Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/agosto/301287-252-16818-2018-E18-213.HTML
Timestamp: 2019-03-22 13:08:18
Document Index: 243170137

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 99', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 296', 'artículo 53', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 296', 'artículo 53', 'artículo 111', 'artículo 266', 'artículo 29', 'artículo 383', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 99', 'Artículo 99', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 343', 'artículo 14', 'Artículo 345', 'artículo 16', 'Artículo 359', 'artículo 10', 'Artículo 455', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 49', 'artículo 14', 'artículo 127', 'artículo 8', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 383', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 383', 'artículo 29', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 46', 'artículo 11', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 128', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 80', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 43', 'artículo 83', 'artículo 46', 'artículo 11']

El 15 de agosto de 2018, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal el oficio identificado con el alfanumérico núm. 083-18, de fecha 14 de agosto de 2018, proveniente del TRIBUNAL ESPECIAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, con el cual se remitió el expediente identificado con el alfanumérico 1C-S-006-18 (nomenclatura de dicho Tribunal) que contiene la SOLICITUD DE EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, identificado con la cédula de identidad núm. V-21.464.061.
El referido ciudadano es requerido por las autoridades venezolanas, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el articulo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, según procedimiento de extradición activa iniciado a solicitud de la abogada Dinora Joselyn Bustamente Puerta y los abogados Farik Karin Mora Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y Jimmy Levy Avram, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio 83 Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Fiscal Provisorio 67 Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público, Fiscal Provisorio 38 Nacional Pleno y Fiscal Provisorio 93 Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público, respectivamente.
El 15 de agosto de 2018, se dio cuenta en Sala de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal; y en esa misma fecha de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial núm. 39.522 de fecha 1° de octubre de 2010 (en adelante, “Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”), según el cual, “[e]n los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, designará un Magistrado o Magistrada ponente, dentro de los tres días hábiles siguientes, computables desde el momento en que se hubiere dado entrada al asunto…”, se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Del contenido de los precitados dispositivos legales se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición activa que formulase el Ministerio Público ante el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional. Visto que en esta oportunidad se ha recibido una petición de esta naturaleza, la Sala declara su competencia para conocer de la misma. Así se establece.
Los hechos que originaron la presente causa fueron reseñados mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2018, por la abogada Dinora Joselyn Bustamente Puerta y los abogados Farik Karin Mora Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y Jimmy Levy Avram, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio 83 Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Fiscal Provisorio 67 Nacional contra la Corrupción, Fiscal Provisorio 38 Nacional Pleno y Fiscal Provisorio 93 Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público, respectivamente, de la manera siguiente:
“…la presente investigación tiene su génesis en el hecho público, notorio y comunicacional, ocurrido en fecha 04 (sic) de agosto de 2018, en horas de la tarde, en las inmediaciones de la avenida Bolívar del Distrito Capital, ciudad de Caracas, momento cuando el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, NICOLAS (sic) MADURO MOROS, efectuaba su discurso en el marco del Octogésimo Primer aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando el mismo fue interrumpido por la activación de dos artefactos explosivos incorporados a dos (02 (sic) aeronaves no tripuladas (Drones), operados de forma remota uno de ellos operado desde el edificio Centro Empresarial Cipreses, ubicado en la avenida Lecuna, específicamente desde una oficina facilitada para la operación por el ciudadano DAVID ALEXANDER BEAUMONT ALVAREZ (sic), siendo operado dicho dron por los ciudadanos BRAYAN DE JESUS (sic) OROPEZA RUIZ (sic) y ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ, quienes fueron trasladados al sitio junto con los instrumentos utilizados para cometer el hecho, por la ciudadana YANIN FABIANA PERNIA (sic) CORONEL, a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color azul, permaneciendo la misma con los precitados ciudadanos en la referida oficina durante la ejecución del hecho, siendo la encargada de igual manera de trasladar nuevamente a los sujetos desde el lugar, una vez ejecutada la operación, resultando que el dron in commento, hizo explosión a pocos metros del espacio aéreo de la tribuna presidencial, donde se encontraba para el momento el primer mandatario nacional entre otros altos funcionarios del Estado Venezolano, hecho este que se pudo verificar ya que en la mencionada oficina se logró colectar elementos de interés criminalísticos como lo es un dispositivo de mando de una aeronave no tripulada tipo dron marca DJI, siendo además importante mencionar que en dicho evento resultaron heridos varios efectivos castrenses.
En otro orden de ideas, la segunda aeronave no tripulada (DRON) era operada desde UN VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO ORLANDO, COLOR AZUL, ubicado en la parroquia Santa Rosalía específicamente en la esquina donde se encuentra el Hotel Cacique, el cual era piloteado por el ciudadano ARGENIS GABRIEL VALERO RUIZ (sic), titular de la cédula de identidad V-23.447.512, en compañía del ciudadano JUAN CARLOS MONASTERIOS VENEGAS, titular de la cédula de identidad V-12.146.772, quienes fueron aprehendidos en flagrancia, luego de haber sido observado (sic) por transeúntes del lugar cuando hicieron despegar la aeronave no tripulada (dron), que minutos más tarde hizo explosión, logrando huir del sitio los ciudadanos HENRYBERTH ENMANUEL RIVAS RIVAS quien dentro de la organización criminal tenía como función ubicarse cerca de la tarima presidencial y guiar a los operadores de este dron, así como JOSÉ MIGUEL ESTRADA GONZALEZ (sic), quien tenía como función la vigilancia del lugar para dar aviso en caso que alguna autoridad se percatara de la ejecución de la actividad delictiva resultando que dicho dron, hizo explosión en el SEGUNDO PISO DE LAS RESIDENCIAS DON EDUARDO UBICADA EN LA AVENIDA FUERZAS ARMADAS DE LA CIUDAD CAPITAL, específicamente en el apartamento signado con el N° 22, causado (sic) graves daños estructurales a dicho inmueble, siendo importante destacar que estos artefactos explosivos tenían como objetivo acabar con la vida del Presidente de la República, no siendo logrado el objetivo de los agentes, por cuanto la operación remota de los drones que transportaba los explosivos, fue interrumpida por inhibidores de señal instalados por el personal de seguridad del primer mandatario nacional.
Ahora bien, una vez ocurridos los hechos antes mencionados se procedió a iniciar las primeras diligencias de investigación para el total esclarecimiento de los mismos por lo que se procedió a la inspección técnica del mencionado vehículo siendo encontrado en el interior del mismo material electrónico de interés criminalística como: 1.- Control (sic) remoto de manipulación de aeronave no tripulada (Dron); 2.- una Tarjeta de presentación del Hotel & Suite Altamira Village signada con los números N° 2003 y 2004, entre otras evidencia de interés criminalístico. En virtud de la referida situación se constituyó comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), integrada por el INSP/JEFE (DGCIM) JOSÉ LUNA, (…) SUB/INSP. (DGCIM) RAYMIER AMARO, (…) (DGCIM) FRANCISCO YARI, (…) y A/III ANDERSON SALAZAR, (…), a bordo del vehículo Marca Chevrolet, Modelo Luv Dmax, color Negro, nomenclatura TI-16, con destino a la Avenida (sic) Luis Roche, 5ta. Transversal, Altamira, Municipio (sic) Chacao, estado Miranda, específicamente al Hotel & Suite Altamira Village donde una vez en [el] lugar previa identificación de la comisión y del motivo de la presencia en el lugar, fueron atendidos (sic) personal administrativo y de seguridad de dicho hotel procediendo la comisión a solicitarle toda la información sobre la reservación de las habitaciones signadas con los N° 2003 y 2004, proporcionando a la comisión: 1.- Recibo de pago N° 071656, al Hotel & Suite Altamira Village, perteneciente a la cancelación de referidas habitaciones, por un monto de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (174.397.440,00) de (sic) Bolívares de fecha 02/08/2018 (sic), a través de trasferencia N° 1745490416, realizada por la entidad Financiera Banco Banesco, código de Cuenta (sic) cliente Debitada (sic) N° 0134********1102619, dicho recibo de pago bancario fue enviado a través del correo electrónico ‘LETC52018@GMAIL.COM, perteneciente a la ciudadana LETICIA JARAMILLO; 2.- Recibo de pago N° 071691, al Hotel & Suite Altamira Village, perteneciente a la cancelación de referidas habitaciones, por un monto de NOVENTA MILLONES (90.000.000,00) de Bolívares de fecha 02/08/2018 (sic), a través de trasferencia bancaria N° 24310593127; 3.