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Timestamp: 2018-06-18 05:31:22
Document Index: 180714565

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'artículo 304', 'artículo 333', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 254', 'artículo 219', 'artículo 225', 'artículo 226']

Corte Suprema de Justicia Casación N° 18. 532
Casación N° 18.532
Proceso No 18532
Aprobado acta N° 153
Bogotá D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil dos (2002).
Resuelve la Corte la admisibilidad formal de la demanda de casación presentada a nombre de la procesada RITA MARÍA CEBALLOS RUIZ.
1.- Los hechos fueron resumidos por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena), de la siguiente manera:
El día 4 de julio de 1997, por oficio 167, emanado del Juzgado primero Civil del Circuito de Ciénaga y firmado por RITA MARÍA CEBALLOS RUIZ, escribiente grado 6, se transcribe auto dictado en proceso ejecutivo promovido por el Dr. MANUEL GUILLERMO GUAL, en su propio nombre contra los señores JOSÉ MARÍA OSPINO Y OTROS, auto por medio del cual se declara terminado el proceso por pago de la obligación y en consecuencia se resuelve decretar el desembargo de los bienes embargados. Este comunicado no corresponde a la realidad y la transcripción se hizo de proceso que no afectaba el bien que se ordena desembargar.”
2.- El Juzgado 2° Penal del Circuito de Ciénaga, mediante sentencia del 12 de mayo de 2000, condenó, entre otros, a RITA MARÍA CEBALLOS RUIZ a la pena principal de 36 meses de prisión y a la accesoria de rigor, como autora del delito de falsedad ideológica en documento público.
3.- Inconforme con la anterior decisión, el defensor interpuso recurso de apelación, el cual al ser desatado por el Tribunal Superior de Santa Marta, el 18 de octubre de 2000, la confirmó integralmente.
La defensora del procesado, luego de referirse a los hechos y comentar la decisión del sentenciador de segundo grado, formula tres cargos contra la sentencia, así:
Asevera que acude a la causal tercera de que trataba el artículo 220 del C. de P. P., al haberse dictado la sentencia en un juicio viciado de nulidad, “por un error de garantía que consiste en la vulneración del derecho de defensa, configurante del derecho del debido proceso, cuya causal anulatoria contenida en los numerales 2 y 3 del artículo 304 del C. de P. P.”.
Cita como violados por falta de aplicación, los artículos 29 de la Carta Política, 1° y 333 del C. de P. P; y por indebida aplicación el 23 y el 219 del C. P.
Bajó el título “Demostración”, la libelista manifiesta que en la indagatoria la procesada sostuvo que los hechos se debieron a una “confusión”, a raíz de los varios negocios que tramitaba, dados los “reiterados y angustiosos” llamados de las personas interesadas en los mismos. Por ello, considera que se hacía necesario que se verificaran las declaraciones de las personas cuya actitud propició su actuar ligero y desacertado.
Afirma que entre las pruebas omitidas está la declaración de la señora Lucy Bustillo,
“... testimonio con que la Fiscalía debió establecer la compra efectuada por ello sobre el inmueble trabado en el proceso, como fundamento básico para su insistencia por la liberación del mismo; la efectiva concurrencia de ella al juzgado, la frecuencia con que acudió, la persona que la acompañó en estas diligencias, los funcionarios que tanto ella como su emisario se dirigieron, los documentos y argumentos que exhibió para fundamentar su petición.”
Así mismo, la declaración del señor Gabriel Pérez, con la que se hubiera corroborado la versión de la procesada en los sentidos señalados, “para darle firmeza y credibilidad a los mismos”.
Con estas pruebas, asevera, se hubiese configurado la tesis del actuar ligero, descuidado y guiado por la confusión y “la plena prueba de la no intencionalidad dañosa de su comportamiento”.
Al dejarse de practicar estas pruebas, se dejó de investigar lo favorable a los intereses de la procesada y se violó el artículo 333 del C. de P. P.
Asegura que el vicio es trascendente, pues no se encontró la prueba de la responsabilidad, por lo que el fallador llega a su comprobación a través de “inducciones” que lo llevan a la errada convicción de dar por intencional la conducta juzgada.
Termina advirtiendo que por tratarse de una “falencia probatoria” que afecta la estructura básica del proceso y que atañe también al derecho de defensa, por no investigarse los aspectos favorables, no es otra la solución que anular la actuación a partir del momento en que las pruebas que se extrañan dentro del expediente hubieran surtidos sus efectos, dándose con ello la oportunidad de “configurar la integralidad de la investigación”.
De manera subsidiaria, en caso de que no se acojan las pretensiones del anterior, invoca la demandante la causal primera de casación, por estimar que en la sentencia se violó de manera directa una norma de derecho sustancial, por falta de aplicación de los artículos 1° y 2° del C. P, e indebida aplicación de los artículos 23 y 219, ibidem.
Dice que dentro de las funciones del cargo de escribiente del Juzgado 1° Civil del Circuito de Ciénaga, que desempeñaba su defendida al momento de los hechos, no estaba la de firmar los oficios de desembargo con destino al Registrador de Instrumentos Públicos, según lo explicó en la indagatoria, la que fue desatendida por el Tribunal, al punto que procedió a impartir confirmación a la sentencia.
No obstante lo anterior, agrega, el juzgador encuadró ilegítimamente su conducta en el tipo penal aludido, imponiéndole la sanción del artículo 219 del C. penal, condenando a la acusada “por un comportamiento que no está expresamente descrito como delito y que por tanto no es típico”.
La firma de los oficios no se encontraba señalada como acto propio de sus funciones, así ocasionalmente lo hubiera hecho, por ello al condenarla por el delito consagrado en el artículo 219 del C. P., se incurrió en una equivocación.
Pide, en consecuencia, que se case la sentencia y se absuelva a su defendida.
Como subsidiaria de las anteriores censuras, la demandante acusa la sentencia de violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho por falso juicio de identidad, al haberse distorsionado el sentido objetivo de la prueba, lo que condujo a la falta de aplicación del artículo 254 del C. de P. P. y a la aplicación indebida de los artículos 2°, 3° y 219 del C. P.
En desarrollo del cargo, confronta la afirmación del sentenciador de que no hay prueba que indique que actuó amparada en un error, con la versión de la procesada, quien dijo expresamente que todo se debió a una “confusión”, transcribiendo apartes de la indagatoria, lo que complementa con copia de un fragmento del testimonio del señor Jairo Barreneche Zawady, el que, en su criterio, corrobora la versión de la procesada sobre la insistencia de los interesados para que les entregaran el oficio de desembargo del inmueble de propiedad de Rafael Pinto.
Anota que la acusada fue repetitiva en explicarle a la justicia que se trató de un error, lo que fue corroborado por su jefe inmediato, señor Barreneche.
Por lo tanto, sostiene que no existe correspondencia entre lo que se consigna en la sentencia y lo que revela la prueba, lo que condujo a la indebida aplicación de los artículos 2° y 23 del C. P., y, en consecuencia, a que se le impusiera “injustificadamente” la sanción contemplada en el artículo 219 del C. P., por lo que pide que se case la sentencia y se absuelva a su defendida.
La demanda de casación presentada por la defensora del sentenciado, no reúne los requisitos de claridad y precisión que estatuía el numeral 3° del artículo 225 del Decreto 2700 de 1991, subrogado por el 8° de la ley 553 de 2000, vigente para la época.
Ante todo, debe recordarse que el libelo no se debe confundir con un alegato de instancia, en el que de manera libre y caprichosa se pueda hacer toda clase de cuestionamientos a una sentencia que por ser la culminación de todo un proceso, viene amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, sino que debe ser un escrito claro, lógico y sistemático que busca restaurar la legalidad del fallo, por lo que sólo es procedente denunciar los errores de juicio o de procedimiento cometidos por el fallador, al tenor de las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley, demostrarlos y evidenciar su trascendencia.
Entre los desatinos, que impiden la admisión del libelo, se destacan los siguientes:
En cuanto al primer cargo que postula por vulneración del principio de investigación integral, no demuestra la trascendencia de la omisión probatoria que reclama, esto es, de qué manera al haberse practicado las pruebas echadas de menos hubiera cambiado el sentido del fallo, de manera favorable a la procesada, siendo del caso reiterar que cuando se denuncia quebrantamiento de esta garantía, no basta con indicar cuáles fueron los medios de convicción que no se adujeron, sino que se debe mostrar su pertinencia, conducencia y utilidad y, particularmente, su trascendencia, que no emana de la prueba en sí misma considerada, sino de su confrontación lógica con los medios que sustentaron el fallo, de manera que se evidencie que de haberse allegado el sentido de éste hubiera sido diferente.
En cuanto al segundo cargo es necesario recordarle a la casacionista que cuando se opta por la vía directa es necesario aceptar los hechos tal como fueron plasmados en la sentencia y las pruebas tal como fueron apreciadas y valoradas por el sentenciador, siendo el cuestionamiento exclusivamente jurídico.
Este parámetro no fue respetado por la censora quien dedica el desarrollo a oponerse a la credibilidad que le fue negada a la indagatoria de la acusada, en cuanto afirmó que entre sus funciones no estaba la de elaborar oficios y sin que tampoco demuestre que normativamente era así.
Por otra parte, no se entiende ni explica por qué la conducta imputada sea atípica.
En cuanto al tercer cargo que postula por error de hecho por falso juicio de identidad, no lo demuestra, como quiera que no evidencia que el contenido material de la indagatoria de la procesada y la declaración del señor Jairo Barreneche hayan sido falseados, en forma tal que no haya correspondencia entre lo que dijeron y lo que sentenciador consideró que su texto rezaba, sino que todo el desarrollo lo limita a oponerse a la credibilidad que le fue negada a la primera y a las conclusiones probatorias que dedujo el sentenciador, en el sentido de que actuó dolosamente y no por un simple error, sin percatarse que esa discrepancia no configura desatino demandable en casación, prevaleciendo el criterio del sentenciador, por llegar la sentencia a esta sede amparada por la doble presunción de acierto y legalidad.
Frente a los anotados yerros de la demanda, se impone su inadmisión, de acuerdo con lo que disponía el artículo 226 del Decreto 2700 de 1991, subrogado por el 9° de la ley 553 de 2000, pues la Corte, en acatamiento al principio de limitación, no puede corregirlos.
INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de La procesada RITA MARÍA CEBALLOS RUIZ. En consecuencia, se declara desierto el recurso interpuesto.
Contra esta decisión no procede ningún recurso, conforme a lo que disponían los artículos 226, subrogado por el 9° de la ley 553 de 2000, y 197 del C. de P. P., (Decreto 2700 de 1991, aplicable a este caso).
ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
MARINA PULIDO DE BARON YESID RAMÍREZ BASTIDAS