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Timestamp: 2017-01-24 01:34:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 97', 'Artículo 1', 'artículo 73', 'ARTÍCULO 73', 'Artículo 93', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'artículo 264', 'Artículo 1', 'artículo 379', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 264', 'artículo 264']

⭐CONTENIDOS CURSO DE FORMACIÓN DE TRÁNSITO Y CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DERECHOS CONSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN
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María Victoria Arroyo Rivero
1 CONSEJO DE LA JUDICATURA ESCUELA DE FUNCIÓN JUDICIAL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE JUECES Formador: Dra. Ruth Avila Fecha: 21 y 22 de febrero de 2013 Malla: Formación Inicial Específica Area: Contravenciones Módulo: El rol del juez en los procesos de contravenciones de tránsito Modalidad: Presencial Duración: 16 Horas CONTENIDOS CURSO DE FORMACIÓN DE TRÁNSITO Y CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DERECHOS CONSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN Herbert Krugger, sabiamente lo ha dicho, si por siglos el ejercicio de los derechos fundamentales fue posible en la medida que lo permitía la ley, hoy la ley vale en la medida que respeta a los derechos esenciales. La Constitución de 1998 definía al Ecuador como un Estado social de derecho, es decir un estado de legalidad, su organización 12q dada en base a la ley, el positivismo era el ingrediente indispensable en su desarrollo, incluso regía para las políticas de bienestar para los ciudadanos. Pero, fue hora de mirar al futuro, en el 2008 se da vida a una nueva Constitución, la cual establece el cambio fundamental por el cual nuestro país, de Estado de derecho pasó a ser un Estado de derechos, concretamente un Estado constitucional de derechos y justicia, cuya premisa fundamental es la supremacía de los derechos constitucionales, para lo cual es necesaria una reconstrucción de todo el sistema jurídico, en la que tales derechos fundamentales, se transforman en el eje central del sistema, transmitiendo sus efectos a las demás normas e instituciones jurídicas. Por ello Luis Cea Egaña acertadamente dice que este paradigma equivale a una reformulación del derecho desde sus bases hasta sus más elevados objetivos, así como en su interpretación, aplicación y sobre todo en el criterio esencial de la total independencia del derecho. Por lo expuesto, es indispensable referirnos a los principales derechos constitucionales que en el desarrollo de nuestro trabajo tenemos que utilizarlos y manejarlos con mucha frecuencia entre los más importantes están: Tutela Efectiva.- El Art. 75 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación, y celeridad, en ningún caso quedará en indefensión.2 Este derecho es el más alegado como vulnerado junto al derecho de presunción de inocencia, tiene un conjunto plural, comprende un conjunto de garantías, derechos, que intentan hacer realidad la censura a la arbitrariedad de los poderes públicos. La primera que merece ser motivo de estudio es la que tiene relación directa con el ejercicio democrático del Estado, que se traduce para el ciudadano en una resolución motivada, fundada en derecho y no en cualquier fundamentación que se constituye en una verdadera garantía frente a una resolución judicial manifiestamente infundada, arbitraria, irrazonada o irrazonable o fruto de un error manifiesto. Según la sentencia No , del Tribunal español la exigencia de una motivación adecuada y suficiente, en función de las cuestiones que se susciten en cada caso concreto, constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad. Para que la decisión del juez o tribunal pueda gozar de la función legitimante que le proporciona el proceso, debe estar basada en una argumentación digna, confiable, es decir, basada en uno de los métodos jurídicos de interpretación, el gramatical, el teleológico, el histórico, sistemático. El juez debe decidir de acuerdo con los criterios racionales no puede establecer su propia voluntad o su convicción en ley, porque tal tarea le corresponde a la Asamblea, so pena de caer en prevaricato, La motivación no sólo se refiere a las sentencias sino a todas las resoluciones judiciales en las que el juzgador necesita explicitar las razones por las que se aplica la ley en un caso concreto, como sucede en un auto, decreto, etc. Derecho a la congruencia, es otra de las garantías de la tutela efectiva y obliga a los jueces y tribunales a resolver las pretensiones de las partes, de manera congruente con los términos en que vengan planteadas. El vicio de incongruencia (ne eat iudex ultra petita partium), es definido como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan la pretensión y pretensiones que constituyen el objeto del proceso, de tal manera que al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido el órgano judicial incurrirá en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium, por lo mismo mientras la motivación de la resolución se refiere a los fundamentos que las nutren para dar respuesta a las alegaciones de las partes, el juicio de congruencia de la resolución judicial requiere ineludiblemente la confrontación entre la parte dispositiva de la resolución y el objeto del proceso, delimitando sus elementos subjetivos (las partes) y objetivos (la causa petendi y el petitum), es decir que se refiere al fallo o parte dispositiva de a resolución. Derecho a la no reforma peyorativa (reformatio in peius) No se puede empeorar la situación del recurrente, si no media el recurso de la parte contraria.3 Debido Proceso Engloba o rige los demás derechos fundamentales de la persona con relación al proceso penal, garantiza la intangibilidad de la persona, reafirmando que el ser humano es la referencia imperativa de todos los valores que nada es superior y que todo queda condicionado en aras a permitir su desarrollo integral y armónico. El Debido proceso es el conjunto de derechos y garantías que protegen a la persona de los posibles excesos o riesgos de abuso o desbordamiento de la autoridad del Estado. Una sentencia colombiana en su parte pertinente dice que en su acepción jurídica el debido proceso es el conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional se materialice Nuestra Constitución, en su Art. 76, establece En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, e incluye una gama muy considerable de las mismas, tomadas de los instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. así que su conocimiento y aplicación es indispensable de parte de todos los jueces, en todo proceso penal o contravencional. (leer y analizar cada uno). El derecho a la seguridad jurídica Consiste en la aplicación correcta de las disposiciones contenidas en la Constitución, Instrumentos internacionales, leyes y demás normas jurídicas. Art. 82 de la Constitución dice: El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, en concordancia con el Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial que dice las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas. Derecho a la no Revictimización. Es el derecho a la atención y protección de las víctimas en general y de los menores o de grupos vulnerables en especial, así no pueden ser obligados nuevamente a rendir declaraciones, asistir a reconstrucciones de los hechos, reconocer a su victimario, sin que se utilicen las debidas seguridades. Ejm. Cámara de Gessel. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Oralidad.-4 En todas las etapas, actuaciones y resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en audiencias donde la información se produzca por las partes de manera oral. Se admitirán documentos escritos siempre que los mismos no reemplacen a los peritos y testigos y no afecten a las reglas del debido proceso y del principio contradictorio. Los juzgadores no podrá utilizar elementos de convicción producidos fuera de la audiencia o contenidos a los documentos distintos a los referidos anteriormente (Art. 5.4 CPP). Inmediación Exigencia que el juez perciba por si mismo la producción de la prueba, debe tener contacto directo con los hechos sobre los que versa el caso a juzgarse, apreciar por medio de los sentidos la realidad histórica del caso, escuchar a viva voz la versión de los involucrados y poder establecer la verdad previo a emitir su fallo. Este principio también es aplicable a los testigos que debe declara acerca de lo que ha visto o han podido constatar con sus sentidos de modo personal, directo y objetivo, y no basarse e lo que les contaron ya que con seguridad van a distorsionar la realidad y como testigos referenciales no son idóneos. Imparcialidad Garantía esencial de la función jurisdiccional, especialmente ligada a la preservación del principio acusatorio, ambas garantías quieren evitar que el juez sea juez y parte, así como que sea juez de la propia causa. Principio de presunción de inocencia Consiste en verificar si ha existido una mínima actividad probatoria que practicada con todas las garantías legales, constitucionales, pueda estimarse de cargo, sólo pueden considerarse pruebas auténticas las practicadas en el juicio oral, en el debate contradictorio que en forma oral se lleva a efecto ate el mismo juez, que ha de dictar sentencia. El procesado seguirá considerado inocente mientras no se dicte a sentencia condenatoria en su contra. En nuestro sistema procesal, resulta paradógico propagar este principio, pues desde que se dictan medias cautelares de privación de libertad que en muchos casos constituyen penas anticipadas, no se puede hablar de presunción de inocencia sino de responsabilidad, así no se dictaría orden de prisión o de allanamiento de domicilio. Esta aparente contradicción es explicada por los tratadistas Rubianes y Mariconde, cuando indican que el principio no consagra una presunción sino un estado jurídico del procesado, el cual es inocente hasta que no sea declarado culpable, por una sentencia firme, pero esto no obsta que durante el proceso o antes aparezca una presunción de culpabilidad, que justifique la adopción de medidas coercitivas de seguridad como son la detención o la prisión preventiva, por tanto el5 procesado es inocente durante el proceso y su estado cambia si la sentencia final es de culpabilidad. Principio de legalidad nullum crimen nulla poena, sine lege, o principio de reserva legal, base fundamental del derecho moderno, por el cual nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté legalmente tipificado con infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la constitución, tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada procedimiento, (Art dela C., 2 del Código penal, 4 del C.P.P.) Principio de Contradicción. Este principio tiene relación directa con el derecho de defensa, las partes contendientes deben poder gozar de la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses, es decir debe facilitarse el necesario enfrentamiento polémico entre ellas. Es el principio de igualdad de armas procesales, al permitir contradecir a la defensa la prueba de cargo, pudiendo acceder a cualquier prueba, con la legítima finalidad de influir sobre la decisión del juez. Si el juez impide a una parte en el curso del proceso alegar cuanto crea oportuno, en su defensa o replicar dialécticamente las posiciones contrarias, vulnerará este derecho fundamental, es decir, no es admisible un pronunciamiento judicial sobre materias si no ha existido la necesaria contradicción. La contradicción es esencial para evitar una eventual indefensión. Mínima Intervención El Art. 195 de la Constitución, señala que la fiscalía en su gestión investigativa tanto en la indagación previa como en la Instrucción Fiscal deberá aplicar los principios de oportunidad y mínima intervención, tomado en cuenta que la aplicación del derecho penal debe ser de última ratio, es decir que se deben agotar todas las demás vías del derecho antes de acudir a la penal, por ser la más drástica con sanciones más severas y que afectan a la libertad de la persona y a su patrimonio. Principio de Celeridad y Economía Procesal La Administración de justicia debe ser rápida, oportuna, tanto en la tramitación y resolución de las causas y en la ejecución de la decisión,. En todas las materias, el juez está obligado una vez que se inició la causa a proseguir con la misma hasta su conclusión y por economía procesal evitar trámites intrascendentes que son presentados6 únicamente con el afán de dilatar el proceso, el retardo injustificado en el despacho de la causa, será sancionado. En materia penal en mérito a la celeridad todos los días son hábiles excepto para presentar recursos (Arts. 20 COFJ y 6 C.P.P. Principios de la ley de transito Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización. En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. Organismos del transporte a) El Ministerio del Sector; b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados. MINISTERIO DEL SECTOR DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.- El Presidente de la República, de conformidad con sus atribuciones definirá el Ministerio que se encargue de la rectoría del sector del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, del mismo modo, establecerá sus funciones, atribuciones y competencias. El Ministro será el responsable de la rectoría general del sistema nacional de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en coordinación con los GAD's, expedirá el Plan Nacional de Movilidad y Logística del transporte y supervisará y evaluará su implementación y ejecución. En este punto es importante destacar una las innovaciones fundamentales que nuestra Carta Fundamental estableció en cuanto a la organización territorial de Estado, plasmada en el título V renovaciones básicas Como uno de los7 La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD S y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. Es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. La Agencia Nacional estará adscrita al Ministerio del Sector, regida por un Directorio que sesionará en forma ordinaria una vez al mes; y, extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o a solicitud de al menos tres de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de votos. El Presidente tendrá voto dirimente. El Directorio de la Agencia Nacional, estará integrado por: a) El Ministro del Sector o su delegado que será el Subsecretario responsable del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien lo presidirá; b) El Ministro de Salud o su delegado; c) Un representante designado por el Presidente de la República; d) Un representante por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales que tengan más de un millón de habitantes; y, e) Un representante por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, y Municipales que tengan menos de un millón de habitantes. A las sesiones del Directorio asistirá el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien actuará en calidad de Secretario del Directorio, con voz pero sin voto. Cada miembro del Directorio, tendrá una alterna o alterno, conservando la equidad de género. Art Queda expresamente prohibido a los miembros del Directorio tomar parte, interferir o influenciar, de cualquier manera en la administración de la Comisión Nacional. Las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional son: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas emanadas del Ministerio del Sector, precautelando el interés colectivo, de conformidad con los principios y objetivos establecidos en esta Ley;8 2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al Reglamento que se expida para la presente Ley; 3. Elaborar y poner en consideración del Ministro del Sector el plan o planes nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su cumplimiento; 4. Nombrar al Director (a) Ejecutivo (a) de la Institución de una terna enviada por el Presidente de la República; 5. Supervisar y controlar la gestión del Director (a) Ejecutivo (a) y removerlo de ser el caso; 6. Aprobar las normas técnicas en el marco de las políticas públicas nacionales para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento General; 7. Aprobar el plan operativo anual de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial presentado por el Director (a) Ejecutivo (a); 8. Aprobar las normas de regulación y control de la red estatal-troncales nacionales de transporte terrestre y tránsito a nivel nacional definidos por el ministerio del sector en el ámbito de sus competencias; 9. Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás documentos valorados, en el ámbito de su competencia; 10. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y sistemas de transporte terrestre y tránsito, en el ámbito nacional; 11. Establecer y fijar las tarifas en cada uno de los servicios de transporte terrestre en el ámbito de su competencia, según los análisis técnicos de los costos reales de operación; 12. Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones emitidas por el Director (a) Ejecutivo (a), que sean impugnadas de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento a esta Ley; 13. Supervisar y controlar a las operadoras nacionales e internacionales de transporte terrestre y demás instituciones prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito de su competencia; 14. Aprobar el presupuesto anual de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y demás organismos dependientes; 15. Conocer y aprobar el informe de gestión y labores de la Directora o Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como sus estados financieros auditados;9 16. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos; 17. Autorizar al Director (a) Ejecutivo (a) la conformación de empresas de economía mixta en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; y, 18. Autorizar los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, según el caso, de empresas operadoras de transporte terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito de su competencia; 19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia; 20. Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su competencia, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento. Así mismo deberá registrar y auditar los informes técnicos previos para la constitución jurídica emitidos por los GAD's que hubieren asumido la competencia; 21. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia, de conformidad con el reglamento correspondiente; y, 22. Las demás previstas en las leyes y reglamentos. Art El Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial. Sus funciones y atribuciones, son: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, convenios internacionales, la presente Ley, los reglamentos y las disposiciones del Ministerio del sector y del Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; b) Representar al Estado ante los organismos internacionales relacionados con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; c) Definir el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Directorio; d) Suscribir con el Secretario del Directorio, las actas de las sesiones y las resoluciones adoptadas; y, e) Las demás que le correspondan conforme a la Ley, los reglamentos y las que le delegue el Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es un organismo de consulta e información del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial cuyas recomendaciones no tendrán carácter vinculante. Se reunirá en forma ordinaria cada dos meses; y, extraordinariamente por convocatoria de su Presidente. Su funcionamiento será definido en el reglamento de esta Ley.10 El Presidente del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, deberá convocar al Consejo Consultivo bimensualmente de manera obligatoria. El Consejo Consultivo estará integrado de la siguiente manera: a) El Ministro del sector del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado, quien lo presidirá; b) Un delegado del Ministro de Educación; c) Un delegado del Ministro de Salud; d) Un delegado por las Federaciones Nacionales de Transportes; e) Un delegado por la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador; f) Un delegado de las escuelas de conducción profesionales y un delegado por las escuelas de conducción no profesionales; g) Un delegado de las asociaciones automotrices del Ecuador; y, h) Un delegado de las organizaciones de veeduría ciudadana relacionadas con el transporte terrestre y tránsito. En los Consejos Consultivos Provinciales, actuará como Secretario el Director Provincial de la respectiva Comisión Provincial. Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional: 1. Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador, la Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, así como las resoluciones del Directorio; precautelando el interés general; 2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 3. Nombrar a los responsables de cada una de las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y removerlos según las causales establecidas en la ley y en observancia al debido proceso; 4. Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 5. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios relacionados con la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes clases de servicio, los cuales deberán11 considerar e incluir análisis técnicos de los costos de operación, que serán puestos a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación; 6. Elaborar los reglamentos necesarios para otorgar los contratos de operación de servicios de transporte a nivel nacional y someterlos a conocimiento y aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 7. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios de costos de los derechos que deben pagar los operadores por la emisión del correspondiente título habilitante y ponerlos a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación; 8. Preparar las normas de homologación, regulación y control de equipos y sistemas de transporte y tránsito terrestres, que serán puestas a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación; 9. Suscribir los contratos de operación de servicios de transporte terrestre de conformidad con los términos, condiciones y plazos establecidos, en el ámbito de su competencia; 10. Supervisar la gestión operativa técnica y sancionar a las operadoras de transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial, previo el trámite correspondiente y observando los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, en el ámbito de su competencia; 11. Presentar, para aprobación del Directorio, el plan de trabajo y la proforma presupuestaria de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte, Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; 12. Presentar, para aprobación del Directorio, el informe anual de labores de la Agencia Nacional, así como sus estados financieros auditados; 13. Nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la Ley; 14. Determinar y asignar los deberes y atribuciones que deberán cumplir los responsables de las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante las disposiciones que expida para tal efecto; 15. Elaborar los reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y someterlos a aprobación del Directorio; 16. Disponer el cierre de vías o tramos de ellas, con carácter excepcional, por razones de seguridad o fluidez del tránsito en el ámbito de sus competencias, de acuerdo al Reglamento;12 17. Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones oficiales relacionadas con el sector; 18. Auspiciar programas, proyectos, actividades y publicaciones objeto de su competencia; 19. Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la Institución; 20. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Agencia Nacional de regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial necesarias para su funcionamiento, tanto nacional como regional; 21. Implementar en el ámbito de su competencia auditorías de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el cumplimiento de los estudios, en el momento que considere oportuno; 22. Disponer la creación, control y supervisión de los registros nacionales sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 23. Autorizar, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, pruebas y competencias deportivas que se realicen utilizando el sistema de vías de la red estatal- troncales nacionales en coordinación con el ente deportivo correspondiente y los Gobiernos Autónomos Descentralizados correspondientes; 24. Elaborar el informe de factibilidad previo y obligatorio para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa de transporte terrestre en el ámbito de sus competencias, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento; 25. Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito nacional, para proyectos de interés nacional; 26. Autorizar, regular y controlar el funcionamiento y apertura de cursos de las Escuelas de Formación de conductores profesionales y no profesionales, así como autorizar la realización de los cursos de capacitación de los Institutos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales legalmente autorizados y de conformidad con el respectivo reglamento; 27. Auditar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular, los mismos que podrán ser concesionados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados que hayan asumido la competencia; 28. Autorizar el funcionamiento de las compañías de renta de vehículos; y, 29. Las demás que le determinen la Ley y su Reglamento, y el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial13 En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados GADs. Estos tienen una cognotación muy importante, ya que devienen de las disposiciones constitucionales contenidas en el título V Art. 238 y siguientes, (título, capítulo, sección), que refiere la Organización territorial del Estado, la misma que se da como una consecuencia del nueva estructura del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, Los Gobiernos Autónomos descentralizados, son entonces parte de la democracia participativa del colectivo, que una vez organizadas las regiones, sus distritos metropolitanos, provincias y cantones, estos gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Como una de las competencias exclusivas los gobiernos autónomos descentralizados, tal como dispone el Art , de la Carta Fundamental, es la de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional (en tanto no lo asuman las municipalidades). Basada en estas disposiciones constitucionales, la ley de tránsito ha desarrollado, los contenidos de los Arts. 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5., con respecto a que los agentes civiles de tránsito, que reemplazan a la policía nacional en el control del tránsito a nivel nacional, a las Unidades de Control del Transito y Seguridad Vial que será ejercido por las autoridades regionales, municipales, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tales unidades dependerán operativa, orgánica, financiera y administrativamente de éstos. Dichos gobiernos autónomos son responsables también de la planificación operativa del control del transporte terrestre, y seguridad vial. Para ello la ley ha establecido sus atribuciones y competencias, las mismas que son: (leer artículos 30.4 y 30.5). Licencias bajo el sistema de puntaje. Como otra figura novedosa, la ley de tránsito vigente nos trajo la figura de licencias bajo el sistema de puntaje La circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda sometida al otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo de vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, y la idoneidad de los mismos para circular con el mínimo de riesgo posible. Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, o equipo caminero se requiere haber obtenido el título de conductor profesional o el certificado de conductor no profesional y la respectiva licencia de conducir. mediante permisos, también se podrá autorizar la conducción de vehículos motorizados a los menores adultos, mayores a dieciséis años, que deberán estar acompañados por una persona mayor de edad, que posea licencia de conducir, si la persona que lo represente legalmente lo14 solicita por escrito y presenta una garantía bancaria por un valor igual a veinticinco (25) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, que garantice el pago de daños a terceros y la presentación del menor ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia para su juzgamiento en caso de infracciones de tránsito. Ahora bien siendo La licencia el título habilitante para conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado, documento que se lo obtendrá en la Agencia Nacional de Regulación y Control, una vez que se haya recibido la capacitación y formación de una Escuela de Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas en el país por el Organismo Nacional Coordinador del Sistema de Educación Superior a través de convenios celebrados con la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Tal licencia, como se dijo ahora tiene un novedoso sistema de puntaje, el mismo que va disminuyendo de acuerdo al número de infracciones que cometa el titular de la licencia, esta si fue una reforma muy acertada, movió el piso a todos, especialmente a los señores conductores del transporte público y taxistas, que a inicios de la aplicación de este sistema, no creían en su eficacia y se burlaban de la policía y de la entrega de citaciones, luego se vieron en serios problemas, muchos de ellos están ya impedidos de ejercer su profesión de conductores, lo cual es lamentable pero ejemplarizador porque ya se ha creado conciencia de acatar la ley y cuidar los puntos en su licencia. Las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de puntaje; al momento de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación para todas las categorías de licencias de conducir aplicables para quienes la obtengan por primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría. Las licencias de conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de vigencia de 5 años, y se utilizará un sistema de reducción de puntos por cada infracción cometida, según la siguiente tabla: INFRACCIONES PUNTOS Contravenciones leves de primera clase 1,5 Contravenciones leves de segunda clase 3 Contravenciones leves de tercera clase 4,5 Contravenciones graves de primera clase 6 Contravenciones graves de segunda clase 7,5 Contravenciones graves de tercera clase 9 Contravención muy grave 10 Delitos Perdidos los primeros 30 puntos, la licencia será suspendida por 60 días y será obligatorio tomar un curso en las Escuelas de Conducción de Choferes No Profesionales, Escuelas de Conducción de Choferes Profesionales, los Institutos Técnicos de Educación Superior, las Escuelas Politécnicas y las Universidades legalmente autorizados por la Agencia Nacional para brindar dichos cursos, que de aprobarse se recuperarán sólo 20 puntos. Si se perdiesen nuevamente los 20 puntos, se sancionará con 120 días de suspensión de la licencia y se tomará otro curso en las mencionadas instituciones, que de aprobarse sólo se recuperarán 15 puntos a la licencia de conducir. A partir de la tercera oportunidad que se pierdan los 15 puntos, de ahí en adelante se suspenderá cada vez la licencia por un año y se deberá tomar un nuevo curso para la recuperación de los 15 puntos. La15 aprobación del curso no significará el cese de la suspensión de la licencia de conducir determinada para cada caso, y el cumplimiento del plazo de la suspensión no releva de la aprobación del curso como requisito para la recuperación de los puntos. La realización del curso para recuperación de puntos incluirá una evaluación psicológica y deberá aprobarse en una escuela distinta a la que emitió el Título de Conductor. En los casos de renovación de licencia, la misma se emitirá con los puntos que correspondan según lo establecido en este inciso. En ningún caso la renovación extinguirá los puntos perdidos previamente. El conductor al que le hubieren suspendido la licencia por más de cuatro ocasiones según lo dispuesto en el inciso precedente, perderá el derecho a renovarla. Infracciones de transito Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. El Delito Definido como la acción típica, antijurídica y culpable Se habla de comportamiento típico cuando una acción u omisión encaja en una descripción legal; se habla de antijuridicidad cuando el comportamiento contraviene el orden legal lesionado o poniendo en peligro sin justa causa, un interés jurídicamente tutelado; finalmente se dice que existe culpabilidad cuando al sujeto se le puede hacer un juicio de reproche por su comportamiento material y psicológico que lesiona el mencionado bien jurídico. Con excepción de la antijuridicidad ningún elemento ha llegado a ser indispensable. No siempre se ha sancionado por hechos a veces se ha sancionado a los sujetos por la sola manera de ser o por su manera de pensar, tampoco la tipicidad ha sido indispensable, bien sabemos que por el principio de legalidad a los hombres no se les puede sancionar sino con base a una ley previamente existente, logro del hombre en la Revolución Francesa. Lo mismo se puede decir de la culpabilidad que durante mucho tiempo se ejerció la punición con base en la sola existencia del elemento material. Es el principio de la responsabilidad objetiva, para la sanción era suficiente establecer una relación entre el autor y el hecho. Quedando por lo mismo la antijuridicidad como el único elemento constante, como relación de contradicción entre un modo de ser o un comportamiento y un sistema valorativo o normativo, contradicción que se considera digna de sanción. El supuesto antijurídico es igual a la realización de una acción o de una omisión. En otras palabras decir delito es decir antijurídico. El delito ha sido considerado en la historia como la violación de un deber o como el daño que se causa con un hecho.16 Cada categoría dogmática tiene sus propios elementos que le dan contenido material al injusto (delito), por lo que se debe analizar cada categoría dogmática en el orden secuencial indicado.- LA TIPICIDAD A) Respecto de los elementos constitutivos del tipo objetivo: a) Sujeto activo, o autor del hecho, que según el tipo penal no es calificado, por lo que puede ser sujeto activo de este delito cualquier persona. b) Objeto, esto es, la cosa material o sujeto pasivo sobre el que recayó el daño o los efectos del acto, que al tratarse de un delito de tránsito, puede ser cualquier bien material o cualquier persona sobre la que recayó el resultado dañoso, que según el tipo penal no es calificada, por lo que puede ser sujeto pasivo de este delito cualquier persona, independientemente de su cargo, función o filiación. d) Conducta, constituida por el verbo rector de la conducta prohibida, que en el caso de los delitos culposos, por tratarse de tipos penales abiertos donde la conducta ilícita no está específicamente determinada en la ley, es obligación del juez llenar la conducta prohibida, para la cual debemos remitimos a las diferentes normas del ordenamiento, que generalmente son las que establecen cual es el deber objetivo de cuidado en cada uno de los casos en concreto para establecer si efectivamente el supuesto autor ha violentado el mismo. e) Elementos Normativos, que nos remiten a diferentes conceptos que se encuentran definidos por el propio derecho penal o en las distintas ramas del ordenamiento jurídico, para poder entender el alcance que le quiso dar el legislador al elemento respectivo, como por ejemplo, choque, vehículo, transporte público, propietario, peatón, calzada, etc.,la mayoría de los cuales se encuentran establecidos en el Glosario de términos para efectos de aplicación de la ley, en el Art.34 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre f) Elementos Valorativos: que se traduce en una cualquiera de las circunstancias con relevancia jurídico penal en que se producen los accidentes de tránsito: negligencia, impericia, imprudencia, exceso de velocidad, conocimiento de las malas condiciones técnicas del vehículo, inobservancia de la Ley de Tránsito y su Reglamento, Regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. B) Con respecto a los elementos del tipo penal subjetivo: En cuanto al tipo subjetivo, estos delitos son culposos, es decir, se producen en infracción del deber objetivo de cuidado, donde el autor prevé el posible resultado lesivo pero confía en su no producción, lo cual constituye la sutil diferencia con el dolo eventual donde el autor igualmente se representa el resultado pero deja su producción al azar SOBRE LA CATEGORÍA DE LA ANTIJURIDICIDAD17 Comprobados los elementos propios de la primera categoría dogmática de la tipicidad, se debe continuar con el subsiguiente análisis de la categoría dogmática de la antijuridicidad. En cuanto a la antijuridicidad formal (desvalor de acción), y la antijuridicidad material (desvalor de resultado) del acto típico acusado, puede existir una causal de justificación (desvalor de acción), así como tampoco ha desvirtuado la no producción del resultado lesivo del bien jurídico protegido (desvalor de resultado), con lo cual se encuentran configurados también los presupuestos de la categoría dogmática de la antijuridicidad, siendo procedente por ello proceder a analizar la culpabilidad de los acusados como juicio de reproche DE LA CATEGORÍA DE LA CULPABILIDAD. La culpabilidad constituye en la actualidad de la dogmática penal el juicio de reproche que hace la sociedad a quien ha cometido un acto típico y antijurídico. Este juicio tiene como presupuestos los siguientes elementos: La imputabilidad; la conciencia actual o potencial de la antijuridicidad; y, la exigibilidad de otra conducta. En cuanto al conocimiento antijurídico, se debe establecer si el procesado obró en virtud de error de prohibición vencible o invencible. En cuanto a la exigibilidad de otra conducta, es evidente que, si le es exigible al procesado otra conducta, pues el ocasionar accidentes de tránsito es una de las causas de mayor mortalidad en el país, por lo cual la sociedad entera exige moral y socialmente a todos los conductores, una conducta apegada a la normativa de transito que tiene por finalidad proteger la seguridad vial, y dentro de este bien jurídico protegido la integridad de todas las personas. Acciones de infracción del deber de cuidado inconciente, obedece a un descuido, el resultado muerte ni se quiere ni se prevé aunque debería y podría haberse evitado. Dolo- realización de planes Imprudencia-descuido Delito Imprudente Cual es el delito imprudente? el derecho penal moderno llama delito imprudente al delito culposo, siendo el delito de tránsito el típico ejemplo de esta clase de ilícitos. Al principio del siglo Engish y Exner, (finalistas), provocaron un cambio radical en la consideración del injusto al introducir un elemento que rompe completamente con el modelo causalista de delito y establece la diferenciación entre el delito doloso y culposo, es la culpabilidad. Estos autores parten de la premisa de que las acciones humanas están en un mundo social de riesgo, para los bienes jurídicos, (conducir), mas si el sistema tiene por finalidad evitar el daño18 social, exige un cuidado frente a estos riesgos, es el deber objetivo de cuidado que deben ejercer las personas para no causar daño. En estos delitos igualmente concurren de manera obligada la antijuridicidad y la culpabilidad, ya que el deber de cuidado exigido no ha sido observado por el sujeto en su actuar por lo que su indiferencia y falta de interés, es lo que constituye la culpabilidad. La teoría de la acción finalista sostiene por lo mismo sin contradicciones la distinción entre tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ya que la base del injusto doloso y culposo reside en la acción final, por lo que la falta de cuidado exigido en la medida que está referida al actuar del sujeto pertenece a la tipicidad. Imprudencia falta de cuidado exigido en el ámbito de relación Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la infracción. La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial. En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Si del proceso apareciere indicios que se ha cometido un delito que no es la infracción culposa de tránsito, se remitirá copia de lo actuado a la unidad de la Fiscalía General del Estado a la que corresponda prevenir o impulsar la investigación. Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. En concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado por la más grave. La reincidencia en los delitos de tránsito será reprimida con el máximo de la pena, sin considerar circunstancias atenuantes de ninguna clase. El socorro y ayuda dada a las víctimas, así como la reparación de los daños y perjuicios, con ocasión de una infracción de tránsito, no implica reconocimiento ni presunción de responsabilidad de quien presta el auxilio o realiza el pago. Las infracciones de tránsito causadas por un menor de 18 años serán conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia. Art Se consideran circunstancias atenuantes: (Concordancia Art. 29 C.P.) a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente; b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio;19 c) Dar aviso a la autoridad; y, d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de tránsito, y el acatamiento a sus disposiciones. Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 29 del Código Penal. La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante. Art Se consideran circunstancias agravantes: (Art. 30 CP). a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; b) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda requerida, pudiendo hacerlo; c) Evadir la acción de la justicia por fuga u ocultamiento; d) Borrar, alterar u ocultar las señales, huellas o vestigios dejados por la infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o error a la administración de justicia; e) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito anterior; f) Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de la misma; g) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT en vigencia; y, h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado desenvolvimiento del proceso, entre los cuales se halla incluida la no asistencia injustificada a cualquier audiencia. En materia de tránsito el haber reparado los daños causados a las víctimas del delito luego de la sentencia, constituye una causa especial de rebaja penitenciaria, que podrá variar entre la mitad y la cuarta parte de la pena. Esta rebaja no afectará el derecho de recibir otras rebajas establecidas en el ordenamiento jurídico. La rebaja penitenciaria señalada en el inciso anterior no será concedida al infractor que se dio a la fuga, no auxilió a la víctima del accidente o, cometió la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. DE LAS PENAS Y SU MODIFICACIÓN (Art. 123).- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son: a) Reclusión;20 b) Prisión; c) Multa; d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización para conducir vehículos; e) Reducción de puntos; f) Trabajos comunitarios. Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo establecido en cada tipo penal. En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de conducir de conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar aplicable a cada infracción. Rebaja de las Penas En los delitos de tránsito, cuando se justifique a favor del infractor la existencia de circunstancias atenuantes y ninguna agravante, la pena de reclusión mayor se reducirá a reclusión menor. Las penas de prisión y de multa, se reducirán hasta en un tercio de las mismas, cuando se justifique a favor del infractor la existencia de circunstancias atenuantes y ninguna agravante. No se concederá el reemplazo en el caso de que el infractor haya abandonado a las víctimas, se haya dado a la fuga o haya cometido la infracción en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En los casos de sustitución de la prisión, el juez está obligado a supervisar, periódicamente el cumplimiento de la sanción impuesta. Los conductores profesionales y no profesionales que hayan perdido la totalidad de los puntos de su licencia de conducir, por infracciones de tránsito y cuya pena haya sido cumplida, podrán recuperar su licencia con 15 puntos, siempre y cuando la vigencia de su licencia haya superado los dos años y medio, y hayan aprobado un curso de capacitación relacionado con la actualización de temas en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial no menor a 30 días de duración en las Escuelas o centros autorizados, de acuerdo al Reglamento que se dicte para el efecto. DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO Art Quien conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Mostrar más
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