Source: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/article/review/6e3lt2.htm
Timestamp: 2018-01-21 12:58:32
Document Index: 241873238

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 3']

La protección de los detenidos: la acción del CICR tras las rejas - CICR
La protección de los detenidos: la acción del CICR tras las rejas
31-03-2005 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Alain Aeschlimann
El efecto de las actividades de protección que realiza el CICR dependerá, ante todo, de su habilidad de actuar en favor de los detenidos haciendo gestiones ante las autoridades responsables y de superar de manera general la indiferencia ante esta cuestión.
Alain Aeschlimann es jefe de la División de la Agencia Central de Búsquedas y de Actividades de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja
* Las consideraciones expuestas en el presente artículo reflejan exclusivamente la opinión del autor y no las del CICR.
Fundado en 1863 para aliviar los sufrimientos en los campos de batalla, el CICR pronto se interesó en la suerte que corren las personas privadas de libertad [1] . En efecto, después de los heridos y los enfermos, los detenidos han sido, en el curso de la historia, la tercera categoría de personas vulnerables en la que se ha interesado el CICR.
El objetivo principal de las actividades del CICR en ese ámbito es asegurar que los detenidos reciban un trato humano y que se respete su dignidad. En efecto, los detenidos se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad tanto en relación con la autoridad detenedora como con el entorno, teniendo en cuenta, sobre todo, la presión de la vida carcelaria y el encierro detrás de un verdadero muro de silencio. El cambio de estatuto de persona libre al de detenido acarrea la pérdida de todos los puntos de referencia y es un salto hacia un mundo desconocido, donde las reglas son diferentes y los valores no son los tradicionales. La vida en un medio cerrado y aislado del mundo tiende a deshumanizar a las personas, despojándolas de individualidad y responsabilidad. Por estas razones, la detención constituye un cambio fundamental para cualquier persona, aunque esté preparada para ello [2] . Esta vulnerabilidad se acentúa en las situaciones de conflicto armado y de violencia colectiva o política, en las que se intensifican tanto el aislamiento como la tentación de utilizar la fuerza en forma abusiva.
En 2004, el CICR visitó a 571.503 detenidos en 2.435 lugares de detención situados en más de 80 países, 29.076 detenidos fueron visitados por primera vez y se extendieron, en total, 39.743 certificados de detención. El CICR también organizó seminarios y cursos de perfeccionamiento para las fuerzas policiales y de seguridad de 36 países, a los que asistieron varios miles de participantes.
Evolución de la naturaleza de las actividades del CICR
Las primeras actividades del CICR en favor de los detenidos (en esa época, se trataba de prisioneros de guerra) tuvieron lugar durante la guerra franco-prusiana de 1870, y consistieron en la distribución de paquetes individuales de socorros y en la transmisión de correspondencia entre los prisioneros y sus familiares [3] . Durante la Primera Guerra Mundial, el CICR amplió sus actividades en favor de los prisioneros. Así, además de distribuir paquetes y transmitir correspondencia, la Institución comenzó a visitar los campos de internamiento a fin de mejorar las condiciones de detención, redactar informes tras las visitas y centralizar los datos individuales de los prisioneros de guerra (basándose, sobre todo, en las notificaciones enviadas por los Estados beligerantes en forma de listas de prisioneros).
En 1918 y 1919, durante la revolución bolchevique y los sucesos de Hungría, el CICR visitó, por primera vez, a civiles y a personas detenidas en
situaciones de disturbios interiores (los detenidos denominados " presos políticos " ). En el curso de la Segunda Guerra Mundial, las actividades del CICR fueron similares a las desplegadas anteriormente. También visitó a los internados civiles. El CICR adoptó un enfoque particularmente fáctico y descriptivo, sobre todo por lo que respecta a los informes redactados tras sus visitas a los campos de internamiento.
De 1947 a 1975 aproximadamente, los principales conflictos tuvieron lugar en Oriente Próximo y en Indochina, pero el CICR también prestó atención a los sucesos que predominaban en muchos otros países [4] . Siguió llevando adelante el mismo tipo de actividades en favor de los detenidos, al tiempo que mejoraba sus métodos de trabajo [5] .
En el período que va de 1975 a 1990, caracterizado por la intensificación de los conflictos derivados de la guerra fría y el fin de los conflictos de la descolonización, aumentaron los contextos operacionales del CICR y se intensificaron sus actividades en favor de los denominados detenidos políticos. El CICR los visitó y registró su identidad casi sistemáticamente en los lugares de detención y se esforzó por restablecer el contacto entre ellos y sus familiares. También se ocupó del problema de las desapariciones forzadas y amplió su perspectiva mediante un análisis más detallado del entorno de los detenidos y de las diferentes etapas o lugares de detención por los que pasaban. El CICR unificó su práctica y elaboró directrices internas para diferentes ámbitos de acción [6] .
Diversos fenómenos directamente relacionados con el fin de la guerra fría incidieron en la intensificación de las actividades del CICR en favor de los detenidos. Ciertos Estados, que habían perdido el apoyo económico exterior, estaban en bancarrota y ya no podían mantener las estructuras estatales, incluidas las cárceles. Esta situación llevó al CICR a ampliar su campo de acción, tanto con respecto a las categorías de detenidos que visitaba (conforme al criterio de visitar a " todos los detenidos " ) como a la índole de los problemas (estructurales, de organización, de emergencia alimentaria, etc.) a los que intentaba hacer frente. Al mismo tiempo, varias regiones atravesaban períodos de limpieza étnica en los que se puso en evidencia la voluntad de exterminar a una parte de la población. Estas razones condujeron al CICR a dar un enfoque más holístico a sus actividades en favor de los detenidos, que combina las visitas (o la verificación de los hechos y de la situación), la responsabilización de las autoridades, la formación y la transferencia de competencias (mediante seminarios sobre diversos temas) y la asistencia (salud, hábitat, etc.) en diferentes ámbitos.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el CICR se ve obligado a conciliar dos prioridades que a veces resultan contradictorias. Por un lado, es necesario aportar una respuesta al tema del marco normativo y al cuestionamiento de la intangibilidad de la integridad física y moral de todos o de algunos de los detenidos. Por el otro, también es necesario encontrar soluciones adecuadas al problema del creciente número de Estados que cada vez se interesan menos en sus detenidos. En el marco de la llamada " guerra contra el terror " , los elementos globales se mezclan a menudo con los elementos locales, lo que exige una coherencia aún más estricta entre el enfoque que se adopta y la acción concreta.
Evolución del marco normativo y de las modalidades de visita del CICR
Antes del siglo XX, las normas consuetudinarias eran más sustanciales que los tratados internacionales aplicables a los detenidos, cuyos contenidos eran relativamente escuetos [7] . Al exigir un trato humano para los prisioneros de guerra, los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 contienen una prohibición implícita de la tortura. Después de las experiencias de la Primera Guerra Mundial, el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1929 define con suma precisión el estatuto de los prisioneros y sus condiciones de vida, y, sobre todo, incorpora la protección contra actos de violencia, crueldad, insultos y presiones [8] . También estipula el control de las condiciones de detención por parte de las Potencias protectoras y por el CICR, así como las modalidades de las visitas, pero no hay disposiciones imperativas con respecto a un elemento fundamental: la entrevista sin testigos con el detenido [9] . Este Convenio también establece los fundamentos de la Agencia Central de Informaciones (que después se convirtió en la Agencia Central de Búsquedas) del CICR, encargada, en particular, de centralizar los datos sobre los prisioneros de guerra y restablecer el contacto entre éstos y sus familiares.
Los Convenios de Ginebra de 1949 marcan un hito, ya que extienden el ámbito de aplicación, hasta entonces limitado a los conflictos armados de carácter internacional, a los conflictos armados no internacionales, y establecen las condiciones de detención y el trato debido a los detenidos. Los Convenios también confirman el derecho del CICR a visitar a los prisioneros de guerra durante conflictos armados internacionales y establecen el mismo derecho con respecto a los detenidos civiles. Basándose en la experiencia del CICR, introducen modalidades de visita inderogables [10] . Los dos Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra pre cisan las garantías fundamentales a las que tienen derecho los detenidos.
Impulsado por el movimiento de los derechos humanos, el trato de las personas detenidas se transformó en una cuestión sumamente preocupante para la comunidad internacional. A partir del decenio de 1960, el sistema de los derechos humanos y el marco de protección que proporciona a los detenidos se fortaleció con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). En el marco de las Naciones Unidas también se adoptaron textos no vinculantes que establecen normas internacionales reconocidas [11] . Asimismo, las asociaciones profesionales se dotaron de códigos de conducta como los Principios de Ética Médica pertinentes al papel que desempeña el personal de la salud, en particular los médicos, en la protección de los presos y arrestados, contra la tortura y cualquier otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante. También se adoptaron tratados regionales, como la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (1950), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985), y el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (1987).
En paralelo con esta evolución, se crearon organismos, mecanismos, instituciones y organizaciones que velan también por la suerte de los detenidos y cuyos cometidos también incluyen las visitas a los lugares de detención. Las modalidades de las visitas que efectúa el CICR a las personas detenidas han hecho escuela y constituyen una referencia para la mayoría de los otros organismos e instituciones interesa dos en visitar los lugares de detención. Por ejemplo, las modalidades del CICR fueron íntegramente incorporadas en los convenios internacionales que establecen mecanismos de visita [12] .
Fundamentos del trabajo del CICR
El CICR define a los beneficiarios de su acción en función de la existencia de necesidades humanitarias y de criterios relacionados con la situación que predomina en un contexto determinado.
En las situaciones de conflicto armado internacional, el cometido del CICR es muy claro en lo que respecta a sus actividades en favor de los detenidos (prisioneros de guerra, internados civiles, detenidos de seguridad o detenidos de derecho común en los territorios ocupados). Los Convenios de Ginebra le confieren el derecho de tener acceso a estas personas y le permiten recibir todas las informaciones pertinentes que les atañan [13] .
En el caso de conflictos armados no internacionales, no hay bases convencionales explícitas que permitan el acceso del CICR a las personas privadas de libertad. Ni el artículo 3 común a los cuatro Convenios, que habilita al CICR a ofrecer sus servicios (derecho de iniciativa convencional) ni el Protocolo adicional II a los Convenios mencionados hablan de visitas a los detenidos ni de prerrogativas particulares del CICR respecto de este tema. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, las partes concernidas no están obligadas a aceptar que el CICR visite a personas detenidas a causa de conflictos internos. Sin embargo, esas visitas representan una práctica constante de la Institución y son reconocidas en el plano internacional, sobre todo a través de numerosas resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja [14] y, por ende, también por los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Dichas resoluciones son aceptadas en casi todos los contextos.
En la práctica, para identificar a los detenidos en favor de los cuales despliega actividades en conflictos armados internos, el CICR se inspira, en parte, en los conceptos aplicables a los conflictos armados internacionales. Así pues, procura tener acceso, en primer lugar, a las personas que participan directamente en las hostilidades (miembros de las fuerzas armadas gubernamentales o rebeldes armados capturados por el adversario) y a los civiles arrestados por el Gobierno o por los rebeldes a causa de su apoyo, real o supuesto, a las fuerzas adversarias. Durante las visitas a las personas detenidas en relación con un conflicto interno, el CICR suele, por extensión, interesarse por otros detenidos recluidos en los mismos lugares de detención, pero por causas relacionadas con delitos penales ordinarios (detenidos de derecho común). En tal caso, considera que todos los detenidos se encuentran afectados por la situación, o que es contrario a sus principios de humanidad e imparcialidad interesarse por una sola categoría de detenidos, cuando las otras tienen necesidades idénticas y a veces incluso más acuciantes.
Como ya se ha dicho, el CICR amplió su ámbito de interés y sus actividades más allá de los conflictos armados [15] para abarcar las situaciones de violencia interna, especialmente los disturbios interiores [16] . Lo mismo puede decirse de las otras situaciones de violencia interna, como las tensiones políticas o sociales o las perturbaciones de orden político que todavía no han alcanzado el nivel de los disturbios interiores, pero que afectan a numerosas personas y en las que la intervención del CICR podría causar un efecto benéfico. Una de las característ icas de estos casos es que los detenidos carecen de medios eficaces para protegerse contra los abusos o los actos arbitrarios cometidos o que puedan cometerse contra ellos, sea porque, de ordinario o en esa situación concreta, no se benefician de la protección mínima que podrían esperar de las autoridades [17] , o porque están sometidos al poder arbitrario de personas individuales. El CICR interviene en estos casos para paliar la ausencia o la deficiencia de los mecanismos de regulación internos (mecanismos capaces de vencer los efectos de la violencia) en ese contexto. Llegado el caso, también procura limitar las consecuencias de la situación que se plantea si las autoridades concernidas (sean legales o de facto) pierden el monopolio o el control del uso de la fuerza. El CICR ofrece sus servicios si la gravedad de las necesidades humanitarias y la urgencia de satisfacerlas lo justifican, basándose en el derecho de iniciativa que le confieren los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja [18] .
Las autoridades a las que el CICR ofrece sus servicios no tienen la obligación jurídica de aceptar la oferta ni permitir el acceso a las personas que detienen [19] . Empero, las actividades y las visitas del CICR a los detenidos en todas las situaciones de violencia interna representan una práctica de la Institución que se puede considerar constante y que ha sido aceptada en innumerables contextos. Más allá de los aspectos jurídicos, para las autoridades, las consideraciones principales son la experiencia y la competencia profesional del CICR, así como el interés práctico que pueden tener sus visitas, sin olvidar que el hecho de aceptar la intervención del CICR suele generar una imagen positiva.
Las visitas del CICR están destinadas, en primer lugar, a las personas detenidas a raíz de la situac ión de violencia interna, sobre todo aquellas que, en opinión de las autoridades, representan una amenaza al sistema existente a causa de sus dichos, actos o escritos, o incluso por su mera pertenencia a una etnia o a una religión. En general, esas personas suelen ser calificadas como opositores que deben ser castigados o, al menos, controlados mediante la privación de libertad. En algunos casos, esos detenidos son colocados bajo una jurisdicción de excepción o acusados de delitos contra la seguridad del Estado, que son objeto de disposiciones específicas en la legislación nacional; en otros, se detiene a las personas conforme al derecho penal ordinario. Para esas personas, el riesgo de padecer abusos o actos arbitrarios es a menudo mayor que para los demás detenidos. Por último, el CICR se interesa en la situación de los detenidos más susceptibles de recibir un trato duro o de sufrir privaciones que en una situación estable, sobre todo cuando las autoridades, por diferentes razones, han perdido el control sobre los agentes autorizados a utilizar la fuerza [20] . Así pues, la posible intervención del CICR concierne a todos los detenidos, independientemente de las razones por las que se encuentran privados de libertad.
Aceptar una oferta de servicios del CICR no equivale a reconocer la existencia de una situación determinada ni, en particular, de una situación de conflicto armado [21] : la aceptación de las visitas del CICR a menudo expresa la voluntad de las autoridades de asegurar que los detenidos reciban un trato digno y humano.
Fuera del ámbito de los conflictos armados internacionales, el CICR debe negociar, incluso con los grupos armados y con posibles entidades no estatales [22] , autorizaciones de visita, que se expiden en forma oral o escrita (como un intercambio de cartas, salvoconductos firmados por un ministro, órdenes del Poder Ejecutivo o la firma de un acuerdo formal). Los criterios que rigen la selección del procedimiento dependen del sistema jurídico y del funcionamiento de las instituciones, de consideraciones de oportunidad o de las formalidades características del país. El CICR suele firmar con bastante frecuencia acuerdos formales de visita que, según el sistema constitucional de que se trate, pueden tener el valor formal de los tratados internacionales y que a veces se publican en los boletines oficiales nacionales [23] .
No siempre es fácil obtener acceso a los detenidos. A menudo, se necesita tiempo, paciencia y talento para la negociación. En algunos contextos, el CICR está presente pero no puede tener acceso a los detenidos. A veces, algunos contextos donde el CICR desearía actuar se mantienen cerrados y las autoridades se muestran totalmente impermeables al diálogo con el CICR sobre toda cuestión vinculada con la detención, en general, y sobre la posibilidad de tener acceso a los detenidos, en especial. Otras veces, el CICR no obtiene todo lo que desea: por ejemplo, ciertas autoridades sólo permiten el acceso a algunas de las personas que la Institución desea visitar, o dan su asenso después de un cierto período.
En la práctica, en varias oportunidades los Gobiernos no han respetado o han intentado sustraerse a su obligación de permitir las visitas del CICR durante conflictos armados internacionales. A veces han cuestionado la existencia de un conflicto armado (incluida una situación de ocupación) o el carácter internacional del conflicto; en otras ocasiones han obligado al CICR a negociar arduamente el acceso, o simplemente, han denegado el acceso a todos o a una parte de los detenidos.
Para completar esta descripción, cabe mencionar las visitas del CICR a las personas detenidas bajo la autoridad de tribunales internacionales (el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Especial para Sierra Leona). Asimismo, ha tenido acceso con regularidad a las personas detenidas por las diversas fuerzas internacionales (mantenimiento de la paz, establecimiento de la paz o imposición de la paz) como ONUSOM en Somalia, SFOR en Bosnia, MINUK y KFOR en Kosovo, e INTERFET y ATNUTO en Timor Oriental.
Condiciones previas a la acción
Análisis de los problemas y de la situación
Antes de emprender una acción en favor de las personas detenidas, es necesario conocer y analizar a fondo la situación, los problemas y las cuestiones relativas a la protección. Estos conocimientos son necesarios para establecer objetivos pertinentes y estrategias de acción adecuadas. La información necesaria se obtiene con toda transparencia y, de ser posible, con la cooperación de las autoridades concernidas. Sin embargo, a veces éstas consideran que ciertas cuestiones afectan a la seguridad nacional, lo que puede obstaculizar o, al menos, demorar significativamente la comprensión y el análisis apropiados de la situación y los problemas.
Los principales grupos de factores que se han de tener en cuenta son los siguientes:
Las características de la situación
El tipo de conflicto u otra situación que, en el caso en cuestión, justifica la intervención del CICR, así como la naturaleza y magnitud de los intereses de las partes en el conflicto y de las personas afectadas, pueden influir en la gravedad de los riesgos a los que se exponen los deteni dos.
Las entidades a cargo del arresto y la detención de las personas privadas de libertad (fuerzas militares y paramilitares, fuerzas del orden, tropas de intervención especial, milicias, grupos armados, organizaciones de seguridad privadas, etc.) también son elementos importantes que conviene tener en cuenta.
Asimismo, se han de tener en cuenta los factores socioculturales que influyen en el nivel de tolerancia con respecto al uso de la violencia en las relaciones sociales, en general, y hacia las personas consideradas " marginales " o " delincuentes " , en particular.
Las políticas y prácticas aplicadas por las autoridades y el Estado
Este aspecto se refiere, en primer lugar, a los compromisos internacionales del Estado y de las partes en conflicto (en particular, el derecho internacional humanitario y los tratados internacionales o regionales que se refieren a la protección de las personas), y la integración de las normas internacionales en la legislación y las reglamentaciones nacionales. Es importante conocer el marco jurídico y normativo nacional (legislación, reglamentos, directivas del Gobierno), sus posibles deficiencias y la medida en que se aplica o puede aplicarse [24] .
Es necesario conocer la política carcelaria (los objetivos del encarcelamiento, las características de los diferentes regímenes que se aplican en las prisiones, la existencia de un régimen de detención estricto y de sectores de alta seguridad, etc.), así como los métodos represivos utilizados (detenciones masivas o de determinadas personas, duración de los períodos de detención en que la persona se encuentra incomunicada, duración de la detención en lugares de detención provisionales, privación de libertad de duración corta o larga, etc.). También es importante conocer los tipos de privación de libe rtad que se utilizan (internamiento, detención administrativa, detención penal, detención provisional).
La forma de proceder de las autoridades, en particular las vinculadas a la administración de justicia
Es de fundamental importancia conocer factores tales como la forma de proceder de las autoridades, la confiabilidad y el funcionamiento de las cadenas de mando, la centralización o la descentralización de las estructuras y de la toma de decisiones, y el grado de autonomía de los organismos encargados de la represión. También es muy importante conocer el funcionamiento de las instituciones claves en materia de detención, como la administración penitenciaria, la interacción entre los diferentes organismos concernidos (la policía, el poder judicial, la administración penitenciaria, los ministerios que apoyan a los servicios penitenciarios en aspectos esenciales como las finanzas, la salud, la educación, el trabajo, etc.), e informarse acerca de la existencia de diversos mecanismos de control internos del Gobierno o del poder judicial.
Los medios financieros, materiales y humanos con que cuentan las autoridades
Los elementos que se han de tener en cuenta son, en especial, los siguientes: el nivel de vida y de desarrollo económico del país, el nivel de las infraestructuras existentes, el presupuesto nacional y la parte de éste asignada a las prisiones y al sistema represivo en general, la cantidad de empleados del sistema de administración de justicia, las tareas que realizan y su nivel de formación.
La organización de los diferentes lugares de detención
Este aspecto se refiere particularmente a los regímenes de detención existentes y su re glamentación (en especial, las categorías de detenidos, el sexo, la edad, y la duración de las penas impuestas), la gestión de los establecimientos y de las personas detenidas (sobre todo, los aspectos relativos a la existencia y la calidad de los controles y cuidados médicos, las posibilidades de contacto entre los detenidos y sus familiares, la posibilidad de que los detenidos puedan llevar a cabo actividades productivas y educativas, y el sistema de sanciones disciplinarias).
El entorno favorable y los mecanismos de regulación
No es fácil comprender la situación y los fenómenos conexos de las diferentes instituciones y estructuras de detención, ni analizar su funcionamiento. Cuando se interviene desde fuera del Gobierno, es casi imposible pretender abarcar la totalidad de las cuestiones en juego.
El respeto de la dignidad y de la integridad de los detenidos depende de la existencia de un entorno favorable. La responsabilidad principal de establecer y mantener ese entorno recae en las autoridades concernidas. Ellas tienen la obligación de satisfacer las necesidades básicas de las personas que arrestan y detienen, y de garantizarles un trato humano y digno. Cuando se les informa de la existencia de un problema, deben adoptar cuanto antes todas las medidas necesarias para solucionarlo, lo que también significa realizar una investigación inmediata e imparcial siempre que haya motivos para creer que se han producido abusos [25] , y después, si se confirman los hechos, imponer las sanciones adecuadas [26] .
Incluso en el caso de que exista un entorno favorable, éste es potencialmente inestable. Puede deteriorarse en cualquier momento a causa de sucesos inesperados, como atentados terroristas, la aparición de tensiones sociales, o, sencillamente, l a evolución de las mentalidades. Los riesgos de abuso son, por ende, constantes. Por esta razón, el entorno favorable debe ser observado, reforzado y fortalecido por dispositivos capaces de detectar los abusos en cuanto éstos se producen y de ejercer la presión necesaria sobre los organismos responsables para que adopten las medidas adecuadas. Estos dispositivos se denominan mecanismos de regulación.
Básicamente, pueden distinguirse dos tipos de mecanismos de regulación:
Los mecanismos de regulación internos: son los que actúan en el interior del país, y son específicos de la sociedad en la que funcionan. Son los medios independientes, las diferentes agrupaciones de defensa de los ciudadanos, los abogados, un sistema judicial independiente, el papel tradicional de los ancianos en ciertas sociedades [27] , etc.
Los mecanismos de regulación externos: son los que actúan en el plano de la comunidad internacional y que se ejercen sobre todo a través de presiones diplomáticas y económicas ejercidas sobre las autoridades concernidas. Son los medios de comunicación internacionales, los tribunales internacionales, los otros Gobiernos [28] , las organizaciones humanitarias internacionales (agencias de la ONU y ONG), y los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos [29] .
La respuesta de los diferentes participantes que conforman los mecanismos de regulación no puede ser sencilla ni reducirse a un solo denominador común. Se precisan acciones diversas y complementarias (en particular, medidas políticas, de desarrollo y de cooperación) cuyo objetivo común sea restablecer los parámetros que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Esencialmente por su independencia, su presencia cotidiana sobre el terreno y su acción ante todas la s autoridades concernidas, así como por su voluntad de privilegiar el diálogo confidencial, el CICR actúa como un sustituto de los mecanismos de regulación internos, interviniendo principalmente en situaciones de crisis, cuando esos mecanismos fallan o están obstruidos, o cuando no existen o han dejado de existir.
Características del enfoque del CICR
El enfoque del CICR en el ámbito de la detención presenta varias características particulares [30] , algunas de las cuales comparte con otras organizaciones y organismos. Otras son propias del CICR (el enfoque integrado, el seguimiento individual, la plena independencia con respecto a los poderes políticos, la capacidad de intervenir en el interior de los países concernidos, el mantenimiento de un diálogo continuo con todas las autoridades responsables en sus diferentes niveles). La suma de todos estos aspectos hace que el enfoque del CICR sea único y adaptado a las situaciones de crisis.
La prioridad del CICR consiste en inducir a las autoridades concernidas a que respeten los derechos fundamentales de las personas. A tal fin, se ha de definir la o las mejores respuestas en función del análisis de la situación en su conjunto, de los problemas identificados y de sus causas.
Las fuentes de los problemas y las causas de la disfunción pueden provenir de una política y de una estrategia de represión, cuya concepción o puesta en práctica no respeta las normas y reglamentos internacionales. Otras dificultades se deben a que las autoridades no garantizan o son incapaces de garantizar el funcionamiento de las instituciones y estructuras en un marco de respeto de la integridad y la dignidad de los detenidos. Por último, hay factores sociales, como el nivel de tolerancia admitido en el uso de la violencia, que pueden influir sobre la cuestión. En la práctica, no siempre es posible determinar claramente la importancia de cada uno de estos parámetros.
Para el CICR, el desafío principal es asegurar que su acción se adapte a las necesidades y a las diversas situaciones en las que actualmente trabaja. Por esta razón, necesita aplicar enfoques adaptados que, además, difieren de un contexto a otro. Hay poco en común entre, por ejemplo, un centro de interrogación y detención como el de la Bahía de Guantánamo, administrado por un país que cuenta con recursos importantes, como Estados Unidos, y las cárceles superpobladas y con instalaciones obsoletas de un país en desarrollo como Ruanda. Así pues, el CICR se esfuerza constantemente por adaptar su modalidad de acción [31] .
Enfoque integrado: de la visita a la asistencia directa
Para el CICR es fundamental sensibilizar a las autoridades con respecto a sus responsabilidades. La eficacia de los esfuerzos en pro de la responsabilización depende de la existencia de un nivel mínimo de voluntad política de seguir las recomendaciones y colaborar adecuadamente. Esa voluntad política también puede ser suscitada por terceros capaces de influir en las autoridades (movilización), o incluso puede ser movilizada por la presión pública (denuncia) [32] . El CICR ha establecido una práctica restrictiva con respecto al uso de la denuncia, que ha de basarse en la existencia de condiciones precisas [33] . Cuando hay voluntad política pero faltan los medios o los conocimientos, el CICR puede desplegar actividades de apoyo, incluso mediante el fortalecimiento de las capacidades locales. En situaciones de urgencia, o cuando las autoridades, pese a su buena voluntad, son incapaces de satisfacer todas las necesidades básicas de los detenidos, el CICR puede ir más lejos y prestar ayuda directa, asumiendo, localmente, todas o algunas de las obligaciones de las autoridades.
Las visitas a los detenidos son el elemento básico de la modalidad de trabajo del CICR. Las visitas son, a las claras, un medio eficaz para detectar la existencia de malos tratos, de condiciones de detención inadecuadas y de otros problemas humanitarios. Hasta cierto punto, por el mero hecho de tener lugar, las visitas también pueden ejercer un efecto protector y transformarse en un instrumento de prevención de abusos. Además, desempeñan una función psicosocial: a menudo, el delegado del CICR es, para los detenidos, la única persona amable con la que pueden hablar durante meses, incluso años, y sobre todo, una persona a la cual pueden contar, sin temor, todas sus frustraciones o angustias. Por último, las visitas representan la ocasión de entablar un diálogo concreto con las autoridades detenedoras. En efecto, la presencia intermitente del CICR en un lugar de detención no permite garantizar a los detenidos el respeto de su integridad física y moral. Sólo las autoridades detenedoras pueden asumir esta responsabilidad. Por esta razón, el propósito de la acción del CICR es convencer a las autoridades, mediante gestiones, de que adopten las soluciones recomendadas para los problemas humanitarios observados.
Las visitas se centran sobre todo en las personas, los detenidos con quienes conversan los delegados del CICR. Sin embargo, por las comprobaciones a las que conducen, las visitas permiten comprender el conjunto de los factores que influyen en la detención y por ende, en la vida de los detenidos (por ejemplo, la organización del servicio penitenciario, los reglamentos y las instrucciones internas impartidas a la administración, etc.).
