Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-11312-de-febrero-22-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415e5cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 14:34:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11']

﻿ AUTO 11312 DE FEBRERO 22 DE 1996
AUTO 11312 DE 22 DE FEBRERO DE 1996
CONTENIDO:PORTE DE ARMAS, CLASIFICACIÓN DE PISTOLAS Y REVÓLVERES
TEMAS ESPECÍFICOS:PORTE DE ARMAS, CLASES DE ARMAS, COMPONENTES DE LAS ARMAS DE FUEGO, FABRICACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:293 DE MAYO DE 1996, PÁG.586
Auto 11312 de febrero 22 de 1996
•PORTE DE ARMAS
CLASIFICACIÓN DE PISTOLAS Y REVÓLVERES
EXTRACTOS: «Como la colisión negativa de competencias se suscitó entre un juez regional y un juez penal del circuito, de conformidad con el artículo 68.5 del Código de Procedimiento Penal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la llamada a dirimirla.
Los argumentos expuestos por el juzgado penal del circuito de Guateque, los hace consistir en que el revólver marca Smith & Wesson hallado al procesado, posee un cañón que mide 20 centímetros de longitud, según así lo dictaminó el perito, razón por la cual, al desbordar la medida establecida en el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993 (15.24 cm), se trata de un arma de uso privativo de la fuerza pública.
El juzgado regional de Santafé de Bogotá considera que la calidad del arma no la otorga la longitud del cañón sino, por el contrario, su calibre, característica esta “que enmarca su naturaleza”.
Frente a estas tesis, considera la Corte oportuno transcribir las dos normas del Decreto 2535 de 1993, origen de este conflicto:
El artículo 8º dice:
“Armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública. Son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la fuerza pública, aquellas utilizadas con el objeto de defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden público, tales como:
a) Pistolas y revólveres de calibre 9.652 mm (38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto.
b) Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm (38 pulgadas).
c) Fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 L.R.
d) Armas automáticas sin importar calibre.
e) Los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres.
f) Lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre.
h) Granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción de la fuerza pública.
i) Armas que lleven dispositivos de tipo militar como miras infrarrojas, laséricas o accesorios como lanzagranadas y silenciadores.
j) Las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas en los literales anteriores (...)”.
El artículo 11 del estatuto citado señala:
“Armas de defensa personal. Son aquellas diseñadas para defensa individual a corta distancia. Se clasifican en esta categoría:
— En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomático.
— Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos a excepción de las que originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos.
b) Carabinas calibre 22 S, 22 L, 22 L.R., no automáticas.
c) Las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas”.
Entonces, tratándose de pistolas y revólveres se presentan tres hipótesis que resulta necesario examinar para establecer la naturaleza del arma de fuego, es decir, si se trata de arma de uso privativo de la fuerza pública o de defensa personal. Veamos:
1. Los revólveres y pistolas que tengan calibre superior a 9.652 mm (38 pulgadas), siempre serán de uso privativo de la fuerza pública, como claramente lo establece el literal b del artículo 8º, transcrito.
2. Los revólveres y pistolas de calibre inferior a 9.652 mm (38 pulgadas) siempre serán de defensa personal, como resulta del literal a del citado artículo 8º, sin importar las demás características contempladas en el literal a del artículo 11, esto es, ni el largo del cañón ni la capacidad de proveedor.
3. Cuando las mencionadas armas sean de calibre igual a 9.652 mm (38 pulgadas), se presentan dos circunstancias a saber:
a) Las que no reúnan las características del literal a del artículo 11, serán de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, como lo dispone el literal a del artículo 8º que reza:
“a) Pistolas y revólveres de calibre 9.652 mm (38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto”.
b) Las que reúnan las demás características previstas en el literal a del artículo 11, serán necesariamente armas de defensa personal.
Ello significa que cuando se trate de pistolas y revólveres que tengan calibre 9.652 mm (38 pulgadas), es imperativo examinar los demás requisitos establecidos en el literal a del mencionado artículo 11 del Decreto 2535 de 1993.
Así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte, entre ellas la providencia del 5 de mayo de 1994, en la que con ponencia del doctor Guillermo Duque Ruiz, se dijo:
“De conformidad con esta norma (se refiere el art. 8º del Decreto 2535 de 1993), pues, son armas de uso privativo de la fuerza pública, entre otras, las pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm, sin importar ninguna otra característica, lo mismo que las pistolas y revólveres de este calibre que no reúnan las condiciones señaladas en el artículo 11 de este mismo decreto”.
Por consiguiente, siendo de 38 pulgadas (9.652 mm) el calibre del revólver Smith & Wesson incautado al procesado y de 20 centímetros la longitud de su cañón, no hay duda que es de uso privativo de la fuerza pública y no de defensa personal como equivocadamente lo pretende el juez regional de Santafé de Bogotá, ya que, como en precedencia se dijo, en casos como este no solamente es el calibre el que determina la naturaleza del arma, sino los demás requisitos previstos en el multicitado decreto.
En fin, lo anterior impone concluir que la competencia para conocer de este proceso, recae en el juzgado regional de esta ciudad capital».
(Auto de febrero 22 de 1996. Radicación 11.312. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).