Source: https://studylib.es/doc/8770596/aproximaci%C3%B3n-al-concepto-de
Timestamp: 2018-11-21 16:29:24
Document Index: 93349404

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 117', 'e contrario', 'artículo 228', 'artículo 227', 'artículo 228', 'artículo 232', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo\n14', 'artículo 10', 'artículo 14']

DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN
José Julio FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ*
SUMARIO: I. Introducción. II. Concepto. III. Tipología.
En la actualidad resulta innegable la trascendencia que ha adquirido el
instituto de la inconstitucionalidad por omisión en el campo científico
del derecho constitucional. En unos pocos años, desde mediados de los
años noventa del pasado siglo, la doctrina le ha prestado una atención
desconocida hasta ese momento, por lo que la situación que denunciábamos en un trabajo anterior de nuestra autoría, acerca de la escasez de
literatura sobre esta figura, ya no podría hoy sostenerse en idénticos
términos.1 Ello lo considerábamos como una dificultad para el estudio
del instituto, dificultad a la que sumábamos otras como las oscuridades
conceptuales. Esta última, por el contrario, sí mantiene plena vigencia
puesto que, por un lado, profundizar en su concepto sigue siendo una
labor que reclama una elevada exigencia y precisión y, por otro, las
posiciones doctrinales y positivas continúan mostrando una elevada discrepancia entre ellas. Estos desacuerdos dificultan la elaboración y
aceptación de una teoría general del instituto que pretendíamos en
aquel trabajo y que seguimos defendiendo. Incluso, se conservan voces que rechazan la institución.2
* Profesor de derecho constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela.
1 Aludimos a la monografía publicada en 1998 por la editorial madrileña Civitas, La
inconstitucionalidad por omisión. Teoría general. Derecho comparado. El caso español.
2 Es el caso, por ejemplo, del trabajo de Carlos Ruiz Miguel, “ Crítica de la llamada
inconstitucionalidad por omisión” , Revista de las Cortes Generales, núm. 51, septiembre-diciembre de 2000.
Recogemos en este trabajo lo fundamental de la postura que venimos
defendiendo de omisión inconstitucional. Para ello, previa reflexión terminológica y exposición crítica de los diversos conceptos utilizados por
la doctrina, vamos a precisar el instituto de forma positiva, es decir, indicando el contenido y la extensión que encierra, y de manera negativa,
o sea, señalando la diferenciación existente con otras instituciones que
se muestran con ciertos perfiles coincidentes a la que ahora nos atañe.
Tres elementos parece que coadyuvan a menguar la claridad en la definición pretendida: en primer lugar, la propia naturaleza de este tipo de
omisión; en segundo, la habitual ausencia de legislación positiva en la
materia; en tercero, las indicadas conexiones con otras categorías jurídicas de límites hasta cierto punto difusos en algún caso.
Mencionar y tratar de diferenciar las clases y tipos de esta omisión
resulta también imprescindible habida cuenta las diversas consecuencias
que forzosamente hay que atribuirle a unas y a otras. Una definición puede ser general en exceso, pese a su apariencia de minuciosidad, y no
discriminar situaciones que tienen que ser objeto de tratamiento no igualitario. Tal riesgo debe solventarse plasmando los tipos de esta posible
inconstitucionalidad, punto que cobra así destacada importancia y que es
uno de los aspectos que abordan casi de manera repetitiva los diversos
autores estudiosos del instituto.
Los presupuestos que nos sirven de partida en esta labor se cimentan
en la consideración de la Constitución como auténtica norma jurídica superior y no como una mera suma de principios programáticos. Ello es
perfectamente compatible con el reconocimiento de que no todos los artículos de la carta magna poseen igual significación y protagonismo, al
margen de exigir distinta intensidad de desarrollo. Esta polémica la entendemos superada, tanto a nivel doctrinal, jurisprudencial y, sobre todo,
positivo. A pesar de ello, se hace necesario recordar que varios de los
autores que analizaron la figura no comparten tales postulados, por lo que
sus conclusiones y consecuencias son, forzosamente, muy diferentes.
1. La expresión “inconstitucionalidad por omisión”
Antes de ofrecer el concepto por nosotros propuesto es necesario detenerse en la terminología que estamos empleando para referirnos a la
institución considerada. Dicha terminología (“ inconstitucionalidad por
omisión” ) es comúnmente aceptada por los distintos tratadistas. Nos serán
útiles algunas reflexiones en torno a la misma, especialmente para la “omisión” (omisso en portugués, omissione en italiano, omission en francés,
Unterlassung en alemán).3
Por lo que respecta al vocablo “ inconstitucionalidad” , no resulta problemático el uso que hacemos de él ya que estamos haciendo referencia
a una conducta vulneradora de la carta magna.4 Estas vulneraciones tienen diversas causas y se presentan con matices diferentes. Asimismo, las
consecuencias de tales infracciones pueden ser muy distintas. Pero todas
ellas suponen un ataque a los preceptos básicos del ordenamiento jurídico
y una agresión a los valores vitales emanados de las decisiones políticas
fundamentales recogidas en el texto constitucional.
Mucho más problemático nos resulta el vocablo “ omisión” , que alude
a una inactividad, a una inacción, a un dejar de hacer o de decir algo. La
conducta humana puede estructurarse en dos grandes formas: la positiva
(“ facere” ) y la negativa (“ non facere” ). Tanto una como otra son, en
condiciones normales, manifestaciones de voluntad que se exteriorizan
de diferente manera. La primera provocará un elemento físico nacido de
dicha acción; la segunda carecerá de tal elemento físico, lo cual no es
óbice para que pueda tener reflejo y repercusión en el mundo exterior.
Ambas procederán del ser humano dirigido por su voluntad o por las
circunstancias que a ésta dominan. Y como formas de comportamiento
que son, fueron asimiladas y son utilizadas para la construcción y definición de los diversos modos de regulación de la vida del hombre en
3 El verbo alemán “ unterlassen” está compuesto de la preposición “ unter” y del
verbo “ lassen” , cuyo origen hay que buscarlo en el gótico “ létan” (das Herkun- ftswörterbuch, Duden, Mannheim, 1989).
4 “ Inconstitucionalidade verifica-se desde que os órgos do poder, por acço ou
omisso, deixam de respeitar os imperativos da Constituiço a que están adstritos”
(Miranda, Jorge, “ Inconstitucionalidade por omisso” , en Estudos sobre a Constituiço,
Lisboa, Livraria Petrony, 1977, vol. I, p. 334).
sociedad, en relación y trato con sus semejantes. En efecto, la moral, la
ética, las reglas del trato social y también, por supuesto, el derecho tendrán en cuenta estos diferentes aspectos y manifestaciones del complejo
acontecer humano, cuyo origen se halla en la misma realidad. Estas diversas modalidades de dirigir la vida en sociedad darán relevancia a algunas inactividades del hombre cuando esta inacción altere el orden de
valores establecido y protegido por los diferentes sistemas de regulación.
La relevancia de tales inactividades se conectará estrechamente con el
incumplimiento de una obligación que sujeta al ser humano y que le exige determinada conducta para la protección del orden defendido.5
El empleo de “ omisión” en sentido jurídico parece tener su origen en
el derecho romano, en el cual podemos detectar su uso en sentido privado
y público, aunque en todo caso parece de poca relevancia. En la esfera
de lo privado hacía referencia, por ejemplo, a aquellos casos en los que
el juez se abstenía de dictar sentencia o a la figura de la preterición. En
efecto, según algunos autores,6 con omisión se aludía al olvido del testador respecto al heredero legítimo, que ni es instituido heredero ni es
excluido de la herencia. Tal olvido era la idea central de la preterición y
tenía unas claras e importantes consecuencias, llegando incluso a provocar la nulidad del testamento. Otros autores,7 en cambio, sólo utilizan
5 Un punto de partida diferente, aunque unas consecuencias similares, lo
encontramos en Alfonso Tesauro cuando, al referirse a los eventos jurídicos, indica que
“ l’omissione non è il modo di comportarsi di un soggetto e, per ciò stesso, una
manifestazione di volontà negativa che si contrappone a quella positiva in cui si concreta
l’azione. L’omissione è l’opposto dell’azione, la sua negazione, cioè una non-azione, un
non-comportamento: più propriamente, è la mancanza dell’azione che un soggetto ha
l’obbligo di porre inessere e, per ciò stesso, è la mancanza del comportamento che un
soggetto ha l’obbligo di tenere...
L’omissione, pertanto, se non è il modo di comportarsi di un soggetto non è, nemmeno,
il nulla. L’omissione... è un avvenimento che ha rilevanza giuridica in quanto si concreta
nel non porre in essere un determinato comportamento, una determinata azione, una
determinata situazione ovvero nel non impedire il verificarsi di un determinanto evento.
L’omissione, però, pur concretandosi in un avvenimento diverso e distinto dall’azione,
di regola, ha valore in quanto trova la causa del suo verificarsi nell’azione del soggetto
che pone in essere l’omissione e non è, invece, dovuta ad altra causa a lui estranea” ,
Tesauro, Alfonso, Istituzioni di Diritto pubblico, Turín, UTET, 1973, pp. 75 y 76.
6 García Garrido, Manuel Jesús, Diccionario de Jurisprudencia Romana, 2a. ed.,
Madrid, Dykinson, 1986, p. 259.
7 D’Ors, Álvaro, Derecho privado romano, Pamplona, EUNSA, 1986, pp. 314 y ss.
También Arias Ramos, José, Derecho Romano, Revista de Derecho Privado, Madrid,
1947, pp. 551 y ss.
para estos casos la palabra preterición, que es la que parece existir con
exclusividad en el Digesto8 y no “ omissio” , vocablo que sí se encuentra
en textos literarios latinos.9 Sea como fuere, en este posible empleo nos
estamos moviendo únicamente en el terreno del derecho privado sin conexión con las ideas que nos interesan, salvo la presencia de una obligación que sujeta al testador y cuya vulneración por un “ dejar de hacer”
tiene consecuencias jurídicas. En el campo del derecho público se emplea, por ejemplo, cuando un magistrado omite exigir una caución como
la tutelar.10 Lo que sí se utiliza, aunque en muy pocas ocasiones, en un
sentido que podríamos denominar jurídico-público, es el verbo “ omitto” ,11 en donde se halla la raíz de “ omissio-onis” . De entre estos escasos
usos cabe destacar que algunos de ellos hacen referencia a “ neglegere” .12
Aunque, insisto, los supuestos no tienen demasiada importancia. Además,
nos movemos por terreno de personas físicas, no de órganos.
De mayor relevancia para nosotros es la utilización jurídica de la idea
de omisión en la ciencia del derecho canónico. Aquí se tendrá en cuenta
la omisión de obispos y sacerdotes que supone incumplimiento de sus
obligaciones, además de ciertas inactividades en el derecho sancionador
de la Iglesia que tipificarán conductas o las agravarán. Ya aparece con
nitidez, en la misma conformación de esta gran parte del ius commune,
la sanción a la autoridad que incumple sus deberes por omisión.
Pero creemos que fue el sentido jurídico-penal de omisión el que se
tuvo en cuenta y se trasladó al derecho constitucional para aludir a la
institución que estamos considerando. En el ámbito del derecho penal los
D. 28, 2; 28, 3.
Según el ya clásico diccionario etimológico latino de Raimundo de Miguel y del
Marqués de Morante (editado por A. Jubera en Madrid en 1889) el origen del empleo
escrito de la palabra hay que buscarlo en L. Aurelio Symmachus, “ uno de los oradores
más eminentes de su época, último defensor del paganismo y hábil político” , cuyo cursus
honorum, iniciado en época de Valentiniano I, fue el de cuestor, pretor, pontífice,
intendente de la Lucania, procónsul de África, prefecto de Roma y, en tiempos de
Teodosio I, cónsul.
10 Quizá sea interesante citar las palabras de Mommsen, en otro tiempo autorizadas,
hoy un tanto superadas: “ el funcionario público no era más ni menos responsable por
los actos ejecutados como tal funcionario, ni casi de otra manera, que lo era cada
particular individuo por sus acciones y omisiones” , Mommsen, Theodor, Derecho
público romano, Madrid, La España Moderna, 1893, p. 228. Sin duda, la alusión a
funcionarios es un grave anacronismo.
11 Vocabularium Iurisprudentiae Romanae (VIR), Berlín, Walter de Gruyter, 1983.
12 D. 10, 2, 27.
delitos y las faltas pueden provenir tanto de acciones como de omisiones
de carácter doloso y culposo, siempre que estén previstas, claro está, por
la ley. Ambas constituyen las dos formas de conducta humana y ambas
son, también, manifestaciones de voluntad. El correcionalista español Silvela afirmaba a principios del siglo XX que la omisión era la “ inactividad
de la voluntad que deja de traducir la idea de la ley en hechos reales”.13
De esta forma, entendía la omisión como la no realización de la ley, a diferencia de la acción que era la realización de la voluntad del sujeto actuante.
La doctrina penal ha considerado que la omisión relevante para esta rama
del derecho posee una naturaleza normativa y no prejurídica, es decir, la
omisión que origina la reacción del ordenamiento penal es la omisión
del actuar a que obliga la ley. La existencia de un deber de hacer proveniente de una norma es, por tanto, imprescindible. Este deber de hacer
que impone la norma encuentra su razón de ser en la defensa de determinado bien jurídico digno de protección. “En los delitos de omisión, el
peligro para el bien jurídico existe previamente y es, precisamente, ese peligro previo el que origina, en el seno del ordenamiento jurídico, la espera
de una conducta que lo conjure” .14 En unos casos el tipo delictual sólo
exige la infracción de una norma preceptiva que impone hacer algo; en
otros supuestos, sin embargo, es preciso que la inactividad provoque un
resultado; y en los delitos de comisión por omisión, se exige una vulneración de una norma preceptiva que suponga la infracción de una norma
prohibitiva, encontrándose el sujeto activo en posición de garante.
