Source: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/13018/14657
Timestamp: 2019-02-23 06:44:10
Document Index: 106103139

Matched Legal Cases: ['artículo ٦', 'artículo 12', 'artículo ٦', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo ٧', 'artículo 7', 'artículo 65', 'artículo 13']

Alcances y Limitaciones para un Sistema
Nacional de Bibliotecas: LA cooperación
institucional como vía para su concreción
SCOPES AND LIMITATIONS FOR A NATIONAL LIBRARIES
SYSTEM: INSTITUTIONAL COOPERATION
AS A ROAD FOR ITS CONCRETION
RESUMEN. El derecho a atraerse información estriba en la libertad que posee todo ciudadano para buscar información y, así, satisfacer sus necesidades y tomar decisiones, pero también conlleva la obligación por parte del Estado de instaurar sistemas mediadores que tengan esa información dispuesta y organizada. En este sentido, el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Bibliotecas (estipulado por la Ley General de Bibliotecas de México) es una tarea pendiente, cuya concreción apoyaría al desarrollo nacional en materia informativa, pero para ello se requiere del trabajo conjunto de los legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo, los bibliotecarios y la ciudadanía. Para estructurarlo de forma conducente y sostenible, debe abandonarse el afán por ceñirse a modelos de tendencia concentrista y centralista, y explorar vías que tiendan hacia figuras jurídicas que ponderen la armonización, como la colaboración institucional o la cooperación interinstitucional.
PALABRAS CLAVE. Legislación bibliotecaria, cooperación institucional, derecho a la información.
ABSTRACT. The right to information implies the individuals’ freedom to look for information and make decisions; but it also entails the States’ obligation to establish systems that have information ready and organized. In this sense, the design and implementation of a National System of Libraries (stipulated by the General Law of Libraries of Mexico) is a pending task, which would support the national development of the information infraestructure. The System requires the coordination of legislators, authorities of the Executive Power, the librarians and the citizenship. In order to achieve sustainable results, the desire to stick to centralist and concentration tendencies must be abandoned, and explore legal solutions that ponder harmonization, such as institutional collaboration.
KEYWORDS. Library legislation, institutional designs, right to information.
ACNSNT
DLOAPF
Ley de Fomento del Libro y la Lectura.
LGCDC
I. Preámbulo: el derecho a la información como derecho
a atraerse información
En este sentido, el derecho a ser informado implica la obligación a informar por parte de los órganos gubernamentales, ya que “el derecho a la información será garantizado por el Estado” (CPEUM, artículo ٦o.), refiriéndose tanto a la Federación como a las entidades federativas, con apego a ciertos principios y bases.
II. Vericuetos sobre la enunciación legal de un Sistema
A treinta años de su enunciación en la Ley General de Bibliotecas, el SNB en México no existe aún, pese a que en dicha ley se suscribe que es “de interés social la integración de un Sistema Nacional de Bibliotecas, compuesto por todas aquéllas escolares, públicas, universitarias y especializadas pertenecientes a dependencias, entidades y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado” (LGB, artículo 12). A partir de las reformas del 17 de diciembre de 2015, la responsabilidad de su creación y manejo recae en la Secretaría de Cultura, que anteriormente lo era del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Es necesario aclarar, ante las confusiones que suelen darse, que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) no cumple las funciones cabales de un SNB, ya que ésta sólo se ocupa de coordinar a las bibliotecas públicas (LGB, artículo ٦o.), y al SNB lo integran, además de éstas, otro tipo de bibliotecas (las escolares, las académicas, las privadas, las parlamentarias, etcétera). La RNBP es sólo un subsistema integrante del señalado SNB.
Lo anterior podría sugerir que el hipotético SNB debe ser regido también por un cuerpo colegiado (un consejo consultivo, según la Ley General de Bibliotecas), encabezado tentativamente por la Biblioteca Nacional; sin embargo, esto se avizora difícil, debido a la condición jurídica de ésta dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2014).1 Esto limita su alcance de acción, además de que le impide ser la entidad rectora de otro tipo de bibliotecas. Ante la imposibilidad estatutaria de la Biblioteca Nacional, algunos miembros del Colegio Nacional de Bibliotecarios, dentro de su propuesta de reforma a la Ley General de Bibliotecas de 2008, formularon la creación de un Instituto Nacional para el Desarrollo de las Bibliotecas para que éste fuera el que coordinara el hipotético SNB.
Hace algunos años, Estela Morales planteó, incluso, la posibilidad no sólo de un Sistema Nacional de Información, sino “el desarrollo de un Sistema de Información latinoamericano y/o del Caribe de todo tipo —bibliográfico, estadístico, factual, de texto completo—, en todas las disciplinas y todos los sectores —gubernamental, académico, de investigación, privado, comercial, etc.—”. La proyección para este sistema es que se “interrelacionaría los esfuerzos y productos informativos de todos los países y nos haría poseedores de un acervo de gran alcance de enorme riqueza, no sólo para consumo de la región sino de considerable valor para todas las zonas del mundo que tengan interés por América Latina” (Morales, 2002: 25).
A pesar de que la Ley General de Bibliotecas data de 1988 —año en que se constituyó el hoy extinto órgano desconcentrado Conaculta—, muchas de las disposiciones que ahí se estipulan no han sido consolidadas en logros sociales, principalmente por una falta de capacidad resolutiva y de voluntad por parte del Constituyente y del Ejecutivo. No sólo se requiere que la Ley esté dispuesta y enunciada de manera clara, también son necesarias una serie de maniobras e instrumentos legales para que ésta pueda efectuarse de forma procedente, ya sea a través de reformas estructurales o la presentación de iniciativas para que las diversas redes bibliotecarias operen con formalidad.
Cooperación interinstitucional: integración a la RNBP de las bibliotecas que dependan de la SEP. Es decir, la Red se compondrá, además de las bibliotecas públicas que dependan de Conaculta (hoy Secretaría de Cultura), de las bibliotecas escolares de la SEP, como lo determina el artículo 5o. de la Ley, a través de la Coordinación Administrativa y la Dirección de Operación de Bibliotecas.
Apoyo bibliotecológico: asesoría de profesionales en cuanto a las normativas técnicas más adecuadas (señalado en el artículo 7o., fracciones III y VIII), pero también en cuanto a la vinculación de las asociaciones de profesionistas nacionales e internacionales con los diversos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal (con apego al artículo 14, fracción IV).
Entrenamiento: la capacitación del personal de las bibliotecas públicas, resaltada en el artículo 7o., fracción X, cobró tanta fuerza que se publicaron obras normativas y técnicas bajo la serie “Reglamentos y leyes” y la colección “Apoyo a la Capacitación Bibliotecaria”.
Equipamiento tecnológico: con base en el artículo 4o. de la Ley, acerca de la actualización permanente relacionada con los servicios de cómputo, la DGB de Conaculta lanzó el Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, en 2002, con el objetivo de concretar la modernización de las bibliotecas de la RNBP (SEP, 2001: 133-135).
Se amplió la gama de materiales que pueden existir en las bibliotecas públicas (hemerográficos, audiovisuales, digitales) —e incluso el número de títulos que deberían integrar sus colecciones para ser denominada “biblioteca pública”—, pero no se estableció, bien a bien, cómo se habrían de adquirir y consultar (en el caso de materiales electrónicos).
Se mencionaba el apuntalamiento del financiamiento para investigaciones que fomenten el uso de los servicios bibliotecarios, sin que esto implique mejorarlos. Existen formas alternativas de financiamiento, como las que señala Federico Hernández (2017), a saber: donaciones, actividades socio-culturales, otras fuentes de financiamiento desde el sector público, etcétera.
Si bien se asienta la realización de mantenimiento a los acervos digitales, en realidad no existía un área específica con estos conocimientos especializados.
Se discurría sobre que el propósito del SNB sería “conjuntar los esfuerzos nacionales para lograr la coordinación dentro del sector público y la participación voluntaria de los sectores social y privado a través de la concertación, a fin de integrar y ordenar la información bibliográfica, impresa y digital, disponible en apoyo a las labores educativas, de investigación y cultura en general, para el desarrollo integral del país y de sus habitantes”; no obstante, han hecho falta estrategias para concretar esta enunciación legal. (DLGB, artículo único; LGB, artículos 2o., 7o., 13 y 14).
Acceso gratuito: las bibliotecas públicas de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la unión prestarán los servicios de credencialización y acceso a la biblioteca y a las colecciones, servicios de consulta e Internet, préstamo en sala, préstamo interbibliotecario y préstamo a domicilio sin cobrar cuota a cambio de estas prestaciones;
Acceso preferente a personas con alguna discapacidad, garantizando en todo momento que su acceso a las instalaciones, los servicios y las colecciones sea expedito y que existan materiales documentales adecuados a sus necesidades;
Federalismo subsidiario: las bibliotecas municipales y de las demarcaciones territoriales del entonces Distrito Federal serán el eje de la política nacional de desarrollo bibliotecario, por lo que las autoridades federales y estatales brindarán todo el apoyo que sea necesario a fin de que puedan cumplir los objetivos previstos;
Inclusión: las bibliotecas son ejes para el desarrollo cultural y educativo de las comunidades a través de la garantía de incorporación de todas las personas a las oportunidades de desarrollo que brindan los servicios bibliotecarios;
Interés superior de la niñez: los servicios bibliotecarios deberán garantizar en todo momento los derechos de la niñez, mediante el pleno acceso a la satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral;
No discriminación: se prestarán servicios sin atender a diferencias de origen, género, raza, religión, condición económica u otras semejantes, garantizándose así la igualdad de oportunidad de acceso a servicios y colecciones;
Perspectiva de género: tanto las colecciones de las bibliotecas, así como la posibilidad de acceso a los diversos cargos deberán garantizar en todo momento, la igualdad de oportunidades para las mujeres;
Profesionalización: los servidores públicos de las bibliotecas de los tres órdenes de gobierno y de los poderes de la unión deben ser profesionistas capacitados que tengan los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para prestar los servicios bibliotecarios con eficiencia, eficacia y economía;
Protección de datos personales, se debe respetar el derecho de cada usuario de las bibliotecas a la privacidad y la confidencialidad de la información que solicite, así como los recursos documentales consultados, protegiéndose en todo momento sus datos personales, y
Respeto y cuidado del ambiente: las bibliotecas deberán propiciar entornos ecológicos sustentables y promover con sus servicios, actividades y políticas el pleno respeto al medio ambiente (Herrera Delgado et al., 2014: 4 y 5).
En una de las reformas de 2009 a la Ley General de Bibliotecas, se intentó abordar el tema de las necesidades de información, pero sin considerarlas en su amplio espectro, como algo que va más allá de las categorías oficialistas sobre lo que se considera necesario (que, a lo sumo, retoman, sin mucha profundidad, enfoques que se compaginan con teorías de la necesidad de corte instrumental). Lo que se intentó, si acaso, fue abrir el abanico conceptual de las necesidades de información en cuanto a que sus satisfactores no sólo pueden manifestarse en soportes analógicos, sino también digitales, además de que estas necesidades pueden ir más allá del ámbito educativo y desenvolverse en entornos puramente recreativos. A partir de entonces, el artículo ٧o. de la Ley señala que los acervos de las bibliotecas públicas deben responder a las necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes, lo cual, más allá del problema implícito de implementar lo que se ha formulado, resulta interesante para el análisis, pues la satisfacción de estas necesidades requiere de un panorama amplio sobre el espectro personal, profesional y social de la comunidad a la que se sirve (LGB, artículo 7o.).
Vincular a todas las bibliotecas escolares, las universitarias, las de la RNBP, las de los órganos constitucionales autónomos, y otros sistemas de información, sí es posible, pero es casi seguro que sólo se conseguirá a través de figuras afines a la cooperación interinstitucional, pues sería complicado —como ya se mencionó— que exista una entidad con personalidad jurídica que las presida a todas, debido a que cada una posee una adscripción institucional diversa. La Biblioteca Central del Instituto Nacional Electoral, junto con su red a nivel nacional, ha colaborado con la Biblioteca del Banco de México, e igualmente con redes de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación y otras gubernamentales. El sistema bibliotecario de la UNAM ha colaborado con el Centro de Documentación y la Biblioteca de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero gracias a que éstas comparten intereses, pero también un estatus institucional que lo permite, pues todos estos son órganos constitucionales autónomos. Un caso diferente son las bibliotecas privadas, representadas por la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados. Esta asociación tiene una participación activa en el Conarch del SNA, como uno de sus integrantes, estipulados por la Ley General de Archivos (LGA, artículo 65), por gestionar archivos privados de interés público, pero no así en la legislación bibliotecaria (no es siquiera aludida en la Ley General de Bibliotecas, aunque sí lo es la Cámara Nacional de la Industria Editorial). De hecho, sería una tarea del SNB integrar y coordinar a las entidades de los sectores público y privado (LGB, artículo 13).
Carpizo, Jorge, 2004, “Constitución e información”, en Valadés, Diego y Carbonell Sánchez, Miguel (coords.), Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI, México, Cámara de Diputados, LIX Legislatura-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en: https://archivos.juri
dicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/48/4.pdf.
López, Mario, 2009, “Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bibliotecas Multimedia, a cargo del Sen. Mario López Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”, Gaceta del Senado, México, leg. LXI, año I, núm. 1, jueves 3 de septiembre, disponible en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gace
ta/61/1/2009-09-03-1/assets/documentos/gaceta.pdf.
UNAM, 2014, “Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México”, Gaceta UNAM: Órgano Informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, núm. 4573 (separata), lunes 20 de enero, disponible en: http://www.acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum10/article/viewFi
le/73329/73294.
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 2018, México, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LS
NIEG_250618.pdf.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2017, México, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LF
TAIP_270117.pdf.
Ley General de Bibliotecas, 2018, México, disponible en:http://www.dipu
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/134_190118.pdf.
Ley General de Educación, 2018, México, disponible en: http://www.dipu
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf.
*	Maestro en bibliotecología y estudios de la información. Profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y doctorante del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la misma Universidad, a.moran@comunidad.unam.mx.
Fecha de recepción: 29 de abril de 2018.
Fecha de dictamen: 7 de septiembre de 2018.
1	Conforme a lo consignado por el bibliotecario, y primer director de la Hemeroteca Nacional, Rafael Carrasco Puente (1948: 17), el 9 de julio de 1929, se le otorgó a la Universidad Nacional de México su potestad de autonomía. A partir de esto, la Biblioteca Nacional pasó a depender de ella (y desde 1967, forma parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas) (UNAM, 2014). Fue entregada por inventario a la Universidad, desligándose de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 26 de julio de 1929. Por su parte, la Hemeroteca Nacional —que antes de serlo era el Departamento de Periódicos de la Biblioteca Nacional— forma parte de la estructura orgánica de la UNAM desde su fundación en 1944.