Source: https://www.scribd.com/document/57756036/La-prision-eludible
Timestamp: 2018-10-20 22:30:58
Document Index: 234238193

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 102', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 26', 'artículo 23', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 53', 'artículo 78', 'artículo 25', 'artículo 54', 'artículo 52', 'artículo 29', 'artículo 55', 'artículo 13', 'artículo 56', 'artículo 14', 'artículo 60']

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Proceso de Resocializacion de Penados
Ley de Ejecucion de Sanciones Penales Para El Estado de Tabasco
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2 Magin Gutierrez, Marcos - Entrega 2
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AUDIENCIA SEMILIBERTAD NARCOTRAFICO
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La prisión eludible: un análisis sobre los límites a la cuantía de la pena preventiva de la libertad
Escrito por David Mangiafico
¿Que hay detrás de la sentencia condenatoria?
ALGUNAS NOTAS sobre EJECUCIÓN PENAL
María Eugenia Fernández* y David G. Mangiafico F.*2
SUMARIO: Introducción: De la Sentencia a la Libertad. Principio de Legalidad. Principio de Readaptación Principio de Judicialidad. Principio de Inmediación. Régimen Progresivo de la Pena. La Conducta. El Concepto. Salidas Transitorias. Semilibertad. Libertad Condicional: beneficio penitenciario y correctivo de la cuantía de la pena. Libertad Asistida: limite ineludible al encierro. Conclusión. Bibliografía. Actividades Prácticas.
“…la función del derecho penal no es legitimar al poder punitivo, sino acotarlo, contenerlo y reducirlo, so pena de convertirse en schifosa scienza…” Eugenio Raúl Zaffaroni.-
De la Sentencia a la Libertad. Una infinita tristeza experimenta el científico del derecho al advertir que el tema de los derechos de las personas privadas de libertad y los mecanismos jurídicos para su acabado ejercicio son una de las tareas más olvidadas por la academia en las últimas décadas. Tal vez uno de los más lúcidos doctrinarios en la materia, que ha dado nuestra academia argentina durante los últimos años, afirma con marcado rigor y no menor preocupación, que la escasa producción científica sobre la materia, que contrasta con la importante producción sobre teoría del delito y derecho procesal penal y el hecho que el estudio del derecho de ejecución penal o derecho penitenciario no sea una materia obligatoria en las curriculas de grado es la prueba más elocuente del vacío aludido3. Entendiendo que existe necesidad de un tratamiento pormenorizado de la presente temática, nos abocamos a realizar un análisis que intentará aportar algunas notas y reseñas, recorriendo un camino desde los principios constitucionales, procesales Hoy en día ésta pena reina en el catálogo de las penas, por ello se puede inferir la importancia de considerar que dos penas de igual duración pueden resultar tremendamente dispares en razón a su forma de cumplimiento, si se distraen los mecanismos de protección derivados de éste principio. En términos más coloquiales: “el problema penal, no se agota con el dictado de la sentencia condenatoria…”, lo que sucede es que al igual que a la víctima, al reo se lo borra de las mentes con precipitada liviandad y seguramente desde su condena, hasta la recuperación de su libertad, pues pocos saben que fue de su existencia o lo que es peor, de su no existencia. Así el principio de legalidad, a su turno verificó un claro desembarco en las costas de la
ejecución penal, como bien señala Levene (h), un precursor de la judicialización ejecutiva, los fundamentos de la legalidad son claros, la aplicación de la pena no debe quedar exclusivamente a cargo de la órbita administrativa, siendo de utilidad la interacción de la justicia y de la administración penitenciaria en beneficio del individuo privado en su libertad. Interactuar es actuar entre, colaborar, sin enfrentamientos, en pos de un objetivo común, que es por otra parte el que manda cumplir la Constitución Nacional: la reeducación del condenado7, aunque la misma en la realidad sea un mero eufemismo. Principio de Readaptación. El artículo primero de la Ley Nacional Nº 24.660 comportó plasmar en el derecho interno, la manda constitucional que ya regía desde el año 1.994 con la vigencia del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y los postulados de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 10 apartado 3 P.I.D.C.P. y artículo 5 apartado 6 P.S.J.C.R.)8. En virtud de esa jugada legislativa el gran edificio de la ejecución, se cimentó sobre la base de la ya desgastada idea de la readaptación del condenado y filosóficamente adhiriendo de lleno a los postulados de la teoría de la prevención especial positiva. Se propone que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, estableciéndose así, cuáles son los objetivos que debe perseguir el Estado durante la ejecución de la pena privativa de la libertad y a los que deben estar orientados la actividad de los operadores penitenciarios y judiciales9. Al entrar en definiciones de política penitenciaria, se intentó reflejar precisión terminológica, así reapareció un termino cuya ausencia es notoria en el artículo primero de la ley nacional de ejecución penal, nos referimos a la “readaptación”, el cual de suyo, es marcadamente diverso al de “reinserción” que representa un proceso de introducción del individuo en la sociedad, es favorecer directamente el contacto activo reclusocomunidad10, lo que significa que los operadores penitenciarios deben iniciar con la condena un proceso de rehabilitación de los contactos sociales del recluso en procura de una atenuación de los efectos negativos de la pena. En concreto, como toda la ideología re se busca algo que de antemano, se sabe, no se encontrará, cual sería asimilar la vida en prisión a la vida en libertad, generando así una problemática operativa viciada desde su nacimiento mismo. Con eco de las ideas de individualización científica, la mentada readaptación no necesariamente ha de comenzar en el grado uno y concluir con la libertad condicional, por el contrario, todo dependerá de la observación y clasificación, actividad que en su conjunto va directamente dirigida a la consecución de la reeducación y que implica la generación de un tratamiento adecuado en relación a cada individuo. Este ideal resocializador se vincula como hemos afirmado ya, en la idea de que el individuo en conflicto con la ley penal, o que verifica un problema comunicativo con la misma, se encuentra desadaptado, es decir subyace la idea exclusión, proceso que ha de revertirse a fuerza de políticas sociales concomitantes. Los positivistas afirmarían que éste sujeto desadaptado, posee ciertas características propias que le impiden compartir la vida en
común con otros, por ello su desadaptación significará que es un ser asocial y sólo modificando sus aspectos básicos podría revertir su esencia y convertirse en un ser social11. Si bien no es el objeto de éste trabajo, lo expuesto implica la necesidad de llevar adelante un gran debate en términos filosóficos, basado centralmente en la necesidad de discutir la calidad, cualidad, dignidad y esencia del ser humano. No menos importante resulta advertir que más allá de la idea de resocialización, históricamente, las cárceles han sido criticadas por su penuria material y las difíciles condiciones de vida que en ellas podrían desarrollarse, y por ello todos los esfuerzos reformadores de la institución penitenciaria se están dirigiendo a la humanización de la ejecución de la pena privativa de la libertad12, ya sea mediante la mejora de las instalaciones y servicios de las prisiones, o mediante la dignificación de las condiciones de vida de los internos, buscando en forma permanente la equiparación con las condiciones de vida en libertad, lo cual sabido es: “…nunca llegará”, por obvias razones ontológicas y materiales; sin perjuicio de que es importante que los operadores del sistema se den el tiempo y la energía necesaria para clarificar los alcances del principio que al margen de su corrección deontológica o axiológica, está presente y está vigente13 span>. A la par de lo expuesto, es importante ir adelantando que luego de la reforma introducida a los artículos 13 y subsiguientes del Código Penal en materia de Libertad Condicional se ha generado un choque frontal contra el principio de readaptación y su inmediata consecuencia, la progresividad, por cuanto se ha puesto en riesgo la operatividad del principio, al aumentar lo plazos máximos de cumplimiento de penas perpetuas, al decir de De La Fuente: "… nadie niega que cuanto más prolongada sea la duración de la pena, tanto más dificultosa resultará la reinserción del penado en la sociedad, al momento de su regreso al medio libre"14. Más allá de las consideraciones precedentes, hacemos propias las reflexiones del autor citado15 al manifestar que no se puede soslayar que el Principio de Resocialización va a servir como elemento de interpretación del universo de normas que regulan la ejecución penal, y al respecto resulta ilustrativo lo expuesto por Mapelli Caffarena al señalar que: “La resocialización tiene en relación con la norma penitenciaria funciones similares a las que tiene el bien jurídico en relación con la norma penal. Si éste ofrece una concreción material al tipo penal y sirve como base de su estructura e interpretación, aquél es un instrumento para interpretar la norma penitenciaria” 16. Principio de Judicialización. Si bien hay algunos antecedentes doctrinarios manifiestos que intentan aclarar los alcances de los artículos 3 y 4 de la Ley Nacional Nº 24.660, mediante los cuales se establece expresamente que la ejecución de la pena privativa de la libertad, en sus distintas modalidades, estará sometida al permanente control judicial, fue a nuestro entender el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Romero Cacharane” el instrumento que echó luz sobre la problemática de la intervención judicial en materia de ejecución. Básicamente, el principio sustenta la idea de que todas aquéllas decisiones de la etapa de
decisorias. el acceso a la justicia. dentro de un proceso en el que. Ahora bien. resolver peticiones y quejas que afecten a los derechos fundamentales de los internos en relación al .004. Resultan claves las consideraciones vertidas en el considerando séptimo del resolutivo analizado. sanciones disciplinarias por transgresiones al régimen disciplinario interno. la vigencia del derecho de defensa y la aplicación de las garantías en la etapa de ejecución. la semilibertad. cuando se impuso una sanción a un condenado consistente en el encierro durante quince días ininterrumpidos en una celda de aislamiento. las alternativas especiales de prisión. debe regir la legalidad y se deben respetar las garantías propias del procedimiento penal. encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad de acuerdo al principio de legalidad y del control de la actividad penitenciaria. Con votos de Maqueta y Zaffaroni el tribunal señala que resulta anacrónico distinguir entre cuestiones administrativas y netamente jurídicas y se preocupa por evidenciar que este tipo de interpretaciones provoca un debilitamiento de las garantías y del control jurisdiccional que se ven condicionados por el aumento de la discrecionalidad del Servicio Penitenciario18. la libertad condicional. y consultivas. etcétera. en consecuencia. tuvieron un antes y un después que se verificó en el mes de marzo del año 2. pues importa la sustracción de toda especie de revisión posterior y la supresión de la función jurisdiccional de los magistrados en su más amplio alcance. tales como el tipo de establecimiento. ubicación en el régimen progresivo. El fallo menciona que todo lo referente a la proporcionalidad de la sanción disciplinaria así como al procedimiento llevado a cabo para su imposición. por supuesto.660 y los Tratados Internacionales. Juez que debe tener la característica de ser técnico especializado en la materia y desempeñar funciones ejecutivas en forma autónoma17 y diferenciada del resto del aparato jurisdiccional. avances y retrocesos en el régimen progresivo. la violación de la defensa en juicio y debido proceso legal que ampara la doble instancia. cuando la Corte Nacional dictó el fallo ya referido. constituyen cuestiones vinculadas con puntos regidos por nuestra CN. conforme las prescripciones de la ley penal. deben ser en algunos casos tomadas y en todo el resto controladas por un Juez. siguiendo a Guillamondegui que sus funciones se agrupan en cuatro campos: a) Decisorias en primera instancia: conceder las salidas transitorias. la Ley 24. Puede apuntarse sintéticamente. El máximo tribunal sostuvo que lo resuelto en las instancias precedentes importó una clara y manifiesta denegación de justicia y. estas cuestiones vinculadas al principio de legalidad ejecutiva.ejecución penal que impliquen una modificación de las condiciones cualitativas de cumplimiento de la pena impuesta. Así ha de entenderse que el Juez de Ejecución Penal es “un órgano personal judicial especializado. con funciones de vigilancia. garantizando los derechos de los internos y corrigiendo los abusos y desviaciones que puedan producirse por parte de la Administración Penitenciaria” 19. a partir de una serie de hechos que tuvieron origen en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza.
régimen y al tratamiento. toda vez que el riesgo de convertirse en letra muerta es alto22. y por ello son susceptibles de control casatorio21. desnaturaliza la judicialización de la pena y restringe indebidamente la vía la vía recursiva. a la par que implica que numerosas facultades que eran propias de la administración requieran hoy de la actuación originaria del juez de ejecución. pero tal vez no sea suficiente. o plagados de subjetivismo carente de . inciden en la determinación de las condiciones de encierro y por lo tanto. ahora con apoyo en Ferrajoli20. debe ser visto como un puntapié inicial.. altamente positivo en orden al reconocimiento de garantías y vigencia de principios constitucionales en la etapa de ejecución de la pena. quien debe “inmiscuirse” en la vida de la prisión para poder palpar su realidad y escuchar al penado y a los operadores penitenciarios en busca de un constante perfeccionamiento en el sistema de protección de derechos humanos. etc. Éste brazo ejecutor del proceso. No menos relevante es la necesidad de inmediación en el ámbito de la ejecución penal. El fallo comentado. hay un convencimiento de que su observancia permitirá arribar a resoluciones más garantistas al evitar la intromisión de factores ajenos a la valoración o la incorporación de informes técnico-criminológicos no ajustados a la realidad. pero ellas. debe ser el defensor23 y guardián de la actividad que discurre tras los muros. y c) Tener conocimiento: inmediatamente de la utilización de medidas de sujeción y de traslados de penados dentro del ámbito físico de la Administración Penitenciaria. La judicialización ha de significar que la ejecución de la pena privativa de la libertad y el cúmulo de decisiones que se tomen al respecto en el marco de la Administración Penitenciaria. de las restricciones a las comunicaciones de los internos. Petracchi agrega. una suerte de gran hermano de las prisiones. Hay que sentar bases sólidas para marcar a fuego la idea de que es necesaria la vigencia permanente del principio de judicialidad en la etapa post sentencia condenatoria. que a veces las decisiones de los jueces tienen que ver con cuestiones administrativas. formación profesional y compromiso con la función pública del Juez de Ejecución Penal. lo que dependerá en gran medida de la personalidad. la ejecución de la pena no es sino la realización del Derecho Penal material y que la distinción entre cuestiones que hacen al título ejecutivo de la condena y a la forma de cumplimiento de la condena no tiene fundamento legal. Principio de Inmediación. deben quedar sometidas al control judicial permanente. en la determinación cualitativa o cuantitativa de la pena. en muchos casos. Promovemos la plena operatividad del Principio de Judicialización incorporado con la Ley 24. b) Resolutorias en segunda instancia: resolver recursos de apelación sobre la aplicación de sanciones disciplinarias a internos y sobre las clasificaciones penitenciarias trimestrales de conducta y concepto.660. En palabras de Schmidt. en palabras del equipo de Zulita Fellini. si se nos permite. d) Consultivas: formular propuestas al Ministerio competente sobre materias que no figuran entre sus competencias en pos de un mejor desenvolvimiento del régimen y tratamiento penitenciarios.
exige la presencia del Tribunal de mérito en la búsqueda del conocimiento pleno a fin de forjar en el ánimo del juzgador la convicción suficiente y necesaria para fallar conforme a derecho. el de legalidad y el derecho a recurso durante la etapa de ejecución de la pena. resulta importante plantear que la génesis de los regímenes progresivos de ejecución de la pena puede encontrarse. sobre todo en la confirmación de la vigencia del principios entroncados con la judicialidad plena. Las notas características de estos sistemas son: la división del tiempo de duración de la pena en fases o grados con modalidades de ejecución diferentes. tal vez lo resuelto en el año 2. según Neuman. el principio de inmediación en procura del bienestar y efectivo logro de la resocialización del penado. La respuesta deviene positiva en forma clara y contundente. Como hemos afirmado precedentemente. la inmediación como principio propio del procedimiento penal24. Derivación lógica de la inmediación en la etapa del debate oral y público previo a la imposición de la pena. hay quienes sostienen que es deber de la propia administración penitenciaria. Se trata pues de una derivación del principio precedente. como también la escasez de recursos materiales e infraestructura adecuada. Ahora bien. un sistema determinado de avance y retroceso de los internos por las distintas fases y un período de cumplimiento de la pena en libertad (libertad asistida y libertad condicional). la realidad de nuestro país refleja una situación crítica en relación al respeto de garantías.004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Romero Cacharane deba considerarse un giro jurisprudencial del Máximo Tribunal del país. en la actividad desarrollada por el capitán Maconochie en la isla de Norfolk. resulta importante destacar que atentará contra la operatividad del Principio de Inmediación de la Ejecución Penal. quien llegó a esos parajes con la difícil tarea de dirigir una prisión donde las autoridades inglesas enviaban a sus criminales más peligrosos27. Por último. Si bien excede el objeto de éste trabajo. derivado del principio de oralidad25. Australia. que se caracteriza por la posibilidad de que las condiciones de encierro y las privaciones y restricciones de derechos derivadas de la pena se atenúen progresivamente durante el tiempo de cumplimiento de la sanción26. aplicar en forma constante y como modo operativo pleno.sentido normativo. el excesivo número de penados a disposición del Juzgado de Ejecución Penal. pero con matices de autonomía que meritúan su tratamiento individualizado. principalmente. Régimen Progresivo de la Pena Según Salt. o la distancia geográfica entre éste y el centro penitenciario. ¿porque ha de pensarse que no resultará su aplicación provechosa para el justiciable?. en el campo de la etapa de cumplimiento intra muros de la pena privativa de la libertad. Más aún. El éxito de la política desarrollada por Maconochie fincó en la puesta en marcha de un . el régimen progresivo es un sistema de ejecución de las penas privativas de la libertad.
fase uno. lo cual genera la inexistencia de tratamiento individualizado. por lo . generando tres períodos iguales al descripto en el sistema inglés. En la práctica. culturales y religiosas o espirituales30.166/98. En España. luego propiciaba el trabajo. Existe aquí. se divide en tres etapas. Fue Irlanda el país que a través de Walter Crofton. En la Provincia de Mendoza. avanzó en la creación de cuatro períodos que guardan similitud con nuestro sistema actual. se pone a cargo de un equipo interdisciplinario. en los servicios penitenciarios provinciales de la Argentina. la de prisión intermedia. toda vez que por razones edilicias.660. Con la vigencia de la Ley Nacional Nº 24. en su artículo primero. b) de trabajo. pero agregando como tercera etapa. intenta equiparar nuestro régimen progresivo con el sistema de la individualización científica vigente hoy en España. Es éste el período que. las actividades recreativas. abandono del tratamiento) durante el período de prueba. proyecta el tratamiento. consiste en el desarrollo del plan confeccionado en la etapa previa y es donde se debería poner especial énfasis respecto al trabajo.régimen más benigno. Pese a su vigencia. cuya acumulación era requisito para la obtención de la libertad28. La duración de la pena se determina por la gravedad del delito y a los reclusos se les iba otorgando marks de acuerdo con la cantidad de trabajo que realizaban y con su conducta en el establecimiento. se establece que la finalidad de la pena privativa de la libertad es la de lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su reinserción social. util izando como método de base. se dividía en tres períodos. para concluir con la libertad condicional que funcionaba como premio. la educación formal. a cifras importantes. muchas veces por razones de índole presupuestaria. llamadas. deportivas. a saber: a) de hierros o aislamientos. aparejando graves consecuencias operativas en el resto de las etapas y elevando el número de fugas (léase. una clara referencia a la gran discusión vinculada a los fines de la pena y aparece plasmado un principio que acompañará y se reflejará a lo largo y a lo ancho de todo el sistema de ejecución. con algunas variantes. La actividad de tratamiento. el que con apoyo del propio interno. fase dos y fase de confianza. es más provechoso lograr el paso de la fase uno a la fase de confianza. encierro que sigue siendo la idea fuerza de toda la maquinaria punitiva y que discurre a través de cuatro períodos: a) de observación: en el cual el interno y el equipo interdisciplinario luego de los correspondientes estudios y de la generación de la prognosis criminológica. cambiando los crueles castigos por un sistema de premios. Se pueden verificar al menos tres variantes en su etapa inicial. Por su parte el sistema inglés a diferencia del primero. c) de libertad intermedia. no se verifica una aplicación plena del mismo. b) de tratamiento: fraccionado en fases que importan una paulatina eliminación de las restricciones inherentes al encierro. asimilable a nuestro período de prueba o etapa de autodisciplina29. apuntará al cumplimiento de los fines de la ley. en la fase dos no hay posibilidades de trabajo o educación. como consecuencia de la vigencia del Decreto Provincial Nº 1. presentaba una primera etapa en la que mantenía el encierro celular. la eliminación progresiva de los efectos negativos del encierro.
