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Timestamp: 2018-09-24 03:44:48
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Comprar un título nobiliario ha sido una práctica que fue históricamente conocida en España durante el Antiguo Régimen. La compra de títulos fue acogida siempre con extrema excepcionalidad, en casos poco frecuentes. No obstante, la adquisición de títulos de nobleza contaba, en estos supuestos, con la pertinente autorización por parte del Rey. En algunos casos, el título mantenía su denominación y, en otros, tomaba una nueva, que reflejaba alguna circunstancia propia del nuevo poseedor. Pueden ofrecerse ejemplos históricos que ilustren lo que se está comentando. Entre las ventas de títulos nobiliarios con cambio de denominación, cabe citar: ● Marquesado de Melgar de Fernamental. Concedido por Carlos II a Dña. María Luisa de Toledo y Barreto en 1672, su venta fue autorizada por Felipe V a D. Juan Bautista de Echevarría y Arocha en 1727, que modificó su denominación por la de Marqués de Soto Hermoso. ● Condado de Villalvilla. Carlos III permitió su venta en 1764 a favor de D. Antonio Aguado y Delgado. Otorgado por Felipe IV en 1650 a D. Juan Francisco Balli y Spínola, pasó a denominarse Conde de Montelirios. ● Marquesado de Contreras. Este título, con el que Carlos III había agraciado en 1772 a D. José de Contreras y Ulloa, fue vendido en 1797, con autorización de Carlos IV, a D. Félix Pastor y Durán, siendo conocido en adelante como Marqués de San Joaquín y Pastor. Por otro lado, también pueden señalarse ventas tras las cuales los títulos nobiliarios mantuvieron su denominación tradicional: ● Marquesado de Bellestar. Otorgado por Carlos II el 20 de noviembre de 1690 a D. Félix Costa y Garcés, resultó vendido en 1758 a D. Francisco Álvarez de Castro, con autorización de Fernando VI. ● Condado de la Puebla de los Valles. Fernando VII dio licencia en 1831 a la venta a favor de D. Ramón Calvo de Tejada y Valenzuela de este título, con el que Carlos II había distinguido el 30 de septiembre de 1691 a D. Melchor de Liñán y de Cisneros. ● Marquesado de Villalba. Concedido por Carlos II el 15 de febrero de 1693 a D. Agustín de Villanueva y Díez de Villegas, su venta a D. Cecilio de Ayllón y Silva fue autorizada en 1839 por la Reina Regente Dña. María Cristina de Borbón. Históricamente es posible encontrar ejemplos de un mismo título nobiliario que haya sido objeto de compra y venta en más de una ocasión. Tal vez el caso más conocido sea el del Condado de Chinchón. El título nobiliario de Conde de Chinchón fue concedido el 9 de mayo de 1520 por Carlos I a D. Fernando de Cabrera y Bobadilla. Siguió transmitiéndose mortis causa por vía hereditaria hasta el año 1738, en que Felipe V autorizó a su poseedor, D. José Sforza Cesarini y Conti, Duque de Genzano y Conde de Santa Flora, a venderlo a su propio hijo, el Infante D. Felipe de Borbón. El Infante D. Felipe, además de hijo de Felipe V, lo era también de la segunda esposa de éste, Isabel de Farnesio. Con motivo de la Guerra de Sucesión de Austria, en la que España tomó parte beligerante a partir de 1741, Felipe V envió sendos ejércitos expedicionarios a Italia para conquistar el Milanesado y los dominios de Parma, Piacenza y Guastella, que habían pertenecido a los Farnesio. Uno de ellos estaba bajo el mando del Duque de Montemar y el otro a las órdenes del Infante D. Felipe. Tras una exitosa campaña, jalonada por victorias como la de Camposanto (1743), en virtud de la Paz de Aquisgrán de 1748, Parma, Piacenza y Guastella quedaron bajo el dominio de Felipe, que se convirtió soberano de los mismos con el título de Duque, fundando la Casa de Borbón-Parma. Felipe, convertido en Duque de Parma de 1748 a 1765, vendió a su vez el título nobiliario de Conde de Chinchón a su hermano, el Infante D. Luis Antonio de Borbón, en 1761 y con autorización de Carlos III.
La cuestión que se plantea es la de si, en la actualidad, es posible comprar un título nobiliario. O, dicho de otro modo, si la vigente legislación nobiliaria española contempla y permite la compra de títulos nobiliarios. La respuesta ha de ser necesariamente negativa. La actual legislación no reconoce en ningún caso la compra y la venta de títulos nobiliarios, motivo por el que ha de entenderse la radical exclusión de esta posibilidad, sin excepciones. No obstante, nos estamos refiriendo a los títulos nobiliarios españoles. En otros países europeos diferentes de España, existen ordenamientos jurídicos que a veces permiten, bajo el cumplimiento de determinadas normas y únicamente en ciertos casos, es obtener pronunciamientos de los tribunales respecto de títulos nobiliarios o feudales. Para ello, ya que se trata de títulos nobiliarios extranjeros, aconsejamos consultar nuestra sección de títulos nobiliarios extranjeros.