Como hemos dicho más arriba, entendemos que esta idea de omisión
penal fue la que se trasladó al seno del derecho constitucional para denominar a la institución que estamos tratando. La expresión penal tiene
acuñada una carga de antijuridicidad y de reprochabilidad que está forzosamente presente en una inactividad inconstitucional. El trasfondo, haciendo quizá una simplificación excesiva, es el mismo: vulneración del
ordenamiento jurídico a causa de un dejar de hacer por parte de quien
está obligado a actuar, obligación que tiene su origen en una norma vigente en el momento de acontecer la infracción. Pese a ello, no cabe duda
que el derecho penal y la omisión penal se dirigen a personas físicas,
únicas que pueden ser sujetos pasivos de la responsabilidad criminal. Por
13 Silvela, L., El derecho penal estudiado en principios y en la legislación vigentes
en España, Madrid, 1903, vol. I, p. 179.
14 Cobo del Rosal, M. y Vives Anton, T. S., Derecho penal, 2a. ed., Valencia, Tirant
lo Blanch, 1987, p. 291.
contra, el que incurre en inconstitucionalidad por omisión es, en principio, el Poder Legislativo, dejando ahora al margen las responsabilidades
del Ejecutivo. De ahí que resulte hasta cierto punto criticable la terminología empleada. Dejación o inactividad quizá hubieran sido más convenientes para el derecho constitucional al estar dotadas de una generalidad trasplantable sin traumatismo de ningún tipo a los poderes públicos.
Mas seguimos utilizando la expresión comúnmente aceptada para la institución ahora estudiada por estar ya asumida con ese sentido en distintas
Hoy en día la presencia de omisiones con relevancia jurídica en diversos sectores del ordenamiento jurídico es un hecho incontestable. Omisiones de normas jurídicas, omisiones de disposiciones no normativas,
omisiones de actuaciones necesarias, de actos políticos, etcétera. Ello ha
dado lugar a que se hayan intentado análisis generales de la problemática,
aunque sin entrar en cuestiones constitucionales, de los que el más conocido es, sin duda, el presentado en la obra de Montané de la Roque,15
a pesar de centrarse principalmente en cuestiones administrativas.
2. Diversas propuestas en la doctrina
Haciendo un esfuerzo de sistematización podemos dividir las distintas
conceptualizaciones en dos grandes grupos: el primero, integrado por
aquéllos que conciben el instituto con un carácter extenso, el segundo,
por los que lo entienden de dimensión más reducida. En el primer caso,
la vulneración de las normas constitucionales puede producirse por la
inactividad de los poderes públicos en un sentido general, con lo que se
incluirían la no emisión de determinados actos políticos, actos administrativos e, incluso, la no emisión de decisiones judiciales. Así, el instituto
se conecta al genérico incumplimiento de una obligación de desarrollo o
de una obligación de actuar de origen constitucional sin ulteriores precisiones. En el segundo grupo, la inconstitucionalidad por omisión se limitaría a la inercia del Poder Legislativo. En estos casos tal idea suele ser
desglosada y se le añaden otra serie de variables que tienen necesariamente que concurrir para que efectivamente se produzca una auténtica
vulneración de la carta magna.16 Veamos algunos autores que representen
Montané de la Roque, Pierre, L’inertie des pouvoirs publics, París, Dalloz, 1950.
El autor peruano Eto Cruz recoge ambas posturas en sus reflexiones al afirmar que
se pueden vislumbrar dos tipos de manifestaciones de la figura: la que denomina lato
concretamente las dos tendencias, que no se basan en meras formalidades
sino que poseen una virtualidad significante al incidir en el fondo y en
el sentido de la institución. No se procede, insisto, con ánimo exhaustivo
sino que se han buscado casos que ejemplifiquen las dos tendencias por
entenderlo más operativo a nuestros efectos.
Entre los conceptos del primer grupo (concepción amplia) tenemos a
Trocker que, tras indicar que el concepto de omisión se distingue sin
duda (sic) del de inercia y del de inactividad, apunta que “ l’omissione
consiste in un non-fare che costituisce violazione di un obbligo di attività
discendente da una norma costituzionale” .17 Al margen de la generalidad,
la falta de un mínimo referente temporal, que parece subsumir en la idea
de “ violazione” , la ausencia de una alusión a la responsabilidad y la consideración en términos globales de todas las normas del texto fundamental, resultan criticables y contrarios a un esfuerzo de precisión que lo
consideramos forzoso en este instituto.
El autor luso Miranda también estaría en este grupo al estimar que
“ a inconstitucionalidade por omisso é a inconstitucionalidade negativa,
a que resulta da inércia ou do silêncio de qualquer órgo de poder, o qual
deixa de praticar em certo tempo o acto exigido pela Constituiço” .18 La
referencia a cualquier órgano de poder denota claramente que Miranda
sostiene un concepto amplio de la institución, concepto que trata de acotarse con un referente temporal (no realizar el acto en cierto tiempo) que
parece que habrá que esclarecer en cada caso concreto.
De idéntica manera, en el ámbito de América Latina hay concepciones
amplias de la figura. Es el caso de Sagües, que aunque no entra de forma
específica en el aspecto conceptual, indica que “ aludimos a la inconstitucionalidad por omisión cuando el comportamiento inconstitucional no
sensu y la stricto sensu. Ésta la refiere al órgano legislativo y es la que asume. En aquélla
ve dos “ aspectos” : la inconstitucionalidad por omisión de actos políticos y la indirecta
—ilegalidad por omisión, omisiones de actos administrativos, omisiones de la función
jurisdiccional y omisiones de reformas constitucionales—. Eto Cruz, Gerardo, “ La
inconstitucionalidad por omisión” , Doctrina constitucional, Trujillo (Perú), Instituto de
divulgación y Estudios jurídico constitucionales (INDEJUC), 1992, pp. 246 y ss.
17 Trocker, Nicolò, “ Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti di
libertà (Studio comparativo sul diritto tedesco)” , Archivio giuridico, 1970, pp. 88 y ss.
18 Miranda, Joge, Manual de direito constitucional, Coimbra, Coimbra Editora, 1993,
vol. II, p. 338.
se traduce por actos, sino por abstinencia de conducta” .19 El también argentino Bidart Campos afirma que la inconstitucionalidad por omisión
“ sobreviene cuando el órgano que conforme a la Constitución debe hacer
algo, se abstiene de cumplirlo” .20 En Brasil Rodrigues Machado habla
de omisiones en la función legislativa, en la función política o de gobierno, en la función administrativa y en la función jurisdiccional.21
La propuesta del maestro italiano Mortati, plasmada en uno de los más
importantes trabajos que existen22 sobre la materia alude, genéricamente,
a “ ogni specie d’astensione dal disporre quanto sarebbe prescritto, a termini di Costituzione” . La generalidad con la que está trazada nos impulsaría a incluirla en el primer grupo, pero en realidad ello sería un error
ya que de todo el trabajo se deduce que hace referencia tan sólo al legislador. Por ello lo situamos en un lugar intermedio entre ambas posiciones.
Pasando al segundo grupo (concepción reducida), puede mencionarse
a Silvestri que, al tratar un determinado tipo de sentencias de la Corte
Constitucional italiana,23 escribe: “ In un primo senso generale e approssimativo si può dire che costituisce omissione legislativa la mancata emanazione de leggi ordinarie in funzione attuativa de istituti o principi contenuti nella carta costituzionale” . Observamos que la vulneración, en su
opinión, se produce por la falta de emanación de ley ordinaria. A pesar
de que ello ya supone una concreción respecto a posiciones anteriores,
estimamos criticable por su vaguedad y exagerada amplitud la segunda
parte de la definición. En efecto, no resulta correcto referirse a institutos
o principios constitucionales sin explicación ulterior. Es más, la omisión
inconstitucional sólo puede referirse a normas concretas y determinadas,
19 Sagües, Néstor Pedro, “ Inconstitucionalidad por omisión de los poderes Legislativo
y Ejecutivo. Su control judicial” , Ius et Veritas. Revista de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, núm. 5, pp. 39 y ss.
20 Bidart Campos, Germán J., “ La justicia constitucional y la inconstitucionalidad
por omisión” , Anuario Jurídico, México, UNAM, núm. VI, 1979, pp. 9 y ss. También
en El derecho, Buenos Aires, t. 78, pp. 785 y ss.
21 Rodrigues Machado, Marcia, “ Inconstitucionalidade por omisso” , Revista da
Procuradoria Geral do Estado de So Paulo, núm. 30, diciembre de 1988, p. 42.
22 Mortati, Costantino, “ Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro
comportamento omissivi del legislatore” , en Problema di Diritto pubblico nell’attuale
experienza costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti, Milán, Giuffrè, vol. III, 1972.
23 Silvestri, Gaetano, “ Le sentenze normative della Corte Costituzionale” ,
Giurisprudenza costituzionale, 1981, pp. 1684 y ss.
no a principios de corte general extraídos del sentido global de las prescripciones constitucionales con un método inductivo.
En términos semejantes, aunque quizá más suscribibles, tenemos a Picardi, el cual, en un famoso homenaje al profesor Mortati,24 señaló que:
per omissione del legislatore si intende una situazione caratterizzata, per
un verso, da un precetto costituzionale che descrive un determinato comportamento del legislatore (emanare norme legislative di attuazione), per
altro verso, un comportamento concreto del legislatore che contrasta, in
tutto o in parte, con quello descritto dal precetto costituzionale.
Las alusiones al legislador y a la norma legislativa lo sitúan con claridad en este segundo grupo. Asimismo, vemos como altamente plausible
la estructura interna de esta definición, presidida por una rigurosa lógica
de causa a efecto.
El profesor de Coimbra Gomes Canotilho es todavía más meridiano
en su conceptualizacion. Así, en una importante obra,25 hoy superada en
algunos de sus aspectos dado lo apegada que está a su tiempo, afirma:
A omisso legislativa significa que o legislador no faz algo que positivamente lhe era imposto pela constituiço. No se trata, pois, apenas de um
simples negativo no fazer; trata-se, sim, de no fazer aquilo a que, de forma
concreta e explícita, estava constitucionalmente obrigado. Já por esta definiço restritiva de omisso se pode verificar que a inconstitucionalidade por
omisso, no seu estrito e rigoroso sentido, deve conexionarse com uma exigência concreta constitucional de acço (verfassungsrechtliche Handlungsgebote).
En otro trabajo26 dice que: “ entender-se-á, principalmente, mas no exclusivamente, como omisso legislativa inconstitucional, o no cumprimento de imposiçes constitucionais permanentes e concretas” . Más abajo
completa lo dicho: “ A omisso legislativa existe quando o legislador no
cumpre ou cumpre incompletamente o dever constitucional de emanar
24 Picardi, Nicola, “ Le sentenze integrative de la Corte costituzionale” , en Aspetti e
tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di C. Mortati., Roma, 1977, vol. IV,
pp. 599 y ss.
25 Gomes Canotilho, José Joaquim, Constituiço dirigente e vinculaço do legislador,
Coimbra, Coimbra Editora, 1982, p. 331.
26 Ibidem, Direito constitucional, 6a. ed., Coimbra, Livraria Almedina, 1993, pp.
1089 y ss.
normas destinadas a actuar as imposiçes constitucionais permanentes e
concretas” . Asimismo, entiende que existe esta omisión en caso de no
cumplimiento de las que denomina “ ordens de legislar” , es decir, “ imposiçes concretas mas no permanentes” . Observamos que el concepto,
uno de los más rigurosos que nos ofrece la doctrina y recogido por diversos autores brasileños, gira en torno a las imposiciones constitucionales concretas, sean permanentes o no, que se traducen en una exigencia
de acción. Aun así entendemos que pueden recogerse otros datos también
necesarios en la definición, tal y como reflejaremos en nuestra propuesta.
En la doctrina española nos encontramos a Aguiar de Luque,27 el cual
habla de “ violación constitucional provocada por la inactividad del órgano legislativo pese a la existencia de un mandato constitucional explícito al respecto” . Las críticas que hemos hecho a una excesiva inconcreción pueden ser reproducidas completándolas con ciertos elementos que
deshacen un tanto la excesiva indeterminación de la propuesta. Nos referimos a la alusión al órgano legislativo y a un mandato constitucional
explícito al respecto. Un talante similar hallamos en varias sentencias del
Tribunal Constitucional español, como la 24/1982, en cuyo fundamento
jurídico 3o. se lee: “ la inconstitucionalidad por omisión sólo existe cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de
desarrollo constitucional y el legislador no lo hace” . Por su parte, Villaverde Menéndez alude a un silencio legislativo que “ suponga la creación
de una situación jurídica contraria a la Constitución, medie o no una obligación constitucional de legislar” ,28 lo cual hay que completarlo con la
idea de que ese silencio “ altera el contenido normativo de la Constitución” ,29 trayendo como consecuencia jurídica “ la existencia de una norma implícita que regula una materia, y semejante norma es contraria a
la Constitución” .30 Con un concepto así se desconocen la mayor parte de
situaciones de ineficacia del texto constitucional por no desarrollo, puesto
que éstas no suelen modificar la Constitución sino privarla de plena eficacia. De esta forma, parece separarse de la idea de que la necesidad de
27 Aguiar de Luque, Luis, “ El Tribunal Constitucional y la función legislativa: el
control del procedimiento legislativo y de la inconstitucionalidad por omisión” , Revista
de Derecho Político, 1987, núm. 24, p. 25.
28 Villaverde Menéndez, Ignacio, La inconstitucionalidad por omisión, Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 7.
29 Ibidem, p. 3.
30 Ibidem, p. 73.
desarrollo proviene de la misma vinculación de la Constitución, dado que
esa necesidad queda reducida a los escasos supuestos de mutación constitucional. Además, el desvincularse de la obligación constitucional de legislar y,
por lo tanto, de las que podemos denominar tesis obligacionistas, aporta esas
dosis de inconcreción que venimos censurando.
En la doctrina peruana Morón Urbina la conceptúa como “ la inacción
legislativa en la reglamentación de los principios contenidos en el texto
constitucional” .31 Al margen de cierta imprecisión con la que disentimos
nos resulta poco acorde con la institución, tal y como señalamos anteriormente, la referencia a los principios constitucionales. También nos
parece censurable el empleo del vocablo reglamentación, que lo entendemos con un concreto significado técnico-jurídico no circunscribible al
campo de la inacción legislativa inconstitucional, aunque dicho empleo
puede responder a una formación jurídica de diferente base y con precisiones terminológicas distintas.
