Source: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2018/05/05/garantias-constitucionales/
Timestamp: 2018-07-17 19:39:50
Document Index: 213950444

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Garantías Constitucionales – Grado Cero Prensa
Por Martínez Núñez Jacqueline
Las garantías constitucionales como bien se sabe son aquellos medios jurídicos de protección a los derechos del hombre frente a las autoridades públicas, que se encuentran previstas en la constitución políticas de los Estados Unidos Mexicanos y otras normas legales, aseguran y garantizan el respeto a los derechos del hombre por parte de las autoridades estatales y asimismo cuentan con un medio procesal para su defensa.
Hay que entender que no son derechos humanos sino el medio jurídico de protección de ellos.
Las garantías del gobernado dentro del ordenamiento jurídico mexicano se encuentran comprendidas dentro de los primeros 29 artículos de la ley suprema, aunque dichas garantías son extensivas y no se remiten a dichos artículos exclusivamente.
Estas garantías pueden clasificarse en; garantías de igualdad, seguridad jurídica, libertad y propiedad.
El presente trabajo se remitirá a analizar la garantía de derecho de petición; éste es, quizá, uno de los menos conocidos e invocados de los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución. Sin embargo, no debe pensarse que se trata de un derecho menor; al contrario, es uno de los cauces a través de los cuales se posibilita la participación de los ciudadanos en la cosa pública.
Éste se encuentra comprendida específicamente en el artículo 8 de la constitución política de los E.U.M; referente a aquella libertad que tienen los gobernados para realizar una petición de cualquier índole a un funcionario y empleado públicos, teniendo el derecho a la respuesta a dicha solicitud.
El derecho de petición es una garantía de orden social.
Este derecho suele no ser muy conocido e invocado como uno de los más importantes dentro de los derechos que poseen los gobernados, pero a pesar de ello no hay que dejarlo pasar por algo ni restarle importancia pues es la manera en como los ciudadanos pueden participar en la cosa pública.
Asimismo este derecho es de trascendencia pues ha sido resultado de una evolución y del transcurso del tiempo pues se revela como la exclusión o negación a la venganza privada donde anteriormente cada quien se hacía justicia por su propia mano; si se analiza dicho sistema o medio de defensa atenta contra la seguridad, orden y bienestar social, por lo que se pasó del régimen de venganza privada al régimen de autoridad en la solución de conflictos y contiendas surgidos entre los miembros de la sociedad humana. De esta manera fue como el individuo tuvo potestad de recurrir a la autoridad para que ésta, en ejercicio del poder soberano que tiene, pueda auxiliar en la solución de los conflictos que puedan presentar sus gobernados; este auxilio se traduce en una petición y ésta a su vez es extensiva pues no sólo es una petición para la solución de conflictos entre gobernados (litigio), sino es una petición de cualquier índole.
Ahora bien, el derecho de pedir se puede entender como la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado al cumplir con los compromisos contraídos válidamente. [1]
Asimismo por una parte el gobernado tiene este derecho de petición, corriendo a cargo de las autoridades estatales la obligación de contestar a dicha solicitud, derivado de esto surge un nuevo derecho conocido como el derecho a la contestacióno derecho a la respuesta; los dos están ligados pues sin la existencia del primero no tendría razón de ser el segundo.
El derecho de petición tiene su fundamento legal en el artículo 8 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos expresado en los siguientes términos:
Art. 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionar.
Por lo anterior, puede aludirse a sendas garantías de este artículo, que son el derecho de petición, un derecho subjetivo público consistente en la posibilidad de elevar una solicitud a una autoridad; y derivado de esto, trae como obligación correlativa del Estado primeramente el ser respetado ese derecho por la autoridad y seguido de esto de recibir el escrito de petición; y la garantía de respuesta a lo pedido, que importa la necesidad de que la autoridad a quien se dirigió dicho escrito, resuelva sobre lo solicitado.
