Source: https://es.scribd.com/document/283136123/investigacion-de-derecho
Timestamp: 2019-09-23 05:51:36
Document Index: 42776390

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 153', 'artículo 155', 'Artículo 21', 'artículo 54', 'artículo 49', 'artículo 70', 'Artículo 46', 'artículo 524', 'artículo 1863', 'artículo 1864', 'artículo 1929', 'artículo 1929', 'artículo 91', 'artículo 524', 'artículo\n101']

investigacion de derecho | Evidencia (Derecho) | Derecho procesal
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Ley I Nº 18 Chubut
Prueba en El Proceso Contecioso Administrativo
Nulidad Del Mutuo
Tp 4 Efip Priscila
Cohecho Pasivo Específicso SENTENCIA EXP. 37-2006.pdf
Explique en qué consisten las prerrogativas procesales y mencione los
órganos o entes de la Administración pública que gozan de tales prescripciones.
En principio, etimológicamente al privilegio procesal se le considera una concesión legal que asiste a un determinado sujeto de derecho, en virtud de éste se le exime de determinadas obligaciones que son inherentes al común de las personas, es decir, en esencia el privilegio es un acto legislativo que puede resultar discriminatorio. De ordinario observamos los privilegios procesales que asisten a determinados sujetos como la posibilidad de que no sea objeto de alguna regla que comúnmente se le aplica al colectivo, un ejemplo patente de un privilegio procesal lo constituye el artículo 16 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional que prohíbe la aplicación de medidas ejecutivas preventivas o ejecutivas sobre los derechos, bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes a la Nación, erigiéndose esta en un privilegio que es la excepción a la norma, pues al resto de las personas naturales o jurídicas le son aplicables estas medidas.
Prerrogativa Procesal:
Luego, la prerrogativa procesal sugiere la investidura que comporta el mismo derecho o deber para un sujeto procesal al que tienen el común de las personas jurídicas, pero que esta regulada por un procedimiento diferente al
ordinario, es decir, uno de carácter especial, así por ejemplo tenemos: la prerrogativa procesal que establece la suspensión de la causa por efectos de la notificación del Procurador General de la República y que se encuentra contenida en los artículos 86 y 87 de la reforma parcial del decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (2008).
No puede entonces ni debe interpretarse que la circunstancia que el Estado se encuentre dotado de ciertos y determinados privilegios, en razón de representar los intereses de toda la población y no intereses particulares, constituye un trato desigual o discriminatorio frente al resto de la sociedad en realidad, los privilegios que la ley acuerda a la República son prerrogativas de que ésta goza, inherentes a su naturaleza y función para el colectivo.
Parafraseando el criterio del Doctor Perkins Rocha en su Ensayo: “El Estado en el Proceso Contencioso Administrativo y las Desigualdades Procesales” (2002); “(…) La especial posición en que se encuentra la administración como tutor de los intereses de la colectividad, representante de la hacienda pública y garante de la continuidad de los servicios públicos justifica que se le otorguen en juicio una serie de privilegios o prerrogativas que la colocan en una “supuesta” situación de ventaja frente al particular en juicio, sin embargo, como bien lo señala la doctrina, los privilegios o prerrogativas otorgados a favor de la República, deben entenderse únicamente como mecanismos de protección de la normalidad del funcionamiento de la administración y nunca como instrumentos de coacción contra los
particulares en sus conflictos con el Estado.
Esta situación que nace del proceso y que atiende a la posición procesal, que es diferente según el puesto que ocupan en él, permite privilegios procesales a favor de algunos litigantes, los cuales pueden no nacer necesariamente de su condición procesal, sino de razones extra-procesales, tal como sucede con los privilegios fiscales que tiene la República, acordados por distintas leyes. Esos privilegios, indudablemente, no corresponden a raza, sexo o credo y, en principio, no menoscaban los derechos y libertades de las personas (…)”.
¿Son tales privilegios discriminaciones provenientes de la condición social? Ni la República, ni los entes públicos son personas jurídicas con condición social. Éste es un concepto derivado del puesto que ocupan las personas en la sociedad, pero ni a la República ni a los demás entes jurídico-públicos puede reconocérsele una posición social, ya que ellos están por encima de la sociedad, resultando más bien en cierta forma rectores de la sociedad.
Establezca diferencias entre el interés directo y el interés indirecto de la
República en materia de prerrogativas procesales que son otorgadas en uno
Explique cuál es la justificación de las prerrogativas procesales y
mencione las regulaciones existentes respecto de las Empresas del Estado
Mencione 10 prerrogativas procesales contenidas en la Ley Orgánica
Mencione 5 prerrogativas procesales contenidas en la Ley Orgánica del
En cuanto a las prerrogativas procesales
el municipio – de conformidad con lo
previsto por la LOPPM – puede
acogerse a la No Confesión Ficta, Inembargabilidad
de los bienes, No Indexabilidad en materia funcionarial, Contratos administrativos, Citación y Notificación Especial, Sustitución del mandato con autorización previa,
expresa y por escrito, Necesidad de autorización previa, expresa y por escrito para convenir, transigir, comprometer, desistir. Gratuidad de actuaciones ante entidades públicas, Notificación al Síndico Procurador Municipal de toda sentencia, medida, demanda que afecte indirectamente los intereses patrimoniales del municipio, Normas Especiales para la Ejecución de Sentencias cuando resulte perdidoso debiendo la autoridad judicial aplicarlos guardando las debidas proporciones ya que no hay que olvidar que el poder local maneja intereses ajenos. Se debe a la comunidad que sirve.