En el fondo de estas dos maneras, una amplia y otra más reducida, de
concebir la naturaleza de la omisión inconstitucional quizá esté una postura
diferente en cuanto a cómo y a quién debe llevar a cabo el programa y
el proyecto de la norma básica y en cuanto al grado de responsabilidad que
se adquiere en este elevado cometido. Sea como fuere, la generalidad que se
observa en la postura “extensa” de la institución no la creemos de recibo
dado que puede dar lugar a referirse a situaciones que en el fondo no son
anticonstitucionales. Además, estimamos necesaria una concreción que a
veces no se observa. En efecto, la falta de alusiones temporales y la no
discriminación entre las prescripciones constitucionales son elementos
que generan una inseguridad en una materia que, por mor de sus implicaciones y conexiones, tendría que ser tratada con una mayor precisión.
Aunque, desde otro punto de vista, es posible pensar que la relatividad
que envuelve al instituto es la que no sólo obliga sino la que también
requiere un estudio de carácter no excesivamente preciso y concreto. Mas
ésta no es nuestra opinión, tal y como mostramos a continuación.
31 Moron Urbina, Juan Carlos, “ La omisión legislativa como un caso de inconstitucionalidad” , Revista Jurídica del Perú, núm. III-IV, julio-diciembre de 1988, pp. 349 y ss.
Expuesto lo anterior estimamos como lo más acertado, habida cuenta
la complicada penetrabilidad del tema, una definición que conduzca el
instituto a la inactividad legislativa y que recoja los diversos elementos
cuya concurrencia se muestra absolutamente necesaria para poder hablar de
una auténtica vulneración de la norma básica, y no de una mera falta de proceder que se quede en el terreno de la simple omisión sin entrar en el campo
de la inconstitucionalidad. La presencia de ambas ideas se torna, por lo
tanto, irrenunciable.
En este orden de cosas la inconstitucionalidad por omisión la conceptualizamos como la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo,
durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impide su
eficaz aplicación. Afirmado esto, procede un desglose de los términos de
la definición propuesta para efectuar un insoslayable comentario de la
misma que arroje luz sobre el contenido que le damos al instituto. Dos
son, grosso modo, los elementos a destacar en la definición: la primera
idea (falta de desarrollo) hace referencia a la omisión; el resto, haciendo
una inicial visión global, alude a la inconstitucionalidad. Veámoslo.
A. La falta de desarrollo
La falta de desarrollo la concebimos en un sentido un tanto amplio ya
que abarca no sólo la total ausencia de legislación en ese punto conflictivo, sino también la presencia de una normativa parcial. Tal normativa
parcial la entendemos con un doble cariz ya que puede hacer alusión a una
realidad dual: a una regulación que se olvida de alguna parte inescindible de
esa materia o a una que trata parcialmente a sus destinatarios, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad. En todos estos supuestos
estamos ante un no actuar que, siendo una decisión política, tiene consecuencias jurídicas (la inconstitucionalidad).32
32 Creemos irrelevante hacer distinciones terminológicas en este momento ya que
silencio, abstención, inactividad, no hacer o inacción no son términos que en derecho
constitucional tengan un sentido jurídico diferenciado. Una opinión contraria parece
encontrarse en Villaverde Menéndez, Ignacio, La inconstitucionalidad por omisión, op.
cit., p. 40, nota 6.
B. La inconstitucionalidad
a. Inactividad del Poder Legislativo
Pasando ya a lo que supone inconstitucionalidad hay que indicar, en
primer lugar, que la antedicha falta de desarrollo la predicamos del Poder
Legislativo que debe ser, en la distribución de funciones del Estado democrático de derecho, el encargado de emanar normas con rango de ley que
desenvuelvan los preceptos constitucionales que requieran tal proceder.
Parafraseando a Gomes Canotilho cabe indicar que si se toma como punto de partida el postulado democrático y el postulado del Estado de derecho
la “actualizaço” de las imposiciones constitucionales presupone una reserva
total de ley, en el sentido de que toda la conformación concretizadora
tiene que ser una ley del Parlamento.33 En otro orden de consideraciones,
no tiene sentido, como se ha hecho en alguna ocasión, tratar de determinar si la inercia del Poder Legislativo es consciente o inconsciente, es
decir, voluntaria o no. Creemos que cuestiones de “ conciencia” de un
órgano constitucional no son reconducibles al fenómeno jurídico, ni
casi a ningún otro, aunque sí pueden influir en las dimensiones de la
responsabilidad política, eso sí, tras un proceso de individualización.
Ir más lejos en este sentido excede de las finalidades de este trabajo.
El Poder Legislativo posee, en el Estado democrático, total legitimidad
para llevar a cabo el desarrollo de las disposiciones constitucionales dado
que es elegido directamente por el pueblo cuando éste se encuentr ejerciendo su soberanía a la hora de votar. En España se ha dicho, y de forma
acertada, que “ si las Cortes Generales representan al pueblo español y
éste es, de acuerdo con el apartado segundo del artículo 1o. de la propia
Constitución, el titular de la soberanía nacional, la conclusión evidente
es que las Cortes Generales, como institución, encarnan esa misma soberanía nacional, son el órgano en el que esta soberanía se concreta y
expresa” .34 Los otros poderes estatales ostentan una legitimidad que po33 Gomes Canotilho, José Joaquim, Constituiço dirigente e vinculaço do legislador,
34 Solé Tura, Jordi y Aparicio Pérez, Miguel A., Las Cortes Generales en el sistema
constitucional, 2a. ed., Madrid, Tecnos, 1988, p. 177. Esto habría que matizarlo indicando
que la verdadera expresión de la titularidad de la soberanía popular se halla en el
momento constituyente. La Constitución, así, objetivará la soberanía. Durante la vigencia
dríamos denominar indirecta, por contraponerla a la directa que pertenece
al Legislativo.35
El sistema parlamentario no sólo engloba los esquemas formales del
tradicional Estado de derecho, sino que también posee una carga material
proveniente de sus mismos orígenes anglosajones (idea del rule of law,
en la que se construye el proceso político de legislación a imitación del
proceso judicial y en la que el derecho parte del derecho judicial, de la
experiencia de injusticia que tiene el pueblo, en contraposición a la imposición unilateral del soberano en la inicial teoría del Estado de derecho
alemana). El Parlamento es, según decía Fischbach en el tormentoso periodo de entreguerras, “ el crisol donde se funden y armonizan los intereses y aspiraciones de las diferentes clases del pueblo” .36 Al genuino
producto del Parlamento, la ley, norma que “ todo lo puede” respetando
los límites constitucionales, le corresponde ser el vehículo que lleve a
cabo el desarrollo constitucional, el recipiente que lo contenga, además
de ser expresión de la voluntad popular y fuente privilegiada e insustituible. En un sistema en el que impere la democracia y el Estado de derecho resultan desfasadas las palabras de Kirchmann, tributarias de otra
época: “ La ley positiva es el arma sin voluntad, igualmente sumisa a la
sabiduría del legislador y a la pasión del déspota” .37 Asimismo, la visión
de Leibholz, menos radical pero igualmente crítica con la ley, creemos
que no incide en nuestra particular problemática, aunque sí es una verdad
desde otra perspectiva.38 Por lo tanto, a los efectos de la inconstituciona-
de la Constitución la soberanía se ejercerá en las elecciones, pero no habrá
manifestaciones de la titularidad de dicha soberanía.
35 Otto Bachof no es de esta opinión al estimar, hablando del presunto carácter
antidemocrático del Poder Judicial, que “ el juez no es menos órgano del pueblo que todos
los demás órganos del Estado” . Y añade: “ La alusión a la falta de inmediatez de su
comisión por el pueblo no constituye un argumento convincente ante el hecho de que
también el gobierno, el presidente, los funcionarios, cuentan solamente con un mandato
indirecto del pueblo; el mismo Parlamento no puede ser considerado como directamente
comisionado más que bajo un aspecto muy relativo, ya que su composición está de hecho
mucho más ampliamente mediatizada por los partidos” , Bachof, Otto, Jueces y
Constitución, Madrid, Civitas, 1985, p. 59.
36 Fischbach, Oskar Georg, Derecho político general y constitucional comparado, 2a.
ed., Barcelona, Labor, 1934, p. 77.
37 Kirchmann, Julius Hermann von, La jurisprudencia no es ciencia, 3a. ed., Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 27.
38 Este autor considera que la ley es una amenaza para la libertad en el moderno Estado
lidad por omisión, parece imponerse la visión clásica de la norma legal
dentro del Estado constitucional, lo que nos hace dirigir la mirada en
exclusiva hacia el Poder Legislativo.
A pesar de ello, a nadie se le escapa la actual distorsión del clásico
reparto de funciones y competencias entre los poderes constituidos. La
creciente complejidad de la realidad y el dominio de una sólida mayoría
parlamentaria gubernamental, respaldada por un partido o coalición, son
dos importantes razones explicativas de la expansión del Ejecutivo a costa del Parlamento. Dicho estado de cosas puede menguar la legitimidad
racional-democrática de actuación de los órganos estatales. Pero no cabe
duda de que la realidad se nos presenta así, por lo que habrá que considerar nuevas responsabilidades del Ejecutivo en el desenvolvimiento
constitucional, aunque estas responsabilidades, a nuestro juicio, no resultan articulables, jurídicamente hablando, de manera suficiente para ser
exigidas por los hipotéticos mecanismos que controlan la inconstitucionalidad por omisión. Por lo tanto, y como el Parlamento conserva su fuerza para reaccionar ante el reproche que el órgano de justicia constitucional le haga a causa de una situación de omisión vulneradora de la carta
magna, circunscribimos el ámbito de la inconstitucionalidad por omisión
al campo de actuación, o, mejor dicho, de inactuación del Poder Legislativo.
Un supuesto discutible se plantea cuando al encontrarse en marcha un
procedimiento legislativo al mismo tiempo, se produce una fiscalización
de una inactividad vulneradora de la norma básica a causa del no desarrollo del precepto que intenta desarrollarse en ese procedimiento legislativo abierto y todavía no finalizado. Nuestra opinión es que la fiscalización de la inconstitucionalidad por omisión debe continuar en la
medida en que no se sabe cómo acabará el susodicho procedimiento y si
al término del mismo va a tener posibilidad de eficacia plena la disposi-
democrático de partidos, Leibholz, Gerhard, Problemas fundamentales de la democracia
moderna, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1971, pp. 15 y ss. También Bachof
incidirá en la cuestión al señalar que “ la ley, en otro tiempo escudo de la libertad y del
derecho, se ha convertido hoy precisamente en una amenaza para estos bienes” , por mor
de la transformación de su función “ en la medida en que la ley se convirtió en un medio
para la realización de cambiantes fines políticos” , Bachof, Otto, Jueces y Constitución,
op. cit., pp. 48, 49 y 51.
ción constitucional de que se trate porque la legislación emanada puede
resultar altamente defectuosa en ese sentido.
b. Periodo temporal excesivo
En segundo lugar, la inactividad debe conectarse a un periodo excesivamente prolongado. Aquí se encuentra la gran relatividad de la institución y la necesidad de un proceder casuístico que analice individualmente
las circunstancias de cada supuesto, lo cual puede traducirse en diferentes
posiciones en función del caso, aunque en apariencia haya similitud desde
el punto de vista técnico. Los preceptos constitucionales que necesitan
desarrollo no contemplan, salvo casos especiales como el artículo 117.1
de la Bonner Grundgesetz (y aún éste con un carácter indirecto), perentorios plazos en los que deban actuar los poderes constituidos, sino que
conceden libertad a éstos para llevar a cabo su proyecto jurídico-político.
Ello no parece que pueda ser de otro modo habida cuenta la necesaria
libertad de conformación que debe tener la mayoría parlamentaria nacida
de las elecciones para dar efectividad a su programa de actuación. Mas
esto no puede retrasar sine die la realización del texto constitucional. Por
eso, con el objeto de tener presente y compatibilizar ambas verdades, nos
expresamos de forma abierta en la definición respecto al tiempo que debe
transcurrir para dar efectividad a aquellas partes de la Constitución que
lo necesitan. “ Durante un tiempo excesivamente largo” es una expresión
que permite modulaciones, que puede entenderse como un tiempo irrazonablemente largo, y que a priori carece de concreción, por lo que queda en manos del órgano competente determinar si ha transcurrido o no
ese tiempo teniendo presente las diversas circunstancias que existan, circunstancias de variada naturaleza.39
No se nos escapan las altas dificultades de esta labor, que va no sólo
a frisar sino también a traspasar el terreno de lo jurídico, recibiendo las
influencias de los fenómenos políticos. Pero por ello no estamos admitiendo la presencia de inseguridad jurídica en la definición. El decurso
histórico y el contexto reinante en el momento de efectuar la fiscalización
39 Señala Morón Urbina que la inconstitucionalidad no se produce a partir del día
inmediato posterior a la vigencia constitucional “ sino sólo a partir del transcurso de
tiempo que hace incurrir al legislador en una inacción reprochable” , Morón Urbina, Juan
Carlos, “ La omisión legislativa inconstitucional y su tratamiento jurídico” , Revista
Peruana de Derecho Constitucional, 1999, núm. 1, p. 462.
determinarán, junto a la propia naturaleza de las cosas, su mismo resultado. La transcendencia del instituto no desarrollado también incidirá en
la modulación del plazo. Semejantes obstáculos tienen que ser asumidos
por la hermenéutica constitucional, en la que, “ además de los principios
generales de interpretación, se requieren conocimientos técnicos muy elevados, y de un alto grado de sensibilidad jurídica, política y social” .40
Pese a introducir estas dosis de moderación, que quizá sean de realismo, no hay que olvidar que la necesidad de desarrollo y las circunstancias
que lo retardan no son intereses equivalentes que tengan que ser ponderados como en una situación exclusivamente política, sino que en virtud
de las exigencias del derecho uno es el principio (necesidad de desarrollo)
y otro es la excepción (retraso en ese desarrollo). Por lo tanto, la excepción si quiere imponerse necesita justificación.
c. Preceptos de obligatorio y concreto
desarrollo: los encargos al legislador
En tercer lugar, la aludida falta de desarrollo la referimos a los preceptos constitucionales que requieren tal proceder de una forma concreta.
