Source: https://www.adelaprat.com/2017/05/declaran-la-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-la-ley-de-impuesto-a-las-ganancias-en-tanto-obliga-a-pagarlo-a-jubilados-pensionados-y-retirados/
Timestamp: 2017-05-28 04:57:05
Document Index: 264774696

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 79', 'artículo 115', 'artículo 79', 'Artículo 115']

-Son los artículos 79, inciso c) Ley 20.628 y 115 de la Ley 24.241-
-La demandada ya dispuso apelar esta sentencia-
-La postura de la CSJN es en sentido contrario al presente fallo-
-Causa Nº 17477/2012-
-Autos: “Calderale Leonardo Gualberto c/ANSES s/ Reajustes Varios”
-Tribunal: –Cámara Federal de la Seguridad Social–
-Fecha: 17/05/2017.
-Cita: –CIJ–
-CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL- Sala II-
Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta Sala en virtud de
los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia
El organismo administrativo cuestiona el mecanismo de determinación del ha–
ber, el sistema de movilidad implementado –la declaración de inconstituciona-
-lidad del art. 7º, inc. 2º y 9º de la Ley 24463; arts.24, 25 y 26 de la Ley 24.241,
y la actualización de la Prestación Básica Universal,ordenada en la sentencia.
Por su parte, la actora objeta la aplicación de pautas de movilidad establecidas
en la Ley 26.417,solicita la inconstitucionalidad del art.6º de la Res. SSS 6/09,
y de la fórmula que surge del Anexo I de la norma mencionada. A su vez, preten-
-de que se declare la inconstitucionalidad del 3er. párrafo del inc.i) del art.20,
y del art.79,inc.c) de la Ley 20.628 –L.I.G.-, cuestión introducida en la demanda y que `no´ fue resuelta por el Juez de grado.
Sostiene que toda ganancia requiere de alguna acción o actividad y la jubi–
lación no tiene nada que ver con ello.
Manifiesta que la citada prestación es uno de los principales beneficios de la
Seguridad Social, llamado a cubrir el riesgo de ancianidad o subsistencia
Por lo tanto, solicita se la exima de este impuesto –tanto respecto de su haber
mensual, como al retroactivo-, que se derive del reajuste planteado.
-Agravios de la demandada-
Cabe indicar que el titular obtuvo su beneficio el 06/12/2010, fecha posterior a
la entrada en vigencia de la Ley 26.417, que en su art.2º dispuso que a fines de
practicar la actualización de las remuneraciones a que se refiere el art.24,
inc.a) de la Ley Nº 24.241, a las que se devenguen a partir de 03/09, deberá
aplicarse el índice combinado previsto en el art.32.
En consecuencia,las remuneraciones consideradas a los fines del cálculo del
haber inicial, deberán actualizarse en el marco de lo dispuesto por la CSJN,
en autos:”Elliff Alberto c/ ANSeS s/ Reajustes Varios” (Fallos 332: 1914), hasta
la entrada en vigencia de la Ley 26.417, fecha a partir de la cual será aplicable
el mecanismo de actualización previsto en el art. 2º de esta ley hasta la
fecha de adquisición del derecho.
Sobre la declaración de inconstitucionalidad del art.7º,ap. 2º de la Ley 24.463 y
la movilidad de la prestación,dada la fecha de adquisición del beneficio (6/12/10)
el Magistrado no aplicó lo resuelto por la CSJN en “Badaro”, sino las
previsiones de la Ley 26.417, por lo que se desestima este agravio.
En cuanto al cómputo de años de servicios con aportes anteriores al 15/7/94,
para el cálculo de la Prestación Compensatoria que prevé el art.24,(Ley 24.241)
toda vez que de la documental surge que el actor acredita 23 años 4 meses y 2
días, de servicios con aportes y no excede el límite impuesto por
la norma, resulta abstracto expedirse al respecto.
Con respecto a la impugnación del art.9º,inc.3º de la Ley 24.463,en orden a lo
resuelto por la CSJN en autos:”Tudor Enrique José c/ ANSeS” (sent.:19/8/04),
“Actis Caporale, Loredano Luis Adolfo“ (sent.del 19/8/99), corresponde de-
-clarar su inconstitucionalidad, en la medida que de la liquidación orde-
nada en la sentencia, surja una diferencia que `supere´ el 15% entre
el haber percibido y el haber reajustado.
Similar criterio corresponde aplicar respecto del art. 26, de la Ley 24.241.
