Source: https://es.scribd.com/document/425454813/Casacion-N-18728-2016-Lima-Peruweek-pe
Timestamp: 2020-01-26 12:33:02
Document Index: 29074459

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 50', 'artículo 122', 'artículo 139', 'artículo 1', 'artículo 109', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 178', 'artículo 230', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 109', 'artículo 139', 'artículo 5012', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 139', 'artículo 139', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 148', 'artículo 109', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 109', 'artículo 109', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 14', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 109', 'Artículo 109', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo\n44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 6', 'artículo 87', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 15', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo\n44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo\n44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 109', 'artículo 139', 'artículo 217', 'artículo 150']

Casación N° 18728-2016 Lima (Peruweek.pe) | Ley procesal | Sentencia (ley)
Sumilla: La emisión de un acto administrativo revocatorio, en sede de apelación administrativa, sustentado en causas formales o procedimentales, y no de fondo, constituye un supuesto de nulidad al prescindir totalmente del procedimiento legal establecido, o ser contrario a ley.
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Casación N° 9391-2015 Lima (Peruweek.pe)
Casación N° 4890-2017 Lima (Peruweek.pe)
Proceso Colectivo de Trabajo
Aspectos-probatorios-en-los-procedimentos-laborales-Cristián-Maturana-Junio-2018.pdf
CASACIÓN N° 18728 – 2016
Sumilla: La emisión de un acto administrativo
revocatorio, en sede de apelación administrativa,
sustentado en causas formales o
procedimentales, y no de fondo, constituye un
supuesto de nulidad al prescindir totalmente del
procedimiento legal establecido, o ser contrario a
Lima, veintisiete de junio
VISTA: La causa número dieciocho mil setecientos veintiocho, guion dos mil
dieciséis, Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con la intervención
de los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana, Arias Lazarte, Vinatea Medina,
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; de conformidad con el dictamen fiscal
supremo y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación1 interpuesto por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat (en adelante ‘Sunat’), mediante
escrito de fecha quince de setiembre de dos mil dieciséis, contra la sentencia de
vista2 de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, que confirmó la
sentencia apelada3 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince que declaró
Por auto calificatorio4 de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se ha
declarado procedente las causales de casación siguientes:
a) Inaplicación del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
Fojas 264 del expediente principal.
Fojas 224 del expediente principal.
Fojas 139 del expediente principal.
Fojas 111 del cuaderno de casación.
b) Contravención del inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú,
así como del inciso 6) del artículo 50 y del inciso 4) del artículo 122 del Código
c) Inaplicación del inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, del
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y del artículo 1 de la Ley
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Adm inistrativo.
d) Inaplicación del numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario y de los
numerales 12.1 y 13.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; y,
A fin de contextualizar el análisis y respuesta judicial a las causales de casación
declaradas procedentes, este Supremo Colegiado considera oportuno dar cuenta
de los antecedentes del proceso en la forma siguiente:
1.1 Acto administrativo impugnado5
El Tribunal Fiscal, a través de la Resolución N° 12 669-3-2014, de fecha veintiuno
de octubre de dos mil catorce (en adelante ‘RTF’), revocó la Resolución de
Intendencia Nº 0150140009140 del treinta de junio de dos mil diez y dejó sin efecto
las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0019509 a 012-003-0019520 y las
Resoluciones de Multa N.os 012-002-0015679 a 012-002-0015690 en el extremo
impugnado; y dejó sin efecto la Resolución de Multa N° 012-002-0015691.
Los argumentos que, en esencia, sustentaron la RTF son los que a continuación se
a) La Sunat mediante la Carta N° 090011288290-01 y el Requerimiento N°
0122090000698, notificado a la administrada el veintiuno de mayo de dos mil
nueve, dio inicio a la fiscalización del Impuesto General a las Ventas de los
periodos marzo de dos mil seis a febrero de dos mil siete; posteriormente, a
través del Requerimiento N° 0122090001480, la Sunat concluye que las
Fojas 4 del expediente principal.
operaciones descritas en las facturas de compras del proveedor Plomo Peruano
Sociedad Anónima Cerrada (en adelante ‘Plomo Peruano’) son operaciones no
reales de conformidad con el inciso b) del artículo 44° de la Ley del Impuesto
General a las Ventas (IGV), por lo que procede a reparar el crédito fiscal por los
periodos marzo de dos mil seis a febrero de dos mil siete.
b) Luego, por Requerimiento N° 0122090001699 del ca torce de octubre de dos mil
nueve la Sunat comunicó a la administrada las observaciones del crédito fiscal
por sus operaciones no reales en los meses de marzo de dos mil seis a febrero
de dos mil siete, solicitándole que presente sus descargos, citando como base
legal el inciso b) del artículo 44° de la Ley del I GV; no obstante ello, como
resultado del procedimiento de fiscalización la Sunat emitió las Resoluciones de
Determinación N.os 012-003-0019509 a 012-003-0019520 por el IGV de los
periodos marzo de dos mil seis a febrero de dos mil siete, en el que se señala
como motivos determinantes del reparo por operaciones no reales que la
empresa Plomo Peruano no es la real proveedora de los productos descritos en
las facturas emitidas a la recurrente, y que los productos y cantidades descritas
en los comprobantes de pago emitidos por Plomo Peruano a la recurrente no
son los que realmente se habrían adquirido, ya que no guardan
correspondencia con lo observado en el Registro de Inventario Permanente
Valorizado, citando como base legal al inciso a) del artículo 44° de la Ley del
IGV, lo que es reiterado además en la resolución apelada, donde señala que los
hechos analizados se circunscriben al inciso a) del artículo 44° de la Ley del
c) Añade que de acuerdo con el inciso a) del artículo 44° de la Ley del IGV se
considera “operación no real”, aquella situación en que se determina que nunca
se efectuó la adquisición, es decir, no se cuestiona al emisor del comprobante
de pago como el verdadero proveedor, sino que la discusión se centra en la
existencia misma de la operación; no obstante, en los valores girados la Sunat
señala como motivo determinante del reparo que la empresa Plomo Peruano no
fue la real proveedora de los productos descritos en las facturas observadas,
situación que no encaja en el supuesto de la norma que sirve de fundamento
del reparo.
d) Asimismo, los valores se sustentan en los Requerimientos N.os 0122090001480
y 0122090001699 emitidos durante la fiscalización, siendo que de lo actuado en
dicho procedimiento la Sunat concluyó que el reparo por operaciones no reales
corresponde a la situación prevista en el inciso b) del artículo 44° de la Ley del
IGV, empero en los valores girados se consigna el inciso a) del artículo 44° de
la citada ley, que corresponde a una situación distinta.
e) Sostiene que cuando la Administración alega que se detectaron irregularidades
en la información contable y que la recurrente no exhibió los partes de
producción ni los informes de los ratios entre insumos y la materia prima
utilizada, ante las evidentes inconsistencias y contradicciones en la actuación
de la Administración, se debe concluir que el reparo por operaciones no reales
no se encuentra debidamente sustentado, por lo que procede levantarlo,
revocar la apelada y dejar sin efecto las resoluciones de determinación en tal
1.2 Demanda6
La Sunat interpuso su demanda planteando las siguientes pretensiones:
• Pretensión principal: que se declare la nulidad parcial de la RTF que revocó la
Resolución de Intendencia Nº 0150140009140 del treinta de junio de dos mil
diez y dejó sin efecto las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0019509
a 012-003-0019520 y las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0015679 a 012-
002-0015690 en el extremo impugnado.
• Pretensión accesoria: que se ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva
Resolución atendiendo a los considerandos de la resolución que emita el
Sostiene como argumento que el Tribunal Fiscal, habiendo comprobado que la
demandada incurrió en el supuesto del literal b) del artículo 44° de la Ley del IGV, al
haber realizado operaciones no reales para fines tributarios y fundamentalmente del
IGV, con la empresa Plomo Peruano, no ha tenido en cuenta la labor probatoria de
Fojas 11 del expediente principal.
la Administración sino solo la incongruencia en la motivación del reparo conforme al
sustento contenido en el resultado de los requerimientos N.os 01220900001480 y
012090001699 y aquel contenido en los valores emitidos por la Administración, y
por tanto, sin mayor argumento dejó sin efecto el reparo al crédito fiscal del IGV de
los periodos de marzo de dos mil seis a febrero de dos mil siete, contenido en las
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0019509 a 012-003-0019520 y las
multas vinculadas, contenidas en las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0015679
a 012-002-0015690 giradas por la comisión de la infracción tipificada en el numeral
1 del artículo 178° del Código Tributario; cuando, en atención a la abundante
prueba y a la indebida motivación de los valores así emitidos, debió haberlos
anulado (no revocado) a fin de que la Administración corrija su error.
