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Timestamp: 2018-01-18 16:18:43
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BOLETIN No 2 Mesanacionalorganizacionesafro
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2 - Mayo de 2013
Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Articulación de Organizaciones Sociales Afrodescendientes y redes de Consejos Comunitarios para la exigibilidad de los derechos de la población afrocolombiana. Coordinación: Juan Alberto Carabalí Ospina Consejo Editorial: Liliana Batalla Danny María Ramírez Torres Eusebio Mosquera Proceso Editorial: María del Pilar López Patiño Alta Voz Editores altavozeditores@gmail.com Diseño Gráfico Rubén A. Urriago Gutiérrez Secretaría Operativa de la Mesa Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas Teléfono: (57-1) 3455520, Bogotá, Colombia.
Esta publicación hace parte del proyecto Fortalecimiento del proceso de articulación de Organizaciones Sociales Afrodescendientes y redes de Consejos Comunitarios para la exigibilidad de los derechos de la población afrocolombiana, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en Colombia. El contenido es responsabilidad exclusiva de sus autores y no representa necesariamente la posición de la AECID ni del Gobierno de España.
Foto: Martha Molina
Editorial Retos para la visibilidad EstadísticadelaPoblaciónnegra, Afrocolombiana, raizalY palenquera en el marco del Censo Poblacional 2015 Análisis de los derechos a la participación y la consulta previa para la población afrocolombiana: Problemas y oportunidades… Violaciones a los derechos humanos y étnico-territoriales de las comunidades afrocolombianas: Militarización, desplazamiento y confinamiento Raíces de la identidad política del pueblo afrocolombiano
n el segundo boletín Pensamiento Afro de la Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas los lectores se encontrarán con diferentes perspectivas sobre temas fundamentales como el proceso de paz y los afrocolombianos, el tema de las víctimas afrocolombianas y el nuevo marco jurídico de la ley 1448 y el tema de la visibilidad estadística. Los aportes que se hacen a través de este medio servirán como punto de partida para generar discusiones dentro del pueblo afrocolombiano y su proceso organizativo sobre temas fundamentales de la sociedad colombiana. Invitamos a los lectores y a las lectoras a hacer sus comentarios para fortalecer estas perspectivas y contribuir, de alguna manera, a la consolidación de un punto de vista afrocolombiano sobre los temas que pueden cambiar la historia del País, lo cual también contribuirá a la construcción de un sujeto político afrocolombiano de relevancia en la escena política de Colombia. Aprovechamos este espacio para manifestar que su apoyo unánime al proceso de Paz que viene liderando el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la Guerrilla de la FARC, pero le preocupa que los crímenes cometidos por este grupo insurgente vayan a quedar impunes, por lo tanto, alerta al Congreso de la República, a la población colombiana y a la comunidad internacional, sobre la importancia de la participación activa de estas comunidades como constructores de Paz en todos los escenarios donde se deba presentar la agenda y las aspiraciones del pueblo afrocolombiano.
través del artículo 7° de la Constitución Nacional de 1991, el Estado colombiano reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, lo cual la constituye como una nación pluriétnica y multicultural, representada por las expresiones de los descendientes de africanos esclavizados en las Américas, los amerindios y la población rom o gitanos, poblaciones que se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional. A partir de este reconocimiento se supone un nuevo tipo de relación entre el Estado y su población frente a la diversidad étnica, pasando de relaciones de tipo vertical a relaciones horizontales con grupos de población considerados como minoritarios, lo que genera en las distintas entidades de gobierno la necesidad de asumir un enfoque diferencial que valore y reconozca la diversidad. Dentro de ese reconocimiento de la diversidad se supondría que el Estado debe contar con un Sistema de Medición Poblacional Efectivo que dé cuenta de la variedad étnica de la Nación. Pues bien, esa presunción aún no está completa. En Colombia la identificación de la población étnica se ha fundamentado sobre varios criterios metodológicos, que han incidido sobre su visibilización. Criterios que han tenido su fundamento principal en la “raza”, en el lugar de ubicación de la persona censada, en la lengua y en la identidad. En efecto, de 1905 a 1928 el criterio de identificación en Colombia estaba fundamentado sobre la “raza”, es decir sobre los rasgos físicos que percibía el empadronador. De 1928 a 1973 el criterio de identificación se basaba sobre la lengua y la ubicación de la persona censada, en áreas previamente establecidas. En el periodo 1985-2005 el criterio de base para la identificación étnica es el autorreconocimiento, como rasgo de pertenencia y de identidad, referido al sentido de pertenencia que expresa un individuo frente al colectivo porque se comparten prácticas socioculturales habituales. En el Censo 2005, a petición de la población afrocolombiana, se incluyó el autorreconocimiento por sus rasgos físicos con el fin de visibilizar a una parte de esta población que no se reconoce culturalmente. En ese sentido, los criterios para el autoreconocimiento o identidad étnica de los colombianos y colombianas se debe complejizar, tener más hilo en el detalle y sobre todo abordar el proceso de socialización y de formación para el reconocimiento étnico cultural, porque aún persisten los rezagos de la colonización, las dinámicas del racismo y la discriminación racial y la subvaloración de lo diferente, en las cuales se ha camuflado la negación de esas riquezas culturales y étnicas de las poblaciones racializadas en la subalteridad en la sociedad colombiana. Esos retos que están dados para el DANE, se extienden a las diferentes entidades del Estado que aún tienen deficientes sistemas de medición, tal como lo reconoce el docu-