Hay que observar que en el artículo no menciona qué se entiende por petición; el legislador dejó muy amplia dicho concepto por lo tanto cualquier comunicación que incluya petitium,una solicitud, una queja, es considerada petición. [2]
Los sujetos dentro de esta garantía son; como titular de ella se tiene al gobernado en general, es decir, toda persona física o moral que tenga este carácter, que es la que tiene el derecho subjetivo público y por otro lado, son oponibles frente de ésta en términos del artículo 8° a todos los servidores públicos como lo son funcionarios y empleados públicos. En estas condiciones, toda persona que ocupe un cargo, empleo o comisión en la legislatura, en la administración pública centralizada (federal, estatal, distrital o municipal), así como los órganos descentralizados (federales, estatales, distritales o municipales), en la judicatura y/o en los órganos públicos autónomos debe respetar estos derechos.[3]
El derecho de petición es una prerrogativa que tienen todos los gobernados consistente en la solicitud que se eleva a una autoridad requiriéndole algo, pero dicha solicitud debe cumplir con tres condiciones esenciales para que ésta sea aceptada por la autoridad, declarados en el artículo 8° y son los que a continuación se mencionan:
La petición debe ser formulada por escrito.
El peticionario debe dirigirse con respeto a la autoridad.
La petición debe hacerse pacíficamente.
I.- La petición debe ser formulada por escrito En la primera parte del artículo nos dice que los funcionarios y empleados públicosrespetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito esto es con la finalidad de que la autoridad tenga la certidumbre de lo que es pedido por el gobernador y así poder cumplir con sus obligaciones derivadas de la garantía.
El documento de petición debe de contener ciertos requisitos para que sea admitido por la autoridad a la que se dirige, como son:
ü A qué servidor o empleado se está dirigiendo dicho escrito;
ü Quién comparece en ejercicio del derecho de petición, aclarando la calidad con que promueve;
ü Cuál es el domicilio de esa persona;
ü Qué es lo que se pide al destinatario de la petición;
ü Que se redacte en idioma español;
ü Que se firme el escrito; y,
ü Que se señale fecha de su formulación.
Una vez cubiertos los anteriores, el documento cumple con los requisitos para poder ser aceptado.
II.- El peticionario debe dirigirse con respeto a la autoridad. En su escrito de petición el gobernado debe de dirigirse a la autoridad con cierto respeto, es decir, no usando diatribas, calumniándola, denigrándola, insultándola, ofendiéndola o causándole demérito en su patrimonio moral, es decir, se debe de dirigir teniendo un lenguaje adecuado y respetuoso hacia y para ella.
III.- La petición debe hacerse pacíficamente. Este punto hace referencia a que la petición debe hacerse de manera pacífica, es decir, evitar el uso de la violencia con el fin de obtener una respuesta favorable por parte de la autoridad a quien se dirige la petición.
Esto es con la finalidad de evitar el uso de la violencia, la presión o la fuerza para así no se rompa con la paz y la convivencia social.
Una vez que se cumplan con estas tres condicionantes establecidas en el artículo constitucional se estará bajo la posibilidad de poder ejercitar el derecho de petición, sin que se reúnan uno de estos aspectos, no se estará bajo el derecho consagrado en la Constitución.
Lo expuesto anteriormente son los requisitos y lo que le concierne al gobernado frente a la garantía de la que es titular para poder hacer uso de ella, pero lo que respecta a la autoridad y su obligación suele ser más complejo.
Como se ha mencionado y como el artículo de forma expresa dice que a todo escrito de petición debe recaer un acuerdo escrito por parte de la autoridad a quien se haya dirigido, esto es, tiene la obligación de dar contestación a la petición de forma escrita.
De esto surge el derecho a la respuesta.
El derecho a la respuesta es el segundo acto dentro de lo que pudiéramos considerar el procedimiento petitorio.
Este es consistente en una prerrogativa que tiene el gobernando que hace la solicitud para que la autoridad le de contestación de forma obligada a su ésta, debiendo ser congruente con lo pedido y hecha del conocimiento de quien haya ejercitado el derecho de petición.
Lo anterior es consistente en clave constitucional en una serie de elementos vinculados con la actuación del órgano o del servidor público al conocer y decidir sobre la petición que se les formula, y se traduce en;
La obligación de los órganos o servidores públicos de acordar la petición
Que este acuerdo sea por escrito
Que se haga conocer al peticionario en breve término del acuerdo recaído.[4]
I.- La obligación de los órganos o servidores públicos de acordar la petición o mejor dicho, dar contestación a la solicitud que se eleve. Es la obligación más importante de las autoridades derivadas del derecho de petición, porque precisamente esta obligación implica la denominación del derecho de que es titular el gobernado; que se le responda a lo que solicitó de la autoridad.
