Source: https://elestadosinderecho.wordpress.com/2012/11/08/recurso-contra-el-pp-nuestras-alegaciones-a-sus-alegaciones-que-lio-i/
Timestamp: 2017-08-18 18:26:01
Document Index: 287325710

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 26', 'artículo 163', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 51']

RECURSO CONTRA EL PP: Nuestras alegaciones a sus alegaciones (que lío) (I) | El Estado sin Derecho
RECURSO CONTRA EL PP: Nuestras alegaciones a sus alegaciones (que lío) (I)
Como ya he dicho anteriormente, teníamos preparadas para entregar las alegaciones contra la Abogada del Diablo (del Estado le llaman), cuando llegaron las alegaciones del PP. E hicimos nuestras alegaciones contra ambos escritos en uno sólo que entregamos por los pelos el último día. Resumiendo las alegaciones que hicimos son: 1.- Respecto a que no es jurisdicción del contencioso-administrativo, alegamos que la Ley dice que en cuestión de derechos fundamentales SIEMPRE es jurisdicción del contencioso-administrativo; 2.- Respecto a que lo que pedimos no es impugnable, alegamos que si ellos quieren hablar de otro tema dir+ferente a los hechos denunciados en nuestro recurso, ellos sabrán de que demonios hablan, pero que los hechos son claros y diferentes de los que ellos exponen (además no presentan ni una sola prueba o argumento en contra de lo que decimos); 3.- Respecto a que presentamos fuera de plazo, alegamos que no es así, porque la fecha que dicen no es la de presentación del recurso y porque el art. 26.2 permite impugnar los actos (la subida del IVA) sin haber impugnado el Real Decreto-ley; 4.- Respecto a que le corresponde al Tribunal Supremo juzgar el asunto, que si, que tienen razón (esto es una putada, porque el Supremo está muy politizado, más que los tribunales inferiores); 5.- Respecto a que el PP no es administración, que si, que tienen razón, pero que, primero, son coautores, segundo la ley sólo permite la defensa de los Derechos Fundamentales por el Contencioso-administrativo y tercero, porque la ley dice que son parte (a parte de que incumplen sus propios estatutos y todo eso). Y finalmente, sobre la petición de la Abogada del Diablo de que nos imputen FRAUDE PROCESAL, que no sólo no hemos cometido fraude procesal (y aportamos los argumentos y pruebas), sino que es ella quien está incurriendo en calumnias y coacción. De perdidos al río. YA VEREMOS COMO ACABA ESTO. Aquí va el escrito:
“Jdo. Del Contencioso-Administrativo núm. 12
Rso. Amparo ordinario der. Fund. 349/2012
AL JUZGADO DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
D. xxxxxxxxxxxxxx, Letrado, actuando en nombre y representación de D. xxxxxxxxx, con DNI xxxxxxxxxxxx, nacido en xxxxxxxxxxx y con domicilio en calle xxxxxxxxxxxxxx, que se designa a efecto de notificaciones, según tengo acreditado en el recurso arriba referido, ante el juzgado contencioso-administrativo comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que habiendo recibido en fecha 11 de Octubre de 2012 la providencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona, de fecha 5 de Octubre de 2012, y adjuntos a ella los escritos de alegación del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado y habiendo recibido en fecha 22 de Octubre de 2012 la providencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona, de fecha 10 de Octubre de 2012, y adjunto a ella el escrito de alegación del Partido Popular, se presentan las siguientes
PRIMERO.- Reiterarnos en todas las alegaciones expuestas en el recurso de amparo judicial de la referencia.
SEGUNDO.- GENERALIDADES SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA, GOBIERNO Y PARTIDO POPULAR.
UNO.- Habiendo recibido las alegaciones de la parte contraria en fechas diferentes y a pesar de que la notable coincidencia (que no debería ser así) entre las alegaciones de la Abogada del Estado y las presentadas por el Partido Popular hubiera hecho innecesaria la respuesta a dichas alegaciones de éstos, por ser sustancialmente iguales a las del escrito presentado por aquélla, la existencia de leves matices en la argumentación hace aconsejable a esta parte el dar respuesta independiente a algunas de las alegaciones del Partido Popular, eliminando las dudas que pudieran suscitar la existencia de dichos matices.