Sobre la base de las visitas y de las observaciones, el CICR adopta una gama de medidas. En primer lugar, habla con los encargados de los lugares de detención y con sus superiores, redacta documentos de trabajo donde se reseñan las observaciones y se formulan recomendaciones, y prepara informes periódicos breves sobre la situación que reina en uno o más lugares o sobre una problemática en particular. Estas gestiones se realizan ante todas las personas involucradas en la detención y la cadena de mando, tanto civil como, en caso necesario, policial o militar, cualquiera sea su nivel jerárquico. En paralelo, el CICR puede poner en práctica, con el acuerdo de las autoridades concernidas, un conjunto de medidas y de iniciativas interdependientes, destinadas a sustentar su labor de supervisión de los lugares de detención o las gestiones encaminadas a asegurar un trato digno y humano para los detenidos. Entre dichas medidas se cuentan, en particular, las siguientes:
Asesoramiento sobre cuestiones normativas (por ejemplo, la ley del servicio penitenciario, el reglamento sobre la organización de las cárceles, etc.).
La traducción al idioma nacional de obras de referencia publicadas por el CICR, o, si los funcionarios penitenciarios están de acuerdo, por otros autores u organizaciones [34 ] .
Asesoramiento, a veces acompañado de ayuda material, con respecto al establecimiento y organización de estructuras estatales [35 ] .
La organización de cursos de formación especializada para las fuerzas del orden (fuerzas de policía, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas) [36 ] , para el personal penitenciario [37 ] o para los especialistas que intervienen en el ámbito penitenciario [38 ] , como el personal médico y el personal a cargo del abastecimiento de agua y de la infraestructura sanitaria.
La organización de talleres interdisciplinarios que reúnen a profesionales de diferentes materias dedicados a la misma problemática [39 ] .
Facilitar el contacto de las autoridades con organizaciones especializadas en los ámbitos en que el CICR no pretende tener una competencia especial.
Renovación o refacción de infraestructuras sanitarias nuevas (letrinas, pozos sépticos, duchas, cocinas, etc.) o en el ámbito de la salud (construcción, equipamiento y/o aprovisionamiento de dispensarios, etc.).
Organización del intercambio de noticias familiares entre el detenido y sus allegados (en la forma de mensajes de Cruz Roja) controlados e incluso censurados por las autoridades competentes.
La entrega de artículos de higiene o de material recreativo directamente a los detenidos.
La entrega de alimentos o el restablecimiento de la cadena alimentaria en circunstancias excepcionales [40 ] , o la intervención de urgencia en caso de epidemias como el cólera.
Dado que interviene en una gran variedad de contextos en el mundo, el CICR debe ser sumamente flexible. Su prioridad sigue siendo el interés de las personas afectadas, en este caso los detenidos, cuyas necesidades desea satisfacer. No hay lugar para el dogmatismo ni para un enfoque exclusivo.
Las visitas y las actividades de seguimiento no son las mismas cuando se trata de personas detenidas en lugares de detención denominados provisionales, como las comisarías, los centros de interrogatorio, o incluso las bases y establecimientos militares, los lugares de detención permanentes, las cárceles, o los lugares de detención asignados después de la condena. Enfrentarse a una detención administrativa o al internamiento no es comparable a una detención bajo control judicial. La detención de rehenes, sobre todo cuando la realizan particulares o milicianos que no tienen un vínculo directo u orgánico con las autoridades, plantea problemas especiales. Lo mismo puede decirse de la detención por fuerzas internacionales o por los tribunales internacionales. Desplegar actividades en favor de las mujeres y los niños detenidos implica asimismo tener en cuenta muchas cuestiones específicas [41] .
Esta flexibilidad también se aplica a la organización de las visitas del CICR. El número de delegados o de especialistas (entre uno y una docena), la frecuencia de las visitas (en algunos casos, una por semana o incluso una por día; en otros, una vez al año, y a veces, menos aún), y los tipos de visitas (recorrido completo de todo el lugar y de todas las instalaciones; visita parcial relacionada con problemas limitados) pueden variar de forma sustancial. Las gestiones y las recomendaciones derivadas de las visitas, así como las posibles medidas e iniciativas consiguientes pueden ser muy diferentes.
Proximidad y presencia periódica
El CICR no se pronuncia ni actúa en el ámbito de la detención si, por alguna razón, no visita a los detenidos y no conoce de cerca la situación. Cuando se le autoriza a visitar a los detenidos, el CICR establece una representación permanente, basándose en el número de lugares de detención y de detenidos y en la importancia de las necesidades comprobadas o percibidas. Cuando la situación lo permite, el CICR puede actuar en varios países desde la misma representación.
Esa presencia directa en los contextos permite al CICR adquirir unos conocimientos adecuados de la situación, establecer una proximidad tanto con los detenidos como con las autoridades, mantener un diálogo continuo y actuar sobre el terreno con gran rapidez, durante la etapa aguda de la crisis.
Enfoque estrictamente humanitario, apolítico e independiente
El CICR persigue un objetivo preciso: mejorar la situ ación de los detenidos, haciendo todo lo posible para que reciban un trato digno y humano.
Atento a conservar la confianza de todas las partes, el CICR no sólo es independiente de todo interés político, sino que no se involucra en modo alguno en los problemas políticos que originan las situaciones de tensión en las que actúa, ni se pronuncia sobre los motivos de la detención. Asimismo, la pertinencia de la acusación, la culpabilidad del detenido, la legitimidad de las leyes que permiten la detención (ley marcial, ley de excepción, código penal ordinario, o simplemente, la ausencia de ley) son cuestiones que el CICR no toma directamente en consideración. Por ello, al CICR no le interesa el delito que se atribuye al detenido (lucha armada, terrorismo, subversión, delito de opinión, etc.), una vez que ha determinado que éste corresponde a la categoría de detenidos que le incumbe.
La independencia es uno de los principios fundamentales del CICR. En su labor, la Institución también vela por que siempre se la perciba como una institución independiente, exclusivamente animada del deseo de aliviar el sufrimiento.
Diálogo – confidencialidad – repercusiones
La piedra angular del enfoque del CICR es el diálogo que sostiene tanto con los detenidos como con las autoridades.
El CICR no busca la confrontación sino la cooperación con las autoridades. Por esta razón, debe mantener con ellas una relación estrecha, estructurada, profesional y transparente. En particular, es lógico que tras la visita realizada a un lugar de detención se entable el dialogo, ya que éste permite, en especial, mantener una corriente de información objetiva basada en el contacto periódico con los detenidos, y culmina con la proposición de soluciones. Un diálogo permanente con todos los encargados del lugar, cualquiera sea su nivel, permit e inscribir la visita en el marco de un proceso continuo y contribuye a fortalecer el sentimiento de proximidad entre las autoridades, las fuerzas del orden y los detenidos.
La prioridad otorgada al diálogo incita al CICR a multiplicar los contactos y a concebir nuevos medios para llegar hasta los potenciales actores de la violencia o hasta quienes los controlan. En efecto, en las situaciones de crisis, es frecuente encontrar disfunciones en las cadenas de mando oficiales o problemas en la supervisión de los subalternos. Esto implica, a menudo, tener que dirigirse a todos los escalafones de la jerarquía civil y, en caso necesario, de la militar, para informarlos y convencerlos de la legitimidad de las recomendaciones del CICR. A veces, cuando el Estado se disgrega en varias facciones que influyen directa o indirectamente en la suerte y el trato de los detenidos, es indispensable establecer el contacto con ellos y entablar el diálogo.
Para que sea fructífero y constructivo, el diálogo continuo, tal como lo concibe el CICR, debe basarse en una relación de confianza. Esa confianza, alimentada por encuentros frecuentes entre la Institución y las autoridades, se establece y se desarrolla, entre otros motivos, gracias a la índole confidencial del trabajo del CICR. La confidencialidad es un método de trabajo, a la vez que una elección estratégica. No constituye un fin en sí misma. Permite también abordar ciertas cuestiones, que por lo general son muy sensibles, con toda independencia y sin la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación o de las organizaciones políticas. Además, es innegable que la confidencialidad facilita el acceso del CICR, sobre todo cuando las autoridades son reticentes a permitir el ingreso de personas externas a determinados lugares.
Al aceptar los métodos de trabajo del CICR, así como su presencia y participación en los lugares de detención, las autoridades consienten en abordar cuesti ones sensibles, como los casos de tortura, y se comprometen a hacerlo de buena fe. El CICR también debe velar por que las autoridades no abusen de su presencia y sus actividades; consecuentemente, la confidencialidad tiene sus límites.
En ciertas ocasiones, cuando las gestiones y los esfuerzos del CICR no tienen un efecto importante o cuando las autoridades no respetan la modalidad de trabajo acordada, la Institución puede optar por dar a conocer sus preocupaciones públicamente. Esto puede conducir también al CICR a suspender sus actividades, principalmente sus visitas a los detenidos, hasta alcanzar un nuevo acuerdo o hasta que las autoridades hayan renovado su compromiso de no tolerar nuevos abusos. El CICR decide recurrir a la denuncia pública sólo cuando se reúnen ciertas condiciones estrictas [42] , y sobre todo, cuando está convencido de que el salir de su habitual reserva beneficiará a los detenidos y que no les acarreará perjuicio alguno. En general, los detenidos a los que el CICR tiene acceso insisten, más que en hacer pública su situación, en que no se los abandone. En todos los casos, la decisión de recurrir a la denuncia y el momento de hacerla pública se sopesan cuidadosamente.
El CICR insiste en que las autoridades de los países en los que trabaja observen las mismas reglas de confidencialidad con relación a sus observaciones y recomendaciones. Cuando las autoridades infringen esas reglas, el CICR también puede, a su vez, optar por dejarlas de lado. Históricamente, las autoridades casi siempre han respetado la confidencialidad. Las filtraciones de información a la prensa que condujeron a la publicación total o parcial de los informes de visitas del CICR a lugares de detención tuvieron lugar, en general, tiempo atrás y se remontan a Argelia (1960), Grecia (1969), Pakistán (1972), Chile (1975) e Irán (1979). Más recientemente, el informe presentado por el CICR a las autoridades estadounidenses sob re las observaciones realizadas durante las visitas a los detenidos en Irak, de mayo a noviembre de 2003 , fue publicado por el Wall Street Journal [43] . Asimismo, después de las visitas del CICR al centro de detención de la Bahía de Guantánamo, informaciones contenidas en los informes confidenciales del CICR se publicaron en la prensa [44] . El CICR expresó su preocupación por estas filtraciones de información, que no corresponden a las modalidades de trabajo y de cooperación inicialmente acordadas con las autoridades en cuestión. Independientemente de los efectos que pueden tener en la situación de los detenidos, la reiteración de las filtraciones puede hacer que las autoridades de otros países le resten importancia a la confidencialidad que el CICR se impone y observa estrictamente, o darles la falsa impresión de que la Institución ha cambiado sus métodos de trabajo.
Interés por el individuo y seguimiento individual
El cometido del CICR es ocuparse, sobre todo, de las personas y de sus problemas, y ha adquirido la capacidad para hacerlo. Durante todo el período de detención, sigue de cerca la situación de los detenidos que considera están expuestos a riesgos. Éstos se definen en función del estatuto de los detenidos o de los abusos a los que fueron o pueden todavía ser sometidos. El seguimiento individual también puede ser ocasional y tener lugar en un período determinado del cautiverio (en particular, hasta la normalización de la situación de los detenidos por medio de una sentencia dictada durante el debido proceso, o hasta la concesión de condiciones de detención satisfactorias), o aplicarse en el caso de detenidos vulnerables o con problemas particulares.
Concretamente, el CICR toma nota de la identidad de esos detenidos y la registra en un soporte informático, que es archivado en la sede de la Institución durante algunos años después del cese de su intervención en ese contexto. Durante las visitas posteriores, el CICR verifica periódicamente si los detenidos cuyos datos se han registrado todavía se encuentran presentes; de no ser así, toma nota del lugar adonde han sido transferidos y de la evolución de su situación. En particular, las entrevistas privadas que mantiene con los detenidos le permiten comprender cómo éstos viven su encarcelamiento y las dificultades que enfrentan en la vida cotidiana. Estas entrevistas también le permiten darse cuenta de cuáles son los detenidos o los grupos que sufren abusos. En principio, cada caso es objeto de seguimiento: la gestión ante las autoridades concernidas a fin de que adopten medidas correctivas, la repetición de la visita, e incluso la respuesta individual a los problemas personales de ciertos detenidos.
Enfoque individual y enfoque estructural
En numerosos contextos, el CICR comprobó que no era adecuado concentrarse sólo en una o en varias categorías de detenidos con problemas de protección particulares y que sus actividades debían beneficiar al conjunto de los detenidos. En tales casos, se han de considerar todos los factores que rodean la detención o que ejercen una influencia decisiva en ella y en la situación, y por ende, en la vida de los detenidos. Esto permite, en principio, obtener mejores resultados que cuando se interviene sólo en problemas individuales. Además, el enfoque estructural y el enfoque individual son, por lo general, indisociables y complementarios.
En concreto, las causas de los principales problemas que se encuentran en las prisiones son casi siempre de carácter estructural. Por ejemplo, la falta de normas que definan con precisión las responsabilidades y las obligaciones del personal suele condu cir a abusos que podrían evitarse. La lentitud del sistema judicial acarrea demoras considerables en el tratamiento de los casos de los detenidos a la espera de juicio. Esas demoras causan la congestión del sistema penitenciario, lo que, a su vez, genera una serie de problemas en la gestión de los establecimientos y en el mantenimiento de condiciones materiales de detención adecuadas. En numerosas ocasiones, las carencias y los abusos comprobados son permanentes y anteriores a la situación que justificó la intervención del CICR, aunque esa situación puede haberlos agravado.
El enfoque estructural prioriza un mejor funcionamiento de los lugares de detención y de la administración de la justicia en un sentido amplio, a fin de beneficiar a un gran número de detenidos, si no a todos. El CICR adopta un enfoque global para abordar los problemas y a menudo actúa como una especie de auditor o consultor, presentando una evaluación a las autoridades concernidas. En ese caso, la finalidad es formular recomendaciones sobre la forma de reducir las carencias y las disfunciones estructurales, hacer que el funcionamiento de las instituciones encargadas de aplicar la ley sea más compatible con las normas internacionales, llevar a cabo una acción educativa y permitir, en el largo plazo, la reforma de las estructuras y de los comportamientos.
Cuando las autoridades demuestran una auténtica voluntad de mejorar la situación mediante el fortalecimiento de sus capacidades institucionales o la aplicación de prácticas reconocidas, el CICR suele respaldar sus gestiones y recomendaciones por medio de un apoyo concreto a esos esfuerzos. En esos casos, el CICR recurre periódicamente a los servicios de consultores o trabaja junto con organizaciones especializadas en determinadas esferas.