No todas las normas constitucionales poseen el mismo carácter jurídicamente hablando, de manera que pueden establecerse distintas tipologías
en función de diferentes criterios. De este modo, unas normas, dada su
formulación, se nos presentan como una suerte de encargos constitucionales o encargos al legislador, esto es, como exigencias constitucionales
de desarrollo ulterior. El concepto de encargo al legislador que proponemos es el siguiente: norma constitucional de eficacia limitada que, dada
la previsión explícita o implícita en ella contenida, resulta de obligatorio
y concreto desarrollo para que cobre eficacia plena. Son normas, como
acabamos de decir, de eficacia limitada que requieren una actividad para
completar esa eficacia a la que está destinada toda norma. Con estas expresiones queremos referirnos a una articulación técnica respecto al modo
de presentarse el precepto, articulación que no aporta connotaciones materiales y que produce que nazca una obligación que pesa sobre el legislador. Dicha exigencia de desarrollo posterior puede ser tanto explícita
como implícita, pero siempre tiene que ser evidente su carácter impera40 Fix-Zamudio, Héctor y Carpizo, Jorge, “ Algunas reflexiones sobre la interpretación constitucional en el ordenamiento mexicano” , La interpretación constitucional,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 21.
tivo, que habrá que presumir si la disposición no presenta el carácter facultativo de manera expresa. Evidentemente, hay otro tipo de normas
constitucionales que dada su incomplitud puedan ser desarrolladas, lo
cual puede resultar muy conveniente. Incluso no resulta descabellado decir que toda norma constitucional es susceptible de ser desarrollada. Pero
en este momento hablamos de aquéllas cuyo desarrollo es obligatorio en
virtud de su misma formulación. Por ello, se recoge en la definición ofrecida de omisión inconstitucional esta idea de obligatoriedad con el objeto
de subrayar la vinculación que pesa sobre los poderes constituidos respecto a dotar de eficacia a tales normas. Asimismo, introducimos la nota
de la concreción para aclarar que no se está ante principios constitucionales de carácter general, los cuales no pretenden tener determinada legislación de desarrollo sino que lo que realmente buscan es conseguir
vigencia en todo el ordenamiento y ser cumplidos en las distintas aplicaciones de la ley fundamental.
Estos encargos al legislador son preceptos calificados por parte de la
doctrina como un género de “ normas incompletas” y que requieren para
su eficacia la interpositio legislatoris. Gracias a ello se concretará su sentido general, se les dará complitud y se realizarán las previsiones de los
constituyentes. No en vano la Constitución es una norma, pero con unas
funciones y finalidades que la caracterizan y especifican. Por tal motivo,
no agota la regulación de las materias que aborda sino que abre un puente
a los poderes constituidos para el cumplimiento del programa constitucional y su ajuste a la concreta situación del tiempo histórico que esté
transcurriendo. La Constitución debe ser, en este sentido, “ abierta” merced a las denominadas cláusulas openended.
Hemos dicho que este tipo de normas constitucionales son ante todo
una articulación técnica. Por lo tanto, normas constitucionales de diverso
tipo, en función de una perspectiva material, pueden presentarse con esta
forma de encargo al legislador. Importantes son los casos, citados ahora
como un mero ejemplo, de un derecho fundamental que no sea de primera
generación y de una norma de organización esencial que no consume la
Consideramos más completo el análisis que hemos hecho con base en
la existencia de normas de eficacia limitada que otro, realizado por algún
autor, que gire en torno a normas constitucionales exigibles y no exigibles, cuyo elemento de diferenciación estriba en la posibilidad de aplicación directa por mor del contenido de la misma norma. De esta forma,
la omisión inconstitucional se produciría con carácter exclusivo respecto
a los preceptos no directamente exigibles. Frente a ello creemos que a
pesar de que el contenido de una norma sea lo suficientemente “ denso”
como para posibilitar su aplicación directa ello no tiene que significar,
en todo caso, que posea una eficacia total y una plenitud acorde con la
voluntad de los constituyentes. Por ello, puede también requerir y no sólo
posibilitar un desarrollo ulterior. Es el caso de un derecho fundamental
que será tomado en cuenta por un órgano aplicador para la resolución de
un caso concreto pero que necesitará una ley posterior para una plena
efectividad y una mayor protección.
La presencia de un encargo al legislador para que se produzca una
omisión inconstitucional es esencial porque una omisión tendrá relevancia jurídica sólo cuando exista un precepto jurídico que establezca una
conducta y precisamente dicha omisión lesione tal precepto. La omisión
pasa así, como señala Stahler, de un “ no hacer nada” a un “ no hacer
algo” , siendo ese algo lo que espera el orden jurídico.41 No se fundamenta en la no realización de una acción arbitraria sino en la no realización
esperada, debida,42 de manera que el centro de toda discusión acerca del
problema de la omisión del legislador es el encargo constitucional, que
resulta vinculante.43
Hasta ahora hemos visto, al margen de la inactividad del Poder Legislativo, dos de los elementos esenciales de la definición: el encargo al
legislador, contenido en una norma constitucional que es de eficacia limitada, y el paso del tiempo que determina el fraude constitucional. Los
dos son imprescindibles. Uno sin el otro deja sin sentido a la inconstitucionalidad por omisión.
d. Ineficacia de la norma constitucional
En cuarto y último lugar, tenemos la parte final de la definición propuesta más arriba, que alude a la ausencia de eficaz aplicación de las
41 “ Das Unterlassen wird dadurch vom nichts tun zum etwas (das die Rechtsordnung
erwartet) nicht tun” , Stahler, Konrad, Verfassungsgerichtliche Nachprüfung gesetzgeberischen Unterlassens, tesis doctoral, Munich, 1966, p. 1.
42 Seufert, Leo, Die nicht erfüllten Gesetzgebungsgebote des Grundgesetzes und ihre
verfassungsgerichtliche Durchsetzung. Ein Beitrag zum Problem des gesetzgeberischen
Unterlassens, tesis doctoral, Würzburg, 1969, pp. 38 y 39.
normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo a causa de
la inactividad del Poder Legislativo. Estamos aquí ante la consecuencia
de todo lo anterior: la existencia de unas normas del texto fundamental
que requieren interpositio legislatoris unida a la dejación del órgano encargado de tal interpositio trae como resultado la falta de eficacia de
aquellas normas o una eficacia minorada. Esta característica de la eficacia
es uno de los fundamentos de la lógica jurídica de las normas, las cuales
no nacen para cumplir un mero requisito de existencia en el seno del
ordenamiento sino que se originan con la sólida intención de tener reflejo
aplicativo en la sociedad y, de esta forma, cumplir su ratio essendi principal al regular de modo real la convivencia. Como afirma Morón Urbina
“ el valor eficacia constitucional exige incorporar al sistema el control a
las omisiones constitucionales de las autoridades, y en particular las del
legislador” .44
Concebimos como rasgos de una norma totalmente diferentes el de la
validez y el de la eficacia,45 los que, aunque se influyen de manera recíproca, no son interdependientes y poseen vida propia (una norma puede
ser válida y no eficaz, y viceversa). Spagna Musso apunta que “ una norma giuridica se costantemente disapplicata, e quindi inoperante, no per
questo è giuridicamente inesistente” .46 Quien niega la eficacia de un precepto jurídico incumpliéndolo no tiene por qué rechazar su validez, aunque es forzoso reconocer que una norma dotada de la más absoluta ineficacia acaba siendo un sinsentido que influirá sobre la validez y que hay
que desterrar,47 salvo que poderosas razones extrajurídicas muevan a lo
contrario. Éste es uno de los razonamientos que nos hacen pensar en un
44 Morón Urbina, Juan Carlos, “ La omisión legislativa inconstitucional y su
tratamiento jurídico” , op. cit., p. 460.
45 Sobre la problemática general de la relación entre validez y eficacia puede verse
Spadaro, Antonino, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei
giudici, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990, pp. 45 y ss.
46 Spagna Musso, Enrico, “ Appunti per una teoria giuridica dell’anomia costituzionale” , en Aspetti e tendenze del Diritto Costituzionale. Scritti in onore di Costantino
Mortati, Milán, Giuffrè, 1977, vol. I, p. 284.
47 De ahí lo criticable que resulta afirmar que hay normas (las programáticas, que
nosotros no aceptamos) cuya validez es plena, pero que mientras no se desarrollen no
producen efecto alguno y los órganos de aplicación del derecho no las pueden aplicar,
v. gr., Quiroga Lavié, Humberto, Derecho constitucional, Buenos Aires, Cooperadora de
Derecho y Ciencias Sociales, 1978, pp. 140 y 142.
auténtico fraude constitucional en algunos de los posibles supuestos de
inconstitucionalidad por omisión.
Una postura fáctica en este tema, como la sostenida por Ross,48 llevaría a una identificación entre validez y eficacia, constatándose aquélla
después del nacimiento de la norma. Ello no lo consideramos de recibo,
puesto que la validez, como queda dicho, es independiente de la eficacia,
dado que está en función de la competencia del órgano que la dicta, el
procedimiento que se sigue y la materia regulada. En cambio, “ la eficacia
de las normas se refiere exclusivamente al cumplimiento real de derecho
en el seno de la sociedad... Básicamente la eficacia consiste en la conformidad o adecuación de la conducta de los destinatarios con lo que la
norma prescribe” .49 Falta de desarrollo imposibilitará a los ciudadanos
cumplir con el precepto constitucional, y no precisamente por un hipotético desacuerdo con su contenido sino por la carencia de regulación.
Esta última parte de la definición que ahora estamos comentando también busca una finalidad delimitadora. En efecto, cuando decimos que la
inactividad del Legislativo respecto a normas constitucionales que exigen
tal actuación provoca la ineficacia de estas últimas queremos excluir
aquellos casos en los que, pese a la ausencia de un adecuado desarrollo,
el precepto constitucional tiene una vigencia tan efectiva que cumple las
previsiones constitucionales en cuanto a su aplicabilidad. Se podría decir
que realmente goza de complitud, esto es, posee eficacia plena. Las razones pueden ser diversas: su misma formulación, la dimensión aplicativa
que le den los tribunales, mayor aceptabilidad social, etcétera. Por lo tanto, no habrá en este tipo de supuestos omisión inconstitucional, aunque
no se nos escapa la dificultad de encontrar en la práctica una situación
de este tipo sin el apropiado desarrollo posconstitucional. Incluso si se
encuentra tal situación, la ausencia de base legal posibilitaría la alteración
de estos criterios aplicativos con lo que retornaría el fraude de la Constitución y la omisión inconstitucional. Lo dicho deja de nuevo patente la
necesidad de actuar de modo casuístico en la solución práctica de los
hipotéticos supuestos de omisión inconstitucional. Esta última idea se refuerza aún más si se piensa que todo precepto constitucional por el hecho
48 Ross, A., “ El concepto de validez y el conflicto entre el positivismo jurídico y el
derecho natural” , El concepto de validez y otros ensayos, Buenos Aires, Centro Editor
de América Latina, 1969.
49 Segura Ortega, Manuel, Teoría del derecho, Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, 1991, p. 143.
de serlo ostenta cierta eficacia, como la que viene producida por ayudar
al aplicador del derecho a la hora de interpretar éste de conformidad con
En definitiva, como idea recopilatoria final, la inactividad del legislador, el paso del tiempo generador de fraude constitucional, la exigencia
constitucional de actuar y la ineficacia, centro de nuestra propuesta, son las
claves de bóveda de la vulneración de la carta magna por omisión.
4. Delimitación negativa
Puede decirse que la configuración negativa de un concepto, esto es,
fijar en qué se diferencia de otros de posibles rasgos similares, es exigencia del raciocinio humano, máxime cuando tal concepto entra en el
dominio de lo abstracto, incluso de lo arcano. En la figura que analizamos
semejante forma de actuar nos será de utilidad. Procedamos a ello.
A. Omisión legislativa “simple”
La primera diferenciación la podemos establecer respecto a aquella ausencia de desarrollo legislativo de un precepto constitucional que todavía
no presenta los rasgos necesarios para reputarse inconstitucional. Nos referimos a situaciones en las que la falta de paso de tiempo, medido, tal
y como se indicó, en función de las circunstancias y del contexto sociopolítico, da lugar a que el retardo del órgano legislativo entre dentro de
la legítima libertad de conformación del proyecto constitucional por parte
de los poderes constituidos, con especial peso específico del partido(s)
vencedor(es) en las correspondientes elecciones, cosa absolutamente defendible si se respetan los límites constitucionales y legales.50 Claro está
que una situación así puede llegar a convertirse en inconstitucional con
el paso del tiempo, que es un elemento que habrá que valorar, como sabemos, caso por caso en función de las diversas circunstancias que rodeen el supuesto de que se trate.
Asimismo, y desde otro punto de vista, una omisión legislativa hace
referencia a una realidad más amplia que la comprendida en la omisión
inconstitucional, la cual es uno de los casos que integran aquélla y cuya
50 Recordemos que “ la democracia, especialmente la de tipo parlamentario, es por
naturaleza un Estado de partidos” , Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, 15a. ed.,
México, Editora Nacional, 1979, p. 464.
rasgo más sobresaliente es la nota de la inconstitucionalidad, que viene
determinada por la concurrencia de los elementos analizados con anterioridad. Por lo tanto, habrá omisiones legislativas que no sean omisiones
inconstitucionales. En cambio, éstas siempre estarán incluidas en la categoría de omisiones legislativas.
B. Omisión de normación
A pesar de que nos encontramos en el epígrafe correspondiente a la
delimitación negativa de la inconstitucionalidad por omisión, esto es, de
aquello que no es omisión vulneradora de la ley fundamental, hemos optado por introducir aquí este subapartado que alude a algo que no es propiamente contrario a la omisión inconstitucional, pero en la medida en
que también ayuda a la pretensión buscada en el presente ensayo (el esclarecimiento del concepto), resulta procedente en este lugar.
