 12, de 12 de junio de 2009. Comité de Naciones Unidas de derechos del niño
Observación general núm. 14, de 29 de mayo de 2013. Comité de Naciones Unidas de derechos del niño
Artículo 18.2.4, ff. 1, 4
Artículo 18.2.4 párrafo 1, f. 8
Artículo 18.2.4 párrafo 2, f. 7
Artículo 18.2.4 párrafo 3, f. 5
Artículo 19.2, ff. 7, 8
En general, ff. 4, 5, 8
§ 63, f. 8
§ 80, f. 8
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de julio de 1995 (Kerojärvi c. Finlandia)
§ 42, f. 8
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de febrero de 1996 (Lobo Machado c. Portugal)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de febrero de 1996 (Vermeulen c. Bélgica)
§ 33, f. 8
Contenido del derecho a la intimidadContenido del derecho a la intimidad, ff. 3, 4
Derecho a la defensaDerecho a la defensa, ff. 5, 6, 8
Derecho a la intimidad de menoresDerecho a la intimidad de menores, ff. 4, 5
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, ff. 4, 6 a 8
Derecho a ser oído de los menoresDerecho a ser oído de los menores, ff. 7 y 8
Intervención del Ministerio Fiscal en procesos con menoresIntervención del Ministerio Fiscal en procesos con menores, f. 7
Ponderación de derechos fundamentalesPonderación de derechos fundamentales, ff. 5 a 8
Interés superior del menorInterés superior del menor, ff. 4, 5, 7, 8
Exploración de menoresExploración de menores, ff. 2 a 8
Jurisdicción voluntariaJurisdicción voluntaria, ff. 3 a 8
Principio de contradicciónPrincipio de contradicción, ff. 6 a 8
Privación del derecho a formular alegacionesPrivación del derecho a formular alegaciones, f. 6