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Timestamp: 2019-02-22 12:57:41
Document Index: 26133772

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12']

Proyecto de ley numero 70 de 2006 senado
por la cual se regulan los contratos de adhesión a los Sistemas Abiertos de Tarjetas de pago y la Tarifa Interbancaria de Intercambio.
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley es garantizar que los Sistemas Abiertos de Tarjetas donde se utilizan tarjetas de crédito y/o débito para pagar la adquisición de bienes o servicios en el comercio, funcionen bajo parámetros de transparencia, eficiencia y competencia efectiva, que beneficie a los consumidores.
La presente ley establece las reglas que deben seguir los bancos al interior de las redes de pago para fijar el valor de las Tarifas Interbancarias de Intercambio, y prohíbe las cláusulas abusivas en los contratos de afiliación.
Artículo 2º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, entiéndase por:
a) Establecimientos de crédito emisores: Son los establecimientos de crédito que, dentro de un sistema abierto de tarjetas, emiten tarjetas débito o crédito a favor de los tarjetahabientes;
b) Establecimientos de crédito adquirentes: Son los establecimientos de crédito que, dentro de un sistema abierto de tarjetas, pagan, a los propietarios de los establecimientos de comercio en los cuales los tarjetahabientes realizan adquisiciones con tarjetas débito o crédito, el valor de las utilizaciones efectuadas con tales tarjetas;
c) Comisión de adquirencia: Es la comisión cobrada por los establecimientos de crédito adquirentes a los propietarios de los establecimientos de comercio en los cuales los tarjetahabientes realizan adquisiciones con tarjetas débito o crédito;
d) Tarifa Interbancaria de Intercambio (TII): Es el valor que transfiere el establecimiento de crédito adquirente al establecimiento de crédito emisor por cada transacción que realiza un tarjetahabiente con tarjetas crédito y débito, y que tiene por objeto recuperar los costos del servicio prestado al comercio. Este valor hace parte de la comisión de adquirencia.
El valor de la TII debe corresponder exclusivamente a los costos de los servicios que directa y exclusivamente recibe el comercio por parte de los sistemas abiertos de tarjetas.
e) Cuota de manejo: Es la comisión cobrada por los establecimientos de crédito emisores a los tarjetahabientes;
f) Sistemas abiertos de tarjetas: Son los sistemas de pago de bajo valor, administrados por entidades especializadas, de las cuales hacen parte tanto establecimientos de crédito emisores como establecimientos de crédito adquirentes;
g) Contrato de afiliación: Son los contratos de adhesión preestablecidos por las entidades administradoras de los sistemas abiertos de tarjetas, por los cuales los comerciantes se vinculan a estos.
De la Tarifa Interbancaria de Intercambio
Artículo 2°. De la comisión de adquirencia. El valor de la comisión de adquirencia será fijada libremente y de común acuerdo entre el establecimiento de crédito adquirente y el comerciante. De ella hará parte la TII.
Artículo 3°. De la Tarifa Interbancaria de Intercambio (TII). La TII será fijada por las Juntas Directivas de las entidades administradoras de los Sistemas abiertos de tarjetas, con el fin de recuperar los costos en que incurran para prestar el servicio a los comerciantes, y se regirá estrictamente por los siguientes principios:
1. Sólo se podrán incluir costos que estén asociados directamente con la utilización de las tarjetas de crédito y/o débito en el comercio, y que se relacionen exclusivamente con los servicios realmente prestados al comercio, siempre que no hayan sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero.
2. La TII deberá ser pública y estructurarse con el sistema de recuperación de costos, por tanto debe estar acorde con la naturaleza de la operación que remunera.
3. Las operaciones bancarias, interbancarias y/o con los sistemas abiertos de tarjetas que sean cubiertos por la TII y que tengan lugar con ocasión del servicio de tarjetas crédito y/o débito a que se obliga el banco emisor, deberán obedecer a criterios de eficiencia, racionalización y competitividad, de tal forma que los costos inherentes a su realización no afecten la circulación de estos medios de pago ni encarezcan injustificadamente la comisión que paga el comercio por este servicio.
