Source: http://unesa.es/sector-electrico/la-regulacion-electrica-en-espana-y-europa/regulacion-del-sistema-electrico-espanol/1160-rdl2-01
Timestamp: 2017-03-27 16:30:00
Document Index: 397008357

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 86']

UNESA - RDL2_01
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Art.2 - DDU -
En el caso concreto del sector eléctrico, hay que señalar que en estos tres últimos años se ha ido produciendo una aceleración en la liberalización del suministro, estando previsto, de acuerdo con el
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, la total liberalización del suministro el 1 de enero del año 2003.
Para ello, el Gobierno considera imprescindible aclarar el marco aplicable a los costes de transición al régimen de mercado competitivo para los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica, impuesto por la
disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y sus sucesivas modificaciones; igualmente, resulta necesaria una reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, a fin de delimitar el contenido de los acuerdos que pueden ser adoptados por el Gobierno en expedientes de concentración empresarial y de atribuir a los órganos competentes en materia de defensa de la competencia de instrumentos efectivos para velar por el cumplimiento de dichos acuerdos.
El presente Real Decreto-ley consta de dos artículos; el
primero da nueva redacción a la disposición transitoria sexta de la Ley
54/1997, modificada por el artículo 107 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social, que reconoció los costes de transición a la competencia (CTC) a las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica incluidas a 31 de diciembre de 1997 en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre determinación de la tarifa de las empresas gestoras del servicio. Además, se excluye del pago de CTC a las importaciones de energía eléctrica procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, se explicita el incentivo por tecnología GICC y se mantiene la rebaja prevista en el importe máximo de CTC a 31 de diciembre de 1997.
Esta obligación de transmitir los derechos de cobro debe hacerse partir de una fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico, dado que, en virtud de la obligación establecida en el
artículo 14 y en la disposición transitoria quinta de la Ley
54/1997, el 31 de diciembre del año 2000 es la fecha límite para separar las actividades reguladas de las no reguladas.
De otro lado, se incorpora el instrumento de las multas coercitivas como medio de ejecución forzosa de los acuerdos que autorizan operaciones de concentración empresarial, sujetándolas al cumplimiento de determinadas condiciones. La adopción de este tipo de medidas, ya previstas en otros preceptos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, para compeler al cumplimiento forzoso de los acuerdos adoptados por el Tribunal de Defensa de la Competencia de remoción de conductas restrictivas o abusivas y reestablecimiento de la competencia efectiva y para obligar a notificar los acuerdos de concentración que superan los umbrales previstos en la Ley, no está prevista como medida de ejecución forzosa para el cumplimiento de las condiciones impuestas en los acuerdos de concentración; de este modo, se llena un vacío que, sin duda, permitirá mayor celeridad y rigor en el grado de cumplimiento de los mencionados acuerdos.
Se modifica el contenido de la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que quedará redactada en los siguientes términos:"1. Se reconoce la existencia de unos costes de transición al régimen de mercado competitivo, previsto en la presente Ley, de las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del
Real Decreto 1538/1987, de 11 de diciembre, sobre determinación de la tarifa de las empresas gestoras del servicio. En consecuencia, se reconoce a dichas sociedades el derecho a percibir una compensación por tales costes.
El importe base global de dichos costes, en valor a 31 de diciembre de 1997, nunca podrá superar 1.736.778 millones de pesetas, descompuestos en un valor máximo de 1.441.502 millones de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia tecnológicos y un valor máximo de 295.276 millones de pesetas en concepto de incentivos al consumo de carbón autóctono a que hace referencia el párrafo primero de la
disposición transitoria cuarta, en la que se incluyen 49.267 millones de pesetas correspondientes al incentivo a la tecnología GICC.
3. Si el coste medio de generación a que se refiere el
artículo 16.1 de la presente Ley de cada una de las sociedades titulares de instalaciones de generación, resultara anualmente superior a 6 pesetas por kWh, este exceso se deducirá del citado valor actual, estableciéndose anualmente por el Ministro de Economía las nuevas cantidades y porcentajes de costes de transición a la competencia que corresponderán a cada una de estas sociedades.
4. Los costes que se deriven de esta retribución serán repercutidos a todos los consumidores de energía eléctrica como costes permanentes del sistema, excluyendo la energía procedente de otros países de la Unión Europea, en los términos que establece el
Será de aplicación a las sociedades que hayan adquirido instalaciones de generación a las que se les hubiera reconocido costes de transición a la competencia la limitación establecida en el apartado 3."Artículo segundo. Modificación de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
Uno. Se da nueva redacción al apartado b) del artículo 17.1, que pasa a tener el siguiente contenido:"Subordinar su aprobación a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia.
Dichas condiciones podrán consistir, entre otras, en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de limitaciones. En el supuesto de que la legislación sectorial correspondiente establezca algún tipo de limitación, el Acuerdo del Consejo de Ministros podrá autorizar su modificación en tanto se ejecuta y en los términos fijados en el mismo."Dos. Se da nueva redacción al párrafo 3 del artículo 18 y se añade un párrafo 4, pasando ambos párrafos a tener el siguiente contenido:"3. El Servicio de Defensa de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 17 a tal efecto y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá proponer al Gobierno la imposición de multas coercitivas de hasta 2.000.000 de pesetas, o 12.020 euros, por cada día que transcurra sin ejecutar las obligaciones que procedan en cumplimiento del Acuerdo.
4. Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, el incumplimiento de lo ordenado en aplicación del artículo 17 podrá dar lugar a la imposición por el Gobierno a cada una de las empresas afectadas de multas de hasta el 10 por 100 de su respectivo volumen de ventas en España, en el ejercicio en que se hubiera producido la operación de concentración."Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001,
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se
modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la
Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy
acordó convalidar el Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" número 30, de 3 de febrero de 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2001.
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