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Timestamp: 2018-06-20 18:45:41
Document Index: 353934637

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 183', 'artículo 37', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 88', 'artículo 26', 'artículo 17', 'artículo 189', 'artículo 115']

CE SP EXP2000 NAC11760 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Falta de posesión originada en medida de aseguramiento / CONGRESISTA - Falta de posesión por pesar en su contra medida de aseguramiento / PRIVACION DE LA LIBERTAD - Circunstancia constitutiva de fuerza mayor que impide tomar posesión a congresista / FUERZA MAYOR - Irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad / POSESION DE CONGRESISTA - Ante situación de fuerza mayor procede solicitud de aplazamiento de posesión &nbsp; Bajo esos criterios examinará la Sala si en el caso bajo estudio, la falta de posesión del congresista demandado por el hecho de haber pesado en su contra una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, constituye fuerza mayor o caso fortuito para que el congresista Almario Rojas pueda exonerarse y no ser sancionado con la pérdida de su investidura. Cabe entonces determinar si el hecho de estar privado de la libertad era circunstancia constitutiva de fuerz
CE SP EXP2000 NAC11853 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Requisitos de la demanda &nbsp; Por la naturaleza y alcance de dicha acción, y la gravedad que comporta la sanción a que ella da lugar, no obstante su carácter ciudadano, para su ejercicio, la ley exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos, en orden a garantizar, a plenitud, el debido proceso y el derecho de defensa del congresista inculpado, lo mismo que la responsabilidad y seriedad en su utilización. En ese propósito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 144 de 1994, el ejercicio de la acción de pérdida de investidura por parte de los ciudadanos, exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos. NOTA DE RELATORIA: C-247 de 1995 Corte Constitucional. &nbsp; PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Prueba de la calidad de congresista del demandado / DEMANDA DE PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Imposibilidad de aportar pruebas &nbsp; Que no es de recibo la petición del actor, por cuanto la norma últimamente citada está r
CE SP EXP2000 NAC12092 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
ACCION DE TUTELA - Inaplicación por inconstitucionalidad de los incisos 1° y 2° del Decreto 1382 de 2000 / INAPLICACION POR INCONSTITUCIONALIDAD - Decreto que reglamentó reparto en acción de tutela / EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD - Procedencia frente a Decreto que reglamentó reparto en acción de tutela &nbsp; En el presente caso, según el artículo segundo del Decreto 1382/2000 corresponde al Consejo de Estado conocer de la presente acción interpuesta contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda y el Consejo de Estado - Sección Segunda -. Ahora bien, como se advierte el artículo 2º del Decreto 1382 de 2000 no establece quién conocerá de la segunda instancia de los fallos proferidos en las acciones de tutela que le compete en primera instancia al Consejo de Estado y como esta Corporación no tiene superior jerárquico, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta, se impone su inaplicación por ir en contravía del inciso
CE SP EXP2000 NAC12158 Ambiental, Económico y financiero, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Desempeño de empleo público o privado / CONGRESISTA - No genera incompatibilidad el ejercicio de la libertad de expresión / INCOMPATIBILIDAD DE CONGRESISTA - No la genera el ejercicio de la libertad de expresión / DESEMPEÑO DE EMPLEO PRIVADO - No lo constituye el escribir columnas de opinión en periódico &nbsp; La Sala advierte, al rompe, que en las referidas columnas periodísticas, lo que hizo el demandado fue plasmar su opinión y manera de pensar acerca de los temas políticos, económicos, sociales, cívicos, etc., del acontecer del país, del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali, situación esta que está amparada, como lo alegó aquél, por el artículo 20 de la Constitución Política, que le garantiza a toda persona su derecho a expresar y difundir libremente su pensamiento y opiniones y en relación con éste, considerado de manera concreta la Sala estima, además, que no existe razón jurídica alguna para que los congresistas por ser tales
CE SP EXP2000 NAC7974 Administrativo, Laboral y seguridad social, Familia JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Alcance de los poderes oficiosos del juez / PRUEBAS DE OFICIO - Deber del juez &nbsp; La Sala podía decretar pruebas en el momento procesal en que lo hizo. Este primer punto involucra dos asuntos importantes de tratar: uno referido al alcance de los poderes oficiosos del juez en materia de pérdida de investidura y el otro a la oportunidad procesal para pedir pruebas en dicho proceso. La facultad de decretar pruebas de oficio en las acciones de pérdida de investidura se deriva del carácter inquisitivo del proceso en el derecho colombiano que obliga al juez a asumir una conducta activa en todo momento, así las partes hayan obrado de manera negligente en el aporte o solicitud de las mismas. Deber que se torna aún más imperativo tratándose de un asunto disciplinario y en particular en casos como el que se examina, en el cual se encuentra comprometido sensiblemente el interés general por la alta misión que desempeña el servidor público acus
