Source: http://ciaj.com.ar/notas/criminalizacion-de-la-protesta-respuesta-conjunta-al-protocolo/
Timestamp: 2019-01-22 20:39:42
Document Index: 235023940

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 12']

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Criminalización de la protesta: respuesta conjunta al protocolo
La Plata - Miércoles 13 de abril
Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante de La Plata
A los Concejales electos del Concejo Deliberante platense
Lxs abajo firmantes: organizaciones y organismos de derechos humanos; centrales de trabajadores; gremios; representantes de distintos ámbitos sindicales; federación de organizaciones sociales; cooperativas de trabajo; organizaciones sociales; partidos políticos; corrientes partidarias; federación de estudiantes universitarios; centros de estudiantes; organizaciones estudiantiles universitarias y secundarias; colectivos por la diversidad sexual; organizaciones feministas; espacios culturales, habiendo tomado conocimiento de la presentación del proyecto de Ordenanza presentado por concejales del bloque oficialista para su tratamiento por ante el Concejo Deliberante de La Plata que propone la creación del “Protocolo de actuación en manifestaciones públicas para la jurisdicción del Partido de La Plata”, venimos por el presente a pronunciarnos unánimemente en su contra por las razones que serán expuestas:
Entendemos que este Proyecto de Ordenanza de actuación en manifestaciones públicas para la jurisdicción del Partido de La Plata, además de inconstitucional, es un mecanismo para la criminalización de la protesta social.
El Proyecto de Ordenanza pretende introducir en nuestra ciudad, capital de la provincia, asiento de las autoridades provinciales con mayor representatividad de la nación y epicentro histórico de movilización y reclamo, aquel Protocolo que el pasado 17 de febrero de 2016 el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó, producto de reuniones en el Consejo de Seguridad Interior (el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS) con la adhesión de las provincias que se mostraron alineadas al nuevo paradigma de tratamiento de la protesta social. Dicho paradigma se afirma como técnica de disciplinamiento social frente a la batería de decisiones políticas y económicas que golpean rápida y duramente a amplios sectores populares. Entre la pérdida de más del 50 por ciento de la masa salarial, el desarme de estructuras de contención del Estado (subsidios y programas sociales), el aceleramiento de la tasa de desocupación y estos Protocolos, hay una relación de continuidad, de paradigma político, de causa y efecto.
No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disenso y de expresión de demandas.
Entendemos que no hay democracia sin libertad de expresión, que la libertad de expresión es el nervio de la democracia. La libertad de expresión es una libertad colectiva que necesita del activismo, de la movilización y de la solidaridad social. Si los derechos se tienen cuando se los ejerce, la manera de garantizar su ejercicio será a través de la organización colectiva. La misma organización que fue necesaria para conquistarlos es la que después se necesita para su ejercicio.
A través de la protesta transformamos el espacio público en un foro público. La protesta social es la oportunidad que tenemos quienes no podemos impulsar nuestra voz a través de los medios de comunicación regidos por el mercado, quienes nos encontramos en desventaja para expresarnos libremente.
La huelga, los piquetes, las movilizaciones, las concentraciones en plazas, la ocupación, las pintadas, los grafitis, las radios abiertas y festivales culturales callejeros, las rondas, los siluetazos, los escraches, las sentadas, son algunas de las formas que fuimos inventando para ocupar las calles, para hacer valer nuestros derechos.
El derecho a la protesta es el primer derecho, es el derecho que llama a los otros derechos. Jurídicamente, la protesta es una de las formas de ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades y de la libertad de expresión. Ambos derechos están reconocidos en el art. 14 de nuestra Constitución Nacional. También es una forma de ejercicio del derecho de reunión. El derecho a la libertad de expresión se encuentra recogido en el artículo IV de la Declaración Americana y en el artículo 13 de la Convención Americana. Respecto de esta última y en la misma Convención que lo consagra se establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos”. Se consagra también en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respecto del derecho de libertad de reunión, éste se encuentra consagrado igualmente en los artículos XXI de la Declaración Americana y 15 de la Convención Americana, en artículo 20.1 de la Declaración Universal y en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende el derecho de reunión como un derecho instrumental, “ …sirve de soporte al ejercicio de los demás derechos fundamentales …”.[1]
Esto quiere decir que muchos de los derechos que aparecen en los Pactos se pueden ejercer a través de la reunión, la libertad de expresión, y constituyen una columna básica de la democracia. Es por eso que la obligación del Estado frente a este derecho no es sólo de abstenerse, de no entorpecer el derecho, sino de reafirmarlo, protegiéndolo y promoviéndolo. El Estado tiene que intervenir para que se cumpla. Un Estado que obstaculice el derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión (a través de la censura previa) estaría generando violaciones graves a los derechos humanos y deberá asumir su responsabilidad internacional.
