Source: http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/11/
Timestamp: 2017-07-25 12:52:08
Document Index: 276425159

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 310', 'artículo 11', 'artículo 310', 'artículo 1', 'artículo 3']

ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: noviembre 2012
El deber del Estado en la ejecución de una obra pública
Independientemente de que un contratista de una obra pública del Estado debe garantizar la calidad de su trabajo realizado, pues de lo contrario, sería sujeto de demanda por daños y perjuicios, el Estado también tiene una importante responsabilidad y es la de inspeccionar y fiscalizar, en cada etapa, la obra que se vaya construyendo. Su omisión acarrea igual responsabilidad.
En sentencia del 21 de diciembre de 2009, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, promulgó que el MOP; “incumplió de alguna manera con su obligación legal de inspeccionar y fiscalizar la obra. Pues como hemos expresado ya el ejercicio de esa función debe tener finalidad preventiva, teniendo en cuenta la posición garante del Estado, lo que quiere decir, que la Administración debe realizar actividades en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, lo cual debe ser una de (sic) razón de ser del deber de la Administración al desarrollar sus funciones… En el presente caso, analizando la conducta de la Administración y del contratista, se puede apreciar que el Estado no adoptó las medidas de seguridad adecuadas a través de sus facultades de vigilancia y supervisión que le competían y del concesionario por el ejercicio inadecuado de la obra dada en concesión, no obstante, este último no forma parte de esta análisis”. En este caso la Corte condenó al Estado a indemnizar por los daños y perjuicios causados a consecuencia del derrumbe por la construcción de la segunda fase del Corredor Norte, en la que perdieron la vida varios menores de edad.
Si la destrucción de una obra es producto de la naturaleza, ningún humano seria responsable, por los eventos del caso fortuito, no obstante, si para la misma, contribuyó el hombre, por su obrar imprudente o negligente, entonces el mismo tendría que responsabilizarse y para eso se requiere que se instauren, los diversos procesos correspondientes, en procura de deslindar las responsabilidades pertinentes.
El fenómeno de la militarización es la intervención y control militar sobre la vida social y política civil. A mi juicio Panamá no vive eso, ni se puede argumentar que por la dotación de los aparejos de la fuerza pública, que bien lo necesita, nos estamos re-militarizando.
No obstante si existe una estructura jurídica que tiene parte de la filosofía militarista que debe adecuarse en forma perentoria y me refiero a la Ley 15 de 2010 que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
1. En su artículo 2 dice que es una función del comentado ministerio mantener y defender la soberanía nacional. La soberanía tiene dos componentes uno interno, que guarda relación con la autoridad suprema del Estado, en la cual no habría problema alguno, pero en lo que sí es un exabrupto, es en la externa, por que se manifiesta ésta en las relaciones internacionales, que la lleva hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática, por una parte y por la otra (elucubrar la bélica) es inconstitucional, debido a que no se puede erigir un ente permanente para defendernos contra ataques de extranjeros. El artículo 310 Constitucional lo prohíbe expresamente. He aquí una raíz militarista.
ARTICULO 310. La República de Panamá no tendrá ejército.
Para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la Ley
La ley organizará los servicios de policía necesarios, con mandos y escalafón separados.
2. Según la enciclopedia WIKIPEDIA el significado de la palabra ejercito es un tipo de unidad militar de gran tamaño, formada por la unión de varios cuerpos de ejército y puesta bajo el mando de un general o rango superior. Este concepto militarista está inmerso en el artículo 11 de la ley 15 que sujeta dentro del nivel operativo, hacia el ministerio en comento, a todos los estamentos de la fuerza pública, bajo la dirección de un ministro, cuando la Carta Magna reza que todos deben más bien sujetarse es al Presidente de la República, en el artículo 310 citado
Este súper poder hacia un ministro, que le confiere la norma legal a un hombre, que no es el mandatario de la nación, es otro componente militarista de ley bajo examen, que debe erradicarse para adecuarlo al sentido de la filosofía anti-ejército del constituyente, según mi concepto.
En estos días, las personas, en un nutrido grupo, defienden y protestan en contra de los abusos más palpables hacia las mujeres, no obstante, soslayan, que nuestras mujeres también sufren, otros tipos de abusos, agresiones y violencia, menos conocidas pero que si son materializadas y estas son; de naturaleza política, en Panamá.