Las visitas a los detenidos y sus modalidades
El CICR realiza sus visitas en los lugares de detención de acuerdo con modalidades específicas que se aplican de forma universal [45] . Antes de realizar la visita, es preciso que estas modalidades sean aceptadas por las autoridades concernidas. Las modalidades del CICR son la garantía de un trabajo profesional y confiable, y permiten evaluar la situación y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los detenidos.
Las modalidades principales son cinco:
1. Acceso a todos los detenidos que pertenecen a la categoría que incumbe al CICR
Se ha de garantizar y asegurar al CICR la posibilidad real de entrar en contacto con todas las personas que tienen el estatuto o pertenecen a la categoría de detenidos respecto de las cuales la Institución ha negociado el acceso.
2. Acceso a todas las infraestructuras e instalaciones utilizadas por y para los detenidos
Esta modalidad es la continuación lógica de la primera. El CICR quiere acceder a todos los detenidos, dondequiera que éstos se encuentren (cárcel, campamento, comisaría, guarnición militar, etc.). Además, el CICR quiere acceder a la totalidad del lugar que visita, incluidos los lugares de uso común (celdas, dormitorios, retretes, duchas, cocinas, comedor, sala de visita, talleres, instalaciones deportivas, lugares de culto, enfermería, celdas de castigo, etc.). Este acceso permite, sobre todo, verificar las condiciones de detención y asegurar que las autoridades no mantengan a detenidos ocultos, para que el CICR no los vea durante la visita.
3. Autorización para repetir las visitas
La experiencia ha demostrado que una visita aislada tiene pocos efectos positivos a largo plazo, y no permite desplegar una labor de protección. Además, es imperativo poder reiterar las visitas a ciertos detenidos para comprobar que no se hayan tomado represalias contra ellos después de una entrevista con el CICR. Por esta razón, la posibilidad de reiterar las visitas es una de las condiciones esenciales de toda acción del CICR en favor de los detenidos. Cada detenido cuyos datos son registrados por el CICR será seguido de cerca durante todo el período de detención y visitado periódicamente dondequiera que haya sido transferido. Normalmente, la frecuencia de las visitas se adapta a las necesidades de los detenidos. Sin embargo, por razones objetivas, también se han de tener presentes los recursos humanos, materiales y financieros con que se cuenta.
4. Posibilidad de entrevistarse libremente y en privado (sin testigos) con los detenidos elegidos por el CICR.
La entrevista en privado es un auténtico principio de trabajo del CICR en los lugares de detención. Permite al CICR escuchar el punto de vista de los detenidos, conocer su situación particular y comprender la realidad de la vida carcelaria, tanto en lo que respecta a las condiciones materiales y psicológicas reinantes en el lugar que se visita, como al trato que reciben los detenidos en otros lugares. En la vida cotidiana de los detenidos, esta entrevista representa un momento privilegiado en el que realmente pueden decir lo que piensan sin que los oigan las autoridades y los otros detenidos, e incluso descargar sus tensiones oralmente, sin temor a que los sancionen.
Las entrevistas se realizan en un lugar de la cárcel elegido por el CICR y que, en su opinión, ofrezca las mejores garantías de confidencialidad (por ejemplo, la celda, la biblioteca o el patio) y, en una medida razonable, sin límites de tiempo. La entrevista en privado es un momento de escucha y de diálogo en el que es sumamente importante poder comunicarse en un idioma que el detenido comprenda. Por esta razón, a veces es necesario recurrir a un intérprete del CICR o, cuando no hay otra posibilidad, a un traductor elegido de entre los otros detenidos.
El CICR considera fundamental la información obtenida en una entrevista en privado, pero es consciente de que contiene un cierto grado de subjetividad de los detenidos y toma en cuenta este factor al evaluar los problemas. Antes de mencionar a las autoridades detenedoras una información comunicada por un detenido, el CICR se asegura de que éste acepte que la información sea comunicada.
5. Garantía de que las autoridades proporcionarán la lista de los detenidos que incumben al CICR, o de que autorizarán a la Institución a recopilar la lista durante la visita.
El CICR puede así, en cualquier momento, verificar la presencia de detenidos, lo que le permite seguirlos a través de las diferentes etapas de la detención.
En el acuerdo suscrito con las autoridades concernidas, se pueden negociar e incorporar otras modalidades: la posibilidad de realizar visitas en cualquier momento, sin aviso previo o con un preaviso breve, la posibilidad de prestar ciertos servicios (distribución de asistencia o de mensajes familiares, notificación automática de los arrestos, las transferencias y las liberaciones por parte de las autoridades, etc.).
Cualquiera sea el tipo de lugar de detención, la organización y la visita en sí se mantienen básicamente iguales. Una visita normal a un lugar de detención comprende, por lo general, las siguientes etapas:
Una entrevista inicial con las autoridades del lugar de detención, que permite al CICR aclarar tanto las expectativas y limitaciones propias como las de las autoridades. Es también la ocasión de informarse sobre el funcionamiento del lugar y los principales problemas con que tropiezan los encargados.
Una visita de todo el lugar, en compañía de las autoridades, que permite al CICR familiarizarse con el lugar de detención y de conocer la organización y las tareas cotidianas, incluido el funcionamiento de las cocinas, las instalaciones sanitarias o los locales para las visitas de los familiares.
Las entrevistas en privado con los detenidos, que generalmente ocupan la mayor parte del tiempo de la visita.
Una entrevista final con las autoridades del lugar de detención, que sirve para relacionar la percepción de la situación que tienen las autoridades con la visión de los detenidos y para formular las observaciones y las recomendaciones del CICR.
El seguimiento de la visita, efectuado con las autoridades concernidas, sea con el encargado del lugar de detención, sea a un nivel superior.
Para ser pertinente, formular recomendaciones adaptadas a los diferentes contextos y realizar las acciones apropiadas, el CICR insiste en aplicar un enfoque profesional, por lo cual, delegados debidamente formados despliegan las diversas actividades de la Institución, en particular las visitas a los lugares de detención. Los equipos del CICR están regularmente integrados por médicos especializados en cuestiones carcelarias y especialistas en ámbitos como el agua, el saneamiento y el hábitat, la nutrición o las garantías judiciales. Además, cuando considera que ninguno de sus colaboradores reúne los conocimientos necesarios, el CICR recurre a consultores, sobre todo expertos en organización penitenciaria.
Buenos oficios e intervenciones en calidad de intermediario neutral e independiente
En numerosos contextos, el CICR ha participado en la liberación y/o la repatriación de prisioneros de guerra. En principio, las partes en un conflicto internacional deben realizar esas liberaciones y repatriaciones directamente, y la participación del CICR no es obligatoria. Sin embargo, el CICR siempre ha ofrecido sus servicios en contextos complejos o en aquéllos donde el diálogo entre los ex beligerantes sigue siendo difícil. En los últimos veinte años, su participación fue solicitada sistemáticamente. El CICR ha adquirido así una experiencia y unos conocimientos considerables, marcados por una gran tenacidad. Esta cualidad se pone de manifiesto sobre todo cuando el proceso se prolonga durante varios años, como en el caso de los prisioneros de la guerra entre Irán e Irak, o los detenidos en relación con el conflicto del Sáhara occidental. En la práctica, el CICR acuerda con cada una de las partes las condiciones y las modalidades de la liberación y de la repatriación (en particular, cada detenido debe ser entrevistado en privado por el CICR para determinar si se opone a ser repatriado, y el respeto del principio de no devolución). A continuación, se acuerda un plan de repatriación, donde se establecen los aspectos prácticos y, sobre todo, los elementos logísticos con que se cuenta. Además de los dos conflictos mencionados más arriba, el CICR ha actuado como intermediario neutral e independiente en el marco de la Guerra del Golfo y en otros conflictos como el del Alto Karabaj; el de la República Democrática del Congo; el de Eritrea y Etiopía y antes, el de Eritrea y Yemen; el del sur del Líbano; el de Croacia, y el de Bosnia-Herzegovina.
Más recientemente, se solicitó al CICR supervisar la liberación y el regreso a su lugar de origen de personas detenidas en el marco de un conflicto armado interno, sea durante las hostilidades (como el caso de militares detenidos por el grupo de las FARC en Colombia, por el Nuevo Ejército Popular (NEP) en Filipinas, y por el movimiento LTTE en Sri Lanka), o, lo que es más habitual, después de la firma de un acuerdo de paz (como en Angola, Sudán, Liberia o Costa de Marfil).
Despertar la conciencia pública y fomentar la responsabilidad de los Estados
En muchos países, hay un profundo desconocimiento, incluso desinterés, respecto de las cuestiones relativas a la detención. En numerosos contextos, la situación de las cárceles es alarmante. Es muy frecuente que los prisioneros mueran por falta de cuidados o de alimentos. Los programas de cooperación y los proyectos apoyados por instituciones económicas como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional suelen dejar de lado este complejo ámbito. Aunque muchos países se benefician de ayudas destinadas a la reforma del sistema de justicia, el sistema penitenciario y la situación de las cárceles, así como la refacción de sus instalaciones, suelen abordarse en forma sólo marginal.
El CICR intenta utilizar su presencia en numerosos foros internacionales y su red de contactos de alto nivel para recordar la difícil situación de las cárceles en muchos países, e insiste en la imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes y proporcionar ayuda en este ámbito. Asimismo, en sus comunicaciones públicas la Institución hace hincapié en estas cuestiones con regularidad. Los esfuerzos del CICR en cuanto a la movilización y la sensibilización se realizan dentro de los límites impuestos por la confidencialidad, aunque las difíciles condiciones materiales de las cárceles suelen ser de conocimiento público en los países afectados.
Normas y bases de referencia
Acción en favor de la adopción de normas
A lo largo de su historia, el CICR ha participado activamente en la elaboración y la adopción de las disposiciones jurídicas que protegen a las diferentes categorías de detenidos [46] . Además, el CICR ha participado con regularidad en reuniones de expertos y en sesiones de grupos de trabajo establecidas en el marco de la ONU, sobre todo por la Comisión de Derechos Humanos, y en conferencias diplomáticas que han conducido a la adopción de normas nuevas en el ámbito de la detención. Su reconocida experiencia y su reputación internacional, así como su estatuto de observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social, le ofrecen la posibilidad de participar en la mayoría de los debates sobre normas imperativas o textos no vinculantes que tienen lugar en el plano internacional. Uno de los ejemplos más recientes fue la participación del CICR en las diferentes reuniones celebradas durante varios años en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, que condujeron a la adopción, en 2002, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El CICR también participa con regularidad en las reuniones de expertos o de asociaciones profesionales destinadas a elaborar normas profesionales en diferentes ámbitos técnicos. Por ejemplo, participa regularmente en las reuniones de la Asociación Médica Mundial dedicadas al trabajo de los médicos en el ámbito de la detención. Además, uno de sus colaboradores ha participado en los diferentes trabajos preparatorios para la elaboración del Protocolo de Estambul sobre la documentación de la tortura [47] .
Por último, el CICR ha publicado, por su cuenta o junto con otras organizaciones, diversos manuales en los que comparte sus experiencias e intenta establecer normas profesionales en los ámbitos del agua, el saneamiento, la higiene y el hábitat en las prisiones [48] , o la prevención y el tratamiento de la tuberculosis en los establecimientos penitenciarios [49] .
En situaciones de conflictos armados internacionales, el contenido y la forma de las evaluaciones y de las gestiones del CICR se basan en las reglas y las obligaciones previstas por los Convenios III y IV (que reglamentan con gran precisión el trato a los detenidos y las condiciones de la vida en cautiverio) y por el Protocolo adicional I. En los ámbitos en que el derecho internacional humanitario guarda silencio o es incompleto, el CICR puede referirse a otros cuerpos jurídicos, sobre todo los textos mencionados con anterioridad [50] , siempre que sean aplicables en el Estado de que se trate.
El derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados no internacionales contiene principios generales, pero es sucinto en cuanto a la situación, la organización y la gestión de los detenidos, el trato que se les da y las condiciones de la detención. El CICR suele referirse a los principios humanitarios mínimos o a las normas reconocidas en el plano internacional, haciendo referencia, o no, a una norma o un artículo específicos. Cuando corresponde, también menciona el derecho nacional.
En el caso de disturbios interiores y otras situaciones de violencia interna, el CICR puede recurrir, por analogía, a conceptos enunciados en el derecho internacional humanitario pero, en general, se basa en otras normas. Los textos a los que el CICR se remite habitualmente son las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión [51] , que forman un marco de referencia universal en materia penitenciaria. Al mismo tiempo, el CICR se abstiene de adoptar posiciones tajantes sobre lo que deberían ser los objetivos sociales (castigo, reinserción social) y sobre las condiciones de la privación de libertad (administración de justicia, política penitenciaria).
Para abordar las cuestiones más técnicas, como las referidas a la salud y al saneamiento, se tiene en cuenta la evolución de las prácticas y los estudios más recientes realizados por expertos y asociaciones profesionales, siempre que sean pertinentes para el contexto en cuestión.
En general, las recomendaciones del CICR se basan, más que en conceptos jurídicos, en esquemas de razonamiento elaborados a partir de las necesidades inmediatas observadas. En sus gestiones y recomendaciones, el CICR procura ejercer un alto grado de flexibilidad. En particular, no ha establecido lo que podrían llamarse " normas CICR " a las que adhiera o que sean más o menos aplicables en todos los contextos [52] . Su enfoque depende de factores como el tipo de situación que enfrenta, el derecho en vigor, los tratados internacionales en los que el país es Parte o que son vinculantes para las autoridades, las tradiciones, la cultura y el nivel de desarrollo del país, las capacidades de la autoridad detenedora, las categorías de detenidos afectadas y el tipo de detención.
Objetivos de las actividades del CICR
A grandes rasgos, la finalidad de la acción del CICR es inducir a la autoridad detenedora a respetar la integridad física y moral de los detenidos.
En el marco de un conflicto armado, internacional o interno, uno de los objetivos de las visitas del CICR es verificar que se aplique y que se continúe aplicando el DIH. Los diferentes problemas que afectan la vida, la integridad física o mental y la dignidad de una persona detenida suelen estar relacionados entre sí. En todas las situaciones que enfrenta, el CICR se concentra en las necesidades de los detenidos que considera más importantes. Así pues, ante todo, se esfuerza por prevenir o poner fin
a las desapariciones,
a la tortura y a otras formas de malos tratos,
a las condiciones de detención inadecuadas o degradantes,
a la ruptura del contacto con los familiares,
a la inobservancia de las garantías judiciales básicas.
Acción contra las desapariciones y las ejecuciones sumarias
La acción contra las desapariciones se basa fundamentalmente en identificar cuanto antes a la persona que está expuesta a riesgos. El derecho internacional humanitario impone a las partes en un conflicto la obligación de proporcionar toda la información con que cuenten sobre la suerte de los combatientes y las personas dadas por desaparecidas.
En los conflictos armados internacionales, la Potencia detenedora tiene la obligación de hacer que los prisioneros de guerra completen una tarjeta de captura, elaborar y transmitir listas de detenidos, crear una estructura, la oficina oficial de información, que centralizará la información sobre los detenidos, y enviar todos los datos pertinentes al CICR [53] . Éste, por medio de su Agencia Central de Búsquedas, centraliza los datos facilitados por todas las partes en el conflicto y recopila, por su propia cuenta, información sobre las personas privadas de libertad protegidas por los Convenios. Buena parte de estas normas también se aplican en caso de conflicto armado interno. En todas las demás situaciones, el registro de datos inmediato y preciso, efectuado por agentes del Estado debidamente habilitados, de todas las personas arrestadas y privadas de libertad, es una obligación establecida por el derecho nacional y por diversos instrumentos del derecho internacional público [54] . El registro de los datos por las autoridades es el reconocimiento oficial del arresto y de la privación de libertad. El cumplimiento de esta norma de transparencia es fundamental para la protección de las personas y para la lucha contra las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y los arrestos arbitrarios [55] . En paralelo con el registro de los datos por las autoridades, la información que se proporciona a los familiares con respecto al arresto y a la detención es un factor importante para prevenir las desapariciones; se trata de la aplicación del derecho a saber, expresamente previsto en el derecho internacional humanitario [56] y que dimana también de la interpretación de diversas normas y principios en las situaciones no comprendidas en ese derecho.
El CICR hace particular hincapié en la prevención de las desapariciones, recordando a las autoridades sus obligaciones en materia de registro y notificación. Cuando se producen capturas o arrestos inmediatamente seguidos de ejecuciones sumarias, sólo las insistentes gestiones del CICR, basadas en información general o en datos de casos concretos obtenidos mediante el testimonio de sobrevivientes (familiares o personas capturadas al mismo tiempo y visitadas más tarde por el CICR) pueden tener un efecto. Cuando la desaparición se produce un tiempo después del arresto, por lo general durante la etapa del interrogatorio, la identificación de los detenidos por el CICR cobra su verdadero valor. Esta identificación, que consiste en registrar la identidad de los detenidos que el CICR considera en peligro, se debe efectuar lo antes posible. La identificación puede desempeñar su papel preventivo (y disuasivo) cabalmente sólo si es conocida y aceptada por la autoridad detenedora y seguida de visitas periódicas a las personas cuyos datos se han registrado.
En diferentes contextos, el CICR ha alentado y ha participado activamente en la aplicación de mecanismos destinados a facilitar el diálogo con y entre las autoridades concernidas y a acelerar la resolución de la dolorosa problemática de las personas desaparecidas. Mediante su acción, el CICR brinda un apoyo constante a los familiares de las personas dadas por desaparecidas, ayudándolos en su búsqueda de la verdad, intentando responder a sus justificadas expectativas y prestándoles apoyo psicológico y material.
Acción contra la tortura y las otras formas de malos tratos
A pesar de la proscripción de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, estas prácticas están muy difundidas. Desde hace algunos años, la tortura es objeto de un animado debate, sobre todo en los medios de comunicación. Se observan periódicamente intentos por limitar la interpretación del concepto de tortura con el fin de justificar el recurso a métodos especiales en ciertas situaciones, olvidando que los otros tratos crueles, inhumanos o degradantes también están prohibidos. La impresión general es que la protección en este ámbito está sufriendo un marcado deterioro en muchas partes del mundo.
La posición del CICR es clara [57] : la Institución rechaza con firmeza todo recurso a la tortura y a otras formas de malos tratos. El CICR considera que el respeto de la dignidad humana está muy por encima de cualquier justificación de la tortura, y que la prohibición establecida en el derecho internacional es absoluta y no da lugar a excepciones. El CICR sostiene que la dignidad humana prevalece sobre los intereses del Estado y que es imposible decretar que la tortura y las otras formas de malos tratos son un mal ciertamente lamentable, pero necesario. Aunque comprende las preocupaciones legítimas de los Estados en lo que respecta a la seguridad, el CICR considera que los imperativos de la seguridad jamás deben pasar por encima de las obligaciones humanitarias y del derecho. En particular, se deben utilizar métodos de interrogación y de investigación que respeten la dignidad humana, incluso en el caso de las personas acusadas de los peores crímenes, como los actos de terrorismo.
El derecho internacional prohíbe la tortura y otras formas de malos tratos de manera absoluta y en todas las circunstancias [58] . Del mismo modo, el derecho internacional humanitario establece, en particular, que toda persona que no participa o ya no participa en las hostilidades debe ser tratada con humanidad en todo momento [59] . El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, aplicable a los conflictos armados no internacionales, que contiene consideraciones de humanidad elementales, reafirma este concepto y dispone que " se prohíben, en cualquier tiempo y lugar " no sólo " los tratos crueles y la tortura " sino también " los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes " [60] . Se ha establecido que los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen delitos internacionales cuyos autores deben ser juzgados o extraditados [61] .
La definición de la tortura precisada en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tiene valor consuetudinario. El término " tortura " se define de la siguiente manera:
"... todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas " .
El artículo 12 de esta Convención prohíbe también las otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como lo hacen los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Sin embargo, los tratados no definen ninguno de estos conceptos. En cambio, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para ex Yugoslavia y para Ruanda, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) y los elementos de los crímenes de guerra conforme a dicho Estatuto, recientemente precisados [62] , ofrecen algunas definiciones. Éstas coinciden con las elaborad as por los diferentes órganos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos, los tribunales regionales y diversas jurisdicciones nacionales.
Para el derecho internacional humanitario, la definición de la tortura es la misma que la enunciada en la Convención contra la Tortura, salvo que la participación de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas no se considera un elemento constitutivo obligatorio. En el caso de las otras formas de malos tratos, se exige un nivel importante de dolor o de sufrimiento mental o físico [63] . Es difícil establecer con precisión, desde el punto de vista técnico o legal, el umbral de sufrimiento o el grado de dolor que se " exige " para cada categoría, ya que cada persona siente y reacciona de modo diferente cuando es sometida a los mismos métodos. El efecto dependerá, en gran medida, de factores como la salud mental de la persona, su resistencia física, historia, edad, sexo, origen social y nivel de compromiso político, así como de los aspectos culturales y el entorno inmediato. También se ha de tener en cuenta la duración o la acumulación de diferentes formas de malos tratos. A veces, la tortura puede consistir en un solo acto. En otras situaciones, es necesario tomar en consideración la acumulación de varias prácticas durante cierto período, en tanto que esas mismas prácticas podrían parecer inofensivas si se realizaran en forma aislada o fuera del contexto en cuestión [64] . La tortura también tiene una fuerte connotación cultural. Tanto su significado en un cierto orden social y la intención que la motiva son muy importantes. Ciertos comportamientos se pueden considerar " benévolos " en una cultura; pero en otra, pueden transgredir, por ejemplo, un interdicto religioso.
En la tortura y las otras formas de malos tratos siempre se encuentran presentes dos componentes entreme zclados e inseparables: el físico y el psicológico. Según el testimonio de la mayoría de las víctimas, el componente psicológico es, a menudo, más traumático que el físico [65] . También es, sin duda alguna, el más difícil de identificar, e incluso de cuantificar. Por ejemplo, presenciar la tortura de parientes o hijos, o hasta de un tercero, puede causar un traumatismo mucho peor que sufrir torturas físicas. Es errónea la opinión de que sólo hay tortura si se producen secuelas físicas.
El CICR no tiene su propia definición de la tortura o de las otras formas de malos tratos. De hecho, no desea enredarse en discusiones legalistas ni en debates de ideas (como la cuestión de saber en qué medida un sufrimiento infligido es consecuencia de presiones " legítimas " o " aceptables " ) a expensas de un diálogo sustancial sobre el trato y las condiciones de la detención. Además, no hay definición alguna que pueda abarcar el conjunto de las prácticas que ocasionan los sufrimientos físicos o psicológicos que constituyen la tortura. Para el CICR, lo más importante no es tanto saber si un comportamiento particular entra dentro del concepto de tortura, sino poner fin a las prácticas que hacen sufrir a los detenidos, independientemente de las definiciones. Así, el CICR describe de manera fáctica lo que ha sucedido, a quién, en qué circunstancias, quién es el autor, y sobre todo, las consecuencias para la víctima. Por lo tanto, en el diálogo con sus interlocutores, en lugar del término " tortura " u otras definiciones de malos tratos, el CICR prefiere, por regla general, utilizar la expresión genérica " malos tratos " , que no está definida en la ley y abarca todos los tipos de presión, sean físicos o psíquicos, ejercidos sobre un detenido [66] .
Prioridades y métodos de acción del CICR contra la tortura
Especialmente en situaciones de conflicto o de violencia interna, las personas privadas de libertad corren el riesgo de sufrir torturas y malos tratos en cada etapa de su detención. Por definición, la tortura se practica en secreto, fuera de la vista. Por ello, es muy raro que los delegados del CICR sean testigos directos de actos de tortura o de malos tratos, incluso cuando se les autoriza a visitar a los detenidos durante el período en que se los interroga.
Para prevenir o poner fin a las prácticas de tortura y las otras formas de malos tratos, el CICR se basa fundamentalmente en los relatos coincidentes de los detenidos. También se toman en cuenta las comprobaciones realizadas por los médicos del CICR de posibles secuelas físicas y psíquicas. Ulteriormente, la información se analiza, se compara y se evalúa a la luz de otros relatos y fuentes, a fin de determinar su coherencia intrínseca y autenticidad y evitar las distorsiones.
La documentación de la tortura y de otras formas de malos tratos es una tarea delicada. El proceso de documentación requiere tacto, una marcada empatía con las víctimas, mucho tiempo para establecer una relación de confianza con el detenido, paciencia, sentido común y una sólida experiencia en materia de detención por parte del personal encargado de esta tarea sobre todo de los médicos [67] . A menudo, la mera lista de los métodos utilizados en una persona no es suficiente para determinar si ha sido maltratada. Limitarse a buscar y a comprobar la presencia de marcas tampoco alcanza, y hasta puede ser contraproducente. Ante todo, hay que evaluar el conjunto de las circunstancias que han rodeado el trato en cuestión. Esto implica también considerar el efecto de los diferentes métodos en la persona de que se trate.
El CICR no es un or ganismo judicial ni de investigación; por ende, no procura aportar pruebas de que se hayan perpetrado actos de tortura u otros malos tratos. Con el acuerdo de los detenidos afectados, lleva a conocimiento de las autoridades los hechos basados fundamentalmente en alegaciones, junto con sus observaciones y conclusiones. Luego, incumbe a dichas autoridades llevar a cabo su propia investigación y, si la información aportada por el CICR resultara veraz, adoptar todas las medidas necesarias en el plano organizativo, administrativo, disciplinario e incluso penal.
La finalidad de la tortura es lograr el envilecimiento de una persona y su sumisión absoluta a la buena voluntad y al arbitrio de su verdugo [68] . Dado el fuerte impacto psicológico, las consecuencias de la tortura duran largo tiempo. Por ello, la prevención resulta fundamental, y el CICR hace particular hincapié en este aspecto. Cuando una persona es sometida a tortura o a otras formas de malos tratos, todos los esfuerzos del CICR se dirigen a poner fin a esas prácticas. El CICR también insiste en que las víctimas de la tortura reciban los cuidados acordes a su estado. Indirectamente, también lleva adelante actividades orientadas a reducir las secuelas (la escucha del delegado o del médico del CICR, la posibilidad de restablecer el contacto familiar entre el detenido y sus seres queridos, etc.), pero no cuenta con los conocimientos ni la capacidad necesarios para realizar actividades terapéuticas a largo plazo, sobre todo después de la liberación del detenido. Esta delicada tarea compete a instituciones especializadas, con las cuales el CICR mantiene contactos regulares, y a las cuales incluso puede, en cierta medida, prestar ayuda [69] .
Cuando sospecha o conoce la existencia de prácticas de tortura y de otras formas de malos tratos, el CICR se esfuerza por identificar al detenido y entrevistarse con él en privado . El registro de los datos del detenido y la repetición de las visitas son muy importantes, y se aplican a este caso las mismas consideraciones que las mencionadas para el caso de personas que corren el riesgo de desaparecer.
Las gestiones ante las autoridades constituyen el principal método de acción del CICR. La forma y el contenido de las intervenciones se adaptan según el conjunto de las circunstancias, procurando alcanzar el máximo nivel de eficacia, pero siempre teniendo presente, como prioridad, el interés de los detenidos afectados. Por ejemplo, si el CICR teme que su intervención cause represalias, modifica la índole de sus gestiones. Del mismo modo, las intervenciones se efectúan ante diferentes autoridades según la gravedad de la tortura y de las otras formas de malos tratos, las causas y motivos subyacentes, y el lugar donde se hayan perpetrado. El CICR puede solicitar y recomendar una amplia gama de medidas, como la investigación, la adopción de sanciones, la supervisión y la formación del personal, el fortalecimiento de la cadena de mando, la adaptación de la organización y la coordinación de las diferentes entidades estatales concernidas, o el refuerzo de los controles internos.
Los argumentos utilizados por el CICR también varían notablemente en función del entorno y de sus interlocutores. Los argumentos que utiliza son, básicamente, de índole jurídica y moral. También puede recurrir a argumentos basados en las consecuencias médicas de la tortura y de las otras formas de malos tratos, la imagen internacional de las autoridades, elementos de la política interna (por ejemplo, el riesgo de crear una espiral de violencia), o consideraciones estructurales (como el riesgo de que esas prácticas se generalicen).
Esfuerzos por lograr condiciones de detención decorosas
Los detenidos deben poder beneficiarse de condiciones de vida decorosas y compatibles con su dignidad y su integridad física y psicológica. En numerosos países, no es así: a veces por la mala voluntad política, pero más a menudo por la falta de medios, las condiciones materiales de la detención se deterioran de manera catastrófica, hasta el punto de hacer peligrar la integridad física y hasta la vida de los detenidos.
En efecto, cabe reconocer que en muchos países, los recursos que se proporcionan a las autoridades encargadas de la detención son irrisorios. Las prioridades de los poderes públicos se centran en otros ámbitos, lo que se refleja en la incapacidad declarada de ciertas autoridades de mantener condiciones de detención adecuadas. La falta de recursos suele verse agravada por una situación de hacinamiento endémico que ejerce una creciente presión sobre las condiciones de detención y la administración de los establecimientos. Estos factores terminan por socavar la motivación y la voluntad de las personas encargadas del bienestar de los detenidos, y constituyen el germen de las prácticas caracterizadas por el abandono y la corrupción.
Las situaciones de conflicto o de violencia interna intensifican estos fenómenos y tienen consecuencias económicas importantes y duraderas sobre el conjunto de las estructuras e infraestructuras, entre las que se encuentra el sistema penitenciario. Si bien es verdad que las personas arrestadas en relación con una situación de violencia corren varios riesgos específicos, es indudable que dicha situación agrava las condiciones de detención del conjunto de la población carcelaria.
En muchos contextos, los detenidos sólo sobreviven gracias a su ingenio, a su capacidad de organización y al sostén material que reciben de sus familias. Una y otra vez, se producen situaciones de crisis en las que la supervivencia de los detenidos más vulnerables deja de estar garantizada (por ejemplo, la incidencia de altos porcentajes de desnutrición severa, la a parición de epidemias de cólera, etc.) y pasa a depender de una ayuda externa urgente.
El derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, contiene prescripciones precisas sobre el tema de las condiciones de detención. Esas reglas se encuentran detalladas en textos de derecho blando ( " soft law " ), sobre todo en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos , y son completadas por normas de carácter regional, como las normas penitenciarias europeas [70] y por numerosas leyes y reglamentos nacionales. A menudo, las normas internacionales tienen una naturaleza más bien general, porque su aplicación depende de las condiciones locales, del entorno y de muchos factores interdependientes. Por ejemplo, la estimación de la tasa de ocupación o de la superficie disponible para cada detenido en una celda dependerá de factores como el número de horas que los detenidos pasan fuera de la celda, las condiciones de descanso (sobre el piso, sobre bancos, en camas, literas, etc.), la ventilación, la iluminación, las actividades y ocupaciones con que cuentan, el acceso al agua y a las instalaciones sanitarias, etc.
Durante las visitas, el CICR evalúa las condiciones materiales de detención, examinando todos los parámetros relativos a los siguientes aspectos:
La infraestructura del lugar (edificios, dormitorios, camas, retretes, sistema de desagüe de aguas servidas, ventilación de los locales, áreas de ejercicio, etc.).
El acceso de los detenidos a las infraestructuras (por ejemplo, frecuencia del acceso a las duchas o a la atención médica). La existencia de una infraestructura no significa necesariamente que los detenidos tengan acceso a ella.
El reglamento interno (horarios, visitas de familiares, correspondencia, esparcimiento, etc.).
La gestión de los detenidos y la disciplina (relaciones entre los detenidos y las autoridades, posibilidad de recurrir a los responsables penitenciarios, actividades recreativas y de formación, programa de rehabilitación social, duración y condiciones del confinamiento solitario, etc.).
La organización interna de los detenidos (querellas políticas, bandas, represalias internas, colaboración con las autoridades, etc.).
Con el consentimiento de las autoridades, el CICR puede prestar servicios en forma directa, sustituyéndolas en forma total o parcial. En este caso, comienza por la asistencia denominada " ligera " , como el material de limpieza, la ropa de cama o la ayuda en materia de recreación. En el caso de necesidades más importantes, sufraga o realiza trabajos en el ámbito del hábitat o del medio ambiente (renovación o acondicionamiento de retretes, pozos sépticos, lavabos, duchas, cocinas, etc.) o en el ámbito de la salud (construcción, equipamiento y/o aprovisionamiento de dispensarios, etc.). En situaciones de urgencia, el CICR puede ir más lejos aún y poner en práctica un programa de alimentación terapéutica o suministrar alimentos. Consciente de los posibles efectos negativos y de los riesgos de crear dependencias o romper la cadena de aprovisionamiento, el CICR emprende estos programas con cautela, después de sopesar cuidadosamente la decisión y conforme a condiciones precisas acordadas con las autoridades, sobre todo cuando se trata de un compromiso a largo plazo. Salvo en casos extremos, donde se trata de salvar numerosas vidas humanas, como sucedió en Ruanda poco después del genocidio, el CICR no emprende trabajos que sean susceptibles de aumentar la capacidad carcelaria y que, por consiguiente, favorezcan una política represiva, independientemente de su legitimidad.
A menudo, el CICR establece contactos con terceros, los sensibiliza con respecto a la gravedad de la situación y los alienta a prestar apoyo a las autoridades, a yudándolas a fortalecer sus capacidades y proporcionándoles mayores medios materiales o financieros. En algunas ocasiones, con el acuerdo de las autoridades, el CICR puede incluso enviar documentos descriptivos a los donantes. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de Malaui, donde el CICR realizó una evaluación técnica de las condiciones de detención, preparó un informe para las autoridades y después lo dio a conocer a los donantes.
Esfuerzos por evitar la ruptura del contacto con los familiares
Para los detenidos, el aislamiento representa una grave preocupación. El derecho internacional humanitario contiene numerosas cláusulas sobre el mantenimiento del contacto entre el detenido y sus familiares [71] . El concepto básico es que, salvo en circunstancias absolutamente excepcionales, las autoridades deben permitir e incluso organizar el intercambio de noticias familiares en un plazo razonable. El mismo principio prevalece fuera de las situaciones de conflicto armado [72] .
En determinadas situaciones, las autoridades se muestran renuentes a dar información a los familiares detenidos, o se rehúsan a hacerlo. Si las autoridades también se niegan a que los detenidos intercambien correspondencia directamente con sus familiares, el CICR se transforma en la única fuente de información y de transmisión de noticias familiares (por medio de los mensajes de Cruz Roja).
En los conflictos internacionales, donde están cortados los vínculos postales y las telecomunicaciones entre los beligerantes, el CICR, por conducto de su Agencia Central de Búsquedas, es, en los hechos, el único medio de comunicación entre las líneas del frente. Lo mismo sucede en los conflictos internos, donde la facción rebelde controla una parte del territorio.
El CICR comienza por recordar a las autoridades sus obligaciones en cuanto al establecimiento y al mantenimiento del contacto entre familiares. A menudo, el CICR ofrece a los detenidos, en paralelo, la posibilidad de intercambiar mensajes de carácter estrictamente privado y familiar, que pasan por la censura de las autoridades detenedoras. A veces, este contacto tiene lugar después de años de silencio. Cuando es necesario, el CICR procura también localizar a los familiares de los detenidos y puede incluso facilitar las visitas familiares organizando la logística necesaria, como en el caso de los familiares de los detenidos palestinos presos en Israel y en los territorios ocupados. Este servicio del CICR es, a menudo, el único vínculo de los detenidos con el exterior.
Acción en favor del respeto de las garantías judiciales básicas
Para un detenido, una de las causas principales de ansiedad es la incertidumbre con respecto a su suerte. Por lo que atañe a las garantías judiciales, los problemas suelen estar indisolublemente ligados entre sí (por ejemplo, la demora en los procedimientos o la falta de juicio o de sentencia aumentan el hacinamiento, la extorsión de confesiones es la causa principal de los malos tratos, etc.). Como ya se ha dicho, la intervención del CICR surte mejores efectos cuando ésta abarca el conjunto de las causas.
Si bien se abstiene de pronunciarse sobre las razones del encarcelamiento, el CICR se asegura de que las personas sujetas a procesos penales se beneficien de las garantías judiciales consagradas por el derecho internacional humanitario y por otras normas internacionales. La acción del CICR en el ámbito del respeto de las garantías judiciales tiene por objeto principalmente garantizar el respeto de la dignidad de la persona antes, durante y después del proceso. Su función no es asegurar el desarrollo de un juicio equitativo .
En efecto, el derecho internacional humanitario contiene varias reglas relativas a las garantías judiciales, que se aplican a los prisioneros de guerra que han infringido las leyes o los reglamentos durante su internamiento o que son acusados por actos cometidos antes de haber sido capturados [73] , a las personas civiles protegidas por el IV Convenio que se encuentran en un territorio ocupado y que son perseguidas o los internados civiles que han cometido una infracción [74] , a todas las personas que estén en poder de una parte en un conflicto internacional [75] , y las personas detenidas en relación con un conflicto armado que no sea de índole internacional [76] . Las disposiciones del derecho internacional humanitario sobre este tema, en particular los dos Protocolos, recogen gran parte de las disposiciones, en principio más elaboradas, contenidas en los instrumentos del derecho de los derechos humanos, particularmente en el Pacto de derechos civiles y políticos de 1966.
Dichas garantías se aplican alternativa o acumulativamente, según sea el caso, en las diferentes etapas del procedimiento: arresto, investigación, juicio y sentencia, así como en la etapa de la apelación.
El CICR centra su atención principalmente en las personas detenidas que se encuentran en su ámbito de interés, es decir, aquellas que, en opinión del CICR, se encuentran en una situación de riesgo. Sin embargo, en el ámbito de las garantías judiciales, como sucede con las condiciones materiales de la detención, en la práctica es difícil y hasta imposible distinguir las diferentes categorías de detenidos.
Antes de que el CICR decida actuar en el ámbito de las garantías judiciales, es necesario que se hayan concretado varias condiciones, que son cuida dosamente analizadas de antemano. Según el estado actual de casi todos los sistemas judiciales vigentes en los países donde trabaja el CICR, pueden distinguirse cuatro situaciones tipo:
Inexistencia o disfunción del sistema judicial (una situación " anárquica " con disfunciones graves o desintegración de las estructuras del Estado, o una situación " desestructurada " donde los órganos del Estado, si bien existen, han dejado de funcionar): como es inútil invocar las garantías judiciales e intervenir en un sistema que no existe o que no funciona, las gestiones se basan en argumentos humanitarios.
Existencia de un sistema consuetudinario o basado en valores ancestrales (un sistema normativo y de solución de diferencias o conflictos que deriva de las costumbres o de la tradición, como el consejo de ancianos o el arbitraje de un sabio, o incluso de la religión): las gestiones se inspirarán, por analogía, en los principios generales contenidos en las garantías judiciales fundamentales, recurriendo principalmente a argumentos humanitarios.
Sistema judicial deficiente (un sistema judicial que existe formalmente, pero que no funciona correctamente por diversas razones, como la falta de medios o de jueces, o la interferencia sistemática del poder ejecutivo): según el caso, las gestiones se basan en argumentos tanto jurídicos como humanitarios.
Sistema judicial funcional (posibles abusos que afectan a determinadas categorías de personas, o disfunciones aisladas): las intervenciones tendrán un objetivo preciso y se desarrollarán en un marco jurídico establecido con precisión y con argumentos jurídicos sólidamente fundamentados.
Después de haber determinado que resulta pertinente reclamar la aplicación de las garantías judiciales en la situación tipo de que se trate, el CICR procede a analizar otros factores. Principalmente, se trata de analizar la situación del detenido (identifi cación general de las garantías judiciales que no se respetan, las consecuencias jurídicas y humanitarias), y el interés del detenido en que se reclamen las garantías judiciales (determinar los deseos de la persona detenida y evaluar los riesgos o los posibles efectos negativos). También conviene identificar con precisión las garantías judiciales que el CICR desea examinar o destacar, ya que ello permite orientar la búsqueda de información: dichas garantías comprenden, en general, al menos el derecho de no declarar contra uno mismo y el cumplimiento de ciertos plazos procesales.
La información necesaria para desplegar gestiones puede recopilarse de diversas formas: cuando se registra la identidad del detenido, durante entrevistas en privado relacionadas concretamente con cuestiones jurídicas, durante una evaluación por muestreo, etc. A veces (sobre todo en situaciones de conflicto armado internacional), el CICR decide presenciar juicios a título de observador, lo que le permite constatar por sí mismo el funcionamiento de una parte del procedimiento [77] .
Las intervenciones del CICR pueden ser de naturaleza amplia (para abordar un fenómeno generalizado), o individual; pueden mencionar el nombre de un detenido o no; pueden referirse a una cuestión o período específicos, ser objeto de una modalidad elaborada específicamente para un caso particular (en tal caso, puede adoptar la forma de un informe), o insertarse en una gestión general que comprende otros aspectos de la detención; privilegiar a ciertos grupos de detenidos (los condenados a muerte, los detenidos olvidados, los presos condenados a las penas más severas, etc.), o respaldarse en la entrega de listas (por ejemplo, todos los detenidos a la espera de juicio después de un cierto período).
Las solicitudes y las recomendaciones dirigidas a las autoridades varían según las diversas garantías judiciales de que se trate, y se r efieren sobre todo a los siguientes aspectos: abrir una investigación a fin de verificar las alegaciones presentadas por el CICR y adoptar las medidas necesarias para evitar que el caso se repita; mejorar el funcionamiento de los tribunales; solicitar traslados; velar por que se respeten los plazos y las demás normas procesales en vigor; acelerar los procedimientos; permitir que el detenido se acoja a los beneficios de una ley de amnistía o de la libertad condicional; en casos muy excepcionales, solicitar la anulación o la modificación de sentencias, etc.
Los destinatarios de las gestiones deben ser cuidadosamente identificados, dado que la observancia o la inobservancia de las garantías judiciales es atribuible, sobre todo, al poder judicial y a los agentes judiciales. En general, se trata de autoridades diferentes de las que se ocupan de los demás problemas relacionados con la detención. En el caso de gestiones generales que abarcan diferentes aspectos de la detención, es importante tener presente este factor.
Actividades internacionales y cooperación internacional
Son numerosas las organizaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la detención, por lo que resulta imprescindible concertar y coordinar sus respectivas actividades. Dentro de los límites que le impone el principio de la confidencialidad, el CICR participa en dicha concertación. Se muestra particularmente reticente en lo que respecta a comunicar información sobre los malos tratos, pero está dispuesto a identificar los aspectos complementarios de las actividades.
Por estas razones, el CICR está, en principio, de acuerdo en celebrar reuniones periódicas de coordinación, sobre todo en el marco de las actividades de apoyo y preferiblemente en presencia de las autoridades, a fin de elaborar una lista de las necesidades que se satisfacen y las que quedan insatisfechas, conocer y comprender las opciones de los otros participantes, establecer las complementariedades posibles para satisfacer mejor las necesidades, y compartir experiencias. La coordinación también permite promover normas comunes.
Aparición de nuevas organizaciones que visitan los lugares de detención
En vista de las características particulares y del carácter cerrado de los lugares de detención, la presencia de otros actores da lugar a nuevas cuestiones. El CICR tiene, de antemano, una actitud positiva ante la intervención de otros organismos, dado que ésta puede mejorar el efecto de la acción humanitaria en sentido amplio, y garantizar el respeto de las normas internacionales. Sin embargo, es menester permanecer alerta para evitar los posibles riesgos que acarrea la intervención de demasiadas partes y la aplicación de normas diferentes.
