Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A169-08.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:13:45
Document Index: 255005243

Matched Legal Cases: ['Artículo 144', 'Artículo 1', 'artículo 112', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 256', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 256', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 37', 'artículo 189', 'artículo 150', 'Artículo 18']

A169-08
Auto 169/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ACCION DE TUTELA-Decreto 2195/91 señala regla general de competencia en primera instancia/ACCION DE TUTELA-Competencia del juez del lugar donde ocurrió amenaza o vulneración de derechos fundamentales
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Inaplicación/CONFLICTO DE COMPETENCIA-Aplicación de la excepción de inconstitucionalidad con efectos inter pares
CONFLICTO DE COMPETENCIA NEGATIVO-Resolución por superior jerárquico funcional de juez a quien correspondió el conocimiento ab initio
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia residual para dirimir conflictos de competencia/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia excepcional del Consejo Superior de la Judicatura
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Jueces de jurisdicciones distintas que no tienen superior jerárquico común funcional
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL-Entidad del orden nacional
CONFLICTO DE COMPETENCIA-Autoridades judiciales pertenecientes a la misma jurisdicción
ACCION DE TUTELA CONTRA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL-Competencia del Tribunal Superior
Referencia: expediente I.C.C. 1241
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior de Cúcuta con funciones de conocimiento y el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, en la acción de tutela promovida por la señora Ludy Rojas Espinosa, en representación de su hijo Leonardo David Candelario Rojas, contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.
1. La ciudadana Ludy Rojas Espinosa, en representación de su hijo Leonardo David Candelario Rojas, interpone acción de tutela contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, con el fin de que se ordenara a la entidad demandada el amparo a los derechos fundamentales a la salud y vida de su hijo Leonardo David Candelario Espinosa[1], la cual por reparto correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo (7°) Civil del Circuito de Cúcuta, Despacho Judicial que luego de agotar el trámite correspondiente, profirió sentencia el veintiséis (26) de febrero de dos mil ocho (2008) negando el amparo de tutela solicitado por la accionante[2].
2. Ante ello, la accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión tomada por el Juzgado Séptimo (7°) Civil del Circuito de Cúcuta, el cual por reparto le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, quien mediante auto del cinco (5) de marzo de dos mil ocho (2008), declaró la nulidad de todo lo actuado por no ser el Juzgado Séptimo (7°) Civil del Circuito de Cúcuta el juez competente para darle trámite a la acción, sino el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo y/o El Consejo Seccional de la Judicatura como quiera que, el demandado es una autoridad pública del orden Nacional – DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL-[3]. Por esa razón, en esa misma providencia resolvió remitir la tutela a la oficina judicial “para que sea repartida entre los MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, por ser de su competencia.”[4]
3. Mediante auto del diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008), el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó devolver el expediente al Despacho del Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta que conoció el asunto y decretó la nulidad, toda vez que, “conforme a la normatividad procesal la declaratoria de nulidad de determinada actuación judicial por incompetencia funcional, inexorablemente conlleva la remisión del expediente al Funcionario o Corporación que tenga la competencia y para el caso de la presente acción de tutela la tiene precisamente el Despacho que la decretó; razón suficiente para concluir que era innecesario un nuevo reparto, pues adicionalmente el principio orientador de la celeridad en el trámite del recurso de amparo, obliga a asumir su conocimiento por el citado Despacho…”[5]
4. A su turno, mediante Auto del doce (12) de marzo de dos mil ocho (2008), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, no aceptó el impedimento dado por el magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander para conocer de la acción de tutela, toda vez que:
“ Este Despacho una vez allegada en Segunda Instancia, denota que el juez del Circuito (Séptimo Civil) no era Competente para decidir la misma, por lo que se da aplicación a lo dispuesto en el numeral 2° del Artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, decretando la nulidad, por ende enviándola nuevamente a la Oficina de Apoyo Judicial de la Ciudad, para que diera aplicación a lo dicho en el Numeral 1° del Artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y, así fuera decidida por quien es el competente funcional.
“La oficina de Apoyo repartió como era lo normal entre las Corporaciones existentes en el Distrito que son las competentes para conocer de la Primera Instancia de la Acción de Tutela impetrada contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, sin que se tenga en cuenta que el Despacho decretó la nulidad a que hace referencia al envío de la tutela para su reparto general. Este decreto de nulidad no vincula al Despacho para continuar conociendo de la misma sino que debe someterse a reparto por la OFICINA DE APOYO JUDICIAL.”[6].
