Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1199658
Timestamp: 2020-08-09 08:37:54
Document Index: 69506076

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 105', 'artículo 125', 'artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'artículo 97', 'artículo 97', 'Artículo 6', 'Artículo 17', 'Artículo 31', 'artículo 39', 'Artículo 7', 'artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 34', 'artículo 46', 'artículo 74']

Impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva
Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León (BOCYL de 19 de junio de 2020). Texto completo.
Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno de la Nación aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, como una medida necesaria para la protección de la salud que, sin embargo, ha desencadenado que la actividad productiva de las empresas y el bienestar de la ciudadanía se resientan de forma sustancial.
En el ámbito nacional, se han dictado diversas normas con rango de ley para afrontar esta situación: El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , que determina las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo , por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 o el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril , de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, entre otros.
Con carácter general, las medidas recogidas en el decreto-ley buscan, dentro del respeto y observancia del ordenamiento jurídico vigente, aligerar la carga que le corresponde asumir al ciudadano y a las empresas desplazando parte de ella hacia la Administración, que de esta manera comparte acción con el ciudadano. De la misma manera y como consecuencia del compromiso con los ciudadanos y en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo , se prevé que en materia de ordenación e instrucción de determinadas subvenciones y de modificación de resoluciones de concesión de determinadas ayudas y subvenciones ya dictadas, los órganos de resolución puedan alterar términos y plazos para no perjudicar a sus posibles destinatarios cuando la situación creada por la COVID-19 ha tenido algún impacto sobre tales medidas de fomento.
En la elaboración de este decreto-ley se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los de coherencia, accesibilidad y responsabilidad, que añade la Ley 2/2010, de 11 de marzo , de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.
La Directiva 2006/123/CE , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, se dictó con la intención de facilitar el acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio en el ámbito de la Unión Europea y, a tal efecto, restringe el régimen de autorización a los casos previstos expresamente por norma legal con estricta observancia de los principios de necesidad, no discriminación y proporcionalidad. En su transposición a nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 17/2009, de 23 de diciembre , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, consagró el principio general de no sumisión al régimen de autorización administrativa. Desde entonces se suceden reformas legislativas para adaptar nuestra legislación, como se hace ahora al detectar que aún existen supuestos que, sin vulnerar la normativa básica del Estado, pueden quedar englobados en esta forma de intervención administrativa.
En cuanto a las instalaciones de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo sobre edificaciones o construcciones (salvo que supongan un impacto sobre el patrimonio histórico) se incluyen entre los supuestos de declaración responsable para clarificar la legislación vigente, pues la referencia del artículo 105.1 bis e) a la “instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y similares” no ha tenido la virtualidad de alcanzar a este tipo de instalaciones por cuanto el término “similar” parece que solo puede englobar las instalaciones que requieren red lineal.
Además, este decreto-ley incide en el destino asignado al patrimonio público del suelo, otra de las técnicas de intervención en el mercado del suelo. La adición, en el artículo 125.1 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, como un nuevo destino posible de los fondos adscritos a los patrimonios públicos de suelo o de los ingresos obtenidos por su enajenación, de las “soluciones habitacionales temporales a los colectivos definidos como vulnerables en la legislación social o de vivienda”, encaja dentro de los denominados “otros usos de interés social” urbanísticos a que pueden ser destinados tales bienes o fondos, en los términos del artículo 51.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre . Es un uso urbanístico admisible pues conecta directamente con el primero de los derechos definidos en el propio texto refundido como integrante del estatuto básico del ciudadano, el de disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. Con esta inclusión se permitirá que, por ejemplo, los ingresos obtenidos con la enajenación o administración de los bienes del patrimonio público del suelo puedan destinarse a proporcionar una solución habitacional a colectivos vulnerables a través de mecanismos diferentes y más inmediatos que la construcción. En la actual crisis generada por la pandemia sanitaria es necesario dotar a las administraciones de mecanismos urgentes con los que intervenir en el mercado de suelo para cumplir una de las finalidades de estos patrimonios públicos: Atender las necesidades de vivienda de quienes tienen dificultades para hacerlo en el mercado privado.
