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Timestamp: 2018-03-22 13:38:40
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Reseña de Jurisprudencia Tributaria | MARTIN BENITEZ
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mayo 6, 2014 ambenitez
por JOSÉ DANIEL BARBATO Y JOSÉ LUIS JAÚREGUI Buenos Aires
1. Bienes Personales -Acciones y Participaciones Societarias-. No corresponde la aplicación a la materia tributaria de la cláusula de “la nación más favorecida” prevista en el Tratado de Montevideo de 1980. Procedencia del ajuste fiscal. Revocación de la multa.
Causa: “Tigre Argentina S.A. C/DGI”, Sala IV, 20.8.13.
El Tribunal administrativo confirmó la resolución fiscal mediante la cual se había determinado de oficio la obligación de la actora en el Impuesto sobre los Bienes Personales -acciones y participaciones societarias- en su carácter de responsable sustituto, por los períodos 2006 y 2007, e intimado el saldo de impuesto a ingresar con más intereses y multa.
Para así resolver, dicho Tribunal consideró, entre otros aspectos, que: a) La cuestión a decidir consistía en establecer si la cláusula de “la nación más favorecida”, prevista en el artículo 48 del Tratado de Montevideo de 1980, resultaba aplicable a la materia tributaria y, por ende, si correspondía el ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales por las acciones y participaciones que poseían sus accionistas residentes en Brasil y Paraguay; b) Con los países de los que eran residentes los titulares de las acciones argentinas no había suscripto ningún tratado internacional de carácter tributario que fuera de aplicación al caso sin que fuera posible invocar el artículo 48 del Tratado de Montevideo para exigir la extensión de la mencionada cláusula; y c) La circunstancia de que la materia impositiva no hubiera sido excluida de la cláusula del artículo 48 del Tratado no autorizaba a suponer que ella debía ser admitida -por aquello de que todo lo que no está prohibido está permitido- máxime cuando la Cancillería había sostenido que tal aplicación dependía de su inclusión en un convenio internacional, por ahora inexistente.
La parte actora apeló dicha decisión y, a su turno, la Cámara determinó en su fallo que: a) Según entendía la actora, como Argentina había suscripto convenios de doble imposición con España y Suiza, por los cuales el impuesto no podía aplicarse en Argentina respecto de acciones cuyos titulares fuesen residentes en aquellos países, conforme el Tratado de Montevideo (artículo 48), no podía gravarse aquí con ese tributo a las acciones o participaciones cuyos titulares fueran residentes de la ALADI pues ello importaba darles a tales acciones un tratamiento menos favorable lo que implicaba violentar de modo flagrante la cláusula de “la nación más favorecida” prevista en el aludido Tratado; b) La circunstancia de que las cuestiones impositivas no hubieran sido expresamente excluidas de las previsiones contenidas en el mencionado artículo 48 no constituía un argumento suficiente para justificar, por sí solo, que ellas habían quedado comprendidas en esa cláusula o alcanzadas por ella; c) La Argentina había firmado tratados para evitar la doble imposición con diversos países en los que se había establecido de manera pormenorizada qué impuestos internos habían sido materia de negociación y, en cuanto aquí interesaba, en qué supuestos las acciones o participaciones accionarias cuya propiedad pertenecía a sujetos no residentes quedaban exceptuadas o alcanzadas por los gravámenes establecidos de manera uniforme por la legislación interna; d) Además, no se había suscripto ningún tratado internacional de carácter tributario aplicable al presente caso con los países de los que eran residentes los titulares de las acciones de la actora (Brasil y Paraguay), por lo que no era posible invocar el mencionado artículo 48 para exigir la extensión de la cláusula de “la nación más favorecida” a materias impositivas; y e) Con relación a la sanción impuesta, cabía señalar que, en el caso, las diferentes opiniones e informes de distintos organismos que se emitieron sobre la procedencia de la cláusula de “la nación más favorecida” en materia tributaria denotaba la complejidad del tema lo cual podría haber generado confusión en la actora al momento de cumplir con sus obligaciones fiscales y eliminaba en las particulares circunstancias de la causa toda posible punibilidad.
