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Timestamp: 2016-10-23 07:14:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 98', 'e contrario', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 98', 'e contrario', 'artículo 98']

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Burgos, don Jesús Santamaría Villanueva, contra la negativa del registrador de la propiedad de Burgos n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Burgos, don Jesús Santamaría Villanueva, contra la negativa del registrador de la propiedad de Burgos n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Burgos, don Jesús Santamaría Villanueva, contra la negativa del registrador de la propiedad de Burgos n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Burgos, don Jesús Santamaría Villanueva, contra la negativa del registrador de la propiedad de Burgos n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Burgos don Jesús Santamaría Villanueva contra la negativa del registrador de la propiedad titular del Registro número 1 de dicha capital, don Joaquín Luaces Jiménez-Alfaro, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 14 de enero de 2005 don Jesús Santamaría Villanueva, Notario de Burgos, autorizó una escritura de compraventa en virtud de la cual doña M.ª B. S. H. vendió un inmueble a don G. A. S.
Se expresa en dicha escritura que «Intervienen: a) Ambos en su propio nombre y derecho; b) Doña M.ª B. S. H., además, en nombre y representación de su hermana doña M.ª Y. S. H.
Actúa en virtud de poder que se le confirió en escritura autorizada por el Notario de Torrevieja (Alicante) Don Juan José Martínez Román, el día 14 de diciembre de 2004, número 6009 de protocolo.
Me exhibe copia auténtica de dicho poder y, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, las facultades de la apoderada son suficientes para este otorgamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, pues resulta estar facultada para formalizar la venta objeto de la presente escritura y todos los pactos incluidos en la misma, aseverándome que el poder está vigente y que subsiste la capacidad y el estado civil de su representada».
El título se presentó mediante fax el mismo día de su autorización, causando el asiento de presentación 1641 del Diario 139, siendo consolidada su presentación el 21 de enero de 2005 El Registrador de la Propiedad titular del Registro número 1 de dicha capital, don Joaquín Luaces Jiménez-Alfaro, según calificación con fecha de 2 de marzo de 2004, suspendió la inscripción solicitada, «por no estar debidamente acreditadas en el precedente documento las facultades de Doña M.ª B. S. H. como representante de M.ª Y. S. H...». Y alega en defensa de dicha calificación las siguientes razones:
1. La vigencia del artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria, que no ha sido derogado sino plenamente ratificado por Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
2. La perfecta compenetración entre el artículo 98.3 de la nueva Ley y el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria.
3. El juicio de suficiencia notarial no vincula ni a las partes ni a los terceros. Y los jueces o funcionarios no pueden quedar vinculados por ese juicio notarial.
4. No se puede decir que no hay ninguna innovación en el artículo 98 de la Ley 24/2001, pues el apartado 3 eleva a norma de rango legal la práctica de transcripción parcial de la representación, que carecería de apoyo legal alguno.
El mencionado Notario solicitó la calificación sustitutoria ante el Registro de la Propiedad de Roa. El Registrador titular, don Gonzalo Concheso Paniagua, mediante calificación con fecha 29 de marzo de 2005, confirmó la calificación negativa realizada por el Registrador sustituido, alegando que no aparece la reseña, relación o transcripción de dichas facultades ni se ha acompañado la escritura de apoderamiento.
Debe hacerse constar, a los efectos que luego se expondrán, que ni en dicha calificación sustitutoria, ni en el escrito del Registrador de elevación del expediente a este Centro Directivo se expresan datos como la fecha de solicitud por el recurrente de dicha calificación sustitutoria, la notificación de esta calificación ni la fecha y forma de tal notificación, si bien el recurrente admite que esta calificación se le notificó el 29 de marzo de 2005.
Debe destacarse que en el escrito del Registrador por el que eleva el expediente a este Centro Directivo no consta el informe de aquél, ni figura el medio ni la fecha de notificación de la calificación (por cierto, emitida transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria), si bien el recurrente reconoce que le fue notificada el 2 de marzo de 2005.
17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004, en las que claramente se establece una doctrina distinta a la expuesta por el Registrador en su calificación.
Mediante escrito de 4 de abril de 2004, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, con base en los argumentos que se resumen en el fundamento de derecho primero de esta resolución.
El Registrador de la Propiedad elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito que tuvo entrada en este Centro el 7 de abril de 2005.
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29
de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 de abril y 4 y 5 de mayo de 2005, entre otras.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una compraventa.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación con base en la existencia de numerosas resoluciones de este Centro Directivo expuestas anteriormente que han interpretado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en un sentido claramente contrario al mantenido por el Registrador, aduciendo el carácter vinculante de esas resoluciones.
2. Antes de resolver la cuestión objeto de debate, debe recordarse que, conforme al artículo 327 de la Ley Hipotecaria, cuando el Registrador mantenga su calificación recurrida ha de formar expediente que habrá de contener, entre otros documentos, su informe que debe reducirse a cuestiones de mero trámite, según la doctrina de esta Dirección General. Cuando este Centro Directivo se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido existir; por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los interesados en éste, etc.
En el presente caso, cabe precisar que en el expediente el Registrador ha omitido dicho informe cuyos datos (si se ha notificado la calificación, con expresión de la fecha y la forma en que, en su caso, se ha notificado; la fecha de solicitud por el recurrente de calificación sustitutoria, la notificación de esta calificación ni la fecha y forma de tal notificación) son necesarios para que este Centro Directivo compruebe la regularidad del expediente y de la actuación del Registrador; por ello, debería haber extremado su celo en el detalle de tales circunstancias. No obstante, la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución (cfr. artículo 327, párrafo octavo, de la Ley Hipotecaria).
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el respectivo documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido, mediante escritura pública, autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder y el número de protocolo; así mismo se expresa que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia en el poder a que se específicamente se refiere la calificación el Notario expresa en el título que se le exhibe copia autorizada de dicha escritura de poder, y que, a su juicio y bajo su responsabilidad, «las facultades de la apoderada son suficientes para este otorgamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, pues resulta estar facultada para formalizar la venta objeto de la presente escritura y todos los pactos incluidos en la misma, aseverándome que el poder está vigente y que subsiste la capacidad y el estado civil de su representada».
Carecen, por tanto, de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que atendidos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el contenido del documento del que nacen las facultades representativas (tampoco puede el Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación estaría infringiendo los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 17 bis de la Ley del Notariado, al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación). El juicio de suficiencia del Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el negocio jurídico concluido.
5. Por último, esta Dirección General entiende que, a la vista del expediente calificación e informe del Registrador, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en su calificación y en su informe en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo; y, lo que resulta aún más importante, utilizando como base de su argumentación un razonamiento que en nada se corresponde con el que esta Dirección General ha mantenido en las sucesivas Resoluciones por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en su integridad en la presente.
Madrid, 13 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar Blancomorales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad de Burgos número 1.