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Timestamp: 2014-03-11 23:57:22
Document Index: 80883336

Matched Legal Cases: ['artículo 239', 'artículo 82', 'artículo 89', 'artículo 186', 'artículo 94', 'artículo 205', 'artículo 330']

voselsoberano.com | Miércoles 23 de Septiembre de 2009 15:36	Armando González Rodicio, La Nación, 9 de julio de 2009 ¿Quién violó la Constitución hondureña? La defensa del Estado de Derecho no puede estar sometida a criterios de oportunidad Lo sucedido en Honduras el 28 de junio es un golpe de Estado, y los esfuerzos desplegados para revestirlo de legitimidad constitucional desembocan en una triste caricatura de la institucionalidad democrática. En esa visión torcida de los hechos, la legítima sucesión constitucional se consuma cuando los poderes del Estado coinciden en estimar ilegales las actuaciones del Presidente y, al amparo de la nocturnidad, confabulan con las fuerzas armadas para allanar su casa, subirlo a un avión, todavía en pijamas, y expulsarlo a un país vecino. Para mantener el orden público mientras completan la “legítima” sucesión presidencial, los militares cierran medios de comunicación e imponen un toque de queda cuya existencia formal será decretada horas después por el nuevo Presidente. Con el mandatario depuesto a una saludable distancia, el Congreso se reúne para votar la aceptación de una espuria carta de renuncia o, en su defecto, la destitución ya consumada en los hechos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia declara que las fuerzas armadas no actuaron motu proprio , sino en cumplimiento de una orden judicial cuyo contenido y el proceso del cual emana no fue notificado a nadie, salvo, quizá, a los militares. Con asombrosa rapidez, las autoridades judiciales reúnen elementos para instruir docena y media de causas contra el depuesto Presidente, pero el nuevo Gobierno le impide regresar al país para encararlas. Para completar la caricatura, se declara legítima la cadena de arbitrariedades y la ausencia de siquiera un remedo del debido proceso, porque la Constitución hondureña incluye entre sus dudosas disposiciones “pétreas” una prohibición de promover la reelección presidencial, como, en realidad, lo hacía el mandatario depuesto. El golpe no es golpe, sino una legítima defensa del orden constitucional quebrantado por el mandatario, empeñado en celebrar una consulta popular sobre la reelección, aunque no tuviera carácter vinculante. Falta de proceso. La Constitución y la ley hondureñas son confusas en su obsesión por impedir siquiera la discusión de la reelección presidencial. El tema lo tratan varios numerales de la Carta Magna, pero el más pertinente al caso concreto es el artículo 239, que prohíbe la reelección y prevé que quien “(…) quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. Sin embargo, en ninguna parte está prescrito el procedimiento para declarar la violación de la norma, el cese del funcionario responsable y la aplicación de la pena de inhabilitación. Esa laguna remite el problema a los estrados judiciales, encargados de integrar el Derecho, en especial si se toma en cuenta la contradicción entre la norma citada y otras de igual rango, como la inviolabilidad del derecho de defensa (artículo 82), la presunción de inocencia (artículo 89), la existencia de juez natural (artículo 186) y la garantía del debido proceso (artículo 94). Tampoco cabe duda de la indispensable intervención de los tribunales –necesariamente ajustada a los procedimientos– porque cuando la Presidencia está de por medio, la Constitución no establece un procedimiento legislativo similar al impeachment anglosajón o el juicio político previsto en otros ordenamientos. El Poder Legislativo, según el artículo 205, inciso 20, está facultado para “Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo (…)”, pero no para destituir a quien lo encabeza. Puede, entonces, emitir un voto de censura, pero no declarar vacante la Presidencia. También existe una norma pertinente en el Código Penal. El artículo 330, que encabeza la lista de “Delitos contra la forma de gobierno”, castiga con reclusión de seis a diez años a “(…) quien habiendo ejercido a cualquier título la Presidencia de la República, promoviere o ejecutare actos violatorios del artículo constitucional que le prohíbe ejercer nuevamente la Presidencia de la República o desempeñar de nuevo dicho cargo bajo cualquier título”. La norma establece la misma pena para quienes lo apoyen directamente o propongan reformar dicho artículo. Cuando los autores fueren funcionarios, se les aplicará, además, inhabilitación absoluta por diez años contados desde la fecha de la violación o del intento de reforma. Como en cualquier Estado de Derecho, la aplicación de esas penas presupone que los jueces competentes tengan por acreditada la infracción luego de presidir un procedimiento conforme a las garantías contempladas en la legislación penal y en la Constitución que los golpistas dicen defender. Había, pues, un procedimiento previsto para el caso concreto, amén de otros procedimientos posibles, pero no fueron seguidos. La primera piedra. Con esa omisión, los golpistas disminuyeron la estatura de las graves faltas imputadas al Presidente, que fue el primero en abandonar el cauce de la constitucionalidad. Manuel Zelaya llegó al punto de secuestrar, al frente de una turba, el material electoral decomisado por orden de los tribunales y puesto en custodia de la fuerza pública. Se trata de las papeletas que serían utilizadas en la consulta popular declarada ilegal por todas las autoridades competentes y cuya impresión habría sido financiada por el Gobierno de Venezuela, según los opositores del mandatario. Existían también procedimientos para que Zelaya defendiera institucionalmente sus pretensiones. Las “normas pétreas” de la Constitución y la armazón jurídica diseñada para hacerlas invulnerables, son extremadamente sospechosas de incompatibilidad con el derecho internacional humanitario. Pero el mandatario optó por las vías de hecho y a la vista están las consecuencias. Es difícil defender la institucionalidad que mantendría en el poder, hasta el final de su período, a un presidente de este corte, capaz de sobrevolar Tegucigalpa en el avión prestado por un coronel golpista venezolano y en compañía de quien representa ante la ONU al militar nicaragüense más aficionado al fraude electoral. Es el mismo que hace pocas semanas no quería oír hablar de la Carta Democrática de la OEA –inconveniente obstáculo para el reintegro de Cuba a la comunidad continental– y hoy la invoca como si fuera su lectura de cabecera. Pero la defensa de la institucionalidad y el imperio del Derecho no pueden estar sometidos a criterios de oportunidad o al influjo de las antipatías políticas. Desenmascarar las justificaciones “constitucionales” del golpe es un ejercicio aburrido, con riesgo de ser tildado de ingenuo por quienes ven las cosas en términos más “prácticos”, pero es el único camino capaz de hacernos consecuentes con los principios y, a la larga, asegurar la democracia.
Tomado de: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/09/opinion2021385.html