Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/NouguesDictamen.htm
Timestamp: 2018-01-24 05:18:55
Document Index: 220421265

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 67', 'artículo 4', 'artículo 59', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 75', 'artículo 253', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 902', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 53', 'artículo 14']

Comisión Nacional de Valores. Expte. n° 69.386.
Nougués Hnos. S.A. s/asamblea 29-11-96/20-12-96.
La Comisión Nacional de Valores aplicó a Nougués Hermanos S.A. una multa de veinticuatro mil pesos (artículo 10, inciso b] de la ley 17.811), para ser hecha efectiva de la siguiente manera: quince mil pesos, a cargo de su ex director Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués y nueve mil pesos, a cargo de Oscar Teodoro Luzzi, Elio Alberto Cachiarelli y Héctor Mario Balonchard en forma solidaria. Así lo decidió, por encontrar que los nombrados habían incurrido en infracción a los artículos 59 de la ley 19.550; 6°, inciso a.3) del Capitulo VI y 4°, inciso c) del Capítulo II de las Normas (n.t. 1997).
Las razones tomadas en cuenta por el órgano de control de oferta pública para adoptar tal medida fueron las siguientes:
a) Que la Comisión Nacional de Valores resolvió declarar irregular la decisión tomada en la asamblea ordinaria de Nougués Hermanos S.A. celebrada el 29 de noviembre de 1996, porque allí se impidió el ejercicio de los derechos sociales del accionista Ignacio Nougués y los de quienes representaba en ese acto. A la par, se resolvió instruir sumario a la sociedad y ciertos directores y síndicos titulares, por posible infracción al artículo 67°, inciso a.3) del Capítulo VI; artículo 4°, inciso c) de las normas y 59 de la ley 19.550.
b) Esa declaración de irregularidad se produjo a raíz de que los directores Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués, Oscar Teodoro Luzzi y Elio Alberto Cachiarelli, apoyados por el síndico Héctor Mario Balonchard objetaron los poderes conferidos al accionista Ignacio Nougués por otros accionistas. Así, decidieron excluirlos de la asamblea, con la excusa de que los afectados poseían sus acciones en condominio y que -en esas condiciones- no podían ejercer sus derechos sociales, por carecer de la autorización de sus condóminos.
Según la Comisión, los imputados, al así proceder, interpretaron arbitrariamente la forma en que fue emitido por la Caja de Valores el certificado con el cual los accionistas excluidos pretendieron ejercer sus derechos sociales. En efecto, ese instrumento se extendió a favor del nombrado Ignacio Ambrosio Nougués "y/o" de Fabiola Gaché Piran de Nougués. Tal cláusula -se expresa en el acto- permite claramente la actuación indistinta de los autorizados, esto es, que posibilita tal ejercicio por cualquiera de sus titulares.
El óbice puesto en esa asamblea a la actuación de los accionistas desplazados importó un apartamiento del criterio aplicado en asambleas anteriores, cuando en análogas circunstancias, nada se objetó.
Tal conducta -según el razonamiento administrativo- importó violación al deber impuesto por el artículo 59, en tanto los administradores violaron su deber de proceder con lealtad y buena fe, con la conducta que es de esperar en un buen hombre de negocios y causaron a los socios impedidos de actuar un perjuicio derivado del abuso del poder de la mayoría.
c) Que el cargo por infracción al artículo 6° inciso a. 3) del Capítulo VI de las Normas se basa en que cuando el ente fiscalizador quiso compulsar los libros societarios, faltaban los libros de actas de asamblea y de directorio. En ese acto, se les informó que los tenía el presidente de la sociedad, quien estaba en la provincia de Tucumán.
Un tiempo después, al efectuarse una segunda inspección en la sede social, se constató que la compañía se había mudado del lugar, pese a que luego se pudieron verificar tan sólo los libros de actas y de registro de asistencia de asambleas, en otro domicilio. No así el de actas de directorio, en poder del señor Fernando Nougués, ausente en Tucumán. Se destaca en la resolución que el primero era el lugar donde se hallaba registrada legalmente la sociedad y, por ende, donde se debía encontrar la documentación legal.
