Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651955
Timestamp: 2019-08-24 00:54:25
Document Index: 289646387

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 127', 'artículo 10', 'artículo 127', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 11', 'artículo 45', 'artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 19', 'artículo 60', 'artículo 19', 'artículo 39', 'in fine', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 494', 'artículo 7', 'artículo 494', 'artículo 494']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 31
ACUERDOS SOBRE SERVICIOS AÉREOS CON ITALIA Y AUSTRALIA Y SOBRE TRANSPORTE AÉREO CON URUGUAY, CANADÁ Y SUIZA
ENMIENDA A CONVENIO CON COREA SOBRE SERVICIOS AÉREOS
REFORMAS ORGÁNICAS Y PROCEDIMENTALES CONCERNIENTES AL PODER JUDICIAL
BONO COMPLEMENTARIO A AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS Y DE NAVIDAD
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE UNIVERSIDAD DE CHILE
PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Vasquez Ubeda
CONTROL DE ENCEFALOPATÍA BOVINA ESPONGIFORME. OFICIOS
ACTA DE ENTREGA Y DECLARACIÓN DE PARQUE PUMALÍN COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA. OFICIOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR FERNÁNDEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A HURTO-FALTA (3969-07)
Sesión 31ª, en miércoles 31 de agosto de 2005
(De 16:21 a 18:56)
Acuerdo de Comités¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueban los Convenio y Acuerdo sobre Servicios Aéreos con Italia y Australia, y los Acuerdos Sobre Transporte Aéreo suscritos con Uruguay, Canadá y Suiza (3570-10; 3858-10;3870-10; 3871-10 y 3872-10) (se aprueban en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo por el cual se sustituyen los artículos 10 y 12 del Convenio sobre Servicios Aéreos entre Chile y Corea (3210-10) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre reformas orgánicas y procedimentales concernientes al Poder Judicial (3790-07) (se aprueba en general)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bono complementario a aguinaldo de Fiestas Patrias y de Navidad para sector pasivo (3963-05) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza modificación de estatutos de Universidad de Chile (3850-04) (se aprueba en general y particular)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Control de encefalopatía bovina espongiforme. Oficios (observaciones del señor Stange)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
Acta de entrega y declaración de Parque Pumalín como santuario de la naturaleza. Oficios (observaciones del señor Stange)¿¿¿¿¿¿¿¿..
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de Gobierno ; de Educación; de Justicia subrogante, y de Salud, y la señora Jefa de la División de Educación Superior .
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 20 señores Senadores.
Las Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 25ª,especial, secreta, y 26ª, ordinaria, en 16 de agosto; 27ª, especial, y 28ª, ordinaria, en 17 de agosto, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para restablecer la exclusividad universitaria del trabajo social (boletín Nº 2.792-04).
Con los dos siguientes informa que prestó su aprobación a los proyectos de acuerdo aprobatorios de los instrumentos internacionales que señala:
1) "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Reino de Suecia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio" y su protocolo, suscritos en Estocolmo el 4 de junio de 2004 (boletín N° 3.905-10), y
2) "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio" y su protocolo, suscritos en París el 7 de junio de 2004 (boletín N° 3.906-10).
De la señora Ministra de Planificación , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre medidas para establecer la intercomunicación vial del territorio nacional.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Espina, relativo a las medidas adoptadas para fomentar el turismo en la comuna de Curacautín.
Del señor Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de La Araucanía, mediante el cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Espina, respecto de la contaminación por derrames de petróleo en los valles de Manzanares y de Huelehueico, en la comuna de Renaico.
Del señor Alcalde de Lautaro , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, acerca de la inversión considerada ante un eventual aumento de los recursos correspondientes al Fondo Común Municipal.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Santa Cruz de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana", firmado en La Paz, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003 (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 3.730-10).
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bono complementario a los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para el sector pasivo (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín N° 3.963-05).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional (boletín Nº 3.849-04).
Del Senador señor Fernández, con la que inicia un proyecto de ley relativo al hurto-falta (boletín N° 3.969-07).
El Honorable señor Boeninger, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental, solicita permiso constitucional para ausentarse del país a contar del 8 de septiembre del año en curso.
Los Comités, en reunión celebrada hoy, acordaron por unanimidad tratar como si fueran de Fácil Despacho los proyectos de acuerdo que figuran con los números 7, 8, 9, 10, 11 y 12 en la tabla de esta sesión.
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar los proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorios de los Convenios sobre Servicios Aéreos suscritos con Italia y Australia y sobre Transporte Aéreo firmados con Uruguay, Canadá y Suiza, con informes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (3570-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 11ª, en 5 de julio de 2005.
Relaciones Exteriores, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (3858-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 2 de agosto de 2005.
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (3870-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el cuarto proyecto (3871-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el quinto proyecto (3872-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo principal de los instrumentos internacionales en referencia es conseguir la mayor apertura posible de los cielos con Italia, Australia, Uruguay, Canadá y Suiza, para consolidar de esta manera el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó tanto en general cuanto en particular los distintos proyectos de acuerdo por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Larraín, Martínez, Muñoz Barra y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe señalar que dicho órgano técnico propone al señor Presidente discutir las iniciativas tanto en general como en particular a la vez, de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente, todos estos convenios o acuerdos -y también el relativo a Corea, que veremos a continuación- se refieren a un elemento común: el intercambio con otros países de las libertades que existen en el campo aéreo.
Estos instrumentos se relacionan con el llamado "avance hacia los cielos abiertos". Su celebración obedece a una política aerocomercial que ha seguido Chile desde hace varios años con el fin de alcanzar la mayor apertura de cielos con las demás naciones y así lograr los objetivos perseguidos: el libre acceso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad.
Recordemos que -y lo hemos expresado en otras ocasiones- las libertades del aire comprenden diversos grados. Incluso, se han ido desarrollando a lo largo de los años.
La primera es el derecho a volar a través del territorio de la otra parte sin aterrizar; la segunda, el derecho a efectuar escalas en dicho territorio para fines no comerciales; la tercera y la cuarta, el derecho a operar servicios aéreos entre los territorios de ambas partes; la quinta, el derecho a operar desde el territorio de la otra parte hacia un tercer país, ya sea directamente o pasando por el propio territorio, que es el caso de la sexta libertad.
Cuatro de los convenios son prácticamente de cielos abiertos (los firmados con Italia, Uruguay , Suiza y Corea, que se tratará luego) y dos (los suscritos con Canadá y Australia) constituyen un avance, aunque no llegan a la totalidad de las libertades explicadas.
Desde el punto de vista técnico, me gustaría precisar que la Comisión aprobó por unanimidad estos tratados, que sin duda contribuyen a avanzar en la política de cielos abiertos. Sin embargo, se generó allí una interesante discusión acerca de los efectos que podría tener la suscripción de un acuerdo de esta naturaleza con Italia, en particular a partir de cuál sería la reacción de la Comunidad Europea en cuanto a si los beneficios concedidos a un país se entienden o no automáticamente vinculados al resto de las naciones que la conforman. Ello, a raíz de que el Tribunal de Justicia Europeo, en una de sus últimas últimas determinaciones, estableció que todas las compañías europeas tienen en los otros países de la Comunidad los mismos derechos que las empresas nacionales y que, en consecuencia, los convenios que se opongan a esa normativa son denunciables.
O sea, aquí hay una doble inquietud: por un lado, qué grado de proyección podría tener el convenio con el resto de los países de la Unión Europea, y por otro, qué podría pasar si el instrumento pertinente fuese rechazado por el referido Tribunal.
Sin perjuicio de eso, la Junta de Aeronáutica Civil consideró -y así lo explican los respectivos informes en Derecho que tuvimos a la vista- que tales aprensiones no eran justificadas, toda vez que el acuerdo se suscribió en forma previa al funcionamiento en plenitud de dicho Tribunal, por lo que estaría al margen de cualquier modificación posterior, sea en cuanto a adscripción de otros países a sus beneficios, sea en cuanto a la posibilidad de denuncia.
Empero, hay que tener presente que en la Comisión vamos a analizar con especial cuidado lo que podría suceder más adelante con los convenios suscritos bajo la nueva normativa internacional aérea respecto de la extensión a todos los países de los beneficios que se conceden a uno solo.
Me explico, para despertar interés en el punto.
Si se acuerda con Italia, por ejemplo, que existan siete frecuencias a la semana, surge la duda técnica de que, a partir de la Comunidad Europea y del nuevo Tribunal, podría entenderse que ese beneficio se otorga a cada uno de los países que integran ese conglomerado sin que sea necesaria la reciprocidad.
En todo caso, entendemos -y así lo planteó el Gobierno en su momento- que se trata de un problema que podría verificarse a futuro, pero no respecto de este convenio, que se halla amparado por normas especiales anteriores a la situación en comento.
A propósito de cada uno de los acuerdos, fueron oídas diversas líneas aéreas; se invitó a todas las presentes en Chile, y vinieron varias.
Sobre la base de que con estos instrumentos internacionales se está dando un paso positivo en la lógica de avanzar hacia los espacios abiertos, recomendamos la aprobación de los proyectos de acuerdo correspondientes.
Si le parece a la Sala, aprobaremos los cinco proyectos de acuerdo, tal como lo solicitó el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Se aprueban en general y en particular.
Señor Presidente , ¿sería posible que antes de ocuparnos en el resto de los proyectos, que son de más larga discusión, analizáramos el referido a reformas orgánicas y procedimentales concernientes al Poder Judicial?
Esa iniciativa responde a una inquietud que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones hicieron llegar al Parlamento a propósito de los problemas de procedimiento que encuentran en la tramitación de las causas.
La idea de legislar fue aprobada unánimemente en la Comisión. Y si tratáramos el proyecto como si fuera de Fácil Despacho y lo despacháramos en general, podríamos trabajar de inmediato sobre él.
En síntesis, se procura perfeccionar procedimientos necesarios para que la administración de justicia funcione bien.
¿Habría acuerdo de la Sala para tratar la iniciativa en comento como si fuera de Fácil Despacho y a continuación del proyecto de acuerdo relativo a Corea?
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo por el cual se sustituyen los artículo 10 y 12 del Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea", suscrito el 14 de agosto de 1979, en la forma consignada en los apéndices 2 y 3 del memorándum de entendimiento adoptado por ambos Gobiernos el 11 de mayo de 2001, en Los Ángeles, Estados Unidos, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3218-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 3 de agosto de 2005.
El objetivo principal de este instrumento internacional es actualizar el Convenio sobre Servicios Aéreos con Corea en materias referidas al trato tarifario y al intercambio de estadísticas.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en general y en particular el proyecto de acuerdo pertinente por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, Larraín, Martínez, Muñoz Barra y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Dicho órgano técnico propone al señor Presidente que la iniciativa sea discutida en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
--Se aprueba en general y en particular, y queda terminada su discusión en este trámite.
Proyecto de la Honorable Cámara de Diputados sobre reformas orgánicas y de procedimiento concernientes al Poder Judicial , con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3790-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 19 de julio de 2005.
Constitución, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
1) Modificar el Código Orgánico de Tribunales para introducir un sistema de funcionamiento especializado en las Cortes de Apelaciones que funcionen en dos o más salas y establecer la distribución de las materias y la asignación de los Ministros que las integrarán.
Asimismo, se contempla la remisión al Presidente de la República, por parte del Presidente de la Corte Suprema, de un informe anual sobre las dudas y dificultades que se hayan presentado en la inteligencia y aplicación de las leyes.
2) Modificar el decreto ley Nº 2.695, sobre regulación de la pequeña propiedad raíz, a fin de ampliar los plazos de la prescripción adquisitiva y extintiva, y el de la prohibición de gravar y enajenar los correspondientes bienes.
3) Modificar el artículo 8º de la ley N° 18.101, que regula el arrendamiento de predios urbanos, en lo referente a la notificación de la demanda.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó sólo en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Espina, Chadwick y Fernández), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. Asimismo, deja testimonio de que efectuará un análisis pormenorizado de él durante la discusión particular.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar en general se transcribe en el informe.
Finalmente, cabe señalar que los números 1 y 4 del artículo primero permanente y el artículo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 27 votos favorables.
Conforme a lo acordado, este proyecto se discutirá como si fuera de Fácil Despacho.
Por tanto, en discusión general y particular a la vez.
Señor Presidente , daré una muy breve explicación.
Esta iniciativa forma parte del conjunto de proyectos relativos al Poder Judicial que fueron elaborados a partir del funcionamiento de la denominada "Mesa de Trabajo", durante el año 2004, que integraron, entre otros, Ministros de la Excelentísima Corte Suprema y representantes del Poder Ejecutivo, encabezados por el Ministro de Justicia.
En concreto, las modificaciones que se proponen son las siguientes.
Primero, se modifica el Código Orgánico de Tribunales con el objeto de introducir un sistema de salas especializadas en las Cortes de Apelaciones que desarrollan sus labores divididas en dos o más salas. Esto tiene por objeto mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional en cuanto, no sólo a su eficiencia, sino también al número de causas resueltas.
Las enmiendas propuestas regulan también la forma de distribución de las materias y la asignación de los Ministros que integrarán dichas salas.
En segundo término, se establece la remisión al Presidente de la República , por parte del Presidente de la Corte Suprema , de un informe anual y consolidado sobre las dudas y dificultades que se hayan presentado durante ese lapso en la inteligencia y aplicación de las leyes, así como acerca de los vacíos percibidos; esto, de conformidad con el artículo 5º del Código Civil. Dicho informe, obviamente, va a facilitar la elaboración de nuevas normas que permitan una mejoría en la administración de justicia.
En tercer lugar, se contempla una modificación a las normas que rigen el procedimiento en las causas de arrendamiento de bienes raíces urbanos, establecido en la ley N° 18.101, en lo relacionado con la notificación de la demanda. La enmienda busca precaver las irregularidades que se puedan producir en estas causas a consecuencia de la forma en que se practican las notificaciones al arrendador.
Finalmente, hay una modificación al decreto ley Nº 2.695, referente a la regularización de la pequeña propiedad raíz, con el fin de ampliar los plazos de la prescripción adquisitiva y extintiva y de la prohibición de gravar y enajenar los bienes de que trata esa ley. La enmienda tiene por objeto hacerse cargo de las graves consecuencias que sufren las personas que tienen la propiedad inscrita de sus derechos y se ven expuestas a perderla prontamente, sin la posibilidad de interponer las correspondientes acciones de dominio.
La Comisión, como dijo el Senador señor Chadwick , consideró plenamente justificadas las modificaciones, las acogió y aprobó en general el proyecto, sin perjuicio del estudio pormenorizado que se realizará, durante la discusión particular, de conformidad con las indicaciones que se formulen.
Eso es, señor Presidente, lo que quisiera informar, junto con solicitar que la iniciativa sea acogida.
Si no hay objeciones, se aprobará el proyecto.
--Se aprueba en general por unanimidad, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emiten pronunciamiento 29 señores Senadores.
