Source: https://es.scribd.com/document/153161340/Indubio-Pro-Reo-1
Timestamp: 2017-10-22 13:42:46
Document Index: 106770264

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Cargado por Hugo Eduardo Zenteno Ayaviri
«IN DUBIO PRO REO», LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO.—II. EL «IN DUBIO PRO REO» DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN.—III. «IN DUBIO PRO REO» Y LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DESDE EL HUMANITARISMO DE LA ILUSTRACIÓN HASTA LA JURISPRUDENCIA PRECONSTITUCIONAL
DEL TRIBUNAL SUPREMO.—IV. LA CONSTITUCIÓN D E 1978 Y LA P R E S U N C I Ó N DE INO-
CENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.—V. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO Y CERTEZA DE LA CULPABILIDAD.—VI. POSIBILIDAD Y LÍMITES DEL CONTROL POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PENAL.
El Tribunal Constitucional se ha ocupado de la presunción de inocencia con inusitada frecuencia. Para comprobarlo y para comprender las muy variadas facetas desde las que ha desarrollado la escueta enunciación constitucional de este derecho fundamental basta con consultar la voz correspondiente en el tomo índice de la Jurisprudencia Constitucional. En las páginas que siguen no pretendo realizar un examen completo de todo lo que el Tribunal ha dicho al respecto. No voy a tratar aquí (pero quiero llamar la atención sobre ellos por su notable importancia) problemas tales como la extensión del derecho a la presunción de inocencia, más allá del Derecho procesal penal, en relación con «la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatoriO' para las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/82, fundamento jurídico 2); o su posible repercusión en materia civil (STC 13/82, fundamentos jurídicos 3 y 4) en casos muy singulares; ni tampoco su proyección sobre
Revista Española de Derecho Constitucional Año 7. Núm. 20. Mayo-Agosto 1987
otras instituciones procesales y en particular sobre la casación penal (STC 56/ 82, fundamento jurídico 2); ni voy a glosar alguna definición muy amplia de su «proyección como límite de la potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas vigentes» (STC 109/86, fundamento jurídico 1); ni voy a analizar dos recientes sentencias del Pleno en sendos recursos de amparo en las que se roza o se declara expresamente su relación con los derechos del artículo 17 de la Constitución y con la regulación legal de la prisión provisional (STC 32/87 y STC 34/87, fundamentos jurídicos 3 y 2, respectivamente); ni, menos aún, trataré del problema de la presunción de inocencia como referente constitucional para medir la posible inconstitucionalidad de determinada norma del ordenamiento, el artículo 509 del Código Peal, sobre la que se han planteado al Tribunal varias cuestiones de inconstitucionalidad todavía no resueltas. Esta relación conscientemente incompleta de aspectos parciales del citado derecho fundamental y de su proyección sobre el ordenamiento debe servir para poner al lector interesado en la pista de las múltiples perspectivas desde las que el Tribunal ha ido examinando el derecho enunciado en el artículo 24.2 de la Constitución. Las resoluciones del Tribunal han construido un corpus doctrinal bastante preciso sobre lo que no es la presunción de inocencia (de modo especial en numerosísimos autos de inadmisión) y también sobre cuál es su contenido y qué consecuencias se derivan de éste. Mi propósito es estudiar la jurisprudencia del Tribunal en relación con un solo punto, que paso a plantear. Antes de la promulgación de la Constitución no existía en nuestro ordenamiento la presunción de inocencia ni como simple derecho subjetivo ni, obviamente, como derecho fundamental. La doctrina y la jurisprudencia hablaban del principio in dubio pro reo. Pretendo estudiar: a) qué función podía cumplir este tópico jurídico en el Derecho procesal penal del Antiguo Régimen; b) qué valor tuvo a partir de los nuevos principios del Estado liberal y más en concreto en relación con los artículos 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, L. E. Cri.), para lo cual examinaré algunas sentencias del Tribunal Supremo alusivas al in dubio pro reo, y •c) qué relación guardan entre sí el citado axioma jurídico y el vigente derecho fundamental a la presunción de inocencia y, a su vez, cómo opera este derecho en conexión con la libre apreciación de la prueba por el juez penal, y en qué medida puede controlar el Tribunal Constitucional, invocándose ante él el derecho a ser presumido inocente, la valoración de la prueba realizada por el juez penal. 10
ed. en los pleytos que claramente non pueden ser provados o que fueren dudosos.» Así.«IN DUBIO PRO REO» II. «mas santa cosa es» absolver que condenar. JUAN HEVIA BOLAÑOS. del libro L del Digesto —50. en un capítulo dedicado a reflexionar sobre la piedad como virtud del buen corregidor. VII. a la que se remite. 50. 56. todos ellos incluidos en el título XVII. y 50. los Judgadores todavía deuen estar mas inclinados e aparejados para quitar ornes de pena. 20. Aquel buen juez y excelente jurista. entre otros.. Dentro de este mismo enfoque se sitúa un precioso texto de CASTILLO DE BOVADILLA que conviene recordar aquí. 11 . Sólo importa el párrafo final. que darla al que non la meresciesse nin ouisse fecho alguna cosa por qué. Curia Philipica. pues. como doctrinas de Docto(1) El texto íntegro de P. Dice la ley de Partidas que «. 17. No está en juego ningún derecho del individuo a quien se juzga. que para condenarlos. aunque sin duda por error material la ley aparece citada como perteneciente al título XXXII y no al XXXI de la Séptima Partida. 50. 155—. tenía vigencia y aplicación reales el principio in dubio pro reo. 1825 p. L. 242. en apoyo de lo cual se citan no sólo algunos textos del Derecho romano. 155). Tengan por regla general los juezes en todas las cosas dudosas. 17. 17.. 50. 17. sino la virtud del juzgador. 9. EL « I N DUBIO PRO REO» DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN Suele defenderse la tesis de que también durante el proceso penal inquisitivo.» y sigue con lo transcrito en el texto. VII. ca mas santa cosa es e mas derecha quitar al ome de la pena que mereciese por yerro que ouiese fecho. así de entendimientos de leyes. al decir que «en las causas penales debe seguirse la interpretación más benigna» («In poenalibus causis benignius interpretandum est». 122. aunque en realidad sólo el último texto o regla es pertinente a la materia que nos ocupa.31. HEVIA BOLAÑOS para sostener en su muy leída Curia Philipica la tesis en cuestión (1). propio del Derecho preliberal. en la duda o a falta de prueba. que comienza con «E aun dezimos que. dice así: «33.. sino también una ley de las Partidas (P. 17. D. 9). 31. 17. se refiere a ella. de Madrid.9 no interesa aquí porque trata de otro asunto.. «Sobre las diversas reglas del Derecho antiguo».
23. GONZXLEZ A L O N S O . Es decir. ni las Partidas ni la doctrina de los juristas ofrecen dudas respecto a que la inclinación hacia la benignidad sólo cabe en aquellos pleitos que no están claramente probados. Política para Corregidores y señores de vasallos. podían considerarse como bastantes para producir la semi-plena probatio. para lo cual. 1978. núm. 17) mayormente en denunciaciones y negocios de su aprovechamiento. lo que con estas moralizantes consideraciones se pretendía era mover al juez a la misericordia con preferencia al rigor. a la piedad y benignidad como mejores que la severidad. ya que ninguna norma prescribe con precisión cuándo hay que actuar así ni qué ocurre si él juez desoye tan benévolas advertencias. I I I . Madrid. los indicios servían como base para poner en práctica el mecanismo tendente a obtener la confesión del reo indiciado. 12 . ni los tendrán en nada. no quedan satisfechos. Ay algunos juezes que les parece que sino condenan siempre a los reos. CASTILLO DE BOVADILLA. II. en virtud de la (2) J. y no la suya mas rigurosa. que inclina a absolver o a imponer pena menor: y si huviere diversas leyes o ley y ordenanca para el castigo de algún delito. e d . y sino huviere decisión o derecho expresso y huviere de arbitrar. cfr. juzguen por la mas benigna. y. Los textos citados se insertan en la retórica y en la ética y no en el Derecho. 22. lib. y que es mejor pecar en la misericordia y dar cuenta de ella que del rigor. por otro lado. cap. aquella execute siendo exequible. no considerando que se gana mayor gloria y honra en absolver que en condenar. con prólogo de S. y no aciertan a absolver a ninguno contra lo que dispone una ley de partidas (P. bien de modo espontáneo o bien por medio del tormento. siempre (como dice Bessio) se incline a la piedad. por un lado. 3. como queda dicho» (2). 257. p. MARTÍN RETORTILLO y estudio preliminar de B. Ahora bien: el sistema de probanzas y presunciones del Derecho de los siglos xin a xvni estaba construido precisamente para condenar tan sólo con indicios de culpa. Por otra parte. proceda guardando la equidad inclinándose a la parte mas piadosa. Y en las doctrinas y opiniones controversas qual se aya de seguir decimos mas adelante. atentas las causas y las personas y los tiempos.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE res. pues el derecho con razón lo dispone assi: y en las cosas arbitrarias en que no hay decisión de ley. tomo I. ya que incluso la honra y gloria del buen juez ganaban más con ellas que con sus opuestos. seguir la opinión mas piadosa. ' d e l INAP. Y si el acompañado en la recusación diere la sentencia mas piadosa.
