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Timestamp: 2020-01-21 03:01:24
Document Index: 232090202

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 97', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 180', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 193', 'artículo 97', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 35', 'artículo 93', 'artículo 185', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 185', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 184']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 236, de 25/09/2001
Serie D: 25 de septiembre de 2001 Núm. 236 GENERAL
130/000022 Real Decreto-ley 13/2001, de 5 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los episodios de lluvias intensas acaecidos en los meses de febrero y marzo de 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Convalidación ... (Página 3)
Pleno 162/000263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de una red ciclista básica estatal.
Enmiendas. Aprobación con modificaciones ... (Página 7)
162/000342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la presidencia española de la Unión Europea. Rechazo por el Pleno de la Cámara, así como enmiendas formuladas ... (Página 8)
162/000345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 10)
Comisión de Defensa 161/000488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas complementarias de protección social y sanitaria de los participantes en operaciones de paz en el exterior. Retirada ... (Página 10)
161/000612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al personal participante en las operaciones de paz en los Balcanes. Retirada ... (Página 10)
161/000667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno sobre actuaciones de mantenimiento y conservación de las baterías militares en la Costa de Cartagena (Murcia). Retirada ... (Página 10)
Comisión de Infraestructuras 161/000520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación inmediata del Plan Director del aeropuerto de Málaga. Retirada ... (Página 10)
Urgentes 172/000114 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto ... (Página 10)
172/000115 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sanitario, garantías farmacéuticas y de consumo en España ... (Página 11)
172/000116 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la situación de la economía española ante la evolución reciente de la coyuntura económica internacional ... (Página 12)
Urgentes 173/000079 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actuaciones del Gobierno en orden a modificar la legislación que rige las relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y la Iglesia Católica. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 13)
173/000080 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes que para las familias españolas representa el comienzo del curso escolar.
Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 15)
173/000081 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Pacto de Estado por la Justicia. Texto de la moción, así como enmienda formulada. Aprobación con modificaciones ... (Página 16)
130/000022
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 13/2001, de 5 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los episodios de lluvias intensas acaecidas en los meses de febrero y marzo de 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. expte. 130/000022).
REAL DECRETO-LEY 13/2001, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS EPISODIOS DE LLUVIAS INTENSAS ACAECIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2001 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
La continuidad de tales fenómenos adversos, más allá de las fechas mencionadas, hacen necesario, por aplicación de los principios de equidad e igualdad de trato, aprobar de nuevo, y para las provincias afectadas, un conjunto de medidas concordantes con las adoptadas por los Reales Decretos-leyes mencionados, que permitan el restablecimiento de los servicios y la reparación de daños producidos y favorezcan la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas por el temporal, al tiempo que establecer los procedimientos para garantizar, de manera rápida y flexible, la financiación de los gastos que se deriven de las actuaciones reparadoras y rehabilitadoras a ejecutar.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía, y de los Ministros de Hacienda; Trabajo y Asuntos Sociales; Agricultura, Pesca y Alimentación; Presidencia; de Administraciones Públicas, y de Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de agosto de 2001,
3. A los proyectos que ejecuten las Entidades locales en los términos municipales o núcleos de población, a los que se refieren los apartados anteriores, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios contemplados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y a la red viaria de las Diputaciones Provinciales, se les aplicará el trámite de urgencia, pudiendo concedérseles por el Estado una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste.
Se faculta a los titulares de los Departamentos ministeriales, competentes por razón de la materia, para declarar zona de actuación especial las áreas afectadas, con objeto de que dichos Departamentos, sus Organismos autónomos y Entidades públicas dependientes de los mismos, en el ámbito de sus competencias, puedan llevar a cabo las restauraciones que procedan.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en los términos municipales y núcleos de población que determine la Orden a dictar en desarrollo del artículo 1 del presente Real Decreto-ley, y conforme a las previsiones contenidas en el artículo 35, apartado 4.1, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, el Ministro de Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción, para el año 2001, de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden de 29 de noviembre de 2000, por la que se desarrolla para el año 2001 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa en los daños producidos por los episodios de lluvia e inundaciones, a los que se hace mención en el artículo 1, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. La autoridad laboral podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social en el primer supuesto mientras dure el período de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.
2. Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y los titulares de explotaciones agrarias incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una bonificación del 50 por ciento de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2001, ambos inclusive, y una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones, incluidas, en su caso, las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las de incapacidad temporal, correspondientes a los meses de febrero a julio de 2001, ambos inclusive, con derecho a devolución, en su caso, de las ya ingresadas.
Asimismo, se concede una bonificación del 50 por ciento de las jornadas reales correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2001, así como una moratoria de un año sin interés en el pago de las cuotas empresariales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, correspondientes a los meses de febrero a julio de 2001, ambos inclusive, con derecho a devolución, en su caso, de las ya ingresadas.
Las solicitudes de bonificación y moratoria de cuotas a que se refieren los párrafos anteriores de este apartado deberán presentarse dentro de los tres meses siguientes al de la publicación de la Orden ministerial que se dicte al respecto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la ejecución de lo establecido en el mismo.
Las ayudas a familias y unidades de convivencia económica por daños personales y materiales en sus viviendas y/o enseres de primera necesidad serán compatibles con las que, con igual objeto y por igual causa, puedan concederse a los beneficiarios por las Administraciones Autonómica o Local con cargo a su respectivos presupuestos, o correspondieran en virtud de laexistencia de pólizas de aseguramiento.
Se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO), en su condición de Agencia Financiera del Estado, para instrumentar una línea de préstamos por importe total de 1.000 millones de pesetas (6.010.121 euros), que podrá ser ampliado por el Ministerio de Economía en función de la evaluación de los daños y de la demanda consiguiente, utilizando la mediación de las entidades financieras con implantación en la Comunidad Autónoma afectada, suscribiendo con ellas los oportunos convenios de colaboración.
c) Interés: El tipo de cesión por el ICO a las entidades financieras será del 3 por ciento TAE, con un margen máximo de intermediación para las mismas de 0,75 por ciento. En consecuencia, el tipo final máximo para el prestatario será del 3,75 por ciento TAE.
La instrumentación de la línea de préstamos a que se refiere este artículo se lleva a cabo por el ICO en el ejercicio de las funciones a que se refiere la Disposición adicional sexta.dos.2, párrafo a), del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, y, en su virtud, el quebranto que para el ICO suponga el diferencial entre el coste de mercado de la obtención de recursos y el tiempo antes citado del 3 por ciento será cubierto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 1.3, hasta un importe de 500 millones de pesetas, con cargo al crédito que a estos efectos se habilite, con el carácter de incorporable, en los Presupuestos de dicho Departamento.
De igual modo, se faculta al titular del Ministerio de Administraciones Públicas para establecer el procedimiento para la concesión de las mencionadas subvenciones, su seguimiento y control en el marco de la cooperación del Estado a las inversiones de las Entidades locales.
Primera. Competencias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Tercera. Habilitación de créditos.
El presente Real Decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.a de la Constitución.
Dado en Madrid a 5 de septiembre de 2001.
162/000263
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de una red ciclista básica estatal (núm. expte. 162/000263), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 160, de 6 de abril de 2001.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2001.-P.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda de adición a la proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de una red ciclista básica estatal.
De adición al final del punto 1.
«En consecuencia el Gobierno promoverá, bien directamente en las vías de su competencia, o mediante los correspondientes acuerdos de colaboración con las Comunidades Autónomas y municipios para las vías que son de su ámbito competencial, las actuaciones
necesarias que permitan, en condiciones de calidad y seguridad, la práctica generalizada del deporte y el uso cotidiano de la bicicleta como medio ordinario de transporte individual.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de septiembre de 2001.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de una red ciclista básica estatal.
Madrid, 18 de septiembre de 2001.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
«El Congreso de los Diputados considera oportuno que el Gobierno participe con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, en el ámbito de competencia de éstas, en la elaboración de un estudio con objeto de dar viabilidad a una red ciclista de ámbito estatal y que, entre otros aspectos, contemple el inventario y descripción de todas las vías ciclistas interurbanas, un análisis de la demanda, las posibles interconexiones a nivel interestatal, los criterios técnicos de trazado y diseño de las vías que conformarán la red, así como la necesaria intermodalidad, la conectabilidad con las Vías Verdes y las rutas de la red ciclista europea "Eurovelo".»
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de una red ciclista básica estatal (núm. expte. 162/000263), ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a participar en las iniciativas que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten para elaborar un estudio con objeto de dar viabilidad a una red ciclista de ámbito estatal y que, entre otros aspectos, contemple el inventario y descripción de todas las vías ciclistas interurbanas, un análisis de la demanda, las posibles interconexiones a nivel interestatal, los criterios técnicos de trazado y diseño de las vías que conformarán la red, así como la necesaria intermodalidad, la conectabilidad con las Vías Verdes y las rutas de la red ciclista europea "Eurovelo".»
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la presidencia española de la Unión Europea (núm. expte. 162/000342), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 230, de 14 de septiembre de 2001.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre Presidencia española de la Unión Europea (núm. expte. 162/000342).
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2001.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Tras «... "insta al Gobierno", insertar:
A promover en el Consejo Europeo extraordinario del próximo 21 de septiembre la plena solidaridad de la Unión con EE.UU. ante los brutales atentados terroristas del 11 de septiembre.
A impulsar en el Consejo, y en coordinación con la Presidencia belga, las acciones que permitan descubrir y castigar a los culpables y el apoyo a una respuesta justa, legal y proporcionada que contribuya a la vez a la paz y la seguridad internacionales para las generaciones presentes y futuras.
A incorporar a las prioridades de la Presidencia española del Consejo medidas específicas que fortalezcan un compromiso firme y efectivo de la Unión contra el terrorismo y la doten de las capacidades necesarias para combatirlo y erradicarlo, en estrecha coordinación con EE.UU. y con el conjunto de los Estados con los que la Unión mantiene relaciones de cooperación y sobre la base de los principios y objetivos en que se fundamenta el Estado de Derecho.
A impulsar, desde la Presidencia de la UE, la definición de una estrategia que permita a la Unión, en el marco de la Política Exterior y de la Política Europea de Seguridad y Defensa, liderar un impulso internacional, con elementos políticos, económicos, de seguridad y de integración y diálogo social y cultural, para aislar y erradicar los odios y las situaciones de que se alimenta el fanatismo: la pobreza, la ausencia de libertades y la desesperación, y a proyectar al ámbito de Naciones Unidas la reflexión en torna a dicha estrategia.»
De sustitución al punto 9.
«9. Impulsar medidas concretas, en el ámbito del diálogo político, la información y la cooperación judicial y policial que permitan a la Unión una lucha efectiva contra el terrorismo y contra todo tipo de crimen organizado, promoviendo, en particular, la adopción de una orden de busca y captura europea ante determinados delitos como el terrorismo.»
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la Presidencia Española en la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2001.- Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Apartado 2, i) (nuevo).
Se añade una nueva letra al apartado 2, que queda redactada en los siguientes términos:
«i) El reconocimiento de los poderes políticos internos reconocidos constitucionalmente en cada Estado en sus relaciones ejecutivas, legislativas y judiciales con las instituciones europeas, y con ello la capacidad de ostentar el poder político necesario para que puedan defender directamente sus propuestas e intereses en lo que atañe a las competencias que constitucionalmente tiene encomendadas por las constituciones en el seno de las instituciones europeas.»
Apartado 2, j) (nuevo).
«j) La verificación del cumplimiento y desarrollo de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, dotándola de una orientación favorable a la normalización y usos públicos de todas las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea.»
Enmienda núm. 3.
Apartado 2, k) (nuevo).
«k) La definición de la nueva Política Común de la Pesca, a partir de:
- La defensa de la igualdad de acceso a todas las aguas comunitarias, sin discriminación de ninguna flota por razón de la nacionalidad.
- La derogación del principio de estabilidad relativa.
- Introducción del criterio de "zona altamente dependiente de la pesca" para adoptar decisiones en materia de política pesquera.»
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal (EA), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la presidencia española de la Unión Europea (núm. expte. 162/000342).
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2001.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Punto 2.g.
Texto que se propone: Se propone añadir «y el reconocimiento de los poderes legislativos y políticos de las unidades políticas de los Estados miembros (Comunidades Autónomas, Regiones, Estados Federados...).»
Punto 2.h.
«Se establezcan los mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado ante las decisiones comunitarias y en las materias en que tengan atribuidas competencias las Comunidades Autónomas se establezca la posibilidad de la presencia de las mismas en el Consejo de Ministros de la UE.»
Punto 2. i).
«Se posibilite que las Comunidades Autónomas participen en la organización de los Consejos que se celebren durante la próxima Presidencia de Estado español, pudiendo presidir alguno de los mismos que corresponda a competencias y a transferencias a las Comunidades Autónomas.»
162/000345
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (núm. expte. 162/000345), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 230, de 14 de septiembre de 2001.
161/000488, 161/000612 y 161/000667
Mediante escrito de fecha 17 de septiembre de 2001 se han retirado por el Grupo Parlamentario Socialista las siguientes Proposiciones no de Ley:
- Sobre medidas complementarias de protección social y sanitaria de los participantes en operaciones de paz en el exterior (núm. expte. 161/000488), publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 134, de 16 de febrero de 2001.
- Relativa al personal participante en las operaciones de paz en los Balcanes (núm. expte. 161/000612), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001, y serie D, núm. 155, de 23 de marzo de 2001.
- Por la que se insta al Gobierno sobre actuaciones de mantenimiento y conservación de las baterías militares en la costa de Cartagena (Murcia) (núm. expte. 161/000667), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 161, de 9 de abril de 2001.
161/000520
Mediante escrito de fecha 19 de septiembre de 2001 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley sobre la aprobación inmediata del Plan Director del aeropuerto de Málaga (núm.
expte. 161/000520), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 138, de 23 de febrero de 2001.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto (núm.
expte. 172/000114), cuyo texto se inserta a continuación,
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2001.-P.
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre la gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto.
A lo largo de las últimas semanas diversas situaciones han generado una importante alarma social entre los ciudadanos por la trascendencia que han tenido para la salud de muchas personas implicadas.
Los brotes de legionella de este verano, entre los que pueden destacarse el de la ciudad de Murcia con más de 600 personas afectadas, la alarma social generada alrededor del medicamento antihipertensivo cerivastatina cuyas consecuencias negativas para la salud han causado la muerte de varias personas o los recientes casos de fallecimiento de varios pacientes usuarios de hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona son algunos hechos lamentables a los que los españoles nos hemos enfrentado impotentes ante la inoperancia de los sistemas de vigilancia del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Además de que estos hechos han puesto en evidencia la incapacidad del Gobierno para afrontar las distintas situaciones derivadas de esos casos, es también evidente y preocupante la falta de capacidad de liderazgo del Ministerio de Sanidad y Consumo para abordar los problemas que cientos de afectados y familiares han tenido que sufrir y, sobre todo, la incapacidad de ejercer un buen control preventivo que hubiese podido evitar la extensión de estas enfermedades y causas de muerte.
En el caso de la legionella, la ausencia en su momento de una normativa clara que determinase la revisión preventiva y sistemática de los lugares en los que la legionella suele anidar para establecer la existencia o no de focos de infección, fue comentada ampliamente en su momento en los ámbitos profesionales y especializados como uno de los elementos determinantes en el brote de Murcia.
Respecto a la cerivastatina, se puede asegurar que a pesar de que ya en el mes de julio se detectaron y reconocieron algunas muertes atribuibles a su uso, no fue hasta el 8 de agosto en la Circular 2001/07, de la Agencia Española del Medicamento, cuando se procede a su retirada del mercado farmacéutico, reconociéndose entonces en el texto de la propia Circular que fue a petición de Bayer en un nuevo alarde de inoperancia y falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad y Consumo, habiéndose creado una situación que ha perjudicado a muchos pacientes creando alarma social a los casi 200.000 consumidores españoles de cerivastatina y que ha causado la muerte de varias personas.
