Source: http://andradeveloz.com/blog.php?idio=esp&idSubCap=336
Timestamp: 2018-12-12 07:06:21
Document Index: 202492771

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 31', 'Artículo 4', 'Artículo 61', 'artículo 69']

En el Ecuador, los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada[1]. Además, son inapelables y no son susceptibles de ningún recurso que no esté previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación[2] (en adelante “LAM”).
El artículo 31 de la LAM permite que cualquiera de las partes de un proceso arbitral interponga una acción de nulidad del laudo cuando se verifiquen las causales previstas en la LAM. La acción de nulidad se presenta ante el árbitro o tribunal arbitral que dictó el laudo quien remite el expediente a la Corte Provincial. El Presidente de la Corte Provincial, es quien decide si cabe o no la nulidad de un laudo arbitral, sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia.
La Corte Nacional de Justicia, mediante la Resolución 08-2017 determinó que de la sentencia que dicte el Presidente de la Corte Provincial en la acción de nulidad, no cabe recurso alguno, salvo los recursos de aclaración y/o ampliación[3].
Sin embargo, si una sentencia, auto definitivo o laudo arbitral vulnera los derechos constitucionales[4], la parte que ha resultado afectada puede interponer una acción extraordinaria de protección, siempre y cuando, la sentencia, auto o laudo esté ejecutoriada[5].
En los últimos años, la acción extraordinaria de protección ha sido considerada como una instancia más para impugnar decisiones ejecutoriadas. Las decisiones originadas en procesos arbitrales, entre estas: laudos arbitrales, sentencias emitidas por las cortes provinciales en las acciones de nulidad y decisiones judiciales en procesos de ejecución de laudos arbitrales, no han sido la excepción.
En el año 2018, de las 2602 acciones extraordinarias de protección presentadas, 16 de ellas corresponden a acciones relacionadas a procedimientos arbitrales. De las cuales, 4 se presentaron en contra de laudos arbitrales, 1 en contra de la decisión de un tribunal arbitral que inadmitió la acción de nulidad, 11 acciones en contra de las sentencias que rechazan acciones de nulidad emitidas por las cortes provinciales y, 2 de ellas se han interpuesto en contra de decisiones dentro de procesos de ejecución de laudos arbitrales.
Si tomamos en consideración que a lo largo de este año se han presentado 37 acciones de nulidad de laudos arbitrales y que en 11 de estos casos se presentaron acciones extraordinarias de protección, podemos llegar a la conclusión de que en la práctica se está tergiversando el objeto de esta acción.
Mediante el abuso de la acción extraordinaria de protección, estaríamos creando tácitamente una instancia más para impugnar las decisiones relacionadas con procesos arbitrales. Asimismo, al saturar a la Corte con acciones extraordinarias de protección que no tienen fundamento, ocasionaríamos que personas, cuyos derechos constitucionales han sido realmente vulnerados, tarden más en obtener una reparación a los daños que han sufrido.
[1] Artículo 32, Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial 417 de 14 de diciembre de 2006.
[2] Id., artículo 31.
[3] Artículo 4, Resolución No. 08-2017.
[4] Artículo 61, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre de 2009.
[5] Id., artículo 69.