Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/148/008.html
Timestamp: 2020-08-09 00:18:40
Document Index: 156820901

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 57']

BOC - 2020/148. Jueves 23 de Julio de 2020 - Anuncio 2443
BOC Nº 148. Jueves 23 de Julio de 2020 - 2443
BOC-A-2020-148-2443. Firma electrónica - Descargar
Examinadas las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas por las personas relacionadas en el Anexo I, y teniendo en cuenta los siguientes hechos y fundamentos de derecho
2º) La tramitación del procedimiento de concesión directa de las mencionadas ayudas se inició por Resolución del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda de 3 de mayo de 2020.
El Presidente el Instituto es el competente para conceder subvenciones en materia de vivienda [artículo 7.2.i)] de los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.
La Directora del Instituto Canario de la Vivienda tiene atribuida la función de proponer al Presidente la concesión de ayudas y subvenciones [artículo 10.1.n)] de los Estatutos del instituto Canario de la Vivienda.
Cuarto.- Procedimiento de concesión directa.
Quinto.- Orden de prelación temporal de las solicitudes.
Las solicitudes de subvención se tramitan y resuelven por orden de presentación de las mismas, siempre que la solicitud y la documentación a aportar estén completas, es decir, cuando consten rellenos todos los campos de la solicitud y hayan sido aportados todos los documentos que se relacionan a continuación:
3. Acreditación del pago de las últimas tres mensualidades del alquiler, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo.
En el caso de que la solicitud haya sido mejorada voluntariamente por el solicitante o haya sido necesaria su subsanación, y a los efectos de establecer el orden de prelación temporal antes mencionado, se entiende como fecha de presentación de la solicitud, la de mejora o subsanación en las que la solicitud y la documentación a aportar estén completas en los términos indicados.
Sexto.- Beneficiarios y requisitos.
Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual, reúnan los requisitos previstos en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, en el artículo 2 de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, consistentes en encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19 y los acrediten de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 citado Real Decreto-ley.
Los requisitos para obtener la condición de beneficiario de esta ayuda, de acuerdo con los preceptos citados, son los que se relacionan a continuación:
i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), esto es: 1.613,52 euros mensuales.
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar, esto es: más 53,78 euros mensuales por cada hijo/a. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental, esto es: más 80,6 euros mensuales por cada hijo/a.
iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar, esto es: más 53,78 euros mensuales por cada persona mayor de 65 años.
iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, esto es: 2.151,36 euros mensuales; y ello sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM, esto es: 2.689,20 euros mensuales.
Séptimo.- Incumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios-denegación de las solicitudes de ayuda.
Una vez tramitado el procedimiento respecto de las solicitudes relacionadas en el Anexo I, ha podido comprobarse que incurren en alguna de las causas de denegación que se detallan en el Anexo II, por incumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
Los motivos expuestos son causa de denegación de las solicitudes relacionadas en el Anexo I.
Octavo.- Acumulación de procedimientos.
Primero.- Acumular los procedimientos relativos a la concesión directa de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual a que han dado lugar las solicitudes que se relacionan en el Anexo I de esta resolución.
Segundo.- Denegar las solicitudes de ayuda directa para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual que se relacionan en el Anexo I, por no cumplir los interesados los requisitos para ser beneficiarios de esta ayuda previstos en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020 y en el artículo 2 de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por los motivos que se detallan en el Anexo I y se explicitan en el Anexo II.
Tercero.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda.
Asimismo, se indica que contra el acuerdo de acumulación no cabe interponer recurso alguno de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Ver anexo en las páginas 19127-19175 del documento Descargar