Source: https://mujereshoy.info/ley-de-regulacion-del-derecho-de-peticion/5828/
Timestamp: 2017-06-24 15:38:49
Document Index: 266725104

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 27', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 6', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 27', 'Artículo 13']

Ley de regulación del derecho de petición. | Mujeres Hoy
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Ley de regulación del derecho de petición.	Licda Catalina Rivera Sanabria.
El pasado 14 de marzo se publicó en la Gaceta la nueva Ley denominada “Ley de Regulación del Derecho de Petición” ley número 9097.
Esta ley regula el artículo número 27 de la Constitución Política de nuestro país, que expresamente dice:
“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.”
¿Qué es petición? Según el Dr. Guillermo Canabellas, es una Demanda, Solicitud, Instancia, Pedimento, Pedido, o Escrito en que se pide jurídicamente a un juez o tribunal, al parlamento o al Poder Ejecutivo.
Nuestro artículo constitucional nos brinda la seguridad y el derecho a todas las personas a realizar solicitudes de forma personal individual o de manera grupal a cualquier funcionario público o de una entidad como por ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales, y muy importante y lo que muchas veces no se cumple, la pronta respuesta.
Esta ley consta de 13 artículos. Los primeros dos artículos se refieren a los sujetos, es decir quiénes pueden interponer estas peticiones y a quién o quiénes pueden ser presentadas.
Del artículo tercero hasta el once se establece lo relacionado a la petición en sí, la formalidad para su presentación, el plazo de respuesta, cómo se solucionan los defectos de forma las peticiones, y cuáles son las peticiones que no pueden ser admitidas.
Finalmente, del artículo décimo primero al décimo tercero hace se regula la resolución de la petición y muy importante, la sanción por no contestar dentro del plazo legal conferido por ley, sean diez días.
Sin duda alguna, esta ley es una herramienta que TODOS debemos utilizar. Es muy interesante cómo los ciudadanos tenemos leyes para defendernos de la función pública y otras instituciones y seguimos quejándonos que no nos responden.
Todos somos responsables del atraso o la no respuesta por parte del Sector Público e incluso Privado, como lo incluye esta ley en su numeral segundo.
¿Cuál es nuestra cuota de responsabilidad? En lugar de quejarnos que no responden, apliquemos la ley y seamos persistentes, si ya pasaron los diez días una dos tres llamadas y de inmediato proceder con todo el peso de la ley.
Pero si olvidamos y dejamos todo a la espera y no nos hacemos responsables por lo que presentamos, ¿quién más lo va a hacer?
A continuación la Ley, utilicemos esta herramienta que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico.
Artículo 1.- Titulares del derecho de petición. Todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario. Todo lo anterior se ajustará al precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.
Artículo 2.-Destinatarios. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución, administración pública o autoridad pública, tanto del sector centralizado como descentralizado del Estado, así como aquellos entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito institucional, territorial o funcional de esta.
Artículo 3.-Objeto de las peticiones. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley.
Artículo 4.-Formalidad en el ejercicio del derecho de petición. a) Las peticiones se formularán por escrito, debiendo incluir, necesariamente, el nombre, la cédula o el documento de identidad, el objeto y el destinatario de la petición. Cada escrito deberá ir firmado por el peticionario o los peticionarios.
b) En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos, su nombre y apellidos. De no constar todas las firmas, la petición se tendrá por presentada únicamente por las personas firmantes, sin perjuicio de su posterior subsanación o ampliación. d) Traducción o resumen en español, si la petición se presenta en cualquier lengua extranjera, conforme a la ley N.º 7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses, y sus reformas.
Artículo 5.-Peticiones de miembros de comunidades autóctonas o indígenas. Los miembros de comunidades autóctonas o indígenas tendrán derecho a recibir asistencia de la Defensoría de los Habitantes o de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para formular sus peticiones en idioma español, y a recibir y obtener pronta respuesta.
Artículo 6.-Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad
Artículo 7.-Peticiones incompletas. Plazo de subsanación o inadmisión. a) Recibido el escrito de petición, la autoridad o el órgano al que se dirija procederá a comprobar su adecuación a los requisitos previstos por la presente ley, previos las diligencias, las comprobaciones y los asesoramientos que estime pertinentes. Como resultado de tal apreciación deberá declararse su inadmisión o tramitarse la petición correspondiente. b) Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 4, o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los defectos advertidos en el plazo de cinco días hábiles, con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, notificándose entonces su archivo inmediato. c) Se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar y responder la petición, en el mismo plazo establecido en el inciso anterior de cinco días hábiles; esto en razón del principio de economía y celeridad procedimental. La no aportación de tales datos y documentos no determinará por sí sola la inadmisibilidad de la petición, y se conocerá y resolverá sin mayor dilación el asunto planteado, dentro del plazo de diez días hábiles, según el artículo 6 de esta ley.
Artículo 8.-Inadmisión de peticiones. No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones o competencias de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, o que afecten derechos subjetivos y fundamentales de una persona o grupo de personas.
Artículo 9.-Resolución de inadmisibilidad. Plazo. a) La resolución de inadmisibilidad de una petición será siempre motivada y deberá acordarse en un plazo de diez días hábiles, a partir de la presentación del escrito de petición. b) La notificación de esta resolución al peticionario deberá efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al de su emisión. c) Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la resolución de inadmisión deberá indicar, expresamente, las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella. d) En caso de no encontrarse en ninguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite y deberá obtenerse pronta respuesta en un plazo de diez días hábiles.
Artículo 10.-Competencia del destinatario. a) Siempre que la resolución de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, este la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de cinco días hábiles y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley. b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.
Artículo 11.-Tramitación y contestación de peticiones admitidas. a) Una vez admitida para su trámite una petición por parte de la autoridad o del órgano público competente, se debe notificar su contestación a la persona que ha presentado la petición, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo, podrá convocar, si así lo considera necesario, a los peticionarios en audiencia especial para responder a su petición de forma directa. b) Cuando la petición se estime fundada, la autoridad o el órgano competente para conocer de ella vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general. c) La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad o el órgano competente e incorporará las razones y los motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que como resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación. e) Anualmente, la autoridad o el órgano competente incorporará, dentro de su memoria anual de actividades, un resumen de las peticiones recibidas, contestadas o declaradas por resolución inadmisible. f) Por la complejidad del contenido de la petición, la Administración Pública podrá dar una respuesta parcial al peticionario indicando dicha situación, pudiéndose prorrogar de oficio un plazo adicional máximo de cinco días hábiles para su respuesta definitiva.
Artículo 12.-Protección jurisdiccional. El derecho de petición como derecho fundamental, de origen constitucional, será siempre susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes, en los siguientes supuestos:
Artículo 13.-Sanciones por incumplimiento de pronta respuesta por los funcionarios públicos El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual.
La denominación salario base corresponde al monto equivalente al salario base mensual del oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior. Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaran a existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo. La Corte Suprema de Justicia comunicará, por medio de publicación en el diario oficial La Gaceta, las variaciones anuales que se produzcan en el monto del salario referido.