Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-10011-43387-de-julio-19-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_a4652af0f47d4115a33c38dd3693510d&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-07 03:03:32
Document Index: 106959908

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 136', 'artículo 2', 'artículo 185', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2007-10011/43387 DE JULIO 19 DE 2018
SENTENCIA 2007-10011 DE 19 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR NO ATENDER LAS AMENAZAS CONTRA UN GRUPO FAMILIA Y NO PRESTARLES LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU PROTECCIÓN. LOS DEMANDANTES PERSIGUEN LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON EL DECESO DE SU FAMILIAR PUES ARGUMENTAN QUE LA POLICÍA OMITIÓ SU DEBER DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS AMENAZAS PADECIDAS POR LOS HOY ACCIONANTES. SEGÚN LA JURISPRUDENCIA, PARA QUE EL ESTADO RESPONDA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ES NECESARIO ESTABLECER QUE LAS AUTORIDADES TENÍAN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO EN QUE SE ENCONTRABA LA VÍCTIMA, PUES TAL CONOCIMIENTO ES EL QUE POSIBILITA Y HACE EXIGIBLE LA ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS AUTORIDADES. ASÍ, SE ESTABLECIÓ QUE EN EL PRESENTE CASO EXISTÍA UNA OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD DEMANDADA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE AMENAZA QUE PESABA SOBRE LA VÍCTIMA Y SU FAMILIA, POR CUANTO ELLO FUE PUESTO EN OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LA POLICÍA. ADEMÁS, A PESAR DE VARIOS REQUERIMIENTOS, LA ENTIDAD NO REMITIÓ A ESTE PROCESO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD REALIZADO A LA MISMA Y SU GRUPO FAMILIAR. SI BIEN LA FISCALÍA DIO APERTURA A UNA INVESTIGACIÓN PENAL CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS ACTUACIONES EXTORSIVAS EN CONTRA DEL GRUPO FAMILIAR, POSTERIORMENTE ARCHIVÓ ESE INVESTIGATIVO AL NO LOGRAR RESULTADO ALGUNO EN LAS PESQUISASSIN EMBARGO, DICHA SITUACIÓN NO ES SUFICIENTE PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A LA DEMANDADA, PUES LAS ACTUACIONES DE LOS DELINCUENTES EXTORSIONISTAS NO FUERON EXCLUSIVAS, Y FUERON FACILITADAS POR LA CONDUCTA OMISIVA DE LA POLICÍA. EN SUMA, EN ATENCIÓN A QUE LA ENTIDAD ACCIONADA CONOCÍA DE LAS AMENAZAS QUE PESABAN SOBRE EL SEÑOR Y SU GRUPO FAMILIAR, NO SÓLO PORQUE LAS MISMAS FUERON INFORMADAS POR PARTE DE LOS AFECTADOS SINO TAMBIÉN DEBIDO AL CONTEXTO CIRCUNSTANCIAL EXISTENTE PREVIO A SU MUERTE, LA OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN QUE LE CORRESPONDÍA NO ERA SOLO AQUELLA GENERAL QUE SURGE DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SINO QUE IMPLICABA UN DEBER ESPECIAL O CUALIFICADO QUE, AL NO SER CUMPLIDO, FACILITÓ LA ACCIÓN DE LOS DELINCUENTES QUE PERPETRARON LOS HECHOS QUE HOY SE LAMENTAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, AMENAZA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL
Sentencia 2007-10011/43387 de julio 19 de 2018
Rad.: 05001-23-31-000-2007-10011-01 (43387)
Actor: Gloria Cecilia Vélez Balbín y Otros
Bogotá D.C., diecinueve de julio de dos mil dieciocho
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 11 de noviembre de 2011, que negó las pretensiones de la demanda.
El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia en atención a que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia(15) por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
La muerte del señor Ramiro Alfonso Molina Balvín ocurrió el 8 de noviembre de 2005, según consta en la copia de su registro civil de defunción(16), y se observa que la demanda fue interpuesta el 19 de diciembre de 2006(17), esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.
3.1. La legitimación en la causa de los demandantes
En el presente asunto se tiene que María Clarisa Balvín Agudelo, Ricardo Alberto Molina Vélez, Claudia Marcela Molina Vélez, Ramiro Adolfo Molina Vallejo, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Esteban Molina Rojas; Gloria Patricia Molina Vallejo, Martha Dolly Molina Balbín(18), Aura Elena Molina Balbín, Jader Orlando Molina Balbín y Beatriz Amparo Molina Balvín fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En cuanto a la legitimación material, la Sala estima que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentran legitimados para actuar, en su calidad de madre, hijos, hermanos y nieto del señor Ramiro Alfonso Molina Balbín, respectivamente y para acreditar su condición allegaron la copia auténtica de los registros civiles de nacimiento(19).
Gloria Cecilia Vélez Balbín(20) se presentó como la compañera permanente de la víctima y, al respecto, la Corte Constitucional(21) ha sostenido reiteradamente que la calidad de compañero permanente no se encuentra sujeta a formalismos, sino que basta con la intención, singularidad y compromiso de una persona para constituir una comunidad de vida permanente.
Lo anterior significa que, en efecto, no puede considerarse un imperativo normativo para demostrar la existencia de la unión marital de hecho la exigencia de la prueba de los dos años de convivencia presente en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, toda vez que esa interpretación restrictiva y literal vulneraría los preceptos constitucionales y legales vigentes que garantizan igualdad de condiciones para todos los miembros de la familia.
Como consecuencia de lo dicho, la Sala considera que, en este caso, la calidad de compañera permanente de la señora Gloria Cecilia Vélez Balbín se encuentra acreditada con los testimonios de los señores Orlando Piedrahíta Osorio, Ovidio de Jesús Pérez Balvín y William Echeverry Rengifo, entre otros(22), medio probatorio válido para demostrar la convivencia con el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín por más de 20 años y con quien tuvo dos hijos.
3.2. Legitimación en la causa de la entidad demandada.
Por su parte, a la Nación - Policía Nacional se le ha endilgado responsabilidad por la muerte del señor Ramiro Alfonso Molina Balvín. En ese sentido, se observa que respecto de la entidad se ha efectuado una imputación fáctica y jurídica concreta y por tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo de la controversia(23).
La parte demandante solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, por cuanto la entidad demandada contaba con suficiente información para establecer la veracidad de las amenazas dirigidas en contra de los demandantes; sin embargo, omitió prestar el esquema de seguridad requerido.
Sostuvo que el Tribunal desconoció el actuar específico del frente 34 de las Farc y el riesgo que representaba la colaboración de la víctima directa del daño para la captura de los agentes de la Policía Nacional involucrados en su secuestro.
Asimismo, insistió en que el informe de seguridad que le sirvió a la entidad demandada para negarse a prestarle seguridad no fue acertado y prueba de ello fue la muerte del señor Molina Balvín, a pesar de que se acreditó que esta era previsible y evitable por parte de las autoridades.
La parte demandante argumentó que se probó la responsabilidad de la Policía Nacional, en tanto se demostró que la muerte del señor Ramiro Alfonso Molina Balvín ocurrió como consecuencia de la omisión de la entidad accionada. De ahí que resulte necesario que la Sala verifique los hechos probados, como lo hace a continuación.
A través del oficio del 27 de enero de 2005, quedó probado que el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, en ejercicio del derecho de petición, solicitó protección al comandante de la Policía Metropolitana de Medellín por las amenazas que él y su familia venían recibiendo(24).
Además, de los hechos narrados en la petición realizada y de la investigación penal con radicado 610406, allegada al proceso, se acreditó que, el 11 de diciembre de 2002, el señor Molina Balvín fue secuestrado por varios hombres que más tarde serían identificados como integrantes de la Policía Nacional, quienes capturaban a sus víctimas para venderlas a miembros del frente 34 de las Farc.
Igualmente, con el oficio dirigido al Comandante de la Policía Nacional y la investigación penal adelantada, se probó que durante el tiempo que su compañera permanente estuvo secuestrada, porque fue intercambiada con él, con el fin de que pudiera conseguir el dinero que solicitaban para su liberación, contaron con seguridad a través de agentes del GAULA; sin embargo, una vez liberada, es decir, a partir del 12 de diciembre de 2003, les fue retirada la escolta, quedando bajo su responsabilidad la contratación de servicios privados de seguridad.
Adicionalmente, con dicho oficio y con los testimonios obrantes en el proceso(25) quedó probado que, a pesar de tener escolta privado y de contar son su propia arma de defensa personal, el señor Molina Balvín sufrió varios “hostigamientos” por parte de miembros de la Policía Nacional, quienes lo abordaban mientras circulaba por la ciudad de Medellín, ante lo cual solicitaba su plena identificación o que realizaran el procedimiento de requisa en lugares y horarios en los que pudiera tener certeza de que no se trataba de un nuevo secuestro; sin embargo, los agentes se negaban dejándolos a su familia y a él ante la incertidumbre de un nuevo acto delincuencial.
Por lo anterior, solicitó que se le concediera nuevamente un escolta personal para él y su familia; además, porque, por su actividad comercial, continuaba siendo objetivo, no solo de delincuencia común, sino de grupos guerrilleros, especialmente las Farc y de algunos individuos que fueron miembros activos de la Policía Nacional que estuvieron involucrados en su secuestro.
Mediante oficio 0219, del 10 de febrero de 2005, quedó probado que el entonces Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá negó la solicitud de protección con escoltas, al calificar su estado de riesgo como medio bajo, con base en las siguientes consideraciones (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“(…) No obstante lo anterior este Comando, procede de nuevo a estudiar su petición y en consideración al concepto actual emitido por el Comandante del GAULA Regional Medellín y el Jefe Seccional de Inteligencia, basados en un estudio de seguridad de su situación particular, se considera que los resultados arrojados a los estudios de seguridad, determinaron que las condiciones de seguridad que se requieres a inmediatez, se circunscriben a reglas de autoprotección, por cuanto el nivel de riesgo fue calificado como Medio-Bajo.
“Lo anterior determina que actualmente no se requiere la asignación permanente del personal adscrito a la policía, no solo por la calificación propia de su situación, sino porque hacerlo, implicaría una ruptura del principio de imparcialidad que regula la prestación del servicio de vigilancia y protección a todos los administrados, sin ningún rango de discriminación.
“(…) Con relación a su petición respecto de otorgársele ‘autorización suscrita por el comando de la policía que se me permita circular en mi vehículo particular sin ser objeto de retenciones o requisas en lugares que no sean sedes oficiales de organismos de seguridad’, me permito manifestarle que con fundamento en el mismo principio de igualdad, no es dable a este Comandante exonerarlo del deber legal de cooperar con las autoridades, bajo las mismas condiciones de todos los habitantes de Colombia (…).
