Source: http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821112&language=es_ES
Timestamp: 2018-10-22 20:18:19
Document Index: 400624506

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 170', 'artículo 112', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 13', 'artículo 336', 'artículo 322', 'artículo 55', 'artículo 43', 'artículo 35', 'artículo 73', 'artículo 28', 'artículo 13', 'artículo 336', 'artículo 322', 'artículo 42', 'artículo 15', 'artículo 54', 'artículo 43', 'artículo 122', 'artículo 76', 'artículo 19', 'artículo 95', 'artículo 18', 'artículo 94', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 96', 'artículo 37', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 68', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 68', 'artículo 31', 'artículo 42', 'artículo 98', 'artículo 106', 'artículo 2', 'artículo 55', 'artículo 3', 'artículo 84']

Fecha del documento 21/06/2018
Número del documento TSF/0088/2018
Número de control 18173040
Organismo emisor Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
CVE CVE-DOGC-B-18173040-2018
parado (41)
trabajador con discapacidad (63)
inserción profesional (89)
reinserción social (32)
ayuda pública (7607)
convocatoria (27952)
ayuda al empleo (356)
ayuda a los discapacitados (79)
En el contexto económico actual el incremento de la creación de puestos de trabajo y la creación de empresas se convierte en una prioridad y una apuesta estratégica para ampliar y hacer crecer la actividad económica.
El Plan de acción sobre emprendeduría 2020 en Europa, recogido en la Comunicación de la Comisión, en el Parlamento Europeo, en el Consejo, en el Comité Económico y Social Europeo y en el Comité de las Regiones, establece también la necesidad de fomentar en Europa medidas para facilitar la creación de empresas y un entorno mucho más favorable para que las personas emprendedoras y las empresas puedan prosperar y crecer.
Los centros especiales de empleo y las empresas de inserción contribuyen a promover un desarrollo local basado en una economía sostenible y de arraigo en el territorio así como a preservar el modelo de cohesión social; elementos que, de acuerdo con el nuevo marco fijado por la Unión Europea en la Estrategia Europa 2020, sirven para mejorar a largo plazo la reactivación económica, la competitividad de la economía y la ocupación.
Dentro de este marco, mediante la Estrategia Cataluña 2020 (ECAT 2020), el Gobierno de la Generalitat se compromete con los agentes económicos y sociales en particular, y la ciudadanía en general, a priorizar las actuaciones que tienen un impacto directo en la mejora de la competitividad y de la ocupación, especialmente en aquellas empresas, centros especiales de empleo y empresas de inserción, que tienen como objetivo la inserción de colectivos con graves dificultades de inserción.
Así, de entre las funciones del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que promueve la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa (en adelante DGESTSCA), se incluye la planificación de actuaciones de difusión, promoción y fomento de generación de puestos de trabajo en empresas de inserción (EI) y centros especiales de empleo (CET) así como el fortalecimiento de este tipo de empresas.
Esta Orden responde al eje 1 del Plan de Gobierno para la XI legislatura: un país más justo. Un nuevo estado del bienestar para todo el mundo y de promoción de políticas de ocupación para un país con más y mejor trabajo. En este sentido, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, contribuyen a preservar el modelo de cohesión social.
Con la Resolución 17/XI del Parlamento de Catalunya sobre la situación de emergencia social, la reactivación económica, la gestión pública y la necesidad de una respuesta institucional, en fecha 10 de marzo de 2016, el Parlamento de Catalunya insta al Gobierno a mejorar la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión y/o discapacidad.
Fruto del debate, se aprobaron 82 puntos de la resolución, que contienen cerca de 275 medidas concretas para afrontar muchos de los ámbitos que afectan a las personas con situación de vulnerabilidad: pobreza infantil, necesidades alimenticias, inclusión y cohesión social, renta mínima de inserción, políticas de vivienda, sinhogarismo, pobreza energética, transporte público, dependencia, políticas de empleo, garantía juvenil, atención a la diversidad funcional, salud, política económica y fiscal, refugiados o regularización de extranjeros. Es significativo que el Parlamento de Catalunya, en esta resolución, hace un reconocimiento explícito al esfuerzo de las entidades sociales y de los entes locales en la defensa de los derechos sociales y de la igualdad de oportunidades y a la tarea que llevan a cabo en beneficio y apoyo de los colectivos más vulnerables y para una sociedad más inclusiva que sea garante de derechos sociales y que combata firmemente las desigualdades y la exclusión y las causas que las provocan.
Dentro del apartado de la resolución “Atención a la diversidad funcional”, el Parlamento de Catalunya instaba al Gobierno a aprobar un plan de promoción de la ocupación de las personas con diversidad funcional, en cuya elaboración se cuente con los agentes sociales y las organizaciones de personas con diversidad funcional y sus familias.
Así pues, esta Orden de bases se enmarca como una actuación dentro de este plan y se configura por lo tanto como instrumento de fomento y de apoyo a proyectos de creación de ocupación sostenible para las personas con más riesgos de exclusión social o más dificultad de integración laboral debidas a discapacidades, contribuyendo al crecimiento de la economía social en Cataluña.
Teniendo en cuenta esta premisa, la Orden propone ayudas para actuaciones innovadoras y singulares de dos elementos estratégicos del sistema de cohesión social en Cataluña: los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, con la finalidad de que estos analicen, evalúen, prospecten y planteen proyectos generadores de ocupación sostenible para los destinatarios finales de estas actuaciones: personas en situación o con riesgo de exclusión, y personas con discapacidades.
Los centros especiales de empleo ocupan laboralmente a las personas con discapacidad que por la naturaleza o a consecuencia de su discapacidad no pueden, provisionalmente o definitivamente, ejercer una actividad laboral en el mercado ordinario. El objetivo de los centros especiales de empleo es desarrollar un trabajo productivo, participar regularmente en las operaciones de mercado y tener como finalidad la de asegurar un trabajo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad.
La Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral, establece un marco legal que promueve, de una banda, la inserción laboral de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de llegar a ella, para conseguir la total integración social, y, de la otra, el registro, la regulación y el fomento de las empresas de inserción. La inserción sociolaboral, regulada en esta Ley, va dirigida a personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de llegar que estén desocupadas y que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario, y que pertenezcan a alguno de los colectivos siguientes: Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial o con enfermedades mentales que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral. Personas destinatarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Personas que no puedan acceder a la renta garantizada de ciudadanía, porque no cumplen los requisitos establecidos por la Ley 14/2017, de 20 julio, de la renta garantizada de ciudadanía. Jóvenes mayores de dieciséis años y menores de treinta provenientes de instituciones de protección de menores. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social. Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a una ocupación, personas en libertad condicional y personas exreclusas. Personas que no puedan acceder a la renta garantizada de ciudadanía, pero que se encuentren, a juicio de los servicios sociales competentes, en situación de riesgo de exclusión y finalmente, también parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.
Esta Orden quiere impulsar a estos dos actores de la economía social catalana, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, a que presenten proyectos donde se analicen nuevos escenarios productivos para su actividad económica, donde se planteen posibles ampliaciones de líneas de negocio, cambios o ampliaciones de sector de actividad, procesos de reorientación o adaptación de sus centros de trabajo, siempre bajo la premisa de planteamientos de sostenibilidad productiva, ambiental y laboral, y generadores de nuevos puestos de trabajo estables para las personas vulnerables o con discapacidad, por lo que es necesario que los proyectos tengan en cuenta todos aquellos elementos necesarios que garanticen mejor su fortalecimiento posterior y consolidación a medio y largo plazo.
En conclusión, las dos líneas de subvenciones que prevé esta Orden, tienen la voluntad de facilitar la creación o ampliación de empresas de inserción y centros especiales de empleo en Cataluña, fomentar su espíritu emprendedor, permitir la reconversión de líneas de producción y generar nuevos puestos de trabajo para personas con dificultades de integración y de inserción por toda Cataluña.
También hay que decir que constituye un activo para la economía catalana el hecho de ampliar la visualización y normalización de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción a fin de que sean una opción laboral y empresarial cada vez más presente y valorada en todos los sectores de actividad, poder asegurar la cobertura en el territorio de servicios y recursos destinados a las personas emprendedoras de proyectos de inserción laboral de colectivos con muchas dificultades, así como la consolidación de estas empresas.
El Real decreto ley 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Empleo, establece el marco normativo del sistema de ocupación estatal, y dispone en el artículo 3.2 que, de conformidad con la Constitución y sus estatutos de autonomía, corresponde a las comunidades autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, el fomento de la ocupación y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos.
El artículo 11 de la Ley de Empleo dispone que los planes anuales de política de ocupación deben concretar, con carácter anual, los objetivos de la Estrategia española de activación para el empleo a alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una de las diferentes comunidades autónomas, así como los indicadores que se deben utilizar para conocer y evaluar anualmente su grado de cumplimiento.
Para alcanzar estos objetivos, deben contener la previsión de los servicios y programas de políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se proponen llevar a cabo tanto las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución en el ámbito del trabajo, la ocupación y la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral como el Servicio Público de Empleo Estatal en su ámbito competencial.
Los planes anuales de política de empleo los elabora el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, deben recibir el informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y los debe aprobar el Consejo de Ministros.
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la disposición final duodécima establece que las comunidades autónomas, con cargo en los fondos estatales distribuidos a través de la Conferencia Sectorial, pueden realizar las acciones y medidas reguladas a la normativa estatal, o bien desarrollar acciones y medidas de políticas activas de empleo, diferentes de las anteriores, adaptadas a la realidad de las personas desocupadas y del tejido productivo de su ámbito territorial. En todo caso, las acciones y medidas se deben dirigir al cumplimiento de los objetivos que se establezcan en el Plan anual de política de empleo de cada año e integrarse en los diferentes ámbitos de la Estrategia española de Empleo.