Con relación al planteo referido a la actualización de la Prestación Básica Uni-
-versal (PBU), la CSJN, en la sentencia dictada en la causa “Quiroga, Carlos A.
c/ ANSeS s/ Reajustes Varios“(Fallos 337: 1277), puso particular énfasis en
el carácter integral de los beneficios de la Seguridad Social (CN: 14 bis):
“aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del MONTO
INICIAL de los haberes, pues de otro modo, no podría mantenerse
una relación justa con la situación de los activos“(considerando 9º).
Bajo el influjo de tal exégesis constitucional,la CSJN consideró que a los fines de
alcanzar una solución razonable al dilema que plantea el recurrente,y con-
substancial con aquéllas premisas, debía considerarse de manera concreta
“qué incidencia tenía la ausencia de incremento de uno de los componentes
de la jubilación (en el caso, la PBU) sobre el `total del haber inicial´- pues
este es el que goza de protección, (enfatiza el Superior)- y en caso de haber-
se producido una merma, constatar si el nivel de `quita´ (con relación
a la `situación de los activos´), resultaba confiscatorio” (considerando 10).
Es oportuno señalar en este lugar que, la CSJN no ha desatendido jamás la
razonable proporción que debe existir entre el beneficio jubilatorio y los salarios de los trabajadores activos.
En la causa “Elliff, Alberto José“ (citada en el considerando 12 de “Quiroga“),
entre otras, ha puntualizado que “el indicador salarial en materia previsional
no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario, sino:
mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos, que se
vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones
que se produjeron en las remuneraciones (causas “Sánchez” y “Monzó“, Fallos:
: 328 : 1602, 2833 y 329: 3211).
En consecuencia,este análisis sobre la suma final a la que ascendería la PBU, de-
-berá efectuarse –como en “Quiroga” CSJN-, al tiempo de practicarse la liquida–
–ción de la sentencia,ocasión en la que recién se podrá determinar si la insu–
-ficiente actualización de la PBU produce una disminución confiscatoria
del `total del haber inicial´ del actor,con relación a la situación de los trabaja–
–dores activos (v. considerando 10).
-Agravios de la parte actora-
Respecto al planteo de inconstitucionalidad del art.6º de la Ley 26.417 y de
la Resolución SSS 6/2009, como la aplicación de las pautas de movilidad para
los períodos posteriores al referido en la causa “Badaro”, la CSJN ratificó
la doctrina del citado fallo, acotando aquella hasta el 31/12/2006 (“Berón, Án–
–gel Natal c/ANSeS s/reajustes varios“, sent. del 03/05/2011).En consecuencia,
dejando a salvo mi opinión al respecto, resultaría dilatorio insistir en un
ajuste a contrario de la doctrina judicial señalada“.
Corresponde desentrañar los agravios del actor con respecto a la inconstituciona–
lidad que plantea contra el tercer párrafo del inc.i) del art.20 y el art.79, inci-
-so c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628,B.O. 31/12/73, plantea–
–da en la demanda y `omitida´ por el sentenciante.
El Tribunal dictó una Medida para Mejor Proveer en la cual ordenó:“remitir las
actuaciones al perito contador adscripto a este Tribunal, a los fines de que
practique una Liquidación ilustrativa actualizando las remuneraciones,conforme
con los precedentes, en orden a determinar si el actor estaría alcanzado por la Ley Nº 20.628 (L.I.G.), con carácter de preferente despacho,
atento la avanzada edad del actor y su estado de salud acreditado
en autos“.
El experto consultado informó al Tribunal, lo siguiente:”…por el período
2011, la ganancia sujeta a impuesto asciende a $ 1.539,59 y el im-
-puesto determinado a $ 138,56; para el período fiscal 2012, la ganancia sujeta
a impuesto asciende a $ 28.295,89 y el impuesto a pagar a $ 3.876,22 y para
el período 2016, la ganancia sujeta a impuesto asciende a $ 62.294,65 y el
impuesto a pagar a $ 11.719,55″.
En resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 36,
inc. 4º, CPCCN), el Tribunal corrió vista a las partes del dictamen contable,
y vencido el plazo legal correspondiente sin que ninguna de ellas lo haya
impugnado, se presume que el mismo fue consentido, por lo que su
valor probatorio deviene inobjetable a los fines de determinar la exis-
-tencia de “caso” o “causa” o “controversia“ que legitime la actuación de
la justicia. (Ley 27, artículo 2º, Fallos 331 : 2287, entre muchos otros).
Es oportuno señalar que, la fuente más encumbrada del derecho positivo: –la
Constitución Nacional-, en su artículo 14 bis prescribe que el Estado otorgará
los beneficios de la Seguridad Social con carácter de integrales e
Coherente con esas prescripciones, el Máximo Tribunal destacó que:”Esta Corte
ha sostenido que las jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia
o un favor concedido por el Estado, sino que son consecuencia de la
remuneración que sus titulares percibían como contraprestación laboral
y con referencia a la cual efectuaron sus aportes y como débito de la
comunidad por dichos servicios, por lo que, una vez acordadas configuran
derechos incorporados al patrimonio y ninguna Ley posterior po–
–dría abrogarlos más allá de lo razonable, pues encuentra como valla
infranqueable, expresas garantías de orden constitucional (v. causa“Martiré,
Eduardo F. c/ Poder Judicial de la Nación s/ ordinario“, del 4/3/93 y causas:
“Hernández, Raúl Oscar c/Provincia de Buenos Aires–Instituto de Previsión So-
-cial“ del 22/09/94; “Chocobar, Sixto Celestino c/Caja Nacional de Previsión
para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste de haberes por movilidad“).
El aludido carácter integral que le atribuya la C.N. a las prestaciones de la segu-
-ridad social, indica que la protección que otorga a sus titulares debe ser acorde
con sus necesidades económicas, sociales y asistenciales.Tal es el propósito que
procura el art. 25, de la “Declaración Universal de Derechos Humanos“ cuan-
-do prescribe que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
-cuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar
y en especial, la alimentación, vestido, la vivienda, la asistencia médica,
La CSJN ha puntualizado en la causa:”Sánchez, María del Carmen c/ANSeS s/
reajustes varios“, lo siguiente:”La necesidad de mantener una proporción justa
y razonable entre el haber de pasividad y la situación de los activos, es conse–
cuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos
los beneficios de la seguridad social,con aquellas de naturaleza previsional
que son financiadas con los aportes efectuados durante el servicio. Cual-
-quier situación que impida el goce efectivo de los beneficios de la seguridad
social, ya sea disminuyéndolos o aniquilándolos,tornaría irrisoria la cláusula
constitucional“(sentencia del 17/05/2005, considerando 5º).
En el supuesto de autos, el haber previsional del actor podría verse disminuído
por varios topes, descuentos y en especial, por el Impuesto a las Ganancias
los cuales afectarían los aludidos principios de proporcionalidad y sustituti-
vidad, que resguardan la integridad de su haber previsional, por mandato
El artículo 79, de la Ley Nº 20.628–L.I.G.-dispone que:
“Constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenientes:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su origen en el trabajo personal (…).
“Resultaría contradictorio reconocer que los beneficios previsionales están
protegidos por la garantía de proporcionalidad, integridad y sustitutividad,
que establece la Ley Suprema y a la vez tipificarlos como una renta,
enriquecimiento, rendimiento o ganancia gravada por el propio Estado
que es el responsable de velar por la vigencia y efectividad de estos prin-
-cipios constitucionales (art. 14 bis, C.N.)”
“Por lo mismo, deviene irrazonable y carente de toda lógica jurídica, asimilar
o equiparar las prestaciones de la seguridad social a rendimientos, rentas,
enriquecimientos, etc. obtenidas como derivación de alguna actividad con fi-
-nes de lucro de carácter empresarial, mercantil o de negocios productores
de rentas, que la ley tipifica con lujo de detalles en su articulado“.
Para el Magistrado preopinante “la única hipótesis en la que se admite el pago
de Ganancias es cuando el salario del jubilado, durante su desempeño como
trabajador activo, hubiere superado el mínimo no imponible que contem-
pla la ley vigente, que tipifica como ganancia: “el trabajo personal ejecutado
en relación de dependencia“.
Conforme con tal razonamiento, el aporte en concepto de Impuesto a las
Ganancias que grava a los jubilados, sería percibido por el Estados en dos oportunidades con respecto a la misma persona, lo cual podría configurar
una doble imposición y a la vez un enriquecimiento ilícito para éste,
si se repara en el hecho que, como derivación del principio de solidaridad que rige en esta materia: “…las jubilaciones y pensiones no cons–
tituyen una `gracia´ o favor concedido por el Estado, sino que son
consecuencia de la remuneración que percibían como contraprestación labo-
-ral y con referencia a la cual efectuaron sus aportes (y el tributo ley
20.628).
En consonancia con lo expuesto, la Cámara Federal de Paraná en autos:
“Cuesta, Jorge Antonio c/ AFIP s/Acción de Inconstitucionalidad“, puntualizó,
lo siguiente: “…el beneficio jubilatorio no es ganancia en los términos de la
ley tributaria, sino un débito social que se cumple reintegrando aportes efectuados
por el sistema previsional.
“En consecuencia, al considerar la jubilación como un reintegro o débito social,
aplicar el impuesto sobre los Aportes efectuados en vida activa y repetir la tributa-
-ción sobre los mismos aportes al devolverlos en forma de beneficio previsional,
produce agravio a diversas garantías constitucionales al afectar la la naturaleza
integral del beneficio y el derecho de la propiedad como consecuencia de una
doble imposición y el carácter confiscatorio de la reducción”(…)
“Infiérese de lo anterior que, sería a todas luces un contrasentido y una fla-
grante injusticia que el jubilado estuviera exento de tributar el impuesto
a las Ganancias como trabajador y obligado a sufragarlo como jubilado,
cuando se halla en total estado de pasividad,sin desarrollar actividad lucrativa
de carácter laboral o mercantil, sin percibir un salario por parte de su Empleador
y sin obtener rendimientos, rentas o enriquecimientos de ninguna clase, de-
rivados de la realización de cualquier acto o actividad lucrativa, como suce-
–de en los distintos supuestos que individualiza la Ley 20.628″.(*)
Por todo ello, si al momento de practicar Liquidación conforme las pautas de
esta sentencia, el haber del actor superara el mínimo no imponible dis-
-puesto por la Ley Nº 27.346,debe declararse la inconstitucionalidad de los ar-
-tículos 79, inc. c) de la Ley 20.628 (Decreto 649/97) y art.115 de la Ley 24.241.
(i) Revocar parcialmente la sentencia recurrida;
(ii) Diferir el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad, referente a los
arts.9, inc. 3º de la Ley 24.463 y 26 de la Ley 24.241 para el momento de eje–
–cución de la sentencia;
(iii) Diferir a la Etapa de Liquidación, la determinación del PBU;
(iv) Declarar la inconstitucionalidad del art.79, inc.c) Ley 20.628 (dec.648/97),
y del artículo 115, de la Ley Nº 24.241, en la medida que al practicarse la liquida-
ción del haber, éste supere el mínimo no imponible tornándose pasible de tribu-
-tar el Impuesto a las Ganancias (Ley 27.346);
(v) Declarar exentas del impuesto a las ganancias, las sumas retroactivas
que se reconocieren en favor del titular.
(vi) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y es materia de agravios;
(vii) Imponer las costas de Alzada por su orden; y
(viii) Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de Origen.
Luis René Herrero.-Juez de Cámara.-
Nora Carmen Dorado.- Juez de Cámara.-
Ante mí: Amanda Lucía Pawlowski.-Secretaría de Cámara.-
Cita: (*)Recordamos que la CSJN, en los autos:”Dejeanne, Oscar Alfredo y
otro c/ AFIP s/ amparo“, declaró la validez del gravamen y revocó la declaración de Inconstitucionalidad del artículo 79, inciso c) L.I.G. que ha-
bía dispuesto la Justicia de Corrientes, adhiriendo al dictamen de la Sra.
Procuradora Fiscal, con el voto en disidencia de la Dra. Carmen Argibay.
Reza la sentencia de la CSJN que la configuración del gravamen decidida
por el legislador involucra “una cuestión ajena a la órbita del Poder
Judicial, a quién no compete considerar la bondad de un sistema
fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público y decidir si
uno es más conveniente que otro, sino que sólo le corresponde declarar
si repugna o no a los principios y garantías contenidas en la Constitución
Nacional.Ello, salvo que en el caso se acreditase “una violación al de–
cho de propiedad debido a que el gravamen adquiere ribetes que lo tornan
confiscatorio”.
A) Ley Nº 24.241-
Artículo 115-Las jubilaciones,retiros por invalidez, pensiones por fallecimiento,
y demás prestaciones otorgados conforme a esta Ley, estarán sujetas –en cuanto
corresponda-, al Impuesto a las Ganancias.
24241:115, beneficio previsional, Derecho Previsional, ejecución de sentencia, enriquecimiento, exención del I.G-, ganancia, Impuesto a las Ganancias, inconstitucionalidad, jubilación, ley 24.241, Ley Nº 20.628, LIG:79-c, liquidación del haber, mínimo no imponible, pensión, Prestación Básica Universal, renta, retiro, sumas retroactivas
Trabajadores Rurales-Resolución 73/2017-Incremento De Los Montos Mínimo y Máximo De La Prestación Por Desempleo
-El Directorio Del RENATRE Aprueba Provisoriamente La Reglamentación Del “Sistema Integral De Prestaciones Por Desempleo” Para Todos Los Trabajadores Rurales-Nuevo Monto De Prestación Por Desempleo Desde 1º/Mayo 2017-
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