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Timestamp: 2019-11-18 03:14:21
Document Index: 364051913

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 129', 'artículo 17', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 97', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 3']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 861, de 08/07/2015
cve: DSCD-10-CO-861
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 861
Sesión núm. 40 (extraordinaria)
- Proyecto de ley de sociedades laborales y participadas. (Número de expediente 121/000156) ... (Página2)
- Proyecto de ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. (Número de expediente 121/000157) ... (Página2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por las ponencias sobre:
- Proyecto de ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. (Número de expediente 121/000157) ... (Página9)
Se abre la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.
- PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS. (Número de expediente 121/000156).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA Y ACTUALIZA LA NORMATIVA EN MATERIA DE AUTOEMPLEO Y SE ADOPTAN MEDIDAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL. (Número de expediente 121/000157).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social que, como ustedes saben, consta de un orden del día con dos proyectos de ley que vamos a debatir: en primer lugar, el proyecto de ley de sociedades laborales y participadas y, en segundo lugar, el proyecto de ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. (Rumores). Salvo que haya alguna intervención en sentido contrario, ratificamos por asentimiento las ponencias de ambos proyectos. (Asentimiento.-Rumores).
Señorías, ruego silencio. No sé si son conscientes de que una parte de ustedes me solicitan que seamos ágiles y rápidos para que puedan intentar regresar hoy a sus casas y eso supone tiempo. Si todos estamos alborotados, es más difícil razonar y utilizar el tiempo de una forma lógica. Les ruego que hagan un esfuerzo y contribuyan para que quien tiene que intervenir lo pueda hacer razonablemente y quien tiene que regresar a casa lo haga hoy, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Dicho esto, abordamos el punto 3.º del orden del día, que es el debate del proyecto de ley de sociedades laborales y participadas, no sin antes saludar a los representantes del mundo de las sociedades laborales, entre otros, a nuestro viejo conocido y amigo don Francisco Abad y a quienes le acompañan, a los que damos la bienvenida.
¿El Grupo Parlamentario Socialista quiere defender en primer lugar sus enmiendas? (La señora Rodríguez Barahona: Sí, señor presidente). Doña María Teresa Rodríguez Barahona tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Señorías, como con seguridad todos ustedes conocen, en marzo de 2011 la Ley 5/2011, de Economía Social, en su disposición adicional séptima estableció el programa de impulso de las entidades de economía social. En concreto, en su apartado segundo mandataba al Gobierno para que, previa consulta a las entidades representativas de la economía social, del Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las comunidades autónomas, remitiera a las Cortes un proyecto de ley que actualizase y revisase la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales. Han transcurrido más de cuatro años y hoy, in extremis y por el procedimiento de urgencia propuesto de nuevo por el Gobierno, damos trámite al proyecto de ley mandatado por esta Cámara. Nuestro grupo, además de dejar constancia de esta crítica ante este modus operandi del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular en este fin de legislatura, quiere poner de manifiesto en todo caso su compromiso con un sector de nuestra economía que consideramos extraordinariamente valioso. Las características que definen la economía social -primacía de los trabajadores y consumidores, compromiso con el desarrollo local, la cohesión, la sostenibilidad- constituyen un importantísimo capital ético para nuestra sociedad, especialmente en momentos de crisis en los que se han demostrado sus capacidades y su opción de futuro. El Partido Socialista Obrero Español siempre ha apostado y sigue apostando, promoviendo y apoyando las iniciativas que la potencian. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo seguiremos haciendo desde la búsqueda del consenso con las entidades representativas de la economía social, los agentes sociales y, en el ámbito parlamentario, con los grupos de esta Cámara. En las dos últimas legislaturas del Gobierno socialista -concretamente, del presidente Rodríguez Zapatero- las leyes específicas que se aprobaron -el Estatuto del trabajo autónomo, la Ley de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos y la Ley de empresas de inserción- fueron aprobadas por unanimidad. Fue un esfuerzo de diálogo y generosidad del Gobierno y también, lógicamente, de los grupos parlamentarios; un esfuerzo de diálogo que mi grupo mantiene en esta legislatura.
Centrándonos ya en el contenido del proyecto de ley, permítanme una rapidísima referencia de contexto para explicar la realidad de las sociedades laborales en nuestro país. Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de los que disponemos, correspondientes a marzo de 2015, en España existían en ese momento 10.800 sociedades laborales con 65.309 personas empleadas. Son cifras ligeramente inferiores a las reflejadas en el dictamen del Consejo Económico y Social que se refiere a diciembre de 2014, lo que pone de manifiesto que hasta el primer trimestre de 2015, por lo menos, las sociedades laborales también han sufrido las consecuencias de la profunda crisis económica. No obstante, hay que señalar que durante dicho período de crisis las sociedades laborales registraron seis puntos menos de destrucción de empleo que el conjunto de las empresas tradicionales y que los índices de mortalidad de las sociedades laborales son menores que el resto de las formas sociales. Por dar la última cifra de la que disponemos, referida en concreto al ejercicio fiscal de 2012, las sociedades laborales españolas facturaron en ese ejercicio -hay que resaltar que era un momento de crisis económica profunda- 8.594 millones de euros. Desde el conocimiento y el reconocimiento de la importante función que desarrollan las sociedades laborales, impulsar su crecimiento es un objetivo que nuestro grupo comparte con las entidades representativas del sector. Por ello, partimos de un consenso básico respecto del contenido del proyecto de ley. En consecuencia, aun reconociendo que no es, si me permiten la expresión, nuestro proyecto, no presentamos enmienda en el trámite de totalidad, pero sí hemos presentado enmiendas parciales que recogen cuestiones importantes que consideramos necesarias para mejorar y ajustar el proyecto de ley al objetivo indicado, es decir, impulsar el crecimiento y el fortalecimiento de las sociedades laborales. Hemos presentado seis enmiendas en total y afectan a tres líneas de acción específicas: beneficios fiscales regulados en el artículo 17 del proyecto, enmiendas 7 y 8; sociedades participadas, capítulo III, enmiendas 9, 10 y 12, y encuadramiento de los socios trabajadores en el sistema de Seguridad Social regulados en la disposición final primera, enmienda 11.
En materia fiscal, la enmienda 7 recoge los requisitos para el acceso a los beneficios fiscales establecidos en el artículo 17, flexibilizando la calificación de la sociedad como laboral y así facilitar dicho acceso, siempre que el momento del hecho causante cumpla los requisitos para ser calificada como tal. La enmienda 8 introduce una interesante mejora en el régimen fiscal establecido en el proyecto de ley, ya que siendo el objeto fundamental de este tipo de empresas que los trabajadores sean propietarios de las mismas y dado que la disponibilidad de liquidez para poder adquirir acciones o participaciones constituye la mayor dificultad para el acceso de los trabajadores al capital social, se propone en nuestra enmienda una nueva regulación dirigida a favorecer, mediante incentivos en el impuesto de sociedades, su incorporación como socios trabajadores de la sociedad laboral, destinando a dicho fin parte de los excedentes empresariales. Eso por una parte. Por otra parte, considerando que la situación de dichas empresas, en un 90% de reducida dimensión, tampoco les permite disponer con cargo a un único ejercicio de recursos suficientes para la puesta en práctica de un plan de entrega de acciones o participaciones a sus trabajadores, la enmienda propone que la sociedad pueda aminorar en cada ejercicio de la base imponible del impuesto de sociedades el importe de la dotación que se efectúe a un fondo de reserva destinado a dicha finalidad. Nuestra enmienda número 9 es contundente y propone la supresión del capítulo III del proyecto, bajo el epígrafe sociedades participadas por los trabajadores. Pedimos la supresión del capítulo III porque el proyecto de ley, a pesar de denominarse de sociedades laborales y participadas y de recoger en su exposición de motivos su vocación de regular -hay que resaltarlo también- por primera vez en el ordenamiento jurídico español las sociedades participadas con argumentos y compromisos vinculados a las recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo, que mi grupo comparte, en su pretendida regulación en el capítulo III, de solo tres artículos, no contempla los aspectos fundamentales que permitan la identificación de estas sociedades, ni recoge los principios de democracia y transparencia como garantía mínima de seguridad de los trabajadores y su incorporación a estas sociedades y de las que se derivaría su calificativo de participadas. En resumen, no establece los aspectos básicos a incluir en una norma de rango legal que permitiría su posterior desarrollo reglamentario, tal como establece la disposición final quinta, que nuestro grupo en la enmienda 12, y en consecuencia con lo señalado, también propone modificar.
Pero siendo importantes todas estas razones, para nuestro grupo es determinante que dicha pretendida regulación no es fruto del diálogo y el consenso con los interlocutores sociales, tan necesario para regular
las sociedades participadas en las que la participación de los trabajadores en las empresas y de sus representantes legales se erigen como el elemento esencial de su configuración. El Grupo Socialista quiere dejar clara constancia de que considera necesaria la regulación de las sociedades participadas, pero a partir de una normativa mucho más completa y precisa que la que plantea el proyecto de ley y, en todo caso, resultado de un proceso de diálogo y consenso con los interlocutores sociales. Por ello, en la enmienda número 10 proponemos una disposición adicional nueva, en la que se mandata al Gobierno para que, previo consenso alcanzado en el seno del diálogo social, envíe a esta Cámara un proyecto que regule las sociedades participadas por los trabajadores, en el que se defina, entre otros elementos esenciales de su configuración, su concepto, la determinación de sus principios y fines, el régimen de participación de los socios trabajadores en el capital y en el derecho de voto, las peculiaridades que pudieran afectar al régimen fiscal y sus posibles beneficios fiscales.
Finalmente, nuestra sexta enmienda, la número 11, de modificación, se refiere al encuadramiento de los socios trabajadores en el sistema de la Seguridad Social, que está regulado en el proyecto en la disposición final primera. La enmienda presentada plantea, por una parte, una estructura más completa para recoger, de forma expresa, todas las situaciones posibles en que se pueden encontrar, a efectos de encuadramiento en el sistema de Seguridad Social, los socios trabajadores de las sociales laborales. Es una enmienda de mejora técnica y clarificadora. Tiene otra parte en donde se aclara y amplía la posibilidad de que incluso cuando los socios trabajadores pertenezcan a sociedades laborales superiores a veinticinco socios, como establece la ley anterior, puedan disfrutar de todos los beneficios de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena, aun cuando formen parte de los órganos de la Administración, siempre que no tengan funciones de dirección y gerencia y no sean retribuidos por el desempeño del cargo.
Señor presidente, señorías, son enmiendas que consideramos que clarifican, mejoran y, en definitiva, potencian el desarrollo de las sociedades laborales, y potencialmente también de las sociedades participadas por los trabajadores de nuestro país, para las que solicitamos el apoyo a los miembros de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por el uso que ha hecho del tiempo, que espero que sea precedente.
A continuación, tiene la palabra la señora Fernández Dávila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA:
Señor presidente, intervengo para dar por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en representación de UPyD, don Rafael Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, mi intervención va a ser muy breve, solo para señalar que las enmiendas que hemos propuesto -que son muy pocas- tenían como objetivo fundamental contribuir a liberalizar o facilitar el desarrollo de las sociedades laborales y participadas. Por eso, creímos importante, además de la enmienda que ya se nos ha dicho que se admite en sus propios términos, presentar una enmienda en la cual pedíamos que la transmisión de las acciones o participaciones se redujese de cinco a tres años, porque entendemos que cinco años obliga a paralizar demasiado tiempo el capital. También, como decimos en nuestra enmienda número 18, considerábamos excesivo que se exigiese que las reservas fueran el doble del capital social. En nuestra opinión, esas enmiendas iban destinadas a eliminar trabas que dificultan el funcionamiento de las sociedades laborales y participadas, porque si la exigencia de mantener reservas del doble del capital social se aplicase a cualquier empresa mercantil, generaría notables problemas. No se nos ha admitido. Lamento que haya sido así, y espero que todavía haya tiempo de rectificación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Joan Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, quiero empezar haciendo un reconocimiento sincero -después lo entenderán- al papel desarrollado en este país por las que en su momento fueron las sociedades anónimas laborales, hoy sociedades laborales y participadas. Han jugado un papel clave desde una perspectiva económica y social; lo hicieron en los momentos más álgidos de las primeras crisis industriales, cuando fueron capaces de encajar una parte de las reconversiones industriales de
muchas empresas y convertir el compromiso de lo que en su momento eran dirigentes sindicales de aquellas empresas en personas que asumían la responsabilidad de dar continuidad a las mismas. En muchos casos lo consiguieron; algunas de ellas aún permanecen vivas y han demostrado que, en ocasiones, cuando el capital privado no es capaz de dar continuidad a una empresa, los trabajadores, debidamente organizados y con buenas dosis y capacidades de gestión, pueden conseguirlo. Además, lo que en su momento fue un planteamiento defensivo de los propios trabajadores para defender sus puestos de trabajo en condiciones en que ni la economía privada ni la actuación del Estado les permitía hacerlo, con el tiempo ha ido madurando y se ha configurado como actuaciones proactivas, que han sido capaces de empezar y poner en marcha proyectos, en algunos casos muy interesantes y en otros casos determinados yacimientos de empleo que no siempre son fáciles. Desde este punto de vista, vaya, pues, nuestro reconocimiento explícito al papel que están jugando las sociedades laborales en la economía de este país. Si en términos económicos cuantitativamente pudiera considerarse que es pequeño por su proporción, en términos sociales, por el simbolismo que representan, es muy importante, sobre todo porque no se les escapará, señorías, que este es uno de los pocos casos en los que el artículo 129 de la Constitución española se ha desarrollado. Me atrevo a decir que es uno de los artículos más vírgenes, pues treinta y siete años después dice que la ley y los poderes públicos promoverán... Y luego dice: establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. ¡Qué radicales fueron nuestros constitucionalistas! Los trabajadores accediendo a los medios de producción. ¡Dónde va a parar una cosa así! Horroroso; qué cosas pensaron. Pues bien, eso está virgen en muchos aspectos; en cambio, las sociedades laborales lo han puesto en marcha.
Dicho esto, quiero constatar que tenemos cierta preocupación por algunos aspectos que plantea este proyecto de ley y que hemos querido plasmar en nuestra enmienda. A ver si somos capaces de explicarnos. Las sociedades laborales tienen sentido en cuanto que son sociedades participadas, controladas y dirigidas por los trabajadores. Es evidente que la realidad requiere elementos de flexibilidad importantes. Por ejemplo, en muchas de estas sociedades se ha visto que es necesario contratar a trabajadores para tareas concretas y por eso esa flexibilidad para hacerlo con trabajadores temporales. En otros casos se ha visto que era necesario establecer que junto a los que participan como propietarios, como accionistas de esa sociedad, podría haber trabajadores que tuvieran una relación estrictamente asalariada y se estableció un límite, pero, claro, ustedes proponen un proyecto de ley en el que ese límite llega al 49% de los trabajadores. La pregunta es la siguiente: ¿Tiene sentido llegar a desvirtuar tanto la naturaleza de una sociedad laboral hasta el punto límite, hasta la frontera en que pudiera ser que la mayor parte de los trabajadores, todos menos uno, no tuvieran esa condición de propietarios, de accionistas? Creo que no, porque, entre otras cosas, eso puede llevar a unas consecuencias negativas, tan negativas como las siguientes, y es que si se articula una fórmula jurídica concreta y se da una regulación específica que facilita la adaptación por el hecho de que los propietarios son trabajadores, si además se da un determinado trato de naturaleza de ayudas fiscales, etcétera, no puede ser que se dé incluso cuando prácticamente va despareciendo la naturaleza de sociedad laboral. Esa es la razón de nuestra enmienda número 3 a la ampliación de hasta el 49% de los trabajadores, que pueden no ser accionistas de la empresa teniendo contrato indefinido. Insisto en esta cuestión. Fíjense si el riesgo es cierto que si se aceptara la enmienda número 15 de Unión Progreso y Democracia -Dios quiera que no sea así-, podría incluso permitirse la entrada de una sociedad de capital riesgo en esas sociedades. ¿Es legítimo que esté en las sociedades de capital riesgo invirtiendo? Sí. ¿En sociedades laborales? Creo que no. ¿Es posible financiación externa de esas sociedades laborales? Por supuesto que sí. ¿Hasta el punto de desvirtuar la naturaleza de las sociedades laborales? No. Llamo la atención sobre esa cuestión porque a veces llega un momento en que la flexibilidad desvirtúa la propia naturaleza de las cosas y en este caso se está empezando a producir. En ese sentido, nos hubiera gustado que el Grupo Parlamentario Popular nos hubiera hecho una propuesta de transacción porque entre el 15 y el 49% hubiera habido un cierto matiz pero, insisto, se han puesto en el límite.
Las otras enmiendas van en una línea parecida y especialmente nuestras enmiendas 4 y 5 tienen como objeto dejar bien claro que, en una mini ley de esta naturaleza, pretender caracterizar las sociedades laborales y participadas sin una descripción correcta y plena sino parcial, con cuatro brochazos que se le dan a esos artículos y sin un previo proceso de concertación social, no nos parece la cosa más oportuna.
Termino como he empezado, con mi reconocimiento pleno y explícito al papel de las sociedades laborales, que espero que continúen siéndolo pero no solo en el nombre, sino en la realidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió, tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, si me permite, doy por defendidas las enmiendas de Grupo Vasco para que las podamos someter a votación.
Como en alguna otra ocasión hemos manifestado, el Reglamento de la Cámara impide, si no se producen enmiendas a la totalidad, que podamos debatir en Pleno proyectos legislativos como este, que afectan a un sector significativo de la sociedad, de nuestra economía. El debate en Comisión -que a efectos prácticos tiene las mismas consecuencias que el debate en el Pleno- no permite evidenciar la importancia a este sector de nuestra economía y nuestro reconocimiento. Mi grupo -como ha hecho la Presidencia- quiere agradecer la presencia de los representantes de Confesal en la Cámara, que expresa el compromiso del sector en el proyecto de ley que estamos tramitando. En este sentido, señor presidente, y al margen de las consideraciones que podamos hacer sobre el contenido específico del proyecto de ley, el hecho de que este proyecto llegue con el acuerdo, con el aval de quien representa a estas empresas, va a permitir que el Grupo de Convergència i d´Unió apoye este proyecto de ley. Llega, insisto, desde el acuerdo de los representantes de las sociedades anónimas laborales.
Lo han dicho los portavoces, estábamos ante una necesidad planteada desde hace años por el sector. Ya en la pasada legislatura en distintas ocasiones se planteó la necesidad de proceder a la actualización de ese marco legal de 1997. Finalmente llega. Ojalá hubiese llegado hace ya tiempo, en medio de esta legislatura, y ojalá hubiese llegado con mayores concreciones en algunos de los aspectos que el proyecto de ley no ha terminado de abordar. En cualquier caso, bienvenida una modernización de nuestra legislación, en la que se exigía introducir flexibilidad en el funcionamiento de estas formas empresariales caracterizadas por el control de las mismas por parte de los trabajadores. El señor Coscubiela citaba la referencia constitucional que abría la posibilidad -como sucede en el modelo social europeo- de control de las sociedades por parte de los trabajadores, que en el caso de nuestra economía tiene diversas expresiones en la economía social, singularmente el mundo cooperativo y el mundo de las sociedades anónimas laborales. Estas dos figuras jurídicas, en ámbitos competenciales distintos, en los últimos años se han sometido a reformas para adaptarlas a un marco económico distinto al que había cuando en su día se produjeron las legislaciones. Y esa flexibilidad, que lógicamente no puede ser incompatible con la filosofía de este tipo de sociedades empresariales, debe garantizar que quienes optan por este modelo societario puedan competir en el mercado en las mismas condiciones que el resto de las empresas. Por tanto, la modernización que introduce flexibilidad era absolutamente imprescindible y no es menor que haya sido el propio sector quien haya planteado esta necesidad de modernizar la legislación que hasta ahora regulaba este tipo de empresas.
Es verdad que el artículo 17, que es el que regula los incentivos fiscales, se nos queda corto y que, aunque haya cuestiones que la ley no habrá sido capaz de resolver, es un marco fiscal más favorable a este tipo de actividades económicas. No sé si durante todo el proceso legislativo tendremos oportunidad de mejorar el tratamiento fiscal; en cualquier caso, si no es así, va a ser una cuestión pendiente para la próxima legislatura. Igualmente -algunos grupos han planteado enmiendas, pero mi grupo no lo ha hecho-, es cierto que el proyecto de ley incorpora un título que regula las sociedades participadas y que además hay un mandato legislativo para el desarrollo reglamentario posterior, pero quizás hubiese sido mejor una mayor regulación o un proyecto de ley específico. En cualquier caso, se abre una ventana que nos debe permitir instrumentar más fórmulas para que ese modelo contemplado en la Constitución, muy vinculado al modelo social europeo, de control de las empresas por parte de los trabajadores, pueda tener otras formas de expresión. Por tanto, bienvenida sea esta oportunidad. Todo ello, insisto, conforma nuestra posición favorable a este proyecto de ley con esas dos consideraciones más críticas.
Finalmente, nuestras enmiendas insisten, como no puede ser de otra manera, en garantizar en esta materia -las competencias de ámbito mercantil corresponden a las Cortes Generales y por tanto sobre eso no podemos decir nada- que se respeten las competencias ejecutivas que sean de las comunidades autónomas. La puesta en marcha de determinados instrumentos por parte del Estado, especialmente los registros y los instrumentos de información que se crean, así como la colaboración y cooperación que deba existir entre los distintos niveles administrativos, debe hacerse con el pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de común acuerdo con ellas. A todo esto se refieren las enmiendas números 21, 22 y 23 del Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió. El Grupo Popular ha ofrecido distintas transacciones que van a ser aceptadas; no recogen al cien por cien nuestra propuesta, pero van
en la línea de las preocupaciones que el Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió tiene en esta materia y que mejoran en este aspecto competencial el proyecto de ley que el Gobierno nos ha remitido.
Felicito al sector porque esa demanda planteada desde hace tantos años finalmente haya cuajado.
El señor PRESIDENTE: A continuación y para concluir el debate de este proyecto de ley, tienen la palabra los representantes del Grupo Parlamentario Popular, que van a dividir su participación en el debate, comenzando por doña Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, el Gobierno ha traído a la Cámara un proyecto de ley que de nuevo quiere presentar para dar respuesta al sector de la economía social. Hay dos pilares fundamentales dentro de la economía social: las sociedades cooperativas y las sociedades laborales. No puedo olvidar la historia legislativa de las sociedades laborales, que indiscutiblemente están mandatadas, como muy bien decía el resto de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, por el artículo 129.2 de la Constitución española.
Es verdad -y así quiero agradecérselo a nuestro portavoz en la tramitación de esta ley-, que el señor Camps hace dieciocho años fue el ponente de la primera Ley de Sociedades Laborales, una ley que quiso enmarcar y dar respuesta, como hoy también queremos hacerlo, al sector; a un sector que tiene 10.828 sociedades laborales en España, a un sector que da empleo directo a 63.536 personas, a un sector que, junto a las cooperativas, es una de las herramientas más importantes para promover el autoempleo y la creación de empresas en España. Por lo tanto, este proyecto de ley vuelve a dar respuesta a la sociedad española y sobre todo a aquellos que pierden su puesto de trabajo pero que, gracias a esta figura jurídica, consiguen crear, a través del autoempleo, un nuevo puesto, y además no solamente se convierten en socios trabajadores, sino que rentabilizan a lo largo del tiempo ese puesto de trabajo y dan empleo a otra serie de personas. Este es un día importante. Este proyecto de ley de sociedades laborales y participadas quiere clarificar, actualizar y sistematizar la normativa existente, a la que ya me he referido, con la ley del año 1997. Además, es un texto que define a las sociedades laborales como aquellas entidades mercantiles en las que los socios trabajadores deben poseer, al menos, el 50% del capital social y el 50% del derecho a voto. Como novedad, la reforma incorpora por primera vez en España la definición de sociedad participada por los trabajadores, lo que supone un impulso mayor a esta forma de hacer empresa y complementa las figuras ya existentes -las cooperativas y las sociedades laborales- a las que me he referido antes. Va a haber mayor participación y protección para los socios trabajadores; se simplifica y se reducen los trámites y establecemos dentro de las sociedades laborales en esta ley los principios de buen gobierno.
Quiero manifestar que este grupo parlamentario ha acogido con benevolencia y con cortesía parlamentaria las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios me han presentado y que paso a enumerar por ser eficiente en el tiempo y para conseguir que mis compañeros puedan intervenir dentro del horario establecido.
Señor Coscubiela, quiero manifestarle que su enmienda número 3 al artículo 1, apartado 2 c) vamos a votarla en contra. Y vamos a votarla en contra porque la realidad de estas sociedades laborales es que en muchas ocasiones sí realizan ese tanto por ciento de horas trabajadas. Además, es una demanda del sector. No me iba a extender, pero como se ha sonreído quiero decirle por qué vamos a votarla en contra. Es una demanda del sector, de las sociedades laborales, de las empresas que quieren que esas horas trabajadas estén recogidas en esta ley de sociedades laborales. Asimismo quiero manifestar, señor presidente, con respecto a Unión Progreso y Democracia, que nos ha presentado cuatro enmiendas a esta ley, que vamos a votar favorablemente la enmienda número 16 referida al artículo 5 apartado 1 y vamos a votar en contra de la referente al capital riesgo, enmienda 15, artículo 1.2 b); la enmienda número 17 al artículo 8, apartado 2, así como a la enmienda número 18 al artículo 14, apartado 1.
Señor portavoz del Grupo de Unión Progreso y Democracia, usted establecía reducir de cinco a tres años -precisamente ayer lo hablaba con usted- el tiempo máximo de prohibición de transmisión voluntaria de acciones y participaciones, establecido estatutariamente desde la constitución o ampliación de capital de la sociedad laboral. Estudiado en profundidad el texto, hemos visto que no establece cinco años, sino hasta cinco años, por tanto, estamos dentro de ese tiempo, que no tiene por qué ser cinco años y por ello vamos a votar en contra de esta enmienda que usted nos ha presentado.
Con respecto a las enmiendas de Convergència i d'Unió, tengo que decirles que aceptamos la enmienda número 19 al artículo 1 punto 2. Es una enmienda en la que se incluye la palabra "trabajadores" para dejar clara la referencia a la subrogación legal o convencional de los trabajadores. El Grupo
Parlamentario Popular está totalmente de acuerdo. Con respecto a la enmienda número 20, que establece la modificación de la palabra "armonización", así como del apartado 1 del artículo 2, vamos a llegar a una transaccional sobre la que ya he podido hablar con el señor Campuzano, agradeciendo al Grupo de Convergència i d'Unió que apoye el texto de esta ley.
Por lo tanto, señor presidente -con esto termino para darle tiempo al resto de mis compañeros-, estamos hablando de un proyecto de ley que da un paso adelante con respecto a las sociedades laborales. Es un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, quiere definir a las sociedades...
El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, si quiere dejarles algo de tiempo tendrá que concluir. Lleva ya siete minutos.
La señora QUINTANILLA BARBA: ... laborales como entidades ágiles que cumplen el trámite.
Ya acabo, señor presidente, le pido disculpas.
El señor PRESIDENTE: No, no me las pida; se lo agradezco. Pídaselas a quien debe intervenir porque les quedan tres minutos a los dos.
Tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: No amenazo con la brevedad, intentaré serlo.
Voy a hacer referencia a las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por La Izquierda Plural respecto a la supresión del capítulo III. No quiero hacerlo sin antes recordar el enorme avance que supuso la ley a la que se ha hecho referencia, la Ley 4/1997. Como ya ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra fui ponente en aquella ley, hace dieciocho años y el señor presidente también estaba en aquellos avatares. Aquella ley -lo digo con carácter general porque no quiero entrar justamente en el contenido de las enmiendas- nació de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, recién llegado a la oposición, y fue admitida a trámite por la mayoría del Grupo Parlamentario Popular, recién llegado al Gobierno. Una circunstancia permítanme calificarla de atípica que dio lugar a una norma que, sin lugar a dudas, hoy podemos calificar de positiva y exitosa. Creamos un tipo societario específico, la sociedad laboral, que ahora se actualiza y moderniza, pero no por ello deja de ser una sociedad participada que aún no tiene regulación alguna en nuestro ordenamiento. Señorías, hicimos lo más complicado y difícil, crear una nueva figura societaria específica dentro de las sociedades participadas. No creo que ahora debamos debatir inútilmente sobre la regulación de las sociedades participadas por los trabajadores. Justo por ello el Gobierno no ha realizado en este proyecto de ley una normativa que se pueda considerar completa y precisa de esta figura jurídica.
Es cierto, señorías, algunos podrían calificar nuestro proceso legislativo de incorrecto. Hemos ido de la parte al todo, pero por bien que hayamos hecho nuestro trabajo inicial -la parte, la sociedad laboral, en su día como bien ha recordado el señor Coscubiela, la sociedad anónima laboral- no podemos dejar de regular hoy el todo, la sociedad participada. Estamos hablando de sociedades participadas por trabajadores, estamos debatiendo para dar un mayor impulso a esta forma de empresa, estamos hablando del acceso a la condición de socio de los trabajadores. Por ello no creo que ni el sector ni la mayoría de grupos de esta Cámara entiendan que pueda haber un voto en contra de esta parte de la norma y de la ley.
Señorías, si algo aprendimos hace dieciocho años fue que a partir de una buena propuesta se puede llegar a una buena conclusión. Hoy el Grupo Parlamentario Popular cree que la redacción del capítulo III es una buena base que permitirá avanzar en el desarrollo reglamentario de la norma y que, en modo alguno, impide un proceso de diálogo y consenso con los interlocutores sociales. Por ello les solicito la retirada de sus enmiendas de supresión al capítulo III. De no ser así, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de ellas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps, por su agilidad.
Para cerrar la intervención del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Paz Lago.
La señora LAGO MARTÍNEZ: Tomando mano de esa brevedad que solicitamos, voy a pasar a la valoración de las ocho enmiendas, del sentido del voto, realizadas al apartado de las disposiciones.
Tanto el Partido Nacionalista Vasco, en la enmienda número 1, como el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió en sus enmiendas 20, 21 y 22 tratan la sustitución o eliminación del término" armonización o similares". Precisamente es en las disposiciones donde se establece como novedades la colaboración y armonización entre el Registro administrativo estatal, los autonómicos y el Mercantil y las
medidas de fomento para la constitución de sociedades laborales y la creación de empleo. Señorías, no solo se trata de cooperar, sino de que la información de la que se disponga sea armonizada, no creando distinciones entre los diferentes registros. Asimismo, es preciso que las medidas que se pongan en marcha por las administraciones públicas guarden la coherencia y armonía necesarias con el objeto de no vulnerar los principios establecidos en la Ley de garantía de unidad de mercado y favorecer el desarrollo de dicha participación de manera similar en cada territorio. Por ello, nuestro voto será desfavorable para la enmienda número 1 del Grupo Vasco y para las enmiendas 21 y 22 del Grupo de Convergència i d'Unió, dejando la enmienda número 20 para la posible transaccional que les hemos planteado.
