Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85702
Timestamp: 2019-06-16 20:57:58
Document Index: 387084656

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'artículo 19']

Gaceta: LXIV/1PPO-44/85702
Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para considerar el fraude electoral y la corrupción como delitos graves (que ameritan prisión preventiva oficiosa), a cargo del senador Alejandro González Yáñez
Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, conforme a los siguientes:
Actualmente casos de corrupción e impunidad como los de la Casa Blanca, los arreglos de políticos con la constructora OHL, Odebrecht o la estafa maestra, la utilización de empresas fantasma para financiar campañas políticas, han hecho que los ciudadanos se decepcionen y que haya un clamor popular que exige la que se castiguen a quienes cometan delitos en materia de corrupción y electorales.
En el año de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción a través de una reforma constitucional, y en 2016 se promulgó la legislación para fortalecer los procedimientos de investigación y sanción; sin embargo, casos de corrupción, impunidad, abuso de poder y desvío de dinero público que involucra a servidores públicos son hechos que acontecen cotidianamente sin que la justicia los alcance. A lo más, los servidores públicos a quienes se les logra abrir alguna carpeta de investigación por hechos constitutivos de delitos, siguen su proceso penal en plena libertad.
Los delitos en materia de corrupción y electorales no solamente representan, por una parte, hechos de gran impacto y dañosidad en términos sociales, al afectar la vida democrática del país, vulnerar y manipular el libre ejercicio de la voluntad popular electoral, desviar recursos públicos destinados a obras o programas sociales; y por otra lado, al dañar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la forma de acceso y ejercicio de los gobernantes y legisladores al poder.
Los delitos relacionados con actos de corrupción y en materia electoral también afectan gravemente las finanzas y el patrimonio nacionales. De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, México es el país con el mayor índice de corrupción de América Latina y el Caribe en la prestación de servicios. En el mismo sentido, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 142 de 183 países. Es decir, lo cataloga como uno de los países en el mundo con mayor percepción de corrupción en el sector público.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil 273 pesos, asimismo, estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de siete mil 217 millones, equivalente al 0.4% del PIB. De ahí el enojo de la ciudadanía, el clamor de un cambio que venga a fortalecer la vocación de servicio de los funcionarios públicos y sancionar penalmente a quienes motiven o continúen con dichas prácticas antisociales.
En la Encuesta mencionada se menciona que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia. Obliga esta percepción social a legislar para atender la problemática de manera urgente.
La historia de nuestro país es la historia de los fraudes electorales. Se dan en el ámbito federal y, con mayor notoriedad y gravedad, en el ámbito estatal. Dentro de los fraudes federales más recientes y documentados están los cometidos en las elecciones presidenciales de los años 2006 y 2012: programas sociales condicionados, recursos públicos desviados para favorecer a los candidatos oficiales, revase en el tope de gastos de campañas, compra en efectivo del voto, pagos ilegales a las televisoras y radiodifusoras para promociones fuera de ley, reparto de tarjetas con crédito como las tarjetas MONEX, entre otros actos que nunca fueron sancionados a pesar de que se documentaron y probaron y de representaban una violación flagran a la normatividad electoral. Se consiguieron los triunfos en las elecciones presidenciales con fraudes electorales y una vez que se asumió el cargo, los delitos fueron olvidados.
La Cuarta Transformación Nacional que como legisladores comprometidos con las demandas ciudadanas buscamos, empieza por el respeto al estado de Derecho y por abrir canales para que la justicia se aplique. De lo anterior se advierte la importancia de buscar mecanismos que hagan eficaz el combate a la corrupción y a las prácticas de fraude electoral.
De acuerdo al Índice de Impunidad Global México, realizado en 2016 por la Universidad de Las Américas y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, al menos el 99 por ciento de los delitos que se cometen en el país no son castigados, debido a que solo 7 de cada 100 delitos son denunciados por los ciudadanos y por estos delitos solo hay un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias.
Que la corrupción y la falta de una adecuada procuración e impartición de justicia genera índices elevados de impunidad y de falta de confianza de las autoridades encargas de estas funciones de Estado.
Que la corrupción y los delitos en materia electoral en sus diversas modalidades tienen un gran impacto negativo en las finanzas y en el patrimonio nacionales así como en la confianza de las personas en las instituciones democráticas.
Que actualmente quienes realizan actos relacionados con este tipo de delitos tienen la posibilidad de llevar el proceso penal en libertad.
Que al llevar los inculpados de este delito el proceso en libertad está abierta la posibilidad de que incurran en la reincidencia o evadan la justicia.
Que los delitos en materia de corrupción y electorales deben ser considerados como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
El 18 de junio de 2008, comenzó la implementación de una reforma integral al sistema de impartición de justicia penal en México. Con ello, el país inició la transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, un sistema esencialmente garantista.
Producto de la reforma se eliminó la existencia de los delitos graves y se creó una nueva medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen aquellos delitos para los cuales aplica la medida:
Artículo 19. […] El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. […]
Por lo tanto, el catálogo actual de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son:
En primer lugar, se debe establecer que la libertad personal es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Jurídicamente, la libertad personal se entiende como la ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. Ésta no sólo está garantizada en la Constitución general, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte.
En segundo lugar, se debe destacar que la libertad al igual que todo derecho fundamental no es absoluto y admite modalidades y limitaciones a su ejercicio, siempre y cuando ésta sea proporcional y razonable constitucional y convencionalmente. En lo concerniente a este derecho en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado resoluciones que autorizan la prisión preventiva bajo criterios excepcionales. Asimismo, el artículo 18 constitucional permite la restricción de este derecho como medida cautelar.
En consecuencia, constitucionalmente se puede restringir la libertad de una persona, mediante la prisión preventiva cuando se ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad cuando existe riesgo de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.
En efecto, el constituyente permanente estableció un catálogo de delitos por los que se debe dictar la prisión preventiva oficiosa con base en las razones y criterios establecidos anteriormente y, sobre todo, para atender las problemáticas que tienen consecuencias sociales de alto impacto. Asimismo, tanto en los antecedentes como en la presente exposición de motivos se estableció que los delitos en materia de corrupción y electorales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, representan costos e impactos sociales y económicos de gran calado. De esta manera, consideramos que se encuentra plenamente justificado incluir este tipo de delitos en el catálogo previsto en el artículo 19 constitucional párrafo segundo.
Por lo motivos antes expuestos, presento iniciativa con proyecto de
Artículo 1º. Se adiciona y reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, en materia de corrupción, electorales, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Amparos en revisión: 334/2008 y 1028/1996