Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0154_ES.html
Timestamp: 2020-02-17 23:45:19
Document Index: 72017683

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 18', 'Artículo 2', 'Artículo 8']

Ciclo relativo al documento : B9-0154/2019
<TitreSuite>tras las preguntas con solicitud de respuesta oral B9-0052/2019 y B9-0053/2019</TitreSuite>
<Titre>sobre la búsqueda y el salvamento en el Mediterráneo</Titre>
Resolución del Parlamento Europeo sobre la búsqueda y el salvamento en el Mediterráneo
– Vista la Convención de Ginebra de 1951, en particular su artículo 33, el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM), el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS) y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979 (SAR) en su versión modificada, así como las resoluciones correspondientes de la Organización Marítima Internacional (OMI), en particular la Resolución MSC.167(78), de 20 de mayo de 2004, sobre las directrices relativas al trato de personas rescatadas en el mar,
– Vista la comunicación conjunta del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos; el experto independiente sobre la situación de los derechos humanos y la solidaridad internacional; el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes; el relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y el relator especial sobre trata de personas, especialmente mujeres y niños, de 15 de mayo de 2019 (AL ITA 4/2019),
– Vista la posición sobre las devoluciones a Libia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de septiembre de 2018,
– Visto el informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados en Libia, de 20 de diciembre de 2018,
– Visto el Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, de 26 de agosto de 2019,
– Vista la Recomendación del Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, de junio de 2019, titulada «Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean» (Vidas salvadas. Derechos protegidos. Salvando la brecha de protección de refugiados y migrantes en el Mediterráneo),
– Vista la petición hecha el 7 de octubre de 2019 por el Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos de medidas más decididas para proteger los derechos humanos y la dignidad de todos los migrantes en el Mediterráneo,
– Visto el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vista la Declaración común de intenciones, de 23 de septiembre de 2019, sobre un procedimiento de emergencia controlado - Compromisos voluntarios de los Estados miembros para un mecanismo transitorio predecible de solidaridad (por Alemania, Francia, Italia, Malta y XXX en presencia de la Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión),
– Visto el Informe sobre los derechos fundamentales de 2019 elaborado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su actualización de junio de 2019 titulada «NGO ships involved in search and rescue in the Mediterranean and criminal investigations» (Buques de ONG en operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo e investigaciones penales),
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración[1],
– Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre cómo conseguir que funcione la reubicación[2],
– Vista su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los avances con respecto al pacto mundial de las Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regular y al pacto mundial de las Naciones Unidas sobre los refugiados[3],
– Vista su Resolución de 5 de julio de 2018 sobre directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda humanitaria[4],
– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017[5],
– Vista la actualización de 2018 de su estudio de 2016 «Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants» (La Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y la penalización de la asistencia humanitaria a los migrantes irregulares),
– Vista la Audiencia sobre «Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo» de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, del 3 de octubre de 2019,
– Vistas las preguntas al Consejo (O-000024/2019 – B9‑0052/2019) y a la Comisión (O-000025/2019 – B9‑0053/2019) sobre búsqueda y salvamento en el Mediterráneo,
A. Considerando que, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que en 2019 hasta la fecha 933 personas han muerto o han desaparecido en el Mediterráneo en ruta hacia Europa; que el número de muertes en el Mediterráneo está en disminución desde 2015 (3 771 en 2015, 2 277 en 2018); que, según el ACNUR, a pesar de la significativa caída de las llegadas (141 472 en 2018 frente a 1 032 408 en 2015), la ruta de Libia a Europa sigue siendo la ruta de migración en la que se producen más muertes en todo el mundo (646 muertes hasta la fecha en 2019) y se produjeron en ella cinco veces más muertes en 2018 que en 2015, a causa, en particular, de la reducción de las actividades de búsqueda y salvamento en aguas libias;
B. Considerando que muchas personas vulnerables, como las mujeres y los menores no acompañados, se encuentran entre quienes tratan de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo; que muchas de ellas corren peligro de ser víctimas de tráfico y explotación, por lo que necesitan protección inmediata (el porcentaje de menores no acompañados que han llegado por la ruta del Mediterráneo central en los pasados cinco años se ha mantenido inalterado en el 15 %, mientras que este año han llegado a las costas italianas 1 100 menores no acompañados);
C. Considerando que el salvamento de vidas es un acto de solidaridad para con las personas que se encuentran en peligro, pero ante todo es una obligación legal con arreglo al Derecho internacional, ya que el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ratificada por todos los Estados miembros y por la propia Unión Europea, exige que se preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar[6], y también con arreglo al Derecho de la Unión;
D. Considerando que el artículo 19, apartado 2, letra g), de la CNUDM, leído en combinación con su artículo 17, dispone que se considerará que un buque extranjero tiene derecho de paso inocente a través del mar territorial de los Estados Partes de la Convención y que el paso de un buque extranjero se considerará perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño si ese buque realiza, en el mar territorial, actividades de embarque o desembarque de cualquier producto, moneda o persona, en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribereño;
E. Considerando que el Derecho internacional del mar y el Derecho marítimo obligan a los Estados a tomar medidas preventivas, de alerta rápida y de respuesta para reducir el riesgo de muerte en el mar, entre otros medios, con unos servicios adecuados y eficaces de búsqueda y salvamento; que el Derecho europeo en materia de derechos humanos obliga a los Estados a desempeñar obligaciones positivas en lo relativo a la salvaguarda de la vida de las personas que están bajo su jurisdicción y a tomar medidas preventivas para conjurar riesgos reales e inmediatos para la vida humana;
F. Considerando que si el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCSM) encargado de la región SAR de búsqueda y salvamento no asume la responsabilidad de una operación, incluidos los casos en los que esto sea sistémico, las directrices de 2004 de la Resolución MSC de la OMI relativas al trato de personas rescatadas en el mar consideran responsable al centro de coordinación de salvamento que reciba la alerta en primer lugar;
G. Considerando que el Derecho marítimo internacional[7] y el Derecho internacional en materia de derechos humanos y asimismo el Derecho de la Unión establecen la obligación de desembarcar a las personas rescatadas en un lugar seguro[8]; que el Derecho de la Unión define «lugar seguro» como un lugar en el que se considera que finaliza una operación de salvamento y donde la seguridad de la vida de los supervivientes no está amenazada, donde pueden satisfacerse sus necesidades humanas básicas y encontrarse medios de transporte para su traslado a su destino próximo o final, teniendo en cuenta la protección de sus derechos fundamentales de conformidad con el principio de no devolución[9];
H. Considerando que todos los buques que operan en el Mediterráneo, incluidos los dedicados a intervenciones de salvamento, tienen la obligación de respetar los convenios internacionales y otras leyes nacionales pertinentes;
I. Considerando que el Consejo no está examinando actualmente ningún mecanismo predecible de desembarque y reubicación, a pesar de los anuncios hechos en julio de 2019, tras una reunión de alto nivel en París, de que 14 Estados miembros habían acordado un nuevo «mecanismo de solidaridad» propuesto por Alemania y Francia, en relación con el cual se celebró otra reunión de alto nivel el 23 de septiembre en Malta; que la declaración común emitida tras dicha reunión destaca el compromiso de los Estados miembros firmantes con un mecanismo temporal de solidaridad más previsible y eficiente para garantizar el desembarque digno en un lugar seguro de los migrantes salvados en alta mar por buques; que el mecanismo sería válido por seis meses, renovables mediante un nuevo acuerdo; que la declaración no establece un sistema de cooperación en materia de búsqueda y salvamento entre los Estados miembros participantes; que el Parlamento no ha participado en estos debates;
J. Considerando que la Decisión Marco 2002/946/JHA destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares establece normas mínimas relativas a las sanciones penales por proporcionar ayuda a la entrada irregular, tal como se definen en la Directiva 2002/90/CE del Consejo, aunque dicha ayuda no se haya prestado con ánimo de lucro, y amplía las normas al tránsito irregular, a los instigadores y a los cómplices; que el patrón del buque y su tripulación no deben verse expuestos a que se les impongan condenas penales por el mero hecho de haber rescatado a personas que se hallen en peligro en el mar y haberlas trasladado a un lugar seguro[10];
K. Considerando que, en su Resolución de 5 de julio de 2018 sobre directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda humanitaria, el Parlamento señaló que la excepción relativa a la ayuda humanitaria debía aplicarse como un impedimento para la acción penal, con el fin de garantizar que esta no se dirija contra personas ni organizaciones de la sociedad civil que ayuden a los migrantes por motivos humanitarios, e instaba a la Comisión a adoptar unas directrices para los Estados miembros que especificaran qué formas de ayuda no debían penalizarse; que la penalización podría inducir a patrones de buques privados a no prestar ayuda; que diez ONG/buques/personas están siendo objeto de investigación penal por salvar vidas; que las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo fueron nombradas candidatas al Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2018;
L. Considerando que desde el final de la operación Mare Nostrum el 31 de octubre de 2014 ningún Estado ha llevado a cabo de forma proactiva operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo central;
M. Considerando que, el 26 de septiembre de 2019, el Consejo amplió el mandato de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA hasta el 31 de marzo de 2020, pero como ya ocurriera con la anterior ampliación del mandato, limitándola a las operaciones aéreas, mientras que quedaron suspendidas las operaciones marítimas (buques);
N. Considerando que Frontex está ejecutando actualmente en el Mediterráneo las operaciones Themis (en apoyo de Italia en el Mediterráneo central), Poseidón (en apoyo de Grecia en las fronteras marítimas de Grecia con Turquía e Indalo (en apoyo de España en el Mediterráneo occidental); que 37 439 personas fueron salvadas en 2018 en operaciones de búsqueda y salvamento con participación directa de recursos de Frontex; que en el total de las operaciones conjuntas de búsqueda y salvamento desarrolladas por Frontex en 2019 hasta la fecha han sido salvados 25 982 migrantes, de los que 1 582 lo han sido en el Mediterráneo central; que Frontex admite que la mayoría de los incidentes de búsqueda y salvamento se producen fuera del área de operaciones de la operación conjunta Themis;
O. Considerando que los migrantes han supuesto un negocio rentable para pasadores de fronteras y traficantes de personas; que los modelos de negocio de estos últimos se han mostrado muy reactivos a la evolución de la situación en tierra y en el mar; que es importante que la Unión intensifique la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes;
P. Considerando que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos son fenómenos diferenciados que se abordan mediante marcos jurídicos distintos a escala de la Unión e internacional; que la trata de seres humanos implica la captación, el transporte o la recepción de una persona por medios violentos, engañosos o abusivos para fines de explotación, mientras que el tráfico ilícito de migrantes, según el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes de las Naciones Unidas[11], supone la contratación, con miras a obtener, de manera directa o indirecta, un beneficio material económico o de otro tipo, de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del que la persona no es nacional o residente permanente;
Q. Considerando que las autoridades libias notificaron a la Organización Marítima Internacional una zona de búsqueda y salvamento libia en junio de 2018; que, según la Comisión[12], la guardia costera libia sigue interceptando o rescatando a un gran número de personas en el mar (alrededor de 15 000 en 2018); que en varias ocasiones el Centro Conjunto de Coordinación de Salvamento en Libia no ha cumplido plenamente sus obligaciones en virtud del Derecho marítimo internacional para coordinar las operaciones de rescate, a menudo no responde a las llamadas de socorro, ha impedido a buques de ONG salvar vidas y ha puesto vidas en peligro al rescatar o interceptar personas en el mar[13]; que recursos de Frontex han transmitido información al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo libio sobre personas en peligro en el mar;
R. Considerando que las personas interceptadas por la guardia costera libia son transferidas a centros de detención donde quedan expuestas sistemáticamente a detenciones arbitrarias en condiciones inhumanas, y en los que son habituales la tortura y otros malos tratos, incluida la violación, así como los asesinatos arbitrarios y la explotación; que el ACNUR considera que Libia no cumple los criterios para su designación como lugar seguro para fines de desembarque a raíz de operaciones de salvamento marítimo;
S. Considerando que, a raíz del cierre de algunos puertos mediterráneos, la Comisión ha coordinado un modelo de desembarques ad hoc y reubicación voluntaria; que, desde principios de 2019, han desembarcado en Malta 620 personas y 718 en Italia; que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) ha respaldado doce operaciones de desembarque y de reubicación subsiguiente en Italia y Malta; que la gran mayoría de las personas desembarcadas solicitan protección internacional y muchas de ellas son personas vulnerables, por ejemplo mujeres y menores no acompañados que necesitan protección inmediata;
T. Considerando que unas 100 ciudades y municipios de toda Europa han expresado su voluntad de acoger refugiados más allá de las cuotas nacionales de reubicación establecidas;
U. Considerando que, en virtud del Reglamento (UE) 2018/2000[14], los Estados miembros deben volver a comprometer o transferir al menos el 20 % de los importes destinados a apoyar la aplicación de las decisiones de reubicación a acciones en el marco de programas nacionales, para el traslado de solicitantes de protección internacional o de beneficiarios de protección internacional y el reasentamiento u otras formas de admisión humanitaria ad hoc, así como las medidas preparatorias para el traslado de solicitantes de protección internacional tras su llegada a la Unión, también por mar, o para el traslado de beneficiarios de protección internacional;
V. Considerando que, en su Resolución de 12 de abril de 2016 sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración, el Parlamento considera esencial que la Unión dé una respuesta duradera, firme y eficaz a las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar para evitar un aumento del número de víctimas entre los migrantes que intentan atravesar el mar Mediterráneo; que deben crearse vías legales y seguras para reducir la migración irregular y el número de víctimas mortales en el Mediterráneo;
W. Considerando que, en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los avances con respecto al pacto mundial de las Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regular y al pacto mundial de las Naciones Unidas sobre los refugiados, el Parlamento pedía que se desarrollen mayores capacidades de búsqueda y salvamento para las personas que se encuentran en peligro, que todos los Estados desplieguen mayores capacidades y que se reconozca el apoyo prestado por los agentes privados y las ONG en las acciones de rescate en mar y tierra;
1. Recuerda la obligación, en virtud del Derecho internacional del mar, de asistir a las personas en peligro y pide a todos los Estados miembros, individualmente y cuando actúen como Estados miembros de la Unión o en los foros internacionales pertinentes, que respeten plenamente las normas pertinentes del Derecho internacional y de la Unión; pide a todos los buques que realicen operaciones de búsqueda y rescate que cumplan las instrucciones facilitadas de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión pertinente por el centro de coordinación de salvamento competente y que cooperen con las autoridades de los Estados miembros y con Frontex a fin de salvaguardar la seguridad de los migrantes;
2. Pide a los Estados miembros de la Unión que mejoren las operaciones proactivas de búsqueda y salvamento destinando suficientes buques y equipos dedicados específicamente a operaciones de búsqueda y rescate, así como personal, en las rutas en las que puedan contribuir realmente a salvar vidas, ya sea en el marco de una operación coordinada por Frontex o en operaciones internacionales o en operaciones nacionales o regionales independientes, preferiblemente de carácter civil; pide a la Comisión que apoye estas iniciativas política y económicamente; pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de todos los buques que puedan ayudar en las operaciones de búsqueda y salvamento, incluidos los buques de ONG; considera que los buques de ONG y la marina mercante no deben sustituir el debido cumplimiento, por parte de los Estados miembros y de la Unión, de sus obligaciones en materia de búsqueda y salvamento como parte de un enfoque estructural y coordinado a más largo plazo;
3. Pide a los Estados miembros y a Frontex que redoblen sus esfuerzos en apoyo de las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, y expresa su satisfacción por el gran número de personas que ha rescatado Frontex en 2018 y 2019; lamenta que esta contribución positiva a las actividades de búsqueda y salvamento no sea suficiente para reducir de manera considerable el número de víctimas mortales en el Mediterráneo;
4. Pide a todos los agentes del Mediterráneo que transmitan proactivamente información relativa a las personas en peligro en el mar a las autoridades competentes de las operaciones de búsqueda y salvamento, y, cuando proceda, a cualquier buque que pueda encontrarse en las inmediaciones y que pueda participar de forma inmediata en la búsqueda y el salvamento;
5. Pide a Frontex que mejore significativamente la información disponible acerca de sus actividades operativas en el mar y que ponga a disposición pública información precisa y completa relativa a sus actividades en el mar, reconociendo al mismo tiempo su obligación jurídica de no revelar información operativa que «pudiera poner en peligro la consecución del objetivo de las operaciones»[15]; pide a Frontex que cumpla sus obligaciones específicas de notificación en el marco del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, entre ellas, dar cuenta periódicamente de sus actividades a los diputados al Parlamento, ante el que es responsable, con información detallada y, cuando sea necesario, en un contexto no público; destaca especialmente, por ello, la necesidad de una información más detallada tras las operaciones; pide a Frontex que publique información sobre su cooperación con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Trípoli y con la guardia costera libia; considera que es necesaria una política de información más proactiva sobre sus operaciones en el mar a fin de permitir el control público y, con ello, proteger a la Agencia de acusaciones infundadas; toma nota, en este contexto, del recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto T-31/18[16]; lamenta, en especial, que el informe que Frontex debe presentar en virtud del Reglamento (UE) n.º 656/2014 sobre «la aplicación práctica del presente Reglamento», y que hasta el momento está disponible únicamente para 2014, 2015, 2016 y 2017 en su sitio web, apenas proporcione información concreta que permita una evaluación adecuada de las actividades de la Agencia en el mar;
6. Recuerda que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones incluidas en los artículos 1 y 2 de la Directiva 2002/90/CE sean castigadas con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias que puedan tener como consecuencia la extradición;
7. Reitera su llamamiento a la Comisión para que a más tardar a finales del presente año adopte directrices para los Estados miembros en las que especifique qué formas de asistencia no deben tipificarse como delito, a fin de garantizar una mayor coherencia en la regulación penal de la facilitación en todos los Estados miembros y limitar la criminalización injustificada;
8. Pide a la Comisión que examine si las medidas adoptadas por algunos Estados miembros de conformidad con su legislación nacional a fin de impedir que las naves de rescate entren en sus aguas territoriales sin autorización previa se ajustan a la legislación de la Unión en materia de asilo y al artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales, a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención de Ginebra;
9. Pide a los Estados miembros que mantengan abiertos sus puertos a los buques de ONG;
10. Pide a la Comisión que comparta información exhaustiva y datos sobre el nivel de apoyo brindado a través de la financiación de la Unión y de los Estados miembros a las guardias de fronteras y costas de terceros países, incluidos Libia, Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos, no solo por medio de transferencias directas sino también asistencia material, técnica y de formación, también como parte de las actividades de las agencias de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen las acusaciones de graves violaciones de los derechos fundamentales por parte de la guardia costera libia y que pongan fin a la cooperación en caso de graves violaciones de los derechos fundamentales sufridas por personas interceptadas en el mar a raíz del envío de información por parte de recursos de la Unión a la guardia costera libia; apoya, en este sentido, las recomendaciones del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa de que se examinen con carácter de urgencia todas las actividades y prácticas de cooperación con la guardia costera libia, se determine cuáles de ellas repercuten, directa o indirectamente, en el retorno de las personas interceptadas en el mar a graves violaciones de los derechos humanos, y se suspendan hasta que se den garantías claras sobre el respeto de los derechos humanos;
11. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a Frontex que garanticen que el desembarque se produce solo en un lugar seguro con arreglo al Derecho internacional y de la Unión, y que se abstengan de impartir instrucciones a los capitanes de buques que puedan, de manera directa o indirecta, conducir a un desembarque de personas rescatadas en un lugar no seguro;
12. Pide a los Estados miembros que procedan rápidamente a la evacuación de los centros de detención en Libia y trasladen a los migrantes, también a la Unión;
13. Reitera que las vías seguras y legales son la mejor manera de evitar la pérdida de vidas, e insta a los Estados miembros a que apoyen plenamente las operaciones de evacuación del ACNUR en Libia y a que intensifiquen las medidas de reasentamiento y a que creen corredores humanitarios hasta la Unión;
14. Pide a la Comisión que empiece a trabajar inmediatamente en un nuevo enfoque, más sostenible, fiable y permanente, para las operaciones de búsqueda y salvamento, para sustituir a las soluciones ad hoc actuales, que desarrolle un plan de acción operativo específico para evaluar y responder a las necesidades y capacidades de búsqueda y salvamento, y proporcionar material y apoyo económico a los Estados miembros a fin de mejorar su capacidad de salvar vidas en el mar y de coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento;
15. Pide al Consejo que presente rápidamente una posición sobre un mecanismo de distribución justo y sostenible para las personas rescatadas en el mar o que hayan llegado independientemente a la Unión, y que entable negociaciones con el Parlamento como colegislador; celebra los resultados de la reunión ministerial celebrada en Malta en relación con el desarrollo de un mecanismo temporal de solidaridad más previsible y eficiente;
16. Pide a la Comisión que incluya un mecanismo de reubicación justo y sostenible para las personas que llegan por mar en el relanzamiento previsto de la reforma de las normas en materia de asilo;
17. Pide a los futuros comisarios responsables de las cuestiones que se abordan en el presente texto que informen sobre los acontecimientos posteriores pertinentes a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a más tardar a principios de 2020;
18. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros y a sus Parlamentos nacionales, a Frontex, a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), a Europol, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a las ONG que llevan a cabo actividades de búsqueda y salvamento.
[1] DO C 58 de 15.2.2018, p. 9.
[2] DO C 307 de 30.8.2018, p. 137.
[3] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0118.
[4] Textos Aprobados, P8_TA(2018)0314.
[5] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
[6] Véanse asimismo las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1974 (CNUDM), el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979 (SAR) y el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989.
[7] Anexo al Convenio SAR de 1979 (en su versión modificada en 1998), punto 1.3.2.
[8] Reglamento (UE) n.º 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea.
[9] Artículo 2, apartado 12, del Reglamento (UE) n.º 656/2014.
[10] Considerando 14 del Reglamento (UE) n.º 656/2014 de la Comisión (DO L 189 de 27.6.2014, p. 93).
[11] Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000).
[13] Recomendación del Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos titulado «Lives saved. Rights protected – Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean» (Vidas salvadas. Derechos protegidos – Salvando la brecha de protección de refugiados y migrantes en el Mediterráneo), p. 21.
[14] Reglamento (UE) 2018/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 del Consejo, o a la asignación de esos importes a otras acciones en el marco de los programas nacionales, DO L 328 de 21.12.2018, p. 78.
[15] Artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 16.9.2016, p. 1).
[16] Recurso interpuesto el 20 de enero de 2018 – Izuzquiza y Semsrott / Frontex, en el asunto T-31/18.