estableciendo las siguientes prerrogativas más limitadas que las que se le conceden a la República, esto es: 1) citación del Síndico Procurador de toda demanda o solicitud directa o indirecta contra los intereses patrimoniales (artículo 152); 2) lapso especial para contestar la demanda (artículo 152); 3) no aplicabilidad de la confesión ficta (artículo 153); 4) prohibición de medidas preventivas y ejecutivas sobre los bienes de uso público o afectados a la prestación de un servicio público, (artículo 155), 5) limitaciones de las actuaciones procesales del Sindico Procurador (art. 154), 6) limitación de la condenatoria en costas (art. 156), y 7) especial mecanismo de ejecución de sentencias (art. 156 al 158). Por lo tanto, las prerrogativas y privilegios establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a favor de la República, al ser de interpretación restrictiva y excepcional, no son extensibles a los municipios, salvo los que se les establezca por ley. En este sentido, cuando el 12 de mayo de 2009,
Describa las prerrogativas existentes en materia de contratos
Indique cual es el criterio de la Sala Político Administrativa con relación
a la prerrogativa procesal del Municipio para la contestación de la demanda
en el procedimiento breve y en el contencioso administrativo funcionarial.
Explique en qué consiste la prerrogativa de inalienabilidad de los
Como tal ha de entenderse la prohibición absoluta de enajenar los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público no pueden venderse o enajenarse mientras estén afectos al uso o servicio público (art. 132 CE), así ni siquiera por ley pueden venderse. Esta característica tiene su origen en el carácter extracomercial del demanio.
Con anterioridad a la promulgación de la Constitución que, declara inalienables los bienes de dominio público, los autores, interpretando a “contrario sensu” el art 1271 del CC que establece que solo puede ser objeto de contrato las cosas que estén dentro del comercio, señalaban que el fundamento de la inalienabilidad de los bienes de dominio público se encontraba en que los bienes integrantes del mismo están fuera del comercio.
Ahora bien la inalienabilidad no significa la imposibilidad de transmisión del bien de dominio público, ya que si la inalienabilidad es consecuencia de la afectación, será posible tal transmisión a otra entidad administrativa, siempre que el bien siga afectado al mismo o distinto uso o servicio público. Igualmente, si se produce la desafectación, el bien dejará de estar integrado en el dominio público y será posible su transmisión.
Por otro lado, existen limitaciones a la venta de bienes públicos, cuando ya no se encuentren afectos al uso o servicio público, para defender a los bienes de la Administración de una mala o fraudulenta gestión. En esta línea se enmarca la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911. Y hoy la LPE (según modificación por Ley 31/90) en sus arts. 61 y ss. establece los requisitos de las enajenaciones de inmuebles (si superan los 3000 millones es competencia del Gobierno, sino del Ministerio de Hacienda)
Explique en qué consiste el antejuicio administrativo;
Es un típico procedimiento administrativo, aunque de naturaleza especial, ordenado a obtener la administración publica el reconocimiento pacifico de un derecho una situación de modo unilateral para eludir un proceso; es pues, la doctrina del “acto previo” aplicado a la orbita privada que es donde nació tal doctrina, y el antejuicio administrativo tiende a
conseguir ese acto concreto contra el que accionar. No será un acto administrativo y, sin embargo, el procedimiento en si es un procedimiento administrativo, pues independientemente de la naturaleza del acto a que conduzca, comporta el ejercicio de facultades de naturaleza administrativa y no jurisdiccional como crónicamente se sostiene; además esta regulado por normas de aquel carácter, en cuanto comportan la presencia de la administración publica como sujeto destinatario de las mismas.
El antejuicio administrativo se caracteriza, en cuanto al fondo, por tratarse de derechos civiles y no administrativos, y en cuanto a la forma, porque se ajusta a un procedimiento administrativo especial. Se trata de una vía administrativa que no constituye técnicamente en recurso, en razón de que con ella el administrado no pretende la impugnación de acto alguno, por tanto, constituye una reclamación.
1. Elementos del antejuicio administrativo
1. Un procedimiento cuyo agotamiento sea condición de admisibilidad de una acción.
2. Que el objeto de la pretensión que constituye la acción afecte en forma directa un interés de la administración publica.
3. En el procedimiento administrativo ordinario las cuestiones son jurídico- administrativas; por el contrario, en el procedimiento en que se tramite al antejuicio administrativo el derecho que se discute no es administrativo, sino civil, mercantil o laboral.
4. Mientras en el procedimiento administrativo ordinario se da la posibilidad de recursos administrativos, el antejuicio administrativo tiene lugar en única instancia.
La finalidad del antejuicio administrativo es procurar una solución amigable al objeto de las reclamaciones, así como la debida ilustración del Procurador General de la República sobre el fondo del asunto y de los elementos del juicio de que se disponga.
La intención del legislador es crear dicho procedimiento administrativo previo con el objeto de que las partes resolvieran, amistosa y extrajudicialmente, las controversias que pudieran suscitarse. No lográndose la conciliación, toca al particular recurrir ante el órgano jurisdiccional con el fin de que le sea tutelada la pretensión.
establezca diferencias con el
agotamiento de las vías ordinarias.
Artículo 21, “En los juicios en que sea parte la República deberá agotarse previamente el procedimiento administrativo establecido en el Título Cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y supletoriamente se aplicará lo contenido en las normas del procedimiento ordinario.”