2. El adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas y constitucionales, necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
5. Que el gobierno adopte medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a los cargos públicos y las instancias de decisión. Publicado por
El Gobierno no puede privatizar tres aeropuertos
En los medios de comunicación social se ha informado que el Gobierno concesionará la administración de los aeropuertos de David, Colón y Río Hato, a pesar de que hace cinco meses se había decidido que las tres terminales estarían bajo el control de Tocumen S.A
A mi juicio esta idea sería hoy ilegal por lo que dice la ley 23 de 2003, modificada por la ley 71 de 2009, en su artículo 1, que permite la administración de los aeropuertos, pero a las empresas públicas que pueda crear, como sociedades anónimas, el Estado.
Por su parte, el artículo 3 Ibídem dice que las comentadas empresas deberán tener un capital accionario del 100% DE PROPIEDAD DEL ESTADO.
El gobierno y el pacto ético electoral
Hoy en día, algún sector de la ciudadanía está pidiendo que se concretice, un pacto ético electoral, para fomentar la cultura de la paz, en la comunidad.
En mi concepto, uno de los principales suscriptores del mismo, debe ser gobierno, para que se comprometan a lo siguiente:
1. Para que consolide el respeto a las decisiones de los órganos electorales.
2. Para que no utilice los recursos del Estado en promoción y/o cuñas, propagandas y programas, que pudieran proyectar a funcionarios aspirantes a cargos de elección popular.
3. Para que no presione, directa o indirectamente, a los medios de comunicación social, que le sean adverso, en algún sentido.
4. Para que permita, en los medios de comunicación social estatal, la participación democrática, de los diversos candidatos, en igualdad de condiciones.
5. Para que garantice el trabajo de los funcionarios, que son militantes en diversas corrientes políticas.
6. Para que garantice, el resultado de las elecciones del 2014.
7. Para que no utilice, los actos de inauguración de obras públicas, para propaganda política.
Fusión: Autoridad Nacional de Aduanas- Servicio Nacional de Migración
Confusión, por falta de comunicación efectiva y/o difusión incorrecta del Decreto Ejecutivo No. 871 de 2012, existe en la comunidad, pues se cree que ya esta materializada la fusión entre las entidades en comentario.
El instrumento jurídico en cita no fusiona absolutamente nada, sino que lo que hace es crear la Comisión Técnica que se encargará de la estructuración de ambas instituciones.
Se implementan varias subcomisiones de trabajo, como la legal, la técnica, etc., que contarán con un término de hasta 180 días calendario, para rendir un informe que luego de avalado, si es el caso, tendrá que ir al Consejo de Gabinete, si se continua con la idea futura de fusionar instituciones, para que a la postre presente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional de Diputados, para que se haga viable, la ley de rigor.
Como se ve legalmente hoy, la fusión de marras es hipotética, por lo que mal hacen los que tergiversan el Decreto Ejecutivo ut supra (arriba descrito). Puede que en la Asamblea se concretice la idea, o puede que no; ya que el proyecto de ley, le llegará en un periodo pre-electoral y se conceptué por tanto, que no conviene por el momento. ¿Y que de la renuncia de la antigua Directora?
Me pareció extemporánea la dimisión, habida cuenta, de que el Decreto Ejecutivo bajo estudio, no integra nada, por lo que debió esperar, reposadamente hasta que se promulgara la ley integradora, para tomar luego la decisión férrea; si es que la renuncia era por controvertir, la supuesta acumulación de poderes en un único funcionario.
La renuncia materializada es lamentable, por que la directora era una mujer de gran valía e insustituible, sin embargo, la renuncia, a la luz de la explicación que se vertió en los medios de comunicación, no tiene sustento técnico –legal en este instante.
Los medios de comunicación y el pacto ético electoral Hoy en día, algún sector de la ciudadanía está pidiendo que se concretice, un pacto ético electoral, para fomentar la cultura de la paz, en la comunidad.
En mi concepto, uno de los principales suscriptores del mismo, deben ser los medios de comunicación social, para que se comprometan a lo siguiente:
1. A minimizar la proliferación de programas que promueven la violencia, las acciones que riñen con la moral y las conductas delictivas; para sembrar con ello, valores y el buen ejemplo en la sociedad. 2. A permitir en sus programas de opinión, la igualdad de condiciones, a todas las corrientes políticas. Se ven y/ oyen a menudo programas en donde gravita una desproporción en cuanto a la filosofía de los oradores activos y esto, directa o indirectamente, pudiera inclinar la balanza en la formación de criterio, en el oyente o en el televidente. 3. A difundir las noticias políticas con objetividad y sin favoritismo.
4. A promover el debate democrático de ideas entre los actores.
5. A fortalecer, en la medida de lo posible, la paridad de género, entre los entrevistados.
6. A permitirle (los dueños) a los conductores de programas noticiosos, sin ejercer presión alguna, a que inviten con libertad a sus entrevistados.
Los medios de comunicación y el pacto ético electoral Los medios de comunicación y el pacto ético electoral Hoy en día, algún sector de la ciudadanía está pidiendo que se concretice, un pacto ético electoral, para fomentar la cultura de la paz, en la comunidad.
Con el Decreto Ejecutivo No. 159 de 2012, se crea el programa Mi Primera Oportunidad, con la finalidad de incorporar a los sectores en riesgo social y vulnerabilidad al sector productivo.
1. Promueve la capacitación para la mejora de las competencias e inserción laboral del individuo.
2. Capacita para optar al empleo por cuenta propia.
3. Otorga una gratificación anual al beneficiado.
4. Otorga un bono alimentario anual al beneficiado.
1. El programa lo administrará la AMPYME, cuya representante legal, aspira a un cargo de elección popular y podría politizarlo para proyectarse.
2. No establece unos parámetros claros de cuantía para establecer la cifra para la gratificación o del pago de bono, por lo que podría, beneficiar a unos, con un monto y ante la misma vulnerabilidad, otorgar, en tanto un beneficio diferente a otros. Sugerencias
1. Trasladar el programa en comento, al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, cuya representante legal, ha mostrado capacidad laboral, por un lado y por el otro, no aspira aún (por lo menos no lo ha dicho) a ningún cargo de elección popular.
2. Motivar a la Contraloría General, a que elabore a la brevedad, un manual de procedimiento, para el uso adecuado de los dineros de este programa.
Pacto ético electoral y sus actores, en Panamá
En Panamá, hay una corriente, que sugiere la implementación de un pacto ético electoral, para los comicios del año 2014.
Los actores, de acuerdo a los temas, que debieran concurrir para tal fin, son los siguientes.
Para concretar la idea, un tercero imparcial y con grandes valores éticos, podría ser el receptor del pacto y capacitado por las partes, para llamar al orden a los infractores del compromiso.
Reiteran la necesidad de crear un pacto ético electoral
El Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa reiteró la necesidad de poner reglas éticas para evitar que las futuras elecciones se vean empañadas.
A nivel internacional, hay países en donde se han suscrito, pactos éticos electorales, para fomentar la cultura de la paz, en la comunidad.
En Panamá, hoy en día no existe esto, no obstante, hay una corriente, que sugiere la implementación del mismo, para soslayar, el irrespeto entre los candidatos y/o personas.
Puntos que sugiero, sean contemplados, en un pacto ético, dentro del tópico de la comunicación, son los siguientes:
1. A no difundir directamente o por interpuestas personas o agrupaciones, mensajes, que ofendan la dignidad humana; incurran en uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria, violencia o atente contra las leyes de la República.
2. A centrar las campañas electorales, al debate de las ideas y programas a implementarse, para solucionar problemas detectados.
3. A promover, dentro de los colectivos mismos, la realización de sus campañas internas, en la que predomine, el respeto recíproco entre los candidatos y sus equipos de trabajo.
Acto seguido transcribo el pacto ético que hubo para las elecciones de 1999, para fines docentes.
PACTO ETICO DE LAS ELECCIONES DE 1999 I. EXPOSICION DE MOTIVOS Las elecciones de mayo de 1999 y las consultas populares previas a dichas elecciones, representan para todos los panameños los hechos políticos más importantes de los próximos años. Tendremos la oportunidad de demostrar ante nosotros y ante el mundo, que la democracia panameña se consolida y que estamos preparados para enfrentar el compromiso de iniciar el nuevo milenio.
Convocados nuevamente por la Comisión de Justicia y Paz, acogemos el llamado de trabajar por un torneo electoral transparente y por el continuo mejoramiento de la cultura política panameña. Por ello, nos comprometemos con este Pacto Etico Electoral dejando constancia de lo siguiente: Que hemos concurrido a este llamado seguros de que así contribuiremos a propiciar un ambiente de confianza, de respeto y de convivencia pacífica. Que la celebración de un torneo electoral legítimo, es la base para la concertación entre los panameños y panameñas, con el único objetivo de lograr un desarrollo integral para el pueblo. Que es nuestro deber velar por el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, como única forma de garantizar la libertad y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En especial reconocemos la necesidad de fortalecer la institucionalidad e independencia económica y jurídica del Tribunal y Fiscalía Electoral. Que reconocemos que la democracia implica más que el solo acto de emitir un voto, ya que debe abarcar la totalidad del proceso de participación del ciudadano/a en la vida política de su país. Que es nuestra intención y voluntad propiciar o promover un torneo electoral en el cual predomine el respeto a la dignidad de la persona humana, el debate de ideas y programas de gobierno y el respeto a la voluntad popular traducida en el voto libremente emitido y honestamente escrutado. II. COMPROMISOS Los Partidos Políticos abajo firmantes, suscribimos este compromiso por nuestra fe en Panamá y nos comprometemos públicamente, desde el momento de la firma: Con la transparencia del proceso electoral desde la convocatoria y organización de la consulta, hasta la proclama transparente y fidedigna de sus resultados, como condición indispensable para la profundización de la democracia.
A ser vigilantes y exigentes de la independencia del Tribunal y Fiscalía Electoral en el orden financiero, jurisdiccional e institucional y del cumplimiento de sus funciones como máximos rectores y garantes de un proceso electoral imparcial, efectivo y transparente. Con un proceso electoral que se caracterice por el debate, la discusión y las críticas a programas, ideas y temas fundamentales para el país y no por ataques o diatribas. A velar para que las instituciones judiciales, policiales y otros organismos del Estado, no sean utilizadas como mecanismo de persecución o represión. Con la no violencia y con la eliminación de la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones, incluso los mecanismos privados intimidatorios y represivos. A velar para que las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y las libertades ciudadanas sean respetados por las autoridades y a exigir de sus miembros una estricta responsabilidad ciudadana. A no utilizar, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de Partidos Políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral. Se excluyen de esta disposición los recursos que por ley otorga el Código Electoral a los diferentes Partidos Políticos. A no utilizar para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas; y otros actos oficiales de Estado o de Gobierno. A desarrollar campañas electorales inspiradas en el fortalecimiento de la democracia y valores de paz, el respeto a los derechos humanos y la educación cívica del pueblo. A no difundir directamente o por terceras personas o agrupaciones, mensajes violentos, calumniosos o irrespetuosos. A no publicar ni divulgar encuestas dirigidas a manipular la opinión pública. Con un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida o inmoral, como por ejemplo las falsas denuncias, la oferta de nombramientos, el proselitismo basado en la compra de votos mediante licor, dinero y otros mecanismos similares. A velar por la estabilidad del servidor público y por el respeto a su libre militancia política, practicada fuera de los lugares y horas de trabajo, tal como lo establece la ley de carrera administrativa. A ser celosos vigilantes de la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones de personas naturales o jurídicas que reciban los Partidos Políticos y candidatos. A adoptar las medidas necesarias para el logro de la participación de las mujeres en las listas electorales en los términos que establece la ley, como una manera de reforzar y profundizar la democracia y de procurar construir nuevas formas de hacer política. Con una transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno al que resulte libremente elegido.
III. EXHORTACION
A. A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Solicitamos a los medios de comunicación que apoyen, difundan y mantengan la permanente vigencia del Pacto Etico Electoral de tal forma que la ciudadanía lo conozca, lo asimile y colabore con su ejecución. Abogamos para que los medios de comunicación promuevan el debate democrático de ideas y programas en forma respetuosa y responsable, siempre dentro de un marco de tolerancia y convivencia pacífica. Igualmente que respalden la difusión de programas que promuevan valores cívicos. Exhortamos a los medios de comunicación a que brinden bajo las mismas condiciones, iguales oportunidades a todos los partidos y candidatos; y a los reporteros a que no distorsionen o editen en forma tendenciosa, por favoritismos personales, las noticias de índole política. Invitamos a los medios de comunicación social a suscribir el Pacto Etico Electoral, ya que son actores importantes de todo el proceso electoral y voluntariamente deben contribuir a crear las condiciones de confianza, seguridad y transparencia, en un clima donde impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas, para el desarrollo de una campaña electoral ejemplar.
B. AL TRIBUNAL Y FISCALIA ELECTORAL
Solicitamos al Tribunal Electoral que cumpla con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad y eficiencia en todas las etapas del proceso electoral.
A la Fiscalía Electoral para que persiga con apego a la ley, todos los actos que atenten contra la paz y la transparencia de las elecciones, de tal forma que con ello se contribuya a mantener la confianza en el proceso electoral.
C. AL GOBIERNO NACIONAL Solicitamos al Gobierno Nacional: Que se comprometa con la consolidación del proceso democrático mediante el respeto de la autonomía del Tribunal y Fiscalía Electoral y la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo. Que no utilice presiones de ninguna índole sobre las instituciones judiciales o policiales, ni sobre otros organismos del Estado, como mecanismo de persecución, represión y/o intimidación. Que garantice las condiciones para que exista un auténtico estado de derecho, donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en un ambiente de paz y libertad. Que brinde a la nación un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida e inmoral, directa o indirectamente, que contravenga el espíritu de los compromisos en este documento consignados. Que garantice la estabilidad del servidor público, respetando su libre militancia política, siempre y cuando la misma la ejerza como lo establece la ley de carrera administrativa. Que garantice a la nación panameña, la transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno al que resulte libremente elegido. Que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de Partidos Políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral. Que no utilice para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas u otros actos oficiales de Estado o de gobierno.
V. MECANISMOS DE EJECUCION Los Partidos Políticos que suscribimos este Pacto Etico Electoral reconocemos a la Comisión de Justicia y Paz como depositaria, promotora y vigilante del cumplimiento del presente acuerdo y la facultamos para realizar las investigaciones y denuncias correspondientes en los casos en que se vulnere el Pacto Etico Electoral y para la consecuente sanción moral. Para el efectivo cumplimiento del presente compromiso se constituirá un Organismo Consultivo Permanente conformado por un representante de alto nivel jerárquico y su suplente de cada uno de los Partidos signatarios, que tendrá como finalidad evaluar las violaciones o incumplimiento de este Pacto, además de servir de foro de discusión de las diversas temáticas relacionadas con el proceso político electoral. Los Partidos Políticos adoptaremos los mecanismos necesarios a lo interno para la permanente vigencia de los principios del Pacto Etico Electoral de tal forma que sean conocidos y respetados por nuestra membresía. La Comisión de Justicia y Paz y el Organismo Consultivo Permanente, elaborarán su propio reglamento y la metodología para actuar en la formulación de las evaluaciones, denuncias, quejas, sanciones morales y en el tratamiento de situaciones violatorias del Pacto Etico Electoral. La Comisión de Justicia y Paz y los Partidos Políticos, interpondrán las denuncias ante las autoridades competentes en los casos que impliquen comisión de hechos delictivos y darán seguimiento a las mismas. Facultamos a la Comisión de Justicia y Paz para actuar y pronunciarse en aquellos casos donde se vulnere este compromiso.
V. VIGENCIA DEL PACTO ETICO ELECTORAL
Este compromiso empezará a regir a partir de la firma por parte de los Presidentes de los Partidos Políticos. VI. FIRMAS
Gerardo Gónzalez
Carl-Frederik Nordström
PARTIDO PAPA EGORÓ
Jorge Demetrio Porras
PARTIDO RENOVACIÓN CIVILISTA
Firmado en el Campus de la Universidad Santa María La Antigua, Ciudad de Panamá a los 9 días del mes de marzo de 1998.
POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ Stanley Muschett Ibarra
Ramón M. Arias,Magaly J. Castillo, Gilberto Carles ,Julio Cedeño ,Carlos Barba Gutiérrez, Ana Raquel Palau, Merza de Ferrer, Carlos Lee Vásquez ,Pablo Varela, Néstor Jaén,Patrick Hanssens, Emilia Solís, Micaela Guerra, Santander Tristán.
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ Mariela Ledezma
CIVITAS Roberto Eisenmann
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA Humberto Jirón Soto
ASOCIACIÓN PRO VALORES CÍVICOS Y MORALES Luis Alberto Díaz
Roberto Bruneau
IGLESIA EPISCOPAL ANGLICANA Abel Santamaría
Didy de Gómez
ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS Mario Medina
ASOCIACIÓN DE PROFESORES Mariano Mena
Pedro Díaz Alfaro
TELEVISORA NACIONAL-CANAL 2
CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN-
TELEMETRO-CANAL 13
CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN
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