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Timestamp: 2019-04-26 03:53:54
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Registro Oficial No.414- Viernes 25 de enero de 2019 Segundo Suplemento
Viernes 25 de enero de 2019 (R. O.414, 25 -enero -2019) Segundo Suplemento
Acéptese la renuncia de la abogada Lorena Tapia Núñez al cargo de Gobernadora de la Provincia de Galápagos y de representante del Presidente de la República ante el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos
Acéptese la renuncia del señor Fernando Patricio Proaño Salvador al cargo de Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo
642 Desígnese al señor Silvio Marx Corella Acosta como representante del Presidente de la República ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano
0062...... Nómbrese al señor General de Distrito (SP) Jorge Humberto Villarroel Merino, para que en calidad de delegado de la Ministra del Interior, conforme la Comisión de Administración, Seguimiento y Control del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Ministerio del Interior y la Universidad Central del Ecuador
0000001 Requiérese a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a territorio del Ecuador, además de los documentos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 244, de 22 agosto de 2018, la presentación del Certificado de Antecedentes Penales del país de origen, o del país de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado o legalizado
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11-2018 Alcance de las reformas de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
12-2018 Sobre el plazo para resolver los procesos que se están sustanciando bajo el sistema escrito, en materia contencioso tributaria
Que de acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica de Régi­men Especial de la Provincia de Galápagos, corresponde al Presidente de la República nombrar un representante ante el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, quien lo presidirá;
Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cada provincia tendrá un Gobernador, quien dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior coordinará sus acciones con la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 18 de 01 de junio de 2017, se designó a la abogada Lorena Tapia Núñez para que desempeñe el cargo de Gobernadora de la Provincia de Galápagos y de representante del Presidente de la República ante el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos;
Que la abogada Lorena Tapia Núñez ha presentado su renuncia al referido cargo; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el número 9 del artículo 147 de la Constitución de la República, y la letra d) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la abogada Lorena Tapia Núñez al cargo de Gobernadora de la Provincia de Galápagos y de representante del Presidente de la República ante el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, y agradecerle por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 2.- Designar al doctor Norman Stef Wray Reyes para que desempeñe el cargo de Gobernador de la Provincia de Galápagos y de representante del Presidente de la República ante el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 16 de enero de 2019.
Quito, 16 de enero del 2019, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 571 de 23 de noviembre de 2018 se encargó al señor Fernando Patricio Proaño Salvador la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo;
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Que el señor Fernando Patricio Proaño ha presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando; y,
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Femando Patricio Proaño Salvador y agradecerle por las funciones realizadas.
Artículo 2.- Encargar al señor Juan Carlos Proaño Cordero la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Que el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República establece, entre las atribuciones del Presidente de
la República, nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya denominación le corresponda;
Que el artículo 5, letra a), de la Ley de Defensa del Artesano determina que la Junta Nacional de Defensa del Artesano tendrá entre sus integrantes a un representante del Presidente de la República; y,
Artículo 1.- Designar al señor Silvio Marx Corella Acosta como representante del Presidente de la República ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
Artículo 2.- Derogar todas las normas de igual o menor jerarquía que se opongan a lo prescrito en el presente Decreto Ejecutivo.
Que el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1.- Eejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
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expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (...) ";
Que el artículo 158, de la antedicha carta suprema, dispone que "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. (...) La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. ";
Que el artículo 226 de la Norma Fundamental del Estado, dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de las derechos reconocidos en la Constitución ";
Que el artículo 227 de la norma ibídem, señala: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación ";
Que el artículo 350 ibídem, dispone: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y fusión de los saberes y las culturas; y, la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo ";
Que el articulo 352 ibídem establece: "El Sistema de Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados; y que estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro ";
Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior señala: "Los fines de la Educación Superior son de caracteres humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos";
Que el artículo 24 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece lo siguiente: "La capacitación, formación y especialización de las y los aspirantes y de las y los servidores de las entida­des previstas en este Código será gratuita, responsabilidad del Estado y estarán contempladas en el presupuesto anual del órgano competente de cada uno de las entidades ":
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso que la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, sea asumida por el Ministerio del Interior, quien a su vez podrá delegar dichas atribuciones de conformidad con la Ley;
Que la misión del Ministerio del interior es ejercer rectoría, formular, ejecutar y evaluar la política pública, para garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad del Estado, en el marco del respecto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana para contribuir al buen vivir;
Que la Universidad Central del Ecuador es una persona jurídica autónoma, de derecho público sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad do Quito, creada mediante Ley de 18 de marzo de 1826; cuya denominación fue cambiada en febrero de 1836 durante la Presidencia de Vicente Rocafuerte, como "la Universidad Quito es la Central de la República de Ecuador". Para el cumplimiento de sus fines la Universidad Central del Ecuador se encuentra en capacidad de suscribir contratos y convenios con empresas públicas o privadas, organismos o entidades del sector público ecuatoriano o extranjero, siempre que dichos contratos y convenios se relacionen con sus fines y objetivos. Tiene como Misión: Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal y generar la investigación de excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través de la formación de grado y posgrado de la investigación social y experimental y de la vinculación con la sociedad;
Que el 10 de enero de 2012 se suscribió el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Interior-Policía Nacional y la Universidad Central del Ecuador, cuyo objeto fue desarrollar de manera conjunta programas de formación de tercero y cuarto nivel para el personal de la Policía Nacional en todos sus grados, jerarquías mediante diferentes modalidades de estudio y carrera acordes al servicio o funciones que competen a la Policía Nacional;
Que el 30 de septiembre de 2012, se suscribió el convenio específico entre el Ministerio del Interior y la Universidad Central del Ecuador con el objeto de que la Universidad cree la carrera de Ciencias Políticas y Seguridad Ciudadana, orientada a otorgar títulos de tercer nivel a los señores cadetes de la Escuela Superior de la Policía Nacional con niveles académicos de calidad y excelencia donde la investigación, coadyuve en la obtención de mejores estándares académicos de seguridad ciudadana, orden público, a fin de que los futuros oficiales de la Policía Nacional, obtengan una formación holística de excelencia profesional, dicho convenio tuvo plazo de duración de cinco (5) años conforme su cláusula Quinta;
Que el 31 de octubre de 2017, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Ministerio del Interior y la Universidad Central del Ecuador, que tiene por objeto cooperar con la profesionalización de los servidores del Ministerio del Interior y miembros de
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la Policía Nacional y mejorar el servicio a la comunidad, con la finalidad de incentivar y desarrollar programas de formación de tercero y cuarto nivel en todos sus grados, jerarquías, mediante diferentes modalidades de estudio e impulsar las investigaciones académico-científicas que generen propuestas que contribuyan a la implementación y ejecución de las políticas públicas o estatales, con una vigencia de cinco (5) años a partir de su suscripción;
Que la cláusula sexta del Convenio ibídem señala lo siguiente: "...SEXTA-COMISIÓN DE ADMINISTRA­CIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: Para la administración, seguimiento y control de las actividades que se deriven de la aplicación del presente convenio se conformará, luego de su suscripción una Comisión de Administración, Seguimiento y Control, que estará integrada por el Ministerio la máxima autoridad o su delegado; y, por la Universidad la máxima autoridad o su delegado. La Comisión sesionará en la ciudad de Quito de manera trimestral, para evaluar la planificación y ejecución de las actividades programadas, quienes la integran deberán presentar los informes de los avances y productos obtenidos a sus respectivas autoridades. En caso de que las partes no dieran cumplimiento a lo establecido en esta Cláusula, será causal para la terminación del presente instrumento... "; siendo necesaria la conformación de la referida Comisión a efecto de la evaluación de los resultados derivados de la ejecución del convenio;
En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República,
Artículo único.- Nombrar al señor General de Distrito (SP) Jorge Humberto Villarroel Merino, para que en calidad de delegado de la Ministra del Interior, conforme la Comisión de Administración, Seguimiento y Control del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Ministerio del Interior y la Universidad Central del Ecuador. El delegado queda facultado para suscribir los actos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento cabal de la obligación de seguimiento y evaluación derivada del convenio maro suscrito, siendo civil, penal y administrativamente responsable por la actuaciones que cumpla en función de la delegación que se entrega.
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Comuníquese y cúmplase.
Dado en el Despacho de la Ministra del Interior, en la ciudad de Quito, DM., el 08 de enero de 2019.
MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de Unidad de Gestión Documental y A de este Ministerio al cual me remito en caso necesario. Quito a, 21 de enero de 2019.- f.) Ilegible, Secretaría General.
Que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es deber primordial del Estado: "Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción";
Que el numeral 3 del artículo 261 de la Norma Suprema dispone: "El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: "El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio";
Que el artículo 53 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, establece que son obligaciones de los ciudadanos extranjeros en el Ecuador, entre otras: "i. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales; 2. Permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular; 3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza; 4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador";
Que el artículo 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, entre las causales de inadmisión establece que se podrá inadmitir a una persona extranjera cuando "... sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que posee el Estado ecuatoriano ";
Que el Estado ecuatoriano no posee un sistema de información compartida y reciproca de bases de datos de antecedentes penales con la República Bolivariana de Venezuela, lo que imposibilita que la autoridad de control migratorio cuente con elementos suficientes para verificar lo previsto en el numeral 6 del artículo 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana;
Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el Ministerio del Interior, ejercerá la rectoría del control migratorio a nivel nacional;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 244 de 22 de agosto de 2018, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se estableció como requisito para el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio del Ecuador con su respectiva cédula de identidad, a través de los puntos autorizados por la Ley, la verificación y validación de dicho documento de identidad;
Que el constante flujo migratorio de ciudadanos venezolanos hacia el Ecuador suma en la actualidad más de 250.000 personas, cuyo número se incrementaría considerablemente hasta finales de 2019, según proyecciones estadísticas;
Que es necesario que el Estado ecuatoriano adopte medidas urgentes adicionales para una inmigración ordenada, segura y regular hacia el Ecuador, con el propósito de garantizar la protección a todos los habitantes del país; y,
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Que el 5 de noviembre de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; el Ministerio del Interior; y el Ministerio de Inclusión Económica y Social suscribieron el "Procedimiento de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana en Ecuador".
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana,
ARTÍCULO 1.- Requerir a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a territorio del Ecuador, además de los documentos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 244, de 22 agosto de 2018, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la presentación del Certificado de Antecedentes Penales del país de origen, o del país de residencia durante los últimos cinco años, debidamente apostillado o legalizado.
ARTÍCULO 2.- Las y los niños, niñas y adolescentes, estarán exentos de la presentación de este requisito.
ARTÍCULO 3.- Los documentos que presentarán las y los menores de edad de nacionalidad venezolana para su ingreso al territorio del Ecuador, serán su documento de identidad o su partida de nacimiento, y en lo relacionado a sus padres, tutores, o representantes legales, se procederá según lo previsto en el "Procedimiento de Atención para niñas, niños y adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana en Ecuador".
ARTÍCULO FINAL.- De la ejecución del presente Acuerdo Interministerial, que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los señores Viceministro de Movilidad Humana y Subsecretario de Migración del Ministerio del Interior.
En Quito a, 21 de enero de 2019.
f.) Emb. Andrés Terán Parral, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (S).
f.) Ab. María Paula Romo, Ministra del Interior.
RAZÓN- Siento por tal que las tres (3) fojas que anteceden, son copias del Acuerdo Interministerial N° 0000001 del 21 de enero de 2019, conforme el siguiente detalle fojas: 1-3, son copias del original, documento que reposa en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO.- LO CERTIFICO.
Quito, D.M. 23 de enero de 2019.
f.) Emb. Francisco Augusto Rio frío Maldonado, Director de Gestión Documental y Archivo.
No. 11-2018
1. En el Suplemento del Registro Oficial No. 175, del 5 de febrero de 2018, se publicó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (LOIPEVM) que reformó al Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público, Código Orgánico Integral Penal (COIP) y Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
1.1 A través de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, y de Chimborazo, juezas y jueces de garantías penales y de la unidad judicial contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar, han formulado sendas consultas sobre el alcance de las reformas de la LOIPEVM.
1.1.1 A través de comunicación ingresada el 8 de mayo de 2018, el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, Dr. Jaime Eduardo Alvear Flores, remite a la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Dra. Paulina Aguirre Suárez, la comunicación del 19 de febrero del mismo año, en la que la jueza Dra. Raquel Maza Puma y el juez Dr. Edison Cisneros Peralta, de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Ibarra formulan la siguiente consulta:
¿La Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que señala: Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres deberán dictar la normativa secundaria y los protocolos necesarios para la aplicación y plena vigencia de esta Ley, dentro del ámbito de sus competencias, en el plazo máximo de 90 días contados desde la publicación del Reglamento General de esta Ley en el Registro Oficial', es una vacatio legis que impida la aplicación inmediata de la referida ley?
1.1.2 Pormedio del oficio No. 072-2018-PCPJCH, del 6 de julio de 2018 -ingresado el 16 de los mismos mes y año-, el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, Dr. Rodrigo Alonso Viteri Andrade, remite a la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Dra. PaulinaAguirre Suárez, la comunicación del 19 de febrero del mismo año, en la que las juezas Dras. Gladys Aguaguiña y Anabel Mancheno, de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Riobamba, formulan la siguiente consulta:
(Que) defina las etapas del proceso y se limite la competencia de las juezas y jueces contra la Violencia a la Mujer y Familia, ya que tal
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como está redactada la norma lleva a que pueda interpretarse que la sustanciación y juzgamiento de delitos de femicidio y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar serán conocidos por juezas unipersonales contra la Violencia a la Mujer y la Familia, dicha normativa crea confusión respecto a las competencias de los Tribunales Penales asignadas en el artículo 231 del Código Orgánico de la Función Judicial que por tener carácter orgánico y posterior podría incluso interpretarse como una reforma tácita del referido artículo, situación que crea inseguridad jurídica, siendo necesaria la aclaración respecto a la competencia del juzgamiento de delito inclusive el j'emicidio.
II. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS
2.1 Análisis de la consulta número 1.1.1
La LOIPEVCM, al tiempo de crear el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNIPEVCM), y establecer las prerrogativas de las entidades que lo conforman, reforma disposiciones normativas de varias leyes, entre ellas, el COIP, en tópicos como las medidas de protección, mecanismos de reparación integral, tipificación penal de la violencia sicológica, o de contravenciones de violencia, entre otros.
Reforma también el artículo 232 del COFJ y el artículo 570 del COIP, que son disposiciones normativas de carácter procesal relativas a la competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.
Lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria sobre las obligaciones de las entidades integrantes para que "en el plazo máximo de 90 días contados desde la publicación del Reglamento General de esta Ley en el Registro Oficial", y en el ámbito de sus competencias, dicten la normativa secundaria y los protocolos necesarios para la aplicación y plena vigencia de la ley, constituye un imperativo exclusivamente dictado con el objeto de que se implemente operativamente el SNIPEVCM. Para considerar a este período como un lapso específico posterior a la promulgación de la ley para su entrada en rigor -en los términos determinados por el artículo 6 de Código Civil que permite al legislador fijar un plazo específico para la vigencia de la ley desde su promulgación[1]-, al menos en lo que respecta a sus disposiciones de contenido procesal penal, su mandato debe ser concluyente y expresamente así establecerlo; lo cual, en el presente caso no ocurre.
Por tanto, la vigencia de las disposiciones normativas reformatorias de carácter procesal del COFJ y COIP es inmediata, pues, la Disposición Final taxativamente dispone que "la presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial (sic)".
[1] El Código Civil dice: "Artículo 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde entonces. Podrá sin embargo, en la misma ley, designarse un plazo especial para su vigencia a partir de su promulgación.
En resumen, la LOIPEVCM no contempla expresamente la vacatio legis -ni la Tercera Disposición Transitoria puede ser vista como tal-, y mal puede dejar de aplicarse inmediatamente, pues, por mandato expreso, rige a partir del 5 de febrero de 2018, en que se publicó el Registro Oficial (S) No. 175.
2.2 Análisis de la consulta 1.1.2
La Constitución de la República establece que, sin excepción alguna, en los procesos en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que entre otras garantías básicas, incluye el derecho a la defensa que les asiste a las personas y a ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente, sin que alguien pueda ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto, como lo ordena la letra k) del artículo 76.7.
La disposición normativa constitucional armoniza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8.1 impetra las garantías judiciales que los Estados Parte deben asegurar, entre ellas, la relacionada con el derecho que le asiste a toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; y también lo hace con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 14.1 consagra que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia; y que, toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
La jerarquía constitucional de las citadas normas del Derecho Convencional, sobre las que descansa la estructura procesal en las ramas jurídicas del Derecho Público, debe ser guardada por los órganos públicos encargados, sea de expedir, codificar, reformar o derogar las leyes, como es el caso de la Función Legislativa, ya sea de ejercer la potestad de administrar justicia, como le corresponde hacer a la Función Judicial, y a la que la disposición constitucional del artículo 167 le reserva la potestad de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales enlistados en el artículo 178, que reconoce el rol del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
Por definición expresa del artículo 398 del COIP, la jurisdicción es la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, atribuida a las y los juzgadores determinados en la Constitución, el COFJ y en el COIP, que son los responsables de ejercerla en materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales cometidas en el territorio nacional y en territorio extranjero en los casos establecidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.
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Mientras el artículo 399 ejusdem dispone que la estructura, funciones y competencias de los órganos jurisdiccionales penales se encuentran determinadas en el COFJ, el artículo 402 especifica que la naturaleza de la potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en el COFJ, cuyo artículo 221 reserva a los tribunales penales la competencia exclusiva para: "1. Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban tramitarse por el procedimiento directo, o los que determine la ley".
En el COFJ se relieva lo dispuesto por el artículo 157 que, amén de definir la legalidad de la competencia en función de la materia, el grado y las personas, en el inciso segundo establece que excepcionalmente, y previo estudio técnico, que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente cuando se trate de crear, trasladar, fusionar o suprimir salas de cortes, tribunales y juzgados. La operatividad de lo dispuesto por esta norma se concreta en la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura que el artículo 264 le asigna para que "8. En cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio de la Función Judicial", pueda "b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios, juezas y jueces de primer nivel, excepto la competencia en razón del fuero (...)".- (Lo resaltado, fuera de texto).
En este orden de ideas, la "precisión " de la competencia del que habla el artículo 264.8.b del COFJ difiere de las reglas de competencia que el artículo 402 del COIP le reserva establecer al COFJ para definir la potestad jurisdiccional, sino que es una actividad que en torno a la gestión administrativa del sistema de administración de justicia, complementa a las actividades concernientes al establecimiento o al cambio de la sede o del modelo de gestión con el que el servicio público de administración de justicia es prestado. En términos conceptuales: mientras la disposición normativa del artículo 402 del COIP se refiere en forma irrestricta a la potestad jurisdiccional que en el sistema de justicia la ejercen los órganos jurisdiccionales, el artículo 264.8.b del COFJ se circunscribe específicamente a la administración de justicia en tanto servicio público, pues, aunque la potestad jurisdiccional y el servicio judicial son elementos integrantes del sistema, son términos deónticamente distintos, con naturaleza jurídica diferente aunque complementarios, no sujetos a interpretaciones que desnaturalicen su alcance normativo, generen distorsión aplicativa procesal y afecten al derecho a un proceso debido en tanto garantía constitucional y mecanismo de adecuada aplicación de justicia. [2]
[2]Vide, Osvaldo Alfredo Gozaíni, El Debido proceso (Bs. As.: Rubinzal Culzoni Editores, 2004).
En todo caso, en este marco normativo, y a partir de la definición de competencia que el artículo 156 del COFJ hace como medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados -en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados, y que, según el principio de legalidad de la competencia, del que el artículo 157 establece que la competencia "está determinada en la ley"-, se ubican las reformas procesales penales incorporadas por la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVM), publicada en el RO (S) No. 175, del 5 de febrero de 2018.
La Octava Disposición Reformatoria de la LOIPEVM, que sustituye al artículo 232 del COFJ, otorga competencia a las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para "1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer
0 miembro del núcleo familiar". Asimismo, la Décima Disposición Reformatoria, que reforma al artículo 570 del COIP, establece que "en la sustanciación y juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar": "1. Son competentes las y los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y en el caso de las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas, la competencia corresponde a los jueces y juezas de garantías penales", disponiendo también que las y los fiscales y las defensoras y defensores públicos sean igualmente especializados.
En torno a la justificación de las reformas a las normas procesales del COFJ y del COIP, el Considerando Duodécimo de la LOIPEVM[3], basado en el artículo 81 de la Constitución, encarna un fundamento relevante de la motivación del legislador para dictarlas, con el propósito de alcanzar mayor protección a las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar y sexuales, a través de la instrumentación de procedimientos especiales y expeditos, en los que el conocimiento de los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y la sustanciación y juzgamiento de los delitos de femicidio y de violencia intrafamiliar o del núcleo familiar, sean de competencia de las juezas y los jueces especializados y de las juezas y jueces penales en el caso de que en las secciones territoriales no se cuente con aquellos.
Al fundamentar su decisión en el precepto contenido en el artículo 81 de la Constitución, el legislador ha dirigido su voluntad de otorgamiento de la competencia para sustanciar y juzgar los delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, hacia jueces especializados; sin embargo, la disposición normativa
[3] El Considerando Duodécimo de la LOIPEVM dice: "Que el artículo 81 de la Constitución de la República determina que la Ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, que requieren una mayor protección".
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contenida en el artículo 221 del COFJ parecería prima facie disputarle la competencia entregada por la LOIPEVM. Concretamente, el artículo 221 del COFJ asigna a los tribunales penales la competencia para: "1. Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban tramitarse por el procedimiento directo, o los que determine la ley".- (Lo resaltado, fuera de texto).
En virtud de esta norma procesal, la competencia para sustanciar la etapa de juicio en todos los delitos a los que les corresponde procesos de ejercicio público de la acción, en términos generales, la ostentan los tribunales penales, exceptuando los casos determinados en la ley. En la excepción, se incluyen los casos de fuero y los casos determinados en la ley. En la excepción, se incluyen los casos de fuero y los que deben tramitarse por el procedimiento directo -conforme lo señala el mismo artículo 221 del COFJ-, y, para efecto del presente análisis, los determinados por la LOIPEVM. La delimitación de la competencia para juzgar y dictar sentencia en razón de la materia, estaría condicionada, entonces, a que solo en virtud de las excepciones establecidas por la ley penal, los tribunales penales no serían generalmente competentes para juzgar y dictar sentencia. Ese sería el caso de los delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, pues, la Décima Disposición Reformatoria de la LOIPEVM establece que para la sustanciación y juzgamiento en los procesos desarrollados por ese tipo de delitos, se aplicará la regla 1 que dice que son competentes las juezas y los jueces especializados, y en defecto de su carencia en las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas, lo serán las juezas y jueces de garantías penales.
¿Existe conflicto entre el artículo 221 del COFJ y la Décima Disposición Reformatoria de la LOIPEVM, en cuanto a la competencia que el primero asigna a los tribunales penales para sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, y la competencia que otorga la segunda a los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar para la sustanciación y juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar?
