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Timestamp: 2020-08-05 17:37:00
Document Index: 185459898

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'artículo 11', 'in fine', 'artículo 338', 'Artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 14', 'artículo 103', 'Artículo 103']

Sentencia nº 55 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Mayo de 2015. - Jurisprudencia - VLEX 668960237
Rte.: J.L.R. y A.R. Sentencia Núm. 55 G.A. De Subero, secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha 20 de mayo de 2015, que dice: LAS SALAS REUNIDAS CASA Audiencia pública del 20 de mayo de 2015. Preside: M.G.M..
D., Patria y Libertad República Dominicana En Nombre de la República, Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la sentencia siguiente: Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el 21 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante, incoado por: 1) J.L.R., dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 018-0019673-3, domiciliado y residente en la Calle Principal La Cañada de Papoy, Provincia B., República Dominicana, querellante; Rte.: J.L.R. y A.R. 2) A.R., dominicana, mayor de edad, soltera, domiciliada y residente en la Calle Principal La Cañada de Papoy, Provincia B., República Dominicana, querellante; Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Oídos: al licenciado R.Q., por sí y por los licenciados R.B. y Amable de León, actuando en representación de Y.G.F. y J.A.F.F., imputados; V.: el memorial de casación, depositado el 30 de octubre de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua mediante el cual los recurrentes: J.L.R. y A.R., interponen su recurso de casación por intermedio de su abogado, licenciado L.A.L.C.; Vista: la Resolución No. 367-2015 de Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, del 26 de febrero de 2015, que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por J.L.R. y A.R., querellantes, y fijó audiencia para el día 08 de abril de 2015, la cual fue conocida ese mismo día; Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997; Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró Rte.: J.L.R. y A.R. Suprema Corte de Justicia: J.C.C.G., Primer Sustituto, en funciones de P.; M.G.B., Juez Segundo Sustituto de P., E.H.M., S.I.H.M., José Alberto Cruceta Almánzar, F.E.S.S., A.M.S., Juan Hirohito Reyes Cruz, R.C.P.Á., y F.O.P.; y llamados para completar el quórum a la magistrada B.B. de G., J.P. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; B.R.F.G., J.P. de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior; Considerando: que en fecha catorce (14) de mayo de 2015, el Magistrado M.G.M., P. de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados Manuel R. Herrera Carbuccia, V.J.C.E. y F.A.J.M., para integrar Las S.R. en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934; Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes que: 1. En fecha 20 de enero de 2011, A.R. y J.L.R. Rte.: J.L.R. y A.R. Guillermo Fernández y J.A.F.F. por el hecho de éstos haber asesinado a J.L.R.; 2. Para la instrucción del caso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de B., el cual dictó auto de apertura a juicio, el 24 de marzo de 2011; 3. Para el conocimiento del fondo del caso, fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de B., dictando al respecto la sentencia, de fecha 29 de agosto de 2011; cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza las conclusiones incidentales de J.A.F.F. (a) M., presentadas a través de su defensa técnica, en cuanto a la exclusión probatoria de los de interrogatorios practicados a ambos acusados, por la Fiscalía del Distrito Judicial de B., por improcedentes e infundadas; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones presentadas en cuanto al fondo, en el aspecto penal, por Y.G.F.M. o Y.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., a través de sus abogados defensores, por improcedentes e infundadas; TERCERO: Declara culpable a Y.G.F.M. o Y.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., de violar las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 304 y 379 del Código Penan Dominicano, 24 y 39 párrafo III de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas en la República Dominicana, que tipifican y sancionan los crímenes de asociación de malhechores, homicidio cometido en circunstancias agravantes y porte y tenencia ilegal de arma de fuego, en perjuicio de J.L.R.; CUARTO: Condena a Y.G.F.M. o Y.