para la visibilidad estadística de la población negra, afrocolombiana,raizal y palenquera
Por: Danny María Ramírez Torres
Socióloga y Candidata a Magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA-
R E TO S
en el marco del Censo Poblacional 2015
un enfoque diferencial étnico/racial en la construcción, seguimiento y evaluación de políticas públicas de inclusión social, para la investigación académica, para el fortalecimiento de las organizaciones afrocolombianas y en la formulación de los planes de vida y los planes de desarrollo de la población indígena, afrocolombiana y rom. En ese sentido algunos de los retos que debe afrontar el DANE para el censo poblacional previsto para 2015, están dados en: Establecer los criterios metodológicos pertinentes para la medición poblacional étnico/racial. Liderar la construcción real y pertinente de sistemas de medición y bases de datos de las poblaciones étnicamente diferenciadas dentro de la estructura del Estado. Indicadores demográficos de los grupos étnicos, incluyendo su distribución porcentual y por área, sus estructuras poblacionales por sexo y edad comparadas, los principales indicadores demográficos asociados a esas estructuras, la fecundidad, las recomendaciones y prácticas. Visibilizar el reconocimiento de las condiciones demográficas y sociales de la población étnica en el país, para que sirva de fundamento en la construcción de un enfoque diferencial que sitúe a los grupos étnicos en las agendas de las diferentes entidades estatales. Trabajar mancomunadamente con las poblaciones étnicamente diferenciadas para garantizar su participación y aportes para el cuestionario censal y su aplicación. Fortalecer los procesos de sensibilización y ejecución del censo poblacional en los territorios. Construir de manera concertada con los grupos étnicos el ítem de pertinencia étnica del cuestionario censal. Es realmente importante y necesario que se lleve a cabo un proceso serio y confiable del proceso de medición censal en 2015 y los años venideros, porque las poblaciones negras, afrocolombianos, raizales y palenqueras necesitamos saber realmente ¿Cuántos somos?
Análisis de los derechos a la participación y la consulta previa para la población afrocolombiana: problemas y oportunidades…
Foto: Danny María Ramírez Torres.
l presente artículo tiene como propósito brindar un análisis al mecanismo de representación nacional del pueblo afrocolombiano establecido por el gobierno nacional con ocasión de las discusiones y deliberaciones de su agenda legislativa próxima. Y hace especial énfasis en las implicaciones proyectadas con la estructuración de una Comisión Consultiva Nacional de Alto Nivel de Comunidades Negras y Afrocolombianas para la realización de consultas previas de medidas legislativas y administrativas, mediante la expedición del Decreto 2163 de 2012. Este acto administrativo que orientó el gobierno nacional generó esperanzas, en tanto que confiaron en que se resolverían los limbos jurídicos en materia de representación, pero acto seguido las acciones jurídicas de sectores importante de las comunidades posibilitaron que la Corte Constitucional declarara la suspensión provisional de la Resolución 0121 y los actos administrativos que se hayan proferido en desarrollo de la misma.
Por: Ariel Rosebel Palacios
Miembro del Equipo Técnico de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas – CNOA, Asistente de investigación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
mento de Lineamientos de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres: “Es poca la información estadística oficial de datos desagregados por grupos poblacionales con la cual se pueda observar con claridad el comportamiento de la variable étnica, y son menos los datos que cruzan esta variable con la de sexo, por lo cual no se tiene información estadística diferenciada sobre las mujeres indígenas afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras y rom” (Pág. 14). Reconocer la diversidad cultural no es solamente un acto de proclamación. Implica, ante todo, adecuar la normatividad y los procedimientos de las instituciones estatales, para que la visibilización de los grupos étnicos sea una realidad y para que sus reivindicaciones y sus necesidades de participación puedan ser atendidas. Con la información censal es posible realizar
La Corte Constitucional evidenció vicios de procedimientos en el instrumento de convocatoria y posterior elección de representantes al espacio nacional. Más allá de ello, el mecanismo que se definió mediante el Decreto 2163 de 2012 y que posteriormente fue suspendido por esa dependencia judicial, otorgaba la representación y vocería territorial a un segmento de la población afrocolombiana por su especial forma organizativa en el territorio, pero deja en evidencia, en primer lugar, un profundo vacío para reconocer las complejidades del proceso étnico organizativo afrocolombiano, en tanto que desconoce las otras formas organizativas distintas a los consejos comunitarios. En segundo lugar, no cumple con las observaciones y obligaciones que la
Corte Constitucional ha sugerido sobre los procesos de consulta previa; de ahí, que sea del todo pertinente, una propuesta de análisis de los derechos a la participación y a la consulta previa para la población afrodescendientes en Colombia, como la aquí propuesta, dirigida a identificar los problemas actuales y las posibles oportunidades para la garantía efectiva de estos derechos.