CE SP EXP2000 NAC8931 Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Contribución a movimiento político / CONTRIBUCION A MOVIMIENTO POLITICO - Causal de pérdida de la investidura &nbsp; De conformidad con los términos de la solicitud de pérdida de investidura, el demandante invocó como causal de pérdida de la investidura la consagrada en el artículo 110 de la Constitución. Al respecto se advierte que no obstante las tesis opuestas que existieron en esta Corporación sobre la aplicabilidad del artículo 110 de la Carta como causal de pérdida de investidura de los congresistas, es claro que después de la sentencia de la Corte Constitucional C-037 de febrero 5 de 1996, que declaró la inexequibilidad de la expresión “el artículo 183”, contenida en el artículo 37-7 de la Ley 270 de 1996, porque excluía la causal prevista en el artículo 110 íb, resultan aplicables al proceso de pérdida de investidura todas las causales señaladas en la Constitución, incluyendo la contenida en el artículo 110 de la Carta. NOTA
CE SP EXP2000 NC463 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
ACCION DE DEFINICION DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Inspección vigilancia y control de Fondo administrador del régimen subsidiado en salud. Superintendencia de Salud / CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Determinación de la competencia. Fondo administrador de régimen subsidiado en salud / FONDO PROSEGURIDAD SOCIAL DE LOTEROS Y VENDEDORES DE APUESTAS - Naturaleza jurídica. Entidad encargada de su vigilancia y control. Régimen legal / CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Determinación de la competencia: reconocimiento de personería y control, inspección y vigilancia / SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD - Competencia para reconocer personería y ejercer control, inspección y vigilancia a Fondo de Loteros y Vendedores administrador de régimen subsidiado en salud &nbsp; Para el caso de autos, al ser el Fondo Pro-Seguridad Social de Loteros y Vendedores de Apuestas, una entidad administradora del servicio subsidiado de salud a la luz de la Ley
CE SP EXP2000 NC580 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
ACCION DE DEFINICION DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Fiscalía General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura / CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTTRATIVAS POR REINTEGRO - Corresponde a la Fiscalía ejecutar orden de reintegro / CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS - Corresponde a la Fiscalía ejecutar orden de reintegro &nbsp; Por lo tanto al confrontar las fechas de esas disposiciones con la fecha en la cual fue expedido, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el acto administrativo mediante el cual no incorporó a carrera judicial al doctor Gustavo Vega Aguirre, se concluye que este acto administrativo se dictó con posterioridad a las normas que ordenaron la incorporación de los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria a la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto es obvio desde el punto de vista legal que la autoridad pública competente para reintegrar al doctor Gustavo Vega Aguirre “a un cargo de igual o
CE SP EXP2000 NC604 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONTROL FISCAL - Características de la facultad conferida al Contralor General &nbsp; Según lo señala el artículo 26 en cita, es excepcional, quiere decir, en los casos taxativamente señalados en esta norma, o cualquier otra que la sustituya o modifique. Es posterior, como lo es el control fiscal por regla general, por expresa disposición de los artículos 267 y 272 de la Constitución Política. Es rogado, por cuanto requiere solicitud de las autoridades señaladas en la ley, o de la ciudadanía, en la forma que allí se prescribe. Aunque en el artículo 26 de la ley 42 de 1993, se hace la salvedad de que la facultad excepcional se ejercerá sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales y municipales, que no contempla la norma constitucional que la origina, es menester entender que es prevalente o preferente sobre el control fiscal que, en el caso, corresponda a la respectiva contraloría territorial. Es amplio o general, en lo que se
CE SP EXP2000 NC615 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
ACCION DE DEFINICION DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Improcedencia. Incompetencia del Auditor General de la República para promoverla. Inexequibilidad de norma sustento del decreto que estableció función / AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA - Incompetencia para incoar acción de definición de competencias administrativas. Inexequibilidad de norma sustento de la que estableció función / VIGILANCIA FISCAL - Contralorías distritales o municipales. Marco legal / CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Rechazo de la solicitud. Incompetencia del auditor para promover acción &nbsp; Para suscitar el conflicto planteado, el Auditor General de la República invocó como norma jurídica, el artículo 17.3 del decreto ley 1142 de 1999 expedido, por el Presidente de la República, en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la ley 489 de 1998; este decreto ley determinó la organización y el funcionamiento de la Auditoría General de la República; y en particular en e