1.3 Contestaciones de la demanda
a) La demandada Zinc Industrias Nacionales Sociedad Anónima (Zincsa), contestó
la demanda7 mencionando que la pretensión de la demanda persigue reiniciar
por los mismos motivos una nueva fiscalización, para lograr la misma sanción
dejada sin efecto, violentando con ello la garantía del debido proceso en su
acepción Non Bis In Idem que constituye uno de los principios de la potestad
sancionadora de la administración, consagrado por el numeral 230.10 del
artículo 230° de la Ley N° 27444. Agrega que la act uación de la Administración
Tributaria no es subsanable, pues pretendió atribuir al contribuyente una
conducta que no corresponde a la norma invocada para sancionarla.
b) El Tribunal Fiscal contestó la demanda8 argumentando que la Sunat incurre en
un grave error al considerar que el Tribunal Fiscal procedió a revocar la
Resolución de Intendencia N° 13501400000323/SUNAT y dejó sin efectos las
Resoluciones de Multa N.os 012-002-0015679 a 012-002-0015690, sin otorgarle
la mínima posibilidad de subsanar el procedimiento aplicado, en tanto, lo que
correspondía al Tribunal Fiscal era revocar las resoluciones mencionadas, ya
que existió una incongruencia entre los hechos que se señalaron en el
procedimiento sancionador y las normas invocadas para justificar la sanción.
Fojas 71 del expediente principal.
Fojas 93 del expediente principal.
Añade que la Administración Tributaria afectó el derecho de defensa de la
codemandada Zincsa, al haberle sancionado por infracción de normas que no
se corresponden con los hechos que se acusaron en el procedimiento
Finalmente, sostiene que el pronunciamiento del Tribunal Fiscal no impide a la
Administración Tributaria efectuar nuevamente la determinación de la deuda
tributaria, pues en ningún momento el Tribunal Fiscal se ha pronunciado por el
tema de fondo de la materia de controversia al detectar que no queda claro cuál
es el sustento de los valores emitidos por existir contradicciones entre las
conclusiones arribadas en la fiscalización y la base legal de las Resoluciones de
Determinación N.os 012-003-0019509 a 012-003-0019520 y las Resoluciones de
Multa N.os 012-002-0015679 a 012-002-001590.
1.4 Sentencia de primera instancia9
El Vigésimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad
Tributaria Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia
que declaró infundada la demanda, al considerar que el reparo efectuado por la
Administración Tributaria respecto a las operaciones comerciales consideradas
como operaciones no reales, se encontraba sustentado en lo dispuesto en el inciso
b) del artículo 44° de la Ley del IGV, en tanto, en los Requerimientos N.os
01220990001480 y 0122090001699 se citó dicha base legal. Sin embargo, al
momento de emitir las Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0019509 a
012-0030019520 correspondiente al IGV de los periodos marzo de dos mil seis a
febrero de dos mil siete la Sunat cita como base legal el inciso a) del artículo 44° de
la Ley del IGV, incurriendo así en una evidente contradicción entre lo obtenido en el
procedimiento de fiscalización y lo determinado por la Sunat, incumpliendo así con
las reglas establecidas para la determinación de la deuda sobre base presunta, por
lo que correspondía que el Tribunal Fiscal revoque la apelada y deje sin efecto el
Fojas 139 A 147 del expediente principal.
1.5 Sentencia de vista10
La Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia
de Lima confirmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda al
considerar que existió una incongruencia entre los reparos invocados por la Sunat,
previsto en literal b) del artículo 44° de la Ley d el IGV, y los reparos girados
invocados que se refieren al inciso a) del artículo 44° de la citada Ley. Agrega que
el pronunciamiento del Tribunal Fiscal salvaguarda el derecho de defensa y el
debido procedimiento administrativo de la empresa demandada. Añade que la
Sunat no se encuentra facultada por ley a subsanar las irregularidades incurridas en
el procedimiento de fiscalización, razón por la que correspondía que el Tribunal
Fiscal revoque la Resolución de Intendencia N° 0150 140009140 y deje sin efecto
las resoluciones de determinación y multa.
Segundo: Identificación del problema
El problema a resolver, con motivo de absolver el recurso de casación, tiene dos
dimensiones: uno procesal y otro sustantivo. Lo procesal consiste en determinar si
la sentencia de vista se ha emitido con infracción de la garantía del debido proceso;
mientras que lo sustantivo radica en determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal
Nº 12669-3-2014 resulta nula por encontrarse dentro del supuesto de hecho
previsto en el artículo 109° numeral 2) del Código Tributario y en los numerales 12.1
y 13.1 de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.
Tercero: Análisis de las causales
Luego de haber identificado el problema jurídico a dilucidar, en el contexto de la
controversia que aparece de los antecedentes del proceso antes referidos, y
conforme al derecho objetivo vigente, corresponde analizar las causales de
casación declaradas procedentes:
3.1 Análisis de la causal procesal
a) Se denuncia la infracción normativa del artículo III del Título Preliminar del
Código Procesal Civil11; contravención del inciso 3 del artículo 139 de la
Fojas 224 a 235 del expediente principal.
Artículo III.- Fines del proceso e integración de la norma procesal.- El Juez deberá atender a que la
finalidad concreta del `proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con
relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
Constitución Política del Perú, así como del inciso 6 del artículo 5012 y del
inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil13; y del artículo I del Título
Preliminar del Código Procesal Civil14 y del artículo 1 de la Ley N° 27584 15, Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Todas ellas vinculadas a la
afectación del derecho al debido proceso.
b) El derecho al debido proceso se encuentra previsto en el artículo 139°, inciso 3),
de la Constitución Política del Perú. Este comprende, entre otros derechos, el
de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y
exige que las sentencias expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos;
ello, en concordancia con el artículo 139°, inciso 5), de la glosada Norma
c) La cuestión constitucional propuesta por la recurrente se vincula a la necesidad
de que las resoluciones, en general, y las resoluciones judiciales, en particular,
estén debidamente motivadas, por ser este un principio básico que informa el
ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho de los
justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada,
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas16.
d) En tal sentido, el Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, estableció
que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las
partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del
paz social en justicia. En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a
los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a
6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía
de las normas y el de congruencia.
4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos.
Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a
su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; (*) Inciso
modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27524 publicada el 06-10-2001.
Artículo I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
Artículo 1.- Finalidad La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución
Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso
Al respecto, puede verse: STC 08125-2005-PHC/TC, fundamento 11.
debate procesal (incongruencia activa) (…) El incumplimiento total de dicha
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la
decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)17.
e) Más aún, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es
una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las
resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico
o los que se deriven del caso. Aún más, en el expediente Nº 3943-2006-PA/TC
el Tribunal Constitucional determinó que el contenido constitucionalmente
garantizado de este derecho queda delimitado en los supuestos de: a) la
inexistencia de motivación o motivación aparente; b) la falta de motivación
interna del razonamiento; c) las deficiencias en la motivación externa,
justificación de las premisas; d) la motivación insuficiente; y, e) la motivación
sustancialmente incongruente.
f) El sustento de las causales procesales de casación denunciadas se centra en
(1) El Colegiado Superior no ha considerado que la pretensión de la demanda
es una incertidumbre jurídica puesto que el término revocar utilizado en la
resolución administrativa impugnada cercena la facultad de la
Administración para determinar el reparo respecto a operaciones no
reales, dado que con dicha resolución el Tribunal Fiscal emite un
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, con lo cual agota la vía
administrativa y, por ende causa estado; por tal razón, la decisión de dicho
colegiado debió ser “anular” y no “revocar”. Agrega que la Sala Superior
sostiene que el fallo del Tribunal Fiscal debía ser, en rigor, la nulidad del
acto apelado, mas no la revocatoria, puesto que este último supone un
pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia; con ello le da
la razón a la Sunat y, en consecuencia, se cumplía con la finalidad de la
Véase: STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).
pretensión; sin embargo, de forma contradictoria, decide declarar
infundada la demanda, inaplicando así lo dispuesto en el artículo III del
Título Preliminar del Código Procesal Civil, no cumpliendo con resolver la
incertidumbre jurídica y dejando a la demandante en una situación peor a
la que se encontraba antes de interponer la demanda.
