Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-156-de-julio-2-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920424b14f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2017-08-22 12:44:02
Document Index: 195500795

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 243', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 242', 'artículo 379', 'artículo 40', 'artículo 233', 'artículo 40', 'artículo 233']

﻿ AUTO 156 DE JULIO 2 DE 2008
AUTO 156 DE 02 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:ACTO LEGISLATIVO SOBRE REELECCIÓN PRESIDENCIAL. SU VALIDEZ NO PUEDE AHORA SER DESCONOCIDA NI CUESTIONADA. PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA REVISAR EL ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA, ACTO LEGISLATIVO, REELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, COHECHO PROPIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:441 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PG.1575
Auto 156 de julio 2 de 2008
Ref.: Sentencia de Junio 26 de 2008, Acta 173, remitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá D.C., dos de julio de dos mil ocho.
1. Que mediante escrito radicado en la Carta Constitucional el día 27 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia remitió a esta corporación la sentencia de junio 26 de 2008 de su Sala de Casación Penal que se emitió dentro del proceso adelantado contra Yidis Medina Padilla, quien en su calidad de ex representante a la cámara aceptó cargos por el delito de cohecho propio.
2. Concluye la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que, “(i) la congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma (A.L. 2 de 2004); (ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada”.
3. Para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “[l]as circunstancias de factum y de iuris que sirven de fundamento a la presente sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas.”
4. A partir de lo expuesto concluye la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que “... el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional...”, razón por la cual considera necesario “... ordenar la remisión de copia de esta sentencia al Tribunal Constitucional y a la Procuraduría General para los fines que estimen pertinentes”.
5. La remisión de la sentencia de la referencia a la Corte Constitucional plantea la posibilidad de que esta corporación revise la Sentencia C-1040 de 2005, o, de alguna manera, se pronuncie nuevamente sobre el trámite del Acto Legislativo 02 de 2004.
En efecto, tal como se dispone en el artículo 241 de la Constitución, “[a] la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: // 1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación (...).”
Tal y como lo consagra expresamente el artículo 243 de la Constitución Política, “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. En armonía con esa previsión de la Carta, en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 se dispone que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno.”
En el año 2005 la Corte Constitucional se pronunció de manera definitiva sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 2 de 2004 que estableció la posibilidad de reelección presidencial en Colombia (1) .
Ello no desconoce la posibilidad de que un congresista haya obrado por motivaciones ilícitas, que es lo que se desprende del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la ex congresista Yidis Medina. Para tal eventualidad estaba abierta la vía para determinar la responsabilidad penal que le corresponda por dichas actuaciones, como en efecto ocurrió.
(sic)2. Se ha planteado que los hechos de que da cuenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se ha remitido a esta corporación podrían dar lugar a que se declare la nulidad de las sentencias en las que la Corte Constitucional se pronunció sobre el trámite de aprobación del Acto Legislativo 02 de 2004. Sobre el particular, observa la Corte Constitucional que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de proferido el correspondiente fallo, es posible alegar la nulidad de un proceso ante la Corte Constitucional, acreditando la existencia de una irregularidad que implique violación del debido proceso. En una interpretación sistemática de las disposiciones aplicables, la jurisprudencia constitucional ha concluido que la solicitud de nulidad puede presentarse incluso contra la propia sentencia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, sin que ello signifique “...que haya un recurso contra las providencias de la Corte Constitucional, ni que la opción de solicitar la nulidad pueda llegar a convertirse en una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas.”
De este modo, la posibilidad de que el pleno de la Corte Constitucional anule un proceso de constitucionalidad se presenta cuando, en el trámite en la propia Corte Constitucional, se ha incurrido en violaciones del debido proceso. De allí que la nulidad solo pueda alegarse antes de proferida la sentencia, o, cuando la irregularidad se predique de la propia sentencia, dentro del término de tres días siguientes a la notificación. No cabe, entonces, por esta vía, pretender una nulidad, que dé lugar a un nuevo juicio de constitucionalidad, cuando tal nulidad no se origina en una irregularidad del proceso de constitucionalidad, sino que remite a un nuevo examen del trámite legislativo de la disposición que fue objeto del pronunciamiento de la Corte.
En materia de actos reformatorios a la Constitución, la propia Carta ha puesto dos condiciones para el ejercicio del control de constitucionalidad por la Corte, la primera que dicho control solo procede por vicios de forma o de trámite, y la segunda es que tales vicios deben ser planteados ante la Corte Constitucional dentro del año siguiente a la expedición del respectivo acto.
Por eso el constituyente fue expreso en establecer, en el numeral 3º del artículo 242 de la Carta, que las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Dicha disposición fue reiterada en relación con los actos reformatorios de la Constitución por el artículo 379 superior, a cuyo tenor, “la acción pública contra estos actos solo procederá dentro del año siguiente a su promulgación”.
Por esa razón frente a la remisión que hiciera la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional no tiene alternativa distinta que la de declarar que ha perdido su competencia para un nuevo pronunciamiento sobre el Acto Legislativo 2 de 2004, porque (i) la Corte ya decidió sobre su constitucionalidad en sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional; (ii) dichas sentencias no son susceptibles de recurso alguno y (iii) en relación con el Acto Legislativo 2 de 2004 ha operado el término de caducidad previsto en la Constitución. En consecuencia, la validez del Acto Legislativo 2 de 2004 no puede ahora ser desconocida ni cuestionada.
En relación con el numeral 8º de la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, fechada el 26 de junio de 2008, DECLARAR que la Corte Constitucional ha perdido su competencia para emitir un nuevo pronunciamiento sobre el Acto Legislativo 2 de 2004.
Magistrados: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente—Jaime Araújo Rentaría—Mauricio González Cuervo—Manuel José Cepeda Espinosa—Marco Gerardo Monroy Cabra—Jaime Cordoba Triviño—Nilson Pinilla Pinilla—Rodrigo Escobar Gil—Clara Inés Vargas Hernández.
Marta Sáchica de Moncaleano: Secretaria General.
(1) La Corte Constitucional en las sentencias C-1040 y C-1041 se pronunció de manera específica sobre el trámite legislativo del Acto Legislativo 2 de 2004 en relación con los distintos cargos que se habían formulado en su contra. Adicionalmente, en relación dicho acto legislativo, la Corte expidió las sentencias C-1042, C-1043, C-1044, C-1045, C-1046, C-1047, C-1048, C-1049, C-1050, C-1051, C-1052, C-1053, C-1054, C-1055, C-1056 y C-1057 de 2005, C-034, C-174 y C-278 de 2006.
La sentencia en cuestión se encuentra viciada de una nulidad ya que al momento de la adopción de la misma, esta Corte desconocía que el acto legislativo bajo estudio era nulo de pleno derecho o más exactamente inexistente, por haber sido la consecuencia de un delito, el delito de cohecho, tal y como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia en Sentencia reciente —No. 173 del 26 de junio del 2008—. Estos hechos son nuevos y una vez conocidos, tienen relevancia constitucional en cuanto afectan de manera inmediata y directa la validez jurídica tanto del acto legislativo de la reelección presidencial como de la Sentencia C-1040 del 2005 mediante la cual se declaró, incurriendo en un error, la exequibilidad de la misma; razón por la cual considero que esta Corte se encuentra obligada jurídicamente a estudiar y declarar la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005 y con ella del Acto Legislativo No. 2 del 2004, bien a petición ciudadana o de autoridad pública, o bien de oficio.
Para fundamentar mi posición jurídica me permitiré a continuación hacer referencia a los siguientes temas: i) en primer lugar, a la filtración del proyecto de fallo y la decisión que se adoptaría; (ii) en segundo lugar, a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y su valor jurídico; (iii) en tercer lugar, a las consecuencias jurídicas que se derivan de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y a la comprobación de la comisión de un delito para conseguir la aprobación del Acto Legislativo No. 2 del 2004; (iv) en cuarto lugar, a la procedencia de la nulidad de la Sentencia C-1040 del 2005, de conformidad con la propia jurisprudencia de esta Corte; (v) en quinto lugar, sobre la petición elevada por los ciudadanos como solicitud de nulidad; (vi) en sexto lugar, a la dialéctica entre la seguridad jurídica y la justicia; (vii) en séptimo lugar a las debidas constancias de mis propuestas de nulidad y mi inconformidad con el reparto hecho en Sala Plena; (viii) en octavo lugar, a la nulidad de la sentencia sobre la reelección presidencial y del presente fallo de esta Corte debido a las inhabilidades e impedimentos de cuatro de los magistrados de esta Corte; y (sic)(vii) finalmente a las consecuencias de este fallo que convalida una situación inconstitucional, injusta, ilegítima, ilegal y criminal.
1. Crónica de la convalidación anunciada de un ... delito.
Como en la novela Crónica de una Muerte Anunciada de Gabo, “El día en que lo iban a matar”; o mejor, en el que esta Corte mató al Estado de derecho, me levante a las 5:30 de la mañana del 2 de julio y el diario El Tiempo decía: “No revisar sentencia que validó la reelección propone ponencia que estudia la Corte Constitucional”. “Según fuentes consultadas por El Tiempo, en el tribunal predomina la premisa de que sus sentencias hacen tránsito directo a cosa juzgada sin posibilidad de revisión”. Era obvio que el proyecto del magistrado Escobar y la decisión se habían filtrado; y que los medios conocían no solo el sentido de la ponencia que se presentó a Sala Plena, sino la posición que adoptaría la mayoría de los magistrados de esta Corte, situación que en concepto del suscrito magistrado no solo atenta sino que vulnera la dignidad, credibilidad y legitimidad de esta corporación.
Los presagios eran negros. La intervención de los mismos magistrados que ya habían votado a favor de la reelección, incluida la magistrada que en una reciente entrevista concedida en la revista Credencial edición 255 del mes de febrero de 2008 (págs. 33 y 34) manifestó al responder la pregunta “¿Qué perfil debe tener el siguiente Presidente? —“Me gustaría una persona con el corte del presidente Uribe; más moderada en el gasto militar, que invierta más en educación y salud, pero con su talante de autoridad, que mantenga la seguridad democrática, que es lo que la gente necesita en este momento. No necesariamente tiene que ser Uribe pero si una persona que siga su política. Un cambio abrupto en este momento sería fatal para el país...”
c) No revisar ni anular la sentencia por ningún motivo. Como lo denuncié en la Sala, el objetivo era perpetuar los efectos, del delito.
2. La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia —No. 173 del 26 de junio del 2008— y su valor jurídico.
De este modo, en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia —No. 173 del 26 de junio del 2008— se evidencia que existió una maniobra para no aceptar el impedimento de Yidis Medina para votar acerca del proyecto de reelección, dejándola entonces habilitada para votar (págs. 13 y 14); así mismo que ministros del presidente Uribe Vélez —tanto el Ministro del Interior como el Ministro de la Protección Social—, le ofrecieron un consulado y otras prebendas a cambio de su voto de apoyo al entonces proyecto de reelección (págs. 19 y 19(sic)); de otra parte se prueba que otras personas allegadas a Yidis Medina recibieron prebendas por conducto de Yidis y su apoyo al proyecto de reelección (págs. 20 - 30); también se deja constancia de que posteriormente a la aprobación del proyecto de reelección presidencial, el Secretario General de Presidencia, ante el anuncio de la publicación de un libro de Yidis, la citó al Palacio de Nariño para “prevenirla sobre el perjuicio que podría ocasionar al Gobierno Nacional”.
De esta manera, evidencia la Corte Suprema que el voto de Yidis Medina no se debió al valor de los argumentos o la capacidad de convencimiento, sino a las dádivas y promesas burocráticas aceptadas por la excongresista, esto es, “... en virtud del ofrecimiento de sobornos que lograron quebrar la libertad y autonomía que debe caracterizar el proceso democrático de toma de decisiones” (pág. 38).
En consecuencia, sostiene la Corte Suprema que se encuentra “(d)emostrado de manera inconcusa e inobjetable que: i) la congresista acusada apoyó decididamente el proyecto de reforma constitucional (A.L. 02/2004); ii) tal respaldo definitivo para su aprobación no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió; entonces, deviene ilegítima la actividad constitucional desplegada” (pág. 42) (resaltado fuera de texto).
Concluye la Corte Suprema que un “acto jurídico” desviado, como el de aprobación del Acto Legislativo 2 del 2004, que tiene connotaciones delictivas, no puede tener vigencia ni ejecutividad, por cuando “(a)sí como: i) la corrupción en el ejercicio de la función pública no puede ser fuente del derecho de propiedad (1) , ii) que la contratación pública ejecutada con desconocimiento de las reglas que la regulan conlleva severas sanciones (2) y iii) asumiendo en serio y hasta las últimas consecuencias que la lucha del Estado contra la impunidad tiene relevancia constitucional (3) la cual no puede quedar reducida a simple retórica dirigida a la tribuna, resulta incompatible con la filosofía del Estado social y democrático de derecho (4) que se precia de actuar sometido al imperio de la ley, que un acto jurídico desviado, de connotaciones delictivas tenga vigencia y ejecutividad” (pág. 43 y s.) (resaltado fuera del original).
Por todas estas razones, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluye que el delito nunca puede originar validez o legitimidad jurídica, ya que “... el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal...” (pág. 44) y en razón de ello decide remitir copia de su sentencia a esta Corte y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia (págs. 44 y 60); en el caso de esta Corte, para que de conformidad con la función constitucional que le ha sido asignada, restablezca el ordenamiento jurídico quebrantado por la vulneración a la Constitución Nacional derivada de la aprobación de un acto legislativo mediante la comisión de un delito.
De todo lo expuesto en la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el suscrito magistrado concluye: (i) que existieron múltiples y comprobadas irregularidades en la actuación de la entonces congresista Yidis Medina y de algunos altos funcionarios del Gobierno de ese entonces, durante el proceso de aprobación del proyecto del acto legislativo que proponía la reelección presidencial, configurándose plenamente el delito de cohecho con la finalidad de que la ex congresista cambiara su voto y apoyara el proyecto de reelección, como efectivamente ocurrió, a cambio de dádivas y prebendas burocráticas; (ii) que el voto de Yidis Medina fue determinante para la aprobación del proyecto de acto legislativo que terminó con la aprobación de la reelección presidencial, y que por tanto existe un vínculo directo, inmediato y consustancial entre este voto y la aprobación de la reelección presidencial, de manera tal que sin el voto de la excongresista Yidis Medina, el Acto Legislativo 2 del 2004 nunca hubiera sido aprobado; (iii) que se configuró la comisión de un delito de cohecho, y que tal actuación ilícita y criminal fue determinante para la aprobación del Acto Legislativo 2 del 2004; es necesario concluir que el acto legislativo se encuentra viciado por la comisión de un delito, lo cual genera una nulidad que es por lo demás una nulidad absoluta, insubsanable e imprescriptible.
La nulidad que tiene término es la solicitada por los ciudadanos, término que además no esta en la Constitución, ni la ley y que es mera creación jurisprudencia, que es de tres días hábiles. Como a nadie se le puede exigir que conozca un hecho futuro (pues los mortales no somos dioses), o que alegue un hecho que nadie conoce, solo después de producido o conocido el hecho, es que comienza a correr el término.
En el caso concreto que nos ocupa la Corte Suprema remitió el fallo a la Corte Constitucional el día viernes 27 de junio, o sea que el término comenzó a correr el primer día hábil siguiente (el lunes 30 de junio día festivo), esto es el martes 1º de julio, y el asunto se falló el día miércoles 2 de julio. O sea el segundo día hábil después de conocido el hecho por la Corte Constitucional.
Siendo evidente que los ciudadanos habían formulado una solicitud de nulidad, ya que en derecho como en lógica las cosas son lo que son y no el nombre que querernos ponerle (La compraventa es compraventa aún que la llamarnos mutuo, y el perro es perro aún que lo llamemos elefante, y el delincuente es delincuente aún que le llamemos santo), y que esta solicitud se había presentado antes de los tres días; y que además estábamos dentro de los tres días hábiles posteriores al envío de la sentencia que comprobaba el hecho delictual, fue que propuse como ciudadano que se declarara la nulidad de la Sentencia C-1040 de 2005 y de todas las que declararon exequible la reelección.
Así las cosas, no solo el presidente y el vicepresidente sino todo el Gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un Gobierno ilegitimo, y en consecuencia todos los actos de Gobierno que realicen tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de Gobierno se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad; razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil.
Por esta razón, y en tercer lugar, el suscrito magistrado considera imperioso recurrir al concepto de democracia que viene siendo utilizado en este asunto, ya que de conformidad con la teoría de la democracia de un Estado constitucional y democrático de derecho, el concepto de democracia no es un concepto empírico o fáctico, sino un concepto jurídico-normativo, esto es, no hace relación simplemente a un hecho o factum de unos votos o unas mayorías, sino que hace relación a un marco de presupuestos jurídicos y normativos que son los que otorgan validez y legitimidad a los votos y a la democracia, esto es, el respeto de principios, valores y derechos incorporados en la Carta Política que fijan las reglas del juego democrático constitucional y legal, y configuran el marco para que sea posible un ordenamiento jurídico y social justo.
Así, la Corte ha admitido solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad, no solo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también por irregularidades en la sentencia misma, ya que esta corporación ha precisado que tiene “el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas (6) .”
Creo que esta corporación tiene que ser consecuente con su suprema función constitucional, esto es, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución —C.P., art. 241—, y entender que el proceso constitucional frente al Acto Legislativo 2 del 2004 se encuentra viciado de nulidad, por cuanto dicho acto legislativo tuvo origen en la corrupción y el delito, y ni la corrupción ni el delito pueden ser fuente de derecho, razón por la cual tiene la obligación de restablecer el ordenamiento jurídico y constitucional que fue vulnerado mediante un delito. Esto es precisamente lo que la Corte Suprema de Justicia le dice a esta corporación, que proceda de conformidad con su función constitucional y declare la nulidad.
La seguridad no es razón para convalidar un delito y perpetuar sus efectos criminales.
Violación del debido proceso en el auto que resuelve la situación creada con el envío de la copia de la sentencia de la corte suprema de justicia.
1. Hacer un sorteo en Sala Plena para repartir el asunto;
De conformidad con el artículo 40, numeral 7º de la Constitución Nacional:
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. (...)” (resaltado fuera de texto).
El otro magistrado es el Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra porque lo prohíbe el artículo 233 de la Constitución Política. Este artículo prescribe: “Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso” (resaltado fuera del original).
El magistrado Monroy Cabra acepta el hecho de que llegó a la edad de retiro forzoso, y al llegar a esa edad perdió competencia para —asumir cualquier asunto de la Corte Constitucional. Al momento le fallar la sentencia sobre la reelección presidencial ya el magistrado Monroy había perdido esa competencia y ahora tampoco la tiene.
Establecido que estos dos magistrados están inhabilitados para estar en la Corte Constitucional, uno por prohibición expresa del numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Nacional, y el otro por prohibición del artículo 233 superior, es claro entonces que no pueden conocer de ningún asunto, ni de la reelección, ni de la convalidación del delito que generó la reelección.
La Corte falla, pero las matemáticas no fallan.
En esta oportunidad, nuevamente la Corte con este auto ha producido otra decisión igualmente nula: si de los ocho (8) magistrados que votaron, excluimos a los dos (2) que no pueden votar ningún asunto, esto es, a los Drs. Sierra y Monroy, el primero porque no puede acceder a la función pública, y el segundo porque llegó a la edad de retiro forzoso; y si excluirnos los votos de los dos (2) magistrados que no podían participar en este asunto, como lo señalamos en el debate sobre los impedimentos, el Dr. Manuel Cepeda Espinosa, y el Dr. Mauricio González Cuervo, en razón a que la decisión los afectaba directamente y porque además habían sido beneficiarios de la reelección presidencial, nos quedan solo cuatro (4) magistrados que votaron favorablemente esta decisión.
En síntesis, el acto legislativo obtenido de manera delictual y por tanto nulo, ha sido convalidado en esta Corte en dos oportunidades con una Sentencia —C-1040 del 2005— igualmente nula, y con dos autos igualmente nulos e inconstitucionales.
El suscrito magistrado considera que con este fallo la Corte Constitucional, (i) está faltando a su suprema función constitucional de guardar la integridad y supremacía de la Constitución; (ii) está refrendando un delito y un fallo viciado de nulidad absoluta, lo cual la hace incurrir en un exabrupto jurídico, ya que constituye un imposible lógico-jurídico la refrendación de lo inexistente, lo inválido, lo injusto, lo ilícito y del delito; y aún más allá (iii) que con este fallo se está haciendo una apología del delito, se está mandando un mensaje perverso a la sociedad en el sentido de que la delincuencia paga, de que la justicia es selectiva, y (iv) finalmente se está refrendando una antimoralidad pública maquiavélica según la cual no importan los medios utilizados para conseguir los fines políticos propuestos, todo lo cual da al traste con toda la labor jurisprudencial de esta Corte y más allá con el Estado constitucional y democrático de derecho.
Como pregunté en la Sala ¿Qué pasaría, hipotéticamente, si no solo Yidis se hubiera “encombado” con el Gobierno para recibir notarías o consulados o embajadas o direcciones de salud, y si algún magistrado también se “encombó” para fallar favorablemente el acto legislativo a cambio de embajadas, notarías o cualquier otra canonjía, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia lo comprobara? ¿Quiere decir que esta Corte no podría hacer nada después de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia? ¿Sería posible un tal exabrupto jurídico? A juicio del suscrito magistrado no podría ser posible ni sostenible tal tesis, pero según se ha fallado en esta providencia, al parecer esta Corte ha hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción.
(5) Sobre este tema ver Auto 08 de 1993, M.P.: Jorge Arango Mejía, Auto 033 de 22 de junio de 1995, M.P.: José Gregorio Hernández; Auto 035 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Díaz; Auto 197 del 2006, M.P.: Jaime Córdoba Treviño; Auto 360 del 2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, entre otros.
(6) Auto 08 de 1993, doctrina reiterada en los autos del 27 de junio de 1996 y 035 del 2 de octubre de 1997.
Manifiesto mi acuerdo con las motivaciones y decisión del Auto 156/2008 proferido por la Corte Constitucional, en cuanto existen suficientes argumentos para estimar válida la conclusión de que en este caso —y respecto del numeral 8º de la parte resolutiva de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia— Sala de Casación Penal— de 26 de junio último, la Corte ha perdido competencia para emitir un nuevo pronunciamiento sobre el Acto Legislativo 2 de 2004.
Con todo como en oportunidad del examen de constitucionalidad del acto legislativo referido salve mi voto en relación con la Sentencia C-1040 de 2005 por estimar que el acto reformatorio de la Carta era inconstitucional por vicios de forma insubsanables en su proceso de formación en el Congreso de la República, es preciso que reitere ahora ese criterio y para ello me remito a la argumentación entonces expuesta.