Source: http://hrlibrary.umn.edu/iachr/espanol/b11_14e.htm
Timestamp: 2020-02-17 14:14:08
Document Index: 96881520

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 63', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 50', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 69']

Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria (Art. 63.1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 8. (1990).
En el caso Godínez Cruz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces:
de acuerdo con el artículo 44.1 de su Reglamento dicta la siguiente sentencia en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( en adelante " la Convención " o " la Convención Americana " ), sobre el presente caso introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras y en cumplimiento de la sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989.
2. En su sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989, la Corte
( Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 203 )."
3. La Corte es competente para disponer el pago de una justa indemnización a la parte lesionada en el presente caso porque Honduras ratificó la Convención el 8 de setiembre de 1977 y depositó, el 9 de setiembre de 1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El caso fue elevado a la Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos 61 de la Convención y 50.1 y 50.2 de su Reglamento y fallado por la Corte el 20 de enero de 1989.
"1. Autorizar al Presidente para que, en consulta con la Comisión Permanente de la Corte, inicie los estudios y designe los expertos que considere convenientes, con el fin de que la Corte cuente con los elementos de juicio necesarios para fijar la forma y cuantía de la indemnización.
2. Autorizar al Presidente para recabar el parecer al respecto de los familiares de la víctima, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Gobierno de Honduras.
5. Los abogados acreditados como consejeros o asesores de la Comisión ( en adelante " los abogados " ) solicitaron a la Corte convocar a una audiencia pública para presentar un informe de peritos psiquiatras sobre la extensión del daño moral sufrido por los familiares de la víctima y para que uno de tales peritos explicara a la Corte el procedimiento utilizado y las conclusiones.
6. La señora Enmidida Escoto de Godínez, cónyuge de Saúl Godínez Cruz, haciendo uso del numeral 2 de la resolución de 20 de enero de 1989, presentó un escrito fechado el 26 de febrero de 1989 en el cual solicita a la Corte que ordene al Gobierno el cumplimiento de los siguientes puntos:
7. En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de 20 de enero de 1989, la Comisión presentó su parecer el 1 de marzo de 1989. En su opinión, la justa indemnización compensatoria que Honduras debe pagar a los familiares de Saúl Godínez Cruz ha de comprender los siguientes aspectos:
"1. La adopción de medidas por parte del Estado de Honduras que expresen su enérgica condena a los hechos que motivaron la sentencia de la Corte. En particular, deberá dejarse establecida la obligación del Gobierno de Honduras de investigar exhaustivamente las circunstancias de la desaparición de Saúl Godínez y procesar a toda persona que resulte responsable por esta desaparición.
2. El otorgamiento al cónyuge e hija de Saúl Godínez, de los siguientes beneficios copulativos:
"a ) El pago de la más alta pensión vitalicia que existe en la actualidad en Honduras para la viuda de Saúl Godínez, señora Enmidida Escoto de Godínez.
b ) El pago de una pensión o de un subsidio hasta concluir la educación universitaria para la hija de Saúl Godínez: Emma Patricia Godínez Escoto, y
c ) El otorgamiento en propiedad de una vivienda digna equivalente a la que habita la familia de un profesional de clase media."
3. El pago en favor del cónyuge y la hija de Saúl Godínez de una cifra de dinero al contado cuya cuantía deberá corresponder al daño emergente, lucro cesante y daño moral sufrido por los familiares de Saúl Godínez y cuyo monto deberá ser determinado por esa Ilustre Corte de acuerdo a los antecedentes técnicos que le presenten los representantes de los familiares de la víctima."
8. Los abogados presentaron el 10 de marzo de 1989 un escrito en el que afirman que conforme al artículo 63 de la Convención la reparación debe ser tanto ética como monetaria.
"Declaración pública de condena a la práctica de la desaparición forzada de personas llevada a cabo entre 1981 y 1984;
Expresión de solidaridad con las víctimas de esa práctica, incluido Saúl Godínez. Homenaje público a dichas víctimas a través de la imposición de sus nombres a una calle, paseo, escuela u otro lugar público;
Investigación exhaustiva del fenómeno de la desaparición forzada de personas en Honduras, con especial atención a la suerte que haya corrido cada uno de los desaparecidos. La información resultante debe hacerse conocer a los familiares y ponerse a disposición del público;
Procesamiento y eventual sanción a quienes resultaran responsables de instigar, planificar, implementar o encubrir las desapariciones, conforme a las respectivas responsabilidades y de conformidad con la legislación y procedimientos vigentes en Honduras."
En cuanto a la reparación monetaria manifestaron que, en su opinión, la indemnización que debe pagar el Gobierno a la familia de Saúl Godínez Cruz debe comprender los siguientes rubros: daño emergente, doscientos mil lempiras; lucro cesante, dos millones ochenta y tres mil trescientos ocho lempiras; daño moral, cuatro millones quinientos sesenta y siete mil lempiras y daños punitivos, dos millones doscientos ochenta y tres mil lempiras.
"que se establezca que Enmidida Escoto de Godínez y su hija menor de edad, Emma Patricia Godínez Escoto, son las titulares de este crédito, y que se ordene al Gobierno de Honduras adopte una legislación especial que así lo determine, para facilitar el pago de la indemnización sin necesidad de trámites judiciales de declaración de ausencia, fallecimiento presunto o declaratoria de herederos. A tal fin, por nuestro intermedio las personas aludidas declaran formalmente que no existen otras personas con mejor derecho sucesorio respecto de Saúl Godínez."
Además, en cuanto a la reparación de contenido ético, solicitan que la Corte establezca un calendario para que el Gobierno proceda a cumplir con él, reservándose la Corte la competencia para verificar su cumplimiento. Sobre la reparación monetaria solicitan que se fije un " término de 90 días a partir de que quede firme y ejecutoriada la sentencia, y que el pago se haga efectivo antes de tal vencimiento en una suma única, en la persona de Enmidida Escoto de Godínez ".
9. El 10 de marzo de 1989 el Delegado de la Comisión acompañó un informe clínico elaborado por un equipo de médicos psiquiatras sobre el estado de salud de los familiares de Saúl Godínez Cruz.
10. El Agente comunicó a la Corte el 14 de marzo de 1989 que, para el pago de la indemnización, su Gobierno estaba dispuesto a aplicar la ley hondureña del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, considerada como la más beneficiosa para el caso ya que establece el derecho al pago de catorce mil ochocientos sesenta y tres lempiras con cincuenta centésimos, que incluye el pago de 36 salarios mensuales más un 70 por ciento por beneficio de separación. Además, ofreció una suma adicional como liberalidad del Gobierno, hasta completar sesenta mil lempiras " todo de acuerdo con la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Maestros, por ser " GODÍNEZ CRUZ " participante de este sistema ".
11. El 15 de marzo de 1989 la Corte celebró una audiencia pública con el propósito de escuchar el parecer de las partes sobre la indemnización decretada por el Tribunal.
12. La Secretaría de la Corte, siguiendo instrucciones del Presidente, se dirigió al Gobierno el 3 de abril de 1989 para solicitar la siguiente información debidamente certificada por los registros oficiales correspondientes:
5. Nombres y calidades de sus hijos, tanto matrimoniales como extra matrimoniales si los hubiere; edades de los mismos en la fecha de las desapariciones; si eran estudiantes o no, y si alguno de ellos aparecía o aparece como incapacitado física o mentalmente;
10. Certificación de la legislación hondureña respecto de
"a) herederos legítimos conforme a las legislaciones civil y laboral;
e ) criterios establecidos por la legislación y por la jurisprudencia hondureñas sobre indemnizaciones por causa de muerte, accidental y no accidental.""
13. El 26 de abril de 1989 el Gobierno presentó un escrito que contiene observaciones al de la Comisión de 1 de marzo de 1989 ( supra 7 ). Tal escrito se refiere, además, a aspectos que, en su opinión, debe comprender la indemnización compensatoria a los familiares de Saúl Godínez Cruz. Acerca de la adopción de medidas que expresen su censura a los hechos que motivaron su condena por la Corte y a su obligación de investigar la desaparición de Saúl Godínez Cruz y procesar a toda persona responsable por su desaparición, el Gobierno considera que la sentencia de la Corte de 20 de enero de 1989 " es muy clara y precisa en lo que concierne a la obligación de indemnizar que impuso a Honduras, que es la de pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima, y nada más " ( subrayado en el original ). En cuanto a los beneficios que la Comisión cree que deben pagarse a la cónyuge de Saúl Godínez Cruz, el Gobierno considera que tal pago " sólo es admisible en lo que disponga a ese efecto el régimen respectivo al que hubiese estado afiliado el señor GODÍNEZ CRUZ ". Sobre el pago del daño emergente, lucro cesante y daño moral opina que es inadmisible porque el propósito de los mismos " no es simplemente el resarcimiento de daños a la familia GODÍNEZ CRUZ, sino... pagar los gastos de la intensa campaña publicitaria desplegada en contra de Honduras dentro y fuera del país auspiciada por asociaciones nacionales y extranjeras, así como sufragar los honorarios de los abogados y de otros profesionales que han cooperado con la Comisión en este caso ".
14. En respuesta al punto 2 de la comunicación que la Corte le dirigió el 3 de abril de 1989 ( supra 12 ), el Gobierno presentó el 19 de mayo de 1989 diversos oficios y acuerdos que contienen información de la solicitada por la Corte.
15. En esa misma fecha, en respuesta al punto 1 de dicha comunicación ( supra 12 ), el Gobierno presentó copia de la certificación de nacimiento de Saúl Godínez Cruz.
19. Se recibieron escritos en calidad de amici curiae de la Asociación Centroamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otro suscrito por los siguientes doce juristas: Jean-Denis Archambault, Alejandro Artucio, Alfredo Etcheberry, Gustavo Gallón Giraldo, Diego García Sayán, Alejandro M. Garro, Robert K. Goldman, Jorge Mera, Denis Racicot, Joaquín Ruiz Giménez, Arturo Valencia Zea y Eugenio Raúl Zaffaroni.
20. De acuerdo con el punto resolutivo número 6 de la sentencia sobre el fondo dictada el 20 de enero de 1989, la Corte debe decidir sobre la forma y cuantía de la indemnización compensatoria que el Gobierno está obligado a pagar a los familiares de Saúl Godínez Cruz ( Caso Godínez Cruz, supra 2 ).
21. Los distintos planteamientos formulados por las partes ante la Corte, tanto por escrito como en la audiencia, muestran sustanciales diferencias de criterio en cuanto a la extensión, bases y monto de la indemnización. Algunos de esos planteamientos hacen referencia a la necesidad de utilizar el derecho interno hondureño o parte de él en la determinación o aplicación de la misma.
22. En presencia de tales desacuerdos y en cumplimiento de la sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989, corresponde ahora a la Corte precisar los alcances y el contenido de la justa indemnización compensatoria que debe pagar el Gobierno a los familiares de Saúl Godínez Cruz.
23. Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado " incluso una concepción general de derecho ", que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo ( Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, pág. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Servise of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184 ).
24. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución ( restitutio in integrum ), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.
25. En lo que se refiere al daño moral, la Corte declara que éste es resarcible según el Derecho internacional y, en particular, en los casos de violación de los derechos humanos. Su liquidación debe ajustarse a los principios de la equidad.
26. La indemnización por violación de los derechos humanos encuentra fundamento en instrumentos internacionales de carácter universal y regional. El Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ha acordado repetidamente, con base en el Protocolo Facultativo, el pago de indemnizaciones por violaciones de derechos humanos reconocidos en el Pacto ( véanse por ejemplo las comunicaciones 4/1977; 6/1977; 11/1977; 132/1982; 138/1983; 147/1983; 161/1983; 188/1984; 194/1985; etc., Informes del Comité de Derechos Humanos, Naciones Unidas ). Lo propio ha hecho la Corte Europea de Derechos Humanos con base en el artículo 50 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
27. El artículo 63.1 de la Convención Americana establece:
28. Ninguna parte de este artículo hace mención ni condiciona las disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación existentes en el derecho interno del Estado Parte responsable de la infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo.
29. Esto implica que la Corte, para fijar la indemnización correspondiente, debe fundarse en la Convención Americana y en los principios de Derecho internacional aplicables a la materia.
30. La Comisión y los abogados sostienen que, en ejecución del fallo, la Corte debe ordenar algunas medidas a cargo del Gobierno, tales como la investigación de los hechos relativos a la desaparición forzada de Saúl Godínez Cruz; el castigo de los responsables de estos hechos; la declaración pública de la reprobación de esta práctica; la reivindicación de la memoria de la víctima y otras similares.
31. Medidas de esta clase formarían parte de la reparación de las consecuencias de la situación violatoria de los derechos o libertades y no de las indemnizaciones, al tenor del artículo 63.1 de la Convención.
32. No obstante la Corte ya señaló en su sentencia sobre el fondo ( Caso Godínez Cruz, supra 2, párr. 191 ), la subsistencia del deber de investigación que corresponde al Gobierno, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida ( supra 30 ). A este deber de investigar se suma el deber de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables directos de las mismas ( Caso Godínez Cruz, supra 2, párr. 184 ).
33. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas en la parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del derecho procesal que los fundamentos de una decisión judicial forman parte de la misma. La Corte declara, en consecuencia, que tales obligaciones a cargo de Honduras subsisten hasta su total cumplimiento.
34. Por lo demás, la Corte entiende que la sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989 constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para los familiares de las víctimas.
35. Los abogados solicitan, igualmente, el pago por el Gobierno de daños punitivos, como parte de la indemnización, por tratarse en el caso de violaciones extremadamente graves de los derechos humanos.
36. La expresión " justa indemnización " que utiliza el artículo 63.1 de la Convención, por referirse a una parte de la reparación y dirigirse a la " parte lesionada ", es compensatoria y no sancionatoria. Aunque algunos tribunales internos, en particular los angloamericanos, fijan indemnizaciones cuyos valores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos, este principio no es aplicable en el estado actual del Derecho internacional.
37. Por todo lo anterior la Corte considera, entonces, que la justa indemnización, que la sentencia sobre el fondo de 20 de enero de 1989 calificó como " compensatoria ", comprende la reparación a los familiares de la víctima de los daños y perjuicios materiales y morales que sufrieron con motivo de la desaparición forzada de Saúl Godínez Cruz.
38. Precisados así el alcance y las limitaciones de la justa indemnización compensatoria que se señala en el punto resolutivo número 6 de la sentencia sobre el fondo, pasa la Corte a señalar las bases de la liquidación respectiva.
39. A este respecto los abogados piden que se resarzan los perjuicios patrimoniales comprendidos dentro del concepto de daño emergente e incluyen en éstos los gastos efectuados por los familiares de la víctima con motivo de sus gestiones para investigar el paradero de Saúl Godínez Cruz.
40. La Corte no puede acoger en el presente caso el señalado pedimento. En efecto, si bien es cierto que, conceptualmente, los referidos gastos caben dentro de la noción de daño emergente, ellos no son resarcibles en este caso, puesto que no fueron demostrados ni reclamados oportunamente. Durante el juicio no fue presentada ninguna estimación ni comprobación de los desembolsos hechos en diligencias destinadas a establecer el paradero de la víctima. De la misma manera, en relación con los gastos ocasionados por el proceso ante la Corte, en la sentencia sobre el fondo ya ésta decidió la improcedencia de la condenatoria en costas, toda vez que no aparece en los autos solicitud alguna en ese sentido ( Caso Godínez Cruz, supra 2, párr. 202 ).
41. El Gobierno ha considerado que la indemnización debe establecerse conforme al tratamiento más favorable para los familiares de Saúl Godínez Cruz en su ordenamiento interno, que es el que otorga la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio para el supuesto de muerte accidental. Según el Gobierno los familiares tendrían derecho a un total de catorce mil ochocientos sesenta y tres lempiras con cincuenta centésimos, suma a la cual se agrega una cantidad adicional para completar sesenta mil lempiras.
42. La Comisión no propone una liquidación sino que manifiesta que la indemnización debe comprender dos elementos:
a ) el otorgamiento de los mayores beneficios que la legislación de Honduras confiere a los nacionales en casos de esta naturaleza y que, según la Comisión, son los que otorga el Instituto de Pensiones Militares y
b ) una suma de dinero cuyo monto deberá establecerse de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de Honduras y el Derecho internacional.
43. Los abogados han considerado que debería tomarse como base el lucro cesante calculado de acuerdo con el ingreso que percibía Saúl Godínez Cruz en el momento de su secuestro, su edad de 32 años y las posibles promociones, aguinaldos, bonificaciones y otros beneficios que habría recibido en el momento de su jubilación. Con estos elementos calculan una suma que llega a un millón trescientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete lempiras. Agregan a lo anterior los beneficios jubilatorios por diez años, de acuerdo con la expectativa de vida en Honduras para una persona de la condición social de la víctima, calculados en seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintiún lempiras, todo lo cual arroja un total de dos millones ochenta y tres mil trescientos ocho lempiras.
44. La Corte observa que la desaparición de Saúl Godínez Cruz no puede considerarse muerte accidental para efectos de la indemnización, puesto que ella es el resultado de graves hechos imputables a Honduras. La base para fijar el monto de la indemnización no puede, por consiguiente, apoyarse en prestaciones tales como el seguro de vida, sino que debe calcularse un lucro cesante de acuerdo con los ingresos que habría de recibir la víctima hasta su posible fallecimiento natural. En este sentido se puede partir del sueldo que, según la constancia que expidió el Director Ejecutivo de la Oficina de Personal y Escalafón del Magisterio, dependencia del Ministerio de Educación Pública de Honduras el 13 de marzo de 1989, percibía Saúl Godínez Cruz en el momento de su desaparición (405 lempiras mensuales) hasta el momento de su jubilación obligatoria a los sesenta años de edad, según lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, que el propio Gobierno considera como la más favorable. Con posterioridad le habría correspondido una pensión hasta su fallecimiento.
45. Sin embargo es preciso tener en cuenta que el cálculo del lucro cesante debe hacerse considerando dos situaciones distintas. Cuando el destinatario de la indemnización es la víctima afectada de incapacidad total y absoluta, la indemnización debe comprender todo lo que dejó de percibir con los ajustes correspondientes según su expectativa probable de vida. En este supuesto, el único ingreso para la víctima es lo que habría recibido como importe de ese lucro cesante y que ya no percibirá.
46. Si los beneficiarios de la indemnización son los familiares, la cuestión se plantea en términos distintos. Los familiares tienen, en principio, la posibilidad actual o futura de trabajar o tener ingresos por sí mismos. Los hijos, a los que debe garantizarse la posibilidad de estudiar hasta una edad que puede estimarse en los veinticinco años, podrían, por ejemplo, trabajar a partir de ese momento. No es procedente, entonces, en estos casos atenerse a criterios rígidos, más propios de la situación descrita en el párrafo anterior, sino hacer una apreciación prudente de los daños, vistas las circunstancias de cada caso.
47. Con base en una estimación prudente de los ingresos posibles de la víctima durante el resto de su vida probable y en el hecho de que en este caso la indemnización está destinada exclusivamente a los familiares de Saúl Godínez Cruz mencionados en el proceso, la Corte fija el lucro cesante en cuatrocientos mil lempiras, que se pagarán a la cónyuge y a la hija de Saúl Godínez Cruz en la forma que después se precisará.
48. La Corte debe abordar ahora la cuestión relativa a la indemnización del daño moral ( supra 25 ), que resulta principalmente de los efectos psíquicos que han sufrido los familiares de Saúl Godínez Cruz en virtud de la violación de los derechos y libertades que garantiza la Convención Americana, especialmente por las características dramáticas de la desaparición forzada de personas.
49. Los daños morales están demostrados en los documentos periciales y en la declaración rendida por el doctor en Psiquiatría Federico Allodi ( supra 11 ), profesor de Psicología en la Universidad de Toronto, Canadá. Según tal declaración el mencionado doctor realizó exámenes a la esposa de Saúl Godínez Cruz, señora Enmidida Escoto de Godínez y a la niña Emma Patricia Godínez Escoto. En tales exámenes aparece que sufrían de diversos síntomas de sobresalto, angustia, depresión y retraimiento, todo ello con motivo de la desaparición del padre de familia. El Gobierno no pudo desvirtuar la existencia de problemas psicológicos que afectan a los familiares de la víctima. La Corte considera evidente que, como resultado de la desaparición de Saúl Godínez Cruz, se produjeron consecuencias psíquicas nocivas en sus familiares inmediatos, las que deben ser indemnizadas bajo el concepto de daño moral.
50. La Corte estima la indemnización que debe cubrir el Gobierno por daño moral, en la cantidad de doscientos cincuenta mil lempiras que se pagarán a la cónyuge y a la hija de Saúl Godínez Cruz, en la forma que luego se precisará.
51. Es preciso ahora determinar la forma en que el Gobierno debe cumplir con el pago de la indemnización a los familiares de Saúl Godínez Cruz.
52. El pago de los seiscientos cincuenta mil lempiras fijados por la Corte debe ser hecho dentro de los noventa días contados a partir de la notificación de la sentencia, libre de todo impuesto que eventualmente pudiera considerarse aplicable. Sin embargo, el pago podrá ser hecho por el Gobierno en seis cuotas mensuales iguales, la primera pagadera a los noventa días mencionados y así sucesivamente, pero en este caso los saldos se acrecentarán con los intereses correspondientes, que serán los bancarios corrientes en ese momento en Honduras.
53. De la indemnización total la cuarta parte corresponderá a la cónyuge que recibirá directamente la suma que se le asigna y los tres cuartos restantes a su hija. Con la suma atribuida a la hija se constituirá un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, en las condiciones más favorables según la práctica bancaria hondureña. La hija recibirá mensualmente los beneficios de este fideicomiso y al cumplir los veinticinco años de edad percibirá el capital.
54. Todo el proceso de cumplimiento de la indemnización compensatoria estará bajo la supervisión de la Corte. El proceso se dará por concluido una vez que el Gobierno haya dado cumplimiento integral a la presente sentencia.
55. POR TANTO,
1. Fija en seiscientos cincuenta mil lempiras la indemnización compensatoria que el Estado de Honduras debe pagar a los familiares de Saúl Godínez Cruz.
2. Decide que la cantidad correspondiente a la cónyuge de Saúl Godínez Cruz será de ciento sesenta y dos mil quinientos lempiras.
3. Decide que la cantidad correspondiente a la hija de Saúl Godínez Cruz será de cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos lempiras.
4. Ordena que la forma y modalidades de pago de la indemnización serán las especificadas en los párrafos 52 y 53 de esta sentencia.
E1 Juez Thomas Buergenthal estuvo imposibilitado de participar en la elaboración y firma de la sentencia por razones de salud.