Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S32-04.html
Timestamp: 2014-08-21 10:11:35
Document Index: 161545426

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 17']

Massacre de Corumbiara v. Brasil, Caso 11.556, Informe No. 32/04, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1 en 814 (2004). INFORME Nº 32/04
135. El objeto del proceso interno es determinar la responsabilidad individual por la vulneración de derechos fundamentales cometidas ya sea por agentes del Estado o por personas que no ostenten tal carácter, mientras que el objeto del proceso internacional es establecer si existe responsabilidad internacional del Estado por la violación a derechos humanos consagrados en tratados y otros instrumentos internacionales. De manera que mientras en el proceso interno es imprescindible determinar el autor de la violación para poder condenarlo, en el proceso internacional no es indispensable conocer la identidad del agente estatal que cometió la violación de derechos humanos. Basta que se haya determinado que la violación la cometió un agente del Estado, aun cuando su identidad no se haya establecido, para que surja la responsabilidad internacional del Estado.[40] Asimismo, aún cuando no se haya determinado el autor individual de la violación, corresponde al Estado indemnizar a la víctima, o a sus familiares, si tal violación fue cometida por un agente estatal. 136. Cabe destacar igualmente que no corresponde a la CIDH determinar responsabilidad internacional del Estado por las muertes de los policías que ocurrieron en el presente caso, así como por las lesiones causadas a otros. Ello constituye una atribución y un deber del Estado, que debe investigar tales hechos y sancionar a los responsables. En efecto, el Estado se encuentra en la obligación de investigar debidamente y sancionar a los trabajadores responsables por las muertes y heridas ocasionadas a los policías, y la omisión de tal obligación puede igualmente acarrearle al Estado responsabilidad internacional. En tal supuesto el Estado tendría inclusive la obligación de reparar a los familiares de los policías por la violación de tal obligación de investigar los hechos. En el presente caso, sin embargo, no se ha denunciado responsabilidad del Estado en tal sentido, y más bien es un hecho no controvertido que el Estado investigó y sancionó a los que encontró responsables por las muertes de los policías que perecieron en los hechos.
146. El operativo de desalojo comenzó cuando los policías llegaron en la madrugada al campamento. De los alegatos y pruebas del presente caso la Comisión no tiene elementos concluyentes para determinar los detalles precisos de la operacion de desalojo. Sin embargo, puede establecerse que la Policía Militar incursionó en el campamento de los trabajadores ocupantes, en plena madrugada, con bombas lacrimógenas, despliegue y utilización de armas de fuego por policías militares, com el rostro cubierto o pintado, quienes además fueron auxiliados por pistoleros armados contratados por hacendados de la zona.
149. De los hechos del caso no se desprende la duración exacta de la operación de desalojo. El asalto por la policía militar se inició alrededor de las 3:00 a.m., siendo que para aproximadamente el mediodia del mismo día 9 de agosto de 1995 la policía militar tenía totalmente controlada la situación, con los trabajadores ocupantes sobrevivientes totalmente inmovilizados, quedando detenidos 355 de ellos.
150. Surge asimismo que la resistencia armada que efectuaron algunos trabajadores ocupantes al operativo policial militar de desalojo habría sido sofocada totalmente por la policía militar alrededor de las 7:00 a.m. del 9 de agosto de 1995; que luego de tener controlada la situación los policías militares dieron muerte a trabajadores que se encontraban totalmente dominados, y que, asimismo, auxiliados por los pistoleros armados, se dedicaron a torturar y agredir a los trabajadores ocupantes, a humillarlos y a someterlos con uso desproporcional, abusivo e innecesario de la fuerza pública. 151. Una vez concluido el enfrentamiento inicial, los policías militares y los pistoleros armados asumieron control absoluto de la situación, pasando a tener dominio absoluto y total sobre todos los trabajadores, quienes se encontraban inmovilizados y bajo control físico de los policías, ya fuera en el área del campamento que habían levantado los trabajadores o en la base de la policía militar, ubicada en la cancha de fútbol.
152. En relación con los hechos del presente caso la Policía Civil del Estado de Rondonia inició una investigación sobre la responsabilidad penal de los trabajadores por la muerte de los dos policías que perecieron en los hechos. Dicha indagatoria policial, distinguida com el Nº 098/95, fue iniciada el 9 de agosto de 1995 por el Comisario de Policía de Colorado do Oeste, con el objeto de investigar a Valtar da Silva y otros trabajadores ocupantes por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia, previstos en los artículos 329 y 330 del Código Penal brasileño.
153. Por otra parte, no fue hasta el 16 de agosto de 1995, es decir, cuando ya habían transcurrido 7 días después de los sucesos, que la Policía Militar inició una investigación a los policias militares que participaron en los hechos, por los delitos cometidos por ellos en contra de los trabajadores ocupantes, siendo que recién el 30 de agosto de 1995, casi un mes luego de ocurridos los hechos, fue que se iniciaron sus trabajos.
157. No hubo una investigación exhaustiva respecto a la forma en que murieron la mayoría de los trabajadores que perecieron en los hechos. No se investigó a ninguna autoridad en relación con tales hechos, y no se enjuició a los hacendados ni a los funcionarios y pistoleros de éstos que auxiliaron en los hechos. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho que a pesar de fundados indicios que lo vincularían y responsabilizarían por los hechos, el hacendado Antenor Duarte no fue sometido a juicio. 158. Concluidas las investigaciones el Ministerio Público pidió la absolución de muchos de los policías investigados.
159. El juicio por la masacre de Corumbiara se efectuó los días 14, 21, 23, 25, 29 y 31 de agosto de 2000, y los días 4 y 6 de septiembre del mismo año. Doce policías fueron sometidos a juicio, diez de los cuales fueron enjuiciados por la muerte de los trabajadores José Marcondes da Silva, Ercilio Oliveira Campos, y el conocido como H5, resultando condenados tres de ellos. El policía militar juzgado por intento de homicidio contra Moacir Camargo Ferreira fue absuelto. El oficial juzgado por haber permitido el retiro de Sergio Rodrigues Gomes, que se encontraba detenido en la cancha de fútbol el día de los hechos, fue absuelto. No se juzgó a nadie por las muertes de Vanessa dos Santos Silva, Enio Rocha Borges, Odilón Feliciano, Nelci Ferreira, Alcindo Correia da Silva y Ari Pinheiro dos Santos. 160. Como resultado del juicio, en consecuencia, un oficial de la policía militar y dos soldados de dicha policía fueron condenados, todos en relación con la muerte de los trabajadores José Marcondes da Silva, Ercílio Oliveira Campos y el trabajador identificado como “H5”. Los condenados fueron Vitório Regis Mena Mendes, Capitán de la Policía Militar, que fue sentenciado a 19 años y medio de reclusión, a ser cumplidos en régimen cerrado; el policía militar Daniel da Silva Furtado, condenado a 16 años de reclusión en régimen cerrado; y el policía militar Airton Ramos de Morais, condenado a 18 años de reclusión en régimen cerrado. A los tres condenados se les otorgó el beneficio de aguardar en libertad la adquisición de cosa juzgada de la sentencia. A la presente fecha el Estado no ha informado a la Comisión sobre el resultado de los recursos interpuestos en contra de las sentencias condenatorias, ni si las personas condenadas se encuentran cumpliendo la condena que les fue impuesta.
la obligación de proteger la vida, bajo el artículo 2 de la Convención, leido conjuntamente con las obligaciones generales del Estado bajo el artículo 1 de la Convención conforme al cual “reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio”, requiere por implicación que tiene que haber alguna forma de investigación efectiva cuando se haya dado muerte a personas como resultado del uso de fuerza.[50]
205. Del análisis de las circunstancias generales del caso y de los alegatos y pruebas de las partes la Comisión no cuenta con elementos para concluir que, con relación a la muerte de la niña Vanessa dos Santos, el Estado brasileño sea responsable por la violación de su obligación de respetar el derecho a la vida. Ello debido a que su muerte se produjo durante la primera etapa del conflicto mencionada supra, durante la cual se estaba produciendo un enfrentamiento a tiros, en plena madrugada, entre la policía militar y algunos de los trabajadores. En tales circunstancias los policías, haciendo uso legítimo de la fuerza pública, disparaban a los trabajadores, y los trabajadores disparaban contra la policía. De manera que en medio del tiroteo y de la confusión una bala alcanzó, lamentablemente, a la niña Vanessa, sin que se haya determinado si el arma con que se disparó fue accionada por un agente estatal, ni de qué lugar provino dicha bala, ni ninguna otra circunstancia que permita a la Comisión establecer con precisión las circunstancias de su muerte. 206. La Comisión considera importante resaltar que el Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas dispone expresamente que deben realizarse esfuerzos especiales para evitar el uso de armas de fuego contra niños.[52] En el caso de autos, las fuerzas policiales conocían que entre los trabajadores ocupantes habían niños y niñas, y sin embargo no consta que hayan adoptado ninguna medida especial para no disparar contra ellos y ellas. La anterior circunstancia, sin embargo, no es suficiente para determinar que fue un agente del Estado el que dio muerte a la niña Vanessa.
213. Jesus Ribeiro de Souza. La Comisión considera comprobado que el señor Jesús Ribeiro fue detenido con otros trabajadores, y posteriormente sometido a examen forense, no habiéndose comprobado en ese momento lesión visible alguna. El señor Ribeiro de Souza alegaba padecer mucho dolor después del conflicto, y falleció cerca de cuatro meses después.
217. José Marcondes da Silva, Ercilio Oliveira Campos, y H5 (trabajador no identificado). La Comisión considera comprobado que estos tres trabajadores resistieron de manera activa y armada a la policía militar, y que se encontraban en un lugar en lo alto, desde donde disparaban a la policía. Surge igualmente de autos que los policías, cubriéndose con mujeres que obligaron a desplazarse inmediatamente delante de ellos, para tratar de evitar así ser alcanzadoss por los disparos de los trabajadores, consiguieron llegar al lugar desde donde estos trabajadores disparaban, luego de lo cual esos trabajadores se rindieron, y se encontraron bajo dominio absoluto de los policías.
246. Agostinho Feliciano Neto. La Comisión da por establecido que al salir de su casa el día de los hechos recibió un disparo en el tórax y otro en el pie derecho. Sin embargo, con respecto a esta situación específica la Comisión no tiene elementos suficientes para determinar responsabilidad internacional del Estado brasileño en relación con su obligación de respetar el derecho a la integridad personal, debido a que no está establecido si los hechos ocurrieron en el contexto del enfrentamiento con fuego cruzado que se originó, o posteriormente, ni de donde provinieron los disparos, ni ninguna otra circunstancia respecto a este incidente específico. 247. Sin embargo, la Comisión considera que el Estado brasileño incumplió su obligación internacional de investigar y sancionar a los responsables por las lesiones sufridas por Agostinho Feliciano Neto, y violó con ello su obligación de garantizar el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, interpretado en concordancia con el artículo 1(1) de dicho tratado.
259. Aunque en el informe sobre admisibilidad relativo al presente caso no hubo pronunciamiento respecto a eventuales violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Comisión, con base en el principio iura novit curia, determinará si respecto a los hechos bajo estudio el Estado brasileño incurrió en violaciones a dicho tratado. 260. A los efectos de pronunciarse sobre las violaciones a la obligación de investigar imputadas al Estado brasileño en el presente caso, la Comisión observa que en relación a los hechos ocurridos en la hacienda Santa Elina el 9 de agosto de 1995 el Estado brasileño inició dos investigaciones, una a través de la Policía Civil de Rondonia, para investigar a los trabajadores, y otra a través de la Policía Militar, para investigar a los policías militares en relación con los mismos hechos.
275. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la explicada legislación brasileña implica una violación per se a los artículos 1(1), 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que la competencia asignada a la policía militar para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes impide que un órgano independiente, autónomo e imparcial realice tal investigación. 276. La conclusión anterior no se ve modificada por el hecho de que la policía militar tenga a su cargo únicamente la investigación inicial, y que la competencia para juzgar haya sido atribuida a los tribunales del fuero penal ordinario. Ello debido a que la investigación del caso por parte de la policía militar brasileña precluye la posibilidad de una investigación objetiva e independiente ejecutada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las fuerzas de seguridad. El hecho de que la investigación de un caso haya sido iniciada por la policía militar brasileña puede imposibilitar una condena aún si el caso pasa luego al fuero penal ordinario, dado que probablemente debido a la falta de independencia e imparcialidad de la policía militar brasileña para investigar a sus propios agentes, la investigación y recolección inicial de pruebas se realiza generalmente con el propósito de dificultar el juzgamiento y tratar de garantizar la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
285. De tal manera el Estado brasileño incumplió su obligación de investigar seriamente los hechos de Corumbiara, y privó tanto a las víctimas como a sus familiares, de un recurso efectivo en relación con tales hechos, toda vez que no realizó las mínimas actuaciones necesarias para el establecimiento adecuado de todos los hechos y la determinación de las responsabilidades penales de todos los responsables. 286. La Comisión observa también que la falta de investigación de las torturas infligidas a los trabajadores constituye igualmente una violación del Estado brasileño a las obligaciones que asumió de conformidad con las mencionadas disposiciones contenidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
306. En relación con la violación al artículo 4 de la Convención, el presente pronuncimiento comprende a las siguientes víctimas: Alcindo Correia da Silva, Odilon Feliciano, Sergio Rodrígues Gomes, Nelci Ferreira, Ari Pinheiro dos Santos, Vanessa dos Santos Silva, Enio Rocha Borges, Jesus Ribeiro de Souza, José Marcondes da Silva, Ercilio Oliveira Campos, y el trabajador no identificado conocido como “H5”. Ello en el entendido que la responsabilidad del Estado respecto a las tres últimas víctimas se limita a la falta de indemnización a los familiares de éstas, pues el Estado investigó y sancionó debidamente a los responsables por la muerte de dichas personas. En lo relativo a la violación al artículo 5 de la Convención Americana y a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, las víctimas específicas que comprende el pronunciamiento son las siguientes: Darci Nunes do Nascimento, Antonio Ferreira da Silva, Alzira Augusto Monteiro, José Carlos Moreira, Claudionor Paula, Ana Paula Alves, Jair Nunes de Morais, Edimar Silírio Dias, Eilvo Hilário Schneider, Arivaldo Neckel de Almeida, Zildo Gomes Cunha, Valtair Alves da Silva, Geraldo Francisco Clara, Claudemir Pereira, Paulo Correia da Silva, Moacir Camargo Ferreira y Agostinho Feliciano Neto. VII. RECOMENDACIONES
Notes______________________ [1] El Comisionado Paulo Sergio Pinheiro, nacional de Brasil, no participó en la consideración o votación de este caso de conformidad con el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la CIDH.