Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-67-de-1993?documento=legcol&contexto=legcol_7599204143e1f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 02:04:19
Document Index: 401504678

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 62', 'artículo 65', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 11']

﻿ LEY 67 DE 1993
LEY 67 DE 23 DE AGOSTO DE 1993
CONTENIDO:CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE ESTUPEFACIENTES, LEY CON RESERVAS SANCIONADA POR EL GOBIERNO
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:985, 16 DE OCTUBRE DE 1993. PG. 520
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-176 de 1994 declaró parcialmente exequible la presente ley).
El texto de la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, que a la letra dice:
Aprobada por la conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988
Profundamente preocupadas por la magnitud y tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad,
Considerando que son necesarias medidas de control con respecto a determinadas sustancias, como los precursores, productos químicos y disolventes, que se utilizan en la fabricación de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y que, por la facilidad con que se consiguen han provocado un aumento de la fabricación clandestina de esas drogas y sustancias,
ART. 1º—Definiciones. Salvo indicación expresa en contrario, o que el contexto haga necesaria otra interpretación, las siguientes definiciones se aplicarán en todo el texto de la presente convención:
a) Por “junta” se entiende la junta internacional de fiscalización de estupefacientes establecida por la convención única de 1961 sobre estupefacientes y en esa convención enmendada por el Protocolo de 1972 de modificación de la convención única de 1961 sobre estupefacientes;
c) Por “arbusto de coca” se entiende la planta de cualesquiera especies del género Ery-throxylon;
d) Por “transportista comercial” se entiende una persona o una entidad pública, privada o de otro tipo dedicada al transporte de personas, bienes o correo a título oneroso;
g) Por “entrega vigilada” se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sustancias que figuran en el cuadro I o el cuadro II anexos a la presente convención o sustancias por las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º de la presente convención;
k) “Consejo” se entiende el consejo económico y social de las Naciones Unidas;
m) Por “tráfico ilícito” se entiende los delitos enunciados en los párrafos 1º y 2º del artículo 3º de la presente convención;
n) Por “estupefacientes” se entiende cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la lista I o la lista II de la convención única de 1961 sobre estupefacientes y en esa convención enmendada por el protocolo de 1972 de modificación de la convención única de 1961 sobre estupefacientes;
o) Por “adormidera” se entiende la planta de la especie papaver somniferuml;
p) Por “producto” se entiende los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º;
r) Por “sustancias sicotrópicas” se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural que figure en las listas I, II, III o IV del convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971;
u) Por “estado de tránsito” se entiende el estado a través de cuyo territorio se hacen pasar estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en el cuadro I y el cuadro II, de carácter ilícito, y que no es el punto de procedencia ni el de destino definitivo de estas sustancias.
ART. 2º—Alcance de la presente convención. 1. El propósito de la presente convención es promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional. En el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente convención, las partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.
ART. 3º—Delitos y sanciones. 1. Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente:
iii) la posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica, con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i);
ii) a posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y el cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales fines;
3. El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1º del presente artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso.
4. a) Cada una de las partes dispondrá que por la comisión de los delitos tipificados, de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como pena de prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso;
b) Las partes podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, que, como complemento de la declaración de culpabilidad o de la condena, el delincuente sea sometido a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social;
c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones de carácter leve, las partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento, y
d) Las partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 2º del presente artículo o como complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha condena, disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social del delincuente.
5. Las partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, tales como:
g) El hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos penitenciarios, en una institución educativa o en un centro asistencial o en sus inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas y sociales, y
7. Las partes velarán por que sus tribunales y demás autoridades competentes tengan en cuenta la gravedad de los delitos enumerados en el párrafo 1º del presente artículo y las circunstancias enumeradas en el párrafo 5º del presente artículo al considerar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de alguno de esos delitos.
8. Cada una de las partes establecerá, cuando proceda, en su derecho interno un plazo de prescripción prolongado dentro del cual se pueda iniciar al procesamiento por cualquiera de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo. Dicho plazo será mayor cuando el presunto delincuente hubiese eludido la administración de justicia.