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., a cumplir cada uno la pena de treinta (30) años de reclusión mayor en la cárcel pública de B. y al pago de las costas penales a favor del Estado Dominicano; QUINTO: Confisca a favor del Estado Dominicano el cuerpo del delito consistente en el Rte.: J.L.R. y A.R. Wesson, calibre 9mm, niquelada, de cacha negra y numeración limada; SEXTO: Declara que el Ministerio Público, no presentó, ni depositó ante el Tribunal, la escopeta calibre 12, que aportara en el Juzgado de la Instrucción como cuerpo del delito; SÉPTIMO: Rechaza la demanda en actores civiles intentada por los señores A.R. y J.L.R., en calidad de hermanos del fallecido J.L.R., en contra de los procesados Y.G.F.M. o Y.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., por no haber demostrado el vínculo de dependencia económico, con el hoy occiso; OCTAVO: Compensa las costas civiles; NOVENO: Difiere la lectura integral de la presente sentencia para el día veinte (20) de septiembre del año dos mil once (2011), a las nueve horas de la mañana (09:00 A.M.), valiendo citación para las partes presentes y sus representantes”;
4. No conforme con la misma, interpusieron recurso de apelación: J.F.F. y Y.G.F., imputados, siendo apoderada para el conocimiento de dicho recurso la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de B., la cual dictó sentencia, el 08 de diciembre de 2011, siendo su dispositivo: “PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación de fecha 4 de octubre de año 2011, interpuestas por los imputados Y.G.F.M. y J.A.F.F., contra la sentencia núm. 141, de fecha 29 de agosto del año 2011, leída íntegramente el día 20 de septiembre del mismo año, por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de B.; SEGUNDO: Anula la instrucción del juicio y la sentencia recurrida en apelación; en consecuencia, ordena la celebración total de un nuevo juicio por ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana; TERCERO: Rechaza las conclusiones del Ministerio Público por improcedentes; CUARTO: Declara las costas de oficio”; 5. Apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Rte.: J.L.R. y A.R. por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de B., dicta su sentencia, en fecha 11 de abril de 2013, siendo su dispositivo: “PRIMERO: Se declara buena y válida, en cuanto a la forma, la solicitud de exclusión probatoria promovida por los abogados de la defensa técnica de los imputados Y.F.M. y/o Y.G.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., respecto de los interrogatorios que les fueran practicados a los mismos por representantes del Ministerio Público, bajo el fundamento de que dichas pruebas fueron recogidas en violación a los derechos fundamentales de los imputados, ya que dicha solicitud fue realizada en tiempo hábil y de conformidad con la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se ordena la exclusión probatoria del interrogatorio que le fuera practicado al imputado Y.F.M. y/o Y.G.F.M. (a )M., ya que, este Tribunal ha podido establecer que para la realización de dicho interrogatorio no se cumplió con el debido proceso de ley, tanto a dicho imputado no se le leyeron sus derechos, como se desprende del análisis del referido interrogatorio, por lo que se violan las disposiciones de los artículos 26, 105, 166 y 167 del Código Procesal Penal, así como los artículos 68 y 69, numerales 8 y 10 de la Constitución de la República Dominicana. Sin embargo, se rechaza dicha solicitud de exclusión probatoria del interrogatorio que le fuera practicado al imputado J.A.F.F. (a) M., ya que este tribunal ha podido establecer que para la realización del mismo, se cumplió a cabalidad con el debido proceso de ley, pues de su análisis se desprende que además de que el mismo estaba asistido por un abogado, de la misma manera, se le hizo la advertencia de su derecho de no auto incriminarse, a pesar de lo cual declaró; TERCERO: Se rechazan las conclusiones del abogado de la defensa técnica del imputado Y.F.M. y/o Y.G.F.M. (a )M., por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; CUARTO: Se rechazan parcialmente las conclusiones de la abogada de la defensa técnica del imputado J.A.F.F. (a) M., por improcedentes e infundadas en derecho; QUINTO: Se acogen parcialmente las conclusiones del representante del Ministerio Rte.: J.L.R. y A.R. Ferreras Méndez y/o Y.G.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., de generales de ley que constan en el expediente, culpables de violar las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 295, 297, 298, 304 y 379 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 24 y 39 párrafo III de la Ley núm. 36 sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas de la República Dominicana, en perjuicio de la persona que en vida respondía al nombre de J.L.R. y del Estado Dominicano; en consecuencia, se condena a los referidos imputados a cumplir treinta (30) años de reclusión mayor, a cada uno, en la Cárcel Pública de B., por haberse comprobado su responsabilidad penal; SEXTO: Se declaran de oficio las costas penales del procedimiento, en virtud de que los imputados Y.F.M. y/o Y.G.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., han sido asistidos en su defensa técnica por abogados adscritos a la Oficina de la Defensa Pública del Departamento Judicial de B.; SÉPTIMO: En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Código Penal Dominicano y de la parte in fine del artículo 338 del Código Procesal Penal, se ordena la confiscación, a favor del Estado Dominicano, el arma de fuego usada para provocar la muerte al hoy occiso J.L.R., consistente en una pistola S. &W., calibre 9mm, de numeración limada; sin embargo, con respecto a la escopeta sin número ni marca legible, calibre 12, se acoge lo solicitado por el Ministerio Público, por tanto, se ratifica la devolución de la misma a su legítima propietaria el Consorcio Azucarero Central; OCTAVO: Se ordena que la presente sentencia le sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de B., así como al Ministerio de Interior y Policía, para los fines legales correspondientes. En el aspecto civil: NOVENO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil, ejercida por el Dr. L.A.L.C., actuando a nombre y representación de la señora A.R., en su calidad de hermana del hoy occiso J.L.R., contra los imputados Y.F.M. y/o Y.G.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., por haber sido hecha conforme las Rte.: J.L.R. y A.R. demostrado al tribunal el lazo de dependencia económica de ella con respecto al hoy occiso, ni que la muerte del mismo le ha originado un dolor o consternación de tal magnitud que este tribunal entiende que debe ser civilmente indemnizada; UNDÉCIMO: Se compensan pura y simplemente las costas civiles del procedimiento; DUODÉCIMO: Se difiere la lectura integral de la presente sentencia, para el día miércoles, que contaremos a quince (15) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), a las nueve (9:00) horas de la mañana, quedando debidamente convocadas las partes presentes y representadas, para que reciban notificación de la misma”; 6. No conforme con la misma, interpusieron recurso de apelación: Y.G.F. y J.F.F., imputados, siendo apoderada para el conocimiento de dicho recurso la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de B., la cual dictó sentencia, el 05 de diciembre de 2013, siendo su dispositivo: “PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación de fecha 31 del mes de mayo del año 2013, interpuesto por los acusados Y.F.M. y/o Y.G.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., contra la sentencia núm. 57/13, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, en fecha 11 del mes de abril del año 2013, y diferida su lectura integral para el día 15 del mes de mayo del mismo año; SEGUNDO: Declara culpable a los nombrados Y.F.M. y/o Y.G.F.M. (a )M. y J.A.F.F. (a) M., de generales que constan, de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 381 y 383 del Código Penal Dominicano, 24 y 39 párrafo III de la Ley 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas en la República Dominicana, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de J.L.R. y del Estado Dominicano, en consecuencia y sobre la base de los hechos fijados en el cuerpo de la presente se les condena a cumplir la pena de 30 años de Rte.: J.L.R. y A.R. TERCERO: Confirma los demás aspectos de la sentencia recurrida en apelación”; 7. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por: J.A.F.F. y Y.G.F., imputados, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual mediante sentencia, del 26 de mayo de 2014, casó la decisión impugnada y ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, en razón de que, yerra la Corte al validar el criterio establecido por el juez a-quo, al decir que éste actuó de forma correcta cuando excluye el interrogatorio hecho al imputado luego de su aprehensión y posterior trayecto a B. y admite como prueba lícita los testimonios de los militares que participaron en ese arresto y fueron los testigos de dichas declaraciones, sin tomar en cuenta que el sistema de libre valoración de la prueba no consiente para su acreditación que las mismas hayan sido obtenidas o practicadas con vulneración a derechos fundamentales, que el juez debe formar su convicción sobre el fundamento de pruebas practicadas con respeto a estos derechos; que admitir como válido el razonamiento de la Corte cuando afirma que no se requería de la presencia de un abogado ni de un representante del ministerio público para utilizar las informaciones dadas por el imputado y así lograr obtener las armas relacionadas al hecho de sangre, dando como válido lo manifestado por los militares, testigos de estas informaciones, contraviene las disposiciones del Artículo 103 del Código Procesal Penal (…); 8. Establece igualmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que, la Corte A-qua se circunscribe