Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1132939
Timestamp: 2020-05-27 21:59:44
Document Index: 41116278

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 88', 'artículo 24', 'artículo 131', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 131', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 131', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 131', 'artículo 217', 'artículo 24']

En contra de lo manifestado por la actora, la sanción ha respetado el principio de proporcionalidad y graduación, al concurrir dos circunstancias agravantes: la falta de acreditación del origen del dinero y la clara ocultación de los medios de pago aprehendidos. Así, en estos casos la Administración se encuentra habilitada para imponer la sanción de multa en el importe correspondiente a la cantidad no declarada.
N.º de Recurso: 2632/2011
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.632/2.011, interpuesto por D.ª Agustina, representada por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Carretero Herranz, contra la sentencia dictada por la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de febrero de 2.011 en el recurso contencioso-administrativo número 343/2.010, sobre infracción en materia de prevención del blanqueo de capitales.
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Décima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de febrero de 2.011, desestimatoria del recurso promovido por D.ª Agustina contra la resolución de la Presidenta del comité permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de fecha 26 de febrero de 2.010, por la que se le imponía una multa de 295.680 euros por una infracción grave prevista y sancionada en los artículos 2.4.a), 3.9, 5.2 y 8.3 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y en el artículo 2.3 del Real Decreto 925/95, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en diligencia de ordenación de la Secretaria de la Sala de instancia de fecha 24 de marzo de 2.011, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de D.ª Agustina ha comparecido en forma en fecha 16 de mayo de 2.011, mediante escrito interponiendo el recurso de casación, que articula en los siguientes motivos, formulados al amparo del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
- 1.º, por vulneración de normas de derecho estatal, en concreto, del artículo 24 de la Constitución; de los artículos 3, 8 y 10.1 de la Ley 19/93, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en relación con el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; asimismo de los artículos 1, 10.2, 13.1, 24 y 96 de la Constitución;
- 3.º, por vulneración de normas de derecho comunitario, en concreto de los artículos 6.2 y 7 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales; del artículo 1 del protocolo adicional de dicho Convenio; y de los artículos 2 y 5 de la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de octubre, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, en relación con los artículos 58.1.b) y 56 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y - 4.º, por infracción del principio de congruencia previsto en los artículos 67.1 y 33.1 de la Ley de la Jurisdicción y en los artículos 218 y 209 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia declarando no haber lugar a casar la recurrida, todo ello con imposición de las costas procesales a la parte recurrente.
QUINTO.- Por providencia de fecha 11 de febrero de 2.014 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 27 de mayo de 2.014, en que han tenido lugar dichos actos.
El recurso se formula mediante siete motivos, agrupados por la parte recurrente en tres bloques:
vulneraciones de derecho estatal, vulneraciones de derecho comunitario y, finalmente, infracción del principio de congruencia. Debe destacarse que la formulación del recurso se efectúa con una deficiente técnica procesal, puesto que la parte no expresa correctamente al apartado del artículo 88 al que se adscriben las distintas infracciones. Sin embargo, dado que al menos se individualizan de forma separada las distintas infracciones y que se manifiesta que se tratan de infracciones de derecho estatal o comunitario - aunque en esta caso, con manifiesto error en tres de los motivos-, o por incongruencia, dicha adscripción puede ser realizada por la Sala en aras del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
SEGUNDO.- Sobre los fundamentos de la Sentencia impugnada.
" PRIMERO.- Doña Agustina ha interpuesto el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución de 26 de febrero de 2010, de la Presidencia del Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, recaída en el expediente sancionador NUM000, mediante la que le impuso una sanción de 295.680 euros como autora de una infracción grave, prevista y sancionada en los artículos 2.4.a), 3.9 y 5.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, y artículo 2.3 del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, modificado por Real Decreto 54/2005, de 1 de enero, consistente en que el día 20 de septiembre de 2009 en el filtro de seguridad del control del SATE en la T-4 del aeropuerto Madrid- Barajas fue levantada Acta de Intervención de moneda a doña Agustina al ser portadora de 296.680,00 euros sin haberlos declarado con anterioridad a su salida de España con destino a Bolivia. De la cantidad intervenida le fueron devueltos a la recurrente 1.000 euros, de conformidad con la orden EHA/1493/2006, de 3 de mayo.
Se solicita en la demanda que se dicte sentencia por la que se estimen probados " el origen y destino de los fondos, y que no se pretendía ocultar el dinero a las autoridades, y por lo tanto, la multa no debe superar la mitad de la cuantía intervenida", así como que " la multa impuesta es contraria a derecho, ya que supera la cuantía de la sanción legalmente establecida para dichos supuestos, acordándose la nulidad de las resoluciones recurridas conforme a los artículos 62 de la Ley 30/92 y artículos 9.3, 10, 24 y 93 de la Constitución Española ", y se declare " la vulneración del principio de proporcionalidad por falta de aplicación de los criterios establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, y de los principios del derecho penal", y, por último, que se declare también la " nulidad de las resoluciones recurridas por falta del principio de proporcionalidad y ser contrarias al espíritu de la norma y a los Tratados Internacionales ratificados por España, al entenderse dicha fatla de proporcionalidad y la cuantía de la sanción, una medida restrictiva a la libre circulación de capitales, en contra de lo establecido en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, la directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 26 de octubre de 2005 y del Reglamento n. 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005".
SEGUNDO.- Como puede observarse, las pretensiones y motivos de impugnación deducidos en la demanda giran en torno a la falta de proporcionalidad de la sanción.
Pero hemos de señalar que, respecto al principio de proporcionalidad cuando concurran las circunstancias de agravación previstas en el párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 19/1993, cuya concurrencia se ha apreciado en la resolución administrativa impugnada, en la sentencia 1782/2010, de la Sección Tercera de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en fecha de 30 de marzo de 2010 en recurso de casación para la unificación de doctrina, se declaró que el artículo 8.3 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre autoriza la imposición de la sanción de multa en el importe correspondiente al tanto del contenido económico de los medios de pago empleados, " cuando concurra una de las dos circunstancias de agravación de la conducta referidas en dicho precepto -clara intención de ocultación de los medios de pago aprehendidos o no resultar debidamente acreditado el origen de los fondos-, sin que sea exigible, por tanto, que concurran algunos de los criterios de graduación de las sanciones establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en el artículo 10.1 de la Ley 19/1993, aunque ello no obste a que puedan ponderarse estas circunstancias específicas cuando sean reveladoras o indicativas de un grado superior o inferior del elemento subjetivo de culpabilidad o dolo que exige un mayor o menor reproche, con el objeto de asegurar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada".
La precitada sentencia continuaba así: " En efecto, entendemos que la interpretación jurídica que sostiene la sentencia recurrida tiene fundamento en el artículo 8.3 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre , sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, que establece que "en el caso de incumplimiento de la obligación señalada en el apartado 9 del artículo 3 de esta Ley podrá imponerse la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mitad del contenido económico de los medios de pago empleados", y que " en el caso de que los medios de pago fueran hallados en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos o no resulte debidamente acreditado el origen de los fondos, la sanción podrá llegar al tanto del contenido económico de los medios empleados", en la medida en que constituye la norma legal directamente aplicable al supuesto de la infracción enjuiciada, pues, aunque el artículo 10.1 de esta norma legal estipule que deberán considerarse como criterios de graduación de las sanciones por la comisión de infracciones muy graves o graves, además de los criterios establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las circunstancias de las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de las omisiones o actos constitutivos de la infracción, el haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa, y la reincidencia, consistente en haber sido sancionado por resolución por la comisión de infracciones muy graves de las previstas en esta Ley impuestas al sujeto obligado en los últimos cinco años, no se deduce que, con base en la aplicación del principio de proporcionalidad, el designio del legislador sea exigir la concurrencia de tres circunstancias específicas de agravación para que se pueda imponer la sanción pecuniaria de multa con el importe correspondiente al tanto de la suma aprehendida".
TERCERO.- Conviene ahora poner de relieve que a los folios 2 y siguientes del expediente administrativo obra un acta de intervención de medios de pago en la que consta que sobre las 11,30 horas del día 29 de septiembre de 2009, en el Control de Seguridad del punto SATE de la T-4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, se le intervino a la recurrente, que viajaba con destino a Bolivia, la cantidad de 296.680 euros.
La precitada cantidad no había sido previamente declarada, se encontraba íntegramente distribuida en 591 billetes de 500 euros, y estaba oculta en el asa de arrastre de una maleta tipo trolley con etiqueta de facturación n.º NUM001.
Cuestión distinta a la anterior es la relativa a si en el supuesto de autos ha quedado debidamente acreditado el origen de los fondos: Concluimos que tampoco se ha justificado tal circunstancia por la recurrente porque, aunque en el escrito de demanda ha alegado que el dinero que le fue intervenido era suyo al haberlo ganando prestando servicios como dama de compañía, el único elemento probatorio que ha aportado -el acta de manifestaciones de don Alfonso - es por completo insuficiente para confirmar el hecho necesitado de justificación, siendo de significar que, aún cuando pudiera darse por cierto el ejercicio por la recurrente de la actividad señalada, de ello no puede inferirse racionalmente que hubiera ganado con ella la elevadísima cantidad que portaba, máxime cuando no ha ofrecido documentación bancaria sobre saldos y movimientos de sus cuentas, ni ningún otro medio de prueba de los que, directa o indiciariamente, se pudiera deducir el origen de los fondos, por lo que no puede concluirse que doña Agustina haya cumplido con la carga probatoria que le incumbe según las reglas establecidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por todo lo expuesto, al no haberse desvirtuado en este proceso los fundamentos de la resolución impugnada, no resulta procedente la estimación del presente recurso contencioso administrativo." (fundamentos de derecho primero a tercero) TERCERO.- Sobre los motivos relativos al derecho estatal.
De los tres motivos que la parte agrupa en las infracciones de derecho estatal (apartado primero del epígrafe referido a los motivos en el escrito de demanda), el primero y el tercero pueden ser descartados sumariamente, dada su manifiesta falta de fundamento. En el primero de ellos, en el que se aduce la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva garantido en artículo 24 de la Constitución, la única argumentación consiste en que se prosigue con un proceso administrativo sancionador en vez de en un proceso penal;
como es obvio, el proceso administrativo sancionador también se rige por estrictas garantías de defensa y, en cualquier caso, tras la resolución administrativa sancionadora el sujeto tiene a su disposición el recurrir ante los tribunales, como efectivamente ha hecho la recurrente, lo que asegura el respecto al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por lo que respecta al tercer motivo, la parte recurrente se limita a invocar el valor justicia, el principio de seguridad jurídica y, de nuevo, el derecho a la tutela judicial efectiva, sin la menor argumentación de porqué habrían sido vulnerados tales principios y derechos.
CUARTO.- Sobre los motivos referidos al derecho comunitario.
Sea como fuere, los tres motivos relativos a dicho Convenio han de ser desestimados. En el primero, se aduce la infracción del derecho a la presunción de inocencia, el segundo al principio de tipicidad y el tercero al derecho de propiedad. Sin embargo, en ninguno de los tres existe más argumentación que la mera afirmación de que la falta de una mínima proporcionalidad entre la obligación administrativa de información y colaboración declarando la salida de dinero del territorio nacional y la multa impuesta equivale a la violación de los derechos y preceptos invocados. Así, afirma la recurrente, se estaría imponiendo una sanción correspondiente a una actividad mucho más grave (blanqueo de capitales) con violación del derecho la presunción de inocencia;
el excesivo margen de apreciación para la cuantía de la sanción supondría la vulneración del principio de tipicidad; y, finalmente, se habría conculcado el derecho a la propiedad privada porque se habría desconocido el equilibrio entre el derecho de propiedad de los ciudadanos y las exigencias del interés general.
QUINTO.- Sobre el motivo relativo al principio de congruencia.
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por D.ª Agustina contra la sentencia de 9 de febrero de 2.011 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Décima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 343/2.010. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente conforme a lo expresado en el fundamento de derecho sexto.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-