En Inglaterra hay dos tipos de títulos nobiliarios. Unos son los llamados Peerages (Pairías), que vendrían a ser el equivalente español a los títulos del Reino y que no pueden ser objeto de compra y venta, pues está prohibida toda actividad transaccional al respecto, así como castigada por la ley. El Acta de prevención de abusos en materia de honores fue promulgada por el Parlamento Británico en 1925, con la finalidad de prohibir la hasta entonces habitual venta de títulos, realizada por todos los gobiernos de uno y otro signo para financiar a los partidos políticos. Legalmente, a día de hoy, es imposible poder obtener este tipo de títulos a través de actos de compraventa. Existe, sin embargo, otra categoría diferente, que es la que constituyen los títulos feudales. Con rango de Señor (Lord) o Barón (Baron), son títulos de carácter feudal y hereditario, cuya naturaleza jurídica es muy peculiar, parecida a la propiedad inmobiliaria pero, al mismo tiempo, bajo la categoría legal de derechos incorpóreos hereditarios. En la legislación británica, tales derechos incorpóreos son susceptibles de compraventa, y por tanto, estos títulos nobiliarios y feudales sí pueden ser comprados y venidos sin ningún tipo de restricción. Además, el ámbito de aplicación del Acta de prevención de abusos de 1925 no incluye estos títulos feudales, por lo que no existe ninguna prohibición legal a su compraventa. En el caso de los títulos feudales británicos el problema no está en si pueden o no ser comprados y vendidos legalmente ya que, en los términos a que se está aludiendo, la opción de su compra y venta encuentra fundamento y respaldo legal. La dificultad estriba en determinar si el título objeto de transacción es susceptible de ser comprado o vendido ya que el Reino Unido es, posiblemente, el país del mundo en el que existe el mayor tráfico de venta de títulos. Esto supone que, junto a las operaciones dentro de la legalidad, coexistan otras muchas que se encuentran al margen de toda disposición legal. Es más, prolifera un amplio número de títulos que no cumplen las condiciones para ser transmitidos legalmente o, directamente, no existen. A veces, el subterfugio empleado es comprar una ínfima fracción de tierra (a veces un metro cuadrado o, incluso, un decímetro cuadrado) para hacerlo pasar por una propiedad inmobiliaria ficticia o, simplemente, registrarlo como una marca o nombre comercial y crear así artificialmente el derecho incorpóreo que, como tal título, carece de existencia. En definitiva, burdas maniobras para soslayar las prohibiciones legales que existen sobre transmisión de títulos nobiliarios y feudales. Lamentablemente, en infinidad de ocasiones estas y otras técnicas se han visto coronadas por el éxito de quienes las han practicado. En la sección títulos extranjeros puede encontrar más información.
La derrota alemana en la Primera Guerra Mundial puso fin al Imperio y la Constitución de la República de Weimar de 1919 dejó de reconocer oficialmente la nobleza y los títulos nobiliarios. No los prohibió. Sencillamente, dejó de regularlos. Pero en las relaciones privadas y sociales continuaron utilizándose ampliamente y siguieron gozando de gran consideración. La compra y venta de títulos nobiliarios no era posible en esta época, como sigue sin serlo en la actualidad, a tenor de la vigente legislación germana. Sin embargo, se llegó a encontrar un fundamento legal para la supervivencia y transmisión de los títulos nobiliarios en el propio Código Civil alemán. En efecto, tomando como asidero jurídico el derecho al nombre y apellidos de todo ciudadano alemán, fue elaborada una teoría según la cual, a grandes rasgos, el apellido vinculado a un título nobiliario permitía el uso y transmisión del mismo, al formar el propio título parte del mismo apellido. Por tanto, si una persona obtenía un apellido de esta naturaleza, aparentemente, podía lograr el reconocimiento legal implícito del título. Dicha teoría encontró partidarios destacados como Ludwig Enneccerus, uno de los más importantes tratadistas del Derecho civil alemán, que como Diputado en el Reichstag, participó en el proceso de elaboración del Código Civil germano de 1900, todavía en vigor. Pero, ¿de qué manera se conseguía modificar el apellido de nacimiento para sustituirlo por el nobiliario? A través de una adopción legal. Descrito de manera sencilla, el procedimiento sería el siguiente: el Sr. A, que carece de título nobiliario, solicita al Conde B que le adopte y así el Sr. A puede usar legalmente el título y apellidos del Conde B. Tradicionalmente, las personas que han adoptado a otras, lo han hecho a cambio de elevadísimas contraprestaciones económicas, a veces desmesuradas, a las que hay que unir los honorarios de los abogados que se encargan del proceso legal, también muy onerosos. Estas adopciones han sido muy frecuentes en Alemania. Muchos industriales, algunos de ellos famosos, consiguieron así unir sus nombres a los de ciertas estirpes nobles. Un caso notorio en su época de compra de un apellido nobiliario por adopción fue el del conocido Ministro de Asuntos Exteriores nazi, Joachim von Ribbentropp. Otro jerarca nazi aún más famoso, Herman Goering, acérrimo enemigo suyo, gustaba de comentar que Ribbentrop había comprado su apellido. Pero, más aún, llegado el momento de abonar la minuta de los abogados que habían tramitado el procedimiento legal de adopción, se había negado a hacerlo, razón por la cual los mismos abogados habían tenido que demandarle ante los tribunales por