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Timestamp: 2017-08-20 17:26:29
Document Index: 227606625

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 45', 'artículo 47']

Discapacidad en el Paraguay: 2007
Discapacidad y Calidad de Vida
VI MASTER IBEROAMERICANO
“Integración de Personas con discapacidad”
Universidad de Salamanca –España
Evaluación Tema1
“CALIDAD DE VIDA “
Alumno: Lic. MARTHA HERMELINDA VALLEJOS BRÍTEZ
2.004 – 2.006
MÁSTER “INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
1. Analiza las implicaciones del concepto de Calidad de Vida en tu país en lossiguientes niveles (la reflexión se deben centrar en valorar las posibilidades deutilización del concepto en el ámbito de los servicios y actuaciones de tu país)(Utilizar un máximo de 1 folio por ambas caras):
a. Política social
b. Organizaciones y servicios
c. Personas con discapacidad
Es importante destacar ciertos datos con respecto a la República del Paraguay, a fin de contextualizar la realidad nacional, así como remarcar las posibles causas del poco avance en el área de la discapacidad.
Es un país mediterráneo cuya población no supera los 6.500.000 de habitantes según el censo del 2002, en el mismo se intento realizar un censo de personas con discapacidad; pero él mismo presenta sesgos muy evidente ya que la muestra poblacional no fue representativa pues se abarcó sólo el área metropolitana, próxima a la capital y la mayor cantidad de población representativa se encuentra en el interior del país.
*En el nivel de políticas Nacionales se evidencia la falta de inclusión de la discapacidad en la Agenda del gobierno, lo que tiene como consecuencia la carencia de Políticas públicas orientadas a responder con eficacia y eficiencia a los problemas del sector.
En el ámbito legal según el informe elevado a la CODEHUPY; Comisión interamericana de Derechos Humanos versión Paraguay, elaborado por el Doctor Julio César Fretes se evidencia que” Si bien el país no cuenta con una legislación sistemática y amplia sobre la discapacidad, existen varias leyes y Códigos que lo contemplan en forma dispersa, siendo uno de los mayores problemas la falta de difusión de las mismas, lo cual conlleva a la inaplicabilidad e incumplimiento por el no ejercicio de esos derechos”
*En el nivel de los servicios y organizaciones , se puede distinguir los del sector público; según el informe elevado a la CODEHUPY 2.004, “La respuesta del sector público a los problemas relativos a este colectivo, siguen siendo de naturaleza puramente asistencialista, traducida mediante asignaciones en el Presupuesto de Gastos Generales de la Nación, sin responder a políticas y planes definidos”.
En síntesis, la falta de políticas públicas y organización interna del Estado que responda a los requerimientos de personas con discapacidad se refleja en el no cumplimiento de los derechos elementales en el área de la Educación, Salud y Trabajo.
*En el nivel de la sociedad civil las organizaciones de y para personas con discapacidad son las que ofrecen una mayor variedad de bienes y servicios para el sector aunque, la mayoría de ellos con asistencia económica del Estado. Pocas son las entidades con capacidad de auto sustento y autogestión capaces de realizar sus actividades fuera del modelo asistencialista. Como consecuencia, cada organización, como es de esperar, actúa en función de las necesidades mas acuciantes de su colectivo, dispersándose los recursos económicos en actividades desconectas y muchas veces repetitivas cuyo verdadero impacto en el sector se desconoce por falta de una política e instancia orientadora de esos recursos.
De todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta lo que sostiene Schalock1997, Verdugo 1994, al referirse al término Calidad de Vida” constructo social que incluye la satisfacción con las condiciones de vida “ Y TAMBIEN LO EXPUESTO POR AMBOS AUTORES” Concepto social y multidimensional en los que convergen factores individuales y del entorno social, laboral”; tras el análisis de la realidad paraguaya y la contrastación con la tabla de “Dimensiones e Indicadores” elaborada por Schalock y Verdugo para operacionalizar los factores que influyen en la “CALIDAD DE VIDA”, se puede inferir que el colectivo de personas con discapacidad en Paraguay no poseen condiciones favorables para el desarrollo de la misma en los ámbitos individuales, interpersonales así como también en la realización de proyectos de vida (Ver anexo –tabla) Con este trabajo se pretende poner de manifiesto las falencias del “sistema” y sugerir la inclusión del tema de la discapacidad en la agenda pública, así como también fortalecer las organizaciones de y para personas con discapacidad, orientando la gestión de las mismas hacia planes y objetivos consensuados y buscando la paulatina autogestión de las entidades y sin olvidar la importancia de elaborar leyes que reglamente “ la igualdad en las oportunidades”.
