Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1395649169179&uri=CELEX:62014CJ0406
Timestamp: 2017-05-26 11:39:20
Document Index: 116296572

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 25', 'artículo 98', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo\n36', 'artículo\n25', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 98', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 48', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 2', 'artículo\n2', 'artículo 98', 'artículo 98']

EUR-Lex - 62014CJ0406 - EN - EUR-Lex	This site uses cookies to improve your browsing experience. Would you like to keep them? About EUR-LexSite mapA-ZFAQHelpLinksLegal noticeCookiesContactLanguageбългарски (bg)Español (es)Čeština (cs)Dansk (da)Deutsch (de)Eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)Français (fr)Gaeilge (ga)Hrvatski (hr)Italiano (it)Latviešu valoda (lv)Lietuvių kalba (lt)Magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)Polski (pl)Português (pt)Română (ro)Slovenčina (sk)Slovenščina (sl)Suomi (fi)Svenska (sv)Access to European Union lawEUR-Lex Access to European Union lawQuick search: insert free text, CELEX number or descriptors. Use "" for exact matches.Advanced search
EUROPAEU law and publicationsEUR-LexEUR-Lex - 62014CJ0406 - EN
My EUR-LexSign inor RegisterMy recent searches (0)Predefined RSS feedsWebservice registrationOnline tutorialsStatisticsWe'd like to hear from you Document 62014CJ0406Save to My itemsPermanent linkBookmark this item
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de julio de 2016.Wrocław - Miasto na prawach powiatu contra Minister Infrastruktury i Rozwoju.Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/18/CE — Contratos públicos de obras — Regularidad de la obligación impuesta a los licitadores de ejecutar un determinado porcentaje del contrato sin recurrir a la subcontratación — Reglamento (CE) n.º 1083/2006 — Disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión — Obligación de que los Estados miembros procedan a una corrección financiera en relación con las irregularidades detectadas — Concepto de «irregularidad» — Necesidad de una corrección financiera en caso de inobservancia del Derecho de la Unión en materia de adjudicación de contratos públicos.Asunto C-406/14.
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/18/CE — Contratos públicos de obras — Regularidad de la obligación impuesta a los licitadores de ejecutar un determinado porcentaje del contrato sin recurrir a
la subcontratación — Reglamento (CE) n.º 1083/2006 — Disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión — Obligación de que los Estados miembros procedan a una corrección financiera en relación con las irregularidades detectadas — Concepto de «irregularidad» — Necesidad de una corrección financiera en caso de inobservancia del Derecho de la Unión en materia de adjudicación de contratos
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-administrativo del Voivodato de Varsovia, Polonia), mediante resolución
de 3 de junio de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de agosto de 2014, en el procedimiento entre
integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y los Sres. D. Šváby (Ponente), J. Malenovský, M. Safjan y M. Vilaras,
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. B.‑R. Killmann y A. Tokár y por la Sra. M. Owsiany-Hornung, en calidad de
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 25 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114, y corrección de errores en DO 2004, L 351, p. 44), en su versión
modificada por el Reglamento (CE) n.º 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005 (DO 2005, L 333, p. 28) (en lo
sucesivo, «Directiva 2004/18»), así como del artículo 98 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25).
2 Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre Wrocław — Miasto na prawach powiatu (ciudad de Breslavia, Polonia)
y el Minister Infrastruktury i Rozwoju (Ministro de Infraestructuras y Desarrollo), a propósito de una decisión por la que
se impone a dicha ciudad una corrección financiera por la supuesta violación de la Directiva 2004/18 en el marco de la licitación
de un contrato público de obras cofinanciadas con fondos de la Unión Europea.
3 Según el artículo 7, letra c), de la Directiva 2004/18, ésta era aplicable, en el momento de los hechos de que se trata en
el litigio principal, a los contratos públicos de obras que no estuvieran excluidos y cuyo valor estimado, sin incluir el
impuesto sobre el valor añadido (IVA), fuera igual a superior o 5 278 000 euros.