La cuestión de la representación afrocolombiana
El gobierno nacional construyó un marco jurídico institucional para la representación de los ciudadanos afrocolombianos a pesar de las grandes dudas sobre las inconveniencias de aterrizar las discusiones a un espacio de interlocución y decisión amarrado exclusivamente sobre la Ley 70 de 1993. Es importante tener en cuenta, que han existido pronunciamientos que cuestionan la idoneidad jurídica y política, como ejerciContinúa pág. 4
Foto: Ariel Palacios
Viene de la pág. 3
to proteger la diversidad étnica, cultural, y también, desbaratar la integridad territorial que hoy sostiene el pueblo afrocolombiano. Aún resiste. Los impactos por el modelo de crecimiento económico en Colombia, que es integrado y acelerada por cinco locomotoras de la cual hace parte un motor legislativo que sacude las bases normativas para posteriormente abrirle paso a la locomotora minera que fundamentalmente va en detrimento de cualquier posibilidad de construir un panorama de acceso a derechos para las mayorías del país y en particular para el pueblo afrocolombiano. Es relevante expresar que, los antecedentes históricos, el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas1 (NBI), los impactos desproporcionados del conflicto y la minería organizada y desorganizada, sin duda serán determinantes en la línea de agudización y profundización del escenario de empobrecimiento. En el año 2012, el gobierno nacional además de no cumplir con la construcción e implementación de un marco de protección a los pueblos afrocolombianos ordenado por la Corte Constitucional hace más de tres años, por el contrario, ha emitido resoluciones como la (180241 y 0045) que declaran importantes territorios de las comunidades a lo largo del territorio del Pacífico; como zonas estratégicas mineras. Ante la gravedad de estos impactos no se generan procesos de diálogo intercultural como supone el derecho a la consulta previa. No obstante, resulta curioso que sectores institucionales reconozcan que las apuestas mineras de alta escala en el territorio no solo destruyen las relaciones y vínculos de tradición del pueblo afrocolombiano, sino también, las condiciones materiales de existencia y supervivencia en el territorio. Dicho de otra manera, lo inmediatamente anterior pone de presente no solo una crisis humanitaria que se asienta cada vez más fuerte en el Pacifico colombiano, sino que también, no deja perder de vista los diagnósticos preocupantes y denuncias alarmantes que han emitido los escenarios académicos y comunidad internacional sobre los limites frente al acceso a derechos y que son apuntalados por prácticas de exclusión y empobrecimiento. Según la dinámica institucional; en mérito de ocupar por parte de las comunidades negras y pueblos afrocolombianos los índices más preocupantes en los registros de medición y evaluación de impactos de la política pública del país. Nótese, que mientras el impacto territorial de la política pública muestra un panorama poco alentador para los territorios ocupados por comunidad negra y pueblos afrocolombianos, simultáneamente son asediados por asesinatos de jóvenes y niños, explosión de artefactos en viviendas y una destrucción masiva dirigida por la visión de minería a gran escala y redefinición de fronteras territoriales a sangre y fuego, por quienes tienen el propósito de adjudicarse poder de control territorial para incidir en la seguridad de los megaproyectos y rutas del narcotráfico. A marzo de 2013 se han registrado en Buenaventura 20 muertos por enfrentamientos relacionados con el narcotráfico, ¿qué tan lejos está el narcotráfico de la política en Colombia? Tampoco perdamos de vista que es una línea de continuidad, en tanto que el año 2012, los registros de organizaciones y ONG completaron más de 600 jóvenes asesinados entre Buenaventura, Tumaco, Guapi, Itsmina y Quibdó, con un panorama de desplazamiento superior a diez mil personas y con un nivel de confinamiento evidenciado ya no solo en la esfera rural, sino también en las zonas urbanas. Ésta, es una realidad de fuertes preocupaciones en el movimiento organizativo afrocolombiano y que entra a constituir parte de las invisibilidades en una diáspora que en la cotidianidad marca los proyectos de las familias de la comunidad negra y afrocolombiana en el Pacífico, el Caribe y zonas marginales de las ciudades colombianas. Es perentorio plantear que, quienes definan ser los voceros y tomen las decisiones que comprometen el presente y futuro del pueblo afrocolombiano deben tener una lectura clara sobre los ataques brutales y acciones que socaban las posibilidades de protección de los derechos no solo individuales, sino como pueblo. componente poblacional que supone el dialogo intercultural de ese mismo marco normativo. Es decir, viola el artículo 8 del mismo convenio 169 de la OIT, en tanto que este plantea en su desarrollo; que son las mismas expresiones organizativas las que definen su representatividad. “En algunas instancias, el término “instituciones” se usa para hacer referencia a las instituciones u organizaciones físicas, mientras que en otras puede tener un significado más amplio que incluye las prácticas, costumbres y patrones culturales de los pueblos indígenas” (Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2.	La visión reducida hace relación con la forma como se desdibujan las citas normativas anteriores con ocasión a las resoluciones 0121 y 0254 de 2012 que también se citan en los considerandos de forma perversa y que evidentemente van a tener una incidencia corrosiva de los aspectos a que se refiere la medida de Decreto. Dicho de otra manera, las resoluciones corresponden a una forma de gobernabilidad que ha tomado cada vez más fuerza y ha asentado su accionar sobre los aspectos que involucran al pueblo afrocolombiano, sin tener en cuenta la visión de sus bases organizativas comunitarias no solo en los territorios ancestrales, sino a lo largo y ancho del país donde reside el pueblo afrocolombiano. Para efectos del entendimiento, es fundamental plantear que el artículo 2 de la Ley 70 del 93, en el numeral 1 y el numeral 5 define de forma integral el segmento poblacional a que refiere y no margina, de tajo, al resto de la población. Es evidente, cómo la variable de desplazamiento étnico ha constatado que un número significativo de negros y afrocolombianos han salido de sitios de ocupación ancestral y territorios de Consejos Comunitarios. Esta consideración anterior, es un aspecto de trascendencia que hoy más que nunca y en tiempos de crisis humanitaria debe tenerse en cuenta para analizar la: relación campo poblado. En tanto que; “Comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen unan cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”2. En contraste, lo señalando por el gobierno nacional a partir del Decreto; la condición étnica solo procede por el reconocimiento territorial que el Estado ha realizado y no por compartir una sola historia o compartir un trato histórico marcado entre otras cosas por la historicidad iniciada con la institución esclavitud, dicho de otra manera, la medida no guarda proporcionalidad con la misma Ley 70 de 1993. 3.	Así las cosas, se tiene en cuenta una parte de las comunidades en el marco de las deliberaciones y se excluyen en proporción y de forma catastrófica más del 90% de los afrocolombianos. El mecanismo conforma una Comisión Consultiva de Alto Nivel con delegados de Consejos Comunitarios que demuestren el titulo colectivo a partir del desarrollo de resoluciones de titulación territorial con acomodo a lo establecido en la Ley 70 de 1993. La participación en esta Comisión Consultiva, en lo factico, marca una dependencia del número y cantidad de Consejos Comunitarios que ostentan tener la resolución en los departamentos. Por consiguiente, la participación que se buscó establece; de uno a cuatro (1 a 4) delegados por departamento, teniendo en cuenta que la realidad los procesos de titulación que históricamente han estado precedido por la precariedad y lentitud de los procesos desarrollados por la singular institucionalidad del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder– de cara al pueblo afrocolombiano y en consecuencia no todos tienen títulos. 4.	Encima, la catástrofe no termina allí, el procedimiento que buscó reglamentar el Decreto no solo excluye al proceso organizativo afrocolombiano en su más amplio espectro, sino que también, generó exclusiones al interior de los consejos comunitarios que poseen los títulos colectivos y no habían realizado actualización de sus juntas directivas e igualmente reportado la documentación pertinente a las oficinas de la Dirección de Comunidades Negras y afroContinúa pág. 6
cio que pondera los derechos en cuestión y que no se ven recogidos con respecto a la existencia de una institucionalidad prevista para la reglamentación de la ley en sí misma y a lo cual, hoy se denominó: “limbo jurídico”. No obstante, el decreto pretendía resolverlo, pese a las grandes advertencias, comunicados y suplicas que líderes y lideresas afrocolombianas le hicieran al Ministerio del Interior. De ahí que, es altamente irracional seguir concibiendo que las discusiones internas del proceso organizativo afrocolombiano y la relación modelo de desarrollo y pueblo afrocolombiano tengan que ser unilateralmente resueltas por el gobierno nacional vía la expedición de mecanismos administrativos que violan principios de autonomías y blindan toda posibilidad de generar un proceso de unidad étnico organizativa afrocolombiana.
Los seis problemas más graves del Decreto 2163 y la alarma de la Corte Constitucional:
1.	Una de las más graves contradicciones del Decreto radica en que el gobierno nacional estructuró en primer lugar, unos considerandos que van desde referir el artículo 7° de la Constitución Política en prosa de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural del país y luego soslayar los parámetros normativos a un segmento de la población afrocolombiana, en segundo lugar, realizó mención a la Ley 70 de 1993 y al convenio 169 de la OIT respecto de la necesidad de consultar a los pueblos interesados mediante sus instituciones representativas, para finalmente resolver con fundamento en una visión reducida sobre el
La estructura del Decreto 2163 determinó revestir la representatividad y adjudicar la responsabilidad única y exclusivamente en los Consejos Comunitarios respecto de todas las decisiones que implican brindarle continuidad al modelo de desarrollo económico de Colombia. En sumo, es una visión limitada del pueblo afrocolombiano que lo ubican y limitan a la ruralidad, pero además, es una mecánica jurídica que en efecto acomoda las incomodidades institucionales que se han dejado evidenciar en interpretaciones como: el “tropel” que implican los procesos de consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, Palenqueras y Raizales. Es relevante explicitar que el pueblo afrocolombiano se encuentra en la actualidad bajo el fuego cruzado y en el epicentro de un conflicto que se reconfigura surtiendo menos concentración en tácticas contrainsurgentes y profundiza sus capacidades militares generando protección a los distintos intereses corporativos y anti estatales que se pelean las oportunidades que trae consigo la propuesta de crecimiento económico enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo y tratados multilaterales. Pues bien, el modelo integra una avanzada estrategia de expropiación territorial que no termina allí, sino que aterriza e impone el autoritarismo con el reajuste y modificación de todas las medidas normativas que tienen por obje-
1 Para mayor información sobre el tema puede consultar: PNUD. 2011. Afrocolombianos Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Disponible en URL: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66140 Búsqueda realizada el día 28 de mayo de 2012; CODHES. 2012. Boletín No 79: Desplazamiento Creciente y Crisis Humanitaria Invisibilizada. Disponible en URL: http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3%ADn%2079%20 desplazamiento%20creciente%20y%20crisis%20humanitaria%20visible. txt.pdf; y Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas. Informe de la Experta Independiente sobre Cuestiones de las Minorías, Sra. Gay McDougall. Misión Colombia. (A/HRC/16/45/Add.1), 25 de enero de 2011.
Ley 70 de 1993. Artículo 2, numeral 5.
