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Timestamp: 2019-06-17 09:03:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 166', 'artículo 22', 'artículo 23', 'in fine', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 19']

BRANDSEN- SIN EFECTO LA DISOLUCION DE JUZGADO MUNICIPAL
Brandsen vuelve a tener juzgado de faltas por fallo de la Camara Contencioso Administrativa de La Plata.
CAUSA Nº 24017 CCALP “FERRARI PAULA VALERIA C/ MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO”
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de Mayo del año 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, con la presencia de los Señores Jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta, para entender en la causa "FERRARI PAULA VALERIA C/ MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO", en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial La Plata (Expte. Nº -42524-), previa deliberación, se aprueba la siguiente resolución.
La Plata, 14 de Mayo de 2019.
El recurso de apelación interpuesto en autos, el Tribunal decidió plantear la siguiente
1. En el marco de la pretensión cautelar promovida por Paula Valeria Ferrari, en procura de obtener pronunciamiento que suspenda la ejecución del acto administrativo n° 1106/18 que dispusiera su baja en el cargo de juez de faltas de ese distrito y le encomendara las facultades de funcionario instructor, en el nuevo esquema derivado de la supresión de aquel organismo, dispuesta por Ordenanza n° 1970, que derogara la anterior de creación n° 590, arriban los autos a esta instancia con el recurso de apelación que impugna la resolución que desestima esa empresa judicial (fs. 107/114).
Esta, se muestra articulada por la actora en el marco de lo previsto por el artículo 25 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101), conforme lo revela el contenido de la presentación inicial, que confina los alcances preventivos hasta que se resuelva el recurso administrativo deducido en sede comunal, aún pendiente, según así resulta de las constancias acumuladas (conf. copia certificada expediente administrativo n° 4015-23.110/18 Municipalidad de Brandsen).
El relato de promoción da cuenta, entre otros aspectos, de su designación en el cargo cuya reposición procura, en el año 2001, y el marco legal aplicable a la situación especial de los órganos comunales de faltas (Decreto Ley 8751/77, t. seg. ley 10.269).
A su turno, la providencia que desestima la medida cautelar se inicia con el relato de los antecedentes del caso, con pormenor que hago mío (considerandos 1 y 2) y con la descripción del contorno del ciclo cautelar abierto.
Deriva de éste en la necesidad de un análisis restrictivo de procedencia, que ve impuesto por un escenario conformado por actos administrativos con presunción favorable de legalidad.
Desde ese vértice parte de un ejercicio adecuado de la potestad que refleja el reglamento de supresión del órgano de faltas (Ordenanza n° 1970 cit.), considerando la regla del paralelismo de las competencias en relación al anterior que deroga (Ordenanza n° 590).
Sentada esa premisa, la apreciación del peligro en la demora se conduce por la ausencia de perjuicio actual, en la medida que la reubicación de la actora garantizaría su intangibilidad salarial al mantenerla dentro de los cuadros de personal de la comuna, con igual jerarquía.
La necesidad de preservar la organización administrativa es el último componente decisorio bajo el cual se expide el juez de la causa para valorar con presencia reinante una razón mayor de orden público a la que obstaría la medida requerida.
El recurso de apelación, glosado a fojas 115/145, es admisible (arts. 55, 56, 58 y ccs. ley 12.008, t. seg. ley 13.101).
Corresponde considerarlo.
2. Los agravios cursan por un extenso desarrollo que, después de reiterar los argumentos iniciales, se centra en la especial autonomía que la apelante le atribuye a la justicia municipal de faltas, con cita del artículo 22 y siguientes de la indicada norma (dec. ley cit.) y en su inobservancia por la ordenanza de supresión, con la consigna singular de la cláusula 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
La estabilidad legal derivada de esa lógica constituye un eje de agravio con el que la recurrente progresa en su impugnación.
El recurso aborda la crítica del despacho atacado con arreglo a argumentos que despliega en relación con el retroceso constitucional que advierte en la conducta estatal, en la concentración de poder, en la restricción de la independencia como garantía de los justiciables y en el sesgo de arbitrariedad que imputa a la destitución operada.
Extenso es el desarrollo relativo al que reenvío.
Tal el compendio del caso, como llega a esta alzada.
Pues bien, en el tratamiento propuesto, anticipo de recibo a la línea de queja articulada, pues se aviene al criterio que es doctrina de este tribunal y que resulta de plena aplicación sin que se adviertan motivos de apartamiento que obsten a ese entendimiento (causa CCALP n° 85, res. 28.09.04).
Siguiendo a ese antecedente, cabe señalar que la prohibición de innovar requerida implica, en los hechos, una medida suspensiva de los efectos de los actos susceptibles de impugnación, a cuyo respecto luce manifiesto que exigir el cumplimiento del recaudo de la previa petición en sede administrativa, frente a un acto que causa estado (conf. Art. 14 inc. 1 ap. a), resultaría una exigencia constitutiva de un rigorismo formal inútil, proscripta por el propio código de la materia (art. 14 inc. 1 ap. b, ley 12.008 cit.).
La correcta hermenéutica impone esa conclusión en dirección a su inexigibilidad, en este caso (arts. 15 y 166, último párrafo, Constitución provincial; S.C.B.A, doctr. causa “Gaineddu”).
Sentado ello, en el examen de procedencia de la pretensión cautelar, con arreglo a los términos del recurso de apelación, cabe considerar que el Decreto n° 1106/18 dictado por el Departamento Ejecutivo Comunal de Brandsen, en aplicación de la Ordenanza n° 1970/18, se muestra, de manera provisoria, en pugna con la condición especial que exhiben los órganos de la justicia municipal de faltas, de indirecto reconocimiento constitucional por conducto del artículo 166, segundo párrafo, de la Constitución Provincial y reglado de manera específica por los artículos 21 a 23 del decreto ley 8751/77 (t.o. dec. 8526/86; t. seg. ley 10.269).
En efecto, ese régimen jurídico determina el procedimiento y las causales de remoción de los Jueces de Faltas, entre las que no se encuentra supuesto alguno que responda a motivos no imputables a la conducta del agente, como es el que, por razones de reordenamiento, sustenta a la ordenanza municipal y a su decreto de ejecución.
Este último dispone el cese de la actora como consecuencia de su reglamento fuente, pero sin que la reasignación de funciones por fuera de aquel contexto particular de estabilidad neutralice los alcances de la que aparece como una remoción sin más.
Esa decisión administrativa, en apariencia, se halla desprovista de marco suficiente de orden legal que la autorice, pues si bien los jueces de faltas carecen de inamovilidad, su estabilidad, consagrada por el artículo 22 del Decreto Ley 8751/77, no reconoce otras causales de pérdida que no sean las referidas y por el mecanismo específico de remoción del artículo 23 de ese cuerpo legal (doctr. S.C.B.A. causa B-57.454 “Sebey”, sent. del 1-3-04).
Este particular régimen normativo y las circunstancias del caso permiten considerar prima facie acreditado el presupuesto del fumus boni juris como requisito del despacho favorable de las diligencias cautelares.
En ese escenario, no parece que el principio del paralelismo de las competencias, utilizado por el juez de la causa para sustentar su razonamiento, posea entidad para enervar un régimen legal específico que lo desplaza.
El singular régimen establecido por la normativa de rango legal (Decreto Ley 8751/77-cfr. doctr. de la mayoría SCBA causas B 57.912, “Concejo Deliberante de Coronel Suárez”, res. del 6-5-97; B 57.251, “Dragui”, sent. del 30-6-98; B 57.454, “Sebey”, sent. del 1-3-04) obsta a la variable de entendimiento que predica la providencia apelada.
Así, considerando que el único procedimiento legal dispuesto para adoptar medidas segregativas respecto de los jueces de faltas es el previsto por el indicado Decreto-Ley 8751/77, la conducta comunal ofrece, de manera preliminar, el flanco de censura que informa al requerimiento de cautela.
Las razones expuestas permiten obviar otras que importarían ingresar a cuestiones de fondo inapropiadas en esta etapa procesal y, a la vez, resultan suficientes para considerar verosímil el derecho invocado (arts. 22 inc. 1 ap. "a" y 25, ley 12.008), toda vez que la presunción de legitimidad del Decreto n° 1106/18 y su fuente general (Ord. N° 1970) revelan un aparente compromiso de legalidad.
En la valoración del peligro en la demora (arts. 22 inc. 1 ap. b) y 25 cits.), cabe señalar que el perjuicio de la actora resulta notorio, toda vez que se la priva de un cargo con estabilidad legal, con todo lo que ello implica en materia de derechos adquiridos (art. 17, C.N.), pero también del ejercicio de una función discernida por el sistema normativo que no admite el sustituto que propone el acto administrativo impugnado (Decreto n° 1106/18).
Bien puede afirmarse así que el peligro en la demora adquiere, en la especie, la entidad que exige el primer párrafo in fine del artículo 25 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101).
Por fin, la medida cautelar pedida no parece comprometer el interés público.
Antes bien, la mutación que resulta de la supresión que ventila el caso sugiere una dirección contraria a ese interés, que se endereza en el sentido de la medida provisional en tratamiento (cfr. arts. 22 inc. 1 "c" y 25, ley 12.008 cit.).
En la especie, no se advierte que pueda generarse una perturbación innecesaria en la actuación de la administración local, ponderación que tanto refuerza el ineludible examen del requisito vinculado con el interés público, cuanto incide en el alcance de la medida provisoria.
Por otra parte, en el sub-lite, el único antecedente que motiva la segregación de la actora es la supresión del organismo del que era titular, sin que concurra algún otro vinculado con su conducta.
Por lo dicho, las circunstancias de autos revelan más ajustado al interés público -en el provisorio examen inherente a las medidas cautelares-, la reposición de la demandante en el cargo de Juez de Faltas.
Todo ello lleva a concluir en la existencia de los recaudos legales que hacen procedente la adopción de la medida cautelar (arts. 22 y 25, ley 12.008 cit.), siempre en el marco provisorio de esta etapa procesal y sin que ello importe adelantar opinión ni prejuzgar sobre la cuestión de fondo que, una vez planteada, exigirá la ponderación exhaustiva de los aspectos preliminares hasta aquí considerados.
Por las razones expuestas, corresponde revocar el pronunciamiento en queja, en cuanto ha sido materia de agravios, declarar procedente la apelación deducida, disponer prohibición de innovar contra la Municipalidad Brandsen y retrotraer la situación, en lo que concierne a la existencia del Juzgado de Faltas de titularidad de la actora, al estado anterior a la sanción de la Ordenanza n° 1970 y el Decreto n° 1106/18, cuyos efectos se suspenden.
En consecuencia, se ordena reponer en el cargo de Juez de Faltas a su titular, la demandante (conf. arts. 22, 25 y concs., ley 12.008 cit.), previa caución juratoria en tanto no resulta menester la exigencia de contra cautela real, en mérito de lo dispuesto por el artículo 24 inciso 3 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101) y la naturaleza de la materia litigiosa.
Todo ello con alcance temporal a la resolución del recurso administrativo pendiente de decisión, como fuera reclamado en la demanda (conf. art. 25 ley 12.008, t. cit.).
1. Admitir el recurso de apelación y revocar el pronunciamiento dictado en primera instancia que deniega la medida cautelar solicitada por la accionante.
2. Hacer lugar a la medida de no innovar con alcance suspensivo de la ejecución del Decreto n° 1106/18 que dispuso el cese de la accionante como Juez de Faltas, que implica igual efecto suspensivo cautelar para la Ordenanza Municipal de Brandsen nº 1970/18, en cuanto suprime el órgano de la justicia de faltas de titularidad de la actora y retrotraer la situación al estado anterior al dictado de dichos actos, reponiéndose en el cargo y funciones mencionadas a la Dra. Paula Valeria Ferrari. Todo ello con el límite temporal indicado en los considerandos precedentes, previa caución juratoria que deberá prestarse (arts. 22, 23, 24, 25 y concs., ley 12.008 cit.y art. 195 y sigs., 230 y sigs. y concs. del C.P.C.C., conf. art. 77, ley 12.008), sin costas por no haber mediado sustanciación (art. 51 ley 12.008, t. seg. ley 14.437).
Adhiero a los fundamentos y solución propiciada por el magistrado que abre la votación, conforme el criterio sostenido –favorable a la tutela cautelar- en el precedente que cita (CCALP causa N° 85, “Tucci”, res. del 28-9-04).
Ello así, allende la salvedad allí formulada –en que se salvaguardara, la facultad del Concejo Deliberante derivada del artículo 19 inc. “a" del Dto. Ley 8751/77 t.o. 1986, en materia de supresión de estructuras o disposición de su reorganización-, que en modo alguno enerva la procedencia de la medida cautelar, ponderando la situación de la jueza de faltas, a la que la ley le asigna un grado de autonomía especial, derivado de un singular régimen de designación y remoción, para el que concurren la voluntad conjunta del departamento ejecutivo y deliberativo, conteniendo causales taxativas para su relevamiento (arts. 21, 22 y 23, Dto. Ley 8741/77), no constando que se hubiere cumplido con tal mecanismo específico de remoción.
Tal accionar hubo conllevado privar a la actora de una función pública estable, con rango legal, con las consecuencias lesivas que tal obrar municipal le irroga, ante un gravamen progresivo en derechos de innegable carácter alimentario, que -ponderado mediante un juicio objetivo y de sumaria cognición-, ha de resultar prima facie de difícil reparación ulterior.
No se trata, pues, de enjuiciar en este estadio la validez de la Ordenanza 1970/18, sino en tal caso, la vulneración ostensible del régimen legal de remoción previsto por el Decreto Ley 8741/77, con motivo del Decreto municipal 1106/18 dictado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Brandsen.
Por tales consideraciones, y los argumentos concordantes dados por el Dr. De Santis, adhiero a la solución propiciada.
A la misma cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. De Santis, votando en idéntico sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata
Admitir el recurso de apelación y revocar el pronunciamiento dictado en primera instancia que deniega la medida cautelar solicitada por la accionante y hacer lugar a la medida de no innovar con alcance suspensivo de la ejecución del Decreto n° 1106/18 que dispuso el cese de la accionante como Juez de Faltas, que implica igual efecto suspensivo cautelar para la Ordenanza Municipal de Brandsen nº 1970/18, en cuanto suprime el órgano de la justicia de faltas de titularidad de la actora y retrotraer la situación al estado anterior al dictado de dichos actos, reponiéndose en el cargo y funciones mencionadas a la Dra. Paula Valeria Ferrari. Todo ello con el límite temporal indicado en los considerandos precedentes, previa caución juratoria que deberá prestarse (arts. 22, 23, 24, 25 y concs., ley 12.008 cit.y art. 195 y sigs., 230 y sigs. y concs. del C.P.C.C., conf. art. 77, ley 12.008), sin costas por no haber mediado sustanciación (art. 51 ley 12.008, t. seg. ley 14.437).
Fdo. Gustavo Daniel Spacarotel, Juez. Gustavo Juan De Santis, Juez. Claudia A.M. Milanta, Juez. Dra. Mónica M. Dragonetti, Secretaria.
REGISTRADO BAJO EL Nº 508 (I)