Source: https://elderecho.com/dos-problemas-de-calificacion-a-consecuencia-de-la-introduccion-del-vinculo-causal-en-el-art-172-bis
Timestamp: 2018-12-17 18:52:13
Document Index: 207550609

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Responsabilidad concursal y nueva legislación
Foro 09-02-2017 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
Se ha discutido mucho sobre la naturaleza de la llamada responsabilidad concursal o responsabilidad por el déficit entre el activo y el pasivo, regulada en el artículo 172 bis.1 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (“LC” o “Ley Concursal”).
Ante la disparidad de criterios, el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión. Después de unas primeras resoluciones en las que el criterio podría calificarse de poco homogéneo, el Alto Tribunal terminó por zanjar la discusión estableciendo que se trataba de un supuesto específico de responsabilidad legal por deuda ajena, cuya naturaleza se asemejaba, por tanto, a la responsabilidad por obligaciones sociales. Pueden citarse, como resoluciones relevantes, la Sentencia de 21 de mayo de 2012 -EDJ 2012/128139 o la Sentencia de 16 de julio de 2012 -EDJ 2012/154589-: “no se trata… de una indemnización por el daño derivado de la generación o agravamiento de la insolvencia por dolo o culpa grave (imperativamente exigible al amparo del artículo 172.2º.3 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207-), sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena”.
El panorama ha cambiado, sin embargo, de manera sensible tras las modificaciones introducidas en el artículo 172 bis.1 LC -EDL 2003/29207 por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, convalidado en este punto por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre -EDL 2014/157816 y retocado por la Ley 9/2015, de 25 de mayo -EDL 2015/75516-. Tras esas modificaciones, el texto de la norma quedó con la siguiente dicción: “cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los… que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”.
En este punto el legislador parece haberse decantado por el criterio propuesto en el voto particular consignado en la relevante Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2012 -EDJ 2012/128139-, repetido en las posteriores Sentencias de 14 de noviembre de 2012 -EDJ 2012/331579 y 20 de diciembre de 2012 -EDJ 2012/321049-: “es lógico que el criterio para apreciar en cada caso la responsabilidad de aquellos administradores o liquidadores sociales y su alcance sea la incidencia que la conducta ha merecido la calificación culpable del concurso ha tenido en la generación o agravación de la insolvencia”. Se sigue explicando que “el criterio de imputación de responsabilidad vendría determinado por la incidencia que la conducta del administrador o liquidador, merecedora de la calificación culpable del concurso, hubiera tenido en la agravación o generación de la insolvencia. En la mayor o menor medida que haya contribuido a esta generación o agravación de la insolvencia, en esa misma medida debe responder”.
Lo que se discutió inicialmente es si la modificación consistente en la introducción del inciso comentado en el artículo 172 bis.1 LC -EDL 2003/29207 tiene carácter puramente interpretativo del régimen antes existente y, por tanto, es de aplicación a supuestos anteriores a la reforma; o si, por el contrario, es una verdadera y auténtica modificación del régimen, lo que determinaría que sólo se pueda aplicar a supuestos posteriores a la entrada en vigor de la norma.
No ha sido ése, sin embargo, el entendimiento del Tribunal Supremo. Lo dejó claro en su Sentencia de 12 de enero de 2015 -EDJ 2015/8258-, que se acaba de citar: “el inciso final introducido por la citada norma supone un régimen de responsabilidad y unos criterios de distribución de los riesgos de insolvencia diferentes de los que establecía la anterior normativa. La naturaleza del régimen de responsabilidad concursal establecido en el art. 172.3 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 había sido fijada por una serie de sentencias de esta Sala de un modo razonablemente uniforme, de modo que, afirmaba esta jurisprudencia, no podía considerarse como una responsabilidad de naturaleza resarcitoria sino como un régimen agravado de responsabilidad civil… Existiendo esta jurisprudencia razonablemente uniforme (a lo que no obsta la existencia de una cierta evolución y la introducción de algunos matices por una u otra sentencia), la introducción de tal inciso en esa reforma legal no puede considerarse como una aclaración o interpretación de la normativa preexistente, sino como la decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal e introducir un régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria”. La consecuencia es que “este nuevo régimen es aplicable en las secciones de calificación que hayan sido abiertas estando en vigor la reforma legal, pero no de modo retroactivo en las secciones abiertas con anterioridad, en las que regirá el régimen general de Derecho transitorio conforme al cual las normas no tienen eficacia retroactiva”. Este criterio ha sido reiterado en otras resoluciones posteriores, como las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016 -EDJ 2016/81976 o 1 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/224688-.
La cuestión, no obstante, dista de estar zanjada de forma definitiva. De hecho, la propia Sentencia de 12 de enero de 2015 -EDJ 2015/8258 contaba con un voto particular concurrente con arreglo al cual con la reforma “no existe duda de que la reseñada responsabilidad vendrá determinada por la incidencia que la conducta o conductas tuvieron sobre la generación o la agravación de la insolvencia. De tal forma que la reforma viene a explicitar lo que estaba implícito, y por ello a ilustrar cómo debía ser interpretada aquella normativa anterior, y sin que con ello se pretenda una aplicación retroactiva del nuevo precepto”. Este mismo planteamiento se advierte en otras resoluciones judiciales posteriores a la del Tribunal Supremo, como la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Barcelona de 4 de enero de 2016 -EDJ 2016/14744 o la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de febrero de 2015 -EDJ 2016/14744-, que recoge toda una declaración de intenciones: “creemos que esa reforma no introduce realmente un cambio significativo en la norma hasta entonces vigente sino que ostenta carácter interpretativo, de forma que su aplicación a situaciones anteriores nos parece indudable. Así lo hemos venido entendiendo en diversas resoluciones desde la entrada en vigor de la norma y ello nos ha llevado a aplicarla a las situaciones jurídicas nacidas antes de su entrada en vigor. Es más, no creemos que esa norma haya comportado siquiera cambio alguno significativo sobre la forma en la que esta Sala había venido entendiendo el artículo 172 bis -EDL 2003/29207 antes de su entrada en vigor sino que ha venido a reforzar la interpretación que veníamos haciendo”. Cabe añadir, en fin, que para este órgano judicial, la responsabilidad concursal no se ajusta exactamente a los principios de la responsabilidad clásica por daños, sino que permite un enjuiciamiento más flexible y adecuado a las particularidades que concurren en el proceso concursal y, en particular, en la sección de calificación, que se identifican en el “déficit de información ante el que se pueden encontrar los órganos del concurso, particularmente la AC” y “la diversidad de nexos causales a los que puede obedecer la generación o agravamiento de la insolvencia”.
Es singular el supuesto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, que venía recurriendo a un sistema de porcentajes en función de la gravedad de la conducta o conductas que hubieren dado pie a la calificación culpable del concurso. Se combinaban, en concreto, dos criterios subsidiarios; el primero, resultante de valorar de forma concreta la gravedad de la conducta en orden a modular el importe de la condena; y el segundo, aplicable en aquellos casos en que no se considerase posible determinar la influencia de la conducta del deudor en la generación o agravación de la insolvencia (como ocurre en las conductas que el Tribunal Supremo califica de mera actividad), consistente en “dividir las conductas detalladas en las presunciones de los arts. 164 y 165 -EDL 2003/29207 en tres grupos en orden a su gravedad abstracta”: “1º. En un primer grupo se situarían aquellas conductas de gravedad extrema, como la llevanza de doble contabilidad, la inexactitud grave o la falsedad en la documental aportada al concurso, el alzamiento de bienes, los actos que retrasen, dificulten o impidan la eficacia de un embargo, la salida fraudulenta de bienes o los actos de simulación. En estos supuestos… la condena debería fijarse entre un 75% y un 100% del desbalance patrimonial, incluidos los créditos contra la masa; // 2º. En un segundo grupo situaría el incumplimiento sustancial de la obligación de llevanza de contabilidad, la irregularidad relevante contable, la apertura de liquidación por incumplimiento del convenio por causa imputable al concursado y los supuestos relativos a las cuentas anuales del 165.3º. En estas hipótesis el porcentaje de condena oscilaría entre un 30 y un 75%; y // 3º. En un último grupo quedarían situadas el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso, el incumplimiento del deber de colaboración e información y la falta de asistencia a la Junta de acreedores, supuestos en los que la condena no debería superar el 30% (SJM nº 1 Oviedo de 2 de junio de 2007)” (por todas, Sentencia de 10 de noviembre de 2015).
