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Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3']

Publicado en DOUEC núm. 316 de 27 de Noviembre de 1995 y BOE núm. 180 de 29 de Julio de 2003
CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Extradición y persecución
BOE 29 Septiembre 2003. Corrección de errores Convenio internacional, hecho en Bruselas 26 Jul. 1995 (establecido sobre la base del art. K.3 del Tratado de la UE, protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas) Afectaciones recientes
R Asuntos Exteriores y Cooperación 14 Jun. 2010 (ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales) Ocultar / Mostrar comentarios Véase el apartado JB. de la Res. 14 junio 2010, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 22 junio).
R Asuntos Exteriores y Cooperación 4 Oct. 2005 (aplicación del art. 32 del D 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales) Ocultar / Mostrar comentarios Véase apartado J.B de Res. 4 octubre 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 17 octubre), por el que se publican las adhesiones de Chipre y Eslovaquia, ésta última con formulación de declaraciones y reservas.
R Asuntos Exteriores y de Cooperación 9 Jun. 2005 (aplicación art. 32 D 801/1972 sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales) Ocultar / Mostrar comentarios Véase apartado J.B de Res. 9 junio 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 27 junio), por el que se publican las adhesiones por parte de Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania.
Convenio internacional 26 julio 1995 rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 29 septiembre 2003). CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Las Altas Partes Contratantes del presente Convenio, Estados miembros de la Europea;
Observando que el fraude que afecta a los ingresos y los gastos comunitarios no se limita en muchos casos a un solo país y es cometido a menudo por organizaciones criminales organizadas;
Convencidas de que la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas exige el enjuiciamiento penal de todo comportamiento fraudulento que perjudique dichos intereses y se adopte, a tal efecto, una definición común;
Convencidas de la necesidad de convertir este comportamiento en infracción penal sujeto a sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias, sin perjuicio de que puedan aplicarse otras sanciones en los casos que corresponda, y de la necesidad, al menos en los casos más graves, de que dicho comportamiento pueda ser castigado con la privación de libertad que pueda dar lugar a la extradición;
Conscientes de que las empresas desempeñan un papel importante en los ámbitos financiados por las Comunidades Europeas y de que todo aquel que tenga poder de decisión en empresas no debería quedar exento de la responsabilidad penal en determinados casos;
Decididas a luchar contra el fraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas comprometiéndose a asumir obligaciones en materia de competencias, de extradición y de cooperación mutua;
Disposiciones generales 1. A efectos del presente Convenio será constitutivo de fraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas:
- a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;
- al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquéllos para los que fueron concedidos en un principio;
- a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;
3. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2, cada Estado miembro adoptará asimismo las medidas necesarias para que la elaboración o el suministro intencionado de declaraciones y de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan el efecto mencionado en el apartado 1, supongan una infracción penal si no son ya punibles bien como infracción principal, bien por complicidad, instigación o tentativa de fraude tal como se contemplan en el apartado 1.
Sanciones 1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para que a los comportamientos que contempla el artículo 1, así como la complicidad, instigación o tentativa ligados a los comportamientos contemplados en el apartado 1 del artículo 1, les sean impuestas sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que figuren, al menos en caso de fraude grave, penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición, entendiéndose que debe considerarse como fraude grave cualquier fraude que afecte a un montante mínimo a fijar por cada Estado miembro. Este montante mínimo no puede ser fijado en más de 50.000 ecus.
Responsabilidad penal de los jefes de empresa Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para permitir que los jefes de empresa o cualquier persona que ejerza poderes de decisión o de control en el seno de las empresas puedan ser declarados penalmente responsables con arreglo a los principios definidos por su derecho interno en caso de fraude que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas, tal como figuran en el artículo 1, por una persona sometida a su autoridad por cuenta de la empresa.
Competencia 1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para establecer su competencia sobre las infracciones que haya tipificado de conformidad con el artículo 1 y con el apartado 1 del artículo 2, cuando:
- el fraude, la participación en un fraude o la tentativa de fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas hayan sido cometidos, total o parcialmente, en su territorio, incluido el caso de fraude cuyo beneficio se hubiera obtenido en dicho territorio;
- una persona participe o induzca desde su territorio, con conocimiento de causa, en la realización de un fraude de esta índole en el territorio de otro Estado miembro;
- el autor de la infracción sea un nacional del Estado miembro interesado, entendiéndose que el Estado miembro podrá exigir que el comportamiento sea punible en el país donde ser perpetró.
2. En el momento de la notificación prevista en el apartado 2 del artículo 11, los Estados miembros podrán declarar que no aplicarán la regla recogida en el tercer guión del apartado 1 del presente artículo.
Extradición y persecución 1. Cualquier Estado miembro que, en virtud de su legislación, no conceda la extradición de sus nacionales tomará las medidas necesarias para establecer su competencia sobre las infracciones que haya tipificado de conformidad con el artículo 1 y con el apartado 1 del artículo 2, cuando sean cometidas por sus propios nacionales fuera de su territorio.
2. Cuando un nacional de un Estado miembro sea el presunto autor de una infracción penal cometida en otro estado miembro que implique el comportamiento a que se refieren el artículo 1 y el apartado 1 del artículo 2, y ese Estado miembro no conceda la extradición de dicha persona al otro Estado miembro debido exclusivamente a su nacionalidad, deberá someter el asunto a sus autoridades competentes para que éstas efectúen, si procede, las correspondientes diligencias judiciales. Con el fin de que puedan realizarse tales diligencias se remitirán los documentos, informaciones y objetos relativos a la infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición. Se informará al Estado miembro requirente de las diligencias efectuadas y de su resultado.
3. Los Estados miembros no podrán denegar una extradición solicitada por un acto fraudulento en perjuicio de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, basándose únicamente en que se trata de una infracción en materia fiscal o de derechos de aduana.
4. A efectos del presente artículo, se considerarán nacionales de un Estado miembro los definidos como tales de conformidad con cualquier declaración que dicho Estado miembro haya formulado con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo de Extradición y a la letra c) del apartado 1 de este mismo artículo.
Cooperación 1. Si un fraude tal como se define en el artículo 1 constituye una infracción penal y afecta al menos a dos Estados miembros, estos Estados cooperarán de manera efectiva en la investigación, en las diligencias judiciales y en la ejecución de la sanción pronunciada; por ejemplo, mediante la asistencia judicial mutua, la extradición, la transmisión de las diligencias o la ejecución de las sentencias dictadas en otro Estado miembro.
«Ne bis in idem» 1. Los Estados miembros aplicarán en su Derecho penal interno el principio «ne bis in idem», en virtud del cual una persona contra quien se haya dictado sentencia firme en un Estado miembro no puede ser perseguida en otro Estado miembro por los mismos hechos siempre y cuando, en caso de condena, la sanción se haya cumplido o esté en curso de ejecución o no pueda ser ejecutada según la ley del Estado que la dictó.
Tribunal de Justicia 1. Los desacuerdos entre Estados miembros acerca de la interpretación o aplicación del presente Convenio deberán estudiarse, en una primera etapa, en el seno del Consejo según el procedimiento establecido en el Título VI del Tratado de la Unión Europea, con miras a su resolución.
Si transcurrido un plazo de seis meses no ha podido llegarse a una solución, una de las partes del desacuerdo podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia (1) .
2. Podrá someterse al Tribunal de Justicia todo desacuerdo entre uno o varios Estados miembros y la Comisión (1) relativo a los artículos 1 a 10 del presente Convenio que no haya podido resolverse por la vía de la negociación.
Disposiciones internas Ninguna disposición del presente Convenio impedirá a los Estados miembros adoptar disposiciones de Derecho interno cuyo alcance sea mayor al de las obligaciones derivadas de este Convenio.
Comunicación 1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión de las Comunidades Europeas los textos que incorporen a sus respectivos Derechos internos las obligaciones que les correspondan en virtud de las disposiciones del presente Convenio.
2. Para la aplicación del presente Convenio, las Altas Partes Contratantes decidirán en el seno del Consejo de la Unión Europea qué información debe ser comunicada o intercambiada entre los Estados miembros o entre éstos y la Comisión, y las modalidades para su transmisión.
Entrada en vigor 1. El presente Convenio queda sujeto a su adopción por parte de los Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales.
Adhesión 1. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de cualquier Estado que se convierta en miembro de la Unión Europea.
Depositario 1. El Secretario General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Convenio.
Fecha notificación adhesión
17-10-2002 (*)
BULGARIA. Adhesión de acuerdo con artículo 3(3) del Acta de Adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea de 25-04-2005 (L 157 21/06/2005). Decisión del Consejo de 06-12-2007
06-12-2007 AD
01-01-2008 (*)
31-03-2005 AD
30-09-2004 AD
29-12-2004 (*)
17-04-2007 AD
16-07-2007 (*)
03-02-2005 AD
18-01-2010 AD
31-08-2004 AD
09-09-2008 AD
RUMANÍA. Adhesión de acuerdo con el artículo 3(3) del Acta de Adhesión de la Rep. de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea de 25-04-2005 (L 157 21/06/2005). Decisión del Consejo de 06-12-2007
El presente Convenio entró en vigor de forma general y para España el 17 de octubre de 2002.
Madrid, 1 de julio de 2003.- El Secretario general técnico, Julio Núñez Montesinos. (1) De las Comunidades Europeas. Ver Texto ');