Source: http://antigua.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/Dosis_minima_de_Uribe/Informe_de_Ponencia_ProyectoActo_legislativo-%20No-%20016_septiembre_de_2008_Camara_contra_dosis_minima_.htm
Timestamp: 2017-03-26 05:18:26
Document Index: 360386956

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 49', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 49', 'artículo 49', 'Artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 51', 'Artículo 5', 'artículo 95']

El abismo que media entre el uso y el abuso CONSUMO Bogotá D. C., septiembre 30 de 2008
KARIME MOTA Y MORAD Presidente de Comisión Primera
Señora presidente, Dando cumplimiento a lo ordenado por la honorable mesa directiva de la comisión, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la ley 5ª de 1992 presentamos ante usted informe de ponencia al Proyecto de Acto legislativo No. 016 de 2008 Cámara “Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política”, presentado a consideración del Congreso de la República por el Doctor Fabio Valencia Cossio en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia y por el Doctor Diego Palacio Betancourt en su calidad de Ministro de Protección Social.
JUAN DE JESÚS CORDOBA MIGUEL ANGEL RANGEL SOSA Representante a la Cámara Representante a la Cámara
NICOLÁS URIBE RUEDA CARLOS ENRIQUE ÁVILA
WILLIAM VELEZ MESA CARLOS GERMÁN NAVAS TALERO Representante a la Cámara Representante a la Cámara
CLARA ISABEL PINILLOS ABOZAGLO Representante a la Cámara
INFORME DE PONENCIA AL Proyecto de ACTO LEGISLATIVO No. 016 de 2008 Cámara “Por el cual se REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA”
No. 016 de 2008 Cámara “Por el cual se REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA”
A través del Ministro del Interior y de Justicia y del Ministro de la Protección Social, el Gobierno Nacional considera necesario adicionar el texto del artículo 49 de la Constitución de 1991, “con el fin de ampliar su contenido con un inciso final, en el sentido de facultar al legislador para establecer sanciones diferentes a la privación de la libertad, al porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal, todo ello con fines resocializadores y rehabilitadores. Y adicionalmente, imponiendo al Estado, de un lado, la tarea de dedicar especial atención al adicto como a los miembros de su grupo familiar, con el fin de fortalecerlo en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y de contera, a la comunidad, y del otro, desarrollar permanentemente campañas de prevención contra el consumo de drogas y a favor de la recuperación de los adictos. Finalmente, la reforma propone que en caso de imponerse sanción contra estas personas, en ningún caso constituirá antecedente penal.”
El texto propuesto es el siguiente, del cual subrayamos y resaltamos el inciso que se pretende incorporar:
Artículo 1º. El artículo 49 de la Constitución Política
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Con fines resocializadores y rehabilitadores, la ley podrá establecer sanciones no privativas de la libertad a quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal, determinando los lugares en los cuales el uso, el porte y el almacenamiento de dichas sustancias esté prohibido y establecerá políticas que prevengan y sancionen el consumo frente a menores.
RESEÑA HISTÓRICA DE LA PENALIZACIÓN DEL CONSUMO Y PORTE DE LA DOSIS PERSONAL DE ESTUPEFACIENTES La ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes tipificó en su artículo 51 el delito de consumo y porte de dosis mínima, artículo que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-221 de 1994 por ser violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en esta ocasión la corte consideró: “Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito, son claramente inconstitucionales”.
Posteriormente el legislador expidió la Ley
745 de 2002 que tipificó como contravenciones penales algunas conductas que no fueron objeto de análisis de constitucionalidad por parte de la Corte en la sentencia mencionada, estas conductas estaban referidas al consumo de estupefacientes o sustancias adictivas en cantidad de dosis personal en presencia de menores, en establecimientos educativos o en lugares aledaños a éstos y su sanción era la multa. El Artículo 5° de la Ley 745 señalaba el procedimiento penal aplicable a tales contravenciones penales, estableciendo que serían competentes para conocer de las contravenciones penales reseñadas los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley
228 de 1995. Esta expresión que señalaba el procedimiento aplicable, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-101 de 2004, al considerarse que la remisión a algunos artículos de una ley derogada (ley 228) violaba el principio de legalidad en materia procesal, de manera que las contravenciones penales de la ley 745 de 2002, hoy vigentes, quedaron sin piso pues no hay procedimiento.
Lo anterior motivo, entre otras razones, la expedición de la Ley 1153 de 2007 (pequeñas causas), la cual tomó de manera casi exacta el articulado de la Ley 745 de 2002 pero con diferencias en relación con las sanciones a imponer. Mientras la Ley 745 de 2002 contempla como sanción únicamente la multa, las pequeñas causas establecen como pena el trabajo social no remunerado en dominicales y festivos y multa de uno (1) a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En esta ley se señala un procedimiento para la investigación y el juicio de las contravenciones penales, con lo cual ya habría un procedimiento penal aplicable y de esta manera llenar el vacío dejado. No obstante la Corte Constitucional mediante Sentencia C-879 de 2008
declaro inexequible la ley de pequeñas causas al considerar que tal norma no se ajustaba a la constitución pues toda conducta punible, así sea de menor entidad o gravedad, debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional estableció que la policía no tiene facultades judiciales y que toda conducta punible debe ser procesada y asumida su investigación por un fiscal que acuse al presunto delincuente. Debido a lo anterior hoy por hoy estamos en el mismo vacío procedimental, con una penalización vía contravención penal del consumo de dosis personal pero sin procedimiento aplicable. Por lo anterior hay que reafirmar la necesidad de expedir una ley de procedimiento y así llenar el vacio actual, pero incluso, es necesario ir más allá de la simple penalización de la dosis personal cuando se porte o consuma en presencia de menores y sancionar este hecho aun sin la presencia de éstos. PENALIZACIÓN DEL CONSUMO Y PORTE DE DOSIS PERSONAL COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO. El Gobierno Nacional en la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo No. 016 de 2008 Cámara, señala la importancia de establecer una política no solo preventiva sino represiva para enfrentar el problema del consumo y porte de dosis personal, para este efecto presenta una sustentación desde el punto de vista tanto jurídico como político y social. Valga la ocasión para resaltar el esfuerzo hecho por el Gobierno Nacional con este proyecto y su bien fundamentada necesidad de establecer una política de Estado para enfrentar este fenómeno. Pero a juicio del Gobierno es necesario ir más allá de la simple tipificación del consumo de dosis personal en presencia de menores, para el efecto nos permitiremos citar textualmente los argumentos del ejecutivo: “(….)
“Sin embargo, como se ha venido señalando a lo largo de esta exposición de motivos, la existencia de algunas disposiciones legales como las incorporadas en la Ley 745 de 2002 y en la ley de pequeñas causas (Ley 1153 de 2007) que tipifican como contravenciones el consumo de la denominada dosis personal en presencia de menores o en establecimientos educativos, es insuficiente para enfrentar un fenómeno tan grave que ha generado un gran incremento en los índices de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de adicción, particularmente en los menores de edad, y un debilitamiento en la salud de la población, fenómeno que requiere ser abordado de una manera más compleja e integral, como una política estatal de protección a la salud pública, que permita al legislador establecer, con fines resocializadores y rehabilitadores, sanciones no privativas de la libertad para quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal. Cabe mencionar que las sanciones previstas, en ningún caso constituirán antecedente penal para el infractor de la norma. Esta reforma,
745 de 2002, y por la otra, se coloca en consonancia con lo prescrito por el artículo 95 de