Considerando lo que dispone el artículo 170.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado mediante la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, por la que corresponde a la Generalidad de Catalunya la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, y se incluyen de forma expresa las políticas activas de empleo y la gestión de las subvenciones correspondientes; considerando el artículo 112 del mismo Estatuto, por el que corresponde a la Generalidad, en el ámbito de las competencias ejecutivas, la potestad reglamentaria y también la función ejecutiva; así mismo, y considerando la competencia que la Generalitat de Catalunya tiene reconocida de acuerdo con los artículos 114 y 166 del mismo Estatuto, se establecen ayudas con cargo al presupuesto propio de la Generalitat.
Considerando la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (DOGC nº. 6780, de 31.12.2014);
Considerando el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Catalunya;
Considerando el Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DOGC nº. 7196, d'1.9.2016);
Considerando lo previsto en el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de despliegue, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio;
Esta Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras generales y las específicas para cada línea que deben regir la convocatoria de subvenciones que se indican a continuación:
Anexo 1: Bases reguladoras generales, aplicables a todos los programas y subvenciones.
Anexo 2: Línea 1. Subvenciones destinadas a proyectos singulares generadores de ocupación sostenible para personas con discapacidad, en centros especiales de empleo.
Anexo 3: Línea 2: Subvenciones destinadas a proyectos singulares generadores de ocupación sostenible para personas en situación o con riesgo de exclusión, en empresas de inserción.
Anexo 4: Principios éticos y reglas de conducta a que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar la actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.
Consejero de Trabajo, Asuntos Socials y Famílias
El objeto de estas bases es regular el procedimiento de concesión de las ayudas que se concretan en esta Orden en las siguientes líneas:
Se pueden acoger a las subvenciones que prevé esta Orden las entidades previstas en los anexos 2 y 3 para cada línea de subvención.
—3 Requisitos de las entidades beneficiarias
3.1 Los requisitos que deben cumplir las entidades solicitantes para obtener la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones son los siguientes:
a) Cumplir las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalidad de Catalunya y las obligaciones ante la Seguridad Social. Este cumplimiento se debe mantener a lo largo de todo el procedimiento: en el momento de presentar la solicitud, previo a la resolución de otorgamiento y antes de recibir cualquier pago.
En caso de que la entidad beneficiaria integre varias entidades miembros para las cuales solicita la subvención deberá declarar que, las entidades miembros integradas en la entidad que representan y que reciban una parte de la subvención, están al corriente de sus obligaciones tributarias ante la Generalitat y el Estado y ante la Seguridad Social.
b) Atender a las personas usuarias en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña y redactar, al menos en catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público, de acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.
c) No incurrir en ninguna de las circunstancias que impidan adquirir la condición de beneficiario, que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Las deudas que estén aplazados se considera que cumplen el requisito de estar al corriente de las obligaciones.
d) No haber sido sancionadas, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia de integración laboral de personas con discapacidad o muy grave en materia de relaciones laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o, si han sido sancionadas, que hayan aplicado las medidas correctoras previstas y abonado las cantidades requeridas por este concepto.
e) Las entidades con un número de 50 personas trabajadoras o más deben cumplir la obligación que establece el artículo 42 del Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de dar ocupación al menos a un 2% de personas trabajadoras con discapacidad sobre el número total de las de la entidad, o de la aplicación de las medidas alternativas de carácter excepcional que regulan el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y el Decreto 86/2015, de 2 de junio.
f) En el caso de entidades con una plantilla igual o superior a 25 personas, deben cumplir la obligación, de acuerdo con los agentes sociales, de indicar los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo, e intervenir en sus centros de trabajo, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
g) Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades y, con esta finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, tal como prevé la ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el caso de las empresas de más de 250 personas trabajadoras se debe elaborar y aplicar con carácter obligatorio un plan de igualdad, de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (BOE nº. 71, de 23.3.2007).
h) Cumplir con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente en materia laboral y de seguridad, y en particular, que cumple con toda la normativa de prevención de riesgos laborales.
i) Cumplir la obligación que establece el artículo 13.5 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que el personal de las entidades cuyas actividades supongan el acceso y ejercicio a las profesionales, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, no puede haber sido condenado en sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución y la explotación sexual y la corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos.
j) Las entidades solicitantes deben tener centro de trabajo en Cataluña.
Las entidades solicitantes deben estar dadas de alta de actividad económica, excepto las entidades locales o las entidades del sector público institucional.
k) Las fundaciones y las asociaciones deben haber adaptado sus estatutos según la disposición transitoria primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y la Ley 5/2011, del 19 de julio, de modificación del anterior.
l) Las fundaciones deben haber cumplido el deber de presentar las cuentas anuales delante del protectorado, de acuerdo con el artículo 336.3 del libro tercero del Código Civil de Cataluña, aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril.
m) Las empresas o las entidades deben estar legalmente constituidas e inscritas en los registros correspondientes, y deben disponer de los libros contables, los registros tramitados y los otros documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como aquellos estados contables y registros específicos exigibles.
n) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o género.
o) En el caso de asociaciones, haber elaborado las cuentas anuales y hacerlos accesibles al público de acuerdo con el artículo 322.15 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña.
p) Informar si se han pedido u obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/o obtenida.
q) Adherirse al código ético que figura como anexo 4, en cumplimiento del artículo 55.2 de la Ley 19/2014, del 29 de septiembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para regular y garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a la información y la documentación públicas.
r) En caso de que la entidad solicitante esté integrada por varias entidades miembros y algunas de estas tengan que ejecutar la acción solicitada, se deben hacer constar en el formulario de solicitud las entidades que llevarán a cabo la acción indicando qué importe del presupuesto total del proyecto ejecutarán cada una de ellas así como la relación detallada de la previsión de la distribución de la subvención entre las entidades miembros de la agrupación. Las entidades que ejecuten parte de la acción solicitada deberán cumplir los mismos requisitos que la entidad beneficiaria.
3.2 Las entidades solicitantes y las entidades agrupadas deben cumplir los requisitos de estos bases generales, también los que especifiquen los anexos correspondientes, así como cualquier otra obligación legal o reglamentaria que pueda afectarlos, los cuales se acreditan mediante una declaración responsable que se debe presentar junto con la solicitud.
3.3 El cumplimiento de estos requisitos se deberá acreditar mediante la firma de las declaraciones responsables que incluirá la solicitud.
3.4 El incumplimiento de los requisitos establecidos o del plazo de presentación de solicitudes que establezca la convocatoria de estas ayudas comporta la inadmisión de la solicitud.
3.5 La acción subvencionada se debe llevar a cabo en Cataluña.
—4 Solicitudes y plazos de presentación
4.1 Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las subvenciones, se deben formalizar exclusivamente por vía electrónica, en el marco de lo que establece el artículo 43.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto.
El formulario de solicitud normalizado estará a la disposición de las personas interesadas en la extranet de las administraciones públicas catalanas, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat), en el portal corporativo de tramitación Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), en el apartado Trámites de la Generalidad de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), y en el apartado Trámites del portal de Trabajo (http://treball.gencat.cat).
4.2 Para poder presentar el formulario de solicitud electrónicamente, hace falta que la entidad o su representante legal dispongan de un certificado digital válido y vigente. Se admiten los sistemas de firma electrónica adelantada y los sellos electrónicos adelantados que se fundamentan en un registro fiable de la identidad de usuarios o basados en certificados reconocidos o calificados de firma electrónica. Concretamente se admiten los que considera el apartado 6.2 del Protocolo de identificación o firma electrónica aprobado por el Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, que son los mecanismos siguientes:
a) Certificados reconocidos o cualificados emitidos a favor de una persona jurídica o un ente sin personalidad jurídica y custodiados por una persona física, titular del certificado, la cual lo puede utilizar para actuar en nombre de la empresa o del ente indicado en el certificado.
b) Los mecanismos utilizados para la identificación de personas físicas que autentiquen la identidad de un ciudadano que declara representar a una persona jurídica.
c) Certificado reconocido o calificado de firma adelantada idCAT que emite el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña.
d) Certificado del DNI electrónico.
Los mecanismos de firma utilizados por los empleados públicos de los entes locales de acuerdo con el protocolo de identificación y firma que hayan aprobado.
La relación de certificados digitales válidos se puede consultar en la sección “Como tramitar en línea” del apartado Trámites de la web de la Generalidad de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
En caso de que las entidades o su representante legal no dispongan de certificado digital, pueden obtener uno en los centros emisores correspondientes que figuran, según los tipos de certificado. La relación de centros emisores se puede consultar en la sección “Como tramitar en línea” del apartado Trámites de la web de la Generalidad de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
4.3 Las entidades deben hacer el seguimiento del estado de la solicitud desde Mi carpeta” del apartado Trámites de la web de la Generalidad de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
4.4 La firma del formulario de solicitud implica la autorización en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias a fin de que pueda hacer las comprobaciones en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. De acuerdo con el artículo 35.3 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, la presentación de la declaración responsable en el marco de un procedimiento administrativo faculta a la Administración pública competente para verificar la conformidad de los datos que se incluyen.
Las deudas que estén aplazados se considera que cumplen los requisitos de estar al corriente de las obligaciones.
En caso de que la entidad beneficiaria integre varias entidades miembros para las cuales solicita la subvención, deberá declarar que las entidades miembros integradas en la entidad que representan que reciban una parte de la subvención están al corriente de sus obligaciones tributarias ante la Generalitat y el Estado y ante la Seguridad Social.
La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y con la previa audiencia a la persona interesada, y, en consecuencia, comportan inadmisión de la solicitud de subvención, sin perjuicio que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la concesión.
4.5 Si el formulario de solicitud y la documentación presentadas no cumplen los requisitos que establece esta base, se requerirá a la persona o entidad solicitante que, en un plazo de diez días hábiles, enmiende el defecto o adjunte los documentos preceptivos, con la indicación que, si no lo hace, se considera que desiste de su petición, con resolución previa, de acuerdo con lo que dispone el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
4.6 En todos los casos el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias puede requerir a la entidad que aporte la información o el dato de naturaleza económico-financiera o de carácter contractual que considere necesaria para otorgar la subvención que prevé esta Orden.
4.7 Se debe comunicar a la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas, y la Autoempresa del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias cualquier variación que pudiera producirse a partir de la presentación del formulario de solicitud, en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que se produce la variación, mediante el formulario de aportación de documentación.
4.8 El plazo de presentación de solicitud se debe establecer en la convocatoria correspondiente.
5.1 A los formularios de solicitud, debidamente formalizados, se deberá adjuntar la documentación específica establecida en los anexos 2 y 3, y la genérica que se indica a continuación:
a) Una ficha resumen del proyecto, según modelo normalizado.
b) Una memoria del proyecto con las especificidades indicadas para cada línea de subvención.
c) El presupuesto completo y detallado del proyecto en el cual figuren todos los gastos y los ingresos previstos, el posible cofinanciamiento del proyecto y el origen del fondo y la cuantía de la ayuda que se solicita. En caso de que la actividad subvencionada consista en diferentes actuaciones, el presupuesto se debe desglosar por actuaciones y por conceptos de gasto.
d) Una declaración responsable conforme la documentación adjunta que se presenta es una copia idéntica de los documento originales y que también lo será la documentación que se presente en formato electrónico durante toda la convocatoria y que son ciertos los datos consignados en esta solicitud.
5.2 En el caso de documentos que ya estén al poder de cualquiera de los departamentos de la Generalidad de Catalunya, en aplicación del que prevé el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, su aportación se puede sustituir por una declaración de la entidad solicitante que no ha habido modificaciones en la fecha de presentación de la solicitud, y se deben hacer constar el lugar, la fecha y el órgano delante del cual se presentó la documentación. Esta declaración se incluye en el formulario de solicitud.
En caso de que se hayan producido modificaciones en la documentación presentada, haya prescrito su periodo de vigencia o hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento por el que se entregó, se deberá presentar necesariamente la nueva documentación.
5.3 La acreditación de los requisitos indicados en la base 3 se debe hacer mediante las declaraciones responsables correspondientes, que están incorporadas en el formulario de solicitud y que se indican a continuación:
a) Declaración responsable conforme la persona firmante de la solicitud de subvención tiene poder suficiente en derecho para actuar en nombre y representación de la persona jurídica solicitando y que asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de esta solicitud.
b) Declaración responsable que no ha sido sancionada, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia de integración laboral de personas con discapacidad o muy grave en materia de relaciones laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto; o, si ha sido sancionada, que ha aplicado las medidas correctoras previstas y abonado las cantidades requeridas para este concepto.
c) Declaración responsable que el local, la sala, la obra, el establecimiento o el centro de trabajo cumple los requisitos que establecen los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero.
d) Declaración responsable que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones que les sean exigibles.
e) Declaración responsable que la entidad que representa atiende las personas usuarias en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña y redacta, al menos en catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público, de acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística
f) Declaración responsable que la empresa o la entidad cumple con las obligaciones y no incurre en los supuestos de prohibición que establecen los artículos 90.bis y 92.bis del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
g) Que la entidad solicitante se adhiere a los principios éticos y reglas de conducta a las cuales deben adecuar la actividad las personas solicitantes que constan en el anexo 4 de las bases reguladoras de estas subvenciones en cumplimiento del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio y de acuerdo con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para regular y garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de acceso de las personas a la información y documentación pública.
h) En caso de que la entidad sea una fundación, declaración responsable que los estatutos de la entidad están adaptados de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y con la Ley 5/2011, del 19 de julio, de modificación del anterior, y declaración que se han presentado las cuentas anuales delante del protectorado, de acuerdo con el artículo 336.3 del libro tercero del Código Civil de Cataluña, aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril.
i) En caso de que la entidad sea una asociación, declaración responsable que sus estatutos están adaptados de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.
j) Asimismo, en el caso de asociaciones, declaración responsable de haber elaborado las cuentas anuales y haberlos hecho accesibles al público de acuerdo con el artículo 322.15 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña.
k) Declaración responsable de la existencia de otras subvenciones o ayudas públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el mismo concepto, con indicación del programa al cual se acogen, de la cuantía solicitada, del porcentaje que suponen del coste total del proyecto, de si se encuentran en fase de solicitud o concesión y con cargo a qué entidad pública o privada se han solicitado.
l) Declaración responsable que se dispone de un sistema de organización y de gestión de la prevención de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; el Real decreto 39/1997, de 1 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como de acuerdo con las modificaciones posteriores introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
m) En caso de que la entidad solicitante sea una empresa con una plantilla igual o superior a veinticinco personas, declaración responsable de cumplir con la obligación, de acuerdo con los agentes sociales, de la utilización de medios para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo y de intervención en sus centros de trabajo, y su indicación.
n) Declaración responsable del hecho de no haber estado nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias en relación con la Ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como manifestación del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley.
o) Declaración responsable que se dispone de las certificaciones legalmente establecidas, o de haberlas solicitado previamente en la publicación de la propuesta provisional de resolución, para acreditar que el personal de las entidades cuyas actividades supongan el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores no ha sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución y la explotación sexual y la corrupción de menores, así como por tráfico de seres humanos, y que, en caso de que cambie a alguna persona adscrita al proyecto, se compromete a hacer la comprobación oportuna con respecto al caso.
p) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias con lo Agencia Tributaria del Estado y con la Generalidad de Catalunya, y las obligaciones con la Seguridad Social.
q) En el caso de entidades miembros integradas, declaración responsable que las entidades miembros integradas en la entidad que reciban una parte de la subvención estarán al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria del Estado y con la Generalidad de Catalunya y las obligaciones con la Seguridad Social y que están al corriente del pago de las obligaciones para el reintegro de subvenciones.
r) Declaración responsable que son ciertos los datos consignados en el formulario de solicitud y que se debe comunicar a la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias cualquier variación que se pueda producir a partir de la presentación del formulario de solicitud, en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que se produce la variación.
s) Declaración que la entidad cumple con las obligaciones aplicables del título II de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Sólo en caso de que la entidad perciba subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000,00 euros anuales o al menos el 40% de sus ingresos anuales proceda de subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta cantidad sea de más de 5.000,00 euros).
t) Declaración responsable, en el caso de entidades vinculadas con partidos políticos, que no hacen donaciones, aportaciones o prestaciones de servicios a título gratuito en beneficio de partidos políticos, fundaciones o asociaciones que estén vinculadas orgánicamente, desde la presentación del formulario de solicitud hasta la finalización de la actividad subvencionada.
u) Declaración responsable que la entidad ha informado al personal de que su contratación está sujeta al proyecto subvencionado y que se harán cesiones de datos a la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa.
v) En caso de que la entidad solicitante sea una empresa con una plantilla igual o superior a cincuenta personas, declaración responsable de dar ocupación, al menos, a un 2% de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, sobre el número total de trabajadores y trabajadoras de la entidad, o bien aplicar las medidas alternativas de acuerdo con lo que disponen el artículo 42 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social; el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y el Decreto 322/2011, de 19 de abril.
y) Declaración responsable conforme la entidad cumple cualquier otra obligación legal o reglamentaria que suba afectar.
5.4 Una vez hecha la propuesta provisional de otorgamiento de la subvención las entidades solicitantes deben presentar la documentación que se les requiera y específicamente la siguiente:
a) Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería de la Generalidad de Catalunya (área SEPA), en caso de que sea la primera vez que aporten los datos bancarios o hayan transcurrido más de cinco años de la última presentación o las hayan modificado. El documento modelo se puede descargar en el enlace siguiente: (http://economia.gencat.cat/ca/70ambitsactuacio/tresoreriaipagaments/04modelsiformularis/)
b) Los/las entidad solicitantes que hayan negociado con la Administración una prórroga, un aplazamiento, una moratoria o cualquier otra condición especial, hace falta que aporten la documentación que acredite esta prerrogativa especial.
c) En caso de subcontratación de las actuaciones objeto de subvención, hay que adjuntar la documentación que se prevé en la base 13 del anexo 1 de esta Orden.
d) Declaración responsable de la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o administración, sólo las personas jurídicas que puedan percibir una subvención por un importe superior a 10.000 euros, tal como establece el artículo 15.2 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
—6 Procedimiento de concesión
6.1 El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de concurrencia competitiva, y el plazo máximo para notificar y emitir la resolución es de tres meses a contar desde el día siguiente de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo, si no se ha dictado y notificado una resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con lo que establece el artículo 54.2.e) de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
6.2 El órgano competente para instruir el procedimiento es la persona titular de la Subdirección General de Trabajo en la Diversidad.
6.3 El órgano competente para valorar las solicitudes y para elaborar el informe que sirve de base a la propuesta de resolución correspondiente es el órgano colegiado integrado por los órganos siguientes:
La persona titular del Servicio de Programas para la Diversidad, o la persona que designe.
La persona titular del Servicio de Programas de Inserción Laboral, o la persona que designe.
El informe del órgano colegiado debe incluir el resultado de la evaluación de las solicitudes presentadas.
