Source: http://eljustoreclamo.blogspot.mx/2009_04_19_archive.html
Timestamp: 2018-04-25 14:08:51
Document Index: 113538293

Matched Legal Cases: ['artículo 330', 'artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 123']

El Justo Reclamo: 04/19/09
Con Calderón, récord de abusos militares
2006-2009: oprobiosa impunidad militar
En los dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar a tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración.
Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como durante el gobierno de Felipe Calderón.En apenas dos años y cuatro meses, la institución acumuló más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre de este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena, 97 del total de las 423 interpuestas. Pero por frecuencia, la comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván, la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor, Vicente Fox, y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio. El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho, y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.
El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de la Décima Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de que sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones. Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar. Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”. Si los ministros deciden ir al fondo del asunto, la corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército: “Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.
Labels: abusos de militares, CNDH, corrupcion y narcotrafico, estado fallido, Guillermo Galvan, Impunidad, SEDENA, Vicente Fox, violacion a la Constitucion, violaciones derechos humanos
Narco, orfandad y asesinato de infantes
MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- En México, en los últimos 28 meses, cada semana cinco niños y niñas son víctimas de homicidio, atrapados en el fuego cruzado, vengados por sicarios, criminalizados por las fuerzas policíacas y del ejército.Del mismo modo cinco criaturas quedan en la orfandad cada día. Al abandono se suma el golpe psicológico de haber visto y vivido la mayor de las violencias: el crimen contra sus progenitores.
Sin duda, es uno de los saldos de la guerra desatada en este país a partir de la administración de Felipe Calderón, quien advirtió que sería "duro" y que habría "vidas perdidas". Nunca nos dijo que se tomarían los pueblos, las comunidades, que las armas entrarían directamente en las casas y llegarían a las cunas y a los cuartos infantiles.Mientras los informes de Derechos Humanos en Ginebra están sobrados del fenómeno de la trata de menores y la pederastia por Internet, inaceptables ambos, Fabiola Cárdenas Jacob, de 14 años, fue asesinada a quemarropa en Comalpa, Chiapas, a manos de las bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, en 2007.Del mismo modo, el 14 de julio de 2008, fue ejecutada Melina Judith Angulo, de 12 años, y Antonio Sabredica Salazar, de 17 años, en Culiacán, Sinaloa. En total, en dos años cuatro meses, 610 menores perdieron la vida y 3 mil 700 quedaron huérfanos y marcados por el horror, sin posibilidades de que el Estado se haga cargo de ellos, como sucedió en la Revolución Mexicana con los huérfanos de guerra.Es una desgracia infausta, terrible, porque los testimonios y las imágenes son igualitos a los que leemos cada día, por los hechos de la guerra en Irak o la ocupación Palestina. Muchachos que pierden la vida porque se fueron tras el señuelo de un sueño de consumo y éxito que ofrecen las bandas delincuenciales. Se sabe que de los 610 menores victimados, 437 actuaban como sicarios, pese a que apenas tenían entre los 12 y 15 años. Los panistas yunqueros volverán a decir que es culpa de las madres que no los cuidan o de los maestros de primaria.Los informes que fueron revelados por el periodista Gustavo Castillo García, en el diario La Jornada del domingo 12 de abril, no son de ninguna organización civil ni de una instancia de Derechos Humanos, dice el periodista que se trata de reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ni más ni menos.Es resultado de la inexistencia de un plan para salvar a "nuestros hijos" de la ingestión de drogas, por la que le apuestan millones de ciudadanos en las encuestas. Es el plan de "seguridad" el que envía a la fosa común a cientos de jovencitos; los mismos que mueren bajo fuego cruzado, (110 asegura el periodista) muertos sin temerla ni deberla. Verdadera imagen de inseguridad.¿Quién se ocupa? ¿Quién los protege? ¿Quién lo denuncia? Después de leer la noticia, me fui a buscar en la Internet, quería ratificar la información. Nada, ni el informe enviado a Ginebra por la Red por los Derechos de la Infancia el 10 de febrero de 2009, ni tampoco informa la Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia (AMNDI). Nadie lleva la cuenta que ahora revela la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco hallé algo preciso en los documentos de Ginebra, donde se relata el horror de la trata y, sí, la denuncia de la criminalización de las infancias marginadas y se exigen leyes y nuevas leyes. Mientras transcurre la dura realidad.Es un reporte que hiela el alma. Una estadística del crimen y la impunidad que echa por tierra cualquier definición de protección a la infancia. Me ha quedado en el teclado el texto del artículo 4º Constitucional que nadie respeta, donde se obliga al Estado a proteger a la infancia.Es por ello un saldo funesto. Está a cargo del gobierno y sus estrategias armadas contra el crimen organizado, del que las organizaciones no gubernamentales piden una definición. ¿Quién planeó esta barbarie? ¿Dónde está el final del túnel? ¿Qué hacemos con la propaganda que reza por una vida sin drogas para los muchachos y muchachas? ¿Adolescencia sin horizonte ni futuro?Hace tiempo una amiga me decía que en Michoacán se le preguntó a un joven sobre su proyecto de vida y éste respondió que quería "ser narco". Sin temor, explicó que nunca sería apresado o muerto, "eso les pasa a los tontos", argumentaba el muchacho. Mi amiga, psicóloga y funcionaria de la UNAM, se preguntó si valían los llamados a establecer políticas públicas, ahora para enfrentar las aspiraciones de las criaturas de aquella entidad y cómo parar el desastre y equilibrar la desazón."En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después victimarios por el odio con el que están creciendo", indica la nota periodística que además señala Sedena que los huérfanos van a "vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar".Yo me pregunto ¿habrá estos sitios para 3 mil 700 niños y adolescentes? ¿Quién llora a los 110 menores que dice Sedena "cayeron" víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado?
En este contexto recibimos esta semana a Barack Obama, definido por la espléndida nueva Ministra de Economía de España, Elena Salgado, como el presidente de la esperanza y leo en las páginas de los diarios nacionales y extranjeros cientos de líneas para la señora Corìn Tellado, que murió a los 82 años, después de 4 mil novelas insulsas, esas que mantienen a las mujeres en la opresión. Un panorama adverso. Sin duda.
Labels: AMNDI, amoralidad panista, asesinatos, delincuentes, guerra contra el crimen organizado, insensibilidad y fracaso del PAN, narcoterrorismo, ninez mexicana, orfandad, SEDENA, violencia
Pasta de Conchos: incumplimiento oficial
Con un tono triunfalista, para sostener el cual mutila y tuerce recomendaciones que se le formulan, el gobierno mexicano, la Secretaría del Trabajo en particular, dio a conocer muy breve y parcialmente el informe que sobre la tragedia de Pasta de Conchos aprobó el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incumplió así la disposición de ese organismo internacional de “dar a conocer públicamente el presente informe” y se limitó a acatar la parte final de esa recomendación: declarar “cerrado el procedimiento de reclamación”. En tal sentido tituló su boletín número 31, de 29 de marzo: “Se da por concluido el procedimiento de reclamación presentado en 2006 ante la Organización Internacional del Trabajo, con motivo del lamentable accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos”.En efecto, el 2 de marzo de 2006, apenas dos semanas después de ese grave acontecimiento, en que perdieron la vida 65 personas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (al que después se unieron siete agrupaciones más) presentó una reclamación a la OIT, alegando incumplimiento del gobierno mexicano de dos convenios internacionales relacionados con el caso, el número 150 sobre administración del trabajo, el 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el 170, sobre productos químicos. Un año después –la burocracia internacional es de andar pausado– se integró el Comité que estudiaría la reclamación y con ese mismo paso cansino demoró dos años en presentar su informe. Sus recomendaciones, o invitaciones al gobierno, revelan que la reclamación fue admitida por el órgano internacional, ya que, con el alambicado lenguaje que se estila en la diplomacia, se invita “al gobierno a que en consulta con los interlocutores sociales siga adoptando las medidas necesarias a fin de …garantizar el pleno cumplimiento del convenio número 155 y en particular, continuar la revisión y examen periódico de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores en la manera indicada en los artículos 4 y 7 del convenio 155, prestando particular atención a las actividades laborales peligrosas, como las que se realizan en la minería del carbón”.Como señal de su indisposición a aceptar esa invitación, el gobierno (a través del boletín de la STPS) de plano ignoró ese párrafo, que lo involucra en el incumplimiento del convenio mencionado. Respecto de otras invitaciones, el comunicado se permitió realizar operaciones de cirugía, para eliminar frases en sí mismas quizá triviales pero que al ser omitidas adquieren importancia. El documento de la OIT invita al gobierno mexicano a “finalizar y adoptar el nuevo marco reglamentario sobre la SST (seguridad y salud de los trabajadores) en el sector de la minería del carbón…”.