DOS.- La totalidad de la argumentación de la parte demandada, se basa en OMITIR de manera (creemos, intencionada, dicho siempre en estrictos términos de defensa), el carácter de INFORMACIONES de los hechos por nosotros impugnados, factor este que es CRUCIAL en lo relativo a la hora de determinar admisibilidad de nuestro recurso.
Esto es así, ya que si dichos hechos por nosotros presentados como vulneradores de nuestros derechos, no tuvieran esa naturaleza de INFORMACIÓN, efectivamente nuestro recurso carecería de los fundamentos necesarios para ser admitido, como pretende la parte contraria al presentar hechos diferentes de los denunciados, cuya naturaleza jurídica es difícil de determinar pero que no entrarían claramente dentro de dicha naturaleza informativa, cual pueden ser las “promesas electorales”.
Eluden entrar en los hechos realmente denunciados, cuya naturaleza de INFORMACIÓN según los criterios fijados en la doctrina del Tribunal Constitucional, tal y como la presentamos en nuestro recurso, no pueden negar, así como tampoco pueden negar su naturaleza NO VERAZ según esos mismos criterios.
Entonces, si la naturaleza de esos hechos es de INFORMACIÓN, y además es INFORMACIÓN NO VERAZ, realmente se podría haber vulnerado el derecho fundamental establecido en el artículo 20.1.d CE, de mi representado y por tanto existiría el fundamento para el recurso, COMO ASÍ ES en nuestra opinión.
Por tanto, en vez de realizar las alegaciones sobre dicho objeto, las centran sobre otro totalmente diferente QUE NO ES EL HECHO IMPUGNADO POR ESTA PARTE, promesas electorales, dirección política y naturaleza de los actos vulneradores, que a continuación se detallan.
TRES.- En su alegación segunda, el representante del Partido Popular expone la Doctrina del Tribunal Supremo referida a las exigencias formales que debe presentar un recurso presentado por la vía especial de defensa de los Derechos Fundamentales para que este sea admisible, esto es:
– La indicación del Derecho Fundamental cuya tutela se reclama (uno o varios).
– La identificación del acto que se considere causante de la infracción de aquel Derecho.
– La exposición de las razones por las que se entiende que el acto lesiona el o los Derechos.
Estas exigencias ya se cumplen plenamente en nuestro recurso, estando claramente establecidos en él los puntos exigidos por dicha doctrina. No obstante, parece que al representante del Partido Popular tal claridad expositiva no le parece suficiente. Quizás ello sea debido a que, al igual que la Abogada del Estado, se obstina en achacar a esta parte la impugnación de Derechos y actos que no lo han sido, para poder decir algo en contra de algo (igual sus alegaciones ocupaban dos folios, dicho todo en términos de defensa). En aras de clarificar a esa parte lo que figura plenamente desarrollado en el recurso, pasamos a revisar de manera resumida y concisa dichas exigencias, según figuran en el recurso PARA QUE LES QUEDE CLARO QUÉ ES LO QUE DISCUTE ESTA PARTE EN ESTE PROCEDIMIENTO:
– Indicación de los Derechos cuya tutela se reclama: Derecho a recibir información veraz, establecido en art. 20.1.d CE y Derecho a participar en los asuntos públicos mediante representantes estalecido en el art. 23.1 CE.
– Identificación del acto causante de la infracción: Aplicación del RD Ley 20/2012, firmado por D. Mariano Rajoy (entre otros RDL expuestos en el recurso), que transforma la información emitida por el máximo representante del Partido Popular y del Gobierno, D. Mariano Rajoy, en INFORMACIÓN NO VERAZ, según los requisitos que establece el Tribunal Constitucional en su doctrina para tales hechos.