“No obstante todo lo anterior, le manifiesto que estaremos dispuestos a prestarle nuestros servicio en todo aquello que nuestra competencia nos permita, para lo cual se recomienda seguir las instrucciones impartidas por el GAULA y la Seccional de Inteligencia y mantenernos informados de todas aquellas situaciones que en su entender puedan generar riesgos de seguridad, llamando al 123, estando en contacto permanente con el Comandante de la estación de policía del Poblado o de cualquier orea estación de policía”(26).
Con la comunicación radicada por el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, el 22 de febrero de 2005, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, quedó probado que solicitó una certificación en relación con el proceso penal que se estaba adelantando en ese Despacho con motivo del secuestro, con el fin de que le sirviera para acreditar su situación de riesgo y solicitar protección a las autoridades. En el mismo sentido se dirigió ante el comandante del GAULA, Regional Medellín(27).
Igualmente, se encuentra probado que el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, la señora Gloria Cecilia Vélez Balbín y su hijo Ricardo Alberto Molina Vélez intervinieron como testigos dentro de la investigación penal(28) adelantada contra miembros activos de la Policía Nacional, sindicados del delito de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en la que figuró como víctima el señor Molina Balvín y su compañera Gloria Cecilia Vélez Balbín.
Así se desprende del informe rendido por el jefe de la Sección Antisecuestro Regional GAULA(29), del 30 de enero de 2003, y de las copias auténticas de todo el proceso penal, prueba trasladada solicitada por la parte demandante y a la cual se adhirió la Policía Nacional en la contestación de la demanda, sin que ninguna de las partes haya objetado su contenido, de modo que cuentan con plena validez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la jurisprudencia de la Sección, en especial de la sentencia condenatoria en primera instancia, del 1 de septiembre de 2006, confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, en la que se indicó la participación de los hoy demandantes, así (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“4.10. Se escucha a la señora Gloria Cecilia Vélez Balbín, esposa de la víctima Ramiro Alfonso, indica su cónyuge venía siendo amenazado, advirtiéndole ‘que lo estaban vigilando y que le dijera que le iban a hacer a él y al hijo de todo’. Indica que en la noche anterior, once de diciembre de 2002, cuando su esposo se trasladaba con su hijo Ricardo Alberto, por la avenida el Poblado de esta ciudad, fueron interceptados por cuatro hombres vestidos de policía, en dos motos, obligando a su esposo a beber algo, luego lo introdujeron en una camioneta y a su hijo en el baúl del carro de su propiedad, saliendo de allí raudos, más adelante `transbordaron a Ramiro, mi esposo a otro carro, según mi hijo, parecía más grande por el sonido que hacía’.
“(…) Depone Ricardo Alberto Molina Vélez, indica que frente al hotel Dann Carlton, de esta ciudad, fueron interceptados por cuatro hombres vestidos de policías, quienes se movilizaban en dos motos de la misma institución, también por una camioneta chevrolet luv, ocupada por cinco sujetos de civil (…). En reconocimiento en álbum fotográfico señala a José Álvaro Asprilla Cuesta como uno de los uniformados que participó en el secuestro de su padre (fls. 232 a 234, cdno. 4). En fila de personas señala a Juan Carlos Cárdenas Muñoz, pero aclara, una vez da el paso al frente que ‘se me parece pero no es el’. No reconoce a Jiber Alonso Benítez Castro.
“Después de liberado su padres, en julio 14 de 2003, indica que la persona que había señalado fue quien ‘se montó adelante no como conductor sino como copiloto’, debido a ‘tanta pregunta de que si estaba seguro, fue que dije seguro no estaba pero sí era él’, lo asustaron ‘pero él sí era uno de los que participó’ (fl. 28 y 29, cdno. 9). En nueva diligencia reconoce en fila de personas a José Álvaro Asprilla Cuesta, como uno de los policías que participaron en la retención de su padre.
“(…) Declara el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, señala haber sido interceptado por cuatro policías adelante del parque del Poblado, el 11 de diciembre, promediando las once de la noche, quienes se hacían acompañar de una camioneta en cuyo interior iban cinco o seis sujetos, de inmediato lo esposaron, le arrebataron sus pertenencias personales y le hicieron ingerir ‘cinogan’, lo que le produjo sueño, despertando hora y media después (…)”(30).
En relación con la importancia de la participación de los demandantes en la investigación adelantada en contra de miembros de la Policía Nacional, como supuestos autores del secuestro del que fueron víctimas, esta quedó probada con las referencias realizadas por el juzgado en los siguientes términos (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“El aspecto objetivo de los injustos no ofrece mayores problemas ni ha sido discutido el secuestro extorsivo, mostrando su disenso, únicamente, con relación a la configuración jurídica del concierto para delinquir, pues, a este respecto debe decir el juzgador que al protocolo penal, en aras demostrar el aspecto fáctico u objetivo de las infracciones, fueron arrimadas las probanzas que se relacionan en el acápite pertinente.
“Recibe completo soporte en las diferentes denuncias instauradas, tanto por la esposa e hijo de la víctima, como por el propio señor Ramiro Alfonso Molina Balvín (q.e.p.d.), quien debió padecer la privación violenta de su libertad desde el once de diciembre de 2002 hasta el veintiocho de febrero del año siguiente, igual quienes cumplieron los mandatos del grupo de plagiarios en la entrega de los trescientos millones (…).
