Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-777-06.htm
Timestamp: 2017-10-22 15:14:27
Document Index: 205580374

Matched Legal Cases: ['artículo 531', 'artículo 13', 'artículo 531', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 531', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 11']

C-777-06
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano Julián Arturo Polo Echeverri solicita a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el artículo 531 (parcial) de la ley 906 de 2004, “por la cual se expide el código de procedimiento penal”, por considerar que vulnera lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política.
Para el actor la norma parcialmente demandada ha dejado un vacío que la jurisprudencia debe llenar, pues “… al englobarse con el derecho a la igualdad de los procesados en una u otra etapa del proceso penal, (la norma) muestra un rompimiento de la armonía que debe suceder entre normas legales y las superiores o supra-legales …”.
Señala el accionante que el artículo 531 de la ley 906 de 2004 reconoce que todos los términos de prescripción de las acciones deben ser reducidos en una cuarta parte, pero al reconocer ciertas excepciones en la etapa de la investigación y para ciertos delitos “enlagunó la posibilidad de que dichos términos fueran reducidos a las acciones penales de los procesados quienes contabilizándosele un nuevo término en virtud de la existencia de la Resolución de acusación ejecutoriada, pendían de un juicio en la etapa de causa ante juez competente”.
Solicita el actor que la Corte Constitucional module la expresión atacada, pues ella contradice el derecho a la igualdad de los procesados en etapa de juzgamiento por un delito no excluido de dicho artículo, con los favorecidos en la etapa de instrucción. Agrega el demandante: “No se puede olvidar, que se torna irracional que se reduzca el término de prescripción en etapa de investigación, cuando allí aun se encuentran recolectando pruebas para la demostración de la responsabilidad o inocencia del procesado (integralidad), mientras que en el juicio donde se tiene en mejor y mayor grado se límite. Cuando el propio espíritu de la legislación, vaya dirigido a que en esta etapa los términos deben de reducirse aún más que en la investigación”.
En concepto del accionante, la norma busca descongestionar los despachos de los fiscales delegados, mientras aquellos de los jueces no, pues esto vulnera el derecho a la igualdad frente a la ley penal respecto de los procesados quienes han podido cometer similares conductas reprochables. Concluye el actor expresando que el aparte demandado riñe con los postulados de la igualdad requerida por los procesados, razón por la cual solicita a la Corte que condicione la expresión demandada “para que no excluya de la aplicación de la reducción de los términos de la prescripción a los ciudadanos cuyo proceso se encuentre en etapa de causa”.
El demandante precisa su pretensión requiriendo de la Corte Constitucional modular y condicionar la expresión impugnada “bajo el entendido que dicho aparte normativo creado por el legislador como una de las exclusiones para reducir los términos de prescripción, solo es aplicable en la etapa de investigación por parte del Fiscal Delegado; sin que esa prohibición o exclusión de reducción de términos de prescripción signifique, que no opere en la etapa de juzgamiento; pues para armonizar la disposición con el texto Constitucional, los jueces en dicha etapa también les corresponde reducir los términos fijados por el legislador y adoptar las decisiones correspondientes; la norma entendida de otra manera, se presenta como Contraria a la Constitución, especialmente al principio de igualdad consagrado en la carta política”.
Para justificar la constitucionalidad de la expresión atacada el Fiscal General de la Nación menciona el test de igualdad, para explicar que el debido proceso penal constituye una limitación al poder punitivo del Estado, por cuanto le impone el deber de velar por derechos fundamentales como los de legalidad, juez natural, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, debido proceso, celeridad, eficacia y cosa juzgada. Para el Fiscal General: “El debido proceso implica entonces un conjunto de normas con una concatenación lógica, sin que se pueda acceder a una etapa del proceso sin que previamente se agote las anteriores. Por ello, dentro del sistema contemplado en la ley 600 del 2.000, no se puede estar en juicio, sin que se haya abierto la instrucción, se haya definido la situación jurídica para los delitos que lo exigen, se haya cerrado la investigación y la acusación de encuentre ejecutoriada”.
Respecto de la finalidad buscada con la norma parcialmente atacada, manifiesta el Fiscal General que el cambio del sistema de justicia hace necesario descongestionar los despachos judiciales para garantizar la celeridad en el trámite de los nuevos procesos. En su criterio, este hecho explica la finalidad del precepto atacado, vinculada con la política criminal que busca no aplicar la prescripción extraordinaria teniendo en cuenta la naturaleza de ciertos delitos y el momento procesal en el cual se encuentre el caso. Al respecto expresa el Fiscal General: “… la selección que hizo el legislador de excluir de la prescripción extraordinaria los casos en los cuales se haya proferido cierre de investigación, tiene una finalidad, como quiera que las razones político criminales que fueron tenidas en cuenta son las de descongestionar los despachos de los fiscales, no de los jueces, como se desprende de la misma redacción de la norma; y además no dejar en impunidad las conductas punibles que protegen bienes constitucional legalmente tutelados”.
Desde esta perspectiva no hay trato desigual en la norma demandada, por cuanto el legislador ha otorgado un tratamiento diferenciado en relación con ciertos delitos y etapas procesales, pero no un trato desigual. En el escrito presentado por la Universidad quedó plasmado lo siguiente: “En efecto, si bien el proceso de descongestión, depuración y liquidación de los procesos busca en mayor medida la evitación del atiborramiento de los Despachos Judiciales de procesos del régimen antiguo, el cual presentaba un alto déficit en materia de eficiencia en la prestación del servicio de administrar justicia punitiva, el referido proceso no puede favorecer la impunidad de ciertas conductas punibles, ni tampoco entrar a desmeritar las arduas labores investigativas que con anterioridad se han emprendido por la Fiscalías Delegadas en relación con los procesos regidos por la ley 600 de 2000”.
Teniendo en cuenta que se trata de cotejar normas y que, en principio, el juzgador no está avocado a examinar situaciones particulares derivadas de la aplicación de la regla jurídica sometida a examen, la Corporación ha de identificar los extremos que hacen parte del litigio, esto es: i- La norma de jerarquía constitucional, y ii- el precepto impugnado. La confrontación entre ambos extremos necesita de una exposición razonada que permita al juez conocer y precisar el contenido de la pretensión a partir de una explicación lógica, coherente y clara sobre los motivos de la presunta inexequibilidad.
“Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el actor, resulta indispensable para la Corte por cuanto de no cumplirse podría llevar a un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda. No debe olvidarse que conforme al artículo 241 de la Constitución, no le corresponde a la Corte revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que efectivamente hayan sido demandadas por los ciudadanos ‘lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal.’ Es decir, implica también para los actores el deber de hacer un uso responsable de los mecanismos de participación ciudadana”[1].
En caso de que la demanda sea presentada a petición de una persona natural o jurídica, el demandante deberá indicarlo en la demanda”. (Subraya la Sala).
“En primer lugar, la demanda debe transcribir o señalar con precisión, la norma o normas legales que se acusan de quebrantar el ordenamiento jurídico, así como debe formular las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente para conocer de dicha acusación. Adicionalmente, la demanda debe contener las normas constitucionales que se consideran infringidas y debe estructurar los argumentos jurídicos que sustentan dicha infracción.
La jurisprudencia ha recalcado también que para que la demanda sea admisible, el cargo debe ser constitucionalmente relevante, es decir, que las razones de oposición entre la norma legal y la constitucional deben provenir de una contradicción real entre dichos regímenes, de lo cual se deduce –además- que el cargo debe consistir en un argumento normativo, no en una oposición práctica deducida de una aparente aplicación inconstitucional de la norma, por parte de las autoridades o de los particulares[2].
Aunque en relación con este particular es cierto que la Corte, en varias oportunidades, ha tratado con relativa amplitud algunas demandas de inconstitucionalidad defectuosas en la formulación de cargos (lo cual se ha debido, principalmente, al carácter público de esta acción),[4] es claro que la viabilidad del juicio de inexequibilidad depende de que el juez cuente con un razonamiento jurídico mínimo del que puedan extraerse los elementos que sustentan la aludida oposición normativa. Sin ellos, y sin la claridad y suficiencia que les son exigibles, el juez constitucional se vería abocado a emitir decisiones inhibitorias. De ahí la necesidad de alertar las deficiencias argumentativas en la etapa correspondiente a la admisión de la demanda”.[5]
“La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[6]. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra ‘la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional’[7].
La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque ‘el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental’[8], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[9] ‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’[10] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[11]. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; ‘esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden’[12].
De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través ‘de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada’[13]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales’[14] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[15].
La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales[16] y doctrinarias[17], o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que ‘el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’[18]; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia[19], calificándola ‘de inocua, innecesaria, o reiterativa’[20] a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.[21]
“Por regla general, las sentencias proferidas con ocasión del ejercicio del control de constitucionalidad tienen efecto de cosa juzgada, erga omnes y hacia el futuro (ex-nunc), lo cual implica i) que la norma sometida a control no podrá volver a ser demandada por las mismas razones y ii) que el fallo tenga efectos frente a todos, sin afectar las situaciones ya consolidadas; todo ello con el objeto de generar seguridad jurídica dentro del sistema normativo.
Desde esta perspectiva, la declaración realizada por la Corte Constitucional tiene las características de ser definitiva, intangible, inmutable y obligatoria, por lo cual hacia futuro no será posible que se cuestione de nuevo su constitucionalidad, dada la configuración del fenómeno de la cosa juzgada absoluta”.[23]
4. Mediante el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad el ciudadano Julián Arturo Polo Echeverri busca de la Corte un pronunciamiento para que la expresión atacada pueda “… modularse y condicionarse bajo el entendido que dicho aparte normativo creado por el legislador como una de las exclusiones para reducir los términos de prescripción, solo (sic.) es aplicable en la etapa de investigación por parte del Fiscal Delegado; sin que esa prohibición o exclusión de reducción de términos de prescripción signifique, que no opere en la etapa de juzgamiento; pues para armonizar la disposición con el texto Constitucional, los jueces en dicha etapa también les corresponde reducir los términos fijados por el legislador y adoptar las decisiones correspondientes; la norma entendida de otra manera, se presenta como Contraría a la Constitución, especialmente al principio de igualdad consagrado en la carta Política”. (Fl. 16 de la demanda).
Para fundamentar esta petición, el actor, después de exponer su interpretación sobre el artículo 531 del código de procedimiento penal, manifiesta que “No existe coherencia ni una estructura hilvanada de la redacción del texto legal, cuando ab-initio reconoce genéricamente que todos los términos de prescripción de las acciones deben ser reducidos en una cuarta parte, mandato legal que no por ser procedimental, deja de ser de contenidos sustanciales y por tanto merece ser aplicado a situaciones iguales.
Mas (sic.) sin embargo al reconocer ciertas excepciones en la etapa de investigación y para ciertos delitos de trascendencia social, enlagunó la posibilidad de que dichos términos fueran reducidos a las acciones penales de los procesados quienes contabilizándosele un nuevo término en virtud de la existencia de la Resolución de acusación ejecutoriada, pendían de un juicio en la etapa de causa ante juez competente”.
No cabe duda entonces que la expresión y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación, debe ser modulada por parte de esta corporación, pues de lo contrario el texto contradice el derecho a la igualdad de los procesados en etapa de juzgamiento por un delito no excluido de dicho artículo, con los favorecidos en la etapa de instrucción”. (Fl. 6 de la demanda).
[1] Sentencia C-178 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2] Cfr. Sentencia C-447/97
[3] Cfr. Sentencia C-568/95
[4] Cfr. Sentencia C-016/93
[5] Corte Constitucional, sentencia C-1294 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.
[7] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-898 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos apartes de los artículos 186, 196, 208 y 214 del Decreto 1355 de 1970 por ineptitud en la demanda.
[9] Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; M.P. Álvaro Tafur Gálvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella”.
[10] Sentencia C-504 de 1995; M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 “por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.
[11] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[14] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Cordoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[15] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
[17] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.
[21] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda.
[22] Cfr. además las sentencias C-1031/02, C-332/03, C-1050 de 2004 y C-1082/05.