Con la expresión “ omisión de normación” se alude a una situación de
amplios perfiles, que hay que caracterizar, asimismo, con amplitud. Una
aproximación a su concepto sería el no desarrollo normativo cuando éste
resulta obligatorio, sin ulteriores especificaciones. Así las cosas, los supuestos que engloba dicho fenómeno son de lo más diversos. Uno de
ellos es la omisión legislativa o ausencia del obligatorio dictado de normas con rango de ley, a la que acabamos de aludir. Y un tipo de omisión
legislativa es la omisión inconstitucional, que se produce, como queda
dicho dos párrafos atrás, cuando a aquélla se le suman las notas vistas
en la definición propuesta de inconstitucionalidad por omisión. Por lo
tanto, ésta se presenta como uno de los casos que entran en el ámbito de
la omisión de normación. Las dos únicas conexiones entre ambas inactividades vendrían por la obligación de desarrollo normativo y por el incumplimiento de dicha obligación.
La llamada ilegalidad por omisión sería un supuesto de omisión de
normación diferente a la omisión inconstitucional. En España ha querido
verse en algún momento que el incumplimiento de una obligación de desarrollo legislativo contenida en una ley orgánica es una omisión inconstitucional. Esto no es, ni mucho menos, una inconstitucionalidad por omisión sino una ilegalidad por omisión, siempre y cuando se acepte una
superioridad jerárquica de la ley orgánica sobre la ley ordinaria, pues de
lo contrario (diferencia entre ley orgánica y ordinaria con base sólo en
el principio de competencia) parece que tampoco podría hablarse de ile-
galidad por omisión (al no haber superioridad no surgiría la obligación
de desarrollo), sino de simple laguna.
C. La idea de laguna
La figura de la laguna, vocablo trasplantado al mundo del derecho por
el recurso a una metáfora, ha sido objeto de un tratamiento abundante en
la ciencia jurídica desde perspectivas diferentes y teniendo en mente los
diversos procedimientos de integración da las mismas.51 Quizá la concepción predominante sea aquella que refiere las lagunas a la ley o a las normas
en concreto y no al ordenamiento jurídico en su conjunto, del cual se predica
una plenitud que sumada a las hoy más que discutibles unidad y coherencia
forman las características de ese ordenamiento. La plenitud se ha argumentado desde posiciones varias. Así, según unos autores, lo no regulado no
entra dentro del campo del derecho sino que es indiferente para él y pertenece a los dominios de lo extrajurídico (Bergbohm, “espacio jurídicamente
vacío”).52 Para otros, partiendo de que las normas prohíben u obligan a determinado comportamiento, lo no regulado significa que está permitido o
que no es obligatorio, en una lógica argumentación a sensu contrario (“teoría de la norma general exclusiva”).53 Finalmente, se dice que la plenitud
significa que el derecho es capaz de colmar las lagunas existentes aportando
una solución al hecho no regulado (es el caso de P. Virga en su Diritto
costituzionale).54 Este último planteamiento, que es el más extendido, nos
lleva a la autointegración y a la heterointegración, y se encuentra reforzado
por el deber inexcusable de resolver que sujeta a los jueces. Asimismo, su51 Arce y Florez-Valdés, Joaquín, Los principios generales del derecho y su
formulación constitucional, Madrid, Civitas, 1990, p. 27.
52 Bergbohm, Karl, Jurispridenz und Rechtsphilosophie, 1892; Romano, Santi,
Osservazione sulla completezza dell’ordinamento statale, Módena, 1925. Citados ambos
por Norberto Bobbio en su Teoría general del derecho, Debate, 1991, p. 230.
53 Zitelmann, E., Lücken im Recht, Leipzig, 1903; Donati, Donato, Il problema delle
lacune dell’ordinamento giuridico, Milán, 1910. Mortati recoge esta postura e indica que
el ordenamiento jurídico es completo, estando excluida la posibilidad de lagunas. Él habla
de “ norma di chiusura” , Mortati, Costantino, Istituzioni di diritto pubblico, Padua,
CEDAM, 1969, vol. I, p. 338.
54 “ Pertanto potrà, se mai, parlarsi di lacune della legge, como imperfezione o
insoddisfazione del diritto positivo rispetto alla disciplina dei rapporti sociali, no già di
lacune dell’ordinamento, perchè non esistono ipotessi per le quali una regolamentazione
occorra e non si possa trovare” , Virga, Pietro, Diritto costituzionale, 3a. ed., Palermo,
Edizioni Universitarie, 1955, p. 407.
pone una superación de la idea de plenitud del positivismo estatalista,
visto en otras épocas como panacea de los males o de los defectos del
Desde este punto de vista, una laguna sería una ausencia de regulación
en un supuesto de hecho que es merecedor de ser disciplinado jurídicamente. De ello se colige la existencia de situaciones integradas en las
relaciones sociales que no son relevantes para el derecho, por lo que no
deben ser objeto de su consideración. En este sentido se expresa Larenz
cuando afirma que la expresión laguna alude a un estado incompleto, una
cuestión que, conforme a la concepción de la comunidad jurídica y cultural de cada momento, necesita tal regulación.55 Al lado de esta especie
de lagunas, denominadas por Zitelmann “ propias” , tenemos aquellas
consistentes en la incompleta regulación de una materia considerada en
su conjunto y que son calificadas por el autor anterior como “ impropias” .
Este esquema puede ser trasladado al ámbito de la Constitución, aunque con las necesarias y pertinentes matizaciones dada la trascendencia
jurídica y política de la norma fundamental. Con esto presente, Wróblewski
estima que las lagunas constitucionales se individualizan por la misma
peculiaridad de las funciones de interpretación constitucional: la función
de orientación, la función de aplicación y la función de control.56 En principio, para aceptar las lagunas “ propias” en la Constitución hay que partir de un concepto material de la carta magna, que exija determinados
contenidos mínimos. Sería el concepto “ ideal” de Constitución del que
hablaba Schmitt en su Teoría de la Constitución57 y que es hoy perfectamente suscribible desde los postulados de la democracia.58 Con relación
a la integración de las lagunas constitucionales, ésta debe hacerse sin recurrir a normas de la legislación ordinaria, en el caso de utilizar la analogía,59 o acudiendo a los principios constitucionales, en el supuesto de
55 Larenz, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, 2a. ed., Barcelona, Ariel,
1994, p. 363.
56 Wróblewski, Jerzr, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica,
Madrid, Civitas, 1985, pp. 93 y ss. Ello no significa que la interpretación constitucional
no forme parte del género de la interpretación jurídica, Carbone, Carmelo, L’interpretazione delle norme costituzionali, Padua, 1951, pp. 10-12.
57 Schmitt, Carl, Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza, 1982, pp. 58 y ss.
58 Aragón, Manuel, Constitución y democracia, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 25 y ss.
59 La técnica de la analogía se resume perfectamente en el aforismo latino “ in casibus
omissis deducenda est legis ratio a similibus” , o sea, “ en caso de omisión de ley, se deduce la disposición de leyes semejantes” .
emplear el recurso a los principios generales del derecho. Asimismo, y
al margen de lo anterior, el órgano de control de la constitucionalidad
también puede originar lagunas con su actuación y con sus declaraciones
de nulidad. Esto ha sido estudiado por la doctrina alemana con relación
a las llamadas “ lagunas de colisión” (Kollisionslücke).60
Realizada esta visión general de la institución de la laguna parecen
evidentes diversos rasgos diferenciadores y también similares respecto a
la omisión inconstitucional.
Evidentemente, respecto a la laguna “ propia” , ninguna conexión puede establecerse dado el concepto que hemos ofrecido. En efecto, dicho
concepto parte de la falta de desarrollo de un precepto existente en la
Constitución y la laguna “ propia” supone la inexistencia en la norma
suprema de determinado contenido exigido por una perspectiva material, el
cual, al no existir, no puede ser desarrollado. En este sentido se expresa
el profesor Miranda cuando dice que “ as lacunas so situaçes constitucionalmente relevantes no previstas” y “ as omisses legislativas reportamse a situaçes previstas” .61 Los problemas, por tanto, se plantean con
las lagunas “ impropias” . Las conexiones están en la ausencia de una regulación completa que causa distorsiones o imposibilita la aplicación o
la plena eficacia de una figura. Nos movemos en los predios de la inactividad y de la inercia de los poderes públicos, que dan lugar a que materias que requieren ser disciplinadas jurídicamente, cuando menos de
una forma suficiente, carezcan de tal regulación. Mas estas similitudes
no deben oscurecer las divergencias que es posible encontrar. En este
sentido es forzoso traer a colación las tres diferencias que señala Mortati:
en primer lugar, la omisión, a diferencia de la laguna, es producto del
incumplimiento de una obligación; en segundo lugar, las omisiones son
siempre el resultado de un acto de voluntad, “ mentre le lacune potrebbero
verificarsi in modo involontario” ; finalmente, y como diferencia esencial,
la sentencia que aborda una laguna cumple una función de complemento
del ordenamiento jurídico, frente a la que declara la inconstitucionalidad
de una omisión, que puede dar lugar a su vez a una laguna.62 Consideramos acertadas en líneas generales las referidas consideraciones del profesor italiano, aunque entendemos que el acento habría que ponerlo en la
60 Knittel, “ Die verfassungsgerichtliche Normenkontrolle als Ursache von Gesetzeslücken” , Juristenzeitung, 1967, pp. 79 y ss.
61 Miranda, Jorge, Manual de direito constitucional, op. cit., vol. II, p. 270.
62 Mortati, Constantino, “ Appunti per uno studio...” , op. cit., p. 927.
primera y no en la última ya que aquélla, es decir, que la omisión es
producto del incumplimiento de una obligación y la laguna no, nos parece
la diferencia básica al no poder admitirse la existencia de una obligación
del legislador de regular todos los supuestos merecedores de consideración jurídica y respecto a los cuales se produce la laguna de la ley. Por
contra, como ya hemos visto, sí existe la obligación de desarrollar las
normas constitucionales que así lo exijan. Asimismo, no vemos muy clara
la última distinción que gira en torno a los diferentes efectos de las sentencias que tratan una y otra institución, de tal manera que la que declara
la inconstitucionalidad de una omisión puede dar lugar a una laguna. No
creemos que una laguna tenga su origen en una declaración judicial de
inconstitucionalidad sino que es algo anterior a ella y cuya existencia es
independiente de la labor de la judicatura, aunque ésta, con su actuación,
la haga más evidente.
En este sentido, una omisión inconstitucional no se traduce necesariamente en una laguna, puesto que el incumplimiento de una obligación de
desarrollo de la norma fundamental no supone un vacío en la legislación
al existir la posibilidad de que la normativa preconstitucional en la materia siga en vigor al ser acorde con el contenido de la carta magna.
A mayor abundamiento, cabe entender que una laguna “ impropia”
constitucional no impide la plena eficacia aplicativa de una norma del
texto fundamental porque la praxis, en un sentido lato, colma dicho vacío
aportando la debida efectividad al precepto. Frente a esto tenemos a la
omisión inconstitucional que, tal y como la hemos definido anteriormente, supone la ineficacia de la disposición constitucional. Si ésta realmente
fuera eficaz pese a la ausencia de desarrollo adecuado no estaríamos ante
una inconstitucionalidad por omisión, tal y como se indicó más arriba.
Pese a lo dicho, existen autores que no diferencian ambos institutos al
entender que no son fenómenos diversos. Es el caso del jurista italiano
Silvestri,63 del costarricense Hernández Valle,64 de la española Ahumada
Ruiz65 o de su compatriota Ezquiaga que, al analizar la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Constitucional, identifica diversas situaciones en las que
Silvestri, Gaetano, “ Le sentenze normative della Corte Costituzionale” , op. cit.
Hernández Valle, Rubén, Derecho procesal constitucional, San José, Juricentro,
1995, p. 348.
65 Ahumada Ruiz, Ma. Ángeles, “ El control de constitucionalidad de las omisiones
legislativas” , Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 8, enero-abril de
1991, pp. 178 y ss.
dicho Tribunal reconoce la existencia de una laguna, entre las cuales se
halla, sin más especificaciones, el no desarrollo por el legislador de una
previsión constitucional.66
D. Inactividad de la administración
También resulta de interés en una conceptualización negativa de nuestro instituto abordar, aunque sea someramente, la distinción con el no
actuar de la administración, base del estudiado tema del silencio administrativo. El derecho administrativo recoge diversas obligaciones de actuar de la administración, que van desde la genérica prestación de servicios públicos hasta la necesidad de dictar el acto administrativo requerido
por un particular. Al mismo tiempo, y en ocasiones, prevé consecuencias
a la omisión de esas obligaciones, que también van desde la no menos
genérica responsabilidad de la administración hasta el tema del silencio
administrativo, ya positivo, ya negativo. Mas esto no lo consideramos
conectado con la figura de la inconstitucionalidad por omisión, salvo la
idea general de incumplimiento por parte de un órgano público de un
deber positivo de actuar que tiene consecuencias jurídicas.
Esta falta de conexión la afirmamos no sólo porque las concretas imposiciones de actuar de la administración no son de origen constitucional,
al que se reserva el enunciado de los principios generales de actuación
administrativa, sino también por la radical diferencia entre los principios
globales rectores del proceder del Ejecutivo y del Legislativo.
El punto de partida para ver esta diferencia de principios rectores es
el mismísimo principio de legalidad, clave de bóveda del llamado Estado
de derecho, principio que en su más primigenio sentido aparecía referido
a la administración. Ésta, gracias a semejante principio y a diferencia de lo
que ocurría en épocas pasadas, surge en virtud del derecho y no por obra
de ningún soberano personal. En tal sentido se expresa Merkl al afirmar que
“el derecho administrativo no es condicio sine qua non para la existencia
de la administración, sino más precisamente condicio per quam”.67
66 “ Una fuente clásica de lagunas en el ordenamiento es la falta de desarrollo legislativo
de previsiones formuladas en textos legales jerárquicamente superiores que imposibilitan su
ejercicio efectivo. Es el típico caso de laguna técnica” (Ezquiaga Ganuzas, F., La argumentación en la justicia constitucional española, Oñati, IVAP, 1987, p. 40).
67 Merkl, Adolf, Teoría general del derecho administrativo, Madrid, Editorial Revista
de Derecho Privado, 1953.
