Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0202&language=ES
Timestamp: 2018-11-12 17:46:45
Document Index: 304816387

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 52', 'artículo 116', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 298', 'artículo 41', 'artículo 9', 'artículo 218', 'artículo 41', 'artículo 298', 'artículo 15']

Textos aprobados - Jueves 28 de abril de 2016 - Acceso del público a los documentos en el período 2014-2015 - P8_TA(2016)0202
Procedimiento : 2015/2287(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0141/2016
Acceso del público a los documentos en el período 2014-2015
– Vistos los artículos 1, 10, 11 y 16 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 15 y 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vistos los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Visto el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(1) ,
– Visto el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente(2) ,
– Vista su Posición, de 15 de diciembre de 2011, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (versión refundida)(3) ,
– Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre el acceso del público a los documentos (artículo 104, apartado 7, para los años 2011-2013(4) ,
– Vista la sentencia, de 17 de octubre de 2013, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-280/11 P Consejo de la Unión Europea contra Access Info Europe,
– Visto el paquete «Legislar mejor», presentado por la Comisión en mayo de 2015,
– Vistas las directrices políticas del presidente Juncker para la Comisión,
– Vistos los informes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento sobre la aplicación del Reglamento (CE) n. 1049/2001 en 2013 y 2014,
– Visto el Libro Verde de la Comisión de 2007 sobre el acceso del público a los documentos de las instituciones de la Comunidad Europea,
– Visto el Informe Anual 2014 del Defensor del Pueblo Europeo,
– Vistos el artículo 52 y el artículo 116, apartado 7, de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0141/2016),
A. Considerando que una transparencia plena constituye la base de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión y contribuye a que estos tomen conciencia de los derechos derivados del ordenamiento jurídico de la Unión y tengan presente y conozcan el proceso de toma de decisiones de la UE, incluida la correcta aplicación de los procedimientos administrativos y legislativos;
B. Considerando que el derecho de acceso a los documentos es un derecho fundamental protegido por la Carta de los Derechos Fundamentales y los Tratados y que ha sido aplicado por el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, en particular para garantizar el ejercicio más ágil posible de ese derecho y fomentar una buena praxis administrativa sobre el acceso a los documentos garantizando un control democrático sobre la actividad de las instituciones y su conformidad con los preceptos sancionados en los Tratados;
1. Señala que ninguna de las tres instituciones ha realizado un seguimiento adecuado de muchas de las recomendaciones de su Resolución sobre el acceso público a los documentos (años 2011-2013); lamenta, en particular, el hecho de que las instituciones y los órganos de la Unión no hayan designado entre sus estructuras de gestión existentes a un delegado de transparencia que se encargue de velar por el cumplimiento y la mejora de las prácticas; insta a las instituciones a que lo hagan lo antes posible;
2. Recuerda que las acciones y las políticas de las instituciones de la Unión deben basarse en la democracia representativa, como dispone el artículo 10, apartado 1, del TUE, y garantizar el respeto de los principios de plena transparencia, participación e información correcta y oportuna de los ciudadanos; destaca que el artículo 10, apartado 3, del TUE reconoce que la democracia participativa es uno de los principios democráticos fundamentales de la UE, destacando así que las decisiones han de tomarse del modo más próximo posible a los ciudadanos; destaca que cuando la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones adopte la forma de consultas públicas las instituciones deberán tener en cuenta el resultado de estas;
3. Recuerda que la transparencia y el pleno acceso a los documentos que obren en poder de las instituciones deben ser la norma en consonancia con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 y que, como ya ha establecido la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las excepciones contenidas en el citado Reglamento deben interpretarse correctamente teniendo en cuenta el interés público superior de la divulgación y las exigencias de democracia, incluida una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, de legitimidad de la administración, y de eficacia y responsabilidad frente a los ciudadanos;
4. Considera que las instituciones, agencias y otros órganos de la Unión Europea siguen sin respetar ni tener plenamente en cuenta las normas y los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales a la hora de aplicar el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, especialmente en lo relativo a la democracia participativa; toma nota y se congratula de las recientes sentencias dictadas por la Gran Sala del Tribunal de Justicia en los asuntos Digital Rights Ireland(5) y Schrems(6) , en las que el Tribunal se basó en la Carta para declarar inválidas la Directiva sobre la conservación de datos(7) y la Decisión de puerto seguro(8) , respectivamente; destaca que el acceso efectivo del público a los documentos y la gestión de los registros documentales deben basarse en normas que cumplan adecuadamente con lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Carta;
5. Hace hincapié en que deben respetarse la intimidad y la protección de datos, garantizando paralelamente la transparencia;
6. Recuerda que toda decisión de denegar el acceso público a los documentos debe basarse en excepciones jurídicas clara y estrictamente definidas, acompañadas de exposiciones de motivos específicas que permitan a los ciudadanos comprender las razones de la denegación de acceso y hacer un uso efectivo de las vías de recurso a su disposición;
7. Recuerda que, a fin de garantizar un sistema político legítimo, responsable y democrático que respete el Estado de Derecho, los ciudadanos tienen derecho a conocer y controlar:
– las actividades de sus representantes, una vez que son elegidos o nombrados para cargos en organismos públicos;
– el proceso de toma de decisiones (incluidos los documentos distribuidos, los temas abordados, los votos expresados, etc.);
– el modo en que se asignan y gastan los fondos públicos, así como los resultados obtenidos;
considera necesaria, por tanto, la publicación de un registro informatizado de todas las partidas citadas;
8. Insta a la Comisión a designar a un comisario responsable de la transparencia y del acceso público a los documentos; pide al vicepresidente de la Comisión que, entre tanto, presente lo antes posible un plan de acción ambicioso en lo relativo a la transparencia y al acceso público a los documentos, reconociendo el hecho de que la transparencia es la piedra angular de una mejor legislación;
9. Lamenta que el acceso a la información que obra en poder de las instituciones de la Unión siga siendo dificultoso para los ciudadanos, debido a la falta de un enfoque común de las instituciones orientado a facilitar el acceso de los ciudadanos a los documentos y caracterizado por una transparencia plena, la comunicación y la democracia directa; insta a las instituciones, órganos, oficinas y organismos de la Unión a que sigan estableciendo un enfoque más proactivo sobre transparencia divulgando de forma proactiva el mayor número posible de documentos, de la manera más sencilla, fácil de utilizar y accesible, garantizando la traducción, sobre demanda, a otras lenguas oficiales de la Unión y previendo modalidades adecuadas, simples y poco costosas, también de tipo digital y electrónico, de acceso a la información que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad; considera, en particular, que se debe mejorar el acceso a la información facilitando el uso de las interfaces y sistemas de búsqueda; pide que se cree un punto de acceso común a los portales de las tres instituciones, a partir del proyecto piloto para la plataforma en línea destinado a la publicación proactiva de los documentos de las instituciones de la Unión, así como que se armonicen los portales de búsqueda entre los departamentos de la misma institución (incluidas las Direcciones Generales de la Comisión); pide asimismo a las instituciones que prosigan e intensifiquen el trabajo de divulgación de la legislación y las políticas europeas; opina que, para ello, la Unión debería hacer pleno uso de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (redes sociales, aplicaciones para teléfonos inteligentes, etc.), a fin de garantizar un acceso completo y fácil a la información;
10. Lamenta que, con frecuencia, los documentos oficiales están demasiado clasificados; reitera su postura de que deben establecerse normas claras y uniformes para la clasificación y la desclasificación de documentos; lamenta que las instituciones convoquen reuniones a puerta cerrada sin una justificación adecuada; reitera su petición a las instituciones para que evalúen y justifiquen públicamente las solicitudes de reuniones a puerta cerrada de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001; considera que deben evaluarse caso por caso las solicitudes para celebrar reuniones a puerta cerrada en el Parlamento; considera que una autoridad supervisora independiente debe realizar un seguimiento de los procesos de clasificación y desclasificación;
11. Pide a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que adopten procedimientos más rápidos, menos complejos y más accesibles para la tramitación de las reclamaciones contra las denegaciones de acceso; considera que un enfoque más proactivo contribuiría a garantizar una transparencia eficaz y a evitar controversias de orden jurídico innecesarias que podrían originar costes y cargas superfluos tanto para las instituciones como para los ciudadanos;
12. Insta a todas las instituciones a que, en espera de su deseable revisión, y de la posterior jurisprudencia, apliquen plenamente y al pie de la letra el Reglamento (CE) n.º 1049/2001y a que tengan en cuenta los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales; invita al Consejo en particular, incluidos sus órganos preparatorios, a que publiquen las actas de las reuniones de los grupos de trabajo del Consejo, así como otros documentos, a luz del caso Access Info Europe, los Estados miembros que intervienen y sus propuestas; insta al Parlamento a que publique en su sitio web los órdenes del día y las notas informativas de los coordinadores de comisión, la Mesa y la Conferencia de Presidentes, así como, en principio, todos los documentos mencionados en dichos órdenes del día, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1049/2001;
13. Insta a todas las instituciones a que apliquen las disposiciones sobre transparencia más estrictas recogidas en el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 cuando la información solicitada esté relacionada con el medio ambiente y cumplan sus obligaciones de publicar proactivamente información medioambiental;
14. Insta a todas las instituciones a evaluar y, en caso necesario, revisar sus disposiciones internas de comunicación de irregularidades, y reclama protección para los denunciantes; pide especialmente a la Comisión que comunique al Parlamento sus experiencias con las nuevas normas sobre la denuncia de irregularidades para el personal de la UE aprobadas en 2012 y con sus medidas de aplicación;
Revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001
15. Recuerda que, a raíz de la entrada en vigor del TUE y el TFUE, el derecho de acceso a los documentos incluye a todas las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión; considera, por tanto, necesario actualizar con urgencia y modificar de forma sustancial el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 a la luz de las disposiciones de los Tratados y de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; considera fundamental, en particular, ampliar su ámbito de aplicación, a fin de incluir todas las instituciones europeas que de momento no están cubiertas, como el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y todos los órganos y organismos de la UE;
16. Lamenta que la revisión del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 esté bloqueada en el Consejo y pide a este que concluya su posición en el plazo más breve posible; pide al Consejo que adopte una posición constructiva, teniendo en cuenta la mencionada Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de diciembre de 2011 con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se definen los principios generales y los límites que regulan el derecho de acceso a los documentos de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión;
17. Recomienda que, teniendo en cuenta también el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 y el Reglamento (CE) n.º 1049/2001, se cree un conjunto único de principios que regulen el acceso a los documentos y que ofrezcan más claridad a los ciudadanos;
18. Lamenta los escasos progresos realizados en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 por lo que se refiere a la obligación de que las instituciones, las agencias y otros órganos lleven registros exhaustivos de los documentos, como contemplan sus artículos 11 y 12 y, en última instancia, el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales; pide que se adopte un enfoque común sobre los registros, e insta a las instituciones de la Unión que aún no disponen de registros de documentos a que lo hagan, y que apliquen medidas de ejecución que armonicen la clasificación y la presentación de los documentos de las instituciones; reitera, a este respecto, su petición de un punto de acceso común a los documentos de la UE a través de los portales de las tres instituciones, así como de procedimientos y criterios comunes para el registro y la asignación de un código interinstitucional a cada documento de modo que, en última instancia, pueda establecerse un registro interinstitucional común, incluida una base de datos común específica sobre la situación de los expedientes legislativos;
19. Recuerda que, en virtud del artículo 1, letra c), y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, las instituciones deben «promover buenas prácticas administrativas para el acceso a los documentos» y establecer «buenas prácticas administrativas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso garantizado por el presente Reglamento»; hace hincapié en que la transparencia está estrechamente relacionada con el derecho a una buena administración, tal como se contempla en el artículo 298 del TFUE y en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y reitera su petición para que se apruebe un reglamento sobre el procedimiento administrativo de la administración de la Unión(9) ;
20. Recuerda que, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la referencia a la protección de la eficacia en la toma de decisiones ha sido eliminada con respecto a los actos legislativos;
Transparencia del proceso legislativo
21. Señala que la transparencia del proceso legislativo reviste la máxima importancia para los ciudadanos; pide a las instituciones que pongan a disposición del público los documentos que forman parte del proceso legislativo o que están relacionados con él; considera, en particular, que las instituciones de la Unión deben poner a disposición del público tantos documentos como sea posible a través de sus sitios web y que deben estudiar la posibilidad de utilizar Tu Europa como único portal común de acceso público de la Unión para facilitar la consulta;
22. Toma nota de la investigación del Defensor del Pueblo sobre la práctica conocida como «diálogos tripartitos», que constituyen el procedimiento consolidado mediante el que se adopta la mayor parte de la legislación de la Unión; insta a tal efecto al Defensor del Pueblo a que, en virtud de lo previsto en los Tratados y en el Estatuto del Defensor del Pueblo, haga pleno uso de sus facultades de investigación;
23. Recuerda que el recurso a los diálogos tripartitos, pese a no estar previsto en los Tratados, se ha convertido en un modo reconocido de lograr un consenso entre los colegisladores y acelerar el procedimiento legislativo previsto en el Tratado; señala que, por ello, solo se recurre a los comités de conciliación en la tercera lectura y como último recurso;
24. Lamenta que los ciudadanos no dispongan de competencias de control sobre las negociaciones desarrolladas en el marco de los diálogos tripartitos; manifiesta su preocupación por los posibles abusos que implica el recurso a dicha práctica legislativa, en particular por lo que se refiere a la introducción de nuevos elementos legislativos durante los diálogos tripartitos sin una propuesta de la Comisión o sin una enmienda parlamentaria que sirva como base, de modo que pueden eludirse el procedimiento legislativo ordinario y el control público;
25. Lamenta el hecho de que, debido a la filtración de documentos de los diálogos tripartitos formales e informales, existen grupos de interés informados y bien conectados que se benefician de un acceso no equitativo a los documentos y, por lo tanto, al proceso legislativo; señala que la filtración de documentos se reduciría si los documentos de los diálogos tripartitos se publicaran proactivamente y sin demora en una plataforma de fácil acceso;
26. Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el riesgo de sufrir presiones externas, y que ello puede constituir un motivo legítimo para restringir el acceso a los documentos relativos al proceso decisorio, a condición de que la existencia de dichas presiones externas se determine con certeza y se aporten pruebas de que existe un riesgo razonablemente previsible de que dichas presiones afecten de modo sustancial a la decisión que se ha de tomar(10) ; expresa su preocupación por el hecho de que la práctica actual favorece un mayor acceso de los grupos de interés, y no del público en general, a las fases decisivas del proceso legislativo;
27. Señala, aun reconociendo la importancia y la eficacia de los diálogos tripartitos, que los procedimientos aplicados actualmente suscitan preocupación en relación con la transparencia del procedimiento legislativo; pide a las instituciones implicadas que velen por una mayor transparencia de los diálogos tripartitos informales para reforzar la democracia, permitiendo que los ciudadanos controlen la información pertinente que ha constituido el fundamento de un acto legislativo, como señaló el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados Suecia y Turco/Consejo, garantizando al mismo tiempo a los colegisladores un espacio de reflexión adecuado; pide a las instituciones de la Unión que intensifiquen la comunicación de información en la comisión parlamentaria competente acerca del avance de las negociaciones en los diálogos tripartitos; considera que, cuando se elaboran documentos en el marco de diálogos tripartitos, como órdenes del día, resúmenes de las conclusiones, actas y orientaciones generales en el Consejo, si están disponibles, dichos documentos guardan relación con los procedimientos legislativos y no pueden recibir en principio un trato distinto del que se dispensa a los demás documentos legislativos; considera que debería estar disponible una lista de las reuniones de los diálogos tripartitos y de los documentos arriba mencionados, a la que se debería poder acceder directamente desde el sitio web del Parlamento; recuerda que el futuro Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» incluye una base de datos de expedientes legislativos y que, si se adopta, abordará también la gestión adecuada de los diálogos tripartitos;
Enmiendas para el Pleno
28. Lamenta que, cuando se registran las enmiendas para el Pleno firmadas por al menos 40 diputados, solo se hagan públicos los nombres de algunos firmantes; considera que deberían publicarse los nombres de todos los firmantes;
Registro obligatorio de los grupos de interés
29. Pide a la Comisión que presente lo antes posible su propuesta de acuerdo interinstitucional para crear un registro obligatorio interinstitucional de los representantes de los grupos de interés en las instituciones, así como de los entes locales y de las organizaciones regionales, y pide que se proceda en ese sentido con la máxima prioridad; pide que en el registro se recoja información detallada sobre quién representa a qué grupo de interés, con qué finalidad y con qué recursos y fondos;
30. Anima a los diputados al PE y a los representantes del Consejo a que sigan la senda iniciada por la Comisión con la Decisión de 25 de noviembre de 2014 de publicar información relativa a las reuniones entre ellos o su personal, por una parte, y las partes interesadas y la sociedad civil, por otra;
31. Pide al Parlamento que, como primer paso en este sentido, facilite a los diputados al PE que quieran informar sobre sus contactos con representantes de grupos de interés un modelo para los ponentes que pueda adjuntarse a sus informes, así como espacio para este tipo de información en los sitios web del Parlamento que se refieran a cada uno de los diputados al PE;
32. Subraya que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 y a fin de garantizar un pleno control parlamentario, democrático y transparente, es necesario que se dé acceso asimismo a los documentos elaborados en el marco del procedimiento de delegación de poderes (actos delegados), que representa una parte importante de la legislación europea y sobre el cual debe garantizarse un control parlamentario y democrático pleno, adecuado y transparente; lamenta en este contexto, en particular, la falta de transparencia de las autoridades europeas de supervisión (EBA, EIOPA. ESMA) debida a la ausencia de voluntad de los colegisladores; señala con pesar que aún no se ha establecido un registro único que recoja toda la legislación de segundo nivel, e insta a la Comisión a que lo haga sin demora;
33. Recuerda el carácter vinculante y el impacto de los acuerdos internacionales sobre la legislación de la Unión, e insiste en la necesidad de que se garantice la transparencia de las negociaciones durante todo el proceso, incluida la obligación de que las instituciones publiquen el mandato de negociación otorgado al negociador de la Unión sin comprometer la posición de negociación de la Unión; considera que los documentos relacionados con los acuerdos internacionales deben ser públicos en principio, sin perjuicio de las excepciones legítimas y sin comprometer la confianza necesaria entre las partes implicadas para que las negociaciones sean efectivas; lamenta que la Comisión y el Consejo clasifiquen sistemáticamente todos los documentos relacionados con las negociaciones, limitando así el acceso de los ciudadanos a la información; insiste en que el público debe tener acceso a todos los documentos de negociación pertinentes, incluidos los documentos sobre los cuales las partes hayan alcanzado ya un acuerdo, con la excepción de aquellos que se consideren sensibles, con una clara justificación caso por caso, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001;
34. Señala a la Comisión que, de conformidad con el artículo 218 del TFUE, el Parlamento debe ser informado plenamente y de forma inmediata en todas las fases de las negociaciones; pide a la Comisión que determine, en todas las fases, los documentos y la información que pueden publicarse proactivamente;
Transparencia del proceso administrativo
35. Señala que la transparencia refuerza el principio de buena administración establecido en el artículo 41 de la Carta y en el artículo 298 del TFUE, y contribuye a su aplicación; pide, por tanto, a las instituciones de la Unión que garanticen que sus procedimientos administrativos internos alcancen este objetivo;
36. Pide a las instituciones de la Unión que definan normas comunes sobre la manera de llevar a cabo los procedimientos administrativos y de presentar, clasificar, desclasificar, registrar y divulgar los documentos administrativos; espera que se pueda presentar pronto una propuesta legislativa en este sentido;
37. Lamenta la falta de transparencia de los procedimientos de requerimiento e infracción contra los Estados miembros; pide, en particular, que se pongan a disposición del público los documentos enviados por la Comisión a los Estados miembros en el marco de dichos procedimientos y las respuestas relativas; pide asimismo que la información relativa a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo se haga pública de forma proactiva;
