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Timestamp: 2019-02-23 19:54:03
Document Index: 152025569

Matched Legal Cases: ['Artículo 28', 'Artículo 95', 'artículo 63', 'artículo 75', 'artículo 37', 'artículo 55', 'artículo 55', 'Artículo 44', 'artículo 46', 'Artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 67', 'artículo 55', 'artículo 44', 'Artículo 64', 'Artículo 64', 'Artículo 66', 'Artículo 71', 'Artículo 71', 'Artículo 7', 'Artículo 13', 'Artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 2']

Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2011. TÍTULO II. Medidas administrativas (Vigente hasta el 01 de Enero de 2012).
«Artículo 28 Regulación de la fianza en los contratos de arrendamiento de viviendas y fincas urbanas
2. En el depósito de fianzas constituido reglamentariamente se depositarán las cantidades exigidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y las complementarias que se hubiesen establecido en el contrato».
«2. Son viviendas protegidas de promoción pública las promovidas directamente, en el marco de la programación pública de vivienda, por la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, así como por los organismos públicos integrantes del sector público que de ellas dependan».
«Las infracciones y sanciones establecidas en la presente Ley prescribirán en los siguientes plazos:
Cuando se trate de una infracción continuada, se tomará como fecha inicial del cómputo la del último acto en el que la infracción se consuma. Interrumpirá la prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto infractor. Asimismo, será motivo de interrupción de la prescripción la remisión de las actuaciones al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, reanudándose su cómputo a partir de la fecha en que se dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento».
«Disposición transitoria primera Aplicación del Título IV
Lo dispuesto en el Título IV de la presente Ley se aplicará a todas las viviendas y edificios existentes, cualquiera que sea la fecha de su construcción».
Medidas administrativas en materia de ordenación del territorio
«Artículo 95 Documentos
f) Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o promotores para llevar a cabo la actuación».
«2. Cuando la modificación del planteamiento tendiera a incrementar la densidad de población, se requerirá para aprobarla la previsión de mayores espacios libres de dominio y uso público, en proporción de cinco metros cuadrados por habitante de sistema general de espacios libres públicos destinados a parques y zonas verdes. No obstante, los municipios cuya población no supere los cien habitantes no tendrán esta obligación, siempre que el incremento no conlleve la supresión de espacios libres de dominio y uso público existentes y previstos. En ningún caso podrá ser reducido el estándar mínimo de sistemas generales destinados a espacios libres públicos destinados a parques y zonas verdes, previsto en el artículo 63, por debajo de cinco metros cuadrados por habitante».
«3. En el caso de obras del Estado, autonómicas o de los organismos de ellos dependientes, así como de los municipios, bastará la intervención de la oficina de supervisión de proyectos o la aprobación técnica de la entidad correspondiente».
«Disposición adicional octava Reducción de las cesiones de aprovechamiento
2. La reducción prevista en el apartado anterior será también de aplicación, en idénticas condiciones, para el suelo urbano no consolidado de los municipios cuya población supere los diez mil habitantes».
«Disposición adicional novena Reducción de las cesiones gratuitas de suelo y elevación del límite máximo edificable
2. Cuando el uso dominante de un sector sea la vivienda de protección pública y ese uso suponga, al menos, el 50% de su edificabilidad total, la intensidad de uso residencial máxima, podrá ser incrementada por los Ayuntamientos, como máximo, en dos mil metros cuadrados construidos por hectárea de cualquier tipología de uso residencial, sobre el límite fijado en el artículo 75.2.e)».
«Disposición final segunda Estándar de zonas verdes
2. Para la determinación de la superficie destinada a zonas verdes se considerará, con carácter general, un habitante por cada treinta y cinco metros cuadrados construidos edificables de uso residencial».
«a) El Fondo de formación y promoción podrá destinarse a la unión, federación o asociación cooperativa que tenga su domicilio social en La Rioja y que realice principalmente su actividad dentro de su ámbito territorial, designada por la Asamblea General. De no producirse designación, dicho importe se ingresará en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con la finalidad de destinarlo a la constitución de un fondo para la promoción del cooperativismo».