Una vez que la autoridad ha recibido un escrito de petición, está constreñida a dar contestación a dicha solicitud; la cual puede ser contestada en cualquier sentido, es decir, otorgando o negando lo reclamado, pero sin que la autoridad guarde silencio.
Lo anterior nos remite a un punto de suma importancia en el derecho a la respuesta, el sentido de la respuesta de la autoridad.
El artículo constitucional no menciona en ninguna parte el sentido que debe de tomar la contestación de la autoridad pero el hecho de que se esté obligada la autoridad a contestar a le petición hecha por el gobernador, no lleva implícito que ésta esté obligada a contestar en conformidad con los términos de la solicitud, circunstancia que ha sido corroborada por la jurisprudencia de la suprema corte la cual nos dice que:
PETICIÓN, DERECHO DE, NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD: Las garantías del artículo 8° constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que resuelvan las peticiones en determinado sentido. (Tesis 212, Octava parte, Ap. 1917-1985, SJF).[5]
Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone la ley, al dictar un acuerdo, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido.[6]
Si respondiere en sentido negativo a la solicitud, la autoridad no incurre en violación de garantías.
II.- Que este acuerdo sea por escrito. La contestación debe hacerse por escrito con la finalidad de que el gobernado tenga certeza de qué fue lo que le contestó la autoridad y asimismo tenga conocimiento de las causas y motivos por los que se produjo la respuesta correspondiente en los términos en que se formule y asimismo el tener un medio escrito el solicitante tenga la posibilidad de impugnarla.
Dentro de este apartado en encontramos una sub obligación consistente en que esa contestación emitida sea congruente con lo pedido, es decir, que la autoridad debe apegar su contestación a lo que el peticionario solicitó, sin que sea dable que produzca una contestación que no guarde relación con la materia propia de lo pedido.
Respecto a las características del escrito de contestación debe estar revestido de algunas como en el escrito de solicitud como es que este escrito en idioma español, etc.
Respecto a estos dos supuestos podemos invocar dos jurisprudencias:
PETICION, DERECHO DE. ACUERDO POR ESCRITO. Se viola la garantía que consagra el artículo 8° constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud, sin que valga el argumento de que el cumulo de solicitudes similares impide que puedan resolverse todos los casos con la prontitud que los interesados desean, pues, ante esta situación, la oficina respectiva debe prever a la solución de la falta de personal adecuado, de manera que su función administrativa se cumpla con toda eficacia. (Tesis 210, Octava Parte, Ap. 1917-1985, SJF).
PETICION, INTERES JURIDICO EN EL AMAPARO POR VIOLACIONES AL DERECHO DE. Por no dar congruente contestación a la solicitud que se haga ante la autoridad se lesionan los intereses jurídicos del ocursante, en virtud de que, atento a lo ordenado por el artículo 8° constitucional, las autoridades tienen la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, este bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que se hará conocer en breve termino al peticionario. (Tesis 213, Octava parte, Ap. 1917-1985, SJF).
III.- Que se haga conocer al peticionario en breve término del acuerdo recaído. No solamente debe pronunciarse un acuerdo escrito que deba recaer toda solicitud de la propia naturaleza, sino que el órgano del Estado a quien se dirija tiene la obligación de hacer del conocimiento del solicitante dicho acuerdo. [7]
En primera parte; la autoridad está obligada a hacer del conocimiento al solicitante de su resolución pues si no lo hace no tendría sentido dicha resolución. Se entiende que el contenido del derecho de respuesta se cumple cuando la autoridad que ha conocido de la petición hace del conocimiento delpeticionario el acuerdo escrito que ha recaído a su solicitud.
Hay que tener claro que una es la resolución a la solicitud que es el acuerdo, este debe ser estrictamente en escrito pero la notificación del acuerdo en términos generales debe hacerse de manera personal.