¿Los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro? ¿El derecho de transitar es igual al derecho de manifestarse?
El proyecto de ordenanza se funda en uno de los clisés más utilizados por las autoridades y los medios de comunicación hoy día: el derecho a la protesta no puede contradecir otros derechos; “los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro”; que el derecho a la protesta no puede afectar el derecho a trabajar o a circular por la ciudad.
Esta postura parte de un postulado irreal de que todos los ciudadanos/as tenemos la misma máscara, es decir, nos encontramos en una situación de igualdad. No sólo estamos en diferentes condiciones sociales sino que además, la libertad de expresión se lleva a cabo en situaciones de desigualdad.
En una argentina con una estructura social desigual, con las distorsiones que introduce continuamente el capitalismo, no todos tenemos las mismas capacidades expresivas, los mismos recursos, las mismas oportunidades para presentar nuestras demandas o de ser atendidos.
Y por otro lado, en nuestro ordenamiento, hay derechos especialmente protegidos. Dentro del universo de derechos, la libertad de expresión tiene una protección constitucional privilegiada. Dentro de ésta, la expresión política es un sub-conjunto especialmente protegido por nuestra constitución. Y, a su vez, la expresión política disidente goza quizás de la más privilegiada protección constitucional posible, pues en ella reside el núcleo central de la democracia: la disidencia y la diversidad como fortalecedoras del sistema democrático y de la vida pública.
Si todo esto lo ponemos en juego, el derecho al tránsito no puede ubicarse frente al derecho de protesta de sectores desaventajados como derechos iguales. El estado debe intervenir para garantizar el derecho a manifestarse. La corte Interamericana viene diciendo sobre esto: “(…) en el momento de hacer un balance sobre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.
Aun cuando la protesta pueda causarnos trastornos, el “caos de tránsito” no puede ser la razón para impugnar la protesta social y legitimar la censura social. No es cierto que los piquetes o las movilizaciones sean disruptivas de la vida social. Sin lugar a dudas, como cualquier medida de fuerza, produce una serie de “trastornos urbanos”, a saber, embotellamientos y demoras, a veces muy molestas. Estos “trastornos” son comparables a los que se producen en la ciudad cuando no funcionan los semáforos, los autos estacionan en doble fila, hay un accidente en la autopista, una maratón o un espectáculo deportivo que obliga a desviar el tránsito. Pero esos “trastornos” no pueden equipararse al estado de necesidad en el que se encuentran sus protagonistas y muchos actores solidarios con estos. La calle es mucho más que un espacio de circulación. Es un espacio de encuentro y reunión.
A través de la protesta los manifestantes transformamos la calle para interpelar al resto de la sociedad en los debates que involucran a todas y todos.
Proyecto de protocolo: crítica y análisis
Si bien el título del Proyecto de Ordenanza plantea que se trata de un Protocolo de actuación en manifestaciones públicas para la jurisdicción del Partido de La Plata, esto no es así. Los protocolos de actuación tienen por finalidad unificar los modos de acción de un determinado ente estatal. En el caso de los protocolos para las fuerzas de seguridad, además, deberían buscar limitar el uso de la fuerza y reducir al mínimo las posibilidades de vulneración de garantías constitucionales de los ciudadanos. El protocolo elaborado en las gestiones de Masquelet y Garré era un protocolo que establecía criterios de actuación de las fuerzas en las manifestaciones públicas. Es decir, no solo se trataba de establecer parámetros que regulasen el procedimiento de las fuerzas en las protestas sociales sino en los eventos deportivos o espectáculos musicales masivos, por ejemplo. Pero el objeto del protocolo no era la protesta sino unificar y reducir el uso de la fuerza de las policías. Por el contrario, el protocolo que impulsa el gobierno nacional, según se expresa en este Proyecto de Ordenanza municipal, es un protocolo que busca regular la protesta y no dice nada sobre el uso de la fuerza letal o no letal de las policías. Su objeto es muy distinto. No es lo mismo regular a las policías que regular la protesta intentando disciplinarla. Por eso, este protocolo es un protocolo contra la protesta social y una forma de ampliar el uso de la fuerza, en lugar de una forma de reducirla.
El Proyecto de Ordenanza Municipal es inconstitucional pues vulnera gravemente derechos y garantías consagradas en nuestro ordenamiento interno y en Pactos y Convenciones de DDHH, y asimismo violenta la normativa nacional y provincial vigente sobre distintos aspectos, legislando sobre materias y competencias que les son ajenas.
El Proyecto de Ordenanza se presenta como Protocolo de actuación para la fuerza de seguridad y en su contenido se menciona a “personal afectado a la Secretaría de Seguridad del Municipio”, a quien le reconoce distintas capacidades como las de impartir órdenes, requisar personas, secuestrar bienes, aprehender personas, labrar actas de procedimiento, comunicarse con jueces y fiscales provinciales. En este sentido, sabido es que durante los últimos dos años se crearon distintos cuerpos de policías locales en el territorio provincial. Estas Policías fueron creadas por decreto. La ciudad de La Plata adhirió a este proceso. Sin embargo, las sucesivas reformas han establecido la dependencia provincial de esa fuerza. El municipio de La Plata no tiene competencia para regular el funcionamiento de una policía que sólo conserva el nombre de local.
El protocolo distingue entre manifestaciones programadas y espontáneas. En relación a las “manifestaciones programadas” se establece que cuando el “Municipio tome conocimiento de manera anticipada, por cualquier medio, deberá tomar contacto con los líderes de la manifestación a fin de que se encauce la misma en el marco de la presente y las leyes vigentes…”. Resulta sumamente preocupante que el Concejo Deliberante proponga que sea sancionada una Ordenanza que en relación a manifestaciones públicas propicie que la Secretaría de Seguridad del Municipio se entere por cualquier medio de su realización y que a partir de ese “conocimiento por cualquier medio” se tome contacto con sus “líderes”. Esta normativa violaría la Ley Nº 12155 que fue sancionada luego de disolverse la DIPBA ( Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) que establece que “queda prohibida la reunión y análisis de información referida a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires motivada exclusivamente en su condición étnica, religiosa, cultural, social, política, ideológica, profesional, de nacionalidad, de género así como por su opción sexual, por cuestiones de salud o enfermedad, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o laborales, o con fines discriminatorios.
La Ley 25520 de Inteligencia Nacional establece con claridad que el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte Capítulos I y II de la Constitución nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes. En su art. 4 se menciona que ningún organismo de inteligencia podrá cumplir por sí funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta y en el art. 4 se establece que ningún organismo podrá obtener información, producir inteligencia sobre personas, por el solo hecho de, entre otras cosas, su opinión política, su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales sindicales, comunitarias así como por la actividad lícita que desarrollen.
El proyecto de Ordenanza plantea un mecanismo de actuación por el cual las fuerzas solicitarán a los manifestantes el cese del corte, luego se los intimará y si éstos no deponen su actitud, se procederá como en un supuesto de flagrancia. Este mecanismo habilitaría el accionar de las fuerzas de seguridad sorteando la normativa establecida en los códigos de procedimientos provincial para la actuación de los fiscales que en la provincia deben conducir los operativos y decidir las medidas a adoptar en casos de estar en curso un delito: requisas, allanamientos, detenciones. En todos los casos la ley establece todas las garantías del debido proceso.
El protocolo, sin embargo, establece que todas las protestas resultan ser hechos flagrantes y a partir de dicho presupuesto, sortea la intervención judicial. La flagrancia es una excepción que brindan los Códigos de Procedimientos para evitar frustrar una detención en curso frente a la urgencia e inmediatez de un delito cometido en ese mismo momento. En esos casos -en una verdadera flagrancia- se permite intervenir a las fuerzas policiales (e incluso a particulares), frente a la inminencia de un delito. Por la magnitud, duración en el tiempo (a veces días) de los cortes de ruta o calles, resulta absolutamente inverosímil la aplicación de la flagrancia para estas situaciones evitando de manera automática y estandarizada la intervención judicial.
Rápidamente, entendemos este Protocolo como fruto de un acto inconstitucional que crea, por ejemplo, una tipología delictiva (facultad exclusiva del Congreso Nacional, art. 75 inc. 12 de la CN) no presente en nuestro Código Penal: en Argentina no está prohibido usar capucha, portar palos, combustible ni pirotecnia. No obstante ello, en el art. III el Protocolo habilita a las FFSS a “aislar e identificar” a algún manifestante (es decir, privarlo temporalmente de su libertad personal) en caso de que éste portara tales elementos.
La inconstitucionalidad no sólo se expresa en la creación de nuevos tipos penales sino que éstos resultan ser tipos penales abiertos: dado que se prohíbe portar “cualquier otro artículo que pudiere dañar” (Punto III), lo que asimismo habilitaría prácticas policiales arbitrarias al permitir requisas sin causas frente al posible peligro de que los manifestantes porten dichos elementos. ¿Cómo se supone que las FFSS sabrán qué lleva cada manifestante en cada caso? La lógica habilita a pensar que las fuerzas de seguridad tendrán la potestad de requisar a todos y cada uno de los manifestantes y sus pertenencias por el solo hecho de participar de una movilización.
Si bien el protocolo utiliza eufemismos recurrentes y un lenguaje aparentemente neutral, las “manifestaciones públicas” sobre las cuales pretende intervenir no son otra cosa que las protestas sociales y políticas disidentes. De ahí que presupone la existencia de un “líder o representante” del grupo de manifestantes (art. II), y asocia las “manifestaciones” con la posibilidad cierta de ocurrencia de delitos. Los arts. III, IV y V refieren a las acciones a tomar en caso de la comisión de delitos de acción pública (sugiriendo que los manifestantes muy probablemente sean “delincuentes”), y nuevamente avanza sobre materia no delegada por los municipios: indica la inmediata detención por el delito de daño, lo cual es materia propia de los Códigos Procesales provinciales, no siendo el delito de daño detenible en la mayoría de ellos (por no decir en todos).
Finalmente, el proyecto de ordenanza municipal establece, en su artículo 12, que “la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”. Sobre este punto, réplica del Protocolo firmado a nivel nacional por el Consejo de Seguridad, numerosas han sido las expresiones de colectivos de periodistas, gremios de prensa y trabajadores de la comunicación en el sentido en que implicaría un condicionamiento de la tarea periodística y llevaría a un enfoque sesgado de los hechos, violentando el derecho a informar libremente. Estas disposiciones, al igual que todas las demás analizadas, conllevan a establecer regulaciones contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta.
 1.- Alegatos de la CIDH ante la Corte IDH Caso Baena Ricardo y otros ( 270 trabajadores vs. Panamá. Sentencia 2-2-01)
CIAJ – Colectivo de Investigación y Acción Jurídica
FULP – Presidencia
Movimiento Evita – La Plata
Caminantes de trabajo social
Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas – La Plata
Frente de derechos humanos del peronismo militantes
Coordinadora LGTTTBIQP
Guará Malvinas: Centro de políticas soberanas
CICOP – Regional La Plata
ENPL – Encuentro Nacional Popular Latinoamericano
Bloque de Diputados del Frente para la Victoria -Provincia de Buenos Aires
Guías de la Casa Mariani Teruggi
Peronismo y Revolución –Centro Político Néstor Kirchner
Mesa por los DDHH La Plata
Hormiguero Cultural
Secretaría de Cultura – CTA Pcia. de Buenos Aires
Comisión de Arte y Cultura en la calle
Partido Comunista La Plata, Berisso y Ensenada
Santiago Pampillón en Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación
Centro de Estudiantes de la Facultad de Cs. Naturales y Museo – Frente Natural
Secretaría de Género – CTA Nacional
Junta interna de ATE Municipalidad de La Plata
Trabajadores Organizados de la Cultura – T.O.C
Partido de la Victoria – La Plata
Nuevo Encuentro – La Plata
Comisión de Trabajadores despedidos y reprimidos
ATE – cuerpo de delegados de auxiliares de la educación
ATE- teatro de la comedia
La Bancaria – seccional La Plata
Centro de Estudiantes – Facultad de Periodismo y Comunicación Social
CTEP – Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
Cuerpo de Delegadxs docentes del Liceo en ADULP