Source: https://www.scribd.com/document/216718263/Procesos-Constitucionales-Contra-Resoluciones-Judiciales
Timestamp: 2018-10-19 03:20:44
Document Index: 100164854

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Procesos Constitucionales Contra Resoluciones Judiciales
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CISE 16/04/08
Revista: “Análisis del Derecho”
LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES Y LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA EN EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
PONENCIA PRESENTADA EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL “GERMAN J. BIDART CAMPOS” REALIZADO EN HUANCAYO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2004 Y PUBLICADA EN EL LIBRO HOMENAJE A DOMINGO GARCÍA BELAUNDE “EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO”.TOMO I
* Enrique Pestana Uribe
A modo de introducción Qué duda cabe que la dación del novísimo Código Procesal Constitucional constituye un
enorme avance en el sistema de protección de los derechos constitucionales. Si bien aún se encuentran en vigencia normas de orden procesal constitucional que datan de hace veintidós años atrás, la Constitución de 1993 estableció en el artículo 200°, inciso 6), que las acciones de garantía debían ser reguladas mediante una ley orgánica, con lo cual queda absolutamente claro que el constituyente quiso otorgarle a dicha regulación una especie de “reserva de ley orgánica” en el entendido- que por cierto nosotros asumimos – de que esta clase de normas gozan de primacía jerárquica frente a las leyes ordinarias; situación que además se infiere de la votación calificada que el artículo 106° de la propia norma suprema exige para su aprobación o modificación.
Es por ello que debe resaltarse la trascendencia que tiene haberse logrado una regulación en un solo cuerpo normativo y orgánico, además de constituir un precepto con mayor fuerza
www.radjuris.ciseperu.com
contra resoluciones judiciales... A partir de una interpretación contrario sensu de dicha disposición constitucional. no obstante que el texto constitucional no lo admite de manera expresa.Contra resolución emanada de un procedimiento regular . hasta convertirse en adelante en una vía residual con las implicancias que ello habrá de significar en el futuro abordaje de este significativo proceso constitucional por parte de los operadores judiciales.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” normativa que sus pares. se estableció que no proceden las acciones de garantía “. inciso 2). el artículo 5° de la indicada ley señala que “Las acciones de garantía también son pertinentes si una autoridad judicial. algo que es a todas luces inobjetable desde el punto de vista de la supremacía constitucional frente a cualquier otro tipo de norma jurídica infraconstitucional.ciseperu.una vía alternativa. acaso no menos importante.com . que ha transitado bruscamente de ser – hasta ahora .. emite una resolución o www. Mención aparte merece el hecho de que el legislador procesal constitucional ha optado por extender las posibilidades de atacar resoluciones judiciales mediante el proceso de Hábeas Corpus. además. inciso 2) de la Constitución vigente. 6. Pero. Dentro de las muchas novedades que nos trae el recientemente promulgado Código Procesal Constitucional. fuera de un procedimiento que es de su competencia. llámense Código Procesal Civil o Código Procesal Penal. al establecer de forma expresa la improcedencia de interponer amparos contra resoluciones judiciales “emanandas de procedimiento regular”. Los Antecedentes Ciertamente.“ (art. está el nuevo carácter asignado al proceso de amparo. es el hecho que el codificador haya decidido introducir nuevos elementos y categorías en lo que concierne a la procedencia de los procesos constitucionales – ya sea de Hábeas Corpus o Amparo .radjuris. ya desde la vigencia de la Ley N° 23506 de Hábeas Corpus y Acción de Amparo. El concepto tiene su origen en el contenido del artículo 200°. se asumió y se viene asumiendo que en cambio sí son procedentes los amparos contra resoluciones judiciales que provengan de un procedimiento seguido irregularmente. pero.
A tenor de lo que propugna la moderna Teoría General del Proceso. Tal vez en relación a esto valdría la pena hacer notarla distinción entre proceso y procedimiento.com . inciso 2) de la ley 23506. Posteriormente. Nótese que las referidas disposiciones utilizan recurrentemente la expresión “judicial”.ciseperu. mientras que el “proceso” sería el género constituido por aquel conjunto de reglas y actos por medio del cual se permite a un órgano de la jurisdicción constitucional (ordinaria o especial) resolver a través de una sentencia una www. la ley N° 25398. complementaria de la ley de Hábeas Corpus y Acción de Amparo. Sobre ese aspecto trataremos más delante con mayor detenimiento. y otra muy distinta. también debiera considerarse dentro de las denominadas resoluciones judiciales a las que expide el Jurado Nacional de Elecciones. Sería sin embargo interesante hacer notar que a tenor de lo dispuesto en el artículo 178° inciso 4) de la Constitución. Sin embargo. lo que indica la voluntad del legislador de centrar el proceso de amparo sólo contra resoluciones producidas en sede judicial ordinaria o especial. afectándose con ello la garantía de la cosa juzgada.radjuris.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” cualquier disposición que lesione un derecho constitucional”. lo que podía desprenderse de todo eso. debían ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos mediante el ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen. era la diferencia existente entre un proceso irregular cuya tramitación afectara derechos constitucionalmente reconocidos. que las anomalías que pudiesen cometerse dentro del proceso regular referido en el artículo 6°. buscó efectuar algunas precisiones en torno a este tema. o a través de los recursos impugnativos usuales. la posibilidad de que en el decurso del proceso se cometieran vicios de orden procedimental que bien podían subsanarse o enmendarse por medio de los llamados remedios procesales. prescribiendo en el artículo 10°. más aun cuando ahora el propio artículo 5° inciso 8) del novísimo Código Procesal Constitucional permite entablar demandas de amparo constitucional contra resoluciones de naturaleza jurisdiccional emanadas de dicho órgano autónomo. puesto que éste administra justicia en materia electoral. En realidad se trataba de impedir que mediante la utilización del amparo se pretendiera enervar los efectos de las resoluciones judiciales en forma indiscriminada.
limitarse a identificar la vulneración o afectación evidente y concreta de un derecho constitucionalmente protegido.radjuris. No obstante. por ejemplo. Lamentablemente la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional ha sido bastante árida respecto a estos casos en los que se buscaba que el supremo intérprete de la Constitución estableciera de manera clara y estandarizada en qué casos estábamos frente a un proceso irregular y sobre todo cuáles eran los derechos constitucionalmente protegidos cuya afectación podía dar lugar a un proceso de amparo frente a un pronunciamiento judicial. Así. en los casos Vicente Silva Checa (Expediente N° 1091-2002. Ciertamente el tema es discutible si se toma en cuenta que si bien es efectivamente el juez ordinario quien debe aplicar la norma procesal correspondiente según los criterios que haya utilizado para determinar la imperiosa necesidad de hacerlo. desde el punto de vista del debido proceso sustantivo.ciseperu. in primer lugar. el Tribunal Constitucional peruano ha producido algunas sentencias relacionadas con los procesos ventilados por casos de corrupción en las que ha pretendido fijar algunas pautas en relación al denominado “debido proceso”. a que tal vulneración involucre la violación de preceptos que garantizan el debido proceso conforme a la gama de garantías que este recoge.com .CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” controversia jurídico constitucional. y en segundo lugar. Luis Bedoya de Vivanco (Expediente N° 1076-2003-HC/TC) y Eduardo Calmell del Solar (Expediente N° 0290-2002-HC/TC) se dejo muy en claro que el Tribunal Constitucional asume la posición de que el proceso constitucional contra resoluciones judiciales debe. es el de la aplicación del principio de legalidad. el “procedimiento” sería la especie constituida dentro del proceso constitucional por el orden y la sucesión de la realización de aquél. constituye una garantía absolutamente elemental que la decisión del juez siempre se encuentre ajustada a www. en tiempos más recientes.HC/TC). Un problema que sin lugar a dudas en su momento avivó el debate respecto al ámbito de revisión que puede ejercer válidamente el juez constitucional. habiendo sido entendió éste como un aspecto que sólo puede ser dilucidado por el juez ordinario en función a los elementos con los que adopta una decisión de tipo penal.