Las enmiendas 10, 11 y 12 del Grupo Socialista tendrán voto desfavorable. En cuanto a la creación de una disposición adicional nueva, consideramos que la regulación contenida en el proyecto de ley en relación a las sociedades participadas por los trabajadores se adecua a los objetivos perseguidos. Por otro lado, señora Rodríguez, la nueva redacción de la modificación de la Ley General de la Seguridad Social que propone no mejora el precepto, es más, la redacción propuesta en el artículo 97.2.m) de la Ley general de la Seguridad Social resulta reiterativa y confusa y se extiende a otros regímenes de la Seguridad Social la inclusión que el citado artículo se contempla exclusivamente para el régimen general, en lugar de recoger esa posibilidad de integración a otros regímenes al final de la letra m), que se modifica, tal y como lo hace el proyecto. Por otro lado, la nueva disposición adicional vigésimoseptima bis de la Ley General de la Seguridad Social efectúa una referencia innecesaria al sistema para trabajadores agrarios por cuenta propia que está incluido en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Omiten, en cambio, la indicación expresa de que la inclusión en el régimen especial de trabajadores del mar afectará únicamente a los trabajadores por cuenta propia del mismo.
En cuanto a la valoración de las enmiendas 5 y 6 de La Izquierda Plural, en del Grupo Popular no estamos de acuerdo con eliminar la habilitación para el desarrollo reglamentario y tampoco con suprimir la disposición adicional quinta, que establece que las medidas contenidas en la presente ley no suponen incremento en el gasto público. Es una referencia que ya figura en el expediente de la norma y por técnica legislativa no debería aparecer en el texto.
Ya finalizando, quiero mostrar nuestra colaboración en el sentido del voto en relación con la enmienda número 2 del Grupo Vasco, que votaremos favorablemente. En cuanto a la enmienda 23 de Grupo de Convergència i d'Unió, hemos presentado una transaccional que esperamos que cuente con su apoyo. Termino ya agradeciendo a todos los ponentes del proyecto el trabajo realizado y la tramitación del mismo.
Espero haber sido lo suficientemente breve. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted por su capacidad de explicación y de síntesis, algo que creo que todos agradecemos.
El señor PRESIDENTE: Concluye el punto 3º del orden del día, que era el debate sobre este proyecto de ley de sociedades laborales y participadas, que someteremos a votación cuando concluya el debate del punto que ahora vamos a iniciar, que es el relativo al proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y los comentarios que desee realizar tiene la palabra su portavoz, don Rafael Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Este es un proyecto que por su título y su contenido generó en principio importantes expectativas entre los trabajadores autónomos y los agentes de la economía social. Tengo que decir, sin embargo, que finalmente el texto que se somete a esta Comisión produce insatisfacción por la oportunidad perdida, tanto en lo relativo al procedimiento como por el contenido mismo del texto. El procedimiento por el que va a aprobarse este proyecto es impropio de una Cámara legislativa que merezca tal nombre. La ponencia de la ley no duró más allá de unos minutos, y solo se admitieron para el dictamen las enmiendas del grupo que apoya al Gobierno. La oferta de enmiendas transaccionales, en plural, se convirtió en la oferta de una enmienda transaccional, en singular, y ni siquiera la benevolencia que la señora Quintanilla atribuía a su propio grupo ha permitido que únicamente solo dos de ochenta y dos
enmiendas de la oposición hayan sido aceptadas, y veinticuatro horas después aprobamos el proyecto o, mejor dicho, aprueban ustedes el proyecto. En serio, no me parece un procedimiento razonable.
En cuanto al contenido, estamos hablando de un nuevo refrito electoralista, a nuestro juicio, parecido al de la Ley 14/2013, que reitera medidas de carácter menor, algunas de ellas ya adoptadas, en vigor otras, y que se plantean de nuevo bajo el eufemismo de la sistematización, según la exposición de motivos del proyecto. Sin embargo, obvia, ignora demandas, propuestas largamente reclamadas desde el ámbito de trabajo autónomo y la economía social para mejorar su actividad, para contribuir al desarrollo económico y para generar empleos de calidad. Hablamos, por ejemplo, del acceso a la financiación, que es un problema real, o hablamos, por ejemplo, de la legítima demanda de una fiscalidad más justa, más progresiva, menos discriminatoria. No aborda el proyecto estos asuntos, al menos no con el alcance que hubiéramos querido. Es una oportunidad perdida, por lo tanto, porque el impulso al autoempleo, la mejora de la protección social de los trabajadores autónomos, el fomento del emprendimiento colectivo, el apoyo a la economía social, que es verdad que ha demostrado una gran resistencia a la crisis, son objetivos ligados a un modelo de producción sano, a un modelo de desarrollo económico sólido, pero que ni las tarifas planas ni las medidas de carácter menor que se incorporan a este proyecto van a contribuir decisivamente a alcanzarlos.
Buena prueba de las limitaciones de esta ley están en su memoria económica. Estamos hablando de un impacto económico anual de 300 millones de euros al año, es decir, el 5% de la cantidad que el Gobierno de España se va a ahorrar en este ejercicio en prestaciones por desempleo, que están presupuestadas y que no se gastan. La prueba de las limitaciones de esta ley están en el informe del Consejo Económico y Social, que critica su elaboración atropellada, sin consenso social y político, que establece dudas sobre la distorsión a la que se somete la figura del trabajador autónomo dependiente, que establece dudas serias sobre la eficacia de los incentivos económicos a la contratación, sobre todo, cuando estos incentivos se generalizan. En fin, oportunidad perdida, proyecto de ley de alcance limitado.
El Grupo Parlamentario Socialista plantea enmiendas que pretenden contribuir a resolver eficazmente algunos de los problemas de fondo que afectan tanto al trabajo autónomo como a la economía social. Por ejemplo, con la enmienda 63 planteamos resolver el problema de la falta de adecuación del sistema actual de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos a los principios de solidaridad, reparto, contributividad que caracterizan nuestro sistema de Seguridad Social. Si los trabajadores por cuenta ajena cotizan al régimen general conforme a sus rendimientos realmente percibidos, ¿por qué no ocurre lo mismo con el trabajador autónomo? Esto es lo que planteamos ahora con esta enmienda, por qué siguen cotizando los trabajadores autónomos a partir de unas bases mínimas, de unos límites máximos, perjudicando injustamente a unos y beneficiando, también injustamente, a otros. Ahora ya existen, a nuestro juicio, suficientes instrumentos de información y de control, por ejemplo, a través de la Agencia Tributaria para evitar el fraude que en otro tiempo pudo justificar esta medida.
Con la enmienda 70 proponemos resolver otra discriminación, a nuestro juicio también injusta e injustificada, en relación con las retenciones en el IRPF. La retención en el IRPF para el trabajador por cuenta ajena con ingresos inferiores a 15.000 euros es del 8%, mientras que para el trabajador autónomo es del 15%, ¿no sería coherente establecer un tratamiento fiscal similar? Nosotros entendemos que ya va siendo tiempo de trabajar en este sentido. Otra enmienda, la número 72, teniendo en cuenta que, a nuestro juicio, las cooperativas de trabajo social son las empresas más genuinas de autoempleo colectivo, que han demostrado su capacidad de resistencia a la crisis, su capacidad para generar buenos empleos, por qué no ayudarles un poco más, por ejemplo, según nos piden, elevando el porcentaje de trabajadores contratados que pueden asumir sin perder beneficios fiscales. Planteamos también que el trabajador autónomo reciba intereses por la demora excesiva en el abono de las prestaciones por desempleo, ya que las administraciones les están cobrando estos intereses de demora cuando se producen en virtud de sus propios pagos. Con la enmienda 74 proponemos una vez más -este es un tema de fondo- revisar el sistema de incentivos mediante bonificaciones, reducciones, tarifas planas y demás en las cotizaciones a la Seguridad Social. Planteamos una revisión a fondo para comprobar: uno, hasta qué punto resultan efectivas para el objetivo explícito de crear o mantener empleos -nosotros tenemos serias dudas- y, dos, pedimos una revisión a fondo para comprobar en qué medida generan inconvenientes para una caja de la Seguridad Social sometida a graves dificultades, hasta el punto de que el Gobierno sigue tirando de la hucha de las pensiones año tras año para pagar, por ejemplo, las pagas extras a los pensionistas, y hasta el punto de que el gobernador del Banco de España hace escasas fechas puso en duda la capacidad del sistema para pagar las pensiones futuras. En este contexto, queremos que se analice con objetividad,
con rigor cuáles son los efectos que este tipo de estímulos, este tipo de bonificaciones, de reducciones, de tarifas planas en las cotizaciones a la Seguridad Social provocan en la caja de nuestro sistema de Seguridad Social, porque tenemos muchas dudas.
Sabemos ya que el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno en definitiva, no considera estas enmiendas del Grupo Socialista ni tan siquiera para dialogar en torno a alguna transacción como ayer hicieron ustedes con sus explicaciones no a nuestro grupo, sino a los trabajadores autónomos y a los agentes de la economía social que se beneficiarían de su aprobación.
Termino como empecé, diciendo que es una buena oportunidad para resolver problemas, para atender retos en el mundo del trabajo autónomo y en el mundo de la economía social, pero una nueva y una buena oportunidad más perdida a nuestro juicio por falta de visión y de ambición por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para defender las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego y empezaré defendiendo la número 17, que es una enmienda de modificación con la que proponemos suprimir las excepciones que en el proyecto se hacen a la prohibición de tener a su cargo a los trabajadores autónomos dependientes porque consideramos que la contratación de un trabajador por cuenta ajena de lo que se conoce como Trade desvirtúa la naturaleza que en su momento se recogió en la Ley 20/2007, de 11 de julio, y que se define como una relación personal y directa con el cliente.