Un sector de la doctrina, opina que el antejuicio administrativo es una condición de admisibilidad de la demanda o recurso que se ha de interponer ante el juez; otro sector que lo consideran similar a los presupuestos procesales que rigen nuestro sistema adjetivo y hay quienes lo consideran como un procedimiento administrativo previo a las demandas contra la republica. Decisión Nº 05212, de fecha 27 de julio de 2005, ratificada mediante sentencia Nº 05999, del 26 de octubre de 2005, la Sala Político- Administrativa:
…”el antejuicio administrativo se erige como un elemento de garantía para la Administración, en tanto que en definitiva le permite tener conocimiento exacto acerca de las pretensiones que serán deducidas por el particular, luego del antejuicio, en vía jurisdiccional, (…) interesa precisar en qué sentido debe entenderse dentro de la aludida exigencia, que se reputa como indispensable para la admisibilidad de las demandas contra la República (en la acepción supra indicada), la expresión “manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso”; para lo cual se impone concatenar el precitado artículo 54 con los artículos 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) siendo el Antejuicio Administrativo un requerimiento previo a la instauración de demandas contra la República, previsto con la finalidad de lograr que las pretensiones de los administrados sean estudiadas y resueltas en la propia vía administrativa, su agotamiento debe consistir en un procedimiento fácil y expedito, que le permita al interesado poner en conocimiento de la Administración el contenido de su pretensión, lo cual resulta perfectamente posible con el cumplimiento de los extremos enumerados en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos…”
Explique cuál es la finalidad del implemento dentro de los procesos
contenciosos administrativos de la consulta obligatoria como prerrogativa
En tanto prerrogativa procesal de la República, la consulta opera ante la falta de ejercicio de los medios de impugnación o gravamen dentro de los lapsos establecidos para su interposición, siempre que el pronunciamiento jurisdiccional sea contrario a sus pretensiones, defensas o excepciones, en razón, se insiste, del interés general que subyace en los juicios donde está en juego los intereses patrimoniales de la República o de aquellos entes u órganos públicos a los cuales se extiende su aplicación por expresa regla legal (Vbgr. Administración pública descentralizada funcionalmente, a nivel nacional o estadal). Consecuencia de lo expuesto, si una decisión judicial en nada afecta las pretensiones, defensas o excepciones esgrimidas por la República o de aquellos titulares de la prerrogativa procesal examinada, no surge la obligación para el juzgador de primera instancia de remitir el expediente a los fines de la consulta, pues la condición de aplicación del artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, exige un agravio calificado por el legislador: una sentencia definitiva que contraríe las pretensiones procesales, defensas o excepciones
opuestas por el ente u órgano público, según sea el caso. [
Mecanismos de consulta previa Artículo 46. Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar.
Determine la posibilidad que sean otorgadas medidas cautelares sin el
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:
El incumplimiento sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.
rativos, dentro del término que al efecto se le señale. El incumplimiento por parte del encargado del asunto lo hará incurso en falta disciplinaria gravísima y no impedirá que se profiera la decisión de fondo en el proceso.
Explique el procedimiento para la ejecución de sentencias dispuesto en
la LOPGR.
LA EJECUCION DE LA SENTENCIA El Código de Procedimiento Civil, establece lo relativo a la ejecución de la sentencia en los artículos 523 al 584, Título 4 del Libro Segundo. La ejecución, es la última fase o etapa del procedimiento, hace que el mandato general contenido en la sentencia se cumpla, se materialice en el mundo de lo físico, ya que de otra manera se frustraría la finalidad del derecho procesal, que no es otra que la de hacer efectivo el derecho, quedando reducida la sentencia a un estudio con valor exclusivamente lógico o pedagógico, y sin eficacia práctica
La ejecución para su realización requiere de la presencia de determinados
presupuestos, a saber: 1) Presencia de un título que apareje ejecución; 2) Presencia o exigencia de la actio judicati; 3) Existencia de bienes sobre los cuales deba recaer la ejecución, y 4) Inejecución voluntaria del fallo por parte del deudor condenado en la sentencia.
Este primer presupuesto lo resume el aforismo latino conforme al cual "nulla executio sine titulo" no hay ejecución sin titulo, lo cual encuentra correspondencia en los artículos 524 del Código de Procedimiento Civil y 1.930 del Código Civil. La ejecución, supone en cuanto al título, una declaración previa e incontestable de la existencia de un derecho a favor del ejecutante, reconocido por autoridad competente. Esa declaración afirmativa de la existencia de un derecho se halla contenida normalmente en la sentencia, la cual según nuestro ordenamiento procesal, constituye el título ejecutivo por excelencia.
Un segundo presupuesto de la ejecución, es la presencia o exigencia de la llamada "ACTO JUDICATI" Por Actio Judicati se entiende la acción de lo juzgado y sentenciado y concretamente consiste en aquella particular acción que corresponde al actor victorioso de la litis, para provocar la realización, la actuación material del derecho que al actor le ha sido reconocido en la sentencia. Esta actio judicati, está fundada en a sentencia o en el título equivalente (transacción, convenimiento etc.), es distinta y diferente de la acción inicialmente propuesta (la demanda) cuyo origen fue la relación juridica material, la relación jurídica sustancial deducida en juicio la cual quedó agotada o extinguida con el pronunciamiento judicial que la declaró con lugar. Es decir, si la demanda tiene su origen en el derecho que el actor reclama para si, la ejecución tiene su origen en la sentencia definitivamente firme que declaró el derecho. La actio iudicati o impulso o iniciativa de la ejecución, corresponde al ejecutante y el tribunal no puede, de aficio, acordar l ejecución del fallo, tal como lo expresa el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil cuando ordena: "Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución…omissis…" de donde se concluye que el juez no puede acordar la ejecución de oficio, sino unicamente a petición de parte. 3) EXISTENCIA DE BIENES SOBRE LOS CUALES DEBA RECAER LA EJECUCIÓN. Un tercer presupuesto de la ejecución, es la existencia de bienes sobre los cuales deba recaer la ejecución y que, además, dichos bienes pertenezcan al ejecutado. La ejecución, actualmente reviste carácter patrimonial, al contrario de lo que ocurría en épocas remotas, en las que el deudor debía responder con su
persona de las obligaciones por él contraídas como sucedía en Roma y Grecia. En Venezuela el Código arandino de 1.836, establecía la prisión por deudas, lo cual fue eliminado en el Código Civil de 1.863. El fundamento legal de la necesidad de bienes sobre los cuales recaiga la ejecución, lo encontramos en los artículos 1863 y 1864 del Código Civil, que sancionan la "patrimonialidad" de la responsabilidad del ejecutado. En efecto, conforme al artículo 1863, "el obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber". Según el artículo 1864 "los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, quienes tienen en ellos un derecho igual, si no hay causas legítimas de preferencia". Asimismo el artículo 1929 establece: "Las sentencias que hayan de ejecutarse por los Tribunales de la República se llevarán a efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor y sobre los derechos y acciones que "
puedan enajenarse o cederse
Esta última disposición constituye, sobre
todo, la consagración de un límite al ejercicio de la actio judicati, la cual no
puede extenderse más allá de los bienes que integran el patrimonio del deudor ejecutado, esto es, el sujeto pasivo de la ejecución. Por vía de excepción y por razones meramente de humanidad, en conformidad con la norma indicada del artículo 1929 del Código Civil, están exentos de ejecución los siguientes bienes del deudor:
2. La ropa de uso de las mismas personas y los muebles y enseres que
estrictamente necesiten el deudor y su familia.
3. Los libros, útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la
profesión, arte u oficio del deudor. Esta disposición hay que entenderla en
sentido restrictivo; una biblioteca que constituye simplemente un mueble, un adorno, no puede considerarse como indispensable para el ejercicio de la
profesión de un abogado, hay que estudiar y analizar cada caso particular, para determinar si se aplica o no la excepción.
4. El SALARIO es inembargable en su totalidad, de conformidad con el
mandato contenido en el artículo 91 de la Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela.
6. Los terrenos o panteones y sus accesorios en los cementerios; esto como
respeto a la memoria de los difuntos. EJECUCIÓN VOLUNTARIA Y EJECUCIÓN FORZADA Ejecución Voluntaria: El deudor da cumplimiento a la sentencia. Cuando la sentencia ha quedado firme el tribunal ordena su ejecución y para ello fija un lapso no menor de tres (3) días ni mayor de diez (10) días para que el ejecutado proceda al cumplimiento voluntario de la sentencia y no puede procederse a la ejecución forzada hasta tanto no se haya vencido este lapso (Art. 524 C.P.C.)
Ejecución forzada: Es cuando el deudor o ejecutado esta remiso al cumplimiento de la sentencia transcurrido el lapso para la ejecución voluntaria se procederá a la ejecución forzada siempre y cuando el ejecutado no haya cumplido voluntariamente con la sentencia (Art. 526 C.P.C.) "Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia se procederá a la ejecución forzada."
13) Explique el procedimiento para la ejecución de sentencias dispuesto en
la LOPPM.
14) Establezca el instrumento jurídico que resulta aplicable para la
República, los Estados, los Municipios, Institutos Autónomos, las Empresas
del estado y otros entes, en materia de ejecución de sentencia.
15) Mencione los órganos o entes de la Administración pública que gozan de
las mismas prerrogativas procesales que la ley le atribuye a la República.
[1] . Bien como la preparación mediante una serie de trámites que terminan que dicta la " id="pdf-obj-28-12" src="pdf-obj-28-12.jpg">
[1] . Bien como la preparación mediante una serie de trámites que terminan que dicta la " id="pdf-obj-28-14" src="pdf-obj-28-14.jpg">
16) Conceptualice expediente administrativo y comente su relevancia en los
Cabe definir el expediente administrativo bien como aquellos actos de
constancia en que el procedimiento administrativo se
materializa,resultando un «cuerpo de escritos» que muestran el devenir de las distintas actividades que acontecen a lo largo del procedimiento
cuerpo de escritos éste, que en la práctica administrativa
recibe el nombre de expediente administrativo[1]. Bien como la preparación mediante una serie de trámites que terminan que dicta la
autoridad correspondiente ejerciendo una función jurisdiccional pues declara o niega el derecho del particular[2].
« El llamado recurso contencioso-administrativo da vida a un proceso de cognición cuya estructura se ajusta plenamente a las reglas generales de dicha clase de procesos, en los que, en lo que ahora importa, resulta necesario, en primer lugar, la introducción de los datos de hecho precisos para poder juzgar sobre la pretensión deducida -alegaciones- para en su caso y después proceder a la depuración de tales datos tratando de lograr un convencimiento sicológico del órgano jurisdiccional respecto de la existencia o inexistencia, veracidad o falsedad de aquellos datos -prueba-. Alegaciones y pruebas, pues, configuran la estructura del proceso de cognición y por tanto del recurso contencioso- administrativo.
Describa la oportunidad y motivos para impugnar los antecedentes
administrativos en los procedimientos dispuestos en la
LOJCA.
La jurisprudencia ha sostenido que las pruebas susceptibles de sustentar la legalidad del acto administrativo impugnado, son aquellas que acrediten su proceso constitutivo y que se encuentran en el expediente administrativo, de manera que si no lo están, la prueba de ellos en sede judicial es ineficaz. De esta forma, la administración no puede, en juicio, probar elementos distintos a los establecidos en el procedimiento administrativo y recogidos en la motivación del acto impugnado. De igual forma, si al particular la Administración le niega un derecho por no haber acreditado los hechos en que fundamentó su solicitud, la prueba de ellos en sede jurisdiccional también resulta ineficaz.
De allí que no es la verdad objetivamente considerada la que puede ser objeto de la prueba en el contencioso de nulidad, sino los hechos que conformaron la materia dilucidada en el procedimiento administrativo, por lo que la incidencia del expediente administrativo en la determinación de la prueba en el contencioso administrativo es
fundamental.[4]
La doctrina distingue por lo general dos tipos de alegatos hechos por las partes, a saber: los alegatos de hecho y los alegatos de derecho. En principio, sólo las alegaciones de hecho son objeto de prueba, no obstante, esta regla no es absoluta pues no todas las afirmaciones de hecho son objeto de prueba. Ciertamente, la regla general es que las afirmaciones de hecho constituyen el objeto normal y corriente de la prueba. Sin embargo, esta regla admite excepciones por cuanto algunos hechos que
habitualmente podrían ser objeto de prueba, se hayan excluidos de la misma por diversas razones:
(i) por razones referentes a los sujetos,
(ii) por razones vinculadas al objeto de la prueba y
(iii) por razones inherentes a la actividad.
(i) Por razones referentes a los sujetos están excepcionados de prueba aquellos hechos
que hubieren sido aceptados por las partes y sobre los cuales no existe discusión
alguna. De esta forma, sólo podrán ser objeto de prueba los hechos dudosos o controvertidos que sean pertinentes al proceso.
Explique la diferencia entre oposición, impugnación y apelación en
materia probatoria en los procedimientos dispuestos en la LOJCA.
A traves de la impugnacion de la apelacion lo q se interpone es un recurso de apelacion. El inicial apelado, pasa a ser tambien apelante, no tiene q ajustarse a las razones del recurso del primer apelante. No hay escrito de preparacion. Es lo q en los libros se llama adhesion a la apelacion (al menos en los q yo me tengo q estudiar) pero las pretensiones de "apelante" e "impugnante" en el recurso no tienen q ser las mismas y si el primero desistiera seguiria adelante el recurso para el segundo. En la oposicion creo q lo q pides es q se inadmita o desestime el recurso de la otra parte, pero sin interponer uno.
Según mi entender, si ya has apelado, no debes impugnar. Es más, en ocasiones aun cuando no has apelado no impugnas.
La impugnación es un mecanismo que te permite "apelar" a la vista de que la otra parte lo ha hecho, y aun cuando tu no hubieras anunciado apelación. Muchas veces te limitas a oponerte a la apelación, sin más.
Conceptualice pertinencia de las pruebas.
Desde el punto de vista procesal, una prueba es pertinente cuando pertenece al proceso, en el sentido de que sea conducente a lo que se pretende en el mismo a través de su proposición y práctica, que no es otra cosa, que lograr la convicción judicial sobre los hechos controvertidos oportunamente introducidos por las partes en el debate, por medio de su alegación. No ofrece duda entonces que decidir sobre la admisibilidad de una prueba, efectuando un juicio de pertinencia, exigirá comparar la relación existente entre el hecho que pretende acreditar la prueba propuesta y el objeto de prueba en el concreto proceso para el que se solicita, de manera tal que si dicha relación no se da, el juez deberá inadmitir la misma por su impertinencia.
Una prueba se admite cuando se pretende acreditar a través de ella un hecho que tiene que ver con el proceso, esto quiere decir, que sea relevante para el proceso, constituyendo objeto de la prueba e influir en la decisión. Desde esta perspectiva, el juicio de pertinencia comprende el rechazo de aquellas pruebas, tendentes a demostrar hecho exentos de la misma, como los admitidos por las partes, los notorios, aquellos no alegados por los litigantes, los que no constituyen el objeto del procedimiento sumario que se tramita, o concernientes a normas jurídicas generales de derecho interno. Sin embargo, si serán objeto de acreditamiento los hechos beneficiados por una presunción, en tanto en cuanto, nada impedirá la posibilidad de la parte de justificarlos a través de otros medios de acreditamiento.
PERTINENCIA La pertinencia es el hecho que se pretende demostrar con la prueba que tenga una relación directa con el hecho investigado. Ejemplos:
Es impertinente la prueba que tiende a demostrar la buena conducta de un sujeto procesal, cuando lo que está tratando de
demostrar es la cuantía de un presunto daño patrimonial.
Un ejemplo de ello es tener un tema central de conversación en el cual los comentarios sobre el mismo son bienvenidos, pero al momento de recibir un comentario de tema diferente se convierte en impertinente por no tener relación con lo expuesto anteriormente.
También se puede señalar que la prueba en si misma puede ser pertinente y esto radica en la capacidad que ella tiene para aportar hecho que tienen que ver con el objeto de otras pruebas.
En materia penal puede presentarse que la prueba sea conducente (tiene idoneidad legal para probar el hecho), pero es impertinente por que el hecho que se pretende demostrar no hace parte del objeto señalado en el proceso.
Conceptualice conducencia de las pruebas.
Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho es asunto de derecho, referente al medio probatorio. Ejemplo:
Se pretende acreditar la venta de un bien inmueble valiéndose de un documento privado, podemos alegar que ese documento no es idóneo legalmente ya que la ley exige celebrarla mediante escritura pública (tuvo como elementos de comparación la ley y el medio probatorio a emplear).
Características de la conducencia
Idoneidad: capaz para demostrar el hecho.
Legal: obtenida legítimamente.
Eficaz: produce el resultado esperado que es llegar al convencimiento más allá de toda duda.
Conceptualice verosimilitud de las pruebas.
Hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de controversia que aún no se encuentra demostrada con otra.
La función y el fin que debe tener la presentación de una prueba radican en que esta debe prestar un servicio útil al convencimiento del juez, de no tener este propósito el juez debe rechazar de plano tal prueba.
De lo anterior podemos decir que una prueba es inútil cuando sobra, cuando no es idónea no en si misma si no que no presta ningún servicio al proceso pues solo se debe recaudar pruebas necesarias para el pronunciamiento del fallo, aquí se puede señalar que no se puede dar el lujo de recaudar pruebas que sobren, que sean superfluas, redundantes o corroborantes.
Una prueba puede ser conducente y pertinente pero inútil.
Establezca las diferencias entre legalidad, licitud, pertinencia,
conducencia y verosimilitud de las pruebas.
Mencione las pruebas que no son admitidas en el contencioso
administrativo; soluciones propuestas por la LOPGR en ese sentido en
garantía de la libertad probatoria.
Como hemos podido observar, la doctrina y la jurisprudencia no han sido claras, definitivas ni contundentes en el tratamiento de la carga probatoria. Algunos autores sostienen -gonzález pérez- que la inversión de la carga de la prueba, que derivaría de aplicar en esta materia el principio de presunción de validez del acto administrativo, pugna abiertamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, y no puede admitirse que, por el hecho de que la Administración haya dictado un acto administrativo, por arbitraria que haya sido su actuación, el órgano jurisdiccional tenga que dar por cierto todo lo que él contiene, hasta tanto el demandante no haya probado lo contrario en el proceso.
En este sentido, la presunción de validez del acto, si bien tiene efectos de reconocida importancia (como es, por ejemplo, el hecho de que son ejecutables por la propia Administración una vez que adquieren eficacia, que su impugnación no implica necesariamente la suspensión de sus efectos, y que surte efectos hasta tanto no sea revocado o anulado por la autoridad) por el contrario, no tiene mayor relevancia en el curso del proceso contencioso administrativo a los efectos de la carga probatoria, pues no basta el dicho de la Administración contenido en el acto administrativo para convencer al juez de la veracidad del mismo. La presunción de validez del acto administrativo es, en otros ámbitos jurídicos, un imperativo de la seguridad jurídica, pero no encuentra asidero alguno dentro del proceso en el que precisamente se cuestiona su validez.
Enumere los tipos de procedimientos mediante las cuales se tramitan las
pretensiones contenidas en las demandas que se plantean ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela.
Es la declaración de voluntad hecha ante el sentenciador y
frente al adversario; es el acto, por el cual se busca que el Juez reconozca algo con respecto a una cierta relación jurídica. En realidad, se está frente a una afirmación de derecho y a la reclamación de la tutela para el mismo.
La pretensión nace como una institución propia en el derecho procesal, en virtud del desarrollo doctrinal de la acción, y etimológicamente proviene de pretender, que significa querer o desear.
25) Explique los supuestos para la procedencia de la excepción de ilegalidad
conforme lo establecido por la SPA del TSJ.
26) Mencione el procedimiento que resulta aplicable en los casos de
impugnación de los actos de autoridad y determine cuál es el órgano
Estos procedimientos se inician con la interposición del medio de impugnación, se desenvuelven a través de diversos actos y terminan con la resolución que sobre el acto o la omisión combatida dicte el órgano jurisdiccional que conozca de la impugnación. En estos procedimientos intervienen los siguientes sujetos:
1.- La parte o el sujeto legitimado para interponer el medio de impugnación, al que podemos denominar genéricamente elimpugnador(también se le designa con nombres derivados del medio de impugnación interpuesto:apelante, en laapelación:
quejoso,en la queja, etcétera). 2.- El órgano jurisdiccional responsable del acto o de la omisión impugnada (jueza quo).
3.- El órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver el
medio de impugnación (cuando no es el mismo que el anterior, se le denomina juzgadorad quem). 4.- La contrapartedel impugnador, a la que normalmente se le permite intervenir en defensa de la validez o la legalidad del acto reclamado. En algunos medios de impugnación recibe nombres específicos: es el apeladoen la apelación, el tercero perjudicado en el amparo, eltercero interesadoen el proceso administrativo.
1.- Horizontales:lo son cuando quien los resuelve es el mismo
juzgador que emitió el acto impugnado. 2.- Verticales: cuando el tribunal que debe resolver la
impugnación es diferente del juzgador que dicto la resolución combatida, a estos medios también se les llama devolutivos, ya que se consideraba anteriormente que en virtud de ellos se devolvía la ‘’jurisdicción’’ al superior jerárquico que la había ‘’delegado’’ en el inferior.
1.- Medios de anulación: El juzgador que conoce de la impugnación sólo puede decidir sobre la nulidad o la validez del acto impugnado. 2.- medios de sustitución: El juzgador que conoce y resuelve la impugnación se coloca en la misma situación del juzgador que emitió el acto impugnado, lo viene a sustituir, por lo que puede confirmar, revocar o modificar dicho acto. 3.- Medios de control:-Normalmente son verticales- El tribunal ad quem no invalida ni convalida el acto impugnado, ni lo confirma, revoca o modifica, sino que limita a resolver si dicho acto debe aplicarse; o si la omisión debe subsanarse. Este último caso es el del recurso de queja en el proceso penal y de la excitación de justicia en los procesos fiscal y agrario, a los que hecho referencia: en los actos u omisión impugnados.
4.- ESPECIES. Las especies de medios de impugnación se determinan por el tipo de procedimiento impugnativo y por su relación con el proceso principal. Esta es una de las materias en las que las leyes suelen ser menos sistemáticas y congruentes. Se pueden identificarse tres especies de medios de impugnación:
Recursos, y Procesos impugnativos.
Incidentes impugnativos: los incidentes impugnativos y los recursos tienen como características común el que son medios de impugnación que se interponen y se resuelven dentro del mismo proceso principal. Como ya hemos mencionado, los incidentes son procedimientos que se siguen dentro de un mismo proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal y que a través de ellos se puede impugnar la validez de los actos del órgano jurisdiccional. Recursos: Es el medio técnico de impugnación y subsanación de los errores de que eventualmente pueda adolecer una resolución judicial, dirigido a provocar la revisión de la misma, ya sea por el juez que la dictó o por otro superior jerárquico. Conociendo dos tipos de recursos:
Ordinarios o de derecho común, y Extraordinario o de derecho estricto.
Recurso ordinario o de derecho común: es aquel que la ley admite, por regla general, en contra de toda clase de resoluciones. Por ejemplo: el recurso de apelación. Recurso extraordinario o de derecho estricto: es aquel que la ley admite, excepcionalmente, contra determinadas resoluciones y por causales determinadas. Generalmente, se trata de recursos de derecho. Por ejemplo: El recurso de casación o recurso de nulidad y el recurso de revisión. Procesos impugnativos:Se inicia con una nueva demanda, en la que se expresa una pretensión distinta de la del proceso original.
