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Timestamp: 2019-10-14 16:24:54
Document Index: 204648073

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 36', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 260']

﻿ SENTENCIA SL4617-2017/50314 DE MARZO 29 DE 2017
SENTENCIA SL4617-2017 DE 29 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:TERMINACIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO PACTANDO OFERTA ECONÓMICA NO DESDIBUJA RETIRO VOLUNTARIO. SE HA PRECISADO QUE AL SER EL CONTRATO DE TRABAJO ES UN ACUERDO DE VOLUNTADES Y QUE EL TRABAJADOR COMO SUJETO DE DERECHOS TIENE CAPACIDAD PARA EFECTUAR EL CONTRATO, NI LA CELEBRACIÓN, NI LA TERMINACIÓN DE ESTA RELACIÓN LABORAL PUEDEN SER ENTENDIDAS COMO ACTOS EN LOS QUE ESTE SUJETO ES MIRADO COMO UN OBJETO QUE PASIVAMENTE SE SOMETE A LAS DECISIONES DE SU EMPLEADOR. DE IGUAL FORMA, EL TRABAJADOR NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ACEPTAR CUALQUIER PROPUESTA DE SU PATRONO, POR BIEN INTENCIONADA QUE ELLA SEA, Y NO ES LÍCITO DISCUTIRLA O PROPONER FÓRMULAS DE ARREGLO DIFERENTES PARA SEGUIR EN EL TRABAJO O PARA DEJAR DE HACERLO Y TERMINAR POR MUTUO CONSENTIMIENTO EL CONTRATO. PARA CONCLUIR, CABE SEÑALAR QUE LA INDEXACIÓN ES UN MECANISMO CORRECTOR DE LA PÉRDIDA DEL VALOR ADQUISITIVO DEL DINERO CAUSADA POR FENÓMENOS ECONÓMICOS COMO LA INFLACIÓN, FENÓMENO QUE NO OBEDECE A UNA REGLA PRESTABLECIDA SINO SIMPLEMENTE A LAS VARIABLES QUE DE ORDINARIO AFECTAN UN PARTICULAR MERCADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, RETIRO DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia SL4617-2017/50314 de marzo 29 de 2017
SL4617-2017
Radicación: 50314
Fue interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte.
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que en instancia, revoque en su integridad la decisión del a quo, y en su lugar absuelva a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.
De manera subsidiaria, que la Corte case parcialmente la sentencia en cuanto al numeral tercero que confirmó la Sentencia del a quo en lo demás, incluyendo la tasa de remplazo que aplicó el a quo del 75% del IBL, para que en sede de instancia “modifique el ordenamiento primero de la sentencia del a quo, en el sentido de condenar a mi representada a indexar la pensión sanción o restringida de jubilación como quedó establecido, pero teniendo en cuenta el porcentaje o tasa de reemplazo de 65% que aplica para los 17 años y 4 meses o sea, 6240 días laborados por el demandante, y no del 75% que corresponde a una pensión plena de jubilación”.
Como segundo alcance subsidiario, persigue que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto en el ordenamiento primero únicamente revocó la fecha de cumplimiento de 60 años del demandante que dispuso el a quo, y por tanto en el ordenamiento tercero confirmó la cuantía indexada de la pensión restringida de jubilación en el monto inicial de $ 1.204.933, para que en sede de instancia, modifique el ordenamiento primero “condenando a su procuradora a pagar la pensión sanción al actor en cuantía no inferior al salario mínimo, y absuelva (…) de la indexación de la primera mesada ordenada por el a quo”.
Con tal propósito formuló cuatro cargos, que se resolverán a continuación en el orden propuesto.
Acusa la aplicación indebida de los artículos 305 del Código del Procedimiento Civil, reformado por el 1º, numeral 135 del Decreto 2282 de 1989, 50 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social y 4º del Código del Procedimiento Civil como medio, en relación con los artículos 8º de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1961; 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 29, 53 y 230 de la Constitución Política, y 174 a 177, 187, 357 del Código del Procedimiento Civil.
Afirma que por haber apreciado erróneamente la demanda inicial y su contestación, folios 1 a 5 y 41 a 44, y el acta de conciliación celebrada entre las partes el 30 de diciembre de 1993, así como por no haber apreciado la reclamación administrativa, folios 8 a 9, y las respuestas de 16 de diciembre de 2004 y 2 de octubre de 2007, folios 10 a 11, el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que lo pretendido en la demanda inicial fue la pensión sanción o restringida de jubilación a los 60 años de edad, por retiro voluntario.
2. No dar por demostrado, estándolo, que ninguna de las pretensiones de la demanda inicial, el demandante solicitó la pensión por retiro voluntario a los 60 años de edad.