Sin embargo, señorías, nosotros también -como ha manifestado el Gobierno- tenemos interés en resolver el problema o buscar soluciones al problema de la compatibilización de la vida laboral y la vida familiar y por eso presentamos la enmienda 24 para que el Gobierno, en un plazo de tres meses a partir de la aprobación de esta ley, pueda regular una fórmula legal que permita la suspensión del contrato entre el Trade y el cliente cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente requiera de la necesidad de la conciliación de la vida personal y profesional, impidiendo en todo caso la extinción unilateral del contrato por parte del cliente. Nosotros entendemos que puede haber otras medidas más interesantes, lógicas y justas en relación con este asunto que la contratación por parte del trabajador autónomo dependiente de otro trabajador para cumplir esta cuestión; puede ser una suspensión temporal de su contrato con el cliente sin que el cliente pueda extinguir ese contrato en tanto que la situación extraordinaria del trabajador así lo exija.
Nuestra enmienda 18 está relacionada con algunas cuestiones que entendemos son discriminatorias o que por lo menos en algunos casos lo son en relación con la diferenciación que se hace en el Estatuto del Trabajo Autónomo al respecto de trabajadores autónomos económicamente dependientes y trabajadores por cuenta propia exclusivamente. Es el caso de la consideración de los accidentes para ir y volver al centro de trabajo, lo que se conoce como accidente in itínere. En ese sentido presentamos en esta enmienda 18 una propuesta que entendemos permite corregir lo que desde nuestro punto de vista es una clara discriminación.
Por otro lado, también en esta misma enmienda hacemos una propuesta en la medida en que entendemos que es necesario tener en cuenta que el hecho de suspender la actividad por cualquiera de las causas que se recogen en el artículo 26 lleva aparejado la suspensión de ingresos, es decir, la persona trabajadora autónoma que permanezca de baja por cualquier causa deja de percibir la remuneración económica que su trabajo le aporta.
Por tanto, la excepción de posibles casos en los que el trabajador autónomo cuente con trabajadores asalariados que permitan continuar con la actividad del negocio entendemos que también debería atender a la situación del propio trabajador autónomo -en particular, en relación con su ILT- para que pueda continuar con el mismo nivel de cotización a la Seguridad Social cuando su situación de inactividad laboral le impida acceder a los ingresos económicos.
En cuanto a nuestra enmienda 19, entendemos que la medida que se plantea en la propuesta del Gobierno cuestiona la naturaleza misma de la prestación por desempleo, que es la de garantizar unos ingresos sustitutivos del salario cuando no es posible el trabajo. Sin embargo, pretender utilizar la prestación por desempleo como complemento de ingresos de una actividad productiva, como hace la propuesta del Gobierno, supone subvertir la naturaleza misma de la prestación, por lo que proponemos en nuestra enmienda la supresión.
También nos parece importante señalar la razón de nuestra enmienda número 20, que también es una enmienda de modificación. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones al respecto de cosas
semejantes relacionadas con la Seguridad Social, entendemos que resulta especialmente lesivo para el sistema de la Seguridad Social que las políticas de fomento del empleo se pretendan financiar a costa de una minoración de ingresos del sistema, como la reducción de cotizaciones que en última instancia devienen en un aumento del déficit del sistema, contribuyendo con ello al consumo anticipado y acelerado del Fondo de reserva. Como decimos, no solamente en este asunto que trata la enmienda número 20, sino en otras cuestiones relacionadas con la Seguridad Social que tienen que ver con bonificaciones, ya hemos manifestado una posición semejante a la que acabo de comentar.
Del mismo modo, nuestra enmienda número 21 está sustentada en que el Estatuto del trabajo autónomo no ha dado respuesta adecuada al hecho de que las trabajadoras y los trabajadores autónomos con bajos ingresos puedan ejercer su actividad al mismo tiempo que disfrutan de sus derechos y obligaciones en materia de Seguridad Social. Señorías, desde nuestro punto de vista, y sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, es necesario contemplar diferentes posibilidades de cotización, de tal manera que los excesivos gastos que tiene que afrontar una persona trabajadora autónoma con pocos ingresos económicos no le obliguen a suspender su actividad y a pasar a engrosar las listas del paro.
En ese sentido también van otras enmiendas que presenta nuestro grupo y que damos por defendidas porque me queda poco tiempo, pero queremos exponer las razones de lo que proponemos en nuestra enmienda número 25. Debido a la actual elección de base de cotización, con independencia de la cuantía de sus ingresos reales, casi el 85% de los trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social lo hacen con bases de cotización mínimas. En el Estado español casi 2,5 millones de autónomos terminarán, pues, teniendo pensiones de jubilación -y el resto de las prestaciones vinculadas a la base y cuantía de sus cotizaciones sociales- cercanas a la pensión mínima. Por eso, con la propuesta de esta nueva disposición adicional tratamos de buscar una respuesta que garantice mejores prestaciones en el futuro.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Rafael Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señorías, creo que todos los grupos parlamentarios compartimos un objetivo con este proyecto de ley, que es el de facilitar la creación de empleo y reducir el paro elevadísimo que hay en este país. También creo que compartiríamos fácilmente el diagnóstico de que los autónomos constituyen una base imprescindible de nuestro tejido económico y social y una de las fórmulas que se está utilizando para evitar el desempleo. Por eso, nuestro grupo llegó a una conclusión y en este proyecto de ley nuestras enmiendas iban orientadas claramente a quitar trabas y a conceder facilidades y ayudas al autoempleo, en particular, al de los grupos más sensibles con mayor riesgo de paro. En ese sentido, presentamos dos enmiendas que van destinadas a facilitar el auto empleo entre los discapacitados. También presentamos las enmiendas 29, 30 y 31 destinadas a facilitar que los parados de larga duración y los jóvenes, que son entre los que se dan las tasas de desempleo más altas en este país, puedan compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de su actividad por cuenta propia. También incluimos la posibilidad de que se pueda capitalizar la prestación por desempleo, pero nuestra enmienda va orientada a evitar que se utilice como un mecanismo de fraude económico, como un mecanismo de creación de economía sumergida. Se trata de compatibilizar dos realidades, facilitar el empleo, pero hacerlo en términos de legalidad y de responsabilidad social y económica. Hemos presentado igualmente dos enmiendas, la 32 y la 33, que tienen como finalidad ampliar las funciones de la fundación de prevención de riesgos laborales que, en nuestra opinión, queda demasiado capitidisminuida en este proyecto de ley.
En la lógica de las propuestas que formulamos en nuestras enmiendas está el encontrar puntos de entendimiento con el Partido Popular y el resto de los grupos parlamentarios con objeto de lograr que este proyecto de ley de auto empleo se convierta en un poderoso instrumento legal que potencie la lucha contra el desempleo, pero también la lucha contra la marginación de la economía sumergida, del abuso que se realiza a los trabajadores que quedan en situación de paro. Esa es la finalidad. Agradecemos que se nos haya aceptado una enmienda en sus propios términos y anticipamos que aceptamos la enmienda transaccional que se nos ha propuesto y apoyaremos en términos generales este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo La Izquierda Plural tiene la palabra don Joan Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Estamos ante un caso más, y son muchos, del síndrome de la hiperactividad legislativa que confirma, una vez más, algunas cosas que están pasando durante esta legislatura. Cuando un gobierno no tiene políticas suele hacer muchas leyes. Es la manera de esconder, de tapar y de ocultar su escasa capacidad política. Es una máxima que funciona casi siempre, de forma que el Consejo de Ministros de los viernes se convierte en una especie de agencia de marketing y el Boletín Oficial del Estado en su principal producto comercial. Hoy estamos ante una realidad como esa. Cuando durante esta crisis -en estos momentos continúa siendo así, porque continúa la crisis-, se es incapaz de garantizar el acceso al crédito de los trabajadores autónomos, cuando se es incapaz de garantizar el cobro por parte de los autónomos de su trabajo y de su facturación, no solo entre las empresas públicas, las administraciones públicas, sino también en relación a otras empresas mayores que los tienen incorporados a su proceso productivo, cuando se es incapaz de dar políticas de soporte a los autónomos, entonces llega el final de la legislatura y como si se fuera a tanto alzado, se presenta una ley de autónomos y de economía social que, como habrán podido comprobar, en muchos casos lo que hace es recopilar temas que ya están aprobados en este momento, los meten en un paquete, los agitan oportunamente y los sirven como un cóctel como si fuera una cosa nueva, y la verdad es que es más vieja que ir a pie. Desgraciadamente es así, y permítanme que les haga una reflexión que este país se tendrá que hacer alguna vez.
Por mucho que se intente ayudar a los autónomos con todo tipo de bonificaciones y de ayudas fiscales, si no se consigue resolver el problema de fondo -es que hay un modelo productivo que les tiene adjudicada una función que no es la del autoemprendedor, sino la del autoexplotador de sí mismo- va a ser muy difícil que los autónomos puedan vivir dignamente de su trabajo. Eso lo saben muy bien los autónomos, por ejemplo, el sector del transporte por carretera. Desgraciadamente, cuando se incorpora en la reforma -en el año 1994- un elemento que establecía la presunción de naturaleza autónoma de los trabajadores del sector de la carretera, se produjo un problema gravísimo. Se permitió la conversión de muchos trabajadores asalariados en trabajadores autónomos; pero lo que es peor, se ha diseñado un modelo logístico en este país que es tan ineficiente que produce, por ejemplo, un uso intensivo de la carretera porque, en definitiva, tener autónomos autoexplotándose por la carretera es una cosa mucho más barata, a corto plazo, que tener un buen sistema logístico donde el trasporte por ferrocarril juegue un papel importante. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el coste se deriva al autónomo en forma de un uso de la gasolina o del gasoil, como elemento que genera una serie de externalidades.
Este país se va a tener que plantear en serio alguna vez estas reflexiones y, por eso, creo que el proyecto de ley que hoy tenemos encima de la mesa no solo no lo resuelve, sino que intenta plantearnos falsas soluciones a partir de esa actuación hiperlegislativa del Gobierno. En la medida de nuestras posibilidades hemos intentado que, al menos, la falta de política y una hiperactividad legislativa no se convierta en algunos destrozos más. Por eso, hemos presentado algunas enmiendas que voy a intentar comentar y justificar.
La enmienda número 9 pretende intentar que los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar de los Trade, que deben reconocerse y reforzarse, no puede hacerse a costa de la pérdida de la condición de esa condición, y su pase a la condición de empresarios, porque, claro, si a uno le dan a escoger entre tener derechos de conciliación perdiendo el estatus -que no es precisamente muy privilegiado pero tiene una cierta regulación de la condición de Trade- o mantenerse como Trade a cambio de no ostentar esos derechos de conciliación, la cosa va a ser bastante evidente. En ese sentido, se están regulando unos derechos de conciliación que no se van a poder ejercer o que se desincentiva su ejercicio.
