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Timestamp: 2019-04-18 23:12:32
Document Index: 333584186

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'artículo 19', 'artículo 69']

Artículo 5 Derechos generales de los menores y los jóvenes
Artículo 6 Derechos específicos de los menores de edad
Artículo 7 Competencias de la Administración de la Generalidad
Artículo 8 Participación de entidades públicas
Artículo 9 Colaboración de personas y entidades privadas
TÍTULO II. La ejecución de las medidas en medio abierto
Artículo 10 Finalidad de la intervención en medio abierto
Artículo 11 Profesionales para la ejecución de las medidas
Artículo 12 Actuaciones para la ejecución de medidas en medio abierto
Artículo 13 Recursos para la ejecución de las medidas
Artículo 14 Programas generales de intervención
TÍTULO III. La ejecución de los internamientos
CAPÍTULO II. Estatuto de los menores y los jóvenes internados
CAPÍTULO III. Regímenes de internamiento, ingresos y traslados
CAPÍTULO IV. Organización y funcionamiento de los centros
CAPÍTULO V. Régimen disciplinario de los centros
CAPÍTULO VI. Relaciones con el exterior
CAPÍTULO VII. La actuación educativa institucional
CAPÍTULO VIII. Prestaciones de los centros
TÍTULO IV. El apoyo a los procesos individuales de reinserción
Artículo 61 Actuaciones de apoyo
TÍTULO V. Las funciones de inspección y el tratamiento y la gestión de la información
Artículo 62 Funciones de inspección
CAPÍTULO II. Tratamiento y gestión de la información
Artículo 63 Expedientes personales de los menores y los jóvenes
Artículo 64 Deber de confidencialidad y reserva
DOGC 21 Febrero 2002. Corrección de erratas L 27/2001 de 31 Dic. CA Cataluña (justicia juvenil)
DOGC 19 Diciembre 2002. Corrección de erratas L 27/2001 de 31 Dic. CA Cataluña (justicia juvenil)
Ley [CATALUÑA] 27/2001, 31 diciembre, rectificada por Corrección de erratas («D.O.G.C.» 21 febrero 2002). Ley [CATALUÑA] 27/2001, 31 diciembre, rectificada por Corrección de erratas («D.O.G.C.» 19 diciembre 2002).
Conscientes de la importancia de conocer la situación de los menores en relación con la familia, el entorno social, la enseñanza y la ocupación laboral, como elementos definidores de sus necesidades educativas, se plantea, a partir del año 1982, la necesidad de crear un espacio de observación de los menores. Esta información obtenida sobre los menores y su entorno ha de ser facilitada a los fiscales y jueces de menores, para que puedan orientar la respuesta más adecuada a cada caso. En el año 1982 se inauguró en Barcelona el primer centro de observación de todo el Estado español, y en el mismo año iniciaron sus actividades los equipos de observación en medio abierto y los equipos técnicos, los cuales eran puestos a disposición de las autoridades judiciales entonces responsables de la jurisdicción de menores.
En el área de los centros se efectuó una importante remodelación de los equipamientos existentes antes de los traspasos, con la supresión de los antiguos y grandes centros de internamiento, los centros Ramon Albó, L'Esperança, El Castell, entre otros, y la creación de nuevas unidades más reducidas y especializadas, con el fin de ofrecer distintas respuestas, que implicasen la separación temporal de los menores de su entorno familiar y social.
Estas actuaciones recibieron confirmación e impulso con la aprobación de la Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menores, que permitía superar definitivamente una normativa administrativa desfasada y poco garantista. El Parlamento de Cataluña fue el primero del Estado en aprobar una ley específica de protección de menores, la Ley 11/1985, que regulaba tres ámbitos distintos de actuación: la prevención de la delincuencia infantil y juvenil, el tratamiento de la delincuencia infantil y juvenil, y la tutela de los menores si falta la potestad del padre y de la madre o por un ejercicio inadecuado de ésta o del derecho de guarda y educación.
En el año 1986 se inauguró en Palau de Plegamans, actualmente Palau-solità i Plegamans, el primer centro cerrado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los menores y jóvenes que requieren una actuación educativa más intensa. Se trata del Centro Educativo l'Alzina.
Desde una perspectiva histórica, y a pesar de la ingrata y al mismo tiempo importante función social de las instituciones cerradas, es difícil que este tipos de recursos reciban algún tipo de reconocimiento. Por todo ello hay que valorar el otorgamiento al Centro Educativo l'Alzina del premio Solidaridad, en su décima edición (1996), otorgado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.
Se ha llegado al vigente marco legislativo después de un proceso de modificaciones legislativas, por una parte, en el ámbito estatal, por lo que se refiere a la competencia de los tribunales y a los procedimientos, y, por otra, por lo que se refiere a las modificaciones de la Ley 11/1985, en cuanto a las medidas de ejecución.
La nueva situación competencial creada a raíz de la Ley del Estado 21/1987 y el desarrollo del derecho civil de Cataluña han hecho que la protección de menores haya sido objeto, en estos últimos años, de un intenso tratamiento legislativo, mediante las leyes sucesivas que el Parlamento ha ido aprobando: Ley 12/1988, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 11/1985, de protección de menores; Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de menores desamparados y de la adopción; Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares, y Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991.
El paso definitivo para la renovación de la legislación en esta materia fue la aprobación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. El Código establece, en el artículo 19, que la mayoría de edad penal es a los dieciocho años y que los menores de esta edad autores de hechos tipificados como delito o falta pueden responder por ello conforme a la Ley que regule la responsabilidad penal de los menores de edad. El artículo 69 del Código penal también dispone que dicha Ley puede ser aplicada, en los casos y con los requisitos que establezca, a los jóvenes mayores de dieciocho años y menores de veintiuno. La entrada en vigor de estos dos artículos quedó condicionada, no obstante, a la entrada en vigor de la Ley anunciada, que se ha materializado con la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que deroga la legislación tutelar de menores de 1948, en la parte que aún quedaba vigente, y la Ley orgánica 4/1992, de 5 de junio, modificadora de la anterior.
Esta Ley orgánica hace necesario acomodar la legislación catalana a la nueva situación y sustituir la actual Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menores, en la parte que aún queda vigente, por un instrumento legal adecuado que permita ejecutar correctamente las funciones y las competencias de la Administración de la Generalidad en este ámbito.
También se han incorporado a la norma los principios declarados en varias resoluciones adoptadas por el Parlamento, especialmente, la Resolución 37/I, de 10 de diciembre de 1981, y la Resolución 194/III, de 3 de marzo de 1991, sobre los derechos de la infancia.
El título I recoge las disposiciones generales referentes al objeto, la finalidad, el ámbito de aplicación, los principios rectores de la Ley y los derechos de los menores y los jóvenes. También se aborda la distribución competencial y se atribuye a la Administración de la Generalidad, mediante el órgano administrativo que se designe como competente, el ejercicio de las funciones básicas de la Ley. No obstante, la Ley prevé la posibilidad de que las entidades locales puedan asumir funciones de la Administración de la Generalidad, por la vía de la delegación de competencias y la vía de los acuerdos o convenios de colaboración con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.
La ejecución de las medidas en medio abierto tiene por finalidad incidir en el proceso de socialización de los menores y los jóvenes, mediante una intervención individualizada en el propio entorno, en coordinación estrecha con las distintas instituciones y entidades y con los profesionales de la comunidad que, de alguna forma, puedan incidir positivamente en ellos, promoviendo la colaboración y la participación de la familia y haciendo uso, preferentmente, de los servicios y los recursos comunitarios del entorno social.
La redacción de este título III se ha inspirado, fundamentalmente, en las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, de 14 de diciembre de 1990. La Ley regula, en el marco de las competencias de la Generalidad, las múltiples materias que la ejecución de los internamientos suscita.
El título V regula dos materias específicas: las funciones de inspección, que ha de llevar a cabo el órgano administrativo competente, las cuales tienen como finalidad velar para que la actuación de los centros propios y colaboradores y de los profesionales que intervienen en el ámbito de la presente Ley se lleve a cabo según sus principios rectores y con total respeto de los derechos y las garantías de los menores y los jóvenes, y el tratamiento y la gestión de la información, para garantizar la confidencialidad y la reserva necesarias en relación con los datos de los menores y los jóvenes obtenidos por los profesionales en el ejercicio de las funciones que les corresponden.
Finalmente, se dispone el desarrollo por reglamento de la Ley y se determina su entrada en vigor.