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Timestamp: 2020-07-03 14:26:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 85', 'artículo 96', 'artículo 126', 'artículo 127', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 39', 'artículo 17', 'in fine']

Falsificació - Ón del Proyecto de Ley de Reforma, Actualizaci
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Falsificación de marcas, contraseñas y firmas, y otras falsificaciones……………………...……...…510
Desaparición de signos ……………………………………………………………………………...…510
Falsificación y falsedades documentales…………………………………………………..………...…511
Facturas de crédito……………………………….…………………………………………………...…512
Materias o instrumentos destinados a falsificaciones………….…………………………………...…512
1 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, sobre el concepto de dolo (artículo 1º, inciso 2º, apartado a). Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
2 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, sobre el concepto de peligro (artículo 1º, inciso 2º, apartado b). Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
3 Con disidencia de la Dra. María Elena Barbagelata, quien propone la incorporación de un inciso referido a las normas procesales previstas en este proyecto. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
4 De conformidad con el art. 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
5 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, quien propone la inclusión de la pena de cumplimiento de instrucciones judiciales accesorias, para delitos de máxima gravedad. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
6 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, quien propone la inclusión de la reincidencia como circunstancia agravante (artículo 18º, inciso 3º). Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
7 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, quien propone la inclusión de la finalidad de aterrorizar a la población o coaccionar a un gobierno o a una organización internacional en la comisión de hechos contra la vida, la integridad física o la libertad individual, como circunstancia de máxima gravedad (artículo 18º, inciso 4º). Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
8 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, quien propone una redacción alternativa y, en particular, sostiene la necesidad de incorporar expresamente una referencia al carácter vinculante de la opinión fundamentada del fiscal. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
9 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, quien propone la incorporación de un apartado que defina el concepto de reincidencia.
La definición propuesta es la siguiente: “Se entenderá que hay reincidencia cuando el condenado a una pena por sentencia firme, cometiere un nuevo delito conminado con la misma clase de pena dentro del plazo de cinco años desde la extinción de la condena anterior.”
Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
10 Con disidencia parcial de la Dra. María Elena Barbagelata, quien propone la inclusión de un Capítulo VI (Maltrato), en el presente Título. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
11 Con disidencia de la Dra. María Elena Barbagelata, que propone una redacción alternativa para los artículos 84º, 85º, 86º y 87º, en la que se prevén varios supuestos de interrupción del embarazo no punibles. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
12 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, quien sostiene la necesidad de incorporar la exigencia de que la acción penal por la violación haya sido al menos iniciada (artículo 85º, apartado b).
13 Con disidencia de la Dra. María Elena Barbagelata (artículo 96º), quien objeta la inclusión del tipo penal de lesiones al feto, tanto las dolosas como las culposas. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
14 Con disidencia parcial de la Dra. María Elena Barbagelata, quien propone una redacción alternativa para el artículo 126º. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
15 Con disidencia parcial de la Dra. María Elena Barbagelata, quien propone una redacción alternativa para el artículo 127º. Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
16 Con disidencia parcial de la Dra. María Elena Barbagelata, quien propone una redacción alternativa y la inclusión de un tipo penal de financiamiento, administración y regenteo de establecimientos donde se explote la prostitución, sobre la base del artículo 17º de la Ley 12.331 (Ley de Profilaxis). Vid. los fundamentos desarrollados en el Anexo.
