Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-bizkaia-12570-13-05-2011-158021
Timestamp: 2019-05-24 03:00:05
Document Index: 256894878

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 103', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 64', 'artículo 9', 'artículo 52', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 59', 'artículo 659', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 19']

Resolución de TEAF Bizkaia, 12570, 13-05-2011 | Iberley
Arts.9.4 y 59.4 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre,
Arts. 1 y 2 de la Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre.
Cantidades percibidas como consecuencia de Expediente de Regulación de Empleo.
La consultante es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda. En el marco del proceso de privatización de una de las compañías en las que participaba, se comprometió a garantizar, como máximo hasta el 31 de mayo de 2011, el mantenimiento en ella de los empleos correspondientes a determinados trabajadores con contrato fijo. Según los acuerdos alcanzados en su día con los representantes sindicales de dicha compañía (el último de los cuales se suscribió el 17 de julio de 2008), los motivos de activación de esta garantía son: 1) el despido basado en causas objetivas, tanto individual como colectivo; y 2) el despido declarado judicialmente improcedente, y sin readmisión. El contenido de la citada garantía, es el siguiente (para cuando se active): 1) respecto a los trabajadores con edad igual o superior a 52 años, deberá realizar un plan de prejubilaciones en las mismas condiciones que las pactadas entre los sindicatos y la empresa en 2007 (que se desarrollan más abajo); 2) al resto de los empleados les tendrá que ofrecer un empleo alternativo en condiciones sociolaborales, económicas y geográficas equivalentes a las mantenidas en la compañía y, si no fuese posible ofrecerles un empleo alternativo en un plazo de tres meses, o si rechazasen el ofertado, tendrá que abonarles una indemnización consistente en cuarenta y cinco días de salario por año de servicio. Las condiciones del plan de prejubilaciones pactado entre los sindicatos y la empresa en 2007 fueron las siguientes: 1) abono a los trabajadores nacidos en 1953, 1954, y anteriores, con 5 años de antigüedad en la empresa en el momento de su incorporación al Expediente de Regulación de Empleo, de una indemnización en forma de complemento de las prestaciones públicas correspondientes hasta alcanzar un 76% del salario regulador (con revalorización del IPC real), desde la extinción del contrato hasta el cumplimiento de los 61 años; 2) financiación por la empresa del Convenio Especial con la Seguridad Social en la parte no cubierta por las prestaciones públicas que procedan durante la vigencia del programa hasta el cumplimiento de los 61 años; 3) percepción a la fecha de extinción del contrato, o al cumplir los 61 años, bien en forma de capital, bien en forma de renta mensual, de una indemnización adicional con la finalidad de equilibrar la pérdida que se produce por la jubilación anticipada; 4) en caso de fallecimiento de un trabajador, se transmite al cónyuge superviviente, a la pareja de hecho debidamente inscrita, o a los hijos disminuidos con dependencia económica del trabajador, por este orden, el 52% de las cantidades del complemento de empresa hasta la finalización del programa. El pasado 20 de diciembre de 2010, se declaró el concurso voluntario de la compañía en cuestión. Posteriormente, el 8 de febrero de 2011, la consultante anunció formalmente el posible nacimiento de créditos contra la masa, para el supuesto de que se activen las garantías acordadas, y deba indemnizar a los empleados amparados por las mismas. El 22 de febrero de 2011, la compañía presentó ante el Juzgado de lo Mercantil escrito de solicitud de adopción de medidas laborales consistentes en la extinción de 342 contratos de trabajo, de forma paulatina hasta el 31 de diciembre de 2011 (a medida que vaya finalizando los trabajos comprometidos). Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. En el citado escrito, la empresa comunicó la existencia de determinados trabajadores amparados por las garantías que ofrece la consultante. En concreto, se trata de 186 empleados, de los cuales 125 tienen más de 52 años (y los otros 61 cuentan con una edad inferior a ésta). El 23 de febrero de 2011, el juez de lo mercantil dictó auto mediante el que admitió la solicitud formulada por la empresa, de iniciar un expediente de extinción colectiva de sus relaciones laborales. Una vez se produzca la extinción colectiva de los puestos de trabajo, se activarán las garantías comprometidas por la consultante, y deberá hacer frente a las indemnizaciones acordadas.