De forma no tan acabada, se han seguido fórmulas similares en otros órganos judiciales. Por ejemplo, las Sentencias de la Audiencia Provincial de León de 20 de septiembre y -EDJ 2010/208836 17 de noviembre de 2010 -EDJ 2010/291342 señalaban que “cuando las irregularidades contables son relevantes pero se refieren a datos concretos que no impiden conocer y distinguir los demás recogidos en la contabilidad, el porcentaje de los créditos que deben asumir los administradores no debería llegar a la mitad, con la moderación correspondiente según el caso, pero cuando concurre con inactividad de los administradores que no solicitan el concurso el porcentaje se debe de situar en torno a la mitad, sin perjuicio de la moderación correspondiente según los casos. Un porcentaje que se apartara sensiblemente del 50% sólo podría corresponder a conductas dolosas o culpa muy grave en detrimento de la marcha de la sociedad y/o con extraordinaria alteración de la contabilidad”.
Con todo, las cosas no son tan nítidas como inicialmente podrían parecer. Lo que está claro es que, con la actual redacción de la norma, no cabe establecer porcentajes de condena a la cobertura del déficit en función de la gravedad objetiva del comportamiento determinante de la calificación de culpabilidad. Pero bien podría acudirse a la fórmula de porcentajes para fijar el importe de la condena en atención precisamente a la mayor o menor incidencia de ese comportamiento en la generación o agravación de la situación de insolvencia, puesto ello en relación con otras posibles causas o factores adicionales que puedan haber incidido en esa situación. De hecho, existe alguna resolución que utiliza este mecanismo ya bajo la vigencia del actual artículo 172 bis.1 LC -EDL 2003/29207 y fija la condena en función de determinados porcentajes, como ocurre con la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón de 21 de mayo de 2015. Además, el recurso a los porcentajes no repugna al sistema cuando se trata de distribuir el importe de la condena entre los distintos sujetos afectados por la sentencia de calificación en función de su participación en los hechos que determinen la calificación del concurso. Por este camino parecía ir el voto particular de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2012 -EDJ 2012/128139 al afirmar que la medida en que deba responder el sujeto afectado, “ordinariamente se plasmará en la condena a pagar un tanto por ciento del déficit concursal: si es responsable totalmente de la generación de la insolvencia, será condenado a pagar todo el déficit; si es responsable de haber contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, habrá que graduar estimativamente esta incidencia”. Esta valoración, así reproducida, puede servir para mantener viva la posibilidad de utilización de la fórmula de los porcentajes, no ligada a la gravedad objetiva de la conducta, sino a la incidencia de la conducta en la generación o agravación de la insolvencia; y desde luego puede ser de utilidad para individualizar la cantidad que deba satisfacer cada uno de los condenados.
Como es sabido, el artículo 164.1.2º LC -EDL 2003/29207 establece como presunción iuris et de iure de culpabilidad que “el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara”. La experiencia enseña que las llamadas infracciones contables son, junto con el retraso en la solicitud de concurso (artículo 165.1º LC), los comportamientos que con mayor frecuencia han venido dando lugar a la calificación de culpabilidad de un concurso.
Los comportamientos referidos en el artículo 164.2.1º LC -EDL 2003/29207 están definidos sobre la base de la utilización de conceptos jurídicos indeterminados y, por tanto, el abanico de posibles infracciones contables susceptibles de integrar la presunción es muy amplio, lo que en este punto no hace fácil establecer conclusiones o reglas de alcance general. Pero, independientemente de esa circunstancia, una nota común que puede aplicarse a un buen número de infracciones contables es que, por sí solas, normalmente no tienen incidencia en la generación o agravación de una situación de insolvencia. En tales casos, por tanto, podría darse perfectamente la circunstancia de que una sentencia de calificación de culpabilidad por una conducta de la máxima gravedad (la infracción contable) quede sin imposición de condena a la cobertura del déficit. Es lo ocurrido en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca de 14 de julio de 2016, en la que el concurso se calificó como culpable pero sin condena a la cobertura del déficit. Según esa resolución, “para poder atribuir esa responsabilidad, se impone… la necesidad añadida de justificar cómo a través de las conductas originadoras de la culpabilidad, se genera o agrava la insolvencia, sin que baste esgrimir la existencia de las presunciones. Procede detallar cómo cada uno de esos comportamientos, en detalle, generan o agravan la insolvencia. // Con estas reflexiones, acudiendo al caso de autos, se comprueba que no se ha acreditado este último requisito, dado que la formulación de la administración concursal resulta totalmente genérica e indeterminada sin especificar la forma en que se produce la generación o el agravamiento. // Por lo tanto no ha lugar a la responsabilidad interesada”.
El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de mayo -EDL 2014/20750-, ha introducido una...