4 La posibilidad de que un licitador se proponga subcontratar una parte del contrato a terceros se evoca, en particular, en
el artículo 25 de dicha Directiva en los siguientes términos:
«En el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá pedir o podrá ser obligado por un Estado miembro a pedir al licitador
que mencione en la oferta la parte del contrato que se proponga subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos.
«Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas
sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones
que regulen la ejecución de un contrato podrán referirse, en particular, a consideraciones de tipo social y medioambiental.»
6 Esta disposición queda explicitada por el considerando 33 de la citada Directiva, según el cual las condiciones de ejecución
de un contrato serán compatibles con la referida Directiva «siempre y cuando no sean directa o indirectamente discriminatorias
y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. En particular, pueden tener por objeto favorecer la
formación profesional en el lugar de trabajo, el empleo de personas que tengan especiales dificultades de inserción, combatir
el paro o proteger el medio ambiente. Como ejemplo se pueden citar, entre otras, las obligaciones ―aplicables a la ejecución
del contrato― de contratar a desempleados de larga duración o de organizar acciones de formación para los desempleados o los
jóvenes, de respetar en lo sustancial las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el supuesto de que éstos no se hubieran aplicado en el Derecho nacional, de contratar a un número de personas
discapacitadas superior al que exige la legislación nacional».
7 La Directiva 2004/18 fija asimismo criterios de selección cualitativa que permiten determinar los candidatos admitidos a participar
en el procedimiento de adjudicación de un contrato público. El artículo 48 de dicha Directiva, relativo a la capacidad técnica
y profesional, tiene el siguiente tenor:
b) indicación del personal técnico u organismos técnicos, ya estén integrados o no en la empresa del operador económico, y especialmente
los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, aquéllos de los que disponga
el contratista para la ejecución de la obra;
3. En su caso, y para un contrato determinado, el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente
de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante el poder adjudicador que
dispondrá de los medios necesarios para la ejecución del contrato, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso de
dichas entidades de poner a disposición del operador económico los medios necesarios.
5. En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro que requieran obras de colocación o instalación,
la prestación de servicios y/o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios
o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia,
6. El poder adjudicador deberá precisar en el anuncio o en la invitación a licitar cuáles de los medios mencionados en el apartado
2 pretende obtener.»
«Deben especificarse las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la certificación
del gasto y la prevención, detección y corrección de irregularidades y de infracciones de la legislación comunitaria, de modo
que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de los programas operativos. [...]»
«El presente Reglamento establece las disposiciones generales aplicables al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
al Fondo Social Europeo (FSE) (en lo sucesivo, «los Fondos Estructurales»), y al Fondo de Cohesión [...]
A estos efectos, el presente Reglamento establece los principios y normas aplicables en materia de cooperación, programación,
evaluación, gestión ―incluida la gestión financiera―, seguimiento y control, partiendo del principio de responsabilidad compartida
entre los Estados miembros y la Comisión.»
10 El artículo 2, punto 7, del mismo Reglamento define la «irregularidad» como «toda infracción de una disposición del Derecho
comunitario correspondiente a una actuación u omisión de un agente económico y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia
causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión Europea al cargarle un gasto injustificado».
11 Conforme al artículo 9, apartado 5, del Reglamento n.º 1083/2006, las operaciones financiadas por los Fondos Estructurales
y por el Fondo de Cohesión deberán cumplir, en particular, lo dispuesto por los actos de Derecho derivado.
«1. Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la responsabilidad de investigar las irregularidades, debiendo actuar cuando
haya pruebas de una modificación importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de control de las
operaciones o de los programas operativos, y efectuar las necesarias correcciones financieras.
2. El Estado miembro efectuará las correcciones financieras necesarias por lo que respecta a las irregularidades individuales
o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas operativos. Esta corrección consistirá en la supresión total o
parcial de la contribución pública del programa operativo. El Estado miembro tendrá en cuenta la naturaleza y la gravedad
de las irregularidades y las pérdidas financieras que estas acarreen al Fondo.
13 Según la resolución de remisión, el artículo 36, apartado 5, de la ustawa — Prawo zamόwień publicznych (Ley de contratación
pública), de 29 de enero de 2004 (en lo sucesivo, «Ley de contratación pública»), en su versión aplicable en el momento de
los hechos del litigio principal, tenía el siguiente tenor:
14 Esta disposición fue modificada posteriormente, de manera que un operador económico puede confiar a subcontratistas la ejecución
de un contrato público que le ha sido adjudicado salvo que, por razón de las particularidades de dicho contrato, el poder
adjudicador haya dispuesto en el pliego de condiciones que tal contrato o parte de él no puede confiarse a subcontratistas.
15 El 18 de mayo de 2007, el servicio competente de la ciudad de Breslavia inició un procedimiento restringido de licitación
de un contrato público para la construcción parcial de una vía de circunvalación. Dicho proyecto, cuyo coste rondaba los 65 millones
de euros, recibió ayuda financiera de la Unión en aplicación del programa operativo de ayuda comunitaria a la República de
Polonia en materia de infraestructuras y de medio ambiente, en el marco del objetivo «Convergencia», cofinanciado por el Fondo
de Cohesión y por el FEDER.
16 De los siete operadores económicos que solicitaron participar en el citado procedimiento sólo cinco fueron invitados a presentar
una oferta. El pliego de condiciones que se envió a esos cinco operadores contenía la siguiente cláusula:
18 A raíz de un procedimiento administrativo posterior a la ejecución de ese contrato, incoado por las autoridades nacionales
encargadas de controlar la conformidad a Derecho de determinadas acciones cofinanciadas por la Unión, se reclamó a la ciudad
de Breslavia una corrección financiera de 8 600 473,38 zlotys polacos (PLN) (alrededor de 1 960 000 euros) como principal,
correspondiente al 5 % del importe de los costes financiados con fondos públicos, alegando que la citada cláusula era contraria
a la Directiva 2004/18, aplicable al contrato de que se trata habida cuenta de valor del mismo.
19 Según la resolución de remisión, la autoridad competente en la última fase de dicho procedimiento administrativo justificó
tal corrección financiera, por un lado, por el hecho de que la cláusula controvertida limitaba el recurso a la subcontratación
sin respetar el artículo 36, apartado 5, de la Ley de contratación pública. En efecto, tal disposición tiene la finalidad
de garantizar que las partes de un contrato que requiere conocimientos y competencias específicos, por lo que la calidad de
su ejecución depende de las aptitudes particulares del ejecutante, sean efectivamente realizadas por el operador económico
cuya capacidad haya sido evaluada en el marco del procedimiento de adjudicación del contrato. Este objetivo tenía especial
importancia ya que las disposiciones del Derecho interno aplicables en la fecha de los hechos del litigio principal no permitían
a los operadores económicos prevalerse de las capacidades de terceros para justificar que reunían los criterios de capacidad
exigidos para participar en el procedimiento de adjudicación de un contrato público.
20 Según dicha autoridad, en su aplicación del artículo 36, apartado 5, de la Ley de contratación pública, el poder adjudicador
estaba obligado a precisar concretamente qué partes del contrato de que se trata debían obligatoriamente ser ejecutadas por
el propio adjudicatario. Ahora bien, una cláusula como la controvertida en el litigio principal, al limitarse a fijar implícitamente
el porcentaje de las obras que el adjudicatario debía realizar, no permite determinar, en contra del objetivo del artículo
36, apartado 5, de la Ley de contratación pública, si la restricción del recurso a la subcontratación afecta a obras cuya
ejecución requiere competencias específicas. Tal violación del Derecho nacional también constituye una violación del artículo
25 de la Directiva 2004/18, remitiéndose dicha autoridad, a este respecto, a la sentencia de 18 de marzo de 2004, Siemens
y ARGE Telekom (C‑314/01, EU:C:2004:159).
21 Por otro lado, pese a la falta de incidencia de la supuesta violación del Derecho de la Unión en la adjudicación del contrato
de que se trata en el litigio principal, la limitación del recurso a la subcontratación incide negativamente en el presupuesto
general de la Unión. En efecto, la citada limitación entraña un riesgo de perturbación del equilibrio competitivo que podría
traducirse en un incremento de los precios propuestos en las ofertas, bastando tal riesgo para constituir una irregularidad
en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.º 1083/2006.
22 Consta en los autos ante el Tribunal de Justicia que el porcentaje de la corrección financiera aplicada en este caso se determinó
mediante un baremo que utiliza la autoridad competente.
23 La ciudad de Breslavia impugnó ante el órgano jurisdiccional remitente la decisión por la que se impone la corrección financiera,
rebatiendo la procedencia de los dos ejes de motivación en los que se basa. Alega, sobre la licitud de la cláusula controvertida
del pliego de condiciones, que el artículo 36, apartado 5, de la Ley de contratación pública, en su versión aplicable en el
momento de los hechos de litigio principal, contenía el principio de que el adjudicatario debe ejecutar el contrato con sus
propios recursos y que la subcontratación constituye una excepción y, como tal, que el poder adjudicador podía autorizarla,
pero sin estar obligado a ello. El órgano jurisdiccional remitente parece compartir esta interpretación de la disposición
24 Este último considera necesario, para resolver el litigio de que conoce, que el Tribunal de Justicia interprete, en primer
lugar, el artículo 25 de la Directiva 2004/18, en particular los términos «parte del contrato», con el fin de determinar si
esa disposición se opone a que un poder adjudicador fije un porcentaje máximo de la parte de contrato que el futuro adjudicatario
podrá subcontratar. Dicho órgano jurisdiccional también se pregunta si, en relación con tal limitación, podría ser pertinente
el artículo 26 de esa Directiva, como condición de ejecución en el sentido de este último artículo.
25 El referido órgano jurisdiccional considera que de la sentencia de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE Telekom (C‑314/01,
EU:C:2004:159), se desprende que la Directiva 2004/18 permite limitar el recurso a la subcontratación para la ejecución de
contratos públicos, siempre que ello no tenga como efecto impedir que operadores económicos que desean recurrir a las capacidades
técnicas y económicas de subcontratistas participen en un procedimiento de adjudicación. Sin embargo, esta sentencia no resuelve
la cuestión de si un poder adjudicador puede expresar en forma de porcentaje el volumen de las obras que el adjudicatario
debe ejecutar personalmente.
26 Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si una cláusula como la controvertida en el litigio principal,
al restringir la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas (PME) participen en la realización de obras que son objeto
de un contrato público, no podría violar el principio de apertura de los contratos públicos a la competencia no falseada,
apertura que concierne a todas las empresas, al margen de su tamaño, si bien parece, a este respecto, que debe prestarse una
atención especial a las PME. Sobre este particular, dicho órgano jurisdiccional se remite a la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia, concretamente a la sentencia de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 y Mannocchi Luigino (C‑94/12, EU:C:2013:646,
27 En segundo lugar, el citado órgano jurisdiccional también considera necesario obtener aclaraciones sobre el concepto de «irregularidad»
en el sentido del Reglamento n.º 1083/2006, con el fin de poder determinar si, teniendo en cuenta las circunstancias del litigio
de que conoce, la magnitud de la posible violación del Derecho de la Unión que afecta al procedimiento de adjudicación del
contrato de que se trata exige una corrección financiera.
28 A este respecto, se pregunta si cualquier inobservancia del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos puede constituir
una irregularidad tal que deba llevar a una corrección financiera o si procede tener en cuenta las circunstancias concretas
de cada caso, en particular los efectos de la posible inobservancia de tal Derecho. Señala, en cuanto a esas circunstancias
concretas, que en el caso de autos la ley aplicable se interpretaba de manera que no excluía una cláusula como la controvertida
en el litigio principal, que, con todo, dicha cláusula autorizaba el recurso a la subcontratación para el 75 % de las obras
que son objeto del contrato, que no suscitó oposición y que la licitación dio lugar a una competencia elevada.
29 En este contexto, el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Voivodato de
Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Es lícito, con arreglo al artículo 25 de la Directiva 2004/18/CE, que un poder adjudicador disponga en el pliego de condiciones
de un contrato [público] que el adjudicatario deberá realizar con sus propios recursos, al menos, el 25 % de las prestaciones
que comprende el contrato?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿implica la aplicación del requisito descrito en dicha cuestión prejudicial,
en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, una infracción del Derecho de la Unión Europea tal
que hace necesario aplicar una corrección financiera con arreglo al artículo 98 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006?»
30 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2004/18
debe interpretarse en el sentido de que un poder adjudicador puede exigir, mediante una cláusula del pliego de condiciones
de un contrato público de obras, que el futuro adjudicatario de dicho contrato ejecute con sus propios recursos un determinado
porcentaje de las obras objeto del mismo.
31 Conforme al párrafo primero del artículo 25 de la Directiva 2004/18, en el pliego de condiciones el poder adjudicador podrá
pedir o podrá ser obligado por un Estado miembro a pedir al licitador que mencione, en la oferta, la parte del contrato que
se proponga subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos.
32 Según declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 31 de la sentencia de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 y Mannocchi
Luigino (C‑94/12, EU:C:2013:646), la Directiva 2004/18 contempla mediante dicho artículo el recurso a la subcontratación sin
mencionar ninguna limitación al respecto.
33 Por el contrario, el artículo 48, apartado 3, de dicha Directiva, en la medida en que establece la posibilidad de que los
licitadores demuestren que reúnen unos niveles mínimos de capacidades técnicas y profesionales fijados por el poder adjudicador
recurriendo a las capacidades de terceros ―siempre que acrediten que, si el contrato se les adjudica, dispondrán efectivamente
de los recursos necesarios para la ejecución del contrato que no son propios suyos― consagra la posibilidad de que los licitadores
recurran a la subcontratación para la ejecución de un contrato, y ello, en principio, de manera ilimitada.
34 No obstante, cuando la documentación del contrato obliga a los licitadores, en virtud del artículo 25, párrafo primero, de
la Directiva 2004/18, a que indiquen, en sus ofertas, la parte del contrato que tengan la intención de subcontratar y los
subcontratistas propuestos, el poder adjudicador podrá prohibir el recurso a subcontratistas cuyas capacidades no haya podido
comprobar al examinar las ofertas y al seleccionar al adjudicatario, para la ejecución de partes esenciales del contrato (véase,
en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE Telekom, C‑314/01, EU:C:2004:159, apartado 45).
35 Sin embargo, una cláusula como la controvertida en el litigio principal tiene otro alcance, al imponer limitaciones al recurso
a la subcontratación para una parte del contrato fijada de manera abstracta como un determinado porcentaje del mismo, al margen
de la posibilidad de verificar las capacidades de los posibles subcontratistas y sin mención alguna sobre el carácter esencial
de las tareas a las que afectaría. Por todo ello tal cláusula resulta incompatible con la Directiva 2004/18, pertinente en
el marco del litigio principal.
36 Por otra parte, tal como la Abogado General señaló en el punto 41 de sus conclusiones, dicha cláusula, aun suponiendo que
constituya una condición especial en relación con la ejecución del contrato, en el sentido del artículo 26 de la Directiva
2004/18, no podría admitirse a tenor del propio artículo, por ser contraria al artículo 48, apartado 3, de la citada Directiva
y, por tanto, al Derecho de la Unión.