3. No dar por demostrado, estándolo que en los hechos de la demanda, ni en los fundamentos de derecho se pidió o alegó que la pensión pretendida debía pagarse a los 60 años de edad por retiro voluntario, “sino por el contrario lo alegado fue que hubo un despido injusto luego de más de 17 años de trabajo y que el actor tiene derecho a la pensión sanción cuando alcanzó la edad de 50 años el 3 de junio de 2002”.
En la demostración del cargo, aduce que el tribunal se equivocó al revocar la Sentencia del a quo, en cuanto a la fecha de otorgamiento de la pensión sanción “a partir del 3 de junio de 2012, fecha en la cual el actor cumplía los 60 años de edad” concediéndole en tales condiciones la pensión restringida por retiro voluntario, establecida en la parte final del inciso segundo del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, no obstante, que “esa no era la pretensión inicial”, por lo que dicha decisión se había extralimitado el tribunal al no fallar en consonancia con las pretensiones de la demanda, su contestación y la reclamación administrativa y sus respuestas.
Expresa que de haber analizado tales probanzas adecuadamente, el sentenciador “habría revocado totalmente la condena de primer grado y no parcialmente, por cuanto aquí jamás se solicitó la pensión por retiro voluntario a los 60 años de edad, sino la pensión sanción por despido injusto a los 50 años”, máxime cuando en la contestación de la demanda se había opuesto a sus pretensiones “obviamente en concordancia con lo pretendido”, aduciendo en su defensa que el requisito esencial para acceder a la pensión sanción recaía en haber sido despedido sin justa causa, lo cual no había acontecido en el caso bajo examen, dado que el actor se retiró de la demandada por mutuo consentimiento plasmado en el acta de conciliación suscrita entre las partes ante la autoridad competente, y así lo había demostrado, por lo que el ad quem no podía concederle al demandante la pensión por retiro voluntario a los 60 años, cuando ello no había sido objeto de la litis.
Al revisar la reclamación administrativa y la demanda inicial, observa la Corte que lo pretendido por el actor fue “La pensión restringida de jubilación o pensión sanción que le debe por haber laborado durante 17 años y 4 meses, desde cuando alcanzó la edad establecida por la Ley (3 de junio de 2002)”; sin embargo, en el hecho primero adujo que su contrato de trabajo había terminado por mutuo acuerdo con su empleadora.
Igualmente, al examinar el acta de conciliación celebrada entre las partes el 30 de diciembre de 1993, ante el Ministerio de Trabajo, obrante a folios 15 a 17, el actor reitera que “el contrato de trabajo se termina por muto consentimiento” y declara a Álcalis a “paz y salvo a por concepto de salarios, prestaciones, legales y extralegales, y suma conciliada, inclusive las derivadas por la alimentación recibida, y en general por toda acreencia laboral y extralegal, derivado de la ejecución o por la terminación del contrato de trabajo que vinculó a las partes, salvo en los derechos derivados de la pensión de jubilación”.
De igual manera, al contestar la demanda, Álcalis reafirmó que el contrato de trabajo del demandante terminó por mutuo acuerdo, presupuesto sobre el cual edificó su defensa.
Tales afirmaciones no impedían que el tribunal, de modo razonable, hubiera entendido, del texto íntegro de la demanda, de su contestación y de las pruebas allegadas al plenario, que la pretensión del demandante era la pensión restringida por retiro voluntario que a la postre le reconoció, regulada por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en atención a que en los fundamentos de derecho se alude a la citada normativa y que el actor acreditó un tiempo de servicios de 17 años y 4 meses, y demostró que la terminación de la relación se dio por mutuo acuerdo, modalidad que el tribunal equiparó al retiro voluntario de que habla la norma, lo cual tampoco luce desacertado, cuando en ese sentido, esta Sala de Casación, en Sentencia del 16 de julio de 2001, rad. 15555, precisó que el mutuo acuerdo plasmado en una conciliación con el cual se da por terminado el contrato de trabajo, como en esta ocasión acontece, puede entenderse como un retiro voluntario, en cuanto hay un acto de voluntad del trabajador tendiente a finalizar el vínculo jurídico, criterio que ha sido reiterado entre otras, en las sentencias CSJSL, 6 sep. 2011, rad. 45545 y CSJSL, 859 -2013, 4 dic. 2013, rad. 43701. Esto dijo la Corte:
[…] Con todo, los cargos tampoco estarían llamados a la prosperidad, por cuanto de tiempo atrás ha sostenido la Corte que partiendo del supuesto de ser el contrato de trabajo un acuerdo de voluntades, y de que el trabajador, como sujeto de derechos tiene capacidad para celebrarlo e igualmente para terminarlo, ni su celebración ni su terminación pueden ser entendidas como actos en los cuales él es mirado como un objeto que pasivamente se somete a las decisiones de aquél con quien contrata. La dignidad que como ser humano tiene el trabajador obliga a rechazar cualquier concepción doctrinaria que dé base para concluir que el trabajador no está en condiciones de deliberar en un momento dado si le conviene o no permanecer bajo un determinado vínculo contractual, y mucho menos que tenga la obligación de aceptar cualquier propuesta, por bien intencionada que ella sea, de su patrono, y que no le es lícito discutirla o proponer fórmulas de arreglo diferentes, bien sea para seguir trabajando o para dejar de hacerlo y terminar por mutuo consentimiento el contrato de trabajo.
“Lo anterior para significar que en casos como el sub examine, cuando trabajador y empleador deciden a través de un acta de conciliación celebrada ante el funcionario competente, terminar la relación laboral por mutuo consentimiento, es acertado afirmar que en esta decisión, no obstante presentarse una oferta económica por parte del empleador, medió la voluntad del asalariado para finiquitar ese vínculo contractual, circunstancia que no desdibuja el retiro voluntario a que se refiere el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, al exigirlo para la configuración de la pensión de jubilación restringida después de quince años de servicio”. (negrillas fuera del texto original).
En ese orden, como la decisión del ad quem se aviene al anterior criterio, en ningún error pudo haber incurrido, por lo que el cargo no es fundado.
Acusa la aplicación indebida del inciso 3º del artículo 8º la Ley 171 de 1961, en relación con los artículos 74 del Decreto 1848 de 1969; 48 y 230 de la Constitución Política; 8º de la Ley 153 de 1887; 19 del Código Sustantivo del Trabajo; 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Expresamente asevera que no discute los aspectos confirmados por el tribunal, esto es, que el actor laboró al servicio de la demandada desde el 1º de septiembre de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1993 un total de 6.240 días; que le asiste derecho a la pensión sanción o restringida de jubilación y que el promedio del último salario devengado es la suma de $ 490.006.
Su inconformidad, de índole jurídica, estriba en que el tribunal aplicó indebidamente el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, al confirmar la tasa de reemplazo del 75% que aplicó el a quo al promedio del salario devengado en el último año, para indexar la primera mesada pensional, en tanto dicho porcentaje sólo aplica para las pensiones plenas de jubilación, por lo que de haber tenido en cuenta el tribunal que lo que se estaba debatiendo era la pensión sanción o restringida de jubilación y su indexación “y a ello tiene derecho el demandante”, lo cual no se discutía, era evidente que la pensión debía liquidarse en proporción al tiempo laborado de 6.240 días, que equivalían a una tasa de reemplazo del 65%, y por ende a una mesada pensional de $ 1.044.275.
Denuncia las mismas disposiciones del cargo anterior, pero acusándolas de interpretación errónea, exponiendo en términos generales los mismos argumentos del anterior.
Acusa la interpretación errónea además de las mismas disposiciones en el cargo segundo y tercero precedentes, la del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
No comparte la censura que el tribunal con base en las sentencias de casación con radicación 29470 y 29022, “equivocadamente hubiera confirmado el monto de la pensión sanción debidamente indexada en cuantía de $ 1.204.933 a pesar de que la fecha de exigibilidad fue modificada por el tribunal, es decir, a partir del 3 de junio/2012, cuando realmente el demandante cumpliera 60 años, hecho que se acepta y no se discute, de tal manera que si aún no ha acontecido el cumplimiento de edad, resulta imposible tener en cuenta el IPC final, y por ende no indexarse la primera mesada de la pensión restringida de jubilación en un monto no inferior al salario mínimo mensual y por tanto, absolverse a su procuradora de la indexación de la primera mesada personal”, máxime cuando no se tenía certeza de que el actor pudiera llegar a cumplir los 60 años de edad y menos de los índices que pudiera certificar el DANE.
Respecto del segundo y tercer cargo, el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 171 de 1971, establece que: “La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”, (resaltado fuera de texto original), por lo que al no ser un hecho controvertido que el actor laboró para la demandada por espacio de 17 años y 4 meses, equivalentes a 6.240, bastaba hacer una simple regla de tres, para fácilmente establecer que el monto que correspondía aplicar al caso bajo examen es del 65% y no del 75%, por cuanto tal como lo advierte la censura dicho porcentaje sólo aplica para las pensiones plenas de jubilación.
No se discute por la censura el derecho que le asiste al actor a la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario, a partir del 3 de junio de 2012 cuando cumpliera los 60 años de edad; sin embargo, considera que no había lugar a la indexación de la primera mesada pensional, por cuanto a su juicio, el hecho de cumplir la referida edad el actor en el futuro, vale decir, con posterioridad a la fecha de la sentencia recurrida, no era posible en esa época establecer el IPC final que certificara el DANE.
Sobre el particular, vale recordar que la indexación es un mecanismo corrector de la pérdida del valor adquisitivo del dinero causada por fenómenos económicos como la inflación, fenómeno que no obedece a una regla prestablecida sino simplemente a las variables que de ordinario afectan un particular mercado, como lo es en este caso el colombiano, con lo cual lo que se busca es actualizar un valor, en el entendido de lo que con ello se logra es traer a valor presente uno de fecha anterior, teniendo en cuenta como parámetro la diferencia entre los índices de precios al consumidor de una fecha anterior y la del momento presente, sin que por ello pueda predicarse se esté indexando un valor hacia el futuro, como lo entiende la censura, puesto que si bien la fecha de cumplimiento de lo los 60 años de edad del actor ocurrió el 3 de junio de 2012, esto es, con posterioridad a la emisión de la sentencia recurrida, de lo que se trata es de traer a esa fecha el salario devengado por el actor en el último año de servicio, que ascendió a la suma de $ 490.006, y respecto de la cual no existe discusión.
Ahora, en lo que sí incurrió el tribunal fue en el dislate de no prever que al modificar la fecha de exigibilidad de la pensión al 3 de junio de 2012, indiscutiblemente también variaba el IPC final para efectos de indexar el ingresó base de liquidación, dado que ya no sería el de la anualidad anterior al 3 de junio de 2002, como lo estableció el a quo, sino aquella correspondiente a la anualidad anterior en la que el actor cumpliera los 60 años de edad.
En ese ese orden, los cargos son fundados.
Como quedó definido en sede de casación, que si bien el tribunal no se equivocó al confirmar la decisión del a quo que determinó que al actor le asiste derecho a la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario, pero modificando la fecha de exigibilidad de esta para disponerla a partir del 3 de junio de 2012, sin embargo, sí incurrió en error al confirmar el monto de la pensión en el 75% del ingreso base de liquidación, cuando lo que debió observar era la proporcionalidad de ese porcentaje frente al número de días laborados por el actor, los cuales en el caso bajo examen ascendieron a 6.240. Por tanto, el porcentaje de la pensión asciende al 65%.
Igualmente, se equivocó al no modificar el extremo final del periodo por el cual se debe indexar el ingreso base de liquidación, pues al haber establecido que la fecha de exigibilidad de la pensión reconocida al actor, lo era a partir de los 60 años de edad, más exactamente el 3 de junio de 2012, en esa medida debió asumir que la indexación dispuesta por el a quo resultaba procedente, pero por el periodo comprendido entre esta fecha y la del retiro.
La liquidación es como sigue:
En tales condiciones, la decisión proferida por el juzgado séptimo laboral del circuito de Cartagena el 14 de agosto de 2009, se modificará en el sentido de condenar a Álcalis de Colombia Limitada en liquidación, a reconocer y pagar pensión restringida de jubilación por retiro voluntario al señor Parmenio Rafael Caballero Benavides, pero a partir del 3 de junio de 2012, cuantía de $ 1.999.303,38 equivalente al 65% del ingreso base de liquidación actualizado. Igualmente la modifica, para condenarla a pagarle al actor la suma de $ 143.166.872,83, por concepto de mesadas causadas desde el 3 de junio de 2012 hasta el 28 de febrero de 2017.
Sin costas en casación, por haber prosperado parcialmente el recurso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 3 de noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario promovido por Parmenio Rafael Caballero Benavides contra Álcalis de Colombia Limitada, en liquidación, en cuanto no modificó el extremo final para efectos de la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión, y fijó la primera mesada pensional en un monto equivalente al 75%.
En sede de instancia, la Sentencia dictada por el juzgado séptimo laboral del circuito de Cartagena el 14 de agosto de 2009, quedará así:
1. MODIFICA el ordinal primero que condenó a Álcalis de Colombia Limitada, en liquidación, a reconocer y pagar pensión restringida de jubilación por retiro voluntario al señor Parmenio Rafael Caballero Benavides, pero en cuantía de $ 1.999.303,38 equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, y a partir del 3 de junio de 2012.
2. MODIFICA el ordinal segundo que condenó a Álcalis de Colombia Limitada en liquidación, a reconocer y pagar a Parmenio Rafael Caballero Benavides las mesadas causadas, pero en la suma de $ 143.166.872,83, tasadas desde el 3 de junio de 2012 hasta el 28 de febrero de 2017.
3. Se confirma en lo demás.
Sin costas en casación. Las de primera instancia continuarán a cargo de la demandada.