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Timestamp: 2020-07-07 00:27:09
Document Index: 266586477

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 251', 'artículo 251', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 209', 'artículo 29', 'artículo 249', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 13']

Sentencia de Tutela nº 1034/06 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625882
Derecho al debido proceso de exgerente del fondo de vigilancia y seguridad de bogota contra quien la entidad ordeno abrir investigacion disciplinaria por una supuesta erronea imputacion presupuestal para la suscripcion de un contrato de consultoria, siendo sancionado por dichos hechos, evidenciándose el desconocimiento del principio de imparcialidad y la negativa del tramite del recurso de nulidad interpuesto. Solicita se ordene la suspension de los efectos de la resolucion y el fallo sancionatorio en tanto cursa la demanda interpuesta contra las resoluciones proferidas por la personeria distrital de bogota. La tutela como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales y el concepto de perjuicio irremediable. El derecho al debido proceso en materia disciplinaria. El principio de imparcialidad en materia disciplinaria. El alcance del principio de tipicidad y el ámbito de decisión del fallador en materia disciplinaria. El fallador en materia disciplinaria no pueda actuar de manera discrecional en la adecuación típica de las conductas de los servidores públicos investigados a los tipos sancionadores porque en todo caso su actividad hermenéutica está sujeta a distintos límites. Concedida como amparo transitorio
La imparcialidad es uno de los principios integradores del derecho al debido proceso que encuentra aplicación en materia disciplinaria. Este principio tiene como finalidad evitar que el juzgador sea ''juez y parte'', así como que sea ''juez de la propia causa''. Así mismo, el Código Disciplinario Único hace referencia al principio de imparcialidad como uno de los principios que rigen la actuación procesal en materia disciplinaria (Art. 94), y adicionalmente establece de manera expresa la imparcialidad del funcionario que adelanta la investigación disciplinaria en la búsqueda de la prueba (Art. 129).
Encuentra esta S. que esta prueba no reúne los elementos necesarios para ser calificada como dictamen pericial por distintas razones. En primer lugar, si bien el Código de Procedimiento Penal vigente al momento de adelantarse la investigación disciplinaria contra el accionante (Ley 600 de 2000) prevé la figura de los peritos oficiales los cuales pueden ser designados por el juzgador y en esa medida funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, o de organismos adscritos a la Fiscalía General de la Nación como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pueden desempeñarse como peritos en el proceso penal sin que ello constituya violación del principio de imparcialidad, en todo caso por su naturaleza la prueba pericial debe versar sobre materias técnico científicas o artísticas y el Apoyo Técnico solicitado por la P.D. para la Vigilancia Administrativa a la Delegada para Asuntos Presupuestales versaba sobre la interpretación de una serie de disposiciones jurídicas presuntamente vulneradas por el investigado, lo cual es contrario a la naturaleza de la prueba pericial y a las disposiciones procesales vigentes. No obstante, el organismo de control disciplinario, al resolver las peticiones de nulidad procesal formuladas por el actor a raíz de la mencionada prueba, califica el Informe de la Asesora Financiera de la Personería delegada para Asuntos presupuestales como un dictamen pericial. Ahora bien, a pesar que este error en la calificación de un medio probatorio no tiene la entidad suficiente para viciar de nulidad todo el proceso disciplinario, si afecta sustancialmente el trámite de la primera instancia máxime si el juzgador en esa etapa del proceso disciplinario se basó principalmente en el supuesto peritaje para deducir la responsabilidad del actor.
En buena medida el valor de la prueba pericial reposa en la imparcialidad del perito y en sus conocimientos técnicos y científicos especializados, requisitos que la mencionada prueba no reunía por las razones antes anotadas, por lo tanto una decisión sancionatoria que se apoye principalmente en una supuesta prueba pericial que no reúne los requisitos señalados por las normas procedimentales que regulan la materia vulnera el debido proceso disciplinario. Ahora bien, la anterior irregularidad aparentemente fue subsanada en la segunda instancia del trámite disciplinario en la cual si bien no se decretó la nulidad de lo actuado, en todo caso se excluyó la valoración de dicha prueba para deducir la responsabilidad disciplinaria del investigado. No obstante, tal actuación condujo a su vez a la vulneración de las garantías procesales del actor porque al ser excluido el informe de la funcionaria de la Delegada de Asuntos Presupuestales de la P.D., el juzgador de segunda instancia se vio obligado a estructurar la conducta típica del sujeto disciplinado en torno a la supuesta vulneración de otras disposiciones jurídicas.
Acción de tutela instaurada por E.M.C. contra la Personería de Bogotá D.C.
B.D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil seis (2006).
- El ciudadano E.M.C. interpuso acción de tutela contra la Personería de Bogotá D.C, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque considera vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con ocasión de un proceso disciplinario adelantado en su contra por el organismo de control. Fundamenta la acción impetrada en los siguientes:
- En dicho sentido, señala el Sr. M.C. que el dos (2) de marzo de dos mil cuatro (2004) rindió, ante la entidad accionada, versión libre respecto de los hechos objeto de la investigación, diligencia en la cual puso de presente que, en su concepto, la normatividad presupuestal sí le permitía celebrar contratos en pro de la implementación de la cultura del control interno en la entidad por él presidida, con cargo al mencionado proyecto de inversión.
- En este orden de ideas, indica que, en fecha seis (6) de mayo de dos mil cuatro (2004), la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa II de Bogotá D.C. profirió en su contra el auto de cargos No. 527, en el cual manifestó que el ciudadano M.C. había desconocido el principio presupuestal de especialización, estipulado en el literal g), artículo 13 del Decreto 714 de 1996, que dispone que las apropiaciones deben referirse en cada entidad de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. Dicha falta se concreta en el hecho de que permitió y aceptó que se afectara el rubro presupuestal 311101027093, destinado a la adquisición de equipo técnico para la inteligencia policial, con cargo al proyecto de inversión No. 7093, para otorgarlo al contrato No. 1471, celebrado con la firma BDO AUDIT AGE S.A., con el objeto de implementar la cultura del control interno, lo cual no corresponde al objeto del referido proyecto de inversión.
- El ciudadano M.C. resalta que el auto citado adoptó como antecedente procesal la comisión hecha por el ente investigador al área presupuestal de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa I, con el propósito de que brindara apoyo técnico a la investigación, dependencia que delegó dicho encargo a la asesora financiera de la Personería de Bogotá D.C., I.M.G., quien rindió concepto desfavorable a sus intereses y cuyo dictamen fue considerado y valorado como una prueba dentro del respectivo proceso. Así mismo, afirma que en el auto de cargos se relacionaron como normas presuntamente vulneradas el artículo 6 constitucional y los artículos 13, literal g), 23, numeral 1 y 34, numeral 21, del Decreto 714 de 1996. Frente a tales acusaciones, asegura que, a través de oficio del ocho (8) de junio de dos mil cuatro (2004), presentó, dentro del término que le otorga la ley, los correspondientes descargos.
- El peticionario señala que la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa II de Bogotá D.C., mediante auto No. 1249 de diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004), le corrió traslado para que presentara sus respectivas alegaciones, como consecuencia de ello, en oficio de treinta (30) de agosto del citado año presentó sus alegatos de conclusión, en los cuales manifestó que la prueba pericial practicada por la asesora I.M.G. adolecía de vicios que atentaban contra su derecho de defensa, por cuanto quebrantaba el principio constitucional de la imparcialidad y, por ende, su derecho al debido proceso, asimismo, declaró que tal dictamen no cumplía con los requisitos señalados por el artículo 251 del Código de Procedimiento Penal, respecto de la prueba pericial. Por otra parte, reiteró tener la convicción de que la norma presupuestal presuntamente vulnerada sí le permitía apropiar recursos, con cargo al referido proyecto de inversión, para la implementación del sistema de control interno, por lo que, en su criterio, la presente discusión radica en un problema de interpretación.
- Mediante fallo sancionatorio No. 238 de veintiuno (21) de febrero de dos mil cinco (2005), la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa II de Bogotá D.C. impuso al ciudadano E.M.C., quien se desempeñaba para la época de los hechos como Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., la sanción de suspensión, la cual, por no poderse ejecutar, se transformó en una multa equivalente a treinta y dos días del salario que devengaba para el segundo semestre del año dos mil dos (2002). En igual sentido, enunció que, respecto del informe rendido por la Dra. I.M.G., el peticionario tuvo la oportunidad de controvertirlo, cuando del mismo se le corrió traslado, y no lo hizo, además, el hecho de que una funcionaria de la Personería sea quien rinda el informe para nada controvierte el principio de imparcialidad, puesto que el mismo es simplemente un concepto que no impone obligación alguna.
- A través de auto PSI No. 039 del trece (13) de mayo de dos mil cinco (2005), la segunda instancia de la Personería se pronunció en sentido adverso sobre la solicitud de nulidad presentada por el peticionario, decisión contra la cual el Sr. M.C. interpuso recurso de reposición.
- Finalmente, el ciudadano M.C. afirma que, mediante oficio radicado el ocho (8) de agosto de dos mil cinco (2005), presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 242, para que en atención a su derecho al debido proceso se realice una nueva valoración de su caso, en la cual no se tome en cuenta el discutido dictamen pericial. Así mismo, para que en dicho análisis se declare que él procedió con la plena convicción de que la norma presupuestal sí autorizaba la actuación desplegada. Agrega que, en caso de que con su conducta hubiese afectado alguna norma constitucional, legal o reglamentaria, ello, en definitiva, no se hizo con un objetivo distinto al de satisfacer el interés general y cumplir un deber legal, establecido en la Ley 87 de 1993, lo cual es una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.
Ahora bien, en relación con el fallo de segunda instancia, el accionante indica que la violación a sus derechos se concreta en que, cuando se pronunció respecto del cuestionado dictamen pericial, señaló que el mismo no vulneraba el principio de imparcialidad, pero no expuso razones suficientes que motivaran dicha decisión, a lo que se suma el hecho de que no se hizo comentario alguno sobre la infracción al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Simplemente, se manifestó la determinación de dejar por fuera del acervo probatorio el concepto emitido por la Dra. I.M.G., en su calidad de asesora financiera de la Personería de Bogotá D.C.
Finalmente sostiene que el Sr. M.C. que en el fallo de segunda instancia se reconoce que el literal g del artículo 13 del Decreto 714 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital-, disposición cuya supuesta infracción dio origen a la investigación y posterior sanción disciplinaria, es susceptible de diversas interpretaciones. En esa medida, asevera que él acogió uno de los posibles entendimientos del citado precepto razón por la cual debió excluirse su responsabilidad disciplinaria por haber actuado con la convicción que la norma presupuestal lo autorizaba para contratar la implementación del control interno en el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá con recursos de los proyectos de inversión. Considera por lo tanto que en su caso debió ser aplicado el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 según el cual esta exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta típica ''con la convicción errada e invencible de que (...) no constituye falta disciplinaria''.
· Copia del auto de apertura de investigación disciplinaria No. 356 de diez (10) de noviembre de dos mil tres (2003).
· Copia de la versión libre rendida el dos (2) de marzo de dos mil cuatro.
· Copia del auto de cargos No. 527 de seis (6) de mayo de dos mil cuatro.
· Copia de los descargos presentados el ocho (8) de junio de dos mil cuatro (2004) al auto de cargos No. 527.
· Copia del auto No. 1249 de diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004), referente a los alegatos de conclusión.
· Copia de los alegatos de conclusión presentados el treinta (30) de agosto de dos mil cuatro (2004).
· Copia del auto No. 1543 de cinco (5) de octubre de dos mil cuatro (2004), por el cual se niega la solicitud de nulidad.
· Copia del fallo sancionatorio No. 238 de veintiuno (21) de febrero de dos mil cinco (2005).
· Copia del recurso de reposición y apelación presentado el cuatro (4) de marzo de dos mil cinco (2005) contra el fallo sancionatorio No. 238.
· Copia del auto PSI No. 039 del trece (13) de mayo de dos mil cinco (2005).
· Copia del recurso de reposición presentado el veintitrés (23) de marzo de dos mil cinco (2005) contra el auto PSI No. 039.
· Copia de la Resolución No. 242 del veintidós (22) de julio de dos mil cinco (2005) expedida por el Personero de Bogotá D.C.
· Copia del oficio de fecha ocho (8) de agosto de dos mil cinco (2005), por medio del cual se solicita la revocatoria directa de la Resolución No. 242.
M.S.O.Q., en calidad de Personera para la segunda instancia, respondió, mediante escrito de fecha veinte (20) de octubre de dos mil cinco (2005), el requerimiento que le hiciera el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D.C., en relación con la tutela instaurada en contra de la Personería de Bogotá D.C., por el ciudadano E.M.C..
El diez (10) de noviembre de dos mil tres (2003), la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa I dictó el auto de apertura de investigación disciplinaria en contra del E.M.C., el cual fue notificado personalmente el veinticuatro (24) de noviembre de dicho año, en el que se advierte que no era correcta la imputación presupuestal otorgada al contrato No. 1471.
Pasada la investigación a la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa II, el seis (6) de mayo de dos mil cuatro (2004) se formularon cargos en contra del señor M.C., quien rindió los respectivos descargos el nueve (9) de junio de esa misma anualidad. Así mismo, se le corrió traslado para que presentara sus alegatos de conclusión, lo que realizó mediante memorial allegado el primero (1) de septiembre de dos mil cuatro (2004).
Contra esa decisión el actor presentó recurso de apelación que fue resuelto mediante Resolución No 242 de veintidós (22) de julio de dos mil cinco (2005). Luego de haberse agotado la vía gubernativa, mediante escrito presentado el ocho (8) de agosto de dos mil cinco (2005) el señor M.C. solicitó la revocatoria directa del referido acto administrativo, con argumentos de idéntica estirpe a los presentados en el recurso de amparo.
De otro lado, y en punto a que se atendieron en la segunda instancia normas que no formaban parte de la acusación, señala el ente accionado respecto de dicha afirmación del ciudadano M.C. que aquél fue investigado y sancionado disciplinariamente, por haber desconocido el artículo 13, literal g) del Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, norma en la que se compilaron el Acuerdo 24 de 1.995 y el Acuerdo 20 de 1.996. El Decreto 714 autorizó en el artículo 19 al Gobierno Distrital para compilar los dos acuerdos mencionados.
En dicho sentido, destaca que el Decreto 449 de 1.999 fue citado por el fallo de segunda instancia como consecuencia de la valoración de la prueba testimonial integrada al expediente a solicitud del acusado, más específicamente la del señor J.O.. En conclusión, reitera la Personería que el fallo de segundo grado no se soportó sobre normas que no hacían parte de la acusación y que si se hizo referencia a ciertas normas no consignadas en el pliego acusatorio, fue precisamente, por haber sido planteadas por el apelante en el escrito de impugnación.
Mediante sentencia del veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005), el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D.C. decidió negar el amparo constitucional solicitado por el ciudadano E.M.C., por cuanto, a juicio de dicho Despacho, el procedimiento llevado a cabo por la Personería de Bogotá D.C. se efectuó de acuerdo con las normas legales previstas para tal efecto, razón por la cual no se evidencia afectación alguna al derecho al debido proceso.
Remitido el expediente a esta Corporación, la S. de Selección Número Doce, mediante auto del nueve (9) de diciembre de dos mil cinco (2005), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
Por auto del veinticuatro (24) de abril de dos mil seis (2006), el Magistrado Sustanciador resolvió: ''Primero.- ORDENAR que por Secretaría General se solicite al Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá D.C. que, en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Auto, allegue a este Despacho copia de los siguientes documentos:
- Proyecto de inversión No. 7093, orientado a avanzar hacia los niveles óptimos de implementación tecnológica que faciliten y agilicen los procesos de inteligencia.
- Contrato de consultoría No. 1471 de 2002, celebrado con la firma BDO AUDIT AGE S.A., para la implementación del sistema de control interno, así como los correspondientes soportes de dicho contrato.
- Concepto rendido por la Dra. I.M.G., asesora financiera de la Personería Delegada para Asuntos Presupuestales de Bogotá D.C.
- Declaraciones del los Drs. J.A., en calidad de Jefe de la Coordinación de Planeación y Sistemas, y de J.O., en calidad de Profesional de apoyo en el manejo del banco de proyectos inscrito en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
En oficio allegado a la Secretaría General de esta Corporación el tres (3) de mayo de dos mil seis (2006), el Dr. E.J.V., en calidad de P.D., señaló que la Personería Delegada para la segunda instancia se pronunció negativamente, mediante Resolución PSI No. 320 del Treinta y uno (31) de octubre de dos mil cinco (2005), respecto de la solicitud de revocatoria directa radicada, el nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005), por el Dr. E.M.C. en contra de la Resolución No. 242 de 2005. A su vez, remitió copia de los siguientes documentos:
- Resolución PSI No. 320 del treinta y uno de octubre de dos mil cinco (2005).
- Informe del veinticinco (25) de febrero de dos mil cuatro (2004) presentado por la Asesora Financiera de la Personería Delegada para Asuntos Presupuestales I.M.G..
- Declaración rendida por el señor J.A.A.M..
- Declaración rendida por el señor J.O.C..
- En igual sentido, en escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación, el ocho (8) de mayo de dos mil seis (2006), la Dra. L.P.G., Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., remitió a la Corte copia de los siguientes documentos:
- Proyecto No. 7093, para la adquisición de equipo técnico para la inteligencia policial.
- Contrato de consultoría No. 1471 de 2002, celebrado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. y BDO AUDIT AGE S.A., con sus respectivos anexos.
El demandante interpone tutela contra la P.D. de B.D.C. porque estima vulnerado su derecho fundamental al debido proceso disciplinario. Asevera que la afectación iusfundamental tiene origen en (i) el desconocimiento del principio de imparcialidad en la decisión de primera instancia porque el organismo disciplinario tuvo como fundamento para sancionarlo un concepto rendido por una funcionaria de la propia Personería; (ii) la vulneración del debido proceso en el trámite de la segunda instancia, porque en la decisión definitiva la Personería no se pronunció sobre el recurso de nulidad por él interpuesto contra la actuación adelantada primera instancia y adicionalmente se apoyó en argumentos nuevos para ratificar la decisión en su contra, argumentos que por su carácter novedoso fueron sorpresivos y no tuvo oportunidad de controvertir, (iii) la existencia de diversas posturas interpretativas sobre el alcance de las disposiciones presupuestales cuya supuesta infracción dio lugar a la sanción disciplinaria, de las cuales el organismo de control acogió la más desfavorable para el investigado.
La P.D. de Bogotá D.C. sostiene que el derecho fundamental al debido proceso no fue vulnerado porque las infracciones alegadas por el peticionario no tuvieron lugar. Alega también que éste cuenta con otros medios de defensa judicial para la defensa de sus derechos, razón por la cual el amparo solicitado no es procedente ni siquiera de manera transitoria.
La tutela como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales y el concepto de perjuicio irremediable.
Debido a los argumentos expuestos por la P.D. de Bogotá y por el juez de primera instancia, en torno a la improcedencia de la acción de tutela en el caso objeto de estudio, es necesario detenerse en la figura del perjuicio irremediable y su tratamiento jurisprudencial. Como punto de partida para este análisis cabe señalar que de conformidad con el artículo 86 constitucional existen dos modalidades de acción de tutela, como mecanismo definitivo para la protección de los derechos fundamentales o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta inferencia surge de la simple lectura del inciso tercero de este precepto el cual señala que la acción de tutela ''solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable''.
Así mismo, la disposición antes trascrita establece una excepción al carácter residual o subsidiario de la acción de tutela, precisamente cuando se acude a la garantía constitucional como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, en esos casos no es necesario demostrar que el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial o que éste no es tan idóneo o eficaz como la acción de tutela, sino que el actor debe acreditar el perjuicio irremediable, como ha sostenido esta Corporación ''ese fue precisamente el requisito impuesto por el Constituyente y no puede ni la Corte, ni ningún otro juez, pasarlo inadvertido'' Sentencia T-1316 de 2001..
Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el concepto de perjuicio irremediable no es susceptible de una definición legal o reglamentaria, porque se trata de un ''concepto abierto'' que debe ser precisado por el juez en cada caso concreto Eso sostuvo esta Corporación en la sentencia C-531 de 1993 mediante la cual declaró la inexequibilidad del inciso segundo del numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, precepto que definía el perjuicio irremediable como aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización., y a su vez permite que al funcionario judicial ''darle contenido y sentido a su tarea de protección efectiva de los derechos fundamentales y ser el punto de confluencia del derecho y la realidad, de cuya adecuada interrelación depende la justicia de su decisión'' Sentencia C-531 de 1993..
Esta caracterización del perjuicio irremediable, que gravita en torno a su inminencia, gravedad y urgencia, ha sido reiterada en numerosas oportunidades por distintas salas de revisión Por ejemplo en la sentencia T-1316 de 2001 se definen las características del perjuicio irremediable en los siguientes términos:
''En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.''
''La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que para efectos de esta disposición, únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente -esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable''., sin embargo, como antes se sostuvo, en cada caso concreto debe el juez de tutela ponderar si los anteriores elementos caracterizadores del perjuicio irremediable están presentes. En esa medida resulta relevante examinar algunos de los criterios interpretativos desarrollados por la jurisprudencia constitucional en torna a la figura en estudio:
- Se ha sostenido en distintas oportunidades que cuando la acción de tutela es interpuesta por un sujeto de especial protección constitucional, tales como madres cabeza de familia Sentencias T-719 de 2003, T-804 de 2005., mujeres trabajadoras embarazadas Sentencias T-992 y T-1244 de 2005., discapacitados Sentencias T-1128 y T- 1268 de 2005, T-491 de 2006. o personas de la tercera edad Sentencia T-605 de 2005., el concepto de perjuicio irremediable debe ser entendido en forma mucho más amplia ''para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad'' Sentencia T-719 de 2003. , en estos casos debe tomar en consideración no solo las circunstancias personales del actor en el caso concreto, sino también ''las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada'' Sentencia T-1316 de 2001..
- Se ha afirmado que existe un perjuicio irremediable cuando se trata de derechos fundamentales cuyo ejercicio está delimitado temporalmente por la Constitución, por ejemplo, el derecho a la representación política o el derecho a ser elegido miembro de corporaciones públicas, porque en estos casos ''[c]ada día que pasa equivale a la imposibilidad absoluta de ejercer la representación de quienes votaron para elegir a una persona para que los represente en una corporación pública'' Sentencia T-778 de 2005..
- Del mismo modo se ha argumentado que la imposición de una sanción disciplinaria que conlleva la imposibilidad jurídica para el afectado de acceder al ejercicio de cargos públicos puede ocasionar un perjuicio irremediable en ciertos eventos Sentencia T-143 de 2003 y T-1093 de 2004..
- También se ha deducido la existencia de un perjuicio irremediable en aquellos casos de afectación grave y evidente del derecho a la libertad individual, cuando la persona privada de la libertad decide instaurar una acción de revisión con base en un fallo ejecutoriado mediante el cual se establece la responsabilidad penal de otra persona por los mismos hechos por los cuales fue condenado Sentencia T-659 de 2005..
De los criterios anteriores es posible inferir que la jurisprudencia constitucional, si bien ha sostenido de manera reiterada que al juez del caso concreto corresponde apreciar la existencia de un perjuicio irremediable, en todo caso ha ligado de manera reiterada este concepto al ejercicio de la acción de tutela por ciertos sujeto de características particulares -los sujetos de especial protección constitucional- o a la protección de ciertos derechos -tales como el derecho al ejercicio de cargos y funciones públicas o el derecho a la libertad personal-.
El derecho al debido proceso en materia disciplinaria
Como bien ha señalado la jurisprudencia constitucional el Estado puede ejercer el ius puniendi por medio de distintas modalidades jurídicas, entre las cuales se cuenta el derecho disciplinario Por ejemplo en la sentencia C-818 de 2005 sostuvo esta Corporación:
''Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una disciplina compleja que envuelve, como género, al menos cuatro especies, a saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario y el derecho correccional. Salvo la primera de ellas, las demás especies del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho administrativo sancionador''. V. también las sentencias C-214 de 1994, C-948 de 2002, C-406 de 2004. . Este último hace parte del derecho administrativo sancionador, género que agrupa diversas especies -tales como el derecho contravencional, el derecho correccional, y el propio derecho disciplinario- y en general ''pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas'' Sentencia C-818 de 2005..
Ahora bien de manera específica el derecho disciplinario se manifiesta en la potestad de los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios, con el propósito de preservar los principios que guían la función administrativa señalados en el artículo 209 constitucional (moralidad, eficiencia, celeridad, igualdad, economía, imparcialidad y publicidad) Cfr. sentencia C-818 de 2005..
La jurisprudencia constitucional ha reconocido las diferencias existentes entre las distintas modalidades del derecho sancionador en cuanto a sus intereses, sujetos jurídicos involucrados y efectos jurídicos en la comunidad, las cuales exigen tratamientos diversos por parte del Legislador y de los órganos encargados de aplicar la normatividad Así por ejemplo en la sentencia C-948 de 2002 sostuvo esta Corporación:
''[E]ntre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial -como los servidores públicos- o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal.''. (Subrayado del texto original).. No obstante, también ha puesto de manifiesto que las distintas especies de derecho sancionador comparten unos elementos comunes que los aproximan al derecho penal delictivo pues irremediablemente el ejercicio de ius puniendi debe someterse a los mismos principios y reglas constitutivos del derecho del Estado a sancionar Sentencia C-818 de 2005..
''El derecho disciplinario que respalda este poder está compuesto por un conjunto de normas y principios jurídicos que permiten imponer sanciones a los servidores públicos cuando éstos violan sus deberes, obligaciones o incurren en vulneración de las prohibiciones e incompatibilidades que para ellos ha establecido la ley, (...) ha dado lugar a la formación de una rama del derecho administrativo llamada `derecho administrativo disciplinario'. Un amplio sector de la doctrina, si bien admite la diferenciación entre la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, encuentra que la sanción disciplinaria debe sujetarse a los principios y garantías propias del derecho penal. (...) La naturaleza esencialmente sancionatoria de ambos derechos hace que las garantías del derecho más general (el penal) sean aplicables también a ese otro derecho, más especializado pero igualmente sancionatorio, que es el derecho disciplinario. Tanto el derecho penal como el administrativo disciplinario emplean las penas como el principal mecanismo de coacción represiva. Todos los principios y garantías propias del derecho penal se predican también del disciplinario. Esta situación ha llevado a considerar que el término derecho penal es impropio (pues existen, como se ve, varios derechos penales) y empieza a hacer carrera la revitalización del término "derecho criminal" para referirse al derecho de los delitos propiamente dichos'' Sentencia T-438 de 1992, reiterada en la sentencia C-181 de 2002..
En virtud de lo anterior la jurisprudencia constitucional Sentencias C-013, C-175 y C-555 de 2001. ha señalado que los principales elementos constitutivos del derecho constitucional al debido proceso, enunciados en el artículo 29 constitucional hacen parte del procedimiento disciplinario, entre los que cabe mencionar (i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus. Sentencia C-555 de 2001.
Así, esta Corporación ha sostenido que el sujeto disciplinable tiene derecho a ''la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones'' Sentencias T-301de 1996 y T-433 de 1998..
El principio de imparcialidad en materia disciplinaria.
Como antes se enunció, la imparcialidad es uno de los principios integradores del derecho al debido proceso que encuentra aplicación en materia disciplinaria. Este principio tiene como finalidad evitar que el juzgador sea ''juez y parte'', así como que sea ''juez de la propia causa''.
''4.- Dentro de los principios fundamentales que rigen los procedimientos judiciales se encuentra el principio de imparcialidad del juez. Las ideas que a lo largo de la tradición jurídica de la humanidad han sustentado este principio, hacen referencia primero, a la manera universalmente adoptada de resolver conflictos mediante la intervención de un tercero, ajeno al conflicto; y segundo, a la manera, también universalmente adoptada - aunque con algunas excepciones- de resolver conflictos de la manera ofrecida por el Estado mediante su función jurisdiccional; esto es, mediante la implementación de un proceso adelantado por un juez y con la potestad de hacer cumplir la solución que se impartió al conflicto.
- A partir de estos elementos fundamentales para el desarrollo de función jurisdiccional, surgen las distintas modalidades de protección de los principios que los inspiran. Dentro de éstos, está el principio de imparcialidad judicial, que es presupuesto de la función de los jueces. Por esto, se establece la posibilidad de que se controvierta la imparcialidad de juez, mediante los impedimentos y las recusaciones, procurando que su función se ejerza adecuadamente. Esto es, se contempla la posibilidad jurídica de solicitar el apartamiento de un determinado juez en un determinado caso, si se dan ciertas circunstancias.
Es especialmente relevante la circunstancia o causal descrita como interés directo o indirecto, no sólo con respecto al juez sino al grupo más cercano de sus familiares, en el resultado del proceso. Esto supone el reporte de un beneficio directo y personal para el juez o su familia, a partir del fallo judicial. Este beneficio puede ser material o inmaterial, según si el interés es económico o existe alguna animadversión o enemistad de éste frente a las partes. Todas estas posibilidades son concretadas jurídicamente como causales de impedimento de los jueces, quienes en estos casos pierden la aptitud esencial para la función de juzgar, que es la imparcialidad.''
Así mismo, el Código Disciplinario Único hace referencia al principio de imparcialidad como uno de los principios que rigen la actuación procesal en materia disciplinaria (Art. 94), y adicionalmente establece de manera expresa la imparcialidad del funcionario que adelanta la investigación disciplinaria en la búsqueda de la prueba (Art. 129), al señalar que ''[e]l funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio''.
El alcance del principio de tipicidad y el ámbito de decisión del fallador en materia disciplinaria.
En primer lugar esta garantía integrante del debido proceso, común a todo ejercicio del ius punendi estatal, exige que la disposición mediante la cual se configure el tipo sancionador describa de manera ''clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras'', entonces, mediante esta garantía ''se desarrolla el principio fundamental `nullum crimen, nulla poena sine lege', es decir, la abstracta descripción que tipifica el legislador con su correspondiente sanción, debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta punitiva; en principio se debe evitar pues la indeterminación para no caer en una decisión subjetiva y arbitraria'' Sentencia C-530 de 2003..
En cuanto a la primera diferencia, esta Corporación ha reconocido que en el ámbito del proceso disciplinario son admisibles las faltas disciplinarias que consagren tipos abiertos ''ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos'' Sentencia C-948 de 2002..
De esta manera, las normas disciplinarias estructuradas en forma de tipos abiertos remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagran deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos; y es a este complemento al cual debe acudir el juez disciplinario al momento de decidir dentro de un proceso la existencia de responsabilidad y la procedencia de una sanción. Así, ''la tipicidad en las infracciones disciplinarias se establece por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y de aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria'' Sentencia C-404 de 2001..
''[A] diferencia de la materia penal, `en donde la descripción de los hechos punibles es detallada, en la disciplinaria el fallador cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario' Sentencia C-427 de 1994. ; y que `en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos' Ibídem.. También ha precisado en este mismo sentido la Corte que `mediante la ley disciplinaria se pretende la buena marcha de la administración pública asegurando que los servidores del Estado cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas constitutivas de falta disciplinaria en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza del fallador' Sentencia C-155 de 2002.. Por ende, ''el investigador disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad'' Sentencia C-124 de 2003. .
El estudio del caso concreto.
A juicio de esta S. de revisión en el caso bajo estudio el mecanismo de protección de los derechos fundamentales es procedente en su modalidad transitoria por estar presentes los requisitos señalados en la sentencia T-1093 de 2004. En efecto:
(ii) El perjuicio derivado de las providencias sancionatorias adoptadas por la P.D. de Bogotá amenaza con hacer nugatorio el ejercicio del derecho del actor a acceder y desempeñar cargos y funciones públicas;
Ahora bien, una vez determinada la procedencia transitoria del mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, es preciso establecer si la actuación disciplinaria adelantada por la P.D. de Bogotá vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor, y de manera específica los principios de imparcialidad y de legalidad.
Alega el Sr. M.C. que fue condenado en primera instancia con base en un dictamen pericial realizado por un funcionario de la propia P.D., y de esta manera se habría vulnerado la dimensión objetiva del principio de imparcialidad, porque el juzgador disciplinario no habría actuado de manera objetiva y neutral, sino que el sentido de la decisión fue determinado a priori por un funcionario de la entidad.
Ahora bien, en el caso concreto se tiene que la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa de Bogotá mediante auto de trece (13) de enero de 2004 ordenó decretar pruebas de oficio entre las cuales se encontraba la de solicitar apoyo técnico de un profesional del área contable al P.D. para la Vigilancia Administrativa I, no obstante, tal solicitud no fue atendida por carecer esta última dependencia de un profesional para atender la solicitud, razón por la cual requirió al Personero Delegada para Asuntos Presupuestales con el mismo propósito.
Ahora bien, encuentra esta S. que esta prueba no reúne los elementos necesarios para ser calificada como dictamen pericial por distintas razones. En primer lugar, si bien el Código de Procedimiento Penal vigente al momento de adelantarse la investigación disciplinaria contra el Sr. M.C. (Ley 600 de 2000) prevé la figura de los peritos oficiales los cuales pueden ser designados por el juzgador El artículo 249 de la Ley 600 de 200 prevé:
ARTICULO 249. PROCEDENCIA. Cuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad. y en esa medida funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, o de organismos adscritos a la Fiscalía General de la Nación como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pueden desempeñarse como peritos en el proceso penal sin que ello constituya violación del principio de imparcialidad, en todo caso por su naturaleza la prueba pericial debe versar sobre materias técnico científicas o artísticas Eso se desprende de la disposición trascrita en la nota anterior la cual establece que la prueba pericial procede cuando se requiera de la práctica de pruebas técnico científicas y artísticas. y el Apoyo Técnico solicitado por la P.D. para la Vigilancia Administrativa a la Delegada para Asuntos Presupuestales versaba sobre la interpretación de una serie de disposiciones jurídicas presuntamente vulneradas por el investigado En efecto en el citado informe se consigna: ''teniendo en cuenta la normatividad mencionada en el mismo y analizando el contenido de los proyectos de inversión en cuanto a los objetivos, actividades y metas programadas a ser ejecutadas en la vigencia 2002 (...) las mismas corresponden al cumplimiento de los objetivos de la entidad como son la adquisición de bienes y servicios que las autoridades competentes requieran para garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del distrito capital, sin que en ellos figure como actividad o metal el desarrollo de las funciones de control interno''., lo cual es contrario a la naturaleza de la prueba pericial y a las disposiciones procesales vigentes.
No obstante, el organismo de control disciplinario, al resolver las peticiones de nulidad procesal formuladas por el actor a raíz de la mencionada prueba, califica el Informe de la Asesora Financiera de la Personería delegada para Asuntos presupuestales como un dictamen pericial En efecto Auto 1543 de cinco (5) de octubre de 2004 mediante el cual se deniega la solicitud de nulidad del Informe presentado por la Asesora Financiera de la Personería Delegada para Asuntos Presupuestales se califica este medio probatorio como ''dictamen'' (folio 332 cuaderno 1), del miso modo en el Auto PSI No. 039 de trece (13) de mayo de 2005, mediante el cual se resuelve la solicitud de nulidad presentada por el Sr. M.C. del fallo disciplinario de primera instancia se califica reiteradamente el Informe en cuestión como dictamen pericial (folios 33 a 44 Cuaderno 1).. Ahora bien, a pesar que este error en la calificación de un medio probatorio no tiene la entidad suficiente para viciar de nulidad todo el proceso disciplinario, si afecta sustancialmente el trámite de la primera instancia máxime si el juzgador en esa etapa del proceso disciplinario se basó principalmente en el supuesto peritaje para deducir la responsabilidad del actor.
Ahora bien, la anterior irregularidad aparentemente fue subsanada en la segunda instancia del trámite disciplinario en la cual si bien no se decretó la nulidad de lo actuado, en todo caso se excluyó la valoración de dicha prueba para deducir la responsabilidad disciplinaria del investigado. No obstante, tal actuación condujo a su vez a la vulneración de las garantías procesales del actor porque al ser excluido el informe de la funcionaria de la Delegada de Asuntos Presupuestales de la P.D., el juzgador de segunda instancia se vio obligado a estructurar la conducta típica del sujeto disciplinado en torno a la supuesta vulneración de otras disposiciones jurídicas.
En efecto, mientras en primera instancia se consideró que el actor había desconocido el literal g del artículo 13 del Decreto Distrital 714 de 1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital- Este precepto establece textualmente: ''Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada entidad de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas''., en segunda instancia se le sanciona disciplinariamente por haber infringido el Capítulo II numeral 3 de la Resolución 602 de 2001 de la Secretaría de Hacienda Distrital -Manual de programación, ejecución y cierre presupuestal de las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito- y el artículo 11 literal g) del Acuerdo 24 de 1995.
A pesar que el literal g del Acuerdo 24 de 1995 y el literal g del artículo 13 del Decreto Distrital 714 de 1997 tienen un contenido normativo idéntico El Acuerdo 24 de 1995 y el Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital son compilados por el Decreto Distrital 714 de 1997. El literal g del artículo 11 del Acuerdo 24 de 1995 tiene un contenido normativo idéntico a literal g del artículo 13 del Decreto Distrital 714 de 1997 pues establece: ''Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada entidad de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas''.
., pues ambas disposiciones consagran el principio de especialidad presupuestal, el juzgador disciplinario de segunda instancia, con el propósito de eludir la irregularidad que tuvo lugar en el trámite de la primera instancia, decidió modificar la supuesta conducta típica en la cual habría incurrido el investigado, pues mientras inicialmente se sostuvo que había infringido el principio presupuestal de especialidad por haber afectado un rubro presupuestal destinado a la adquisición de equipo técnico para la inteligencia policial para la implementación de un sistema de control interno para el Fondo de Vigilancia y Seguridad, en segunda instancia fue sancionado por haber financiado un gasto de funcionamiento con recursos de inversión.
Las anteriores irregularidades afectaron el derecho al debido proceso del Sr. M.C. en la actuación disciplinaria adelantada en su contra porque, por una parte, la decisión de primera instancia tuvo como fundamento una prueba que carecía de los requisitos legalmente señalados para ser apreciada, lo cual constituye un defecto fáctico tal como lo ha señalado esta Corporación al referirse a las causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, mientras el fallo de segunda instancia reformula los cargos disciplinarios y lo sanciona disciplinariamente con fundamento en una normatividad nueva con base en argumentos que el sujeto investigado y de esta manera le impide ejercer el derecho de contradicción y de defensa.
Por último el demandante alega que el literal g) del artículo 13 del Decreto Distrital 714 de 1997 es susceptible de diversas interpretaciones, y que en esa medida la P.D. debió acoger aquella más favorable para el sujeto investigado. Al respecto cabe señalar que si bien esta Corporación ha defendido la aplicación del principio de legalidad en materia disciplinaria, y ha entendido que las normas constitutivas de conductas sancionables disciplinariamente han de ser interpretadas de manera restrictiva, en el caso concreto no encuentra esta S. que el organismo de control haya acogido una interpretación extensiva o analógica de las disposiciones supuestamente trasgredidas, ni tampoco una interpretación desproporcionada o manifiestamente irrazonable, por tal razón no encuentra que se halla vulnerado la dimensión constitucional del derecho al debido proceso disciplinario.
Por las anteriores razones concederá esta S. el amparo solicitado de manera transitoria por el Sr. M.C..
SEGUNDO.- REVOCAR las sentencia proferida el veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005), el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D.C. en el proceso de la referencia y en su lugar CONCEDER el amparo transitorio del derecho fundamental al debido proceso del Sr. E.M.C..
TERCERO.- ORDENAR la suspensión de los efectos de la Resolución PSI No. 242 de veintidós (22) de julio de 2005 de la Personería para la segunda instancia de B.D.C. y del Fallo sancionatorio No. 238 de veintiuno (21) de febrero de 2005 de la Personería delegada para la Vigilancia Administrativa de B.D.C.C. esta sentencia se dicta para evitar un perjuicio irremediable, pero esta en curso la demanda presentada por el Sr. M.C. contra las resoluciones proferidas por al P.D. de Bogotá, no se exigirá que se presenten las acciones contenciosas pertinentes.