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Registro Nacional: Libro II, Número 04
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Registro Nacional de las Provincias del Río de la Plata (1826)
Libro II — Número 4
Registro Nacional de las Provincias del Río de la Plata1826
94[editar]
PRIMER VICE-PRESIDENTE DEL CONGRESO.
Sala del congreso en Buenos Aires, 9 de marzo de 1826.
El presidente que subscribe tiene el honor de comunicar al exmo. señor Presidente de la república, que habiendo renunciado el señor don Mariano Sarratea, el cargo de diputado del congreso, y cesando con este motivo en las funciones de primer vice-presidente del congreso, ha sido nombrado para el desempeño de tales funciones el señor don Eduardo P. Bulnes.
El presidente que subscribe saluda con esta ocasión al señor Presidente de la república con su consideración más distinguida.
Manuel de Arroyo y Pinedo: presidente.
Alejo Villegas: secretario.
Buenos Aires 9 de marzo de 1826.
Acúsese recibo, y dese al Registro Nacional.
95[editar]
Buenos Aires, 9 de marzo de 1826.
DIPUTADOS A CONGRESO, CUYAS RENUNCIAS SE HAYAN ADMITIDO.
El congreso general constituyente de los Provincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y decreta lo siguiente.
Los diputados a quienes haya sido admitida su renuncia deberán cesar en el desempeño de sus funciones, siempre que esté incorporada en el congreso la mitad de los diputados que corresponden a la provincia que representan o exista el que este designado para subrogarles.
Sala del congreso en Buenos Aires a 9 de marzo de 1826.
96[editar]
Buenos Aires, 16 de marzo de 1826.
ORDENANDO LA DEMARCACIÓN DE LA CAPITAL.
El Presidente de la república ha acordado y decreta.
1. La demarcación del territorio que por el artículo 6 de la ley de 4 del corriente se adscribe a la capital de la república, se ejecutará por la comisión topográfica.
2. La comisión topográfica se arreglará en esta de marcación a los limites precisos que se fijan por el precitado artículo.
3. Hecha la demarcación la comisión levantará un plano de la capital y su territorio, notando en él las alteraciones que resulten en los partidos ya establecidos.
4. El departamento general de policía prestará a la comisión todos los auxilios que esta demande para el mejor y más pronto cumplimiento de este decreto.
5. Concluidos estos trabajos, la comisión los elevará al ministerio de gobierno, el cual queda especialmente encargado de la ejecución de este decreto, que se comunicará e insertará en el Registro Nacional.
97[editar]
ORDENANDO LA DEMARCACIÓN DE LA NUEVA PROVINCIA
1. La comisión topográfica demarcará el territorio en que, con arreglo a la ley de 4 del corriente, debe organizarse una provincia.
2. Este territorio se dividirá en dos departamentos, uno al Sud. y otro al Norte, que deberán también demarcarse por la comisión topográfica.
3. La comisión será auxiliada para todas estas operaciones por el departamento general de policía.
4. El ministro secretario de gobierno queda encargado especialmente de ordenar todo lo que corresponda al más pronto cumplimiento de este decreto, que se comunicará según corresponde, y se insertará en el Registro Nacional.
98[editar]
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS.
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS.
El congreso general constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y decreta la siguiente ley.
ART. 1. Quedan a disposición de la presidencia nacional, todas las oficinas de correos establecidas en el territorio de la república.
2. Se autoriza al Presidente para organizar la administración nacional de correos, presentando en oportunidad a la sanción del congreso, los proyectos de ley que esto demande. Y de su orden lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Sala del congreso en Buenos Aires marzo 9 de 1826.
Al exmo. señor Presidente de la república.
Buenos Aires marzo 9 de 1826.
Cúmplase, acúsese recibo, y circúlese con las prevenciones acordadas.
Francisco de la Cruz.
99[editar]
Buenos Aires, 10 de marzo de 1826.
PIDIENDO VARIAS RAZONES A LAS ADMINISTRACIONES DE CORREOS.
1. La ley de 9 del corriente que pone a disposición de la presidencia todas las oficinas de correos en el territorio de la república, se comunicará a los gobernadores de las provincias, para que disponiendo su ejecución, prevengan a los jefes de las administraciones de correos de sus respectivos territorios, se pongan a las órdenes del ministerio de negocios extranjeros.