Sostiene el órgano de control que la trasgresión a las reglas citadas quedó configurada porque se mudó la sede social sin informarle del hecho, a lo que se suma que -conforme lo que resulta del libro de actas de directorio (acta Nº 801, del 6 de diciembre de 1996)- el presidente se arrogó el derecho inexistente de asumir su guarda y de transportarlo cada vez que fuese necesario. Esto se ve corroborado por los dichos de otros directores, quienes afirmaron haber requerido sin éxito al señor Fernando Nougués, reiteradamente, la devolución del mentado libro.
d) Que el presidente, además, incurrió en demora de su obligación de remitir copia del acta de la asamblea general ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 1996, por lo cual también se le achaca infracción al articulo 4°, inciso c) del Capítulo II de las Normas.
En fs. 464/474 obra recurso del señor Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués, en el que funda sus agravios contra el referido acto. Sintetizo a continuación los argumentos en que apoya su defensa.
a) Su primer reparo se apoya en el hecho de que se le haya imputado una conducta que no le es propia, porque entiende que la decisión de no aceptar los poderes del señor Ignacio Nougués es -eventualmente- atribuible a la asamblea de accionistas, y no a él, como presidente del directorio. Subraya al respecto que la resolución Nº 12.052, en la que se declaró la irregularidad de la asamblea, en todo momento atribuye la conducta disvaliosa al propio órgano, y no a los administradores de la compañía. Al respecto entiende que su actuación -al presidir el acto que se declaró irregular- se ajustó a la ley y que, por tanto, no puede achacársele un proceder que le fue ajeno, cual es el de haber segregado a un accionista.
Insiste en este punto, sobre el que vuelve en el curso de su escrito, con el argumento de que personalmente no propuso la exclusión, ni volvió sobre actos propios. El abuso, de existir, fue impuesto por la mayoría presente en el acto asambleario, sin que le haya cabido -en su calidad de presidente- alzarse contra esa voluntad.
Acota que de todo ello no se derivó perjuicio alguno a dicho accionista, puesto que el daño que podría haber sufrido se subsanó con posterioridad.
b) Entiende que el acto es nulo, porque el ente de control injirió en materia que le es ajena y propia de la autonomía de la voluntad, ya que entendió viciado lo que la sociedad había calificado de regular. Aduce que el respeto a la voluntad de los socios se ha incorporado a su patrimonio, es un derecho adquirido que impide volver sobre aquello que adquirió firmeza.
Tacha también de irregular al acto, porque entiende que se han traspasado los términos que establece el artículo 12 de la ley 17.811 y, en consecuencia, se lo habría penado con respecto a una conducta que es atípica.
c) Expresa que lo dispuesto es asimismo atacable por ausencia de causa, pues insiste en la tesis que se sustentó en la asamblea para impedir la participación del señor Ignacio Nougués. Es decir, que la decisión de impedir su intervención fue legítima; que su condición de condómino le impedía participar del acto en ejercicio de la representación de su cónyuge.
d) Rechaza la imputación de haberse "apropiado" de los libros de la sociedad. Alega que -por el contrario- se limitó a ejercer su guarda y manifiesta que en ningún momento se le pidió su exhibición. De habérselo requerido, lo hubiera hecho de inmediato. Explica que los documentos no estaban en la sede social por circunstancias que atribuye al proceder no autorizado de otros socios que arrendaron uno de los locales de la sociedad y desocuparon otro, sin su autorización.
Alega vicios en el procedimiento seguido por la sociedad en las inspecciones practicadas en la sede social. Insiste en que nunca se le informó sobre la exigencia administrativa de exhibición de tales constancias instrumentales.
Refuta los argumentos basados en las afirmaciones tanto de los empleados de la compañía, como las propias de uno de los accionistas, que -afirma- no se ajustan a la verdad.
Critica que se califique su actitud como de "apropiación" de los papeles, que juzga jurídicamente incorrecta.
e) Justifica la demora en la presentación del acta de asamblea de la sociedad en la circunstancia de que uno de los accionistas, que es abogado, estaba ausente de la Capital, pues se trataba del mes de feria judicial. Que ello provocó una dilación de tan sólo dos días, que resulta justificable.
f) Agrega que todo lo actuado es nulo, por violación del procedimiento, pues no fue citado en el curso del sumario, y ello le impidió ejercer su derecho de defensa.
Para mejor claridad expositiva, alteraré el orden en que los referidos agravios han sido propuestos.
1. Comisión Nacional de Valores - Carencia de facultades.- A mi modo de ver, no debe tener favorable acogida el reparo referido los alcances y extensión con que la Comisión Nacional de Valores actuó en la presente causa.
Así lo pienso, porque esos límites no han sido aquí excedidos. Creo, en efecto, que es aplicable al caso el criterio según el cual la intervención estatal en materia de oferta pública de títulos valores se orienta a la protección del público inversor "especialmente a los que forman el medio común de los habitantes y que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público" (Guastavino, Elias P., Tratado de la 'jurisdicción' administrativa y su revisión judicial, pág. 349 y ss.). Al respecto, en el mensaje y exposición de motivos de la ley 17.811, se asienta que la finalidad a perseguir por la Comisión Nacional de Valores es la protección del público inversor, especialmente a los que forman el medio común de los habitantes y que, por carecer de información necesaria pueden padecer en mayor grado las consecuencias de la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que las funciones asignadas a las bolsas para dictar normas generales, verificar su cumplimiento, emitir autorizaciones y aplicar sanciones exceden el marco estricto del derecho privado, para adoptar las características típicas del ejercicio del poder de policía que compete al Estado. Afirmó el Tribunal que de los términos de la ley 17.811 se desprende que su propósito no es sólo regular ciertas relaciones entre particulares, sino que apunta a un objetivo eminentemente público: crear las condiciones e instrumentos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos. Sobre esa base, las atribuciones mediante las cuales la bolsa determina las condiciones de emisión y rescate de títulos valores no derivan del poder correctivo interno de las asociaciones sino del ejercicio de los poderes estatales ligados a la reglamentación del comercio y a la provisión de lo conducente a la prosperidad del país (conf. Art. 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional) (Fallos: 303:1812).No existe pues, diferencia esencial que determine que pueda hacerse diferenciación entre el ejercicio del poder de policía estatal en materia bancaria de aquel que asume en materia bursátil: en ambos supuestos lo hace en virtud de las recordadas atribuciones legislativas, a las que se suma hoy la contenida en el inciso 19 del artículo 75. La canalización del ahorro colectivo hacia los mercados de capitales tiende al desarrollo de la industria y del comercio y, a la vez, suscita la necesaria protección del público inversor.
Sobre tales bases, encuentro que las resoluciones atacadas se dictaron en el marco del razonable ejercicio del poder de policía estatal tendiente a asegurar el buen orden en la gestión social y el respeto por los derechos de las minorías, habida cuenta del valor que el legislador ha acordado al bien jurídico a proteger. Cabe deducir, al respecto, que aquél ha considerado necesario restringir el ejercicio de ciertos derechos, limitando la autonomía de la voluntad cuando se entrevé la eventualidad de lesión de esos derechos cuya protección se considera prioritaria.
2. Nulidad por vicios en el procedimiento.- En primer lugar, advierto que lo atinente a los vicios del procedimiento anteriores al dictado de la sentencia, no pueden proponerse por la vía elegida, es decir, la del artículo 253, Código Procesal. En esta denuncia no hay manifestación que muestre que haya defectos de la sentencia en los términos de esa norma; lo que se aduce que hubo, en verdad, es defecto en actos cumplidos antes de su dictado. La impugnación ensayada en tales términos en el recurso, hecha con abstracción de denuncias incidentales de nulidad, es de suyo inadmisible (v. Fenochietto, C.E. Arazi, R., "Código...", T. 1, pág. 793, Nº 3 y sus notas, Buenos Aires, 1983).
Por lo demás, es sabido que cualesquiera sean las omisiones observables en el procedimiento administrativo, ellas no bastan para configurar una restricción al derecho de defensa, cuando nada obsta para que la parte afectada alegue y pruebe lo pertinente en la instancia judicial (Fallos: 305:1878).Corresponde, pues, desestimar el agravio que al respecto se formula.