Viene de la pág. 5
colombianas del Ministerio del Interior. Agregado a lo anterior, tampoco, previó las proporciones en la representación interna de Consejos Comunitarios y en efecto generó divisiones y fracturas en los procesos de acción conjunta de las comunidades en las regiones. Entre otras cosas, porque algunos núcleos de Consejos Comunitarios pequeños en proporción territorial y poblacional terminaron quedándose con la representación absoluta ya que ostentan mayorías de títulos individuales respecto de los Consejos Comunitarios Mayores que ostentan en perspectiva de fortalecimiento étnico territorial; un solo título colectivo. 5.	En lo sustancial, las funciones develan una gran confusión institucional. Se establece una Comisión Consultiva Nacional que recoge gran parte del espíritu de la Ley 70, pero se comete el garrafal error de establecer (en el artículo 3 numeral 7) que es la única instancia de consulta previa de medidas legislativas y administrativas. Entre otras incomprensiones no solo juega con la frase: comunidades que representa. En consecuencia, se puede deducir que son las que viven en el Pacífico y el Caribe según lo establece el artículo 45 de la Ley 70. No obstante, es significativo resaltar que el espíritu del convenio 169 respecto de comunidades tribales no se cierra a poblaciones que vivan en tribus, sino a que conserven unas prácticas propias y culturalmente definidas en su condición étnica. Este entendimiento, constituye discusiones de avanzada en el país en tanto que las apuesta de visibilidad estadística en Colombia han determinado que los procesos de auto reconocimiento no se limitan a una frontera territorial, si fuere el caso, para información a la reiterada confusión en el Ministerio del Interior. La confusión del Ministerio del Interior es precisamente considerar que la condición étnica es solo y exclusivamente de las poblaciones que aún resisten en los territorios rurales. y que en consecuencia, los únicos que ostentan el derecho a la consulta previa son los que poseen títulos colectivos. Este constituye un gran error, ante la falta de comprensión y lectura de las sub reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional. 6.	Se debe reiterar que el derecho a la consulta previa tiene como finalidad proteger la diversidad étnica e integridad cultural de los pueblos étnicos existentes, y garantizar la participación en las decisiones que los afectan sin importar donde se encuentren situados. “Se encuen-
Violaciones a los Derechos Humanos y Étnico-territoriales de las Comunidades Afrocolombianas:
MILITARIZACIÓN, DESPLAZAMIENTO Y CONFINAMIENTO
Foto: Juan Carabali
tra vinculado al derecho a la identidad, autonomía, autodeterminación, el derecho a conservar las instituciones propias, usos y costumbres, idioma, espiritualidad, religiosidad, el derecho al territorio”3. Bajo esta interpretación no es conveniente excluir a las mayorías del pueblo étnico afrocolombiano de escenarios de consulta previa de medidas que no solo afectan a territorios titulados, sino también a territorios en procesos de titulaciones, territorios ocupados ancestralmente y nuevas territorialidades que reconfiguran los procesos de desplazamiento forzado, migración por conflicto armado, violencia sociopolítica y el actual modelo de crecimiento económico. Para terminar, las transformaciones demográficas que han generado las prácticas y políticas públicas de exclusión y expulsión territorial, no pueden dejarse de lado en tanto que han terminado desdibujando el paragua demográfico que prefijó la Ley 70 de 1993, pese, al gran error de concebir a la población étnica afrocolombiana como poseedoras de derechos territoriales en las riveras del Pacífico y el Caribe, sin tener en cuenta que importantes segmentos poblacionales resisten desde la época de la colonia en otras esferas del territorio nacional y mucho más en tiempos de crisis humanitaria. Es importante considerar que muchas organizaciones afrocolombianas, consejos comunitarios y grupos de académicos en lo nacional e internacional, así como también las organizaciones de mujeres afrocolombianas han insistido en crear un diálogo abierto para disponerse a construir un mecanismo idóneo de participación con posterioridad a la Sentencia del Consejo de Estado en la cual se declara la nulidad del Decreto 2248 de 1995. El proceso de exigibilidad de las organizaciones afrocolombianas proyectado desde las autonomías han permitido establecer espacios de deliberación y articulación para analizar y proponer las políticas del país no han sido reconocido, de ahí que, el gobierno nacional determinó aspectos que solo le corresponden al pueblo afrocolombiano desde el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural.
Así las cosas, con este nuevo cuadro institucional que es reincidente respecto del pueblo afrocolombiano, siguen enredadas las cuestiones legales de los procesos de consulta previa con el pueblo étnico afrocolombiano de cara a una agenda legislativa que tiene entre otros propósitos aprobar cuatro importantes proyectos de ley: Proyecto de Estatuto de Desarrollo Rural, Código de Minas, ley de “Igualdad de Oportunidades” para el pueblo afrocolombiano y proyecto tan esperado por las empresas mineras y consorcios económicos; ley estatutaria de consulta previa. En concordancia con lo anterior, otro de los problemas que reviste este escenario vincula a que también constituye un apalancamiento del marco institucional que el gobierno nacional tiene proyectado en la propuesta borrador del proyecto de ley de consulta previa. En esta perspectiva, se espera que luego de los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional (Sentencia T-823 de 2012 y Auto de suspensión del 4 de diciembre de 2012), donde declara la suspensión provisional de los procedimientos adoptados por el gobierno nacional. Así las cosas, la Corte Constitucional mantiene los mínimos en derechos y recuerda la importancia al procedimiento y a los estándares jurídicos que debe tener el gobierno nacional para salvaguardar derechos del pueblo afrocolombiano. El gobierno nacional debe convocar al proceso organizativo afrocolombiano, sin exclusiones y en tiempo perentorio para construir un mecanismo que luego de derogar y revocar, estos vicios ya señalados, permita encontrar un espacio más idóneo de participación y representación afrocolombiana. En efecto, si ese no es el caso, toda la edificación que está construyendo el gobierno nacional respecto a lo aquí referido sufrirá fuertes resquebrajamientos en especial la integridad de su agenda legislativa. Referencia
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los derechos de los pueblos Indígenas y tribales en la práctica.