La SCT eliminó el verbo adoptar, lo que supone también rechazo a la invitación. De modo semejante se actúa respecto de otro párrafo. La OIT pide “asegurar por todos los medios necesarios, el control eficaz de la aplicación práctica de las leyes y reglamentos relativos a la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo a través de un sistema de inspección del trabajo apropiado y suficiente, de conformidad con el artículo 8 del Convenio No. 155, con el fin de disminuir el riesgo de que en el futuro se produzcan accidentes como el de Pasta de Conchos”. El boletín eliminó la frase “por todos los medios necesarios”, que constituye una exigencia de exhaustividad que no debería eludir, y simplemente borró las líneas finales, para evitar referirse en ese contexto a Pasta de Conchos.También se omite por completo la invitación que hace la OIT al gobierno para que “en consulta con los interlocutores sociales, reexamine el potencial del convenio sobre la inspección del trabajo”, no obstante que la organización internacional le reconoce estar adoptando medidas “con el objeto de fortalecer la aplicación de sus leyes y reglamentos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo de las minas”.El documento de la OIT se refiere también al pago de las indemnizaciones. En su boletín, la Secretaría del Trabajo se ufana de que la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo consiguió para las familias de 56 víctimas cantidades superiores a las que por ley correspondería a los beneficiarios. Sin embargo, dice el organismo internacional, “el gobierno no proporcionó informaciones específicas sobre las bases o los elementos que se tomaron en cuenta para llegar” a la suma pagada.A lo largo del informe que la STPS sintetiza con tanta parcialidad hacia sí misma, no faltan observaciones sobre el sistema de inspección laboral, cuyas deficiencias fueron tenidas como causantes de la tragedia del 19 de febrero de 2006. Si bien con sensatez el documento indica que no puede hacerse al gobierno responsable de los accidentes laborales, ni qué deficiencias de la administración cuentan entre las causas del desastre, el Comité opinó “que la inspección del trabajo de Sabinas no fue consecuente con sus propias recomendaciones ni aseguró su adecuado cumplimiento, aun mediante la imposición de sanciones eficaces y disuasivas. Por todas estas razones, el Comité opina que el gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente, que causó 65 muertos”.Las organizaciones que impulsaron esta reclamación y obtuvieron estos resultados de que no quiere acusar recibo la autoridad laboral difundirán el informe de la OIT para contrarrestar el mutismo oficial. Lo harán mañana lunes en la Cámara de Diputados, que a partir de septiembre próximo recibirá de nuevo a un integrante de lujo. Se trata de Francisco Xavier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo a la hora de la tragedia, cuyo talante hizo sentir de inmediato la necesidad de acudir a las instancias internacionales, a sabiendas de que la administración federal del trabajo estaba para mal involucrada en el asunto. Ya fue miembro de ese órgano legislativo de 1994 a 1997 y volverá en la LXI legislatura. Quizá como premio a su desempeño en la Secretaría del Trabajo el PAN lo incluyó de modo notorio en su lista de candidatos de representación proporcional. Que les aproveche.
Posted by adrifadi at 10:51 p.m. No hay comentarios.:
Labels: Corrupción, Grupo México, Impunidad, Javier Lozano Alarcón, Miguel Angel Granados Chapa, OIT, PAN, Pasta de Conchos, Represión, STPS, violacion a la Constitucion, violaciones derechos humanos
Despojo con el aval de Calderón
FRANCISCO CASTELLANOS Y RODRIGO VERA
En un capítulo más de impunidad que involucra a los gobiernos panistas, y con la omisión o complacenciade las autoridades del estado de Michoacán, un tribunal agrario ha fallado en tres ocasiones consecutivas en favor de Cosme Mares, el presunto prestanombres del expresidente Vicente Fox que está a punto de apropiarse de los terrenos de la bahía de El Tamarindillo para construir ahí residencias de lujo. Sobre los ejidatarios renuentes a venderle a Mares pesa el abandono de la justicia, mientras son víctimas de acoso y hasta amenazas de muerte, pero están dispuestos a defenderse hasta con la violencia.
COAHUAYANA, MICH.- Muchos en esta región le temen a ese fuereño alto y corpulento, malencarado, que suele llegar en aparatosas camionetas, custodiado siempre por un enjambre de amigos y guardaespaldas. Es Cosme Mares, el empresario guanajuatense que cada vez está más cerca de ganar una desigual batalla jurídica que le permitirá arrebatar a los campesinos la paradisíaca bahía de El Tamarindillo, donde planea construir lujosas residencias privadas para el expresidente Vicente Fox y sus amigos cercanos.El temor no es para menos: Cosme es descrito como un tipo de cuidado y viene ahora con todo el respaldo del presidente Felipe Calderón.
Los tribunales y las más altas autoridades del país, entre ellas el procurador agrario, Rocendo González Patiño, le están dando la razón al empresario en sus litigios para apropiarse de la bahía, al considerarlo como un “ejidatario” que “legalmente” ya puede realizar inversiones en este tramo de costa enclavado en los límites de Michoacán con Colima.Sólo falta que, así sea mediante la presión y el hostigamiento, el supuesto prestanombres de Fox logre comprar el área de la bahía que todavía sigue en manos de algunos ejidatarios y posesionarios renuentes a venderle.
Dámaso Mendoza, asentado en un lote de la bahía donde construyó la única casa que hay en El Tamarindillo, comenta preocupado:“Cosme Mares no me ha dejado en paz. Está terco en que le venda mi terreno. He recibido muchas presiones suyas. Hasta amenazas de muerte. En dos ocasiones envió gente para que tumbara las puertas de mi casa y quitara la tubería de cobre, escarbando las paredes. Puse demandas contra él que no prosperaron.”
–¿Cosme le propuso personalmente que le venda su terreno?
–Sólo en una ocasión que nos reunimos en un restaurante de Colima. Eso fue muy al principio, en 2004. Él llegó al aeropuerto en un avión de la Presidencia de la República. Lo acompañaban su esposa (Josefina Hernández) y unos licenciados. Me dijo que mi casa estorbaba ahí, que era un feo pegoste que iba a contrastar con las lujosas residencias que piensa construir en la bahía.
–¿Planea Cosme levantar un desarrollo turístico?
–No, turístico no. Planea más bien un desarrollo privado de superlujo, muy exclusivo. Para puro poderoso y millonario. Hasta me mostró los planos: 12 residencias a lo largo de los casi 700 metros de longitud que tiene la bahía. Al frente, cada una con su piscina mirando al mar, después la construcción y, al fondo, áreas de jardines y palmeras.
–¿Le dijo para quién serían esas residencias?
–Sí, me comentó que para Vicente Fox sería una residencia de tres niveles, con un mirador en la parte más alta, cerca del club de playa. Otra residencia para el propio Cosme y una más para su cuñado Rubén Hernández, el hermano de su esposa. También tendría la suya Florencio Salazar, que fue el secretario de la Reforma Agraria de Fox. Lo mismo que (José Luis) Luege Tamargo, en ese tiempo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, tres industriales de Guanajuato tendrían sus residencias. Fueron los únicos que mencionó.
–¿Por qué se negó usted a venderle?
–Porque me ofreció muy poco: millón y medio de pesos por mi terreno de 3 mil metros cuadrados, con su casa de dos cuartitos. Ni loco le voy a vender. También me niego porque veo que los ejidatarios y posesionarios no vamos a recibir ningún beneficio. No va a ganar nada la región.
