Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00023-de-agosto-12-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_91f8e44251467060e0430a0101517060&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-12 20:28:43
Document Index: 347477001

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 85', 'artículo 174', 'artículo 137', 'artículo 95', 'artículo 152', 'artículo 4', 'artículo 204', 'artículo 204', 'artículo 256', 'artículo 257', 'artículo 256', 'artículo 256', 'artículo 80', 'artículo 173', 'artículo 85', 'artículo 101', 'artículo 80', 'artículo 228', 'artículo 35', 'artículo 155', 'artículo 153', 'artículo 362', 'artículo 50', 'artículo173', 'artículo 157', 'artículo 26', 'artículo 69', 'artículo 21', 'artículo 157', 'artículo 69', 'artículo 46', 'artículo 29', 'artículo 50', 'artículo 49', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170']

﻿ Sentencia 2009-00023 de agosto 12 de 2010
SENTENCIA 2009-00023 DE 12 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:POTESTAD REGLAMENTARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. ACERCA DEL MANEJO DE LA CARRERA JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO DE LA RAMA JUDICIAL, ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CARRERA JUDICIAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
Sentencia 2009-00023 de agosto 12 de 2010
Exp.: 11001032500020090002300
Número Interno: 0581-2009
Bogotá, D. C., doce de agosto de dos mil.
Decide la Sala, en única instancia, la acción de simple nulidad, formulada por Diocles Daría Peña Copete contra la Nación —rama judicial— Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva de administración judicial.
El problema jurídico del que enseguida se ocupa el Consejo de Estado, concierne a establecer la legalidad del Acuerdo 1392 de 2002 por medio del cual se reglamenta la evaluación y calificación de servicios de los funcionarios y empleados de la rama judicial.
Para ello deberá resolver los siguientes aspectos específicos: 1. La competencia reglamentaria de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para expedir el acto, 2. Acerca de la violación al debido proceso. 3. La actividad que es objeto de calificación, y 4. Si el acto demandado viola el derecho ele igualdad.
”Acuerdo 1392 de 2002
LA Sala Administratlva del Consejo Superior de la Judicatura,
ART. 1—Con el propósito de asegurar que se mantengan los niveles de eficiencia, calidad e idoneidad que justifiquen la permanencia en el cargo, todos los servidores judiciales deben ser evaluados o calificados.
ART. 2—Todos los funcionarios de la rama judicial vinculados al servicio por el sistema de carrera, deben ser calificados formal y periódicamente, aun cuando se desempeñen transitoriamente en situación distinta de la propiedad, siempre que el cargo pertenezca a dicho régimen.
ART. 3—La calificación de los magistrados de tribunales superiores, administrativos y de la sala jurisdiccional disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura se llevará a cabo cada dos años. La de los jueces, anualmente, aunque se desempeñen transitoriamente como magistrados.
ART. 4—El período de calificación se iniciará el primero de enero y la consolidación de todos los factores que la integran se hará en los meses de abril y mayo del año siguiente a la finalización del período anual o bienal, respectivamente.
ART. 5—Para determinar el número de días hábiles laborados durante el período, la Sala Administrativa del Consejo Superior o la correspondiente seccional de la judicatura descontará, exclusivamente, los días hábiles que correspondan a vacaciones individuales, incapacidades, calamidad doméstica, escrutinios electorales, licencias, cierre extraordinario de los despachos, comisiones o permisos para la participación como formador o asistente en los eventos programados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y los de salud ocupacional autorizados por la Sala Administrativa del . Consejo Superior de la Judicatura, siempre que hayan asistido a los mismos y cumplido con las cargas académicas.
Salvo las situaciones previstas en el inciso anterior, para determinar el número de días laborados, no se descontarán los permisos concedidos a los funcionarios, conforme al artículo 104 del Decreto 1660 de 1978, como quiera que estos no deben afectar la prestación del servicio.
ART. 6—Para efectos de la determinación del período laborado, no se tendrán en cuenta los tres primeros meses, contados a partir de la consolidación de una de las siguientes situaciones en los funcionarios a calificar:
ART. 7—La calificación de servicios tiene efectos legales respecto del cargo en el cual el funcionario está vinculado por el sistema de carrera judicial, así haya desempeñado otros cargos durante el respectivo período.
ART. 8—La calificación insatisfactoria de servicios conlleva la exclusión de la carrera judicial y ambas decisiones se contendrán en el mismo acto administrativo, contra el cual proceden los recursos de la vía gubernativa.
ART. 9—La Sala Administrativas del Consejo Superior y seccionales de la judicatura, en el ámbito de su circunscripción territorial, harán la calificación integral de los magistrados y de los jueces, respectivamente.
PAR.—Cuando dentro del período a calificar el funcionario se haya desempeñado en despachos judiciales ubicados fuera de la circunscripción territorial de la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura competente para realizarla, esta solicitará los formularios diligenciados sobre los factores de eficiencia o rendimiento y calidad, así como el informe de visita sobre el factor de organización del trabajo, a la sala o salas administrativas a las cuales pertenezcan los despachos donde el funcionario se hubiere desempeñado.
ART. 10—Si la calificación de servicies no se produce por omisión injustificada del calificador, se dará traslado a la autoridad competente con el fin de que se adelanten las investigaciones a que hubiere lugar.
Lo anterior no exime al calificador de la responsabilidad de realizarla, por tratarse de una obligación a su cargo y de un derecho para el sujeto de la calificación, quien podrá exigirla, toda vez que esta constituye requisito para la concesión de estímulos, oportunidades de capacitación y otorgamiento de becas.
ART. 11—Cuando no sea posible efectuar la calificación de servicios, por conducta injustificada del funcionario que debe ser calificado, se le asignará cero puntos en el respectivo factor, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.
ART. 12—La calificación integral de servicios comprende los factores de calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones, con el siguiente puntaje:
—Calidad: Hasta 40 puntos.
—Eficiencia o rendimiento: Hasta 40 puntos.
—Organización del trabajo: Hasta 18 puntos.
—Publicaciones: Hasta 2 puntos.
La calificación integral de servicios se dará siempre en números enteros; la aproximación solo se hará sobre el resultado final.
ART. 13—La calificación de servicios se hará dentro de la siguiente escala:
Insatisfactoria: de O hasta 59.
ART. 14—El concepto procesos a que alude el presente acuerdo se refiere a las denuncias, demandas y acciones constitucionales, desde la fecha en que se recibieron en el respectivo despacho judicial.
ART. 15—La calificación integral y la de cada uno de los factores y en general, el reporte de información en aplicación del presente acuerdo se realizará en los formularios diseñados y distribuidos por la unidad de administración de la carrera judicial.
PAR.—Respecto de terceros, el manejo de los formularios de calificación de cada uno de los factores es confidencial. En firme la calificación integral, estos podrán darse a conocer a quienes lo soliciten.
ART. 16—La calificación de este factor será realizada por el superior funcional, simultáneamente con la decisión de la instancia o recurso.
Las decisiones de la sala, sección o subsección serán sometida(sic) a la aprobación de la sala plena, al menos bimensualmente.
Para cada proceso se utilizará un formulario, cuyos originales deberén ser enviados semestralmente a la Sala Administrativa de los consejos superior o seccionales de la judicatura, por un medio que garantice su seguridad.
ART. 17—Sólo para efectos de información y con el propósito de contribuir a la realización de los fines de la calificación, se remitirá a los sujetos de esta, con el expediente, una copia debidamente diligenciada del formulario del factor calidad de cada proceso. Cuando el superior funcional sea colegiado, se enviará inmediatamente sea aprobado por la respectiva sala plena.
El calificado podrá solicitar al superior funcional el envío del formulario del factor calidad, en caso de que no se de cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
ART. 18—La calificación de este factor se fundamentará en el análisis técnico y jurídico de procesos con providencias proferidas dentro del perlado, que sean objeto de recursos ordinarios, o extraordinarios y del grado jurisdiccional de consulta.
ART. 19—La dirección del proceso contiene los siguientes aspectos y puntajes:
3 Manejo de audiencias y diligencias: hasta 6 puntos. Se relaciona con las habilidades y destrezas que el funcionario como supremo director de las audiencias y diligencias, diferentes a las de la actividad probatoria, debe utilizar para lograr su eficacia.
ART. 20—La estructura y contenido de las providencias se retiere a los siguientes aspectos y puntajes:
ART. 21—La calificación de este factor deberá comprender un mínimo de diez (10) procesos y cuando menos seis (6) de estos deberán corresponder a procesos con sentencia o decisión que resuelva de fondo el asunto en la respectiva instancia.
La evaluación de los magistrados de las salas únicas y de los jueces, promiscuos de familia, promiscuos del circuito y promiscuos municipales, debe comprender, por lo menos, tres (3) calificaciones en el área penal o de menores y tres (3) en cualesquiera de las otras áreas.
ART. 22—En el evento en que al final del período a calificar los funcionarios no tengan un mínimo de diez (10) formularios de evaluación, ni la proporción indicada en el artículo anterior, se procederá de la siguiente forma:
La sala administrativa correspondiente solicitará al funcionario a calificar, una relación de los procesos terminados dentro del período, que no hayan sido objeto de calificación, la cual contendrá su número de radicación, su clase y , los nombres de las partes o sujetos procesales. De la misma, seleccionará al azar los procesos que el funcionario a evaluar remitirá al superior funcional correspondiente, hasta completar el mínimo requerido y, comunicará lo pertinente a los funcionarios respectivos.
Si agotado el procedimiento antes descrito no es posible completar el mínimo de formularios establecido, la calificación en el factor se obtendrá con los que , hubiere.
PAR.—Para completar el número mínimo de que trata el presente artículo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura realizarán la correspondiente calificación del factor calidad, previa selección, e! azar, de los procesos que se encuentren en dichas corporaciones.
ART. 23—Al final de cada período de calificación, la Sala Administrativa de los consejos Superior o seccionales de la judicatura correspondiente, obtendrá la calificación consolidada del factor calidad, sumando los puntajes asignados por los respectivos superiores funcionales en la evaluación de cada proceso y dividiendo este resultado por el número de calificaciones efectuadas.
ART. 24—Cuando un proceso ha sido tramitado por uno o varios funcionarios y la providencia emitida por otro, en virtud de cambio del titular del despacho, la dirección del proceso y la estructura de las providencias se calificará proporcionalmente sobre 40 puntos, conforme a las proporciones contenidas en los artículos 19 y 20, respecto de cada uno de los aspectos a evaluar.
ART. 25—En el trámite de los recursos de la vía gubernativa contra las calificaciones insatisfactorias, referidos a este factor, la Sala Administrativa del Consejo Superior o seccional de la judicatura pondrá el respectivo escrito en conocimiento del superior funcional, para que se pronuncie al respecto en los términos de ley.
ART. 26—La calificación de este factor se efectuará sobre la productividad o rendimiento de los funcionarios, durante el período a evaluar, a partir de la carga y el egreso efectivos.
ART. 27—La carga efectiva está constituida por:
1. Los procesos sin sentencia o decisión que resuelva de fondo el asunto en la respectiva instancia, cuando han estado suspendidos o interrumpidos los últimos seis meses del período a evaluar en virtud del recurso de apelación en el efecto suspensivo, del decreto de suspensión y de la interrupción:
2. Los procesos sin sentencia o decisión que resuelva de fondo el asunto en la respectiva instancia, que no tuvieron tramite los últimos seis meses del período, siempre que no sea posible su impulso oficioso y no proceda la perención.
ART. 28—El egreso efectivo está constituido por:
3. La conciliación judicial debidamente aprobada por el juez, siempre que esta termine el proceso.
4. Los procesos remitidos a otro funcionario en programas de descongestión para fal/o, los cuales serán tenidos en cuenta como egreso en un 80% cada uno, siempre y cuando la congestión no sea imputable al funcionario a evaluar.
5. Los procesos en los cuales se profirió, dentro del período, la sentencia o decisión que resuelva el fondo del asunto en la instancia, que en cumplimiento de programas de descongestión hayan sido sustanciados por otro funcionario, serán tenidos en cuenta como egreso en un 0.20% cada uno, siempre y cuando la congestión no sea imputable al funcionario a evaluar.
En primera instancia, las denuncias, las demandas y acciones constitucionales, rechazadas o retiradas.
1. En segunda instancia, los procesos cuyos recursos o grado jurisdiccional de consulta hayan sido devueltos o inadmitidos.
ART. 29—Para la calificación de este factor los despachos se clasifican en tres niveles, según el número de procesos a su cargo durante todo el período a evaluar, así:
ART. 30—El puntaje ele los funcionarios que se desempeñen en despachos ubicados en el primer nivel se establecerá así:
1.1. Con rendimiento igual o superior al 90%: 40 puntos.
2.2. Con rendimiento igual o superior al 70% e inferior al 90%: Entre 27 y 39 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
3.3. Con rendimiento igualo superior al 50% e inferior al 70%: Entre 13 y 27 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
4.4. Con rendimiento inferior al 50%: Hasta un máximo de 13 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
ART. 31—El puntaje de los funcionarios que se desempeñen en despachos ubicados en el segundo nivel se establecerá así:
1.1. Con rendimiento igualo superior al 90%: 40 puntos.
2.2. Con rendimiento igualo superior al 70% e inferior al 90%: Entre 29 y 39 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
3.3. Con rendimiento igualo superior al 50% e inferior al 70%: Entre 16 y 29 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
4.4. Con rendimiento inferior al 50%: Hasta un máximo de 16 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
ART. 32—El puntaje de los funcionarios que se desempeñen en despachos ubicados en el tercer nivel se establecerá así:
2.2. Con rendimiento igualo superior al 70% e inferior al 90%: Entre 31 y 39, proporcionalmente al rendimiento logrado.
3.3. Con rendimiento igualo superior al 50% e inferior al 70%: Entre 19 y 31 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
ART. 33—El rendimiento de cada funcionario, se determinará dividiendo el egreso efectivo por la carga efectiva de procesos durante el período a evaluar.
PAR.—Para determinar el rendimiento de los funcionarios que se hubieren desempeñado en un despacho por un lapso inferior al período a evaluar, se dividirá el egreso efectivo por la carga efectiva o por el rendimiento esperado proporcional al lapso laborado, según el caso, El nivel en que se encuentra ubicado el despacho se establece con base en el número de procesos a su cargo durante todo el período.
ART. 34—La productividad de los funcionarios a cargo de despachos ubicados en el tercer nivel, que tengan una carga efectiva igualo superior al rendimiento esperado, se determinará dividiendo el egreso efectivo por aquel.
El rendimiento esperado, será determinado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta la información estadística que sobre el movimiento de procesos repose en las unidades de administración de la carrera judicial y de desarrollo y análisis estadístico; en ningún caso podrá ser inferior al límite superior de la carga correspondiente a los despachos ubicados en el segundo nivel,
Este se comunicará a los funcionarios, a más tardar en el mes de enero del año correspondiente a la iniciación del período a evaluar.
ART. 35—La calificación de este factor se realizará con base en la información que, en cumplimiento del artículo 104 de la Ley 270 de 1996, reportará anualmente el funcionario a evaluar, para lo cual diligenciará tantos formularios cuantos cargos haya desempeñado durante el período a evaluar, y los remitirá, debidamente diligenciados, a la unidad de administración de la carrera judicial, o a la Sala Administrativa del correspondiente Consejo Seccional de la Judicatura, según en el caso, a más tardar el último día hábil . del mes de enero de cada año.
ART. 36—Cuando un funcionario tuviere a su cargo procesos de complejidad excepcional que, por la naturaleza del asunto, número de personas involucradas o por acumulación requieran de especial dedicación, tan pronto lo advierta lo reportará a la unidad de administración de la carrera judicial o a la sala administrativa del consejo seccional de la Judicatura correspondiente. Si es del caso, se verificará la información y se harán los ajustes pertinentes observando criterios de equidad.
ART. 37—La calificación de este factor comprenderá los siguientes subfactores:
1.1. Aplicación de las normas de carrera, administración dlel talento humano y cumplimiento del régimen disciplinario: Hasta 6 puntos.
a) La observancia de las normas de carrera en la evaluación del factor calidad de otros funcionarios, la designación y calificación integral de sus empleados. Hasta 3 puntos.
b) El manejo de situaciones administrativas, tales como licencias, permisos, vacaciones, retiros, etcétera; el clima organizacional, el cumplimiento del régimen disciplinario y que el funcionario actué y vele por que sus empleados asuman comportamientos acordes con la solemnidad y el decoro que imponen las actuaciones judiciales. Hasta 3 puntos.
a) Procedimientos de trabajo, registro y control de la información, manejo de los expedientes, organización del archivo y control de los términos para el ingreso de los procesos al despacho y de las actuaciones en general y la verificación de los procesos reportados “sin trámite”, en que no haya sido posible su impulso oficioso. Hasta 2 puntos.
b) Cumplimiento de los acuerdos proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sobre la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos. Hasta 3 puntos.
ART. 38—Para la calificación de este factor, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura practicará visitas, directamente o mediante delegación, en los términos del parágrafo del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, a los despachos de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial y administrativos y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la Judicatura.
Factor publicaciones.
ART. 39—Para la calificación de este factor, los funcionarios que hayan realizado publicaciones remitirán un ejemplar de cada una de ellas a la Sala Administrativa correspondiente, a más tardar el último día hábil del mes de enero ulterior al vencimiento de aquel.
—Las tesis o monografías de pregrado y postgrado, ni los trabajos realizados en cumplimiento de las funciones propias del cargo.
—La reimpresión y la reedición de obras, excepto que la publicación no haya sido objeto de evaluación en períodos anteriores o que contenga un trabajo de corrección o actualización que, a juicio de la correspondiente sala administrativa, merezca ser valorado.
PAR.—Cuando una publicación tenga más de un autor sin que sea determinable la participación del funcionario a evaluar, el puntaje se asignará de acuerdo con la calidad e importancia de la misma. En caso contrario se calificará por igual y solo al funcionario a evaluar.
ART. 40—La calificación consultará, entre otros, los siguientes criterios:
1.1. La originalidad de la obra.
2.2. Su calidad científica, académica o pedagógica.
3.3. La relevancia y pertinencia de los trabajos.
4.4. La contribución al desarrollo del derecho.
ART. 41—La calificación se realizará dentro de la siguiente escala:
ART. 42—La calificación de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, de menores, promiscuos de familia, área de menores y de los funcionarios del régimen de carrera que se desempeñen transitoriamente en programas de descongestión se realizará con base en las normas contenidas en este acuerdo y las especiales de que trata este título.
ART. 43—La calificación del factor calidad de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad se fundamentará en el análisis técnico y jurídico de las actuaciones y decisiones de fondo proferidas dentro del período a evaluar, que sean objeto de recursos o de impugnación, y las actas de visitas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
1. Manejo de términos, ejecución de la pena y de las medidas de .seguridad y actos que se relacionan con el sistema carcelario y penitenciario: Hasta 30 puntos.
a) La oportunidad e impulso de la gestión procesal, el cumplimiento de los términos y las actuaciones oficiosas que le correspondan y el control de la ejecución de las penas y de los subrogados penales. Si existe actividad probatoria se mirará su pertinencia, conducencia y dirección. Hasta 15 puntos
ART. 44—La calificación del factor eficiencia o rendimiento se efectuará sobre la productividad o rendimiento de los funcionarios durante el período a evaluar, a partir de la carga y el egreso efectivos, así:
3. Con rendimiento igualo superior al 50% e inferior al 70%: Entre 13 y 27 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
PAR. 1º— La carga efectiva está constituida por:
ART. 45—El factor calidad de los jueces de menores y promiscuos de familia, en el área de menores, se calificará sobre procesos con providencias proferidas dentro del período que sean objeto de apelación o mediante visita al juzgado por parte del calificador, quien con observancia del artículo 174 del Código del Menor, examinará los expedientes seleccionados al azar, entre los que se encuentren en trámite.
La visita podrá suplirse con la revisión y el análisis de las piezas procesales que el respectivo calificado estime pertinentes, como son: la exposición del menor, la entrevista, las audiencias, el estudio socio familiar, el auto que resuelva la situación jurídica, el informe de seguimiento. Para tal efecto, solicitará una relación de los procesos terminados durante el período, que no hayan sido objeto de calificación, con el fin de seleccionar al azar aquellos en los que se deba remitir copia de las providencias o actuaciones mencionadas.
ART. 46—Esta calificación comprende los siguientes subfactores:
PAR.—La dirección del proceso contiene los siguientes espectros y puntajes:
ART. 47—Cuando menos seis (6) evaluaciones, tratándose de jueces de menores, y tres (3) en el área de menores de los jueces promiscuos de familia, deberán corresponder a procesos en los cuales se hayan aplicado una o varias de las medidas establecidas en el Código del Menor.
ART. 48—La calificación del factor eficiencia o rendimiento de los funcionarios del régimen de carrera que se desempeñen transitoriamente en programas de descongestión, se determinará por el cumplimiento de dichos programas, caso en el cual obtendrán 40 puntos. En caso de cumplimiento parcial y sin perjuicio de la exclusión del programa de descongestión, el puntaje se determinará:
1. Con rendimiento igualo superior al 70% e inferior al 99.99%: Entre 27 y 39 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
2. Con rendimiento igualo superior al 50% e inferior al 70%: Entre 7 y 27 puntos, proporcionalmente al rendimiento logrado.
ART. 49—La calificación del factor calidad de los funcionarios que se desempeñen transitoriamente en programas de descongestión para la sustanciación de procesos, sólo tendrá en cuenta la dirección del proceso. El puntaje se asignará hasta 40 puntos, así:
2; Conducción del debate probatorio: Hasta 14 puntos.
ART. 50—La calificación del factor calidad de los funcionarías que se desempeñen transitoriamente en programas de descongestión para fallo, sólo tendrá en cuenta la estructura y contenido de las providencias proferidas dentro del período. El puntaje se asignará hasta 40 puntos, así:
ART. 51—La calificación de los funcionarios que se desempeñen transitoriamente en programas de descongestión para sustanciación y fallo, se realizará conforme a lo establecido en los capítulos VI, VII, VIII Y IX del título II del presente acuerdo.
ART. 52—Todos los empleados de la rama judicial, vinculados al servicio por el sistema de carrera, deben ser calificados formal y periódicamente, aun cuando se desempeñen transitoriamente en otro cargo en situación distinta a la de la propiedad, siempre que el cargo pertenezca a dicho régimen.
ART. 53—La calificación de los empleados será anual o proporcional al tiempo laborado, siempre que este sea superior a tres meses y podrá ser anticipada, conforme a la ley, siempre y cuando el lapso laborado no sea inferior a tres meses, contados a partir de la fecha de la posesión en el pertinente cargo.
El período de calificación va desde el primero de enero al 31 de diciembre de cada año y la consolidación de la calificación integral se hará en los meses de abril y mayo del año siguiente al vencimiento de aquel.
ART. 54—La calificación de servicios tiene efectos legales respecto del cargo en el cual el empleado está vinculado por el sistema de cerrero judicial, así haya desempeñado otros cargos.
ART. 55—La calificación insatisfactoria conlleva la exclusión de la carrera judicial y el retiro del servicio, que se contendrán en el mismo acto administrativo proferido por el respectivo superior jerárquico, contra el cual proceden los recursos de la vía gubernativa.
ART. 56—Corresponde al superior jerárquico del despacho en el cual el empleado esta nombrado por el régimen de carrera, realizar su calificación integral de servicios, de conformidad con los factores establecidos en la ley y desarrollados en el presente acuerdo.
ART. 57—Si la calificación de servicios no se produce por omisión injustificada del calificador, se dará traslado a la autoridad competente con el fin de que se adelanten las investigaciones a que hubiere lugar.
ART. 58—Cuando un empleado, durante el periodo a calificar, se haya desempeñado en otros despachos, los respectivos superiores remitirán al calificador, a título de informe, el formulario correspondiente a las labores desempeñadas, debidamente diligenciado en cuanto a los factores de calidad, eficiencia o rendimiento y organización del trabajo.
ART. 59—La calificación de servicios comprende los factores de calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones, con el siguiente puntaje:
ART. 60—La calificación de servicios se hará dentro de la siguiente escala:
Insatisfactoria: De O hasta 59
ART. 61—La calificación del factor calidad se fundamentará en el análisis del cumplimiento de las funciones asignadas al cargo, teniendo en cuenta, el contenido, exactitud, ausencia de errores, presentación, manejo gramatical y la ortografía de los trabajos realizados; la atención al público; el manejo de los expedientes, archivos, información y demás aspectos anejos a su labor.
ART. 62—La calificación del factor eficiencia o rendimiento se realizará con fundamento en las tareas, actividades y trabajos en general encomendados a los empleados de acuerdo con las funciones asignadas al cargo y la realización de las mismas.
ART. 63—La calificación de este factor comprenderá los siguientes subfactores:
ART. 64—Para la calificación de este factor, los empleados que hayan realizado publicaciones dentro del período a evaluar, deberán entregar un ejemplar de cada una de ellas al calificador, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año.
ART. 65—El presente acuerdo rige a partir del primero de enero de dos mil tres (2003). En consecuencia sólo se aplicará en las evaluaciones correspondientes al inicio de su vigencia. Deroga los acuerdos 198 y 313 de 1996, 103 de 1997, 247 de 1998, 516 de 1999 y 1177 de 2001 y los demás que le sean contrarios, a partir de su aplicación.
Dado en Bogotá a los veintiún días del mes de marzo del dos mil dos.
Carlos Enrique Marín Vélez, presidente”.
Como quedó condensado precedentemente, se pretende la nulidad del Acuerdo 1392 del 21 de marzo de 2002, porque se dice que dicho reglamento viola normas de orden superior, por carencia de competencia del órgano que lo expidió, es decir del Consejo Superior de la Judicatura. Este propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, bajo la consideración de que se acusa de modo concreto la invalidez de los artículos 8º, 21, 26, 29, 30 Y 55 del acto demandado, pero sin desarrollar de modo concreto una acusación frente a los demás artículos del Acuerdo 1392, es decir qué tipo de nulidad aqueja los demás artículos razón por la cual solicita la inhibición por lo menos parcial.
El artículo 137-4 del Código Contencioso Administrativo, exige que cuando se trata de la impugnación de actos administrativos debe indicarse con precisión cuáles son las normas violadas y argumentar con detalle el concepto de su violación. Esta exigencia fue declarada exequible de forma condicionada por la Corte Constitucional que en la Sentencia C-197 de 1999, en la que se señaló que:
”Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, más aun cuando dicha búsqueda no solo dispendiosa sino en extrema difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia; mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación Podría agregarse, que con el establecimiento de dichos requisitos el legislador desarrollo el deber previsto en el artículo 95-7 de la Constitución para que quienes demandan actos administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contribuyan al buen funcionamiento de la administración de justicia”.
No obstante, examinadas las razones de la acusación contra. el acto administrativo demandando, hay una totalizadora que compromete la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para expedir el reglamento. En efecto el acuerdo demandado trata de la evaluación y calificación de servicios de los funcionarios y empleados. de la rama judicial, y según se acusa en la demanda, la entidad no podía expedir reglamento alguno hasta tanto no se produjera una ley ordinaria que organizara la carrera judicial. Si este argumento del demandante fuera cierto, sin duda la aniquilación no sería de algunos de los artículos sino de la totalidad del acuerdo demandado, por lo cual, esa acusación sería envolvente y no parcial sobre algunas de las normas del acuerdo, de modo que no hay lugar a la inhibición solicitada por la parte demandada. Síguese de lo dicho que no prospera esta excepción.
1. La competencia general del Consejo Superior de la Judicatura para expedir el acto.
Como es sabido, en la jerarquía de las fuentes, las leyes estatutarias, previstas en el artículo 152 de la Carta Política, ocupan un lugar de privilegio en el ordenamiento, dada la importancia de las materias que ellas regulan, que impone entre otras exigencias especiales la revisión previa de constitucionalidad y mayorías para su aprobación. Pero además de los anteriores rasgos propios y exclusivos de las leyes estatutarias, su función regulatoria se expresa en un nivel superior de generalidad, lo que lleva a decir sin más preámbulos, que la Ley 270 de 1996 no podía agotar la materia de calificación de servicios, y tampoco la agotó, pues apenas sentó las reglas básicas a las cuales habrían de sujetarse tanto el legislador ordinario, como el propio Consejo Superior de la Judicatura, cada uno en lo de su competencia. las leyes estatutarias regulan temas de trascendencia como la administración de justicia, los estados de excepción y otros aspectos de idéntica importancia y han sido reconocidas en una jerarquía muy cerca de la Constitución, lo que implica que estas desarrollan su poder regulatorio en un grado que oscila entre la ley ordinaria y la Constitución; de este modo corresponde a la ley común u ordinaria, ocuparse de establecer las normas en un nivel minucioso de detalle, distinto al de la ley estatutaria. Así, justamente en la Sentencia C-037 de 1996 puede leerse que “el objeto principal del proyecto bajo revisión —ley estatutaria de la administración de justicia—, es el de establecer la estructura y los principios generales que habrán de guiar el funcionamiento de la administración de justicia” (resalta la Sala). Por lo anterior, la Ley 270, de 1996, no reguló detalladamente todos los aspectos relativos a la carrera judicial. Justamente por ese motivo, en la sentencia de la Corte Constitucional ya señalada, fueron declaradas inexequibl.es las siguientes normas: artículo 4º, parágrafo 14; 16, 24, 41, numeral 6º; 62, 108; 114, numeral 1º; 179; 205, inciso 5º y 6º, declaración de inexequibilidad fundada en que los temas de que trataban las normas incorporadas en el proyecto de ley estatutaria, eran propios de una ley ordinaria, y por lo mismo, no podían tener espacio en una ley estatutaria.
La muestra incontrovertible de lo que acaba de decirse, reside en el propio artículo 204 de la Ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia. Reza ese precepto que “hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuaran vigentes, en lo pertinente el Decreto-Ley 52 de 1987 y el Decreto 1660 de 1978, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la Constitución Política y a la presente ley” (resalta la Sala). Se sigue de lo anteriormente dicho, que la Ley 270 de 1996 no reguló de manera íntegra la materia referente al manejo de personal en la administración de justicia, sino que justamente reconoció que esta tarea no era de una ley estatutaria, sino que debería acometerla el legislador ordinario.
De conformidad con lo dicho, si la Ley 270 de 1996 no agotó la materia, es decir, no reguló integralmente la actividad de la administración, en materia de carrera judicial deben operar concurrentemente el legislador ordinario y el Consejo Superior de la Judicatura.
En los cargos noveno y décimo de la demanda, el actor es enfático en argumentar que la ausencia de una ley ordinaria de carrera ,judicial, impide que el Consejo Superior de la Judicatura, expida , reglamentos en materia de calificación y evaluación de servicios. Como acaba de demostrarse, no es cierto aquello de la ausencia de una ley ordinaria de carrera judicial, pues el artículo 204 de la Ley 270 de 1996, otorgó ese carácter al Decreto-Ley 52 de 1987, junto con el Decreto 1660 de 1978.
De otro lado, es evidente que el Consejo Superior de la Judicatura sí goza de la potestad reglamentaria, de modo específico en materia de carrera judicial, pues tal atribución le fue asignada por la propia Constitución, en el artículo 256 cuyo texto no deja duda de esa competencia:
“ART. 256—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura a las(sic) consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales”.
En idéntico sentido, el artículo 257 ejusdem, expresa:
“Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: (…).
2. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador”.
En la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia se hizo el desarrollo general de las atribuciones constitucionales del Consejo Superior de la Judicatura del siguiente modo:
“ART. 85—Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:
13. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador
Realizar la calificación integral de servicios de los magistrados de tribunal.
Establecer indicadores de gestión de los despachos judiciales e índices de rendimiento, lo mismo que indicadores de desempeño para los funcionarios y empleados judiciales con fundamento en los cuales se realice su control y evaluación correspondientes.
El Consejo adoptara como mínimo los siguientes indicadores básicos de gestión: congestión, retraso, productividad y eficacia.
32. Las demás que le señale la ley” (numeral adicionado por el art.17 de la Ley 1285 de 2009)
Esta norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, en la cual se consideró:
“La Corte estima que las diversas funciones contempladas en la norma que se estudia, salvo las que a continuación se relacionarán, se avienen a la naturaleza de las responsabilidades que debe desempeñar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los preceptos constitucionales (C.N., arts. 256 y 257) y los lineamientos que jurisprudencialmente ha determinado esta corporación en la Sentencia C-265 de 1993, principalmente.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 256-1 de la Carta, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la tarea de administrar la carrera judicial. Para el efectivo ejercicio de esta atribución, entiende la Corte que a la citada corporación le asiste la facultad de reglamentar algunos aspectos de dicho sistema de carrera, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legislador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-23 de la Constitución. En otras palabras, para la Corte la facultad de reglamentar en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, no significa necesariamente suplantar las atribuciones propias del legislador. Por tal motivo, el numeral 22 será declarado exequible.
Respecto del numeral 28, cabe señalar que, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la Sentencia C-417 de 1993, y que se reiteran en esta providencia, el numeral 40 del artículo 256 superior faculta al Consejo Superior de la Judicatura para llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales, dentro de las cuales se encuentran las enunciadas por la norma bajo examen. Sin embargo, conviene puntualizar que, también de acuerdo con los parámetros sentados en la referida sentencia, dicho control sobre la gestión de los magistrados que gozan de fuero constitucional especial, no puede abarcar el ejercicio de la función disciplinaria. En estos términos, pues, la norma será declarada exequible”.
Igualmente, la Ley 270 de 1996 preceptúa acerca de las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura:
“Art. 174—Competencia para administrar la carrera. La carrera judicial será administrada por las salas administrativas de los consejo(sic) Superior o seccionales de la Judicatura, con la participación de las corporaciones judiciales y de los jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará y definirá, conforme a lo dispuesto en esta ley, los mecanismos con forme a los cuales habré de llevarse a efectos la administración de la carrera y la participación de que trata el inciso anterior”.
La Corte Constitucional también se ha ocupado de la potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura, en las sentencias C-288 de 1993, con ponencia del Honorable Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, C-350 de 1997 El Consejo de Estado igualmente ha reconocido que el Consejo Superior de la Judicatura sí está investido de la potestad reglamentaria, así quedó dicho en la Sentencia de 15 de abril de 2004, Actor: Abel Reinero Arévalo, Consejero Ponente: el doctor Tarsicio Cáceres en la que se expresó:
“Por otra parle, existe en nuestra Carta un ámbito de regulación que el mismo constituyente determinó que debía ser desarrollado por la vía reglamentaria, el cual fue atribuido a distintos entes constitucionales, entre los cuales se puede citar... el Consejo Superior de la Judicatura también tiene facultades reglamentarias como se verá más adelante.
Ese poder de reglamentación asignado directamente por la Constitución entre otras, a las entidades citadas, está sujeto a la Constitución ya que sólo puede ejercer respecto de las materias expresamente señaladas por el Constituyente”(1).
Puestas en esta perspectiva las cosas no hay duda sobre que el Consejo Superior de la Judicatura está investido de la potestad reglamentaria para el manejo de la carrera judicial, en tanto esa es una de sus tareas constitucionales más importantes. Ya no hay contradicción con el principio que otorga al Congreso una amplia potestad de configuración legislativa, pues dentro de la jerarquía de las fuentes del Derecho, los reglamentos que expida el Consejo Superior de la Judicatura deben someterse al principio ele legalidad, lo que equivale a decir que la potestad del Consejo es simplemente residual, pues se halla subordinada a los mandatos del legislador. Dicho con otras palabras, para el caso, estaría vedado al Consejo Superior de la Judicatura desconocer lo mandado en los Decretos 52 de 1987 y 1660 de 1978, a quienes la ley estatutaria de la administración de justicia otorgó un estatus temporal de ley ordinaria de carrera judicial, mientras no se expida una nueva ley que los modifique total o parcialmente.
2.Acerca de la violación al debido proceso. En los cargos primero, segundo, sexto, séptimo y octavo, se acusa que el cuerdo demandado no consagró los recursos en vía gubernativa, ni un régimen de competencias para resolverlos; a juicio del demandante, según la doctrina administrativa tales recursos deben ser el de reposición, apelación y queja, a pesar de lo cual solo se hizo una mención marginal de ellos en el capítulo de los efectos, artículo 80 y 55, respecto de la calificación insatisfactoria, lo que hizo en los siguientes términos: “...contra el cual proceden los recursos de vía gubernativa”. Cada factor y cada etapa del proceso de calificación, también debería tener una posibilidad de impugnación de control vertical no sólo horizontal, sin embargo, toda la posibilidad de recurrir se deja para cuando ya esté consolidada la calificación, en un solo acto administrativo que pueda ser recurrido. Señala el demandante que la ley estatutaria de la administración de justicia establece en el artículo 173, que el retiro de carrera judicial apareja la desvinculación del servicio, la que se efectuará mediante acto motivado, susceptible de los recursos propios de la vía gubernativa.
Esta acusación repetida en distintos cargos contra el Acuerdo 1392 de 2002 es sencillamente desenfocada, pues ninguna de las reglas de dicho cuerpo normativo restringió el ejercicio de la doble instancia, ni menoscabó el derecho al debido proceso. Como se aprecia, la acusación no se hace por la existencia en el acuerdo de una regla limitativa de la doble instancia, es decir no recae sobre el contenido del acuerdo demandado, sino sobre aquello que a juicio del demandado debió decir el reglamento, forma de acusación que resulta abiertamente improcedente pues la impugnación esquiva el contenido material del acto demandado, para dirigir el ataque contra lo que supuestamente no dijo o debió decir.
No podría entonces haber incurrido el Consejo Superior de la. Judicatura en la nulidad que se le endilga, pues si existieran limitaciones al principio de la doble instancia, ellas serían anteriores al acuerdo demandado, es decir no fueron introducidas por este, y eventualmente tendrían origen en que los jueces, por la estructura propia de la rama judicial, carecen de superior jerárquico ya que las competencias judiciales solo comprenden el concepto de superioridad funcional, diseño que, en todo caso, no fue concebido por el acuerdo demandado, ni desaparecería porque este fuera retirado del ordenamiento jurídico.
Sobre este aspecto ya se ha pronunciado el Consejo de Estado en varias ocasiones. Así en la decisión de 23 de abril de 2002, se dijo:
“Debe la Sala hacer dos observaciones:
“ART. 174—Competencia para administrar la carrera. La carrera judicial será administrada por las salas administrativas de los concejos Superior o seccionales de la Judicatura, con la participación de las corporaciones judiciales y de los jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos.
4. Comunicar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales de la Judicatura, las novedades administrativas y las circunstancias del mismo orden que requieran de la intervención de estos, y
5. Velar por el estricto cumplimiento de los deberes por parte de los empleados de su despacho.”
Por su parte, el artículo 85.18, ibídem, incluye entre las funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la de realizar la calificación integral de servicios de los magistrados de tribunal; y el artículo 101.8 en relación con los jueces, la asigna a las salas administrativas de los consejos seccionales y los artículos 171 y 172 de la ley estatutaria disponen:
“ART. 171—Evaluación de empleados. Los empleados de carrera serán evaluados por sus superiores jerárquicos anualmente, sin perjuicio de que, a juicio de aquéllos, por necesidades del servicio se anticipe la misma.
ART. 172—Evaluación de funcionarios. Los funcionarios de carrera serán evaluados por la Sala Administrativa de los consejos Superior o Seccional de la Judicatura. Los superiores funcionales del calificado, remitirán de conformidad con el reglamento, el resultado de la evaluación del factor calidad, el cual servirá de base para la calificación integral.
Como ya se advirtió, la calificación de servicios de los funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial, se halla reglamentada por el Acuerdo 198 del 3 de septiembre de 1996 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo artículo 80 de dicho acuerdo, es del siguiente tenor:
Para la Sala, de las disposiciones transcritas no se evidencia que la ley o el reglamento hayan señalado en quién recae la competencia funcional administrativa de los actos administrativos expedidos por los jueces, ni tampoco de las mismas se deduce que las salas del Tribunal Superior o la administrativa de los consejos seccionales de la Judicatura, por permitírselo la ley, puedan impartirle órdenes administrativas a aquellos, lo cual, en últimas, es lo que identifica o caracteriza la superioridad jerárquica, conforme se dejó precisado en la providencia de la Sala Plena de 20 de marzo de 2001, dictada dentro del expediente DIS-004, con ponencia del consejero doctor Nicolás Pájaro Peñaranda.
“...3. Para comenzar, advierte la Sala que los principios de independencia y autonomía a que se refiere el artículo 228 de la Constitución Política, no pueden tenerse en cuenta para los efectos de esta providencia, porque ellos están referidos a la actividad judicial propiamente dicha y no a la administrativa que es objeto de estudio.
4. También observa la Sala que de conformidad con la ley, al Consejo de Estado le corresponde nombrar a los magistrados de los tribunales administrativos, evaluarlos en los términos del numeral 7º del artículo 35 de la referida Ley 270, postularlos para los estímulos y distinciones previstas en el artículo 155, ídem, concederles licencia no remunerada (142, ibídem), solicitar que se les confiera comisión (139, ídem), otorgarles comisión de servicios (136, ídem) y aceptarles la renuncia (149, ídem), pero, cuando estas normas le atribuyen la competencia a la corporación, como superior de tales funcionarios, lo hace por ser el superior funcional, jerárquico u organizacional, como se dijo en la providencia del 19 de octubre pasado, en el proceso DIS-002, pero no porque sea el “...inmediato superior administrativo... “, que no lo es, por lo siguiente.
El numeral 3º del artículo 153 de la mencionada Ley 270, establece como deber de los funcionarios y empleados judiciales el de obedecer a sus superiores. Este deber supone, necesariamente, la potestad correlativa de impartir órdenes, que en el marco judicial es obvia en relación con los funcionarios, a través de las providencias que se dicten en los procesos y a las cuales se refiere el artículo 362 del Código de Procedimento Civil, cuando estatuye que el inferior debe dictar auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, pero que en lo administrativo solo se da entre el superior que da la orden y el empleado judicial que debe obedecerla, situación esta que no se presenta entre el Consejo de Estado y los magistrados de los tribunales administrativos, no solo porque estos no son empleados, sino porque, además, no existe norma legal que le permita al primero impartirle órdenes administrativas a los segundos.
De ahí que no sea elemento suficiente para determinar el inmediato superior administrativo, las competencias nominadoras arriba relacionadas, porque aun frente a ellas, si al nominador le es imposible dar alguna orden administrativa al nominado, mediante la cual se patentice la condición de superioridad e inferioridad correspondiente, en tales condiciones, no puede ser el superior a que se refiere el mencionado artículo 50 del Código Contencioso Administrativo...”.
Hace la Sala hincapié en que para dirimir el conflicto planteado, esto es, determinar quién es el competente para adoptar la decisión pertinente frente al recurso de queja, necesariamente es menester hacer un estudio acerca de si dicho medio de impugnación es viable o no, pues sabido es que el mismo tiene por objeto que el superior conceda y trámite el recurso de apelación que denegó el inferior, por lo que, necesariamente, era menester dilucidar previamente si, en tratándose de la calificación insatisfactoria de empleados judiciales, el juez tiene superior administrativo ante quien pueda interponerse.
Así pues, el concluirse que los jueces no tienen superior jerárquico administrativo, el recurso de queja resulta improcedente. Decisión que en el asunto sub iudice debe adoptarse con sujeción a las pautas legales y jurisprudenciales aquí señaladas por el funcionario o entidad ante quien se interpuso, que en este caso lo fue la Sala Plena del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
No sobra señalar que los empleados judiciales tienen a su alcance la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, a través de la cual pueden impugnar la legalidad del acto definitivo de retiro, dentro de la que también es viable cuestionar las presuntas irregularidades que puedan presentarse en el trámite de la actuación administrativa y, particularmente, las atinentes a la calificación insatisfactoria”(2).
Por lo demás, la ley estatutaria de la administración de justicia en el artículo173, establece que el retiro de carrera judicial lleva a la desvinculación del servicio mediante acto motivado, susceptible de los recursos propios de la vía gubernativa. Esta disposición legal restringe la posibilidad de impugnación, para el acto que pone fin a la actuación administrativa, y no podría ser desconocido por el acuerdo, para crear recursos adicionales para cada uno de los segmentos del proceso de calificación, como sugiere el demandante. No está demás señalar que el principio de la doble instancia no es absoluto y que el legislador puede limitarlo como de hecho se hace en la propia ley estatutaria de la administración de justicia.
3. La actividad que es objeto de calificación.
En los cargos tercero y cuarto, según la demanda, se violó el artículo 157 de la Ley 270 de 1996, pues el artículo 26 del Acuerdo 1392 de 2002, estableció la forma de evaluar el factor eficiencia y rendimiento, pero solamente basado en la carga de trabajo y en los egresos efectivos, dejando por fuera la demás actividades que se cumplen en un despacho judicial, esto es, la producción de las providencias y la práctica de pruebas en toda su extensión. Según el demandante, se violó el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, en tanto, el acuerdo demandado, exactamente en el artículo 21, al regular la, evaluación del factor calidad, sólo tuvo en cuenta un número, determinado de procesos, pero en el factor eficiencia y rendimiento no tomó toda la carga habida durante el periodo sino sólo los egresos. De este modo el Acuerdo 1392 de 2002, no tuvo en consideración toda la función que comprende otras actividades del servidor judicial. Así, para determinar la carga se toman en cuenta, los procesos ingresados en el período” sin ver que muy pocos de ellos se evacúan, por lo que no resulta equitativo descartar toda la actividad de instrucción desplegada en los procesos que aun no han egresado.
El artículo 157 de la ley estatutaria de la administración de justicia, norma que se dice fue violada por el acuerdo demandado es del siguiente tenor:
“Administración de la carrera judicial. La administración de la carrera judicial se orientará a atraer y retener los servidores más idóneos, a procurarles una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad del servicio, exigiéndoles, al mismo tiempo, en forma permanente conducta intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento“.
Por su parte, el artículo 69 de cuyo desconocimiento se acusa al Consejo Superior de la Judicatura, mediante la expedición del acto demandado reza del siguiente modo:
“ART. 69—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
Como se aprecia, ninguna de las normas que se acusan como violadas trata sobre cuál sería la materia objeto de calificación, de modo que el acto demandado no podría violar las reglas de la ley estatutaria si es que ellas no tratan de la materia de que se ocupa el acto demandado.
No sobra añadir que el Acuerdo 1392 de 2002, apenas derogó el Acuerdo 198 de 1996, este había concebido un sistema de evaluación que puede recaer sólo sobre los procesos que hayan tenido decisión de fondo y en el cual se limitaba la doble instancia. El acuerdo sustituido, reproducido en la norma hoy demandada, ya fue juzgado favorablemente en sede Contencioso Administrativa por el Consejo de Estado en el fallo de 14 de marzo de 2002.
En ese fallo se dijo en lo pertinente:
“La demandante parte de la base de que el artículo 46 sustrajo de los recursos por la vía gubernativa a las calificaciones satisfactorias y por eso quebranta el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso, por cuanto sólo se prevé la notificación y la posibilidad de impugnar por dicha vía, las evaluaciones de servicios insatisfactorias. Aun cuando en un primer momento podría pensarse que en virtud de lo previsto en esta norma respecto de los recursos que caben contra las calificaciones insatisfactorias obtenidas por los funcionarios y empleados del sistema de carrera de la rama judicial, las satisfactorias no serían susceptibles de los mismos, la verdad es que siendo el proceso calificatorio de esos servidores públicos un trámite netamente administrativo, si las calificaciones satisfactorias constituyen el acto final con que dicho proceso culmina, en términos de lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo las mismas son pasibles de los recursos por dicha vía, ya que en él se estatuye que por regla general contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los recursos de reposición, de apelación y el de queja, cuando se rechace el de apelación. En lo que respecta al artículo 49, surge con claridad que la administración dispuso su aplicación retroactiva, como lo evidencia el hecho de extender sus regulaciones a un período por calificar ya transcurrido. casi en su totalidad cuando el acuerdo entró en vigencia, quebrantándose el principio de irretroactividad de la ley que informa la legislación positiva, de acuerdo con el cual las leyes tienen efectos de aplicación para lo porvenir y no para el pasado, lo que equivale a decir que no tienen efectos retroactivos, esto es, que las situaciones que se dan en vigencia de determinado precepto deben ser analizadas conforme a este y no de acuerdo con nuevas normatividades que bien pueden implicar cambios en las reglas que antes existían. Esta circunstancia determina igualmente la viabilidad de anular el artículo en comento por ser viola torio de preceptos superiores del ordenamiento jurídico”(3).
También se acusa como violado el artículo 170 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, por ausencia de reglas específicas sobre la motivación de la evaluación de servicios, lo que permite la subjetividad del calificador en desmedro de los servidores públicos de la justicia. Además, no se define en qué consiste el control permanente del desempeño.
El artículo 170 de la ley estatutaria de la administración de justicia, que se dice ha sido violada por el acuerdo demandado ostenta el siguiente contenido:
“La evaluación de servicios de conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberá ser motivada y resultante de un control permanente del desempeño del funcionario o. empleado. Comprenderá calidad, eficiencia o rendimiento y organización del trabajo y publicaciones. En todo caso se le informará al funcionario acerca de los resultados de la evaluación”.
El examen del acuerdo demandado revela que carece de razón el demandante, pues el artículo 170 de la ley estatutaria de administración de justicia, confirma no solo la competencia del Consejo Superior de la Judicatura, sino que el Acuerdo 1392 de 2002 desarrolló cabalmente los principios trazados en dicho artículo, en consideración a la individualización y valoración permanente del trabajo judicial en todos sus factores. No sobra añadir que los formularios previstos a los largo del acuerdo, de manera detallada y discriminada, prevén el acopio de la información sobre la calidad de las decisiones, la deliberación de los jueces colegiados para asignar el puntaje que corresponde. De modo general, mediante el acuerdo se garantiza la pluralidad de calificaciones, la motivación necesaria para asignar el puntaje, así como exige dar cuenta de las razones para asignar el puntaje en caso de las visitas a los despachos judiciales. La convergencia y pluralidad de opiniones que llevan a la calificación final descarta la acusación de subjetividad que se endilga al acto demandado.
Los actos demandados gozan de la presunción de legalidad, y la demanda resulta inútil para desvirtuar dicha presunción, pues apenas emitió una opinión acerca de un amplio margen de subjetividad del calificador que se disipa si se tiene en cuenta la pluralidad de funcionarios que se deben diligenciar para que la evaluación sea el resultado de distintas opiniones de quienes revisan las providencias en virtud de los recursos de reposición y consulta.
Para estructurar la evaluación de servicios, el artículo 170 de la ley estatutaria de administración de justicia, estableció que esta debía ser motivada y resultante del control permanente del funcionario o empleado, que comprende los factores de calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones, precepto desarrollado cabalmente por el Acuerdo 1392 objeto de la demanda.
4. Por último, en lo que toca con la formación de grupos de· despachos judiciales, estratificados bajo el criterio del volumen de procesos existente en cada uno de ellos, no hay violación del derecho de igualdad, habida consideración de la diferencia sustancial existente entre los varios despachos judiciales, justifica un trato diferente en materia de exigencias, habida cuenta de la diferencia material que impone un trato desigual, pues no puede exigirse el mismo ritmo de producción a funcionarios que atienden una demanda judicial diferente.
Como no se acreditó ninguno de los cargos hechos, las pretensiones de la demanda están avocadas al fracaso.
NIÉGASE las pretensiones de la demanda instaurada por el ciudadano Diocles Darío Peña Copete, contra la Nación —rama judicial— Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».
(1) Actor: Sabel(sic) Reinero Arévalo Arévalo, Demandado. Consejo Superior de la Judicatura. Proceso 0565 de 1999. En el mismo sentido el fallo de 9 de octubre de 1997.
(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, sentencia de 23 de abril de 2002, Radicación 11001-03-15-000-2001-0198-01(C- 002), Actor: Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “A”, Consejero ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda, 14 de marzo de 2002. Radicación 11001-03-25-000-1999-0095-01(1236-99), Actor: Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, Demandado: Nación —rama judicial— Consejo Superior de la Judicatura, Autoridades Nacionales.