Source: https://vlex.co.cr/vid/sentencia-n-2018-00907-772336773
Timestamp: 2019-10-21 12:10:26
Document Index: 378068790

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 11', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 57', 'artículo 131', 'artículo 51', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 4']

Sentencia Nº 2018-00907 de Sala Tercera de la Corte, 19-12-2018 - Jurisprudencia - VLEX 772336773
Sentencia Nº 2018-00907 de Sala Tercera de la Corte, 19-12-2018
*150019110175PE*
Exp: 15-001911-0175-PE
Res: 2018-00907
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas y cinco minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho.
Visto el procedimiento para juzgar los miembros de los Supremos Poderes causa seguida contra Edgar Eduardo Mora Altamirano, por el delito de Incumplimiento de deberes y otros, en perjuicio de Los Deberes de la Función Pública y otros. ; y,
I.- En escrito visible de folios 55 a 61 del legajo de investigación, la Licenciada Emilia Navas Aparicio, en su calidad de Fiscala General de la República, solicita se dicte la Desestimación de la Investigación Penal bajo la sumaria Nº 15-001911-0175-PE, seguida en contra de Edgar Eduardo Mora Altamirano, por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Influencia contra la Hacienda Pública y otros, en perjuicio de Los Deberes de la Función Pública y otros, conforme a la siguiente relación de hechos que cita en su gestión: “El 12 de agosto de 2015 fue interpuesta una denuncia penal en el II Circuito Judicial de San José, por parte del señor Allan Sevilla Mora en su condición de secretario del Consejo Municipal de Curridabat, contra el entonces Alcalde Municipal Edgar Eduardo Mora Altamirano. Los hechos denunciados son los siguientes: PRIMERO: “Instrucción para desobedecer la institucionalidad y el principio de legalidad mediante una contabilidad paralela”. En este apartado de la denuncia se transcriben supuestas manifestaciones realizadas por el denunciado, en una reunión a la cual convocó a los funcionarios (jefaturas y al menos una directora). Se indica que la reunión fue en horas laborales y en una oficina pública y no se hace referencia a si se trató de una grabación oficial. Sobre su procedencia únicamente se informa que le llegó al denunciante en un sobre cerrado. De la transcripción se denotan manifestaciones enfocadas a cambiar los objetivos que se tenían en la institución, a no ser obedientes ni con la Contraloría General, pues la única obediencia válida “…es la que dice la Constitución Política”, lo anterior por ser la Municipalidad un Gobierno autónomo. Se habla de construir nuevas metas, que “van en un libro de contabilidad no oficial”, indica que “esto no lo tiene por qué saber nadie, Sonia debe ver cómo lo acomoda y que lleven un libro aparte, digamos de la realidad” Asimismo siempre relacionado con la forma que pretende se trabaje, indica “yo para ser obediente no nací” y más adelante señala “olvidémonos de los reglamentos, las burocracias, etc, pongámonos las pilas. Ese es el mensaje”. SEGUNDO: “La vulneración al principio de legalidad “Se indica que el Alcalde Mora Altamirano hace un llamado a la desobediencia normativa, a llevar contabilidad doble o paralela y un Plan Anual Operativo también paralelo. En este apartado se mencionan de manera genérica actuaciones tendientes a fomentar “un oscuro sistema de contratación administrativa, al margen de la ley de la contratación administrativa, Código Municipal, Ley de Control Interno, ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública”, además de invisibilizar cuentas ajenas a los “Procedimientos de incorporación de la información en los libros contables legales”. No obstante lo anterior, el denunciante no concreta situaciones específicas que orienten periodos o fechas en las cuales pudo haberse dado alguna actuación irregular, pues se parte de que la actitud del Alcalde no es nueva y que no se está hablando de un comentario aislado. TERCERO: “La vulneración al deber de obediencia”. Señala el señor Sevilla Mora que el discurso del denunciado en la reunión encierra una “amenaza velada…así como acoso y la intimidación a los funcionarios que contradicen al señor Mora Altamirano” Lo cual impide a los servidores hacer uso de la desobediencia debida que establece el artículo 108 de la Ley General de la Administración Pública. Se menciona la existencia de una instrucción no escrita para negar información, a pesar de la publicidad de la misma y la realización de una charla sobre confidencialidad que confirma que todo se quiere manejar como confidencial. Denuncia que ha sido acosado por el Alcalde debido a su persistencia en denunciar públicamente sus actuaciones irregulares. CUARTO: “La vulneración del sistema de control interno” Se señala que el Alcalde Mora Altamirano muestra desdén en entregar datos confiables a la Contraloría General de la República, lo cual podría incidir en el resultado del índice de gestión municipal, conocido como “ranking municipal”. Se enuncia que los registros contables pueden decir una cosa y la realidad otra, se indica a manera de ejemplo que una compra masiva de materiales de construcción puede quedar registrada por objeto del gasto, asimismo señala que “presumiblemente” en Tirrases hay quienes resultan favorecidos con construcciones de aceras o suministro de materiales para obras que no califican como públicas, tampoco como ayudas temporales o subvenciones reguladas en el reglamento respectivo. Se deduce de la transcripción de los (sic) manifestado en la aparente reunión que fue grabada, que no puede haber fiabilidad de la información financiera, debido a que el Alcalde exhorta a no acatar los objetivos municipales QUINTO: En un apartado sobre vulneración al sistema de control interno se hace mención concreta a cuatro contrataciones directas llevadas a cabo en el año 2011, de las cuales se indica, se promovieron por separado para contratar un mismo objeto y que juntas podían superar los cincuenta millones. Las contrataciones mencionadas son las 2011CD-000908-01, 2011CD-000972-01, la 2011CD-000973-01 y la 2011CD-000981-01, indicando además que es del conocimiento de la Contraloría General de la República que hubo dos pagos de cinco millones de colones para un aparente socio del contratista y la presunta novia de éste por los mismos conceptos. SEXTO: Bajo el apartado “Contrataciones irregulares con las empresas EBI Berthier y La Villa” se denuncia el pago del rubro correspondiente al 13% de deducciones en las facturas a favor de la empresa Berthier Ebi, por concepto de pago por servicios brindados de transporte, almacenamiento y disposición final de desechos sólidos, luego de revocar las resoluciones AMC 387-08-2011, AMC-012-09-2011 y AMC-014-19-2011, al estimar que el atraso en la obtención del refrendo contralor de la Licitación Pública 2010-000001-01 se debió a elementos atribuibles exclusivamente a la Administración. Posteriormente la Alcaldía ordenó mediante resolución AMC-0629-09-2012 de las 8:27 horas del 7 de setiembre de 2012 “instaurar un procedimiento administrativo ordinario para establecer la verdad real de los hechos relacionados con la posible existencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución de este Despacho AMC-17-12-20U de las 14.20 horas del día 20 de diciembre de 2011…” Sin embargo, para ese caso la Contraloría General de la República no rindió dictamen favorable a la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, debido a que la potestad de revisión oficiosa se encontraba caduca. También se mencionan casos de contrataciones directas del año 2008, para contar con servicios profesionales en ciencias políticas, para realizar un proceso de diálogo intersectorial en el distrito de Tirrases, contratación que se paga sin que, aparentemente, se haya recibido el servicio. SÉTIMO: Se pone en conocimiento un convenio celebrado con la Universidad Católica de Costa Rica denominado “Convenio de permiso de uso de inmueble municipal, diseño y ejecución de programas de reinserción educativa” Dicho acuerdo se indica que fue objetado por el auditor Interno de la Municipalidad al considerar que “reñía con la legislación vigente”, sin embargo, fue acogido con votación de cuatro a tres el criterio jurídico de la Asesoría Legal. Posteriormente la Rectora de la Universidad Católica de Costa Rica mediante el oficio RUC-083 del 21 de abril de 2014, alega una serie de inconsistencias en la ejecución del convenio e incluso que fue firmado por el Secretario de la Universidad, señor Luis Diego Víquez Lizano que no tenía facultad para suscribir convenios de ninguna naturaleza. La rectoría decidió suspender unilateralmente la