Source: http://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-n-333-de-2006
Timestamp: 2017-01-21 21:56:08
Document Index: 125697865

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 1']

REPUBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión AUTO N° 333 de 2006 Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos 176, 177 y 178 de 2005. Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas a Acción Social para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004 en materia de desplazamiento interno – remisión de información para considerar la apertura de incidentes de desacato contra funcionarios de Acción Social. Magistrado Ponente: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSABogotá, D.C. veintisiete (27) de noviembre de dos mil seis (2006)La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por losMagistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y RodrigoEscobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, haadoptado el presente Auto con el propósito de verificar el nivel decumplimiento que han recibido hasta la fecha las órdenes impartidas en losAutos 178 de 2005, 218 de 2006 y 266 de 2006 a la Agencia Presidencial parala Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, necesariaspara superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 en relación con el problema del desplazamiento interno, yadoptar las medidas que sean procedentes.I. ANTECEDENTES1. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la CorteConstitucional “mantendrá la competencia hasta que esté completamenterestablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. 2.
22. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existenciade un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento internoen el país, e impartió una serie de órdenes complejas dirigidas a variasautoridades de los niveles nacional y territorial, encaminadas a superar dichasituación.3. El día 29 de agosto de 2005, la Sala Tercera de Revisión de la CorteConstitucional profirió el Auto No. 178 de 2005, en el cual revisó el grado decumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia T-025/04 para protegerlos niveles mínimos de satisfacción de los derechos fundamentales de lapoblación en estado de desplazamiento, e impartió a su vez una serie deórdenes encaminadas a facilitar la superación del estado de cosasinconstitucional en este ámbito. La evaluación general efectuada en este Autoconcluyó, con base en el análisis de las actuaciones de las diferentes entidadescompetentes, que aun no se había superado el estado de cosas inconstitucionalen materia de desplazamiento forzado en el país. El numeral primero de laparte resolutiva fue el siguiente: “DECLARAR que a pesar de los avancesalcanzados hasta el momento, aún no se ha superado el estado de cosasinconstitucional en la situación de la población desplazada declarado en lasentencia T-025 de 2004 y que aún es necesario continuar avanzando en lacorrección de la discordancia entre la gravedad de la afectación de losderechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de unlado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goceefectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar loscorrespondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”.4. Una de las entidades destinatarias de las ordenes comunes y específicasimpartidas en el Auto 178/05 fue la Agencia Presidencial para la AcciónSocial y la Cooperación Internacional – Acción Social. A esta entidad se leimpartieron órdenes en siete (7) ámbitos diferentes, a saber: (i) el proceso decaracterización de la población desplazada por la violencia, (ii) la proteccióndel derecho a la subsistencia mínima de las personas y familias desplazadas,(iii) la protección de la población desplazada contra prácticas discriminatorias,(iv) la provisión de apoyo para el autosostenimiento y la estabilizacióneconómica de la población desplazada, (v) la garantía del derecho al retorno yal restablecimiento de los desplazados, (vi) la erradicación de la exigencia depresentar una acción de tutela como requisito para acceder a cualquiera de losbeneficios legales a los que tienen derecho los desplazados, y (vii) laampliación de la difusión de la Carta de Derechos Básicos de la poblacióndesplazada.5. Con posterioridad a la comunicación del Auto 178 de 2005, Acción Socialremitió varios informes bimensuales de cumplimiento a la CorteConstitucional.6. Cerca de un año después de la adopción del Auto 178/05, el 11 de agosto de2006 la Corte Constitucional profirió el Auto 218 de 2006, en el cual procedió 3.
3a determinar, con base en los extensos informes de cumplimiento remitidospor las entidades del SNAIPD, si éstas habían demostrado que estabanavanzando en la adopción de las medidas y acciones necesarias para superarel estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Laconclusión general a la que llegó la Corte en dicho Auto fue que hasta esafecha, a pesar de que se había informado a la Corte sobre ciertos avancesimportantes en áreas críticas de la política de atención a la poblacióndesplazada, no se había demostrado que se hubiera superado el estado decosas inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de 2004, ni que seestuviera avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación.La Corte también señaló la existencia de serios atrasos en diez áreas críticasde la política de atención a la población desplazada, entre las cuales seencontraban algunas bajo la responsabilidad de Acción Social, a saber: (1) lacoordinación general del sistema de atención a la población desplazada; (2) lasactividades de registro y caracterización de la población desplazada en el país;y (3) la escasa seguridad para los procesos de retorno de la poblacióndesplazada a sus tierras.7. En cumplimiento de lo ordenado en el Auto 218/06, las diferentes entidadesque conforman el SNAIPD presentaron a la Corte un informe común el día 13de septiembre del año en curso, informando sobre los diversos avanceslogrados en sus respectivas áreas de la política de atención a la poblacióndesplazada. En dicho informe se reportan, entre otras, las actividadesrealizadas por Acción Social dentro de su órbita de competencia. El texto dedicho informe se adjunta al presente auto en el Anexo I, para los efectos a losque haya lugar.También se presentaron, junto con el informe común y en cumplimiento de loordenado por la Corte, informes separados sobre los temas de registro ycaracterización de la población desplazada, y sobre la atención que se habrindado a las víctimas de algunos desplazamientos forzosos recientesindicados por esta Corporación. El texto de dichos informes se adjunta alpresente auto, para los efectos a los que haya lugar, en los Anexos II y III,respectivamente.8. Atendiendo a la solicitud efectuada por la Corte en el Auto 266 de 2006, elseñor Procurador General de la Nación presentó un informe con la evaluaciónrealizada por la Procuraduría sobre los diversos documentos allegados a laCorte el 13 de septiembre de 2006. La conclusión general de esta evaluaciónfue la siguiente:“Como conclusión general, este Órgano de Control considera que las entidades que conforman elSistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia no hanadoptado las medidas necesarias para superar de manera acelerada y sostenida las falencias en laatención de la población desplazada, situación que llevó a la Corte Constitucional a declarar, ensu sentencia T-025 de 2004 la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con eldesplazamiento forzado, ni han dado pleno cumplimiento a las órdenes proferidas en los Autos 176,177 y 178 de 2005 y 218 de 2006” 4.
4En dicho informe, el señor Procurador indica que se han presentado, en ciertasáreas bajo la responsabilidad de Acción Social, situaciones de incumplimientode los deberes estatales hacia las personas y familias desplazadas por laviolencia, que ameritan la adopción de medidas correctivas urgentes. Las áreasen las que se presentan las dificultades más críticas son: (a) la provisión deayuda inmediata y ayuda humanitaria de emergencia; (b) la coordinacióngeneral del sistema de atención; (c) los procesos de retorno y reasentamiento;(d) los procesos de registro y caracterización de la población desplazada; y (e)la promoción del derecho a la participación de la población desplazada en laadopción de las decisiones que le conciernen.9. También presentaron sendas evaluaciones de cumplimiento la ContraloríaGeneral de la República, la Defensoría del Pueblo y la Comisión deSeguimiento a la Política Pública para el Desplazamiento, en las cuales hacenobservaciones igualmente pertinentes y serias sobre las cinco áreas enmención.9. En atención a la gravedad de la situación que se presenta en estas cincoáreas críticas, a continuación la Corte reseñará cuáles fueron las órdenesimpartidas a Acción Social en cada una de ellas, qué se reportó en el informecomún presentado el 13 de septiembre, y cuál fue la evaluación efectuadasobre el particular por la Procuraduría General de la Nación, la ContraloríaGeneral de la República y la Comisión de Seguimiento a la Política Públicapara el Desplazamiento.II. ORDENES IMPARTIDAS A ACCION SOCIAL EN MATERIA DEREGISTRO Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIONDESPLAZADA.1. Las ordenes impartidas en la Sentencia T-025/04 y en el Auto 178/05relativas al proceso de registro y caracterización de la poblacióndesplazada por la violencia.1.1. La causa del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025, como se indicó anteriormente, fue la discordancia entre la magnitud realdel problema del desplazamiento interno forzado en el país, y el volumen derecursos y actuaciones estatales orientadas a hacerle frente. En consecuencia,en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la referida sentencia T-025, seordenó comunicar tal estado de cosas inconstitucional al Consejo Nacionalpara la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para queéste verificara la magnitud de la discordancia, y diseñara e implementara unplan de acción para superarla. De esta manera, la primera actuación que se leordenó efectuar, en el literal a) (i) del ordinal segundo de la parte resolutiva deesta sentencia, fue la de “precisar la situación actual de la poblacióndesplazada inscrita en el Sistema Único de Registro, determinando su 5.
5número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa de la políticacorrespondiente”.1.2. En el Auto 178/05 la Corte efectuó una evaluación del cumplimiento de laorden recién transcrita. En el aparte 1.4. del Anexo a este auto, titulado“Evaluación del cumplimiento de la orden contenida en el literal a) (i) delordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004”, laCorte determinó, con base en los informes de cumplimiento y de seguimientoque le fueron presentados, que por una parte se habían efectuado algunoslogros en el proceso de caracterización, pero también persistían seriasdificultades. En cuanto a los logros, la Corte reconoció que “a diciembre de2004, la Red reportó haber caracterizado 879.271 personas lo que equivale aun 77.42% del total de personas inscritas en el Registro Único de PoblaciónDesplazada, el que fue acreditado en su momento ante la CorteConstitucional el 30 de septiembre de 2004. En la audiencia de informaciónla Red de Solidaridad Social señaló que a Septiembre 30 de 2004, se habíalogrado la caracterización del 77.8% de los hogares incluidosindividualmente, y a mayo 31 de 2005, el 88.7% de los hogares incluidosindividualmente”. Sin embargo, se enunciaron las siguientes falencias asuperar: “(i)la utilización de las organizaciones de población desplazada para el diligenciamiento de la encuesta; (ii) la falta de información sobre el objetivo de la caracterización, el tiempo requerido para citar a la población desplazada; (iii)la forma como se hizo la convocatoria para la realización de la caracterización; (iv) la falta de entrenamiento del personal que recepciona la encuesta, la falta de criterios claros para determinar si una persona era incluida o no en el Sistema Único de Registro, así como sobre la cesación de la condición de desplazado; (v) la necesidad de un procedimiento expedito que garantice la posibilidad de controvertir las decisiones de rechazo; (vi) la falta de inclusión de la población desplazada masivamente, o de información sobre los desplazamientos intraurbanos e interveredales y de las reubicaciones; (vii)la ausencia de mecanismos para superar los problemas de subregistro y deficiencias de la información de quienes se desplazaron antes del año 2000; (viii)la ausencia de indicadores de seguimiento y evaluación que tengan en cuenta el criterio de ‘goce efectivo de los derechos’; y (ix) otras dificultades operativas que afectaban la calidad y confiabilidad del proceso de caracterización.”1.3. La conclusión de la Sala Tercera de Revisión de la Corte fue que “lasmetas fijadas por la Red de Solidaridad social para culminar el proceso decaracterización no se cumplieron y aun subsisten varios problemasadministrativos, de coordinación, de difusión de información y decumplimiento de las metas fijadas, así como dificultades en losprocedimientos de recolección de información de la población desplazada, suconfiabilidad y el fin dado a la información obtenida, por lo que es precisocontinuar con dicho proceso y finalizarlo en un plazo corto, así como adoptarlos correctivos que sean necesarios para subsanar los problemas detectados”. 6.
61.4. Por lo tanto, se ordenó al Director de la Red de Solidaridad, hoy AcciónSocial, que dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha en quele fuera comunicado el Auto 178/05, diseñara, implementara y aplicaraprontamente “todos los procedimientos y correctivos que sean necesariospara superar las dificultades señaladas en el párrafo 1.4. de este Anexo, a finde que en el plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la comunicacióndel presente Auto, se haya culminado el proceso de caracterización de lapoblación desplazada por la violencia”. Para efectos de cumplir con estecometido, y en tanto particularización de las acciones generales que debíanadelantar todas las entidades del SNAIPD reseñadas en el numeral 4 de lasección precedente, la Corte señaló que el Director de la Red de Solidaridaddebía adelantar, entre otras, las siguientes actuaciones: • “Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para (i) culminar el proceso de caracterización, de tal manera que el Sistema Único de Registro provea la información necesaria para determinar con precisión la situación en que se encuentra la totalidad de la población desplazada, ya sea que se hayan desplazado de manera individual o masivamente, antes o después del año 2000; y (ii) para corregir las dificultades detectadas por las entidades y organizaciones que en el proceso de recolección de la información, resumidos en el párrafo 1.4. de este Anexo. • Adoptar e implementar indicadores de resultado para el proceso de caracterización y de corrección de los problemas detectados en el proceso de recolección de información, de coordinación a nivel territorial, de divulgación de información y de capacitación de funcionarios señalados en el párrafo 1.4. de este Anexo, de tal forma que se cuente con información adecuada para determinar los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. • Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional y entre el nivel nacional y las entidades territoriales, que aseguren una acción adecuada y oportuna de las distintas entidades que participan en el proceso de caracterización de la población desplazada. • Establecer mecanismos y procedimientos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención presentadas por la población desplazada, en relación con el proceso de caracterización, particularmente las relativas a la inscripción como persona víctima del desplazamiento, el rechazo a la inscripción o cesación de la condición de desplazado. • Diseñar e implementar mecanismos de divulgación periódica de información para la población desplazada sobre los procedimientos, las responsabilidades institucionales, y las metas institucionales frente al proceso de caracterización de la población desplazada, así como de los avances alcanzados, las dificultades enfrentadas y los correctivos adoptados para asegurar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, tanto a nivel nacional como territorial. • En el diseño de los anteriores instrumentos y correctivos, la Red de Solidaridad Social deberá garantizar la participación efectiva de las organizaciones de desplazados y podrá invitar a la Procuraduría General de la Nación y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, para que compartan su experiencia con los sistemas de seguimiento y de información sobre el fenómeno de desplazamiento”.1.5. Finalmente, la Corte ordenó a la Red de Solidaridad Social que enviarainformes bimensuales sobre el avance de este proceso a la CorteConstitucional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría delPueblo, a las organizaciones de derechos humanos y de desplazados queparticiparon en la audiencia de información del 29 de junio de 2005. Indicóque, en este sentido, “la Procuraduría General de la Nación como la 7.
7Defensoría del Pueblo, dentro de la órbita de sus competencias, informarán ala Corte Constitucional sus conclusiones sobre la forma como dicha entidad hadado cumplimiento a lo ordenado en el presente auto”.1.6. La orden relevante contenida en la parte resolutiva del Auto 178/05 fue lasiguiente:“Segundo.- ORDENAR al Director de la Red de Solidaridad Social que en un plazo de tres (3)meses, contados a partir de la comunicación del presente Auto, diseñe, implemente y apliqueprontamente todos los procedimientos y correctivos que sean necesarios para superar losproblemas señalados en el párrafo 1.4 del Anexo a este Auto, relativo a la ‘Evaluación delcumplimiento de la orden contenida en el literal a) (i) del ordinal segundo de la parte resolutiva dela sentencia T-025 de 2004’, a fin de que en el plazo máximo de un (1) año, contado a partir de lacomunicación del presente Auto, se haya culminado el proceso de caracterización de la poblacióndesplazada por la violencia. Para ello, el Director de la Red de Solidaridad Social deberáadelantar las 9 acciones descritas en el considerando 11 de este Auto”.2. Consideraciones del Auto 218 de 2006 sobre el tema de registro ycaracterización de la población desplazada.En el Auto 218/06, la Corte indicó que una de las áreas críticas de la políticade atención al desplazamiento interno es la del registro y caracterización de lapoblación desplazada, y efectuó las siguientes consideraciones sobre elparticular:“2.1. El problema del subregistro es una falencia que ya había sido indicada en los anteriorespronunciamientos de esta Corporación. Para la Corte es claro que existe una marcadadiscrepancia entre las dimensiones reales del fenómeno del desplazamiento interno y las cifrasincluidas sobre el mismo en el Registro Único de Población Desplazada, y que no se hasuministrado información adecuada para demostrar que se haya solucionado tal discrepancia. Laexistencia de sistemas no gubernamentales de registro de la población desplazada, cuyas cifrassobrepasan con mucho a las que se incluyen en el SUR, así como el reconocimiento en discursos ypresentaciones públicas de cifras cercanas a los 3 millones de desplazados por parte del Directorde Acción Social, indica, cuando menos, que el sistema oficial de registro subdimensionasignificativamente este grave problema nacional, problema que también ha sido señaladoenfáticamente por la Procuraduría General de la Nación y las organizaciones de poblacióndesplazada. Como consecuencia, la totalidad de la política pública para la atención deldesplazamiento interno se encuentra formulada sobre presupuestos que no corresponden a ladimensión real del problema que se pretende atender.Si bien Acción Social reportó, en sus primeros informes de cumplimiento, que se estabaimplementando un sistema de estimación de fuentes contrastadas para efectos de medir elsubregistro e implementar los correctivos procedentes, en los últimos informes de cumplimientorecibidos por la Corte se guarda silencio sobre el tema. En otras palabras, cerca de un año hatranscurrido desde que la Corte señalara, en las providencias adoptadas en agosto 29 de 2005, queel problema de subregistro debía ser resuelto, y aún no se ha probado que se hayan adoptado lasmedidas procedentes para solventar esta grave falencia de la política pública. En este ámbito, laresponsabilidad recae sobre Acción Social, que es la entidad gubernamental encargada delregistro de la población desplazada y de la demostración de la superación de los problemas en estecampo.La Corte entiende que el subregistro obedece, en muchos casos, a la falta de disposición de lapoblación desplazada a registrarse como tal en el sistema oficial de registro –por distintos motivos,incluyendo el temor, la reticencia frente a las autoridades y la ausencia de información sobre laexistencia de dicho sistema-. Sin embargo, ello no excusa la inacción de la entidad gubernamentalencargada de medir esta alarmante realidad nacional en los términos más precisos posibles. No esaceptable que una autoridad gubernamental como Acción Social se escude en razones como las que 8.
8se presentaron en contestación al informe de cumplimiento de la Procuraduría General de laNación para exonerarse de su deber de medir el desplazamiento interno en sus reales dimensiones(…). Al contrario, la Corte considera que una de las principales obligaciones de Acción Social envirtud del Decreto 250 de 2005 en relación con el registro de la población desplazada es la desolventar los problemas de (i) discrepancia entre los distintos sistemas oficiales y nogubernamentales de medición del desplazamiento, y (ii) falta de registro de la poblaciónefectivamente desplazada dentro del sistema oficial de medición. En la medida en que lasautoridades no tengan información completa y veraz sobre las dimensiones del problema quepretenden atacar, sus actuaciones estarán diseñadas y formuladas sobre la base de estimacioneserróneas y, por ende, no tendrán plena efectividad para contrarrestar la crisis humanitariagenerada por el desplazamiento.Adicionalmente, la Corte advierte que en los últimos seis meses ha habido un mayor número dequejas presentadas tanto informalmente ante esta Corporación como a través de acciones de tutelainstauradas en las distintas localidades donde se presenta el fenómeno del desplazamiento, enrelación con la existencia de mayores obstáculos y renuencia o negativa de los funcionariosencargados del registro a incluir dentro del sistema a casos recientes de desplazamiento forzado,dejando así excluidos del sistema de protección a individuos y familias que requieren atencióninmediata por sus condiciones de desprotección. También se ha informado a la Corte sobrereiteradas negativas a registrar segundos desplazamientos, desplazamientos intraveredales eintraurbanos, desplazamientos originados en operaciones de policía o militares en las que no se haincluido un componente humanitario ni un plan de contingencia humanitario, así como lassolicitudes de registro después del primer año de ocurrido el desplazamiento. Estas situaciones hanocurrido en relación con casos de desplazamiento que han sido públicamente conocidos, como hasucedido en los departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó, Putumayo y Caquetá, entreotros.En resumen, Acción Social todavía está en el deber de probar ante la Corte Constitucional que haadoptado las medidas necesarias para solventar los problemas en el campo del registro de lapoblación desplazada que se han señalado en este acápite, puesto que hasta la fecha los informespor ella presentados distan de ser adecuados para dicho propósito.2.2. En relación con el proceso de caracterización de la población desplazada que se encuentraincluida en el SUR, la Corte observa que los informes de cumplimiento a ella presentados sonindicativos de un significativo atraso en el cumplimiento de las obligaciones de Acción Social eneste campo.El contenido de la orden impartida en el Auto 178 de 2005 en relación con el proceso decaracterización fue claro y se expresó en términos inequívocos: se pretendía que en el términoperentorio de tres meses, el Director de la Red de Solidaridad Social –hoy Acción Social- hubieseadoptado las medidas requeridas para que el proceso de caracterización se hubiese culminadoefectivamente en el lapso de un año, es decir, para septiembre de 2006. En efecto, dichofuncionario debía, en un plazo de tres meses, diseñar, implementar y aplicar prontamente losprocedimientos y correctivos requeridos para superar los distintos problemas indicados, con igualclaridad, en el mismo Auto 178/05, “a fin de que en el plazo máximo de un (1) año, contado apartir de la comunicación del presente Auto, se haya culminado el proceso de caracterización de lapoblación desplazada por la violencia”. La Corte se preguntará, pues, si (i) efectivamente sedemostró que, dentro del término de tres meses (es decir, hasta el 13 de diciembre de 2005) AcciónSocial no solo diseñó, sino que implementó prontamente los procedimientos y correctivosnecesarios para la resolución de los problemas indicados en el Auto 178/05, y (ii) si tal y como sehan desarrollado hasta la fecha las actividades de Acción Social en relación con el proceso decaracterización de la población desplazada, es probable o factible que para septiembre de 2006dicho proceso se haya culminado.De entrada se observa que Acción Social no demostró haber cumplido la orden que le fueimpartida en el Auto 178 de 2005, en el cual se estableció que dentro del término de tres meses –esdecir, hasta el 13 de diciembre de 2005- debía adoptar las medidas necesarias para que, a mástardar un año después, el proceso de caracterización de la población desplazada se hubieracompletado. Pues bien, fue hasta el primer semestre de 2006 que Acción Social informó sobre laadopción de un Plan Nacional de Caracterización que, hasta la fecha, se encuentra en sus primeras 9.
9fases de aplicación y presenta, como lo reconoce la misma Acción Social, un retraso importante ensu implementación. En este orden de ideas, resulta claro que para el momento en el cual se venza eltérmino de un año conferido por la Corte –el 13 de septiembre de 2006-, el proceso decaracterización de la población desplazada no habrá finalizado.Lo que es más significativo es que el Plan Nacional de Caracterización no prevé los instrumentosnecesarios para que, una vez finalizado dicho proceso de caracterización, se focalice la políticapública de atención a la población desplazada de conformidad con los resultados que arroje suaplicación. Es decir, parecería que el proceso de caracterización ha sido visualizado por AcciónSocial como un fin en sí mismo, y no como un medio para adaptar la política pública de atención ala población desplazada a las realidades que se hayan observado durante tal caracterización”.En consonancia con las anteriores observaciones, para efectos de medir elcumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y en el Auto 178de 2005 en relación con el proceso de registro y caracterización de lapoblación desplazada, se ordenó al Director de Acción Social que, a mástardar el día 13 de septiembre de 2006, remitiera a la Corte un informeespecífico que permitiera apreciar cómo se ha mejorado la información queconsta en el sistema de registro y cuáles avances se han presentado en suoperación. Como parte de este informe, el Director de Acción Social había deenviar una serie de indicadores relacionados específicamente con el procesode registro y caracterización de la población desplazada, que permitieranmedir su evolución y los avances que se han presentado en su desarrollo desdela adopción del Auto 178 de 2005.3. Informes presentados el 13 de septiembre de 2006 por Acción SocialEl informe común presentado el 13 de septiembre de 2006 por las entidadesdel SNAIPD se adjunta a la presente providencia como Anexo I.El informe específico presentado en la misma fecha por Acción Social enrelación con el proceso de registro y caracterización de la poblacióndesplazada se adjunta a la presente providencia como Anexo II.4. Informe presentado por el Procurador General de la NaciónEn relación con el tema de registro y caracterización de la poblacióndesplazada por la violencia, la conclusión general del Procurador General dela Nación en el sexto informe de cumplimiento presentado a la Corte, fue lasiguiente: “Acción Social no ha dado cumplimiento a la orden de la CorteConstitucional en relación con el deber de culminar el proceso decaracterización, especialmente porque: (i) no se han definido metas puntualesa corto, mediano y largo plazo para culminar el proceso y para corregir lasdificultades detectadas y; (ii) no se han adoptado e implementado indicadoresde resultado que permitan determinar los avances, estancamientos oretrocesos en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada”.Como sustento de esta conclusión, el señor Procurador General presentó a laCorte las siguientes observaciones en su informe de evaluación: 10.
10 “En el Auto 178 de agosto 29 de 2005, la Corte constató que el estado de cosas inconstitucional persistía y que sus órdenes en materia de registro y caracterización no se habían cumplido. Fijó un plazo perentorio de tres meses para aplicar los correctivos necesarios, de tal forma que en un año – a vencerse el 13 de septiembre de 2006 – se hubiese culminado el proceso de caracterización de la población desplazada. Para ello, Acción Social debía emprender por lo menos las siguientes acciones con la participación de las organizaciones de población desplazada: (i) Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para culminar el proceso de caracterización y corregir las dificultades detectadas1 en el Auto; (ii) Adoptar indicadores de resultado para determinar los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada; (iii) Adoptar mecanismos de coordinación que aseguraran una adecuada y oportuna acción de las entidades partícipes del proceso de caracterización; (iv) Establecer mecanismos de respuesta ágil a las solicitudes de atención, en particular las referidas a inscripción o rechazo en el RUP y a la cesación de la condición de desplazado; (v) Diseñar e implementar mecanismos de divulgación periódica sobre los procedimientos, responsabilidades institucionales y metas frente al proceso de caracterización, así como de los avances, dificultades y correctivos adoptados para asegurar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Al respecto, la Procuraduría señaló2 como factores determinantes que inciden en el proceso de registro y el incremento del subregistro, entre otros: (i) la negativa a incluir a las personas que declararon un año después del hecho del desplazamiento; (ii) la existencia de un alto índice de declarantes rechazados del Registro Único de Población Desplazada; (iii) la omisión de la notificación del rechazo al declarante; (iv) el alto número de personas que por desconfianza en las Autoridades o por la persistencia de las amenazas no presentan declaración ante el Ministerio Público; (v) la negativa a incluir personas desplazadas que han retornado en un período corto de tiempo y; (vi) el rechazo de desplazamientos intraurbanos, intraveredales y dentro de los territorios colectivos en el caso de los grupos étnicos. Por las anteriores razones, en su oportunidad la Procuraduría concluyó que “la contabilidad gubernamental sobre número de personas desplazadas presenta un grave desfase con la verdadera magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado y que, más que por fallas técnicas, se debe principalmente a una ausencia de voluntad política3”. Un mes antes de vencerse el plazo máximo de un año otorgado por la Corte para culminar el proceso de registro y caracterización, ese Tribunal, en su Auto 218 de 2006, se refirió así al cumplimiento de esa orden: “Acción Social no demostró haber cumplido la orden que le fue impartida en el Auto 178 de 2005 (…). Resulta claro que para el momento en el cual se venza el término de un año conferido por la Corte –el 13 de septiembre de 2006–, el proceso de caracterización de la población desplazada no habrá finalizado4”. Aunque la Corte Constitucional constató que la orden de culminar el proceso de registro y caracterización ya fue incumplida, a continuación la Procuraduría presenta el análisis del informe de Acción Social sobre este punto, el cual fue contrastado con mediciones hechas por este órgano de control, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de las órdenes ya citadas que fueron emitidas en la sentencia T-025-04 y en el Auto 178 de 2005.Proceso de registro de la población desplazada En relación con este punto, la Corte Constitucional estableció que Acción Social debía solventar los problemas de (i) discrepancia entre los sistemas de medición del fenómeno del desplazamiento gubernamentales y no gubernamentales y (ii) la falta de registro de la población efectivamente desplazada dentro del sistema oficial de medición. En el Auto 218 de 2006 la Corte Constitucional no solo concluyó que Acción Social no había dado cumplimiento a las órdenes proferidas en materia de subregistro, sino que los problemas del1 Se refiere a las contenidas en el punto 1.4. del anexo del Auto 178 de 2005.2 En el informe de gestión del año 2005 de la Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzadode la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y AsuntosÉtnicos y en el quinto informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025-04 y de losAutos 176, 177 y 178 de 2005.3 Quinto informe de seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025-04 y de los Autos 176, 177y 178 de 2005.4 Auto 218 de 2006, considerando 2.2. 11.
11 Registro Único de Población Desplazada persistían, especialmente en aquellos casos relacionados con “segundos desplazamientos, desplazamientos intraveredales e intraurbanos, desplazamientos originados en operaciones de policía o militares en las que no se ha incluido un componente humanitario ni un plan de contingencia humanitario, así como las solicitudes de registro después del primer año de ocurrido el desplazamiento5”. En respuesta a los Autos 178 de 2005 y 218 de 2006, Acción Social remitió un informe en que detalla el trámite que ha debido surtir esa entidad para superar las falencias del proceso de registro, en relación con el estado en el que fue entregado por parte del Ministerio del Interior en el año 1999. Aunque la PGN comprende que el traspaso de la información de una entidad a otra fue bastante complicado por el estado en el que se encontraba el Registro, también considera que pasados siete años desde esa nueva asignación de competencias ya se debían haber superado los obstáculos enunciados en los Autos 178 de 2005 y 218 de 2006 y en el documento Conpes 3400 de 2005 y que la población desplazada no puede ser doblemente victimizada por el retraso e inoperancia de las entidades del Estado.a. Avances en el proceso de registro reportados por Acción Social: Acción Social reporta un avance en la identificación e inclusión de personas desplazadas del 58%, haciendo una comparación entre lo registrado en el año 2002 y en el año 2006, así: HOGARES PERSONAS INCLUIDOS INCLUIDAS AGOSTO 174.155 781.516 2002 AGOSTO 413.533 1.841.644 2006 Este órgano de control considera que esa comparación en las cifras es a todas luces inviable, en la medida en que no considera la fluctuación real del fenómeno del desplazamiento. No es posible señalar un avance del 58% en el 2006 en comparación con el 2002, porque no toma en cuenta la variación en el número de personas desplazadas en los años intermedios.b. Diferencias entre las cifras oficiales y no gubernamentales Según Acción Social6, a la fecha 1’852.530 personas han sido desplazadas por las causas señaladas en el artículo 1 de la ley 387 de 1997. CODHES señala7 que en los últimos veinte años (1 de enero de 1985 a 30 de junio de 2006) han sido desplazadas 3’832.527 personas por causa del conflicto o graves violaciones a los derechos humanos. La discrepancia entre uno y otro sistema de registro es significativa, esto es, de 1’979.997 personas. En relación con esas notorias diferencias, Acción Social conceptúa que dado que las metodologías usadas en uno y otro no son las mismas, no son comparables y que con el transcurso del tiempo el Registro oficial ha sido ampliado “evidenciando las bondades de la herramienta en sí misma, sin necesidad de recurrir a comparaciones con otros sistemas de información”. Este órgano de control considera que no es posible descartar de plano que los registros no oficiales de información sobre población desplazada puedan aportar información valiosa que permita reducir al máximo el subregistro. Sólo podría descartarse la utilidad de los sistemas no oficiales de información luego de un estudiar rigurosamente los mismos. Por otra parte, la PGN ha podido constatar que el subregistro sigue siendo de enormes proporciones. A continuación, presentamos los resultados de la aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación8 a las unidades territoriales de Acción Social, en el componente de valoración de las declaraciones para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de5 Auto 218 de 2006, considerando 2.1.6 http://www.accionsocial.gov.co/SUR/Agosto/Registro_SUR_08092006_web_gral.xls, consultadael 9 de octubre de 2006.7 Boletín de Codhes No. 69 del 12 de septiembre de 2006, publicado en la página de internethttp://www.codhes.org/Info/BOLETIN69DEFINITIVO.pdf, consultada el 9 de octubre de 2006.8 Este Modelo de Seguimiento es una herramienta técnica diseñada por la Procuraduría General dela Nación para efectuar las labores de control y seguimiento en relación con el cumplimiento de losmandatos legales en la atención a la población desplazada. 12.
12 20069 a Arauca, Barranquilla, Bogotá D.C., Cartagena, Manizales, Montería, Riohacha, Sincelejo, Ibagué y Cali) y dieciocho departamentos (Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda y Vichada). De acuerdo con los reportes de esas Unidades, Ibagué registró un porcentaje del 63.98% de no inclusiones en el SUR sobre el total de hogares declarantes, seguida de las ciudades de Arauca 51.07%; Sincelejo 50.82%; Bogotá D.C. 33.30%; Cali 32.93%; Manizales 31.49%; Barranquilla 30.32%; Cartagena 28.75%; Montería 28.15%; Riohacha 23.88% y Medellín 42%. Porcentaje por ciudades de hogares incluidos y no incluidos durante los primeros cinco meses del año 2006. Cali Ibagué Sincelejo Riohacha M ont ería M anizales Cartagena Bogotá Bquilla Arauca 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %Hogares Incluidos %Personas Incluidas %Hogares No incluidos %Personas No Incluidas Fuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN. Sobre la notificación a los no incluidos, las Unidades Territoriales de Bogotá D.C. (78.08%) y Sincelejo (43.35%), señalaron que no habían notificado a la totalidad de los no incluidos porque algunos de ellos aún se encontraban en proceso de notificación. En estas ciudades, de los 2.642 hogares notificados como no incluidos, presentaron recurso de reposición 634, es decir el 23.99%. De estos últimos, se confirmó la decisión de no inclusión en 265 casos (41.79%) y se revocó en 369 casos (58.20%). Número de Recursos de Reposición presentados sobre la decisión de no inclusión y Resoluciones Confirmatorios y Revocatorias durante los primeros cinco meses del año 2006 – Ciudades. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Arauca Bquilla Bogotá Cartagena Manizales Montería Riohacha Sincelejo Ibagué Cali No. Recursos de Reposición No. Resolución Confirmatoria No. Resolución Revocatoria Fuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN. En el caso de los 18 departamentos, para el mismo período (1 de enero a 31 de mayo de 2006), la Procuraduría encontró que 10.247 (62.10%) hogares conformados por 39.032 personas, fueron incluidos en el Registro Único de Población Desplazada, mientras que 6.253 (37.89%) hogares compuestos por 20.944 personas no lo fueron. El porcentaje de no incluidos fue el siguiente: Chocó (54.30%), Nariño (53.68%), Meta (51.79%), Quindío (50.31%), Antioquia (39%), Norte de9 Con excepción de la ciudad de Cali – Valle del Cauca donde su reporte corresponde al primertrimestre del año 2006. 13.
13Santander (37%), Huila (34%), Risaralda (31. 75%), Santander (26.80%), Caquetá (26.63%), Cesar(25.88%), Putumayo (23.47%), Boyacá (23.04%), Guainía (21.91%), Guaviare (16.77%), Vichada(10. 60%), Amazonas (10%) y Vaupés (0%)Porcentaje por departamentos de hogares incluidos y no incluidos durante los primeros cinco mesesdel año 2006. Vaupes Risaralda Putumayo Nariño Huila Guainía Cesar Boyacá Amazonas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Hogares Incluidos % Personas Incluidas % Hogares No incluidos % Personas No IncluidasFuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN.De los hogares no incluidos (6.253), se notificó debidamente a 5.613 (89.76%). De maneraparticular, las Unidades Territoriales de Chocó, Nariño y Norte de Santander, solo habíannotificado al momento de la evaluación de la Procuraduría, al 64.63%, 65.41% y 39.65%,respectivamente. Del total de no incluidos notificados (5.673), Acción Social reportó que 1.441hogares presentaron recurso de reposición (25.67%). De ellos, se confirmó la decisión de noinclusión en 823 y se revocó en 688. Esto significa que cerca del 45% de los hogares quepresentaron recurso de reposición, debieron ser incluidos.Número de Recursos de Reposición presentados sobre la decisión de no inclusión y ResolucionesConfirmatorios y Revocatorios durante los primeros cinco meses del año 2006 – Departamentos. 14.
14 350 300 250 200 150 100 50 0 e a A n as C cá tá ua a la o ío ar tu r có de o nt a es Va r a Bo a Pu d e de et ar í iñ ay ad d i ui qu ue in nd es ya on ho up al ar M vi S an H ua m ch ar tio ui aq C az C N G Q Vi is Am G Sa R te or N No. Recursos de Reposición No. Resolución Confirmatoria No. Resolución Revocatoria Fuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN. Sobre las decisiones de no inclusión en el registro, en Bogotá se presentaron, en el período estudiado, 66 acciones judiciales, mientras que en Caquetá 10, en Cesar 1, en Chocó 1, en Huila 9, en Quindío 1 y en Risaralda 3. Las demás Unidades Territoriales reportaron no tener actuaciones judiciales por este concepto. Número de Actuaciones Judiciales contra la entidad reportados por las Unidades Territoriales de Acción Social durante los primeros cinco meses del año 2006. No. de Actuaciones Judiales 1 1 3 9 1 10 66 Bogotá D.C. Caquetá Cesar Chocó Huila Quindío Risaralda Fuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos y graficación de la PGN. Las anteriores cifras son consistentes con anteriores mediciones de la Procuraduría General que daban cuenta de esta situación durante los dos últimos años, tal como se muestra a continuación. Comparativo entre los años 2004, 2005 y 200610 según información reportada por las Unidades Territoriales de Acción Social.10 Del año 2006, la información corresponde a los primeros cinco meses del año y proveniente de10 ciudades y 17 departamentos. 15.
15 Hogares Hogares No Notificación/ Recursos / Año Incluid Confirmados R Incluid No Incluidos Notificados os os 2004 73.39% 26.60% 94.11% 29.3% 48.5% 5 2005 74.02% 25.97% 92.37% 29.3% 52.41% 4 2006 63.13% 36.86% 87.22% 24.26% 50.69% 4 Fuente Unidades Territoriales de Acción Social. Cálculos de la PGN. Sin dejar de tener en cuenta que en este ejercicio a través del Modelo de Evaluación y Seguimiento se seleccionaron para el año 2006 diez ciudades y diecisiete departamentos, recogiendo información de los primeros cinco meses del año, y que, como lo ha sostenido Acción Social en diferentes escenarios, el registro tiene la característica de ser dinámico, es notorio cómo el porcentaje de los hogares incluidos ha disminuido a la vez que los hogares valorados negativamente (no incluidos) se incrementó de manera sensible. Así mismo, aumenta el número de desplazados que siendo no incluidos, no fueron notificados de esa decisión, a la vez que disminuye el porcentaje de población que puede interponer los recursos sobre la decisión de no inclusión porque ha sido notificada de esa decisión. También es notorio, como ya se señaló, que los resultados de los recursos presentados conllevan a que la mitad de los hogares terminan siendo incluidos en el Registro. La aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación para el período de 1º de enero a 31 de diciembre de 2006, arrojó como causas más frecuentes de rechazo de declarantes:- Si el desplazado declara luego de un año de ocurridos los hechos, no lo incluyen alegando extemporaneidad, contradiciendo la normativa que ordena que en estos casos el desplazado pierde el derecho a la ayuda inmediata pero no a los proyectos de estabilización socioeconómica, para lo cual necesitarían ser incluidos en el registro.- En general no otorgan las prórrogas de atención humanitaria de emergencia para discapacitados y los demás que ordena la ley, aduciendo que no tienen personal para hacer las visitas domiciliarias que deben practicar en estos casos.- En Medellín han negado la inclusión de los desplazados intraurbanos que declaran ser desplazados por los Triana, porque los consideran delincuencia común, siendo que en la ciudad es de notoriedad pública que ese grupo se hizo brazo armado de grupos de Autodefensa, aunque su origen, hace años, fue de delincuentes comunes.- Porque en las declaraciones no se establecen circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con los actores armados que generaron el desplazamiento, lo que desconoce que la obligación de esclarecer estas circunstancias, así como la Autoría de las violaciones a los derechos humanos, corresponde al Estado y no a las víctimas.- Porque el desplazado dice haber sido desplazado por incumplimiento en el pago del pagadiario, que es de notorio conocimiento que es un sistema de préstamo manejado por los paramilitares y la garantía es la vida del deudor.- Porque el desplazado no pudo identificar al grupo armado que lo desplazó.- Porque el desplazado no estableció los motivos ideológicos y políticos respecto de las amenazas.- Si el ciudadano declara haber sido desplazado por desmovilizados de los grupos paramilitares, su inscripción en el registro es negada, bajo el argumento de que ello ahora corresponde a la acción de la delincuencia común por causa de la desmovilización del grupo.- Porque declara haber sido desplazado por grupos de paramilitares, argumentando “falta a la verdad”, porque estos grupos oficialmente dejaron de existir como consecuencia del proceso de negociación con el gobierno nacional. Sobre este punto, hay un concepto de la oficina jurídica de Acción Social dirigido a la unidad territorial de Antioquia. De otra parte, es importante resaltar – como lo hace la Corte Constitucional en su Auto 218 de 2006 – que persiste la negativa a incluir población desplazada en el Registro por haber declarado después de un año de ocurrido el hecho del desplazamiento, contrariando la normativa. Esto se evidencia en dos afirmaciones del informe común de cumplimiento y del informe presupuestal: En el 16.
16 documento “Resumen Ejecutivo”11, al informar sobre las nuevas personas desplazadas incluidas en el Registro, se anota que “Esta cifra puede cambiar toda vez que las personas tienen 12 meses para acudir a registrarse en el RUPD”; en el mismo sentido, el gobierno nacional en el informe presupuestal señala que “es importante anotar que las determinaciones del total de la población desplazada en un año tiene variaciones a lo largo del tiempo, pues la población desplazada tiene la posibilidad de registrarse hasta un año después de sucedido el evento”12. Se demuestra así que en el último año – tal como lo evidenció la Corte Constitucional – se han incrementado los obstáculos por parte de Acción Social para la inclusión en el Registro Único de Población Desplazada. Lo anterior nos lleva a concluir que independientemente de que las bases conceptuales entre los registros oficiales y no oficiales puedan diferir, hay un número significativo de población desplazada que no está siendo incluida en el Registro.c. Sobre el deber de registrar a la población desplazada con anterioridad a la expedición de la ley 387 de 1997 La Procuraduría General de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el deber de Acción Social de incluir en el Registro Único a aquellas personas que fueron desplazadas con anterioridad a la expedición de la ley 387 de 1997, entre otras razones, porque ellas, al igual que las desplazadas con posterioridad, son también víctimas y, en consecuencia, tienen derecho a acceder a la misma oferta del Estado para reparar el daño ocasionado por la falta de protección y debida garantía de sus derechos fundamentales. Por su parte, Acción Social ha considerado – y reitera esta posición en el informe común – que no le asiste obligación legal de registrar los desplazamientos forzados anteriores a la ley 387 de 1997, en tanto que el marco legal vigente para esa época no le imponía tal deber. No obstante, informa que “ha venido de manera sistemática realizando acciones encaminadas a reconocer la condición de desplazados a aquellos que la evidencia así lo demuestra, para lo cual reitera su disposición permanente para acopiar y registrar dicha información”. Al respecto, la Procuraduría insiste en que Acción Social tiene la obligación legal de registrar a la población desplazada antes de la ley 387 de 1997, entre otras razones, (i) porque el artículo 4 del decreto 2569 de 2000 creó el Registro Único de Población Desplazada para “la inscripción de la declaración a que se refiere el artículo 2 del presente decreto”, esto es, de las personas que ostentasen la condición de desplazadas, sin delimitar dicha obligación con la población desplazada con posterioridad al año 1997; (ii) la voluntad del legislador era la de registrar a toda la población desplazada, puesto que, de otra forma no se entiende que se permita la inscripción en el Registro a aquellas personas que declaran con posterioridad a un año del hecho del desplazamiento. Iii) como ha señalado la Corte Constitucional, un derecho fundamental no puede estar sujeto, para su realización, a un trámite administrativo (en este caso, la inscripción en el RUPD). Al desplazado se le violan de manera masiva y sistemática todos sus derechos fundamentales y el desplazamiento es fáctico, no declarativo. Además, en tratándose de derechos humanos, la interpretación debe ser la más garantista, la menos restrictiva. De otra parte, la Procuraduría considera que la inclusión de los desplazados antes de 1997 no pude depender de la disposición de Acción Social para registrarlos, pues no es un gesto de buena voluntad de ese ente, sino un derecho de la población a ser incluida en el Registro para acceder a la oferta del Estado.d. Estrategias diseñadas para superar el subregistro Acción Social informa que la superación del subregistro es “una de las preocupaciones que con mayor responsabilidad ha abordado Acción Social”, desde una perspectiva geográfica y temporal. Indica que éste, provocado por el rezago en la inclusión en RUPD13, ha disminuido en los últimos años y que lo ha afrontado con otras estrategias, entre ellas: (i) la difusión de la carta de derechos, (ii) el incremento de las Unidades de Atención y Orientación, (iii) la celebración de un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, para implementar un sistema de información11 Página 2, anotaciones de la Gráfica No. 112 Página 2, pie de página 1.13 Reporta un crecimiento para el 2002 del 21.96% del Registro Único y del 28.15% en el númerode personas. Asimismo, para el 2004 indica un crecimiento del Registro Único del 15.17%equivalente al aumento del 17.89% de personas. 17.
17 para ser operado en algunas Unidades de Atención y Orientación, (iv) el desarrollo de un nuevo sistema de estimación del desplazamiento que se encuentra en trámite ante el Banco Mundial y (v) la participación en el censo general del 2005, cuyos resultados se encuentran pendientes de remitir por parte del DANE. Sobre las medidas señaladas, la Procuraduría considera que son importantes para la superación del problema del subregistro, pero que sólo se tendrán como cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la medida en que a través de ellas se reduzca efectivamente el subregistro y, por tanto, no pueden ser consideradas aisladamente.1. Proceso de caracterización de la población desplazada Acción Social pese a reconocer que debió rediseñar el Plan Nacional de Caracterización para superar las falencias señaladas en el Auto 178 de 2005, reitera que el proceso de caracterización efectuado el año 2000 ha “permitido precisar las políticas, estrategias y estándares de los programas y ayudas dirigidas a dicha población14”.a. Líneas de caracterización Acción Social aclara que dentro de las correcciones al Plan Nacional de Caracterización se incluyeron cinco líneas operativas, de las cuales tres corresponden a recolección de información. A continuación se evalúan los avances presentados en esas tres líneas expuestas por Acción Social. i. Caracterización directa por Acción Social: Reporta un avance del 12% frente al año 2002, así: Total % hogares Hogares Período caracterizaci caracterizado incluidos ón s 01-09-2002 252.869 92.025 36.4% 07-08-2006 413.533 184.780 44.68% Tal como se consideró con el proceso de registro, la Procuraduría considera que no es viable realizar un análisis del proceso de caracterización sin tener en cuenta el factor de incremento del número de desplazados. Las cifras de Acción Social no tienen en cuenta el incremento del desplazamiento desde el año 2002. Aunque es evidente que ha habido avances en el proceso de caracterización, no es posible determinar si han sido sostenidos en el tiempo, puesto que no se sabe cuánto de ese 44.68% corresponde al rezago hasta el año 2002 y cuánto a nuevos desplazamientos. Encuentra este órgano de control que la información aportada por Acción Social es inconsistente, teniendo en cuenta que el cuerpo del informe presenta un porcentaje de hogares caracterizados del 44.68% para el 2006, mientras que el anexo No. 3 denominado “Avances cuantitativos y cualitativos”, informa que el total de hogares caracterizados es de 340.332, correspondiente al 82% del total. Ante estas inconsistencias, no es posible determinar el grado de cumplimiento de esta orden y, en consecuencia, este órgano de control no se pronunciará. (i) Caracterización por parte de las entidades del SNAIPD: El proceso de caracterización por esta línea es liderado por Acción Social en las reuniones mensuales del Comité Técnico de Sistemas de Información de entidades del SNAIPD. En ellas Acción Social ha entregado la base de datos de población desplazada a cada una de las entidades del SNAIPD, estableciendo acuerdos de confidencialidad, procedimientos y mecanismos para el intercambio, complementación y actualización de la información sobre población desplazada. Acción Social reporta además otras actividades en etapa de revisión por ella: definición de usuarios en el RUPD, consulta en línea y revisión y ajustes de los reportes generados por el RUPD. Como resultados del proceso de caracterización por esta línea, indica que la ha complementado con información del Ministerio de Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Incoder, Banagrario, Fonvivienda y de la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, en representación del Ministerio de Defensa.14 Informe sobre el proceso de registro y caracterización, punto No. 2. 18.
18 Aunque esas gestiones son importantes, la PGN considera que el proceso de aplicación de esta línea se encuentra bastante retrasado, teniendo en cuenta los plazos concedidos por la Corte Constitucional. Adicionalmente, considera que constituye una falla muy grave el que aún estén en proceso de revisión y ajustes esos mecanismos, sin sugerir siquiera un plan de aplicación con indicadores claros y transparentes, que permita a los órganos del control del Estado, a la Corte Constitucional y a la ciudadanía en general, hacer seguimiento al cumplimiento del deber de caracterizar de manera adecuada a la población desplazada. (ii) Caracterización por fuentes alternas: Esta se refiere a la obtención de información que no se encuentra en los sistemas de información de las entidades del SNAIPD, en particular con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, la Secretaría de Gobierno Distrital y el SISBEN. Como resultados generales del proceso de caracterización por fuentes alternas, señalan un avance del 37.6%, puesto que fueron caracterizados 155.552 hogares, en relación con el total de los incluidos en el RUPD correspondiente a 413.533. El proceso de caracterización con el DANE aprovecha información obtenida en el Censo General 2005. Dado que esos resultados aún no han sido entregados por esa institución, el proceso de caracterización por esa vía no se ha podido surtir. Con la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá han intercambiado información en cuatro localidades con mayor índice de recepción de población desplazada. Acción Social no especifica si ese proceso ya concluyó o está en trámite, ni qué resultados arrojó. Tampoco informa si la caracterización en estas cuatro localidades ha repercutido en la transformación de la política pública distrital.b. Avances en el proceso de caracterización Acción Social dedica buena parte de su informe sobre avances en el proceso de registro y caracterización a enunciar las bondades de éste, porque le ha permitido la focalización de los grupos poblacionales más vulnerables, diseñando estrategias especiales hacia los más representativos entre ellos (niños y ancianos), así como el aumento y consolidación de la información sobre salud. La PGN considera que esa información se deriva directamente del proceso de caracterización, pero no está demostrando avances que puedan cuantificarse ni indicadores que permitan su medición, de tal forma que esta información no conduce a evaluar el grado de cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte en este aspecto. El informe que se estudia no señala qué decisiones se han tomado con base en el proceso de caracterización, ni de qué manera se ha focalizado y priorizado la atención para el diseño y ajuste de las políticas públicas. Esto significa que no se puede hacer una valoración certera sobre los resultados arrojados del proceso de caracterización. La PGN no conoce qué políticas han variado con base en los resultados de este proceso, más, si éste no ha concluido. Acción Social reconoce que el proceso de caracterización no ha concluido, porque “aún existen hogares que no actualizan su información en el Registro Único de Población Desplazada, permitiendo concluir que persisten factores externos, como miedo y el deseo de anonimato, que dificultan el cumplimiento de la meta de caracterizar a la totalidad de la población”. Aunque la Procuraduría comparte la existencia de factores como los señalados y otros no mencionados como la desconfianza en el Estado, considera que Acción Social no puede escudarse en la negativa de la población desplazada a suministrar todos los datos requeridos, para sustraerse a su obligación de caracterizar al máximo posible la población desplazada. Para este órgano de control no aparece claro que se haya hecho el máximo esfuerzo para superar esa situación. Lo anterior permite a la Procuraduría concluir que Acción Social se niega a reconocer que persisten problemas internos de su entidad que han dificultado dar cumplimiento a la orden proferida por la Corte Constitucional y que está transfiriendo su responsabilidad a las víctimas del desplazamiento forzado y a las personerías municipales, lo cual es inadmisible.c. Plan establecido para concluir el proceso de caracterización Acción Social informa que ha adelantado acuerdos con la Registraduría Nacional del Estado Civil, para obtener información sobre personas fallecidas, registros civiles y personas radicadas en otros países. Asimismo, señala que el Censo General del 2005 permitirá estimar el subregistro y “servirá 19.
19 como insumo para el cálculo de las proyecciones de población, incluyendo el efecto del desplazamiento, como elemento básico para la asignación de las transferencias a los entes territoriales”. La Procuraduría considera que las líneas de caracterización mencionadas y las estrategias expuestas son importantes para avanzar en el proceso de caracterización, pero que ante la ausencia de un plan escalonado de acción para ese fin, no es posible realizar un adecuado seguimiento al cumplimiento de este cometido y, en consecuencia, deberá tenerse por no cumplida la orden en este aspecto. De manera general, este órgano considera que Acción Social no ha dado cumplimiento a la orden proferida por la Corte Constitucional en relación con el deber de culminar el proceso de caracterización, especialmente porque: (i) no se han definido metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para culminar el proceso y para corregir las dificultades detectadas en el Auto y; (ii) no se han adoptado e implementado indicadores de resultado que permitan determinar los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. La Procuraduría General de la Nación concluye que el informe presentado por Acción Social no contiene información completa, clara y verificable con la cual se pueda dar por cumplidas las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en relación con el proceso de registro y caracterización de la población desplazada. El informe no indica ni da cuenta de las metas puntuales a corto, mediano y largo plazo adaptadas para culminar los procesos de registro y caracterización y para corregir las dificultades detectadas en el Auto 178 de 2005, así como tampoco suministra información sobre los indicadores de resultado que permitirán evaluar los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Finalmente, tampoco se demostró que la población desplazada hubiera participado en el proceso de adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte. Por las anteriores consideraciones, la Procuraduría concluye que Acción Social no ha dado cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en materia de registro y caracterización.5. Observaciones de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública parael desplazamientoEn el informe presentado el 27 de octubre de 2006 a la Corte en respuesta alInforme Conjunto del Gobierno Nacional presentado el 13 de septiembre, sehicieron las siguientes consideraciones sobre el tema de registro ycaracterización de la población desplazada:“La honorable Corte Constitucional ha señalado la estrecha relación que existe entre los procesos deregistro y caracterización de la población desplazada y las premisas básicas de las respuestasinstitucionales, desde una perspectiva de derechos.Las falencias en estos dos niveles conducen a situaciones de subregistro que afectan a poblacionesdesplazadas de carácter intraurbano, intraveredal, procedentes de zonas de fumigación masiva de cultivos deuso ilícito y casos de dobles o múltiples desplazamientos que son los más frecuentes. De igual modo, llevan aldesconocimiento de las necesidades diferenciales de las personas desplazadas en términos de su condiciónétnica, etárea, de género o por discapacidad.En relación con la dimensión cualitativa del desplazamiento, cada vez son mayores las evidencias losestudios (sic) que demuestran el problema del subregistro. Una valoración general de las cifras dedesplazamiento muestra esta situación. AÑO SUR15 CODHES1985 270001986 360001987 5900015 Con Datos a 30 de septiembre de 2006, consultados el 26 de octubre enwww.accionsocial.gov.co/SUR/Registro_SUR_General.xls#Acumulado_Años_receptores!A1 20.
201988 1050001989 1190001990 770001991 1100001992 640001993 450001994 780001995 251 890001996 2582 1810001997 15273 2570001998 35775 3080001999 31635 2880002000 331982 3173752001 375758 3419252002 424927 4125532003 221413 2076072004 162936 2875812005 169111 3103872006 89488 112099Total 1874917 3832527Total 2000-2006 1775615 1989527Porcentaje respecto del total 95% 52%Total Agosto 2002-Agosto 2006 855412 1123951Porcentaje respecto del total 46% 29%A septiembre 30 de 2006, el SUR reporta un total acumulado de 1,874.917 personas desplazadas por laviolencia, pero este sistema de información remite fundamentalmente al período 2000 a 2006, en el que seconcentra el 95% del total de desplazados reconocido por el SUR. CODHES señala una cifra de 3’832.527casos de desplazamiento entre 1985 y 2006, pero este sistema de información no constituye un censo depoblación registrada sino de eventos denunciados de desplazamiento. En estricto sentido estas cifras no soncomparables a nivel metodológico y temporal.Sin embargo, en diferentes oportunidades el gobierno ha reconocido importantes niveles de no inclusión en elregistro, de personas que solicitan el reconocimiento oficial de su situación de desplazamiento. El informeentregado el 13 de septiembre no reporta los niveles de no inclusión, pero el director de acción social hasostenido públicamente que en el país existen cerca de tres millones de desplazados en los últimos 15 años. Elgobierno también ha presentado los resultados generales del Censo de Población, según los cuales lapoblación que cambió de residencia por amenazas contra su vida es inferior a tres millones en los últimos 5años. Este dato corrobora la tendencia general si se tiene en cuenta que el horizonte temporal se limita a 5años y que solo contempla las amenazas contra la vida como causa del desplazamiento, dejando de ladosituaciones de violencia asociadas a casos de reclutamientos forzados, desapariciones, amenazas a laintegridad y demás causas de desplazamiento. Desafortunadamente las preguntas del Censo de Población,con base en las cuales se producen estos datos, carecen de la precisión suficiente para proporcionar unacaracterización adecuada del desplazamiento forzado.En todo caso, la referencia al horizonte temporal del universo del desplazamiento es muy importante paraefectos de política pública, especialmente en el campo de los derechos de justicia transicional. Además losdatos de desplazamiento muestran una tendencia inequívoca de continuidad de la crisis humanitaria, lo cualindica el fracaso de la política de prevención. El desplazamiento compromete la responsabilidad del Estado yde los grupos armados irregulares en el contexto del conflicto armado. Pero, en términos de política públicaindica que las políticas puestas en marcha para resolver el conflicto armado ofrecen resultados precarios,que algunas políticas comprometen responsabilidades activas de las fuerzas del Estado en las zonas demayor confrontación bélica y que existen políticas de seguridad que no están diseñadas de acuerdo con lanormativa humanitaria sino que en ocasiones la contradicen abiertamente, cuando promueven la vinculaciónde la población civil en el conflicto, en contra del principio de distinción.Lo propio ocurre con las políticas de retorno que se realizan sin que hayan cambiado sustancialmente lascondiciones del conflicto armado en las regiones de expulsión, sin políticas eficaces de protección y sin unacompañamiento efectivo con proyectos socioeconómicos basados en soluciones duraderas. El informe noofrece información suficiente sobre los procesos de retorno ni sobre las garantías de voluntariedad,seguridad y dignidad que demanda la normativa humanitaria.Ahora bien, sobre el tema del subregistro existen estimaciones recientes que proporcionan nuevos elementosde juicio. La universidad de los Andes y la Conferencia Episcopal estiman que el subregistro llega a un 30%de las cifras oficiales, lo cual arrojaría una población total de 2’437.392 personas desplazadas. Desde otro 21.
21punto de vista, la encuesta realizada por Profamilia, con el apoyo de USAID indica que el 20% de laspersonas desplazadas nunca solicitó ser incluida en el SUR. También se han producido sentencias de lostribunales de justicia colombianos en los que se reconoce la condición de desplazados a personas que nohacen parte del SUR, tal como ocurrió en enero de 2006 con la sentencia del Consejo de Estado sobre el casodel corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibú.En esta materia es importante que se establezcan nuevas garantías institucionales para los desplazados queno solicitan la inclusión en el SUR por falta de información o por temor a visibilizar su situación en elcontexto de un conflicto que afecta prácticamente todo el territorio nacional. Igualmente para evitar que seproduzcan situaciones de no inclusión por restricciones institucionales contrarias al derecho sustantivo delos desplazados.Lo propio ocurre con el problema de la cesación de la condición de desplazado, sobre lo cual no sepronuncia el informe del gobierno. Las cesaciones de la condición de desplazado se han producido porsolicitud de los propios desplazados o por la declaratoria de restablecimiento de los derechos, efectuadamediante actos administrativos. Sin embargo, no se entiende sobre qué base se están realizando estascesaciones si el gobierno aun no dispone de indicadores de realización de los derechos de los desplazados.En el nivel cualitativo también persisten significativas deficiencias que se configuran en incumplimiento delas órdenes de la Corte Constitucional y que afectan en forma determinante la construcción de la políticapública. Además de los problemas de caracterización de la población desplazada es necesario examinar laoferta institucional reportada por el gobierno.En esta materia el informe del gobierno no muestra avances significativos. Los enfoques diferencialesaparecen mencionados de forma dispersa en el conjunto de las políticas públicas y en general se trata deenunciados formales que no se traducen en criterios, instrumentos, programas especiales, recursosdestinados a atender a las mujeres, los niños, los pueblos afro descendientes e indígenas que son los másafectados por la violencia del desplazamiento forzado. Esta heterogeneidad muestra los problemas de basede la política, lo cual se traduce en ausencia de políticas adecuadas a las necesidades de los diferentesgrupos sociales desplazados y en última instancia en la reproducción del Estado de Cosas Inconstitucional.”6. Individualización del responsable al interior de Acción SocialSegún informó el Director de Acción Social a la Corte el 16 de noviembre delaño en curso, el área de registro y caracterización de la población desplazadaha estado bajo la responsabilidad de dos contratistas diferentes, desde 2002hasta la fecha, bajo la supervisión del Subdirector de Atención a la PoblaciónDesplazada.III. ORDENES IMPARTIDAS A ACCION SOCIAL EN MATERIA DEPROTECCION DEL DERECHO A LA SUBSISTENCIA MINIMA DELAS PERSONAS Y FAMILIAS DESPLAZADAS, EN PARTICULARDE LAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTOS MASIVOSRECIENTES.1. Las ordenes impartidas en la Sentencia T-025/04 y en el Auto 178/05relativas a la protección del derecho a la subsistencia mínima de lapoblación desplazada por la violencia.1.1. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte constató que la situación de lapoblación desplazada en relación con la satisfacción de sus necesidadesmínimas vitales era crítica, en forma gravemente violatoria de lo dispuesto porla Carta Política.Al pronunciarse sobre el alcance del derecho de la población desplazada a lasubsistencia mínima, que forma parte del grupo de derechos que configuran el 22.
22“mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado”, laCorte explicó lo siguiente: “(…) 4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que ‘las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.”16 También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas’. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno. En este sentido, y en cuanto a la ayuda humanitaria de emergencia, debe precisar la Corte que la duración de la obligación estatal mínima de proveer ayuda humanitaria de emergencia es, en principio, la que señala la ley: tres meses, prorrogables hasta por otros tres meses para ciertos sujetos. Considera la Sala que este plazo fijado por el legislador no es manifiestamente irrazonable, si se tiene en cuenta que (a) fija una regla clara con base en la cual la persona desplazada puede planificar a corto plazo y tomar decisiones autónomas de auto - organización que le permitan acceder a posibilidades razonables de subsistencia autónoma sin estar apremiada por las necesidades inmediatas de subsistencia; y (b) otorga al Estado un plazo igualmente razonable para que diseñe los programas específicos que sean del caso para satisfacer sus obligaciones en materia de ayuda para la estabilización socioeconómica de los desplazados –es decir, le otorga al Estado un término justo para programar una respuesta razonable en materia de ayuda para la autosubsistencia del desplazado y su familia -. Ahora bien, dado que el plazo señalado en la ley obedece principalmente a las dos razones indicadas, debe la Corte precisar que existen dos tipos de personas desplazadas que, por sus condiciones particulares, son titulares de un derecho mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia durante un período de tiempo mayor al que fijó la ley: se trata de (a) quienes estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) quienes no estén en condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o restablecimiento socio económica, como es el caso de los niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por razón de su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad de generar ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su responsabilidad. En estos dos tipos de situación, se justifica que el Estado16 La ayuda humanitaria de emergencia prevista en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 es similar, o inclusivemás amplia en algunas prestaciones específicas. Dicho artículo dice: “De la Atención Humanitaria deEmergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatastendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger ala población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio encondiciones dignas. En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que seencuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayudahumanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el establecimiento deoficinas temporales o permanentes para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento delas normas del Derecho Internacional Humanitario. Mientras persista la situación de emergencia se auspiciarála creación y permanencia de equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales ygubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y susbienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio lasinvestigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento. Parágrafo. A la atenciónhumanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogablesexcepcionalmente por otros tres (3) más.” 23.
23 continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para la subsistencia digna de los afectados, hasta el momento en el cual la circunstancia en cuestión se haya superado –es decir, hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado, o hasta que los sujetos que no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento adquieran las condiciones para ello -. Ello deberá evaluarse, necesariamente, en cada caso individual. Advierte la Corte que así como el Estado no puede suspender abruptamente la ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse, tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente de dicha ayuda”.1.2. En el Auto 178/05, la Corte efectuó una evaluación del cumplimiento delas obligaciones estatales en materia de satisfacción del derecho a lasubsistencia mínima de la población desplazada. En el aparte correspondientedel Anexo a dicho Auto –párrafo 4.9.14.-, se explicó lo siguiente sobre lasfalencias que se habían detectado: “(…) 4.9.14. De lo anterior, la Sala Tercera de Revisión concluye que: (i) lo reportado corresponde a acciones directamente encaminadas a atender este derecho; (ii) las cifras presentadas por la Red de Solidaridad Social si bien muestran un aumento significativo en los resultados de atención, no son lo suficientemente claras para determinar con certeza el grado de cobertura de la ayuda humanitaria de emergencia y de la ayuda inmediata, (iii) a pesar de los avances para corregir retrocesos y deficiencias presupuestales, persisten problemas en la entrega efectiva, completa y oportuna de las ayudas. Las falencias de este componente de protección a la población desplazada recae directamente sobre el Director de la Red de solidaridad Social, como coordinador del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y como responsable de la atención humanitaria de conformidad con lo que establece el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 y el artículo 1 del Decreto 2569 de 2000. Lo anterior evidencia que persisten los problemas (i) de coordinación, (ii) de falta de indicadores y procedimientos de seguimiento e implementación de la política pública de atención a los desplazados, (iii) de demora en la entrega efectiva de la ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada; (iv) de inexistencia de medidas de evaluación para poder medir progresos o retrocesos, (v) de recursos insuficientes; (vi) de bajo cubrimiento de las acciones adelantadas hasta el momento; (vii) de falta de claridad sobre los criterios para otorgar, negar o prorrogar la ayuda, y (viii) de entrega efectiva de la asistencia inmediata, de conformidad con lo ordenado por la Ley 387 de 1997”.1.3. En consecuencia, la Corte determinó que el Director de la Red deSolidaridad Social debía, dentro de un plazo máximo de tres (3) mesescontados a partir de la comunicación del Auto 178/05, diseñar, adoptar yaplicar prontamente los correctivos necesarios para superar las falenciasindicadas, “de tal forma que en el término máximo de seis (6) meses, contadosa partir de la comunicación del presente Auto, se establezcan las condicionesnecesarias orientadas a garantizar a la población desplazada el goce efectivode su derecho a la subsistencia mínima”.A continuación, en tanto concreción de las acciones generales que debíanadelantar las entidades del SNAIPD para superar el estado de cosasinconstitucional, la Corte indicó que el Director de la Red de Solidaridad, paracumplir con lo ordenado en este auto, debía adelantar entre otras las siguientesactuaciones: • “Definir metas puntuales a corto, mediano y largo plazo para garantizar la entrega oportuna y completa de la ayuda humanitaria de emergencia y la asistencia inmediata a la población desplazada, así como para garantizar la prórroga de la ayuda 24.
24 humanitaria de emergencia a la población desplazada que se encuentre en condiciones de extrema vulnerabilidad, con el fin de garantizar que la población desplazada goce efectivamente de su derecho a una subsistencia mínima. • Adoptar e implementar indicadores de resultado para la entrega oportuna y completa de la ayuda humanitaria de emergencia y la asistencia inmediata a la población desplazada y sobre la cobertura de dicha ayuda, de tal forma que se cuente con información adecuada sobre los avances, estancamientos o retrocesos en el goce efectivo del derecho a la subsistencia mínima de la población desplazada. • Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional, con las organizaciones no gubernamentales y entre el nivel nacional y las entidades territoriales, que aseguren una acción adecuada y oportuna de las distintas entidades del sistema de tal forma que se garantice el goce efectivo del derecho a la subsistencia mínima de la población desplazada. • Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan medir de manera permanente el avance, el estancamiento, el rezago o el retroceso en la entrega oportuna y completa de la ayuda humanitaria de emergencia y de la asistencia mínima de tal manera que se garantice el goce efectivo de los derechos de la población desplazada; • Diseñar e implementar instrumentos que permitan introducir correctivos oportunos frente a estancamientos, o retrocesos en el cumplimiento de las metas institucionales de atención a la población desplazada en materia de entrega de ayuda humanitaria de emergencia y de asistencia inmediata; • Establecer mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención humanitaria de emergencia presentadas por la población desplazada, especialmente cuando se trate de personas en situaciones de vulnerabilidad extrema; • Diseñar e implementar mecanismos de divulgación periódica de información par ala población desplazada sobre los procedimientos, las metas institucionales en materia de entrega oportuna y completa de la ayuda humanitaria de emergencia y de asistencia inmediata, así como sobre los criterios objetivos que dan derecho a la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia. • Garantizar la participación efectiva de las organizaciones de población desplazada, tanto a nivel nacional como en el ámbito territorial, en el proceso de diseño e implementación de los correctivos a los problemas señalados en el párrafo 4.9.14 de este Anexo, así como en el seguimiento y evaluación de las acciones adelantadas por la Red de Solidaridad Social en esta materia, con el fin de asegurar el goce efectivo del derecho a la subsistencia mínima de la población desplazada”.Finalmente, la Corte ordenó al Director de la Red de Solidaridad Social queenviara informes bimensuales sobre el avance de este proceso a la CorteConstitucional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría delPueblo, a las organizaciones de derechos humanos y de desplazados queparticiparon en la audiencia de información del 29 de junio de 2005. Indicóque, en este sentido, “la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría delPueblo, dentro de la órbita de sus competencias, informarán a la CorteConstitucional sus conclusiones sobre la forma como se ha dado cumplimientoa lo ordenado en el presente auto”1.4. La orden relevante de la parte resolutiva de este auto fue la siguiente: “Séptimo.- ORDENAR al Director de la Red de Solidaridad social que en el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación del presente auto, diseñe, adopte y aplique prontamente los correctivos necesarios para superar los problemas señalados en el párrafo 4.9.14. del Anexo a este Auto, relativo a la ‘Evaluación de las medidas adoptadas para la protección del derecho a la subsistencia mínima’, de tal forma que en el término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la comunicación del presente Auto, se Recommended