Parecería ser que existe una antinomia jurídica entre ambas disposiciones normativas. En virtud de la primera, estaría subsumido el delito de femicidio en aquellos procesos de ejercicio público de la acción, en tanto que en la segunda, este tipo penal está expresamente señalado. En este caso específico, existiría contradicción entre la norma general contenida en el artículo 221 del COFJ y la norma especial contenida en la Décima Disposición Reformatoria de la LOIPEVM que reforma al artículo 570 del COIP; si bien su contenido es típicamente de reserva normativa (principio de competencia), ambas tienen igual jerarquía y valencia (principio de jerarquía), pues, son orgánicas, sin que una prevalezca sobre otra, ni aún por la especialidad pues las dos versan sobre materia procesal penal (principio de
especialidad). Descartando, entonces, la competencia, la jerarquía y la especialidad, resta contar con la temporalidad como criterio de solución del conflicto; si la LOIPEVM es posterior regiría sobre la anterior en atención al precepto en virtud por el cual las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir (principio de temporalidad).[4]
El propósito del legislador es cumplir con el precepto del artículo 81 de la Constitución, en el sentido de instituir un procedimiento especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual; para ese fin, establece que la sustanciación y juzgamiento de los delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar sean ejercidos por las y los jueces especializados; lo cual, parecería ser que ambas actividades afectarían la necesaria independencia e imparcialidad en el procedimiento ordinario a cuyas etapas procesales constitutivas la ley procesal penal atribuye al juez penal correspondiente su dirección: la de instrucción y de evaluación y preparatoria de juicio -que supone la actividad de sustanciación de la etapa de instrucción fiscal-, a los jueces de garantías penales, de acuerdo con el artículo 225 del COFJ; y la de juicio -que comporta la actividad de sustanciación de la etapa de juicio y de emisión de la sentencia-, a los tribunales penales, según el artículo 221 del COFJ.
Por ello, es importante considerar lo dispuesto por el artículo 232 del COFJ como elemento base del análisis. El concepto original de esta disposición normativa no ha sido cambiado por la Octava Disposición Reformatoria de la LOIPEVM, sino que sencillamente ha sido reordenado, manteniendo lo sustancial que es que las juezas y los jueces especializados serán competentes para: "1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar". Para una precisa aplicación normativa, el alcance de esta disposición legal tiene que sintonizar con el de la norma reformatoria del artículo 570 del COIP, que, les otorga competencia "en la sustanciación y juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar"; de ahí que, la complementación de ambas disposiciones legales que permita construir una proposición jurídica completa de eficaz aplicación normativa, se traduciría en que las y los jueces especializados ostentan competencia para sustanciar la etapa de instrucción fiscal, de una parte, y para sustanciar la etapa de juzgamiento, de otra, pues, el legislador, sobre la base del fundamento jurídico del artículo 81 de la Constitución[5], ha previsto que los delitos de femicidio y de
[4] El artículo 7 del Código Civil establece: "La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes: ...20a.- Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces vigente".
[5] El artículo 81 de la Constitución de la República dice: "La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes
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violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sean juzgados en un procedimiento especial y expedito por los jueces especializados, y no por tribunales penales ordinarios.
En observancia de los principios de independencia (artículo 8 del COFJ) y de imparcialidad (artículo 9 del COFJ), corresponde establecer que, en las unidades judiciales especializadas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, los jueces y juezas que sustancien la etapa de instrucción fiscal de los procesos iniciados por delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, serán unipersonales; y, para guardar la concordancia necesaria con lo dispuesto por el artículo 221 del COFJ, los jueces pluripersonales especializados, serán los competentes para sustanciar la etapa de juicio.
Ahora bien, no obstante lo examinado, es necesario preguntar: ¿Las reformas introducidas al COFJ y al COIP, con las que se otorga competencia en los términos anteriormente descritos a las jueces y los jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, constituyen un procedimiento expedito y especial, como lo dispone el artículo 81 de la Constitución?
En el texto legal reformatorio no se hace mención alguna sobre un procedimiento especial para juzgar este tipo de delitos, sino que, como ya se ha anotado, se otorga competencia a las juezas y jueces especializados en esta materia; por lo que se añadiría al análisis el tópico del juez natural como mecanismo garantista[6]. Al efecto, el Consejo de la Judicatura, mediante Resolución No. 52A-2018, del 23 de agosto de 2018, ha establecido dos disposiciones normativas que delimitan la competencia de los jueces especializados.
"Artículo 1.- De la competencia.- Las juezas y jueces que integran las unidades judiciales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar a nivel nacional, serán competentes para: 2. Conocer y sustanciar los delitos (sic) de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar v delitos contra la integridad sexual v reproductiva. El juzgamiento de estos delitos le corresponderá al tribunal de garantías penales, conforme lo dispuesto por el artículo 221 del Código Orgánico de la Función Judicial".- (Lo resaltado, fuera de texto).
de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una nueva protección. Se nombrarán fiscales y defensora o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.
[6]Al respecto, Gozaíni expresa: "En fin, podemos concluir que la garantía del juez natural es útil como mecanismo garantista que le impide al legislador actuar en contra de sus preceptos guías; constituye un sistema de orientación para la normativa ordinaria, y otorga fundamento constitucional a quienes persiguen perturbar la intervención de quienes acreditan y tienen jurisdicción originaria que no puede ser desplazada". Osvaldo Alfredo Gozaíni, ibídem, 245.
Y, la segunda señala:
"Artículo 4.- Juzgamiento.- El tribunal de garantías penales especializado será el competente para sustanciar la etapa de juicio v dictar sentencia en los delitos precisados en esta resolución: en aquellas circunscripciones territoriales donde no tengan la competencia estos tribunales, serán competentes los tribunales penales ordinarios".- (Lo resaltado, fuera de texto).
El contenido del número 2 del artículo 1 de la Resolución No. 52A-2018 aporta un nuevo elemento para el análisis, pues, al incluir a los "delitos contra la integridad sexual y reproductiva" para que sean conocidos y sustanciados por las juezas y los jueces especializados, añade algo no dispuesto taxativamente en la LOIPVEM. Al respecto cabe anotar lo siguiente:
Primero: en el texto de la Décima Disposición Reformatoria de la LOIPEVM solo se menciona que dicha competencia la tendrán las juezas y los jueces que integran las unidades judiciales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en los "delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar", sin indicar otros delitos.
Segundo: el COIP cataloga los delitos dentro en una estructura capitular que los clasifica por su tipicidad y naturaleza deóntica distintiva, de la siguiente forma:
En el Capítulo II ("Delitos contra los derechos de libertad"), la Sección 2a. ("Delitos contra la integridad personal") dedica el Parágrafo lo. ("Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar"), en los que se enlista los siguientes tipos penales: violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar (artículo 155), violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar (artículo 156), violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar (artículo 157), y violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar (artículo 158).
De suyo, y en forma separada, la Sección 4a. ("Delitos contra la integridad sexual y reproductiva") tipifica los siguientes delitos: Inseminación no consentida (artículo 164), privación forzada de capacidad de reproducción (artículo 165), acoso sexual (artículo 166), estupro (artículo 167), distribución de material pornográfico a niñas y niños y adolescentes (artículo 168), corrupción de niñas, niños y adolescentes (artículo 169), abuso sexual (artículo 170), violación (artículo 171), utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual (artículo 172), contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos (artículo 173), oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos (artículo 174).
Tercero: el principio de legalidad (artículo 5.1 COIP) rige inclusive cuando la ley penal se remite a otras normas o disposiciones legales para integrarla. La LOIPEVM no menciona ni refiere a los delitos contra
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la integridad sexual y reproductiva -como sí lo hace específicamente con el delito de femicidio y los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar-; lo cual, supondría que el legislador habría considerado que la competencia para la sustanciación y para el juzgamiento de aquellos delitos se mantendría en las juezas y los jueces de garantías penales para lo primero, y en los tribunales penales ordinarios para lo segundo.
Cuarto: el artículo 157 del COFJ determina que la competencia en razón de la materia, el grado y las personas está determinada en la ley; y que, excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente en los casos de creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y juzgados.
Si bien el Consejo de la Judicatura se sustenta, entre otros fundamentos jurídicos, en el principio de legalidad de la competencia, la Resolución No. 52A-2018 añade a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, que no están específicamente señalados en la LOIPEVM para que sean conocidos y sustanciados por las juezas y jueces que integran las unidades judiciales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
ni. CONCLUSIONES
3.1 Respecto de la vigencia de la LOIEPVM
La vigencia de las disposiciones normativas reformatorias de carácter procesal del COFJ y COIP es inmediata. La Disposición Final dispone la entrada en rigor de la LOIEPVM a partir de su publicación en el Registro Oficial, y al no contemplar en forma expresa la vacatio legis no puede dejar de aplicarse inmediatamente.
3.2 Respecto de la competencia de las juezas y los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar
3.2.1 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 52A-2018, en tanto jueces unipersonales, las juezas y jueces especializados son competentes para conocer los delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y sustanciar el proceso penal durante las etapas de instrucción y de evaluación y preparatoria de juicio.
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 52A-2018, en tanto jueces pluripersonales, los tribunales penales especializados son los competentes para sustanciar la etapa de juicio en los procesos penales por delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Según lo dispuesto por el artículo 157 del COFJ, la competencia en razón de la materia, del grado y de las personas está determinada en la ley; es decir, la competencia nace de la ley.
La LOIPE VM otorga competencia a las juezas y jueces que integran las unidades judiciales de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para conocer los hechos y conocer las causas por delitos de femicidio y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; pero no lo hace, o al menos no lo menciona taxativamente para los casos de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, que han sido incluidos en la Resolución No. 52A-2018.
Que de conformidad con el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, es función del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley;
Que la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, una de cuyas expresiones es la legalidad del trámite, conforme se desprende de su artículo 76.3, que señala que "Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento";
Que la ley tiene vigencia inmediata a partir de su publicación en el Registro Oficial, a excepción de aquellas que cuentan con disposiciones específicas que determinan la existencia de un lapso de tiempo hasta que se inicie dicha vigencia, denominado vacancia legal o vacatio legis;
Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los justiciables, el derecho a la defensa, que contiene entre otras garantías, el contar con jueces imparciales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76.7.k), que prevé "El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. (...) k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente";
Que se encuentra expedida la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, misma que en su Disposición Final establece "La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial";
Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del marco de sus competencias, con base a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ha dictado la Resolución N° 052A-2018, para implementar la referida ley;
Que la vigencia de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ha generado dudas por obscuridad en la aplicación de la ley por varias juezas y jueces en ciertas provincias del país, quienes con fundamento en lo dispuesto en los artículos 129.8 y 180,
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numerales 4 y 6 del Código Orgánico de la Función Judicial han realizado consulta legal para conocimiento y resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, sobre dos puntos específicos: a. respecto a si existe o no una vacatio legis en dicha ley; y, b. cuáles son las competencias de los jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y cuáles son las competencias de los Tribunales de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos de femicidio, de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y los delitos previstos y punidos en los artículos 155 a 158 del Código Orgánico Integral Penal, en relación con el artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Que conforme la Disposición Reformatoria Octava de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, son competentes para conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.
Que la Disposición Reformatoria Décima de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reformó el artículo 570 del Código Orgánico Integral Penal, disponiéndose que: "En la sustanciación y juzgamiento de delitos de femicidio y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se aplicarán las siguientes reglas:
1. Son competentes las y los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y en el caso de las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas, la competencia corresponde a los jueces y juezas de garantías penales;
2. Intervienen fiscales, defensoras y defensores públicos especializados; y, 3. La o las víctimas pueden acogerse al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el proceso, antes, durante o después del proceso penal, siempre que las condiciones así lo requieran”.
Que conforme a las reglas generales de competencia constantes en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 221.1, se establece como competencia de los Tribunales de Garantías Penales, "Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban tramitarse por el procedimiento directo, o los que determine la ley";
Ante la duda y oscuridad surgidas en la aplicación de los artículos 232 del Código Orgánico de la Función Judicial y 570 del Código Orgánico Integral Penal, reformados por las Disposiciones Reformatorias Octava y Décima de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, respectivamente.
En ejercicio de la facultad conferida por el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 180.6,
Art. 1.- La Disposición Final de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dispone la entrada en vigor de dicha ley a partir de su publicación en el Registro Oficial, y al no contemplar en forma expresa alguna vacatio legis, su aplicación es inmediata.
Art. 2.- Las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en tanto jueces unipersonales, son competentes para conocer las infracciones de femicidio (artículo 141 COIP) y de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar contemplados en los artículos 155 al 159 del COIP, durante las etapas de instrucción y de evaluación y preparatoria de juicio, así como el conocimiento y resolución del procedimiento abreviado para estos tipos penales y del procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la competencia corresponde a las juezas y jueces de garantías penales.
Los Tribunales de Garantías Penales, en tanto jueces pluripersonales, son competentes para sustanciar y resolver la etapa de juicio en los procesos penales ordinarios por delitos de femicidio y de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.
Las juezas y jueces de garantías penales, en tanto jueces unipersonales, son competentes para conocer los delitos contra la integridad sexual y reproductiva previstos en los artículos 164 a 175 del Código Orgánico Integral Penal, durante las etapas de instrucción y de evaluación y preparatoria de juicio, así como para el conocimiento y resolución del procedimiento abreviado en estos tipos penales.
Sin perjuicio de lo mencionado, todos los procesos que se hayan sustanciado desde la vigencia de la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, hasta la fecha de esta Resolución, gozarán de validez y no podrá alegarse nulidad alguna respecto de la aplicación de la mencionada ley.
Esta Resolución tiene el carácter de general y obligatoria, regirá desde la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre cualquier otra que se le oponga, mientras no se disponga lo contrario por la Ley.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los tres días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
f.) Dra. María Rosa Merchán Larrea, PRESIDENTA SUBROGANTE.
f.) Dr. Alvaro Ojeda Hidalgo, JUEZ NACIONAL (VOTO EN CONTRA),
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f.) Dr. Merck Benavides Benalcázar, JUEZ NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
f.) Dr. José Luis Terán Suárez, JUEZ NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
f.) Dra. Ana María Crespo Santos, JUEZA NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
f.) Dr. Pablo Tinajero Delgado, JUEZ NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
f.) Dr. Edgar Flores Mier, JUEZ NACIONAL.
f.) Dr. I van Saquicela Rodas, JUEZ NACIONAL.
f.) Dr. Darío Velástegui Enríquez, JUEZ NACIONAL.
f.) Dra. Beatriz Suárez Armijos, CONJUEZA NACIONAL.
Certifico, f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL.
RAZÓN: Siento como tal que las nueve (9) fojas selladas y numeradas que anteceden son copias iguales a sus originales tomadas del libro de Acuerdos y Resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito 09 de enero de 2019.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros.- SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.
No. 12-2018
Entre las funciones que corresponden a la Corte Nacional de Justicia, a través del Pleno de este organismo, el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial establece:
"Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 6. Expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial".
La facultad de esta Alta Corte de expedir resoluciones generales y obligatorias en caso de duda sobre el alcance y aplicación de la leyes, constituye una de las labores fundamentales de este órgano de justicia, íntimamente vinculado con las garantías jurisdiccionales de los ciudadanos al debido proceso, a la tutela efectiva de sus derechos y a la seguridad jurídica (Arte. 75, 76 y 82 de la Constitución de la República). Se encuentra relacionado con los principios constitucionales que rigen el ejercicio de los derechos, contemplados en el artículo 11, numerales 5 y 8 de la Constitución de la República que establece: "Art. 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos y judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. "
A través de estas resoluciones generales y obligatorias, la Corte Nacional de Justicia brinda a las juezas y los jueces, así como a los profesionales del derecho y ciudadanía en general, criterios unificados, debidamente sustentados, sobre la aplicación de la normativa en casos de duda u obscuridad de la ley.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 169 establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia; y las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.
Además el Art. 168 numeral 6 ibídem establece que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicarán el sistema oral de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
La Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 150, de 29 de diciembre de 2017, establece en su Disposición Transitoria Décimo Quinta: "En el plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley, los jueces que estén en conocimiento procesos tributarios bajo el sistema escrito, deberán evacuar las actuaciones procesales necesarias para resolverlos y dictar sentencia. La inobservancia a esta Disposición acarreará las sanciones correspondientes en el Código Orgánico de la Función Judicial".
El Código Orgánico General de Procesos en su Disposición Transitoria Primera establece: "Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este
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Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme la normatividad vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas antes de la implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación. "
El Código Tributario en el Capítulo II del Trámite de la Acciones, del Título II de la Sustanciación ante la Jueza o Juez de lo Contencioso Tributario del Libro III del Procedimiento Contencioso contiene las normas para la sustanciación de los procesos contencioso tributarios aplicables a todos los casos que se hubieren iniciado antes de que entre en vigencia el COGEP, donde se prevé el trámite para todas las acciones en este ámbito.
Según la Disposición Transitoria Primera del COGEP todas las causas que se hubieren iniciado con anterioridad a la fecha en que entró en vigencia este cuerpo legal, esto es, un año después de su promulgación en el Registro Oficial, deben tramitarse y resolverse de acuerdo a las normas procesales que estuvieron vigentes con anterioridad; y en materia contencioso tributaria éstas son las contempladas en el Código Tributario.
El proceso contencioso tributario, al igual que otros de similar naturaleza, se rige por el principio dispositivo, es decir que parte de la responsabilidad en el avance del proceso y prosecución de las distintas etapas del mismo dependen no solamente del juzgador, sino también de las partes, de conformidad con los principios de celeridad y debida diligencia.
Las Juezas y Jueces de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario han expresado dudas respecto de la aplicación de la Disposición Transitoria Décimo Quinta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, en especial respecto del plazo de un año que la misma establece para que se evacúen las actuaciones procesales necesarias para resolverlos y dictar sentencia, pues por un lado podría interpretarse que para ese tiempo deben estar dictadas las sentencias; o por otro, que el juzgador debió haber dictado las providencias de trámite necesarias para que el proceso esté en aptitud de dictar sentencia.
El proceso contencioso tributario previsto en el Código Tributario, aplicable a los casos iniciados con anterioridad a la fecha en que entró en vigencia el COGEP, establece diferentes etapas como son: presentación de la demanda; calificación de la demanda; citación a los demandados; contestación de la demanda; suspensión del proceso de ejecución; acumulación de autos; prueba; desistimiento y abandono; y, sentencia.
Por lo tanto, en el proceso contencioso tributario, sólo cuando se han ejecutado todas las etapas previas, se puede dictar la sentencia o auto resolutivo, momento en el cual las partes podrán inclusive presentar informes en derecho o solicitar audiencia pública en estrados, con igual finalidad,
cuya inobservancia conllevaría a transgredir las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva contemplados en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República; es decir, únicamente cuando se encuentre concluida la tramitación de la causa y el proceso se encuentre en estado de resolver, la jueza o juez de lo contencioso tributario pronunciará sentencia o dictará el auto resolutivo respectivo dentro del plazo contemplado en el Art. 273 del Código Tributario, en concordancia con el Art. 288 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo expuesto se considera que el plazo de un año al que se refiere la Disposición Transitoria Décimo Quinta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, se cumple cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario ha evacuado todas las diligencias necesarias para despachar las distintas etapas del proceso y éste se encuentre en estado de dictar sentencia o auto resolutivo. Adicionalmente, el vencimiento de este plazo solo será imputable a las Juezas o Jueces de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario, cuando el progreso de la causa dependa de su gestión, de acuerdo con el principio de celeridad y debida diligencia.
Que el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como función del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la de expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la ley;
Que el artículo 169 de la Constitución de la República establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, y se regirá por los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido proceso;
Que el artículo 168 numeral 6 ibídem establece que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará el sistema oral de acuerdo a los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
Que la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, en la Disposición Transitoria Décimo Quinta dispone: "En el plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley, los jueces que estén conociendo procesos tributarios bajo el sistema escrito, deberán evacuar las actuaciones procesales necesarias para resolverlos y dictar sentencia. La inobservancia a esta Disposición acarreará las sanciones correspondientes en el Código Orgánico de la Función Judicial".
Registro Oficial N° 414 - Segundo Suplemento Viernes 25 de enero de 2019 - 15
Que el Código Orgánico General de Procesos en su Disposición Transitoria Primera establece: "Los procesos que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de este Código, continuarán sustanciándose hasta su conclusión conforme la normatividad vigente al momento de su inicio. Las demandas interpuestas antes de la implementación del Código Orgánico General de Procesos en la respectiva jurisdicción, se tramitarán con la norma aplicable al momento de su presentación. ";
El Código Tributario, en el Capítulo II del Trámite de la Acciones, del Título II de la Sustanciación ante la Jueza o Juez de lo Contencioso Tributario, del Libro III del Procedimiento Contencioso, contiene las normas para la sustanciación de los procesos contencioso tributarios aplicables a todos los casos que se hubieren iniciado antes de que entre en vigencia el COGEP, donde se prevé el trámite para el procedimiento de las acciones en materia contencioso tributaria;
Que el plazo de un año al que se refiere la Disposición Transitoria Décimo Quinta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, se cumple cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario ha evacuado todas las diligencias necesarias para despachar las distintas etapas del proceso y este se encuentre en estado de resolver y por tanto la causa esté en aptitud de dictar sentencia o auto resolutivo. Adicionalmente, el vencimiento de este plazo solo será imputable a las juezas o jueces de los tribunales distritales de lo fiscal, cuando el progreso de la causa dependa de su gestión, de acuerdo con el principio de celeridad y debida diligencia.
Artículo 1.- Para efectos de la aplicación de la Disposición Transitoria Décimo Quinta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, se considerará que el plazo de un año comienza a decurrir cuando el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario ha evacuado las distintas etapas del proceso y éste se encuentre en estado dictar sentencia o auto resolutivo, en estricto cumplimiento de los principio de celeridad y debida diligencia que los jueces deben aplicar en el trámite de los procesos.
La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la Ley no disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
f.) Dra. Paulina Aguirre Suárez, PRESIDENTA (VOTO EN CONTRA).
f.) Dra. María Rosa Merchán Larrea, JUEZA NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
f,) Dr. Luis Enríquez Villacrés, JUEZ NACIONAL.
f) Edgar Flores Mier, JUEZ NACIONAL.
f.) Dra. Beatnz Suárez Armijos, JUEZA NACIONAL (E).
f.) Dra. Magaly Soledispa Toro, JUEZA NACIONAL (E).
f.) Alejandro Arteaga García, CONJUEZ NACIONAL.
f.) Dr. Willman Terán Carrillo, CONJUEZ NACIONAL.
f.) Dra. María Alejandra Cueva Guzmán, CONJUEZA NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
f.) Dr. David Jacho Chicaiza, CONJUEZ NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
f.) Dr. Roberto Guzmán Castañeda, CON JUEZ NACIONAL (VOTO EN CONTRA).
RAZÓN: Siento como tal que las cuatro (4) fojas selladas y numeradas que anteceden son copias iguales a sus originales tomadas del libro de Acuerdos y Resoluciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico, Quito 09 de enero de 2019.
16 - Viernes 25 de enero de 2019 Segundo Suplemento - Registro Oficial N° 414