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Timestamp: 2020-07-14 21:26:48
Document Index: 283169444

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 3', 'Artículo 11', 'Artículo 27', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20']

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Justia México Estatales Baja California Sur Constitución Política del Estado de Baja California Sur TITULO SEGUNDO DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES
(Modificada su denominación mediante decreto No. 2018, publicado el 10 de noviembre de 2012)
Artículo 7.- En el Estado de Baja California Sur todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución General de la República, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y los contemplados en esta Constitución, sin distinción alguna, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que estos mismos se establecen.
(N.E. Adicionado mediante decreto No. 2074, publicado el 10 de abril de 2013)
(Adicionado mediante decreto No. 2234, publicado el 31 de diciembre de 2014)
7° BIS.- El Estado de Baja California Sur tiene una composición pluricultural, pluriétnica y plurilingüe, derivada originalmente de los pueblos indígenas que habitaron en su territorio al momento de iniciarse la colonización, a la que se sumaron personas que llegaron de otras partes del mundo, y particularmente, de pueblos indígenas procedentes de otras partes de México.
Esta Constitución asume a plenitud todos los derechos, prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas; así como las obligaciones de las instituciones públicas establecidas en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Reformado primer párrafo mediante decreto No. 1932, publicado el 10 de octubre de 2011)
Artículo 8.- Todo hombre y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la Ley.
Artículo 9.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos y obligaciones en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
(Reformado mediante decreto No. 2163, publicado el 30 de junio de 2014)
(Adicionado mediante decreto No. 2076, publicado el 20 de abril de 2013)
Artículo 10.- La educación será motivo de especial atención del Estado, asumiendo el ejercicio de todas las atribuciones que le confieren el Artículo 3o. de la Constitución General de la República y sus disposiciones reglamentarias. Su orientación será conforme al marco del respeto a los derechos humanos y a los principios señalados en dicho precepto, y en el desenvolvimiento integral y racional de los recursos socioeconómicos del Estado.
Todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación. El Estado y Municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que impartan el Estado y Municipios será gratuita y tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
(Adicionado mediante decreto No. 2079, publicado el 30 de abril de 2013)
Es derecho de los habitantes del Estado, acceder a la información y el conocimiento para lograr una comunidad totalmente intercomunicada. El Estado y Municipios, en apoyo de las labores escolares proporcionarán espacios públicos con acceso a internet gratuito en Bibliotecas Públicas y Escolares, para lo cual se coordinarán con sus dependencias, instituciones tecnológicas y educativas de todo el Estado.
(Adicionado mediante decreto No. 2166, publicado el 30 de junio de 2014)
El Estado y municipios dentro del ámbito de su competencia garantizarán la calidad en la educación obligatoria, con base en el mejoramiento constante, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, y la infraestructura educativa garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
Artículo 11.- La propiedad privada se respetará y garantizará en el Estado, con las modalidades que para su ejercicio, como función social, le impone el Artículo 27 de la Constitución General de la República, buscando el aprovechamiento racional de los recursos naturales susceptibles de apropiación, para propiciar la distribución equitativa de la riqueza pública, preservar su conservación y coadyuvar al progreso social.
(N.E. Reformado mediante decreto No. 2234, publicado el 31 de diciembre de 2014)
Las Leyes locales organizarán el patrimonio familiar determinando los bienes que deban constituirlos, sobre la base que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno.
Artículo 12.- Las Autoridades Estatales organizarán, coordinarán y fomentarán la vida económica de la entidad, para asegurar a todos los habitantes una existencia digna, tomando en consideración que los factores de la producción garantizan la justicia social.
(Reformado primer párrafo mediante decreto No. 2115, publicado el 30 de noviembre de 2013)
(Reformado mediante decreto No. 2032, publicado el 20 de diciembre de 2012)
Artículo 13.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud, y en general, al bienestar y a la seguridad individual y social, como objetivos de la permanente superación del nivel de vida de la población. La ley definirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la Federación.
Las leyes aplicables definirán las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado.
Todos los habitantes del Estado tienen derecho a participar en la vida cultural, artística, científica y tecnológica de la comunidad y en los beneficios que de ello resulten.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde a las autoridades Estatales y Municipales su estimulo, fomento, desarrollo, fortalecimiento, protección y garantía conforme a las leyes de la materia.
