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Timestamp: 2018-12-14 08:34:42
Document Index: 401794125

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 34']

﻿ SENTENCIA 2015-00360/11759-28 DE MAYO 17 DE 2017
SENTENCIA 2015-00360 DE 17 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:FALTA DE LEALTAD DEL ABOGADO CON SU CLIENTE ES DE NATURALEZA DOLOSA. SE PRECISA QUE LA FALTA DE LEALTAD DEL ABOGADO CON SU CLIENTE ES UN COMPORTAMIENTO POR NATURALEZA DOLOSO, PUES CONOCIENDO EL DEBER QUE LE ASISTE, INCURRE EN UN DESCUIDO CUANDO ASUME UN COMPROMISO PROFESIONAL SIN LA CAUTELA Y DILIGENCIA QUE REQUIEREN LAS ACTUACIONES QUE DEBE DESPLEGAR PARA LA REPRESENTACIÓN DEL MANDATO OTORGADO. EN ESE SENTIDO, EXISTE UNA ACTUACIÓN DESLEAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO, SI ACEPTA UN ENCARGO PROFESIONAL, EL CUAL NO PUEDE ATENDER DILIGENTEMENTE EN RAZÓN DEL EXCESO DE COMPROMISOS PROFESIONALES QUE TIENE, INCURRIENDO EN ERRORES COMO PRESENTAR DUPLICIDAD DE PETICIONES BAJO LAS MISMAS PRETENSIONES EN EL TRÁMITE DE UNA CONCILIACIÓN EXTRAPROCESALEN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA LA SANCIÓN DE MULTA IMPUESTA A LA PROFESIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPOSICIÓN DE MULTA, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, DEMANDA LABORAL, FALTAS DEL ABOGADO, FALTA CONTRA LA HONRADEZ
Sentencia 2015-00360 de mayo 17 de 2017
Radicado: 050011102000201500360-01 (11759-28)
Aprobada según acta de Sala Nº 40
El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia allegó el certificado 02370-2015 expedido el 6 de marzo de 2015, mediante el cual acreditó la condición de abogada de la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 41.960.817 y T.P. 165.819 (fl. 30, c.o.); la secretaria de esta Sala remitió el certificado de antecedentes disciplinarios de la togada investigada 81684 del cual se evidencia que la encartada no registra sanciones disciplinarias (fl. 31, c.o.).
Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas allegadas real y oportunamente al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de la falta endilgada a la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, conforme a los cuales el a quo lo consideró responsable de la falta descrita en el artículo 34 literal i) de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:
“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(3).
(…) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(4). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(5).
“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(7).
En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios”(8).
La presente investigación disciplinaria se inició con ocasión de la compulsa de copias enviada por la Procuraduría según la cual durante un proceso de conciliación extrajudicial adelantado ante la Procuraduría 222 Judicial II para asuntos administrativos de Medellín, la apoderada judicial del departamento de Antioquia solicitó se investigara a la encartada al exponer que: “Por multiplicidad de solicitudes de conciliación que ha presentado en nombre de la convocante MÓNICA ANDREA GUTIÉRREZ. Aduce la apoderada del departamento de Antioquia que con el radicado 201400165502 del 2014/04/03 solicito la nulidad del oficio E201300093076 del 236 de julio de 2013, e igualmente mediante el radicado 2014000581614 de 2014/12/04 se remitió nuevamente la solicitud de conciliación de la misma convocante. En ambos traslados se solicita la revocatoria del mismo acto administrativo, por lo cual se trata de una duplicidad de la misma solicitud (…)”, por lo cual la delegada del Ministerio Público ordenó compulsar copia contra la encartada (fl. 1-2, c.o.).
Sobre el particular encuentra esta corporación que una vez celebrada la primera audiencia de pruebas y calificación provisional el 15 de julio de 2015, la doctora Diana Carolina Alzate Quintero, de manera voluntaria y libre de apremio, aceptó el hecho denunciado, indicando básicamente que había sido un error el hecho de haberse presentado dos veces la misma solicitud, pero que ello no obedeció a un actuar de mala fe, sino a un descuido de su asistente quien elaboró dos poderes con fechas distintas, por lo cual se presentó duplicidad en la petición elevada ante la Procuraduría para la celebración de la conciliación extrajudicial, hecho que fue aceptado como representante legal de la firma que lidera. Destacó además que su oficina de abogados enfrenta una alta carga laboral con casos masivos de procesos, por lo cual adjudicó dicho descuido a su exceso de trabajo, sin embargo era consciente de su responsabilidad y error.
En ese orden de ideas, el fallador de instancia endilgó y sancionó a la encartada por la falta descrita en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, bajo el supuesto normativo de que la disciplinada aceptó un encargo profesional el cual no podía atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales, situación que claramente fue aceptada por la doctora Alzate Quintero en su versión libre, al señalar que la presentación de las dos solicitudes obedeció a un error de su oficina en el trámite de los poderes cosa que igualmente ocurrió por la excesiva carga laboral que enfrentaba en ese momento, destacándose que la materialización del tipo disciplinario se concretó no solamente con el hecho investigado sino además con la aceptación del yerro por parte de la togada (fl. 46 c.o. y cdno. 2).
De lo referido en precedencia observa la Sala que la materialidad del cargo endilgado en sede de instancia, se encuentra plenamente demostrado, en tanto la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, aceptó la representación de la señora Mónica Andrea Gutiérrez para demandar al departamento de Antioquia en un proceso laboral, sin embargo dentro del trámite de la conciliación extraprocesal presentó duplicidad de peticiones bajo las mismas pretensiones, esto no como estrategia sino como una falta de actuación diligente de verificación de dicho trámite, obedeciendo tal yerro a la carga laboral de procesos que presentaba en ese momento que ocasionó dicha conducta reprochable, concluyéndose que la falta por la cual fue llamada a juicio disciplinario la encartada se consumó como se señaló en precedencia.
Así pues, resulta evidente la materialización de la falta endilgada a la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, enmarcada dentro de la descripción típica del artículo 34 literal i) de la Ley 1123 de 2007.
Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado al profesional investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, el desconocimiento por parte del inculpado de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.
Analizado este elemento, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria, se colige en este caso la inexistencia de causal de justificación, que permita relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el estatuto del ejercicio de la abogacía a la litigante, doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, en tanto, los hechos y las pruebas allegadas a la actuación disciplinaria, se denota la manera desleal con que actuó para con el encargo de su cliente, pues se demandaba de la profesional del derecho que hubiese tenido el cuidado debido, advirtiendo que no le era permitido presentar un sin número de solicitudes de conciliación ante el Ministerio Público sobre la misma pretensión, sin que por lo menos se hubiera atendido la primera, con lo cual generaba un desgaste a la administración al tener que convocar en reiteradas oportunidades a las mismas partes, situación que generó la compulsa de copias, máxime si la encartada fue consciente de su falta y aceptó los hechos denunciados como de su responsabilidad, aunque intentó mitigar su yerro alegando el error de su asistente y a la excesiva carga de trabajo que enfrentaba su oficina, lo cierto es que desde el mismo fuero interno de la disciplinada ésta fue consciente de la actuación que no debió permitir que ocurriera, por lo cual no media justificación alguna a su favor concretándose el incumplimiento de su deber profesional de obrar con lealtad con su cliente.
7. De la culpabilidad.
En este caso, debe decirse que la falta de lealtad para con su cliente es un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto siendo conocedor del deber que le asiste incurre en un descuido inherente a los profesionales del derecho cuando asumen un compromiso profesional.
Ahora, es evidente que dada su condición de abogada, la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, debió haber actuado de forma cauta y diligente en todas las actuaciones que debía desplegar para la representación del mandato otorgado por la señora Mónica Gutiérrez, velando por que el trámite de conciliación extraprocesal se ajustara a una pronta solución, sin que se presentaran inconvenientes que impidieran que el mismo culminara en feliz término para procederse a la interposición de la acción laboral para la cual fue contratada, sin embargo y a sabiendas de su excesiva carga laboral dejó dicho trámite a cargo de su asistente incurriendo así en una suscripción de dos poderes sin advertirse tal yerro, los cuales fueron tramitados, y que generaron el disgusto de la entidad convocada —departamento de Antioquia—, al evidenciar multiplicidad de solicitudes de las mismas pretensiones lo cual puede acarrear que si las mismas no se tramitaban bajo la misma cuerda procesal administrativa, podían generar decisiones contradictorias que perjudicarían los intereses de los convocados, cosa que claramente era del conocimiento de la encartada, por lo cual su conducta se ajustó en un comportamiento de naturaleza dolosa, y como bien lo aceptó en su versión libre, era consiente que el factor carga laboral podía generar dicho resultado.
Ahora, teniendo en cuenta la modalidad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por la abogada DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, a quien se le exigía actuar de forma real y acertada en el encargo dado por su mandante, la sanción de MULTA impuesta, tuvo a consideración la modalidad dolosa de la conducta imputada, el hecho de no registrar antecedentes disciplinarios, y sobre todo la aceptación de los hechos denunciados antes de la formulación de cargos, situación que impidió un desgaste innecesario del aparato judicial disciplinario, circunstancias por las cuales la sanción misma cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto.
Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, respecto de la sanción disciplinaria impuesta a la abogada DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:
Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el 31 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL AÑO 2014, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1123 de 2007 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, a la abogada DIANA CAROLINA ALZATE, como autora responsable de la falta prevista en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.
1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el 31 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL AÑO 2014, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1123 de 2007 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, a la abogada DIANA CAROLINA ALZATE, como autora responsable de la falta prevista en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.