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Timestamp: 2019-06-17 02:39:25
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BOCG. Senado, apartado I, núm. 335-2366, de 10/04/2014
cve: BOCG_D_10_335_2366
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Palacio del Senado, 7 de abril de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
La reforma planteada es un atentado a la democracia en el momento en que mayor es la desafección ciudadana en relación a la política desde que nuestro país recuperó la democracia.
Por un lado, alimenta el argumento de que la democracia es cara y que es necesario reducir el número de representantes de ciudadanos. La supuesta búsqueda de una democracia low cost está llevando a la configuración de un sistema democrático de peor calidad. Si los ciudadanos dicen no sentirse representados no es porque consideren que el problema es el número de representantes o el coste de las instituciones; ese es el discurso del PP como supuesto complemento de las medidas de ajuste y en el intento de trasladar una imagen de socialización de los sacrificios, cuando el objetivo que realmente busca es reducir las posibilidades de control por parte de la oposición y situarse en una posición de ventaja electoral para perpetuarse en el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Lo que de verdad da lugar al cuestionamiento ciudadano del funcionamiento de las instituciones son las políticas de recortes en derechos sociales y ciudadanos, la introducción de copagos en los servicios públicos, las políticas que mantienen un elevadísimo desempleo y aumentan la precariedad en el empleo, que se sostenga que estamos saliendo de la crisis porque descienden los salarios y aumentan los
beneficios de los ciudadanos, mientras los ciudadanos pierden su vivienda por no poder pagar las hipotecas y se legisla para reducir las pensiones o se va a limitar el derecho al aborto para cumplir un programa electoral que se ha incumplido en todo lo demás.
La propuesta de reforma del artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que se pretende con esta Proposición de Ley supone un atentado contra las normas constitucionales y del propio Estatuto. Vulnera el artículo 1.1 de la Constitución española porque elimina el pluralismo político; vulnera el artículo 23, porque esta reforma impide acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Entendemos, así mismo, que esta reforma afecta tanto al artículo 4 del Estatuto de Autonomía porque no se facilita la participación de todos los ciudadanos en igualdad en la vida política de Castilla-La Mancha, como a su artículo 10, en el que se dice que los candidatos deben ser elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto y que serán elegidos de acuerdo con un sistema de representación proporcional. Evidentemente, con esta reforma la proporcionalidad, ya por si escasa, se reduce mucho más.
En este sentido, cabría recordar que en estos momentos Asturias tiene 45 escaños y un millón de habitantes siendo uniprovincial; Murcia tiene 45 escaños y 1,4 millones de habitantes; Cantabria tiene 39 escaños —más que los que va a tener Castilla-La Mancha— con 593.000 habitantes; y La Rioja tiene 33, probablemente el techo ya prácticamente está en los 35, con 323.000 habitantes. La reducción del número de escaños, y con ello la representatividad y la democracia, en las Cortes de una Comunidad Autónoma que es la tercera en territorio de España, la tercera en número de provincias y la novena en población, dejándola con el menor número de escaños de todas, situaría a Castilla-La Mancha en el ridículo más esperpéntico del conjunto del Estado.
Es una propuesta que viene sin consenso de las principales fuerzas políticas de la región, viene sin consenso del tejido social y ciudadano, incumple las propias recomendaciones del Consejo de Estado sobre la proporcionalidad general que debieran respetar las leyes electorales y encierra, sobre todo, un peligroso discurso populista y autoritario. Y lo que es peor, todo ello va a tener como resultado un empobrecimiento democrático sin precedentes, la limitación del pluralismo que en la práctica vendrá a perpetuar el sistema bipartidista en la región. Por otro lado, parece evidente que el objetivo es reforzar el ejercicio del poder sin contrapesos, sin control democrático. Parece que detrás de esta reforma se esconde la voluntad de mantener el poder de las élites políticas y económicas, al pretender volver al sistema censitario, manteniendo controladas las instituciones al servicio de sus intereses.
Si esta reforma es la punta de lanza para reducir la democracia en todos los parlamentos de España, se está traspasando una línea roja muy peligrosa, en lo que solo puede entenderse como un ataque frontal a la propia democracia representativa.
Por último, esta reforma excluyente y antidemocrática no resolverá ninguno de los problemas económicos ni sociales ni de regeneración política y democrática de Castilla-La Mancha, es más, los agravará. Y hará que los ciudadanos sientan que las Cortes de Castilla-La Mancha «no les representan».
En suma, esta propuesta a la que ahora presentamos esta enmienda de veto, supone desde nuestro punto de vista el mayor ataque al estado democrático, a la democracia representativa, desde la Transición.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Palacio del Senado, 8 de abril de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)
La propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pretende modificar el artículo 10 para disminuir el número de escaños (pasar de 53 a 25-35) así como reformar el sistema electoral (circunscripción electoral por provincia).
Con esta reforma, Castilla-La Mancha pasaría a ser la comunidad autónoma con el menor número de escaños.
Esta reforma vulnera el artículo 1.1 de la Constitución española porque suprime de facto el pluralismo político; vulnera el artículo 23, porque impide acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, vulnera el artículo 4 del Estatuto de Autonomía porque no se facilita la participación de todos los ciudadanos en igualdad en la vida política de Castilla-La Mancha; y vulnera el artículo 10, en el que se dice que los candidatos y candidatas deben ser elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto y que serán elegidos de acuerdo con un sistema de representación proporcional.
El PP, el supuesto gran defensor de la Constitución española, sin embargo, se «atreve» a saltarse la Carta Magna.
Asimismo, incumple las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la proporcionalidad general que deberían respetar las leyes electorales.
Pero no solo eso, esa propuesta que nos presenta el Partido Popular llega sin consenso parlamentario. Nuevamente el PP se queda sólo en un tema tan importante como el modelo territorial de España.
Con esta reforma, el PP pretende tres objetivos: blindar el bipartidismo, impedir el pluralismo político y excluir a la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de la posibilidad de acceder a un cargo público.
En definitiva, su idea de democracia parlamentaria se convierte en una caricatura. Las contradicciones de los dirigentes del PP y en concreto de la presidenta de Castilla-La Mancha llegan al ridículo. ¿Cómo es posible que en el año 2012, la presidenta de dicha comunidad aplicara una reforma que aumentó el número de escaños con el argumento de «más diputados, más democracia»?
Esto significa pues que, con esta reforma, habrá menos diputados y por tanto menos democracia.
El PP justifica esta reforma con el argumento que «muchos son los esfuerzos y ajustes que se han solicitado a los castellano-manchegos para solucionar la importante crisis institucional y financiera de nuestra región». Y aduce también que la reforma servirá para seguir avanzando en la España de las autonomías. Dos falsedades plausibles. Esta iniciativa conllevará que no se resolverá la crisis económica, ni el problema territorial de España.
La democracia no es cara, al contrario, la democracia no tiene precio y es la garantía de que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan profundizar y participar en ella con las mismas oportunidades.
Si esta reforma se aplicara a todas las otras CCAA, el PP no tendría representación ni en Euskadi, ni en Navarra, ni en Catalunya, sería un partido extraparlamentario.
En definitiva, esta reforma es un ataque frontal a la democracia representativa, un ataque a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha.
Es por estos motivos que presentamos esta Propuesta de Veto a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto a la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Palacio del Senado, 8 de abril de 2014.—El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
La Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, remitida, por la Cortes de esta Comunidad Autónoma, en septiembre del pasado año, constituye una reforma unilateral que tan sólo cuenta con el respaldo único del Partido Popular. Nos encontramos ante una iniciativa de reforma que carece, por tanto, del consenso básico exigible para aprobar una norma que integra el «bloque de la constitucionalidad», como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y regla fundamental
para la convivencia. Además, supone una ruptura de la dinámica seguida hasta el momento, ya que hasta la presentación de esta propuesta, todas las iniciativas de reforma estatutaria, en Castilla-La Mancha, habían contado con el consenso de los grupos con representación en el parlamento regional.
El objeto de la propuesta es hacer posible una reforma que responda a los intereses electorales del Partido Popular, única fuerza política que promueve esta modificación, reduciendo la representatividad del sistema electoral autonómico y acercando sus efectos a los de un sistema electoral de tipo mayoritario. Después de haber modificado la ley electoral, hace menos de dos años, también en solitario, para incrementar el número de diputados autonómicos, se promueve ahora una reducción por debajo de los límites actualmente vigentes en el Estatuto de Autonomía. Con ello, se quiere dificultar, extraordinaria e injustificadamente, hasta hacerlo casi imposible, el acceso de otras fuerzas políticas a las Cortes de Castilla-La Mancha, al elevar, exponencialmente, el porcentaje de votos que habrán de obtenerse en las circunscripciones de la Comunidad Autónoma. Este hecho constituye en sí mismo un ataque al sistema constitucional español porque impide el pluralismo político hasta el punto de que fuerzas políticas que obtuvieran un quince por ciento de los sufragios, quedarían fuera del parlamento autonómico por el reparto de un número reducido de escaños entre cinco provincias.
La reforma afecta a una de las instituciones constitutivas de la propia esencia de nuestro sistema democrático, el parlamento regional, al que se limita su capacidad de representación política de los castellano-manchegos. Castilla-La Mancha cuenta con más de dos millones de habitantes, cinco provincias y casi mil municipios; y en cuanto a territorio, es la tercera más extensa de España. Con esta población, extensión territorial y estructura pluriprovincial, una reducción tan desproporcionada de parlamentarios, hasta un número incluso inferior al que tienen otras comunidades mucho menos pobladas y/o uniprovinciales, afectaría muy negativamente a la representación política de sus ciudadanos y ciudadanas.
Tampoco puede defenderse una modificación como ésta con argumentos de austeridad. La mayoría de los diputados regionales de esta Comunidad Autónoma no tienen dedicación exclusiva ni perciben salario, por lo que la reducción de su número no redundará en una disminución del gasto público. Por el contrario, un parlamento no es un órgano administrativo y esta reforma afectará a la capacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha para llevar a cabo sus funciones, la actividad legislativa y la función de control de la acción del gobierno, con la misma intensidad que el resto de asambleas legislativas autonómicas.
En conclusión, la reforma que se contiene en esta iniciativa no cuenta con el consenso necesario en el parlamento regional ni puede justificarse en razones de austeridad. Por el contrario, afecta gravemente a la representatividad y a la capacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha para ejercer sus funciones, y responde, únicamente, a los intereses electorales del Partido Popular. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto a esta Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, solicitando su devolución al Congreso de los Diputados.