9. Cada una de las partes adoptará medidas adecuadas, conforme a lo previsto en su propio ordenamiento jurídico, para que la persona que haya sido acusada o declarada culpable de alguno de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, que se encuentre en el territorio de dicha parte, comparezca en el proceso penal correspondiente.
10. A los fines de la cooperación entre las partes prevista en la presente convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5º, 6º, 7º y 9º, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos, ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las partes.
ART. 4º—Competencia. 1. Cada una de las partes: a) Adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º:
iii) cuando el delito sea uno de los tipificados de conformidad con el apartado iv) del inciso c) del párrafo 1º del artículo 3º y se cometa fuera de su territorio con miras a perpetrar en él uno de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.
2. Cada una de las partes: a) Adoptará también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha parte no lo extradite a otra basándose en que:
b) Podrá adoptar también las medidas que sean necesarias para declararse competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicha parte no lo extradite a otra.
ART. 5º—Decomiso. 1. Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto, y
b) De estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.
2. Cada una de las partes adoptará también las medidas que sean necesarias para permitir a sus autoridades competentes la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo, con miras a su eventual decomiso.
4. a) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra parte que sea competente respecto de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, la parte en cuyo territorio se encuentren el producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros de los elementos a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo:
ii) presentará ante sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en la medida solicitada, el mandamiento de decomiso expedido por la parte requirente de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, en lo que se refiera al producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1º que se encuentren en el territorio de la parte requerida;
b) Al recibirse una solicitud formulada con arreglo al presente artículo por otra parte que sea competente por respecto de un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, la parte requerida adoptará medidas para la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo, con miras al eventual decomiso que se ordene, ya sea por la parte requirente o, cuando se haya formulado una solicitud con arreglo al inciso a) del presente párrafo por la parte requerida;
c) Las decisiones o medidas previstas en los incisos a) y b) del presente párrafo serán adoptadas por la parte requerida de conformidad con su derecho interno y con sujeción a sus disposiciones, y de conformidad con sus reglas de procedimiento o los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que haya concertado con la parte requirente, y
d) Será aplicable, mutatis mutandis, lo dispuesto en los párrafos 6º a 19 del artículo 7º. Además de la información enumerada en el párrafo 10 del artículo 7º, las solicitudes formuladas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:
e) Cada una de las partes proporcionará al secretario general el texto de cualesquiera de sus leyes y reglamentos por los que haya dado aplicación al presente párrafo, así como el texto de cualquier cambio ulterior que se efectúe en dichas leyes y reglamentos;
f) Si una de las partes opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los incisos a) y b) del presente párrafo a la existencia de un tratado pertinente, dicha parte considerará la presente convención como base convencional necesaria y suficiente, y
5. a) La parte que haya decomisado el producto o los bienes conforme a los párrafos 1º ó 4º del presente artículo dispondrá de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos administrativos, y
b) Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable, se podrán decomisar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado, y
ART. 6º—Extradición. 1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por las partes de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.
a) Si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º por los motivos enunciados en el inciso a) del párrafo 2º del artículo 4º, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que se haya acordado otra cosa con la parte requirente;
b) Si no lo extradita por un delito de este tipo y se ha declarado competente en relación con ese delito de conformidad con el inciso b) del párrafo 2º del artículo 4º, presentar el caso antes sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que la parte requirente solicite otra cosa a efectos de salvaguardar su competencia legítima.
12. Las partes podrán considerar la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, ya sean especiales o generales, sobre el traslado de las personas condenadas a prisión u otra forma de privación de libertad por los delitos a los que se aplica el presente artículo, a fin de que pueda terminar de cumplir sus condenas en su país.
ART. 7º—Asistencia judicial recíproca. 1. Las partes se prestarán , a tenor de lo dispuesto en el presente artículo, la más amplia asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes a delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.
f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social y comercial, y
7. Los párrafos 8º a 19 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al mismo, siempre que no medie entre las partes interesadas un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando las partes estén vinculadas por un tratado de esta índole, se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que las partes convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 8º a 19 del presente artículo.
8. Las partes designarán una autoridad o, cuando sea necesario, varias autoridades, con facultades para dar cumplimiento a las solicitudes de asistencia judicial recíproca o transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Se notificará al secretario general la autoridad o autoridades que hayan sido designadas para este fin. Las autoridades designadas por las partes serán las encargadas de transmitir las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente; la presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de las partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando las partes convengan en ello, por conducto de la organización internacional de la policía criminal, de ser ello posible.
b) El objeto y la índole de la investigación, del proceso o de las actuaciones a que se refiera la solicitud, y el nombre y funciones de la autoridad que esté efectuando dichas investigación, dicho procesamiento o dichas actuaciones;
e) Cuando sea posible, la identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se encuentre, y
c) Cuando el derecho interno de la parte requerida prohíba a sus autoridades acceder a una solicitud formulada en relación con delito análogo, si este hubiera sido objeto de investigación, procesamiento o acciones en el ejercicio de su propia competencia, y
20. Cuando sea necesario las partes considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la práctica, den efecto a sus disposiciones o las refuercen.
ART. 8º—Remisión de actuaciones penales. Las partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el procesamiento por los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, cuando se estime que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia.
ART. 9º—Otras formas de cooperación y capacitación. 1. Las partes colaborarán estrechamente entre sí, en armonía con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de detección y represión orientadas a suprimir la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º. Deberán, en particular, sobre la base de acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales:
a) Establecer y mantener canales de comunicación entre sus organismos y servicios competentes a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro de información sobre todos los aspectos de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, incluso, siempre que las partes interesadas lo estimen oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
b) Cooperar en la realización de indagaciones, con respecto a delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º de el artículo 3º y de carácter internacional, acerca:
i) de la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º;
c) Cuando sea oportuno, y siempre que no contravenga lo dispuesto en su derecho interno, crear equipos conjuntos, teniendo en cuenta la necesidad de proteger la seguridad de las personas y de las operaciones, para dar efecto a lo dispuesto en el presente párrafo. Los funcionarios de cualquiera de las partes que integren esos equipos actuarán conforme a la autorización de las autoridades competentes de la parte en cuyo territorio se ha de llevar a cabo la operación. En todos esos casos la partes de que se trate velarán por que se respete plenamente la soberanía de la parte en cuyo territorio se ha de realizar la operación;
d) Proporcionar, cuando corresponda, las cantidades necesarias de sustancias para su análisis o investigación, y
2. Cada una de la partes, en la medida necesaria, iniciará, desarrollará o perfeccionará programas específicos de capacitación destinados a su personal de detección y represión o de otra índole, incluido el personal aduanero, encargado de suprimir los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º y del artículo 3º. En particular, estos programas se referirán a:
a) Los métodos utilizados en la detección y supresión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º;
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, en particular en los estados de tránsito, y medidas adecuadas para contrarrestar su utilización;
d) La detección y vigilancia del movimiento del producto y los bienes derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º, y de los estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en el cuadro I y el cuadro II, y de los instrumentos que se utilicen o se pretenda utilizar en la comisión de dichos delitos;
g) Las técnicas de fiscalización en zonas y puertos francos, y
3. Las partes se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos en las esferas mencionadas en el párrafo 2º del presente artículo a ese fin, deberán también, cuando proceda, recurrir a conferencias y seminarios regionales e internacionales a fin de promover la cooperación y estimular el examen de los problemas de interés común, incluidos en particular los problemas y necesidades especiales de los estados de tránsito.
ART. 10.—Cooperación internacional y asistencia a los estados de tránsito. 1. Las partes cooperarán, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales o regionales competentes, para prestar asistencia y apoyo a los estados de tránsito y, en particular, a los países en desarrollo que necesiten de tales asistencia y apoyo, en la medida de lo posible, mediante programas de cooperación técnica para impedir la entrada y el tránsito ilícitos, así como para otras actividades conexas.
ART. 11.—Entrega vigilada. 1. Sí lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, las partes adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano internacional, la técnica de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º y de entablar acciones legales contra ellas.
ART. 12.—Sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas. 1. Las partes adoptarán las medidas que estimen adecuadas para evitar la desviación de las sustancias que figuran en el cuadro I y el cuadro II, utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, y cooperarán entre ellas con este fin.
2. Si una de las partes o la junta posee datos que, a su juicio, puedan requerir la inclusión de una sustancia en el cuadro I o el cuadro II, lo notificará al secretario general y le facilitará los datos en que se base la notificación. El procedimiento descrito en los párrafos 2º a 7º del presente artículo también será aplicable cuando una de las partes o la junta posea información que justifique suprimir una sustancia del cuadro I o del cuadro II o trasladar una sustancia de un cuadro a otro.
3. El secretario general comunicará esa notificación y los datos que considere pertinentes las partes, a la comisión y, cuando la notificación proceda de alguna de las partes, a la junta. Las partes comunicarán al secretario general sus observaciones acerca de la notificación y toda la información complementaria que pueda serle útil a la junta para elaborar un dictamen y a la comisión para adoptar una decisión.
b) El secretario general transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la información pertinente a la comisión, a la junta y a todas las partes, invitándolas a presentar sus observaciones dentro del plazo de 90 días. Todas las observaciones que se reciban se comunicarán al consejo para que este las examine, y
c) El consejo podrá confirmar o revocar la decisión de la comisión. La notificación de la decisión del consejo se transmitirá a todos los estados y otras entidades que sean partes en la presente convención o que puedan llegar a serlo; a la comisión y a la junta.
8. a) Sin perjuicio de las disposiciones de carácter general del párrafo 1º del presente artículo y de lo dispuesto en la convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada y en el convenio de 1971, las partes tomarán las medidas que estimen oportunas para vigilar la fabricación y la distribución de sustancias que figuren en los cuadros I y II que se realicen dentro de su territorio.
9. Cada una de las partes adoptará, con respecto a las sustancias que figuren el cuadro I y el cuadro II, las siguientes medidas:
a) Establecer y mantener un sistema para vigilar el comercio internacional de sustancias que figuran en el cuadro I y el cuadro II a fin de facilitar el descubrimiento de operaciones sospechosas. Esos sistemas de vigilancia deberán aplicarse en estrecha cooperación con los fabricantes, importadores, exportadores, mayoristas y minoristas, que deberán informar a las autoridades competentes sobre los pedidos y operaciones sospechosas;
b) Disponer la incautación de cualquier sustancia que figure en el cuadro I o el cuadro II si hay pruebas suficientes de que se ha de utilizar para la fabricación ilícita de estupefaciente o sustancias sicotrópicas;
d) Exigir que las importaciones y exportaciones estén correctamente etiquetadas y documentadas. Los documentos comerciales como facturas, manifiestos de carga, documentos aduaneros y de transporte y otros documentos relativos al envío, deberán contener los nombres, tal como figuran en el cuadro I o el cuadro II, de las sustancias que se importen o exporten, la cantidad que se importe o exporte y el nombre y la dirección del importador, del exportador y, cuando sea posible, del consignatario, y
e) Velar por que los documentos mencionados en el inciso d) sean conservados durante dos años por los menos y puedan ser inspeccionados por las autoridades competentes.
10. a) Además de lo dispuesto en el párrafo 9º, y a petición de la parte interesada dirigida al secretario general, cada una de las partes de cuyo territorio se vaya a exportar una de las sustancias que figuran en el cuadro I velará por que, antes de la exportación, sus autoridades competentes proporcionen la siguiente información a las autoridades competentes del país importador:
11. Cuando una de las partes facilite información a otra parte con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 9º y 10 del presente artículo, la parte que facilita tal información podrá exigir que la parte que la reciba respete el carácter confidencial de los secretos industriales, empresariales, comerciales o profesionales o de los procesos industriales que contenga.
12. Cada una de las partes presentará anualmente a la junta, en la forma de la manera que ésta disponga y en los formularios que ésta suministre, información sobre:
b) Cualquier sustancia que no figure en el cuadro I o el cuadro II pero de la que se sepa que se emplea en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y que, a juicio de esa parte, sea considerada lo bastante importante para ser señalada a la atención de la junta, y
ART. 13.—Materiales y equipos. Las partes adoptarán las medidas que consideren adecuadas para impedir el comercio y la desviación de materiales y equipos destinados a la producción o fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y cooperarán a este fin.
ART. 14.—Medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes y para eliminar la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 1. Cualquier medida adoptada por las partes para la aplicación de la presente convención no será menos estricta que las normas aplicables a la erradicación del cultivo ilícito de plantas que contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas y a la eliminación de la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas conforme a lo dispuesto en la convención de 1961, en la convención de 1961 en su forma enmendada y en el convenio de 1971.
2. Cada una de las partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente .
3. a) Las partes podrán cooperar para aumentar la eficacia de los esfuerzos de erradicación. Tal cooperación podrá comprender, entre otras cosas, el apoyo, cuando proceda, al desarrollo rural integrado tendiente a ofrecer soluciones sustitutivas del cultivo ilícito que sean económicamente viables. Factores como el acceso a los mercados, la disponibilidad de recursos y las condiciones socioeconómicas imperantes deberán ser tomados en cuenta antes de que estos programas hayan sido puestos en marcha. Las partes podrán llegar a acuerdos sobre cualesquiera otras medidas adecuadas de cooperación;
b) Las partes facilitarán también el intercambio de información científica y técnica y la realización de investigaciones relativas a la erradicación, y
c) Cuando tengan fronteras comunes, las partes tratarán de cooperar en programas de erradicación en sus respectivas zonas situadas a los largo de dichas fronteras.
4. Las partes adoptarán medidas adecuadas tendientes a eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con miras a reducir el sufrimiento humano y acabar con los incentivos financieros del tráfico ilícito. Estas medidas podrán basarse, entre otras cosas, en las recomendaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones internacionales competentes, y en el plan amplio y multidisciplinario aprobado por la conferencia internacional sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas celebrada en 1987, en la medida en que éste se relacione con los esfuerzos de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de entidades privadas en las esferas de la prevención, del tratamiento y de la rehabilitación. Las partes podrán concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales tendientes a eliminar o reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
5. Las partes podrán así mismo adoptar las medidas necesarias para que los estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuren en el cuadro I y el cuadro II que se hayan incautado o decomisado sean destruidas prontamente o se disponga de ellas de acuerdo con la ley y para que las cantidades necesarias debidamente certificadas de esas sustancias sean admisibles a efectos probatorios.
ART. 15.—Transportistas comerciales. 1. Las partes adoptarán medidas adecuadas a fin de garantizar que los medios de transporte utilizados por los transportistas comerciales no lo sean para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º; entre esas medidas podrá figurar la concertación de arreglos especiales con los transportistas comerciales.
2. Cada una de las partes exigirá a los transportistas comerciales que tomen precauciones razonables a fin de impedir que sus medios de transporte sean utilizados para cometer delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º. Entre esas precauciones podrán figurar las siguientes:
iii) la denuncia a las autoridades competentes, en la primera ocasión, de cualquier circunstancia sospechosa que pueda estar relacionada con la comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1º del artículo 3º.
ART. 16.—Documentos comerciales y etiquetas de las exportaciones. 1. Cada una de las partes exigirá que las exportaciones lícitas de estupefacientes y sustancias sicotrópicas estén debidamente documentadas.
Además de los requisitos de documentación previstos en el artículo 31 de la convención de 1961, en el artículo 31 de la convención de 1961 en su forma enmendada y en el artículo 12 del convenio de 1971, en los documentos comerciales, tales como facturas, manifiestos de carga, documentos aduaneros y de transporte y otros documentos relativos al envío, deberán indicarse los nombres de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas que se exporten, tal como figure en las listas correspondientes de la convención de 1961, de la convención de 1961 en su forma enmendada y del convenio de 1971, así como la cantidad exportada y el nombre y la dirección del exportador, del importador y, cuando sea posible, del consignatario.
ART. 17.—Tráfico ilícito por mar. 1. Las partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.
3. Toda parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otra parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá notificar al estado del pabellón y pedir que confirme la matrícula; si la confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con respecto a esa nave.
4. De conformidad con el párrafo 3º o con los tratados vigentes entre las partes, o con cualquier otro acuerdo o arreglo que se haya podido concertar entre ellas, el estado del pabellón podrá autorizar al estado requirente, entre otras cosas, a:
6. El estado del pabellón podrá, en consonancia con su obligaciones previstas en el párrafo 1º del presente artículo, someter su autorización a condiciones que serán convenidas entre dicho estado y la parte requirente, sobre todo en lo que concierne a la responsabilidad.
7. A los efectos de los párrafos 3º y 4º del presente artículo, las partes responderán con celebridad a las solicitudes de otras partes de que se averigüe si una nave que esté enarbolando su pabellón está autorizada a hacerlo, así como a las solicitudes de autorización que se presenten a tenor de lo previsto en el párrafo 3º. Cada Estado, en el momento de entrar a ser parte en la presente convención, designará a una o, en caso necesario, varias autoridades para que se encarguen de recibir dichas solicitudes y de responder a ellas. Esa designación será dada a conocer, por conducto del secretario general, a todas las demás partes, dentro del mes siguiente a la designación.
10. Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 4º del presente artículo serán sólo aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras naves o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizadas a tal fin.
ART. 18.—Zonas y puertos francos. 1. Las partes, a fin de eliminar, en las zonas y puertos francos, el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en los cuadros I y II adoptarán medidas no menos estrictas que las que apliquen en otras partes de su territorio.
b) Establecer y mantener un sistema para descubrir los envíos sospechosos de contener estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en los cuadros I y II que entren en dichas zonas o salgan de ellas, y
ART. 19.—Utilización de los servicios postales. 1. Las partes, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud de las convenciones de la unión postal universal, y de acuerdo con los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, adoptarán medidas a fin de suprimir la utilización de los servicios postales para el tráfico ilícito y cooperarán con ese propósito.
2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo comprenderán, en particular:
b) La introducción y el mantenimiento, por el personal de detección y represión competente, de técnicas de investigación y de control encaminadas a detectar los envíos postales con remesas ilícitas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y sustancias que figuran en los cuadros I y II, y
ART. 20.—Información que deben suministrar las partes. 1. Las partes suministrarán, por mediación del secretario general, información a la comisión sobre el funcionamiento de la presente convención en sus territorios, y en particular:
a) El texto de las leyes y reglamentos que promulguen para dar efecto a la convención, y
ART. 21.—Funciones de la comisión. La comisión tendrá autoridad para estudiar todas las cuestiones relacionadas con los objetivos de la presente convención, y en particular:
d) La comisión tomará las medidas que estime adecuadas sobre cualquier cuestión que le haya remitido la junta de conformidad con el inciso b) del párrafo 1º del artículo 22;
e) La comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 12, podrá enmendar el cuadro I y el cuadro II, y
ART. 22.—Funciones de la junta. 1. Sin perjuicio de las funciones de la comisión previstas en el artículo 21 y sin perjuicio de las funciones de la junta y de la comisión previstas en la convención de 1961, en la convención de 1961 en su forma enmendada y en el convenio de 1971:
ii) antes de tomar ninguna medida conforme al apartado iii) infrá, la junta tratará confidencialmente sus comunicaciones con la parte interesada conforme a los incisos anteriores;
iii) si la junta considera que la parte interesada no ha adoptado las medidas correctivas que se le han pedido conforme a este inciso, podrá señalar el asunto a la atención de las partes, del Consejo y de la comisión. Cualquier informe que publique la junta de conformidad con este inciso incluirá así mismo las opiniones de la parte interesada si ésta así lo solicitare.
5. En el desempeño de sus funciones de conformidad con el inciso a) del párrafo 1º del presente artículo, la junta protegerá el carácter confidencial de toda información que llegue a su poder.
ART. 23.—Informes de la junta. 1. La junta preparará un informe anual sobre su labor en el que figure un análisis de la información de que disponga y, en los casos adecuados, una relación de las explicaciones, si las hubo, dadas por las partes o solicitadas a ellas, junto con cualesquiera observaciones y recomendaciones que la junta desee formular. La junta podrá preparar los informes adicionales que considere necesarios. Los informes serán presentados al Consejo por conducto de la comisión, la cual podrá hacer las observaciones que juzgue convenientes.
ART. 24.—Aplicación de medidas más estrictas que las establecidas por la presente convención. Las partes podrán adoptar medidas más estrictas o rigurosas que las previstas en la presente convención si, a su juicio, tales medidas son convenientes o necesarias para prevenir o eliminar el tráfico ilícito.
ART. 25.—Efecto no derogatorio respecto de anteriores derechos y obligaciones convencionales. Las disposiciones de la presente convención serán sin perjuicio de los derechos y obligaciones que incumben a las partes en la presente convención en virtud de la convención de 1961, de la convención de 1961 en su forma enmendada y del convenio de 1971.
ART. 26.—Firma. La presente convención estará abierta desde el 20 de diciembre de 1988 hasta el 28 de febrero de 1989 en la oficina de las Naciones Unidas en Viena y, después, hasta el 20 de diciembre de 1989 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a la firma:
b) De Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y
ART. 27.—Ratificación, aceptación, aprobación o acto de confirmación formal. 1. La presente convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y a los actos de confirmación formal por las organizaciones regionales de integración económica a las que se hace referencia en el inciso c) del artículo 26. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación y los instrumentos relativos a los actos de confirmación formal serán depositados ante el secretario general.
ART. 28.—Adhesión. 1. La presente convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado, de Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y de las organizaciones regionales de integración económica a las que se hace referencia en el inciso c) del artículo 26. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el secretario general.
ART. 29.—Entrada en vigor. 1. La presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado ante el secretario general el vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados o por Namibia, representada por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia.
3. Para cada organización regional de integración económica a la que se hace referencia en el inciso c) del artículo 26, que deposite un instrumento relativo a un acto de confirmación formal o un instrumento de adhesión, la presente convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que se haya efectuado ese depósito, o en la fecha en que la presente convención entre en vigor conforme al párrafo 1º del presente artículo, si esta última es posterior.
ART. 30.—Denuncia. 1. Cada una de las partes podrá en cualquier momento denunciar la presente convención mediante notificación escrita dirigida al secretario general.
ART. 31.—Enmiendas. 1. Cualquiera de las partes podrá proponer una enmienda a la presente convención. Dicha parte comunicará el texto de cualquier enmienda así propuesta y los motivos de la misma al secretario general quien, a su vez, comunicará la enmienda propuesta a las demás partes y les preguntará si la aceptan. En el caso de que la propuesta de enmienda así distribuida no haya sido rechazada por ninguna de las partes dentro de los veinticuatro meses siguientes a su distribución, se considerará que la enmienda ha sido aceptada y entrará en vigor respecto de cada una de las partes noventa días después de que esa parte haya depositado ante el secretario general un instrumento en el que exprese su consentimiento a quedar obligada por esa enmienda.
2. Cuando una propuesta de enmienda haya sido rechazada por alguna de las partes, el secretario general consultará con las partes y, si la mayoría de ellas lo solicita, someterá la cuestión, junto con cualquier observación que haya sido formulada por las partes, a la consideración del consejo, el cual podrá decidir convocar una conferencia de conformidad con el párrafo 4º del artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas. Las enmiendas que resulten de esa conferencia serán incorporadas en un protocolo de modificación. El consentimiento en quedar vinculada por dicho protocolo deberá ser notificado expresamente al secretario general.
ART. 32.—Solución de controversias. 1. En caso de controversia acerca de la interpretación o de la aplicación de la presente convención entre dos o más partes, éstas se consultarán con el fin de resolverla por vía de negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, recurso a organismos regionales, procedimiento judicial u otros medios pacíficos de su elección.
2. Toda controversia de esta índole que no haya sido resuelta en la forma prescrita en el párrafo 1º del presente artículo será sometida, a petición de cualquiera de los Estados partes en la controversia, a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
3. Si una de las organizaciones regionales de integración económica, a las que se hace referencia en el inciso c) del párrafo 26, es parte en una controversia que no haya sido resuelta en la forma prescrita en el párrafo 1º del presente artículo, podrá, por conducto de un Estado miembro de las Naciones Unidas, pedir al Consejo que solicite una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el artículo 65 del Estatuto de la Corte, opinión que se considerará decisiva.
4. Todo Estado, en el momento de la firma o la ratificación, la aceptación o la aprobación de la presente convención o de su adhesión a la misma, o toda organización regional de integración económica en el momento de la firma o el depósito de un acto de confirmación formal o de la adhesión, podrá declarar que no se considera obligado por los párrafos 2º y 3º del presente artículo. Las demás partes no estarán obligadas por los párrafos 2º y 3º del presente artículo ante ninguna parte que haya hecho dicha declaración.
5. Toda parte que haya hecho la declaración prevista en el párrafo 4º del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al secretario general.
ART. 33.—Textos auténticos. Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente convención son igualmente auténticos.
ART. 34.—Depositario. El secretario general será el depositario de la presente convención.
Hecha en Viena, en un solo original, el día 20 de diciembre de 1988.
lisérgico Acetona
Efedrina antranílico
Ergometrina fenilacético
1-fenil-2-propanona etílico
en el presente cuadro, siempre que la existencia de dichas sales sea posible”.
ART. 1º—Apruébase la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, con las siguientes reservas y declaraciones que se presentan y que forman parte integrante de esta ley y que el gobierno de Colombia formulará al depositar el respectivo instrumento de ratificación de la Convención que por esta ley se aprueba:
1. Colombia no se obliga por el artículo 3º, párrafos 6º y 9º, y el artículo 6º de la Convención, por ser contrarios al artículo 35 de su Constitución Política en cuanto a la prohibición de extraditar colombianos por nacimiento.
2. Colombia considera que los párrafos 1º y 2º del artículo 5º de la convención no facultan a sus autoridades para imponer penas de confiscación de bienes en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de su Constitución Política.
3. Colombia, en virtud del párrafo 7º del artículo 5º de la convención, no se considera obligada a establecer la inversión de la carga de la prueba.
4. Colombia formula reserva respecto del artículo 9º, párrafo 1º, incisos b), c), d) y e), de la convención, en cuanto se oponga a la autonomía e independencia de las autoridades judiciales para conocer de la investigación y juzgamiento de los delitos.
3. Colombia entiende que la aplicación del párrafo 7º del artículo 3º de la convención se hará de conformidad con su sistema penal y teniendo en cuenta los beneficios de sus políticas de sometimiento y colaboración de presuntos delincuentes a la justicia.
5. Colombia entiende que el párrafo 8º del artículo 3º de la convención no implica la imprescriptibilidad de la acción penal.
9. Colombia entiende que la remisión de actuaciones penales a que alude el artículo 8º de la Convención, se hará de tal forma que no se vulneren las garantías constitucionales del derecho de defensa. Así mismo, Colombia declara, en cuanto al párrafo 10 del artículo 6º de la Convención, que, en la ejecución de sentencias extranjeras, debe procederse conforme al inciso 3º del artículo 35 de su Constitución Política y demás normas constitucionales y legales.
ART. 2º—Con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el articulado de la Ley 7ª de 1944, la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 que por esta ley se aprueba con sus reservas y declaraciones, obligará definitivamente al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-176 de 1994 declaró parcialmente exequible la presente ley. En su parte Resolutiva se consagra textualmente lo siguiente: Primero: Declarar exequible por no ser contraria a la Constitución ni en su fondo ni en su trámite de expedición la Ley Número 67 de 1993, por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, salvo los siguientes apartes:
a) La segunda reserva formulada por el Congreso que se declara inexequible.
b) La segunda declaración formulada por el Congreso que se declara exequible, siempre y cuando se incluya en ella que el Estado colombiano se reserva el derecho de evaluar de manera autónoma el impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico, puesto que aquellas que tengan efectos negativos sobre los ecosistemas son contrarias a la Constitución.
c) La novena declaración es declarada exequible siempre y cuando se precise que la remisión debe hacerse al inciso 2º y no al 3º del artículo 35 de la Constitución.
Segundo: Declarar exequible la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas", suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”, teniendo en cuenta que las obligaciones internacionales derivadas del artículo 3º numeral 1º literal c) y numeral 2º así como del artículo 11 se contraen a de manera condicionada al respeto de los principios constitucionales colombianos, y con base en las reservas 1º, 3º y 4º, así como en las 9 declaraciones formuladas por el Congreso, con las precisiones efectuadas por la Corte, que hacen compatible la Convención con el ordenamiento constitucional colombiano, y que el Gobierno de Colombia formulará al depositar el respectivo instrumento de ratificación de la Convención).