Source: http://formu.info/la-convencin-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-v3.html?page=13
Timestamp: 2018-10-20 06:54:25
Document Index: 266147230

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9221', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 31', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 55', 'artículo 58', 'artículo 9', 'artículo 13', 'Artículo 67', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 9']

Accesibilidad a instalaciones y servicios
1.1.1. Determinación del objeto de análisis.
1.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones de la Convención.
1.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención.
La accesibilidad de las instalaciones.
1.3.2. Medidas complementarias a la accesibilidad en las instalaciones.
1.3.3. La accesibilidad de los servicios.
1.3.4. La formación en materia de accesibilidad.
1.3.5. La formación en materia de accesibilidad.
1. Accesibilidad a instalaciones y servicios.
1.1. Delimitación del contenido de la Convención relativo a la accesibilidad
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en el apartado v) de su preámbulo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Asimismo, la accesibilidad se enumera como uno de los principios fundamentales que informan la Convención (artículo 3 f) y, como tal, se configura como uno de los elementos fundamentales para alcanzar su propósito declarado en su artículo 1 que consiste en proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.
En efecto, la accesibilidad constituye un elemento estratégico para alcanzar el objetivo de la Convención y cumplir con casi todos sus principios216, y se manifiesta como prerrequisito imprescindible para la realización de gran parte de los derechos y garantías reconocidos en ella217 en la medida que es precisamente la ausencia de accesibilidad la que produce la imposibilidad de un pleno disfrute de los mismos y genera las situaciones de desigualdad con las que la Convención pretende acabar.
Al margen de su naturaleza transversal, el artículo 9 de la Convención se dedica exclusivamente a la accesibilidad, y en él se dispone la obligación de garantizarla con carácter general al entorno físico y a los servicios en igualdad de condiciones con las demás personas.
En tanto el concepto de accesibilidad es de carácter convencional, debe acudirse al propio texto de la Convención para determinar su significado específico. Aunque ni en el artículo 9 ni en el resto de la Convención se define lo que se entiende por accesibilidad, es posible deducir su significado de su propio contenido ya que constituye la garantía del acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Esta es la delimitación del significado de la accesibilidad a efectos de la Convención, y no interesa ahora el que pueda tener en cada Estado firmante pues el concepto que se maneje en éstos no puede condicionar aquél218. Por lo tanto, y sin pretender profundizar ahora sobre el concepto de accesibilidad más que a efectos prácticos para la interpretación del contenido de la Convención debe tenerse en cuenta que la accesibilidad se diferencia de otros conceptos relacionados que sí son definidos en la Convención como son los ajustes razonables y el diseño universal.
Los «ajustes razonables» son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por lo tanto son una concreción de la accesibilidad universal pero no un elemento general de la misma, por lo que no debe confundirse con las «medidas pertinentes» a las que se hace referencia en el artículo 9 para garantizar la accesibilidad. Ambas hacen referencia a acciones positivas que garantizan la accesibilidad, pero las primeras tienen un carácter general y no se encuentran limitadas ya que la «pertinencia» se refiere a la eficacia y eficiencia de la medidas, por lo que la accesibilidad tiene ab initio, en su proyección en las políticas públicas, un alcance total, absoluto e incondicionado. Por el contrario, «los ajustes razonables» se refieren a supuestos concretos en los que las soluciones para garantizar la accesibilidad de forma individualizada pueden resultar excesivos, por lo que se atiende a un criterio de proporcionalidad en la adopción de soluciones, lo que significa la introducción de una cierta limitación en la consecución del equilibrio.
Por otra parte, el «diseño universal» es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, que no excluye no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten (art. 2 Convención). Se trata de la principal estrategia para el impulso de la accesibilidad ya que permite garantizarla con carácter general, sin perjuicio, de que cuando el diseño universal no sea suficiente pueda acudirse a los ajustes razonables.
Por último se hace necesaria una precisión en cuanto al ámbito de la accesibilidad que se pretende analizar, ya que dentro de la accesibilidad a la que se refiere el artículo 9, nos centraremos tanto en la accesibilidad de carácter físico al entorno como a los servicios por parte de las personas discapacitadas, dejando al margen el acceso a la información y a las comunicaciones en general, sea su acceso físico directo cuando se encuentren en el entorno o como consecuencia de la prestación de servicios ya que se analiza en el ámbito 9 sobre accesibilidad a los medios audiovisuales.
El artículo 9 de la Convención establece como objetivo general el garantizar a través de la accesibilidad que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Con carácter preliminar debe apreciarse en este artículo no se reconoce de forma expresa y directa un derecho a la accesibilidad. Esta falta de reconocimiento de la accesibilidad como derecho no puede ser interpretada como una rebaja de su valor y relevancia sino que debe entenderse en función de sus propias características y las de la Convención219.
En efecto, la voluntad de no reconocer la accesibilidad como un derecho subjetivo a las personas con discapacidad parece inequívoca, ya que se limita a garantizarla a través de una serie de obligaciones limitadas para los Estados y no a través de su proclamación como derecho en el propio texto de la Convención o de la obligación de reconocimiento por parte de los Estados como ocurre en otros artículos de la misma220. Este planteamiento con respecto a la accesibilidad parece razonable ya que la introducción de un nuevo derecho a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad no hubiese sido aceptado por numerosos Estados dado el compromiso que supondría y las dificultades para cumplirlo.
A pesar de esta ausencia de la configuración como derecho, la accesibilidad constituye un elemento clave en la arquitectura jurídica de la Convención, tal y como se aprecia en su reconocimiento como principio general en el artículo 3 d). En efecto, la accesibilidad constituye un requisito previo para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas para los Estados y para el disfrute de una gran parte de los derechos reconocidos, por lo que será precisamente en este último caso, cuando la falta de accesibilidad afecta a derechos formalmente reconocidos cuando pueda invocarse bajo la forma de un derecho subjetivo. Por lo demás, la accesibilidad mantiene su carácter principial concretado en la forma de obligaciones concretas y limitadas en el artículo 9 de la Convención, en el que si bien no se reconoce un derecho subjetivo sí se contienen de forma limitada los elementos funcionales propios de éste en tanto se vincula a los Estados a garantizarla.
De este modo, en el artículo 9 se disponen una serie de obligaciones a los Estados relativas a la accesibilidad que no se proyecta de forma universal y absoluta sobre el entorno físico y servicios en general sino que se encuentra limitadas tanto en cuanto a su dimensión material, temporal, y en cuanto a su alcance. Antes de entrar en el análisis de estas limitaciones debe advertirse que en los ámbitos en los que se proyecta efectivamente la obligación de accesibilidad esta debe ser total, lo cual supone prestar especial atención al respeto de la cadena de accesibilidad que supone un enfoque integral en el que no se puede descuidar ningún elemento ya que provocaría el efecto del factor limitante (se rompería por el eslabón más débil generando una ausencia de accesibilidad).
En primer lugar, desde una perspectiva material, las obligaciones se refieren indiscriminadamente al entorno físico en general sino a las «instalaciones», esto es, a toda intervención humana sobre el medio, por lo que se que excluye la obligación de disponer la accesibilidad a medios naturales que no sean accesibles de por si en los que no haya existido intervención alguna (por ejemplo, playas vírgenes frente a playas urbanizadas en las que sí debe existir puntos de accesibilidad).
Dentro de la accesibilidad referida a las instalaciones, el artículo 9 extiende sus exigencias tanto a las de carácter interior como exterior, así como a las ubicadas en zonas urbanas o rurales. En particular se hace referencia a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores, como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. En definitiva las obligaciones relativas a la accesibilidad alcanzan a todo tipo de instalación, independientemente de sus características, finalidad, titularidad o ubicación, sin que las referencias o la enumeración señaladas puedan considerarse en sentido restrictivo.
En cuanto a los servicios, éstos quedan afectados en bloque por lo que se refiere a aquellos abiertos al público o de uso público. En la prestación de los servicios se pone de manifiesto la necesidad de respetar la cadena de accesibilidad ya que el acceso a determinados servicios suele requerir la accesibilidad previa de determinadas instalaciones o productos, lo cual no exime del cumplimiento de la obligación de hacer accesible los servicios en sí. La accesibilidad de determinados servicios puede condicionar el ejercicio de otros derechos reconocidos en la Convención, tal y como se ha venido reiterando, como ocurre en el caso de los servicios médicos, la justicia, etc.