con lo cual se abre la posibilidad de atacar cualquier clase de resolución incluidas las sentencias con la única condición de que éstas hayan quedado firmes. podríamos afirmar que el debido proceso tiene dos dimensiones o vertientes que coexisten entre sí y que juntas representan el sumun de todo proceso judicial ajustado a derecho. En cuanto a lo primero.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” los parámetros expresos que señala la ley con el fin de evitar que se caiga en situaciones subjetivas o arbitrarias. civil. lo cual guardaría perfecta lógica y congruencia en el sentido de que no se puede ir contra los actos propios. Los avances respecto al control de las resoluciones judiciales en el Código Procesal Constitucional Hoy. lo encontramos en el artículo 37° . estableciendo en el artículo 4°. la que a su vez comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. sea de orden penal. que mediante el hábeas corpus se puede atacar resoluciones judiciales firmes que vulneran en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva y que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. etc. Es evidente que se excluyen dentro de ellas a las resoluciones consentidas por el afectado. La primera tiene que ver con la parte adjetiva o netamente formal que está primordialmente representada por reglas o principios ciertamente rígidos que garantizan el mecanismo a seguirse para el juzgamiento en cualquier materia del derecho. inciso 16) del Código que la reconoce como derecho protegido. pero advirtiendo que será improcedente si el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo.com . El tema pasa necesariamente por establecer previamente qué es lo que se entiende por debido proceso y aquello que configura la llamada tutela procesal efectiva.radjuris. tributaria. administrativa. El correlato a la viabilidad de entablar un proceso de amparo contra una resolución que afecte la tutela procesal efectiva. electoral. laboral. La norma citada se cuida mucho de hacer referencia a “resoluciones judiciales”. comercial. pero no por eso menos polémica respecto a este controversial asunto. Tales principios en realidad constituyen normas de orden público como siempre ocurre con los dispositivos www. nuestro novedoso Código Procesal Constitucional adopta una posición mucho más precisa.ciseperu.
radjuris. con total certeza.com . tales como la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. todo el edificio piramidal cae por sí mismo rompiendo la base del sistema. www. Nuestra norma suprema nos trae toda una gama de principios y garantías necesarias para mantener ese equilibrio entre los sujetos de la relación procesal. la motivación de las resoluciones judiciales. termina por desconfigurarse todo el esquema jurisdiccional. entre otros. Se trata en realidad de la aplicación concreta del derecho sustantivo al caso específico según lo que le corresponda sin desventaja ni detrimento alguno en perjuicio del justiciable.ciseperu.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” procesales y que por naturaleza son imperativas. en donde lo que se plantea es que toda decisión jurisdiccional se encuentre acorde con los estándares mínimos del derecho. De ahí que podríamos sostener. las garantías del debido proceso constituyen una pirámide ascendente compuesta por peldaños en los que están asentados los principios y garantías procesales. En realidad. alterándose así la relación de equilibrio y ponderación necesaria para encontrarnos frente a lo que debería ser siempre un proceso sujeto arreglado a derecho. Pero es en esencia el inciso 3) del artículo 139° el que encierra en sí mismo el llamado principio de observancia del debido proceso y la tutela procesal efectiva. evitando caer en situaciones arbitrarias o desproporcionadas. La articulación de tales preceptos es vital y esencial para la vigencia de un verdadero Estado constitucional de derecho. la prohibición de ser penado sin proceso judicial previo. la inaplicabilidad por analogía de la ley penal. que el debido proceso está conformado por un cuerpo vertebrado de principios y garantías que no pueden quebrarse en aras de mantener el valor de la justicia. el derecho a defensa y a la probanza. de tal suerte que si estos principios se rompen. En realidad tales reglas están diseminadas tanto en el capítulo referente a los derechos fundamentales de la persona como en el capítulo referido al Poder Judicial. la pluralidad de instancias. Pero por otro lado también está el llamado debido proceso sustantivo o material. la publicidad de los proceso penales. No por ello podemos dejar de lado otros principios y reglas fundamentales. los cuales deben subsistir hasta llegar a la cima que podríamos graficar como la decisión justa y arreglada a derecho a la que se debe arribar en todo proceso. Si alguno de esos peldaños es fracturado.
Si alguno de los mecanismos de acceso a la justicia es entorpecido en perjuicio del actor. a la obtención de una resolución fundada en derecho. la tutela procesal efectiva supone el derecho que tiene todo sujeto de acceder a la justicia mediante un procedimiento preestablecido conforme a ley. a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos. concepto por cierto bastante amplio que incorpora dentro de ella el derecho al libre acceso al órgano jurisdiccional. lo convierte en un númerus apertus en el que jurisprudencialmente podrían habilitarse otros derechos que se consideren comprendidos dentro de la denominada tutela procesal efectiva.com .CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” Por su parte. a probar. a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley.radjuris. Esa efectividad se basa fundamentalmente en hacer siempre viable y posible acceder a un órgano jurisdiccional en forma oportuna para que en un tiempo razonable éste se pronuncie respecto a nuestras demandas o peticiones. a la defensa. entonces estaremos frente a la violación del derecho a la tutela procesal efectiva. Es obvio que el derecho de petición contenido en la norma fundamental comprende a todo tipo de pedido y ante toda clase de autoridades sin distinción alguna. aquello que se entiende por tutela procesal efectiva. Cabe anotar que el carácter enunciativo del párrafo tercero del artículo 4°. al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso.ciseperu. El problema respecto a la aplicación del artículo cuarto del Código Procesal Constitucional Lo controversial de lo dispuesto en el aludido artículo 4° del CPC reside en que intenta definir. En realidad se trata de darle viabilidad al derecho constitucional de petición consagrado en el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución y que no se restringe al ámbito puramente administrativo como erradamente algunos han venido sosteniendo. a acceder a los medios impugnatorios regulados. garantizándosele el derecho de acción en defensa de sus derechos vulnerados. de manera “enunciativa”. www. a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.
Consideramos importante anotar que el juez constitucional no puede ignorar aquellos derechos que no estando claramente definidos en la legislación interna.radjuris. el de acceder a los medios impugnatorios regulados. a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley.com . a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. se encuentran reconocidos en los artículos 139°. no sin dejar de lado el celo natural del juez ordinario por mantener la indemnidad de sus decisiones. de probanza.ciseperu. al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso y a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales. a tenor de lo prescrito por nuestro www. quienes ven en él un peligro latente que podría minar todo el esquema judicial en donde la cosa juzgada cumple un papel preponderante. y 2° inciso 24) acápite “d” de la Constitución respectivamente.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” La gama de derechos referidos en el indicado artículo 4° del CPC . d) Aplicación de los principios pro homine y por libertatis. en cuyo caso estará obligado a aplicar tales disposiciones en virtud atendiendo a las siguientes reglas y principios: a) Obligatoriedad de los Tratados conforme al artículo 55° de la Constitución. están en gran medida contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. b) Prevalencia de las disposiciones de un Tratado frente a las normas internas de un Estado parte. incisos 14). conforme a los Respecto a la obtención de una resolución fundada en derecho Ciertamente la inclusión de este componente de la tutela procesal efectiva ha generado situaciones de verdadera incertidumbre entre los operadores del derecho. conforme lo prescribe el artículo 27° de La Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados. 3). las cuales. podemos anotar que el derecho de defensa. sin embargo sí se encuentran debidamente desarrollados en los Tratados internacionales. 6) y 13). Así. c) Principio de interpretación de los derechos constitucionales Tratados (Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución). han sido recogidos tanto de la Constitución Política del Estado como de los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte. En cuanto a los derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional.
sino inclusive del propio Poder Judicial. la violación al debido proceso o a la tutela procesal efectiva alegada por el demandante no haya podido ser superada de modo alguno y pese a haber agotado www. el agraviado podrá perfectamente entablar un hábeas corpus o un amparo. ante una decisión adoptada en el ámbito de un proceso penal o civil que se considere lesiva de algún derecho constitucionalmente protegido. podrían ser revisadas invariablemente en sede constitucional. En buena cuenta. con la nueva dimensión que el Código Procesal Constitucional le otorga a la tutela procesal efectiva. sino incluso el debido proceso sustantivo o material. según corresponda. lo que supone no sólo la observancia del debido proceso formal o adjetivo. en el cual el juez constitucional tendrá que examinar si la resolución de sus pares se encuentra o no ajustada a derecho.radjuris.ciseperu. sino más bien de impedir una perniciosa deformación del orden jurisdiccional que debe mantener siempre dos principios elementales : seguridad jurídica y coherencia. Particularmente somos de la idea que el real sentido que el artículo cuarto del Código Procesal Constitucional ha querido darle a la exigencia de que toda resolución sea fundada en derecho.com . los siguientes parámetros : a) Que del estudio preliminar de la demanda el juez constitucional llegue a la conclusión de la viabilidad de dilucidar lo demandado mediante un proceso que siempre exige residualidad y es por ende de carácter excepcional. pueda ser posteriormente revisada por un Juez vía un proceso constitucional de hábeas corpus o de amparo. Si ese fuese realmente el espíritu de la aludida disposición procesal constitucional. Es decir que se podría revisar lo que es materia de fondo con lo cual el proceso constitucional abre las puertas a una nueva revisión de lo actuado y sobre todo de lo juzgado por el juez ordinario.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” novedoso cuerpo procesal constitucional. está más bien en el ámbito del debido proceso formal. b) Que. para muchos. para lo cual el juzgador tendría siempre que aplicar. necesariamente. y cuando nos referimos a ella no estamos hablando exclusivamente del Tribunal Constitucional. Es indudable que no se trata aquí de poner sobre el tapete la ya superada y anacrónica teoría de la “santidad” de la cosa juzgada. es indudable que entraríamos a una senda sumamente peligrosa en donde toda decisión que incluso pudiese haber llegado a conocimiento de la propia Corte Suprema.
Admitir siquiera la posibilidad de que en sede constitucional sería admisible revisar toda las resoluciones que se consideren carentes de fundamento jurídico. d) Que.ciseperu. lo sea de manera directa y flagrante con violación de principios constitucionalmente proclamados y siempre que no implique una distinta valoración de los hechos por parte del juez constitucional respecto a lo decidido por el juez ordinario.com . la decisión jurisdiccional ordinaria haya afectado gravemente y de manera evidente o manifiesta los principios del debido proceso o de la tutela procesal efectiva pero sólo de aquellos que se encuentren contenidos en la propia Constitución y no de los que puedan estar establecidos en los Códigos adjetivos.radjuris. pues no es atribución ni función suya juzgar www. La facultad revisora del juez en sede constitucional.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” todo los medios posibles. de tratarse de una resolución judicial que afecta el derecho a la libertad individual como consecuencia de la indebida o arbitraria aplicación de una norma sustantiva. siempre deberá estar delimitada por el propio derecho constitucional como referente obligatorio. c) Que la afectación alegada siempre debe sustentarse en la vulneración de un derecho directamente contenido en la Constitución. sería un despropósito. en el caso de que no se encontrase adecuadamente fundada en derecho. e) Que. f) Que. incluido el propio Código Procesal Constitucional no obstante que es una norma de desarrollo constitucional. En buena cuenta. dentro del proceso ordinario que da origen al proceso constitucional. sólo podrá ser revisada en sede constitucional cuando dicha desviación jurídica violenta una prohibición expresa de la constitución (ejemplo : si en un proceso penal se condenara a alguien por deudas fuera de la excepción contemplada en la Constitución) o se le condenara imponiéndole una pena no permitida por la ley penal. no sería factible revisar en sede constitucional resoluciones que no configuren decisiones recaídas en asuntos de puro derecho. a menos que dicho acto correctivo se encuentre enmarcado dentro de determinados límites como los que hemos planteado anteriormente. la decisión judicial ordinaria cuestionada.
aun cuando se tuviese la certeza de que no fueron adecuadamente adoptados o ponderados.radjuris. www. Las posibilidades de interponer amparos contra amparos y los procesos contra fueros jurisdiccionales especiales. es el relacionado con la posibilidad de instaurar procesos constitucionales contra otro proceso constitucional.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” bajo parámetros infraconstitucionales.com . no cabe que en sede constitucional se revisen tales aspectos. pues la única posibilidad de adoptar una decisión correcta radicará en tener en consideración aquellas reglas que le permitan ejercitar una labor revisora expresamente de contenido constitucional en la cual deberá evitarse a toda costa entrar a dilucidar cuestiones de orden valorativo o de criterio jurisdiccional que el juez ordinario pudiese haber recogido en su resolución en el ejercicio regular de sus funciones. debe entenderse que si la resolución cuestionada tiene que ver con asuntos valorativos o de aplicación legal al caso concreto y estos han sido objeto de impugnación en el propio proceso ordinario. uno de los temas que aún subsiste como generador de mayores discusiones en el medio jurídico especializado. En realidad de lo que se trata es definir los límites del juez constitucional en su labor revisora de las decisiones de sus pares que ejercen justicia en materia extra constitucional. la actuación del juez constitucional al admitir un hábeas corpus o un amparo contra una resolución judicial que supuestamente no se encuentra fundada en derecho reviste una tarea sumamente delicada. al hábeas data al proceso de cumplimiento o de acción popular. sin que ello excluya al hábeas corpus. Sin lugar a dudas. labor que sólo le compete de manera exclusiva a la justicia ordinaria. Precisamente esa línea infranqueable que no se debe traspasar reside en que la revisión debe ser siempre de orden exclusivamente constitucional y de ninguna otra índole.ciseperu. Después de todo. En consecuencia.
