Source: http://www.scribd.com/doc/21143839/Comision-Colombiana-de-Juristas
Timestamp: 2014-07-23 16:02:30
Document Index: 156496838

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 659', 'artículo 659', 'artículo 40', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 21']

P. 1Comisión Colombiana de JuristasComisión Colombiana de JuristasRatings: (0)|Views: 1,917|Likes: 3Published by lasillavaciaEl proyecto de ley 286 de 2009 Senado, 001 de 2008 Cámara, “por medio del cual se reglamenta la actividad de reforestación comercial”, que hoy se discute en la comisión quinta de la Cámara de Representantes, se inscribe dentro de un conjunto amplio de normas destinado a regular el tema agrario en Colombia que se ha pretendido imponer a los campesinos a pesar de basarse en el desconocimiento de sus derechos fundamentales. Dicho conjunto de normas estuvo conformado en su momento por: la ley 1182 de 2008 sobre Saneamiento de la Propiedad Inmueble, la ley 1152 de 2008, conocida como Estatuto de Desarrollo Rural, la ley 133 de 2007 sobre que creó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y la ley 1021 de 2006, conocida como la ley forestal.El proyecto de ley 286 de 2009 Senado, 001 de 2008 Cámara, “por medio del cual se reglamenta la actividad de reforestación comercial”, que hoy se discute en la comisión quinta de la Cámara de Representantes, se inscribe dentro de un conjunto amplio de normas destinado a regular el tema agrario en Colombia que se ha pretendido imponer a los campesinos a pesar de basarse en el desconocimiento de sus derechos fundamentales. Dicho conjunto de normas estuvo conformado en su momento por: la ley 1182 de 2008 sobre Saneamiento de la Propiedad Inmueble, la ley 1152 de 2008, conocida como Estatuto de Desarrollo Rural, la ley 133 de 2007 sobre que creó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y la ley 1021 de 2006, conocida como la ley forestal.More info:Categories:Business/Law, FinancePublished by: lasillavacia on Oct 16, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/21143839/Comision-Colombiana-de-Juristas08/25/2012pdftextoriginal Calle 72 # 12
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Reglamentación de la actividad comercial en el campo colombiano
Se completa la normatividad que perjudica a los campesinos El proyecto de ley 286 de 2009 Senado, 001 de 2008 Cámara, “por medio del cual se reglamenta la
actividad de reforestación comercia
l”, que hoy se discute en la comisión quinta de la Cámara de
Representantes, se inscribe dentro de un conjunto amplio de normas destinado a regular el tema agrarioen Colombia que se ha pretendido imponer a los campesinos a pesar de basarse en el desconocimientode sus derechos fundamentales. Dicho conjunto de normas estuvo conformado en su momento por:la ley 1182 de 2008 sobre Saneamiento de la Propiedad Inmueble, la ley 1152 de 2008, conocida comoEstatuto de Desarrollo Rural, la ley 133 de 2007 sobre que creó el programa Agro Ingreso Seguro (AIS)y la ley 1021 de 2006, conocida como la ley forestal.Hoy tras la intervención de la Corte Constitucional que declaró inconstitucionales el Estatuto deDesarrollo Rural y la ley forestal, situación en la que seguramente pronto estará la ley SobreSaneamiento de Propiedad Inmueble y tras los serios cuestionamientos al programa Agro IngresoSeguro (AIS) porque se ha destinado a favorecer a políticos y grandes agroindustriales, resulta urgentellamar la atención una vez más sobre las graves implicaciones que este tipo de proyectos de ley tiene enmateria de derechos humanos.El objetivo del proyecto de ley es establecer un modelo de agroindustria de exportación, a través delfomento de la actividad forestal con fines económicos, el mantenimiento de un nivel productivo de losrecursos forestales y el respeto a las actividades forestales de carácter sostenible. Esta concepción deproductividad, asociada a las lógicas de industrialización y mercado, se pretende imponer con totaldesconocimiento, entre otros, de los derechos al pluralismo, la diversidad, a la autonomía en el propiodesarrollo, a la propiedad y al medio ambiente, razón por la cual, a continuación, planteamos algunas delas objeciones al contenido del mencionado proyecto:
Sobre el Vuelo Forestal
La definición de la figura del “vuelo forestal” promovida en el proyecto de ley 286 de 2009 Senado, 001de 2008 Cámara, es una clara muestra de la disociación entre los derechos de los que son titulares loscampesinos y la formulación de un modelo económico para el sector agrario. Así, el proyectodespojando de todo sentido los derechos a la tierra y el territorio los desnaturaliza al dividir losderechos sobre el suelo y las plantaciones forestales, estableciendo en su artículo 2º numeral 3 laposibilidad de que el titular o propietario de un cultivo forestal con fines comerciales pueda constituirsobre una plantación forestal futura una garantía con cualquier entidad financiera, derecho quedenomina
“ vuelo forest al” .El vuelo forestal definido en el proyecto pretende fundamentarse en el artículo 659 del Código Civil,según el cual los productos de los inmuebles, como la madera, se reputan muebles, aun antes de suseparación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas para otra personadiferente al dueño. Sin embargo, desconoce que la concepción del artículo 659 del Código Civil fuesuperada por la legislación ambiental de 1974
que introdujo algunas modificaciones, desde lalegislación ambiental, a la legislación civil. Dicho cambio de legislación fue estudiado por la CorteConstitucional en sentencia C-126 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero y declarado exequiblepor ser congruente con la relación normativa entre la sociedad colombiana y la naturaleza, establecida apartir de la Constitución de 1991. Esta objeción ya había sido planteada al proyecto que dio lugar a la
2Ley General Forestal, ley que fue declarada inconstitucional por la Corte en sentencia C
– 030 de 2008,M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Entonces se dijo:
“[El vuelo forestal] rompe la unidad del bosque con el suelo y con los demás recursos naturales asociados,modificando la concepción del Código de Recursos Naturales Renovables (CNRNR) que en su Libro II, Parte 8, Tít ulo III “De los Bosques”, dispone que este “ título regula el manejo de suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, que para los efectos del presente código se denominan áreas forestales” (art. 202),concibiendo el suelo y el bosque como una unidad indisoluble. Adicionalmente, el Código define el área forestal protectora como una “zona que debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables” , estableciendo la relación de suelo y bosque con otros recursos.
“Con ello el artículo 40 del proyecto de ley vuelve en forma inaceptable a la concepción del Código Civil de 1887 que considera “ los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como la yerbas de un campo, la madera y frutos de los árboles (...) como bienes muebles aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño (art. 659, Código Civil )”. Esta concepción estaba totalmente superada por la legislación ambiental de 1974 (CNRNR), tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional dejando en claro la legitimidad de las modificaciones que incorpora la legislación ambiental a la legislación civil. En este sentido, la Corte considera que la modificación de ciertas normas civiles realizada en el Código de Recursos Naturales Renovables, es totalmente congruente con la finalidad de la regulación ambiental perseguida con su expedición, ya que uno de sus objetivos es lograr la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables” 2 .
Además de desconocer las modificaciones que en materia ambiental introdujo el Código de RecursosNaturales Renovables, el proyecto de ley no especifica qué se entiende por
“titular” de una plantaciónforestal, lo cual tiene serias implicaciones para los derechos de campesinos propietarios que han
adquirido de buena fe su dominio, pues la expresión “titular” al ser indeterminada permite que
cualquier tercero poseedor o tenedor de la tierra -incluso si actúa de mala fe- constituya un derechosobre una plantación de carácter privado, aun en contra y en perjuicio de los derechos del propietariode la tierra. Así, un tenedor o un poseedor, de buena o mala fe, puede constituir derechos sobre prediosrurales.Si bien podría argumentarse que la garantía real que se constituya sobre las plantaciones en virtud delderecho al vuelo forestal no tendría por qué afectar el derecho de dominio sobre la tierra, lo cierto esque si dicha garantía se hace efectiva cualquier entidad financiera podría disponer de las plantacionesforestales bajo un derecho así reconocido por la ley, lo que materialmente ocasionaría una grave eindebida limitación del derecho de propiedad sobre la tierra, pues de poco sirve tener una tierra que nopuede ser usada económica y culturalmente, cuando todo lo que crezca por encima de ella es objeto deuna garantía real constituida con anterioridad.Esto significa que, sí se llegara a constituir una plantación forestal en un predio privado campesino, sinque interese quién es el dueño de la tierra, la plantación puede válidamente ser de un tercero, quienejercerá el dominio sobre la misma, independientemente de los derechos que el propietario opropietarios tengan, y adicionalmente ese tercero podrá, en virtud del artículo segundo, utilizar dichaplantación como garantía de un crédito con cualquier entidad financiera.Para explicar las diferentes y profundas implicaciones que tendría la aplicación de esta figura del vueloforestal, enseguida se explican las implicaciones que la misma tendría en general sobre el derecho a lapropiedad, sobre los derechos de los campesinos y sobre los derechos de los campesinos desplazados.
ríguez Becerra y otros, “
Comentarios al texto definitivo para segundo debate al proyecto de ley número 264 de2004 -Cámara de Representantes,
por medio de la cual se expide la Ley General Forestal ”
, consultado en Web:http://www.coama.org.co/documentos/articulos/comentarios_ley_forestal_ago25.pdf 3
Desconocimiento del derecho a la propiedad privada
La Constitución Política en su artículo 58 garantiza el derecho a la propiedad privada y los demásderechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado:
“Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden destacar las siguientes: (i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomoal no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero; y finalmente (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas”.
“6. De acuerdo con lo expuesto y teniendo como fundamento la Constitución Política de 1991, es claro que puede definirse a la propiedad privada como el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal oincorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias” 3
(Negrillas fuera del texto) Además, el derecho a la propiedad ha sido reconocido por diferentes instrumentos internacionales dederechos humanos. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala quetoda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y que nadie puede ser privadoarbitrariamente de la misma. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanosestablece en su artículo 21 que
“toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes” y que
“ni nguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley” .En concordancia con estas definiciones, la Corte Constitucional, en sentencia C-189 de 2006, M.P.:Rodrigo Escobar Gil, reiteró que el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada contiene el uso,el goce y la disposición de la cosa y por lo tanto constituye un espacio de libertad para que el titular deeste derecho pueda ejercer esas potestades de la forma que crea más satisfactoria, dentro de los límitesque le imponga la ley y sin desconocer la función social de la propiedad. Esta libertad que tiene elpropietario sobre la tierra le permite desarrollar actividades económicas dentro de esta, construir una vivienda si así lo estima conveniente o darle el uso que le parezca, siempre que no vaya en contra delordenamiento jurídico.La protección constitucional del derecho a la propiedad obedece a la necesidad de proteger una de lasmanifestaciones de las libertades del individuo, y además al reconocimiento del carácter subjetivo deeste derecho. Igualmente, el reconocimiento del derecho a la propiedad privada implica limitar y prohibir el abuso, la invasión y la fuerza ilegal que terceros quieran imponer sobre un terrenolegítimamente constituido como privado y protegido como tal por la ley y la Constitución. Cualquiernorma que contemple o permita actos de usurpación o menoscabo de este derecho es una manifiesta violación al mandato constitucional.
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