La interacción del CICR con mecanismos tales como los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos es limitada, dado que la presencia de estos funcionarios en los lugares de detención es muy ocasional y además porque, por lo general, están obligados a obtener el acuerdo expreso de las autoridades para cada visita o grupo de visitas. Las modalidades de la visita no se determinan de manera explícita y, teóricamente, pueden variar de un mecanismo a otro. Sin embargo, se ha impuesto progresivamente una práctica, la del CICR, salvo con respecto al carácter reiterativo de las visitas.
La creación, hace algunos años, del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CEPT) y, dentro de poco, de los mecanismos instituidos por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura presentan aspectos muy interesantes. Por ejemplo, las modalidades básicas para las visitas estipuladas en el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes son las mismas que las aplicadas por el CICR. Además, el Convenio dispone que el CEPT " no visitará los lugares que visiten efectivamente y con regularidad representantes o delegados de potencias protectoras o del Comité Internacional de la Cruz Roja en virtud de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977 " [78] . En la práctica, esta cláusula se ha aplicado en forma flexible, tomando en cuenta las características peculiares de los diferentes contextos. Por ejemplo, en Rusia, el CICR y el CEPT concluyeron que era ilógico excluir a Chechenia de los lugares que el CEPT visita en Rusia sólo porque el CICR ya estaba visitando algunos lugares de detención allí. Sencillamente, se acordó que el CEPT informara al CICR cuando se propusiera realizar una visita, para evitar el riesgo de que ambas instituciones se encontraran en el mismo lugar al mismo tiempo. En paralelo, esta práctica de intercambio de información se amplió a toda la extensión geográfica del Consejo de Europa hacia el este del continente, sobre todo a los Balcanes y al sur del Cáucaso, donde el CICR también visita a detenidos. El CICR y el CEPT organizan reuniones periódicas en las que se debaten cuestiones de interés común, siempre respetando el compromiso de confidencialidad que cada institución ha asumido frente a las autoridades.
El Protocolo facultativo, que todavía no ha entrado en vigor, instituye un mecanismo de visita que consiste en un subcomité de prevención de la tortura cuya secretaría será la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como mecanismos nacionales de prevención. Un factor clave para el éxito del sistema contemplado será dotar a dichos mecanismos nacionales de la independencia y de los recursos necesarios para que sus actividades sean pertinentes. El Protocolo facultativo establece que sus dispo siciones " no afectarán a las obligaciones de los Estados Partes en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención en situaciones no comprendidas en el derecho internacional humanitario " [79] . Cuando el Protocolo entre en vigor en los países donde el CICR también visita detenidos, será necesario instituir un sistema de consultas periódicas análogo al establecido con el CEPT.
El CICR realiza esfuerzos considerables por aportar un nivel mínimo de humanidad a los lugares de detención y asegurar que se respete la dignidad de los detenidos. Esta tarea es compleja y requiere una firmeza a toda prueba y una gran capacidad de adaptación. El CICR no puede contar con que su misión en el ámbito de la detención finalice algún día; siempre hay nuevas crisis o más detenidos con necesidades que esperan su presencia. La participación del CICR se inscribe en el marco de un proceso amplio y complementa la acción de las autoridades, de otras organizaciones y otros mecanismos, y de la comunidad internacional en su conjunto. Sin embargo, el enfoque que el CICR aplica y que se ha esforzado por adaptar con el correr de los años sigue siendo único en muchos aspectos.
La práctica del CICR, basada en el papel específico que le ha conferido el derecho internacional humanitario y en la experiencia adquirida en situaciones de tensiones internas, se ha difundido ampliamente en todo el mundo. Su eficacia, sobre todo en lo que atañe a las visitas a personas detenidas, está relacionada con el respeto de un método de trabajo constante y riguroso, de l que forman parte las modalidades de las visitas y la confidencialidad de sus gestiones. El despliegue de recursos materiales y humanos apropiados también es un factor de gran importancia.
El efecto protector de las actividades del CICR dependerá, sobre todo, de su capacidad de intervenir en favor de los detenidos ante las autoridades concernidas y, en un sentido más amplio, de superar la indiferencia ante esta cuestión. En efecto, salvo algunas excepciones, la falta de interés de los medios de comunicación por el sufrimiento de los detenidos, así como la indiferencia o la falta de voluntad política, contribuyen a debilitar los principios universales de humanidad consagrados en el derecho internacional humanitario y en otros cuerpos jurídicos.
El CICR debe explicar, con regularidad, sus acciones en favor de los detenidos. A menudo, éstos le expresan su frustración. Ciertas autoridades ponen en tela de juicio la objetividad de la Institución o le ofrecen una colaboración tan sólo parcial. Muchas veces, el público y los demás participantes no comprenden la reserva que el CICR se impone y la confidencialidad que imprime a su acción. Sin embargo, el leitmotiv del CICR sigue siendo su profundo convencimiento de haber aplicado al máximo la lógica de su modalidad de intervención, de haber hecho todo lo posible y de haber desplegado todas las gestiones imaginables para mejorar las condiciones de detención y el trato de las personas detenidas en un contexto dado.
[1 ] En el texto del presente artículo, el término " detenido " se utiliza como sinónimo de persona privada de libertad, independientemente de su estatuto.
[2 ] Con respecto a este tema, v. Vivien Stern, A Sin Against the Future–Imprisonment in the world , Penguin Books, Londres, 1998.
[3 ] V., en particular, François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Ginebra, 2003.
[4 ] V., en particular, Jacques Moreillon, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques , Instituto Henry-Dunant, Ediciones L'Age d'Homme, Lausana, 1973.
[5 ] En especial, se elaboraron y se sistematizaron las modalidades de las visitas a los detenidos.
[6 ] Por ejemplo, con respecto a las huelgas de hambre y la pena de muerte.
[7 ] Uno de los primeros textos sobre el respeto al que tienen derecho los detenidos es el Código Lieber de 1863, que constituye la primera codificación de las leyes de la guerra y que contenía disposiciones sobre el trato humano que debía dispensarse a los prisioneros. Este Código estaba destinado a las fuerzas armadas nordistas de los Estados Unidos que luchaban en la Guerra de Secesión.
[8 ] Art. 2 del Convenio de Ginebra de 1929.
[9 ] Según el art. 86 del Convenio de Ginebra de 1929, las entrevistas tienen lugar por regla general sin testigos (el subrayado es nuestro).
[10 ] Estas modalidades son consecuencia, sobre todo, de la visita que el CICR realizó, en junio de 1944, al campo de Theresienstadt, que era un campo " modelo " al estilo Potemkin, utilizado por los nazis con fines propagandísticos para disimular las atrocidades que se cometían contra los judíos y otras poblaciones. Como no tenía autorización de hablar con los int ernados judíos en privado, y estaba constantemente escoltado por oficiales SS, el representante del CICR no comprendió la verdadera naturaleza de ese campo, la situación real de sus ocupantes ni la suerte que se les reservaba.
[11 ] Se trata, en especial, de los siguientes instrumentos: las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (1977), el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) (1990), el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979), los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (1985), y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990).
[12 ] V., en particular, los artículos 2, 7 y 8 del Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes de 1987, por el que se instituyó el Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, y los artículos 4, 13 y 14 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2002 (que todavía no ha entrado en vigor), por el cual se instituyen el Subcomité para la Prevención de la Tortura y los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura.
[13 ] Artículos 123 y 126 del III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (III CG) y artículos 76, 140 y 143 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (IV CG).
[14 ] En particular, la resolución I de la XX V Conferencia (1986), la resolución IV de la XXIV Conferencia (1981), la resolución XVIII de la XXI Conferencia (1969), la resolución XXXI de la XX Conferencia (1965) y la resolución XIV de la XVI Conferencia (1938).
[15 ] En la actualidad, alrededor del 75% de los contextos en los que el CICR visita a personas detenidas no son situaciones de conflictos armados internacionales o internos.
[16 ] Los disturbios interiores se caracterizan por una profunda perturbación del orden interno causada por actos de violencia que, sin embargo, no revisten las características de un conflicto armado. No implican necesariamente una acción armada, sino actos de violencia graves que acontecen durante un período prolongado o una situación de violencia latente. Para calificar una situación como un disturbio interior, poco importa que haya represión o no por parte del Estado, que los disturbios sean prolongados o breves, con efectos prolongados o intermitentes, que afecten a todo el territorio nacional o a una parte de éste, o que su origen sea religioso, étnico, político, social, económico u otro. Se trata de motines o de actos esporádicos y aislados de violencia (v. el párrafo 2 del art. 1 del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra), por los cuales ciertos individuos o grupos de individuos manifiestan abiertamente su oposición o sus reclamaciones. También puede tratarse de luchas de facciones entre sí o contra el poder de turno, o de actos de violencia que resulten en detenciones masivas de personas, desapariciones forzadas, detenciones por razones de seguridad, la suspensión de las garantías judiciales, la declaración del estado de excepción o la proclamación de la ley marcial; v. Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, Comité Internacional de la Cruz Roja, Plaza & Janes Editores Colombia S.A., 1998, pp. 96 a 99 (párr. 4471 a 4479); Acuerdo del 26.11.1997 sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Acuerdo de Sevilla), Revista Internacional de la Cruz Roja ( RICR ) n.º 145, marzo de 1998, pp. 173 a 191; Marion Harrof-Tavel, " La acción del Comité Internacional de la Cruz Roja ante las situaciones de violencia interna " , RICR , n.º 117, mayo-junio de 1993, pp. 199 a 225.
[17 ] En este artículo, el concepto de " autoridad " es el más amplio posible. Abarca no sólo las autoridades públicas o legales (representantes de las estructuras del Estado), sino también las personas que asumen responsabilidades y actúan en nombre de un grupo armado o de otra entidad organizada pero no reconocida como un Estado.
[18 ] El párrafo 2 d) del art. 5 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que establece el cometido del CICR en materia de asistencia y protección a las víctimas de los disturbios interiores. V. también el párrafo 3 del art. 5 de los Estatutos.
[19 ] También se encuentran referencias indirectas al acceso del CICR a los detenidos en situaciones que no involucran conflictos armados en las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (resoluciones VI de la XXIV Conferencia (1981) y XIV de la XVI Conferencia (1938)). También cabe señalar que ciertos tratados internacionales hacen referencia a las visitas del CICR a los detenidos en contextos ajenos a los conflictos armados, aunque no constituyen su fundamento jurídico: el párr. 5 del art. 6 de la Convención Internacional contra la Toma de R ehenes (1979), el párr. 4 del art. 10 de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios (1989), el párr. 5 del art. 7 del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas (1997), el párr. 3 del art. 9 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999), y el art. 32 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (2002). Por último, cabe destacar que la resolución 23 del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Cuba en 1990 (tras el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/121, invitó a los Gobiernos a servirse de los instrumentos y resoluciones aprobados en esa oportunidad en la formulación de leyes y directrices adecuadas) destaca que " la comunidad internacional ha conferido [al CICR ] un mandato en los Convenios de Ginebra de 1949, sus Protocolos Adicionales de 1977 y los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a fin de que proteja a las personas privadas de la libertad en razón de los mencionados hechos [es decir, las situaciones de conflictos armados internacionales y otros conflictos, y los disturbios interiores ] , especialmente a los prisioneros de guerra, internados civiles y detenidos por motivos de seguridad " .
[20 ] Así sucedió en Zaire, donde, durante el Gobierno del Presidente Mobutu, prácticamente se dejó de asignar presupuesto a las cárceles y los presos debían pagar para satisfacer sus necesidades básicas, o correr el riesgo de morir.
[21 ] El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra define explícitamente este principio: " La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto " .
[22 ] El CICR ha visitado a detenidos que se encontraban en poder de numerosos movimientos armados, como el FPLT (Frente Popular de Liberación del Tigré) en Etiopía, el FPR (Frente Patriótico Ruandés) en Ruanda, el M/ELPS (Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés) en Sudán Meridional, la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) en Angola, los LTTE (Tigres de Liberación del Eelam Tamil) en Sri Lanka, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Colombia, los principales partidos kurdos y autoridades de facto en el Kurdistán iraquí, las autoridades de facto en Abjasia y en el Alto Karabaj, la Autoridad Palestina, y otros.
[23 ] Ejemplos de ello son los acuerdos firmados con Sudáfrica en 1995 y con Azerbayán en 2000.
[24 ] En numerosos países, sobre todo en desarrollo, el sistema constitucional y las leyes no se aplican en forma integral o no se respetan en la totalidad del territorio nacional por diferentes motivos (problemas de presupuesto, insuficiente cantidad de jueces, negativa de los funcionarios y responsables de la aplicación de las leyes a trabajar en regiones aisladas o afectadas por problemas de inseguridad, etc.). En otros casos, el poder ejecutivo suspende la aplicación de ciertas leyes de hecho o mediante la adopción de diferentes decretos o directivas.
[25 ] Dicha obligación está prevista en el art. 12 de la Convención contra la Tortura.
[26 ] Concretamente, con arreglo al art. 4 de la Convención contra la Tortura, pero también conforme a los artículos de los Convenios de Ginebra relativos a las infracciones y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario (arts. 49, 50, 129 y 146 de los Convenios de Ginebra I, II, III y IV, respectivamente).
[27 ] Por ejemplo, las socieda des de Somalia o Burundi.
[28 ] Según el art.1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, los Estados Partes no sólo están obligados a respetar los Convenios sino también a hacerlos respetar en todas las circunstancias.
[29 ] Estos últimos pueden ser mecanismos vinculados con los órganos de la ONU creados en virtud de tratados, como el Comité contra la Tortura (instituido por la Convención contra la Tortura), el Comité de Derechos Humanos (instituido en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966), o el Comité de los Derechos del Niño (instituido por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989); mecanismos establecidos por resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (como el Relator Especial sobre la tortura, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos); mecanismos relacionados con organizaciones regionales (órganos establecidos en virtud de tratados regionales, como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos); mecanismos instituidos por resolución de organizaciones regionales, como el Relator Especial sobre prisiones y condiciones de detención en África, o pueden ser ONG.
[30 ] V., en particular, Pascal Daudin y Hernán Reyes, " How visits by the ICRC can help prisoners cope with the effects of traumatic stress " , en International Responses to Traumatic Stress , Baywood Publishers, Nueva York, 1996, pp. 219-256.