2. Los administradores y demás empleados de las oficinas de correos continuarán en el ejercicio de sus funciones, desempeñando sus deberes en la forma y términos que hasta el presente, mientras se provee oportuna y convenientemente al arreglo de la administración general de correos.
3. Los expresados administradores formarán y pasaran al ministerio.
1. Una exposición que comprenda las bases sobre que está organizada la administración, el número de empleados y servicio que rinden, el sueldo o gratificación que disfruten, el método por menor que se observe, así en la oficina de la administración principal, como en las demás subalternas que se hallen bajo su dirección, el orden y método que se observe en el giro de la correspondencia, días en que entren y salgan los correos, el número de estos tanto para el interior como para el exterior de la provincia, y el espacio de tiempo que se demoren en cada pueblo, como así mismo el que empleen en el tránsito desde la oficina principal hasta el límite de la provincia, en todas direcciones.
2. Una razón del número de cartas que se despachan mensualmente por la administración, tomando para el cálculo el tiempo de seis meses con distinción de las que correspondan al interior de la provincia y al exterior de ella.
3. Un estado de los productos de la administración, y ramos a que pertenezcan, y otro de gastos detallando sus objetos.
4. Una razón de las postas que se hallen establecidas, tanto en el camino principal como en los colaterales a los pueblos del interior, expresando las bases sobre que están formadas, el estado en que se hallan actualmente, distancias que guardan entre si en todas direcciones, número de postillones que tienen para su servicio, derechos que cobran los maestros de postas y deberes a que están sujetos.
5. Una exposición que comprenda el actual estado de los caminos, las dificultades que ofrezca su transito, ríos que haya que atravesar, expresando los obstáculos que presenten, y si el paso se hace por puentes o de algún otro modo; el estado en que estos se hallan; derechos que se cobren; y si existen para el paso de los ríos algunos botes o canoas donde se consideren necesarias.
6. Un inventario de todo lo que exista en las oficinas de cada administración con expresión de sus valores.
4. Las disposiciones y razones de que habla el artículo anterior serán transmitidas inmediatamente al ministerio de la presidencia, sin esperar para verificarlo la reunión de todas ellas, sino a proporción que puedan obtenerse.
5. El ministro secretario de negocios extranjeros queda encargado de la ejecución de este decreto, que se comunicará e insertara en el Registro Nacional.
100[editar]
DEPARTAMENTO DE LA GUERRA,
DECLARANDO LIBRES LOS NEGROS INTRODUCIDOS EN PATAGONES.
El Presidente de la república de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y decreta.
Debiendo considerarse libres todos los negros que ha introducido en Patagones el corsario Lavalleja según lo dispuesto por punto general en el decreto de 4 de febrero de 1813 expedido por la asamblea general constituyente, y siendo al mismo tiempo importante no solo mantener la observancia de este decreto, sino fomentar por cuantos medios sean lícitos en la guerra, las hostilidades que se ven precisadas a ejecutar las Provincias Unidas contra el emperador del Brasil, entre los cuales es sin disputa de los mas eficaces el corso marítimo: a fin de conciliar ambos objetos, el gobierno considera justo acordar una compensación a los armadores del corsario Lavalleja, y al efecto declara que los expresados negros introducidos por este corsario sean tenidos como hombres verdaderamente libres, según lo dispuesto en el precitado decreto, y que a los armadores se les abone por el tesoro público cincuenta pesos por cada uno, librándose a este efecto las ordenes que corresponden.
Mas siendo igualmente justo proveer no solo a la educación de estos libertos, sino a que el tesoro público sea reintegrado en la forma debida de las sumas que ahora anticipa para asegurar su emancipación, el gobierno declara que a excepción de los cien negros destinados al servicio de las armas, y de los marineros, respecto de los cuales, se ordenará al comandante de Patagones su remisión a esta capital para el servicio de la escuadra, en los términos que se resolverá por separado: todos los demás negros introducidos por dicho corsario sean puestos al servicio de los vecinos de aquel establecimiento, que quieran tomarlos bajo las condiciones siguientes.
1. Que cada negro ha de servir a su patrón por el término de seis años, contados desde el día que haya entrado o entre en su poder.
2. Que conforme a lo dispuesto en el reglamento general de libertos dado por la asamblea constituyente, los patrones pagarán un peso al mes, por cada negro que tomen a su servicio, debiendo enterar los setenta y dos pesos a que monta cada uno de estos, en tres plazos de seis meses.