Especialmente relevante es el artículo 6 donde se modifican determinados aspectos de los artículos 43 y 74.3 y de los Anexos I y III del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre . Este último, atendiendo a la incidencia ambiental de las concretas actividades e instalaciones o la existencia de otros controles ambientales, sustituye la licencia ambiental por una comunicación ambiental en numerosas actividades, ahorrando trámites y tiempo para los emprendedores, en la medida en que permite pasar de un control previo ligado a un procedimiento administrativo a un control posterior vinculado a un régimen de inspección que permite corregir las disfunciones que, en su caso, puedan ocasionar molestias ambientales en el entorno, sin perjuicio de que la actividad o instalación en cuestión esté sujeta a otros regímenes de intervención por aplicación de la normativa sectorial correspondiente y sin menoscabo de la protección del medio ambiente.
Esta medida se adopta atendiendo a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019, por las que se anulan respectivamente el Decreto 4/2018, de 22 de febrero , y el Decreto 8/2018, de 5 de abril. Por ello, sin perjuicio de que dichas sentencias estén afectadas en su ejecución por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, considerando la extraordinaria y urgente necesidad de dinamizar la actividad económica del sectores ganadero y agroalimentario de Castilla y León, fuertemente afectados por la emergencia sanitaria, es preciso adoptar la medida de cambio de régimen de intervención señalado de manera urgente e inmediata en el presente decreto-ley.
Se incorporan también las actividades ganaderas (además de corrales domésticos, actividades apícolas y actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental que ya estaban en dicho Anexo), a este listado de actividades sometidas a comunicación ambiental, siempre que no estén afectadas por el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre . Hay que indicar que las actividades de este sector, cuando en parte, o bien por tamaño o por ubicación, están sometidas a evaluación de impacto ambiental, ya están en este régimen si obtienen una declaración/informe ambiental favorable, y con las condiciones mínimas de funcionamiento indicadas en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero , que, por otro lado, son aplicables a todas las instalaciones ganaderas al no estar afectadas por las sentencias citadas. Además, respecto a las emisiones a la atmósfera, las actividades incluidas, excepto aquellas cuyas emisiones carecen de relevancia ambiental, están reguladas por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre , de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero , por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Respecto a otros efectos ambientales, Castilla y León ha establecido normas ambientales mínimas de obligado cumplimiento para todos los ganaderos, mediante el Decreto 4/2018, de 22 de febrero , donde se recogen de forma detallada todos los requisitos para desarrollar la actividad sin perjudicar al medio ambiente, y para las entidades locales en relación a su control.
Asimismo, se someten al régimen de comunicación ambiental determinados servicios de restauración y hostelería, siempre que puedan clasificarse como actividad de Tipo 1 de acuerdo con el Anexo III de la Ley 5/2009, de 4 de junio , del ruido de Castilla y León, y que, por lo tanto, carecen de equipos de reproducción/amplificación audiovisual, y por ello, no son capaces de generar niveles sonoros superiores a 85 dB(A). Así, los efectos ambientales de estas actividades e instalaciones son por lo general muy bajos y, fundamentalmente, cuando estos existen, se relacionan con las emisiones acústicas. En esta línea, la norma del ruido de Castilla y León regula estos aspectos de una forma precisa y que con su aplicación efectiva ha permitido compatibilizar el ejercicio de las actividades hosteleras con las actividades domésticas. Diez años de aplicación de esta norma han permitido interiorizar los requisitos que se requieren para la instalación de estas actividades e instalaciones permitiendo pasar del control preventivo mediante licencia ambiental al de control posterior mediante comunicación ambiental, trasladando la responsabilidad al promotor en línea con las directrices europeas de servicios. Por otra parte, respecto a las emisiones de gases a la atmósfera, con el objeto de evitar molestias en el entorno inmediato, se establecen unos condicionantes ambientales mínimos, que se incluirán en el Anexo III del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, dado que son actividades no catalogadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera y que, por tanto, no están afectadas por la normativa general sobre emisiones contaminantes.
Finalmente, se añaden al texto refundido, por razones de seguridad jurídica, previsiones sobre las comunicaciones ambientales presentadas al amparo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero , y del Decreto 8/2018, de 5 de abril, parcialmente anulados respectivamente por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019.
El capítulo IV se refiere a la reducción del plazo máximo para resolver, modificando determinados aspectos de la Orden AYG/343/2018, de 26 de marzo , por la que se regula el Sistema de Identificación y Registro de los Équidos en las Explotaciones Ganaderas de Castilla y León, y se establecen las condiciones para la excepción recogida en el artículo 4.2 del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino, así como la Orden AYG/878/2010, de 9 de junio, por la que se regula el sistema de autocontrol en el proceso de certificación de semillas bajo supervisión oficial en la Comunidad de Castilla y León, con objeto de reducir a la mitad los plazos establecidos para la resolución de determinados procedimientos en ellas regulados.
La disposición adicional quinta incluye una previsión, por razones de seguridad jurídica, sobre las comunicaciones ambientales presentadas al amparo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero , y del Decreto 8/2018, de 5 de abril, parcialmente anulados, respectivamente, por las sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 de abril y 21 de mayo de 2019. Dichas comunicaciones serán consideradas a todos los efectos como comunicaciones ambientales conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
El decreto-ley se cierra con cinco disposiciones finales: la modificación de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre , de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, con el fin de mejorar la competitividad en el sector tras el impacto derivado de la COVID-19 y de dar cumplimiento al Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con esta ley y suscrito el 19 de agosto de 2019; el establecimiento de un nuevo régimen transitorio de adaptación de las sociedades cooperativas a la Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril , de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León; una previsión para evitar la congelación de rango estableciendo que las normas reglamentarias modificadas por el decreto-ley siguen conservando tal rango normativo; la habilitación normativa a la Junta de Castilla y León y a los titulares de las consejerías implicadas y, por último, la previsión sobre la entrada en vigor.
Artículo 3. Modificación del Decreto 127/2003, de 30 de octubre , por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica.
El Decreto 127/2003, de 30 de octubre , por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 6. Necesidad de autorización.
d) No superen las condiciones técnicas de diseño del proyecto previamente autorizado, y acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad industrial conforme lo dispuesto en la reglamentación técnica aplicable.”
“3. Queda exceptuado de la necesidad de someter la petición al trámite de información pública el supuesto de que la instalación pertenezca a la red de distribución, o a producción en régimen de autoconsumo, no deba someterse a evaluación de impacto ambiental y no se solicite la declaración en concreto de utilidad pública porque se disponga de acuerdos previos con todos los titulares de bienes y derechos afectados.”
Artículo 4. Modificación del Decreto 189/1997 de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica.
“Artículo 7. Presentación de proyectos en competencia y su tramitación.
Asimismo, serán confrontados y evaluados convenientemente la descripción de los recursos eólicos con base en datos históricos de al menos doce meses continuados que confirme la existencia de recursos suficientes realizados por los solicitantes en la zona donde se pretenda ubicar el parque eólico o aerogenerador.”
Artículo 5. Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril , de Urbanismo de Castilla y León.
La Ley 5/1999, de 8 de abril , de Urbanismo de Castilla y León queda modificada en los siguientes términos:
1. Se suprime el párrafo e) del apartado 1 del artículo 97.
“b) Cuando se trate de los actos citados en los párrafos a), f), i) y l) del artículo 97.1.”
“j) Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones”.
“k) Instalaciones de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo sobre edificaciones o construcciones, salvo que supongan un impacto sobre el patrimonio histórico”.
“b) Construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección pública y facilitación de soluciones habitacionales temporales a los colectivos definidos como vulnerables en la legislación social o de vivienda”.
Artículo 6. Modificación del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre .
El texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre , queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 17. Audiencia.