*Tabla de Indicadores de Calidad de Vida según Schalock – Verdugo
Cuadro relacionado a la realidad paraguaya:
Realidad Paraguaya
-Bienestar Emocional
*Disminución del Stress
*Autoconcepto
*Satisfacción
Falta de políticas nacionales que den seguridad
*Espiritualidad y religiosidad muy marcada en la población paraguaya.
*Bajo nivel de felicidad por falta de realización personal.
*Elevado nivel de streess en la población de PCD, pues existen muchos obstáculos para el desarrollo personal
*Escaso nivel de satisfacción al no poseer las oportunidades de obtención de logros personales..
*Intimidad Afecto
*Familias – Interacciones
*Amistades – Apoyos
*La mayoría de las PCDforman pareja con otras PCD, pues los mayores contactos sociales son con el colectivo de PCD.
*La tipología familiar son las que otorgan sobreprotección o el abandono de los miembros .(PCD)
*La mayoría de los apoyos son otorgados por la familia.
-Bienestar Material
*Ser propietario – Comida
*Seguridad – Finanzas
*Empleo –Posiciones
*Status Socio – económico protección
*Muy pocas PCD son propietarias de vivienda propia.
*Muy pocas PCD acceden a un trabajo bien remunerado y estable.
*La mayor parte de la población paraguaya vive en la extrema pobreza y las PCD se encuentran incluidas en este rango.
*El trabajo informal es el de mayor desarrollo actualmente en PY.
*En el ámbito privado no se garantiza el acceso al trabajo de las PCD.
-Desarrollo Personal
*Educación – Habilidades
*Satisfacción –Competencia Personal
*Actividades Significativas
*Progreso
*Reforma Educativa con inclusión de PCD en LA educación Formal.
*Escaso nivel de formación de los profesores en el área de la integración.
*Pocas PCD acceden a una Educación Universitaria.
*Escaso nivel de capacitación de las PCD en los oficios y profesiones.
-Bienestar Físico
*Salud- Actividades de la vida diaria
*Ocio Movilidad
*Seguros Médicos Tiempo Libre
*Cuidados Sanitarios Nutrición
*El Seguro Social no es “universal” en Py., solamente se da en situación de dependencia y la mayoría PCD se encuentran desempleadas quedando fuera del sistema.
*Centralización de los servicios asistenciales en el área metropolitana, poco acceso para las PCD del ámbito rural.
*Entrenamiento en Rehabilitación Funcional y no Rehabilitación Integral.
*Pocos Servicios Estatales y Recursos Humanos capacitados para el trabajo con PCD.
*Accesibilidad física no adaptada y ajusta a las necesidades específicas de PCD. Al igual que el trasporte colectivo. Espacios de ocio no contemplados para uso de PCD.
-Autodeterminación
*Autonomía, valores personales metas
*decisiones, control personal
*Auto dirección, Elecciones
*La mayoría de las PCD presentan un perfil de “pasividad” y “dependencia”.
*Falta de motivación para el desarrollo de la autodeterminación.
*Escaso entrenamiento en la autogestión.
*Falta de entrenamiento en la libre elección.
-Inclusión Social
*Aceptación Voluntariado
Apoyos Ambiente Laboral
*Ambiente Residencial Roles Sociales
*Actividades Comunitaria POSICIÓN SOCIAL
*Falta de inclusión social.
Discriminación y segregación social a los PCD.
*Falta de sensibilización y concientización a nivel social.
*Reconocimiento de la discapacidad no por el funcionamiento sino por el “déficit”.
*No reconocimiento de las potencialidades de las PCD.
*Derecho a voto
*Accesibilidad juicio justo
*Derecho a ser propietario
*Responsabilidades Cívicas
[i]*Falta de una Legislación general sobre la discapacidad.
*Leyes aisladas que no se cumplen.
*La Constitución Nacional garantiza el acceso al sufragio, pero no es posible por la falta de accesibilidad al transporte y a los locales de votación y así como también a la información ya que ni los boletines de voto como las propuestas no están adaptadas a las necesidades especiales.
*En general los Derechos Humanos de las PCD son violados sistemáticamente en el país.
*Recientemente se sancionó la ley que reglamenta el 2% del cupo de funcionariado público para PCD, falta implementar.
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DISCAPACIDAD Y ESTADÍSTICAS EN EL PARAGUAY
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Conferencia sobre la Convención
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Etiquetas: CAMPAÑA DE LA CONAPRODIS.
DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN EN EL PARAGUAY
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Memoria de actividades de la CONAPRODIS
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Etiquetas: MEMORIA DE ACTIVIDADES CONAPRODIS
Propuestas de la CONAPRODIS para la Agenda del Mercosur
PROPUESTAS DE LA CONAPRODIS
La COORDINADORA NACIONAL POR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPRODIS), considerando que:
- Alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de personas, vive con una discapacidad. Constituyen la mayor minoría del mundo.
- El 80 % de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- El Banco Mundial estima que el 20% de los más pobres del mundo tienen discapacidades, y tienden a ser considerados dentro de sus propias comunidades como las personas en situación más desventajosa.
- Se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad.
- Según el UNICEF, el 30% de los jóvenes de la calle tienen discapacidades.
- Los estudios comparativos sobre la legislación en materia de discapacidad indican que sólo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación y otro tipo de leyes específicas a ese respecto.
- Según la UNESCO, el 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela.
- La tasa mundial de alfabetización de adultos con discapacidad llega solamente al 3%, y al 1% en el caso de las mujeres con discapacidad, según un estudio del PNUD de 1998.
- Según se estima, unos 386 millones de las personas en edad de trabajar son discapacitadas, dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El desempleo alcanza hasta un 80% en algunos países. A menudo los empleadores suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar.
OMS: http://www.who.int/disabilities/en
OIT: http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability
Propuesta para la 7ª reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur:
La CONAPRODIS manifiesta su intención de que los temas relacionados con la discapacidad empiecen a adquirir mayor presencia y énfasis en los espacios de debates de los Derechos Humanos por lo que , solicita incluir en la agenda, a fin de que sea elevada a la categoría de recomendaciones para los gobiernos del Mercosur y países asociados, los siguientes puntos:
1º) Recomendar a los Estados Miembros del Mercosur y estados asociados para que ratifiquen sin demora la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, así como el Protocolo facultativo, aprobados el pasado 13 de diciembre de 2006;
2º) Recomendar a los Estados Miembros del Mercosur y Estados Asociados para que aprueben y desarrollen el Plan de Acción del Decenio de las Américas por la dignidad y el Derecho de las Personas con Discapacidad, 2006/2016, establecido por la Organización de Estados americanos (OEA) y, en especial, el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con Discapacidad;
3º) Recomendar a los Estados Miembros del Mercosur y estados asociados, la adopción inmediata de medidas legislativas y administrativas que prohiban, repriman y castiguen los actos de discriminación contra las personas con discapacidad y demás sectores vulnerables de la población.
4º) Recomendar a los Estados Miembros del Mercosur y Estados Asociados, la instalación de un Foro de la discapacidad en el Mercosur, con participación de las personas condiscapacidad y sus organizaciones, a fin de monitorear y acompañar el cumplimiento de las recomendaciones precedentes; y
5º) Recomendar a los Estados Miembros del Mercosur y Estados Asociados, la realización en el año 2008 de un Congreso Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de exponer los avances logrados en la región, asegurando los recursos necesarios para que las personas con discapacidad, a través de sus Organizaciones representativas puedan participar en el mismo.
Asunción, 29 de Marzo de 2007.
Presidente CONAPRODIS
E-mail: fretespy@telesurf.com.py
Publicado por Julio Fretes en 16:54 176 comentarios:
Asunción, Paraguay, Sábado 24 de Marzo de 2007
ANALIZAN APLICACION DE LA LEY 2.479/04 SOBRE EMPLEOS PUBLICOS
Discapacidad, trabajo y barreras
Desde barreras actitudinales hasta arquitectónicas y tecnológicas impiden que las personas con discapacidad (PcD) puedan acceder a espacios laborales. La
realidad hace que se creen leyes referentes a empleos públicos para PcD. La aplicación de la ley Nº 2.479/04 se trató, analizó y debatió en una audiencia
pública que tuvo lugar en la sala bicameral del Parlamento nacional.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad fue tema de una audiencia pública con debate ayer en la sala bicameral del Congreso nacional. Se estableció
una mesa de análisis buscando soluciones.
La principal barrera es la actitudinal, manifestaron ayer en la audiencia pública de tratamiento, análisis y debate de la situación de aplicación de la
ley 2.479/04 de reserva de empleos públicos para personas con discapacidad, de donde surgen todas las demás barreras, apuntaron en la sala bicameral del
Congreso nacional, en un encuentro que buscó debatir acerca de un mejor cumplimiento de esta ley sobre acceso laboral de las personas con discapacidad
(PcD) en los entes públicos.
Entre otras barreras están las informativas, tecnológicas y arquitectónicas.