«d) El sobrante, si lo hubiere, tanto del Fondo de reserva obligatorio como del haber líquido de la cooperativa se podrá poner a disposición de la unión, federación o asociación cooperativa que tenga su domicilio social en La Rioja y que realice principalmente su actividad dentro de su ámbito territorial, designada por la Asamblea General. De no producirse designación, se procederá según lo establecido en el párrafo segundo de la letra a) de este número.
Cualquier socio de la cooperativa en liquidación que tenga en proyecto incorporarse a otra cooperativa, podrá exigir que la parte proporcional sobrante de la liquidación, calculada sobre el total de socios, se transfiera como cuota de ingreso a la cooperativa a la que se incorpore, siempre que así lo hubiera solicitado con anterioridad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea General que deba aprobar el balance final de la liquidación».
«a) Los juegos o competiciones de puro pasatiempo o recreo constitutivos de usos sociales de carácter tradicional, familiar o amistoso, que no produzcan transferencias económicas entre los participantes, éstas no superen en cada jugada o apuesta el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples diario o, en un período de veinticuatro horas, en cinco veces su valor, siempre que no sean explotados u organizados con fines lucrativos por los jugadores o por personas ajenas a ellos».
«4. En los establecimientos señalados en el apartado 1 no podrán practicarse otro tipo de apuestas y juegos, públicos o privados, incluso autorizados en otros ámbitos de regulación, que aquellos expresamente autorizados por el órgano competente de la Administración autonómica».
«e) Los videojuegos o programas informáticos cuyo uso temporal se arriende en establecimientos abiertos al público».
«1. Los establecimientos hosteleros destinados a bares, cafeterías o similares, expresamente autorizados e inscritos en el Registro General del Juego, podrán ser autorizados para la instalación de máquinas de juego y auxiliares de otras modalidades de juegos en los términos, condiciones y límites que reglamentariamente se determinen que, en todo caso, incluirá un aforo máximo de dos máquinas de tipo 'B' ».
«o) La práctica de juegos y apuestas en establecimientos públicos, sociedades o asociaciones privadas, círculos de recreo tradicionales, clubes públicos o privados, cuya actividad estatutaria no sea la del juego, cuando la suma total de cada jugada o apuesta alcance o supere en tres veces el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples diario o, en un período de veinticuatro horas, el cincuenta por cien en su indicador mensual».
«a) La práctica de juegos y apuestas en establecimientos públicos, sociedades o asociaciones privadas, círculos de recreo tradicionales, clubes públicos o privados, cuya actividad estatutaria no sea la del juego cuando la suma total de cada jugada o apuesta supere las cuantías previstas en el ámbito de aplicación de la Ley, siempre que no constituya infracción grave».
«1. Son infracciones cometidas por jugadores y visitantes de locales donde se practica el juego:
Podrán ser sancionadas, en función de las circunstancias personales y materiales establecidas en el artículo 37.1, con la correspondiente multa y con la prohibición de entrada en establecimientos de juego o en aquellos locales circunstancialmente autorizados para la organización de juegos o apuestas para días determinados por un máximo de cinco años y comportarán, en cualquier caso, el comiso de los beneficios obtenidos».
Medidas administrativas en materia de Cajas de Ahorros
«4. La autorización de la fusión deberá otorgarse en el plazo de los tres meses siguientes a su recepción o momento en que se complete la documentación exigible, entendiéndose denegada por el transcurso de dicho plazo. La autorización de la fusión o, en su caso, la denegación de la misma será motivada. La denegación solo podrá producirse en caso de incumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley».
«3. No se aplicará el régimen previsto en este capítulo a las operaciones necesarias para la integración de Cajas de Ahorros con domicilio social en La Rioja en un sistema institucional de protección, o para su separación del mismo. En tales casos, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros. El Consejo de Administración de la Caja comunicará a la Consejería competente en materia de Hacienda el comienzo del proceso de integración y su final».
1.º La representación de las corporaciones municipales se llevará a cabo sobre la base de aquéllas en cuyo término tenga abierta oficina la entidad bancaria a través de la que la Caja de Ahorros desarrolle su actividad financiera.
2.º La representación de los grupos de impositores y trabajadores se llevará a cabo sobre la base de los correspondientes colectivos de la entidad bancaria a través de la que la Caja de Ahorros desarrolle su actividad financiera. La representación de los trabajadores en los órganos de gobierno incluirá así mismo a los empleados de la caja de ahorros.
En el caso de Cajas cuya única Entidad Fundadora sea una Corporación Municipal, y ésta opte por ejercer su representación por el grupo de Entidades Fundadoras, el número de representantes que corresponda irá en detrimento de la representación asignada, en cada órgano de gobierno, al grupo de Corporaciones Municipales, incrementándose en idéntico número los representantes asignados en cada órgano de gobierno al grupo de impositores».
Los compromisarios y los Consejeros Generales representantes de los impositores en la Asamblea General deberán reunir los requisitos establecidos anteriormente para los miembros de los órganos de gobierno con excepción de lo dispuesto en el punto d) con respecto a la preparación técnica y experiencia, sin perjuicio de lo establecido más adelante con respecto a los conocimientos y experiencia específicos recogidos en el artículo 55.4 de esta Ley».
«Los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control deberán ser Consejeros Generales, cumplir los requisitos del apartado 1 y los establecidos para su grupo de representación en el apartado 2 del presente artículo y ser menores de setenta y cinco años en el momento de la toma de posesión salvo que los Estatutos fijen una edad distinta.
No obstante, podrán ser miembros del Consejo de Administración en representación de los grupos de Corporaciones Municipales, Entidad fundadora e impositores, terceras personas no Consejeros Generales. Cuando estas terceras personas sean elegidas en representación del grupo de impositores quedarán excluidas del requisito previsto en el primer párrafo del apartado 2 del presente artículo».
«4. A las personas que integren las candidaturas para la elección de miembros de órganos de gobierno, así como a aquéllas que sean designadas directamente por las entidades electoras, les serán exigibles los requisitos previstos en este artículo».
«5. Además de lo señalado en el párrafo anterior en la elección de Consejeros Generales dentro de cada grupo, deberán elegirse los suficientes con la experiencia y capacidad descritos en el artículo 55.4 de esta Ley para cubrir los puestos con tal perfil que le correspondan designar a dicho grupo en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control, así como a sus sustitutos».
«k) El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de una Caja de Ahorros será incompatible con el de todo cargo político electo. Será igualmente incompatible con el de alto cargo de la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, así como de las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquéllas.
2.º Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con cajas de ahorros».
«4. El límite temporal de ejercicio del cargo no podrá superar como máximo los doce años, computándose todas las representaciones que hayan ostentado y en cualquiera de los órganos en los que haya ejercido un cargo, salvo en los casos de los vocales designados por titulares de cuotas participativas, para los que no existirá este límite máximo.
Cumplido el mandato de doce años, de forma continuada o interrumpida y transcurridos ocho años desde dicha fecha, podrá volver a ser elegido en las condiciones establecidas en la presente Ley».
«1. El ejercicio de las funciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros diferentes de las de consejeros generales de la Asamblea podrá ser retribuido. Corresponderá a la Asamblea General tanto la determinación de dicha remuneración como la extensión a algunos o a todos del régimen de incompatibilidades previsto para el presidente en el apartado siguiente, en función de los niveles de responsabilidad y funciones propias o delegadas que asuman individualmente.
Los miembros de los órganos de gobierno que lo sean a su vez de los Órganos de Administración de otras entidades, en representación o por designación de la Caja de Ahorros o que realicen actividades en representación de la Caja, deberán ceder a ésta los ingresos percibidos por dichas circunstancias en lo que excedan de los límites máximos a que se refiere el párrafo primero».
«La Asamblea General es el Órgano supremo de Gobierno y decisión de la Caja de Ahorros. Sin perjuicio de la representación atribuida a los cuota partícipes con arreglo a lo previsto en el Capítulo IV del Título I de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, los demás miembros de la Asamblea general ostentarán la denominación de Consejeros generales y representarán los intereses de los depositantes, así como los sociales y generales del ámbito de actuación de la entidad».
«e) Entidades representativas de intereses colectivos en el ámbito de actuación de una Caja o de reconocido arraigo en el mismo».
«Artículo 44 Participación de los grupos de representación
El límite de representación de las Administraciones Públicas, así como los porcentajes de representación por grupos previstos en este apartado deberán cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan correspondido, en su caso, a los cuota partícipes conforme a lo previsto en el capítulo IV.ter de este título».
«4. El nombramiento de los Consejeros Generales que hayan de representar a cada Corporación Municipal se efectuará por la misma con arreglo a sus normas de funcionamiento».
«1. Los Consejeros Generales representantes de las personas o entidades fundadoras, sean instituciones públicas o privadas, serán nombrados directamente por las mismas de acuerdo con sus normas de funcionamiento, pudiendo asignar una parte de su porcentaje de representación a instituciones de interés social o a Corporaciones Locales que, a su vez, no sean fundadoras de otras Cajas de Ahorros de su ámbito de actuación. Las asignaciones recaerán sobre entidades concretas. El nombramiento de representantes que efectúen las Corporaciones Locales deberá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de esta Ley. El nombramiento de los representantes que correspondan a la Comunidad Autónoma de La Rioja exclusivamente en su condición de entidad fundadora se efectuará mediante acuerdo del Gobierno de La Rioja».
«Artículo 48.bis Consejeros Generales representantes de entidades representativas de intereses colectivos
1. A efectos de la presente Ley, se entenderá por entidades representativas de intereses colectivos a aquellas organizaciones de naturaleza no pública que representen intereses sociales y colectivos dentro del ámbito territorial de actuación de la Caja de Ahorros, siempre que no guarden conflicto de intereses con la misma en los términos que determinen los Estatutos.
3. Los Estatutos o el Reglamento de Procedimiento Electoral de cada Caja de Ahorros determinarán las entidades de interés general que van a estar representadas entre las entidades incluidas en la relación que apruebe la Consejería de Hacienda».
«f) Aprobar la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros».
«2. Además de los Consejeros Generales y cuota partícipes, podrán asistir a la Asamblea General, con voz y sin voto, los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control que no sean Consejeros Generales, el Director General y los técnicos y personas que, por considerarlo conveniente el Presidente de la Asamblea, hubieran sido convocadas al efecto. También podrán asistir el representante de la Comunidad Autónoma en la Comisión de Obra Social cuando se estén tratando temas referentes a la obra social».
«1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los Consejeros Generales presentes y, en su caso, los cuota partícipes presentes o representados posean, al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de voto. La constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el número de asistentes. Los Consejeros Generales no podrán estar representados por otro Consejero o por tercera persona, sea física o jurídica.
La aprobación y modificación de los Estatutos y el Reglamento de la Caja, la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras entidades, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, requerirán en todo caso la asistencia de Consejeros Generales y, en su caso, cuota partícipes que representen la mayoría de los derechos de voto. Será necesario, además, el voto favorable de, como mínimo, dos tercios de los derechos de voto de los asistentes.
Sin perjuicio de lo previsto en el Capítulo IV del Título I de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, cada Consejero General tendrá derecho a un voto, otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los Consejeros Generales, incluidos los disidentes y ausentes».
«2. El Consejo de Administración constituirá en su seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos, que tendrá las siguientes funciones:
La Comisión estará formada por tres personas, que serán designadas de entre sus miembros por la Asamblea General. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos será establecido por los Estatutos de la Caja y por su propio reglamento interno, que podrán atribuir las funciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior a dos Comisiones diferentes, respectivamente una Comisión de Retribuciones y una Comisión de Nombramientos, formada cada una de ellas por tres miembros diferentes».
«1. El Consejo de Administración estará compuesto por catorce miembros aunque podrá quedar válidamente constituido con diez miembros siempre que se respete la proporción mayoritaria de miembros con los requisitos de experiencia y formación previstos en el apartado 4 de este artículo. Cuando la Caja de Ahorros mantenga cuotas participativas en circulación, dicho límite podrá ser rebasado sin que, en ningún caso, el Consejo de Administración pueda tener más de veinte vocales. A efectos de cumplir con el límite anterior, la representación de los intereses colectivos en el Consejo de Administración se disminuirá proporcionalmente, si fuera necesario, para respetar la representación de los intereses de los cuota partícipes.
2. La participación de los grupos de representación en el Consejo de Administración será fijada por los Estatutos de cada Caja de Ahorros, conforme a los porcentajes de participación previstos en el artículo 44 de la presente Ley, ajustando las fracciones que resulten de su reducción numérica en la forma que reglamentariamente se determine, de modo que exista al menos un representante de cada uno de los grupos de impositores, entidades fundadoras, empleados y corporaciones locales».
«4. Al menos ocho de los vocales del Consejo de Administración deberán poseer los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones. Estos ocho vocales serán nombrados en la siguiente proporción: tres por el grupo de impositores, tres por las entidades fundadoras y dos por las corporaciones locales.
Se entenderá por entidad de análoga dimensión la que iguale a la Caja de Ahorros en, al menos, uno de los siguientes parámetros: número de empleados; número de clientes; volumen de recursos propios o activos fijos totales; o número de establecimientos abiertos al público. En caso de que los parámetros anteriores se refieran a un grupo de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, deberán haberse desempeñado las funciones señaladas en la sociedad cabecera del grupo o, en caso contrario, en una que los cumpla individualmente».
«2. Podrán ser nombradas en representación de los grupos de Corporaciones Municipales, Entidad fundadora e impositores, terceras personas no Consejeros Generales. Su nombramiento exigirá en todo caso la propuesta por parte del grupo respectivo.
3. En el caso de que la Caja de Ahorros mantenga cuotas participativas en circulación, junto con los intereses anteriores, estarán representados en el Consejo de Administración los intereses de los cuota partícipes de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Título I de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros».
«4. El cargo de Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, con independencia de que le sean atribuidas funciones ejecutivas o no según lo regulado en el artículo siguiente, requerirá dedicación exclusiva y tendrá el mismo régimen de incompatibilidades que el establecido para el Director General en el artículo 67.1 de esta Ley».
«1. El Consejo de Administración podrá atribuir al Presidente funciones ejecutivas.
En tal caso, la persona designada por el Consejo de Administración deberá tener reconocida honorabilidad comercial y profesional, así como los conocimientos y experiencia descritos en el artículo 55.4 de esta Ley».
«2. La participación de los grupos de representación en la Comisión de Control será fijada por los Estatutos de cada Caja de Ahorros, conforme a los porcentajes de participación previstos en el artículo 44 de la presente Ley, ajustando las fracciones que resulten de su reducción numérica en la forma que reglamentariamente se determine, de modo que exista al menos un representante de los grupos de impositores, Entidades Fundadoras, empleados y Corporaciones locales y que ningún grupo tenga más de dos representantes.
4. En caso de que la Caja de Ahorros mantenga cuotas participativas en circulación, en la Comisión de Control existirán representantes de los cuota partícipes, en idéntica proporción que en la Asamblea General».
«l) En su caso, las previstas en la disposición adicional decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, salvo cuando las hubiese asumido un Comité de Auditoría creado al efecto.
m) Aquéllas que le vengan atribuidas legal o estatutariamente».
«CAPÍTULO IV.bis
Artículo 64.bis Comisión de Obra Social
3. Podrá formar parte de la Comisión de Obra Social un representante de la Comunidad Autónoma donde la caja tenga su domicilio social y otro representante de cada Comunidad Autónoma en que la caja de ahorros haya captado más de un 10% del total de sus depósitos».
«CAPÍTULO IV.ter
Artículo 64.ter Derechos de representación de los cuotapartícipes
En caso de que una Caja de Ahorros sujeta a esta Ley emita cuotas participativas, los cuotapartícipes dispondrán de los derechos de representación en los órganos de gobierno, de impugnación de acuerdos y de información previstos en el Capítulo IV del Título I de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros».
«Artículo 66 Nombramiento
Artículo 71.bis Informe de gobierno corporativo
Artículo 71.ter Conflictos de interés
1. Cualquier miembro de los órganos de gobierno habrá de comunicar a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener con los intereses de la Caja y con el cumplimiento de su función social.
2. En caso de conflicto el afectado por el mismo habrá de abstenerse de intervenir en la operación de que se trate».
Medidas relativas a la organización de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja
«1. Bajo la superior autoridad del Consejero, cada Consejería podrá estructurarse en los siguientes órganos con nivel de Dirección General:
b) Direcciones Generales».
«Artículo 7 Unidades administrativas
Los órganos podrán estructurarse de forma jerárquica en servicios, áreas, secciones y negociados o unidades administrativas asimiladas».
«Artículo 13 Los Servicios
Los Negociados son unidades administrativas, dependientes de algunas de las enumeradas en los artículos anteriores, a las que se les atribuyen las funciones de tramitación, inventario, si procede, y archivo de los asuntos que tengan asignados».
«Artículo 55 Compatibilidad con actividades públicas
d) El desarrollo de misiones temporales de representación ante organizaciones nacionales, suprarregionales o internacionales».
«3. La Sección de bienes patrimoniales e intereses tendrá carácter público y el acceso a la misma se regulará reglamentariamente. En cualquier caso, podrán acceder a estos datos el Parlamento de La Rioja, de acuerdo con lo que establezca su Reglamento para el ejercicio de las funciones de sus comisiones de investigación, el Gobierno de La Rioja, el Defensor del Pueblo u órgano similar de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal cuando, con motivo de la instrucción o resolución de procesos penales o en las actuaciones de investigación realizadas en el ejercicio de sus funciones en la misma materia, resulte preciso el conocimiento de dichos datos».
La escala autonómica del artículo 1 y las deducciones de los apartados b) y c) del artículo 2 de esta ley resultan de aplicación en tanto se mantengan vigentes la escala estatal y las deducciones estatales por vivienda, en su redacción a 31 de diciembre de 2010. La aprobación por las Cortes Generales de cualquier modificación de las mismas determinará que el Gobierno de La Rioja elabore y remita al Parlamento de La Rioja un proyecto de ley regulando la escala autonómica y las deducciones autonómicas por adquisición y rehabilitación de vivienda habitual durante el ejercicio 2011.
2. Por tanto, las viviendas habituales adquiridas mortis causa con anterioridad al día 1 de enero de 2006 y a las que se les aplicó la reducción mencionada en el párrafo anterior pueden ser transmitidas ya sin pagar la parte del impuesto que se dejó de ingresar como consecuencia de la reducción practicada.
3. Las viviendas habituales adquiridas mortis causa con posterioridad al día 1 de enero de 2006 y a las que se aplicó la reducción mencionada en el apartado 1 de este artículo podrán ser transmitidas sin pagar la parte del impuesto que se dejó de ingresar como consecuencia de la reducción practicada a partir del día en que se cumplan cinco años desde la adquisición.
1. La Caja de Ahorros de La Rioja adaptará sus Estatutos y su Reglamento a las disposiciones de esta ley dentro de los tres meses siguientes a su entrada en vigor.
2. La adaptación y constitución de la Asamblea General y de los demás órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros con domicilio social en La Rioja según las normas modificadas por esta ley se realizará dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos adaptados según el apartado anterior.
3. A fin de poder efectuar los procesos electorales pertinentes en el plazo señalado en el apartado anterior, se incluirá en el Reglamento de Procedimiento Electoral de las Cajas de Ahorros con domicilio social en La Rioja un régimen transitorio, aplicable únicamente al periodo electoral inmediatamente posterior, en el que los plazos previstos para los diferentes procesos electorales se reducirán al mínimo estrictamente necesario para poder culminar el proceso en el plazo indicado. Igualmente, se indicará el sentido positivo o negativo que tendrá el silencio en aquellos trámites donde esté previsto.