Madrid. Vigilar y castigar. pp. (5) FRANCISCO TOMXS Y . las menos veces. moderada según el arbitrio del juez («pena arbitraria»).. El proceso penal en Castilla (siglos ed. en concreto los que implicaban un mayor riesgo contra las instituciones clave del sistema. 227 y ss. 1982. pp. la inocencia el resultado improbable del fracaso completo de la actividad inquisitiva. que llevaba aparejada la imposición de la pena legal ordinaria (4). que sólo se imponía tras la plena probatio. podían. pero por el mismo mecanismo la simple existencia de algún indicio de culpa contra los miembros del estado llano implicaba para ellos una verdadera presunción de culpabilidad. incluso en ocasiones en relación con el atormentado inconfeso. 317 y ss. como muestra P. pues la culpabilidad era el resultado del éxito probatorio de las pruebas con valor legalmente tasado. ID. como el ya citado del testes unus. Ed. o bien porque sólo habían podido utilizarse contra el reo medios probatorios imperfectos (testes unus).. Nótese también que la regulación de determinados delitos. En conclusión: el sistema de pruebas legales tasadas. aunque menor que la ordinaria (3). 1967. 48. Historia del Derecho Penal de la Monarquía absoluta (siglos XIII a XVIII)..VALIENTE. Existía entonces una gradación ternaria constituida por los conceptos inocencia-semiculpabilidad-culpabilidad. pp. p.. (4) XIII-XVIIIJ.3 y leyes siguientes. Siglo XXI. VII. Por último. 153 a 200. Historia del Derecho Penal. cfr. Alianza. 1982. a los que correspondía una paralela adecuación de medios probatorios.«IN DUBIO PRO REO» cual el juez no podía imponer al reo la pena legal ordinaria prevista para el delito. 13 . 1978. y pp. gracias al principio de desigualdad en y ante la ley penal (5). amparados por la fama u honra que les deparaba el hecho de serlo. pp. producir un resultado pleno o de plena probatio. difícilmente convertible de jacto y de iure en una sentencia penal plenamente absolutoria. o. Tecnos. en virtud de la cual medios probatorios imperfectos.. Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen. Madrid. sin embargo. o bien porque dejaba en pie ciertos indicios de culpa que convenía purgar. gozaban ciertamente de una presunción protectora contra los indicios de culpabilidad (salvo en los delitos de lesa majestad divina y. Madrid.. y la semiculpabilidad era la consecuencia de la actividad probatoria de cargo incompleta. MICHEL FOUCAULT. iba acompañada del sistema de «prueba privilegiada». in : cluida la tortura sin confesión.30. pero sí podía imponerle una pena extraordinaria. 221 y ss. el concepto de (3) MARÍA PAZ ALONSO ROMERO. Universidad de Salamanca. los integrantes de los estamentos privilegiados. y 244-255. del éxito positivo de la actividad probatoria del reo. humana). 178 y ss. FRANCISCO TOMXS Y VALIENTE. Ed.
el mecanismo protector-represivo de la prueba privilegiada y la desigualdad jurídico-formal apenas dejaban lugar para la aplicación del in dubio pro reo o de otros topoi o loci communi semejantes. en la Leopoldina (9). 1972. 1176 a 1208.. Ed. «IN DUBIO PRO REO» Y LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DESDE EL HUMANITARISMO DE LA ILUSTRACIÓN HASTA LA JURISPRUDENCIA PRECONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Con la Ilustración cambia la actitud respecto al acusado-condenadopenado. en un vago humanitarismo hacia el acusado.. I y II. dura crítica al sistema penitenciario. no a la tortura. (11) Cfr.. (6) (7) MONTESQUIEU. De los delitos y las penas.. En verdad. xi. vol. Vigilar. De l'esprit des lois. en especial capítulo VI. las obras citadas en la nota 4 y mi comunicación sobre JUAN PABLO FORNER al simposio mencionado en nota 9. condena a pena arbitraria. 3-6 de diciembre de 1986. <8) C. 15 y ss. voluntad de regenerar al delincuente. cuando no abierto rechazo.. pero también premios. Incontro Internazionale di Studio. No veo aparecer ni el principio in dubio pro reo ni. ibídem. tome neuviéme. Aguilar. antes que en principios o instituciones formulados con precisión jurídica. pp. BECCARIA. vi. En el medio siglo que va desde BECCARIA al Código Penal francés cambia la «microfísica del poder» en lo que se refiere al proceso y al Derecho penal: «Es la época en que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos toda la economía del castigo» (7).. sí. deben constituir un poder distinto al legislador. III. Los jueces. en la desconfianza respecto al sistema procesal inquisitivo y en un claro rechazo del arbitrio judicial. esp. Universitá degli Studi de Siena. pp. pp. París. La nueva sensibilidad se manifiesta. II. defensa del proceso acusatorio y rechazo del proceso inquisitivo. pp. 1967. el principio inherente al sistema procesal-penal inquisitivo era éste: en la duda. (9) La «Leopoldina». Madrid. sí. Criminalitá e giustizia crimínale nelle rijorme del Settecento europeo. vols. (10) Oeuvres completes de l'abbé. a la pena de muerte. 267-296.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE semi-plena probatio. castigos. crítica al sistema probatorio. pero sometido a éste. Siena. MICHEL FOUCAULT. 14 . meras bocas de la ley (6). en MABLY (10). En BECCARIA (8). 81 a 108. en los ilustrados españoles (11) aparecen los nuevos tópicos de la época: leyes penales suaves. restricción.
cfr.punto es clave.«IN DUBIO PRO REO» menos aún.» (el subrayado es mío). La centenaria y vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal establece. I. (15) L. (13) M. 20-21. art. (14) Sobre el eco de tal «Exposición» en el momento actual. ya desde la Constitución de 1812. 67-72. Cri. pp. En España no hubo precepto alguno de las sucesivas Constituciones equivalente al artículo 9 de la Declaración francesa de 1789.. PASTORET. y este. 163 y ss. la presunción de inocencia hasta la Declaración de 1789. 9. cuyo artículo 9 comienza diciendo: . núm. cfr. equivalente a los textos antes citados de Partidas y de CASTILLO DE BOVADILLA) al principio de presunción de inocencia. diciembre 1982. según pone de (12) Art.. Troisiéme Axiome: La preuve n'existe pas tant qu'elle n'est pas complette» (13). Al mismo tiempo revelan que esta presunción era incompatible con el binomio prueba incompleta-pena arbitraria. y por ello el axioma segundo va seguido del rechazo de la prueba incompleta. 15 . s'il est jugé indispensable de l'arréter. aunque sí. I y II. apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio.» (12). M. el reconocimiento constitucional expreso de derechos que consistían en otras tantas garantías del individuo en el marco del proceso penal. como es perceptible a partir de la lectura de su exposición de motivos (14). DE PASTORET. Por otra parte.pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit étre sévérement reprime par la loi». París. un proceso penal predominantemente acusatorio. fundamento jurídico 1. GARCÍA CARRERO. fundamento jurídico 2. STC 173/1985. Des lois pénales. y sólo las practicadas en él son verdaderamente tales (15). pp. tout rigueur qui ne serait . «La apreciación de la prueba en conciencia en el proceso penal y la protección constitucional de la presunción de inocencia». también STC 56/82. Second Axiome: Jusqu'au moment de la condamnation le coupable est reputé innocent. En términos semejantes.. en concreto pp. «a diferencia del sistema de prueba legal del proceso inquisitivo. JC IV. en Revista del Poder Judicial. declara que toda su obra deriva de estos tres «axiomas»: «Premier Axiome: La condamnation des innocents est un plus grand mal que l'absolution des •coupables.. pp. el proceso acusatorio y oral se basa en el principio de la libre valoración». En el juicio oral y no en el sumario es donde hay que practicar las pruebas. Los tres axiomas de PASTORET ponen de manifiesto que la idea éticoretórica de la benignidad del juez es diferente (axioma primero. en su famosísimo tratado Des lois pénales. Cfr.. 67-68. «Tout homme étant presume innocent jusqu'á ce qu'il ait été declaré coupable. Un año después. E.«Tout homme étant presume innocent jusqu'á ce qu'il ait été declaré coupable. 741: «El Tribunal. 1790. 5.
