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Timestamp: 2019-01-21 19:55:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 152', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 761', 'artículo 758', 'artículo 414', 'artículo 152', 'artículo 153', 'artículo 472', 'artículo 153', 'artículo 464', 'artículo 152']

DERECHO PROCESAL CIVIL: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre el abandono del procedimiento en el juicio ejecutivo? – La Ley al Día
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DERECHO PROCESAL CIVIL: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre el abandono del procedimiento en el juicio ejecutivo?
1. Corte Suprema. Plazo de tres años para declarar el abandono del procedimiento ejecutivo. Para que proceda el abandono del procedimiento ha de ser posible aún la realización de gestiones útiles en el procedimiento. Improcedencia de solicitar desarchivo de expediente para continuar con un procedimiento agotado.
2. Corte Suprema. Cómputo del período de cesación en la prosecución del juicio en el procedimiento ejecutivo desde cualquier gestión útil realizada en el cuaderno de apremio. Solicitud de tasación del inmueble constituye una gestión útil. Improcedencia de computar el período de cesación en la prosecución del juicio en el procedimiento ejecutivo desde la notificación de la resolución recaída en la gestión útil realizada en el cuaderno de apremio.
3. Corte Suprema. Abandono del procedimiento constituye una sanción para la inactividad de las partes. Plazo de inactividad de tres años supone la existencia, en un juicio ejecutivo, de una sentencia definitiva ejecutoriada o el transcurso del plazo para oponer excepciones. Improcedencia de aplicar el plazo de inactividad de tres años si está pendiente de resolución excepción opuesta a la ejecución.
Acción ejecutiva hipotecaria. Plazo de tres años para declarar el abandono del procedimiento ejecutivo. Para que proceda el abandono del procedimiento ha de ser posible aún la realización de gestiones útiles en el procedimiento. Finalidad del juicio ejecutivo se agota con la realización del inmueble embargado y el pago de la suma obtenida al acreedor. Improcedencia de solicitar desarchivo de expediente para continuar con un procedimiento agotado. Anulación de oficio.
Ver Cita Online: CL/JUR/5559/2018
El ejecutante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revocó la resolución de primer grado, declarando abandonado el procedimiento. La Corte Suprema, actuando de oficio, invalida la sentencia de la Corte de Apelaciones y todo lo obrado en primera instancia desde la resolución recaída en la solicitud de abandono del procedimiento en adelante, proveyendo dicha presentación y rechazándola de plano por encontrarse agotado el procedimiento.
TERCERO: (…)
Como puede advertirse, aunque no lo diga de manera explícita acaso por lo obvio que resulta para que proceda el abandono del procedimiento ha de ser posible aún la realización de gestiones útiles en el procedimiento.
Dicha utilidad ha de mensurarse necesariamente a la luz de la finalidad del proceso en el que tiene lugar la gestión. Y la pregunta puede plantearse de la siguiente manera: ¿se trata de una gestión que posibilita el avance del procedimiento hacia la finalidad que le reconoce el ordenamiento jurídico?
CUARTO: Que esta idea debe contextualizarse en el procedimiento que consta en estos autos. Se trata de un procedimiento cuya finalidad es la realización de un inmueble con el objeto de que el acreedor hipotecario se pague de los créditos caucionados por dicho gravamen real.
De este modo, una vez que se haya realizado el inmueble, lo que resta es el pago de la suma obtenida al acreedor. Una vez que esto ha sucedido, ha de estimarse que la finalidad del procedimiento se ha agotado.
QUINTO: Que una vez que el bien ha sido rematado y el resultante retirado por el acreedor, resulta perfectamente posible que su crédito no se encuentre completamente pagado. Eso es, precisamente lo que el demandante reclama en estos autos. Sin embargo, como ya ha quedado dicho, con fecha 31 de mayo de 2017 dicho demandante solicitó el desarchivo, con el fin de continuar el procedimiento en virtud del saldo que aún se le adeudaba. Y aquí se percibe un error difícil de soslayar; indicó el demandante que el propósito de su desarchivo era continuar el procedimiento, aparentemente para obtener el pago del saldo adeudado.
Sin embargo, como ya ha quedado dicho, en ese procedimiento se subastó el inmueble y el demandante retiró la totalidad de la suma obtenida. Siendo de esta manera, el procedimiento se agotó, por lo mismo, no puede continuarse.
SEXTO: Que, al comprender el error del demandante, a la vez, se comprende el error tanto del tribunal de instancia como el de alzada, aunque ambos hayan fallado en sentidos contradictorios. En efecto, el primero de ellos consideró que el actor había realizado gestiones útiles para obtener el cumplimiento compulsivo de la obligación, no procediendo por tanto el abandono del procedimiento alegado por la ejecutada, y el otro consideró que no hubo gestiones útiles, acogiendo el incidente especial. Pero, al fallar de esta manera, ambos asumieron lo que se ha demostrado como incorrecto, y es que ese procedimiento podría haber continuado.
No podía. Y la razón, como ya ha quedado dicho, es que se había agotado su finalidad. Para comprender con absoluta claridad esta idea, asumiendo que quedaran créditos insolutos, conviene preguntarse: ¿con cargo a qué podrían pagarse en este procedimiento? La respuesta, desde luego, no podría ser con cargo al inmueble que se subastó. Y el punto es que, en este procedimiento, no existía ningún otro bien. (…)
OCTAVO: Que, según ha quedado consignado entre los considerandos segundo a sexto, tanto el tribunal de instancia como el de alzada resolvieron la cuestión sujeta a su consideración como si el procedimiento aún pudiera continuar. No era así. Por las razones que ya han quedado explicitadas en los considerandos mencionados, el procedimiento había finalizado.
Se trata, entonces, de un error en la tramitación de carácter insubsanable.
NOVENO: Que, en razón de los errores en la tramitación del proceso reseñados en el motivo anterior, de conformidad con el inciso final del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte se encuentra facultada para corregirlos de oficio, debiendo disponerse lo pertinente para arreglar la sustanciación de la causa conforme a derecho, según se dirá en lo resolutivo.
Incidente de abandono del procedimiento. Plazo para el abandono del procedimiento en los procedimientos no ejecutivos y en los procedimientos ejecutivos. Cómputo del período de cesación en la prosecución del juicio en el procedimiento ejecutivo desde cualquier gestión útil realizada en el cuaderno de apremio. Cesación de las partes en la prosecución del juicio. Cesación de las partes en la prosecución del juicio. Pasividad del litigante tiene que ser culpable. Exigencia que el litigante esté en condiciones de interrumpir efectivamente la suspensión en la tramitación del procedimiento. Solicitud de tasación del inmueble constituye una gestión útil. Improcedencia de computar el período de cesación en la prosecución del juicio en el procedimiento ejecutivo desde la notificación de la resolución recaída en la gestión útil realizada en el cuaderno de apremio.
Ver Cita Online: CL/JUR/7181/2017
En el marco de un juicio ejecutivo de desposeimiento, el demandado solicita la declaración de abandono del procedimiento. Este incidente es acogido por el tribunal de primer grado, veredicto que la Corte de Apelaciones confirma. El demandante interpone recurso de casación en el fondo, el que será acogido por la Corte Suprema, que anula el fallo impugnado y dicta otro de reemplazo, revocando lo resuelto por el juzgado civil y rechazando, en definitiva, el incidente de abandono del procedimiento.
SÉPTIMO: Que, en efecto, con razón se ha sostenido tanto por la doctrina procesal como por la jurisprudencia que el abandono del procedimiento constituye una sanción al litigante negligente que no realiza las actuaciones conducentes a que el pleito que él ha promovido mediante el ejercicio de una acción quede en estado de ser resuelto por el tribunal, inactividad que debe también extenderse a todas a las demás partes del juicio.
En los procedimientos que no tienen naturaleza ejecutiva, la ley ha estimado suficiente mantener el estado de incertidumbre respecto de la titularidad de un derecho, que supone la solicitud de que éste sea declarado a través de un pronunciamiento jurisdiccional mediante la interposición de una demanda judicial, por un período máximo de seis meses y así lo consagra en el artículo 152 del Código de Procedimiento citado.
Ahora bien, si el procedimiento tiene naturaleza ejecutiva, esto es, si la acción que se deduce está sustentada en un título al que la ley le reconoce la virtud de dar cuenta de la existencia de una obligación no discutida, resulta natural que la misma ley, que ha reconocido la existencia indubitada del derecho que se reclama o, dicho de otro modo, la ausencia de la incertidumbre a que se ha hecho referencia en el párrafo precedente, establezca un plazo para declarar el abandono del procedimiento sustancialmente superior, optando por los tres años del inciso 2º del artículo 153 antes aludido.
OCTAVO: Que conforme a lo dicho debe dejarse establecido que el sentido del artículo 153 tantas veces citado, claramente manifestado en el tenor literal del mismo, deja ver que el plazo durante el cual las partes deben cesar en la prosecución del juicio de tres años no debe contarse desde una resolución sino que desde cualquier clase de gestión realizada en el cuaderno de apremio del deudor ejecutado, la cual debe tener, por sí sola o conjuntamente con otras gestiones posteriores, la virtud de permitir al demandante alcanzar el cumplimiento de la obligación que se ha declarado mediante la sentencia definitiva o que consta indubitadamente en un título ejecutivo diferente. (…)
DÉCIMO: Que despejado lo anterior y atento a lo expresado, ha de dilucidarse ahora si la gestión invocada por el recurrente ha tenido la virtud que aquel le atribuye y, consecuencialmente, ha provocado la interrupción del término referido en los acápites que preceden. Al efecto basta con constatar que el demandante el 31 de julio de 2013 solicitó la tasación del inmueble, actuación que indefectiblemente debe ser considerada gestión útil realizada en el procedimiento de apremio y destinada a continuar la tramitación del proceso a fin de obtener el cumplimiento forzado de la obligación, pues el remate del bien raíz no podrá tener lugar sino en tanto se dé cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 761 del Código de Procedimiento Civil, atendido que no puede perderse de vista que el procedimiento sobre el que versa la litis es aquel que reglamenta el artículo 758 del cuerpo legal citado, cuyo objetivo final es que este tercero poseedor de la finca hipoteca pague o bien se le desposea de la misma para proceder a su venta, diligencia que solo podrá verificarse en el caso de no haberse apersonado al juicio de desposeimiento el deudor personal, previa tasación del predio por parte de peritos nombrados por el tribunal en los términos del artículo 414 del cuerpo de leyes citado. Tal exigencia debe vincularse con lo preceptuado en los artículos 2397 y 2424 del Código Civil que confiere al acreedor hipotecario el derecho a pedir que se venda en pública subasta el inmueble para ser pagado con su producto o bien que ante la falta de postores, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta la concurrencia de su crédito.
UNDÉCIMO: Que conforme lo expuesto, entonces, a partir del 31 de julio de 2013 debe contarse el plazo de tres años en cuestión, sin que sea óbice a dicha conclusión la circunstancia alegada por el demandado referida a la falta de notificación de tal resolución, pues además de no ser efectivo este aserto consta que tal diligencia se cumplió el 30 de mayo de 2014 tal argumento no tiene incidencia para restar utilidad a la gestión, pues como se ha resuelto en otras oportunidades por esta Corte el efecto de las resoluciones judiciales para el cumplimiento de lo que ellas disponen se refiere a una situación distinta a la planteada en autos, toda vez que los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil establecen reglas precisas para entender desde cuando se entiende abandonado el procedimiento, indicando el primero que lo es desde que las partes han cesado en la prosecución del juicio durante seis meses contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil y, el segundo, que es aplicable en la especie, que él se entiende abandonado cuando transcurren tres años contados desde la fecha de la última gestión útil hecha en el cuaderno de apremio, de modo que dichas actuaciones, para estos efectos, no requieren de notificación (Fallos del Mes Nº 443, sentencia N 9, páginas 1385 y siguientes).
Cobro ejecutivo de facturas. Abandono del procedimiento constituye una sanción para la inactividad de las partes. Plazo de inactividad de tres años supone la existencia, en un juicio ejecutivo, de una sentencia definitiva ejecutoriada o el transcurso del plazo para oponer excepciones. Improcedencia de aplicar el plazo de inactividad de tres años si está pendiente de resolución excepción opuesta a la ejecución.
Ver Cita Online: CL/JUR/4653/2017
El ejecutante interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó la resolución de primer grado, la cual acogía el incidente de abandono del procedimiento. La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.
TERCERO: Que el instituto en referencia se encuentra normado en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil.
Tal institución de carácter procesal constituye una sanción para el litigante que, por su negligencia, inercia o inactividad, detiene el curso del pleito, impidiendo con su paralización que éste tenga la pronta y eficaz resolución que le corresponde.
De acuerdo a lo establecido en el recién citado artículo 152, el abandono tiene lugar cuando “todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”, estatuyéndose también, en el mencionado artículo 153, que “en los procedimientos ejecutivos el ejecutado podrá, además, solicitar el abandono del procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia definitiva o en el caso del artículo 472. En estos casos, el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de tres años contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, destinada a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones, en su caso”.
CUARTO: Que de lo preceptuado en las normas recién enunciadas se concluye que la posibilidad de considerar el lapso de inactividad de tres años a que se refiere el inciso segundo del artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Civil supone la existencia, en un juicio ejecutivo, de una sentencia definitiva ejecutoriada o el transcurso del plazo para oponer excepciones, hipótesis que no se condicen con lo obrado en el proceso, en tanto consta a fojas 91 que la recurrida opuso a la ejecución la excepción del Nº 7 del artículo 464 del citado texto procesal y que, a la data de interposición del incidente de abandono de procedimiento, esa defensa todavía no había sido resuelta, rigiendo, en tales condiciones, lo estatuido en el artículo 152 del mencionado Código, de modo que al razonar sobre la base de dicha norma los jueces no incurren en el error de derecho que se les atribuye.