de manera genérica a externar que el acta del Rte.: J.L.R. y A.R. y que al co-imputado J.A.F.F. se le leyeron sus derechos, estando asistido de su defensa técnica al momento de dar informaciones para el esclarecimiento del caso, pero sin responder el punto neural del medio invocado por el recurrente en su instancia de apelación; que igualmente se puede observar del examen a la decisión dictada por la Corte A-qua, a la luz de lo planteado por el recurrente J.A.F.F., que ciertamente esa alzada, al momento de dictar su fallo incluyó en el dispositivo los Artículos 381 y 383 del Código Procesal Penal, sin justificar las razones de tal inclusión; 9. Apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, como tribunal de envío, dictó su sentencia, en fecha 21 de octubre de 2014; siendo su parte dispositiva: “PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos en fechas: A) Treinta y Uno (31) del mes de Mayo del año Dos Mil Trece (2013), por el señor Y.G.F.M. (a) MONGOLO, por mediación del LIC. L.A. DE LEON CUEVAS, Defensor Público de la Ciudad de B., y B) Treinta y Uno (31) del mes de Mayo del año Dos Mil Trece (2013), por el señor J.A.F. FELIZ (A) MINGO, por mediación de la DRA. R.S.B., Defensora Pública de la Ciudad de B., ambos contra la Sentencia No. 57/13 de fecha Once (11) del mes de Abril del año Dos Mil Trece (2013), dada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte la otra sentencia, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte de la sentencia; por haber sido hechos de conformidad con el procedimiento; SEGUNDO: Anula la sentencia recurrida No. 57/13 de fecha Once
(11) del mes de Abril del año Dos Mil Trece (2013), dada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Rte.: J.L.R. y A.R. la cual se condeno a la pena de Treinta (30) años de reclusión mayor a los imputados J.A.F. FELIZ Y Y.G.F.M., y dicta su propia sentencia, obrando por propia autoridad y contrario imperio, y consecuentemente Declara a los indicados señores No Culpables de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 304 y 379 del Código Penal Dominicano, y los artículos 24 y 39 párrafo 3 de la ley No.36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas de la República Dominicana, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de J.L. y del Estado Dominicano, por falta de pruebas y ordena su libertad; TERCERO: Declara las costas penales de oficio, por que los imputados fueron defendidos por abogados de la defensoría pública”; 10. Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: J.L.R. y A.R., querellantes; Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 26 de febrero de 2015, la Resolución No. 367-2015, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la audiencia sobre el fondo del recurso para el día, 08 de abril 2015; Considerando: que los recurrentes, J.L.R. y A.R., querellantes, alegan en su escrito de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte A-qua, los medios siguientes: “Primer Medio: Inobservancia y errónea aplicación de la Ley; Segundo Medio: Falta de motivación en la sentencia que ordena la libertad de los imputados”; Haciendo Valer, en síntesis, que: 1. La Corte A-qua no respondió lo alegado por los recurrentes con relación a que en el expediente reposa un interrogatorio practicado al imputado por Rte.: J.L.R. y A.R. 2. La Corte A-qua en su decisión sólo se refiere a la valoración de las declaraciones ofrecidas por el imputado Y.F. durante su traslado de Santo Domingo a B.; sin embargo, no se refiere a los demás medios de prueba, tanto documentales como testimoniales aportados; Considerando: que la Corte A-qua fue apoderada por envío ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a consecuencia del recurso de casación interpuesto por los recurrentes: J.A.F.F. y Y.G.F., imputados, en razón de que la Corte A-qua yerra al validar el criterio establecido por el juez a-quo, al decir que éste actuó de forma correcta cuando excluye el interrogatorio hecho al imputado luego de su aprehensión y posterior trayecto a B. y admite como prueba lícita los testimonios de los militares que participaron en ese arresto y fueron los testigos de dichas declaraciones, sin tomar en cuenta que el sistema de libre valoración de la prueba no consiente para su acreditación que las mismas hayan sido obtenidas o practicadas con vulneración a derechos fundamentales, que el juez debe formar su convicción sobre el fundamento de pruebas practicadas con respeto a estos derechos; que admitir como válido el razonamiento de la Corte cuando afirma que no se requería de la presencia de un abogado ni de un representante del ministerio público para utilizar las informaciones dadas por el imputado y así lograr obtener las armas relacionadas al hecho de sangre, dando como válido lo manifestado por los militares, testigos de estas informaciones, contraviene las disposiciones del Rte.: J.L.R. y A.R. Considerando: que establece igualmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que, la Corte A-qua se circunscribe de manera genérica a externar que el acta del interrogatorio practicado al imputado Y.G.F. fue excluida y que al co-imputado J.A.F.F. se le leyeron sus derechos, estando asistido de su defensa técnica al momento de dar informaciones para el esclarecimiento del caso, pero sin responder el punto neural del medio invocado por el recurrente en su instancia de apelación; que igualmente se puede observar del examen a la decisión dictada por la Corte A-qua, a la luz de lo planteado por el recurrente J.A.F.F., que ciertamente esa alzada, al momento de dictar su fallo incluyó en el dispositivo los Artículos 381 y 383 del Código Procesal Penal, sin justificar las razones de tal inclusión; Considerando: que la Corte A-qua para fallar como lo hizo, estableció que: “1. (…) Que los motivos expuestos por los recurrentes en ambos recursos guardan similitud, por tanto le dará respuesta a los mismos de manera conjunta, ya que en primer término los recurrentes plantean violación al debido proceso y al derecho de defensa, en virtud de que las declaraciones rendidas por los co-imputados, de manera específica, por Y.G.F., fueron utilizadas para condenarlos, refiere este último, que las mismas fueron dadas a los agentes policiales mientras era trasladado de Santo Domingo a B., en violación al artículo 103 y siguientes del Código Procesal Penal, en detrimento de sus derechos, y tal como ha sido alegado por los recurrentes, este tribunal ha comprobado que el vicio denunciado está contenido en la sentencia impugnada, por lo que procede acoger este motivo; 2.Que tal y como ha sido alegado por los recurrentes los jueces del tribunal aquo al dictar sentencia condenatoria en contra de los imputados y haberlos condenado a cumplir Treinta (30) años de reclusión mayor a cada Rte.: J.L.R. y A.R. declaraciones de los oficiales investigadores, los cuales extrajeron hechos y circunstancias, de lo declarado por el imputado Y.G.F., en su trayectoria desde Santo Domingo a B., que incidieron de manera directa en la solución del caso que culminó con la sentencia condenatoria en contra de los recurrentes, como es el caso del hallazgo de las armas involucradas en el hecho de sangre, declaraciones estas que fueron excluidas por la jurisdicción de juicio por ser violatorias al sagrado derecho de defensa de éste como co-imputado, por el hecho de que supuestamente las mismas hayan sido dadas de manera espontaneas y sin coacción, según lo dicho por los oficiales deponentes, ya que cuando la jurisdicción de juicio excluye una prueba, como ocurrió en el caso de la especie, esto produce no solamente la nulidad de la prueba obtenida directamente con vulneración de un derecho fundamental, sino, también las posteriores pruebas ilícitas, obtenidas directamente de la fue excluida, por aplicación de la teoría del árbol envenenado; 3. Que tal y como ha sido alegado por la parte recurrente en la página 21 de la referida sentencia, continuando en la pagina 22, cuando el tribunal falla un incidente por la barra de la defensa, en la que solicita la exclusión de una entrevista realizada a Y.G.F.M.Y.Y.F.M. (a) MONGOLO, por entender que en la misma fueron violados derechos fundamentales del imputado; a esta solicitud el tribunal responde: “Que este tribunal debe ordenar la exclusión probatoria del interrogatorio del imputado Y.G.F.M.Y.Y.F.M. (a) MONGOLO, ya que se ha podido establecer que para la realización de dicho interrogatorio no se cumplió con el debido proceso de ley, en tanto a dicho imputado no le fueron leídos sus derechos”; sin embargo, valora elementos de prueba que le dan credibilidad a los mismos, teniendo estos las mismas violaciones, es decir, las declaraciones de los testigos que expusieron en el plenario, por lo que esto constituye una contradicción e ilogicidad en la motivación de la sentencia, por lo que procede que esta corte acoja este motivo, por haber verificado que está contenido en la sentencia atacada; 4. Que en la sentencia atacada, no se hace constar ningún elemento que Rte.: J.L.R. y A.R. entrevista realizada a Y.G.F.M.Y.Y.F.M. (a )M., la cual fue excluida como elemento probatorio por violación al debido proceso de ley, por tanto la inobservancia de una norma, es decir del artículo 14 del Código Procesal Penal, que establece que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad, ha sido inobservado por el tribunal aquo, por tanto este vicio está contenido en la sentencia y por tanto el medio debe ser acogido; 5. Que de todo lo anteriormente expuesto se deduce que el tribunal a-quo al fallar como lo hizo, el cual les impuso una condena de treinta (30) años a los imputados, dio como bueno y valido el hecho de que los militares actuantes en el proceso al recibir las declaraciones de los co-imputados sin observancia del debido proceso, no violaron los derechos de los recurrentes; 6. Que el tribunal a-quo al validar las declaraciones de los oficiales investigadores, entendió que no se requería la presencia de un abogado ni de un representante del ministerio público para utilizar las informaciones dadas por el imputado y así lograr obtener las armas relacionadas con el hecho de sangre, constituyéndose dichos militares en testigos de estas informaciones, contraviniendo las disposiciones del artículo 103 del código procesal penal, el cual establece en la segunda parte de su párrafo primero lo siguiente: “Los funcionarios o agentes policiales solo tienen derecho a requerir del imputado los datos correspondientes a su identidad, cuando este no se encuentre debidamente individualizado. Si manifiesta su deseo de declarar, se le hace saber de inmediato al ministerio público correspondiente”, lo que no ocurrió en la especie, máxime, que el interrogatorio practicado al imputado fue excluido como medio de prueba, por lo que procede acoger los medios propuestos por los recurrentes”; Considerando: que de lo transcrito precedentemente resulta que, como alegan los recurrentes, la decisión de la Corte A-qua no se refiere a los medios de prueba que reposan en el expediente, consistentes en: Acta Médico Legal, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en fecha 19 de agosto de Rte.: J.L.R. y A.R. Defunción, de fecha 23 de agosto de 2010); Informe de Autopsia Judicial, de fecha 20 de agosto de 2010 (ninguna de las cuales fue controvertida), acta de entrega voluntaria de pistola (con la que infirió el disparo al occiso, según prueba de balística); acta de entrega voluntaria de escopeta (robada al occiso); Acta de Inspección, de fecha 19 de agosto de 2010; Informe Pericial, Sección de Balística Forense, de fecha 18 de enero de 2011, emitido por el INACIF; declaraciones de la víctima; interrogatorio al imputado Y.F., de fecha 29 de octubre de 2010, (interrogatorio que resultó ser excluido posteriormente); interrogatorio al imputado J.A.F.F.; declaraciones de la persona que compró ambas armas e hizo entrega voluntaria de las mismas (Dervin Manuel Encarnación Rubio), entre otras; Considerando: que de la aplicación de los preceptos legislativos examinados precedentemente, como reglas y como excepciones, estas S.R. son del criterio de que las declaraciones del imputado Y.F., obtenidas en violación a las disposiciones del Artículo 103 del CPP según lo establecido por la Corte A-qua en la decisión recurrida, no invalidan los demás medios de prueba anteriormente citados y que reposan en el expediente, los cuales permiten al juzgador llegar a conclusiones fácticas de lugar, y que fueron obtenidos en observancia a las garantías y derechos constitucionales, tratados internacionales y a la normativa procesal penal; Considerando: que ciertamente como particularidad aplicada al caso estas S.R. han comprobado que las declaraciones del imputado Y. Rte.: J.L.R. y A.R. dadas en fecha 29 de octubre de 2010, mientras que las demás pruebas aportadas, en su mayoría, fueron emitidas con fecha 19 y 20 de agosto del mismo año, lo que en efecto permitía válidamente tomarlas en cuenta; Considerando: que del análisis de los motivos expuestos por la Corte Aqua y al examinar los motivos alegados por los recurrentes, se pone de manifiesto que la Corte A-qua incurrió en el vicio denunciado relativo a inobservancia y errónea aplicación de la ley; Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de los jueces las costas pueden ser compensadas. Por tales motivos, Las S.R. de la Suprema Corte de Justicia, FALLAN: PRIMERO: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación incoado por: J.L.R. y A.R., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, el 21 de octubre de 2014; SEGUNDO: Declaran con lugar, en cuanto al fondo, el recurso de casación de que se trata, y casan la referida sentencia, y ordenan el envío del proceso por ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, para una nueva valoración del recurso; Rte.: J.L.R. y A.R. TERCERO: Compensan el pago de las costas del procedimiento; CUARTO: Ordenan que la presente resolución sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. Así ha sido hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, Capital de la República, el veinte (20) de mayo de 2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. (Firmados).-M.G.M..-Julio C.C.G..-Manuel R. Herrera Carbuccia.-Víctor J.C.E.-EdgarH.M..-M.O.G.S..-S.I.H.M..-José Alberto Cruceta Almánzar.-F.E.S.S..-Alejandro A. Moscoso Segarra.-Esther E. Agelán Casasnovas.-F.A.J.M..- La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.