La palabra 'conciencia' procede del artículo 342 del Code d'instruc. hay unas páginas de un texto académico clásico entre nosotros que no me resisto a reproducir y a glosar... 9. etc. Libre valoración no quiere decir que el juzgador sea libre de seguir su capricho. dicen en ellas GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA lo siguiente: «El sistema de la prueba tasada suponía que el propio ordenamiento jurídico recogiese en forma legal una serie de 'máximas de experiencia'.. sus impresiones o sus sospechas. Comentando esto. Dentro de este sistema probatorio de libre apreciación y de pleno convencimiento del juez no queda. Porque sugiere indebidamente una operación íntima o secreta de que no hubiese que dar cuenta.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE relieve el artículo 741 de la L. una vez cumplidos unos determinados requisitos o formas. O como dice acertadamente el artículo 717. con independencia del convencimiento del juzgador. francés. cit. 274. dictará sentencia» (16).. la expresión 'según su conciencia' del artículo 741 puede resultar equívoca. E. E. y con una muy lúcida relación entre los artículos 741 y 717 de la L. 16 • . como es obvio. partiendo de unos datos fijados con certeza. al decir que «el Tribunal. crim. es apreciar las percepciones del juez durante el juicio 'según las reglas del criterio racional'. apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio. Derecho Procesal Penal. (17) Op. HERCE QUEMADA. Cri. GÓMEZ ORBANEJA y V. fijado legalmente el valor de cada prueba (pruebas tasadas). Pero incluso en ese texto histórico aparece con claridad que una cosa es que la ley no prescriba reglas de que se haga depender la plenitud o suficiencia de una prueba y otra distinta que la ley no pida cuentas al que juzga de los medios por que se haya convencido. Por ello.. 1981. p. sino supone una deducción lógica. Y aun en esa disposición lo que se recomienda a los jurados es que 'en silencio y recogimiento busquen en la sinceridad de su conciencia qué impresión han dejado en su razón las pruebas'» (17). donde figura en la recomendación que se hace a los jurados antes de comenzar a deliberar.a cd.. pero tampoco queda excluida «la prueba por (16) E. Cri. en nota anterior. con arreglo a las cuales los hechos valiesen como probados. Madrid. y loe.
Azdi. o como «principio jurídico general» o «principio general del Derecho (STS de 31 de enero de 1983. siempre que de ella haya obtenido el órgano judicial penal el pleno y racional convencimiento de la culpabilidad y no. 241). Junto a esta interpretación doctrinal del alcance del principio citado. 4014). desde luego que no. frases que se habían ya escrito por el mismo ponente años antes (STS de 2 de noviembre de 1971. «se eliminan las hermenéuticas odiosas. como equivalente al favor rei (STS de 14 de mayo de 1974. R. p. Azdi. Azdi. que protege los intereses personales del hombre que sufre. presuntivas o rigoristas y se efectúa la interpretación in bonam partem. porque «la falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia» (19). 275. que es desde luego susceptible de constituir el fundamento probatorio de una sentencia condenatoria. (20) El análisis que sigue está hecho sobre sentencias de la Sala 2. la simple sospecha o duda. es. y se ha interpretado por la mejor doctrina como la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de la culpa. p. o sea. El in dubio pro reo ha sido reiteradamente calificado como «principio» o «principio jurídico» (auto de 18 de enero de 1973. A veces el in. prácticamente la más frecuente de todas las pruebas del proceso penal. 280. un «humanitario principio» que «se fundamenta en la eficacia activa de la equidad dentro del ámbito del Derecho». el principio in dubio pro reo se ha considerado como una consecuencia indudable del principio nulla poena sine crimine. Agradezco al letrado del Tribunal Constitucional MIGUEL ÁNGEL MONTAÑÉS SU inestimable ayuda en la recopilación y clasificación de las resoluciones que a continuación cito. ¿cómo lo valoró y lo aplicó el Tribunal Supremo? (20). 2131). Azdi. esto es. nullum crimen sine culpa. (18) Ibídem.«IN DUBIO PRO REO» indicios. R. 76). sometido al proceso penal» (R. el convencimiento logrado deduciendo racionalmente de un hecho distinto el que se necesita fijar» (18). por mano del ponente ÁNGEL ESCUDERO DEL CORRAL. es posiblemente no punible». dubio pro reo como principio en orden a la valoración dudosa de la prueba y a la consiguiente absolución. según su libre convencimiento. se enuncia en términos más amplios. A ello cabe añadir que tampoco se valora legalmente esta prueba por indicios. (19) Ibídem. dice la STS de 4 de mayo de 1976. Esto es: «El juez penal no puede condenar por un hecho que. Dentro de este marco legal. 17 . pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolución. al aplicarlo. R." fechadas en su mayoría entre 1970 y 1978. de manera que.
se concluye que el in dubio pro reo no podía ser invocado como motivo de casación.» (STS de 21 de mayo de 1979. en el . se dice allí que «el principio invocado (el in dubio pro reo) sólo es una orientación o norma moral de conducta y equidad dirigida a la conciencia del juzgador de instancia.18 . Azdi. pese a los matices di versificadores perceptibles a lo largo de los años. porque. La claridad del texto hace innecesaria su glosa. Azdi. y poco después la Sala declaraba que el citado principio «tiene su actuación necesaria e indeclinable dentro del campo de la interpretación de las pruebas. el Tibunal Supremo aplicó con amplitud y frecuencia el in dubio pro reo. según doctrina de esta Sala». el ya citado auto de 18 de enero de 1973 declaraba no haber lugar a la admisión de un motivo en el que se invocaba como vulnerado el mencionado principio. 1637) indica que «en el ámbito procesal de la prueba despliega toda su fuerza. 5189). A estos efectos conviene reproducir un inequívoco párrafo del considerando 3. Es más.•FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE R. R. antes de la Constitución). R. no se circunscribió a este campo. ya citada). Azdi..° de la STS de 21 de mayo de 1979 (R. el axioma forense in dubio pro reo». Azdi. En el mismo sentido. esto es.. Azdi.. 1637). esto es. 2136. contradicción alguna en lo fundamental. Azdi. 3555) o se lo califica de «axioma forense» (STS de 15 de abril de 1975. En otra ocasión la Sala repitió que «lo que la doctrina de esta Sala tiene declarado con reiteración es que el recurso de casación por infracción •de principios generales del Derecho no tiene cabida y encaje en este recurso de carácter extraordinario y formalista. Azdi. en lo concerniente a lo que el in dubio pro reo no era (se entiende. 859) al afirmar que «el principio pro reo no puede aducirse en casación. en materia de apreciación de la prueba (21). primordialmente en su «lugar natural». «toda vez que la cita de preceptos penales sustantivos o de normas jurídicas del mismo carácter como supuestamente conculcados no puede ser sustituida por la de principios jurídicos aunque hayan sido acogidos por la doctrina. De hecho. que pueda servir de base al recurso (de casación) interpuesto.dicho principio pro reo no constituye precepto penal sustantivo ni norma jurídica del mismo -carácter». (21) La STS de 15 de abril de 1975 (R. Por todo lo dicho.». sin carácter o fuerza vinculante). ponente BENJAMÍN GIL SÁEZ) por su propia rotundidad y por su expresa remisión a otras sentencias. y en alguna ocasión se destaca «su condición humanística» (STS de 5 de octubre de 1973. como es debido. 2296) o al principio pro reo (STS de 30 de noviembre de 1971.. La anterior terminología no oculta. R. Así lo señala la STS-de 4 de marzo de 1971 (R. sin vinculación alguna (quiérese decir.
La Ley. siempre en sentido favorable al reo. JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE. 2 de noviembre de 1971 (R. 4. 3045). 1637) y 22 de enero de 1977 (R. 1184 y 1185. pp. por todas. «disponía el condenado de ningún medio legal para reaccionar contra unos hechos probados condenatorios aunque la acusación no hubiera cumplido con su carga probatoria» (24). STS de 20 de marzo de 1970 (R. como se ha escrito recientemente. 4380). «El derecho a la presunción de inocencia». R. por aplicación del principiopro reo. 19 . En la misma línea. dentro de un sistema procesal penal construido. Azdi. 13 de noviembre de 1973 (R. para condenar incluso en la duda. 4401). desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta la promulgación de la sentido de proporcionarle el alcance más beneficioso o favorable para el inculpado en el caso de que se presenten dudas o sean diversas las consecuencias que de ello puedan derivarse» (STS de 4 de mayo de 1976. 23 de febrero de 1972 (R. no controlable por el ciudadano. De aquel principio no derivaba para éste ningún derecho subjetivo. 14 de mayo de 1974 (R. 2131). de la prueba privilegiada y de la pena arbitraria. Todo ello pone de manifiesto.. R. 3555. lo reducía a la esfera «de la conciencia del juzgador de instancia». o en lo concerniente a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (23). ENRIQUE TORRES Y LÓPEZ DE LA CALLE. el principio in dubio pro reo tenía plena cabida. 1982. Azdi. pero no como norma jurídica. Ni era invocabl'e. en la determinación del tipo penal (22). en especial pp. núm. sin embargo. 772). 1059). porque «la demostración de los hechos delictivos no puede ser suplida por presunciones sin violar los principios de legalidad e in dubio pro reo» (STS de 16 de marzo de 1979. Azdi 1734). Azdi. Azdi. como hemos visto. Azdi. Y es que. 1183-1206. Azdi. 1153). (24) JOSÉ GUERRA SAN MARTÍN. que en un sistema de libre apreciación de la prueba. ni. (23) Cfr. 4312). Pero. Azdi. por un lado. como «orientación o norma moral». en contraposición con lo ocurrido durante siglos en un sistema procesalpenal inquisitivo. Azdi. por otra parte. Azdi. en casación. pero no podía exigir su cumplimiento. El ciudadano podía beneficiarse de su aplicación si el juez de instancia o el Tribunal Supremo lo utilizaba. Azdi. R. Azdi. Si durante el Antiguo Régimen fue una recomendación dirigida a estimular la benevolencia del juez virtuoso. 15 de abril de 1975 (R. (22) STS de 11 de marzo de 1975 (R. con admisión de la semi plena probatio. pueden verse STS de 30 de junio de 1970 (R. ÁNGEL ESCUDERO). «en caso de duda sobre los hechos objeto de enjuiciamiento ha de estarse. 66). la naturaleza del in dubio pro reo como principio y no precepto. la muy importante STS de 5 de octubre de 1973 (R. Azdi. ponente.. a lo más favorable para el acusado» (STS de 14 de abril de 1971.«IN DUBIO PRO REO» sino que también hizo aplicación del principio. Azdi. 1471) y STS de 2 de julio de 1974 (R. 2296).
2 CE. En cuanto tal derecho fundamental debe ser tutelado por todos los jueces •y tribunales integrantes del poder judicial y goza de la protección extraordinaria del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53 CE y arts. Sin querer formular aquí el régimen de los derechos fundamentales. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL El inciso final del artículo 24. para quienes no nacían de aquel axioma o tópico jurídico derechos materiales ni remedios procesales. para que se pueda apreciar la importancia de la transforma•ción operada de lo que era un principio al actual derecho a la presunción de inocencia. que éste sólo puede ser desarrollado por medio de ley orgánica (art. en virtud de la remisión del artículo 10. IV. con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. •con el 6. de conformidad.2 de la Constitución declara que todos tienen derecho a la presunción de inocencia.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del Derecho que ha de informar la actividad judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata» (25). razón por la cual importa definir en qué consiste. Por vez primera en nuestra historia. que en todo caso ha de respetarlo (art. 53. . que goza de la máxima rigidez ante una posible reforma constitucional (art. la presunción de inocencia es un •derecho de rango constitucional.a del Tribunal Constitucional de 28 de julio •de 1981: «Una vez consagrada constitucionalmente. 41 y 44 de la LOTC). pero no una norma jurídica de cumplimiento -exigible por los ciudadanos.1 CE). 168.2 del Convenio de Roma y con el 14. Su contenido esencial no es disponible por el legislador. Digámoslo con palabras de la muy importante sentencia de la Sala 1.20 STC 31/81. JC II. Esta norma debe ser interpretada. 81 CE). como en efecto lo ha hecho el "Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia que vamos a analizar. 213 y ss. pp.1FRANCISC0 TOMAS Y VALIENTE vigente Constitución fue un principio jurídico doctrinal y jurisprudencialmente admitido y aplicado. sí conviene recordar. fundamento jurídico 2.1 CE) y que tanto la presunción de inocencia como todos (25) . entre •otras.
JC II. Ello implica que no puede imputarse al acusado «la carga de probrar su inocencia. JC VII. 213 y ss. 21 . pp. fundamento jurídico 5). fundamento jurídico 2. JC VI. JC XIII. (28) La expresión «mínima actividad probatoria» de la STC 31/81 fue poco a poco sustituida en autos y en sentencias por esta otra. pp. pp. de donde se infiere que la «actividad probatoria» (28) o «carga probatoria corresponde a los acusadores y que toda acusación debe ir acompañada de probanzas' de los hechos en que consiste» (29). fundamento jurídico 3.1. se ha violado su derecho a la presunción de inocencia. de la LOTC en orden a no entrar a conocer en ningún caso los hechos que dieron lugar al proceso a quo en el que. fundamento jurídico 3. JC II. (31) STC 31/81. pues. 517. 213 y ss. fundamento jurídico 2. fundamentos jurídicos 6 y 7. p. cfr. fundamento jurídico 2. 28 y ss. 522 y ss. fundamento jurídico 3.«IN DUBIO PRO REO» los otros derechos fundamentales no sólo son derechos públicos subjetivos •de cada individuo. fundamento jurídico 2. pp. y ha de haberse producido con las debidas garantías procesales (33). ha de haberse practicado en el juicio (31). 25 y 26. pp. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. JC II. pp. La prueba producida ha de ser tal «que de alguna forma pueda entenderse de cargo» (30). en efecto. 1 y ss. ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO Y CERTEZA DE LA CULPABILIDAD Nuestra atención se va a centrar desde ahora sobre el problema de cómo puede amparar el Tribunal Constitucional la presunción de inocencia sin quebrar ni el precepto procesal penal de libre valoración de la prueba ni la prohibición'que le impone el artículo 44. (27) STC 124/83. JC II. sino además «elementos esenciales de un ordenamiento •objetivo de la comunidad nacional en cuanto ésta se configure como marco de una convivencia humana. Desde su primera sentencia al respecto. ésta es la que inicialmente se presume como cierta hasta que se demuestre lo contrario» (27). pp. fundamento jurídico 1. STC 173/85. 213 y ss. JC XIII. (32) STC 101/85. V. lo que a (26) STC 31/81. como ejemplo STC 36/83. b). (33) STC 31/81. 213 y ss. el Tribunal ha señalado que teniendo la presunción de inocencia el carácter de presunción iuris tantum sólo puede quedar desvirtuada merced a una «mínima actividad probatoria» (26). para de ese modo hacer posible la contradicción (32). (30) STC 31/81. (29) STC 77/83. a juicio del recurrente en amparo. justa y pacífica» (STC 25/81. pp. JC VII.