3. Que será de la obligación de los patrones el vestir a los libertos, alimentarlos y hacerles seguir la costumbre del país, respecto de jornaleros comunes.
Comuníquese esta resolución al ministerio de hacienda por donde se harán las demás prevenciones que corresponde al ministro tesorero de Patagones y al comandante militar; con la prevención de que se le recomienda prefiera para la colocación de estos libertos a aquellos vecinos mas pudientes y morales que garanticen mejor todos los empeños a que deben comprometerse, y den la mejor educación a los libertos; dándose al Registro Nacional.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1826.
DESTINANDO A LAS ARMAS CIEN NEGROS DE LOS INTRODUCIDOS EN PATAGONES. DECRETO.
Teniendo el gobierno en consideración cuan conveniente es al país el que una parte de los libertos introducidos a Patagones por el corsario Lavalleja, sea ocupada en servicio de las armas; como igualmente que no solo es innecesario a estos individuos el tener en su poder el total de sus respectivos prests, sino también que importa demasiado disminuir los medios que puedan contribuir a producir vicios, a que de otro modo les sería fácil entregarse; y consultando al mismo tiempo el que al concluir el término de su enrolamiento tengan un capital que asegure su subsistencia, ha acordado y decreta.
ART. 1. El comandante militar de Patagones procederá desde luego a organizar en una compañía los cien negros, que ha dedicado a las armas, de los introducidos en aquel punto por el corsario Lavalleja.
ART. 2. Esta compañía pertenecerá al batallón de cazadores, y se montará con arreglo a ley para la organización del ejército nacional sancionada en 31 de mayo de 1825.
ART. 3. Cada individuo de los de la expresada compañía gozara del mismo sueldo mensual de diez pesos asignado por ley a cada soldado de línea, por el término de ocho años que debe durar su empeño.
ART. 4. El comandante de Patagones abonará solo seis pesos mensuales a cada uno de dichos individuos y los cuatro restantes se depositarán en la caja de ahorros establecida en la capital.
ATR. 5. Concluidos los ocho años de su servicio, podrán disponer de la suma depositada, que les será entregada, juntamente con los intereses devengados en dicho término.
ART. 6. El comandante de Patagones hará entender a estos individuos las ventajas de esta medida y que ellas han sido lo único que ha influido en su resolución.
ART. 7. Comuníquese a quienes corresponde e insértese en el Registro Nacional.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1826.
DECLARANDO NACIONALES TODAS LAS ADUANAS E IMPUESTOS SOBRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
ART. 1. Todas las aduanas exteriores, u oficinas de recaudación, quedan bajo la inmediata y exclusiva administración de la presidencia de la república, y toda clase de impuesto sobre lo que se importe en el territorio de la Unión, o lo que de él se exporte, es nacional.
ART. 2. El congrego dará oportunamente la ley, que ha de reglar estos impuestos. Lo que se comunica de orden del mismo congreso al exmo. señor presidente de la república para su inteligencia y efectos consiguientes.
Sala del congreso en Buenos Aires marzo 13 de 1826.
Manuel de Arroyo y Pinedo. presidente.
Alejo Villegas. secretario.
Exmo señor presidente de la república.
Buenos Aires 15 de marzo de 1826.
Acúsese recibo, circúlese en los términos acordados y dese al Registro Nacional.
Julián Segundo Agüero.
REGLANDO LA EMISIÓN DE BILLETES DEL BANCO NACIONAL.
El presidente de la república, a virtud de la facultad que le acuerda el artículo 62 de la ley para el establecimiento del banco nacional, decreta.
1. El Banco, en ningún caso, pondrá en circulación billetes en cantidad mayor que la de los valores reales que él posea.
2. El valor de los billetes será, por ahora, el mismo que el de los emitidos por el anterior banco de descuentos incorporado hoy al nacional.
3. El ministro de hacienda es encargado especialmente de velar el puntual cumplimiento de esta resolución que se comunicará al presidente y directores del banco y se dará al Registro Nacional.
PROHIBIENDO LA ENAJENACIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO.
Estando especialmente hipotecadas todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública existentes en todo el territorio del estado, no solo al pago del capital e intereses de quince millones de pesos que como fondo público nacional se reconoce por el artículo 1.º de la ley de 27 de octubre del año anterior, sino también al del capital e intereses de la deuda nacional consolidada por la ley de 15 de febrero del presente, el Presidente de la república ha acordado y decreta.
1. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la enajenación, por venta, donación, o en cualquiera otra forma, de las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública; y se declaran nulos y sin efecto los títulos de propiedad que se obtengan después de esta resolución.
2. Los gobiernos de las provincias pasarán a la mayor brevedad al ministerio de hacienda, una razón en cuanto pueda ser circunstanciada de las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, existentes en sus territorios respectivos.
3. En la razón se expresará el valor de los referidos bienes, precedido al efecto el avalúo y justi-precio.
4. Se expresará igualmente el producto que por ahora rindan dichos bienes: los que estén actualmente destinados a objetos del servicio público, y si hay algunos que en consideración a su estado, convenga enajenar, para obtener al efecto del congreso general la autorización especial que se exige por el artículo 5 de la ley de 15 de febrero.
5. El Presidente de la república propondrá oportunamente al congreso general constituyente las medidas que considere indispensables con respecto a las tierras de propiedad pública.
6. El ministro de hacienda es encargado de la ejecución de este decreto y de circularlo a todos los gobiernos de las provincias mandando publicarlo en el Registro Nacional.
ORDENANDO EL ESCLARECIMIENTO DE ACCIONES CONTRA EL ESTADO ANTERIORES A 1.º DE FEBRERO DE 1820.
Con el objeto de que empiece a darse cumplimiento a la ley que para la consolidación de la deuda interior del estado, sancionó el congreso general constituyente el 15 de febrero anterior, el Presidente de la república ha acordado y decreta.
ART. 1. Todos los acreedores del estado por suplementos o servicios prestados a objetos nacionales, y anteriores al 1º de febrero de 1820, deberán presentarse a esclarecer sus acciones en el preciso término que señala el artículo 2. de la ley de 15 de febrero.
ART. 2. Queda al arbitrio de los mismos acreedores presentarse directamente al Presidente de la república o ante los gobernadores de las provincias donde se hallen ellos establecidos.
ART. 3. En el caso que los acreedores entablen sus solicitudes ante los gobiernos de las provincias darán estos a los expedientes la substanciación que sea necesaria, no solo para el esclarecimiento de la legitimidad de las acciones, sino también para asegurarse que no han sido de algún modo cubiertos los créditos que se reclamen.
ART. 4. Luego que estén los expedientes en estado de resolución, se remitirán con conocimiento de los interesados al ministerio de hacienda para que recaiga la que corresponde.
ART. 5. Los créditos que se declaren de legítimo abono se pasarán a una comisión que se establecerá por decreto separado y a los objetos que en él se expresarán.
ART. 6. El ministro de hacienda queda especialmente encargado de la ejecución de este decreto que se circulará a todas las provincias y se publicara en el Registro Nacional.
ORDENANDO EL ESCLARECIMIENTO DE ACCIONES CONTRA EL ESTADO POSTERIORES AL 1.° DE FEBRERO DE 1820.
Sin embargo que para cumplir con la ley de 15 de febrero solo debería procederse a liquidar la deuda interior del estado anterior a 1.º de febrero de 1820; es la que por el tenor de dicha ley queda consolidada deseando no obstante, anticipar todos los conocimientos necesarios que faciliten al congreso general constituyente el que pueda en oportunidad resolver sobre la deuda posterior a aquella fecha, lo que reclama el crédito nacional, y el interés de los acreedores, el presidente de la república ha acordado y decreta.
ART. 1º. Al liquidarse la deuda anterior al 1.º de febrero de 1820, los acreedores de época posterior deberán también ocurrir a esclarecer sus acciones en la forma que se establece por el artículo segundo del decreto de 15 del presente, y en el término que prefija el artículo 2. de la ley de 15 de febrero.
ART. 2. Los créditos que se reconozcan de legítimo abono, se pasarán a la comisión de que habla el artículo quinto del decreto citado de 15 del presente.
ART. 3. El Presidente de la república pasará oportunamente al congreso general constituyente una razón circunstanciada de dicha deuda, y propondrá las medidas que considere convenientes.
ART. 4. Circúlese a quien corresponda y dese al Registro Nacional.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1826.
DECLARANDO NACIONAL EL IMPUESTO DEL PAPEL SELLADO.
El congreso general constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ha acordado y decreta la siguiente ley.
ART. 1. El impuesto del papel sellado es nacional y su producto en todo el territorio del estado entrará en el tesoro general.
2. Se reglará por ley especial este impuesto con consideración al estado de guerra en que se halla la república.
Lo que de orden del mismo se comunica al exmo. señor Presidente de la república para su inteligencia y efectos consiguientes.