Consecuentemente, la Cámara confirmó la sentencia apelada excepto en cuanto a la multa la cual fue dejada sin efecto y, por lo tanto, se acogió la pretensión fiscal a excepción de la sanción impuesta.
2. Procedimiento. Determinación de oficio sobre base presunta. Método subsidiario. Improcedencia del ajuste fiscal.
Causa: “Buenos Aires Management S.R.L. C/DGI”, Sala IV, 17.9.13.
El Tribunal inferior revocó las resoluciones fiscales mediante las cuales se había determinado la obligación de la actora en el IVA -períodos 2/01 a 12/04- y en el Impuesto a las Ganancias -períodos 1999 a 2004-, con más intereses.
En cuanto aquí interesa, para resolver de tal modo, el Tribunal Fiscal entendió que: a) El Fisco pudo haber determinado los impuestos en cuestión sobre base cierta y, sin embargo, no lo había hecho acudiendo a la base presunta a fin de procurar obtener una recaudación superior que no correspondía; b) Teniendo en cuenta la admisión por parte del ente fiscal de la validez de otras cifras que respondían a cálculos efectuados sobre base cierta, ello desplazaba en su consideración a los anteriores valores calculados sobre base presunta que respondían a una realidad falsa; y c) Tampoco correspondía sustituir la primera determinación sobre base presunta por la segunda, efectuada sobre base cierta, en razón del debido proceso y la no vulneración del derecho de defensa de ambas partes y en tanto la actora no había tenido ocasión de expresarse sobre la segunda de ellas.
La representación fiscal apeló esa decisión y, a su vez, la Cámara determinó en su sentencia que: a) Del artículo 18 de la Ley N° 11.683 (t.o. vigente) surgían las facultades de la DGI para practicar determinaciones estimativas; b) Las presunciones constituían elementos de juicio aptos para aquellos casos en que el contribuyente no hubiera presentado declaraciones juradas y/o no existieran o resultaran insuficientes las registraciones contables y documentación que avalaran las operaciones comerciales sin que ello importara autorizar decisiones discrecionales; c) Tal como lo había señalado el Tribunal Fiscal, la actora presentó como hecho nuevo elementos acompañados por la AFIP a la causa penal seguida contra una tercera empresa de donde surgía la incorporación de un recálculo de las determinaciones practicadas a varias entidades involucradas entre las que se encontraba la actora con una notable disminución de los montos reclamados por el Fisco explicando que ello se debía a que se habían confeccionado planillas en sistema Excel que indicaban el rendimiento diario de los vehículos relacionados con cada una de las sociedades los que constituía un cálculo realizado sobre base cierta toda vez que se había tenido conocimiento de la materia imponible oculta; d) Valía decir que en el citado informe se consignaban las ganancias imponibles de la actora en los años 2000 a 2003 con montos muy inferiores a los determinados de oficio sobre base presunta y del que surgía que el Fisco había estado en condiciones de practicar la determinación por conocimiento cierto de la materia imponible toda vez que contaba con los elementos necesarios para ello ya que lo incautado en los allanamientos no era más que el reflejo de los archivos existentes en los sistemas informáticos de las empresas allanadas entre las que se encontraba la actora; y e) En tal sentido, no se podía soslayar que el método sobre base presunta era subsidiario pues la regla era la determinación sobre base cierta si era que el organismo encargado de realizarla disponía de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que suscitaba la obligación tributaria.
De este modo, la Cámara confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal con relación al aspecto tratado y, en virtud de ello, se revocó la resolución del Fisco al respecto.
3. Ganancias. Procedencia de la repetición de las sumas retenidas al actor en concepto de “indemnización por despido”.
Causa: “Capomasi, Fernando C/DGI”, Sala III, 15.10.13.
El Tribunal Fiscal hizo lugar a la acción de repetición de la suma retenida al actor por quien fuera su empleador en concepto de Impuesto a las Ganancias al momento de celebrar un acta acuerdo de distracto laboral ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio de Trabajo (SECLO).