Por lo anterior el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta planteó conflicto negativo de competencia en la acción de tutela promovida por Ludy Rojas Espinosa, en representación de su hijo Leonardo David Candelario Rojas, contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.
5.- Remitido el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante auto del nueve (9) de abril de dos mil ocho (2008) dispuso que ella era competente para dirimir el conflicto de competencia suscitado entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con lo regulado por los artículos 256, numerales 6° de la Constitución Política y el artículo 112, numeral 2°, de la ley 270 de 1996 pero no, para dirimir conflictos relacionados con el trámite de la acción de tutela pues, en ese caso la competencia radica exclusivamente en la Corte Constitucional.
1.- El artículo 37 del Decreto 2195 de 1991 señala la regla general de competencia en primera instancia en materia de tutelas. Conforme a dicha normatividad el juez competente para conocer de las acciones de tutela que se interpongan en todo el territorio Nacional es el juez del sitio donde se hayan vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ahora bien, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1382 de 2000, reglamentando el artículo 37 del Decreto 2195 de 1991 y estableciendo reglas de competencia para el reparto de las acciones de tutela[7]. Sin embargo, esta Corte en Auto 085 de 2000 dispuso la inaplicación del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 por encontrarlo contrario a los mandatos superiores constitucionales[8], especialmente el artículo 86 de la Carta Política, aplicando de esa manera la excepción de inconstitucionalidad con efectos interpares[9]. En esa oportunidad se dijo:
“Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución”[10]
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 404 de 2001 en el que decidió suspender la vigencia del Decreto 1382 de 2000 por un año mientras el Consejo de Estado decidía sobre la legalidad del mismo. En cumplimiento de lo anterior, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 18 de julio de 2002, declaró nulo el numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y el inciso segundo del artículo 3° del mismo, conservando validez el resto de la normatividad.
Así las cosas, es claro que la competencia general en materia de tutela la atribuye el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, reglamentado por el Decreto 1392 de 2000 el cual, en su artículo 1°, inciso 1° dispone que aquellas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional –salvo las excepciones señaladas taxativamente por el mismo precepto- su conocimiento corresponderá, en primera instancia, a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.
Ahora bien, es factible que en ciertas ocasiones el conocimiento de un asunto específico pueda producir un conflicto de competencias negativo, esto es la consideración por parte de los jueces a quienes les ha correspondido ab initio el conocimiento del mismo de no ser competentes para fallar el caso determinado. En esos eventos, es necesario que el superior jerárquico funcional de dichos jueces resuelva ese conflicto y dictamine sobre quién reside la competencia de conocimiento.
En tal sentido, la jurisprudencia[11] de esta Corporación ha dispuesto que los conflictos de competencia que se presenten con ocasión de la interposición de una acción de tutela, corresponderá solucionarlo al superior jerárquico común de las dos autoridades judiciales entre quines se entraba la controversia y sólo en aquellos casos en los que no haya un superior jerárquico común de los juzgados o tribunales en conflicto, asume conocimiento la Corte Constitucional para dar solución a la colisión negativa de competencia[12], en aplicación extensiva de la del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[13].
Por ello es que, igualmente, la jurisprudencia ha señalado que la competencia de la Corte Constitucional para la resolución de este tipo de controversias es de tipo residual y constituye una excepción a la regla general consagrada en el artículo 256, inciso 6° de la Constitución Política según la cual, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
Por consiguiente, es claro que la Corte Constitucional, como Tribunal vértice de la jurisdicción constitucional[14], sólo puede dirimir un conflicto negativo de competencia, cuando las autoridades judiciales inmersas en tal controversia no tengan un superior jerárquico común que dictamine quién es el juez de tutela competente para conocer del asunto y, lo hace en aplicación extensiva del artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
2.- En relación con lo anterior, en el caso concreto, se encuentra que según el mencionado artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y el criterio funcional de la jurisdicción constitucional, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta –Sala Civil de Familia- con funciones de conocimiento, no tienen superior jerárquico común funcional, como quiera que, cada uno de los jueces en mención pertenecen a jurisdicciones distintas: jurisdicción ordinaria –civil- y jurisdicción contencioso administrativa, respectivamente. Debido a esto, la Corte aplicará el criterio funcional[15] correspondiente a la jurisdicción constitucional, en atención a que los jueces mencionados obran en el presente proceso como jueces de tutela, luego su ejercicio se despliega dentro de la jurisdicción constitucional en comento. En este orden de ideas, es a la Corte Constitucional –como Tribunal vértice de la mencionada jurisdicción constitucional- a quien corresponde desatar el presente conflicto de competencia.