“(…) Reiteramos, para este despacho la narración vertida por el perjudicado, es honrada y refleja lo que sabe acerca del acontecer criminal de los aquí procesados, pues tuvo su origen en una base objetiva atendiendo que fue quien ya había sido amenazado de secuestro, por ello asesorado en debida forma se cuidara, así permanecía alerta. Es verídica en cuanto dijo y narró el hecho principal como realmente aconteció y quienes sus partícipes, lo que a su vez es uniforme y fundado en varios medios de prueba legal y oportunamente allegados”(31).
De ahí que se acreditó que el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, Gloria Cecilia Vélez Balbín y Ricardo Alberto Molina Vélez intervinieron como testigos en un proceso penal que se adelantó por el delito de secuestro extorsivo agravado, en el cual rindieron declaraciones que comprometían la responsabilidad de los procesados, entre ellos, miembros de la Policía Nacional y del Frente 34 de las Farc y que, por esa razón, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que fueron objeto de amenazas contra sus vidas.
En efecto, quedó probado que, el 4 de febrero de 2005, la Fiscalía 64 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín inició averiguaciones por la denuncia penal presentada por el señor Molina Balvín, en la que, luego de narrar la forma en la que él y su compañera resultaron secuestrados, manifestó (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“Hasta que fue liberada Gloria Cecilia, estuvimos con servicio de escolta por parte del GAULA de la Policía Nacional, servicio que nos fue retirado una vez producido ese hecho. A partir de esa fecha, he tenido que recurrir al servicio particular de escoltas, pues he venido recibiendo una serie de llamadas de personas desconocidas preguntando por mis hijos y en las que, además, se identifican como milicianos.
“En estas llamadas los milicianos han hecho referencia al hecho de que mi filiación política (partido conservador) y la de mi esposa e hijos, aduciendo que estos han participado en proselitismo político y brigadas de salud a favor de este partido político tradicional, el cual ha defendido y propiciado la burguesía y el imperialismo, tal y como lo manifiestan en estas llamadas.
“En estos momentos estoy solicitando el servicio de escoltas nuevamente la comandante de la Policía metropolitana del Valle del Aburrá, pues he tenido la necesidad, ante el apremio de las amenazas, de sacar a mi hijo Ricardo del país e, igualmente, tendré que hacerlo con mi hija Claudia marcela, pues la intensidad de las amenazas es mucha.
“Por supuesto, no sabemos con exactitud quiénes son las personas que vienen profiriendo las amenazas en cuestión, puesto que, adicionalmente, informo a la Fiscalía que varios de los agentes arriba enumerados fueron liberados por la propia Fiscalía y no se puede descartar que ellos puedan estar participando de estos hechos”(32).
Dicha denuncia fue ratificada por el señor Molina Balvín, el 1 de febrero de 2005, en esa oportunidad agregó:
“De pronto yo específicamente no hice mención de lo que me dijo un señor que se llama Ancízar Cañola que es del municipio de Urrao, quien me transmitió un mensaje que me enviaron los guerrilleros del Frente 34 de las Farc, en el cual decía que no me olvidara que yo tenía un compromiso con ellos y en mi mente no tengo ningún acuerdo ni ninguna cosa diferente a lo que ya sucedió, entonces me preocupa seriamente que de pronto se esté urdiendo algún plan para secuestrarme o matarme o secuestrar a algún miembro de mi familia (…) también quiero resaltar que los temores porque Ricardo mi hijo reconoció a los policías que intervinieron en el secuestro mío, varios de los cuales se encuentran en libertad”(33).
Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación inició la investigación pertinente; sin embargo, luego de recibir el informe de Policía Judicial del 10 de noviembre de 2005, en el que se indicaron las labores realizadas, se advirtió de la muerte del señor Molina Balvín; además, ante la imposibilidad de determinar el origen de las amenazas, decidió, el 14 de febrero de 2007, proferir resolución inhibitoria por el homicidio del señor Ramiro Alfonso Molina Balvín(34).
Finalmente, a través de la prueba de oficio ordenada por esta Corporación en segunda instancia, quedó acreditado que, a pesar de que la víctima directa del daño solicitó protección especial y que hubo una respuesta por parte del Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicándole que el resultado de su estudio de seguridad era medio - bajo, con las respuestas otorgadas por la entidad, quedó acreditado que el estudio en mención no se realizó, así lo indicaron:
El Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional respondió (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“De manera atenta me permito informar que fue allegado el documento (…), a través del cual solicita dar cumplimiento al proveídos de fecha (…), por medio del cual el Despacho dentro del proceso de la referencia dispuso aportar copia del estudio de seguridad que se le realizó al señor Ramiro Alfonso Balvín, como consecuencia de la solicitud de protección elevada por este el 27 de enero de 2005.
“En tal virtud, por medio del documento electrónico S-2018-012452-DIPRO se requirió a la Jefatura del Grupo de Gestión Documental información frente al particular, quienes con oficio S2018-012455-DIPRO del 4 de mayo de 2018 manifestaron que ‘…una vez revisados los acervos documentales y la base de datos del Archivo Central de nuestra Dirección, no se encontró ningún antecedente con relación al estudio de seguridad del señor Ramiro Alfonso Balvín’”(35)(Resaltado de la Sala).
El Director de Inteligencia de la Policía Nacional, en relación con esta solicitud, indicó:
“(…) para la fecha d elaboración del estudio de nivel de riesgo señalado, al interior de la Institución Policial se encontraban fijadas una serie de disposiciones que determinaban ese procedimiento, entre ellas la Directiva Permanente 37 del 11 de noviembre de 2003 y Directiva Permanente 26 de 24 de noviembre de 2004, a través de las cuales se señala la conformación del Comité Técnico de Evaluación del Nivel de Riesgo y Grado de Amenaza, el cual para la época en las Metropolitanas y Departamento de Policía estaba precedido de las siguientes dependencias, así:
“Subcomandante Operativo.