Blanca Escobar habló de la realidad de PcD en el interior del país, donde existen caminos intransitables, transportes deteriorados e inaccesibles, numerosas
dificultades económicas para acercarse a la capital para llegar al Inpro, donde se realiza el certificado de discapacidad, entre otros temas.
La ley indica que la PcD debe contar con el citado certificado, que involucre un 40% de discapacidad, aunque desde la Organización Mundial de la Salud se
establece un 33%.
Representantes de diversas organizaciones e interesados en general asistieron ayer al encuentro donde hubo mucha participación, diálogo y propuestas.
La licenciada María José Asunción Cabezudo, de la Fundación Saraki, apuntó que falta una reglamentación adecuada y que la carencia de acceso va mucho más
allá de las barreras arquitectónicas. Se está trabajando con una mesa de análisis, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados,
El doctor Julio Fretes Portillo, abogado, coordinador jurídico del proyecto de inclusión laboral, enfatizó que es necesaria una voluntad decisiva de aplicar
la ley, que es de hecho obligatoria, porque la realidad no abre las posibilidades de que la situación se dé en forma natural para todos. Recordó que la
ley menciona un porcentaje de discapacidad del 40% y también habla de idoneidad y capacidad, aunque todavía no están desarrolladas las herramientas que
permitan dichas características, al tener las PcD serios problemas para acceder a la educación, salud, recreatividad, etc.
Las soluciones deben ser múltiples y no sólo paliativas.
La inclusión laboral involucra la aplicación de los recursos necesarios desde rubros hasta tecnología adecuada.
Existen algunas entidades que sí cumplen y en ocasiones superan ese mínimo de 2%, como ocurre en el IPS, ANDE y Aduanas, según se mencionó.
Rubén Franco, del Inpro, habló de la certificación de discapacidad, que se realiza desde enero del 2005. En el 2006 hicieron 247 certificaciones y, en total,
desde hace 3 años, han realizado 612 certificados.
Esto es una señal de alarma, teniendo en cuenta que según estudios del exterior en el país habría entre un 10 a 15% de personas con algún tipo de discapacidad,
lo que equivaldría aproximadamente a 600.000 personas.
Nila de Rotela, de la Fundación Alegría, dio el ejemplo de su hija con síndrome de Down, que había sido contratada por seis años en una empresa, que luego
cerró. Hoy trabaja como voluntaria en otra institución. Esa experiencia laboral, desde la visión familiar y del entorno, fortaleció enormemente la autoestima
e independencia de su hija, que se siente útil y capaz, a la par que le ocurre a toda persona que se siente realizada.
Emilio Pineda, de la Asociación de Sordos del Paraguay, hizo una evaluación de la realidad y apuntó que debe abarcarse mucho más que el aspecto médico.
Indicó que el Inpro necesita más recursos y más especialistas. Benicio Díaz, de la Organización Paraguaya de Ciegos, sugirió incrementar el porcentaje
de inclusión del 2 al 4%, mientras otro participante advirtió que en realidad no debería hablarse de porcentaje, teniendo en cuenta el derecho laboral
Publicado por Julio Fretes en 17:11 No hay comentarios:
Foro sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
LA COORDINADORA NACIONAL POR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPRODIS)
Invita al foro sobre:
Internacional sobre los
derechos de las Personas con Discapacidad”
Aprobada por la ONU el 13 de diciembre de 2006
Fecha: 23 de febrero de 2007
Lugar: Universidad
Iberoamericana (UNIBE)
Hora: 8:00 a 12:00 hs
Publicado por Julio Fretes en 10:46 No hay comentarios:
Propuestas de la ORGANIZACIÓN PARAGUAYA DE CIEGOS para el Gobierno Municipal de Asunción
De:Equipo Técnico de la OPC.
A: Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la Municipalidad de Asunción.
Asunto: Propuestas para las Políticas Públicas del Gobierno Municipal.
Fecha: 5 de Marzo de 2007.
La municipalidad es el órgano de gobierno local,. Entre sus funciones constitucionales se encuentran las de urbanismo, abasto, ambiente, educación, cultura, deporte, asistencia sanitaria y social, por citar algunos. Factores estos predisponentes como facilitadores u obtaculizadores de la “Calidad de Vida” de los habitantes.