[31 ] Hay cinco modalidades de acción principales:
- la persuasión o la responsabilización: convencer a las autoridades de que actúen por sí mismas para poner fin a un abuso o a una violación, o para ayudar a las v íctimas de esas situaciones;
- el apoyo: cooperar directa o indirectamente con las autoridades, proporcionándoles los medios para cumplir su obligación de respetar las normas;
- la sustitución: actuar en lugar de las autoridades que no cumplen sus obligaciones, para poner fin a un abuso o a una violación, o para socorrer a las víctimas;
- la movilización: promover el interés y la influencia externa de otros actores (Estados, ONG, instituciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales o regionales) a fin de obtener un apoyo que permita prevenir o poner fin a un abuso o una violación, o incentivar o ayudar a las autoridades a fin de que ejerzan sus responsabilidades y cumplan sus obligaciones en el marco del respeto a las normas;
- la denuncia: declarar públicamente la existencia de abusos y violaciones, a fin de presionar a las autoridades y obligarlas a actuar para poner fin a un abuso o una violación, o para socorrer a las víctimas de esa situación.
Con respecto a las definiciones, v. Paul Bonard, Les modes d'action des acteurs humanitaires: critères d'une complémentarité opérationnelle , CICR, Ginebra, 1999; Sylvie Giossi Caverzascio, Strengthening protection in war – a search for professional standards , CICR, Ginebra, 2001, pp. 29-33; Hugo Slim y Luis Enrique Eguren, Humanitarian protection - A guidance booklet , ALNAP, Londres, 2005 (de próxima aparición).
[32 ] En las situaciones de conflicto armado, la denuncia y la movilización ante los Estados Partes en los Convenios de Ginebra se basan, en particular, en el artículo 1 común a los cuatro Convenios, que los obliga a " respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias " .
[33 ] V. " Gestiones del CICR en caso de violaciones contra el derecho internacional humanitario " , RICR , marzo-abril de 1981, Vol. n.º 44, p. 79-86. V. también la nota 42.
[34 ] Así sucedió, por ejemplo, en Etiopía, con la traducción al amárico del manual A Human Rights Approach to Prison management – Handbook for prison staff , Andrew Coyle, Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, Londres, 2002.
[35 ] Por ejemplo, hace poco, el CICR participó activamente en la mejora de la gestión de los servicios médicos.
[36 ] El CICR organiza cursos de distintos niveles (sobre todo, cursos básicos y cursos para instructores) con el objetivo principal de crear capacidades nacionales preparadas para continuar impartiendo el mismo tipo de formación a largo plazo. El objetivo del CICR es, principalmente, dar a conocer el derecho y las normas éticas y profesionales en vigor, haciendo hincapié en el respeto de la integridad física y moral de los sospechosos en el momento de su arresto y durante su detención. El CICR se abstiene de enseñar técnicas (por ejemplo, técnicas de interrogatorio), sobre todo en ámbitos donde carece de competencia o en los que no podría involucrarse sin que sus principios de acción, sobre todo la neutralidad, fueran puestos en tela de juicio. Para las fuerzas de policía y de seguridad, la base de los cursos se encuentra en la obra Servir y proteger. Derecho de los derechos humanos y derecho humanitario para las fuerzas de policía y de seguridad, CICR, Ginebra, 1998. Para las fuerzas armadas, el CICR ha publicado una guía de formación: El derecho de la guerra: cuadernos pedagógicos para instructores, CICR, Ginebra, 2005.
[37 ] La formación para el personal penitenciario puede adoptar la forma de seminarios internacionales en el plano regional, a poyo a seminarios organizados por otras organizaciones, seminarios nacionales de enseñanza de las normas internacionales, y talleres sobre diferentes problemas vinculados al encarcelamiento y al funcionamiento del sistema penitenciario. En caso necesario, los talleres se organizan con la ayuda de expertos o funcionarios extranjeros o de organizaciones especializadas.
[38 ] Este tipo de formación puede tomar la forma de talleres prácticos a nivel de un solo establecimiento penitenciario, a nivel regional o a nivel nacional; puede impartirse a través de proyectos piloto o traducirse en la puesta a disposición de expertos técnicos.
[39 ] Por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis o, más en general, la organización de la detención (jueces, funcionarios de la policía judicial, administración penitenciaria).
[40 ] Por ejemplo en Ruanda, Madagascar y Guinea, en 2004.
[41 ] Sobre esta cuestión en particular, v. Addressing the Needs of Women affected by Armed Conflicts – An ICRC Guidance Document , CICR, Ginebra, 2004, pp. 113-160.
[42 ] Dichas condiciones son las siguientes: 1) la existencia de violaciones graves y repetidas; 2) los delegados del CICR han sido testigos directos de las violaciones, o la existencia y la amplitud de esas violaciones se conocen por medio de fuentes seguras y comprobables; 3) la falta de repercusiones y de resultados de las gestiones realizadas confidencialmente por el CICR para poner fin a las violaciones; 4) la denuncia pública del CICR beneficia a las personas afectadas. V. " Gestiones del CICR en caso de violaciones contra el derecho internacional humanitario " , op. cit. (nota 33), p. 84.
[43 ] " Excerpts from the executive summary of the " Report of the In ternational Committee of the Red Cross (ICRC) on the Treatment by the Coalition Forces of Prisoners of War and Other Protected Persons by the Geneva Conventions in Iraq During Arrest, Internment and Interrogation " " , Wall Street Journal , 7 de mayo de 2004.
[44 ] " Red Cross Finds Detainee Abuse in Guantánamo " , A. Lewis, New York Times , 30 de noviembre de 2004; " Iraq: New war, Old Tactics? " , Newsweek , 24 de enero de 2005.
[45 ] V. también Philippe de Sinner y Hernán Reyes, " Activités du CICR en matière de visites aux personnes privées de liberté. Une contribution à la lutte contre la torture " en Antonio Cassese (ed.), La lutte internationale contre le terrorisme , Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, pp. 153-171; Pascal Daudin y Hernán Reyes, " How visits by the ICRC can help prisoners cope with the effects of traumatic stress " , en International Responses to Traumatic Stress , Baywood Publishers, Nueva York, 1996, pp. 219-256; Hernán Reyes, " Visits to prisoners by the ICRC " , en Torture Supplementum N°1, 1997, pp. 28-30; Marina Staiff, " Visits to detained torture victims by the ICRC (I): Management, documentation, and follow-up " , Torture , Vol. 10, n.º 1, 2000, pp. 4-7.
[46 ] Al principio, esas actividades se realizaban dentro del marco de la función del CICR como la fuerza impulsora del DIH. El párrafo 2 g) del artículo 5 de los Estatutos del Movimiento establecen que uno de los cometidos del Comité Internacional es, en particular, " trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los conflict os armados y preparar el eventual desarrollo del mismo " . En febrero de 2003, también organizó una conferencia internacional de expertos gubernamentales y no gubernamentales en la que se abordó la cuestión de las personas desaparecidas y se adoptó una declaración (v. el informe del CICR " The missing and their families: Summary of the conclusions arising from events held prior the International Conference of Governmental and Non-Governmental experts " (19 a 21 de febrero de 2003), (ICRC/The Missing/01.2003/EN-FR/10) y el documento " Acts of Conference " (The Missing/03.2003/ENG-FR/90)).
[47 ] V. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Protocolo de Estambul - Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes , Serie de Capacitación Profesional n.º 8, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2001.
[48 ] V. Pier Giorgio Nembrini, Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons , CICR, Ginebra, 2004.
[49 ] V. Dermot Maher, Malgosia Grzemska y otros autores, Guidelines for the Control of Tuberculosis in Prisons , Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1998.
[50 ] V. la parte Evolución del marco normativo y de las modalidades de visita del CICR (nota 11).
[51 ] Para obtener comentarios sobre las Reglas Mínimas, v. Penal Reform International, Pratique de la prison, du bon usage des règles pénitentiaires internationales , París, 1997.
[52 ] Una institución como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura adoptó un enfoque diferente, y ha publicado las normas sobre las que basa su actividad y que recomienda. Esas normas figuran en los informes que el Comité redacta después de sus visitas, que son publicados si el Estado afectado consiente en ello. V. Rod Morgan y Malcolm Evans, Combating torture in Europe , Council of Europe Publishing, Estrasburgo, 2001.
[53 ] Art. 122 y siguientes del III CG; en cuanto a las personas civiles internadas, v. los arts. 106 y 138 del IV CG.
[54 ] Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principios 12 y 16 (1).
[55 ] El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (principio 12) y las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (regla 7) contienen directrices detalladas sobre el registro de datos de los detenidos.
[56 ] El derecho de saber se establece, en particular, en el art. 32 del Protocolo adicional I. También dimana de los arts. 69 y 70 del III CG, de los arts. 25 y 26 del IV CG y del párrafo 2, inciso b), del art. 5 del Protocolo adicional II.
[57 ] V., en especial, " Le CICR et la torture " , RICR , Vol. N° 696, 1976, p. 710-716, y también Philippe de Sinner y Hernán Reyes, " Activités du CICR en matière de visites aux personnes privées de liberté. Une contribution à la lutte contre la torture " en Antonio Cassese (ed.), La lutte internationale contre le terrorisme , Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1991, pp. 153-171.
[58 ] El art. 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe la " tortura " . El art. 16 también impone a los Estados la obligación de comprometerse a " prohibir (...) otros actos qu e constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura... " . Aunque la Convención prohíbe la tortura de manera absoluta ( " En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura " (art. 2)), la regla que excluye las " circunstancias excepcionales " no se aplica explícitamente a los tratos crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone explícitamente que " nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes " (art. 7). No se autoriza suspensión alguna con respecto a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (párr. 2 del art. 4 del Pacto).
[59 ] Párr. 1 del art. 13 del III CG (relativo a los prisioneros de guerra) y párr. 1 del art. 27 del IV CG (relativo a la protección debida a las personas civiles). V. también los arts. 31 y 32 del IV CG (respectivamente, prohibición de la coacción y prohibición de castigos corporales, de tortura, etc.) y los arts. 11 y 75 del Protocolo adicional I a los CG.
[60 ] Art. 3 común a los CG, párr. 1, incisos a y d. V. también el art. 4 del Protocolo adicional II a los CG.
[61 ] Disposición contemplada, en particular, en los artículos 5 a 9 de la Convención de la ONU contra la Tortura y en los arts. 49 y 50 del I CG, 50 y 51 del II CG, 129 y 130 del III CG, 146 y 147 del IV CG, y 85 del Protocolo adicional I.
[62 ] V. Knut Doermann, Elements of War crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court , CICR/Cambridge, 2003, p. 44-70.
[63 ] En efecto, la distinción entre estos conceptos reside, principalmente, en la intensidad del dolor y del sufrimiento, y, a diferencia de la tortura, en la ausencia de una intención precisa detrás del acto. Para calificarlo como trato inhumano o cruel (términos que se consideran sinónimos), un acto debe acarrear un nivel significativo de dolor o de sufrimiento, que a veces se describe como grave. Los atentados contra la dignidad de las personas son actos que entrañan un nivel significativo de humillación o de degradación, y expresan desprecio por la dignidad humana.
[64 ] V., por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: " Empleadas acumulativamente, con premeditación y durante largas horas, las cinco técnicas causaban a quienes las sufrían, si no auténticas lesiones, al menos sufrimientos físicos y morales intensos, así como trastornos psicológicos agudos durante los interrogatorios. Por ende, se consideran un trato inhumano en el sentido del artículo 3. Las técnicas también tenían carácter degradante porque procuraban suscitar en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad que las humillaran, envilecieran y, por último, quebrantaran su resistencia física o moral. " , Irlanda c. Reino Unido, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 18 de enero de 1978 (párr. 167) (Traducción del CICR).
[65 ] V., en particular, Hernán Reyes, " La tortura y sus consecuencias " , sitio Web del CICR, www.cicr.org/spa.
[66 ] Sin embargo, en la práctica, el CICR puede utilizar el término " tortura " cuando:
- los métodos utilizados equivalen, indiscutiblemente, a la tortura, especialmente si el nivel de sufrimiento físico y psicológico fue innegablemente intenso;
- los efectos acumulados de las condiciones de detención difíciles y del trato tienen, o podrían tener, consecuencias psíquica s graves (por ejemplo, una combinación de factores que se prolongue durante un cierto período, como mantener al detenido en una incertidumbre total acerca de su suerte, " manipular " su entorno y sus condiciones de vida, y usar técnicas de interrogación especiales).
[67 ] V. el Protocolo de Estambul , op.cit . (nota 47), que sirve de referencia en materia de documentación de la tortura. V. también, sobre la misma cuestión o temas conexos: Camille GIFFARD, The Torture Reporting Handbook , Centro de Derechos Humanos, Universidad de Essex, Colchester, 2000, (159); Michael Peel y Vincent Iacopino (eds.), The Medical Documentation of Torture , GMM, Londres y San Francisco, 2002, (227); F. Sironi, Bourreaux et victimes – Psychologie de la torture, Odile Jacob, París, 1999; Hernán Reyes, " ICRC Visits to Prisoners " , Torture , Vol. 3, n.º 2, 1993, p. 58 y " Visits to prisoners by the ICRC " , Torture Supplementum N°1, 1997, pp. 28-30 y " The role of the physician in ICRC visits to prisoners " ; Marina Staiff, " Visits to detained torture victims by the ICRC (I): Management, documentation, and follow-up " , Torture , Vol. 10, n.º 1, 2000, pp. 4-7, y " Visits to detained torture victims by the ICRC (II): The psychological impact of visits and interviews with detained torture victims " , Torture , Vol. 10, n.º 2, 2000, pp. 41-44.
[68 ] V. Amnesty International, Combatting torture: a manual for action , Londres, 2003; Walter Kälin, " La lucha contra la tortura ", RICR , Vol. n.º 147, 1998, pp. 469-481.
[69 ] Por ejemplo, las actividades del CICR en relación con la Media Luna Roja Argelina.
[70 ] Normas penitenciarias europeas, adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de febrero de 1987. Puede consultarse en: www.uncjin.org/Laws/prisrul.htm (consultado por última vez el 7 de abril de 2005).
[71 ] En particular, los arts. 71 del III CG y 25, 107 y 116 del IV CG.
[72 ] En particular, el principio 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y la regla 37 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos.
[73 ] Arts. 82 a 88 y 99 a 107 del III CG.
[74 ] Respectivamente, arts. 31, 33, y 66 a 75, y 117, 118 y 126 del IV CG.
[75 ] Art. 75 del Protocolo adicional I.
[76 ] Art. 3 común a los CG, y art. 6 del Protocolo adicional II.
[77 ] Así sucedió, por ejemplo, en Irak, cuando se llevó a cabo el enjuiciamiento de prisioneros de guerra iraníes durante la guerra entre Irán e Irak; en Kuwait después del restablecimiento del Gobierno kuwaití en 1991, tras la Guerra del Golfo; y en Etiopía, después de 1994, cuando se procesó a los dignatarios del Derg.
[78 ] Párr. 3 del art. 17.
[79 ] Art. 32 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.