Source: https://jurisprudencia.cladem.org/guatemala/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-04-25 04:19:35
Document Index: 407276475

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 11']

1º Observaciones finales sobre el primer y segundo informe presentados por el Estado adoptadas en enero de 1994.1
El Comité examinó el informe inicial y el segundo informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/1 a 2 y Corr.1 y Amend.1) en sus sesiones 242ª y 246ª, celebradas los días 24 y 26 de enero (véase CEDAW/C/SR.242 y 246).
Al presentar el informe combinado, la representante del Gobierno dijo que, desafortunadamente, debido a dificultades financieras, las personas mejor calificadas para presentar el informe no habían podido asistir a la reunión, pero que se analizarían y tendrían en cuenta todas sus observaciones y recomendaciones en la elaboración futura de políticas y en la preparación del informe ulterior. Se habían realizado estudios sobre la situación de la mujer, y ciertos aspectos del tema habían sufrido cambios debido a las modificaciones sucesivas en las políticas administrativas y gubernamentales. La representante de Guatemala actualizó la información relativa al Gobierno y los datos demográficos. El 5 de junio de 1993 se había restablecido el estado de derecho, y con el nombramiento del nuevo Presidente, se había reinstalado la democracia. Según las proyecciones más recientes, las mujeres representaban el 49,5% de la población, y de ellas el 62% vivía en las zonas rurales. La representante aseguró a los miembros que el nuevo Presidente hacía hincapié especial en la protección de los derechos humanos.
El Comité señaló que era necesario que se perfeccionara la presentación de los futuros informes en los siguientes aspectos:
Los informes debían ser más analíticos de los hechos reales, presentar cifras e indicadores; ser menos descriptivos y centrados en los aspectos normativos;
Los informes debían analizar todos los artículos de la Convención y mostrar los cambios que se habían producido con la aplicación de las leyes y programas;
El análisis debía considerar las diferencias rurales, urbanas y étnicas, lo cual era importante en Guatemala.
Era necesario y urgente que el Gobierno de Guatemala hiciera coincidir sus iniciativas con la Convención. Debía procurar especialmente que los jueces y demás personas vinculadas a la interpretación y ejercicio de las leyes, e incluso los propios legisladores, conocieran la Convención, que era ley en el país, con el objeto de hacer coherentes los dispositivos constitucionales de igualdad, las leyes y sentencias y las iniciativas programáticas con la Convención y demás instrumentos internacionales que protegían los derechos humanos de las mujeres.
El Comité deseaba obtener más información sobre el Estado y la capacidad de los mecanismos nacionales.
Era urgente que el Estado guatemalteco realizara las modificaciones legales más urgentes que garantizaran la igualdad y muy especialmente con respecto al artículo 16 de la Convención.
Por consiguiente, el Comité pidió al Gobierno de Guatemala que tomara urgentemente todas las medidas necesarias y adoptara políticas para mejorar la situación de la mujer en Guatemala en cumplimiento de la Convención e informara sobre dichas medidas en futuros informes.
Se sugirió al Gobierno guatemalteco que solicitara apoyo técnico para la elaboración del próximo informe.
2º Observaciones finales sobre los informes del tercero al quinto presentados por el Estado adoptadas el 12 de agosto de 2002.3
El Comité examinó el informe que combinaba los informes periódicos tercero, cuarto y quinto de Guatemala CEDAW/C/GUA/3-4 y CEDAW/C/GUA/5) en sus sesiones 577ª y 578ª, celebradas el 12 de agosto de 2002 (véanse los documentos CEDAW/C/SR.577 y 578).
Aun cuando señala que la existencia de numerosos mecanismos nacionales en diversos niveles es un paso positivo para institucionalizar los derechos de la mujer e incorporar una perspectiva de género en todos los ámbitos, el Comité expresa su inquietud por la aparente falta de coordinación entre ellos. El Comité señala también que en los informes del Estado Parte no se explica claramente ni el mandato ni el nivel de autoridad y recursos (tanto financieros como humanos) conferido a cada uno de esos órganos.
El Comité recomienda al Estado parte que examine y evalúe la coordinación entre los mecanismos institucionales vigentes que se encarguen de promover el adelanto de la mujer y les proporcione los recursos económicos y humanos necesarios para que puedan mantenerse en funcionamiento los programas emprendidos, y que, en su próximo informe, aporte datos más claros sobre esta cuestión.
El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, aunque en sus informes y en su exposición oral el Estado Parte facilitó amplia información sobre las medidas y los programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción de la mujer a partir de la igualdad de oportunidades, ofreció muy pocos datos sobre la repercusión de esos programas y medidas.
El Comité insta al Estado Parte a evaluar la repercusión de los actuales programas y medidas de promoción de la mujer y a incluir en su próximo informe datos sobre los resultados de dicha evaluación.
El Comité observa con preocupación que, si bien la Constitución hace referencia al principio de igualdad, los términos “equidad” e “igualdad” parecen utilizarse como sinónimos en los informes y programas del Estado parte.
El Comité insta al Estado Parte a reconocer que los términos “equidad” e “igualdad” no son sinónimos ni intercambiables y que la Convención tiene por objetivo eliminar la discriminación y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.
El Comité manifiesta su inquietud por la ambigüedad de las leyes relativas a la prostitución, especialmente la prostitución infantil, que la prohíben pero no establecen sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos. Asimismo, se muestra preocupado por la elevada incidencia de la prostitución infantil y la explotación sexual de menores.
El Comité recomienda al Estado Parte que examine la legislación vigente relativa a la tipificación como delito de la prostitución infantil y la explotación sexual de menores y que adopte medidas para aplicar el Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en Guatemala.
El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, aunque los derechos humanos de la mujer se reconocen explícitamente en diversas leyes, no parece que las mujeres tengan, en general, conciencia de sus derechos amparados por dichas leyes o de los medios de hacerlas cumplir. El Comité observa que, pese al establecimiento en el ámbito laboral de medidas de protección y de derechos en materia de seguridad social, incluso para las empleadas domésticas y las que trabajan en las industrias maquiladoras, esta legislación no se aplica ni se hace cumplir y algunos empleadores de esa industria exigen a las mujeres que buscan empleo la realización de pruebas de embarazo. El Comité señala que el hecho de que no se aplique la legislación laboral tiene por resultado la discriminación de la mujer, en el sentido que se indica en el artículo 1 de la Convención
El Comité insta al Estado Parte a velar por que las autoridades estatales apliquen toda la legislación de derechos humanos de la mujer, en particular la legislación laboral vigente, investigando activamente las supuestas violaciones de los derechos de las trabajadoras y a adoptar medidas para fortalecer la capacidad de hacer cumplir las leyes de las autoridades responsables de la inspección laboral. El Comité exhorta también al Estado Parte a tomar las medidas adecuadas, incluida la promoción de códigos de conducta más estrictos para el sector privado, a fin de lograr la aplicación de la legislación actual, en particular por lo que respecta a los derechos de la mujer consagrados en la Convención, que forma parte de la legislación de Guatemala. El Comité exhorta, asimismo, al Estado parte a que adopte medidas para concienciar a las mujeres con respecto a sus derechos legítimos y a los medios de hacerlos valer de manera efectiva.
El Comité, aunque acoge con agrado el hecho de que la Oficina Nacional de la Mujer haya elaborado una metodología para eliminar los estereotipos sexuales de los materiales didácticos y los libros de texto escolares y haya creado una comisión multisectorial para aplicar esta metodología, expresa su preocupación por la persistencia de los estereotipos relativos a la función de la mujer en la familia y la sociedad y observa que estos estereotipos están especialmente arraigados entre la población indígena. El Comité teme asimismo que, a pesar de los esfuerzos que se hacen para lograr la igualdad entre hombres y mujeres mediante la reforma legislativa, la ejecución de programas que tienen en cuenta el género, la capacitación de funcionarios y la creación de mecanismos nacionales, la persistencia de dichos estereotipos dificulte la promoción de las mujeres en Guatemala, sobre todo de las indígenas, y el ejercicio de sus derechos humanos.
El Comité insta al Estado Parte a que dé prioridad a la sensibilización de la opinión pública sobre los derechos de las mujeres en su estrategia de promoción de la mujer, aprovechando las campañas existentes en los medios de comunicación e iniciando nuevas campañas de concienciación y educación acerca de distintos temas relativos a los derechos humanos de la mujer. Dichas campañas deben ir dirigidas tanto a los hombres como a las mujeres de todos los niveles de la sociedad, y sobre todo a los indígenas.
Aun reconociendo que se han adoptado medidas especiales de carácter temporal para favorecer el adelanto de la mujer en el ámbito de la educación, el Comité observa la escasa participación de las mujeres en las actividades políticas, en particular su mínima representación en el Congreso y en los ámbitos de adopción de decisiones, tanto en el sector público como en el privado. Participación política y social insuficiente
El Comité recomienda al Estado Parte que refuerce las medidas vigentes y que adopte otras nuevas con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de fomentar la participación de las mujeres en la vida pública y política de Guatemala, en particular promoviendo la aprobación del sistema de cuotas propuesto para las candidatas a las cinco próximas elecciones federales, ofreciendo o respaldando programas de capacitación para las dirigentes actuales o futuras y realizando campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación femenina en la adopción de decisiones, dirigidas a quienes ostenten facultades decisorias en los sectores público y privado. Cuotas para la participación política y campañas de sensibilización en el tema.
El Comité expresa su preocupación por la alta tasa de mortalidad infantil y materna en Guatemala.
El Comité recomienda al Estado Parte que haga todo lo posible por aumentar el acceso a los servicios de salud y a la asistencia médica mediante la dotación de personal capacitado, especialmente en las zonas rurales y, sobre todo, en los ámbitos de la atención prenatal y posnatal.
El Comité manifiesta asimismo su inquietud por la limitada autonomía de que disponen las mujeres para decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, su escasa educación sexual y su pobre conocimiento de la planificación familiar. También se muestra preocupado por la prevalencia de ciertas actitudes sociales que miden la virilidad de los hombres por el número de hijos que tienen. Salud sexual y reproductiva, patrones culturales patriarcales.
El Comité insta al Estado Parte a mejorar sus políticas y programas de planificación familiar y salud reproductiva, entre otras cosas mediante la amplia distribución de métodos anticonceptivos asequibles, de manera que tanto los hombres como las mujeres, especialmente los de las zonas rurales, tengan acceso a ellos. Alienta además al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos por erradicar la opinión de que la única función de las mujeres es la reproducción, como se afirma en el informe que combina sus informes periódicos tercero y cuarto.
El Comité expresa su preocupación por la disparidad entre la edad legal a que pueden contraer matrimonio las mujeres y los hombres, disparidad que resulta discriminatoria. Manifiesta también su inquietud por el hecho de que la edad mínima a la que una joven puede contraer matrimonio legalmente —los 14 años— sea demasiado temprana, lo que puede redundar en perjuicio de su salud.
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para subsanar la disparidad entre la edad legal a la que hombres y mujeres pueden contraer matrimonio y a que tome medidas para elevar la edad mínima correspondiente a las jóvenes, de conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y con la disposición del párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que trata del matrimonio entre niños. El Comité insta, también, al Estado parte a que prepare campañas de información pública con respecto a los perjuicios que entraña el matrimonio temprano para la salud y la educación de las niñas.
El Comité observa con preocupación la persistencia del analfabetismo en ciertos grupos de mujeres de Guatemala, particularmente entre la población indígena.
El Comité insta al Estado Parte a incrementar sus esfuerzos por combatir el analfabetismo, especialmente en las zonas rurales y entre la población indígena, y a formular más programas para hacer frente a este problema entre las mujeres adultas.
El Comité expresa su inquietud por la escasa información proporcionada en los informes y en la exposición oral del Estado Parte sobre el número de mujeres presentes en el sector académico, su categoría y su distribución por disciplinas.
El Comité insta al Estado Parte a que incluya datos sobre estas cuestiones en su próximo informe.
El Comité observa con preocupación la elevada incidencia del trabajo infantil en Guatemala, especialmente entre las niñas, así como sus consecuencias para el desarrollo personal de aquel ejercicio de su derecho a la educación y a la atención sanitaria.
El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para que todos los menores de Guatemala, y sobre todo las niñas, tengan acceso a la educación básica, a la atención sanitaria y a la protección que ofrecen las normas laborales elementales fijadas por la Organización Internacional del Trabajo.
El Comité observa con inquietud que el sistema de atención médica de Guatemala no dispone de ningún programa de salud mental específicamente destinado a las mujeres. Se muestra, asimismo, preocupado por la falta de datos sobre la incidencia y los posibles efectos del uso indebido de drogas y otras sustancias en las mujeres y las relaciones entre los sexos en Guatemala.
El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas para establecer un programa de salud mental femenina, especialmente en vista de los traumas concretos que padecen las mujeres en situaciones de conflicto como la registrada en Guatemala durante más de 30 años. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que aporte, en su próximo informe, datos sobre la magnitud del uso indebido de drogas y otras sustancias por parte de las guatemaltecas y sobre sus posibles efectos.
Teniendo en cuenta la dimensión de género de las declaraciones, los programas y las plataformas de acción aprobados durante las conferencias, las cumbres y los períodos extraordinarios de sesiones pertinentes de las Naciones Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el examen y la evaluación de la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones sobre la infancia (vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento), el Comité pide al Estado Parte que facilite información sobre la aplicación de los aspectos de esos documentos que guarden relación con los correspondientes artículos de la Convención en su próximo informe periódico.
Cumplimiento de del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones sobre la infancia (vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento)
El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico presentado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención, responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales.
El Comité pide que se dé amplia difusión en Guatemala a las presentes observaciones finales para que la población de ese país, y en particular los administradores del Gobierno y los políticos, sean conscientes de las medidas que se han adoptado para velar por la igualdad de las mujeres de jure y de facto y de las que habrá que tomar a ese respecto en el futuro. Asimismo, pide al Estado parte que continúe difundiendo ampliamente, sobre todo entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, el contenido de la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del trigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los género44s, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
3º Observaciones finales sobre el sexto informe presentado por el Estado adoptadas el 18 de mayo de 2006.5
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6) en sus sesiones 725ª y 726ª, celebradas el 18 de mayo de 2006 (véanse CEDAW/C/SR.725 y 726).
Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones6
Recordando la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde ahora hasta la fecha de presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité insta al Estado parte a que, en sus actividades de aplicación, se centre en esas esferas y a que en su próximo informe periódico comunique las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. Asimismo, insta al Estado parte a que presente al Congreso y a todos los ministerios competentes las presentes observaciones finales y las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos combinados tercero y cuarto y el quinto informe periódico del Estado parte (véase A/57/38) a fin de garantizar su aplicación cabal.
Preocupa al Comité que quizás no todas las entidades gubernamentales competentes, en particular las ramas legislativa y judicial, hayan participado plenamente en el proceso de preparación del informe. En consecuencia, el efecto del proceso de presentación de informes como aspecto de un enfoque holístico de la aplicación ininterrumpida de la Convención puede ser limitado.
El Comité pide al Estado parte que refuerce la coordinación entre todas las entidades gubernamentales competentes, incluidos los representantes de las ramas legislativa y judicial, como medio de mejorar la aplicación de las disposiciones de la Convención, el seguimiento de las observaciones finales del Comité y la preparación de los futuros informes periódicos en virtud del artículo 18 de la Convención.
Preocupa al Comité que la definición de discriminación que figura en el Decreto 57-2002, que reforma el Código Penal, no sea conforme al artículo 1 de la Convención, el cual prohíbe la discriminación tanto directa como indirecta, ni al apartado e. del artículo 2, que requiere explícitamente la adopción de medidas para eliminar la discriminación de los agentes privados contra la mujer.
El Comité alienta al Estado parte a asegurar que en todas las leyes apropiadas se refleje explícitamente una definición de discriminación que abarque la discriminación tanto directa como indirecta, en consonancia con el artículo 1 de la Convención, y se incluyan sanciones eficaces y recursos en caso de violación de derechos por entidades y agentes públicos y privados. Insta al Estado parte a que realice campañas de sensibilización sobre la Convención y su Protocolo Facultativo, en particular sobre el significado y el alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, destinadas, principalmente, al público en general, los legisladores, los miembros de la judicatura y los profesionales del derecho. Esas iniciativas deben centrarse en la utilización sistemática de la Convención para que se respeten, promuevan y garanticen los derechos humanos de la mujer, y en la utilización del Protocolo Facultativo.
Al tiempo que toma nota de los esfuerzos del Estado parte para revisar las leyes discriminatorias vigentes en los códigos Civil, Penal y Laboral, preocupa al Comité que, pese a las recomendaciones que hizo al Estado parte con ocasión del examen de los informes periódicos inicial y segundo de Guatemala, en 1994, y sus informes periódicos combinados tercero y cuarto y su quinto informe periódico, en 2002, las leyes internas aún no se ajusten a la Convención. También le preocupa la falta de conciencia acerca de los derechos humanos de la mujer entre los miembros del Parlamento, hecho que podría estar entorpeciendo la aprobación de las reformas legislativas necesarias, sobre todo respecto de la violencia contra la mujer. Persiste la no adecuación de leyes internas a la CEDAW.
Si bien observa que se han aprobado diversas leyes y decretos para proteger a mujeres y niñas, en particular el Decreto 81-2002 destinado a promover la adopción de medidas para eliminar la discriminación por motivos de raza y género en todos los ministerios del Estado, el Comité ve con preocupación la falta de observancia y coordinación de tales leyes y decretos, así como su ineficaz aplicación y supervisión.
El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas apropiadas para asegurar la observancia, la aplicación y la evaluación eficaces de las leyes y los decretos dirigidos a proteger a las mujeres y las niñas. Recomienda al Estado parte que incluya el efecto de esas medidas en su próximo informe periódico.
Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte en apoyo de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que esos mecanismos no cuenten con suficientes recursos humanos y financieros para desempeñar su mandato y promover el adelanto de la mujer en los planos nacional y local. También le preocupa la limitada capacidad de la Secretaría Presidencial para realizar una coordinación y una cooperación eficaces con las ramas legislativa y judicial. Asimismo, le preocupa el desequilibrio existente entre los tres poderes del Estado, que tiene como consecuencia la resistencia a aprobar y reformar leyes destinadas a proteger los derechos humanos de la mujer.
Si bien el Comité acoge con satisfacción el papel activo desempeñado por el movimiento de mujeres para avanzar en la consecución de la igualdad entre los géneros y la cooperación entre la Secretaría Presidencial de la Mujer y las organizaciones de mujeres, le preocupa que el Estado parte pueda estar delegando en grupos y organizaciones de mujeres algunas de sus responsabilidades con respecto a la aplicación de la Convención, lo que podría provocar un desequilibrio en las relaciones entre los diferentes interesados.
Si bien el Comité aprecia los esfuerzos del Estado parte para combatir la trata de mujeres y niñas, en particular su ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, le sigue preocupando que el Estado parte no haya adoptado medidas adecuadas para combatir este fenómeno, incluidas sus causas y alcance, en particular desde su posición como país de origen, tránsito y destino. También le preocupa la insuficiente información y concienciación sobre la incidencia de la trata dentro del país.
Preocupa profundamente al Comité el persistente aumento del número de casos de desaparición, violación, tortura y asesinato de mujeres, la arraigada cultura de impunidad para ese tipo de delitos y el aspecto de género que caracteriza a los delitos cometidos, que suponen violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de la mujer. Le preocupa el escaso empeño demostrado en realizar investigaciones a fondo, la ausencia de medidas para la protección de los testigos, las víctimas y sus familiares y la falta de información y de datos sobre los casos, las causas de la violencia y el perfil de las víctimas.
El Comité insta al Estado parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a los asesinatos y las desapariciones de mujeres y a la impunidad de los perpetradores. A ese respecto, sugiere al Estado parte que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité en relación con la investigación que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo Facultativo, hizo sobre el secuestro, la violación y el asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez en Chihuahua (México) (CEDAW/C/2005/OP.8/MÉXICO). Alienta al Estado parte a que institucionalice la Comisión para el Abordaje del Femicidio como órgano permanente con recursos humanos y financieros propios. Pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre las causas, el alcance y la magnitud de la desaparición, la violación y el asesinato de mujeres y sobre el efecto de las medidas adoptadas para prevenir esos casos, investigar los incidentes, procesar y castigar a los culpables y ofrecer recursos, en particular indemnizaciones apropiadas, a las víctimas y sus familiares.
Preocupa al Comité la prevalencia de la violencia intrafamiliar contra la mujer, la falta de acceso efectivo a la justicia para las mujeres, en particular las mujeres indígenas que se enfrentan además a barreras lingüísticas, y la falta de conciencia social y de condena de la violencia contra las mujeres y las niñas en el país.
Si bien el Comité toma nota de las medidas adoptadas para reformar la Ley electoral y de partidos políticos a fin de aplicar una cuota de participación de las mujeres del 44%, le sigue preocupando la escasa representación de la mujer, en particular de la mujer indígena, en cargos políticos y públicos a todos los niveles. Le preocupa también la persistencia y la generalización de actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en relación con las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad, que dificultan considerablemente la participación de la mujer en la adopción de decisiones a todos los niveles y son la principal causa de la posición de desventaja que ocupa la mujer en todas las esferas de la vida.
El Comité pide al Estado parte que acelere el proceso de reforma de la Ley electoral y de partidos políticos y refuerce el uso de medidas temporales especiales, como la aplicación de cuotas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, para aumentar el número de mujeres, en articular de mujeres indígenas, que participan en la vida política y pública y ocupan cargos decisorios. Sugiere al Estado parte que ponga en marcha programas de capacitación en liderazgo dirigidos a las mujeres, con el fin de ayudarles a ocupar puestos directivos y decisorios en la sociedad. Insta al Estado parte a que organice campañas de concienciación dirigidas a mujeres y hombres para contribuir a la eliminación de los estereotipos asociados con los papeles tradicionales del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad en general y promover el empoderamiento político de la mujer. Aceleración de reforma a ley electoral.
Preocupan al Comité las lagunas considerables de la legislación en relación con el artículo 11 de la Convención, en particular la falta de disposiciones sobre el acoso sexual. Expresa su preocupación por las violaciones de los derechos laborales de la mujer en las industrias maquiladoras, en particular el derecho de asociación, el derecho a un salario mínimo y el derecho a licencia por maternidad. Asimismo, preocupan al Comité la jornada de trabajo excesiva y las prácticas discriminatorias contra las mujeres embarazadas. Le preocupa también la ausencia de medidas legislativas y normativas para proteger los derechos de las empleadas domésticas pese a las recomendaciones formuladas por el Comité al examinar el informe periódico anterior.
El Comité insta al Estado parte a que armonice plenamente su legislación con el artículo 11 de la Convención y ratifique el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente de Trabajo. Pide al Estado parte que acelere la sanción de legislación sobre el acoso sexual. Insta al Estado parte a que adopte medidas eficaces para prevenir y castigar las violaciones de los derechos de las mujeres que trabajan en las industrias maquiladoras, remediar la falta de seguridad y de normas sanitarias en esas industrias y mejorar el acceso de las mujeres trabajadoras a la justicia. Insta también al Estado parte a que establezca un calendario concreto para la adopción de medidas legislativas y normativas para proteger los derechos de las empleadas domésticas. Pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, facilite información sobre las medidas que haya adoptado y, en particular, sobre sus efectos.7
El Comité observa con preocupación el posible efecto negativo de los acuerdos de libre comercio sobre las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres guatemaltecas.
Preocupa al Comité la persistencia de altos niveles de pobreza entre las mujeres, en particular entre las mujeres del medio rural, y su falta de acceso a los servicios sociales básicos. Las condiciones de pobreza de las mujeres se ponen de manifiesto en la elevada tasa de analfabetismo, la baja tasa de escolarización y finalización de los estudios, el deficiente acceso a los servicios de atención de la salud, en particular de la salud sexual y reproductiva, y el alto índice consiguiente de mortalidad materna, así como la falta de acceso a la tierra y de oportunidades de capacitación. Al Comité le preocupa también que no haya una estrategia completa de desarrollo rural centrada en el carácter estructural de los problemas que siguen padeciendo las mujeres del medio rural.
El Comité insta al Estado parte a que procure que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las que viven en el medio rural. Recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por ejecutar programas educativos y sanitarios eficaces en todo el país, particularmente en las esferas de la alfabetización funcional, el fomento de las empresas, la capacitación y el micro financiación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra.
Observando que la mayoría de los habitantes de Guatemala son indígenas, el Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres indígenas, quienes no disfrutan de sus derechos humanos y son vulnerables a múltiples formas de discriminación. Le preocupa también la falta de información estadística sobre la situación de las mujeres indígenas.
El Comité pide al Estado parte que mejore la reunión de datos desglosados por sexo y la utilización de esos datos como indicadores con el fin de hacer un seguimiento más eficaz del progreso en la aplicación de la Convención. Esos datos deben servir de base para formular programas y políticas eficaces y para evaluar el efecto de las medidas adoptadas y la evolución de la situación de la mujer a lo largo del tiempo. Recopilación de datos desglosados por sexo, base para formulación de programas y políticas y evaluación de progresos de las mujeres.
El Comité subraya que la aplicación plena y eficaz de la Convención es indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Pide que se integre la perspectiva de género y que se reflejen explícitamente las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas a lograr esos objetivos y pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información a ese respecto.
El Comité encomia al Estado parte por haber ratificado los siete instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos humanos8. Señala que la adhesión del Estado parte a esos instrumentos contribuye a que la mujer disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida.
El Comité pide que se difundan ampliamente en Guatemala las presentes observaciones finales con el fin de que la población, en particular los funcionarios de la administración pública, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y derechos humanos, sea consciente de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer, así como de otras medidas que es preciso adoptar a ese respecto. Pide al Estado parte que siga divulgando ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que, en cumplimiento del artículo 18 de la Convención, deberá presentar en septiembre de 2007. Respuesta a estas observaciones en septiembre 2007.
4º Observaciones finales sobre el séptimo informe presentado por el Estado adoptadas el 3 de febrero de 2009.9
El Comité examinó el séptimo informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/7) en sus sesiones 881ª y 882ª, celebradas el 3 de febrero de
La lista de cuestiones y preguntas planteadas por el Comité figura en el documento CEDAW/C/GUA/Q/7, y las respuestas de Guatemala figuran en el documento CEDAW/C/GUA/Q/7/Add.1.
Principales inquietudes y recomendaciones10
El Comité, al tiempo que recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y constante todas las disposiciones de la Convención, considera que las inquietudes y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité exhorta al Estado parte a que centre en esas esferas sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe periódico, dé cuenta de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos. También pide al Estado parte que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes, demás dependencias gubernamentales a todos los niveles, el Parlamento y el poder judicial a fin de asegurar su eficaz aplicación.
A la vez que reafirma que el Gobierno es el principal encargado y responsable del pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado parte con arreglo a la Convención, el Comité hace hincapié en que la Convención tiene efecto vinculante para todas las ramas del Gobierno e invita al Estado parte a que aliente al Parlamento nacional, conforme a su mandato y procedimientos y cuando lo estime apropiado, a que adopte las medidas necesarias con respecto a la puesta en práctica de las presentes observaciones finales y al próximo proceso de presentación de informes del Gobierno con arreglo a la Convención.
El Comité lamenta que no se hayan aplicado suficientemente las recomendaciones formuladas en las observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Estado parte (CEDAW/C/GUA/CO/6).
El Comité insta al Estado parte a que se emplee a fondo para cumplir las anteriores recomendaciones que no se hayan puesto aún en práctica y a que dé respuesta a los problemas planteados en las presentes observaciones finales.
Si bien observa con reconocimiento que los tratados internacionales priman sobre la legislación interna y pueden hacerse valer directamente en los tribunales nacionales, al Comité le sigue preocupando que no se haya promulgado aún una prohibición de todas las formas de discriminación de la mujer con arreglo al artículo 1 y al apartado b. del artículo 2 de la Convención, incluidas sanciones por dicha discriminación. Preocupa asimismo al Comité el insuficiente conocimiento de las disposiciones de la Convención y su Protocolo Facultativo por el público en general, incluso entre los profesionales del derecho, como lo demuestra el limitado uso hecho de ellas por los abogados y la judicatura. Al Comité también le preocupa el escaso conocimiento que tienen las mujeres de sus derechos, en particular las mujeres indígenas y de las zonas rurales, las trabajadoras domésticas y las mujeres que trabajan en la industria maquiladora y las empresas agroindustriales.
El Comité recomienda al Estado parte que introduzca en la legislación nacional pertinente una prohibición de la discriminación de la mujer en consonancia con el artículo 1 y el apartado b. del artículo 2 de la Convención, sanciones incluidas. Recomienda además que se elaboren y pongan en práctica programas educativos sobre la Convención, incluido su Protocolo Facultativo, así como programas sobre los derechos de las mujeres, en particular para todos los profesionales del derecho, incluidos magistrados, abogados, fiscales y el personal de mantenimiento del orden, y para el público en general. Insta además al Estado parte a que adopte medidas proactivas, incluidos programas generales de formación jurídica básica, a fin de mejorar los conocimientos que tienen las mujeres sobre sus derechos. Estas medidas deben tener en cuenta el analfabetismo y el plurilingüismo de la población, centrándose especialmente en todos los grupos vulnerables de mujeres para que conozcan sus derechos y sean capaces de ejercerlos.
El Comité toma nota de las iniciativas del Estado parte para modificar las leyes discriminatorias, pero le preocupa que no se hayan suprimido aún varias disposiciones que discriminan a la mujer en los códigos laboral, civil y penal.
El Comité insta al Estado parte a que preste una atención prioritaria a las reformas legislativas necesarias para eliminar las leyes discriminatorias de la mujer y garantizar el cumplimiento de las obligaciones que incumben al Estado parte con arreglo a la Convención y la Constitución. El Comité recomienda al Estado parte que emprenda una revisión general de la compatibilidad de la legislación nacional con la Convención y derogue toda la legislación que siga discriminando a la mujer, en particular las disposiciones discriminatorias de los códigos laboral, civil y penal.
Al Comité le preocupa que el Estado parte no haga un uso sistemático de las medidas especiales de carácter temporal como estrategia necesaria para acelerar la consecución de la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos abarcados por la Convención. Le preocupa asimismo que no parezca haber en el Estado parte un conocimiento claro de las medidas especiales de carácter temporal ni de la razón de su aplicación en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, que es directamente aplicable.
El Comité alienta al Estado parte a que promulgue leyes específicas con miras a la aprobación de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general No. 25 del Comité, a fin de acelerar el logro de la igualdad de hecho con el hombre en ámbitos en que la mujer esté insuficientemente representada o en situación de desventaja. El Comité recomienda que el Estado parte divulgue la aplicabilidad directa del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, así como la importancia de las medidas especiales de carácter temporal para agilizar el proceso encaminado al logro de la igualdad entre los géneros.
A la vez que reconoce la importante labor realizada por la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer para erradicar esos tipos de violencia y por la Defensoría de la Mujer Indígena para proteger y promover los derechos de las mujeres indígenas, así como la función clave de la Secretaría Presidencial de la Mujer en su calidad de máxima instancia nacional para el adelanto de la mujer y órgano rector del poder ejecutivo en la promoción de las políticas públicas de igualdad entre los géneros e igualdad en general, preocupa al Comité la deficiente coordinación de la labor de esos órganos y la posible superposición de sus funciones.
El Comité recomienda que el Estado parte potencie el mecanismo existente para el logro de la igualdad entre los géneros divulgando debidamente su actividad y proporcionándole facultades y recursos humanos y financieros a todos los niveles, a fin de hacerlo más eficaz, y fomente su capacidad de coordinación y supervisión de las medidas que se adopten en los planos nacional y local en pro del adelanto de la mujer y la igualdad entre los géneros.
No obstante las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para eliminar los estereotipos de género, al Comité le preocupa el arraigo de las actitudes patriarcales y de los estereotipos relativos a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia, el trabajo, la vida política y la sociedad, que constituyen graves obstáculos para que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos. También preocupa al Comité que ciertos grupos de mujeres, además de verse afectadas por los estereotipos de género, afronten múltiples formas de discriminación por motivos tales como su origen étnico o su sexualidad.
**El Comité insta al Estado parte a poner más empeño en la formulación y aplicación de amplios programas de concienciación para propiciar un mejor apoyo y comprensión de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los estratos de la sociedad. Dichas medidas deben ir encaminadas a modificar las actitudes estereotípicas y las normas culturales sobre las responsabilidades y funciones del hombre y la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la vida política y la sociedad, de conformidad con el apartado
del artículo 2 y el apartado a. del artículo 5 de la Convención. El Comité también insta al Estado parte a que adopte una estrategia general para eliminar los estereotipos de género relativos a la mujer en general y, en particular, la discriminación de la mujer basada en su origen étnico o su sexualidad. Esta estrategia podría incluir programas de concienciación en los planes de estudios de las escuelas, la capacitación de maestros y la sensibilización de los medios de comunicación y el público en general, incluida la adopción de medidas destinadas específicamente a los hombres y los jóvenes.**
El Comité acoge con agrado la aprobación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008) y el fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer para atajar el problema de la violencia contra la mujer, incluida la violencia intrafamiliar. Sin embargo, al Comité le sigue preocupando la elevada incidencia de la violencia contra la mujer en el Estado parte, en particular la violencia sexual en el hogar y en la sociedad en general y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Al Comité también le resultan alarmantes los actos de extrema violencia contra la mujer, como los asesinatos de mujeres por motivaciones específicas de género, que han sido descritos como “femicidios”. Además, al Comité le preocupa la insuficiente investigación de los casos denunciados de femicidio y violencia contra la mujer, pese a la entrada en vigor de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, así como la persistencia tanto del clima de impunidad como del temor de las mujeres a denunciar tales casos.
El Comité insta al Estado parte a que asigne recursos financieros para aplicar la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y a que establezca mecanismos de coordinación y supervisión de su cumplimiento, a fin de garantizar medios de protección y recursos efectivos a las mujeres y las niñas que sean víctimas de actos de violencia. El Comité insta además al Estado parte a que tome las medidas adecuadas para que los autores de esos actos sean efectivamente enjuiciados y castigados y no gocen de impunidad. El Comité recomienda también que se imparta a los funcionarios públicos capacitación sobre la violencia contra la mujer atendiendo a la perspectiva de género, en particular al personal encargado del orden público, los funcionarios judiciales y los proveedores de servicios de salud, para que tomen conciencia de todas las formas de violencia contra la mujer y puedan afrontarlas de manera adecuada. El Comité también pide al Estado parte que adopte medidas para modificar las actitudes sociales y culturales que son las causas fundamentales de la mayoría de las formas de violencia ejercidas contra la mujer, en particular los asesinatos motivados por prejuicios de género. El Comité recomienda además al Estado parte que solicite asistencia técnica a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer a fin de garantizar la plena aplicación de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.
El Comité observa con reconocimiento la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Con todo, preocupa al Comité la falta de adecuadas medidas legislativas y de otra índole para prevenir la trata a efectos de explotación sexual y trabajo forzoso, que también afecta a mujeres y niñas. El Comité manifiesta además su inquietud ante los principios de los derechos humanos relacionados con la deportación de migrantes que han sido víctimas de la trata. Preocupa asimismo al Comité la falta de datos sobre la trata desglosados por sexo, los tipos de casos denunciados y el número de casos sentenciados.
El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos por combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas. Pide al Estado parte que reúna y analice datos sobre la trata de la policía y fuentes internacionales a fin de determinar el alcance del problema. Exhorta al Estado parte a que promulgue legislación que permita enjuiciar y sancionar a los tratantes, garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y establezca programas de rehabilitación y reinserción para ellas. El Comité pide al Estado parte que vele por que las mujeres y las niñas víctimas de la trata reciban el apoyo adecuado para que puedan declarar sin temor contra los tratantes. El Comité alienta al Estado parte a preparar y ejecutar programas de concienciación, investigar las causas profundas de la trata, impartir formación exhaustiva a los abogados, los trabajadores del ámbito de la justicia penal, los proveedores de servicios de salud y las fuerzas del orden sobre todas las cuestiones relativas a la explotación sexual y la trata, reforzar la capacidad de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata y proporcionarle recursos suficientes, así como continuar e intensificar la cooperación bilateral y multilateral con los países vecinos.
Aunque reconoce la activa participación política de las mujeres a nivel comunitario, el Comité está preocupado por su escasa representación en los órganos electivos y la administración pública a todos los niveles. También está preocupado por la aparente falta de conciencia e interés de los partidos políticos por incluir a un mayor número de mujeres. Preocupa además al Comité que la carencia de tarjetas de identidad impida a las mujeres el pleno disfrute de sus derechos como ciudadanas, en particular su inscripción en el censo electoral.
El Comité insta al Estado parte a que no ceje en su empeño de enmendar la Ley Electoral y de Partidos Políticos con objeto de garantizar la participación equitativa de las mujeres en el proceso electoral, así como en sus resultados, estableciendo un porcentaje mínimo de mujeres. El Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas sostenidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general No. 25 del Comité, para incrementar rápidamente la representación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y pública, en particular en los órganos electivos y los puestos gubernamentales a todos los niveles. El Comité también propone que el Estado parte ejecute programas de capacitación sobre liderazgo destinados a las mujeres y lleve a cabo campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones como requisito democrático, y que evalúe el efecto de esas medidas. El Comité pide al Estado parte que acelere el proceso de expedición de tarjetas de identidad a todas las mujeres que reúnan las condiciones.
Aunque acoge con satisfacción la introducción de la enseñanza gratuita y los intentos por alentar la educación bilingüe y multicultural, preocupa al Comité el considerable nivel de analfabetismo entre las mujeres indígenas y de las zonas rurales, así como las dificultades para acceder a las escuelas y la deficiente calidad de la enseñanza, especialmente en las zonas rurales. Preocupa asimismo al Comité la falta de información facilitada por el Estado parte sobre la enseñanza y la capacitación profesionales para niñas y mujeres en profesiones tradicionalmente ejercidas por los hombres.
El Comité insta al Estado parte a que siga adoptando medidas proactivas para reducir la tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas y continúe impartiendo educación, académica y no académica, a todas las mujeres y niñas, especialmente en las zonas rurales. El Comité recomienda al Estado parte que acelere el proceso de formación de personal docente bilingüe y la ampliación de la enseñanza bilingüe a todas las comunidades indígenas.
El Comité está preocupado por la situación general de desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo, como demuestra la significativa brecha salarial entre mujeres y hombres y la situación crítica de los derechos laborales de las mujeres en las industrias maquiladoras, en particular la falta de acceso a la seguridad social, las largas jornadas de trabajo y la exposición al acoso sexual. Está preocupado también por la precaria situación y la falta de protección de las trabajadoras en los sectores doméstico, agrícola y no estructurado.
El Comité pide al Estado parte que tome todas las medidas apropiadas, incluidas medidas especiales de carácter temporal y de fortalecimiento de los mecanismos de promoción de la igualdad, para subsanar la situación de desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo. Recomienda que intensifique sus esfuerzos por eliminar la segregación profesional, tanto horizontal como vertical. El Comité recomienda además que se adopten medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para garantizar el acceso a la seguridad social y otras prestaciones laborales a las trabajadoras en los sectores doméstico, agrícola y no estructurado. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena protección de las mujeres que trabajan en las industrias maquiladoras en virtud de la normativa laboral vigente. Pide al Estado parte que incluya información sobre el efecto de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe. El Comité insta al Estado parte a que adopte una legislación que garantice la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con la recomendación general No. 13 del Comité y el Convenio No. 100 de la Organización Internacional del Trabajo.
El Comité está profundamente preocupado por la persistencia del trabajo infantil en el Estado parte, por la falta de información suministrada sobre el alcance de este fenómeno y por sus consecuencias para el desarrollo personal del niño y el disfrute de su derecho a la educación y la atención de la salud, especialmente en el caso de las niñas.
El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y apoyar la educación como medio para empoderar a las niñas y los niños. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas proactivas para lograr que todos los niños, especialmente las niñas, tengan acceso a la educación básica, la atención de la salud y la protección que ofrecen las normas laborales mínimas de la Organización Internacional del Trabajo.
El Comité reconoce el empeño del Estado parte por iniciar y apoyar proyectos comunitarios que promuevan el empoderamiento económico de la mujer, pero sigue estando preocupado por los efectos y la sostenibilidad de esos programas y por la persistencia de altos niveles de pobreza y exclusión social entre las mujeres, especialmente en las zonas rurales. Preocupan también al Comité los problemas de acceso a la tierra para la mujer en general y para las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas en particular, ya que pueden ser desplazadas a causa de nuevos planes de desarrollo económico.
El Comité recomienda al Estado parte que procure que la inversión pública y las políticas sociales y económicas tengan específicamente en cuenta la situación de las mujeres y que siga de cerca los efectos derivados de esos programas. El Comité insta al Estado parte a que refuerce las iniciativas destinadas a alentar el empoderamiento económico sostenible de las mujeres y, en particular, promueva el acceso de la mujer a la tierra y el crédito.
El Comité reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado parte en relación con la salud materna e infantil. Con todo, le preocupa que las tasas de mortalidad materna e infantil, pese a haber disminuido, sigan siendo elevadas y que los grupos vulnerables de mujeres, en particular en las zonas rurales, todavía tengan dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva. Preocupa asimismo al Comité la falta de información facilitada por el Estado parte sobre el alcance y las consecuencias de los abortos ilegales y practicados en condiciones peligrosas. Le preocupa además la falta de información sobre el número de mujeres que han sido sometidas a pruebas para la detección precoz del cáncer de útero, de cuello del útero o de mama. Inquieta también al Comité la falta de información sobre el asesoramiento y los servicios de que disponen las mujeres con problemas de salud mental.
El Comité recomienda que el Estado parte aumente la cobertura y accesibilidad de los servicios médicos para las mujeres, especialmente en las zonas rurales, y fomente la formación de los profesionales de la salud, incluidas comadronas, en las zonas rurales y las comunidades indígenas. El Comité recomienda al Estado parte que adopte y aplique medidas eficaces, en particular revisando la legislación que tipifica el aborto como delito, con objeto de prevenir abortos practicados en condiciones peligrosas y su repercusión en la salud de las mujeres y la mortalidad materna. El Comité pide al Estado parte que proporcione información sobre la existencia de una política de salud integral para las mujeres, incluidas instalaciones para la detección del cáncer, y los servicios disponibles para las mujeres con problemas de salud mental.
Si bien observa que hay más hombres que mujeres afectados por el VIH/SIDA, preocupa al Comité la creciente feminización de la enfermedad que se observa en el Estado parte, lo que se refleja en una reducción de la relación hombre/mujer en el contagio del VIH/SIDA. El Comité también señala que el Estado parte no proporcionó suficiente información ni datos desglosados sobre la incidencia del VIH/SIDA en su informe ni en las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas durante el constructivo diálogo entablado.
El Comité insta al Estado parte a que emprenda una investigación exhaustiva para determinar los factores coadyuvantes a la feminización del VIH/SIDA con objeto de elaborar estrategias adecuadas para reducir la vulnerabilidad de la mujer a la enfermedad. Pide al Estado parte que, en su próximo informe, suministre datos desglosados por sexo y origen étnico sobre la incidencia de la enfermedad.
Si bien acoge favorablemente la Ley de Acceso Universal y Equitativo a Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, preocupa al Comité que fuera vetada y que haya una necesidad insatisfecha en lo que respecta al control de la natalidad y la educación sexual.
El Comité señala a la atención del Estado parte su recomendación general No. 24 y recomienda que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar las necesidades de salud específicas de las mujeres, incluidas las necesidades de salud reproductiva. También recomienda al Estado parte que adopte medidas para asegurar la entrada en vigor de la Ley de Acceso Universal y Equitativo a Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, y refuerce los programas de planificación familiar para que hombres y mujeres, incluidos adolescentes y jóvenes, tengan acceso a los métodos anticonceptivos.
Si bien acoge favorablemente las diversas iniciativas emprendidas por el Estado parte para mejorar la condición de las mujeres indígenas, preocupa al Comité la precaria situación de éstas y la falta de información proporcionada por el Estado parte sobre las mujeres de los pueblos maya, xinca y garífuna, que sufren una discriminación múltiple e intersectorial por razón de su sexo, origen étnico y situación social.
El Comité alienta al Estado parte a adoptar medidas concretas y específicas, así como con criterios de evaluación y plazos precisos, para acelerar la mejora de las condiciones de las mujeres indígenas en todos los ámbitos de la vida. Exhorta al Estado parte a que vele por que las mujeres de los pueblos maya, xinca y garífuna tengan pleno acceso a la tierra, la educación y los servicios de salud y puedan participar plenamente en los procesos de adopción de decisiones.
El Comité hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es indispensable la aplicación plena y efectiva de la Convención. Pide al Estado parte que incorpore una perspectiva de género y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas las actividades destinadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité señala que la adhesión de los Estados a los nueve instrumentos internacionales de derechos humanos11 principales potencia el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la mujer en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, alienta al Gobierno de Guatemala a que ratifique los tratados en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El Comité pide que se divulguen ampliamente en Guatemala las presentes observaciones finales a fin de que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por tomar a ese respecto. Pide al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de un año, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en el párrafo 22 supra. El Comité pide también al Estado parte que considere la posibilidad de solicitar, en caso necesario y cuando proceda, cooperación y asistencia de orden técnico, como servicios de asesoramiento, a fin de aplicar las recomendaciones anteriores.
5º Observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala.12
El Comité examinó los informes periódicos octavo y noveno combinados de Guatemala (CEDAW/C/GTM/8-9) en sus sesiones 1558ª y 1559ª (véanse los documentos CEDAW/C/SR.1558 y CEDAW/C/SR.1559), celebradas el 10 de noviembre de 2017. La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/GTM/Q/8-9 y las respuestas de Guatemala, en el documento CEDAW/C/GTM/Q/8-9/Add.1.
E. Principales esferas de preocupación y recomendaciones13
El Comité observa con reconocimiento que el derecho a la igualdad está consagrado en el artículo 4 de la Constitución y que el Estado parte se ha esforzado por aprobar leyes y mecanismos para el adelanto de la mujer. No obstante, sigue preocupado por la falta de un artículo amplio en la Constitución sobre el derecho a la no discriminación, de conformidad con los artículos 1 y 2 b. de la Convención, así como de legislación sobre la prohibición de todas las formas de discriminación, incluidas las sanciones correspondientes a dicha discriminación. También le preocupa la insuficiencia de las medidas adoptadas para modificar o derogar leyes y reglamentaciones discriminatorias y la falta de aplicación y divulgación de la Convención en el Estado parte.
Recordando su recomendación general núm. 28 (2010) relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención, el Comité reitera su recomendación anterior (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 12) y pide al Estado parte que:
Incorpore en su legislación la definición amplia de discriminación contra las mujeres y las niñas que figura en el artículo 1 de la Convención y prohíba todas las formas de discriminación contra la mujer de conformidad con el artículo 2 b., y garantice que esa legislación contemple todos los motivos de discriminación prohibidos, incluya la protección contra la discriminación de las mujeres indígenas, las mujeres garifunas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y las personas intersexuales en las esferas pública y privada, y abarque las formas concomitantes de discriminación;
Revise su legislación, especialmente el Código Civil y el Código Penal, para garantizar que se ajuste a la Convención, y derogue las disposiciones que discriminan contra la mujer;
Sensibilice a las mujeres en particular y a los funcionarios públicos y la población en general acerca de la Convención y los derechos de la mujer.
Acceso a la justicia y vías de recurso
El Comité encomia los esfuerzos del Ministerio Público para poner fin a la impunidad y combatir la corrupción, en cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y las organizaciones de la sociedad civil, y aumentar el acceso de las mujeres a la justicia. Observa la aprobación de la política de acceso de los pueblos indígenas al Ministerio Publico y los esfuerzos para desarrollar un sistema de justicia especializado y proporcionar servicios de interpretación con objeto de fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Sin embargo, el Comité observa con preocupación:
Los múltiples obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia, en particular la limitada cobertura del sistema de justicia, especialmente en los lugares remotos, la pobreza y las barreras lingüísticas, que actúan como elementos disuasorios de la presentación de denuncias, así como la escasez de puntos de entrada para que las mujeres puedan acceder al sistema de justicia a nivel local, como las comisarías, los centros de salud, las escuelas y las iglesias;
La persistencia de la estigmatización social, los estereotipos y la discriminación contra las mujeres, en particular las mujeres indígenas, en el sistema judicial;
La insuficiente capacidad de los agentes del orden para investigar y procesar los casos y el consiguiente alto grado de impunidad de los autores de la violencia de género contra mujeres, a menudo debido a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderosos agentes no estatales ejercen sobre los jueces, en particular mediante asesinatos y amenazas de violencia.
Garantice el acceso de las mujeres a la justicia, en particular asignando recursos adicionales, mejorando el acceso de las mujeres a la asistencia jurídica y a servicios de interpretación gratuitos y adoptando y aplicando protocolos de prestación de servicios que tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes garifunas y no garifunas a fin de mejorar el acceso a la justicia;
Imparta, con carácter obligatorio, capacitación a los jueces, los abogados, los agentes del orden y otros profesionales pertinentes sobre el derecho de la mujer a acceder a la justicia y las vías de recurso de que disponen las mujeres que desean acceder a la justicia;
Siga esforzándose por fortalecer la independencia y eficacia del sistema de justicia, investigar, enjuiciar y castigar a los autores de delitos contra la mujer y velar por que los funcionarios que no respetan los marcos jurídicos internacionales y nacionales de derechos humanos con respecto al enjuiciamiento de los autores sean sancionados adecuadamente.
El Comité observa con reconocimiento el restablecimiento de la Secretaría Presidencial de la Mujer como principal mecanismo para el adelanto de la mujer, así como la aprobación de su plan estratégico institucional 2018–2022 tras el debilitamiento de los tres principales mecanismos para el adelanto de la mujer entre 2012 y 2015. Sin embargo, observa con preocupación la renuencia del Estado parte a adoptar un proyecto de ley para elevar la Secretaría Presidencial de la Mujer al rango de ministerio. Sigue preocupado por sus recursos, autoridad y capacidad limitados, así como los de otras instituciones encargadas de la promoción de los derechos de la mujer, incluidas la Defensoría de la Mujer Indígena y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI). El Comité observa con preocupación la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias para el fortalecimiento de las instituciones y la aplicación de políticas como la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, en parte debido a la escasez de los ingresos tributarios.
Fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer, le otorgue rango de ministerio, le asigne recursos suficientes y mejore su eficiencia operacional;
Aumente la capacidad y los recursos para el adelanto de la mujer de la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y la CONAPREVI, garantizando una mayor coordinación entre ellas, y acelere el restablecimiento de la CONAPREVI en el marco de la Secretaría Presidencial;
Incremente los ingresos públicos a fin de garantizar los recursos necesarios para el gasto público, entre otras cosas para la aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres;
Siga intensificando sus esfuerzos por aplicar un enfoque de presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género en la asignación de recursos públicos en el presupuesto nacional para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
El Comité observa con preocupación la falta de un examen por el Estado parte de la naturaleza, el alcance y la necesidad de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención. También le preocupa la falta de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la vida política y pública, la educación y el empleo.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte y aplique medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención, y establezca objetivos y plazos concretos a fin de acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos en que las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres con discapacidad, sigan estando en situación de desventaja o insuficientemente representadas, como en la vida política y pública, la educación y el empleo. A ese respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte la recomendación general núm. 25 del Comité (2004) sobre las medidas especiales de carácter temporal.
El Comité observa con preocupación la persistencia en el Estado parte de estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, por los cuales se considera de forma generalizada que las mujeres están subordinadas a los hombres. Esos estereotipos contribuyen a la perpetuación de altos niveles de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos el femicidio, la violencia sexual y violencia doméstica, el acoso y el abuso.
**El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique medidas amplias para modificar y transformar los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en todos los niveles de la sociedad, y elimine los estereotipos de género discriminatorios (véase CEDAW/C/GUA/CO/7, párr.
Recomienda al Estado parte que, como parte de una estrategia general, capacite a los funcionarios públicos de todos los sectores sobre la aceleración de la igualdad de facto entre mujeres y hombres y la eliminación de las formas concomitantes de discriminación contra las mujeres y las niñas. A este respecto, el Comité recomienda al Estado parte que elimine los estereotipos de género discriminatorios de los libros de texto y los planes de estudios escolares.**
El Comité observa con reconocimiento la creación de una fiscalía del Ministerio Público con jurisdicción nacional sobre el femicidio y de tribunales especializados para casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Dada la regresión de las instituciones encargadas de la protección de la mujer contra la violencia y de las medidas indicadas en el anterior informe en virtud de la Convención, el Comité acoge con satisfacción la reciente reactivación de la CONAPREVI y la política de reparación digna y transformadora en casos de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada de niñas y adolescentes. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por:
La persistencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en el Estado parte, en particular las tasas alarmantes y crecientes de femicidio, delitos motivados por prejuicios contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y personas intersexuales, violencia doméstica y violaciones e incesto que causan embarazos forzados, y la ausencia de datos desglosados fiables y de estrategias eficaces de prevención;
El escaso número de enjuiciamientos de los autores y la levedad de las penas que se les imponen, que dan lugar a la impunidad sistémica, y el hecho de que no se proporcione reparación a las víctimas;
La insuficiencia de los recursos asignados a la prevención de esa violencia y a los servicios de apoyo a las víctimas, en particular albergues;
Las denuncias de actos de violencia sexual perpetrados por personal médico y la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, incluidas las mujeres internadas en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora;
La falta de protocolos normalizados que tengan en cuenta las cuestiones de género para investigar y enjuiciar los casos de violencia de género contra las mujeres y las niñas, y la insuficiente capacidad y disponibilidad de tribunales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en todo el territorio.
Recordando su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, que actualiza la recomendación general núm. 19, el Comité recomienda al Estado parte que aplique su recomendación anterior sobre la cuestión y fortalezca la CONAPREVI (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 22). También recomienda al Estado parte que:
Aplique, con carácter prioritario y dentro de un plazo determinado, un plan nacional de prevención de la violencia de género contra la mujer, incluidas las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y las personas intersexuales, y establezca un sistema centralizado de reunión de datos sobre la violencia de género contra la mujer, desglosados por edad y relación entre la víctima y el autor;
Garantice que todos los delitos cometidos contra las mujeres y las niñas, en particular los femicidios, sean investigados por la policía, que los autores sean enjuiciados y debidamente castigados, y que las víctimas reciban una reparación adecuada;
Asigne recursos suficientes para garantizar que los albergues para las mujeres víctimas de la violencia de género estén funcionando plenamente en todo el Estado parte y garantice que esas mujeres tengan acceso a tratamiento médico, asesoramiento psicológico, asistencia jurídica y otros servicios de apoyo;
Garantice que todos los casos de violencia sexual y de esterilización forzada cometidos contra mujeres y niñas con discapacidad sean debidamente investigados, que los autores de esos actos sean enjuiciados y debidamente sancionados, y que todos los procedimientos médicos se lleven a cabo únicamente con el consentimiento libre e informado de las personas interesadas, de conformidad con las normas internacionales;
Asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para fortalecer y ampliar la cobertura geográfica de los tribunales especializados en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, armonice las diferentes leyes y reglamentaciones relativas a la violencia de género contra la mujer, mejore la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de su aplicación y apruebe el uso del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) para velar por que se realicen investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género y se enjuicien todos los casos de violencia de género contra las mujeres y las niñas.
Violencia de género contra las mujeres cometida durante el conflicto interno
El Comité observa con reconocimiento la valiosa contribución de los grupos de la sociedad civil, en particular los grupos de mujeres, a los procesos de paz en el Estado parte. Encomia las contribuciones de las mujeres indígenas que han sido víctimas y testigos de los crímenes perpetrados en la aldea de Sepur Zarco al caso en cuestión. Celebra la aprobación en 2016 del Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. No obstante, el Comité está preocupado por la considerable demora en la aplicación del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, especialmente en lo que respecta a las reparaciones por los crímenes perpetrados contra mujeres durante el conflicto interno y las promesas relacionadas con el adelanto de la mujer. También le preocupa la insuficiencia de los fondos asignados a la Secretaría para la Paz y al Programa Nacional de Resarcimiento.
**Vele por la rápida aplicación del Acuerdo de Paz Firme y Duradera;
Investigue las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y ofrezca reparación a las mujeres víctimas de la violencia de género por los daños sufridos;
Sensibilice a las mujeres acerca de los procesos de la verdad, la reconciliación y la reparación, incluidos los relativos al caso y la sentencia Sepur Zarco , a fin de que las mujeres conozcan su derecho a llevar adelante sus casos y procurar que se haga justicia;
Asigne recursos suficientes para la indemnización de las mujeres víctimas de violaciones de los derechos humanos en virtud del Programa Nacional de Resarcimiento y para la implementación del Plan de Acción Nacional para la Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad.
El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para fortalecer su respuesta a la trata. Observa la iniciativa del Ministerio de Trabajo para ofrecer oportunidades alternativas de generación de ingresos a las mujeres que desean abandonar la prostitución. No obstante, el Comité está preocupado por la alta incidencia de la trata de mujeres y niñas, en particular de mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres de zonas rurales, con fines de trabajo forzoso y explotación sexual. También observa con inquietud:
Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de los autores de la trata de mujeres y niñas y los casos denunciados de complicidad de funcionarios públicos en casos de trata y explotación de la prostitución, en particular en instituciones estatales, como las instituciones de protección de la infancia y los hospitales;
Las denuncias de abuso y trata de niñas, con la presunta complicidad de las autoridades, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución residencial del Estado para menores en situaciones vulnerables, en la que murieron 41 niñas en un incendio y muchas otras resultaron heridas como consecuencia de la negligencia de la administración, el personal y los guardias;
La vulnerabilidad a la trata con fines de explotación laboral o sexual de las desplazadas internas y sus familias y de las mujeres que han sido deportadas al Estado parte;
El número insuficiente de albergues especializados en el Estado parte, en particular en las zonas rurales;
La insuficiente capacidad del Estado parte para identificar prontamente a las víctimas de la trata y remitirlas a los servicios apropiados.
El Comité recomienda al Estado parte que reforme el actual sistema de protección de la infancia para asegurar la dignidad y el bienestar físico y psicológico de las niñas. También recomienda que prosigan los programas para mujeres que deseen abandonar la prostitución y las oportunidades alternativas de generación de ingresos para estas. Además, recomienda al Estado parte que:
Cree la capacidad del poder judicial y la policía para realizar investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género de los casos de trata con fines de trabajo forzoso y explotación sexual y enjuicie y sancione debidamente a los autores;
Proceda a la pronta investigación de las denuncias de abusos y trata en la institución residencial Hogar Seguro Virgen de la Asunción y lleve a los responsables de las muertes y lesiones de las niñas a la justicia sin impunidad, y vele por que los hechos de este tipo no se repitan;
Reconozca y tome medidas para hacer frente a las necesidades especiales de los grupos vulnerables, en particular las mujeres migrantes, las desplazadas internas y sus familias, y las mujeres que han sido deportadas al Estado parte, y aumente la capacidad de detección temprana de los agentes del orden para que identifiquen rápidamente a las víctimas de la trata y facilitar su remisión a los servicios apropiados;
Garantice la protección de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y les proporción acceso gratuito e inmediato a albergues especializados, atención médica, asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y servicios de rehabilitación y reintegración;
Mejore la cooperación regional con los países de tránsito y de destino a fin de prevenir la trata mediante el intercambio de información, y fortalezca la capacidad y los recursos de los inspectores del trabajo, los agentes de policía y los funcionarios de fronteras para detectar el trabajo forzoso, la trata y los delitos conexos contra las mujeres y las niñas.
Preocupa al Comité que los principios de igualdad de género, paridad y alternancia de hombres y mujeres en la designación de candidatos dentro de los partidos políticos no se hayan incluido en las recientes enmiendas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a pesar de dos decisiones favorables de la Corte de Constitucionalidad, y que las mujeres que se presentan a cargos públicos, incluidas las mujeres indígenas y las afrodescendientes, sigan haciendo frente a obstáculos. También le preocupa la persistencia de una baja representación de mujeres en puestos de adopción de decisiones tanto electivos como de designación; las mujeres ocupan solo dos puestos ministeriales y representan solo el 27% de los jefes de misión en el servicio exterior, el 16% de los miembros del Congreso y menos del 3% de los alcaldes.
El Comité reitera la recomendación formulada en el párrafo 26 de sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/GUA/CO/7) y recomienda al Estado parte que:
**Adopte medidas sostenidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, como la enmienda de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para introducir cuotas obligatorias para la representación de mujeres en puestos decisorios tanto electivos como de designación, la aplicación de la alternancia de hombres y mujeres en la designación de candidatos dentro de los partidos políticos y la provisión de incentivos financieros a los partidos políticos a fin de que tengan un número igual de mujeres y hombres en sus listas electorales, de conformidad con los artículos 4, párrafo 1, 7 y 8 de la Convención y las recomendaciones generales del Comité núm. 23
sobre la mujer en la vida política y pública y núm. 25 (2004) sobre las medidas especiales de carácter temporal, para acelerar la representación de la mujer en todas las esferas de la vida política y pública, en particular en los órganos electivos y los puestos gubernamentales en todos los niveles y en el plano internacional;**
Aumente la disponibilidad de programas de capacitación y creación de capacidad para las mujeres, incluidas las mujeres indígenas y las afrodescendientes, que deseen entrar en la vida política u ocupar cargos públicos;
Aumente la capacidad de los medios de comunicación para que se abstengan de perpetuar los estereotipos de la mujer en la vida pública y política y para que velen por que las mujeres y los hombres que son candidatos o representantes elegidos reciban la misma visibilidad, especialmente durante los períodos electorales;
Sensibilice a los políticos, los medios de comunicación, los dirigentes tradicionales y la población en general respecto de que la participación plena, libre y democrática de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la vida política y pública es un requisito para la aplicación efectiva de la Convención, así como para la estabilidad política y el desarrollo económico del país.
El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre el proceso en curso de elaboración de una política pública para la protección de los defensores de los derechos humanos. No obstante, el Comité observa con preocupación que las defensoras de los derechos humanos en el Estado parte, en particular las mujeres indígenas que defienden los derechos sobre la tierra y los recursos ambientales, las mujeres que propugnan la protección contra la violencia de género y las mujeres defensoras de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y las personas intersexuales, son, cada vez más, objeto de agresiones, violencia sexual, intimidación, estigmatización, penalización de sus actividades, detenciones ilegales y campañas de difamación. También le preocupa que la protesta social sea reprimida mediante el uso de la violencia de género contra las mujeres activistas, incluida la violencia sexual. Observa con preocupación la impunidad general de los autores de la violencia de género y otras violaciones de los derechos de las defensoras de los derechos humanos, así como los presuntos casos de colusión entre los agentes del orden y los autores.
Garantice la protección de las defensoras de los derechos humanos contra la violencia y la intimidación, en particular mediante la aprobación y aplicación de la política pública para la protección de los defensores de los derechos humanos y el protocolo de investigación para casos de agresiones contra defensores de derechos humanos, del Ministerio Público;
Vele por la pronta investigación, el enjuiciamiento y el castigo de todos los abusos contra las defensoras de los derechos humanos, teniendo en cuenta los riesgos específicos con que se enfrentan las mujeres;
Garantice que las defensoras de los derechos humanos y las activistas puedan realizar libremente su labor de proteger los derechos humanos de la mujer y disfrutar del derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
El Comité está preocupado por el hecho de que el Estado parte no haya alcanzado el registro universal de los nacimientos.
El Comité recomienda al Estado parte que persevere en su empeño por modernizar y descentralizar sus oficinas de registro civil y la capacidad de estas para prestar servicios en las zonas rurales y en los lugares en que predominan las lenguas indígenas.
El Comité observa con reconocimiento los esfuerzos del Estado parte para establecer un sistema de educación bilingüe y ofrecer una educación culturalmente apropiada a las niñas y los niños. No obstante, sigue preocupado por el considerable nivel de analfabetismo y el bajo nivel de conocimientos básicos de aritmética entre las niñas y las mujeres, en particular las niñas y mujeres indígenas. Le preocupan las tasas desproporcionadamente bajas de matriculación y las tasas altas de abandono escolar de las niñas en el sistema educativo, debidas a múltiples factores, entre ellos la pobreza, la violencia y el acoso en el trayecto hacia o desde la escuela, el embarazo precoz, las obligaciones domésticas y de cuidado de otras personas, y el reclutamiento de niñas en el servicio doméstico. El Comité también está preocupado por el limitado acceso a la enseñanza secundaria para las niñas y mujeres indígenas y rurales y los recursos insuficientes para poner en marcha y ofrecer de manera generalizada una educación bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas. El Comité observa con preocupación la demora en la adopción de una política pública de educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos apropiada para cada edad y la falta de aplicación del programa de educación sexual integral.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos, por conducto del Ministerio de Educación, para aumentar la inclusión y retención de las niñas en la escuela, en particular en la enseñanza secundaria, prestando especial atención a las niñas indígenas. También recomienda al Estado parte que:
Adopte y aplique medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para acelerar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad en los niveles obligatorios para las niñas y las mujeres, incluidas las niñas indígenas, las niñas afrodescendientes y las niñas con discapacidad;
Intensifique los esfuerzos para retener a las niñas en la escuela, en particular mediante la concesión de becas y comidas escolares gratuitas, y vele por que las madres jóvenes puedan volver a la escuela tras un parto y terminar sus estudios;
Mejore la infraestructura escolar en las zonas rurales y remotas a fin de facilitar el acceso de las niñas a una educación de calidad y mejore el nivel de la educación a distancia;
Establezca mecanismos eficaces de denuncia y rendición de cuentas para investigar y enjuiciar los casos de abuso y acoso sexuales contra niñas en el entorno escolar;
Fortalezca la capacidad de los maestros para proporcionar una educación bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas y rurales;
Incorpore en todos los niveles de la enseñanza programas de estudios sobre la educación sexual integral para las niñas y los niños, apropiados para cada edad, que incluyan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el comportamiento sexual responsable y la prevención de los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual, y capacite a los maestros para utilizar esos planes de estudios;
Aumente la cooperación y las asociaciones con, entre otros, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para garantizar una educación de calidad para todas las mujeres y las niñas.
El Comité reitera su preocupación por la discriminación contra la mujer en el empleo, la falta de protección social y laboral que padecen las mujeres, debida a la precariedad de su trabajo en la agricultura, la industria maquiladora y la producción local de alimentos, y la segregación de la mayoría de las mujeres en las ocupaciones peor remuneradas, en particular en el trabajo informal, como en el servicio doméstico. También le preocupa la persistencia del trabajo infantil y la escasa información sobre las estrategias para su erradicación. El Comité observa con inquietud la falta de disposiciones jurídicas que aborden explícitamente el acoso sexual en el lugar de trabajo y está preocupado por las prácticas discriminatorias e ilegales, como las pruebas de detección del VIH/SIDA y el embarazo durante los procesos de selección para obtener un empleo.
El Comité recomienda al Estado parte que elimine la segregación ocupacional horizontal y vertical, entre otras cosas mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal para promover el acceso de las mujeres al empleo y que:
Aumente el acceso de las mujeres al trabajo decente y promueva su transición del trabajo en las profesiones peor remuneradas al empleo en el sector formal, y vele por que las mujeres empleadas en los sectores informal y agrícola estén cubiertas por la protección social y laboral;
Agilice la ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (Núm. 189), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y establezca el salario mínimo y la seguridad social por ley para todos los trabajadores;
Intensifique las inspecciones del trabajo para detectar el trabajo infantil y enjuicie a los empleadores que contraten a niñas con fines de explotación, principalmente en los sectores informal y agrícola;
Apruebe leyes que aborden específicamente el acoso sexual en el lugar de trabajo, entre otras cosas, mediante el derecho laboral y el derecho penal, con sanciones adecuadas y la concesión de reparación a las víctimas.
El Comité observa con agrado el reconocimiento por el Estado parte de las prácticas tradicionales y los conocimientos indígenas por su importante contribución a la salud de la mujer, en particular en lo que respecta a la salud materna. También observa la aprobación de un protocolo de aborto terapéutico que procura garantizar la vida y la salud de las mujeres. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por:
El bajo nivel de inversión pública en la salud y la limitada cobertura de los servicios de atención de la salud para las mujeres en todo el Estado parte, y el escaso acceso a estos, en particular en las zonas rurales, debido al costo, los factores geográficos y la discriminación por parte del personal de los servicios de salud;
La persistencia de las elevadas tasas de mortalidad materna, embarazo precoz y malnutrición, en particular entre las mujeres y niñas indígenas;
La falta de una formación completa sobre salud y derechos sexuales y reproductivos y de servicios de planificación familiar, y el limitado acceso a anticonceptivos modernos en el Estado parte;
La prevalencia cada vez mayor del VIH/SIDA entre las mujeres, a pesar de su disminución en la población total;
La ausencia de medidas para aplicar las recomendaciones anteriores del Comité destinadas a revisar la legislación que penaliza el aborto y a prevenir los abortos peligrosos (CEDAW/C/GUA/CO/7, párr. 36).
Aumente el gasto en salud y mejore la cobertura y el acceso a los servicios de salud en todo el territorio;
Reduzca la incidencia de la mortalidad materna, en particular mediante la colaboración con las parteras tradicionales y la capacitación de los profesionales de la salud, especialmente en las zonas rurales, velando por que todos los partos cuenten con la asistencia de personal sanitario especializado, de conformidad con las metas 3.1 y 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y haciendo esfuerzos coordinados para abordar la malnutrición de forma estratégica, que tenga en cuenta las cuestiones de género y sea culturalmente adecuada;
Vele por que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de buena calidad, incluidas una educación sexual apropiada para cada edad en las escuelas y campañas de sensibilización en los idiomas locales sobre la planificación familiar y la prevención de los embarazos precoces y las infecciones de transmisión sexual, y a métodos anticonceptivos asequibles y modernos;
Vele por que las mujeres y niñas víctimas de abuso sexual tengan acceso inmediato a servicios de salud de emergencia, por ejemplo, para reducir el riesgo de daños causados por abortos en condiciones de riesgo;
Garantice el acceso de mujeres y hombres en condiciones de igualdad al tratamiento y la prevención del VIH/SIDA, así como el acceso gratuito para mujeres y niñas a antirretrovirales a fin de evitar la transmisión materno infantil;
Legalice el aborto en los casos de amenaza para la salud de la madre, violación, incesto o malformaciones graves del feto, lo despenalice en todos los demás casos y aplique medidas eficaces para facilitar el acceso al aborto terapéutico.
El Comité celebra que la política económica nacional defina las prioridades para el empoderamiento económico de la mujer. No obstante, el Comité está preocupado por los niveles desproporcionados de pobreza entre las mujeres y la falta de iniciativas destinadas a aumentar la recaudación de impuestos para el gasto social. Inquieta al Comité la gestión inadecuada de los procesos de desarrollo, la fragmentación de los pequeños programas de desarrollo social, que no son objeto de suficiente supervisión y evaluación, y la falta de una política coherente de protección social y de programas de indemnización para las mujeres, especialmente las que son cabeza de familia. También le inquieta que la mayoría de las mujeres empleadas en el sector informal no tengan acceso al sistema nacional de seguridad social, a la protección social ni a programas de indemnización. Asimismo, está preocupado por los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios financieros, como el requisito de presentar pruebas de ingresos fijos, empleo o propiedad.
Aumente la recaudación de impuestos y mejore la administración de los ingresos;
Adopte medidas para reducir la pobreza y mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, en particular las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes;
Aumente el acceso de las mujeres al sistema nacional de seguridad social, elabore programas coordinados de protección social e indemnización destinados a las mujeres y modernice la anticuada gestión de los procesos de desarrollo;
Establezca mecanismos adecuados para la vigilancia, la evaluación y el análisis de los efectos de los programas de desarrollo social dirigidos a las mujeres y garantice la participación de las mujeres en los esfuerzos para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
Fomente medidas selectivas para aumentar el acceso de las mujeres a los servicios financieros, incluidos créditos con intereses bajos y planes de ahorro, y promueva sus actividades empresariales mediante la prestación de asistencia técnica y asesoramiento.
Mujeres rurales, indígenas y garifunas
El Comité observa con reconocimiento la adopción de la Política Institucional para la Igualdad de Género y el plan estratégico de implementación del Ministerio de Agricultura para el período 2014–2023. Sin embargo, le preocupa la tendencia actual del desarrollo rural y la degradación de las condiciones de vida en las zonas rurales, especialmente de las comunidades indígenas y garifunas. Observa con preocupación que las mujeres rurales siguen teniendo acceso restringido, o ninguno, a la vivienda, los servicios básicos y la infraestructura, en particular el agua potable y un saneamiento adecuado, y que la propiedad de la tierra sigue concentrada en manos de unos pocos, lo que limita los medios de subsistencia y las oportunidades de empleo de las mujeres. Le preocupan los recientes desalojos forzosos en los que las mujeres y las niñas han sido víctimas del uso excesivo de la violencia, el acoso y la agresión sexual por oficiales de la seguridad pública y la seguridad privada. El Comité también está preocupado por los efectos perjudiciales de la utilización de plaguicidas, fertilizantes y productos agroquímicos en la salud de las mujeres.
Asegure la participación de las mujeres rurales, indígenas y garifunas en las organizaciones rurales y en la elaboración y aplicación de políticas, programas e iniciativas destinados a promover sus oportunidades de empleo y empoderamiento económico;
Amplíe y facilite el acceso de las mujeres rurales, indígenas y garifunas a la propiedad de la tierra, y la representación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones relativas al uso de la tierra y la planificación del desarrollo;
Adopte medidas jurídicas y de otra índole para prevenir los desalojos forzosos y las agresiones contra la mujer, proteja efectivamente a las mujeres víctimas de acoso y violencia en el contexto de los desalojos forzosos, lleve a los autores ante la justicia y obtenga el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas mediante la celebración de consultas respecto de cualquier proyecto o actividad extractivo, de agricultura intensiva o de desarrollo en sus tierras tradicionales, y se asegure de que dispongan de medios de subsistencia alternativos y se beneficien de esas actividades, de conformidad con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de la OIT;
Garantice el acceso de las mujeres rurales, indígenas y garifunas a los servicios básicos y la vivienda, el agua potable y un saneamiento adecuado, y la pronta investigación de las denuncias presentadas por las mujeres rurales sobre el uso nocivo de plaguicidas, fertilizantes y productos agroquímicos.
Mujeres migrantes y desplazadas internas
El Comité acoge con satisfacción la aprobación del Código de Migración (Decreto núm. 44-2016), que incorpora un enfoque basado en los derechos humanos y refleja la situación específica de las mujeres en tránsito. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por:
La falta de la reglamentación para aplicar el Código de Migración;
La ausencia de una política de protección de los derechos de las trabajadoras migrantes;
La falta de datos sobre la situación de las desplazadas internas y sus familias y las múltiples razones de su desplazamiento, incluidos los desalojos forzosos de la tierra, los actos de violencia y las amenazas contra ellas por agentes estatales y privados, empresas, organizaciones delictivas o bandas, y la degradación del medio ambiente.
Apruebe la reglamentación para la aplicación efectiva del Código de Migración, de conformidad con las normas internacionales, incluidos el respeto del principio de no devolución, la despenalización de la entrada irregular y la prestación de asistencia a todas las mujeres necesitadas de protección internacional;
Elabore y aplique políticas para proteger y promover los derechos de las trabajadoras migrantes, en colaboración con los países de la región;
Realice investigaciones analíticas sobre los múltiples motivos de la migración y el desplazamiento interno de las mujeres como base para formular políticas adecuadas destinadas a garantizar los derechos humanos de la mujer en el contexto de la migración internacional y abordar las causas profundas del desplazamiento interno.
El Comité observa con reconocimiento las recientes iniciativas piloto, que han recibido el apoyo internacional, sobre la reforma del sistema penitenciario, incluidas las medidas alternativas a la detención preventiva de mujeres y hombres, como el brazalete electrónico. Sin embargo, el Comité está preocupado porque el 50% de las mujeres detenidas está en prisión preventiva. Observa con preocupación el hacinamiento y las condiciones deplorables en los establecimientos penitenciarios de mujeres, así como las denuncias de casos de violencia de género, la prohibición de las visitas de las parejas de las mujeres lesbianas y trans, y el uso del aislamiento como castigo. También observa con preocupación el alojamiento inadecuado de las mujeres embarazadas y las mujeres detenidas con sus hijos.
El Comité recuerda las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y recomienda al Estado parte que:
Prosiga sus esfuerzos de reforma del sistema penitenciario y reduzca el hacinamiento mediante la promoción de alternativas no privativas de libertad a la detención preventiva;
Vele por que las mujeres privadas de libertad tengan un acceso adecuado a la atención de la salud, la nutrición y la higiene;
Investigue sin demora todas las denuncias de malos tratos y de violencia contra las mujeres privadas de libertad y vele por que se respeten los derechos de visita de sus parejas, sin discriminación contra las mujeres lesbianas y trans;
Ofrezca alternativas a la detención, en especial para las mujeres embarazadas y las madres con niños de corta edad, teniendo en cuenta el interés superior del niño.
El Comité acoge con satisfacción las enmiendas introducidas para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años y la eliminación de las exenciones (Decretos núms. 8-2015 y 13-2017). No obstante, el Comité está preocupado porque muchas niñas siguen contrayendo matrimonio o inician una unión, con graves consecuencias negativas para su salud y su educación. Observa con preocupación que las disposiciones relativas a la edad de consentimiento sexual en el Código Penal no se han ajustado para asegurar la protección de las niñas de 14 a 18 años. El Comité también está preocupado por el elevado número de matrimonios no registrados.
El Comité recomienda al Estado parte que vele por la estricta aplicación de los Decretos núms. 8-2015 y 13-2017. También le recomienda que armonice las disposiciones del Código Penal relativas a la edad de consentimiento sexual (artículos 173 y 173 bis). Asimismo, recomienda al Estado parte que aborde las causas fundamentales de los matrimonios y uniones precoces, y lleve a cabo programas de sensibilización pública para poner fin a esas prácticas, incluidas campañas sobre las consecuencias negativas para la salud y la educación de los embarazos y matrimonios precoces en las niñas. También le recomienda que adopte medidas para proteger los derechos de las niñas que ya se encuentran en un matrimonio o unión infantil y vele por la inscripción de todos los matrimonios.
El Comité observa con reconocimiento que el próximo censo se realizará en abril de 2018. No obstante, el Comité lamenta que los datos actualmente disponibles no permitan una adecuada comprensión de las condiciones de vida y las desigualdades existentes porque no bastan ni están actualizados. También lamenta que no se facilitaron suficientes datos desglosados en muchos ámbitos tratados en la Convención. Preocupa al Comité la falta de información sobre medidas destinadas a crear la capacidad del Instituto Nacional de Estadística para proporcionar estadísticas desglosadas por sexo, a fin de proporcionar información más clara sobre la situación de la mujer.
El Comité recomienda al Estado parte que se asegure de que, en el próximo censo, en 2018, se incluyan preguntas a los encuestados sobre su autoidentificación como mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes garifunas y no garifunas, con miras a su identificación y reconocimiento. A este respecto, el Comité también recomienda que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres que representan a los grupos mencionados, participen en todos los procesos de reunión de información y que se ejecuten programas de sensibilización dirigidos a las comunidades y a todas las personas encargadas de la elaboración de métodos y la reunión y el análisis de la información. Además, recomienda al Estado parte que adopte medidas para fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Estadística a fin de mejorar la reunión y el análisis de los datos estadísticos, desglosados por sexo, edad, raza, origen étnico, ubicación geográfica y nivel socioeconómico, en todas las esferas que abarca la Convención, en particular en lo que respecta a los grupos de mujeres afectadas por formas concomitantes de discriminación, a fin de evaluar los progresos realizados hacia la igualdad de facto, los efectos de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.
El Comité solicita al Estado parte que se asegure de que se difundan puntualmente las presentes observaciones finales, en el idioma oficial del país, entre las instituciones públicas pertinentes de todos los niveles (nacional, regional y local), en particular el Gobierno, los ministerios, el Congreso y el poder judicial, para permitir que se lleven plenamente a la práctica.
El Comité señala que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos potenciaría el disfrute por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por consiguiente, el Comité alienta al Estado parte a que ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en la que todavía no es parte.
El Comité solicita al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones que figuran en los párrafos 15 a., 25 b., 35 b. y 41 a. de este documento.
04/02/94. A/49/38, paras.38-87.38↩
5 al 23 de agosto de 2002, Suplemento No. 38 (A/57/38)↩
15 de mayo a 2 de junio de 2006, Suplemento No. 38 (A/61/38)↩
Armonización de legislación con artículo 11 de la Convención y ratifique el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente de Trabajo, sanción de legislación sobre el acoso sexual, medidas eficaces para prevenir y castigar violaciones de los derechos de las mujeres trabajadoras de industrias maquiladoras, remediar la falta de seguridad y de normas sanitarias en esas industrias y mejorar el acceso de las mujeres trabajadoras a la justicia.↩
19 de enero a 6 de febrero de 2009 - CEDAW/C/GUA/CO/7↩
CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 22 de noviembre de 2017↩