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Timestamp: 2019-11-20 19:29:47
Document Index: 214942393

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 7', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 17', 'Artículo 285', 'Artículo 19', 'Artículo 13', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23']

Ley para crear la “Ley de Análisis de adn post Sentencia”, establecer sus alcances y limitaciones y para otros fines pertinentes. Historial exposición de motivos
título Ley para crear la “Ley de Análisis de adn post Sentencia”, establecer sus alcances y limitaciones y para otros fines pertinentes. Historial exposición de motivos
Presentado por los representantes Hernández López, Vega Ramos y González Colón
Para crear la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”, establecer sus alcances y limitaciones y para otros fines pertinentes.
Uno de los pilares de todo gobierno democrático es un sistema de justicia justo e imparcial en donde se juzgue a sus ciudadanos al amparo de la igual protección de las leyes, el debido proceso de ley y la presunción de inocencia. Obviamente, los sistemas no son perfectos y en muchas ocasiones ocurren circunstancias en donde las sentencias condenatorias son obtenidas mediante prueba circunstancial y sin tener la evidencia exculpatoria que cambie el resultado del fallo condenatorio. De esta manera, ciudadanos han sido acusados y convictos injustamente sin ser ellos los responsables del delito por el cual se les acusó. La cruda realidad, nos recuerda Don José Trías Monge, “…es que vastas zonas de nuestro derecho sirven en buena parte a la causa de la injusticia, que reflejan valores obsoletos u obsolescentes…” Véase, Trías Monge, J., Fallas de Nuestro Sistema de Justicia, 35 Rev. Col. Abog. 379, 380 (1974).
Ahora bien, mientras la ciencia y la tecnología se han ido desarrollando, nuevas formas de investigación forense han ido abriéndose paso en la justicia criminal moderna. A principios de siglo la hemogenética forense surgió como una rama de la criminología cuyo objetivo era la identificación genética tanto en casos de investigación criminal como en estudios biológicos de la paternidad. Pero fue a mediados de siglo veinte cuando gracias al descubrimiento del ADN y de su estructura que la ciencia forense evolucionó considerablemente hasta el punto de que hoy en día forma parte indispensable de los laboratorios de criminología alrededor del mundo. No obstante, aunque desde la primera mitad del siglo pasado la ciencia poseía las herramientas necesarias para el estudio del ADN, su aplicación en la resolución de casos judiciales no se produjo hasta 1985, cuando el Ministerio del Interior Británico solicitó la ayuda del Dr. Alec J. Jeffreys, profesor de Genética de la Universidad de Leicester. Por su parte, en los Estados Unidos se comenzó a utilizar el análisis post sentencia del ADN en el 1989 cuando se exoneró a David Vásquez quien cumplía cárcel en una prisión estatal de Virginia por asesinato. Dicho caso impulsó la fundación del Inoccence Project adscrito en ese entonces a la Escuela de Derecho Benjamín N. Cardozo de la Universidad de Yeshiva, en Nueva York, EEUU.
Actualmente el Inoccence Project es una corporación independiente sin fines de lucro, que ha logrado más de 300 exoneraciones post sentencia utilizando la tecnología para analizar ADN. Diecisiete (17) de esos casos eran convictos sentenciados a pena de muerte, quienes gracias a la ciencia, y a la ley que viabiliza dichos exámenes, lograron demostrar que no eran los responsables del delito por el cual se les sentenció, liberándose de ser ejecutados.
En esos primeros años las decisiones judiciales estatales norteamericanas y las federales sobre análisis de ADN post sentencia no eran uniformes, y en muchas de esas decisiones se negaba la petición. Es de esa manera que en el 2004 se aprobó la Justice for All Act of 2004 y el Inoccence Protection Act, 18 U.S.C. 3600, et. seq., estableciendo a nivel federal un proceso de petición de análisis de ADN post sentencia y disposiciones para proteger y conservar la evidencia biológica. Como resultado, muchos estados comenzaron a aprobar sus propias leyes post sentencias siguiendo los parámetros de la legislación federal. Más aún, la Justice for All Act incentivaba económicamente a aquellos estados que aprobaban legislación para permitir el análisis de ADN post sentencia. Actualmente hay cuarenta y nueve (49) estados que tienen legislación que viabiliza dichos análisis, siendo Oklahoma el único estado que no tiene dicha legislación.
Nuestro ordenamiento jurídico permite la celebración de un nuevo juicio cuando se descubra nueva evidencia que demuestre la inocencia del condenado. Véase la Regla 192 de Procedimiento Criminal. Sin embargo, no reconoce derecho alguno para que se realicen pruebas genéticas luego de emitido el fallo condenatorio. Véase a manera persuasiva, Pueblo v. Caro, et al, 2012 TA 688, (KLCE201101127), páginas 12 y 13, Auto denegado por el Tribunal Supremo el 16 de noviembre de 2012, CC-2012-0591. La presente Ley no es un mecanismo alterno a las disposiciones de nuevo juicio de las Reglas de Procedimiento Criminal. Aunque se realicen los análisis de conformidad con ésta, los jueces tienen amplia discreción, al amparo del estado de derecho vigente, para permitir o no un nuevo juicio. Recordemos que el descubrimiento de nueva evidencia por sí sola no es suficiente para ordenar un nuevo juicio. El juez tiene que analizar si dicha prueba, de ser cierta, puede alterar el previo resultado del proceso. Véase, Pueblo v. Velázquez Colón, 174 D.P.R. 304 (2008) y Pueblo v. Rivero, 121 D.P.R. 454 (1988).
En Puerto Rico sería viable realizar dichos análisis genéticos ya que desde el 1998 contamos con un Banco de ADN adscrito al Instituto de Ciencias Forenses. Sin embargo, la data allí almacenada es la obtenida del acusado o convicto cuando se le ha determinado causa probable para arrestar o cuando se le encuentra culpable por algún delito grave de los que especifica la Ley Núm. 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”. Cualquier otra evidencia que pudiera contener material genético debería estar en posesión del Departamento de Justicia o de la Policía de Puerto Rico por un término de (6) seis meses posterior a la convicción. Véase, Reglamento Núm. 6447 de 2 de mayo de 2002, Reglamento para el Control, Preservación, Manejo y Disposición de Evidencia en el Negociado de Investigaciones Especiales, y la Orden General 2008-13 de la Policía de Puerto Rico. Es por lo anterior que en esta pieza legislativa se establece un procedimiento para que dicha evidencia sea preservada y custodiada por el Tribunal, en lo que decide sobre la moción de análisis de ADN, de manera que no se levanten dudas sobre la pulcritud del procedimiento.
No se debe confundir el análisis de ADN post sentencia con los exámenes que le realiza el Departamento de Justicia a la evidencia que se propone presentar en el juicio. El propósito de la presente Ley es permitir que la persona convicta pueda solicitar un análisis de ADN sobre evidencia en posesión del gobierno que nunca se analizó, o evidencia nueva encontrada ya sea por el gobierno o por la defensa, o evidencia que a pesar de haberse analizado hay una legítima duda acerca de la certeza de los resultados. Debemos aclarar, que el proceso aquí establecido no persigue impugnar evidencia, sino que la evidencia sea examinada mediante un proceso científico que, con razonable probabilidad, pudiera cambiar el resultado del juicio. Para ello se ha establecido una serie de requisitos que el juez deberá analizar para determinar si dicha petición es basada en planteamientos lógicos y razonables que lo lleven a concluir que el resultado del juicio pudiera variar. La adjudicación de la petición que mediante esta Ley se establece debe ser una rigurosa, guiada, obviamente, por el más alto grado de justicia hacia el peticionario, y con la sensibilidad requerida hacia la víctima y sus familiares.
El proceso creado mediante esta Ley crea un firme balance entre los derechos del acusado y el derecho de la víctima y sus familiares. Es por ello que los requisitos aquí establecidos garantizan que la Ley no se utilice de una manera desmedida, de modo que no ocasione más incertidumbre en la víctima y en sus familiares. Empero, el Estado Libre Asociado no puede escapar de la realidad de que en ocasiones se logran convicciones con prueba circunstancial y sin el beneficio de prueba exculpatoria, que pudiera evitar un descarrío de la ley y un fracaso de la justicia. De esta manera se reconoce el alto interés público de la presente administración en proteger los derechos constitucionales de sus ciudadanos, específicamente aquellos convictos erróneamente. Un solo inocente tras las rejas es suficiente para que esta Asamblea Legislativa apruebe la presente Ley, siendo nuestro deber proteger al máximo nuestra Carta de Derechos, primera línea de defensa de nuestra democracia.
Esta Ley se conocerá como “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”.
Para los efectos de esta Ley las palabras o frases contenidas en este Artículo tendrán los siguientes significados:
ADN.- Ácido Desoxirribonucleico localizado en las células nucleadas, que provee el perfil genético de las personas y que puede utilizarse para la identificación forense.
Análisis.- Examen científico-tecnológico cualitativo y cuantitativo del ADN o de cualquier otro material genético proveniente de sustancias del organismo según métodos especializados.
Banco de Datos de ADN.- El depósito de los récords de ADN incluidos en un sistema de registro, administrado por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, para el uso exclusivo de identificación criminal, creado por la Ley Núm. 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”.
Evidencia.- Incluye toda prueba utilizada en juicio para lograr una convicción, o la recopilada durante la investigación aunque no haya sido utilizada en juicio, en posesión del Departamento de Justicia, del Instituto de Ciencias Forenses, de la Policía de Puerto Rico, o del Banco de Datos de ADN, o aquella prueba encontrada posterior al juicio.
Evidencia Biológica – cualquier artículo que contenga sangre, semen, cabello, saliva, tejido de piel o cualquier otro material que se pueda identificar como material biológico, aunque el material pueda catalogar de manera separada o esté presente en cualquier otra evidencia como lo sería, por ejemplo, ropa, vasos, cigarrillos, entre otros. Incluye, además, el contenido del equipo de agresiones sexuales (“Sexual Assault Kit”).
Laboratorio Forense de ADN – laboratorio que realiza la extracción, análisis y comparación de ADN de una muestra.
Muestra - cantidad de sangre, tejido o fluidos corporales extraídos de cualquier persona sujeta a las disposiciones de esta Ley o la Ley Núm. 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”, o cualquier evidencia biológica suministrada a un laboratorio forense de ADN o al Instituto de Ciencias Forense para su almacenamiento o análisis.
Peticionario- Persona convicta de delito grave que solicita un análisis de ADN luego de haber sido sentenciado.
Récords.- Información del resultado final de los análisis realizados a una muestra por un laboratorio forense de ADN y almacenados en el Banco de Datos de ADN y en el sistema de Índice Combinado de ADN administrado por el Negociado de Investigaciones Federales y creado por el “DNA Identification ACT of 1994”, 42 U.S.C. 14131, et. seq., según enmendada, con el propósito de generar guías investigativas, sustentar la interpretación estadística de los resultados arrojados por las análisis de ADN, o asistir en la identificación criminal.
Razonable probabilidad - Probabilidad suficiente para cambiar el resultado de una convicción.
Artículo 3.-Peticionario.
Cualquier persona que haya sido declarada culpable por un delito grave, ya sea por tribunal de derecho o por jurado, podrá presentar ante el Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial donde fue convicta, dentro del mismo número de caso, una moción para que se ordene mediante mandamiento judicial realizar análisis de ADN sobre evidencia independientemente de que haya sido o no utilizada en el juicio, pero que esté en poder del Departamento de Justicia o de la Policía de Puerto Rico, así como de cualquier otra evidencia que haya sido encontrada con posterioridad al juicio.
Lo anterior incluye aquella sentencia emitida en virtud de una alegación preacordada o que haya sido resultado de una confesión o admisión.
Artículo 4.-Término para presentar la moción.
La moción solicitando análisis de ADN deberá presentarse dentro del mismo término que tenga disponible para presentar una solicitud de nuevo juicio al amparo de la Regla 189 de las de Procedimiento Criminal.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, un Tribunal podrá considerar una moción al amparo de lo establecido en esta Ley a aquellos convictos cuyas sentencias se hayan emitido desde el 2 de enero de 2009 hasta la fecha de efectividad de esta Ley, en cuyos casos la moción deberá ser presentada en un término jurisdiccional de doce (12) meses contados a partir de la vigencia de esta Ley.
Artículo 5.-Moción.
La moción establecida en el Artículo 3 de esta Ley deberá estar juramentada por el peticionario y contendrá la siguiente información:
Una explicación detallada sobre el porqué la identidad del responsable del crimen es, o debió haber sido, una controversia significativa en el caso;
Una justificación detallada, al amparo de la evidencia presentada en el juicio, de cómo la solicitud de análisis de ADN establecerá una razonable probabilidad de que hubiese cambiado el veredicto o fallo del Tribunal si se hubiese efectuado el análisis de ADN solicitado;
Deberá informar si ha efectuado todo intento razonable para identificar la evidencia que debe ser analizada y el tipo de análisis de ADN que se va utilizar;
Deberá informar la evidencia específica que va a ser objeto de análisis de ADN;
Deberá informar si al Peticionario se le ha realizado algún análisis de ADN previo ya sea por la defensa o por el Ministerio Público;
Si la evidencia a someterse al análisis de ADN fue obtenida luego de celebrado el juicio, deberá detallar claramente las circunstancias de su hallazgo, quién la poseía o donde se encontraba, quién o donde se encuentra custodiada, y el nombre de la persona, entidad privada o pública que la descubrió;
Si el Peticionario está o no de acuerdo con que el análisis de la muestra sea realizado por el Instituto de Ciencias Forenses o por cualquier otro laboratorio del Estado Libre Asociado. En caso de estar de acuerdo, deberá demostrar que es indigente. En caso de que el Peticionario no esté de acuerdo, deberá certificar que cuenta con los medios para pagar a un laboratorio privado para que analice la muestra y deberá proveer una lista de al menos tres (3) laboratorios privados que provean servicios de análisis de muestras de ADN.
Artículo 6.-Notificación.
La moción deberá notificarse en un término no mayor de veinticuatro (24) horas al Fiscal de Distrito de la Región Judicial donde fue convicto el peticionario. Si la evidencia a ser analizada no se encuentra en poder del Departamento de Justicia se deberá también notificar dentro de dicho término a la agencia o al laboratorio que tenga en su poder la misma. El término aquí dispuesto es de cumplimiento estricto.
También se notificará al Banco de Datos de ADN del Instituto de Ciencias Forenses para que brinde información al Tribunal y a las partes sobre cualquier material genético, muestra, análisis o resultado del peticionario que se encuentre almacenado en el Banco. El peticionario y el Fiscal de Distrito podrán tener acceso a su récord según lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Núm. 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”.
Artículo 7.-Oposición a moción.
El Fiscal de Distrito podrá presentar una moción en oposición a la petición de análisis de ADN en un término de treinta (30) días. Dicho término podrá prorrogarse por justa causa pero nunca podrá ser mayor de sesenta (60) días contados desde el día en que le fue notificada la moción de análisis de ADN.
En aquellos casos en que el peticionario haya rehusado que la muestra sea analizada en el Instituto de Ciencias Forenses o en cualquier otro laboratorio gubernamental, en su oposición o mediante moción aparte, pero dentro del mismo término, el Fiscal de Distrito deberá escoger un laboratorio privado a realizar la prueba dentro de la lista provista por el peticionario en su solicitud. De tener objeción a todos los laboratorios privados provistos, deberá fundamentar en detalle las razones para cada laboratorio.
Artículo 8.-Análisis de ADN previos.
Si al peticionario se le ha realizado algún análisis de ADN previo, ya sea por el Ministerio Público o por la defensa, los resultados deberán incluirse en un sobre sellado junto a la moción de petición de análisis de ADN o en la oposición a dicha moción por el Fiscal de Distrito.