3.- La ciudadana Ludy Rojas Espinosa interpone acción de tutela, en representación de su hijo Leonardo David Candelario Rojas, contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, con el fin de que se ordenara a la entidad demandada disponer el amparo de los derechos fundamentales a la salud y vida del menor Leonardo David Candelario Rojas, mediante el suministro de los medicamentos SOMATROPINA 16 UI CÁPSULAS (GENETROPIN) –marca comercial- para el manejo de la enfermedad que éste padece –TALLA BAJA PATOLÓGICA-.
Por reparto, dicha acción correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo (7°) Civil del Circuito de Cúcuta, quien luego de agotar el trámite correspondiente, profirió sentencia el veintiséis (26) de febrero de dos mil ocho (2008) negando el amparo de tutela solicitada por la accionante; quien la impugnó según el escrito del veintiocho (28) de febrero de dos mil ocho (2008)[16].
Concedida la impugnación, el expediente fue remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil de Familia, quien mediante sentencia del cinco (5) de marzo de dos mil ocho (2008) declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que ordenó darle trámite a la acción, por considerar que el juzgado Séptimo (7°) Civil del Circuito de Cúcuta carecía de competencia para conocer de la acción de tutela por cuanto que la entidad demandada es del orden nacional y, en esos casos la competencia radica, en primera instancia, para darle trámite a la acción, en los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en aplicación del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. Por tal razón, dispuso remitir el expediente a la Oficina Judicial para el reparto correspondiente.
Así las cosas, por reparto, el conocimiento de la acción de tutela correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, despacho judicial que se pronunció en auto del diez (10) de marzo de dos mil ocho (2008) en el que resolvió devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil de Familia, por considerar que “conforme a la normatividad procesal la declaratoria de nulidad de determinada actuación judicial por incompetencia funcional, inexorablemente conlleva la remisión del expediente al Funcionario o Corporación que tenga la competencia y para el caso de la presente acción de tutela la tiene precisamente el Despacho que la decretó; razón suficiente para concluir que era innecesario un nuevo reparto, pues adicionalmente el principio orientador de la celeridad en el trámite del recurso de amparo, obliga a asumir su conocimiento por el citado Despacho...”[17]
Regresado nuevamente el asunto a la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, este Despacho profirió auto del doce (12) de marzo de dos mil ocho (2008), mediante el cual decidió no asumir competencia para darle trámite a la acción (en primera instancia) y, en su defecto, provocó el conflicto negativo de competencia con el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y remitió el expediente al Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- para que desatara la controversia.
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante auto del nueve (9) de abril de dos mil ocho (2008) dispuso no resolver el conflicto de competencia toda vez que, ese Despacho es competente para desatar las controversias que se presenten entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con lo regulado por el artículo 256, numeral 6º, de la Constitución Política y el artículo 112, numeral 2º, de la Ley 270 de 1996, y no en relación con los conflictos de competencia que se susciten en el trámite de una acción de tutela. Por ello, resolvió remitir el expediente en mención a la Corte Constitucional para que fuera este Tribunal quien dirimiera el conflicto negativo de competencia.
4.- Conforme a los planteamientos anteriormente señalados, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta por la señora Ludy Rojas Espinosa, efectivamente, se dirige contra una entidad del orden Nacional –DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL-, cuestión ésta que no puede derivar en el desconocimiento del asunto por parte de los jueces de tutela por considerar, en el estudio de impugnación, que no se tiene competencia para darle trámite a la acción de tutela, más aún cuando quien toma esa decisión -Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-, es competente para conocer del asunto, de conformidad con el numeral 1º del artículo 1º, del Decreto 1382 de 2000.