Señor Presidente , pido que ese término sea bastante breve. En verdad, se trata de un proyecto muy consensuado. Quizás es suficiente una semana.
Además, gran parte de las materias corresponde a la iniciativa del Ejecutivo, de manera que...
¿Le parece bien a la Sala el martes 6 de septiembre, a las 12?
...Podría ser el lunes 5, señor Presidente , para que la Comisión comience al día siguiente el estudio respectivo?
Si no existen inconvenientes, se fijará el lunes 5, a las 12.
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que otorga un bono complementario a los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad para el sector pasivo, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3963-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 31 de agosto de 2005.
Hacienda (verbal), sesión 31ª , en 31 de agosto de 2005
El objetivo principal de la iniciativa es conceder, por una sola vez, un bono complementario de los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad del año 2005 a los pensionados que perciban una pensión que no exceda de dos pensiones mínimas de vejez de las contempladas en el artículo 26 de la ley Nº 15.386.
El bono complementario del aguinaldo de Fiestas Patrias será de 5 mil 121 pesos y de 10 mil 121 pesos, según el monto de la pensión o indemnización percibida por los beneficiarios, y el bono complementario del aguinaldo de Navidad ascenderá a 3 mil 670 pesos y 8 mil 670 pesos, respectivamente.
La Comisión aprobó tanto en general como en particular el texto por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Boeninger, García y Ominami, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Terminada la relación.
Señor Presidente , como ha sido informado, la iniciativa legal tiene por objeto otorgar un bono complementario de los aguinaldos -esto es importante tenerlo presente- de Fiestas Patrias y de Navidad del año 2005 a los pensionados que perciben una pensión que no excede de dos pensiones mínimas de vejez del artículo 26 de la ley Nº 15.386. Se trata, en consecuencia, de poco más de un millón de personas, de entre las más pobres del país.
Se establece un bono complementario del aguinaldo de Fiestas Patrias que será de 10 mil 121 pesos para los beneficiarios ya señalados que se encuentren percibiendo una pensión mínima o indemnización de un monto igual o inferior al valor de una pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley Nº 15.386, y de 5 mil 121 pesos para los beneficiarios ya señalados que se encuentren percibiendo una pensión o indemnización de un monto superior a los valores antes señalados y que no exceda del de dos pensiones mínimas de las referidas en la situación precedente.
Además, el bono por otorgar como complemento al aguinaldo de Fiestas Patrias se incrementa en mil 311 pesos por cada persona que al 31 de agosto de 2005 el beneficiario tenga acreditada como causante de asignación familiar o maternal.
Respecto del bono complementario del aguinaldo de Navidad, será de 8 mil 670 pesos para los pensionados que se hallen en el primer caso y de 3 mil 670 pesos para los pensionados y beneficiarios de las indemnizaciones del artículo 11 de la ley Nº 19.129.
Un punto importante por agregar, señor Presidente , es que los bonos se hacen extensivos a los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad para los beneficiarios de las pensiones de reparación otorgadas a las víctimas afectadas directamente por violaciones a los derechos humanos y, también -éste es un punto importante-, para los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, es decir, para los que se encuentren en el sistema de administradoras de fondos de pensiones y perciban pensiones mínimas con garantía estatal. En tal situación, esos pensionados reciben directamente el aguinaldo de 20 mil pesos. En los casos anteriores, los bonos a los cuales hice referencia se suman a los aguinaldos ya establecidos.
El costo total del proyecto asciende a 23 mil 794 millones de pesos, de los cuales 12 mil 938 millones corresponden al aguinaldo de Fiestas Patrias y 10 mil 856 millones al de Navidad.
La tiene el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , quisiera consignar que, obviamente, por las razones aquí planteadas, la normativa cuenta con el respaldo de todos los que intervenimos y nos corresponde pronunciarnos.
Sin embargo, precisamente por los fundamentos del mensaje, relativos a un crecimiento económico que ha estado por encima de las proyecciones y a una mayor eficiencia en el uso de los recursos, lo que permite todavía contar con mayores disponibilidades fiscales, sumado al hecho de que se ha construido un país mejor y de que la solidaridad requiere perseverancia y continuidad, en fin, la pregunta es si acaso, más que mejorar los aguinaldos, no deberíamos mejorar el monto de las pensiones asistenciales o estudiar la extensión de su número.
Creo que todos, en nuestras respectivas circunscripciones, conocemos casos dramáticos de gente sin ningún sistema de pensión, de más de 60 años, tratándose de mujeres, y de más de 65, si son hombres, que no pueden acceder a ninguna jubilación, carecen de ingresos y hace mucho rato forman fila para poder alcanzar una pensión asistencial.
A mi juicio, el asunto es realmente preocupante. Deberíamos resolverlo. Es decir, pienso que un país solidario no debería dejar a alguien sin dicho beneficio, para ser más categórico. No debería haber ningún adulto mayor que no se encuentre en condiciones de trabajar y que viva en situación de pobreza que no pudiera acceder al menos a la pensión asistencial, hoy ascendente a 38 mil pesos. Ojalá pudiera ser una cifra mayor, que alcanzase, en un momento dado, a la mitad de la pensión mínima o del ingreso mínimo, en fin.
En verdad, me angustia la situación con que uno se encuentra -ello sucede en la circunscripción que represento- en las provincias de Linares y Cauquenes , que habitualmente recorro. He estudiado el asunto y cada uno de los municipios en esa zona registra decenas de personas -en algunos centenares- que piden pensiones asistenciales y ya han sido evaluadas por las visitadoras. Ello se resuelve, como se sabe, a nivel del Gobierno Regional, pero pasa primero por el cedazo de esas funcionarias y una vez que el caso cumple con los requisitos se envía a la Intendencia. Y ese organismo efectúa las asignaciones según las cantidades disponibles, que son muy escasas.
Por cierto, la iniciativa merece todo nuestro respaldo, pero me parece conveniente entrar a la cuestión de fondo. Chile no puede darles la espalda a quienes están viviendo hoy en condiciones miserables, que son muchos y que no pueden acceder a ningún sistema de pensión. Éste es el asunto de fondo que me gustaría plantear a propósito del presente debate.
Señor Presidente, no cabe duda de que nos hallamos totalmente de acuerdo en el tema de fondo. Todos quisiéramos otorgar un aguinaldo mayor a cada uno de los beneficiados, pero lamentablemente no tenemos facultades para ello.
Respecto de lo señalado por el Senador señor Larraín , no puedo estar más en concordancia con él. Aunque, ¿a quién hablamos aquí? A los propios Senadores . Entonces, esa intención debería traducirse en un acuerdo o en el envío al Ejecutivo -no está presente el Ministro de Hacienda - de una petición en ese sentido. ¡Ojalá!
Esa realidad la vemos todos, en especial en las comunas más pequeñas, donde vive gente muy pobre que no recibe ningún tipo de ingreso.
Pienso que deberíamos aumentar la pensión asistencial, que es de 39 ó 40 mil pesos en 50 por ciento, y tal vez ampliar su cobertura a muchas otras personas en esa misma condición y a las que hoy no se les entrega el beneficio.
Coincidimos en eso. Espero que podamos hacer llegar esta situación a conocimiento del Ejecutivo, en particular al Ministerio de Hacienda.
El Presidente de la Comisión de Hacienda me está pidiendo una interrupción.
Con la venia de la Mesa, la concedo.
Deseo informar a la Sala que todos los beneficiarios de pensiones asistenciales -cerca de 400 mil- van a recibir también el bono y los aguinaldos, lo cual creo importante tener presente.
A la vez, reitero algo que dije muy al pasar: los titulares de pensiones mínimas garantizadas por el Estado del sistema previsional privado, que estaban excluidos, ahora se incluyen, lo cual representa un avance en relación con sectores extremadamente vulnerables.
No obstante, no cabe la menor duda de que deberíamos extender estos beneficios. Sería de estricta justicia que absorbiéramos todas las listas de espera en materia de pensiones asistenciales, en los términos aquí planteados.
El Honorable señor Larraín había pedido otra interrupción.
Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.
Señor Presidente, en verdad, creo que compartimos la inquietud.
Siento que hay avance. Vale la pena subrayar las últimas palabras del Senador señor Ominami respecto de incorporar por primera vez a este beneficio a los afiliados al sistema privado de pensiones.
Me parece atendible, a propósito del comentario del Honorable señor Sabag , que podamos enviar un oficio al Ejecutivo -ojalá por la unanimidad del Senado-, que plantee, primero, la necesidad de aumentar el monto de esos beneficios en forma permanente, para no tener que hacer estos esfuerzos en forma ocasional, y segundo, extenderlos como un derecho a las personas cuyas condiciones socioeconómicas no les permiten vivir como corresponde. Un adulto mayor pobre tiene derecho a recibir la ayuda solidaria del Estado, y a lo menos debería contarse con una pensión asistencial por grupo familiar.
Un planteamiento de esta naturaleza, concretado en un acuerdo del Senado, sería una respuesta adecuada a lo que podemos hacer desde el punto de vista de nuestras atribuciones.
¿Desea continuar, Su Señoría?
Señor Presidente, sin duda, todos vamos a concurrir a la aprobación del proyecto.
Se trata, además, de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República en la que nuestros márgenes de acción están fuertemente limitados.
El tema introducido por el Honorable señor Larraín resulta de la mayor importancia. Su Señoría ya algo había anticipado en el Congreso Pleno donde se aprobaron las reformas constitucionales, cuando nos invitó a celebrar un gran pacto social para avanzar con paso más decidido hacia la superación de la indigencia y de la pobreza.
No cabe duda, señor Presidente , de que nuestro actual sistema de pensiones constituye un factor generador de indigencia y de pobreza.
El propio Presidente de la República en más de una oportunidad ha planteado, y de eso hace ya dos años, que el umbral de la pobreza se encuentra en un ingreso del orden de los 100 mil pesos mensuales. Sin embargo, las pensiones mínimas están por debajo de esa cantidad y, desde luego, distantes del ingreso mínimo. ¡Para qué decir las pensiones asistenciales!
Recojo el llamado del Senador señor Larraín , pero naturalmente estimo que el acuerdo debe ser completo. El esfuerzo país, el esfuerzo de solidaridad a que se nos invita, tiene un alto costo. En consecuencia, no es compatible con la actual estructura de ingresos del país.
Coincido con el Honorable señor Larraín. Y manifiesto nuestra disponibilidad para celebrar ahora un acuerdo social que apunte en esa dirección, pero que sea completo. Demos al Estado la fuerza y los recursos necesarios para atender debidamente tal necesidad, que es urgente e interpela a nuestras conciencias.
Entretanto, anuncio que votaremos a favor del proyecto en debate.
Tiene la palabra el Senador señor Silva.
Señor Presidente , me permito recordar al Honorable Senado que quien habla fue designado por la Corporación, siendo Presidente el Senador señor Larraín , como su representante ante el Consejo Nacional del Adulto Mayor.
Quiero informar que hace pocos días, después de un extenso estudio sobre la materia, dicho organismo resolvió celebrar un consejo o seminario nacional entre el 22 y el 23 de septiembre, donde uno de los temas específicos a tratar -y tal vez el más importante- será el del daño al adulto mayor.
Se ha determinado, lamentablemente como consecuencia de la aplicación de ciertos programas, que ese daño existe y que es de tipo físico. Y se acaba de aprobar en dicho Consejo que también se incluya dentro de ese contexto el daño psíquico que entraña la miseria derivada del bajo monto de las pensiones. Por lo tanto, el Consejo Nacional -donde participa el Servicio Nacional del Adulto Mayor, órgano del Ejecutivo- ha incorporado en forma específica, entre los temas que abordará el congreso que se realizará en pocos días más, el daño que representa el nivel paupérrimo de las pensiones de que disfrutan o de que no disfrutan los adultos mayores en la actualidad.
Si se aprueba el acuerdo -al cual nosotros naturalmente concurriremos- de remitir al Ejecutivo nuestro parecer en esta materia, me tomaría la libertad de pedir que también se envíe al Servicio Nacional del Adulto Mayor, considerando que la materia que se incluirá en la tabla del referido seminario es precisamente la que, por iniciativa del Honorable señor Larraín , se debate esta tarde y que los Senadores radicales apoyamos en plenitud.
Si le parece a la Sala, se enviarán los oficios solicitados.
Señor Presidente , me doy cuenta, por lo que se ha manifestado, de que existe ánimo de oficiar al Ejecutivo.
Sin embargo, respecto de lo señalado por el Senador señor Parra , como no sabemos ni la dimensión de lo que se solicita, ni si es posible que el Fisco asuma tal compromiso con su presupuesto, a mi juicio, lo que correspondería sería plantear la necesidad de aumentar las pensiones asistenciales; que este beneficio sea un derecho extensivo a todos los adultos mayores en condiciones de pobreza y que no tengan otro ingreso, y que el Fisco estudie si puede atender esa demanda con los recursos previsibles del erario para los próximos años o si requeriría financiamiento extraordinario. En definitiva, se pediría que el Gobierno nos informara sobre el particular, porque si lo necesita deberíamos examinar el asunto, pero si no lo necesita, eventualmente dicha demanda podría satisfacerse con dineros provenientes del crecimiento económico y de los mayores precios del cobre y de otros productos.
Propongo que el oficio se plantee en esos términos.
¿Está de acuerdo la Sala?
Señor Presidente , al respecto quiero hacer un agregado.
Gran número de personas no han alcanzado la densidad previsional exigida. Y resulta que la diferencia de los dineros de las que han trabajado 18 años y no han cumplido los 20 queda para el Fisco y ellas no perciben nada.
Mi sugerencia es para incorporar esta materia en la evaluación, pues lo lógico es que el Estado pague proporcionalmente a lo que esas personas impusieron durante su vida laboral.
Si le parece a la Sala, en nombre del Senado y con el agregado del Honorable señor Horvath , se hará la presentación en los términos solicitados por el Senador señor Silva .
Señor Presidente , continuando con lo expresado por el Senador señor Horvath , debo hacer presente que yo también he expuesto en varias oportunidades la situación de un número apreciable de chilenos y chilenas que pertenecen al quintil más modesto del país.
Para jubilar, un hombre necesita 1.040 semanas de cotizaciones; una mujer, 520. ¿Qué acontece en la realidad? Si aquél tiene 700 semanas y ésta 380, no pueden impetrar ese beneficio. ¿Y qué ocurre con los dineros correspondientes a estos períodos de imposiciones? En la práctica, no tienen ninguna utilidad para quienes los aportaron. Se pierden absolutamente. Suponiendo que se devolvieran, ello tendría que hacerse de acuerdo con los valores vigentes al momento de enterarse las imposiciones. Vale decir, si se hubieran efectuado 30 ó 40 años atrás estaríamos hablando de pesos, de manera que se diluirían como un vaso de agua en el desierto.
Por lo tanto, habría que buscar una fórmula para que los imponentes -hombres y mujeres- que no alcancen a completar el tiempo que se requiere para jubilar, tengan derecho a una pensión proporcional a las semanas efectivamente cotizadas.
La idea es que no pierdan lo que durante tantos años de esfuerzo lograron reunir. Se trata de personas que han trabajado toda su vida y que si no han podido enterar las imposiciones exigidas se debe, quizás, a que desempeñan labores temporales, o bien, a que sus empleadores no pagaron las cotizaciones, en cuyo caso, por el tiempo transcurrido, la falta o delito estarían prescritos.
Permítanme que agregue otro planteamiento respecto de este sector, que es uno de los más débiles de la sociedad chilena.
Muchas veces he manifestado que se gastan cantidades significativas en la compra de terrenos para los campesinos mapuches, pero que, junto con ello, no se les entregan recursos para que puedan explotarlos, por lo que muy pronto se hallan en condiciones bastante complicadas.
Pienso que, para descomprimir la presión social de los pueblos indígenas, especialmente de los mapuches de la Región de La Araucanía, que represento, toda mujer y todo hombre que cumpla 60 y 65 años, respectivamente, debería tener derecho, de manera automática, a una pensión asistencial que le asegure algún tipo de sustento.
Si uno mira las listas de beneficiarios de tales pensiones, comprueba que las personas del sector a que me refiero constituyen un grupo muy minoritario. Ello se debe a que, por el solo hecho de poseer media, un cuarto o una hectárea de terreno -depreciado por su explotación-, quedan fuera de las encuestas sociales necesarias para obtener una pensión asistencial, lo cual, evidentemente, genera cordones de profunda miseria, paupérrimos, en las zonas rurales aludidas.
Al respecto, creo que vale la pena tomar en cuenta la idea expuesta por el Honorable señor Larraín , porque los pensionados -este grupo de chilenos al cual le vamos a dar una alegría en las Fiestas Patrias y otra en las festividades de Navidad y Año Nuevo- deben pagar mensualmente la luz, el agua y sus demás costos de vida. ¿Por qué -digo yo- darles dos alegrías, una en septiembre y otra en diciembre? ¿Por qué no distribuir en todo el año la misma cantidad de miles de millones de pesos que cuesta financiar el proyecto, para que una pensión de 38 mil pesos aumente a 45, 47 ó 48 mil pesos, o a lo que sea, a fin de ayudar a esas personas a paliar necesidades del día a día?
De todas maneras, señor Presidente , por supuesto que yo, al igual que el otro Senador del Partido Por la Democracia, aprobaré esta iniciativa de ley, pues -repito- al menos representa un alivio para los meses de septiembre y diciembre. Pero me gustaría mucho que se aportaran recursos para mejorar las pensiones mínimas y asistenciales.
Esta mañana oímos la cuenta del señor Presidente del Banco Central . Y la verdad de las cosas es que cuando escuchamos a los técnicos en la materia, los que no dominamos con igual propiedad tales temas quedamos absortos, porque de repente uno se da cuenta de que en esos mosaicos, en esas cuentas tan coloridas que se entregan, el sector en cuestión, tan importante dentro de la sociedad chilena, no aparece.
Señor Presidente , junto con respaldar el proyecto, que complementa los aguinaldos establecidos por ley, deseo hacer notar que en las intervenciones de los señores Senadores se han abordado diversas materias.
Se ha tratado el tema de las pensiones mínimas, en cuanto son inferiores al ingreso estimado como parámetro para considerar que una familia se halla en condiciones de pobreza.
Se ha hablado de las pensiones asistenciales. El Honorable señor Larraín fue muy claro en señalar la necesidad de aumentar su número. Según una información reciente, actualizada al mes de julio, en el país hay 5 mil personas, con puntajes iguales o inferiores a los 550 puntos de la ficha CAS, en lista de espera de una pensión asistencial. Es decir, se trata de gente que cumple todos los requisitos para acceder a ese beneficio, pero no se les asigna por falta de cupos.
En ese sentido, apoyo plenamente la sugerencia de enviar un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República solicitándole que, tal como lo hizo el año pasado, cree cupos adicionales para que de una vez por todas terminen las listas de espera y la pensión asistencial sea un derecho que la persona adquiere por hallarse en condición de pobreza, haber alcanzado determinada edad, encontrarse inválida o ser deficiente mental, como lo establece el decreto ley pertinente.
Otros señores Senadores se han referido al llamado "daño previsional". El Gobierno ha anunciado que está a punto de llegar a un acuerdo con los gremios y que en los próximos días enviará al Congreso el respectivo proyecto de ley.
A mi juicio, señor Presidente , las buenas intenciones son muy loables. Todos quisiéramos que se resolvieran una serie de problemas previsionales que existen, pero, francamente, si hubiera que fijar una prioridad me inclinaría por las pensiones asistenciales de vejez, invalidez y deficiencia mental, porque están focalizadas hacia los sectores más pobres de nuestra sociedad y no revisten gran costo. El año pasado ya se crearon cupos adicionales, y si ahora se procediera en la misma forma se terminarían las listas de espera.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular la iniciativa.
--Se aprueba por unanimidad y queda despachada.
Antes de pasar al número 2 de la tabla, quiero saludar al Rector de la Universidad de Chile, señor Luis Riveros, y a los altos directivos y estudiantes que lo acompañan.
Solicito la anuencia de la Sala para que ingrese la señora Pilar Armanet, Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio del ramo.
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza la modificación de los estatutos de la Universidad de Chile, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3850-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 29ª, en 30 de agosto de 2005.
Educación, sesión 30ª, en 31 de agosto de 2005.
Los objetivos principales de la iniciativa son: modernizar la estructura de la Universidad de Chile para favorecer una mayor participación de la comunidad universitaria; flexibilizar y actualizar su administración, y avanzar en el proceso de reforma del sistema de educación superior en los aspectos relativos a su organización institucional, dentro del marco de la autonomía universitaria.
Cabe hacer presente que el Senado, en sesión del día de ayer, autorizó a la Comisión para discutir tanto en general cuanto en particular el proyecto.
Así, aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Fernández, Moreno, Parra y Vega.
En cuanto a la discusión particular, acogió el articulado, con la misma unanimidad recién indicada, tal como fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
Están inscritos para intervenir los Senadores señores Parra, Silva, Viera-Gallo, Fernández, Larraín, Muñoz Barra, Boeninger y Ruiz-Esquide.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, Honorable señor Moreno.
Señor Presidente , en primer término, en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, agradezco a la Mesa el haber enmendado la tabla de esta sesión, posibilitando así la discusión del proyecto.
En segundo lugar, quiero expresar nuestro reconocimiento a la Secretaría por el trabajo realizado. La iniciativa ingresó ayer al Senado; la Comisión la estudió y se procedió en forma muy rápida a recopilar ciertos antecedentes que algunos de sus miembros pidieron que estuvieran a la vista de los señores Senadores cuando la materia se discutiera en la Sala.
Como se ha señalado, la iniciativa tiene por finalidad modificar los estatutos de la Universidad de Chile -la principal casa de estudios superiores del país- contenidos en el decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, del Ministerio de Educación.
Desde 1990 en adelante, y dado el retorno del país al sistema democrático, los distintos estamentos universitarios venían expresando, cada vez con mayor fuerza, la voluntad de adecuar la normativa existente a la nueva realidad de su quehacer.
Así, en julio de 2002 la Universidad de Chile entregó al Gobierno una propuesta de nuevo estatuto, a fin de que la enviara al Parlamento a través de una iniciativa presidencial. Esa proposición fue producto de un largo proceso de análisis y reflexión dentro de la Universidad, iniciado en 1997, en el cual participaron académicos, funcionarios y estudiantes.
En ese contexto, el proyecto que nos ocupa y que fue aprobado por la Cámara de Diputados -por tanto, llega aquí para su aprobación final, salvo que se le formularen indicaciones, lo que no ocurrió en la Comisión por lo que puede convertirse rápidamente en ley-, contiene una delegación de facultades al Presidente de la República , autorizándolo para dictar, a través de un decreto con fuerza de ley, en un plazo de seis meses contado desde la publicación de la ley, los nuevos estatutos de la Universidad de Chile.
En el debate en la Comisión surgieron diversas preguntas, muy legítimas. Una de ellas se refería al alcance de esa delegación de facultades. Ello, debido a que el Senado, en el fondo, autoriza al Ejecutivo para que, mediante un decreto, rija la vida de la Universidad probablemente por largos años.
Con el objeto de clarificar ese procedimiento, se nos entregó copia del proyecto de nuevo estatuto -cada señor Senador lo tiene en su poder, junto con el informe de la Comisión-, al cual se incorporaron todas las observaciones que se habían hecho.
Por lo tanto, mediante la delegación de facultades que esta tarde votará el Senado, se ratificará posteriormente lo que está a la vista de Sus Señorías.
Entonces, nadie puede argumentar que esa delegación es una especie de cheque en blanco que se entrega al Ejecutivo , o que se trata de una facultad que después éste pudiera interpretar más allá de la voluntad del legislador.
Solicito que quede constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que el proyecto de nuevo Estatuto de la Universidad de Chile anexo al informe de la Comisión, forma parte integrante de éste para a los efectos de cualquier eventual interpretación, si es que alguien quisiera levantar algún requerimiento, ya sea ante la Contraloría General de la República o ante el Tribunal Constitucional.
Dicho lo anterior, es preciso explicar que entre las principales modificaciones que se introducen a los estatutos de la Universidad de Chile -que también generaron algunas preguntas en la Cámara de Diputados y en el seno de nuestra Comisión-, figura la que crea en la nueva organización institucional un órgano superior denominado "Senado Universitario", integrado por 36 miembros (27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios) y que se encargará de ejercer una función consultiva y normativa.
En la Comisión se analizó el significado de los vocablos "normativo" y "consultivo". El de este último es más evidente, así que no suscitó debate. Y Sus Señorías pueden ver en la propuesta de estatuto las circunstancias en que el Senado Universitario habrá de ser consultado y dar su opinión. Además, en la eventualidad de existir discrepancia o producirse alguna situación que vulnere lo resuelto por el Consejo Superior de la Universidad -integrado por el Rector, los decanos y jefes directivos-, prevalecerá el criterio del Rector.
Ahora, es bueno despejar las dudas que alguien pudiera tener en cuanto a la participación estudiantil en los últimos años. Este procedimiento, que ha estado en una suerte de marcha blanca en la Universidad de Chile, ha sido altamente positivo y no ha presentado ningún inconveniente.
En consecuencia, no cabe levantar fantasmas -que en el pasado alguien pudiera haber visto rondar- respecto de alguna eventual participación estudiantil en el gobierno de nuestra principal universidad.
La creación del Senado Universitario cumple con lo establecido en el artículo 45 del Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, donde se dispone que en los órganos directivos de la universidad no deben participar los estudiantes, pues, como ya se indicó, el Senado Universitario es un ente netamente normativo y estratégico.
Hay que tener claro que existen dos instancias distintas: el Consejo Universitario, cuya función es gobernar la Universidad, y el Senado Universitario, que tiene carácter consultivo y normativo.
La Comisión concordó en que la vía idónea para dictar los nuevos estatutos era la delegación de facultades al Presidente de la República . Éste ha sido el mecanismo utilizado siempre por las universidades estatales para dicho efecto y constituye la mejor forma para respetar la autonomía universitaria.
La proposición de nuevo estatuto que Sus Señorías tienen en su poder es producto del trabajo de la comunidad universitaria, y no sólo de dos o tres personas que lo hicieran por iniciativa propia.
Reconocemos y validamos el papel que desempeñó la propia Universidad en la elaboración de su propuesta de estatuto.
La iniciativa en debate se enmarca plenamente en lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política de la República en materia de delegación de facultades.
Uno de los miembros de la Comisión, con el apoyo del resto de ellos, estimó prudente contar con el informe de un constitucionalista, con el objeto de despejar eventuales interpretaciones, dado que en la Cámara de Diputados se hizo reserva de constitucionalidad respecto de la procedencia de otorgar o no la delegación de facultades.
Hoy al mediodía, el abogado don Francisco Cumplido Cereceda , ex Ministro de Justicia y respetado constitucionalista, nos envió el informe mencionado -Sus Señorías lo tienen en sus escritorios-, donde despeja cualquier objeción que pudiera haber existido en esta materia.
En virtud de lo anterior, señor Presidente , junto con manifestar que la Comisión de Educación acordó por unanimidad la delegación de facultades al Presidente de la República , pido a la Sala aprobar la propuesta de nuevo estatuto de la Universidad de Chile -elaborada por esa entidad y estudiada por la Comisión-, que la convierte en la primera casa de estudios superiores del país que se somete a este procedimiento.
Se dejarán las constancias señaladas por Su Señoría.
Señor Presidente , con gran alegría concurriremos a la aprobación del proyecto, pues hace posible que por fin la Universidad de Chile cuente con estatutos que expresen la voluntad y el compromiso de la comunidad universitaria y faciliten su desarrollo futuro.
No cabe duda de que el Estado tiene una deuda con sus universidades. Y parte de ella es, justamente, la tardanza en el proceso de sustitución de los estatutos que les otorgaron en 1981 en el marco de todo el proceso de reestructuración de la enseñanza superior estatal que entonces tuvo lugar.
El camino elegido no es nuevo, como lo acaba de señalar el Presidente de la Comisión de Educación. Es históricamente el que se ha empleado. Hoy el país cuenta con 16 universidades estatales, y sería imposible que el Parlamento pudiera discutir artículo por artículo cada uno de los estatutos de esas corporaciones de Derecho Público. De ahí que siempre se ha utilizado la delegación de facultades al Presidente de la República , para que sea él quien mediante decretos con fuerza de ley proceda a aprobarlos.
El sistema señalado se empleó, además, en fecha reciente, cuando los institutos profesionales estatales existentes a comienzos de la década de los 90 fueron transformados en universidades por ley. Me refiero a la Universidad de Los Lagos y a la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Los cuerpos legales respectivos delegaron facultades en el Primer Mandatario para que procediera a aprobar los estatutos de ellas a través de ese tipo de decreto.
Y en esa oportunidad, ya en plena vigencia de nuestro sistema democrático, no se alzó ni una sola voz para efectuar reservas de constitucionalidad ni para discutir el camino que entonces se estaba siguiendo.
Las universidades estatales, señor Presidente , y la de Chile en primer lugar, gozan de autonomía conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Y debemos procurar de manera permanente que esa autonomía sea real y completa en todo cuanto sea compatible con su naturaleza jurídica.
Es cierto que ellas nacen de la voluntad del Estado; es cierto que se crean por ley; es cierto que la legislación que lo hace define el sentido y la misión que cada una tiene. Pero, a partir de la norma legal, evidentemente, en todo lo que dice relación a su organización, a su gobierno, a su gestión y, sobre todo, a su desempeño académico, las universidades estatales deben gozar de un amplio margen de libertad.
Los centros de estudios superiores en general, y la Universidad de Chile en particular -alma máter de nuestro sistema de educación profesional-, se han desarrollado a partir de la participación. Y ésta, a su turno, nace del compromiso que académicos, estudiantes y funcionarios tienen con la institución y con la sociedad chilena.
Por la misma razón, es lógico que definiciones como las contenidas en el Estatuto nazcan de procesos realmente participativos.
Yo quiero expresar esta tarde mis felicitaciones a la comunidad de la Universidad de Chile, y muy en especial a su Rector, don Luis Riveros , quien ha conducido, sin traumas, un proceso absolutamente integrativo, con real participación de todos los sectores, lo que, sin lugar a dudas, fortalece a la Casa de Bello y la deja en mucho mayor pie para abordar su desarrollo futuro.
Hay quienes frente a los nuevos Estatutos -hijos de la participación y del compromiso- se alarman porque aparece una institución nueva, el Senado Académico, como órgano de representación de los distintos estamentos universitarios.
Invito a los señores Senadores a leer las disposiciones pertinentes, para que constaten que no hay riesgo alguno de que la Universidad vaya a verse precipitada en el día de mañana a una situación de anarquía o de desgobierno. Todo lo contrario, en la historia universitaria -lo señalo una vez más-, la participación de los propios universitarios ha constituido el elemento fundamental para cimentar un adecuado nivel de desarrollo.
Quiero concluir estas palabras con una petición al señor Ministro de Educación y al propio Senado.
Está muy bien que esta tarde aprobemos la delegación de facultades al Presidente de la República para dictar los nuevos Estatutos de la Universidad de Chile.
Pero hay otras 15 universidades públicas que están esperando desde el año 1981. Muchas de ellas han seguido procesos similares y han convenido ya estatutos para encarar su desarrollo. Todas merecen de igual modo que esas normativas sean prontamente sancionadas.
No creo pertinente que vayamos universidad por universidad delegando facultades. Tal vez un segundo proyecto, que abarque al resto de las universidades estatales y otorgue facultades al Presidente por un plazo como el que aquí se plantea, de seis meses, sería adecuado y saludable.
Por mi parte, creo que el único control que el Parlamento debe ejercer es el vinculado a la misión universitaria y a que las universidades se mantengan fieles al sentido que en la ley que las cree se les fija. Y estimo que todos podemos decir, con orgullo, que la Universidad de Chile ha permanecido siempre fiel a su misión institucional y que gracias a ello hoy sirve al país con la fuerza y el brillo con que lo ha hecho a través de sus 163 años de historia.
--(Aplausos en las tribunas).
Señor Presidente , señores Senadores , para mí es muy grato concurrir a votar favorablemente el proyecto sometido a nuestra consideración.
Quiero dejar testimonio de que no me inhibe para hacerlo mi vieja condición de profesor universitario desde hace ya más de 60 años, que en la actualidad se materializa en la condición de Profesor Titular Emérito y Ad Honorem .
Por lo tanto, me complace consignar que la normativa que se viene materializando esta tarde no es sino la concreción muy explícita de lo que significa el derecho a la participación consagrado en el artículo 1º de la Carta Fundamental vigente, conforme al cual el Estado, por intermedio de sus órganos, tiene el deber de asegurar el que ese derecho se concrete.
Es muy reconfortante, asimismo, dejar constancia de que tal vez la propuesta sea una de las primeras normas legales que da efectiva evidencia de que el derecho a la participación se va a convertir en realidad, lo cual justifica la satisfacción de mi colega el Senador señor Parra , cuando felicita al Rector de la Universidad de Chile -que bien lo merece- por esta iniciativa, como también a todo el Consejo Universitario.
No es en vano que las autoridades de esa Casa de Estudios Superiores hayan finiquitado al fin un proceso que venía realizándose desde hace muchos años, en el que fueron partícipes sus distintos estamentos.
Tal vez valga la pena recordar -porque la experiencia es a este respecto válida- que en otro tiempo la idea de la participación no tuvo el éxito de ahora. No fue así, no sólo porque entonces no se recordaba ni se reconocía constitucionalmente, sino porque no hubo el grado de sensatez, de sagacidad y de sabiduría con que hoy se reconoce y ha sido válidamente aceptada en todos los sectores de la Universidad.
Concluyo, señor Presidente , manifestando que esta determinación que hoy sin duda va a tomar el Senado de la República es histórica, tanto porque se hace justicia con una universidad estatal que ha sido la primera en materializar conceptos que, ciertamente, van a servir de guía para entidades análogas, como por el hecho de que la normativa a aplicar significa, de modo incuestionable, el reconocimiento de un derecho que la Constitución de la República consagra y que se va a concretar de la manera indicada.
Señor Presidente, evidentemente, estamos dando un paso muy significativo para el sistema universitario chileno al otorgar esta facultad al Presidente de la República para que pueda dictar el estatuto de la Universidad de Chile.
Hubiera sido preferible, como señalaba el Senador señor Parra , que el proyecto de ley marco hubiera fructificado en su minuto, lo que habría permitido que, con mayor independencia, cada universidad estatal dictara plena y soberanamente su propio estatuto.
Por desgracia, debido a diversas circunstancias, eso no pudo llevarse a cabo, y, entonces, hoy día la Universidad de Chile avanza en este sentido.
Me parece importante el proyecto de estatuto que se acompaña a la iniciativa en debate, porque hace una definición muy clara y trascendente del rol que la Casa de Bello tiene en forma preeminente dentro del sistema universitario chileno, al decir que ella será una reserva intelectual, caracterizada por su conciencia social, crítica y éticamente responsable, y ejercerá una suerte de tuición sobre el desarrollo de nuestro sistema educacional. De tal manera que tendrá que ser consultada cuando el país suscriba tratados o convenios internacionales en materia universitaria.
Comparto lo señalado por el Profesor Cumplido en el sentido de que esta delegación de facultades está plenamente dentro de lo que permite la Constitución, aun cuando reconozcamos que la Ley Orgánica de Enseñanza podría llevar a una interpretación diferente. Creo que ha sido muy útil que ese catedrático hiciera tales precisiones.
En cuanto al texto del Estatuto que el Primer Mandatario va a promulgar, entiendo que es el que aquí se adjunta. Y, al respecto, tengo una duda sobre el artículo 39. En mi opinión, sería conveniente que en algún minuto el Presidente de la República , el Ministro de Educación y, por cierto, la comunidad de la Universidad de Chile reflexionaran en cuanto a darle una redacción un poco más clara. Porque sostener que el Estatuto de la Universidad y sus reglamentos prevalecerán sobre las leyes generales de la República me parece algo, por lo menos, discutible.
Sería conveniente que la Facultad de Derecho de esa Casa de Estudios Superiores -que tiene tanto prestigio-, revisara bien el texto del artículo mencionado, porque, después de lo citado, dice que salvo que esas leyes se refieran expresamente a la Universidad de Chile, a las universidades chilenas en general, o al sistema universitario del país.
Por ejemplo, una cierta interpretación de esa norma podría significar que con eso la Universidad de Chile quedara al margen de las leyes laborales. O sea, que el Estatuto y los reglamentos pudieran disponer que ellos prevalecen sobre ese tipo de leyes -y de muchas otras-, lo que, por cierto, estimo que no está en el espíritu de la comunidad de la Universidad de Chile.
Entonces, me parece que sería conveniente que la propuesta de Estatuto -que nació de un proceso de participación muy significativo y positivo- fuera estudiada por cada uno de los personeros indicados; que después de analizarla hiciesen las observaciones del caso. Vale decir, que exista la instancia correspondiente para hacer las precisiones del caso, de tal manera que disposiciones de esta naturaleza no puedan prestarse después a reparos de cualquier índole en la Contraloría o en alguna otra instancia.
Señor Presidente , estamos en presencia de una iniciativa de ley bastante simple, pero muy trascendente y de mucha significación, porque comprende y abarca las normas por las que ha de regirse la Universidad de Chile -una de las más importantes del país- y las circunstancias conforme a las cuales deberá consultársele.
Por lo tanto, el proyecto en sí mismo no presenta mayores dificultades, salvo en cuanto pudiera estimarse que excede o violenta disposiciones constitucionales, ya que por formar parte la materia de que trata de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, no sería susceptible de delegación.
A mi entender, con los antecedentes dados a conocer, esa eventual inconstitucionalidad no tendría mayor fundamento, tanto por el texto mismo de las normas en análisis, cuanto por existir precedentes al respecto, no objetados por los organismos a los que les corresponde velar por la constitucionalidad.
Por otra parte, el Estatuto que dicte el Presidente de la República en virtud de la delegación que le otorga el Congreso, deberá ser sometido al control de constitucionalidad de la Contraloría General de la República y, eventualmente, del Tribunal Constitucional. De manera que no creo necesario ni conveniente exigir mayor resguardo para su juridicidad. Y, por lo tanto, podemos avanzar en el estudio y aprobación del proyecto.
Como decía, la iniciativa que debe resolver el Parlamento es muy simple. Habría bastado ella sola. Sin embargo, se ha acompañado un proyecto de Estatuto, que es el fruto del trabajo de largos años, encabezado por el Rector de la Universidad de Chile -quien ha cumplido una gran labor-, con participación de profesores, estudiantes y administrativos.
No era indispensable su inclusión. Habría bastado la ley delegatoria. Lo propuesto, de una u otra forma, en mi opinión, impone al Presidente de la República dictar en su oportunidad el mismo Estatuto. No lo obliga desde el punto de vista constitucional ni legal, pero constituye un antecedente muy serio, que ha sido puesto en conocimiento del Congreso y que, obviamente, el Primer Mandatario tendría que respetar.
Por lo tanto, debemos entender que el Jefe del Estado, en uso de esta facultad, deberá dictar el Estatuto, sin perjuicio de algunos cambios formales que pudieran surgir como consecuencia de un análisis posterior. Pero en definitiva tiene que procederse de esa manera.
Me parece que lo anterior constituye un elemento muy importante, porque muchas veces dictamos normas delegatorias y no sabemos en qué terminan, por ser generalmente muy amplias.
El Estatuto fue acordado por los distintos estamentos de la Universidad de Chile después de un proceso participativo extenso. Y cumple los objetivos que se persiguen: modernizar la actual estructura de esa institución de enseñanza superior y armonizarla con los nuevos tiempos y flexibilizar el modo de cumplir los altos fines para los cuales fue instituida.
También son objetivos deseados la actualización y otros elementos de participación que consigna el proyecto de Estatuto.
De igual modo es preciso tener en cuenta que gran parte de las normas que se nos proponen y que se anexan al proyecto delegatorio ya han sido puestas en práctica por largo tiempo, han tenido vigencia y funcionado adecuadamente. Vale decir, no estamos aquí en presencia de un experimento que va a comenzar una vez que se dicte el Estatuto, sino de algo que la realidad universitaria ya ha recogido y, por lo tanto, ha podido enriquecer.
Por todas estas consideraciones, creo conveniente acoger la iniciativa. Contribuí con mi voto en la Comisión de Educación a su aprobación tanto en general como en particular, y procederé en iguales términos en la Sala.
No me siento inhabilitado para votar por el hecho de haber sido profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile; por el contrario, me enorgullezco de haber pertenecido a su cuerpo docente, y gustoso le doy mi respaldo a este proyecto delegatorio.
Tiene la palabra el Senador señor Boeninger, y luego, el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , en primer lugar, me alegro mucho de que no se haya inhabilitado el Senador señor Fernández , porque yo hubiera tenido que haberlo hecho con mayor razón, dado que fui Rector de la Universidad de Chile. Y, en realidad, no tenía ninguna intención de inhabilitarme.
Concuerdo con los comentarios de elogio que se han formulado en cuanto a que, a partir del 11 de marzo de 1990, tanto el actual Rector, el profesor señor Riveros , como su antecesor, don Jaime Lavados , lograron encarrilar por una vía de desarrollo sostenido, tranquilo, a un plantel de educación superior que enfrentó una multiplicidad de problemas muy difíciles, de todo orden, al término del Gobierno militar.
Pienso que el hecho de que se haya flexibilizado la relación de las universidades y de otros organismos en lo que respecta al control ex ante de la Contraloría fue un paso previo y necesario para lo que estamos haciendo en la actualidad.
La iniciativa en análisis, en realidad, está dando una facultad al Primer Mandatario , e incluye un proyecto de Estatuto -al respecto, adhiero a lo que dijo inicialmente el Presidente de la Comisión de Educación-, que, a mi entender, debería formar parte de la historia de la ley.
A mi juicio, aquí se han recogido bien las experiencias anteriores. No quiero insistir en algunos aspectos de ellas, porque, en realidad, fueron malas experiencias en su momento. Asimismo, se ha tratado de generar algo ordenado, en términos de la claridad con que se definen los distintos órganos de decisión interna de la Universidad, y en cuanto a que se precisa y resuelve bien el tema de la participación de los distintos estamentos universitarios.
En tal sentido, quiero simplemente recalcar que acá queda claro que el Rector de la Universidad es la máxima autoridad universitaria y su representante legal. Y me parece extremadamente positivo, e incluso indispensable, que se haya decidido que dicho personero, además, presida tanto el Consejo Universitario como el Senado Universitario. En definitiva, él extiende su presencia en la relación de trabajo, en forma coordinada y armónica, entre el Consejo y el Senado, como también a los demás órganos propios de la Universidad: Facultades, Departamentos, etcétera.
No deseo alargar mi intervención, pero debo señalar que está muy clara la distinción entre el Consejo Universitario, como órgano de gobierno, y el Senado Universitario, que ratifica algunos acuerdos de aquél. Este último es, fundamentalmente, un cuerpo de definición estratégica y normativo de carácter general. Y esa relación me parece una forma virtuosa de vincular ambos órganos, lo cual en mi tiempo no ocurrió con el único ente que existía en esa época: el Consejo Normativo Superior, en el que se fundía de una manera bastante poco eficaz esta doble función. Además, de ese modo se establece un sistema mucho más ordenado y razonable de participación de los estamentos no académicos, específicamente los centros de estudiantes.
Por ello, considero muy oportuno aprobar -y lo hago con mucho gusto- el texto que nos propone la Comisión de Educación y el proyecto de Estatuto que acompaña. Eso significa -lo mencionó inicialmente el Senador señor Moreno - que la distribución de atribuciones que se recoge en estos organismos va a ser fiel a lo que ha probado resultar exitoso en el proceso calificado de "marcha blanca" vivido por la Universidad durante los últimos años, lapso en el que, en el fondo, se ha experimentado con el Senado Universitario. Lo que ahora se propone recoge esa experiencia en la forma positiva en que se ha podido desarrollar.
Desde ese punto de vista, me parece conveniente dejar establecido que lo que se promulgue en definitiva como Estatuto corresponda a este texto y a la experiencia recogida en estos años de marcha blanca.
El único alcance que deseo hacer -y en esto concuerdo con la observación del Senador señor Viera-Gallo - es que el artículo 39, al consignar que el Estatuto de la Universidad de Chile primará sobre leyes generales, exhibe un grado tal de amplitud que, en realidad, requiere una redacción más específica y feliz.
Por lo tanto, atendido el hecho de que el referido texto formará parte de la historia de la ley, reitero la recomendación de que el artículo 39 sea redactado de manera más apropiada.
Por las razones expuestas, daré mi aprobación plena al proyecto.
Algunos señores Senadores han solicitado a la Mesa abrir la votación y continuar con la lista de oradores inscritos.
Señor Presidente , la iniciativa en debate nos permite aprovechar la oportunidad de expresar nuestro reconocimiento a la Universidad de Chile como una corporación que ha prestado insuperables servicios a la educación superior del país. Ella es realmente nuestra primera universidad. Y, a diferencia de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, lo puedo decir en mi calidad de ex alumno, ex Vicerrector , miembro del cuerpo docente desde el año 1971 y profesor titular desde el año 1984 de la Universidad Católica de Chile. Y lo hago con mucha simpatía, porque siempre he sentido gran admiración por la Universidad de Chile, la que, por lo demás, es la universidad católica más antigua del país, porque así fue fundada, en 1842. Perdió tal carácter en 1925. Pero quienes tenemos ese afecto por los planteles católicos, la estimamos precursora.
El tema que nos convoca merece una reflexión respecto de la conveniencia de que los estatutos jurídicos de la Universidad de Chile sean materia de ley. Me pareció entenderle un razonamiento semejante al Senador señor Parra hace unos minutos. La verdad es que siempre lo han sido. Recuerdo los estatutos de 1931; de 1971, cuando era Rector el Honorable señor Boeninger ; de la década del 80 y las modificaciones posteriores. Siempre han sido materia de ley. Y si bien la creación de una universidad estatal también lo es, la regulación y definición de sus estatutos me merece algún nivel de duda desde el punto de vista jurídico. No se desprende del artículo 19, Nº 10º u 11º de la Constitución; tampoco de su artículo 60, que determina el dominio legal. Y, por lo tanto, no se ve cuál puede ser el fundamento para que sigan siendo materia de ley.
Es más, si uno observa cómo está procediendo el Congreso respecto de la presente iniciativa, tenemos que avenirnos al hecho de que el Gobierno ha pedido una delegación de facultades para aprobar lo que la propia comunidad universitaria ha concordado luego de un tiempo de trabajo.
Aún más, el Presidente de la Comisión de Educación manifestó que esperaba que las normas estatutarias se incorporaran al texto de la iniciativa para que se entendiera que ése es el espíritu de lo que se pretende aprobar en materia de delegación de facultades. Eso indica, en definitiva, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo están -por así decirlo- interviniendo en el contenido de los estatutos.
A mi juicio, ello tiene que ver con el respeto a la autonomía universitaria y con la circunstancia de que, constituida la universidad, ésta se halla en condiciones de gobernarse.
La autonomía precisamente consiste en eso: en darse normas para organizarse y definir las actividades esenciales de docencia, investigación, extensión, comunicación y muchas otras que se han ido incorporando, debido al desarrollo creciente del carácter multifacético de las instituciones de educación superior y a la diversidad a que se ven abocadas hoy día. Pero deben regularse por sus propias disposiciones.
Eso es lo esencial y le da un cierto valor al acto que estamos realizando, sin perjuicio de que podemos efectuar algunos comentarios, como los que se han formulado en la Sala y a los cuales deseo sumarme.
Dentro de la estructura de poderes que se establece, considero importante la distinción que se hace al definir los roles ejecutivos, administrativos y de gobierno, y los de carácter normativo o estratégico que se asignan a la Universidad en sus diversos órganos. Porque efectivamente se pueden plantear temas muy discutibles y bastante complejos, como los relacionados con el cogobierno, que han tenido distinto tipo de evolución y se prestan para diferentes interpretaciones.
Sobre el particular, he mantenido una postura permanente. Incluso más: a los alumnos no les conviene participar en el cogobierno, ya que nunca tendrán una voz decisoria y, por lo tanto, siempre serán un apéndice de las decisiones de otros. Además, pierden libertad para pronunciarse respecto de aquellos actos de gobierno con los cuales discrepan.
En consecuencia, bajo ningún punto de vista es conveniente lo anterior. Sin embargo, la posibilidad de que los estudiantes puedan participar en las definiciones más globales de carácter estratégico que se proyectan a futuro es algo distinto y su aporte puede ser extremadamente valioso. Y, por cierto, estimo que su contribución en materias que les atañen de manera directa en su calidad de tales debería ser también siempre relevante.
La participación universitaria debe incluir a los alumnos y, en lo que competa, a los funcionarios administrativos, para que dicha comunidad pueda sentirse verdaderamente como una instancia participativa que oye a todos antes de resolver.
Con respecto al tema de la delegación, no cabe la menor duda de que se halla dentro del marco de lo posible. Si se tratara de una ley orgánica constitucional, no sería factible. Sin embargo, considero que lo que se está haciendo aquí se encuentra fuera de esa circunstancia, por cuanto el Nº 11º del artículo 19 de la Constitución alude en su inciso final a la existencia de una ley orgánica constitucional, pero referida, en el ámbito universitario, a los requisitos para el reconocimiento de los establecimientos educacionales. Pero acá no se está hablando de eso. Y, por consiguiente, no estamos frente a una materia que debe ser objeto de una ley orgánica, sino que corresponde a una ley delegatoria.
Por otra parte, creo que la inquietud planteada referente al artículo 39 del proyecto de Estatuto debe ser recogida. Entiendo que la voluntad de este precepto apunta a que las disposiciones estatutarias prevalezcan frente al orden normativo. Ello, en lo que dice relación a estructuras universitarias, roles del rector y demás miembros, procedimientos, etcétera; pero no en cuanto a convertir a la Universidad de Chile en una especie de Estado dentro del Estado que pueda definir su propia normativa tributaria, previsional, laboral y establecer preceptivas ajenas a la sujeción que le corresponde, dentro del ordenamiento, a la Contraloría General de la República.
Obviamente, eso deberá cautelarse en la redacción de la norma.
Sin embargo, me parece que el alcance de esa disposición está circunscrito a que el Estatuto prevalecerá en su contenido específico. Por ese motivo no podemos interpretarla de una manera distinta, a pesar de que su redacción -que no corresponde a la de un artículo, sino que simplemente es una especie de descripción genérica- se presta para conclusiones ambiguas.
Por tales consideraciones, estimo que debemos aprobar este proyecto de ley delegatorio, a fin de que la Universidad pueda darse a sí misma, dentro de su autonomía, el estatuto que más le acomode para el mejor cumplimiento de sus funciones, que son extraordinariamente importantes para Chile, porque se trata de la institución de excelencia más antigua y respetable en el ámbito de la educación superior.
Advierto a Sus Señorías que el Orden del Día termina a las 18:25 -es decir, en 29 minutos más- y que aún quedan cuatro señores Senadores inscritos.
Por lo tanto, les pido que se autocontengan para que puedan intervenir todos.
O que fundamenten el voto.
De acuerdo con el Reglamento, tengo que conceder la palabra a quienes están inscritos, Su Señoría.
¡Que fundamenten el voto!
¡Que lo fundamenten!
Sólo estoy señalando que, conforme al Reglamento, la Mesa cerrará el debate a las 18:25 y pondrá en votación el proyecto para que puedan emitir pronunciamiento los señores Senadores que no lo hayan hecho.
Señor Presidente , antes de hacer mi exposición, deseo referirme a un asunto distinto, sin perjuicio de los 15 minutos que me corresponden y que un señor Senador me los está limitando.
No se los estoy limitando, Su Señoría. Sólo he formulado una sugerencia.
Usted no, señor Presidente .
Creo que en un tema como éste debería permitirse que los oradores restantes pudieran hacer sus intervenciones de acuerdo con los quince minutos establecidos, pues siempre que se trata de materias de tipo educacional las discutimos rápidamente.
Así que pido que se respete ese tiempo, como se ha hecho con los demás señores Senadores, y que los cuatro inscritos intervengan utilizando los minutos que les corresponden.
Que no se cambien las reglas del juego. Hoy día las condiciones pueden ser favorables para un grupo de Parlamentarios, y mañana, para otro.
Digo esto porque incluso he escuchado solicitar a ciertos Honorables colegas que se intervenga por tres minutos, en circunstancias de que ellos mismos no se limitan en su tiempo.
Muy bien, señor Senador.
Si hubiere acuerdo unánime de la Sala, se permitiría a los cuatro oradores inscritos hacer uso de la palabra hasta por 15 minutos.
¡Lo hay, señor Presidente!
Pero tendría que tomar la votación al final de las intervenciones.
¡La votación se encuentra abierta!
Sí, está abierta.
Efectivamente, pero en algún momento hay que cerrarla. No puede quedar abierta porque, de lo contrario, no se aprueba el proyecto.
Señor Presidente , se ha señalado aquí que a partir de 1981, de dos universidades públicas, pasamos a tener dieciséis. Sin embargo, no podemos olvidar que en esa misma época entramos también a un sistema que ha significado la creación de alrededor de cincuenta universidades privadas.
En ese sentido emerge, sin lugar a dudas, una nueva realidad que está latente en la sociedad chilena: una educación superior pública y una educación particular privada, de la cual no reniego, pero evidentemente ha colocado nuevas reglas en cuanto a la enseñanza superior en nuestro país.
Hoy día se habla del mercado universitario. Es un producto que está en la vitrina y que se compra con diferentes modalidades. Esto significa que en Chile hay una fuerte competencia en materia de educación de nivel superior.
Podría ser muy simple mi intervención: alegrarme por la Universidad de Chile y felicitar a su brillante Rector y a su personal académico. Sin embargo, creo que ésta es también la oportunidad para referirme a otros aspectos vinculados con el proyecto que nos ocupa.
¡Y ése es nuestro papel aquí en el Senado!
Deseo manifestar que hasta este minuto en materia de educación de nivel superior hemos legislado coyuntura tras coyuntura. En tal sentido, no puedo desconocer el éxito del actual Ministro , que ha logrado sacar adelante diferentes normativas de ese orden. Mas, en lo personal, me queda la inquietud en el sentido de que no hemos sido capaces de crear una política nacional en esta materia. No existe una ley marco que no sólo fije las reglas del juego a esas 16 universidades públicas, sino que también, velando por el bien mayor, dé una mirada hacia la educación privada, que hoy día, como es evidente, debería enmarcarse en lo que la ley dice: que la enseñanza de nivel superior es sin fines de lucro.
No puedo dejar de plantear en esta discusión que noto, hasta el minuto, cierto escapismo de parte del Estado con respecto a la responsabilidad que le compete en materia de lo que ahora existe en Chile, que es un tipo de educación pública en el caso de la enseñanza superior. Y hoy se señala que ésta se financia con recursos públicos y de otras instituciones; pero los porcentajes están muy lejos de fortalecer la investigación y la extensión que deben hacer las universidades y la educación superior en la construcción de un país desarrollado en lo científico y en lo tecnológico.
Hay una franja de nadie entre las universidades públicas y las privadas. Se ha dicho, por ejemplo, que a las públicas se las empuja a parecerse cada vez más a las privadas. Pero, a mi juicio, la educación de nivel público se creó con naturaleza y objetivos diferentes.
Desde el año 1993 se ha pretendido legislar en el sentido en que hoy lo estamos haciendo con la Universidad de Chile, que, sin duda, ha logrado dar un gran paso. No obstante, la proposición de ley que apuntaba a eso ni siquiera cumplió el primer trámite, porque se cometió el error garrafal de construir un proyecto vertical, casi -yo diría- dictatorial, en cuanto a que los estamentos y las personalidades que debían participar en la discusión no fueron convocados.
Entonces, la ley marco de las 16 universidades públicas quedó en la nada misma.
¿Y qué estamos viendo hoy día? Que seguimos legislando coyunturalmente. Porque, con todo lo que significa el Estatuto de la Universidad de Chile, estamos legislando -en buena hora; no lo discuto- para una de las 16 universidades públicas del país. Es decir, de nuevo nos encontramos en el escapismo en lo que respecta a la construcción de una política de educación superior con mirada de Estado.
¿Qué pasa con las 15 universidades restantes? ¿Cómo se van a construir sus estatutos? Se dice: "La solución viene por el lado de que van a tomar el Estatuto de la Universidad de Chile y podrán repetirlo".
Excúsenme, pero tengo aprensiones en ese sentido, ya que la realidad de la Universidad de Chile es absolutamente diferente a la de las otras universidades públicas, que ya no sé si son públicas o privadas, pues hasta en su titulación existe cierto hibridismo; porque la verdad de las cosas es que a los propietarios del sistema les agrada más la subsidiariedad desde el punto de vista de los recursos.
Cuando se planteó la ley marco de las universidades públicas -y alguien lo dijo-, no pudo concretarse, por las razones que señalé: por la verticalidad de su construcción; por la falta de debate y de participación de muchos de los actores que conforman los claustros. No era algo imposible.
Por ejemplo, se pudo haber seguido el mismo procedimiento de la Universidad de Chile.
Y aquí me surge una gran pregunta, que hicimos en varias ocasiones -yo la formulé en la Comisión de Educación del Senado, que he integrado durante mucho tiempo; también fui miembro de su similar en la Cámara de Diputados-: ¿por qué no se mandó un proyecto simple, que sólo autorizara a las universidades públicas a cambiar y modernizar sus estatutos? Porque, si hoy se le reconoce a la Universidad de Chile la capacidad para elaborar el suyo, que está aquí, ese mismo reconocimiento se pudo haber hecho, con una sencilla normativa, a las otras 15 universidades estatales del país.
Eso no se hizo, y no sé si en algún momento se podrá concretar.
Espero que el Estatuto de la Universidad de Chile pueda servir de modelo. Pero nos quedan en el tintero 15 realidades de la enseñanza superior.
Y también queda la mirada pendiente en otro aspecto. Porque siempre, cuando tratamos la cuestión de la educación superior, se produce un choque y se pretende hablar de la calidad, del financiamiento, de la acreditación; se esgrime en forma inmediata el tema de la libertad de enseñanza, lo que, desde mi punto de vista, no tiene ninguna relación.
Hay 50 universidades privadas, las cuales, en la idea de una política de educación superior, deben ser objeto de una mirada de Estado.
¿Me concede una interrupción, Su Señoría?
Excúseme, señor Ministro , pero se me asignó poco tiempo. Trataré de dejarle algunos minutos.
Ruego dirigirse a la Mesa.
Estoy pidiendo una interrupción al señor Senador, con la venia de la Mesa.
Procuraré dejarle tiempo, señor Ministro .
Diríjase a la Mesa, señor Senador.
Me alegro por el Estatuto de la Universidad de Chile. Creo que este plantel va a estar en mejores condiciones -y no se ha dicho aquí- para la competencia, no sólo académica, curricular, sino también de mercado.
Porque aquí hay cosas increíbles. La Universidad de Chile recibe recursos del Estado, y cada vez que invierte un peso de ellos debe tomarse razón del decreto respectivo.
¿Me permite, señor Senador ?
Es así, señor Ministro . Todavía, en muchas materias, está sujeta a la toma de razón y al control exhaustivo de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, existen universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores que reciben recursos públicos y no se hallan sujetas, ni ancladas, ni amarradas como la Universidad de Chile con respecto a la cuenta que de ellos deben dar.
Por lo tanto, aquí hay un paso -yo diría- de igualdad para la más importante universidad de nuestro país, la de Chile, en relación con importantes planteles privados.
Mi voto, por supuesto, es favorable a la iniciativa; pero más me habría gustado que la modernización del Estatuto de la Universidad de Chile se hubiera hecho en conjunto con la de otras 15 universidades públicas diseminadas a lo largo del país y que trabajan, proyectan y construyen, con dificultades tremendas -por razones que no es del caso analizar ahora-, generaciones de profesionales.
Señor Presidente, si me lo permite, le concedo con el mayor agrado una interrupción al señor Ministro.
Le daré la palabra al señor Ministro , quien tiene preferencia para hablar. Pero debo aclarar que las interrupciones se conceden durante una intervención y no al final. De acuerdo con el Diccionario, "interrupción" significa cortar algo en su decurso.
¡Eso lo descubrió hoy día no más...!
He aplicado siempre ese criterio, señor Senador.
Señor Presidente , deseo aclarar un punto y, con ello -seguramente-, dar una alegría doble al Senador señor Muñoz Barra , quien está contento de votar este proyecto y apenado porque no puede pronunciarse sobre los otros.
La política del Gobierno, como lo he manifestado en algunas ocasiones, ha sido tratar a todas las universidades estatales en la misma forma que a la de Chile. Y se concordó con ellas que el Estatuto de ésta, por estar preparado y por tener dicho plantel características legales particulares, viniera separado.
Hace más de un año y medio se solicitó a las otras 15 y a todos los rectores que prepararan un estatuto, y se les hizo ver que el Ejecutivo procedería de la misma manera.
Lamentablemente, hasta ahora ello no ha sido posible. Ante tal circunstancia, este Ministro ha señalado a los rectores del resto de las universidades del Estado que, si no es factible una concordancia entre esas 15, estamos disponibles para mandar un proyecto que represente a tres, cuatro, cinco o una.
La voluntad del Gobierno es firme en esa dirección, pero reposa, por cierto, en la autonomía de las universidades.
Estoy seguro de que con esta explicación mi amigo el Senador señor Muñoz Barra se va a sentir doblemente grato al votar este proyecto de ley.
Antes de dar la palabra al Senador señor Cantero, quiero decir que el término "interrumpir", según el Diccionario de la Real Academia Española, significa, en la primera acepción, "Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo.". Y en la segunda, "Dicho de una persona: Atravesarse con su palabra mientras otra está hablando.".
Ése es el sentido literal de lo que se me ha solicitado.
Señor Presidente , como ya se expresó, desde 1981 y 1982 ha habido en el ámbito de la educación superior una serie de modificaciones que han elevado el número de universidades públicas de 2 a 16, y el de las privadas, a cerca de 50. Esto ha desarrollado una feroz competencia en la esfera de la educación superior.
Podríamos decir que se trata de los cambios más radicales al sistema de enseñanza superior que se han observado en el último tiempo en el país, lo que, en su conjunto, implica una reforma que, en mi opinión, no ha sido analizada ni discutida en forma adecuada.
¿Qué importancia tiene hoy la diferenciación entre universidad pública y universidad privada? ¿Qué significa y qué alcance tiene la pública con respecto a la privada? ¿Hay en la lógica y en el aporte de recursos hacia la universidad pública alguna funcionalidad que la diferencie de la privada? ¿Tiene el Estado incidencia en el enfoque y en las prioridades de investigación y desarrollo que poseen los planteles universitarios públicos con relación a los privados? ¿Existe algún énfasis particular del Estado en el financiamiento de las investigaciones en el ámbito de las universidades públicas? ¿Hay algún aporte especial que genere un incentivo de becas para que el ámbito público estimule la convocatoria de los mejores cerebros a las universidades estatales?
Quedan planteadas esas preguntas, que tienen mucha importancia si uno quiere entender el desarrollo con una visión prospectiva.
Pero ése no es el tema en debate. Simplemente, me han llevado a exponer el punto los argumentos que he escuchado esta tarde.
Ahora bien, el proyecto en discusión, en esencia, obedece a un planteamiento del Gobierno mediante el cual se solicita una delegación de facultades para que el Presidente de la República dicte el nuevo Estatuto de la Universidad de Chile, lo cual representa un paso más en el desarrollo de esa institución, ya de larga historia, a partir de 1842. Ello, dado que la ley marco no concitó los consensos necesarios, porque, al final del día, no lograron ponerse de acuerdo en torno a un formato único de estatuto los distintos establecimientos de educación superior, debido a las diferencias significativas en la estructura, en la organización, en la tradición, en la complejidad de cada uno de ellos.
La iniciativa única, en consecuencia, resultó ser inviable. Y ésa es la razón por la cual el Gobierno solicitó al Parlamento la referida delegación de facultades, para avanzar en tal sentido.
El proyecto de Estatuto recoge el trabajo de la comunidad universitaria -de sus diversos estamentos-, que, en un esfuerzo que valoro positivamente, ha elegido un camino, un norte para dar cauce al quehacer y a la inquietud académica en la Universidad de Chile.
Destaca en él la creación de un Senado Universitario, órgano que se funda en la necesidad de dotar a la Universidad de un espacio transversal donde estén representados los académicos de distintas facultades, los estudiantes y funcionarios, para pensar la universidad en su conjunto, para desarrollar y planificar su futuro.
Me parece que es una institución muy positiva e interesante, que permite auscultar con visión prospectiva el mediano y largo plazo en la gestión de la Universidad, orientando la conducción que ejerzan su Rectoría y el Consejo Universitario. Se trata de un órgano de carácter normativo y estratégico, en el que se contempla la participación de los distintos actores.
La autorización que solicita el Presidente de la República al Congreso Nacional para dictar el nuevo Estatuto de la Universidad de Chile se enmarca por completo en lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política en materia de delegación de facultades y se ajusta plenamente a derecho.
No veo ningún problema en esa línea.
Señor Presidente , me provoca estímulo intelectual, gozo espiritual, leer los principios fundamentales que orientan a la Universidad de Chile. Y me parece provocativo, estimulante, motivador, escuchar que éste será el marco que presidirá, como referente, la próxima dictación de estatutos de las otras universidades públicas de nuestro país.
¡Cómo no sentir satisfacción cuando en el primer artículo del proyecto de Estatuto se dice que la Universidad de Chile es una institución autónoma del Estado, de carácter nacional y público, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, autonomía plena, dedicada a la enseñanza superior, a la investigación, a la creación y a la extensión en las ciencias!
Eso me parece sumamente motivador, porque hoy -a propósito- en el ámbito universitario privado no se dan los elementos sustanciales que permiten constituir una universidad: docencia, investigación y extensión.
Y, en tal sentido, considero estimuladora la preocupación que el Parlamento ha mostrado, porque muchas universidades parecen más bien supermercados de títulos académicos, charreteras y pergaminos, y no manifiestan ninguna preocupación por generar competencia para que los ciudadanos egresados de ellas puedan tener éxito en el mercado laboral.
Me motiva, en consecuencia, leer en el artículo 2º del proyecto de Estatuto que "La Universidad asume con vocación de excelencia la formación de personas" -y no el mercadeo de títulos vergonzosos que otorgan algunos establecimientos del país que se dicen universidades pero que tienen poco de tales- "y la contribución al desarrollo espiritual y material de la Nación". O sea, más allá de la rentabilidad, de la cuestión presupuestaria o financiera, se trata de una visión de país, de Estado, que, en mi concepto, es la esencia de lo que debe ser la universidad pública.
Señor Presidente, daría para largo hablar sobre estos temas. Pero lo sustancial ya ha sido planteado.
El proyecto de Estatuto se apega a lo que debe ser el espíritu de una universidad pública. Por eso, no tengo ninguna dificultad en responder positivamente a la delegación de facultades que el Presidente de la República solicita al Parlamento para dictar las nuevas normas estatutarias de la Universidad de Chile.
Espero que este trámite sirva para impulsar en el país un proceso de reflexión acerca de la importancia, la trascendencia, el rol clave, el nudo gordiano que significan la calidad de la educación superior, la generación de competencias reales en las mujeres y en los hombres que buscan conocimientos para ayudar a que Chile pueda saltar hacia la instancia de nación desarrollada.
La diferencia de decisiones que marque un sentido u otro determinará si Chile avanza hacia una senda de desarrollo o se queda como país subdesarrollado.
El camino de la venta de títulos sin calificar competencias que se va generando en las personas será un lastre que terminará imposibilitando el desenvolvimiento de esta nación hacia la sociedad de la información y el conocimiento.
Es necesario reflexionar sobre el rol de la universidad, particularmente el de la universidad pública, que debe tener ese sentido de visión de Estado, de concepción nacional.
También es importante reflexionar sobre el papel de la universidad en el ámbito de la docencia, de la investigación y de la extensión.
Creo además interesante reflexionar acerca de la necesidad de la educación continua, que hacia el fututo es un verdadero desafío para el ámbito universitario. ¿Se requerirán esas salas de clase? ¿O esa educación será virtual, a través de procedimientos de e-learning y otros que hoy se están imponiendo en el mundo y que responden de manera muy distinta a la necesidad de formación continua que tiene la población?
¿Cuál es la investigación que se requiere? Se ha discutido sobre la investigación en el desarrollo del limbo de la ciencia. Puede ser ése un camino. Pero los países que saltan rápidamente hacia el desarrollo están debatiendo si emplean la innovación y la transferencia tecnológica como eje esencial de la acción para impulsar su progreso económico, social y cultural.
Todos éstos son temas que me parecen relevantes.
Termino señalando que considero importante seguir avanzando en la calificación de las competencias necesarias para acreditar títulos universitarios reales, pues constituye la clave para que la persona que ingresa a la universidad se sienta preparada y realizada al cumplir la vocación que la motivó a llegar a la instancia de formación superior.
Faltan cuatro minutos para que concluya el Orden del Día. Como hubo acuerdo unánime para que hicieran uso de la palabra los Senadores inscritos, se la daré a los dos que restan.
Además, informo al señor Ministro de Justicia subrogante que el proyecto sobre modernización, regulación orgánica y planta del personal del Servicio Médico Legal no podrá discutirse ni aprobarse hoy.
Pido silencio a las tribunas.
La situación que he expuesto obedece a que, en virtud de razones reglamentarias, terminará el Orden del Día y no tengo ninguna posibilidad de pasar sobre el Reglamento.
Sin embargo, puedo asegurar que el proyecto, dada su urgencia, quedará en el primer lugar de la tabla de la siguiente sesión ordinaria, que se celebrará el martes próximo.
Señor Presidente , a pesar de que no me acompaña la voz, quiero hacer algunas observaciones acerca del tema que nos ocupa.
En primer lugar, creo que la iniciativa en análisis corresponde al éxito de la gestión de las actuales autoridades de la Universidad de Chile, ya que han llegado hasta acá con un proyecto de Estatuto.
No pudimos hacerlo antes.
Y pienso que hubiera sido el camino correcto la ley marco, dentro de la cual cada universidad tendría la suficiente autonomía para fijar sus propias normas y reglamentos.
Si bien hoy otorgamos esta facultad al Presidente de la República, el Estatuto tendrá rango de ley. Por lo tanto, cada vez que se le incorporen modificaciones, se requerirá un texto legal.
Debemos tener presente que, si bien avanzamos en un sentido, estamos retrocediendo en otro. Creo que lo lógico es que las universidades, sobre todo en el tiempo moderno en que vivimos, cuenten con la más amplia autonomía para fijar el margen de acción y de desarrollo de sus funciones, sin perjuicio de que disposiciones constitucionales o jurídicas ordinarias determinen el marco en que pueden moverse para tomar decisiones.
En consecuencia, voy a acoger la iniciativa, pues estimo que es un buen paso que la Universidad de Chile tenga su Estatuto. Incluso se ha presentado un proyecto de Estatuto cuya aprobación podría ser considerada por el Presidente de la República.
Sin embargo, también creo -y en esto coincido con quienes me han antecedido en el uso de la palabra- que no había ninguna observación de orden constitucional para otorgar esta delegación de facultades.
Asimismo, estimo innecesario el artículo 39 del proyecto de Estatuto que se propondrá al Primer Mandatario a fin de que determine su texto definitivo. Dicho precepto es inconveniente y contradictorio. Cabe tener presente que, al tener rango de ley por la delegación de facultades, por supuesto que va a primar sobre cualquier legislación con la cual entre en contradicción.
En segundo término, en la forma en que se propone resulta inadmisible, porque incluso los reglamentos universitarios que se dicten en virtud del ordenamiento que se está estableciendo también podrían prevalecer sobre la ley general.
Eso carece de todo asidero jurídico.
Por lo tanto, cuando se revise el Estatuto y se fije el que en definitiva regirá para la Universidad de Chile, será mejor que el artículo 39 quede sin efecto. No es necesario -repito- y lo creo contradictorio en cuanto al tema del reglamento.
Por todas esas razones, aunque en forma muy breve, quería recordar la constancia inicial. La legislación en proyecto me parece un buen avance para la Universidad de Chile. Felicito a su Rector y a toda su administración por haber obtenido la aprobación de esta normativa en orden a otorgar facultades extraordinarias para el Presidente de la República , aun cuando, en mi opinión, no era el mejor camino. Creo que el mejor era la ley marco, según la cual cada universidad fijaría sus propios estatutos, de acuerdo con su autonomía y con lo establecido por la Constitución y las leyes de la República.
Señor Presidente , yo estaba inscrito también.
¡Esto es una persecución...!
No lo es, señor Senador, sino todo lo contrario.
Recibí la lista de inscritos de manos del señor Presidente del Senado.
Sin embargo, si me pide la palabra, se la concederé.
Puede usar de ella ahora el Honorable señor Vásquez.
Señor Presidente , en primer lugar, me parece correcto y muy merecido el homenaje que se ha brindado al Rector de la Universidad de Chile, señor Luis Riveros , a su Consejo Administrativo y a sus asesores.
La realidad de ese plantel ante la llamada "competencia" del mercado universitario, hoy día es realmente una cuestión bastante dramática, como señaló el Senador señor Cantero . Y este proyecto me parece que constituye, precisamente, un mecanismo de transparencia para que dicha casa de estudios superiores pueda, en definitiva, realizar las acciones que su comunidad universitaria pretende. Y sé que las logrará.
En ese sentido, como conozco esta última -anticipo que no me inhabilitaré por ser parte de ella en mi calidad de profesor de postítulo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas-, pienso que podrá operar con mayor libertad y, por tanto, con más eficiencia respecto de las medidas que actualmente puede llevar a cabo.
