Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-813-de-2004?documento=legcol&contexto=legcol_75992041f614f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-16 12:51:36
Document Index: 22574877

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 7', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 333', 'artículo 334', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 61', 'artículo 287', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 61']

﻿ RESOLUCIÓN 813 DE 2004
RESOLUCIÓN 813 DE 14 DE JULIO DE 2004
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL. SE REDEFINEN Y ESTABLECEN LAS ZONAS COMPATIBLES CON LA MINERÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SE DEFINEN Y ESTABLECEN LAS ZONAS COMPATIBLES CON LA MINERÍA DE ARCILLAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ Y CON BASE EN DICHA ZONIFICACIÓN, DETERMINAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A SEGUIR POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES. SE SUSTITUYEN LAS RESOLUCIONES 222, 249 DE 1994, 1277 DE 1996 Y 803 DE 1999.
TEMAS ESPECÍFICOS:MINERÍA, LICENCIA AMBIENTAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO AMBIENTAL
DIARIO OFICIAL N°:45614 DE JULIO 19 DE 2004
VIGENCIA:SUSTITUIDA POR LA RESOLUCIÓN 1197 DE 2004 ARTÍCULO 7 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
RESOLUCIÓN 813 DE 2004
“Por la cual se redefinen y establecen las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y se definen y establecen las zonas compatibles con la minería de arcillas en la Sabana de Bogotá, se sustituyen las resoluciones 222 de 1994, 249 de 1994, 1277 de 1996 y 803 de 1999 y se adoptan otras determinaciones”.
(Nota: Sustituida por la Resolución 1197 de 2004 artículo 7º del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
(Nota: Véase Resolución 1613 de 2005 artículo 1º del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
(Nota: Véase Resolución 521 de 2008 artículo 1° del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
(Nota: Véase Resolución 1143 de 2008 artículo 1° del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 61 de la Ley 99 de 1993, los artículos 2º y 6º del Decreto 216 de 2003, y
Que los artículos 8º y 95 numeral 8º de la Carta Política de 1991, señalan que es obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas naturales de la Nación;
Que el artículo 58 ibídem consagra la prevalencia del interés general sobre el particular;
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política establecen el derecho colectivo a un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental;
Que el artículo 333 de la Carta Política de 1991 preceptúa:
“ART. 333.—La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La empresa, como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”;
Que el inciso 1º del artículo 334 de la Carta Magna dispone:
“ART. 334.—La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”;
Que mediante Resolución Ejecutiva 76 del 31 de marzo de 1977, el Ministerio de Agricultura aprobó el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena por el cual se declararon dos reservas forestales: una protectora en el artículo 1º (bosques orientales de Bogotá) y otra protectora-productora en el artículo 2º (cuenca alta del río Bogotá). La zona de reserva forestal protectora-productora quedó establecida por encima de la cota 2.650 msnm y para pendientes iguales o superiores al 100%;
Que de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 99 de 1993 se entiende por ordenamiento ambiental del territorio, la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible;
Que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 contempla: “Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.
El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas compatibles en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta determinación, la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, otorgará o negará las correspondientes licencias ambientales.
Los municipios y el Distrito Capital expedirán la reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo en las que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente”;
Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución 222 del 3 de agosto de 1994, modificada por las resoluciones 249 de 1994, 1277 de 1996 y 803 de 1999, reglamentó el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, en lo relacionado con las zonas compatibles en la Sabana de Bogotá con las actividades mineras prospección, exploración, explotación y beneficio realizado con respecto a los materiales de construcción, en especial canteras, areneras, gravilleras, ladrilleras, chircales y receberas;
Que ante la serie de situaciones y conflictos originados por la zonificación de las áreas compatibles con la actividad minera en la Sabana de Bogotá, establecida en la Resolución 222 de 1994, el Ministerio del Medio Ambiente evidenció la necesidad de elaborar un nuevo estudio técnico que redefina dichas áreas para su realización, las inquietudes que sobre el tema generen los entes territoriales afectados, así como las autoridades ambientales competentes;
Que en consecuencia, este ministerio emitió la Resolución 803 del 24 de septiembre de 1999 con la cual amplió los plazos para la ejecución de los planes de recuperación o restauración ambiental;
Que en el artículo 5º de la mencionada resolución se establece: “Ordenar la elaboración de un nuevo estudio técnico que revise y redefina las zonas compatibles con la actividad minera para materiales de construcción en la Sabana de Bogotá, establecidas en la Resolución 222 del 3 de agosto de 1994”;
Que en cumplimiento de lo anterior, se celebró el convenio interadministrativo 113 de 1997, entre el Ministerio del Medio Ambiente y Fonade y el contrato de consultoría 990531 de 1999, suscrito entre Fonade y prospectos y estrategias de desarrollo-Prodea Ltda., cuyo objeto fue la elaboración del estudio a que se refiere el artículo 5º de la Resolución 803 de 1999;
Que la firma Prodea Ltda. realizó el estudio denominado “actualización de la zonificación de áreas compatibles con la actividad minera en la Sabana de Bogotá”, en el que se analizaron entre otros los siguientes temas:
1. Caracterización actual de la minería en la Sabana de Bogotá.
2. Caracterización actual del territorio.
3. Zonificación de áreas compatibles con las actividades mineras en la Sabana de Bogotá.
4. Concertación de áreas compatibles con la minería en los municipios de la Sabana de Bogotá.
El estudio se realizó consultando a las autoridades ambientales de la región, a las autoridades mineras, al Distrito Capital y a los municipios de la Sabana de Bogotá;
Que debido al impacto ambiental que puede llegar a generar la explotación de arcillas y al potencial existente de este mineral en la Sabana de Bogotá, se hace necesario contemplar su inclusión en la modificación de la Resolución 222 de 1994;
Que mediante la Sentencia C-534 de 1996 del 16 de octubre de 1996 la Corte Constitucional M.P. Fabio Morón Díaz, declaró exequible el inciso tercero del artículo 61 de la Ley 99 de 1993;
Que entre otras cosas en la sentencia citada, el alto tribunal consideró:
Es el caso del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, a través del cual el legislador, en desarrollo de las competencias que le atribuyó el constituyente, y especialmente del principio consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política, declaró a la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal. Tal determinación presupone una decisión de carácter técnico, que implica que el legislador, con plena capacidad para hacerlo, reconoce esos recursos como esenciales para la conservación y preservación del ecosistema nacional, y que en consecuencia, asume su protección y preservación, como asunto de su directa competencia, pues es su responsabilidad salvaguardar un patrimonio que es de la Nación, sin que ello signifique que pueda despojar a los respectivos municipios de la facultad que el constituyente les otorgó, en materia de reglamentación sobre esas materias.
Así, el legislador, con base en lo dispuesto en los artículos 8º, 79, 80 y 334 superior, podía legítimamente en la ley de medio ambiente crear y definir los organismos técnicos especializados encargados de regir, diseñar e implementar políticas de alcance nacional y regional, Ministerio del Medio Ambiente y corporaciones autónomas regionales, cuyo objetivo fundamental, además de garantizar la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, es propiciar el logro de esos fines, de forma paralela al cumplimiento de otros propósitos fundamentales de la Carta, tales como impulsar procesos de desarrollo sostenido de la economía, que garanticen el progresivo bienestar general y la protección de esos recursos.
Así, al producir normas sobre la materia, el legislador deberá hacerlo de manera tal que sus disposiciones contribuyan a la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente, y a garantizar la conservación de áreas de especial importancia ecológica, tal como lo ordena el artículo 79 de la Constitución Política; de igual manera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 superior, el Estado deberá sentar, en las respectivas normas legales, las bases que le permitan planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar la realización de procesos de desarrollo sostenible (1) , para lo cual deberá diseñar políticas de cobertura nacional y regional, que permitan impulsar el manejo y aprovechamiento planificado de los recursos naturales, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental.
(1) El principio 4 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo —Carta de la Tierra—, establece: “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.
No en vano se reconoce, como función del Estado, la de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales de la Nación, la cual destaca el legislador en el artículo 7º de la Ley 99 de 1993. En su labor, en todo caso, deberá concretarse el propósito de proteger bienes que, como el medio ambiente y los recursos naturales, hacen parte del patrimonio nacional y son de interés para la humanidad.
Es clara entonces la legitimidad que le asistía al Congreso de la República para expedir la Ley 99 de 1993, a través de la cual desarrolló, entre otros, el principio consagrado en el ya citado artículo 8º de la Constitución, y para consagrar en el artículo 61 de la misma como bienes de interés ecológico nacional, a la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, declaración que quiso hacer efectiva con las disposiciones adoptadas en los incisos segundo y tercero del mismo artículo, que otorgan funciones específicas al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, dirigidas a garantizar la destinación que se prevé para los mismos y su conservación y preservación, sin que tales disposiciones puedan ser acusadas de interferir o anular la facultad reglamentaria de esos municipios, en materia de uso de suelos y protección del patrimonio ecológico, las cuales, dadas las características e importancia de dichos bienes sobre el ecosistema nacional, se someten a las disposiciones de la misma ley, y a la que expida el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, lo cual se ajusta plenamente al mandato del artículo 287 de la Constitución Política.
En consecuencia, el Estado, como director general de la economía, intervino, tal como se lo ordena el artículo 334 de la Carta Política, para lograr una racional explotación de los recursos naturales y del uso del suelo en la Sabana de Bogotá y algunos municipios circundantes, al determinar en la Ley 99 de 1993, los organismos del sector público encargados a nivel nacional y regional de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, atribuyéndoles facultades para producir disposiciones que garanticen, con perspectiva de unidad e integralidad, de una parte el desarrollo sostenido de la economía, y de otra, la preservación de un patrimonio esencial para la Nación en su conjunto, asumiendo que tales disposiciones afectarán a las generaciones actuales y futuras que la conforman.
Se materializa, en este precepto legal, la intervención del Estado en lo relacionado con la explotación de recursos naturales y el uso del suelo, a las que se refiere expresamente el artículo 334 superior, haciendo armónico el desarrollo del artículo 8º de la Constitución que les ordena a las personas y al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación, con los objetivos, también atribuidos al Estado, de garantizar e impulsar un desarrollo económico sostenido, que a tiempo que garantice el bienestar general, preserve ese patrimonio esencial conformado por las riquezas naturales y el medio ambiente. Y no podía ser de otra manera, dada la relación estrecha de dependencia que existe entre procesos de desarrollo económico, recursos naturales y medio ambiente.
(...)”;
Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, dispone las determinantes que deberán tener en cuenta los municipios y distritos para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial; estas determinantes constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes;
Que el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 25 de marzo de 2004, que resolvió la impugnación contra la sentencia del 30 de octubre de 2003 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en referencia a la acción de cumplimiento instaurada por el señor Gilberto García Alvarado contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sostiene:
“De lo hasta aquí analizado se desprende que el Ministerio de Ambiente realizó el estudio técnico ordenado en el artículo 5º de la Resolución 803 de 1999, pero no obstante el tiempo transcurrido hasta la fecha no ha adoptado las definiciones que correspondan hacer con base en las recomendaciones del estudio técnico.
La sentencia materia de impugnación debe ser confirmada haciendo las siguientes precisiones:
En el artículo 5º de la Resolución 803 no se fijó un término para la elaboración del estudio técnico, ni para que con base en él el Ministerio de Ambiente adoptara las decisiones respectivas resultantes del estudio.
Si bien es cierto la adopción de nuevas definiciones puede implicar un proceso un tanto complejo en el cual deben intervenir varias autoridades ambientales y municipales, dado el tiempo transcurrido, aproximadamente de 4 años, no existe justificación para que el ministerio no haya adoptado aún las redefiniciones sobre esta materia si se tiene en cuenta que como se puede observar en el documento elaborado por Prodea existen razones suficientes para tomar las decisiones correspondientes.
Por ello, aun cuando no hay lugar a acceder a la solicitud de cumplimiento en cuanto que la norma que se predica como incumplida no fijó un término para que el ministerio resolviera sobre la redefinición de las áreas compatibles para las actividades mineras, ello no obsta para que se le advierta que en atención al término transcurrido entre a adoptar de inmediato en un plazo que no pueda exceder de dos (2) meses las redefiniciones sobre la materia, habida consideración a que del resultado del estudio técnico se deriva la posibilidad de tomar nuevas determinaciones en relación con las zonas incompatibles para la actividad minera de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá”;
Que a través del Decreto-Ley 216 de 2003 se determinaron los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se adoptaron otras disposiciones igualmente, se expresó que este cumpliría las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993 en materia de medio ambiente y recursos naturales;
Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, las direcciones de desarrollo sectorial sostenible, desarrollo territorial, ecosistemas y el grupo de licencias, trámites y permisos de este ministerio, emitieron concepto (memorando Nº 2200-3-46828 del 30 de junio de 2004), el cual es el fundamento técnico para expedir la presente resolución;
Que el mencionado concepto se emitió, teniendo en cuenta la siguiente metodología y criterios:
1. Metodología.
Se procedió a establecer la georreferenciación y coordenadas de las zonas compatibles, a través del cruce de información temática (por medio de un sistema de información geográfica), obtenida de mapas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, información del estudio de Prodea Ltda., y de información nacional del IGAC, de Ingeominas y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
a) Ley 99 de 1993, artículo 61;
b) Ley 685 de 2001, artículos 34 y 35;
c) Resolución 76 de 1977 (reserva de la cuenca alta del río Bogotá y bosque oriental de Bogotá);
d) Resolución 769 de 2002 sobre protección, conservación y sostenibilidad de páramos;
e) Ronda del río Bogotá;
f) Resoluciones 222 de 1994, 249 de 1994, 1277 de 1997 y 803 de 1999;
g) Estudio presentado por Prodea Ltda.;
h) Propuesta presentada por el DAMA;
i) Propuesta presentada por la CAR;
j) Propuesta presentada por el Ministerio de Minas y Energía.
Adicionalmente, se consideraron las siguientes áreas a tener en cuenta en la zonificación:
1. Reservas forestales nacionales y regionales.
2. Parques nacionales y regionales naturales.
3. Potencial minero-geológico de materiales de construcción y arcillas.
4. Ordenamientos mineroindustriales.
5. Ordenamiento de la minería con criterio de sostenibilidad para reducir los impactos ambientales, que permita la zonificación o agrupación de actividades mineras.
6. Criterios de aptitud de uso del suelo.
7. Criterios de uso actual y cobertura.
8. Criterios hidrogeológicos.
Que con fundamento en los anteriores considerandos, este ministerio procede a redefinir y a establecer las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y a definir y establecer las zonas compatibles con la minería de arcillas en la Sabana de Bogotá y con base en dicha zonificación, determinar las acciones y actividades a seguir por parte de las autoridades ambientales competentes;
ART. 1º—Redefinir y establecer las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción, definir y establecer las zonas compatibles con la minería de arcillas en la Sabana de Bogotá, que se encuentran en los siguientes municipios: Bogotá, D.C., Bojacá, Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, Guasca, Guatavita, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Villapinzón y Zipaquirá.
ART. 2º—Las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y arcillas en la Sabana de Bogotá, se encuentran dentro de las siguientes coordenadas, origen Bogotá:
NOTA: Las coordenadas de las zonas compatibles establecidas en el presente artículo, pueden ser consultadas en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PAR. 1º—El desarrollo de actividades mineras de materiales de construcción y arcillas en las zonas a que se refiere el presente artículo están sujetas al cumplimiento de las normas ambientales vigentes sobre la materia.
PAR. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el Distrito Capital y los municipios de la Sabana de Bogotá, deberán sujetarse a lo dispuesto en la presente resolución al momento de adoptar determinaciones en sus planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial o planes básicos de ordenamiento territorial, que se relacionen con el uso del suelo en la Sabana de Bogotá.
ART. 3º—Las autoridades ambientales competentes, al momento de adoptar determinaciones en relación con explotaciones mineras de construcción y arcillas en la Sabana de Bogotá, en las zonas señaladas en el artículo anterior, tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la necesidad de adoptar las medidas necesarias con relación a los siguientes ecosistemas de manejo especial, de conformidad con las normas que regulan la materia:
1. Páramos y subpáramos, según lo establecido en el artículo primero y lo definido en el artículo segundo de la Resolución 769 de 2002.
2. Bosques alto-andinos, ubicados en cotas iguales o superiores a 2.900 msnm.
3. Cuerpos de agua y sus rondas hídricas.
5.(sic) Zonas de recarga de acuíferos.
6. Zonas de nacederos o manantiales.
7. Microcuencas abastecedoras de acueductos o de agua utilizada en proyectos existentes con fines agropecuarios, forestales o agroindustriales.
8. Zonas en las que existan especies de flora o fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
9. Área de reserva forestal protectora-productora (cuenca alta del río Bogotá), de conformidad con el artículo 2º de la Resolución Ejecutiva 76 del 31 de marzo de 1977, del Ministerio de Agricultura.
PAR.—En los anteriores aspectos, las autoridades ambientales competentes, deberán excluir o restringir estas zonas para la actividad minera, según el caso.
ART. 4º—Escenarios. De acuerdo con el análisis de la actividad minera de materiales de construcción y arcillas, y su manejo ambiental en la zona de interés ecológico nacional declarada en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, para efectos de la presente resolución se definen los siguientes escenarios o situaciones que corresponden a las zonas intervenidas y que cuentan o no con título, permiso u otra autorización minera y ambiental, que requieren ser manejadas adecuadamente hasta su restauración final:
1. Escenario 1 (E1). La minería en zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente y que cuentan con autorización ambiental.
2. Escenario 2 (E2). La minería en zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental pero que pese a ello han venido explotando.
3. Escenario 3 (E3). La minería en zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental y que a diferencia de la anterior, no han desarrollado actividades de explotación.
4. Escenario 4 (E4). La minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que cuentan con autorización ambiental y que han venido explotando.
5. Escenario 5 (E5). La minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que cuentan con autorización ambiental pero que no han explotado.
6. Escenario 6 (E6). La minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental pero que aun así, han venido explotando.
7. Escenario 7 (E7). La minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental, que no han explotado.
8. Escenario 8 (E8). La minería fuera de zonas compatibles sin título, permiso u otra autorización minera o que no esté vigente y sin autorización ambiental.
9. Escenario 9 (E9). La minería que se esté realizando en las zonas excluibles de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
PAR.—Se entiende que dentro del concepto de autorización ambiental, se encuentra la licencia ambiental y el plan de manejo ambiental vigente establecido por la autoridad ambiental competente, o el título, permiso o autorización minera vigente que incluyó la viabilidad ambiental.
ART. 5º—Transición. De conformidad con los escenarios o situaciones anteriores, las autoridades ambientales competentes deberán realizar las siguientes actividades y acciones:
1. Escenario 1 (E1).
La minería en zonas compatibles con actividad minera, que cuenten con título, permiso u otra autorización minera vigente y con autorización ambiental, se les realizará seguimiento ambiental por parte de la autoridad ambiental de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1180 de 2003, el que lo modifique o sustituya.
2. Escenario 2 (E2).
La minería en zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental pero que pese a ello han venido explotando, se suspenderá la actividad minera de inmediato por parte de la autoridad ambiental competente.
La suspensión durará, hasta tanto se presente por parte del beneficiario del título, permiso o autorización minera y se acepte mediante resolución por parte de la autoridad ambiental competente, el plan de manejo ambiental para la explotación, incorporando de manera específica acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad, las cuales deben implementarse de manera simultánea con el aprovechamiento del recurso minero y no dejarse para una etapa final y proyectado de acuerdo a las disposiciones del POT —EOT— PBOT, para el uso definitivo del suelo posterior a la minería.
La autoridad ambiental realizará el seguimiento ambiental de acuerdo con el Decreto 1180 de 2003.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad ambiental competente iniciará el respectivo proceso sancionatorio.
3. Escenario 3 (E3).
La minería en zonas compatibles con actividad minera, con título minero, permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental y que a diferencia de la anterior, no han desarrollado actividades de explotación, no podrán iniciarlas y deberán seguir el procedimiento de trámite de licencia ambiental de acuerdo con el Decreto 1180 de 2003 y a la Ley 685 de 2001.
4. Escenario 4 (E4).
En la minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título minero, permiso u otra autorización minera vigente, que cuentan con autorización ambiental y que han venido explotando, podrán continuar su actividad y deberán presentar el plan de manejo ambiental actualizado, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de los términos de referencia por parte de la autoridad ambiental competente, quien debe pronunciarse oficialmente sobre el mismo.
Este plan de manejo ambiental debe incluir las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad, bajo una explotación de volúmenes decrecientes y proyectado de acuerdo a las disposiciones del POT, EOT o PBOT para el uso definitivo del suelo posterior a la minería, al momento de la aprobación del plan de manejo ambiental.
Si en los seis (6) meses establecidos no se ha presentado el plan de manejo ambiental, la autoridad ambiental competente deberá imponerlo con cargo a los beneficiarios de los títulos y su término de explotación continuará hasta la vigencia del título minero, siempre y cuando coincida con el término establecido por la autoridad ambiental competente para realizar las acciones encaminadas a recuperar, restaurar o reparar el área explotada con la actividad minera.
No obstante lo anterior, si el término de vigencia del título minero es insuficiente para la restauración de la zona de acuerdo con el uso definitivo del suelo posterior a la minería establecido por el POT-EOT o PBOT, la autoridad ambiental competente deberá imponer la continuidad de tales medidas por máximo tres años más.