3. Legitimidad de lo actuado con respecto al denunciante - A mi juicio, la imputación de haber actuado fuera del marco de razonable discrecionalidad en que se deben desempeñar lo administradores y representantes de una sociedad anónima se halla plenamente justificada. La ley les impone la obligación de desempeñarse con diligencia y lealtad (articulo 59 de la ley 19.550), con la diligencia de un buen hombre de negocios.
No lo ha hecho Nougués Hermanos S.A. cuando no se permitió la participación de uno de sus socios, Ignacio Nougués (el denunciante) en la asamblea general de que da cuenta el sumario. En efecto, conceptúo que no está aquí en tela de juicio, ni lo estaba en el momento de decidirse su inclusión en el acto, la titularidad de las acciones a que le daban derecho a participar. El socio exhibió un certificado de tenencia que lo autorizaba a hacerlo, sin duda ninguna, porque estaba extendido por la Caja de Valores a su nombre y/o el de Gaché Piran de Nougués Fabiola". La expresión "y/o" puede ser (y lo es) gramatical y jurídicamente incorrecta al unir dos conjunciones, una disyuntiva y la otra copulativa. En efecto, para destacar la intención habida en el caso de posibilitar la actuación conjunta o separada de quienes figuraban en el certificado, bastaba con insertar la disyuntiva o. Al margen de esta digresión, lo cierto es que no existía duda alguna acerca de que el certificado posibilitaba el ejercicio de los derechos de socio en forma indistinta, por cualquiera de las personas a cuyo nombre se hallaba otorgado. Por otra parte, comparto el juicio administrativo en el sentido de que falta de impugnación en anteriores actos de instrumentos similares hacía presumir la existencia de una práctica de convivencia de cuyo apartamiento se debió haber dado noticia previa.
Tengo, entonces, para mi que el rechazo del que se quejó el socio constituyó un abuso por parte de la mayoría de los presentes en la asamblea en cuestión, con infracción a los deberes de diligencia y lealtad impuestos por el artículo 59 de la ley 19.550. Encuentro que ello excedió el límite de discrecionalidad dentro del que pueden actuar los administradores; constituye una medida arbitraria dadas las circunstancias en que se la adoptó.
En las condiciones descritas, no debieron los socios mayoritarios recurrir a una alambicada tesis acerca del condominio de acciones y su proyección en el ejercicio de los derechos políticos del denunciante. Como en otras ocasiones, tuvieron ante sus ojos un documento válido que lo autorizaba a ejercerlos, y lo impidieron. Esto, tanto para la Comisión Nacional de Valores como para mí, constituye violación al artículo 59 citado.
4. Responsabilidad del directorio.- Isaac Halperín en Sociedades Anónimas (pág. 450 y ss.) manifiesta que en esta norma la ley ha fijado, al referirse al buen hombre de negocios, un cartabón o standard jurídico para apreciar la debida diligencia del director en el desempeño de sus funciones, precisando la obligación que el artículo 902 del Código Civil impone al obrar. Este cartabón establece un criterio objetivo de comparación, pero no una responsabilidad objetiva, en contraposición al criterio angloamericano, que juzga la responsabilidad conforme a la capacidad intelectual y cualidades del director en concreto. Expresa Halperín que la noción de un buen hombre de negocios establece una auténtica responsabilidad profesional, ya que implica capacidad técnica, experiencia y conocimiento. Y para apreciarla en concreto se deberá tener en cuenta: a) la dimensión de la sociedad; b) su objeto; las funciones genéricas que le incumben como director y las específicas que se le hubiesen confiado y d) las circunstancias en que debió actuar y cómo cumplió con su deber de diligencia.
Es por ello que no puede pretender el presidente de Nougués Hermanos S.A. aquí sancionado que el acto reprochable le es ajeno, que la asamblea era soberana y que él se limitó a acatar lo que allí se decidió. Además, con la contribución de su voto. Su actitud debió haber sido la opuesta: visto el vicio, señalarlo y oponerse a la aprobación de aquello que afectaba los derechos de un accionista minoritario, tal como lo hicieron quienes votaron se enfrentaron a la mayoría, lo que los eximió de reproche por parte del Estado. Luego, el presidente de la compañía persistió en justificar esa conducta ilegítima, lo queda en evidencia en su presentación de fs. 41/44.
En el precedente de la causa "Canale S.A. s/recurso de apelación c/resolución Nº 6808/84 (Expediente de la Comisión Nacional de Valores), esta fiscalía opinó -en caso que guarda sustancial analogía con el presente- que, detectada una irregularidad, "era obligación del presidente de la asamblea, que debe velar de manera imparcial por la regularidad del acto... no admitir el abuso de principios formales que en definitiva impidieron justamente determinar la regularidad de dichos certificados provocando la falta de certeza sobre la regularidad de la asamblea..." La sala C de V. E., que dictó sentencia, compartió dicho fundamento.
En sentido coincidente, se ha afirmado (Sánchez Calero, F., "Administradores. Arts. 123 a 43" en Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, dirigidos por F. Sánchez Calero, T. IV, Madrid, 1994), que la circunstancia de que unos administradores afirmen que han estado por completo ignorantes de la gestión de la sociedad, lejos de constituir una causa de exoneración de su responsabilidad, constituye una confesión del incumplimiento del deber de vigilancia que corresponde a todo miembro de la administración, por lo cual la trasgresión se configura cuando no se pone remedio, en la medida de lo posible, a las irregularidades de los otros administradores.
La ley no ha establecido, pues, a los efectos sancionatorios una responsabilidad objetiva, de dudosa constitucionalidad. Por el contrario, no es ajeno al sistema normativo el concepto de culpa (el articulo 12 de la ley 17.811 establece la responsabilidad de los administradores "que resulten responsables"), culpa que debe ser entendida en el marco de los artículos 59 del Código de Comercio y 902 del Código Civil, como violación de los deberes de diligencia y lealtad que esas reglas imponen.
5. Exhibición de los libros sociales. Información tardía.- El artículo 6º, inciso a), ap. 3 de las Normas determina que en la solicitud de ingreso al régimen de oferta pública de títulos valores debe consignarse el "domicilio legal, sede social, sede de la administración y lugar donde se encuentran los libros de comercio o registros contables" de las peticionarias.
Cuando se practicaron las inspecciones de que da cuenta la causa, dichos registros no estaban en el lugar. El señor Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués da razones para justificar el hecho que se le atribuye. Observo que sus descargos no tienen respaldo en ninguna constancia de la causa ni ofrece prueba que abone sus dichos. Cabe concluir, entonces, en que la infracción se ha configurado. Lo mismo ocurre con relación al acta de asamblea que se presentó tardíamente.
Observo, al respecto, que el artículo 43 del Código de Comercio dispone que "Todo comerciante está obligado a tener una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme de la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable. Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva." El artículo 44 impone que de la contabilidad y documentación de los comerciantes debe resultar con claridad los actos de su gestión y su situación patrimonial. Esos libros, conforme al artículo 53, deberán estar foliados. Por su parte, el artículo 54 prohibe alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones. Finalmente, el artículo 55 determina que los libros que carezcan de algunas de las formalidades que impone el artículo 53, o tengan algunos de los defectos y vicios notados en el precedente, no tienen valor alguno en juicio a favor del comerciante a quien pertenezcan.
Manifiesta Halperín (op. cit., pág. 468 y ss.) que las razones fundamentales de la tendencia universal de reglamentar el contenido del balance y demás estados contables "se halla en que la estructura de la sociedad anónima contemporánea busca en la información uno de los pilares fundamentales de su regulación, y la compresión cabal de la función múltiple del balance y demás estados contables, que con uniformidad le reconoce la doctrina especializada: a) de los acreedores, para que la fijación de las utilidades en el momento oportuno, no disminuya la garantía de sus cobros; interés que se extiende a la valuación de los bienes y clara fijación de los rubros...b) de los acreedores partícipes en las utilidades...c) de los accionistas actuales y futuros (el ahorro público), para quienes satisface el derecho a la información, individualmente y para que puedan cumplir su función en la asamblea (Art. 234, inc.1).
Estas exigencias son particularmente más intensas con relación a las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones y también lo es la celosa fiscalización estatal en punto a su cabal cumplimiento.
Destaco que la regulación estatal apunta a encauzar una actividad específica, en la que confluyen intereses vinculados no sólo con las economías privadas, sino con la nacional, la producción en general y la confianza pública, en razón de los cuales se ha instituido este sistema de control permanente, que comprende desde la autorización para operar hasta su cancelación.
A la luz de tales principios no puede, en mi criterio, atenderse la excusa que esgrime la recurrente. El grado de especialización exigible a quienes se dedican a esta actividad determina que -en casos como el que aquí se invoca- se extremen los recaudos para ajustar la conducta a las pautas que marcan la ley y sus reglamentos. Ello impone a las sociedades cotizantes no sólo la obligación de contar con registros contables claros y transparentes, sino de prestar al ente de control la colaboración necesaria para despejar cualquier duda que pueda surgir de dichos registros y, más aún, para justificar cualquier operación que, a criterio de aquél, presente aspectos equívocos.
En efecto, el eficaz funcionamiento del poder de policía que el Estado tiene sobre la actividad se vería seriamente perturbado si quedase al arbitrio de los entes objeto de fiscalización el modo y tiempo de acatar las normas que lo regulan. Las dificultades puestas para que el ente de control ejerciese sus facultades no puede ser excusado, pues importa un grave estorbo al ejercicio de tal poder.
En fs. 476/480 obra el recurso del señor Elbio Alberto Cachiarelli, que se apoya en similares argumentos a los que analicé en el apartado V. Por las razones expuestas, cabe arribar a la misma solución. Acoto que el señor Cachiarelli dice que no está probado el sentido de su voto en la asamblea en que se excluyó al denunciante señor Ignacio Nougués. Observo, empero, que tampoco niega haberlo hecho, porque no aclara en qué sentido expresó su voluntad. Ya me expedí en el sentido que debía entenderse la conducta que le era exigible. Me parece útil ahora asimismo traer a colación lo que se expresó, en sentido coincidente, en el caso "Joy v. North" (692 F. Supp.2d 880, 896 [2d. Cir.,1982]): "...la falta de conocimiento no es necesariamente una defensa, si ello es el resultado de haber abdicado a la responsabilidad directorial... Los directores que voluntariamente permiten que otros tomen importantes decisiones que afectan el futuro de la corporación sin absolutamente ninguna supervisión o vigilancia no se pueden defender con la excusa de desconocimiento, porque esa ignorancia, en sí misma, es un quebrantamiento de sus deberes funcionales".
Escrito de fs. 556/558.- a) Pese a tratarse de una cuestión de derecho procesal, en principio ajena a mi cometido, marco que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la cuestión que preocupa al presentante, señor Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués, en el sentido de que -pese a la previsión del artículo 14 de la ley 17.811- corresponde escuchar en casos como el presente a la Comisión Nacional de Valores, en tanto se encuentra habilitada para intervenir en las instancias recursivas judiciales en defensa de la legitimidad de sus actos (conf., entre otros, Fallos: 243:398, 288:400, 304:1546, 305:644). No encuentro procedente su agravio.
b) Reconsideración.- Mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, cree o piensa (R.A.E., diccionario, ed. 1956, pág. 868). El señor doctor Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués, mintió en la causa. Esto es, formuló una manifestación contraria a lo que sabía, pues no debió haber citado como precedente para la resolución de su planteo de incompetencia un caso en el cual, tanto la fiscalía como la sala de V. E. que intervino no "se pronunció favorablemente a mis requerimientos". Es nítido que jamás se puede sustentar esta afirmación porque el sentido de lo que se decidió es precisamente el opuesto. En efecto, insisto: allí no se zanjó cuestión de competencia alguna a su favor, y si no se lo hizo fue porque no la había articulado; tal como no había recurrido (al menos en este fuero) contra el acto administrativo sancionatorio.
Para satisfacción del doctor Fernando Secundino del Corazón de Jesús Nougués, decir que mintió no importa calificarlo de mentiroso, término aplicable a quien persiste en la mentira, a "quien tiene costumbre de mentir" (R.A.E, op.cit. pág. 868).
A mérito de esto, estimo que corresponde desestimar la reposición.
Por lo todo lo expuesto, opino que corresponde confirmar el acto administrativo que se recurre.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2001.
FIRMADO: RAUL A. CALLE GUEVARA