“Subcomandante Administrativo.
“Jefe Seccional de Inteligencia.
“Jefe de la Sección de Policía Judicial.
“Jefe de Servicios Especializados y V a partir la directiva 001 de 2012.
“Es así, que entre las funciones establecidas por dicho comité se encontraba la de ‘3. Avalar los estudios de nivel de riesgo y grado de amenaza y los estudios técnicos de seguridad de instalaciones realizadas por la DIPOL, DIRSE, SIPOL y DAS…’.
“En consecuencia, la determinación del nivel de riesgo se encontraba en cabeza del mencionado comité, el cual a pesar de estar representado por el —para la época— Subcomandante operativo de la Metropolitana de Policía, de acuerdo a las disposiciones institucionales antes señaladas permanecía bajo la responsabilidad del Comandante de la Unidad Policial, y por esas razones, el oficio señalado al interior del acervo documental presentado en el proceso, esto es el oficio 0219 de 2005, se encuentra suscrito por el señor Brigadier General Rubén Carrillo Vanegas, Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para la época”(36).
Si bien en esta respuesta se hace referencia a que el oficio en el cual se le contestó la petición al señor Molina Balvín fue suscrito por quien tenía las facultades para ello, lo cierto es que en aquella oportunidad se hizo énfasis en el “concepto actual emitido por el Comandante del GAULA Regional Medellín y el Jefe Seccional de Inteligencia, basados en un estudio de seguridad de su situación particular”, que arrojó como resultado un nivel de riesgo medio-bajo y por el cual le negaron las medidas de protección; sin embargo, ese concepto y el estudio de seguridad no existen, de conformidad con las respuestas otorgadas por la entidad a través de sus distintas Direcciones.
Se encuentra acreditada, a través de la copia del registro civil de defunción, la muerte del señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, el 17 de noviembre de 2005(37), lo que, de conformidad con las circunstancias alegadas en la demanda puede considerarse un daño antijurídico, cuya imputación será analizada a continuación.
7. La responsabilidad del Estado por falla en el servicio de protección y vigilancia.
A la entidad demandada se le endilga una supuesta falla en el cumplimiento de su deber de protección a un ciudadano; sobre el particular, debe precisarse que la obligación de protección y vigilancia a cargo del Estado tiene su principal fundamento en el artículo 2º de la Constitución Política, según el cual “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.
En tal virtud, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, ya porque el afectado solicitó medidas de protección o porque sus circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad(38).
La jurisprudencia de esta Sección ha precisado que la solicitud de protección constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, como también la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado(39), pues se genera para este una posición de garante en relación con la integridad del ciudadano(40).
La misma jurisprudencia ha sido reiterada hasta la actualidad, siendo una postura consolidada aquella según la cual la Administración responderá patrimonialmente a título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos: “i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”(41).
Aplicados dichos criterios al caso concreto, se aprecia que se persigue la indemnización de los perjuicios causados con el deceso de Ramiro Alfonso Molina Balvín y, para esos efectos, se asevera que la Policía Nacional omitió su deber de protección frente a las amenazas padecidas por los hoy accionantes; señalamientos todos ellos que son susceptibles de ser analizados bajo el régimen de falla del servicio.
Respecto del deber de seguridad, esta Subsección ha sostenido:
“… [L]a posición actual jurisprudencial sostiene que no es necesario el requerimiento formal de la víctima para exigir de las autoridades la tutela a su derecho de protección, sí ha sido un elemento constante en dichos precedentes, el necesario conocimiento que tengan las autoridades de las amenazas o de la situación de riesgo en que se encuentra la víctima, pues es lógico, que tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades.
“(…) Así pues, si bien la regla general es que quien ve amenazado o vulnerado su derecho debe demandar la protección de las autoridades respectivas, quienes entonces estarán en la obligación de adoptar las medidas que correspondan con el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima, no obstante, las autoridades que por algún medio obtienen conocimiento o infieren una situación de riesgo inminente, están en la obligación de ejecutar el deber positivo de protección y seguridad a que tienen derecho los habitantes del territorio.
“(…) De manera, que siempre que las autoridades tengan conocimiento de una situación de riesgo o peligro, o de amenazas en contra de un administrado, ya sea porque este ostente una condición especial o no, las autoridades están en el deber de evaluar el nivel de riesgo y desplegar la actuación que proporcionalmente corresponda, so pena de incurrir en una falla del servicio, afirmando la posibilidad de que la misma se consolide no sólo por el incumplimiento u omisión de las autoridades, sino que también, habrá lugar a ella cuando no se observen los deberes positivos a los que debió sujetarse en su actuar, sin importar que el daño haya provenido de un tercero o que la víctima no haya requerido formalmente la protección de la administración, a menos que se demuestre que el hecho del tercero fue de tal entidad que desbordo el proceder adecuado, diligente y oportuno de la administración, carga que en todo caso se radica en cabeza de la demandada(42) …”(43) (se destaca).
Según la jurisprudencia transcrita, para que el Estado responda por el incumplimiento de la obligación de protección y seguridad, es necesario establecer que las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades”.
En ese pronunciamiento además se precisó que el conocimiento de la situación de riesgo o amenaza puede tenerse porque existe requerimiento previo de la víctima o porque la autoridad, por cualquier otro medio, conoce o infiere la situación de amenaza o riesgo por la que atraviesa determinada persona o bien.
Para verificar la presencia de una falla del servicio en el caso concreto, estima pertinente la Sala estudiar la existencia de alguna obligación de protección a cargo de la entidad demandada con respecto al señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, pues, tal como pasa a exponerse, en el plenario existen pruebas de que la Administración conocía de las amenazas que pesaban sobre el señor Molina Balvín y su familia y este requirió expresamente la protección por parte de las autoridades competentes, lo que implica que se habría incurrido en una omisión al no haberse desplegado las acciones pertinentes para evitar la materialización de las intimidaciones denunciadas en múltiples oportunidades.
Especialmente en el contexto del caso, en el que era conocido el riesgo que pesaba sobre el grupo familiar, que ya había sido víctima del secuestro de dos de sus miembros por parte de agentes de la Policía Nacional, que los entregaron al Frente 34 de las Farc, como quedó acreditado en el proceso penal adelantado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín(44) y a los cuales vincularon al proceso penal en virtud del reconocimiento en fila de personas y las declaraciones rendidas por el señor Ricardo Alberto Molina Vélez, la señora Gloria Cecilia Vélez Balbín y la víctima directa.
Además, los testimonios rendidos dentro de este proceso por amigos y allegados del grupo familiar dan cuenta de las amenazas recibidas y del temor que estos sentían, ejemplo de ello es el testimonio del señor Ovidio de Jesús Pérez Balvín, quien indicó (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“Yo me enteré porque yo me mantenía con él, y yo estuve personalmente con él en la Fiscalía tramitando unos documentos ese día, él me dijo que a él y la familia los habían amenazado de muerte ese día y como a los quince días fue que lo mataron. (…) tanto que yo le insinué que se fuera para Estados Unidos un tiempo y que yo me quedaba administrando los carros para que no corriera peligro. Lo de la Fiscalía yo fui personalmente con él y dejamos unos papeles allá en la Fiscalía, los papeles se los dejamos a la secretaria, en sí no sé de qué se trataban los papeles. Lo que pasa es que la escolta particular que él tenía, (…) ya se había ido para Estados Unidos el 22 de septiembre de 2005 y a él lo mataron el 5 de noviembre, en ese tiempo estaba solo y yo andaba frecuentemente con él cuando no tenía nada que hacer (…)”(45).
En relación con este punto, en el proceso se demostró que, una vez recibidas nuevamente las amenazas, el señor Molina Balvín puso la situación en conocimiento de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín, entidades que acusaron el recibo de la noticia; sin embargo, solo se acreditó que la Policía Nacional formuló algunas recomendaciones de autoprotección en la respuesta otorgada por escrito, en la que le informaron que él y su grupo familiar, luego del estudio de seguridad realizado, estaban en un nivel de riesgo medio - bajo.
Sin embargo, dicho estudio de seguridad nunca se efectuó, como se puede inferir de las respuestas emitidas por las diferentes Direcciones del Ministerio de Defensa(46), las cuales indicaron que “no se encontró ningún antecedente con relación al estudio de seguridad del señor Ramiro Alfonso Balvín”, dejando sin soporte el oficio a través del cual la entidad le negó las medidas de protección al señor Molina Balvín y poniendo al descubierto que esa respuesta careció de un verdadero estudio de las condiciones de seguridad que realmente necesitaba la víctima del daño.
Además, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal en contra de miembros de la Policía Nacional, todo lo cual indica que la entidad estaba plenamente enterada de la situación de riesgo que pesaba sobre el denunciante y su familia, de tal manera que era obligación de la demandada en el presente proceso de reparación directa tener en especial consideración las amenazas cuya existencia denunció la víctima.
Al respecto, esta Corporación, en un caso similar, ha dicho que es posible imputar responsabilidad a la Administración cuando se demuestre que hubo un conocimiento previo sobre amenazas particulares que pesaban sobre las personas que denunciaron esos hechos y que se encontraban en condiciones especiales y, pese ello, no se llevaron a cabo las medidas de protección suficientes para preservar a las víctimas. En los términos expuestos esta Corporación indicó:
“Al respecto, es pertinente recordar que la Sala ha establecido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado…; (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y estas no se las brindaron…, (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida… y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, el atentado era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones correspondientes (…).
“Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado… y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio (…)”(47).
En los anteriores términos, la Sala estima que en el presente caso existía una obligación de protección a cargo de la entidad demandada debido a la situación de amenaza que pesaba sobre el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín y su familia, por cuanto ello fue puesto en oportuno conocimiento de la Policía Nacional.
Además, la Sala resalta que la entidad, a pesar de varios requerimientos, no remitió a este proceso el estudio de seguridad realizado al señor Molina Balvín y su grupo familiar; por el contrario, la respuesta inicial del GAULA se limitó a indicar que: “no se encontró ninguna solicitud de protección para el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín y su familia (…) no se encontró estudio de seguridad practicado a la familia del señor (…) esta unidad desconoce las razones por las cuales se le retiró el servicio de escolta al señor (…)”(48).
Si bien la Fiscalía General de la Nación dio apertura a una investigación penal con el objetivo de identificar a las personas responsables de las actuaciones extorsivas en contra del grupo familiar, posteriormente archivó ese investigativo al no lograr resultado alguno en las pesquisas; sin embargo, dicha situación no es suficiente para eximir de responsabilidad a la demandada, pues las actuaciones de los delincuentes extorsionistas no fueron exclusivas, y fueron facilitadas por la conducta omisiva de la Policía Nacional(49).
En suma, en atención a que la entidad accionada conocía de las amenazas que pesaban sobre el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín y su grupo familiar, no sólo porque las mismas fueron informadas por parte de los afectados sino también debido al contexto circunstancial existente previo a su muerte, la obligación de protección que le correspondía no era solo aquella general que surge del inciso segundo del artículo 2º de la Constitución Política(50), sino que implicaba un deber especial o cualificado que, al no ser cumplido, facilitó la acción de los delincuentes que perpetraron los hechos que hoy se lamentan.
De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala observa que en el presente caso hay lugar a proferir una sentencia condenatoria en contra de la entidad demandada, lo que implica que se revoque la Sentencia apelada, esto es, la proferida el 11 de noviembre de 2011, por el Tribunal Administrativo de Antioquia para, en su lugar, emitir un fallo parcialmente favorable a las pretensiones de los demandantes, de conformidad a las indemnizaciones que pasan a determinarse en los puntos subsiguientes.
9. Los perjuicios reclamados.
Por concepto de perjuicios materiales, a título de lucro cesante, los demandantes solicitaron la suma de $671’599.000 para Gloria Cecilia Vélez Balbín, Ricardo Alberto Molina Vélez y Claudia Marcela Molina Vélez. Por concepto de lo que denominaron “daño a la vida de relación”, la suma equivalente a 600 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.
Igualmente, por perjuicios morales, solicitaron el equivalente a 600 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.
La Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, mediante Sentencia de 28 de agosto de 2014(51), sintetizó el concepto de daño moral en aquel que se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y, en general, los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, entre otros, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.
Para la reparación del daño moral en caso de muerte, también la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación ha diseñado cinco niveles(52) de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN EL CASO DE MUERTE
Regla general en el caso de muerte Relaciones afectivas conyugales y paterno filiales Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil Relaciones afectivas no familiares – terceros damnificados
Como consecuencia, se reconocerán las siguientes cantidades a los accionantes, toda vez que acreditaron su relación de parentesco con el señor Ramiro Alfonso Molina Balvín, como se vio en el acápite de la legitimación en la causa por activa:
Demandante Monto a Indemnizar
Gloria Cecilia Vélez Balbín (compañera permanente) 100 smlmv
María Clarisa Balvín Agudelo (madre) 100 smlmv
Ricardo Alberto Molina Vélez (hijo) 100 smlmv
Claudia Marcela Molina Vélez (hija) 100 smlmv
Ramiro Adolfo Molina Vallejo (hijo) 100 smlmv
Juan Esteban Molina Rojas (nieto) 50 smlmv
Gloria Patricia Molina Vallejo (hija) 100 smlmv
Martha Dolly Molina Balbín (hermana) 50 smlmv
Aura Elena Molina Balbin (hermana) 50 smlmv
Jader Orlando Molina Balbín (hermano) 50 smlmv
Beatriz Amparo Molina Balbín (hermana) 50 smlmv
9.2. Afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
Sea lo primero manifestar que la jurisprudencia de esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de las tipologías de perjuicio inmaterial denominadas perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación y a la alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud(53) (cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados(54), estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.
Así pues, no resulta procedente la reparación solicitada en favor de los hermanos y el nieto de la víctima, de conformidad con la jurisprudencia citada. Ahora, revisado el expediente, las afirmaciones realizadas en los testimonios recibidos dentro del proceso contencioso administrativo no son suficientes para acreditar este perjuicio en favor de la compañera permanente, la madre y los hijos de la víctima directa, por cuanto algunos se limitan a indicar que sufrieron mucho o hacen referencia a dificultades económicas, sin embargo, esto no es suficiente para acreditar el perjuicio reclamado. Así los indicaron los testigos en sus testimonios:
La señora Isabel Cristina Giraldo Oviedo, en relación con los perjuicios padecidos por los demandantes indicó (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“Pregunta: Manifieste si sabe y le consta, qué perjuicio moral, material se le causó al grupo de demandantes por la muerte del señor Ramiro Alfonso Molina. Contestó: La familia, Aura Elena, la mamá de don Ramio mucho perjuicio. Aura Elena trabajaba con él, y por eso se vio afectada la parte económica, la repartición de bienes, tuvieron que vender bienes, en la parte moral pues todos, cada uno cogió su rumbo, el grupo familiar se desintegró, después de la muerte estaban nerviosos, quedaron mal, no sabían si eran represalias de la policía”(55).
El señor William Echeverry Rengifo se refirió a los perjuicios padecidos por la familia en los siguientes términos (se trascribe de forma literal, incluidos los errores si los hay):
“Pregunta: Manifieste al Despacho, si lo sabe, cómo se afectó con la muerte del señor Ramiro Alfonso Molina, el hogar de la señora Gloria Cecilia Vélez y los hijos. Contestó: Obviamente aparte de la tristeza, sin saber qué hacer ante esa situación, la parte económica, se vio muy afectada porque no había mucho control sobre las cosas que tenía don Ramiro, se perdieron muchas cosas así. (…) Pregunta: Manifieste al Despacho de qué manera se afectó el diario transcurrir del grupo familiar demandante, con la muerte del señor Ramiro Alfonso Molina. Contestó: Se empezó a vivir mucha incertidumbre, mucha zozobra porque desafortunadamente algunos se tuvieron que ir de la ciudad por múltiples factores y desestabilizados moralmente y económicamente”(56).
Sin embargo, en el proceso no se acreditó cuáles de los demandantes abandonaron el país y los motivos para ello, por tanto, la Sala negará el perjuicio reclamado.
En la demanda, por concepto de lucro cesante, se solicitó la suma de $671’599.000 para Gloria Cecilia Vélez Balbín, Ricardo Alberto Molina Vélez y Claudia Marcela Molina Vélez, causados por la ausencia de la ayuda económica para su compañera permanente y para el estudio de sus hijos.
Ahora bien, revisado el material probatorio obrante, la Sala advierte que de los hechos narrados en la demanda y de los testimonios recibidos dentro de este contencioso, se probó que el señor Molina Balvín era propietario de un parqueadero y, junto con su compañera, administraba buses urbanos(57); sin embargo, no se acreditó que, con posterioridad a la muerte del señor Molina Balvín, el parqueadero o los buses, de los que derivaba el sustento de la familia, hubieran dejado de generar ingresos, motivo por el cual no se accederá al reconocimiento pretendido.
10. Decisión sobre costas.
1. REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la Sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 11 de noviembre de 2011.
2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte del señor Ramiro Alfonso Molina Balvín.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:
5. Sin lugar a costas.
15. La cuantía del proceso supera la exigida en vigencia de la Ley 446 de 1998, para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia, pues, por concepto de perjuicios morales se solicitó el equivalente a 600 smlmv para cada uno de los demandantes.
16. Fl. 31 cuaderno principal.
17. Fl. 121 cuaderno principal.
18. De conformidad con su registro civil de nacimiento obrante a folio 38 del cuaderno principal; sin embargo, para efectos del poder otorgado figura como Martha Dolly Molina de Manrique.
19. Fls. 31 a 43 cuaderno principal.
20. De acuerdo con el poder otorgado obrante a folio 1 del cuaderno principal, su segundo apellido es Balbín.
21. Corte Constitucional. Sentencia T-151 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
22. Folios 343 a 364 cuaderno principal en los que la señora Isabel Cristina Giraldo Oviedo indicó: “Preguntado: Manifieste al Despacho para la fecha de la muerte del señor Ramiro Molina con quién convivía. Contestó: Con doña Gloria Vélez que era como la esposa y con los hijos, (…)”. En el mismo sentido respondió el señor William Echeverry Rengifo: “Contestó: Con Gloria Cecilia Vélez y los hijos”.
23. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de septiembre de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), CP: Enrique Gil Botero.
24. Fls. 44 a 49 cuaderno principal.
25. Fls. 343 a 353 del cuaderno principal.
26. Fls. 54 a 56 cuaderno principal.
27. Fls. 57 a 60 cuaderno principal.
28. A folios 22 a 29 del cuaderno 11, folios 54 a 60 del cuaderno 1 aparecen las declaraciones juradas de los señores Ramiro Alfonso Molina Balvín y Ricardo Alberto Molina Vélez.
29. Fls. 237 a 256 cuaderno principal.
30. Fls. 123 a 182 cdno. 27.
31. Fls. 123 a 182 cdno. 27.
32. Fls. 223 y 224 cdno. 1.
33. Fl. 225 cdno. 1.
34. Fls. 368 a 380 cdno. 1.
35. Fl. 562 del cuaderno del Consejo de Estado.
36. Fls. 568 y 569 del cuaderno del Consejo de Estado.
37. Fl. 31 cuaderno principal.
38. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de noviembre de 1991, Exp. 6296, CP: Daniel Suárez Hernández.
39. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 27 de marzo de 2008, Exp. 16.234, CP: Ramiro Saavedra Becerra: “Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado”.
40. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16.894, CP: Enrique Gil Botero: “2.5. En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor Herrera García comunicó el peligro que corría como resultado de las múltiples intimidaciones que se presentaban en su contra, principalmente, vía telefónica, motivo por el cual, se puede señalar que aquella asumió posición de garante frente a la integridad del ciudadano”.
41. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 13 de mayo de 2014, Exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01(23128), CP: Mauricio Fajardo Gómez.
42. Original de la cita: “En el mismo sentido ver Sentencia del Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sentencias de 22 de enero de 2014, Exp. 27644”.
43. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 7 de octubre de 2015. Exp. 35.544.
44. En el proceso penal adelantado por el citado juzgado quedó probado que dos agentes de la Policía Nacional fueron los encargados de participar en el retén en el cual fue capturado el señor Molina Balvín en compañía de su hijo, para ser posteriormente entregado a miembros del frente 34 de las FARC para exigir dinero por su liberación.
45. Fls. 350 a 353 cuaderno principal.
46. Dirección de Protección y Servicios Especiales, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y Grupo de Gestión Documental.
47. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, Sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación 46440ª, en igual sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “B”—, Sentencia del 29 de mayo de 2014, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación 30377.
48. Fl. 412 cuaderno principal.
49. Tal como lo ha decidido la Sala en casos similares al de autos. Consultar al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección “A”—, Sentencia del 6 de julio de 2017, radicado 42104.
50. Constitución Política, artículo 2º, segundo inciso: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
51. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia de 28 de agosto de 2014, No. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
53. “(…) se recuerda que, desde las Sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (Se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y Exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.
54. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
55. Fl. 346 del cuaderno principal.
56. Fl. 349 del cuaderno principal.
57. Así se desprende de los testimonios rendidos por el señor Alberto de Jesús Molina Jiménez a folios 215 a 219 cuaderno principal; de Beatriz Elena Hoyos de Piedrahita a folios 220 a 224.