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Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 137', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 139', 'In dubio', 'artículo 30', 'artículo 30', 'Artículo 8', 'Artículo 27']

08 | febrero | 2012 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Pueblos indígenas/ Raquel Irigoyen Fajardo. Garantías judiciales. Elena Alvites. PUCP. 07 de febrero de 2012
Raquel Irigoyen
El Convenio 169 de la OIT no dice quiénes son pueblos indígenas sino a quiénes se aplica. Es necesario responder dos preguntas a los pueblos originarios para definir mejor a estos grupos: ¿Tienen conciencia Uds. de descender de pueblos que estaban antes del establecimiento del Estado peruano’? ¿Tienen Uds. un idioma propio? Si el pueblo tiene conciencia de la identidad, se le aplican todos los derechos relativos a pueblos indígenas.
Al pueblo tribal no se le exige el hecho histórico de preexistir al Estado, lo que sí sucede con los pueblos indígenas. Los pueblos tribales tienen un margen distinto.
La Ley de Consulta Previa en Perú ha unido ambas categorías y ha resultado confusa su descripción de los pueblos indígenas.
El siglo XVI marca el hito más importante pues se crea la categoría de grupos distintos, como los indios. Se crean también los conceptos de pueblos indígenas y conquistados. Se marca un proceso de invasión y es el primer momento en que el Derecho Internacional se pregunta si la Corona española tenía alguna justa causa para invadir las Indias orientales.
Francisco de Vitoria asumió 2 posiciones: la de tutela de los pueblos indígenas, de un lado, y otra referida a preguntarse si los indios eran verdaderos dueños de esos territorios. Y si era así, por cuestión de Derecho Natural, ¿se justificaba la violencia? ¿Tenían estos pueblos verdaderos señores y eran dueños de sus territorios? Afirma que sí. Y sobre ello, ¿podía alegar la Corona española algún tipo de defensa legítima? ¿Atacaron los indios a los españoles? Señala que no y por tanto, prima facie no se justificaba la conquista. Aporta entonces un segundo argumento: el deber de los cristianos de difundir el evangelio y sobre esa pauta, justifica la tutela a los indígenas.
Bartolomé de las Casas también aporta críticas. Las Bulas Papales concedieron autorización para evangelizar pero no para arrasar por la cuestión del oro. De las Casas cuestiona que hubiera algún título para la conquista, a lo que Juan Ginés de Sepúlveda responde desde Valladolid, España, que era necesario utilizar la fuerza. Arguye el derecho de usar la fuerza, a modo de lo que hoy llamaríamos un deber de corrección.
Los griegos por su lado justificaron la esclavitud señalando que “la cabeza manda a los pies” y por tanto, quien hacía algo físico, quedaba subordinado. La tesis era que había seres superiores e inferiores, como expresión de una “desigualdad natural”. Por tanto, los esclavos eran inferiores y los superiores debían corregir, usando o no la fuerza., a modo de corrección.
La filosofía cristiana aporta la idea de que los hijos de Dios eran todos iguales, a lo cual se oponía la tesis griega. Los españoles debieron señalar, a través de Sepúlveda, que los indios eran los hermanos menores, y los españoles, los hermanos mayores, quienes debían tutelar a los primeros.
Toledo inicia la domesticación colonial y señala que los Incas eran tiranos y no eran propietarios legítimos. Por lo tanto, la Corona española tenía justos títulos sobre las Indias y debía tutelar a los indios.
Hacia el siglo XIX se señala que los indios no tenían propiamente leyes sino usos y costumbres, idea que prevalece hasta hoy.
La Constitución de 1823 señala que a los salvajes había que civilizarlos. Por lo tanto, no entraron aún estos pueblos en el Derecho Internacional. Inclusive las mujeres eran excluidas de la actividad, se trataba de un Estado nación excluyente.
Tales problemas produjeron levantamientos y uno de los más importantes fue la revolución zapatista de 1910 que a su turno dio lugar a la Constitución de Querétaro y al constitucionalismo social.
Los indígenas aparecen en el Derecho Internacional, desde los años 40, aún como objeto de protección, al producirse la Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano (01.11.1940).
Es a fines del siglo XX que se produce un cambio sustantivo en esta visión. En 1982 se crea un grupo de trabajo en NN.UU. y ya no se habla de poblaciones indígenas sino de poblaciones. Se trabaja una idea con matices de identidad, proponiéndose que en un Estado caben varios pueblos con un derecho a sus propios modelos de desarrollo, con sus propios sistemas jurídicos. Pasan de ser objeto de protección a ser sujetos de protección y los fallos de la Corte IDH comienzan a recoger estos caracteres.
Ciclos del constitucionalismo pluralista
Primer ciclo: 1982-1989, la emergencia del multiculturalismo (derecho a la diversidad cultural) y los derechos indígenas.
Segundo ciclo: 1989- 2005, Nación multicultural, al Estado Pluricultural, reconocimiento del pluralismo jurídico interno. Se presentan aquí todavía grandes contradicciones.
Tercer ciclo: 2006 en adelante, Estado plurinacional, nuevos derechos. Bolivia y Ecuador han impulsado esta tesis y la han adoptado en sus Constituciones.
La Corte IDH señala que en los casos de legislación delegada, deben existir al respecto controles, los cuales deben preverse den las Cartas Fundamentales. Al respecto la Opinión Consultiva Nro. 06[1] considera el concepto de ley con el carácter de norma jurídica.
Hablar de debido proceso concierne a citar los ordenamientos nacional y supranacional.
Diversidad de categorías aplicables al ordenamiento interno peruano
– Debido proceso (art 139 CP)
– Tutela jurisdiccional (art. 139 CP)
– Garantías judiciales ( art. 8[2] CADH)
– Tutela procesal efectiva ( Art. 4 CPConst)
– Procedimiento irregular
La tutela procesal efectiva es definida en la STC 5396-2005-PA/TC, caso Max Ramírez, de 06 de setiembre de 2006, F.J. 8.
Procedimiento regular. STC 5374-2005-PA/TC, caso Adela Eskenazi, de 17 de octubre de 2005, F.J. 6-7.
Involucran un conjunto de garantías – derechos específicos- que deben ser observados por las instancias estatales (jurisdiccionales, administrativas e incluso legislativas) y privadas, al momento de tomar una decisión que afecte la situación jurídica o derechos de las personas.
Conjunto de derechos o garantías destinados a asegurar el resultado justo (racional o previsible).
El artículo 27[3] de la Convención Americana contiene el núcleo duro de los dd.hh.. Se trata de derechos que no pueden ser suspendidos en los estados de excepción, y bajo ningún régimen se pueden restringir o suspender.
En el ordenamiento constitucional peruano, el estado de sitio exige que se debe enumerar los derechos que no quedan restringidos o suspendidos. Así lo señala el artículo 137 de nuestra Constitución.
El término “suspensión de garantías” conlleva a cierta confusión. En Francia se decía que si el Estado otorgaba los derechos, entonces los podía suspender. Hoy esa concepción ha sido superada pues en la actualidad nos referimos al “reconocimiento” de los dd.ff. Por ello hay que dejar a un lado la idea de los “derechos públicos subjetivos”. Los derechos son previos, no se puede hablar de eliminación, tampoco de suspensión. Por tanto, hay que referirnos solo a contextos de restricción, no a escenarios de suspensión de derechos.
Precisamente estas acepciones confusas han derivado en procesos ante la Corte IDH contra Perú, en la medida que la suspensión de determinados derechos por parte del Estado, condujo a que éste fuera emplazado en el fuero supranacional. Entonces, hay un problema de comprensión que debe ser superado.
El ámbito procesal del debido proceso, se refiere al conjunto de garantías enumeradas en el artículo 8 de la Convención. El ámbito material se relaciona con el origen del debido proceso. A nivel de países latinoamericanos, ha sido entendido como la referencia a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
El artículo 8 de la Convención considera un grupo de derechos que integran las garantías judiciales, los cuales en sede nacional han sido también desarrollados por el Tribunal Constitucional.
Es un derecho complejo integrado por derechos específicos:
– Presunción de inocencia (art. 2 inciso 24 Constitución);
– Derecho a la información (art. 139 inciso 15 Constitución);
– Derecho de defensa ( artículo 139 inciso 14 Constitución);
– Derecho a declarar libremente ( art. 2 inciso 24.h);
– Publicidad de los procesos ( art. 139 inciso 4);
– Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (art. 139 inciso 5 Const);
– In dubio pro reo ( art. 139 inciso 4 Const);
– Derecho a la cosa juzgada ( art. 139 inciso 23);
– Ne bis in idem (CADH).
Las políticas públicas en dd.ff. implican que no solo el Estado se abstenga respecto a ciertos derechos restringiéndolos, sino que también ejerza su obligación de garantizar los dd.ff.
El ne bis in idem es formal o material. (Ver casos Lori Berenson y Carolina Loayza vs Perú, fallos que contienen referencias al ne bis in idem procesal, al darse problemas de tipificación).
[1] Opinión Consultiva Nro. 6/86 sobre la expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana
Refiere la Opinión: “que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.”
[2] Convención Americana. Artículo 8. Garantías Judiciales
[3] Convención Americana. Artículo 27. Suspensión de Garantías
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