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Timestamp: 2018-12-16 08:47:06
Document Index: 96224914

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 135', 'artículo 104', 'artículo 135', 'artículo 5', 'artículo 104', 'artículo 135', 'artículo 104']

﻿ Sentencia 34055 de mayo 5 de 2010
SENTENCIA 34055 DE 05 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:COLISIÓN DE COMPETENCIAS, EN LOS DELITOS COMETIDOS CON OCASIÓN Y EN DESARROLLO DE CONFLICTO ARMADO SOBRE PERSONA PROTEGIDA. EL CONOCIMIENTO DEL DELITO DE HOMICIDIO PERPETRADO CONTRA PERSONA PROTEGIDA CONFORME A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHO HUMANITARIO, CORRESPONDE AL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DELITO CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, CONFLICTO DE COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO, HOMICIDIO DE PERSONA PROTEGIDA, DELITO EN CONFLICTO ARMADO, MIEMBROS DEL SINDICATO, CONVENIO INTERNACIONAL
Sentencia 34055 de mayo 5 de 2010
Proceso Nº 34055
Se pronuncia la Corte sobre el conflicto negativo de competencias suscitado entre los juzgados Penal del Circuito Especializado de Montería y Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad para conocer de la etapa de juicio adelantada en contra de Carlos Andrés Palencia González o Cipriam Manuel Palencia González acusado por los delitos de homicidio en persona protegida y obtención de documento público falso.
1. Por hechos acaecidos en Montería (Córdoba), según los cuales el 26 de septiembre de 2001 fue muerto Manuel Segundo Ruiz Álvarez, entonces diputado a la asamblea departamental y ex presidente de la asociación de maestros de dicho departamento, por un grupo de autodefensas que operaba en la zona y del que hacía parte el procesado Palencia González de quien se determinó se hallaba doblemente cedulado, siendo por ello falsa la segunda cédula de ciudadanía, la Fiscalía Especializada de Bogotá acusó en abril 24 de 2009 al mencionado como autor de los punibles ya señalados, por considerar particularmente respecto al homicidio que este fue cometido con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sobre un integrante de la población civil.
2. En esas condiciones y para efectos de que se adelantase la fase de juzgamiento el asunto fue remitido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, el cual en decisión de noviembre 5 del mismo año se consideró carente de facultad para asumirlo al estimar que su conocimiento concierne a los juzgados penales del circuito pues el delito de homicidio en persona protegida no tiene una asignación especial, por manera que ha de aplicarse en torno suyo la cláusula general de competencia legalmente prevista.
Así las diligencias arribaron finalmente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería, despacho que en auto de marzo 2 del año en curso declinó por igual la competencia y consecuentemente aceptó el conflicto planteado al considerar en contra de lo expuesto por el juzgado proponente de la colisión, que la víctima no era simplemente un integrante de la población civil, sino un dirigente sindicalista, luego en ese orden se constituye la agravante prevista en el numeral 10 del artículo 104 del Código Penal y por ende la competencia atañe al especializado por disposición del artículo 5º transitorio ídem.
Concerniendo a la Sala dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre los funcionarios reseñados, conforme lo dispone el artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000, ninguna duda queda que el motivo de aquel lo constituye en principio la condición de la víctima, pero adicionado a ello y de modo especial las circunstancias en que se le quitó la vida, como que el despacho proponente de la colisión parte del supuesto que el homicidio se produjo con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado y sobre una persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificados por Colombia, mientras que el otro juzgado sin detenerse a considerar tales circunstancias simplemente tiene en cuenta que la víctima era un líder sindicalista.
Diríase entonces que el conflicto plantea un cuestionamiento de tipificación, pero en ese orden impera igualmente afirmar que el juicio de adecuación típica en tanto evaluación conforme a los elementos que estructuran la descripción legal de los hechos que se endilgan al presunto autor o partícipe, corresponde exclusivamente en la calificación sumarial al ente acusador, sin que sea por ende posible que el juez a través del mecanismo de la colisión de competencias pretenda su modificación.
Es que “La jurisprudencia de la Corte (auto de octubre 10 de 2006, rad. 26150), con persistencia ha señalado que la calificación del mérito del sumario o su equivalente, vincula al juzgador, quien debe adelantar el juicio acorde con la tipificación realizada por la fiscalía, y que solo por excepción el juez puede negarse a conocer del asunto cuando advierta que el fiscal incurrió en error en la calificación jurídica provisional y que la correcta varía la competencia.
“En estos eventos, le es permitido a la Sala, por vía de excepción, analizar los elementos constitutivos de la tipicidad en tanto determina el factor objetivo de competencia, pero sin que pueda inmiscuirse en la verificación de la existencia material del ilícito ni en la responsabilidad que pudiere corresponder al procesado”.
Así, si en el caso concreto, para la fiscalía instructora las circunstancias que rodearon la consumación del delito contra la vida, del cual emana la colisión de competencias, en tanto fue cometido con ocasión y en desarrollo de conflicto armado sobre persona protegida, permite su tipificación en el artículo 135 y no en el 104 del Código Penal, es claro que tal adecuación es la determinante en este asunto por cuanto no se controvierten ni siquiera por el despacho remitente del asunto, tales circunstancias, por manera que tampoco excepcionalmente entraría la Sala a examinar la corrección de la tipificación pues —como igualmente lo ha sostenido la Corte en auto de abril 23 de 2008, radicación 29620— corresponde en el marco de la discusión que dentro del juicio se dé, llegar a la conclusión acerca de su configuración y la responsabilidad penal derivada de las mismas, sin que sea adecuado efectuar juicios de tipicidad anticipadamente como se pretende al plantear un conflicto como el que ahora se resuelve.
Bajo dichas restricciones, baste entonces decir que ambos despachos trabados en colisión están de acuerdo en que el homicidio del sindicalista y político fue cometido con ocasión y en desarrollo de conflicto armado o por lo menos que el Juzgado Tercero Penal del Circuito no lo cuestiona, de modo que su disenso es en la calidad de la víctima, como que para él lo determinante era su carácter sindicalista, el cual no lo fue para el funcionario especializado, quien a cambio tuvo en cuenta muy particularmente las circunstancias de conflicto armado en que el hecho se ejecutó.
Se advierte por ende que la conducta podría subsumirse en el artículo 104, con la agravante ya dicha, según lo sostiene el Juzgado Tercero y también en el artículo 135 del Código Penal de conformidad con el criterio del juzgado especializado, luego ante esa perspectiva y dadas las circunstancias aducidas por este —que aquel no discute— así como que el homicidio en persona protegida, constituye un tipo penal diferente y autónomo, con una riqueza descriptiva mucho más amplia y por ello con alcances diferentes, dirigidos, precisamente a regular situaciones no previstas en otras normas, es apenas obvio que el principio de especialidad concurre a dilucidar la situación y en ese orden ha de considerarse que la tipificación hecha en la calificación sumarial constituye el marco de competencia dentro del cual deberá desenvolverse el juicio.
Porque, como lo tiene dicho la Sala, “el artículo 5º transitorio del Código de Procedimiento Penal asignó a los jueces penales del circuito especializados el conocimiento del delito de homicidio agravado en los términos del artículo 104.9, siempre que no se relacionara con muertes de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, de donde se desprende que la competencia en relación con estas está adjudicada a otro funcionario. Y el artículo 135 define el homicidio que tiene como sujeto pasivo a persona defendida por el derecho humanitario.
“La salvedad señalada implica que lo exceptuado frente al servidor especializado compete a otro funcionario y como esa facultad no se ha otorgado expresamente a ninguna jerarquía, por residuo corresponde al juez penal del circuito.
• El conocimiento del delito de homicidio simple y, en general, del homicidio agravado, compete al juez penal del circuito.
• El homicidio agravado por los numerales 8º (realizado con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas), 9º (respecto de persona internacionalmente protegida) y 10 (en relación con servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso o en razón de ello) del artículo 104 del Código Penal, compete al juez penal del circuito especializado.
• El conocimiento del delito de homicidio perpetrado contra ‘persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario’, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado (art. 135 Código Penal), corresponde al juez penal del circuito” (auto abr. 13/2005, rad. 23472).
Por tanto como en este asunto la calificación jurídica del delito contra la vida hace relación a la muerte de un sindicalista y político —integrante por igual de la población civil y por ello persona protegida conforme al derecho internacional humanitario— con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, la competencia debe ser asignada al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería.
1. Declarar que compete al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería seguir conociendo del juicio adelantado en contra de Cipriam Manuel Palencia González o Carlos Andrés Palencia González.