6.4 La propuesta de resolución provisional la formulará la persona titular de la Subdirección General de Trabajo en la Diversidad, como órgano instructor del expediente, de acuerdo con el informe de la comisión de valoración prevista en la base 6.3, y se debe fundamentar, ordinariamente, en los informes de la comisión de valoración y, en caso de que no siga los informes mencionados, debe motivar la discrepancia.
6.5 La propuesta de resolución provisional debe contener la lista de las entidades propuestas para ser entidades beneficiarias de las subvenciones y el importe propuesto para otorgar, la lista de entidades agrupadas, si ocurre, la lista de las solicitudes denegadas con el motivo de denegación, y la relación de documentación que las entidades propuestas como entidades beneficiarias deben presentar.
Esta propuesta provisional se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Catalunya (https://tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.
En el supuesto que alguna de las entidades propuestas para ser entidades beneficiarias de la subvención no lo acepte o desista de la solicitud, se puede otorgar la subvención a las entidades solicitantes de la lista de denegadas por falta de presupuesto, priorizadas por la orden de la puntuación obtenida, siempre que con la renuncia o desistimiento se haya liberado bastante crédito por atender al menos una de las solicitudes denegadas, con la aportación previa de la documentación correspondiente y de la aceptación de la subvención, si es el caso.
6.6 La propuesta de resolución provisional se entenderá aceptada tácitamente si la entidad propuesta como beneficiaria no presenta ninguna alegación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la propuesta provisional de concesión. Dentro del mismo plazo, las entidades solicitantes pueden presentar alegaciones que se tendrán en cuenta en el momento de resolver.
Las entidades propuestas como entidades beneficiarias de las subvenciones deben presentar la documentación que les sea requerida, de acuerdo con la base 5 de este anexo, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la propuesta provisional de concesión.
6.7 El órgano competente para dictar la resolución sobre la concesión de la ayuda, es la persona titular de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa, a propuesta de la persona titular de la Subdirección general de Trabajo en la Diversidad.
6.8 No se pueden conceder subvenciones por una cuantía superior a la que determina la convocatoria ni superior al coste del proyecto.
6.9 Una vez resuelta la convocatoria, a medida que se produzcan renuncias o revocaciones de las subvenciones, y en el supuesto de que se haya agotado el importe máximo destinado al ejercicio, se pueden asignar nuevos otorgamientos a las solicitudes que no hayan llegado a obtener la ayuda y que, vistos los criterios de valoración incluidos en estas bases, mantengan una posición inmediatamente posterior a la de los proyectos subvencionados según la orden de prelación establecido, siempre que estos proyectos se puedan realizar en el ámbito temporal que se establezca a la convocatoria por cada línea de subvención.
6.10 Todas las comunicaciones, trámites, informes, resoluciones y otras actuaciones que el órgano competente tenga que llevar a cabo para tramitar el procedimiento administrativo se deben hacer por medios electrónicos de acuerdo con lo que establece el artículo 43.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto.
—7 Resolución y notificación
7.1 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano concedente debe resolver sobre la inadmisión o el desistimiento de las solicitudes, y debe notificar la resolución de inadmisión o desistimiento a las personas interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sin perjuicio que pueda utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.
7.2 La resolución de concesión y de denegación de subvenciones se debe notificar mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.
7.3 Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, se puede presentar un recurso de alzada ante la persona titular de la secretaría general del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de la notificación de la resolución, según el que establecen el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
—8 Inadmisión y desistimiento
8.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes que establecen las bases y/o la resolución de convocatoria de subvención, comporta la inadmisión de la solicitud.
8.2 La falta de presentación de cualquiera de los documentos que prevé la base 5 del anexo 1 o la falta de enmienda de los requisitos enmendables, dentro del plazo de 10 días hábiles y con el requerimiento previo, comporta el desistimiento de la solicitud.
—9 Revisión y variaciones en el destino de la subvención
9.1 De acuerdo con el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cualquier alteración de las condiciones que se han tenido en cuenta para conceder la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones fuera de los casos permitidos a las normas reguladoras, pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
9.2 El beneficiario tiene la obligación de proponer en el órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir en destino de la subvención que, si es el caso, debe ser autorizado expresamente por el órgano concedente de acuerdo con el artículo 95.e) del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
—10 Modificación de la resolución
10.1 El órgano concedente tiene la facultad de revisar las ayudas concedidas y modificar las resoluciones de concesión en el caso de alteración de las condiciones o de la obtención concurrente de otras ayudas.
10.2 Las entidades beneficiarias pueden solicitar la ampliación del plazo de ejecución o justificación de la subvención antes del vencimiento del plazo de que se trate por razones debidamente justificadas. El órgano concedente debe resolver expresamente; en caso contrario, la solicitud se entiende desestimada.
—11 Publicitado de las subvenciones otorgadas y de la convocatoria.
11.1 De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el artículo 94.6 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y la base 15 del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, cuando las subvenciones concedidas, consideradas individualmente, sean del mismo importe o de un importe superior a 3.000,00 euros, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias debe hacer publicidad de los otorgamientos de estas subvenciones mediante su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y al tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Catalunya, e indicar la convocatoria ordinaria, el programa y el crédito presupuestario al cual se ha imputado, la persona beneficiaria, la cantidad concedida, la finalidad de la subvención y su formalización.
11.2 De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las subvenciones se deben publicar al Portal de la Transparencia (http://transparencia.gencat.cat)
11.3 Considerando el artículo 17.3 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la misma Ley en relación con el Acuerdo de Gobierno 192/2015, de 29 de diciembre, los texto íntegro de la convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La publicación de la convocatoria se hace efectiva con el envío de la información exigida al Registro de ayudas y subvenciones de Cataluña (RAIS), de acuerdo con el artículo 96 bis del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y mediante la Base de Datos nacional de Subvenciones (BDNS).
—12 Obligaciones de las entidades beneficiarias
12.1 Las entidades beneficiarias de las subvenciones deben cumplir las obligaciones siguientes:
a) Cumplir la finalidad de la subvención llevando a cabo la actividad subvencionada en el plazo que determinen las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente.
b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado. Cualquier cambio en el proyecto o calendario presentado se debe comunicar en el órgano instructor con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución, el cual puede aceptar o no la modificación solicitada, dentro del plazo máximo previsto en las bases reguladoras, si no comporta cambios sustanciales ni representa un incumplimiento de los requisitos y condiciones que establecen estas bases y las bases reguladoras de cada subvención.
Con respecto a la creación o mantenimiento del ocupación de 6 o 12 meses que da pie a la valoración del proyecto y el otorgamiento de la subvención, en el supuesto de bajas voluntarias o involuntarias de los trabajadores que los ocupan, la entidad beneficiaria está obligada a su sustitución en el plazo máximo de un mes, a contar desde el momento de la baja.
Se puede presentar en el órgano gestor las propuestas de cualquier cambio del proyecto que se pueda producir en la acción subvencionada, dentro del plazo máximo de ejecución de las actuaciones previstas en estas bases y a la convocatoria, mediante trámites gencat (http://tramits.gencat.cat), canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat) y en caso de los entes locales mediante la plataforma EACAT (http://eacat.cat). La propuesta se considera desestimada si no se ha notificado por resolución expresa la aprobación en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la fecha de presentación de la propuesta de cambio. Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar a la revocación total o parcial de la subvención. No se aceptarán cambios que comporten un cambio sustancial ni representen un incumplimiento de los requisitos y condiciones que establecen estas bases.
c) Proporcionar en todo momento la información que se les requiera respecto de la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de la Generalitat, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa aplicable.
d) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actividad subvencionada, obtenidos o pedidos a otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación se debe hacer tan pronto como se conozca y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos recibidos.
f) Justificar, delante del órgano gestor, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, y también la realización y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o el disfrute de la subvención.
g) Someterse a las actuaciones de comprobación que debe efectuar el órgano instructor y aportar toda la información que se les requiera en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
h) No recibir otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad de manera que con las cantidades otorgadas se supere el 100% del coste de la acción que debe cumplir la entidad beneficiaria. En cualquier caso, esta comunicación se debe efectuar tan pronto como se conozca, y en todo caso, antes de la justificación de la aplicación dada en los fondos percibidos.
i) Disponer de los libros contables, los registros tramitados y otros documentos debidamente auditados en los términos que exige la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como todos los estados contables y los registros específicos que exijan las bases reguladoras específicas de la subvención, con la finalidad de garantizar el ejercicio adecuado de las facultades de comprobación y control.
j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de comprobación y control.
k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los casos que prevé el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (causas de reintegro de las subvenciones).
l) Si la subvención es una parte proporcional del coste, se debe acreditar el coste total de la acción.
m) Solicitar, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de quince mil (15.000,00) euros sin incluir el IVA, en el caso de suministro de equipamientos o prestación de servicios, tres ofertas de diferentes proveedores como mínimo y con carácter previo a la contratación del compromiso de gasto, a menos que por las características especiales de los gastos subvencionables no haya en el mercado un número suficiente de entidades que lo suministren o lo presten, o a menos que el gasto se haya efectuado antes de la solicitud de la subvención.
n) La elección entre las ofertas presentadas, que se debe aportar en la justificación, se debe hacer de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, y se debe justificar expresamente cuándo la elección no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
o) Asimismo, se debe comunicar la contratación con una entidad vinculada con la entidad subvencionada o sus cargos directivos.
p) Incluir el logotipo del Departamento y la expresión correspondientes en los elementos informativos y de difusión de la actividad objeto de subvención, según el Programa de Identificación Visual (PIV). Este logotipo se puede encontrar en el apartado de descargas de la web de identidad corporativa (http://identitatcorporativa.gencat.cat).
q) Las entidades en las cuales hacen referencia los epígrafes a) y b) del artículo 3.4 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que perciben subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000,00 euros anuales o al menos el 40% de sus ingresos anuales procede de subvenciones o ayudas públicas, siempre que esta cantidad sea de más de 5.000,00 euros, deben cumplir con las obligaciones aplicables del título II de la misma Ley.
r) En cumplimiento del artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las personas jurídicas a las cuales se les haya concedido una subvención por un importe superior a 10.000 euros deben comunicar en el órgano concedente, mediante declaración responsable, la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o administración.
s) Cumplir con el establecido a la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
t) Mantener la trazabilidad de toda la documentación técnica y económica que permita verificar, por una parte, la realización correcta de las actividades objeto de esta subvención y, de la otra, la adecuación entre los registros contables y los documentos acreditativos de los gastos derivados de la realización de estas actividades.
u) Identificar expresamente en su contabilidad los gastos imputados a cada una de las acciones de manera separada o por cualquier otro medio que permita identificar los fondos que se han destinado al proyecto.
v) Informar de los indicadores de ejecución y de resultados, tanto comunes como específicos previstos en esta Orden.
w) Adherirse a los principios éticos y reglas de conducta a los cuales deben adecuar la actividad las personas beneficiarias, anexos al modelo tipo de bases reguladoras y a los que puedan constar a las correspondientes convocatorias.
x) Cumplir las otras obligaciones que prevén la normativa vigente en materia de subvenciones y las bases reguladoras de cada subvención.
