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Timestamp: 2018-09-25 18:41:53
Document Index: 209808820

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 2', 'e contrario']

Los errores del Gobierno con el sindicato OTRAS - Agenda Pública
Firmado por: Carolina Martínez Moreno martes 11 septiembre 2018
Llevo días preguntándome cómo es posible que el grueso del intenso e incluso airado debate suscitado a raíz del registro de una organización que pretende reunir a trabajadoras del sexo y defender sus derechos haya girado casi exclusivamente en torno a lo que la Administración laboral y el Gobierno debían o no haber hecho para permitirlo o evitarlo. No me refiero a la actitud de los poderes públicos frente al fenómeno de la prostitución, cuestión en la que no tengo intención ahora de terciar, sino a la actuación que les corresponde llevar a cabo ante el puro hecho del registro de un sindicato. Que a estas alturas no se tenga claro cuál es el papel de la autoridad gubernativa en relación con el ejercicio de los derechos fundamentales (en este caso concreto, de la libertad sindical) me parece escalofriante. Por eso he pensado en escribir estas líneas.
1. Algunas premisas sobre el significado, alcance y titularidad de la libertad sindical: El derecho a la libertad sindical se proclama en la Constitución Española en la sección correspondiente a los derechos fundamentales y libertades públicas como un derecho de asociación con fines específicos de defensa y promoción de los derechos de la clase trabajadora. Su artículo 28.1 integra como parte del contenido esencial de esta singular libertad el derecho ‘de todos’ a sindicarse libremente, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a los mismos, sin más límite que el respeto a la legalidad, y a condición de que la organización y el funcionamiento de las organizaciones sindicales se acomoden al principio democrático.
La doctrina constitucional ilustra sobre la necesidad de que el alcance de la libertad sindical se determine de conformidad con los textos internacionales que consagran derechos humanos básicos (sentencia 236/2007); en sintonía, pues, con lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, el artículo 11.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 5 de la Carta Social Europea y los Convenios 87 y 98 Organización Internacional del Trabajo; mientras que en la Unión Europea se le atribuye a la libertad sindical el valor de principio general del derecho del trabajo [STJ de 8 de octubre de 1974, asunto Union Syndicale, 175/73; STJ de 15 de diciembre de 1995, asunto Bosman, C-415/93; o STJ de 18 de enero de 1990, asunto Maurissen, C-193/87].
Ya en el plano de la legalidad, el artículo 2.1. a) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS) establece que la libertad sindical comprende esencialmente el derecho a la fundación de los sindicatos, y a decidir de forma autónoma su suspensión y extinción siguiendo procedimientos democráticos. Y que son sus titulares los trabajadores asalariados o sujetos asimilados. Entre estos últimos, los autónomos, siempre que no tengan asalariados a su servicio [art.3.1 LOLS].
2. ¿Cómo se constituye un sindicato, y cuál es el alcance de la intervención administrativa?: El procedimiento de constitución de un sindicato –como el de cualquier otra asociación– consiste en el otorgamiento por los promotores de un documento fundacional y en la redacción de unos estatutos, norma asociativa primaria cuyo contenido mínimo consiste, básicamente, en una serie de menciones que permiten identificar al sindicato, tales como su denominación, el domicilio, los ámbitos de actuación, los criterios básicos de funcionamiento o los requisitos para adquirir la condición de afiliado [arts. 2.2 a) y 4.2 de la LOLS]. Y que, una vez redactados, se depositan por los promotores en una oficina pública a cargo de la Administración laboral (de otras administraciones en el caso de sindicatos de ciertos colectivos singulares), a los meros efectos de registro y publicidad.
A la autoridad administrativa corresponde exclusivamente comprobar esos extremos y, en su caso, requerir la subsanación de algún error u omisión. La resolución denegatoria será susceptible de impugnación ante la jurisdicción social [arts.167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 11 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS); y art. 4.3 de la LOLS]. Transcurridos 20 días desde el registro, el sindicato adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar [art. 4.7 LOLS].
Desde ese momento, quienes consideren que se ha vulnerado la legalidad o que los estatutos no son conformes a derecho –incluidos la propia Autoridad laboral o el Ministerio Fiscal–, tendrán que acudir a la jurisdicción social [arts. 4.6 de la LOLS y 173-175 de la LRJS], ya que la suspensión o disolución del sindicato libremente constituido sólo podrá llevarse a cabo mediante resolución judicial fundada en el incumplimiento grave de las leyes [art. 2.2 c) de la LOLS].
