Source: https://www.slideshare.net/observatoriocedice/anexo-a-2-legislacion-venezolana-y-propiedad-privada1-laho-def
Timestamp: 2017-03-30 01:55:58
Document Index: 106149879

Matched Legal Cases: ['Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'artículo 112', 'artículo 115', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 117', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 299', 'Artículo 30']

Proyecto Venezuela: Promoción del diálogo democrático a través del Análisis Económico Legislativo Documento Legislación Venezolana y Propiedad Privada Análisis Costo-Beneficio Periodo diciembre 2010 - diciembre 2011 Elaborado por Luis Alfonso Herrera Orellana**Investigador del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Abogado summa cum laude y Licenciado en Filosofía por laUniversidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela. Diplomadoen Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor por concurso de oposición de Derecho Administra-tivo en la Escuela de Derecho y en el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela y del InternationalProperty Rights Index 2010 Report, Sección “Private Property Abolition in Venezuela”. 2.
“Yo respeto al sector privado, pero debesubordinarse a los planes estratégicos dela Nación y de la Revolución, si no, no nossirven, ellos tiene que entrar por el carril deuna Venezuela que definitivamente tieneque cambiar” (Hugo Chávez, 03.06.06)“No hay tierra privada, ¡yo así lo digo!” (HugoChávez, 11.05.09)“En tal sentido, la Sala no puede dejar deadvertir que, en base a esa protección a laseguridad alimentaria, de la que emerge laprotección constitucional a la producciónagropecuaria interna, se observan diferen-cias sustanciales entre la posesión o propie-dad civil, -que es la que persiguen protegerlas normas penales sustantivas comenta-das- y la posesión agraria en el marco de laprotección constitucional y legal, puesto quela posesión agraria se conforma con el prin-cipio de preeminencia del desarrollo de laactividad social sobre la particular. Es decir,por encima de los derechos particulares, sesobreponen los derechos que emergen deluso del bien destinado a la producción dealimentos o rubros útiles para el consumohumano, que permitan satisfacer las necesi-dades agroali-mentarias tanto de quienla produce o trabaja como de su entornofamiliar o colectivo” (Sala Constitucional,08.12.11) 3.
Siglas UtilizadasSigla SignificadoBCV Banco Central de VenezuelaCADIVI Comisión de Administración de DivisasDLCPJ Decreto de Ley de Costos y Precios Justos Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica deDLE Emergencia para Terrenos y ViviendaDLISB Decreto Ley de Instituciones del Sector Bancario Decreto Ley Orgánica que Reserva al Estado las Activi-DLOREO dades de Exploración y Explotación del Oro Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso aINDEPABIS los Bienes y ServiciosINE Instituto Nacional de Estadística Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y EducaciónLOD FísicaLOPP Ley Orgánica del Poder PopularLOSEC Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento deLRCAV Vivienda Resoluciones Nos. 3054 y 072 del Ministerio del PoderRAS Popular de Planificación y Finanzas y del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social Servicio Nacional Integrado de Administración AduaneraSENIAT y TributariaSNCP Sistema Nacional de Costos y Precios 4.
Indice Indice1. Resumen Ejecutivo ....................................................................................... 032. Introducción .................................................................................................. 073. Relación, Exposición, Crítica y Análisis Costo-Beneficio de Leyes y Decretos-Ley puestos en vigencia entre 2010 y 2011 contrarios a los Derechos de Propiedad................................................................................ 13 3.1. Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (G.O. No. Extra. 6.011, de 21.12.10)................................................... 13 a. Exposición y análisis crítico general......................................... 13 b. Costo-Beneficio........................................................................... 19 3.2. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos (Gaceta Oficial No. 39.715, de 18.07.11)................................ 26 a. Exposición y análisis crítico general......................................... 26 b. Costo-Beneficio............................................................................ 37 3.3. Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física (Gaceta Oficial No. 39.741, de 23.08.11) ........................................... 45 a. Exposición y análisis crítico general ......................................... 45 b. Costo-Beneficio .......................................................................... 52 3.4. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas (Gaceta Oficial No. 39.759, de 16.09.11) ............................................................................ 57 a. Exposición y análisis crítico general ......................................... 57 b. Costo-Beneficio .......................................................................... 66 3.5. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario (G.O. 39.627, de 02.03.11) y Resoluciones Nos. 3054 y 072 del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, respectivamente, sobre la forma de cálculo del aporte social de las instituciones bancarias privadas a las instancias del Poder Popular (G.O. 39.724, de 29.07.11) .................................................................. 68 a. Exposición y análisis crítico general ......................................... 68 b. Costo-Beneficio .......................................................................... 71 01 5.
3.6. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergen- Indice cia para Terrenos y Vivienda (GO. Extra 6.018 del 29.01.11) .......... 73 a. Exposición y análisis crítico general ......................................... 73 b. Costo-Beneficio .......................................................................... 75 3.7. Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (G.O. Extra 6.053 del 12.11.11) ............................................ 78 a. Exposición y análisis crítico general ......................................... 78 b. Costo-Beneficio .......................................................................... 854. Relación, Exposición, Crítica y Análisis Costo-Beneficio de Proyectos Aprobados entre 2010 y 2011 contrarios a los Derechos de Propiedad 88 4.1. Proyecto de Ley de Eficiencia y Ahorro Energético (aprobado en segunda discusión) .............................................................................. 88 a. Exposición y análisis crítico general ......................................... 88 b. Costo-Beneficio .......................................................................... 89 4.2. Proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular (aproba- do en primera discusión) .................................................................... 92 a. Exposición y análisis crítico general ......................................... 92 b. Costo-Beneficio .......................................................................... 985. Conclusiones .................................................................................................. 1006. Recomendaciones ......................................................................................... 1027. Bibliografía ..................................................................................................... 104 02 6.
Resumen Ejecutivo Resumen EjecutivoAnte la amenaza que para la libertad supone el llamado Socialismo del Siglo XXIliderado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, la investigación Análisis CostoBeneficio de la Legislación Venezolana contraria a la Propiedad Privada (diciembre2010 diciembre 2011) tiene por objeto identificar y explicar el contenido de las prin-cipales leyes y regulaciones puestas en vigencia durante el último año cuyas normasdesconocen y hasta violan directamente derechos de propiedad tanto materialescomo inmateriales, por atribuir al Gobierno Nacional poderes ilimitados para fijarcostos y precios, tomar el control y operación de bienes privados, fijar las cláusu-las básicas de los contratos de arrendamientos de viviendas, disponer de bienes decontratistas y ampliar el número de bienes privados declarados de utilidad pública ypor lo tanto sujetos a expropiación sin que exista juicio previo ni pago oportuno delprecio justo.De este modo, en diversas áreas de la economía como producción, prestación ycomercialización de bienes y servicios, realización de actividades deportivas y físicasprofesionales, arrendamiento de inmuebles para vivienda, extracción y procesami-ento del mineral oro y fondos del sistema bancario, tanto la seguridad jurídica comola tutela judicial de la propiedad privada han desaparecido casi por completo, en elmarco de la radicalización de la política sistemática de abolición de los derechos depropiedad y sustitución plena por la propiedad estatal, que el Gobierno Nacional deVenezuela adelanta desde el año 2005, cuando se inició una toma generalizada ysostenida de tierras con vocación agraria de propiedad privada.El presente estudio permite verificar por qué se afirma que en Venezuela:La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal contiene las bases (que se propusi-eron al pueblo en una reforma constitucional rechazada en referéndum en 2007)para instaurar una economía de planificación centralizada al modo de la fallida URSS,sin libertades económicas, en sustitución de la (ya casi abolida) economía social demercado.El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos liquidó el sis-tema de precios y, con éste, la libertad económica, los derechos de propiedad, losderechos laborales y la libertad de los consumidores y usuarios a elegir bienes y ser-vicios según sus preferencias, en toda actividad de producción de bienes y prestaciónde servicios.La Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física contiene amplias de-claratorias de utilidad pública y de servicio público que suponen graves amenazas 03 7.
a la propiedad, atribuyen poderes ilimitados al Gobierno Nacional, crea una con- Resumen Ejecutivotribución arbitraria y afecta las decisiones de patrocinio privado al deporte profe-sional.El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Ac-tividades de Exploración y Explotación del Oro, y las Conexas y Auxiliares a éstas,desconoce las garantías expropiatorias en perjuicio de los concesionarios y de losparticulares que mantienen contratos con éstos.El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Institu-ciones del Sector Bancario y las Resoluciones 3054 y 072 de los Ministerios del PoderPopular de Planificación y Finanzas y para las Comunas y Protección Social, sobrela forma de cálculo del aporte social de las instituciones bancarias privadas a las in-stancias del Poder Popular permiten una expoliación, es decir, una toma a la fuerza ysin justificación razonable de fondos privados propiedad de bancos y ahorristas porparte del Gobierno Nacional para financiar órganos de militancia política oficialistacomo son, en general, los órganos del Poder Popular.El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenosy Vivienda permite la expoliación e invasión consentida por el Gobierno Nacional deinmuebles (terrenos, galpones, estacionamientos, etc.) de propiedad privada con laexcusa de refugiar y ejecutar soluciones habitacionales a favor de quienes han sidoafectados por las lluvias en los últimos años en Venezuela. Con base a esta ley enDiciembre de 2011, el Gobierno decretó la creación de un total de 112 nuevas ÁreasVitales de Viviendas y de Residencias (Avivir), ubicadas en diferentes puntos de Ven-ezuela, que suman 1.647,93 hectáreas, con el fin de destinarlas a la construcción deunidades habitacionales. De las áreas declaradas, llaman la atención los urbanismosPlaza Jardín y San José del Ávila, sobre los cuales el Gobierno había dictado medidasde intervención por supuesta estafa inmobiliaria.La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda acabóen Venezuela con el contrato de arrendamiento de inmuebles para vivienda, el cualdejó de ser un acuerdo de voluntades entre privados conforme a la autonomía de lavoluntad para convertirse en un acto administrativo del Gobierno Nacional. Desdeque se inició su discusión ha generado particular incertidumbre, lo cual se refleja enel PIB de servicios inmobiliarios que pasó de crecer 3,5% en 2010 a registrar un de-scenso de 0,7% en 2011. Igualmente repercute la ley en la construcción de viviendas,las viviendas construidas en 2011, según la cámara inmobiliaria se ubican en 70.000lo cual es inferior en más de 50% a la meta gubernamental, mientras que el PIB delsector construcción registró un descenso de 7%.Particularmente estas dos últimas leyes han sido utilizadas como sustento para lasviolaciones gubernamentales a la propiedad privada, las cuales según el Observato-rio de la Propiedad se contabilizan en 2.534 entre enero de 2005 y noviembre de 04 8.
2011, en este último año se concentran más del 85% de las invasiones que ocurri- Resumen Ejecutivoeron en los seis años anteriores.El objetivo de la presente investigación no es otro que demostrar con el mayor rigorposible en qué medida, tanto en sentido jurídico como en sentido económico, unconjunto de leyes y regulaciones puestas en vigencia entre diciembre de 2010 y dic-iembre de 2011 en Venezuela han agravado la protección jurídica y el valor económi-co del derecho a la propiedad, y colocado las bases para que, ya sea en forma se-lectiva o generalizada, según el capricho del Gobierno Nacional, la propiedad sobremedios de producción quede definitivamente abolida.Como se desprende de la conclusión, tal objetivo fue cumplido: se demuestra enel informe que entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 las principales leyesy regulaciones que dictaron tanto el Presidente de la República como la AsambleaNacional, con incidencia sobre la propiedad, no hicieron sino agravar aún más lasituación jurídica y económica de este derecho (tanto para nacionales como paraextranjeros), al atribuir esas leyes y regulaciones de diversos modos al GobiernoNacional poderes para normar, administrar, disponer y negociar sobre bienes depropiedad privada, respecto de los cuales sus titulares carecen, en la práctica hoydía, del poder de usar, disfrutar y disponer libremente de ellos, pues los costos, pre-cios, cánones, patrocinios, aportes sociales, bienes afectados a contratos con el Es-tado (maquinarias, materias, primas), etc., son en la actualidad materia de decisiónunilateral y politizada del Gobierno Nacional, tal y como desde hace años ocurre conlas tierras agrarias en este país, todo ello a pesar de que no ha comenzado a aplic-arse con rigor la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.Asimismo, del análisis costo beneficio que se hace de un par de proyectos de leyen discusión en la Asamblea Nacional para diciembre de 2011, se concluye que latendencia mostrada en las leyes y regulaciones ya vigentes no se detendrá ni re-vertirá, sino que tenderá a consolidarse y a agravarse, pues la inclusión de normascon poderes ilimitados, aportes especiales confiscatorios, declaratorias de utilidadpública y de servicio público, elevadas sanciones económicas, entre otras, muestranla decisión asumida por el Ejecutivo Nacional y la mayoría oficialista del LegislativoNacional, con la tolerancia y en ocasiones apoyo explícito del Poder Judicial, de nodar tregua ni oxígeno a la propiedad privada.Tomando en cuenta el contenido de documentos clave del Socialismo del Siglo XXIpresentados por el partido de gobierno, como son el Plan Socialista Simón Bolívar2007-2013, el Libro Rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las lla-madas Leyes del Poder Popular en su conjunto, contrarios todos a la existencia dela propiedad privada, no caben en el caso venezolano recomendaciones puntuales,dirigidas a proponer el cambio o sustitución de normativas, políticas o acciones delEstado que en forma aislada, por error o por falta de conocimiento (o en forma ex-cepcional, por razones ideológicas), supongan violaciones o atentados en contra de 05 9.
cepcional, por razones ideológicas), supongan violaciones o atentados en contra de Resumen Ejecutivolos derechos de propiedad, pues en este país lo que rige es una política de Estadoconsciente, calculada, planificada y sistemática (si bien no aplicada de modo inme-diato) de abolición de la propiedad sobre medios de producción y otros bienes devalor económico, tal y como se denunció en el International Property Rights Index2010 Report, en la sección Private Property Abolition in Venezuela.En vista de ello, las recomendaciones que se estiman pertinentes formular a fines de2011, de cara a la elección presidencial de 2012, son las siguientes:1.	Desarrollar y profundizar en todos los sectores de la sociedad venezolana (no obstante la represión estatal que existe en contra de tales iniciativas), campañas de información acerca de la importancia y situación crítica de la propiedad en Venezuela, su relación con la democracia, el Estado de Derecho y la libertad, a fin de que cada ciudadano juzgue por sí mismo el costo y beneficio de la política de abolición de la propiedad que se ejecuta.2.	Elaborar propuestas de derogatorias y reformas de leyes y regulaciones en vigor, así como nuevas leyes y regulaciones a los actuales pre-candidatos de la oposición democrática en Venezuela, y luego al futuro candidato y su equipo de trabajo, en materia de respeto, promoción y tutela judicial efectiva de los derechos de propiedad, que permita el disfrute de este derecho sin discriminaciones.3.	Proponer a las autoridades locales, regionales y a las futuras autoridades nacion- ales, la incorporación con sus propios recursos o en alianza con la sociedad civil, del análisis costo beneficio en la evaluación y valoración de las normativas, políti- cas y decisiones que dicten en diversos ámbitos de la economía, de modo que se pueda trascender el formalismo, burocratismo y partidismo que predominan en sus decisiones, y se pueda medir el impacto real que tiene en la vida y derechos de las personas.4.	Continuar documentado con análisis jurídicos y de costo beneficio los actos del Estado venezolano (leyes, regulaciones, actos administrativos, sentencias) que debilitan, socavan o desconocen radicalmente los derechos de propiedad en el país, difundir y discutir sus contenidos y conclusiones, y proponer concretas for- mas de sustituir esos actos y superar las negativas consecuencias económicas que de ellos se deriven.5.	Lograr alianzas con el sector privado y el sector público para el desarrollo y con- tinuación de programas de reconocimiento de los derechos de propiedad en zo- nas pobres urbanas y en zonas rurales, así como la importancia de su protección y buena administración al interior de las industrias, empresas y comercios, a fin de mejorar la calidad de las relaciones entre trabajadores y emprendedores. 06 10.
Introducción IntroducciónEntre la primera versión de este estudio, presentada a fines de 2010 con el título So-cialismo del Siglo XXI y situación de la propiedad privada en Venezuela (2001-2010),y esta segunda versión actualizada a diciembre de 2011, que presentamos bajo eltítulo Análisis Costo Beneficio de la Legislación Venezolana contraria a la PropiedadPrivada (diciembre 2010 diciembre 2011), la situación jurídica y económica de losderechos de propiedad en Venezuela no ha hecho sino gravarse, justo en la medidaen que se ha radicalizado la política sistemática de abolición de la propiedad privaday de sustitución de la misma por la propiedad estatal ejecutada por el Gobierno Na-cional, con el apoyo del Legislativo Nacional y del Poder Judicial, al menos durantelos últimos 6 años, y de lo cual dan cuenta las denuncias de las víctimas de seme-jante política de inadmisible violación de derechos considerados inherentes al serhumano1.De fines de 2010 a la fecha, han continuado los casos de abierta confiscación, conuso de la fuerza pública y en no pocos casos graves violaciones a derechos humanosinherentes al ser humano, como la integridad y la libertad personales, de bienes depropiedad privada de seres humanos estigmatizados como enemigos políticos de la“revolución”.Tal y como se ha denunciado en otras oportunidades, la frecuencia, generalidad eintensidad con que se comenten las confiscaciones al menos desde 2005, permitenafirmar la existencia de una política consciente y progresiva del Gobierno Nacionalde abolición sistemática de los derechos de propiedad privada, material e inmate-rial, sobre diversos bienes, en especial de los considerados medios de producción,así como de ampliación y consolidación irreversible de la propiedad estatal (que rec-1 Hasta agosto de 2011, nada más en este año, la organización empresarial Conindustria registróhasta 401 expropiaciones: “Según el gremio de los industriales, las constantes intervenciones delEstado sobre el sector privado alejan las inversiones y la posibilidad de aumentar la producción. ElGobierno nacional ha intervenido 401 empresas en lo que va de año, según los datos de la Confed-eración Venezolana de Industriales (Conindustria) En lo que va del año 2011, se han registrado 401intervenciones de empresas por parte del Estado, situación que sólo genera incertidumbre jurídica,aleja las inversiones y afecta las posibilidades de incrementar la producción”, manifestó el gremio apropósito de las recientes expropiaciones de Forjas Santa Clara, Tetracero y Cartonajes Granics. Enel texto se asegura que los problemas económicos no se resuelven con controles e intervenciones alas empresas privadas. “Y para que exista mayor producción y empleo se requiere de un compromisode diálogo y respeto mutuo entre sector público y privado”, señaló Carlos Larrazábal, presidente deConindustria. Asimismo, la institución asegura que el alto costo de la vida y el desabastecimiento sondos de las consecuencias de las políticas públicas y de la negativa de las autoridades a dialogar conel sector privado: ‘Es preocupante que el Gobierno siga ignorando los llamados al diálogo de todoslos sectores de la sociedad venezolana y que se continúe con esta política de ataque a la propiedadprivada que sólo lleva al empobrecimiento, desmejora de la calidad de vida de la población y mayorinflación’”.http://www.eluniversal.com/2011/08/22/conindustria-registra-401-expropiaciones-en-2011.shtml 07 11.
ibe diversos nombres, estatal, pública, social, comunal, etc.) sobre tales bienes y del Introducciónmero reconocimiento de la propiedad individual sobre bienes de consumo, es decir,sobre bienes de uso individual2.Por tal motivo, tal y como se ha denunciado ante instancias internacionales, los propi-etarios de medios de producción, grandes, medianos o chicos, son considerados porel Gobierno Nacional como enemigos del “proceso revolucionario y socialista”, quepostula abiertamente la eliminación de la propiedad privada y la sustitución de lapropiedad estatal, social o comunal; ello, obviamente, con la intención de evitar quelos venezolanos, tanto los propietarios como el resto que dependen de su trabajo yla libertad de contratación en un contexto de múltiples empresas privadas, dejen deser autónomos al ser capaces de procurar su propio sustento y pasen a depender di-rectamente del Estado, cuyos funcionarios podrán ejercer cualquier tipo de presiónpara someterles y reducirles en el ejercicio de su libertad y, de suyo, del resto de losderechos civiles y políticos, tal y como se desprende de los efectos de la aplicacióndel despótico Decreto Ley de Costos y Precios Justos vigente desde noviembre de2011.2 Sobre la política sistemática, generalizada e ideológica de eliminación de la propiedad privada y susustitución por propiedad estatal, véanse los siguientes links:http://economia.noticias24.com/noticia/38045/conozca-las-expropiaciones-y-nacionalizacione-sque-ha-realizado-chavez-desde-2007/Expropiaciones ejecutadas u ordenadas por Hugo Rafael Chávez Frías entre 2007 y 2010http://paisdepropietarios.org/Informes por períodos y casos de graves violaciones de la propiedad privada en Venezuela elaboradopor la asociación civil Liderazgo y Visiónhttp://www.internationalpropertyrightsindex.org/2010_IPRI.pdfVer en el IPRI 2010 la sección “Venezuela, caso de estudio”, acerca de la política sistemática de abolicióngeneral de la propiedad privadahttp://www.cedice.org.ve/informes.pdfVer informes sobre la expresión en leyes y demás actos de gobierno de la política sistemática deabolición de la propiedad privada y la ampliación permanente de la propiedad estatal, oculta bajo ladenominación de propiedad social.Sobre la condición de propiedad estatal de esta última y cómo está sirviendo para engañar a unaparte de la población civil, la que sigue Hugo Rafael Chávez Frías, y atacar a otra, la que disiente de él,ver la obra colectiva, en la que se incluye un recurso de nulidad presentados por profesores univer-sitarios venezolanos de Derecho ante el parcializado TSJ, de Brewer-Carías, Allan R. y otros, Las LeyesOrgánicas del Poder Popular y el Estado Comunal. Caracas, 2011, que se consigna como anexo a esteescrito. Ver también:http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/EPU2011-Profesores-de-Derecho-P%C3%BAblico.pdfIgualmente, un recuento de las empresas, comercios, fundos y, en definitiva, violaciones al derechode propiedad cometidos por Hugo Rafael Chávez Frías puede verse en el libro: CANOVA GONZÁLEZ,Antonio; HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso; ANZOLA SPADARO, Karina: “¿Expropiaciones o vías dehecho?”. Caracas: FUNEDA, UCAB, 2009.Por último, un resumen de las diferentes maneras como el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías hadesconocido la propiedad privada y, en general, los derechos económicos de los venezolanos, puedeconseguirse en el informe que presentó la asociación civil Un Estado de Derecho a la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos, en fecha 29 de marzo de 2011, denominado: “El desconocimientosistemático de los derechos humanos económicos en Venezuela”. 08 12.
Por eso, en la Venezuela actual, los propietarios de medios de producción, autónomos Introducciónpor esencia, y sus trabajadores, quienes también gozan de autonomía cuando pu-eden decidir trabajar para cualquiera de las múltiples empresas privadas existentes,se encuentran ya, finalmente, desprovistos de protección jurídica y expuestos com-pletamente a los ataques políticos del Gobierno Nacional y todos los órganos y entespolitizados de la Administración Pública. Múltiples declaraciones, actos, documentos, proclamas, decretos, leyes, decretos-leyes y alocuciones públicas constituyen pruebas indubitables de la intención, aquí sídeliberada y muy franca del Gobierno Nacional, de eliminar el derecho humano de lapropiedad protegido por la Constitución venezolana de 1999 y Tratados Internacion-ales de DDHH, se insiste, por una razón muy simple: eliminar la propiedad privaday sustituirla por propiedad estatal implica dejar en situación de total dependenciay vulnerabilidad a quienes estima enemigos políticos de su proyecto al impedirlesemprender actividades económicas, tener un patrimonio propio y empleos privadosque no dependan del Gobierno, por un lado, y al no reconocer derechos de propie-dad a sus seguidores y militantes políticos, asegura que éstos continúen siendo de-pendientes de su voluntad para subsistir, es decir, para conseguir empleos, teneracceso a bienes y servicios, y en especial, para acceder a alimentos y vivienda cuyaproducción actualmente constituye en Venezuela casi un monopolio del GobiernoNacional3.En tal sentido, es fundamental entender que no estamos ante políticas públicas quepuedan agradar a unos y desagradar a otros, o de simples excesos de intervension-ismo estatal.Los propietarios en Venezuela, y peor aún quien quiera llegar a serlo lícitamente, seencuentran amenazados por la pretensión de implantar a la fuerza un modelo deplanificación centralizado de la economía con plena propiedad estatal sobre vivien-das, tierras urbanas, tierras agrarias y cualquier medio de producción, siendo unaexcusa para acelerar ello que sus originales y legítimos propietarios no estén ple-gado a los fines políticos del Gobierno Nacional, cuyos voceros se encargan de es-tigmatizarlos ante la opinión pública y de perseguirlos, siempre con el fin de lograrla pérdida de autonomía política y económica de éstos y sus familias, y para que laacción económica de éstos, que no depende del Estado, no constituya una opción devida independiente del proyecto político-ideológico “socialista” para trabajadores ydemás integrantes de la sociedad.Por esta vía, se logra que cada día más y más personas dependan (hoy día se cuen-tan ya más de 2 millones de empleados públicos en Venezuela ), aunque de un modo3 Véase al respecto el documental elaborado por la asociación civil Ciudadanía Activa, con la colabo-ración de CEDICE-Libertad, “Ven a mí que tengo flor”, sobre casos emblemáticos de violación de losderechos de propiedad:http://www.ciudadaniaactiva.org/noticias/detalle.php?&notid=1019 09 13.
más precario y discriminatorio, para trabajar, vestirse, comer, recibir educación, Introducciónsalud y servicios básicos (agua potable, electricidad, aseo urbano, etc.), del GobiernoNacional.Sólo teniendo lo anterior presente, así como que la propiedad de un ser humano,al igual que su vida, libertad e integridad personales, no admiten ser instrumentali-zados por ningún Estado ni gobierno por democrático que sea en su origen, es quepuede comprenderse adecuadamente cómo se manifiesta en las confiscaciones quese ejecutan con apoyo en la regulación legal violatoria de la propiedad privada quese examina en este estudio, la referida política sistemática de abolición de ese dere-cho fundamental.El caso de tierras con vocación agraria, sigue siendo el ámbito más emblemáticode la abolición denunciada. La violación flagrante del derecho de propiedad porlas acciones del Gobierno Nacional en este ámbito ha sido analizada y denunciadapor diferentes informes y trabajos, como el libro de CANOVA GONZÁLEZ, HERRERAORELLANA y ANZOLA SPADARO antes reseñado, que verificó desde el parámetro ju-rídico-constitucional si en cuanto a la toma generalizada de tierras agrarias, como enrelación a la apropiación por el gobierno de empresas e industrias, se dio cumplim-iento a las previsiones constitucionales venezolanas que, en términos generales, secorresponden plenamente con las establecidas en las convenciones internacionales.De acuerdo con ese trabajo, en el caso de las tierras agrarias, sólo entre 2006 y 2008,se desconoció la propiedad privada sobre 590 fincas, según la Federación Nacionalde Ganaderos (FEDENAGA), y para mediados de 2009, el Ejecutivo Nacional, segúnestadísticas propias, ya tenía bajo su dominio más de 3.500.000 hectáreas que erande propiedad privada. Al cierre de 2011 el Instituto Nacional de Tierras (INTI) se-ñalaba haber recuperado, entre 2004 y 2011, un total de 2.340 predios en 23 estadosdel país bajo la modalidad de rescates de tierras, que comprenden una superficiede 3.672.0335. Igualmente de acuerdo a FEDENAGA, solo el 2% de esas tierras se en-cuentran productivas, lo cual ha implicado la perdida de activos tanto empresariales,como de fuente de empleos.Pero métodos similares se vienen adoptando en contra de las empresas privadas ymedios de producción en general, en especial desde 2008 y con más fuerza en este2011, donde la violación a la propiedad privada ha acontecido por vía de aplicaciónde “expropiaciones administrativas” que, en realidad, no respetan las garantías queesa figura brinda a la propiedad privada, y por ello son “vías de hecho”, meras tomas4 Véase noticia en: http://www.guia.com.ve/noticias/?id=35700Los empleados públicos pasaron de 1,4 millón de personas a 2,2 millones y hay por lo menos otromillón de personas que cobra por los planes Barrio Adentro5 http://m.eluniversal.com/economia/111212/inti-ha-rescatado-36-millones-de-hectareas-en-siete-anos?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsEUeco%22target=%22_blank%22 10 14.
a la fuerza o expoliaciones. IntroducciónEn ciertos sectores de la economía (casos de la siderúrgica, de los cementos, deactividades conexas con actividades primarias de hidrocarburos y de transporte yventa de combustibles líquidos, de actividades pesqueras), el desconocimiento de lapropiedad privada ha venido de la mano de “leyes” que han reservado actividades ycreado “expropiaciones especiales” que: (i) permiten la toma del bien a expropiar an-tes de pagar el precio justo, (ii) permiten la fijación subjetiva del Estado del precio delbien y (iii) no prevén intervención de los tribunales. En otros sectores de la economía,la violación de la propiedad privada se ha concretado por el desconocimiento de lasgarantías constitucionales expropiatorias, como la consecución de un verdadero finde utilidad pública o interés social, la necesidad de una sentencia judicial firme, lavaloración objetiva y técnica del valor del bien afectado y el pago oportuno y justo delas indemnizaciones pertinentes.El caso es que, en el llamado Socialismo del Siglo XXI, los propietarios de medios deproducción son considerados, sin más, enemigos del “Pueblo” y por ende del Estado,por lo que por cualquier vía y sin necesidad de excusas existe el derecho estatal deasumir el control efectivo de los mismos.De este modo, no se trata de actuaciones conformes a la Constitución y al DerechoInternacional, no son limitaciones a la propiedad de los privados por razones de in-terés público o utilidad pública, sino de flagrantes “vías de hecho”, es decir, tomas ar-bitrarias de la propiedad privada por el Gobierno Nacional, que ya asume que tieneilimitado poder e impunidad para cometer tales violaciones, hoy día de la mano denuevas regulaciones, como son el Decreto-Ley de Costos y Precios Justos y la Leypara la Regularización y Control de Arrendamientos para Vivienda6.Son ya cientos los casos de violaciones a la propiedad en Venezuela que se contabili-zan desde 2005 en todo el territorio de Venezuela7, y en ellos se evidencian violentasconfiscaciones, robos, vías de hechos y vulgares delitos contra la propiedad cometi-dos por el Gobierno Nacional con el apoyo e instrucción explícita del Presidente de laRepública, y todo ello por motivos políticos que evidencian irrespeto por la condición3 Sobre las primeras violaciones a los derechos de propiedad por la aplicación de estas ‘leyes’ véase:“Show de precios justos”: http://www.talcualdigital.com/nota/visor.aspx?id=62322&tipo=AVA“Ley de alquileres enfrenta a pobres contra pobres”:http://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1050&notid=3737937 Un caso estremecedor de estos otros miles de casos lo constituye la confiscación violenta por civilesy autoridades del Gobierno del señor Hugo Rafael Chávez Frías de la unidad agropecuaria y posadaecoturística del señor Severino (por seguridad, no se menciona su nombre completo en la fuente),que describe a grandes rasgos el periodista Ramón Hernández en su artículo “Barbarie en la granja”:“Severino tiene 72 años de edad y es economista. El 28 de marzo envió una solicitud de auxilio porqueel producto de 45 años de trabajo era asediado por la barbarie: una granja de 6 hectáreas en la carret-era Barquisimeto-Río Claro, sector Bello Monte, denominada La Pereña y que desde hace 2 décadasse dedica a la cría y mejoramiento genético de cabras. Hace un año se propuso adelantar un proyectode posada agroturística, para lo cual construyó una moderna quesera con cava de maduración y 11 15.
humana de quienes han sido víctimas de estos crueles despojos de tierra, en donde Introducciónel caso más emblemático ha sido el señor Franklin Brito, quien murió bajo deten-ción inconstitucional del Estado, por no haber sido atendido adecuadamente en suhuelga de hambre, ni restituido oportunamente en el pleno disfrute de sus derechosde propiedad8.Una vez más, el presente trabajo fue posible gracias al programa Venezuela: Pro-moviendo el diálogo democrático a través de un programa de análisis Económicolegislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad(CEDICE-Libertad) que se ha desarrollado con gran éxito en Venezuela bajo el aus-picio del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), y lo integran dos capí-tulos: el primero, incluye una relación cronológica, análisis crítico y puntual análisiscosto-beneficio de las leyes y decretos-ley que entre diciembre de 2010 y diciembrede 2011 se han puesto en vigencia en Venezuela no obstante ser violatorios de losderechos de propiedad en alguna de sus diversas manifestaciones; y el segundo,incluye una relación, hasta diciembre de 2011, de los proyectos de ley aprobados opor aprobar en la Asamblea Nacional que en forma directa violan los derechos depropiedad, en especial, sobre medios de producción.tramitó un crédito para acondicionar cabañas para que familias turistas se hospeden y puedan ob-servar y aprender los procesos de cría, alimentación, ordeño y producción de quesos madurados. Elsueño está por desaparecer. El sábado 22 de enero de 2011, en la noche, la unidad agropecuaria don-de Severino trabaja y tiene su única y permanente morada, fue tomada por directivos y miembros delconsejo comunal Las Antenas, que derrumbaron el portón de acceso a la granja, rompieron el canda-do de la casa del capataz y la saquearon. El galpón en el cual se almacenaban las pacas de heno parala alimentación de los animales fue cubierto con banderas rojas y pancartas. Desde entonces, gruposde hombres y mujeres adultos, adolescentes y niños menores de edad se reúnen todas las tardes enlos predios de Severino a gritar eslóganes políticos y amenazas, a poner música a todo volumen, acantar himnos revolucionarios y a ingerir bebidas alcohólicas en abundancia. Ya no se produce lecheni queso, pero menudean las parrillas los fines de semana. Es una orgía de confusión y trastorno. Losadultos miden las parcelas que se van a repartir y a vender, y se pelean rabiosamente entre ellos elbotín, mientras los muchachos les tiran piedras a los animales. Entre los líderes se destaca NailethDíaz Sánchez, que se desgañita con virulentas arengas conminatorias y no da paso sin dos guardaes-paldas y una cizalla en la mano. El segundo jefe es Jorge Silva, que se ha autoerigido en el asignadorde lotes de terreno, animales e inmuebles en nombre de la revolución. El otro es José Rafael MárquezGarcía, vago de oficio, al que la Gobernación le otorgó un crédito para la cría de pollos y se comió laplata, y que se la pasa con un machete amenazando. A la casa de Severino le han cortado la electrici-dad y el agua. Le envió una carta súplica al gobernador y a la alcaldesa, no tanto porque crea que loayudarán a rescatar su propiedad, sino porque el mejor freno a la barbarie es difundir el retrato desus promotores. Vendo antología incompleta del abuso y ejemplar de Rebelión en la granja”:http://www.reportero24.com/2011/04/ramon-hernandez-barbarie-en-la-granja/Sobre esta realidad véanse los informes del Observatorio de derechos de propiedad de la asociacióncivil Liderazgo y Visión: http://paisdepropietarios.org/8 Ver cronología del caso Brito en: http://www.eluniversal.com/2011/07/31/cronologia.shtml 12 16.
Relación, Exposición, Crítica Leyes y Decretos-Leyy Análisis Costo-Beneficio deLeyes y Decretos-Ley puestosen vigencia entre 2010 y 2011contrarios a los Derechos dePropiedadLey Orgánica del Sistema Económico ComunalGaceta Oficial No. Extra. 6.011, de 21.12.10 Ley Orgánica del Sistema Económico ComunalExposición y análisis crítico generalLa Constitución de 1999, en sus artículos 91, 92, 112, 115, 117 Y 299 reconoce a lalibertad económica, la propiedad privada, la libertad de elegir de los consumidores yusuarios y a los derechos laborales como derechos fundamentales y a la vez comolos fundamentos del sistema constitucional de economía social de mercado9.Ahora bien, en contra de lo establecido constitucionalmente, y en ejecución de lareforma constitucional rechazada en diciembre de 2007, el Plan Socialista 2007-2013y el Libro Rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela (todos contrarios a la vigenteConstitución de 1999), la saliente y deslegitimada Asamblea Nacional, en diciembrede 2010, junto a otras leyes reguladores del llamado Poder Popular10, sancionó ypublicó la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (en adelante, LOSEC) cuyoobjeto es establecer normas, principios y procedimientos para la creación, funcion-amiento y desarrollo del sistema económico comunal, que integrarán organizacionessocioproductivas bajo régimen de propiedad social, impulsadas por las instanciasdel Poder Popular, del Poder Público o por acuerdo entre éstos.9 Ver sobre este sistema en Venezuela lo expuesto en CASAL, Jesús María y SUÁREZ, Jorge Luis (Co-ord.), La Libertad Económica en Venezuela: balance de una década 1999-2009. Caracas: UCAB, 2011.10 Ver sobre estas leyes BREWER CARÍAS, Allan R. y ALVARADO, Jesús María, Leyes del Poder Populary el Estado Comunal. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2011. 13 17.
El sistema económico comunal es definido por la LOSEC como “el conjunto de rela- Leyes y Decretos-Leyciones sociales –no económicas- de producción, distribución, intercambio y consumo debienes y servicios (…) desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Públicoo por acuerdo entre ellos” pero siempre a través de organizaciones socioproductivasbajo formas de propiedad social, que permitirán la aplicación de una economía deplanificación centralizada.El ámbito de aplicación de la LOSEC es considerable: instancias del Poder Popular,organizaciones socioproductivas, órganos y entes del Poder Público y organizacionesdel sector privado que se relacionen con las instancias del Poder Popular. En cuantoa los fines de la misma, son bastante amplios y, por ende, vale destacar, entre el-los, el de “fomentar el Sistema Económico Comunal en el marco del modelo productivosocialista, a través de diversas formas de organización socioproductiva, comunitaria ycomunal en todo el territorio nacional”.Los principios que rigen el sistema económico comunal son socialistas, y entre el-los destacan, por no figurar en la Constitución de 1999, los de primacía del interéscolectivo, control social, propiedad social e igualdad social.Entre las leyes del Poder Popular, la LOSEC es la que más definiciones incluyó(hasta 23 definiciones), y merecen ser resaltadas las de: modelo productivo social-ista, propiedad social, reinversión social del excedente, sistema de distribución detrueque comunitario y trabajo colectivo11. Ley Orgánica del Sistema Económico ComunalDel órgano coordinador:No obstante todos los llamados a la soberanía, participación y protagonismo de lasinstancias del Poder Popular, la LOSEC deja muy clara la subordinación de éstas al11 Por lo extenso, las citaremos textualmente a pie de página:“Modelo productivo socialista: Modelo de producción basado en la propiedad social, orientado haciala eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista, dirigido a satisfacer las necesidadescrecientes de la población a través de nuevas formas de generación y apropiación, así como la rein-versión social del excedente.”“Propiedad social: El derecho que tiene la sociedad de poseer medios y factores de producción oentidades con posibilidades de convertirse en tales, esenciales para el desarrollo de un vida plena ola producción de obras, bienes o servicios, que por condición y naturaleza propia son del dominio delEstado, bien por su condición estratégica para la soberanía y el desarrollo humano integral nacional,o porque su aprovechamiento garantiza el bienestar general, la satisfacción de las necesidades hu-manas, el Desarrollo Humano Integral y el logro de la Suprema Felicidad Social.”“Reinversión social del excedente: Es el uso de los recursos remanentes provenientes de la actividadeconómica de las organizaciones socioproductivas, en satisfacer las necesidades colectivas de la co-munidad o la comuna, y contribuir al desarrollo social integral del país.”“Sistema de distribución y de consumo de trueque comunitario: Sistema destinado periódicamente alintercambio justo y solidario de bienes, servicios, saberes y conocimientos.”“Trabajo colectivo: Actividad organizada, planificada y desarrollada por los y las integrantes de las dis-tintas formas organizativas de producción de propiedad social, basada en una relación de producciónno alienada, propia y auténtica, de manera participativa y protagónica.” 14 18.
Ministerio con competencia en la materia, al que denomina órgano coordinador, Leyes y Decretos-Leyque será rector de la actuación de dichas instancias y de las organizaciones sociopro-ductivas conforme al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, la LOSEC ysus Reglamentos.Ese órgano coordinador tendrá, entre otras competencias como éstas:1.	Dictar las políticas y lineamientos en materia de economía comunal, proyectos socioproductivos, formación, financiamiento y colocación que impulsen el desar- rollo, consolidación y expansión del Sistema Económico Comunal.2.	Apoyar, con recursos financieros y no financieros, retornables y no retornables, los proyectos de las organizaciones socioproductivas que se constituyan en el marco de las disposiciones de la presente Ley.3.	Velar porque los planes y proyectos de Sistema Económico Comunal se formulen en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, adecuados a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de las comu- nas o del ámbito geográfico de los sistemas de agregación que surjan entre éstas.De las organizaciones socio-productivas: Ley Orgánica del Sistema Económico ComunalEstas organizaciones son unidades de producción sociales (no económicas) queserán constituidas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público o por acu-erdo entre ambos (no en ejercicio de los derechos a la libre iniciativa privada y a lapropiedad), cuyo fin será la satisfacción de necesidades colectivas.Las organizaciones comentadas tendrán 4 modalidades: empresa de propiedad so-cial directa comunal (donde la gestión bajo propiedad social la realiza en forma di-recta la instancia del Poder Popular que la constituya), empresa de propiedad socialindirecta comunal (donde la gestión bajo propiedad social la realiza en forma directael órgano o ente del Poder Público que la constituya, sin perjuicio de la transferenciaprogresiva de la misma a las instancias del Poder Popular) unidad productiva famil-iar (organización conformada por los integrantes de un núcleo familiar y regidos porel principio de justicia social) y grupos de intercambio solidario (grupos de “prosumi-dores” [personas que son a la vez consumidores y usuarios y prestadores de servi-cios o productos de bienes] que se organizan para en forma voluntaria participar enun sistema alternativo de intercambio).La LOSEC regula en forma exhaustiva y detallada todo lo concerniente a los dere-chos, obligaciones, funciones, competencias y finalidades que tendrán las organiza-ciones socioproductivas en cualquiera de sus modalidades, así como los privilegiosy prerrogativas que tendrán en materia tributaria, de contrataciones públicas y de 15 19.
acceso a divisas oficiales. Leyes y Decretos-LeyDefine casi con carácter reglamentario cuál será la estructura interna que todas de-berán observar para operar conforme a ese texto legal, cuáles las funciones quecada unidad de esa estructura interna tendrá, quiénes y bajo el cumplimiento de quérequisitos podrán integrar las referidas organizaciones, cuáles serán los deberes yderechos de éstos (por ejemplo, afirma que reconocerá sus derechos de propiedadintelectual pero el Estado se reserva su administración en función del beneficio delinterés general), el régimen disciplinario y los supuestos para perder la condición deintegrante.Pero lo más relevante, en el régimen de registro y adquisición de personalidad ju-rídica de las organizaciones socioproductivas es que éstas “adquirirán personalidadjurídica una vez formalizado su registro por ante el órgano coordinador” medianteel procedimiento que la misma LOSEC establece. En forma expresa, se exige que “enla denominación de toda empresa de propiedad social comunal deberá indicarse talcarácter, bien sea con la mención expresa de ‘Empresa de Propiedad Social’ o abre-viación mediante las siglas ‘EPS’”.De nuevo, podría interpretarse que el acto del órgano coordinador (del Poder Ejec-utivo Nacional) de registro y adquisición de personalidad jurídica de las organiza-ciones socioproductivas (cuya existencia es condición indispensable para ingresar alsistema económico comunal) es una decisión reglada, que sólo consiste en verificar Ley Orgánica del Sistema Económico Comunalsi se cumplen o no los requisitos de ley. Pero no es así, pues el órgano coordinadorse puede negar al registro y otorgamiento de la personalidad jurídica en forma dis-crecional, si considera, por ejemplo, que la documentación consignada no demues-tra que los fines de la organización se ajustan a los fines de la ley.Del sistema alternativo de intercambio solidario:Este sistema creado por la LOSEC básicamente pretende sustituir en el caso de lasorganizaciones socioproductivas al sistema de intercambio de bienes y servicios fun-dado en el dinero, esto es, en la moneda de curso legal, el bolívar, pues aquél se basano en el dinero sino en el trueque.Es definido como “el conjunto de actividades propias que realizan los prosumidores ylas prosumidoras, dentro y fuera de su comunidad, por un período determinado, antes,durante y después del intercambio, con fines de satisfacer sus necesidades y las de lascomunidades organizadas, de saberes, conocimientos, bienes y servicios, mediante unamoneda comunal alternativa; y con prohibición de prácticas de carácter financiero, comoel cobro de interés o comisiones”.El sistema alternativo de intercambio solidario funcionará a través de grupos de inter- 16 20.
cambio solidario, formado por los prosumidores, y de dos modalidades de trueques: Leyes y Decretos-Leyel trueque comunitario directo y el trueque comunitario indirecto. La LOSEC definecon detalle la constitución, funcionamiento, funciones, asamblea, derecho y deberesde prosumidores, los espacios de acción de estos grupos, las sanciones y el régimende la moneda comunal (la LOSEC, en efecto, crea una moneda paralela a la monedade curso legal que será usada en lugar de ésta por los integrantes de las organiza-ciones socioproductivas y sobre la cual el Banco Central de Venezuela tendrá algu-nas competencias).De la gestión productiva y administración de los recursos de las organizacionessocioproductivas:La LOSEC establece el modo de gestión (administración y funcionamiento) de lasorganizaciones socioproductivas, es decir, establece, en lugar de los integrantes deestas organizaciones, el modo en que éstas cumplirán con sus obligaciones y re-alizarán los fines que a ellas se imponen.Por ejemplo, contempla el régimen de las fases del ciclo comunal productivo, con-forme al cual las organizaciones socioproductivas deben cumplir con sus fines através de 5 fases: de diagnóstico, de plan, de presupuesto, de ejecución y de contral-oría social. Ley Orgánica del Sistema Económico ComunalAdemás, partiendo del carácter esencialmente estatal, público, de los recursos querecibirán y que eventualmente producirán las organizaciones socio productivas, con-templa su régimen estricto de aprovechamiento de los recursos financieros y nofinancieros de las organizaciones socioproductivas.Finalmente, la LOSEC contempla un sistema de fondos que deberán constituir lasorganizaciones socioproductivas, entre los que se encuentran el interno, el de man-tenimiento productivo, el de atención a los productores, productoras, prosumidoresy prosumidoras y el de reinversión social. De todos, este último es el más llamativo,porque elimina la posibilidad de ganancias y sueldos y salarios para los integrantesde las organizaciones socioproductivas.En efecto, el fondo de reinversión social, que estará destinado al desarrollo social co-munitario, comunal y nacional se constituirá con “recursos financieros excedentes delproceso socioproductivo” los cuales “serán transferidos por las organizaciones socio-productivas a la instancia del Poder Popular que corresponda y al Ejecutivo Nacional.La administración y distribución de la inversión de los recursos de éste fondo, destinadosal desarrollo comunitario y comunal, corresponderá a la respectiva instancia del PoderPopular; mientras que lo relativo al aporte para la reinversión social nacional será esta-blecida mediante decreto del Presidente de la República”. 17 21.
De los grupos vulnerables y de los pueblos y comunidades indígenas: Leyes y Decretos-LeyLa LOSEC incluye disposiciones sobre la inclusión y trato preferencial por parte de lasorganizaciones socioproductivas hacia personas en situación de exclusión y hastadiscriminación por diferentes razones. En especial, contempla la inclusión en el sis-tema económico comunal de los pueblos y comunidades indígenas.De la red de comercio justo y suministro socialista:La LOSEC establece una red de comercio justo e intercambio socialista integrado porlas organizaciones socioproductivas y por los órganos y entes del Poder EjecutivoNacional, cuyo acceso será autorizado por este último.Del intercambio comercial internacional:En esta sección de la LOSEC, además de incluir una disposición de improbable apli-cación sobre la promoción internacional de las organizaciones socioproductivaspara facilitar su acceso a procesos socioeconómicos nacionales e internacionales,se establece un privilegio en materia cambiaria a favor de estas organizaciones enlos siguientes términos: “Con el objeto de promover la integración y el intercambio com-ercial socioproductivo comunitario, el Estado garantizará la obtención de divisas a lasorganizaciones socioproductivas debidamente constituidas y registradas de conformidad Ley Orgánica del Sistema Económico Comunalcon la presente Ley”.De los delitos y sanciones:Esta LOSEC es la más punitiva de las leyes del Poder Popular, al establecer hastatres tipos de sanciones penales en sus artículos 76, 77 y 78, los cuales castigaráncon prisión de entre dos y cuatro años, entre otras conductas, la realización porcualquier persona de “propaganda o publicidad subliminal, falsa o engañosa, sobrelos bienes, servicios y saberes del sistema económico comunal”129 “Artículo 76: Las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, sin estar debida-mente autorizados, contravengan las medidas, condiciones y controles previstos en la presente leypara lograr el normal y adecuado desenvolvimiento del Sistema Económico Comunal, ya sea alma-cenando, distribuyendo, comercializando, usando y/o suministrando bienes de consumo, servicios ysaberes del Sistema Económico Comunal, serán penados con prisión de cuatro a seis años. Las per-sonas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, estando debidamente autorizados paraformar parte del Sistema Económico Comunal o vincularse con sus actividades, de conformidad conla presente ley, que incurran en el supuesto previsto en este artículo, serán penados con prisión deseis a ocho años.”“Artículo 77: Las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, impidan, obstacu-licen o restrinjan el normal funcionamiento y resguardo, de la producción, distribución, transporte,comercialización, suministro de los bienes de consumo, servicios y saberes del Sistema EconómicoComunal, serán penados con prisión de dos a cuatro años.Igualmente, incurrirán en la pena prevista en este artículo, las personas naturales o jurídicas que,conjunta o separadamente, impidan el acceso a dichos bienes por parte de los consumidores y con-sumidoras.” 18 22.
Disposiciones finales: Leyes y Decretos-LeyLa LOSEC deroga el Decreto-Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Populary atribuye al Ministerio con competencia en la materia la siguiente atribución: “Hastatanto se dicte el Reglamento de la presente Ley, el Ministerio del Poder Popular concompetencia en materia de economía comunal dictará los lineamientos y elaborarálos instructivos que se requieran para hacer efectiva la adecuación, inscripción y reg-istro, para el funcionamiento de las organizaciones socioproductivas, conforme a lasdisposiciones de esta Ley”.Costo-BeneficioA riesgo de parecer caricaturizar la LOSEC, pero siguiendo en este sentido lo ex-puesto en el propio texto legal, cabe afirmar que el beneficio que tendría para lapoblación en su conjunto la aplicación de la LOSEC es, básicamente, que pondríafin a la ‘incertidumbre’ en el ámbito económico, así como a la desigualdad en los in-gresos y disfrute de bienes y servicios, pues al abolir la propiedad privada sobre losmedios de producción, la competencia, la libre iniciativa empresarial, la ambición demejores salarios y beneficios laborales derivados de la productividad, y la ‘angustia’del consumidor y usuario de tener que elegir entre una variedad de bienes y servi-cios. A través de los órganos del sistema económico comunal estas elecciones seríantomadas de antemano por los burócratas que dirigirán ese sistema, en el entendido Ley Orgánica del Sistema Económico Comunalque todo lo anterior es el precio a pagar por la realización de la suprema felicidadsocial a través del socialismo.Los costos, por su magnitud, hemos de indicarlos detenidamente respecto de cadauno de los derechos fundamentales que serán suprimidos en la medida en que laLOSEC vaya siendo aplicada en los diversos ámbitos de la economía, al estar a suvez esos derechos directamente relacionados con la propiedad de los empresarios,trabajadores, consumidores y usuarios.Costos de la LOSEC contrarios al libre emprendimiento:El primer costo de la LOSEC es la liquidación, vía sustitución del sistema de economíasocial de mercado, de las libertades económicas.Sus disposiciones son violatorias de la libertad económica, esto es, del derecho adedicarse a la actividad económica de su preferencia, y en consecuencia a entrar,permanecer y salir del mercado que corresponda, sin más limitaciones que las ra-“Artículo 78: Las personas naturales o jurídicas que, conjunta o separadamente, realicen propagandao publicidad subliminal, falsa o engañosa sobre los bienes, servicios y saberes del Sistema EconómicoComunal y sus medios de producción, intercambio, distribución, comercialización y suministro, seránpenados con prisión de dos a cuatro años.” 19 23.
zonablemente establecidas en la ley y el respeto a los derechos de otras personas, y Leyes y Decretos-Leyque en la Constitución de 1999 se garantiza al establecer su artículo 112 que “todaslas personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia,sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes,por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otrasde interés social”.Tal violación deriva del hecho de que tal acción humana (la de emprender activi-dades de contenido y fines económicos por propia iniciativa), en tanto que manifes-tación de la libertad individual de cada ser humano, para ser ejercida en realidad,sin coacción o por temor a la sanción o a la estigmatización (que es una forma vio-lenta y repugnante de discriminación, más cuando se practica desde el Poder delEstado), sólo puede estar guiada por el legítimo interés de las personas en obtenerun provecho propio (para sí o para un grupo en especial) a cambio de los beneficiosy ventajas que la actividad a emprender le puede proporcionar a otras personas,quienes podrán estar interesadas a su vez en adquirir los bienes o disfrutar de losservicios que, según el caso, produzcan o presten quienes ejercen su libre iniciativaeconómica dentro de los límites razonables que puede establecer la ley, creándoseasí una mutua relación de beneficios entre seres libres.Cabe destacar que según cifras del Monitor Global de Emprendimiento (GEM), Ven-ezuela ocupó en 2009 la octava posición en la creación de iniciativas emprendedorasen el mundo y el quinto lugar entre los niveles de actividad de América Latina, de Ley Orgánica del Sistema Económico Comunalun total de 54 naciones que fueron evaluadas para el estudio, potencial que se veráafectado como resultado de la aplicación de esta Ley.De este modo, mal puede considerarse que bajo la vigencia de las leyes del PoderPopular, cuyo ámbito de aplicación está constituido por “todas las organizaciones,expresiones y ámbitos del Poder Popular, ejercidas directa o indirectamente por los ciu-dadanos y ciudadanas, las comunidades, los sectores sociales, la sociedad en general ylas situaciones que afecten el interés colectivo”, lo que es tanto como decir que estánsometidas a tales leyes tanto las ‘instancias’ del Poder Popular en forma positiva(sólo pueden hacer lo que esa ley les permite y manda hacer), como la sociedad engeneral y las situaciones que afecten el interés colectivo en forma negativa (puedenhacer todo lo que no contradiga las leyes del Poder Popular), pueda ejercerse sincoacción, en forma autónoma y posibilidad de obtención de algún legítimo beneficio,el derecho a la libertad económica.Entre otras razones, porque las leyes del Poder Popular, en su objetivo de construirla sociedad socialista, imponen, violando el Sistema de Economía Social de Mercadoprevisto en la Constitución de 1999, un Sistema Económico Comunal que define comoel “conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo debienes y servicios, así como de saberes y conocimiento, desarrolladas por las instancias 20 24.
del Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre ambos, a través de organiza- Leyes y Decretos-Leyciones socioproductivas bajo formas de propiedad social comunal”, a través del cual sedebe realizar un socialismo colectivista y totalitario, al ser definido como “…un modode relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacciónde necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base funda-mental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios parasatisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollohumano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre losfactores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familiasy los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten desu patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechoseconómicos, sociales, políticos y culturales”.Mal podrá ejercerse como lo garantiza la Constitución de 1999 la libertad económica,si en la concreción del Sistema Económico Comunal es la Economía Comunal, la cualse define como “…un ámbito de actuación del Poder Popular, que permite a las comu-nidades organizadas la constitución de entidades económico-financieras medios de pro-ducción, para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios,así como de saberes y conocimientos, desarrollados bajo formas de Propiedad SocialComunal, para satisfacer las necesidades colectivas, la reinversión social del excedente,y contribuir al desarrollo social integral del país, de manera sustentable y sostenible, deacuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de laNación y la ley que regula la materia” (art. 18). Ley Orgánica del Sistema Económico ComunalCostos de la LOSEC contrarios a la propiedad privada:La LOSEC crea una nueva vía expedita para la abolición de la propiedad privada,definido por el artículo 115 de la Constitución de 1999 como el derecho de todapersona “al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”, la cual sólo puede estar“sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con finesde utilidad pública o de interés general”, ya que contienen disposiciones que habilitana las ‘instancias’ del Poder Popular, y en última instancia, al Ministerio que ejerce lajerarquía y poder de mando sobre todas aquellas, a adoptar medidas contrarias a laConstitución de 1999 y a la CASDH sobre la propiedad privada material e inmaterialde los medios de producción y demás bienes con valor social de los particulares, afin de convertirla en parte de la propiedad social comunal que es, con excepción dela propiedad estatal a secas, es el único tipo de propiedad que admiten el socialismoy el sistema económico comunal que aquél contiene.En efecto, conforme a la definición contenida en el numeral 15 del artículo 6 de laLOSEC, cabe afirmar categóricamente que la propiedad social (comunal o no esirrelevantes, pues tal denominación no es más que un simple adjetivo propagan-dístico) no equivale a un derecho real propio diferente a la propiedad privada o a 21 25.
la propiedad estatal, que tendrían los particulares para usar, gozar y disponer de Leyes y Decretos-Leycierto tipo de bienes (medios de producción) estatales, sino una regulación especialal que quedarán sujetos ciertos bienes (medios de producción) de propiedad estatal(la titularidad de los atributos esenciales de tales bienes será del Estado) y que, en elproceso se sustitución del Sistema de Economía Social de Mercado por el Sistema deEconómico Comunal, será usada como tópico para limitar en un inicio y suprimir de-finitivamente luego la propiedad privada sobre los medios de producción de bienesy servicios, en la medida que estos últimos, con la excusa de sujetarlos a la propie-dad social, se conviertan antes, en forma coactiva, inconstitucional, sin aplicar lasgarantías expropiatorias, en propiedad estatal.En efecto, por propiedad social entiende esa otra no menos inconstitucional LOSEC“el derecho que tiene la sociedad de poseer medios y factores de producción o entidadescon posibilidades de convertirse en tales, esenciales para el desarrollo de un vida plenao la producción de obras, bienes o servicios, que por condición y naturaleza propiason del dominio del Estado, bien por su condición estratégica para la soberanía y el de-sarrollo humano integral nacional, o porque su aprovechamiento garantiza el bienestargeneral, la satisfacción de las necesidades humanas, el Desarrollo Humano Integral y ellogro de la Suprema Felicidad Social” (subrayado de este escrito).Así las cosas, es claro que quienes sean “propietarios” en forma individual o colecti-va de medios de producción, esto es, de bienes aptos para la producción de otrosbienes, de bienes idóneos para la prestación de servicios o simplemente de bienes Ley Orgánica del Sistema Económico Comunalmateriales o inmateriales de valor social (como una invención científica o artística,producto del intelecto propio, con legítimo derecho a ser protegido por el Derechode Propiedad Industrial o por el Derecho de Propiedad Intelectual, según el caso,que sea demandado por sus beneficios o el placer estético que genera por el restode la sociedad o una parte de ella), estarán amenazados en su condición de talesallí donde operen Consejos Comunales, Comunas o Ciudades Comunales. Pues deacuerdo con la Ley, más que propietarios serán “poseedores”, en tanto la propiedadserá del Estado. Es decir, propiedad pública, administrada o gestionada por la comu-nidad, siempre y cuando se organice como instancia del Poder Popular y además seoriente al socialismo.El anterior es un costo desproporcional, en la medida que las amenazas y violentaslimitaciones que a la propiedad privada sobre los medios de producción (peque-ña, mediana y grande), a la propiedad privada urbana, rural, agraria o indígena, y ala variedades de propiedad inmaterial (derechos de autor y patentes) imponen lasleyes del Poder Popular mediante el sistema económico comunal que crean y quedesarrolla la LOSEC no constituyen, en ningún caso, las limitaciones que derivan delas contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines deutilidad pública o de interés general referidas por la Constitución, ni aún menos, uncaso de subordinación del uso y goce de la propiedad privada al interés social. 22 26.
No otra cosa se desprende de la definición de socialismo que está prevista en el Leyes y Decretos-Leyartículo 9, definición 14, de la LOPP, ya citado, y que señala que esa ideología es en-tendida por la ley como “un modo de relaciones sociales de producción” en el que esnecesario “el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producciónbásicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanasvenezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedadindividual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales,políticos y culturales”, siendo el propósito final de tal ‘modelo’ el convertir a los hab-itantes del territorio nacional en dependientes del Gobierno Nacional (vía ‘instancias’del Poder Popular y Ministerio en materia de Comunas) para acceder a bienes yservicios básicos para la vida humana, cuya producción e importación, a estar bajorégimen de propiedad social, será un monopolio político e ideológico del Estado.Por lo tanto, si se parte de entender correctamente que cuando hablamos de propie-dad privada ésta “abarca todo lo que propiamente pertenece a una persona (suum enlatín), incluyendo su vida y su libertad” (PIPES, Richard. Propiedad y Libertad. Dos con-ceptos inseparables a lo largo de la historia. México: FCE, 1999, p. 19), luego, leyescomo las del Poder Popular no respetan y ni garantizan su ejercicio, sino sólo lapropiedad estatal en una modalidad particular, como es la propiedad social comu-nal, es contraria a la Constitución de 1999, y por ello debe ser anulada en su inte-gralidad.Costos de la LOSEC contrarios a los derechos laborales, sindicales y al consumo: Ley Orgánica del Sistema Económico ComunalPor último, la LOSEC tendrá como costo la supresión de libertades en el trabajo yen el consumo. En efecto, la LOSEC y las restantes leyes del Poder Popular son con-trarias a la Constitución de 1999 por cuanto violan, entre otros derechos sociales, losderechos a un salario justo, a prestaciones que recompensen la antigüedad y a elegirbienes y servicios, públicos o privados, de calidad conforme a las propias preferen-cias, protegidos por los artículos 91, 92 y 117 de la Constitución de 1999.Ello así, por cuanto el sistema económico comunal que ellas establecen (i) impide ytiende a erradicar la posibilidad de que las iniciativas sociales y económicas no sub-ordinadas al Poder Popular persigan alguna utilidad y produzcan bienes y serviciosen atención a las preferencias de los consumidores y usuarios pues los obliga a la“construcción de la sociedad socialista” y a actuar según el “Plan Económico y Socialde la Nación”, y (ii) prohíbe, de manera expresa, a las ‘instancias’ del Poder Popu-lar la búsqueda de beneficios o utilidad propia, particular, cuando impone comoúnica moral posible a sus integrantes la “ética socialista” la cual prescribe en formaheterónoma que están obligados, entre otros fines, a asegurar “la supremacía delos intereses colectivos sobre los intereses individuales” y a la “reinversión social del ex-cedente”. 23 27.
Respecto de los derechos protegidos por el artículo 117, a saber, que “todas las per- Leyes y Decretos-Leysonas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a unainformación adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los pro-ductos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativoy digno” consideramos que las leyes del Poder Popular, particularmente la LOSEC,son contrarias a la Constitución de 1999 porque si ellas, como se demostró antes,por un lado, impiden y tienden a erradicar la posibilidad de que iniciativas socialesy económicas no subordinadas al Poder Popular persigan alguna utilidad y produz-can bienes y servicios en atención a las preferencias de los consumidores y usu-arios al obligarlas a la “construcción de la sociedad socialista” y a actuar según el “PlanEconómico y Social de la Nación”, y por el otro, obliga a las instancias del Poder Popu-lar a ejecutar estos mismos objetivos, es claro que sólo podrán producir, las pocasiniciativas autónomas que subsistan y las instancias del Poder Popular, los bienes yservicios, en la cantidad, calidad y variedad, que el Ejecutivo Nacional, por órgano delMinisterio con competencia en la materia, decida que deban producirse y prestarse,ignorando las preferencias y autonomía de los consumidores y usuarios.Así, en lugar de consumidores y usuarios (condición económica y jurídica que suponela existencia de una economía social de mercado con régimen de libre competenciapara que haya variedad de ofertas), que es lo que protege la vigente Constituciónde 1999, las leyes del Poder Popular echan las bases para la conversión de aquéllosen meros mendigantes, pedigueños conformistas, que bajo el chantaje de no pasarhambre y carecer de ciertos servicios mínimos, aceptará las condiciones elegidas en Ley Orgánica del Sistema Económico Comunalsu lugar por el Estado, por el Gobierno Nacional más concretamente, bajo la pocomenos que cínica afirmación de estar asegurando con ello la “felicidad social”.Cabe destacar que el consumo privado, medido por el gasto final de los hogares(dinero que destinan las familias a la compra de bienes y servicios) creció 3,7% en2011, como resultado de las transferencias de gobierno nacional, según señala elBCV13.En el caso del derecho a un salario justo en función del trabajo realizado bajo ré-gimen de subordinación y ajenidad, sucede que éste es un derecho subjetivo indi-vidual, cuyo contenido esencial es la retribución económica recibida por el esfuerzofísico y/o mental invertido en una actividad para beneficio de otro(s), que no tienepor fin ulterior beneficiar a la colectividad, a la comunidad o al Estado, sino lograrun beneficio particular, privado, exclusivo del titular y excluyente de otros, como esel obtener recursos económicos que recompensen el valor de su fuerza de trabajoen cantidad suficiente para llevar una vida digna, tanto para sí mismo como parasu familia en la generalidad de los casos. Pagar las cuentas ordinarias, pues, y otrasactividades necesarias para el desarrollo integral del ser humano.Cosa similar ocurre con el derecho a recibir prestaciones sociales. Éste es un derecho13 http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=9602&Operacion=2&Sec=False 24 28.
que recompensa la antigüedad del trabajador en un determinado puesto de trabajo, Leyes y Decretos-Leyy cuyo propósito es permitirle acumular recursos que le protejan ante un eventualcaso de cesantía o pérdida del empleo al que se dedica. El beneficio que se persigueaquí es claramente individual, particular, es contar con respaldo económico produ-cido con el esfuerzo propio que ampare a su generador y a su familia de ser el caso,frente a contingencias. Las prestaciones no se generan para ser repartidas en lacomunidad, entre los desempleados o para usarlas como recursos de una empresa,sino para que se conviertan en patrimonio privado del trabajador que las causó consu labor, es un concepto inividual.Pues bien, si la LOPP y demás leyes del Poder Popular establecen como obligatoriala “ética socialista”, y ésta obliga a lograr “la supremacía de los intereses colectivossobre los intereses individuales” y exige la “reinversión social del excedente”, enton-ces el derecho al salario justo, que es un derecho exigible y aprovechable individual-mente, debe desaparecer de las instancias del Poder Popular y, más allá, del ámbitode acción y existencia de las Comunas, Ciudades Comunales, etc., pues en ellas regirála ética socialista y el sistema económico comunal, y éstos no aceptan que el trabajose considere como un valor que recibe el trabajador “para vivir con dignidad y cubrirpara sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, estoes, como un medio para producir riqueza para el propietario de la fuerza de trabajo(el trabajador), sino sólo como un medio para “producir bienes y servicios para sat-isfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollohumano integral”, ya que el interés colectivo (en realidad, el del Estado vía Ministerio Ley Orgánica del Sistema Económico Comunalde comunas) prevalece sobre el individual (el del trabajador).Es decir, la LOSEC y las demás Leyes del Poder Popular instrumentalizan (no lo tratacomo un fin en sí mismo, sino como un mero medio) al ser humano y lo despojan,lo expolian, de una de las manifestaciones más sagradas de la propiedad, que es lapropiedad sobre las propias capacidades físicas y del intelecto, reduciéndolo a lacondición de siervo, de esclavo.De nuevo, se impide a los trabajadores obtener un legítimo beneficio individual, parasí y para sus familias, como es el derecho a un salario justo y el derecho a ser recom-pensado por la antigüedad en el trabajo que se desempeña y a la protección frente ala cesantía, únicamente porque ello, según la ética socialista de rango legal, previstaen la LOPP, es contrario a la consecución de dos objetivos ideológicos e inconstitu-cionales del Gobierno Nacional, como son la “construcción de la sociedad socialista”y la ejecución del “Plan Económico y Social de la Nación”. 25 29.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Leyes y Decretos-LeyCostos y Precios JustosGaceta Oficial No. 39.715, de 18.07.11Exposición y análisis crítico generalLa Constitución de 1999, en sus artículos 112, 115 y 117 reconoce a la libertadeconómica, la propiedad privada, la libertad de elegir de los consumidores y usuariosy a los derechos laborales como derechos fundamentales (inseparables de la con-dición de ser humano).Los derechos antes mencionados son interdependientes, es decir, la vigencia deunos depende del respeto y la garantía por parte del Estado venezolano de los otros,de suerte que la violación o desconocimiento radical de cualquiera de ellos, en espe-cial de los que son condición para el disfrute de los otros, implica de forma inevitable de Costos y Precios Justos Decreto con rango, valor y fuerza de Leyla vulneración de esos otros derechos. Por lo demás, el disfrute de estos derechos esun requisito indispensable para el libre desarrollo de la personalidad que reconoceel artículo 20 de la Constitución de 1999, desarrollo éste que ha de ser uno de losfines del Estado en observancia del principio de preeminencia de los derechos hu-manos, establecido en el artículo 3 del mismo texto constitucional.En efecto, la posibilidad de dedicarse a la actividad económica preferida sin ser ob-jeto de limitaciones arbitrarias, la libertad de usar, gozar y disponer de los bienespropios materiales e inmateriales adquiridos en forma lícita como fruto del propioesfuerzo, la libertad de acceder y elegir bienes y servicios de calidad para satisfacerlas más variadas necesidades humanas y, por último, la libertad de contratar paraaportar la propia fuerza de trabajo y de ser protegido durante la existencia de dicharelación laboral, son manifestaciones de la libertad humana que deben ser promovi-das, respetadas y garantizadas por todo Estado comprometido con la protección delos derechos humanos reconocidos internacionalmente.Ahora bien, así como no todo sistema político garantiza el disfrute de los derechosfundamentales civiles y políticos (el voto, la participación, la libertad de expresión,9 Ver sobre este sistema en Venezuela lo expuesto en CASAL, Jesús María y SUÁREZ, Jorge Luis (Co-ord.), La Libertad Económica en Venezuela: balance de una década 1999-2009. Caracas: UCAB, 2011.10 Ver sobre estas leyes BREWER CARÍAS, Allan R. y ALVARADO, Jesús María, Leyes del Poder Populary el Estado Comunal. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2011. 26 30.
la constitución de partidos, etc.) sino sólo la democracia, tampoco todo sistemaeconómico respeta y promueve adecuadamente las libertades económicas antes Leyes y Decretos-Leyreferidas. Sólo el denominado sistema de economía social de mercado lo hace enforma correcta, al partir de la preeminencia de dichas libertades económicas, y alconcebir la acción del Estado en la economía no como la del gran decisor y plani-ficador, sino como la del gestor de posibilidades, garante del cumplimiento de lasregulaciones por él dictadas y de la aplicación de sanciones a los infractores de éstas.Ése es el sistema económico que acoge la Constitución de 1999 en su artículo 299,cuando dice que: “el régimen socioeconómico de la República (…) se fundamenta en losprincipios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del am-biente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integraly una existencia digna y provechosa para la colectividad”.Tal y como antes lo hemos apuntado, este sistema económico constitucional implicaque toda regulación legal o medida administrativa dictada por el Estado que tengapor objeto asegurar el derecho a elegir y a disfrutar de bienes y servicios de calidadde toda persona mediante el establecimiento de limitaciones a la libertad económicay a los derechos de propiedad, debe también obligatoriamente respetar el contenidoesencial de estos dos derechos, en tanto inherentes al ser humano (sobre el tema,ver lo expuesto en: Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de1986. Serie A No. 6). de Costos y Precios Justos Decreto con rango, valor y fuerza de LeySin embargo, a pesar de lo previsto en la Constitución de 1999 y de las lecciones quela historia de las sociedades revela en cuanto a las consecuencias que han pade-cido aquellas que optaron por negar o desconocer la economía social de mercadoy seguir sistemas contrarios al libre desarrollo de la personalidad (ver, entre otros,PIPES, Richard, Historia del Comunismo. Barcelona: Mondadori, 2002), en Venezue-la, durante ya más de una década, se han venido aprobando y ejecutando leyes,decretos-leyes, regulaciones, políticas públicas y fallos judiciales que poco a pocohan erosionando, debilitando y en ya numerosos sectores de la economía abolidoen la práctica la vigencia del sistema de economía social de mercado, tal y como lomuestran recientes estudios en esta materia (ver CASAL, Jesús María y SUÁREZ, JorgeLuis (Coord.), La Libertad Económica en Venezuela: balance de una década 1999-2009.Caracas: UCAB, 2011).En ese contexto de desconocimiento sistemático de las libertades económicas y elsistema constitucional que las garantiza (para lo que no se requiere, por lo demás,una ley expresamente que diga que los desconoce o elimina; basta con que una ovarias leyes eliminen toda autonomía de elección y acción a los titulares de los dere-chos para que ese desconocimiento se produzca), el Presidente de la República conapoyo en la Ley Habilitante que se le otorgó en diciembre de 2010, publicó el Decreto 27 31.
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos (en lo que sigue, DLCPJ), Leyes y Decretos-Leyel cual, como se mostrará a continuación, no tiene por objeto regular la actividadeconómica de producción y comercialización de bienes y servicios en el país, sino,acaso como paso previo a la plena aplicación de la LOSEC, dirigir y planificar sin limi-tación la totalidad de las actividades económicas, en especial de las realizadas conbienes de propiedad privada, que se desarrollen en cualquier parte y área económi-ca del territorio nacional por personas estatales o privadas, naturales y jurídicas.En efecto, el DLCPJ no establece limitaciones, prohibiciones, obligaciones y controlesprevios en casos determinados, mecanismos de supervisión y sanciones en casode infracciones, que, desde el punto de vista técnico, es lo típico de una regulación,sino que establece son potestades y atribuciones sin límites al órgano encargado desu aplicación para que determine en cualquier caso de producción y comercio debienes y servicios, en lugar de los oferentes y de los demandantes, cómo, cuánto,dónde, a quiénes y a qué precio se podrá realizar esa actividad, que es por el con-trario un mandato directo, un típico acto de gobierno.En cuanto a la justificación del DLCPJ, su Exposición de Motivos indica que ella seencuentra en el supuesto comportamiento delictual de los empresarios y demásagentes económicos privados, en especial los de mayor estructura, en la generalidadde los sectores de la economía nacional14.De modo que es un texto legal que parte de presumir una conducta ilegal de la de Costos y Precios Justos Decreto con rango, valor y fuerza de Leygeneralidad de los agentes económicos que operan en el país, de la incapacidad deconsumidores y usuarios para defenderse por sí mismos de esas conductas y de lanecesidad de que sea el Ejecutivo Nacional quien decida en lugar de unos y otrospara evitar esos abusos y castigar severamente a los que insistan en cometerlos.Lo anterior constituye una condena legal general sin pruebas de todo actor económi-co privado, contraria a la presunción de inocencia, que da lugar a la auto-atribución(del Ejecutivo al propio Ejecutivo) de las más amplias potestades de dirección y plani-ficación total en materia de costos y precios, siendo una prueba de ello el ilimitado14 Dice textualmente esa Exposición: “Los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sec-tores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los el-evados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que laexplotación directa e indirecta del pueblo (…) El poder monopólico o monopsónico y la cartelización,se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendoellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes inter-nacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable (…) La generalización de prácticasespeculativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poderadquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas (…) Las utilidadesque legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posiblepara los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a empresas que realizan prácticasespeculativas (…) Por lo antes expuesto, es necesaria una Ley de Costos y Precios Justos que coadyuvela acción del Ejecutivo Nacional en la implementación de políticas de democratización de acceso detodas las venezolanas y todos los venezolanos, de manera equitativa, a los bienes y servicios”. 28 Recommended