Source: https://inoponible.cl/reglas-especiales-de-la-competencia/
Timestamp: 2019-05-22 19:04:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'artículo 48', 'artículo 19', 'artículo 50', 'artículo 45', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 159', 'artículo 157', 'artículo 6']

Reglas Especiales de la Competencia | Inoponible
Definición de Reglas Especiales de la Competencia.
Las reglas especiales de la competencia son normas jurídicas que, primeramente y de manera absoluta, permiten establecer qué jerarquía, clase o categoría de tribunal es el llamado a conocer de un determinado asunto judicial y seguidamente, de manera relativa, permiten establecer qué tribunal preciso y determinado, dentro de dicha jerarquía, clase o categoría, es el llamado a conocer de tal controversia.
De la definición señalada podemos determinar que las reglas especiales de la competencia se manifiestan de dos formas, como reglas o factores de competencia absoluta y reglas o factores de competencia relativa.
Reglas de competencia absoluta.
Definición de reglas de competencia absoluta.
Las reglas de competencia absoluta son aquellas disposiciones legales que permiten establecer qué jerarquía, clase o categoría de tribunal es el llamado a conocer de un determinado asunto judicial. Tales reglas especiales de la competencia se contienen en los artículos 115 a 133 del Código Orgánico de Tribunales.
Características de las reglas de competencia absoluta.
Se trata de normas de orden público.
Son normas irrenunciables.
No procede la prórroga de la competencia.
La incompetencia absoluta se puede declarar de oficio o a petición de partes.
La partes no tienen plazo para alegar nulidad procesal por incompetencia absoluta.
Elementos de la competencia absoluta.
Los elementos o factores que sirven para determinar la competencia absoluta son la cuantía, la materia y el fuero. Estos factores se excluyen en el orden indicado, es decir, prevalece la materia sobre la cuantía y el fuero sobre la materia.
Definición de Cuantía.
El artículo 115 del Código Orgánico de Tribunales determina qué se entiende por cuantía en materia civil y penal. Señala el precepto que “En los asuntos civiles la cuantía de la materia se determina por el valor de la cosa disputada”. Agrega el inciso segundo que: “En los asuntos criminales se determina por la pena que el delito lleva consigo”.
En consecuencia, la cuantía se define como el valor pecuniario de la cosa que es objeto del asunto o negocio sometido a la decisión del tribunal o el monto de la pena que el delito lleva consigo, según si se trata de asuntos civiles o penales.
Importancia de la Cuantía.
En la actualidad, la cuantía, como regla de competencia, ha perdido todo valor pues no es un elemento útil para determinar la atribución del conocimiento de un asunto a un tribunal determinado.
Sin embargo, no ha perdido importancia a la hora de especificar el procedimiento aplicable o para determinar la instancia en que se conoce un asunto. En consecuencia, el procedimiento aplicable puede ser de mínima cuantía, de menor cuantía o mayor cuantía y un asunto será conocido en primera o en única instancia.
Reglas para determinar la cuantía.
El Código Orgánico de Tribunales establece diversas reglas para determinar la cuantía, según se esté en presencia de negocios civiles o penales. Luego, en el caso de los asuntos civiles, según la apreciación pecuniaria, podemos establecer si nos encontramos ante una cuantía determinada o indeterminada en razón si es posible o no especificar el valor de la cosa disputada.
Definición de la Materia.
Como elemento de la competencia absoluta, la materia es entendida como la naturaleza del negocio sometido a la decisión del tribunal y, aún, en ciertos casos excepcionales, el objeto o clase del mismo.
La materia cumple dos propósitos en el derecho procesal:
En primer lugar, la trascendencia de este factor radica en que motiva la creación de tribunales, tales como los juzgados civiles para asuntos civiles y comerciales; los de familia para dichas materias, criminales para conflictos penales; los juzgados del trabajo para las causas laborales, tributarios para asuntos impositivos, etc.
Por otra parte permite que, dentro de una determinada jerarquía, un asunto particular quede entregado a un tribunal específico, verbigracia, el artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales establece que los juicios de hacienda son de conocimiento de un juez de letras de comuna, asiento de Corte, cualquiera sea su cuantía.
Este factor de competencia absoluta prevalece sobre el factor cuantía, así, por lo demás, se evidencia de los artículos 130 y 131 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de asuntos en que por la materia se reputan de mayor cuantía.
Definición de Fuero.
Se puede definir el fuero como aquel elemento de la competencia absoluta que modifica la determinación previa de la jerarquía de un tribunal para conocer de un asunto por existir la intervención de una persona constituida en dignidad.
Es el tercer factor de competencia absoluta y prevalece sobre la cuantía y la materia.
Fundamento del Fuero.
El fuero no es un beneficio para la persona que lo goza, sino que es una garantía para la persona que no cuenta con él. De esta manera abstractamente considerada, se mantiene una relativa igualdad ante la ley, dando aplicación al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. Su propósito es garantizar la imparcialidad del juzgamiento, pues se estima que un tribunal de más alta jerarquía es menos susceptible de las influencias que puede tener la persona aforada.
Clasificación del Fuero.
Fuero mayor.
Este eleva el conocimiento de un asunto que, en principio, estaba entregado a un juez de letras al de un tribunal unipersonal de excepción. Esta especie de fuero se consagra en el inciso segundo del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales.
Fuero menor.
Se establece para determinadas personas, por el hecho de desempeñar una función pública, y permite radicar el conocimiento de un asunto en primera instancia en los jueces de letras, pero sólo respecto de asuntos civiles o de comercio. Esta especie de fuero se consagra en el inciso segundo del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales.
Fuero en materia penal.
En el sistema procesal penal no se contempla la existencia del fuero mayor o menor respecto de las causas penales, debiendo su investigación ser efectuada por parte del Ministerio Público, actuando el juzgado de garantía y el tribunal oral en lo penal de acuerdo con las reglas generales.
Sin perjuicio de ello, la Ley N° 19.640 confiere al Fiscal Nacional la facultad de asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos respecto de determinados hechos que se estimen constitutivos de delito, cuando la investidura de las personas involucradas como imputadas o víctimas lo hicieran necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía.
Reglas de competencia relativa.
Definición de reglas de competencia relativa.
Las reglas de competencia relativa son aquellas disposiciones legales que permiten establecer, una vez señalada la jerarquía, clase o categoría del tribunal que debe intervenir en el conocimiento de un negocio judicial, qué tribunal preciso y determinado, dentro de esa jerarquía, clase o categoría, es el llamado a conocer de él. Esta especie de reglas especiales de la competencia se contienen en los artículos 134 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.
Elementos de la competencia relativa.
El único factor o elemento de la competencia relativa es el territorio y se define como el lugar geográfico donde acontece el evento que la ley considera para determinar la competencia. En definitiva, este elemento nos permitirá conocer qué tribunal específico dentro de la jerarquía precisada por los factores de la competencia absoluta conocerá del asunto. Para aplicar este factor es necesario distinguir si la materia de la controversia jurídica posee naturaleza civil o penal.
Reglas de competencia relativa en asuntos contenciosos civiles.
El artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales establece que, como regla general, es juez competente para conocer de una demanda civil el del domicilio del demandado, sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes y de las demás excepciones legales.
A primera vista, se puede entender que el tratamiento empleado por la citada norma procesal es simple y práctico, sin embargo, son tantas las excepciones establecidas por el legislador a la regla general ya señalada que, en el hecho, ésta viene a constituir la excepción, y las excepciones, la regla general.
En consecuencia, para poder determinar, con precisión, qué tribunal, en razón del territorio, será competente para conocer del asunto, es necesario tomar en consideración las siguientes reglas de descarte:
Determinar si existe o no prórroga de la competencia.
A falta de prórroga de competencia, será necesario especificar si existen o no disposiciones especiales que establezcan el tribunal que debe conocer del asunto.
A falta de reglas especiales, debemos estudiar la naturaleza de la acción deducida, de acuerdo a lo ordenado por el Código Civil, que las clasifica en muebles e inmuebles, y
Finalmente, a falta de todas las reglas precedentes, y como norma supletoria se entiende que será competente para conocer del asunto el tribunal del domicilio del demandado. Así, volvemos a la “regla general” establecida por artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales.
Reglas de competencia relativa en asuntos no contenciosos civiles.
Nuevamente, debemos hacer aplicación de reglas de descarte a fin de especificar la competencia:
Determinar si el legislador ha establecido una regla especial en atención con el elemento territorio, en cuyo caso debe estarse a ella.
A falta de norma especial, se debe aplicar la regla supletoria del artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, es decir, es competente el tribunal del domicilio del solicitante.
Reglas de competencia relativa en asuntos penales.
Tratándose de delitos, éstos siempre tienen el carácter de contenciosos y para determinar qué tribunal es competente, debemos distinguir si se trata de delitos cometidos dentro del territorio de la República o si fueron cometidos fuera del territorio de la República.
Delitos cometidos dentro del territorio de la República.
La regla general se encuentra contenida en el artículo 157 Código Orgánico de Tribunales que señala que es competente el tribunal de territorio en que se hubiese cometido el hecho que da motivo al juicio, correspondiéndole a él el conocimiento de las gestiones previas al juicio oral», por su parte el inciso tercero de la disposición indica que «el delito se considera cometido en el lugar en que se dio comienzo a la ejecución».
El inciso cuarto del artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales agrega que respecto de las diligencias que deban practicarse fuera del territorio del juzgado de garantía, la autorización podrá ser dada por el juez del lugar en que deban practicarse, en la medida que se trate de diligencias urgentes, y en caso de conflicto de competencia entre jueces de garantía, mientras éste no se resuelva, todos los involucrados son competentes.
Por otro lado, el artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales ordena que si el Ministerio Público investiga en forma conjunta distintos hechos, cometidos en distintos territorios, intervendrá en ellos el juez de garantía del lugar de comisión del primero de los hechos investigados, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público para ordenar la posterior separación de investigaciones que llevare conjuntamente, siendo competentes para seguir conociendo de ellas los jueces de garantía según la regla del artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales.
Delitos cometidos fuera del territorio de la República.
De forma excepcional, pueden juzgarse en Chile delitos cometidos en el extranjero. Estos ilícitos penale son los expresamente señalados en el artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales y, de acuerdo al 167 del Código Orgánico de Tribunales, de ellos deben conocer los Tribunales de Garantía u Orales en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme a un turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado.
Por Jorge Castro Barros 10 enero, 2018