Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9774
Timestamp: 2019-05-22 00:35:20
Document Index: 318433062

Matched Legal Cases: ['artículo 847', 'artículo 28', 'artículo 73', 'artículo 28', 'artículo 73', 'artículo 90']

Sentencia: CE SIII E 31297 DE 2014
Una entidad estatal está facultada para emitir resoluciones que revoquen un proceso de selección en tanto esta se dé antes de la presentación de las ofertas o en su defecto, con el consentimiento de los oferentes
CE SIII E 31297 DE 2014
CONSORCIO AGUAS DEL PACIFICO Y OTROS VS. MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
Mediante Acuerdo Municipal 11 de 1997, el Concejo de Buenaventura facultó al Alcalde para que liderara, convocara y participara en la creación e implementación de la empresa de economía mixta de acueducto y alcantarillado del municipio.
En desarrollo del citado acuerdo, el Alcalde de Buenaventura profirió una Resolución el 25 de septiembre de 1997 cuyo objeto era “La Creación e implementación de la Empresa de Economía Mixta de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Buenaventura”.
Los demandantes constituyeron el Consorcio Aguas del Pacífico, con el objeto de presentar una propuesta en la mencionada licitación pública y, eventualmente, con el fin de celebrar y ejecutar el contrato que pudiera surgir del proceso de selección.
En abril de 1998, el Consorcio Aguas del Pacífico recibió un oficio en el cual informaba que la administración municipal había revocado la Resolución de la apertura de la licitación pública, sin antes haber una notificación de ello a los interesados.
La anterior situación generó perjuicios económicos a los integrantes del Consorcio Aguas del Pacífico, pues éstos incurrieron en gastos por la elaboración y la presentación de la propuesta; además, impidió que percibieran las utilidades que proyectaban recibir con la ejecución del contrato.
¿Puede una entidad estatal emitir un acto administrativo para revocar un proceso de selección sin previa notificación y consentimiento de los participantes?
«(…) Ahora bien, el acto administrativo de apertura del proceso de selección agota sus efectos, por regla general, con el acto que decide la actuación administrativa, es decir, con el acto que adjudica o el que declara desierto el proceso de selección.
Sin embargo, es posible que ese acto de apertura sea retirado del ordenamiento jurídico, de manera definitiva, mediante la revocatoria directa, es decir, a través de la expedición otro acto administrativo en sentido opuesto .
Vista de manera general, la revocatoria directa constituye un medio de control administrativo que ejercen las autoridades públicas respecto de sus propios actos y que les “… permite volver a decidir sobre asuntos ya decididos en procura de corregir en forma directa o a petición de parte, las actuaciones lesivas de la constitucionalidad, de la legalidad …” , del interés público o de derechos fundamentales.
Todo lo anterior significaría, en principio, que el acto administrativo de apertura del proceso de selección se podría revocar sin necesidad de agotar el procedimiento establecido en los artículos 73 y 74 del C.C.A., por tratarse de un acto administrativo de carácter general; sin embargo, ocurre que este acto administrativo goza de algunas particularidades que no pueden pasar desapercibidas y que, por lo mismo, se deben tener en cuenta al momento de pensar en la revocatoria directa.
En efecto, el acto de apertura no sólo da inicio al proceso de selección, su principal y más importante característica es que constituye una especie de policitación que realiza la administración pública, para que los interesados, que reúnan ciertas condiciones, formulen sus ofrecimientos en los plazos y con el lleno de los requisitos previstos en los pliegos de condiciones, los cuales, a su turno, deben estar concebidos con sujeción a lo dispuesto por la Constitución y la ley, de tal suerte que, si bien el acto de apertura del proceso de selección, al igual que la policitación (artículo 847 del C. de Co), en principio, no obliga, ni crea, ni modifica situaciones jurídicas particulares y concretas , una vez los interesados presentan sus respectivas ofertas, dentro del plazo establecido previamente en los pliegos de condiciones, se genera la legítima expectativa de que su propuesta sea considerada y, en ese momento, la oferta pública de la administración, contenida en el acto de apertura del proceso de selección, se particulariza y se convierte en irrevocable, es decir, engendra una situación individual, porque existe una aceptación expresa de ella por parte de quienes realizan sus ofrecimientos y, de esta forma, se comienza a perfilar el negocio jurídico que se proyecta celebrar, de manera que, a partir de ese momento, para revocar el acto administrativo de apertura, la administración debe agotar el procedimiento establecido en los artículos 73 y 74 del C.C.A.; por consiguiente, debe iniciar la actuación administrativa en la forma prevista por el citado artículo 28 y debe solicitar el consentimiento de quienes presentaron formalmente sus propuestas durante el plazo de la licitación y, en caso de que éstos no accedan a la revocatoria, la entidad pública no tiene opción distinta que promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra su propio acto, es decir, debe ejercer la llamada acción de lesividad.
Pero, si la revocatoria directa se presenta porque fuere evidente que el acto de apertura “…ocurrió por medios ilegales” (inciso segundo, artículo 73 del C.C.A.) , resulta indudable que la administración puede dejarlo sin efectos, directamente, sin necesidad de pedir el consentimiento de quienes puedan resultar afectados por la decisión, pues no tendría sentido que la administración quedara atada por un acto que ha surgido de forma “manifiestamente” ilícita, por el hecho de que el particular se oponga a que la decisión administrativa sea retirada del ordenamiento jurídico.
En suma, el acto administrativo de apertura puede ser revocado directamente por la administración hasta antes de que agote sus efectos jurídicos, es decir, hasta antes de que se adjudique o se declare desierto el proceso de selección; pero, en cada caso, debe observar las situaciones jurídicas que se han generado y las razones que conducen a adoptar la decisión, para evitar que el acto revocatorio surja viciado de nulidad.
En ese sentido, lo puede hacer discrecionalmente hasta antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección, porque hasta ese momento ninguna situación particular puede afectar; pero, cuando ya se haya presentado alguna oferta, para revocar el acto la administración debe iniciar la actuación de que trata el artículo 28 del C.C.A. y solicitar el consentimiento de quien o quienes la hayan presentado dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones. En este último caso, de no contarse con tal consentimiento, si se produce la revocatoria el acto surge viciado de nulidad por expedición irregular, a menos que se presente el supuesto previsto en la parte final del inciso segundo del artículo 73 del C.C.A. (que el acto haya ocurrido “por medios ilegales”), caso en el cual la administración puede revocarlo directamente, en cualquier estado del proceso de selección (hasta antes de la adjudicación o de la declaratoria de desierto), sin que entonces requiera el consentimiento expreso de los participantes.
Ahora, al margen de que el acto de revocatoria sea legal, si con éste se causa un daño antijurídico, la administración está en la obligación de repararlo, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y el afectado puede solicitar su protección por la vía judicial, a través de la acción contencioso administrativa que resulte procedente, según quedó consignado páginas atrás (ver numeral 1 de estas consideraciones). (…)»
Una entidad estatal puede emitir un acto administrativo para revocar un proceso de selección sin previa notificación y consentimiento de los participantes porque:
La ley permite que se haga discrecionalmente antes de que los interesados presenten sus ofertas dentro del proceso de selección, ya que hasta ese momento es imposible que se puedan generar perjuicios en los oferentes.
Cuando ya se haya presentado alguna oferta, para revocar el acto la administración debe solicitar el consentimiento de quien o quienes ya hayan presentado ofertas dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones. En caso de no contarse con tal consentimiento, si se produce la revocatoria el acto queda viciado de nulidad por expedición irregular, a menos que se presente que el acto haya ocurrido por medios ilegales; caso en el cual, la administración puede revocarlo directamente, en cualquier estado del proceso de selección (hasta antes de la adjudicación o de la declaratoria de desierto) sin que entonces requiera consentimiento expreso de los particulares.
También es posible que la administración haga la revocatoria directa cuando es evidente que el acto de apertura ocurrió por medios ilegales, sin necesidad de pedir el consentimiento de quienes puedan resultar afectados por la decisión.
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 14 de octubre de 2003, por las razones expuestas en la parte motiva.
Ley 80 de 1993. Decreto 1 de 1984. Artículos 73 y 28. Constitución Política. Artículos 29 y 58.
Ficha: Una entidad estatal está facultada para emitir resoluciones que revoquen un proceso de selección..
Una entidad estatal está facultada para emitir resoluciones que revoquen un proceso de selección..