CE SP EXP2000 NC616 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
ACCION DE DEFINICION DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Improcedencia. Ausencia de legitimación en causa del Auditor General de la República para promoverla. Inexequibilidad de norma sustento del decreto que estableció función / AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA - Incompetencia para incoar acción de definición de competencias administrativas. Inexequibilidad de norma sustento de la que estableció función / VIGILANCIA FISCAL - Contralorías distritales o municipales. Marco legal / CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Rechazo de la solicitud. Incompetencia del auditor para promover acción &nbsp; La decisión de la Corte Constitucional implica que la competencia invocada por el señor Auditor General de la República, derivada del numeral 3 del artículo 17 del Decreto 1142 de 1999, nunca le fue atribuida porque dicha norma nunca tuvo vigencia. De otra parte, carece igualmente de legitimación procesal para actuar como demandante el señor Auditor porque, de conformidad
CE SP EXP2000 NC626 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS - Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Quindío / CONFLICTO DE COMPETENCIA - Acción popular / ACCIONES POPULARES - Juez competente &nbsp; De acuerdo con el texto del artículo 15 de la ley 446 de 1998, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de los procesos de acción popular originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que cumplan función administrativa, obviamente, en razón a éstas y no a las de su actividad privada. En los demás casos, entre ellos cuando las entidades ejercen actividades privadas, como los bancos demandados en el sub judice, conoce de la acción popular la jurisdicción ordinaria. &nbsp; ACCION POPULAR - Determinación de la competencia por razón de la jurisdicción / ACTOR POPULAR - Puede escoger el juez de la jurisdicción administrativo o civil &nbsp; Ahora bien, el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre compet
CE SP EXP2000 NC645 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
PROCESO EJECUTIVO - Competencia por contrato de suministro de energía / CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO - La competencia la determina el lugar donde se ejecutó el contrato / CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA - Tribunales Administrativos del Cesar y Santander / CONFLICTO DE COMPETENCIA - Juez competente por el factor territorial &nbsp; De acuerdo con la documentación allegada al expediente, se observa que el 9 de febrero de 1988, en la ciudad de Bucaramanga, la entidad descentralizada del orden nacional denominada “Electrificadora de Santander S.A.”, con domicilio en dicha ciudad, suscribió con el Municipio de San Martín, Departamento del Cesar, un contrato de venta y suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado público y para tal fin se acordó que “... ESSA recaudará directamente los impuestos de alumbrado público en el Municipio de San Martín.” No hay duda que el suministro de energía eléctrica (objeto del contrato), se debía cumplir en el Municipio de
CE SP EXP2000 NC646 Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA - Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Quindío / CONFLICTO DE COMPETENCIA - Demanda simultanea de dos actos administrativos / ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Conflicto negativo de competencia. Prestación del servicio : &quot;dos últimos lugares&quot; &nbsp; A juicio de la Sala, y con el exclusivo fin de dirimir el conflicto negativo de competencias sometido a su conocimiento, las dos clases de actos administrativos demandados dan lugar a la existencia de dos “últimos lugares de prestación de los servicios”, si se permite la expresión, pues el último, sólo puede ser uno, como sólo uno es el primero. Las decisiones de los dos Tribunales Administrativos cuyo conflicto negativo de competencias se plantea, son fruto, a juicio de la Sala, de verdades a medias, dado que el de Cundinamarca parte de la base de que el juez competente es el Tribunal Administrativo del Quindío por cuanto el asunto debatido es discip
CE SP EXP2000 NC653 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS - Competencia a prevención en acción de tutela / COMPETENCIA A PREVENCION - Procedencia en acción de tutela / ACCION DE TUTELA - Competencia a prevención / CONFLICTO DE COMPETENCIAS - Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Casanare &nbsp; Siendo el conocimiento de la acción de tutela, por el factor territorial, a prevención, debe entenderse que cuando la amenaza o violación de los derechos constitucionales fundamentales acaece en un lugar donde tienen jurisdicción varios jueces o tribunales, el juez de tutela será el escogido por la parte accionante, ya que la atribución para conocer queda radicada definitivamente en el lugar elegido por aquélla. En el presente caso la acción de tutela se dirige contra el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidades que cumplen su actividad en todo el territorio nacional, por lo que la tutela se pod
