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Timestamp: 2019-09-23 07:31:34
Document Index: 120834519

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 474', 'artículo 133', 'artículo 19', 'artículo 351', 'artículo 372', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 408', 'artículo 408', 'artículo 52', 'artículo 63', 'artículo 133', 'artículo 19', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 351', 'artículo 216', 'artículo 138', 'artículo 20', 'artículo 133', 'artículo 19', 'artículo 56', 'artículo 250', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 38']

﻿ SENTENCIA 19562 DE ABRIL 27 DE 2005
SENTENCIA 19562 DE 27 DE ABRIL DE 2005
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD PENAL DEL CONTRATISTA DEL ESTADO. CUANDO SE APROPIA DEL ANTICIPO COMETE ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO, CONTRATISTA DE LA ADMINISTRACIÓN, RESPONSABILIDAD PENAL, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:403 DE JULIO DE 2005, PG.939
Sentencia 19562 de abril 27 de 2005
RESPONSABILIDAD PENAL DEL CONTRATISTA DEL ESTADO
CUANDO SE APROPIA DEL ANTICIPO COMETE ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO.
EXTRACTOS: «Procede la Sala a resolver la demanda de casación presentada por el defensor de César Alejandro Martínez Herrera, contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2001 por el Tribunal Superior de Neiva, que confirmó la del Juzgado Primero Penal del Circuito de esa misma ciudad, modificándola, a petición de la fiscalía, en el sentido de incrementar la condena de 47 meses y 8 días de prisión a 7 años, 10 meses y 7 días, la multa de $ 21.873.667 a $ 43.741.250, además de negar la prisión domiciliaria y ordenar la captura del incriminado.
Los hechos que dieron origen al proceso penal que terminó en las instancias con sentencia condenatoria en contra de César Alejandro Martínez Herrera, los sintetizó el Tribunal Superior de Neiva, en los siguientes términos:
“César Alejandro Martínez Herrera está inscrito ante la Cámara de Comercio de Neiva como propietario del establecimiento comercial ‘Suministros A.CPM.’, ubicado en la calle 8 Nº 6-42, oficina 207 de la ciudad, dedicado a la compraventa de repuestos automotores, montajes eléctricos, etc., y en tal condición fue llamado, entro otros, por el INAT Huila–Caquetá a cotizar para un contrato a celebrar en el distrito de riego “El Juncal” (municipio de Palermo), licitación que ganó y le fue adjudicada mediante Resolución 104 del 24 de julio de 1998, por $ 99.980.120, con un término de ejecución de 4 meses contados a partir de septiembre día 27 al suscribirse el contrato Nº 201, pero como el anticipo del 50% apenas se canceló el 23 de septiembre de 1999, el acta de iniciación de obra se firmó el 7 de octubre siguiente y, por eso, la obra debió entregarse el 7 de febrero de 2000, como no ocurrió, obligando a la entidad contratante a solicitar el pago del anticipo y de la multa, que se logró a través de la compañía de seguros la Previsora, y que dio lugar a la prosecución de este proceso penal”.
Cerrada la instrucción, la que había sido asumida por la fiscalía décima seccional, se profirió el 24 de noviembre de 2000, resolución de acusación en contra de César Alejandro Martínez Herrera, imputándole el ilícito de peculado por apropiación, estimándose como objeto material la suma de $ 49.990.000, equivalente al anticipo pagado, decisión que fue confirmada el 11 de enero de 2001, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado y por el procurador 141 judicial II.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva asumió el conocimiento de la causa, despacho ante el cual el procesado admitió los cargos formulados en la resolución de acusación (fls. 115 a 116, cdno. causa), por lo que el 28 de septiembre de 2001 lo condenó por el delito de peculado por apropiación (art. 133 del C.P. de 1980), imponiéndole la pena de 47 meses y 8 días de prisión, multa de $ 21.873.667 e inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal, además de autorizar la sustitución de la pena de prisión por la domiciliaria.
La sentencia de primera instancia fue apelada por la fiscalía y el defensor del procesado, adoptándose la decisión a la cual se hizo referencia en el primer capítulo de esta providencia.
Contra la sentencia del ad quem el defensor de César Alejandro Martínez Herrera, interpuso y sustentó el recurso de casación.
1. El demandante sostiene que la sentencia del Tribunal de Neiva aplicó indebidamente el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, el cual fue derogado por el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, aseveración que apoya en las deducciones que el actor hace del fallo de casación penal de fecha 3 de septiembre de 2001, proferido en el radicado 16.837, para señalar que por favorabilidad, la conducta no quedaba subsumida en el tipo penal del artículo 133 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, sino en el artículo 351 ídem, agravado por la cuantía, en virtud del artículo 372 ejusdem.
2. No es cierto que la Sala Penal de la Corte en sentencia de fecha 3 de septiembre de 2001, con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, hubiese admitido que la Ley 599 de 2000 derogó las disposiciones de la Ley 80 de 1993, en cuanto atañe a la consideración de los particulares como servidores públicos cuando ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, pues este tema no fue abordado en dicha providencia con el alcance que le asigna el recurrente.
La Sala se ocupó de la aplicación del principio de favorabilidad e integración de los textos penales del código de 1980 y 2000, para descartar la aplicación de la inhabilitación de derechos y funciones públicas consagrada en la actual legislación como pena principal, regulación similar a la de la Ley 80 de 1993, para imponerla como accesoria, conforme a la ley vigente al hecho. Sólo por esta razón se estimó modificado parcialmente el artículo 58 de la Ley 80 de 1993. Al respecto, la Sala, en la citada providencia, se refirió a esta situación en los siguientes términos:
“Por otra parte, el artículo 58, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, norma complementaria del Código Penal de 1980, preveía como pena principal la inhabilitación para ejercer cargos públicos y proponer y celebrar contratos con entidades estatales por diez (10) años, pero dicha norma fue tácitamente derogada por el artículo 408 del Nuevo Código Penal, en vista de que éste no la previó sino que dispuso otra de distinto alcance, cual es la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 5 y 12 años. Si uno de los propósitos de la nueva regulación penal era el de recoger e integrar la legislación punitiva dispersa en estatutos de distinta naturaleza, en materia de mandatos, prohibiciones y obviamente de consecuencias penales, lo obvio será comprender la mencionada derogación implícita, máxime que la primera norma fijaba la inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos, mientras que la nueva abarca el más amplio espectro del ejercicio de derechos y funciones públicas (L. 153/887, art. 3º y C.C., arts. 71 y 72).
Desde luego que la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, prevista como pena principal concurrente en el artículo 408 del vigente Código Penal, también tenía su par en el estatuto derogado, mas a título de sanción accesoria y con la mera diferencia cortical de denominarla “interdicción” en lugar de “inhabilitación”. Así las cosas, como el artículo 52 de este último ordenamiento dice que la pena de prisión implica la sanción accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por período igual al de la sanción principal, en su momento se escogerá la más favorable”.
Y, refiriéndose expresamente a la vigencia de la Ley 80 de 1993, la sentencia proferida en el radicado 16.837, puntualizó:
“En verdad la norma invocada contiene un tipo penal en blanco, cuya integración se cumple con las normas pertinentes de la Ley 80 de 1993 (estatuto general de contratación de la administración pública)”.
Los artículos 56 de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 190 de 1995, y 20 de la Ley 599 de 2000, que en su orden modificaron el artículo 63 del Decreto 100 de 1980, para la Sala, mantienen su vigencia, por las razones expuestas, por lo que el argumento del censor de su derogatoria, resulta infundado.
3. Para el impugnante y la delegada, César Alejandro Martínez Herrera, dada la condición de particular y su vinculación contractual con los dineros que constituyeron el objeto material de la conducta que dio origen a este proceso, no ejerció funciones públicas, razón por la cual no ostenta la cualificación jurídica exigida para el sujeto activo en el tipo penal del artículo 133 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, aseveración que la Sala comparte irrestrictamente, por las razones que seguidamente se exponen.
3.1. El particular que contrata con la administración pública se compromete a ejecutar una labor o una prestación conforme al objeto del contrato y en virtud de ese convenio, de conformidad con los artículos 123-3 y 210-2 de la Constitución Política, puede ejercer funciones públicas temporalmente o en forma permanente, siendo la naturaleza de esa función la que permite determinar si puede por extensión asimilarse a un servidor público para efectos penales, ejemplo de tales eventualidades son las concesiones, la administración delegada o el manejo de bienes o recursos públicos.
A este respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998, se refirió a la asimilación de los particulares a servidores públicos para efectos de la responsabilidad penal del contratista, consultor, interventor o asesor, señalando:
“Simplemente el legislador, como autoridad competente para definir la política criminal, ha considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe ser igual a la de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o la de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Tal tratamiento que, se insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, tiene una justificación objetiva y razonable, pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por alguien que, en principio, no está vinculado por ellos. En otras palabras, la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, relacionado directamente con una finalidad de interés público”.