(2) La Sala Superior no tomó en cuenta que las normas infringidas hacen
referencia al principio de congruencia procesal que debe regir toda la
sentencia, y que estriba en que esta debe dictarse en concordancia con el
contradictorio, y que los considerandos y el fallo no se contradigan entre
sí. Agrega que la sentencia de vista incurre en incongruencia procesal
externa cuando reconoce que la RTF debió declarar la nulidad y no la
revocación del acto administrativo impugnado; sin embargo, declara
infundada la demanda. Del mismo modo, incurre en incongruencia
procesal interna, ya que no se puede afirmar que la RTF debió declarar la
nulidad del acto administrativo apelado, mas no su revocación, dado que
esto último supone resolver el fondo de la controversia administrativa; sin
embargo, luego sostiene que habiéndose acreditado el error incurrido por
la Administración Tributaria y no estando facultada por ley para subsanar
las irregularidades incurridas en el procedimiento de fiscalización;
correspondía que el Tribunal Fiscal revoque la Resolución de Intendencia
N° 0150140009140 y deje sin efecto las Resoluciones de Determinación
N.os 012-003-0019509 a 012-002-0015690. Añade que de acuerdo con la
sentencia de vista, pese al vicio incurrido por el Tribunal Fiscal, la
Administración Tributaria “debía entender” que la expresión revocar
equivale a declarar nulo, es decir, que el fallo revocatorio del colegiado
administrativo era uno de nulidad y, en tal virtud, tenía que proceder a
renovar el acto viciado.
(3) La Sala Superior no ha tomado en cuenta que en la demanda se ha
sostenido que la resolución del Tribunal Fiscal vulnera el numeral 2) del
artículo 109° del Código Tributario, en el sentido que el citado Colegiado
debió emitir un fallo anulatorio y no uno revocatorio. Añade que la
sentencia de vista admite y sustenta que el error incurrido por la
Administración Tributaria significaba la nulidad del acto impugnado en
instancia administrativa, dado que si bien el procedimiento de
determinación del reparo respecto a las operaciones no reales se ajustaba
a los términos del inciso b) del artículo 44 de la Ley del IGV; no obstante,
al emitirse las resoluciones de determinación se citó como base legal el
inciso a) del artículo 44 de la misma Ley, lo cual constituía una causal de
nulidad, con lo cual le da la razón a la Sunat y, como consecuencia de
ello, se cumplía con la finalidad de la pretensión; sin embargo, al
declararse infundada la demanda, se afecta el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, por cuanto con dicho fallo se está dejando en
incertidumbre a la demandante. Agrega que la sentencia de vista no
cumple con la finalidad del proceso contencioso administrativo, puesto
que si bien identifica la existencia del error incurrido por la Sunat, yerra al
convalidar el fallo del Tribunal Fiscal al no indicar que debió ser tratado
como una nulidad y no como una revocatoria.
g) Absolviendo el sustento de las causales procesales denunciadas, este
Supremo Tribunal, en cuanto a los argumentos esgrimidos debe mencionar que
no se advierte que la Sala Superior no haya motivado los supuestos de hecho y
derecho para emitir su pronunciamiento, ya que la sentencia de vista en los
fundamentos primero a tercero refiere los hechos que han originado la
controversia, y en los siguientes considerandos, efectuó el análisis de las
normas referidas al caso, expresando con amplitud las razones por las cuales
considera que la sentencia apelada se encuentra debidamente motivada,
anotando que el procedimiento de fiscalización culmina con la notificación de
las resoluciones de determinación y/o multa y, habiéndose establecido un error
en la fundamentación legal de los valores, se evidencia que las mismas han
sido dictadas vulnerando el procedimiento establecido.
h) Ante la justificación expuesta en la recurrida, no es posible argumentar que la
sentencia impugnada omitió motivar los supuestos de hecho y de derecho en
los cuales ella basa su decisión, dado que la justificación de la decisión sí se
encuentra expresada claramente en la impugnada. En ese sentido, por más
que dicha decisión no sea compartida por la recurrente, lo objetivo es que tal
decisión aparece justificada expresamente en argumentos concretos y
suficientes que permiten a la actora cuestionar la posición jurídica de la Sala
Superior por aspectos de fondo, que para el presente caso es la nulidad del
acto administrativo cuestionado.
i) Por consiguiente, la discrepancia de criterio que la recurrente pueda tener con
lo argumentado y decidido por la Sala de mérito no constituye un supuesto de
vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ni
al principio de congruencia procesal, tampoco al contenido de la resoluciones
judiciales, menos afectación al debido proceso, por lo que la causal de
casación deviene en infundada.
3.2 Análisis de las causales materiales:
§ Infracciones normativas denunciadas
a) La recurrente ha denunciado la inaplicación del numeral 2) del artículo 109° del
Código Tributario18 y de los numerales 12.119 y 13.120 de la Ley Nº 27444, Ley
del procedimiento Administrativo General, mencionando que el Colegiado
Superior no ha considerado que los actos de la Administración serán nulos
cuando se dicten sin respetar el procedimiento tributario establecido por ley o
por norma de rango inferior, lo cual conlleva a la nulidad de los actos
posteriores a aquel acto inválido, así como, retrotraer los actuados a la fecha
de ocurrencia de nulidad (reenvío), a efectos de que la Administración renueve
el acto viciado. Añade que en el caso concreto, de los fundamentos de la
sentencia de vista se tiene que al declararse infundada la demanda, se inaplicó
el numeral 2) del artículo 109° del Código Tributar io y los numerales 12.1 y 13.1
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administr ativo General; por lo tanto,
se debió amparar la demanda y, por consiguiente se debió declarar nula la
Resolución del Tribunal Fiscal que es objeto de impugnación, disponiendo el
reenvío de los actuados a efectos de que la Sunat renueve el acto viciado.
“Los actos de la Administración Tributaria son nulos en los casos siguientes: (…)
2. Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, o que sean contrarios a la
ley o norma con rango inferior”
Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo
y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a
Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el
procedimiento, cuando estén vinculados a él.
b) Al respecto, a fin de dar una adecuada respuesta judicial a la infracción
denunciada es preciso analizar el artículo 44º de la Ley del IGV, toda vez que
el argumento central del Tribunal Fiscal para revocar la Resolución de la Sunat,
se encuentra vinculado a la interpretación de dicha norma.
§ Antecedentes legislativos del artículo 44º de la Ley del Impuesto General a
c) El texto original del artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se
encuentra en el Decreto Legislativo Nº 821 de fecha veintitrés de abril de mil
novecientos noventa y seis, en el que se establecía:
“El comprobante de pago emitido que no corresponda a una
operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en ella,
por el responsable de su emisión. El que recibe el comprobante no
tendrá derecho al crédito fiscal.”
d) Se advierte de esta inicial regulación que el usuario o adquirente que reciba el
comprobante de pago emitido, que no corresponda a una operación real, no
tenía derecho al uso del crédito fiscal, sin establecerse ninguna excepción a
e) No obstante, esta decisión legislativa no tomaba en cuenta la situación del
adquirente de buena fe, quien en creencia de que el emisor –del comprobante
de pago– era quien realmente le transfería las mercancías, realizaba la
operación, y, sin importar dicha situación no tenía derecho de beneficiarse del
f) El texto original del artículo 44° de la Ley del Impuesto General a las Ventas fue
sustituido por el artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 950 de fecha tres de
febrero de dos mil cuatro, el que dispuso lo siguiente:
“El comprobante de pago o nota de débito emitido que no
corresponda a una operación real, obligará al pago del Impuesto
consignado en estos, por el responsable de su emisión. El que
recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho
al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto
General a las Ventas originado por la adquisición de bienes,
prestación o utilización de servicios o contratos de construcción.
Para estos efectos se considera como operación no real las
siguientes situaciones: a) Aquella en la que si bien se emite un
comprobante de pago o nota de débito, la operación gravada que
consta en este es inexistente o simulada, permitiendo determinar
que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o
utilización de servicios o contrato de construcción. b) Aquella en
que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de
débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose
empleado su nombre y documentos para simular dicha operación.
En caso que el adquirente cancele la operación a través de los
medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el derecho
al crédito fiscal. Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el
Reglamento. La operación no real no podrá ser acreditada
mediante: 1) La existencia de bienes o servicios que no hayan sido
transferidos o prestados por el emisor del documento; o, 2) La
retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso.”
g) El Decreto Supremo Nº 29-94-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto General
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, respecto a las operaciones no
reales reguló lo siguiente:
"15. OPERACIONES NO REALES
15.1. El responsable de la emisión del comprobante de pago o
nota de débito que no corresponda a una operación real, se
encontrará obligado al pago del impuesto consignado en estos,
conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 44 del
15.2. El adquirente no podrá desvirtuar la imputación de
operaciones no reales señaladas en los incisos a) y b) del
Artículo 44 del Decreto, con los hechos señalados en los
numerales 1) y 2) del referido artículo.
15.3. Las operaciones no reales señaladas en los incisos a) y b)
del Artículo 44 del Decreto se configuran con o sin el
consentimiento del sujeto que figura como emisor del
15.4. Respecto de las operaciones señaladas en el inciso b) del
Artículo 44 del Decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Son aquellas en que el emisor que figura en el comprobante
de pago o nota de débito, no ha realizado verdaderamente la
operación mediante la cual se ha transferido los bienes,
prestado los servicios o ejecutado los contratos de
construcción, habiéndose empleado su nombre, razón social o
denominación y documentos para aparentar su participación en
b) El adquirente mantendrá el derecho al crédito fiscal siempre
i) Utilice los medios de pago y cumpla con los requisitos
señalados en el numeral 2.3 del Artículo 6.
ii) Los bienes adquiridos o los servicios utilizados sean los
mismos que los consignados en el comprobante de pago.
iii) El comprobante de pago reúna los requisitos para
gozar del crédito fiscal, excepto el de haber consignado la
identificación del transferente, prestador del servicio o
Aun habiendo cumplido con lo señalado anteriormente, se
perderá el derecho al crédito fiscal si se comprueba que el
adquirente o usuario tuvo conocimiento, al momento de realizar
la operación, que el emisor que figura en el comprobante de
pago o nota de débito, no efectuó verdaderamente la operación.
c) El pago del Impuesto consignado en el comprobante de pago
por parte del responsable de su emisión es independiente del
pago del impuesto originado por la transferencia de bienes,
prestación o utilización de los servicios o ejecución de los
contratos de construcción que efectivamente se hubiera
realizado."21
h) Sobre estas regulaciones puede inferirse dos supuestos:
(1) Se sanciona económicamente al emisor del comprobante de pago que no
corresponda a una operación real, consistente en la obligación de pagar el
impuesto que se hubiese consignado en dicho comprobante;
(2) Se sanciona al usuario o adquirente con el no uso del crédito fiscal; si es
que se ha demostrado que tuvo conocimiento de que el emisor del
comprobante de pago no correspondía a su real proveedor.
i) Esta regulación permite advertir, contrario sensu, que el usuario o adquirente
podrá gozar del crédito fiscal únicamente si no tuvo conocimiento, al momento
de realizar la operación, que el emisor que figura en el comprobante de pago o
nota de débito, no efectuó verdaderamente la operación.
j) Siguiendo esta línea de análisis, lo que pretenden las normas sobre
operaciones no reales es sancionar con el no goce del crédito fiscal a quienes
utilizan comprobantes de pago que no representan transferencias reales de
bienes o servicios o han simulado una operación; o existiendo dichas
operaciones el usuario o adquirente tuvo conocimiento de que el emisor del
comprobante de pago no correspondía a quien le transfirió las mercancías. En
ese sentido, aun cuando se haya producido la transferencia de mercancías,
bastará que el usuario o adquirente haya tomado conocimiento de que el
emisor del comprobante de pago no era la persona quien le transfirió las
mercancías para que dicha operación sea considerada como no real y sin
derecho a usar el crédito fiscal.
k) Para reforzar esta afirmación debe tenerse en cuenta que el término real alude
a algo que tiene existencia verdadera y efectiva”22 y el término irreal, alude
Numeral incorporado por el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 130-2005-EF, publicado el 07 Octubre
2005, el mismo que de conformidad con su artículo 13 entró en vigencia el primer día calendario del mes
a lo no real, falto de realidad”23, es decir, lo no real se encuentra asociado a
la ausencia de existencia de realidad. En ese sentido, una operación no real
tendría que referirse a una operación que no existe de forma verdadera y
l) En esa misma línea de análisis, de acuerdo al literal a) del artículo 44° de la
Ley del IGV, una operación no real es aquella en la que si bien se emite un
comprobante de pago o nota de débito, la operación gravada que consta en
este es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la
transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de
m) Cabe agregar que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el
término inexistente tiene dos significados, 1) Que carece de existencia y; 2)
aunque existe, se considera totalmente nulo. Lo que aplicado al ámbito
jurídico nos llevará a considerar que lo no existente (en términos jurídicos)
está asociado a la manera distinta de presentar los hechos, lo que supone que
aunque una operación haya existido en la realidad, su falta de correspondencia
con lo que aparece en el comprobante de pago, determina que sea inexistente
o ‘no real’ para efectos jurídicos.
n) Ahora bien, en el caso de la “operación simulada” a la que hace referencia la
norma bajo análisis, debe tenerse presente que el término simular, según la
Real Academia de la Lengua Española significa, “Representar algo, fingiendo o
imitando lo que no es”, lo que nos permite afirmar que una operación es
simulada cuando detrás de su apariencia se está ocultando una realidad
subyacente, detrás de las formas jurídicas adoptadas.
o) Siendo ello así, debe concluirse que para considerar a una operación como ‘no
real’ y que no goza del reconocimiento del crédito fiscal bastará que se cumpla
con cualquiera de los dos supuestos:
RAE. Esta información puede consultarse en la siguiente página web: http://lema.rae.es/drae/?val=real
(1) Que no exista la operación (transferencia de mercancía), o que esta sea
(2) Que existiendo la operación en la realidad, para efectos jurídicos dicha
existencia no da lugar al goce del crédito fiscal, por haber, el usuario o
adquiriente, tomado conocimiento, al momento de realizar la operación,
que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito, no
efectuó verdaderamente la operación (transferencia).
p) Este razonamiento se encuentra en sintonía con lo mencionado en el último
párrafo del literal a) del artículo 44° de la Ley d el IGV, en el que se señala que:
“el adquirente del comprobante de pago o nota de débito no podrá desvirtuar la
imputación de operaciones no reales que hace esta norma con la existencia de
bienes o servicios que no hayan sido transferidos o prestados por el emisor que
figura en el documento, ni con la retención efectuada o la percepción soportada
por dicha operación en caso de que esta corresponda, según sea el caso.”
q) En tal sentido, la operación no real no podrá ser desvirtuada con la
transferencia de los bienes realizados por otras personas aun cuando se trate
de bienes y/o servicios similares o idénticos al consignado en el comprobante
de pago. En ese sentido, demostrada la suplantación del verdadero
transferente con conocimiento del receptor o adquirente, la existencia de la
transferencia de los bienes consignados en el comprobante de pago no tendrá
ninguna significancia, toda vez que no dará derecho al goce del crédito fiscal.
Situación distinta se presenta cuando el receptor no tenía conocimiento de
dicha situación, en cuyo caso, al tratarse de un usuario o adquirente de buena
fe, tendrá derecho a disfrutar del beneficio del crédito fiscal.
r) Este análisis se refuerza si se tiene en cuenta que la Norma XVI que
actualmente se encuentra vigente establece que: “Para determinar la verdadera
naturaleza del hecho imponible, la Sunat tomará en cuenta los actos,
situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o
establezcan los deudores tributarios. (…) En caso de actos simulados
calificados por la Sunat según lo dispuesto en el primer párrafo de la presente
norma, se aplicará la norma tributaria correspondiente, atendiendo a los actos
efectivamente realizados.”24
s) En ese sentido, si el usuario adquirió realmente los bienes y servicios
(transferencia), pero al hacerlo, no tomó conocimiento de la suplantación de
quien figura como emisor en el comprobante de pago, tendrá derecho a que se
le reconozca el crédito fiscal, ya que lo que quiso al realizar la operación de
compra y venta fue precisamente llevar a cabo dicho negocio jurídico con la
persona que se le presentaba como real transferente los bienes o prestador del
t) Situación distinta se presenta cuando la usuaria es cómplice de la suplantación
del transferente, aun cuando haya adquirido los bienes o servicios –pero– de
proveedor distinto a quien aparece como emisor en el comprobante de pago,
no le corresponderá ser beneficiaria del crédito fiscal.