La administración, en virtud de semejante esquema, y dejando de lado
construcciones ya superadas, como las de Stahl y de Meyer, va a estar
vinculada positivamente a la legalidad. Ello significa que solamente podrá actuar cuando el ordenamiento jurídico se lo posibilite o, por utilizar
terminología de Hauriou, cuando esté amparada por el “ bloque de la legalidad” , el cual se corresponde al “ principio de juridicidad” del citado
Merkl, verdadero promotor de esta doctrina tal y como la hemos recibido.
De esta forma, será necesaria para una actuación una norma que así lo
establezca expresamente. Así también lo concibe García de Enterría: “ El
derecho condiciona y determina, de manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una previsión normativa” .68
En suma, sólo podrá hacer aquello que le está permitido.
Frente a este esquema tenemos al Poder Legislativo, poseedor, en un
Estado democrático de derecho, de una legitimidad directa, producto de
ese papel de representante de un pueblo que detenta la soberanía. La teoría de la representación, por medio de la cual lo hecho por el representante se imputa al representado, encuentra aquí su más elevado ejemplo en el derecho público y su consagración más transcendental. El
Parlamento, respetando los límites constitucionales, todo lo puede y su
producto, la ley, tiene una fuerza incontestable, además de aparecer como
expresión de la voluntad popular, palabras éstas que tienen su origen en
la construcción de Rousseau de la ley como expresión de la voluntad
general. Como ya hemos apuntado en otro lugar del presente trabajo, el
sistema parlamentario no es una simple suma de esquemas formales sino
que también ostenta una importantísima carga material que encuentra su
mismo origen en las raíces anglosajonas. De esta manera, el Parlamento,
adecuadamente elegido, no despierta los recelos de las clases democráticas y se presenta como adalid de la libertad y enemigo del autoritarismo,
al que difícilmente parece que pueda tender el Poder Legislativo tal y
como está configurado en la experiencia y teoría política occidental. En
cambio, el Poder Ejecutivo sí que es capaz de crear susceptibilidades en
círculos democráticos y caminar con mayor facilidad hacia el autoritarismo. Por lo tanto, y para decirlo de algún modo, el Legislativo está vinculado negativamente al ordenamiento, puede hacer todo aquello que no
68 García de Enterría, Eduardo y Fernández Rodríguez, Tomás-Ramón, Curso de
derecho administrativo, 4a. ed., Madrid, Civitas, 1988, vol. I, p. 418.
está prohibido y, prácticamente, todo lo que no está prohibido a nivel
Incidiendo en esta problemática Stern se expresa del siguiente modo:
La legislación no es simple ejecución de la Constitución. La relación entre
Constitución y legislación es distinta que la relación entre legislación y
administración, aunque tampoco ésta sea ejecución de la ley a secas... Sería
una comprensión errónea de la Constitución imputarle a ésta un contenido
en base al cual el contenido de las leyes podría ser deducido inmediatamente de la Constitución. El legislador tiene un margen de actuación política propio. Es un órgano auténticamente político que tiene la plena responsabilidad de sus actos.69 Como veremos en el capítulo siguiente, el
legislador está vinculado por la Constitución y la desarrolla, no la ejecuta.
De todo lo expuesto deducimos la falta de utilidad a nuestros efectos
de las diversas construcciones y medios de solución para el no actuar de
la administración, como el ya aludido caso del silencio administrativo.
E. Los conflictos negativos de competencia
De nuevo estamos ante una cuestión que en su origen concierne a un
órgano administrativo y no al Poder Legislativo, por lo cual lo que acabamos de decir en el epígrafe precedente también resultaría aplicable en
este momento. El susodicho conflicto no surge por el incumplimiento de
un concreto encargo al legislador que genera la ineficacia del precepto
constitucional, sino por algo muy diferente. En efecto, el marco de delimitación competencial entre los órganos estatales o entre el estado central
y las demás entidades territoriales con autonomía política ya se encuentra
más o menos delimitado. Con base en semejante distribución de funciones se solicita la actuación de un órgano administrativo que rehusa la
solicitud al entender que tal actividad le corresponde a otro órgano. Entonces, si este segundo órgano también se niega a actuar surge el conflicto negativo que, en teoría, deberá resolver el órgano de justicia constitucional, siempre, claro está, que se solicite por parte de un legitimado
su actuación. En ningún momento se produce un problema de ausencia
69 Stern, Klaus, Derecho de Estado de la República Federal Alemana, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 224.
Refiriéndose al ordenamiento español, Pérez Royo indica que el conflicto negativo de competencia “ es una inconstitucionalidad que no afecta
a la ley sino a normas o actos de rango inferior a la ley y cuya inconstitucionalidad proviene de la no asunción por ninguna administración —ni la
central ni la autonómica— de la competencia resultante del juego conjunto de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía correspondiente” . Tras lo cual señala que “ no se trata, por tanto, de inconstitucionalidad de ley, sino de algo completamente diferente” .70
F. Inejecución de leyes existentes
Aquí estamos ante una situación en la que ya se ha producido el correspondiente desarrollo de la carta magna en aras de la consecución de
una eficacia mayor de la misma. Pero esa legislación existente no encuentra ejecución por parte del Poder Ejecutivo, competente para ello.
De esta forma, podría pensarse que, por vía indirecta, se produciría una
inejecución de la Constitución. Ello resulta incorrecto porque, primero,
la Constitución no se ejecuta sino que se desarrolla; segundo, es el Poder
Legislativo el encargado de tal desarrollo, no el Ejecutivo, y tercero, el
desarrollo ya se ha producido y con él la consecución de un más elevado
grado de eficacia. La responsabilidad por la inejecución de leyes existentes se encuentra fuera del terreno del derecho constitucional. Estaríamos
ante una figura diferente a la de la inconstitucionalidad por omisión que
podría denominarse ilegalidad por omisión, cuya solución, si es que la
tiene, habría que buscarla en el derecho administrativo.
Algo ya clásico en esta cuestión es la posición mantenida por Kelsen,
que reconducía los problemas de inconstitucionalidad mediata a problemas de legalidad. De esta forma, cuando la ley prevé la emisión de un
reglamento o de un acto estamos ante un problema de legalidad, competencia de la justicia administrativa y no de la justicia constitucional.71
70 Pérez Royo, Javier, “ Inconstitucionalidad por omisión” , Enciclopedia Jurídica
Básica, Madrid, Civitas, 1995, vol. II, p. 3501.
71 Kelsen, Hans, “ La garantie jurisdictionnelle de la Constitution” , Revue de Droit
Publique, 1928, pp. 206 y ss.
G. El no desarrollo del derecho supranacional
Los ordenamientos nacionales de los distintos estados miembros de la
Unión Europea y el ordenamiento comunitario son, en principio, dos ordenamientos diferentes. Las vías que abrieron en su día los distintos sistemas nacionales posibilitaron la entrada del derecho propio de esa organización supranacional. Un derecho que no sólo se dirige a los estados
sino también a los particulares. La coexistencia entre ambos ordenamientos ha originado, y seguirá originando, colisiones y problemas que tienen
que ser abordados por la jurisprudencia. Pero esta puerta de incorporación
de la que estamos hablando no significa ni puede llegar a significar confusión entre los sistemas. Por ello no hay que calificar a los tratados fundamentales por los que hoy se rigen la Unión Europea y las comunidades
europeas como pertenecientes al nivel constitucional de los estados
miembros. De ahí que la conexión con el tema de la omisión inconstitucional desaparezca o, mejor dicho, nunca surja.
A pesar de lo dicho, resulta de interés recordar que el derecho comunitario recoge como elemento de singular importancia el incumplimiento
de deberes jurídicos por omisión.72 Y también prevé algún cauce procesal
para enfrentarse a situaciones de ese tipo. Es el caso del recurso por incumplimiento del actual artículo 228 (antes 171) del Tratado de Roma:
“ Si el Tribunal de Justicia declarare que un estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado,
dicho estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia” .
Este precepto se completa por el artículo 227, que establece la legitimación activa para dicho recurso y un necesario trámite previo consistente en someter el asunto a la Comisión. Como vemos, tal regulación,
al remitirse a una genérica obligación de adoptar las medidas necesarias,
no parece presentar los mecanismos de coacción jurídica suficientes para
asegurar la debida efectividad de la misma. Pese a ello, tales previsiones
no han quedado en letra muerta sino que han encontrado verdadera aplicación en el proceder del Tribunal de Justicia de las comunidades euro72 La literatura sobre el tema del incumplimiento del derecho comunitario es
abundante. Como ejemplo puede citarse a Cobreros Mendazona, Eduardo, Incumplimiento del derecho comunitario y responsabilidad del Estado, Madrid, Civitas, 1994; Gómez
Puente, Marcos, La inactividad del legislador: una realidad susceptible de control,
Madrid, McGraw-Hill, 1997, pp. 141 y ss.
peas. Por citar sólo un conocido ejemplo mencionaremos la sentencia del
19 de noviembre de 1991, caso Francovich y caso Bonifaci. Aunque, a
decir verdad, la ejecución de la sentencia sí ha presentado grosso modo
El Tratado de Maastricht incidió en su momento en esta regulación
añadiendo un apartado segundo al citado artículo 228 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea con el objeto de asegurar
la efectividad de la norma.
Asimismo, existe, en los dos primeros párrafos del actual artículo 232
(antiguo 175) de este Tratado, un recurso por inactividad u omisión para
los casos en que la violación del Tratado no encuentra respuesta en el
Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.
H. El no cumplimiento de principios constitucionales
Frente a la inconstitucionalidad por omisión, que parte de la vulneración de una concreta obligación de desarrollo nacida de una no menos
concreta norma constitucional, tenemos el no cumplimiento de los principios constitucionales, que forzosamente llevan a la abstracción en cuanto a la exigencia de actividad ulterior. No estamos aludiendo a la existencia en la ley fundamental de principios programáticos que no sean
normas jurídicas sino a normas de asignación de fines, esto es, normas
constitucionales con un alcance de principio rector o directriz de actuación basada en un proyecto de futuro. Tales preceptos no buscan desarrollo ad hoc, concreto, sino que tratan de ser tenidos en cuenta en toda
la legislación. No se puede basar la omisión del legislador, como dice
Seufert, en una “ coacción general constitucional hacia la legislación” o
en un “ deber general de acción del legislador” .73
A ellos hace alusión Fernández Segado al distinguir entre mandatos
constitucionales concretos y mandatos constitucionales abstractos “ o, lo
que es igual, mandatos que contienen deberes de legislación abstractos” .74 También Gomes Canotilho alude a ellos dándoles el nombre de
normas-fim y de normas-tarefa,75 separando las omisiones legislativas reSeufert, Leo, Die nicht erfüllten Gesetzgebungsgebote..., op. cit., pp. 38 y 39.
Fernández Segado, Francisco, “ Los nuevos desafíos de nuestro tiempo para la
protección jurisdiccional de los derechos” , Revista Vasca de Administración Pública,
núm. 39, mayo-agosto de 1994, p. 70.
75 “ Aqueles preceitos constitucionais que, de uma forma global e abstracta, fixam
sultantes de la violación de preceptos constitucionales concretamente impositivos del no cumplimiento de estas normas, abstractamente impositivas.76 Incluso no está fuera de lugar citar a los que Heller llama principios
éticos del derecho,77 si bien no hay que perder de vista su concepción
constitucional cercana a la idea de Constitución “ real” .
Como acabamos de decir, el no cumplimiento con esta serie de normas
de principios es ajeno a la inconstitucionalidad por omisión, que se anuda
a la necesidad del concreto desarrollo posterior que reclaman los encargos al legislador. La realización de los principios de corte general no
viene determinada, en cambio, por una concreta actuación posterior sino
tanto por una situación global de respeto en el momento de elaborar los
distintos sectores del ordenamiento como a la hora de la aplicación de
las diferentes normas jurídicas a la realidad, siendo necesario que en ambas ocasiones sean tenidos en cuenta.
I. Omisión aplicativa
Una cuestión diferente a la que estamos estudiando es la no aplicación
de los preceptos constitucionales por aquellas instancias que les compete
hacerlo. Aquí no se produce un problema de ausencia de desarrollo normativo que traiga como corolario la ineficacia de las disposiciones de la
ley fundamental, sino que esa ineficacia se produce por la actitud de los
poderes públicos que rehusan aplicar cierta normativa constitucional a
pesar de que se dan las condiciones necesarias para ello y que esa normativa es de aplicación preceptiva. Vemos como la ineficacia está pre-
essencialmente os fins e as tarefas prioritárias do Estado” , Gomes Canotilho, José
Joaquim, Direito constitucional, op. cit., pp. 178 y 179.
76 Ibidem, p. 1089.
77 “ Los principios éticos del derecho, legitimados por la sociedad, a veces no
autorizados por el Estado e incluso expresamente condenados, en ocasiones, por él, tienen,
para la existencia de la Constitución del Estado, la máxima importancia, en parte por sí
mismos y en parte en cuanto complemento. Estos principios se caracterizan porque,
careciendo de una concreción suficiente, no pueden encontrar aplicación en normas
inmediatas para la decisión judicial, a pesar de lo cual, sin embargo, son imprescindibles
en la Constitución jurídica del Estado como normas sociales de ordenación, así como
también en cuanto reglas interpretativas para la decisión judicia” , Heller, Hermann,
Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 275.
sente en ambos casos, pero responde, en uno y otro supuesto, a motivaciones que no tienen ningún punto en común.
Ante esta situación que hemos denominado omisión aplicativa no parece que existan mecanismos jurídicos adecuados para removerla, al margen de la responsabilidad jurídica o política que pueda articularse. Fuera
de ello, la opinión pública tiene que reclamar que se aplique la carta magna y su legislación de desarrollo, aplicación que exige, en principio, toda
norma jurídica en vigor. Un asunto diferente será el desuso en el que
llegan a caer algunas normas por variados motivos, que van desde su
progresivo distanciamiento de la realidad hasta la falta de voluntad política para proceder a su aplicación. En ciertas ocasiones tales motivos podrían justificar el “ olvido” de esa normativa, produciéndose una especie
de costumbre contraria o, al menos, ajena a la previsión de la ley básica.
En semejante contexto puede resultar necesaria emprender una actualización, a través de las diferentes posibilidades de reforma, de las normas
desfasadas.78 En todo caso, estamos ante cuestiones que se alejan del concepto que hemos mostrado de inconstitucionalidad por omisión.
J. El no cumplimiento de la genérica necesidad
de actuación de los poderes constituidos
También forma parte de esta delimitación negativa de la omisión inconstitucional la posible pasividad en la necesaria actividad genérica que
tienen que llevar a cabo los poderes públicos para aplicar el proyecto
constitucional en la realidad. En efecto, al lado del cumplimiento de las
concretas obligaciones de desarrollo que prescribe una carta magna, cuya
vulneración por inactividad puede ocasionar una inconstitucionalidad por
omisión, resultan imprescindibles un elevado número de actuaciones de
distinto signo y un tanto indeterminadas, que van desde la misma información institucional hasta la producción de una serie de actos de índole
legislativa. Dentro de ellos se encontrarían el desarrollo de preceptos que
no lo necesitan, o bien porque presentan la característica de la complitud
y, por tanto, son de eficacia plena, o bien porque tal desarrollo no hay
que considerarlo implícita o explícitamente obligatorio, lo cual se nos
78 En este sentido tenemos que traer a colación cierta doctrina que ve omisión legislativa por el no cumplimiento de la obligación del legislador de mejorar o corregir las normas de prognosis, Badura, Stettner, doctrina que recoge Gomes Canotilho, Direito constitucional, op. cit., p. 1091.
antoja más común que lo anterior. La inacción en estos supuestos no sería
una forma de vulnerar la Constitución.
De nuevo, al igual que ocurría con el no cumplimiento de los principios constitucionales, la nota de la generalidad sirve para diferenciar de
manera clara estos supuestos de la problemática anudada a la omisión
inconstitucional. Una Constitución busca regir y presidir la vida de la
comunidad para la que ha sido dada. Conseguir ser el centro y el punto
de referencia de todo el ordenamiento jurídico y de su elaboración sistemática exige un sinfín de actuaciones de lo más dispar, que no sólo forman parte del mundo del derecho, aunque sea éste el núcleo primordial.
Evidentemente, el adecuado cumplimiento de las obligaciones de desarrollo que contienen determinados preceptos de la ley básica es una pieza
esencial en este cometido. Pero no es por sí sola suficiente puesto que
se requieren otros muchos comportamientos y actividades, ya sean de
particulares o de poderes públicos. Esta exigencia genérica que pesa sobre el Estado es ajena a los presupuestos que pueden originar la idea que
queremos transmitir de omisión inconstitucional.
K. “Anomia”79 constitucional
Con esta expresión se alude a la existencia de una omisión en la propia
Constitución. Spagna Musso se expresa del siguiente modo para su conceptualización:
Mancanza nell’ambito di una comunità statale, quale che sia il suo regime
politico, di disciplina giuridico-costituzionale per specifici rapporti sociali
operanti in ordine a materia costituzionale, il vuoto normativo-costituzionale incolmabile anche mediante il ricorso all’applicazione, in via analogica, o di disposti normativi regolanti rapporti sociali similari oppure di
principi generali dell’ordinamento giuridico statale.80
Resulta evidente que esta idea se conecta de forma ineluctable con la
Constitución en sentido material. En efecto, estamos reiterando lo ya expuesto cuando nos referíamos a las lagunas “ propias” de la carta magna.
Para aceptar lo dicho hay que partir de un concepto material de Consti79 La palabra la tomamos del italiano, en concreto del trabajo de Spagna Musso, Enrico,
“ Appunti per una teoria giuridica dell’anomia costituzionale” , op. cit., pp. 281 y ss.
80 Ibidem, p. 281.
tución, esto es, de un concepto que anude a la idea de Constitución determinado contenido. La ausencia de alguno de los contenidos que materialmente deber tener un texto básico produciría esta situación de “anomia” constitucional. La distinción con el instituto de la inconstitucionalidad
por omisión es, por lo tanto, sencilla, como quedó reflejado más arriba
al aludir a las lagunas “ propias” en la Constitución, aunque no sea correcto identificar “ anomia” con laguna.81 El problema puede venir por
una confusión terminológica ya que el instituto por nosotros estudiado es
la omisión inconstitucional y la anomia en la Constitución es una omisión
constitucional, si bien este último adjetivo en ese uso no tiene el sentido que
comúnmente se le da al mismo (algo acorde con la carta magna) sino que significa otra cosa (perteneciente a la Constitución, o sea, omisión en la propia
L. Omisión de acto político
El origen de la doctrina de los actos políticos o de gobierno hay que
buscarlo en la labor del Consejo de Estado francés en la época de la
restauración de la dinastía borbónica a causa de la crisis en que se había
sumido dicho órgano con el derrumbamiento del imperio de Napoleón.82
Esta primera construcción se realizó siguiendo la teoría del móvil político, de forma tal que cuando los poderes públicos emanaban un acto basado en una finalidad política, ese acto quedaba fuera del control contencioso-administrativo. La evolución determinará el abandono de esta
primera doctrina de los actos políticos o de gobierno, imponiéndose la
teoría de la naturaleza del acto, en la que se defiende la existencia de
una naturaleza diferente entre los actos políticos y los administrativos.
Dicha postura dará lugar a la introducción de un listado de materias determinadas exentas de control, listado que poco a poco fue reduciéndose.
En cambio, en Italia se mantuvieron posiciones basadas en la causa del
acto o en el grado de libertad ostentado por el órgano político. Tampoco
faltan opiniones que niegan la existencia científica de esta figura y que
achacan su introducción a razones de oportunidad política.
En España tal tema se incluirá en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956, en concreto en el artículo 2.b, será objeto
Para las relaciones entre ambos conceptos, ibidem, pp. 287 y ss.
Véase Carro Fernández-Valmayor, José Luis, “ La doctrina del acto político” , RAP,
núm. 53, mayo-agosto de 1967, pp. 73 y ss.
de una interpretación restringida por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que va a entender que la función política sólo se manifiesta en las grandes decisiones que toma el Consejo de Ministros y no
en los típicos actos administrativos ni en los reglamentos, que serán justiciables. Hoy, a la luz de la regulación constitucional (artículos 24.1,
103.1 y 106.1), se niega la virtualidad de la doctrina del acto político,
siendo innecesaria cuando no se trata de actuaciones que se originen en
la administración.83
Al margen de la polémica acerca de la existencia o no en los actuales
ordenamientos jurídicos de este tipo de actos y de su misma conveniencia, lo que ahora nos interesa es precisar, aún a sabiendas de no ser demasiado rigurosos en el particular, que un acto político aparece como una
decisión del Ejecutivo dada a su arbitrio, por lo que no resulta fiscalizable
judicialmente quedando restringida al campo de la responsabilidad política. No hay un encargo al legislador que genere una obligación jurídica
de desarrollo concreto sino que es una actuación basada en una obligación política o, a veces, ni siquiera en eso. Por lo tanto, la omisión del
dictado de ese acto político no será nunca una omisión inconstitucional
con la caracterización que le damos.
M. Omisión de la legislación básica en el Estado autonómico
Dejamos ahora de referirnos a ideas abstractas, desvinculadas de un ordenamiento concreto, para aludir a las leyes básicas relacionadas con el sistema de distribución territorial del poder en España, en concreto con las
relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómico.
Como es sabido, existen, tanto en la Constitución española como en
los Estatutos de Autonomía, una serie de materias cuya regulación jurídica básica debe ser hecha por el Estado, mientras que el desarrollo normativo y la ejecución corresponden a las comunidades autónomas. La
determinación de qué es lo básico ha sido hecha por el Tribunal Constitucional de España, a partir de las sentencias 32/1981, del 28 de julio, y
1/1982, del 28 de enero, desde un punto de vista material, o sea, que lo
básico se corresponde con las normas que deben ser aplicadas a todo el
territorio estatal dado que esta uniformidad legislativa en los puntos esen83 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de derecho
administrativo, op. cit., vol. I.
ciales viene exigida por el interés general. Por lo tanto, lo que define al
concepto de bases es su contenido y no la inclusión en una ley calificada
como básica. Las bases son así “ los criterios generales de regulación de
un sector del ordenamiento jurídico o de una materia jurídica, que deben
ser comunes a todo el Estado” (sentencia 25/1983, del 7 de abril, fundamento jurídico 4o.) y su objetivo “ crear un marco normativo unitario, de
aplicación a todo el territorio nacional, dentro del cual las comunidades
autónomas dispongan de un margen de actuación que les permita, mediante la competencia de desarrollo legislativo, establecer los ordenamientos complementarios que satisfagan sus peculiares intereses” (sentencia 147/1991, del 4 de julio, fundamento jurídico 4o.).
La omisión de la legislación básica por parte del Estado, a pesar de
que puede interpretarse que existe un verdadero encargo al legislador en
ese sentido, no constituye una omisión inconstitucional porque no se va
a producir una ineficacia de la norma constitucional. En efecto, ante la
ausencia de ley de bases en una materia regiría la normativa preconstitucional, lo cual permitiría a las comunidades autónomas, que son, a salvo de la intervención última del Tribunal Constitucional, las que interpretan qué es lo básico en esa normativa preconstitucional, llevar a cabo
el desarrollo y la ejecución que la carta magna les concede. Quizá fuera
ésta la razón principal para optar por una definición material de legislación básica, ya que de lo contrario se hubiera paralizado la potestad autonómica de desarrollo legislativo.84 Así, además de rechazar cualquier
idea de delegación legislativa, extraña a este fenómeno, se salva la competencia atribuida directamente a las comunidades autónomas por la
Constitución y los estatutos de autonomía, y se asegura la eficacia de los
preceptos constitucionales, eficacia que excluye de plano la posibilidad
de una inactividad vulneradora de la ley fundamental.
84 En su momento Nieto apuntó que podía evitarse “ el peligro de que la pasividad
del legislador del Estado bloquease la producción legislativa de las comunidades
autónomas” por medio de la “ fórmula de dar un contenido material a las normas
básicas” , Nieto, Alejandro, “ Peculiaridades jurídicas de la norma constitucional” , Revista
de Administración Pública, núm. 100-102, vol. I, p. 393. Recogen esta postura tanto
Aguiar de Luque (“ El Tribunal Constitucional y la función legislativa: el control del
procedimiento legislativo y de la inconstitucionalidad por omisión” , op. cit., p. 29) como
Ahumada Ruiz (“ El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas” , op. cit.,
Aunque el progresivo dictado de la legislación básica maximiza, por
decirlo de algún modo, el proyecto constitucional y da mayor seguridad
al sistema, la ausencia de normativa postconstitucional sería una situación
de imperfección o, mejor dicho, de no perfección, que no de violación de
La doctrina, en la medida en que el paso del tiempo transforma la
situación, ha reclamado la sustitución del concepto material de legislación básica por uno formal, fundamentalmente por pragmatismo y seguridad jurídica, pero tales objetivos no se cumplirían en la medida en que
el Estado legisle sin distinción lo básico y su desarrollo, que se aplicaría
supletoriamente a la normativa autonómica. La adopción en su momento
de un concepto formal sí hubiera podido dar juego a la inconstitucionalidad por omisión dado que impediría la aplicación de la normativa preconstitucional con el consiguiente riesgo de ineficacia del texto fundamental. Pero la adopción de este concepto formal, como queda señalado,
no se ha producido, razón por la cual las reflexiones de este subapartado
engrosan lo relativo a la delimitación negativa de la institución investigada.
La institución de la inconstitucionalidad por omisión da pie a establecer
una clasificación de las diversas formas que puede presentar. Esta cuestión no
resulta baladí ni de interés simplemente teórico o dogmático sino que posee
una gran trascendencia a nivel práctico ya que, por citar un ejemplo, la difícil
fiscalización del instituto es mucho más factible en relación a algunas clases
y no respecto a otras. No obstante, y para no caer en prolongaciones innecesarias, sólo vamos a detenernos brevemente en cuatro de las clasificaciones que permiten las muchas variables que se podrían traer a colación.
1. Omisión absoluta y omisión relativa (omisión total y parcial)
La división que ha tenido más éxito, repitiéndose como un auténtico topos
en la mayor parte de los trabajos sobre la materia, fue obra del magistrado
del Tribunal Constitucional alemán Wessel en un artículo sobre el recurso
de amparo (Verfassungsbeschwerde) en la jurisprudencia de ese Alto Tribunal sito en Karlsruhe.85
En este trabajo dicho autor, que es considerado el pionero del estudio
de la omisión del legislador (“ Unterlassung des Gesetzgebers” ), diferencia entre la omisión absoluta y la relativa al hilo del estudio de la vulneración de derechos fundamentales por parte del poder público. Aunque
no aporta definiciones es fácil colegir de sus palabras que la absoluta
alude a la ausencia total de desarrollo de un precepto constitucional, de
ahí que otros autores al abordar esta especie hablen también de omisión
total, y la relativa hace referencia a la vulneración del principio de igualdad por olvido de ciertos grupos en la legislación, por lo que es posible
catalogarla como omisión parcial. Wessel ve una consecuencia clara en
esta diferenciación: la vulneración de un derecho fundamental por omisión absoluta del legislador se niega por principio (“ Wenn die öffentliche
Gewalt Grundrechte auch durch Unterlassung verletzen kann, so wird
doch eine Grundrechtsverletzung durch ein absolutes Unterlassen des Gesetzgebers grundsätzlich verneint” ), lo que trae como consecuencia en el
caso que cita (legislación que dé efectividad al derecho al libre desarrollo
de la personalidad) la inadmisión de una demanda constitucional que se
basa en semejante inactividad. Frente a ello, las relativas sí son fiscalizables ya que suponen una vulneración inmediata de derecho fundamental por el legislador (“ In derartigen Fällen läge stets eine unmittelbare
Grundrechtsverletzung durch den Gesetzgeber vor” ), por lo que procede
interponer una demanda constitucional, aunque ésta se fundaría en un
actuar positivo del legislador contrario al principio de igualdad, que es a
lo que se reconduce en último término, según su opinión, la omisión relativa. Por ello, no estaría legitimado activamente para la interposición
de la mencionada demanda en estos casos un individuo perteneciente a
uno de los grupos omitidos.
Esta clasificación será recogida posteriormente por parte de la literatura dedicada al tema, aunque en ocasiones no con demasiada fortuna al
generalizarse fuera del contexto en que fue establecida (la vulneración
de los derechos fundamentales por parte del poder público) y olvidarse
que para el autor la omisión relativa no tiene en el fondo entidad propia,
sino que se reconduce a una inconstitucionalidad positiva factible de fis85 Wessel, “Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde” , Deutsches Verwaltungsblatt, cuaderno 6, 15 de marzo de 1952, p. 164.
calizar. Pero no sólo se recoge sino que también se amplía buscándose
subdivisiones dentro de ella. Es el caso de Trocker,86 que distingue dentro
de las absolutas, las omisiones puras, si no existe regulación anterior en
la materia, y las impuras, si existe tal normativa. La distinción tiene interés para nosotros porque el concepto que hemos dado de inconstitucionalidad por omisión gira en torno a la ineficacia de la norma del texto
fundamental, y la regulación preconstitucional puede terciar, al menos en
un principio, de forma favorable a esa eficacia.
Otros, en cambio, han negado la virtualidad de la distinción. En este
sentido tenemos a Mortati, que estima tal clasificación pobre desde dos
puntos de vista: uno, la falta de toda regulación no es suficiente para
impedir una acción que trata de reparar esa situación; dos, las omisiones
relativas son perseguibles cuando vulneran una disposición constitucional
y no sólo cuando atacan al principio de igualdad.87
En España el Tribunal Constitucional se ha enfrentado a supuestos de
omisiones relativas en varias ocasiones (por ejemplo, sentencias 24/1982,
72/1984, 98/1985 y 45/1989). Con base en ello, Pérez Royo afirma:
la única inconstitucionalidad por omisión que el Tribunal Constitucional
admite es la que se deriva de una actividad incompleta, de una actividad
omisiva por parte del legislador... cuando el legislador por mandato constitucional tendría que extender el alcance de una determinada ley a determinadas
materias y no lo hace, o cuando al omitir la regulación de determinadas materias produce vulneración de derechos fundamentales, entonces es cuando
nos encontramos, según el Tribunal Constitucional, ante una inconstitucionalidad por omisión.88
Nosotros consideramos útil y aceptable esta diferenciación general entre omisiones absolutas y relativas, es decir, totales y parciales. Mas creemos que estas últimas sí poseen una entidad autónoma que les impide
ser simplemente reconducidas a la inconstitucionalidad positiva, aunque
ello pueda ser conveniente en ocasiones para facilitar su análisis jurisprudencial. Asimismo, y reforzando lo que acabamos de decir, entendemos que las omisiones parciales no se restringen a la vulneración del principio de igualdad sino que también abarcan una incompleta regulación de un
86 Trocker, Nicolò, “ Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti
di libertà (Studio comparativo sui diritto tedesco)” , op. cit., pp. 88 y ss.
87 Mortati, Constantino, “ Appunti per uno studio...” , op. cit., p. 928.
88 Pérez Royo, Javier, “ Inconstitucionalidad por omisión” , op. cit., p. 3503.
instituto que origine la ineficacia de la norma constitucional y el consiguiente fraude al texto básico. Por lo tanto, a nuestro juicio, en las omisiones relativas o parciales se distinguen estas dos especies: las que infringen el principio de igualdad y las que suponen una deficiente regulación
por la ausencia de complitud en la normativa.
2. Omisión formal y material
Para aportar mayor claridad a lo dicho sobre las omisiones absolutas
y relativas, que es la tipología básica, vamos a conectarlas con otra hipotética distinción: omisiones de carácter formal y de carácter material.
Las primeras suponen que el legislador ha adoptado una posición total o
parcialmente inactiva respecto a un encargo al legislador que por definición
necesita regulación de desarrollo. En las segundas la inactividad vulnera el
principio de igualdad en tanto que olvida a quien debería igualar a los
grupos regulados en la normativa existente.
Relacionemos ahora las dos clasificaciones que llevamos vistas en este
apartado. De tal modo, las omisiones absolutas o totales son siempre, en
la construcción teórica, de índole formal. En cambio, en las parciales no
sucede lo mismo, siendo necesario discriminar entre las que suponen una
agresión al principio de igualdad, que son omisiones de carácter material, y
las que desarrollan de forma incompleta un precepto constitucional, que
son omisiones de naturaleza formal.
La posición de Stahler sobre este punto de las omisiones formales y materiales es un tanto diferente a la que acabamos de exponer puesto que considera que la omisión formal se produce respecto a una materia que en opinión del que censura la omisión necesita regulación y la material se da
cuando el legislador no ha efectuado, desde el punto de vista material, la
regulación deseada por aquéllos que censuren la existencia de omisión
de una determinada materia. Si el legislador simplemente ha quedado
inactivo con respecto a un asunto, existirá omisión formal, al mismo
tiempo también material, según la opinión del que censura la omisión, si
materialmente fuese necesario un acto legislativo en un sentido determinado. De esta manera, toda omisión formal lo es también material. Sin
embargo, toda omisión material no es siempre una omisión formal.89 En
nuestra opinión, hacer depender esta tipología de la implicación en la
89 Stahler, Konrad, Verfassungsgerichtliche Nachprüfung gesetzgeberischen Unterlassens, op. cit., pp. 2 y ss.
omisión de personas interesadas en que se dicte la normativa omitida, o,
incluso, de la perspectiva que tengan acerca de la necesariedad material de
que se dicte una normativa, es cuando menos eliminar la virtualidad de la
3. Omisión que afecta a derechos fundamentales
y omisión que no les afectan
Otra distinción que puede entenderse relevante es la que diferencia las
omisiones según su incidencia en los derechos fundamentales, lo cual lleva a confrontar las omisiones que afectan a derechos fundamentales y las
omisiones que no afectan a tales derechos. La trascendencia de las primeras es necesariamente mayor por el peso específico que los derechos fundamentales tienen en el concepto de Constitución impuesto hoy en la doctrina. En efecto, una Constitución no es un mero texto que lleva ese
nombre, una simple hoja de papel subordinada a la voluntad de los gobernantes de turno tal y como reprochaba Lasalle a sus coetáneos,90 sino
que posee un contenido axiológico determinado, enlazando así con las
raíces revolucionarias del término y con el artículo 16 de la Déclaration
de Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (“ Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assureé, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution” ). A mayor abundamiento a
la hora de subrayar el papel determinante de los derechos fundamentales
en la actualidad, cabe decir que la doctrina acerca de los mismos se muestra como base funcional de la democracia.91 “ Por imperativo de las condiciones socioeconómicas —señala Gómez Puente—, la mayor parte de
los derechos fundamentales y libertades públicas requieren, para su efectividad, de la intervención de los poderes públicos, habiendo perdido ni90 “ Las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan
expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social” , Lasalle,
Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, 3a. ed., Barcelona, Ariel, 1989, p. 119.
91 Häberle, Peter, Die Wesensgehaltgarantie des art. 19 abs. 2 Grundgesetz, C. F.
Müller, 3a. ed., Heidelberg, 1983, pp. 355 y ss. En un trabajo posterior este mismo autor
señala que “ todos los derechos fundamentales tienen un ligamen más o menos estrecho
con la democracia, inclusive la libertad a la propiedad: la libertad económica es el
presupuesto de la libertad política, como nos ha sido enseñado por el contraejemplo del
marxismo-leninismo” , Häberle, Peter, “ Recientes aportes sobre los derechos fundamentales en Alemania” , Pensamiento Constitucional, Pontificia Universidad Católica del
Perú, 1994, p. 50.
tidez la vieja distinción entre derechos de libertad y derechos de prestación” , dado que “ casi todos los derechos y libertades tienen una dimensión prestacional o institucional difícilmente desvinculable de su ejercicio
individual” .92
La importancia de esa parte dogmática crece en aquellas situaciones
en las que la implantación de un texto constitucional choca con una situación anterior regida por valores de diferente signo. Entonces, la aplicación directa de los derechos fundamentales por la práctica jurisprudencial se impone como medio de defensa de los ciudadanos y de efectividad
de los citados derechos. Pero esta efectividad, para ser plena, exige algo
más, principalmente legislación de desarrollo a nivel sustantivo y, sobre
todo, a nivel adjetivo. De ahí que, pese a que el articulado constitucional
que recoge los derechos fundamentales sea inmediatamente exigible puede producirse omisión inconstitucional por no llevar a cabo estas necesarias medidas que podemos denominar complementarias. La gravedad de
este tipo de omisión queda subrayada en los denominados derechos de segunda y tercera generación que requieren como condición sine qua non
para su eficacia la interposición del legislador. El “ fraude” constitucional
puede alcanzar en estos casos cotas verdaderamente inaceptables, lo que
chocaría con la acertada afirmación de Hans Peter Schneider: “ Difícilmente un Estado constitucional o cualquier otro orden social puede renunciar hoy a garantizar los derechos fundamentales” .93 De ahí que,
como indica Pestalozza, los derechos fundamentales vinculan al poder
público en todo su comportamiento, en su hacer y dejar de hacer.94
Esta distinción se basa, como vemos, en la discriminación o diferenciación dentro de las previsiones constitucionales, todas normas jurídicas,
si bien de distinto talante y peso político-jurídico. Los órganos aplicadores del derecho constitucional, que vienen a ser todos los órganos aplicadores del derecho, deben ser sensibles a esta realidad y traducirla en
92 Gómez Puente, Marcos, La inactividad del legislador: una realidad susceptible de
control, op. cit., p. 264. El contenido esencial de los derechos es fuente de obligaciones
legislativas: derecho a una medida legislativa concreta y derecho a una medida legislativa
institucional (ibidem, pp. 54 y ss.).
93 Schneider, Hans Peter, “ Peculiaridad y función de los derechos fundamentales en
el Estado constitucional democrático” , Revista de Estudios Políticos, núm. 7, enerofebrero de 1979.
94 Pestalozza, Christian, “ Grundrechte binden die öffentliche Gewalt in ihrem ganzen
Verhalten, inihrem Tun und Lassen” , Verfassungsprozessrecht, 3a. ed., Munich, C. H.
Beck, 1991, p. 173.
una jurisprudencia necesariamente perceptible con lo que son y suponen
los derechos fundamentales positivizados en la norma suprema.
Esta sensibilidad se ha manifestado en diversas ocasiones y en distintos lugares del mundo. Así, a título de ejemplo, en 1959, la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso “ Buosi” (fallos 244:68) ya señalaba que “ cuando una provincia no ha dictado las normas procesales
destinadas a proteger un determinado derecho constitucional, en caso de
ser éste transgredido o alzarse contra el mismo una amenaza ilegal de tal
magnitud que le pusiera en peligro efectivo e inminente, tal derecho no
puede quedar indefenso, porque es inconcebible un poder constituido que
pueda por desidia o inercia, dejar sin efecto lo preceptuado por el poder
constituyente” . Es evidente que la exigencia de actuaciones positivas por
parte de los poderes constituidos resulta más clara, si cabe, en el terreno
Un problema diferente, pero también relativo a los derechos fundamentales, es el no cumplimiento de las obligaciones de desarrollo que
impone la normativa internacional de los derechos humanos. Es el caso,
respecto a España, de las exigencias procesales que recoge el artículo
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.95 En ello
no vamos a entrar en este momento ya que precisa de un análisis un tanto
minucioso dada la peculiar entrada que tienen en cada ordenamiento los
tratados internacionales de derechos humanos, que en España gira en torno al artículo 10.2 de la Constitución. Sea como fuere, no parece que la
virtualidad hermenéutica de estos textos internacionales respecto a las
normas constitucionales relativas a los derechos y libertades fundamentales pueda originar un encargo al legislador. Por lo tanto, no cabe en
este tema la omisión inconstitucional. En este orden de cosas, cabe recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional español 42/1982, del
5 de julio, estableció que el aludido artículo 14.5 del Pacto mencionado
no es bastante para crear por sí mismo recursos inexistentes en el ordenamiento interno.
95 Véase Gimeno Sendra, Vicente et al., Derecho procesal. Proceso penal, Valencia,
Tirant lo blanch, 1993, p. 82.
4. Influencias extrajurídicas: omisión “evitable”
y omisión “inevitable”
Desde un punto de vista que casi se escapa del mundo jurídico, podemos hablar, por decidirnos por una terminología difícil de encontrar en
este punto, de omisiones evitables y aquellas inevitables. Con las primeras queremos aludir a las situaciones en las que el legislador no desarrolla
los preceptos constitucionales a pesar de que las “ condiciones” , en líneas
generales, lo permiten. No estamos hablando de supuestos en los que al
legislador le basta con dictar una ley y no lo hace pese a ser posible
reunir la mayoría suficiente sin ulteriores problemas, sino que nos referimos en este momento a casos en los que la eficacia de tal norma legal
queda en entredicho por carecer de dotaciones presupuestarias y otras
actuaciones paralelas que podían haberse llevado a cabo en el contexto
socioeconómico en el que se produce. Con las segundas, las inevitables,
se indican situaciones en las que los factores de corte extrajurídico sobre
los que descansa la efectividad del derecho sumen al legislador en la
tesitura de no poder desarrollar los preceptos constitucionales. En este
sentido, parece que ciertos derechos sociales entrarían en el supuesto dadas las exigencias monetarias y organizativas que pueden suponer, quizás
excesivas e inviables en épocas en que el ciclo económico no discurre
por una de sus zonas altas. Realmente el tema de los derechos sociales
adquiere una complejidad que en este momento nos desborda.
El interés de esta distinción se diluye en imponderables que disculpan
o justifican un no actuar que debe tener de todos modos un análisis jurídico. Por otro lado, no dudamos que el grado de responsabilidad política
estará supeditado a cuestiones de este tipo, reflexión que nos llevaría directamente al terreno de la ciencia política, lo cual, pese a su indudable
interés, se escapa del enfoque que queremos dar al presente trabajo.
LA INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION de FERNANDEZ
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONTITUCIONAL PROGRAMA
9-2009 Inconstitucionalidad. Sala de lo Constitucional de la Corte
MAGEFI - Contraloría General de la República
constitución política del estado libre y soberano de nayarit última
derecho de peticion. servidor publico en funciones. siempre sera