- Recibo de pago N° 071692, al Hotel & Suite Altamira Village, de las referidas, por un monto de OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (Bs. 84.397.440,00) Bolívares (sic) de fecha 02/08/2018 (sic), a través de trasferencia (sic) N° 174708258, realizada por la entidad Financiera Banco Banesco, código de Cuenta (sic) cliente Debitada (sic) N° 0134********1102619, dicho recibo de pago bancario fue enviado a través del correo electrónico ‘LETC52018@GMAIL.COM, perteneciente a la ciudadana LETICIA JARAMILLO; 4.- La habitación 2003, fue reservada desde 01/08/2018 (sic), hasta el 04/08/2018 (sic), por los ciudadanos YILBER ALBERTO ESCALONA TORREALBA, C.I.V.- 18.654.917 y HENRYBERTH ENMANUEL RIVAS RIVAS, C.I.V.- 24.939.464; 5.- La habitación 2004, fue reservada desde el 01/08/2018 (sic), hasta el 05/08/2018 (sic) por los ciudadanos GREGORIO JOSE (sic) YAGUAS MONJE, C.IV.- 23.332.816 y JOSÉ MIGUEL ESTRADA GONZÁLEZ, C.I.V.- 25.030.814; 6.- del mismo modo tuvieron acceso a la cámaras de seguridad del Hotel & Suite Altamira Village, las cuales presentan fallas por falta de mantenimiento, no pudiendo obtener de las misma grabación alguna de los diferentes ambientes de entrada y salida del referido Hotel; 7.- realizaron la inspección junto a los recepcionistas de guardia a la habitación 2003, la misma se encontraba en total normalidad, por su parte la habitación 2004, se encontraba con la puerta abierta por lo que se (sic) procedieron a realizar llamado de alerta no recibiendo respuesta del mismo, por lo que ingresaron a la misma no encontrándose nadie dentro de la referida habitación, solo con indicios de que la misma fue desalojada de manera imprevista, observando residuos de comida y rastro de olores a nicotina y en total desorden; 8.- realizaron coloquio con la Gerente del Restaurant, la cual presta servició al Hotel & Suite Altamira Village, ciudadana NICOLE RICHMAND, quien informó que los días 02 (sic) y 03 (sic) de agosto, los huéspedes de la habitación 2004, solicitaron los servicios del referido restaurant, realizando el pago a través de transferencia bancaria, enviándole el capture de la referida trasferencia, a través del número telefónico (…).
En el marco de la investigación se logró determinar que el CORONEL PEDRO JAVIER ZAMBRANO HERNANDEZ (sic), sostuvo comunicación a través del aplicativo de mensajería de texto de Whatsapp, con el ciudadano OSMAN ALEXIS DELGADO TABOSKY, titular de la cedula (sic) de identidad N° V.- 13.988.807, instigador y financista del Asalto a la 41 Brigada Blindada del Fuerte Paramacay, y de la operación sobre cual versa la presente investigación, con el fin de asesorarlo técnicamente para la adquisición de aeronaves no tripuladas (Drones), utilizadas para este hecho, para que pudieran ser manipulados con cargamento de explosivos.
Del mismo modo, se logró establecer que esta operación fue planificada y financiada desde la República de Colombia, por los ciudadanos RAIDER (sic) ALEXANDER RUSSO MARQUEZ (sic), y el coronel de la Guardia Nacional, OSWALDO VALENTIN GARCÍA PALOMO, ambos radicados en dicho territorio extranjero, huyendo de la justicia venezolana por hechos anteriores de la misma naturaleza, aunado a ello se pudo conocer que los técnicos explosivitas que se encargaron de armar ambos artefactos incorporados a los Drones, fueron los ciudadanos GILBER ALBERTO ESCALONA TORREALBA y GREGORIO JOSÉ YAGUAS MONJES.
En ese mismo orden de ideas, se pudo conocer mediante diligencias de investigación que el ciudadano YOLMER JOSÉ ESCALONA TORREALBA, quien a su vez es hermano del ciudadano GILBER ALBERTO ESCALONA TORREALBA (EXPLOSIVISTA), sería la persona encargada de trasladar a la Republica (sic) de Colombia a los ciudadanos JOSÉ MIGUEL ESTRADA GONZALEZ (sic) y ALBERTO JOSÉ BRACHO ROZQUEZ una vez que fuera cometido el hecho criminal. De igual forma, se tuvo conocimiento que el ciudadano G/D GNB ALEJANDRO PEREZ (sic) GAMEZ (sic), Director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana, fue la persona que suministró información confidencial a la organización criminal, tal como lugar, fecha y hora del acto público así como itinerario y listado de asistentes.
Así las cosas, se desprende del Acta de Investigación Penal de fecha 05 (sic) de agosto de 2018, suscrita por el inspector Virguez (sic) Kelvin, adscrito al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Coordinación de Protección al Orden Democrático, quien deja expresa constancia de haber realizado la siguiente actuación de investigación penal: ‘Realizando labores de investigaciones en relación a los hechos acaecidos el pasado 04 (sic) de Agosto de 2018, donde a través de acciones terroristas atentaron contra la vida del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se pudo conocer oficialmente por medio del personal del hotel ‘Pestana Caracas Premiun City’, que en dicho establecimiento se alojaban los ciudadanos identificados como YAGUAS MONJES, V-22.332.816, alias ‘El Latino’ y BRAYAN OROPEZA, V-27.220.746, alias ‘El Poeta’, ambos señalados como dos (02 (sic)) de los responsables directos de este acto terrorista; en este mismo acto se pudo conocer que los pagos de hospedaje estarían siendo realizados por la empresa STAND ELECTRONIC 327 C.A, RIF J4000406467, en virtud de los hechos se realizaron pesquisas electrónicas, identificando a los responsables de la empresa como: de JOSÉ ELOY RIVAS DÍAZ, V-4.815.404, (…) y ELVIS ARNALDO RIVAS BARRIOS, V-15.820.872, prosiguiendo con las pesquisas se pudo conocer que la referida empresa funciona en un apartamento (…) por tal motivo se procedió a realizar la presente acta de investigación.
Así las cosas se procedió a realizar la presente acta de investigación, por los presentes hechos cuya acción penal para perseguirle no se encuentra evidentemente prescrita conforme a lo establecido 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que encuadran en las disposiciones legales que se señalan de seguidas, que traídas a letra, son del tenor siguiente:
01).- TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal.
02).-HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 3 literal ‘a’ del Código Penal en relación con el articulo (sic) 80 ejusdem.
03).- HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal en relación con el articulo (sic) 80 ejusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSE DEL VALLE NUÑEZ MARTINEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESUS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY, (…)
04).- LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PUBLICAS (sic), previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el articulo (sic) 297 ejusdem.
05).-TERRORISMO previsto y sancionado en los artículos 52 de la Ley Orgánica Contra (sic) la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
06).- FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Contra (sic) la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
07).- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (sic), previsto y sancionado en los artículos (sic) 37 de la Ley Contra (sic) la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.
1) El 14 de agosto de 2018, la abogada Dinora Joselyn Bustamente Puerta y los abogados Farik Karin Mora Salcedo, Vladimir Enrique Ángel Aguilera y Jimmy Levy Avram, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio 83 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, Fiscal Provisorio 67 Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público, Fiscal Provisorio 38 Nacional Pleno del Ministerio Público y Fiscal Provisorio 93 Nacional contra la Corrupción del Ministerio Público, respectivamente, mediante escrito dirigido al Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional solicitaron la privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, identificado con la cédula de identidad núm. V-21.464.061, por considerar que existen fundados elementos de convicción que involucran al solicitado ut supra en la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
2) En esa misma fecha, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción con Nivel Nacional, acordó la solicitud realizada por el Ministerio Público, emitiendo los pronunciamientos siguientes:
“…se DECRETA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, en contra de los ciudadanos (…) CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR (…), por la presunta comisión de los delito (sic) de TRAICIÓN A LA PATRIA, (…) previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal. (…) HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 3 literal ‘a’ (sic) del Código Penal en relación con el articulo (sic) 80 eiusdem (sic); (…) HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406 numeral 2, del Código Penal en relación con el articulo (sic) 80 eiúsdem (sic), cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSE (sic) DEL VALLE NUÑEZ (sic) MARTINEZ (sic), PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESUS (sic), CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR Y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY, (…) LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PUBLICAS (sic), previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el articulo (sic) 297 eiúsdem (sic). (…) TERRORISMO previsto y sancionado en los artículos 52 de la Ley Orgánica Contra (sic) la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. (…) FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Contra (sic) la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. (…) ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR (sic), previsto y sancionado en los artículos (sic) 37 de la Ley Contra (sic) la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.
3) En esa misa oportunidad el mencionado Tribunal libró orden de aprehensión signada bajo el núm. 036-18, en contra del ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, identificado con la cédula de identidad V-21.464.061.
4) El 14 de agosto de 2018, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, libró oficios signados con los números. 077 y 078, dirigidos a la División de Sistema de Información Policial (SIIPOL) y a la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL), respectivamente, indicando la decisión que acordó la medida privativa de libertad contra el ciudadano solicitado.
5) En dicha ocasión los representantes del Ministerio Público consignaron ante el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, escrito mediante el cual solicitaron el inicio del procedimiento de extradición contra el ciudadano solicitado, en vista de haber tenido conocimiento que se encontraba en la República de Colombia.
6) El 14 de agosto de 2018, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, dictó decisión, en la cual acordó el inicio del procedimiento de extradición activa.
7) El 15 de agosto de 2018, mediante oficio núm. 827, el Magistrado Presidente de la Sala de Casación Penal, Doctor Maikel José Moreno Pérez, informó del expediente que cursa en la Sala, contentivo de la solicitud de extradición activa, seguida al ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, al ciudadano Doctor Tarek William Saab Halabi, Fiscal General de la República, a los fines que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 111, numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal.
8) En esa misma fecha, a través de la Secretaría de la Sala de Casación Penal, se remitió oficio núm. 828 al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), mediante el cual fue solicitada información sobre los datos filiatorios, los movimientos migratorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad núm. V.- 21.464.061, perteneciente al ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular.
Esta Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial núm. 36.860, del 30 de diciembre de 1999, reimpresa en la Gaceta Oficial núm. 5.453, Extraordinario, del 24 de marzo de 2000, con enmienda publicada en Gaceta Oficial núm. 5.908 Extraordinario, de fecha 19 de febrero de 2009 (en adelante, “la Constitución”, o “la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”), en el artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a examinar la solicitud de extradición activa del ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular y, a tal respecto, observa:
Se advierte que las razones por las cuales el TRIBUNAL ESPECIAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA EN CASOS VINCULADOS CON DELITOS ASOCIADOS AL TERRORISMO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, ordenó el inicio del procedimiento de extradición del ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, señalando que contra el mismo fue decretada orden de aprehensión en fecha 14 de agosto de 2018, por el referido Juzgado, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 ejusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; medida que conserva vigencia y que aún no ha podido ejecutarse, toda vez que el mencionado ciudadano no se encuentra en el territorio venezolano, circunstancia que justificó la orden de aprehensión respectiva.
Aunado a lo anterior, al mantenerse vigente la orden de aprehensión del ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, y éste encontrarse en la República de Colombia, ello es la razón por la cual se ha dado inicio al procedimiento de extradición activa para requerir a dicho Estado, al mencionado ciudadano.
Siendo así, se observa que los delitos por los cuales se solicita la extradición del ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, fueron cometidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, en la Avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, Distrito Capital, tal como lo expresaran los representantes del Ministerio Público en la solicitud que formularon de inicio del procedimiento de extradición, por tal razón queda demostrado el principio de territorialidad.
Realizadas las anteriores consideraciones en cuanto a las normas aplicables a la solicitud de extradición del ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, de acuerdo al estudio de las actas procesales, la Sala de Casación Penal constata que los hechos objeto de la presente causa fueron descritos por el Ministerio Público en la solicitud de orden de aprehensión, realizada el 14 de agosto de 2018, y a su vez, en la solicitud de inicio del procedimiento de extradición activa; según dichas descripciones, los mismos ocurrieron en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en la Avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, Distrito Capital.
La Sala observa, que la orden de aprehensión dictada en fecha 14 de agosto de 2018, por el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, se encuentra vigente y no se ha podido ejecutar, en virtud que el mencionado ciudadano, no se encuentra en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, se tiene conocimiento que él mismo se encuentra en la República de Colombia; en consecuencia, el Poder Judicial venezolano requiere que sea sometido al proceso penal que se inició a su respecto, en relación con la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el articulo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el cual disponen lo siguiente:
En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razones de sus funciones, en el país que se cometiere el hecho.
En relación con el artículo 99 eiusdem:
Artículo 99. Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad.
