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Timestamp: 2018-05-26 19:27:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 36', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'artículo 12', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'artículo 149', 'artículo 149']

BOE.es - Documento BOE-A-2002-22649
Documento BOE-A-2002-22649
«BOE» núm. 279, de 21 de noviembre de 2002, páginas 40970 a 40988 (19 págs.)
BOE-A-2002-22649
Uno de los fines básicos de la política nacional de sanidad vegetal es la existencia de un marco legal apropiado para proteger a los vegetales y sus productos contra los daños producidos por las plagas, con objeto de mantenerlos, mediante la intervención humana, en niveles de población económicamente aceptables, y para impedir la introducción y extensión de aquéllas procedentes de otras áreas geográficas.
La actual legislación sobre sanidad vegetal, que tiene su origen en la Ley de Plagas del Campo, de 21 de mayo de 1908, y en la Ley de 20 de diciembre de 1952, de defensa de los montes contra las plagas forestales, se basa principalmente en la normativa comunitaria incorporada a la legislación española mediante las correspondientes disposiciones legales.
La aprobación de un nuevo marco jurídico para la sanidad vegetal se fundamenta en la doble necesidad de adaptarlo a los numerosos cambios que han afectado a su ámbito de aplicación, así como adecuarlo a la configuración del Estado español como Estado autonómico y como Estado miembro de la Unión Europea.
En efecto, se hace necesario regular en una norma de rango adecuado los principios básicos de actuación de las distintas Administraciones públicas competentes en materia de sanidad vegetal y establecer aspectos concretos que aluden a las competencias exclusivas de la Administración General del Estado relativas al comercio y sanidad exterior.
Esta regulación recoge los aspectos fundamentales de la normativa dictada por la Unión Europea en la materia, los cuales ya han sido objeto de desarrollo en nuestro Derecho interno a través de diferentes disposiciones de carácter general, que permanecerán vigentes tras la entrada en vigor de la Ley.
En consecuencia, el objeto de la Ley es establecer un marco uniforme que dé cobertura legal al conjunto de normas actualmente vigentes en materia de sanidad vegetal, de acuerdo con la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas derivada del bloque de la constitucionalidad, y los compromisos asumidos por España como Estado miembro de la Unión Europea y como consecuencia de la suscripción de convenios internacionales.
Desde otro punto de vista, hay que considerar la evolución de criterios que se ha producido en la sociedad respecto a la seguridad de los alimentos, a la salud laboral y a la protección del medio ambiente. Por ello, la Ley debe contemplar los aspectos relativos a los medios utilizados en la lucha contra las plagas, en especial los productos fitosanitarios, para garantizar que en su manipulación y aplicación no existan efectos perjudiciales para la salud del consumidor o del aplicador, para los animales o para el medio ambiente.
En este sentido, las correspondientes autorizaciones oficiales de los medios de defensa fitosanitaria son el instrumento de dicha garantía, que no debe reducirse al ámbito de la sanidad vegetal, sino que debe transcender al de la salud pública y al del medio ambiente.
La complejidad del procedimiento de concesión de autorizaciones y la dinámica de ampliación a nuevos usos, con la correspondiente gestión del establecimiento de los límites máximos de residuos para el ámbito de la Unión Europea o incluso mundial, determina la necesidad de que exista una única autoridad competente en la concesión de autorizaciones, tal y como establece la legislación comunitaria.
No obstante, estas garantías se han visto reforzadas tras la reciente creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria por la Ley 11/2001, de 5 de julio, al incorporar un nuevo instrumento para garantizar la seguridad de los alimentos que necesariamente habrá de tenerse presente en las disposiciones que se dicten en desarrollo de la presente Ley.
Asimismo, sin perjuicio de las medidas ya previstas en la presente norma para garantizar la salud de quienes intervengan en el proceso de fabricación y aplicación de los productos fitosanitarios, deberán cumplirse las previsiones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
La presente Ley articula los criterios y las actuaciones aplicables en materia de sanidad vegetal, en general, y de prevención y lucha contra plagas, en particular, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
Con ello, se pretende establecer unos criterios básicos homogéneos para abordar los problemas de aparición de plagas en un determinado territorio y posibilitar la rápida adopción de medidas de control. Asimismo, se clarifican los requisitos para la adopción de las medidas oficiales contra una plaga para su erradicación, evitar su extensión, reducir sus poblaciones o sus efectos.
