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Timestamp: 2018-08-18 18:02:05
Document Index: 348557986

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 189', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 8']

﻿ SENTENCIA C-820 DE AGOSTO 31 DE 2004
SENTENCIA C-820 DE 31 DE AGOSTO DE 2004
CONTENIDO:ACUERDOS INTERNACIONALES. DECLARA EXEQUIBLE EL ACUERDO SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE DEL CENTRO REGIONAL DE LA OISS PARA COLOMBIA Y EL AREA ANDINA Y LA LEY 864 DE DICIEMBRE 29 DE 2003 POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUERDO INTERNACIONAL, CLASES DE ACUERDO INTERNACIONAL, ADICIÓN AL ACUERDO INTERNACIONAL, CONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO INTERNACIONAL
Sentencia C-820 de agosto 31 de 2004
Sentencia C-820 de 2004
Ref.: Expediente LAT-253
EXTRACTOS: «II. Texto de la ley aprobatoria del tratado
El texto de la norma conforme a su publicación en el Diario Oficial Año CXXXIX Nº 45.417 del treinta y uno (31) de diciembre de 2003, es el que se transcribe a continuación:
“Acuerdo sede entre el Gobierno de Colombia y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para el establecimiento de la sede del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina
ART. 7º— La OISS podrá tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa, transferir sus fondos o divisas de un Estado a otro, o dentro del país, y convertir a cualquier otra divisa los que tenga en custodia sin que sean afectados por disposiciones o moratorias de naturaleza alguna. Lo anterior, sin perjuicio de las regulaciones sobre la materia que expida la autoridad competente.
ART. 9º—El gobierno autorizará la entrada en su territorio con visado gratuito, a la estancia en el mismo y la salida de toda persona oficialmente acreditada por el centro regional para tratar asuntos con la misma.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Angelino Garzón.
El Secretario General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Adolfo Jiménez Fernández.
22 de noviembre de 2001”.
El acuerdo objeto de revisión fue suscrito en nombre de la República de Colombia por Angelino Garzón, en su calidad de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, bajo los plenos poderes otorgados para el efecto por el Ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Guillermo Fernández de Soto (1) . En virtud del literal a) del numeral 1º del artículo 7º de la Ley 406 de 1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el funcionario con plenos poderes puede manifestar la voluntad de su representado en obligarse por un tratado.
El 5 de marzo de 2002, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República, el acuerdo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º de la Constitución.
2.3 Trámite del Proyecto de Ley 110 de 2002–Senado de la República en la Comisión Segunda del Senado de la República.
2.3.1. El Proyecto de Ley 110 de 2002, fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Carolina Barco Isakson, y el Ministro de Salud encargado de las funciones del despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Luis Londoño de la Cuesta. El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso Nº 446 del 28 de octubre de 2002 (2) . Posteriormente, la presidencia del Senado dispuso su remisión a la comisión segunda de la misma corporación, por ser la competente para iniciar el trámite legislativo de los proyectos de ley para la aprobación de tratados.
2.3.2. La ponencia para primer debate en el Senado de la República fue elaborada por el Senador Luis Alfredo Ramos Botero y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 563 del 5 de diciembre de 2002 (3) .
2.3.3. El proyecto de ley fue aprobado (4) en la Comisión Segunda del Senado el 10 de diciembre de 2002, por unanimidad de un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman la citada comisión, según consta en el certificado enviado a esta corporación por su secretario general (5) . CodContenido="2186884">
2.4. Trámite del Proyecto de Ley 110 de 2001-Senado de la República en la Plenaria del Senado de la República.
La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el senador Luis Alfredo Ramos y publicada en la Gaceta del Congreso 175 del 25 de abril de 2003 (6) . CodContenido="2186885">
2.4.2. Cumpliendo con el término de ocho días que debe mediar entre el primero y el segundo debate, según el artículo 160 de la Constitución, el proyecto de ley fue aprobado por la plenaria de esa corporación el día 28 de mayo de 2003, como aparece en el Acta 60 de la sesión ordinaria publicada en la Gaceta del Congreso 284 del 13 de junio de 2003 (7) . Según consta en la certificación expedida por la secretaría general de esa corporación (8) , el proyecto fue aprobado por la votación mayoritaria de un quórum decisorio de 93 senadores de los 102 que integran dicha Cámara.
2.5. Trámite del Proyecto de Ley 110 de 2002-Senado de la República y 270 de 2003-Cámara de Representantes en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
2.5.1. La ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Carlos Manuel Palacio Hoyos y publicada en la Gaceta del Congreso 444 de agosto 28 de 2003 (9) .
2.5.2. De conformidad con el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del proyecto de ley fue anunciada en la sesión del día 10 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso 182 del 10 de mayo de 2004, según la certificación enviada por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (10) .
2.5.3. Cumpliendo con el término de quince días que debe mediar entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, según el artículo 160 de la Constitución, el proyecto de ley fue aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 17 de septiembre de 2003, por el voto unánime de los 16 representantes que conforman dicha comisión, según consta en el certificado enviado a esta corporación por su secretario general (11) .
2.6. Trámite del Proyecto de Ley 110 de 2002-Senado de la República y 270 de 2003-Cámara de Representantes en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
2.6.1 La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes correspondió al mismo representante Carlos Manuel Palacio Hoyos y fue publicada en la Gaceta 651 del 5 de diciembre de 2003 (12) .
2.6.2. De conformidad con el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del proyecto de ley fue anunciada en la sesión del día 9 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso 22 del 5 de febrero de 2004 (13) .
2.6.3. Cumpliendo con el término de ocho días que debe mediar entre el primero y el segundo debate, según el artículo 160 de la Constitución, el proyecto de ley fue aprobado, sin modificaciones, por la plenaria de esa corporación el día 10 de diciembre de 2003, como aparece en el Acta 84 de la sesión ordinaria publicada en la Gaceta del Congreso 37 del 20 de febrero de 2004 (14) . Según consta en la certificación expedida por la secretaría general de esa corporación (15) , el proyecto fue aprobado por la votación mayoritaria de un quórum decisorio de 145 representantes.
Enviado por la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 110 de 2002-Senado de la República y 270 de 2003-Cámara de Representantes a la Secretaría General del Senado de la República, este lo remitió al Presidente de la República, quien lo sancionó el día 29 de diciembre de 2003 como Ley 864.
En búsqueda de un mayor desarrollo de los sistemas de seguridad social y el fortalecimiento de la organización a nivel regional, el artículo 25 de los estatutos de la OISS prevé la creación de centros regionales y subregionales. Es en virtud de estos antecedentes que el 22 de noviembre de 2001 el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con plenos poderes otorgados por el Ministro de Relaciones Exteriores, suscribió el acuerdo mediante el cual se dispuso la creación en Colombia del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina, con el propósito de desarrollar “principalmente la programación de actividades del área correspondiente, de acuerdo con el plan general de actividades de la organización y con sujeción a los principios de unidad funcional, ejecutiva, presupuestaria y de caja o tesoro observados por la OISS”.
El instrumento comienza definiendo las expresiones pertinentes para el entendimiento del convenio (art. 1º). Luego determina la creación del Centro Regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Colombia, señalando la ciudad de Bogotá como sede (art. 2º), la competencia para la designación de su director y su remuneración (art. 3º) y, además, su capacidad jurídica para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos (art. 4º).
Así mismo, prevé la posibilidad de establecer un centro de investigación para la seguridad social y formación de recursos humanos de la OISS, bajo la dirección del centro regional, con el objetivo de fomentar la investigación y capacitar los recursos humanos en esta área (arts. 5º y 6º).
A continuación, el articulado del convenio reconoce diversas prerrogativas, exenciones e inmunidades en cabeza de la organización, sus directivos y funcionarios (arts. 6º - 15 y 17).
En beneficio del centro regional y del centro de investigaciones dispone las siguientes: exenciones impositivas del orden nacional; exenciones arancelarias; inviolabilidad de capitales, ingresos, bienes, haberes, locales, archivos, operaciones y transacciones que efectúen en cumplimiento de sus funciones (art. 6º); autorización para tener y transferir fondos o divisas corrientes de cualquier clase, sin ser afectados por “disposiciones o moratorias de naturaleza alguna” (art. 7º); y la concesión de las mismas prerrogativas otorgadas a cualquier otro gobierno u organismo internacional acreditado ante el Gobierno de Colombia, en materia de comunicaciones oficiales (art. 8º).
En cuanto al régimen de los funcionarios extranjeros que presten sus servicios al centro regional prevé que al director, director adjunto, sus cónyuges y sus hijos menores, se les concederán las prerrogativas, inmunidades y exenciones señalados en las disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (art. 10). Para los demás funcionarios extranjeros precisa las siguientes inmunidades (art. 11):
En el acuerdo se advierte que ninguno de los privilegios, prerrogativas, exenciones impositivas y arancelarias e inmunidades reconocidas a los funcionarios extranjeros serían conferidas a los ciudadanos colombianos, independientemente de su categoría o rango (art. 14). De la misma manera, se establece que estas no se confieren para el provecho personal de los beneficiarios, sino en exclusivo interés del OISS, y que, inclusive, el secretario general de la organización tendrá la facultad de renunciar a la inmunidad conferida a cualquier funcionario, cuando, según su criterio, dicha inmunidad impida la acción de la justicia y su renuncia no cause perjuicio a la OISS (art. 15). Finalmente, en relación con este tema, dispone la cooperación de la OISS y sus funcionarios con las autoridades colombianas en la observancia de los reglamentos de policía y la abstención de abusar del ejercicio de las prerrogativas e inmunidades (art. 17).
Ahora bien, también dispone beneficios para los invitados del centro regional. Precisamente establece los siguientes: entrada con visado gratuito a todas las personas oficialmente acreditadas por el centro regional para tratar asuntos con la organización (art. 9º); otorgamiento de las prerrogativas previstas en el Decreto 2148 de 1991, previa consulta y acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los invitados del centro regional y del centro de investigaciones (art. 12), y reconocimiento para los expertos de nacionalidad extranjera durante su estancia en Colombia, de los mismos beneficios que el gobierno dispensa a los de otros organismos internacionales de carácter intergubernamental (art. 13).
El acuerdo también prevé un pago anual a la OISS, con cargo al presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para la realización de programas específicos en Colombia; contribución independiente de la cuota obligatoria anual que Colombia debe abonar como miembro de la organización y que aparecerá como ingreso bajo el rubro de “contribuciones para fines específicos”. El monto será acordado posteriormente por Colombia y la OISS (art. 16).
Se establece un comité colombiano de la OISS (art. 18), designado conjuntamente por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el director del Centro Regional de la OISS, integrado por tres personalidades relevantes en el campo de la seguridad social colombiana quienes lo integrarán por un período de dos años, encargado de las siguientes funciones, que serán reglamentadas a través de un acuerdo complementario, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 19:
Se precisa que toda controversia entre el Gobierno Nacional y la OISS a causa de la interpretación o aplicación del acuerdo, de sus disposiciones complementarias, de la gestión del centro regional y/o del centro de investigaciones, será resuelta por medio de negociaciones entre las partes (art. 20).
En las disposiciones finales, se regulan aspectos relativos a la ratificación, entrada en vigor y terminación del acuerdo, indicando en este último aspecto, que dejará de regir seis meses después de que cualquiera de las dos partes haya notificado por escrito a la otra su decisión de darlo por terminado, salvo en lo que respecta a las normas aplicables a la cesación normal de las actividades de la OISS y a la disposición de sus bienes en Colombia (arts. 21 y 22).
La colaboración en materia de capacitación de funcionarios públicos y particulares, la cooperación al actual Ministerio de la Protección Social y sus entidades adscritas y vinculadas, así como la creación de un centro de investigaciones especializado en el tema de la seguridad social, resultan claramente acordes al impulso integrador de la comunidad latinoamericana consagrado en los principios de internacionalización de las relaciones políticas y sociales (art. 227 superior). La creación del Centro Regional de la OISS destinado a la promoción de la seguridad social en el área andina, se estructuró respetando los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226 Superior), así como la soberanía del Estado Colombiano que le servirá de sede (art. 9º superior).
En igual sentido, la promoción de sistemas de seguridad social que garanticen los derechos básicos de la población en materia de protección social, colabora en la materialización del Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de la población (art. 1º superior), de los derechos a la seguridad social de los menores (art. 44 superior) y de los ancianos (art. 48 superior), a la salud (art. 49 superior) y al trabajo (art. 53 superior). La presencia en nuestro país de un concurso de experiencias extranjeras y de una organización internacional especializada en este aspecto, resulta ser un beneficio para el desarrollo progresivo de estos principios y derechos constitucionales.
3.3.2. No se observa, tampoco, contradicción entre el articulado del Acuerdo y de la Constitución en materia de beneficios y prerrogativas reconocidas a los organismos internacionales, a sus directivas y funcionarios extranjeros. Tal y como ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional (16) , la concesión de exenciones, prerrogativas e inmunidades a los bienes y funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales, como consecuencia de los principios de independencia, soberanía y reciprocidad entre los Estados, se encuentra acorde con los principios de derecho internacional, la Convención de Viena y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, siempre y cuando no se trate de una inmunidad plena o absoluta. Sobre su sujeción a los principios constitucionales esta Corte ha precisado que:
“Las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como Estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad —reciprocidad— entre los Estados. Son estos principios y no una mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el territorio de cada Estado” (17) .
De esta forma, la concurrencia de los artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del acuerdo, permite concluir que la limitación del ejercicio pleno y autónomo de las competencias exclusivas del Estado colombiano en territorio nacional no es absoluta, y se encuentra justificado en la necesidad de garantizar la autonomía e independencia del Centro Regional de la OISS, siendo en consecuencia compatible con los principios de la soberanía nacional y de acceso a la justicia.
3.3.4. Atendiendo la solicitud del Procurador General de la Nación de declarar la exequibilidad condicionada del artículo 16 y la necesidad de presentar una reserva frente al artículo 11, resulta indispensable reiterar la posición jurisprudencial en relación con la introducción en los tratados internacionales, de cláusulas a través de las cuales se adquieren compromisos financieros a cargo del Presupuesto General de la Nación. Al respecto, esta corporación ha considerado ajustado a la Carta Política que el Estado colombiano se obligue a través de un tratado o convenio a realizar una erogación presupuestal a favor de un organismo o fondo financiero, de inversiones o de crédito, para ser ejecutado por el respectivo organismo internacional dentro del marco de sus objetivos y funciones. Por medio de estos acuerdos se puede autorizar, entonces, la afectación del presupuesto para cumplir con la obligación internacional contraída, así como la transferencia de recursos de la Nación al presupuesto del organismo internacional (18) .
Ahora bien, aun cuando estas contribuciones provienen de recursos públicos, su transferencia a un organismo internacional para la realización de programas y proyectos de cooperación en el marco estricto de los objetivos previstos en los tratados y convenios de creación de dichos organismos, excluye la posibilidad de que el Estado colombiano ejerza algún tipo de control fiscal o disciplinario sobre la organización internacional o sus funcionarios. En efecto, tratándose de un organismo derivado del derecho internacional, autónomo, que no está sometido al control soberano del Estado colombiano, que goza de capacidad jurídica para la administración y ejecución de sus recursos —independientemente de que estos provengan de la cuota de sostenimiento de sus miembros o de aportes adicionales para la ejecución de proyectos—, cuyos funcionarios y agentes se rigen por las reglas de la función pública internacional y gozan de los privilegios e inmunidades diplomáticas previstas en los tratados internacionales y los estatutos de la organización, resultaría contrario a los tratados internacionales suscritos por Colombia, acoger la propuesta del Ministerio Público de declarar la exequibilidad condicionada del artículo 16 y exigir la reserva del artículo 11 del tratado objeto de control.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo sede entre el Gobierno de Colombia y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para el establecimiento de la sede del Centro Regional de la OISS para Colombia y el área andina”, firmado en Cartagena de Indias, el 22 de noviembre de 2001”.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 864 de diciembre 29 de 2003 por medio de la cual fue aprobado.
(1) En el folio 35 obra la copia certificada de los plenos poderes otorgados al Ministro de Trabajo y Seguridad Social para suscribir el “Acuerdo Sede entre el Gobierno de Colombia y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para el establecimiento de la sede del Centro Regional de la OISS para Colombia el Área Andina".
(2) Folio 238 del expediente.
(3) Folio 123 del expediente.
(4) Para el momento en que fue aprobado el Proyecto de Ley 110 de 2002 Senado por la Comisión Segunda y la Plenaria del Senado de la República no se encontraba aún vigente el Acto Legislativo 01 de 2003. Por ello, el presente juicio de constitucionalidad no contempla la exigencia contenida en el artículo 8º de dicho acto legislativo, en lo que se refiere a su aprobación por el Senado.
(6) Folio 188 del expediente.
(7) Folio 145 del expediente.
(8) Folio 123 del expediente.
(9) Folio 211 del expediente.
(10) Folio 348 del expediente.
(11) Folio 20 del expediente.
(12) Folio 257 del expediente.
(13) Folio 366 del expediente.
(14) Folio 373 del expediente.
(15) Folio 284 del expediente.
(16) Sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-315 de 2004, entre otras.
(17) Sentencia C-137 de 1996.
(18) Sentencias C-390 de 1994 y C-203 de 1995.