Para decidir de ese modo, dicho Tribunal sostuvo que: a) La cuestión a decidir era si correspondía hacer lugar a la repetición solicitada por la actora, por una parte del monto retenido en concepto de Impuesto a las Ganancias, al momento de percibir una indemnización por despido, calculada de acuerdo a disposiciones que si bien se hallaban vigentes al momento de su liquidación, habían sido luego declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); b) En este caso, resultaba evidente que la liquidación de la indemnización, dividida en “gratificación especial” e “indemnización por antigüedad”, encubría en el primer rubro lo correspondiente al segundo, en caso de ser aplicado el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) según los parámetros establecidos por la CSJN en el caso “Vizzoti”, valía decir, sin los topes; y c) La indemnización por antigüedad que percibió no era razonable ni equitativa y contraria a todo el ordenamiento que protegía al trabajador en razón de haber sido calculada conforme la norma que luego fuera declarada inconstitucional en los supuestos en que la base que se tomara para el cálculo disminuyera en más de un 33% al salario mensual real, como era el caso de autos.
Apeló dicho decisorio la representación fiscal y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la LCT, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transacciones o liberatorios les otorgaba la autoridad de cosa juzgada sólo entre las partes y establecía que no los hacía oponibles a los organismos encargados de la recaudación de aportes, contribuciones y demás cotizaciones destinados a los sistemas de la seguridad social; b) El hecho de que en el acuerdo se hiciera mención de los rubros que lo integraban y del monto que correspondía retener en concepto de Impuesto a las Ganancias no impedía que el recurrente se encontrara habilitado a ejercer con posterioridad las acciones que estimara pertinentes máxime si se ponderaba que el agente de retención de ese tributo al momento de celebrar la conciliación era el ex empleador; c) Por lo demás, cualquiera fuera la designación que las partes integrantes de una conciliación laboral le atribuyeran a la entrega de dinero, a los fines de aplicar la exención tributaria contemplada en el artículo 20, inciso “i” de la Ley de Impuesto a las Ganancias debía revisarse, previamente, si con la dación de esa suma se encontraba satisfecho el monto que mandaba el artículo 245 de la LCT, cuya aplicación se imponía en virtud del orden público laboral, encontrándose a cargo del contribuyente demostrar tal extremo; y d) De ese modo, cualquiera fuera la figura jurídica o norma aparente que se invocaran en el acuerdo extintivo del contrato de trabajo quedaba suficientemente resguardado el goce de la dispensa prevista en la ley del gravamen por parte del trabajador despedido.
Por lo expuesto, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, por consiguiente, se rechazó la pretensión fiscal.
4. Ganancias. Disposición de fondos a favor de terceros. Existencia de “grupo económico”. Procedencia de la postura fiscal.
Causa: “Petroquímica Río Tercero S.A. C/ DGI”, Sala IV, 17.10.13.
El Tribunal administrativo revocó la resolución fiscal por la que se había determinado de oficio la obligación de la actora en el Impuesto a las Ganancias por los períodos 1998 y 1999, liquidado intereses y aplicado multa de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
Para adoptar esa decisión, el Tribunal Fiscal consideró, en síntesis, que: a) No se verificaba en autos uno de los presupuestos esenciales para la aplicación de la normativa contenida en el artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias en cuanto a que la disposición de fondos debía ser efectuada en función de intereses extraños al objeto y fin de la empresa; y b) En ese sentido, no podía considerarse que la disposición de fondos se hubiera hecho a favor de terceros tratándose de empresas vinculadas que conformaban un mismo grupo económico pues, aun cuando tuvieran personería jurídica propia y fuera cada una de ellas sujetos directos del impuesto, la relación existente entre ellas -las otras dos empresas involucradas detentaban en los períodos pertinentes la mayoría de la tenencia accionaria de la firma recurrente-, impedía que pudiera considerarse a la entrega de fondos como realizados a favor de terceros.
