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Timestamp: 2019-09-15 08:14:17
Document Index: 290156660

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 444', 'artículo 450', 'artículo 39', 'artículo 7', 'artículo 450', 'artículo 444', 'artículo 450', 'artículo 444', 'artículo 379', 'artículo 194', 'artículo 444', 'artículo 450', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL7991-2017/76206 DE JUNIO 21 DE 2017
SENTENCIA SL7991-2017 DE 21 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIACIÓN EN LA HUELGA EN LA ORGANIZACIÓN SINDICAL. EL ALTO TRIBUNAL HA ESTABLECIDO QUE EXISTEN DOS REGLAS DE DECISIÓN DE LA HUELGA, LAS CUALES SON PERFECTAMENTE DIFERENCIABLES, EN FUNCIÓN DEL CARÁCTER QUE OSTENTE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL: I) SI ES MAYORITARIA, LA DECISIÓN LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS AFILIADOSII) MIENTRAS QUE SI ES MINORITARIA, LA DECISIÓN DEBE SER ADOPTADA POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA. ASÍ MISMO, SEGÚN EL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO ESTIPULA QUE LA HUELGA O LA SOLICITUD DE ARBITRAMENTO SERÁN DECIDIDAS DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE ARREGLO DIRECTO, MEDIANTE VOTACIÓN SECRETA, PERSONAL E INDELEGABLE, POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS AFILIADOS AL SINDICATO O SINDICATOS QUE AGRUPEN MÁS DE LA MITAD DE AQUELLOS TRABAJADORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE SINDICALIZACIÓN, DERECHO DE HUELGA, HUELGA, SINDICATO, HUELGA ILEGAL, SINDICATO DE EMPRESA, DERECHOS DEL SINDICATO
Sentencia SL7991-2017/76206 de junio 21 de 2017
Dr. Rigoberto Echeverri Bueno.
SL7991-2017
Rad.:76206
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia —Sintragrancol—, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 14 de octubre de 2016, dentro del proceso especial de calificación de huelga promovido por la empresa Agroinversiones La Ceiba SAS. contra la organización sindical recurrente.
La sociedad Agroinversiones la Ceiba S.A.S. inició un proceso especial en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Agroindustriales de Colombia - Sintragrancol, con el fin de obtener que se declarara la ilegalidad de la huelga adelantada por esa organización dentro de sus instalaciones, por haber ejecutado “…hechos violentos…” y por haber incurrido en las prohibiciones contenidas en los literales c), d), e) y f) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para fundamentar sus súplicas, señaló que en el interior de la empresa funciona el sindicato demandado, como organización “…de primer grado y de industria…”; que la compañía desarrolla sus labores en tres fincas de su propiedad, denominadas Porvenir, Ceiba y Naranjitos, todas ubicadas en la zona bananera de los corregimientos Santa Rosalía y el Reposo, con un total de 193 trabajadores; que el 7 de junio de 2016 la demandada dio origen a un proceso de negociación colectiva, luego de la presentación de un pliego de peticiones, cuya etapa de arreglo directo culminó el 12 de septiembre de 2016, sin acuerdo alguno; que, por tratarse de un sindicato minoritario, convocó a la asamblea general de los trabajadores, para definir el destino del conflicto colectivo, pero solo realizó asamblea en la finca Porvenir, de manera que solo 36 trabajadores votaron por el ejercicio de la huelga, de un total de 193; y que, a pesar de no haber obtenido la mayoría legal necesaria, la demandada procedió a ejecutar la huelga y bloqueó de manera ilegal y abusiva los accesos de la finca Porvenir.
La organización sindical demandada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Admitió que había promovido el proceso de negociación colectiva y que había convocado a votación para definir el ejercicio de la huelga, con la aclaración de que el ámbito de acción del pliego de peticiones se reducía a la finca Povenir y, por ello, no era necesario contar con la aprobación de trabajadores de otras fincas, representadas por otra organización sindical. Respecto de lo demás, expresó que no era cierto o que no le constaba.
En su defensa, arguyó que su actuación se había ceñido a los términos legales establecidos para el desarrollo del conflicto colectivo, pues había cumplido con la etapa de arreglo directo, además de que la huelga había sido votada por todos los trabajadores afiliados y por la mayoría de los que prestaban sus servicios en la finca Porvenir, que cuenta con 67 servidores. Precisó, además, que los miembros de la organización habían sido respetuosos de la ley y de las instituciones, por lo que no se configuraban las causales para declarar la ilegalidad del cese de actividades, como lo pedía la empresa demandante.
Tramitada la primera instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, a través de la Sentencia del 14 de octubre de 2016, declaró la ilegalidad de la huelga.