Sala del congreso en Buenos Aires a 15 de marzo de 1826.
Buenos Aires marzo 17 de 1826.
Acúsese recibo, circúlese e insértese en el Registro Nacional.
ESTABLECIENDO LA COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA DEUDA CONSOLIDADA.
El Presidente de la república decreta.
ART. 1. Se establece una comisión que será encargada de liquidar la deuda consolidada por la ley de 15 febrero anterior.
ART. 2. Todos los expedientes en que haya recaído el decreto sobre la legitimidad de un crédito, se pasarán a esta comisión para la liquidación correspondiente.
ART. 3. La comisión, luego que haya hecho la liquidación, la pasará al ministerio de hacienda para su aprobación.
ART. 4. Aprobada la liquidación se devolverá el expediente a la misma comisión, que lo conservará archivado hasta su debido tiempo, dando a los interesados un documento que acredite la liquidación de su crédito para los objetos que puedan convenirles.
ART. 5. La comisión llevará un registro de los créditos cuya liquidación esté aprobada, para que concluida esta operación se tenga con exactitud el monto total de la deuda.
ART. 6. Se pasarán también a la misma comisión los créditos posteriores al 1º de febrero de 820 que aunque no comprendidos en la ley de 15 de febrero anterior se mandar liquidar por decreto de esta fecha, a los objetos que allí se expresan.
ART. 7. Se llevará por la comisión un registro especial de estos créditos, y concluida su liquidación, pasará al ministerio de hacienda una relación circunstanciada y exacta de su monto total para que tenga efecto lo que se ordena en el decreto que se cita en el artículo anterior.
ART. 8. El ministro de hacienda queda autorizado para nombrar en oportunidad los individuos que han de componer la comisión que se establece en el presente decreto que se publicará en el registro nacional.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1826.
ORDENANDO QUE LOS EMPLEADOS EN LAS OFICINAS DE RECAUDACION SE PONGAN A LA ORDEN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y PIDIENDO VARIAS RAZONES.
Consiguiente a la ley de 13 del presente mes de marzo el presidente de la república ha acordado, y decreta.
Art. 1. Los gobiernos de las provincias donde existen las aduanas exteriores, u oficinas de recaudación de que habla dicha ley, dispondrán que los jefes y oficiales de ellas, se pongan bajo las inmediatas ordenes del ministerio de hacienda.
Art. 2. Dichos gobiernos remitirán a la mayor brevedad al ministerio.
1. Una relación de los empleados en aquellas oficinas, sus dotaciones, y las aptitudes y servicios de cada uno de ellos.
2. Una razón circunstanciada, y por menor de todos y cada uno de los impuestos, así de importación, como de exportación, que allí se exigen: las épocas en que fueron establecidos y las reglas que se siguen en su recaudación.
3. Un cálculo aproximado en cuanto sea posible del producto anual, no solo del total de aquellos impuestos, sino del de cada uno de ellos en particular.
4. Una exposición fundada sobre los impuestos establecidos, que consideren perjudiciales a la industria del país: y los que caso de ser suprimidos, podrían subrogarse en su lugar.
Art. 3. El producto de estos impuestos como pertenecientes al tesoro general, se tendrán desde el recibo de esta resolución, a la disposición del ministro de hacienda.
Art. 4. Aquellas oficinas continuarán por ahora, si fuese necesario, recaudando los impuestos interiores de la provincia bajo las órdenes de sus respectivos gobiernos.
Art. 5. Los gobiernos de las provincias a quienes comprende esta resolución, cuidarán de establecer los impuestos, que sin ofender la agricultura, el comercio, y la industria, de los pueblos, alcancen a cubrir los gastos indispensables de su administración interior.
Art. 6. Bajo el supuesto de que toda contribución indirecta, debe entrar a formar el tesoro común tanto por la ley que motiva este decreto, como por otras que el gobierno propondrá oportunamente al congreso general, los impuestos de que habla el artículo anterior deberán ser precisamente directos.
Art. 7. Los gobiernos instruirán al presidente de la república de las imposiciones que con arreglo a lo prevenido en los dos últimos artículos establezcan, para pasarlo al conocimiento del congreso general.
Art. 8. El ministro de hacienda es encargado de la ejecución de esta resolución, que circulará con la ley de su referencia a los gobiernos a quienes corresponde publicándose en el Registro Nacional.
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