Veinte años a veintiséis años de prisión si concurrieren en el hecho dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede.
Quienes con el solo objeto de producir terror en el público, de suscitar un tumulto o de causar desordenes públicos, disparen armas de fuego o lancen sustancias explosivas o incendiarias, contra gentes o propiedades, serán penados con prisión de tres a seis años, sin perjuicio de las penas correspondientes al delito en que hubieren incurrido usando dichas armas…”.
“Artículo 103 Homicidio: El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años.
Artículo 104 Circunstancias de agravación. La pena será de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. 2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes. 3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de este código. 4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. 5. Valiéndose de la actividad de inimputable. 6. Con sevicia. 7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. 8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. 9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el Título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia. 10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de ello.
Artículo 343. Terrorismo. [Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta.
Artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. [Modificado por el artículo 16 de la ley 1453 de 2011] El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 359. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. [Modificado por el artículo 10 de la ley 1453 de 2011] El que emplee, envíe, remita o lance contra persona, edificio o medio de locomoción, o en lugar público o abierto al público, sustancia u objeto de los mencionados en el artículo precedente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses, siempre que la conducta no constituya otro delito.
Artículo 455. Menoscabo de la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años…”.
Este principio es el que estatuye que solo se concederá la extradición por delitos y no por faltas, de conformidad con el artículo 6 del Código Penal, tampoco si el máximum de la pena aplicable a la participación que se impute a la persona requerida no excede de seis (6) meses, de conformidad con el artículo 5°, literal “a”, del Acuerdo sobre Extradición. En el presente caso, se cumple con el principio de mínima gravedad del hecho o pena aplicable, por cuanto los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, comportan una pena de privación de libertad superior a seis meses en su límite máximo.
De conformidad con este principio, el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado por delitos distintos a los que motivó la extradición, el mismo debió ser cometido con anterioridad a la solicitud de extradición, en consecuencia, se establece que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, deben ser por el delito expresamente señalado de acuerdo con el artículo 11° del Acuerdo sobre Extradición suscrito entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, que prevé: “… El extraditado no podrá ser enjuiciado ni castigado en el Estado que lo reclama, sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco ser entregado a otra nación, a menos que haya tenido en uno u otro caso la libertad de abandonar dicho Estado durante un mes, después de haber sido sentenciado, de haber sufrido la pena o de haber sido indultado…”.
En ese sentido, esta Sala observa que se cumple con el principio de la especialidad, toda vez que el ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, identificado ut supra, en caso de ser extraditado, será procesado por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 ejusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, como consecuencia de los hechos con anterioridad a la presente solicitud, el 4 de agosto de 2018, como se desprende de la solicitud de orden de aprehensión de fecha 14 de agosto de 2018.
Así mismo, en el segundo párrafo del artículo 4 del Acuerdo sobre Extradición (Acuerdo Bolivariano), suscrito por ambos Estados contratantes, se establece que: “…No se considerará delito político ni hecho conexo semejante [a este, el] atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona de un Jefe de Estado…”, la Sala observa, que este fundamento no solo aplica al mandatario principal de una nación, sino a cualquier otra autoridad principal o delegada por éste.
De las actuaciones consignadas en el expediente, no se desprende ningún elemento que haga presumir la prescripción de la acción penal en el presente caso, ello principalmente, por cuanto los hechos objeto de la presente causa ocurrieron recientemente, el 4 de agosto de 2018, tal como lo expresaron los representantes del Ministerio Público cuando solicitaron el enjuiciamiento del ciudadano Carlos Luis Monasterios Aular, circunstancia que dio lugar al decreto de aprehensión dictado, el 14 de agosto de 2018.
En efecto, no se evidencia la prescripción de la acción penal en el presente caso, toda vez que se trata de delitos graves, de los cuales el de menor entidad (lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas) prevé una pena de tres (3) a seis (6) años.
Ahora bien, es preciso señalar que los delitos de: TERRORISMO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO y ASOCIACIÓN, previstos y sancionados en los artículos 52, 53 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, por los cuales está siendo solicitado el ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, son imprescriptibles según lo establecido en el artículo 30 de la ley in comento, que establece lo siguiente:
En tal sentido, de conformidad con lo preceptuado en los referidos artículos, y siendo que el hecho objeto del proceso penal se cometió el 4 de agosto de 2018, no ha operado la prescripción de la acción penal. Por tal razón, no se cumple con lo señalado en el artículo 5°, literal “b”, del Acuerdo sobre Extradición.
En el mismo orden de ideas, la Sala de Casación Penal, ratifica la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, como se desprende del artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los artículos 1° y en el numeral 12 del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, garantía cuya finalidad reside en evitar que se juzgue a una persona sin su presencia ante sus jueces naturales y sin que pueda ejercer su derecho a ser escuchado.
Siendo así, la Sala de Casación Penal pasa a verificar los documentos que deben acompañar la solicitud de extradición activa propuesta en contra del ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 8° del referido Acuerdo Bolivariano, puntualizándose que contra el ciudadano ut supra fue dictada orden de aprehensión (folio 69 de la pieza única del expediente), la cual se encuentra plenamente vigente; que en la referida orden y en la solicitud de extradición se indica de manera clara la naturaleza y gravedad de los hechos, así como las normas penales bajo las cuales se subsumen las conductas que se le imputan asimismo, los delitos atribuidos al nombrado ciudadano, por los cuales el Ministerio Público solicitó el inicio del procedimiento de extradición, habrían sido cometidos dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Visto lo anterior, la Sala concluye que quedó verificada así la existencia del documento que acredita el inicio del procedimiento de extradición seguido al ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, identificado con la cedula de identidad núm. V-21.464.061, y que como se dijo anteriormente, es requerido por las autoridades venezolanas, en virtud de la orden de aprehensión, dictada en fecha 14 de agosto de 2018, por el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Por último, la solicitud de extradición se fundamentó en la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra el ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, por el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, el 14 de agosto de 2018, por lo que es procedente la solicitud de extradición requerida, ya que, ella procede a fin de imputar a la persona y continuar el debido proceso de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y en el resto del ordenamiento jurídico.
Con fundamento en lo antes expuesto, observa la Sala de Casación Penal, que la solicitud de extradición activa del ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, se fundamenta en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal y se sostiene en lo siguiente:
a) El decreto de la Medida de Privación Judicial de Libertad dictado por el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, el 14 de agosto de 2018, de lo cual resulta que dicha institución estima que la conducta de dicho ciudadano encuadra en los delitos de por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 ejusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
b) El conocimiento del Ministerio Público en cuanto a que el solicitado no se encuentra en el país, tal como fue expuesto en la solicitud de inicio de trámite del procedimiento de extradición activa planteada ante el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional.
c) El hecho cierto de que el ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, no se ha sometido al proceso penal seguido en su contra, pues salió del territorio nacional y se tiene información que se encuentra en la República de Colombia; por lo que resulta necesaria la comparecencia del solicitado en extradición, a fin de someterla a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios venezolanos y garantizar el derecho al debido proceso.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera PROCEDENTE solicitar a la República de Colombia la EXTRADICIÓN del ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR para su enjuiciamiento en el territorio venezolano, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Así se declara.
DERECHOS Y GARANTÍAS DEL CIUDADANO SOLICITADO
Es por ello que el Estado venezolano, representado por el Tribunal Supremo de Justicia, cumpliendo con lo establecido en la Constitución y en la ley, asume el firme compromiso ante la República de Colombia, que el ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, identificado con la cédula de identidad núm. V.- 21.464.061, será juzgado en la República Bolivariana de Venezuela, por la comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas garantías y derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que a continuación se describen:
a) El derecho a la defensa del ciudadano solicitado en extradición, de conformidad con el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, ello implica:
I) El derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga.
c) El derecho a ser oído, con las debidas garantías, dentro del plazo razonable legalmente establecido y sin dilaciones indebidas, de conformidad con el artículo 49, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
f) El respeto del principio de legalidad en materia de penas y sanciones, en el sentido que no será juzgado por hechos u omisiones que no estuvieren tipificados como infracciones en leyes preexistentes, de conformidad con el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
g) El respeto a la cosa juzgada, en el sentido de que no puede ser juzgado por los mismos hechos u omisiones en virtud de los cuales ya hubiere sido juzgado, de conformidad con el artículo 49, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de manera que el ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se garantiza que el ciudadano requerido, no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, ni se le impondrá pena de muerte por cuanto la misma no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, conforme lo disponen los artículos 43, 44, 45 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como, en el supuesto de ser condenado, será tomado en cuenta el tiempo de detención en la República de Colombia.
Por último, se garantiza que el ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco entregado a otra Nación a menos que haya tenido en uno u otro caso la libertad de abandonar el territorio de la República durante un mes de haber sido sentenciada, de haber cumplido la pena o de haber sido indultado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Sobre Extradición, firmado en Caracas, el 18 de julio de 1911. Así se declara.
PRIMERO: DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano CARLOS LUIS MONASTERIO AULAR, identificado con la cédula de identidad núm. V.- 21.464.061, a la República de Colombia, para que sea sometido al proceso penal que se inició a su respecto, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, previstos como punibles también en la República de Colombia.
SEGUNDO: ASUME el firme compromiso ante la República de Colombia, que el mencionado ciudadano será procesado por la comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 3, literal “b” del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem; HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EJECUTADO CON ALEVOSÍA Y POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 concatenado con el artículo 406, numeral 2, del Código Penal en relación con el artículo 80 eiusdem, cometido en perjuicio de los ciudadanos CAP JOSÉ DEL VALLE NÚÑEZ MARTÍNEZ, PTTE ORTIZ BELATIS BENNY, TTE. MOLINA TORRES, LUIS, S/1 MORENO DARWIN, S1 GÓMEZ DORANTE JESÚS, CAD/3 AMGNB. HERNÁNDEZ MORAN VÍCTOR y CAD/2 ATM NÚCLEO ARMADA, GUERRERO SALAZAR LIZNEIDY; LANZAMIENTO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO EN REUNIONES PÚBLICAS, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal en relación con el artículo 297 eiusdem; TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 52, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, previsto y sancionado en el artículo 53 y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, todos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas garantías y derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativas: a) el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional, conforme al cual se establecen las reglas que deben ser respetadas por el Estado en cualquier actuación judicial y administrativa, que comprende lo siguiente: el derecho a la defensa del ciudadano solicitado en extradición, de conformidad con el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, ello implica: I) El derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; II) El derecho a la defensa propiamente dicho, en todo estado y grado de la investigación y del proceso; III) El derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo, se hará mediante el nombramiento de un defensor público o defensora pública, como también el acceso a la asistencia consular; IV) El derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley. V) La doble instancia, la cual constituye el derecho de recurrir del fallo con las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley. La presunción de inocencia, hasta tanto se pruebe lo contrario, consagrado en el artículo 49, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro del plazo razonable legalmente establecido y sin dilaciones indebidas, de conformidad con el artículo 49, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho al juez o jueza natural competente, imparcial y anterior, conociendo la identidad de quien lo juzga, con expresa prohibición de tribunales comisionados o de excepción, de conformidad con el artículo 49, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la garantía de no coacción, con miras a obtener una confesión del imputado contra sí misma o contra sus familiares, de conformidad con el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el respeto del principio de legalidad en materia de penas y sanciones, en el sentido que no será juzgado por hechos u omisiones que no estuvieren tipificados como infracciones en leyes preexistentes, de conformidad con el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a la cosa juzgada, en el sentido de que no puede ser juzgado por los mismos hechos u omisiones en virtud de los cuales ya hubiere sido juzgado, de conformidad con el artículo 49, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la garantía de la responsabilidad del Juez o la Jueza del Estado por los daños causados por error judicial, ello de conformidad con el artículo 49, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, b) El derecho a la vida, estipulado en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida del ciudadano que se solicita en extradición, c) El derecho a la salud, previsto en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida, d) El derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de manera que el ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e) La garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad, consagrados en la Constitución y en las leyes de la República, f) Se garantiza que el ciudadano requerido que no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, ni se le impondrá pena de muerte por cuanto la misma no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, conforme lo disponen los artículos 43, 44, 45 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como, en el supuesto de ser condenado, será tomado en cuenta el tiempo de detención en la República de Colombia, g) Finalmente, se garantiza que el ciudadano Carlos Luis Monasterio Aular, no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco entregado a otra Nación a menos que haya tenido en uno u otro caso la libertad de abandonar el territorio de la República durante un mes de haber sido sentenciada, de haber cumplido la pena o de haber sido indultada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Sobre Extradición, firmado en Caracas, el 18 de julio de 1911.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de agosto dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159º de la Federación.
Exp. núm. AA30-P-2018-000213