5. Escenario 5 (E5).
En la minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que cuentan con autorización ambiental pero que no han explotado, procederá la autoridad ambiental competente a revocar el acto administrativo.
6. Escenario 6 (E6).
En la minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso u otra autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental pero que aun así, han venido explotando, suspenderá de manera inmediata las actividades mineras, impondrá el plan de restauración con explotación de volumen decreciente y hasta el tiempo límite que establezca la autoridad ambiental competente de acuerdo a las acciones que se necesiten para restaurar la zona de acuerdo con el uso definitivo del suelo posterior a la minería establecido por el POT —EOT— PBOT, al momento de la aprobación del plan de manejo ambiental.
7. Escenario 7 (E7).
En la minería fuera de zonas compatibles con actividad minera, con título, permiso o autorización minera vigente, que no cuentan con autorización ambiental y que no han explotado, no se otorgará ninguna autorización ambiental y no podrá realizarse la minería.
8. Escenario 8 (E8).
En la minería sin título minero o con título minero no vigente y sin autorización ambiental, que se encuentren explotando, la autoridad ambiental competente, suspenderá de manera inmediata las actividades mineras, impondrá el plan de restauración con explotación de volumen decreciente y hasta el tiempo límite que establezca la autoridad ambiental competente de acuerdo a las acciones que se necesiten para restaurar la zona de acuerdo con el uso definitivo del suelo posterior a la minería establecido por el POT —EOT— PBOT.
Una vez se imponga y se notifique el plan de restauración por parte de la autoridad ambiental competente, el beneficiario procederá a iniciar las actividades tendientes a la recuperación del área.
9. Escenario 9 (E9).
La minería que se esté realizando en las zonas excluibles de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, la autoridad ambiental competente, suspenderá de manera inmediata las actividades, solicitará o impondrá el plan de restauración, si en seis (6) meses no ha sido entregado, con explotación de volumen decreciente y hasta el tiempo límite que establezca la autoridad ambiental competente de acuerdo a las acciones que se necesiten para restaurar la zona de acuerdo con el uso definitivo del suelo establecido en la reglamentación especial que contempla estas áreas de exclusión.
PAR. 1º—La autoridad ambiental competente en un plazo de un (1) mes, contado a partir de la expedición de la presente resolución debe establecer los términos de referencia para actualizar los planes de manejo ambiental para zonas compatibles con la minería. Igualmente tendrá el mismo término para establecer los términos de referencia para los planes de restauración.
En estos términos de referencia debe reflejarse la solicitud del manejo ambiental de las restricciones ambientales por uso del suelo, aptitud del suelo e hidrogeología.
PAR. 2º—La autoridad ambiental competente en un plazo de cuatro (4) meses se pronunciará sobre el acogimiento definitivo del plan de manejo ambiental o su imposición con las obligaciones que esta considere necesarias.
PAR. 3º—La autorización ambiental en áreas fuera de zonas compatibles tendrá un tiempo máximo por la vigencia del título minero sin prórroga o más allá de este, cuando el tiempo para la restauración sea insuficiente para desarrollarla adecuadamente, sin superar tres (3) años.
PAR. 4º—El plan de restauración contendrá un componente geotécnico, geomorfológico, hídrico, biótico y antrópico.
La remoción de materiales como parte del plan de restauración deberá estar justificada de manera exclusiva a la estabilización geotécnica y a la finalidad de la restauración.
ART. 6º—El cumplimiento de los planes de manejo ambiental y los planes de restauración, deberán contar con una póliza de cumplimiento equivalente al 30% del costo total del mismo, con una vigencia durante la vida útil del proyecto y hasta por dos años más.
PAR.—La autoridad ambiental competente podrá determinar en qué casos se debe imponer el plan de restauración o en cuáles situaciones es improcedente, por cuanto la zona se viene recuperando naturalmente sin ninguna intervención antrópica.
ART. 7º—Una vez se acepte por la autoridad ambiental competente la restauración del área minera, se procederá al cierre definitivo de la misma.
ART. 8º—Para efectos de la presente resolución, se entenderán como materiales de construcción y arcillas, aquellos definidos por la Ley 685 de 2001, o aquella que la sustituya o modifique.
ART. 9º—La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, sustituye las resoluciones 222 de 1994, 249 de 1994, 1277 de 1996 y 803 de 1999 y demás disposiciones que le sean contrarias.