Las Personas con discapacidad en general y, las portadoras de discapacidad visual en particular, tienen ciertos requisitos impuestos por su condición personal de vida en donde ya no rigen los criterios del mundo vidente en los que todos los códigos de información y comunicación están en imágenes por lo que, estas personas quedan al margen de vivenciar de manera plena su vida . Es decir, aproximadamente un veinte por ciento de la población del Municipio quedan excluidos del mismo por negárseles la posibilidad de realizar las tareas con su amplia participación, ya sea porque desde el equipamiento urbanístico, pasando por el arquitectónico, no están ajustados y adaptados a unos criterios de percepción táctil, auditiva, olfatoria, gustativa y de movimiento como canales de recepción de información por parte de las personas con discapacidad visual.
Se evidencia que la Municipalidad debería asumir su rol de articulador de las políticas estatales a modo de operativizar las mismas en cada comunidad, atendiendo a cada habitante de la misma, teniendo en cuenta los requisitos básicos para un buen desarrollo en la comunidad, velando por el bienestar tanto síquico, físico y social lo que conlleva el gran compromiso de integrar a la misma a las Personas con discapacidad e impulsando su rol activo de contribución con su comunidad.
Para lograr estos objetivos el Gobierno Municipal debe actuar en las siguientes dimensiones:
*En lo urbanístico:
Es de competencia de la Municipalidad la planificación urbanística de modo que el municipio sea fácilmente circulado por todas las personas atendiendo a sus condiciones personales de vida, como ser alguna disminución en sus funciones corporales seanestas transitorias o permanentes. Se debe tener en cuenta los trazados, dimensiones,, desniveles tratamientos que incluyen revestimientos texturizados a modo de informar a través de los cambios de texturas los cambios de funciones de los espacios sean estos libres o no y también las situaciones de peligro . Una buena señalización tanto en el código de escritura Braille, al igual en Macrotipos podría ser una opción válida en el momento de garantizar la igualdad de oportunidades ofrecidas por el Municipio.
Las estratégias de planificación en el diseño urbanístico también deben contemplar aquellos casos de habitantes que sin poseer una ceguera total tienen una visión funcional disminuida y necesitan de ciertos tipos de iluminación urbanística y de combinación de colores contrastantes de modo que cada información que reciba sea lo más precisa para ser utilizable en su desplazamiento lo más autónomo e independiente que se pueda
El trasporte público, los itinerarios, las paradas, el libre acceso y el seguro desenso deben ser garantizados para las personas con discapacidad visual que lo utilizan,, dotando a las unidades de señalizaciones táctiles para los usuarios con estas características.
*En la Educación:
El rol de gestora y articuladora que debe cumplir la Municipalidad en el ámbito de la Educación es de suma importancia. Es decir, fomentar las políticas que garanticen el acceso a las Instituciones Educativas que incluyan en sus aulas regulares a niños y niñas con discapacidad visual, sean estos ciegos y de baja visión, impulsando, facilitando y fomentando el uso de apoyos técnicos y tecnológicos para que la tarea enseñanza – aprendizaje sea lo más beneficiosa para ellos y que no quede el proceso en una mera integración física en las aulas sino en una verdadera inclusión social que tenga por resultado la elevación del nivel de educación formal de las personas con discapacidad visual.
Al igual debe velar por aquellas personas con discapacidad visual con otros impedimentos, en especial el mental, quienes no podrán asistir a Instituciones Educativas Regulares. A estos niños, niñas y jóvenes se les debe garantizar el acceso a Instituciones de la Modalidad Especial, en donde los programas curriculares propuestos incluyan el entrenamiento en habilidades funcionales para su vida cotidiana con aprendizajes significativos, apostando a una vida lo más autónoma e independiente posible y de acuerdo a su potencial.
En la Educación informal ofrecida en la actualidad a través de los Centros Comunales, en especial por las aulas AMICA, no se hallan adaptados ni ajustados a las necesidades Especiales de Educación. Por ejemplo debería de ofrecerse la capacitación informática también para alumnos y alumnas con déficit visual con la ayuda de el software específico de modo que cada uno reciba en su comunidad el servicio que necesite y no tenga que transitar grandes distancia en una ciudad que, en la actualidad no le ofrece seguridad.
El arte y la cultura ofrecido en las aulas AMICA, serían también un excelente espacio de inclusión comunal y de oportunidad para que la persona con discapacidad visual pueda acceder a ellas.
*En lo referente a salud:
Los tres niveles de prevención de la salud establecido por la Organización Mundial de la Salud deben ser incluido en las políticas, en articulación con el responsable de las intervenciones de salud por parte del estado, como lo es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en donde la Municipalidad tendrá a su cargo el fomento de un Estílo de Vida Sana, facilitando el acceso a espacios salubres para todos y en particular para personas con discapacidad visual.