12.2 Las entidades beneficiarias, los contratistas y otros terceros relacionados con el objeto de los proyectos subvencionados, deben colaborar y facilitar toda la documentación que se les requiera durante el ejercicio de las funciones de control y verificación de la Autoridad de Auditoría.
—13 Subcontratación
13.1 Se entiende que una entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de los gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
13.2 De acuerdo con eso, son susceptibles de subcontratación las actuaciones de las líneas objeto de subvención previstas a la presente Orden, hasta un máximo del 50% del importe de la subvención.
13.3 La subcontratación debe cumplir los artículos 29 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; y el artículo 68 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, que desarrolla el Reglamento, y hará falta tener en cuenta el siguiente:
a) La subcontratación en ningún caso supondrá un coste adicional en el importe de la subvención.
b) Las entidades beneficiarias son responsables que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se han establecido con respecto a la naturaleza y la cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas están sujetos al deber de colaboración para permitir la verificación adecuada del cumplimiento de los límites mencionados. A estos efectos, el contrato o el convenio debe recoger la obligación de facilitar a la persona beneficiaria la información requerida por el órgano convocante.
c) La subcontratación se deberá formalizar por escrito mediante contrato, convenio o acto de validez jurídica similar. El contenido mínimo que debe incluir es el siguiente:
Identificación de las partes (cargo, nombre, NIF, domicilio social, tipo de empresa...);
Objeto del convenio/contrato
Actividad concreta que se subcontrata: partidas contratadas, coste o presupuesto previsto, porcentaje sobre el total de la subvención
Contraprestación (cuantía, forma de realizar el pago y justificación del servicio prestado).
La entidad o la empresa subcontratada se compromete a facilitar al/a la beneficiario/aria de la subvención los datos (indicadores) que se mencionan a efectos de la justificación.
La entidad beneficiaria declara si tiene o no tiene parentesco por vínculo de matrimonio u otra relación estable análoga, por consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado con el contratista o con cualquier otro miembro de sus socios/socias o partícipes.
La entidad beneficiaria declara que no concierta la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con ninguno de los supuestos que establece el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Supeditación de la efectividad del contrato al otorgamiento de la subvención.
Órganos y procedimientos a los cuales se someterán las cuestiones litigiosas que se puedan derivar del convenio.
d) El contratista no podrá concertar con terceros la ejecución total ni parcial de la acción subcontratada.
e) En caso de que la actividad concertada con terceros supere el 20% del importe de la subvención y el importe sea superior a 60.000,00 euros, la formalización del contrato la deberá autorizar previamente el órgano concedente y deberá cumplir con el principio de publicidad mediante la publicación de un anuncio en cualquier medio de difusión que permita el conocimiento al número mayor posible de empresas interesadas en la licitación.
f) En ningún caso se podrá concertar por parte de la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las acciones subvencionadas con las personas y/o las entidades que establece el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A este efecto tienen la consideración de personas y/o entidades vinculadas a las entidades beneficiarias las que establece el artículo 68 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio.
13.4 De acuerdo con el que establece el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que establece la Ley 19/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del sector público, el beneficiario debe solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores previamente a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto que por sus características especiales no exista en el mercado bastante número de proveedores, o que el gasto se hubiera hecho con anterioridad a la subvención. En el supuesto de que se escoja una propuesta económica que no sea la más ventajosa, hay que aportar una memoria en la cual se justifique la elección.
13.5 En caso de que la entidad quiera subcontratar alguna de las actuaciones previstas en el proyecto, hará falta que lo prevea en la solicitud y presentar la documentación siguiente:
a) En caso de que el importe de la subcontratación sea el que prevé el apartado 3.e) de esta base, la entidad deberá presentar una vez recibida la resolución provisional, la petición de autorización, la declaración responsable de la entidad a subcontratar del cumplimiento de los requisitos previstos en la base 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, un borrador del contrato con el contenido mínimo previsto en el apartado 3.c) de esta base, la oferta de servicio publicada y 3 ofertas de 3 proveedores prevista en el apartado 4 de esta base y una declaración responsable conforme no tienen ninguna vinculación con la empresa propuesta para subcontratar.
b) En caso de que el importe de la subcontratación no supere el importe previsto en el apartado 3.e) de esta base, la entidad deberá presentar junto con la justificación de la subvención, la declaración responsable de la empresa subcontratada del cumplimiento de los requisitos previstos en la base 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, el contrato firmado por ambas partes con el contenido mínimo previsto en el apartado 3.c) de esta base, y según cuál sea el importe subcontratado, también la documentación prevista en el apartado 4 de esta base y una declaración responsable conforme no tienen ninguna vinculación con la empresa subcontratada, excepto que se haya obtenido una autorización expresa.
—14 Otorgamiento
La concesión de las subvenciones se hará según la siguiente metodología: Se otorgarán las subvenciones a aquellos proyectos que hayan obtenido la puntuación más elevada hasta agotar el presupuesto destinado a cada línea.
El importe máximo asignado a cada línea puede ser objeto de modificación teniendo en cuenta su despliegue, de manera tal que si una línea no agota su crédito previsto, puede aplicarse a la otra línea mediante resolución del director o directora general de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
—15 Seguimiento y control
Las entidades beneficiarias de la subvención se deben someter a las actuaciones de comprobación que el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias considere necesarias y a las de control financiero que correspondan, de acuerdo con lo que prevén los artículos 97 y siguientes del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y los artículos 45 y 46 de la Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
—16 Renuncia
Las entidades beneficiarias durante el periodo comprara desde la resolución provisional hasta la definitiva, y extraordinariamente durante el periodo de actuación, pueden renunciar de manera expresa, parcialmente o totalmente, a las subvenciones otorgadas, de acuerdo con lo que establecen los artículos 94 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en caso de que sea procedente, devolver las cuantías correspondientes a la cuenta restringida de ingresos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias con los intereses legales que correspondan.
—17 Revocaciones
17.1 El órgano concedente, previa tramitación del procedimiento legalmente establecido, debe revocar totalmente o parcialmente las subvenciones concedidas con la obligación por parte del beneficiario de retornar el importe recibido con los intereses que correspondan, en los supuestos previstos al Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
17.2 También son causas de revocación el incumplimiento de las obligaciones que establece esta Orden.
17.3 El gasto mínimo realizado y justificado de la acción subvencionada, en coherencia con el presupuesto presentado, exigible para poder considerar cumplidos el objeto y la finalidad de la subvención, es del 60%. El incumplimiento de este gasto mínimo establecido comporta la revocación de la subvención otorgada.
17.4 Asimismo, con respecto a los compromisos asumidos en la generación y/o mantenimiento de ocupación sostenible por los beneficiarios (fruto de la valoración de los cuales resulta el otorgamiento de la subvención), y de forma compatible con la situación prevista en la base 17.3, se establece la siguiente proporcionalidad de revocación de la subvención:
a) mantenimiento o generación de ocupación en una proporción de entre el 75% hasta el 51% por debajo del compromiso explicitado en la solicitud: 20% de revocación.
b) mantenimiento o generación de ocupación en una proporción de entre el 50% hasta el 31% por debajo del compromiso explicitado en la solicitud: 40% de revocación
c) mantenimiento o generación de ocupación en una proporción del 30% o menos del compromiso explicitado en la solicitud: 100% de revocación
—18 Infracciones y Sanciones
En caso de incumplimiento de las obligaciones que prevén estas bases reguladoras, resulta de aplicación el régimen sancionador que prevé la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con el que establecen los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
—19 Pago
19.1 Una vez se notifique la resolución de otorgamiento se debe tramitar el documento de obligación del anticipo que será del 80% de la cantidad otorgada para la cual no se exigen garantías, de acuerdo con las previsiones del artículo 42 del RD 887/2007 del Reglamento de la Ley general de subvenciones. Se entiende por anticipo cualquier entrega de los fondos que se haga con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención o ayuda.
19.2 La tramitación del documento de obligación del 20% restante se tramita una vez la actividad subvencionada ha estado debidamente justificada y se ha revisado la cuenta justificativa presentada por la entidad.
19.3 La tramitación de las obligaciones reconocidas de la subvención se hace de acuerdo con la liquidez, la disponibilidad y los criterios de programación de la Tesorería de la Generalitat y las condiciones que establece la resolución de concesión.