ejecución del convenio que nunca fue autorizada por el Consejo. OCTAVO: Se denuncia la gestión realizada por el Alcalde Mora Altamirano, en sesión ordinaria Nº 265-2015 de 28 de mayo de 2015, para que se modifique el Reglamento para la autorización y pago de egresos, de manera que pueda pagar montos de hasta 115000000.00 (ciento quince mil (sic) millones de colones) sin acuerdo del Consejo, lo cual podría debilitar aun mas del (sic) sistema de control interno. NOVENO: Se señala que mediante sesión ordinaria Nº 236-2014 del 5 de noviembre de 2014 el Consejo aprobó la moción del señor Mora Altamirano para firmar un convenio con la Asociación Incubadora Parque Tec, para el cumplimiento de los objetivos del Programa de Desarrollo Integral para Comunidades en Marginalidad Económica de Curridabat. Para esta contratación según el denunciante, el señor Luis Diego Víquez Lizano es consultor de la Asociación Incubadora Parque Tec. En la sesión ordinaria Nº 269-2015 del 25 de junio de 2015 Mora Altamirano, adicionalmente, propuso al Consejo se declare la idoneidad para administrar fondos públicos a la Asociación Incubadora Parque Tec, dado que el presupuesto incorporó 15000000.00 de colones (quince millones de colones) a favor de la asociación con lo cual los fondos irían a manos de un tercero, contra lo señalado en el artículo 11 del Convenio.” (f. 55 frente a 57 frente). En cuanto al fondo del asunto, la gestionante considera que no existen elementos suficientes para determinar que se haya cometido delito alguno, siendo en consecuencia lo procedente, solicitar la referida desestimación de la causa incoada en contra del señor Edgar Mora Altamirano. En cuanto a los hechos primero a cuarto, la petente señala tres razones para concluir sobre la atipicidad: i)- porque el denunciante obtuvo de manera ilegal la información que recibió en un sobre cerrado, al tratarse de una grabación que se presume es una captación de comunicaciones realizada de manera furtiva, por la forma en que se le hizo llegar al quejoso, y que más bien podría encuadrar en el tipo penal previsto en el numeral 198 del Código Penal, que sanciona “a quien grabe sin su consentimiento, las palabras de otro u otros, no destinadas al público…” Añade que no se está ante el supuesto de excepción a la captación de las comunicaciones contenido en el artículo 29 de la Ley de Registro y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, porque el denunciante no participó de la comunicación, sino que explica que le llegó en un sobre cerrado, circunstancia que excluye la referida excepción; ii)- de la información brindada en la denuncia, no se extrae la comisión de delitos, por no estar claro por ejemplo, la intención de llevar una contabilidad paralela, ya que se está tratando de los objetivos institucionales; la referencia que se hace de “un libro de contabilidad no oficial”, alude más bien a las nuevas metas a obtener; iii)- se discuten acciones de tipo administrativo con miras a futuro, sin que se pueda determinar si efectivamente se realizaron. En síntesis, señala que “…debido a la forma en que fue recibida la grabación de la cual se derivan la mayoría de los hechos denunciados, que se reitera no encuadran en figura penal alguna.” (f. 58). En relación con los hechos que refiere en el apartado quinto, donde se mencionan las cuatro contrataciones directas promovidas y gestionadas por el encausado en su condición de Alcalde Municipal de Curridabat, la Fiscala General cita la resolución contenida en el expediente Nº 7383-2015 (DJ-0800), dictada por el Órgano Decisor de la Contraloría General de la República (en adelante CGR), de las nueve horas del veintisiete de mayo del dos mil quince, sobre los hechos vinculados a esas contrataciones. Sobre el particular, se determinó en dicha resolución la existencia de una falta grave por parte del denunciado Edgar Eduardo Mora Altamirano, en su calidad de Alcalde, así como del Proveedor Municipal y del Asesor Jurídico, a quienes se les impuso como sanción una amonestación escrita, que fue publicada en el Diario Oficial, la cual adquirió firmeza el 06 de enero del 2016, según consta en el sistema de consulta de sanciones del sitio oficial de la CGR, el cual fue accesado electrónicamente. La gestionante efectúa un breve resumen sobre el procedimiento administrativo tramitado por el órgano contralor, en relación con dichas contrataciones, en el que se determinó la no verificación de manera expresa en el expediente administrativo de las cuatro contrataciones directas, los estudios legales y técnicos previos que sustentaran por qué los profesionales contratados contaban con la idoneidad, especialidad y experiencia solicitada en las justificantes de las solicitudes de bienes y servicios varios y en el cartel, así como el estudio económico que justificara la razonabilidad y proporcionalidad del precio que se debía pagar con los fondos públicos, respecto al objeto de esas contrataciones. Sobre este extremo, el escrito fiscal señala que se precisa el dolo de parte de Mora Altamirano, para adecuar sus conductas a tipos penales. Adiciona que el delito de incumplimiento de deberes se encuentra prescrito desde agosto del 2017, porque la denuncia se presentó en agosto del 2015, habiendo transcurrido el plazo de dos años, por ser un ilícito sancionado con pena de inhabilitación, según el artículo 31 inciso b) del Código Procesal Penal. Con relación al delito de Influencia contra la Hacienda Pública -art. 57 de la Ley Nº 8422, Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública-, el tipo penal precisa que se produzca un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o bien se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin. En el caso del denunciado, en el procedimiento administrativo se tuvo como atenuantes de la sanción impuesta, la no existencia de un daño material a la Hacienda Pública y los posibles efectos innovadores en materia de planes reguladores municipales que aparentemente se dieron de alguna forma, al realizarse las referidas cuatro contrataciones directas. En esa tesitura, descartan en consecuencia que se incurriera en el ilícito investigado, pues “…resultaría contradictorio, establecer vía penal una influencia contra la Hacienda Pública, que el propio órgano constitucionalmente designado en la vigilancia de ésta, descartó, unido por supuesto, a la exigencia en materia penal, para el tipo específico de que se trate de una conducta dolosa, que más bien se descarta en el tanto el procedimiento de contratación, fue avalado con el criterio jurídico que sirvió de sustento a las decisiones del denunciado que fungía en ese momento como Alcalde de Curridabat.” (f. 59 frente). En cuanto al hecho denominado sexto, relacionado con las contrataciones irregulares con las empresas EBI Berthier y La Villa, la gestionante menciona que también el ente contralor tuvo participación, denegando en principio el refrendo contralor, por incumplimiento del artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, refrendo que fue otorgado el 5 de agosto del 2011, y posteriormente denegando la emisión de un criterio por parte de la División Jurídica respecto a la anulación vía administrativa, de la resolución de la Alcaldía Municipal de Curridabat NºAMC-17-12-2011, de las 14:20 horas del 20 de diciembre del 2011, tendiente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por la caducidad de la potestad oficiosa de la administración, ocurrida luego de un año de la adopción del acto por parte de la administración. Agrega que no obstante lo indicado, de la propia denuncia se desprende que fue presentado un procedimiento contencioso administrativo, por parte de la empresa, en que se ordenó un pago superior a diez millones de colones. Luego de una resolución que ordenó un pago por concepto de deducción realizada a la empresa Berthier, el propio Alcalde ordenó un procedimiento administrativo, tendiente a anular dicho acto, lo que no se logró por haber operado la caducidad de la potestad de revisar oficiosamente los actos por parte de la administración. La Fiscala General indica que si bien se aprecia un proceder errático en relación con la citada contratación, las conductas no encuadran en tipos penales. Sobre el particular, señala que en cuanto al delito que sanciona el pago irregular de contratos administrativos se refiere a pago por servicios, obras o suministros “no realizados”, “inaceptables” o “entregados defectuosamente”. Para este caso, “…se trató de la devolución de un porcentaje del 13% rebajado a la empresa proveedora, y que luego le fue devuelto por considerarse que el atraso en la ejecución del contrato se debió exclusivamente a la Administración y ello