En efecto, visto que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta decidió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que ordenó darle trámite a la acción, es decir, dejar sin efectos jurídicos toda la gestión realizada, en primera instancia, por el Juzgado Séptimo (7) Civil del Circuito de Cúcuta, por considerar que éste carecía de competencia para conocer del asunto toda vez que, la demandada es una entidad del orden Nacional -DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL-, la Sala encuentra que, en aplicación del inciso 1º, del artículo 1º del Decreto 1282 de 2000, aquel Tribunal falló correctamente puesto que, el conocimiento del asunto ab initio correspondía a un Tribunal Superior del Distrito Judicial, Administrativo o Consejo Seccional de la Judicatura, al ser la accionada una entidad del orden Nacional.
Con todo, al ser el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta una de aquellas autoridades judiciales a las que el inciso 1º del artículo 1º, del Decreto 1382 de 2000 les atribuye competencia para conocer los asuntos de tutela que se inicien contra entidades del orden Nacional, la Sala constata que el proceder de este Tribunal fue equivocado por cuanto que la competencia sí radicaba en su cabeza y no sobre el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En otras palabras, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta procedió adecuadamente al declarar la nulidad de lo actuado en primera instancia por parte del Juzgado Séptimo (7) Civil del Circuito de Cúcuta por carecer este de competencia para conocer de la acción, sin embargo, no ha debido iniciar un nuevo reparto pues en aplicación del precepto normativo atrás nombrado –inciso 1º, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000-, ese Despacho estaba totalmente facultado para darle trámite a la acción de tutela en primera instancia por ser la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL una entidad del orden Nacional.
Por otro lado, le asiste razón a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al señalar que ellos no son competentes para destrabar el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por cuanto que la controversia se planteó dentro de la jurisdicción constitucional entre dos jueces que no tienen un superior jerárquico común mientras que, la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para resolver dichos conflictos se da entre dos jueces de distintas jurisdicciones, tal como lo señala el artículo 256, numeral 6º de la Constitución Política; y se reitera, en el presente caso el conflicto se generó entre dos autoridades judiciales pertenecientes a la misma jurisdicción, por tratarse de un asunto de tutela.
5.- Por las razones expuestas, y actuando esta Corporación como Tribunal vértice de la jurisdicción constitucional, en aplicación del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, la Sala encuentra que dentro del proceso de la referencia, obrando como demandado la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL[18] el competente para resolver la acción de tutela promovida por la ciudadana Ludy Rojas Espinosa, en representación de su hijo Leonardo David Candelario Rojas, es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta con funciones de conocimiento, de conformidad con el inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
Primero.- Remítase el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por la ciudadana Ludy Rojas Espinosa, en representación del menor Leonardo David Candelario Rojas contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta con funciones de conocimiento, para que le dé trámite a la acción, en primera instancia, y decida en forma inmediata.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 169 DE 2008
Referencia: ICC-1241
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[19] Dice así la disposición citada:
[1] A quien le diagnosticaron TALLA BAJA PATOLÓGICA, cuyo tratamiento se da a través del suministro del medicamento SOMATROPINA 16 UI cápsulas, GENOTROPIN marca comercial.
[2] Cuaderno 1, folios 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
[3] Cuaderno 1, folios 43, 44, 35 y 46.
[4] Cuaderno 1 , folio 45.
[5] Cuaderno 1, folio 54.
[6] Cuaderno 1, folio 62.
[7] Corte Constitucional. Auto 236 de 2006.
[8] En esa oportunidad se señaló que el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, al expedir el Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, en vez de “reglamentar” el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, lo que hizo fue introducirle modificaciones, al establecer la competencia para conocer las acciones de tutela, rebasando sus funciones constitucionales establecidas en el artículo 189 Superior, cuando la reglamentación de tal mecanismo de protección debe ser reglamentado expresamente por el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política.
[9] Corte Constitucional Auto 236 de 2006.
[10] Consúltese Corte Constitucional, Autos 072 y 073 del 27 de febrero de 2001.
[11] Corte Constitucional. Auto 030 de 2007.
[12] Corte Constitucional. Autos 086 de 2007, 030 de 2007, 176 de 2007, 203 de 2007.
[13] Ley 270 de 1996: Artículo 18: “Conflictos de Competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.
[14] Cfr. Corte Constitucional. Auto 044 de 1998; Auto 047 de 2002; Auto 067 de 2003; Auto 010 de 2007; Auto 054 de 2007.
[15] Cfr. Corte Constitucional. Auto 031 de 2002; ICC-647 de 2003.
[16] Cuaderno 1, folios 34 y 35.
[17] Cuaderno 1, folio 54.
[18] Cuaderno 1, folio 1.
[19] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .