Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Comparecencias/59/2004/2004Agraria.html
Timestamp: 2018-10-21 13:31:43
Document Index: 165892213

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 39', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 34']

Exposición por parte del funcionario del Ejecutivo Federal: Florencio Salazar Adame
Pregunta: Luis Andrés Esteva Melchor, Partido Acción Nacional
Réplica: Oscar Félix Ochoa, Partido Revolucionario Institucional
Pregunta: Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, Partido Acción Nacional
Pregunta: Marcelo Herrera Herbert, Partido de la Revolución Democrática
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Diputadas y diputados; miembros de la Comisión de Reforma Agraria, hay quórum. Se abre la reunión.
Con fundamento en el artículo 7º, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobada por el pleno en fecha 7 de septiembre de 2004, comparece el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, invitado a esta reunión de la Comisión de Reforma Agraria en la que se llevará a cabo el análisis de IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, en el tema de su competencia.
Se dará lectura al Acuerdo Parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 7 de septiembre, solicito al diputado secretario Margarito Fierros Tano, dar lectura.
El Secretario diputado Margarito Fierros Tano: Gracias. Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura al acuerdo.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la glosa del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada.
Punto 4º. Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7º, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante comisiones ordinarias a los funcionarios del Ejecutivo Federal, de conformidad con el programa anexo.
II. Primer ronda de preguntas por parte de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la comisión en orden decreciente hasta por 5 minutos. Asimismo, los grupos parlamentarios que no cuenten con integrantes en la comisión, podrán participar en esta ronda hasta por 5 minutos.
Tres. Respuesta por parte del funcionario del Ejecutivo Federal hasta por 10 minutos.
Número que sigue (V). Segunda ronda de preguntas por parte de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la comisión, en orden decreciente, hasta por 5 minutos.
Número que sigue (VI). Respuesta por parte del funcionario del Ejecutivo Federal hasta por 10 minutos.
Número que sigue (VII). Réplica por parte de los legisladores, en el orden de sus intervenciones, hasta por 5 minutos.
Cumplida su encomienda, Presidente.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias.
Para dar cumplimiento al punto 4º, fracción I del acuerdo aprobado, tiene el uso de la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, hasta por 10 minutos.
El Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame: Señor diputado Manuel García Corpus, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria; distinguidos miembros de la Comisión de Reforma Agraria; señoras y señores diputados:
Acudo ante esta soberanía en términos de lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a dar cuenta del estado que guarda el despacho a mi cargo.
Al inicio del siglo XXI el desafío de la reforma agraria es hacer productiva a la tierra. Segunda en el mundo, la nuestra es la primera en durabilidad. Han transcurrido 90 años desde el inicio del reparto agrario y para cuando concluya el ordenamiento de la propiedad habrá pasado casi una centuria.
En 1910 había 15 millones de mexicanos; ahora somos 100. En aquel entonces el 87 por ciento de las propiedades rurales estaban en manos de 2 mil familias; ahora es patrimonio de 5 millones de sujetos agrarios que poseen en promedio 4.5 hectáreas.
Se crearon 27 mil 600 ejidos y 2 mil 700 comunidades, propietarios de 103 millones de hectáreas que representan más de la mitad del territorio nacional.
En 77 años de reparto agrario, pasamos del latifundio al minifundio, del ocio improductivo de los terratenientes a la fatiga sin término de los campesinos, del trabajo rentable hasta la década de los 50 a la pobreza en el medio rural. Hoy el campo sigue siendo un pendiente en el desarrollo nacional.
La reforma agraria redistribuyó la propiedad, pero no la riqueza, y las expectativas de desarrollo se fueron estrechando con la pulverización de la tierra. Cuatro causas fundamentales provocaron la actual situación del campo: la política agraria como eje de contención de las demandas campesinas, el tutelaje del Estado sobre la propiedad rural, el derecho de todo solicitante a recibir tierras y el uso de los excedentes del campo para impulsar la urbanización y la industrialización del país.
Lo anterior provocó el minifundio, la migración rural, los conflictos sociales, la especulación de la tierra, la falta de oportunidades para la población y consecuentemente, la pobreza.
La modificación al artículo 27 constitucional en 1992, al declarar concluido el reparto, rediseñar las instituciones agrarias y poner en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), da un vuelco en las políticas públicas, estableciendo la plataforma para el despegue del desarrollo rural integral sustentable.
El gobierno del Presidente Fox se dirige hacia ese objetivo, de ahí que las instituciones del sector trabajen en 10 ejes que dan sustancia a la política agraria.
Con la asesoría de la Procuraduría Agraria, actualmente 5 de cada 6 núcleos agrarios tienen su representación legítima electa en Asamblea. Ahora el ejido y la comunidad son propietarios de sus tierras, pueden celebrar contratos de usufructo y enajenación, adoptar el dominio pleno o aportar sus tierras a sociedades mercantiles. Por ello, son de la mayor importancia sus órganos de decisión, administración y vigilancia.
La forma como se realizó el reparto agrario originó diversos conflictos. Temas recurrentes son la inexactitud de las mediciones, la indefinición de la propiedad por sobreposición de planos y dotaciones no ejecutadas.
La reforma constitucional de 1992, al sustituir al Presidente de la República y a los órganos administrativos de los gobiernos Federal y estatales como autoridades agrarias, depositó en los tribunales agrarios la facultad de impartir justicia y ejecutar sus resoluciones.
Desafortunadamente, los núcleos que reciben fallos adversos cuando ocupan la tierra en disputa no la entregan; caso contrario, la toman por la fuerza provocando hechos violentos.
Ante esta realidad, se mantenía el criterio de que la secretaría ya había cumplido con el reparto, si estaban mal ejecutadas las resoluciones presidenciales, las inconformidades deberían encauzarse por la vía jurisdiccional, pero este criterio legalista no aplica ante la realidad del campo mexicano; significa pasar por alto que no todas las comunidades indígenas fueron restituidas y reconocidas en la extensión de sus tierras, que se hicieron dotaciones en donde ya existían núcleos agrarios y que los campesinos, generalmente no tuvieron información oportuna, respecto a reformas legales que modificaban reglas de los procesos administrativos, quedando consecuentemente, en condiciones de indefensión jurídica.
Además, siendo la observancia del Estado de Derecho el primer deber del Estado, éste no puede ser autista frente a una problemática que diluye el tejido social y amenaza la gobernabilidad.
Por instrucciones del Presidente de la República, el sector se dio a la tarea de revisar la situación agraria del país, obteniendo como primer resultado, la elaboración del mapa de riesgos en materia agraria.
Ello nos indica, que hay 4 entidades con alto riesgo, 18 con riesgo medio, 7 con riesgo bajo y 3 sin riesgo alguno. Como consecuencia de lo anterior, se diseñaron 2 programas: el de Focos Rojos, localizamos 14 en el país, que involucran 257 asuntos y que han implicado un ejercicio a la fecha, de 944 millones de pesos; el preventivo, de Focos Amarillos, que involucran 203 y también requieren una aplicación de mil 456 millones de pesos.
En cuanto a los acuerdos agrarios, el compromiso es desahogarlos en este mismo año. Tenemos a la fecha, 57 asuntos resueltos, un avance de 37 y vamos a aplicar o estamos aplicando un presupuesto de 365 millones de pesos.
El Acuerdo Nacional para el Campo. En este año se desahogarán 102 asuntos consensuados por el Comité de Elegibilidad, consensado con la formulación de las reglas de operación de los programas.
Por vez primera, desahogo de las agendas agrarias de las organizaciones sociales, reforzamiento de las instituciones y la cuidadosa revisión y elaboración de propuestas del marco jurídico secundario, prueban la nueva relación de los representantes, de los campesinos y el Poder Ejecutivo Federal.
Hay que reconocer que la lucha por la tierra es apasionada hasta la violencia, siendo tan compleja la problemática agraria, la razón es simple y obvia: la tierra es la riqueza ancestral de indígenas y campesinos, su usufructo es garantía de la vida, aunque sea precaria. En la cultura rural, la tierra es espacio, patrimonio, rito y destino.
En 1992, inició a cumplir el reparto, la segunda etapa de la reforma agraria, con la puesta en marcha de estrategias para el ordenamiento de la regulación de la propiedad.
De entre ellos, el Procede; tenemos el compromiso de concluir la regularización de la propiedad faltante, 18 millones de hectáreas, 6 millones en cada uno de los 3 restantes de esta administración. Este programa, que es voluntario, otorga certidumbre jurídica al identificar los derechos colectivos e individuales con la superficie que legalmente corresponde, permite que los núcleos agrarios adopten formas de organización e inversión que mejor les convenga, ofrece elementos de defensa ante actos de invasión y despojo y genera condiciones para un mercado legal de tierras.
En terrenos nacionales no hemos tenido el avance deseable, existe una gran dispersión en el país de terrenos nacionales y los recursos disponibles son muy limitados. No obstante, informamos que se han reevaluado terrenos nacionales, especialmente en zonas costeras.
Estos predios se habían convertido en asuntos poco claros, ya que frecuentemente se emitían recibos de pago por cantidades insignificantes respecto a su valor real.
Por primera vez, en unas cuantas semanas, se adjudicarán terrenos nacionales en zonas costeras mediante la subasta pública.
Al inicio de la presente administración quedaron por regularizar 368 colonias, a la fecha se han regularizado 253, quedando pendientes 125. Del total de la problemática de conflictos sociales en el campo, hemos atendido 119 y esperamos nosotros que al concluir el sexenio como meta presidencial, tengamos un campo en paz y debidamente ordenado.
Con el catastro rural se integrará la información del Procede, asociado a otros datos de que dispone el Gobierno Federal, tales como: uso de suelo, población e infraestructura, que aportan elementos para la planeación y el desarrollo del campo.
En lo que se refiere a organización agraria y capacitación productiva, el Promusag (Programa de la Mujer en el Sector Agrario) y el FAPPA (Fondo de Apoyo a Productos Productivos Agrarios), han aplicado este año 400 millones de pesos, cada uno de ellos. Está en desahogo el ejercicio del recurso en virtud de la revisión de las reglas de operación a cambio de las organizaciones campesinas, pero desde luego, el presupuesto habrá de agotarse al concluir el año.
El comportamiento del gasto a cargo de la secretaría no ha corrido de manera paralela su calendarización. La dinámica propia de los programas sustantivos involucra las partes en conflicto, que se realizan avalúos y de concluir el proceso se cubren los pagos, tal es el caso de los programas de conflictos agrarios y de obligaciones jurídicas ineludibles.
Al 15 de octubre el ejercicio alcanzó 100 mil 98 millones de los 2 mil 123 programados para el periodo de enero a octubre, lo que representa el 52 por ciento de avance y un subejercicio del 48 por ciento.
Los programas clasificados como subsidios, como ya lo hemos mencionado, serán agotados igualmente en este año. Hemos tomado las medidas para ejercer el presupuesto tal y como ocurrió en el 2003, en el cual se erogó el 99.6 por ciento de los recursos autorizados.
Necesitamos, para continuar con el desarrollo rural, que haya investigación para tener proyectos rentables, información que asegure la legalidad de las operaciones, capacitación para fomentar técnicas comunitarias, financiamiento para clonar nuevos proyectos, circulación de tierras que ofrezcan alternativas a los campesinos mayores para su retiro, incentivo a los jóvenes campesinos para su incorporación a actividades productivas.
Si lo hacemos juntos ésta será la forma en que habremos de enlazar la tercera etapa de la reforma agraria, que habrá de caracterizarse por el desarrollo rural integral.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: De conformidad con el punto 4º, fracción II, IV y V, del acuerdo aprobado, los grupos parlamentarios han inscrito para que intervengan en la primera ronda de preguntas y réplica, hasta por 5 minutos, a los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, diputado Oscar Félix Ochoa; por el Partido Acción Nacional, Luis Andrés Esteban Melchor y diputado Ramón González González; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Margarito Fierros Tano; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Luis Antonio González Roldán; por el Partido Convergencia, diputado Jaime Moreno Garavilla.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos, para formular su pregunta la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, diputado Presidente.
Señor secretario, bienvenido a este recinto legislativo, a esta reunión de trabajo en donde tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones y puntos de vista sobre la política agraria de nuestro país.
Una de nuestras preocupaciones fundamentales se refiere al ejercicio presupuestal 2004. Para ubicar mis comentarios quiero compartir con usted el proceso que seguimos para efectuar las modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2004 de la Federación, sometido a consideración de esta soberanía nacional por el Ejecutivo Federal.
Nuestro proceso inicia con la revisión del marco de planeación aprobado por el Ejecutivo, y de las prioridades y estrategias ahí planteadas procedimos a comparar el proyecto de presupuesto con dichos objetivos y a establecer lo que a nuestro juicio y de las organizaciones y campesinos, así como las consultas permanentes que hicimos con la propia Secretaría de la Reforma Agraria para hacer las adecuaciones presupuestales.
En la revisión del Programa Sectorial Agrario encontramos algunos elementos sustanciales con los que hemos manifestado nuestro completo acuerdo con el Ejecutivo Federal, cuando manifiesta un desarrollo pleno sólo será posible si fortalecemos y damos un nuevo impulso al sector rural y con el compromiso de impulsar una política agraria fundada en el bienestar humano y en la promoción de capacidades en la generación de oportunidades.
Lo hicimos también con los ejes de la política agraria desarrollados en este documento, en el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural, la procuración de justicia agraria, la capacitación, la organización agraria y aprovechamiento de desarrollo urbano, integración productiva, modernización institucional y la participación ciudadana y el último eje, que fue precisamente la organización social y económica.
Se afirma que las reformas al artículo 27 plantean nuevas estrategias, entre ellas la capacitación y la organización para sentar las bases para propiciar la capitalización para el campo y se reconoce la falta de oportunidades, la marginación que ha propiciado la inmigración de los jóvenes.
Por otra parte, se reconoce la deuda que se tiene con los habitantes del campo y como víctimas del desarrollo económico.
Se propone en resumen, en estos documentos, una organización, una capacitación, una asistencia técnica y apoyos en inversión para elevar la producción y la rentabilidad y la competitividad de los habitantes de los núcleos agrarios.
Por lo que hace al eje de la integración productiva, retoma lo señalado en el apartado de los retos del sector, no basta con haber repartido la tierra y otorgar seguridad jurídica sobre la misma, también se deben de generar alternativas productivas y de ingreso para mejorar la condición de vida de las y los hombres del campo.
Todos estos postulados son aplaudibles y nosotros coincidimos, pero nuestras consideraciones, si no se traduce en presupuesto quedan meras declaraciones sin una intención real de concretarlas en un presupuesto.
Al observar las inconsistencias procedimos a cubrir lo que el Legislativo considera graves omisiones, ampliando sustantivamente el presupuesto, y entonces le pusimos, pasamos de 2 mil 856 punto millones de pesos a 4 mil 235 punto 8 millones de pesos que autorizó el Poder Legislativo. Esto es un incremento de un millón 379 mil punto millones de pesos, que significan el 48 punto 3 por ciento.
En FAPPA, por ejemplo, el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, envió 150 millones de pesos, el Legislativo le pusimos 400 millones de pesos, hay una diferencia de 250 millones de pesos.
En Promusag el Ejecutivo en su proyecto de presupuesto envió 150 millones de pesos, el Legislativo le pusimos 400 millones de pesos, hay una diferencia de 250 millones de pesos.
En organización cero pesos le puso el Ejecutivo, el Legislativo le pusimos 225 millones de pesos.
En atención a conflictos 3 punto 2 propuso en el proyecto el Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo le puso 663 millones de pesos, hay una diferencia de 299 punto 8 millones de pesos.
En acuerdos agrarios 300 millones de pesos le puso el Ejecutivo, el Legislativo aprobó 400 millones de pesos, hay una diferencia de 100 millones de pesos.
