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Timestamp: 2020-05-29 13:50:41
Document Index: 267547538

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 360', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 360', 'artículo 84', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 84', 'ARTÍCULO 3']

Impacto de la Resolución General IGJ n° 11/2020 en la vida de las Sociedades Comerciales acuarentenadas. Federico Juan Manuel Mangold Moro | MercoJuris
Sumario: COVID-19. Sociedades Comerciales. Reuniones de órganos de administración y gobierno “a distancia”. Previsiones estatutarias. Facultades regulatorias en torno a su puesta en práctica circunstancial.
Planteamiento del tema. Función Jurídica.
Quienes, entonces, caminamos los pasillos del Palacio de Tribunales o bien hicimos lo propio ante el Registro Público de Comercio, hoy peinamos canas y nos superan los años.
Los chicos no se cansan de andar, lo bajan de internet…
Nosotros, aislados por imperio de los hechos, comenzamos a advertir –impulsados por nuestros cohabitantes y al cansado soporte de nuestras viejas gafas- alternativas tecnológicas que aquellos nos acercan, arrimando distancias para acortar los rumbos.
Mediante plataformas virtuales, cibermonedas, bitcoins, dinero electrónico, códigos QR y otras cuestiones de avanzada, nos sentimos ajenos a la realidad de siempre, en tanto -respecto aquella- se nos identifica como “sujetos de riesgo”.
Contingencia que nos deslumbra al exhibirnos una creatividad técnica desconocida, ajena a los “Milenials” que comenzamos a aprehender, para sentirnos parte.
El zoom –del que se ha valido la fotografía, para acercar imágenes, desde antaño- regresa, potencialmente remozado, para reunirnos remotamente, en un mundo donde la presencia de los hombres es tan “liquida” como aquella modernidad misma que presentara Bauman[1] hace unos años. Todos, detrás de una pantalla concebimos la “existencia”.
El plasma –cual fracción acelular de la sangre, inherente a la vida misma- muta, cediendo espacio convergente al “otro” plasma “Smart”- que omnicomprensivamente nos abraza a todos, aproximándonos a un mundo “ciber” que nos era ciertamente recóndito.
Los paradigmas cambian y el derecho -a la saga de los hechos, e impulsado por la fuerza motriz del realismo jurídico[2]- concibe la norma, desde la experiencia, y regula.
Cobra vida, así, la prerrogativa -para aquellas sociedades, asociaciones civiles o fundaciones, que adolezcan de tal potestad en sus estatutos sociales- de llevar a cabo reuniones de órganos de administración o gobierno “a distancia”, valiéndose para ello de la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando sean celebrados con todos los recaudos que prevén los artículos 1° o 2° de la Resolución General n° 11/2020 de la Inspección General de Justicia[3]
La feliz iniciativa del órgano de contralor –que lleva la firma del destacado jurista Ricardo Augusto Nissen, en su condición de Inspector General- supone dotar a las organizaciones de medios aptos para el habitual desenvolvimiento del giro de sus negocios, frente a un panorama incierto de retorno a la vida acostumbrada.
Hemos descubierto entonces que –amen de maravillarnos con la tecnología existente-comulgamos con los jóvenes en la implementación de recaudos jurídico-prácticos de sorprendente aptitud en un mundo hiperconectado[4].
Sorprendidos, nos descubrimos llevando delante reuniones “a distancia”, en la expectativa de consagrar estatutariamente la modalidad, debido a sus innumerables bondades.
En este contexto, avizoramos provechosa la invocada medida, exhortando las modificaciones estatutarias inherentes de las sociedades sujetas a inscripción ante el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia.
Se ha consagrado tal facultad -por imperio de la Res. Gral. IGJ 11/2020 (arts. 1° y 2°)- al:
-Modificarse el artículo 84 de la Resolución general IGJ n° 7/2015 que concretamente dispone que tales entes podrán: “…prever mecanismos para la realización de las reuniones del órgano de administración o de gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, siempre que la regulación estatutaria garantice: (1.) La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; (2.) La posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; (3.) La participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; (4.) Que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; (5.) Que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; (6.) Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social. (7.) Que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación.”
-Reformulándose, asimismo, el artículo 360 de la Resolución General 7/2015 –referido a las Cláusulas admisibles en los estatutos- por el siguiente: “Los estatutos de las asociaciones civiles que se constituyan conforme a los artículos anteriores podrán incluir, con regulación clara, precisa y completa, cláusulas que establezcan: (i) La limitación de la cantidad de asociados, siempre que ese número no sea inferior al necesario para cubrir cargos en los órganos sociales. (ii) El cómputo de voto plural, en las condiciones que expresamente se prevean. (iii) El voto por correo para el acto eleccionario, cuando el asociado se encuentre fuera de la jurisdicción. (iv) La utilización del correo electrónico como medio para convocar a reuniones de Comisión Directiva, Consejo de Administración y Asambleas. A tales efectos, deberá preverse en la misma cláusula que en el caso de no obtenerse la confirmación de su recepción dentro de los cinco (5) días corridos de remitido, deberá convocarse a los asociados por circulares con una anticipación de por lo menos quince (15) días corridos a la celebración del acto. (v) El voto por poder, excepto para actos de elección de autoridades. (vi) La realización de las reuniones del órgano de administración o de gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, siempre que la regulación estatutaria garantice: (vi.a.) la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; (vi.b.) la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; (vi.c.) la participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; (vi.d.) que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; (vi.e.) Que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier asociado que la solicite; (vi.f.) Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social. (vi.g.) Que en la convocatoria y en su comunicación por el medio impuesto legal o estatutariamente debe fijarse el medio de comunicación y el modo de acceso al mismo a los efectos de prever dicha participación. (vii) La integración del Órgano de Fiscalización con miembros no asociados”.
Va de suyo que –amen de lo expuesto y en cuanto aquí concierne, lo trascendente al análisis que nos ocupa, se sigue del artículo 3° de la referida Resolución General IGJ 11/2020 extiende los efectos de la medida a aquellos entes que no ostentan tal prerrogativa, circunstancialmente, en los siguientes términos: “…durante todo el periodo en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restringa la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus eventuales prorrogas, se admitirán las reuniones del órgano de administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando sean celebrados con todos los recaudos previstos, según corresponda, en los artículos 1° o 2° de la presente resolución, aun en los supuestos en que el estatuto social no las hubieran previsto. Transcurrido este periodo únicamente se aceptarán la celebración de las reuniones del órgano de administración o de gobierno celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando los estatutos sociales expresamente lo prevean en términos de los artículos 84 o 360 de la Resolución General 7/2015”.
La reciente materialización de la invocada modalidad de deliberación y voto, revela la existencia de un moderno derecho societario, que requiere el impulso de la práctica en miras a su implementación jurídica.
Por ello, celebramos la medida, exhortamos su implementación y sugerimos su incorporación estatutaria.
En línea con cuanto antecede se esboza un epígrafe dando cuenta de la implementación de la medida –a la luz del artículo 3° de la Res. Gral. IGJ n° 11/2020, vale decir para aquellos entes sujetos a inscripción ante el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia que carezcan de tal previsión estatutaria- en los siguientes términos:
En la Sede Social de la Compañía -sita en ___, piso ___ , de la ciudad Autónoma de Buenos Aires- a los __días del mes de ____de ___, siendo las __.__horas, se reúne el (órgano de administración o gobierno, según corresponda) integrado: (i) físicamente por los señores ____ y (ii) “a distancia” por los señores _____, dejándose expresa constancia que la presente reunión se lleva a cabo (total o parcialmente) “a distancia” tal cual resulta del contenido del acta –sin que el Estatuto Social prevea tal prerrogativa, atendiendo al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (objeto del DNU n° 297/2020 – BO n° 34.334 del 20/03/2020) impuesto como corolario de la situación de pandemia global imperante a raíz de los hechos de público conocimiento generados en relación al coronavirus COVID-19- en el marco de las concretas facultades, circunstanciales, conferidas por la Inspección General de Justicia, a la luz del artículo tercero de su Resolución General 11/2020, de fecha 26/03/2020 (RESOG-2020-11-APN-IGJ#MJ, BO n° 34.340, del 27/03/2020) habiéndose acreditados los presupuestos fácticos inherentes (esto es: libre accesibilidad; mediante una plataforma que permita la transmisión en simultáneo de audio y video; con activa participación de voz y voto, fundamentalmente de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora; reservándose copia en soporte digital, para ser conservada por el termino de cinco (5) años, la que se encontrará a disposición de los interesados que –mediando interés legítimo, debidamente acreditado- así lo soliciten; siendo –pertinentemente- trascripta al Libro Social respectivo, detallándose los participantes a la reunión –principalmente aquellos que lo hacen en modalidad remota- quienes comprometen la oportuna suscripción del acta en el que se transcriba la misma, acaeciendo otro tanto –al menos- con el señor Presidente de la Sociedad, en su condición de Representante Legal, (naturalmente debe invocarse concretamente la identificación de la legitimación según corresponda al tipo social) quien lo hace hoy día (al igual que quienes se encuentran físicamente presentes en el recinto, si es que fuere mixta, es decir presencial y a distancia). Resulta propicio resaltar que la convocatoria a la presente reunión derivó en sendas comunicaciones a todos los interesados, dándose cuenta “…manera clara y sencilla, del medio de comunicación elegido y el modo de acceso, a los efectos de permitir dicha participación”, asistidos, para ello, por los alcances del numeral 4to., del artículo 2do. de la Res. Gral. IGJ n° 11/2020, modificatorio del artículo 360 de la Res. Gral. IGJ n° 7/2015; resaltándose que los presentes aprueban la forma de convocatoria y de sesionar “a distancia” (en los términos del artículo 84 de la Res. Gral. IGJ n° 7/2015, reformada por la mencionada Res. Gral. IGJ n° 11/2020) declarando, todos ellos, que al momento de la misma fueron anoticiados del medio de comunicación elegido y los medios de acceso a los efectos de permitir su participación. Preside la reunión el señor ____ quien manifiesta que habiendo quorum suficiente para sesionar -en el invocado contexto- puede procederse al tratamiento del siguiente Orden del Día:
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA. Resolución General 11/2020. RESOG-2020-11-APN-IGJ#MJ
Que en lo que respecta a la sociedad anónima y en comandita por acciones, la Ley General de Sociedades no prevé de forma expresa la exigencia de la presencia física del accionista para su participación en la asamblea (art. 239 LGS) ni tampoco prohíbe de forma expresa la participación del accionista por medios de comunicación a distancia.
Que la prohibición de celebrar asambleas fuera de la jurisdicción del domicilio social previsto por el artículo referido tiene por finalidad proteger el interés particular del accionista, toda vez que se trata de facilitar la posibilidad de su participación en las asambleas dado que estas deben celebrarse dentro de la jurisdicción de la sociedad fijado estatutariamente, y no otros lugares que puedan fijarse con posterioridad sin su consentimiento y que por cuestiones de tiempo, distancia y costos podrían dificultar su participación.
Que cabe agregar que nuestro régimen societario permite al accionista participar de la misma mediante un mandatario. En consecuencia, resultaría contradictorio entender que la Ley General de Sociedades permite al accionista participar de una asamblea representado por un mandatario (encontrándose el mandante personalmente ausente), pero que no permite la participación del accionista que está “presente” en el acto asambleario (aunque de forma remota), pudiendo participar personalmente con su voz y voto.
Que el Código Civil y Comercial de la Nación – sancionado por la ley 26.994 – incorpora un régimen general de la persona jurídica de derecho privado de forma genérica, regulando su existencia, personalidad, efectos, constitución, forma, clasificación, atributos, funcionamiento, disolución y liquidación (título II “Persona Jurídica”, capítulo I “parte general”, artículos 141 a 167).
Que asimismo, la aplicación del art. 158 inc. 2º del Código Civil y Comercial de la Nación a las sociedades por acciones se impone como una herramienta sumamente valiosa –máxime en tiempos de emergencia y aislamiento impuesto por razones de salud pública- para que los accionistas puedan participar de una asamblea de forma personal, aunque sea mediante sistemas de comunicación a distancia, preservando de este modo el aislamiento impuesto por la normativa de emergencia.
ARTÍCULO 1°: MODIFÍQUESE el artículo 84 de la Resolución General 7/2015 por el siguiente texto:
ARTÍCULO 3°: DISPONGASE que durante todo el periodo en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restringa la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus eventuales prorrogas, se admitirán las reuniones del órgano de administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando sean celebrados con todos los recaudos previstos, según corresponda, en los artículos 1° o 2° de la presente resolución, aun en los supuestos en que el estatuto social no las hubieran previsto. Transcurrido este periodo únicamente se aceptarán la celebración de las reuniones del órgano de administración o de gobierno celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando los estatutos sociales expresamente lo prevean en términos de los artículos 84 o 360 de la Resolución General 7/2015.
[1] BAUMAN, Zygmunt; “La Cultura en el Mundo de la Modernidad Líquida”; Fondo de Cultura Económica de España. 2013.
[2] HOLMES, Oliver Wendell Jr. (8 de marzo de 1841 – 6 de marzo de 1935). Jurista estadounidense asociado a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (entre 1902 y 1932) y presidente interino del alto tribunal (entre enero y febrero de 1930), destacado en razón de su prolongada carrera, sus concisas y precisas opiniones, y el respeto profesado por el legislador a sus decisiones jurídicas, convirtiéndose en uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos más ampliamente citado en la historia, Holmes colaboró –desde su estrado- a desplazar el pensamiento legal estadounidense hacia el «realismo jurídico», como él mismo resumía en su máxima «la vida de la ley no ha sido lógica, ha sido experiencia». Interesados en el tema pueden ver: HOLMES, Oliver Wendell Jr.; “La senda del derecho”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975.
[3] De fecha 26/03/2020 (RESOG-2020-11-APN-IGJ#MJ, BO n° 34.340, del 27/03/2020), obrante al Apéndice Documental.
[4] La referencia a la “hiperconectividad” pretende dar por tierra con la asidua ligazón –hoy día recurrente- respecto la supuesta “globalización” que, a nuestra limitada inteligencia, dista de encontrar asidero factico actual, para presentarse como fenómeno histórico propio del comercio, y a cuyo análisis ya nos hemos vertido –en anteriores trabajos- y omitimos en el que nos ocupa, por exceder los límites que se nos han sido impuestos en torno al mismo.
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