Source: http://bazica.org/antecedentes-y-observaciones-crticas-al-proyecto-de-ley-de-pro.html
Timestamp: 2019-02-16 03:40:22
Document Index: 11793335

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 6']

Antecedentes y observaciones críticas al Proyecto de Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
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La Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes constituye una temática de amplio interés público y ciudadano, toda vez que se busca adecuar nuestra legislación a la Convención de Derechos del Niño y a las Observaciones del Comité de Derechos del Niño.
Iniciada la tramitación del proyecto de ley sobre la materia, la Comisión de Familia ha recibido a diversas organizaciones, las que si bien han celebrado la presentación de la iniciativa, han planteado sugerencias y observaciones al mismo tiempo, entre ellas:
Incluir la derogación de la Ley N° 16.618 de Menores, por representar una regulación basada en un paradigma contrario a la Convención de los Derechos del Niño.
Incluir la prohibición expresa de toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Precisar el criterio de selección de los derechos protegidos por el proyecto, pues se omiten derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño;
Eliminar la referencia a los deberes de los niños, por tratarse de una ley sobre derechos humanos, a los que se tiene derecho por el sólo hecho de ser persona;
Incluir algunos principios omitidos, como el principio de prioridad a favor de los derechos de los niños y el principio de inclusión y, profundizar el desarrollo de otros, como el principio de participación y de interés superior el niño.
Fortalecer el Sistema de Protección Nacional de la Infancia en diversos aspectos.
Dotar de recursos a la Municipalidades en concordancia con el rol que el proyecto les asigna.
Profundizar la regulación de acciones y procedimientos en sede administrativa y judicial, para garantizar una protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Elaborado para la Comisión Permanente de Familia de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, Boletín 8911, en Primer Trámite. 1
II. Antecedentes del Proyecto de Ley 2
1.2. Mensaje que crea la Ley de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de 2005 3
1.3. Moción que crea la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 2012 3
1.4. Proyectos de acuerdo sobre Ley de Protección Integral de la Infancia (2012) 3
1.5. Seminario Cámara de Diputados “Agenda Legislativa Infancia” (2012) 4
III. Observaciones críticas y propuestas recibidas por la Comisión de Familia sobre el Proyecto de Ley 4
1. Derogación Ley N° 16.618 de Menores 5
2. Erradicación de la violencia contra NNA 6
3. Catálogo de derechos protegidos 6
4. Deberes de los niños 7
5. Principios del Proyecto de Ley 8
6. Sistema Nacional de Protección de la Infancia y ámbito institucional 8
a. Sistema Nacional de Protecció0n de los Derechos de NNA (SNPI) 8
b. Regulación función policial 10
c. Consejo Nacional Consultivo para Niños 10
d. Funciones del Estado 10
e. Situación de las Municipalidades 10
7. Acciones y procedimiento judiciales y administrativos 11
8. Relación con otras iniciativas legales 12
Este documento sistematiza las observaciones críticas y propuestas presentadas a esta fecha, a la Comisión de Familia en la tramitación del proyecto de ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, Boletín N° 8.911 (Proyecto de ley indistintamente), recientemente presentado por el Ejecutivo. Asimismo, da cuenta de algunos antecedentes de la iniciativa legal que evidencian el amplio interés que ella concita.
II.Antecedentes del Proyecto de Ley
La Convención sobre los Derechos del Niño1 establece en su artículo 4, la obligación de los Estados Parte de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, que tengan por objeto otorgar efectividad a los derechos reconocidos a los niños y niñas en el referido instrumento internacional. Obligación vinculante para Chile, como parte de dicha Convención desde el año 1990.
Desde la adopción de la citada convención internacional, los ordenamientos jurídicos de múltiples países han efectuado importantes cambios normativos a nivel legislativo, tanto en lo relativo a la protección de los derechos de los niños, al soporte institucional, a la implementación programática, así como, en la respuesta del Estado frente a las infracciones de ley cometidas por menores de edad2.
Según ha sido observado por el Comité de los Derechos del Niño, en Chile no se ha “ultimado la reforma de la Ley de menores (Ley Nº 16618 de 1967) con el fin de contar con una ley integral de protección del menor, según lo recomendado por el Comité en sus observaciones finales anteriores de 2002 (CRC/C/15/Add.173)”3. Por ello, dicha entidad ha recomendado a Chile terminar con celeridad el proceso de reforma de la Ley N° 16.618 de Menores de 1967 a fin de brindar una protección integral a todos los niños.
Contar con una Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia y Adolescencia, es considerado un paso importante en nuestro país y constituye una temática de amplio interés público y ciudadano. Así lo demuestran múltiples iniciativas que tienen por objeto dotar al país de una ley marco e institucionalidad de la infancia ajustada a los derechos y garantías de la Convención de Derechos del Niño, en la que se enmarque la regulación y políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes (NNA en adelante), comprenda un amplio catálogo de derechos, así como mecanismos legales, administrativos y judiciales para hacerlos efectivos, entre otros.
En el ámbito parlamentario, se ha evidenciado amplio interés que se comprueba en las siguientes iniciativas:
Mensaje que crea la Ley de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de 2005
La iniciativa originada en Mensaje Presidencial (Boletín N° 3.792-07) del año 2005, actualmente en segundo trámite constitucional, se enmarcó, según señalan sus antecedentes, en un conjunto de iniciativas legales compuestas, entre otras, por el proyecto de ley sobre responsabilidad adolescente por infracciones a la ley penal, destinadas a establecer un marco jurídico acorde a la Convención de Derechos de Niño (CDN indistintamente).
Moción que crea la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 2012
La iniciativa4 presentada en diciembre de 2012, fue declarada inadmisible por contener materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que la sala del Senado, acordó solicitar el patrocinio del Presidente de la República5.
Según los antecedentes de la iniciativa, su contenido fue consensuado con la participación de un grupo de diversas instituciones de la sociedad civil, denominado “Bloque por la Infancia”6, conformado con el objeto de impulsar el texto del proyecto de ley de protección integral que fuera consensuado en enero de 2012 en la mesa intersectorial conformada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mindes en adelante).
Proyectos de acuerdo sobre Ley de Protección Integral de la Infancia (2012)
El año 2012 fueron presentados al menos 2 proyectos de acuerdo sobre la materia.
En agosto de 2012 fue aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo (Boletín N°6967) para solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley de Protección Integral de la Infancia, que construya un marco jurídico completo para el reconocimiento, respeto, promoción y desarrollo de los derechos de NNA y considere la creación de una figura autónoma e independiente para la defensa de los derechos de NNA. Se requirió especialmente que su ingreso a tramitación se efectuara junto con el proyecto sobre creación de un Servicio de Protección de la Infancia.
Por su parte, en el Senado, en octubre de 2012 se aprobó el proyecto de acuerdo (Boletín N° S 1.486-128), mediante el cual se solicitó al Presidente de la República que, previo al envío y debate de proyecto de ley que reformule el actual Servicio Nacional de Menores, remitiera al Congreso Nacional una iniciativa legal sobre protección integral de los derechos de la infancia y creación de un Defensor de los derechos del niño, niña y adolescente.
Seminario Cámara de Diputados “Agenda Legislativa Infancia” (2012)
En junio de 2012 la Cámara de Diputados y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) organizaron el Seminario “Agenda Legislativa de la Infancia”9, con el objeto de generar un espacio de discusión y evaluación del estado de los proyectos de ley en tramitación y por ingresar en materias vinculadas con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile.
En la mayoría de las presentaciones efectuadas por parlamentarios, representantes de la sociedad civil, entre otros, se planteo la urgente necesidad contar con una Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
III.Observaciones críticas y propuestas recibidas por la Comisión de Familia sobre el Proyecto de Ley
Iniciado el análisis del proyecto de ley, la Comisión de Familia ha recibido a la fecha a diversas organizaciones respecto del Proyecto de Ley del Boletín N° 8.911. Éstas han celebrado la presentación del proyecto de ley, y han planteado sugerencias y observaciones al mismo.
Las sugerencias y observaciones se recogen a continuación, agrupadas según las temáticas que abordan y el orden que cada una presenta en el proyecto de ley.
Las instituciones de la sociedad civil, organismos públicos y organizaciones internacionales que han participado, hasta ahora, en el debate del proyecto de ley son:
Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile – ROIJ, Movilizándonos (Red de ONGs)10.
Dirección de la Familia de Carabineros de Chile11.
Consejo Nacional de Defensa del Niño, CODENI12.
Protectora de la Infancia13.
Corporación Opción15
Fundación para la Confianza16
Si bien las opiniones recaen en diversos aspectos del proyecto de ley, prácticamente todas coinciden en la necesidad de derogar la Ley de Menores, así como, de reformular y fortalecer el Sistema de Protección Nacional de la Infancia (SPNI en adelante) que propone el proyecto de ley.
Derogación Ley N° 16.618 de Menores
La derogación de la Ley N° 16.618 de Menores17, es una de las temáticas en las que se observa mayor consenso entre las diversas instituciones que han formulado observaciones al proyecto de ley y constituye una materia que no abordada por el mismo18.
A su respecto, la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile – ROIJ, Movilizándonos (ROIJ en adelante), ha planteado su necesaria derogación por contener normas propias del sistema tutelar, fundado en la doctrina de los menores en situación irregular, donde prima la lógica paternalista, controladora y represiva del Estado respecto de los NNA. Se propone que, las hipótesis que se mantengan vigentes sean cubiertas con disposiciones armónicas a una perspectiva de protección integral y garantía del pleno y efectivo goce y ejercicio de los derechos de NNA.
Al respecto, la ROIJ hace presente que el “proyecto consensuado”19 contemplaba la derogación de la Ley de Menores, el reemplazo de algunas normas por otras de contenido garantista y el reenvío a otros cuerpos legales de diversas disposiciones.
UNICEF releva que, junto a la promulgación de una Ley de Protección Integral de Derechos, la derogación de la Ley de Menores ha sido una de las principales recomendaciones que Chile ha recibido del Comité de Derechos del Niños, desde que ratificó la Convención de Derechos del Niño.
La importancia de esta derogación para UNICEF, se observa principalmente en:
La modificación de la concepción tutelarista que reconoce la Ley N° 16.618, que permite la intervención de Tribunales de Justicia y Policías sin contar con un marco de respeto a los derechos de NNA;
Permitir una reformulación de las hipótesis de intervención del actual SENAME (futuro Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia) y Policías y;
Contar con acciones y procedimientos judiciales para la protección universal de los derechos de los niños y no solo de los que son objeto de protección especial.
En el mismo sentido, han planteado preocupación y disconformidad con la no derogación de la Ley de Menores en el texto del proyecto de ley, el Consejo de Defensa del Niño, la Protectora de la Infancia y la Corporación Opción.
Erradicación de la violencia contra NNA
La prohibición explícita absoluta de toda forma de maltrato o violencia contra NNA ha sido planteada principalmente por la ROIJ, el Consejo de Defensa del Niño, UNICEF y Corporación Opción. Uno de los principales fundamentos señalados, dice relación con el alto índice de violencia que existe contra los NNA, lo que para la ROIJ da cuenta de una grave realidad que requiere consideración especial y prioritaria a nivel legal, así como, la obligación estatal de generar una política pública en esa materia.
Sobre esta materia, UNICEF, plantea la necesidad de incluir en el proyecto:
La prohibición expresa de toda forma de violencia, según lo definido por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas20.
La obligación de crear una Política Nacional de prevención y respuesta a la violencia en contra de los NNA, supervisada por el Sistema de Protección Nacional de la Infancia, con el objeto de disponer de información estadística en la materia, metas e indicadores para medir avances o proponer modificaciones legales, etc.
Catálogo de derechos protegidos
El listado de derechos protegidos que propone el proyecto de ley en su artículo 4, ha sido objeto de observaciones de la ROIJ, UNICEF y la Fundación para la Confianza.
La ROIJ sugiere reformular el artículo 4 de la iniciativa, por estimar que carece de significado, justificación y utilidad jurídica, en atención a los siguientes argumentos:
Necesidad de explicar la lógica e intención del proyecto al seleccionar solo algunos derechos a proteger y dejar fuera otros. La no inclusión de algunos derechos representa una sensible omisión en relación a los conflictos de la sociedad chilena con los derechos de niños y adolescentes. Por ejemplo:
Se incluye el derecho a la libre asociación (letra g), pero no el derecho de reunión;
Se incluye el derecho a la honra (letra h), pero no el derecho a la vida privada y a la intimidad;
Se incluye el derecho a ser protegido contra todas las forma de explotación y abuso (letra p), pero no el maltrato y tampoco el abandono u otras formas de descuido o negligencia;
Se incluye el derecho a la igualdad de oportunidades (letra k), el que no es reconocido en el derecho internacional y que no responde al principio de igualdad (comúnmente identificada con la “igualdad ante la ley”), sino que solo constituye uno de sus posibles aspectos.
La garantía de respeto a la integridad física y psíquica (letra a) debería complementarse con la prohibición absoluta de toda forma de maltrato o violencia sobre los NNA, en consideración a que los índices presentados en informes de UNICEF y otras instituciones especializadas, dan cuenta de una grave realidad que requiere consideración especial y prioritaria.
El derecho a la libertad personal, ni las garantías de los NNA privados de libertad o sujetos a internación por cualquier causa, sea por medida de protección, medida cautelar o sanción;
Los derechos especiales de NNA pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o de origen indígena.
En el mismo sentido, UNICEF, plantea la necesidad de precisar el criterio de selección utilizado por el ejecutivo respecto del listado no exhaustivo de derechos que se propone en el artículo 4, así como, de modificar la expresión de su encabezado que dispone “entre los cuales cabe mencionar”, por considerarla de poca fuerza normativa y que da cuenta de la indefinición del criterio de selección de los derechos.
Al respecto, UNICEF hace presente la existencia de derechos básicos, reconocidos en la CDN y omitidos en el listado del artículo 4: derecho de los niños que pertenecen a minorías culturales (niños indígenas); derechos de los niños a la reunificación familiar (niños migrantes) y; derechos de los niños a acceder a un sistema de justicia especializada (adolescentes en conflicto con la ley penal).
Modificar el encabezamiento del artículo 4, que señala que se trata de derechos que “en la ejecución de la presente ley se deberá velar por la protección”, lo que parece eludir los deberes del Estado y sus organismos de respetar, proteger, garantizar y promocionar los derechos de NNA.
Explicar por qué no se señala expresamente, como fuente normativa de dichos derechos a la Convención de Derechos del Niño, como si lo hace el artículo 1, y en su lugar señalar genéricamente a los Tratado Internacionales.
Se formulan reparos por parte de la ROIJ, la Corporación Opción y la Fundación para la Confianza, respecto de la pertinencia de incluir deberes de los NNA en un cuerpo legal de este tipo, vinculado a la protección de derechos humanos de los mismos.
La ROIJ propone la supresión del artículo 7 del proyecto de ley referido a los “deberes de los niños” por considerar improcedente su referencia en una ley de este tipo. Ello, pues, el reconocimiento que el Estado debe hacer a los derechos que los seres humanos tienen incondicionalmente por el sólo hecho de ser personas (derechos humanos), no conlleva otro deber correlativo que el de respetar los derechos de los demás.
Si, además, tales “deberes” de los niños, sostiene la ROIJ, no son condición de para el respeto de los derechos (como señala el mismo inciso 2 del artículo 7), su inclusión resulta inocua, reflejo de un prejuicio o bien, tiene por objeto abordar una problemática social propia de otra iniciativa legal.
Principios del Proyecto de Ley
El artículo 8 del proyecto de ley contempla un listado de los principios que deberán observarse en la ejecución de la ley, junto al principio del interés superior del niño.
UNICEF sugiere agregar los siguientes principios:
Principio de prioridad a favor de los derechos de los niños. Implica la obligación del Estado de:
Proveer atención inmediata y prioritaria a todo NNA que lo solicite;
Dar prioridad a la organización y diseño de las políticas sectoriales para que permitan la implementación de las políticas de la infancia y;
Otorgar prioridad a la asignación de recursos públicos en las partidas de los órganos del Estado y en la Ley de Presupuesto de la Nación.
b) Principio de inclusión, considerado como un principio más intenso que el de no -discriminación arbitraria, pues se focaliza a la inclusión social de los niños valorizando sus diferencias (de sexo, género, nacionalidad, origen étnico, etc.).
Por su parte, la ROIJ plantea la necesidad de hacer operativo el principio de participación de NNA, el que incluye el derecho a expresar opinión, ser oído, ser tomado en cuenta, entre otros y se relaciona íntimamente con el principio de autonomía progresiva, según el cual los NNA pueden ejercer directa y personalmente los derechos que gozan según su edad y madurez.
Finalmente, la Fundación para la Confianza hace presente la importancia de profundizar algunos conceptos, entre ellos el principio del interés superior del niño, que el artículo 8 considera pero no define.
Sistema Nacional de Protección de la Infancia y ámbito institucional
El SNPI contemplado en el artículo 11 del proyecto de ley, es una temática que ha sido objeto de observaciones por todos los actores que recoge este Informe. Junto a éste, existen otros tópicos relacionados con la institucionalidad que se incluyen en esta parte del informe.
a. Sistema Nacional de Protecció0n de los Derechos de NNA (SNPI)
En opinión de UNICEF, el SNPI presenta debilidad en las siguientes tres temáticas:
- Concepción restrictiva del SPNI
Se critica que el SPNI se reduzca a “un sub-sistema para el desarrollo, coordinación y supervisión de las políticas sociales de infancia impulsadas por los órganos de la administración del Estado”, ya que ello impide una mirada global del Estado de Chile en materia de infancia, y deja fuera a otros Ministerios (Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Cultura), al poder legislativo y judicial, así como, a otros órganos autónomos, como el Ministerio Público.
Ello impide incluir metas y prácticas para el respeto de los derechos de los niños tales como: crear procedimientos de participación de NNA en el proceso de formación de la ley, revisar los procedimientos judiciales en los que intervienen NNA para garantizar que éstos sean oídos o modificar patrones culturales para erradicar toda violencia contra los niños.
- Ausencia de recursos para Municipalidades
Se sugiere contemplar la transferencia de recursos a las municipalidades, para que su inclusión en el SPNI no sea letra muerta. El proyecto, sostiene UNICEF, si bien aumenta las exigencias de intervención a los municipios en materia de protección integral, no contempla la dotación de recursos adicionales a los mismos.
- Débiles mecanismos de supervisión del SPNI
Se propone incluir tres instrumentos de supervisión adicionales:
Mecanismos administrativos de supervisión semi-autónomos y técnicos, como comisiones interinstitucionales de supervigilancia de centros privativos de libertad y residencias.
Creación del Defensor de Niño como institución autónoma e independiente, dedicada a promover y defender los derechos de los NNA (recibir denuncias, emitir recomendaciones, participar en debate legislativo, proponer medidas nacionales o comunales para mejorar la defensa de los derechos de NNA y dar seguimiento a temáticas particulares como trabajo infantil, prostitución, violencia contra los niños, etc.)
Obligación del poder ejecutivo de informar al Congreso Nacional sobre la situación de los NNA y políticas adoptadas.
Por su parte la ROIJ considera que el SPNI es un sistema débil que mantiene dentro de un eje asistencial ligado a la infancia vulnerable y no a la protección jurídica de derechos fundamentales que supone un proyecto de esta naturaleza. Por ello propone:
Mejorar definición del SNPI del artículo 11 por algo cualitativamente más sustantivo y complejo que un “mero instrumento de coordinación de la gestión de los órganos de la Administración del Estado”.
Dotar al SPNI de órganos y atribuciones generales y especiales, y de una normativa vinculante que conecte transversal e intersectorialmente los órganos del Estado y entidades colaboradoras de la sociedad civil.
Asegurar recursos públicos para la puesta en marcha del SNPI y su efectivo funcionamiento.
Por su parte, la Dirección de Protección de la Familia de Carabineros de Chile, propone incluir a dicha institución en la composición del SNPI, para asegurar la ejecución coherente de los derechos de los NNA.
CODENI plantea su preocupación por la concepción del Ministerio de Desarrollo Social que presenta el proyecto, con un carácter de coordinador del sistema y no como la autoridad administrativa con potestad suficiente para definir políticas de protección a la infancia y requerir a los servicios del Estado a nivel nacional y local (incluida la Policía) el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en materia de infancia.
Asimismo, CODENI, propone la creación de un Sistema de Prevención, como un eje de la política pública para la infancia y adolescencia y, de un Observatorio de Infancia permanente, para el seguimiento de la implementación de las políticas.
Finalmente, la Corporación Opción, estima incompleto la conceptualización que el proyecto hace del Sistema de Protección Nacional de la Infancia como un instrumento de coordinación de la gestión, pues debe considerarse como un conjunto de órganos y servicios, planes y programas referidos a la infancia, con mecanismos de efectividad administrativos y judiciales, nacionales, regionales y locales, así como, con un órgano especializado para la conducción del sistema y medidas especiales y/o de urgencia claramente reguladas.
b. Regulación función policial
Se plantea por UNICEF y Corporación Opción, la necesidad de adecuar las normas relativas a la regulación de las Policías, hoy regulada en la Ley de Menores.
En lo particular, señala UNICEF, con la derogación de la Ley de Menores debiese reformularse la regulación de las Policías, considerando los siguientes aspectos:
Dotar a las policías de unidades para protección de niños con personal y recursos suficiente y formación en derechos de NNA, además de una formación permanente general en la materia.
Exigir a las policías la generación, revisión y publicación de protocolos para velar por el respecto de los derechos de NNA, aplicable en todo procedimiento judicial en el que se vea involucrado un NNA.
c. Consejo Nacional Consultivo para Niños
Respecto del Consejo Nacional Consultivo para Niños (Título V) la ROIJ propone las siguientes modificaciones:
Reformularlo para propiciar mayor participación de los NNA mediante sus organizaciones y redes representativas;
Añadir, a su composición, a órganos como Cabineros de Chile, Policía de Investigaciones y asociación es representativas de la judicatura.
Descentralizar territorialmente su estructura y asegurar que sus deliberaciones y acuerdos sean tomados en cuenta por las autoridades ejecutivas.
d. Funciones del Estado
Se propone por la ROIJ, modificar el artículo 6 referido a los deberes del Estado, con el objeto de priorizar y fortalecer su rol de garante de los derechos de NNA. Para ello se sugiere llevar la letra d) del inciso 4 del artículo 6 a la definición que se da al rol del Estado, para reemplazar el deber de “impulsar políticas públicas” por “asegurar el goce efectivo de los derechos de los niños”.
e. Situación de las Municipalidades
Se destaca por varias de las instituciones, la ausencia de recursos asignados a las Municipalidades versus las nuevas responsabilidades que se le asignan.
Al respecto, Carabineros de Chile, estima que las Municipalidades no poseen estructura adecuada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En lo específico, en el artículo 20 se les exige dar cuenta de las medidas y formas adoptadas para el cumplimiento de la Ley de Protección de Derechos. Al respecto, señala Carabineros que el porcentaje de NNA ingresados a los Municipios por el llamado Programa de Seguridad Integrada 24 Horas, asciende al 72.3%, mientras que el porcentaje de NNA atendidos por los Municipios solo alcanza el 27,7%. A lo anterior se añade un aumento sostenido tanto de los NNA ingresados como de los atendidos. Lo anterior muestra, según el cuerpo policial, la incapacidad de los Municipios para cubrir la demanda de NNA derivados por ellos.
Por su parte UNICEF, sugiere contemplar la transferencia de recursos a las municipalidades, para que su inclusión en el SPNI no sea letra muerta. Ello ya que el proyecto de ley, si bien aumenta las exigencias de intervención a los municipios en materia de protección integral, no contempla la dotación de recursos adicionales a los mismos.
Acciones y procedimiento judiciales y administrativos
Para UNICEF, las acciones y procedimientos judiciales y administrativos son insuficientes para garantizar la protección especial (para niños en situación de vulnerabilidad) y la protección integral de derechos (para niños que sufren amenaza o violación de sus derechos, fuera del ámbito de la protección especial).
Por ello, plantea como estructura mínima de garantías administrativas y judiciales, la existencia de las siguientes acciones y procedimientos:
En sede judicial:
Acciones y procedimientos para la protección especial: La ley debe contemplar la regulación de las medidas de protección que se decretan judicialmente, hoy dispersas en Ley de Tribunales de Familia, de Menores y otros cuerpos legales. Deben ajustarse a los principios y derechos reconocidos por la ley, esto es, carácter no tutelar, revisión judicial, promoción del contacto con el medio familiar y excepcionalidad de medidas en residencia, contacto con la escuela y la comunidad, etc.
Acciones y procedimientos sensibles a las necesidades de los NNA para la protección integral de sus derechos: Debe asegurarse a todo NNA el derecho a interponer, por sí o a través de su representante legal, acciones judiciales para la protección de sus derechos ante el tribunal correspondiente.
En sede administrativa:
Recurso de reclamación administrativo sensible a las necesidades de los NNA: Debe asegurarse a todo NNA el derecho de reclamar o denunciar la vulneración de sus derechos, por sí o a través de su representante legal, ante cualquier autoridad y a obtener dentro de un plazo breve respuesta formal.
Deben contemplarse espacios de reclamación y respuesta directa, más que un órgano particular que concentre el procedimiento y los reclamos, como propone el proyecto. De prosperar esta última modalidad, el organismo a cargo debiera corresponder a un órgano autónomo e independiente especializado en la defensa y protección de los derechos de los niños en general, como lo podría ser el Defensor del Niño, figura que no contempla la iniciativa de ley. Ya que, sostiene Unicef, ni el Ministerio de Desarrollo Social ni el futuro Servicio Nacional de Protección a la Infancia son especialistas en protección integral sino solo en materia de protección especial (medidas de protección).
Por su parte, la Dirección de la Familia de Carabineros de Chile, critica la ausencia de una definición respecto a las competencias de los órganos a los que corresponderá resolver las solicitudes administrativas que regula el Título IV, específicamente en cuanto a quien y qué resuelve. Así, la norma propuesta (artículo 12 inciso 2) señala que las solicitudes serán interpuestas ante el Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional de Menores o el que lo reemplace “sin perjuicio de las competencias y atribuciones de los demás órganos de la Administración del Estado”.
En opinión de Carabineros de Chile, esta indefinición puede generar confusión o superposición de facultades con los Tribunales de Justicia o Carabineros de Chile, respecto a la ejecución o cumplimiento de las respectivas órdenes.
Finalmente, en conformidad a la labor y misión constitucional que corresponde a Carabineros de Chile, dicha institución propone que se les incluya en la discusión del Reglamento que regulará el procedimiento administrativo de protección de los derechos de los niños (art. 15).
Relación con otras iniciativas legales
Finalmente, y respecto de la necesidad de concordar el proyecto de ley con otras materias e iniciativas relacionadas, la ROIJ propone:
Financiamiento fiscal para asegurar la existencia e implementación de mecanismos efectivos de promoción, protección y garantía de los derechos.
Modificaciones necesarias y pendientes de la Ley N° 20.032 sobre Atención a la Niñez y Régimen de Subvenciones.
Discusión del proyecto de ley que divide los servicios actualmente reunidos en Sename (Boletín N° 8487-07), para asegurar que los nuevos Servicios Nacionales de Protección de la Infancia y Adolescencia y Responsabilidad Penal Adolescente, queden regladas por la futura Ley de Protección, como “ley marco”.
Incluir en la agenda legislativa un proyecto de ley de Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, como un órgano público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la promoción, protección y defensa de los derechos de los NNA.
1 Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y promulgada en Chile, por el Decreto N° 830 de 27 de noviembre de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2 Beloff, Mary. Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina (1989-2006), versión corregida del artículo publicado en las tres ediciones de “Infancia, ley y democracia en América Latina, Bogota, Temis, 2004.
3 Comité de Derechos del Niño. Observaciones finales: Chile. 23 de abril de 2007. Disponible en: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.CHL.CO.3.Sp?OpenDocument (Junio, 2013).
4 La iniciativa de los Senadores: Camilo Escalona, Soledad Alvear y Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz Aburto y Patricio Walker.
5 Senado. Sesión especial 83ª, miércoles 12 de diciembre de 2012. Disponible en http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&listado=1&ac=listado≤gi=483 (Junio, 2013).
6 Según señalan los antecedentes de la Moción, el Bloque por la Infancia se conforma por: la Campaña movilizándonos por una cultura integral de derechos, la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile ROU, Asociación chilena Pro Naciones Unidas ACHNU, Corporación Opción, Corporación de Servicios Poblacionales La Caleta, Fundación Hogar de Cristo, Corporación Programa de Atención a Niños y Jóvenes Chasqui, Aldes Infantiles SOS Chile, Fundación Marista por la Solidaridad Internacional FMSI, Corporación ONG Raíces, Consejo de Defensa del Niño, Fundación Mi Casa, La Protectora, Corporación Colectivo Sin Fronteras, Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Central, ONG Paicabí y la Fundación para la Confianza.
7 Iniciativa de los Diputados: Issa Kort, María Angélica Cristi y Mónica Zalaquett. Disponible en: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdo_detalle.aspx?prmID=3371 (Junio, 2013).
8 Iniciativa de los Senadores: Juan Pablo Letelier Morel, Patricio Walker Prieto, Lily Pérez San Martín, Francisco Chahuán Chahuán, Hernán Larraín Fernández, Hosaín Sabag Castillo y Eugenio Tuma Zedán.
9 Las presentaciones del Seminario se encuentran disponibles en: http://www.academiaparlamentaria.cl/detActividad.aspx?idActividad=36 (Junio, 2013).
10 En base a presentación del representante de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile – ROIJ, Movilizándonos ante la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados y el documento entregado a la Comisión “Planteamientos fundamentales en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8.911-18”. Mayo 2013.
11 En base a presentación de la Dirección de la Familia de Carabineros de Chile ante la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados y el documento entregado a la Comisión “Proyecto de Ley de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8.911-18”. Mayo 2013.
12 En base a presentación de CODENI ante la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados y Minuta entregada a la Comisión, en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8.911-18. Mayo 2013.
13 En base a Minuta de La Protectora de la Infancia presentada a la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados, en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8.911-18. Mayo 2013.
14 En base a presentación de UNICEF ante la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados y documento entregado a la Comisión, en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8.911-18. Mayo 2013.
15 En base a presentación de Corporación Opción, ante la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados, en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8.911-18. Mayo 2013.
16 En base a presentación de Fundación para la Confianza, ante la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados, en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8.911-18. Mayo 2013.
17 Contenida en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2000 del Ministerio de Justicia.
18 Al respecto ha sido señalado por la Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social la intención de incorporar la derogación de la Ley de Menores via indicaciones al proyecto de ley.
19 Elaborado por la mesa intersectorial estado-sociedad civil, convocada por el Ministro de Desarrollo Social y que funcionó entre octubre de 2011 y mayo de 2012. En documento “Planteamientos fundamentales en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” presentado por la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile – ROIJ, Movilizándonos a la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados, Boletín Nº 8911-18”. Mayo 2013.
20 Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Observaciones N° 13 trato negligente, violencia mental y física, castigo corporal (incluso el “leve” y dentro del hogar), abuso y explotación sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia a través de los medios de comunicación social. En presentación UNICEF, ante la Comisión de Familia de la H. Cámara de Diputados de 22 de mayo de 2013, en relación con el Proyecto de Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Boletín Nº 8911-18. Mayo 2013.
Elaborado para la Comisión Permanente de Familia de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, Boletín 8911, en Primer Trámite.
Biblioteca del Congreso Nacional. Paola Truffello G., Asesoría Técnica Parlamentaria. ptruffello@bcn.cl, Anexo: 3185. 04/06/2013.