El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de mayo -EDL 2014/20750-, ha introducido una mención de calado en la redacción original del que fue el polémico artículo 172 LC -EDL 2003/29207 (escindido, antes de tal modificación, en el artículo 172 bis LC). Según dicha reforma, aquellos que hayan sido considerados personas afectadas por la calificación, deberán responder “en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”.
Sorprendentemente, hasta la promulgación del Real Decreto Ley 4/2014 -EDL 2014/20750-, la redacción del texto del artículo 172 LC -EDL 2003/29207 había sido objeto de reformas de menor importancia a pesar de la controversia que había suscitado desde su entrada en vigor.
Frente a la polémica de si la responsabilidad concursal inicialmente regulada en el artículo 172.3 LC -EDL 2003/29207 (y después, en el artículo 172 bis LC) era una responsabilidad por daño y culpa, o una responsabilidad-sanción de carácter objetivo una vez declarado el concurso culpable, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 23 de febrero de 2011 -EDJ 2011/13870-, consideró que la responsabilidad concursal regulada, en aquellos momentos, en el artículo 172.3 LC “carece de la naturaleza sancionadora que le atribuye el recurrente, dado que en él la responsabilidad de los administradores o liquidadores sociales -sean de hecho o de derecho deriva de serles imputable -por haber contribuido, con dolo o culpa grave la generación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad concursada(…)en una medida equivalente al importe de los créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa”.
Dichos pronunciamientos no resolvían de manera indubitada el problema de la determinación del quantum derivado de la responsabilidad concursal, teniendo en cuenta que el 172.3 LC -EDL 2003/29207 se refería a que la cobertura del déficit a cargo de las personas afectadas por la calificación podía ser, total o parcial.
En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 16 julio 2012 -EDJ 2012/154589-, tuvo que referirse a que como el artículo 172.3 LC -EDL 2003/29207 “no fijaba ningún criterio para cuantificar la parte de la deuda que debía ser cubierta, resulta adecuado el que, prescindiendo totalmente de su incidencia en la generación o agravación de la insolvencia, tiene en cuenta la gravedad objetiva de la conducta y el grado de participación del condenado en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso(..)”, de tal modo que "es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivo del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable". Así, de manera harto imprecisa, la cuantía de la condena debía ponderarse por los Tribunales según las circunstancias concurrentes en cada caso.
El Tribunal Supremo ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la trascendencia de esta reforma legal. En tal sentido, en la importante Sentencia (Pleno) de 15 de enero de 2015 -EDJ 2015/8258 ha considerado que supone una modificación de los contornos de la responsabilidad concursal regulada en el artículo 172 bis LC -EDL 2003/29207-, transformándola en una responsabilidad resarcitoria. En este sentido, la Sentencia mencionada afirma que “la introducción de tal inciso en esa reforma legal no puede considerarse como una aclaración o interpretación de la normativa preexistente, sino como la decisión del legislador de modificar el criterio determinante de la responsabilidad concursal e introducir un régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador, liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias, a los socios) de la cobertura total o parcial del déficit concursal «en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia»”. Esta interpretación ha sido nuevamente aludida en la muy reciente Sentencia de 9 de junio de 2016 -EDJ 2016/81976-.
Por tanto, la posibilidad de cuantificar la responsabilidad de los administradores concurrentes –considerados personas afectadas por la calificación sobre la base de criterios porcentuales parece que debe desterrarse, puesto que lo impide la exigencia de que la responsabilidad de cada una de las personas afectadas por la calificación lo sea “en la medida” en que su conducta haya incidido en la generación o agravamiento de la insolvencia.
El Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750-, por el que se ado...
Antes de entrar en el fondo del asunto debe tenerse en cuenta que la aplicación del artículo 172 bis LC -EDL 2003/29207 corresponderá cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación (STS de 11 de marzo de 2015 -EDJ 2015/41733-).
La LC -EDL 2003/29207 expresamente no aclara la manera de cuantificar exactamente la condena a la cobertura del déficit, si no que esta se valora por los diferentes tribunales en atención a criterios objetivos antes como después de la reforma operada en el año 2014 sobre el artículo 172 bis. En este sentido pueden destacarse las Sentencias posteriores a la reforma operada en el año 2014, la del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo de 3 de noviembre de 2015 o la del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante de 23 de marzo de 2016.
En otros casos, la determinación objetiva de la cuantificación de la condena se expresa sobre la base de criterios que ponen en relación los artículos 164 y 165 LC -EDL 2003/29207 y su posible incidencia en la agravación o generación de la insolvencia.
