Source: https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/decision/2019/2019780DC.htm
Timestamp: 2019-10-15 04:46:28
Document Index: 31451910

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 34', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 78', 'artículo 431', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 8', 'artículo 138', 'artículo 9', 'artículo 138', 'artículo 140', 'artículo 138', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'artículo 78', 'artículo 2', 'artículo 431', 'artículo 6', 'artículo 138', 'artículo 8', 'Artículo 3']

Sentencia n° 2019-780 DC de 4 de Abril de 2019 | Conseil constitutionnel
Sentencia n° 2019-780 DC de 4 de Abril de 2019
Ley para reforzar y garantizar el mantenimiento del orden público durante las manifestaciones
El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 13 de marzo de 2019, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la Ley para reforzar y garantizar el mantenimiento del orden público durante las manifestaciones, bajo el n.º 2019-780 DC, por Dña. Valérie RABAULT, D. Jean-Luc MÉLENCHON, D. André CHASSAIGNE, D. Philippe VIGIER, D. Joël AVIRAGNET, Dña. Ericka BAREIGTS, Dña. Marie-Noëlle BATTISTEL, Dña. Gisèle BIÉMOURET, D. Christophe BOUILLON, D. Jean-Louis BRICOUT, D. Luc CARVOUNAS, D. Alain DAVID, Dña. Laurence DUMONT, D. Olivier FAURE, D. Guillaume GAROT, D. David HABIB, D. Christian HUTIN, D. Régis JUANICO, Dña. Marietta KARAMANLI, D. Jérôme LAMBERT, D. Serge LETCHIMY, Dña. Josette MANIN, Dña. George PAU-LANGEVIN, Dña. Christine PIRES BEAUNE, D. Dominique POTIER, D. Joaquim PUEYO, D. Hervé SAULIGNAC, Dña. Sylvie TOLMONT, Dña. Cécile UNTERMAIER, Dña. Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, D. Boris VALLAUD, Dña. Michèle VICTORY, Dña. Clémentine AUTAIN, D. Ugo BERNALICIS, D. Éric COQUEREL, D. Alexis CORBIÈRE, Dña. Caroline FIAT, D. Bastien LACHAUD, D. Michel LARIVE, Dña. Danièle OBONO, Dña. Mathilde PANOT, D. Loïc PRUD'HOMME, D. Adrien QUATENNENS, D. Jean-Hugues RATENON, Dña. Muriel RESSIGUIER, Dña. Sabine RUBIN, D. François RUFFIN, Dña. Bénédicte TAURINE, D. Alain BRUNEEL, Dña. Marie-George BUFFET, D. Pierre DHARRÉVILLE, D. Jean-Paul DUFRÈGNE, Dña. Elsa FAUCILLON, D. Sébastien JUMEL, D. Jean-Paul LECOQ, D. Stéphane PEU, D. Fabien ROUSSEL, D. Hubert WULFRANC, Dña. Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Dña. Huguette BELLO, D. Moetai BROTHERSON, D. Jean-Philippe NILOR, D. Gabriel SERVILLE, D. Jean-Félix ACQUAVIVA, D. Sylvain BRIAL, D. Michel CASTELLANI, D. Jean-Michel CLÉMENT, D. Paul-André COLOMBANI, D. Charles de COURSON, Dña. Jeanine DUBIÉ, D. M'Jid EL GUERRAB, D. Olivier FALORNI, D. François-Michel LAMBERT, D. Paul MOLAC, D. Bertrand PANCHER, Dña. Sylvia PINEL, D. François PUPPONI, Dña. Delphine BATHO, Dña. Frédérique DUMAS, D. Sébastien NADOT y D. André VILLIERS, diputados.