El segundo nivel de prevención cual es el acceso a las Instituciones de salud, sean estos Centros, Hospitales etc. Serán garantizados para que una persona con discapacidad visual pueda expresarse libremente y acceder a la terapéutica adecuada.
En el tercer nivel de prevención, cual es el de Rehabilitación la Municipalidad ggarantizará que todas las personas que han adquirido una disminución visual reciban los tratamientos adecuados al igual que el entrenamiento funcional pertinente para ser aplicables a su vida de modo a que pueda ajustarse y adaptarse a su nueva condición.
Al igual que las demás partes del municipio y en especial a aquellos aledaños a los Centros de Rehabilitación se garantizarán las medidas urbanísticas necesarias para que el desplazamiento sea lo más seguro e independientemente posible.
Igualmente, el Gobierno Municipal debe propiciar, estimular y alentar la creación de Servicios Sociales específicos para el sector de la discapacidad tales como: Centros diurnos, Servicios de Apoyo, Voluntariado, Asistencia legal, bolsa de Trabajos, Capacitación profesional, Creación de microempresas, Seguros de salud, Asistencia a la Familia y a Cuidadores, etc.
*Actividades de Ocio y Tiempo libre:
Esta actividad forma parte de la vida cotidiana de todos los habitantes de una comunidad, pero las personas con discapacidad visual no pueden acceder libremente a espacios destinados para tal fin, la inseguridad de los parques, las ciclovías, la falta de pavimento diferenciados, los pozos sin señalizaciones, hacen que las personas con discapacidad visual queden recluídas en sus casas sin gozar del municipio que también les pertenece.
Los museos, galerías de arte, no cuentan con informaciones auditivas o táctiles que les permitan gozar e incorporar a su vagaje experiencial las informaciones.
La falta de adecuación de la información proveída en la Biblioteca Municipal no permite que personas con discapacidad visual accedan a los libros pues no ofrecen otro formato que no sea el de tinta, pudiendo con la ayuda de la tecnología digitalizar los textos y con ayuda de un ordenador y el programa de accesibilidad facilitar la lectura de los mismos.
Integrantes del equipo técnico:
Magister Lic. Martha Vallejos.
Abogado Julio César Fretes.
Arquitecto Víctor Fleitas.
Publicado por Julio Fretes en 7:37 No hay comentarios:
aportes de la CONAPRODIS para el Gobierno Municipal de asunción
PROPUESTAS DE LA CONAPRODIS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL
El presente documento contiene una serie de propuestas que fueron elaboradas por la COORDINADORA NACIONAL POR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPRODIS), en distintos Talleres, foros y Seminarios realizados desde el año 2000.
También contempla algunas recomendaciones contenidas en la Ley Nº 1925, que ratifica la convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad y, la recientemente aprobada convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Otro documento utilizado para la elaboración de estas propuestas, lo constituye el Plan de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las Personas con Discapacidad, establecido por la Organización de Estados americanos para los años 2006/2016.
La propuesta contempla cinco puntos principales que la CONAPRODIS considera prioritarios para su inclusión dentro de las Políticas Públicas del gobierno Municipal, que se enuncian a continuación:
1.Accesibilidad urbanística:
Adecuación de los espacios públicos (calles, veredas, peatonales, plazas, parques, estadios, mercados, teatros, etc.), con rampas y señalizaciones en el pavimento, pasamanos contínuos, semáforos sonoros, y otros.
2.Accesibilidad edilicia:
Obligatoriedad de rampas, pasamanos y puertas de fácil acceso en las entradas de los edificios públicos y privados, especialmente de aquellos destinados a la atención del público.
Baños adaptados en todos los edificios públicos y privados de atención al público o centros comerciales.
Ascensores con espacio suficiente para personas en silla de ruedas y, con botoneras accesibles, con señalización en braille y también parlante.
Estacionamiento reservado para personas con discapacidad, con espacio suficiente para que pueda ascender y descender en silla de ruedas.
3.Accesibilidad de la Información y la comunicación:
Prever diferentes formatos a fin de que la comunicación y la información sea accesible para todas las personas (Por ejemplo: lengua de señas para las personas sordas, braille para las personas ciegas alfabetizadas, macrocaracteres para las personas con baja visión, audio y digital para las personas ciegas no alfabetizadas en braille o personas de la tercera edad).
Desarrollo de Centros comunales con tecnología accesible para toddas las personas.
4.Accesibilidad a los medios de transporte público:
Contribuir desde su ámbito de influencia para que los transportes públicos habilitados por el municipio, cuenten con unidades accesibles para personas con discapacidad.
5.Participación en el gobierno Municipal:
Establecer la creación de una comisión o comité Municipal, integrado por representantes del gobierno Municipal y por representantes de las organizaciones de personas con discapacidad.
Elaboración de un Plan y Programa Municipal para la atención de la diversidad y la inclusión.
Elaborar el Censo Municipal de Personas con discapacidad.
Desarrollo de talleres Protegidos y centros de trabajo a fin de que las personas con discapacidad puedan constituirse en proveedores de bienes y servicios para el Municipio.
Desarrollo de Servicios sociales para la educación,(en espercial para el trabajo) salud, trabajo, recreación y otros para las personas con discapacidad y sus familias.
Campañas permanentes de sensibilización y concienciación de las autoridades Municipales y ciudadanía en general.
Creación de un fondo Municipal para el estímulo y apoyo a las iniciativas de autoempleo.
Creación de la Beca Municipal para el estímulo al estudio y la formación profesional de la persona con discapacidad.
Publicado por Julio Fretes en 4:02 No hay comentarios:
Lista con 2 elementos
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo ("Estado Parte") reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ("el
Comité") para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas
de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
Lista con 6 elementos
b. Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible con las disposiciones de la Convención;
c. Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o ya haya sido o esté siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de investigación
o arreglo internacionales;
d. No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable
que con ellos se logre un remedio efectivo;
e. Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f. Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado,
salvo que esos hechos continuasen produciéndose después de esa fecha.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación
que reciba con arreglo al presente Protocolo. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones
en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta, el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado
Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables
a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad
o sobre el fondo de la comunicación.
El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité hará
llegar sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al Estado Parte interesado y al comunicante.
Lista con 5 elementos
1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención,
el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a su disposición,
el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una investigación y presenten, con carácter urgente, un informe al Comité. Cuando
se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el
Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité.
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 6, el Comité podrá, si fuera necesario, invitar al Estado Parte interesado
a que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del
Comité establecida en los artículos 6 y 7.
El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración signatarios de la Convención en la Sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados signatarios de este Protocolo que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido
a ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias del presente Protocolo que hayan confirmado
oficialmente la Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que haya
ratificado la Convención, la haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella y que no haya firmado el presente Protocolo.
Lista con 4 elementos
1. Por "organización regional de integración" se entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados
miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas organizaciones declararán, en
sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo.
Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado
por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en la reunión de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto
si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya depositado el décimo
instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de integración que ratifique el Protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido
depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente Protocolo y presentarla al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el
fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los
Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la
Asamblea General para su aprobación y posteriormente a todos los Estados Partes para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de
la enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubieran depositado su propio
instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado.
Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la notificación.
Publicado por Julio Fretes en 8:11 No hay comentarios:
Aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006.
Lista con 25 elementos
a. Recordando que los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
b. Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido
y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
c. Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la
necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,
d. Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
e. Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,
f. Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos
y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación
de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con
g. Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo
h. Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor
inherentes del ser humano,
i. Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad,
j. Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo
k. Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar
en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo,
l. Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países,
en particular en los países en desarrollo,
m. Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus
comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad
y en la erradicación de la pobreza,
n. Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus
propias decisiones,
o. Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas
y programas, incluidos los que les afectan directamente,
p. Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio,
nacimiento, edad o cualquier otra condición,
q. Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones
o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,
r. Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre
los Derechos del Niño,
s. Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos
y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad,
t. Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad
fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad,
u. Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación
extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
v. Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
w. Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de
procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos,
x. Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado,
y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir
a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones,
y. Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad
contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades,
en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados,
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La «comunicación» incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito
o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables;
Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando
se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.
Lista con 8 elementos
d. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e. La igualdad de oportunidades;
f. La accesibilidad;
g. La igualdad entre el hombre y la mujer;
h. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Lista con 5 elementos (contiene una lista anidada)
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
Lista de 9 elementos, nivel de anidamiento 1
a. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
b. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c. Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d. Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme
a lo dispuesto en ella;
e. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;
f. Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del
artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g. Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información
y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad
a las de precio asequible;
h. Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo,
incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i. Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
final de lista, nivel de anidamiento 1
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles
y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio
de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán
ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen
esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse
de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual
y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad
de hecho de las personas con discapacidad.
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán
medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.
Lista con 3 elementos
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones
que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas,
y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
Lista con 2 elementos (contiene 3 listas anidadas)
Lista de 3 elementos, nivel de anidamiento 1
a. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto
de los derechos y la dignidad de estas personas;
b. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género
o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
c. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
Lista de 4 elementos, nivel de anidamiento 1 (contiene una lista anidada)
a. Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
Lista de 3 elementos, nivel de anidamiento 2
i. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;
ii. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;
iii. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con
el lugar de trabajo y el mercado laboral;
final de lista, nivel de anidamiento 2
b. Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los
derechos de las personas con discapacidad;
c. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito
d. Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
Lista con 2 elementos (contiene 2 listas anidadas)
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico,
el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios
e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación
de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
Lista de 2 elementos, nivel de anidamiento 1
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares
de trabajo;
b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Lista de 8 elementos, nivel de anidamiento 1
a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos
al público o de uso público;
b. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos
de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar
el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce
efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar
el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las
personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
Lista con 2 elementos (contiene una lista anidada)
1. 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás:
a. Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b. No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia
de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones
con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos
y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos
o científicos sin su consentimiento libre e informado.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos
los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares
y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados
para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración
social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios
de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y
la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:
Lista de 4 elementos, nivel de anidamiento 1
a. Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b. No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación
de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio
del derecho a la libertad de desplazamiento;
c. Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;
d. No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a. Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás,
y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación
de ésta;
c. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad
y tengan en cuenta sus necesidades.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible,
a. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos
y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c. Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d. Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:
a. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible
y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos
los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
c. Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en
formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;
d. Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para
las personas con discapacidad;
e. Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación.
Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
1. 1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de
condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a. Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento
libre y pleno de los futuros cónyuges;
b. Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo
que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para
su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda,
la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por
el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades
en la crianza de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados
Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés
superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.
Lista con 5 elementos (contiene 3 listas anidadas)
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y
sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza
a lo largo de la vida, con miras a:
a. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana;
b. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.
Lista de 5 elementos, nivel de anidamiento 1
a. Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad
no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b. Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
demás, en la comunidad en que vivan;
c. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d. Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e. Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo
de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar
su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes, entre ellas:
a. Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades
de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b. Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
c. Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con
discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos.
Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados,
y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán
Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a. Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a
las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
b. Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos
los niños y las niñas y las personas mayores;
c. Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d. Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base
de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las
necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos
público y privado;
e. Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la
legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;
f. Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
Lista con 3 elementos (contiene una lista anidada)
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para
que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación
y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:
a. Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
b. Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad,
a efectos de habilitación y rehabilitación.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho
a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos
y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas
que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
Lista de 11 elementos, nivel de anidamiento 1
a. Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones
de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b. Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección
contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c. Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
d. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación
y formación profesional y continua;
e. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda,
obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g. Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas;
i. Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
j. Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
k. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
a. Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia
de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;
b. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección
social y estrategias de reducción de la pobreza;
c. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos
relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;
d. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e. Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con
las demás y se comprometerán a:
a. Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás,
directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas,
entre otras formas mediante:
i. La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el
uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii. La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de
ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;
b. Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos,
sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i. Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades
y la administración de los partidos políticos;
ii. La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y
su incorporación a dichas organizaciones.
Lista con 5 elementos (contiene 2 listas anidadas)
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural
y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:
a. Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b. Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;
c. Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos
y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico
e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección
de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
a. Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los
b. Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas
personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación
y recursos adecuados;
c. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d. Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas,
de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas,
de esparcimiento y deportivas.
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a
fin de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá:
a. Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de
la privacidad de las personas con discapacidad;
b. Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en
la recopilación y el uso de estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por
los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos
el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda,
en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad.
a. Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;
b. Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación
y prácticas recomendadas;
c. Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d. Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y
compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas
a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar
la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando
designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las
instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente
en todos los niveles del proceso de seguimiento.
Lista con 13 elementos
2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones
o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración
la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de expertos
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones
de la Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las personas elegidas para
el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos
cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que
presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las
personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato
de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes
del presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso
designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar
el puesto durante el resto del mandato.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a
los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las
Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan
adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y
tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente
1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado
Parte de que se trate. Éste podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información
con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación
de la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso de que el informe pertinente
no se presente en un plazo de tres meses desde la notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado
Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que
figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
a. Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones
de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros órganos competentes
que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos
mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación
de la Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito de actividades;
b. Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos
humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar
la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones.
El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones
de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de
carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes.
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes,
serán convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas.
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas,
en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos
de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por esta Convención. Posteriormente, informarán al depositario
de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado
4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con
un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido
depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con
el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de
los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda
Asamblea General para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la
enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento
de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes
el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que
hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
Publicado por Julio Fretes en 7:50 4 comentarios: