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Timestamp: 2019-11-19 13:59:04
Document Index: 357034888

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 41', 'artículo 5', 'artículo 41', 'Artículo 21', 'Artículo 40', 'Artículo 15', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 41']

Sentencia nº 1699 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Noviembre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 283321483
Número de Expediente: 08-0944
Mediante escrito presentado en esta Sala Constitucional el 16 de julio de 2008, el abogado A.Z.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 55.655, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANCISCO CABRERA SANTOS, identificado con la cédula de identidad número 14.337.636, solicitó la interpretación del artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que respecta a determinar si los estados costeros y, en concreto, el Estado Carabobo, es un estado fronterizo cuyo Gobernador debe tener la nacionalidad originaria.
El 21 de julio de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor F.A. CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
El solicitante fundamentó su pretensión conforme a los siguientes argumentos:
Que es venezolano naturalizado y, actualmente, se desempeña como Alcalde de la Municipio V. delE.C. y tiene planteado postularse a la gobernación del referido estado.
Que como quiera que el Estado Carabobo colinda con el M.C., y ello, ha generado dudas sobre si debe considerarse como un estado fronterizo.
Que es necesario un pronunciamiento de esta Sala, a los fines aclarar la situación, vista la inmediatez de las elecciones regionales del presente año.
Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la interpretación constitucional solicitada y, al efecto, observa que en sentencia Nº 1.077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: “Servio T.L.”), esta Sala se declaró competente para conocer de las solicitudes de interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, con fundamento en su cualidad como garante máximo del respeto del Texto Fundamental, así como en los poderes que expresamente le han sido atribuidos para la interpretación vinculante de sus normas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
En tal sentido, se observa que el presente recurso de interpretación versa sobre el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 41 del Texto Fundamental y, al respecto, si bien se observa que el recurso de interpretación corresponde a cada una de las Salas del Tribunal Supremo según la materia afín al objeto del mismo y las competencias atribuidas a cada una de éstas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y su primer aparte, se observa que la Sala tiene el monopolio competencial para el conocimiento de los recursos de interpretación sobre el alcance e inteligencia de normas constitucionales, como ocurre en el presente caso.
De la revisión de los diversos requisitos que ha venido imponiendo la Sala a la admisión de la solicitud de interpretación constitucional, arroja el siguiente resultado:
- Novedad del objeto de la acción. Este motivo de inadmisión no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa.
- Existencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia, o que los procedimientos a que ellos den lugar estén en trámite (Sentencia n° 2507 de 30-11-01, caso: Ginebra M. deF.).
- Que no sean acumuladas acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles (tal circunstancia fue sancionada en la sent. n° 2627/2001, caso: Morela Hernández);
- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible;
- Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos;
- Inteligibilidad del escrito;
- Representación del actor.
Sobre la primera exigencia de admisibilidad, es menester precisar, que esta Sala en sentencia N° 2394 del 28 de agosto de 2003, estableció lo siguiente:
Antes de emitir juicio declarativo sobre el alcance e inteligencia de la norma contenida en el artículo 41 del Texto Fundamental, resulta pertinente hacer un breve análisis histórico, constitucional y legal, del tratamiento de los derechos políticos de los venezolanos por naturalización, particularmente para optar a determinados cargos del Poder Público.
En ese sentido, observa la Sala que el insigne jurista patrio G.P.A., en su obra La Constitución de 1830 y los Venezolanos por Naturalización”, hace un profundo análisis de los derechos inherentes a tal condición, sosteniendo, entre otras cosas, que es a partir de la Constitución de 1821 donde por primera vez se regula la nacionalidad venezolana, desarrollada posteriormente en distintas Constituciones y leyes como la Ley de Naturalización de 1823, y sus reformas de 1940 y 1955.
Según palabras del referido autor, la naturalización trajo como consecuencia asimilar a los naturalizados con los nacionales originarios en lo que respecta al goce y ejercicio de los derechos políticos, aun cuando debe advertirse que en esta materia existieron varios límites impuestos por la Constitución y las Leyes Fundamentales del Estado’.
‘“Artículo 21. El gobierno y la administración de cada Estado corresponden a un Gobernador, quién además de Jefe del Ejecutivo del Estado es agente del Ejecutivo Nacional en su respectiva circunscripción.
Para ser Gobernador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y de estado seglar’.
‘Artículo 40: (...) Gozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido permanentemente hasta alcanzar la mayoridad’.
‘Las fronteras de un Estado delimitan su territorio y configuran el límite espacial al ejercicio de su poder, en dos aspectos: positivo y negativo. Positivo, en la medida en que se ejerce sobre un territorio y sobre los individuos que estén en él; negativo en la medida en que excluye a cualquier otra autoridad de la intervención sobre el territorio”. Isidre Molas, Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, Madrid, 2001, pág 27.
Artículo 15. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una Ley Orgánica de Fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad’.
De todo lo antes expuesto, interpreta esta Sala que, la expresión ‘estado fronterizo
a que alude el artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, abarca en el ámbito espacial, tanto las fronteras naturales como las artificiales, por lo que los venezolanos por naturalización no podrían optar y ser elegidos para ejercer los cargos referidos en dicho articulado, respecto a cualquiera de los estados fronterizos, salvo la excepción contenida en el único aparte del artículo 40 del Texto Fundamental.”
Tal como se desprende de la sentencia parcialmente transcrita, esta Sala delimitó el alcance e inteligencia de lo que debe entenderse como un estado fronterizo y, al mismo tiempo, la limitación que tiene dicha definición, sobre la condición de elegible al cargo de gobernador de dichas entidades federales y, en consecuencia, como quiera que la pretensión de autos es en esencia idéntica al referido asunto, pues tiende a que se identifique cuando un estado es o no fronterizo (en este caso el Estado Carabobo) y ello, simplemente demanda la lectura de la decisión bajo análisis, sin que sea necesario una extensión de las consideraciones emitidas al respecto, resulta patente que el presente asunto se subsume en la primera causal de inadmisibilidad supra identificada, esto es, que la norma objeto de interpretación ya fue objeto de un pronunciamiento anterior donde se analizó el planteamiento hoy formulado y, por tanto, como quiera que esta Sala no encuentra razones que justifiquen el reexamen del criterio establecido en la materia, resulta evidente la inadmisibilidad de la pretensión esgrimida, y así se decide.
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de interpretación incoado por el ciudadano FRANCISCO CABRERA SANTOS, sobre el artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de Noviembre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 148º de la Federación.
Exp. n° 08-0944
Sentencia nº 1372 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Julio de 2006