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Timestamp: 2018-09-26 12:37:30
Document Index: 243555620

Matched Legal Cases: ['artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 12', 'artículo 157', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 158', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 158', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 15']

Vigencia desde 01 de Enero de 2002. Esta revisión vigente desde 20 de Diciembre de 2009.
Artículo primero Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en materia de tributos del Estado susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas
Artículo segundo Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en materia de participación en los ingresos del Estado
Artículo tercero Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en materia de Asignaciones de Nivelación
Artículo cuarto Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en materia del Fondo de Compensación Interterritorial
Artículo quinto Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en materia de participación de las Comunidades Autónomas en los Tribunales Económico-Administrativos
Artículo sexto Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en materia de resolución de conflictos
Artículo séptimo Modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en materia de principios generales
Disposición adicional segunda Atribución a la Comunidad Autónoma de Canarias de competencias normativas en el Impuesto General Indirecto Canario
El artículo 157 de la Constitución establece, en su apartado 1, el marco general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, marco éste que, en virtud de lo previsto en el apartado 3 del precepto citado, se desarrolló por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, de ahora en adelante), cuya última modificación ha tenido lugar por virtud de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre.
Pues bien, a propuesta del Gobierno de la Nación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 27 de julio de 2001, ha aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, cuya puesta en práctica exige llevar a cabo una serie de reformas en la LOFCA, siendo éste el objeto de la presente Ley Orgánica. Dichas reformas se exponen a continuación distinguiendo por materias, siendo este orden el que también se seguirá posteriormente en el articulado de la Ley.
Uno de los mecanismos integrantes del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el constituido por el régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, mecanismo éste que aparece expresamente previsto en el artículo 157.1.a) de la Constitución y que tiene su desarrollo orgánico básico en los artículos 10 y 11 de la LOFCA y al que debe añadirse el artículo 12 de la misma norma, que regula, también como consecuente del precepto citado de la Constitución, los recargos.
Desde la promulgación inicial de la LOFCA, el régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas tuvo un desarrollo estable y se aplicó conforme a la configuración original de su marco orgánico, sin que hubiese sido necesario proceder a la reforma de éste.
Sin embargo, como fruto de su reunión de 23 de septiembre de 1996, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, a propuesta del Gobierno de la Nación, aprobó un nuevo modelo de financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001, uno de cuyos principios inspiradores básicos fue la asunción, por las Comunidades Autónomas, de un importante nivel de corresponsabilidad fiscal.
Para materializar ese principio de corresponsabilidad fiscal, el modelo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera optó por hacer uso del mecanismo de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y ello mediante la adopción de las dos medidas siguientes: en primer lugar, mediante la ampliación del ámbito de la cesión a una parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en segundo lugar, mediante la atribución a las Comunidades Autónomas de ciertas competencias normativas en relación con los tributos cedidos, incluyendo la mencionada parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ninguna de las dos medidas reseñadas tenía cabida en el marco conformado por la LOFCA original, razón por la cual resultó necesario introducir en ese texto legal -y así se hizo por la Ley Orgánica 3/1996- las modificaciones que permitieron el adecuado encuadramiento de aquéllas en el marco general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
En el momento presente, ya articulado el principio de corresponsabilidad fiscal, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en su reunión de 27 de julio de 2001, también a propuesta del Gobierno de la Nación, ha aprobado una ampliación del mismo, razón por la cual resulta necesario llevar a cabo una nueva reforma de la LOFCA que dé cobertura legal a los acuerdos alcanzados.
La ampliación del principio de corresponsabilidad fiscal efectiva acordada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas tiene lugar por dos caminos:
En primer lugar, abriendo la posibilidad de ceder a las Comunidades Autónomas nuevos tributos estatales.
En segundo término, abriendo también la posibilidad de atribuir a las Comunidades Autónomas nuevas competencias normativas en los tributos cuya cesión ya es efectiva, así como la posible asunción por ellas de competencias normativas en ciertos tributos que, de ahora en adelante, podrán ser objeto de cesión.
Respecto a los tributos susceptibles de ser cedidos a las Comunidades Autónomas (artículo 11 LOFCA), se mantiene la susceptibilidad de cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de los Tributos sobre el Juego, en los mismos términos que se predican en la actualidad.
Del catálogo de tributos susceptibles de cesión hasta ahora vigente, desaparece «la imposición general sobre las ventas en su fase minorista» y «los impuestos sobre consumos específicos en su fase minorista, salvo los recaudados mediante monopolios fiscales», al parecer más recomendable que la LOFCA contemple qué tributos concretos son susceptibles de cesión, en vez de contener una lista que agrupe géneros de tributos susceptibles de cesión.
Aparecen como novedades, de un lado, la posibilidad de ceder el Impuesto sobre el Valor Añadido con carácter parcial con el límite máximo del 35 por 100; de otro, la posibilidad de ceder los Impuestos Especiales de Fabricación -con excepción del que recae sobre la electricidad-, también con carácter parcial y también con un límite máximo del 40 por 100, y, por último, la posibilidad de ceder tanto el Impuesto sobre la Electricidad como el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Con todo ello se logra la deseada «cesta de tributos», que, sin duda, contribuirá a lograr una financiación de las Comunidades Autónomas más acorde con su realidad económica y, desde luego, como antes se dijo, más corresponsable.
Como es natural, la ampliación citada obliga a modificar también el artículo 10 de la LOFCA, dado que en él se recogen, de forma genérica, los puntos de conexión de los tributos susceptibles de cesión.
Por lo que se refiere a la segunda vía para ampliar el principio de corresponsabilidad fiscal -atribución de nuevas competencias normativas (artículo 19 LOFCA)se actúa del siguiente modo:
a) En primer lugar, por lo que se refiere a competencias normativas sobre los elementos esenciales de los tributos susceptibles de cesión, se delimitan, como hasta ahora, las líneas generales de la atribución de competencias normativas a las Comunidades Autónomas con relación a cada uno de los distintos tributos susceptibles de cesión, delimitación ésta que habrá de ser precisada y concretada por la Ley que regule la cesión de tributos. Asimismo, se formulan los principios generales a los que han de someterse las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias normativas que se les atribuyan. Las novedades se encuentran en el conjunto de nuevas facultades que, en esta materia, podrán atribuirse a las Comunidades Autónomas.
En este apartado debe destacarse que la falta de atribución de competencias normativas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales de Fabricación armonizados responde a la imposibilidad que deriva de la normativa de la Unión Europea.
b) En segundo lugar, se mantiene el esquema hasta ahora vigente, en virtud del cual se delegan en las Comunidades Autónomas las competencias en materia de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cedidos, con el alcance y condiciones que se especifiquen en la Ley que regule la cesión de tributos.
Por último, por lo que hace a los recargos, se mantiene la redacción actual del artículo 12 LOFCA, si bien en él se precisa que dichos recargos sólo podrán establecerse en aquellos tributos cedidos sobre los que las Comunidades Autónomas tienen competencias normativas en materia de tipos.
Junto a los tributos cedidos por el Estado y los recargos, otro de los mecanismos integrantes del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el constituido por «otras participaciones en los ingresos del Estado», mecanismo éste que también aparece expresamente previsto en el artículo 157.1.a) de la Constitución y que tiene su desarrollo orgánico básico en el artículo 13 de la LOFCA, precepto que debe ser objeto de reforma para dar una adecuada cobertura a las resultas del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001. En este sentido, al concebirse un sistema de financiación integrado que, además, se caracteriza por un significativo aumento de la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas, la participación en ingresos del Estado se integra en el Fondo de suficiencia que, como mecanismo de cierre del Sistema de Financiación, cubrirá la diferencia entre las necesidades de gasto calculadas para la Comunidad Autónoma y su capacidad fiscal, debiendo fijarse su montante inicial en la respectiva Comisión Mixta. A ello debe añadirse la inclusión en dicho fondo de la participación de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de 27 de julio de 2001, se acordó dar un impulso a las asignaciones de nivelación, sobre la base de entender que hay dos servicios, educación y sanidad, sobre los que nadie discute su carácter de servicios fundamentales.
A esta finalidad responde la modificación del artículo 15 de la LOFCA, que remite a ley ordinaria la concreción de los niveles mínimo y medio de prestación de los servicios públicos que podrán dar lugar a la percepción de las asignaciones.
El Fondo de Compensación Interterritorial tiene como finalidad, según lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Constitución, corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.
En cumplimiento de dicho mandato, el artículo 16 de la LOFCA establece los principios generales y las normas básicas a los que debe ajustarse dicho fondo, fijándose en la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial, sus mecanismos de funcionamiento, estableciéndose las Comunidades Autónomas perceptoras de recursos, la cuantía del Fondo, los criterios de reparto y el destino que ha de darse al mismo.
Para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de 27 de julio de 2001, se realizan las oportunas modificaciones normativas con la finalidad de dar entrada en el Fondo de Compensación Interterritorial a las Ciudades de Ceuta y Melilla, así como para arbitrar un nuevo Fondo que pueda financiar no sólo gastos de inversión, sino también el gasto corriente asociado a esa inversión.
La progresiva cesión de tributos a las Comunidades Autónomas y la asunción y ejercicio por éstas de competencias normativas en los mismos, hace aconsejable la revisión de la composición de los Tribunales Económico-Administrativos.