Por su parte, el Tribunal Supremo se ha ocupado de aclarar cuál es el alcance de la intervención administrativa en la constitución de los sindicatos, en tanto que asociaciones de relevancia constitucional (sentencias 18/1984, 20/1985 y 67/1985), afirmando que la misma se limita a la mera recepción y constancia del hecho fundacional y a la constatación frente a terceros de que los estatutos reúnen el contenido mínimo legal. Ni mucho menos alcanza a la verificación de un control de legalidad sobre el fondo, que corresponde únicamente a los jueces [sentencias, Sala de lo Social, de 13 de mayo de 2008 (Rec.107/07)].
La elemental consecuencia del reconocimiento de una libertad de constitución de los sindicatos en un sistema democrático es que no cabe someter su creación a una previa autorización administrativa, y que tanto esa iniciativa como la organización y funcionamiento internos no puedan estar sujetos a injerencias por parte de los poderes públicos [art. 2.1 a) de la LOLS].
3. ¿Qué encaje tiene en este marco el registro del sindicato OTRAS?: Por de pronto, el depósito de sus estatutos se declara expresamente fundado en el cumplimiento –tras la oportuna subsanación– de los requisitos legales para la constitución de un sindicato. La primera conclusión es, pues, que la Autoridad laboral actuó con corrección y estricto acomodo a las reglas y principios que rigen su competencia en esta materia. La tormenta de declaraciones, comparecencias, entonaciones del ‘mea culpa y airadas protestas se desencadena, a mi modo de ver, con total desconocimiento de todo lo anterior.
En el plano de la legalidad de fondo, llama la atención que de entre los muchos motivos que pudieran dar lugar a una eventual impugnación de la promoción de esta organización, en momento alguno se haya inquirido sobre la legitimidad de los propulsores, en si los mismos son titulares del derecho de libertad sindical, o se trata de una mixtura de trabajadoras, autónomas y propietarios de establecimientos. Porque en ese caso la imposibilidad de atribuir a la organización carácter sindical es simple y directa, sin necesidad de otro tipo de disquisiciones.
En cambio, el Gobierno ha tomado partido decididamente por la opción menos segura de declararse radicalmente contrario a admitir la legalidad de la vertiente reivindicativa del trabajo sexual, por la naturaleza intrínsecamente odiosa de la prostitución; creo que, de nuevo aquí, con desconocimiento de la realidad y del Derecho. Primero, porque ‘trabajo sexual’ es mucho más que prostitución: es pornografía, líneas eróticas, casas de masaje, saunas, servicios de escorts, clubes de striptease o de lap dance, alterne y asistencia sexual. Y se da la circunstancia de que los establecimientos en que estas actividades se desarrollan, existen y operan sin mayores trabas como empresas. Y en segundo término, porque autoridades y tribunales llevan declarando el carácter de trabajadoras –o autónomas, según los casos– de las personas que las realizan, principalmente en el caso del alterne [SSTS de 14-5-1978, 3-3-1981, 25-2-1984, 14-5-1985 o 4-2-1988]; respecto de encargadas de prostíbulos, las sentencias del Juzgado de lo Social nº1 de Mataró, de 23-7-2007 (Autos 247/07) y de 5-10-2007 (Autos 246/07); y para un supuesto de prostitución encubierta bajo la apariencia de un centro de masajes eróticos, la sentencia del Juzgado de lo Social nº10 de Barcelona de 18-2-2015 (Autos 835/13)].
Más aún, como recuerda alguna reconocida penalista, en su día se reconoció la legalidad de alguna asociación patronal –la asociación de hosteleros Mesalina [sentencia de 27-11-2004 (Rec.1/04)], y antes la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela)–, y profesional –Colectivo Hetaira y Aprosex–; incluso de una cooperativa –la Cooperativa de trabajo asociado para la prestación de servicios sexuales (Ibiza, 2014).
En conclusión, decir (como se ha escuchado en alguna tertulia) que registrar a OTRAS ha sido un “error político” es reconocer frontalmente la injerencia del Ejecutivo en el ejercicio de una libertad pública. Como ha dicho algún otro colega, “lo feminista o no del Gobierno no califica (no puede hacerlo) las ilegalidades de los fines u objetivos que persigue el sindicato”.
Negar el derecho a sindicarse a un colectivo particularmente vulnerable que se reconoce como tal quizá sea un error aún mayor, cuando algunos estudios de cuyo rigor no cabe albergar dudas demuestran que la autoorganización de las trabajadoras sexuales ha podido contribuir a la lucha contra la trata y a hacer visibles otros factores de precariedad, exclusión y estigmatización; que estar organizadas les confiere más fuerza y mayor capacidad de interlocución para definir las políticas públicas que les conciernen y que son imprescindibles para acabar con el tráfico de personas, la explotación y la esclavitud sexual; y que “no se pueden poner los derechos de las personas por debajo de nuestra moralidad, de nuestra ideología” (aquí).
hace 3 meses Ignacio Molina