fundamento jurídico 3. unido al de los límites de la jurisdicción constitucional (39). finalmente. . Cri. pero compárese luego con la STC 107/83. (37) Como excepción puede considerarse el voto particular de ÁNGEL ESCUDERO en la STC 31/81 (JC II. a título de ejemplo. En lo hasta aquí sintetizado. 161. así parece haberlo entendido el Tribunal... No obstante. comprobada en amparo la existencia de una actividad probatoria ajustada a los requisitos expuestos. p. supone que los distintos elementos de prueba puedan ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia. no han impedido que el Tribunal haya formulado interesantes consideraciones para precisar en qué consiste la libre apreciación de la prueba. JC IV. de la existencia de la prueba como medio y de los caracteres o requisitos de dicha actividad probatoria de cargo. Partiendo. 301 a 305). Ahora bien. en consecuencia. 22 . valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia» (38). cuya primera sentencia sobre presunción de inocencia ya sentó la afirmación de que «el principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 741 de la L. pp. hasta dónde puede (34) STC 107/85. fundamento jurídico 2. en caso de recurso de amparo. 26. JC X. 4 y 5. pp. y sin conflictos entre las sentencias de cada Sala. esto es. p. ya citada. debe examinar si se produjo la actividad probatoria de cargo. el reconocimiento explícito de tal principio. de la que fue ponente este magistrado. el Tribunal Constitucional. puede decirse que ha habido casi unanimidad (37) y que la doctrina del Tribunal ha ido perfilándose sin saltos. fundamento jurídico 2. «si se da el presupuesto necesario para que pueda entenderse desvirtuada la presunción de inocencia» (36). así como numerosísimos autos de inadmisión. a quien corresponde. (36) STC 101/85. 28 y ss. allí citada (fundamentos jurídicos 3. ¿el Tribunal Constitucional no tiene ya nada que decir respecto a la valoración de la prueba —la prueba como resultado—? En principio. y con otras muchas sentencias de la Sala de que formaba parte. fundamento jurídico 7. JC VI. JC XIII. (35) STC 55/82. por el Tribunal Constitucional en vía de amparo. p. cómo hay que entender y respetar tal principio sin por ello vulnerar la presunción de inocencia y. Todo esto concierne al control. pp. E. 221 a 224). 77. pues. «de la obligada distinción entre medio y resultado» (35). (39) Cfr. JC XIII.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE su vez implica en primer lugar que los medios probatorios traídos al proceso no pueden hacerse valer ni pueden ser admitidos por el juzgador si se han obtenido «violentando derechos o libertades fundamentales» (34). sino caso a caso. STC 36/86. (38) STC 31/81. •. y la STC 114/84. fundamento jurídico 2.
ya que el artículo 44. que no fija tasa legal o ponderativa distinta. de su Ley. p.1. JC XIII. En alguna sentencia el respeto a la libre apreciación judicial de la prueba va unido a la glosa de otros preceptos constitucionales o de la Ley Orgánica •del Tribunal. fundamento jurídico 2. asume en libertad. sin alterar el factum declarado como probado por el o los órganos judiciales. (41) STC 107/83. por una parte. 23 . apreciar y valorar las pruebas efectivamente practicadas. y. JC IV. cuyo párrafo transcrito insiste. sin que en tal supuesto pueda el Tribunal Constitucional subrogarse en la valoración efectuada de dicha prueba. pp. Lo' dicho en esta sentencia no ha sido contradicho por ninguna. fundamento jurídico 2. la calificación penal y los efectos inherentes a la misma» (40). 335-336. convirtiéndose en un órgano revisor o tercera instancia. por ser campo específicamente atribuido con exclusividad a la jurisdicción ordinaria —artículo 117. «superando caducos sistemas de prueba legal. fundamento jurídico 2. Sin em(40) STC 55/82. 161. de acuerdo con el artículo 44. STC 103/85. en que libre apreciación en conciencia significa «convencimiento íntimo y personal». JC VII. la comprometida función de fijar los hechos probados. por otro lado. véase a tal efecto el muy rotundo texto siguiente: «. con exclusión del Tribunal Constitucional. En términos semejantes. en su caso. al sentenciar. según su conciencia. b). de la LOTC le impide conocer •de los hechos que dieron lugar al proceso en todo caso. Es muy frecuente el reconocimiento explícito de la necesidad de respetar la valoración de la prueba hecha por el juzgador porque es de su exclusiva incumbencia. b).. pero respetando el criterio con que la misma fue valorada por el Tribunal Penal» (41). limitando la intervención del Tribunal Constitucional únicamente a comprobar si ha habido actividad probatoria. Al llevarla a cabo el juez penal. 41.1. en que la apreciación del resultado probatorio corresponde a los órganos judiciales ex artículo 117. p.. Luego volveremos sobre algunas de las expresiones que me he permitido destacar en esta sentencia. es decir.«IN DUBIO PRO REO» llegar el Tribunal Constitucional en defensa de la presunción de inocencia sin revisar por su parte la valoración de los resultados probatorios.3 de la CE—. o íntima convicción. con arreglo a su conciencia o convencimiento íntimo y personal. correspondiendo a aquellos órganos judiciales. a los que se anuda. correspondiendo únicamente a aquél comprobar si ante la alegación de la virtualidad de la presunción de inocencia ha existido una mínima actividad probatoria de cargo que pudiera desvirtuarla.3 de la CE. según determina el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
como podría inferirse de tan rígida diferenciación de competencias. en este caso. 124/83. que si con los mismos elementos probatorios otro Tribunal. fundamento jurídico 2. De la libertad de apreciación de la prueba se infiere también que si el juez penal absuelve a un acusado por no haber alcanzado para él grado de «certeza plena» la comisión de un hecho delictivo por aquél. fundamento jurídico 3. p. por último. ha de tener como fundamento la actividad probatoria. 24 . respetando su jurisdicción y su libertad de apreciación (42). el de apelación. JC VIII.). En primer término. p. no ha entrado a valorar si las pruebas eran o no abundantes o suficientes para extraer de ellas un determinado resultado (45). El mismo respeto a la libre apreciación conduce al Tribunal a no actuar como juez de revisión de la valoración de la prueba cuando el Tribunal de instancia absuelve y el de apelación condena: «Sucede. pone el acento en otro matiz: el convencimiento. el Tribunal ha reiterado tanto en autos de inadmisión como en alguna sentencia. Cri. 411. ser considerada como relevante para el juez del orden laboral. sin embargo. 741 L. 524-525. JC VI. a la única comprobación indicada. JC XIÍI. pp. (42) (43) (44) (45) Cfr. JC VII. fundamento jurídico 2. pp. en los que se precisa la relación entre valoración libre y presunción de inocencia. que el Tribunal. que no tiene nada que ver con una posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia la simple discrepancia del recurrente condenado con la apreciación de la prueba libremente efectuada por el juez cuando en el juicio ha habido «varios actos probatorios». razonable y razonado. al convencimiento razonable y razonado de la culpabilidad de los antes absueltos. llega a un resultado contrario y.. fundamento jurídico 1.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE bargo. E. esa misma conducta no merecedora de sanción penal puede. STC 36/83. 24/84. El texto. ello no obstante. 33. STC STC STC por todas. no por ello puede afirmarse violación alguna contra la presunción de inocencia. apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio (art. una vez ha comprobado la existencia de actividad probatoria en un caso. y no se ha subrogado en la valoración judicial. Veámoslo. 159/85. Conviene. sin embargo. siempre que las pruebas practicadas en el juicio sean las que le proporcionen fundamento para su convicción» (43). con tal de que no haya contradicción en una y otra sentencia sobre la realidad o no de unos mismos hechos (44). el Tribunal no se ha limitado. 298 a 300. aun sin contradecir en modo alguno sentencias anteriores aquí citadas. señalar dentro de esta serie de pronunciamientos.
JC VII. partiendo de una benignidad objetivada en una regla hermenéutica. supra. 161. notas 16 a 19. (48) Recuérdese el texto antes transcrito de GÓMEZ ORBANEJA. Tampoco nos encontramos ante un mecanismo o criterio que. porque sólo la certeza desvirtúa la presunción de inocencia (48). el Tribunal considera que la actividad jurisdiccional debe ser tomada en conjunto. Sólo desde el convencimiento firme se puede condenar. pero sin base normativa en el ordenamiento ni control a posteriori en caso de vulneración. p. fundamento jurídico 3.«1N DUPIO PRO REO» Tampoco ha aceptado desmenuzar cada una de las pruebas practicadas para ver si de ellas se infería o no la existencia de cada uno de los hechos probados: por el contrario. fundamento jurídico 1. 7. 25 . merced a una actividad probatoria que reúna los requisitos ya analizados y tras una valoración o apreciación libre de aquélla. STC 24/84. ni de que al retrato del buen juez le acomode mejor la indulgencia que la inflexibilidad. (47) STC 55/82. No se trata ahora. de una opción entre virtudes (es preferible la benignidad al rigor. la piedad y la misericordia a la severidad). 299.. (49) STC 124/83. p. y también ha de merecer una consideración global la existencia del «conjunto probatorio practicado» (46) sobre el que se produjo «la formulación del juicio de valor». «Para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la valoración de la prueba» (47). La interdicción de la condena dubitativa (esto es. pp. p. si el juez no tiene «certeza de la autoría» debe absolver. pero sólo dentro del proceso. de la formulada por el juez que no tenga certeza de la culpabilidad del acusado) forma parte del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia del que constituye el núcleo (49). p. JC VII. JC VIII. la tendencia a absolver que la inclinación a condenar. p. y STC 105/83. fundamento jurídico 2. 322-323. Como es la inocencia la que «se presume cierta». «Se trata. La consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental proscribe la condena en la duda porque establece el hecho inicialmente cierto de que todo hombre es inocente. JC IV. JC VII. STC 55/82. pues. De la certeza inicial sobre la inocencia el juez puede llegar a la contraria. Es en este punto donde el derecho fundamental a la presunción de inocencia conserva la proscripción de la duda como base para condenar. fundamento jurídico 2. 525. no desde la duda. 161. pero desde un planteamiento y con una construcción muy distintos. JC IV. cómo en la retórica y la ética del Antiguo Régimen. de una presunción iuris tantum que puede ser destruida por pruebas (46) STC 77/83. fundamento jurídico 2. establezca el beneficio de la duda en favor del acusado (favor rei).
sino si ésta fue la adecuada? Con ocasión de la sentencia de 28 de julio de 1981 y de algunas posteriores algunos juristas entendieron que el principio de libre apreciación de la prueba del artículo 741 de la L. Tribunal y a través de una construcción profunda del derecho fundamental en cuestión (52). BECCARIA. suficiente o no el grado de certeza alcanzado por el juzgador al condenar? ¿Debe el Tribunal apreciar no sólo si hubo actividad probatoria. Por su parte. 1202 .. la que determina a todo hombre en las operaciones más importantes de la vida» (51). 26 STC 173/85.». la certeza moral no es rigurosamente más que una probabilidad. se resisten a ser definidas en términos precisos y objetivos. en un excelente estudio monográfico sobre un tema más amplio (50) (51) (52) a 1204.Como el Derecho requiere la existencia de referentes convencionales que eviten un estéril y asocial solipsismo. cit. pp. pues. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ SOTELO.. 83-84. y a tal efecto entiendo que continúa siendo útil el texto clásico de BECCARIA: «. esto es. «El derecho. JC XIII. pero una probabilidad tal que es llamada certeza porque todo hombre de buen sentido asiente necesariamente a ella por una costumbre nacida de la necesidad de obrar y anterior a toda especulación. C. Certeza y duda. pero sólo por pruebas.. lo hizo desde la duda? ¿Puede el Tribunal comprobar si la certeza estaba fundada racionalmente? ¿Puede considerar como correcto o incorrecto.. POSIBILIDAD Y LIMITES DEL CONTROL POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PENAL Pero ¿puede el Tribunal Constitucional controlar si el juzgador ha condenado desde la certeza o si. el proceso como camino y la duda como imposible jurídico.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE en contra. en nota 24. por el contrario. E. pp. en cuanto fenómenos de conciencia.. VI. 516-517. De los delitos. no por impresiones o apariencias no contrastadas en juicio con arreglo a las normas que regulan la actividad probatoria y con todas las garantías inherentes a un proceso público» (50). La certeza que se requiere para declarar a un hombre culpable es... pp. GUERRA SAN MARTÍN y otros.. es necesario arriesgar alguna conceptualización de la certeza. fundamento jurídico 1. Cri. De una certeza a otra. debería ser objeto de reformulación por el propio. J.
1203. dos recientes y casi simultáneas sentencias de la Sala 1. para llegar a la conclusión de que «parece inevitable que si el TC quiere amparar eficazmente la presunción de inocencia tendrá que acabar por exigir que obre en la causa la prueba adecuada que racionalmente enerve y desplace la presunción. En otro momento habla de la «insuficiencia de la construcción» del Tribunal Constitucional con base en la sentencia de 28 de julio de 1981. como es no menos evidente. la Sala 1. por las sentencias aquí citadas y aun por otras que quedan al margen del campo acotado. En el mismo sentido. p. Bosch. Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del Tribunal. y c) «el dogma de la inatacabilidad de la narración fáctica realizada por el Tribunal» (53). estaba integrada por los magistrados LATORRE. BEGUE. (57) Hasta el cambio operado en febrero de 1986. La reinterpretación del principio de libre apreciación se ha llevado a cabo a través de «fases» o de concreciones no muy distintas a las que apuntaban GUERRA.a del Tribunal Constitucional obligan a replantearse las preguntas que nos formulamos al comienzo de los apartados V y VI (57). en nota 24. (56) Véanse la casi totalidad de las sentencias hasta aquí citadas. Ed. 357. del artículo 741. 1984. pp. DÍEZ DE VELASCO. aunque ello pueda decirse que implica una valoración de la prueba realizada por el TC» (54).*. y que eran: a) el dogma de la «íntima convicción» entendido como equivalente a «la más absoluta e irrefrenable soberanía» en la apreciación. BELLOCH y TORRES. suplemento. ha repetido su respeto a la libre apreciación y ha afirmado que no le concierne revisar la valoración de la prueba (56). p. 409-414 (el subrayado es mío). BELLOCH y TORRES en su muy ponderado trabajo (55). Barcelona. dogmas todos ellos extraídos. 1202 in fine. Sin embargo. afirmaba en un pasaje notable que la citada sentencia «ha supuesto el hundimiento de los viejos dogmas sobre los que férreamente se venía apoyando la jurisprudencia». presidida por GAR- CÍA-PELAYO. el trabajo de GUERRA. (54) Op. cfr. (55) Op. pp. cit. cit. a la que. 16 a 23. ha sido completada en buena medida. a su entender.. no se le podía exigir lo contrario. Para evitar excesi- 27 . b) «el dogma de la inmotivación de esa apreciación probatoria». p.«IN DUBIO PRO REO» dentro del cual insertó el tratamiento de la presunción de inocencia y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. a mi modo de ver. La insuficiencia evidente de la doctrina contenida en aquella primera sentencia. (53) JOSÉ LUIS VÁZQUEZ SOTELO. GÓMEZ-FERRER y ESCUDERO. El Tribunal ha reiterado que la valoración de la prueba concierne al juzgador en la instancia. Las sentencias son la 174 y 175 de 1985 y pueden consultarse en el BOE de 15 de enero de 1986.
e) Si sólo ha habido prueba indiciaría. c) Tal valoración ha de versar sobre una actividad probatoria de cargo. «es decir. Su esquema es el siguiente: a) Se reitera la vigencia del artículo 741 L. Cri. que en el momento oportuno indicaré.. significado. 519 a 530 (STC 174) y pp. No hubo en ellas votos particulares. como se ha dicho. pero de los que se puede inferir éstos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar» (STC 174/85. «El resultado de la prueba ha de ser tal que pueda racionalmente considerarsede cargo. es decir. Cuando la única prueba practicada es la indiciaría puede surgir el problema de si nos encontramos ante una verdadera prueba de ese tipo. ¿qué sucede? El Tribunal Constitucional no puede revisar. que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada acrediten la culpabilidad del acusado» (STC 174/85.. E. pero éstas surgen cuando en el juicio penal sólo hubo «prueba indiciaría o circunstancial. d) Cuando las pruebas practicadas son directas. y.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE Expondré en síntesis su contenido para reflexionar después sobre su. ante una actividad que conduce razonablemente a dar por ciertos unos hechos determinados que incriminan al vas citas reproduciré textos de una y otra indicando sólo entre paréntesis la sentencia a la que corresponden (174/85 o 175/85). fundamento jurídico 2). b) Al Tribunal Constitucional no le corresponde «revisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador». se señala que al juez penal le corresponde apreciar en conciencia la prueba. pp. Pueden verse ambas sentencias en fC XIII. 28 . Siendo del mismoórgano (Sala 1. es decir. sus respectivos razonamientos no ofrecen diferencias importantes ni casi matices relevantes salvo en un punto. 531 a 542 (STC 175). por consiguiente. la valoración de la prueba que haga el Tribunal penal.a) y de la misma fecha (17 de diciembre de 1985). fundamento jurídico 3). fundamento jurídico 3). pero debe verificar si esa prueba ha existido y si puede calificarse como prueba de cargo. la delimitación de la competencia del Tribunal Constitucional no presenta dificultades. aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de delito. cuando la prueba recae inmediatamente sobre los hechos relevantes para la condena del acusado» (STC 174/85. Ambas sentencias se dan en sendos recursos de amparo frente a sentencias penales condenatorias basadas en pruebas indiciarías. es decir.
fundamento jurídico 5). pues en este tipo de prueba es imprescindible una motivación expresa para determinar. fundamento jurídico 5). y el Tribunal ha reiterado que en virtud del artículo 24. las normas jurídicas correspondientes y que fundamentan el fallo.de los que se desprenden visos o apariencias más o menos acusadoras de que una persona ha podido cometer un delito. Cri. por tanto. f) Es decir. porqué la motivación exigida por el artículo 120. o ante un simple conjunto de sospechas o posibilidades que no pueden desvirtuar la presunción de inocencia» (STC 174/85. a pesar de su finalidad probatoria. El Tribunal Constitucional debe enfrentarse en estos casos con la difícil tarea de verificar si ha existido una verdadera prueba indiciaría o si lo único que ha producido es una actividad que. E. 29 . sino también las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración. La respuesta es afirmativa. y no «meramente interno». g) Esto es así. aunque sea indiciaría. porque «no se impone al juzgador regla alguna sobre le valor de cada medio de prueba. una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia consagrada por la Constitución. es decir. asimismo. no ha logrado más que arrojar sospechas o sugerir conjeturas sobre la culpabilidad del acusado. ó si las conclusiones a que se pueda llegar por esta vía no pasan de ser sospechas o datos. si nos encontramos ante una verdadera prueba de cargo. De no ser expreso el razonamiento. fundamento jurídico 7). porque ésta «no equivale a valoración de indicios carente de razonamiento alguno» (STC 175/85. pero que no constituyen una base suficientemente firme para que de ellas pueda inferirse razonablemente la culpabilidad del acusado.«IN DUBIO PRO REO» acusado. porque el artículo 120. y. a pesar del silencio al respecto del artículo 242 de-la L.3 de la CE ha de entenderse que «en el caso de la prueba indiciaría tiene por finalidad expresar públicamente no sólo el razonamiento jurídico por medio del cual se aplican a unos determinados hechos. declarados sin más probados. h) Todo lo dicho hasta aquí «no se opone al principio de libre valoración de la prueba ni tan siquiera a su valoración en conciencia». no «habría manera de que el Tribunal Constitucional determinase si el proceso deductivo es arbitrario. irracional o absurdo». hipótesis en que se habría vulnerado la presunción de inocencia «al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de cargo» (STC 1.75/85. y no suponen. «en este caso surge la cuestión de determinar si el órgano judicial debe razonar su actividad deductiva» (STC 175/85.1 CE las resoluciones judiciales han de ser fundadas en Derecho.. fundamento jurídico 5).3 de la Constitución exige que las sentencias sean motivadas. como antes se ha dicho.
para que se pronunciaran de nuevo. como ya anuncié. en el punto b) del fallo se reconoce que han violado a los recurrentes su derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho a ser presumidos inocentes. «al no estar fundada la prueba indiciaría». porque. supuesto que se da en las dos sentencias penales que están en la base de los dos procesos de amparo) por parte del juez penal de razonar su proceso de convicción de la culpabilidad del acusado. vaya acompañada de la obligatoriedad (al menos cuando la prueba practicada •sea toda ella indiciaría. en un punto importante.1 de la Constitución y. fundamento jurídico 7). Ahora bien: en la fase final de su propio razonamiento las sentencias 174 y 175 difieren entre sí. Cri. por no resultar garantizado que se haya desvirtuado la presunción de inocencia. Coherentemente.2 de la Constitución. por lo mismo. dice. i) Como en las sentencias impugnadas no se recogió tal razonamiento.merecedor del otorgamiento del amparo. lo que vulnera el artículo 24. pero como de su exigencia de motivación no se puede inferir directamente en caso de incumplimiento una lesión de un derecho fundamental. Por su parte. Es de notar que en el fallo «1 único derecho que se reconoce a la recurrente es el de obtener un fallo con ese razonamiento.2 y.3. por dotar a los derechos fundamentales de un contenido real. como en tantas otras. efectivo y con proyección sobre el ordenamiento infraconstitucional. «de lo que se trata es de asegurar a la acusada la garantía formal de que el razonamiento hecho por el Tribunal ha formado. la Sala las anuló.3 y en el 24. la sentencia 175 concluye (fundamento jurídico 6) que «la subsunción de la conducta probada en el tipo penal no se encuentra debidamente fundada. sino que se le pide únicamente que exprese los criterios que han presidido la valoración de los indicios» (STC 174/85. asimismo.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE no se vuelve a ningún sistema de prueba legal o tasada. E. se busca un enlace con al30 . primera de ellas no basa la exigencia del razonamiento de valoración de la prueba indiciaría en el artículo 24. se vulnera el artículo 24. su convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia». Hasta aquí el análisis de estas dos importantes sentencias en las que el Tribunal se ha esforzado. en el fundamento jurídico 8 sólo considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.1 de la CE. otorgó el amparo y retrotrajo las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia. En este último aspecto es de destacar la exigencia de que la apreciación en conciencia del artículo 741 de la L. El primer fundamento jurídico constitucional de ambas sentencias es el artículo 120. La. sino sólo en el 120.
2. lo que vulnera el artículo 24. fundamento jurídico 3 in fine). sino que ha de constar expresamente en la sentencia. Si no se expresa en ésta. Sobre esa doble base. aunque en la práctica sean más frecuentes las pruebas circunstanciales o de indicios. Pero como la STC 175/85 no hace mayor hincapié en el artículo 24. Si la expresión del juicio de certeza es una exigencia del derecho a la presunción de inocencia. pueden coexistir en un mismo proceso. Llama la atención que esta exigencia se predica al parecer sólo en el caso de la prueba indiciaría y constituye una «peculiaridad» de la eficacia de tales pruebas (STC 174/85. aunque cupiera pensar que en case de prueba directa su expresión fuese más fácil o más convincente.este tipo de pruebas es imprescindible una motivación expresa» (ibídem. ya que se dice que «en. El Tribunal ha dicho con reiteración que eí derecho a la tutela judicial efectiva implica el de obtener una resolución fundada en Derecho. por otra parte. que. De otro modo se establecería una diferencia poco justificada entre ambos géneros de prueba. pp.1. 3T .1 de la Constitución». acaso tuviera más: lógica exigirlo en todo tipo de pruebas. fundamento jurídico 2. «la subsunción de la conducta probada en el tipo penal no se encuentra debidamente fundada. Parece partirse también de una consideración de la prueba de indicios como dotada de menor fuerza de convicción. 211 y ss. la STC 175/85 concluye que el razonamiento en virtud del cual el Tribunal a quo pasa de los indicios a la conclusión de que el acusado ha realizado la conducta en que: consiste el tipo delictivo «no puede ser meramente interno». Como se reconoce al Tribunal Constitucional competencia para declarar si la fundamentación existente es o no debida. parece claro que en este punto su función se aproxima mucho a la de un recurso de casación. JC X. al menos en una ocasión. lo que justificaría la necesidad de razonar expresamente la certeza de culpabilidad obtenida sobre su sola base. fundamento jurídico 7). (58) STC 108/84.«IN DUBIO PRO REO» guno de los derechos fundamentales.1 de la CE y la STC 174/85 omite toda referencia a él y se centra en una construcción más limpia en el artículo 24. La STC 175/85 lo encuentra en el artículo 24. y ya había conectado. Con tal construcción el razonamiento de la STC 175/85 se desliza desde la exigencia de que la sentencia impugnada esté fundada en Derecho a la de que el juicio de subsunción esté debidamente fundado. esta exigencia con el derecho a la presunción de inocencia (58). volvamos a la presunción de inocencia y a la exigencia de razonamiento expreso del juicio de certeza sobre los hechos.
como semi plena probatio o prueba incompleta o prueba de la duda. pero no es menos cierto que este requisito impuesto al juzgador sólo en cuanto a la prueba de indicios. 25 y 26. ya que de una serie de indicios convergentes puede obtener el juzgador mayor grado de certidumbre que de una sola prueba directa. Es cierto.acrediten la culpabilidad del acusado». JC XIII. con todo. el de si con la exigencia de que el juzgador razone su certeza se ha avanzado demasiado o no por el camino que conduce a convertir al Tribunal Constitucional en un juez de revisión de la apreciación del resultado de ia actividad probatoria. Si «el resultado de la prueba» ha de ser tal que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada «. se añade lo transcrito en el punto c) de estas páginas. volviendo con ello al sistema de prueba tasada. ¿quién valora esa certeza. la diferencia en un punto importante y con gran relevancia práctica. siendo así que de ella o se obtiene certeza o lo que se infiere es irrelevante a efectos probatorios. pp. como ejemplo de sentencia que se detiene en el límite de tal distinción STC 101/85. En la exigencia del juicio expreso del paso de la sospecha a la certeza se percibe el eco de la vieja construcción de la prueba indiciaría. La distinción quizá se debilita en el fundamento 2 de la STC 174/85. como se advierte en el fundamento 7 de la STC 174/85. (59) Cfr. que con la exigencia de un razonamiento expreso del juicio de certeza sobre los hechos en caso de pruebas indiciarias no se va en contra del principio de libre valoración ni se «impone al juzgador regla alguna sobre el valor de cada medio de prueba». después de repetir lo dicho en la sentencia de 28 de julio de 1981 sobre la actividad probatoria que pueda estimarse de cargo. El problema más difícil es. puede en principio pensarse que el Tribunal Constitucional sólo exige la expresión de aquél. cuando menos. fundamentos jurídicos 6 y 7. 32 . quién distingue si el resultado produce sólo sospechas o verdadera y firme certeza? ¿Sólo el juez penal o también el Tribunal Constitucional? • Como las sentencias anuladas por el Tribunal en ambos recursos de amparo no contenían ese razonamiento de la propia certeza. donde. Hasta ahora el Tribunal había distinguido con claridad entre actividad probatoria y resultado de la misma (59). Cabe pensar que la delimitación de la construcción a la prueba de indicios (por lo demás difícilmente diferenciable en la práctica de la prueba directa) sólo se debe al hecho fortuito de que en los procesos penales de los que ambos recursos de amparo traen causa sólo se dieran ese género de pruebas. discutible por su generalidad.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE Pero tal valoración sería.
con previa invocación de la STC 140/85. en cuyo caso tampoco podría considerarse desvirtuada la presunción de inocencia. De ser así. su contenido no sea «arbitrario. porque de no ser así no «habría manera de que el Tribunal Constitucional determinase si el proceso deductivo es arbitrario. en esta sentencia citada se trata de anular o no un auto de la Sala 2. La relevancia protectora para los titulares del derecho a la presunción de inocencia de una construcción que llegase sólo a la exigencia de la expresión del razonamiento sería en verdad muy escasa y aquél muy pronto podría convertirse en frases rituales. 849. Cri. o si de la prueba sólo resultan «sospechas» o «conjeturas» (STC 174/85). pp. E. y refiere al Tribunal de Casación la tarea de revisar si el juez penal había realizado o no injerencias «arbitrarias. irracional o absurdo». JC XIII.2 de la L. irracional o absurdo» (60).' del TS. irracionales o absurdas». de 21 de octubre. que se contentaría con comprobar la existencia de aquel razonamiento aunque éste fuese de modo patente ilógico o absurdo o desmesurado. fundamento jurídico 3. De la lectura completa de ambas sentencias no se desprende esta interpretación. el control del contenido de tal razonamiento escaparía al Tribunal.» Si nos detenemos ahí parece admisible la hipótesis de que el Tribunal Constitucional sólo impone como condición sine qua non para estimar desvirtuada la presunción de inocencia la existencia de un juicio expreso de la certeza del juez penal. Con mayor claridad. versa sobre la interpretación del art. si la actividad probatoria «conduce razonablemente a dar por ciertos» los hechos. la STC 175/ 85 declara que la operación deductiva a partir de la prueba indiciaría es necesario que se exprese. expresada dicha «garantía formal». 202 a 204. fundamento jurídico 5. Con esta construcción el Tribunal Constitucional no se convierte en juez (60) STC 175/85. a juicio del Tribunal Constitucional. dicho de otro modo. Por el contrario. sino a la de que.«IN DUBIO PRO REO» y sólo anula las sentencias impugnadas por la carencia de tal razonamiento.. la expresión del razonamiento de la certeza se requiere para comprobar si hay «criterios racionales que han guiado su valoración» o. 33 . A esa momentánea convicción conduce la primera mitad del párrafo final de la STC 174/85: «De lo que se trata es de asegurar a la acusada la garantía formal de que el razonamiento hecho por el Tribunal conste expresamente en la sentencia. De donde parece extraerse la conclusión de que la interpretación del derecho a la presunción de inocencia contenida en las dos sentencias glosadas conduce no sólo a la exigencia de que el juez penal exprese el razonamiento de su certeza sobre los hechos que resultan probados a raíz de prueba indiciaría. en mera cláusula de estilo..
b). el Tribunal Constitucional llega hasta el límite de su función definitoria del derecho fundamental. pero es innegable que al poder rechazar por «arbitrario. Por este camino el Tribunal parece haber llegado hasta donde podía ir. pero quizá resulte agravada cuando la necesaria expresión del proceso lógico desde la prueba hasta la certeza de la culpa deba referirse al juez de los hechos y de la prueba en el juicio por jurados. y consiste. en el diferente proceso mental que cada juez puede recorrer para llegar a la certeza.1. en mi opinión.prueba que a aquél o a un tercero puede haber dejado indiferente o sumido en la duda.FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE de los hechos. Por último. LOTC]. La segunda dificultad que preveo guarda relación con la anterior. aun apreciando unas mismas pruebas y aun llegando a la convicción de la culpabilidad del acusado. conviene reflexionar sobre dos dificultades derivables de la exigencia contenida en estas dos sentencias relativa a la explicitación del razonamiento concerniente a la valoración de la prueba. pues no la sustituye por otra. La primera creo que puede plantearse en los órganos judiciales penales colegiados. un juez sobre los hechos. 34 . 44. cuyo conocimiento (en el sentido de enjuiciamiento) le está vedado [art. esto es. irracional o absurdo» el proceso deductivo construido sobre la actividad probatoria y expresamente contenido en la sentencia penal condenatoria. pues no los califica ni enjuicia. sin entrar a ser lo que no puede ser. Ante unas mismas pruebas practicadas un juez puede llegar a la certeza condenatoria porque le convenza lo que a otro no. ni en revisor de la valoración de la prueba. y éste puede valorar como decisivo el resultado de una.
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