Source: https://morey-abogados.blogspot.com/2014_04_01_archive.html
Timestamp: 2017-03-23 16:23:07
Document Index: 261902963

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 4']

Es frecuente que a la hora de declarar o asumir responsabilidades, los funcionarios las hagan residir en el alto cargo político o de designación política, que firma la resolución correspondiente o a quien corresponde la decisión y el mando o jerarquía del órgano o unidad concreta, pero también lo es que el alto cargo o el político se escude en que él no sabe nada técnicamente y que firma lo que le ponen delante, como si no tuviera más que hacer administrativamente o como si el tema administrativo fuera algo de menor importancia y que lo suyo es la acción política, que mejor aplauso recibe y mérito le otorga. En ambas posturas hay verdad y mentira, pero es, desde mi punto de vista, la segunda la menos aceptable. De otro lado, esta segunda postura nos evidencia que no importa en la designación de los altos cargos y cargos políticos de las administraciones públicas su preparación técnica que ha de comprender un entendimiento mínimo del derecho o las leyes, pues es obligación constitucional que los poderes públicos se sometan a Derecho. Además los cargos políticos cuentan con la posibilidad de asesores que en estas materias les informen sobre la propuesta que los técnicos les realizan, siempre, como es natural, que no designen amiguetes para que les hagan de "fontaneros". También la situación pone de manifiesto la importancia de la existencia obligatoria de las propuestas de resolución y de los informes preceptivos y la conveniencia de que el legislador afine cada día más en la exigencia de estos últimos.
"Desde el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) seguimos reflexionando sobre las principales líneas de actuación de la
Administración española como vía para la mejora de la sociedad a la que sirve.
Superada la mitad del ciclo de conferencias dedicado a «La
realidad social en España» (dirigido por Julio Iglesias de Ussel, académico
de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrático de
Sociología, e impartido por intelectuales españoles de renombre), el ciclo
alcanza su séptima conferencia, que ofrecerá Pilar del Castillo Vera,
catedrática de Ciencia Política y eurodiputada, quien nos hablará de «España
y la Agenda Digital Europea».
En 2010 la Comisión Europea puso en marcha la estrategia
«Europa 2020» con el fin tanto de superar la crisis actual que afecta a las
economías europeas como de desarrollar un modelo de crecimiento europeo más
inteligente, sostenible e integrador.
Una de las siete principales iniciativas de esta
estrategia es la Agenda Digital Europea. Organizada en siete pilares o campos
de actuación, sus 101 acciones tienen el doble objetivo de impulsar, a través
de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de
Internet, la innovación y el crecimiento económico europeo y ayudar a los
ciudadanos y a las empresas a aprovechar todo el potencial económico y social
En esta iniciativa, como en el resto de las seis de la
estrategia «Europa 2020», la Administración europea y las nacionales de los Estados
miembros están coordinando sus esfuerzos; en el caso de España, a través de la
· Lugar: sede principal del INAP (calle de
Atocha, número 106). Entrada libre hasta completar aforo
Le ruego que dé la mayor difusión en su organización a
este ciclo y a este acto que abrirá sus puertas a conferenciantes y público
interesado para que conozcan y debatan con perspectiva la situación social,
política y económica presente de España.
Toda la información sobre el ciclo de conferencias la
puede encontrar en www.inap.es/realidad-social-en-espana
Asimismo, le ruego que la confirmación de la asistencia
se realice a través del siguiente enlace: https://servicios.inap.es/solicitudweb/cicloconferencias/
Director Instituto Nacional de Administración
Pública "
Normalmente, en el blog y en buena parte de mis trabajos, mantengo un concepto amplio de lo que constituye organización, incluyendo el procedimiento en él, y el que regula el ejercicio de derecho de acceso a la información pública, lo es. Por tanto, en esta entrada se trata de señalar cómo ese procedimiento puede repercutir en la organización de las Administraciones públicas. Así el artículo 17 de la Ley regula la solicitud de información, que resulta requisito formal obligatorio, pero que puede presentarse por cualquier medio que permita conocer los datos del solicitante que el artículo contempla. La solicitud no tiene porqué ser motivada y por ello la falta de motivación no puede ser causa de su rechazo. El otro factor más importante es que la solicitud puede realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de los siguientes datos: identidad del solicitante; información que solicita; dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones y, en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. En consecuencia, se puede decir que la ley apuesta en favor de utilizar medios electrónicos, cosa que veremos más adelante.
El artículo 18 establece a las
causas de inadmisión, alguna de las cuales puede ser objeto de una utilización desviada y en alguna otra no veo la razón de su existencia. Las causas son:
El artículo 19 regula la tramitación de las solicitudes y en su punto primero dice que si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, punto que ha de ponerse en contacto con el comentado 2 del artículo 18 y la causa d) de inadmisión, considerando que en aquél caso no se conoce con certeza el órgano competente y en este sí; lo que plantea si, aún en aquél caso, por economía procesal debía remitirse al que se considera competente, ya que, de una u otra forma, es en él donde va a acabar llegando la solicitud. El artículo 20 regula la resolución y se puede decir, para acabar el tema, que en todo ello nos encontramos con un procedimiento administrativo
más con consecuencias jurídicas, las más importantes de las cuales son las
reguladas en la Sección 3ª (artículos 23 y 24) que establece el régimen de
impugnaciones. La consecuencia organizativa estructural en este aspecto es la
que dispone el artículo 21 al requerir sistemas
para integrar la gestión de solicitudes de información y la obligación de
señalar el órgano competente para conocer las solicitudes de acceso. En el caso
de la Administración General del Estado es el de establecer unidades especializadas cuyas funciones
especifica. Estas unidades especializadas no tienen un ámbito concreto
señalado, pero parece que, por sus funciones, pueden actuar de modo
centralizado por departamentos o
También hay que resaltar que el
artículo 22 establece que el acceso a la información se realizará preferentemente
por vía electrónica, por lo que el 17 exige la constancia en la solicitud de
una dirección de contacto, también preferentemente electrónica. Esta preferencia
por la vía electrónica creo que ha de hacer considerar a las Administraciones
la utilización de los medios electrónicos para facilitar las solicitudes,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 respecto a la publicación de
la información, sujeta a las obligaciones de transparencia, en sedes electrónicas
o páginas web. La utilización de estos medios influye necesariamente en la
forma de organizarse y de actuar. En definitiva, se crea un nuevo ámbito que requiere de personal que no sólo sea conocedor de las nuevas técnicas de la información sino de funcionarios con criterio jurídico para que esta transparencia que se persigue no acabe en vía muerta, aprovechando los puntos que ofrecen un posible escape "político".