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Timestamp: 2018-05-23 05:34:31
Document Index: 260239692

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 245', 'Artículo 15', 'Artículo 29', 'artículo 277', 'Artículo 4', 'artículo 237', 'artículo 16', 'artículo 244', 'artículo 245', 'artículo 237', 'ARTÍCULO 237', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 236', 'artículo 14', 'artículo 244', 'artículo 244', 'artículo 244', 'artículo 24420', 'artículo 93', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 236', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 237', 'ARTÍCULO 245', 'artículo 37', 'artículo 245', 'artículo 247', 'artículo 237', 'artículo 250', 'artículo 245', 'artículo 247', 'artículo 25041', 'artículo 52', 'artículo 66', 'artículo 131', 'artículo 94', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 94', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 99', 'artículo 200', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 182', 'artículo 23']

Habeas Data – Página 6 – El Observatorio
Publicado en 22/02/2013 10/02/2014
Protección de Datos y Código Procedimiento Penal colombiano
Demanda de inconstitucionalidad que impetró ante la Honorable Corte Constitucional de Colombia, Alexander Díaz García, contra los artículos 237 y 245 del Código de Procedimiento Penal, por violación del Derecho Fundamental de Habeas Data y el Humano a la Intimidad.
SEÑORES MAGISTRADOS SALA DE DECISIÓN HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL E. S. D.
ALEXANDER DÍAZ GARCÍA, ciudadano colombiano (…), en uso de mis derechos y deberes ciudadanos consagrados en los artículos 40 numeral 6º y 95 numeral 7º de la Constitución, solicitó ante esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad parcial de los artículos 237 y 245 de la Ley 906 de 2004 “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, en los términos del numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política.
Las disposiciones objeto de censura, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004 y a la modificación introducida por el artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, subrayando y destacando los apartes que se acusan en la demanda, son:
“LEY 906 DE 2004 (Agosto 31) “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” El Congreso de la República DECRETA
ARTÍCULO 245. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado. Cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello público, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y, en especial, la huella dactilar genética, se requerirá orden expresa del fiscal que dirige la investigación.
Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer su legalidad formal y material.”
“Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. …
Articulo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. …
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. …
Art. 250.−Modificado. A.L. 3/2002, art. 2º. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, *(al solo efecto de determinar su validez)*.
PAR.−La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.”
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966.
El 31 de agosto de 2004, el Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, sancionó la Ley 906 de 2004, norma que tiene como finalidad adoptar un nuevo código de procedimiento penal para Colombia. Dicha norma “adopta un modelo proceso acusatorio. Así lo declara, inequívocamente, el Artículo 4º del Acto Legislativo 3 de 2002, en referencia al marco constitucional del sistema acusatorio previsto en la reforma constitucional”.
Pero antes de entrar a realizar el análisis de las normas impugnadas, Honorables Magistrados, sea lo primero afirmar que el presente estudio no es el mismo comprendido dentro del cuerpo de la decisión C-0251, pues en ésa oportunidad se sostuvo que el artículo 237 de la Ley 906 de 2004, tal y como fue subrogado por el artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, estableció que a la diligencia de control de legalidad de las pruebas obtenidas en allanamientos sólo podrán asistir el fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos, sin que haya lugar al efectivo ejercicio del derecho a la participación de la defensa; situación que, por vía de analogía, predican igualmente de algunos procedimientos que no establecen expresamente el trámite a seguir para el control de legalidad posterior, entre los que se encuentran entre otros señalan los actores, la búsqueda selectiva de bases de datos -artículo 244- y el examen de ADN -artículo 245- comprendidos en el mismo ordenamiento, por cuanto tales diligencias se llevan a cabo antes de la formulación de la imputación, lo cual significa que hasta antes de ese momento no se puede ejercer el derecho a la defensa.
A juicio de los demandantes en esa pieza jurídica, afirman que el derecho a la participación de la defensa debe ser ejercitado, incluso, en los controles posteriores realizados a las pruebas obtenidas en las diligencias previstas en los artículos arriba referidos, como quiera que en ellas se definen indiscutiblemente la legalidad del procedimiento.
En ese orden de ideas, los actores proceden a demostrar que las normas acusadas contienen la prescindencia del Defensor, en cambio en la presente acción intentamos demostrar que la ritualidad establecida en los referenciados artículos, no considera de ninguna manera la protección de datos personales, que se ha implementado universalmente en los procesos penales de otros países, como tampoco el procedimiento de anclar la cadena de custodia sobre lo hallado.
En el presente libelo analizaremos como la ausencia total de los protocolos internacionales para el manejo del tratamiento de los datos personales en el proceso penal, viola los derechos fundamentales al procesado y consecuentemente sus derechos humanos, primero entraremos a hacer las elucubraciones del artículo 237 del Código de Procedimiento Penal.
PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA Y CIERTA
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LAS NORMAS SUPLICADAS COMO PARCIALMENTE INCONSTITUCIONALES
Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.
Como se ve, el derecho que se trata de proteger no es sólo el de la intimidad, sino algo con mayor profundidad que en el derecho anglosajón se denomina “privacy” y que se ha castellanizado como “privacidad”. Lo que se busca es proteger aspectos de la personalidad que individualmente no tienen mayor trascendencia pero que, al unirse con otros, pueden configurar un perfil determinado de las personas. Ante dicha posibilidad surge el derecho de sus titulares a exigir que los datos permanezcan en el ámbito de su privacidad.
1. ANALISIS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL DEL ARTÍCULO 237. AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR
Precisamente con base a la potestad otorgada por la Constitución Nacional, se le adscribe directamente a la Fiscalía la potestad de la “recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios similares,…”, actuaciones éstas sometidas al control posterior del juez de control de garantías, a más tardar dentro de la 36 horas siguientes, a efecto de que se realice un control amplio e integral de esas diligencias.
El numeral 3° del artículo 250 de la Carta a su vez establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus funciones, “asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”. Y a continuación señala que “En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza funciones de control de garantías para poder proceder a ello”.
Demostraremos cómo el accesar a la memoria RAM, disco duro, dispositivos de almacenamiento masivo u otros, se pueden violar datos personales (derechos fundamentales de la intimidad) y más exactamente a los datos sensibles, independientemente encontrar elementos materia de prueba, amén que su errada manipulación pueda fracasar la idoneidad de la evidencia en el proceso, por no tenerse en cuenta los protocolos del manejo de la evidencia digital. Las expresiones que impugnamos son inconstitucionales en cuanto permiten la práctica de diligencias que afectan derechos fundamentales como es el caso de la “la recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios similares”, sin contar con la previa autorización del juez de control de garantías, y, sin que la medida se encuentre prevista en las excepciones, a ése control previo, que establece el numeral 2º del artículo 250 de la Constitución. De otra parte, el legislador se ha arrogado la potestad de clasificar las medidas que demandan control previo del juez de garantías (Art.246) a partir de la ubicación de la medida en la ley, prescindiendo del criterio valorativo determinante que es la afectación de derechos fundamentales y la regulación constitucional.
Sobre el tema resulta adecuado explicar algunos detalles procesales en el manejo de la evidencia digital y por lo tanto explicaré algunos aspectos que se deben realizar en estos eventos:
Hemos de entender y proceder como si estuviéramos (y es que debemos estar) en una diligencia de allanamiento. Implicando que si encontramos ordenadores dentro del domicilio allanado, han de tomarse antes de apagarlos o desconectarlos, los datos volátiles, logs de seguridad y la extracción de la huella digital a través de hash MD55. Es así como lo aplica a sus discentes el Maestro John Jairo Echeverry Aristizábal, Jefe de la Unidad Nacional de Delitos Informáticos del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, nuestro partner en ICITAP6 con el programa que dictamos a Fiscales e Ingenieros de Sistemas del CTI alrededor del país, sobre delitos informáticos. La información encontrada en estas máquinas no la podemos analizar en el lugar de los hechos (entiéndase abrirse), esto es, no la podemos revisar, puesto que la estaríamos alterando, y se pondría en duda su inalterabilidad y autenticidad, amén de estar legitimando malas prácticas que los protocolos forenses internacionales las rechaza.
Por ejemplo la huella hash que tiene este documento, en este momento del párrafo que ocupamos, es el que ustedes leen Honorable Sala de Decisión a continuación, seguramente éste va a ser diferente cuando lo terminemos, el algoritmo que aparece dentro del pop up que aparece en esta página será modificado (…)
Cada vez que agreguemos algún otro comentario a la investigación informática que se tiene en las manos o simplemente pinchemos el espaciador, el número que ustedes aprecian, va a ser diferente, finalmente quedará un número definitivo, pero por alguna razón alguien puede ingresar al documento, antes de imprimirlo en soporte papel, y éste registro será cambiado, lo que nos permite colegir que el documento ha sido alterado o por lo pronto modificado.
Sobre la importancia de los datos encontrados en las condiciones del artículo 236 ejusdem, el Maestro Jeimy Cano nos dice que la información se encuentra almacenada electrónicamente en memoria volátil (también conocida como memoria RAM) es insumo fundamental para cualquier investigación, nos recomienda en su obra que no se apague la máquina si se encuentra encendida, dado que la información volátil disponible, es pieza clave de lo que pudo haber ocurrido. Arguye que en estudios recientes se ha establecido que es posible capturar lo que hay en memoria de un computador encendido y que es viable exportar el resultado del mismo a un archivo para su análisis posterior.
La posterioridad a que se refiere la norma en su epígrafe, debemos entenderla salvo un mejor concepto, es cuando logrado los datos volátiles, logs de seguridad, metadatos y la extracción de la huella digital a través de hash MD5, se ha anclado la cadena de custodia sobre los elementos electrónico encontrados, no antes. Es en este momento que se suplica la Audiencia de Control de Legalidad Posterior, y esa súplica versa sobre la actuación lograda de los elementos materiales de prueba (EMP) amén de la solicitud de apertura de los ficheros hallados dentro de los dispositivos, independientemente si se les considera o no bases de datos, pues las bases de datos su constitución no se la da quién los organiza, sino el orden y clase de información, lo que el autor del fichero le imprime, esto es, un padre de familia, puede tener en su ordenador un fichero en donde almacena en forma organizada (entiéndase sistematizada) los datos de las historias clínicas de todos y cada uno de los miembros de su familia; también pueden ser ficheros de los diferentes actos religiosos de los suyos, digamos una ceremonia religiosa de aniversario, si se trata de un católico, pensemos en una primera comunión o una confirmación. Estos datos son clasificados por la doctrina, por la jurisprudencia internacional y por organismo de Derechos Humanos como sensibles.
También la huella de hash va a ser diferente, supuestamente pensaríamos que se trata de un documento electrónico diferente que ha sido modificado, porque ha cambiado la cantidad de bits o su número de identificación. El control de garantías no puede ser posterior (como lo dice la norma) a la apertura del documento, así su contenido no se modifique, la huella hash es diferente y va a dar oportunidad a que la contra parte de la Fiscalía ora de la Defensoría ataque este evento. En consecuencia la Audiencia de Control de Garantía no puede ser después de abierto los documentos, tienen que ser después de haberse tomado sus metadatos9 y la huella hash, ya luego, con la autorización del Juez de Garantía el Forense, encuentra un documento incólume para su análisis.
Fue en el mismo transcurrir del Informe del Organismo Internacional, cuando examinándose los discos duros hallados al ex guerrillero RAUL REYES, se encontró en la: “Conclusión No 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.
Y agrega en la Conclusión No. 2: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que incautaron a las FARC las pruebas instrumentales de carácter informático, y el 10 de marzo de 2008, fecha en que las entregaron a los especialistas de INTERPOL en informática forense, las autoridades colombianas accedieron a todas las pruebas instrumentales”. Procedimiento que no se debió haber realizado porque rompían la cadena de custodia, esto solo podía hacerlo después que el Juez de Garantías legalizara el embalaje y el anclaje de la Cadena de Custodia para posteriormente realizar el análisis forense. Estas dudas que dejaron este procedimiento señalado por la INTERPOL ha permitido la creación de cualquier cantidad de suspicacias en contra de la veracidad y autenticidad de la prueba.
Nosotros agregamos al asunto estudiado por esa Alta Corporación, creando una hipótesis: ¿qué hubiera ocurrido si se hubiesen encontrado cartas de amor, imágenes en la intimidad del procesado con su esposa, compañera o novia, sus ficheros clínicos, su registro a una etnia especial, las oraciones de su credo religioso o abierto algún documento dirigido a su abogado, etc? o por error involuntario se hubiese aplicado un procedimiento inadecuado forense, cuando se hacían estas prácticas irregulares. Procedimientos forenses que se tienen que realizar siempre en un laboratorio apto para estos menesteres y una errada manipulación, seguramente la evidencia llegaría viciada al Juicio. Todos estos son datos sensibles y con la apertura se hubiera accesado ilegalmente a la información reservada, violándose su derecho a la intimidad, sus datos sensibles e igualmente la presunta inalterabilidad, autenticidad y conservación de los datos (tal vez relevantes para la investigación) se hubiera puesto en duda. Ahondemos, quien nos dice que los datos estuvieron incólumes hasta cuando las autoridades penitenciarias los capturaron, quién nos confirma que no fueron abiertos, que no fueron manipulados, que no fueron modificados, ¿quién da fe de dicho proceso? ¿Se le hicieron logs de seguridad, se le tomaron huellas hash a todos los ficheros, se capturaron los metadatos y datos volátiles si era posible? Pensamos que le ley no puede permitir (autorizar o legalizar violaciones) que se violen derechos fundamentales (datos personales y el de defensa) luego de violados darles visos legalidad y garantizar actos irregulares so pretexto de guardar la seguridad ciudadana, con la anuencia del Juez de Control de Garantías.
Ahora bien, aún no se ha pronunciado nuestra jurisprudencia, como sí ha ocurrido en otros países, el tema sobre las direcciones IP, ¿se debe considerar un dato personal y semiprivado?, si ello fuere así, ¿se le debe tener una protección especial? Se torna viable utilizar software de protección u ocultamiento de dicha dirección? (existen en el mercado informático). Recordemos que la dirección IP nos lo asigna el ISP14, establece una relación directa con el equipo y las personas que lo utilizan. Esta dirección lógica (IP) es parte del contrato de servicio de conexión a Internet, la cual está asociada en el sistema del proveedor con el número telefónico desde la cual se conecta. Si contamos con estos dos datos, tenemos la identificación de una familia u hogar, para un equipo particular.
En consecuencia los correos electrónicos los mensajes instantáneos, los mensajes de texto, los mensajes de voz, las imágenes, entre otros tipos de comunicaciones enviados o recibidos por las personas naturales o jurídicas podrán ser catalogados como datos personales, por lo cual deben contar con la protección de la Ley Estatutaria de Hábeas Data. Al estar definido un dato personal como cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas, las categorías de mensajes enumerados previamente serian otro elemento de análisis para considerar dentro de las medidas tecnológicas requeridas para dar cumplimiento a lo establecido en la ley.
Después de este paréntesis seguimos con el caso estudiado por la Suprema Corte, éste se refiere a la solicitud de la Fiscalía de la Unidad Nacional de Justicia y Paz autorización para accesar a la información contenida en un disco duro perteneciente y dejado por un vinculado penal15 en la celda de la cárcel de Itagüí donde se encontraba recluido cuando fue extraditado a los Estados Unidos, así como a un celular sin sim card hallado en el mismo sitio. Precisó también que la computadora y el aparato de telefonía móvil fueron recogidos por funcionarios del INPEC, luego de producirse la referida extradición y entregados a la fiscalía, en tanto el disco duro lo entregó el abogado defensor del postulado.
Señaló que la búsqueda de la información está dirigida a verificar los hechos confesados, a establecer la comisión de otras conductas delictivas (evidencia en su contra) no admitidas y, en general, a garantizar la obtención de la verdad y la justicia conforme los parámetros del artículo 14 de la Ley 975 de 2005, aun cuando precisa que la audiencia respectiva no puede asimilarse a la reglada en el artículo 244 de la Ley 906 de 2004 encaminada a la búsqueda selectiva en base de datos, pues ello implicaría el cumplimiento de otros procedimientos como el control de la orden dispuesta por la fiscalía. En su criterio, se asimila más bien a una audiencia de registro personal porque el computador constituye un elemento personalísimo que no contiene base de datos de carácter privado o público, aunque sí información referente a la intimidad de la persona.
La Suprema Corte considera que accesar a ficheros electrónicos sin la anuencia del Juez de Control de Garantías previo, no puede ser posible afectación de derechos constitucionales, olvida que el ingreso indebido, como ocurrió en los ficheros de Reyes, así lo afirmó la Interpol, pusieron en problema a las autoridades judiciales y la credibilidad internacional por ese inadecuado manejo de la evidencia digital. Recalca la Corporación que el capítulo III regula, de manera especial, algunos de esos casos, tales como: el registro corporal (art. 247), el registro personal (art. 248), la obtención de muestras que involucren al imputado (249) y la práctica de reconocimientos y exámenes a las víctimas (art. 250), aunque en este último caso cuando no exista consentimiento del interesado18.
Recalca que en el caso de la búsqueda selectiva en bases de datos del artículo 244 ni siquiera demanda la orden previa del fiscal cuando se trata de “realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público”, según lo tiene establecido su inciso primero. Y que de acuerdo con el inciso segundo del citado artículo 244, se requiere solamente autorización previa del fiscal cuando esa búsqueda selectiva “implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas”, o privadas debidamente autorizadas para ello”, según así lo estableció la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 24420. Descarta entonces que los datos sensibles informatizados por cualquier ciudadano que quiera conservar organizadamente su información, no estarían protegidos por la Constitución, pues como éstos no han sido capturados por una institución pública o privada debidamente autorizados no los ampara aparentemente.
En razón a lo anterior, es preciso indagar sobre estrategias que permitan establecer reglas mínimas que le permitan al sistema Judicial Colombiano validar pruebas digitales o no. Si bien esta labor requiere un entendimiento técnico de los medios electrónicos, también establece un reto a los fiscales y jueces para involucrarse en los cambios que establece una sociedad digital, donde la delincuencia también ha evolucionado en sus técnicas y estrategias delictivas. Luego, al aportar elementos digitales en un caso, es preciso que el aparato judicial cuente con una base formal y clara sobre la admisibilidad de la evidencia digital presentada. Es decir, que la justicia pueda contar con características básicas de ésta evidencia, estableciendo procedimientos básicos que le permitan verificar su autenticidad, confiabilidad, suficiencia (completa) y conformidad con las leyes establecidas. Agrega el tratadista informático que existen factores que crean una gran brecha entre la evidencia digital y el sistema judicial como son:
En pocas palabras, promover el desarrollo de un estándar legal de políticas de seguridad informática que, de observarse, habilitaría la admisibilidad de dicha prueba en juicio. Es decir, podría establecerse una presunción “iuris tantum” (salvo prueba en contrario) de la validez de la evidencia digital en tales condiciones de seguridad o características de la arquitectura de cómputo. Finalmente, la evidencia digital es un desafío para la justicia, que sugiere una evolución de la misma para disminuir la brecha técnico-legal existente y, un reto para los profesionales de la tecnología, para descubrir en el ordenamiento legal una manera de soportar las investigaciones con material y medios tecnológicos más idóneos y precisos.
Recabando en el análisis que realizo nuestra Suprema Corte, afirma que en el caso materia de análisis, nadie ha dicho que el disco duro y el teléfono celular de propiedad del postulado extraditado contienen información organizada a manera de bases de datos, sino se abre no se sabe y su apertura implica acceso información confidencial o no, esa posibilidad la tiene que legalizar el Juez de Control de Garantías. La Corporación considera que los particulares y en forma privada o no comercial, no pueden construir bases de datos pues le asigna esa función exclusivamente a los autorizados por la ley, tal como lo refiere más adelante en el cuerpo de la providencia. Agrega que muchos menos se puede sostener válidamente que tienen “fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello”, al punto de requerir la intervención judicial previa en orden a accesar a dicha información. Descartando entonces sus datos personales o datos sensibles que hubiera podido allí almacenar.
Rechaza la actuación de la Fiscalía, que para nuestro concepto fue apropiada, legítima y constitucional, especialmente porque no se le violaban derechos humanos por un operador estatal. En el escenario internacional al que tenemos que estar preparados, en razón a los distintos tratados de derechos humanos, los que hacen un especial reconocimiento al derecho a la protección de datos y posiblemente, tenemos que actuar con una mejor prudencia judicial para no estar incurso en investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así ocurre, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporados a nuestro ordenamiento interno a través de las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, los cuales a su vez forman parte del Bloque de Constitucionalidad por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución Política, tal como lo señala en el discurso del Relator de la OEA, con el Derecho de la Información. Ya lo habíamos anotado que se hacía evidente a partir de las previsiones realizadas por el Comité de Derechos Humanos en la Observación General No. 16, interpretativa del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, la Observación indicó:
“La recopilación y el registro de información personal en computadoras, bancos de datos y otros dispositivos, tanto por las autoridades públicas como por las particulares o entidades privadas, deben estar reglamentados por la ley. Los Estados deben adoptar medidas eficaces para velar por que la información relativa a la vida privada de una persona no caiga en manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla y porque nunca se la utilice para fines incompatibles con el Pacto. Para que la protección de la vida privada sea lo más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho de verificar si hay datos personales suyos almacenados en archivos automáticos de datos y, en caso afirmativo, de obtener información inteligible sobre cuáles son esos datos y con qué fin se han almacenado. Asimismo, toda persona debe poder verificar qué autoridades públicas o qué particulares u organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Si esos archivos contienen datos personales incorrectos o se han compilado o elaborado en contravención de las disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su rectificación o eliminación.”
Desde la época de los 60 se han desarrollado instrumentos internacionales que incorporan principios tendientes a proteger la intimidad, la dignidad humana y los datos personales de cara al contexto de la sociedad de la información. Las diferencias entre unos y otros son numerosas, dado que poseen ámbitos de aplicación diferentes y grados de obligatoriedad distintos. En todo caso, entre los elementos comunes a todos estos textos, convienes señalar que en ellos se regula una serie de principios, derechos, deberes y obligaciones internacionales encabeza de todos los actores que intervienen en la recolección, tratamiento y circulación de datos personales.
Dentro de los documentos más representativos sobre la materia encontramos los siguientes:
1. Resolución 509 de 1968, de la Asamblea del Consejo de Europa, sobre “Los derechos humanos y los nuevos logros científicos”
2. Resolución 3384 del 10 de Noviembre de 1975, de la Asamblea General de la ONU: “Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad.”
3. Guía para la protección de la privacidad y transferencia de flujos de información personal, elaborada por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) el 23 de Noviembre de 1980
4. Convención No. 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas respecto del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscrito en Estrasburgo el 28 de Enero de 1981.
5. Resolución 45/95, del 14 de Diciembre de 1990, de la Asamblea General de la ONU, “Principios rectores para la reglamentación de ficheros de datos personales”
6. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de Octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a al libre circulación de estos datos.
7. Directiva 97/66 CE sobre el tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones.
8. International Safe Harbor Privacy Principales suscrito el 21 de Julio de 2000 por el Departamento de comercio de Estados Unidos
9. Directiva 2002/58/ relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones electrónicas.
10. Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea del 7 de Diciembre de 2000.
No obstante de existir este amparo constitucional, arguyó la Sala de Casación Penal que cuando el Magistrado a quo dio trámite a la solicitud de la fiscalía y celebró, consecuencialmente, la respectiva audiencia preliminar, incurrió en violación al debido proceso, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política, en cuanto realizó una actuación judicial respecto de la cual carecía de competencia, vicio que obliga a la Sala a decretar la nulidad de la mencionada audiencia, a fin de que el procedimiento se encauce por la vía correcta.
Criterio que no compartimos, antes por el contrario el derecho al debido proceso, es garantista de todos los demás derechos inherentes que tiene el procesado a la investigación o causa, el hecho que una alta autoridad judicial revise la constitucionalidad de la revisión de unos dispositivos en donde posiblemente se guarde datos personales y se colija la inalterabilidad de la evidencia, es darle más y mejores garantías al ciudadano sub judice. Técnicamente cuando el forense autorizado por el Juez de Garantías para la apertura de ficheros (incluso con datos sensibles) no habría ninguna violación sobre esta clase de información del imputado o acusado y se evitaría que se expusieran en el Juicio y que el Defensor formulara la exclusión de la misma por lo ilícita al habérsele violado datos personales o por una errada manipulación. Es más, con el aseguramiento previo de ella (la evidencia) no dejamos el más mínimo ápice para dudar de la validez de la prueba, pues cumpliendo los estándares internacionales de informática forense, el documento electrónico está listo para su análisis y su arribo al juicio.
Navegando por la red en procura de enriquecer esta investigación encontramos como efectivamente se pueden violar datos personales almacenados en un disco duro cuando se ha visitado muchos sitios en la Internet, así como reza la situación hipotética del artículo 236 ibídem. Encontramos esta información publicada el miércoles, Septiembre 9, 2009, y que apareció como a través de la re identificación: (identificando personas en bases de datos anónimas) se puede capturar y/o violar datos personales. Se refiere como en el año 2006, AOL26 fue requerida por el gobierno estadounidense junto con otras empresas para que facilitasen un fichero anonimizado con veinte millones de búsquedas procedentes de seiscientos cincuenta y siete mil usuarios identificados mediante claves numéricas, con el propósito de valorar el impacto de la pornografía infantil. Tras cumplir con la solicitud, AOL tuvo la ocurrencia de demostrar su apertura publicando en Internet ese fichero para su uso por la comunidad científica: total, estando ya el fichero convenientemente anonimizado y libre de toda información personal, ¿qué podía pasar? Vemos como de esta manera, pese de encontrarse la información en el disco duro de su ordenador, sino en el disco del servidor de correo, quedaron los rastros de sus visitas al localizador del proveedor del servicio.
La sorpresa no se hizo esperar: en pocos días, Thelma Arnold, una mujer de 62 años residente en Lilburn, una pequeña localidad del estado de Georgia, recibía la visita en su casa de un periodista que le preguntaba si una determinada lista de búsquedas era efectivamente suya. Una pequeña investigación a partir de las búsquedas de la mujer había revelado datos suficientes como para identificarla con precisión. El asunto, que terminó con la salida de la Chief Technology Officer de AOL, demostraba con claridad que las implicaciones de la revelación de datos en la privacidad no terminan en el momento en que se eliminan del fichero datos estrictamente personales como nombre, dirección, IP o número de identificación. Estos datos se encuentran almacenados en un disco de almacenamiento masivo como es el disco duro de una computadora.
La re identificación es precisamente eso, el análisis de ficheros anonimizados con el fin de identificar a personas específicas a partir de ellos. Un artículo de Ars Technica, “‘Anonymized’ data really isn’t—and here’s why not“, revela que, en realidad, un 87% de los norteamericanos pueden ser identificados en una base de datos utilizando únicamente tres datos: código postal, sexo y fecha de nacimiento, no incluidos en los datos de identificación que habitualmente se eliminan de este tipo de ficheros supuestamente anonimizados. El investigador Paul Ohm recoge las conclusiones de lo que denomina “la promesa rota de la privacidad”: en la práctica, cualquier investigación medianamente seria es capaz de identificar a una persona a partir de la información fragmentaria procedente de ficheros supuestamente anonimizados de patrones de uso desarrollados en muchas de sus actividades. Aquel usuario que buscaba obsesivamente formas de matar a su mujer debería estar preocupado: en caso de llegar finalmente a cometer el crimen, sería identificado sin demasiados problemas. La respuesta es, según el investigador, sumamente clara: “los datos pueden ser útiles o perfectamente anónimos, pero nunca ambas cosas“.
La mayor parte de los requisitos para el almacenamiento de datos se reducen a la eliminación de la denominada Personally Identifiable Information (PII), un conjunto de datos determinados, pero a todas luces, claramente insuficiente. Para empresas como Google, que almacenan datos indefinidamente tras su “anonimización”, las implicaciones son importantes, porque en realidad almacenan datos que serían perfectamente capaces de conducir a una identificación inequívoca aunque haya transcurrido más tiempo del período inicialmente pactado con sus usuarios. Datos que, pensando en el tipo de información que hoy en día manejamos en la red, abarcan un conjunto de cuestiones tan amplio, que puede llegar a dar vértigo, no necesariamente por lo secreto, sino por lo privado de los mismos: datos que no necesariamente busco ocultar, pero sobre los que sí tengo una determinada expectativa de privacidad. A medida que compartimos más datos y que éstos quedan registrados en más sitios, la necesidad de ser exquisitos en su protección y custodia crece, y la expectativa de privacidad disminuye, sin que parezca existir ninguna solución sencilla: incrementar los requisitos legales en el almacén de la información conduce a hacerla inservible. ¿Signo de los tiempos? ¿Resignación? ¿Generacional? ¿Metáfora de la aldea pequeña? Sin duda, algo sobre cuyas consecuencias no hemos pensado suficiente aún.
Retomando nuestro análisis local, se le realizan al artículo (237), esto es, que el hecho de no participar en el control de legalidad de todas y cada una de las actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización, comporta la violación del derecho al acceso a la administración de justicia, pues dicen los inconformes, que al sustraerse de controvertir la legitimidad de un elemento probatorio recaudado que puede llegar a ser determinante en un estadio procesal posterior, se hace nugatoria toda actividad encaminada a materializar la garantía señalada en el artículo 29 Superior. La tesis nuestra es que se torna obligatorio el control de legalidad previo, para evitar violaciones de datos personales y seguridad sobre la inalterabilidad de la evidencia, implicaría una mayor participación de las partes para cuando el forense haya establecido toda la información encontrada en los medios magnéticos.
Finalmente disentimos de la Honorable Corte Constitucional, cuando afirma de la no necesidad del control previo del Juez de Garantías, en la sentencia del nueve de mayo de 200728, sobre la relativa flexibilización del numeral 2° del artículo 250 de la Constitución, el que introduce el tema de los registros (que pueden recaer sobre archivos digitales o documentos computarizados), allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones, en el sentido de permitir un control posterior del juez de control de garantías, se explica en la necesidad y oportunidad del recaudo de la información, en cuanto se trata de diligencias que generalmente están referidas a realidades fácticas que pueden estar propensas a cambios repentinos, o que podrían eventualmente ser alteradas en desmedro del interés estatal de proteger la investigación. Sobre el tema pensamos al contrario, porque si no se le somete a los parámetros forenses que los protocolos internacionales exigen a esta clase de evidencia, creemos (la experiencia internacional nos enseña) puede ser sometida a manipulaciones indebidas o incorrectas como ocurrió con los datos encontrados en los ficheros de Reyes.
Arriba citábamos sobre el procedimiento, que hallada la máquina, se tomarán datos volátiles, metadatos y el log de seguridad, una vez lo anterior se anclará la cadena de custodia, de esta manera se le enseña al Juez de Garantías, que lo encontrado en esa escena criminal, está incólume, esto es que la evidencia se encuentra tal cual como se halló y se le suplicará es la autorización de la revisión de su contenido. El contenido no puede ser abierto en el momento de la práctica de la diligencia, en este instante puede ser alterada la evidencia con resultados fatales para la investigación. Lograda la autorización nos va a permitir que mediante la copia espejo se extraiga toda la información, sensible o no, y se ponga a disposición de la autoridad judicial con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y satisfechos los protocolos forenses internacionales del manejo de la evidencia digital.
Finalmente para concluir el acápite, con nuestra posición, entenderíamos que la norma constitucional obliga al Delegado del Fiscal General a asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción y el texto de la Carta, igualmente crea la posibilidad de exigirle al mismo, medidas adicionales por afectaciones a derechos fundamentales. Se debe obtener la respectiva autorización por parte del Juez de Control de Garantías para legalizar su actuar procesal.
Son las anteriores potísima razones, para suplicar a esa Honorable Corte Constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad parcial del artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que se ordene o se aclare que sí se requiere del Control Previo del Juez de Garantías Constitucionales para cuando se recupera la información dejada al navegar por Internet u otros medios similares, pensamos que se refiere a dispositivos de almacenamiento masivo de información, cualquiera sea su género.
2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 245. EXÁMENES DE ADN QUE INVOLUCREN AL INDICADO O AL IMPUTADO
Señala la norma que cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello público, semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de sangre y en especial, la huella dactilar genética, se requerirá orden expresa del Fiscal que dirige la investigación. Mandato que no compartimos, puesto que pensamos que se trata del acceso a ficheros en donde se conservan datos personales especiales o sensibles, como son los de salud, más adelante fundamentaremos la tesis en las siguientes consideraciones.
El artículo en estudio señala que cuando se requiera cotejo de los exámenes de ADN con la información genética del indiciado o imputado, mediante el acceso a banco de esperma y de sangre, muestras de laboratorio clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante el Juez de Control de Garantía, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de establecer la legalidad formal y material.
Nuestra Corte Constitucional le ha otorgado protección especial a la información contenida en los ficheros creados en desarrollo de una actividad profesional o institucional de tratamiento de datos de carácter personal, que realizan instituciones o entidades públicas o privadas, debidamente autorizadas para el efecto, quienes actúan como operadoras de esas bases de datos. Genéricamente la Corte ha categorizado la información sistematizada en las centrales de información, para prevenir el riesgo financiero, las bases de datos que manejan las EPS, las bases de datos que manejan las clínicas, los hospitales o las universidades para la prestación de servicios, o con una finalidad lícita predeterminada, pero no las ha diferenciado, de las que almacenan datos sensibles o datos privados, esto es, un dato financiero es completamente diferente a un dato sensible como son los datos de salud de un ciudadano y por ende su tratamiento es distinto.
Igualmente esa alta Corporación en fallo constitucional cuando revisó la ley estatutaria de Hábeas Data, se refirió a los datos privados, afirmó que el legislador estatutario ha englobado las categorías de información privada y reservada. En este caso, según se ha expuesto en esa sentencia, la posibilidad de acceso a la información es excepcional, debe estar mediada de orden judicial, y se predica únicamente de aquellos datos que, siendo privados, difieren de lo que la jurisprudencia ha denominado como datos sensibles. Al respecto, debe insistirse en que el acceso a la información privada constituye una restricción apreciable de libre ejercicio del derecho a la intimidad, razón por la cual, la decisión acerca del conocimiento de la misma es un asunto que sólo puede ser decidido por las autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones, habida consideración de la cláusula general de reserva judicial para la restricción legítima de los derechos fundamentales.
Caso distinto afirma la Corte, cuando se predica de la información sensible, relacionada, entre otros aspectos, con la orientación sexual, los hábitos del individuo y el credo religioso y político (no enunció los datos clínico o de la salud). En estos eventos, la naturaleza de esos datos pertenece al núcleo esencial del derecho a la intimidad, entendido como aquella “esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico”.32 En este caso, todo acto de divulgación mediante los procesos genéricos de administración de datos personales, distintos a las posibilidades de divulgación excepcional se encuentra proscrita. Ello en la medida que permitir que información de esta naturaleza pueda ser objeto de procesos ordinarios de acopio, recolección y circulación vulneraría el contenido esencial del derecho a la intimidad.
Sobre el tema el Maestro Remolina afirma que el uso inadecuado de las tecnologías de la información, se torna peligroso para los derechos humanos, la publicación de datos que por su naturaleza pertenecen a la esfera íntima de la persona o que pueden ser tomados como para prácticas discriminatoria, pensamos como cuando se entera la comunidad que alguno de los suyos es portador de VIH; también cuando se descubre que no era esa la enfermedad, pese al cuadro clínico parecido, y se descubre que se trataba de una información inexacta del laboratorio clínico en donde se tomaron las muestras. Igual suerte indica el profesor Remolina ocurre cuando la manipulación y/o cruce de los datos almacenados que permiten crear perfiles virtuales de las personas, como cuando se conoce sus pautas de comportamiento, sus tendencias políticas, religiosas, sexuales, entre otras, que pueden resultar valoradas, bien o mal, para las más diversas actividades públicas o privadas. También incluye el riesgo de que la información de las personas sea conocida y manipulada por grupos ilegales (recordemos la técnica usada por un guerrillero cuando era aparentemente un empleado bancario en una ciudad al norte de Colombia) para diferentes fines y finalmente describe la utilización de la información para fines no permitidos por la ley o no autorizados por el titular del dato.
Recuerda cómo se vulneran en Colombia los derechos fundamentales por el inadecuado tratamiento de sus datos personales, como fue el señalado en la sentencia T-310 de 2003, en donde una orden de captura perdió vigencia, permaneciendo registrada en los ficheros de la Fiscalía y de las autoridades de seguridad ciudadana.
La jurisprudencia colombiana ya se había ocupado del tema, sobre el tratamiento especial que merece los informes clínicos o los ficheros de salud. Afirma que se hace necesario que hablemos sobre el sigilo que le da la ley le imprime a la información o datos de salud, como son los informes sanitarios o epidemiológicos, entre otros, éstos deben ser tan prudentes, a riesgo de violar el secreto médico. En verdad, dice la Corte Constitucional, que para los fines generales de la policía de salud pública, resulta desproporcionado que en los registros, sin su autorización, figure el nombre del paciente y sus condiciones personales, máxime si se tiene en cuenta que de esa revelación podrían desprenderse discriminaciones y consecuencias prácticas indeseables. En fin, la única forma de no violar el secreto médico, en este contexto, es el de reportar la novedad, sin aludir al dato particularizado.
El tratamiento de los datos de salud es un tema especialmente sensible que exige tener muy presentes determinados aspectos que van a ser abordados en posteriores párrafos, como son el derecho a la intimidad de los pacientes, la necesidad de obtener su consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en su historia clínica y la confidencialidad de la información sanitaria, contenida en los ficheros de esperma y de sangre, muestras de laboratorio clínicos, consultorios médicos u odontológicos, entre otra información sensible.
Para ingresar al tema tenemos primero que definir algunos conceptos acerca de los datos de salud, sus registros y soporte. En primera instancia definiremos la Historia Clínica como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención, y no podrán ser excluidos la información genética del indicado o imputado, sus exámenes de esperma y /o de sangre, muestras de laboratorio clínico, creemos con mayor razón si se requirieran datos sensibles de adolescentes infractores. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o por las autoridades judiciales en los casos previstos por la ley, consideramos que no pueden ser, sino después de la anuencia del Juez de Control de Garantías.
Ahora bien debemos comprender que son condiciones de salud, y ésta es la información del paciente que se registra en los datos e informes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario.
En tratándose de la Historia Clínica para efectos archivísticos, se debe entender como el expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de un paciente, el cual también tiene el carácter de reservado. Consideramos que se debe incluir sin que necesariamente tengan que hacer parte del referenciado fichero, los exámenes externos que se realicen en su integridad para conocer su estado de salud, como podrían ser los exámenes practicados por laboratorios forenses, son también datos de salud o datos sensibles.
Las características que tiene la historia clínica, las que aparentemente no tienen ninguna relevancia para este estudio, consideramos que se torna oportuno enunciarlas tal como las establece la norma en cita y son:
Obligatoriedad del registro. Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario, tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas, conforme a las características señaladas en la presente resolución, no se descartan los médicos o científicos forenses.
En tratándose de la responsabilidad del personal de la salud respecto a la historia clínica, debemos recordar que son responsables de su integridad, exactitud y guarda del fichero clínico y que ésta cumpla con los propósitos para la cual ha sido diseñada. No obstante resalta la norma que es el médico quien tiene la mayor responsabilidad relativa tanto en forma individual como colectiva, la cual radica no solo en el registro de sus observaciones en forma oportuna, clara, completa y exacta, sino que además debe revisar los aportes de otras disciplinas de la salud y comentar sobre ellos especialmente si los resultados son inesperados, la delegación que este realice en su elaboración no perderá su carácter de responsable ante la ley.
Se advierte que debe existir el secreto médico o profesional, en toda persona que tenga acceso al fichero de salud o a los datos que formen parte de ella, deberá guardar el secreto profesional, so pena de la persona que divulgue información de la historia clínica a personas no autorizadas será sancionada.
Todos los derechos y deberes plasmados en la Constitución Política son inviolables. Las esferas de protección que de ellos se deducen, no pueden ser desconocidas por ninguna autoridad o persona privada. La regulación legal que se dicte con sujeción a la Constitución y al contenido esencial de tales derechos y deberes, que verse sobre sus condiciones de ejercicio y de aplicabilidad, no puede sin más considerarse violatoria de los mismos. Cada uno de los derechos en una perspectiva teórica puede ser ilimitadamente expansivo, de suerte que si no se señalan cauces para su ordenado ejercicio y restricciones, fatalmente se anularía a los restantes y se suprimiría la posibilidad de su simultánea y pacífica práctica colectiva. La Constitución, por regla general, se limita a definir los derechos y los deberes fundamentales. Corresponde a la ley, dentro del marco de la Constitución y con el debido respeto a los valores y principios democráticos que ella preconiza, promover la efectividad de los derechos y deberes fundamentales y, para el efecto, fijar las condiciones necesarias para su ejercicio y los procedimientos y mecanismos adecuados para su defensa.
Ahora bien analizaremos algunos aspectos legales de tipo clínicos y médicos que se deben considerar para cuando se realizan el cotejo de información con ficheros de salud del indiciado o imputado.
Sobre la reserva de la historia clínica nuestra Corte Constitucional, ha afirmado que su contenido y los informes que de la misma se deriven, están sujetos a reserva y, por lo tanto, sólo pueden ser conocidos por el médico y su paciente. Que sólo con la autorización del paciente, puede revelarse a un tercero el contenido de su historia clínica. Levantada la reserva de la historia clínica, su uso debe limitarse al objeto y al sentido legítimo de la autorización dada por el paciente. Datos extraídos de la historia clínica de un paciente, sin su autorización, no puede ser utilizados válidamente como prueba en un proceso judicial. No puede el Legislador señalar bajo qué condiciones puede legítimamente violarse el secreto profesional. El profesional depositario del secreto profesional está obligado a mantener el sigilo y no es optativo para éste revelar su contenido o abstenerse de hacerlo. En situaciones extremas en las que la revelación del secreto tuviere sin duda la virtualidad de evitar la consumación de un delito grave podría inscribirse el comportamiento del profesional en alguna de las causales justificativas del hecho.
Este secreto y/o manejo de la reserva de los datos de salud, su ejercicio está consagrado en el artículo 37 de la Ley 23 de 198138 , cuando le establece al profesional médico a guardar el secreto en todo aquello que por razón del ejercicio de su profesión haya visto, oído o comprendido, siendo no ético o ilícito revelarlo sin justa causa; obliga a sus auxiliares también a guardarlo. Se resalta que teniendo en cuenta los consejos que dicte la prudencia, la revelación del secreto profesional se podrá hacer:
a) Al (paciente) enfermo, en aquello que estrictamente le concierne y convenga.
b) A los familiares del enfermo, si la revelación es útil al tratamiento.
c) A los responsables del paciente, cuando se trate de menores de edad o de personas mentalmente incapaces.
d) A las autoridades judiciales o de higiene y salud, en los casos previstos pro la Ley.
e) A los interesados, cuando por defectos físicos irremediables o enfermedades graves infecto-contagiosas o hereditarias, se ponga en peligro la vida del cónyuge o de su descendencia.
Señala la Resolución del entonces Ministerio de Salud, que tendrán acceso a las historias clínicas, las siguientes personas:
• El Usuario
• El equipo de salud (Profesional, técnica y auxiliar del área de la salud que asistan al usuario, los auditores médicos de aseguradoras y prestadores responsables de la calidad del servicio de salud brindado)
• Las autoridades judiciales y de salud en los casos previsto por la Ley
• Las demás personas determinadas por la Ley
Las autoridades competentes para conocer la historia clínica son: La Superintendencia Nacional de Salud, Los jueces de la república, El Tribunal de Ética Médica, La Fiscalía General de la nación y la Procuraduría General de la Nación.
En cuanto a la custodia de la historia clínica, la norma en estudio afirma que la institución o prestador del servicio de salud, están obligados a custodiar la historia clínica en forma organizada y tenerla disponible en el momento en que se necesite. La entrega de copias al paciente cuando lo solicite se realiza única y exclusivamente para fines procedentes de acuerdo con la Ley. En la sentencia T 443/94 de la corte constitucional se expresa: “Las instituciones de salud tienen el deber especial de mantener archivos de información relevante que asegure a la persona conocer plenamente cuál era su situación y cómo se procedió en el caso específico; así como la obligación de suministrarle toda la información personal cuando este la solicite”.
La institución de salud o el proveedor del servicio entonces deben cumplir con los procedimientos de archivo o custodia de la historia clínica y puede entregar copias al paciente o a su representante legal cuando lo solicite para efectos legales.
En cuanto al término de permanencia de los datos de salud, se han establecido tres tipos de archivos, a saber:
Gestión, con 5 años desde la última atención.
Central cuando se ha sobrepasado más de 5 años sin ingresar nueva información
Histórico de conservación permanente para casos con valor especial. La historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 20 años a partir de la última atención.
Ya para concluir considero que no es desproporcionado solicitarle a esa Honorable Corporación que declare la norma en cita, su inconstitucionalidad parcial, pues es la misma Carta Fundamental la que obliga al Delegado del Fiscal General a asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción e igualmente crea la posibilidad de exigirle al mismo, medidas adicionales por afectaciones a derechos fundamentales, y lo obliga a que debe obtener la respectiva autorización por parte del Juez de Control de Garantías para legalizar su actuar procesal.
Para terminar, tenemos que el acceso de la información contenida en ficheros clínicos o de salud, tal como reza el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal, violan derechos constitucionales (el de la intimidad), toda vez que para accesar a esta clase de información para su cotejo, debe dársele el mismo tratamiento que se le da a la inspección corporal señalado en el artículo 247, (pruebas invasivas) porque los resultados de laboratorio se registrarán en ficheros en donde contienen datos sensibles y éstos posteriormente serán consultados o comparados como resalta el propósito del la norma en estudio, creemos que cuando se solicita la práctica de esta prueba invasiva, se debe solicitar consecuentemente la legalidad de la apertura de los ficheros de su historia clínica para los cotejos respectivos.
Los datos sensibles (ficheros clínicos o médicos) son de uso exclusivo del titular de los mismos y que su acceso, sin su anuencia, se requiere del control previo del Juez de Control de Garantías.
COROLARIO EN CARGOS CONCRETOS
Después de los anteriores planteamientos académicos colegimos que el texto que aparece con el siguiente tenor: “…..o recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios similares,” del artículo 237 de la Ley 906 de 2004 es inconstitucional en cuanto permiten la práctica de diligencias que afectan derechos fundamentales como es el caso de recuperación de información dejada al navegar en la Internet (recordemos que no sólo se navega conectado a una red externa, también se puede navegar sin conexión), en donde por la búsqueda o recuperación, sin atender los protocolos arriba enunciados, podríamos accesar a información confidencial en bases de datos, sin contar con la previa autorización del juez de control de garantías, y, sin que la medida se encuentre prevista en las excepciones, a ése control previo, que establece el numeral 2º del artículo 250 de la Constitución.
Además el legislador se ha arrogado la potestad de clasificar las medidas que demandan control previo del juez de garantías (Art.246) a partir de la ubicación de la medida en la ley, sin considerar situaciones prácticas forenses (tal vez por tal desconocimiento de la materia) y prescindiendo del criterio valorativo determinante que es la afectación de derechos fundamentales, la regulación constitucional y los Derechos Humanos. Los que han sido protegidos nacional e internacionalmente de una manera clara y explícita por la Corte Constitucional, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros órganos de protección y supervisión de derechos.
Si no procediéramos como deprecamos respetuosamente ante la Corte, iríamos en contravía de lo afirmado por esa misma Corporación cuando concluyó que por medio del acto Legislativo 03 de 2002 el Constituyente optó por afianzar el carácter acusatorio del sistema procesal penal colombiano, estructurando a la Fiscalía General de la Nación como una instancia especializada en la investigación de los delitos y estableciendo que, como regla general, las decisiones que restringen los derechos constitucionales de los investigados e imputados son tomadas por los jueces y tribunales.
De esta manera, la creación del Juez de control de garantías, responde al principio de necesidad efectiva de protección judicial, en razón a que muchas de las medidas procesales que se adoptan en el curso de la investigación penal entran en tensión con el principio de inviolabilidad de determinados derechos fundamentales, los cuales únicamente pueden ser afectados en sede jurisdiccional. Se trata de una clara vinculación de la investigación a la garantía de los derechos fundamentales tanto del investigado como de la víctima, que fungen así como límites de la investigación.
Una formulación coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906 de 2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el ámbito jurisdiccional.
Finalmente para concluir el acápite, con nuestra posición, entenderíamos que la norma constitucional obliga al Delegado del Fiscal General a asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción y el texto de la Carta, igualmente crea la posibilidad de exigirle al mismo, medidas adicionales por afectaciones a derechos fundamentales. Se debe obtener la respectiva autorización por parte del Juez de Control de Garantías para legalizar su actuar procesal
Concluimos que no es desproporcionado solicitarle a esa Honorable Corporación que declare la norma en cita, su inconstitucionalidad parcial, pues es la misma Carta Fundamental la que obliga al Delegado del Fiscal General a asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción e igualmente crea la posibilidad de exigirle al mismo, medidas adicionales por afectaciones a derechos fundamentales, y lo obliga a que debe obtener la respectiva autorización por parte del Juez de Control de Garantías para legalizar su actuar procesal.
Ahora bien, expusimos y probamos que igualmente el acceso de la información contenida en ficheros clínicos o de salud, tal como reza el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal, violan derechos constitucionales (el de la intimidad), toda vez que para accesar a esta clase de información para su cotejo, debe dársele el mismo tratamiento que se le da a la inspección corporal señalado en el artículo 247, (pruebas invasivas) porque los resultados de laboratorio se registrarán en ficheros en donde contienen datos sensibles (su tratamiento es de carácter especial, se sabe) y éstos posteriormente serán consultados o comparados como resalta el propósito del la norma en estudio, creemos que cuando se solicita la práctica de esta prueba invasiva, se debe solicitar consecuentemente la legalidad de la apertura de los ficheros de su historia clínica para los cotejos respectivos.
Recordemos como el numeral 3 del artículo 25041 de la Carta, la Fiscalía General de la Nación deberá “asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.” Esta disposición establece el principio general para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios, según el cual cuando haya afectación de derechos fundamentales, la práctica de medidas para obtener tales elementos probatorios requiere de autorización judicial, este artículo afecta derechos fundamentales, como es el acceso a datos sensibles, sin el consentimiento del Juez de Control de Garantías.
Según esta disposición constitucional es la afectación de derechos fundamentales la que obliga al Fiscal a solicitar de manera expresa y específica la autorización judicial previa. El empleo del término afectación implica, según su grado, una limitación o restricción indebida al ejercicio o goce de un derecho fundamental. Dicha limitación, restricción o merma debe estar prevista en una ley (principio de reserva legal) y requiere, además, de la intervención judicial (principio de reserva judicial), para determinar si resulta irrazonable o desproporcionada.
Los datos sensibles (ficheros clínicos o médicos) son de uso exclusivo del titular de los mismos y que su acceso, sin su anuencia, se requiere del control previo del Juez de Control de Garantías, como la legislación y jurisprudencia internacional le ha dado esa connotación.
COMPETENCIA DE LA HONORABE CORTE CONSTITUCIONAL
Por su parte, el Decreto Legislativo 2067 de 1991 establece el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional y se han cumplido los presupuestos señalados en el artículo segundo sobre los requisitos que debe contener toda demanda en los procesos 43 de inconstitucionalidad.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por su parte, ha establecido la necesidad de cumplir con todos y cada uno de estos requerimientos. Se trata, como lo dijo esa alta Corporación al declarar exequible la norma citada, de “unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer más viable el derecho de participación política, sin atentar en ningún momento contra su núcleo esencial”.
Son ustedes entonces, competentes. Honorables Magistrados, para conocer y fallar sobre esta demanda (…).
Publicado en 21/02/2013 10/02/2014
Recientemente el Gobierno colombiano informaba que la Ley de Protección de Datos Personales se hará efectiva a partir del próximo 18 de abril, cabe recordar que el normativa se encuentra en vigor desde el 17 de octubre de 2012 y, se había establecido un plazo de seis meses, como régimen de transición para dar a conocer la nueva Ley antes de hacer efectivas las sanciones.
Para José Alejandro Bermúdez, responsable para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia del Ministerio de Industria y Comercio de Colombia “hasta ahora no se podía proteger ni sancionar porque solo hasta octubre de 2012 entró en vigencia la nueva ley que es general, pero esa ley tiene un régimen de transición de seis meses para su implementación, es decir, sólo hasta el 18 de abril de 2013 entra en plena vigencia”, “lo que existía antes era un derecho constitucional protegido por una acción de tutela (o recurso de amparo) con el que los jueces colombianos sólo tenían la posibilidad de dar la orden de eliminar la información o corregirla, pero no de multar, como si la tenemos ahora en la Superintendencia”.
Su ámbito de aplicación abarca desde la información de marketing, telemarketing, historias clínicas, datos de menores edad hasta los datos recogidos por el sector público, entre otros, que se suman al financiero y crediticio ya estipulados en la Ley 1266 sectorial de 2008.
Según se hacia eco la propia Superintendecia de Financiera de Colombia, “la Ley 1266 de 2008 es una regulación del derecho del hábeas data con un carácter sectorial y sus consecuencias jurídicas no se extienden a otros escenarios de protección de datos personales pues los mecanismos concretos que contiene desarrollan el ejercicio de las garantías constitucionales en la recopilación, almacenamiento y circulación de información de contenido financiero, comercial y crediticio con el fin de determinar el nivel de riesgo en el otorgamiento de financiación. Su aplicación se circunscribe a ese orden en particular y no a otro de carácter general”.
De ella quedan excluidos bases de datos del ámbito doméstico o personal, así como información que dependa de la seguridad, la defensa nacional, el control del lavado de activos, las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia o los archivos periodísticos y editoriales.
Según informaba la Agencia de Noticias EFE, en los últimos dos años ha habido un incremento exponencial de quejas por vulneración de datos en el sector financiero y crediticio, el único en el que la Superintendencia tenía competencias para sancionar de acuerdo a la ley 1266 de 2008.
En 2012 hubo un total de 2.296 quejas, 309 más que en 2011, un aumento que contrasta con el descenso de las sanciones impuestas por la Superintendencia, que pasaron de los 2,3 millones de pesos (1.282 dólares) en 2011 a los 1,4 millones de pesos (780 dólares) en 2012.
Para José Alejandro Bermúdez “le hemos dado un cambio a nuestra política de supervisión, hemos incrementado nuestras visitas a las fuentes y operadores de información, pero les damos de tres a seis meses para exigir un plan de mejora y si vemos que no lo cumplen pueden terminar en una sanción”.
La Ley citada contempla, además de multas de hasta 657.000 dólares, la suspensión de actividades relacionadas con el tratamiento de datos por un período de hasta 6 meses, así como el cierre temporal o inmediato y definitivo de las operaciones.
Publicado en 14/02/2013 20/05/2014
Según se hacían eco diferentes medios de comunicación nicaragüenses, la Asamblea Nacional aprobó, con 89 votos a favor y sin votos en contra, la reforma de la Ley de Amparo, en la que se agrega el recurso de Habeas Data. Mediante esta reforma los ciudadanos podrán recurrir ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando crean que su derecho a la privacidad y al correcto uso de sus datos personales haya sido vulnerado.
El diputado Carlos Emilio López considera que el recurso aprobado permitirá resguardar el derecho constitucional de la persona a que sus datos sean tratados correctamente, pudiéndose resarcir los daños ocasionados por un inadecuado tratamiento, económica, moral y socialmente, “todas las instituciones que manejen datos tienen la obligación de ser cuidadosos con lo que se está manejando, eso está establecido en la Constitución”.
Según explicaba Edwin Castro, el recursos de Habeas Data será interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia treinta días después de haber agotado la vía administrativa, debiendo emitir respuesta la Sala en el plazo de sesenta días. La reforma también habilita a las personas a exigir la oposición, modificación, supresión, bloqueo, inclusión rectificación de los datos personales.
Para la elaboración del proyecto se solicito la contribución de los miembros de la Federación de Facultades de Derecho de la Universidades (CONADER), en base al convenio de colaboración existente con la Asamblea Nacional.
Conforme al artículo 52 de la Constitución Política nicaragüense los ciudadanos tienen derecho a elevar peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas a cualquier autoridad y a que se les de una respuesta en los plazos establecidos por la Ley. Se establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección (artículo 66). El artículo 131 de la Constitución Política plantea además, que los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente, responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y procurar resolverlos. La Función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo.
Cabe recordar que la Asamblea Nacional aprobó el año pasado la Ley de Protección de Datos Personales, en la que se establece que se podrá recurrir a otra instancia si los datos no fueran tratados adecuadamente, quedando pendiente por enlazar con el recursos constitucional del Habeas Data, recogido en la reforma legislativa referenciada.
Publicado en 06/02/2013 10/02/2014
En el ámbito tributario, las relaciones entre el ciudadano y la propia Administración generan procesos de acceso a la información así como una serie derechos y obligaciones para ambos sujetos. Entre los derechos que se generan a favor de la Administración se encuentra el derecho a la información, acceder a los datos del contribuyente, derecho que puede contraponerse al derecho de las personas a la intimidad y a que se haga un uso adecuado de la información que sobre él posee la Administración. Este flujo de información, así como el derecho de los contribuyentes se encuentra amparado por la acción constitucional del Habeas Data.
La Constitución, tal y como reseñaba Kelsen, en su teoría sobre la jerarquía normativa en el Estado, se encuentra en la cúspide de la pirámide legislativa, el resto de leyes, decretos, directrices y normas se deben entender siempre sometidas al imperio constitucional, es por ello que la acción del Habeas Data, recogida en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, debe ser aplicable en el resto del ordenamiento ecuatoriano, garantizando el derecho al honor y a la privacidad de los ciudadanos. En este sentido se debe reseñar que las entidades supranacionales e internacionales que posean bancos de datos están sujetas a la normativa referente al Habeas Data y deben cumplir con el deber ineludible de permitir el acceso a las mismas, cuando ejerzan su actividad dentro del estado ecuatoriano.
Toda actuación de la administración tributaria, está sujeta a los principios recogidos en la Constitución, en el caso analizado, al principio de publicidad de la información y de revisión de las actuaciones, para lo cual se disponen de las garantías constitucionales del derecho a la información y otra legislación, tal como la propia Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este sentido el Habeas Data garantiza la posibilidad de acceder a la información y exigir su correcta utilización, pudiendo solicitar su corrección en caso de inexactitudes e incluso la supresión de ciertos datos, conforme a la normativa vigente.
La acción constitucional posibilita al contribuyente la seguridad en el acceso, tratamiento y exactitud de la información que la administración tributaria tiene sobre él. El artículo 94 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información que a ella se refiere, debiendo entender este derecho como extensible a todo tipo de documentos o informes que contienen información del ciudadano.
La Administración Tributaria, está obligada a cumplir con esta garantía de acceso a la información que posee sobre los contribuyentes, pudiendo, estos, exigir conocer cuál es la información que se tiene sobre él, que tipo de uso se hace de la misma, vigilar por su corrección y saber en que medida sirvió de fundamento para la actuación administrativa.
El artículo 35 de la Ley Orgánica de Control Constitucional ecuatoriana establece que “el Habeas Data tendrá por objeto a) Obtener del poseedor de la información que éste la proporcione al recurrente, en forma completa, clara y verídica; b) Obtener el acceso directo a la información; c) Obtener de la persona que posee la información que la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros; y, d) Obtener certificaciones o verificaciones sobre que la persona poseedora de la información la ha rectificado, eliminado, o no la ha divulgado”.
Sobre la improcedencia de la aplicación de la garantía constitucional enunciada, el artículo 36 de la citada Ley Orgánica, establece que “no es aplicable el Habeas Data cuando afecte al sigilo profesional; o cuando pueda obstruir la acción de la justicia; o cuando los documentos que se soliciten tengan el carácter de reservados por razones de Seguridad Nacional. No podrá solicitarse la eliminación de datos o informaciones cuando por disposición de la 68 Ley deben mantenerse en archivo o registros públicos o privados”.
En relación al sujeto o Administración ante el que interponer la acción constitucional, la propia Norma Suprema ecuatoriana establece el artículo 94.2 que el titular de los datos, podrá solicitar al funcionario respectivo para que se proceda a la rectificación, actualización, eliminación o anulación de los datos que a él se refieren. A mayor abundamiento la Ley Orgánica de Control Constitucional en su artículo 34 recoge que “Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen tener acceso a documentos, bancos de datos e informes que sobre sí mismas o sus bienes están en poder de entidades públicas, de personas naturales o jurídicas privadas, así como conocer el uso y finalidad que se les haya dado o se les esté por dar, podrán interponer el recurso de hábeas data para requerir las respuestas y exigir el cumplimiento de las medidas tutelares prescritas en esta Ley, por parte de las personas que posean tales datos o informaciones”.
Conforme a lo cual la autoridad competente para conocer y resolver las acciones de Habeas Data es el juez de primera instancia. El Tribunal Constitucional ecuatoriano afirmaba que “aunque la ley establece que no puede existir inhibición del Juez que conoce el hábeas data, ello no implica que cuando un Juez no sea competente por no ser el Juez del domicilio del demandado, éste deba conocer la acción, por cuanto la propia Constitución establece en el Art. 119 que los funcionarios públicos solamente podrán ejercer las atribuciones que se encuentran establecidas en la Constitución y la ley. Obligar a un Juez a conocer un asunto para el cual no es competente, sería llevarlo a violar la Constitución, lo cual no es admisible; 3.- En virtud de lo anteriormente señalado, cuando un Juez se declara incompetente para conocer el hábeas data por no cumplir con el presupuesto básico señalado en la primera parte del Art. 37 de la Ley del Control Constitucional, como en el caso que nos ocupa, éste no se está inhibiendo de tramitar la acción, la está inadmitiendo por razones de competencia. Tómese en cuenta que se podría inhibir de tramitar una acción un Juez competente para conocerla, por cuanto hay causales de inhibición que no tienen que ver con la competencia del Juez, así aquellas que sí permite la Ley del Control Constitucional referentes a incompatibilidades de parentesco u otras señaladas en la ley; 4.- El Art. 60 de la Ley del Control Constitucional establece que cuando ha existido inhibición de los jueces para conocer y resolver las acciones de hábeas data y amparo, por razones de competencia, esas providencias serán obligatoriamente consultadas al Tribunal Constitucional. Al referirse esta norma a “razones de competencia “, confunde una causal de inadmisión con aquéllas que podrían dar lugar a una inhibición del Juez”. Conforme con el criterio del Alto Tribunal, aunque el mandato parece ser general sobre la obligatoriedad de los jueces de conocer las acciones de Habeas Data, existen casos en los que, por la misma normativa procesal se establecen excepciones en la cuales no puede llegarse a conocer una causa determinada.
En relación al incumplimiento por parte de la Administración, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Control Constitucional establece que “los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales que incumplieren las resoluciones expedidas por jueces o tribunales que concedan el hábeas data, no podrán ejercer ni directa ni indirectamente, las actividades que venían desarrollando y que dieron lugar al Habeas Data, por el lapso de un año. Esta disposición será comunicada a los órganos de control y demás entidades públicas y privadas”.En el artículo 43 se recoge que “los funcionarios públicos de libre remoción que se nieguen a cumplir con las resoluciones que expidan los jueces o tribunales dentro del procedimiento de Habeas Data serán destituidos inmediatamente de su cargo o empleo, sin más trámite, por el respectivo juez o tribunal, salvo cuando se trate de los funcionarios elegidos por el Congreso Nacional, quienes deberán ser destituidos por éste, a pedido fundamentado del juez o tribunal y previo el correspondiente juicio político. La sanción de destitución se comunicará inmediatamente a la Contraloría General del Estado y a la autoridad nominadora correspondiente”.
Para Osvaldo Soler “el habeas data habilita a cualquier contribuyente a tomar conocimiento en forma rápida y expedita de los datos personales obrantes en ellafacultándolo, además, en su caso, a requerir la rectificación o supresión de aquellos datos falsos o desactualizados. Este instituto ha de cobrar relevancia como una herramienta eficaz para los contribuyentes y responsables, ante la progresiva utilización por parte del organismo fiscal de sistemas de información con el fin de supeditar, en ocasiones, el tratamiento fiscal de los mismos a su situación registral en la mencionada base de datos”
Pese a que el artículo 99 del Código Tributario ecuatoriano establece que “las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la administración tributaria. La administración tributaria, deberá difundir anualmente los nombres de los sujetos pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias”, este precepto no es incompatible con el ejercicio de la referida acción constitucional, a la que la Administración Tributaria debe estar sometida. El respeto de la información relativa al contribuyente, así como la obligación de no afectar su intimidad o lesionar otros derechos relacionados con ellas, están dentro del marco de los derechos humanos del contribuyente.
Publicado en 19/01/2013 06/09/2015
Quiero aprovechar para darte la bienvenida a la página web del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, una iniciativa personal sin ánimo de lucro, que vengo desarrollando de enero de 2013. Te animo a seguirla desde las principales redes sociales (Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube).