(Reformado mediante decreto No. 2234, publicado el 31 de diciembre de 2014)
(Adicionado mediante decreto No. 2091, publicado el 20 de agosto de 2013)
Todos los habitantes del Estado tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho de todo individuo de gozar de un ambiente ecológicamente equilibrado y la protección de los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de Baja California Sur. Los habitantes del Estado tienen derecho a conocer y tener acceso a la información actualizada acerca del estado del ambiente y de los recursos naturales de la entidad, así como a participar su protección y en las actividades designadas a su conservación y mejoramiento. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quién lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, el Estado y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
(Adicionado mediante decreto No. 2115, publicado el 30 de noviembre de 2013)
Todos los habitantes del Estado tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, de calidad y sustentable, que sea la base de su patrimonio familiar, como objetivo de la permanente superación del nivel de vida de la población. Para tal efecto el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, deberán implementar políticas y programas de acceso a la vivienda; desarrollaran planes de financiamiento para la construcción de viviendas de interés social, en colaboración con el Gobierno Federal; inducirán a los sectores privado y social hacia ese propósito, de conformidad con las disposiciones aplicables; y deberán garantizar la dotación de servicios públicos, en coordinación con los Municipios.
(N.E. Se crea un Apartado A, integrado por los actuales párrafos octavo y noveno con sus fracciones, mediante decreto No. 2345, publicado el 27 de abril de 2016)
A.- El Estado desarrollará políticas para la prevención y atención de las personas con discapacidad. Promoverá la integración social y laboral, la equiparación de oportunidades y la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, a fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad.
El Estado en los términos que disponga la ley reconoce el derecho de las personas con discapacidad a:
I. La atención sanitaria especializada acorde con sus necesidades, que incluirá la provisión de medicamentos y la atención psicológica, de forma gratuita.
II. La rehabilitación integral y la asistencia permanente.
III. Acceder al trabajo remunerado y socialmente útil en condiciones de igualdad.
IV. Obtener descuentos en los servicios públicos y lugares adecuados en transporte colectivo y espectáculos.
V. Beneficiarse de descuentos y exenciones fiscales.
VI. Acceso a educación, que desarrolle sus habilidades, potencie su integración y participación en la sociedad.
VII. Que en los planes y programas de desarrollo urbano se incluyan soluciones a sus requerimientos específicos.
VIII. Acceder a programas especiales de otorgamiento de vivienda exclusivos para personas con discapacidad que permitan su pleno desarrollo.
(Reformado [N.E. Se crea un Apartado B, integrado por el párrafo décimo y sus fracciones] mediante decreto No. 2345, publicado el 27 de abril de 2016)
(Adicionado mediante decreto No. 2117, publicado el 31 de enero de 2014)
B.- Toda persona tiene derecho de acceder a la información pública, así como al acceso, rectificación, cancelación u oposición y protección de sus datos personales, el cual será garantizado por el Estado en los términos de la Constitución General de la República, esta Constitución y la ley respectiva. Para proteger el derecho fundamental de acceso a la información, se establecen los siguientes criterios, principios y bases:1
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad publica en los términos que fijen las leyes. En la interpretación y aplicación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones , la ley determinara los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
Se presumirá que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.
II. El ejercicio del derecho de acceso a la información, de acceso a datos personales, así como la rectificación, cancelación y oposición de estos, serán gratuitos, sin embargo, la reproducción de la información en elementos físicos o técnicos, tendrá un costo directamente relacionado con el material empleado, sin que lo anterior implique lucro a favor de la autoridad generadora de la información.
(N.E. Reformada mediante decreto No. 2345, publicado el 27 de abril de 2016)
IV. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales, la rectificación, cancelación y oposición de éstos, en los términos que las leyes dispongan.
V. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Los procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante de la transparencia en el Estado, cuyo funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Las resoluciones que emita el organismo garante podrán ser combatidas por los particulares en los términos que establezca la ley.
VI. Los sujetos obligados deberán organizar el uso de la información pública y preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, publicando a través de los medios electrónicos disponibles, la información relativa completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
(N.E. Reformada en estilo, mediante decreto No. 2345, publicado el 27 de abril de 2016)
VIII. La inobservancia de las disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
(Adicionado mediante decreto No. 2345, publicado el 27 de abril de 2016)
El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se denominará Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, el cual gozará de plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar la transparencia y el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos establecido en las Leyes.
El organismo autónomo previsto en el párrafo anterior, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública que emita el Congreso del Estado, en los términos que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Para dar cumplimiento a la transparencia, el organismo garante y los sujetos obligados deberán contar con un área de informática, misma que estará determinada en la Ley.
(Reformado mediante decreto No. 2351, publicado el 26 de mayo de 2016)
El Organismo Garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Autoridad Municipal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal. También podrá interponer las acciones de inconstitucionalidad en contra de disposiciones legales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Los particulares podrán impugnar las resoluciones del órgano garante ante las autoridades jurisdiccionales que dispongan las leyes.
El organismo garante se integrará por tres comisionados, garantizando la equidad de género. Para su nombramiento, el Congreso del Estado, a propuesta de las fracciones parlamentarias realizará una amplia consulta a la sociedad, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo y la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Para la elección del Comisionado que deba cubrir la vacante, se integrará de una terna compuesta por dos propuestas de la sociedad y una de las fracciones parlamentarias, se requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.
Una vez electo, se le tomará la protesta ante el Pleno del Congreso, y se mandará publicar el decreto correspondiente.
El Gobernador del Estado podrá objetar el comisionado electo en uso de su facultad de veto prevista en la Constitución, en estos casos el Congreso del Estado, procederá de nueva cuenta a realizar el procedimiento de elección.
El cargo de Comisionado comenzará a correr a partir del día siguiente de la publicación del Decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Los Comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos establecidos en este artículo.
El Comisionado presidente será electo entre los comisionados por un periodo de dos años, y podrá ser reelegido para el periodo inmediato; estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso del Estado de Baja California Sur, en la fecha y en los términos que disponga la ley.
Los comisionados no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones públicas como privadas ya sean docentes, científicas o de beneficencia, los cuales podrá desempeñar fuera de su horario de trabajo y solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Noveno de esta Constitución y podrán ser sujetos a Juicio Político.
El Congreso del Estado resolverá sobre las renuncias que presenten los Comisionados. En esos casos, así como en los de fallecimiento, ausencia, remoción, inhabilitación o cualquier otra circunstancia que le impida a un Comisionado concluir su encargo, el Congreso del Estado designará a quien lo sustituya, conforme a lo establecido en los párrafos precedentes, únicamente para concluir el período respectivo.
(Reformado [N.E. Republicado primer párrafo] mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
(Adicionado [N.E. con sus fracciones] mediante decreto No. 2345, publicado el 27 de abril de 2016)
Para ser Comisionado del organismo garante, se requiere:
(Reformado [N.E. Antes fracción I], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
a) Ser ciudadano mexicano y residente en el Estado, por lo menos cinco años antes al día de su elección;
(Reformado [N.E. Antes fracción II], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
b) Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;
(Reformado [N.E. Antes fracción III], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
(Reformada mediante decreto No. 2351, publicado el 26 de mayo de 2016)
c) Poseer el día de la designación, título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultad para ello y tres años de experiencia en el ejercicio profesional;
(Reformado [N.E. Antes fracción IV], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
d) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
(Reformado [N.E. Antes fracción V], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
(Recorrida [N.E. Antes fracción VI] mediante decreto No. 2351, publicado el 26 de mayo de 2016)
e) No haber ejercido cargo de dirigencia partidista nacional, estatal o municipal, durante los cinco años anteriores al día de su elección;
(Reformado [N.E. Antes fracción VI], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
(Recorrida [N.E. Antes fracción VII] mediante decreto No. 2351, publicado el 26 de mayo de 2016)
f) No haber contendido para un cargo de elección popular o ejercido alguno, durante los cinco años anteriores al día de su nombramiento;
(Reformado [N.E. Antes fracción VII], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
(Recorrida [N.E. Antes fracción VIII] mediante decreto No. 2351, publicado el 26 de mayo de 2016)
g) No haber sido Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, Juez del Fuero Común, Secretario y Subsecretario del Despacho, Procurador y Subprocurador General de Justicia, Fiscales Especializados, Contralor General, Titular de la Auditoría Superior del Estado, Consejero Presidente o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Oficial Mayor del Congreso del Estado, Secretario General, Tesorero General, Oficial Mayor o Contralor de alguno de los Ayuntamientos de la Entidad, durante los cinco años anteriores al día de su nombramiento; y
(Reformado [N.E. Antes fracción VIII], mediante decreto No. 2427, publicado el 28 de febrero de 2017)
(Recorrida [N.E. Antes fracción IX] mediante decreto No. 2351, publicado el 26 de mayo de 2016)
h) No haber fungido como ministro de algún culto religioso cinco años antes al de su designación.
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por cinco Consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas al Congreso del Estado.
Artículo 14.- A nadie se le podrá aplicar una ley retroactivamente en su perjuicio.
Queda estrictamente prohibida la creación de leyes o tribunales especiales para casos concretos. Las leyes del Estado establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los Tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
En los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
Artículo 15.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.
Artículo 17.- Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
Artículo 18.- El Estado establecerá un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos humanos y sus garantías que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
(Reformado mediante decreto No. 2031, publicado el 20 de diciembre de 2012)
Artículo 19.- El proceso penal será acusatorio y oral, y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Se regirá, en todas sus etapas, por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo dela personalidad y de la salud.
Artículo 20.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
(Reformado mediante decreto No. 2310, publicado el 20 de diciembre de 2015)