19.4 Previamente al reconocimiento de la obligación de cada uno de los pagos, el órgano instructor debe comprobar de oficio si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La firma de la solicitud de subvención por parte de la persona beneficiaria implica la autorización para hacer la comprobación.
19.5 En caso de agrupación de entidades, la entidad perceptora será la que recibirá los pagos correspondientes a la resolución de otorgamiento y distribuirá al resto de entidades el importe correspondiente.
—20 Justificación
20.1 La justificación de la aplicación de los fondos percibidos y el cumplimiento de la finalidad de la subvención se hace de acuerdo con los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; con el artículo 98.1 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y con el Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre formas de justificación de subvenciones (DOGC nº. 6890, d'11.6.2015).
20.2 Una vez finalizadas las actuaciones, la entidad beneficiaria de la subvención debe presentar, en el plazo máximo de 15 días naturales, la documentación siguiente:
a) Una cuenta justificativa con aportación de informe de auditor donde acredite la realización de las actuaciones subvencionadas, así como la totalidad de los gastos generados por las acciones mencionadas y la aplicación de los fondos percibidos. La cuenta justificativa con informe de auditor se debe hacer de acuerdo con la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones (DOGC nº. 6890, de 11.6.2015).
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades llevadas a cabo con:
Una relación clasificada de todos los gastos subvencionables relacionados con el desarrollo de la acción, de acuerdo con la estructura de costes establecida para cada programa, con identificación del acreedor, y el documento, el importe, la fecha de emisión, la fecha de pago y la forma de pago. Los gastos estarán agrupados por conceptos y de acuerdo con el presupuesto aceptado. Se debe presentar una liquidación donde se indiquen y se motiven las desviaciones con respecto al presupuesto inicial.
Indicación de los criterios de reparto de los gastos generales y/o indirectas incluidas a la relación de gastos.
Una declaración relativa a la financiación de la actividad subvencionada que contenga una relación detallada de otros recursos o subvenciones. En base a esta información se analizará la posible incompatibilidad o el exceso de financiación.
Una declaración del beneficiario conforme los pagos corresponden a actuaciones llevadas a cabo correctamente y justificadas mediante facturas pagadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente.
c) En caso de exención del IVA, se debe presentar el documento de autorización de la Agencia Tributaria que lo acredite.
d) Declaración responsable relativa a la elección entre las ofertas presentadas cuando el importe de la contratación de un gasto subvencionado supere la cantidad de 15.000,00 euros (sin IVA) en el supuesto de prestación del servicio o entrega del bien. El/la beneficiario/aria debe solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación, a menos que por las características especiales no haya en el mercado un número suficiente de entidades que lo suministren o presten, o a menos que el gasto se haya efectuado antes de la solicitud de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas se debe hacer de acuerdo con los criterios de eficiencia económica, y la elección se debe justificar expresamente en una memoria cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
e) en caso de que se haya subcontratado alguna actuación habrá que presentar la documentación prevista en la base 13 del anexo 1 de esta orden.
f) memoria técnica justificativa de la actuación que deberá contener como mínimo:
1) relación de las actuaciones realizadas y los materiales generados o elementos utilizados de acuerdo con el proyecto subvencionado.
2) relación de las empresas creadas con nombre y NIF.
3) relación de las personas que ocupen los puestos de trabajo creados, con nombre, sexo, NIF y empresa en la cual se haya creado.
4) declaración conforme la entidad dispone de la autorización expresa de las personas que ocupen los puestos de trabajo creados a fin de que la Dirección general de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa pueda verificar los datos de alta o modificación de la seguridad social del régimen que corresponda. En caso de que la entidad no disponga de esta autorización, hará falta que la entidad presente el documento justificativo de la seguridad social que lo acredite.
20.3 Se pueden justificar hasta un máximo de un 20% del importe de la subvención como gastos indirectos o generales, incluyendo, si ocurre, los gastos de auditoría.
20.4 En caso de que la entidad beneficiaria de la subvención sea un organismo o un ente del sector público, el informe de auditoría puede ser sustituido por un informe de la intervención.
20.5 Las entidades beneficiarias deben disponer de los documentos justificativos de los gastos, facturas, nóminas y otros documentos de valor probatorio equivaliendo, con validez jurídica en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa, y de los documentos acreditativos de su pago. Los gastos se deben pagar antes de la fecha de justificación económica.
—21 Régimen de compatibilidad de las subvenciones
21.1 Las subvenciones reguladas en estas bases son incompatibles con cualquier otra subvención concedida con la misma finalidad, excepto cuándo se trate de la financiación parcial del proyecto y se haya definido de manera precisa en la solicitud de subvención la parte subvencionada por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
21.2 También son incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda concedida con la misma finalidad que esté financiado por otras administraciones o entes públicos o privados, ya sean de ámbito local, nacional, estatal, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
21.3 El importe de la subvención concedida en ningún caso puede ser de una cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad que desarrolla el beneficiario.
—22 Régimen jurídico
En todo lo que no prevén estas bases reguladoras, se aplicará:
a) Con respecto a la tramitación administrativa general, la resolución y la notificación, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
b) Con respecto a los aspectos específicos de gestión de las subvenciones y, en todo caso, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la justificación, el reintegro y el régimen sancionador: el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley de subvenciones, y el Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones, así como la normativa sectorial que sea de aplicación.
c) Las subvenciones reguladas en esta Orden se acogen a la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés general (artículo 2.1.c de la Decisión SIEG).
—23 Carácter de las subvenciones
23.1 El otorgamiento de estas subvenciones está condicionado a las disponibilidades presupuestarias y en su caso, a la transferencia de fondos del Estado, y a la posibilidad de reducción parcial o total de la subvención, antes de que se dicte la resolución definitiva, como consecuencia de las restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
23.2 Las subvenciones que se puedan conceder se sujetan a limitación presupuestaria y no generan ningún derecho de continuidad en la asignación de financiación a los destinatarios para ejercicios sucesivos.
23.3 Las subvenciones concedidas se deben someter al régimen fiscal vigente en el momento de su otorgamiento.
—24 Protección de Datos de carácter personal
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar las convocatorias reguladas por estas bases de acuerdo con el principio de seguridad y confidencialidad que la normativa sobre protección de datos establece.
En caso de que el objeto de la subvención incluya el tratamiento de datos de carácter personal, los beneficiarios y entidades colaboradoras deben cumplir con la normativa correspondiente, todo adoptando e implementando las medidas de seguridad previstas por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de protección de datos de carácter personal, desplegada por el Real decreto 1720/2007, de 21 de septiembre.
—25 Ámbito temporal y cuantía de las subvenciones
25.1 El ámbito temporal de desarrollo de las actuaciones previstas en esta Orden será hasta el 15 de octubre del año de la convocatoria.
25.2 Los proyectos singulares se subvencionarán entre un máximo de 150.000 euros y un mínimo de 36.000, proporcionalmente a la puntuación obtenida según los criterios de valoración previstos en los anexos 2 y 3 de esta Orden.
—26 Gastos subvencionables
26.1 Son gastos subvencionables a los efectos de esta Orden todas las que cumplan los requisitos siguientes:
a) Que los gastos efectuados respondan a la naturaleza y finalidad de la acción subvencionada y resulten estrictamente necesarias. En ningún caso, el coste de los bienes o servicios subvencionados puede superar su valor de mercado.
b) Que sean verificables. A este efecto, las entidades beneficiarias deben conservar evidencias de la ejecución correcta de las acciones.
26.2 Se considera gasto subvencionable a los efectos de esta Orden el que se realice dentro del año de ejecución de la actuación subvencionada.
26.3 Los gastos subvencionables, con carácter general, son los gastos directos indispensables asociadas de manera inequívoca al proyecto concreto y al desarrollo de sus acciones vinculadas. Se establece un porcentaje máximo del 20% del presupuesto subvencionable como gastos indirectos o generales, por lo que el informe auditor deberá recoger y comprobar el método de cálculo aplicado para su imputación a la subvención, así como las justificando de gasto.
26.4 Se pueden subvencionar los gastos específicos que establecen los anexos 2 y 3 de esta Orden para cada línea de subvención.
26.5 No pueden ser en ningún caso gastos subvencionables los siguientes:
f) Comisiones y pérdidas de cambio y de otros gastos puramente financieros, como comisiones por mantenimiento de cuentas o transferencias.
g) Gastos justificados con facturas de fecha anterior o posterior al previsto en esta Orden, salvo la factura del auditor/a cuando la justificación se presente según la modalidad de cuenta justificativa con informe de auditor. En este caso, la fecha debe ser anterior a la presentación de la justificación económica.
h) Gastos efectuados en metálico.
—27 Indicadores
27.1 La Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa podrá establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan comprobar el grado de cumplimiento en la implementación de las actuaciones.
27.2 Todos los datos personales se deben disponer desagregados por sexos para facilitar los estudios estadísticos e informes de género, de acuerdo con la normativa vigente sobre esta materia, y respetar, en todo caso, la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Línea 1: Bases reguladoras específicas para los proyectos singulares generadores de ocupación sostenible para personas con discapacidades en centros especiales de empleo.
Se consideran proyectos singulares generadores de ocupación sostenible para personas con discapacidades en centros especiales de empleo, los proyectos que impulsen y fomenten la activación económica y competitividad del centro especial de trabajo, generadores de puestos de trabajo para personas con discapacidad con valor añadido, sostenibilidad ambiental, productiva y laboral que permitan la ocupación de las personas con discapacidad a través de la creación de nuevos proyectos empresariales o empresas, nuevas líneas de negocio, nuevos mercados, aprovechando oportunidades estratégicas del mismo sector de actividad, o del territorio.