La inseguridad jurídica de los territorios de posesiónancestraldelosafrocolombianos,la ferozdinámicadelconflictoarmadoenColombia,eldesmedidodesarrollodemegaproyectos legales e ilegales en los territorios afrocolombianos, la marginación estructural, la discriminación racial y la exclusión social y política delosafrocolombianos,sumadosaladebilidad e insuficiencia del Estado colombiano para garantizar el Estado Social de Derecho y con él, elgoceefectivodelosderechosfundamentales de las comunidades afrocolombianas, son los factores centrales para explicar, comprender y responderaldesproporcionadoydesatendido impacto que ha tenido la violencia, la discriminación,eldesplazamiento,confinamiento,persecución y usurpación sobre las comunidades afrocolombianas, sus líderes y lideresas. La escala del daño a las comunidades afrocolombianas,másdeunmillóndeellasdesplazadasymuchasotrasconfinadas,comotambién la persecución y asesinato sistemático de sus líderes y lideresas, demuestran por sí los fallidosmecanismoshastaahoraimplementados por el Estado para proteger a las comunidades afrocolombianas, como también, la imperiosa necesidaddeuncambiodeestrategiapararesponderdeformaintegralydiferencialalosproblemas estructurales y específicos que enmarcan la crisis humanitaria de las comunidades afrocolombianas y su proceso organizativo. Entre otras, urge la implementación efectiva del Plan General de Protección y Aten-
Por: Helmer Eduardo Quiñones Mendoza
Asesor de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados - AFRODES -
ción ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.
Un ejemplo de estas reiteradas fallas lo evidencia la controvertible política de protección de las comunidades afrocolombianas implementada en el marco de la llamada“política deseguridaddemocrática”delGobiernoNacional (2002-2010), enmarcada en la progresiva militarización y fumigación de los territorios afrocolombianosendesarrollodelPlanColombia (2000-2010). En efecto, como lo demostró la AFRODES (2010:49) sobre la base del análisis de las cifrasoficialesdedesplazamientoforzadoenel país (SIPOD, Corte junio de 2010) en su más recienteinformesobrelosderechoshumanosde nuestrascomunidades,mientrassegúnelregistro los afrocolombianos desplazados en 2002 correspondían tan solo al 5% del total de desplazados en Colombia, cifra que ascendió rápidamente al 7% en 2003 y al 9% en 2005, hasta llegar a ser el desproporcionado 16% del total dedesplazadosenel2009.AFRODES(2010:22) demostró además que según las mismas cifras oficiales aproximadamente el 80% de los desplazados afrocolombianos lo habían sido en el marco del Gobierno Nacional (2002-2010): de ahí la falla palmaria en el componente“democrático” de esta controvertible política.
La AFRODES (2010:23), para mostrar el impactodesbordadonosolodeldesplazamientosinotambiéndelausurpaciónafrocolombiana,demostróademásquedelos(50)municipios del país en donde se encuentran los territorios colectivos afrocolombianos (Ley 70 de 1993, 5.2 millones de ha) han sido violentamente expulsadas 516.867 personas a diciembre de 2009. Obsérvese además que de los territorios ancestrales con títulos colectivos (50 municipios) 516.867 personas han sido expulsadas entre 1997 y 2009. El 50,8% de los expulsados son hombres (262.536) mientras el 49,2% son mujeres (316.675). Llama la atención que el 49% de los expulsados de nuestros territorios colectivos (252.779) son niños, niñas y adolescentes.Situaciónqueconstatadenuevoelpeso excesivodeldesplazamientoforzadosobrelos grupossujetosdeespecialprotecciónconstitucional, como lo son los niños, niñas, jóvenes y mujeres (Corte Constitucional: Autos 218, 333 de 2006 y 251 de 2008)”1. Asimismo,sumandoalosterritorioscolectivos -en su mayoría- del Pacífico a los demás territorios ancestralmente ocupados por los afrocolombianos en el Atlántico y a ellos algunos centros urbanos, la AFRODES (2010:25) estimó que de estos territorios (142 municipios) se han expulsado más de 1.2 millones de personas. Así que en los territorios en los que la población afrocolombiana es mayoritaria, han sido expulsados más del 30% del total de los desplazados, a pesar de que estos municipios son tan solo el 15% del total de municipios del país y de que los afrocolombianos son el 10,62% del total de la población colombiana (4.3 millones de personas, DANE (2005); de ahí el riesgo e impacto desproporcionado que afrontan los afrocolombianos en sus comunidades y territorios. Nótese además que las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianasqueconducenasuusurpación y desplazamiento (v.g., amenazas, masacres, asesinatos, violaciones, combates, fumigaciones, entre otras) son cometidas en su mayoría por los grupos armados que luchan por el control de sus comunidades y territorios: paramilitares (39%), guerrillas (33,5%), fuerza pública (0,7%) y las llamada “bandas emergentes” (0,7%)2.
