Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46945/sentencia-ap-alicante-312-2010-de-13-de-julio-impugnacion-de-la-lista-de-acreedores-clasificaci
Timestamp: 2017-12-18 07:03:28
Document Index: 24312635

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 84', 'artículo 61', 'artículo 59', 'artículo 84', 'artículo 61', 'artículo 61']

Sentencia A.P. Alicante 312/2010, de 13 de julio. Impugnación de la lista de acreedores. Clasificación de créditos reconocidos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia A.P. Alicante 312/2010, de 13 de julio. Impugnación de la lista de acreedores. Clasificación de créditos...
Sentencia A.P. Alicante 312/2010, de 13 de julio
Impugnación de la lista de acreedores: La cuestión a determinar es ver si los créditos tienen la naturaleza de ordinarios o de créditos contra la masa, es decir, si el incumplimiento es o no anterior a la declaración de concurso. El tribunal establece que al tiempo de la declaración de concurso los contratos estaban frustrados y eran de imposible cumplimiento, el único crédito que deriva de ellos es el de reintegración de las cantidades entregadas a cuenta junto con la indemnización correspondiente. Consolidados los créditos tendrán la categoria de ordinarios. El recurso se desestima.
ROLLO DE SALA N.º 254 (M-53) 10
JUZGADO de lo Mercantil n.º 1 Alicante
SENTENCIA N.º 312/10
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Incidente Concursal sobre calificación del crédito, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante con el número 332/09, dimanante de Concurso n.º 275/08, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, D.ª Estrella y D.ª Frida, representados en este Tribunal por el Procurador D. Jone Mira Erauzquin y dirigidos por el Letrado D.ªAna María Mendia Argomániz; siendo partes apeladas la mercantil concursada Herrada del Tollo S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D.ª Sonia María Budi Bellod y dirigida por el Letrado D. Juan Carlos Miralles Pérez, y la Administración Concursal, D. Hernan y D. Íñigo, habiendo ambas partes apeladas presentado escrito de oposición al recurso de la contraria.
Primero.-Por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 332/09, se dictó sentencia con fecha 15 de junio de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la demanda incidental interpuesta por Estrella y Frida contra la concursada y la administración concursal. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.".
Segundo.-Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 4 de mayo de 2010 donde fue formado el Rollo número 254/M-53/10, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 13 de julio de 2010, en el que tuvo lugar.
Primero.-La demanda que inicia el incidente cuya decisión, vía recurso de apelación, se nos cuestiona, lo es de impugnación de la lista de acreedores -art 96-3 LC - y en particular, de la clasificación de los créditos reconocidos por razón de la compra a la concursada de tres viviendas sobre plano en la Residencial Santa Ana del Monte, sita en Jumilla, Murcia.
En su momento los compradores, Sras Frida y Estrella, insinuaron sus créditos en el concurso, donde se personaron, aportando los contratos de compraventa de viviendas solicitando que se incluyera en la masa activa del concurso el precio pendiente que adeudaban como parte del precio de la compra y, en la masa pasiva, la contraprestación a cargo de la concursada, es decir, la entrega de la vivienda sin perjuicio de que, producido incumplimiento por la concursada, se promoviera en su caso la resolución contractual instando la devolución, con cargo a la masa, de los importes entregados a cuenta, 23.970 € y 55.470 €, así como los intereses legales en concepto de indemnización por daños y perjuicios. La Administración concursal incluyó en su informe -lista de acreedores- las cantidades entregadas a cuenta o como parte del precio de la compraventa, si bien tal reconocimiento lo hizo atribuyendo a tal crédito la naturaleza de ordinario condicional y, por tanto, en la consideración de que, de resolverse el contrato, lo sería por causa de incumplimiento por parte de la vendedora concursada producida con anterioridad a la declaración del concurso. Pues bien, ante tal actuar de la Administración concursal, se formula demanda incidental sustentada en que, en todo caso, partiendo de que la declaración del concurso de la promotora tuvo lugar por Auto de 19 de mayo de 2008, a tal fecha los contratos suscritos por la Sra Estrella estaban pendientes de cumplimiento ya que el pacto de entrega de las viviendas era para mayo de 2008, con posibilidad de prórroga hasta agosto, si bien había pacto expreso, suscrito el 17 de marzo de 2008 de no obstante haber retraso, continuar con el contrato, estando en todo caso vigente el contrato suscrito por la otra actora, Sra. Frida por lo que en todo caso, los contratos se encontrarían en el supuesto contemplado en el artículo 61-2 de la Ley Concusal y estando vigentes los contratos al no quedar afectos, como contratos bilaterales, por la declaración del concurso, la prestación que queda pendiente a cargo de la mercantil concursada -entrega de viviendas-, debe satisfacerse a cargo de la masa y sólo si la incumpliera y hubiera lugar a la resolución de los contratos, conforme al artículo 84-2-6 LC, aquellas cantidades entregadas a cuenta y la correspondiente indemnización, tendrían la consideración de créditos contra la masa, razón por la que se impugna la calificación que de ordinarios condicionales se ha dado por la Administración concursal.
El Juez del concurso llega a la conclusión de que, dado que a la fecha de declaración del concurso, la promotora vendedora ya había incumplido el contrato, no se está en la hipótesis del artículo 61-2 siendo en consecuencia, el derecho de los compradores, en todo caso, a la recuperación de las cantidades entregadas, con los daños y perjuicios derivados, que en el caso de los intereses, se sujetarían a lo dispuesto en el artículo 59 y 92 de la Ley Concursal, señalando en cuanto a la calificación de tal crédito, que el mismo es concursal en atención a que, entre otras razones, no existe norma expresa que confiera la naturaleza de crédito contra la masa a los casos de incumplimiento anterior en los supuestos de contratos de tracto único, segundo, porque el artículo 84-2-6.º LC califica de crédito contra la masa el crédito restitutorio derivado del incumplimiento del deudor después de la declaración, lo que, a contrario sensu, derivaría en una calificación distinta para los casos de incumplimiento previo del deudor a su declaración concursal y, tercero, porque los créditos contra la masa, con las excepciones legales oportunas, responden a actuaciones postconcursales y tienen su razón de ser en la contribución de los acreedores al mantenimiento de la actividad patrimonial del concursado siendo así que en el caso, las cantidades entregadas en este caso por los compradores, lo han sido en un momento previo al concurso.
Tales conclusiones son criticadas por los compradores que, en su recurso de apelación reiteran que siendo los contratos suscritos por los compradores de tracto único y futuro, no estaban concluidos a la fecha de declaración del concurso, estando por tanto en la hipótesis del artículo 61-2 de la Ley Concursal referido a los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimento a ambas partes, no habiendo incumplimiento anterior por la promotora al estar previsto en los contratos suscritos por la Sra. Estrella como fecha de entrega mayo de 2008, con prórrogas, agosto 2008, tratándose todos los contratos, también el de la Sra. Frida, de contratos vigentes mientras no tenga lugar su resolución, siendo por tanto de aplicación lo previsto en el artículo 61-2 de la Ley Concursal que establece que la declaración del concurso no afecta, por sí sola, a la vigencia de los contratos y que las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa.
Segundo.-Ante todo debe señalarse que lo que pretenden los actores con su demanda es, partiendo de la existencia del contrato, obviar su estado real para, desde un punto de vista jurídico pero abstracto, generar la apariencia de contrato susceptible de cumplimiento por ambas partes para con ello, obtener el beneficio de la masa.
Tal relato pone de manifiesto que a la fecha de la declaración los contratos eran existentes, porque no se habían resueltos, pero que ya concurría causa resolutoria. Pero también deja patente que de facto, el incumplimiento por parte de la promotora era ya a esa misma fecha de tal calibre que hacía de imposible cumplimiento cualquier hipótesis tendente a la efectividad contractual, siendo en realidad contratos solo susceptibles de resolución. Es más, en el caso del contrato suscrito por la Sra. Frida, ya concurría causa resolutoria pues había vencido el plazo de entrega -junio de 2007 y, en caso, septiembre 2007- sin que se hubiera cumplido tal obligación y sin que hubiera posibilidad de cumplimiento.
Tercero.-En tal estado de cosas, adquiere todo su relieve determinar en la hipótesis de la acción resolutoria el hecho en que consiste el incumplimiento y cuando ha tenido lugar.
Afirmar que es la cláusula contractual que fija fecha de entrega, el horizonte a partir del cual nace la acción resolutoria, constituye una afirmación que, además de que en el caso, solo podría venir referida a los contratos de la Sra. Estrella, no se corresponde con la causa de la resolución de los contratos que se puede acordar con base a la prueba del incumplimiento básico, esencial, que frustra el fin objetivo del contrato, lo que tiene lugar tanto cuando no se ha dado cumplimiento exacto al contrato como cuando, por las circunstancias es dable considerar que no se podrá cumplir. Cercenar la acción resolutoria cuando el incumplimiento formal depende de un hecho objetivo, como es el tiempo de entrega, supondría generar un sacrificio extraordinario, cuando no extravagante o insólito, obligando a los contratantes a cumplir sus obligaciones a fin de conservar su facultad resolutoria que, por razón objetiva, no será posible el cumplimiento de la contraparte. Dicho de otro modo cuando, como es el caso, a la fecha de la declaración del concurso, las obras del complejo residencial entre las que están las viviendas adquiridas por contrato privado por los acreedores, no han sido ejecutadas, sin que se hayan obtenido las licencias de obras de edificación, ni conste la aprobación del proyecto de reparcelación, estando la actividad urbanizadora paralizada y no iniciada la construcción de las viviendas, las diferencias temporales de que se trata permite estimar conforme a las máximas de experiencia básicas que no será posible el cumplimiento y afirmar que con anterioridad a la declaración del concurso la promotora no había cumplido con sus obligaciones ni tenía posibilidad ya de cumplir, de modo que ya en esa fecha, los compradores podían haber instado la resolución contractual para evitar mayores perjuicios.
Tercero.-En cuanto a las costas procesales de esta alzada y no obstante haberse desestimado el recurso de apelación, no ha lugar ha hacer expresa imposición de las mismas a la parte recurrente en la consideración de que la cuestión objeto de controversia no está sometida a criterios jurisprudenciales consolidados -art 398-1 y 394-1 Ley de Enjuiciamiento Civil -, existiendo razonables dudas de derecho sobre tales cuestiones.
Cuarto.-Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir -Disposición Adicional Décimoquinta n.º 9 LOPJ-, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.
Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte actora, entablado por la parte actora, D.ª Estrella y D.ª Frida, representados en este Tribunal por el Procurador D. Jone Mira Erauzquin, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Alicante el día 15 de junio de 2009, debemos confirmar y confirmamos en su integridad dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.
Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta n.º 9 LOPJ-.
Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán prepararse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8.ª abierta en la entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.