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Timestamp: 2018-03-19 07:33:01
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El Derecho de Declaración, Aclaración o de Rectificación en el Ordenamiento Jurídico Nacional
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122001000200015
Ius et Praxis Año 7 No 2: 327 - 356, 2001
El Derecho de Declaración, Aclaración o de Rectificación en el Ordenamiento Jurídico Nacional (**)
(*) Doctor en derecho, profesor titular de Derecho Constitucional y Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
El derecho de respuesta, réplica o rectificación se incorporá al derecho positivo por primera vez en Francia, a través de la ley de prensa del año 1822, manteniéndose vigente para los medios de comunicación escritos a través de la ley vigente desde 1881 y para los medios de comunicación audiovisuales por la ley 82-652 de 1982.
Esta institución se desarrolla durante el siglo XIX llegando a tener un carácter extendido en los inicios del siglo XX1 , donde el 16 de diciembre de 1952 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención sobre Derecho Internacional de Rectificación, como también ha adquirido dimensión continental en América a través de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
2. EL DESARROLLO Y REGULACIÓN DEL DERECHO DE DECLARACIÓN, ACLARACIÓN, RECTIFICACIÓN O RESPUESTA EN CHILE.
La primera legislación nacional sobre la materia fue el Decreto Ley N° 425 del 26 de marzo de 1925, subiendo a rango constitucional dicha normativa, a través de la reforma constitucional de 1971 a la Constitución de 1925, conocida como Estatuto de Garantías Constitucionales, aprobadas en el Congreso Nacional para posibilitar la elección por el Congreso Pleno del Presidente Salvador Allende Gossens. A través de dicha reforma se incluye, en el artículo 10 N° 3 de la Carta de 1925, que "Toda persona natural o jurídica ofendida o aludida por alguna información, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el órgano de publicidad en que esa información hubiere sido emitida".
El Acta Constitucional N°3 del 11 de septiembre de 1976, durante el régimen autoritario militar discurrió en términos similares2, lo que fue complementado por la Ley N° 16.643 sobre Abusos de Publicidad, cuyo Título II, se denominaba "de las rectificaciones y del derecho de respuesta", la que rigió hasta el año 2001.
Marco jurídico del derecho de declaración o rectificación en el ordenamiento jurídico vigente.
En la actualidad, el derecho de declaración, respuesta o rectificación está asegurado por el artículo 19 N° 12, inciso 3 de la Constitución Política de la República y el artículo 14 de la C.A.D.H.
La Constitución Política de la República, en el artículo 19 N°12, inciso tercero, asegura el derecho de declaración y de rectificación en los siguientes términos: "Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida".
El bloque constitucional del derecho en esta materia se complementa con el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (C.A.D.H), el cual precisa:
"1.- Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
"2.- En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que hubiesen incurrido.
"3.- Para la efectiva protección de la honra y reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial".
A su vez, el derecho de rectificación y respuesta está vinculado con la protección constitucional del honor en su aspecto objetivo u honra de la persona y su familia, la cual se encuentra asegurada por el artículo 19 N° 4 de nuestra Constitución.
La Ley Fundamental en su artículo 19 N° 4, asegura a todas las personas el "respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia por la ley".
El inciso segundo del artículo 19 N° 4 de la Constitución determina que "la infracción de este precepto cometida a través de un medio de comunicación social y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia será constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley".
Dicha normativa tiene como complemento el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas del 19 de diciembre de 1996, que en su artículo 17 prescribe "1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques".
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica, también establece en su artículo 11, la protección del derecho en análisis, determinando que "Toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques".
Este derecho a la honra de la persona y su familia,tiene al igual que el derecho a la libertad de opinión e información y el derecho de rectificación y respuesta el carácter de derecho de ejecución inmediata (self executing) en el contenido asegurado por el derecho internacional convencional de los derechos humanos.
Este conjunto de disposiciones constitucionales y del derecho convencional internacional de los derechos humanos constituyen el bloque de constitucionalidad que permiten, en una interpretación sistemática y finalista, delimitar el derecho de declaración, rectificación o respuesta en nuestro ordenamiento constitucional, el que será desarrollado y regulado por la legislación complementaria, sin que esta última pueda afectar su contenido esencial ni su libre ejercicio, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 19 N° 26 de nuestra Carta Fundamental.
Este desarrollo y regulación lo realiza la ley N° 19.733 de Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, de junio de 2001, la cual desarrolla y regula el derecho de respuesta o rectificación en su título IV, artículo 16 a 21.
Es conveniente precisar que en el ámbito de los derechos fundamentales, esenciales o humanos, éstos en cuanto forman parte de un sistema internacional y nacional deben ser respetados en su integridad, tal como se encuentran delimitados en su contenido y fronteras por las normas que constituyen el bloque constitucional de ellos, debiendo realizarse un esfuerzo interpretativo de compatibilización o de armonización, evitándose la posición cómoda, simplista y pusilánime de aniquilar el ejercicio de un derecho en beneficio de otro; es necesario realizar el esfuerzo intelectual basado en pautas hermenéuticas objetivables, razonables y compatibles con el ordenamiento jurídico positivo vigente y las fuentes formales del derecho existentes, realizando la ponderación de bienes jurídicos en juego en cada caso concreto, dejando de lado los prejuicios y preconceptos subjetivos del intérprete o del operador jurídico.
3. CONCEPTO DE DERECHO DE DECLARACIÓN, RESPUESTA O RECTIFICACIÓN Y SU CARACTERIZACIÓN
Barroso y López Talavera precisan al derecho de rectificación como "una garantía del ciudadano afectado por una información inexacta que le facilita el acceso al medio de comunicación en el que aquella se difundió, de una manera sencilla y rápida, condición esta última imprescindible para la efectividad del derecho, pues es claro que el transcurso del tiempo opera negativamente sobre los intereses de su titular"3.
A su vez, Badeni conceptualiza la institución en análisis como una "facultad reconocida a toda persona que se considere agraviada o afectada por una información inexacta o agraviante emitida a través de un medio técnico de comunicación social para difundir, por igual medio, las aclaraciones, réplicas o respuestas que estime satisfactorias, para precisar las modalidades correspondientes a los hechos susceptibles de lesionar su reputación personal o legítimos sentimientos. Tal potestad trae aparajeada la obligación, para el propietario, director o editor del medio de difusión de publicar, en forma gratuita, aquellas manifestaciones aunque la causa de la réplica resida en expresiones provenientes de personas ajenas al medio que las difundió"4.
Consideramos que el derecho de declaración, respuesta o rectificación constituye un derecho fundamental y una acción que tiene toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social por alguna información desarrollada en él, a demandar que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en forma análoga por dicho medio de comunicación social en las condiciones que determina la ley, pudiendo accionar judicialmente para ello, con el objeto de prevenir o evitar un perjuicio que una información considerada inexacta, agraviante u ofensiva pueda irrogarle en su honra, vida privada u otro derecho o interés legítimo.
Sobre su carácter de derecho fundamental, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que el artículo 14 de la CADH constituye un derecho de las personas de los Estados Partes, precisando:
"22. En el caso presente, la expresión "toda persona tiene derecho", que utiliza el artículo 14.1 debe interpretarse de buena fe en su sentido corriente. La Convención consagra "un derecho" de rectificación o respuesta, lo que explica que los incisos 2 y 3 del mismo artículo 14 sean tan terminantes respecto de "las responsabilidades legales" de quienes den tales informaciones inexactas o agraviantes y de la obligación de que alguien responda por ellas. Esta interpretación no tiene sentido ambiguo u oscuro ni conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
"23. La tesis de que la frase "en las condiciones que establezca la ley" utilizada en el artículo 14.1. solamente facultaría a los Estados Partes a crear por ley el derecho de rectificación o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras su ordenamiento jurídico interno no lo regule, no se compadece con el "sentido corriente" de los términos empleados ni con el "contexto" de la Convención. En efecto, la rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en general, se corresponde con el artículo 13.2.a. sobre libertad del pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al "respeto a los derechos o a la reputación de los demás" (ver La Colegiación obligatoria de periodistas, supra 18, párrs. 59 y 63); con el artículo 11.1 y 11.3 según el cual:
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o esos ataques.
Y con el artículo 32.2 de acuerdo con el cual los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
24. El derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convención, está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convención Americana, Preámbulo. El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 74 y 75), Opinión Consultiva OC2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A N° 2, párr. 33)"5.
Concluyendo la Corte Interamericana, por unanimidad:
"a. Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción".
Así puede sostenerse de acuerdo con el bloque constitucional de derechos fundamentales y derechos humanos, la existencia de un derecho de rectificación o respuesta exigible constitucional e internacionalmente por el derecho convencional internacional de los derechos humanos, vinculante para todos los órganos estatales de acuerdo con el inciso 2 del artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República.
Este derecho de declaración, respuesta o rectificación tiene el carácter de derecho de ejecución directa o inmediata (self executing).
Así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual ha precisado:
"28. El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído según el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención y de "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción". En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeta a la jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella previstos.
29. Esta conclusión se refuerza con lo prescrito por el artículo 2 de la Convención, que dispone:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades"6.
Así los Estados Partes de la Convención Americana de Derechos Humanos violan dicho derecho de respuesta, declaración o rectificación si no dan ejecución directa e inmediata al artículo 14 de la Convención, como asimismo, vulneran el artículo 2 de la Convención cuando no establecen las regulaciones jurídicas necesarias para dar ejecución al artículo 14 de la Convención.
Este derecho de declaración, rectificación o réplica actúa como una acción extrajudicial y eventualmente judicial que permite a la persona afectada dar su propia versión frente a una información difundida por el medio de comunicación social que fuere inexacta, agraviante u ofensiva7.
El derecho acción de declaración, respuesta, réplica o rectificación opera aunque el medio de comunicación social que difundió la información inexacta o agraviante no haya actuado con culpa o dolo, en este último caso, el medio, además de otorgar el derecho de respuesta o rectificación, deberá asumir las eventuales responsabilidades civiles o penales que el afectado puede activar.
La declaración, respuesta o réplica o rectificación permite solamente que el público expuesto a la información considerada inexacta, agraviante u ofensiva, pueda conocer a instancias de la persona afectada su propia versión de los hechos, como versión diferente que permita al público formarse su propio juicio sobre la materia8.
El derecho de declaración, aclaración o rectificación es consubstancial al derecho a la libertad de expresión, del cual deriva, independientemente de las responsabilidades ulteriores, civiles o criminales.
El derecho de respuesta o rectificación favorece la información más completa de la opinión pública, mediante la presentación de otra perspectiva de los hechos o actos informados de parte de personas aludidas en ellos, las que se consideran afectadas por el enfoque que se juzga distorsionado, parcial, erróneo o injusto de la información transmitida por el medio de comunicación social, asegurándose también la honra posiblemente afectada de las personas injustamente aludidas.
A su vez, es necesario señalar que la publicación de la aclaración o rectificación no conlleva, para el medio de comunicación que la publica, retractación ni tampoco un implícito reconocimiento de la inexactitud de la información difundida. La aclaración o rectificación no genera necesariamente una parte vencedora y la otra derrotada, sino sólo un adecuado equilibrio entre diversos sujetos que participan del proceso informativo.
4.- LOS VALORES Y DERECHOS PROTEGIDOS POR LA INSTITUCIÓN
El sujeto activo o persona afectada que puede requerir el derecho de declaración o rectificación por considerarse afectados en el respeto a su honra o su vida privada por la información difundida.
El "respeto" del derecho a la honra y a la vida privada de las personas implica la obligación de terceras personas, sean naturales o jurídicas, públicas o privadas, en orden a no interferir en el ámbito del valor y conducta protegido jurídicamente, el cual recibe la protección del Estado a través del conjunto de garantías que brinda a tales bienes jurídicos y a sus titulares para defenderlos y exigir que sean respetados, entre ellos, el derecho de respuesta o rectificación.
En el derecho al respeto de la vida privada y la honra de la persona y su familia es necesario distinguir entre irrenunciabilidad del derecho con carácter genérico y absoluto, de la renuncia al ejercicio de cualquier acción que la ley recoge para tutelar el derecho a la honra, y los concretos actos de disposición que el titular del derecho pueda autorizar delimitando con su voluntad el ámbito de disposición para ese concreto acto9.
Es necesario precisar también que, en ciertos casos las personas no renuncian a la protección de su derecho al respeto de su vida privada que es irrenunciable, sino a la calificación del acto o actividad como perteneciente a su vida privada o íntima, o renuncian a la protección legal de dicho acto o actividad10.