Apeló ese decisorio la representación fiscal y, por su parte, la Cámara estableció en su sentencia que: a) Independientemente de que las distintas sociedades integrasen un mismo grupo económico, la aplicación de las normas del artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias debía ser ponderada en función de las circunstancias de hecho de cada caso en particular y considerarse el provecho del sujeto contribuyente que dispuso los fondos; b) El Fisco sostenía que el préstamo en cuestión no se correspondía con una operación propia del giro de la empresa, cuya actividad declarada consistía en la elaboración de productos químicos; c) La actora, por su parte, afirmaba que las sociedades involucradas formaban parte de un mismo grupo económico por ser controladas por los mismos accionistas desde 1996 a 1999; d) De la prueba producida no surgía que la inversión de la actora hubiera reportado un beneficio similar o superior al que hubiera obtenido en una entidad bancaria de haber depositado los montos prestados, en plazo fijo o caja de ahorro en dólares; e) la actora no había aportado elemento alguno demostrativo de que la disposición de fondos hubiese implicado un beneficio para la sociedad que efectuaba esas operaciones y la necesidad de realizar tales préstamos para su giro normal; y f) Era, por ello, que las circunstancias mencionadas por la actora no constituían un obstáculo para aplicar la presunción legal contenida en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias toda vez que ellas no se encontraban discutidas en autos.
Conforme a ello, la Cámara revocó la sentencia apelada y, por ende, se hizo lugar a la postura del Fisco.
1. IGMP. Tratamiento fiscal aplicable a un fideicomiso de construcción.
Causa “Fideicomiso San Marco C/AFIP-DGI”, Sala “B”, 10.12.13.
El referido contribuyente impugnó un acto administrativo dictado de la AFIP-DGI que determinó de oficio la obligación tributaria inherente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los años fiscales 2004 a 2007 inclusive juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa por defraudación de la Ley N° 11.683.
Vale decir que surgía de la causa que el recurrente era un desarrollador de un barrio cerrado que comprendía la creación de una infraestructura urbanística necesaria para generar unidades de vivienda sobre una fracción de tierra. En este caso, los suscriptores del fideicomiso eran los fiduciantes beneficiarios que aportaban los fondos necesarios para la adquisición de la tierra y la realización de las obras de infraestructura común con derecho a que se les asignase una de las unidades resultantes. Este emprendimiento se desarrollaba bajo la forma negocial llamada “Fideicomiso al costo”.
En este contexto, el Fisco estimó que el fideicomiso de tratas estaba alcanzado por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por no ser un fideicomiso financiero y, por ello, quedaba incluido dentro de la órbita del mentado tributo. Lógicamente, el apelante esgrimió su disenso con dicha tesitura.
El Tribunal actuante, en su pronunciamiento emitido con el voto de los Dres. Pérez y Magallón, hizo lo siguiente: 1) Examinó la legislación del gravamen a la luz del presente supuesto; 2) Hizo alusión al precedente “Hermitage S.A.” del 15.6.10 emanado del Alto Tribunal donde en aquellos casos en que las probanzas de la causa demostraban que los ejercicios bajo análisis arrojaban quebrantos las determinaciones correspondientes eran revocadas; 3) Citó distintos precedentes del Tribunal Fiscal de la Nación (“Jockey Club” del 28.9.10; “Sierras de Mazan SA” del 11.7.11) y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (“Caminos del Comahue SRL” del 25.4.11; “Improduct SA” del 5.4.11) que resultaban aplicables a la especie; 4) Analizó la prueba pericial contable producida en la causa señalando que se acreditó que la renta presumida por la ley no ha existido en cabeza del fideicomiso recurrente.
Las razones reseñadas motivaron al Tribunal competente a revocar el acto administrativo recurrido y, por consiguiente, este pronunciamiento a favor del particular.
2. IVA. Tratamiento fiscal aplicable a la remisión de deuda en el marco de un acuerdo transaccional.
Causa “Disprofarma S.A. C/AFIP-DGI”, Sala “C”, 11.12.13.
El particular recurrió un acto administrativo emanado de la autoridad fiscal que determinó de oficio la obligación tributaria concerniente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales junio a septiembre de 2001 juntamente con sus accesorios con más la aplicación de una multa.