En el fallo en mención, se agrega que, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo subrogaron, la capacidad jurídica del particular se amplia para dar lugar a la cualificación jurídica exigida por el tipo penal, siempre que su labor no sea estrictamente material, transformación que se explica con los siguientes argumentos:
Lo anterior es evidente, si se observa que el propósito de la entidad estatal no es el de transferir funciones públicas a los contratistas, las cuales conserva, sino la de conseguir la ejecución práctica del objeto contractual, en aras de realizar materialmente los cometidos públicos a ella asignados. Por lo tanto, por ejemplo, en el contrato de obra pública el contratista no es receptor de una función pública, su labor que es estrictamente material y no jurídica, se reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el ente estatal para el (sic) alcanzar los fines que le son propios. Lo mismo puede predicarse, por regla general, cuando se trata de la realización de otros objetos contractuales (suministro de bienes y servicios, compraventa de bienes muebles, etc.).
En consecuencia, el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que en su orden lo modificaron, según la reseña que se hizo antes, se refieren a la responsabilidad penal del particular (contratista, asesor o consultor) que asume funciones públicas, asimilación que genera las consecuencias punitivas propias del servidor público que actúa en detrimento de su función.
3.2. El contrato de obra a precio global, por definición del artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2 de la Resolución 8420 del 1º de septiembre de 1994 proferida por el director general del INAT, tiene como finalidad la construcción, el mantenimiento, la instalación y la realización de cualquier trabajo material a cambio de una suma de dinero fija que se cancela una vez se reciba a satisfacción la obra, suma que incluye el valor de la mano de obra, materiales, utilización de maquinaria, etc.
El contrato 201 suscrito el 27 de julio de 1998 entre el director del INAT (regional 7 del Huila y Caquetá), asignado a César Alejandro Martínez Herrera, tenía por objeto “el suministro e instalación de materiales en sitio para celdas de carro extraíble para control, manejo y protección de las bombas 3 y 4 de la estación de bombeo I Distrito el Juncal”.
El contrato 201 al que se viene haciendo referencia, generó para César Alejandro Martínez, la obligación de suministrar materiales e instalarlos en la estación de bombeo I Distrito el Juncal, ubicado en el municipio de Palermo (Huila), a ello se circunscribía el deber de aquél. Del citado convenio no se derivaban para el particular obligaciones propias de la función pública, como por ejemplo, el suministro, control y cobro de la prestación del servicio de agua potable o de riego, para la población beneficiada con las obras de la estación de bombeo en mención.
La labor que debía ejecutar César Alejandro Martínez Herrera, era estrictamente de carácter material, vinculada con la mano de obra, el suministro e instalación de celdas para el control, manejo y protección de las bombas, tarea que fue asignada por el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, mediante Resolución 104 del 24 de julio de 1998 (fls. 50 y ss). Se colige de lo anterior, que dicho acto administrativo no convirtió al contratista en delegatario de las funciones del INAT, sino en un instrumento para que la entidad, a través de la actividad contratada, cumpliera el objeto social que le correspondía.
3.3. El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, es un establecimiento público del orden nacional con patrimonio independiente, autonomía administrativa y personería administrativa, adscrito al Ministerio de Agricultura, reorganizado por el Decreto 1278 de 1994, que tiene por objeto financiar la adecuación de tierras en el país, la prestación de servicios comunitarios, tecnológicos y de asistencia técnica en lo relativo al riego, asesorar la elaboración de estudios y construcción de obras para la adecuación de tierras, velar por la defensa y conservación de suelos y aguas en las cuencas hidrográficas y ejercer actividades para la prevención, control y protección contra inundaciones en las zonas de los distritos.
Confrontadas las funciones públicas que cumple el INAT con el objeto del contrato 201 del 27 de julio de 1998, se tiene que, el citado establecimiento público no transfirió a César Alejandro Martínez Herrera la posibilidad de cumplir transitoria o permanentemente alguna de las funciones asignadas que implicaran responsabilidades públicas, debido a que la labor se agotaba con la ejecución material, sin que ello prolongara en cabeza del contratista el cumplimiento de los cometidos del INAT.
3.4. En las circunstancias descritas, el contratista Martínez Herrera no era un colaborador funcional de la entidad contratante, como equivocadamente lo admitieron los fallos de instancia, razón por la cual, resulta improcedente legalmente la ampliación de su capacidad jurídica, esto es, extender a su condición de particular la cualificación de servidor público a que se refieren los artículos 63 del Decreto 100 de 1980, sustituido por el artículo 18 de la Ley 190 de 1995 (texto reproducido por el art. 20 de la L. 600/2000).
4. El recurrente sostiene que la sentencia del tribunal debe casarse para imputarle a César Alejandro Martínez Herrera el delito de hurto agravado por razón de la confianza, conforme al artículo 351 del Código Penal estimando que la apropiación recayó sobre dineros que recibió a título de anticipo.
Resulta medular, para analizar el cargo, examinar la naturaleza jurídica del anticipo en esta clase de contratos administrativos, puesto que surgen distintas posibilidades que, por lo mismo, conducirían a situaciones diferentes.
En efecto, si se considera que el anticipo forma parte del precio, como pago adelantado del mismo, ello conduciría a concluir que su valor entraría al patrimonio del contratista, saliendo entonces del de la institución contratante. En ese orden de ideas, las erogaciones que se efectuaran sobre ese valor se estarían realizando en nombre del contratista, sobre un bien que podría considerarse suyo, es decir propio, impidiendo la configuración del delito de hurto, que exige la ajenidad del objeto sobre el cual recae la acción de apoderamiento.
Podría entenderse, de otra parte, que el anticipo vincula a las partes del contrato, constituyéndose como objeto proindiviso entre ellos, por lo cual, el apoderamiento indebido por uno de ellos, constituiría un hurto entre condueños, dado el hipotético carácter de cosa común de tales dineros.
PAGO ANTICIPADO La tercera opción, que es la que la Corte prohíja, no de ahora, puesto que sobre el particular hizo ya antaño un interesante y diáfano estudio (1) , entiende que el anticipo es entregado al contratista con la finalidad específicamente señalada en el contrato correspondiente, sin que le sea permitido una destinación diferente. Son tan reales las limitaciones que el contratista tiene sobre el manejo del anticipo, que es jurídicamente imposible que lo maneje como si fuera su señor y dueño. Por el contrario, debe emplear una cuenta corriente especial para su manejo, que permita su auditoría. Ha de constituir una póliza que garantice, no solo la seriedad de su propuestas sino también su correcto manejo, inclusive, es factible pactar que se entregue de manera fraccionada de tal manera que, sólo con la legalización de cuentas sobre el empleo de las primeras cuotas es permitido liberar las siguientes, que integren el valor total del anticipo, todo ello bajo cláusulas de caducidad que conducen a cancelar administrativamente el contrato, permitiéndose la efectividad de las garantías prestadas, si no se da buena cuenta sobre su manejo o se deja de gestionar su pago dentro de los términos estipulados. Desde luego, un dinero que se entrega como anticipo con tantas condiciones, no convierte al contratista ni en dueño o condueño, sino en un mero tenedor del mismo.
En el contrato 201 suscrito entre el INAT y César Alejandro Martínez se estipuló en las cláusulas sexta y séptima, la interventoría de la contratación en forma directa o indirecta por la entidad contratante y la obligación para el contratista de obtener una póliza de garantía especial por el anticipo entregado, con vigencia igual al lapso estipulado en el convenio y cuatro años más (según la adición del contrato).
Por lo dicho, el contratista dispuso indebidamente de un bien que le fue entregado a título precario, por lo cual, la imputación jurídica que se le debió formular, por la época de los hechos, tenía que adecuarse al peculado por extensión, en la modalidad de apropiación indebida y no de peculado por apropiación, dada la naturaleza del sujeto activo, ya analizada, como tampoco por el delito de hurto, en ninguna de sus modalidades, razón por la cual, las pretensiones de la demanda de casación, no pueden prosperar.
5. Por lo expresado en los numerales anteriores la Sala desestima las pretensiones de la demanda.
Con base en las facultades que le otorga a la Sala el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, y compartiendo el criterio de la delegada, la sentencia del tribunal de Neiva se casará oficiosamente, por las razones que pasan a exponerse.
Siendo el anticipo pagado por el INAT patrimonio del Estado y el objeto material de la conducta punible y, dado el hecho de que, su autor-particular no fue delegado para cumplir funciones públicas en la tarea para la cual se le contrató, por haberse consumado la acción en el año de 1999, el ilícito que debió imputarse en la calificación del sumario (nov. 24/2000 y ene. 11/2001) era el de peculado por extensión en la modalidad de apropiación, en los términos del artículo 138 del Decreto-Ley 100 de 1980, modificado por el artículo 20 de la Ley 190 de 1995, más no el de peculado por apropiación de que trata el artículo 133 ídem, sustituido por el artículo 19 ibídem, en virtud de que resultaba improcedente su asimilación a servidor público en los términos del artículo 56 de la Ley 80 de 1993, por las razones dadas a conocer en los acápites anteriores.
El peculado por apropiación en la modalidad de extensión a que se viene haciendo referencia perdió su autonomía con el nuevo Código Penal (L. 599/2000), pues, de un delito contra la administración pública pasó a ser uno contra el patrimonio económico, en la modalidad de abuso de confianza calificado —artículo 250—, o abuso de confianza agravado —artículo 267—, cuando se comete sobre bienes del Estado, pero en este último caso, si la acción recae sobre bienes cuyo titular es el Estado, el abuso no puede ser calificado y agravado al mismo tiempo, pues se vulneraría el principio del non bis in ídem.
Entre el peculado por extensión y el abuso de confianza calificado no existen diferencias estructurales, imputación ésta que resulta más favorable a César Alejandro Martínez Herrera, en relación con el ilícito de peculado por apropiación agravado por la cuantía atribuido en la resolución de acusación. En tales condiciones, acierta la delegada, cuando sostiene que al ajustar a derecho la adecuación típica de la conducta bajo la denominación que le corresponde en la Ley 599 de 2000, se beneficia la situación jurídica del incriminado, además de que con ello no se afectan sus derechos y garantías fundamentales.
Para efectos de la dosificación de la pena se tendrán en cuenta los mínimos de pena prevista por haber sido éste el factor considerado en los fallos de instancia, el que ha de respetarse dado que el demandante es recurrente único en casación. Igualmente se mantendrá la decisión del ad quem en el sentido de denegar la reducción de pena por reparación por que en cuanto a esta determinación se refiere no se demostró error corregible por vía casacional, además de que tal mecanismo no procede ope legis ni como consecuencia de las decisiones adoptadas en esta providencia.
En este caso, la imputación corresponde al abuso de confianza calificado, por haber recaído la conducta sobre bienes del Estado (art. 250-3) del Código Penal, ilícito para el que se establece una sanción de 3 a 6 años de prisión y multa de 30 a 500 salarios mínimos legales mensuales, pena agravada en una tercera parte por la cuantía del objeto material (más de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de los hechos ocurridos entre los años 1998 y 2000) en los términos del numeral 1º del artículo 267-1 ibídem, lo que arroja una sanción de 48 meses de prisión y una multa de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, guarismos éstos que se reducen en una octava parte por haberse acogido el procesado en la causa a sentencia anticipada, por lo que la pena a imponer finalmente es de 42 meses de prisión, multa de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la libertad.
La pena mínima prevista para la conducta punible imputada es menor a cinco años de prisión. De otra parte, no registra el expediente información de carácter negativo acerca de la conducta personal, familiar y social de César Alejandro Martínez Herrera, que permita suponer fundadamente que colocara en peligro a la comunidad o que obviará el cumplimiento de la pena, pudiéndose inferir lo contrario, dado que se trata de una persona sin antecedentes penales y en este asunto aceptó libremente su responsabilidad, dando lugar a la terminación del proceso por sentencia anticipada. En estas condiciones, se dispondrá la cancelación de la orden de captura impartida por el ad quem, pues procede en su favor la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión carcelaria, debiendo tener como caución la prestada mediante el depósito judicial 9717021 y suscribir diligencia de compromiso para cumplir con las obligaciones especiales a que hace referencia el artículo 38 del Código Penal, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de esta decisión. El depósito se hará a órdenes del juez que dictó la sentencia de primera instancia.
1. Desestimar la demanda de casación presentada a nombre de César Alejandro Martínez Herrera contra la sentencia impugnada, de fecha, origen y contenido consignados en esta providencia.
2. Casar de oficio y parcialmente la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2001 por el Tribunal Superior de Neiva, en el sentido de condenar a César Alejandro Martínez Herrera por el delito de abuso de confianza calificado y agravado por la cuantía, imponiéndole una pena de 42 meses de prisión, multa de 35 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la libertad.
3. Otorgar a César Alejandro Martínez Herrera la sustitución de la pena carcelaria por la prisión domiciliaria, debiendo prestar caución y suscribir diligencia de compromiso en los términos referidos en la parte motiva de esta providencia. Cancélese la orden de captura impartida en su contra.
(Sentencia de casación, 27 de abril de 2005. Radicación 19.562. Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos).
(1) Cfr. Cas. del 16-01-90, M.P. Jaime Giraldo Ángel. En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 22-07-02, Rdo. 13.436, al señalar que “las sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato”.