– Razones por las cuales ese acto lesiona los Derechos: A) La información emitida tenía por objeto formar la opinión de la ciudadanía para obtener la confianza de los electores para acceder al Gobierno de la Nación; B) Una vez obtenida dicha confianza por los emisores de la Información, y conseguido en consecuencia el acceso a formar el Gobierno de la Nación, los emisores de la información realizan actos contrarios a los informados, transformando la información emitida en NO VERAZ; C) de haber dispuesto de la información VERAZ, la opinión de mi representado hubiera sido, necesariamente otra, por cuanto no se puede opinar lo mismo de dos hechos opuestos, con lo cual su elección hubiera sido, con toda probabilidad, otra; D) en consecuencia, la información no veraz ha supuesto una manipulación y alteración de la opinión de mi representado, coartando su libertad de elección y alterando la misma ilícitamente. Por tanto, la vulneración del Derecho establecido en 20.1.d CE, tiene como consecuencia la vulneración del Derecho establecido en 23.1 CE.
Como se puede comprobar, se cumplen las exigencias en nuestro recurso que señala el TS, no teniendo entonces sentido todas las alegaciones vertidas por la parte demandada y coadyuvante que se refieran a objetos distintos de los aquí enunciados.
TERCERO.- REFERENTE A LAS ALEGACIÓNES POR FALTA DE JURISDICCIÓN DE ESE TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
UNO.- En su alegación primera pretenden tanto la Abogada del Estado como el representante del PP, la inadmisión de nuestro recurso, fundándose para ello en que ese Tribunal carece de jurisdicción para juzgar los hechos de nuestro recurso.
Pretende la Abogada del Estado, que los hechos presentados no se ajustan a la casuística establecida en el art. 1 LJCA. Debemos decir al respecto, que en esa misma alegación que realiza la Abogada del Estado se halla la respuesta a la misma, puesto que en dicha alegación cita el Artículo 2 de la LJCA, donde en su punto a) dice textualmente:
“La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuera la naturaleza de dichos actos.”
Es decir, que la Abogacía del Estado obvía de manera intencionada el punto a) de dicho artículo, donde queda claramente establecido que en lo referente a la protección de los derechos fundamentales es indiferente la naturaleza del acto que los haya vulnerado. Esto sí que parece un olvido interesado de la Abogada del Estado.
Entiende esta parte que, para el caso de los Derechos Fundamentales y por similitud con el redactado de otras leyes, si el legislador únicamente se hubiera referido a los supuestos que cita en el artículo 1 en exclusivo, como pretende que sea la Abogada del Estado (que debe entenderse que no defiende al Partido Popular) lo hubiera citado expresamente en el texto. Esta limitación no sólo no existe, sino que además es ampliada mediante un redactado claro, a actos cualquiera que sea su naturaleza.
Asimismo, pensamos que nuestras tesis también vienen sostenidas por la propia exposición de motivos de la Ley 29-98, cuando en los últimos párrafos del Título II de dicha exposición, dice:
“Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política excluida per se del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de acto político se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.
Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley señala –en términos positivos– una serie de aspectos sobre los que en todo caso SIEMPRE será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes.”
La citación de “en términos positivos”, cabe interpretarla en el sentido que nosotros le hemos dado en nuestra lectura del artículo 2.a de la citada ley. Y en cuanto a la referida expresión “SIEMPRE”, creemos que huelgan los comentarios.
No cabe pues la pretensión de la Abogada del Estado de que los actos que derivan en la vulneración de derechos fundamentales estén excluidos por cualquier causa, por cuanto en lo referente a la protección de los derechos fundamentales, es SIEMPRE jurisdicción del contencioso administrativo, SEA CUAL SEA LA NATURALEZA DEL ACTO que provoca la vulneración. Esto es, no tiene sentido alegar el caso expuesto en el artículo 51.1.a.
Es por tanto indiferente, en lo referente a la vulneración de los derechos alegados, la inexistencia de un marco normativo de referencia claro, como ya hizo notar esta parte en el recurso de amparo judicial de la referencia, así como también se remarcó el hecho de que un derecho constitucional legítimamente reconocido y al cual además se le atribuye el carácter de fundamental no puede estar vacío de contenido por la mera inexistencia de legislación al respecto, máxime cuando dicha laguna queda suficientemente cubierta por la jurisprudencia del TC al respecto y que avala las pretensiones de esta parte según lo entendemos.