Y, finalmente, días pasados conocíamos los casos de fallecimiento de varios pacientes de hemodiálisis en Valencia, Madrid y Barcelona, y en los cuales la actuación del Ministerio ha quedado de nuevo en entredicho, dado que se ha sabido que los casos de fallecimiento de pacientes en el hospital «Princesa» de Madrid, sucedieron días antes que los de Valencia y Barcelona, con lo cual han quedado de nuevo de manifiesto serios errores en los sistemas de vigilancia, dado que, probablemente, de haber detectado el Ministerio los casos de Madrid podrían haberse evitado los fallecimientos de Valencia y Barcelona si es que, finalmente, la causa de los mismos es atribuible a defectos de los equipos médicos de la firma Baxter como en la actualidad apuntan las hipótesis más plausibles.
Mientras, el Gobierno y su Ministra de Sanidad ausentes de los problemas sanitarios de los españoles muestran una y otra vez la incompetencia para prevenir y para establecer controles y sistemas de vigilancia que impidan estas lamentables situaciones que están haciendo que nuestro país en materia sanitaria disponga de una tarjeta de presentación muy negativa.
Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Sanidad y Consumo, como responsable de la política sanitaria del Gobierno, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de 2001.- Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000115
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sanitario, garantías farmacéuticas y de consumo en España (núm. expte. 172/000115), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno, para su debate en el Pleno de Cámara.
La falta de reacción del Ministerio de Sanidad y Consumo ante los distintos problemas que en los últimos meses han sufrido los ciudadanos de nuestro país y la falta de eficacia en la actuación preventiva eficaz en materia de salud pública y la respuesta coordinada de las administraciones, ponen en situación de inseguridad sanitaria y de impotencia en varias vertientes, como los casos de legionella, que en el caso de Murcia casi llega al millar de afectados, siendo la mayor epidemia de ámbito europeo; la retirada del producto farmacéutico «Lypobay», usado en el tratamiento del Colesterol; los efectos de los materiales que usan algunas multinacionales en el tratamiento de hemodiálisis; las prácticas incorrectas o falta de dotación y recursos de los centros de salud en el caso de León; la situación de saturación de las urgencias sanitarias en el verano en varias zonas del país, como el caso de Madrid, y la falta de evolución favorable de las listas de espera.
Estos y otros hechos, que no sólo han tenido protagonismo en los meses de verano, sino que tienen continuidad de hechos anteriores chocan con la falta de respuesta del Gobierno y de la Ministra de Sanidad y Consumo, dando la impresión de un caos sanitario descontrolado o que, al menos, las Administraciones actúan tarde y a remolque de los hechos, en vez de dar una respuesta preventiva de salud pública, que tranquilice a la opinión pública española y generar las bases y coordinación general de la sanidad desde las Administraciones Públicas.
Por todo ello, se presenta la siguiente interpelación urgente, para su debate en el Pleno, sobre las actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sanitario, garantías farmacéuticas y de consumo en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2001.- Marisa Castro Fonseca, Diputada.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
172/000116
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la situación de la economía española ante la evolución reciente de la coyuntura económica internacional (núm. expte. 172/000116), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, una interpelación urgente sobre la situación de la economía española ante la evolución reciente de la coyuntura económica internacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2001.- Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La evolución de la coyuntura económica internacional ha sufrido, en los últimos meses, una cierta ralentización, lo que se ha traducido no sólo en una revisión a la baja, por parte de las principales instituciones económicas internacionales, de las previsiones de crecimiento efectuadas inicialmente para este ejercicio, sino también en la existencia de una mayor incertidumbre respecto al crecimiento previsto para las principales economías desarrolladas a lo largo del próximo ejercicio.
Y si el clima económico internacional, a partir de la segunda mitad del año, ya era menos positivo que hace unos meses, los terribles atentados padecidos por Estados Unidos el pasado martes 11 de septiembre pueden añadir todavía más incertidumbre con respecto a la evolución económica internacional y al funcionamiento de los mercados financieros, incertidumbre que también podría afectar a la economía española dado el elevado grado de globalización de las economías desarrolladas.