En el caso específico de los transportes se plantea una doble exigencia en cuanto a la accesibilidad al implicar instalaciones y constituir un servicio, siempre que se trate de transportes abiertos al público o de transporte público, como se indicará más adelante. Esto implica que el transporte aéreo, terrestre (urbano o interurbano), fluvial y marítimo se encuentran sometidos a la obligación de accesibilidad, indistintamente si se trata de transporte regular o discrecional. Dentro de éstos servicios se incluiría algunos medios de transporte considerados próximos a los de carácter privado como es el caso del taxi o el alquiler de vehículos, embarcaciones o aeronaves. La cadena de accesibilidad de extiende desde las instalaciones al servicio en si, por lo que desde debe estar garantizada desde adquisición de los billetes hasta la salida del lugar hasta donde se produce el transporte no sólo a través de medios pasivos sino incluso a través de asistentes que faciliten el disfrute del servicio. Únicamente quedaría excluido el transporte estrictamente privado desarrollado mediante automóviles, embarcaciones o naves propias.
Con respecto a los bienes o productos en cuanto tales no se encuentran sometidos a la obligación de accesibilidad en tanto no resulten determinantes para garantizar la accesibilidad de una determinada instalación o servicio de uso o dimensión pública en los términos exigidos en el artículo 9221. Sin embargo, los bienes quedan sometidos en todo caso a la obligación de realizar ajustes razonables (art. 5) y a la estrategia del diseño para todos (art. 4 f, g, h).
Por último, debe notarse que existe una limitación fundamental que afecta tanto a las instalaciones como a los servicios, ya que en uno y otro caso las obligaciones relativas a la accesibilidad se circunscriben a los abiertos al público o de uso público. Esto significa que no se prejuzga la titularidad ni de los bienes, por lo que afecta tanto a instalaciones en bienes de dominio público o privado, ni tampoco de la actividad, por lo que abarca tanto servicios prestados directamente o por encargo de sujetos privados como a los servicios estrictamente privados. Por el contrario, en el proceso de negociación de la Convención se introdujo el elemento determinante del alcance de la obligación de accesibilidad que es que la instalación o el servicios sean de carácter abierto al público o de uso público. Estas dos características admiten una interpretación amplia en la que cabría incluir a toda instalación o servicio que no sea de carácter cerrado y/o de uso estrictamente privado, lo que debe interpretarse como un espacio o servicio predeterminado para ciertas personas —que carecen de discapacidad, ya que de otro modo obligaría a los ajustes razonables—, y que, por lo tanto, no son susceptibles de acceso sin control (abierto) ni se encuentran a disposición de cualquiera222.
Resulta paradójico, sin embargo, que si bien en el artículo 9 se insiste hasta cuatro veces en que las obligaciones relacionadas con la accesibilidad se refieren a instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, no obstante se hace referencia a que debe garantizarse el acceso de las personas con discapacidad al «entorno físico», y a que las medidas para conseguirlo se aplicarán genéricamente a «edificios», el «transporte» y a «viviendas». Estas referencias ponen en cuestión las limitaciones en el alcance de la accesibilidad anteriormente señaladas, no obstante todas ellas se encuentran vinculadas al carácter abierto o público223, por lo que éste se mantiene como criterio delimitador de las obligaciones relativas a la accesibilidad.
En segundo lugar, en cuanto a la dimensión temporal, debe tenerse en cuenta que si bien el contenido de la Convención resulta inmediatamente aplicable a nuestro ordenamiento una vez ratificado su contenido, las obligaciones que ésta contiene prevén diversos grados en la progresividad del cumplimiento de su contenido. Por lo que respecta a la accesibilidad, el cumplimiento de las obligaciones que dispone el artículo 9 resulta de inmediato ya que éste se refiere a que los Estados «adoptarán» medidas pertinentes al respecto (apartado 1 y 2) exigiéndose así la puesta en marcha de las medidas necesarias sin perjuicio de que éstas puedan programarse de forma proporcionada a los medios y recursos disponibles (lo cual remite a la cuestión de la proporcionalidad que se tratará a continuación).
La progresividad se manifiesta igualmente en el diseño universal como estrategia para garantizar la accesibilidad a futuro, tal y como se desprende del artículo 4 f) que, entre las obligaciones generales exige emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo posible para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices. Conforme al artículo 2, se entiende por diseño universal el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones debe tenerse en cuenta a que las exigencias relativas a la accesibilidad es evolutivo, aumentando los niveles que deben alcanzarse para satisfacer los niveles de accesibilidad, en tanto, como se apunta en el apartado e) del Preámbulo de la Convención, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones.
En tercer lugar, las obligaciones establecidas en la Convención no tienen todas ellas un carácter absoluto sino que son proporcionales a las dificultades y cargas que implican. Así se desprende del propio artículo 9 que impone a los Estados «adoptar las medidas pertinentes», lo cual implica una discrecionalidad en las decisiones que conlleva implícitamente que deben ser adecuadas al objetivo que se persigue y ajustadas a los recursos disponibles224. La proporcionalidad de las obligaciones vinculadas a la accesibilidad se desprende asimismo de las exigencias a los Estados en cuanto a las obligaciones dispuestas para garantizar la igualdad y no discriminación en el artículo 5.3, que señala que, a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajuste razonables225. Asimismo, atendiendo a la proporcionalidad, las medidas que se adopten para garantizar la accesibilidad deben ser respetuosas con las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible (apartado g del Preámbulo).
Por último, debe tenerse en cuenta que la obligación genérica de accesibilidad puede verse modulada en atención a determinadas instalaciones o servicios de especial relevancia, tal y como se refleja entre aquellos que enumera el propio artículo 9, que señala edificios, vías públicas, transportes y otras instalaciones como viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, así como los servicios de información y comunicación, incluidos los electrónicos y de emergencia. Por lo tanto, deberá atenderse a las mayores exigencias que puedan existir con respecto a determinadas instalaciones o servicios en los que se vean implicados el ejercicio de otros derechos reconocidos por la Convención (derecho a la autonomía personal, al trabajo, a la salud, a la libre comunicación, a la participación en procesos electorales, acceso a la justicia, derecho al ocio, cultural y deporte, etc.), de los que se pueden derivar obligaciones específicas adicionales.
Las obligaciones dispuestas en el artículo 9 se estructuran de la siguiente manera:
Obligación general. Para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados deben cumplir con la obligación de adoptar las «medidas pertinentes» para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público.
Si bien posteriormente el propio artículo 9 indica algunas actuaciones mínimas, de partida no se especifican las medidas a adoptar, por lo que serán todas aquellas que resulten oportunas para alcanzar el objetivo señalado. Será cada Estado el que deberá concretar las medidas de forma libre y responsable, debiendo justificar, su elección.
Estas medidas pertinentes incluirán como mínimo la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. Se trata de una mínima aunque profunda orientación en cuanto a las medidas a adoptar para garantizar la accesibilidad ya que se trata de medidas dirigidas a erradicar los obstáculos y barreras que la impiden, lo que supone asumir que la imposibilidad de acceso no procede de la persona con discapacidad sino del medio, por lo que no valen las soluciones personalizadas.
Además, se determina la secuencia básica de actuación frente a estos obstáculos y barreras, ya que deben identificarse y eliminarse, lo que supone la exigencia de una actuación sistemática y racionalizada que se refleja con estos dos intervenciones. En cuanto a la identificación se encuentra relacionada con las obligaciones dispuestas para los Estados con respecto a la recopilación de datos y estadísticas en el artículo 31 de la Convención que prevé expresamente en su apartado segundo que la información recopilada se deberá, en su caso, y utilizar como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
Por lo que se refiere a la eliminación de los obstáculos y barreras constituye el resultado final de las medidas que se adopten, lo que supone no admitir adaptaciones o minimización de los mismos.
Obligaciones específicas. El artículo 9 parte de una referencia genérica a la adopción de toda «medida pertinente», para pasar posteriormente a detallar algunas medidas concretas que determinan una cierta estrategia en la consecución del objetivo de la accesibilidad:
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad. Se obliga así a los Estados firmantes a adoptar normas y planes necesarios para garantizar la plena accesibilidad en los ámbitos señalados. Esto implica diseñar las normas pertinentes y dictar las directrices oportunas para erradicar los obstáculos y barreras a partir, se entiende, de su identificación; asimismo, dictar dichas normas y aprobar los planes necesario y, por último, supervisar su cumplimiento.
En el caso de las entidades privadas que proporcionan instalaciones o servicios abiertas al público o de uso público, asegurar que tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. Se trata de un refuerzo de la obligación de supervisión sobre los sujetos privados que quedan sometidos a la obligación general de accesibilidad por ofrecer instalaciones o servicios abiertos al público o de uso público, en tanto que se consideran más propensos a eludir el cumplimiento de las obligaciones relativas a la accesibilidad.