Gestión de los Fondos Estructurales y otros asuntos
38. Pide a los Estados miembros que garanticen la plena accesibilidad y la efectiva transparencia de la información relativa a la negociación de los programas operativos nacionales y regionales;
39. Considera que la plena transparencia de los datos y el acceso a los mismos son fundamentales para prevenir y combatir los abusos y fraudes; pide, a este respecto, a la Comisión que haga obligatoria la publicación de los datos de todos los beneficiarios de los Fondos Estructurales, incluidos los subcontratistas; reitera que la transparencia plena del gasto público de la Unión es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y para luchar contra la corrupción;
40. Pide a la Comisión que realice un seguimiento para determinar que los Estados miembros cumplen las obligaciones en materia de información y comunicación establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, y adopte, en su caso, las sanciones previstas en caso de incumplimiento de tales obligaciones;
41. Señala que, aunque se han logrado avances en lo relativo a la difusión de información en el sitio web del Parlamento sobre las diferentes dietas a las que tienen derecho los diputados al PE y sobre las normas por las que estas se rigen, debe proseguirse esta política teniendo en cuenta las mejores prácticas de los Parlamentos nacionales y las medidas ya tomadas por los diputados a nivel individual; anima, por consiguiente, a todos los diputados al PE a que colaboren para lograr este objetivo facilitando, de forma proactiva, información sobre sus actividades concretas y sobre la afectación de los gastos, para que el Parlamento siga encabezando la labor en pro de la transparencia y la apertura dentro de la Unión y para mejorar la rendición de cuentas sobre el empleo de fondos públicos;
42. Toma nota del cambio en la política de transparencia introducido por el BCE, que prevé la publicación de las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco, pero lamenta que el BCE esté todavía rezagado con respecto a otros bancos centrales del mundo en relación con esta cuestión; espera que se adopten otras importantes disposiciones para mejorar la transparencia de sus canales de comunicación;
43. Espera, además, que en el futuro se hagan públicos todos los documentos relativos a las decisiones adoptadas en el proceso de análisis de la calidad de los activos, a fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión; confía en que se apliquen requisitos de transparencia al futuro Mecanismo Único de Resolución (MUR), de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento MUR aplicable desde el 1 de enero de 2016;
44. Invita al Comité interinstitucional establecido en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 a que trabaje de forma más activa e informe a las comisiones competentes sobre las cuestiones tratadas; pide que se reúna con mayor regularidad y que inicie reflexiones y debates internos, solicitando y estudiando propuestas de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos; le pide que se ocupe urgentemente de las cuestiones mencionadas en la presente Resolución;
45. Considera fundamental que las agencias de la Unión apliquen una política común en materia de conflictos de intereses; destaca que, en algunos casos, la política aplicada hasta ahora prevé disposiciones relativas a la publicación de los CV y las declaraciones de intereses del director y los altos directivos; observa con preocupación, no obstante, que la obligación de publicar los CV y la declaración de intereses no es aplicable a los expertos; pide a las agencias que amplíen dicha obligación a los expertos;
46. Pide a la Comisión y al Secretario General del Parlamento Europeo que informen al Parlamento sobre la aplicación de las recomendaciones incluidas en la presente Resolución;
47. Pide a la Comisión que armonice los criterios relacionados con la publicación de los beneficiarios de los Fondos Estructurales;
48. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos, al Consejo de Europa y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
(3) DO C 168 E de 16.6.2013, p. 159.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0203.
(5) Asuntos acumulados C-293/12 y C-594/12. Sentencia del Tribunal (Gran Sala) de 8 de abril de 2014.
(6) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2015, en el caso C-362/14.
(7) Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006.
(8) Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000.
(9) Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea (DO C 440 de 30.12.2015, p. 17).
(10) Asunto T-144/05, Pablo Muñiz/Comisión, apartado 86.
Última actualización: 3 de enero de 2018 Aviso jurídico