impago. Otro ejemplo sonado fue el de uno de los maridos de la antaño célebre actriz Tsa Tsa Gabor, que se había hecho adoptar por un Príncipe alemán para poder ostentar sus apellidos. Cabe extraer dos conclusiones acerca de estas adopciones: ● Realmente, no se trata de adopciones, sino de prohijamientos. ● No se obtiene la transmisión de ninguna clase de título, ya sea nobiliario o feudal, sino solamente el derecho a ostentar un determinado apellido. De este modo, se está pagando una elevada suma (a veces astronómica), por forzar la consecución de un apellido ajeno que otorga una apariencia de nobleza, lo que supone algo muy reñido con la credibilidad. ● Precisamente estos elevados costes, que únicamente permiten el acceso a estas técnicas de muy pocas personas, han dotado a las adopciones de una aureola de lucrativo negocio que ha devaluado notablemente a los títulos nobiliarios alemanes en general y, a muchos en concreto, de modo particular. Pese a todo, lo cierto es que todavía hoy estas adopciones continúan siendo habituales no sólo en Alemania, sino también en Holanda, Dinamarca y Suecia. Si desea obtener más información puede consultar la sección títulos nobiliarios extranjeros o rellenar el formulario de contacto.
La actual Constitución Francesa, de 4 de septiembre de 1958, no recoge mención alguna a los títulos nobiliarios. Siendo una República, no gozan de reconocimiento oficial por parte del Estado. Ahora bien, ello no implica que sean ilegales, ni mucho menos que se encuentren prohibidos. De manera privada, se encuentran plenamente aceptados. Con respecto a la cuestión que se viene planteando, acerca de si pueden comprarse legalmente títulos nobiliarios franceses, la respuesta es rotundamente negativa. No cabe, en ningún caso, con fundamento legal. Sin embargo, si bien la Constitución no contempla los títulos nobiliarios, todavía subsiste en Francia alguna legislación que no ha sido derogada y que parece reconocer implícitamente la existencia de los títulos nobiliarios: ● Un Decreto de Luis Napoleón Bonaparte de 24 de enero de 1852, que nunca ha sido derogado expresamente, acerca de los títulos nobiliarios y de su sucesión. Esta disposición ha sido alegada en 1999 en un proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ● El artículo 259 del Código Penal de 1810, que castigaba la usurpación de títulos nobiliarios, estuvo vigente hasta 1994. ● Una Ley fiscal de 27 de diciembre de 1968 fijó en dos mil francos los derechos de confirmación de títulos nobiliarios. ● Los Presidentes de la República Francesa han permitido el uso oficial en Francia de títulos nobiliarios extranjeros. Por ejemplo, el Mariscal Mac Mahon autorizó mediante un Decreto de 25 de septiembre de 1877 el uso oficial de un título nobiliario de la República de San Marino. En la misma línea, un Decreto de 24 de agosto de 1961 del General De Gaulle hizo lo propio con un título nobiliario español: el Ducado de Fernando Luis, concedido por Fernando VII el 7 de febrero de 1816 a D. Pedro Adrián de Montmorency y Luxemburg, Príncipe y Duque de Laval. Esta persona era un súbdito francés, Embajador de Luis XVIII en España que, además de este título, también sería nombrado Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Por tanto, la situación de la nobleza y de los títulos nobiliarios en Francia es ciertamente peculiar: ● La Constitución no los contempla pero tampoco los prohíbe. ● Perdura aún legislación que implícitamente los reconoce. ● El Estado no reconoce su existencia pero los protege penalmente en caso de usurpación, cobra derechos fiscales por su confirmación y los Presidentes se reservan la facultad de autorizar el uso en Francia de títulos extranjeros. En base a esta situación, en determinados casos, existe margen para acudir a los tribunales para la reclamación y tutela de derechos históricos sobre títulos nobiliarios y feudales. Por ejemplo, el Conde de París, Enrique de Orleáns, llevó a los tribunales la disputa que mantenía con D. Luis Alfonso de Borbón sobre el Ducado de Anjou, por una presunta usurpación del mismo. Finalmente, el contencioso se resolvió favorablemente para D. Luis Alfonso de Borbón, Pretendiente legitimista de la Corona de Francia. En definitiva, si existe un pronunciamiento de los tribunales, puede invocarse la posesión de un título nobiliario o feudal, que cumpla con todas las condiciones legales que procedan. Respecto de la cuestión que se ha venido planteando, acerca de si es posible la compra y venta de títulos nobiliarios en Francia, la respuesta es, como en otros casos, negativa. Con base en la legalidad, no existe tal posibilidad. Ha querido verse que a través de la compra de una antigua propiedad feudal puede adquirirse todavía hoy un título de Señor, tal como a veces se ha mantenido. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico sólido a partir de las propias fuentes del Derecho en vigor durante el feudalismo, no parece que esto pueda ser sostenible. En efecto, las propias Ordenanzas de Blois promulgadas en 1499 por Luis XII y, confirmadas en 1579 por Enrique III, impiden esta opción. Por consiguiente, toda posibilidad de reconocimiento de posesión y transmisión legal de títulos nobiliarios o feudales franceses ha de pasar por lo que dispongan los tribunales, que pueden aprobarlo en determinados casos. Al contrario, los actos de compraventa están totalmente fuera de lugar. Para más información, por favor consulte nuestra sección de títulos nobiliarios extranjeros o cubra el formulario de contacto.
Como dato histórico relevante, podemos destacar que los Reyes de España fueron durante siglos Duques Soberanos de Milán, Reyes de Nápoles, Reyes de Sicilia, etc… Por lo que muchos títulos históricos italianos fueron concedidos por Soberanos españoles y sus poseedores formaban parte de la nobleza de los Reinos de la Corona Española. A diferencia de España, durante el Antiguo Régimen, subsistió en Italia un régimen feudal. Un feudo constituía un territorio dotado de autonomía y creado por el Monarca, en el ámbito de la propiedad inmobiliaria de la Corona. La transmisión del feudo, a través de medios de Derecho privado, tales como la compraventa, la donación o la sucesión hereditaria, implicaba también la transmisión del título que se encontraba vinculado al feudo. En base a este sistema, durante siglos fue habitual la compra y venta de títulos nobiliarios feudales. Serían muchos los ejemplos históricos que podrían ser citados. Baste señalar que la Baronía de Baida fue comprada por Blasco Isfar Corilles el 1 de mayo de 1588; el título de Príncipe de San Pietro resultó adquirido por Giuseppe Maria Chiarenza el 7 de enero de 1769; etc… Esta situación se mantuvo hasta la desaparición del régimen feudal, que tuvo lugar por una Ley de 10 de agosto de 1812. Por tanto, hasta esta fecha, los títulos nobiliarios tenían un carácter feudal. Desde 1946 Italia es una República y los títulos nobiliarios y feudales no se encuentran oficialmente reconocidos por el Estado. Acerca de la cuestión de si pueden ser comprados y vendidos directamente, a tenor de la actual legislación italiana, ha de concluirse que no resulta posible de ninguna manera. Sin embargo, que no se encuentren reconocidos por la República, no significa ni mucho menos que se encuentren prohibidos. Han continuado gozando de gran relevancia y prestigio en al ámbito social. Pero, además, la Corte de Casación italiana (equivalente al Tribunal Supremo en España) ha reconocido a través de la Sentencia 987/1965, de 20 de mayo, que la posesión de un título nobiliario o feudal es perfectamente compatible con el derecho de todos los ciudadanos a la igualdad social, recogido en el artículo 3 de la Constitución Italiana. A mayor abundamiento, el Derecho italiano acoge que todos los interesados pueden acudir a los tribunales para conseguir un pronunciamiento sobre sus derechos de propiedad, posesión y transmisión de títulos nobiliarios y feudales. Así lo ha declarado la Sentencia de la Corte Constitucional italiana 101/1967, de 8 de julio, al establecer la competencia de los tribunales para conocer de asuntos sobre títulos nobiliarios y feudales. Por tanto, existe en Italia la posibilidad legal de obtener la propiedad y posesión de un título nobiliario feudal, declarada mediante la sentencia de un tribunal italiano. Es la única manera de lograrlo, con fundamento en la ley. Desde luego, no es posible en todos los casos ni respecto de todos los títulos. Nuestro despacho, con amplia experiencia en títulos nobiliarios extranjeros y Derecho italiano, así como con despachos corresponsales y colaboradores en Italia, viene ofreciendo a sus clientes estos servicios con toda solvencia y seguridad desde hace muchos años. Si desea contactarnos, por favor cubra nuestro formulario de contacto.
Peculiaridades de su régimen jurídico.- los títulos nobiliarios pontificios se caracterizan por una serie de singularidades propias que los configuran. A grandes rasgos, podemos sintetizarlas como sigue:
-En tanto que la Santa Sede es un Estado y, por consiguiente, un sujeto político de Derecho internacional público, los títulos nobiliarios otorgados por los Pontífices, bajo la óptica del Derecho nobiliario español, gozan de la consideración de extranjeros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto de 24 de octubre de 1851.
-La carta de concesión o de sucesión recibe el nombre de Breve Apostólico o Pontificio, y es firmada por el Pontífice, siendo la encargada de su tramitación y expedición la Secretaría de Estado del Vaticano.
-Los títulos son, en su gran mayoría, vitalicios, es decir, concedidos tan solo por la vida del beneficiario, extinguiéndose al fallecimiento de éste, sin posibilidad de sucesión mortis causa.
-En el caso de que sean hereditarios, las normas aplicables a la sucesión serán las de Derecho pontificio. Son preferentes la varonía y la primogenitura pero la Santa Sede se reserva la facultad de conceder la sucesión en base a otros criterios. En todo caso, es usual que se evalúe la dignidad del peticionario, lo cual es una auténtica peculiaridad propia de los títulos nobiliarios pontificios.
-Las denominaciones pueden ser especiales o no, siendo habitual que las no especiales adopten el apellido del beneficiario. Así se encuentra establecido por una Real Orden de Isabel II de 7 de noviembre de 1866, tras un informe de la Nunciatura Apostólica de España.
-Los títulos nobiliarios son una distinción propia y diferenciada de las demás que otorga la Santa Sede y que, esencialmente, se refieren a su patrimonio ecuestre. No obstante, la posesión de ciertas condecoraciones pontificias llevaba aparejada la concesión del título de Conde Palatino, como dignidad nobiliaria no transmisible. Tal era el caso de los caballeros de la Orden Piana, desde que fuera instituida en 1847 por Pío IX hasta la reforma de la misma llevada a cabo por Pío XII en 1939. Lo mismo sucedía con los caballeros de la Orden de la Espuela de Oro, igualmente Condes Palatinos vitalicios, desde su fundación inmemorial hasta la abolición de este privilegio de nobleza personal en 1966 por Pablo VI.
Dedicaremos a nuestro blog una serie de entradas en las que trataremos de la cuestión de los títulos nobiliarios pontificios, es decir, los otorgados por la Santa Sede. Comenzaremos con una introducción histórica y jurídica que abordará los fundamentos de su concesión, para finalizar con las particularidades de su régimen jurídico y su consideración por el Derecho nobiliario español.
Generalidades y fundamento de su concesión.- El 27 de febrero del año 380 el Emperador Teodosio I el Grande publicó el Edicto de Tesalónica, en el que declaraba la religión católica como única del Imperio, suprimiendo el culto tradicional politeísta que había regido en la sociedad romana ad urbe condita.
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente el año 476 y las invasiones bárbaras, las relaciones entre la Iglesia y el Imperio oriental fueron deteriorándose progresivamente. El Papa Esteban III (752-759), demandó ayuda del Emperador bizantino Constantino V ante la invasión de los lombardos, que amenazaba la ciudad de Roma, pero éste se negó a prestarle auxilio. El Pontífice se dirigió entonces a Pipino III el Breve, Rey de los francos, quien se ofreció a enviar sus fuerzas militares. En una rápida campaña, el ejército franco derrotó al lombardo, mandado por su Rey Astolfo, forzándole a levantar el sitio de Roma. Tras su victoria, Pipino entregó los territorios y el poder sobre las regiones de las Marcas y la Romaña al Papa, en lugar de devolverlas a la soberanía bizantina a la que se encontraban sometidas antes de su conquista por los lombardos. Poco después, pese a las tensiones con el Emperador Constantino V, hizo lo propio con los territorios de las antiguas gobernaciones bizantinas de Rávena y Pentápolis.
De este modo, los Papas pasaron a ejercer el dominio temporal de unos estados, que vendrían a denominarse pontificios o papales, hasta la Unificación de Italia.
En 1870 las tropas francesas permanecían guarnecidas en los Estados Pontificios, dando protección a los mismos, hasta que Napoleón III, necesitado de soldados en su guerra contra Prusia, ordenó el regreso a Francia de estos efectivos militares. Esta circunstancia, unida al decisivo revés galo en la batalla de Sedán, impulsó definitivamente a Víctor Manuel II de Italia a ambicionar la anexión de los Estados Pontificios. El Monarca italiano dirigió una misiva al Pontífice Pío IX en la que solicitaba que le permitiese garantizar su integridad territorial autorizando la entrada de las fuerzas italianas. Pío IX se negó en redondo. Los acontecimientos no tardaron en precipitarse.
El 11 de septiembre de 1870 el ejército italiano comenzó la invasión de los Estados Pontificios y avanzó hacia Roma, alcanzando la ciudad el 19. Al día siguiente, tras un corto combate y una simbólica resistencia de las tropas pontificias, los italianos penetraron en Roma, a la que en breve convertirían en capital del nuevo Reino.