CE SP EXP2000 NC670 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
ACCION DE DEFINICION DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Contralorías General de la República y Municipal de Cúcuta / CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Competencia de la Contraloría General de la República para investigar fiscalmente al Concejo Municipal / CONTROL POSTERIOR - Alcance / CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - Competencia excepcional para adelantar control de las cuentas de entidades territoriales / CONCEJO MUNICIPAL - Competencia excepcional de la Contraloría General para adelantar juicio fiscal &nbsp; La acción de definición de competencias, prevista en el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo, se ha entendido como un proceso especial que se surte para dirimir los conflictos que, sobre competencias administrativas, se presenten en el seno de la administración. El artículo 26 de la Ley 42 de 1993, permite a la Sala advertir que la Contraloría General de la República está investida de una competencia excepcional para adelantar, d
CE SP EXP2000 NC672 Administrativo JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONFLICTO DE COMPETENCIAS - Tribunales Administrativos de Boyacá y Caldas / CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS - Para conocer de la acción popular incoada es competente el Tribunal de Boyacá / JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Para efecto de la definición de competencia territorial se debe aplicar Acuerdo 88 de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura / ACCION POPULAR - Tribunal competente &nbsp; Mediante acuerdo 88 del 9 de mayo de 1996, esa misma Corporación determinó la división del territorio nacional para la jurisdicción contencioso administrativo. En este acto se previó que el distrito judicial administrativo de Boyacá, con sede de Tunja, tiene “comprensión territorial judicial en el Departamento de Boyacá” y que el distrito judicial administrativo de Caldas, con sede en Manizales, tiene “comprensión territorial judicial en el Departamento de Caldas”. Es decir, que en relación con estos departamentos la división del territorio para efectos judicia
CE SP EXP2000 NC703 JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA - Se dirime a favor del Consejo Nacional Electoral /CONFLICTO DE COMPETENCIAS - Comisión Nacional de Televisión y Consejo Nacional Electoral / CONCESIONARIOS DE ESPACIOS DE TELEVISION - Investigación por transmisión de propaganda electoral / PROPAGANDA ELECTORAL - Competencia del Consejo Nacional Electoral para adelantar investigación a concesionarios y operadores de televisión / COMISION NACIONAL DE TELEVISION - Incompetente para investigar &nbsp; En consecuencia, y por cuanto por mandato constitucional y legal tiene el Consejo Nacional Electoral una competencia especial para adelantar investigaciones administrativas y sancionar, si es del caso, en materia de propaganda electoral, pues dicho aspecto tiene que ver no sólo con las normas electorales sobre publicidad, sino con la transparencia y garantías que tienen que rodear todo proceso electoral en un país democrático, es evidente que dicha competencia prevalece sobre la compete
CE SP EXP2000 NC706 Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONFLICTO DE COMPETENCIAS - En acción de reparación directa frente al Banco de la república por el alto costo de obligación en UPAC / CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS - Tribunales Administrativos de Norte de Santander y Cundinamarca / ACCION DE REPARACION DIRECTA - Tribunal competente se determina por el lugar de ubicación del bien inmueble &nbsp; Como se desprende de la demanda, los actores aspiran a que como resultas del proceso instaurado se les resarzan los perjuicios materiales y económicos que han venido soportando ante el incremento escandaloso que se presenta en las cuotas mensuales con las que están pagando una obligación hipotecaria adquirida con la corporación DAVIVIENDA de la ciudad de Cúcuta, ciudad en la cual, obviamente, está situada su residencia y en la cual también se presenta la real o supuesta vulneración de su patrimonio e intereses pues allí es donde se llevan a cabo las relaciones habituales entre los demandantes, familia Salinas Quiñones
CE SP EXP2000 NCA024 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Consejo de Estado>Sala Plena>2000 100%
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Procedencia sobre decreto que regula póliza colectiva de desempleo / SEGURO DE DESEMPLEO - Beneficiarios / FOGAFIN - Facultad para contratar póliza colectiva de desempleo / POLIZA DE DESEMPLEO - Deudores de créditos hipotecarios para financiación de vivienda de interés social / CONTROL DE LEGALIDAD - Decreto 213 de 1999 &nbsp; El Decreto 2331 de 1998, expresamente autoriza al Gobierno Nacional para expedir el reglamento en relación con el seguro de desempleo prescrito en el artículo 17, además de la facultad que le fue otorgada al Presidente de la República por el constituyente y que está consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución. El Decreto objeto de revisión fue expedido por el Presidente y los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, quienes de conformidad con el artículo 115 de la Constitución configuran el gobierno. Se tiene entonces, que el Decreto 213 de 1999 fue expedido