Asimismo, a los efectos de las ayudas previstas en esta Orden, se consideran proyectos singulares aquellos que contribuyan a la consolidación de ocupación de las personas con discapacidad, mediante la estabilización de la plantilla, cuando la entidad solicitante se haya visto afectada por una fusión o colaboración entre diferentes centros especiales de empleo, o haya habido cualquier cambio de actividad que haya afectado a la estructura productiva del CET, producidas como consecuencia de la realización de cualquiera de las actuaciones previstas en la base 2 de estos anexo.
A los efectos de esta Orden se entiende por “generación de ocupación” los nuevos puestos de trabajo explicitados en la solicitud, que sean como mínimo de 6 meses y a jornada completa.
Asimismo, se entiende por “consolidación de ocupación” el mantenimiento de los puestos de trabajo explicitados en la solicitud y existentes previamente en la entidad beneficiaría, que se mantengan a jornada completa como mínimo un año.
—2 Tipo y condiciones de los proyectos subvencionables
2.1 El objetivo de estos proyectos singulares es incentivar la realización de actuaciones estratégicas, sectoriales y singulares innovadoras, que estimulen y refuercen la ocupación en los centros especiales de empleo así como potencien la creación de nuevos puestos de trabajo.
a) Actuaciones de fomento de la colaboración entre centros especiales de empleo para la adaptación a nuevos mercados y/o la creación de nuevos productos o servicios.
d) Actuaciones destinadas a la mejora y fortalecimiento empresarial, de adaptación a las TIC y de implantación de planes de comunicación.
h) Proyectos enfocados a canalizar la compra de las administraciones hacia productos y servicios que tengan en cuenta criterios ambientales y sociales y de desarrollo del territorio.
i) Proyectos de dinamización e inversión para la mejora y la viabilidad de CET
2.2 Los proyectos deben establecer un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas dirigidas a unos objetivos específicos que, basándose en una adecuada lógica de intervención, demuestren los vínculos causales entras las diferentes actuaciones, los productos y los resultados previstos, considerando los recursos humanos y materiales necesarios y la temporalidad de las actuaciones.
Las propuestas de participación deben presentar un enfoque basado en resultados. Este requerimiento se valora en función de los valores estimados según los indicadores de ejecución y de resultados propuestos.
En caso de que se trate de un proyecto agrupado, las entidades participantes deben trabajar de forma coordinada con la entidad promotora, llevando a cabo las actuaciones y actividades más adecuadas a su perfil y grado de participación. El proyecto que se presente debe recoger a la persona responsable coordinadora y en un convenio de colaboración o compromiso de participación, todas las actuaciones que llevarán a cabo estas entidades agrupadas.
2.3. Todos los proyectos de esta línea, deberán tener en cuenta todos aquellos elementos necesarios que garanticen su fortalecimiento y consolidación a medio y largo plazo, para lo cual, deberán prever la realización del correspondiente estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto, el cual podrá ser gasto subvencionable a los efectos de esta Orden.
2.4 No podrán ser objeto de subvención los proyectos singulares que ya hayan sido subvencionados dentro de la Línea 1 de la Orden TFS/234/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria de subvenciones en proyectos singulares, la Red de ateneos Cooperativos y proyectos Aracoop, para el fomento de la economía social y del cooperativismo, convocado mediante la Resolución TSF/2567/2017, de 25 de octubre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones a estos proyectos en el ejercicio 2017, o posibles convocatorias futuras.
2.5 Se considera que el proyecto llega a su finalización, cuando el nuevo mercado, producto, servicio o línea de producción, está en marcha y se han generado y/o estabilizado puestos de trabajo.
3.1 Pueden ser entidades beneficiarias de la subvención de la Línea 1 las entidades constituidas legalmente y con establecimiento operativo en Cataluña siguientes:
a) Entidades titulares de los centros especiales de empleo y los centros especiales de empleo que tengan personalidad jurídica propia, inscritas en el Registro de centros especiales de empleo de la Generalidad de Catalunya.
b) Agrupaciones sin personalidad jurídica constituidas por las entidades mencionadas en el apartado anterior. Este hecho se debe hacer constar expresamente en la solicitud, en la cual se deben indicar los compromisos de ejecución que asume cada uno de los miembros de la agrupación, así como el importe de la subvención que se quiere solicitar de cada uno de ellos, que tienen igualmente la condición de beneficiario. Se debe nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir con las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
Las entidades solicitantes que se presenten de forma agrupada deberán presentar, una vez otorgada la subvención, un convenio de colaboración que incluya la asunción de las responsabilidades financieras, las actuaciones a desarrollar de cada entidad participante y la forma de organización del proyecto.
Si se presenta una agrupación de entidades, la entidad solicitante debe ser una de las entidades que prevé el apartado a). Todas las entidades deben tener la condición de entidades beneficiarias y estar sujetas a los derechos y deberes como tales. Sólo una de ellas puede ejercer de entidad perceptora y las otras sólo pueden tener la categoría de entidades beneficiarias a efectos de esta Orden. La entidad perceptora debe ejercer el papel de representante de la agrupación durante toda la vida de la subvención enfrente de la Administración, y es la que debe recibir los pagos y distribuir al resto de entidades la parte correspondiente, a la vez que debe coordinar las diferentes intervenciones de las diferentes entidades agrupadas. Las entidades que participen de un proyecto agrupado y que no sean la entidad solicitante no podrán superar el 50% de participación en el presupuesto del proyecto.
La agrupación no puede disolverse hasta que no haya finalizado el plazo de prescripción que establecen los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
3.2 Para un mejor aprovechamiento y distribución de los recursos, cada entidad sólo puede presentarse a un único proyecto singular de esta subvención.
—4 Gastos específicos subvencionables
4.1 Son gastos específicos subvencionables de la Línea 1 las siguientes:
a) Gastos para la elaboración del estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto, cuando este se haya hecho mediante un encargo externo a la entidad beneficiaria.
b) Gastos de alquiler necesarios para desarrollar el proyecto.
c) Gastos de inversión en inmovilizado inmaterial (como ahora aplicaciones informáticas, R+D, propiedad industrial...) y material, este último en los conceptos de maquinaria, utillaje, mobiliario y equipos para procesos de información, destinadas a la mejora y apertura de procesos y líneas de negocio. La cuantía máxima imputable a este tipo de gasto, se establecerá en las Resoluciones anuales de convocatoria.
d) Gastos de comunicación y difusión necesarias para el proyecto: creación de herramientas, diseños, recursos web.
e) Gastos de material, publicidad y comunicación vinculados a la difusión del proyecto.
f) Gastos de formación y organización de talleres, actos y sesiones.
g) Primas de seguros vinculadas a la realización de las actuaciones.
h) Es subvencionable el importe del IVA efectivamente soportado y no recuperable. Las entidades beneficiarias deben declarar la situación en que se encuentran respecto de este impuesto. En caso de que estén sujetos a régimen de prorrata general o especial, sólo se puede imputar el porcentaje que legalmente les corresponde.
i) Gastos indirectos de hasta un máximo del 20% del importe total del proyecto. Los gastos de amortización de los bienes necesarios para llevar a cabo el proyecto.
j) Otros gastos que respondan de manera inequívoca a las necesidades del proyecto, siempre que la entidad las haya incluido en el presupuesto.
k) Gastos del informe del auditor relativo a la justificación de la subvención otorgada.
—5 Documentación específica que hay que presentar con la solicitud
a) Una memoria que contendrá una descripción, un análisis de la situación territorial y económica, los objetivos, el programa de trabajo y los indicadores.
b) En caso de que el proyecto se presente de manera agrupada, también se debe adjuntar una declaración responsable por cada entidad, de acuerdo con la base 3 del anexo 1 de la presente Orden, así como una relación de las actuaciones que se prevé que desarrollará cada una de estas entidades y su peso económico.
—6 Criterios de valoración
Se establece una valoración estándar y una valoración añadida.
6.1 Con respecto a la valoración estándar, la valoración de las solicitudes se hace en base a una escala de puntuación de 0 a 100 puntos. La puntuación mínima requerida para optar a la subvención es de 50 puntos.
Se valora el grado de definición del proyecto, la justificación y su estructura en base a los siguientes apartados:
-Diagnosis y justificación: máximo 10 puntos.
1) Justificación de la necesidad: 2 puntos.
2) Diagnosis del territorio: 2 puntos.
3) Responde de forma específica a una demanda de mercado, sector o territorio: 2 puntos.
4) Aprovechamiento de oportunidad o solución a situación específica: 2 puntos.
5) Aporta algún elemento diferenciador o innovador en el desarrollo de proyecto: 2 puntos.
-Objetivos: máximo 5 puntos.
Se valora que se definan unos objetivos claros, medibles y coherentes con la justificación del proyecto.
1) Objetivos del proyecto en términos concretos y cuantificables: 2 puntos.
2) Coherentes y adaptados a los objetivos de la línea de subvención y a las actividades y justificación del proyecto: 3 puntos.
-Descripción del proyecto: máximo 15 puntos.
Se valora que la descripción del proyecto proponga actuaciones que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados.
1) Las acciones planteadas son coherentes y estratégicas respecto de la justificación y los objetivos del proyecto. Las actuaciones descritas inciden directamente con la finalidad del proyecto y los resultados previstos: 5 puntos.
2) Proyecto orientado de acuerdo con la estrategia Cataluña 2020. Se consideran actividades emergentes, las actividades económicas en las que se espera el requisito de un conocimiento científico y tecnológico o un crecimiento futuro, como sueño las gestión de energías y de residuos, industrias de telecomunicaciones, TIC, tecnologías innovadoras en los diferentes ámbitos, salud, servicios a las personas, turismo, bioindustria, bioconstrucción y/o reciclaje): 5 puntos.
3) Calidad de la propuesta: máximo 5 puntos.
