Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/654859301
Timestamp: 2020-08-08 03:03:31
Document Index: 213576070

Matched Legal Cases: ['artículo 626', 'Artículo 241', 'Artículo 626', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 148', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 40', 'artículo 71', 'artículo 215', 'artículo 309', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 627', 'artículo 757', 'artículo 1053', 'artículo 88', 'artículo 69', 'artículo 25', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 54', 'artículo 62', 'artículo 49', 'artículo 58', 'artículo 194', 'artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 111', 'artículo 25', 'artículo 80', 'Artículo 626', 'artículo 626', 'artículo 626', 'Artículo 31', 'artículo 626', 'artículo 3', 'Artículo 626', 'Artículo 626']

Sentencia de Constitucionalidad nº 635/16 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 654859301
Sentencia de Constitucionalidad nº 635/16 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2016
DEROGATORIAS DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. NORMAS QUE REGULABAN LA PROCEDENCIA DE RECURSO ANTE LOS JUECES CONTRA DECISIONES JUDICIALES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA PERENCIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO Y LA COMISIÓN DE JUSTICIA PRONTA. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 626, literal a) del Código General del Proceso. Se plantean cargos por violación a los artículos 29 y 153 de la Constitución Política, por suprimir la doble instancia en los procesos jurisdiccionales a cargo de las autoridades administrativas. La Corte concluye que la demanda no satisface los mínimos argumentativos requeridos para suscitar un juicio de constitucionalidad y, en consecuencia, se declara INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.
Demandante: J.H.G.E.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el Artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano J.H.G.E. demandó la inconstitucionalidad de la expresión: “los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996”, prevista en el literal a) del Artículo 626 del Código General del Proceso, por considerar que es contraria a los artículos 29 y 153 de la Carta Política.
Así mismo, se invitó a las Facultades de Derecho de las Universidades de Los Andes, de Antioquia, de Cartagena, del Valle, EAFIT, Santo Tomás (sede Bogotá), Externado de Colombia, J., Libre, Nacional de Colombia, del Rosario, de La Sabana y S.A., así como al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, para que intervinieran dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación respectiva, explicando las razones que sustentan la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición acusada.
Corregido por el art. 16, Decreto Nacional 1736 de 2012. A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión "y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes" del 129, 130, 133, la expresión "practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130" del 134, las expresiones "y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130" y "sin tales formalidades" del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9° y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8° inciso 2° parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión "por sorteo público" del artículo 67 inciso 1° de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2° del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión "que requerirá presentación personal" del artículo 71, el inciso 1° del artículo 215 y el inciso 2° del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión "No se requerirá actuar por intermedio de abogado" del artículo 58 numeral 4, el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.
A partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012) quedan derogados: los artículos 19, 90, 91, 346, 449, y 690 del Código de Procedimiento Civil; y todas las que sean contrarias a las que entran en vigencia a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).
Corregido por el art. 17, Decreto Nacional 1736 de 2012. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 4 del artículo 627, queda derogado el Código de Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos 1400 y 2019 de 1970 y las disposiciones que lo reforman; el Decreto 508 de 1974; artículos 151, 157 a 159, las expresiones "mediante prueba científica" y "en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001" del 214, la expresión "En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera" del 217, 225 al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión "mientras no preceda" y los numerales 1 y 2 del artículo 757, el 766 inciso final, y 1434 del Código Civil; artículos 6°, 8°, 9°, 68 a 74, 804 inciso 1°, 805 a 816, 1006, las expresiones "según las condiciones de la correspondiente póliza" y "de manera seria y fundada" del numeral 3 del artículo 1053, y artículos 2027 al 2032 del Código de Comercio; artículo 88 del Decreto 1778 de 1954; artículos 11, 14 y 16 a 18 de la Ley 75 de 1968; artículo 69 del Decreto 2820 de 1974; el Decreto 206 de 1975; artículo 25 de la Ley 9 de 1989; artículo 36 del Decreto 919 de 1989; el Decreto 2272 de 1989; el Decreto 2273 de 1989; el Decreto 2303 de 1989; artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto-ley 2737 de 1989; la expresión "Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia." el artículo 7° y 8º parágrafo de la Ley 54 de 1990; artículos 10, 11, 21, 23, 24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto 2651 de 1991; artículos 7° y 8° de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la Ley 256 de 1996; artículo 54 inciso 4° de la Ley 270 de 1996; el artículo 62 y 94 de la Ley 388 de 1997; artículos 2° a 6°, 9°, 10 al 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 a 29, 103, 137, y 148 salvo los parágrafos 1° y 2° de la Ley 446 de 1998; artículos 43 a 45 de la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso 2°, el parágrafo 3° del artículo 58, y la expresión "Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen" del artículo 62 inciso 2° de la Ley 675 de 2001; artículos 7° y 8° de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a 40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5° de la Ley 861 de 2003; artículo 111 numeral 5 Ley 1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009; artículos 1° a 39, 41, 42, 44, 113, 116, 117, 120 y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011; y las demás disposiciones que le sean contrarias.”
El ciudadano J.H.G.E. plantea dos cargos de inconstitucionalidad contra la expresión “los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996”, contenida en el Artículo 626 del Código General del Proceso relativo a las derogatorias expresas.
Mediante escrito[4] radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 24 de junio de 2016, F.A.C. en calidad de Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 626 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 y, de manera subsidiaria, en caso de que no se acceda a lo anterior, se declare la exequibilidad de la norma acusada.
Por escrito[10] radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 22 de junio de 2016, M.E.R., en condición de Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y por delegación del P.J.P.Q., solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la norma acusada, para lo cual sostiene lo siguiente:
Mediante escrito[12] radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 27 de junio de 2016, F.H.T.L., quien actúa como profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad del artículo 626 (parcial) de la Ley 1564 de 2012. Considera el interviniente que la norma procesal objeto de demanda en nada se opone al contenido del derecho fundamental al debido proceso, porque al tenor de lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución, la regla de la segunda instancia no hace parte de sus garantías esenciales.
En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, el señor P. General de la Nación rindió el Concepto[13] de Constitucionalidad Número 006138 del 15 de julio de 2016, mediante el cual solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad propuesta contra el artículo 626 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, por considerar que el cargo por desconocimiento al debido proceso no satisface la exigencia de pertinencia. Para tal efecto, advierte lo siguiente:
Agrega el P. General de la Nación que la expresión demandada fue modificada por el artículo 3º de la Ley 1285 de 2009, por lo que no puede sino concluirse que dicha expresión no se encuentra vigente. Con base en ello concluye que:
Cuestión Previa (aptitud sustancial de la demanda)
"Contra las sentencias o decisiones definitivas que en asuntos judiciales adopten las autoridades administrativas excepcionalmente facultadas para ello, siempre procederán recursos ante los órganos de la Rama Jurisdiccional del Estado, en los términos y con las condiciones que determine la ley."
3.1. El ciudadano J.H.G.E. demandó la inconstitucionalidad de la expresión “los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996”, prevista en el literal a) del Artículo 626 del Código General del Proceso, por considerar que su contenido prescriptivo al suprimir la doble instancia en los procesos jurisdiccionales a cargo de las autoridades administrativas, vulnera el derecho a un debido proceso.
PRIMERO.- INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda formulada por el ciudadano J.H.G.E. contra la expresión: “los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996”, prevista en el literal a) del Artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
[34] Cfr. I.. Sentencia C-447 de 1997.
Sentencia nº 23001-23-31-000-2009-00018-01 de Consejo de Estado - , de 11 de Julio de 2013