Se ha entendido que la notificación deba tener el carácter de personal,tal y como lo apunta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en lasiguiente tesis:
DERECHODEPETICIÓN. DEBENOTIFICARSE EN FORMAPERSONALLASFASESDELTRÁMITEPARACONTESTARLASOLICITUDCORRESPONDIENTE. Por encima de cualesquiera norma secundaria o decreto, se debe atender el texto del artículo 8o.constitucional, que no admite más interpretación que la literal derivada desu simple lectura, de donde se obtiene que es necesario notificar el acuerdorecaído a una petición, en forma personal, notificación que incluye la detodas las fases del trámite requerido para contestar la solicitud (Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, SJF8, t. XIII-mayo, p. 43)[8]
La notificación admite excepciones de hacerse por escrito.
En la segunda parte se refiere a que esa respuesta debe ser dada en breve término, Así, la Segunda Sala ha considerado que el “breve término debe contarse a partir de la petición, y no a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo que recaiga a la misma, pues en esta forma, se desvirtuaría la obligación que dicho precepto impone, de respetar el derecho de petición”.[9]
El mismo órgano colegiado ha sostenido que el breve término es “aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse”[10]y que tal expresión utilizada por el constituyente “es bastante para que, bajo el prudente criterio del juez, se fije por éste, sin más apoyo legal, el término de diez días para que se dé respuesta a la solicitud que se le haya presentado.”[11]
Dicho lo anterior el breve termino al que se refiere el artículo 8° constitucional, es el tiempo que necesite la autoridad (servidor público ante el cual se ejercitó el derecho de petición) para responder a la solitud que le fue formulada, diciendo en uno de sus criterios anteriormente citados que el tiempo es el que racionalmente se necesite para estudiar la petición y acordarla, dando respuesta al gobernado.
La negativa ficta es una figura que suele causar confusión cuando se habla del derecho de petición.
Es evidente que para que se dé la figura de la negativa ficta primero tuvo que existir el ejercicio del derecho de petición pero yendo más allá, hay que analizar que la garantía consagrada en el artículo 8° constitucional es totalmente distinta a la que puede dispensarse de la negativa ficta.
Se puede entender la negativa ficta como la figura que por virtud de una ficción jurídica legal, se entiende que la autoridad ha negado lo pedido por el gobernado, esto como consecuencia a que dicha autoridad no dio contestación a esa petición. Entonces al no recibir contestación de la autoridad por un plazo determinado (3 meses) se entiende que está resolvió en sentido negativo, es decir se negó a la petición.
Pero hay que entender que la figura de la negativa ficta solamente tiene su operatividad en materia administrativa y fiscal, pues esta figura viene comprendida en el artículo 17° la Ley federal del procedimiento administrativo y en el artículo 37 del código fiscal de la federación.
Hablando en términos jurídicos se han emitido una serie de tesis donde distinguen la negativa ficta del derecho de petición, como se muestra a continuación:
NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICION. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8° constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa, deberá recaer una contestación también por escrito, congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada por el artículo 37 del código fiscal de la federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa, en consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8° constitucional, porque una excluye a la otra.[12]
Así pues, hay que entender que ambas figuras son totalmente distintas, ya que de actualizarse la negativa ficta, se estarían creando consecuencias jurídicas que no derivan de la falta de contestación a una petición, lo cual es violación a la garantía del derecho a la respuesta que consagra el artículo 8° constitucional.
Aquí estaríamos frente a un acto de autoridad y se podría recurrir al medio de defensa que es el juicio de amparo.
Las garantías constitucionales tienen como medio de defensa a las violaciones que pudieran llega a sufrir el juicio de amparo. El juicio de amparo es uno de los medios de control constitucional decarácter judicial.
En este caso, la violación al derecho de petición puede ser impugnada mediante este juicio, la violación al artículo 8° se puede dar por tres supuestos:
ü Existe una acción u omisión de un servidor público o autoridad que, por sí o por interpósita persona, impide el ejercicio del derecho de petición formulado por escrito, de manera pacífica o respetuosa, a losciudadanos que tienen el derecho exclusivo de ejercitar el derecho de petición en materia política.
Se da una acción u omisión por parte de unservidor público o autoridad al no responder mediante un acuerdo escrito una petición dirigida a él.
ü Existe una acción u omisión por parte de un servidor público o autoridad, mediante la cual disuelve una asamblea o reunión que tiene por objeto elaborar una petición a la autoridad, siempre que en la asamblea o reunión no se profieran injurias, o se realicen actos de violencia o amenazas para intimidar a la autoridad.
El tiempo para interponer el juicio de amparo es indeterminado pues se dice que este se debe ejercitar en cuanto haya violación a las garantías constitucionales. El juicio de amparo se puede ejercitar en cuanto haya violación ya sea al derecho de petición o al de respuesta, que es cuando generalmente se dan las violaciones.
Existe una tesis que señala que no hay plazo determinado:
PETICION, DERECHO DE. OPORTUNDAD DEL AMPARO. Para reclamar la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional no hay termino, pue siendo un acto de abstención el que se reclama, y creando dicha omisión una situación permanente mientras se subsana, puede reclamarse en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de consentimiento, expreso ni tácito, en términos del artículo 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de extemporaneidad de la demanda. Pues como el término razonable del que habla el precepto constitucional no está definido en forma precisa, no puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad de la demanda. Ni puede obligarse a nadie, tratándose de abstenciones, a que promueva el amparo, antes de que estime que hacerlo conviene a su derecho. [13]
Finalmente, otro punto importante dentro de esta garantía es una restricción que expresamente señala el artículo en su primera parte cuando dice que en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la república.
Lo que por deducción da a entender en primer punto que los extranjeros que aún no adquieran la nacionalidad mexicana no podrán hacer ejercicio de este derecho en lo que respecta sólo en materia política; como en el artículo 33, último párrafo dice que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, incluye el derecho de petición.
Pero no solo los extranjeros están restringidos en dicho apartado; tampoco pueden hacer uso de este derecho los que reuniendo la calidad de mexicanos sean menores de 18 años y quien no tenga un modo honesto de vivir pues así lo muestra expresamente el artículo 34 constitucional al mencionar quienes son ciudadanos de la Republica, aunque las garantías se aplique a todos por el simple hecho de ser humanos, existe esta restricción.
Existen diversos tipos de garantías consagradas en la ley suprema que es la Constitución Política, donde algunos tienen mayor trascendencia en la vida cotidiana de los seres humanos y otros suelen dejarlos pasar por alto. Pese a ello, éstas no dejan de tener gran importancia y relevancia en la vida de las personas.
Tal es el caso del derecho de petición, en diversas ocasiones la mayoría de las personas suelen incluso desconocer que tienen ese derecho pero con ello considero que es de suma importancia en el desarrollo del ser humano ya que en distintas ocasiones necesitamos el auxilio de las autoridades, de los órganos del estado para resolver distintas situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana y la constitución nos da esta posibilidad de recurrir a éstos para obtener una respuesta.
El derecho de petición se encuentra dentro de las garantías de libertad debido a que se le da al gobernado la libertad de ejercitarlo de forma libre en el tiempo y la situación que a su interés convenga, pudiendo o no hacer uso de él.
La Constitución en su artículo 8°, nos da un procedimiento muy sencillo para la tramitación de este derecho, donde considero que cualquier persona puede hacer uso de éste. Asimismo creo es un derecho importante porque no restringe esa solicitud a algún aspecto en específico sino da cabida a cualquier aspecto.
Es una garantía para el ser humano de que se tiene el apoyo y respaldo de la autoridad para pedirle a éste su apoyo en distintas situaciones.
Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, Porrúa, México, 1996, 502 pp.
Bazdresch, Luis, Garantías constitucionales, Edit. Trillas, México, 1988, 129 pp.
Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2004.
Del Castillo del Valle, Alberto, Garantías del gobernado, Ediciones Jurídicas Alma, México, 2004, pág. 732 pp.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/323/14.pdf, Limitaciones y garantías de libertad, fecha de consulta: 15/05/2016.
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fecha de consulta: 16/05/2016.
[1]Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, Porrúa, México, 1996, pág. 376
[2]Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México,Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2004, pág. 104.
[3]Del Castillo del Valle, Alberto, Garantías del gobernado, Ediciones Jurídicas Alma, México, 2004, pág. 245.
[4]Cienfuegos Salgado, Op.cit. pág.173.
[5]Del Castillo Del Valle, Op. Cit. p. 248
[6]Burgoa, Ignacio, Las garantías individuales, Porrúa, México, 1996, pág. 377
[8]Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México,Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2004, pág. 194.
[9]Ibid., p. 190
[11]Loc. cit.
[12]Del Castillo Del Valle, Op. Cit. p. 256.
[13]Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, SJF7, t. 145-150 sexta parte, p. 200.
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