A este respecto debe considerarse que el artículo 164 LC -EDL 2003/29207 se refiere a los requisitos para calificar el concurso como culpable y el artículo 165 LC concreta el anterior estableciendo una serie de presunciones (SAP Barcelona de 8 de junio de 2016 -EDJ 2016/125722-). Respecto a las posibles irregularidades en materia de contabilidad recogidas en los citados artículos no puede omitirse, como manifiesta la STS de 3 de noviembre de 2016 -EDJ 2016/196186-, ni las consideraciones anteriores en su caso ni que a la solicitud de concurso deberá acompañarse determinada documentación que a su vez será previamente examinada en los términos dispuestos en el artículo 14 LC.
En relación a la primera de las cuestiones, es decir, al planteamiento sobre...
En relación a la primera de las cuestiones, es decir, al planteamiento sobre la posibilidad de cuantificar la condena en un porcentaje del déficit, comenzaremos recordando que en el voto particular contenido en la STS de 21 de mayo de 2012 -EDJ 2012/128139 se decía literalmente que “En la mayor o menor medida que haya contribuido a esta generación o agravación de la insolvencia, en esa misma medida debe responder, lo que ordinariamente se plasmará en la condena a pagar un tanto por ciento del déficit concursal: si es responsable totalmente de la generación de la insolvencia, será condenado a pagar todo el déficit concursal; si es responsable de haber contribuido a la generación o agravación de la insolvencia, habrá que graduar estimativamente esta incidencia”. Y en el mismo sentido, en el voto particular de la STS de 12 de enero de 2015 -EDJ 2015/8258 añade que "el alcance o montante de esta condena estará en función de la incidencia que su conducta ha tenido en la generación de la insolvencia o en su agravación".
Se plantea en qué supuestos las infracciones en materia de contabilidad podrán dar lugar a responsabilidad concursal. Para determinarlo debemos partir de la circunstancia de que lo que requiere el art. 172 bis LC -EDL 2003/29207 es causalidad entre el acto que genera la declaración de culpabilidad y la generación o agravación de la insolvencia, lo que nos aproxima al extremo al marco jurídico propio del derecho de daños al punto de que, como dice la STS 772/14, de 12 de enero -EDJ 2015/8258 el legislador ha introducido un "régimen de responsabilidad de naturaleza resarcitoria, en cuanto que podrá hacerse responsable al administrador, liquidador o apoderado general de la persona jurídica (y, en determinadas circunstancias, a los socios) de la cobertura total o parcial del déficit concursal « en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia»”, definiéndose el déficit por la jurisprudencia, como recuerda el voto particular mentado de la STS de 12 de enero de 2015 como el "daño indirecto provocado por el estado de insolvencia" consistente en la insuficiencia del activo para pagar todos los créditos.
En cualquier caso la jurisprudencia sobre la cuestión ya es conocida y no haré referencia explícita a ella, limitando la exposición a lo en concreto planteado, es decir, a definir qué casos de responsabilidad derivada de infracciones en materia de contabilidad pueden dar lugar a responsabilidad concursal partiendo de que si por un lado puede entenderse concierta facilidad que muchos de ellos -falta de depósito de cuentas, por ejemplo será muy complejo establecer tal conexión o vínculo causal porque difícilmente puede establecerse en relación a un daño específico -aunque abstracto implique generación o agravación de la insolvencia como motivo de culpabilidad-, hay casos en lo que, dándose el supuesto de presunción de iure, la insolvencia puede tener un origen fortuito no vinculado al incumplimiento contable en cualquiera de las facetas que tipifica la ley concursal, asertos que demuestran lo fatuo que resultaría una automaticidad entre la culpabilidad contable y la responsabilidad concursal y, por tanto, la propia oportunidad de la cuestión que se formula.
Como hemos dicho, no es la mera infracción de estos deberes lo que puede determinar la responsabilidad concursal, por más que sea determinante de la culpabilidad. Es la causalidad, adecuada o suficiente con el denominado por la STS de 12 de enero de 2015 -EDJ 2015/8258 como "daño indirecto provocado por el estado de insolvencia", es decir, en la causación de un estado generador de la insuficiencia del activo para pagar todos los créditos, la que hace de la infracción contable de un hecho desencadenante de la responsabilidad concursal del art. 172 bis LC -EDL 2003/29207-.