a nuestro juicio. a nuestro entender. o de su mejor o peor funcionamiento. d) de libertad condicional: implica la externación lisa y llana del condenado. es claro que la progresividad cumplirá un efecto moderador de la nocividad que provoca la institución totalizante. como los pilares fundacionales del sistema de la Ley Nacional Nº 24. hay que destacar que la progresividad es de mayúscula importancia en el plan de legislador. obteniendo tan sólo como ventaja mejores condiciones de alojamiento. importan justamente la génesis de los defectos que encaminan su crítica respecto de los sistemas de exibilización de la pena. pierden continuidad en el tratamiento. más bien de índole subjetivos. en segundo término es inadmisible todo tipo de flexibilidad en la pena que pueda determinar algún tipo de incertidumbre en la duración de la misma. Éste período se combina. basado en el principio de la autodisciplina. donde el encierro celular es la excepción -generalmente sólo en horarios nocturnos. Más allá de su aceptación o no. se verifica a lo largo de toda la jornada diurna. que no posee paredes. un sistema de este tipo que implique cualquier forma de diferenciación en la ejecución penal es ilegítimo. Mucho se discute acerca de su naturaleza jurídica. descansará en un sistema que se mueve en términos de avance y retroceso al amparo de dos construcciones que operan. La Conducta.cual a los internos que les toca pasar por ella. Desde una perspectiva crítica. con institutos tales como las salidas transitorias. motivo que nos ha llevado a aportar un capítulo diferenciado al cual nos remitimos en mérito a la brevedad. . importantes referentes del garantismo penal consideran que las presuntas ventajas que implica la adopción del régimen progresivo. y tercero. El primero. considerada como una totalidad y en orden a la obtención de los beneficios que aumentan paulatinamente los espacios de libertad del condenado a lo largo de la ejecución efectiva de la condena a una pena privativa de la libertad. Su regulación es doble. y el régimen de semilibertad. que resulta intolerable la disposición de cualquier actividad pedagógica o correctiva en la expiación de la pena32. toda vez que además de plantearse una serie de requisitos en la ley de ejecución. aparece en el Código Penal el resto de la regulación –de naturaleza mixta (objetivo – subjetiva) que complementa el esquema normativo. por la vigencia del principio de igualdad -ya apuntado-. c) de prueba: apareja la incorporación del interno a un establecimiento abierto. quien quedará sujeto a una serie de restricciones detalladas por la autoridad judicial en el auto de soltura. razón por la cual su sacrificio deberá siempre ser excepcional y responder a fundamentos acabadamente relevantes. En la práctica. Ferrajoli entiende que la crítica a la instauración de un régimen progresivo puede realizarse desde tres puntos diferentes. Sin perder la idea que implica considerar al tratamiento penitenciario y post penitenciario como voluntario para el interno. la plasmación del régimen progresivo. para considerar que es un principio que debe subsistir aún en los casos de reincidencia. en procura del respeto del principio de igualdad y a fin de no contravenir manifestaciones expresas contenidas en los tratados internacionales31. razón suficiente.y la libertad de movimiento dentro del perímetro.660.
adolece de pautas objetivas claras. mucho más compleja. a su vez.Nos referiremos brevemente a la conducta y al concepto. se integre y conviva con sus iguales bajo cierto marco de regularidad y paz. Se trata de una categoría netamente objetiva. Otra discusión gira en torno a la calificación de concepto. Es que existe una necesariedad de mantenimiento del orden en grado mínimo que permita la correcta aplicación del tratamiento. en claro perjuicio del interno.660. en dicho proceso de integración. no menos cierto es que el examen de conducta no debe constituirse en un juicio de valor moral sobre la base de un direccionamiento de la vida del sujeto. razón por la cual. Ambas categorías importan el ejercicio de una calificación. sobre los cuales puede tristemente afirmarse. la cual en los hechos implica un reflejo lo más exacto posible de la situación real del interno que impactará de lleno en sus posibilidades de inclusión en los diversos estadios del régimen y su incorporación en los regímenes de confianza y soltura anticipada. tales como las vistas y el acceso a actividades recreativas 34 y durante las últimas etapas. su tratamiento como categoría dogmática se puede presentar como una tarea. Su configuración se logra mediante los informes que debe realizar periódicamente33 el responsable de la división seguridad interna quien. no menos cierto es que la cárcel como institución totalizante conlleva. La calificación de conducta es de capital importancia para la vida del interno. por cuanto durante las primeras etapas del régimen. donde se establece la graduación n escala que presentará la calificación. serán la base de acceso a los beneficios de libertad anticipada. que si de ejecución en general poco se habla. el concepto es aún más volátil. la incorporación de pautas sociológicas que en nada contribuyen con los objetivos sentados por la propia ley36. esto es. pese a su clara relevancia cotidiana. debe presentarlos trimestralmente al Consejo Correccional a los efectos previstos en el artículo 102 de la Ley 24. de esto se habla y escribe aún menos. derivándose de ello una praxis muchas veces espuria en cabeza de los organismos técnico criminológicos arrastrados al juez de ejecución. De esta calificación de conducta se desprende el cumplimiento o inobservancia que registra el interno respecto a las normas que rigen el orden. Afirma la doctrina que es el concepto un registro de la evolución personal del interno del . su posibilidad de convivencia aún con las normas propias de su estructura íntima35. Si bien el texto de la norma. Si la conducta puede resultar marcadamente subjetiva. Si bien en apariencia resultaría provechoso que un individuo integrado a una comunidad carcelaria. otorgando demasiada discrecionalidad a los operadores. la disciplina y la convivencia en el establecimiento carcelario. tendrá incidencia derecha sobre la no interrupción de sus derechos reglamentarios. El Concepto. por cuanto responde al comportamiento que va registrando el interno y que se verifica necesariamente en la existencia o ausencia de correctivos disciplinarios. sino que ha de ser visto en función de su nivel de integración al cuerpo social.
El artículo 15 de la Ley 24. la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento y la incorporación al régimen de semilibertad. puesto que la conducta marca su comportamiento y el concepto valora su esfuerzo por cumplir los objetivos propuestos en el programa de tratamiento de reinserción social o también la llamada personalización. La tercera etapa del régimen progresivo. intentando que ello no ocurra de modo repentino. su contenido. se deben complementar entre sí actuando de manera conjunta y armónica37. según su duración pueden ser salidas de hasta doce horas. comúnmente conocida como período de prueba. De éste modo.que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social. estructura que deberá mantener acorralado al interno hasta el fin de la condena en forma efectiva. A éste respecto. por un motivo y tiempo determinado. la posterior fundamentación de la valoración en la respectiva calificación podrá ser debidamente controlada por el interno frente a la administración penitenciaria y frente a la autoridad judicial. las pautas de cumplimiento del tratamiento le deberían ser comunicadas luego de la finalización de la etapa de observación y luego reiteradas con cierta periodicidad. que a la postre. La posibilidad de gozar de salidas transitorias del establecimiento consiste en una autorización judicial de egreso del mismo. en procura del acabado ejercicio del derecho de defensa. categoría altamente emparentada con la concepción de individualización científica como sistema de ejecución de la pena privativa de la libertad. El artículo 16 de la Ley 24. Desde ésta óptica comparativa de categorías.660 describe las modalidades en que puede llegar a gozarse éste régimen en cuanto a su duración. En la medida del cumplimiento y entendimiento de éste complejo sistema. con el fin de preparar el regreso del condenado al medio libre.660 ha establecido que éste período comprenderá sucesivamente la incorporación del condenado a un establecimiento abierto o sección independiente de éste. reduciéndose sustancialmente las posibilidades de arbitrariedad. sino gradualmente. de conformidad con el tratamiento aplicado. si se quiere que el interno discurra su paso por la prisión en un clima de reglas claras. Si bien ambas categorías responden a motivaciones disímiles. su finalidad y por el nivel de confianza con el que se otorga. Salidas Transitorias. la progresividad cobra sentido integral. incide negativamente en el interno quien no ve reflejados sus esfuerzos personales en las planillas y también en el sistema penitenciario. salidas de hasta . Entre tanto subjetivismo. se podrá verificar el crecimiento de cánones objetivos de evaluación. que se base en el principio de autodisciplina. Analicemos brevemente que importa la norma. y al aparecer éste guarismo conceptual como el reflejo de la evolución personal. es justamente donde se pone a prueba al condenado. valoración y análisis crítico.
es decir. Es oportuno destacar que la ley no ha mencionado los casos condenados a prisión perpetua más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. 3) con accesoria del artículo 52 del Código Penal: cumplida la totalidad de la pena. Ausencia que resulta inicialmente poco explicable desde el punto de vista de técnica legislativa.006 del . Cada una de estas modalidades pueden intercalarse entre sí. sin embargo ha sido incorporado como tal en el Decreto Reglamentario Nacional (396/99) e interpretado en éste sentido por la justicia de la Provincia de Mendoza donde si bien el Decreto aludido no se aplica. 2) penas perpetuas sin accesoria del artículo 52 del Código Penal: 15 años. Respecto a la compañía del personal. para afianzar los lazos familiares y bajo palabra de honor. Teniendo en cuenta el nivel de confianza otorgado. profesional y académica de grado o de los regímenes especiales previstos en la legislación vigente. Lo cual encuentra la siguiente explicación: el cursado de estudios de educación en cualquier nivel no se puede llevar a cabo eficazmente en 12. aún durante la fase de confianza del período de tratamiento. Sin embargo lo más frecuente es que la concesión de salidas de hasta 24 horas. superior. En orden a los requisitos. en líneas generales los sistemas provinciales argentinos. pero que conforme a la marcha de la jurisprudencia actual. También se prevé la posibilidad de participar en programas específicos de prelibertad ante la inminencia del egreso por Libertad Condicional. para acompañar a internos a sus domicilios en procura de una salida transitoria. como trataremos más adelante. En cuanto al motivo. para acceder a éste régimen deberán verificarse los siguientes recaudos: a) Encontrarse incorporado al periodo de prueba. b) Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos: 1) pena temporal sin accesoria del artículo 52 del Código Penal: mitad de la condena. pueden dividirse en: a) acompañado por un empleado que en ningún caso ira uniformado. carece de sentido práctico toda vez que con el advenimiento en el año 2. por lo que la modalidad de bajo palabra de honor sería la única cuya utilización se verifica en la realidad. toda vez que se considera oportuno plantear éste régimen y el de semilibertad. difiere en el orden nacional. los internos de un sistema carcelario verifican idénticos problemas o más aún que los desocupados que se encuentran en libertad. tres años más. no tienen personal suficiente ni para la custodia interna. 24 o 72 horas. se ha procurado una interpretación armónica de los artículos 15 y 17 de la Ley 24.de hasta setenta y dos horas. con menos razón aún. También con fines educativos. b) confiado a la tuición de un familiar o persona responsable y c) bajo palabra de honor. dado que en un país con altas tasas de desocupación. tampoco la participación en un programa de trabajo de prelibertad. Este requerimiento ha sido cuestionado por no surgir explícitamente del texto de la ley. polimodal. pueden ser para afianzar y mejorar lazos familiares y sociales.660. para cursar estudios de educación general básica. Asistida o por agotamiento de la condena.24 horas y salidas -en casos excepcionales.
valorarlos y hasta dejarlos de lado cuando le resulten arbitrarios o confusos. toda vez que tal extremo resulta imponderable. Recibida la pieza administrativa con la propuesta. Se ha dicho que no basta con el que el sujeto tenga otras causas en trámite si en ellas. no existen lapsos mínimos de encierro para verificar ascensos en la calificación de conducta. d) Poseer CONDUCTA ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de detención. los operadores debemos felizmente esperar que nuestros tribunales reflejen los llamados límites humanos en cuanto al respeto de tiempos máximos de internación en sistemas carcelarios. En el caso de las condenas pendientes se refiere a las que se encuentran sin unificar. se tramita el correspondiente incidente y el Juez de Ejecución resuelve concediendo o rechazando el beneficio (artículo 19. Asimismo. En orden al otorgamiento.660). no interesa su detención. A éste respecto. su falta de fundamentación.vinculantes para el Magistrado. el director del establecimiento quedará facultado para hacer efectivas las salidas transitorias o la semilibertad e informará al juez sobre su cumplimiento. el régimen de salidas transitorias debe ser propuesto por el Director del Establecimiento al Juez de Ejecución por Resolución fundada. convirtiéndose entonces esta previsión en una redundancia38. indicando lugar de la salida.660). por encontrarse excarcelado. Sin embargo ello no significará que la efectivización de las salidas quedará al arbitrio del poder . normas de conducta que deberá observar y el nivel de confianza que se adoptará (artículo 18. sin proponer tratamientos complementarios o dar explicación suficiente de tal contradicción. el artículo 20 del cuerpo legal en cita. familiar y social. puede analizarlos. de conformidad con el reglamento aplicable. La finalidad de éste requisito consiste en evitar la incorporación de un interno que en el futuro no cumpla con la mitad de la condena impuesta. el hecho que el condenado ha sido incorporado fase tras fase y de pronto se considera que no está apto para ésta. Éste último párrafo ha sido objeto de críticas derivadas de su falta de precisión toda vez que se ha considerado que la calificación máxima a la que se refiere la norma no tiene sentido de aplicación. si se entiende que. Ley 24. por ejemplo. a tal punto resulta técnicamente posible que un condenado recién ingresado al periodo de tratamiento registre un guarismo ejemplar. c) No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente de cumplimiento.Fallo Gramajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ley 24. e) Merecer del Organismo Técnico Criminológico y del Consejo Correccional concepto favorable respecto a su evolución y sobre el efecto beneficioso que puede tener en el futuro personal. prescribe que concedida la autorización judicial. es dable manifestar que los informes técnicos no son -en ningún caso. es claro que el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación siembre habrá de ser ejemplar. Así existen numerosos ejemplos jurisprudenciales de apartamiento a los dictámenes técnicos de la administración fundados en la insuficiencia de los mismos. En efecto.
la de defensa. en su virtud y por haber rechazado el condenado el principio de autodisciplina. mediante una resolución debidamente fundada y notificada. valga la redundancia. Una vez otorgado el beneficio. quien -de suyo. Nosotros consideramos que la ubicación del interno dentro del régimen progresivo y después de éstas revocatorias.administrador. Habiéndose catalogado el texto como confuso. la que se dará por infracción grave o reiterada y de conformidad con las pautas del artículo 19 de la Ley 24. Dicho en otros términos. el interno queda bajo supervisión de profesionales del servicio social. en iguales condiciones a las de vida libre. incluso salario y seguridad social. v. Respecto a la situación posterior del interno en caso de incumplimiento de las normas fijadas. a la vigencia del periodo de tratamiento. la doctrina ha tomado distintas posiciones. que permita al condenado el ejercicio de todas sus garantías procesales. el regreso a un establecimiento cerrado. con el objeto de evitar que en una nueva salida el interno se sustraiga a la acción de la justicia. el juez puede suspender provisoriamente el beneficio mientras tramita el incidente pertinente con intervención del Ministerio Público y la Defensa. sostienen que se podrá disponer de la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua y semidetención40. la interpretación que se impone pareciera ser la que expresa que es recién luego de la autorización judicial cuando el director del establecimiento puede efectivizar la salida y nunca antes. y una vez habido. o la figura de ombusman penitenciario. El artículo 23 de la Ley Nacional Nº 24.tendrá la facultad de resolver en definitiva sobre la suspensión temporaria o la revocación definitiva del beneficio. Así Laje Anaya en su obra Notas a la Ley Penitenciaria Nacional39. en especial. sostiene que en virtud de que la ley no ha previsto un régimen especial de rehabilitación para volver a disfrutar del derecho acordado dentro del periodo de prueba. Recibida la información sobre el incumplimiento. siempre mediante incidente. Otros autores.660. el director suspenda. sus calificaciones actuales de conducta y concepto y la verificación del resto de los requisitos exigidos en los distintos períodos. se libra la correspondiente orden de captura. se resuelve la suspensión o revocación del régimen. Si se verifica en la práctica que mediando una inmediata comunicación judicial. Semilibertad. pero siempre. transitoriamente las salidas transitorias. quienes deben comunicar al Juez cualquier incumplimiento que se detecte. regresando al . retornara.660 establece textualmente que la semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento sin supervisión continua. deberá analizarse en el caso concreto merituando la falta cometida. cuando el interno está reingresando de fuga y mientras tramita por los carriles adecuados su nueva situación frente al régimen progresivo.gr. Ya llegará la hora en que el poder político asuma la responsabilidad y compromiso de incorporar las llamadas co defensorías públicas de ejecución. En caso que el condenado no regresara de su salida.
de la recuperación de vínculos sociales. se podría unir éste régimen. generando así una tesis amplia respecto del otorgamiento de beneficios extra muros43.”42 Sin embargo la práctica demuestra que el sistema nacional se encuentra muy alejado del logro de un cumplimiento acabado del texto de la norma. en busca del afianzamiento de los lazos de familia. Como principio general el trabajo debe ser en horarios diurnos y en días hábiles. Durante el período de prueba. a la cual adherimos. cuya permanencia sólo se justifica por la falta de arraigo 44. En lo que respecta al salario. La ley plantea que excepcionalmente puede autorizarse durante la noche o los días domingos o feriados.660). Insistimos junto a los autores citados que la sobrepoblación de nuestras cárceles en gran medida se debe a la gran cantidad de procesados que albergan. En éste sentido la jurisprudencia ha sido clara el manifestar que un magistrado no puede autorizar el régimen de semilibertad si el trabajo viola otras leyes vigentes. se trata de una institución novedosa respecto de la anterior legislación en la materia. Para ello deberá tener asegurada una adecuada ocupación y reunir los requisitos del artículo 17. una reclamación constante de los institutos de semilibertad. nada impide que los días de descanso pueda egresar a esos fines. obligándolo a trabajar en el límite de sus posibilidades. Creemos que ésta disposición debe entenderse como protectora del interno contra la explotación laboral. con lo cual supone haber observado el régimen de salidas transitorias (arts. etc. nada en la ley lo prohíbe. En orden a los aportes intelectuales pretendidos en el objeto de estas notas. todo lo cual puede ser solucionado mediante la aplicación de medidas de vigilancia externa de . por un lado. Además. es lícita en el orden penal y por el otro. al de las salidas transitorias (otorgamiento conjunto). que a diferencia de aquéllas se concede obviando los niveles de confianza y lo que es más relevante: SIN SUPERVISIÓN CONTINUA. donde el egreso del condenado sin supervisión lo era sólo a los fines de trabajar en una adecuada ocupación. plantea que podrán ser dirigidas y/o aplicadas a los procesados. Es que es de firme lógica el hecho de la existencia de la posibilidad de los jueces de disponer la prisión preventiva con la modalidad PRESENTE. la ley prevé la adecuación de la relación laboral a las leyes laborales y previsionales vigentes. pero ningún caso puede dificultar el retorno diario del interno a su lugar de alojamiento. 16 al 22 Ley 24.alojamiento asignado al fin de cada jornada laboral. consideramos trascendente plantear que tal como alguna línea jurisprudencial lo viene considerando. dado que mientras permanezca trabajando se encuentra fuera de prisión. la semilibertad se puede caracterizar como el último eslabón dentro del período de prueba. que en las mismas condiciones que en la vida libre. si es lícita en el orden laboral. En el sistema progresivo. con la obligación de regresar al alojamiento interno41. de la cultura del trabajo. en cuanto cualquier empresa contratista aprovecharse de su situación. Un resonante fallo apunta: “…la ocupación laboral será adecuada a los efectos de lograr la reinserción social del causante si. En síntesis. con mayor razón aún podrá pasarse de acuerdo con este régimen a la prisión preventiva. ya que si es posible cumplir total o parcialmente la condena impuesta en semilibertad.
se funda en que al considerarse la libertad condicional como un período. tanto en la doctrina nacional como en la extranjera el criterio que domina. es sin duda la figura clave en orden a la morigeración de los efectos negativos de las largas condenas que hoy se impone. sino que por el contrario. el cual tiene lugar inmediatamente luego de un encierro. se generan pabellones y/o sectores (internos) donde se intenta dar el marco condicional que establece la ley. los que conviven en la misma orbita y sujetos a las mismas normas de trato y convivencia. Sólo los diferencia la incertidumbre respecto del momento del egreso.bajo costo y fácil implementación. sino que dentro de las mismas penitenciarías. permitiría al condenado lograr un verdadero desarrollo de la última etapa de la pena47. este. Sin embargo. A ello se suma que no es una libertad total. tales como medios electrónicos y al margen de la discusión en términos de intimidad que se impone llevar a cabo. en la mayoría de los casos no cuentan con establecimientos independientes donde rija el llamado principio de autodisciplina. no puede menos que verse como una pena. sin embargo. Asimismo. es claro que una vez más estamos frente a una mezquindad estatal en términos económicos45. Dicha postura –arraigada por cierto. ha sido materia de las más encontradas opiniones. el artículo 26 de la norma en cita plantea que la incorporación a la semilibertad debe incluir una salida transitoria semanal. menos aún se prevé una diferencia entre condenados y procesados. como otros tantos temas de la parte general del derecho penal. no queda otra alternativa que conceder al interno el permiso de salida en un día no laborable a efectos de permitir el contacto familiar y/o social. dejando ello librado al criterio y arbitrio de la autoridad judicial. ya en normativas previas se sostenía la relevancia de atar un régimen con otro. Atento a la motivación que posee el artículo en análisis y tal como sentara opinión quien suscribe en el comentario al artículo 23. para considerar que. Sabido es que nuestros sistema penitenciario. en procura de mejores resultados48. es que hemos de apartarnos del tratamiento puramente ejecutivo. se inclina por considerarla como una modalidad de cumplimiento de la pena. Pensemos que la generación de establecimientos pequeños para grupos reducidos46. Hay quienes sostienen que la motivación para que ello sea así dispuesto. Libertad Condicional: beneficio penitenciario y correctivo de la cuantía de la pena En razón de la trascendencia teórica que comporta en análisis de éste instituto que además de ser un beneficio penitenciario más. se debe a la no modificación de las condiciones de distancia para el acceso a los posibles lugares de trabajo del interno que seguramente serán escasos y excepcionales. La búsqueda de soluciones a esta problemática es a la fecha y conforme al estado general de los establecimientos penitenciarios del país y de los logros (no obtenidos) en materia de resocialización. IMPOSTERGABLE. en donde el trabajo se desarrolle allí mismo mediante algún emprendimiento productivo. costaría al Estado menos que las bastas sumas gastadas en la construcción de mega cárceles y lo que es más importante. el sometimiento a una serie de restricciones . conlleva para el preso externado.
en este modelo. Cuando se habla de alternativas. se plantea una suerte de doble sanción por un mismo hecho -de suyo. mientras que para los comportamientos de mediana y baja gravedad.en sí mismos. que las alternativas dejen de ser consideradas alternativas a la cárcel y sean consideradas castigos –sanciones principales. siendo la alternativa paradigmática. Hay autores que sostienen que lo que hoy se consideran alternativas. B) Tendencias que promueven un modelo proporcionalista que propugna que “el sistema penal deje de considerar la pena de prisión como sanción proporcionada para todos o la mayoría de los delitos. son en realidad penas. tales como la multa o la reparación económica. proporcionales a los delitos. la condenación condicional. Además esto sólo se usaría para las penas cortas privativas de libertad. éste no es el criterio mayoritario con que funciona el instituto en la práctica judicial. aunque de menor entidad. la prisión es adecuada para los comportamientos criminales de máxima gravedad. se pueden –en principio. a saber: A) Tendencias que propugnan un modelo individualizador o rehabilitador que parte de la premisa de considerar a las alternativas a las penas privativas de libertad (particularmente de corta duración) como alternativas rehabilitadoras de castigo. Por . y que se desarrollen principios que guíen la aplicación de las alternativas en función de su severidad. no puede negarse que durante algún tiempo las condiciones de restricción se cumplieron en forma efectiva.surgidas de la propia norma que la regula. o a los infractores que no necesiten o que sean insensibles al tratamiento. en orden a que si existiese alguna causal de revocación. conlleva necesariamente su consideración acerca de si constituye o no una medida alternativa a la pena de prisión. cuya gravedad debe ser proporcional a la gravedad de la ofensa realizada.informar dos posturas. Lamentablemente. Razonamiento que permite a la vez admitir un enorme error en la sistematización del Código Penal. sin que sea necesario configurarlas en comparación con la cárcel” (Elena Larrauri). adoptar la postura reseñada en cuanto a la naturaleza del instituto. con lo cual ese hipotético período de tiempo debe ser considerado como purgatorio de la condena. sino por el contrario una forma de cumplimiento de ésta. Este sistema requiere que las medidas alternativas se consideren como sanciones principales. Caso contrario. Destacada doctrina sostiene que en éste sentido. distribuyendo éste último no en base a criterios de proporcionalidad sino en función de las necesidades de cada persona y de las posibilidades de que el medio que se utilice despliegue efectos correctores. el interno sigue sujeto a restricciones ambulatorias.violatoria de garantías constitucionales. Y que. deben utilizarse alternativas. Asimismo. Sobre el mismo se ha sostenido que este modelo dejaría de lado las alternativas a la prisión que no den lugar o no pretendan rehabilitar. Tratándose del último tramo de la ejecución –aunque no haya encierro-. la libertad condicional no implica una modificación de la condena. lo cual traería aparejado la conclusión de su naturaleza punitiva.
ni influye en el sistema de la pena o medida de seguridad más allá del ámbito de encierro y de lo relacionado con el cese de éste (artículo 12 CP)51. la libertad condicional se puede cumplir como pena (artículo 13 CPA) o también como medida de seguridad (artículo 53 CPA)50. o bien como un beneficio. que en durante un lapso se cumplió en forma efectiva.ello se considera alternativa a la pena la posibilidad legal de aplicar una pena de naturaleza más leve (multa. Claro ejemplo de ello. tiene que ver con la posibilidad de su doble consideración. lo cual la sitúa como cuarto grado de ejecución penitenciaria (correlato en la regulación planteada en la Ley Orgánica General Penitenciaria)54.886. dado que. el penado.. Fuera de Latinoamérica. dentro del régimen progresivo de ejecución de una pena privativa de la libertad. Otro aporte importante. Por ello. podía pedir gracia del resto. Siguiendo ésta línea. se sostiene además que. no resulta baladí si se tiene en cuenta que al considerar al instituto de la . compartiendo el fundamento genérico de la resocialización. Esto arroja una conclusión clara: la libertad condicional no modifica la condición de penado o de sometido a medida de seguridad del que goza de ella. según el cual. no se descarta dar cabida a otros fines.2 de la Constitución de ese mismo país. se construyen ideas respecto a la naturaleza de la libertad condicional que no difieren en lo sustancial con las posturas reseñadas. pero tampoco la está cumpliendo en libertad. quedaba en libertad pura y simple. se advierte que en España la discusión respecto de la naturaleza descansa en la dicotomía de considerarla o bien como un derecho subjetivo de la persona condenada (interpretación acercada a la letra del Código Penal y sus reformas específicas). es la Ley Orgánica 7/2003. atento a su naturaleza sustitutiva del encierro y no de la pena. se trata de una característica del sistema progresivo y forma parte de la pena. de acuerdo a la Ley Orgánica General Penitenciaria “tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad”52. inhabilitación). Lo cierto es que se advierte coincidencia en torno a la naturaleza sui generis de la libertad condicional en tanto que se acerca a forma sustitutiva de pena en razón de que su concesión supone que la pena de prisión se cumpla en libertad. sin perder de vista que no es ni más ni menos que una fase más. el liberado condicionalmente no ha cumplido su pena o medida. Se puede verificar que está sometido a un término de prueba destinado a decidir si la sanción ha de declararse extinguida por el encierro sufrido (artículos 16 y 53 CPA) o si el condenado la debe seguir cumpliendo bajo la modalidad de encierro (artículos 15 y 53 CPA). Esto marca una clara diferencia con la llamada “gracia” que establecía el antiguo Código Penal Argentino de 1. y no en libertad condicional49. Profundizando el análisis y siguiendo a la autora citada. de cuyo análisis surge con claridad que la libertad condicional se engloba dentro de aquellas instituciones que. el artículo 78 del Código Penal Español y el artículo 25. y si ésta le era concedida. después de cumplir los dos tercios de la pena. Este polo de tratamiento55. como puede ser la reducción de los altos índices de población penitenciaria o el mantenimiento del orden en las prisiones53 . Sin embargo.
las decisiones sobre la concesión de libertad condicional deberían motivarse de forma clara y de acuerdo al marco constitucional y legal en que se inserta la institución”57. podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida. El instituto de la Libertad Asistida fue incorporado a nuestro régimen legal en el año 1. pueden recuperar su libertad . de ningún modo implica significar que su concesión sea automática o iure proprio. El artículo 54 de la referida ley dispone que: “La libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del artículo 52 del código Penal. Consiste en un régimen de egreso anticipado con supervisión y asistencia en condiciones similares a la libertad condicional58. conlleva la palmaria conclusión de que frente al cumplimiento de los requisitos establecidos por ley. el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal. Por otra parte. El juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación del condenado a este régimen sólo excepcionalmente y cuando considere.996 mediante la sanción de la ley 24. por resolución fundada. El juez de ejecución o juez competente. en tanto se cumplan los requisitos. El legislador ha dispuesto al respecto que aquellos internos penados que. que implica un juicio sobre el comportamiento humano futuro lo que técnicamente llamamos “pronóstico criminológico” alejando del panorama conceptos jurídicos positivamente determinados.libertad condicional como beneficio. más acertada desde la óptica de las garantías del condenado. que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad”. la libertad condicional ha de otorgarse preceptivamente y sin lugar a interpretaciones dispares56. no va a radicar en una u otra categorización.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. más aún si se tiene en cuenta que la subjetividad de los requerimientos es tal. entender que el otorgamiento deviene en obligación para el Juez de Ejecución o Juez Competente. La presencia de requisitos subjetivos impide tal aseveración. pues resulta claro que al poner un manto de luz sobre la naturaleza ambivalente del instituto resulta que la contraposición aludida es meramente teórica. Pese a lo expuesto y en atención a la modalidad de regulación que presenta en el sistema legal de los países latinoamericanos. A este respecto sostiene Ferrajoli que “para evitar que la concreción de éste tipo de requisitos se convierta en un espacio incontrolado de discrecionalidad. Esta última visión. consideramos que el carácter discrecional u objetivo a la hora de definir el otorgamiento de la libertad condicional. Libertad Asistida: límite ineludible al encierro. por diversas circunstancias no hayan accedido a la Libertad Condicional. se otorga implícitamente al Juez de Ejecución o Juez Competente un marco de discrecionalidad muy superior a que si se presenta la misma institución como derecho subjetivo. a pedido del condenado y previo los informes del organismo técnico criminológico y del consejo correccional del establecimiento.
para rechazar la viabilidad del instituto. que se vuelva a delinquir. o debe conducir de ordinario. por resolución fundada y basada en que el interno no presente características o condiciones adecuadas para su egreso. puesto que el régimen penitenciario no persigue volver buenos a los malos sino que será probablemente cierto que ello así ocurrirá. que en este articulo se exige. y de ahí la denegatoria. en todo caso.. si la ejecución de la pena privativa de la Libertad. a procurar una adecuada reinserción social ( art. entonces.. inevitablemente acarreara componentes azarosos considerándolo inconstitucional. como así también de otros beneficios.... El artículo mencionado dispone que la denegatoria del instituto debe ser excepcional. 13º) sino también el informe del Consejo Correccional del establecimiento que documentadamente reflejará la conducta y concepto del interesado (art. cualquiera sea su modalidad. especialmente de los juristas italianos. Así mismo dispone como requisito que el condenado no debe tener impuesta la accesoria del 52 del código Penal. a modo interpretativo esta última parte. Así también se menciona que “. el juicio de grave riesgo para si o para la sociedad es verdaderamente ambiguo y confuso y cualquier previsión análisis o evaluación que sobre el particular pretenda efectuarse. el grave riesgo para el condenado radicará en que todavía no está debidamente preparado para su reinserción social.. cuando el tratamiento penitenciario hubiese sido rechazado o no aceptado por el condenado. 104º ). 1º ) debe señalarse. que ese grave riesgo de daño existe como probable. Es probable. Por otra parte. Buena muestra de ello pondrá en evidencia no sólo la historia criminológica que fue debida y permanentemente actualizada (art. 100 y ss. el condenado impidió actuara en él la finalidad propuesta por la ley. guarda un importante arraigo con la postura positivista del siglo pasado. En este sentido la jurisprudencia ha expresado: “… resulta sumamente difícil aventurar la . En una palabra. y que el tratamiento penitenciario conduce. puede entenderse la ley en el sentido de que la reinserción. sino inadecuada en razón de que.”60 Autores modernos han sostenido que este juicio de pronóstico. ya que no existe la posibilidad de delinquir. ya no será adecuada.). en el caso particular. con el consiguiente peligro de que vuelva a recaer en el delito lo que simultáneamente implicaría un grave riesgo para la sociedad dado que el condenado podría continuar con su actividad delictiva. y es posible también que ocurra lo contrario”59. que estableciera la necesidad imperiosa de proteger a la sociedad de los ya estigmatizados delincuentes. En esta línea de ideas se menciona que: “. queda subordinada a la clasificación de concepto ( art. que siempre es algo probable. que la concesión de la libertad asistida.seis meses antes del agotamiento de su condena y reinsertarse a su medio social en forma supervisada. que existan riesgos concretos de que el interno cometa o fuera a cometer nuevos delitos ocasionando así un grave daño no solo a la sociedad sino también a sí mismo. Deberá tenerse presente. tiene por fin lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley. a causa de aquel rechazo.
56 y se incluyo el art. se promoverá su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina. Sin embargo colocan en cabeza del magistrado un análisis integral de los informes técnicos producidos. “R. Sin duda que estamos frente a un claro paso atrás. resulta legítimo un sistema penal que siga operando selectivamente según criterios de vulnerabilidad63. En este contexto la reforma de la Ley Nacional Nº 25. Es decir. Interesante aporte ha efectuado la doctrina al sostener que en todos aquellos casos en los que se admite la imposición a personas culpables. La moderna doctrina sostiene que armónicamente con el artículo tercero del Reglamento de Modalidades Básicas de Ejecución. 56 bis El art.948 aparentemente marca una tendencia diferente a la planteada por la ley penitenciaria. Se trata de eludir toda referencia a la peligrosidad sin delito…” (JEP Nº2 legajo 5. La mencionada reforma elimino dicha posibilidad para el condenado. en la anterior redacción la ley dejaba a criterio del juzgador la posibilidad de revocar el régimen o computar el tiempo durante el cual fueron inobservadas las pautas impuestas. Como consecuencia de ello. Posturas mas flexibles afirman la excepcionalidad del rechazo de la libertad asistida “ya que se trata de la ultima oportunidad que tiene el condenado de salir anticipadamente antes de agotar su pena”. 56 bis excluye la aplicación de los beneficios del periodo de prueba y la posibilidad de acceder a la prisión discontinua o semidetención y a la libertad asistida para aquellos que fueran condenados por los delitos previstos en los artículos 80 inciso 7º. son necesarias medidas efectivas. 142 bis ante último párrafo. Dentro de este acápite modifico el art.” 15/6/2. se procurará limitar la permanencia del interno en establecimientos cerrados. la resocialización no se satisface con declamaciones. quien en caso de revocación deberá cumplir el resto de la condena en establecimiento cerrado y deberá además agotar el plazo de condena sin que el tiempo de libertad asistida sea computado 62. Así. 56 establece que la libertad asistida será revocada de manera automática ante la comisión de un nuevo delito o si el condenado no compareciere ante el Patronato de Liberados en el plazo fijado por el juez. La ley 25984 incorporo el Capitulo II bis a la ley 24660 “Excepciones básicas a la ejecución”. la norma del caso debe interpretarse muy cuidadosamente.001). 124. 170 ante último párrafo y 165 del Código Penal.I.A. el Decreto 396/99 ha previsto que en la aplicación de la progresividad. de los antecedentes penales (condenas anteriores) y tomándose el mismo como indicio de una posible recaída delictiva. a los efectos de evitar el dictado de resoluciones negativas fundadas en la supuesta verificación de una personalidad peligrosa o de riesgo para si o para los demás. de cualquier medida de contenido punitivo basada en la . bajo los argumentos efectistas de pretender con ella lograr en la sociedad la sensación de una mayor seguridad pública61. conforme su evolución favorable en el desarrollo del tratamiento. el resto de la condena será cumplida en un establecimiento cerrado.121. El art.existencia de una personalidad peligrosa sin rozar al mismo tiempo la conculcación de los mas elementales principios de orden constitucional. En lo posible.
entre otros. realizar Dictamines Criminológicos de Asesoramiento respecto a los internos condenados en las distintas etapas del Régimen Progresivo de la Pena. reseñar como se lleva a cabo el trámite de otorgamiento. . En algunas provincias. 185º inc. *Jefe de Unidad de Trabajo Psicosocial. Sin dudas. 74 y ss.660 (art. Este organismo es una institución creada por la Ley 24. como el caso de Mendoza esta institución es de carácter civil e independiente jerárquicamente al servicio penitenciario local. la denegatoria a incorporar al régimen de libertad asistida constituye una medida de contenido punitivo. 181º y 185º inc. Resulta de interés a los efectos pedagógicos. a saber: 1-Inicio de la pieza Administrativa con la solicitud del condenado. la pieza administrativa vuelve a la institución penitenciaria a fin de que dictamine el Consejo Correccional. *Jefe de Sanidad. en cabeza de sus integrantes. Dicho organismo representa. b). los aspectos esenciales del tratamiento carcelario progresivo y está integrado por: *Subdirector de Tratamiento. Decreto 1166/98. en tanto altera las condiciones de cumplimiento de la pena64. 4. g. entre otros: a-situación judicial del interno b-antecedentes penales c-calificación de concepto y conducta d-beneficios otorgados e-antecedentes de sanciones disciplinarias f-informe de estado de salud 3-esta pieza es remitida al Organismo Técnico Criminológico para analizar los informes pertinentes. Éste es un organismo colegiado cuya existencia y regulación está contemplada en el art. la que debe fijar domicilio propuesto para residir. 2-Las instituciones penitenciarias forman un expediente en el que se informa.Con el mentado informe. Los informes que generalmente acompañan son de carácter técnico criminológico (basado en la personalidad del interno) y social (evaluando las condiciones ambientales del domicilio propuesto).peligrosidad no interesando la denominación resultan inconstitucionales. *Jefe de Educación.660 y art. *Jefe de Seguridad del Lugar de Alojamiento del Interno. Ley 24. Su función es. *Capellán de la Institución.
para lo cual éste deberá requerir opinión del patronato respectivo. dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente. se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social. o adquirir los conocimientos necesarios para ello.se torna de difícil sino de imposible cumplimiento el presente inciso puesto que implicaría un control PERMANENTE de la vida y acciones del liberado. los daños causados por el delito. por ejemplo Alcoholismo. Es habitual ordenar mensualmente un control que implique la presentación del liberado en el organismo y una supervisión conforme lo expuesto por el artículo 29.es probable que en ciertos casos el juez ordene diversos tipos de tratamiento. quien previa vista al Ministerio Público Fiscal. Hecho este que podría ser revertido si se tratara de prohibiciones o indicaciones puntuales. 4-Reparar. podrán ser: a-Desempeñar un trabajo. 2. las cuales sin perjuicio de otras que fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado. resuelve fundadamente. para evitar la comisión de nuevos delitos. Aún más. siempre regirá la obligación señalada en el inciso a de este apartado.La presentación del interno en Mendoza se realiza en la Dirección de Promoción del Liberado. NO solo porque es el lugar para realizar las citaciones y notificaciones sino que también es el ámbito donde se llevarán a cabo las supervisiones por la institución a cargo. Analizando las condiciones antes expuestas podemos destacar en cada una lo siguiente: 1. 2-Cumplir con las reglas de conducta que el juez de ejecución o juez competente fije. etc.El domicilio fijado implica un punto esencial en el otorgamiento de las libertades.660 plantea que: “El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir las siguientes condiciones: 1-Presentarse. en los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente. abstenerse de actividades o de hábitos que en el caso. Salvo expresa indicación en contrario. al Patronato de Liberados que le indique para su asistencia y para la supervisión de las condiciones impuestas. c. la existencia de un ámbito físico estable conjugado con contención familiar. b-Aceptar activamente el tratamiento que fuere menester. 3. En cuanto a las condiciones podemos referir brevemente que el artículo 55º de la Ley 24. el que podrá ser modificado previa autorización del juez de ejecución o juez competente. 5-la pieza administrativa se remite al Sr. Drogadependencia. de mantenerse.Funciona a través de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y sus dictámenes se expresan en un acta en la que sus miembros vuelcan sus votos fundadamente y la conclusión se da en virtud de las mayorías alcanzadas. de la ley de ejecución. Juez de Ejecución. aparecen como . 3-Residir en el domicilio consignado en la resoluciónjudicial. c-No frecuentar determinadas personas o lugares.a. Estas condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el de agotamiento de la condena”. en la medida de sus posibilidades.implica la obligación de demostrar cuál será su forma de vida. oficio o profesión. b.
que dure la libertad asistida. Así. durante la etapa de ejecución penal la mencionada garantía debe persistir.Se ha dicho que: “. 4. a saber: -interno primario condenado a un año conforme artículo 13 Código Penal. El Principio de Legalidad. familiar. salvo que la nueva normativa resulte más benigna para el condenado.ob. Sabido es que la pena debe estar legalmente determinada en su "quantum" y forma. que la libertad asistida sólo correspondería en la medida que no pueda ser más beneficiosa que la libertad condicional. Guillermina B. el artículo 56º de la Ley 24. razón por la cual nos remitirnos a lo expuesto precedentemente. ya que en .. y especialmente frente a la víctima de su accionar delictivo.. Sin embargo. Rodríguez. Se observa que en la aplicación del instituto analizado podrían aparecer ciertos inconvenientes en las condenas de corta duración. Conclusión. Página 213. -interno reincidente condenado a igual pena (no goza de libertad condicional –artículo 14 código Penal-) podría egresar con libertad asistida a los 6 meses. y también exige que las condiciones de cumplimiento de las penas estén sustentadas en normas regidas por los principios del derecho penal material y estas deben ser anteriores al hecho por el que la persona fue condenada. . le correspondería la libertad condicional a los 8 meses de cumplida la pena.. hay que advertir que surge de manera notoria el endurecimiento de las consecuencias previstas para aquellos liberados que infringen las condiciones que le fueron impuestas o que cometen algún delito durante el tiempo 65 Ceruti. El sólo control formal no basta. cit.660 sufrió la reforma ya aludida precedentemente. Uno de los puntos más salientes consiste en que en estos casos se revoca el beneficio y además el tiempo restante para el término del plazo asignado no se considerará y se practicará uno nuevo cómputo de la pena. a la que es preciso satisfacer”65.insustituibles en la búsqueda de elementos favorables para evitar las posibles reincidencias.la vida en Libertad también significa recuperación de su responsabilidad frente a los sujetos de su comunidad. En cuanto a la revocación del beneficio tratado. etc. es justamente la garantía de ello. Ejecución. Raúl A. Se torna necesario avanzar en las necesidades y en los recaudos para que la reinserción del interno a sus ámbitos (social.. Podemos adelantar que algunos autores sostienen. Frente a todo lo expuesto podemos concluir que esta institución innovadora de nuestro régimen legal que tiene como finalidad evitar el egreso abrupto del interno al medio social gozando de su libertad mediante una etapa de transición No cumplirá en principio con dichos fines mientras la preparación y acompañamiento al egreso del mismo no se realice por personas calificadas y por instituciones que cuenten con recursos suficientes para afrontar la difícil situación. cultural. ) se complete o se logre de manera integral. no es suficiente.
441. La judicialización y el principio de legalidad en la etapa de ejecución penal. derivaría en a un perjuicio para el justiciable y esa respuesta estatal resultaría contraria a principios humanos básicos. lo que se conoce como "Relación de sujeción especial". Todo ello especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994. el principio de legalidad y el debido proceso La atenuación del rigor de la pena es ya un derecho de los internos y no una gracia o "concesión de un beneficio". Argentina.en referencia a la prioridad. Nº 2. Adrian. Hacia una progresividad objetiva en el proceso de ejecución de las penas privativas de la libertad. la que no debería desconocerse a los efectos de "repensar" al interno como un sujeto de derechos y no como un súbdito de la administración. que presenta una decisión que implica mayor libertad frente a otras y el principio de favor rei -arts.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las personas solo pueden ser privadas de su libertad de acuerdo a lo establecido previamente en las constituciones y leyes de los Estados signatarios. de modo que su resolución sea una derivación razonada del derecho vigente. es necesario que el órgano jurisdiccional se pronuncie de manera fundada.este período se resuelven las condiciones concretas de cumplimiento de acuerdo a las regulaciones de la ley penal. donde los derechos no se tornen erráticos y el espíritu de un estado respetuoso de la ley fundamental se haga realidad en forma definitiva. . Páginas 93 y ssgtes. OCT 2.004. la negativa.660 no es automática. Pág. estas decisiones sobre la determinación del contenido de la pena exigen la garantía de la jurisdicción. Las personas privadas de libertad deberían concretar su derecho a las salidas transitorias cuando se satisficieren todos los requisitos exigidos legalmente. Año IX. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. no puede depender de criterios discrecionales del juzgador. Pugnamos para que criterios menos paradójicos nos señalen un sendero a seguir. Especial sobre Ejecución Penal. 2 y 3 del CPPN. ?? Alderete Lobo. En consecuencia. Bibliografía. A fin de que las decisiones del juez de ejecución sean válidas y legítimas estas deben dictarse dentro del marco de la sana crítica. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. ?? Albor. En un Estado respetuoso de la Constitución Nacional Derecho. normativamente establecida. como el pro homine y pro libertate –obligatorio en nuestra jurisdicción. tal como lo enfatizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos casos "Bramajo"67 y "Giroldi"68. Buenos Aires. En este aspecto el principio de judicialización no tiene otra implicancia que el respeto al debido proceso en la etapa de la ejecución penal y si bien la aplicación de la Ley 24. 7. Ad Hoc. ante toda restricción de "derechos". 2 y 3 del CP y arts. Ed. ya que. concepción que caracterizaba la posición del interno frente a la autoridad penitenciaria y que fue modificada por la convicción en cuanto a que respeta al interno como "sujeto de derechos"66. Cabe recordar que la norma del art. Rubén A. Número 17.
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¿Qué alcances debería tener el derecho de defensa en este incidente? Suponga que el juez revoca la decisión de la Administración y ordena que el Sr.. Zulita. Buenos Aires. el Sr. 1. X considera que la decisión de la Administración es incorrecta ya que por sus características personales está en condiciones de cumplir la pena en un establecimiento con mayores posibilidades de libertad ambulatoria y en una fase más avanzada del tratamiento. Año 2. La deslegitimación de la potestad penal. Caso Nº 2. Argentina.¿Es revisable judicialmente la decisión de la administración? 2. Antes de la condena había estado detenido en prisión preventiva durante dos años. El Servicio Penitenciario. Nicolás. 13 Ley 24660) ha dispuesto que el Sr. Página 217.VV.006. Analice los siguientes interrogantes: 1.. Caso Nº 1. Hammurabi. X comience la ejecución de la condena en una fase más avanzada del tratamiento. dirigido por Fellini. En AA. Pautas para la supervivencia de un régimen progresivo de ejecución de la pena en la República Argentina.¿Quién esta legitimado para interponer el Recurso? Analice la legitimación procesal del Servicio Penitenciario y el Ministerio Publico. X inicie el cumplimiento de la pena en la primera fase de la etapa de tratamiento..998. Año 1. X ha sido condenado a cumplir una pena de 6 años de prisión.¿Qué recurso es procedente contra la decisión de Juez de Ejecución? 2.Derecho de Defensa. psicológicos y sociales del condenado (art. Ed.. Al cumplirse el tercer año de detención solicita se le conceda la posibilidad de gozar de Salidas Transitorias. X no ha contado con asistencia jurídica ni ha tenido oportunidad de producir pruebas. 276 y ssgtes. Régimen Progresivo.?? Toselli. ?? Yacobucci.¿Cuál es la vía procesal adecuada? 3. Conteste los siguientes argumentos del fiscal y reflexiones acerca de la decisión que adoptaría como juez. El Sr.. Págs. X ha sido condenado a cumplir una pena de prisión de 6 años. Abaco. El Sr. Argentina. Durante el Periodo de Observación.El Fiscal se niega porque considera que no ha cumplido con la mitad del tiempo de ejecución ya que los primeros dos años. por ser procesado. Ed. Control Judicial de la Ejecución Penal. Buenos Aires. de acuerdo a lo recomendado por el Organismo Técnico Criminológico luego de realizar los estudios médicos. Actividades Prácticas. en un establecimiento de régimen cerrado. .. no fue sometido a tratamiento. Analice los siguientes interrogantes: 1.
Ed. inhumanos o degradantes. 1María Eugenia Fernández. Ex Asesora del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario de Mendoza. ni nadie que lo asista. 3. 3Salt. ha sido condenado por el delito de robo del automotor. 2. Revista Jurídica Ed. Ad Hoc. 1. Normas de trato. Ediciones Alveroni. X tiene fundamento en su condición de vegetariano o en el respeto de sus creencias religiosas. Investigador Efectivo por Concurso IDICEJ. formoseño. lo que han determinado el agravamiento de su enfermedad. Marcos. Argentina. Prologo a la obra Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal.. Ricardo (h).El Fiscal se niega porque X no ha sido incorporado aún en el Periodo de Prueba ya que no han transcurrido los plazos dispuestos en el reglamento de progresividad (art. División Asuntos Jurídicos Institucionales del Servicio Penitenciario de Mendoza. Caso Nº 3. 8 Cesano.El fiscal se niega porque el informe de la administración sobre el concepto de X y los efectos beneficiosos de la medida no es favorable.. El Juez de Ejecución Penal. José Daniel.. Tomo 1.991. Buenos Aires. 15 ley 24. Páginas 19 y ssgtes.Constituye este hecho un ejemplo de trato cruel.991-A. Argentina. Abogado. Abogada. Buenos Aires.Modificaría su respuesta si la solicitud del Sr. Asesor Ad Hoc del Consejo Consultivo de Seguridad Pública del Gobierno de Mendoza.. Defensor de Derechos de Internos del Servicio Penitenciario de Mendoza.2.Si el planteo se refiriera solamente al hecho que la comida llega siempre fría al pabellón aún en épocas invernales de frío riguroso. consideraría aplicable al caso la prohibición de penas o tratos crueles. Ha solicitado reiteradamente a los funcionarios penitenciarios que se le proporcionen las comidas que no lo deterioren.660) 3. 7 Levene. X. 2David G. El Sr. Docente de Derecho de Ejecución Penal en la Carrera de Seguridad Pública y Ciudadana de la Universidad del Aconcagua. inhumano o degradante prohibido por la ley y que amerite la intervención del juez de ejecución. Mangiafico F. 945 y ssgtes. Profesor de Grado y Posgrado de Derecho Penal de la Universidad del Aconcagua. Año IX. Págs.. Secretario de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Especial sobre Ejecución Penal. . Año 1. Los objetivos constitucionales de la ejecución penitenciaria. Esta alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal y no posee amigos en la Capital Federal. Número 17. La Ley. sin éxito. Actualmente se desempeña en el Área de Asesoría y Auditoria. Ex Directora del Organismo Técnico Criminológico de la Provincia de Mendoza. En atención a que padece una enfermedad intestinal debe seguir una estricta dieta de comidas. Conteste los siguientes interrogantes a la luz de los principios expuestos.
pags. Año 2.I. 449. 141 y ssgtes. 15Guillamondegui. Año 2. 18 Harfuch.Córdoba. T. La Plata. Ed. Año 2. Ricardo. Reforma de los artículos 13. Argentina. Junio 2. 11 Machado. Expocisión realizada en el Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica de Cuenca y Azoguéz. XIX. Número 5. 12 Bodero.004. Pena privativa de la libertad en Nueva enciclopedia jurídica. Los principios rectores de la ejecución penal. El mito de la resocialización del delincuente. 40 y ssgtes. dirigido por Fellini. Ed. y Otros.VV. 10 Machado. Relatividad y Delito. Junio 2. Págs. Argentina. Argentina.004. Fabián Di Placido. Año 1.E.006. Págs. Buenos Aires. Revista Voces Jurídicas. Observaciones críticas al Fallo Romero Cacharane de la CSJN. Barcelona. Javier E. Revista Voces Jurídicas. Axel. Andrés y otros. Axel. Ejecución Penal. Mariana. 9 Guillamondegui. Luis Raúl. La prisión eludible. En AA. Bogotá.VV.007. Fabián Di Placido. Buenos Aires. Buenos Aires. Temis. Págs. Año 1. ¨Págs. López. Cit. Buenos Aires. Luis Raúl. Revista Voces Jurídicas. Seix Barral Editor. comentarios y jurisprudencia. La Ley Gran Cuyo.117 y ssgtes. Reformas penales.A. Ricardo. Argentina. Colombia. 1150 y ssgtes. 19 Paz Rubio. López. 37 y ssgtes. se aconseja la conveniencia de que el control jurisdiccional de la ejecución penal lo efectúe un órgano especializado distinto del tribunal de mérito por diversas razones. 13 Mangiafico. 14 De La Fuente.997. Hammurabi. . desde la distribución de trabajo que implicará el alivio de tareas a los Tribunales de Sentencia hasta la cuestión psicológica que puede influir en la imparcialidad y objetividad del juzgador de sentencia con motivo del conocimiento del caso y de las características del autor (máxime en delitos aberrantes o de suma gravedad) y de esta manera menguarse derechos del condenado en pro de su reinserción social al resolver un incidente llevado a su consideración. Ed. 17 En el ámbito judicial. 136 y ssgtes. La Ley Noroeste. José M. Buenos Aires. España. Argentina. Argentina. Mayo de 2. Año 8. La vigencia del principio acusatorio durante la etapa de ejecución. 14 y 15 del Código Penal".004. 1117 y ssgtes. Los principios rectores de la ejecución penal. La Plata. Año 8. Año 2.E. La Ley Noroeste. En 17Guillamondegui. República del Ecuador. Editorial Rubinzal-Culzoni. Volúmen del mes de Septiembre. 1. AA. Argentina. Págs. Año 2.004. 16 Mapelli Caffarena. Su recepción en la jurisprudencia de la Provincia de Catamarca. Págs. David G. Ob.002. Luis Raúl. Buenos Aires. Santa Fé. Argentina. Borja. Año 2. Concordancias. Zulita. Ed. 112 y ssgtes. Su recepción en la jurisprudencia de la Provincia de Catamarca. Análisis del Régimen de Ejecución Penal. Págs. Edmundo René. La Ley S. Legislación Penitenciaria. Págs.989. Número 5. Págs.004.007. 37 y ssgtes. Análisis del Régimen de Ejecución Penal. y Saldua.
Argentina. Trotta. Ed. Año 1. dirigido por Fellini. En AA. Buenos Aires. República Argentina. 30 Albor. La . Oviedo. 24 Gómez de Liaño. Nicolás. Hammurabi. Págs. Páginas 68 y ssgtes. 276 y ssgtes. Argentina. 23 Alderete Lobo. 26 Salt.004. Buenos Aires. Pág.VV. Rivera Beiras. 259 y ssgtes. Madrid. Pautas para la supervivencia de un régimen progresivo de ejecución de la pena en la República Argentina. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Madrid. Marcial Pons. Evolución de la pena privativa de la libertad y regímenes carcelarios. Editores del Puerto. citado por Toselli. El derecho penal de ejecución. Análisis del Régimen de Ejecución Penal. Págs. Ed. Número 17. 25 Parma. Nº 2. España. Derecho y Razón. España. Parte General. En AA. 441.998. Iñaki. Argentina. Nicolás. Los derechos fundamentales de los reclusos. Pannedille. Buenos Aires. Año 2. Ricardo. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal.261.006. Argentina. Págs. Páginas 93 y ssgtes. Editorial Forum. OCT 2. Año 2. Fernando. Hammurabi. López. Derecho Penal. Nicolás. Ed. Teoría del Garantismo Penal.996. El proceso penal. Madrid. 29 López Barja de Quiroga. Luigi. Trotta. Año 1. Página 224.VV. Págs. Año IX. Argentina. España y Argentina. Jacobo. Marcos. Páginas 35 y ssgtes.Editorial Colex. Ad Hoc.006. Págs. Editorial Alveroni. Páginas 131 y ssgtes. Año 1. Ed. Elias. Madrid. Ed. Córdoba. España. Págs. dirigido por Fellini. David G. 20 Ferrajoli. Fabián Di Placido.998. 21 Del voto del Dr. Teoría del Garantismo Penal. España. 28 Neuman.004. Rubén A. Ed. 81 y ssgtes.006. Año 2. Pautas para la supervivencia de un régimen progresivo de ejecución de la pena en la 22 Toselli. Buenos Aires. Carlos y Mangiafico. España. Especial sobre Ejecución Penal. Argentina. el artículo 60 de las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas. Derecho y Razón. dirigido por Fellini. Año 1. Hammurabi. Juicio Abreviado Argentino. Tomo IV. Luigi. 27 Toselli. En AA. Año 2. Las consecuencias jurídicas del delito. Axel. Año 2.VV. Ed. Zulita. 33 Machado. Petracci en el Fallo de la CSJN “Romero Cacharane”. Zulita. 32 Ferrajoli.996.004. 276 y ssgtes. Buenos Aires. Ed. La judicialización y el principio de legalidad en la etapa de ejecución penal. Zulita. Adrian. Pautas para la supervivencia de un régimen progresivo de ejecución de la pena en la República Argentina. Año 1. Hacia una progresividad objetiva en el proceso de ejecución de las penas privativas de la libertad. Ed. 436 y ssgtes. 260 .971. 31 Léase por ejemplo.
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