Source: https://es.scribd.com/document/324701053/analisis
Timestamp: 2019-04-25 19:42:39
Document Index: 9263664

Matched Legal Cases: ['Artículo 23', 'Artículo 142', 'Artículo 181', 'artículo 2', 'Artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 137', 'artículo 202', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 201', 'artículo 201']

Cargado por Maira Mendiola Rosas
T-773-09
Poder Juducual
“Proceso Competencial en La Defensa de La Organicidad Del Aparato Estatal”(1)
EL PROCESO COMPETENCIAL EN LA JURISPRUDENCIA Centro de Estudios Constitucionales Tribunal Constitucional del Perú (1996-2015)
Antecedentes Históricos del J uicio de Amparo en México
Ley 13-2005 Matrimonio
El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar
todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido
proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene
derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado
justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser
oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido
proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que
protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona
sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido
proceso lo que incumple el mandato de la ley.1
El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las
leyes y los procedimientos legales (véase Debido proceso fundamental) por
lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los
principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta
interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia
natural y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta
interpretación del proceso debido se expresa a veces como que un mandato
del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente
El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión
"due process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de la
cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto
sancionado en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra,
más conocido como Juan sin Tierra.
Artículo 23.- Instancia definitiva e irrevisable en materia electoral
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de
conciencia. Resuelve, oportunamente, con arreglo a la Constitución Política
del Perú, las leyes y los principios generales del derecho. En materias
electorales, de referéndum o de otras consultas populares, sus resoluciones
son dictadas en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión.
Contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna.
Artículo 142.- Resoluciones no revisables por el Poder Judicial
No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de
Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la
Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.
el propio Tribunal Constitucional establece los siguientes lineamientos sobre los efectos de la sentencia reseñada. El Tribunal Constitucional.Acciones de Garantía Constitucional Son garantías constitucionales: . En tal sentido.Artículo 181. De este modo. Contra ellas no procede recurso alguno. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. 5 inc. En materias electorales. el cual sigue su curso inexorable Toda afectación de los derechos fundamentales en que incurra el JNE devendrá en irreparable cada vez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que la voluntad popular.Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. conforme estaba establecido en la versión primigenia del mencionado art. ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley N. Finalmente. según el Tribunal Constitucional las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado peruano. sus resoluciones son dictadas en instancia final. proclamar a los candidatos elegidos y expedir las credenciales correspondientes. a través de la sentencia recaída en el Exp. y no son revisables. definitiva.5 de la Constitución. N. haya sido manifestada en las urnas. concluido el proceso electoral. 178. 176 de la Constitución. En dichos supuestos el proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar las responsabilidades a que hubiera lugar.. de conformidad con el art.. Articulo 200. 5 inc. 1 del Código Procesal Constitucional De conformidad con el art. el organismo de control de la constitucionalidad considera que pueden interponerse procesos de amparo contra las referidas resoluciones. 8 del Código mencionado. a que alude el art. 28642. entre ellas aquella que considera que todo órgano supremo electoral debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. así como los establecidos en su propia legislación. el JNE constituye la única entidad competente para. sin perjuicio de las demás atribuciones que la Constitución le reconoce. cuando vulneren el debido proceso o violen algún derecho fundamental. norma que modificó el art. señalando que: En ningún caso la interposición de una demanda de amparo contra el JNE suspende el calendario electoral. 0007-2007-PI/TC. 8 del Código Procesal Constitucional con el objeto de no permitir la interposición de procesos constitucionales contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. de referéndum o de otro tipo de consultas populares.
4. Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la decleración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. incisos 5 y 6 de la Constitución. 2. que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. tratados. 6. por parte de cualquier autoridad. funcionario o persona. decretos de urgencia. el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. cualquiera sea la autoridad de la que emanen. La Acción de Inconstitucionalidad. que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. 5. por parte de cualquier autoridad. con lo . "sacrifica" la eficacia del control de constitucionalidad a cargo del TC. reglamentos del Congreso. La Acción de Cumplimiento. pues en su pretensión de defender la literalidad de dicha norma.1. que procede contra el hecho u omisión. La Acción de Hábeas Corpus. que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes. normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general. que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2. funcionario o persona. 3. por parte de cualquier autoridad. La Acción Popular. normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. que procede. sin perjuicio de las responsabilidades de ley. contra los reglamentos. funcionario o persona. decretos legislativos. Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos. Artículo 201º de la Constitución y el Tribunal constitucional La interpretación literal del artículo 202 inciso 2 de nuestra Carta Política. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. por infracción de la Constitución y de la ley. que procede contra el hecho u omisión. La Acción de Hábeas Data. que procede ante el hecho u omisión. con excepción de los señalados en el inciso siguiente. La Acción de Amparo. desconoce los principios de unidad de la Constitución y concordancia práctica. El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución.
Si bien todos los órganos con función jurisdiccional aplican la Constitución. frente a otros órganos con función jurisdiccional. Según el primero. la interpretación lo recorta y lo disminuye. La interpretación literal del artículo 202 inciso 2 es incompatible con el "criterio apagógico". De este modo se establece una relación entre el artículo 201º y 202º donde el primero establece una competencia general de función jurisdiccional en materia constitucional y el segundo que la concretiza a través de la determinación de unas competencias específicas. la designación de sus magistrados y. es el Tribunal el órgano superior en materia constitucional. Además. la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerarla como un: ""todo" armónico y sistemático. de dotarla de un significado que no sea absurdo en relación con el mismo ordenamiento.que despoja a la norma suprema de una garantía jurisdiccional eficaz de protección. Esto exige. Ello supone que "no puede darse un significado a una norma que provoque consecuencias absurdas". Tal determinación tiene un sentido positivo y negativo. que debe seleccionarse siempre aquella norma o grupo de normas que hagan eficaz la finalidad que la norma persigue y desecharse aquella que conduzca a un resultado absurdo. Este principio se viola cuando. a su composición. El sentido negativo excluye a cualquier otro órgano aquella función. en cuanto a los principios que lo rigen (independencia y autonomía). lejos de optimizar el modelo de control de constitucionalidad. Se trata. su función jurisdiccional en materia constitucional. En ese marco. a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto". El sentido positivo alude al ya mencionado de adjudicar al Tribunal. el segundo principio exige que toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta "optimizando su interpretación. el artículo 202º de la Constitución tiene por objeto la determinación de las competencias específicas del Tribunal. Por su parte. Conforme a esta norma el Tribunal es el órgano competente del control de la constitucionalidad. por otra. De aquí se infiere que es el Tribunal el órgano superior en materia constitucional. La ratio y objeto del artículo 201 es definir los rasgos básicos del Tribunal en cuanto órgano constitucional. en definitiva. en lo aquí relevante. en términos concretos. por una parte. La premisa fundamental de este desarrollo interpretativo la presta la competencia general que el artículo 201º de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional. así. que exige atender las consecuencias de la interpretación. en cuanto a su competencia. aquella función. se le aprecia como el órgano encargado del control de la constitucionalidad y. Se trata de definir su competencia general en cuestiones de materia constitucional. no se lo reconoce .
en la solución de los problemas jurídico-constitucionales será preciso dar preferencia a aquellos puntos de vista que ayuden a las normas de la Constitución a obtener la máxima eficacia. y luego señalar que hay una excepción. No puede en una norma decir que nadie está por encima de la Constitución. a través del recurso de agravio constitucional. Irrelevante debido a que la adjudicación al Tribunal de la competencia específica en el proceso de inconstitucionalidad ya esta enunciada en el artículo 202º y. debido a que el objeto de éste es la determinación de los rasgos básicos del Tribunal en cuanto órgano constitucional. Tal principio habilita al Tribunal perfeccionar las normas procesales de modo que puedan cumplir u optimizar de mejor forma los fines del proceso y los principios materiales de la Constitución. que un conjunto de resoluciones sí pueden vulnerar los derechos constitucionales y la interpretación que de ella haga el Tribunal Constitucional. El absurdo de la situación es el siguiente: si el Tribunal Constitucional no tiene la atribución de realizar el control de la constitucionalidad para revisar violaciones a los derechos fundamentales y el desacato de los precedentes vinculantes. el Tribunal Constitucional concretice a través de su jurisprudencia que él puede conocer también las sentencias estimatorias inconstitucionales constituye el ejercicio de su competencia general en materia constitucional . ya que ello sería irrelevante y externo al objeto del artículo 201º. Esta interpretación es incompatible con el principio de fuerza normativa de la Constitución. La Constitución no puede ir contra de sí misma. no puede ser "A" y luego al mismo tiempo "no A". En tal sentido. bajo las circunstancias de cada caso. De lo que se desprende que : Que. como son las sentencias estimatorias de los jueces en procesos de amparo en segundo grado. y en virtud de que las posibilidades y condicionamientos históricos de tal actualización van cambiando. el Tribunal Constitucional ya no es el órgano supremo de control de la constitucionalidad. La consecuencia práctica de arrebatarle al Tribunal Constitucional la facultad de supremo y definitivo intérprete de la Constitución sería el surgimiento o el establecimiento de ámbitos o materias ajenos al control de la constitucionalidad. Según él. Esto resulta a todas luces irrazonable.la facultad de realizar el control de la constitucionalidad de resoluciones estimatorias de segundo grado expedidas en procesos de amparo. no es objeto del artículo 201º determinar la competencia específica del Tribunal respecto del conocimiento del proceso de inconstitucionalidad. externo al artículo 201º. El elemento que habilita al Tribunal realizar esta labor de concretización o complementación del derecho procesal a través de su jurisprudencia es el principio de autonomía procesal constitucional. dado que la Constitución pretende verse actualizada.
debe proceder frente a cualquier incorrección en la interpretación de los derechos fundamentales sustantivos relevantes en el caso. Esta fórmula se condice con el carácter excepcional de este recurso de agravio y con la atribución exclusiva del propio Tribunal de determinar su propia competencia en mérito al principio antes mencionado (competencia de la competencia). inciso 2. Sólo puede pronunciarse sobre el fondo cuando la demanda debe ser desestimada. omisión de la aplicación de un derecho fundamental. Dado que el Tribunal es el juez superior en materia constitucional. ello en el entendido de que la desvinculación del juez de los precedentes vinculantes de aquél significa un supuesto de error in iudicando que afecta el derecho de igualdad en la aplicación de la ley. en cuanto medio de corrección de error in iudicando. El error in iudicando de la sentencia estimatoria: supuestos El recurso de agravio constitucional. sólo él puede determinar los alcances de su propia competencia. Tal habilitación comprende también el supuesto del recurso de agravio "a favor del precedente" establecido por el Tribunal Constitucional. "una sentencia viciada". por el contrario. la procedencia del recurso de agravio frente a una sentencia estimatoria inconstitucional por parte del demandando. En suma. cuando considere que la sentencia estimatoria es plenamente constitucional. corresponde ahora precisar las características de este recurso de agravio contra sentencia estimatoria de segundo grado. . Esto significa que la Sala del Poder Judicial se circunscribe a recibir el recurso y a elevarlo al Tribunal a efectos de que examine la sentencia estimatoria. este vicio de contenido se traduce en un error a la luz de los derechos fundamentales. de la excepción antes anotada. donde "el vicio se anida precisamente en su "contenido" [2]Desde tal perspectiva. esta disposición no puede considerarse excluyente. de manera absoluta. a través de su jurisprudencia. de la Constitución. Fundamentada la competencia del Tribunal para concretizar. el recurso deberá ser declarado improcedente y aquélla adquirirá la calidad de sentencia firme. esto es. Los supuestos del error in iudicando de una sentencia estimatoria de segundo grado pueden ser:  error de exclusión. en el Estado Constitucional contemporáneo. El recurso debe ser calificado necesariamente por el Tribunal. La admisión del error in iudicando en la sentencia como supuesto de vicio procesal viene a concretizar la idea de la denominada sentencia "injusta". exigido por la naturaleza de la controversia.y no puede considerarse excluido por el artículo 202º. La competencia general en materia constitucional recae en el Tribunal Constitucional.
inciso 2). afectaciones de derechos fundamentales procesales. relevante en la resolución de la controversia (omisión de control difuso). el Tribunal Constitucional debe analizar si el error in iudicando ha tenido lugar respecto a alguno de estos supuestos. porque la afectación . el medio debe ser un nuevo proceso de amparo. del derecho de defensa (afectación de terceros). 3) Se postula que el amparo contra amparo tiene pleno sentido cuando se trata de un error in procedendo. Tal vía es constitucionalmente correcta. sino únicamente el recurso de agravio constitucional.    error de delimitación del ámbito de protección del derecho fundamental (error por exceso –determinación excesivamente amplia del ámbito de protección. aplicación errónea de control difuso).o error por defecto –determinación restrictiva del ámbito de protección del derecho fundamental-). 4) Para este efecto. Por el contrario. y. Un supuesto de relevancia constitucional y no meramente legal lo constituyen los vicios originados por la inobservancia de derechos fundamentales procesales o de derechos fundamentales sustantivos. esto es. en particular. un amparo contra amparo. 2) Para la resolución de este problema se dispone de dos medios: un nuevo proceso de amparo o el recurso de agravio constitucional. constituyendo lo primero un supuesto de error in procedendo y lo segundo un error in iudicando. ello en desarrollo de una competencia general del Tribunal en materia constitucional y en base al principio de autonomía procesal constitucional. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. por tanto. puede habilitarse jurisprudencialmente el recurso de agravio frente a sentencias estimatorias de segundo grado. del error in iudicando. cuando se trate de afectaciones de derechos sustantivos. En el examen de una sentencia estimatoria. de la Constitución. 5) La interpretación de las normas procesales constitucionales debe estar orientada a la protección del sistema constitucional. Conclusión 1) Los actos procesales y el procedimiento de amparo pueden presentar vicios procesales que pueden ocasionar su invalidez y. a través de una interpretación sistemática del artículo 201º y 202º. la vía no debe ser un nuevo proceso. tanto si se trata de un error procedendo o in iudicando. inaplicación de una norma válida (constitucional) (es decir. pero susceptible de perfección. error de resolución del conflicto (error en la aplicación del principio de proporcionalidad) aplicación de una norma incompatible con la Constitución. la nulidad de los mismos.
sino únicamente el recurso de agravio constitucional. cuando se trate de afectaciones de derechos sustantivos.sustancial del Derecho objetivo y de las instituciones procesales termina por socavar la propia garantía jurisdiccional de la Constitución. Por todo ello. del error in iudicando. Por el contrario. en particular. ello en desarrollo de una competencia general del Tribunal en materia constitucional y en base al principio de autonomía procesal constitucional. afectaciones de derechos fundamentales procesales. de la Constitución. . 8) Para este efecto. del derecho de defensa (afectación de terceros). que permiten al Tribunal Constitucional cumplir con el encargo que la Constitución le ha hecho. a través de una interpretación sistemática del artículo 201º y 202º. la vía no debe ser un nuevo proceso. 6) Los precedentes vinculantes son instrumentos de primera importancia. puede habilitarse jurisprudencialmente el recurso de agravio frente a sentencias estimatorias de segundo grado. su efectiva vigencia y supremacía en nuestro país. esto es. consideramos que si en realidad queremos tomar en serio la Constitución. debemos apuntalar y fortalecer instituciones como el precedente vinculante. inciso 2). 7) Se postula que el amparo contra amparo tiene pleno sentido cuando se trata de un error in procedendo.
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