No creo, conociendo al Rector señor Riveros y a la Universidad de Chile, que el artículo 39 constituya una suerte de "Colonia Dignidad" al interior de la comunidad universitaria nacional. Estimo, por el contrario, que ese plantel ha sido suficientemente competente. No obstante todos los embates que ha recibido durante un largo período, especialmente en aquel en que no hubo democracia en Chile, ha sobrevivido gracias a la fortaleza de sus integrantes, fundamentalmente a la de sus profesores y cuerpo administrativo.
Sin embargo, también concuerdo con que de una vez por todas se cuente con una ley marco que dé a las universidades suficiente autonomía para funcionar debidamente.
En consecuencia, voy a votar favorablemente, dejando constancia -en respuesta a lo que manifestó el Honorable señor Cantero - de que el papel de las universidades públicas se halla expresamente establecido en el artículo 1º del proyecto de Estatuto presentado por la Universidad de Chile, que en su parte final señala que ésta se hallará "al servicio del país, en el contexto universal de la cultura.". La diferencia central de esa casa de estudios superiores y la que debería ser centrales en las universidades estatales es precisamente su ámbito pluralista, laico, receptor de todas las creencias, de todos los valores, de todas las tendencias. Porque eso significa precisamente "el contexto universal de la cultura". No se trata sólo del contexto universal del conocimiento y su aplicación.
He ahí una de las grandes diferencias respecto a las universidades privadas, que incluso requieren el acuerdo de potencias extranjeras para el nombramiento de autoridades. Este Estatuto permitirá a la Universidad de Chile elegir libremente las suyas conforme a nuevos conceptos, realizar su acción tanto de docencia como de investigación y extensión, y mantener su calidad de primera de la República .
Por ello, señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto presentado a conocimiento del Senado.
Seré muy breve, señor Presidente , porque a estas alturas del debate es casi una pesadez prolongar esta sesión.
En verdad, aquí se han dicho muchas cosas ciertas y que vale la pena reiterar.
Primero, respaldaremos esta propuesta que se nos hace, sobre todo si se considera el proyecto de Estatuto que se nos entregó como antecedente adjunto, cuyo artículo 4º alude tal vez a lo más importante: los principios orientadores que guiarán a la Universidad en el cumplimiento de su misión y la libertad de pensamiento y expresión, el pluralismo, la participación en la vida institucional, con resguardo de las jerarquías, etcétera.
Lo señalo porque si hay algo que produce una pena tremenda es la forma como se ha ido desarrollando el trabajo de las universidades en Chile. Con el debido respeto por todas ellas y sus autoridades, esperábamos más cuando llegó la democracia. Creo que hemos confundido absolutamente la misión de esos planteles con la obligación puramente institucional de producir profesionales. Y se habla acerca de la educación superior y del mercado de una manera que francamente violenta. Tal vez sea por la forma en que concebimos siempre la vieja misión universitaria, desde los tiempos muy antiguos, y la forma en que en las décadas de los años 40, 50, 60 las universidades generaron el pensamiento chileno.
Aquí se ha sostenido con franqueza que esta normativa no es el mecanismo más adecuado para resolver el tema de la Universidad de Chile. Es un paso adelante, pero obligado por el fracaso derecho y claro del Parlamento y las autoridades de todas las universidades en cuanto a ponernos de acuerdo acerca tanto del rol de las universidades estatales como de la manera de generar una visión distinta de las universidades privadas.
Las universidades estatales o las privadas con sentido público, como pudo haber sido la de Concepción, deben tener una visión y una misión distintas de las que guían a las universidades particulares, que son corporativas. Las primeras representan el espíritu del país y la forma en que, en su conjunto, como una suerte de subcultura, se resuelven los caminos por donde éste debe caminar en la larga andadura de su desarrollo intelectual, cultural y profesional.
Las otras universidades son respetables. Pero también son parte de un mundo nuevo en el cual creemos que no han cumplido con su deber. En definitiva, son corporativas, son de un sector, representan una visión, pero no la totalidad. No las guía una visión holística propia de las universidades, especialmente en el caso de la Universidad de Chile, que es el centro y el alma máter del historial universitario.
Es un fracaso, porque no pudimos resolver lo relativo a la ley marco.
Hay dos asuntos cuya resolución no ha sido posible en este Senado, y ambos son de alguna manera valóricos: el universitario, más que el de la educación superior, y la fertilización asistida y otros problemas de esa naturaleza. Pareciera que tenemos una suerte de incapacidad para solucionarlos.
En todo caso, señor Presidente, también acojo el planteamiento del señor Senador que me ha antecedido en el uso de la palabra.
Pero de repente nos falta tiempo para discutir otros temas. En verdad, tenemos cierta dificultad para abordarlos con el tiempo necesario. Podemos estar tres, cuatro, cinco, diez horas discutiendo acerca de la economía, que es muy importante, pero pareciera que los valores del espíritu son difíciles de debatir sin premura de tiempo.
Después de esta sesión, creo que tendremos que despejar una cuestión reglamentaria. La discusión no puede concluir de esta manera, en que los oradores finales, contraviniendo el mensaje evangélico de que "los últimos serán los primeros", terminamos interviniendo a toda carrera. Es decir, o al comienzo nos ponemos de acuerdo en la distribución del tiempo o la situación termina siendo muy lamentable.
Señor Presidente , le reitero mi agradecimiento por haberme inscrito al final.
Al igual que toda mi bancada, votaré favorablemente.
Espero que algún día, en una sesión realmente abierta, extensa y tranquila, resolvamos en forma clara uno de los puntos respecto de cuales todavía, después de 16 años, no despejamos qué queremos hacer. Pareciera ser que la presión brutal ejercida sobre el espíritu chileno en otra época aún nos tiene adormecidos en esta materia.
Hay señores Senadores que aún no se han pronunciado.
Señor Presidente , quiero hacer presente una aclaración.
Aquí se han planteado algunas críticas al artículo 39. Por el contrario -y de ello quiero dejar constancia-, esa disposición es necesaria y útil para la Universidad, porque de otra manera cualquier ley general que dictáramos podría afectar su Estatuto, en circunstancias de que pudiera no ser ésa la voluntad del Congreso.
¿Qué dice el artículo 39? Que lo establecido en ese ordenamiento no podrá ser modificado por leyes generales sino cuando se diga específicamente qué se quiere hacer. Vale decir, en ese momento el Parlamento tendrá que tomar conciencia de que está enmendando una determinada norma y no dictar una ley general que por inadvertencia pudiera perjudicar la autonomía y el funcionamiento de la Universidad de Chile.
Por lo tanto, me parece un precepto adecuado, conveniente. Y, por otra parte, no es novedad en nuestra legislación, porque incluso lo contiene la ley del Banco Central.
Además, da garantías y estabilidad a la Universidad, tanto respecto del Estatuto como de su reglamento.
Como Presidente de la Comisión, vaya un reconocimiento a todas las intervenciones por su positivo aporte a este debate.
Me abstuve de intervenir en la parte sustantiva con el objeto de permitir que mis colegas dieran a conocer sus opiniones.
Pero quisiera aprovechar la presencia del señor Ministro de Educación -desgraciadamente, se retiró el Ministro señor Dockendorff -, porque, junto con aprobarse este proyecto, es indispensable que el Ejecutivo tome acciones positivas respecto de la normativa sobre acreditación de la calidad de la educación superior. En esta última, pendiente en la Comisión de Hacienda del Senado, hay temas que tienen que ser zanjados, con el objeto de permitir que este Estatuto de la Universidad de Chile, la cual no ha tenido ninguna reticencia respecto de la acreditación o de sus carreras, programas o títulos, ello pudiera tener también una validez en todo el sistema universitario, más allá del sistema público e incluido el sistema privado.
Por lo tanto, junto con votar a favor, planteo la petición formal de que el Ejecutivo realmente tome las acciones necesarias para tal efecto, porque de otra manera el sistema queda incompleto.
--Por 30 votos a favor, se aprueba en general el proyecto, y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Canessa, Cantero, Chadwick, Fernández, Flores, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Ominami, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Vásquez, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Muchas gracias, señor Rector, señores estudiantes, señores miembros del Consejo Directivo.
Sí, señor Ministro .
El señor BITAR (Ministro de Educación).-
Señor Presidente, agradezco el pronunciamiento del Senado y hago constar que con ello finaliza el proceso legislativo.
Espero que no se recurra al Tribunal Constitucional por algunos Diputados que así lo anunciaron al final de la votación en la otra rama del Congreso. De este modo se podría lograr una promulgación más rápida de la ley.
También deseo consignar que recogemos las observaciones del Honorable señor Moreno en cuanto a la iniciativa sobre la acreditación de la calidad de la educación superior, que en la mañana de hoy pasó por la Comisión de Hacienda, ya definitivamente, y se halla disponible para ser sometida a la Sala. Constituye un proyecto fundamental, como asimismo lo es el que estamos terminando de afinar para dar garantía de cobertura del costo del arancel a todos los jóvenes que ingresen a las universidades del Consejo de Rectores y pertenezcan a familias de los tres primeros quintiles de ingreso.
Destaco, además, que se ha avanzado en la aprobación de la normativa sobre las universidades estatales, que pasó por este mismo Senado.
Hoy se ha despachado la iniciativa sobre los estatutos de la Universidad de Chile; hace unos meses, la relacionada con el cobro del crédito solidario por la Tesorería General de la República. Y cabe recordar las dos leyes de reprogramación de éste.
Hago presente que se enviarán dos proyectos de ley adicionales: uno sobre reingeniería del crédito solidario y otro relativo al aporte fiscal indirecto.
Todo lo anterior configura un grupo muy contundente de cambios, que no habían ocurrido en los últimos 15 años, respecto de la educación superior.
Antes de concluir, señor Presidente , deseo subrayar que la Universidad de Chile fue instalada el 17 de septiembre de 1843. Quiero rememorar el hecho hoy, al aprobarse una modificación tan importante.
A la sazón era Ministro de Educación don Manuel Montt . Su discurso, según registra la historia, se perdió y su hijo Luis señala que fue imposible obtenerlo, a pesar de haber sido muy buscado, ya que el autor fue sorprendido por un duelo familiar. Pero alguno de los oyentes ha destacado la calidad de la intervención, pronunciada con motivo de un acto que, además, fue parte de los festejos del aniversario de la Independencia.
Se ha hecho presente, sin embargo, que los conceptos de Montt debieron ser muy parecidos a los expresados ese mismo año acerca de la Universidad en la Memoria de su Cartera. El Ministro decía entonces: "séame lícito llamar la consideración de las cámaras hacia el vuelo rápido que últimamente ha tomado en Chile la afición a las ciencias y a la literatura. Este es un hecho notable que no puede menos que llenar de satisfacción a cuantos se interesen por el progreso del país.".
Más adelante, respecto de dicho plantel, hace referencia "a la misión que la incumbe, de adelantar la civilización de su patria, ilustrándola por todos los caminos que han recorrido con tanto esplendor las naciones del antiguo mundo. En tales circunstancias era demasiado conspicua la necesidad de un agente que atizase esa naciente llama y diese una dirección acertada a ese espíritu de la juventud.
"Tal es el vacío que ha venido a llenar la nueva Universidad. La formación de este cuerpo es, a mi modo de ver, el paso más útil que habría podido darse en favor de la ilustración".
"Encargada de velar sobre la educación, ella sugerirá al gobierno los medios más adecuados para mejorarla y difundirla en toda la República.".
Y agregaba que "ella difundirá un calor vivificante sobre la creciente afición a las letras y hará contribuir al beneficio general tantos talentos inutilizados antes por la falta de estímulos.".
Señor Presidente, al ser aprobado un cambio tan significativo en los estatutos de la Universidad de Chile, he estimado importante dejar constancia en el Senado de un hecho histórico de relevancia, vinculado a una persona de la envergadura de Manuel Montt.
Al señor Ministro de Defensa Nacional , para solicitar MANTENCIÓN DE BECA "MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL" A SEÑOR MIGUEL ÁNGEL NIEVES LÓPEZ.
Al señor Ministro de Economía , al señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , a fin de pedir ENMIENDA DE BASES DE POSTULACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE INDICA.
Al señor Ministro de Economía , al señor Ministro de Planificación y Cooperación, al señor Subsecretario de Pesca , y a los señores Secretarios Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación (SERPLAC) de las Regiones Décima, Undécima y Duodécima, pidiéndoles implementar PROGRAMA DE ZONIFICACIÓN DE BORDE COSTERO Y MAR INTERIOR EN REGIONES SEÑALADAS.
Al señor Ministro de Salud , al señor Secretario Regional Ministerial de Salud de la Undécima Región y al señor Director de Salud de Aisén , para requerir INFORMACIÓN SOBRE MUERTE DE SEÑOR ANSELMO ARRIAGADA RUIZ.
Al señor Ministro de Agricultura , al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, al señor Director Nacional de Aduanas y al señor Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado , con el objeto de que envíen ANTECEDENTES SOBRE IMPORTACIÓN DE DURMIENTES DE MADERA.
Al señor Ministro de Transportes , planteándole la necesidad de ordenar la REAPLICACIÓN DE RESOLUCIÓN Nº 271, DE 1998, RELATIVA A CONTROL AUTOMATIZADO DE TRABAJO DE CONDUCTORES RURALES.
Del señor VÁSQUEZ:
Al señor Ministro de Agricultura , en cuanto a MEDIDAS CONTRA DAÑO FITOSANITARIO EN NOVENA REGIÓN.
Al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero , a fin de pedir INFORMACIÓN SOBRE DURMIENTES EN LÍNEA FÉRREA DE DÉCIMA REGIÓN.
Al señor Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal , con el objeto de que se informe sobre PRODUCCIÓN DE MADERA PARA REEMPLAZO DE DURMIENTES DESDE OCTAVA REGIÓN AL SUR.
Al señor Presidente del Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, para solicitar ANTECEDENTES SOBRE ORIGEN Y ESTADO DE DURMIENTES EN NOVENA REGIÓN Y RAZONES DE IMPORTACIÓN.
Los Comités Institucionales 2, Institucionales 1, Mixto (Partidos Por la Democracia y Radical Social Demócrata) y Demócrata Cristiano no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Stange.
Señor Presidente , por oficio Nº 17.365, de 23 de enero de 2001, se requirió información al señor Ministro de Agricultura , a petición del Senador que habla, respecto de la encefalopatía bovina espongiforme, enfermedad infecciosa fatal en diversas especies animales y también en las personas, debido a un agente conocido como "proteína prión", que afecta al sistema nervioso central. En el caso de los seres humanos se le denomina mal "de Creutzfeldt-Jakob".
Se indicó que se transmitiría a través del consumo de harina de huesos contaminados, así como de sesos, médula espinal y retina de ojos.
Una epidemia causó grandes estragos en los años 1985 y 1992 en Europa, especialmente en Inglaterra, y obligó al sacrificio de miles de vacunos infectados por la denominada "enfermedad de las vacas locas".