No es por tanto obligación de mi representado el delimitar la naturaleza LEGAL de los actos que han vulnerado sus derechos, como también se dijo en el recurso de referencia, sino simplemente el demostrar que sus derechos han sido vulnerados por dichos actos, es decir el derecho a recibir información veraz establecido en el art. 20.1.d CE y la vulneración derivada de este hecho del derecho reconocido en el art. 23.1 CE, hecho este que creemos haber demostrado con suficiente claridad en las alegaciones expuestas en nuestro recurso de amparo ordinario.
DOS.- No obstante, diremos que a nuestro entender (y a pesar de haber sido nuevamente obviado por la Abogacía del Estado), la naturaleza de los hechos impugnados por nuestro recurso quedaría recogida en el artículo 26 de la Ley 29-98 que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa, donde se establece que:
“1.-Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
2.- La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.”
En este artículo no se especifica la naturaleza de las disposiciones de carácter general, es decir que no establece que sean de carácter administrativo u otro, como pretende la Abogada del Estado. Tampoco se establece que tengan rango de Ley o inferior. Es decir, que afecta a TODAS las disposiciones de carácter general y en consecuencia a TODOS LOS ACTOS QUE DE SU APLICACIÓN DERIVAN, como es el caso que esta parte reclama
Esta lectura que realizamos, nuevamente viene avalada por la exposición de Motivos de dicha Ley, donde en su Título V “OBJETO DEL RECURSO” se establece en sus párrafos 1º a 3º y 9º:
“Los escasos preceptos incluidos en los dos primeros capítulos del Título III contienen algunas de las innovaciones más importantes que la Ley introduce en nuestro sistema de control judicial de la Administración. Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concepción del recurso contencioso-administrativo como una revisión judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de ABRIR DEFINITIVAMENTE LAS PUERTAS PARA OBTENER JUSTICIA FRENTE A CUALQUIER COMPORTAMIENTO ILÍCITO DE LA ADMINISTRACIÓN. Pero al mismo tiempo, es necesario diferenciar las pretensiones que pueden deducirse en cada caso, pues es evidente que la diversidad de actuaciones y omisiones que pueden ser objeto del recurso no permiten seguir configurando éste como una acción procesal uniforme. Sin merma de sus características comunes, empezando por el nomen iuris, el recurso admite modulaciones de relieve en función del objeto sobre el que recae.
Por razón de su objeto se establecen cuatro modalidades de recurso: el tradicional dirigido contra actos administrativos, ya sean expresos o presuntos; EL QUE, DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, VERSA SOBRE LA LEGALIDAD DE ALGUNA DISPOSICIÓN GENERAL, QUE PRECISA DE ALGUNAS REGLAS ESPECIALES; el recurso contra la inactividad de la Administración y el que se interpone contra actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. Quizá aquí hubiera sido preciso incluir otro tipo o especificar que uno de los previstos se utiliza para la vulneración de derechos fundamentales, pero el único que puede utilizarse es el señalado.
La regulación de este procedimiento ha tenido en cuenta la experiencia de la cuestión de inconstitucionalidad prevista por el artículo 163 de la Constitución y se inspira parcialmente en su mecánica; las analogías acaban aquí. La cuestión de ilegalidad no tiene otro significado que el de un remedio técnico tendente a reforzar la seguridad jurídica, que no impide el enjuiciamiento de las normas por el Juez o Tribunal competente para decidir sobre la legalidad del acto aplicativo del reglamento cuya ilegalidad se aduce, pero que pretende alcanzar una decisión unitaria a todo eventual pronunciamiento indirecto sobre su validez.”
Según estas explicaciones, la Abogada del Estado no sólo ha obviado el apartado a) del referido art. 2 LJCA si no también el artículo 26 de la referida Ley. Y eso no es todo, ya que además deducimos que cuando dice “sino el ejercicio de su potestad normativa con fuerza de ley, cuya revisión únicamente compete al Tribunal Constitucional, por las vías previstas en la LOTC y no a través del recurso contencioso-administrativo contra actos políticos del Gobierno”, vemos que está confundiendo de manera clara la cuestión de inconstitucionalidad con la cuestión de ilegalidad que están expuestas en el párrafo que citamos.