Realizados los trámites anteriores, el órgano competente tras realizar una evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, efectuará el trámite de audiencia al solicitante de la autorización ambiental, así como al resto de los interesados en el procedimiento.”
“Artículo 31. Audiencia.
Realizados los trámites anteriores, el Ayuntamiento efectuará el trámite de audiencia al solicitante de la licencia ambiental, así como al resto de los interesados en el procedimiento.”
“1. La comunicación ambiental se presentará una vez que hayan finalizado las obras, que deberán estar amparadas por el permiso urbanístico que, en su caso, proceda y, cuando la actividad o instalación deba someterse a evaluación de impacto ambiental, tras haberse dictado la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable o el informe de impacto ambiental en el que se determine que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, en todo caso, con anterioridad al inicio de la actividad.”
“b) La información que determine las emisiones, catalogaciones ambientales de la instalación de manera justificada, medidas correctoras, controles efectuados para confirmar la idoneidad de las medidas correctoras y medidas de control previstas.
La comunicación ambiental incluirá, en su caso, la indicación de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental correspondiente.”
“6. El titular de una actividad o instalación que pretenda llevar a cabo una modificación no sustancial de aquella deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental o la licencia ambiental o, en su caso, al órgano ante el que debe presentar la comunicación ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas. El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental o la licencia ambiental o ante el que debe presentarse la comunicación ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.
En el supuesto de que, como consecuencia de la modificación no sustancial de la actividad o instalación, sea necesaria una modificación de la autorización ambiental o de la licencia ambiental con objeto de actualizar su contenido, se incluirá en ellas, en su caso, los nuevos condicionantes derivados de la modificación no sustancial. En todo caso, la modificación de la autorización ambiental, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y la de la licencia ambiental se comunicará por la Administración local al Servicio Territorial competente en materia de medio ambiente de la provincia en la que se ubique la actividad o instalación”.
“i) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, señalados en la declaración responsable a la que se refiere el artículo 39, así como en la comunicación ambiental.”
c) Industrias de nueva creación que generen más de 10 toneladas al año de residuos peligrosos.”
Artículo 7. Modificación de la Orden AYG/343/2018, de 26 de marzo por la que se regula el Sistema de Identificación y Registro de los Équidos en las Explotaciones Ganaderas de Castilla y León y se establecen las condiciones para la excepción recogida en el artículo 4.2 del Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.
“El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de tres meses desde su entrada en el registro de la correspondiente unidad veterinaria”.
Artículo 8. Modificación de la Orden AYG/878/2010, de 9 de junio, por la que se regula el sistema de autocontrol en el proceso de certificación de semillas bajo supervisión oficial en la Comunidad de Castilla y León.
“2. El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Trascurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada.”
Primera. Evaluación, revisión y reexamen.
Segunda. Medidas de ordenación e instrucción necesarias, provocadas por la crisis de la COVID-19 en materia de subvenciones.
Tercera. Modificaciones de resoluciones de concesión de ayudas y subvenciones provocadas por la crisis de la COVID-19.
1. Se habilita al órgano concedente de ayudas y subvenciones a modificar las resoluciones de concesión dictadas al amparo de las correspondientes convocatorias que, según el artículo 32 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre de medidas financieras, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 7/2017, de 28 de diciembre , de medidas tributarias, tengan por objeto el desarrollo de las políticas activas de empleo, cuando las circunstancias derivadas de la pandemia de la COVID-19, no les permitan cumplir los compromisos de inserción, el mantenimiento o creación de empleo, así como los objetivos de los programas formativos exigidos en la resoluciones de concesión inicial o en sus normas reguladoras. Está limitación en la consecución de los compromisos deberá fijarse en la modificación que se realice de las resoluciones de concesión.
2. Se habilita al órgano concedente de ayudas y subvenciones a modificar las resoluciones de concesión dictadas al amparo de las correspondientes convocatorias que, según el artículo 34 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre de medidas financieras, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 7/2017, de 28 de diciembre , de medidas tributarias, tengan por objeto proyectos de inversión realizados por empresas y la creación de empleo ligada a la misma, en las que fuera requisito la creación de empleo adicional al existente al momento de la solicitud y el mantenimiento del mismo y se vean obligadas, por las circunstancias económicas creadas por la pandemia de la COVID-19, a retrasar extraordinariamente las fechas y plazos en que tales requisitos deben ser exigidos o bien a reducir el empleo a crear o el empleo a mantener exigido en la resolución de concesión inicial.
Cuarta. Actividades o instalaciones en funcionamiento sin licencia ambiental o comunicación ambiental.
Quinta. Comunicaciones ambientales de determinadas actividades e instalaciones ganaderas e industrias agroalimentarias existentes.
Las comunicaciones ambientales presentadas al amparo del Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III del texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre , y se regula el régimen de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades, y del Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre en relación con determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y León, se determinan las condiciones ambientales mínimas y se regula el régimen de comunicación ambiental, se considerarán a todos los efectos como comunicaciones ambientales conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Primera. Procedimientos de licencia ambiental en tramitación.
No obstante, si los mencionados procedimientos de licencia ambiental se refieren a actividades o instalaciones que, de acuerdo con este decreto-ley, pasan a estar incluidas dentro del régimen de comunicación ambiental, podrá aplicarse este, siempre que el interesado formule un escrito en el que, al mismo tiempo que desiste de su solicitud de licencia ambiental, presente comunicación ambiental de acuerdo con lo preceptuado en el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre .
Segunda. Nuevos supuestos de declaración responsable en materia urbanística.
No obstante, si los mencionados procedimientos pasan a estar incluidos dentro del régimen de declaración responsable, el interesado podrá formular un escrito en el que, al mismo tiempo que desiste de su solicitud de licencia de obras, presenta la correspondiente declaración responsable para acogerse a este régimen de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 5/1999, de 8 de abril , de Urbanismo de Castilla y León.
Tercera. Medidas extraordinarias para la evaluación y certificación del alumnado de las enseñanzas de idiomas.
Cuarta. Medidas excepcionales aplicables a las sociedades cooperativas.
Primera. Modificación de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre , de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.
La Ley 9/2018, de 20 de diciembre , de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León queda redactada en los siguientes términos:
“1. La Administración será la responsable de establecer, con sujeción a la normativa general de precios, el régimen tarifario de los servicios de transporte público regular de viajeros y el de los servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo. Estas tarifas podrán establecer cuantías únicas, límites máximos y límites mínimos.
Así mismo, los ayuntamientos o, en su caso, el órgano competente de la Mancomunidad de Interés General, podrán autorizar, en servicios sujetos a previa contratación, el establecimiento de tarifas que tendrán el carácter de máximas, de forma que dichos servicios puedan ser realizados a precio cerrado y el usuario conocer este antes de su realización. Dicho precio no podrá superar en ningún caso el estimado para ese recorrido conforme a las tarifas vigentes.”
2. Se suprime el apartado 6 del artículo 46, que queda sin contenido.
“d) Realizar, a instancia de cualquiera de los interesados, si existieran dudas o contestaciones entre éstos sobre el estado de los efectos transportados, previamente al eventual planteamiento de las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte terrestre por carretera, las funciones de peritación sobre el estado de dichos efectos, procediendo en su caso al depósito de los mismos.”
4. Se suprime el apartado 5 del artículo 74, que queda sin contenido.
Segunda. Modificación de la Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril , de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.
“Disposición transitoria segunda. Adaptación de las sociedades cooperativas a las previsiones de esta ley.
Transcurrido el plazo señalado en el apartado primero de esta disposición, sin que se hubiera presentado ante la Sección competente del Registro de Sociedades Cooperativas de Castilla y León la documentación acreditativa de la adaptación, se declarará a dicha cooperativa estar incursa en causa de disolución, con cierre provisional de la hoja registral.”
Tercera. Cláusula de salvaguardia del rango de normas reglamentarias.
Cuarta. Habilitación Normativa.