Las diferentes regulaciones deben ahondar en una unificación de criterios de los diferentes países iberoamericanos, y debe completarse con medios e instrumentos en aras a una defensa de los derechos, así como un sistema educativo que forme a las personas desde su mas tierna infancia hasta su senectud, las personas deben conocer el tratamiento de sus datos, los actores intervinientes y la seguridad de los medios donde los facilitan, la protección de datos debe empezar por uno mismo.
Como decía un colaborador de esta iniciativa, el Observatorio nace en el contexto de un mundo digitalizado y “gobernado” por las TIC (Tecnologías de la información y comunicación). Esta era digital en donde se intercambia y comparte información con un solo clic, logrando así conectar al mundo entero, requiere de un gran esfuerzo para resaltar la importancia de derechos fundamentales para el ser humano, como son la intimidad y la privacidad. Así, el Observatorio nos propone poder cumplir una de las máximas obligatorias que deben seguir quienes trabajan en la protección de los datos personales, esto es: pensar globalmente y actuar localmente. Lo que es lo mismo, crear una comunidad internacional de profesionales que estén trabajando en el tema, para compartir experiencias, situaciones e ideas, para luego poder aplicar lo aprendido a nivel local.
Quisiera agradecer, a todas aquellas personas que día a día están colaborando en la página web desde los distintos países iberoamericanos. Por sus artículos, mensajes y aportaciones, es mucho lo que aprendo de su practica y visiones jurídicas, por la ilusión con la que han acogido el proyecto, sin ellos este proyecto sería complicado de llevar a cabo.
Publicado en 16/01/2013 10/02/2014
La Constitución Política del Perú de 1993 recoge en su artículo 200 la acción constitucional del habeas data, dentro del catálogo de garantías constitucionales, entiendo la acción como instrumento para protección del derecho de las personas a solicitar y obtener información de entidades públicas y privadas que los servicios informáticos de dichas entidades no suministren información que afecte a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, en aras a una mayor protección del derecho al honor y a la buena reputación, pudiendo rectificar las afirmaciones inexactas o agraviantes difundidas en un medio de comunicación social, estableciéndose que “la acción de habeas data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos (…)” de las personas recogidos en lanorma Constitucional.
Los derechos protegidos vienen recogidos en los apartados 5 y 6 del artículo 2 de la Normas Constitucional, que hacen referencia a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Exceptuándose las informaciones que afecten a la intimidad personal u a la que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a petición del juez o fiscal, o de una comisión de investigación del Congreso conforme a la Ley peruana.
Así mismo, los ciudadanos tienen derecho a que los servicios informáticos, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten a su intimidad personal y familiar. Pudiendo conocer, actualizar, incluir suprimir o rectificar los datos sobre su persona que se encuentren almacenados o registrados en el ámbito público o privado, pudiendo suprimir o impedir la difusión de datos de carácter sensible o privado.
Para Nestor Pedro Sagüés, Catedrático argentino de Derecho Constitucional, “atendiendo a las finalidades perseguidas por el habeas data y al legitimado pasivo de la acción, cabe distinguir principalmente dos versiones: el propio dirigido a prevenir o reparar lesiones que pudieran producirse en el tratamiento de datos de carácter personal y, el impropio diseñado con la finalidad de obtener información pública que le es negada al legitimado activo o, replicar información de carácter personal difundida a través de los medios de difusión tradicionales.
Cabe reseñar la jurisprudencia constitucional, concretamente la Sentencia del Alto Tribunal del Perú, 06164-2007-HD, donde se precisan los diferentes tipos de habeas data establecidos en la legislación peruana, conforme a la Constitución Política y el Código Procesal Constitucional.
Habeas data informativo: mediante el cual se procura recabar información necesaria para permitir a su promotor verificar si los datos del sistema están funcionando legalmente, pudiendo diferenciar cuando se cuestione acerca de la finalidad para la cual fueron recabados, sobre qué datos se encuentran almacenados en un banco de información o sobre quien proporcionó los datos a los que se hace referencia.
Habeas data rectificador: destinado a rectificar los datos falsos, inexactos o imprecisos.
Habeas data exclutorio, tiene por finalidad excluir datos de un banco datos, cuyo titular considera que la información debe ser cancelada.
Habeas data reservador: aseguramiento de que un dato sea mantenido en condiciones de confidencialidad, garantizado su privacidad y secreto.
Habeas data de acceso a la información pública: garantiza el libre acceso a la información pública que se tiene sobre los ciudadanos, salvo en los casos restringidos, tales como los relacionados con la seguridad del Estado. En este sentido cabe hacer notar que un porcentaje muy elevado de las acciones de habeas data han sido declaradas fundadas judicialmente, atendiéndose a la protección constitucional del derecho invocado.
Publicado en 14/01/2013 10/02/2014
Publicado en 08/01/2013 10/02/2014
Según se hacia eco en el día de ayer, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay informaba que las Cámaras del Parlamento Nacional habían aprobado el Convenio número 108 del Consejo de Europa que garantiza a cualquier persona física el respeto de sus derechos y libertades fundamentales con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
Desde el Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se informaba sobre la aprobación por parte de ambas Cámaras del Parlamento Nacional del “Convenio N°108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal” (Ley 19.030 y “Protocolo Adicional al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos”. La propia Unidad al refrerirse al Convenio y su finalidad decía que “El fin del presente Convenio es garantizar, en el territorio de cada Parte, a cualquier persona física sean cuales fueren su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha persona («protección de datos»)”.
El Consejo de Europa invitó a Uruguay a suscribir este Convenio, en mérito a sus avances en la defensa del derecho a la protección de datos personales, convirtiéndose, de este modo, en el primer país no europeo invitado a suscribirlo. Su aprobación es un hito muy importante para nuestro país que cierra un año de grandes éxitos y crecimientos en materia de protección de datos personales.
Cabe recordar que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) fue creada por la Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (LPDP), con autonomía técnica, cuya finalidad es custodiar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales y asegurar el respeto de sus principios. Entre sus facultades se encuentran asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente ley y de los medios legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza; dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley; realizar un censo de las bases de datos alcanzados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos; controlar la observancia de las normas sobre integridad, veracidad y seguridad de datos por parte de los responsables de las bases de datos, pudiendo a tales efectos realizar las actuaciones de inspección pertinentes; solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que se le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados; emitir opinión toda vez que le sea requerida por las autoridades competentes, incluyendo solicitudes relacionadas con el dictado de sanciones administrativas que correspondan por la violación a las disposiciones de esta ley, de los reglamentos o de las resoluciones que regulan el tratamiento de datos personales comprendidos en ésta; asesorar en forma necesaria al Poder Ejecutivo en la consideración de los proyectos de ley que refieran total o parcialmente a protección de datos personales e informar a cualquier persona sobre la existencia de bases de datos personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables, en forma gratuita.
Uruguay da un paso más en materia de protección de datos, adhiréndose a los estándares internacionales, siendo considerado, conforme a la Directiva 95/46/CE como país adecuado por la Unión Europea en materia de Protección de Datos Personales, y convirtiéndose en el primer país no europeo en aprobar el referido Convenio para convertirse en parte del mismo.
Publicado en 03/01/2013 10/02/2014
Publicado en 28/08/2012 10/02/2014
La Constitución del Estado Centroamericano de Honduras de 1982, recoge en su artículo 76 la garantía al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagenen, y en el artículo 182 el derecho fundamental de acceso a la información pública y privada, así como la garantía constitucional de habeas data: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data.
En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la manera siguiente: (…) 2. El Hábeas Data: Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y-o enmendarla. Las acciones de Hábeas Corpus y Hábeas Data se ejercerán sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libre de costas. Únicamente conocerá de la garantía del Hábeas Data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. Los titulares de los órganos jurisdiccionales no podrán desechar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal e igualmente tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad y a la seguridad personal. En ambos casos, los titulares de los órganos jurisdiccionales que dejaren de admitir estas acciones constitucionales, incurrirán en responsabilidad penal y administrativa. Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal”.
Del tenor literal del citado precepto constitucional se eleva a rango constitucional el Hábeas Data como garantía constitucional exhibitoria de datos de la persona humana y de sus bienes, pudiendo ser promovida únicamente por la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados; a la que se le reconocen los derechos de de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica española, al establecer que si fuere necesario, podrán actualizar, rectificarla y-o enmendar la citada información; tal y como se desprende del Decreto Legislativo N° 381-2005, mediante el que se reformó el Capítulo I, del Título IV de la Constitución de Honduras, donde se reconoce la garantía del Habeas Data: “que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y /o enmendarla.”
La acción de Hábeas Data se constituye por tanto en un mecanismo procedimental de aplicación inmediata por las autoridades jurisdiccionales hondureñas, encaminada a hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. La Constitución hondureña al hacer un listado cerrado de supuestos, descarta la posibilidad que en otra clase de derechos y libertades constitucionales pueda ser posible utilizar este mecanismo procesal.
En el mismo sentido cabe citar el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública reconoce la garantía de Habeas Data, parta en los artículos siguientes regular la sistematización de los archivos personales y su acceso y prohibición de entrega de documentación afirmándose que ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar danos o riesgos patrimoniales o morales de las personas. Sobre la sistematización de la información, la citada Ley establece que, los datos personales serán protegidos siempre. El interesado o en su caso el Comisionado de los Derechos Humanos por si o en representación de la parte afectada y el Ministerio Publico podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores..