Source: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=20031689
Timestamp: 2020-08-04 10:41:11
Document Index: 218609934

Matched Legal Cases: ['artículo 195', 'artículo 70', 'artículo 594', 'artículo 195', 'artículo 70', 'artículo 594', 'artículo 70', 'artículo 267', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 2', 'artículo 195', 'artículo 70', 'artículo 594', 'in fine', 'artículo 63', 'e contrario', 'artículo 195', 'artículo 70', 'artículo 594', 'in fine', 'artículo 594', 'artículo 13', 'artículo 195', 'artículo 95', 'artículo 70', 'artículo 267', 'artículo 267', 'e contrario', 'artículo 594', 'artículo 113', 'artículo 594', 'artículo 195', 'artículo 70', 'artículo 594', 'Artículo 195', 'Artículo 70', 'Artículo 594', 'Artículo 195']

C-543 de 2013
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020031689CC-SENTENCIAC543201321/08/2013CC-SENTENCIA_C_543__2013_21/08/2013200316892013Sentencia C-543/13 INEMBARGABILIDAD DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- Contenido/ BIENES INEMBARGABLES- Contenido DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD - Requisitos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Concepto de violación /CONCEPTO DE VIOLACION- Características En la sentencia C-1052 de 2001, la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. (i) La claridad se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa. (ii) El requisito de certeza exige al actor formular cargos contra una proposición jurídica real y existente, y no simplemente contra una deducida por él sin conexión con el texto de la disposición acusada. (iii) La especificidad demanda la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto. Argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos o globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan, impiden a la Corte llevar a cabo un juicio de constitucionalidad. (iv) La pertinencia se relaciona con la existencia de reproches de naturaleza constitucional, es decir, fundados en la confrontación del contenido de una norma superior con el del precepto demandado. Un juicio de constitucionalidad no puede basarse en argumentos de orden puramente legal o doctrinario, ni en puntos de vista subjetivos del actor o consideraciones sobre la conveniencia de las disposiciones demandadas. (v) Finalmente, la suficiencia guarda relación, de un lado, con la exposición de todos los elementos de juicio -argumentativos y probatorios- necesarios para iniciar un estudio de constitucionalidad; y de otro, con el alcance persuasivo de la demanda, esto es, el empleo de argumentos que generen una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Cargos que adolecen de certeza y pertinencia/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS SOBRE BIENES INEMBARGABLES-Inhibición en relación con el cargo por vulneración del derecho a la igualdad por el supuesto trato desigual injustificado entre el Estado en su calidad de acreedor y los particulares cuando son deudores de éste Referencia: expediente D-9475
Mauricio Fernando Rodríguez TamayoCONSTITUCIONALIDADJorge Ignacio Pretelt ChaljunbDemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012 los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.D9475Identificadores20020031690true49534Versión original20031690Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012 los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.
SentenciaC-543/13
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargosque adolecen de certeza y pertinencia/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS SOBRE BIENES INEMBARGABLES-Inhibición en relación con el cargo por vulneración del derecho a la igualdad por el supuesto trato desigual injustificado entre el Estado en su calidad de acreedor y los particulares cuando son deudores de éste
Mediante auto del 7 de febrero de 2013, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y ordenó fijar en lista la norma acusada para asegurar la intervención ciudadana, y comunicar la iniciación del presente proceso al Presidente de la República, al Congreso de la República, al Consejo de Estado, a los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y al Director del Departamento Nacional de Planeación, para que expresaran lo que estimaran conveniente. Además, invitó al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, Nacional, Javeriana, Sergio Arboleda, Externado de Colombia, del Rosario, Pontificia Bolivariana, y del Sinú -Seccional Montería-, con el mismo fin.
En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene…"
Finalmente, indica, la expresión del inciso segundo del artículo 70 de la Ley 1530 de 2012 "sin perjuicio de la responsabilidad fiscal" desconoce el artículo 267 de la Constitución, ya que los jueces de la República en ningún caso, ejercen gestión fiscal, pues ellos ejecutan sólo funciones judiciales y excepcionalmente algunas de orden administrativo. Por ello, resulta contraria a la Constitución la responsabilidad fiscal que el Congreso de la República les atribuyó en el aparte demandado.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderada, intervino dentro del presente proceso paradefender la constitucionalidad de las normas acusadas, en los siguientes términos:
(iv)Además, indica, la Corte Constitucional ha establecido que incluso las excepciones relacionadas son aplicables a los recursos del Sistema General de Participaciones "…siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)"
El Ministerio del Interior, a través de apoderado, intervino dentro del presente proceso para solicitarle a esta Corporación se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda y, en caso de que ésta no prospere, paradefender la constitucionalidad de las normas acusadas.
3.5.1 Aduce que, en principio, ciertos recursos no son embargables como es el caso de aquellos que tienen un carácter público. Su naturaleza deviene del principio de inembargabilidad del presupuesto nacional. Aclara que la medida de embargo, utilizada en los procesos entre particulares, hace parte de la denominada ejecución forzosa; sin embargo, el legislador ha considerado necesario determinar un tratamiento especial al Estado cuando tiene el carácter de deudor. Sobre esta característica, la exoneración respecto de esta clase de medidas fue vista como una de sus prerrogativas, por ejemplo, señala que del contenido del artículo 63 de la Constitución se advierte que la inembargabilidad allí establecida tiende a proteger la intangibilidad de bienes y servicios prevalentes. A ello se suma, la capacidad financiera del Estado, el cual estructuralmente no puede insolventarse. Agregado a lo anterior, refiere, existe otro argumento de carácter teleológico consistente en evitar que la actividad estatal resulte afectada o paralizada cediendo frente a una pretensión privada, cuando el artículo 1 de la Carta establece que el "interés general prevalece sobre el particular". En virtud de lo anterior, afirma, en principio el presupuesto general de la Nación no es garantía para que los particulares, a través de los jueces, desvirtúen las apropiaciones.
5.2.1.2 En la sentencia C-1052 de 2001[2], la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentesysuficientes.
5.2.2.1 El artículo 63 de la Constitución dispone que "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables"
5.2.2.2.1 Vulneración del artículo 2 de la Constitución. El actor sostiene que se desconoce el deber que tienen las autoridades de proteger a todos los ciudadanos en sus bienes y derechos "…en tanto por razones motivadas en la supuesta protección al patrimonio público de las entidades públicas - que es en definitiva es la finalidad perseguida con el precepto demandado-, se abstiene de proteger los bienes y derechos de los acreedores de la Administración, es decir, sin un fundamento constitucional válido, el Congreso de la República, como autoridad instituida para proteger los derechos y bienes de todas las personas -incluyendo los particulares-, establece una protección patrimonialinjustificada a favor de la administración en desmedro de los legítimos derechos de los particulares, quienes no podrán afectar con medidas cautelares los dineros que hagan parte del Presupuesto de tales entidades ni tampoco los que pertenecen al Fondo de Contingencias, cuando son dineros precisamente dispuestos para cubrir obligaciones de tipo judicial…
La inembargabilidad consagrada en el parágrafo 2 del citado artículo 195, hace nugatorio la protección que debe prodigar el Estado a sus ciudadanos y de paso, deja sin respaldo coercitivo el cumplimiento forzado de las obligaciones declaradas por los jueces de la República…"[9]
"…En este orden de ideas, cuando el Municipio o el Departamento suscriben un contrato con un particular para la prestación de servicios financiables con los recursos económicos del Sistema General de Regalías, si más tarde, la entidad se abstiene de honrar sus obligaciones económicas, se aviene a la Constitución, que el acreedor pueda cobrar su prestación y afectar con medidas de embargo los dineros de ese sistema para asegurar su pago…
Es decir, los particulares, tendrán que conformarse con esperar el momento en que el Alcalde o el Gobernador decida pagar una deuda, pues los dineros que constituyen la prenda general de los acreedores de las entidades territoriales, resultan hoy altamente limitados por la protección de inembargabilidad creada por el artículo 70 de la ley 1530 de 2012…"[10]
"Las autoridades públicas se instituyen para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Así, cuando el Estado es condenado al pago de obligaciones judiciales (sentencias, transacciones, conciliaciones y otras providencias) o reconoce derechos laborales en actos administrativos o se obliga con la celebración de contratos estatales, que generan títulos ejecutivos, tiene la obligación constitucional de garantizar la satisfacción de esos créditos…
La inembargabilidad consagrada en el numeral 1 del artículo 594 in fine, hace nugatorio la protección que debe prodigar el Estado a sus ciudadanos y de paso, deja sin respaldo coercitivo el cumplimiento forzado de las obligaciones declaradas por los Jueces de la República o por la propia Administración a través de actos administrativos o con la celebración de contratos estatales…"[11]
Los anteriores planteamientos evidencian la ausencia del cumplimiento de los requisitos de certeza y pertinencia en la formulación del cargo presentado por el actor, pues, en primer lugar, ante la afirmación del demandante en el sentido de que la protección al patrimonio público de la Nación y de las entidades públicas, en desmedro de la garantía de los derechos de los acreedores de la administración, no tiene una justificación constitucional válida, se opone el contenido del artículo 63 Superior, el cual es claro al establecer que el legislador tiene la facultad para determinar qué bienes, además de los señalados expresamente en la norma, tienen el carácter de inembargables, sumado a que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el principio de inembargabilidad tiene por fin asegurar una "adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado". Frente a los anteriores argumentos, encuentra la Sala que contrario a lo expuesto por el actor, dicha protección a los bienes y recursos públicos tienen un sustento constitucional válido, contenidos que no son analizados por el actor.
"…cuando un particular incumple una obligación económica puede ser demandado y forzadamente, por la vía del ejecutivo, se pueden embargar sus bienes para obtener el pago de lo debido. Y si quien debe el dinero es la administración, también podrá ser demandada, pero esta sí contando con privilegios -extraños a los particulares- que se alejan por completo del amparo prodigado por la Constitución…
El parágrafo 2 del artículo 195, crea un trato discriminatorio, frente a los particulares deudores del Estado, pues sin sustento constitucional, se exceptúa la procedencia de medidas cautelares en contra de los dineros destinados para el pago de sentencias y conciliaciones y aquellos que están en el Fondo de Contingencias…"[13]
"…el artículo 70 de la Ley 1530 de 2012, crea un trato discriminatorio, frente a los particulares deudores del Estado, pues sin sustento constitucional se exceptúa la procedencia de medidas cautelares en contra de los dineros que integran el Sistema General de Regalías…"[14]
"…Creemos que un test de proporcionalidad, necesariamente, indicaría el desconocimiento del derecho a la igualdad en el caso concreto del numeral 1 del artículo 594 in fine, pues el cobro de una sentencia o conciliación judicial, un acto administrativo que reconoce un derecho laboral o un crédito contractual, sólo por la condición de quien la adquiere, no puede originarle tratamientos diferenciados que en la práctica impidan al acreedor hacer cumplir la obligación del deudor…
Por otro lado, el numeral 2 del artículo 594 de la ley 1564 de 2012, viola en forma evidente el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, pues allí se permite embargar sólo LOS RECURSOS MUNICIPALES de las transferencias nacionales que reciban tales entidades y por créditos contractuales… y tenemos que no opera la misma regla para los Departamentos u otras entidades territoriales que se creen…"[15]
Para la Sala, este cargo no está llamado a prosperar. En efecto,tratándose de demandas en las que se alega la violación del derecho a la igualdad, lo primero que debe acreditar el demandante es que dos o más sujetos o grupos de sujetos se encuentran en la misma situación fáctica, o al menos en una muy similar, y que por ello respecto de la misma el legislador debe dispensarles el mismo tratamiento jurídico. Además, la Corte ha explicado quedado que el legislador puede introducir tratos legales desiguales si con ello logra conseguir un objetivo constitucionalmente relevante, siempre y cuando dicho trato dispar resulte proporcionado y sea razonable,todo cargo que se base en la violación del principio de igualdad, es decir que denuncie que la norma acusada omite incluir a un grupo que se encuentra en la misma situación de hecho regulada, "debe estar acompañado de la fundamentación acerca de la razón por la cual una determinada clasificación legal comporta un trato discriminatorio en contra de un subgrupo de personas"[16], es decir un tratamiento desigual constitucionalmente injustificado, desproporcionado o irrazonable. Esta argumentación debe orientarse a demostrar que "a la luz de parámetros objetivos de razonabilidad, la Constitución ordena incluir a ese subgrupo dentro del conglomerado de beneficiarios de una medida"[17]
"…la situación del Estado y de los particulares no puede asimilarse en lo relativo a la garantía de obligaciones y la posibilidad de decretar el embargo de bienes y recursos. Por ejemplo, al analizar una acusación similar en la Sentencia C-566 de 2003, la Corte sostuvo que ´desde esta perspectiva es claro que en lo que se refiere a la aplicación de medidas cautelares no resulta comparable el caso del Estado con el de un particular y que por lo tanto al no encontrarse en la misma situación de hecho no cabe en principio considerar vulnerado el derecho a la igualdad´…"[18]
5.2.2.2.3 Vulneración de los artículos 29 y 95-7 de la Constitución. El demandante sostiene que "La inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, se estructura porque con ese precepto se impide el efectivo cumplimiento de las sentencias y conciliación judiciales. En efecto, se establece la inembargabilidad por una parte, de los montos que integran el rubro presupuestal para el pago de sentencias y conciliaciones y por otra parte, de los recursos del Fondo de Contingencias, con lo cual se hará imposible afectar con medidas cautelaresy posteriormente con el embargo y secuestro de esos dineros destinados, precisamente, para la atención de esas obligaciones. Aquí se pone seriamente en peligro el derecho al debido proceso, pues como bien lo resaltó el Consejo de Estado, en la sentencia trascrita, el cumplimiento de las sentencias judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso…"[19]
Frente al desconocimiento del artículo 95-7 de la Constitución, referente al deber de todas las personas de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, sostiene que ante la imposibilidad de decretar medidas cautelares sobre recursos y bienes públicos se incumple con dicho deber "…porque eso implica que al no poder embargar tales dineros, muchos procesos ejecutivos se mantendrán activos y vigentes ante la Rama Judicial hasta tanto existan otros recursos económicos para honrar las obligaciones incumplidas lo cual no se compadece con la buena administración de justicia… Por último, la medida legal acusada de ser contraria a la Constitución, también, premia a las entidades públicas, pues estas podrán dilatar el cumplimiento de las providencias judiciales, dado la inembargabilidad consagrada a su favor…"[20]
Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el actor, la Sala estima que el cargo por vulneración de los artículos 29 y 95-7 de la Carta también deben ser desestimados por cuanto no existe un concepto de la violación. En este respecto, el actor tan solo se limita a adscribirle consecuencias a las normas jurídicas que no se derivan de su contenido, lo cual desvía la pretensión del actor al plano de los efectos prácticos de los preceptos acusados. Al afirmar que ante la imposibilidad de embargar los recursos y bienes públicos "las sentencias serán incumplidas", "muchos procesos se mantendrán activos y vigentes hasta que existan otros recursos económicos para el pago de las obligaciones" o que se "premia" a las entidades públicas para que dilaten el cumplimiento de las providencias judiciales, el demandante pretende activar la presente acción para que la Corte se pronuncie respecto a eventos confusos que podrían o no acontecer, lo cual, a todas luces, escapa a la competencia de esta Corporación.
"…En el caso concreto, el Congreso de la República, omitió su deber ineludible de GARANTIZAR los derechos adquiridos de los deudores de las entidades públicas, pues al establecer la inembargabilidad en cita -Par, 2 art. 195-, con una ley, redujo considerablemente la prenda general de garantía de pago de los acreedores del Estado - excluyó de medidas cautelares los rubros presupuestales para pago de sentencias y conciliaciones y aquellos incluidos en el Fondo de Contingencias., que dejan precisamente desprotegidos a los particulares que tienen justos títulos ejecutivos exigibles con arreglo a las leyes vigentes y nada menos que de aquellos de origen judicial…"[21]
"…está LIMITANDO el ejercicio de ese derecho, porque no se produce una tutela judicial efectiva dado que si bien se puede iniciar el proceso ejecutivo, en la mayoría de los casos, no podrá hacerse efectiva la obligación incumplida porque no procederá el embargo contra dineros con los cuales se pagan esas mismas obligaciones de tipo judicial…"[22]
Agregó que "…el Legislador, cada vez más tiende a conceder privilegios de inejecución al Estado, lo que contradice abiertamente los principios y valores constitucionales insertados en nuestra carta fundamental, pues aunque no prohíbe en forma general la ejecución contra la Administración, si le otorga beneficios de inembargabilidad…"[23]
En esta oportunidad, la Sala considera que el cargo tampoco está llamado a prosperar por falta de los requisitos de certeza y pertinencia. El actor nuevamente se dedica a presentar hipótesis que no se derivan de los apartes normativos acusados. De otra parte, esta Corporación ha sostenido que el principio de inembargabilidad no desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garantías al acceso a la administración de justicia ni de seguridad jurídica, porque precisamente las excepciones introducidas vía jurisprudencial lo que pretenden es armonizar estos derechos con la protección de los recursos públicos[24]. "Este acople de la jurisprudencia de ninguna manera supone desconocer el principio de efectividad de los derechos, en virtud del cual se ha avalado el embargo excepcional de recursos de las entidades territoriales. De lo que se trata es, simplemente, de armonizar y conciliar esos principios…"[25]
"…La inconstitucionalidad se deriva frente a las palabrassin perjuicio de la responsabilidad fiscal. Y no puede ser de otra forma. En efecto, el citado aparte del artículo 70 de la ley 1530 de 2012, vulnera en forma ostensible el artículo 267 de la Constitución Política de 1991, dado que los jueces no ejercen gestión fiscal.
En efecto, el citado artículo 267 prevé: ´El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación´. Los jueces de la República, en ningún caso, ejercen gestión fiscal, pues ellos ejecutan sólo funciones judiciales y excepcionalmente algunas de orden administrativo, por lo que resulta abiertamente contrario a la Constitución, la responsabilidad fiscal que le atribuyó el Congreso de la República a los jueces, en el aparte demandado. La situación anterior, deja serias dudas sobre la constitucionalidad de dicho precepto legal…"[26]
"El parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, reglamenta un procedimiento para darle cumplimiento a las órdenes de embargo por parte de los destinatarios de dichos mandatos. Incluso, autorizan a esos destinatarios para que no cumplan las órdenes e incluso a que congelen esos recursos. Por su parte el artículo 113 y 116 de la Constitución Política de 1991, se ocupa de señalar la separación de los poderes y funciones y en la materia, determina cuál es la función judicial y a través de quienes se ejerce. Pues bien…el citado parágrafo del artículo 594, autoriza a quienes deben cumplir embargos a no cumplir esos mandatos y va más allá pues les permite incluso congelar los recursos embargados, lo que creemos desborda por completo el rol de los particulares o de la propia Administración de justicia, pues en la práctica se les atribuye la facultas de DESCONOCER las órdenes de embargo decretadas por una autoridad judicial…"[29]
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda formulada por el ciudadano Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, contrael parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012; y los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (Parcial. ) Artículo 195 LEY_1437_2011_18/01/2011
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (parcial ) Artículo 70 LEY_1530_2012_17/05/2012
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (Numerales 1 y 4, y parágrafo ) Artículo 594 LEY_1564_2012_12/07/2012
[12] "Artículo 195.Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
Parágrafo 2°. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria"
[19]Ver folio 8
[20]Ver folios 9 y 10
[21]Ver folios 8 y 9
[22]Ver folio 10
[23]Ver folios 10 y 11
[29]Ver folios 33 y 34