Los Tribunales Económico-Administrativos, como órganos encargados de, entre otras funciones, llevar a cabo una función revisora de los actos dictados en materia de gestión, inspección y recaudación de los tributos estatales, incluidos los cedidos a las Comunidades Autónomas y, también, de los recargos que éstas pueden establecer, continuarán formando parte de la Administración del Estado.
No obstante lo anterior, y derivado del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001, las Comunidades Autónomas participarán en las tareas de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales, en materia de tributos cedidos, a través de la incorporación de funcionarios de las mismas en calidad de Vocales o Ponentes que, en su caso, y en función de la dimensión del Tribunal de que se trate, formarán parte de Salas específicas.
A tal efecto, la presente Ley Orgánica introduce las modificaciones necesarias en el artículo 20 de la LOFCA, con objeto de regular positivamente la participación autonómica en dichos Tribunales.
En materia de resolución de conflictos, esta Ley aborda varias cuestiones. En primer lugar, la posibilidad de que la Junta Arbitral conozca no sólo la resolución de los conflictos positivos, sino también de los negativos que se puedan plantear entre las Comunidades Autónomas y entre éstas y el Estado, en relación con los tributos cedidos. En segundo lugar, la posibilidad de que la Junta Arbitral conozca sobre los conflictos planteados en materia de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, no derivadas directamente de los puntos de conexión y, por último, la definición de un procedimiento abreviado para asuntos de pequeña cuantía. Estas cuestiones exigen la modificación de los artículos 23 y 24 de la LOFCA por la presente Ley Orgánica.
1. Se da nueva redacción al artículo 10 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
c) Cuando los tributos cedidos graven operaciones inmobiliarias, su atribución a las Comunidades Autónomas se realizará en función del lugar donde radique el inmueble.»
2. Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
j) El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.»
3. Se da nueva redacción al artículo 12 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
2. Los recargos previstos en el apartado anterior no podrán configurarse de forma que puedan suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos, ni desvirtuar la naturaleza o estructura de los mismos.»
4. Se da nueva redacción al artículo 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
3. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su caso, de los demás tributos del Estado recaudados en cada Comunidad Autónoma corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que aquélla pueda recibir de ésta y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.»
Se da nueva redacción al artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
b) Cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos.»
Se da nueva redacción al artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
2. Cuando una Comunidad Autónoma, con la utilización de los recursos financieros regulados en los artículos 11 y 13 de la presente Ley Orgánica, no llegara a cubrir el nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios públicos fundamentales que haya asumido, se establecerá, a través de los Presupuestos Generales del Estado, previo el correspondiente estudio y con especificación de su destino, una asignación complementaria cuya finalidad será la de garantizar el nivel de dicha prestación en los términos que señala el artículo 158.1 de la Constitución.
5. Cada Comunidad Autónoma deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales de la utilización que ha efectuado de las asignaciones presupuestarias percibidas y del nivel de prestación alcanzado en los servicios con ellas financiados.»
1. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
«2. En su caso, las Comunidades Autónomas podrán obtener igualmente ingresos procedentes de:
b) Las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos previstos en los artículos 2, 138 y 158 de la Constitución.»
2. Se da nueva redacción al artículo 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
10. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las inversiones que efectúe directamente el Estado y el Sector Público Estatal se inspirarán en el principio de solidaridad.»
3. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
«2. Los recursos financieros que se comprometan a aportar las Comunidades Autónomas correspondientes podrán provenir total o parcialmente de las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial a que tuvieran derecho, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.»
Se da nueva redacción al artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
3. Las resoluciones de los órganos económico-administrativos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, podrán ser en todo caso objeto de recurso contencioso-administrativo, en los términos establecidos por la normativa reguladora de esta jurisdicción.»
1. Se da nueva redacción al artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
9. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendrán carácter ejecutivo y serán impugnables en vía contencioso-administrativa.»
2. Se da nueva redacción al artículo 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
3. En el procedimiento simplificado actuará como órgano de resolución el presidente de la Junta Arbitral.»
Se añade una nueva letra e) al apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que quedará redactado como sigue:
«e) La lealtad institucional, que determinará la valoración del impacto, positivo o negativo, que puedan suponer las actuaciones del Estado legislador en materia tributaria o la adopción de medidas de interés general, que eventualmente puedan hacer recaer sobre las Comunidades Autónomas obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto de valoración anual en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.»
La modificación introducida en el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, sólo será aplicable a las desviaciones que se produzcan en el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas que entra en vigor el 1 de enero de 2002.
Disposición adicional segunda derogada por la disposición derogatoria de la L.O. 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la L.O. 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas («B.O.E.» 19 diciembre).Vigencia: 20 diciembre 2009