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Timestamp: 2017-09-26 00:03:23
Document Index: 284769107

Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 95', 'artículo 338', 'artículo 22', 'artículo 241', 'artículo 22', 'artículo 83', 'artículo 83']

Sentencia No. C-002/98 Económico y financiero, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-002/98 CUOTA DE FOMENTO CACAOTERO-Administración tiene en cuenta representación de los departamentos La representación basada en la preponderancia de los departamentos con mayor producción, no es antidemocrática ni antiparticipativa, porque, al no llegar al extremo de impedir que los pequeños productores tengan voz y voto en el seno de la institución gremial, siempre será posible afirmar que el gobierno de ésta se ejerce, conforme a ciertas reglas, por todos los cacaoteros asociados, sin exclusión alguna. Así mismo, el que en materias de naturaleza económica se dé mayor importancia a quienes más producen, lejos de vulnerar la dignidad humana y constituir un irrespeto al trabajo, es actitud que dignifica a aquellos que en franca competencia logran destacarse por su mayor habilidad, traducida en los resultados de una mayor producción. La Corporación no ve cómo la administración de la cuota de fomento cacaotero, con base en una representac
Sentencia No. C-003/98 Económico y financiero, Administrativo, Laboral y seguridad social 22/01/1998 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-003/98 EMPLEADO PUBLICO Y TRABAJADOR OFICIAL-Competencia del legislador para determinar régimen Aunque del texto mismo de la Carta vigente no puede extraerse una distinción conceptual entre los empleados públicos y los trabajadores oficiales, ni las tareas que corresponden a cada una de estas categorías, ni se consagra de manera completa el régimen aplicable a ellos, si están dados los fundamentos constitucionales que autorizan al legislador a desarrollar estos tópicos. La jurisprudencia de la Corte ha entendido que, con fundamento en los artículos constitucionales comentados, y particularmente en la distinción introducida por el mismo constituyente entre empleados públicos y trabajadores del Estado, así como en aquellas normas superiores que mencionan, aunque no determinan completamente, el régimen aplicable a uno y otro caso, la ley puede reglamentar en detalle la forma de vinculación y todos los demás aspectos correspondientes a dic
Sentencia No. C-004/98 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-004/98 ESTADO CIVIL EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE La personalidad jurídica (formada por todos sus atributos), está expresamente reconocida por la Constitución como un derecho del ser humano, como algo inherente a él, de lo cual no puede jamás ser despojado. PRESUNCION DE EXISTENCIA DE LAS PERSONAS-Finalidad La presunción de derecho del artículo 92 tiene una finalidad clara: permitir que se pruebe o se descarte la filiación, pues la calidad de hijo de una persona en especial, es parte del estado civil y determina, por lo mismo, derechos y obligaciones diversos FILIACION-Medios de prueba/PRESUNCION LEGAL DEL TIEMPO DE CONCEPCION La duración de la gestación no es ya un factor definitivo en la prueba de la filiación. La filiación, fuera de las demás pruebas aceptadas por la ley civil, se demuestra ahora, principalmente, por el experticio sobre las características heredo-biológicas paralelas
Sentencia No. C-005/98 Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-005/98 DECLARACION TRIBUTARIA-Sanción por improcedencia de solicitud de corrección En relación con la sanción prevista, la Corte estima que no es en sí misma inconstitucional, pues es la consecuencia de que la administración encontró improcedente la solicitud de corrección. Además, esta clase de sanciones, busca que los contribuyentes presenten en debida forma sus declaraciones tributarias. Asunto que encaja en uno de los deberes de los ciudadanos, establecido en el artículo 95, numeral 9, de la Constitución. Sin embargo, asunto diferente es que la aplicación de la sanción se realice de plano. Es decir, sin que medie para el interesado la posibilidad de defenderse antes de la imposición de la sanción. SANCION DE PLANO-Vulneración del debido proceso/DEBIDO PROCESO EN PODER SANCIONADOR TRIBUTARIO La aplicación de plano de una sanción, vulnera el debido proceso, pues no otorga al gobernado la posibilidad de controvert
Sentencia No. C-006/98 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-006/98 LEY TRIBUTARIA-Vigencia/IMPUESTO DE PERIODO-Vigencia/COSA JUZGADA RELATIVA El artículo 338 superior constituye ciertamente una regulación exclusivamente dirigida a la imposición de tributos, es decir, al diseño y establecimiento de una carga fiscal, de manera que no es aplicable cuando el legislador pretende, por el contrario, modificar o suprimir tales obligaciones. Por lo mismo, las normas que derogan tributos o establecen medidas que eximen o disminuyen de tales obligaciones a los contribuyentes, tienen efecto general inmediato y principian a aplicarse a partir de la promulgación de la norma que las establece, salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya establecido reglas específicas para su vigencia. Con respecto al cuestionamiento que se hace al art. 285 de la ley 223/95, en el sentido de no haber determinado el legislador que su aplicación en relación con las normas que regulaban tributos de periodo se
Sentencia No. C-007/98 22/01/1998 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-007/98 INCOMPATIBILIDADES DEL ALCALDE-Para inscribirse como candidato a cargo de elección popular La expresión bajo examen forma con el resto de la frase no retirada de la normatividad, una proposición gramatical lógicamente inescindible, que la hace constituirse en lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha llamado una "proposición jurídica completa". Por cuanto la expresión ahora demandada se inscribe dentro de una proposición jurídica completa, la Corte estima que la declaración de exequibilidad llevada acabo mediante Sentencia C-010 de 1997, en relación con la expresión "durante el período para el cual fue elegido y durante el año siguiente al mismo", debe hacerse extensiva a la frase "a cualquier cargo de elección popular", ahora bajo examen. Adicionalmente, los fundamentos que sirvieron de soporte a la decisión contenida en el fallo anteriormente citado, tuvieron en cuenta consideracione
Sentencia No. C-014/98 Económico y financiero, Laboral y seguridad social, Comercial JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-014/98 REGIMEN PATRIMONIAL SOCIEDAD DE HECHO-Requisitos La Ley 54 de 1990 no consagra ningún requisito económico para la declaración judicial de la existencia de una sociedad patrimonial. En efecto, para ello es suficiente que se compruebe la existencia de una unión de hecho durante un término no inferior a dos años, con la aclaración de que en los casos en que uno o ambos convivientes tengan impedimentos legales para contraer matrimonio, deben haber disuelto y liquidado sus sociedades conyugales anteriores con una anticipación no menor de un año. UNION MARITAL DE HECHO-Diversas formas de constituirla La misma Constitución le ha otorgado valor jurídico a la unión de hecho, y el legislador ha decidido que ésta también puede nacer de la unión entre personas con impedimentos legales para contraer matrimonio. A todas las personas que forman una familia se les exige un comportamiento responsable, sin importar la forma que
Sentencia No. C-015/98 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-015/98 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Referencia: Expediente D-1738 Acción pública de inconstitucionalidad en contra del parágrafo del artículo 22 de la ley 344 de 1996, “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones” Actora: Liliana Almeyda Gomez Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá D.C., febrero cuatro (4) de mil novecientos noventa y ocho (1998). I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana LILIANA ALMEYDA GOMEZ solicitó a esta Corporación la declaración de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 22 de la ley 344 de 1996, “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto públic
Sentencia No. C-016/98 Económico y financiero, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-016/98 CONTRATO CIVIL Y CONTRATO LABORAL-Diferencias Esa distinción, entre el contrato civil y el contrato laboral, se ha ido afianzando a través del tiempo y encuentra origen en el reconocimiento de la situación de asimetría en la que se encuentran las partes, la cual no permite presumir que el acuerdo de voluntades se produzca a partir del ejercicio no interferido ni restringido de la autonomía de cada una de ellas, como si ocurre en el contrato civil, y en la evolución misma de las sociedades que reivindican el trabajo como un valor y un principio esencial del Estado, y como un derecho fundamental de las personas de cuya realización efectiva depende el desarrollo de la misma en condiciones de dignidad. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con el contrato civil, el contrato de trabajo es la fuente de la relación laboral, cumple una función reguladora complementaria de las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley, co
Sentencia No. C-017/98 Económico y financiero, Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-017/98 GASTO PUBLICO-Concepto de racionalización El concepto de "racionalización" del gasto público es bastante amplio y, dentro de él caben todos aquellos aspectos atinentes a la creación, organización, ejecución, manejo, control, etc. del mismo, con miras a lograr su optimización y el mejoramiento de las finanzas públicas. De acuerdo con estas directrices, bien pueden incluirse dentro de los preceptos legales encaminados a lograr la racionalización del gasto público, normas dirigidas, por ejemplo, a disminuir el gasto, al manejo de las finanzas públicas en una forma más apropiada y razonable de manera que no se despilfarren o desvíen los recursos para fines distintos de los establecidos por la Constitución o la ley, al financiamiento del gasto o la redistribución de los recursos necesarios para que las entidades estatales puedan prestar en forma eficiente y oportuna los servicios públicos que les compete cumplir, la asignac
Sentencia No. C-023/98 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-023/98 PRINCIPIO DE LA BUENA FE PROCESAL/PRESUNCION DE LA BUENA FE-Igualdad entre las partes "El artículo 83 se refiere expresamente a las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas, y que tales relaciones, en lo que a la buena fe se refiere, están gobernadas por dos principios: el primero, la obligación en que están los particulares y las autoridades públicas de actuar con sujeción a los postulados de la buena fe; el segundo, la presunción, simplemente legal, de que todas las gestiones de los particulares ante las autoridades públicas se adelantan de buena fe". Lo anterior permite ver el error en que incurren quienes pretenden aplicar el artículo 83 a la relación procesal, para llegar a la conclusión de que la exigencia de las pruebas es inconstitucional o que lo son los requisitos de tales pruebas. No: en el proceso hay tres sujetos: el juez y las partes. Entre estas últimas se da una relación indirecta, p
Sentencia No. C-024/98 Laboral y seguridad social JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-024/98 JORNADA LABORAL-Tiempo máximo/DERECHO AL TRABAJO-Periodos de descanso/MINISTERIO DE DEFENSA Y POLICIA NACIONAL-Permanente disponibilidad del trabajador Toda relación laboral establecida por empleadores particulares, o por el Estado o entidades públicas en su condición de patronos, exige a la luz del ordenamiento jurídico, jornadas máximas y los períodos de descanso a ellas correspondientes. No obstante, por la naturaleza de la actividad que cumplen ciertas instituciones, como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, o en razón de las responsabilidades en cabeza de quienes ejercen determinados empleos, la previsión de los períodos de jornada laboral y de lapsos de descanso no impide que como una condición excepcional, previamente definida por la ley al establecer la relación laboral, se tenga la permanente disponibilidad del trabajador, es decir, la obligación de prestar sus servicios cuando estos sean demandados po
Sentencia No. C-025/98 Aduanero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-025/98 DERECHO DE DEFENSA TECNICA-Abogado titulado/DERECHO DE DEFENSA TECNICA-Excepcionalmente estudiante de derecho "En asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser u profesional del derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras a garantizar al procesado su derecho de defensa". Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la práctica es difícil que siempre se cuente con profesionales del derecho y, por tanto, solamente para los casos excepcionales en que ello ocurra, la ley "puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos
Sentencia No. C-026/98 Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-026/98 FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA SUPRESION DE TRAMITES-Alcance Al interpretar el alcance de las facultades extraordinarias, se consideró que el ejecutivo gozaba de "un razonable margen de apreciación" en su tarea de verificar cuales actuaciones administrativas eran innecesarias, pues las facultades se otorgaron para "reformar o suprimir" trámites para el ejercicio de las actividades de las personas. Por consiguiente, al momento en que inicia la vigencia del Decreto 2150 de 1995 existía una gran cantidad de normatividad dispersa que en la práctica implicaba trámites dispendiosos para obtener la licencia; por lo cual la Corte concluye que era una situación que se enmarca dentro del margen de apreciación que tenía el Ejecutivo para "suprimir o reformar" trámites innecesarios existentes en la administración pública. Así mismo, la Corte considera que el Ejecutivo también cumple con los objetivos propuestos
Sentencia No. C-036/98 Ambiental JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-036/98 OBJECION PRESIDENCIAL POR RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos La objeción por razones de inconstitucionalidad, por su parte, se desvanece, si la Corte Constitucional declara infundada la censura jurídica del Gobierno, mediante sentencia de exequibilidad. La Corte Constitucional, empero, no puede pronunciarse sobre la exequibilidad o inexequibilidad del proyecto objetado sin que antes las cámaras insistan sobre el mismo, acto éste que constituye un verdadero presupuesto de procedibilidad del control de constitucionalidad. La competencia de la Corte y el término para decidir tienen como punto común de referencia la insistencia de "las cámaras". Si una cámara se allana a la objeción presidencial y, en cambio, la otra opta por insistir, la insistencia no se dará por "las cámaras", como lo exige la Constitución, sino por una sola cámara, lo que significará que el obstáculo que representa la objeción, no pudo
Sentencia No. C-037/98 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-037/98 PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL-Finalidad/SANEAMIENTO DE NULIDAD El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como causal de nulidad. NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA-Saneamiento Todas las nulidades originadas en la falta de competencia se sanearán cuando no se hayan alegado como excepción previa. Esto, con la única excepción de la falta de competencia funcional. Los hechos que configuran excepciones previas (como la competencia), no podrán ser alegados como causal de nulidad por el d
Sentencia No. C-038/98 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-038/98 AGRAVACION PUNITIVA-Causal no es injusta ni discriminatoria/DELINCUENTE DE CUELLO BLANCO Desde el punto de vista material la norma no consagra una causal de agravación punitiva que pueda tildarse de injusta o discriminatoria, ya que, si bien hace más difícil la situación de ciertas personas ante la aplicación de la ley penal, no lo establece así gratuitamente sino a partir de diferencias relevantes que precisamente llevan a considerar que, dentro de la sociedad, los individuos de quienes se trata son precisamente los "distinguidos", esto es, los que sobresalen por cualquiera de los factores enunciados, colocándolos en un nivel privilegiado frente a los demás. Es precisamente de ellos -a quienes más se ha dado- de quienes más se espera en lo relativo a la observancia de la ley y el respeto al orden jurídico. No puede ser mirada ni evaluada en la misma forma por el legislador ni por el juez la conducta de un indiv
Sentencia No. C-041/98 25/02/1998 JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-041/98 ACUERDO INTERNACIONAL-Control material Acuerdos como el que revisa la Corporación no desconocen ningún precepto de la Carta, en la medida en que constituyen desarrollos de disposiciones constitucionales como el acceso a la cultura, el fomento de la ciencia, de la educación, de la recreación, etc. De otra parte, mediante estos acuerdos internacionales se estrechan las relaciones entre países amigos, sobre bases de equidad y reciprocidad. Referencia: Revisión LAT-103 Revisión de la Ley 371 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo cultural entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno del Reino de Marruecos’, suscrito en Santa Fe de Bogotá el 13 de diciembre de 1991”. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Santa Fe de Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998). Aprobada por acta No. 05 La S
Sentencia No. C-042/98 Económico y financiero JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-042/98 ACUERDO INTERNACIONAL-Representación del Estado Corresponde al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales, y en desarrollo de las mismas "...celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios", para lo cual podrá otorgar plenos poderes a plenipotenciarios para que adelanten las negociaciones y firmen los mencionados instrumentos. Sin embargo, en el caso que ocupa la atención de la Corte, a partir de los documentos que reposan en el expediente, no se requirieron tales plenos poderes ya que el Acuerdo fue firmado por el Ministro de esa cartera. En consecuencia, la Sala encuentra que no existe reparo alguno frente a la facultad de representación legítima del Estado colombiano en la negociación y celebración del mencionado instrumento internacional. LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo
Sentencia No. C-043/98 Económico y financiero, Administrativo JURISPRUDENCIA>Corte Constitucional>Constitucionalidad>1998 100%
Sentencia C-043/98 ESTATUTO NACIONAL DEL TRANSPORTE/SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE-Otorgamiento de licencia de operación/DERECHOS ADQUIRIDOS DEL TRANSPORTADOR-Inexistencia No puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona". Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y
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