Cabe mencionar que la actividad principal del recurrente era la venta de medicamentos de uso humano a título propio pero por cuenta y orden de numerosos laboratorios a las droguerías y tal actividad estaba regulada por los artículos 232 a 281 del Código de Comercio referidos a las comisiones o consignaciones mercantiles.
Al respecto, los laboratorios, por un lado, y las droguerías, por el otro, (en el caso “Droguería Monroe SA” y “Droguería Kas SA”) celebraron una remisión o quita del 50% (cincuenta por ciento) de la deuda como consecuencia de un acuerdo transaccional derivado del estado de cesación de pagos de dichas droguerías que fue comunicado en su hora por Disprofarma SA.
En otros términos, el Fisco Nacional estimó que dichas quitas efectuadas por los laboratorios conformaban una liberalidad y, por ende, no generaban crédito fiscal alguno en cabeza de Disprofarma SA. Naturalmente, este último no compartió dicho temperamento.
En lo que aquí interesa, el Tribunal competente, en su decisión con el voto del Dr. Vicchi al que adhirió el Dr. Urresti, hizo lo siguiente: 1) Analizó la operatoria en cuestión remarcando que Disprofarma era un consignatario que estaba obligado a rendir al comitente (los distintos laboratorios) cuenta detallada y justificada de todas las operaciones a través del documento comercial conocida como cuenta de venta y líquido producto en el marco del artículo 277 del Código de Comercio; 2) Precisó que el consignatario (el apelante), al entregar el instrumento de venta y líquido producto al comitente (los laboratorios), le añadía los importes netos resultantes de las ventas de los bienes por cuenta y orden de sus comitentes (menos los gastos operativos y su comisión) el IVA, el cual conformaba el débito fiscal del comitente bajo la ficción legal de venta que establecía el artículo 20 de la ley del gravamen, el que a los únicos efectos de esta operatoria consideraba como tal a la entrega de bienes en consignación; 3) Expresó que el débito fiscal derivado de la venta efectuada por el consignatario nacía al momento de la citada nota de venta y líquido producto que reemplazaba a la factura que debía emitir el comitente; 4) Expuso que el apelante, en su rol de consignataria, era un sujeto ajeno a la quita contractual generada entre los laboratorios y las droguerías; 5) Apuntó que “en caso de haber cobrado el comitente la comisión que el Código de Comercio denomina “de garantía”, la incobrabilidad de los créditos de los adquirentes de los bienes, incidirá en la economía de su operatoria por lo cual en este sentido resulta correcta la posición fiscal que admite su deducción a efectos de la liquidación del Impuesto a las Ganancias. Que distinta es la solución que se impone respecto del Impuesto al Valor Agregado, dado que, independientemente de entrar a juzgar el carácter jurídico que debe otorgarse a la remisión parcial de deuda efectuada por los laboratorios a las droguerías involucradas en la presente causa, no resulta procedente el cómputo del gravamen referido a dicha remisión por parte de la aquí apelante en tanto la misma es totalmente extraña a dicho acuerdo contractual por su carácter de consignataria”.
Los mencionados fundamentos hicieron que el Tribunal competente confirmara el ajuste realizado pero se revocó la multa por interpretar que medió en la especie la figura del error excusable. En suma, esta decisión fue mayoritariamente favorable al ente impositor.
3. Procedimiento. Legitimación para ejercitar la acción de repetición en una cesión de créditos fiscales.
Causa: “Scotiabank Quilmes SA C/AFIP-DGI”, Sala “B”, 16.12.13.
El contribuyente del título articuló un recurso de apelación contra la denegación tácita de una acción de repetición de impuestos.
Con fecha 22.1.93 y 7.10.94, Frigorífico Rioplatense SA, en su carácter de cedente, le cedió a Scotiabank Quilmes SA, en su rol de cesionario, créditos fiscales originados en operaciones de comercio exterior en el marco del artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y las Resoluciones Generales N° 3151 y 3417 de la DGI. Con posterioridad, el 29.1.96 la cedente rectificó sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado con su consecuente injerencia en la inexistencia de los créditos fiscales transferidas al cesionario que fueron utilizados por éste para el pago de sus gravámenes. Lo dicho motivo al Fisco Nacional a emitir dos actos administrativos (las Resoluciones N° 5/96 y 307/99) donde se manifestó el rechazo de la cesión de dichos créditos fiscales. A su vez, el 28.12.99, previa intimación, el apelante efectuó los pagos de las obligaciones correspondientes siendo estos el objeto de la acción de repetición promovida por el recurrente-cesionario.
Además, cabe mencionar que el cedente, en su hora, impugnó judicialmente la pretensión fiscal y ello motivó el dictado de una sentencia del 13.2.07 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6 Secretaría N° 11 que hizo lugar al reclamo del particular y, posteriormente, el 11.3.08 la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó dicho pronunciamiento convalidando la tesitura del órgano recaudador y esta última sentencia quedó firme habiéndose acompañado, en su momento, copias certificadas al proceso en el Tribunal Fiscal de ambos pronunciamientos judiciales.
En el marco de este debate, se denunció la quiebra de la sociedad cedente con su consecuente pérdida de legitimación procesal y, por ende, se presentó en la causa el fiduciario (ABN AMOR Bank NV) de un fideicomiso (Fideicomiso Laverc constituido el 19.8.02) cuyo activo estaba integrado por bienes del cesionario encontrándose entre ellos los créditos fiscales abordados en esta discusión.
En otras palabras, el foco de la disputa estuvo dado en si la cesionaria del crédito fiscal (y luego el fiduciario del mismo) contaba o no con la legitimidad para llevar a cabo su reclamo de repetición.
El Tribunal actuante, en su decisión emitida por el voto del Dr. Vicchi al que adhirieron los Dres. Magallón y Pérez, hizo lo siguiente: 1) Consideró que los pagos efectuados el 28.12.99 por el cesionario eran espontáneos al no provenir de una determinación de oficio, que se cumplió con el recaudo del reclamo administrativo previo y que el silencio de la AFIP habilitaba plenamente la vía recursiva del retardo instaurada en el artículo 81 de la Ley N° 11.683; 2) Emitió consideraciones acerca de la discusión judicial planteada por el cedente en la Justicia Federal coligiendo que la misma tenía un estrecho ligamen con el conflicto en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación entendiendo que se estaba en presencia de una situación prejudicial y no así de una litispendencia; 3) Evaluó la situación procesal y el contenido de las sentencias del fuero Contencioso Administrativo Federal resaltando su influencia en esta contienda; 4) Subrayó que el pronunciamiento de la Cámara, al revocar la sentencia del Tribunal inferior, interpretó estimar la inexistencia de los créditos fiscales transferidos al cesionario; 5) Tuvo en cuenta los precedentes “FM Comercial S.A.” del 4.9.08 del Alto Tribunal y “Destilería San Ignacio S.A” del 21.11.95 de la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal cuyos comentarios eran de aplicación a la especie; 6) Expresó que la legitimidad y existencia de los créditos fiscales transferidos determinaban los efectos del pago del cesionario y, por ello, la cancelación de los impuestos utilizando los créditos fiscales cedidos por terceros reportaba un riesgo en cuanto a su legitimidad y existencia; 7) Afirmó que “en tanto han quedado firmes los actos administrativos que declararon inexistentes a los créditos fiscales cedidos -utilizados por la actora para realizar la compensación-, no existiría en el presente caso un doble pago de igual impuesto y período; el pago realizado por la actora que se pretende repetir en las presentes actuaciones constituye el único pago válido con efecto extintivo de la obligación” ; y 8) Concluyó que “si el cedente no tenía los créditos fiscales mal pudo transferirlos al cesionario quien por ende no pudo imputarlos al pago de sus deudas fiscales, por lo que al abonar los impuestos, la actora pagó lo que debía y no procede la repetición de esos pagos. Ello es así, sin perjuicio de la acción de regreso que pudiera hacer valer el cesionario -en la instancia que correspondiere- respecto del cedente, por la transferencia de créditos fiscales, que fueron rechazados por el organismo recaudador”.
Los argumentos desarrollados sirvieron de sustento al Tribunal competente para desestimar el reclamo de repetición y, a la postre, esta decisión fue adversa al criterio del contribuyente.
4. Ganancias. Tratamiento fiscal aplicable a las amortizaciones de ciertos bienes de uso.
Causa: “Sullair Argentina SA C/AFIP-DGI”, Sala “C”, 18.12.13.
El contribuyente del título apeló un acto administrativo emitido por el ente impositor que determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por el año fiscal 2000 y, a su vez, estableció un nuevo saldo a favor por el ciclo fiscal 2001.
Es susceptible de mención que la recurrente firmó en su momento un contrato de concesión con “Petrolera San Jorge SA” con la finalidad de llevar a cabo una ampliación de una usina existente y la provisión de energía eléctrica en las condiciones acordadas a un yacimiento sito en la Provincia de Neuquén. El plazo de duración de dicho vínculo contractual era de 10 (diez) años. A su vez, la celebración de dicho nexo contractual involucró la puesta en funcionamiento de ciertos bienes de uso, a saber: a) Turbogeneradores a gas, marcas EGT, Ruston y Solar Turbines, en su mayoría fabricados en 1995 y otros en 1983; y b) Planta de tratamiento de gas, marca GMS Membrane Systems, fabricado en 1996.
En este caso, el apelante dedujo la amortización de dichos bienes muebles considerando que el término de su vida útil era de 10 (diez) años en tanto que el Fisco Nacional estimó que el plazo de amortización era de 25 (veinticinco) años y, por ello, esta diferencia de criterio motivó al organismo recaudador a realizar el correspondiente ajuste en el Impuesto a las Ganancias.
El Tribunal competente, en su decisión con el voto del Dr. Urresti al que adhirió el Dr. Vicchi, hizo lo siguiente: 1) Resaltó que la discusión no giró en torno a la procedencia de la deducción en concepto de amortización de bienes de uso y que el conflicto estribaba únicamente en cuanto al plazo temporal de la amortización de dichos bienes de uso; 2) Mencionó la existencia de distintos informes técnicos por parte de ingenieros así como de distintos empresas sobre los bienes de uso en cuestión; 3) Precisó que en la causa obró un informe pericial contable donde los profesionales actuantes arribaron a conclusiones divergentes entre sí; 4) Subrayó que no medió discrepancia alguna acerca del plazo de duración del contrato de concesión (decenal) ni que el titular de los bienes de uso de marras era Sullair Argentina SA; 5) Expresó que la vida útil de los bienes debe ser ponderada en función de su desgaste y/o agotamiento funcional y económico y esto no surgió con certeza de los informes técnicos producidos en la causa y, por ende, el Juzgador debía evaluar tal circunstancia basada en la regla propia de la sana crítica; 6) Citó distintos precedentes del Alto Tribunal, (“DGI (en autos Telec. Int. Telintar SA) (TF 20.343-I”); “Oleoducto Trasandino Argentina c/DGI” y “Oleoductos del Valle SA c/DGI” del 22.5.12, 8.4.08 y 16.2.10 respectivamente), que eran aplicables a la especie concluyendo que la vida útil del bien está sujeto a la de la “vida económicamente útil”; 7) Examinó cada uno de los bienes a la luz de sus condiciones técnicas y coligió que los plazos de 5 (cinco) a 10 (diez) años eran razonables; y 8) Ponderó que el Anexo del Decreto N° 1038/2000 del PEN (B.O. 14.11.00), a pesar de regular una materia ajena a la causa del conflicto no dejaba de ser un elemento provechoso para dirimir el conflicto, previó una vida útil de diez años para las “instalaciones, maquinarias y equipos” y de veinte años para “galpones, silos y molinos”.
Las causas apuntadas hicieron que el Tribunal Fiscal considerara que las deducciones efectuadas se ajustaban a la legislación aplicable y, por consiguiente, se revocó el acto administrativo recurrido en detrimento de la posición estatal.
(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com ; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es responsable del Dpto. Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto, y su e-mail es: jljauregui@rsmi.com.ar
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