u) En ese marco, el literal b) del artículo 44° de la Ley del IGV que regula el
supuesto de hecho de aquel […] en que el emisor que figura en el comprobante
de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación,
habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha operación
[…] será aplicable únicamente en los casos en que el usuario o adquirente no
haya tenido conocimiento de la suplantación, y que la transferencia de bienes o
servicios se realizó en la realidad, pero por persona distinta a quien aparece
v) Esta afirmación encuentra sentido si se tiene en cuenta que en el Reglamento
de Ley del Impuesto General a las Ventas, último párrafo del literal b) del
artículo 44°, menciona: “[…] Aun habiendo cumplido con lo señalado
anteriormente, se perderá el derecho al crédito fiscal si se comprueba que el
adquirente o usuario tuvo conocimiento, al momento de realizar la operación,
Mediante el artículo 8º de la Ley Nro. 30320, publicada el 12/07/2014, se ha suspendido la facultad de la
Administración Tributaria para aplicar la referida Norma XVI, con excepción de lo dispuesto en su primer y
último párrafo, hasta que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo “establezca los Parámetros de
fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta Norma”, es decir, hasta que la
misma sea propiamente reglamentada.
efectuó verdaderamente la operación […]”
3.3 Análisis del caso concreto:
a) Se denuncia la infracción del artículo 109° nume ral 2) del Código Tributario y
de los numerales 12.1 y 13.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 109º.- NULIDAD Y ANULABILIDAD DE LOS ACTOS. Los actos
de la Administración Tributaria son nulos en los casos siguientes: (…) 2.
Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido,
o que sean contrarios a la ley o norma con rango inferior”;
“Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad
12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo
a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en
cuyo caso operará a futuro.”;
“Artículo 13.- Alcances de la nulidad
13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el
procedimiento, cuando estén vinculados a él.”
b) Precisamente, el argumento que sustenta la causal de casación descrita señala
que el acto administrativo cuestionado (la RTF) es nulo por haberse dictado
prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, o que sea
contrario a la ley o norma de rango inferior. Así, el argumento esgrimido en el
recurso de casación hace referencia a que el Colegiado Superior no tomó en
cuenta que los actos de la Administración serán nulos cuando se dicte sin
respetar el procedimiento tributario establecido por ley o por norma de rango
inferior, lo cual conlleva a la nulidad de los actos posteriores a aquel acto
inválido, así como, retrotraer los actuados a la fecha de ocurrencia de la nulidad
(reenvío), a efectos de que la Administración renueve el acto o actuaciones
viciadas, conforme a ley.
c) En efecto, sostiene la Sunat en su recurso de casación que cuando la
resolución del Tribunal Fiscal revocó la resolución de Intendencia y dejó sin
efecto los valores emitidos sobre la base de un error de procedimiento, en lugar
de anular y reponer las cosas al estado anterior al vicio, prescindió totalmente
del procedimiento legal establecido, y decidió contrario a ley, pues considera
que ello impidió ejercer y concluir la función fiscalizadora.
d) Sobre el particular, el Juez de primera instancia, en la sentencia apelada, ha
sostenido que dicha interpretación de la Sunat deviene en infundada debido a
que el reparo efectuado por la Administración Tributaria respecto a las
operaciones comerciales consideradas como operaciones no reales, se
encontraba sustentado en lo dispuesto en el inciso b) del artículo 44° de la Ley
del IGV, en tanto, en los Requerimientos N.os 01220990001480 y
0122090001699 se citó dicha base legal. Sin embargo, al momento de emitir las
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0019509 a 012-0030019520
correspondiente al IGV de los periodos marzo de dos mil seis a febrero de dos
mil siete la Sunat cita como base legal el inciso a) del artículo 44° de la Ley del
IGV, incurriendo así en una evidente contradicción entre lo obtenido en el
procedimiento de fiscalización y lo determinado por la Sunat, incumpliendo con
ello con las reglas establecidas para la determinación de la deuda sobre base
presunta, por lo que correspondía que el Tribunal Fiscal revoque la apelada y
deje sin efecto el valor.
e) Tales argumentos han sido repetidos por la Sala Superior en la sentencia de
vista cuando menciona que existió una incongruencia entre los reparos
invocados por la Sunat, previsto en literal b) del artículo 44° de la Ley del IGV, y
los reparos girados que se refieren al inciso a) del artículo 44° de la citada Ley.
Agrega que el pronunciamiento del Tribunal Fiscal salvaguarda el derecho de
defensa y el debido procedimiento administrativo de la empresa demandada.
Añade que la Sunat no se encuentra facultada por ley a subsanar las
irregularidades incurridas en el procedimiento de fiscalización, razón por la que
correspondía que el Tribunal Fiscal revoque la Resolución de Intendencia N°
0150140009140 y deje sin efecto las Resoluciones de Determinación y Multa.
f) Siendo ello así, este Supremo Colegiado considera imprescindible, antes de
efectuar el análisis pertinente, reseñar los hechos que han dado lugar a la
controversia jurídica, los cuales son los siguientes:
(1) La Sunat emitió cuatro requerimientos contra la empresa Zincsa, respecto al
tributo del Impuesto General a las Ventas de los meses de marzo de dos mil
seis a febrero de dos mil siete. Estos son:
o Requerimiento N° 012090000698 25, en el que la Administración
Tributaria pidió a Zincsa información relativa a la fiscalización respecto
al Tributo del IGV del mes de marzo de dos mil seis a febrero de dos
mil siete. Este requerimiento concluyó en la presentación parcial de la
información solicitada por parte de la empresa fiscalizada.
o Requerimiento N° 0122090001287 26, a través del cual Sunat pidió a
Zincsa la presentación del informe de las líneas de producción; análisis
de diagrama de flujo de las líneas de producción; cuantificación de
cada fase o etapa de las cantidades de entrada y cantidad de salida de
los productos; exhibición de los partes de producción correspondiente a
la línea de producción de plomo, entre otros. Este requerimiento
concluyó en la presentación parcial de la información solicitada por
parte de la empresa fiscalizada, señalando respecto a las partes de
producción, lo siguiente: “Desgraciadamente, no hemos podido ubicar
la documentación solicitada en nuestros archivos”.
o Requerimiento N° 0122090001480 27, a través del cual Sunat pidió que
Zincsa, entre otras, sustente las diferencias entre el total de
exportaciones contabilizadas en el registro de ventas y las declaradas;
así como sustente las diferencias entre el total de ingreso (clase 7) del
Libro Mayor y el Registro de Ventas.
Notificado a la recurrente el 21 de mayo de 2009.
Notificado a la recurrente el 14 de agosto de 2009.
Notificado a la recurrente el 18 de setiembre de 2009
En este requerimiento se adjunta el Anexo 1 en el que se menciona el
Informe N° 168-4-2009, adjunto a la Resolución de I ntendencia N°
0260140040141/SUNAT de fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, en
el que la Sunat respecto del proveedor Plomo Peruano, en lo que se
refiere a los periodos de marzo dos mil seis a enero de dos mil siete,
por el IGV mencionó: “No existiendo ningún registro de control de
ingreso ni de salida de la mercadería por parte de Plomo Peruano. Las
guías de remisión-remitente de los proveedores consignan como
domicilio de llegada la Avenida Néstor Gambeta N° 9 053, Fundo
Oquendo, Callao, el cual es el mismo domicilio fiscal de Zincsa,
habiéndose verificado que no existe licencia municipal de
funcionamiento ni expediente en trámite a nombre de Plomo Peruano
(…) los supuestos encargados de llevar a cabo las compras y la
negociación con los proveedores de Plomo Peruano, en su
manifestación voluntaria rendida ante la Sunat, no los reconocen y/o
niegan haber realizado dichas funciones (…) habiendo señalado en su
manifestación voluntaria el gerente de Plomo Peruano, que todos los
proveedores los contactó a través de personal de Zincsa (…) Las
facturas, las notas de débito y las guías de remisión de los proveedores
de Plomo Peruano son redactadas por el Asistente de Pagos del Área
de Contabilidad de Zincsa (…) no existen documentos que prueben la
tercerización de las labores de Plomo Peruano en Zincsa.
Asimismo, en dicha Resolución de Intendencia, se menciona: “En tal
sentido, la evaluación de los hechos observados por la Administración
en forma conjunta lleva a concluir que resulta procedente el
desconocimiento del crédito fiscal, al haberse detectado la realización
de operaciones no reales por parte del contribuyente, concluyéndose
que Plomo Peruano no realizó la adquisición de los lingotes de plomo a
los referidos proveedores, supuesto previsto en el numeral 1 del artículo
44° de la LIGV”.
En base a ello, la Sunat concluye que las operaciones descritas en las
facturas de compra del proveedor Plomo Peruano, son operaciones no
reales; de conformidad a lo señalado en el inciso b) y numeral 1) del
artículo 44° del TUO de la Ley del IGV, aprobado po r Decreto Supremo
N° 055-99-EF, solicitándole a Zincsa presentar la d ocumentación
sustentatoria fehaciente que descargue los argumentos de la
La empresa Zincsa contestó el requerimiento mencionando que las
operaciones con Plomo Peruano son operaciones reales; que ha
utilizado los insumos detallados en dichas facturas en su proceso
productivo y que la totalidad de la producción ha sido vendida en su
oportunidad. Asimismo, sostiene que no se puede pretender que los
empleados de Zincsa no tengan derecho a colaborar con Plomo
Peruano, pues ello no está impedido legalmente. Agrega que ha
cumplido con todos los elementos de una compra y venta (de plomo), y
en función a lo que expuso, considera que la Sunat debe reconocer el
uso del crédito fiscal a la empresa en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 44° inciso b) de la Ley del Impuesto Ge neral a las Ventas.
Este requerimiento concluyó en la no presentación de la información
solicitada por parte de la empresa fiscalizada, razón por la que la Sunat
concluye que las operaciones descritas en las facturas de compra del
proveedor Plomo Peruano son operaciones no reales; en virtud de lo
señalado en el inciso b) y numeral 1) del artículo 44° del TUO de la Ley
o Requerimiento N° 0122090001699 28 a través de la cual se pidió a
Zincsa que presente los descargos a las observaciones formuladas en
los cierres de los requerimientos de la presente fiscalización o
verificación, adjuntando la documentación original que sustente
fehacientemente sus descargos respectivos.
La empresa Zincsa contesta el requerimiento mencionando: “Es preciso
tener en cuenta que el artículo 44° de la Ley del I mpuesto General a las
Ventas, en que se pretende sustentar la presente observación, dispone
Notificado el 14 de octubre de 2009.
el desconocimiento del crédito fiscal cuando se ha simulado o
presentado un aparente Contrato de Compra y Venta de adquisición de
bienes y/o servicios con la finalidad, precisamente, de incrementar
indebidamente la deducción del mencionado crédito fiscal y disminuir el
Impuesto General a las Ventas que corresponden al contribuyente. En
ese sentido, si la Sunat pretende aplicar el artículo 44° de la Ley del
Impuesto General a las Ventas, le corresponde acreditar la simulación o
apariencia que supuestamente habrían sido manejadas por el
contribuyente”29, concluyendo: “(…) Solicitamos a la Sunat observe lo
dispuesto por el artículo 44° inciso b) de la Ley d el Impuesto General a
las Ventas, que permite mantener nuestro crédito fiscal, toda vez que
hemos efectuado el pago del precio con los medios de pago
establecidos en el Reglamento. No entendemos el motivo por el cual la
Administración Tributaria, si bien considera que Plomo Peruano, no ha
realizado verdaderamente la operación, no ha aplicado la segunda parte
del referido inciso b) y no nos ha permitido mantener el derecho a
nuestro crédito fiscal.30
Este requerimiento concluyó en la no exhibición de documentación que
sustente los descargos a las observaciones formuladas.
(2) El once de noviembre de dos mil nueve la Sunat emitió las Resoluciones de
Determinación N.os 012-003-0019509, 012-003-0019510, 012-003-0019511,
012-003-0019512, 012-003-0019513, 012-003-0019514, 012-003-0019515;
012-003-0019516, 012-003-0019517, 012-003-0019518, 012-003-0019519 y
012-003-0019520 por utilizar comprobantes que corresponden a
operaciones no reales citando como base legal el artículo 44° del Decreto
Supremo N° 055-99-EF. En el anexo N° 19 de dichas r esoluciones se
menciona: “Base legal: Inciso a) y numeral 1) del artículo 44° del TUO de la
Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo N°
055-99-EF y modificatorias” En esa misma fecha se emitieron las
(3) El dieciséis de diciembre de dos mil nueve, Zincsa interpuso recurso de
reclamación31 a las resoluciones de determinación y resoluciones de multa,
mencionando: “las resoluciones de determinación no se ajustan a la realidad
de los hechos y, por lo tanto, requiere la sustentación con la documentación
debida por nuestra parte, que demuestre fehacientemente, que no hemos
incurrido en operaciones no reales, la misma que haremos llegar
(4) El trece de enero de dos mil diez, Zincsa amplía su recurso de
reclamación32, solicitando la nulidad de las resoluciones de determinación
por indebido procedimiento alegando que la Administración no habría
respondido al pedido formal de prórroga solicitada; asimismo, alega
intimidación en el procedimiento y que el requerimiento de la Administración
constituye en una solicitud de prueba diabólica, en tanto, solicitó pruebas a
sabiendas que no existían. También en dicho escrito solicitó la nulidad de
determinación reclamada por falta de motivación, alegando que la
Administración Tributaria no acreditó que las operaciones con la empresa
Plomo Peruano, no eran inexistentes.
(5) El cuatro de marzo de dos mil diez, Zincsa complementó su escrito de
reclamación mencionando, “No entendemos el motivo por el cual la
realizado verdaderamente la operación, no ha aplicado la segunda parte del
inciso b) y no nos ha permitido mantener el derecho a nuestro crédito
fiscal.”33
(6) El once de mayo de dos mil diez, presentó su escrito ampliatorio
mencionando que los comprobantes de pago emitidos por la empresa Plomo
Peruano, son transacciones reales que reúnen los requisitos mínimos
establecidos en el numeral 1.1 del artículo 6° del Reglamento de
Comprobantes de Pago aprobado por Resolución de Superintendencia N°
007-99/SUNAT, así como el numeral 3 del artículo 87° del Código Tributario.
Fojas 2156 del expediente administrativo.
Fojas 2347 del expediente administrativo.
Asimismo, sostiene que la transacción comercial se ha efectuado dentro del
marco de la buena fe.
(7) El treinta de junio de dos mil diez, la Sunat emitió la Resolución de
Intendencia N° 0150140009140 que desestima la nulid ad invocada por
Zincsa, y concluye declarar infundada la reclamación de Zincsa; en los
fundamentos de dicha resolución señala: “Es importante mencionar que el
único supuesto en que se admite la convalidación del crédito fiscal en una
operación no real por el uso de medios de pago, es aquel referido en el
literal b) del artículo 44° de la Ley del Impuesto General a las Ventas,
supuesto que no es aplicable al contribuyente dado que los hechos
analizados se circunscriben al literal a) de dicho artículo. No obstante, aún
en el supuesto negado que los hechos hubieren correspondido a lo
dispuesto en el literal b) del artículo 44° en menc ión, conforme a lo
dispuesto en el último párrafo del literal b) numeral 15.4 del artículo 15° del
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas tampoco sería
posible la convalidación, puesto que esta no es aplicable cuando se
comprueba que el adquirente tuvo conocimiento que, al momento de realizar
la operación, el emisor que figura en el comprobante de pago no efectuó
verdaderamente la operación, como sucedió en el presente caso”. (El
resaltado es nuestro)
(8) El diecinueve de agosto de dos mil diez, Zincsa interpuso Apelación34 contra
la Resolución de Intendencia N° 1150140009140, menc ionando que en el
Resultado del Requerimiento N° 0122090001699 la Sun at reconoció que se
había realizado la compra de los bienes pero que a pesar de ello Zincsa, se
encontraba en el supuesto del inciso a) del artículo 44° y no en el supuesto
del inciso b) del artículo 44°.
(9) El veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Tribunal Fiscal, emitió la
Resolución N° 12669-3-2014, que revocó la Resolució n de Intendencia Nº
0150140009140 del treinta de junio de dos mil diez y dejó sin efecto las
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0019509 a 012-003-0019520 y
Fojas 2505 del expediente administrativo.
las Resoluciones de Multa N.os 012-002-0015679 a 012-002-0015690 en el
extremo impugnado y dejó sin efecto las Resolución de Multa N° 012-002-
0015691.
Argumentó el Tribunal Fiscal que mediante Carta N° 090011288290-01
Sunat y el Requerimiento N° 0122090000698, notifica do a la administrada el
veintiuno de mayo de dos mil nueve, se dio inicio a la fiscalización del
Impuesto General a las Ventas de los periodos marzo de dos mil seis a
febrero de dos mil siete; posteriormente a través del Requerimiento N°
0122090001480 la Administración concluye que las operaciones descritas
en las facturas de compras del proveedor Plomo Peruano son operaciones
no reales de conformidad con el inciso b) del artículo 44° de la Ley del
Impuesto General a las Ventas, por lo que procede a reparar el crédito fiscal
por los periodos marzo de dos mil seis a febrero de dos mil siete. Luego,
mediante Requerimiento N° 0122090001699 del catorce de octubre de dos
mil nueve la Administración le comunica a la recurrente las observaciones
del crédito Fiscal por sus operaciones no reales en los meses de marzo de
dos mil seis a febrero de dos mil siete, solicitándole que presente sus
descargos, citando como base legal el inciso b) del artículo 44° de la Ley del
Impuesto General a las Ventas; no obstante ello, la Administración emitió las
Resoluciones de Determinación N.os 012-003-0019509 a 012-003-0019520
por el Impuesto General a las Ventas de los periodos marzo de dos mil seis
a febrero de dos mil siete, en el que se señala como motivos determinantes
del reparo por operaciones no reales que la empresa Plomo Peruano no es
real proveedora de los productos descritos en las facturas emitidas a la
recurrente y que los productos y cantidades descritas en los comprobantes
de pago emitidos por Plomo Peruano a la recurrente, no son los que
realmente se habrían adquirido, ya que no guardan correspondencia con lo
observado en el Registro de inventario Permanente Valorizado, citando
como base legal al inciso a) del artículo 44 de la Ley General a las Ventas,
lo que es reiterado además en la resolución apelada, donde señala que los
Impuesto General a las Ventas. Añade que de acuerdo con el inciso a) del
artículo 44 de la Ley General a las Ventas se considera “operación no real
“aquella situación en que se determina que nunca se efectuó la adquisición,
es decir, no se cuestiona al emisor del comprobante de pago como el
verdadero proveedor, sino que la discusión se centra en la existencia misma
de la operación”, no obstante en los valores girados la Administración señala
como motivo determinante del reparo que la empresa Plomo Peruano no fue
la real proveedora de los productos descritos en las facturas observadas,
situación que no encaja en el supuesto de la norma que sirve de
fundamento del reparo.
(10) En ese sentido, el Tribunal Fiscal refiere que los valores se sustentan en los
Requerimientos N.os 0122090001480 y 0122090001699 emitidos durante la
fiscalización, siendo que de lo actuado en dicho procedimiento la
Administración concluyó expresamente en los resultados de los citados
requerimientos, que el reparo por operaciones no reales corresponde a la
situación prevista en el inciso b) del artículo 44 de la a Ley General a las
Ventas, no obstante en los valores girados se consigna el inciso a) del
artículo 44° de la citada ley, que corresponde a un a situación distinta.
(11) Sostiene que cuando la Administración Tributaria alega que se detectaron
irregularidades en la información contable y que la recurrente no exhibió los
partes de producción ni los informes de los ratios entre insumos y la materia
prima utilizada, ante las evidentes inconsistencias y contradicciones en la
actuación de la Administración, se debe concluir que el reparo por
operaciones no reales no se encuentra debidamente sustentado, por lo que
procede levantarlo, revocando la apelada y dejando sin efecto las
resoluciones de determinación en tal extremo.
3.4. Carácter fundado del recurso casatorio
a) De lo antes señalado se establece con claridad que el Tribunal Fiscal, para
revocar la Resolución de Intendencia N° 01501400091 40, utilizó como
argumento haber advertido, “inconsistencias” y “contradicciones” en la
expedición de la mencionada resolución, que se materializó en el siguiente
hecho: el reparo (requerimientos) hecho por la Administración Tributaria contra
Zincsa, por operaciones no reales, corresponde a la situación prevista en el
inciso b) del artículo 44° de la Ley del Impuesto G eneral a las Ventas, no
obstante, en los valores girados (resoluciones de determinación) se consigna el
inciso a) del artículo 44° de la citada ley.
b) Al respecto, debe mencionarse que la Sunat inició el procedimiento de
fiscalización35 contra la empresa Zincsa con el Requerimiento N°
01209000069836, para determinar si cumplió con las normas de tributación del
Impuesto General a las Ventas, o si incurrió en algún incumplimiento y si bien
en los requerimientos le imputó a la fiscalizada haber incurrido en lo dispuesto
en el literal b) del artículo 44° de la Ley del Imp uesto General a las Ventas,
llevando a cabo el Reparo al Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas
por operaciones no reales en los meses de marzo de dos mil seis a febrero de
dos mil siete37, señalando como base legal el inciso b) y numeral 1) del artículo
44° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ve ntas, aprobado por el
Decreto Supremo N° 055-99-EF y Norma VIII del Títul o Preliminar del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
99-EF y modificatorias; en la fundamentación del resultado del requerimiento se
(i) La empresa Plomo Peruano realizó actos simulados u operaciones
no reales, no existiendo fehaciencia respecto de su participación en
la adquisición de lingotes de plomo aleado a los proveedores;
(ii) Se detectó considerables inconsistencias en el registro permanente
en unidades y valorizado correspondiente a la empresa Zincsa;
(iii) La empresa Zincsa no exhibió los partes de producción de la línea de
producción de plomo;
(iv) La empresa Zincsa no proporcionó informes de los ratios o relaciones
entre los insumos y la materia prima utilizada;
La Fiscalización Tributaria es el procedimiento mediante el cual la SUNAT, comprueba la correcta
determinación de los contribuyentes, así como las obligaciones formales relacionadas a ellas. Este
procedimiento culmina con la notificación de la Resolución de Determinación y, de ser el caso, de las
Resoluciones de Multa que correspondan por las infracciones que se detecten en el desarrollo del
Fojas 1869 del expediente administrativo.
(v) Los productos y las cantidades descritas en los comprobantes de
pago, emitidos por la empresa Plomo Peruano al contribuyente
Zincsa no son los que realmente se habrían adquirido ya que no
guardan correspondencia con lo observado en el Libro Inventario
Permanente Valorizado Kardex.
c) Tal situación llevó a la Sunat a concluir que la empresa Plomo Peruano no era
la real proveedora de los productos que se detallan en las facturas emitidas al
contribuyente y que la empresa Zincsa, tenía conocimiento de dicha situación.
d) De lo afirmado por la Sunat se advierte que la empresa Zincsa, estuvo
involucrada en operaciones no reales, conforme al artículo 44 de la Ley del
Impuesto General a las Ventas. Es por esta razón que la empresa Zincsa, a
través de reiterados recursos pidió que se le aplique el párrafo segundo del
literal b) del numeral 1 del artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las
Ventas, de modo que pueda mantener el derecho al crédito fiscal, y sobre el
cual realizó su defensa dentro del marco de un debido procedimiento
e) Sin embargo, el procedimiento de fiscalización culminó con la notificación de la
Resolución de Determinación y de las Resoluciones de Multa que
correspondan por las infracciones que se detectaron en el desarrollo del
procedimiento, emitiéndose el once de noviembre de dos mil nueve las
Resoluciones de Determinación N° 012-003-0019509, 0 12-003-0019510, 012-
003-0019511, 012-003-0019512, 012-003-0019513, 012-003-0019514, 012-
003-0019515, 012-003-0019516, 012-003-0019517, 012-003-0019518, 012-
003-0019519 y 012-003-0019520 por utilizar comprobantes que corresponden
a operaciones no reales citando como base legal el artículo 44° del Decreto
Supremo N° 055-99-EF. En el anexo N° 19 de dicha Re solución se menciona:
“Base legal: Inciso a) y numeral 1) del artículo 44° del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y
modificatorias”. En esa misma fecha se emitieron las resoluciones de multa.
f) En ese sentido, de acuerdo a la actividad probatoria llevada a cabo por la
Sunat, se concluyó que Zincsa, hizo uso del derecho al crédito fiscal sobre la
base de operaciones no reales incumpliendo la normativa de la Ley del
Impuesto General a las Ventas y a la Norma VIII del Título Preliminar del
g) Es importante anotar que tanto de lo actuado a nivel del procedimiento
administrativo por la Sunat, como lo analizado y señalado en la Resolución del
Tribunal Fiscal, aparece acreditado que si bien la empresa Zincsa, tenía
material de plomo adquirido, dicho insumo no le fue transferido por la empresa
Plomo Peruano, cuyos comprobantes fueron utilizados para beneficiarse del
h) La situación descrita en el párrafo que antecede se encuentra prevista en el
supuesto del literal b) del numeral 44° que dispone lo siguiente: “(…) se
considera como operación no real (…) Aquella en que el emisor que figura en
el comprobante de pago o nota de débito no ha realizado verdaderamente la
operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha
operación. (…)”
i) Por ello la propia Resolución de Intendencia N° 0150140009140 precisó de
modo específico que Zincsa, no podía hacer uso del crédito fiscal y debía ser
sancionada por el hecho de haber tenido conocimiento de que quien aparecía
como vendedor no era quien figuraba como emisor en el comprobante de pago.
j) Este hecho permite advertir que la empresa Zincsa, no se encontraba facultada
para usar el crédito fiscal, por cuanto encontrándose dentro del supuesto
regulado en el literal b) numeral 1 del artículo 44° del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas, tenía pleno conocimiento de que el emisor de
los comprobante de pago, Plomo Peruano, no era quien realmente le había
transferido los insumos que se detallan en dichos comprobantes de pago; de lo
que además se puede inferir que Zincsa no se encontraría en el supuesto a)
numeral 1 del artículo 44° del TUO de la Ley del Im puesto General a las
k) Por consiguiente, si únicamente en la resolución de determinación se invocó el
literal a) del artículo 44° TUO de la Ley del Impue sto General a las Ventas era
porque la Sunat consideró que si la empresa Zincsa no tenía derecho a usar el
crédito fiscal sobre la base del literal b) de la norma legal acotada, con mayor
razón no tenía derecho a beneficiarse de dicho crédito por aplicación del literal
a) de la misma norma legal. Este razonamiento aparece de la Resolución de
Intendencia N° 0150140009140.
l) Nótese que el razonamiento esgrimido en la resolución de intendencia era
determinante para que el Tribunal Fiscal pudiera decidir si efectivamente
Zincsa estuvo dentro del supuesto del literal b) del numeral 1 del artículo 44° de
la Ley del Impuesto General a las Ventas y si tenía -o no- derecho al uso del
crédito fiscal, en razón a que la Sunat argumentó en la resolución de
intendencia que al no tener Zincsa derecho al uso del crédito fiscal por el literal
b) del artículo 44° de la Ley del Impuesto General a las Ventas, que es la
causal por la que se inició el procedimiento administrativo y que sustentó el iter
del procedimiento administrativo, así como el supuesto que dio origen al
derecho de defensa de la empresa Zincsa, dentro del debido procedimiento,
menos razón tendría para hacer uso del crédito fiscal por el literal a) del artículo
44° de la Ley del Impuesto General a las Ventas.
m) Cabe insistir que el Tribunal Fiscal en la resolución impugnada refirió los
argumentos y medios probatorios señalados por la Sunat, que daban cuenta de
la existencia de una operación no real, en la que se habría producido la
transferencia de bienes, pero que al tener la empresa Zincsa conocimiento de
que Plomo Peruano, empresa que gira los comprobantes de pago, no fue quien
le transfirió dichos bienes, no le correspondería a Zincsa hacer uso del crédito
n) Siendo ello así, el Tribunal Fiscal contaba con los elementos suficientes para
ingresar al análisis de fondo de la controversia, para determinar,
independientemente a que la Sunat, en los valores girados, consignara el inciso
a) del artículo 44° de la citada ley, si efectivame nte la empresa Zincsa, se
encontraba incursa en lo regulado en el literal b) del artículo 44° de la Ley del
Impuesto General a las Ventas, y esclarecer si la empresa Zincsa tenía o no
derecho a usar el crédito fiscal, respecto de dicha operación.
o) Cabe precisar, que no se podría en el presente caso sostener que la empresa
Zincsa, se vea afectada en su derecho de defensa y debido procedimiento, por
el hecho de que se haya iniciado la fiscalización con el inciso b) del artículo 44°
del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto
Supremo N° 055-99-EF y modificatoria y luego determ inado con el inciso a) y
numeral 1) del artículo 44° del TUO de la Ley del I mpuesto General a las Ventas
aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y modific atoria, debido a que a lo
largo de la vía administrativa y judicial se ha defendido de la imputación hecha
por la Sunat referida a que estaría incursa en la regulación del inciso b) del
artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas, y si no tenía
derecho a usar el crédito fiscal por este supuesto, menos lo tendría por el
supuesto previsto en el literal a) de la misma disposición legal.
p) En efecto, en el escrito de fecha cuatro de marzo de dos mil diez, Zincsa
complementó su escrito de reclamación, mencionando, “No entendemos el
motivo por el cual la Administración Tributaria, si bien considera que Plomo
Peruano, no ha realizado verdaderamente la operación, no ha aplicado la
segunda parte del inciso b) y no nos ha permitido mantener el derecho a
nuestro crédito fiscal.”38. (El resaltado es nuestro)
q) En tal sentido, debe mencionarse que el Tribunal Fiscal, en la Resolución N°
12669-3-2014 del veintiuno de octubre de dos mil catorce, para revocar la
Resolución de Intendencia N° 0150140009140, y levan tar los reparos y las
multas, no determinó el derecho de la empresa Zincsa a usar –o no- el crédito
fiscal, pese a contar con los elementos probatorios suficientes, sino únicamente
alegó inconsistencia en el procedimiento administrativo, con lo que vulneró la
norma señalada en el numeral 2) del artículo 109 del Código Tributario y los
General, dado que estas normas tenían previsto que las inconsistencias de
naturaleza procedimental daban lugar a anular el procedimiento y reponer las
cosas al momento en que se incurrió en el vicio lo que no ocurrió en el presente
caso, dando lugar a que se configure la nulidad del Acto Administrativo
Impugnado, por haber dejado sin efecto los valores sin otorgar la posibilidad a
que se corrija el procedimiento, y sin que medie justificación alguna para
impedir a la Sunat concluir con el ejercicio de su potestad fiscalizadora y de
recaudación, situación que encuentra respaldo en la garantía constitucional
prevista en el artículo 139° incisos 3 y 5 de la No rma fundamental.
r) No obstante lo señalado en el párrafo que antecede, debe considerarse en
orden a precisar los límites y facultades que tiene la Administración cuando
actúa en sede recursiva, de conformidad con lo previsto en el numeral 217.2 del
artículo 217 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimie nto Administrativo General,
que establece lo siguiente: “Constatada la existencia de una causal de nulidad,
la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del
asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea
posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del
procedimiento al momento en que el vicio se produjo”. Dicha norma resulta
aplicable por razón de temporalidad y supletoriedad, criterio que a la fecha ha
sido desarrollado incluso por la norma especial del vigente Código Tributario,
conforme se advierte del artículo 150°, que se da c uenta únicamente con el
propósito de resaltar la importancia que le otorga el ordenamiento jurídico a las
facultades de la administración tributaria para la pronta resolución de la
controversia, salvaguardando los derechos de los administrados.
s) Por consiguiente, si el Tribunal Fiscal a pesar de encontrar la inconsistencia
procedimental advertida, y en tanto contaba con los elementos suficientes para
emitir pronunciamiento de fondo, debía haber optado por esta alternativa y
determinar –como ya se mencionó anteriormente– si la empresa Zincsa tenía o
no derecho a utilizar el crédito fiscal cuyo debate ha dado lugar al presente
t) En ese sentido, debe ampararse el presente recurso de casación y actuando en
sede de instancia, revocar la decisión del Juez de Instancia y reformando la
misma declarar fundada la demanda, disponiendo que el Tribunal Fiscal emita
nuevo pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos señalados en la presente
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, mediante escrito
de fecha quince de setiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, CASARON la
sentencia de vista de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, y actuando
en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha treinta y uno de
agosto de dos mil quince que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA
declararon fundada la demanda; en consecuencia, NULA la Resolución del
Tribunal Fiscal N° 12669-3-2014 del veintiuno de octubre de dos mil catorce,
ORDENARON que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución conforme a lo
señalado en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente
resolución en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la
parte recurrente contra Tribunal Fiscal y otro, sobre nulidad de resolución
administrativa. Notificándose por Secretaría. Interviene como ponente el señor Juez
Supremo Arias Lazarte.
Beg/Mvf
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