Source: https://legislacion.vlex.es/vid/reguladora-patrimonio-nacional-176305
Timestamp: 2020-05-25 23:59:23
Document Index: 241532964

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 4']

Ley reguladora del Patrimonio Nacional (Ley 23/1982, de 16 de junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 176305
Publicado en: BOE Num. 148 (1982)
Norma citada en: 46 sentencias, 39 artículos doctrinales, 59 disposiciones normativas, 14 resoluciones administrativas, 12 noticias
Artículo citado en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, 2 noticias
En cuanto sea compatible con la afectación de los bienes del Patrimonio Nacional, a la que se refiere el artículo anterior, el Consejo de Administración adoptará las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes.
El Consejo de Administración velará por la protección del medio ambiente en aquellos terrenos que gestione susceptibles de protección ecológica.
El Gobierno, a propuesta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, aprobará un Plan de protección medioambiental para cada uno de los bienes con especial valor ecológico y, en particular, para el monte de El Pardo, el bosque de Riofrío y el bosque de La Herrería.
Sólo por Ley podrán desafectarse terrenos que se encuentren incluidos en los planes de protección medioambiental a que se refiere el número anterior.
Artículo modificado por la Ley 44/1995, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.
El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada 'Casita de Arriba', con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.
Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.
El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. El Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado 'La Quinta', con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos.
El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.
Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Las donaciones hechas al Estado a través del Rey y los demás bienes y derechos que se afecten al uso y servicio de la Corona.
A los efectos de esta Ley se entiende por 'Monte de El Pardo' la superficie de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en los planos del Instituto Geográfico Nacional.
El Plan de protección medioambiental del monte de El Pardo afectará únicamente a los terrenos de dicho monte que tengan la calificación de rústicos.
Párrafo úlitmo añadido por la Ley 44/1995, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
La Iglesia y Hospital del Buen Suceso.
El Convento de las Descalzas Reales.
La Real Basílica de Atocha.
La Iglesia y Colegio de Santa Isabel.
La Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los apartados precedentes.
El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha localidad.
El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos.
El Hospital del Rey, sito en dicha capital.
El Convento de Santa Clara, en Tordesillas.
El Convento de San Pascual, en Aranjuez.
El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo.
El contenido de los derechos de Patronato a que se refiere el artículo quinto será el determinado en sus cláusulas fundacionales y, en caso de insuficiencia de las mismas, comprenderá con toda amplitud las facultades de administración de las Fundaciones respectivas. El Protectorado sobre dichas Fundaciones corresponde al Rey con las facultades que le atribuyen las disposiciones vigentes.
Los bienes de estas fundaciones, destinados al cumplimiento directo de sus respectivos fines, gozarán de las mismas exenciones fiscales que los de dominio público del Estado y serán imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación específica sobre su enajenación.
Apartado segundo modificado por la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del Orden social.
El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. Al Presidente y al Gerente les será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1.
El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.
La conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.
El ejercicio de los actos de administración ordinaria que sean necesarios para la adecuada utilización de los bienes.
La Jefatura del personal tanto funcionarios como contratados en régimen laboral.
Dictar las normas necesarias para la organización y funcionamiento de las distintas dependencias, así como dirigir e inspeccionar éstas.
Contratar, en régimen de Derecho privado, las obras y suministros que sean de interés para el Patrimonio Nacional, previas las formalidades que se determinen en el Reglamento de esta Ley, así como cualesquiera otros contratos que se refieran al aprovechamiento de los bienes del mismo.
La constitución con fines exclusivamente culturales o para el decoro de edificios públicos y por un período máximo de dos años de depósitos de bienes muebles de valor o carácter histórico o artístico, adoptando las medidas necesarias para la adecuada seguridad y conservación de los mismos. En todo caso, se velará por el íntegro mantenimiento de las colecciones.
La promoción y el cumplimiento de los fines de carácter científico, cultural y docente a que se refiere el artículo tercero.
Ejercer la administración de los Reales Patronatos a que se refiere el artículo quinto.
La formación del inventario de bienes y derechos del Patrimonio Nacional, con intervención de los órganos de la Administración del Estado que reglamentariamente se determine, su elevación al Gobierno y la correspondiente propuesta al mismo para su rectificación anual.
La propuesta al Gobierno de afectación de bienes muebles e inmuebles al uso y servicio de la Corona.
La propuesta al Gobierno de desafectación de bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Nacional, cuando éstos hubiesen dejado de cumplir sus finalidades primordiales. En ningún caso podrán desafectarse los bienes muebles o inmuebles de valor histórico-artístico.
Aceptar donaciones, herencias o legados y, en general acordar las adquisiciones a título lucrativo de cualquier clase de bienes. La aceptación de herencias se entenderá hecha a beneficio de inventario.
Elaborar y aprobar con carácter anual el anteproyecto de presupuesto del Patrimonio Nacional y remitirlo al Gobierno para su posterior inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.
La adopción de las medidas necesarias para el uso y gestión de los espacios naturales, en ejecución de los planes de protección medioambiental a que se refiere el artículo 3.
Apartado n) añadido por la Ley 44/1995, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
Artículo 8, apartado 1, modificado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo citado en: una sentencia, un artículo doctrinal, 8 disposiciones normativas, una resolución administrativa
En el estado letra a) de los Presupuestos Generales del Estado se incluirá, en la sección correspondiente, la dotación en la que figurarán los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones del Patrimonio Nacional.
Asimismo, excepcionalmente, se aplicarán al Patrimonio Nacional los créditos presupuestarios que figuran en las secciones correspondientes de los distintos Ministerios cuando éstos los destinen a la realización de actividades propias de su competencia que guarden relación con bienes del Patrimonio Nacional.
Los frutos, rentas, percepciones o rendimientos de cualquier naturaleza producidos por los bienes que integran el Patrimonio Nacional se ingresarán en el Tesoro Público.
Con objeto de ordenar la gestión económica del Patrimonio Nacional se formará para cada ejercicio un presupuesto conforme a lo previsto en la Ley General Presupuestaria.
El presupuesto del Patrimonio Nacional se ajustará a la normativa presupuestaria y contable de los organismos autónomos de carácter administrativo.
El Presidente tendrá la facultad de disponer gastos y ordenar los pagos correspondientes.
La intervención y fiscalización de los actos de reconocimiento y liquidación de los derechos y obligaciones estarán a cargo de la Intervención General del Estado por medio de un Interventor Delegado.
El examen y censura de las cuentas del Patrimonio Nacional corresponden al Tribunal de Cuentas.
Artículo 9 Apartado 5 modificado por la Disposición Adicional 15 de la Ley 21/1986, del 23 de Diciembre, de Presupuestos 1987, publicada en el BOE del 24 de Diciembre de 1986.
Artículo 9 Apartado 5 modificado por la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del Orden social.
Artículo 9 Apartado 6 modificado por la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del Orden social.
Las funciones atribuidas al Jefe del Estado por el Decreto-ley de veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta y siete, en el Patronato de la Fundación que constituye, se entenderán referidas al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
El Gobierno constituirá una Comisión en la que estarán representadas las entidades titulares de relaciones jurídicas con la Fundación creada por el Decreto-ley de veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta y siete. Dicha Comisión deberá elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la Fundación y sobre las situaciones jurídicas derivadas del mencionado Decreto-ley.
Se autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, regular las materias objeto del Decreto-ley de veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta y siete con las finalidades siguientes:
Adecuar la Fundación a los preceptos de esta Ley y establecer el nuevo régimen jurídico de sus bienes, disponiendo, cuando proceda, su integración en el Patrimonio del Estado.
Proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas.
Proceder, en lo demás, a resolver o novar en los términos que correspondan las relaciones y situaciones jurídicas a las que se refiere el número anterior.
Disposición citada en: 5 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 10 noticias
A la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, mediante Real Decreto, constituirá una Comisión de tres expertos que, en el plazo de seis meses, emitirá dictamen sobre el inventario de bienes a que se refiere el artículo 4.8.1 de sus miembros será el Interventor General del Estado o funcionario en quien delegue; el otro será propuesto por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el tercero será el Director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas o funcionarios en quien delegue.
Reglament del Consell de la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya (Decret 147/2010, de 26 d'octubre)