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Timestamp: 2019-01-23 08:32:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 19']

Gozada Núcleo Duro / Fiesta
Gozada núcleo duro
Posted on 08-05-2018 08-05-2018 by Stuart Puente
En tal sentido, la hipótesis que manejo es la siguiente: No se trata, por supuesto, de convertir a la Corte, en estricto sentido, en un tribunal de derecho internacional humanitario o que ésta condene a un Estado Parte en la Convención Americana por violar, de manera autónoma las normas humanitarias, pero tampoco que desconozca la necesidad de interpretar armónicamente las disposiciones del Pacto de San José con aquéllas.
Competencias expresamente atribuidas por tratados internacionales a la Corte. En teoría de las organizaciones internacionales se analizan los diversos modelos de relaciones existentes entre los Estados partes y aquéllas, distinguiéndose entre competencias de atribución, implícitas, ex novo y concurrentes.
Aunado a lo anterior, es usual encontrar en la vida internacional que los Estados partes en una organización internacional suscriban otros tratados internacionales, distintos al constitutivo de la organización internacional y a sus reformas, atribuyéndole una determinada competencia a uno o varios órganos de aquélla. Con todo, la Convención no le atribuye competencia expresa a la Corte para condenar a un Estado por desconocimiento de la mencionada Convención.
Por otra parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en adelante, el Protocolo de San Salvador expresamente le atribuye a la Corte competencia para conocer de peticiones elevadas contra Estados partes por vulneración de los derechos sindicales artículo 8o.
Menos restrictiva resulta ser la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, atribuye expresamente a la Comisión y a la Corte competencia para conocer de peticiones y demandas respectivamente, por violaciones de aquélla. Ahora bien, en lo que concierne específicamente a la Convención Americana, el instrumento internacional dispone que el órgano judicial tiene competencia para declarar la responsabilidad internacional de un Estado parte por vulneración de la misma, a condición de que éste haya aceptado expresamente tal competencia.
Vistas así las cosas, prima facie se puede afirmar que la Corte tiene competencias de atribución expresas para declarar la responsabilidad de un Estado cuando quiera que éste haya violado los siguientes instrumentos internacionales: El principio de las competencias de atribución encontró pleno respaldo en la Corte en la sentencia de excepciones preliminares, en el asunto Las Palmeras 3 contra Colombia, proferida el 4 de febrero de La policía nacional estaría apoyada por efectivos del ejército.
En la mañana de ese mismo día, se encontraban en la escuela rural de Las Palmeras unos niños que esperaban el comienzo de las clases y dos trabajadores que reparaban un tanque. Las fuerzas del ejército abrieron fuego desde un helicóptero, hirieron a un niño de seis años que se dirigía a la escuela. De igual manera, la policía ejecutó extrajudicialmente por lo menos a seis de estas personas.
En otras palabras, se trataba de un caso de impunidad parcial, en los términos de la jurisprudencia constante de la Corte. En su demanda, la CIDH solicitó a la Corte declarar al Estado colombiano responsable por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4o.
Adviértase, desde ya, que la Comisión no demandó una declaratoria de responsabilidad internacional del Estado por violación de un artículo de la Convención a la luz de otro tratado internacional, sino de una condena por violación conjunta de dos instrumentos internacionales. El Estado colombiano, por su parte, planteó, entre otras, las siguientes dos excepciones preliminares, que pueden resumirse en una sola: Comisión y Corte carecen de competencia para aplicar el derecho internacional humanitario y otros tratados internacionales.
En lo que concierne a la incompetencia de la Corte para proferir un fallo condenatorio contra un Estado por haber violado el artículo 3o. Expuestos los argumentos a favor y en contra de la competencia de la CteIDH para condenar a un Estado americano por violar los Convenios de Ginebra de , el órgano judicial internacional se decantó por la tesis de la incompetencia, fundada, en esencia, en el principio de las competencias de atribución.
En efecto, la Corte comienza por recordar que, en virtud del artículo A renglón seguido señala que, en materia contenciosa, su competencia se extiende al examen de la conducta de los Estados frente al Pacto de San José, así la cuestión haya sido definitivamente resuelta en el ordenamiento jurídico interno, al igual que examinar si cualquier norma de derecho interno o internacional aplicada por el Estado, en tiempos de paz o de conflicto armado, es compatible o no con la Convención Americana.
Finalmente, la Corte concluye afirmando que su competencia se limita a "determinar la compatibilidad de los actos o de las normas de los Estados con la propia Convención, y no con los Convenios de Ginebra de ". De igual manera, la Corte admitió la excepción del Estado colombiano atinente a la incompetencia de la Comisión para deducir responsabilidad por violación de los cuatro Convenios de Ginebra de Al respecto, se da cuenta del hecho de que el Estado colombiano fundó su excepción en los siguientes planteamientos i si bien es cierto que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos deben cumplir de buena fe los Convenios de Ginebra, también lo es que la Comisión no puede condenar a uno de ellos con base en tales instrumentos internacionales; ii resulta admisible que se interprete armónicamente la Convención Americana con otros tratados internacionales, mas no que se admita que el artículo 3o.
En el texto del fallo de la Corte, por el contrario, no se ahonda en la argumentación de la Comisión sobre el punto. En esencia, en su providencia, si bien la Corte reconoce que la Comisión dispone de amplias facultades, como órgano de promoción y protección de derechos humanos, en los procedimientos iniciados ante ésta debe sujetarse a lo dispuesto en los artículos 33, 44, La procedencia de las excepciones preliminares planteadas por el Estado colombiano en el asunto Las Palmeras , encaminadas a atacar las competencias de Comisión y Corte para declarar responsable al demandado por violación al artículo 3o.
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados. En otros términos, en el caso concreto, la interpretación de la Convención Americana a la luz del artículo 3o.
El artículo 25 de la Convención Americana, referente a la protección judicial ha sido entendido por la Corte, junto con los artículos 1. En efecto, la mencionada disposición humanitaria hace parte del ordenamiento jurídico colombiano desde , habiendo gozado, en un primer momento, de rango legal bajo la Carta Política de y pasando luego a ser parte de la Constitución de merced a la figura del bloque de constitucionalidad.
De tal suerte que la inoperancia de las vías judiciales internas para garantizar la efectividad de los derechos humanos consagrados en el artículo 3o. En otros términos, la discusión acerca de si la Corte era competente o no para declarar responsable al Estado colombiano por violar el derecho internacional humanitario, esto es, si se encontraba habilitada para aplicar normas humanitarias en consonancia con disposiciones del Pacto de San José, se tornaba irrelevante de haber seguido el camino de establecer la vulneración del derecho de acceso a la justicia.
En otros términos, la CteIDH no se limitó a interpretar armónicamente el texto de un artículo del Pacto de San José con otro tratado internacional suscrito en el contexto americano, a efectos de elaborar subrreglas convencionales, sino que, sin contar con competencia expresa para ello, es decir, irrespetando los postulados de la teoría de las competencias de atribución, decidió condenar a un Estado parte por violar un tratado internacional distinto a la Convención Americana.
Tan importante precedente, sin embargo, no sería respetado en el asunto Las Palmeras. Al año siguiente, el 19 de noviembre de , en el conocido como caso de los Niños de la calle, referente a la perpetración de un crimen de lesa humanidad por agentes del Estado contra menores de edad desamparados, la Corte, a efectos de interpretar el sentido y alcance del artículo 7o.
Otro tanto sucedió en relación con el derecho a la integridad personal. El camino hermenéutico seguido por la Corte, soportado en el concepto de interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección, le permitió concluir que:.
Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana.
Adviértase que la instancia judicial no se limitó a remitirse al articulado de otros tratados internacionales de derechos humanos, sino que el reenvío fue propiamente a las interpretaciones que de los mismos han realizado sus respectivos órganos de control, cuyo resultado fue, insisto, la creación de subrreglas judiciales convencionales, las cuales, de ser aplicadas en casos posteriores, van creando precedentes en la materia.
En efecto, hubiera podido la instancia judicial valerse de la metodología empleada en ese caso para sostener que, igualmente, derechos humanos y derecho internacional humanitario constituían un corpus juris internacional de protección de la persona en situaciones de conflicto armado; que la interpretación conjunta de las normas del Pacto de San José y el artículo 3o.
Por el contrario, como lo he señalado, en el asunto Las Palmeras, la Corte se apoyó, con exclusividad, en el principio de las competencias de atribución, arribando a un pronunciamiento de incompetencia. La distinción entre interpretar y aplicar normas convencionales es artificiosa. En otras palabras, la Corte, en consonancia con el principio de las competencias de atribución, sería incompetente para declarar responsable internacionalmente a un Estado parte en la Convención Americana por violar un instrumento internacional distinto de aquélla, a pesar de encontrarse convencionalmente habilitada para interpretarla armónicamente con otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
No comparto tal argumentación, por las siguientes razones. En tal sentido, bien podría condenar al Estado por vulnerar el artículo 4o. Fundamentos convencionales de la vis expansiva de las competencias de la Corte. Con posterioridad a la sentencia de excepciones preliminares en el asunto Las Palmeras, la CteIDH ha venido entendiendo de manera distinta sus competencias para interpretar y aplicar el derecho internacional humanitario, sea al momento de decretar medidas provisionales, o bien al momento de fallar casos contenciosos.
Pues bien, el texto de las medidas provisionales adoptadas el 15 de marzo de por la Corte en el asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 18 ilustra bien la ampliación que ha conocido la competencia de la CteIDH en materia de aplicación del derecho internacional humanitario. En primer lugar, la Corte califica la situación de anormalidad que se vive en Colombia como un "conflicto armado", sin especificar si el mismo se encuentra regulado por el artículo 3o. En tercer lugar, y muy relacionado con el anterior apartado, la Corte expresamente insta al Estado colombiano para que "garantice y haga garantizar el principio de distinción del derecho internacional humanitario, en relación con los miembros de la Comunidad de Paz, quienes son civiles ajenos al conflicto armado interno".
En cuarto lugar, la Corte califica a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó como una zona humanitaria , es decir, un territorio delimitado cuyos habitantes, aproximadamente 1. Juan Luis Fabo es el cuarto en discordia. El partido afrontó la comparecencia de Díez en vilo, nadie sabía si iba a dimitir o no.
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