1) Si las indemnizaciones que deba abonar a los trabajadores amparados por las garantías descritas están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en las condiciones y con los límites establecidos en el artículo 9.4 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF) .
2) Si pueden acogerse al tratamiento previsto en el artículo 2 de la Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre, las cantidades que perciban los trabajadores una vez agotado el límite de la exención citada en el punto anterior. En caso afirmativo, si esta conclusión se extiende a los importes que, en su caso, satisfaga a los cónyuges, parejas de hecho inscritas o hijos disminuidos de los empleados que fallezcan.
3) Si cabe aplicar alguno de los porcentajes de integración regulados en el artículo 19.2 a) de la NFIRPF sobre la indemnización adicional dirigida a equilibrar la pérdida por jubilación anticipada, cuando dicha indemnización se perciba en forma de capital y una vez agotado el límite de la exención.
1) Con respecto a la primera de las cuestiones planteadas, resulta de aplicación el artículo 9.4 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su redacción vigente hasta el próximo 1 de enero de 2012, donde se señala que: 'Estarán exentas las siguientes rentas: (...) 4. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Asimismo estarán exentas las indemnizaciones que, en aplicación del artículo 103.2 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, el socio perciba al causar baja en la cooperativa, en la misma cuantía que la establecida como obligatoria por la normativa laboral para el cese previsto en la letra c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que el mismo hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o cese consecuencia de expedientes de regulación de empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de la autoridad competente, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas o de fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. Con los mismos límites quedarán exentas las cantidades que reciban los trabajadores que, al amparo de un contrato de sustitución, rescindan su relación laboral y anticipen su retiro de la actividad laboral. A los efectos de lo dispuesto en este número, se asimilarán a los expedientes de regulación de empleo del párrafo anterior los planes estratégicos de recursos humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajador. (...)'.
Por su parte, el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, determina que: '1. Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo. 2. La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. (...) 4. La solicitud deberá exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios para su acreditación. 5 Recibida la solicitud, el juez convocará a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal a un período de consultas, cuya duración no será superior a treinta días naturales, o a quince también naturales, en el supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores. Si la medida afecta a empresas de más de 50 trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo. (...) 6. Durante el período de consultas, los representantes de los trabajadores y la administración concursal deberán negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de las representaciones sindicales, si la hubiere, siempre que representen a la mayoría de aquéllos. Al finalizar el plazo señalado o en el momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y los representantes de los trabajadores comunicarán al Juez del concurso el resultado del período de consultas. Recibida dicha comunicación, el Secretario judicial recabará un informe de la Autoridad Laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. Recibido el informe por el Juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá el curso de las actuaciones. Si el informe es emitido fuera de plazo, podrá no obstante ser tenido en cuenta por el Juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución. 7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el Juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral. El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo. (...) 11. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará la legislación laboral y, especialmente, mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas competencias les atribuye la misma'.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de la NFIRPF, están exentas del Impuesto las indemnizaciones por despido o cese de los trabajadores, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias. En los casos de despido o cese consecuencia de expedientes de regulación de empleo, tramitados conforme a lo dispuesto en la legislación laboral y aprobados por la autoridad competente (o producidos por las causas previstas en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores), la exención se extiende sobre la parte de la indemnización que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores para el despido improcedente, siempre y cuando dichos expedientes estén motivados por causas económicas, técnicas o de fuerza mayor (esta última condición, relativa a las causas del expediente o del despido, ha sido eliminada con efectos desde el próximo 1 de enero de 2012).