no podía perjudicar a la empresa. La investigación sobre el presunto atraso, que se atribuyó al tiempo que transcurrió hasta que fuera otorgado el refrendo contralor, según consta en el oficio Nº 4086, del 26 de abril del 2013 (DJ-0292-2013) y que fue del 2 de marzo al 5 de agosto de 2011, tuvo su origen en un incumplimiento legal.” (f. 59 vuelto). En cuanto al incumplimiento de deberes, reitera que estaría prescrito, aún si se determinara dolo. Con relación al delito de Influencia contra la Hacienda Pública, si bien se aclara que los elementos del tipo penal son lo bastante amplios, ya que se permite sancionar al funcionario público “que en cualquier forma” produzca un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública, también se requiere que concurran -además de los elementos objetivos-, el tipo subjetivo, el cual debe acreditarse también. Señala que en este asunto, “…el propio Alcalde puso en marcha el procedimiento administrativo dirigido a anular el acto emitido que permitió el pago, pero además se deriva de la información que consta en el expediente y la solicitada por la Fiscalía General, que existieron criterios jurídicos que fundamentaron las decisiones, las cuales bien o mal tomadas y merecedoras o no de sanción administrativa, no son capaces de considerarse típicas para efectos penales. En segundo lugar en relación con la acreditación del resultado lesivo a la Hacienda Pública, el caso incluso fue llevado a la vía jurisdiccional, propiamente contencioso administrativa, e incluso, como lo indica el propio denunciante, se ordenó pagar a la empresa determinada suma de dinero.” (ibídem). Respecto a la queja de que se contrató un profesional en ciencias sociales para que se encargara de realizar un proceso de diálogo intersectorial en el distrito de Tirrases, el escrito fiscal indica que sí existe documentación aportada por el mismo denunciante, que da respaldo al proceso efectuado, al igual que un documento denominado “Informe final. Proceso de diálogo intersectorial en el distrito de Tirrases”, que se tomó como base para ordenar el pago y concuerda con el objeto contratado, acorde con el cartel. Para la Fiscala General, “La contratación se llevó a cabo en diciembre de 2008 y la persona contratada fue el señor Luis Diego Víquez Lizano. A pesar de que el denunciante indica el diálogo intersectorial “aparentemente” no se realizó, existen documentos que como se indicó, muestran lo contrario.” (folio 60 frente). Respecto al apartado denominado Sétimo, vinculado con el Convenio de permiso de uso del inmueble municipal, diseño y ejecución de programas de reinserción educativa, la petente señala que del estudio de la documentación respectiva, se obtiene que contó con cuatro votos favorables de los miembros del Consejo Municipal y el respaldo del criterio jurídico sobre su legalidad. No obstante, indica que por no haber sido suscrito por la persona que podía comprometer a la Universidad, sino por el señor Luis Diego Víquez Lizano, secretario de la misma, la ejecución del convenio se dejó sin efecto, decisión que fue asumida de modo unilateral por la Rectora de la Universidad María Eugenia Paniagua Badilla, dada su preocupación por manejarse fondos públicos, sin un adecuado control en su criterio, en cuanto al logro de objetivos, ni documentación adecuada en relación con los fines. Pese a que el Convenio se ejecutó por más de un año, con motivo de la rescisión unilateral, se emitieron acuerdos y criterios legales que determinaron que los objetivos fueron cumplidos, y que la iniciativa tuvo respaldo desde su inicio en una encuesta de hogares que fundamentaron la necesidad del proyecto. Agrega que en este contrato, que también otorgaba el uso de un inmueble municipal a la institución privada, generó un criterio contrario por parte de la auditoría, el cual fue contradicho por la asesoría legal de la Municipalidad. La fiscalía se plantea si la discusión fue si se estaba ante una donación de bienes públicos o no. Al respecto, se indica: “La Municipalidad aclaró que se estaba ante el otorgamiento del uso del inmueble, pero no se transfería la propiedad por lo que no podía hablarse de una enajenación, ni requerirse los procedimientos para este tipo de acto. No obstante, al dejarse sin efecto la ejecución del convenio, también se puso a disposición de la Municipalidad nuevamente el citado inmueble, evidenciándose que no hubo una voluntad de enajenar la citada propiedad.” (f. 60, frente y vuelto). Añade el escrito de petición desestimatoria, que si bien en los delitos funcionales que puedan afectar el interés público o los fondos públicos también se protege la posibilidad de causar perjuicio, según el tipo penal aplicable, se indica que “el denunciado para este convenio específico se fundamentó en un criterio jurídico, y el caso fue respaldado por el Consejo Municipal, en lo que se podría calificar como parte de las labores ordinarias del Alcalde, sin que sea posible extraer un fin delictivo.” (f. 60 vuelto). En cuanto a los hechos que menciona como octavo y noveno, también se descarta la comisión de ilícito alguno, primero, porque tanto la modificación del reglamento de egresos, como la declaratoria de idoneidad para administrar fondos públicos, son procedimientos establecidos en la ley; segundo, porque consta que se sustentaron en acuerdos y criterios jurídicos obtenidos previamente; tercero, porque se trató de hechos que fueron puestos en conocimiento de la CGR. En ese entendido, el escrito fiscal sostiene que “Si en la aplicación de sus facultades el Alcalde para el primer caso, o la Asociación para el segundo caso; cometen alguna irregularidad se deberán establecer las responsabilidades correspondientes, pero propiamente la realización de un trámite establecido legalmente, no tiene los elementos suficientes para extraer la comisión de un eventual delito. Cabe decir que lo único que asocia el nombre de Luis Diego Víquez Lizano con la Asociación Incubadora Parque Tec es una imagen supuestamente tomada de Linkedln (sic), asimismo que la autorización para la declaratoria de idoneidad para administrar fondos públicos, precisamente da la oportunidad a personas jurídicas particulares de manejar ese tipo de fondo, lo cual parece no entenderse en la denuncia.” (f. 61 frente). Señala que a mayor abundamiento, la prueba ofrecida por el quejoso no corroboró lo denunciado (se refiere a los testimonios de Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación; Eduardo Méndez Matarrita, Director de Responsabilidad Social; Gustavo Mora Fonseca, Director de Gestión Vial; Rafael Angel Avila Arias, encargado del Cementerio Municipal y Carlos Rodolfo Núñez Castro, Director de Servicios Ambientales de la Municipalidad). En el caso de las primeras cuatro personas, el señor Allan Sevilla Mora indicó que les constaban los hechos; sin embargo, la Fiscalía informa que “ninguno de ellos corroboró lo denunciado…” Señala que en el caso de la reunión celebrada entre los Directores convocados por el Alcalde, la señora Sonia Hernández descartó la existencia de una contabilidad paralela, pues se refería a metas institucionales y no a aspectos financieros. También dicha testigo aporta que a ella no se le indicó que la reunión fuera a ser grabada, e ignora cómo se obtuvo el audio, siendo una confirmación para la Fiscalía del carácter espurio de su obtención. Se agrega que dicha testigo aportó copia de una nota que envió a la auditoría explicando los mismos hechos objeto de la presente causa, y que fueron investigados en su momento por ese órgano de control interno, quien incluso mostró extrañeza de que la referida denuncia fuera interpuesta tanto tiempo después de que se suscitaran los supuestos hechos, haciendo referencia al periodo de elecciones municipales, lo cual quedó plasmado en actas del Consejo Municipal, sobre los presuntos intereses políticos. En cuanto al testigo Randall Rodríguez, manifestó que la auditoría gestionó la resolución de la causa y la archivó; en el caso del testigo Eduardo Méndez Matarrita, indicó también que nadie le advirtió sobre la grabación de la reunión y en cuanto al fondo de lo discutido, descarta que hubiera presiones o indicaciones para actuar contra la ley por parte del Alcalde. Adiciona por último que el resto de los testigos descartaron también que existiera irregularidades en la Alcaldía, brindando una explicación sobre el uso de unas tuberías, tema que fue puesto en conocimiento de la CGR por el denunciante. En conclusión, sostiene que los hechos denunciados son atípicos, siendo lo procedente desestimar la denuncia formulada contra el actual Ministro de Educación Edgar Eduardo Mora Altamirano, por no existir delito alguno.
II.- La solicitud es atendible. Examinada la petición de desestimación fiscal, concuerda esta Sala que ha de acogerse la misma, en razón de que no concurre ninguno de los elementos típicos de las delincuencias denunciadas. En primer término, ha de indicarse que el denunciante Allan Sevilla Mora, en su calidad de Secretario del Consejo Municipal de Curridabat, mediante oficio SCMC 201-08-2015, con fecha 06 de agosto del 2015, dirigido al Lic. Rafael Picado López, encargado del Área de Denuncias e Investigaciones de la CGR, solicitó la intervención de dicho ente y de la Auditoría Interna de la Municipalidad “a efectos de que se realicen las investigaciones necesarias para determinar si se están produciendo desviaciones de materiales y recursos públicos para fines no lícitos.” Señala en dicho escrito que el denunciado Edgar Eduardo Mora Altamirano, a la sazón Alcalde Municipal, giró en el mes de febrero instrucciones verbales a un grupo de funcionarios con cargo de jefatura y direcciones, para que incumplieran el Plan Operativo Anual; asimismo, para que aplicaran una contabilidad paralela y desobedecieran el principio de legalidad, así como la institucionalidad del país, porque a él no le interesa el Índice de Gestión Municipal (por sus siglas IGM), solicitando se le otorgara el gusto de ser la peor municipalidad. Además, refiere otros cuestionamientos que en palabras del quejoso, le parece sumamente grave que el Alcalde Municipal, en su condición de jerarca administrativo de la referida Municipalidad, esté de manera presunta, “induciendo” dichas actuaciones (disco compacto Nº 1, rotulado: 15-001911-175-PE; archivo digital: “Expediente-150019110175PE-Completo”, p. 458; en adelante se mencionará sólo la página donde se localiza el archivo referenciado). Posteriormente, formaliza una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, con fecha 21 de octubre del 2015, dirigida contra el señor Mora Altamirano, por el delito de Incumplimiento de Deberes. En ella, refiere que los hechos ocurren en el mes de febrero del 2015 en horas de la mañana, en la Municipalidad de Curridabat, lugar en el que el denunciado citó a reunión a algunas jefaturas de la Municipalidad “…esto con el fin de girar directrices de como quería que se realizaran las cosas de ese momento en adelante…” Indica también que se enteró del contenido de la reunión por medio del Sindicato Municipal, pues a su oficina le llegó un disco compacto con el contenido de la grabación, desconociendo quién fue la persona que la realizó (p. 563). Añade que la intención de la reunión convocada por el Alcalde era la de “burlar la normativa tanto legal como presupuestaria de la municipalidad” (p. 564). La denuncia la amplía sobre lo que dijo en la Contraloría, respecto a una contratación irregular con la empresa Ebi Berthier y La Villa, para el “…traslado, tratamiento y disposición de desechos sólidos ya que no tiene el refrendo de la Contraloría y no se realizó conforme a derecho el procedimiento administrativo que corresponde y otras contrataciones irregulares con el señor arquitecto Eduardo Castillo por concepto de actividad relacionadas con el plan regulador del cantón de Curridabat, se evadió el procedimiento de contratación respectivo.” (p. 564). Recalca que la intención del denunciado era la de “hacer a un lado la ley” y que las jefaturas “hicieran lo que él quería” y “no dijeran nada”. Estima que corre riesgo el presupuesto con que cuenta la Municipalidad, en atención a las directrices e instrucciones que gira el denunciado “para que no se sigan los procedimientos”, señalando que los recursos se encuentran divididos en varias contrataciones promovidas por el investigado, mediante fragmentación de documentos. Por último, aclara que si bien el señor Mora Altamirano se postulaba entonces como candidato a ser reelegido en las votaciones municipales, su intención es que los hechos que denuncia sean investigados por el beneficio de la institución. Ofreció como prueba los testimonios de: Licda. Sonia Hernández Wray, Directora de Planificación; Lic. Eduardo Méndez Matarrita, Director de Responsabilidad Social; Ing. Randall Rodríguez Araya, Director de Gestión Vial; Ing. Gustavo Mora Fonseca, Director de Gestión Vial e Ing. Carlos Núñez Castro, Director de Servicios Ambientales (p. 565). Se aportó con el expediente un disco compacto rotulado: “Denuncia Penal Allan Sevilla Mora, 15-1911-175-PE, c/ Edgar Eduardo Mora Altamirano; archivo: “Nota de voz 2mp3”. Esta Sala ha escuchado el contenido de la grabación que aparece registrada, siendo que al principio se aprecia un audio defectuoso, difícil de entender su contenido, el cual se aclara a partir del contador 02:57 en adelante. Se escucha la voz de una persona masculina que se dirige a un grupo de asistentes -pues se oyen también algunas intervenciones de las personas presentes-, en el que se menciona varios temas relacionados con la Municipalidad de Curridabat, entre ellos: urbanismo popular; cultura y lugar; política de cero huecos; atlas de experiencia del ciudadano; metas sobre desarrollo urbano, etc. Conforme el escrito que aparece en el expediente denominado “Denuncia Penal”, visible de folios 6 a 16 del expediente físico, el quejoso transcribe parcialmente la alocución del señor Mora Altamirano, corroborando esta Cámara que dicha transcripción corresponde a los segmentos del disco compacto aportado, a partir del contador 1:28:18 a 1:33:43. Sobre el particular, en cuanto a los hechos “primero a cuarto” -así resumidos por la fiscalía-, que aparecen consignados en la referida denuncia del expediente físico -f. 6 a 10-, los mismos se sustentan en la grabación que se contiene en el disco compacto, prueba que el mismo quejoso acepta que se enteró de su contenido porque a su oficina se le hizo llegar el CD con la grabación de dicha reunión, desconociendo quien fue la persona que ejecutó esa acción -“ni tengo conocimiento quien realizó esta grabación”, p. 563-. Como bien lo apunta la representante fiscal, se trata de una grabación que se presume es una captación de comunicaciones que se hizo de manera furtiva, circunstancia que analizada desde la óptica legal, podría encuadrar en el ilícito penal “Captación indebida de manifestaciones verbales”, previsto en el numeral 198 del Código Penal. Dicho ilícito reprime con pena de prisión de uno a tres años a quien “…grabe sin su consentimiento, las palabras de otro u otros, no destinadas al público o que, mediante procedimientos técnicos, escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, excepto lo previsto en la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones. La misma pena se impondrá a quien instale aparatos, instrumentos, o sus partes, con el fin de interceptar o impedir las comunicaciones orales o escritas, logren o no su propósito.” Según lo anterior, se trató en consecuencia de una grabación que se hizo de las palabras -en este caso suponemos del denunciado-, que no estaban destinadas precisamente a un público, sino en tesis de principio a un grupo de personas funcionarias de la Municipalidad de Curridabat, quienes se encontraban reunidas por indicación del Alcalde para examinar asuntos de trabajo relacionados con ese Cantón. Tampoco se está ante el supuesto de excepción que señala el numeral 29 de la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervenciones de las comunicaciones, referido a los casos en que el titular del derecho otorga su consentimiento expreso o cuando la persona que participa en una comunicación oral, escrita o de otro tipo, mediante la cual se comete un delito tipificado por la ley, la registre o la conserve, de manera que la parte ofendida pueda presentarla ante las autoridades judiciales o policiales correspondientes, con el fin de que se investigue la situación. No es este el supuesto toda vez que el mismo quejoso acepta que no estuvo en esa reunión sino que la información le llegó a su oficina, la que señala ocurre a principios del mes de febrero del 2015. Sobre la fecha indicada, llama la atención que el denunciante asegura que la citada reunión se efectuó en ese mes; sin embargo, en escrito que dirige a la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José el 12 de febrero del 2016, aporta certificación de la grabación, afirmando que la reunión se efectuó a las 10:00 horas del 8 de enero del 2015, en el Despacho del Alcalde, con la asistencia de jefaturas y direcciones administrativas (p. 739-740). En segundo lugar, luego de escuchar el contenido de la cuestionada grabación, se mencionan una serie de tópicos vinculados directamente con el desarrollo y mejoramiento del cantón de Curridabat, donde se tocan temas como los mencionados anteriormente, en los que se insta a los asistentes a lograr las metas institucionales del cantón y el involucramiento activo de la ciudadanía. Lleva razón entonces la fiscalía pues del referido contenido no se extrae que el denunciado Mora Altamirano esté conminando a los asistentes a desobedecer la institucionalidad y el principio de legalidad. El modo en que el denunciado expresa sus ideas, a quienes en ese momento le escuchaban, no necesariamente reflejan una incitación a la comisión delictiva como lo interpreta el señor Sevilla Mora. Así se evidencia incluso de la misma prueba testimonial ofrecida en la denuncia del quejoso. Al respecto, la testigo Sonia Esther Hernández Wray señala que la reunión que menciona el Secretario del Consejo Municipal, fue en el mes de enero y no en febrero, como lo indicó en la denuncia. Manifestó que ella entendió que todo se iba a seguir haciendo conforme a los requerimientos con los que venían trabajando. Además expresamente indicó que “Yo nunca recibí una orden por escrito de dejar trabajar diferente a como lo veníamos haciendo, consulté si requerían variar alguna de las metas sobre las cuales se venía trabajando para que me lo informaran pero nadie me indicó nada.” (p. 660). La testigo se cuestiona el por qué se tardó tanto tiempo en denunciar sobre la reunión que ocurrió en febrero, según el escrito de Sevilla Mora, agregando que en ese momento, se encontraban en período político; señala incluso que Sevilla Mora y Mora Altamirano eran contendientes para la elección del puesto de Alcalde en el mes de febrero. Asimismo, aclara que Mora Altamirano en ningún momento le giró órdenes de incumplir el plan operativo, los cuales se pueden modificar según las necesidades y rechaza que se haya llevado la contabilidad económica paralela que menciona el denunciante. Por último, indica que la reunión se efectuó en la oficina de Mora Altamirano y que no se le indicó que la reunión se iba a grabar; desconoce cómo se obtuvo la referida grabación (p. 661). El testigo Eduardo Andrés Méndez Matarrita indicó que la reunión fue sobre el cumplimiento y acatamiento de metas las cuales se diseñan en conjunto, aunque la sistematización de los resultados se informaba a Planificación cada tres meses. De interés para la solución del caso, señala que el acusado planteó que la realidad del Municipio trascendía a las propuestas del plan operativo de cada unidad, explicando que pueden darse necesidades de la comunidad que los encargados no las visualizaran al momento de elaborar el plan. Informa también que el denunciado les exhortó a “solventar las necesidades inmediatas de la población haciendo lo que tengamos que hacer ya que son ellos quienes tributan y a quienes debemos nuestra gestión. Ahí es donde se podría interpretar en que riñe en la estructurar (sic) de los planes. Lo que indicaba Don Edgar es que si las necesidades de los ciudadanos conlleva en rediseñar las metas hay que hacerlo que tenemos que estar en contacto con la realidad y la necesidad de utilizar un arma neutral y apolítica para solventar las necesidades de los ciudadanos tenían siempre que ser prioridad. Desde mi óptica y desde mi trabajo yo puedo decir muy categóricamente que no ha habido ninguna irregularidad en las gestiones de Don Edgar […] nunca me ha pedido que violente el principio de legalidad en lo absoluto […] Esa reunión no fue grabada que nos hayan indicado.” (pp. 719-720). Por su parte, el testigo Randall Rodríguez Araya es conteste también en referir que el denunciado nunca le ha indicado que incumpliera sus deberes y las metas de su área; que no ha observado desviación de recursos y tampoco irregularidad alguna que haya cometido el Alcalde cuestionado (p. 700). El testigo Gustavo Mora Fonseca, indicó no haber escuchado que el señor Mora Altamirano le pida incumplir las metas: “siempre nos presionan para el cumplimiento de los mismos más bien.” (p. 722). El testigo Carlos Rodolfo Núñez Castro manifestó desconocer sobre los hechos denunciados, añadiendo no conocer algún tipo de irregularidad que se haya dado en la Municipalidad (p. 737). Por último, el testigo Rafael Ángel Ávila Arias también negó conocer sobre los hechos denunciados (p. 735). En síntesis, los testigos propuestos por el señor Sevilla Mora no acuerpan los hechos que consignó en su denuncia, desvirtuando en consecuencia que existieran las presuntas irregularidades en el actuar del señor Edgar Mora Altamirano. Concuerda esta Cámara con la posición fiscal de que la información brindada en la denuncia, no se extrae la comisión de los ilícitos sugeridos por el quejoso (Asociación Ilícita; Apología del delito, Peculado y Malversación, f. 14 escrito de denuncia), por no demostrarse intención alguna de desobedecer la institucionalidad y el principio de legalidad, mediante una contabilidad paralela. Lo que se desprende, tanto del contenido de la grabación como de los testigos aportados por el denunciante, es una petición de esfuerzo del Alcalde por sacar adelante las metas institucionales en el cantón, considerando un involucramiento activo de la ciudadanía. De la prueba aportada no es posible extraer la conclusión del inconforme, de que las instrucciones giradas por el Alcalde Municipal investigado, son una afrenta al régimen jurídico costarricense, que realice un llamado a la desobediencia de la normativa con amenazas implícitas, que haya indicado llevar una contabilidad doble o paralela, o bien, que haya acosado e intimidado a los funcionarios que asistieron a la reunión, aspectos que fueron desmentidos por los testigos ofrecidos y entrevistados por la Fiscalía. Como bien lo indica el escrito fiscal, en la referida reunión se discutieron acciones de naturaleza meramente administrativa, con intenciones de aplicarlas a futuro, desconociéndose si efectivamente se realizaron. De manera que se concuerda con la representación fiscal, de que los hechos denunciados en estos cuatro apartados no encuadran en figura penal alguna. En cuanto a los hechos que la fiscalía ubica en el apartado que denomina quinto, y que corresponden en la denuncia con el punto 1 bajo el título “Favorecimiento y fragmentación ilícita versus principio de igualdad y libre competencia” (f. 10 frente y vuelto del expediente físico), el cuestionamiento del denunciante se relaciona con cuatro contrataciones directas promovidas por el Alcalde Municipal para un mismo objeto, cuya facturación podrían superar los cincuenta millones de colones. Se refieren a los expedientes Nº 2011CD-000908-01; 2011CD-000972-01, 2011CD-000973-01 y 2011CD-000981-01, las cuales a su entender, afectaron el interés público al evadir lo indicado en el número 2 del Reglamento para la autorización y pagos de egresos de la Municipalidad de Curridabat, que señala que el alcalde municipal autorizará egresos por gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios hasta por un monto máximo de veinte millones de colones, siendo que corresponde al Consejo Municipal autorizar en casos de que se supere ese monto (art. 5 ibidem). Aclara que dicho caso ha sido objeto de una investigación por parte de la CGR. Igualmente denuncia que dicho ente tiene conocimiento de dos pagos por cinco millones de colones a favor de un aparente socio del contratista y a la presunta novia de éste por los mismos conceptos. Sobre el particular, consta en los autos la resolución contenida en el expediente Nº 7383-2015 (DJ-0800), de las nueve horas del veintisiete de mayo del dos mil quince, emitida por la CGR (expediente físico, f. 17-48). Se trata de un procedimiento administrativo de la Hacienda Pública seguido contra Edgar Mora Altamirano en su condición de alcalde, Christian Francisco González Sojo, Proveedor y Luis Gerardo de la Medalla Chaves Villalta, en su condición de Asesor Jurídico, todos de la Municipalidad de Curridabat. En el caso investigado, los cargos atribuidos propiamente al encausado Mora Altamirano, consistieron en que aparentemente incumplió con las regulaciones propias de la contratación administrativa en el uso de la excepción del artículo 131 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en las referidas cuatro contrataciones directas; además, de que no verificó que constaran de forma expresa en el expediente administrativo de esas cuatro contrataciones, los estudios legales y técnicos previos que fundamentaran el por qué los profesionales Eduardo J. Castillo Cortés, Joseph Andrew Kohl y Sofía Villanueva Echenagusia, contaban con la idoneidad, especialidad y experiencia solicitadas en las justificaciones de las solicitudes de bienes y servicios varios y en el cartel, así como el estudio económico que justificara la razonabilidad y proporcionalidad del precio que se debía pagar con los fondos públicos, con relación al objeto de cada una de esas contrataciones directas (f. 32). El Órgano Decisor tuvo por probado que en cuanto a Mora Altamirano, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, “incumplió con determinadas regulaciones propias de la contratación administrativa en el uso de la excepción del artículo 131 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en las contrataciones directas nº 2011CD-000908-01; 2011CD-000972-01, 2011CD-000973-01 y 2011CD-000981-01, en el sentido de que como máximo jerarca administrativo del municipio participó directamente al recomendar las adjudicaciones, suscribir los contratos de servicios, tener por cumplido a cabalidad el trabajo solicitado y solicitar los pagos respectivos […] pero no verificó que constara de forma expresa en el expediente administrativo de dichas contrataciones directas, los estudios legales y técnicos previos que fundamentaran el por qué los profesionales Eduardo J. Castillo Cortés, Joseph Andrew Kohl y Sofía Villanueva Echenagusia contaban con la idoneidad, especialidad y experiencia solicitado en las justificaciones de las solicitudes de bienes y servicios varios así como en el cartel, en consideración que se estaba ante la figura de una capacitación específica;” (f. 45 frente y vuelto). También se le reprochó el haberse comprobado que no acreditó la existencia del estudio económico que justificara la razonabilidad y la proporcionalidad del precio que se pagó con los fondos públicos, por el objeto atinente a las cuatro contrataciones directas (f. 46 frente). Por estos hechos se le responsabilizó administrativamente por culpa grave, sancionándosele con una amonestación escrita publicada en el Diario Oficial. Como atenuantes de la sanción, se consideró el cumplimiento del objeto contractual y del interés público en las cuatro contrataciones directas, al igual que el haberse generado una innovación en el desarrollo e implementación de planes reguladores en materia municipal (f. 47 frente); asimismo, se tuvo en cuenta además como atenuante, “el que no haya habido un daño material a la Hacienda Pública…” (f. 47 vuelto), circunstancia que descarta la comisión del delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública -artículo 57 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 8422-, al establecer el Órgano Decisor administrativo, que la actuación del investigado no generó un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público. Es decir que conforme a dicha resolución, se descarta la denuncia de Sevilla Mora de que la actuación de Mora Altamirano respecto al modo en que tramitó las cuatro contrataciones directas, afectara sensiblemente el interés público, o bien se desprenda la comisión de ilícito alguno. La sanción que se le impuso obedece más bien a criterios de ausencia de justificación con relación al incumplimiento de las regulaciones propias de la contratación administrativa, en el uso de la excepción del artículo 131 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en las cuatro contrataciones directas, descartándose en consecuencia vulneración alguna a la normativa citada por el quejoso. Además, el delito de Incumplimiento de Deberes -sancionado con pena de inhabilitación, art. 339 Código Penal- se encuentra sobradamente prescrito desde el año 2013 (art. 31.b del CPP) y no desde agosto del 2017 como erróneamente lo señala la fiscalía, pues los hechos denunciados datan del año 2011, siendo que la interposición de la denuncia por el quejoso en el 2015, no es causal de interrupción de la prescripción (art. 33 CPP y art. 62 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 8422). Con relación al punto 2 de la denuncia titulado “Contrataciones irregulares con las empresas EBI Berthier y La Villa” (hecho denominado sexto por la fiscalía), del escrito indicado se constata una serie de actuaciones de parte de Mora Altamirano que no configuran delito alguno que perseguir. En primer término, se cuestiona lo referente al procedimiento ordinario administrativo de lesividad contra la resolución Nº AMC-17-12-2011, de las 14:20 horas, del 20 de diciembre del 2011, sobre si correspondía o no el pago del lucro del 13% a la empresa Ebi Berthier, por servicios brindados de transporte, almacenamiento y disposición final de desechos sólidos. Sobre este extremo, en el expediente físico consta el dictamen jurídico 0292-2013, del 23 de abril del 2013, emitido por la CGR, en el que se indica que la División Jurídica no emite el criterio solicitado, respecto a la anulación en vía administrativa de la resolución de la Alcaldía Municipal de Curridabat Nº AMC-17-12-2011, en razón de que la potestad oficiosa dispuesta en el numeral 173 de la Ley General de Administración Pública, se encontraba caduca (f. 50-54). De acuerdo con los autos, consta que el propio encausado fue la persona que ordenó un procedimiento administrativo con el fin de anular la referida resolución administrativa, la cual había revocado las resoluciones Nº AMC-397-08-2011, de las 08:00 horas del 3 de agosto del 2011, AMC-012-09-2011 y AMC-014-19-2011, de las 15:30 horas del 6 de diciembre del 2011, y ordenó cancelar a la empresa Ebi Berthier las deducciones realizadas en aquellas del 13% de utilidad del contratista. Ciertamente, como lo reseña el escrito fiscal, si bien se aprecia la existencia de un proceder errático en la tramitología con la citada contratación, no existe delincuencia alguna en lo actuado por Mora Altamirano. El Ministerio Público descarta la comisión del ilícito de pago irregular de contratos administrativos, tipificado en el artículo 51 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nº 8422, que penaliza con prisión de uno a tres años, al funcionario público que “autorice, ordene, consienta, apruebe o permita pagos, a sabiendas de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por haber sido ejecutados o entregados defectuosamente, de acuerdo con los términos de la contratación, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica.” En este caso, según los autos y la prueba aportada, se cuestiona al denunciado el que ordenara cancelar el porcentaje del 13% rebajado a la empresa Berthier Ebi, por estimarse que el atraso en la obtención del refrendo contralor de la licitación pública Nº 2010-000001-01, se debió exclusivamente a la Administración, por lo cual no puede sancionarse al contratista, aunque luego ordenó instaurar un procedimiento administrativo ordinario para que se determinara la posible existencia de nulidad absoluta de la resolución Nº AMC-17-12-2011. Es decir, que no se discute si el servicio brindado de transporte, almacenamiento y disposición final de desechos sólidos, prestado por la referida empresa, no fue realizado o se consideró inaceptable, de manera que no se incurre en la figura indicada. Al igual que se indica en el análisis del hecho quinto, el delito de Incumplimiento de Deberes se encuentra prescrito. Tampoco se está ante el delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública, por cuanto no se acredita la intención de Mora Altamirano, de que por sus intervenciones se produjera un resultado determinado y lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública, en virtud de que fue él quien justamente mediante la resolución Nº AMC-0629-09-12, de las 08:27 horas, del 7 de setiembre del 2012, ordenó se instaurara el procedimiento administrativo ordinario “para establecer la verdad real de los hechos relacionados con la posible existencia de nulidad, absoluta, evidente y manifiesta de la resolución de éste Despacho Nº AMC-17-12-2011, de las 14:20 horas del día 20 de diciembre de 2011”, nombrando a dos personas como integrantes del órgano director; asimismo, estableció como medida cautelar, que no se cancelara la suma supuestamente adeudada, con el fin de proteger el patrimonio de la Municipalidad. Nótese que el quejoso denunció una contratación irregular con la empresa Ebi Berthier y la Villa, para el traslado, tratamiento y disposición de desechos sólidos, por no contar con el “refrendo de la Contraloría”, además de que no se realizó conforme a derecho el procedimiento administrativo que correspondía (p. 564). Sin embargo, según el DJ-0292-2013, aunque indica que por oficio Nº 02039 (DCA-531) del 2 de marzo de 2011, el ente Contralor denegó refrendo a los contratos suscritos entre la Municipalidad de Curridabat y la empresa Berthier Ebi y Servicios de Recolección y Limpieza Villa, según la Licitación Pública nº 2010-000001-01 -por incumplimiento del artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa-, lo cierto es que luego se precisa que mediante oficio Nº 07194 (DCA-1999) del 5 de agosto de 2011, la División de Contratación Administrativa de la CGR, concedió el refrendo a los contratos indicados, derivados de la citada licitación pública (oficio Nº 4086, del 26 de abril del 2013, f. 51 vuelto), lo que descarta la afirmación del denunciante. Concuerda esta Cámara con la tesis desestimatoria fiscal sobre la ausencia del tipo subjetivo por parte del encausado, en tanto de las probanzas aportadas no es posible determinar su convicción delictiva de querer afectar el patrimonio público, al existir criterios jurídicos que sustentaron las decisiones asumidas, las cuales no se consideran típicas para efectos penales. Con relación al punto 3 de la denuncia titulado “Diálogo intersectorial aparentemente no realizado”, versa sobre la contratación de un profesional en ciencias sociales encargado de desarrollar un proceso de diálogo intersectorial en el Distrito de Tirrases, gestionado por el Alcalde Mora Altamirano ante la Proveeduría Municipal. El inconforme cuestiona el que no consta los reportes de fax o correos electrónicos que permitan verificar si se consideraron otros posibles proveedores del referido servicio a contratar, salvo el señor Luis Diego Víquez Lizano, quien resultó ser el único oferente que ofertó justamente según el monto que consignó el Alcalde en la Solicitud de Bienes y Servicios -cinco millones de colones-, a quien luego se le adjudicó la contratación directa. Sobre este extremo, debe indicarse que conforme la prueba aportada, el reclamo del quejoso es manifiestamente infundado. Consta efectivamente que el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Curridabat invitó a varias personas a participar en la Contratación Directa 2008-CD-000925-01 “Contratación de Servicios Profesionales en Ciencias Sociales para realizar un proceso de diálogo intersectorial en el Distrito de Tirrases” (pp. 59-64). Consta también el oficio de la Proveeduría Municipal PM-466-12-2008, del 12 de diciembre del 2008, dirigido al encausado Mora Altamirano, en el que se le pone en conocimiento la única oferta recibida (p. 44), propiamente la del señor Luis Diego Víquez Lizano (pp. 56-58), la cual le fue adjudicada por un monto de cinco millones de colones, según oficio AMC-0788-12-2008 (p. 43, en relación con p. 42). Consta además la entrega del Informe Final de parte del adjudicatario (pp. 25-37) y la factura por cobro de servicios profesionales (p. 23). Si bien en la prueba aportada no aparecen los reportes de fax o correos electrónicos de los restantes invitados, que extraña el denunciante, sí consta que sólo se pronunció el señor Víquez Lizano, con la única oferta recibida (oficio PM-466-12-2008, p. 44), quien efectuó el trabajo solicitado, recibido a entera satisfacción por el Alcalde Municipal (oficio AMC-826-12-2008, p. 24). Lo anterior descarta la crítica de que aparentemente no se realizó el trabajo solicitado. En consecuencia, se concuerda también con la fiscalía de no existir irregularidad alguna en este reclamo. Sobre el punto 4 de la denuncia: “Cuestionado convenio con la Universidad Católica de Costa Rica”, relativo al acuerdo municipal de aprobar el “Convenio de permiso de uso de inmueble municipal, diseño y ejecución de programas de reinserción educativa”, suscrito con esa universidad (hecho sétimo), en síntesis, la queja estriba en que el señor Luis Diego Víquez Lizano es la persona que aparece suscribiendo el referido convenio, en su calidad de Secretario de la Universidad, sin contar con esa facultad. Sobre el particular, la fiscalía considera que la prueba aportada al expediente revela información que permite descartar la posible comisión de delitos. En primer lugar, se indica que la iniciativa contó con cuatro votos favorables del Consejo Municipal y con el criterio jurídico favorable sobre su legalidad (ver oficio DJ-009-2012, del 22 de febrero del 2012, en el que se emite criterio legal afirmativo de parte de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Curridabat, sobre la viabilidad de suscribir el citado convenio, p. 68-70). Consta también oficio RUC-083, del 21 de abril del 2014, suscrito por la MBA María Eugenia Paniagua Padilla, en su calidad de Rectora de la Universidad Católica de Costa Rica. En dicho escrito, señala que el señor Víquez Lizano no tenía la facultad de suscribir convenios de ninguna naturaleza, de manera que solicita se revise los alcances y responsabilidades del referido compromiso, “con la finalidad de actualizarlo como corresponda.” (p. 246). Por esta y otras razones que formula en su libelo, la Rectora decidió, de manera unilateral, suspender la ejecución del convenio. Sobre la inquietud formulada, la Alcaldesa en funciones Alicia Borja Rodríguez, dio respuesta a la Rectora mediante el oficio AMC-0281-05-2014, de fecha 15 de mayo de 2014 (pp. 263-266). De interés para la resolución del punto en discusión, se indica que se trató de un proyecto exitoso en la comunidad de Tirrases (cfr por ejemplo, lo indicado en el oficio DRSMC-049-05-2013, pp 271-273). Señala que desde sus inicios, se contó con la participación activa del Rector Pbro Fernando Muñoz Mora, quien estuvo presente