Asimismo fue requerido el mismo día por D. Patrick KANNER, Dña. Viviane ARTIGALAS, D. Claude BÉRIT-DÉBAT, D. Joël BIGOT, D. Jacques BIGOT, Dña. Maryvonne BLONDIN, Dña. Nicole BONNEFOY, D. Martial BOURQUIN, D. Michel BOUTANT, D. Henri CABANEL, D. Thierry CARCENAC, Dña. Catherine CONCONNE, Dña. Hélène CONWAY-MOURET, D. Michel DAGBERT, D. Yves DAUDIGNY, D. Marc DAUNIS, Dña. Marie-Pierre de LA GONTRIE, D. Gilbert-Luc DEVINAZ, D. Jérôme DURAIN, D. Alain DURAN, D. Vincent ÉBLÉ, Dña. Frédérique ESPAGNAC, D. Rémi FÉRAUD, Dña. Corinne FÉRET, D. Jean-Luc FICHET, Dña. Martine FILLEUL, Dña. Nadine GRELET-CERTENAIS, Dña. Annie GUILLEMOT, Dña. Laurence HARRIBEY, D. Jean-Michel HOULLEGATTE, D. Olivier JACQUIN, D. Patrice JOLY, Dña. Gisèle JOURDA, D. Éric KERROUCHE, D. Bernard LALANDE, D. Jean-Yves LECONTE, Dña. Claudine LEPAGE, D. Jean-Jacques LOZACH, Dña. Monique LUBIN, D. Jacques-Bernard MAGNER, D. Christian MANABLE, D. Didier MARIE, D. Rachel MAZUIR, Dña. Michelle MEUNIER, Dña. Marie-Pierre MONIER, D. Franck MONTAUGÉ, Dña. Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Dña. Angèle PRÉVILLE, D. Claude RAYNAL, Dña. Sylvie ROBERT, D. Gilbert ROGER, Dña. Laurence ROSSIGNOL, D. Jean-Pierre SUEUR, D. Simon SUTOUR, Dña. Sophie TAILLÉ-POLIAN, D. Rachid TEMAL, D. Jean-Claude TISSOT, Dña. Nelly TOCQUEVILLE, D. Jean-Marc TODESCHINI, D. André VALLINI, Dña. Sabine VAN HEGHE y D. Yannick VAUGRENARD, senadores.
Asimismo, fue requerido el mismo día por el Presidente de la República.
Ley orgánica n.º 2009-403 de 15 de abril de 2009 relativa a la aplicación de los artículos 34-1, 39 y 44 de la Constitución
Código de la Seguridad Interior
Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 29 de marzo de 2019
Los diputados y los senadores requirentes y el Presidente de la República someten la Ley para reforzar y garantizar el mantenimiento del orden público durante las manifestaciones a la consideración del Consejo Constitucional. El Presidente de la República requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad de los artículos 2, 3 y 6 de dicha ley a la libertad de manifestarse, la libertad de expresión y la libertad ambulatoria. Los diputados y los senadores requirentes impugnan sus artículos 3 y 6. Los diputados también impugnan su procedimiento de aprobación y su artículo 2. Los senadores impugnan además su artículo 8.
Sobre el procedimiento de aprobación de la ley:
Los diputados requirentes reprochan al Gobierno haber presentado de forma tardía enmiendas relativas a las libertades fundamentales, durante el debate del texto en el Pleno de la Asamblea Nacional. En ello ven una «manera de eludir» el derecho de enmienda de los diputados, que sólo habrían podido reaccionar por vía de subenmiendas, en plazos muy limitados. Asimismo, critican la ausencia de estudio de impacto y dictamen del Consejo de Estado sobre la proposición de ley que dio origen al texto sometido a consideración, la cual en realidad se asemejaría a un «proyecto de ley encubierto». Por último, denuncian la ausencia de publicidad de un dictamen entregado por el Consejo de Estado al Gobierno, que le había formulado preguntas sobre una enmienda que contemplaba presentar. De estos diferentes elementos resultaría un desconocimiento de las exigencias de claridad y sinceridad del debate parlamentario.
De acuerdo con el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: «La ley es la expresión de la voluntad general». De acuerdo con el primer párrafo del artículo 3 de la Constitución: «La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes». Estas disposiciones imponen el cumplimiento de las exigencias de claridad y sinceridad del debate parlamentario.
En primer lugar, durante el debate del texto en el Pleno de la Asamblea Nacional, el Gobierno presentó cuatro enmiendas. Una de ellas, referente al artículo 2 de la proposición de ley, convertido en artículo 3, fue presentada después del vencimiento del plazo de presentación oponible a las enmiendas de los diputados. Sin embargo, esta circunstancia no obstaculizó el ejercicio efectivo por parte de los diputados de su derecho de enmienda, especialmente bajo la forma de subenmiendas a la enmienda del Gobierno.
En segundo lugar, el artículo 39 de la Constitución y la ley orgánica de 15 de abril de 2009 antes mencionada sólo imponen la presentación de un estudio de impacto y la consulta al Consejo de Estado para los proyectos de ley antes de su presentación ante la mesa de la primera Cámara requerida y no para las proposiciones de ley.
En último lugar, ninguna disposición constitucional impone al Gobierno la publicación del dictamen que solicite al Consejo Constitucional sobre uno de sus proyectos de enmienda.
Resulta de lo anterior que la alegación basada en el desconocimiento de las exigencias de claridad y sinceridad del debate parlamentario debe descartarse. La ley sometida a consideración se aprobó mediante un procedimiento conforme a la Constitución.
De acuerdo con el artículo 11 de la Declaración de 1789: «La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre; por consiguiente, todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley». La libertad de expresión y comunicación, de la que se deriva el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones, es tanto más valiosa cuanto que su ejercicio es una condición de la democracia y una de las garantías del respeto a los otros derechos y libertades. De ello se desprende que los atentados al ejercicio de esta libertad y de este derecho deben ser necesarios, adaptados y proporcionales al objetivo perseguido.
Corresponde al legislador asegurar la conciliación entre, por una parte, la prevención de los atentados al orden público y la búsqueda de los autores de infracciones, ambas necesarias a la salvaguarda de los derechos y principios de valor constitucional, y, por otra, el ejercicio de los derechos y libertades constitucionalmente garantizados, entre los cuales figuran la libertad ambulatoria, el respeto a la vida privada, protegidos por los artículos 2 y 4 de la Declaración de 1789, así como el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones.
El legislador tiene la obligación, impuesta por el artículo 34 de la Constitución, así como por el principio de legalidad de los delitos y las penas resultante del artículo 8 de la Declaración de 1789, de fijar él mismo el ámbito de aplicación de la ley penal y de tipificar los delitos en términos suficientemente claros y precisos. Esta exigencia se impone no sólo para excluir la arbitrariedad en la imposición de las penas, sino también para evitar un rigor no necesario en la búsqueda de los autores de infracciones.
El artículo 2 de la ley sometida a consideración añade en el Código de Procedimiento Penal un artículo 78-2-5 que permite en determinadas condiciones a oficiales y, bajo su responsabilidad, a agentes de policía judicial, proceder en los lugares de una manifestación y sus inmediaciones, a la inspección visual y al registro de equipaje, así como al reconocimiento de los vehículos que circulan, están aparcados o se encuentran estacionados en la vía pública o en lugares accesibles al público.
Los diputados requirentes hacen valer que estas disposiciones desconocerían la libertad ambulatoria y de reunión, el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones, así como el principio de proporcionalidad de la pena. Sostienen, en particular, que estas operaciones no serían necesarias, adaptadas ni proporcionales al objetivo perseguido, puesto que ya existen otras disposiciones que permiten proceder a dichas operaciones y que el perímetro en el que se pueden llevar a cabo es muy amplio.
Por otra parte, las operaciones de inspección visual y registro de equipaje, así como de reconocimiento de vehículos, sólo pueden realizarse para la búsqueda y el enjuiciamiento de la infracción de participación en una manifestación o reunión pública al portar un arma, prevista en el artículo 431-10 del Código Penal. Por consiguiente, persiguen el objetivo de búsqueda de los autores de una infracción susceptible de perturbar gravemente el desarrollo de una manifestación.
Por otra parte, las disposiciones impugnadas prevén que estas operaciones se desarrollen en los lugares de una manifestación y sus inmediaciones y que sean autorizadas por solicitud escrita del Fiscal. De ello resulta que estas operaciones están sujetas al control de la autoridad judicial que especificará, en su solicitud, su lugar y duración en función del lugar y duración de la manifestación esperada. Por consiguiente, estas operaciones sólo pueden referirse a lugares determinados y períodos de tiempo limitados.
Por último, se desprende de los apartados II y III del artículo 78-2-2 del Código de Procedimiento Penal, a los que se remiten las disposiciones impugnadas, que tanto las operaciones de reconocimiento y registro de equipaje como las de inspección de vehículos sólo pueden llevar a una inmovilización del interesado durante el tiempo estrictamente necesario para su realización. Por consiguiente, no tienen en sí el efecto de restringir el acceso a una manifestación ni impedir su desarrollo.
Por consiguiente, al aprobar las disposiciones impugnadas, el legislador procedió a una conciliación que no es desequilibrada entre las exigencias constitucionales antes mencionadas y no violó el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones de una forma que no fuera necesaria, adaptada y proporcional.
Por consiguiente, resulta de lo anterior que el artículo 78-2-5 del Código de Procedimiento Penal, que no desconoce el principio de proporcionalidad de la pena ni ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.
El artículo 3 añade en el Código de la Seguridad Interior un artículo L. 211-4-1 que permite a la autoridad administrativa, en determinadas condiciones, prohibir a una persona participar en una manifestación en la vía pública. El cuarto párrafo de dicho artículo L. 211-4-1 también le permite, en determinados casos, prohibir a una persona participar en cualquier manifestación en todo el territorio nacional por tiempo de un mes.
Los diputados requirentes sostienen que la totalidad de este artículo contravendría el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones, así como a la libertad ambulatoria y la libertad de reunión. Consideran, por una parte, que esta medida de prohibición no sería necesaria, puesto que una persona que haya causado disturbios en una manifestación ya puede ser sancionada penalmente por la autoridad judicial, llegado el caso con una prohibición de manifestarse. Por otra parte, esta medida sería desproporcionada dado el ámbito de las personas a las que podría aplicarse. Además, al permitir a la autoridad administrativa imponer una medida de prohibición de manifestarse de manera preventiva, el legislador habría desconocido el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Por último, este artículo violaría el derecho a un juicio justo y el derecho a un recurso judicial efectivo, puesto que autoriza en determinadas hipótesis a la autoridad administrativa a notificar la orden de prohibición de manifestarse sin respetar el plazo previo de cuarenta y ocho horas entre dicha notificación y la manifestación. Asimismo, el cuarto párrafo del artículo L. 211-4-1, que permite la imposición de una prohibición por un tiempo de un mes, contravendría el principio de proporcionalidad de la pena.
Asimismo los senadores requirentes sostienen que la totalidad de este artículo desconocería el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones, puesto que permite a la autoridad administrativa, en función de criterios imprecisos, imponer una prohibición de manifestarse que puede presentar un carácter desproporcionado. También se desconocería el objetivo de valor constitucional de accesibilidad e inteligibilidad de la ley, dado que las condiciones de imposición de una prohibición de manifestarse serían imprecisas y ambiguas. En relación con el cuarto párrafo del artículo L. 211-4-1, los senadores hacen valer que la posibilidad para el prefecto de imponer una prohibición de manifestarse en todo el territorio por un mes renovable sería contraria al derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones, puesto que dicha prohibición podría aplicarse a cualquier manifestación y ser renovada indefinidamente. Además, si una prohibición de manifestarse puede ir acompañada, para la persona sujeta a dicha prohibición, de una obligación de responder en el momento de la manifestación a las convocatorias de cualquier autoridad designada por el prefecto, también resultaría de ello un desconocimiento de la libertad ambulatoria.
De acuerdo con las disposiciones impugnadas, la autoridad administrativa puede, mediante una orden motivada, imponer a una persona que constituye una amenaza de especial gravedad para el orden público, una prohibición de participar en una manifestación en la vía pública. Al prever dicha medida, el legislador quiso prevenir la ocurrencia de disturbios durante las manifestaciones en la vía pública, persiguiendo así el objetivo de valor constitucional de protección del orden público.
De esta forma, estas disposiciones confieren a la administración el poder de privar a una persona de su derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones.
Ahora bien, la amenaza de especial gravedad para el orden público necesaria para la imposición de la prohibición de manifestarse debe resultar, según las disposiciones impugnadas, ya sea de un «acto violento», ya sea de «acciones» cometidas con motivo de manifestaciones durante las cuales se causaron lesiones graves a la integridad física de las personas o daños importantes a los bienes. Así pues, el legislador no impuso que el comportamiento en cuestión tuviera necesariamente alguna relación con las lesiones graves a la integridad física o los daños importantes a los bienes causados con motivo de dicha manifestación. Tampoco impuso que la manifestación prohibida fuese susceptible de causar tales lesiones o daños. Además, la prohibición puede ser impuesta sobre la base de cualquier acción, que ésta tenga o no alguna relación con la comisión de violencias. Por último, cualquier comportamiento, sea cual sea su antigüedad, puede justificar la imposición de una prohibición de manifestarse. Por consiguiente, las disposiciones impugnadas dejan demasiada latitud a la autoridad administrativa para apreciar los motivos susceptibles de justificar la prohibición.
Por otra parte, si una manifestación en la vía pública no ha sido objeto de una declaración o la declaración es tardía, la orden de prohibición de manifestarse es ejecutoria de oficio y puede ser notificada en cualquier momento a la persona sujeta a dicha prohibición, incluso durante la manifestación a la que se aplica.
Por último, las disposiciones impugnadas permiten a la autoridad administrativa prohibir a una persona, en determinadas hipótesis, participar en cualquier manifestación en la vía pública en todo el territorio nacional por un tiempo de un mes.
Resulta de todo lo anterior que, habida cuenta del alcance de la prohibición impugnada, de los motivos susceptibles de justificarla y de las condiciones de su impugnación, el legislador violó el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones de una forma que no es adaptada, necesaria ni proporcional. Por consiguiente, sin que sea menester examinar las demás alegaciones, el artículo 3 es contrario a la Constitución.
Sobre el artículo 6:
El artículo 6 añade en el Código Penal un artículo 431-9-1 que castiga con pena de prisión de un año y multa de 15.000 euros el hecho para una persona de ocultar intencionadamente todo o parte de su rostro sin motivo legítimo, dentro de una manifestación o en sus inmediaciones en la vía pública, en el transcurso o al final de la cual se cometen o se pueden cometer alteraciones del orden público.
Los diputados y los senadores requirentes denuncian la imprecisión de los elementos constitutivos de esta infracción, de la que resultarían una incompetencia negativa del legislador y un desconocimiento del principio de legalidad de los delitos y las penas. Al respecto critican la dificultad de apreciación de la noción de ocultación parcial del rostro. Por otra parte, los diputados requirentes hacen valer una caracterización insuficiente del elemento intencional, puesto que no se exige que la persona que oculte su rostro participe efectivamente en las alteraciones del orden público denunciadas. Además, según ellos, la infracción también desconocería el principio de proporcionalidad de la pena. Por último, los senadores requirentes critican, por su parte, la imprecisión de la circunstancia de alteraciones del orden público producidas «al final» de una manifestación o de la circunstancia de riesgo de comisión de alteraciones del orden público.
En primer lugar, al fijar como elemento constitutivo de la infracción el hecho de ocultar intencionadamente parte de su rostro, el legislador se refirió a la circunstancia en la que una persona intenta impedir su identificación mediante la ocultación de algunas partes de su rostro, por lo que no se fundamentó en una noción imprecisa.
En segundo lugar, al referirse a las manifestaciones «en el transcurso o al final» de las cuales se cometen o se pueden cometer alteraciones al orden público, el legislador, por una parte, definió con precisión el período durante el cual se debe apreciar la existencia de alteraciones o de un riesgo de alteraciones, que se inicia con la reunión de los participantes en la manifestación y se acaba cuando todos ellos se han dispersado. Por otra parte, al referirse al riesgo de comisión de alteraciones al orden público, el legislador quiso referirse a las situaciones en las que los riesgos de tales alteraciones son manifiestos.
En último lugar, al descartar del ámbito de la represión la ocultación del rostro que obedece a un motivo legítimo, el legislador definió una noción que no presenta ningún carácter equívoco.
Resulta de todo lo anterior que la penalización impugnada no desconoce el principio de legalidad de los delitos y las penas.
El artículo 431-9-1 del Código Penal, que tampoco desconoce el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones ni el principio de proporcionalidad de la pena ni ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.
El artículo 8 añade un 3º bis en el artículo 138 del Código de Procedimiento Penal, que enumera las obligaciones a las que se puede someter a una persona que está en libertad provisional. Dicho 3º bis añade la obligación de no participar en manifestaciones en la vía pública en lugares que determine el juez de instrucción o el juez de las libertades y de la detención.
Los senadores requirentes critican estas disposiciones que permitirían imponer una prohibición de manifestarse aplicable en todo el territorio nacional y sin otra limitación de duración que la de la medida de libertad provisional. De ello concluyen que hay desconocimiento de la libertad ambulatoria, del derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones y del artículo 9 de la Declaración de 1789, que prohíbe «cualquier rigor que no sea necesario».
En primer lugar, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 138 del Código de Procedimiento Penal, el juez sólo puede decretar la libertad provisional de una persona que incurre en una pena de prisión.
En segundo lugar, la libertad provisional sólo puede decretarse por las necesidades de la instrucción o como medida cautelar. Corresponde al juez proporcionar la prohibición de manifestarse prevista por las disposiciones impugnadas a las exigencias que justifiquen la medida de libertad provisional. En este marco, le incumbe en particular determinar los lugares sujetos a dicha prohibición.
En último lugar, la persona sometida a la prohibición de manifestarse puede en cualquier momento solicitar el levantamiento de la medida cautelar en las condiciones establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal. Cuando esta prohibición haya sido impuesta en el marco de la libertad provisional de una persona a la espera de juicio citada por acta o sujeta a los procedimientos de comparecencia con plazo o inmediata, la duración de la medida queda limitada por el propio plazo de juicio.
Resulta de todo lo anterior que al aprobar las disposiciones impugnadas, el legislador procedió a una conciliación equilibrada entre las exigencias constitucionales antes mencionadas y no violó el derecho de expresión colectiva de ideas y opiniones de una forma que no fuera necesaria, adaptada y proporcional. Por los mismos motivos, estas disposiciones no sujetan a los interesados a un rigor que no sea necesario.
Por consiguiente, el 3º bis del artículo 138 del Código de Procedimiento Penal, que no desconoce ninguna otra exigencia constitucional, es conforme a la Constitución.
Sobre las otras disposiciones:
El Consejo Constitucional no planteó de oficio ninguna cuestión de conformidad a la Constitución y, por lo tanto, no se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones distintas de las consideradas en la presente resolución.
Artículo 1o.- Que el artículo 3 de la Ley para reforzar y garantizar el mantenimiento del orden público durante las manifestaciones es contrario a la Constitución.
Artículo 2.- Que son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones:
El artículo 78-2-5 del Código de Procedimiento Penal, en su redacción dada por el artículo 2 de la ley sometida a consideración
El artículo 431-9-1 del Código Penal, en su redacción dada por el artículo 6 de la ley sometida a consideración
El 3º bis del artículo 138 del Código de Procedimiento Penal, en su redacción dada por el artículo 8 de la ley sometida a consideración
Artículo 3.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).
Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 4 de abril de 2019, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Valéry GISCARD d'ESTAING, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, Dña. Nicole MAESTRACCI y D. Michel PINAULT.
Publicada el 4 de abril de 2019.