Foto: Steve Kagan
1 Bicentenario: ¡Nada que Celebrar!. Informe sobre los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas en el marco de la celebración de los doscientos años de vida republicana en Colombia. Página 58. 2010. Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados-AFRODES y Global Right Parners For Justice. 2 Véase resultados de la II Encuesta de Verificación realizada Comisión de Seguimiento y CID Universidad Nacional (2008), en Decimotercer informe. 4 de marzo de 2009. 3 Especialmente si se tiene en cuenta que a la destrucción de nuestra población, territorios y cultura hay que sumarle el que la mayoría de víctimas afrocolombianas son personas en extremo vulnerables: niños, niñas, jóvenes, ancianos y mujeres. De ahí la imperiosa necesidad de la aplicación efectiva de un enfoque de respuesta institucional diferencial y oportuno; y que las medidas adoptadas sean acordes con la consulta previa, libre e informada, el consentimiento, las costumbres, tradiciones y necesidades específicas de nuestras comunidades.
Patricia Tobón – Sonia Lucía Londoño. Análisis borrador de proyecto de ley estatutaria de consulta previa. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Pág. 2 – párr. 2.
La crítica situación de violencia sistemática de los grupos armados contra las comunidades afrocolombianas y sus territorios ahora militarizados, pone en clara evidencia no solo las fallas del registro de la dimensión de la tragedia humanitaria por ellas afrontada, sino también, la gravedad del riesgo y la evidente desproteccióninstitucionaldelascomunidades afrocolombianasensusterritoriosdeposesión ancestral y colectiva, y explica, así, el impacto desbordado que el proceso de usurpación y violacióndesusderechosfundamentalesviene teniendo sobre el grupo étnico: nuestro actual etnocidio3.
Raícesdelaidentidadpolíticadelpuebloafrocolombiano
Por: Juan de Dios Mosquera Mosquera
Director del Movimiento Nacional Cimarrón.
l 21 de mayo de 1851, el presidente José Hilario López, a la cabeza del gobierno de los sectores políticos llamados radicales, decretó la abolición legal de la esclavitud directa en Colombia. Con la puesta en vigor de esta ley, a partir del 1° de enero de 1852, se suscitaron varias guerras civiles en diferentes regionesyunaenconadaluchaporelpodercentral entre los promotores de medida tan trascendental y los esclavistas que defendían sus intereses vitales. El Estado, a través de las Juntas de Manumisión, defendió el derecho de propiedad del esclavista sobre el esclavo y por medio de las leyes abolicionistas continuó con la tradición deconsideraralhombre africano y sus descendientescomopropiedades.Indemnizóalospropietarios de los esclavos con gruesas sumas de dinero,peroignoróydesconocióelderechoala indemnización y el pago de perjuicios en favor de los ex-esclavos, llamados por la ley nuevos colombianos. NielSistemaColonialnielSistemaRepublicano consideraronalesclavocomopersonanimucho menos le reconocieron derechos civiles y políticos; era un bien inmueble del esclavista, una propiedadmásdelaquesedisponíaavoluntad y se decidía sobre todo su ser. Elcarácterdenuevoscolombianosnosignificó elserconsideradosnuevosciudadanosconderechos e igualdad de oportunidades ante el Estado y frente a las etnias mestiza y blanca –dominantesenlasociedad,laeconomía,lacultura y la política–. Las clases dominantes “blancas”, los ex-esclavistas, ni siquiera consideraron el reconocer algunos derechos económicos y sociales, menos políticos, a los ex-esclavos, en tantoquehabíanquedadoenlaindigenciageneral, sin tierras, sin viviendas, sin educación, sin participación política. En fin, sin posibilidades de poder alcanzar el nivel de vida y las oportunidadessocialesquecorrespondíanalaspersonas blancas. Tanto las personas como las Comunidades Negras fueron marginadas, discriminadas en todos los sentidos, despojadas y reprimidas por las etnias mestiza y blanca en todas sus clases sociales. Se impuso la miseria como forma de vida y futuro de la Comunidad Negra nacional. Para los nuevos colombianos, la vida libre se convirtió en sofisma normatizado por la violencia. Las clases dominantes, unificadas en los partidos liberal y conservador, expidieron nuevas leyes que fortalecían sus privilegios y defendían “su”derecho a conservar y explotar alosex-esclavos,obligadamente,comofuerza detrabajo,bajosuexclusivodominio,indispensableparamantenerenfuncionamientoelestablecimiento productivo. En el proyecto de sociedad republicana –que desdeelCongresodeAngostura(1819)comenzaron a construir las clases criollas ricas– no concebía espacios ni lugar como ciudadanos o políticosalasComunidadesNegraseIndígenas. En la conciencia de la oligarquía de “sangre blanca”unesclavoounex-esclavoeransimplemente“un negro”; no se le percibía y, menos, se lerespetabacomopersonaociudadanodelpaís. Tampoco se le consideraba tronco, raíz, de la nación en formación. En ese entonces y hasta muy entrado el siglo XX, las familias dominan-