Entendemos en este punto, que no es la norma en si la que resulta ilegal, pues ello sería juzgar la acción política y no es el hecho impugnado, sino que ha sido la aplicación de los Reales Decretos Ley emitidos por el Gobierno de la nación, donde se ha producido la vulneración de los derechos, el 20.1.d en primera instancia y el 23.1 de manera consecuente, según alegamos, transformando la información emitida y que hasta entonces revestía un carácter “neutro” en espera de su materialización, en información no veraz según los criterios establecidos por la doctrina del TC, como decimos en el recurso.
TRES.- Resaltar que, aparentemente, la Abogada del Estado no ha entendido cual es el objeto del Recurso de Amparo Ordinario presentado por esta parte, por cuanto confunde el contenido de las alegaciones en él vertidas.
Como hemos dicho, no corresponde a esta parte el demostrar la naturaleza de los actos, tal y como establece el artículo 2.a LJCA, sea esta naturaleza política, administrativa o cualquier otra, sino demostrar que se han vulnerado los derechos aducidos, para lo cual se han aportado las pruebas suficientes y se han sustentado las argumentaciones con la doctrina del TC vigente al respecto.
En este sentido, la Abogada del Estado confunde los hechos impugnados, diciendo que lo que se reclama es un incumplimiento del programa electoral de un determinado partido, en este caso el Partido Popular, y para apoyar su argumentación aporta algunas resoluciones del TS referidas a un presunto incumplimiento de las “promesas electorales” y de los “compromisos políticos”, la naturaleza de los cuales esta parte desconoce y no ha impugnado.
También confunde los actores de la vulneración cometida, al establecer que el incumplimiento de dicho programa electoral no vincula al Gobierno, por cuanto este tiene la atribución constitucional de llevar a cabo la acción de gobierno que en libertad la Constitución le confiere, pretendiendo que dicha acción nada tiene que ver con la acción del partido. En este sentido, la Abogada elude la crucial consideración de que el responsable máximo del partido y el responsable máximo del Gobierno, son la misma persona, D. Mariano Rajoy, y que su acción en el partido tiene como objeto obtener esa máxima responsabilidad en el Gobierno, mediante la actuación de todas las personas bajo su responsabilidad.
No es cierta pues esa presunción de que estén desligados la acción de Gobierno y las informaciones vertidas, tanto a los medios, como en el propio programa electoral, por cuanto es el propio, entonces candidato y ahora actual Presidente del Gobierno, quien dice que el programa político del partido Popular es el que sustentará su acción de Gobierno, transformándose por tanto esta afirmación en INFORMACIÓN, según la definición que al respecto da el TC. Es por tanto que una vez comunicado que se ha asumido dicho programa, el incumplimiento del mismo transforma la información respecto a su asunción en INFORMACIÓN NO VERAZ. Nos encontraríamos en tal caso nuevamente con la vulneración del derecho fundamental 20.1.d y su consecuente vulneración del derecho fundamental 23.1 CE
Es de todas formas irrelevante, de cara a los hechos que nos ocupan, si el programa electoral reviste carácter de información o no, si lo asume el candidato o no o si lo incumple o no, ya que a nuestros efectos y según hemos alegado en nuestro recurso, los hechos denunciados como INFORMACIÓN NO VERAZ, son las informaciones vertidas a los medios de comunicación, directamente, en mítines o en entrevistas, por las personas que forman parte del Partido Popular, y en concreto de aquellas que ahora forman parte del Gobierno de la Nación y que son las que mediante sus actos están transformando las propias informaciones por ellos emitidas en NO VERACES y personificadas en su máximo responsable el Presidente del Gobierno.