Pues bien, a la hora de concretar los casos entendemos que resultaría imposible una concreción "micro" de los casos dado su causalidad es tan amplia como los estados contables. Es por ello que nos aproximaremos a un examen más en "macro" partiendo de que aquella tendrá lugar cuando con la irregularidad genere, modifique, incite o promueva un negocio jurídico que sin aquella información se hubiera hecho o se hubiera hecho de forma y con contenido distinto. Y esto puede suceder –sin ánimo exahustivo en los casos en que se hayan ocultado activos o pasivos incluyendo los casos de simulación de los títulos por los que se tienen los activos, cuando la deficiencia contable ha consistido en la alteración de la cuenta de resultados y con ello la realidad sobre la existencia de pérdidas o ganancias operativas u ocultando, disimulando o alterando ingresos o gastos extraordinarios, por supuesto ocultando o simulando contablemente la pertenencia a un grupo de sociedades, alterando la configuración formal del plan contable para omitir el debido cumplimiento de los deberes tributarios, modificando la información del balance para obtener ratios falsos, entre otros, sobre liquidez, tesorería, disponibilidad, fondo de maniobra, endeudamiento, autonomía, garantía, inmuebles libres de cargas, de calidad de deuda, de peso de los recursos permanentes, de capacidad de devolución de los préstamos, de gastos financieros sobre ventas, de coste de la deuda, de coste medio del pasivo, de cobertura de gastos financieros, de rotación de activos, incluidos, el fijo, el inmobilizado y de los stocks, etc., en suma en toda aquella alteración contable que, siendo calificable en cualquiera de los casos tipificados por los art. 164 y 165 LC -EDL 2003/29207-, determina la simulación de una concreta situación patrimonial determinante de un particular negocio jurídico o de todo un sector de ellos -por ejemplo, simulando solvencia frente a proveedores para obtener crédito-, que implica le incorporación, mediata o inmediata de nuevo pasivo, sea en origen o derivado por ampliación del previo, respecto de un deudor.
El artículo 172 bis -EDL 2003/29207- (que fue introducido en la reforma oper...
El artículo 172 bis -EDL 2003/29207 (que fue introducido en la reforma operada por la Ley 38/2011 para recoger la responsabilidad de los administradores societarios que antes se contemplaba en el artículo 172.3) fue objeto de una pequeña, pero en ningún caso inocua reforma con el Real Decreto ley 4/14 -EDL 2014/20750 (y la posterior ley 17/2014 -EDL 2014/157816-), al introducir en su inciso final que la condena a los administradores a la cobertura, total o parcial, del déficit en caso de liquidación, se fijará en la sentencia “en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”. Con esta reforma el legislador zanjaba la interesante (e intensa) polémica judicial y doctrinal que se había planteado sobre la naturaleza (indemnizatoria o sancionadora) de la responsabilidad concursal. Sin embargo esta reforma plantea nuevos interrogantes, dos de los cuales se plantean en este foro.
En definitiva, lo cierto es que la nueva redacción del artículo 172 bis.1 -EDL 2003/29207 exige que la condena a los administradores se imponga en la medida que la conducta haya generado o agravado la insolvencia, la referencia a un porcentaje del déficit parece más complicada. Sin embargo, el hecho de que, normalmente, sean varias las conductas que provocan la calificación culpable hace que este recurso, a mi juicio, siga siendo posible. Máxime (y pese a los inconvenientes que señalaba la Audiencia Provincial de Barcelona en cuanto a unos criterios poco seguros), porque si no podrían darse las dos situaciones extremas en las que: o bien no se condenase a ningún administrador (por la dificultad de fijar la agravación o generación de la insolvencia de forma individualizada) o bien siempre se acudiera a la condena a la totalidad del déficit concursal (en atención a la gravedad de la conducta).
Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones, entiendo que las irregularidades contables sí permitirán la condena al déficit concursal, porque se tratará de irregularidades que impedirán o dificultarán apreciar las verdaderas causas de la insolvencia o habrán permitido ocultar la auténtica situación de la sociedad – por lo que, al continuar en el tráfico, se habrá agravado su situación. De hecho, en una de las sentencias que citábamos anteriormente (SAP Barcelona de 6 de julio de 2016 -EDJ 2016/147408-), no se condena a la administradora porque las irregularidades no han impedido conocer las verdaderas causas de la generación o agravación de la insolvencia. Esta misma audiencia, en su Sentencia de 18 de febrero de 2016 -EDJ 2016/38257-, indicaba que el artículo 164.2.1º -EDL 2003/29207 “obedece a la idea de sancionar la conducta consistente en el resultado de privar a los órganos del concurso de la información precisa para poder conocer y valorar la conducta del deudor y las razones que han determinado la generación o el agravamiento de la insolvencia”. Por ello entiende que cuando “el incumplimiento imputado haya sido objetivamente apto para producir ese resultado de impedir que el AC haya podido analizar a partir de las cuentas cuál es la verdadera situación patrimonial de la sociedad y cuáles son las causas determinantes de su insolvencia” este incumplimiento no debe dejar de ser sancionado (como hace tanto en esa sentencia como en la de 28 de enero de 2015). En el mismo sentido, condenan a los administradores por las irregularidades contables que impiden conocer las causas de la generación o agravación de la insolvencia las Sentencias de la AP de Huesca de 11 de marzo de 2016 -EDJ 2016/45835-, de la AP de Pontevedra de 11 de mayo de 2016 -EDJ 2016/94668-, AP de Zaragoza de 5 de octubre de 2016 -EDJ 2016/195014 y de 28 de abril de 2016, del Juzgado Mercantil de Badajoz de 31 de marzo de 2016, del Juzgado Mercantil de San Sebastián de 26 de septiembre de 2016 o de los Juzgados de Primera Instancia 6 de Logroño, sentencia de 21 de marzo de 2016, y 7 de Vitoria, sentencia de 22 de septiembre de 2016. Ahora bien, en todos estos casos, o bien las irregularidades contables no son la única causa de calificación del concurso como culpable (normalmente, también hay una solicitud tardía) o bien se consideran de tal gravedad que se termina imputando la totalidad del déficit concursal.
Pocas normas de las contenidas en la vigente Ley concursal han resultado tan ...
Pocas normas de las contenidas en la vigente Ley concursal han resultado tan controvertidas en su interpretación y aplicación como las relativas al régimen de responsabilidad concursal de los administradores y/o liquidadores de los concursados personas jurídicas (contenido inicialmente en el art. 172 LC -EDL 2003/29207 y en la actualidad en el art. 172 bis LC). Las controversias se centraron inicialmente, sobre todo, en su naturaleza de responsabilidad-indemnización o de responsabilidad-sanción, pero han comprendido prácticamente todos los aspectos relativos a su aplicación.
Tras las reformas operadas en 2014 a través del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo -EDL 2014/20750 y de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre -EDL 2014/157816-, el vigente apartado 1 del art. 172 bis de la Ley concursal -EDL 2003/29207 determina:
A este respecto, tras la reforma de 2014 se ha introducido expresamente en el art. 172 bis apartado 1 LC -EDL 2003/29207 el criterio conforme al cual habrá de determinarse por el juez a las personas afectadas por la calificación que deban responder de la cobertura del déficit así como también el grado o nivel de cobertura de éste (alcance cuantitativo de la responsabilidad), criterio que no es otro que el grado de contribución que la conducta que ha originado la calificación como culpable haya tenido en la generación o agravación de la insolvencia del deudor. Adicionalmente, se prevé también expresamente el criterio conforme al cual habrá de determinarse la concreta parte de déficit que deberá ser cubierta por cada una de las personas declaradas responsables en caso de pluralidad de éstas, que viene determinado por el grado de participación de cada una de ellas en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso como culpable.
Estas previsiones, conforme a las cuales la determinación de la parte del déficit que corresponderá cubrir a las personas afectadas por la declaración de concurso que sean declaradas responsables ha de realizarse en atención al grado en el que su actuación haya contribuido a la generación o agravación de la insolvencia del deudor, parecen poner de manifiesto que, incluso en los supuestos contemplados en los arts. 164.2 y 165 LC -EDL 2003/29207 en los que se presume la contribución de las conductas descritas a la generación o agravación de la insolvencia, será necesario valorar el grado en que la conducta individual de cada persona afectada por el concurso y declarada responsable haya contribuido a la generación o agravación de la insolvencia de deudor. Es decir, en esos supuestos no será necesario acreditar la conexión causal entre conducta y generación o agravación de la insolvencia para calificar el concurso como culpable (en tanto dicha conexión se presume de manera absoluta o relativa en dichos casos), pero sí lo será para valorar el grado de contribución de cada una de las personas afectadas por la declaración para determinar cuáles de ellas han contribuido a generar o agravar la insolvencia y, sobre todo, en qué medida han contribuido a ello (así se entendía ya por el Tribunal Supremo en sentencias como la de 6 de octubre de 2011 en la que se señala que «para que pueda pronunciar esa condena … es necesario que el Juez valore, conforme a criterios normativos y al fin de fundamentar el reproche necesario, los distintos elementos subjetivos y objetivos del comportamiento de cada uno de los administradores en relación con la actuación que, imputada al órgano social con el que se identifican o del que forman parte, había determinado la calificación del concurso como culpable»). Sólo así será posible determinar su responsabilidad y concretar la parte de déficit que deberá ser asumida por cada una de ellas.
A este respecto, en el art. 164.2 LC -EDL 2003/29207 se establecen supuesto de presunción iuris et de iure cuya concurrencia determina la calificación automática como culpable del concurso. No obstante, en la apreciación de su existencia se introducen ciertas modulaciones de carácter cualitativo por lo que, para determinar la calificación del concurso como culpable por la concurrencia de estos supuestos, el juez no ha de limitarse a constatar la existencia de unos hechos objetivos sino que deberá también realizar una valoración de los mismos para concluir si efectivamente concurre el supuesto que determina la calificación como culpable. Así, por ejemplo, no basta con que el deudor haya incumplido su deber de llevar la contabilidad sino que será necesario determinar que ese incumplimiento ha sido «sustancial», como tampoco que el deudor haya cometido inexactitud en los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso sino también que esa inexactitud sea «grave». En todo caso, la apreciación por el juez de la concurrencia de cualquiera de estos hechos de concurso culpable determina la calificación, sin que se admita prueba en contrario lo que también permite entender que existe una conexión entre esas conductas y la generación o agravación del estado de insolvencia.
Por su parte, en el vigente art. 165 LC -EDL 2003/29207 se ha modificado sustancialmente el tratamiento que se daba a los comportamientos del deudor contemplados en esta norma que, con carácter general, se consideraban antes de la reforma como presunciones de conducta culpable o dolosa del deudor (que exoneraban por tanto de la prueba del grado de culpa exigible pero no, en cambio, de acreditar la conexión entre dichas conductas y la generación o agravación de la insolvencia) y que, tras dicha reforma, se configuran ahora nítidamente como presunciones iuris tantum que permiten la calificación del concurso como culpable. Se establece así un claro paralelismo entre las consecuencias de la concurrencia de las conductas contempladas en el art. 164.2 LC y las previstas en el art. 165.1 LC en el sentido de que, en ambos casos, se establecen presunciones de concurso culpable con la única diferencia de que, en relación con las segundas, cabrá aportar prueba en contrario que desvirtúe la presunción. En ambos casos, por tanto, la concurrencia de la conducta (determinada una vez que se constate la existencia del hecho objetivo pero también de la modulación cualitativa que se imponga en cada caso) determinará la calificación del concurso como culpable sin que sea necesario acreditar ni el dolo o culpa grave del deudor ni tampoco la conexión causal entre la conducta y la generación o agravación del estado de insolvencia del deudor, sin perjuicio de la posibilidad de que, en relación con las conductas contempladas en el art. 165.1 LC pueda acreditarse de contrario bien la ausencia de dolo o culpa grave en la conducta del deudor o bien la falta de conexión entre la conducta y la generación o agravación de la insolvencia.
Específicamente en relación con infracciones en materia de contabilidad, se recogen algunas conductas que constituyen presunciones iuris et de iure de concurso culpable (incumplimiento sustancial del deber de llevar contabilidad, llevanza de doble contabilidad, comisión de irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación financiera o patrimonial del deudor) y otras que constituyen presunciones meramente iuris tantum (no formulación de las cuentas anuales, no sometimiento de las cuentas anuales a auditoría cuando debía haberlo hecho, o falta del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente, todo ello en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso). La concurrencia de cualquiera de estas conductas determinará, por tanto, la calificación del concurso como culpable y, si la sección de calificación se ha formado como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, permitirá la condena a la cobertura del déficit concursal de aquellas personas afectadas por la declaración que hayan contribuido a generar o agravar la insolvencia (lo que en relación con las conductas del art. 164.2 LC -EDL 2003/29207 también se presume) y en el grado en que quepa determinar que se ha producido dicha contribución o su participación en la causa que ha motivado la calificación como culpable del concurso (a salvo de la posibilidad de exoneración en los casos contemplados en el art. 165.1 LC). Fuera de estos supuestos, cualquier otra infracción en materia de contabilidad únicamente determinará la calificación del concurso como culpable si se acredita que ha contribuido a generar o agravar la insolvencia del deudor (art. 164.1 LC) en cuyo caso, y de concurrir el resto de presupuestos, también permitiría condenar a las personas afectadas por la declaración que hubiesen participado en dicha conducta.