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Timestamp: 2019-12-15 13:35:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 318', 'artículo 138', 'artículo 69', 'artículo 48', 'artículo 400', 'artículo 318', 'artículo 318']

Stp16469-2015 Radicación No.: 82. 994
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Radicación No.: 82.994
Acta No. 423
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015).
Resuelve la Sala la acción de tutela instaurada por el apoderado judicial de GUSTAVO MORENO ARANGO, quien actúa en calidad de accionista y representante legal del CLUB DEPORTIVO DEPOR FÚTBOL CLUB S.A., contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO y la FISCALÍA 16 DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LEY 600, ambos de la misma ciudad, por la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales.
El accionante interpone acción de tutela con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa que, dice, le asisten como «tercero de buena fe» y le fueron vulnerados en el marco del proceso penal con radicación Nº 2011-00115, que se adelantó contra ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO.
1. Los señores MISAEL ANTONIO VEGA VERGARA, HUBER RAFAEL YOLI PÉREZ, REMBERTO JOSÉ HOYOS BRAVO, LUIS ALVIS REGINO, ORLANDO ROMERO HUERTAS, JOSÉ FUNEZ ARRIETA, JORGE EMILIO ALCALA BERTEL, LUCY MARÍA BAENA CASTRO Y MILTON DE JESÚS HURTADO MERCADO fundaron el CLUB DE FÚTBOL “PROFESIONAL REAL SINCELEJO S.A.”, acto cuya protocolización se efectuó ante la Notaría Segunda de la misma ciudad, mediante escritura pública No. 00245 del 20 de febrero de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Sincelejo el día 27 del mismo mes y año.
2. En dicha escritura pública se estipuló que el órgano de representación sería la junta directiva, mientras la presidencia sería ejercida por ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO.1
3. PATERNINA REVOLLO fue convocado a una junta de socios que se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2004, en la que, como consta en el Acta de Asamblea General Extraordinaria del Club No. 0010, -a la que no asistieron los accionistas que se enunciaban en dicha acta-2, se tomó la decisión de reformar los estatutos y vender, el CLUB DE FÚTBOL “PROFESIONAL REAL SINCELEJO S.A.” a los propietarios del CLUB DEPORTIVO PEREIRA S.A., por lo que el primero pasó a llamarse CLUB DEPOR F.C. S.A.
4. Publicada esta noticia en los medios de comunicación, los fundadores del club deportivo REAL SINCELEJO S.A. acudieron ante el Jefe de la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control de Coldeportes, a efecto de que se investigara la «supuesta venta» del club, dado que para esa negociación no se había convocado a la Asamblea de Socios ni existía autorización de la “venta” por parte de los accionistas. Además, señalaron que el autor de esos actos fraudulentos e ilícitos era ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO. Seguidamente, la mencionada entidad dio noticia de los hechos a la Fiscalía, por estimar que se cometieron “graves irregularidades en esa negociación”.
5. La investigación penal inició el 12 de enero de 2009 con la vinculación de ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO en calidad de persona ausente, como posible autor de los delitos de falsedad en documento privado y estafa. Durante el trámite del proceso, el CLUB DE FÚTBOL “PROFESIONAL REAL SINCELEJO S.A.” y sus accionistas se constituyeron como parte civil.3
6. Frente al delito de falsedad en documento privado, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO decretó la preclusión de la investigación por prescripción4. En lo concerniente al cargo por estafa, mediante sentencia del 9 de mayo de 2014, dicha autoridad judicial absolvió a PATERNINA REVOLLO.5
7. Habiendo sido apelada por el apoderado de la parte civil, esta última decisión fue revocada por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO, a través de sentencia del 9 febrero de 2015. En su lugar, condenó al acusado a las penas de 3 años de prisión y multa de 133 salarios mínimos legales mensuales, como autor responsable del delito de estafa. Adicionalmente, en punto de la responsabilidad civil y el restablecimiento del derecho, adoptó las siguientes determinaciones:
CUARTO: DECLARAR civilmente responsable a EDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO, del pago de los perjuicios materiales y morales causados a MISAEL VEGA VERGARA, HUBER RAFAEL YOLI PEREZ, REMBERTO JOSE HOYOS BRAVO, LUIS ALVIS REGINO, ORLANDO ROMERO HUERTAS, JOSÉ FUNEZ ARRIETA, JORGE EMILIO ALCALA BERTEL y MILTON DE JESÚS HURTADO MERCADO, para lo cual deberá pagarle a cada uno de ellos y de forma individual la suma de treinta y cinco millones veinte mil trecientos treinta y tres pesos ($35.020.333), cifras que deberán ser indexadas al momento de su cancelación.
SEXTO: Declarar la nulidad del Acta de asamblea extraordinaria del Club Deportivo Real Sincelejo S.A. N° 0010 del 2 de noviembre de 2004, en consecuencia, se ordena la cancelación de la Escritura Pública N° 1713 del 4 de noviembre de 2004, que el procesado suscribió ante la Notaría Segunda de Sincelejo, Sucre, y con ello, todos los actos que hayan derivado de éste registro, esto es, la escrituras públicas N° 4137 del 19 de octubre de 2006 elevada en la Notaría Quinta de Pereira, Risaralda, mediante la cual se cambió el nombre de la sociedad Club Deportivo Pereira S.A. por la de Club Deportivo Depor Fútbol Club S.A. 6 (Destaca la Sala).
8. Contra esta determinación ninguna de las partes interpuso recurso extraordinario de casación, por lo que la sentencia de segunda instancia cobró ejecutoria7.
En el marco fáctico hasta aquí reseñado, el accionante acusa a las autoridades demandadas de haber incurrido en «vía de hecho por defecto procedimental absoluto», con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, porque omitieron notificarlo en debida forma a él y al CLUB DEPORTIVO DEPOR FÚTBOL CLUB S.A. del proceso penal adelantado contra ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO. Además de que, dice, no se intentó de manera adecuada la comunicación personal y por aviso, la «notificación emplazatoria» resultaba improcedente, en la medida que no se cumplía ninguno de los requisitos que para tal efecto exige el artículo 318 del CPC.
Aunado a lo anterior, aduce que, agotado el trámite de emplazamiento, les fue designado un curador ad litem, quien «nunca superó un ejercicio meramente formal (…) [y] al contestar la demanda tan sólo se tomó el trabajo de redactar dos páginas, sin realizar una real defensa jurídica material en contra de las pretensiones esgrimidas por la parte civil en dicho proceso.»8
En segundo término, reprocha que al interior del proceso penal se desconoció la diferencia conceptual que existe ente «tercero incidental» y «tercero civilmente responsable». Esta imprecisión, en su criterio, conllevó a que él y los demás accionistas del club hubieran sido vinculados erróneamente como terceros civilmente responsables, cuando al tenor de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 600 de 2000, sólo eran «eventuales afectados» con la decisión adoptada por el Tribunal, mas no sujetos llamados a indemnizar los perjuicios irrogados con la comisión de la conducta punible.
En esta dirección, subraya: «(…) debió el despacho instructor – y por lo tanto, el juez de conocimiento – ordenar la vinculación de (sic) CLUB DEPORTIVO DEPOR FÚTBOL CLUB S.A., y demás interesados (accionistas), mediante su notificación como tercero de buena fe.»9
Finalmente, asegura que lo dispuesto por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO en el numeral sexto del acápite resolutivo reseñado constituye afectación del «derecho fundamental a su propiedad privada», por cuanto es propietario de «2.968 acciones que equivalen al 65.62% de participación de la sociedad CLUB DEPORTIVO DEPOR FÚTBOL CLUB S.A.»10 y, en ese orden, la cancelación de los registros ordenada afecta gravemente su patrimonio.
En este orden de ideas, solicita que, en amparo de sus derechos fundamentales, se anule el numeral sexto del acápite resolutivo de la sentencia de fecha 9 de febrero de 2015, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO.
A este trámite fueron vinculados la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO, la FISCALÍA 16 DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LEY 600, ambos de la misma ciudad, ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO y las demás partes e intervinientes del proceso penal con radicación No. 2011-00115.11
1. El JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO informó de manera detallada el impulso que le dio al referido proceso penal. Destaca que para la vinculación de GUSTAVO MORENO ARANGO y del CLUB DEPORTIVO DEPOR FUTBOL CLUB. S.A. como terceros civilmente responsables se acataron las disposiciones pertinentes de la Ley 600 de 2000. Por ello, sostiene, al accionante no se le vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa. Para acreditar este aserto, remitió copia de las piezas procesales relacionadas con el objeto de la demanda de tutela.12
2. La SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO señaló que, en la sentencia de fecha 9 de febrero de 2015, se plasmaron las razones por las cuales se revocó el fallo dictado por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad y se condenó a ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO por la comisión del delito de estafa. Indicó que ninguna de las partes interpuso recurso extraordinario de casación, por lo que el proceso fue devuelto al despacho de origen.13
3. El representante legal del CLUB DE FÚTBOL PROFESIONAL REAL SINCELEJO S.A. solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, a su modo de ver, la misma incumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Afirmó en particular, que el accionante disponía de otros mecanismos ordinarios de defensa judicial para reestablecer su patrimonio y, no obstante ello, decidió acudir a la vía constitucional, desconociendo el carácter residual de la misma.14
4. Las accionistas del CLUB DEPORTIVO DEPOR FÚTBOL CLUB S.A, JULIANA MORENO ÁNGEL, SHIRLEY MORENO ÁNGEL y MARTHA CECILIA CALDERÓN REVELO, sin argumentos adicionales, mediante escrito adiado 17 de noviembre del año en curso, coadyuvaron la demanda de tutela presentada.
1. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Según la jurisprudencia constitucional, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Además, que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
Además, al demandante le es exigible que « identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible».15
2.1 De la supuesta vulneración del debido proceso por indebida notificación
Acorde con el art. 29 de la Constitución, uno de los componentes esenciales del debido proceso es la observancia de las formas propias del juicio. En esa dirección, los actos de vinculación y notificación han de trasegar por las expresas disposiciones legales que configuran las respectivas formas procesales.
Dadas los términos de los reproches formulados por el actor, ha de traerse a colación el contenido del art. 69 de la Ley 600 de 2000, que a la letra enseña:
Demanda. La vinculación del tercero civilmente responsable podrá solicitarse con la demanda de constitución de parte civil o posteriormente, antes de que se profiera la providencia que ordena el cierre de investigación, en escrito separado, el que deberá contener los mismos requisitos de la demanda de parte civil. La demanda se notificará personalmente a quienes se dirija y desde el momento de su admisión se adquiere la calidad de sujeto procesal. En tal virtud, deberá dar contestación a la demanda y podrá solicitar y controvertir pruebas relativas a su responsabilidad. (Negrilla ajena al texto original).
ARTICULO 48. REQUISITOS. Quien pretenda constituirse en parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado, otorgará poder para el efecto.
La providencia admisoria de la demanda se notificará personalmente al demandado o a su representante legal y se le hará entrega de una copia de la demanda y de sus anexos. No habiendo sido posible la notificación personal, se surtirá el emplazamiento respectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. (Negrilla propia de la Sala).
Sobre el particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 16 de junio de 2006 (radicado 23.724), indicó:
Así las cosas, a fin de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso, contradicción y defensa del tercero civilmente responsable, se impone interpretar el artículo 69 de la Ley 600 de 2000 en el sentido de considerar que lo que se notifica personalmente no es la demanda de constitución de parte civil, sino la resolución judicial por cuyo medio es admitida la constitución de parte civil, cuando se le entregará, además, copia del libelo y sus anexos (inciso final artículo 48 ejusdem), pues a partir de ese momento es cuando adquiere la condición de sujeto procesal.
De acuerdo con las anteriores premisas normativas y fácticas, es claro que, tratándose de la demanda de constitución de parte civil, han de seguirse los siguientes criterios para la debida convocatoria y vinculación de los interesados: (i) QUE los sujetos demandados –léase sindicado y terceros civilmente responsables- sean notificados de la decisión mediante la cual se admite dicha demanda; (ii) que se corra traslado de la misma y (iii) que si no es posible la notificación personal por cualquier razón, se ha de acudir a las normas del Código de Procedimiento Civil.
En el caso sub examine, con relación a la vinculación del señor GUSTAVO MORENO ARANGO y del CLUB DEPORTIVO DEPOR FUTBOL CLUB. S.A. como terceros civilmente responsables, dentro del proceso penal seguido contra EDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO, se cuenta con la siguiente información:
1. Asignada la competencia para la etapa de juicio al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, al cierre del término para el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, el apoderado de la parte civil solicitó -como lo hiciere durante la fase de instrucción-, la notificación al representante legal del CLUB DEPORTIVO DEPOR FUTBOL CLUB S.A. de la resolución del 25 de marzo de 2011, mediante la cual se admitió la demanda de constitución de parte civil y su vinculación del tercero civilmente responsable.16
2. En virtud de ello, el citado despacho judicial, mediante decisión del 29 de febrero de 2012, dispuso a citar como representante legal del mencionado club deportivo, al señor GUSTAVO MORENO ARANGO.17
3. Para tal efecto se ordenó comisionar al juzgado penal del circuito turno de la ciudad de Cali, con el propósito de que efectuara la notificación personal de la mentada resolución al señor GUSTAVO MORENO ARANGO y se le hiciera entrega del traslado de la misma.18
4. Ese despacho comisorio No. 001, según constancia signada por la secretaria del juzgado cognoscente, «fue devuelto sin diligenciar en razón a que al señor GUSTAVO MORENO ARANGO (…) no fue posible notificarlo.»19
(…) el despacho comisorio N° 001 del 29 de febrero de 2012, el cual fue remitido mediante oficio 260 de la misma fecha, siendo radicado en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali, el 15 de marzo de 2012 bajo el número 2012 - 00011, ordenándose el auxilio del mismo a través de auto datado marzo 16 de 2012. Dicho comisorio fue devuelto mediante proveído de marzo 26 de 2012 con la constancia de la empleada encargada de notificar que señala: "Cali, marzo 26 de 2012- Informo al señor Juez que la presente comisión no se pudo llevar a cabo en razón a que el señor GUSTAVO MORENO ARANGO representante legal del DEPOR FUTBOL CLUB S.A. se encuentra fuera de la ciudad y no regresa hasta después de semana santa, según lo manifestado por la secretaria del antes mencionado, quien dijo llamarse MARTHA CALDERON. Provea (fdo) YIRA ANDREA PEREA. CITADORA"20
5. En virtud de lo anterior, el 11 de abril de 2012, el apoderado de la parte civil solicitó el emplazamiento del representante legal del CLUB DEPOR FÚTBOL CLUB S.A. señor GUSTAVO MORENO ARANGO o quien haga sus veces21, motivo por el cual el mencionado despacho judicial, en auto de fecha 9 de mayo de 2012, dispuso:
(…) como no ha sido posible su notificación personal, a través de despacho comisorio librado a un homólogo de la ciudad de Cali, donde tiene domicilio dicha sociedad, procédase a emplazar al demandado atendiendo a los señalamientos establecidos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. (…) Emplácese al demandado señor GUSTAVO MORENO ARANGO (…) representante legal del Club Deportivo Depor Fútbol Club S.A., con sede en la ciudad de Cali, o por quien, en todo caso, haga sus veces, de conformidad con el artículo 318 del C.P. Civil (…).
6. Siguiendo las ritualidades previstas en dicha norma, el apoderado de la parte civil aportó la página 72 del diario “El Espectador” de fecha domingo 20 de mayo de 2012, debidamente autenticado por el periódico en mención, que contiene el emplazamiento ordenado por el juzgado.22
7. Cumplido lo anterior, el sustanciador del JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ADJUNTO DE DESCONGESTIÓN DE SINCELEJO –al que le fueron remitidas las diligencias por virtud del Acuerdo No. PSAA11-8189- suscribió constancia en la que indica que, pese a que el señor GUSTAVO MORENO ARANGO fue emplazado, no compareció al proceso a notificarse de la resolución del 25 de marzo de 2011 que lo vinculó al trámite como tercero civilmente responsable.23
8. Por consiguiente, encontrándose vencidos los quince (15) días sin que compareciera el representante legal de la entidad demandada o su apoderado, mediante proveído del 8 de agosto de 2012, el juzgado solicitó listado de auxiliares de la justicia con el fin de designar curador ad litem para el CLUB DEPOR FUTBOL CLUB S.A. y su representante legal, GUSTAVO MORENO ARANGO.24
9. El cargo fue asumido por el abogado FRANCISCO IVAN ARRIETA HERNANDEZ, quien recibió el traslado de la demanda y la contestó el 6 de diciembre de 2012.25
10. Devuelta la actuación al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, se llevaron a cabo las audiencias preparatoria y de juzgamiento, a las que compareció el nombrado curador. En la primera, intervino manifestando «no encuentro causal que invalide lo actuado hasta este momento y no considero pertinente practicar prueba alguna»26, y en la segunda, expresó «me atengo a lo que las partes demuestren dentro del proceso y a lo que el juez en su sana sabiduría decida dentro de este proceso»27.
De acuerdo a lo anterior, la Sala advierte que, en el marco del proceso penal adelantado contra ÉDGAR RAFAEL PATERNINA REVOLLO, las autoridades accionadas no incurrieron en ninguna violación del derecho al debido proceso de GUSTAVO MORENO ARANGO -accionista y representante legal del CLUB DEPORTIVO DEPOR FÚTBOL CLUB S.A.-. Pues, como se demuestra con la reseña procesal descrita líneas atrás, es claro que durante las fases de instrucción y juzgamiento, se intentó notificarlo por todos los medios legalmente previstos de la resolución que admitió la demanda de constitución de parte civil y dispuso su vinculación como tercero civilmente responsable.
No puede pretender el actor tergiversar el alcance de la «notificación personal», pues, si bien el legislador le otorgó un tratamiento primordial a esta modalidad de comunicación, en atención a que es el medio que otorga mayor garantía a los demandados para conocer en forma cierta la existencia del proceso y ejercer el derecho de defensa, no la acogió como única, por lo que previó modalidades de carácter subsidiario, para que, como ocurre en este caso, frente a la imposibilidad de enterar personalmente al tercero civilmente responsable de la actuación penal en comento, tal situación no constituyera obstáculo para la administración de justicia.
Confunde el actor la esencia de la notificación personal en el proceso penal regido por la Ley 600 de 2000, pues acorde con el art. 178 incs. 2º y 3º ídem28, tal acto se produce en la Secretaría del respectivo despacho judicial, con la lectura del proveído. Ello supone, entonces, una citación o convocatoria para tal efecto, más el éxito de la diligencia depende, principalmente, de quien ha sido citado o convocado.
Para la Sala, es claro entonces que el desconocimiento del decurso del proceso y de las providencias proferidas dentro de él le es imputable al ahora demandante puesto que, a pesar de conocer la existencia del proceso penal en contra de ÉDGAR PATERNINA REVOLLO, se abstuvo de comparecer al trámite, sin adelantar gestión alguna en ejercicio de su derechos como “víctima”. Esta actitud, según la jurisprudencia constitucional29, no se compadece con el cuidado y la diligencia que las personas deben emplear en sus actividades cotidianas.
Se enfatiza, en lo que atañe al trámite de vinculación de los terceros civilmente responsables al diligenciamiento penal con radicación No. 2011-00115, no se advierte que las autoridades accionadas se hayan apartado de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables o que hayan desconocido el procedimiento determinado por la ley para el caso concreto. Todo lo contrario, se demostró con suficiencia que los funcionarios demandados actuaron con respeto a las normas procedimentales establecidas en la Ley 600 de 2000 y que garantizaron en todo momento el derecho de defensa de los aquí accionantes.
2.2 De la protección del derecho a la propiedad privada por medio de la acción de tutela
Al respecto, en Sentencia T-706/12 se indicó:
"La posibilidad de considerar el derecho a la propiedad como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela ".
2.6 En concordancia con esta posición, la Corporación ha amparado el derecho a la propiedad privada en ocasiones en las cuales cualquier ámbito relacionado con la discusión sobre el título, el goce y la disposición de un bien inmueble afecta el derecho a la igualdad o a la vivienda digna de los accionantes; cuando la discusión legítima sobre la propiedad de bienes muebles o inmuebles afecta el derecho al mínimo vital de alguno de los involucrados o cuando la afectación del derecho a la propiedad constituye una carga desproporcionada que atenta contra el principio de solidaridad. En los demás casos, la Corte ha negado por improcedente la acción.
2.7 A manera de síntesis, cabe decir que el juez constitucional solo puede entrar a estudiar dentro del trámite de la acción de tutela asuntos relativos al derecho a la propiedad cuando esta adquiere un carácter fundamental, lo cual ocurre cuando la afectación a alguno de sus atributos está ligado directamente a la dignidad humana del titular del derecho subjetivo. En los demás casos, debe declararse que la acción de tutela no es procedente. (Destaca la Sala).
1 Cuaderno Primera Instancia. Folios 122 – 123.
2 Ibíd. Folio 7.
3 Ibíd. Folio 150.
4 Ibíd. Folio 123.
5 Ibíd. Folios 190 – 201.
6 Ibíd. Folios 122 – 142.
7 Ibíd. Folio 120 (reverso).
9 Ibíd. Folio 22.
10 Ibíd. Folio 30.
11 Ibíd. Folio 58.
12 Ibíd. Folios 109 – 115.
13 Ibíd. Folio 120 – 121.
14 Ibíd. Folios 257 – 276.
17 Ibíd. Folio 152 – 154.
20 Ibíd. Folio 118 (reverso)
25 Ibíd. Folios 170 – 171.
28 Ley 600 de 2000. ARTICULO 178. PERSONAL. (…)
29 Corte Constitucional. Sentencia T-107/03.