Obligación de ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. Se trata de una concreción de una de las obligaciones generales dispuestas en el artículo 4, apartado i) que dispone la obligación de promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. Se trata de una obligación específica complementaria que pone de manifiesto que no se trata de obstáculos y barreras físicas sino también de acceso a la información y comprensión de la misma para poder utilizar las instalaciones en igualdad de condiciones.
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso. Esta obligación específica conecta con la anterior, si bien se refiere a la adaptación en este caso de medidas activas, y no simplemente pasiva, (en este caso ofrecer unos determinadas servicios de guía, interpretación, etc.) para garantizar la erradicación de las barreras y obstáculos.
1.2. Identificación del contenido de la normativa nacional relevante.
Las obligaciones relativas a la accesibilidad exigen a los Estados su proyección a través de normas y otros instrumentos adecuados, así como su seguimiento para garantizar su cumplimiento.
Desde la perspectiva interna de los Estados, las estrategias para cumplir con las obligaciones establecidas pueden ser múltiples y se pueden clasificar, esencialmente, entre aquéllas que se disponen las obligaciones en normas generales relativas a las personas con discapacidad —es decir, una acción concentrada y horizontal—, y aquéllas que disponen estas obligaciones a lo largo y ancho del ordenamiento en las normas sectoriales —esto es, una acción dispersa y vertical—.
En el caso de España se cumplen las características de uno y otro modelo. A lo largo de las dos últimas décadas se ha ido produciendo un cuerpo normativa propio y específico de las personas con discapacidad cada vez más numeroso y complejo, aunque se mantiene la presencia de medidas específica para este colectivo en la normativa sectorial, lo cual hace si cabe más difícil su manejo.
Al ser éstas las características de nuestro ordenamiento jurídico, se opta por analizar la normativa relevante a efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad contenidas en el artículo 9 en este orden, primero el tratamiento de la accesibilidad en la normativa general sobre personas con discapacidad y posteriormente en la normativa sectorial de los ámbitos que resultan relevantes.
Antes de proceder a dicho análisis debe tenerse en cuenta que las obligaciones relativas a la accesibilidad contenidas en el artículo 9 hacen referencia a ámbitos muy diversos de normativa profusa y compleja que tienen una lógica propia en función del sistema al responden y que proceden de distintas instancias territoriales.
En efecto, las obligaciones relativas a las instalaciones obligan a considerar la ordenación territorial, urbanística y de la edificación con carácter integral, en particular, por lo que se refiere a las instalaciones abiertas al público o de uso público. Asimismo debe tenerse en cuenta que los servicios abiertos al público o de uso público también resultan afectados, lo que implica tener en cuenta de forma general todos aquéllos con respecto a los que no existan otras obligaciones específicas derivadas de la propia Convención (como son los servicios de comunicación, de transporte, educativos, sanitarios, etc.).
La intervención en materia de accesibilidad se produce desde todas las instancias territoriales, esto es, desde la Comunidad Europea, el Estado, las CCAA y las Entidades Locales. Desde cada una de ellas se dictan normas y se ejecutan desde los distintos títulos competenciales y con finalidad y características diversas para garantizar la accesibilidad.
Normativa general sobre accesibilidad
En este apartado se recogen todas las normas relativas a las personas con discapacidad que contienen exigencias relativas a la accesibilidad. Como puede apreciarse, tras la aprobación de la LISMI en 1982, se produjo un desarrollo y ejecución de su contenido por parte de todas las CCAA —en particular durante la década de los años 90—, hasta la aprobación de la LIONDAU en 2003 que se erige como norma integradora de las normas relativas a las personas con discapacidad y que dispone unos mecanismos específicos para garantizar la accesibilidad, que son desarrollados en los Reales Decretos correspondientes. Asimismo deben tenerse en cuenta los Planes aprobados a nivel estatal en los que se enmarca la última normativa señalada pero que contienen actuaciones de carácter más general.
A) Normativa estatal sobre accesibilidad
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. La LISMI se encuentra en el origen de la acción pública en materia de accesibilidad en nuestro país, ejerciendo de marco normativo para las CCAA. Si bien continúa en vigor ha quedado superada en muchos ámbitos por la normativa autonómica aprobada con posterioridad que concreta y profundiza su contenido y, sobre todo, por la LIONDAU. Su relación con el artículo 9 de la Convención en materia de movilidad en el entorno urbano y en la supresión de barreras arquitectónicas, a través de viviendas adaptadas a las necesidades de la personas con discapacidad. La Sección 1ª, del Título IX de la referida Ley se refiere a la “Movilidad y Barreras arquitectónicas”:
Medidas relativas a la supresión de obstáculos y barreras en nuevas construcciones (art. 54). La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características se efectuará de forma que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.
A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aprobarán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las mismas y el procedimiento de autorización, fiscalización y, en su caso, sanción.
Medidas relativas a la supresión de obstáculos y barreras en construcciones existentes (artículo 55.3 y 4). Se fomentará la adaptación de los inmuebles de titularidad privada mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y en su caso, incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.
Adaptación de las normas técnicas de edificación (artículo 58.1). Sin perjuicio de lo anterior, las normas técnicas básicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de los minusválidos. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos básicos y de ejecución, denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de Colegios Profesionales o de Oficinas de Supervisión de los distintos Departamentos ministeriales, a aquellos que no las cumplan.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se trata de una norma básica que incluye principios tales como la accesibilidad universal y el diseño para todos, y promueve las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y uso de los bienes y servicios a disposición del público; de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social; de los medios de transporte; de los espacios públicos urbanizados y edificaciones así como en las relaciones con las Administraciones Públicas. El contenido de la LIONDAU relevante a efectos del artículo 9 es el siguiente:
Ámbito de aplicación (art. 3): Principio de transversalidad a partir del que se aplica a los siguientes ámbitos:
- Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- Espacios públicos urbanizados, infraestructuras, infraestructuras y edificación.
- Bienes y servicios a disposición del público
- Relaciones con las Administraciones públicas.
Derecho a la igualdad de oportunidades y garantías: la vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad se produce por discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva. Las garantías de este derecho se articulan a través de:
- Medidas contra la discriminación (art. 6 y 7). Son aquellas que tengan como finalidad prevenir corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable. Estas podrán consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables.
- Medidas de acción positiva (arts. 8 y 9). Son aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad. Estas podrán consistir en apoyos complementarios (ayudas técnicas, asistencia personal, servicios
Medidas de fomento y defensa:
- Medidas de fomento (art. 12 a 16). Son medidas de fomento y de instrumentos y mecanismos de protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades, mediante la adopción de las medidas necesarias para que se supriman las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por causa de discapacidad. Se concretan en medidas de sensibilización y formación, medidas para fomentar la calidad, medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas, participación de organizaciones representativas, planes y programas de accesibilidad.
- Medidas de defensa (arts. 17 a 20). Se concretan en arbitraje, la tutela judicial y protección contra represalias y los criterios procesales específicos (legitimación y carga de la prueba).
Plazos de garantía de accesibilidad en todos los entornos, productos y servicios.
Los entornos, productos y servicios vinculados a las relaciones con las Administraciones Públicas (disposición final quinta).
· Nuevos, de 5 a 7 años
· Existentes, de 15 a 17 años
Bienes y servicios (disposición final sexta)
· Nuevos de titularidad pública, de 5 a 7 años
· Nuevos de titularidad privada vinculados a la Administración, de 7 a 9 años
· Nuevos de titularidad privada, de 15 a 17 años
· Existentes (ajuste razonable) de titularidad o vinculación pública, de 12 a 14 años
· Existentes (ajuste razonables) de titularidad privada, de 15 a 17 años
Espacios públicos y urbanizados (disposición final séptima)
· Edificios nuevos, de 5 a 7 años
· Edificios existentes (ajuste razonable), de 15 a 17 años
Transporte (disposición final octava)
· Infraestructura y material de transporte nuevo, de 5 a 7 años
· Infraestructura y material transporte existente, de 15 a 17 años
Objetivo y ámbito de aplicación: establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para todo el territorio del Estado, al margen de las normas sancionadoras específicas para la Administración General del Estado.
-	Infracciones muy graves
· Toda conducta de acoso relacionado con la discapacidad
· El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de la LIONDAU y en sus normas de desarrollo.
· Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en la LIONDAU y en sus normas
-	Infracciones graves.
-	Infracciones leves.
En desarrollo de lo dispuesto en la LIONDAU se aprueba el Real Decreto 366/2007 sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación en sus elaciones con la Administración General del Estado.
El Real Decreto 366/2007 contiene un Capítulo II relativo a la accesibilidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
Debe tenerse en cuenta su desarrollo en la Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
- Oficinas de atención al Ciudadano existentes, 4 de enero de 2012
- Documentos e impresos, servicios y medios en general, 25 de marzo de 2008
- Especificaciones y características de concreción y detalles de las condiciones de accesibilidad y no discriminación, 26 de junio de 2008
En desarrollo de lo dispuesto en la LIONDAU se aprueba el Real Decreto 505/2007 por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se estructuran en:
Plazos de incorporación de la obligación de cumplir las condiciones básicas establecidas
Espacios públicos urbanizados nuevos y para los edificios nuevos, 1 de enero de 2010
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en los edificios existentes, 1 de enero de 2010
Espacios públicos urbanizados y edificios existentes que sean susceptibles de ajustes razonables, 1 de enero de 2019.
En desarrollo de lo dispuesto en la LIONDAU se aprueba el Real Decreto 1544/2007 por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Se establecen condiciones básicas para:
Transporte ferroviario (anexo I)
Transporte marítimo (anexo II)
Transporte aéreo (anexo III)
Transporte por carretera (anexo IV)
Transporte urbano y suburbano en autobús (anexo V)
Transporte en ferrocarril metropolitano (anexo VI)
Transporte en taxi adaptado (anexo VII)
Servicios de transporte especial (anexo VIII)
Aunque no se establece un plazo para el cumplimiento de estas condiciones, se prevé un plazo de tres años para la aprobación de los manuales técnicos complementarios sobre accesibilidad e infraestructuras y material móvil de los modos y medios de transporte afectados.
Plazos de adaptación:
Transporte ferroviario: estaciones que soporten un tráfico de viajeros superior a 1.000 viajeros/día de media anual o que se encuentren en capital de provincia, 8 años.
Transporte ferroviario: estaciones que soporten un tráfico de viajeros menor o igual a 1.000 y superior a 750 viajeros/día, de media anual, trece años.
Transporte ferroviario: todas las nuevas estaciones y las existentes que se sometan a actuaciones de transformación estructural, dos años.
Transporte ferroviario: material rodante nuevo cuya compra se formalice con posterioridad a doce meses, desde la entrada en vigor.
Transporte ferroviario: material rodante ya en servicio, o cuya compra se haya formalizado antes de doce meses, trece años.
Transporte marítimo: instalaciones portuarias/interfaz existentes, cuatro años.
Transporte marítimo: instalaciones portuarias/interfaz nuevas, dos años.
Transporte marítimo: un barco, accesible a las personas con discapacidad, en cada línea regular de viajeros, en cada día de servicio y en cada sentido de la derrota, tres años.
Transporte marítimo: buques nuevos, dos años.
Transporte aéreo: infraestructuras aeroportuarias y sistemas de información y comunicación Nvos (Anexo III.1 RD 1544/2007), entre uno y tres años.
Transporte aéreo: infraestructuras aeroportuarias y sistemas de información existentes (Anexo III.1 RD 1544/2007), entre once y catorce años.
Transporte aéreo: infraestructuras aeroportuarias y sistemas de información (Anexo III.2 RD 1544/2007), dos años
Transporte por carretera: estaciones de autobuses e intercambiadores existentes que soportan un tráfico superior a 1.000.000 de viajeros anuales y las estaciones de las capitales de provincia, siete años.
Transporte por carretera: estaciones e intercambiadores con tráfico igual o inferior a 1.000.0000 de viajeros anuales, trece años.
Transporte por carretera: nuevas estaciones de autobús e intercambiadores, dos años.
Transporte por carretera: líneas regulares de transporte interurbano en autobús (Anexo IV.2), diversos plazos.
Transporte urbano y suburbano en autobús: paradas existentes utilizadas por más de una línea, dos años.
Transporte urbano y suburbano en autobús: paradas existentes utilizadas por una línea, cuatro años.
Transporte urbano y suburbano en autobús: nuevas paradas, un año.
Transporte urbano y suburbano en autobús: material móvil nuevo afectado, clases I y II, a la entrada en vigor.
Transporte en ferrocarril metropolitano: estaciones existentes de una red de metro, ya sean cabecera, de paso o final, de más de dos líneas, y aquellas que formen parte de un intercambiador, tres años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: estaciones existentes de más de una línea, seis años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: restantes estaciones de metro y paradas de tranvía del patrimonio existente, nueve años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: nueva estación de metro o parada de tranvía y todas las existentes que se sometan a actuaciones de transformación estructural, un año.
Transporte en ferrocarril metropolitano: nuevo material rodante de metro convencional, metro ligero y tranvía, dos años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: material rodante existente con vida útil superior a los diez años, cuatro años.
Transporte en taxi adaptado: en todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados, en un años planificación por Ayuntamientos, y en diez ejecución.
Servicios de transportes especiales: dos años para la realización de un estudio técnico de necesidades por Ayuntamientos/Comunidades Autónomas; tres años para la puesta en marcha del Plan; seis años, para la ejecución total
Medidas transversales o comunes (Anexo IX): nuevos servicios, materiales, infraestructuras y demás componentes de todos los modos de transporte afectados, dos años
Medidas transversales o comunes (Anexo IX): servicios, materiales, infraestructuras y demás componentes existentes de todos los modos de transporte afectados, cinco años
Medidas transversales o comunes (Anexo IX): obras en instalaciones.
Toda obra que se realice en instalaciones portuarias y estaciones marítimas, aeroportuarias, ferroviarias, ferrocarril metropolitano y del transporte urbano y suburbano en autobús existentes a la entrada en vigor de este real decreto, que consistan en ampliaciones, reformas u otras modificaciones cuyo coste suponga un incremento mayor del 50 por ciento del valor de reposición, incluirán en el proyecto de ejecución de las obras la realización de las reformas precisas para dotarlas de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
La compras de material móvil en servicio, en el material móvil en servicio, con excepción del aéreo, a la entrada en vigor de este real decreto, o cuya compra se haya formalizado antes de doce meses desde la entrada en vigor, en el que se realicen modificaciones de un costo que supere el 30 por ciento de su valor inicial más su amortización acumulada, se introducirán las reformas que sean precisas para dotarlos de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
Manual técnicos, tres años.
Planes en materia de accesibilidad.
II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007. Este plan de acción de alcance esencialmente estatal fue elaborado a la luz de los principios que se incorporan en la LIONDAU, y pretendía implantar de forma progresiva las nuevas garantías del derecho a la igualdad de oportunidades que se establecen para las personas con discapacidad en el Capítulo II. El Plan se estructuraba en cuatro grandes áreas:
Atención a personas con grandes discapacidades.
Políticas activas de inserción laboral de las personas con discapacidad.
Promoción de la accesibilidad de entornos, productos y servicios.
Cohesión de los servicios sociales para personas con discapacidad.
I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012: Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades. El Plan tiene como objetivo fundamental garantizar la equidad interterritorial, en el disfrute de entornos, productos y servicios accesibles; promover recursos para mejorar y difundir la accesibilidad y el Diseño para Todos en los distintos territorios del Estado; intermediación entre las diversas instituciones públicas y privadas a la hora de desarrollar proyectos compartidos o de lograr objetivos comunes. Esta misión se desarrolla mediante planes conjuntos suprarregionales, órganos mixtos de coordinación y cooperación y desarrollo de instrumentos jurídicos como convenios y/o conciertos. La Estrategia más importante del Plan, que incide en gran medida en el objeto de este Informe, es la relativa a la “incorporación de la accesibilidad en la normativa sectorial” [Estrategia 07]; y ello, mediante las siguientes actuaciones:
Incorporar los criterios de Diseño para Todos en la normativa urbanística y en su aplicación.
Incorporar la Accesibilidad en mejores términos a la Ley de Ordenación de la Edificación.
Incorporación del análisis de las condiciones de accesibilidad en las Inspecciones Técnicas de la Edificación (ITE).
Revisión y adecuación de las Normas Técnicas de la Edificación bajo el criterio de Diseño para Todos.
Aumentar la inserción de requisitos de accesibilidad en otras normativas –estatales o autonómicas- de carácter sectorial.
B) Normativa autonómica sobre accesibilidad. La contribución de las Comunidades Autónomas en este ámbito ha sido especialmente importante:
a)	Las Comunidades Autónomas tienen aprobada normativa en materia de accesibilidad que se detalla a continuación. Estas normas presentan una estructura más o menos compartida de la que se pueden deducir las siguientes obligaciones atendiendo a cada uno de los ámbitos en la ordenación de las instalaciones226:
Urbanismo. Las normas establecidas en las leyes autonómicas de accesibilidad son de obligado cumplimiento en:
- Las obras de nueva construcción: Dentro de estas obras las normas técnicas de accesibilidad se aplican a:
- Los elementos urbanos (vados, itinerarios peatonales...).
- El mobiliario urbano (papeleras, bancos, marquesinas...).
- Las obras de reforma y rehabilitación.
Las leyes también contemplan la elaboración, por parte de las administraciones públicas, en especial a los entes locales, de los Planes Especiales de Actuación (PEA). Respecto de los Planes de Ordenación Urbana, normas subsidiarias y demás instrumentos de planificación, de desarrollo y de ejecución en urbanismo, las leyes autonómicas obligan su adaptación a las normas técnicas de accesibilidad.
Edificación. Las leyes de accesibilidad dividen en dos grandes grupos los edificios en función de su finalidad. Así:
- Edificios de uso público y privados de concurrencia pública: los edificios que desarrollan actividades públicas deben cumplir obligatoriamente las normas técnicas de accesibilidad tanto en el itinerario horizontal como en el vertical. Dentro de estos itinerarios, las normas técnicas de accesibilidad son obligatorias tanto para los elementos fijos (pavimentos, escaleras, rampas, etc.) como para el mobiliario interior (ventanillas, sillas, papeleras, etc.).
- Edificios privados de viviendas: las leyes dividen los edificios de viviendas en dos clases en función de su línea de financiación: Edificios promoción pública y protección oficial. Al financiarse la construcción de estos edificios a través de alguna ayuda pública, las leyes de accesibilidad exigen la provisión de un porcentaje de viviendas reservadas para personas con discapacidad en las que todos sus elementos interiores y accesos deben estar adaptados (salón, baño, dormitorio, etc.) de acuerdo con las normas técnicas de accesibilidad. La reserva se sitúa en un 3%, excepto en Extremadura donde es un 4%. Edificios de promoción libre. Al tener estos edificios una línea de financiación totalmente privada, sin créditos ni ayudas públicas, no existe la obligación de un porcentaje de reserva de viviendas para personas con discapacidad y, por lo tanto, no es obligatorio que el interior de ninguna vivienda cumpla las normas técnicas de accesibilidad.
En ambos casos es obligatorio en todas las leyes de accesibilidad, cumplir las normas técnicas de accesibilidad en los itinerarios interiores, que unen los elementos comunes del edificio, y los itinerarios exteriores, que unen el interior con el exterior del edificio.
Las leyes autonómicas sobre accesibilidad prevén subvenciones que pueden ser:
- Entes públicos, personas jurídicas y empresas privadas que actúen sin ánimo de lucro. Estas subvenciones son llamadas institucionales y pueden establecerse mediante subvención, convenio o concurso y se requiere que los beneficiarios cumplan unos requisitos.
- Personas físicas individuales receptoras de las subvenciones individualizadas. Los sujetos de estas subvenciones son personas discapacitadas (el acceso a determinadas subvenciones puede depender del tipo de discapacidad) y en algunos casos se exigirá el requisito de la obtención de unos determinados ingresos.
· para a adquisición de Ayudas Técnicas;
· para la eliminación de barreras arquitectónicas en la vivienda o para su adaptación;
· para la obtención de la tarjeta de aparcamiento;
· para la adaptación del vehículo particular y para la obtención del permiso de conducción;
· para la comunicación;
b) Andalucía:
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía.
Orden del 17 de febrero de 1994, de la Consejería de Asuntos Sociales, por el que se aprueba el modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que lleven personas con movilidad reducida.
Resolución del 15 de marzo de 1994, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se determinan los requisitos y se establecen modelos de certificación a emitir para la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que lleven a personas con movilidad reducida.
Orden del 3 de mayo de 1995, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se crea una Comisión Técnica dependiente de la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte en Andalucía.
Orden del 5 de septiembre de 1996, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueba el modelo de Ficha para la justificación del cumplimiento del Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de Presidencia.
b)	Aragón:
Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación General de Aragón para la Supresión de Barreras.
Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación.
c)	Asturias:
Decreto 39/1998, de 25 de junio, de normas de diseño en edificios destinados a vivienda.
d)	Baleares:
Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la Mejora de la Accesibilidad y de la Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Decreto 96/1994, de 27 de julio, reglamento para la Mejora de la Accesibilidad y de la Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Ley 5/1999, de 31 de marzo, de perros guía.
e)	Canarias:
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/95, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.
f)	Cantabria:
Decreto 61/1990, de 6 de junio, de Evitación y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
g)	Castilla y León:
h)	Castilla - La Mancha:
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla - La Mancha
Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, Código de Accesibilidad.
i)	Cataluña:
Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de personas con disminución visual acompañadas de perros guía.
Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de Desarrollo de la Ley 20/91, de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras Arquitectónicas y de aprobación del Código de Accesibilidad.
Decreto 204/1999, de 27 de julio, de nueva redacción del capítulo 6 del decreto 1365/1995 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
j)	Extremadura:
Decreto 153/1997, de 22 de diciembre, del reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad en Extremadura.
j)	Galicia:
Decreto 286/1992, de 8 de octubre, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.
Ley 5/1996, de 6 de junio, sobre el acceso al entorno de personas con deficiencias visuales
Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.
Decreto 35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y eliminación de barreras.
k)	Madrid:
Decreto 138/1998, de 23 de julio, de especificaciones técnicas de la Ley 8/1993.
Ley 23/1998, de 21 de diciembre, de acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual usuarias de perros guía.
l)	Murcia:
Decreto 39/1987, 4 de junio, sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, sobre Accesibilidad de Espacios Públicos y Edificación.
Resolución de 26 de enero de 1994, de la Directora General de Bienestar Social, por la que de da publicidad al Protocolo para la creación de una Tarjeta de estacionamiento para Minusválidos.
Ley 3/1994, de 26 de julio, de los disminuidos visuales usuarios de perros guía.
m)	Navarra:
Decreto Foral 74/1987, de 6 de marzo, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas en obras y construcciones propias o subvencionadas por la Administración de la Comunidad Foral.
Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley Foral 4/88, de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y Sensoriales.
Decreto Foral 57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la Eliminación de Barreras Físicas y Sensoriales en los Transportes.
Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, reguladora del régimen de libertad de acceso, deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, correspondientes a personas con disfunción visual o severa y ayudadas por perros guía.
n)	La Rioja:
Decreto 38/1988, de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
Decreto 21/1989, de 7 de abril, por el que se modifica Decreto 38/88, de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
Decreto 12/1991, de 18 de abril, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto 38/88, de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
Decreto 19/2000, de 28 de abril, de accesibilidad en barreras urbanísticas y arquitectónicas.
o)	Valencia:
Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. Artículo 67. Accesibilidad y eliminación de barreras.
Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, por el que se aprueban las Normas de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
p)	País Vasco:
Decreto 59/1981, de 24 de marzo, de Supresión de Barreras Urbanísticas.
Decreto 291/1983, de 19 de diciembre, sobre Normativa para la Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Decreto 236/1989, de 17 de octubre, por el que se crea y se regula la tarjeta de aparcamiento para vehículos que lleven a personas con movilidad reducida.
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas sobre accesibilidad de los entornos urbanos, edificaciones e información y comunicación.
C) Normativa local sobre accesibilidad.
Son muy numerosas las ordenanzas municipales aprobadas en materia de accesibilidad que tienen un origen incluso anterior a la LISMI. La estructura y contenido de estos ordenanzas ha ido evolucionando y en la actualidad se apunta a unas ordenanzas integrales en materia de accesibilidad referidas tanto a instalaciones como a servicios (en concreto de transporte). La estructura de estas ordenanzas es, por lo general, la siguiente227:
- Criterios técnicos de accesibilidad a tener en cuenta en el municipio.
- Medidas de organización y gestión para la promoción de la accesibilidad en el municipio:
· Mediante la creación de órganos de participación ciudadana, tales como º	los Consejos o Comisiones de Accesibilidad.
· Mediante la creación de servicios de Información y Atención Ciudadana.
- Modos de control y seguimiento
· Exigiendo el cumplimiento de los preceptos establecidos en la ordenanza para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y de su ejecución, así como en la concesión de las preceptivas licencias y autorizaciones municipales.
· Mediante la creación de Oficinas Técnicas compuestas por técnicos municipales que deberán velar por el cumplimiento de los parámetros establecidos.
- Medidas de fomento para la promoción de la accesibilidad:
· Por medio de la consignación de un presupuesto.
· A través de la creación de fondos
Los ayuntamientos también han optado por suscribir planes especiales de actuación en materia de accesibilidad, mediante los que se propone de forma concreta el diagnóstico de la accesibilidad en el municipio, la propuesta de medidas y la ejecución de las mismas. Algunos de estos planes se han desarrollado a través de un convenio de colaboración firmado con la Fundación ONCE
a) Ordenanzas relativas a la accesibilidad. Algunas de este tipo de ordenanzas son las siguientes:
Ayuntamiento de Madrid. Ordenanza sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas en las Vías Públicas y Espacios Públicos (31 de octubre de 1980).
Ayuntamiento de Granada: Ordenanza para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Transporte y de la Comunicación (8 de julio de 1996).
Ayuntamiento de Huesca: Ordenanza Municipal de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de las Barreras Arquitectónicas (4 de junio de 2003).
Ayuntamiento de Valencia: Ordenanza de accesibilidad en el medio urbano del municipio de Valencia (26 de octubre de 2006).
b) Planes especiales. Algunos de los planes aprobados, a título de ejemplo, son:
Ayuntamiento de Vigo: Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad del Ayuntamiento de Vigo.
Ayuntamiento de Mérida: Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad del Centro Histórico
Ayuntamiento de Santander: III Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad
II. Normativa específica sobre instalaciones
A) Normativa sobre suelo y urbanismo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. El artículo 4 b) reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate. El artículo 10 c) señala con respecto a la utilización del suelo que las Administraciones Públicas deberán atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal,
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 3288/1978, 25 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Ley 1/1994, 11 enero, de Ordenación Territorial.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. Modificada por Ley 13/2005, de 11 noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y por la Ley 1/2006, 12 junio.
Decreto 129/2006, 27 junio, que aprueba el Plan de Ordenación del Territorio.
Ley 11/1992, 24 noviembre, de Ordenación del Territorio, modificada por Ley 1/2001, 8 febrero, de modificación.
Ley 1/2008, 4 abril, de adaptación a la Ley 8/2007, de Suelo.
Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística. Modificada por Ley 24/2003, de 26 diciembre, de Medidas urgentes de política de Vivienda Protegida.
Decreto 52/2002, de 19 de febrero, Reglamento de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios.
Decreto 124/2005, 24 noviembre, por el que se varía la distribución territorial señalada en la disposición adicional primera de la Ley 2/2004.
Decreto 278/2007, 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
-	Ley 14/2000, 21 diciembre, de Ordenación Territorial.
Decreto Legislativo 1/2000, 8 mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales. Modificado por Ley 4/2006, de 22 mayo.
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Modificada por Ley 7/2005, de 7 julio y por Ley 12/2005, de 27 diciembre.
Decreto 124/2006, 19 diciembre, de Transparencia Urbanística.
Ley 10/1998, 5 diciembre, de Ordenación del Territorio. Modificada por la Ley 14/2006, 4 diciembre
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo. Modificada por Ley 10/2002, de 10 julio.
Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo. Modificado por Decreto 68/2006, 5 octubre.
Ley 23/1983, 21 noviembre, de Política Territorial.
Ley 1/1995, del Plan Territorial.
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo, modificado por Decreto-ley 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en materia urbanística
Ley 16/2005, de diciembre, Urbanística.
- Ley 15/2001, 14 diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial. Modicada por Ley 6/2002, de 27 junio, de Medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo.
Ley 10/1995, de 23 noviembre, de Ordenación del Territorio.
Ley 6/2007, 11 mayo, de Medidas urgentes en materia de Ordenación del territorio y del litoral.
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, modificada por Ley 15/2004, de 29 de diciembre.
Ley 9/1995, 28 marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (en vigor sólo sus Títulos II, III y IV, por derogación parcial contenida en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo).
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, modificada por Ley 14/2001, de 26 de diciembre y por Ley 2/2005, de 12 de abril, en su D.Tr. 6ª, modificada por Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración y por Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
Ley 4/1992, 30 julio, de Ordenación y Protección del Territorio (derogada en gran parte por la Ley 1/2001, 24 abril, de Suelo)
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 junio, aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
Ley 35/2002, 20 diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Modificada en su D. A. 5ª por Ley Foral 2/2004, 29 marzo, por la Ley Foral 8/2004, de 24 junio, de protección pública a la vivienda en Navarra y por la Ley Foral 4/2005, de 22 marzo, de intervención para la protección medioambiental y por la Ley Foral 4/2008, 25 marzo, en su D.T. 6ª.
Ley 4/1990, 31 mayo, de Ordenación del Territorio.
Ley 2/2006, 30 junio, de Suelo y Urbanismo
-	Ley 5/2006, 2 mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. modificada por el la Ley 11/2006, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2006.
B) Normativa sobre edificaciones.
Ley 15/1995, de 30 de mayo, establece límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. Tiene por objeto, de acuerdo con la función social que ha de cumplir la propiedad, hacer efectivo a las personas con discapacidad el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, de conformidad con los artículos 47 y 49 de la Constitución Española y, en consecuencia, con lo establecido en la LISMI (artículo 1).
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Los requisitos básicos de la edificación recogidos en el artículo 3 de esta normativa, se refieren a la funcionalidad de la edificación, a la seguridad y a su habitabilidad. Entre los relativos a la funcionalidad (artículo 3.1.a.) se establece el de la accesibilidad, “de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica”. Asimismo, se recoge entre los requisitos relativos a la seguridad, la obligatoriedad de que el uso normal del edificio no suponga riesgos de accidentes para las personas (art. 3.1.b) y sobre la habitabilidad, la garantía de que los elementos constructivos o de las instalaciones permitan un uso satisfactorio del edificio. Por otra parte, el artículo 5, relativo a las licencias y autorizaciones administrativas, establece que “la construcción de edificios, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes, de conformidad con la normativa aplicable”.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. En el que se incorporan se incorporan exigencias básicas de accesibilidad universal y no discriminación, a la Parte I del Código Técnico de la Edificación (CTE) y a la Parte II del CTE un documento básico relativo al cumplimento de dichas exigencias básicas.
b)	Normativa autonómica
Ley 3/2004, de 30 junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación del Principado de Asturias.
Ley 38/1999, de 5 noviembre, regula la Ordenación de la Edificación del País Valenciano
Ley 2/1999, de 17 marzo, establece medidas para la calidad de la edificación
Ley 2/1999, de 17 marzo, medidas para la calidad de la edificación
Diversos reglamentos autonómicos de aplicación de la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación
C) Normativa sobre vivienda.
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbano. En su artículo 24 faculta a los arrendatarios con minusvalía a efectuar reformas en el interior de la vivienda para mejorar su habitabilidad.
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
b) Normativa autonómica. Se trata de normas de adaptación de la normativa autonómica al contenido del Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
Andalucía: Decreto 463/2004, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 149/2003, de 10 de junio por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.
Baleares: Decreto 73/2004, de 30 de julio, por el que se regulan las ayudas a la rehabilitación de viviendas con destino a arrendamiento, y a la mejora de la accesibilidad de los edificios y viviendas.
Canarias: Decreto 4/2005, de 25 de enero, por el que se modifican los Decretos 70/2002, de 20 de mayo, y 75/2002 y 76/2002, de 3 de junio, por los que se regulan diversas medidas en materia de vivienda.
Castilla - La Mancha: Decreto 256/2004 de 28 de septiembre, por el que se modifica el decreto 113/2002 de 27 de agosto, sobre ayudas en materia de vivienda y suelo para el periodo 2002-2005, y se establecen nuevas líneas de actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
Cataluña: Decreto 454/2004, de 14 de diciembre, de desarrollo del Plan para el derecho a la vivienda 2004-2007.
Extremadura: Decreto 186/2004, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 41/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007.
Galicia: Decreto 233/2004, de 23 de septiembre, por el que se modifica el decreto 199/2002 de 6 de junio, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las previstas en el Real Decreto 1/2002 de 11 de enero, para el periodo 2002-2005, y se integra el Decreto 35/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan las subvenciones a los arrendatarios en el marco del programa bolsa de vivienda en alquiler del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
La Rioja: Decreto 57/2004 de 15 de octubre, por el que se modifica el decreto 23/2002, de 19 de abril, por el que se establecen ayudas económicas complementarias al Plan Nacional de Vivienda previsto en el real Decreto 1/2002, de 11 de enero, para el periodo 2002-2005.
Melilla: Decreto de 5 de noviembre de 2004.
Murcia: Decreto 119/2004, de 5 de noviembre, por el que se regulan las nuevas líneas de fomento al alquiler de viviendas.
D) Normativa municipal en materia de urbanismo, edificación y vivienda.
La normativa estatal y autonómica relacionada el urbanismo, la edificación y la vivienda condiciona la actividad municipal en estas materias, por lo que se refiere, en particular a la accesibilidad.
Los ayuntamientos dictan ordenanzas municipales regulando la ordenación urbanística en su propio territorio que posteriormente se concreta en el correspondiente plan general de ordenación urbana.
En las ordenanzas municipales en materia de urbanismo se contienen medidas relativas a la accesibilidad, que son concreción de las normas estatales y, sobre todo, autonómicas, aunque también se añaden exigencias adicionales por parte de los propios ayuntamientos.
El planeamiento urbanístico tiene como ámbito territorial el término municipal y como instrumento regulador el Plan General de Ordenación Municipal de Ordenación Urbana. En estos Planes se pueden formular con carácter general las medidas relativas a la accesibilidad en el municipio y se concretan sobre el territorio, edificaciones y viviendas.
II. Normativa específica sobre servicios
A) Normativa sobre servicios en general.
La enorme cantidad de normas que ordenan los servicios nos disuade de tratar de hacer siquiera un listado de las mismas.
Los servicios constituyen casi tres cuartas partes de nuestra actividad económica y presenta una variedad casi inabarcable (desde los servicios sanitarios o educativos que excluimos del objeto de análisis hasta los servicios financieros o el juego). No obstante, con ocasión de la transposición de la Directiva 123/2006/CE, de 26 de diciembre, de servicios en el mercado interior, se ha planteado la oportunidad de aprobar una ley estatal que de cobertura con carácter general a los elementos básicos que exige dicha Directiva. Sin duda constituye esta llamada «Ley paraguas» una oportunidad única para reiterar las exigencias de accesibilidad en todos los servicios de manera que coadyuve a las exigencia ya dispuesta en la LIONDAU y en sus normas de desarrollo.
B) Normativa sobre servicios de transporte.
Se enumeran a continuación las normas fundamentales con rango de Ley en materia transporte que incluyen referencias a la accesibilidad que, no impiden, en todo caso, la aplicación de las exigencias dispuestas en la LIONDAU y por el Real Decreto 1544/2007.
Transporte aéreo. Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario
Transporte marítimo: Ley 48/2003 de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general
Transporte terrestre por carretera: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Transporte terrestre por ferrocarril: Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Transportes urbanos (tanto de servicio público ―autobuses, metro, etc.― como discrecionales ―taxis―): Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Normativa autonómica. Las CCAA han dispuesto numerosas normas regulando los distintos servicios de transporte. Las leyes autonómicas recogen una regulación poco detallada frente a los anteriores epígrafes228. Establecen, en términos generales, que la infraestructura y su material móvil deben ser accesibles, pero recogidos dentro de un Plan de Supresión de Barreras en el transporte. La competencia para elaborarlos depende de las administraciones públicas en general. Algunas leyes establecen que, en todo caso, el material móvil de nueva adquisición debe ser accesible. Las normas técnicas de accesibilidad suelen ser bastante sectoriales (regulan el suelo del material móvil, los mecanismos de apertura de las puertas, los asientos reservados, la megafonía y los andenes) y necesitarían un desarrollo más completo, sobre todo en relación con la infraestructura y el material ya consolidado, removiendo todos los obstáculos reales que se encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de poder acceder al transporte público. También se establece que en los municipios con un determinado número de habitantes, se establezca un servicio público de taxis accesibles o vehículos especiales accesibles.
A continuación se enumeran únicamente aquéllas que incluyen referencias a la accesibilidad
Ley 2/2008, por el que se desarrolla la libre prestación de servicios de transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia.
Ley 2/2008, de 6 mayo, que desarrolla la libre prestación de servicios de transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia.
Ley 13/2007, de 17 mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias
Ley 8/2006, de 18 octubre, de Transporte Interurbano por Carretera de La Rioja
Ley 14/2005, de 29 diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha
Ley 4/2004, de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera del País Vasco
Ley 4/2004, de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera
Ley 15/2002, de 28 noviembre, de transporte urbano y metropolitano de Castilla y León
Ley 12/2002, de 14 junio, de transporte por cable de Cataluña
Normativa local sobre transportes
Los Ayuntamientos cuentan con ordenanzas municipales reguladoras de los servicios de transporte en su territorio, tanto con carácter general (como es la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Transporte Público del Ayuntamiento de Cartagena) o parcial (Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Transporte Público de Escolares del Ayuntamiento de Granada). Las referencias a las condiciones de accesibilidad al servicio son excepcionales, ya que la mayoría de los Ayuntamientos han optado por tratar esta cuestión en sus ordenanzas sobre accesibilidad.
Para garantizar la accesibilidad en el transporte urbano se suscribió un Convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias para la implantación de transportes públicos accesibles en las líneas regulares de autobuses urbanos, así como Convenios de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y, respectivamente las Comunidades Autónomas Extremadura, Galicia, Cataluña, Aragón y el Principado de Asturias, para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses urbanos.
También existen acuerdos entre el IMSERSO y la fundación ONCE para Táxis Accesibles. IMSERSO-RENFE Ferrocarriles y Estaciones Accesibles; IMSERSO-UNIVERSIDADES para la accesibilidad en el transporte.
III. Otra normativa relevante
A) Normativa sobre contratación pública
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. En el ámbito de las instalaciones y servicios derivados de la contratación pública debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Ley 30/2007, de contratos del sector público, cuya disposición adicional vigésimo primera prevé que en el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en la LIONDAU.
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Disposición adicional sexta. En el ámbito de la contratación sujeta a esta Ley, la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y el desarrollo del procedimiento deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Comunidad Valenciana. Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. El art. 9.2 dispone que en los supuestos de adquisición de productos y servicios tecnológicos de información y comunicación, dichos pliegos recogerán como criterio preferencial en la adjudicación de los mismos que, en caso de empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa que acredite que los mencionados productos y servicios son accesibles para las personas con discapacidad.
Navarra. Ley 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos
B) Normativa sobre formación en accesibilidad
Disposición final décima de la LIONDAU. El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, desarrollará el curriculo formativo en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.
b) Normativa sobre enseñanza universitaria.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Disposición adicional vigésimo cuarta. 5. Todos los planes de estudios propuestos por las universidades deben tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En su artículo 3.5 b) dispone que entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la LIONDAU, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. Inclusión de la formación en diseño para todos en las enseñanzas mínimas de títulos profesionales.
b)	Normativa sobre formación profesional.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Disposición adicional quinta. 1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos. 2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de acceso deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas
1.3. Valoración del cumplimiento del contenido de la Convención.
La situación de la accesibilidad en España se ha visto modificada a partir de la aprobación de la LIONDAU y, en particular, de sus reglamentos de desarrollo. La situación previa se basaba esencialmente en la normativa autonómica sobre accesibilidad de escasa eficacia dados los conflictos de competencias, la falta de coordinación y la ausencia de mecanismos de inspección229. El resultado final distaba mucho de los objetivos con se aprobaron estas normas ya que las condiciones de accesibilidad en el entorno y las instalaciones, así como en los servicios (esencialmente de transportes) eran muy deficientes230.
A partir de la aprobación de la LIONDAU es posible afirmar que en España se cumplen con carácter general por parte de los poderes públicos las obligaciones relativas a la garantía de la accesibilidad del entorno y las instalaciones derivadas de la Convención, aunque no para los servicios. Esta afirmación se deriva no sólo de la cantidad de normativa al respecto que progresivamente ha aumentado en las dos últimas décadas en todas las instancias territoriales sino por la calidad de aquéllas que pretenden garantizar de forma vinculante y sistemática la accesibilidad universal como son la LIONDAU y sus reglamento de desarrollo.
En efecto, en nuestro país se garantiza la accesibilidad incluso con un mayor alcance que en la Convención. Por una parte, la mayor cobertura de la accesibilidad se aprecia en que a partir de la LIONDAU se garantiza la accesibilidad universal que incluye de forma directa a los bienes, mientras que la Convención se limita en cuanto a éstos a promover el diseño universal. Por otra parte, con respecto a las instalaciones y servicios en nuestro país la obligación de accesibilidad se extiende todas, independientemente de su régimen de funcionamiento, mientras que en el ámbito de la Convención se limita a los que están abiertos al público o son de uso público. Asimismo es de destacar que existe una especial atención a la accesibilidad en las relaciones de las personas con discapacidad con las Administraciones Públicas.
Al margen de la laguna en los servicios a la que se hará referencia más adelante, las garantías de accesibilidad dispuestas en la LIONDAU, se plantean otras objeciones, en particular, por lo que se refiere a los plazos previstos en la LIONDAU y en sus reglamentos de desarrollo para la obligatoriedad de las medidas dispuestas que alcanza incluso a los 17 años.
A este respecto se puede responder que el carácter diferido de estas obligaciones no vulnera el contenido de la Convención, en primer lugar porque la LIONDAU y sus reglamentos de desarrollo no son la única norma sobre accesibilidad, sino que se trata de una norma integradora, sistematizadora y que profundiza en la extensión y garantía de la accesibilidad. Por lo tanto, aunque se haya diferido la obligatoriedad de determinadas medidas, esto no quita que puedan existir normas tanto a nivel estatal (LISMI) como autonómico y local que garanticen la accesibilidad en el sentido exigido por la Convención.
La LIONDAU es una norma que supone un punto de inflexión en el tratamiento de la accesibilidad, cuestión que se había afrontado por los poderes públicos pocos años antes de su entrada en vigor y que había sido obviada durante décadas, por lo tanto es lógico que se plantee una estrategia progresiva y realista para conseguir el objetivo de la accesibilidad universal.
La Convención no señala de forma expresa la progresividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la accesibilidad, pero ésta se deriva de la propia naturaleza de la obligación exigida y de las estrategias que se plantean (así, identificar y eliminar obstáculos y barreras requiere un proceso). Asimismo, esta progresividad se manifiesta con el carácter de mínimos desde el que se plantea las exigencias con respecto a la accesibilidad (art. 9.2 a) desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices), sin perjuicio que el objetivo final sea la accesibilidad total. Además, desde una perspectiva estrictamente formal se ha cumplido con la literalidad del artículo 9 de la Convención ya que se han adoptado las medidas pertinentes para garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de que estas normas contengan regímenes transitorios. Por último, debe tenerse en cuenta que las obligaciones derivadas de la LIONDAU y sus reglamentos de desarrollo se encontrarán en vigor en más de un 80% en el momento del primer informe que tendrá que presentar España en el abril de 2010.
Esta falta de eficacia de las medidas para garantizar la accesibilidad en nuestro país no puede plantearse como una situación generalizada que permita llegar a afirmar un incumplimiento (por acción u omisión) por parte de los poderes públicos (en concreto por los Ayuntamientos).
Precisamente en nuestro país, se han adoptado las medidas necesarias para incrementar la eficacia en la consecución de la accesibilidad del entorno y de las instalaciones, razón por la cual se aprobó la LIONDAU que pretende resolver todas estas disfunciones, una vez que sea plenamente obligatoria. Si bien han pasado cinco años desde su aprobación, debe tenerse en cuenta que su desarrollo reglamentario apenas tiene dos años y es precisamente en éste en el que se articulan las obligaciones.
En este sentido, para garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la LIONDAU, la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones establece una concreción de la responsabilidad que se extiende no sólo a los infractores sino también a los sujetos privados que incumplan las obligaciones que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, con lo que se terminará con la impunidad de los sujetos privados que no hayan sido requeridos por la Administración.
Además, las generalizaciones sobre la falta de accesibilidad, extraída muy a menudo de casos concretos, no hacen justicia al enorme esfuerzo que se ha venido haciendo en muy poco tiempo por parte de los poderes públicos, y los éxitos alcanzados que sin duda deben incrementarse para garantizar una accesibilidad universal con carácter total.
En conclusión, nuestro país cumple con el contenido de la Convención por lo que respecta a las obligaciones genéricas de accesibilidad contenidas en el artículo 9, a excepción de las relativas a los servicios. No obstante se deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias para incrementar la efectividad cuanto antes de las normas y disposiciones adoptadas en materia de accesibilidad, en particular, todas las relativas al desarrollo de la LIONDAU.
Por ello se recomienda, en primer lugar, desarrollar un proceso de información intenso del contenido de la LIONDAU y de la propia Convención a tres niveles: por una parte, a los sujetos responsables del cumplimiento de su contenido, para que conozcan las obligaciones a las que están sujetos y las sanciones a las que se exponen ya que en gran medida el incumplimiento es debido al desconocimiento; por otra, a las personas con discapacidad para que pueda hacer valer adecuadamente sus derecho; por último a todas las Administraciones responsables (en particular a los Ayuntamientos) para que colaboren y garanticen su cumplimiento.
Por otra parte, se debe supervisar el efectivo cumplimiento de todas las medidas relativas a la accesibilidad dispuestas en la LIONDAU y en sus normas de desarrollo que ya resulten obligatorias, y en su caso, de la aplicación de la Ley 49/2007 sobre infracciones y sanciones relativas a la LIONDAU. Estas normas arbitran los mecanismos necesarios organizativos (Oficina Permanente) y funcionales (procedimientos coordinación) que deberían garantizar la efectividad de estas medidas.
También la revisión de los plazos relativos a las obligaciones relativas a las instalaciones derivadas de la LIONDAU para determinar si verdaderamente resultan necesarios y, en la medida que no lo sean, proceder a su reducción.
Dentro de la accesibilidad de las instalaciones, en concreto, la obligación específica respecto a la señalización de los edificios e instalaciones, en general, se cumple parcialmente por lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 505/2007, relativo a la información y señalización. A ello se añaden las numerosas las exigencias con respecto a la señalización en la normativa tanto autonómica como local sobre accesibilidad anterior y posterior a la LIONDAU.
No obstante, con respecto a la concreta referencia al Braille debe tenerse en cuenta que, el artículo 7 del Real Decreto 505/2007 señala que la señalización tendrá en cuenta «en su caso, las condiciones táctiles que permitan su percepción». Por lo tanto, esta referencia debería ser modificada suprimiendo el inciso «en su caso», para que la obligación tenga carácter general, e incluyendo una referencia expresa al Braille, aunque pueda quedar incluido en las «condiciones táctiles», porque así lo expresa la Convención. Esta modificación deberá operar en el mismo sentido en todas aquellas otras normas sobre accesibilidad que contengan algunas excepciones a la señalización o que no mencionen el Braille.
La ausencia de medidas activas de asistencia a las personas con discapacidad en el acceso e interior de edificios y de otras instalaciones abiertas al público dejan a nuestro Estado en una situación de incumplimiento en lo que se refiere a esta específica obligación. Por lo tanto se recomienda que se introduzca de forma inmediata medidas al respecto, las cuales han de tener en cuenta que la obligación corresponde a los titulares o responsables de la gestión de instalaciones abiertas al público (incluidos edificios bajo dichas condiciones —edificios públicos, hoteles, restaurantes, etc.—). Asimismo que la obligación incluye contar con asistencia humana o animal para facilitar el acceso. Lo cual incluye guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas. Todas estas condiciones las ha de cumplir la persona o personas que desarrollen dichas actividad. Por último, la obligación se refiere a facilitar al acceso lo que supone igualmente el acompañamiento en el interior del edificio en la medida que resulte necesario. Estas obligaciones deberían articularse a través de una modificación de la LIONDAU, disponiendo posteriormente las medidas reglamentarias de desarrollo que sean necesarias para su cumplimiento.
En el ámbito de los servicios, el objetivo general señalado por el artículo 9 consistente en garantizar a través de la accesibilidad que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, no se ha alcanzado plenamente. Basta una simple observación de los servicios que se prestan para detectar deficiencias en la accesibilidad, en particular por lo que se refiere a los medios de transporte231.
Por otra parte, la concentración de las medidas relativas a la accesibilidad en los servicios en una única norma como es la LIONDAU frente al enorme, fragmentado y disperso marco normativo que rige los innumerables servicios puede hacer muy difícil su cumplimiento.
Por lo tanto, de forma complementaria a lo dispuesto en la LIONDAU y sus normas de desarrollo, se debería aprovechar el actual proceso de transposición de la Directiva 123/2006/CE sobre servicio en el mercado interior que ha dado lugar a la elaboración de una Ley transversal aplicable a todos los servicios (Proyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, o también llamada Ley Paragüas), y a un proceso de revisión de la normativa reguladora de los servicios en todas las instancias territoriales. En particular se debería introducir una referencia en la Ley Paraguas que obligue a los prestadores de servicios en nuestro país a demostrar que cumplen con los requisitos de accesibilidad que se dispongan en desarrollo de la LIONDAU.
Los servicios de transporte constituyen una excepción dentro del tratamiento de los servicios en nuestro país, ya que han sido objeto de un tratamiento específico en la LIONDAU que ha dado lugar a un desarrollo propio a través del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
En nuestro país se cumple con la obligación contenida en el artículo 9 sobre la formación de las personas involucradas en la accesibilidad.
No obstante siempre resulta recomendable adoptar todas las medidas que puedan favorecer o garantizar la eficacia de estas medidas. Por ejemplo articular las medidas de seguimiento necesarias para garantizar que los contenidos que se fijan de las enseñanzas y su impartición permiten adquirir una verdadera formación en accesibilidad. Asimismo, sería conveniente la creación de unos cuerpos docentes vinculados con esta materia para garantizar la especialización del profesorado, y, por tanto, una mayor calidad y estabilidad en las enseñanzas relacionadas con la accesibilidad.