4.1. Respecto del derecho a la "honra".
El honor objetivo u honra es un concepto constitucional y jurídicamente indeterminado, lo que ha exigido que la doctrina se haya esforzado por conceptuarlo.
El jurista italiano De Cupis definió honor como "la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona", donde es posible discernir el doble carácter objetivo o trascendente y subjetivo o inmanente del derecho al honor. La inmanencia o dimensión subjetiva del honor está dada por la estimación que cada persona hace de sí misma, como la dimensión trascendente u objetiva viene dada por el reconocimiento que los demás hacen de la virtud o mérito (reputación) de una persona. De esta forma, negativamente definido, el honor es un derecho a no ser humillado ante uno mismo o ante los demás.
Carlos Soria en España ha especificado que "El honor y la honra se presentan en el panorama jurídico como bienes de la personalidad, como derechos humanos, relacionados accidentalmente con la perfección o dignidad de la persona. Dicho con otras palabras: la dignidad de la persona humana es la base del honor y la honra del hombre. Pero, en definitiva, honor y honra son tributarios de la dignidad normal de la persona, puesto que son efecto, en buena parte, del comportamiento moral del hombre"11.
En una perspectiva similar, Forero precisa que "el concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independientemente de la opinión ajena, es su concepto subjetivo; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, es la concepción objetiva con independencia de que realmente se tenga o no un honor; uno es el concepto interno, y otro el concepto externo que se tiene de nosotros"12.
A su vez, el derecho a la honra u honor objetivo es cambiante y fluido al depender de los valores sociales que existen en cada momento histórico determinado.
La delimitación del ámbito de protección del derecho a la honra y a la vida privada se concreta a través de los preceptos legales que lo regulan, a las prácticas o usos sociales respecto del ámbito en que entiende proteger su honra.
La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución13 determinó que la honra corresponde al conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona merezca y reciba la consideración de las demás, lo que se vincula con el sentido objetivo del honor, precisando también que las personas protegidas eran no sólo las personas naturales, los individuos, sino también las personas jurídicas (Corporaciones, fundaciones, sociedades, asociaciones gremiales, etc.).
Tal perspectiva ha sido asumida por la jurisprudencia, la cual ha señalado que
"el término honra tiene dos puntos de vista:
a) subjetivo: es el aprecio que cada uno siente por sí mismo
b) objetivo: es la reputación o buena fama que los terceros tienen de uno.
La Constitución ampara este segundo aspecto, pues el subjetivo queda en el plano interno de la persona, en cambio, el objetivo forma parte de la convivencia social y ésta es la que regula el derecho, toda vez que constituye la protección de la dignidad del ser humano" (Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de mayo de 1993, RDJF 90 sec.5, pág. 164).
La intromisión ilegítima en la honra de la persona requiere que esta última sea claramente identificable de modo directo por sus nombres, o indirectamente, a través de caricaturas, fotografías, instituciones a la que representa, entre otros elementos.
La intromisión puede realizarse de diversas formas, ella puede ser gráfica, oral, escrita, teatral, etc.
Por último, es necesario que la información difundida inexacta u ofensiva afecte a la persona, haciéndola desmerecer en el aprecio ajeno.
Respecto de las personas jurídicas es su imagen o consideración social la que puede considerarse afectada por la divulgación de opiniones o informaciones que le fueren lesivas, en su ámbito social, al desmerecerla en la consideración ajena.
El derecho al respeto de la honra no prohibe la intromisión misma en la vida de la persona, la que se encuentra sancionada por el derecho al respeto de la vida privada de la persona y su familia, sino la violación del buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las personas que por su naturaleza afectan su reputación. En una perspectiva positiva, el derecho a la honra implica "la posibilidad real que debe hacerse accesible a todos los individuos de construir su prestigio en el medio social"14.
4.2. El respeto a la vida privada de las personas
El concepto de vida privada no fue precisado por el constituyente, es un concepto jurídico constitucional indeterminado, cuya delimitación y configuración quedó entregado a la doctrina y jurisprudencia, sin perjuicio de las configuraciones que haga el legislador.
La vida privada en un círculo o ámbito más profundo lleva al concepto de intimidad. La intimidad es el ámbito reservado del individuo que no desea ser develado al conocimiento y acción de los demás, el cual aparece como necesario para mantener un mínimo de calidad de vida humana. El derecho a la intimidad es la facultad de la persona para evitar las injerencias de terceros en el ámbito de su privacidad, salvo la autorización de tal develamiento de la intimidad por el propio afectado. La intimidad de la persona es una zona intrínsecamente lícita, que merece respeto y protección a nivel constitucional.
El derecho a la vida privada comprende el derecho de la intimidad que tiene un carácter más estricto y una dimensión individual que abarca como aspectos básicos la concepción religiosa e ideológica, la vida sexual, el estado de la salud, la intimidad corporal o pudor, entre otros. Sagüés15, desde la perspectiva argentina, hace un esfuerzo por delimitar el ámbito privado del público con acierto, para lo cual distingue dos tipos de acciones privadas, las internas y las externas.
Las acciones privadas internas están constituidas por los comportamientos o conductas íntimas o inmanentes que principian y concluyen en el sujeto que los realiza, no trascendiendo de éste, comprendiendo los hechos o actos realizados en absoluta privacidad o de los que nadie puede percatarse.
Las acciones privadas externas son conductas o comportamientos que trascienden al sujeto que las realiza, siendo conocidas por los demás, pero que no afectan ni interesan al orden o la moral pública, ni causan perjuicios a terceros, vale decir, no afectan al bien común.
Ambas dimensiones conforman parte del derecho al respeto de la vida privada de las personas y su familia que el Estado debe asegurar, garantizar y promover, lo que las diferencia claramente de las acciones públicas.
En efecto, las acciones públicas son acciones externas que trascienden a quien las ejecuta, ya que pueden afectar el orden o la moral pública o causar daños a terceros, por lo que el Estado puede regularlas y, eventualmente, prohibirlas.
La jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina ha determinado en los casos "Bazterrica" (Fallos, 308; 1412) y "Ponzetti de Balbin" (Fallos, 306;1982), que el Estado debe concretar "la protección de la privacidad comenzando por no entrometerse en ella, respetando el área de inmunidad de toda persona"16.
Sin perjuicio de las reflexiones ya hechas en esta materia, consideramos adecuada la conceptualización que nos entrega Espin Templado, para el cual vida privada "es el conjunto de circunstancias y datos relativos a la vida de una persona que quedan fuera del conocimiento de los demás, salvo que medie un expreso deseo de comunicarlo o de ponerlo de manifiesto por parte de la persona afectada y al margen, naturalmente, de las personas que comparten con ellos aspectos más o menos amplios de su vida"17.
En la actualidad como señala Carmona Salgado, "la intimidad, más que un derecho a no ser molestado, es un derecho de participación y control de las informaciones que afectan a la persona y sobre todo las que el interesado está legitimado para incidir en la forma y contenido de su divulgación, ámbito éste en el que se suelen producir un gran porcentaje de intromisiones ilegítimas"18.
La privacidad familiar tiene como titulares a los cónyuges que constituyen la familia tradicional, y sus hijos, y sus ascendientes por consanguinidad.
El derecho al respeto de la vida privada de la persona y su familia se extiende del ámbito personal a los aspectos de la vida de otras personas con las que se guarda una especial y estrecha vinculación de carácter familiar, incidiendo en la esfera de la personalidad de sus integrantes.
En el concepto de vida privada se incluyen también datos que, a primera vista, pueden ser irrelevantes desde la perspectiva de protección de la privacidad de la persona, pero que, en conexión con otros datos, que también pueden ser aislados, de carácter irrelevante, considerados en su conjunto pueden hacer totalmente transparente la personalidad de un individuo, es lo que la doctrina ha denominado la teoría del mosaico, ya que "al igual que ocurre con las pequeñas piedras que forman los mosaicos, que en sí no dicen nada, pero que unidas pueden formar conjuntos plenos de significado"19.
El derecho al respeto de la vida privada de las personas tiene además de su naturaleza de derecho de defensa, el de garantía institucional del pluralismo y del sistema democrático. La democracia se desarrolla y justifica en el respeto de la privacidad de las personas que forman parte de ella, ya que sólo desde el ámbito de reconocimiento de la intimidad y autonomía de cada ciudadano puede construirse una sociedad auténticamente libre.
5. LEGITIMACIÓN ACTIVA: EL SUJETO DEMANDANTE DE LA ACLARACIÓN, RESPUESTA O RECTIFICACIÓN.
La disposición constitucional del artículo 19 N° 12, inciso tercero, es complementada por el artículo 16 de la ley N°19.733, normas que permiten afirmar que nuestro ordenamiento jurídico otorga la calidad de sujeto activo o demandante de aclaración y rectificación a toda persona natural o jurídica injustamente aludida por algún medio de comunicación social en que la información hubiera sido emitida.
El derecho de respuesta comprende a toda persona que haya sido afectada en su honra a través de la información transmitida por un medio de comunicación social.
El derecho de rectificación, declaración o respuesta corresponde, de acuerdo con el texto de la Constitución en armonía con el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a "toda persona", teniendo la misma universalidad que el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la libertad de información, que incluye a todas las personas naturales, morales o jurídicas, nacionales o extranjeras, personas jurídicas de derecho público o derecho privado, domiciliadas o no en el país, todas ellas sin discriminación alguna.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC - 7/86 del 29.8.1986, estableció que:
"Si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por" "toda persona sujeta a la jurisdicción de un Estado parte, ello constituiría una violación de la Convención susceptible der ser denunciada ante los organismos de protección por ella previstos" (párrafo N° 28) (énfasis añadido).
La legitimación activa la tiene la persona natural o jurídica, como también la agrupación sin personalidad jurídica que haya sido "ofendida o injustamente aludida" por la información del medio de comunicación social.
Ello debe ser así con el objeto de evitar permanentes cuestionamientos a expresiones valóricas o conceptuales que afectarían la libertad de información y el derecho a mantener una línea editorial por parte del correspondiente medio de comunicación social. La declaración o rectificación puede ser hecha por la persona afectada directamente por una información difundida por el medio de comunicación social.
La expresión "injustamente aludida" en el texto actual de la Constitución reemplaza al vocablo "infundadamente aludida" de la Carta de 1925, con el objeto de que la persona afectada por la información no tuviera que probar lo infundado de la alusión y, por otra parte, asegurar el ejercicio del derecho de respuesta o rectificación cuando la información difundida respecto de la persona afectada por el medio de comunicación sea errónea, irrazonable o inequitativa, pudiendo afectar la veracidad de los hechos o actos.
La persona natural o la persona jurídica ofendida o injustamente aludida puede actuar a través de su apoderado o mandatario; asimismo, el artículo 20 de la ley N°19733 en análisis posibilita que, en caso de fallecimiento o ausencia de la persona natural afectada, el derecho pueda ejercerlo el cónyuge o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.
La ley no establece un orden de precedencia del ejercicio del derecho, por lo que puede producirse la situación de que varios hijos o hermanos y el cónyuge de la persona afectada ausente, gravemente enferma o recientemente fallecida ejerciten el derecho, en tal caso, parece necesario precisar si la intervención de uno de ellos excluye la de los demás, o si ante la intervención de dos o más de ellos en el mismo día, genera una prioridad para uno y excluye a los demás parientes. El problema se puede producir cuando existe disparidad de criterios de los parientes sobre el contenido de la aclaración o rectificación.
En el caso de las personas jurídicas debe actuar su representante legal o el mandatario o apoderado que éste determine. Dentro de las personas jurídicas deben comprenderse las personas jurídicas privadas o públicas. A su vez dentro de las personas jurídicas que surgen de la sociedad civil consideramos que las asociaciones gremiales, sindicales o empresariales pueden ejercer el derecho cuando son afectados sus afiliados.
A su vez, la ley no precisa si es posible aplicar las reglas sobre pluralidad de personas que rectifican o aclaran.
La ley tampoco precisa el derecho de aclaración o rectificación cuando los aludidos forman parte de un grupo genérico en cuanto titulares de intereses difusos, como es el caso de los integrantes de una etnia, religión, minoría, etc. En tales casos deberá estarse a lo que resuelvan los tribunales de justicia en cada caso concreto, pareciendo adecuado que sólo existe una sola aclaración o rectificación concretada por sus representantes oficiales u oficiosos; en la hipótesis que se presenten varios representantes oficiosos, opinamos que debe considerarse el primero que se presente.
En el caso de que la información implique por insuficiente identificación a varias personas, consideramos que cada una de ellas que pueda estimarse ofendidas o perjudicadas por la información debería tener derecho a concretar la aclaración o rectificación en las condiciones precisadas por el ordenamiento jurídico en el orden de su presentación en la misma edición o en ediciones sucesivas, salvo que la aclaración o rectificación sea idéntica, en cuyo caso debiera insertarse una sola aclaración o rectificación, agregando una nota que identifique a todos los declarantes o rectificantes.
6. LA DECLARACIÓN, RESPUESTA O RECTIFICACIÓN SE REFIERE SÓLO A LAS "INFORMACIONES" DIFUNDIDAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Constitución en su artículo 19 N° 12, inciso 3 precisa que el derecho de declaración o rectificación se ejercita respecto del medio de comunicación "en que esa información hubiera sido emitida".
La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 14, también precisa que la rectificación o respuesta se constriñe a "las informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio del afectado", debiendo el carácter agraviante surgir de los hechos imputados y no de la utilización de juicios de valor.
En efecto, el artículo 18 de la ley 19.733 precisa que "la obligación del medio de comunicación social de difundir gratuitamente la aclaración o la rectificación regirá aún cuando la información que la motiva provenga de una inserción", en cuyo caso, "el medio podrá cobrar el costo en que haya incurrido por la aclaración o la rectificación a quien haya ordenado la inserción".
En el caso de las informaciones publicadas en los medios de comunicación social, el material objeto de aclaración o rectificación pueden ser las informaciones proporcionadas por el medio, los comunicados o las inserciones solicitadas por terceros.
La información objeto de rectificación o aclaración puede estar concretada en títulos, en textos o en imágenes, o en combinación de textos e imágenes que explícita o implícitamente genere la ofensa o injustificada alusión.
De acuerdo con las normas jurídicas antes transcritas queda claro que el objeto de la declaración, respuesta o rectificación puede referirse solamente a las informaciones difundidas por los medios de comunicación social, descartándose la declaración o rectificación de opiniones.
Sin embargo, el tema no es de tan fácil delimitación, ya que la fronteras entre opiniones e informaciones son relativamente difusas.
En esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, interpretando los artículos 13 y 14 de la CADH, que "la ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1. (la colegiación obligatoria de periodistas, supra 18). Recuérdese que la Resolución (74) 26 del Comité de Ministros del Consejo de Europa fundamentó el derecho de respuesta en el artículo 10 de la Convención Europea, sobre libertad de expresión"20
En esta materia, el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia 171 de 12 de noviembre de 1990, realiza un razonamiento plenamente aplicable a la materia en análisis, señalando que "la comunicación de hechos o noticias no se da siempre en estado químicamente puro, en todo caso, la comunicación periodística supone ejercicio no sólo del derecho de información, en lo que los aspectos institucionales y la tutela del receptor de la información resulta relevante, sino también del derecho más genérico de expresión, por lo que la libertad de prensa exige el reconocimiento de un espacio de inmunidad constitucionalmente protegido no sólo para la libre circulación de noticias, sino también para la libre circulación de ideas y de opiniones"21.
Sobre la materia, la Excma. Corte Suprema sentó jurisprudencia en sentencia del 13 de mayo de 1999, en recurso de queja presentado por el Ministro de la Corte Suprema, don Servando Jordán, respecto del fallo de la Corte de Apelaciones que le había denegado el derecho de rectificación o aclaración respecto de un editorial publicado por el diario El Mercurio. En la sentencia, el máximo tribunal de justicia de la República expresa en su considerando octavo, citando doctrina, "el deber de rectificar se refiere directamente a los juicios u opiniones si estos juicios u opiniones arrancan de hechos falsos". En ese mismo sentido, se afirma también que "... (sólo) se pueden rectificar informaciones de hechos. Hay que admitir que en ocasiones es difícil distinguir la información de hechos de la opinión, porque el mismo modo de narrar la noticia, su enfoque, o incluso el hecho de que se haya seleccionado entre muchas otras, manifiesta muchas veces una estimación subjetiva de quien informa". En otro párrafo del mismo considerando, la Corte Suprema agrega "De lo expuesto, que por lo demás es concordante con la discusión de que da cuenta la Sesión N°236 de la Comisión Constituyente, celebrada el día 22 de julio de 1976, resulta que es posible rectificar las opiniones sólo cuando los hechos que les sirven de fundamento son falsos"22.
En el considerando undécimo de dicha sentencia, la Corte Suprema interpreta el inciso 3 del artículo 19 N°12 de la Constitución, señalando que "Del tenor literal de la norma que hoy nos rige y de la historia fidedigna de su establecimiento ... cabe concluir que la inclusión del adverbio "injustamente" persigue dos propósitos: que no resulte absolutamente excluida la rectificación de opiniones, y que, a su vez, tales rectificaciones no se lleguen a transformar en los hechos en la supresión de la libertad editorial o de opinión, derechos cuya esencia se encuentra protegida por la Carta Fundamental".
Frente a esta tensión entre ambos derechos, el considerando duodécimo de la sentencia señala, "Si bien el derecho a rectificar informaciones u opiniones goza de tutela constitucional, puede decirse lo mismo respecto de la libertad editorial...", añadiendo más adelante que "No sería apropiado, a pretexto de dirimir un conflicto entre la honra de la persona y la libertad de opinión, hacer que prevalezca en todo caso el primero por sobre la segunda, salvo que a pretexto de esta última se incurra en conducta de carácter delictual". En definitiva, la Corte Suprema rechaza dicho recurso de queja23.
A su vez, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre la materia en el caso Ekmekdjian, Miguel c/Neustandt, Bernardo y otros en 198824. En este caso, el señor Ekmekdjian pretedía obtener un espacio en el programa "Tiempo Nuevo" conducido por el señor Neustandt, para responder consideraciones hechas en el programa televisivo por el ex Presidente Frondizi como invitado a dicho programa. El conductor del programa negó el derecho de declaración o respuesta al señor Ekmedkjian y éste accionó ante los tribunales por considerar que tenía derecho a replicar en virtud de un interés difuso, aún cuando personalmente no había sido aludido.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina negó o rechazó la petición de derecho de respuesta o réplica, sosteniendo que tal derecho no era el medio idóneo para un debate de personas que sustentan ideas diferentes, sino que requería una "ofensa o ataque a la personalidad del sujeto que pretende ejercerlo, la que no se da en la especie".
En efecto, el derecho de declaración o rectificación no se ejerce respecto de opiniones, las cuales constituyen la exteriorización del pensamiento que se expresa a través de juicios de valor o ideas, las cuales no son susceptibles de probarse científicamente. Respecto de ellos no puede exigirse imparcialidad o veracidad ya que por su naturaleza son de carácter subjetivo, respondiendo al enfoque o perspectiva de la persona con todas sus vivencias y condicionamientos sociales y culturales, ya que de lo contrario, actuaría como un mecanismo perverso que inhibiría el debate de ideas, haciendo a los medios muy cautelosos en el tipo de mensajes que difunden para evitar el costo económico y político de tener que publicar la respuesta o aclaración de quienes se consideraran controvertidos en sus convicciones por dichas opiniones.
El Tribunal Constitucional Español siguiendo jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso "Lingens versus Kreisky", afirma que en ejercicio de la libertad de opinón (expresión), no es susceptible de prueba de veracidad, a diferencia de la libertad de información.
En el mismo sentido se encuentran otras sentencias del Tribunal Constitucional Español, entre ellas, la sentencia 172/90 fundamento jurídico 3; la sentencia 223/92, fundamento jurídico 2; 15/93, fundamento jurídico 2.
Esta perspectiva ha sido asumida por la Excelentísima Corte Suprema de Chile en sentencia del año 2000, en la acción de protección contra el diario El Mercurio de Santiago del Magistrado y ex Presidente de la Corte Suprema Sr. Servando Jordán, en el cual el Ministro Jordán pretendía rectificar una opinión editorial del diario. La Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema especificó que las opiniones pueden ser rectificadas sólo en el caso en que se fundamenten en hechos falsos, y en este caso "las informaciones que sirven de fundamento al artículo editorial donde se emiten los decires que el recurrente pretende sean rectificados no son falsos en lo substancial, si corresponden a una distorsión de la realidad".
La Corte Suprema en el fallo de esta queja determina que "una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico obliga a este sentenciador a considerar el artículo 19.1 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, adoptado por la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General de Naciones Unidas y publicado en el Diario Oficial del 29 de abril de 1989, en cuya virtud se establece que "nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones". El fallo añade que "en principio no es razonable ni admisible sostener que las opiniones vertidas en los medios de difusión sean susceptibles de rectificación o aclaración. En la más estricta lógica no puede atribuirse a la crítica el carácter de falsa. Se puede convenir o discrepar de las opiniones contrarias al propio punto de vista, pero en principio no resulta lógica ni jurídicamente admisible la pretensión de rectificar tales juicios, salvo que se verifiquen los presupuesto que se examinarán en el considerando siguiente".
En tal sentido, la libertad de opinión e información protege la libertad para estructurar una línea editorial del medio de comunición social y posibilitar la manifestación en dicho medio de determinadas orientaciones ideológicas.
Sin embargo, nos parece que puede ser objeto de declaración, respuesta, rectificación o réplica, la difusión de opiniones por un medio de comunicación social que sean atribuidas a una persona, ya que ello se transforma en un hecho comunicado, por tanto, en una información, ya que atribuir una idea constituye una información práctica25. En tal sentido, atribuir a alguien una opinión o ideas que el afectado considere inexactas o erróneas, dan lugar a un derecho de declaración, respuesta, réplica o rectificación.
Así la persona afectada puede rectificar las informaciones, como asimismo, los comentarios que sobre ellas se efectúan, cuando unas u otras sean falsas, unilaterales, situadas fuera de contexto, se presenten maliciosamente o sean ofensivas respecto de la honra de la persona afectada. El artículo 19, inciso 2 de la ley 19.733, supera las dudas que pudieran haber existido en la materia al precisar que las "aclaraciones y las rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que la motiva".
En todo caso, las informaciones susceptibles de respuesta deben ser datos o afirmaciones que pueden ser examinados en cuanto a su corrección, exactitud o integridad y cuya declaración sustancial no es la mera manifestación de una opinión personal.
Finalmente, puede sostenerse que la declaración o rectificación surge cuando el aludido en la información afirma que esta última es inexacta o agraviante, predicamento que si no es aceptado por el medio de comunicación social extrajudicialmente, abre la puerta a la acción jurisdiccional, la que resolverá en definitiva sobre la materia. En todo caso, el medio de comunicación social podrá dar lugar al derecho de declaración del afectado por la información, para que éste exprese su versión sobre los hechos o acontecimientos desde su propia perspectiva, sin que ello signifique para el medio de comunicación social aceptar que su información sea inexacta o agraviante, sino sólo para posibilitar que el público expuesto a la información pueda confrontar los diferentes elementos de juicio que faciliten adoptar una toma de posición más completa, acercándose más a la verdad de los hechos u acontecimientos.
La declaración, respuesta, rectificación o réplica, según las diversas denominaciones conocidas que recibe la institución en análisis, debe circunscribirse al "objeto de la información que la motiva", lo que implica que debe guardar correspondencia y proporcinalidad con la información que la causa, debiendo en último término, resolver sobre la materia el tribunal competente.
A su vez, el artículo 21 de la ley 19.733, limita el derecho de rectificación o aclaración al establecer que éste "no se podrá ejercer ... con relación a las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar esos artículos, si por medio de su difusión se cometieren alguno de los delitos penados en esta ley".
Finalmente, consideramos que debe entenderse que las informaciones oficiales producto de difusión de sentencias judiciales, de licitaciones o de balances oficiales, todos ellos publicados sin comentarios o interpretaciones, nos parece que no dan lugar a aclaraciones o rectificaciones por parte de terceros por regla general, salvo que la transcripción siendo fiel sea parcial, desnaturalizando su sentido o alcance, tal situación debiera permitir a la persona aludida por la información el derecho de declaración o rectificación al efecto de insertar las partes omitidas que revelen el verdadero contexto de la sentencia u otra información difundida.
7. EL SUJETO PASIVO OBLIGADO A LA DIFUSIÓN DE LA DECLARACIÓN, RESPUESTA O RECTIFICACIÓN ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN EN QUE SE CONCRETÓ LA INFORMACIÓN QUE GENERA COMO REACCIÓN EL DERECHO DE DECLARACIÓN O RECTIFICACIÓN DE LA PERSONA AFECTADA POR ELLA
Esta afirmación se desprende claramente del texto constitucional en su artículo 19 N°12, inciso 3, el que precisa que la declaración o rectificación debe ser gratuitamente difundida "por el medio de comunicación social en que esa información hubiere sido emitida".
Tal es también la perspectiva del artículo 14 de la CADH, cuyo inciso 1 determina que la persona afectada o agraviada, tiene derecho "a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley".
Finalmente, la ley 19.733, en su artículo 16, precisa que la declaración o rectificación se ejerce respecto del mismo medio de comunicación social" en que esa información hubiera sido emitida". Dicho medio de comunicación social, aclara el artículo 18 de la ley 19.733, es el que tiene la obligación de difundir gratuitamente la aclaración o rectificación de la información que la motiva, aún cuando provenga de una inserción.
Se entiende para estos efectos, como medio de comunicación social según la ley 19.733, artículo 2, inciso 1, aquellos medios "aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable o periódica, textos, sonidos o imágenes destinadas al público, cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado". Así los sujetos pasivos pueden ser diarios, revistas, periódicos, radioemisoras, estaciones de televisión abierta o de circuito cerrado, agencias informativas, las informaciones o noticiarios concretados a través de cines y de cualquier otro soporte o instrumento.
La ley no se refiere a afiches, carteles, inscripciones murales, ni tampoco a los libros, éstos son también medios de comunicación social, aunque no tienen el carácter de periodicidad que exige la ley, los cuales en el caso de contener narraciones de hechos o informaciones que ofendan o aluden injustamente a personas determinadas, no hay regulación contemplada por la ley, consideramos que podría recurrirse también a una especie de derecho de aclaración o rectificación, mediante la anexión de volantes rectificativos o aclarativos en los volúmenes impresos existentes para proseguir su difusión o comercialización, como asimismo, en el caso de libros establecer la incorporación de las rectificaciones en las ediciones siguientes o la supresión de las referencias objetadas, sin perjuicio de una inserción pagada por el autor o editor del texto objeto de aclaración o rectificación en un diario de circulación nacional con el objeto de reparar a la persona afectada respecto de los textos ya difundidos o comercializados con anterioridad de la incorporación del inserto antes aludido.
Así es el medio de comunicación social responsable de la información inexacta, y no otro, el que es el sujeto pasivo del derecho de respuesta, aclaración o rectificación. El propósito es facilitar a la persona afectada el acceso a la misma audiencia que estuvo expuesta a la información agraviante o inexacta.
8. REGULACIÓN LEGAL DE LAS CONDICIONES Y MODALIDADES DE EJERCICIO DEL DERECHO DE DECLARACIÓN, RESPUESTA O RECTIFICACIÓN
El legislador al desarrollar el derecho asegurado constitucionalmente lo regula, estableciendo las condiciones y modalidades de su concreción, en los artículos 18, 19 y 20 de la ley 19.733, todo ello de acuerdo con el artículo 14 de la CADH, que entrega al legislador interno las condiciones de ejercicio del derecho.
8.1. La extensión de la aclaración o rectificación.
El artículo 18, inciso 2, precisa que "la aclaración o rectificación no puede tener una extensión superior a mil palabras, o en el caso de la radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, a dos minutos".
La extensión se reduce en relación a la legislación anterior, sin perjuicio de ello, la nueva regulación no afecta sustancialmente el derecho ni lo desnatutaliza, posibilitando su ejercicio de acuerdo a su fin, en forma razonable.
8.2. La notificación de la aclaración o rectificación al medio de comunicación social y plazo para ella.
El requerimiento debe dirigirse "al director del medio de comunicación social, o a la persona que deba remplazarlo, dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la edición o difusión que lo motive". El interesado notificará al director por medio de una cédula que contendrá íntegramente el texto de la aclaración o rectificación, la que será concretada por un notario o receptor a simple solicitud del interesado, según dispone el artículo 18 de la ley, en sus incisos tercero y cuarto.
8.3. La publicación de la aclaración y rectificación y el plazo para concretarla.
El medio de comunicación social debe publicar el escrito de aclaración o rectificación en forma íntegra, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que lo haya provocado o, en su defecto, en un lugar destacado de la misma sección. Si el medio de comunicación social es de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión, la aclaración o rectificación debe difundirse en el mismo horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.
En cuanto a la oportunidad de la difusión por el medio de comunicación social, ésta debe concretarse dentro de un plazo razonable después de haber recibido la aclaración, respuesta o rectificación, el cual debe ser en el programa o publicación siguiente a la recepción de dicha solicitud. Así lo establece la Ley de Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo en su artículo 19, la difusión destinada a rectificar o aclarar se hará, a más tardar, en la primera edición o transmisión que reúne las características indicadas y que se efectúa después de las veinticuatro horas siguientes a la entrega de los originales que la contengan. Si se trata de una publicación que no aparezca todos los días, la aclaración o la rectificación deberán entregarse con una antelación de, a lo menos, setenta y dos horas.
El director del medio de comunicación social no puede negarse a difundir la aclaración o rectificación, salvo que ella no se refiera a la información que la motiva, tenga una extensión superior a la antes señalada o suponga la comisión de un delito, como lo dispone el artículo 19.
La ley establece que se presume la negativa a difundir la aclaración o rectificación si no la hace en el lapso antes indicado o no lo difundiere en los términos antes indicados.
8.4. Si el medio de comunicación social realizara nuevos comentarios sobre la aclaración o rectificación, el afectado tendrá el derecho a una réplica de acuerdo con las reglas antes señaladas.
Los comentarios del medio de comunicación social deben diferenciarse claramente de la aclaración o rectificación, como establece el artículo 19 inciso cuarto, todo ello con el objeto de no interferir ni desnaturalizar el derecho de rectificación o respuesta, cuya información debe conocerla claramente el público expuesto a la primera información, evitando así toda confusión. Todo ello está en consonancia con el objetivo de mantener el equilibrio entre los sujetos que participan del proceso de información.
8.5. Limitaciones al derecho de rectificación o aclaración.
El derecho de aclaración o rectificación no puede ejercerse, de acuerdo a lo que dispone el artículo 21, respecto a las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica o deportiva, sin perjuicio de la sanción a que puedan dar lugar esos artículos, si por medio de la discusión se cometiere algunos de los delitos penados en esta ley.
8.6. El conocimiento y resolución de las denuncias por denegación del derecho de aclaración o rectificación: El tribunal competente.
El tribunal competente para conocer de la denegación o incumplimiento de la difusión de la aclaración o rectificación por el medio de comunicación social aludido es el tribunal con competencia en lo criminal del domicilio del medio de comunicación. La posibilidad de aplicación de responsabilidades consideramos que tienen que ver con la estricta necesidad de protección del derecho constitucional al respeto de la honra de las personas.
9. EL PROCEDIMIENTO
El procedimiento indica que la denuncia debe señalar con claridad la infracción cometida por el medio de comunicación social, los hechos que la configuran, adjuntando los medios de prueba que los acrediten en el caso de ser necesarios.
El tribunal competente dispondrá que la denuncia sea notificada por medio de cédula que le será entregada al director del medio de comunicación social o a la persona que legalmente lo reemplace, en el domicilio legalmente constituido.
El medio de comunicación social denunciado debe presentar sus descargos dentro de tres días hábiles, adjuntando los medios de prueba que acrediten los hechos en los que los funda.
La sentencia definitiva se dictará dentro del tercer día vencido el plazo antes señalado.
La sentencia definitiva es apelable en ambos efectos, la que debe concretarse en el plazo fatal de cinco días, contados desde la notificación de la parte que lo entabla, debiendo contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.
Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de Apelaciones. Ésta resuelve en cuenta sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del expediente a la secretaría del tribunal.
Las normas antes señaladas respetan el derecho a la jurisdicción, el correspondiente emplazamiento, el derecho de defensa, la igualdad de armas procesales y de presentación de prueba, como asimismo se establecen plazos razonables y proporcionales a la naturaleza de la acción judicial.
10. LA SENTENCIA Y SU CONTENIDO
La sentencia puede acoger o denegar la pretensión del actor.
En la sentencia en que el tribunal acoge la pretensión del actor ordena publicar la aclaración o rectificación o su corrección, fijando un plazo para ello, puede aplicar, además, una multa de cuatro a doce unidades tributarias mensuales. Consideramos, como es obvio, que el tribunal puede rechazar en la sentencia el derecho de declaración, respuesta, aclaración o rectificación, si ella no dice relación con los hechos informados o si en la declaración o rectificación tiene un claro contenido injurioso o calumnioso.
11. LA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
Si ejecutoriada la sentencia, el medio de comunicación no publica la aclaración o rectificación dentro del plazo señalado por el tribunal, el director del medio será sancionado con una multa de doce a cien unidades tributarias mensuales y se decretará la suspensión inmediata del medio de comunicación social.
Sólo una vez que el director del medio de comunicación social pague la multa y acompañe declaración jurada en que se obliga a cumplir cabalmente la obligación impuesta en la primera edición, o transmisión más próxima, el tribunal alzará la suspensión decretada.
Son solidariamente responsables del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación social.
Las sanciones establecidas con pleno respeto al principio de reserva legal y legalidad de las penas, tienen un fin legítimo de protección de la honra de las personas, además de dotar de efectividad e imperio al fallo ejecutoriado del tribunal competente dentro del respeto del Estado de Derecho, siendo los montos de las multas y la suspensión en su caso del medio de comunicación social, medidas proporcionales, razonables y ajustadas a su fin, dentro del contexto de una sociedad democrática.
Finalmente, consideramos necesario reiterar que la publicación de una respuesta, rectificación o aclaración, no conlleva aparejado para el medio de comunicación social afectado retractación ni reconocimiento necesariamente de la inexactitud de la información originalmente difundida. La respuesta o rectificación sólo restablece un equilibrio necesario entre sujetos que participan del proceso de información.
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(**) Este artículo es parte del Proyecto de Investigación Fondecyt N° 1010453, año 2001, denominado "El Derecho a la Libertad de Opinión e Información frente al derecho al honor y la vida privada en Chile".
1 Ver Ballester, Eliel (1987), pp. 207 y ss.
2 Ver Cumplido Cereceda, Francisco (2000), pp. 477 ­ 479.
3 Barroso, Porfirio y López Talavera, María del Mar (1998). Citado por Chavero Gazdick, Rafael ( 2001) p. 205.
4 Badeni, Gregorio (1995), pp. 218 y ss.
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC- 7/86 (exigibilidad del derecho de Rectificación o Respuesta (Arts 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana de Derechos Humanos), párrafos 22 al 24.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC- 7/86 (Exigibilidad del derecho de Rectificación o Respuesta), párrafos 28 y 29.
7 Ver Cifuentes, Santis y Fernández, Marta (1990) LL,1990-E-872 citado por Zannoni, Eduardo y Bíscero, Beatriz (1993), p. 207.
8 Zannoni, Eduardo (1987), p. 369.
9 Plaza Panadés, Javier, El derecho al honor y la libertad de expresión, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 1996, p. 52. [ Links ]
10 Lete del Río, J.M. (1986), Ed. Tecnos, Madrid, España, 1986, pp. 186 y 187.
11 Soria, Carlos (1981), p. 13.
12 Forero B., José (1994), p. 189.
13 Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión 129.
14 Cepeda, Manuel José (1992), p. 233.
15 Sagüés, Néstor Pedro (1997), p. 314.
16 Sagüés, Néstor Pedro (1997), p. 313.
17 Espin Templado, Eduardo (1991), p. 45.
18 Carmona Salgado, Concepción (1991), p. 210.
19 Madrid Conesa, Fulgencio (1984), p. 45.
20 Corte I.D.H. Exigibilidad del derecho de Rectificación o Respuesta (artículos 14.1, 1.1. y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC ­ 7/86, párrafo 25.
21 Llamazares Calzadilla, María Cruz (1999), p. 42.
22 Ver sobre esta sentencia Suárez Crothers, Christian (2000), pp. 488 y ss.
23 Sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 13 de mayo de 1999, Rol N° 1.290-99. Revista Gaceta Jurídica, año 1999, N°229, pp. 113 a 123.
24 CSJN 1/12/88, ED. 131-526, citado por Zannoni y Bíscaro (1993), p. 214.
25 Ver Ballester, Eliel (1987), p. 49.