En este contexto, y pese que el marco general esté dominado por una cierta desaceleración económica, la evolución de la economía española puede considerarse como positiva. Es cierto, que las previsiones revisadas efectuadas recientemente por el FMI o el Banco Central Europeo, rebajan las expectativas de crecimiento del PIB español para este ejercicio, situándolas por debajo del 3 por ciento inicialmente previsto, pero no es menos cierto que también ponen de manifiesto que el crecimiento de la economía española continuará siendo uno de los más dinámicos de toda la Unión Europea, con lo que se podrá continuar con el proceso
de creación de empleo y de convergencia real con las principales economías de nuestro entorno.
Es, por ello, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una interpelación urgente sobre la situación de la economía española ante la evolución reciente de la coyuntura económica internacional.
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actuaciones del Gobierno en orden a modificar la legislación que rige las relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y la Iglesia Católica (núm. expte. 173/000079), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción, consecuencia de interpelación, para su debate en el Pleno de la Cámara.
La prensa española ha dado noticia, desde el pasado mes de abril, del despido instado por el Obispado de Almería de la profesora de religión doña Resurrección Galera, amparándose en motivos religiosos (la profesora ha contraído matrimonio con una hombre divorciado) respetables en las actuaciones ad intra de la Iglesia Católica, pero incompatibles en las actuaciones ad extra de la citada Iglesia con un Estado Democrático de Derecho como es España en el que ninguna confesión tiene carácter estatal (artículo 16.3 de la Constitución española) y en la que los docentes tienen garantizados una serie de derechos constitucionales (libertad de expresión, libertad de cátedra, ambas en el artículo 20 de la Constitución; derecho a la intimidad, artículo 18 de la Constitución; derecho al trabajo, artículo 35 de la Constitución, etc.), que la Iglesia no puede en modo alguno soslayar.
El Gobierno contestó el pasado mes de junio a las preguntas realizadas por el Diputado del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida don Luis Carlos Rejón en relación a este caso eludiendo cualquier responsabilidad, trasladando toda la culpa en este asunto a la Junta de Andalucía y manteniendo que como consecuencia de un caso aislado no era menester modificar el cuerpo legal que disciplina las relaciones entre la iglesia española y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Como quiera que empiezan a hacerse públicos más casos idénticos al que nos ocupa (los casos de doña Francisca Urbano y doña María del Carmen Galayo), es decir, despidos de docentes pagados con fondos públicos instados por autoridades eclesiales españolas, aduciendo motivos que implican un absoluto desconocimiento del marco constitucional que en 1978 introdujo a España en la aconfesionalidad estatal y en la senda de la libertad de conciencia y pensamiento, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que es necesario acometer un proceso de reforma de los acuerdos firmados entre la Santa Sede o la Conferencia Episcopal Española con el Estado español (Acuerdo de 3 de enero de 1979 y Convenio de 26 de febrero de 1999), así como la legislación estatal que regula las relaciones entre la Iglesia y las autoridades educativas públicas (artículo 93 de la Ley 50/1998).
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que no se puede permitir que docentes pagados con fondos públicos y que imparten sus clases en centros públicos sean despedidos en función de criterios fronterizos con el fundamentalismo o integrismo religioso.
Las autoridades educativas competentes y también el Gobierno de la Nación deben reaccionar de forma rápida y contundente a los efectos de salvaguardar el carácter aconfesional del Estado español, los derechos constitucionales de los docentes afectados, así como con el objetivo de asegurar una enseñanza objetiva no tanto de la religión católica como de los diferentes hechos religiosos que se han dado y se dan en las diferentes culturas del planeta.
Ante la gravedad de esta situación, así como la alarma social generada, se presenta la siguiente
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a realizar las gestiones oportunas en orden a modificar la legislación que rige las relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y la Iglesia Católica a los efectos de garantizar una enseñanza del hecho religioso multicultural, pluralista y aconfesional. Entre otras normas deberán ser modificadas las siguientes:
a) Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979.
b) Convenio con la Conferencia Episcopal española de 26 de febrero de 1999.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a impedir que los profesores de religión pagados con fondos públicos puedan ser discriminados o despedidos por las autoridades católicas por motivos en clara confrontación con el espíritu y los valores contenidos en nuestra Carta Magna. A tal efecto, y mientras duran las gestiones mencionadas en el párrafo anterior, el Gobierno debe aplicar la legislación en estos momentos vigente con escrupuloso respeto por los valores y principios constitucionales de aconfesionalidad del Estado e igualdad de los ciudadanos, así como a favor de los derechos y libertades constitucionales afectados en este caso (inter alia, libertad de cátedra, derecho a la intimidad familiar y personal y derecho al trabajo).
3. El Congreso de los Diputados insta al ejecutivo a modificar los criterios de renovación de los profesores de religión ya contratados por las autoridades educativas públicas, de tal manera que las renovaciones sean automáticas y los ceses a instancias de las autoridades religiosas sólo se produzcan por motivos exclusivamente profesionales y con respeto absoluto de todos los derechos y libertades constitucionales de los citados docentes.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a restituir en sus puestos de trabajo de forma inmediata a las profesoras despedidas doña Resurrección Galera, doña Francisca Urbano y doña María del Carmen Galayo, así como a la docentes que hayan sido objeto de similar trato por parte de la Iglesia Católica y las autoridades educativas españolas. Si tal readmisión en su labor docente fuese operada por las autoridades educativas autonómicas implicadas en estos casos, el Gobierno de la Nación transferirá los fondos necesarios para sufragar dichas contrataciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2001.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, consecuencia de interpelación relativa a despidos de profesores de religión.
Enmienda núm. 1.
Al final del punto 2.
«Asimismo, hará valer el hecho de que los profesores de religión forman parte, a todos los efectos, del claustro de profesores de los respectivos centros, y que están sometidos a su régimen general disciplinario, como establecen los artículos III y VI del "Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales", de 3 de enero de 1979.»
Al final del punto 3.
«Con tal fin, el Gobierno solicitará con carácter urgente una reunión extraordinaria de la Comisión Paritaria, integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y de Educación y Cultura y de la Conferencia Episcopal, tal y como se establece en la cláusula séptima del Convenio de 26 de febrero de 1999.»
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actuaciones del Gobierno en orden a modificar la legislación que rige las relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y la Iglesia Católica (num. expte. 173/000079).
* Revisar el Convenio suscrito entre el Estado español y la Conferencia Episcopal Española, el 2 de marzo de 1999, por el que se determina el régimen económico laboral de los profesores interinos encargados de la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, en el sentido de eliminar del mismo cualquier disposición que en su aplicación o interpretación puede resultar contraria a los preceptos constitucionales.
* Introducir en dicho Convenio una cláusula general que garantice en el proceso de selección de profesores
el respeto a los derechos fundamentales, de modo específico el derecho a la intimidad, igualdad y no discriminación y a los principios constitucionales, incluida la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos.»
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre actuaciones del Gobierno en orden a modificar la legislación que rige las relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y la Iglesia Católica (núm. expte. 173/000079).
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses un informe detallado sobre la aplicación del artículo III del Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre enseñanza y asuntos culturales, así como del Convenio con la Conferencia Episcopal Española de 26 de febrero de 1999.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de septiembre de 2001.- Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
173/000080
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes que para las familias españolas representa el comienzo del curso escolar (núm.
expte. 173/000080), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes que para las familias españolas representa el comienzo del curso escolar.
A fin de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos ante la educación, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación al Gobierno para su debate en el Pleno de la Cámara sobre las siguientes cuestiones:
1. Poner en marcha un plan de gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en cooperación con la Comunidades Autónomas, a desarrollar en los próximos tres ejercicios presupuestarios.
2. Incrementar el presupuesto de becas tres puntos por encima del crecimiento del PIB y elevar los umbrales de renta de las familias que pueden recibir una beca tres puntos por encima del IPC.
3. Poner en marcha un Programa Nacional para la integración escolar de la población inmigrante en cooperación con las Comunidades Autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2001.- Amparo Valcarce García, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Francisco Rodríguez Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de interpelación relativa a medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes que para las familias españolas representa el comienzo del curso escolar.
«, que conlleve las medidas legales oportunas para establecer su precio fijo, su vigencia temporal adecuada y las características básicas de su edición.»
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de sustitución a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes que para las familias españolas representa el comienzo del curso escolar (núm. expte. 173/000080).
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en virtud de lo dispuesto en las conclusiones y recomendaciones de la Subcomisión para analizar el coste de los libros de texto en la enseñanza básica y obligatoria y su repercusión en las economías familiares y, de acuerdo con las correspondientes disponibilidades presupuestarias, se adopten aquellas medidas que permitan conseguir, de manera gradual, la gratuidad de los libros de texto en los niveles de enseñanza obligatoria.»
173/000081
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Pacto de Estado por la Justicia (núm. expte. 173/000081), y de la enmienda presentada a la misma.
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la Diputada de Eusko Alkartasuna, doña Begoña Lasagabaster Olazábal, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción como consecuencia de interpelación urgente relativa al Pacto de Estado por la Justicia, para debatir en el Pleno de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2001.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-Joan Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
1. A informar a esta Cámara sobre la reforma de la Justicia y, en concreto, entre otras, respecto de las siguientes cuestiones:
* Desarrollo y concreción de los aspectos generales contenidos en la reforma.
* Iniciativas legislativas que se propone abordar para consolidar la misma.
* Planificación y calendario establecido para abordar las diferentes líneas de trabajo.
* Prioridades temporales fijadas entre los diferentes aspectos de la reforma.
* Interlocutores o instituciones con las que se ha previsto mantener reuniones de trabajo a fin de articular y recibir aportaciones en la búsqueda de consenso, en las diferentes áreas de trabajo que se han de abrir de futuro.
* Dotación presupuestaria necesaria para abordar la reforma de la justicia; con cargo a qué créditos se va a realizar, así como la forma de hacer partícipes de los mismos a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia.
* Desarrollo que se ha realizado de los acuerdos adoptados en Las Palmas de Gran Canaria el día 22 de mayo de 2001 en la conferencia sectorial de justicia.
2. Colaborar de forma activa con la subcomisión para el seguimiento del conjunto de medidas propuestas por el Gobierno tendente a la reforma de la Justicia, cuya creación ha sido solicitada por distintos grupos parlamentarios.
3. Colaborar activamente en la reforma de la Justicia con las distintas Comunidades Autónomas con competencias transferencias en materia de medios materiales y personas al servicio de la Administración de Justicia.»
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento
de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Pacto de Estado por la Justicia.
1. Desde la constitución de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, los Grupos que deseen incorporarse a la misma puedan presentar las aportaciones e iniciativas que consideren oportunas.
2. La Comisión de Seguimiento sea el marco de consenso desde el que se dialogarán las iniciativas legislativas y las medidas de ejecución necesarias en el marco del Pacto de Estado.
3. Desde el escenario de consenso establecido en el Acuerdo de 22 de mayo de 2001, se incremente la colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia en el ámbito de la Conferencia Sectorial para avanzar en una Justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos como últimos destinatarios del proceso de reforma de la Justicia.»
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Pacto de Estado por la Justicia (núm. expte. 173/000081), ha acordado lo siguiente:
1. Desde la constitución de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, todos los Grupos que la conformen puedan presentar las aportaciones e iniciativas que consideren oportunas.
2. La Comisión de Seguimiento sea el marco de consenso en el que se dialogará sobre las iniciativas legislativas y las medidas de ejecución necesarias en el marco del Pacto de Estado de Reforma de la Justicia.
3. En la primera reunión de la Comisión de Seguimiento informe a sus integrantes sobre las líneas básicas de la reforma, posible calendario, prioridades temporales, así como los principios del plan de financiación de la misma.
4. Desde el escenario de consenso establecido en el Acuerdo de 22 de mayo de 2001, se incremente la colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia en el ámbito de la Conferencia Sectorial para avanzar en una Justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos como últimos destinatarios del proceso de reforma de la Justicia.»