4. La TII debe ser distinta para las tarjetas de débito y para las tarjetas de crédito.
5. Para la Tarjeta Débito, sólo procederán los costos de los establecimientos de crédito emisores y de los Sistemas abiertos de tarjetas incurridos en el procesamiento y autorización de transacciones con tarjeta débito, incluidos los costos de recibir, verificar, conciliar y pagar tales transacciones.
En estos casos, la TII corresponderá al costo de la transacción y se determinará como una cantidad fija por transacción.
6. Para las Tarjetas Crédito, sólo procederán los costos de los establecimientos de crédito emisores y de los Sistemas abiertos de tarjetas incurridos en el procesamiento y autorización de transacciones con tarjeta de crédito, incluidos los costos de recibir, verificar, conciliar y pagar tales transacciones, que corresponderá a una cantidad fija por transacción. Adicionalmente costos respecto del uso fraudulento de la tarjeta de crédito en las transacciones realizadas en el Comercio, que se determinará como un porcentaje del volumen de la transacción.
7. Sólo en el caso de las tarjetas crédito, los bancos emisores y/o redes podrán optar por tener TII por sectores. Las tarifas de cada uno de estos sectores se fijarán partiendo de factores objetivos, como son el monto y el volumen de la facturación sectorial por grupo de comercios, y el riesgo de fraude. A partir de este dato, se calcula para cada Grupo de Sectores un “Coeficiente de Actividad”, es decir, que esta será la resultante de ponderar los costos, riesgos y transacciones de cada agrupación, de forma tal que la ponderación de las tasas individuales de intercambio por agrupación y las participaciones relativas de las facturaciones por cada agrupación, deberán ser iguales a lo que sería una única TII calculada teniendo en cuenta todos los costos involucrados y las transacciones realmente efectuadas.
La forma como las entidades administradoras de los Sistemas abiertos de tarjetas definan los diferentes sectores o agrupaciones económicas para efectos de aplicarles TII diferenciales, deberán obedecer a factores objetivos que serán verificados por la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que su determinación no vulnere la competencia en el mercado y su nivel no discrimine de forma injustificada a los sectores.
8. Los rubros de costos deberán desagregarse, especificarse y justificarse, de conformidad con las instrucciones que para el efecto establezca la Superintendencia de Industria y Comercio atendiendo los principios generales de contabilidad internacionalmente aceptados y el Plan Unico de Cuentas de que trata el Parágrafo Primero del presente artículo.
9. Las estructuras de costos serán auditadas verificándose su correspondencia con los parámetros de eficiencia y de mejores prácticas establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y, en caso de encontrar costos no justificados, deberán ser racionalizadas, dando lugar a la restitución de los cobros en exceso que hayan ocasionado.
Parágrafo 1°. Dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá las cuentas correspondientes al Plan Unico de Cuentas que son aplicables, tanto a los elementos de costos que hacen parte de la TII como aquellos que son de cuenta del tarjetahabiente y los que son compartidos.
Parágrafo 2°. Anualmente, y dentro de los dos primeros meses del año, las entidades administradoras de los sistemas abiertos de tarjetas deberán recalcular el nuevo valor de la TII vigente para el año en curso, la cual se calculará teniendo los ahorros generados por las economías de escala y la proyección de transacciones por realizar en el año.
Artículo 4°. Información a los usuarios de los sistemas abiertos de tarjetas débito y crédito. Las entidades administradoras de sistemas abiertos de tarjetas deberán publicar, en las páginas económicas de un diario de amplia circulación nacional, con una periodicidad trimestral y referida al respectivo trimestre, la siguiente información:
a) La comisión de adquirencia;
b) La Tarifa Interbancaria de Intercambio con los criterios objetivos que hacen parte de esta, y el porcentaje que representa cada criterio en el total de la Tarifa;
Parág rafo 1º. La información a que se refiere el presente artículo deberá discriminarse por cada establecimiento de crédito, separando la relativa a las tarjetas débito y a las tarjetas crédito, y deberá estar expresada en mínimos, máximos y promedios ponderados.
Parágrafo 2º. Para los efectos previstos en este artículo, los establecimientos de crédito adquirentes y emisores, según les corresponda, deberán entregar a las entidades administradoras de sistemas abiertos de tarjetas la información pertinente, en la forma y oportunidad que estas señalen, para que las mismas procedan a su publicación. En caso de incumplimiento por parte de los establecimientos de crédito en la remisión oportuna de la información, las entidades administradoras lo reportarán a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 3º. La información a que se refieren los literales a) y b) del presente artículo deberá estar discriminada por cada una de las categorías de establecimientos de comercio o sectores, de conformidad con la clasificación que las entidades administradoras de sistemas abiertos de tarjetas tengan establecidas para los propósitos de administración de tales sistemas, con sujeción al cumplimiento de los factores objetivos establecidos en el numeral 7 del artículo 3° de la presente ley.
Parágrafo 4º. Para los efectos previstos en el presente artículo, los trimestres se calcularán entre el 1° de enero y el 31 de marzo, el 1° de abril y el 30 de junio, el 1º de julio y el 30 de septiembre y el 1º de octubre y el 31 de diciembre de cada año. La información de cada trimestre se deberá publicar dentro de los 20 días calendario del mes siguiente al respectivo corte trimestral.
Parágrafo 5°. Sin perjuicio de las publicaciones a que hace referencia el presente artículo, las administradoras de los Sistemas abiertos de tarjetas deberán mantener a disposición del público en general la misma información en su página web.
Parágrafo 6°. Los establecimientos de crédito adquirentes suministrarán la información sobre el nivel de comisión y nivel de TII de forma individual, a los usuarios que lo requieran, la cual se entregará discriminada por franquicia y por tipo de producto.
Artículo 5°. Remisión de información. La información prevista en la presente ley deberá ser enviada por las entidades administradoras de sistemas abie rtos de tarjetas a la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo que esa entidad establezca para el efecto.
Sin perjuicio de lo previsto en el presente decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá publicar u ordenar la publicación de la información prevista en el presente artículo, por los medios que considere pertinentes, con el propósito de promover la competencia y la protección del consumidor.
Artículo 6°. De los contratos de afiliación. Para la validez de los contratos de afiliación deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al comerciante adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales.
2. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En el escrito del contrato, los caracteres deberán ser legibles a simple vista.
3. Detallar de manera clara y puntual las condiciones del servicio que se contrata, la responsabilidad tanto de los establecimientos de crédito adquirentes y emisores como de las administradoras de los sistemas abiertos de tarjetas, y su prohibición para modificar unilateralmente el contrato.
4. No podrán incluir espacios en blanco.
5. En caso de remitirse a normas legales, estas deberán ser transcritas.
Artículo 7°. Cláusulas abusivas. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del comerciante y las que afecten en tiempo, modo o lugar la forma en que el comerciante puede ejercer sus derechos.
A rtículo 8°. Algunas cláusulas abusivas. Las siguientes cláusulas abusivas serán ineficaces y se tendrán por no escritas:
1. Las que permitan a los establecimientos de crédito emisores, adquirentes o a las administradoras de los sistemas abiertos de tarjetas, modificar unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones.
2. Las que trasladen al comerciante o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad del establecimiento de crédito emisor, adquirente o de la administradora del sistema abierto de tarjetas, según sea el caso.
3. Las que dispongan términos de prescripción inferiores a los legales.
4. Las que obliguen al comerciante a renunciar a la protección de sus derechos contemplados en esta o en cualquier otra ley.
5. Las que imposibiliten, limiten, exoneren o anulen la responsabilidad del establecimiento de crédito emisor, adquirente o de la administradora del sistema abierto de tarjetas, según sea el caso, por fallas en la operación del sistema que generen un perjuicio para el comerciante.
6. Las que impongan al comerciante cargas probatorias diferentes a las que le correspondan de acuerdo con las normas generales del derecho, o inviertan la carga de la prueba en perjuicio del comerciante, sobre los fraudes que se sucedan por el uso de tarjetas crédito y/o débito.
7. Las que autoricen la terminación unilateral del contrato por parte del establecimiento de crédito emisor, adquirente o de la administradora del sistema abierto de tarjetas, sin justa causa comprobada.
8. Las que autoricen, al establecimiento de crédito emisor, adquirente o a la administradora del sistema abierto de tarjetas, a modificar unilateralmente el precio, las tarifas, o las condiciones inicialmente pactadas, sin que se le conceda al consumidor el derecho a resolver el contrato cuando tales modificaciones lo afecten.
9. Las que prohíban cargar mayor valor a los productos o servicios que venda el comerciante, por razón del pago con tarjeta crédito o débito.
10. Las que generen un desequilibrio sustancial entre los derechos y obligaciones de las partes.
11. Las que impliquen renuncia previa de los derechos del comerciante.
12. Las que obliguen al comerciante a contratar todos los servicios y productos del establecimiento de crédito emisor, adquirente o de la administradora del sistema abierto de tarjetas, sin que el comerciante pueda escoger los que considere adecuados a sus necesidades.
13. Las que impidan al comerciante resolver el contrato o excepcionar el incumplimiento del establecimiento de crédito emisor, adquirente o de la administradora del sistema abierto de tarjetas.
14. Las que presuman cualquier manifestación de voluntad del comerciante, cuando de esta se deriven erogaciones a su cargo.
Artículo 9°. Interpretación favorable. Tratándose de contratos de adhesión, las condiciones generales serán interpretadas de la manera más favorable al comerciante. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas particulares sobre las condiciones generales.
Artículo 10. Aplicación. El hecho de que una o varias cláusulas de un contrato hayan sido negociadas no obsta para la aplicación de lo previsto en este capítulo.
Artículo 11. Efectos de la nulidad o de la ineficacia. La nulidad o ineficacia de una cláusula no afectará la totalidad del contrato, en la medida en que este pueda subsistir sin las cláusulas nulas o ineficaces.
Cuando el contrato subsista, la Superintendencia de Industria y Comercio aclarará cuáles serán los derechos y obligaciones que se deriven del contrato subsistente.
Artículo 12. Conflictos de competencia. Sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio conservará la competencia en materia de protección al consumidor y para conocer de las prácticas comerciales restrictivas de la competencia, originadas en las operaciones con tarjetas crédito y débito del sector financiero. Para los efectos pertinentes la Superintendencia Financiera pondrá a disposición la información que se encuentre en su poder o a la que tenga acceso en virtud de sus atribuciones legales.
Javier Cáceres Leal,
Presento a consideración del honorable Congreso de la República la presente iniciativa que busca introducir dentro de nuestro ordenamiento jurídico reglas claras para regular una actividad económica que hasta ahora no refleja en su práctica la aplicación de los principios de justicia conmutativa, equidad y equilibrio económico que deben primar dentro las relaciones comerciales y de derecho privado entre particulares.
Nuestro país, y así lo establece la Constitución, es un Estado Social de Derecho, regido por los principios de libertad económica y autonomía privada dentro de los parámetros legales previamente establecidos; sin embargo tal libertad no es absoluta y en los momentos en los que se presentan desequilibrios dentro del mercado el Estado tiene la potestad de intervenir en la economía para preservar el equilibrio económico.
El uso de las tarjetas crédito y débito posee en el ámbito de las relaciones comerciales actuales una preponderante importancia por constituir un medio de pago de utilización masiva con poder liberatorio equivalente al dinero, denominado comúnmente “dinero plástico”, haciéndose presente en todas las actividades de consumo, desde la adquisición de bienes propios de la canasta familiar hasta el financiamiento de bienes y servicios suntuarios.
Es evidente entonces que los contratos que se celebran para permitir el funcionamiento del sistema trascienden el ámbito de la esfera de lo privado por su injerencia en el desarrollo de la economía en general, por su impacto para el comercio y los consumidores; por ello las medidas o cargas que se adoptan en los acuerdos privados requieren regulación legal que proteja los bienes y principios superiores.
Paradójicamente, la relevancia económica del uso de las tarjetas crédito y débito, como sustituto del dinero en los negocios jurídicos comerciales, en lo referente a la vinculación de los comerciantes al sistema de las tarjetas de crédito y débito, no ha sido regulado por la ley; por lo anterior, en la práctica tales relaciones están gobernadas por la costumbre y la intervención esporádica de algunas autoridades administrativas que han hecho que la presencia estatal no sea la más efectiva.
Lo anterior no revestiría inconveniente si la práctica de la costumbre comercial atendiera, en armonía con los principios constitucionales, al libre mercado, sin la alteración perjudicial que supone el ejercicio abusivo del poder dominante de las entidades financieras emisoras de las tarjetas.
En las circunstancias actuales, la vinculación de los comerciantes a través de sus establecimientos al sistema de las tarjetas débito y crédito implica un acuerdo de voluntades que, ante el vacío legal, se rige por las disposiciones predispuestas de los contratos de adhesión redactados por las Entidades Financieras, las cuales, al estipular el monto de la comisión, a la que sin lugar a dudas tienen derecho por el servicio de intermediación financiera que prestan, no siempre consultan la justicia conmutativa o equivalencia del intercambio económico y realizan discriminaciones no razonables en contra del grueso de los comerciantes.
El porcentaje de las comisiones que paga el comercio por el uso de las tarjetas crédito y débito fueron establecidas, de forma colusoria, por las entidades administradoras de los sistemas abiertos de tarjetas. Hoy las comisiones las fijan las entidades de crédito adquirentes, con un componente que continúan fijando en acuerdo anticompetitivo las entidades administradoras, como es la Tarifa Interbancaria de Intercambio, de acuerdo a sus intereses y sin límite alguno, incluyendo valores que no tienen relación de causalidad con el servicio que le prestan al comercio, debido a la ausencia de legislación que tipifique y regule las relaciones jurídicas que se establecen entre el comerciante y la Entidad financiera. Esto ha llevado a que los comerciantes sufran los abusos que esta situación representa y ha afectado el crecimiento económico del país.
Por la materia objeto del presente proyecto de ley y en consonancia con lo dispuesto por las Leyes 5ª de 1992 y 3ª de 1992, es competente para conocer de este proyecto la Comisión Tercera de Senado.
En el año de 1982, los restaurantes buscando bajar las comisiones del 13% que cobraban las franquicias lanzan al mercado la Tarjeta La Fragata, por iniciativa del fundador del Restaurante La Fragata, Coronel Alvaro Calderón Rodríguez, tarjeta de marca privada a la cual se vincularon varios restaurantes. En ese entonces Diners Club accedió a bajar el promedio del 11 al 9%; actuaba como presidente en esa época Ernesto Carlos Martelo, promotor de Incocrédito.
A finales de la década de los 80, con el ánimo de defenderse de los bancos, las llamadas corporaciones de ahorro y vivienda se unen y fundan la Red Multicolor. La red inicia con operaciones de soporte a las compras de sus clientes en almacenes de gran formato. Para lograr difundir rápidamente este servicio, no se incorporó una comisión al comercio por la venta y ofrecía el abono en cuenta al establecimiento en 24 horas.
Durante el año de 1992, al ver el volumen transaccional en aumento y queriendo generar ingresos para cubrir la operación, las corporaciones socias dan la instrucción a la presidencia de Multicolor de iniciar un cobro de comisiones. Como respuesta a esta acción, los grandes almacenes devolvieron todos los datáfonos, lo que implicó que los sistemas abiertos de tarjetas perdieran más del 80% del volumen de transacciones.
Sin embargo, el uso creciente del dinero plástico y la necesidad de vender más obligaron a los comerciantes a aceptar las condiciones de los establecimientos de crédito para aceptar de nuevo las tarjetas crédito y débito en los establecimientos de comercio, con el cobro de unas comisiones a todas luces desproporcionadas.
Los bancos colombianos que expiden tarjetas de crédito o débito tienen contratos de franquicia firmados con los operadores de tarjetas de crédito o débito internacional. En Colombia funcionan las siguientes franquicias:
a) Tarjetas de crédito:
3. Diners. Esta franquicia es exclusiva del Banco Davivienda.
4. American Express. Esta franquicia es exclusiva de Bancolombia;
b) Tarjetas débito:
2. Electrón.
Los bancos que comparten la franquicia de MasterCard crearon, años atrás, la Asociación Red Multicolor, la cual tenía como finalidad el montaje de una Red de Pago Electrónico en establecimientos de comercio. Hoy en día la Asociación se convirtió en una sociedad y cambió su razón social por la de Redeban Multicolor S. A. (Redeban).
Así mismo, los bancos que comparten la franquicia VISA crearon también la Asociación de Bancos que prestan el servicio de Credibanco –Credibanco–, para el montaje de otra Red de Pago Electrónico en establecimientos de comercio, también mediante tarjetas de crédito y débito. En un principio, las redes Redeban y Credibanco utilizaban infraestructura y equipos diferentes.
Esta estructura oligopólica que existe en Colombia se comparte en el resto del mundo, y es por ello que las autoridades de competencia de los países desarrollados han regulado de forma severa estos sistemas de pago para ponerles freno a los abusos.
Estos son algunos ejemplos de regulación a nivel mundial:
Países que tienen regulaciones sobre las Tasas de Intercambio Multilateral, TMI (la misma Tarifa Interbancaria de Intercambio, TII, nuestra):
1. Australia: (Regulación vigente desde julio de 2003) La TMI sólo puede incluir los costos relacionados con:
• Medidas para prevenir el fraude y el uso indebido
• El período libre de intereses para las tarjetas crédito,
La TMI, según el Reserve Bank of Australia (RBA) –entidad reguladora–, no debería superar el 0,55 a 0,6%. De esta forma, y solamente de esta forma, la TMI no contraría la ley de competencia de Australia.
La TMI es pública y regulada por el Estado.
2. Dinamarca (Section 14 of the Danish Payments Act) fija el valor máximo de comisión en 0,75% del importe de la transacción, más 0,07 €, para tarjetas crédito. Para tarjetas débito, la tasa de descuento máxima es del 0,4%. Prohíbe el recargo a consumidores por el uso de tarjetas, cuando estas son nacionales. Cuando las tarjetas son internacionales, se permite el recargo al consumidor, hasta un máximo de 1.75% para tarjetas entregadas por operadores daneses, y hasta un 5.75% para tarjetas entregadas por operadores extranjeros.
3. Noruega: Por recomendación del Ministro de Finanzas, plasmada en un informe investigativo del 29 de octubre de 2004, se aplazó la expedición de la regulación para la TMI por 2 años, mientras se permitía actuar a las fuerzas del mercado ante la presencia de nuevos competidores. En caso de que en ese tiempo no se hayan alcanzado niveles internacionales en las comisiones, se regulará.
Se prohibió la Regla de No Discriminación (Non Discrimination Rule NDR), y se permite a los comerciantes cobrar por el uso de la tarjeta, o hacer descuentos por pago en efectivo.
Países en que se han adelantado investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia en contra de VISA y/o MasterCard:
1. Estados Unidos: En 1996, MasterCard y VISA fueron demandadas por un grupo de comerciantes por la regla de “Todas las Tarjetas son Honradas” (Honor All Cards –HAC–), en las tarjetas “débito/crédito”. Como acuerdo para terminar la investigación, tanto VISA como MasterCard se obligaron a retirar la regla HAC, a reducir las comisiones por tarjetas débito y a pagar una compensación a los comerciantes por tres mil millones de dólares.
En la actualidad, cursan demandas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra de VISA y MasterCard, por la TMI.
2. Unión Europea (Decisión del 24 de julio de 2002). La decisión adoptada por la Comisión Europea para Asuntos de la Competencia, el 24 de julio de 2002, permitió la implementación de la TMI para VISA, si y sólo si, se cumplían las siguientes condiciones ofrecidas por VISA:
1. Visa debía reducir el nivel de su TMI, para tarjetas crédito, a una media ponderada del 0,7% máxima, antes del 2007, y para tarjetas débito, una reducción global inmediata al 0,28%.
2. La TMI se debe limitar a los costos de los servicios concretos proporcionados por los bancos emisores, que solamente pueden ser:
a) Tratamiento de la transacción;
b) La garantía de pago (riesgo de fraude);
c) Período de cobertura financiera gratuita.
Estos costos son revisados y aprobados por la Comisión periódicamente y, si se determina que estos son inferiores al 0,7%, se debe reducir la TMI.
3. La TMI es pública y debe darse la información de costos a quien lo solicite.
3. Reino Unido: (Decisión preliminar, febrero de 2003). La OFT (Office of Fair Trade) determinó que la forma en que MasterCard fijaba la TMI violaba la Ley de Competencia, por cuanto era un acuerdo de precios que fijaban los bancos. Además, el Cruickshank Report of 2002 señaló que la TMI era ineficiente y no funcionaba adecuadamente entre los bancos adquirentes.
La OFT ordenó a MasterCard proponer una fórmula eficiente y transparente de fijar la TMI, so pena de tener que desmontarla.
En noviembre de 2004, la OFT volvió a iniciar investigación en contra de MasterCard por cuanto considera la TI demasiado alta (promedio 1.1% en el 2000).
4. Francia (Decisión de abril de 1990). El Tribunal Superior de París determinó que la TI sólo podría funcionar, si esta incluía únicamente los siguientes costos:
a) Costo fijo de procesamiento, cualquiera que sea su cuantía (0,1 € por transacción);
b) Por fraude, 0,21% de la transacción;
c) Riesgo asociado a la garantía de pago, dependiendo del volumen total de transacciones.
La TI es pública y vigilada por el Estado.
5. Suiza: Se prohibió la regla de no discriminación (Non Discrimination Rule), es decir, los comerciantes pueden aumentar el costo de la comisión u ofrecer descuentos por pagos con otros medios de pago.
6. España: (Expte. 515/01, Bancos de 1° de abril de 2002). En abril de 1994 Visa España, Sistema 4B y Sistema 600 y algunas entidades de crédito pactaron unos criterios comunes para la exclusión y rehabilitación como usuarios de los sistemas de pago de los establecimientos comerciales en los que se hubieran detectado irregularidades en los pagos con tarjetas. El Tribunal de Defensa de la Competencia consideró que estos convenios eran contrarios a la libre competencia e impuso a cada una de las entidades imputadas multas que oscilan entre 300.000 y 600.000 euros.
(Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia del 12 de abril de 2005). En esta decisión, se negó a la sociedad SERVIRED (administradora de sistemas de pago VISA) la solicitud de autorización para establecer la tasas de in tercambio (TI), porque el sistema propuesto no era transparente, no obedecía a criterios objetivos y la clasificación sectorial que servía para discriminar los diferentes niveles de TI no era hecha con criterios objetivos ni sustentables. Igualmente ordenó iniciar investigación en contra de Euro 6000 y 4B, las otras dos redes de pago existentes en España, con la finalidad de retirar la autorización otorgada para la implementación de la TI.
El Tribunal aclaró que la autorización sólo procedía si, y sólo si, la TI cumplía, como mínimo, con lo siguiente:
a) Las TI de las tarjetas débito deben ser diferentes a las de las tarjetas crédito, según la estructura de costos de cada una. Ambas deben incluir los costos de autorización y procesamiento, sin incluir los costos de administración de las redes; y solamente la TI de las tarjetas crédito pueden incluir el riesgo de fraude;
b) Se podrán considerar TI distintas para las operaciones correspondientes a las compras por correo o por teléfono, así como a las efectuadas de forma manual o a través de la Internet, siempre que se justifiquen las diferencias de manera objetiva;
c) Cualquier modificación deberá consultarse previamente a este Tribunal que valorará la oportunidad e idoneidad del cambio propuesto;
d) Las TI serán públicas. Tanto los bancos adquirentes como los comerciantes tendrán conocimiento de la cuantía de las mismas de forma rápida y accesible. Con tal fin, se determinarán los medios adecuados para el cumplimiento de esta condición.
7. Países Bajos: Si bien sólo existe un único sistema de tarjetas nacionales de débito, hasta ahora había operado sin ninguna TI. Se solicitó autorización, y en la investigación preliminar de la autoridad holandesa se consideró que no podía ser concedida, pues restringe la competencia y se considera que no es necesaria para mantener el sistema.
8. Chile: La Fiscalía Nacional Económica de Chile inició investigación en contra de Transbank (administradora de las franquicias VISA, MasterCard y Diners). En un acuerdo parcial logrado con la Fiscalía en abril de 2005, Transbank se comprometió a reducir las comisiones máximas que cobra al comercio y a presentar un plan de autorregulación tarifaria.
La Comisión Preventiva Central de Chile, por Dic tamen 1.270 de 2003, ordenó a Transbank que modificara la estructura de precios, de tal forma que fuera pública, objetiva y ajustada a costos, con desagregación de los servicios que se prestan.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en fallo del 12 de septiembre de 2005, si bien dejó sin efecto el Dictamen 1.270 de la CPC, encontró que efectivamente Transbank había incurrido en una conducta violatoria de la libre competencia, y lo sancionó con 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Igualmente, ordenó que el plan de autorregulación explicite las razones para la diferenciación de tarifas tanto entre los establecimientos comerciales como entre los propios emisores en función del volumen de las transacciones, las que deberán ser objetivas, no discriminatorias y públicas.
Como salta a la vista, en todos los países donde se ha regulado directamente por parte del legislador, o se ha investigado por los Tribunales de Competencia la Tasa de Intercambio Multilateral (TMI), se ha obligado a que las estas sean transparentes, con criterios objetivos, basadas en costos eficientes, que sean públicas, y que sólo incluyan, como máximo, los siguientes costos:
a) Costo de transacción;
b) Costo de riesgo de fraude;
c) Costo de financiación, cuando existe “período muerto” para el tarjetahabiente.
El proyecto se compone de tres capítulos así: Capítulo Primero, de la Tarifa Interbancaria de Intercambio. Capítulo Segundo, de los contratos de afiliación, y Capítulo Tercero, disposiciones finales.
Por todo lo anterior y bajo los principios de la supremacía del interés general y del bien común, he presentado esta iniciativa legislativa en beneficio del orden económico y en búsqueda de que sea una ley de la República la que precise y regule las relaciones que se derivan entre los sujetos involucrados en el uso del dinero plástico y no las imposiciones de las Entidades Financieras que operan en nuestra Nación.
El día 9 del mes de agosto del año 2006 se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 70, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el honorable Senador Javier Cáceres Leal.
Bogotá, D. C., 9 de agosto de 2006
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 70 de 2006 Senado, por la cual se regulan los contratos de adhesión a los sistemas abiertos de tarjetas de pago y la Tarifa Interbancaria de Intercambio, me permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley, es competencia de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Tercera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.