“Fox y sus amigos serían los únicos beneficiados. Quieren adueñarse de esta bahía que tiene la arena más fina de toda la costa michoacana, con un agua azul turquesa y tan quieta como si fuera una alberca, rodeada de cerros siempre verdes.”
Perteneciente a los bastos terrenos del ejido El Ticuiz, que actualmente aglutina a 325 ejidatarios, El Tamarindillo se parceló en la parte baja que da al mar, mediante un sorteo entre los ejidatarios realizado a principios de los ochenta. Fueron 50 los ejidatarios que obtuvieron entonces sus respectivos lotes de playa y hoy son posesionarios. El actual objetivo de Cosme Mares es irse apropiando de esos terrenos.
Cosme es uno de los amigos de Fox, al que apoyó en su campaña presidencial y en la remodelación de sus ranchos de Guanajuato. Desde que llegó a la zona, el empresario logró granjearse a las autoridades ejidales, al grado de que el 7 de diciembre de 2003, en una asamblea del ejido para delimitar la asignación de tierras ejidales y el reconocimiento de derechos, lo registraron a él y a su cuñado, Rubén Hernández Haas, como “ejidatarios” de El Tamarindillo.
A Cosme se le asignó la “parcela número 430”. Luego se dijo –sin que hasta la fecha se haya comprobado con documentación– que por ese mismo tiempo compró 265 hectáreas de la bahía en 25 millones de pesos (Proceso 1470).
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el guanajuatense es que la asamblea de 2003 aún es impugnada por un grupo de ejidatarios, ya que en el acta aparecieron las firmas de 18 personas que ya habían fallecido, y cuatro firmas más de personas que estaban presas en Estados Unidos, entre otras anomalías. Las actas de defunción y otras pruebas que documentan las irregularidades fueron entregadas por los inconformes al Tribunal Unitario Agrario número 38, de Colima, que llevó el caso. En tres ocasiones el tribunal ha validado la asamblea y, con ello, los derechos ejidales de Cosme Mares. Y tres veces los ejidatarios inconformes han interpuesto amparos. El último fallo del tribunal fue el 13 de agosto del año pasado.
Sólo que el pasado 6 de marzo el procurador agrario, Rocendo González Patiño, intervino públicamente en la disputa: declaró que Cosme Mares es un ejidatario con todos sus derechos en ese núcleo agrario. En una entrevista con el diario La Jornada, González Patiño dijo que la Procuraduría Agraria busca “el acercamiento” entre empresarios y ejidatarios.
–¿El asunto de El Tamarindillo está concluido? –le preguntó el diario.
–Jurídicamente no hay problema. Ha habido infinidad de aceptaciones de nuevos miembros en ejidos del país.
Proceso solicitó una entrevista a González Patiño para que ampliara su postura, pero se negó.Para los ejidatarios de El Ticuiz, los fallos del tribunal y ahora las inusitadas declaraciones del procurador evidencian que, con Felipe Calderón, Cosme Mares sigue bajo el cobijo de la Presidencia de la República.El ejidatario Antonio Lúa comenta:“Está mal lo que hace el procurador al apoyar a Cosme Mares, que sigue queriéndose apropiar a la mala de El Tamarindillo. Él dice que ya le compró a 118 ejidatarios y que tiene los documentos legales. Nosotros le decimos que no. Todavía a fines del año pasado, el mismo Cosme nos dijo a un grupo de ejidatarios que él había comprado en bulto toda la bahía. ¡Eso no se puede! Nunca ha aclarado qué terrenos son los suyos.
¿En qué va a parar todo? ¿En la violencia? ¿En que a la brava nos defendamos? No queremos llegar a eso.”Mariano Márquez, quien el 9 de septiembre interpuso el amparo ante el tercer fallo del tribunal, dice por su parte:“Cuando llegó aquí, Cosme Mares apantalló a medio mundo diciendo que venía en representación del presidente Vicente Fox. Por eso estábamos felices cuando acabó el sexenio foxista, pensábamos que las cosas cambiarían. Pero hoy vemos que no, que el presidente Calderón está apoyando a Cosme Mares.
“Ese señor sigue moviéndose aquí con una influencia y una impunidad encabronada. Ningún razonamiento legal de nosotros es válido para las autoridades agrarias. En cambio, éstas apoyan las arbitrariedades de Cosme. Cualquiera se da cuenta que tiene todo el apoyo oficial.
–¿Qué harán si se vuelve a fallar a favor de Cosme?
–Recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nos queda de otra. ¿Qué otras instancias pueden hacernos justicia? Hasta cartas le hemos enviado al presidente Calderón pidiéndole su apoyo. Pero hoy comprobamos que está del lado de Cosme.
Cuando aún era presidente electo, en noviembre de 2006, los ejidatarios inconformes –que por ese tiempo tomaron la bahía con pancartas de protesta– le enviaron una carta de seis páginas a Calderón, para ponerlo al tanto del conflicto.
Decía la misiva:“Al agotarse las instancias legales y ver que la justicia inclina su balanza hacia los poderosos (la familia Fox Sahagún), nos vemos en la necesidad de tomar los terrenos de El Tamarindillo, que de manera arbitraria, con engaños, amenazas, tráfico de influencias, abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y triquiñuelas legaloides, nos obligaron a vender.”Y agregaba que Florencio Salazar, secretario de la Reforma Agraria de Fox, e Isaías Rivera Calderón, el procurador agrario de entonces, orquestaban el despojo, con el apoyo de los dirigentes ejidales de El Ticuiz, a quienes lograron plegar de su lado.
Mariano Márquez menciona que Cosme lo sigue presionando: A principios de este año, una mujer que no se identificó le advirtió que no le convenía oponerse a Cosme Mares, porque “él es un empresario muy poderoso”.
Así son los métodos de Cosme, dice el ejidatario, quien asegura haber sido amenazado varias veces. “Una vez llegaron con una cinta métrica y me dijeron: ‘Venimos a tomarte tus medidas para hacerte tu caja de muerto’. A puro terror y engaño quiere adueñarse de nuestras playas”.
El protegido de Los Pinos –comenta– suele llegar directamente a la casa ejidal, un pequeño inmueble de concreto de forma rectangular, al que se accede por un camino bordeado de tupidos platanares.
Ya instalado ahí, Cosme reúne a las actuales autoridades del ejido El Ticuiz: Elías Campuzano, presidente; Ibis Escalera, tesorero; Juvenal Valdovinos, a cargo del Consejo de Vigilancia… Juntos planean estrategias, hacen planes para doblegar a los ejidatarios rejegos. Después, el empresario invita a prolongadas comilonas en las “ramadas” de las playas de Boca de Apiza o de San Telmo. Entre copa y copa, los contertulios ven bajar al sol en el horizonte marino del Pacífico. Un grupo de mariachis ameniza los convivios.Cuenta Mariano Márquez:“En una ocasión, a finales del sexenio de Fox, Cosme invitó a Florencio Salazar a una de sus comidas.
El secretario de la Reforma Agraria llegó en una avioneta que aterrizó en una pista de por aquí. Estuvieron brindando en las playas de Boca de Apiza, en la ramada de doña Conchita.”En una de esas visitas, en septiembre pasado, Cosme mandó llamar al contador José Valencia, quien se encarga de llevarle sus asuntos legales a la señora María Luisa Villanueva, radicada en Estados Unidos y posesionaria de un lote en El Tamarindillo que no ha querido venderle a Cosme Mares. José Valencia se presentó en la casa ejidal, donde ya lo esperaba Cosme y su gente. Le sugirió que lo mejor era que su representada le vendiera.“Yo le pregunté: ‘¿Cuánto ofreces?, pues tú eres el interesado’. Y él me respondió: ‘No, no, tú ponle precio al terreno’. Y entonces le dije: ‘200 mil’. Vi que le brillaron los ojos de gusto. Luego le aclaré: ‘Pero dólares, 200 mil dólares’. Se puso furioso y me respondió secamente: ‘¡Olvídate!’. Le dije que entonces no tenía caso seguir platicando, y me fui.“Allá en Estados Unidos, al esposo de María Luisa le llegó un correo electrónico donde le dicen que se cuide porque lo van a tronar. ¿Otra de las amenazas de Cosme? No sabemos. Pero él así se maneja. Algunos ejidatarios tienen temor hasta de ir a la bahía, algún vigilante de Cosme puede venadearlos desde los matorrales. Yo jamás iría solo al Tamarindillo. Cosme es un tipo de cuidado.”Hasta el momento, el amigo de Fox ha salido impune de las querellas en su contra. La más reciente es una demanda penal del exalcalde de Coahuayana, Elías López Mendoza, debido a que el empresario falsificó documentos del ayuntamiento con el fin de que la Semarnat le otorgué una concesión de la parte de la bahía que es zona federal (Proceso 1651).
Ni siquiera la pasada legislatura del Congreso federal pudo poner alto a sus atropellos, pese a que creó una subcomisión investigadora que indagó el caso. Para la exdiputada perredista Ana Lilia Guillén, quien fue la encargada de esa subcomisión, el asunto es muy claro:“Felipe Calderón está protegiendo los intereses de Fox. Hay acuerdos cupulares entre ellos. Y Cosme es sólo el operador de Fox”, asegura Guillén, quien también demandó penalmente al empresario.
Las quejas contra Cosme llamó la atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que ya planea visitar Coahuayana para hablar con su alcalde y, más delante, abrir una oficina en la zona.El secretario de la Comisión, Antelmo Esparza, sólo espera que los ejidatarios pongan su queja para intervenir de lleno: “En la comisión no actuamos por oficio, sino por queja. Nosotros estamos interesados en ese asunto”.
Labels: Colima, complicidad de Calderon, Cosme Mares, El Tamarindillo, Gobierno de Michoacán, Impunidad, José Luis Luege Tamargo, mentiras y enganos, Semarnat, terror, Vicente Fox
Editorial ¿Traición o pitazo?
Año 6, número 2578
Domingo 19, abril del año 2009
Sabiendo de la complicidad que gracias a la desmedida ambición de dinero que tienen los curas, siempre ha existido entre el clero católico y todo tipo de delincuentes; pero en especial, como es lógico, con los más ricos; que en este momento son los narcotraficantes.
Sin olvidar las palabras de aquel obispo que dijo que la Iglesia católica no lava dinero, sino que lo purifica. Sin que las Autoridades (Jorge Capizo era Procurador de Justicia por aquél entonces) hicieran nada ante esta declaración de delincuencia.
Baste recordar la visita que los hermanos Arellano Félix le hicieron a Girolamo Prigione en la nunciatural papal (la embajada del Vaticano en México) Para entender esa complicidad, de la que los curas salen beneficiados (y sin exponerse mucho)
El que el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, haya declarado que todos en su localidad saben donde vive el “Chapo”, menos las Autoridades, puede tener dos lecturas.
O que el clero, para variar, haya traicionado a los barones de la droga (en Veracruz hacen misas para que el PRI gane) o que más bien lo que hicieron fue echarle un pitazo al buen “Chapo”.
Como sucedió en vida de Juan Camilo Mouriño, cuando por todos los medios advirtieron que con toda la fuerza del Estado, al día siguiente irían tras los hermanos Beltrán Leyva. Con la lógica consecuencia de que cuado llegaron, los Hermanos ya se habían ido.
Si dentro de poco sabemos de que a algún cura importante lo asesinaron por traidor, la primera hipótesis habrá sido seguramente la buena; de no ser así, habrá que entender que lo que hizo el obispo de Durango fue un pitazo.
Posted by Sabio at 10:29 p.m. No hay comentarios.:
Caso Lucía Morett: Abogados, convertidos en policías
Abogados policías
PATRICIA DáVILA Y GLORIA LETICIA DíAZ
La pretensión de dos abogados identificados con la ultraderecha en México, José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, de impulsar investigaciones extranacionales sobre la presunta participación de mexicanos en la guerrilla colombiana se topó con un fuerte obstáculo: una demanda ante la Procuraduría General de la República y las autoridades de Ecuador por pretender arrogarse atribuciones de “órganos públicos” o policiacos.
Una denuncia presentada ante la PGR de México y un documento entregado a la Fiscalía y a la embajada de Ecuador solicitan a ambos gobiernos aplicar el derecho internacional e interno de cada nación para impedir que dos abogados, quienes proceden como si fueran “órganos públicos”, realicen en Ecuador investigaciones y pesquisas en torno a actividades que involucran a ciudadanos mexicanos con la guerrilla colombiana.Relacionadas con el caso de Lucía Morett y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la denuncia y la petición fueron interpuestas por la defensa de Rogelio Ortega Martínez, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero, en contra de las acciones emprendidas por los abogados José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno. El 24 de marzo y el 7 de abril de 2008, Ortega Sánchez y Velasco Arzac presentaron, por separado, una denuncia (PGR/SIEDO/UEITA/028/2008) por la presunta participación de ciudadanos mexicanos en las FARC a raíz de que la estudiante de la UNAM Lucía Andrea Morett Álvarez fue herida por el ejército colombiano cuando se encontraba en un campamento de la guerrilla establecido en Ecuador.Un año después, el 18 de marzo de 2009, ambos abogados acudieron nuevamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar la segunda ampliación de la denuncia (la primera se añadió al expediente el 13 de mayo de 2008). En el nuevo documento, Ortega Sánchez y Velasco Arzac piden a la PGR solicitar a los gobiernos de Colombia y Ecuador la información que sustente la acusación penal por delincuencia organizada en contra de Lucía Morett, pues entre otras cosas suponen que también se halla involucrado Rogelio Ortega Martínez.Esto, porque, afirman, “algunos de los últimos archivos que lograron abrir los expertos de la policía hablan de negocios entre las FARC y bandas mexicanas en un delito que está conmocionando al país centroamericano (sic): el secuestro. Son correos entre Reyes, Olga Marín, Marcos Calarcá y un hombre identificado como ‘Rogelio’”. Según el argumento del Consejo Ciudadano, presuntamente el nombre completo de ese hombre podría ser Rogelio Ortega Martínez, quien habría pedido a Olga Marín y Marcos Calarcá en 2002 un préstamo de 40 mil dólares con la garantía de que pagaría una cantidad mayor porque estaba por recibir el rescate de una persona secuestrada. Todo porque el 1 de marzo pasado el periódico El Tiempo de Colombia publicó uno de los mensajes encontrados en la computadora de ‘Reyes’ que, fechado el 22 de enero de 2002, señala:“… Además de plantearnos que de ganar la rectoría tendríamos más apoyo, lo importante es que nos planteó el siguiente negocio. Un grupo que trabaja para él y que viene de las luchas anteriores, como forma de finanzas, hicieron (sic) una retención (secuestro) hace tres meses; están negociando (…) Ellos piden 20 millones de dólares y ya les están ofreciendo 4 y medio; dice que pronto estará llegando a 10 y que seguramente ahí cerrarán el trato. Esto nos contó para plantearnos un préstamo de 40 mil dólares. Ofrecen pagar el doble y algo de solidaridad en efectivo…”
“Son mentiras e infamias”
En entrevista con Proceso, Rogelio Ortega Martínez dice estar indignado por esas “mentiras e infamias” que han circulado en su contra.“Hay una predisposición mediática que me produce daño moral en mi trabajo y mi familia”, afirmó. Después, molesto, admitió: “No esperaba que esa mentira llegara a tomar esa dimensión; por eso, cuando salieron notas en periódicos y revistas en las que se hacía mención de un ‘Rogelio’, yo pensé que se trataba de un homónimo.”En 1983, Rogelio Ortega Martínez fue miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por Genaro Vázquez Rojas, y su incursión en este organismo también fue utilizada en su contra por Ortega Sánchez y Velasco Arzac para ligarlo con la guerrilla colombiana.“La ACNR –explica Rogelio Ortega– fue refundada en los años ochenta. Ya no tenía el perfil armado de la agrupación creada por Genaro Vázquez, sino que era sólo una expresión política. Esta información la manipula Ortega Sánchez en la demanda en mi contra.“En esa época –prosigue– yo fui uno de los dirigentes más activos para que el Estado mexicano amnistiara a compañeros que habían sido exiliados a Cuba, por su participación en la guerrilla del maestro Genaro Vázquez. Una vez que con movilizaciones logramos la amnistía, fui a Cuba por los compañeros José Bracho y Demóstenes Lozano para reintegrarlos a la lucha legal.”Asegura que José Antonio Ortega Sánchez, “como representante de la derecha”, manipula también en su contra la realización de un coloquio internacional de estudios sobre la paz que se realizó en el año 2000 y al cual asistieron los representantes de las FARC en México, Olga Marín y Marco León Calarcá.Eso, dice, no obstante que “se trató de un acto público realizado en el Centro Internacional de Acapulco, y a mí, como coordinador de asesores del entonces rector Florentino Cruz Ramírez, me tocó organizarlo. No sólo vino gente de Colombia, sino de Guatemala, Uruguay, Chile, Argentina, en fin, países con experiencia en temas de pacificación”.Según el profesor universitario, es fácil comprobar que las aseveraciones del presidente del Consejo Ciudadano y del presidente de Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, son falsas: “Soy un personaje ampliamente conocido, vivo modestamente de mi trabajo académico. Por eso nunca me dediqué a la política. Lo de México Posible (partido efímero fundado por Patricia Mercado) fue por un momento. En el instituto doy clases de licenciatura, maestría y doctorado. ¿A qué hora voy a subirme a la montaña o a la sierra a organizar una guerrilla y secuestros?”.Asegura que la exhibición que el abogado Ortega Sánchez hizo de su persona en los medios de comunicación con la difusión de la denuncia en su contra no sólo es preocupante, sino que pone en riesgo su vida: “Podría haber alguien que por la sospecha que sembró este señor, quiera hacer justicia por propia mano. Lo responsabilizo por el daño que mi familia y yo pudiéramos sufrir”.Días después de que el universitario fue vinculado con las FARC por Ortega Sánchez, la madrugada del 22 de marzo, un comando de hombres armados atacaron el edificio del IIEPA-IMA, dispararon cuando menos nueve balazos y dañaron el sistema de aire acondicionado y algunas aulas, según la denuncia Tab/GAR/145/2009. Y es que, finalmente, el catedrático de la UAG decidió contrademandar a Ortega Sánchez y a Velasco Arzac.A través de su abogado, Mariano Albor Salcedo, Rogelio Ortega envió una carta a Washington Pesántez Muñoz, fiscal general de Ecuador, donde le expresa su preocupación por “… el papel que le han asignado como informante y colaborador de personas físicas y organizaciones mexicanas al margen de las normas de derecho internacional e interno de cada país y que, como verá, tiene objetivos definidos en contra de personas e instituciones de los sectores desprotegidos de la sociedad mexicana que son, en este caso, estudiantes, profesores e investigadores sociales, pertenecientes a diferentes instituciones universitarias del país”.Le expone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha interpretado en años recientes el principio de supremacía contenido en la Constitución y que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del máximo tribunal de los mexicanos, los tratados internacionales tienen un valor mayor que la legislación ordinaria de carácter federal.En ese sentido, establece que las relaciones jurídico-penales entre ambos países se encuentran sujetas o vinculadas a instituciones de primer orden, como los derechos fundamentales, que son los derechos del hombre incorporados positivamente a la legislación nacional y originados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese orden de ideas, puntualiza, debe considerarse la vigencia de los tratados internacionales suscritos regional y bilateralmente por Ecuador y México, que son la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado de Extradición entre los gobiernos de México y Ecuador, y el Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal que establecieron ambos países.El texto enviado al fiscal ecuatoriano por el abogado Albor concluye con “la petición de que cesen los actos de colaboración al margen de las leyes de los dos países”, y argumenta: “Los individuos y las organizaciones (Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal y Mejor Sociedad, Mejor Gobierno) de origen mexicano que han sido recibidas por usted predican y practican la aplicación del castigo penal al margen de las garantías y los derechos del hombre y del debido proceso legal; para ello, aducen los argumentos justificativos más oscuros que registra la historia cuando se persigue por el color de la piel, por el credo que se profesa o, lo que es más grave, por lo que se piensa.”Copia de esta misiva fue enviada por Mariano Albor Salcedo también al embajador de Ecuador en México, Galo Galarza Dávila.El defensor del catedrático de la UAG interpuso finalmente, el jueves 2, una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). En ésta, y en referencia a las organizaciones presididas por Ortega Sánchez y Velasco Arzac, advierte que en México se ha organizado un conjunto de asociaciones que, aun cuando su objetivo es la observación y crítica de las autoridades, incurren en hechos que perjudican los bienes jurídicos más preciados para los mexicanos: la vida, la libertad y el patrimonio.Tales agrupaciones, enfatiza, han desviado su comportamiento y objetivos, ya que sus prácticas actuales las han conducido a arrogarse funciones públicas de investigación y persecución de delitos que, por su naturaleza, legitimidad y legalidad, corresponden a los órganos de un Estado de derecho, como es el Ministerio Público.–¿Por qué tanto el gobierno de Ecuador como el de México permiten que esas organizaciones se tomen esas facultades? –se pregunta a Mariano Albor.–No sé. Lo que puedo decirle es que en la denuncia solicitamos a la PGR que se investigue a los funcionarios públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque han sido evidentes las omisiones en que han incurrido, pues esas organizaciones privadas actúan a través de sus representantes para irrumpir e intervenir en los asuntos que son competencia única y exclusiva de los pueblos y gobiernos de países extranjeros.“De ahí que hayamos decidido dirigirnos al fiscal de Ecuador, quien a sabiendas de que existen tratados internacionales y conductos diplomáticos, abre canales institucionales a particulares mexicanos de organizaciones civiles mexicanas.” Albor considera que no puede permitirse que organizaciones particulares, cualquiera que sea su origen nacional, actúen libremente. Y explica que México ya ha sancionado migratoriamente a extranjeros que, según el criterio de las autoridades, han intervenido en asuntos de carácter público interno.
Cita un ejemplo:
El 20 de septiembre de 2007, después de una conferencia de prensa en la que los abogados estadunidenses Jeffrey Robert Anderson, Michael George Finnegan y David Gerard Clohessy denunciaron al cardenal Norberto Rivera Carrera por presuntamente encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar, a quien acusaron de haber abusado sexualmente de 26 menores de edad, llegaron agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) e intentaron trasladar a dichos abogados a sus instalaciones (Proceso 1605).
Ese día, por la noche, el INM informó que los abogados ingresaron al país con pasaporte de turistas, lo que les impedía realizar actividades lucrativas o remuneradas, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Población. El incidente estuvo a punto de crear un conflicto diplomático.
Posted by adrifadi at 10:14 p.m. No hay comentarios.:
Labels: ACNR, Farc, Guerrilleros, INM, José Antonio Ortega Sánchez y Guillermo Velasco Arzac, Lucia Moret Alvarez, PGR, UNAM
Nómina del sector público absorbe 61% de los ingresos tributarios: CEESP
Ese dato, correspondiente al primer bimestre de 2009, muestra -según un estudio del organismo dependiente del CCE- que es una excesiva carga para el país.
México, DF. La nómina del sector público, que absorbió 61 por ciento del total de los ingresos tributarios en el primer bimestre del año, es una excesiva carga para el país porque limita la instrumentación de políticas para impulsar el crecimiento, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Público (CEESP).
Expuso que en el primer bimestre del año el gasto corriente del sector público resultó 26 por ciento más alto que la recaudación tributaria, lo que implicó utilizar recursos petroleros para financiar la diferencia, sobre todo en materia de nómina.
El organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en su reporte semanal 'Análisis económico ejecutivo', señaló que el elevado gasto corriente del sector público es originado principalmente por el peso del rubro de servicios personales, que concentra las remuneraciones del personal al servicio del Estado.
De acuerdo con la cifras más recientes, el gasto corriente representó 62.5 por ciento del gasto total en el primer bimestre del 2009, porcentaje que se ha reducido en los últimos años a favor de los recursos destinados a la inversión.
No obstante, sostuvo el organismo, supone todavía una excesiva carga para el país por concepto de sueldos y salarios que se pagan mediante los impuestos que se cobran a la población.
Tan sólo el rubro de servicios personales representó 30.2 por ciento del gasto total y 48.4 por ciento del gasto corriente.
Mencionó que programas como el de retiro voluntario, instrumentado hace algunos años, redujo las presiones sobre la nómina del sector público, pero no fue suficiente para liberar una mayor cantidad de recursos que se destinaran a otros rubros de gasto, en especial a inversión.
Esto sucedió en buena medida porque el programa se concentró en el personal burocrático del sector público, que es el grupo que menor gasto de nómina genera.
Tan sólo el pago por servicios generales acumulado de Relaciones Exteriores, Hacienda, Gobernación y Administración Pública representan poco más de 2.0 por ciento del total. En contraste, la mayor cantidad de remuneraciones (78.4 por ciento) se concentra en tres grupos: Educación, Salud y Energía.
Comentó que la productividad en el sector público no es lo que se puede decir muy buena, lo que eleva significativamente el costo de la nómina. Según algunas comparaciones internacionales, Pemex produce mucho menos con un mayor personal que empresas similares en otros países.
No obstante, la causa principal de la nómina tan alta del sector público podría responder a todos los beneficios laborales que, según los trabajadores, han logrado a lo largo de muchos años y en distintas circunstancias: diversos gobiernos, momentos electorales, de crisis o de expansión.
"Este tema es de suma relevancia sobre todo porque implica una importante disminución en el margen de maniobra del sector público para lograr sus objetivos anticíclicos", consideró el CEESP.
Labels: CEESP, corrupcion, ingresos tributarios, La nómina del sector público, salarios obsenos, voracidad panista
La corrupción azul
En una suerte de ritual de traspaso de potestades para ejercer la opacidad, y muy probablemente la corrupción, el último de los mandatarios del PRI, Ernesto Zedillo, donó al primer presidente panista, Vicente Fox, más de 24 millones de pesos en un fideicomiso privado, fondos cuyo destino se desconoce hasta ahora. En una replica casi de espejo, Felipe Calderón tuvo a su disposición 130 millones de pesos, que gastó en banquetes, edecanes, estudios de imagen… Estos hechos son exhibidos en La corrupción azul, trabajo de investigación con el cual su autor, Daniel Lizárraga, reportero de Proceso, ganó el Premio Debate organizado por Random House Mondadori.
Con la autorización de esta casa editorial, reproducimos aquí partes del Capítulo XI del libro, el cual empezará a circular esta semana.El general Jesús Castillo chasqueó la lengua tras sorber una copa recién servida por alguno de los meseros del Oxo Tower Restaurant, uno de los sitios más afamados en Londres cuando se quiere celebrar algo especial. Sin embargo, este militar de rasgos indígenas con un mechón blanco en el negro copete estaba absolutamente solo. Nadie compartió con él la botella de vino tinto que seleccionó entre las más de 300 marcas existentes en ese sitio. La noche de ese sábado 28 de enero de 2007, desde su mesa, a través de un ventanal de 360 grados, pudo deleitarse con una vista inigualable del mítico río Támesis. Este restaurante fue construido en el octavo piso de un edificio que data de finales del siglo XIX, aún en la época victoriana, justo cuando transcurrieron algunas de las historias del detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes.Apenas un par de meses atrás —el 30 de noviembre de 2006— Felipe Calderón lo había nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial, uno de los puestos más altos que puede alcanzarse dentro de la carrera de las armas en México. El anuncio se hizo ya por la noche de ese día, cuando podían contarse con los dedos de las manos las horas que faltaban para saber si el presidente electo rendiría protesta ante el Congreso de la Unión, superando las amenazas de no dejarlo pasar lanzadas por los legisladores fieles al líder opositor Andrés Manuel López Obrador .Pero la incertidumbre sólo existió en las redacciones de los diarios o en la cabeza de los que exigieron el voto por voto tras las disputadas elecciones. El general de brigada diplomado del Estado Mayor Jesús Castillo no tenía dudas. Durante semanas, a lo largo del período de transición gubernamental, junto con los jefes de inteligencia militar diseñó un operativo quirúrgico que logró meter y sacar a Felipe Calderón de San Lázaro sin que le tocaran un ojal, ni siquiera una uña de la mano derecha en la que luce la sortija matrimonial.Un platillo fuerte para cenar servido dentro del Oxo Tower Restaurant puede costar entre 20 y 30 libras —entre 500 y 700 pesos—. Una botella de champaña va desde las 45 hasta las 300 libras —unos 7 mil pesos—. La capital británica es una de las ciudades más caras del mundo. Jesús Castillo cumplía entonces con su primera gira de trabajo por Europa acompañando a Felipe Calderón.El sueldo de JC —como le llaman sus subalternos— es como una carta sin abrir dentro del sistema de transparencia, ya que los miembros del Estado Mayor no figuran en la nómina de Los Pinos ni tampoco aparecen en la información pública difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos oficiales son como una burbuja dentro de las Fuerzas Armadas. El investigador universitario José Luis Piñeiro los ha definido como "militares de terciopelo".
Labels: corrupcion panista, Daniel Lizárraga, fraude y engano, Impunidad, La corrupción azul, neopotismo, opacidad, Vicente Fox
Labels: fraude, narcos, Pemex, pri y pan corruptos
México - URGENTE SOLIDARIDAD CON MINEROS DE CANANEA
EL GOBIERNO DEL EMPLEO, CREA DESEMPLEO
En un despido disfrazado de legal, que viola completamente el artículo 123 constitucional, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) acordó la recisión de la relación jurídica de trabajo, es decir, despedir a los mil 200 trabajadores huelguistas de la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV.
Javier Zúñiga, secretario de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), señalo ante la ilegalidad en el actuar de las autoridades tramitaremos un amparo. “No aceptaremos el abuso de las autoridades que están en complicidad y en total entreguismo con la empresa”, “se está violando el derecho de huelga de los trabajadores, y “abusivamente pretenden dar sólo tres meses de salario y la prima de antigüedad”, que consiste en 12 días de salario por cada año de servicios prestados”.
La huelga en Cananea, la mina más grande de cobre de México, inicio en julio del 2007, por demandas de seguridad e higiene para evitar accidentes y muertes como el ocurrido en la mina Pasta de Conchos, donde el 19 de febrero de 2006 quedaron atrapados 65 mineros sin que a la fecha hayan sido rescatados sus cuerpos. Tanto en Pasta de Conchos como en Cananea, el grupo minero México y Germán Larrea tiene la concesión temporal para explotar las minas.
LOS PRETEXTOS DE LA PATRONAL
El 20 de marzo pasado (en plena huelga), sin tener facultades legales para ello, la dirección de minas de la secretaría de economía del gobierno federal inspeccionó las instalaciones de la mina y “comprobó” que la planta productora de cobre más grande del país se encontraba en estado de "fuerza mayor". La misma patronal declara: ” los daños esenciales que terceros le hicieron a sus instalaciones y equipos, y por ninguna otra razón; todo lo que se diga fuera de estos son disparates
"Por ello, la JFCA, fuera del procedimiento laboral, violando la ley laboral, servilmente avaló la petición del presidente ejecutivo de Grupo México, Germán Larrea, de cerrar la mina, “por no ser viable y requerir de fuerte inversión para echarla a andar”.
Aprovechándose de la complicidad del secretario de economía la patronal argumento para lograr el aval de la JFCA: “La existencia de una causa de fuerza mayor, no imputable a ella, consistente en que la Unidad Minera de Cananea se encuentra con daños y destrucción ocasionados a la maquinaria, materiales, instalaciones y equipos esenciales para su funcionamiento y operación, de tal gravedad que producen como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos”. La misma JFCA había ratificado, en cuato ocasiones anteriores y de manera “definitiva”, la legalidad de la huelga iniciada hace 21 meses por los mineros de Cananea, Sonora.
ORGANIZAN LA RESISTENCIA
Los trabajadores de Cananea mantienen guardias en la entrada de los túneles para evitar sorpresas por parte de los patrones. Jesús Feliciano Cibrián, segundo vocal del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, advirtió que “a pesar de la decisión de la autoridad laboral, más de 500 mineros de al menos 20 secciones sindicales de los estados de Zacatecas, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y otros, mantendrán vigilancia en cada puerta de las instalaciones de la mina en las siguientes horas”. Las autoridades laborales serán responsables de los hechos de violencia que puedan ocurrir.
Sergio Beltrán, secretario del interior, exterior y actas del SNTMMSRM, dijo que defenderán “con todo” su fuente de empleo. Hemos trasladado a Cananea a cientos de mineros procedentes de más de 20 secciones del país para evitar un eventual desalojo”.
Sin embargo, no descartó el riesgo de un enfrentamiento, en caso de que la JFCA, “injustamente, dé por concluidas las relaciones de trabajo”. “Mientras más chingadazos nos den, más nos vamos a movilizar; estamos dispuestos a dar incluso la vida por defender, nacional e internacionalmente, los derechos del sindicato y de los trabajadores. Estamos dispuestos a enfrentarnos con los granaderos, las autoridades y la empresa.” “no vamos a ceder a lo que tenemos derecho como trabajadores por presiones de este gobierno fascista, menos por una empresa que quiere someternos a la esclavitud y a los designios de un sindicato blanco”.
Trabajadores ferrocarrileros jubilados y en activo acordaron sumarse al bloqueo de la carretera México-Nogales y a otras acciones de protesta que realizan los mineros en Cananea. Enrique García Cárdenas expreso: “Somos hermanos del mismo dolor, ya que la familia Larrea también tiene la concesión de ferrocarriles y son conocidos por no cumplir con las principales normas de seguridad social y de salubridad”.
LA PATRONAL Y EL GOBIERNO AMENAZAN CON LA REPRESIÓN
La patronal pidió al gobierno de Sonora, que asuman su responsabilidad de garantizar el orden público y el derecho de propiedad.…
LA ACTITUD CINICA DEL GOBIERNO FEDERAL
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de manera cínica afirma que el ilegal despido de los mineros “…tiene el propósito de restablecer la normalidad de un sector estratégico y también aumentar la productividad, la generación de riqueza y elevar el ingreso de los trabajadores, así como alcanzar la normalidad de las relaciones laborales. Advirtió que cualquier acción emprendida por el sindicato minero para evitar la sentencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) será reconocida con términos de ilegalidad.
Para ello reporta el corresponsal del Diario La Jornada que en la población de Cananea hay tensión ante la movilización de las fuerzas represivas que pretenderán desalojar a los trabajadores en huelga de la mina por los policías federales que se encuentran concentrados en la ciudad y luego del retiro del bloqueo que mantenían en una caseta por parte de las fuerzas federales. “Por la mañana, alrededor de 100 policías federales desalojaron a los huelguistas que mantenían tomada la caseta de cobro de la carretera México-Nogales, en las afueras de Hermosillo. En el operativo no se reportaron heridos. Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la sección 65 del sindicato minero, informó que la orden para los mineros que se encontraban en la caseta de cobro en Hermosillo fue no oponer resistencia y regresar a esta ciudad minera para participar en la defensa del socavón. En tanto, unos 400 policías federales están concentrados a las afueras el Hotel Alameda, a unas cuadras de los accesos a la mina.”Actualizado ( Jueves, 16 de Abril de 2009 00:58 )
Posted by adrifadi at 7:33 p.m. No hay comentarios.:
Labels: Cananea, Germán Larrea, Grupo México, Guillermo Sandoval, industria minera, Javier Lozano Alarcón, JFCA, Represión, sindicato minero, SNTMMSRM, Sonora, violaciones
Guanajuato-Se extiende la debacle minera por el País
Peligra Mina "El Cubo"
Guanajuato, Gto. Este miércoles se decidirá el futuro de la Compañía Minera del Cubo, subsidiaria de la canadiense Gammon Gold, de no llegar a un arreglo con el sindicato podría suspender actividades dejando sin empleo a más de 860 trabajadores, sindicalizados, de confianza y contratistas.
Las pláticas están estancadas, el sindicato minero emplaza a huelga para el 23. Demanda un incremento salarial del 15 por ciento y revisión de 30 cláusulas del contrato, la empresa propone un cambio en la jornada laboral, 5 días de trabajo con jornadas de diez horas con opción a días y horas extras que significarían un incremento del 20 por ciento al salario.
Los mineros trabajan seis días y descansan el domingo, por lo que un 17 por ciento de las instalaciones quedan ociosas, según lo declarado por la empresa.
Los canadienses se salen por la tangente y en vez de ofrecer condiciones dignas de trabajo proponen un esquema donde los descansos de dos y tres días sean escalonados. Pero van más allá, ignorando por completo la seguridad de los trabajadores, llegan al exceso de abrir la opción de dobles turnos o días extras, planteando el espejismo de que es la vía para el aumento de salarios. Buscan exprimir hasta la última gota la fuerza de trabajo de los mineros guanajuatenses sin importarles sus condiciones de salud, la viabilidad de que mantengan el estado de alerta bajo ese extenuante modelo de trabajo.
El emplazamiento a huelga de los 420 trabajadores sindicalizados coincide con la crisis de la empresa urgida a incrementar la productividad en 30 por ciento. De no haber acuerdo con el sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, la mina cerraría, aunque la empresa no dio a conocer si definitivamente.
En un comunicado la Minera del Cubo, argumenta a los trabajadores los 80 mil pesos mensuales que destina como apoyo para la dotación de servios básicos a las comunidades de Peregrina, Rosa de Castilla, el Cedro y El Cubo.
Además del emplazamiento a huelga de El Cubo en Guanajuato la industria minera enfrenta severos conflictos laborales en Cananea, Sonora, Taxco en Guerrero y Sombrerete en Zacatecas.
Las negociaciones con las autoridades laborales son llevadas por el abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, en las oficinas de la STPS...ya sabemos, visto el caso de Cananea, cómo es que terminará el asunto: intentarán arrojarles migajas a los trabajadores amenazando con la represión de no aceptar un acuerdo indigno.
Posted by adrifadi at 7:20 p.m. No hay comentarios.:
Labels: Canadá, El Cubo en Guanajuato, Gammon Gold, industria minera, Napoleón Gómez Urrutia, sindicato minero, Sonora, STPS, Taxco en Guerrero, zacatecas
*Violan normas laborales y ecológinas; generan más problemas que beneficios: autoridades
*Omiten informar sobre sus métodos para el beneficio de minerales y los daños al ambiente
*Amenaza alcalde con frenar actividades de Palmarejo Silver and Gold; exige apoyo federal
Vista de las minas a tajo abierto de la empresa canadiense Palmarejo Silver and Gold, que explota oro y plata en la sierra Tarahumara .
La minera ha incumplido las leyes de su país, que estipulan que las empresas canadienses que realizan proyectos en el extranjero deben destinar un porcentaje de sus inversiones a mejorar las condiciones de las comunidades donde operan.
Posted by adrifadi at 7:11 p.m. No hay comentarios.:
Labels: Bolnisi Gold, Canadá, Chihuahua, Minería, Omar Loya González, Palmarejo Silver and Gold, privatizacion de energeticos
Fue política y no técnica la elección por Tula
La mejor propuesta era la de Tuxpan, en Veracruz, señala Armando Etcheverry
La decisión de que la nueva refinería se instale en Tula, fue más política que técnica, ya que el puerto de Tuxpan era la mejor opción por contar con infraestructura instalada y salida al mar, sostuvo el representante de la Comisión Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), Armando Etcheverry Beltrán.
El mayor problema de la actual refinería de Tula, es la falta de agua y la gran contaminación generada a su alrededor; además dijo que la tasa interna de retorno –el costo en el se recuperará la inversión- calculada para la nueva planta es muy alta –17 por ciento-, pero no se explicó la base tomada para dar esa cifra. La clave, añadió el experto, está en conocer la base del precio del dólar que tomó Pemex, ya que lo correcto es hacer el cálculo tomando como base el precio promedio del barril de petróleo en los últimos 20 años; además Tula carece de infraestructura de tanques de almacenamiento y de tubos para transportar gasolina, pero lo más importante es que sólo tiene un ducto de 24 pulgadas para abastecerle de petróleo crudo, lo que no es suficiente para la nueva instalación. Dijo que si la nueva refinería va a recibir 300 mil barriles de petróleo, sólo podrá procesar el 30 por ciento de gasolina, lo que no resolverá el problema de importación excesiva de combustible proveniente de Estados Unidos. Etcheverry anunció que el CNEE solicitará por medio de la Ley de Acceso a la Información los estudios pormenorizados de rentabilidad que fueron presentados por Pemex ante las secretarías de Energía y Hacienda para demostrar que la elección de Tula fue más política que técnica-económica.
En países avanzados, añadió, se tiende a construir las refinerías en los puertos debido a su infraestructura para el abastecimiento de buques; en el caso de Tuxpan, además hay capacidad de traslado de 300 mil barriles de combustible, porque por el ducto de ese sitio se manda al DF toda la gasolina que se importa de Houston.
Puebla • Jorge Machuca
Posted by adrifadi at 7:07 p.m. No hay comentarios.:
Labels: Armando Etcheverry Beltrán., CNEE, Hidalgo, La refinería, Tula
Videos: López Obrador en Guadalajara, Jalisco
Plaza Universidad:
Inauguración Casa del Movimiento:
Posted by adrifadi at 6:31 p.m. No hay comentarios.:
Labels: Andres Manuel Lopez Obrador, guadalajara
Para apoyar a los mineros en paro, López Obrador se trasladará el próximo miércoles a Cananea
* Comunica que pedirá a senadores del PRD, PT y Convergencia que lo acompañen
* Los mineros y sus familias son víctimas de actos de represión eintimidación, acusa
* Inaugura en la capital jalisciense la Casa del movimiento en defensa dela economía popular.
Andrés Manuel López Obrador informó que viajará el próximo miércoles a Cananea, Sonora, con el propósito de expresar su solidaridad y su apoyo total a la lucha que libran los mineros de la empresa Grupo México.Mencionó también que invitará a senadores del PRD, PT y Convergencia, que forman el Frente Amplio Progresista, para que lo acompañen y puedan comprobar el clima de represión e intimidación que se ha desatado encontra de un aproximado de mil 200 mineros y sus familias.
En la asamblea informativa con integrantes del movimiento en defensa de la economía popular de Jalisco, el presidente legítimo de México destacó la resistencia y valor de los mineros de Cananea, ante los embates del gobierno espurio de Felipe Calderón y del gobernador Eduardo Bours.Recordó que las autoridades estatales llegaron al grado de suspender el suministro de agua potable de los trabajadores en huelga desde hace 22 meses y del cierre de un centro hospitalario.También señaló que el dueño del mencionado consorcio minero, Germán Larrea, es apoyado por Calderón, porque el empresario contribuyó económicamente con la campaña del presidente usurpador. Sin embargo, los mineros enfrentan la ofensiva oficial, que es una prueba de cómo domina la oligarquía en el país, aclaró.
Por si fuese poco, el abogado de Minera México fue hasta hace unos meses el actual secretario de Gobernación del gobierno espurio, Fernando Gómez Mont, “un abogado corrupto”, afirmó.
En las últimas semanas, los mineros han denunciado que el clima de hostigamiento en su contra aumentó a raíz de la presencia de alrededor de unos mil elementos de la Policía Federal Preventiva en los principales accesos a la mina, que preparan un eventual desalojo.Como se sabe, el sindicato minero obtuvo el pasado 16 de abril una suspensión provisional del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Laboral,al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la rescisión del contrato laboral de los trabajadores en huelga desde el 30 de julio de 2007.
Consideró una irresponsabilidad el hecho de que Calderón haya solicitado una línea crediticia por 47 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, porque dicha cantidad no se utilizará para rescatar a los campesinos, ejidatarios, comuneros, productores y pequeños y medianos comerciantes y empresarios, sino para salvar a los mismos de siempre,entre ellos a la cementera Cemex, que tiene adeudos por 15 mil millones dedólares.
Con la contratación de nuevos créditos, Calderón incrementará de un plumazo la deuda externa y pasará de 86 mil millones a más de 163 mil millones de dólares, destacó al reiterar su propuesta de aplicar un plan de austeridad para obtener ahorros presupuestales por 200 mil millones de pesos anuales.
Posted by adrifadi at 6:21 p.m. No hay comentarios.:
Labels: AMLO, Cananea, CEMEX, Eduardo Bours, FMI, Germán Larrea, Gómez Mont, Grupo México, guadalajara, Movimiento en Defensa del Petróleo y la economia popular, represion, sindicato minero, Sonora
Entre abucheos y mentadas reciben a Jesús Ortega en el Auditorio Nacional
Con un evento fuera de control la estructura de las tribus del PRD coreaban “¡Obrador, Obrador; Chucho no, Chucho no!”.
El dirigente Nacional del PRD, Jesús Ortega. Archivo Notimex
Ciudad de México.- Entre silbidos, mentadas de madre y abucheos fue recibido Jesús Ortega por la militancia del PRD de todo el país congregada en el Auditorio Nacional en el marco de la toma de protesta de todos los candidatos de este partido hacia los diversos cargos de elección popular.
Con un evento fuera de control la estructura de las tribus coreaban “¡Obrador, Obrador; Chucho no, Chucho no!”.
Sin dejar hablar a los oradores los miles de perredistas se enfocaron a denostar a su dirigente nacional, Jesús Ortega, quien en todo momento movía la cabeza en señal de desaprobación. Mientras Alejandro Encinas mostraba un rostro sonriente.
Los líderes perredistas, como Dolores Padierna, que están apostados en el estrado no se despegaron de sus celulares pues cooperaban para controlar a sus huestes.
En tanto, al exterior del Auditorio cientos de perredistas ya no pudieron ingresar debido a que la organización fue desbordada y amagaban con dar un portazo.
Se espera que de un momento a otro Jesús Ortega dirija su menaje entre mentadas y abucheos.
Rodolfo Montes/Milenio Diario
Labels: abucheo, Alejandro Encinas, Audito Nacional, Jesus Ortega, Lopez Obrador, PRD
▼ abr 19 (45)
Caso Lucía Morett: Abogados, convertidos en policí...
Nómina del sector público absorbe 61% de los ingre...
México - URGENTE SOLIDARIDAD CON MINEROS DE CANANE...
Guanajuato-Se extiende la debacle minera por el Pa...
Entre abucheos y mentadas reciben a Jesús Ortega e...
Obama a Chávez: Adiós amigo
Declaración final de la V Cumbre de las Américas s...
Obama frente a la nueva multipolaridad de Latinoam...
Confirma OIT negligencias de Grupo México y gobier...
El necio camino neoliberal
También por elemental decencia
Obama encuentra una Suramérica revitalizada
En “Calderolandia” la deuda es real
Nueva era, la visita
Banamex es ya un banco del gobierno estadounidense...
Tula: una refinería de atole con el dedo
Ni un solo ladrillo
El Plan Mérida “necesita” narcotraficantes en Méxi...
Glosario del desencanto
Vuelco en las relaciones con EU en la Cumbre de la...
Se cuadruplica en este sexenio el pago de interese...
Dudo que el gobierno usurpador edifique la refiner...
Después no nos preguntemos por qué…
La subordinación vergonzante de la JFCA
¿Qué están viendo ellos?
Presidente ecuatoriano abogó por justicia para ant...
Todos los “arenistas” del presidente brasileño
Detienen a siete mapuches de la CAM
Desmitificando el mito Obama
Nutrir a Evo con la solidaridad mundial
Sociedad y poder en la nueva era
Una estrategia sin impactos sociales