Source: http://www.alaluzpublica.com/directrices-constitucionales-para-el-conflicto/
Timestamp: 2018-09-23 12:00:12
Document Index: 136436812

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 95', 'artículo 22']

Directrices constitucionales para el conflicto
La Constitución Política de 1991 consagra un preciso y objetivo direccionamiento en procura de la paz, que dadas las circunstancias actuales del desarrollo de los diálogos de paz de La Habana y la inalterable continuidad bélica del conflicto armado interno, por lo menos, nos debe llevar a la reflexión y a su inaplazable aplicación.
Podemos resaltar las siguientes normas constitucionales, actuales, vigentes, viables y aplicables a la situación histórica que vivimos, por el momento, en nuestro país:
—Preámbulo. Siendo este el enunciado general y conceptual del ordenamiento constitucional, la Constitución Política de 1991, se expidió, se promulgó y se puso en vigencia a nombre del pueblo colombiano, “con el fin de fortalecer la unidad de la nación y de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo”.
—Artículo 2, inciso segundo. En esta norma se estableció de manera precisa y concreta que las autoridades de la república están instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
En este enunciado está implícita la paz como derecho, deber y obligación.
—Artículo 22. En este acápite se enuncia de manera precisa, concreta y objetiva que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, mandato del cual no escapa absolutamente nadie, porque es deber de todos, nacionales o extranjeros, “acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades” (artículo 4, inciso segundo), porque los particulares son responsables ante las autoridades “por infringir la Constitución y las leyes” y los servidores públicos, “lo son por la misma causa y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones” (artículo 6, inciso segundo).
—Artículo 95. Esta norma consagra los deberes y obligaciones de todo colombiano, reiterando que estamos obligados “a cumplir la Constitución y las leyes” y en particular, respecto de la situación actual del país, destacamos dos de tales obligaciones, por su importancia y actualidad, así: todo colombiano está en la obligación de participar “en la vida política, cívica y comunitaria del país” (numeral 6) y, de manera prevalente, propender “al logro y mantenimiento de la paz” (numeral 6).
—Acto Legislativo No. 01 de 2.012 (31 de julio). “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
Este Acto Legislativo fue examinado, respecto de su constitucionalidad, por la honorable Corte Constitucional, encontrándolo ajustado al ordenamiento constitucional vigente, como quedó consignado en la Sentencia C-579 de 2.013 (agosto 28).
Además, con fundamento en dicho Acto Legislativo se ha venido desarrollando la conceptualización de la justicia transicional que, para algunos entendidos, no es otra cosa que el conjunto de medidas políticas y judiciales que se han adoptado como mecanismos de reparación respecto de la violación de los derechos humanos, entre las cuales figuran, también, sanciones penales alternativas, la exigencia a la verdad y a la reparación, cuando menos, pues, finalmente, no se trata de un tipo especial de justicia, sino una forma de abordar, en épocas de transición, la situación derivada del conflicto armado interno, sin que se deje de lado, hasta donde sea posible, la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas, cualquiera que estas sean y quien quiera que sea el causante del daño, pues se proporciona, como ya ha sucedido, el reconocimiento de sus derechos a las víctimas, se fortalece la confianza en la acción del Estado y de sus instituciones y, por supuesto, en el gobierno.
Por esto, nos cuesta trabajo aceptar que haya funcionarios del Estado y legisladores y, hasta ciudadanos del común, que se hayan declarado velada o abiertamente “enemigos” del proceso de paz que actualmente se desarrolla, pasando por alto que el objetivo estratégico del mismo es la desactivación total del conflicto armado interno que nos aflige y como objetivo táctico las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre delegados plenipotenciarios del gobierno y de la insurgencia armada, política y militar, personalizada en las Farc.