En fondos de tierras cero pesos propuso el Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo propuso 200 millones de pesos.
A pesar del esfuerzo del Legislativo, detectamos un lado, que nuestros esfuerzos presupuestales han sido ignorados por el Poder Ejecutivo y más preocupante aún por la propia Secretaría de la Reforma Agraria, ya que en el informe de labores que acompaña al IV Informe de Gobierno, la información hace omisión a las ampliaciones presupuestales y sólo se refiere al presupuesto aprobado sin un programa concurrente.
Por otra parte, detectamos un fuerte subejercicio en la parte sustantiva que el Ejecutivo Federal informa, como es el caso de un avance sólo del 3.5 por ciento en el programa FAPPA de los 400 millones de pesos. En Promusag sólo el 34.5 por ciento.
Por las consideraciones anteriores, me pregunto y le pregunto a usted, señor secretario: ¿Para qué hacer entonces un esfuerzo de adecuación del presupuesto a los ejes de la nueva política agraria, propuesta por el Ejecutivo, si en los hechos no les interesa ni el presupuesto ni las consideraciones acordadas por este Poder Legislativo? ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos hechos por esta Legislatura para fortalecer el presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria y de que el presupuesto a ejercer en el 2004 por el Ejecutivo se incremente, se acepta una reducción al presupuesto al ejercer en el 2004, por la propia Secretaría, de 353.7 millones de pesos al pasar de un presupuesto autorizado de 4 mil 235.8 millones de pesos, a una estimación al cierre de 3 mil 882.1 millones de pesos, teniendo en cuenta las apremiantes necesidades en las que se encuentra ahora el campo?
¿Por qué no se reporta a los productores financieros de los 200 millones de pesos depositados al Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal), de los que autorizamos? ¿Qué se ha hecho para modernizar y fortalecer la estructura operativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, para dar cumplimiento al eje de la modernización institucional, planteando por el Ejecutivo en su Programa de Sector Agrario?
Finalmente, señor secretario, ¿considera usted que es suficiente con la publicación de las reglas de operación, los programas vía Internet en un contexto de marginación y pobreza, como se encuentra ahora el campo mexicano, en que le llegue por vía de Internet la publicación de las normas de operación de los programas que tiene la Secretaría de la Reforma Agraria?
Por su respuesta muchas gracias, señor secretario.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Gracias, diputada.
Tiene la palabra, hasta por 5 minutos para formular su pregunta, el diputado Luis Andrés Esteva Melchor, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Andrés Esteva Melchor: Con su permiso, señor Presidente.
Señor licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, bienvenido a esta comparecencia, que nos permite a los integrantes del Poder Legislativo hacer una ejercicio de glosa del informe rendido por el Presidente de la República.
La estrategia denominada Focos Rojos, que se propuso atender y resolver los 14 asuntos agrarios de mayor complejidad por sus implicaciones políticas, sociales, ambientales y económicas, iniciada en julio de 2003, es una de las tareas que mayor reconocimiento debe reportarle a la secretaría a su cargo, ya que ha logrado resolver asuntos que duraron décadas sin solución porque la estrategia de atención de gobiernos anteriores, consistía en administrar el conflicto, no en solucionarlo. Se atendía la problemática sólo si entraba en una fase de gravedad o si le significaba un problema de imagen al gobierno en turno.
En promedio, los conflictos más graves duraron 40 años, pero hubo conflictos que duraron periodos de tiempo mayor. Sin embargo, señor secretario, en mi estado natal, Oaxaca, se reportan como resueltos los conflictos entre Santa María Chimalapas y la colonia Cuauhtémoc que duró 46 años, y Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec, conocido como Agua Fría, que duró 37 años, y que apenas en el 2002 produjo 37 muertos durante una emboscada.
En el primero de los casos, es decir, en el de Los Chimalapas ahora mismo se afirma que el procedimiento de pagos a los colonos de la Cuauhtémoc, produjo inconformidad en el seno de la colonia, y mantiene presente todavía el reclamo de alguno de sus miembros; en el segundo caso, es decir, en el de Agua Fría, se dice que existe todavía un clima de tensión que podría provocar hechos violentos.
Podría usted informarnos, señor secretario, sobre estos casos en particular, y en lo general, sobre la estrategia de los Focos Amarillos, en orden de importancia son los siguientes.
En este mismo contexto, el Programa de Atención a la Comunidad Zona Lacandona y la reserva de la biosfera de los Montes Azules que reviste importancia, no sólo por los conflictos agrarios que se requieren resolver, sino por la que tiene la reserva no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial.
Podría informarnos, señor secretario, ¿cuál es el avance real en este asunto y cuál es la perspectiva para su solución definitiva?
Finalmente, a propósito del rezago agrario, entre 1996 y 1997, el Gobierno Federal suscribió compromisos con organizaciones campesinas, sin embargo, la anterior administración no destinó recursos durante años, y fue hasta el año 2000 cuando se destinó una parte muy pequeña de recursos para iniciar la atención parcial de los acuerdos de organización y fomento. Así se finiquitó en el 2002 los compromisos derivados de estos acuerdos de organización y fomento.
A diferencia del pasado se dice, se ha evitado dar sólo atención de gabinete y se ha buscado resolver el problema social que va más allá del simple compromiso jurídico, sin embargo, en el numeral 264, del Acuerdo Nacional para el Campo, se acordó el compromiso de establecer las acciones para un fondo de tierras, este proyecto se había anunciado durante años y a la fecha no se concreta.
¿Qué nos puede informar al respecto, señor secretario? Por sus respuestas, muchas gracias.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus:
Tiene la palabra, hasta por 5 minutos, para formular su pregunta, el diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Margarito Fierros Tano: Gracias, Presidente.
Señor secretario de Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, compañeras, compañeros diputados.
Señor secretario, el espacio que en el IV Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, se destina el tema de la dependencia a su cargo, es verdaderamente reducido y se le da al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Soldares Urbanos (Procede), una mención especial elevándolo incluso a prioridad nacional, y ello lo vemos reflejado aún más en el proyecto de presupuesto, que el Ejecutivo manda para el 2005, que es de una cantidad verdaderamente considerable.
Sin embargo, los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, en esta Comisión de Reforma Agraria, sentimos que para el desarrollo del campo mexicano existen otras prioridades más urgentes de atender, además el Procede no siempre resuelve algún conflicto en el campo, a veces ha generado problemas entre los sujetos agrarios y al interior de los propios núcleos agrarios.
Es muy común que exista diferencia entre la superficie que originalmente se concedió al núcleo por mandamiento del ciudadano gobernador de cada estado, o sea, en la primera instancia, como se conocía en la legislación anterior, con la resolución presidencial; principalmente cuando ésta reduce la superficie, toda vez que el INEGI al realizar la medición se basa conforme al mandato presidencial.
En estos casos, señor secretario, no existía ningún conflicto; sin embargo al declararse la demasía y al crearse la expectativa de que las tierras que no formaban parte de la razón presidencial y que están fuera del plano definitivo o del ejido o comunidad no les pertenece, se originan muy serios problemas.
Por estas y muchas razones más, consideramos que el Procede no debe ser la prioridad para este gobierno y como se nos ha reiterado muchas veces, que es un programa voluntario, debe dejar en libertad a los núcleos agrarios, si desean incorporarse o no al programa, ya que tenemos conocimiento que en varias comunidades de Michoacán, personal de la Procuraduría Agraria está manipulando la decisión de las asambleas para que acepten dicho programa, como es el caso de la comunidad indígena de Cuanajo, municipio de Pátzcuaro, Michoacán y otras en la costa michoacana, como Santa María Ostula, Pómoro, Coire, entre otras.
Por lo que consideramos, que si no se van cuidando las formas, que no nos extrañe la multiplicación de focos rojos en estas zonas. Hablando de focos rojos, señor secretario, la región purépecha de Michoacán está considerada de esa denominación y para su atención se ha designado una Comisión Especial de Oficinas Centrales, independientes de la estructura del sector agrario en la entidad y pareciera que hay una duplicidad de funciones, además de la dispersión de recursos que crea esa operación.
Señor secretario, ¿no cree usted que sería mejor fortalecer las estructuras agrarias formales en cada entidad federativa o bien si los funcionarios que las atienden no funcionan, deben cambiarse por otros que sí respondan a la necesidad de la secretaría?
Asimismo, señor secretario le pregunto ¿qué beneficios tendrían los ejidos y comunidades con la aprobación del presupuesto que ustedes plantean de 555 punto millones de pesos para el Procede?
Explíquenos, señor secretario, las razones que ustedes tienen para que en el proyecto de presupuesto de 2005 desaparezca el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos, FAPPA y por qué sólo le asignan al Programa de la Mujer en el Sector Agrario Promusag, 50 millones de pesos.
Señor secretario, ¿por qué en el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005, propone sólo un monto de 2 mil 859.8 millones de pesos, que resulta inferior en un 37 por ciento en términos reales con respecto al presupuesto anterior? ¿Por qué si para apoyar al campo se generó el programa especial concurrente que asignó a la secretaría a su cargo una ampliación de mil 533.5 millones de pesos en el 2004 y en este proyecto de presupuesto para el 2005 ni siquiera es considerado?
En relación al foco rojo que representa el conflicto de límites territoriales en la tribu yaqui de Sonora, independientemente de las acciones emprendidas con la designación de la comisionada responsable de atender el asunto ¿cuál es su propuesta de solución?
Lo anterior en consideración histórica de dicho conflicto y el desenlace que puede provocar una decisión equivocada. Por sus respuestas, muchas gracias señor secretario.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria Teofilo Manuel García Corpus:
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta, el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señor secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, compañeras y compañeros diputados:
A partir de la década de los 80, México ha emprendido una serie de cambios estructurales que han modificado el viejo orden político, económico y social.
Hoy día nuestro país se encuentra en una etapa de transición, la sociedad mexicana se ha convertido en un factor importante para impulsar las innovaciones que el país demanda. Dentro de este cambio estructural el sector agrario, sin lugar a duda, es el más desprotegido y por ello el más afectado.
En las 2 últimas décadas el marco institucional del campo mexicano también ha sufrido grandes transformaciones, ejemplificando podríamos citar la transferencia de algunas funciones del Estado a los particulares, la reorientación de la política de subsidios y financiamiento, la liberación de los mercados de productos agropecuarios, la dinamización de las relaciones entre los diferentes sectores en el medio rural, las modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la formulación de una nueva Ley Agraria en el año de 1992, además del surgimiento de nuevos actores rurales y de organizaciones campesinas independientes.
Lo anterior ha significado un profundo cambio entre las relaciones Estado-sociedad y en sus instituciones, los viejos pactos corporativos que dieron orden al sector agrario y en general a los diferentes sectores en nuestro país se están resquebrajando y son cada día más débiles.
Cuestionamos el nuevo papel del Estado en cuanto a su relación con los sujetos sociales, dejando a un lado las políticas paternalistas y proteccionistas; ciertamente las funciones del Estado se han reducido, sin embargo, es preciso definir cuál será el nuevo papel del Estado en el corto, mediano y largo plazo.
En el campo observamos la emergencia de nuevos actores rurales, de redes y organizaciones campesinas independientes con demandas específicas, lo cual señala la transformación rural que pide un nuevo trato para el campo y una relación Estado-sociedad más equitativa, democrática y participativa.
Las reglas del juego han cambiado, no obstante, las nuevas reglas aún no quedan claras y deben establecerse dentro de una sociedad más participativa y un gobierno más plural. Es necesario estructurar un modelo de relaciones que tome en cuenta a los nuevos actores con sus demandas, dentro de las exigencias del nuevo contexto nacional e internacional, haciendo posible la coexistencia y equidad.
Por ello, señor secretario, no entendemos su participación electoral en el estado de Veracruz, donde en un acto de simulación de trabajo de la Administración Pública Federal, se pretendió manipular e incidir sobre el voto de los veracruzanos a favor del candidato panista. Aun así, la Alianza Fidelidad por Veracruz les ganó en las urnas, contra todo el aparato federal en el cual su dependencia participó.
Señor secretario, los objetivos y estrategias para conducir al agro mexicano deben tener el acuerdo básico de todos los actores rurales y del Estado mexicano, la conducción de la secretaría a su cargo no puede estar supeditada a los intereses de partido ni de candidato alguno.
Para continuar con la reforma agraria y crear nuevas políticas para el campo es necesario antes hacer las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de Estado-instituciones necesitamos para cumplir con los objetivos de superar la crisis agraria de nuestro país? ¿Cómo se reestructurará la sociedad rural? ¿Qué nuevo tipo de relaciones son necesarias? ¿Cuál es el papel del Estado y de las organizaciones sociales? ¿Cómo aumentar la productividad y la equidad en el campo de forma que no excluyamos a sujetos rurales?
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: \
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta el diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del partido de Convergencia.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Señor secretario don Florencio Salazar Adame; señor Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus compañeras y compañeros diputados. Concebir la justicia social como lo que es, una anhelada meta en nuestro sistema jurídico político, sin pensar en resolver antes de fondo y de forma la problemática por la que atraviesa el sector campesino del país, cuya aportación histórica al enriquecimiento material y político de México, por cierto es destacable, compromete a todos los sectores sociales en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las familias rurales.
Estamos ciertos de que la responsabilidad de acercar el bienestar del campo es una responsabilidad compartida, que no depende de programas asistenciales exclusivamente, sino de un trabajo conjunto de gobierno y de sociedad.
Primero, que conduzca hacia una conducta colectiva de respeto y protección a la organización y forma de vida del sector agrario, difundiendo socialmente la importancia del trabajo campesino para que se valore en mayor medida su contribución al resto de la población y después de acciones decisivas, que se inician con la regularización de la tenencia de la tierra y continúan con la capacitación, la organización productiva, el acceso al equipamiento y bienes de consumo y la dotación de las herramientas jurídicas y de recursos económicos para que pueda encaminarse hacia el progreso.
Por ello, señor secretario, nos parece preocupante la existencia de focos de tensión en muchas poblaciones agrarias por problemas de posesión de ejidos y comunidades que sin duda son el reflejo de un complejo sistema de reconocimiento de la propiedad, con raíces históricas muy profundas, así como invasiones, ¿por qué no decirlo?, y cacicazgos que lamentablemente aún persisten en este medio.
Pero también ¿hasta qué punto debiera reconocerse la ausencia de políticas públicas claras para estimular la organización de la producción agraria?
Señor secretario, ¿de qué manera se está impulsando en la secretaría que está a su cargo la participación ciudadana para que ésta contribuya a establecer una auténtica cultura de respeto y apoyo a la organización agraria? ¿Cómo se está consiguiendo la apertura institucional suficiente como para que la sociedad pueda ejercer su derecho a mantenerse informada y participar en las decisiones de la dependencia que está a su cargo, realizando así al mismo tiempo la vigilancia que le corresponde sobre el cumplimiento de los programas, el desempeño de los servidores públicos y el ejercicio transparente de los recursos?
¿Qué programa, señor secretario, o acciones se realizan para incorporar los trabajos de las organizaciones sociales dedicadas a atender las necesidades de la población rural en materia educativa, de salud, de bienestar o de alimentación, esto, todo relacionándolo con los programas de la secretaría que es también a su cargo?
Por otra parte, observamos, señor licenciado Florencio Salazar Adame, que la difusión de los conflictos en el sector agrario crea en ocasiones la idea de que pudiera estarse registrando un estallido social iniciado precisamente en el campo mexicano. ¿De qué manera influye la política de comunicación social de la dependencia para que esta información se refleje en los medios masivos de comunicación como una política de solución eficaz y efectiva o bien como un problema de la envergadura del señalado en potencia?
Desde luego, señor secretario, nosotros en el grupo parlamentario de Convergencia, dispuestos siempre a una política de apertura, de diálogo y de cooperación institucional para mejor servir a México, estamos prontos a poner nuestro grano de arena y muy agradecidos anticipadamente por sus gentiles respuestas.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias, diputado Garavilla.
Quiero informar a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, que por acuerdo de la Junta Directiva de la comisión, la intervención del licenciado Florencio Salazar Adame, que estaba por 10 minutos acordamos ampliarla a 20 minutos, para que tenga el tiempo y la amplitud de dar respuesta puntual a los cuestionamientos, a las preguntas de los compañeros diputados.
En ese sentido, tiene la palabra el licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por 20 minutos para dar respuesta.
El Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame: Con su venia, señor Presidente.
Aprecio mucho la ampliación del tiempo concedido, porque ciertamente la información que resulta conveniente participar a esta honorable Comisión de Reforma Agraria difícilmente podemos concentrarla en sólo 10 minutos.
Sin embargo, las preguntas que se nos han hecho nos abren la posibilidad no sólo de tratar de dar respuestas muy puntuales, sino además de hacer algunas consideraciones sobre lo que a todos nos preocupa: el proceso de reforma agraria cuando iniciamos un nuevo siglo y se plantea por algunas voces la pertinencia de aplicar políticas que retraigan las reformas celebradas en 1992.
La señora diputada Hilaria Domínguez señala atinadamente que tenemos un subejercicio del 48 por ciento, lo referí en el reporte inicial y explicamos que nuestra institución y en el sector, los procesos tienen lamentablemente una durabilidad y los pasos que conllevan no están controlados necesariamente por nosotros.
Pongo el caso de la solución de un problema de tenencia de la tierra: hay que elaborar el expediente; solicitar un avalúo, que generalmente tarda 3 meses en recibirse, lapso promedio; negociar con el propietario de la tierra, si acepta el precio volver al comité que debe aprobar el expediente en su conjunto, posteriormente emitir el pago, enviar el cheque a los tribunales agrarios para que este asunto sea considerado como una cuestión jurídicamente finiquitada y finalmente, el interesado recibir el cheque y extender los títulos correspondientes a los beneficiarios.
Estos lapsos nos impiden a nosotros que podamos cumplir nuestros ejercicios trimestrales, año con año ocurre lo mismo; en el 2003 a estas alturas teníamos un subejercicio similar al que estamos reportando al día de hoy, sin embargo, al concluir nuestro ejercicio, la totalidad del dinero que erogamos implicó el 99.6 por ciento del presupuesto.
Francamente, nos sentimos satisfechos de haber llegado casi al 100 por ciento y este año esperamos no ser la excepción, sobre todo porque tratándose de problemas tan sensibles y un medio que requiere tantos recursos, sería francamente injustificable que no tuviéramos capacidad para ejercer puntualmente el presupuesto.
Ciertamente en el informe no se hizo una referencia a la ampliación presupuestal que nos concedió esta honorable Cámara de Diputados y me disculpo por ello, lo hemos señalado en diferentes actos públicos, como le consta al señor Presidente de la comisión, hemos expresado nuestro reconocimiento a la Cámara por el recurso adicional que nos ha permitido hoy cumplir de mejor manera los programas a nuestro cargo.
Esta comisión y la Cámara de Diputados ha sido especialmente sensible para dar apoyos presupuestales al sector agrario y con ello, justamente desahogar una serie de temas pendientes que se venían arrastrando desde hace muchísimos años.
En lo que se refiere al subejercicio de FAPPA y Promusag, aquí han ocurrido cuestiones muy similares a lo que hemos referido en cuanto a tratamiento de regularización de la propiedad, en lo que se refiere a pago sustituto.
Ustedes saben bien que se elaboran reglas de operación, se consultan con la Secretaría de la Función Pública, se someten a la aprobación de la Secretaría de Hacienda, posteriormente se publican en el Diario Oficial de la Federación y en seguida se pone en marcha el mecanismo que hace posible la recepción de proyectos y la emisión de los recursos; pero este año hubo un elemento adicional, hubo un compromiso con las organizaciones campesinas de que ellas revisarían las propuestas de reglas de operación y este fue un elemento que también alargó el plazo.
Sin embargo, repito, en este momento se están calificando los proyectos de FAPPA y estamos seguros de que al término del año serán ejercidos al 100 por ciento y ya estamos desahogando recursos de Promusag.
El domingo pasado se cubrieron los correspondientes al estado de Veracruz, el sábado anterior a Tamaulipas, la semana recién pasada también lo hicimos en Chiapas y tenemos ya la programación para que se cumpla puntualmente con estos programas.
¿Para qué hacer un esfuerzo y colaborar con nosotros en cuanto tengamos mayores recursos?, se pregunta la diputada Domínguez. Ciertamente, el proyecto de presupuesto de este año reduce en un 35 por ciento el total de lo que estamos ejerciendo en el 2004.
Yo debo señalar que en la Administración Pública Federal nos sujetamos a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda conforme a las exigencias prioritarias del gasto del sector público.
Las propuestas de proyectos de presupuesto no se someten a votación, sino que son actos de racionalidad, pero reconocemos que en tratándose de los temas que aborda la reforma agraria, por supuesto que aspiraríamos a que esta Cámara igualmente nos apoyara con un presupuesto adicional para poder cumplir puntualmente con los compromisos contraídos desde el año 2003.
Hemos transferido 200 millones de pesos a Fifonafe, pero es una transferencia bastante reciente y es justamente para hacer sustentable nuestro programa de Fondo de Tierra. Como ustedes saben, este es un programa nuevo, creado a instancias precisamente de esta comisión.
El Fondo de Tierra lo que busca es que a través del arrendamiento o la compra se trasladen los derechos del sujeto agrario de los campesinos mayores a los jóvenes campesinos, de tal suerte que podamos cambiar el paradigma en la tierra, haciéndola más productiva, estableciendo incentivos que permitan el arraigo de los jóvenes campesinos y que no migren, que podamos implementar nuevas técnicas de cultivo y para esto, el Fifonafe habrá de administrar y financiar los recursos para dar seguridad económica en cuanto a la viabilidad de este programa. Esa es la razón por la que la transferencia ha sido reciente, pero asegura el financiamiento a largo plazo de este programa.
Ciertamente nosotros deseáramos que todos nuestros programas fueran universalmente conocidos. Cuando se aplican a través de Internet, en efecto se facilita el acceso a muchos interesados y a la sociedad en general. Hay comunidades que no tienen acceso al Internet; pero hay otras muchas que sí lo tienen y las organizaciones campesinas, sus liderazgos, por supuesto, que tengan acceso a los programas a través de esta vía, y a su vez, los divulguen entre sus representados.
Otra forma de divulgarlos es a través de las reuniones que periódicamente celebramos con las propias organizaciones de las representaciones y delegaciones que tenemos en los estados, pero nomás déjenme decirles, en ausencia de la señora diputada Domínguez, que estos programas son de tal manera conocidos, que quienes desean participar en ellos, aún no se publican las reglas de operación cuando ya están presentando expedientes que contienen proyectos y están solicitando información de en qué momento se empiezan a ejercer recursos, de tal suerte que no hay problema por su desconocimiento.
El señor diputado Esteva Melchor, de Acción Nacional, señala que en el caso de los focos rojos de Santa María Chimalapa y colonia Cuauhtémoc hay problemas y que sí en efecto está resuelto el de Santo Domingo Teojomulco y una serie de comunidades involucradas en este foco rojo.
Ambos, los tenemos resueltos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. En el caso de Santa María Chimalapa y la colonia Cuauhtémoc, que fue un problema que tuvo una durabilidad de más de 40 años, se ha presentado una inconformidad por miembros de la colonia en contra de su Consejo de Administración, al estimar que éste pudo haber incurrido en ilícitos, en cuanto al pago de algunos lotes.
Nosotros requerimos a la Contraloría de la Secretaría de la Reforma Agraria, que se realizara una investigación minuciosa, incluso este fue un compromiso que se contrajo frente al Presidente de la República, cuando entregamos esas tierras allá, en Santa María Chimalapa y el reporte que enviaremos a esta comisión y que nos ha adelantado el contralor de nuestra secretaría, es que en cuanto al proceso de solución del problema no han incurrido en responsabilidades servidores públicos de la secretaría y que esto está identificado dentro de la administración de la propia colonia Cuauhtémoc.
Como ustedes saben, lo de Santo Domingo Teojomulco ha sido un conflicto extraordinariamente delicado. Aquí hay distinguidos diputados originarios de aquella entidad de Oaxaca y conocen muy bien que han sido enfrentamientos sangrientos a lo largo de muchos años.
Hay un registro de por lo menos, 60 hechos violentos con un saldo igual de muertes, por el conflicto de tierras, sin embargo, para nosotros es satisfactorio mencionar, que en el caso de Santo Domingo Teojomulco, este asunto está concluido.
Se registró la firma del Convenio de Finiquito el 19 de noviembre de 2003, en donde la Asamblea de Santiago Xochiltepec, aceptó el pago de una compensación de 50 millones de pesos, a cambio de renunciar a cualquier derecho sobre las 4 mil 622 hectáreas y por su parte, Santo Domingo, aceptó 1.5 millones de pesos para reconocer un lindero en disputa.
El estado de Oaxaca, desafortunadamente es el que tiene el mayor número de conflictos agrarios, es al que le hemos puesto, no una mayor atención, pero sí al que le hemos destinado la aplicación de mayor presupuesto y tenemos un avance muy significativo en la solución de conflictos de esta entidad.
Los medios han dado cuenta de hechos lamentablemente que han generado serios problemas de gobernabilidad en el campo oaxaqueño, pero es nuestro compromiso, al igual que los asuntos de esta naturaleza, resolverlos hacia el año 2006.
En cuanto a la selva Lacandona, nosotros identificamos en este foco rojo, la importancia de resolver varios problemas, si no en forma simultánea, sí secuencial.
Por un lado, tenemos el conflicto del reconocimiento de la comunidad Lacandona, en la cual, antes y después, se han encontrado núcleos agrarios debidamente dotados, invasiones diversas y desde luego, el riesgo que implican los asentamientos irregulares que atentan contra la biodiversidad de Montes Azules.
Un análisis y un diagnóstico muy puntual, exigió que aplicáramos medidas de negociación a través de un grupo especializado, para tratar de atender los –números redondos– 150 asuntos que involucran solamente a este foco rojo.
Después de negociaciones muy puntuales con cada uno de los asentamientos irregulares, este año hemos hecho 3 traslados, en condiciones francamente mucho más favorables que en las que se encontraban; los grupos que se han reubicado tienen casas, casa común, tierras comunes, vías de comunicación, energía, así sea por celdas solares, sistemas de agua y apoyos productivos.
Antes se encontraban incomunicados, con problemas serios de insalubridad, de analfabetismo y de desnutrición. Ha sido largo el proceso de negociaciones y eso explica que este año solamente hayamos hecho 3 reubicaciones, pero a lo largo de los meses que nos faltan, haremos 25 más y tenemos el diseño, de acuerdo a nuestro programa, de concluir el tema hacia el 2006.
Estamos acompañados en este programa por la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión de Atención a los Pueblos Indígenas y desde luego, al gobierno del estado.
Y debo señalar enfáticamente, señoras diputadas y señores diputados, que es un proceso como los demás que estamos haciendo por la vía del convencimiento y que en ningún caso se ha utilizado ni se utilizará la fuerza pública para hacer la reubicación.
El señor diputado Margarito Fierros Tano del PRD, señala que fue muy reducido el espacio en el IV Informe del Presidente Vicente Fox y que en cambio se le dio una gran prioridad al Procede.
Quiero señalar que es así, debemos de reconocerlo, pero debo señalarle que en los informes anteriores no hubo una sola palabra para el sector agrario. De tal manera que para nosotros es un aliciente que el jefe del Ejecutivo haya mencionado la atención de los focos rojos y el avance del Procede.
Ahora, ¿por qué es importante el Procede? Porque el Procede ordena la propiedad, porque resuelve los conflictos por límites, por invasiones, porque al establecer claramente la división parcelaria de las tierras comunes e igualmente hacerlo con los solares permite que cada quien sepa lo que es lo suyo.
Y es falso que el Procede sea un instrumento de despojo a los campesinos, desde que se instauró hace 12 años, solamente 800 mil hectáreas en números cerrados han pasado de propiedad social a propiedad privada que equivale al cero punto 9 por ciento.
En cambio, 340 mil hectáreas han pasado de propiedad privada a adoptar el régimen ejidal que equivale más o menos al 3 por ciento de la totalidad de la propiedad social del país; es decir, estamos diciendo que solamente el 0.6 por ciento de la propiedad social se ha convertido en propiedad privada.
Pero la utilidad que tiene es fundamental para que nosotros podamos avanzar en el desarrollo rural integral, sobre todo porque contribuye de manera muy significativa al ordenar la propiedad, a que haya paz social y que el campo sea atractivo para la inversión.
Me parece que sería un grave error no apoyar este programa, en los 12 años hemos certificado prácticamente las 3 cuartas partes del territorio nacional, el Gobierno de la República ha invertido 12 mil 500 millones de pesos, invertirá 2 mil millones más y cerraremos este programa en el 2006.
Es para nosotros muy alentador cuando se entregan los documentos, cómo los campesinos reciben sus títulos porque saben que con ellos la propiedad pasa a ser en efecto suya, se constituye su patrimonio familiar y creo que no sería muy conveniente que esta seguridad se la quitáramos a los hombres y a las mujeres del campo.
En la meseta Purépecha, por cierto, hemos avanzado solamente en la solución de 4 de los 60 asuntos, este problema como usted sabe tiene más de 50 años, está verdaderamente complicado por la interrelación que hay entre unas y otras comunidades indígenas; sin embargo, hemos nosotros iniciado ya un desempeño que nos permite afirmar que hacia el 2006 estará el problema totalmente resuelto.
¿Por qué hemos asignado grupos especiales de atención? Porque justamente el tratamiento a través de las representaciones evidenció que los problemas, como se dijo aquí hace un momento, se administraban pero no se resolvían.
En cambio, hemos integrado grupos especiales que se ubican en el lugar del conflicto, que tienen como tarea estar conversando, hablando, negociando con los grupos en conflicto hasta que los sientan en la mesa, firman un acuerdo de intención y finalmente se procede a la conclusión del problema.
Esto explica que sólo en 18 meses hayamos podido resolver 9 de 14 focos rojos cuya vida promedio era de 50 años.
¿Por qué desaparece el FAPPA? Desaparece el FAPPA porque éste estaba atado a los acuerdos agrarios y tenemos el compromiso presidencial de cumplir con todos los acuerdos agrarios en este año; consecuentemente, estimamos que requerimos más recursos para programas nuevos instaurados a instancias de esta Comisión de Reforma Agraria, que son: la instalación del Joven Emprendedor, el Fondo de Tierras y el FORMAR(¿). Estos 3 programas están destinados a la organización y a la capacitación y justamente a que puedan pasar la tierra de los campesinos mayores a los jóvenes campesinos, y con esto recupera el rostro joven del campo mexicano.
Me parecen muy importantes las preguntas que me ha hecho el señor diputado Marco Antonio González, igual que todas las demás, pero aquí porque me hace un involucramiento de carácter personal.
El se hace una serie de reflexiones de cuál es el papel que debe de jugar un nuevo Estado en la transición y de qué manera estamos realizando cambios sustantivos en el trato entre el Estado y la sociedad y participa ésta en el… (inaudible) de las políticas públicas hacia el medio rural, y luego, señala de manera categórica que porque estamos nosotros desvirtuando programas en Veracruz. Voy a empezar por lo último porque no sé si el tiempo me alcance.
He sido absolutamente respetuoso de las reglas políticas y electorales de mi país. No podemos nosotros asumir que promovemos el cambio democrático y tergiversar en los hechos estos propósitos. Acudí a Veracruz un sábado, día inhábil, estuve durante una hora en un acto del candidato a gobernador, me moví con recursos propios, ni siquiera hice una declaración ni intervine en la reunión y permanecí el fin de semana con mi esposa y con mis hijos. El lunes siguiente, hubo una reunión de trabajo con el secretario de gobierno, donde hicimos una revisión puntual de la agenda agraria.
A mí me parece que una de las cuestiones básicas de cualquier transición democrática es justamente reconocer el valor de la tolerancia, esta es esencia de la democracia; pero en una transición en donde queremos fortalecer nuestras instituciones democráticas, tiene un valor superior todavía.
¿Por qué quiere negarse a los servidores públicos su derecho a ejercer sus responsabilidades ciudadanas? Yo recuerdo que en 1995 la Fundación Colosio, dependiente del PRI, convocó a un gran foro denominado Los derechos políticos de los servidores públicos, participaron, por supuesto, Agustín Basave, que era el presidente de la fundación; la que fue candidata a presidente de la República, del Partido del Trabajo, me parece que también lo hizo el que fue el dirigente de este partido, llamado, de la Flor, y hubo representantes de diferentes organizaciones políticas.
Yo le pido, señor diputado, solamente un minuto más para concluir, porque este tema me parece fundamental comentarlo en la tribuna.
Y en aquel momento, a lo que se concluyó en esta diversidad de representantes, en esta pluralidad de ponentes sobre el tema, era que los servidores públicos, por ninguna circunstancia, podían renunciar al ejercicio de sus derechos políticos, en tanto no usaran recursos públicos, desviaran programas o indujeran a las instituciones a su cargo para que participaran en los procesos electorales.
Y justamente ése ha sido mi comportamiento. No solamente lo señalo con absoluta honestidad, digo es más señor diputado, si se demuestra que un céntimo se ha desviado a una actividad electoral en la Reforma Agraria, que hemos inducido a un solo servidor público a que participe electoralmente utilizando nuestros programas y lo demuestran, en ese momento yo presento mi renuncia al cargo de secretario de la Reforma Agraria.
Pero quiero señalar algo que me parece muy significativo, porque por un lado usted nos hace una serie de planteamientos muy importantes sobre cómo debemos nosotros establecer las nuevas relaciones del Estado con la sociedad, y ustedes, su partido, fueron de las agrupaciones políticas que formaron parte de esta gran corriente que impulsó el cambio democrático en el año 2000 y hoy están ustedes en las filas de la restauración.
Hay que reflexionar y pensar en ello.
Finalmente, el señor diputado del Partido de Convergencia…
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Señor secretario, señor secretario, se le ha terminado su tiempo. Muchas gracias.
El Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame: Si me permiten, dejo mi respuesta para mi siguiente turno.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Estará en la siguiente.
Adelante señor secretario. Permítame compañero diputado. Vamos a pedirles a los demás compañeros que se traten de ocupar el tiempo que se les ha concedido para su intervención.
El Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame: Le agradezco.
A mí me parece que los planteamientos que él ha hecho, son por supuesto de la mayor importancia igual que los de los señores legisladores.
Quiero mencionar que para nosotros la participación de la sociedad civil en cuanto a la vigilancia y los aportes que puedan tener en nuestros programas es fundamental.
Es evidente que las organizaciones sociales representantes y representativas de los campesinos, están en un proceso de reingeniería organizacional, nuevos tiempos, nuevas actitudes y nuevas estrategias.
La Secretaría de la Reforma Agraria y las instituciones que componen al sector, con nuestros programas, con la información sobre los programas, con el apoyo de los recursos de que disponemos, estamos, desde luego en condiciones de abrir los mayores espacios a los grupos organizados, ha sido para nosotros muy alentador, encontrar cómo mujeres organizadas de diferentes partes del país, igual que campesinos en tierra, llevan adelante proyectos productivos, los exponen en ferias para poder promover sus artículos frente a intermediarios y comercializadoras, y de qué manera el ciudadano va encontrando la fuerza de la organización ciudadana en forma directa sin intermediarios.
Pero por otra parte reconocemos que las organizaciones sociales son los mecanismos de intermediación propios de cualquier sistema democrático, y a que a través de ellos establecemos consensos, reformulamos programas, equilibramos nuestras políticas y juntos vamos avanzando para alcanzar el desarrollo real que tanto nos importa.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Gracias, señor secretario.
Le concedemos la palabra, hasta por 5 minutos, para réplica al ciudadano diputado Oscar Félix Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Oscar Félix Ochoa: Con el permiso de las y los integrantes de esta Comisión de Reforma Agraria, con el permiso del diputado Presidente de la mesa, de los funcionarios e invitados especiales.
Señor secretario, las preguntas hechas por mi compañera diputada Hilaria Domínguez, fueron muy claras y puntuales, no así su respuesta, por lo que permito expresar lo siguiente.
El presupuesto definitivo, incluyendo el Programa Especial Concurrente entró en operación en abril, por lo que no es de ninguna manera aceptable que en los informes correspondientes al mes de agosto, que sirven de base al informe presidencial, se sigan recurriendo a los números de diciembre. Esto sólo no puede ser un intento de presentar avances más allá de lo realmente obtenido.
En relación con la modernización y fortalecimiento de la estructura operativa de la secretaría, no vemos avance ya que las propuestas presupuestales enviadas por el Ejecutivo, las salidas que dan a las deficiencias de estructura, es la ampliación de la partida de servicios generales, lo cual sólo indica que han optado por sustituir la estructura por contratos de servicios externos, más caros y no necesariamente más eficientes.
Considero que la falta de propuestas en relación al tema, eje de política agraria promovida por el Ejecutivo de modernización institucional, obedece a la falta de voluntad política para defender, ya no digamos fortalecer a las instituciones agrarias del país, de otra forma no se puede explicar; no sólo lo comentado en relación al gasto en servicios generales, sino principalmente la aceptación del programa de retiro voluntario que adelgazó aún más las estructuras de la secretaría.
Es claro que el subejercicio obedece tanto a la estructura operativa como a la voluntad para impulsar los programas tanto de la Secretaría de Hacienda, como de la propia Secretaría de Reforma Agraria y en primera instancia del Ejecutivo Federal.
Por lo anterior demandamos, que las acciones, las propuestas de presupuesto y su ejercicio, se atengan de manera equilibrada a la propia política agraria pregonada por el Ejecutivo, por el análisis del ejercicio del presupuesto se hace evidente la parcialidad a favor del Procede, es el único que aumenta, inclusive más allá de lo autorizado por esta Legislatura, pasando de 490.3 millones de pesos, incluido lo asignado vía INEGI a 464.8 millones de pesos.
Y en perjuicio de los programas para abatir la pobreza como los productivos, no para reducirla y facilitar el desplazamiento de la población rural, como los de mercados de tierras, lo que deja claro que los ejes de la nueva política agraria de capacitación y organización social, económica y aprovechamiento, integración productiva, modernización e institucional y participación ciudadana.
Son meras declaraciones, ya que sin capacitación y organización la integración productiva no es posible. Es ridículo plantearse con seriedad la participación ciudadana; primero, porque no se promueve vía organización y capacitación; segundo, porque las instituciones no cuentan con las instancias y procedimientos para hacerla efectiva, ya que no han hecho su trabajo en la tarea de modernización institucional.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias, diputado Oscar Félix Ochoa.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para réplica, el diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ramón González González: Señor secretario, señor Presidente, secretarios de la comisión, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos, ciudadanos que nos honran con su presencia:
Hemos analizado el IV Informe de Gobierno dentro del grupo del Partido Acción Nacional, y pues en relación con el tema que hoy nos ocupa, hemos visto que ha sido claro el Presidente aun cuando no ha tocado los aspectos generales; yo creo que en el documento sí viene de alguna manera explicado pues a detalle las acciones que ha seguido esta secretaría.
Y así muy en términos generales, pudiéramos repito, coincidir en que en esta labor tan importante que abarca la reforma agraria, se han estado tocando los asuntos más importantes de fondo, no solamente se les ha tratado de dar un maquillaje, sino que de fondo se han tratado de resolver; esto desde luego sin reconocer que hace falta todavía mucho por hacer, que hay rezagos muy importantes, pero sobre todo hemos dado un paso importante al reconocerse al sector agrario de México, a los campesinos de una manera particular que ya han adquirido la mayoría de edad, que no requieren ya de la tutela que siempre se había venido dando durante toda la historia de nuestro país.
Hace falta desde luego también, hacer una revisión a las leyes, a la legislación en general en materia agraria para afinar algunos detalles, cerrar esos detalles que se nos escapan y sobre todo para también de alguna manera regular la actividad de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales en esta materia; ya que sigue habiendo gobernadores que hoy en día utilizan toda la estructura de la secretaría, toda la estructura de sus gobiernos locales para llevarlos a los procesos electorales, para utilizarlos con fines políticos, y tal es el caso concreto, como lo señalaban aquí hace un momento, del gobernador de Veracruz, que utilizó toda la estructura.
Yo creo que suena un poquito en el cinismo lo que decía el del Partido Verde al hablar de la intervención del funcionario de la secretaría cuando ese partido el día de la elección tuvo básicamente abiertos los medios de comunicación para hacer su campaña. Entonces, sí nos parece medio cínico un comentario que hace aquí en esta tribuna este día.
De alguna manera, el tema que tocó el Presidente en el informe al hablar de Procede, por ejemplo, es de suma importancia, ya que al entrar este gobierno había casi un rezago de casi 40 millones de hectáreas por regularizar y eso es lo que le da certeza, seguridad a nuestros campesinos; por eso es importante que a ese programa se le invierta y se le siga invirtiendo lo más que se pueda para poder salir adelante.
Es de reconocer la labor tan importante que ha habido de la Secretaría de la Reforma Agraria dentro de su capacidad de diálogo, de diálogo con todos los sectores para lograr resolver esos problemas que ya nos han señalado aquí dentro de los focos rojos.
Si no fuera por ese diálogo, por esa capacidad tan importante para dialogar con todos los sectores, sería difícil resolver esos problemas que tenemos en el campo. También la capacidad de planeación ha sido muy concreto en cada uno de los puntos para resolverlos.
Y yo creo que de alguna manera al hacerse realidad lo que hemos escuchado, lo que hemos leído en el informe y lo que hemos escuchado el día de hoy, de que para el 2006 vamos a tener resueltos los problemas agrarios en su gran mayoría.
Eso nos debe alentar a todos los mexicanos para que de una vez por todas ya no se utilice a nuestros campesinos como carne solamente para llevar a los mítines políticos como instrumentos para ir a las elecciones. Vamos dándole autonomía a ese campo mexicano para que México progrese, para que haya certidumbre, para que haya tranquilidad en el campo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Gracias, diputado Ramón González González.
Tiene la palabra hasta por cinto minutos para réplica el diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Margarito Fierros Tano: Con el permiso, Presidente, compañeras, compañeros diputados.
Le agradezco sus comentarios, señor secretario a nuestras inquietudes, sin embargo, nosotros no coincidimos en que con Procede va a haber paz social en el campo, eso no creemos que será así.
En el campo mexicano ha habido paz, ciertamente hay algunos asuntos complicados, pero el Procede no ha venido a arreglar los problemas que tenemos; creemos que es conveniente seguir trabajando, vamos a apoyar a nuestra fracción parlamentaria en lo que se tenga que hacer para seguir con el Procede, pero eso no implica, eso no implica que los problemas se van a resolver.
Creemos que es necesario meternos más al campo con proyectos productivos, además creemos que el sector agrario no se debe apartar de los mandatos legales que tenemos. El artículo 27 constitucional, fracción XX, es muy claro, el artículo 4º de la Ley Agraria mandata al Ejecutivo Federal que promueve el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento y actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.
Este mandato es perfectamente claro, señor secretario y ustedes hacen lo contrario. El FAPPA, es un programa importantísimo en el campo que ha generado desarrollo, que ha generado empleo en las diferentes comunidades que se benefician con este programa y ustedes están planteando su desaparición.
Nos parece incongruente que vaya en contra de la Ley Agraria y que vaya en contra de la Constitución. Creemos que eso no debe ser la política en el campo.
El Promusag. Una compañera diputada decía que en el Ejercicio Fiscal 2004 tenía 400 millones de pesos. Es cierto, ustedes ahora lo están planteando solamente con 50 millones, creemos que tampoco está cumpliendo con el mandato constitucional, por el contrario, está disminuyendo estos programas que para nosotros, repetimos, son importantes en el desarrollo del campo y que han venido generando empleo y podemos citar, hay muchos proyectos en Michoacán que han bajado a través de FAPPA y del Promusag, son proyectos exitosos que se están desarrollando en las diferentes regiones. Entonces, consideramos que es importante que se revise esa parte para que no desaparezcan estos programas, estos proyectos que han venido a apoyar a la gente de campo.
Las reglas de operación. Es importante que revisemos las reglas de operación. Ustedes en el programa nuevo Joven Emprendedor, comentando con el subsecretario Peter Ríos, el Diario Oficial de la Federación del día jueves 30 de septiembre de este año, señala los criterios para considerar a los ejidos y comunidades que pueden incluirse en el Programa Joven Emprendedor, esto se encuentra publicado en la página 65, IV sección de los lineamientos.
El número 3 dice, textualmente que "los ejidos y comunidades deben contar con un avance significativo en Procede. Si el Procede es voluntario, señor secretario, ¿por qué le ponen ustedes, la secretaría, como requisito que esas comunidades y esos ejidos cuenten con un avance significativo en Procede? ¿Será que ya lo están ustedes haciendo obligatorio?
Esto creemos que no es así y además, tenemos muchas dificultades en algunas comunidades. Yo le mencionaba algunas, la comunidad indígena de Cuanajo, municipio de Pátzcuaro, no está de acuerdo con el Procede y de pronto la Procuraduría Agraria convocó a una asamblea para otra cosa, para otros fines y esas firmas, esa acta de asamblea la aplicaron, la quisieron meter como que la comunidad había aceptado el Procede, cosa que no es así.
Ojalá esa enmienda a ese error se pueda enmendar, creemos que estamos a tiempo y no vaya a generar otras dificultades. Por eso es necesario que se revisen las formas de cómo va caminando este programa del Procede para que no vaya a violentar la vida interna de los ejidos.
Por último, yo quiero recordarle, hace un año, en la comparecencia que tuvimos, le solicitamos su intervención en el ejido de San Rafael, municipio de Contepec. Tenemos una resolución del Tribunal Agrario, donde ordena a la Secretaría de Reforma Agraria que se integre el expediente de expropiación, tenemos aquí la resolución, se la dimos el año pasado, se la dimos en la visita que hizo a Michoacán al subsecretario Gilberto Hershberger, se la entregamos y ni siquiera, señor secretario, desde hace un año, ni siquiera hemos podido avanzarle con el estudio de impacto ambiental. ¡Fíjese nada más!
El estudio de impacto ambiental es un requisito que exigen para que pueda proceder el expediente de expropiación, estas torres de compañía de Luz y Fuerza tienen invadido el ejido desde hace más de 30 años y apenas, apenas se va a hacer el estudio de impacto ambiental y por ese requisito no podemos avanzarle.
Yo nuevamente le voy a entregar el expediente y la resolución del Tribunal Agrario, ojalá para el próximo año en la comparecencia, tengamos una respuesta algo avanzado, por lo menos, el estudio de impacto ambiental. Muchas gracias.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Gracias, diputado Margarito Fierros Tano.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para réplica, el ciudadano diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Señor secretario de la Reforma Agraria, previo a entrar a las ideas torales, sí me gustaría contestarle al señor diputado, con relación a su referencia.
Señor diputado, nosotros no utilizamos los medios el día de la jornada electoral, infórmese, señor diputado.
Inverosímil sí lo es, la manifestación del señor Presidente de la República en la asamblea de su partido.
En otro orden de ideas, señor secretario. Se ha afirmado que la política agraria está diseñada en diversos programas para lograr el ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural y aquellos que fomenten el desarrollo agrario integral, con la aplicación eficaz de los recursos presupuestales y naturales.
Sin embargo, estos programas no logran establecer una visión clara de cuál es la tarea del Estado en la reforma agraria; si se pretende crear las condiciones necesarias para el proceso productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales, que propicien bienestar en el medio rural, los programas agrarios deben de estar dirigidos preferentemente a las clases más desfavorecidas, sin descuidar aquellas que también requieren del apoyo del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que puedan progresar e insertarse nuevamente y de manera digna de su condición humana a la dinámica de nuestra vida social y productiva.
En el Partido Verde Ecologista de México estamos sumamente preocupados por las condiciones en que se encuentra el agro nacional. Por ello, consideramos que es necesario impulsar una transformación de las estructuras agrarias existentes, de modo que se privilegie a la formación de proyectos productivos y no sólo la tenencia de la tierra.
En este sentido, se deben incorporar estructuras financieras que canalicen hacia el campo apoyos efectivos para las entidades más productivas del campo, con el fin de que se superen las contingencias naturales de esa actividad.
Así mismo, que se protejan de manera efectiva y oportuna a las entidades agrícolas en casos de desastres naturales ampliando y elevando la aplicación y cobertura del seguro agrícola.
Consideramos también pertinente que el titular de la secretaría se conduzca de manera partidista, que trabaje para todos los mexicanos y no para unos cuantos.
A sus referencias, señor secretario, obvio es que fuimos copartícipes del triunfo de 2000.
Hoy reconozca usted que desafortunadamente el cambio ha fracasado. No hay restauración, señor secretario, congruencia, certeza, credibilidad, ejercicio de gobierno, experiencia, señor secretario.
Así también, el país requiere de un desarrollo agropecuario sostenido, que incorpore el costo ecológico a los costos económicos de producción mediante una reglamentación clara y específica, que a su vez funcione como una fuente de recursos revolventes al campo y a las otras actividades del sector.
En México, un verdadero reconocimiento de la importancia de los recursos naturales y el medio ambiente debe considerar como instrumento esencial una completa tipificación de los recursos naturales del país.
Es de importancia primordial aprovechar los avances que algunas instituciones públicas como el INEGI o la Universidad Nacional Autónoma de México tienen en tecnología de punta en este ámbito.
La optimización de los recursos permitirá determinar estructuras productivas adecuadas, evaluar la posibilidad de reincorporar tierras susceptibles de cultivo y añadir correctamente y sin ambigüedades el marco ecológico de un nuevo planteamiento de Ley Agraria.
Una política selectiva de subsidios que asegure la producción de granos básicos y vaya permitiendo elevar gradualmente la productividad y rentabilidad de estos cultivos.
Sin embargo, no debe buscarse como un fin la eliminación total del crecimiento de los precios sin resolver el problema productivo del sector agropecuario y de todos los demás sectores de la economía.
Una política real de fomento agropecuario, la cual es útil como un elemento aislado por lo que es necesario combinarla con acciones encaminadas a elevar la rentabilidad.
La política de fomento debe incluir la recuperación de los niveles de inversión pública en infraestructura, en investigación y una expansión de crédito agropecuario con condiciones que no limiten el desarrollo del sector, así como la implementación de la obligatoriedad de que las instituciones de crédito dirijan recursos frescos y oportunos al financiamiento del sector.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias, diputado Luis Antonio González Roldán.
De conformidad con el punto 4º, fracciones VI, VII y VIII del acuerdo aprobado por los grupos parlamentarios, han inscrito para que intervengan en la segunda ronda de preguntas y réplica, hasta por 5 minutos, a los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Lamberto Díaz Nieblas, diputado Roberto Aquiles Aguilar; por el Partido Acción Nacional la diputada Margarita Chávez Murguía, diputado Rubén Alfredo Torres Zavala; por el Partido de la Revolución Democrática, diputado Marcelo Herrera Herbert y diputada Ana Lilia Guillén Quiroz; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Luis Antonio González Roldán.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta el diputado José Lamberto Díaz Nieblas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Lamberto Díaz Nieblas: Señor secretario, bienvenido. Muchas gracias por su comparecencia; gracias, diputado Presidente.
Yo quiero referirme, pues, a los temas que se han venido comentando, producto de esta comparecencia y principalmente debo referirme a que hemos encontrado en la secretaría un trato directo, amable de sus funcionarios y todos sus colaboradores, en la entrega de la información y en las visitas que hemos hecho, de campo; y ahí hemos podido constatar si hay avances en el Procede y avances en la certificación, avances en los conflictos agrarios; y yo creo que eso debe de llenarnos de satisfacción de que se esté avanzando en ese sentido en el campo, porque como bien lo reconoció, señor secretario, pues se debe a que ha habido, de alguna manera una alianza en cuanto a fortalecer los presupuestos y en cuanto a buscar los resultados que el campo mexicano exige, pero que a la vez debemos de ser muy claros también, muy reconocidos de la insuficiencia y suficiencia en el pasado e insuficiencia en el presente, que ha tenido, principalmente los comuneros, los ejidatarios, el sector social, que a esta secretaría en mucho le corresponde atender.
Yo creo que eso es la insuficiencia, es lo que debemos de atender ahorita, actualmente, y yo quiero referirme pues, a la necesidad de una reorganización, de una reestructuración del sector agrario, de fortalecer en lo consiguiente, todos los programas que vengan a poder brindarle a los campesinos, a los ejidatarios, la posibilidad de competir, de competitividad, de organización económica, de financiamiento, pero también, cuidar el aspecto de la capacitación, cuidar aspectos de asesoría técnica, del desarrollo comunitario.
De esa tercera etapa, que yo siento que nos estamos tardando en dar este paso, este paso hace mucho, esta tercera etapa que debimos de haberlo iniciado en nuestro país.
Yo creo que lo que más nos debe de preocupar ahorita no es quién esté gobernando, sino qué resultados, qué avances tenemos en los campesinos que estamos atendiendo; qué nivel de vida hemos elevado en el campo, si es que lo hemos elevado.
Yo creo que esa es la gran pregunta que se hace la sociedad, esos, los que pagan los impuestos, quieren saber qué efectividad están teniendo sus presupuestos en el campo.
Yo creo que eso viene pues, a brindarnos el reto, el reto que tenemos en este Poder Legislativo y en el Ejecutivo y eso debe centrar nuestra atención. Hay mucho que hacer en la producción, hay mucho que impulsar en reconversión, en la diversificación económica, en buscar la rentabilidad de la agricultura del sector social, en avanzar la vinculación entre los organismos, las instituciones que se encargan de la investigación, la enseñanza y que desafortunadamente no lo vemos en el campo, no vemos esa vinculación de lo que se investiga, de que se transfiera esa tecnología a los campesinos.
Yo creo que eso es "una verdad de a kilo" y yo creo que esa es la tarea que nos debe de tener a nosotros ocupados en resolver en los próximos días. Debemos atender a los comisariados ejidales; los tenemos muy limitados en sus facultades, en la organización para la producción, en resarcir el fortalecimiento del tejido social, en vincular ese trabajo de una política de Estado para nuestro país y esa política debe de englobar el esfuerzo de los gobiernos, no nada más de los estados, sino de los gobiernos municipales.
Por eso, señor secretario, yo le quiero decir pues, que en los mil millones y feria de pesos que se le dedicaron a los conflictos sociales, a los acuerdos que vienen atrás, vemos nosotros insuficiencias y lo he constatado en una invitación que usted me hizo a San Clemente de Terapa y Tepache, que todavía no está resuelto ese problema.
Lo vemos en nuestros yaquis, en Ciudad Obregón, en el Valle del Yaqui, en el estado de Sonora, lo vemos en Los Chimalapas, lo vemos en San Juan de la Lana, lo vemos también en la comunidad de San Sebastián, Jalisco y en los posesionarios del puente Camotlán-Nayarit; hay insuficiencia todavía.
Por eso, van las siguientes preguntas que le quiero hacer: ¿existe algún programa tendiente a fortalecer y consolidar los acuerdos que dieron solución a los conflictos? Y en caso afirmativo, ¿en qué consiste este programa? ¿Se han identificado las causas que originaron los conflictos entre ellas? ¿Qué peso tiene la pobreza y el abandono del campo? ¿Qué medidas se han propuesto para que no se generen más conflictos? La inejecución de las resoluciones presidenciales o sentencias de la Corte y los Tribunales Agrarios originaron nuevos focos amarillos y rojos, con los yaquis de allá de Sonora, ¿qué avances tenemos en la solución del conflicto? ¿Cómo evalúa la posibilidad de avanzar en esa solución restituyéndoles la tierra y no sólo ofreciéndoles compensaciones económicas que lo vimos en Chiapas?, o sea, esa situación si lo evalúa a su cargo, si podría ser aplicado el mismo criterio para estos núcleos agrarios en Sonora.
Y por sus respuestas, anticipadamente le agradezco.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias, señor diputado José Lamberto Díaz Nieblas.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta la diputada Margarita Chávez Murguía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía: Diputado Manuel García Corpus, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara de Diputados; compañeros y compañeras diputados y diputadas; licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, sea usted bienvenido a esta soberanía.
Cierto es que no se puede dar la justicia social en el campo en tanto no se resuelvan los problemas agrarios.
Es un hecho que existen problemas en el sector agrario, como también es un hecho que el Gobierno del Presidente Vicente Fox, con usted secretario a la cabeza de ese sector, de la Secretaría de la Reforma Agraria ha logrado grandes avances gracias al giro de estrategia asumida.
Pasaron de la administración de los conflictos de gobiernos anteriores a la búsqueda de solución de los conflictos, de la atención de lo sencillo a la solución de aquellos asuntos que por su complejidad requieren mayor esfuerzo, recursos y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo, la atención directa y cercana con los involucrados.
Es un hecho que marcaron como prioridades la solución de conflictos y la regularización de la tierra como elementos necesarios para lograr la certeza jurídica que requieren los ejidatarios y los comuneros y que les permite o les permitirá en función como se vaya logrando el avance, la reactivación económica y de la productividad de sus tierras y siendo ésta indispensable para la reducción y prevención de futuros conflictos sociales, que en buena medida y aquí ya también se ha dicho, ha empobrecido a los integrantes de los núcleos agrarios, los avances así nos lo demuestran.
El Procede constituye el elemento más importante para otorgar certeza jurídica en los derechos de la propiedad, lo que sin duda hace de México un país más competitivo, programa que es en sí mismo la base para conformar un catastro real nacional, catastro que aunado al Programa de Modernización de Registro Público de la Propiedad que impulsa Conafovi, permitirá entre otros beneficios una verdadera planeación nacional.
Por eso, señor secretario, queremos conocer cuál es el proyecto para conformar y mantener actualizado este catastro que sirva para el diseño de políticas públicas y un instrumento para la planeación de este país.
Mencionaba el compañero diputado que había otros programas que podían ser más importantes o más prioritarios que el Procede. Yo creo que siendo importantes también y necesarios otros programas que precisamente tienen el objetivo de impulsar el desarrollo productivo, así como también dar apoyo en esas comunidades, en ese sector agrario tan empobrecido, lo cierto es que por más que le pongamos más programas, más dinero, en tanto no le pongamos una solución en seguridad jurídica de la tierra, en su regularización, no pasarán de ser paliativos.
De ahí pues, que creo que estaremos convencidos los diputados en que en la medida de lo posible, y creo que en ello también le está apostando el secretario de la Reforma Agraria, de que en la medida de lo posible podamos nosotros fortalecer ese tipo de programas productivos, pero cierto es que aceptando y considerando la gran relevancia e importancia que tiene avanzar y terminar el Procede, así como la importancia y relevancia que tiene el poder tener un catastro de la propiedad social.
Respecto al FAPPA, sí, no me voy a quedar con la duda, más bien con la consideración. Creo, diputado, que precisamente en ese sentido podríamos nosotros fortalecerlo, amén de que pudiéramos concretar también con otras secretarías que atienden más o menos al mismo tipo de beneficiarios para que no se dupliquen y podamos optimizar y hacer mucho más eficientes los recursos que canalicemos a ese tipo de proyectos.
Por otro lado, secretario, nos gustaría saber cómo han beneficiado a la población indígena los programas del sector agrario. Esto, considerando que en donde precisamente los problemas son mucho más fuertes, mucho más complicados, son precisamente en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, que en su mayor parte están esos problemas enfocados o ubicados en comunidades indígenas y zonas forestales.
Por último, la verdad no entiendo la reclamación respecto a la reducción de personal, cuando esto fue un mandato de la Cámara de Diputados en el presupuesto del 2004.
Y discúlpeme diputado del Verde Ecologista, yo estuve en Veracruz el día de las elecciones y yo, personalmente, escuché los mensajes en el radio.
Muchas gracias. Por sus respuestas, muy amable secretario.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Gracias diputada Margarita Chávez Murguía.
Le cedemos la palabra hasta por 5 minutos para formular su pregunta, al ciudadano diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marcelo Herrera Herbert: Buenas tardes a todos, casi noches. Bienvenido señor secretario, y con su permiso señor Presidente.
Hace un año en su comparecencia ante esta Asamblea, indicó que la permanencia de la Secretaría de la Reforma Agraria se justificaba por su contribución a la gobernabilidad rural, que este es un país que aspira a que haya un ordenamiento social, certidumbre en la tenencia de la tierra y que los sujetos agrarios puedan participar en actividades productivas que les den mejores ingresos.
Afirmando, además, que esta es la tarea esencial de la tercera fase de la reforma agraria. Se entiende además que los objetivos de esta tercera etapa deben coincidir con los fines que se establecen en el Acuerdo Nacional para el Campo, en particular los que refieren a que el Ejecutivo Federal debe orientar políticas para el logro de la soberanía y autosuficiencia alimentaria.
En este ámbito, el Acuerdo Nacional para el Campo incluye el compromiso de la reforma agraria de atender oportunamente 235 asuntos en materia de posiciones irregulares en propiedad privada y 271 en posición irregular en propiedad social.
Señor secretario: ¿En qué sentido se ha avanzado en la tercera fase de la reforma Agraria, a un año de haber formulado este reto? ¿Qué acciones tiene la Secretaría, dado que en algunos estados se ha declarado el cierre operativo del Procede? ¿En qué medida los programas del sector agrario han dado cumplimiento al Acuerdo Nacional para el Campo? ¿En qué sentido de la dependencia a su cargo han contribuido a la consecución de la soberanía y seguridad alimentaria?
Se debe observar también que el tema de la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, se encuentra presente no sólo en el discurso del Partido Acción Nacional, sino en los hechos que realiza la dependencia que anuncia su permanencia o retiro.
En este sentido, señor secretario, ¿qué acciones reales actúan en favor de la dependencia a su cargo? ¿Y éstas cómo se reflejan en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2005?
En el tema de expropiaciones de terrenos ejidales y comunales, existe retraso en los pagos correspondientes y procedimientos valuatorios que diferencian los que se aplican en terrenos del sector social, con el que se encuentran en posesión de propietarios privados.
Señor secretario, ¿con qué metodologías se determinan los montos de indemnización de terrenos ejidales y comunales, y si éstos son las mismas que se aplican a terrenos de propiedad privada? ¿Por qué los avalúos de la propiedad social resultan inferiores a los que se aplican a la propiedad privada?
Por otra parte, aunque ya se ha platicado bastante, la tribu ya queda anunciada ante la opinión pública que el Fideicomiso Nacional de Fomento Ejidal, Fifonafe, ha llevado a cabo asuntos antijurídicos, que resulta de la firma de un documento entre el organismo y personas que se autoproclaman representantes de la tribu, para legalizar de la expropiación de más de 30 mil hectáreas.
Esta situación la ha denunciado la tribu Yaqui, desde el año 2001, ante el Congreso de la Unión y Congreso local, y de manera formal en las comisiones de Asuntos Indígenas de dichas instancias y ante el relator de la ONU.
Señor secretario, ¿qué atención le merece el mandato constitucional que establece el respeto a las formas tradicionales de organización indígena, en particular de la tribu Yaqui? ¿Por qué el Fifonafe ha suscrito convenios de concertación y acuerdos formales con personas que no cuentan con el respaldo de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui? ¿Qué acciones ha desarrollado la secretaría a su cargo para respaldar el desarrollo, que la tribu Yaqui ha plasmado en su plan estratégico para superar las condiciones de pobreza y de marginación de sus integrantes?
Asimismo llama la atención que entre los (inaudible) resueltos, se incluya a Santo Domingo Teojomulco contra Santiago Xochiltepec, Oaxaca, cuando conforme a los antecedentes y opiniones actuales de los habitantes de la región, el conflicto principal es el Presidente de San Lorenzo Texmelucan y Santo Domingo Teojomulco. Esto es porque desde 1941 se inicia el verdadero conflicto que es motivado por la venta legal de tierras de Santo Domingo Teojomulco a San Lorenzo Texmelucan, situación que toma un nuevo cause en 1966, cuando se publica la resolución presidencial que reconoce a Teojomulco los derechos correspondientes; sin embargo, a la fecha la posición de las tierras (inaudible) Texmelucan.
Existe por lo tanto una visión inadecuada de la problemática que amenaza la tranquilidad de la región, no sin antes aclarar que los conflictos agrarios han sido y pueden ser utilizados por los grupos del poder local interesados en el manejo de los recursos naturales, para avanzar en su control y romper el tejido comunitario por la vía de la confrontación.
Señor secretario, la masacre de Aguas Frías se atribuyó a conflictos agrarios, ¿por qué sólo hasta que hubieron hechos sangrientos, la Secretaría, hoy a su cargo, tomó cartas en el asunto? ¿Tiene usted conocimiento que el conflicto no es precisamente Teojomulco contra Santiago Xochiltepec, sino por muchos años atrás el principal problema fue, ha sido y es, Teojomulco contra San Lorenzo Texmelucan, donde se han dado cíclicamente enfrentamientos con resultados lamentables en pérdidas de vidas, como ha ocurrido desde 1952 hasta el 2004?
Señor secretario, termino, las diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, por mi conducto le expresan su más enérgica preocupación por la situación que atraviesa el campo mexicano, por ello no sólo requerimos sus respuestas puntuales, sino su atención comprometida para avanzar en la resolución de la problemática descrita.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Gracias, diputado Marcelo Herrera Herbert.
Le concedemos la palabra, hasta por 5 minutos para formular su pregunta, al diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados, señor secretario de la Reforma Agraria:
El Partido Verde Ecologista de México esta consciente de la importancia que tienen los recursos naturales en torno al desarrollo del campo. Sabe que es falsa la alternativa entre fomentar el desarrollo agrario y la conservación de los recursos naturales; por el contrario, estamos convencidos que se puede simultáneamente realizar uno y otro en beneficio del equilibrio de los ecosistemas y de las economías de las familias que podrán trabajar y tener empleo con la adecuada explotación de los recursos naturales en relación con el agro mexicano.
Por eso me gustaría preguntarle, señor secretario ¿qué se está haciendo para fomentar la creación de empresas de desarrollo rural, para procurar la participación de las comunidades locales en los procesos de producción agraria, para lograr la incorporación de las comunidades indígenas en los procesos de producción agraria, para implementar la tecnología adecuada en los lugares de menor desarrollo?
En materia de tenencia agraria, la misión principal de la secretaría a su cargo es coordinar los esfuerzos gubernamentales para formular estrategias que orienten una correcta ejecución de los programas que se refieren a la propiedad, tenencia y uso de la tierra. El resolver la problemática agraria y el desarrollo rural, son fundamentales para dar respuesta a la mayoría de la población que es afectada por la inseguridad, producto de la incapacidad del gobierno para realizar su labor.
Ciertos estamos que se debe contribuir con la reforma agraria, al registro y catastro de las propiedades y de manera conjunta con el INEGI y al Sistema de Información Geográfica Nacional, y además de solucionar conflictos de tierras debe establecerse mecanismos de inversión para mejorar la propiedad rural.
Aun y cuando las reformas agrarias forzaron una redistribución de la tierra entre los grupos campesinos e indígenas, los recursos financieros y técnicos complementarios requeridos para aprovechar las nuevas oportunidades fueron invariablemente colocados al servicio de otros.
Por ello, quitarle tierras a alguien para darle a otros no es la forma de solucionar el problema, la tierra se le debe de dar a los que la soliciten dentro de un marco legal y evitar con ellos las invasiones que se registran en diversos puntos del país por parte de los campesinos, las que son propiciadas por la necesidad y las carencias que padecen los campesinos.
Para evitar ello, se debe impulsar la solución de conflictos de propiedad agraria, sobre todo en el caso de tierras ubicadas en zonas de riesgo. Asimismo, constituir un régimen de propiedad colectiva de tipo corporativo para aumentar las economías de escala y la productividad de la pequeña propiedad y establecer un esquema de subsidios y apoyos para buscar la autosuficiencia de productos alimentarios básicos y no perseguir la competitividad en exportaciones agrícolas. Por sus respuestas, muchas gracias señor secretario.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Gracias, ciudadano diputado Luis Antonio González Roldán.
Le cedemos la palabra al licenciado Florencio Salazar Adame, hasta por 20 minutos para dar respuesta.
El Secretario de la Reforma Agraria Florencio Salazar Adame: Señor diputado Oscar Félix Ochoa, nos ha recriminado el hecho de que no hayamos agotado el recurso presupuestal programado a este mes.
Hemos dado ya las explicaciones, no obstante voy a remitir por escrito un informe puntual y le voy a pedir al oficial mayor que lo haga mañana mismo, de tal manera que tenga la información a la vista, de cuáles son los procesos que se realizan en la secretaría y en el sector y de qué manera se van agotando los recursos presupuestados, y desde luego no falta voluntad política para cumplir con los programas. Sí requerimos mayores recursos, especialmente para el Procede y la solución de conflictos sociales.
Aprecio mucho los comentarios señor diputado Ramón González y en efecto, como bien lo ha señalado el Procede es un programa fundamental, no nos fatigaremos de reiterarlo.
Hay un gran esfuerzo del Gobierno de la República desde el año de 1992, conviene que esta comisión y los señores diputados y diputadas examinen muy bien las características del programa, sus contenidos y sus alcances, para que se advierta que es un importante valor agregado que habrá de posibilitar el desarrollo rural integral del campo mexicano.
Desde luego, como lo señala el diputado Margarito Fierros Tano, se requieren proyectos productivos, sin embargo, este año ejercimos entre FAPPA y Promusag y estamos ejerciendo 800 millones de pesos, los impactos que provoca en cuanto a mejorar la condición de vida en el medio rural francamente son muy limitados; siendo una cantidad tan significativa dentro de nuestro presupuesto, es modestísima tratándose de la demanda amplísima que hay de campesinos y campesinas.
De cualquier modo, cualquier recurso que se otorgue siempre es un estímulo que puede cambiar la condición de vida de algunas familias, de tal manera que no nos oponemos a que el Congreso pueda hacer las asignaciones en esta materia.
Formar la instalación del Joven Emprendedor y el Fondo de Tierras, son programas que lo que buscan es, más allá del subsidio público, corresponsabilizar a los jóvenes y a los sujetos agrarios para que tengamos proyectos productivos de mayor aliento, y que además podamos establecer un cambio de paradigmas en el campo mexicano.
Hoy somos improductivos en buena medida porque está envejecido el sujeto agrario, la edad promedio de los campesinos y campesinas es de más de 55 años; no cambian sus técnicas de cultivo, no acceden a nuevas tecnologías, no tienen recurso de financiamiento y como la seguridad social no fue prevista para los hombres y las mujeres del campo, se mantienen en la tierra porque no tienen otro recurso de sobrevivencia.
Si nosotros podemos transferir la tierra a manos jóvenes, vamos a dar un giro fundamental en este aspecto y haremos propicio que los jóvenes, con una nueva mentalidad, con nuevos recursos, con nuevos ímpetus, puedan acceder a la tierra y al mismo tiempo otorgar una renta a los campesinos mayores para que puedan retirarse del trabajo arduo que significa el trabajo en la parcela.
Las reglas de operación se acaban de poner en marcha, es un programa que estamos iniciando, el de Fondo de Tierras, de manera piloto en ocho estados de la República y hemos decidido que así sea precisamente para no cometer el error de implementar un programa de amplia cobertura que pueda significar el derroche de recursos de un gasto estéril.
Queremos asegurarnos del proceso y una vez que lo tengamos debidamente certificado y advirtamos debilidades y fortalezas de cómo lo hemos puesto en marcha, podremos ampliarlo a todo el país, pero estamos convencidos de que este programa puede convertirse y debe convertirse en el vínculo indispensable entre la segunda etapa de reforma agraria de regulación y certificación de la propiedad con el desarrollo rural integral.
El señor diputado Luis Antonio González. Ciertamente hay una visión de la política agraria y hay una visión clara de las políticas del Estado, igual que usted estamos preocupados por la situación del campo, hay una serie de problemas acumulados; yo creo que más que repartir culpas se trata de diagnosticar cuál es la situación objetiva de los campesinos y las campesinas, y que todos nos apliquemos a encontrarle soluciones que no sean ni coyunturales ni clientelares ni a corto plazo.
Las políticas de fondo, las políticas de Estado requieren cambios estructurales y hay que transformar nuestra mentalidad para aplicar estos cambios. Asumamos el valor político de que en el campo mexicano no podemos seguir estableciendo paliativos que hacen que se vayan desperdigando recursos y que tienen muy poco impacto social.
En realidad pongamos un esfuerzo que debe ser igualmente extraordinario para que cambiemos la situación de vida de los campesinos y les demos condiciones reales de vida para que mejoren su condición social.
El cambio no ha fracasado, no ha fracasado que la relación que hoy tiene el Ejecutivo con el Legislativo no era el que ocurría apenas hace un sexenio. Hoy estamos aquí los secretarios contestando con la mayor puntualidad posible los cuestionamientos de los diputados.
El Congreso fiscaliza el gasto, revisa programas adiciona recursos, nos llama a cuentas y todo esto es a favor del desarrollo democrático y del bien de la República. Yo creo que esta es una muestra objetiva de que el cambio no fracasa, que si avanza y se consolida.
Quiero señalarle al señor diputado del Partido Verde Ecologista que personalmente reconozco su valor político y su honestidad y que lamento que obviamente no tengamos coincidencia en criterios, pero justamente es en esa pluralidad como nosotros vamos a mejorar la transición democrática hasta concretarla en una democracia verdaderamente madura.
El señor diputado José Lamberto Díaz Niebla, del PRI. Aprecio sus puntos de vista sobre Procede, sobre los focos rojos y el cuidado que tenemos de atender no solamente a los legisladores, sino a todos aquellos que concurren en solicitud de atención al sector agrario.
Ciertamente tenemos insuficiencias. Estas insuficiencias surgen, por un lado, como ya se dijo, del propio mandato de la Cámara para reducir personal, del ahorro que nos impuso el presupuesto en gasto corriente y también del Programa de Retiro Voluntario.
Hoy la Secretaría de la Reforma Agraria tiene una nómina de no más de 2 mil 300 personas. Hay representaciones en los estados que no tienen un personal mayor a 25 ó 30; se ha retirado lamentablemente personal técnico, administrativo, abogados y esto ha implicado que por la vía de contratos de honorarios sustituyamos ese personal para ser operables nuestros programas. De no hacerlo así estaríamos en una gravísima parálisis.
Desde luego pensamos que debe haber una vinculación entre los avances tecnológicos y el campo, pero esto debe ser parte justamente de una visión integral para que podamos propiciar el desarrollo en las mismas condiciones.
En lo que se refiere a los yaquis, este es un tema para nosotros verdaderamente complicado. De todos los 14 focos rojos no tenemos duda de que vamos a cerrarlos como el de Montes Azules y la Lacandona y la meseta Purépecha que son los más complejos en el 2006.
No estamos seguros que así ocurra con la comunidad yaqui y doy 3 razones rápidas. La primera, la comunidad yaqui, desde hace 400 años enfrenta un litigio con el Estado mexicano. No obstante que ellos conocen muy bien el plano de reconocimiento de sus tierras que les entregó el Presidente Lázaro Cárdenas y que han podido identificarse mojoneras y recorrer linderos para por lo tanto también identificar superficies, no aceptan la solución jurídica ni el pago por la vía de la indemnización de los 106 millones de pesos que hoy administra el Fondo de Fomento Ejidal por la expropiación hecha durante el gobierno del Presidente Zedillo.
El planteamiento de la comunidad yaqui es que quieren su restitución total, tomando como base lo que poseían en la época de la Colonia. Yo francamente veo esto con altísimo grado de dificultad. Estamos y hemos negociado con los gobernadores tradicionales y con ninguna persona que no sean los legítimos representantes de esta comunidad y cada vez que estamos a punto de llegar a un acuerdo, por alguna razón se caen abajo las negociaciones.
Pero ustedes saben bien, porque incluso hay libros, hay documentos, hay testimonios de todo lo que ha sido comportamiento cultural de esta comunidad y hasta ahora, 400 años de negociaciones, nadie ha podido llegar a un arreglo con la comunidad, que ha sido una comunidad guerrera, bravía, que no admitió las misiones religiosas de la Nueva España, le cortaron la cabeza a los misioneros, que se declararon en guerra contra el Estado mexicano y que su personaje más destacado, Cajeme, justamente, se puso en lucha enfrentando al naciente Estado mexicano en el siglo antepasado.
Todas estas características nos indican que la negociación con ellos es sumamente compleja. No obstante, es nuestra obligación agotar toda posibilidad de conciliación, no obstante que este tema jurídicamente hablando, corresponde al Gobierno del estado, porque la expropiación se hizo a favor del gobierno de aquella entidad y si ha intervenido la Reforma Agraria, es en busca de una solución a un grave conflicto social.
Nosotros desde luego, diputada Chávez, buscamos la actualización del catastro con el propósito de que sea un instrumento moderno de información que permita el estimular el desarrollo rural.
Queremos que en el catastro no solamente exista la información del Procede, de INEGI, sino de todos los programas que concurren y que pueden facilitar el conocimiento de cuál es la característica de la tierra, su infraestructura, la posibilidad de sus actividades productivas, su interconectividad con otros núcleos para crear cluster de producción, de tal suerte que el sujeto agrario o cualquier persona interesada, a través de este medio pueda saber dónde puede emprender un negocio, qué tipo de actividad económica y cómo mejorar, con mejores condiciones de desarrollo económico y social.
Es un programa de largo plazo, tenemos un programa piloto en Colima, esperamos que nos funcione bien y desde luego, la idea es que sumemos la información con el catastro de los gobiernos de los estados, para que la información sea verdaderamente integral.
Señor diputado Marcelo Herrera Herbert, nos ha hablado que debemos justamente cumplir con los fines del Acuerdo Nacional para el Campo, estamos trabajando en ese sentido, hemos contraído el compromiso con las organizaciones sociales de que este año debemos agotar los 300 millones asignados para solución de posesiones irregulares y desde luego, en los programas de FAPPA y Promusag, y juntos en el seno de la Conacosa (Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario), estamos revisando las propuestas de lo que pueden ser las reformas al marco jurídico secundario, que son la revisión a la Ley Agraria, la posibilidad de que se promulgue por este… es decir, que se acuerde por este Congreso, que se legisle un Código de Procedimientos Agrarios y que se instaure el Consejo de la Judicatura en los Tribunales Agrarios.
Prácticamente hemos cumplido estos proyectos y es nuestro compromiso presentarlos a consideración de la soberanía de esta representación popular, antes de que concluya el actual periodo de sesiones.
En efecto, en Santo Domingo Teojomulco hay un serio problema con san Lorenzo Texmelucan, decía hace un momento que Oaxaca es el estado de mayor conflictividad en cuanto se refiere a los problemas agrarios y al que le hemos destinado mayores recursos; hemos visitado en mayor número de ocasiones y no sólo a la capital del estado, sino también a las comunidades rurales, pero debo decir que los lamentables hechos de Agua Fría ocurrieron cuando yo no era secretario de la Reforma Agraria, eso desde luego en nada reduce ese grave problema y no queremos que pasen más.
Por eso, hemos asignado grupos de atención especial por los focos rojos, los tenemos en Oaxaca, los tenemos en Chiapas, los tenemos en Sonora, en Guerrero, en Michoacán, de tal manera que no sea por falta de atención ni de interés que podamos darle solución.
Y aprovecho para comentar que el problema no se reduce solamente a entregar recursos, si así fuera creo que esto debió haberse resuelto desde hace muchos años, es el tener la paciencia para escuchar a los campesinos, entender sus problemas, revisar sus documentos, ponerle mucho cuidado a la manera en que hay que llevar un proceso de negociación y encontrar la solución cuando ellos mismos estiman que ha llegado el momento de lograr un acuerdo necesariamente positivo.
Yo quisiera, señores diputados, en razón del tiempo, expresar mi reconocimiento reiterado a esta Comisión de Reforma Agraria, sin el apoyo que ustedes nos han brindado en el ejercicio de este año, no hubiésemos avanzado mucho en la solución de problemas, empezando por la asignación presupuestal que nos permitió tener hoy más de 4 mil millones de pesos y que permiten que atendamos justamente estos problemas de focos rojos, focos amarillos y avancemos en la atención de proyectos productivos.
Esta comparecencia nos permite reafirmar el compromiso compartido entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para alinear políticas públicas que establezcan los cauces, así sea iniciales de lo que debe ser la tercera etapa de la reforma agraria, el desarrollo rural integral sustentable.
Debemos aplicarnos en perfeccionar fórmulas y procedimientos que ofrezcan alternativas reales a los hombres y mujeres del campo, para que salgan de sus actuales condiciones de marginación.
Durante décadas, se han puesto en marcha diversos programas, invertido miles de millones de pesos y las condiciones de comuneros ejidatarios poco han cambiado, a lo sumo el 30 por ciento de la propiedad social es cultivable; el 50 por ciento de los campesinos son productores de autoconsumo, principalmente de maíz y frijol; el 22 por ciento de los núcleos agrarios …los núcleos agrarios tienen un 22 por ciento de población indígena y ello explica que los 25 millones de campesinos solamente aporten el 65 al producto interno bruto.
Para satisfacer la demanda de tantos, es necesario que afrontemos los retos del campo con soluciones actuales. Es absurdo que haya quienes piensen que la aplicación de fórmulas del pasado, como hacer regresiva la reforma al artículo 27 constitucional, es una llave de salida, como si México fuera el mismo de 1915.
El campo tiene una sobrecarga democrática que contribuye a su improductividad. El minifundio debe superarse con la aplicación de nuevas tecnologías, por la dispersión poblacional y la pobreza extrema, estos son obstáculos sumamente serios.
En la solución de los problemas sociales hemos priorizado aquéllos que tienen componente indígena, ejemplo, de los 14 focos rojos, 13 de ellos involucran a 9 etnias.
Para que México sea un país totalmente desarrollado debe superar las asimetrías que representan la desigualdad social concentrada principalmente en el campo. Una tercera etapa de la reforma agraria requiere un campo ordenado y socialmente en paz para que sea productivo.
Necesitamos fortalecer el Procede, porque es la base de la certeza y la certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, y por lo tanto, hace propicia la inversión. Los números demuestran que ha sido y es infundado el temor de que a través de este programa los campesinos pudieran ser despojados.
Conviene considerar que el acceso de propiedad social al mercado de tierras, permite a los titulares de derechos vender o asociarse, obteniendo las ganancias o rentas establecidas por el propio mercado.
Tómese en cuenta que la propiedad aporta el 60 por ciento de los requerimientos para el crecimiento urbano. Mantener la actitud de que la propiedad social y privada se contraponen carece de justificación histórica.
La lucha fue entre los campesinos sin tierra y los latifundistas, ¿cómo nos explicamos entonces que el Presidente Lázaro Cárdenas, en mayo de 1938, haya establecido una oficina denominada de la Pequeña Propiedad, situada junto a la suya en Palacio Nacional, encargada de atender las quejas de pequeños propietarios?
Don Lázaro dijo al instalar la oficina de la Pequeña Propiedad: "Los pequeños propietarios deben ser considerados como factores decisivos en la extinción del latifundio..." y que había que unir a ejidatarios y pequeños propietarios indispensables para la vida y el desarrollo del país.
Debemos, pues, enfocar nuestra atención hacia nuevas herramientas, hacer productiva la tierra y al campesino que requiere que cambiemos nuestro tradicional modo de pensar.
Necesitamos investigación para tener proyectos rentables, información que asegure la legalidad de las operaciones e identifique infraestructura y ciclos hidroagrícolas, capacitación para formar técnicos comunitarios para el aprovechamiento, manejo y explotación de proyectos, financiamiento para detonar nuevos proyectos y provocar el efecto "cascada" y circulación de tierras que ofrezca alternativas a los campesinos mayores para su retiro e incentivo a los jóvenes campesinos para su incorporación a actividades productivas.
Hay que hacer del presente, el futuro. La soberanía alimentaria que tanto reclamamos exige no solamente buenos ciclos de lluvias, técnicas y financiamiento; fundamentalmente reclama un campo ordenado y en paz. De lo contrario, se inhibe la producción y la inversión, e incertidumbre en el campo significa, repetidamente demostrado, improductividad, conflictos sociales y más pobreza.
Hemos contado con el apoyo de esta comisión y de la Cámara de Diputados con la asignación de recursos adicionales y con su permanente interacción. Sigamos trabajando juntos pensando en las soluciones de fondo que urgen al campo mexicano.
Actuemos al margen del partidarismo y de tiempos políticos. Pongámonos a la altura de los autores de la ley del 6 de enero de 1915 y de los constituyentes del 17, de aquellos que entregaron su vida por la causa agraria; pero evitemos la tentación de querer aplicar las fórmulas de entonces. Han pasado casi 100 años desde que se inició el reparto y México, es otro, por nostalgias, ignorancia, indolencia o dogmas no sigamos condenando a nuestro país a vivir en el pasado.
El tema agrario es prioridad nacional. Hoy nos corresponde enfrentar el desafío de su desarrollo; no nos achiquemos; estemos a la altura de los reclamos de los campesinos y las campesinas de México.
Les agradezco muchísimo la generosidad de su atención.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias, señor secretario.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular réplica el diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández: Con el permiso de ustedes, señor Presidente de la Comisión, señor secretario de la Reforma Agraria, compañeros diputados y diputadas:
Le quiero reiterar, señor secretario, que el reparto agrario fue el resultado de la cruenta lucha que dieron cientos de miles de campesinos alzados en armas, con la demanda de que se les restituyeran las tierras que les habían despojado y de que se les repartieran tierras a las familias, que no tenían más tierras que las que pisaban.
La realización del reparto de las tierras tuvo siempre como antecedente la solicitud por los grupos campesinos; en muchos de los casos, esa solicitud fue acompañada de la toma física de las haciendas y de movilizaciones, para que se les entregara en los términos que establece el artículo 27 constitucional y los ordenamientos legales que lo reglamentaban.
Por ello, es incorrecto que se insinúe siquiera, que los conflictos que ahora se atienden, sean por falta de acciones de los gobiernos anteriores, cuando la entrega de tierras en el pasado, con la que se finiquitaron muchos conflictos, no tiene parangón con las superficies que ahora se han entregado.
Es cierto que los conflictos que ahora se resuelven, tienen como antecedentes traslapes de superficies en varias resoluciones, pero también lo tienen en que las instituciones que se crearon después de la Reforma de 1992, han resultado insuficientes e inoperantes para darle solución a tal grado, que es nuevamente una dependencia directa del Ejecutivo y que se ha venido desmantelando, como es la Secretaría de la Reforma Agraria; la que tiene que intervenir precisamente es ella, para solucionar los múltiples problemas que se han venido dando con el reparto de dichas tierras.
Quiero insistir, que los conflictos agrarios tienen en su origen no sólo las cuestiones de traslapes de superficies, sino ante todo, en la agudización de la pobreza en el medio rural y el retiro de muchos de los programas de apoyo al campo, así como la influencia de las políticas que facilitan la privatización de la antes oquedad social, con lo cual, se orilla a los grupos campesinos, a profundizar la lucha por conservar o recuperar uno de los pocos recursos que les quedan.
Por lo anterior, la reorganización de las instituciones del sector agrario debe de convertirse en su principal prioridad, para que la organización de los sujetos agrarios, sea una de las actividades centrales.
Sólo por medio de ella, se podrá lograr que se lleven a cabo más y mejores proyectos productivos; que se obtengan mejores pagos por la producción rural y se desarrollen actividades económicas distintas a las agropecuarias, como son las manufactureras y los servicios.
La certificación de derechos agrarios y la atención de conflictos, indudablemente son funciones que permanecerán más allá de esta administración, pues la movilidad de la posesión de la tierra, de los lucros agrarios, no termina en este sexenio, de igual manera, los riesgos de conflictos.
Por ello, el convertir dos actividades cotidianas del sector, en el eje de sus acciones, ha llevado a no dar la importancia que deben tener actividades como la capacitación, la organización, el relevo generacional, la atención a demanda focalizada de tierras, la preservación y protección del patrimonio de los ejidos, comunidades y de las familias campesinas y la incorporación de la mujer a las actividades productivas.
Creemos que se debe continuar con el proceso y que se sigan atendiendo los conflictos, pero no compartimos que se supedite a ellos, el resto de las actividades que debe desarrollar el sector agrario, al cual urge reestructurarlo y reorganizarlo, pues de continuar así, también se ponen en riesgo que se puedan llevar a cabo, que no se puedan llevar a cabo las metas propuestas por el Procede y la solución de conflictos, tal como lo evidencian los logros en estos cuatro años para el Procede, y la necesidad de desviar de sus actividades a los titulares de las dependencias del sector para que participen en la solución de conflictos.
Les reitero la voluntad que ha tenido la Comisión de la Reforma Agraria de colaborar con la secretaría a su cargo, en el ámbito de nuestras atribuciones, en todo lo necesario para que puedan llevar a cabo el compromiso que hicieron con la nación en el programa del sector agrario, en el que establecen los aspectos que hemos comentado y de la misma manera se cumpla con los numerales agrarios del Acuerdo Nacional para el Campo.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias, diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular réplica el ciudadano diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Con su venia, señor Presidente.
Señor secretario, bienvenido a esta su casa.
Lamento primero 2 circunstancias, que en este momento estemos en una comparecencia al mismo tiempo que se están desarrollando en el pleno de sesiones actividades producto del retraso de la agenda legislativa, a su vez, producto de un complot bien organizado y bien demostrado en contra de esta gran institución que es el Congreso de la Unión.
Para nosotros, para los integrantes del Partido Acción Nacional también es de lamentar que en esta tribuna se quiera catalogar como mexicanos de segunda y limitar su derecho a la expresión y su derecho a su militancia política, su activismo político a algunos mexicanos.
Es también de lamentar que aquí en esta misma tribuna donde se han defendido estos derechos a morir, vengan argumentando de que hay mexicanos de segunda que no deberían de ejercer plenamente sus derechos, sea éste un secretario de Estado o sea éste el Presidente de la República, son dos hechos que lamento como diputado, señor secretario.
Para nosotros en el Partido Acción Nacional, quiero decirle y serle franco, nos fue difícil formularle preguntas no porque carezcamos del conocimiento del tema sino porque la secretaría a su cargo siempre ha tenido el buen tino, la buena disposición de contestar todas nuestras preguntas en el momento en que se las hemos formulado, hemos tenido una interacción muy importante y es de agradecer a todos los funcionarios del sector su disposición para con nosotros.
Entonces, puede extrañarle a muchos lo que usted viene a decir hoy aquí, a muchos que no participan en los trabajos de la comisión, por supuesto. Para nosotros es claro, porque nos lo ha explicado con mucho más detenimiento y con mucho más argumentos los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Sin embargo, habrá que decir que a esta satisfacción que tenemos de su parte, también agregamos la satisfacción de los avances del Presidente Vicente Fox, del Gobierno del Presidente Vicente Fox en materia agraria, recordemos que sí es cierto que no es de esta administración el origen de los conflictos, los conflictos es una herencia de generaciones luchando siempre por el derecho de la tenencia de la tierra, el derecho de crear patrimonio para los pueblos y para sus comunidades, para sus familias y con ello el derecho que nos hemos dado los mexicanos de crearnos un patrimonio social muy importante.
Y es un proceso histórico que no termina el día de hoy, no empezó con esta administración, tampoco va a terminar con esta administración.
Con ello vemos que este proceso ha arrojado muchos conflictos que en su conclusión encontramos una solución a la incertidumbre, a los conflictos que inhibían el desarrollo y las inversiones en el campo, esto ha lastimado mucho a nuestros pueblos y es más lastimoso todavía que por muchos años haya administrado estos conflictos con fines electoreros.
Y es de resaltar que la presente administración del Presidente delineó políticas públicas sin precedente para atacar y concluir con estos conflictos agrarios. No solamente el Programa de los Focos Rojos, habrá que resaltar el Programa de los Focos Amarillos, que de forma preventiva trata que éstos no se conviertan en rojos y esto es algo que no se había hecho en ninguna otra administración. Esto es cambio. Si alguien no quiere ver el cambio, pues que no lo vea.
En las pasadas administraciones donde se actuaba de manera reactiva, proclive a los conflictos agrarios, habrá que recordar que se administraban los problemas agrarios sembrando odio entre los mexicanos y sembrando odio para cosechar votos. Esto es inadmisible en la actualidad.
Es inadmisible que cacicazgos locales, como los gobernadores de Durango, Oaxaca y Veracruz hayan promovido artificialmente conflictos agrarios para beneficiar a los candidatos del PRI y del Verde Ecologista. Esto es inaceptable. Sí escuchó bien, compañero Verde Ecologista.
También nos sentimos muy satisfechos por el avance en la conclusión de los acuerdos agrarios. Nos sumamos al compromiso del Presidente Vicente Fox, para resolver la totalidad de los acuerdos agrarios. Hacemos nuestro el reto del Presidente Vicente Fox en la atención del 100 por ciento de los núcleos agrarios mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, porque estamos convencidos que la seguridad jurídica en los derechos de la propiedad ejidal y comunal, son plataforma indispensable, indispensable para el desarrollo armónico y más productivo en el campo mexicano.
Quienes programan e incluso invocan el fracaso de las reformas en el artículo 27 constitucional, realizadas en 1992, ven en el Procede su enemigo común, ven en el Procede en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra que les imposibilita la manipulación política futura de los conflictos y la generación de éstos.
La gran rentabilidad de los conflictos agrarios recurrentes antes, muchas veces, en las administraciones públicas e invocadas e inducidas en administraciones públicas pasadas, tiene que terminar en definitiva.
Quien no conoce a los ejidos y a las comunidades, puede decir fácilmente que el Procede origina conflictos. La realidad es que el Procede tiene una identificación y una claridad en los derechos de los ejidatarios y en los comuneros que no se tenía antes de éstos.
Nos satisface también el profesionalismo en la investigación y el deslinde de los terrenos nacionales. Felicitamos a la Secretaría de la Reforma Agraria por la certificación vía la Norma de Calidad ISO 9000 de este proceso. Esto también es cambio.
Entendemos también el esfuerzo que habremos de hacer con los programas de Promusag, apelo a la sapiencia del señor Presidente para homologar los criterios con los demás diputados, me voy a tomar un minutito más…
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias señor...
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Gracias. entendemos el esfuerzo que habremos de hacer para impulsar aún más el Promusag, sabemos que es algo muy importante, creo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sabe que lo sabemos y por eso ahí está un bomboncito para que empecemos a trabajar sobre el presupuesto.
Entendemos también que el FAPPA ha concluido un ciclo muy importante en el que respaldaba la conclusión de los procesos de conflictos agrarios y tenemos también la claridad de que no podemos competir programas federales que están en una secretaría, con programas federales con las mismas características en otras secretarías, donde por cierto, hay más dinero que en el FAPPA, y no entendemos por qué no pueden atender al sector social desde ahí.
En materia de justicia agraria tenemos mucho por qué hacer. Reconocemos el esfuerzo de las organizaciones campesinas, de los académicos y del Poder Ejecutivo, quienes desde el Consejo Nacional de Consultivo del Sector Agrario están dando propuestas de lo que debemos de hacer.
Sin embargo, creemos que una propuesta que no ataque el tabú de la prescripción en materia agraria, será una propuesta inconclusa…
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Se le terminó su minuto que se autocedió, señor diputado. Le pedimos que concluya, por favor.
El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Concluyo señor Presidente.
En materia de impartición de justicia no es válido que en los discursos estemos proclamando la importancia del sector agrario y en los hechos le estemos ofreciendo una justicia de segunda. Debemos de revisar y transparentar la función de los tribunales agrarios y llegar al debate de si es conveniente o no la incorporación de los Tribunales Agrarios al Poder Judicial Federación.
Por su atención y por su paciencia, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias, señor diputado Rubén Alfredo Zavala.
Tiene la palabra, hasta por 5 minutos, para formar réplica a la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Con su venia compañero diputado García Corpus, Presidente de la Comisión; licenciado Florencio Salazar Adame, bienvenido; invitados que el día de hoy nos acompañan, compañeras diputadas y diputados.
Antes de hacer mi réplica, quiero decirles que también es lamentable en esta tribuna hacer los señalamientos anteriores, ya que se pierde, de alguna manera, el sentido de la comparecencia. Yo creo que el señor secretario hizo una defensa puntual, muy concisa de su derecho a participar en la vida política, y eso es obvio que no está a discusión aquí ni en ningún lado.
Creo que no había necesidad de defensores de oficio.
Señor secretario, el anunciado arribo a la tercera fase de la reforma agraria parece ser una quimera; mas no son las graves situaciones por las que atraviesan la gran mayoría de la población campesina del país, los datos que avalan esta afirmación, usted los conoce, señor secretario, y esto nos impide ocultar la actuación del gobierno en su tarea de promover el desarrollo del sector rural.
En cuanto al cierre del Procede en el estado de Colima, éste sólo viene a anunciar, desde nuestro punto de vista, el retiro de la dependencia en la entidad y según los pronósticos, también acontecerá en dos estados más al cierre del 2004, preparando con ello la anunciada desaparición de la secretaría.
Respecto al Acuerdo Nacional para el Campo, sólo resta preguntar, ¿en dónde quedó la palabra empeñada por el Ejecutivo Federal? ¿No es así como se promueve la confianza de los productores para avanzar en la hora cada vez más lejana, soberanía y suficiencia alimentaria?
Que de todos es conocido que entre más se importa, menos le importa a nuestros campesinos producir. Esto, sin lugar a dudas, exige un cambio de políticas, de compromisos y de acciones que informa reiterada, ha dado muestras de carecer el actual gobierno.
En lo que se refiere a los avalúos por expropiaciones realizadas en terrenos ejidales, nosotros queremos… y comunales, perdón, comparados con las efectuadas en propiedades privadas, quisiéramos mencionar que se requiere actuar con sentido de justicia para evitar afectaciones del sector social.
En otro ámbito, la queja del poblado Yaqui, que puede ser el de los purépechas, que puede ser de los lacandones, sobre todo tomando en cuenta el traslape de los límites de las regiones que a cada uno les corresponde, y que ellos defienden la mayoría de las veces, con justa razón, por tener… incluso títulos virreinales que nos anteceden, creo que no podemos dejarlo de lado, a pesar de que ya lo tocaron aquí dos compañeros antes que yo.
Tendríamos que poner mucho cuidado en ese aspecto, sobre todo porque los tres niveles de gobierno deben marcarse en la esfera el respeto y el reconocimiento de la autonomía de dicha tribu, no sólo para asegurar la unidad nacional, sino para garantizar el derecho del pueblo yaqui a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultura, para resolver de fondo este foco rojo.
Por otra parte, aun cuando usted no estaba como institución, creemos que la masacre de Agua Fría aún tiene varias aristas por desentrañar, los motivos de enfrentamiento entre comunidades, no sólo tienen orígenes agrarios; estos si bien existen, no son los únicos factores que pueden motivar nuevamente la violencia señor secretario, en la región concurren fuertes intereses que han promovido asesinatos y el encarcelamiento de 17 campesinos de la huerta de Teojomulco, siendo que a la fecha aún se encuentran en prisión tres compañeros cuyo único delito ha sido vivir en Santo Domingo Teojomulco.
En forma respetuosa señor secretario, me permito hacer una invitación a reflexionar sobre el actuar de la dependencia a su cargo, para que por el bien de México se logre impulsar significativamente el desarrollo del campo mexicano, ya que la posible desaparición de esta secretaría nos plantea la cuestión de si existe propuesta alternativa para sustituir al órgano rector que ha dado seguridad jurídica al campesino; en este aspecto como en muchos otros en donde la ausencia de planeación de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, genera incertidumbre, falta de empleos, precios no competitivos a productos agropecuarios, migración, monopolio de tierras en unos mal disimulados feudos y nuestra preocupación es saber si ya se tiene contemplado, el impacto que significará al campo esa ausencia.
Agradezco la respuesta que se sirva a dar a cada uno de los señalamientos que hicimos señor Secretario. Muchas gracias.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Muchas gracias diputada Ana Lilia Guillen Quiroz.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos para formular réplica, el ciudadano diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia, señor secretario, compañeros diputados, compañeras diputadas:
Pensaba declinar la participación, sin embargo es difícil sustraerse a los comentarios del señor diputado que hoy se convierte en defensor de oficio, previo a cualquier situación señor secretario, le agradezco sinceramente su última intervención, buscar acuerdos, un trabajo conjunto y luchar por una profunda reforma económica y legal, en el campo es una necesidad impostergable, es prácticamente imposible lograr mejorar la desigualdad del ingreso en México sin una profusa reforma que sea instrumentada en beneficio de los mexicanos más marginados, la gente del campo; con ellos creo que todos tenemos la obligación de solidarizarnos, en nuestro sustento natural.
En otro orden de ideas, con relación a la manifestación hecha por el señor diputado. Señor diputado, el pueblo, los ciudadanos son sabios, el cambio que usted lamentablemente presume, sólo lo ven ustedes, la ciudadanía no se los reconoce y le voy a poner dos ejemplos recientes:
En el estado de Veracruz con todo el apoyo gubernamental oficial, perdieron y perdieron por 30 mil votos; pero le voy a poner uno que sí les dolió, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Juan Sabines, en un estado que era su segundo distrito electoral con mayor votación durante nueve años, no hace mucho tiempo Juan Sabines en una coalición Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, se los arrebatamos 80 mil votos contra 30 mil votos; ésas sí son las verdaderas sentencias de la ciudadanía señor diputado, no lo que venimos a decir aquí y a lamentar señor diputado, les arrebatamos.
Con relación al señor funcionario, ¿un servidor público puede ejercer sus derechos de ciudadano? Claro señor diputado, todos tenemos ese derecho, la Constitución nos lo garantiza, artículo 34 y 35, lo tenemos que saber es diferenciar la función de servidor público y funcionario público y el ejercicio al cual tenemos derecho como ciudadanos mexicanos para poder ejercitarlo plenamente, sobre todo el fundamental, el derecho a votar y ser votado.
Muchas gracias, señor Presidente, gracias.
El Presidente de la Comisión de la Reforma Agraria diputado Teofilo Manuel García Corpus: Le agradezco, diputado Luis Antonio González Roldán.
Licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria; compañeros diputados, compañeras diputadas, funcionarios del sector agrario que nos acompaña:
La obligación del titular del Ejecutivo de informar anualmente al Congreso de la Unión y a la nación del estado que guardan los asuntos de la administración pública se ha buscado por partidos políticos y diversos actores de la vida social y política del país el que se convierta en un auténtico acto republicano, donde se reflexione con mayor objetividad y se practique una crítica constructiva sobre la atención que se da a los grandes problemas nacionales y dejemos en el pasado lo que fue un acto de pleitesía al Presidente de la República.
Lograr este propósito requiere del esfuerzo de todos, por el lado del Ejecutivo informar con mayor oportunidad los escollos que no se han podido salvar y mostrar una actitud más receptiva a nuestros cuestionamientos.
Y por parte de los legisladores, saber anteponer los intereses superiores de la nación a nuestros intereses partidistas, expresar de manera distinta nuestras divergencias y, ante todo, revisar con cuidado y acuciosidad el informe escrito del ciudadano Presidente de la República, para expresar con fundamento nuestras dudas y recomendaciones.
Este IV Informe de Gobierno, lamentablemente en la fase de su entrega en la sesión del Congreso todavía nos indica que no hemos logrado darle otro contenido y formato a este acto; no obstante esta situación, la realización de esta comparecencia del señor secretario de la Reforma Agraria ante esta Comisión, en el marco de la glosa del IV Informe de Gobierno, nos muestra que es posible intercambiar puntos de vista divergentes y acercarnos a consensos sobre los problemas del campo, de naturaleza agraria, que a todos nos preocupan y sobre las formas en que pueden resolverse.
Es de resaltar que en esta comparecencia se reflejan las percepciones distintas que hay entre los ciudadanos y el Ejecutivo Federal. En amplios sectores de los primeros existe decepción, malestar, por los malos y los magros resultados de un gobierno que prometió mucho.
En el segundo se insiste en que el Gobierno Federal tiene grandes logros y que el país vive una situación de maravilla.
Creo que estas diferentes percepciones se pueden ir superando si por un lado reconocemos las acciones y los logros que tiene el Ejecutivo, como hoy lo hemos hecho, y por otro lado, se reconoce que estas acciones tienen limitaciones que en muchos casos es conveniente reorientar y ante todo que, pese al esfuerzo realizado, aún persisten situaciones en nuestra realidad rural que impiden que las condiciones de vida y productividad de su población mejoren día a día.
Hoy hemos avanzado en esta propuesta, se han analizado las dos líneas de acción en las que el Ejecutivo Federal les proporciona mayor atención, como son sus programas de solución de conflictos agrarios y la de darle continuidad y concluir los trabajos de Procede, programas iniciados hace dos administraciones.
Respecto a esto hemos planteado nuestras dudas sobre los alcances de estos programas.
Hicimos sugerencias orientadas a hacer más efectivos y duraderos sus resultados y hemos traído la discusión, asuntos de la problemática agraria, que a la ciudadanía y a esta soberanía les preocupa, como son los relativos a la atención de la demanda de las tierras, el relevo generacional, la feminización del campo, la organización agraria, el fomento productivo y la justicia agraria entre otros.
De las participaciones en esta comparecencia, a mi juicio se pueden vislumbrar las siguientes conclusiones:
Primera. Que los asuntos agrarios pendientes van más allá de la solución de los conflictos agrarios identificados como focos rojos y amarillos. La conclusión del Procede, no sólo porque persisten condiciones para que conflictos dados por concluidos se reactiven y se generen otros nuevos y la movilidad en la tenencia de la tierra exija acciones permanentes de regularización, sino ante todo porque hay aspectos de la problemática agraria insuficientemente atendidos, como son la organización de los sujetos agrarios, el relevo generacional ordenado que permita que los jóvenes encuentren en el campo alternativas productivas y perspectivas de empleo e ingresos decorosos.
La atención adecuada a la mujer productora, la atención de la demanda focalizada de tierra y un aspecto fundamental, que es la recuperación de la función social de la producción y la tenencia de la tierra.
Segunda. Los temas pendientes nos llevan a otro de primer orden, que es el relativo a la reorganización del sector agrario para darle la atención debida y que es parte fundamental del programa sectorial agrario, tema del que tenemos la duda de que se quiera llevar a cabo, pues fuera de reportar año con año de que hay menos servidores en las dependencias del sector, no vemos ninguna referencia a la reingeniería prometida, ni propuestas que permitan apreciar que se está reasignando funciones entre las dependencias del sector para fortalecerlas, al contrario, a veces se aprecia que la intención es desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, añeja pretensión de algunas corrientes de opinión.
Tercera. El Legislativo ha asignado recursos al sector agrario en cantidades muy superiores a lo solicitado por el Ejecutivo, con la intención de que los asuntos agrarios que hemos mencionado tengan la atención debida, no obstante los reportes nos muestren que su ejercicio no se realiza con oportunidad y eficacia, que la problemática agraria reclama.
Esta situación tiene su origen en gran parte por la carencia en la secretaría de una estructura apropiada para llevar adelante los programas de jóvenes, fondos de tierras, fomento a la organización y capacitación y los de carácter productivo.
Cuarta. Los cambios experimentados en el medio rural a raíz de las reformas de 1992, las características de lo que se ha llamado la nueva rural de México y otros países con similares condiciones, hacen necesario que el marco jurídico agrario sea revisado, tal como se consigna en el Acuerdo Nacional para el Campo y que las instituciones del sector público se transformen para que constituyan el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria.
Estas conclusiones nos van definiendo el rumbo que debemos dar a la relación entre la Comisión de la Reforma Agraria y las dependencias del sector agrario, encabezadas por la secretaría que hoy comparece, relación que cabe señalar se ha afianzado este año de trabajo donde hemos mantenido una constante comunicación directa y franca sobre diferentes tópicos de su quehacer.
El rumbo de la relación es intensificar los trabajos que hemos venido realizando, tanto la secretaría como la comisión en la revisión del marco jurídico agrario, para que en tiempos perentorios esta soberanía conozca de las iniciativas de reforma que adicionen y modifiquen el marco legal y que crean nuevos ordenamientos.
También debemos dirigir nuestro quehacer a apoyar la tan necesaria reorganización y reestructuración de las dependencias del sector, que además del ajuste normativo requerirá fundamentalmente la voluntad del Ejecutivo para llevarlas a cabo.
Recordemos que los tiempos políticos tienen sus términos, la actual administración entrará en su tercio y el país cada día se sumirá en los procesos propios de la sucesión, que harán más difícil la consecución de los consensos que requerimos para llevar a cabo las reformas mencionadas.
Hagamos lo necesario para que en el 2005 se efectúen los trabajos que requieren los campesinos de México.
Reitero nuestro agradecimiento a todos, por su asistencia y su participación. Se levanta la reunión.(20:20 hrs.)