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Timestamp: 2019-01-17 21:49:09
Document Index: 235084941

Matched Legal Cases: ['artículo 192', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 245', 'artículo 27', 'artículo 58', 'artículo 269', 'artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 269', 'artículo 245', 'artículo 27', 'artículo 269', 'artículo 52', 'artículo 14']

﻿ SENTENCIA SP910-2016/44555 DE FEBRERO 3 DE 2016
SENTENCIA SP910-2016 DE 03 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:ACCIÓN DE REVISIÓN, REQUISITOS SUSTANCIALES. SE RECUERDA QUE EL PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN, ES REMOVER LA INTANGIBILIDAD DE LA COSA JUZGADA CUANDO SE ESTABLECE QUE UNA DECISIÓN CON ESA CONNOTACIÓN COMPORTA UN CONTENIDO DE INJUSTICIA MATERIAL, POR CUANTO LA VERDAD PROCESAL ALLÍ DECLARADA SE OPONE A LA VERDAD HISTÓRICA DE LO ACONTECIDO. SOBRE EL MOTIVO DE REVISIÓN, SE TIENE DICHO QUE PARA SU CONFIGURACIÓN ES INDISPENSABLE QUE EL ACTOR NO SOLAMENTE DEMUESTRE CÓMO EL FUNDAMENTO DE LA SENTENCIA CUYA REMOCIÓN SE PERSIGUE ES ENTENDIDO POR LA JURISPRUDENCIA DE MODO DIFERENTE, SINO QUE, DE MANTENERSE, COMPORTARÍA UNA CLARA SITUACIÓN DE INJUSTICIA, PUES LA NUEVA SOLUCIÓN OFRECIDA POR LA DOCTRINA DE LA CORTE CONDUCIRÍA A LA SUSTITUCIÓN DEL FALLO. DE LA MISMA MANERA, SE HA PRECISADO QUE EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL CON SUSTENTO EN EL CUAL SE APOYA LA SOLICITUD SÓLO DEBE PROVENIR DE LA JURISPRUDENCIA EMANADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR SER ESTA CORPORACIÓN EL MÁXIMO TRIBUNAL DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, ATENDIENDO LA FUNCIÓN QUE CUMPLE DE UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA NACIONAL COMO TRIBUNAL DE CASACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURISPRUDENCIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, COSA JUZGADA, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, FUNCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sentencia SP910-2016/44555 de febrero 3 de 2016
SP910-2016
Rad.: 44555
Aprobado acta Nº 25.
Bogotá, D. C., tres de febrero de dos mil dieciséis.
El libelista invoca la causal 7ª prevista en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004, según la cual la acción de revisión procede cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.
Fundamenta la causal señalando que esta colegiatura, en sentencia del 27 de febrero de 2013, dictada dentro de la Radicación 33254, varió su precedente criterio al establecer en esta nueva jurisprudencia la improcedencia de aplicar el incremento de pena establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, para casos de terminación anticipada del proceso por allanamiento a cargos o preacuerdo, en conductas punibles enlistadas en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.
Así mismo, ha sido insistente en señalar que para su demostración no basta invocar abstractamente la existencia de un pronunciamiento de la Corte, o de señalar uno concreto pero desconectado de la solución del caso, sino que resulta indispensable, además, demostrar cómo de haberse conocido oportunamente por los juzgadores la nueva doctrina sobre el punto, el fallo cuya rescisión se persigue habría sido distinto (CSJ AP, 11 de mar. de 2003, Rad. 19252).
De la misma manera, la Sala ha precisado que el pronunciamiento judicial con sustento en el cual se apoya la solicitud sólo debe provenir de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, por ser esta corporación el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, atendiendo la función que cumple de unificar la jurisprudencia nacional como tribunal de casación (art. 206 del Código de Procedimiento Penal) [CSJ AP, 5 de dic. de 2002, Rad. 18572).
Con ocasión de la aceptación de cargos manifestada en la audiencia de formulación de acusación, el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Sibaté, condenó a M... J... V... C... a las penas principales de 108 meses de prisión y 1.490 salarios mínimos legales mensuales de multa, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término antes mencionado, a título de coautor responsable del delito de extorsión agravada en el grado de tentativa.
La sentencia de primera instancia obtuvo confirmación integral por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca; luego, la dosificación punitiva efectuada por el juez no sufrió modificación alguna.
Pues bien, ciertamente, la Sala de Casación Penal de esta corporación varió su postura mediante el fallo del 27 de febrero de 2013, dictado dentro de la Radicación 33254, considerando que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006(1), no hay lugar a aplicar el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Ello en contravía de decisiones anteriores, pacíficas y reiteradas en las cuales se avaló la aplicación sin distingos de la norma en cuestión.
“Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 –para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo–, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena.
En el evento objeto de examen, como se recuerda, el aquí sentenciado aceptó los cargos que por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa le imputó la Fiscalía, por cuya razón fue objeto de condena, sin que se le haya otorgado descuento punitivo por su decisión, pese a lo cual en la tasación de la pena los falladores le aplicaron el incremento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
Redosificación punitiva:
En lo referente a la sanción privativa de la libertad, aplicó a tales guarismos el incremento regulado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, y a su vez los aumentó hasta en una tercera parte conforme el artículo 245 del estatuto punitivo, por concurrir las circunstancias de agravación contempladas en su numerales 1º y 3º, dando como resultado límites que van de 192 a 384 meses.
En cuanto a la multa, el juez aplicó los extremos establecidos en las normas sustanciales citadas, más el incremento de la Ley 890 de 2004 para fijar esta sanción entre 800 y 9.000 salarios mínimos legales mensuales.
Posteriormente, en virtud de la estructuración del instituto consagrado en el artículo 27 del C.P. –tentativa–, así como la contemplación de la circunstancia de mayor punibilidad estipulada en el numeral 10 del artículo 58 del C.P., el sentenciador determinó las sanciones en el mínimo del primer cuarto medio, oscilante entre 144 y 192 meses de prisión, y 1.987,5 y 3.575 salarios mínimos legales mensuales de multa.
Ahora bien, atendiendo que el procesado reparó integralmente a la víctima, el fallador dispuso la disminución punitiva de que trata el artículo 269 del C.P., para fijar en definitiva las penas principales en 108 meses de prisión y multa de 1.490 S.M.M.L.V.
En consecuencia, para concretar el efecto rescindente de esta acción en el presente evento, la Sala suprimirá el incremento aplicado por razón del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Eso significa que, inicialmente, los límites imponibles, en lo relativo a la sanción privativa de la libertad, por el delito de extorsión agravada, van de 144 a 256 meses, hitos que disminuidos por el reconocimiento de la conducta imperfecta –artículo 27 del C.P.– arrojan como resultado la determinación de los siguientes ámbitos punitivos de movilidad:
Cuarto mínimo: Entre 72 y 102 meses
Primer cuarto medio: Entre 102 y 132 meses
Segundo cuarto medio: Entre 132 y 162 meses
Cuarto Máximo: Entre 162 y 192 meses
Así las cosas, teniendo en cuenta que el juez sentenciador fijó como pena a imponer, el mínimo del primer cuarto medio, la sanción restrictiva de la libertad sería de 102 meses de prisión, pena que disminuida en la mitad, conforme al tope mínimo legal que consagra el artículo 269 del C.P., –indemnización integral– arroja un quantum punitivo definitivo de cincuenta y un (51) meses de prisión.
En lo relativo a la pena de multa, se partirá de lo normado en el artículo 245 del C.P., que para el delito de extorsión agravado fija una pena pecuniaria que oscila entre 3.000 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, rango sancionatorio que sometido a la rebaja que consagra el artículo 27 del C.P., permite establecer los siguientes cuartos de movilidad punitiva:
Cuarto mínimo: Entre 1.500 y 2.250 S.M.L.M.V.
Primer cuarto medio: Entre 2.250 y 3.000 S.M.L.M.V.
Segundo cuarto medio: Entre 3.000 y 3.750 S.M.L.M.V.
Cuarto máximo: Entre 3.750 y 4.500 S.M.L.M.V.
Retomando que el fallador se situó en el mínimo del primer cuarto medio para fijar la pena a imponer, ello conduce a que en ejercicio del proceso de dosimetría punitiva del fallo rescidente se determinen 2.250 S.M.L.M.V., quantum que disminuido por los efectos del artículo 269 del C.P., arroja en definitiva como pena de multa a imponer mil ciento veinticinco (1.125) S.M.L.M.V.
Se precisa que la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se reduce también a cincuenta y un (51) meses, conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 52 del Código Penal.
Ahora bien, al verificarse en el proceso que el señor V… C…, por cuenta de esta actuación, se encuentra privado de la libertad desde el 16 de septiembre de 2009, se establece que a la fecha ya cumplió la pena, una vez redosificada, razón por la cual, en caso de que el procesado continúe cumpliendo su condena en reclusión, se ordenará su liberación inmediata libre de apremio alguno, para lo relacionado con este asunto.
1. DECLARAR fundada la causal 7ª de revisión invocada por el defensor del sentenciado M… J… V… C… en lo atinente a la inaplicabilidad del aumento de pena previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
2. DEJAR SIN EFECTO, PARCIALMENTE, las sentencias del 7 de diciembre de 2009 y 11 de marzo de 2010, proferidas, en su orden, por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Sibaté y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, exclusivamente para determinar las sanciones principales impuestas a M… J… V… C…, como coautor responsable del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, en cincuenta y un (51) meses de prisión y 1.125 salarios mínimos legales mensuales de multa. La accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas queda en el mismo lapso determinado para la privativa de la libertad.
4. DISPONER la libertad inmediata y definitiva de M… J… V… C… libre de caución, en relación con este proceso, si se encuentre todavía cumpliendo su pena en privación de la libertad y/o con beneficio de la libertad condicional, y, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad Judicial; en caso de ser así, deberá comunicarse oportunamente.
5. ORDÉNESE, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Promiscuo municipal con Funciones de Conocimiento de Sibaté, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al juzgado que controla y vigila la pena al procesado, para lo de su cargo y en relación a la pena de multa si no se ha enviado a la jurisdicción coactiva.