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Timestamp: 2020-07-13 21:38:07
Document Index: 208076441

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 47']

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias
Segunda Actuaciones a realizar por el CERMI
Tercera Actuaciones a desarrollar por el MINPTFP
Cuarta Titularidad de los trabajos realizados
Séptima Validez, eficacia y vigencia
Décima Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento
Undécima Régimen jurídico del Convenio y resolución de conflictos
La Ministra de Política Territorial y Función Pública y el Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han suscrito, con fecha 12 de junio de 2020, un Convenio para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias.
a 12 de junio de 2020.
De una parte, doña Carolina Darias San Sebastián, Ministra de Política Territorial y Función Pública, según nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, BOE de 13 de enero, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en virtud de la Resolución de 4 de junio de 2020, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la citada Ley 40/1015, por la que se avoca la competencia para la celebración del presente Convenio, competencia que se encuentra delegada en la Dirección General de Gobernanza Pública conforme a la Orden TFP/296/2019, de 12 de marzo.
I. Que la reducción de cargas administrativas constituye un objetivo y un compromiso del Gobierno de España, correspondiendo al Ministerio de Política Territorial y Función Pública (en adelante MINPTFP), la simplificación administrativa, el estudio de las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de cargas administrativas que han de aplicarse para flexibilizar las estructuras de las Administraciones Públicas y superar las dificultades que puedan encontrar los ciudadanos y empresas para relacionarse con ellas.
A este respecto, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los estados, entre otras medidas, prestar una atención particular a la mejora de la tramitación mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas, así como crear o mantener dentro de los servicios de sus administraciones un organismo consultivo compuesto de representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la Administración con vistas a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación. En este sentido, cabe citar las Conclusiones del Consejo de Competitividad de 27 de mayo de 2019 sobre «Un nuevo nivel de ambición para un mercado único competitivo» en las que se aboga por que los estados asuman compromisos y objetivos concretos con el fin de prevenir y eliminar las cargas innecesarias.
II. Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a seguir para enmarcar sus agendas y políticas públicas hasta 2030, promueven la creación de instituciones eficaces que rindan cuentas, así como garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la sociedad. Se promueve que tanto el sector privado como la ciudadanía adopten un rol activo en la adopción de los ODS y su cumplimento, y por tanto, colaboren con las administraciones en los cambios que estas promueven.
III. En este marco general, el MINPTFP ha venido formalizando convenios con diversas entidades representativas, entre las que se encuentra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el fin de que esta Organización y sus asociados puedan contribuir con su experiencia al proceso de identificación de cargas administrativas en las áreas de actividad que representan, a la formulación de nuevas propuestas de mejora y a la difusión entre sus asociados de los resultados alcanzados.
IV. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, corresponde al MINPTFP la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de función pública, administración y gobernanza públicas. En particular, el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública le atribuye la política de la reducción de cargas administrativas y la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos y de la calidad de los servicios públicos, en el ámbito de la Administración General del Estado.
Que el MINPTFP tiene entre sus prioridades la mejora de la atención al ciudadano en la Administración General del Estado y, muy especialmente, el desarrollo de planes y programas que mejoren la atención y la inclusión de las personas con discapacidad. En este sentido, el MINPTFP desea conocer con qué tipo de trabas burocráticas se enfrentan estas personas cuando se relacionan con la Administración General del Estado. Y ello, con el fin de reducir esas cargas administrativas que se detecten como innecesarias y por tanto, susceptibles de ser eliminadas.
V. Que el CERMI, como plataforma de representación, acción y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, de la que forman parte todas las grandes organizaciones estatales de la discapacidad, integradas a su vez por más de 7.000 asociaciones, federaciones, organizaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3.8 millones de personas con discapacidad que hay en España, tiene entre sus fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales de las personas con discapacidad y sus familias, poniendo los medios para lograr la plena normalización e inclusión de este grupo social en todos los órdenes de la vida.
Para la consecución de sus objetivos, traslada ante los poderes públicos, los distintos agentes y operadores, y la sociedad, mediante propuestas constructivas, articuladas y contrastadas técnicamente, las necesidades y demandas del grupo de población de la discapacidad, asumiendo y encauzando su representación, para promover la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la emancipación social y, en general, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos con discapacidad y de sus familias.
VI. Que tanto el MINPTFP como el CERMI desean mejorar y garantizar el despliegue de las iniciativas acordadas con el fin de incrementar la inclusión y la normalización sociales de las personas con discapacidad, promoviendo el acceso regular y sin exclusiones de esta parte de la ciudadanía a los servicios y prestaciones de la Administración General del Estado, mediante la coordinación de esfuerzos y la ampliación del marco de colaboración conjunta ya existente.
En consecuencia con lo expuesto, las partes consideran oportuno suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes
1. El CERMI se encargará de realizar, en colaboración con el MINPTFP, una labor de análisis de las obligaciones de información y cargas burocráticas derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afecten a las personas con discapacidad y a sus familias, suministrarán información adecuada, participarán en las funciones de análisis de las cargas administrativas y en la elaboración de propuestas de reducción de las mismas, simplificación, homogeneización y coordinación administrativa.
2. La colaboración objeto de este Convenio se articulará mediante las siguientes actuaciones.
2.1 Diseño de propuestas de reducción de cargas. Por parte del CERMI se diseñarán propuestas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a las personas con discapacidad, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes. Dichas propuestas serán concretas y contrastadas e irán destinadas a contribuir en el impulso y mejora de la relación de las personas con discapacidad con la Administración, con una traslación práctica y directa.
Para la elaboración de las propuestas se realizará una revisión documental y un análisis de fuentes secundarias, así como una consulta a personas con discapacidad y a entidades del entorno CERMI con el fin de identificar medidas que permitan reducir cargas administrativas relacionadas con las personas con discapacidad. A partir de dicha información, se elaborarán fichas identificativas y descriptivas sobre las cargas.
Las propuestas irán acompañadas, como aspectos principales, de la correspondiente estimación del ahorro que generarían, de la normativa a modificar y organismo vinculado. La medición de dichos ahorros se hará de acuerdo con la metodología establecida en el Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
El CERMI hará entrega al MINPTFP, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, del informe en el que se relacionarán los trámites identificados y las propuestas de reducción de cargas. El documento se entregará, en todo caso, antes del 20 de noviembre de 2020.
2.2 Otras actividades. Cuantas otras actividades o servicios se consideren necesarios o convenientes para el buen desarrollo del Convenio.
Entre estas actividades pueden encuadrarse el desarrollo de laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas y simplificación de procedimientos que el MINPTFP podría promover, con el fin de fomentar la implicación de los órganos gestores y expertos de los sectores afectados. En este contexto, el CERMI podría participar, directamente o a través de la designación de representantes con experiencia en la materia de que se trate.
1. Asesoramiento: Asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, así como sobre el Método Simplificado de medición de cargas administrativas.
2. Seguimiento: Seguimiento de los trabajos realizados por la Organización durante la vigencia del Convenio, a través de reuniones periódicas concertadas por las partes.
3. Comisión de seguimiento: Convocatoria para la constitución de la Comisión de Seguimiento a que se refiere la cláusula sexta de este Convenio.
4. Análisis de las propuestas presentadas: Remisión de las propuestas presentadas por la organización a los Departamentos ministeriales competentes por razón de la materia objeto de las iniciativas. Se elaborará un informe con las valoraciones de los Departamentos, que será remitido al CERMI.
5. Difusión y comunicación: El MINPTFP podrá dar difusión en sus medios de la firma del Convenio y los resultados obtenidos.
1. El coste total de las actividades derivadas del presente Convenio se eleva a dieciocho mil ochocientos cincuenta euros (18.850 €).
2. El MINPTFP aportará la cantidad de diecisiete mil cuatrocientos euros (17.400 €), y el CERMI la cantidad de mil cuatrocientos cincuenta euros (1.450 €), que, de conformidad con sus acuerdos de colaboración internos, serán aportados en especie, a través de actuaciones valorables económicamente sobre las que el CERMI emitirá la oportuna certificación.
3. A partir de la publicación de este Convenio en el BOE, el MINPTFP abonará al CERMI los pagos correspondientes previa justificación de los servicios realizados, con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto de 2020, del Proyecto de inversión 200922002000100.
A tal efecto, el CERMI remitirá al MINPTFP documentación justificativa de las actividades relacionadas con las propuestas para la reducción de cargas administrativas del presente Convenio. Se considera como documentación justificativa del gasto, además del documento de cargo que emita el CERMI, la certificación acreditativa del órgano competente del CERMI en que se especifique el alcance de las labores desarrolladas por este Comité en el marco del Convenio. Complementariamente, y para la justificación de los gastos en que se han incurrido, se remitirán facturas, certificados emitidos por representante de la organización en los que figuren los gastos imputables al convenio o documentos probatorios equivalentes.
4. A partir de la publicación en el BOE del presente Convenio, y antes de su finalización, el CERMI se compromete a abonar la totalidad de su aportación para financiar las actividades previstas en la cláusula segunda del presente Convenio, presentando certificación acreditativa.
El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del MINPTFP y por dos representantes del CERMI, designados por las autoridades firmantes del Convenio. Estará presidida por el titular de la Dirección General de Gobernanza Pública o funcionario en quien delegue.
Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada Ley. Resolverá todas las incidencias o controversias que puedan surgir sobre la interpretación, resolución y efectos de este Convenio.
El presente Convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y adquirirá eficacia desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y una vez publicado en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo de vigencia se extiende desde su publicación en el BOE hasta el 31 de diciembre de 2020.
La realización de las actividades relativas a las propuestas para la reducción de cargas administrativas de la cláusula segunda, recopilación, análisis y presentación de propuestas de reducción de cargas, se desarrollará durante el periodo comprendido entre la publicación del Convenio en el BOE, y el 20 de noviembre de 2020.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes, y deberá realizarse mediante adenda modificativa y autorizada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el artículo 50.2.c) de dicha Ley.
– Por denuncia de cualquiera de los firmantes mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al menos, dos meses de antelación a la fecha de resolución.
– Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará al otro firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se considera de los establecidos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, por tanto, queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI, del título preliminar, de dicha Ley.
Y en prueba de conformidad firman por duplicado en el lugar y fecha al comienzo indicados.
–Por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad,
Luis Cayo Pérez Bueno.