En aras de justificar su decisión, el Tribunal resaltó que el artículo 39 de la Constitución Política consagra el derecho de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales, sin intervención del Estado o de los empleadores, con el fin de promover mejoras en sus condiciones laborales, a través de instrumentos fundamentales como la negociación colectiva y la huelga. Advirtió, no obstante, que este último derecho, a ejercer presión a través de ceses colectivos de trabajo, no era absoluto y debía someterse en su declaración, ejecución y desarrollo, a los precisos términos establecidos legalmente.
En tal dirección, explicó que, en la Sentencia C-1369 de 2000, la Corte Constitucional había definido que la huelga no era un derecho fundamental y solo podía ejercerse respetando los cauces señalados por el legislador, que podía limitarla válidamente, en aras de proteger los intereses de los demás y el orden público. Por ello mismo, insistió en que tal medida estaba prohibida en los servicios públicos definidos por la ley y que, en los demás casos, debía ceñirse a la reglamentación legal, de manera que el análisis de su legalidad debía armonizar los intereses y derechos sociales y familiares de los trabajadores con los intereses de la comunidad y de la empresa, encaminados a lograr la prestación de un servicio y preservar las fuentes de producción y empleo.
Dicho ello, resaltó que el artículo 7º de la Ley 584 de 2000 prohíbe a las organizaciones sindicales promover ceses colectivos de trabajo, excepto los declarados de conformidad con la ley o aquellos imputables al empleador, por el incumplimiento de sus obligaciones, además de que el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo establece las causales de ilegalidad, dentro de las cuales se cuentan los literales c), cuando no se hubiera cumplido previamente con la etapa de arreglo directo; d), cuando la decisión no hubiera sido adoptada por la asamblea general de los trabajadores, en los términos previstos legalmente; e), cuando se hubiera ejecutado antes de los dos días posteriores a su declaración o 10 días después de ello; y f), cuando no se limite a la cesación pacífica del trabajo.
En este caso, encontró probado el Tribunal que la organización sindical demandada había promovido un cese de actividades en la finca Povenir, de propiedad de la demandada, a partir del 28 de septiembre de 2016, como se podía evidenciar en el acta levantada por la Dirección Territorial del Magdalena del Ministerio de Trabajo y en la constancia del personero municipal, en la que dejó sentado que el acceso al predio estaba bloqueado con una barricada de personas y que la razón de ello era que se encontraban en huelga, además de que no dejaban ingresar al personal que sí quería trabajar y debía adelantar labores de mantenimiento de los cultivos.
Luego, al analizar las causales de ilegalidad de la huelga alegadas por la empresa demandante, subrayó que en este caso sí se había surtido la etapa de arreglo directo, culminada el 12 de septiembre de 2016 con un acta de no acuerdo, por lo que no se había configurado la causal “c”; que la votación y decisión de la huelga se había materializado el 22 de septiembre de 2016 y su ejecución había comenzado el 28 de septiembre del mismo año, por lo que tampoco se configuraba la causal “e”; y que si bien esta corporación, en decisiones como las CSJ SL5686-2014 y CSJ SL11763-2014, había advertido que las huelgas debían ser pacíficas, además de que en este caso se habían generado bloqueos por la puesta de pancartas y pasacalles, ello no podía considerarse como un acto violento en contra de la empresa o de los trabajadores, por lo que tampoco se configuraba la causal “f”.
Finalmente, en torno a la causal “d”, citó apartes de las decisiones emitidas por esta Corporación CSJ SL, 3 jun. 2009, rad. 40428, y CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55496, y señaló que las huelgas derivadas de un conflicto colectivo de trabajo debían someterse en su declaración y desarrollo, a los precisos términos previstos en los artículos 444 y 445 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que cuando el conflicto había sido promovido por un sindicato minoritario, la huelga debía ser decidida por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa.
Recalcó, en ese sentido, que debido a su trascendencia social y a sus efectos, cuando era promovida por un sindicato minoritario, la huelga debía ser decidida por todos los trabajadores de la empresa, en la medida en que afectaba no solamente a los servidores interesados en el desarrollo del conflicto colectivo.
En el caso particular, destacó que, a partir del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la organización demandada y la prueba testimonial, estaba demostrado que la empresa demandante desarrollaba su objeto social en tres fincas de su propiedad, denominadas Ceiba, Porvenir y Naranjitos, y que no era posible tener a cada una de ellas como unidad independiente, pues la sociedad era una sola y propietaria de las tres fincas.
Aclaró también que la empresa tenía un total de 193 trabajadores y solo 38 de ellos habían participado en la votación encaminada a definir si el conflicto debía terminar en una huelga o en un tribunal de arbitramento, por lo que, siendo el sindicato de carácter minoritario, era claro que la decisión no había sido tomada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, como lo mandaba el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que se configuraba la causal de ilegalidad “d”, en los términos alegados por la empresa.
Fue interpuesto por el apoderado de la organización sindical demandada y concedido por el Tribunal.
Para fundamentarlo, el recurrente expone que en el proceso quedó suficientemente demostrado que, desde el inicio de las negociaciones, el conflicto colectivo de trabajo y su pliego de peticiones se habían circunscrito a los trabajadores de la empresa adscritos a la finca Porvenir, como unidad agrícola, por lo que, para la definición de la huelga, no era necesario contar con la intervención de los servidores de las otras fincas, que eran totalmente ajenos al diferendo laboral.
Agrega que, en ese sentido, si bien la empresa tenía otras dos fincas y un número total de 193 trabajadores, el conflicto y la decisión de la huelga interesaban exclusivamente a la finca Porvenir, como unidad agrícola, que contaba con 67 trabajadores, de los cuales 38 habían participado en la decisión de la huelga, por lo que sí existía un quorum válido en el momento de votar por el destino del conflicto.
Como se dejó sentado en los antecedentes, en esencia, el Tribunal encontró acreditada la causal de ilegalidad de la huelga adelantada por la organización sindical demandada, prevista en el literal d) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo y, para tal efecto, estableció: i) que el sindicato promotor de la misma era de carácter minoritario y, por ello, la decisión debía ser adoptada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa; ii) que, para esos efectos, la sociedad demandante no podía ser fraccionada en unidades independientes, de manera que, como empresa propietaria de tres fincas, tenía un total de 193 trabajadores; iii) y que, al haber sido patrocinada solamente por 38 de ellos, no se había cumplido con el presupuesto legal de haber sido declarada por la mayoría de los trabajadores exigida en la ley.
Respecto de tales premisas, lo primero que debe decirse es que, en efecto, el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que “…la huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” (resalta la Sala).
En torno a los alcances de esta norma, la Corte ha sido clara en adoctrinar que de allí se derivan dos reglas de decisión de la huelga, perfectamente diferenciables, en función del carácter que ostente la organización sindical: i) si es mayoritaria, la decisión le corresponde a la asamblea general de los afiliados; ii) mientras que si es minoritaria, la decisión debe ser adoptada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa.
En torno a este último supuesto, la Corte ha precisado que,
[…] los sindicatos minoritarios tienen autonomía para promover y desarrollar todas las etapas del conflicto colectivo, salvo en lo relacionado con la huelga, que le concierne a todos los trabajadores de la empresa (CSJ SL, 3 jun. 2009, rad. 40428; CSJ SL, 30 oct. 2012, rad. 54494; CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55496; CSJ SL, 12 dic. 2012, rad.58697; CSJ SL16402-2014, entre otras).
La Corte también ha enseñado que las organizaciones sindicales minoritarias cuentan con la facultad de decidir libre y autónomamente la convocatoria de un tribunal de arbitramento, después de surtida la etapa de arreglo directo, o de convocar a la asamblea general de los trabajadores de la empresa para votar por el ejercicio de la huelga, pero nunca, eso sí, decidir por su propia cuenta la ejecución de tal medida, sin la participación de los demás trabajadores no sindicalizados (CSJ SL, 19 jul. 2011, rad. 49859). CSJ SL16887-2016.
En este caso nunca se discutió el carácter minoritario de la organización sindical demandada, por no agrupar a más de la mitad de los trabajadores de la empresa, y que, por ello, para ejecutar la huelga, debía someterse a la construcción de una decisión con la “…mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa…”, de manera que, valga la pena repetir, debía consultarlos a todos, afiliados y no afiliados, estuvieran o no interesados en el desarrollo del conflicto colectivo.
Esta Sala de la Corte ha señalado al respecto que cuando la titularidad de la decisión de la huelga corresponde a todos, por la mediación de un sindicato minoritario, no resulta trascendente el interés que cada trabajador pueda tener en el desarrollo del conflicto colectivo. En ese sentido, ha sostenido que,
Con arreglo al literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo a los sindicatos le es dado declarar la huelga que proviene del conflicto colectivo de trabajo, cuando, al terminar la etapa de arreglo directo, los trabajadores deciden recurrir a esta medida de fuerza, de suyo excepcional, que comporta la cesación colectiva de labores en la empresa, esto es, la parálisis de la actividad productiva empresarial, como medida legítima de presión para que el empleador se vea compelido a solucionar el conflicto directamente con su contraparte.
Esta modalidad de huelga, como etapa propia de un conflicto colectivo de trabajo, debe atemperarse, en cuanto a su declaración, inicio y desarrollo, a los requisitos previstos en los artículos 444 y 445 del Código Sustantivo del Trabajo, que vienen incluidos en el Título II del Libro Segundo de ese estatuto, justamente, bajo el epígrafe de Conflictos Colectivos de Trabajo.
A propósito de tales exigencias legales, se precisa advertir que la titularidad de la facultad de la declaratoria de la huelga reside en la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o en la asamblea general del sindicato que agrupe a más de la mitad de los trabajadores de la empresa.
Existe, pues, plena autonomía de las organizaciones sindicales o de los trabajadores coaligados para efectuar la negociación colectiva, por manera que pueden, de manera libre, adelantar todas las etapas del conflicto. Significa ello que la condición minoritaria de un sindicato o de los trabajadores coaligados no limita el ejercicio cabal de la negociación colectiva.
Empero, la declaratoria de la huelga debe contar con el respaldo de la mayoría de los trabajadores de la respectiva empresa, ya que, por razón de sus objetivos, su trascendencia económica y social, y las condiciones y características de su ejercicio, compromete a todos los trabajadores de la empresa y no solo a los directamente afectados al conflicto colectivo de trabajo.
Para expresarlo de otra manera: cuando el conflicto colectivo de trabajo haya sido iniciado por un sindicato minoritario, la participación de la mayoría de los trabajadores de la empresa sólo es necesaria para efectos de la declaratoria de la huelga, caso en el cual esta decisión será obligatoria para todos los trabajadores, es decir, que los directamente comprometidos en el conflicto no pueden desconocerla, para, en su lugar optar, por el arbitramento. CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55496. (Resalta la Sala).
En virtud de lo anterior, no es cierto que, como se alega en la apelación, en este caso resultara dable excluir la participación de otros trabajadores de la empresa, adscritos a otras fincas, por el hecho de que, presuntamente, no estaban interesados en el desarrollo del conflicto colectivo, por no pertenecer a la organización sindical o cumplir sus labores en otros sectores de la producción, pues, se repite, la decisión radicaba en la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa.
Ahora bien, en el entendimiento de lo que corresponde a la empresa, para los precisos fines de la votación de la huelga promovida por un sindicato minoritario, para la Corte no es posible legitimar un fraccionamiento de sectores de la producción, actividades, destacamentos o grupos de trabajadores, como lo defiende el apelante, pues, en este contexto, por empresa debe entenderse lo natural y obvio, que es toda la unidad de explotación económica dependiente de una misma persona natural o jurídica, como lo establece el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y lo anterior resulta plenamente razonable, pues fraccionar la empresa por partes, secciones de la producción o trabajadores, equivale a negar la regla democrática de decisión concebida en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo y permitir que una minoría se arrogue esa trascendental determinación, a pesar de que la ley se la ha asignado a todos, a partir de un entendimiento en virtud del cual esa es una medida extrema, que afecta a todos, interesados o no en el conflicto, y que, por lo mismo, debe ser decidida por todos.
Así las cosas, en este preciso caso no era posible asumir que cada finca representaba una empresa independiente, como lo sugiere el apelante, sino que, se repite, para los efectos de definir el destino del conflicto colectivo, tenían que tenerse en cuenta todos los trabajadores de todas las unidades agrícolas, en su conjunto.
A ello se suma el hecho de que, de acuerdo con las certificaciones de folios 26 y 27, la organización sindical demandada es de primer grado y de empresa, no limitada a uno de los sectores de la producción, como se alega en la apelación, y que, como lo dijo el testigo Carlos Alberto Jiménez Gastelbondo (audiencia del 14 de octubre de 2016, cd - minuto 56:32), los trabajadores son comúnmente trasladados de una finca a otra, de acuerdo con las necesidades del empleador, por lo que no es cierto que estén irrestrictamente adscritos, única y exclusivamente, a una de ellas.
Partiendo de tales premisas y de que, como lo admite el recurrente, la empresa tenía un total de 193 trabajadores, al haber sido votada por 38 de ellos, la huelga no fue decidida por la asamblea general de los trabajadores, en los términos previstos en la ley, por lo que resultaba clara su ilegalidad, al tenor de lo previsto en el literal d) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
En tales términos, debe confirmarse la decisión emitida por el juzgador de primer grado.
Costas a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de setecientos cincuenta mil pesos m/cte, ($750.000.oo) que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
1. CONFIRMAR la Sentencia emitida el 14 de octubre de 2016, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso especial de calificación de cese de actividades, promovido por la sociedad Agroinversiones La Ceiba SAS. contra el Sindicato Nacional De Trabajadores Agroindustriales De Colombia —Sintragrancol—.