Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A128B-04.htm
Timestamp: 2017-11-21 08:05:43
Document Index: 92536010

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 37']

A128B-04
Auto 128B/04
ACCION DE TUTELA CONTRA FIDUCIARIA LA PREVISORA Y TELECOM-Entidades del sector descentralizado por servicios del orden nacional
ACCION DE TUTELA CONTRA FIDUCIARIA LA PREVISORA Y TELECOM-Conocimiento por jueces del circuito o con categoría de tales
Referencia: expediente ICC-838
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 2º Penal del Circuito de Rionegro (Antioquia), el Juzgado 15 Penal del Circuito Bogotá, el Juzgado 29 Penal del Circuito Bogotá, el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado 27 Penal Municipal de Bogotá en la acción de tutela promovida por María Elena Pavas Álvarez contra la Fiduciaria La Previsora y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom- en liquidación.
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil cuatro (2004).
Provee la Corte en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado 2º Penal del Circuito de Rionegro (Antioquia), el Juzgado 15 Penal del Circuito Bogotá, el Juzgado 29 Penal del Circuito Bogotá, el Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado 27 Penal Municipal de Bogotá en la acción de tutela promovida por María Elena Pavas Álvarez contra la Fiduciaria La Previsora y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom- en liquidación.
1. La ciudadana María Elena Pavas Álvarez, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Penal del Circuito de Rionegro (reparto) contra la Fiduciaria La Previsora S.A. como entidad liquidadora de Telecom y contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom- en liquidación, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, a la seguridad social, entre otros.
La petición de amparo fue motivada en el hecho de que la entidad accionada procedió a dar por terminado el contrato de trabajo con la actora por supresión del cargo, dejando en su criterio de aplicarle el régimen especial que la cobijaba para adquirir el derecho a la pensión anticipada.
2. El Juzgado 2º Penal del Circuito de Rionegro (Antioquia), en decisión adoptada el 3 de junio del año en curso, señaló que no era competente para conocer del asunto, toda vez que la acción de tutela se dirige contra la Fiduciaria La Previsora S.A. como entidad liquidadora de Telecom, que es una Sociedad de Economía Mixta que se rige por las normas del derecho privado y en tal medida, resuelve remitir el proceso a los Juzgados Penales Municipales de la ciudad de Bogotá (reparto), para su conocimiento, no sin antes advertir que en el caso de no compartirse el criterio, desde ya propone la colisión negativa de competencia.
3. No obstante lo indicado, el proceso en mención fue repartido al Juzgado 15 Penal del Circuito Bogotá, quien con fecha 17 de junio de 2004, resolvió remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial (reparto), para que de conformidad con lo señalado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Rionegro (Antioquia), la acción de tutela de la referencia se repartiera entre los Jueces Penales Municipales.
4. Efectuado el reparto correspondiente, el proceso fue asignado el día 2 de julio de 2004 al Juzgado 29 Penal del Circuito Bogotá, quien admitió la demanda y decretó varias pruebas, pero posteriormente, mediante auto del 19 de julio del año en curso, ordenó remitir al Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para que procediera de conformidad a lo indicado por el Juzgado 15 Penal del Circuito Bogotá, o en su defecto, se tomara la determinación a que hubiere lugar (fl. 120 expediente).
5. Realizado nuevo reparto, el expediente le fue asignado al doctor Rodolfo Guerrero Preciado, quien está a cargo del Juzgado 26 Penal Municipal de Bogotá, el cual mediante auto del 28 de julio de 2004, se declaró impedido para conocer de la acción de tutela de la referencia en razón de lo siguiente: i) Trabajó para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom- hasta el 12 de junio de 2003; ii) Como funcionario de esa entidad participó activamente en la coordinación y desarrollo del Plan de Pensión Anticipada que es el tema objeto de la tutela de la referencia; iii) A través de apoderado judicial, inició proceso laboral contra la entidad demandada. En consecuencia dispuso la remisión del expediente al Despacho Judicial que sigue en turno (fl. 133 expediente).
6. Correspondió entonces conocer del proceso al Juzgado 27 Penal Municipal de Bogotá quien en providencia del 29 de julio de 2004 señaló, que como Telecom que es una de las entidades demandadas tiene el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado de conformidad con lo establecido en el Decreto 1382 de 2000 es a los Juzgados Penales del Circuito a los que les corresponde conocer del asunto y en ese orden de ideas, resuelve remitir el proceso a esta Corporación, para que sea la que resuelva el conflicto negativo de competencias planteado.
3. Transcurrido el término de un año al que hacía referencia el artículo 1º del Decreto 404 de 2001, sin que para entonces existiera sentencia del Consejo de Estado en relación con las demandas de nulidad incoadas contra el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, éste de nuevo entró en vigor, razón por la cual al conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintos despachos judiciales para el conocimiento de acciones de tutela, la Corte Constitucional aplicó en todos los casos, la excepción de inconstitucionalidad y decidió en consecuencia.
5. En acatamiento del fallo anterior, esta Corporación ha venido aplicando las reglas fijadas por el Decreto 1382 de 2000, cuando le ha correspondido definir la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de determinada tutela.
6. Aclarado lo anterior, debe la Sala entrar a decidir sobre el conflicto negativo de competencia planteado y en esa medida definir a cuál de los organismos judiciales que conocieron del asunto, le corresponde adelantar el proceso de la referencia.
7. A ese respecto cabe mencionar, que el inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, prescribe que a los Jueces del Circuito les corresponde el conocimiento en primera instancia de las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional.
8. De otra parte se observa que en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” se definieron los organismos que hacen parte del Sector descentralizado por servicios del orden nacional:
Parágrafo 1°. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
Parágrafo 2°. Además de lo previsto en el literal c) del numeral 1° del presente artículo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de constitución se indicará el Ministerio o Departamento Administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos.
9. De acuerdo con lo dispuesto por los Decretos 1547 de 1984 y 2123 de 1992, tanto la Fiduciaria La Previsora, como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en liquidación, son Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
10. Por tanto, para el caso se estima, que debe darse aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000, según el cual “A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.”
11. Así las cosas resulta entonces claro, que en principio la competencia para conocer de la acción de tutela propuesta por la actora contra la Fiduciaria La Previsora y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom- en liquidación, radica en uno de los juzgados del circuito que conocieron del asunto.
12. Ahora bien, para resolver sobre a cuál de estos despachos judiciales, le corresponde conocer del asunto, debe tenerse presente que la competencia en materia de acción de tutela está definida en el artículo 86 de la Constitución Política en cuanto a la facultad de acudir “ante los jueces”, así como por lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que establece que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
13. En ese orden de ideas, como la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la señora María Elena Pavas Álvarez, se originó en la ciudad de Bogotá, pues fue allí donde los directivos de Telecom decidieron dar por terminado su contrato de trabajo al haberse suprimido el cargo que desempeñaba,[1] la Sala estima, que del asunto debe conocer el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, pues fue el despacho judicial que conoció inicialmente del proceso en el lugar donde presuntamente ocurrió la violación o la amenaza.
Por lo tanto, esta Corporación ordenará al Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá D.C., que asuma de forma inmediata el conocimiento de la acción de tutela presentada por la señora María Elena Pavas Álvarez contra la Fiduciaria La Previsora y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en liquidación.
Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la señora María Elena Pavas Álvarez contra la Fiduciaria La Previsora y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en liquidación, al Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá D.C., para que la tramite y decida en forma inmediata.
Salvamento de voto al Auto 128B/04
Peticionario: María Elena Pavas Alvarez
[1] En igual sentido se pueden consultar los Autos 077/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis y 082/04 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.