37 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido
de que un poder adjudicador no puede exigir, mediante una cláusula del pliego de condiciones de un contrato público de obras,
que el futuro adjudicatario de dicho contrato ejecute con sus propios recursos un determinado porcentaje de las obras objeto
38 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 98 del Reglamento
n.º 1083/2006, en conexión con el artículo 2, punto 7, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que el hecho
de que un poder adjudicador haya impuesto, en el marco de un contrato público de obras relativas a un proyecto que recibe
ayuda financiera de la Unión, que el futuro adjudicatario ejecute con sus propios recursos, al menos, el 25 % de dichas obras,
ignorando la Directiva 2004/18, constituye, en circunstancias como las del litigio principal, una «irregularidad» en el sentido
del citado artículo 2, punto 7, que justifica la necesidad de aplicar una corrección financiera en virtud de dicho artículo 98.
39 Por lo que respecta a las circunstancias concretas de este caso, el órgano jurisdiccional remitente señala que la ley nacional
aplicable se interpretaba de manera que no prohibía una cláusula como la controvertida en el litigio principal, que, con todo,
dicha cláusula autorizaba el recurso a la subcontratación para el 75 % de las obras objeto del contrato, que no suscitó la
oposición de los licitadores que fueron invitados a presentar ofertas ―los únicos que tuvieron conocimiento de ella― y que
la licitación dio lugar a una competencia elevada.
40 De este modo, la cuestión planteada presenta dos aspectos, relativos, el primero de ellos, al concepto de «irregularidad»
en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.º 1083/2006 y, el segundo, al mecanismo de corrección financiera que
las autoridades nacionales deben aplicar en caso de irregularidad, en virtud del artículo 98 de dicho Reglamento.
41 En primer lugar, este concepto de «irregularidad» comprende, con arreglo al artículo 2, punto 7, del Reglamento n.º 1083/2006,
toda infracción de una disposición del Derecho de la Unión correspondiente a una actuación u omisión de un agente económico
y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al cargarle un gasto
42 Procede señalar que la parte de esta definición que suscita las dudas del órgano jurisdiccional remitente es la última, pues
le parece que, en el caso de autos, la cláusula que debe considerarse contraria al Derecho de la Unión según la respuesta
dada a la primera cuestión prejudicial, no ha tenido ninguna consecuencia concreta.
43 A este respecto, debe señalarse que, en efecto, tal como la Abogado General indicó en los puntos 53 a 55 de sus conclusiones,
remitiéndose, en particular, al artículo 9, apartado 5, del Reglamento n.º 1083/2006 así como, por analogía, a la sentencia
de 21 de diciembre de 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre (C‑465/10, EU:C:2011:867, apartados 46 y 47), la
Unión únicamente tiene vocación de financiar, mediante los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, las acciones que se
realizan en completa conformidad con el Derecho de la Unión.
44 Sin embargo, de la definición que figura en el artículo 2, punto 7, del citado Reglamento se desprende que una violación del
Derecho de la Unión sólo constituye una irregularidad en el sentido de dicha disposición si tiene, o si puede tener por consecuencia
causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión al cargarle un gasto injustificado. Por tanto, tal violación debe considerarse
una irregularidad siempre que pueda, como tal, tener una incidencia en el presupuesto. En cambio, no se exige demostrar la
existencia de una incidencia financiera concreta (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Chambre de
commerce et d’industrie de l’Indre, C‑465/10, EU:C:2011:867, apartado 47).
45 En consecuencia, procede considerar que un incumplimiento de las normas relativas a la adjudicación de contratos públicos
constituye una irregularidad en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.º 1083/2006 siempre que no pueda excluirse
la posibilidad de que tal incumplimiento incida en el presupuesto del Fondo de que se trata.
46 En segundo lugar, por lo que respecta al mecanismo de corrección financiera establecido en el artículo 98 del Reglamento n.º 1083/2006,
procede señalar que, conforme a sus apartados 1 y 2, dicho artículo obliga a los Estados miembros a que procedan a una corrección
financiera en cuanto se haya comprobado una irregularidad.
47 No obstante, el apartado 2, párrafo primero, de ese artículo también obliga a la autoridad nacional competente a determinar
el importe de la corrección que aplicará teniendo en cuenta tres criterios, a saber, la naturaleza de la irregularidad comprobada,
su gravedad y las pérdidas financieras que ésta acarrea al Fondo en cuestión.
48 Cuando se trata, como en el litigio principal, de una irregularidad puntual, y no sistémica, esta última exigencia implica
necesariamente un examen casuístico, que tenga en cuenta todas las circunstancias del caso concreto pertinentes a la vista
de cada uno de esos tres criterios.
49 Por tanto, si bien es cierto que, tal como la Abogado General señaló en el punto 60 de sus conclusiones, ello no excluye la
posibilidad de efectuar una primera aproximación sobre la base de un baremo respetuoso con el principio de proporcionalidad,
no es menos cierto que la determinación del importe final de la corrección que se aplicará debe tener en cuenta todas las
particularidades que caracterizan la irregularidad comprobada en relación con los elementos tomados en consideración para
establecer dicho baremo, que pueden justificar la aplicación de una corrección mayor o, por el contrario, menor.
50 De este modo, circunstancias como la conformidad con la ley nacional de una cláusula como la controvertida en el litigio principal,
la obligación de realizar con sus propios recursos una parte limitada del contrato y el hecho de que sólo se haya acreditado
un riesgo, en su caso escaso, de incidencia financiera pueden influir en el importe final de la corrección financiera que
51 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 98 del Reglamento n.º 1083/2006, en combinación
con el artículo 2, punto 7, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un poder adjudicador
haya establecido, en el marco de un contrato público de obras relativas a un proyecto que recibe ayuda financiera de la Unión,
que el futuro adjudicatario ejecutará con sus propios recursos, al menos, el 25 % de tales obras, ignorando la Directiva 2004/18,
constituye una «irregularidad» en el sentido de dicho artículo 2, punto 7, que justifica la necesidad de aplicar una corrección
financiera en virtud del citado artículo 98, siempre que no pueda excluirse la posibilidad de que tal incumplimiento haya
tenido una incidencia en el presupuesto del Fondo de que se trate. El importe de esa corrección debe determinarse teniendo
en cuenta todas las circunstancias concretas pertinentes a la vista de los criterios mencionados en el apartado 2, párrafo
primero, del artículo 98 del referido Reglamento, a saber, la naturaleza de la irregularidad comprobada, su gravedad y la
pérdida financiera que acarreó al Fondo en cuestión.
52 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
1) La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en su versión modificada por el Reglamento
(CE) n.º 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005, debe interpretarse en el sentido de que un poder adjudicador
no puede exigir, mediante una cláusula del pliego de condiciones de un contrato público de obras, que el futuro adjudicatario
de dicho contrato ejecute con sus propios recursos un determinado porcentaje de las obras objeto del mismo.
2) El artículo 98 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1260/1999, en combinación con el artículo 2, punto 7, del primer Reglamento, debe interpretarse en el
sentido de que el hecho de que un poder adjudicador haya establecido, en el marco de un contrato público de obras relativas
a un proyecto que recibe ayuda financiera de la Unión, que el futuro adjudicatario ejecutará con sus propios recursos, al
menos, el 25 % de tales obras, ignorando la Directiva 2004/18, constituye una «irregularidad» en el sentido de dicho artículo
2, punto 7, que justifica la necesidad de aplicar una corrección financiera en virtud del citado artículo 98, siempre que
no pueda excluirse la posibilidad de que tal incumplimiento haya tenido una incidencia en el presupuesto del Fondo de que
se trate. El importe de esa corrección debe determinarse teniendo en cuenta todas las circunstancias concretas pertinentes
a la vista de los criterios mencionados en el apartado 2, párrafo primero, del artículo 98 del referido Reglamento, a saber,
la naturaleza de la irregularidad comprobada, su gravedad y la pérdida financiera que acarreó al Fondo en cuestión.