Por otra parte, se regula la posibilidad de que la Administración competente califique su lucha obligatoria como de "utilidad pública" o a la plaga de "emergencia fitosanitaria", lo cual conllevará un mayor grado de severidad y de intervención de las medidas oficiales, así como la aplicación de diferentes compensaciones económicas en forma de ayudas e indemnizaciones a los afectados por la aplicación de las mismas.
En el ámbito de las obligaciones de los particulares, se responsabiliza a los agricultores de la vigilancia y el control de las plagas, los cultivos y los materiales objeto de su actividad, así como de la ejecución a su cargo de las medidas oficiales obligatorias que se establezcan reglamentariamente. Respecto a las exportaciones a terceros países, corresponde al particular solicitar en los puntos de inspección fronterizos las inspecciones necesarias para la expedición del correspondiente certificado fitosanitario y recae en él la responsabilidad en el caso de exportar sin la preceptiva documentación. Además, se determinan las obligaciones y responsabilidades de los productores, titulares de autorizaciones, distribuidores, vendedores y demás operadores de productos fitosanitarios y la responsabilidad de los usuarios de dichos productos de emplearlos siguiendo las recomendaciones de uso. Por último, se fijan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas a quienes se les practique una inspección oficial.
Ante el incremento en los últimos años de la importación y liberación de organismos de control biológico, a falta de una regulación comunitaria se establece la base legal que permita un desarrollo normativo en el que se definan las responsabilidades de las Administraciones afectadas y de los particulares implicados en esta actividad, y se asegure su utilización eficaz e inocua, reduciendo al mínimo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
En el mismo sentido de prevenir los riesgos citados, se recoge la creciente demanda de los consumidores de promover sistemas de producción vegetal que tengan en cuenta las buenas prácticas fitosanitarias y, para luchar en común contra las plagas, se fomentan las agrupaciones de agricultores que incluyan entre sus objetivos dichas prácticas.
Se prevé, asimismo, que las diferentes Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente Ley y se les otorga el carácter de autoridad a los inspectores fitosanitarios, determinando sus competencias.
Finalmente, se establece un régimen de infracciones y sanciones en la materia objeto de la presente Ley, tipificando las primeras según su gravedad, determinando las responsabilidades de los infractores y fijando las sanciones correspondientes. Asimismo, se crea un régimen de tasas, fijando los sujetos pasivos, la relación de hechos imponibles y las cuantías de las respectivas tasas.
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.10.a, 13.a, 16.ª y 23.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio exterior, de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad y sanidad exterior, y legislación básica sobre protección del medio ambiente, respectivamente.
h) Declaración oficial de existencia de una plaga:
reconocimiento oficial de la presencia de una plaga, definiendo el organismo causal, la zona afectada y las medidas fitosanitarias a adoptar.
l) Organismo de control biológico exótico:
organismo de control biológico que no existe en todo o en parte del territorio nacional.
Artículo 4. Deber de información.
Artículo 6. Registros de productores y comerciantes de vegetales.
Artículo 7. Limitaciones a la introducción y circulación de vegetales.
Artículo 8. Zonas libres de plagas.
Artículo 9. Medidas fitosanitarias de salvaguardia.
Artículo 11. Introducción en el territorio nacional.
Artículo 12. Exportación.
Artículo 13. Obligaciones de los particulares.
Artículo 14. Actuaciones inmediatas y declaración de existencia de una plaga.
Artículo 15. Calificación de utilidad pública de la lucha contra una plaga.
Artículo 16. Situación de emergencia fitosanitaria.
Artículo 17. Restricciones en la lucha obligatoria contra una plaga.
Artículo 18. Medidas fitosanitarias.
Artículo 19. Ejecución de las medidas fitosanitarias.
Artículo 20. Ayudas en la lucha contra plagas.
Artículo 21. Indemnizaciones en la lucha obligatoria.
Artículo 22. Colaboración financiera.
Artículo 23. Condiciones generales de comercialización y uso.
Artículo 24. Registro e información sobre medios de defensa fitosanitaria.
Artículo 25. Racionalización del uso de medios de defensa fitosanitaria.
Artículo 26. Inclusión de sustancias activas en la lista comunitaria.
Artículo 27. Autorización de sustancias activas.
Artículo 28. Comercialización de sustancias activas.
Artículo 29. Autorización y registro de productos fitosanitarios.
Artículo 30. Condiciones generales de la autorización.
Artículo 31. Duración de la autorización.
Artículo 32. Limitaciones excepcionales de un producto autorizado.
Artículo 33. Autorizaciones provisionales.
Artículo 34. Autorizaciones excepcionales.
Artículo 35. Procedimiento de autorización.
1. La solicitud de autorización de un producto fitosanitario se dirigirá al órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la persona física o jurídica que pretenda comercializarlo por primera vez en España, acompañada de la documentación reglamentariamente establecida de la sustancia activa y del propio
producto. La solicitud y una memoria justificativa deberán estar redactadas en la lengua española oficial del Estado.
Artículo 36. Confidencialidad y protección de datos.
Artículo 37. Acceso a la documentación para evitar la repetición de experimentos con animales vertebrados.
Artículo 38. Acceso a la restante documentación.
Artículo 39. Procedimiento de acceso a documentación.
1. Para cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 37 y 38, en caso de que existan derechos de uso exclusivo de la documentación por estar protegida
conforme al apartado 2 del artículo 36, los interesados deberán intentar llegar a un acuerdo con quien ostente tales derechos para que dicha documentación pueda ser utilizada a su favor.
Artículo 40. Obligaciones relativas a la producción y comercialización de productos fitosanitarios.
Artículo 41. Utilización de productos fitosanitarios.
Artículo 42. Límites máximos de residuos.
a) El país tercero de destino exija un tratamiento particular para impedir la introducción en su territorio de plagas, o b) El tratamiento resulte necesario para proteger los productos vegetales durante el transporte al país tercero de destino y el almacenamiento en el mismo, conforme a las normas internacionales en materia de cuarentenas fitosanitarias o a la legislación vigente en dicho país.
Artículo 43. Régimen especial de autorización de ensayos.
Artículo 44. Medios biológicos.
Artículo 45. Otros medios de defensa fitosanitaria.
Artículo 47. Controles.
Artículo 49. Adopción de medidas cautelares.
Artículo 50. Competencias de los inspectores.
Artículo 51. Acta de inspección.
Artículo 52. Obligaciones de las personas inspeccionadas.
Artículo 53. Calificación de infracciones.
Artículo 57. Responsabilidad por infracciones.
Artículo 58. Tipos de sanciones.
Artículo 59. Graduación de la sanción.
Artículo 60. Sanciones accesorias.
Artículo 61. Publicidad de las sanciones.
Artículo 62. Competencias sancionadoras.
Artículo 64. Ejecución subsidiaria.
Artículo 65. Otras medidas.
Artículo 67. Hecho imponible y cuantías.
1. a) Por la inspección fitosanitaria a que se refiere el artículo 12.1 para la exportación de vegetales, productos vegetales y objetos conexos a terceros países en los que no sea exigible el certificado fitosanitario:
Tres euros por tonelada, con un mínimo de 30 euros por cada certificado fitosanitario.
b) Iguales a otras incluidas en la lista comunitaria:
1.080 euros.
c) Modificación de especificaciones comunitarias:
e) Iguales a otras con autorización nacional:
960 euros.
g) Fijación de límites máximos de residuos:
e) Genéricos iguales a otros autorizados:
b) Preparados asimilables a otros autorizados:
c) Genéricos iguales a otros autorizados:
d) Organismos de control biológico exóticos:
e) Otros medios que requieran autorización:
f) Otros medios que requieran comunicación:
c) Ampliación a usos menores: 300 euros ; con interés público: 120 euros.
f) Contenido o sustitución de coformulantes:
c) Usos menores de preparados: 240 euros ; con interés público: 120 euros.
d) Condiciones de utilización de preparados:
a) Para un solo ensayo o plan de ensayos:
b) Para uno o varios tipos de ensayos genéricos:
600 euros ; oficialmente reconocidos: 900 euros; con buenas prácticas de laboratorio: 900 euros.
a) Por cambio de nombre o denominación social:
b) Por transferencia entre dos partes de los derechos de un medio de defensa fitosanitaria: 180 euros ; por transferencia de dos o más medios de defensa fitosanitaria: 300 euros.
c) Por transferencia entre más de dos partes de los derechos de un medio de defensa fitosanitaria: 300 euros ; por transferencia de dos o más medios de defensa fitosanitaria: 480 euros.
c) De otros medios de defensa fitosanitaria:
d) Prórrogas provisionales de autorización:
b) De cumplimiento de requisitos y procedimientos:
Artículo 68. Sujetos pasivos de las tasas.
Artículo 69. Devengo, pago y gestión.
Disposición adicional única. Registros.
Disposición transitoria primera. Importación y liberación de agentes exóticos de control biológico.
Disposición transitoria segunda. Procedimiento de inspecciones y sanciones.
Disposición transitoria tercera. Normas reglamentarias en materia de sanidad vegetal.
1. En tanto no se dicten, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, nuevas disposiciones sobre las materias respectivas, quedan vigentes todas las que declaran obligatoria la lucha contra determinadas plagas ; las que reglamentan la importación, exportación, tránsito y circulación interior de vegetales y productos vegetales ; las que reglamentan la fabricación, venta y utilización de productos y material fitosanitario, y las que fijan las tolerancias o límites máximos para la presencia de residuos de productos fitosanitarios en vegetales y productos vegetales.
Real Decreto 1644/1999, de 22 de octubre, sobre el control del organismo nocivo denominado "Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al", y su normativa de desarrollo.
Orden de 16 de diciembre de 1994 por la que se establecen las medidas fitosanitarias provisionales para la lucha contra el minador de los brotes de cítricos "Phyllocnistis citrella Stainton" en el ámbito del territorio español.
Orden de 31 de marzo de 1997 por la que se establece la prohibición de importación de frutos frescos de kiwis "Actinidia chinensis", originarios de Nueva Zelanda en el archipiélago canario.
Orden de 28 de febrero de 2000 por la que se establecen medidas provisionales de protección contra el curculiónido ferruginoso de las palmeras ["Rhynchophorus ferrugineus" ("Olivier")].
Disposición degoratoria única. Derogación normativa.
Lo dispuesto en la presente Ley tiene el carácter de normativa básica, al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.a, 16.ª y 23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre protección del medio ambiente, respectivamente. Se excepciona de dicho carácter de normativa básica la regulación contenida en los artículos 10, 11 y 12 de esta Ley, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª y 16.a, primer inciso, de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio exterior y sanidad exterior, respectivamente.
Madrid, 20 de noviembre de 2002.
Fecha de disposición: 20/11/2002
Entrada en vigor: 11 de diciembre de 2002.
se establece el Programa nacional de control y erradicación de Tecia: Real Decreto 197/2017, de 3 de marzo (Ref. BOE-A-2017-2312).
con los arts. 44 y 45, sobre información y comercialización de productos de defensa fitosanitaria: Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-13058).
estableciendo el marco de actuación para el uso sostenible de los productos fitosanitarios: Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre (Ref. BOE-A-2012-11605).
sobre inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios: Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-19296).
SE MODIFICA los arts. 37, 39, SE DEJA SIN EFECTO el art. 38 y SE AÑADE la disposición transitoria 4, por Ley 2/2011, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-2011-4117).
con la disposición adicional 2 estableciendo el programa de control de los nematodos del quiste de la patata: Real Decreto 920/2010, de 16 de julio (Ref. BOE-A-2010-11727).
estableciendo el programa nacional de control de las plagas del topillo de campo: Real Decreto 409/2008, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-2008-6244).
los arts. 44 y 45, regulando la Comunicación de comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria: Orden APA/1470/2007, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2007-10705).
SE MODIFICA el art. 67, por Ley 4/2004, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21831).
estableciendo programa nacional de control de insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas: Real Decreto 1938/2004, de 27 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17233).
con el art. 15, estableciendo programa nacional de control de la mosca mediterránea de la fruta: Real Decreto 461/2004, de 18 de marzo (Ref. BOE-A-2004-5823).
SE MODIFICA el art. 67, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23936).
Real Decreto 699/1995, de 28 de abril (Ref. BOE-A-1995-11969).
Decreto 496/1960, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-1960-4266).
Capítulo II del Título IV de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957 (GAZETA),.
Ley de Defensa de los Montes contra las Plagas Forestales, de 20 de diciembre de 1952 (GAZETA).
arts. 6 y 9 del Real Decreto de 20 de junio de 1924 (GAZETA),.
Ley de Plagas del Campo, de 21 de mayo de 1908 (GAZETA).
Ley 11/2001, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2001-13043).