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Timestamp: 2019-10-17 13:10:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 438', 'artículo 3', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 102', 'Artículo 118', 'artículo 122', 'artículo 133', 'artículo 143', 'artículo 62']

BOE.es - Documento BOE-A-2009-8140
Documento BOE-A-2009-8140
«BOE» núm. 119, de 16 de mayo de 2009, páginas 41608 a 41614 (7 págs.)
BOE-A-2009-8140
https://www.boe.es/eli/es/a/2009/03/26/(2)
La implantación y generalización del uso de sistemas informáticos y de comunicación electrónica en el ámbito de la Administración de Justicia constituye un ámbito de la realidad social e institucional cuya adecuada ordenación demanda normalmente la integración y cooperación de fuentes jurídicas de diversa procedencia.
En el plano legal, el artículo 230.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial instituye la competencia del Consejo General del Poder Judicial para la aprobación previa de los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia, con independencia de la Administración territorial que ostente la titularidad del correspondiente soporte –Ministerio de Justicia, o Comunidades Autónomas con competencias asumidas en relación con los medios materiales al servicio de la administración de justicia–, y para garantizar la compatibilidad recíproca de tales programas y aplicaciones en orden a asegurar su comunicación e integración.
Si bien el primer aspecto de la materia atribuida a la potestad normativa del Consejo, el relativo a la aprobación de programas y aplicaciones, se encuentra satisfactoriamente desarrollado en el Título VI del Reglamento 1/2005, el segundo, relativo a la determinación de las condiciones que aseguren la compatibilidad de programas, con todas las implicaciones que dicha atribución conlleva en cuanto a la necesidad de fijar pautas de comportamiento vinculantes para todos los usuarios de la informática judicial, ha experimentado un desarrollo desigual, pues de momento se circunscribe a un instrumento normativo que adoptó en su día la vestidura formal de una Instrucción: se trata del Código de Conducta para Usuarios de Equipos Informáticos y Sistemas Informáticos al Servicio de la Administración de Justicia, que fue aprobado en Acuerdo Plenario de 26 de febrero de 2003 como Instrucción n.º 2/2003.
La eficacia jurídica externa de dicha norma y, en consecuencia, su capacidad para imponer obligaciones efectivas y coercibles sobre la totalidad de los usuarios de la informática judicial con independencia de su procedencia estatutaria, funcionarial o laboral fueron en su día impugnadas, junto con otras cuestiones, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que respaldó finalmente la validez de la Instrucción y su adecuación al ordenamiento jurídico mediante las Sentencias de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de septiembre y de 30 de octubre de 2006.
Estas sentencias vinieron a respaldar la validez de la Instrucción al considerar que no invadía la esfera de reserva reglamentaria establecida en el artículo 230.5 LOPJ, por haber sido adoptada siguiendo el procedimiento y observando la mayoría cualificada de tres quintos que exige la propia Ley Orgánica para la aprobación de los Reglamentos del Consejo.
Partiendo de la eficacia jurídica del instrumento actualmente vigente, se considera oportuno, sin embargo, dotar a las previsiones principales del Código de Conducta de un rango formal reglamentario que permitan visualizar de forma explícita su carácter de norma jurídica de eficacia externa y que sirva, igualmente, para integrar y completar sus previsiones insertándolas en la que es, sin duda alguna, su sede natural, el Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, en el que aparece ya desarrollada una parte de la materia competencia del Consejo en lo que concierne al procedimiento de aprobación de los programas, aplicaciones y sistemas informáticos de la Administración de Justicia.
La potestad de autorización de estos programas es indisociable de la competencia del Consejo para fijar de forma vinculante las normas de utilización y funcionamiento que aseguren su compatibilidad, pues ambas facultades responden a un mismo fin, por lo que el título habilitador de la potestad reglamentaria no puede entenderse plenamente cumplimentado en tanto no se complete el Reglamento de Aspectos Accesorios con la integración de las determinaciones precisas para garantizar dicha compatibilidad.
Materia conexa a la homologación del uso de los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia, es la relativa a la ordenación del registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal, en el seno de los Servicios Comunes Procesales, lo que, a su vez, remite al supuesto habilitante especial del artículo 438.7 de la Ley Orgánica del Poder judicial, que faculta al Consejo para establecer los criterios generales que permitan la homogeneidad de las actuaciones de los Servicios Comunes Procesales de la misma clase en todo el territorio nacional. Esta materia es objeto de regulación específica en la Instrucción sobre normas para el registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal, aprobada por el Pleno del Consejo de 26 de marzo de 2009 que acompaña y completa la presente regulación reglamentaria.
Por último, y con la finalidad de hacer realidad en las oficinas judiciales el plurilingüismo proclamado en el artículo 3 de la Constitución, la presente reforma aborda la exigencia de que las aplicaciones de gestión procesal contemplen, como una de sus funcionalidades, la elección de la interfaz de usuario en las lenguas oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas.
Las modificaciones que se introducen en el presente Reglamento respetan las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas que han recibido los correspondientes traspasos en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia.
En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo informe de la Comisión de Igualdad y con cumplimiento del trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, ha adoptado, en su reunión del día 26 de marzo de 2009, el siguiente Acuerdo:
Se modifica el artículo 102 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, que pasa a tener la siguiente redacción:
5. Las aplicaciones de gestión procesal contemplarán, en todo caso, como una de sus funcionalidades, la elección de la interfaz de usuario en las lenguas oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas.»
Madrid, 26 de marzo de 2009.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.
Reglamento n.°
22-4-1986 (BOE 5-5-1986).
Artículo 118: El Reglamento 1/98, de tramitación de quejas y denuncias,adiciona el nuevo artículo 122 bis.
7-6-1995 (BOE 13-7-1995).
Artículos 48.4 y 5, 172, 249.1 y 3 y 250.2: por acuerdo de la Comisión Permanente de 9- 6-98 se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección 7.ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15- 10-97.
Por Acuerdo del Pleno de 6 de noviembre de 2001 (BOE de 21.11.2001) se modifican los artículos 131.2 regla 4a, 132, 1331.1 y 143.5, añadiendo un nuevo artículo 133 bis y un nuevo apartado 8 al artículo 143, todos ellos relativos a Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.
Por Acuerdo del Pleno de 19 de junio de 2002 (BOE de 29.11.2002) se modifican los artículos 249, 250 y 252, relativos a permisos y licencias.
Por Acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2008 se modifica el Capítulo IV del Título XII que pasa a denominarse “Licencias, permisos y reducciones de jornada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por razón de violencia de género”, que comprende los arts. 241 a 243 ter. (BOE 5.1.2009).
(BOE 23-5-1997).
La sentencia de la Sala 3a, Sección 7.ª, de 7 de febrero de 2000 desestima el recurso interpuesto contra el citado acuerdo de 18 de junio de 1997.
(BOE 29.1.1999).
(BOE 8.9.2000).
(BOE 7.11.2000).
(BOE 21.7.2003).
(BOE 27-09-2005).
Por Acuerdo del Pleno de 17-07-2008, se modifican los arts. 38,42.4, 49, apartados 1 y 2, y se introduce en el Capítulo II del Título III una nueva Sección 7a bis, con un artículo 62 bis. (BOE de 29.7.2008).
Por Acuerdo del Pleno de 26-3-2009, se modifica el art. 102.
(BOE 19-12-2005).
23.4. 2008 (BOE 7-5-2008).
Fecha de entrada en vigor: 17/05/2009
MODIFICA el art. 102 del Reglamento 1/2005, aprobado por Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 (Ref. BOE-A-2005-15939).
DE CONFORMIDAD con los arts. 110.2 y 110.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).