tes, que se reconocían con exclusividad ciudadanos, tenían que demostrar y vivir pregonando la pureza de su sangre, demostrada a través de títulos legalmente registrados. Había, pues, una“sangreblanca”queprodigabaoportunidades, dignidad, riqueza y poder político y social. Durante estos 500 años de presencia afrocolombiana es claro y evidente que la forma histórica de relación entre la clase dirigente, entre las familias que han sido dueñas del poder político y social, y las Comunidades Negras e Indígenas, ha sido la INJUSTICIA. En nuestros puebloshapermanecido,siemprevivo,aunque noexpresadopolíticamente,unsentimientode maltrato, un resentimiento, una protesta firme ante el daño histórico, ante el trato injusto, ante elabandonoyeldesprecioprácticomediantela marginación y la exclusión. Esta forma de relación histórica nos ha mantenidoenlainfrahumanidad,enlapobrezaabsoluta,enfrentadosanivelesdevidaimpropiosde humanos. Injustos han sido la incesante explotación, el racismo y la discriminación racial, el desarraigo cultural de nuestra raíz africana, el hambreylaexclusióndelpresupuestonacional y de la participación en la administración y las instituciones políticas democráticas. Tenemos que decir que la gente que se ha creído con “sangre blanca” en este país, no quiere vernos cara a cara, palabra frente a palabra, porquequiereseguirignorandolaenormeinjusticiaquehancometidocontranuestropuebloy noquierereconocerquetieneunainmensadeudaporpagar.Nosotrostenemosunchequepor cobrar,perolacuentadedondeprovienensigue sin fondos. Pero la injusticia, como forma de relacionarse el“blancaje”dominante con las Comunidades Negras, no ha sido solamente a través de la explotación, el etnocidio y el racismo, también ha sido mediante la más grosera manipulación política.Desdequeseuniversalizóelderechoal voto para los varones con cédula, las élites de sangre blanca –a través de los partidos Liberal y Conservador–, se comenzaron a congratular conlosPueblosNegros,paraépocasdeperíodo electorales. Enlaselecciones,lospolíticosblancosseacuerdandelasComunidadesNegras,deesaspoblacionesqueviveneneldelasselvascolombianas y por fin se acuerdan de esas personas para repartírselas en el botín electoral. Las ComunidadesNegrasaccedimosalderechoalvoto por carambola,sinsaberenquépaísvivíamosnien qué nos beneficiaríamos. LosPueblosNegrosnuncavieron–nienprensa, porque a las selvas no llegaba– a las famosas personalidadespolíticasoriundasdeBogotá,Popayán, Cali o Pasto, que mandaban a decir“con sus amigos negros” que les iban a representar y debían votar por ellos al Congreso. Nuestros pueblos fueron pintados de rojo y azul, sin sa-
ber por qué. Las élites de los partidos Liberal y Conservadorseacordabandeestaspoblaciones para chantajearlos; y así, poder competir, entre ellos, por el control del poder gubernamental, por el tamal, del cual sólo las hojas y las sobras han dejado a las Comunidades Negras. Han sido 142 años de manipulación y engaño. Siempreparticipandoenunaseleccionesdonde no hemos estado representados por nuestras propias caras, con nuestro propio rostro. Siempreutilizadoscomodadoresdevotos,comomercado donde se compran votos para legitimar la pobreza y la discriminación racial. Siempre utilizados como sillas de montar de todos los partidos, de la gente “con sangre blanca”, que luchan por las comunidades de su“color”, dondesesientenidentificados,menos,jamásporel “color”Negro, por las otras caras constructoras con sudor y sangre de esta nación. LosPueblosNegrosnopodemosseguirsiendo sillas de montar, donde cabalga la gente que se ha creído con sangre blanca negando sus raíces indígenas y africanas. No podemos seguir apoyando a quienes luchan por todos los colores menos por el Negro. No se pueden amparar a quienes no reconocen la deuda histórica contraída durante 500 años de explotación de nuestra sangre. Los Cimarrones llamamos a nuestros Pueblos Negros a decir ¡BASTA YA!, a decir ¡YA NO MÁS! A empezar a sentirnos libres y dueños de esta nación cuya gente con poder nos quiere negar. Vamos a tomar la iniciativa en la participación política electoral, en la participación en la vida y la toma de decisiones de la sociedad colombiana. Vamos a organizarnos con autonomía e independencia de los partidos que nos han venido manipulando y utilizando, que nos han venido discriminando y excluyendo. Vamos a dar una gran sorpresa política en los próximos años,participandomasivamenteenlaelección de nuestros auténticos voceros y representantes salidos de nosotros mismos, probados en la lucha por nuestra propia organización, luchadoresreconocidospornuestrosderechos e identidad. El movimiento CIMARRÓN convoca a todos los Pueblos Negros de la nación a construir un movimiento político propio de todo el Pueblo NegroUnido.Unmovimientoenraizadoencada comunidad y que luche por los derechos de la ComunidadNegracolombianaytodoelpueblo marginado que lleva nuestras raíces, el pueblo de todos los colores, con un liderazgo propio, formadoporlapropiaorganización,capacitado aconcienciaparaquepuedarepresentardignamenteanuestrasComunidades.Conunliderazgonocontaminadodelosviciosylosoportunismos, un liderazgo con conciencia de su deber y responsabilidad histórica. No vamos a seguir botando nuestros votos ni apoyando a los racistas que nos marginan. De ahora en adelante vamos a apoyarnos a nosotrosmismos,votandocomoPuebloNegroUnido, con identidad, con orgullo de la negritud ultrajada que llevamos como herencia de nuestros antepasados hace ya 500 años. ¡Por los derechos e identidad, por la representaciónquemerecelacomunidadnegracolombiana... construyamos el movimiento político propio del Pueblo Negro Unido!
¡BASTA YA!, ¡YA NO MÁS!
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