Si existe alguna evidencia que fue sujeta a análisis de ADN, o a algún otro análisis genético, previo a la presentación de la moción, ya sea por el Ministerio Público o por la defensa, el Tribunal emitirá una orden para que el resultado de la misma sea revelado a todas las partes y cualquier parte afectada por dichos resultados tendrá acceso a los reportes y notas del laboratorio, y a cualquier otra información pertinente al análisis de ADN de la evidencia.
Si el resultado del análisis y la muestra se encuentran en el Banco de Datos de ADN del Instituto de Ciencias Forenses, el Tribunal emitirá una orden para que, en virtud de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Núm. 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”, se provea copia en un sobre sellado de los resultados a las partes y al Tribunal.
Artículo 9.-Vista.
Si la solicitud cumple con todos los requisitos aquí establecidos, el Tribunal podrá señalar una vista argumentativa para discutir la petición de análisis de ADN, en la que podrá estar presente el peticionario a petición de parte.
Artículo 10.-Adjudicación de la Solicitud.
El Tribunal concederá la solicitud para el análisis de ADN si el peticionario cumple con los siguientes requisitos:
La evidencia a analizarse está disponible y en condiciones que permitan realizar el análisis de ADN solicitado;
La evidencia a analizarse cumple con la cadena de custodia, de manera que se pueda establecer su legitimidad, y que dicha evidencia no haya sido reemplazada, dañada, o alterada;
La identidad del responsable del crimen es, o debió haber sido, un asunto significativo en el caso;
El peticionario establece “prima facie” que la evidencia que se busca analizar mediante el análisis de ADN es pertinente al hecho de la identidad de la persona como autor o cómplice del delito, circunstancia especial o agravante que resultó en la convicción o sentencia impuesta;
El resultado del análisis de ADN establecerá, en conjunto con la evidencia presentada en juicio, que existe una razonable probabilidad de que hubiese cambiado el veredicto o fallo del Tribunal si se hubiese efectuado el análisis de ADN durante el proceso judicial;
Cuando aplique, que las teorías presentadas en la solicitud son consistentes y fueron previamente presentadas en el juicio en su fondo;
Cuando aplique, que la evidencia fue analizada previamente, pero el análisis de ADN solicitado proveería resultados que son razonablemente más confiables y demostrativos de la identidad del autor o cómplice del delito por el cual se encontró culpable al peticionario, o tendría probabilidad razonable de contradecir resultados de análisis anteriores;
Que es indigente, en aquellos casos que consienta a que el análisis lo realice el Instituto de Ciencias Forenses o cualquier otro laboratorio del Estado Libre Asociado o que el Departamento de Justicia escoja en aquellos casos que ningún laboratorio del gobierno pueda realizar el análisis;
Que cuenta con los medios para pagar a un laboratorio privado que realice la muestra en aquellos casos que el peticionario haya rehusado que la prueba fuera realizada por el Instituto de Ciencias Forenses o por cualquier otro laboratorio del Estado Libre Asociado;
Cuando se trate de un laboratorio privado, que el laboratorio a realizar el análisis de ADN cumplirá con los métodos reconocidos por la comunidad científica vigente al momento de tomar y analizar la muestra.
Artículo 11.-Revisión judicial.
La orden o resolución para conceder o denegar una moción de análisis de ADN podrá ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por cualquiera de las partes en un término jurisdiccional de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la orden o resolución.
Artículo 12.-Orden del Tribunal.
Si el Tribunal concede la moción de análisis de ADN la orden identificará la evidencia específica a ser analizada y la tecnología médica que se va a utilizar.
Artículo 13.-Obtención y análisis de la muestra
Cuando la prueba de ADN se le vaya a realizar al peticionario, el Instituto de Ciencias Forenses, o cualquier otro laboratorio gubernamental o laboratorio privado que vaya a realizar la prueba, deberá tomar la muestra en la institución penal donde el peticionario se encuentre cumpliendo su sentencia.
Cuando la prueba de ADN se le vaya a realizar a propiedad en posesión del Estado Libre Asociado por un laboratorio privado, el ente gubernamental será responsable de poner la muestra a disposición del laboratorio y este último de recoger la misma.
Artículo 14.-Selección del laboratorio
El análisis será realizado por el Instituto de Ciencias Forenses o cualquier otro laboratorio del Estado Libre Asociado, siempre y cuando el peticionario consienta a ello y sea indigente.
En aquellos casos que el peticionario no sea indigente o rehúse a que el análisis lo realice el Instituto de Ciencias Forenses o cualquier otro laboratorio del Estado Libre Asociado, deberá proveer con su solicitud una lista de al menos tres (3) laboratorios privados que prefiere realicen el procedimiento. El Ministerio Público deberá escoger un laboratorio de los que se encuentran en la lista o justificar en detalle las razones por la cuales se opone a éstos, conforme el Artículo 7 de esta Ley. El Ministerio Público tendrá derecho a realizar su propia muestra y el resultado de la misma deberá ser notificado al peticionario y al tribunal.
Artículo 15.-Costas y gastos del análisis.
Cuando el peticionario sea indigente y acepte que el análisis lo realice el Instituto de Ciencias Forenses o cualquier otro laboratorio del Estado Libre Asociado, el Departamento de Justicia deberá sufragar el análisis. En aquellos casos que el peticionario rehúse que el análisis lo realice el Instituto de Ciencias Forenses o cualquier otro laboratorio del Estado Libre Asociado, la responsabilidad de sufragar el análisis recaerá sobre el peticionario.
Artículo 16.-Confidencialidad.
La información del perfil del ADN del peticionario y el récord de muestras de su material genético serán estrictamente confidenciales y solamente tendrá acceso a ello las partes, el Tribunal, y los profesionales del laboratorio que trabajaron en el análisis, incluyendo los funcionarios del Banco de Datos de ADN. Cualquier persona que viole lo establecido en este Artículo incurrirá en delito menos grave y estará sujeto a las penas establecidas en el Artículo 14 de la Ley Núm. 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”.
Artículo 17.-Preservación de evidencia.
Una vez se presente una moción de análisis de ADN al amparo de esta Ley el Tribunal ordenará inmediatamente, al Fiscal de Distrito o a la Policía de Puerto Rico, o al peticionario, la consignación de toda la evidencia descrita en la moción en el Centro Judicial en donde se presentó la moción a no ser que se encuentre almacenada en el Banco de Datos de ADN, en cuyo caso permanecerá bajo la custodia del Instituto de Ciencias Forenses.
Toda evidencia consignada en el Tribunal será custodiada por la Oficina de Alguaciles. Las partes podrán tener acceso para inspeccionar las mismas y realizar el análisis correspondiente mediante orden judicial, siempre y cuando haya representantes del peticionario y del Fiscal de Distrito durante la inspección.
Artículo 18.-Destrucción de evidencia.
Cualquier funcionario público que destruya evidencia en contravención de lo establecido en el Artículo 17, estará en violación de lo dispuesto en el Artículo 285 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, cuya sanción es una pena fija de tres (3) años de cárcel.
Artículo 19.-Destrucción del récord y del material genético.
Si, luego del análisis del ADN, y de los procedimientos judiciales posteriores a dicho análisis, surge que el peticionario no es responsable del delito por el cual fue convicto, una vez emitido el fallo absolutorio, se podrá solicitar la eliminación del récord del Banco de ADN al amparo de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley Núm. 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”.
Artículo 20.-Nuevo juicio.
El procedimiento establecido en esta Ley no equivale a una solicitud de nuevo juicio. No obstante, cualquier solicitud de nuevo juicio basada en los resultados del análisis de ADN provisto en esta Ley, deberá hacerse al amparo de la Reglas 188 y 192 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico.
Artículo 21.- Reglamentación.
El Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, atemperarán cualquier reglamento, carta circular u orden general a lo establecido en esta Ley.
Artículo 22.-Fondos.
Será deber del Instituto de Ciencias Forenses gestionar cualquier solicitud de fondos al amparo de la “Justice for All Act of 2004”.
Artículo 23.-Cláusula de separabilidad.
Si algún artículo, sección o párrafo de la presente Ley es declarado inconstitucional por algún tribunal, subsistirán los artículos, secciones o párrafos restantes.