Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A266-08.htm
Timestamp: 2017-11-24 18:38:12
Document Index: 142471736

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 339', 'artículo 313', 'artículo 32', 'artículo 228', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 25']

A266-08
Auto 266/08
Referencia: expediente ICC-1294
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Garantías de Cali, Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal
1.- La señora Imelda Redin Angulo interpuso acción de tutela contra el Director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente- DAGMA-, contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC- y el Gerente de Emsirva.
2.- La accionante señala que es recicladora y el cierre del relleno sanitario de Navarro le ha generado una afectación al derecho al trabajo, a su mínimo vital, entre otros.
3.- Efectuado el reparto, el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Control de Garantías, mediante Auto del 22 de julio de 2008, señaló que al encontrarse demandada la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el conocimiento de la acción correspondería a los jueces del circuito. Lo anterior, por cuanto señala que la CVC es una autoridad pública del orden departamental.
4.- El proceso es repartido, nuevamente al Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, quien mediante auto del 28 de julio de 2008, admite la acción de tutela y ordena notificar a las partes.
5.- Posteriormente, y una vez cumplido el trámite para proferir sentencia, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, mediante providencia del 11 de agosto de 2008, declaró la nulidad de todo lo actuado. Lo anterior, al considerar que las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades del orden nacional, y por tanto, la competencia recaían en los Tribunales o Consejos Seccionales de la Judicatura. Ante esta situación, remite al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
6.- Este último Despacho, por su parte, mediante providencia del 20 de agosto de 2008, señala que no comparte los argumentos de Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, y ordena remitir a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencia presentado.
1.- En pronunciamientos anteriores, esta Corporación estableció que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común.[1]
2.- En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común entre el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Garantías de Cali, Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal, es la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, toda vez que pertenecen a diferentes distritos judiciales. Es ésta quien en principio debería conocer del presente conflicto[3].
3.- A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, la Corte ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales. Ha dicho la Corporación:
4.- Dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que esta Corporación conoce del conflicto de competencia, la Sala considera necesario entrar a resolver de manera directa la presente colisión.
1.- El Decreto 1382 de 2000 determina la autoridad judicial a la que debe ser repartida una acción de tutela y la que debe asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada. En este sentido, en relación con las acciones interpuestas contra una autoridad del orden nacional el numeral 1 del artículo 1 del Decreto señala:
“1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.”
2.- En relación con la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, la Corte Constitucional ha señalado que estos no pueden ser considerados como células típicas de la organización descentralizada o por servicios, sino como entidades administrativas del orden nacional. En sentencia C-593 de 1995[5], reiterada por la Sentencia C-423 de 1994[6] y C-596 de 1998[7] la Corte señaló:
"Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida definida por el legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están encargados, principalmente, aun cuando no exclusivamente, de funciones policivas, de control, de fomento, reglamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, lo cual, y dentro del marco de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 339 de la Carta Política, las autoriza para participar, en los casos señalados en la ley, como agentes del Gobierno Nacional, en los procesos de elaboración y adopción concertada de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, y en la armonización de políticas y de normas regulatorias que se dicten por las distintas autoridades competentes, como en el caso del numeral 7o. del artículo 313 de la Carta Política, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas." (Subrayado fuera del texto)
3.- En virtud de lo anteriormente referido y en razón a la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, cuando la acción de tutela se encuentra dirigida en contra de una de estas entidades, la competencia radica, en principio, en los Tribunales o Consejos Seccionales de la Judicatura. Sin embargo, esta misma Corporación ha establecido que una vez asumido el conocimiento del amparo por parte de una autoridad judicial y en virtud del principio de la economía procesal, el principio de la perpetuatio jurisdictionis y la garantía rápida y eficaz de los derechos fundamentales de los afectados, el juez debe tramitar hasta su culminación el proceso de tutela.
4.- En efecto, en el Auto 064 de 2007[8], reiterado en el Auto 223 de 2007[9], la Corte señaló que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis[10], en el momento mismo que un despacho judicial ha avocado el conocimiento de una acción de tutela, la competencia no puede ser alterada ni en la primera ni en la segunda instancia, puesto que, de lo contrario, se afectaría gravemente la finalidad de la acción de amparo. Esto es la protección inmediata de los derechos fundamentales. En el Auto 223 de 2007 se dijo:
“Aplicado lo anterior al asunto procedimental que se presenta en esta oportunidad, se tiene que el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali a quien le fue remitido el expediente de la referencia para que resolviera la impugnación formulada por el accionante contra el fallo de primera instancia, en lugar de hacer el pronunciamiento que le correspondía en los términos del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado aduciendo de forma errada el desconocimiento de una regla de reparto que a su juicio viciaba la actuación surtida hasta ese momento.
Con esa determinación la titular de dicho despacho judicial, desconoció que “cuando de un lado se encuentra la aplicación a posteriori de un procedimiento administrativo de reparto y, de otro lado, se encuentra el acceso a la justicia, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la celeridad de la acción de tutela y la integridad del proceso judicial, la Constitución ordena que prevalezca el derecho sustancial (artículo 228 C.P.), es decir, que no se anule lo actuado por un juez competente que se pronunció de fondo sobre el amparo de los derechos fundamentales.”[11]
Recuérdese que en el mismo momento en que el Juzgado 18 Civil Municipal de Cali avocó el conocimiento de la acción interpuesta mediante auto del 11 de abril de 2007, radicó la competencia (a prevención) en ese despacho judicial, que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis[12] no puede ser alterada ni en primera ni en segunda instancia, dado que si ello ocurriera se afectarían gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata[13] de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.).
En este orden de ideas, la Corte encuentra que la colisión de competencia entre los despachos judiciales que se han reseñado es aparente, puesto que la controversia procesal suscitada y que generó la remisión del expediente a esta Corporación, tuvo origen en la inobservancia de los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial, economía y eficacia que informan el trámite de la acción de tutela (art. 3 del Decreto 2591 de 1991) y en el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales que sobre la aplicación de los cánones de reparto ha decantado la Sala Plena de esta Corporación en el sinnúmero de conflictos de competencia meramente aparentes que se han suscitado a raíz de la aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000.”
5.- Se concluye que, en aplicación de la regla jurisprudencial señalada, una vez asumido el conocimiento del presente asunto por parte del Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, este Despacho se encontraba obligado a proferir sentencia de fondo.
6.- Por lo anterior, se dejará sin efecto la providencia del 11 de agosto de 2008 proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, para en su lugar disponer que, de forma inmediata, resuelva de fondo la acción de tutela interpuesta por Imelda Redin contra el Director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente- DAGMA y otros, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la providencia del 11 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali.
SEGUNDO.- ORDENAR al Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, resuelva de fondo la acción de tutela interpuesta por Imelda Redin contra el Director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente- DAGMA y otros, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Garantías de Cali y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
[5] M. P. Fabio Morón Díaz
[7] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[8] M.P. Manuel José Cepeda
[9] Jaime Córdoba Triviño
[10] Sobre la aplicación de este principio en materia de colisiones de competencia “aparentes” pueden estudiarse entre otros los Autos 080, 124 de 2004, 213, 262 de 2005, 036, 127, 157, 260 y 294 de 2006.
[11] Corte Constitucional. Auto 160 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sobre la aplicación de este principio en materia de colisiones de competencia “aparentes” pueden estudiarse entre otros los Autos 080, 124 de 2004, 213, 262 de 2005, 036, 127, 157, 260 y 294 de 2006.
[13] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16/72): “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” (resaltado fuera de texto)