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Timestamp: 2019-09-19 15:32:39
Document Index: 346179973

Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 124', 'artículo 123', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 5', 'artículo 123', 'artículo 118', 'artículo 211', 'artículo 118', 'Artículo 211', 'artículo 188', 'artículo 211', 'artículo 123', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 203', 'artículo 244', 'artículo 245', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 67', 'artículo 203', 'artículo 83', 'artículo 118', 'artículo 188']

Presentación, Inscripción y Actualización ante el IGJ
DESARROLLO DE INVERSIONES Y NEGOCIOS CORPORATIVOS
NORMATIVA DE LA I.G.J.
A.- EL LEGAJO INFORMATIVO. LA NOTORIEDAD. PAUTAS A TENER PRESENTE B.- CIERRE Y CANCELACIÓN DE SUCURSALES. SISTEMA SIMPLIFICADO
RAFAEL CARLOS MONSEGUR
A.- EL LEGAJO INFORMATIVO. LA NOTORIEDAD.
PAUTAS A TENER PRESENTE
A partir del año 2003, la Inspección General de Justicia comenzó un camino tendiente a reglamentar a las sociedades constituidas en el exterior que tuvieran intereses localmente. Así podemos mencionar a modo de ejemplo las siguientes Resoluciones Generales:
v Nº 7/2003 (esta resolución refiere a los requisitos que deben cumplir las sociedades constituidas en el exterior que requieran su registro conforme el artículo 118 párrafo tercero y 123 de la Ley de Sociedades Comerciales);
v Nº 8/2003 (establece la creación del Registro de actos aislados);
v Nº 9/2003 (ordena que toda sucursal, asiento o representación de sociedad constituida en el exterior deberá dar previo cumplimiento con la RG Nº 7/2003 para poder registrar cualquier acto que requiera de inscripción);
v Nº 11/2003 (dispone entre otras un sistema para obtener la inscripción de cese de actividades del representante de una sucursal de sociedad extranjera);
v Nº 12/03 (la misma refiere a la adecuación de una sociedad constituida en el exterior de acuerdo a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Sociedades Comerciales);
v Nº 22/2004 (regula a las denominadas sociedades vehículo);
v Nº 2/2005 (regula a las sociedades off-shore o constituidas en jurisdicciones de baja o nula tributación);
v Nº 3/2005 (establece la identificación de los socios o accionistas de la sociedad constituida en el exterior);
v Nº 4/2005 (dispone acerca del emplazamiento de sociedades constituidas en el exterior);
v Nº 5/2005 (dispensa de la cancelación de registro en jurisdicción de origen de sociedades que hicieran uso de la adecuación a la ley argentina prevista por el 124 de la Ley de Sociedades Comerciales);
v Nº 7/2005 (engloba las normas de actuación ante la Inspección General de Justicia).
Este nuevo régimen regulatorio, el que luego será tratado en extenso por otros panelistas, provocó un sinnúmero de resoluciones que fueron atendiendo las situaciones particulares que se presentaban al volcar a la realidad los postulados de las reglamentaciones ahora vigentes.
Conforme lo disponía la Resolución General IGJ Nº 7/2003, toda sociedad constituida en el exterior que estuviese inscripta en la Inspección General de Justicia conforme el artículo 123 o 118 tercer párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales, debía con una base anual, acreditar ante la autoridad de aplicación ciertos extremos, ello por cuanto al decir de la propia entidad, el control debía efectuarse "tanto en el momento en el que dichas sociedades exteriorizaran su propósito de incorporarse a la vida económica del país como posteriormente durante su funcionamiento".
Esta nueva reglamentación resultó para los encargados de cumplimentar sus postulados un tanto engorrosa, ello fundado muchas veces por el dispendio de documentación a presentar, como por la dificultad en obtener cierta información, o por la existencia de sociedades que si bien podían brindar la información solicitada por el organismo, sus pautas de inversión en el exterior podían en ciertos casos aparecer cuantitativamente inferiores a las planteadas en nuestro país, o en otros caso, por resultar vehículos de inversión no podían cumplir con la pauta establecida por la propia reglamentación, y dicha imposibilidad no podía ser interpretada como que dichas sociedades constituidas en el exterior estuvieran obrando en fraude a la ley argentina. A modo de ejemplo, este último hecho fue el que generó el dictado de la Resolución General IGJ Nº 22/2004.
Fue entonces en base a estos postulados que la Inspección General de Justicia adaptó sus reglamentaciones, atendiendo a la fuerza de los hechos que obligaban a apartarse de lo que parecía en un inicio como una normativa inflexible de difícil cumplimiento. Así se produjo una copiosa jurisprudencia administrativa, la que con el tiempo se vería reflejada en modificaciones a la reglamentación entonces vigente.
A ello se suma otro hecho que entendemos impacta hoy en el trabajo de la Inspección General de Justicia, el cual refiere a la gran cantidad de sociedades constituidas en el exterior que se encuentran inscriptas bajo su órbita, las que en la actualidad excederían las 17.000 sociedades.
A modo de ejemplo y para dimensionar la cuestión, podemos mencionar que de acuerdo a la información obrante en la página web del organismo, solamente durante los años 2003, 2004 y 2005 se inscribieron bajo su órbita 2.459 sociedades constituidas en el exterior, todas las cuales debieran considerarse activas, esto es, cumpliendo con el régimen informativo periódico instaurado.
CUADRO EXISTENTE EN LA PÁGINA WEB DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
APERTURA DE SUCURSAL / REPRESENTACIÓN PERMANENTE (Art. 118, ley 19.550) 761 852 729 564 535 70 58
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDAD LOCAL (Art. 123, ley 19.550) 1435 1717 1258 937 811 425 434
Es decir, las trabas que la nueva reglamentación estableció para las sociedades constituidas localmente con inversores del exterior que no hubieran dado cumplimiento con el régimen informativo instaurado, hacía necesario un replanteo de la cuestión. En este punto es oportuno mencionar que gran parte de los atrasos se fundan en la dificultad de acceder a toda la información requerida por el organismo, como así también, en las naturales demoras que la avalancha de presentaciones ante la autoridad de aplicación en idéntico tiempo traía consigo aparejado. Este panorama requería que de alguna forma se buscaran elementos que atenuaran las exigencias, para evitar con ello un dispendio inútil de recursos y tiempo, los que colocan a las sociedades con participaciones de sociedades constituidas en el exterior en una situación sumamente desventajosa frente a las que cuentan con participaciones locales.
Es dable recordar que el objetivo trazado por la Inspección General de Justicia al dictar estas reglamentaciones fue el de "distinguir entre aquellas sociedades que funcionan efectivamente en el exterior y que pretendan además actuar en la República Argentina de conformidad con los artículos 118, párrafo tercero y 123 de la Ley Nº 19.550, efectuando regularmente en este marco sus inversiones productivas, de aquellas otras cuya formal sujeción a un derecho extranjero encubra la elusión del derecho argentino y la infracción a los requisitos formales y sustanciales que conforme a éste se les habría debido imponer".
Dejando a salvo que la intención del organismo de contralor "en modo alguno persigue crear indebidas restricciones al ingreso y circulación de los capitales, sino tan solo a procurar un desenvolvimiento transparente y ajustado a derecho de las actividades empresariales, en el cual está interesada la comunidad toda".
Frente a esta realidad, es que comienza a revisarse la reglamentación dictada en busca de su correcto ajuste.
II- La notoriedad
En este estado de cosas, comenzó a implementarse la normativa vigente y llegó el caso de una sociedad constituida en el exterior que manifestó su imposibilidad de brindar la información requerida por la Inspección General de Justicia, ello por cuanto, de acuerdo a lo manifestado por el presentante, la misma resultaba de estricto carácter confidencial (estados contables). Ante esto, si bien el entonces Inspector General de Justicia hizo referencia a la improcedencia del planteo efectuado por la sociedad, dispuso que para poder apreciar si su principal actividad se desarrolla en el exterior, el propio artículo 3º párrafo segundo de la Resolución General IGJ Nº 7/2003 dispone del concepto de notoriedad, el cual debía ser evaluado en el caso bajo estudio .
Fue así que mediante el dictado de la Resolución IGJ Nº 671/2005 de fecha 4 de julio de 2005, en el expediente correspondiente a la sociedad Novartis Pharma AG (que en su presentación había indicado que la misma resultaba ser un vehículo de inversión de Novartis AG) la Inspección General de Justicia, para acreditar la notoriedad, tomó en cuenta la información que resultaba de los Estados Contables Consolidados del Grupo Novartis. De allí ponderó entre otras cosas, (i) la existencia de otras subsidiarias, (ii) tuvo presente el hecho que objeto social daba cuenta de otras actividades afines, tales como la investigación, la producción y las ventas y no únicamente la participación en la sociedad. Asimismo, se identificó el capital de la sociedad la que demostraba que la participación en las sociedades locales era comparativamente inferior a su capital. Asimismo se refirió a la notoriedad que posee en la industria farmacéutica el grupo referido, lo cual fue ratificado con el contenido de la página web.
En este precedente la IGJ enseña que "si bien el valor de los activos situados dentro y fuera de la República Argentina constituye un elemento de apreciación relevante en punto al encuadramiento legal de las sociedades, ello no excluye la consideración de otros factores que demuestren razonablemente la localización de actividades en el exterior, máxime si las mismas están integradas en el marco de un grupo cuyo objeto no sólo es exclusivamente financiero sino que, por el contrario, la mayoría de las actividades desarrolladas por las sociedades que las componen -incluida en éstas las de las aquí presentante- son de fabricación, producción y venta de bienes para el grupo e investigación para su desarrollo".
Con una diferencia de días, la Inspección General de Justicia emite otra resolución particular que guarda identidad con la antes referida. Esta es la Resolución IGJ Nº 687/2005 de fecha 11 de julio de 2005. Allí la sociedad denominada Reuters Limited, que en la República Argentina funciona bajo la forma de una sucursal, a fin de acreditar los extremos del primer párrafo del artículo 3º de la Resolución General IGJ Nº 7/2003, invita al organismo a ingresar en la página web de la matriz radicada en el Reino Unido, manifestando que no resulta necesario acompañar los estados contables de la sociedad, dado que es público y notorio que la principal actividad de la sociedad se desarrolla en el exterior. Con el sólo análisis de la página web se accede al pedido formulado por la requirente, fundado ello en la facultad que se reservó el organismo en el segundo párrafo del artículo 3º de la Resolución General I.G.J. Nº 7/2003.
Ahora que la notoriedad quedó aclarada, y que la misma sirve para acreditar la existencia de los negocios de la sociedad constituida en el exterior, queda una pauta adicional a cubrir, cual es el de la significación económica que debe tener la actividad desplegada por la sociedad constituida en el exterior fuera del territorio de la República Argentina respecto de la desarrollada en el país (sea ello a través de una sucursal o a través de una subsidiaria).
Debemos para ello retroceder en el tiempo y dos meses antes del dictado de las resoluciones que trataran la notoriedad, nos encontramos con el planteo formulado por una sociedad que participaba en sociedades constituidas en la República Argentina, y dicha participación era cuantitativamente superior a la existente en el exterior. El planteo lo inicia Pan American Energy Ibérica S.L. el día 19 de abril de 2005 y la resolución que ordena la inscripción conforme el artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales data de fecha 23 de mayo de 2005, es decir, en apenas un mes y días esta sociedad obtuvo la inscripción, siendo el caso que nos ocupa uno que podría ser considerado como el "leading case" de la materia. En este supuesto, la sociedad Pan American Energy Ibérica S.L. constituida en el Reino de España, requería su inscripción en la Inspección General de Justicia conforme lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales. Una información adicional que surge de los vistos de la resolución en comentario, es que ésta sociedad contaba con un único accionista titular del 100% del capital social, Pan American Energy Uruguay Sociedad Anónima, sociedad ésta constituida en la República Oriental del Uruguay, la que a su vez, se encuentra inscripta por ante la Inspección General de Justicia de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Así las cosas, al presentar la información contable, Pan American Energy Ibérica S.L. mostraba que sus participaciones en la República Argentina eran superiores a las existentes en otros países, representando su participación en Gaseba Uruguay S.A. el 12,85% del total de sus inversiones, motivo por el cual, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5º inciso 2º de la Resolución General IGJ Nº 7/2003 correspondía que ésta se adecuara a la legislación local de acuerdo a lo establecido por la Resolución General IGJ Nº 12/2003.
Ante la vista cursada, la sociedad requerida brindó una explicación acerca de la relevancia del negocio que implicaba poseer la participación accionaria de Gaseba Uruguay S.A., dado que ésta era la encargada de la distribución por red de gas en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, y que dicho negocio no puede ser considerado como de poca significancia, ni cuantitativa ni cualitativamente. Asimismo brinda explicaciones acerca de la potencial evolución de los negocios de la empresa, sosteniendo que las participaciones de la sociedad deben ser evaluadas en el marco del desarrollo del negocio en la región.
La Inspección General de Justicia adoptó como suyo el planteo efectuado por la requirente, ordenando la inscripción de la sociedad conforme lo dispone el artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales. Allí el entonces Inspector General de Justicia pone singular énfasis en que las resoluciones generales no debían ser interpretadas de forma inflexible, dado que ello atenta contra el espíritu sobre el cual fueron pensadas. Entendemos que esta manifestación resulta de suma actualidad, y debiera ser considerada por la propia Inspección General de Justicia al momento de resolver acerca de la procedencia de los distintos pedidos que a diario se le formulan.
Este último precedente nos abre el camino para comprender el sentido de la notoriedad y la importancia de valorar las resoluciones dictadas por la autoridad de contralor no de manera inflexible, evitando con ello caer en posiciones dogmáticas fundadas en simples ecuaciones aritméticas que desdibujan el real sentido de la realidad negocial que en cada caso se presenta.
Estas tres resoluciones particulares, son a nuestro juicio las que movilizaron la inclusión dentro del artículo 118, inciso 3, párrafos seguidos al punto (iv) de la Resolución General IGJ Nº 7/2005 cuando al tratar acerca de la documentación sobre activos, actividades o derechos en el exterior, la reglamentación contempla dos supuestos a tener presente, los que rezan:
"… Dispensa de requisitos. La Inspección General de Justicia apreciará en cada caso la suficiencia de la documentación, pudiendo en forma fundada dispensar determinados recaudos en casos de notoriedad y conocimiento público de que la sociedad desarrolla en el exterior efectiva actividad empresarial económicamente significativa y que el centro de dirección de la misma se localiza también allí. La ponderación prevista no se limitará a criterios cuantitativos."
"Integración de grupo. Si la sociedad conforma bajo control participacional un grupo internacional que satisfaga los mencionados criterios de notoriedad y conocimiento público, resultará suficiente la identificación del sujeto o sujetos bajo cuya dirección unificada se encuentre y la presentación de una certificación contable del patrimonio neto que resulte de los últimos estados contables consolidados del grupo."
Esta previsión también se ve reflejada en el artículo 211 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005 incluido dentro de la "Sección Tercera: Fiscalización y régimen informativo" (para las sociedades inscriptas conforme el artículo 118 tercer párrafo) donde puede leerse que:
"Actividad principal. Pautas de apreciación. Artículo 211.-
En la apreciación de la actividad desarrollada por las sociedades en el exterior a fin de ponderar su carácter de principal respecto de la cumplida por el asiento, sucursal o representación, la Inspección General de Justicia evitará limitarse a la consideración exclusiva del valor de los activos y/o volúmenes de operaciones, pudiendo ponderar -en base a documentación que se presente conforme al artículo 188, inciso 3 y toda otra que requiera ejerciendo las atribuciones de la Ley Nº 22.315- otros elementos de juicio como la naturaleza de las actividades de la sociedad, su conformación en un grupo de notoriedad internacional caracterizado por la división y/o complementariedad de actividades, la magnitud de recursos humanos afectados y demás factores que demuestren razonablemente la localización e importancia de la actividad desplegada en el exterior."
Es dable poner de relieve que no se ha contemplado una norma de reenvío respecto al artículo 211 cuando la reglamentación trata acerca de las sociedades constituidas en el exterior que estuvieran inscriptas conforme al artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, pero entendemos que esto responde a una omisión involuntaria y no a una intención querida por el organismo, motivo por el cual dicho temperamento les resulta también aplicables a éstas. Además, el interpretar esto de otro modo daría por tierra con las resoluciones particulares anteriormente comentadas.
III.- La Resolución General IGJ Nº 12/2005. El Legajo Informativo
Con fecha 28 de diciembre de 2005, la Inspección General de Justicia emitió la Resolución General IGJ Nº 12/2005. En la misma, el organismo contempla un método distinto para acreditar el cumplimiento de las disposiciones que refieren al régimen informativo establecido para las sociedades constituidas en el exterior e inscriptas conforme lo establece el artículo 118 tercer párrafo, y 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Para ello, las sociedades ya inscriptas podrán acreditar los dos aspectos requeridos por la reglamentación vigente respecto de la información periódica a presentar al organismo, de acuerdo a los dos parámetros identificados por la norma. 1.- Que el cumplimiento de su actividad se efectúa principalmente fuera de la República Argentina; 2.- La identificación de sus socios.
Es entonces que para el cumplimiento del punto 1.-, la autoridad de aplicación dispuso un sistema fundado en la notoriedad y otro en la ausencia de cambios sustanciales en la conformación de sus actividades en el exterior. Para implementar el camino de la notoriedad, el organismo creo el denominado legajo informativo.
i.- El Legajo informativo
Conforme lo adelantado, se parte entonces de una división de ambos recaudos, permitiéndole acreditar a los interesados que su actividad principal se desarrolla fuera de la República Argentina en función del grado de notoriedad de las actividades de éstas. Para ello, se deberá solicitar la creación de un legajo informativo que se caratulará como "Información Resolución General I.G.J. Nº 12/2005". Junto con el pedido de la formación del legajo informativo se requiere la presentación del formulario de actuación Nº 9.
Este legajo contendrá todo tipo de información atinente al desarrollo de su actividad en el exterior, la que podrá acreditarse mediante todo tipo de pruebas. Así se enumeran a modo meramente enunciativo las siguientes:
a.- publicidad comercial efectuada fuera de la República;
b.- información relativa a negocios, proyectos o inversiones publicada en revistas especializadas o en secciones de economía y negocios de periódicos de circulación internacional y llegada a la República;
c.- extractos certificados notarialmente de páginas web, u otros elementos.
Es dable aclarar que no será necesaria su traducción -sin perjuicio de una síntesis de su contenido hecha en idioma español y firmada por el representante inscripto- en el caso de idiomas de conocimiento suficientemente corriente (inglés, francés, italiano, portugués).
Esta información puede ser complementada por pedido de la autoridad de aplicación.
ii.- Sin legajo informativo. Declaración jurada
Con relación a aquellas sociedades constituidas en el exterior e inscriptas por el artículo 118 tercer párrafo y 123 de la Ley de Sociedades Comerciales que hubieran previamente acreditado que su actividad se desarrolla principalmente fuera de la República Argentina, estas podrán cumplimentar la información periódica sin necesidad de presentar nuevamente los estados contables para brindar la información precisa respecto de la conformación de sus activos, sino que, habiendo cumplido con esta información previamente, la nueva reglamentación autoriza a expedir una declaración jurada que deberá encontrarse autenticada en legal forma en el país de origen y con la apostilla pertinente o legalización correspondiente, y si procediere, traducida por traductor público matriculado con su firma legalizada por ante el colegio profesional, donde se indique que:
"1. Que se mantienen sin variaciones sustanciales las condiciones contempladas en el artículo 1º, inciso 2), de la Resolución General I.G.J. Nº 7/03, la composición y valores de los activos fijos no corrientes a que se refieren los artículos 3º, primer párrafo y 4º, inciso 1), de la misma resolución, y el volumen económico operativo y/o composición y valor de los activos antes mencionados que se contemplan en el artículo 4º de ella".
"2. Que en consecuencia y por la significación comparativa que ello tiene respecto de la actuación de la sociedad en la República -sea por su asiento, representación o sucursal o por su participación en sociedad o sociedades locales-, las principales actividades de la misma continúan cumpliéndose en el exterior."
Ahora bien, la Inspección General de Justicia se reserva el derecho de solicitar una certificación contable respecto al patrimonio de la sociedad requirente, fundado en la importancia que pudiera revestir la actividad local desplegada por las sociedades participadas o la sucursal, asiento o representación.
Esta declaración podrá ser firmada por el representante inscripto con su firma certificada notarialmente, si acredita haber sido autorizado para ello, o en su caso, si de las facultades otorgadas surge la capacidad para dicho acto.
iii.- Nómina de socios de la sociedad constituida en el exterior
En lo que respecta a la identificación de los socios de la sociedad constituida en el exterior, el artículo 5 de la Resolución General IGJ Nº 12/2005 autoriza a las sociedades que ya han cumplido con el suministro de la información a presentar una declaración donde se haga saber de forma expresa que no se han producido variaciones al respecto.
B.- CIERRE Y CANCELACIÓN DE SUCURSALES. SISTEMA SIMPLIFICADO
El segundo de los temas que nos convoca refiere a la posibilidad de proceder al cierre y cancelación de la inscripción de sucursales, asientos o representaciones conforme a un novedoso sistema instaurado por la Inspección General de Justicia.
Previo a ingresar en el sistema bajo análisis, corresponde primeramente identificar el régimen imperante para luego adentrarnos al punto en cuestión.
Con el objeto de sistematizar nuestra presentación, corresponde indicar que la problemática traída a estudio se encuentra reglamentada por la Resolución General IGJ Nº 7/2005 en el Libro III referido a "Sociedades comerciales y contratos asociativos", bajo su Título III: "Sociedades constituidas en el extranjero". Así, en primer término podemos indicar que el sistema simplificado fue tratado dentro de su Capítulo I: "Actividad habitual, asiento, sucursal o representación", y en particular bajo la Sección Segunda referida a "inscripciones posteriores" (artículo 203). Ahora bien, bajo el mismo Título III, pero ya dentro del Capítulo V: "Cancelación de Inscripciones" se encuentra genéricamente abordada la cuestión referida a la cancelación por cierre de las sucursales, asientos o representaciones de sociedades constituidas en el exterior.
El artículo 244 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005 brinda las causales por las que procede la inscripción del cierre de las sucursales, asientos o representaciones y cancelación de la inscripción originaria previa liquidación en su caso, indicando bajo su inciso 5 el supuesto de solicitud de cierre voluntario y cancelación , indicando a continuación su artículo 245 que la solicitud de cierre voluntario y cancelación se rige por los artículos 203 y 246 de la referida resolución general.
Dicho esto, pasamos a tratar la petición de cierre y cancelación de inscripción mediante los sistemas simplificados que autoriza la nueva reglamentación.
II.- Cierre y cancelación sin trámite liquidatorio
Abordaremos aquí el procedimiento instaurado por el organismo donde se permite peticionar el cierre y cancelación de registro de una sucursal, asiento o representación sin necesidad de liquidación. Para ello, el apartado II del artículo 203 de la Resolución General I.G.J. Nº 7/2005 trae tres supuestos distintos, donde al no ser necesario cumplir con el trámite liquidatorio, se exime de la obligación de designar liquidador.
Lo que resulta invariable a cualesquiera de los tres supuestos radica en que la petición debe ser efectuada por el representante designado, y por otra parte, que junto con la petición, se deberá adjuntar copia de la documentación requerida por el apartado I del artículo 203 de la Resolución General I.G.J. Nº 7/2005, la que consiste en una copia de la resolución del órgano competente de la sociedad constituida en el exterior ordenando el cierre de la sucursal, asiento o representación, o en su caso, de la disolución y liquidación de la referida sociedad.
Pasamos a tratar cada uno de los supuestos contemplados:
1.- Estados Contables con inexistencia de activos y pasivos
El primero de los supuestos contemplados por la norma requiere que previo a la toma de decisión de cierre, la sucursal hubiera confeccionado sus estados contables de donde surja la inexistencia de activos y pasivos.
Para ello deberá acompañar:
a.- Estados contables auditados de fecha anterior a la decisión de cierre de la sucursal o asiento donde surja inexistencia de activos y pasivos.
b.- Informe de contador público matriculado indicando el libro rubricado y folios del mismo donde esté transcripto el balance de liquidación y certificando sobre la cancelación de pasivos conforme a documentación respaldatoria, y la falta de operaciones posteriores conforme constancias de los libros sociales y documentación respaldatoria.
c.- De resultar necesario, se deberá presentar un certificado conteniendo la denuncia de cese de actividades correspondiente al impuesto a los ingresos brutos.
Si bien la norma no exige la designación de un depositario de la documentación (artículo 67 del Código de Comercio), entendemos que ello debiera resultar aplicable y en caso de no designarse depositario, por imperio de lo establecido en el apartado I inciso 1 último párrafo del artículo 203 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005, dicha función recaerá en el representante inscripto. Idéntico comentario refiere a la falta de mención a la publicación del aviso comunicando el cierre y cancelación del registro de la sucursal, el que si bien no está contemplada en la reglamentación en comentario, en la práctica la autoridad de contralor estaría requiriéndolo.
2.- Disolución sin liquidación de sociedad matriz
El segundo de los supuestos contemplados por la normativa refiere al caso de la disolución sin liquidación de la sociedad matriz.
La documentación a presentar será entonces la siguiente:
a.- Documentación expedida en el exterior con las correspondientes certificaciones y legalizaciones donde se acredite la disolución sin liquidación de la sociedad matriz;
b.- Originales de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial de la República Argentina y en un diario de circulación general en el país dando cuenta de uno cualesquiera de los siguientes supuestos:
(i) Conforme derecho extranjero. Si el derecho extranjero dispusiera la publicidad en los medios antes referidos en condiciones similares a las exigidas por los artículos 83 inciso 3 y 88 inciso 4 de la Ley Nº 19.550, siempre que estas fueran equivalentes o mas rigurosas a lo dispuesto por éstas; o
(ii) Cumplir con las publicaciones del artículo 83 inciso 3 y 88 inciso 4 de la Ley Nº 19.550.
c.- Informe de contador público matriculado indicando que no existieron oposiciones de créditos pagaderos en la República Argentina por parte de los acreedores.
d.- De resultar necesario, se deberá presentar un certificado conteniendo la denuncia de cese de actividades correspondiente al impuesto a los ingresos brutos.
3.- Cancelación por inactividad
La tercera de las hipótesis contemplada por la norma refiere a la cierre por inactividad. En estos supuestos la normativa le otorga la posibilidad de peticionar su cierre y cancelación de inscripción sin necesidad de cumplir con el trámite liquidatorio a aquellas sucursales, asientos o representaciones que tuvieran hasta quince (15) años de antigüedad en el registro.
Es importante poner de relieve que la norma beneficia a aquellas que no hubieran efectuado actividad alguna, esto es inactividad absoluta. Esto se verá con mayor claridad cuando repasemos la documentación que deberá acompañarse.
El representante que solicite la cancelación de registro deberá acompañar la siguiente documentación:
a) La documentación oportunamente inscripta a los fines del artículo 118, tercer párrafo, de la Ley Nº 19.550, con copia de tamaño normal;
b) Declaración Jurada del Representante en instrumento público o privado con firma certificada notarialmente (original, copia y copia protocolar). Contenido: (i) que a partir de su inscripción la sucursal o representación no realizó operaciones de ninguna clase; (ii) que no se efectuaron inscripciones y/o presentaciones de ninguna especie a los fines de ningún régimen tributario o de contribuciones a la seguridad social que pudiera ser aplicable ni, en general, ninguna otra invocando la existencia de la sociedad del exterior a los fines de su actuación en la República; (iii) que la sociedad matriz no se halla emplazada en juicio por operaciones atribuidas a la sucursal o representación; y (iv) asunción de responsabilidad ilimitada y solidaria por parte del representante por cualquier cuestión que pudiere suscitarse por causa del cierre y cancelación de la sucursal, representación o asiento.
c) Decisión de la matriz y declaración jurada de administradores y socios. La documentación proveniente del extranjero, conteniendo la decisión de cerrar la sucursal o representación, junto con la manifestación de los administradores y socios de donde surja: (i) reconocimiento de la inactividad de la misma; (ii) que la sociedad no es titular de bienes registrables en la República Argentina; y (iii) que no se remitieron a la misma fondos o recursos o, en su caso, de que los mismos fueron restituidos. Los socios deben hallarse identificados conforme al artículo 188, inciso 3 o bien acompañarse al efecto los elementos necesarios. La declaración deberá contener la asunción de responsabilidad ilimitada y solidaria por parte de los administradores y socios, debiendo éstos últimos renunciar expresamente a invocar el régimen de responsabilidad y beneficio de excusión si lo hubiere por cualquier cuestión que pudiere suscitarse por causa del cierre y cancelación de la sucursal, representación o asiento.
d) Libros rubricados. Si se rubricaron libros, debe presentarse acta de constatación notarial de la cual resulten su detalle y datos y que no consta en ninguno de ellos asiento ni transcripción de acto alguno y que todos ellos han sido cerrados en presencia del escribano público, mediante nota firmada por el representante;
e) Pedido de quiebra. Certificado vigente que acredite que no pesan contra la sociedad pedidos de declaración de quiebra, extendido por el Archivo General del Poder Judicial o dependencia que lo sustituya;
f) Publicaciones. La publicación efectuada por un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de circulación generalizada en el territorio nacional, conteniendo (i) la denominación, (ii) domicilio, (iii) sede social y datos de inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio, (iv) los datos del representante de la sucursal o representación y (v) de los administradores y socios, (vi) la fecha y en su caso registro notarial de los instrumentos mencionados en los subincisos b) y c) y (vii) un breve extracto, preciso y suficiente de la declaración jurada, manifestación y asunción de responsabilidad requeridas.
Se pondrá nota de cancelación en el libro de registro en que obre la inscripción de la sociedad y se insertará nota marginal o ligará certificado de cancelación en la documentación inscripta y su copia, restituyéndose al representante o a quien éste autorice su original, ligado a copia certificada del instrumento requerido por el subinciso c) (decisión de cierre y cancelación efectuado por la matriz). Se pondrá asimismo nota de cancelación en la copia protocolar de la documentación de la inscripción originaria existente en la Inspección General de Justicia y se glosará al protocolo copia del previsto en el citado subinciso c).
Es importante poner de relieve que la cancelación no podrá solicitarse en caso de ser titulares de bienes registrables. En caso de verificarse la existencia de éstos con posterioridad a la cancelación, la Inspección General de Justicia podrá de oficio dejar sin efecto la cancelación de registro ordenada, publicando un aviso en el Boletín Oficial dando cuenta de ello, sin perjuicio de reservarse las acciones que pudieren corresponder por la responsabilidad ilimitada y solidaria asumida.
Asimismo, el representante mantendrá su responsabilidad por la falta de confección de estados contables, y las razones por la cuales la cancelación de la inscripción le fuera otorgada (inactividad) le será comunicada a la Administración Federal de Ingresos Públicos para lo que estime corresponder.
Autor/es: Juan Manuel SAMPIETRO	, Rafael Carlos MONSEGUR	.