En relación con este tema, en la enmienda número 10 planteamos una regulación más clara y más nítida del conjunto de los derechos de conciliación regulados en el Estatuto del trabajador autónomo para el cuidado de menores de siete años que tengan a su cargo; por tener a su cargo a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta de segundo grado, inclusive, en situación de dependencia debidamente acreditada; por tener a su cargo a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive, con una discapacidad igual o superior al 33%. Creemos que era una buena oportunidad para situarlo y, en cambio, desde ese punto de vista se ha desaprovechado.
Entramos en el capítulo de las bonificaciones. Volvemos a lo mismo. Permítanme que sea muy clarito. Alguna vez este país tendrá un gobierno y una oposición -fíjense lo que digo- que hagan una reflexión y un pacto sólido sobre qué hacer respecto a la política de bonificaciones a la Seguridad Social. Desde hace mucho tiempo tenemos evidencias científicas y un consenso fuerte de que gran parte de las bonificaciones a la Seguridad Social no sirven para nada; es agua en un cesto que según la vas poniendo
se va diluyendo, se va perdiendo. Pero desgraciadamente ni los gobiernos ni las oposiciones sucesivas son capaces de sustraerse a la tentación de hacer ver que se hacen políticas en la medida que puedan generar empleo por vía de las bonificaciones. Cuando eso no es así.
Parecía que esta legislatura empezaba bien. Una de las pocas alegrías que tuve el 8 marzo de 2012, cuando la ministra de Empleo nos colocó el decreto-ley de reforma laboral, fue -como recordarán- cuando justificó la desaparición prácticamente de las bonificaciones por considerar que era malbaratar los recursos públicos. Está escrito así. Qué poco duró la alegría en la casa de la lucidez porque, a continuación, el Gobierno empezó a modificar lo que había sido la máxima expresada a través de la ministra de Empleo, y empezó a sacar en un Consejo de Ministros detrás de otro toda una serie de bonificaciones. ¿Por qué? Porque como parece que existe la necesidad de hacer ver que se hace algo, ese algo consiste en lanzar bonificaciones, aunque se sepa que eso no sirve para nada. Por eso he mencionado al Gobierno y a la oposición, porque cuando resulta que no lo hace el Gobierno alguien de la oposición tiene la necesidad de proponer exactamente lo mismo. Estoy planteando un tema que ya no da tiempo en esta legislatura, pero debe llegar un momento en que alguien diga que no es posible jugar con los recursos públicos de esa manera. Por supuesto, si además no son bonificación sino exención de cuotas, como se ha hecho con las tarifas planas, es un insulto a la inteligencia, porque lo que el Gobierno hace es gastar dinero que no es suyo, dinero que pertenece a las cotizaciones de sindicatos y empresarios y que sustrae del Fondo de la Seguridad Social, que luego dice que es insuficiente para pagar o para revalorizar pensiones y que termina en un círculo perverso. Para incentivar empleo hago bonificaciones de exención a la Seguridad Social, que no lo crean, y sustraen recursos al sistema público de Seguridad Social, lo que obliga al Gobierno de turno a decir que tiene que rebajar las prestaciones de desempleo o las pensiones, con lo cual resulta que eso se convierte en un círculo perverso. Por eso, a la vista de que esto no se puede resolver en este proyecto de ley, hemos planteado una enmienda para decir que no lo hagan con rango de ley, sino situénlo en elementos de políticas coyunturales y hemos sugerido desplazarlo a una disposición adicional que permita desde esa perspectiva darle un carácter más coyuntural, pero parece que ni eso se acepta de nuestro planteamiento. Insisto en que alguna vez tendrá este país un gobierno y una posición que merezcan el nombre que se nos da.
En la enmienda número 13 hemos planteado una nueva disposición adicional. Ya que el proyecto de ley no pone en marcha políticas de soporte y apoyo a los autónomos, sino que se trata de un tótum revolútum que recoge lo que ya está hecho para hacer ver que se hace algo, hemos querido recoger lo que pensamos que son los cinco grandes ejes de la política de apoyo a los autónomos en una disposición adicional, mandatando al Gobierno -no sabemos a cuál- que lo haga. Digo que no sabemos a cuál porque me da la impresión de que ese furor legislativo que le ha entrado al Gobierno actual no va a ser así.
Hemos presentado una enmienda número 15. Cuando nos presentan algunas cosas los sectores sociales afectados, siempre nos mantenemos -quiero decirlo- en una contradicción. Plantean cosas que en muchos casos son sensatas, de superviviencia, pero que desvirtúan la naturaleza de su sector, en este caso concreto los centros de empleo, porque al final resulta que se están planteando, como antes pasaba con las sociedades anónimas participadas, modificaciones que desvirtúan la propia naturaleza. Entonces sí, podemos darles una solución para que salgan todos ellos de un mecanismo de autoexplotación, pero en la práctica esa no es la solución porque es un pez que se muerde la cola.
En resumen, estos son los planteamientos de nuestras enmiendas. Sabemos que van a tener poco éxito porque la mayoría absoluta del PP es muy contundente en sus resultados. Simplemente quiero decirles que mucho me temo, ya no digo en términos políticos sino en términos jurídicos, que una década después de haberse terminado esta legislatura los agentes jurídicos de este país van a continuar detectando cosas brutales que habrán ocasionado perjuicios, magistrados que se habrán encontrado con normas increíbles, como lo que acaba de pasar hace un momento con la aprobación del Código Penal. Eso sucede cuando convertimos el Boletín Oficial del Estado en un panfleto electoral. Desgraciadamente, es así. Y repito lo mismo que he dicho esta mañana: unos cuantos votos no merecen que degrademos tanto una función legislativa como la que debe tener este Congreso.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió, tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Doy también por defendidas las enmiendas del Grupo Vasco, como hemos hecho en el anterior proyecto de ley.
Estamos ante un proyecto de ley con un título no rimbombante pero quizá exagerado. Describe lo que contiene el proyecto de ley -medidas de apoyo al trabajo autónomo y a la economía social-, pero en el fondo el proyecto de ley, como se ha dicho, incorpora algunas medidas, la mayoría de ellas seguramente razonables pero que no abordan la mayoría de las cuestiones de fondo que afectan tanto al trabajo autónomo como a la economía social. Podría ser una pequeña mini ley de acompañamiento que resuelve alguna de estas cuestiones pero -insisto- las cuestiones de fondo que se plantean en estos sectores de la actividad económica no se han abordado durante la legislatura y esta va a terminar sin que se aborden.
Es evidente que el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, del RETA, que ha sido ya objeto de distintas discusiones en esta Comisión y en la Comisión del Pacto de Toledo, exige desde hace tiempo un cambio de fondo. Es un régimen que, tal como lo hemos ido configurando y a pesar de las mejoras introducidas en los últimos quince años, no termina de satisfacer a los trabajadores autónomos. De tal manera que incluso en esta crisis podemos afirmar que uno de los grandes colectivos perjudicados de la recesión económica que hemos vivido desde el año 2007 ha sido el de los trabajadores autónomos, y la malla de Seguridad Social que creamos para proteger a estas personas ante el riesgo de perder su empleo -el denominado cese de actividad- es evidente que en esta legislatura ha fracasado. Han sido muy pocos los autónomos que, habiendo perdido su empresa y habiendo cotizado por esta contingencia, se han podido beneficiar. Ya no digamos aquellos miles de autónomos que no pudieron o no quisieron cotizar por esta actividad y que no han tenido ningún tipo de protección social; no tan solo la protección social de carácter contributivo, que era difícil que pudiesen reivindicar en la medida que no habían cotizado, pero a pesar de los múltiples programas de protección social que se han puesto en marcha durante esta legislatura -que han cubierto o no bajo la lógica contributiva la situación de trabajadores que, habiendo perdido su protección social, continuaban sin encontrar empleo-, me refiero a programas como el Prepara, la renta activa de inserción, el Prodi, etcétera, los autónomos nunca han podido acceder. Han sido de los grandes perjudicados de la crisis con diferencia y termina la legislatura sin haber resuelto esto. Se ha producido una reforma del cese de actividad, veremos en los próximos tiempos qué impacto tiene. En estos primeros meses podría parecer que sí pero estamos hablando siempre de cifras muy pequeñas. Estas medidas que el Gobierno nos propone en este proyecto de ley no abordan esta cuestión.
Continúa pendiente la reforma del RETA para vincular ingresos reales de los autónomos a su esfuerzo de cotización. Se aprobó ya un mandato al Gobierno en esta Comisión en la dirección de que presentara un estudio, que fue un gesto político que mi grupo valoró. Pero hemos querido en este proyecto de ley que ese gesto político, en forma de proposición no de ley, forme parte de manera explícita del mandato legislativo del proyecto de ley que estamos discutiendo.
Y, a pesar de que se han producido reformas -algunas de ellas incorporadas en este proyecto de ley-, continuamos necesitando una revisión a fondo de una figura muy innovadora en nuestro ordenamiento laboral, que es el trabajador autónomo económicamente dependiente, el Trade, una figura híbrida -a caballo del trabajo por cuenta propia y del trabajo por cuenta ajena-, una figura en la que no en tantas ocasiones en la legislación comparada encontramos soluciones como las que fuimos capaces de crear en su momento, es cierto que en la práctica tiene dificultades para poder implementarse. (La señora vicepresidenta, Durán Ramos, ocupa la presidencia). Nos parece que la figura del Trade, en un contexto de crecimiento del trabajo autónomo y de irrupción de nuevas maneras de organizar el trabajo, necesitará en los próximos tiempos un reforzamiento para extender su utilización. Por ejemplo, los debates que se abren sobre las relaciones laborales o mercantiles que tienen los conductores de la empresa Uber. Recientemente la Inspección de Trabajo en Catalunya ha planteado la necesidad de equiparar la relación de esas personas a una relación de trabajo por cuenta ajena. No sé si el conductor de un coche que ofrece ese servicio a través de una plataforma tecnológica debe ser considerado como un trabajador por cuenta ajena -la Inspección de Trabajo nos dice que sí-, pero esa persona también podría ser considerada como un trabajador económicamente dependiente y, por tanto, la figura Trade lo podría amparar y así garantizaríamos que estas nuevas formas de incorporarse a la actividad económica, con esta base de plataforma tecnológica, tuviesen también la protección social que el régimen de Trade caracteriza. Todo eso exigiría una revisión a fondo, más allá de las medidas concretas que el proyecto de ley contiene que van en una dirección correcta y que mi grupo pretende ampliar, pero no van al fondo de la cuestión, en un contexto, insisto, donde el trabajo autónomo tiende a crecer y donde la protección social de estos
trabajadores debe preocuparnos al mismo tiempo que garantizamos la capacidad de que sus negocios puedan crecer.
El proyecto de ley aborda una reforma que mi grupo no termina de entender y que hemos enmendado. Un elemento que justifica que no lo apoyemos es la modificación del régimen de organización y de representación del Consejo del Trabajo Autónomo. Ha sido y es compleja la discusión sobre la representatividad de los autónomos, pero cuando ya se había articulado un cierto consenso sobre cómo se resolvía esta cuestión -que, insisto, es compleja- el Gobierno vuelve a cambiar las reglas del juego en esta materia. No entendemos esa cuestión, que además va a poner en riesgo la representación de organizaciones autónomas que no son de ámbito estatal pero que claramente son las más representativas en determinados países como, por ejemplo, en Cataluña. En este sentido, no podemos apoyar un proyecto de ley que desnaturaliza esa realidad.
Finalmente, el proyecto de ley que discutimos no solo aborda cuestiones del trabajo autónomo, sino también algunas cuestiones vinculadas a la economía social. En este sentido, de Convergència i d'Unió ha planteado diversas enmiendas, algunas más técnicas, para resolver problemas que tienen las cooperativas en su funcionamiento práctico. También hemos planteado enmiendas que, como siempre, van en la línea de garantizar que de todos los incentivos que creamos para la contratación de trabajadores, para la puesta en marcha de negocios por parte de los autónomos, puedan beneficiarse quienes emprenden por vía colectiva. Es una cuestión en la que el mundo de la economía social siempre insiste y que nunca resolvemos al cien por cien; por eso, deben presentarse enmiendas para garantizar esa plena igualdad.
Si me permiten, quiero entretenerme en una cuestión relevante y que supone un paso por parte del proyecto de ley pero que queda claramente insuficiente, como es el régimen de reserva de contratación a empresas de inserción y a centros especiales de empleo. Mi grupo formula una propuesta alternativa a la que figura en el proyecto de ley a fin de que para el porcentaje que deba corresponder en esa reserva de contratos se establezca un desarrollo posterior, pues es un margen de actuación que no garantiza lo que buscamos, y es que un porcentaje mínimo de la contratación pública responda a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, especialmente cuando estas dos iniciativas de la economía social van orientadas a la inserción en el mercado de trabajo de colectivos, de personas especialmente frágiles, vulnerables que exigen ese tipo de políticas. Ahí planteamos un 5% para las empresas de inserción y un 5% para los centros especiales de empleo. Eso sí, queremos remarcar -y lo valoramos positivamente- la plena equiparación de las empresas de inserción, como los centros especiales de empleo, para que puedan participar en determinados contratos públicos. Nos parece que las empresas de inserción son un modesto instrumento, pero excelente, de inserción en el mercado de trabajo de colectivos especialmente frágiles, y esto constituye una de las cuestiones significativas que el proyecto de ley incorpora y que mi grupo, a pesar de esa abstención, quiere poner en valor.
La señora VICEPRESIDENTA (Durán Ramos): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, en España hay en este momento, desde el inicio de la legislatura, 118.000 nuevos autónomos; en los últimos doce meses han sido más de 67.000 los nuevos autónomos; la tarifa plana ha beneficiado a 387.000 nuevos autónomos. El Gobierno -al que podríamos llamar el Gobierno de los autónomos y los emprendedores, sin lugar a dudas- entiende que, habiendo hecho todo esto y habiendo conseguido dar un giro a la situación de pérdida de nuestros autónomos, de pérdida de puestos de trabajo, de cierre de empresas de muchísimos autónomos -y no voy a detenerme aquí en por qué se ha podido paliar esta situación, pagando las deudas que había a proveedores, etcétera- había que mejorar todavía más y por eso este proyecto de ley en el que se adoptan medidas de fomento y protección del trabajo autónomo y de la economía social. Este proyecto de ley, por cierto, ha recibido la valoración global positiva, como no puede ser de otra manera, del Consejo Económico y Social.
Aprovecho para decir que, efectivamente, es un nuevo proyecto de ley. Entiendo que el señor Coscubiela diga que hay inflación de legislación, pero yo quiero decir que es justamente lo contrario, a nuestro juicio -siempre respetando la opinión de todo el mundo-, de lo que ha dicho el señor Coscubiela. Él dice que el Gobierno no hace política y por eso hace leyes, y nosotros entendemos que justamente cuando se hace política en un Estado de derecho se tiene que reflejar en una intensidad normativa y legislativa como la que este Gobierno viene desarrollando, no en este momento electoral, como ha dicho
el señor Coscubiela -utilizando el Boletín Oficial del Estado- sino a lo largo de toda la legislatura. Y no hay más que ver todo lo que se ha aprobado a lo largo de la misma.
Señorías, este proyecto de ley lo que hace es ordenar y sistematizar el conjunto de incentivos al autoempleo, que hoy se encuentran en vigor dispersos en diversas normas, con la finalidad de proporcionar una mayor transparencia y seguridad jurídica, ampliando ciertos incentivos ya previstos para determinados colectivos al resto de grupos de edad y a otros colectivos especialmente protegidos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Además, como continuación de lo anterior, se refuerzan los mecanismos de segunda oportunidad que creemos que son muy importantes en relación con la propia Ley de segunda oportunidad, utilizando como palanca la propia prestación por desempleo al permitir la reanudación del cobro de la prestación hasta cinco años después de haber iniciado una actividad por cuenta propia. De ello ha hablado también doña Olaia en relación con los parados y me parece que este era un tema que había que abordar y que se aborda en este proyecto de ley.
Se fomenta también la contratación al permitir, por ejemplo, que los autónomos puedan contratar sin perder los incentivos previstos en la tarifa plana o la transición del empleo protegido al empleo ordinario de las personas en riesgo de exclusión que provengan de una empresa de inserción. Nos parece que esta es una medida a la que hay que tender y a la que las empresas de inserción tienen que tender. Su objetivo es promocionarlo, pero después su integración en la empresa ordinaria ha de ser el último fin para estas personas. Se refuerzan los mecanismos de protección de los autónomos, especialmente para los autónomos económicamente dependientes en lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar, laboral y profesional como diré a continuación. Por último, se recogen también ciertas iniciativas en el ámbito de la economía social para facilitar la incorporación de socios trabajadores a las cooperativas, así como la transición de trabajadores en riesgo de exclusión social de empleo protegido a empleo ordinario, como he dicho, en las empresas de inserción.
Señorías, no quiero dejar de detenerme en lo que supone la tarifa plana para autónomos. También el señor Coscubiela se ha referido a ello, criticando la bonificación selectiva. Precisamente, señorías, creemos que esto es lo positivo, incidir en una selección que sea rentable, que sea beneficiosa para activar el empleo en un sector que lo necesita. En este caso creemos que está suficientemente justificada y comprobada su eficacia, como he dicho con las cifras que he dado anteriormente. Además, señoría, la bonificación selectiva lo que hace es que reduce la cantidad en una cuantía pero mejora la actividad. Por lo tanto, al final el saldo siempre es positivo.
La tarifa plana para autónomos se puso en marcha en febrero de 2013 en el marco de la estrategia de emprendimiento y empleo joven y, posteriormente, dados sus buenos resultados, se amplió a todas las edades a través de la Ley de Emprendedores. Esta nueva ley lo que hace es introducir algunas novedades: fija la cuantía de la cuota de 50 euros exactos en aquellos tramos en los que está prevista la reducción del 80% en la cuota mínima a la Seguridad Social; amplía la tarifa plana a los autónomos que inician una actividad por cuenta propia y que con posterioridad contraten a un trabajador por cuenta ajena, y extiende los supuestos de la tarifa plana especialmente protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Además, en los casos de las personas con discapacidad se ha ampliado hasta doce meses el periodo de cotización, con una reducción del 80% en todas las edades. La tarifa plana para autónomos queda configurada, por tanto, de la siguiente manera. Jóvenes menores de treinta años y las mujeres menores de treinta y cinco pueden disfrutar de una senda de cotización reducida en el RETA durante treinta meses, los autónomos del resto de las edades pueden disfrutar de una senda de cotización reducida durante dieciocho meses. Por su parte, las personas víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas con discapacidad que inicien una actividad por cuenta propia disfrutarán de una senda de cotización reducida durante sesenta meses.
Señorías, hay que hablar también de la prestación por desempleo como palanca para favorecer el autoempleo y la segunda oportunidad, insistiendo en que, verdaderamente, esto es muy importante cuando un autónomo tiene que cerrar su propia actividad. En relación con la capitalización de la prestación por desempleo, la nueva ley extiende la posibilidad de capitalizar hasta el cien por cien, en pago único, la prestación por desempleo para inversión, con independencia de la edad del solicitante. Hasta la fecha, señorías, solo se permitía la capitalización hasta el 60%. De este modo se refuerzan las tres posibilidades que existen de utilización de la prestación por desempleo para iniciar una nueva actividad por cuenta propia, que son las siguientes: capitalizar el cien por cien de la prestación a través del pago único, capitalizar una parte de la prestación y dejar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social y destinar el total de la prestación por desempleo al abono de cuotas a la Seguridad Social. Además,
señorías, se abre la posibilidad de que los beneficiarios de prestaciones por desempleo puedan capitalizar su prestación para realizar una aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación, siempre y cuando tengan el control efectivo de la empresa. Igualmente se abre la posibilidad a que la capitalización de la prestación por desempleo pueda utilizarse para cubrir los gastos de constitución de una nueva sociedad, así como para adquirir servicios específicos de asesoramiento, formación e información, aunque en este caso el límite está en el 15% de la cantidad capitalizada. Amplía a los mayores de treinta años la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el régimen especial de autónomos, cosa que hasta ahora era imposible, hasta un máximo de doscientos setenta días. Una posibilidad, repito, que hasta este momento estaba prevista únicamente para menores de treinta años y a la que, por cierto, en 2014 se acogieron 8.069 jóvenes. Además, amplía el plazo para la reanudación de la prestación por desempleo desde los veinticuatro hasta los sesenta meses para los trabajadores con derecho a prestación por desempleo que realicen un trabajo por cuenta propia. Así se contribuye a favorecer la seguridad del emprendedor y se deja abierta la posibilidad de que pueda disponer -como dije al comienzo- de una segunda oportunidad, a la vez que se evita que la cercanía de la fecha en la que se extingue la prestación por desempleo sea un elemento de presión para la continuidad o no de una actividad que genera dudas razonables respecto a su viabilidad en un comienzo.
Señorías, la nueva ley también amplía la bonificación a los familiares colaboradores, de forma que a partir de la entrada en vigor de la misma podrán disfrutar de una bonificación en las cuotas a la Seguridad Social en el RETA durante veinticuatro meses, durante dieciocho una bonificación del 50% y durante seis meses una bonificación del 25%. Por tanto, se trata de una bonificación adicional que se introduce en esta ley con el objeto de atenuar la transición entre la bonificación del 50% de la cuota al pago íntegro de la misma y evitar, de esta forma, el efecto escalón en el abono de estas cotizaciones.
En relación con los trabajadores autónomos económicamente dependientes, los conocidos como Trade, estas medidas van dirigidas a mejorar su protección. Estos trabajadores son aquellos autónomos que realizan una actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que perciben al menos el 75% de sus ingresos. De esta forma, la nueva ley introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes puedan contratar bajo determinadas circunstancias personales y familiares. Por tanto, las situaciones en las que se permitirá a estos trabajadores la contratación de un trabajador durante periodos de tiempos tasados son: supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses; periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento preadoptivo o permanente; por cuidado de menores de siete años que tengan a su cargo; por tener a su cargo a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive en situación de dependencia debidamente acreditada o por tener a su cargo un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive con una discapacidad igual o superior al 33% debidamente acreditada también. Estas sí son medidas que facilitan a los autónomos dependientes la conciliación de la vida familiar y profesional. Es un paso muy importante con el que hasta ahora no se contaba y era una demanda poder hacer estas contrataciones para tener el tiempo necesario para esas actividades personales o profesionales.
Además, señorías, este nuevo proyecto de ley facilita también la incorporación de nuevos socios a las entidades de la economía social. Para ello se amplían a todas las edades las bonificaciones para la incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo de las entidades de la economía social, independientemente de la edad que tengan. También se mantienen bonificaciones a favor de las empresas de inserción cuando contraten a personas en situación de exclusión social por una cuantía de 850 euros al año durante un máximo de tres años o de 1.650 para los supuestos de menores de treinta años. También se apoya a los trabajadores que tienen mayores dificultades para su incorporación al mercado laboral, en línea con lo anterior y con el objetivo de facilitar la transición, como he dicho, de trabajadores de inserción a empresa ordinaria.
Se apoya, señorías -lo ha dicho también el señor Campuzano- el reconocimiento de los centros especiales de empleo y empresas de inserción, así como de otras entidades de la economía social que se establezcan reglamentariamente, ampliándose las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación. De esta manera se introducirá la participación de las empresas de inserción en igualdad de condiciones, como ya lo estaban los centros especiales de empleo.
Señorías, se prevé que todas estas medidas sean incentivos para beneficiar a un entorno de 710.000 personas, que es un número importante, para incorporarse a esta actividad tanto en autoempleo como de la economía social. Como dije anteriormente, este Gobierno ha sido el abanderado de los trabajadores
autónomos, de los emprendedores por convencimiento propio porque consideramos que la economía española está fundamentada en este tipo de empresas, siendo primordial mantenerlas con actividad, fomentando el mayor número posible de potenciales emprendedores que, como todos sabemos, hasta ahora no ha tenido un enorme éxito entre nuestros jóvenes. Pensamos que esto está cambiando en la cultura española; la nueva cultura del empleo está teniendo una enorme incidencia en lo relativo a la creación de trabajadores autónomos y del emprendimiento.
Señorías, esperamos el voto favorable a este proyecto de ley, adelantando a sus señorías y a la Mesa que hemos propuesto una enmienda transaccional a las enmiendas 30, de UPyD y 48, del Grupo Catalán, junto con la enmienda número 82, del Grupo Popular, que se transformará en esta enmienda transaccional que someteremos a votación. Asimismo, votaremos favorablemente las enmiendas números 36 y 54, del Grupo Catalán. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, si les parece interrumpimos por dos minutos para que los grupos parlamentarios puedan tener presentes a sus componentes y para zanjar definitivamente el cuaderno de votación, que estamos concluyendo ahora mismo. (Pausa).
Vamos a votar el primer proyecto de ley en la forma en que nos lo han solicitado. Se trata del proyecto de ley de sociedades laborales y participadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En primer lugar, enmienda número 1.
Enmienda número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 1.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, la enmienda número 16.
Enmiendas 15, 17 y 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 1.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
En primer lugar, enmienda número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38.
Enmienda número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 1.
Enmienda número 5.
Enmienda número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 27.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d'Unió. En primer lugar, enmienda número 19.
Las enmiendas 20 y 23 no se van a someter a votación, porque son objeto de sendas transaccionales. Enmienda número 21.
Enmienda número 22.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmienda número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 2.
Enmienda número 8.
Enmienda número 9.
Enmienda número 11.
Enmienda número 12.
Entiendo que los portavoces disponen de las transaccionales y las conocen. Si alguien quiere, procedemos a dar lectura al texto de las mismas. Si no, saben que quedan incorporadas al expediente del procedimiento parlamentario que hemos debatido y estamos aprobando ahora en esta Comisión. Como saben, hay una transaccional a la enmienda número 23 de CiU relativa a la disposición final cuarta y otra a la número 20 de CiU relativa a la competencia administrativa regulada en el artículo 2 del proyecto. Si nadie quiere proceder a la lectura, sometemos las dos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 1.
Finalmente, procedemos a la votación del texto del informe en los términos en que va a quedar redactado como consecuencia de la asunción de las enmiendas transaccionales aceptadas en esta Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 17.
¿Estamos en disposición de proceder a la votación del bloque correspondiente al segundo proyecto de ley? (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra).
Dígame, doña Carmen.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, como se nos ha dado el cuaderno de votaciones y, para no tener errores después en la votación, quiero aclarar que la número 30 está puesta como transaccional, pero afecta a la 48, que tendría que salir de la votación de CiU, y a la 82 del Grupo Parlamentario Popular. Se tienen que quitar del cuaderno de votaciones porque votaremos la transaccional número 1, la única que hay.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted toda la razón. Se agradece su aclaración.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Pido también votación separada de la enmienda número 36 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y de la enmienda número 54 de CiU.
El señor PRESIDENTE: Las de CiU van a ir todas separadas. De acuerdo. (El señor Simancas Simancas pide la palabra).
Adelante, don Rafael.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Solamente quiero hacer un matiz. Las enmiendas 13 y 16 de La Izquierda Plural también quisiéramos votarlas por separado.
Vamos a dar comienzo a la votación del proyecto de ley por el que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, comenzando por las del Grupo Mixto. Votamos las enmiendas 17,18, 19, 20 y 24.
Enmienda número 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 1.
Enmienda número 23.
Enmienda número 25.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. En primer lugar, enmienda número 1.
Enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 13.
Ahora sometemos a consideración de la Comisión las enmiendas de Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Aquí hemos hecho varios cambios. Si hubiera algún error, por favor, me lo dicen. Creo que hemos recogido lo que sus señorías desean votar. En primer lugar, las enmiendas 26, 34, 35 y 37.
Enmiendas 31 y 38.
Enmiendas 27 y 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 14.
Enmienda número 28.
Enmiendas números 32 y 33.
Enmienda número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13.
Pasamos al Grupo de La Izquierda Plural con las enmiendas 9,11 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada,
Enmienda número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37.
Enmienda número 16.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de CiU. Enmienda número 39.
Enmienda número 40.
Enmienda número 41.
Enmienda número 42.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 2.
Enmienda número 43.
Enmienda número 44.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17, en contra, 23.
Enmienda número 45.
Enmienda número 46.
Enmienda número 47.
Enmienda número 49.
Enmienda número 50.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 13.
Enmienda número 51.
Enmienda número 52.
Enmienda número 53.
Enmienda número 54.
Enmienda número 55.
Enmienda número 56.
Enmienda número 57
Enmienda número 58.
Enmienda número 59.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 25; abstenciones, 1.
Enmienda número 60.
Enmienda número 61.
Enmienda número 62.
Pasamos a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 64, 69 y 72.
Enmiendas 65 y 66.
Sometemos a continuación a votación las enmiendas transaccionales. Solo hay una. La enmienda transaccional, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista antes de someter el conjunto a la votación, se refiere a la enmienda 30 de UPyD, a la enmienda 48 de CiU y a la enmienda 82 del PP, que no hemos votado, y es la adición de un apartado 5 al artículo 33. La conocen ustedes.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, no lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, por quien tengo el máximo respeto, sino la portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Perdón, la había cambiado.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Lo digo simplemente a efectos del "Diario de Sesiones".
El señor PRESIDENTE: Pues que conste, que conste, no vaya a ser que le traiga problemas. (Risas).
Pues de acuerdo con lo expuesto por la portavoz del Grupo Popular, procedemos a la votación de la enmienda transaccional.
Antes de someter a la aprobación definitiva el informe, voy a dar lectura de unas atinadas observaciones jurídicas que ha hecho el letrado de la Comisión y que deben ustedes conocer: Como consecuencia de la aprobación en el trámite de ponencia de la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario Popular, que añade un apartado 5 nuevo al artículo 3, mediante el cual se introduce en la Ley de Economía Social un nuevo artículo 12 relativo al pago único en la prestación del cese de actividad, necesario por razones de congruencia legislativa, se introduce una referencia a dicho apartado 5 nuevo en la disposición final primera, que ya se refiere a los apartados 2, 3 y 4. También habría que hacer referencia a ese artículo 12, en la letra c) de la disposición final primera de la referida Ley de Economía Social, que aparece recogida en el que ha pasado a ser ahora apartado 7 del artículo 3 del proyecto de ley. Por otra parte, se introducirán también pequeñas correcciones técnicas que se añaden a las ya efectuadas también en el trámite de ponencia.
Supongo que sus señorías están de acuerdo con ello y agradezco que los letrados contribuyan a la calidad jurídica de nuestras leyes, que me parece que tienen su importancia.
En consecuencia, concluimos definitivamente la Comisión de hoy sometiendo a votación el texto del informe en los términos que queda de resulta de las aceptaciones, de la transaccional y de las mejoras técnicas incorporadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 16.
Muchas gracias, señorías, por su cooperación y se levanta la sesión.