El 13 de mayo de 1871 fue promulgada en Italia la denominada Ley de Garantías, que regulaba las relaciones entre el Reino de Italia y la Santa Sede. Se establecían varios supuestos en los que se daba a la Santa Sede el estatus de sujeto de Derecho internacional público. Así, se reconocían, entre otros, su derecho de legación activa y pasiva, la inviolabilidad y extraterritorialidad de sus inmuebles oficiales, o el mantenimiento de cuerpos militares para la defensa. No obstante, Pío IX se negó en todo momento a aceptar la vigencia y acatamiento de esta norma, así como la soberanía de la Casa de Saboya, declarándose prisionero en Roma.
Tendría lugar un largo período de tensas relaciones políticas hasta los Acuerdos de Letrán de 11 de febrero de 1929, reinando ya en Italia Víctor Manuel III y con Benito Mussolini en el gobierno, así como siendo Pontífice Pío XI. Desde estos Acuerdos de Letrán, ha quedado perfectamente delimitado el carácter de sujeto soberano de Derecho Internacional Público de la Iglesia Católica. Tal dispone el artículo III del tratado político al señalar que Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad, el poder exclusivo y la plena jurisdicción sobre el Vaticano, tal como actualmente está constituido con todas sus dependencias y dotaciones, creando de este modo la Ciudad del Vaticano para los fines especiales y con las modalidades que contiene el presente tratado.
Así, una de las tradicionales manifestaciones del ejercicio de facultades soberanas por parte de los Pontífices Romanos fue, al igual que los Monarcas de los diferentes estados, la concesión de títulos y dignidades nobiliarias, como una de las diferencias manifestaciones de un sistema premial propio y específico. Dicha práctica fue habitual hasta su abolición durante el Pontificado de Pablo VI (1963-1978), durante el cual fue igualmente suprimida la Guardia Noble Pontificia.
Seguimos con otra entrada de nuestro blog dedicada a los aspectos procesales referentes a la tramitación de títulos nobiliarios.
Regulación.- artículos 477 a 489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Resoluciones recurribles.- las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, cuando concurran los motivos previstos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Motivos del recurso.- este recurso habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del recurso. Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales serán recurribles en casación en los siguientes casos:
- Cuando las sentencias antedichas se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, salvo los reconocidos por el artículo 24 de la Constitución.
- Cuando la cuantía del asunto excediere de seiscientos mil euros.
- Cuando sin exceder de seiscientos mil euros, o el proceso se haya tramitado por razón de la materia, la resolución del recurso presente interés casacional.
De acuerdo con el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de entenderse que existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a jurisprudencia del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista doctrina jurisprudencial contradictoria de las Audiencias Provinciales, o aplique normas que no lleven en vigor más de cinco años. En este último caso, se exige que no exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.
A la vista de estos motivos, la sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial, relativa a una sentencia de un Juzgado de Primera Instancia que culminó un proceso declarativo sobre títulos nobiliarios, presenta, en principio, pocas posibilidades de ser recurrida en casación. Los títulos nobiliarios, en tanto que derechos honoríficos, no gozan de la consideración de derechos fundamentales. Tampoco se trata de asuntos con cuantía, por lo que este motivo nunca podría ser invocado para la impugnación. Y, en el último supuesto, cuando el proceso se tramita por razón de la materia, como sucede siempre en el caso de los títulos nobiliarios, es imperativa la concurrencia de interés casacional. Por tanto, es este interés casacional lo que determina, en definitiva, las posibilidades de interposición de un recurso de casación en materia nobiliaria.
El restablecimiento de la legalidad anterior a la Segunda República respecto de los títulos nobiliarios que aprobó la Ley de 4 de mayo de 1948, así como la promulgación de la Constitución Española, generaron un incremento de la litigiosidad en materia nobiliaria, que dio lugar a que muchas sentencias fuesen recurridas en casación. El Tribunal Supremo no tenía o tenía una doctrina muy escasa o contradictoria en aspectos fundamentales del Derecho nobiliario tales como la posesión civilísima, la prescripción adquisitiva, el derecho de propincuidad, y otras instituciones. Pero, sobre todo, el régimen de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 relativo al recurso de casación era mucho más flexible que el de la actualmente vigente. En su redacción original, el artículo 1687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que se mantuvo en vigor hasta el 31 de agosto de 1984, se limitaba a atribuir a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo el conocimiento de los recursos de casación por infracción de ley o doctrina legal. A partir de entonces, tras las sucesivas reformas operadas por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, este artículo 1687 continuó, con sus diversas redacciones, sin incluir el requisito del interés casacional.
Hoy día, el Tribunal Supremo ya tiene elaborada una doctrina más sólida, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, en muchas instituciones de Derecho nobiliario sobre las que años atrás no se había pronunciado, o lo había hecho de modo vacilante. A los efectos de lo establecido en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 200 acerca del interés casacional, en la actualidad es mucho más difícil encontrar instituciones nobiliarias sobre las que el Tribunal Supremo no se haya pronunciado, o la doctrina existente sea contradictoria. Por las mismas razones, tampoco existe mucho margen para que la jurisprudencia no coincidente proceda de las Audiencias Provinciales. Y, desde luego, dada la longevidad que suele caracterizar a la inmensa mayoría de las normas de Derecho nobiliario, el supuesto de aplicación de normas jurídicas que no lleven más de cinco años en vigor, resulta virtualmente imposible de darse en la práctica. Un ejemplo de esto último, no obstante, lo constituye la Ley 33/2006, de 30 de octubre, de Igualdad del Hombre y la Mujer en la Sucesión de los Títulos Nobiliarios, por su todavía corta vigencia y por tratarse de una norma sin precedentes, fundamento, sentido, y totalmente opuesta a los usos y normas nobiliarias de España.
Por tanto, las posibilidades de interposición válida de un recurso de casación en materia nobiliaria se han reducido en la actualidad drásticamente, con respecto al régimen de la Ley de 1881.
Órgano competente para resolver el recurso.- la Sala Primera del Tribunal Supremo.
En materia nobiliaria, no cabe la competencia de las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, pues ésta únicamente tiene lugar contra las resoluciones de los tribunales civiles de la misma Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde exclusivamente o, junto a otros motivos, en infracción de normas del Derecho foral propio de la Comunidad Autónoma de que se trate. Además, se exige a mayores que el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto tal atribución a favor de su Tribunal Superior de Justicia.
Procedimiento.- el recurso se interpondrá dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se tenga por preparado, ante el tribunal que hubiere dictado la resolución que se recurre, mediante escrito que de razón de los fundamentos del recurso y, según proceda, de los razonamientos acerca del interés casacional, de la inexistencia o contradicción de la jurisprudencia y de la vigencia temporal de la norma. Habrán de aportarse las sentencias aducidas como razón del interés casacional, además de certificación de la sentencia impugnada. En este escrito también podrá solicitarse la celebración de vista. Si este plazo transcurre sin haber interposición, el recurso se declarará desierto y se impondrán al recurrente las costas causadas, de haberlas.
Presentado el escrito de interposición, en el plazo de los cinco días siguientes, el tribunal remitirá todos los autos originales al tribunal competente para conocer del recurso de casación, en nuestro caso, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La remisión se efectuará aunque no se haya aportado todavía la certificación de la sentencia recurrida, así como aquellas que justifiquen el interés casacional. La negativa a expedirlas será corregida disciplinariamente y, caso de ser necesario, la Sala Primera las reclamará del tribunal o tribunales que deban librarlas.
Una vez que los autos se reciban en el tribunal, las actuaciones pasarán al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberación de la Sala la resolución acerca de la admisión o inadmisión del recurso de casación. Antes de pronunciarse sobre la admisibilidad, la Sala examinará su competencia para conocer del recurso. Caso de no considerarse competente, acordará, oídas las partes por plazo de diez días, la remisión de los autos y el emplazamiento de las partes para su comparecencia ante la Sala competente en el término de diez días. Esta consideración de incompetencia no cabe en materia nobiliaria, puesto que la competencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sólo puede ser declinada a favor de las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, y ello únicamente procede en los supuestos de que los recursos se funden en infracciones de normas del Derecho foral de las Comunidades Autónomas, lo que resulta imposible en cuestiones de Derecho nobiliario.
La inadmisión del recurso de casación sólo procederá:
- Cuando a pesar de haberse tenido por preparado el recurso, éste fuere improcedente, por no ser la sentencia susceptible de recurso, o por cualquier defecto formal no subsanado en que se hubiere incurrido durante la preparación.
- Cuando el escrito de interposición no cumpliese los requisitos establecidos para los distintos motivos.
- Cuando no exista interés casacional por inexistencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria, o si la norma que se entiende vulnerada lleva vigente más de cinco años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar.
Antes de resolver, la Sala dictará una providencia poniendo de manifiesto la eventual causa de inadmisión del recurso a las partes, a fin de que formulen las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días. Después, si la Sala entiende que existe motivo de inadmisión, dictará un auto declarando la inadmisión del recurso y, al mismo tiempo, la firmeza de la resolución recurrida. Si la inadmisión afecta solamente a alguna de las infracciones alegadas, se resolverá igualmente mediante auto la admisión del recurso respecto de las demás que el recurso denuncie. Contra el auto que resuelva acerca de la admisión del recurso de casación, no cabe recurso alguno.
Ya admitido el recurso, se dará traslado a la parte o partes recurridas del escrito de interposición y documentos que lo acompañen, para que formulen oposición por escrito en el plazo de veinte días y se manifiesten sobre la procedencia o no de la celebración de la vista.
Transcurrido este plazo, haya habido o no oposición, la Sala señalará a través de una providencia, dentro de los treinta días siguientes, día y hora para la celebración de vista, o, en su caso, para la votación y fallo del recurso. En todo caso, la vista tendrá lugar si así lo solicitan todas las partes.
Resolución y efectos.- dentro de los veinte días siguientes al de finalización de la vista, o al señalado para la votación y fallo, la Sala dictará sentencia sobre el recurso de casación.
En los casos en los que el recurso no se funde en interés casacional, la sentencia que ponga fin al recurso confirmará o casará, en todo o en parte, la sentencia recurrida. Cuando el recurso se haya fundado en el motivo de interés casacional, si la sentencia estima fundado el recurso, casará la resolución recurrida y resolverá sobre el asunto, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiere producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción jurisprudencia. En cualquier caso, los pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación no afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias diferentes de la recurrida que se hubieren invocado.
Continuamos con una nueva entrada del blog dedicada a procesos judiciales sobre tramitación de títulos nobiliarios.
La sentencia que dirima la controversia en juicio declarativo ordinario puede ser impugnada por las partes, a través del sistema de recursos ordinarios y extraordinarios. En cuanto a los primeros, nos referiremos al recurso de apelación, mientras que en lo tocante a los segundos, trataremos del recurso de casación. Por supuesto, todo ello desde el punto de vista de los procesos relativos a títulos nobiliarios.
Regulación.- artículos 455 a 467 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Resoluciones recurribles.- las sentencias dictadas en juicio ordinario, los autos definitivos y aquellos otros que la ley expresamente señale.
Órgano competente para resolver el recurso.- la Audiencia Provincial de la circunscripción del Juzgado de Primera Instancia que dictó la sentencia o el auto apelado.
La regla contenida en el artículo 455.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativa a la competencia de los Juzgados de Primera Instancia para el caso de que la sentencia o el auto recurrido fuesen dictados por los Juzgados de Paz de su partido judicial, carece por completo de margen de aplicación, pues el proceso declarativo sobre títulos nobiliarios ha de tramitarse siempre en el Juzgado de Primera Instancia.
Procedimiento.- el recurso de apelación ha de interponerse ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugna dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla. Si la resolución es susceptible de ser impugnada y el recurso se ha interpuesto en plazo, el Secretario Judicial lo tendrá por interpuesto en el plazo de tres días. A continuación, el tribunal dictará una providencia teniéndolo por interpuesto o, un auto, en el caso de que lo inadmita. Contra esta providencia no cabe recurso alguno, aunque la parte recurrida podrá alegar su inadmisibilidad en la oposición al recurso. Contra el auto de inadmisión, solamente cabrá recurso de queja.
Una vez interpuesto el recurso, el tribunal dará traslado del mismo a las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten ante el tribunal escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución apelada en lo que les resulte desfavorable. Será entonces, cuando interpuesto el recurso y, en su caso, formulada oposición o impugnación de la resolución apelada, cuando el tribunal que hubiere dictado dicha resolución remitirá los autos al tribunal competente para la resolución de la apelación. Una vez recibidos los autos, el tribunal podrá señalar la celebración de una vista dentro del mes siguiente, que transcurrirá con arreglo a lo prevenido para el juicio verbal, si se hubiesen aportado nuevos documentos o propuesto prueba. En caso contrario, podrá igualmente acordarse vista, mediante providencia, siempre que el tribunal lo considere necesario o alguna de las partes lo solicite.
Resolución y efectos.- el tribunal resolverá la apelación mediante sentencia dentro de los diez días siguientes a la terminación de la vista o, caso de no haberse celebrado vista, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que se hubieren recibido los autos en el tribunal competente para la resolución de la apelación.
La sentencia dictada en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación de la parte que los hubiere formulado. En ningún caso podrá la sentencia de apelación perjudicar al apelante, excepto en el supuesto de que el perjuicio provenga de la estimación de la impugnación de la resolución, deducida por el inicialmente apelado.
Si la apelación se funda en una infracción procesal cometida al dictar la sentencia de la primera instancia, el tribunal revocará la sentencia apelada para, posteriormente, resolver las cuestiones objeto del recurso. Cuando la infracción procesal no sea de esta índole y, además, fuere de las que originan la nulidad radical de parte o de la totalidad de las actuaciones, el tribunal así lo declarará mediante providencia, reponiéndolas al estado en que se hallasen en el momento de comisión de la infracción. La nulidad de actuaciones no podrá ser declarada si los defectos procesales pueden ser subsanados en la segunda instancia, para lo que el tribunal concederá un plazo de diez días, a menos que el defecto se pusiere de manifiesto en la vista y fuere subsanable en el acto. Una vez subsanado el vicio y oídas las partes y practicada la prueba admisible, el tribunal dictará sentencia sobre la cuestión o cuestiones objeto del pleito. En lo tocante a la subsanación, se estará a lo prevenido en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Contra la sentencia de apelación pronunciada por la Audiencia Provincial, las partes podrán interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación. Si una misma parte prepara ambos recursos contra una misma resolución, el recurso de casación se tendrá por inadmitido.