Según lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Concursal, el auto mediante el que se acuerda la extinción colectiva de los contratos de trabajo produce las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, de cara al acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo. Además, en lo no previsto en dicho artículo 64 de la Ley Concursal, se aplica la legislación laboral. Por ello, esta Dirección General entiende que los trabajadores cubiertos por las garantías objeto de consulta podrán acogerse a la exención regulada en el artículo 9.4 de la NFIRPF para las indemnizaciones derivadas de expedientes de regulación de empleo, con independencia de que, en el supuesto planteado, las compensaciones por la extinción de sus contratos las abone la compareciente, y no la empresa para la que trabajan (al igual que ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de cantidades satisfechas por el FOGASA).
2) En lo que hace referencia a la segunda de las cuestiones suscitadas, el artículo 1 de la Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre, prevé que: 'El tratamiento fiscal establecido por la presente Norma Foral será de aplicación a aquellas cantidades percibidas por los trabajadores cuya relación laboral se hubiera extinguido en las que concurran las siguientes circunstancias: a) Que tengan su origen en un expediente de regulación de empleo tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación por la autoridad laboral competente, o se haya extinguido la relación laboral en virtud de lo establecido en el artículo 52 c) de dicho Estatuto, siempre que, en ambos casos, las razones del despido se fundamenten en causas económicas, técnicas o de fuerza mayor. b) Que sean complementarias de los importes percibidos del Instituto Nacional de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad Social o Entidades que la sustituyan. El mismo tratamiento se aplicará a las cantidades percibidas en aquellos casos en que por circunstancias particulares el contribuyente no hubiere obtenido durante el ejercicio prestación alguna de los citados organismos. c) Que se perciban de forma periódica, bien tengan carácter temporal o vitalicio, o de una sola vez de forma capitalizada, con independencia en todo caso de quien sea el pagador de las mismas'.
Mientras que, en el artículo 2 de esta misma Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre, se recoge que: 'Sin perjuicio de las cantidades que pudieran resultar exentas en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra d del artículo 9 de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se integrará en concepto de rendimiento del trabajo en la base imponible del Impuesto el 70 por 100 de las cantidades percibidas por los trabajadores a que se refiere el artículo 1 anterior, con el límite anual de dos veces y media del salario mínimo interprofesional. Las cantidades que excedan de dicho límite, que opera antes de aplicar el citado porcentaje del 70 por 100, se integrarán en la base imponible del impuesto en su totalidad. En el caso de percepción de cantidades obtenidas de una sola vez de forma capitalizada, solamente se aplicará el tratamiento tributario previsto en el párrafo anterior en el caso de que resulte más favorable al contribuyente que el régimen general previsto para las rentas irregulares en la Norma Foral reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas'.
La referencia establecida en este precepto al artículo 9 d) de la Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, debe entenderse actualmente efectuada al artículo 9.4 de la NFIRPF.
De los datos aportados se desprende que la extinción de los contratos laborales objeto de consulta se producirá debido a causas económicas, técnicas o de fuerza mayor. Por ello, a la vista de todo lo anterior, esta Dirección General entiende que, una vez superado el límite de la exención, los trabajadores acogidos al plan de prejubilaciones podrán integrar al 70 por 100 las cantidades que perciban en forma de renta y no excedan de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, con independencia de quién sea el pagador, tal y como expresamente se señala en el último inciso del artículo 1 c) de la Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre. El exceso que puedan obtener sobre este límite, que opera antes de aplicar el citado porcentaje del 70 por 100, se integrará en su totalidad en la base imponible del Impuesto.
Por otro lado, en caso de fallecimiento de los empleados adscritos al plan de prejubilaciones, se transmite a sus cónyuges viudos, a sus parejas de hecho registradas, o a los hijos discapacitados que dependan de ellos (por este orden), el derecho al cobro del 52% de los importes correspondientes al complemento de empresa, hasta la finalización del programa.
Consecuentemente, una vez activada la responsabilidad de la consultante, surgirá un derecho a cobro por parte de los trabajadores adheridos al plan de prejubilaciones y, simultáneamente, un derecho de sus cónyuges, parejas de hecho, o hijos discapacitados dependientes, a percibir, en caso de fallecimiento de los citados trabajadores, el 52% de los complementos de empresa pendientes de cobrar, sin que pueda determinarse desde un principio la cuantía de la indemnización imputable a cada uno (al depender esta cuantía de si fallece o no el empleado, y del momento en que, en su caso, se produzca esta circunstancia). De modo que surgirá un derecho (principal) de los trabajadores al cobro de los complementos acordados y otro (condicionado o subordinado), de sus cónyuges viudos, parejas de hecho registradas, o hijos discapacitados dependientes, a la percepción del 52 por 100 de los complementos pendientes de satisfacer a los primeros.
Así, en la medida en que la adhesión de los empleados al plan de prejubilaciones por el que se pregunta no les otorga un derecho autónomo a percibir, incondicionalmente, la totalidad de la indemnización acordada (y, en consecuencia, a designar un beneficiario para el caso de fallecimiento, que cobre la parte no abonada), en estos supuestos de defunción, no deberán imputarse a los trabajadores los complementos pendientes de satisfacer, ni resultará, por lo tanto, aplicable lo dispuesto en el artículo 59.4 de la NFIRPF, según el que: '4. En el caso de fallecimiento del contribuyente todas las rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible del último período impositivo que deba declararse'.
Adicionalmente, toda vez que, de acuerdo con lo indicado en el artículo 659 del Código Civil, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte, los complementos que la consultante deba abonar a los cónyuges, parejas de hecho o hijos de los empleados, no formarán parte de la herencia de éstos (de los empleados), y, por lo tanto, no estarán sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sino al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones, como un rendimiento del trabajo, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la NFIRPF.
Además, en la medida en que los cónyuges, las parejas de hecho, o los hijos discapacitados, obtendrán, en su caso, un rendimiento derivado del fallecimiento de los empleados acogidos al plan de prejubilaciones, los importes que cobren por este motivo no podrán acogerse al régimen tributario previsto en la Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a determinadas cantidades satisfechas a los trabajadores como consecuencia de la extinción de sus contratos laborales por causas económicas, técnicas o de fuerza mayor.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que, si la entidad instrumentalizara el pago de las prestaciones de fallecimiento objeto de consulta a través de la suscripción de una póliza de seguro sobre la vida de los trabajadores, resultaría de aplicación lo establecido en el artículo 3 del Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (NFISD), aprobado mediante Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, según el que: '1. Constituye el hecho imponible: (...) c) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo en los supuestos expresamente regulados en el artículo 15.5 a) de la Norma Foral del Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas'.
De donde se deduce que, en el supuesto de que la consultante suscriba un seguro sobre la vida de los empleados, a través del que haga frente a las prestaciones por fallecimiento que, en su caso, deba satisfacer, las cantidades que perciban los cónyuges, las parejas de hecho registradas, o los hijos discapacitados de los trabajadores, como beneficiarios de dicho seguro, estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y no al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En cuyo caso, estos beneficiarios podrán acogerse a la exención prevista en el artículo 5.2 de la NFISD, según el cual: 'Quedarán exentas: (...) 2. Las cantidades percibidas de las Compañías o Entidades aseguradoras en los seguros sobre la vida para el caso de muerte, si la relación entre el contratante o tomador del seguro y el beneficiario fuera la de cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ascendiente o descendiente en línea recta por consanguinidad, o adoptante o adoptado. No obstante, en los seguros colectivos o contratados por las empresas en favor de sus empleados se estará a la relación entre el asegurado y el beneficiario. (...)'.
3) En lo que se refiere a la tercera de las preguntas formuladas, debe atenderse al segundo párrafo del artículo 2 de la Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre, donde se estipula que: '(...) En caso de percepción de cantidades obtenidas de una sola vez de forma capitalizada, solamente se aplicará el tratamiento tributario previsto en el párrafo anterior en el caso de que resulte más favorable al contribuyente que el régimen general previsto para las rentas irregulares en la Norma Foral reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas'.
El régimen general correspondiente a las rentas irregulares se encuentra actualmente en el artículo 19 de la NFIRPF, en virtud del que: '1. El rendimiento íntegro del trabajo estará constituido, con carácter general, por la totalidad de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo. 2. No obstante, en los supuestos que se relacionan en este apartado, el rendimiento íntegro del trabajo se obtendrá por la aplicación de los siguientes porcentajes al importe total de los rendimientos definidos en los artículos anteriores de este Capítulo: a) Cuando los rendimientos de trabajo tengan un período de generación superior a dos años y no se obtengan de forma periódica o recurrente, el 60 por 100; este porcentaje será del 50 por 100 en el supuesto de que el período de generación sea superior a cinco años o se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. (...)'.
Este precepto está desarrollado en el artículo 14 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), aprobado mediante Decreto Foral 207/2007, de 20 de noviembre, donde se señala que: '1. A efectos de la aplicación del porcentaje de integración del 50 por 100 previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 19 de la Norma Foral del Impuesto, se consideran rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en un único período impositivo: (...) e) Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos salariales, pensiones o anualidades de duración indefinida o por la modificación de las condiciones de trabajo. (...)'.
En el caso de percepción de cantidades obtenidas de una sola vez de forma capitalizada, el tratamiento previsto en el primer párrafo del artículo 2 de la Norma Foral 8/2000, de 31 de octubre, (analizado en el apartado 2) de esta respuesta), sólo resulta de aplicación cuando sea más favorable al contribuyente que el régimen general establecido en la NFIRPF para las rentas irregulares, de conformidad con el que: 1) se integran al 60% los rendimientos del trabajo con un período de generación superior a dos años, siempre que no se obtengan de forma periódica o recurrente; 2) se integran al 50% los rendimientos del trabajo con un período de generación superior a cinco años que no se obtengan de forma periódica o recurrente; y 3) también se integran al 50% las rentas calificadas reglamentariamente como obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo. Entre estas rentas calificadas reglamentariamente como obtenidas de forma notoriamente irregular se encuentran las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos, pensiones o anualidades de duración indefinida, siempre que se imputen en un único período impositivo.
La consultante tendrá que abonar una indemnización a los trabajadores adheridos al plan de prejubilaciones por el que pregunta, con la finalidad de equilibrar la pérdida que éstos sufrirán como consecuencia de tener que jubilarse anticipadamente. En el caso de que esta indemnización se abone en forma de capital una vez agotado el límite de la exención prevista en el artículo 9.4 de la NFIRPF, podrá aplicarse sobre ella el porcentaje de integración que corresponda de entre los previstos en el artículo 19.2 a) de la NFIRPF. A estos efectos, de cara a calcular el período de generación de esta indemnización adicional, se deberá tomar en consideración el número de años a lo largo de los cuales se ponga de manifiesto la pérdida que se pretende compensar. Si el cálculo de esta indemnización se encuentra basado en el número de años que transcurrirán desde el momento en que los empleados alcancen la edad de jubilación anticipada hasta la fecha estimada de su fallecimiento (es decir, si estamos ante una compensación por el hecho de que recibirán de la Seguridad Social una pensión de jubilación inferior a la que les correspondería si no tuvieran que jubilarse anticipadamente), nos encontraremos ante un rendimiento de los que reglamentariamente se califican como obtenidos de forma notoriamente irregular, al tratarse, entonces, de un importe percibido en compensación de pensiones de duración indefinida que, además, se imputa en un único período impositivo. Por lo que, si así fueran las cosas, procedería aplicar sobre dicha indemnización adicional el porcentaje de integración del 50 por 100.
Decreto 3/1993 de 22 de Jun Bizkaia (el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) DEROGADO
Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia Número: 153 Fecha de Publicación: 06/07/1993 Fecha de entrada en vigor: 26/07/1993 Órgano Emisor: Departamento De Hacienda Y Finanzas
Orden: Social Fecha: 26/04/2017 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Segoviano Astaburuaga, Maria Luisa Num. Sentencia: 361/2017 Num. Recurso: 1222/2015