Esta parte no ha entrado a valorar o impugnar dicha acción política del Gobierno, por cuanto a su propia naturaleza o en cuanto a que sea una promesa o compromiso electoral. Por el contrario, nuestro recurso se centra en un objeto muy concreto, que es el derecho FUNDAMENTAL a recibir información veraz establecido en el art. 20.1.d CE, y las consecuencias que tiene dicha vulneración sobre otro derecho FUNDAMENTAL, el derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes establecido en el art. 23.1 CE. Y en este sentido se analizan las INFORMACIONES emitidas, cuya naturaleza está, a diferencia de las promesas o compromisos electorales, claramente delimitada por la doctrina del TC al respecto. Dichas INFORMACIONES han sido vertidas a los medios de comunicación por unos determinados actores, siendo estos PERSONAS pertenecientes al Partido Popular. Si dichos actores hubieran sido diferentes en el caso de la emisión de las INFORMACIONES y en el de la comisión de los actos que transforman dichas informaciones en NO VERACES, esta parte no podría aducir vulneración alguna de su derecho fundamental, puesto que no puede responsabilizar a aquéllas de lo que hagan éstas. Pero esto no es así, por cuanto los actores son las mismas PERSONAS en la mayor parte de ambos casos y más concretamente en el máximo responsable de la acción de Gobierno, que es el Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy Brei, cuyo programa político dice la Abogada del Estado que sustenta su acción de Gobierno.
Es cierto que hay actores en la emisión de las noticias, como puede ser el caso de las informaciones vertidas por Mª Dolores de Cospedal, por ejemplo, que no participan posteriormente en el Gobierno y por tanto en los actos que transforman las informaciones en no veraces, y viceversa, actores en el Gobierno que, al menos que nos conste, no participaron en la emisión de las INFORMACIONES reveladas como NO VERACES, como puede ser el caso del Ministro José Ignacio Wert, pero en la mayor parte de los casos las personas son coincidentes, como pueden ser el Ministro Soria, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el Ministro Montoro, la Ministra Mato, etc. y es de la máxima relevancia que dicha coincidencia se dé en el Sr. D. Mariano Rajoy Brei, máximo responsable de, por un lado la emisión de las informaciones por cuanto que corresponden al programa del candidato a la presidencia y por otro de la acción de Gobierno y por tanto de que los actos llevados a cabo se adecuen a la naturaleza veraz de las informaciones tal y como las delimita el TC. Y ES ESTE Y NO OTRO EL HECHO QUE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL ADUCIDO.
En este sentido, las resoluciones que cita la Abogada del Estado para sustentar sus tesis, no hacen ni la más mínima mención a los hechos aquí impugnados, esto es a la vulneración del Derecho Fundamental a recibir información VERAZ, por cuanto las similitudes entre los supuestos por ella presentados y los hechos que sustentan nuestro recurso, se limitan únicamente a que en ellas se hace referencia al programa electoral de un partido político, finalizando aquí todo parecido.
Es más, en la primera de las resoluciones citadas, RJ 2005/7067, en el punto citado como CUARTO se dice:
“[…] se detiene en el ámbito estricto de las funciones de Gobierno, al que pertenece la elección de los medios técnicos […] y la posibilidad de posponer unos compromisos por otros o sustituirlo en la forma más conveniente, DENTRO SIEMPRE DEL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN y las Leyes.”
Este punto se revela como fundamental y refuerza nuestras tesis, por cuanto la libertad de la acción de Gobierno siempre tiene como límite el respeto a la Constitución, por tanto es responsabilidad del Gobierno el velar porque los actos realizados se ajusten a la Constitución, sin infringir ninguno de sus preceptos y como es el caso, vulnerar derechos fundamentales. Aquí es el máximo responsable del Gobierno quién debe velar porque sus actos (recordemos que los Reales Decretos mencionados están firmados por D. Mariano Rajoy Brei), no infrinjan la Constitución, en este caso transformando en no veraces las informaciones vertidas por él mismo y otros miembros de su gabinete y del Partido que sustenta su acción de Gobierno. No ha sido así, y esto es lo que se reclama en nuestro recurso.
CUATRO.- Resulta a estos efectos irrelevante el que el Programa Electoral del Partido Popular sea elaborado o no por el Presidente del Gobierno y vincule o no al Presidente D. Mariano Rajoy como su programa de Gobierno, por cuanto dicho Programa Electoral constituye únicamente el nexo de unión de todas las INFORMACIONES vertidas a los medios de comunicación por el Presidente del Gobierno y otros miembros de su gabinete y Partido, siendo que dichas INFORMACIONES no son incoherentes con lo expuesto en el Programa y siendo totalmente coincidentes con lo que en él se dice.
En consecuencia, el Programa electoral se transforma en un simple hilo conductor de nuestra argumentación, y cuando solicitamos el cumplimiento íntegro del Programa Electoral no lo hacemos como un supuesto compromiso que vincula al Presidente D. Mariano Rajoy Brei en su acción de gobierno, sino como manera simplificada de garantizar que todas las informaciones por él y otras personas vertidas, se transforman en VERACES.
Elude también la abogada del Estado, el hecho del reconocimiento explícito por parte de D. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, de su incumplimiento de SU programa, hecho éste que también se alega en nuestro recurso. Dicho reconocimiento explícito, conlleva el reconocimiento implícito de la emisión de información no veraz. Así, en la entrevista publicada en fecha 2/09/12 en el periódico ABC, ya el titular de dicha entrevista dice : “Rajoy: «Quien me ha impedido cumplir mi programa electoral ha sido la realidad»” y en el interior de dicha entrevista encontramos los siguientes recortes:
“Yo soy consciente de que no cumplimos nuestro programa electoral, absolutamente consciente, y créame que no me agrada nada. Entiendo perfectamente el desencanto que esto ha producido en muchos ciudadanos, muchos que dieron su confianza al Partido Popular, incluso en otros que no se la dieron, pero quien me ha impedido cumplir mi programa electoral ha sido la realidad… Y eso nos ha obligado a subir impuestos. Y nos ha obligado a reducir los gastos. Nos ha obligado también a tomar decisiones buenas en materia de reducción de gastos. Pero hemos tenido que hacerlo.”
“Yo en cuanto pueda bajaré el impuesto a la renta de las personas físicas. A mí tampoco me ha gustado subir el IVA, pero es evidente que hoy, financiar el déficit público, es decir, financiar lo que gastas de más por encima de lo que ingresas es muy difícil, y ahí están las primas de riesgo en las que estamos. La situación es muy compleja, y la realidad obliga pero este Gobierno no ha perdido las referencias”
Si simplemente contrastamos estas declaraciones con las vertidas antes de las elecciones y que hemos recogido en el anexo de nuestro recurso, cosa que aparentemente no hizo la Abogada del Estado, no tendremos problemas en discernir la NO VERACIDAD de las informaciones emitidas por el Sr. Rajoy antes de las elecciones, así como el reconocimiento implícito del Sr. Rajoy sobre la no veracidad de dichas informaciones. Nuevamente remarcamos que no estamos juzgando ni impugnando ni la oportunidad, ni la eficacia de las medidas en si, sino la veracidad de las informaciones a ellas referidas.
Además encontramos en estas declaraciones otro aspecto muy importante y que es por nosotros reclamado: La relación existente entre la emisión de la información no veraz y la obtención de la confianza de una gran parte de la ciudadanía en su elección, confianza que quizás, muy probablemente, no hubiera obtenido de muchos de ellos de disponer la información veraz que se negó en su momento (por desconocimiento o por interés para ser elegido), todo ello ampliamente explicado en nuestra alegación SEXTA del recurso presentado.
CINCO.- En su primera alegación, pretende el Partido Popular la inadmisión de nuestro recurso, fundándose para ello en la falta de jurisdicción de ése Juzgado y al igual que la Abogada del Estado invocan el artículo 51.1.a) de LJCA
Al igual que la Abogada del Estado, confunden los hechos impugnados, diciendo que nuestro recurso se basa en un supuesto incumplimiento del programa electoral de su Partido, hecho este que ya se clarificó que no es así, ya que los hechos impugnados son la vulneración del Derecho Fundamental a recibir información veraz, así como la consiguiente vulneración del Derecho a participar en los asuntos públicos mediante representantes (23.1 CE).
No se plantean cuestiones ajenas al orden jurisdiccional, puesto que, según establece el artículo 2.a) LJCA y como se establece en la Exposición de motivos de la LJCA, según la cual deben interpretarse los artículos de dicha Ley, ya que exponen la voluntad del legislador en el redactado de la Ley, SIEMPRE es competencia de esa jurisdicción la tutela de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos vulnerados por actos del GOBIERNO DE CUALQUIER NATURALEZA.
Reiteramos (a los efectos de facilitar su comprensión) la exposición del artículo 2.a) de la LJCA cuyo contenido parece ignorar la parte demandada
Reiteramos la Exposición de motivos de la Ley 29-98, cuando en los últimos párrafos del Título II de dicha exposición, dice:
Nuevamente se centran las alegaciones del Partido Popular en las cuestiones potestativas del Gobierno, como puede ser la legislación en situaciones de urgencia o gravedad QUE ESTA PARTE NUNCA HA CUESTIONADO, eludiendo en cambio el objeto del recurso por nosotros planteado. Así, no aluden nunca a las informaciones vertidas, ni a la veracidad o no de las mismas. No presentan ninguna prueba o argumento de que dichas informaciones sean veraces y por tanto no hayan vulnerado los derechos de mi representado.
Las sentencias a que hace referencia la representación del Partido Popular, versan sobre objetos totalmente diferentes a los que contiene nuestro recurso, puesto que en ningún caso se refieren al derecho fundamental que en primera instancia consideramos vulnerado (20.1.d CE) ni a aquel cuya vulneración deriva de la vulneración del anterior (23.1 CE), y en cambio versan de “programas electorales”, “iniciativa legislativa” “dirección política”, etc, referidas a que, efectivamente, no corresponde a la jurisdicción contencioso- administrativa. Dice el representante del Partido Popular:
“En virtud de ello, estaríamos –a juicio de esta parte- en presencia del supuesto previsto en el artículo 51.2 de la LJCA que establece que el Juzgado declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo INEQUÍVOCO Y MANIFIESTO la existencia de otros recursos SUSTANCIALMENTE iguales por sentencia firme que se hubieran desestimado en el fondo –como es el caso que nos ocupa-, de acuerdo a las resoluciones que se acaban de exponer”.
No entiende esta parte en qué lugar encuentran los representantes del Partido Popular que el recurso presentado por esta parte, referido a la vulneración del Derecho Fundamental a recibir información veraz, expuesto en el art. 20.1.d CE y su consecuente vulneración del Derecho a la Representación, cuya SUSTANCIA (de la INFORMACIÓN VERAZ y de la PARTICIPACIÓN POR MEDIO DE REPRESENTANTES) está claramente expuesta y delimitada en la Doctrina del Tribunal Constitucional y que pensamos se ajusta totalmente a los hechos por nosotros presentados, tenga algo que ver con los objetos de los que hablan la parte demandada, referidos a “promesas electorales” y otros conceptos que, por un lado no tienen naturaleza de Derecho Fundamental, y por otro no tienen definición alguna ni legal, ni en la doctrina del TC y que esta parte, volvemos a insistir, nunca ha impugnado.
Es decir, que al contrario de lo que sostiene el representante del PP, no existe causa de inadmisión de nuestro recurso por la existencia de una doctrina firme en casos substancialmente iguales a lo impugnado en nuestro recurso, puesto que los casos son SUSTANCIALMENTE DIFERENTES. LO QUE PASA ES QUE EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO POPULAR NO HA ENTENDIDO DE QUÉ TRATA ESTE RECURSO.
Tenemos pues que la parte contraria, tanto la representación del Gobierno, como la del PP, están realizando un “TOTUM REVOLUTUM” de alegaciones contra objetos que no tienen nada que ver con los hechos que se impugnan y sobre los cuales pedimos tutela, con lo cual únicamente aportan confusión, como aquélla celebre frase que dice “si no puedes convencerlos, confúndelos”.
Debemos reiterar nuevamente que aquí no se impugna un supuesto incumplimiento de “promesas electorales” o “compromisos electorales”, no se cuestiona la potestad legislativa del Gobierno sea mediante RDL o de otra manera (no es el objeto), no se cuestiona ni el contenido, ni la oportunidad ni la eficacia de las disposiciones generales, no se cuestiona la legalidad intrínseca de las propias disposiciones aisladas de los hechos que reclamamos, no se cuestiona en resumen, nada de aquello de lo que están hablando los representantes de la parte contraria en sus alegaciones.“
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