17 Con disidencia del Dr. Federico Pinedo, respecto de la exigencia de previa orden judicial.
18 Derogada por el art. 17º de la Ley 26.588.
19 Desde una perspectiva histórica, Guillermo Nicora efectúa un recorrido para responder a la pregunta de por qué el Código Penal incluyó este tipo de normas. Desde esa mirada, señala que la consolidación institucional que se dio con la Generación del 80 llevó a la configuración de un Estado solo nominalmente federal en el cual el Congreso Nacional absorbía constantemente facultades y prerrogativas propias pero “abandonadas” por los gobiernos locales. En ese contexto se inscribe la inclusión en el Código Penal de disposiciones claramente procesales, a su criterio de carácter inconstitucional. Así, citando a Pandolfi y Zvilling –investigadores de la Universidad Nacional del Comahue –, Nicora da cuenta de que “ninguno de los modelos que los constituyentes argentinos tuvieron en consideración, tenían una parte general ni legislaban sobre el ejercicio de la acción penal en general: eran catálogos de infracciones con sus correspondientes penas y en algunos excepcionales casos (v. gr. la extinción de la acción penal por adulterio mediando el perdón del ofendido) se añadían disposiciones sobre el régimen de la acción penal… El Constituyente de 1853 quería que solo el catálogo de delitos fuera único para toda la Nación, y nunca pensó en una 'parte general' que contuviera normas sobre el ejercicio de la acción penal”. Coherente con esa interpretación, la Ley 49, que constituyó la primera codificación penal del Congreso Nacional, no regulaba el ejercicio de las acciones ni contenía una parte general. El texto se reducía a enumerar tipos delictivos federales. El Proyecto de 1865/68 tampoco incluyó una parte general que regulara el ejercicio de la acción penal. Su autor, Carlos Tejedor, consideraba que dicha regulación correspondía a las leyes de forma. Solo preveía en la parte especial algunos casos puntuales de ejercicio de la acción aplicables en los tipos penales de adulterio y delitos contra la honestidad. El Código de 1886, inspirado en el proyecto Tejedor, tampoco incluía normas generales sobre el ejercicio de la acción penal. En la fundamentación se explicaba que esa y otras cuestiones omitidas eran relativas al procedimiento y, como tales, resorte de las autonomías provinciales. Es en el Proyecto de 1891 de Rivarola, Piñero y Matienzo donde por primera vez se establece una regulación general de la acción. Dice Nicora que Pandolfi y Zvilling acotan con acierto "que Rivarola reconocía la naturaleza procesal de la regulación (los autores citados afirman que esa introducción de cuestiones procesales fue uno de los puntos que hizo naufragar el proyecto en el Congreso), y citando a Matienzo, sostienen que la confusión proviene de que muchos juristas de la época estudiaban los ordenamientos procesales desde la doctrina europea, donde imperaba el principio de legalidad asociado al derecho penal infraccional, pretendiendo regular el proceso desde esa concepción diametralmente opuesta al sistema de la 5ª enmienda de la Constitución Americana (que se sustenta en la oportunidad para decidir el ejercicio de la acción) que simultáneamente venía receptada en el art. 90 del Proyecto”. No puede soslayarse, además, otro dato histórico fundamental: tanto Rivarola como Matienzo abominaban las “tendencias localistas y teorías de federalismo más exageradas que las que convenían al país (Rivarola) y propugnaban una reforma constitucional que permitiera la instauración de una justicia nacional única (Matienzo).” El Proyecto de 1906 de Beazley, Rivarola, Saavedra, Moyano Gacitúa, Piñero y Ramos Mejía toma del anterior de 1891 la regulación en la parte general del ejercicio de la acción. El mismo divide en tres clases las acciones penales: pública, dependiente de instancia privada y privada. Esta cuestión fue introducida a sabiendas de que su naturaleza era más de forma que de fondo, y que daría lugar “a una novedad que condicionaría dramáticamente la futura indisponibilidad de la acción a partir de la sanción en 1921 del Código Penal todavía vigente: donde en 1891 se decía ‘pueden’, el Proyecto de 1906 dispone que ‘deben iniciarse de oficio las acciones’ ” . Ver: “La oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Las provincias pueden (y deben) legislar sobre oportunidad en el ejercicio de la acción penal”, Publicado en Jurisprudencia Argentina, 2004-I, fascículo Nº 5 (4-2-2004).
20 Soler sostiene que la acción penal implica una autolimitación a la pretensión punitiva de naturaleza penal (Derecho Penal Argentino, actualizado por Fierro, Guillermo, Tomo II, TEA, Buenos Aires, 1992, págs. 527/528). Núñez entiende que la regulación de la acción penal como cuestión material corresponde al Congreso de la Nación (Manual de Derecho Penal. Parte General, actualizado por Spinka y González, Marcos Lerner Ed., Córdoba, 1999, pág. 201). En sentido similar Vélez Mariconde, Clariá Olmedo, entre otros.
21 En este sentido, Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal. Parte General. Tomo I, EDIAR, 1998, pág. 194.
22 Proyecto de Ley, Expte. N° 1581, Sec. D, 1/4/1998 ante la H. Cámara de Diputados de la Nación.
23 En este sentido, Zaffaroni, Alagia y Slokar han dicho que “…no es posible salvar siempre la coherencia legislativa y sacrificar a ésta el principio federal, porque se llegaría a su cancelación. Por ende, se impone concluir que en el sistema federal argentino existen asimetrías, porque la Constitución las prefiere para salvar el principio federal, que implica una alianza o foedus. Esta conclusión es válida para la cuestión de la coherencia entre la ley penal y la procesal: la Constitución no admite que, para salvar la coherencia entre ambas, se sacrifique el principio federal, que tiene prioridad, por ser principio rector del texto... Sin embargo el criterio de igualdad es atinado, si la legitimidad de la ley marco se funda en la admisión de que las garantías procesales se realizan de modo progresivo y diferenciado en cada legislación y, por tanto, en la necesidad de establecer un criterio mínimo parejo para todo el país. El principio federal no colisiona con el republicano sino que se armoniza como forma de éste, que sin duda demanda un mínimo de racionalidad, que sólo puede ser dinámico y progresivo. Para salvarlo debe aceptarse que todos los habitantes deben gozar de un grado de realización legislativa de garantías procesales no inferior al que la ley federal otorga en su competencia. De ello se desprende que alguna norma marco debe existir en todas estas materias, y si la necesidad no ha sido satisfecha en forma expresa, cabe pensar que esa función de coherencia mínima le corresponde a la propia legislación nacional. Esto significa que en materia procesal penal las provincias pueden dictar sus propios códigos y perfeccionar en ellos los principios limitadores y las garantías, más allá de lo que hace la ley nacional (o una eventual ley marco de garantías mínimas que pudiera dictar el Congreso de la Nación), pero nunca legislar en forma menos limitadora ni con menores garantías. De igual modo, cabe considerar que las disposiciones procesales del código penal no son inconstitucionales a condición de ser entendidas como garantías mínimas, propias de un marco que las leyes procesales provinciales pueden superar y perfeccionar". Zaffaroni, Alagia y Slokar, Derecho Penal. Parte General, 2ª edición, EDIAR, 2002, pág. 168.
24 Binder, Alberto, "Los dilemas de la unificación del proceso penal. Relato para la discusión", en La implementación de la nueva justicia penal adversarial, 1ª edición, Ad Hoc, 2012.
25 Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal penal, 2ª Edición, Ad-Hoc, 1999, p. 216.
26 El proyecto Tejedor se fue convirtiendo en Código Penal de todo el país por sucesivas leyes provinciales, siendo la primera La Rioja en 1876 y siguiendo la Provincia de Buenos Aires en 1877.
27 El control sobre las mujeres casadas llegaba a tal extremo que en investigaciones históricas se destaca que desde la colonia se solicitaba a la policía que buscase y detuviese a las esposas fugadas de los hogares conyugales, lo que recién se prohíbe en 1888 (Conf. Zaffaroni, E. y Arnedo, M. (1996), Digesto de Codificación Penal Argentina, AZ Editora, Madrid, Tomo I, pp. 53.)
28 Ley 13.010 de 1947, aplicándose por primera vez en las elecciones nacionales de 1951.
29 Ley 25.087 de 1999
30 Reg. F. 259. XLVI. “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”. Fallo C.S.J.N. del 13/03/2012
31 El Expte. 1218-D-2012 tiene actualmente estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación y fue acompañado por Diputados y Diputadas integrantes de la casi totalidad de los bloques parlamentarios, expresando fuerte consenso.
32 CELS, Informe anual 2012 – Derechos humanos en Argentina, pp. 390. Disponible en: http//:www.cels.org.ar
33 Larrandart, Lucila en Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Dirigido por Baigun, D. y Zaffaroni, E., Ed. hammurabi, Buenos Aires, 2007, Tomo III, pp. 605-606.
34 EE. UU. desde 1973, en muchos estados, desde la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de “Roe vs. Wade”.
35 Dentro de este grupo de países la mayoría requiere que la práctica se realice dentro de determinado plazo (que varía entre doce, catorce, dieciocho y veinticuatro semanas). Además, algunas legislaciones exigen la consulta médica previa y el asesoramiento de equipos interdisciplinarios a fin de posibilitar a la mujer la adopción de una decisión libre e informada y su práctica en centros especializados de salud. Por otra parte, como en Canadá, la interrupción voluntaria del embarazo está permitida sin plazo.
36 Bergallo, Paola, “Aborto y justicia reproductiva: una mirada sobre el derecho comparado”; En: Cuestión de Derechos, Revista electrónica Nº 1, Julio 2011 - ISSN 1853-6565, pp. 7 – 18. Ver: www.cuestiondederechos.org.ar
37 Cossío Díaz, J. R., Orozco y Villa, L. H. y Conesa Labastida, L., “Estudio Preliminar”; En: Tribe, Laurence H. (1991), El aborto: guerra de absolutos, FCE, INACIPE, México, 2012, pp. 9 – 91.
38 “Estudio Preliminar”, op. cit., p. 58
39 “Estudio Preliminar”, op. cit., pp. 65 y 66.
40 “Estudio Preliminar”, op. cit., p. 69
41 México es un país federal que dicta su legislación penal a nivel estadual.
42 Projeto de lei do Senado Nro. 236 del año 2012.
43 La “causa de honor” fue una atenuante presente en la mayoría de los proyectos que contemplan el delito de aborto tanto desde el Proyecto Tejedor de 1877 (Art. 216) como en el primer Código Penal de 1886 (Art.104) y en diversos proyectos entre los que cabe mencionar el Proyecto Segovia de 1895 (Art. 125), el Proyecto Coll-Gómez de 1937 (Art. 122), el Proyecto Peco de 1941(Arts. 118 a 122), el Proyecto Soler de1960 (Art. 119) y el Proyecto de 1979 (Art. 125).
44 El Proyecto Tejedor regula la pena a la mujer que “de propósito” se causare su aborto o consintiere que otro lo cause con un año de prisión, pudiendo atenuarse a 6 meses por la llamada “causa de honor” (Art. 216). Por otro lado, la pena máxima establecida entre los distintos proyectos fue de 4 años (Conf. Larrandart, Op., Cit., pp.606).
45 Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal. Resolución M.J. y D.H. N°303/04 y N° 136/05. Texto final al 12/05/2006. El Poder Ejecutivo Nacional nunca remitió al Congreso Nacional ese anteproyecto que, en consecuencia, no tuvo estado parlamentario.
46 Fundamentos del Anteproyecto de la Comisión de Reforma y Actualización Integral del CP de 2004, Op. Cit., pp. 47/48
47 Observaciones del Ministerio Público de la Defensa al art. 93 -corresponde al art. 94 del texto final publicado en 2006-.
48 CEDAW – Recomendación General N° 24, 20° período de sesiones, 24/02/1999.
49 Human Rights Watch, “Decisión Prohibida. Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en Argentina”, Julio 2005, Vol. 17, N° 1 (B), p. 68. Disponible en www.hrw.org.
50 En el mismo sentido se pronuncia Marcela Rodriguez al analizar el art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Destaca que “resulta obvio que la frase en general implica que se admiten excepciones” (Rodriguez, M. “La situación legal de los derechos reproductivos y sexuales en Argentina”; En: Foro por los Derechos Reproductivos, Nuestros cuerpos, nuestras vidas: Propuestas para la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Buenos Aires, 1997, pp. 38.
51 “F., A. L.”, cit. , Considerando 10°, 2° Párrafo.
52 Tribe, Laurence H. (1991), El aborto: guerra de absolutos, FCE, INACIPE, México, 2012.
53 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C 355, 10.5.2006.
54 Dictamen de la Dra. Stella Maris Martinez, Defensora General de la Nación, y Julián Horacio Langevin, Defensor Oficial, ante la C.S.J.N., en “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”. Publicado en La Ley, el 15/03/2012.
55 Gil Domínguez, Andrés, “Estado Constitucional de derecho y aborto voluntario”; En: Garay, O. (coord.), Bioética en medicina, Ed. AdHoc, Buenos Aires, 2008, pp. 107. Citado en Flah, L. y Minyersky, N., “Derecho a la vida ¿de quién? La interrupción voluntaria del embarazo en América Latina”; En: Rev. Derecho de Familia N° 57, pp. 135-165.
56 Nino, Carlos S. (1992), Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional. Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, pp. 238.
57 Nino, Carlos, Op. Cit. , pp. 243
58 Carbajal, Mariana. “Las cifras de una epidemia silenciosa”; nota publicada en el diario Página 12, 14/01/2008
59 ADC, CDD, CEDES, CELS, CLADEM, ELA, FOCO, Foro DDRR, FEIM e INSGENAR, “Los Derechos Sexuales y Reproductivos”, Comunicación Conjunta para el Examen Periódico Universal, Argentina sesión 14, 2012.
60 Romero, M., Abalos, E. y Ramos, S., “La situación de la mortalidad materna en Argentina y el Objetivo de Desarrollo del Milenio 5”, Hoja Informativa OSSyR -CEDES, CREP-, N° 8, marzo 2013. Disponible en: http://www.ossyr.org.ar/pdf/hojas_informativas/hoja_8.pdf
61 OSSyR, op. cit., pp. 3/4.
62 Datos del Ministerio de Salud – OPS Argentina, 2012. Disponible en: http://www.msal.gov.ar y http://www.paho.org/arg.
63 Ley Nacional 25.673, Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 30 de Octubre de 2002.
64 Human Rights Watch, cit. Este estudio realizado en Argentina en el año 2004 plantea que existen tres obstáculos principales que truncan el acceso de las mujeres a los anticonceptivos; a saber: la violencia doméstica y sexual, la entrega de información incorrecta o inadecuada por parte de funcionarios de salud pública y las restricciones económicas, incluyendo a veces el cobro indebido por anticonceptivos y servicios de salud que debieran ser gratuitos de acuerdo a la Ley sobre Salud Sexual y Procreación Responsable.
65 Romero, Mariana, “Mortalidad materna en Argentina: deudas y oportunidades”, Seminario de Acceso a la Justicia Reproductiva, Rosario, 2011, p. 21.
66 Faundes, Anibal, en calidad de coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia, diario Clarín 27/7/2005, edición impresa, pp. 25.
67 CEPAL, “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”, Notas de Población N° 87, Julio, 2009. Se trata de una investigación realizada durante 2005, financiada por el Ministerio de Salud de la Argentina a través de la entonces CONAPRIS (hoy, Salud Investiga) para el cual se utilizaron dos metodologías distintas para cuantificar la magnitud que tiene el aborto inducido en la Argentina: una basada en el análisis del número de egresos hospitalarios por complicaciones de aborto; y la otra, relaciona la fecundidad real observada con la fecundidad potencial, la prevalencia de uniones, de uso de métodos anticonceptivos, de aborto y de infertilidad postparto (los cuatro determinantes más importantes).
Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/36501/lcg2405-P_4.pdf. Para más información ver el Resumen Ejecutivo “Morbilidad materna severa en la Argentina. Estimación de la magnitud del aborto inducido”, CEDES; CENEP, Buenos Aires, 2007.
68 Human Rights Watch, cit., pp. 67
69 Registro Nacional de Reincidencia, Informe estadístico 2000, 2006 y 2010. Cantidad de condenas por provincia. Emitido el 18/06/2012.
70 Obsérvese que el mayor número de sentencias por abortos corresponde a causas donde la mujer perdió la vida al realizarse un aborto.
71 Flah, Lily y Minyersky, Nelly, ““Derecho a la vida ¿de quién? La interrupción voluntaria del embarazo en América Latina”; en: Derecho de Familia. Rev. Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Abeledo Perrot, N° 57, noviembre 2012, p. 160.
72 Ferrajoli, Luigi, “La pena produce clandestinidad”; en: Revista Derecho Penal, Ano I - Nº2 - Septiembre 2012, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ciudad de Buenos Aires, pp. 374 - 380.
73 CELS, cit., pp. 396
74 Ferrajoli, Luigi (1995) Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, S. A., Madrid, 2006, pp. 473.
75 CIDH “Artavía Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica”, Sentencia del 28/11/2012. En Costa Rica, el Decreto Ejecutivo N° 24029-S del 3/02/1995 emitido por el Ministerio de Salud, autorizaba la práctica de la FIV para parejas conyugales y regulaba su ejecución. La FIV fue practicada en este país entre 1995 y 2000, año en el que se presentó una acción de inconstitucionalidad utilizando diversos alegatos de violación del derecho a la vida. En marzo de 2000, la Corte Suprema de Costa Rica emitió sentencia anulando dicho decreto por inconstitucionalidad. Entre las razones esgrimidas, se consideró que las prácticas de FIV “atentan claramente contra la vida y la dignidad del ser humano”; por cuanto “i) el ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares, pero no sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de los peligros para su vida “; “ii) en cuanto ha sido concebida una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico” y “iii) como el derecho [a la vida] se declara a favor de todos, sin excepción, debe protegerse en el ser ya nacido como en el por nacer” (Conf. CIDH “Caso Artavía Murillo y Otros...”, Resumen Oficial). La CIDH responsabilizó por unanimidad al Estado de Costa Rica por vulnerar numerosos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponiendo que dicho país debe adoptar las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados lesionados en la sentencia.
76 Informe OSSyR, cit., p. 5.
77 CELS, cit., p. 384
78 ADC, “Despenalización del aborto temprano”; en: Cuestión de Derechos, Revista electrónica Nº 1, Julio 2011 - ISSN 1853-6565, p. 18. Ver: www.cuestiondederechos.org.ar
79 Defensoría General de la Nación. "Dictamen para la elaboración del nuevo Código Penal de la Nación con perspectiva de género". Allí se concluye: "Por todo lo expuesto, frente a cualquier pretensión de incorporar el delito de lesiones al feto será primordial tener en cuenta que estas propuestas, con frecuencia, (1) infringen el derecho a elegir de las mujeres; (2) alientan las políticas de control social del embarazo y la maternidad; y (3) amplían injustificadamente el ámbito punible".
80 Artículos 175 bis, 189 bis, 208, 277, 303 y 308 CP, y art. 149 inciso 2 del Anteproyecto.
81 Así, los Elementos de los Crímenes establecen como violación, tanto para su consideración como delito de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto) como de guerra (art. 8 del Estatuto):
1. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo.
2. Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento.
82 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Caso Nº ICTR-96-4T, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, sentencia del 2 de septiembre de 1998, párr. 686.
83 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2006, Serie C Nº. 160, párr. 310.
84 Modificación a la Ley 26.364 de trata de personas y asistencia a sus víctimas. Análisis y propuestas sobre los aspectos penales del proyecto de ley aprobado por el Senado de la Nación Argentina el 31 de agosto de 2011 (Cámara Revisora: Diputados. Expediente: 0128-S-2011)"
85 Ídem, nota anterior.
86 Defensoría General de la Nación, "Dictamen para la elaboración del nuevo Código Penal de la Nación con perspectiva de género".
87 Disidencia del Dr. Federico Pinedo, sobre el concepto de dolo. Propone el siguiente texto:
a) Legalidad estricta y responsabilidad. Solo se considerarán delitos las acciones u omisiones expresa y estrictamente previstas como tales en una ley formal previa, realizadas con conocimiento y voluntad, salvo que también se prevea pena por imprudencia o negligencia. No se impondrá pena ni otra consecuencia penal del delito, diferente de las señaladas en ley previa.
88 Disidencia del Dr. Federico Pinedo, sobre el concepto de peligro. Propone el siguiente texto: c) Ofensividad. No hay delito sin lesión o peligro para algún bien jurídico.
89 Disidencia de la Dra. María Elena Barbagelata, quien propone la incorporación, como inciso 3º del artículo 4º, del siguiente texto:
3. Las disposiciones que regulan la disponibilidad de la acción y demás normas de naturaleza procesal previstas en el presente Código sólo serán aplicables en caso de ausencia de regulación local.
90 Disidencia del Dr. Federico Pinedo, quien propone la introducción de la pena de cumplimiento de instrucciones judiciales accesorias para delitos de máxima gravedad. Los textos propuestos son los siguientes:
1. Las penas de este Código son prisión, multa, inhabilitación y, en su caso, las alternativas y accesorias a la prisión.
2. Las penas alternativas a la prisión son: detención domiciliaria; detención de fin de semana; obligación de residencia; prohibición de residencia y tránsito; prestación de trabajos a la comunidad; cumplimiento de instrucciones judiciales; y multa reparatoria.
3. Las penas accesorias a la prisión son la inhabilitación accesoria y el cumplimiento de instrucciones judiciales accesorias.
Se propone como artículo 39º, para regular lo dispuesto en el artículo 17, inciso 3º in fine: