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Timestamp: 2017-12-16 03:25:55
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1. ¿Qué es el amparo? | Gonzalez Cancino
Home/1. ¿Qué es el amparo?
1. ¿Qué es el amparo?	GC	2017-06-01T02:12:16+00:00
Característica común de los objetos de protección
Como se verá a lo largo de este curso, decir que el juicio de amparo es simplemente un mecanismo de control constitucional resulta insuficiente. Supóngase el caso de un amparo promovido contra una reforma constitucional, ¿cómo podría el juicio de amparo servir para impugnar el objeto al cual tiene que proteger?
No obstante lo anterior, en nuestro país existen antecedentes que demuestran que el juicio de amparo es procedente para impugnar reformas constitucionales. Aquí algunos ejemplos:
REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no es la Carta Magna, sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como autoridades responsables quienes intervienen en dicho proceso, por emanar éste de un órgano constituido, debiendo ajustar su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante el juicio de amparo, por violación al principio de legalidad. Asimismo, estableció que la circunstancia de que aun cuando el proceso de reforma hubiese sido elevado a la categoría de norma suprema, tal situación no podría desconocer la eficacia protectora del juicio de amparo como medio de control constitucional, puesto que de ser así no habría forma de remediar el posible incumplimiento de las formalidades consagradas en el artículo 135 de la Carta Magna ni, por ende, podría restablecerse a los agraviados en los derechos que estiman violados, con lo que se autorizaría la transgresión a derechos fundamentales sin oportunidad defensiva. En consecuencia, si bien es cierto que el contenido del dispositivo constitucional resulta inimpugnable a través de la demanda de garantías, siendo sólo atacable el proceso de reforma correspondiente, y el interés jurídico se identifica como la tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, la cual autoriza al quejoso el ejercicio de los medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, debe concluirse que el interés jurídico para promover el juicio contra el proceso de reforma relativo debe derivar directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son éstos los que producen un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 11. No de registro 193249.
REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.
La improcedencia del juicio de garantías por ausencia de expresión de conceptos de violación se encuentra fundamentada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este último dispositivo no exige formalidad alguna para plantear los argumentos de inconstitucionalidad en demandas de amparo indirecto, por ser suficiente para que el Juez de Distrito deba estudiarlos, que el quejoso exprese con claridad la causa de pedir, consistente en la lesión o agravio que estima le produce el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que lo originaron, aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo. En consecuencia, cuando se impugne en amparo el proceso de reforma constitucional, basta que el quejoso exponga las razones por las cuales considera que dicho acto es contrario a las garantías individuales, para estimar satisfecho el requisito de expresión de conceptos de violación, sin que le sea exigible que sólo señale transgresiones al artículo 135 de la Constitución, porque el contenido de dicho dispositivo sólo consagra el procedimiento para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la propia Carta Magna, mas en parte alguna del precepto se establece que en el ejercicio de los medios de control constitucional deban argumentarse únicamente violaciones que incidan directamente con el citado procedimiento.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 012. No. de registro 193253.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 13. No. de registro 193250.
Desde otra perspectiva se podría señalar que el amparo es un mecanismo de defensa de derechos humanos. La dificultad aquí se presenta cuando los derechos humanos son incompatibles con la Constitución, pues según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, en esos casos se tendrían que privilegiar las restricciones constitucionales por encima de los derechos humanos.
En teoría, los derechos humanos y la Constitución no tendrían que estar en conflicto, menos aun con la introducción del principio pro persona en el artículo 1º constitucional.
Desafortunadamente, con la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011, se privilegian las restricciones constitucionales sobre los derechos humanos de base convencional. Es precisamente en ese contexto en el que queda evidenciada la deficiencia del juicio de amparo como mecanismo de defensa de derechos humanos.
Por último, conviene señalar que tradicionalmente el juicio de amparo es visto como una garantía de los derechos humanos, pero esta perspectiva, después de la reforma constitucional acontecida en México el pasado junio de dos mil once resulta obsoleta o al menos incompleta, pues el actual artículo 103 constitucional incluye dentro de los objetos de protección del juicio de amparo no solamente a los derechos, sino también a las garantías de los mismos.
Esta última faceta del juicio de amparo es la más desconocida de todas y la menos explorada por la doctrina y la jurisprudencia, pero probablemente sea la que mayores beneficios pueda aportar a la efectividad de la Constitución y al respeto de nuestros derechos y libertades.
En conclusión, la naturaleza del juicio de amparo es compleja, ya que cumple distintas funciones y, dependiendo de la perspectiva desde la cual se estudie esta institución jurídica, puede ser clasificado como un medio de control constitucional o un mecanismo de protección de derechos humanos y garantías. A lo largo de este curso se irán detectando las ventajas y las limitaciones del juicio de amparo desde cada una de sus distintas facetas.
No obstante la complejidad del juicio de amparo, resulta válido formular el siguiente concepto:
El amparo es un procedimiento jurisdiccional que tiene por objeto proteger a la Constitución, a los derechos humanos y a las garantías de los derechos humanos.
Ahora se verán cuáles son los fundamentos jurídicos del juicio de amparo.
Fundamentos jurídicos del juicio de amparo
Existen dos fuentes normativas que sirven de fundamento al juicio de amparo. Por una parte se encuentran los textos constitucionales y, por la otra, los tratados internacionales.
En el caso de México, el fundamento constitucional del juicio de amparo se encuentra en los artículos 103 y 107 constitucionales.
A continuación se enlistan algunos de los fundamentos convencionales que existen para el juicio de amparo.
Si bien la lista no es exhaustiva, pues existen más disposiciones, dentro de los fundamentos internacionales del juicio de amparo, se pueden citar los siguientes:
Artículo 26 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Artículo 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
Artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
En relación con este punto, se recomienda al lector que consulte nuestra obra denominada Catálogo de Derechos Humanos (González Cancino & González Cancino, 2014), en especial el concepto “Derecho Recurso efectivo ante violaciones de Derechos Humanos” en el cual podrá identificar otros instrumentos internacionales que fundamentan al juicio de amparo. El Catálogo de Derechos Humanos está disponible en www.catalogoderechoshumanos.com
Como se puede observar, existen múltiples tratados internacionales que sirven de fundamento jurídico al juicio de amparo. Este curso se limitará el estudio de unos cuantos de ellos, a saber:
En relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conviene citar la Opinión Consultiva número OC-8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
32. El artículo 25.1 de la Convención dispone:
En conclusión, existen dos tipos de fundamentos jurídicos para el juicio de amparo: uno de ellos está representado por los textos constitucionales de cada Estado; el otro lo conforman todos los tratados internacionales que establecen el derecho a un medio de defensa en materia de derechos humanos.
A continuación se verán los distintos objetos que busca proteger el juicio de amparo y cómo cada uno de ellos dota al amparo de características especiales que lo distinguen de otros procedimientos.
Objetos de protección del juicio de amparo
Como se dijo al formular el concepto del juicio de amparo, este procedimiento judicial busca defender tres objetos distintos:
Las competencias constitucionales
En términos del artículo 103 constitucional y los tratados internacionales el juicio de amparo protege los derechos humanos.
Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte
Por su parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra estipulado lo siguiente:
Es importante mencionar que este artículo versa sobre el juicio de amparo según lo ha determinado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva número OC-8/87.
Si bien es cierto que la Constitución Mexicana habla de derechos humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos utiliza el término derechos fundamentales, para efectos de este curso se empleará la primera expresión.
Cabe destacar una diferencia importante, la relativa a los distintos derechos humanos protegidos por el juicio de amparo.
Si se atiende al texto del artículo 103 constitucional, hay dos tipos de derechos humanos objeto de protección:
1) los previstos en la propia Constitución, y
2) los previstos en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que deben protegerse tres tipos de derechos humanos:
1) los previstos en la Constitución,
2) los previstos en la propia convención, y
3) los previstos en la ley.
Aquí un cuadro sinóptico:
Toda vez que el juicio de amparo sirve para proteger derechos humanos, conviene tener al menos una idea básica de lo que son, si bien este tema será abordado de una forma superficial dadas las limitaciones del presente curso, que pretende enfocarse más en la parte adjetiva del juicio de amparo.
Definir a los derechos humanos es una tarea compleja y representa uno de los retos que enfrenta la doctrina y la práctica judicial. La complejidad del asunto radica en que bajo la expresión derechos humanos se engloba una gran diversidad de derechos con características muy distintas entre sí.
Uno de los esfuerzos teóricos que más se ha acercado al objetivo de definir los derechos humanos lo ha realizado Luigi Ferrajoli (2006), quien refiere lo siguiente:
En efecto los derechos humanos constituyen la base de la moderna igualdad, que es precisamente una igualdad en droits, en cuanto hacen visibles dos características estructurales que los diferencian de todos los demás derechos, a empezar por el de propiedad: sobre todo su universalidad, es decir, el hecho de que corresponden a todos y en la misma medida, al contrario de lo que sucede con los derechos patrimoniales, que son derechos excludendi alios, de los que un sujeto puede ser o no titular y de los que cada uno es titular con exclusión de los demás; en segundo lugar, su naturaleza indisponible e inalienable, tanto activa como pasiva, que los sustrae al mercado y a la decisión política, limitando la esfera de lo decidible de uno y otra y vinculándola a su tutela y satisfacción. (p. 23)
El mérito del concepto formulado por Ferrajoli radica en destacar la irrenunciabilidad de los derechos humanos, que es una de las características distintivas de ese tipo de derechos. Por otra parte, Ferrajoli señala que los derechos humanos se diferencian del derecho de propiedad. Es aquí donde las cosas se complican, pues el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluye al derecho de propiedad como un derecho humano.
Para conciliar las ideas de Ferrajoli con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe entender al artículo 21 como una garantía, en especial en la parte que establece: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”, y no como un derecho.
Un derecho es la facultad o prerrogativa derivada de un enunciado normativo, mientras que una garantía es el elemento normativo establecido para su efectividad, protección o reparación.
En ese orden de ideas, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una garantía fundamental que protege no un derecho humano, sino un derecho patrimonial.
La ventaja de esta interpretación es que permite conciliar el carácter disponible del derecho de propiedad previsto por lo general en las legislaciones civiles con el carácter indisponible de los derechos humanos.
Al respecto, conviene recordar que, dentro de su objeto, el derecho de propiedad cuenta con el ius utendi (la facultad de usar), con el ius fruendi (la facultad de aprovechar) y con el el ius abutendi (la facultad de disponer).
Así las cosas, el derecho de propiedad seguiría siendo disponible, mientras que la garantía fundamental prevista en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sería indisponible e inalienable, tal como lo afirma Ferrajoli, pues tanto los derechos humanos como las garantías fundamentales comparten esos atributos.
Los derechos humanos, al igual que las garantías fundamentales, son indisponibles e inalienables en virtud de que son imprescindibles para toda persona.
Por otra parte, es importante resaltar que los derechos humanos pueden estar previstos en cuerpos normativos de distinto rango, como en constituciones, leyes y tratados internacionales, entre otros.
En otras palabras, el carácter de derechos humanos no depende de la ubicación normativa, tal como lo reconoce el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Si se considera que los derechos humanos tienen por función proteger aquellos aspectos que resultan imprescindibles para todas las personas, es conveniente que los mismos estén positivados en las normas de mayor jerarquía dentro de un sistema jurídico para que, de esa forma, cuenten con una mejor protección.
Enseguida se abordará el segundo objeto de protección del juicio de amparo.
Como se vio anteriormente, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también contempla a la violación de garantías con una causal de procedencia del juicio de amparo (ver página 16). Toda vez que la violación a las garantías fundamentales constituye uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo, conviene averiguar qué es una garantía.
En relación con el concepto de garantías, Ferrajoli (2006) señala lo siguiente:
Los derechos fundamentales, de la misma manera que los demás derechos, consisten en expectativas negativas o positivas a las que corresponden obligaciones (de prestación) o prohibiciones (de lesión). Convengo en llamar garantías primarias a estas obligaciones y a estas prohibiciones, y garantías secundarias a las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, es decir, las violaciones de sus garantías primarias. (p. 43)
Al hablar de las garantías secundarias, Ferrajoli las conceptualiza como un mecanismo que se activa con la violación a la garantía primaria y que tiene como finalidad reparar la afectación sufrida.
A partir de las obligaciones de los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, habría que decir que los conceptos de Ferrajoli son incompletos, pues carecen de la perspectiva preventiva.
En términos de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (se encuentra en similar situación el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), los Estados Partes están obligados a garantizar el pleno ejercicio y la efectividad de los derechos humanos.
Es importante hacer notar que los artículos hacen referencia a garantizar el pleno ejercicio y la única forma de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos es tomando medidas que eviten su violación (dimensión preventiva) y no solamente reparando las afectaciones a dichos derechos (dimensión reactiva).
En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1° expresamente menciona que el Estado Mexicano prevendrá las violaciones a los derechos, con lo cual queda demostrada la dimensión preventiva de las garantías.
Asimismo, conviene destacar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece la obligación de tomar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.
Con base en lo anterior, las garantías en materia de derechos humanos pueden definirse como todos aquellos medios establecidos por un ordenamiento jurídico para:
1) hacer efectivas las prerrogativas propias de los derechos humanos (garantías de efectividad),
2) para evitar afectaciones (garantías preventivas), y
3) para reparar las afectaciones a dichas prerrogativas (garantías reactivas).
Las garantías son todos aquellos elementos normativos que tienen por función la efectividad, la protección y la reparación de los derechos o bienes jurídicos.
La expresión “bienes jurídicos” no corresponde al concepto civil. En el derecho civil, un bien es todo aquello susceptible de apropiación privada. Aquí, el término bien jurídico tiene alcances más amplios, incluso abarca a la persona misma.
Un bien jurídico es todo aquello que el derecho positivo considera digno de protección.
Para ejemplificar a las garantías de efectividad pueden mencionarse las disposiciones presupuestarias necesarias para cumplir con el derecho a la educación previsto en el artículo 3 de la Constitución.
En el caso de las garantías preventivas, tenemos el amparo contra actos inminentes, la declaración general de inconstitucionalidad tratándose de normas heteroaplicativas, así como la acción de inconstitucionalidad en el mismo supuesto, entre otros ejemplos.
Finalmente, las garantías reactivas están constituidas por la mayoría de los juicios de amparo que tienen como consecuencia restituir o indemnizar al quejoso con motivo del derecho humano violado por la autoridad responsable.
Cabe mencionar que es de gran trascendencia el hecho de que la reforma constitucional de 2011 haya establecido en el artículo 103 que los quejosos pueden reclamar violaciones a las garantías.
Dentro de los efectos que ello conlleva, se puede mencionar el hecho de que los conceptos de violación deben ser declarados fundados por el juez de amparo con la simple afectación de la garantía; esto quiere decir que no se requiere una afectación en el derecho humano del quejoso para otorgar el amparo y protección.
Supóngase el caso de un decreto expedido por el Poder Ejecutivo, que tiene por efecto quitarle el carácter de Parque Nacional al Nevado de Toluca. En un escenario así, es posible promover un juicio de amparo en contra del decreto por violar el artículo 3 de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, el cual contiene una garantía en materia ambiental:
ARTICULO III. Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos, sino por acción de la autoridad legislativa competente.
Según se desprende del artículo citado, la alteración del Parque Nacional del Nevado de Toluca debió haber sido realizada por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo y basta con esta violación a la garantía ambiental para declarar fundado el concepto de violación.
Como se puede observar, no es necesario esperar a que exista un daño ambiental para que se obtenga la protección del juicio de amparo, pues como lo señala el artículo 103 constitucional, basta que el acto de autoridad afecte la garantía para que opere este mecanismo de defensa.
Es válido afirmar que este cambio representa una de las modificaciones más importantes del juicio de amparo, ya que amplía el efecto protector de este procedimiento judicial.
Con la finalidad de que el lector aprecie la trascendencia en este cambio, es fundamental tener en cuenta que Montesquieu (1748/2006, p. 193) creador del principio de división de poderes, consideraba a la separación de funciones como una garantía de las libertades de la población:
No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado el poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor.
Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.
A partir de la reforma de 2011, se pueden impugnar por la vía del juicio de amparo las violaciones al principio de división de poderes, pues representa una garantía de los derechos y libertades de la población, tal como lo refiere Montesquieu.
En el mismo sentido, todas las disposiciones de la parte orgánica de la Constitución que sirvan para proteger, reparar o hacer efectivo un derecho humano podrán ser exigidas mediante el juicio de amparo, pues se tratan de garantías de derechos humanos.
A continuación se abordará el último objeto de protección del juicio de amparo.
Como se adelantó en los apartados anteriores, en principio, el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional, es decir, un procedimiento que tienen por finalidad restablecer la supremacía constitucional. En el caso del amparo las disposiciones constitucionales que se protegen son las relativas a la competencia.
Las fracciones que más enfatizan esta perspectiva del juicio de amparo son las fracciones II y III del artículo 103 constitucional:
Si el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional (pues protege competencias constitucionalmente imputadas) conviene saber qué es una constitución:
Una constitución es el conjunto de enunciados normativos que tiene el atributo de ser supremos dentro un ordenamiento jurídico determinado. Las constituciones son creadas por un Poder Constituyente y sirven para defender ciertos valores (derechos, instituciones, etcétera) frente a los poderes constituidos.
Es importante señalar que, anteriormente, el juicio de amparo solamente servía para defender la parte dogmática de la Constitución, es decir, aquella que contemplaba los derechos humanos; sin embargo, con la reforma constitucional de 2011, esto ha cambiado.
Otro aspecto que cabe mencionar es que los derechos humanos y las constituciones no siempre son compatibles entre sí. Para entender las ideas aquí expresadas, es necesario recordar que los derechos humanos pueden estar previstos en distintos cuerpos normativos. Cuando se prevean en un tratado internacional, existe la posibilidad de impugnarlos mediante el juicio de amparo, siempre que exista alguna disposición constitucional que se vea afectada con el contenido del tratado internacional.
En ese sentido corresponde a cada constitución determinar la relación que existirá entre los derechos humanos de base convencional y el propio texto constitucional.
En el caso de México, la reforma al artículo 1º constitucional de 2011 estableció un bloque de constitucionalidad y, con ello, se eliminaba todo conflicto, pues siempre debía prevalecer la disposición que más protegía a las personas sin importar si el derecho humano estaba previsto en la Constitución o un tratado internacional.
No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción entre los derechos humanos de base convencional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de las restricciones, es decir, resolvió contraviniendo el principio pro personae recién incorporado.
A continuación se transcribe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según se aprecia, la Suprema Corte para determinar la relación existente entre los derechos de base convencional y el texto constitucional solamente consideró el primer párrafo del artículo 1º constitucional, pero olvidó considerar el segundo párrafo, en el cual se establece el principio pro personae.
Adicionalmente, la Suprema Corte transgredió el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, ya que su determinación tiene por efecto excluir a los derechos humanos de base convencional cuando existan restricciones en la Constitución: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Otra consecuencia negativa de la decisión de la Suprema Corte radica en que, de ahora en adelante, las autoridades se valdrán del procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135 para intentar vulnerar los derechos humanos.
Es lamentable que la Suprema Corte haya nulificado una de las reformas constitucionales más importantes en México y nos coloque en incumplimiento respecto de un sinfín de tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En pocas palabras, la Suprema Corte pasó por alto que la reforma establecía un bloque de constitucionalidad y que dicha institución no era ajena al sistema constitucional mexicano pues incluso ya existían precedentes en nuestra Constitución.
Si se analiza la función que cumple el bloque de constitucionalidad, uno puede percatarse de la gran similitud que existe con el concepto de “Constitución en sentido amplio” de Hans Kelsen (2001):
Si el derecho positivo conoce una forma constitucional especial, distinta a la forma legal, nada se opone a que esa forma sea empleada también para ciertas normas que no entran en la Constitución en sentido estricto, principalmente para las normas que no regulan la creación sino el contenido de las leyes. De ahí resulta la noción de Constitución en sentido amplio. Es este sentido amplio el que está en juego cuando las Constituciones modernas contienen, no solamente normas sobre los órganos y el procedimiento de legislación, sino, además, un catálogo de derechos fundamentales de los individuos o libertades individuales. Es por ello – es el sentido primordial, si no exclusivo de esta práctica-, que la Constitución señala principios, direcciones y límites, para el contenido de las leyes futuras. (p. 21)
De lo anterior podemos concluir que una norma será constitucional cuando: 1) regule la conducta de los órganos constituidos o, 2) determine el contenido del resto de las normas creadas en un sistema jurídico.
Tal vez la característica que permita distinguir dichos conceptos (Constitución en sentido amplio y bloque de constitucionalidad) es que, en el caso de un bloque de constitucionalidad, hay una diversidad de cuerpos normativos (por ejemplo, una constitución más los tratados internacionales), pero en ambos casos se alude a las normas jurídicas que deben observar los órganos constituidos.
Si se analiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta que las normas en materia de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales regulan la conducta de todas las autoridades mexicanas, pues en términos de los párrafos primero y tercero del artículo 1°, están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.
Como se desprende del artículo citado, la reforma constitucional publicada el pasado 10 de junio de 2011 modificó el bloque de constitucionalidad.
Prueba de lo anterior es que las normas de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos, cuentan con el atributo propio de toda norma constitucional: la supremacía normativa en su aspecto material, misma que se traduce en ser las normas que sirven para determinar la regularidad material del resto del ordenamiento jurídico.
Cabe destacar que no se puede hablar de una supremacía en el aspecto formal, debido a que fue la propia Constitución la que incorporó a los tratados internacionales al derecho interno, lo cual implica una relación subordinación de los tratados internacionales respecto de la Constitución y no una relación de igualdad jerárquica.
Los artículos constitucionales en donde se puede apreciar la supremacía material de los tratados que contengan derechos humanos son el artículo 1° y el 103.
Tal como se aprecia en el artículo 103 del texto constitucional, los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos y garantías pueden invalidar normas generales, actos u omisiones de la autoridad, lo cual demuestra que dichas normas son supremas dentro del sistema jurídico mexicano.
Es importante mencionar que el concepto de bloque de constitucionalidad puede válidamente aplicarse al caso mexicano aún antes de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, pues el constituyente de 1917 en forma expresa menciona que la constitución expedida reforma la de 1857, de tal suerte que la constitución de 1857 cumple una función de ordenamiento supletorio.
Otro ejemplo en el cual el Poder Constituyente establece como referente material de validez a otra fuente derecho que no sea la Constitución; es decir, el texto expedido por el Constituyente de Querétaro se encuentra en el artículo 42 fracción V, el cual, a su letra, indica:
El efecto normativo del artículo 42 fracción V de la Constitución radica en que el derecho internacional será el que regule de manera suprema lo relativo a la extensión y demás características de las aguas de los mares territoriales, de tal manera que, si el Congreso de la Unión emitiera una ley que contradijera lo establecido por el derecho internacional, la ley podría declararse como anticonstitucional.
Con base en lo expuesto, se pueden formular las siguientes conclusiones:
1) El concepto doctrinal de “El bloque de constitucionalidad” es útil para describir el caso mexicano en el cual existen diversos cuerpos normativos que materialmente son supremos.
2) Los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos forman parte de aquello que Hans Kelsen denominaba “Constitución en sentido amplio”, pues son referentes materiales de regularidad[CRC12] .
3) La Constitución Mexicana establece un bloque de constitucionalidad en los siguientes casos:
a. En materia de Derechos Humanos
b. Respecto de la Constitución de 1857
c. Aguas de los mares territoriales
4) La contradicción de tesis 293/2011 transgrede el principio de indivisibilidad del artículo 1º constitucional, ya que excluye a los derechos humanos de base convencional cuando existen restricciones constitucionales.
5) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ignoró el principio pro persona al momento de determinar la relación que existe entre los derechos humanos de base convencional y la Constitución.
Según se ha visto hasta este punto, el juicio de amparo tiene por objeto de protección a los derechos humanos, las garantías y la Constitución.
La característica común a estos objetos es que todos ellos pertenecen al orden público y esto trasciende en el desenvolvimiento de todo el juicio de amparo.
El orden público es el conjunto de enunciados normativos que establecen derechos y garantías de carácter irrenunciable.
Las disposiciones de orden público sirven para proteger valores o intereses de gran relevancia que van más allá de los intereses individuales.
Respecto de los derechos humanos, conviene recordar Ferrajoli (2006) destaca que una de sus principales características es su indisponibilidad:
Incluso existen pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirman lo anterior (Caso González y otras “Campo Algodonero” vs México, 2009):
25. […] la Corte observa que la frase “la procedencia del allanamiento”, así como el texto íntegro del artículo 55 del Reglamento, indican que estos actos no son, por sí mismos, vinculantes para el Tribunal. Dado que los procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, la Corte debe velar porque tales actos resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea el Tribunal no se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes.
Como se puede apreciar, la importancia y trascendencia del objeto del juicio de amparo determina sus características, distinguiéndolo notablemente de los juicios en que rige el principio dispositivo.
En relación con los procedimientos con objetos de orden público, es decir, en los que rige el principio publicístico, José Ovalle Fabela (2004) menciona:
Por último los procesos penal, administrativo y constitucionales se adecuan al principio publicístico, conforme al cual corresponde al juez y no a las partes, “la afirmación de los hechos trascendentes, así como la [obtención de] las pruebas en juicio o [la manera de] obtenerlas, con la consiguiente intervención de un órgano del Estado[…][CRC13] de carácter imparcial, para regular el desarrollo de la controversia en vista del interés público en su composición”. (p. 7)
La consecuencia del carácter publicístico del juicio de amparo es que el órgano jurisdiccional tenga una participación activa en todo el desarrollo del procedimiento, al grado de realizar oficiosamente ciertas tareas, como el control de convencionalidad que se ejerce sin necesidad de petición de parte, según lo ha definido la Corte Interamericana (Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, 2009):
En igual sentido se encuentra el artículo 1º constitucional que, aplicado en lo que aquí concierne, obliga al tribunal de amparo a revisar oficiosamente la constitucionalidad del acto reclamado: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Otro fundamento para revisar oficiosamente la constitucionalidad del acto reclamado se encuentra en el artículo 128 de la Constitución, pues obliga a todas las autoridades a guardar la Constitución y ello implica tanto conductas positivas como negativas: “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”
Como se puede ver, el carácter público de la litis del juicio de amparo influye en todo el procedimiento, desde la conducta de las partes hasta las obligaciones a cargo del juzgador. Todo ello con la finalidad de salvaguardar el orden público.
A continuación se verán cuáles son las finalidades de la acción de amparo.
Tradicionalmente se ha considerado que la única finalidad de la acción de amparo es la restitución en el goce del derecho humano transgredido, pero dicha postura está incompleta, pues existen otras finalidades.
Un ejemplo de una visión reduccionista del juicio de amparo se encuentra en las palabras de Ignacio Burgoa al señalar que la acción de amparo solamente persigue dos finalidades, a saber:
Por tal motivo, la acción de amparo, que es el medio de salvaguardia de esa situación jurídico-constitucional concreta, tiene forzosamente que participar de la naturaleza de ésta, por lo que debemos llegar a la conclusión de que se trata de una acción constitucional.
Este carácter, por otra parte, está corroborado por el objeto mismo a que tiende dicha acción, que no es otro que restituir al agraviado en el goce de la garantía violada y nulificar la ley o acto en que se hubiere traducido la infracción al régimen de competencia federal y local, mediante la intervención del Poder Jurisdiccional Federal. (pp. 329, 330)
Quienes afirman que la acción de amparo solamente persigue un fin restitutorio olvidan que, antes de restituir al quejoso en sus derechos humanos, se debe analizar la constitucionalidad del acto reclamado y, solamente en el supuesto de que el acto reclamado sea anticonstitucional, procede la restitución.
En relación con este punto, conviene señalar que el simple esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes constituyen un derecho humano (Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, 2010):
De la transcripción se desprende que el pronunciamiento judicial que determina si el acto viola o no derechos humanos, así como la culpabilidad de las autoridades responsables, constituyen el objeto del derecho a conocer la verdad, además de que forman especie de reparación.
Otra de las finalidades de la acción de amparo, aunque más restringida que la anterior, es la indemnización al quejoso en los supuestos del artículo 107 fracción XVI de la Constitución:
Adicionalmente, la acción de amparo también puede tener una finalidad preventiva y dicho efecto se puede lograr de diversas formas: En primer lugar se puede promover un juicio de amparo ante la violación de una garantía, sin que exista aún una transgresión al derecho humano. Una segunda opción sería emplear el interés legítimo recién incorporado en la reforma constitucional de 2011, en el artículo 107 constitucional, para impugnar actos inminentes:
La Ley de Amparo publicada en abril de 2013 es anticonstitucional en este punto, ya que restringe el interés legítimo establecido en el artículo 107 constitucional, pues adiciona el requisito de la afectación actual que no está previsto a nivel constitucional. Sobre este tema se abundará más adelante.
Otro efecto preventivo se logra con la declaratoria general de inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 107 constitucional, que presupone el ejercicio de varias acciones de amparo:
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.
Asimismo la acción de amparo sirve para evitar que las autoridades responsables reincidan en la vulneración de los derechos y garantías fundamentales del quejoso (Caso Artavia Murillo y otros (fertilización in vitro) vs Costa Rica, 2012).
334. La Corte recuerda que el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las ocurridas y, por eso, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana.
En igual sentido se encuentra el artículo 267 de la Ley de Amparo, el cual establece un tipo penal que se actualiza con la repetición del acto reclamado, declarado anticonstitucional:
En relación a este punto conviene recordar que los tipos penales también tienen un efecto preventivo, ya que la sanción disuade a las autoridades responsables de volver a cometer la conducta anticonstitucional.
Con base en lo expuesto, se puede concluir que las finalidades de la acción son múltiples y, dentro de ellas, se pueden mencionar:
1) Analizar la constitucionalidad del acto reclamado
2) Determinar la culpabilidad de las autoridades responsables
3) Anular el acto reclamado
4) Restituir el derecho humano transgredido
5) Restituir la garantía transgredida
6) Prevenir violaciones de derechos humanos
7) Adoptar medidas que eviten la reincidencia de las autoridades responsables
8) Indemnizar al quejoso
En el próximo capítulo se abordarán los estándares del juicio de amparo, es decir, los lineamientos que debe observar dicho procedimiento según las normas que lo rigen.