Según el siguientes criterios: si el proyecto poco estructurado, poco detallado o comprensible: 0 puntos. Si se identifican claramente los objetivos, las fases, el calendario, las actuaciones y las explicaciones son claras y responden a las demandas de cada apartado: 3 puntos. Además del anterior, hay un alto nivel de detalle en las actuaciones y en las explicaciones de los apartados y en algunos casos se refuerzan con dosieres o material anexo: 5 puntos.
-Capacidad, complementariedad y experiencia en el ámbito del proyecto de la entidad y equipo promotor: máximo 10 puntos.
Se valora la solvencia técnica de la entidad solicitante y equipo promotor para desarrollar el proyecto.
1) Según los siguientes criterios: Insuficiente capacidad y experiencia en el ámbito del proyecto y perfil técnico del equipo reducido o inadecuado: 0 puntos. Con capacidad y experiencia suficiente y los recursos humanos y materiales sueño los necesarios para llevar a cabo las actividades: 4 puntos. Con capacidad y experiencia relevante. Relación de dotación de recursos suficientes y adecuados a la magnitud del proyecto; la experiencia y pericia de los recursos humanos propuestos se consideran adecuados a los objetivos estratégicos del proyecto. Los recursos suponen un valor añadido a los objetivos estratégicos del proyecto e incluyen referencias que permiten la innovación: 7 puntos.
2) Entidades colaboradoras y agentes implicados en el proyecto: máximo 3 puntos.
Según los siguientes criterios: proyecto genérico sin implicar a otras entidades y/o sectores. No detalla las entidades: 0 puntos. Proyecto en colaboración con otras entidades y/o sectores (mínimo 3 agrupadas). Detalla las entidades colaboradoras: 3 puntos.
-Generación o mantenimiento de ocupación, resultados: máximo 50 puntos.
1) Puestos de trabajo generados o mantenimiento de los existentes para personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual y discapacidad física y/o sensorial de entre un 40% y un 100% de discapacidad: máximo 40 puntos.
Entre 1 y 4 puestos de trabajo: 15 puntos.
De 5 a 9 puestos de trabajo: 25 puntos.
De 10 a 15 puestos de trabajo: 30 puntos.
Más de 16 puestos de trabajo: 40 puntos.
2) Coste del proyecto por cada puesto de trabajo mantenido o creado: máximo 10 puntos.
El coste por proyecto de cada solicitud se calculará de la manera siguiente:
Importe solicitado / puestos de trabajo creados.
Las puntuaciones por coste por participante serán:
Igual o superior a 19.000 euros: 0 puntos.
Entre 16.000 a 18.999 euros: 2 puntos.
Entre 13.000 en 15.999 euros: 6 puntos.
Entre 9.000 a 12.999 euros: 8 puntos.
Inferior a 9.000 euros: 10 puntos.
-Financiación del proyecto: máximo 10 puntos.
Se valora el grado de cofinanciamiento del proyecto:
Sin cofinanciamiento: 0 puntos.
Hasta un 10%: 5 puntos.
Superior a 10%: 10 puntos.
6.2 Con respecto a la valoración añadida los proyectos que plantean la creación neta de ocupación sostenible —frente los proyectos que planteen mantenimiento de ocupación— reciben una puntuación añadida de 5 puntos por cada nuevo puesto de trabajo creado de duración superior a 12 meses y a jornada completa.
Línea 2. Bases reguladoras específicas para los proyectos singulares generadores de ocupación sostenible para personas en situación o riesgo de exclusión, en empresas de inserción laboral.
Se consideran proyectos singulares generadores de ocupación sostenible, los proyectos dirigidos a fomentar la reactivación económica, la competitividad de las empresas de inserción y dinamizar la ocupación de las personas en exclusión o en riesgo de sufrirlo, y especialmente personas que reciben la Renta Garantizada de Ciudadanía, a través de la creación de nuevos proyectos empresariales o empresas, nuevas líneas de negocio, nuevos mercados, aprovechando oportunidades estratégicas del mismo sector de actividad, o del territorio y que permitan la reactivación.
El objetivo es incentivar la realización de proyectos y actuaciones estratégicas, sectoriales y singulares innovadoras, que estimulen y refuercen la ocupación en las empresas de inserción así como potencien la creación de nuevos puestos de trabajo destinados a personas en situación o en riesgo de exclusión. Asimismo, a los efectos de las ayudas previstas en esta Orden, se consideran proyectos singulares aquellos que contribuyan a la consolidación de ocupación sostenible, mediante la estabilización de la plantilla, cuando la entidad solicitante se haya visto afectada por una fusión o colaboración entre diferentes empresas de inserción o haya habido cualquier cambio de actividad que haya podido afectar a la estructura productiva de la empresa de inserción.
2.1 Las actuaciones a desarrollar en los proyectos pueden englobar:
a) Actuaciones de fomento de la colaboración entre Empresas de Inserción para la adaptación a nuevos mercados y/o la creación de nuevos productos o servicios.
i) Proyectos de dinamización e inversión para la mejora y la viabilidad de empresas de inserción.
2.3 Todos los proyectos de esta línea, deberán tener en cuenta todos aquellos elementos necesarios que garanticen su fortalecimiento y consolidación a medio y largo plazo, para lo cual, deberán prever la realización del correspondiente estudio de viabilidad técnica y económica del proyecto, el cual podrá ser gasto subvencionable a los efectos de esta Orden.
2.5 Se considera que el proyecto llega a su finalización cuando el nuevo mercado, producto, servicio o línea de producción, está en marcha y se han generado y/o estabilizado nuevos puestos de trabajo.
3.1 Pueden ser entidades beneficiarias de la subvención de la línea 2 las entidades constituidas legalmente y con establecimiento operativo en Cataluña siguientes:
a) Empresas registradas como Empresas de Inserción en la Generalidad de Catalunya.
b) Las agrupaciones sin personalidad jurídica constituidas por las entidades mencionadas en el apartado anterior. Este hecho se debe hacer constar expresamente en la solicitud, en la cual se deben indicar los compromisos de ejecución que asume cada uno de los miembros de la agrupación, así como el importe de la subvención que se quiere solicitar de cada uno de ellos, que tienen igualmente la condición de beneficiario. Se debe nombrar un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir con las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
4.1 Son gastos específicos subvencionables de la Línea 2 las siguientes:
c) Gastos de inversión en inmovilizado inmaterial (como ahora aplicaciones informáticas, R+D, propiedad industrial...) y material, este último en los conceptos de maquinaria, utillaje, mobiliario y equipos para procesos de información, destinadas a la mejora y apertura de procesos y líneas de negocio. La cuantía máxima imputable de este tipo de gasto, se establecerá a las Resoluciones anuales de convocatoria.
a) Una memoria que contendrá: una descripción, un análisis de la situación territorial y económica, los objetivos, el programa de trabajo y los indicadores.
—6 Criterios de valoración.
Se valora que se definan unos objetivos claros, mesurables y coherentes con la justificación del proyecto.
Según los siguientes criterios: proyecto genérico sin implicar en otras entidades y/o sectores. No detalla las entidades: 0 puntos. Proyecto en colaboración con otras entidades y/o sectores (mínimo 3 agrupadas). Detalla las entidades colaboradoras: 3 puntos.
1) Puestos de trabajo generados o mantenidos para personas receptoras de RGC: máximo 25 puntos.
Entre 1 y 4 puestos de trabajo: 10 puntos.
De 5 a 9 puestos de trabajo: 15 puntos.
De 10 a 15 puestos de trabajo: 20 puntos.
Más de 16 puestos de trabajo: 25 puntos.
2) Puestos de trabajo generados o mantenidos para personas en riesgo de exclusión social: máximo 15 puntos.
Entre 1 y 4 puestos de trabajo: 10.
Más de 4 puestos de trabajo: 15.
4) Coste del proyecto por cada puesto de trabajo creado o mantenido: máximo 10 puntos.
Entre 13.000 a 15.999 euros: 6 puntos.
6.2 Con respecto a la valoración añadida, los proyectos que plantean la creación neta de ocupación sostenible —frente los proyectos que plantean mantenimiento de ocupación— reciben una puntuación añadida de 5 puntos por cada nuevo puesto de trabajo creado de duración superior a 12 meses y a jornada completa.
Principios éticos y reglas de conducta a que las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios
De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las administraciones y los organismos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deben incluir, en las bases de convocatorias de subvenciones o ayudas, los principios éticos y las reglas de conducta a los cuales deben adecuar la actividad las personas beneficiarias, y los efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.
En cumplimiento de esta previsión legal, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los cuales las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad y los efectos de un eventual incumplimiento de estos.
Estos principios y reglas de conducta tienen la consideración de estándares mínimos y pueden ser completados en sus niveles de exigencia, en función de la cuantía de la subvención o de la ayuda y/o de la tipología y características de las personas beneficiarias, en las bases de la correspondiente convocatoria de subvención o ayuda.
1. Las personas y entidades beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de hacer, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su parecer, esté presente o pueda afectar al procedimiento. Particularmente se deben abstener de hacer cualquier acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.
2. Con carácter general, las personas y entidades beneficiarias de ayudas públicas en el ejercicio de su actividad asumen las obligaciones siguientes:
3. En particular, las personas y entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las obligaciones siguientes:
c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o ayuda.
d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este haga para el seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.
e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal, en el supuesto que establece el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.
En caso de incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta es aplicable el régimen sancionador que prevé la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones que prevé el artículo 84 con respecto a beneficiarios de ayudas públicas, sin perjuicio de las otras posibles consecuencias que prevé la legislación vigente en materia de subvenciones. Principios éticos y reglas de conducta a que las personas o entidades beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar la actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.