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Timestamp: 2016-10-23 02:10:08
Document Index: 140801247

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 1', 'Artículo 2']

REAL DECRETO 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea	REAL DECRETO 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea Mis Leyes
REAL DECRETO 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea Estado	:
936/2001	Boletín Oficial	:
CAPÍTULO II. EJERCICIO EN ESPAÑA CON EL TÍTULO PROFESIONAL DE ORIGEN.
SECCIÓN I. INSCRIPCIÓN EN UN COLEGIO DE ABOGADOS.
SECCIÓN II. ESTATUTO DEL ABOGADO INSCRITO.
SECCIÓN III. NORMAS APLICABLES A LOS ABOGADOS INSCRITOS EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO EN GRUPO DE LA PROFESIÓN.
CAPÍTULO III. INTEGRACIÓN EN LA PROFESIÓN.
CAPÍTULO IV. NORMAS APLICABLES A LOS ABOGADOS QUE EJERZAN PERMANENTEMENTE CON TÍTULO ESPAÑOL EN OTROS ESTADOS MIEMBROS.
Por otro lado, la Directiva objeto de transposición prevé su coexistencia tanto con la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, como con la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, transpuesta a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, desarrollado para la profesión de abogado por Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de abril de 1996. Ello supone que los abogados que ejerzan con su título profesional de origen en un Estado miembro de acogida podrán, en cualquier momento, solicitar el reconocimiento de su título, con objeto de acceder a la profesión de abogado en el Estado miembro de acogida amparándose en el sistema establecido por esta normativa.
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30 de la Constitución Española, y ha sido informado por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Consejo General del Poder Judicial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2001, dispongo:
Abogado: toda persona, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habilitada para el ejercicio de su actividad profesional con uno de los títulos siguientes:
Bulgaria: ???????.
Chipre: ?????o??.
Eslovaquia: Advokát / Komer?ny' právnik.
Grecia: ?????o??.
Estado miembro de origen: el Estado miembro en el que el abogado haya adquirido el derecho de utilizar uno de los títulos profesionales a que se refiere el párrafo a antes de ejercer la abogacía en otro Estado miembro;
título profesional de origen: el título profesional del Estado miembro en el que el abogado haya adquirido el derecho de utilizar dicho título antes de ejercer la abogacía en España;
grupo: cualquier entidad, con o sin personalidad jurídica, constituida de conformidad con la legislación de un Estado miembro, en la que varios abogados ejercen conjuntamente su actividad profesional, bajo una denominación común;
abogado inscrito: toda persona que, reuniendo la condición de abogado tal y como aparece definida en el párrafo a, haya sido inscrito en un Colegio de Abogados para ejercer la profesión en España de forma permanente con su título profesional de origen.
EJERCICIO EN ESPAÑA CON EL TÍTULO PROFESIONAL DE ORIGEN.
En el caso de pertenecer a un grupo en el Estado de origen, denominación y forma jurídica del mismo
Pasaporte, documento de identidad u otro documento acreditativo de poseer el interesado nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, acreditativa de ser el interesado un profesional en el sentido recogido en el artículo 2 de este Real Decreto y expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de su presentación, con inclusión de la correspondiente información disciplinaria.
Aquellos otros documentos que determine cada Colegio de Abogados, sin que puedan exigirse más de los requeridos con carácter general a los solicitantes con título español en el momento de la colegiación.
Que no resulten superiores a los exigidos con carácter general a los solicitantes con título español en el momento de la colegiación.
Que resulten adecuados al mantenimiento de las cargas colegiales en proporción a los servicios de los cuales puedan beneficiarse estos abogados.
1. Una vez presentada la solicitud, acompañada de la documentación mencionada en el apartado 2 del artículo 5, la Junta de Gobierno de dicho Colegio habrá de resolver motivadamente sobre la inscripción en el plazo máximo de 2 meses, transcurrido el cual se considerará admitida.
2. En el plazo máximo de 15 días contados a partir de la inscripción, el Colegio habrá de comunicar la misma al Consejo General de la Abogacía Española, con especificación de la autoridad competente del Estado miembro de origen del interesado, al objeto de que el Consejo General, en los 15 días siguientes, informe de ello a dicha autoridad, así como al Ministerio de Justicia.
2. La retirada, temporal o definitiva, de la autorización para ejercer la profesión en el Estado de origen, acordada por la autoridad competente de dicho Estado, conllevará para el abogado inscrito la prohibición, temporal o definitiva, de ejercer en España con el título profesional de origen.
1. Los abogados que ejerzan en España con su título profesional de origen estarán obligados a hacerlo con mención expresa de tal circunstancia, debiendo utilizarse en cualquier caso la denominación que corresponda de entre las recogidas en el párrafo a del artículo 2, quedando prohibida la utilización de la denominación abogado expresada en cualquiera de las lenguas oficiales de España.
2. Cuando así lo considere el abogado inscrito, y en cualquier caso cuando la denominación del título profesional sea coincidente en más de un Estado miembro, se añadirá al mismo una mención expresa del país de origen.
3. Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de actividad del abogado inscrito, deberá éste añadir también una mención de la organización profesional a la que pertenezca en dicho país y , en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado para ejercer.
2. Por lo que respecta a las actividades de defensa del cliente, cuando en aplicación de la legislación española sea preceptiva la intervención de abogado para las actuaciones ante Juzgados y Tribunales o ante organismos públicos con funciones jurisdiccionales, así como para la asistencia, comunicación y visitas con detenidos y presos, el abogado inscrito deberá actuar concertadamente con un abogado colegiado en un Colegio español.
3. Los abogados inscritos no podrán incorporarse a las listas del turno de oficio de los Colegios, ni ejercer actividades que en España se encuentren reservadas a otras profesiones a pesar de estar autorizados a realizarlas en su país de origen.
4. Los abogados inscritos podrán ejercer en España tanto por cuenta propia, como en calidad de abogado por cuenta de otras personas físicas o jurídicas, en la medida en que así lo permita la normativa aplicable a los abogados ejercientes con título español.
Los Colegios de Abogados garantizaren a los abogados inscritos el derecho de voto en las elecciones a Junta de Gobierno en idénticas condiciones que las establecidas para el resto de colegiados.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, cuando un abogado inscrito incumpla las obligaciones profesionales o normas deontológicas vigentes en España, le serán de aplicación las normas de procedimiento, las sanciones y los recursos establecidos con carácter general para cualquier colegiado, sin más especificaciones que las siguientes:
Previamente a la incoación de un procedimiento disciplinario, el Colegio de Abogados correspondiente habrá de informar, por el medio más rápido posible, a la autoridad competente del Estado de origen del abogado inscrito, proporciónándole toda la información pertinente.
Sin perjuicio del poder de decisión que corresponde al Colegio, éste cooperará a lo largo de la tramitación del procedimiento con la autoridad competente del Estado miembro de origen, asegurando como mínimo que dicha autoridad pueda formular alegaciones en las distintas fases e instancias de la tramitación, así como en los posibles recursos.
En el supuesto de que, durante la tramitación del procedimiento disciplinario, la autoridad competente del Estado miembro de origen comunique al Colegio de Abogados que ha decidido retirar al abogado, temporal o definitivamente, la autorización para el ejercicio profesional, dicho Colegio procederá a prohibirle igualmente, con carácter temporal o definitivo, el ejercicio en España bajo el título profesional de origen, sin perjuicio de la resolución que finalmente se dicte en el procedimiento disciplinario.
La resolución final del procedimiento disciplinario, que habrá de estar debidamente motivada, será notificada inmediatamente por el Colegio a la autoridad competente del Estado de origen del abogado afectado, y la misma será susceptible de los recursos colegiales y jurisdiccionales establecidos con carácter general en la normativa aplicable a los abogados ejercientes con título español.
Uno o más abogados inscritos que sean miembros de un grupo en el Estado de origen podrán desempeñar sus actividades profesionales en una sucursal o agencia de su grupo en España. No obstante, cuando las normas fundamentales por las que se rija dicho grupo en el Estado de origen sean incompatibles con la normativa española sobre ejercicio en grupo de la profesión de abogado, se aplicará esta última.
Dos o más abogados inscritos que procedan de un mismo grupo o de un mismo Estado de origen podrán asociarse y ejercer en grupo en España, con sujeción en todo caso a las limitaciones y modalidades establecidas al respecto en la normativa aplicable a los abogados ejercientes con título español.
Con sujeción igualmente a la normativa mencionada en el párrafo anterior, podrán ejercer en grupo en España varios abogados inscritos procedentes de distintos Estados de origen, así como uno o más abogados inscritos procedentes de distintos Estados de origen y uno o más abogados ejercientes con título español.
Los abogados inscritos no podrán ejercer en España en calidad de miembros de su grupo, cuando el mismo incluya a personas ajenas a la profesión con quienes los abogados ejercientes con título español tengan prohibido ejercer en grupo. A estos efectos, se considerará que el grupo incluye a personas ajenas a la profesión cuando quienes no tengan la condición de abogado tal y como aparece definida en el párrafo a del artículo 2 de este Real Decreto, estén en posesión, total o parcialmente, del capital del grupo, utilicen la denominación con la que ejerce el mismo, o ejerzan el poder de decisión en el grupo de hecho o de derecho.
Cuando las normas fundamentales que regulen en el Estado de origen este tipo de grupos con personas ajenas a la profesión resulten incompatibles con la normativa aplicable a los abogados ejercientes con título español, tampoco podrán los abogados inscritos abrir en España sucursales o agencias de tal grupo.
Independientemente de la forma en la cual los abogados inscritos ejerzan su profesión en España, y sin perjuicio de las normas recogidas en el artículo anterior, si en el Estado de origen forman parte de un grupo, podrán mencionar la denominación del mismo en el desarrollo de su actividad profesional en España, en cuyo caso deberán indicar además la forma jurídica de éste y, en su caso, los nombres de los miembros del mismo que ejerzan en España.
INTEGRACIÓN EN LA PROFESIÓN.
1. Los abogados que ejercen en España con su título profesional de origen, y que hayan formalizado su inscripción en un Colegio conforme a lo dispuesto en la sección I del capítulo II de este Real Decreto, podrán solicitar y obtener la integración en la profesión, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de su título profesional regulado en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de abril de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a las profesiones de abogado y procurador, siempre y cuando acrediten una actividad efectiva y regular en España de una duración mínima de 3 años, conforme al procedimiento y modalidades establecidas en los artículos siguientes.
2. A efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, por actividad efectiva y regular se entenderá el ejercicio efectivo de la actividad profesional propia de la Abogacía, sin otra interrupción que la que resulte de acontecimientos de la vida corriente.
1. En cualquier momento posterior al transcurso de 3 años contados a partir de la formalización de la inscripción en un Colegio de Abogados español, los abogados que estén ejerciendo en España con su título profesional de origen podrán solicitar la incorporación a dicho Colegio, presentando para ello la correspondiente solicitud, acompañada de cuantos documentos e informaciones se consideren pertinentes, relativos en particular al número y naturaleza de los asuntos que haya tratado.
1. Una vez cumplimentados los trámites anteriores, y en el plazo de 3 meses desde la solicitud de colegiación, el Colegio de Abogados adoptará la correspondiente resolución, que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:
Denegación de la colegiación, por considerar no acreditado un ejercicio efectivo y regular en España durante al menos 3 años en los términos del artículo 17 de este Real Decreto, o por considerar que concurren motivos de orden público relacionados con procedimientos disciplinarios, quejas o incidentes de cualquier tipo.
Integración del solicitante en la Abogacía española, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento del título profesional regulado en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de abril de 1996, por considerar que ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de 3 años, en el ámbito del Derecho español, incluido el Derecho comunitario.
Exigencia de que el solicitante se someta a una entrevista en el Colegio, por considerar que ha quedado acreditada una actividad efectiva y regular en España, de una duración mínima de 3 años, pero de menor duración en materias relativas al Derecho español.
1. En el supuesto de que el Colegio de Abogados dicte resolución denegatoria de la integración en la profesión, el interesado podrá seguir ejerciendo en España bajo su condición de abogado inscrito, y le seguirán siendo de aplicación las especialidades y limitaciones establecidas en las secciones II y III del capítulo II de este Real Decreto.
Asimismo, podrá hacer uso en cualquier momento del derecho que asiste a todas las personas que posean el título de abogado en cualquier Estado de la Unión Europea o parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tengan o no la condición de abogado inscrito, de solicitar el reconocimiento en España de ese título profesional al amparo de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de abril de 1996.
Formalizada la colegiación, el interesado tendrá la condición de abogado a todos los efectos, siéndole de aplicación sin especialidad ni limitación alguna las normas reguladoras de la profesión en España, y tendrá derecho a utilizar el título profesional de abogado, añadiendo si lo desea mención del título profesional de origen.
2. Asimismo, en el plazo de 15 días desde su formalización, se comunicarán a los mismos organismos mencionados en el apartado anterior las colegiaciones que se produzcan en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 20.
NORMAS APLICABLES A LOS ABOGADOS QUE EJERZAN PERMANENTEMENTE CON TÍTULO ESPAÑOL EN OTROS ESTADOS MIEMBROS.
La autoridad competente para certificar ante las autoridades de otros Estados miembros la condición de abogado en España, tal y como aparece definida en el párrafo a del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/5/CE, será el Colegio de Abogados en cuyo ámbito territorial tenga el interesado el domicilio profesional único o principal.
Artículo 2 (apdo. a):
Redacción según Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado. Cerrar
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del director general de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, y se dispone su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana . [ 2008/3473 ]REAL Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogadoRESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2009, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del «Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Administración Autonómica y el Consejo General de la Abogacía Española, para establecer la relación de confianza en los certificados emitidos por el Consejo General de la Abogacía Española»	Cerrar PDF
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