Una vez admitida la demanda y se lleva a cabo el emplazamiento, se constituye y desarrolla una nueva relación jurídica, la cual terminara normalmente en una sentencia.
Determine el criterio asumido por la jurisprudencia en lo atinente al
control jurisdiccional de la conducta omisiva de la Administración.
Explique las diferencias existentes en el Avocamiento y el Abocamiento.
puede decir que un tribunal avoca una causa para
abocarse a la misma
¿Abocamiento o avocamiento?
Los estudiosos de las leyes nos enredan con los propios vocablos aprobados y utilizados por la Real Academia Española. Nuestros Jueces utilizan la palabra Avocamiento para referirse al conocimiento o actuaciones de Tribunales de Primera Instancia, y Abocamiento para referirse al conocimiento de causas en los Tribunales Superiores. Llama la atención la forma como se utiliza estos términos y leyendo el Diccionario de la Real Academia Española se observa:
“avocamiento. (De avocar). 1. m. Der. avocación. (Del lat. advocatĭo, -ōnis).1. f. Der. Acción y efecto de avocar. avocar. (Del lat. advocāre). 1. tr. Der. Dicho de una autoridad gubernativa o judicial:
Atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior.
1. tr. Verter el contenido de un cántaro, costal, etc., en otro. U. propiamente cuando para ello se aproximan las bocas de ambos.
Lex Jurídica
se encuentra: “Avocar:
lo que corresponde a la misma
definición que
el DRAE.
En cambio “Abocar”: no aparece.
Analizando diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, nos
encontramos entre otras la siguiente consideración: "La intención del
avocamiento es la de controlar al juez natural en el conocimiento de la causa
para garantizar la imparcialidad en la administración de justicia, protegiendo
los derechos constitucionales de las partes, como son el de igualdad y debido
proceso, permitiendo por excepción que dicho juicio sea conocido por otros
jueces para evitar las influencias extrañas en las resultas del mismo."
En virtud de tales lagunas,
y con criterio vinculante,
del Tribunal Supremo de Justicia en reciente Sentencia concretó:
...Consecuentemente,
esta Sala Constitucional, con el presente análisis,
pretende dejar en claro dentro de la curia jurídica, el modo correcto de
utilización de estas palabras. Siendo que cuando se use
“abocar”, como el
proceso de pensar y conocer una causa o de ponerse de acuerdo el tribunal (si es colegiado), debe ser empleada de manera pronominal con la
preposición a por delante; mientras que cuando se refiera a
“avocar”, será
sin proposición y se entenderá como reclamar la causa o “Atraer o llamar a sí un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando debía litigarse ante otro inferior”, ya que se trata de un
sustantivo, que puede ser usado pasivamente con
es igual a fueron avocadas). Por lo tanto,
se, (ej. se avocaron, lo que
se puede decir que un
tribunal avoca una causa para abocarse a la misma.
En caso de dudas,
“avocamiento”
referido por el DRAE
indicado por cuanto su definición es clara y no se presta
a confusión, y hace más fácil y transparente el ejercicio del derecho el no
utilizar términos que incluso al preguntarle a algún Juez desconoce su
Con la Sentencia que seguidamente se expone, queda asì aclarado el punto
el uso de dichos verbos ..
SALA CONSTITUCIONAL ( 31 de mayo de 2012)
Exp. N° 11-1459
.... En este aspecto, la Sala observa que existe la mala utilización reiterada por los operadores de justicia y demás miembros del sistema judicial, de los términos avocamiento y abocamiento y teniendo en cuenta que la Sala tiene dentro de sus múltiples funciones también la de orientar y formar a todos los intervinientes dentro de ese sistema para que se preste una mejor justicia, procede a dejar en claro la diferencia y manera de empleo entre las palabra “avocar” y “abocar”, a los fines de evitar se sigan cometiendo dichas confusiones que empobrecen al foro jurídico. La utilización de las palabras “avocar” y “abocar”, ha causado múltiples confusiones entre los distintos operarios del derecho como los abogados, jueces y secretarios, entre otros, así como el propio legislador. La palabra “abocar” proviene de boca, significando entre otras acepciones: 1) como verbo transitivo “Asir con la boca”, 2) igualmente significa “Verter el contenido de un cántaro, costal, etc., entre otros. Se usa propiamente cuando para ello se aproximan las bocas de ambos”, 3) también se entiende en forma pronominal como “Juntarse de concierto una o más personas con otra u otras para tratar un negocio”, o 4) como “Desembocar, ir a parar”. (Diccionario RAE, Madrid – 1992, vigésima primera edición, editorial Espasa Calpe, S.A., p. 8). Se solía usar como un uso pronominal que en España se empleaba con la preposicióncon y en América con la preposición a, en el significado de la tercera acepción dada en el párrafo anterior. No obstante, esta acepción posee una subacepción que es “descubrir o vistar súbitamente una cosa, tenerla de pronto ante los ojos; enfrentarse con ella, en sentido propio o figurado. Usase a veces con pronombres relexivos de dativo”. (María Josefina Tejera “Abocar por Avocar: una confusión que llega a nuestras leyes”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1992, N° 84, p.470). En América, en especial en Venezuela, según el “Diccionario de venezolanismos” Academia Venezolana de la Lengua, UCV, Caracas, 1983,
se usaba pronominalmente con la preposición a desde 1896, como el dedicarse de lleno a hacer o pensar algo específico, referido no sólo a varias personas, sino también a una sola y no para negociar o tratar algo, sino como estudiar a fondo y con dedicación un asunto. (María Josefina Tejera “Abocar por Avocar: una confusión que llega a nuestras leyes”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1992, N° 84, p. 471). Por otro lado, “avocar” proviene del latín advocare, con el sentido de convocar, siendo la palabra que le dio origen en castellano a abogado. Éste término se encuentra definido entre sus diferentes acepciones como “Atraer o llamar a sí un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando debía litigarse ante otro inferior.” (Diccionario RAE, Madrid – 1992, vigésima primera edición, editorial Espasa Calpe, S.A.,
p.240).
Por lo tanto, avocar a diferencia de abocar, es siempre transitivo, sin uso pronominal o reflexivo; por lo que no se debe entender como el proceso
de pensar y conocer una causa o de ponerse de acuerdo el tribunal (si es colegiado), es decir, como una reunión de varias personas o una para adoptar una idea, negocio o estudiar a fondo y con dedicación o ahínco un asunto -abocar-; sino que se trata de algo de paso, de traslado de una causa de un tribunal inferior a otro superior cuando éste lo reclama -avocar-. , (María Josefina Tejera “Abocar por Avocar: una confusión que llega a nuestras leyes”. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1992, N° 84, p. 472).
Consecuentemente, esta Sala Constitucional, con el presente análisis, pretende dejar en claro dentro de la curia jurídica, el modo correcto de utilización de estas palabras. Siendo que cuando se use “abocar”, como el proceso de pensar y conocer una causa o de ponerse de acuerdo el tribunal (si es colegiado), debe ser empleada de manera pronominal con la preposición a por delante; mientras que cuando se refiera a “avocar”, será sin proposición y se entenderá como reclamar la causa o “Atraer o llamar a sí un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando debía litigarse ante otro inferior”, ya que se trata de un sustantivo, que puede ser usado pasivamente con se, (ej. se avocaron, lo que es igual a fueron avocadas). Por lo tanto, se puede decir que un tribunal avoca una causa para abocarse a la misma.
De esta manera, se pretende evitar la utilización errónea de estos términos, (ej. La derogada Ley Tutelar de Menores de 1980, en su artículo
101), y por lo tanto, lo que el accionante señala en su escrito cuando dice “solicitud de avocamiento”, realmente quiere decir “solicitud de abocamiento”. .... Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días del mes de mayo de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
29) Indique cual es la situación jurídico-procesal de la consignación
anticipada del escrito de informes.
30) Determine el criterio asumido por la SPA del TSJ en lo relativo a la
reforma de la demanda en los procedimientos contenciosos administrativos.
31) Explique el procedimiento para la designación de las ponencias y
votaciones en los órganos jurisdiccionales colegiados; indique las facultades
del Juez Ponente (Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
32) Indique en qué casos corresponde efectuar el pronunciamiento sobre la
admisión de las demandas y solicitudes a los juzgados de sustanciación;
mencione el Juzgado llamado a pronunciarse respecto de la competencia.
33) Indique el lapso de caducidad establecido en los procedimientos
contenciosos administrativos depuestos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción
34) Mencione las reglas dispuestas para las notificaciones por carteles en
los procedimientos estudiados en el curso.
Es una citación de excepción extraordinario que tiene carácter público, que se lleva a cabo cuando el alguacil no ha podido encontrar a la persona del citado, para realizar la citación personal, ni tampoco ha sido posible la citación por correo con aviso de recibo, por lo tanto es necesario agotar las anteriores clases de citaciones, y no habiéndose podido verificarse la citación personal, es cuando procede la citación por carteles.
Se puede citar mediante el procedimiento de carteles, a las personas que se conocen, pero que están presentes en el país, y a las personas que se desconocen o inciertas, que puedan tener interés en participar en determinada controversia, y en este caso los carteles se llaman edictos.
Fundamento de la citación por carteles. Escriba en que la Ley no puede permitir que el proceso este paralizado indefinidamente, y por lo tanto, se remite al medio publicitario de los carteles, como el medio mas eficaz, después d la citación personal, para hacer llegar al conocimiento demandado, la orden de comparecencia, hacerle conocer que se ha introducido una demanda en su contra, y que debe acudir al Tribunal a asumir su defensa.
Formas de la citación por carteles. La ley prevé ciertas formas supletorias de citación por carteles, que hacen posible al demandado su derecho de defensa, sin el cual el juicio no tendría validez alguna. Lo que caracteriza en genera a las formas de citación por carteles en nuestro Derecho, es que mediante ellas no se llama inmediatamente al demandado para el acto de la contestación, sino mediatamente; esto es, se le llama, darse por citado personalmente o por medio de apoderado, poniéndose así a derecho para el acto de la contestación, el cual se realiza luego, sin mas citación, dentro del termino del emplazamiento fijado inicialmente Tribunal.
CARACTERISTICAS DE LA CITACIÓN POR CARTELES
? El cartel es el medio para hacer saber públicamente a una parte su obligación de comparecer ante el tribunal.
? Es una citación de excepción extraordinaria que tiene carácter público.
? En esta forma de citación, los carteles no comunican al demandado un conocimiento ab integro de la demanda propuesta, sino que le hacen conocer solamente el nombre y apellido del demandante y del demandado, el objeto de la demanda y el lapso de comparecencia al tribunal.
? Basta la simple manifestación del Alguacil, de no haber encontrado a la persona cuya citación le fue encargada, para que el juez disponga de la citación por carteles.
? Los carteles de citación los ordena el juez a petición de la parte y deben fijarse por el secretario:Uno en la morada, oficina o negocio del demandante y otro igual se publicara en la prensa a costo del interesado conteniendo los requisitos señalados anteriormente.
Describa el criterio establecido por la Sala Político Administrativa en
que respecta a la promoción de pruebas en el procedimiento de Demandas
de Contenido Patrimonial (el cual puede ser efectuado en oportunidades
diferentes al lapso probatorio).
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