Source: http://enriquealvarezconde.es/blog/articulos-de-interes/
Timestamp: 2017-09-22 18:43:20
Document Index: 366443486

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 988', 'artículo 70', 'artículo 5', 'artículo 7']

LA REVOCACIÓN DE LA "DOCTRINA PAROT" POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CRÓNICA DE UN FALLO ANUNCIADO
La jurisprudencia derivada de esta resolución, así como de la de 10 de julio de 2012, se inserta en una línea propia de cualquier Estado democrático según la cualnullum crimen, nulla poena sine lege, en términos análogos a los recogidos por el artículo 25 de la Constitución española. Como viene siendo tradicional, el contenido de este derecho se ha visto integrado de una triple perspectiva, comúnmente condensada en la exigencia de lex previa, scripta, stricta. Así, quedan prohibidas las definiciones vagas e indeterminadas de delitos y penas en normas de rango insuficiente (lex scripta), la retroactividad de disposiciones desfavorables al reo (lex previa) y la interpretación analógica de la norma penal (lex stricta).
Como bien siendo habitual, el TEDH recuerda que la garantía recogida en el artículo 7, que es un elemento esencial del Estado de Derecho, ocupa un lugar importante en el sistema de protección del Convenio, como lo recalca el hecho de que no se permite su derogación en virtud del artículo 15 en tiempo de guerra o de otra emergencia pública. Debe ser interpretada y aplicada, como se entiende por su objeto y propósito, de tal forma que proporcione garantías efectivas contra procesos, condenas y castigos arbitrarios.
En su reiterada jurisprudencia en la materia, el TEDH viene declarando que el artículo 7 no se detiene en la prohibición de retroactividad de normas penales, sino que añade, como corolario a la tutela que dispensa, un mandato de determinación en la redacción de la norma. Este mandato tiene dos vertientes: en primer lugar, el principio de taxatividad en la definición de los delitos y las penas. En segundo lugar, la determinación de las conductas punibles deben ser esclarecidas mediante el ejercicio de la jurisdicción, pero sin que exista margen alguno para la interpretación extensiva por analogía in malam partem. El contenido de este mandato fue definido por el TEDH en el asunto Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993: “El Tribunal señala que el artículo 7.1 del Convenio no se limita a prohibir la aplicación retroactiva del derecho penal en detrimento del acusado. Se consagra así, de manera más general, el principio de la legalidad de los delitos y las penas y el que exige no aplicar la ley penal de manera extensiva en detrimento del acusado; especialmente por analogía; de ello se deduce que un delito debe ser claramente definido por la ley. Esta condición se cumple cuando el individuo puede conocer, a partir de la redacción del artículo aplicable y, en su caso, con la ayuda de su interpretación por los Tribunales, qué actos y omisiones comprometer su responsabilidad”.
Por lo que afecta a la interpretación extensiva por analogía in malam partem, elleading case es el asunto Baskaya y Okçuoglu c. Turquía, de 8 de julio de 1999. En aplicación de la Ley de prevención del terrorismo turca, un Tribunal condenó a los recurrentes como autoras de delitos de propaganda separatista contra la indivisibilidad del Estado. A pesar de que la legislación penal diferenciaba entre los autores y los editores de una publicación, estableciendo penas más severas para los primeros (prisión) que a los segundos (multa), el Tribunal turco aplicó a los editores de un escrito la pena de prisión prevista para los autores. Esta aplicación extensiva de la norma penal fue declarada contraria al artículo 7 CEDH, en una línea jurisprudencial posteriormente confirmada en el asunto E.K. c. Turquía, de 7 de febrero de 2002.
Pues bien, volviendo a la sentencia que enjuicia la “doctrina Parot”, el TEDH recuerda que por decisión de 30 de noviembre de 2000 la Audiencia Nacional fijó el límite máximo del cumplimiento de todas las penas dictadas contra la demandante en 30 años de prisión, de conformidad con el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, en vigor en el momento en que se cometieron los hechos. El 24 de abril de 2008, el centro penitenciario señaló el día 2 de julio de 2008 como fecha para la puesta en libertad de la demandante, después de aplicar las remisiones de penas por trabajo sobre el límite máximo de 30 años de prisión. Posteriormente, el 19 de mayo de 2008, la Audiencia Nacional solicitó a las autoridades penitenciarias la modificación de la fecha prevista de puesta en libertad y realizar un nuevo cálculo de acuerdo con una nueva jurisprudencia establecida en la sentencia del Tribunal Supremo 197/06 del 28 de febrero de 2006. Según esta nueva jurisprudencia, los beneficios y remisiones de penas debían aplicarse en cada una de las condenas individualmente, y no sobre el límite de treinta años de prisión. Aplicando el nuevo criterio, la Audiencia Nacional señaló el 27 de junio de 2017 como la fecha definitiva de puesta en libertad de la demandante.
Sentado lo anterior, el Tribunal considera que, desde el 3 de julio de 2008, la reclusión de la demandante no es «regular». Por lo tanto ha habido violación también del artículo 5.1 del Convenio, lo que es objeto de apreciación unánime por la Gran Sala (17 votos).
Hoy se celebra una nueva Diada de Cataluña. Ha pasado un año desde la impresionante demostración de fuerza del nacionalismo catalán. La mayoría de las fuerzas políticas catalanas —con significativo apoyo ciudadano— reclama la celebración de un referéndum (consulta) sobre el futuro de Cataluña (que llaman “derecho a decidir”). El sistema político español, por su parte, parece mirar para otro lado, atrincherado en la afirmación de la ilegalidad del referéndum, como si ello zanjase definitivamente la cuestión. Mientras tanto, el independentismo catalán sigue su camino. El número de quienes se muestran favorables a la independencia parece haber aumentado (los independentistas “recientes”) y no parece cuajar en Cataluña una reacción política socialmente consistente frente a la estrategia nacionalista.
El desarrollo del proceso resulta sorprendente para quien haya observado el devenir de otros retos similares en las democracias liberales de nuestro tiempo. Parece como si nadie quisiera aprender —y asumir— las lecciones contenidas en esas experiencias. Cada país tiene sus peculiaridades y sus tradiciones; en ocasiones, muy distantes. Pero las democracias actuales se asientan sobre unos principios fundamentales compartidos. Es ilusorio creer que se puede eludir el test de los procesos seguidos en Canadá (Quebec) y en Reino Unido (Escocia), especialmente con la cercanía geográfica y temporal del proceso escocés.
Frente a lo que trata de mostrar el nacionalismo catalán, la independencia de territorios no es un fenómeno natural en las democracias, sino una hipótesis que pone en cuestión el sistema constitucional. En las democracias liberales no existe un derecho a la secesión. Como estableció el Tribunal Supremo (TS) de Canadá, con unánime respaldo académico, ni el derecho internacional ni el derecho interno amparan un derecho similar. En nuestro caso, además, afecta al orden europeo, lo que dificulta aún más esa pretensión.
El nacionalismo catalán también juega con la legalidad. Olvidan que en las democracias constitucionales la legalidad no es disponible. El carácter incuestionable del rule of law es lo primero que ha quedado claro en los procesos canadiense y británico. Se podrá discutir si la legalidad constitucional española permite un referéndum como el que pretenden las instituciones catalanas; o si para ello sería necesaria, previamente, la reforma constitucional, con la concurrencia de voluntades políticas que requiere. Y se podrá sostener, en su caso, la injusticia de la legalidad. Pero solo puede situarse al margen de ella quien esté dispuesto a inmolarse políticamente. Cataluña no es Kosovo; ni estamos en 1934.
El nacionalismo catalán pretende, asimismo, imponer una concepción absorbente del principio democrático; la voluntad popular entendida como simple principio de mayoría (majority rule). Trata de introducir por la puerta trasera lo que había sido previamente expulsado por la puerta principal: el derecho de autodeterminación. Se sostiene que, si el electorado de Cataluña apoyase mayoritariamente la independencia en referéndum (consulta), no habría posibilidad de oponerse democráticamente a esa voluntad. Como afirmó el TS de Canadá, quien así piensa, además de desconocer la falta de efecto legal directo del referéndum, “malinterpreta el significado de la soberanía popular y la esencia de la democracia constitucional”. El principio democrático se integra en un conjunto de principios constitucionales que se condicionan recíprocamente, dentro de la legalidad.
Pero lo que más sorprende, comparativamente, en el proceso de la reclamación independentista de Cataluña, es la atonía del sistema político español al afrontar ese reto y la fragilidad del movimiento interno de oposición. Es normal que los nacionalistas sigan intentando imponer parámetros que han sido rechazados en otros sistemas democráticos. Pero no lo es que las fuerzas políticas que defienden la conveniencia de que Cataluña siga formando parte de España y las instituciones del Estado no extraigan de ellas mejores lecciones.
El sistema político español parece haber abandonado el terreno del debate sobre las pretensiones del nacionalismo catalán, en llamativo contraste con el debate en Reino Unido o, antes, en Canadá. Se enfrenta, así, a un serio riesgo de fracaso, perdiendo la adhesión de la ciudadanía catalana. ¿El sistema político español no tiene nada más que la legalidad para oponer a la estrategia rupturista del nacionalismo catalán y ganarle democráticamente la batalla política en la propia Cataluña?
El TS de Canadá acertó plenamente al afirmar que una democracia que funcione exige un continuo proceso de debate; y —añadía— quienes legítimamente insisten en la necesidad de respetar el principio de legalidad no pueden hacer caso omiso de la necesidad de justificar su legitimidad a la luz de los principios y valores constitucionales. No solo hay que garantizar la legalidad; también hay que convencer de su idoneidad. Lo contrario significa abandonar el terreno al nacionalismo para que prosiga, sin obstáculos, su labor proselitista.
La cuestión del referéndum no queda liquidada con la afirmación de su ilegalidad constitucional. No creo que esta cuestión se haya debatido suficientemente. En cualquier caso, más allá de ella, tenemos pendiente el debate sobre la idoneidad de su regulación constitucional y estatutaria. El constituyente recelaba del referéndum. No le faltaban razones. Pero es ineludible el debate sobre cuáles son las razones que, si es así, legitiman la exclusión entre nosotros de un tipo de referéndum que es posible en otros (algunos) sistemas democráticos. Y, en su caso, cuáles son las razones para seguir excluyéndolo, negándose a cualquier reforma, si fuese necesaria, que lo permitiese. Pero a ese debate hay que exigirle rigor jurídico. Se va extendiendo peligrosamente la premisa de que “si hay voluntad política, todo es posible jurídicamente”. Inaceptable derecho “plastilina”, bon à tout faire, que sirve para lo que en cada momento interese.
A la luz de la experiencia en otros países, no parece que negarse a entrar en ese debate sea un terreno político muy firme; ni la opción política más conveniente para afrontar, con solidez, la confrontación que plantea el nacionalismo, dentro y fuera de Cataluña. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, por sorprendente que parezca, el consenso sobre la necesidad de realizar el referéndum incluye a significativas fuerzas políticas que manifiestan, sin embargo, su oposición a la independencia. La sociedad catalana tiene que empezar a enfrentarse a lo que pone en juego en este proceso: la incertidumbre sobre su economía y su pertenencia a la UE o su fractura interna, entre otras cosas. Y eso no ocurrirá mientras no se rompa el encantamiento que el nacionalismo ha sabido crear con el “derecho a decidir”. Porque, políticamente, este reto no se ganará, únicamente, desde la legalidad ni desde fuera de la sociedad catalana.
Cerrada la vía del referéndum, el nacionalismo abrirá otros caminos para mostrar el respaldo popular a sus demandas. Caminos que le exigirán tratar de incrementar la tensión política, radicalizando el movimiento, devorando a muchos de quienes se han creído capaces de conducirlo y transformando el mapa político catalán. Una situación más difícil de gestionar para Cataluña y para España.
En cualquier caso, sea cual sea la opción que se adopte, no se puede olvidar qué es lo que nos ha traído hasta aquí: los problemas irresueltos del sistema autonómico. Afrontar su reforma, tratando de dar adecuada solución a esos problemas, eludiendo los graves errores cometidos en la reforma del Estatuto, resulta indispensable. Pero para ello se necesita tiempo, acierto y un gran consenso. Lo que resultará suicida para la democracia española es eludir, al mismo tiempo, el reto de las instituciones catalanas exigiendo un referéndum sobre la independencia y la reforma del sistema autonómico. Los indicios no son nada halagüeños.
Hace 15 años, el Tribunal Supremo de Canadá hizo público su dictamen sobre una hipotética secesión unilateral de Quebec. La cuestión, planteada por el Gobierno federal, se concretaba en dos preguntas. Por la primera, se quería saber si la Constitución canadiense lo admitía. Por la segunda, si el derecho internacional público lo amparaba. El Tribunal Supremo respondió no en ambos casos, lo que podía darse por supuesto. Pero añadió unas consideraciones de gran interés, con las que aportó criterios para encauzar un problema político jurídicamente irresoluble.
No era fácil. Los nueve magistrados del Tribunal Supremo son designados, todos, por el primer ministro federal de Canadá y ejercen su cargo hasta los 75 años. Aparte de dictar sentencias, el tribunal puede actuar como órgano consultivo del Gobierno federal emitiendo los dictámenes que este pueda pedirle. La manera en que se hacen los nombramientos, de acuerdo con la voluntad del jefe del Ejecutivo federal, hace que se presuma que el tribunal dará la razón a la federación más a menudo que a las provincias. Y cuando el Gobierno federal pidió el dictamen del que hablamos, el clima era tenso. En octubre de 1995 el Gobierno soberanista de Quebec había convocado un referendo sobre la secesión, con una pregunta de claridad dudosa. El no ganó por muy poco, y le tocaba al Tribunal Supremo manifestarse sobre la legalidad de la secesión que pretendían los soberanistas si hubieran ganado. Asimismo, los magistrados se jugaban la reputación. Debían dar una opinión jurídica, pero sin permitir que el tribunal apareciera como un mero instrumento al servicio del Gobierno federal. No podían complacer simultáneamente a secesionistas y federalistas, pero debían mantener en ambos campos un mínimo de credibilidad.
El dictamen del 20 de agosto de 1998, hoy hace tres lustros, dice que no puede llevarse a cabo unilateralmente la secesión porque la Constitución canadiense no lo permite. No lo permiten sus preceptos ni -lo que es más importante- lo permite la lógica del constitucionalismo canadiense. La Constitución canadiense puede modificarse siguiendo los procedimientos previstos, y acoger en su caso la secesión de Quebec. Pero reivindicar como un derecho absoluto el de separarse significa menospreciar la importancia de la negociación política inherente a la vida democrática. No puede tampoco invocarse el derecho a la autodeterminación en los términos del derecho internacional público. Tal como lo interpreta el Supremo canadiense, el derecho a la autodeterminación solamente puede llevar a la secesión en los casos de pueblos colonizados u oprimidos, que no es el de Quebec dentro de la federación canadiense.
Puede haber quizá otras interpretaciones, como ocurre siempre en el mundo del derecho. Pero el Tribunal Supremo de Canadá se esfuerza en explicarse aportando cuatro principios sobre los que, vinculados, hace girar los argumentos: federalismo, democracia, constitucionalismo y Estado de derecho, y respeto a las minorías. Estos cuatro principios son imprecisos, pero tienen la virtud de resultar mínimamente aceptables, todos o algunos, como valores compartidos por las partes en conflicto. Se encuentran en un terreno común, sobre el que el tribunal plantea lo que hace que hoy lo recordemos. Tras afirmar que la secesión unilateral de Quebec es jurídicamente inadmisible, indica también que si hubiera una mayoría clara a favor de la secesión, en respuesta a una pregunta también clara, los gobiernos federal y provincial deberían negociar para dar una salida a la voluntad del pueblo de Quebec.
El dictamen no determinaba qué era una pregunta clara, ni la mayoría clara afirmativa que llevaba a la negociación, pero con él el tribunal conseguía dos cosas muy importantes: evitar aparecer como un mero instrumento del Gobierno central y ser útil al proceso político. Haciéndose eco del dictamen, el 21 de agosto de 1998 la portada de Le Devoir, diario quebequés que no puede ser tachado de hostil al soberanismo, reflejaba que tanto los independentistas como sus adversarios se consideraban ganadores morales.
En resumen: cuando la aplicación de las normas lleva al enquistamiento de un problema político, el Tribunal Supremo canadiense emplea los principios que inspiran estas normas para ofrecer criterios de solución política. Hay crisis constitucionales que solo pueden resolverse en el plano político, y los valores inspiradores del derecho pueden ayudar. Sobre todo, con tribunales que, además de ciencia jurídica, tienen sentido común.
EL DECRETO-LEY 6/2013, DE 9 DE ABRIL, DEL GOBIERNO DE ANDALUCÍA PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA
Miguel Ángel Presno Linera, Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo. Acreditado como Catedrático. Artículo publicado el día 11 de abril de 2013, en el Blog El derecho y el revés.
Rosario Tur Ausina, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Miguel Hernández de Elche. Artículo publicado el día 4 de abril de 2013, en el Diario Información.
Los recientes episodios judiciales que se ciernen sobre algún miembro de la Casa Real han colocado a la Monarquía en una delicada situación que nos lleva a unas breves reflexiones, no solo sobre el alcance de la responsabilidad del monarca y de los miembros de la Casa Real, sino sobre la misma posición de esta institución en un Estado Social y Democrático de Derecho.
En la configuración de la Monarquía es lógica y bien conocida la inimputabilidad del Rey. Dado que la Monarquía no es, por definición, una institución que emane de la propia voluntad popular, el principio democrático impide, en consecuencia, que el Rey posea poderes propios y que sus actos tengan que ser “debidos” o, lo que es lo mismo, que estén predeterminados o sean decididos por otro órgano. Así pues, es consecuente con ello que no deba responder por actos que formaliza pero de los que no decide. Y todo esto, visto de esta forma y sólo así, encaja perfectamente con la democracia misma. La misión de una monarquía parlamentaria es entonces otra, que no poco importante: animar, advertir y ser informado, en palabras de Walter Bagehot (“the right to be consulted, the right to encourage, the right to warn”).
No entraremos, por lo demás, a valorar qué ocurre con los actos del monarca en su vida privada. Pero sí diremos que dado el escaso -por no decir inexistente- desarrollo normativo de esta institución, y ante la falta de procedimiento alguno arbitrado al efecto, no es de recibo ni siquiera la responsabilidad por actos cometidos en el ejercicio privado: no resultaría tolerable que cualquier órgano judicial pueda juzgar al titular de la Corona, al que se colocaría en una manifiesta situación de indefensión. Pero sumémosle a ello dos argumentos más íntimamente unidos: ni con nuestra escasa tradición monárquica en democracia podemos permitirnos esta situación (todavía seguimos necesitados de que la Monarquía parlamentaria se asiente), ni el titular de la Corona puede colocarse en situación de cometer ilícito alguno (no sé si hasta el punto de decir que el Rey no puede permitirse, ni siquiera, ser humano). Y es que no hemos de olvidar, no sólo que estamos ante una institución -la Jefatura del Estado- que cumple un cometido esencial en el funcionamiento del sistema, sino que aquella ha sabido, además, ajustarse por primera vez en la historia al principio democrático y contribuir a su realización efectiva. Ahora bien, dicho esto y desde la perspectiva de una democracia que todavía intenta consolidarse, podemos hacer algo -mucho- por colocar a las instituciones donde les corresponde. Pensemos, por lo demás, que la crisis institucional que vivimos es todavía más grave que la crisis económica a que se alude frecuentemente: cuestionamiento del modelo territorial, desafección ciudadana, etcétera, y ahora, la jefatura del Estado.
La estabilidad democrática exige, y más con los tiempos que corren, el cumplimiento escrupuloso de los principios constitucionales. Empecemos por las propias instituciones públicas -incluida la Casa Real-: transparencia, rendición de cuentas, o impecable consideración a las reglas del juego democrático -lo que incluye el escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, lo cual no parece deducirse del último comunicado de la Casa Real-.
En este contexto creo que una cuestión debe quedar clara. El status del Rey no es aplicable a los miembros de la Casa Real. Las cuestiones que sobre la irresponsabilidad del monarca hemos planteado no son sin más extensibles al resto de la Familia Real, integrada desde este punto de vista por personas normales y corrientes. Pero ello es así con un matiz particular que cambia algo las cosas. La figura de la Monarquía, como decíamos con anterioridad, no se mide por el poder efectivo que ejerce, pues sus poderes no son propios. No tiene, como solemos decir, “potestas”. Pero esa capacidad para animar, advertir o exigir información se traduce en una no menor fuerza: su autoridad (su “auctoritas”), o su capacidad para transmitir serenidad, equilibrio y moderación a una democracia. Su imagen, si se quiere, durante todos los días y en cualquier situación. Una institución no democrática que paga el precio de integrarse en el conjunto de los poderes del Estado a través del hecho de ser valorada o juzgada, no por el poder -que no lo tiene ni lo ejerce-, sino por la imagen y autoridad que transmite, siempre y en cualquier momento. Y para construir esta imagen y esta autoridad, para contribuir al correcto funcionamiento de la institución monárquica, sí es importante lo que les suceda a los miembros de la Casa Real. Por ello, creemos que a éstos debería resultarles de aplicación el mismo fuero judicial que a otras instituciones, sin que parezca lógico que cualquier órgano judicial pueda conocer de las causas contra los miembros de la Casa Real.
La conclusión es clara: respeto del Estado de Derecho por las mismas instituciones, en un Estado de Derecho que también respete las instituciones mismas, en un perfecto equilibrio que ahora no existe.
PARLAMENTARIOS SIN SUELDO
Jorge de Esteban, Catedrático de Derecho Constitucional. Artículo publicado el día 2 de abril de 2013, en el Diario El Mundo.
Hace unos días 21 diputados del PSOE de la Asamblea de Castilla-La Mancha presentaron sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por haberles dejado sin sueldo fijo una decisión de la presidenta de esa comunidad, María Dolores de Cospedal. Al mismo tiempo, y de forma paralela, 50 senadores del mismo partido presentaron igualmente un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que regula dicha decisión, la cual, por otro lado, se ha recurrido también en la vía contencioso-administrativa.
Aunque esta acumulación de recursos sea redundante, parece incuestionable que se trata de una norma inconstitucional que el Constitucional no tendrá más remedio que rechazar. Por lo demás, estas medidas son consecuencia de la política de recortes, en todas direcciones, que viene tomando el Gobierno del PP para atajar el déficit que ha corroído la economía española en los últimos años. La idea de reducir gastos de las autonomías, referidas a los excesos de personal político en los parlamentos autonómicos, fue probablemente de Esperanza Aguirre, cuando la expresó hace ya un año. Sin embargo, su propuesta iba dirigida a reducir el número de los diputados de los parlamentos autonómicos en muchos casos sobredimensionado. Por la misma vía transitan otros presidentes autonómicos del mismo partido, como el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el de Extremadura, José Antonio Monago, puesto que ambos también opinan que deberían reducirse los diputados de sus parlamentos.
En principio, la idea es válida, pero no basta con que cada comunidad se pronuncie o no por esa reforma, que en cada caso se adoptaría con criterios diferentes. Lo que España necesita es una reforma racional y global del Estado de las Autonomías. El método de ir reformando una casa de vecinos que se encuentra en quiebra, por lo que cada vecino decida respecto a lo que conviene hacer en su parcela, no aseguraría la estabilidad del edificio entero. Lo que cada vez resulta más necesario en nuestro país es una reforma general, y no por parcelas, del Estado autonómico. Por eso sorprende que Cospedal se haya desdoblado en dos personas distintas, siguiendo la conducta que le marcan sus dos cargos acumulados. Por una parte, es presidenta de Castilla-La Mancha, lo que justificaría sus anhelos de recortar gastos en su jurisdicción. Pero es también la secretaria general del PP, el cual no sólo goza de una mayoría absoluta, todavía estéril, en las Cortes, sino que asimismo es mayoritario en 14 de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas que integran el Estado de las Autonomías. Lo lógico sería que se hubiera impuesto su condición de secretaria general del PP sobre su cargo de presidenta autónoma, proponiendo la reforma general del Estado de las Autonomías y no sólo la de su comunidad. Al no haber sido así, ha demostrado que ambos cargos deberían ser incompatibles, porque, si ella es partidaria de reducir los sueldos de sus diputados, no resulta un buen ejemplo el que acumule varios de sus diferentes cargos.
Pero dejando de lado esas minucias, valoremos política y jurídicamente la decisión que se tomó. En primer lugar, si de lo que se trata es de reducir gastos e impedir las corruptelas que en estos años han imperado en los parlamentos autonómicos, su medida puede ser contraproducente. En efecto, según la reforma del Reglamento de la Cámara de Castilla-La Mancha, hay, a partir de enero de este año, dos tipos de diputados. Por una parte, los de plena dedicación. Y por otra, los de dedicación parcial. Lo cual comporta una diferencia en el tratamiento económico de unos y otros. Los diputados con plena dedicación, y los que posean algún otro cargo, por formar parte del Gobierno autonómico, dispondrán de una remuneración fija, mientras que los diputados del PSOE que integran la oposición solamente dispondrán de dietas que se pagarán por asistencia a los plenos o a las diferentes comisiones. Esto es completamente absurdo, porque, si algunos diputados no disponen de una remuneración suficiente, se les está invitando a que puedan buscar más ingresos por otra vía que no sea la legal, esto es, se puede favorecer así la corrupción. Pero, además, se trata de un tratamiento antidemocrático, porque en el fondo se esta minusvalorando el papel de la oposición, que en una democracia es indispensable, por lo que debe contar con los medios suficientes para llevar a cabo su misión y dedicarse de forma exclusiva a su tarea. No es extraño, por tanto, que el Consejo de Europa haya escrito un informe sobre la democracia local y regional de España, donde formula una docena de recomendaciones al Gobierno. Entre ellas se señala que los parlamentarios regionales, de acuerdo con el artículo 7 de la Carta Europea de Autonomía Local, deberán gozar de una “compensación financiera adecuada para los gastos que comporta el ejercicio adecuado de su mandato”. En este sentido, cualquier limitación en los emolumentos de los diputados que no alcancen un nivel digno no supondrá sino un mayor rechazo a la dedicación política. De forma subrepticia, lo que se acabará imponiendo es que sólo se dediquen a la actividad política los que dispongan de un peculio suficiente para vivir o los que no sirvan para otra tarea. También la picaresca puede funcionar cuando se adopta el sistema de dietas por asistencia, ya que es humano que todo el mundo esté dispuesto a asistir a continuas reuniones, aunque no sirvan para nada, con tal de cobrar la dieta.
Esta medida limitada ahora a Castilla-La Mancha es inconstitucional por dos motivos. En primer lugar, porque establece una desigualdad entre los diputados autonómicos, pues mientras que unos cobran salarios fijos, otros reciben dietas de menor cuantía, que no les garantiza una estabilidad económica. En efecto, el art. 23 de la Constitución establece que: “Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes”. Luego en Castilla-La Mancha se discriminan a unos diputados respecto a otros, no sólo en su sueldo sino también en su dignidad, ya que algunos sólo se dedicarán a la política “a tiempo parcial”. Y, por otro lado, el art. 149.1 de la Constitución señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. En estos dos supuestos está claro que la Constitución, además de lo que señala su art. 14, establece las bases igualitarias que deben regir en todo el territorio nacional, es decir, en todas las comunidades autónomas, por lo que no es posible que existan discrepancias entre ellas en lo que se refiere a la función representativa.
La consecuencia de todo lo expuesto es muy simple: de nada servirá que se vayan estableciendo parches en las comunidades, si no se lleva a cabo una reforma constitucional que embride los excesos y desigualdades de las diversas regiones españolas. Se trata de que se establezca, lo decimos desde hace 25 años, un modelo racional y definitivo de Estado descentralizado, antes de que éste salte por los aires. Si lo que se quiere es reducir unos costes que no podemos permitirnos ahora, se deberían establecer criterios justos de proporcionalidad entre el número de habitantes de cada región y el del menor número posible de representantes en los parlamentos locales. Por otra parte, salvo en los supuestos de Cataluña y el País Vasco, se deberían recortar también las competencias de éstos para evitar duplicidades absurdas. En definitiva, no sabemos a qué espera el Gobierno del PP para adoptar las medidas necesarias que exige el buen funcionamiento de nuestro Estado y para garantizar la igualdad entre todos los españoles, pues lo que está en juego es la supervivencia de la Nación española.
Pablo Salvador Coderch, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra. Artículo publicado 24 de marzo de 2013, en el Diario El País.
En 2010, el sistema universitario público español obtuvo 401 patentes. Robert Samuel Langer, un investigador químico del Massachusetts Institute of Technology (MIT), él solo, tiene 810, más del doble. Tomo la referencia del informe elaborado por la comisión ministerial de expertos para la reforma de nuestra universidad (Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, accesible en Internet), un relato sensato, serio y sombrío sobre la academia española.
Las autoridades académicas suelen defenderse alegando la irrelevancia de los rankings y nuestra insuficiencia crónica de recursos. Pero si fuera así, las carencias afectarían también a países no tan alejados del nuestro en renta y riqueza -como Israel, Brasil, Taiwán o Corea del Sur-, pero que tienen universidades muy destacadas. Más significativa es la objeción de que, vistas de cerca, muchas de nuestras universidades cuentan con centros, enseñanzas y equipos extraordinarios, como las magníficas facultades de Ciencias y Medicina en Barcelona, o el exquisito y críptico CFIS de la Politécnica catalana. Un estudio empírico muy reciente, a cuyo contenido la comisión no ha alcanzado a acceder, resalta la creatividad contrastada de los graduados norteamericanos en dos carreras: sus estudiantes construyen puentes entre ambas y los cruzan una y otra vez, con resultados espectaculares, algo que en España también ocurre y que el mercado lleva una década detectando (The Chronicle of Higher Education, edición del 16 de marzo de este año). Por eso me parece aberrante que, en nuestras latitudes, al estudiante español que quiere cursar un segundo grado le suban las tasas de matrícula.
Implacable, la comisión aboga por la recentralización ministerial de los concursos de selección de catedráticos de universidad: comisiones nacionales -cuyos miembros serían sorteados entre pools integrados por los investigadores mejor considerados por otras comisiones ministeriales- decidirían quiénes habrán de ser los profesores funcionarios del futuro. No es una buena metodología, me atrevo a oponer. La suerte, incluso entre seleccionados, es un criterio inaceptable para cualquier persona u organización que conforme equipos, y las comunidades de investigadores son tales.
Con todo, es difícil discrepar de bastantes de las propuestas concretas de la comisión. Así, la exigencia de evaluaciones externas de las universidades, o la petición de que el marchamo de excelencia se dé a unas pocas -no a más de la tercera parte de ellas, como ha ocurrido en el caso español-, o la apelación por dejar un solo y único órgano de gobierno universitario -que, además, designe al rector-, la reivindicación de la calidad y la investigación, todo está muy bien. Y la idea rectora del informe es indiscutible: hay que primar la investigación y la innovación. El problema es la manera de conseguirlo.
Araceli Mangas Martín, Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Artículo publicado 19 de marzo de 2013, en el Diario El Mundo.
Una infracción muy habitual tiene que ver con la ligereza con la que los políticos nacionales y regionales tratan los dineros públicos: dan subvenciones a empresas sin cumplir las normas de la UE –que las prohiben con carácter general por falsear la libre competencia– y que sólo una a una pueden ser autorizadas por la Comisión Europea. Como para chulos nosotros, primero, damos las subvenciones a las empresas sin pedir o esperar a la autorización; cuando la Comisión exige la recuperación, se mira para otro lado y se aguanta. España (por medio de las autoridades regionales, País Vasco en este caso) se negó a aplicar las decisiones de la Comisión; ésta demandó a España (la responsabilidad es del Estado en su conjunto) que hizo caso omiso de la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la UE en 2002. La Comisión fue paciente y volvió a demandar a España por inejecución de sentencia en 2010 y la nueva condena en diciembre de 2012 alcanza la friolera de una multa de 20 millones de euros y 50.000 euros más por cada día sin ejecutar la sentencia de 2012. Los políticos nos ocasiona dos agujeros: las subvenciones y las multas, y todo abonado por las clases medias y bajas que son las que pagan impuestos.
En el ámbito procesal-penal no ganamos para sustos. Al socaire de los complejos por la dictadura sufrida y un pésimamente malentendido garantismo, políticos y juristas aviesos olvidan a las víctimas de cualquier delito y se obsesionan con proteger a los delincuentes. En febrero de estemismo año el Tribunal de Justicia (asunto Stefano Melloni) rechazó que quisiéramos aplicar a delincuentes reclamados por otros Estados miembros la normativa procesal penal española que impide juzgar (y entregar) a los procesados que se fugan o no se personan en juicio –como si de su sola voluntad dependiera el proceso penal–. En España se premia al presunto delincuente que se burla de la Justicia y no se persona en juicio.
Frente a la posición de los tribunales españoles –incluido el Constitucional que planteó, por fin, la primera cuestión prejudicial– de ser más exquisitos que nadie con los rebeldes reos de delitos, el Tribunal de la UE declara que «no se produce una vulneración del derecho a un proceso equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando haya sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un letrado al que haya conferido mandato a ese efecto». Es una ironía aberrante de la legislación española, además de una incongruencia, exigir la presencia física del justiciable y al tiempo exigir que esté representado obligatoriamente por procurador, como si el ciudadano fuera un ser invisible aunque se persone ante el juez. Basta ya de dar lecciones a Europa con nuestros complejos de la dictadura y nuestros aires de superioridad garantista sólo para los delincuentes.
LAS DOS grandes leyes procesales (enjuiciamiento civil y criminal) necesitan ser revisadas como en su conjunto la Justicia, heredera de oscurantismo del siglo XIX y del franquismo. Si a los procesos se les despojara de todos sus embrollos y trámites absurdos, la tutela judicial sería efectiva y la economía social ganaríamucho. La agilización de los procesos es una necesidad: aportaría eficiencia, seguridad jurídica y crecimiento. Pero con el tasazo judicial sólo se consigue aumentar los ingresos que succionará la partitocracia. La ineptitud de los políticos se comprueba cuando en vez de reformas estructurales se decantan por saquear a los ciudadanos.
En el último informe anual (cerrado a 31 de diciembre de 2011) sobre la aplicación del Derecho de la UE salimos zarandeados. Arrasamos, siempre después de Italia. España es el segundo país de la UE –no se olvide, 27 Estados– contra el que más denuncias se presentan; el segundo también en casos incoados de oficio por la Comisión Europea. Los segundos en números de expedientes pilotos abiertos (en los que la Comisión hace de cirineo para sacarnos de la infracción pero si no nos libramos de esa cruz, empieza el expediente en serio).Mejora nuestro ranking pues pasamos a ser los terceros en sentencias del Tribunal de Justicia que no ejecutamos… y logramos ser cuartos en el cómputo de expedientes acumulados por infracciones.
Ángel Rodríguez, Catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Málaga. Artículo publicado 16 de marzo de 2013, en el Diario de Cádiz.
Últimamente la Unión Europea (UE) sólo era fuente de malas noticias: la desacertada gestión de la crisis económica bajo la batuta alemana, a la que se encuentran sometidos (algunos, con gusto) el resto de los estados miembros ha exacerbado en la ciudadanía europea la conciencia de que el “déficit democrático” de la Unión, del que se viene hablando desde su fundación, le sustrae a sus instituciones una legitimidad de origen que en absoluto queda compensada por la llamada legitimidad de ejercicio. Por eso, en España como en tantos otros sitios, la opinión pública andaba ya muy poco dispuesta a jalear la idea europeísta, y la mayoría de los españoles empezaban a estar en amplio desacuerdo tanto con el origen del poder de la UE como con el modo de emplearlo.
Las consecuencias prácticas para los españoles de la sentencia del TJUE sobre el acuciante problema de los desahucios son difíciles de exagerar: nuestro vetusto sistema hipotecario contempla la posibilidad de denunciar la existencia de cláusulas abusivas impuestas sobre los particulares por la parte más poderosa, la entidad bancaria con la que se contrata un préstamo hipotecario. Pero esa posibilidad se remite a un proceso distinto del que entiende sobre la ejecución de la hipoteca, que además ni siquiera puede paralizarlo cautelarmente. Con nuestra ley, todo el que quiera oponerse a una ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas como los desproporcionados intereses de mora, la existencia de límites sólo a las posibles bajadas (no a las subidas) de los intereses del préstamo, la liquidación de la ejecución de manera unilateral por la entidad bancaria, etc, puede hacerlo… pero sin que por ello se paralice, ni se afecte en absoluto, al desahucio de su casa. Eso es lo que Europa, la misma Europa cuya política económica se encuentran tan denostada, hablando ahora por la boca de su Tribunal de Justicia, ha declarado contrario a la normativa de la UE. La sentencia nos recuerda también a todos que nuestro derecho está supeditado al derecho europeo y que cuando la Constitución dice de nuestros jueces que está sometidos “únicamente al Imperio de la Ley” se refieren no sólo a la ley española, sino, y por encima de ésta, al ordenamiento de la Unión.
LEY DE TRANSPARENCIA: LA HORA DE ESCUCHAR A LOS EXPERTOS
Joaquín Meseguer Yebra, Jefe de Servicio de Informes, Dirección General de Organización y Régimen Jurídico, Ayuntamiento de Madrid. Artículo publicado 14 de marzo de 2013, en el Blog de la Revista Catalana de Dret Públic.
Artículo publicado 11 de marzo de 2013, en el Blog de la Revista Catalana de Dret Públic
Asistimos a un constante aluvión de noticias relativas a la corrupción en España que, al margen de la indignación ciudadana que se genera –muy legítima-, obliga a adoptar medidas rápidas y eficaces que permitan reconducir esta patología. Por su extensión y efectos, dichas prácticas corruptas están debilitando no solo el modelo democrático de nuestra sociedad sino también, por sus claras implicaciones económicas, la anhelada recuperación financiera y empresarial que en tiempos de crisis como los actuales son muchos más visibles.
Por su dimensión cualitativa y cuantitativa, la corrupción es causa directa de muchos de los recortes en las prestaciones públicas, que resultarían innecesarios de haberse resuelto previamente (no en vano la estimación económica de su impacto sería varios puntos del PIB). Y ya no se puede esperar más. Debemos exigir a nuestros gobernantes y a toda la clase política que afronten con decisión esta grave enfermedad de nuestro sistema democrático, auténtica prioridad frente a otras políticas.
En la Comunidad de Madrid las mujeres asalariadas cobran casi 8.000 euros menos al año y las jubiladas 5.000 menos que los varones.
Laura Nuño Gómez, Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y directora de la Cátedra de Género del Instiuto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Artículo publicado 7 de marzo de 2013, en nuevatribuna.es
La temporalidad, el trabajo a tiempo parcial, el desempleo de larga duración y la pobreza tienen rostro femenino. Sólo en la Comunidad de Madrid reside la tercera parte de las trabajadoras con contratos a tiempo parcial, la diferencia entre mujeres y hombres en las de ocupación ronda el 7% y la masa salarial que acaba en manos femeninas no representa ni la tercera parte del total existente en toda la región. En la Comunidad de Madrid las mujeres asalariadas cobran casi 8.000 euros menos al año y las jubiladas 5.000 menos que los varones. En nuestro país, desde el año 1999 alrededor de 900 mujeres han encontrado la muerte en manos de su pareja o expareja. Sólo en la Comunidad de Madrid, durante este periodo, sabemos que se han producido 98 muertes por violencia de género. Podríamos seguir con este relato intolerable de desigualdad, pero los datos son públicos, la desigualdad evidente y las consecuencias demoledoras para una sociedad pretendidamente democrática.
Sra. Directora General de la Mujer, por todo ello, el 8 de marzo no queremos una mascarilla capilar ni siquiera un postre gratis, queremos que se reivindique la igualdad entre mujeres y hombres, que se conmemore el día luchando por nuestros derechos y denunciando el amplio abanico de desigualdades por desgracia existentes.
Queremos las mismas oportunidades de encontrar empleo y, de ser así, el mismo salario y las mismas posibilidades para promocionar en él.
Queremos no asumir el cuidado que nuestro gobierno desprecia y descuida.
Queremos servicios de atención a la infancia y a las personas dependientes para que esto no se cargue sobre nuestras espaldas.
Queremos que no nos maten a palos, que no nos discriminen, que no utilicen nuestro cuerpo como reclamo publicitario y que nos dejen decidir sobre el mismo.
Queremos que nuestra maternidad sea nuestra y nuestra sexualidad, también.
Queremos poder de decisión sobre nuestras vidas, cuerpos e identidades.
Queremos que nos nombren. Existir en los papeles, en los discursos y que de una vez por todas se asuma un lenguaje no sexista, no excluyente.
Queremos que nuestra voz cuente, se escuche y tenga la misma autoridad que la que tiene la de los hombres
Queremos que se apliquen los compromisos internacionales asumidos por el gobierno español, las Directivas comunitarias y la legislación española en la materia.
En última instancia, queremos que la lucha y el reto por conseguir la igualdad de género se tome con el rigor que merece y no celebrando ese día con una campaña absurda instalada entre una suerte de consumismo y toda suerte de estereotipos sexistas.
El día 8 de marzo es un día que conmemora nuestra lucha histórica por la igualdad, nuestros derechos y nuestra muertas también.
Las políticas de igualdad que usted debería defender nada tienen que ver la imagen estereotipada que promueve la campaña “Decisivas” que propone obsequiarnos en tan emblemática fecha con un postre o con un servicio gratuito de mascarilla capilar. Ser decisivas nada tiene que con los valores que acompañan la campaña; salvo que ese sea el marco que nos propone como espacio de decisión.
Si quiere promocionar los comercios de Madrid, por favor, utilice otra fecha para ello, no olvide que la desigualdad de género sigue provocando decenas de muertes en nuestro país.
Si quiere obsequiarnos con algo, hágalo no tomándonos el pelo (con mascarilla capilar o sin ella), defendiendo con seriedad nuestros derechos y, en concreto, otorgando el valor que tiene al día 8 de marzo.
I+D: ¿SUSPENSIÓN ILEGÍTIMA DE SU FINANCIACIÓN?
Germán Orón Moratal, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat Jaume I de Castellón. Artículo publicado 15 de febrero de 2013, en el diario El Mundo, edición de Valencia.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria aprobada el pasado verano está dando lugar a que se produzcan algunos de los efectos en ella establecidos. Uno de ellos es que la advertencia de riesgo o el incumplimiento del objetivo de déficit comportará que la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte del Estado con Comunidades Autónomas incumplidoras precisarán, con carácter previo a su concesión o suscripción, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los últimos días se está conociendo la suspensión de la transferencia a las Universidades públicas de cantidades correspondientes a proyectos de investigación aprobados por distintos Ministerios.
Ahora bien, cabe preguntarse si las Universidades públicas pueden formar parte del ámbito subjetivo de entidades a las que se les puede aplicar estas medidas. Una cosa es la exigencia del equilibrio presupuestario, y otra distinta es la de trasladar las medidas correctivas a entes públicos que no incumplen las normas ni contribuyen a incumplir los objetivos de estabilidad y de deuda, y que además no pueden hacer nada en relación con la adopción de medidas para evitar tanto el riesgo, como que una Administración territorial incumpla.
Cuando la Ley Orgánica de Estabilidad define su ámbito subjetivo de aplicación, no deja lugar a dudas de la sujeción a la misma de todo el sector público, pero la aplicación de medidas correctivas y, en su caso, coercitivas, sólo deben ser aplicables a los sujetos para los que expresamente están previstas. Así pues, las Universidades públicas sin duda forman parte del sector público de la respectiva Comunidad a la que se le transfirieron las competencias, pero no se les puede equiparar a la correspondiente Comunidad Autónoma, pues tienen un régimen presupuestario específico, regulado en la Ley Orgánica de Universidades, y la circunstancia de que la Comunidad a la que esté adscrita pueda estar inmersa en los supuestos que comportan la aplicación de las medidas correctivas indicadas, creo que no es motivo suficiente para que una Universidad no pueda ser beneficiaria de subvenciones procedentes del Estado sin informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas -y de paso reducir gastos del Estado-, pues la autonomía universitaria reconocida en la Constitución no se ha condicionado por la Ley estableciendo que sus presupuestos deban formar parte de los de la respectiva Comunidad.
Se trata de presupuestos autónomos, aunque una parte importante del presupuesto de ingresos se nutre de transferencias autonómicas, y además deben ser informados por la correspondiente Consejería autonómica, pero que no forman parte del presupuesto de las Comunidades Autónomas, no lo ejecutan éstas, de ahí que un posible conflicto entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma en relación con el incumplimiento de los objetivos o de la apreciación de riesgo de incumplimiento, no debe llevar a privar de ingresos a las Universidades, transitoria o definitivamente, por una conducta sobre la que las mismas Universidades nada pueden hacer. Otra cosa sería que la misma Universidad estuviera inmersa en una situación de incumplimiento por haber incurrido en desequilibrio, pero no habiéndose constatado así, parece que más bien estaríamos ante la imposición de una restricción a quien no puede responder por ello, que además restringe ilegítimamente la autonomía universitaria constitucional en los términos que ha sido legalmente configurada, pues la Ley de Estabilidad no contiene ninguna mención expresa de las Universidades, para poder entender que condicione sus ingresos procedentes del Estado el comportamiento de los responsables de la Comunidad Autónoma en que esté enclavada.
Por otro lado, y a mayor abundamiento, esa medida constituye una muestra evidente de discriminación injustificada, puesto que a la mayoría de convocatorias de proyectos de investigación pueden concurrir tanto universidades públicas, como privadas, y a estas últimas, al no formar parte del sector público, nunca se le podría suspender o condicionar la subvención.
Por todo ello, pienso que las medidas correctivas debe entenderse que son aplicables sobre la misma Comunidad Autónoma y las entidades cuyo presupuesto deba integrarse en los que apruebe su respectivo Parlamento, pero no a quien jurídicamente no es Comunidad Autónoma.