El documento expresa, también, que en 1990 la Comunidad Europea prohibió, en todos los países del Viejo Continente, la venta de carne de vacuno y derivados provenientes del Reino Unido, pero seis años más tarde la autorizó hacia países del Tercer Mundo, incluidos los de Latinoamérica.
Finalmente, se solicitaron al señor Ministro los antecedentes que obraran en su poder sobre el asunto expuesto, explicando la forma en que el Servicio Agrícola y Ganadero fiscaliza la internación de productos vacunos y bovinos y si el ganado en pie es sometido a cuarentena. Además, se planteó que el Ministerio considerara "la conveniencia de establecer un fondo acumulativo que permita resarcir a los ganaderos que resultaren afectados si se detectare la enfermedad en nuestro país".
Con fecha 9 de febrero de 2001, el señor Ministro de Agricultura , por oficio Nº 101, da respuesta afirmando en el punto dos, textualmente: "El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), autoridad oficial de Sanidad Animal para el territorio de la República certifica que Chile es libre de encefalopatías espongiformes de los animales (EEB y Scrapie) y ha establecido medidas preventivas conducentes a mantener su condición de país libre de esas enfermedades.".
Además, en el punto cuarto informa que "fue diseñado un plan nacional de prevención de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) de los animales, cuyos objetivos son: impedir el ingreso del agente, mediante regulaciones y controles sanitarios a los animales y productos de importación y ante la eventualidad de introducción, realizar una detección precoz y desarrollar un esquema de emergencia sanitaria que asegure su erradicación.".
Igualmente, da a conocer que se ha llevado a cabo un muestreo sistemático de cerebros de bovinos, ovinos y caprinos en animales faenados en mataderos y que todos los análisis resultaron negativos de la presencia del agente transmisor.
Por ello, resume, "Chile tiene un riesgo despreciable de que exista a lo menos un caso de EBB. Esto lo han determinado estudios en Chile y reconocido por la Comisión Técnica de la Unión Europea", los cuales determinaron que "Chile pertenecía al grupo 1 de riesgo junto a Argentina, Nueva Zelandia, Australia, Noruega , Paraguay .".
En antecedentes adjuntos al mencionado oficio, se indica: en consideración a la situación sanitaria del país y las repercusiones tanto en el comercio interno como en el de exportación, fue diseñado un plan nacional de prevención de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) de los animales, cuyos objetivos son impedir el ingreso del agente, mediante regulaciones y controles sanitarios a los animales y productos de importación, y ante la eventualidad de introducción, realizar una detección precoz y desarrollar un esquema de emergencia sanitaria que asegure su erradicación.".
Pero la "Revista del Campo" del 29 de agosto -que circula los lunes con el diario "El Mercurio"-, denuncia que la Unión Europea efectuó una reclasificación del riesgo de "vaca loca" y colocó a nuestro país en grado 3.
Con tal reclasificación Chile queda en el nivel de mayor riesgo en el Cono Sur.
Según esa misma información pública, las situaciones que hacen peligrar la consolidación del país como exportador ganadero son tres:
1.- Hasta fines de los 90, Chile nunca prohibió las importaciones de harina de rumiantes, elemento transmisor de la EBB. Entre 1996 y 2000 importó alrededor de 6 mil toneladas de alimentos de hueso y carne. Sólo a partir de ese último año prohibió el consumo de tales harinas por parte de rumiantes.
2.- También se considera como punto crítico la debilidad de Chile para probar que se ha hecho efectiva la prohibición de alimentar vacunos con harina de rumiantes importada.
3.- A pesar de que en los últimos meses se ha aumentado el número de animales inspeccionados, esa medida debió implantarse el segundo semestre de 2003, cuando se descubrió un ejemplar de vaca loca en Canadá, que es el principal proveedor de harina de rumiantes para el mercado chileno.
De los antecedentes descritos, resulta fácil deducir que es posible que se avecinen graves problemas de exportación de carne, pues al pasar nuestro país de categoría 1 a 3 habrá países que impedirán el ingreso a su territorio de carne chilena.
Consecuente con lo anterior, pido oficiar al Ministro de Agricultura , don Jaime Campos Quiroga , a fin de que se sirva informar a esta Corporación, aportando el mayor número de antecedentes posible, sobre el peligro de tan grave enfermedad; las medidas preventivas que está desarrollando el SAG; si se ha contemplado el estudio de un presupuesto para compensar a los ganaderos cuyos animales hayan de ser sacrificados, en el futuro, por presumirse que sufren de esa enfermedad; cantidad de harinas para consumo animal importadas desde 1985 y países de procedencia. Y, finalmente, solicitarle que adjunte copia del Plan Nacional de Prevención de Encefalopatías Espongiformes.
Señor Presidente , apoyo la completa presentación del Honorable colega y me hago parte de su petición de oficio.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Stange, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Horvath .
Señor Presidente , hace dos semanas, con la presencia del Presidente de la República , don Ricardo Lagos , y otras autoridades, el Gobierno, a través del Ministro Secretario General de la Presidencia , suscribió con el ciudadano norteamericano señor Douglas Tompkins el acta de entrega y recepción de terrenos del Parque Pumalín. Asimismo, el Jefe del Estado y el señor Ministro de Educación firmaron el decreto supremo que declara "Santuario de la Naturaleza" dicho parque, ubicado en la provincia de Palena, Décima Región de Los Lagos.
Con ello se puso término a la tramitación iniciada en 1997, cuando se firmó la primera acta de acuerdo, durante el Gobierno del Presidente señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle ; pero, también, a la posibilidad de continuar el estudio de la permanencia de colonos avecindados por generaciones en ese sector.
Con el objeto de aclarar dudas surgidas entre los pobladores de la provincia, solicito que se remita oficio al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Eduardo Dockendorff , para que se sirva informar y disponer que se envíe a esta Corporación lo siguiente:
1.- Copia del acta de acuerdo final suscrita con el señor Tompkins hace 15 días.
2.- Superficie declarada santuario de la naturaleza.
3.- Si en dicha superficie se considera alguna franja de amortiguamiento con los escasos colonos que aún permanecen allí, y, asimismo, si están contempladas las aguas colindantes con el parque.
4.- Plano de los límites de ese santuario de la naturaleza.
Señor Presidente , en este caso también me asocio, tanto al planteamiento del Senador señor Stange -mi vecino desde el punto de vista territorial-, cuanto a su solicitud de oficio. Y, por mi parte, pido que éste se envíe también al señor Ministro de Educación , pues fue el que firmó el decreto referido y quien ha garantizado la salvaguardia de la continuidad territorial, sin transbordos, a través de una franja de cien metros de ancho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado por el Senador señor Stange, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Horvath , quien pidió remitirlo también al señor Ministro de Educación .
Honorable Senado.
El 5 de junio de 2004 se promulgó la Ley N° 19.950, que introdujo el art. 494 bis al Código Penal.
Esta ley se originó en una moción de los HH. Diputados Sres. BURGOS, FORNI, JIMÉNEZ, PAYA, SAFFIRIO, URIARTE, WALKER y de la H. Diputada Sra. CUBILLOS, con el expreso propósito de endurecer la pena del hurto-falta y facilitar su persecución penal.
En el texto legal, estos objetivos se tradujeron en los siguientes resultados:
- Rebaja del umbral que distingue entre hurto-falta y hurto simple (delito) a media UTM (antes era 1 UTM).
- Establecimiento de un agravamiento especial de la reincidencia.
- Penalización del hurto-falta, tanto frustrado como tentado.
De esta suerte, el art. 494 bis, introducido en el Código Penal por la Ley N° 19.950 fijó el siguiente texto:
"Artículo 494 bis.- Los autores de hurto serán castigados con prisión en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, si el valor de la cosa hurtada no pasare de media unidad tributaria mensual.
En caso de reincidencia, se aplicará la pena de prisión en grado máximo.
En los casos en que participen en el hurto individuos mayores de dieciocho años y menores de esa edad, se aplicará a los mayores la pena que les habría correspondido sin esa circunstancia, aumentada en un grado, si éstos se hubieren prevalido de los menores en la perpetración de la falta.
Se sancionará también la falta frustrada y la tentativa, conforme a las definiciones del artículo 7º.".
El negativo diagnóstico de las consecuencias del denominado “hurto-hormiga”, así como la necesidad de mejores herramientas penales respecto del mismo, fueron ampliamente debatidas y consensuadas, lo que se tradujo en la reforma señalada.
No obstante, la Corte Suprema, conociendo un recurso de nulidad, resolvió el 20 de Abril de 2005 que, pese al art. 494 bis, el hurto-falta no es punible. Las razones esgrimidas por la Corte pueden resumirse en que, aun cuando la intención legislativa de la Ley N° 19.950 fue claramente sancionar el hurto frustrado, el art. 494 bis no asigna ninguna penalidad a dicha situación. A su turno —razona la Corte—, las reglas generales de los arts. 50 y 51 (penalidad de la tentativa y la frustración) no son aplicables, pues ellas sólo se refieren a crímenes y simples delitos, no a faltas. De esta forma —concluye el máximo tribunal—, hacer punible el hurto-falta frustrado sin que el legislador le haya asignado expresamente una pena, infringiría el principio de legalidad contenido en el art. 19 N°3 inc. 7° de la Constitución Política.
Con posterioridad al fallo de la Corte Suprema, en consecuencia, se ha uniformado en los tribunales la práctica de absolver el hurto-falta frustrado. Este estado de cosas neutraliza en muy importante medida los objetivos de política criminal perseguidos por la Ley N° 19.950, especialmente considerando que los tribunales, con frecuencia, dan una interpretación amplia al estado de frustración del hurto, llegando en ocasiones a estimarlo frustrado incluso cuando el sujeto es detenido fuera del local, y aun a varias cuadras del mismo.
Desde el punto de vista de la necesidad de una persecución eficaz, esta situación conduce a un callejón sin salida, pues el hurto es un tipo de infracción que, en general, sólo puede ser perseguida precisamente porque se frustra. Dicho de otra manera, hay amplia evidencia de que estos delitos, en general, sólo son perseguibles cuando los sujetos son detenidos en flagrancia. En consecuencia, en el caso del hurto-hormiga siempre se lidia con una falta frustrada. Actualmente, esto tiene a fiscales, jueces y defensores entrampados en una discusión biznatina respecto de cuándo el delito está consumado (“sonó la alarma, pero no traspasó la puerta”; “traspasó la puerta, pero no alcanzó a salir del local”; “salió del local, pero siempre estuvo bajo persecución y no tenía posibilidad de disponer de la cosa”, etc.).
Un efecto colateral no menor para el Estado de Derecho es que la aguda falta de respuesta que el sistema exhibe en este momento respecto de este problema incentiva al comercio a no recurrir al sistema de justicia, y arreglar el problema por sus propios medios, con los evidentes riesgos de abuso que ello conlleva.
Por esta razón, se propone modificar el actual art. 494 bis del Código Penal, sancionando el hurto-falta frustrado. Para ello, sin embargo, es crucial incentivar cuanto sea posible el procedimiento simplificado inmediato; esto es, favorecer la admisión de responsabilidad por parte de los imputados en la audiencia de control de la detención al día siguiente, según prescribe el art. 393 bis del Código Procesal Penal, procedimiento de uso cotidiano hoy en el nuevo proceso. De otra manera, la carga de trabajo por concepto de juicios simplificado consumirá recursos de todos los actores. Por lo tanto, es indispensable enlazar este tema con la modificación que actualmente tramita el Congreso respecto del art. 395 del Código Procesal Penal..
2. Propuesta de modificación y fundamentación
2.1. Texto. La norma, en definitiva, debería quedar como sigue (el destacado gris señala las modificaciones):
En caso de reincidencia, se aplicará la pena de prisión en grado máximo, salvo que el fiscal solicite una pena menor de prisión o multa, o de ambas conjuntamente. Se entenderá que el imputado es reincidente cuando haya sido condenado previamente por delito de la misma especie, cualquiera haya sido la pena impuesta y su estado de cumplimiento.
La falta a que se refiere este artículo se sancionará como consumada desde que esté en estado de tentativa, y serán siempre aplicables los incisos precedentes..
2.2. Fundamentación. El texto que se propone obedece a las siguientes consideraciones:
- Sancionar el hurto-falta frustrado como consumado (lo mismo que hace el art. 450 respecto de los robos). Éste es el sentido de la modificación que se propone en el nuevo inciso final.
- Abrir a los fiscales espacios de negociación para incentivar la admisión de responsabilidad por parte del imputado en la misma audiencia de control de la detención. En el largo plazo, condenas efectivas obtenidas al día siguiente de cometido el delito envían un mensaje antidelictual más eficaz que penas ligeramente más altas, pero más costosas de obtener, y cuya imposición llega cuando ya nadie está prestando atención. Éste es el sentido de la modificación que se propone en el inciso segundo.
- La última frase del inciso segundo —la definición de reincidencia— resuelve la actual indefinición según la cual muchos jueces entienden que sólo hay reincidencia si se cumplió una pena efectiva, por lo que no consideran reincidentes a quienes fueron condenados a pagar multas, ni a quienes recibieron medidas alternativas de la Ley N° 18.216. Sin embargo, la agravación de la reincidencia debe encontrar su fundamento en la reiteración de la conducta y la consolidación de una carrera delictual, cuestión que no tiene relación con qué pena en concreto se impuso por aquélla, ni de qué manera fue cumplida por el condenado, o si fue cumplida o no.
Por lo expuesto, vengo en presentar el siguiente
Art. Único: Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:
1. En el inciso segundo del artículo 494 bis, sustitúyase el punto seguido por una coma, y agréguese a continuación la frase “salvo que el fiscal solicite una pena menor de prisión o multa, o de ambas conjuntamente. Se entenderá que el imputado es reincidente cuando haya sido condenado previamente por delito de la misma especie, cualquiera haya sido la pena impuesta y su estado de cumplimiento.”
2. En el inciso segundo del artículo 494 bis, trasládese la oración que está a continuación del punto seguido, comenzando por la palabra “En” y terminando con la palabra “falta”, a un nuevo inciso tercero.
3. Sustitúyase el actual inciso tercero, que pasa a ser cuarto, por el siguiente: “La falta a que se refiere este artículo se sancionará como consumada desde que esté en estado de tentativa, y serán siempre aplicables los incisos precedentes”.
(Fdo.): Sergio Fernández Fernández Senador
Estos instrumentos se relacionan con el llamado “avance hacia los cielos abiertos”. Su celebración obedece a una política aerocomercial que ha seguido Chile desde hace varios años con el fin de alcanzar la mayor apertura de cielos con las demás naciones y así lograr los objetivos perseguidos: el libre acceso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad.
Cuatro de los convenios son prácticamente de cielos abiertos (los firmados con Italia, Uruguay, Suiza y Corea, que se tratará luego) y dos (los suscritos con Canadá y Australia) constituyen un avance, aunque no llegan a la totalidad de las libertades explicadas.