en la inauguración del Programa La Cometa, quien suscribió los informes de labores en la ejecución de dicho programa. Además, en lo que concierne a la intervención del señor Víquez Lizano, expresamente se dijo: “Respecto de la facultad del señor Luis Diego Víquez, le adjunto el criterio legal de la Asesoría Legal Municipal suscrito por el Lic. Luis Gerardo Chaves Villalta, oficio Nº DJ-057-05-2014, recibido el día 9 de mayo de 2014 que aclara la justeza de señalar la condición al pie de la firma del señor Víquez “Ad referéndum”, así como la ratificación consensual hecha por el anterior Rector de ese Centro de Enseñanza Superior, en donde no cabe duda respeto (sic) de la facultad del señor Rector para ratificarlo, lo cual se dio en forma pública y evidente, amén de haber desplegado la UCatólica la ejecución del Convenio, según lo acordado por el Consejo de Curridabat.” (p. 263). El oficio referenciado DJ-057-05-2014, suscrito por el licenciado Luis Gerardo Chaves Villalta, Director Jurídico de la Municipalidad (pp. 267-270), explica que el señor Víquez Lizano suscribió el documento agregando a su rúbrica la frase “ad referéndum” (cfr. p. 252, del Convenio), en el entendido de que la validez del acuerdo firmado por aquel, depende de la aprobación o ratificación -formal o material-, por quien ostentaba la representación legal de la Fundación Universidad Católica de Costa Rica. Manifiesta que el señor Rector de esa Universidad participó en esa condición, en la ceremonia de inauguración del programa suscrito; también, aclara que dicha institución educativa ejecutó materialmente el convenio, “…en forma sostenida, continua, pública, de buena fe, realizando todo tipo de acciones relacionadas con el clausulado del documento suscrito por el Sr. Diego Víquez, recibiendo los cursos autorizados por el Consejo, para ser utilizados por la UCatólica, en la ejecución de los programas aplicados en La Cometa.” (p. 268). En síntesis, concluye que el referido convenio suscrito entre la Municipalidad de Curridabat y la Universidad Católica de Costa Rica “…no contiene vicios de legalidad, toda vez que la voluntad de las partes, ha quedado sobradamente plasmada en la cumplida, pública, continua, honrada ejecución del Convenio.” (p. 270). El tema del convenio indicado generó dudas en cuanto que se otorgaba el uso gratuito de un inmueble municipal a la institución privada educativa, aspecto que fue analizado por parte de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Curridabat, según se desprende del oficio AIMC-151-2012, suscrito por el licenciado Gonzalo Chacón Chacón (pp. 226-231). Concretamente, se reprocha que no se describe el inmueble; tampoco se señala el monto del recurso aportado, ni el tipo de recursos que se trata, asumiéndose en criterio del funcionario, una obligación indeterminada para con la universidad privada, inconveniente en tratándose de la administración pública; aparte de que se precisa en su opinión, una Ley especial autorizante para su realización. El cuestionamiento planteado fue refutado ampliamente por la Asesoría Legal de la Municipalidad, según se desprende del documento suscrito por la MG. Alba Iris Ortíz (pp. 233-238). En líneas generales, la petitoria fiscal concuerda con el criterio externado por la asesoría legal, en el sentido de que no existió en el convenio la voluntad de enajenar el inmueble objeto del convenio, puesto que no se transfirió la propiedad sino tan solo se facultaba su uso. Además, no se causó perjuicio alguno al interés público o los fondos públicos, toda vez que el denunciado se fundamentó en un criterio jurídico que resultó respaldado por el Consejo Municipal, excluyéndose una finalidad delictiva en su actuar, razonamiento que avala esta Sala pues así se desprende de las probanzas allegadas al expediente. Por último, respecto a las denuncias que se resumen en los aspectos octavo y noveno, no existe tampoco delitos que perseguir. La tesis fiscal para desechar la posible comisión de ilícitos por el encausado, se centra en los siguientes supuestos: i) la modificación del reglamento para la autorización y pago de egresos, al igual que la declaratoria de idoneidad para administrar fondos públicos a la Asociación Incubadora Parque Tec, son procedimientos que se encuentran establecidos en la ley; ii) porque consta que las solicitudes se sustentan en acuerdos y criterios jurídicos obtenidos previamente; iii) porque se trató de hechos que fueron de conocimiento de la CGR. Con relación a la denuncia de que el Alcalde investigado promovió la moción para que se efectuara la referida modificación del Reglamento, con el objetivo de que se le autorizara realizar pagos hasta por un monto de ciento quince millones sin acuerdo del Consejo, el quejoso se limita a indicar que dicho accionar podría debilitar más el sistema de control interno. No obstante, omite considerar lo que señala la representación fiscal, es decir que la indicada solicitud o moción se encuentra reglada; aparte de que solicitó el respectivo criterio de su petición. En los autos consta la moción cuestionada (pp. 435-436), en la que se solicita se modifique el artículo 2 del Reglamento para la Autorización y el Pago de Egresos de la Municipalidad de Curridabat, para que se autorice al Alcalde Municipal para contratar la adquisición de bienes y servicios no personales y gastos fijos hasta por un monto de ciento quince millones de colones, brindándose las justificaciones legales del caso. Consta además que compete a la Comisión de Asuntos Jurídicos conocer la iniciativa para efectuar dicha modificación, al igual que a la Asesoría Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones (oficio SCMC 171-07-2015, p. 442; ver también p. 452, 457). La moción para otorgar calificación de idoneidad para administrar fondos públicos a la Asociación Incubadora Parque Tec, fue examinada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Curridabat, en el punto quinto del expediente 1504, acordándose que hacía falta información que aportar a la iniciativa planteada (p. 454). De los autos aportados se menciona el Reglamento Nº R-2-2005 COI-DFOE -publicado en La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo de 2005, que establece el marco normativo básico para el otorgamiento de la calificación de sujeto privado idóneo para administrar fondos públicos-, cuyo artículo 4 indica que corresponde a la administración concedente estudiar la documentación aportada por los sujetos privados, con el fin de valorar su capacidad para administrar fondos públicos (p. 454), de manera que cuentan con esa posibilidad. Como lo informa la fiscalía, se trata de trámites establecidos legalmente, careciéndose de elementos suficientes para extraer la configuración de actos ilícitos. En síntesis, a tenor de lo indicado en la solicitud de desestimación presentada, lleva razón la Fiscala General de considerar que los hechos denunciados devienen en atípicos en relación con las actuaciones que le fueron atribuidas al Alcalde Municipal. Así las cosas y de conformidad con lo que disponen los numerales 394 y 395 del Código Procesal Penal, se acoge la solicitud planteada por la Fiscalía General de la República, y según lo dispuesto por el numeral 311 inciso b) del Código Procesal Penal, se desestima la denuncia interpuesta contra Edgar Eduardo Mora Altamirano, por los hechos atribuidos en su contra, por no derivarse de ellos delito alguno y resultar los hechos atípicos.
Se acoge la solicitud planteada por la Fiscalía General de la República y se desestima la denuncia interpuesta contra E. E. M. A., por los hechos atribuidos en su contra, por no derivarse de ellos delito alguno y resultar los hechos atípicos. Notifíquese.
Jesús Ramírez Q.
Patricia Solano C.
Mag. suplente.
Gerardo Rubén Alfaro V.
KCALDERONH
668-1/6-5-18