Source: https://boja.vlex.es/vid/decreto-ley-3-2018-744203405
Timestamp: 2019-10-19 10:26:18
Document Index: 153766670

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 31', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 3']

Decreto-ley 3/2018, de 30 de octubre, por el que se aprueba el programa de colaboración financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal en Andalucía dañadas por las situaciones de emergencias y catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las provincias de Málaga y Sevilla desde el 20 al 22 de octubre 2018. - BOJA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Legislación - VLEX 744203405
Artículo 2. Conceptos financiables.
Artículo 3. Distribución por entidad local.
Artículo 4. Aceptaciones de financiación y transferencias de fondos.
Artículo 5. Presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones.
Artículo 6. Validación de los proyectos o actuaciones.
Artículo 9. Verificación de la aplicación de los recursos.
Si todo el panorama de desolación que ha generado el meteoro requiere de la aproximación de auxilio y restitución, a la que se atiende desde diversos ámbitos, instituciones y organismos de la estructura administrativa estatal y de la organización civil, las pérdidas que se ocasionan en las infraestructuras destinadas a la prestación de los servicios locales de interés público y al ejercicio de las competencias municipales adquieren especial significación. Efectivamente, tales funciones públicas cubren por definición la satisfacción de los intereses generales más próximos a las personas (artículo 4.3 de la Carta Europea de Autonomía Local y artículo 6.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía), por cuanto que las entidades locales se erigen en cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, e institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades (artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y artículo 3.2 de la Ley 5/2010).
La principal efectividad del derecho a la protección en caso de catástrofe declarado en el artículo 5 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, junto al respeto a los principios de racionalización y agilidad procedimental, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, eficacia, así como los de cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas, todos ellos positivizados en el artículo 3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, abonan jurídicamente la opción por desarrollar la relación financiera entre los distintos niveles de gobierno ?autonómico y local? sobre la base de un instrumento especialmente ágil para librar a favor de las entidades locales los fondos que puedan facilitarle el ejercicio de sus competencias.
Constituye el objeto del presente Decreto-ley la aprobación de un programa de colaboración financiera específica de la Junta de Andalucía con las entidades locales, para la financiación de las actuaciones de restitución, reparación, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones que estén destinadas a la prestación de los servicios públicos básicos de la competencia municipal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dañadas por los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en áreas localizadas de las provincias de Málaga y Sevilla entre los días 20 y 22 de octubre de 2018.
El Programa se dotará para el ejercicio 2018 con la cantidad que se determine mediante orden de la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local, que se articulará a través de transferencias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen en este Decreto-ley en favor de determinadas entidades locales de las provincias de Málaga y Sevilla. Estas transferencias se regulan por lo establecido en este Decreto-ley, no resultándoles de aplicación la normativa general sobre subvenciones públicas, en particular la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como tampoco el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, salvo remisión expresa prevista en este Decreto-ley.
La dotación se financiará con cargo a la partida presupuestaria 765.01 (a Ayuntamientos para Actuaciones Extraordinarias en Materia de Infraestructuras) del programa presupuestario 81A denominado Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales, integrado en el Plan de Cooperación Municipal.
Artículo 2 Conceptos financiables.
Con cargo al presente programa se podrán financiar aquellas actuaciones en las que concurran los siguientes requisitos:
Ser necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones dañadas o afectadas severamente por los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos desde el 20 al 22 de octubre de 2018.
Que las infraestructuras e instalaciones estén destinadas a la prestación de servicios públicos esenciales o básicos de competencia municipal, ya sean gestionados directa o indirectamente por la entidad local, tales como:
Que las actuaciones se lleven a cabo a través de cualesquiera de los tipos de contratos, procedimientos de licitación y expedientes, en su caso de urgencia y de emergencia, previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante lo anterior, serán también financiables las actuaciones que se realicen mediante la ejecución directa de las obras por parte de la entidad local afectada cuando se cumplan los requisitos establecidos por dicha Ley.
Respecto a las actuaciones referidas en el apartado anterior, tienen también la consideración de conceptos financiables, los siguientes:
Se entienden incluidas todas las actuaciones o intervenciones realizadas desde el día 20 de octubre de 2018.
Artículo 3 Distribución por entidad local.
La asignación con la que se dote al Programa acordado por el presente Decreto-ley se distribuirá entre las entidades locales afectadas atendiendo a su población, a la superficie urbana de que dispongan y a la gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones a que se refiere el artículo anterior, así como a la capacidad económica, con la limitación para el cálculo distributivo de que ninguna de ellas reciba menos de un uno por ciento ni más de un doce por ciento de la cantidad a distribuir.
Para la determinación de las distintas variables se estará a las siguientes especificaciones:
Población: la población de derecho de cada entidad local aprobada por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017, con una ponderación del 5 por ciento.
Superficie urbana: número de hectáreas para cada entidad local publicado por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda, con una ponderación del 5 por ciento.
Gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de los servicios esenciales o básicos de competencia municipal: valoración económica, aun provisional, de los daños, debidamente identificados, recogida en los informes emitidos y válidamente suscritos por los servicios técnicos de las entidades locales afectadas o, en su caso, de la entidad local de cooperación territorial en que se encuentren asociadas o de la respectiva diputación provincial, con una ponderación del 80 por ciento.
Capacidad económica: inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, con una ponderación del 10 por ciento.
Las cuantías resultantes para cada entidad local beneficiaria se concretarán conforme a los criterios relacionados en el Anexo mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local.
Las transferencias a que se hagan acreedoras las entidades locales beneficiarias serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas que pudieran recibir, sin que, en ningún caso, en su conjunto, puedan ser superiores al coste de la actuación a que se refiera. Aquellas que vayan destinadas a la misma finalidad u objeto sólo serán financiadas con cargo a este Decreto-ley en aquello que exceda de la ayuda recibida y hasta el gasto total realizado.
Artículo 4 Aceptaciones de financiación y transferencias de fondos.
La persona titular de la Alcaldía o Presidencia de la entidad local beneficiaria deberá aceptar la financiación para las actuaciones a ejecutar, y notificar la citada aceptación por vía electrónica a través de la página web de la Consejería competente sobre régimen local (https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html) en el plazo de tres días hábiles desde la publicación en BOJA de la orden prevista en el apartado anterior, de acuerdo con el modelo previsto en la misma.
En el documento a que se refiere el apartado anterior deberá declararse el conocimiento y aceptación de los requisitos y condiciones previstos en el presente Decreto-ley.
La persona titular de la Dirección General de Administración Local, que habrá iniciado el correspondiente expediente de gasto, que se tramitará en unidad de acto ADOJ con justificación diferida, dictará resolución por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias, notificándose mediante su publicación en la página web de la Consejería competente sobre régimen local.
En el acto de fiscalización del documento ADO se comprobará:
Que la obligación se reconoce por aprobación del órgano competente.
Artículo 5 Presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones.
La presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones se realizará de forma telemática, en modelo normalizado en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo anterior, e irá dirigida a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las respectivas provincias de Málaga y Sevilla a través de la página web de la Consejería competente sobre régimen local: (https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html).
La documentación a presentar telemáticamente será la siguiente:
Una relación de los proyectos o actuaciones en la que se especifique su contenido, presupuesto y plazo de ejecución, así como, en su caso, la necesidad de financiar los contratos de servicios vinculados a la obra.
Un informe justificativo, suscrito por la persona titular de la secretaría de la entidad local, de que se trata de una actuación que cumple con los requisitos previstos en el artículo 2 del presente Decreto-ley.
Certificación del Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno de la entidad local, según proceda, en el que, en su caso, se aprueben los proyectos o actuaciones a financiar.
Artículo 6 Validación de los proyectos o actuaciones.
En el plazo de diez días a contar desde la presentación de la documentación referida en el artículo anterior, se verificará que éstos cumplen las condiciones y requisitos establecidos en el presente Decreto-ley.
Cuando un proyecto o actuación no cumpla con los requisitos establecidos en este Decreto-ley, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia respectiva podrá requerir las modificaciones, incluida la sustitución de la actuación a desarrollar, que considere convenientes en relación con los proyectos a financiar. Asimismo, cuando concurran circunstancias técnicas, inicialmente no previstas, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia podrá autorizar la modificación de la relación de proyectos.
En el plazo máximo de diez días desde su validación por la Delegación del Gobierno en la provincia, los proyectos serán elevados por dicha Delegación a la Dirección General de Administración Local para la declaración de su financiabilidad con arreglo a las previsiones del presente Decreto-ley.
Artículo 7 Gestión de los fondos.
Los fondos recibidos se ingresarán a la entidad local perceptora en la cuenta que haya indicado en el documento de aceptación de la financiación a que se refiere el artículo 4 del presente Decreto-ley.
Las cuantías que deban recibir las entidades locales conforme al presente Decreto-ley no podrán ser objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Teniendo en cuenta el interés social de las actuaciones financiadas con cargo al programa y su carácter de gobiernos integrantes de la organización territorial de Estado, las entidades locales destinatarias de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social, o no tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las entidades locales beneficiarias deberán acreditar la ejecución de las distintas actuaciones dentro de los dos meses siguientes a la finalización de las actuaciones y, como fecha límite, antes del 31 de diciembre de 2019. No obstante, la Dirección General de Administración Local, a solicitud motivada, podrá otorgar una prórroga de hasta seis meses del citado plazo.
La entidad local beneficiaria justificará ante la Dirección General de Administración Local la utilización de los fondos transferidos. A tales efectos, presentará por vía telemática documentación justificativa, emitida por la Secretaría, la Intervención o Secretaría-Intervención correspondiente, acreditativa del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron transferidas, donde se haga constar que el importe de la transferencia se ha destinado a los gastos por conceptos previstos en el presente Decreto-ley que se hayan irrogado de las actuaciones y proyectos validados y declarados financiables conforme a lo dispuesto en su artículo 6, especificando, en su caso, el que se ha destinado a cada una de las actuaciones desarrolladas.
Artículo 9 Verificación de la aplicación de los recursos.
La correcta aplicación de los recursos del programa a los fines previstos en este Decreto-ley estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la comprobación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo anterior por la Dirección General de la Administración Local.
Las entidades locales beneficiarias deberán poner a disposición de la Intervención General de la Junta de Andalucía, a requerimiento de ésta, la documentación y antecedentes de las cuentas justificativas presentadas y facilitar cuanta información y medios resulten necesarios para que los equipos designados por la Intervención General puedan realizar su trabajo.
Artículo 10 Reintegro.
La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Programa implicará la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.
En los casos en los que la justificación parcial derive del hecho de no haber aplicado totalmente los fondos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía resultante de la asignación prevista en el artículo 3, el reintegro alcanzará sólo a la parte de financiación no aplicada.
La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva aplicación de los recursos del Programa, dará lugar al reintegro total de la aportación recibida por la correspondiente entidad local.
Las cantidades concedidas y no aplicadas a la ejecución de las obras deberán ser objeto de reintegro.
Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de Administración Local, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realizadas por dicha Dirección General, bien a iniciativa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado por ésta.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobro y en lo no dispuesto en este Decreto-ley, lo procedimentalmente establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional primera Identificación de la fuente de financiación.
Disposición adicional segunda Información al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
Población: población de derecho de cada entidad local a 1 de enero de 2017.
Superficie urbana: número de hectáreas para cada entidad local publicado por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda.
Gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de los servicios esenciales o básicos de competencia municipal: valoración económica, aun provisional, de los daños, debidamente identificados, recogida en los informes emitidos y válidamente suscritos por los servicios técnicos de las entidades locales afectadas o, en su caso, de la entidad local de cooperación territorial en que se encuentren asociadas o de la respectiva diputación provincial.
Capacidad económica: inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.
- P1 es la dotación del programa.
- P1i es la participación en el programa que corresponde al municipio i, para i=1, 2, ..., m1, siendo m1 el número total de municipios.
- POB1i es el cociente entre la población del municipio i y la suma de la población para el conjunto de municipios, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 el número total de municipios.
- SUP1i es el cociente entre la superficie urbana del municipio i y la suma de la superficie urbana para el conjunto de municipios, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 el número total de municipios.
- GRA1i es el cociente entre la gravedad de los daños del municipio i y la suma de la gravedad de los daños para el conjunto de municipios, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 el número total de municipios.
- 1/CE1i es el cociente entre el inverso de la patrica del municipio i y la suma de los inversos de la patrica para el conjunto de municipios, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 el número total de municipios pertenecientes al grupo 1.
DECRET 258/2008, de 23 de desembre, pel qual es declara zona de muntanya el municipi de Tiurana.