Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00371-de-mayo-9-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dc4bae094b3a0064e0430a0101510064&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 00:14:13
Document Index: 385392249

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 14', 'artículo 279', 'artículo 279', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 174', 'artículo 174']

SENTENCIA 2011-00371 DE 09 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:LOS OFICIALES DE LA FUERZA PÚBLICA QUE HAYAN OBTENIDO DERECHO A LA ASIGNACIÓN DE RETIRO ENTRE 1997 Y EL 2004 DEBEN RECIBIR EL PAGO DE ACUERDO CON LA VARIACIÓN DEL IPC Y NO POR PRINCIPIO DE OSCILACIÓN, EN ESTOS CASOS, LA OPORTUNIDAD PARA EXIGIR LA ENTREGA EFECTIVA DE LOS RECURSOS DEJADOS DE PERCIBIR VENCE A PARTIR DEL CUARTO AÑO. POR LO TANTO, CUANDO LA SOLICITUD SE HAGA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, SE DEBE CALCULAR EL AJUSTE DE LOS AÑOS 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 Y 2004, PERO ÚNICAMENTE PARA FIJAR EL VALOR AL QUE SE HARÍA MERECEDOR EL REQUIRENTE EN LA ACTUALIDAD. EL REAJUSTE DEBE HACERSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004, TENIENDO EN CUENTA QUE EN LAS VIGENCIAS ANTERIORES NO ESTUVO VIGENTE EL PRINCIPIO DE OSCILACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZAS MILITARES, PRESTACIONES SOCIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, RÉGIMEN PENSIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA
Sentencia 2011-00371 de mayo 9 de 2013
Rad.: 25000232500020110037101
Ref.: expediente 107412
Actor: Rigoberto Pérez Álvarez. Autoridades nacionales
Rigoberto Pérez Álvarez en calidad de Coronel ® del Ejército Nacional, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la nulidad del Oficio 56005 de 20 de octubre de 2010, proferido por la caja de retiro de las Fuerzas Militares, mediante el cual negó la petición de reajuste de su asignación de retiro.
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se observa que mediante Resolución 304 de 2 de abril de 1986, el director general de la caja de retiro de las Fuerzas Militares reconoció a favor del coronel ® del Ejército Nacional Rigoberto Pérez Álvarez la asignación de retiro en cuantía del 95% del sueldo de actividad correspondiente en todo tiempo y certificación en la que consta el incremento salarial que se ha aplicado a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares de acuerdo con los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal.
A través de escrito radicado el 13 de octubre de 2010, el demandante solicitó al director general de la caja de retiro de las Fuerzas Militares la reliquidación y reajuste de su asignación de retiro, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 238 de 1995, para los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, igualmente pidió el reconocimiento indexado de las diferencias resultantes.
Por medio del Oficio 37216 de 23 de julio de 2010, la entidad dio respuesta a la petición, negando lo pedido, consideró que:
“El régimen prestacional del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, se rige actualmente por las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley 1211 de 1990, derogado parcialmente por el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, normas de carácter especial, que prevalecen sobre las disposiciones de carácter general. (L. 57/887, art. 5º).
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulan ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.
Por consiguiente, el reajuste de las asignaciones de retiro se aplica únicamente con sujeción al principio de oscilación conforme lo dispone la normatividad especial que rige para los miembros de las fuerzas militares”. (fl. 7)
El problema jurídico se contrae a establecer si el demandante tiene derecho al reajuste de la asignación de retiro con base en la Ley 238 de 1995 que adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, certificado por el DANE.
El artículo 279 de la Ley 100 de 19993 excluyó, entre otros, a los ex servidores de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional del reajuste de sus pensiones como lo disponía el artículo 14 ibídem, esto es, teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y en consecuencia, el reajuste pensional debía hacerse como lo disponía el Decreto 1211 de 1990, es decir, mediante la oscilación de las asignaciones del personal de las Fuerzas Militares en actividad.
1997 31 (9 de enero) 122 (16 de enero) 9,08 21,63
1998 40 (10 de enero) 58 (10 de enero) 22,39 16,02
1999 35 (8 de enero) 062 (8 de enero) 14,91 16,70
2000 2770 (27 de diciembre) 2724 (27 de diciembre) 9,23 9,23
2001 2710 (17 de diciembre) 2737 (17 de diciembre) 3,41 8,75
2002 660 (10 de abril) 745 (17 de abril) 4,78 7,65
2003 3535 (10 de diciembre) 3552 (10 de diciembre) 4,26 6,99
2004 4150 (10 de diciembre) 4158 (10 de diciembre) 4,36 6,49
2005 916 (30 de marzo) 0923 (30 de marzo) 5,50 5,50
2006 372 (8 de febrero) 0407 (08 de febrero) 5,00 4,85
Así las cosas, se debe declarar la nulidad del Oficio 56005 de 20 de octubre de 2010, suscrito por el subdirector de prestaciones sociales de la caja de retiro de las Fuerzas Militares.
En consecuencia, la caja de retiro de las Fuerzas Militares deberá hacer la nivelación de las asignaciones de retiro en la proporción del índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
El demandante formuló la petición de reajuste pensional el 13 de octubre de 2010, fecha en la que estaba vigente el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, que prevé:
La ley ha dado un tratamiento especial a las prestaciones sociales, dado su carácter de imprescriptible, por esa razón es viable que el interesado pueda elevar la solicitud de reconocimiento de su derecho en cualquier tiempo. No obstante que el derecho es imprescriptible, sí lo son las acciones que emanen de los derechos prestacionales y en consecuencia prescriben las mesadas pensionales, según el término señalado por el legislador.
En ese orden se tiene que la petición en vía gubernativa se formuló por el actor 13 de octubre de 2010, en consecuencia los derechos causados con anterioridad al 13 de octubre de 2006 se encuentran prescritos de conformidad con el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.
Como ya se expuso, la prescripción que en esta providencia se decreta es en relación con las mesadas correspondientes a los años anteriores al 13 de octubre de 2006, por haberse presentado la petición el 13 de octubre de 2010, no obstante, debe precisar la Sala que en consideración a que el actor tenía derecho a la aplicación del IPC en los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 y 2004 en lugar del principio de oscilación que se le aplicó, la entidad debe efectuar la liquidación por dichos años, aplicando el IPC vigente para tales fechas y sobre esas sumas aplicará los porcentajes anuales correspondientes, conforme al cuadro que aparece a folios 16 y 17.
Así las cosas se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró parcialmente probada la excepción de prescripción cuatrienal de las diferencias causadas sobre las mesadas anteriores al 13 de octubre de 2006 y accedió a las pretensiones de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia de 9 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró parcialmente probada la excepción de prescripción cuatrienal de las diferencias causadas sobre las mesadas anteriores al 13 de octubre de 2006 y accedió a las pretensiones de la demanda.