respecto a otros bienes e institutos constitucionalmente tutelados.A. pasaba por tener que superar el concepto de “infalibilidad” del proceso constitucional que precisamente está destinado a corregir desviaciones incurridas por los jueces en sede ordinaria y era en consecuencia inaudito pensar que dentro de un proceso constitucional se terminara vulnerando derechos constitucionales. Lamentablemente. (Expediente N° 612-98-AA/TC) que frente a la disyuntiva de hacer prevalecer el valor de la cosa juzgada o del derecho fundamental a la defensa. Como quiera que la legislación aún vigente en buena cuenta excluía esa posibilidad cuando nos encontrábamos ante una resolución judicial dictada en el proceso regular. En el mismo fallo. de lo cual queda obviamente excluido el Tribunal Constitucional. Ello. el mayor valor material de éste. en algunas ocasiones. de ser así. los únicos procesos constitucionales que han sido atacados mediante otra acción similar han sido los de amparo.com . puede ocurrir. el Tribunal ha dejado establecidas las siguientes pautas bajo las cuales sería admisible la procedencia de un amparo contra otro amparo. y además ha venido ocurrido. conduce a que el de la defensa tenga que prevalecer sobre el de la cosa juzgada. finalmente concluyó en que sólo sería viable hacerlo cuando la infracción constitucional hubiese sido cometida por los órganos jurisdiccionales ordinarios. conforme éste lo ha señalado en su sentencia recaída en el caso del Sindicato Pesquero del Perú S.ciseperu. hasta la fecha. desde luego. Luego de muchas marchas y contramarchas.radjuris. en efecto. los hechos nos han demostrado que lo antes aseverado. sin que eso signifique – insistimos – que se pudiese intentar contra otro tipo de procesos constitucionales. era inevitable corregir la anomalía reparando el agravio cometido en contra de la víctima. Sin embargo. el Tribunal Constitucional ha sido sumamente exigente al momento de admitir la posibilidad de declarar fundada una demanda de amparo contra una sentencia recaída en otro proceso similar anterior. el propio Tribunal Constitucional ha admitido que en la tramitación de un amparo podrían darse situación de grave afectación al debido proceso y que.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” No obstante. que en cuanto derecho fundamental reviste en un Estado democrático de derecho (artículo 3° de la Constitución) como el nuestro. www.
que sólo ha de proceder cuando dentro de la acción de amparo que se cuestiona. 1° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Esto es así. admitir que el propio Tribunal enerve la cosa juzgada que reviste a sus sentencias. Así. y no obstante ello. en atención a las circunstancias de indefensión que generaría su rechazo. 201° de la Constitución Política del Estado y art. cuando se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional. sostiene que sólo podrá operar en aquellos supuestos en que la violación al debido proceso resulte manifiestamente evidente. ella adquiere el carácter de presunción absoluta. por ejemplo. en fin. siempre que ellas no tengan carácter favorable a la parte actora. en especial. desde el punto de vista lógico. el juzgador constitucional ha hecho caso omiso de los mismos. b) La pauta fundamental es que sólo procede cuando se trata de sentencias de procesos de amparo que no han llegado a conocimiento del Tribunal Constitucional a través del Recurso Extraordinario. el Tribunal Constitucional ha adicionado otras pautas en relación a la admisión del denominado “amparo contra amparo”. que sólo debe centrarse en aspectos estrictamente formales del debido proceso.ciseperu. nuestro propio ordenamiento jurídico ha conferido a él. y no a otro. ya que de lo contrario se contravendría el principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada. excluyendo toda posibilidad de análisis sobre el fondo controvertido en el proceso constitucional cuestionado. posteriormente en el caso Ministerio de Pesquería (Expediente N° 200-2002-AA/TC). el control de la constitucionalidad (art.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” a) Puede ser admitido sólo de manera muy excepcional. En adición a ello.radjuris. se han agotado la totalidad de recursos que le franquea la ley al justiciable. que sólo ha de proceder contra sentencias constitucionales definitivas.debido a que resultaría contradictorio.com . debido a la naturaleza de supremo custodio de los derechos fundamentales que la doctrina le reconoce y porque. Finalmente el Tribunal reafirma su postura anterior en el sentido que el amparo contra otro amparo sólo ha de proceder contra resoluciones provenientes del www. Por esto.ha dicho. necesarios como para que la violación a algún derecho constitucional pueda ser evitada. si bien la presunción de legitimidad constitucional delas sentencias de los procesos de tutela de derechos es iuris tantum respecto a las sentencias provenientes del Poder Judicial.
La razón que podría justificar nuestra propuesta radica básicamente en que lamentablemente nuestros judicatura ordinaria aún no está dotada de elementos suficientemente especializados en materia constitucional como para garantizar o al menos evitar caer en situaciones irregulares que afecten derechos constitucionales en el curso de un proceso constitucional y es ahí en donde la única vía factible de enmendadura recae en el Tribunal Constitucional.ciseperu. que pese al sentido literal del mencionado dispositivo prohibitivo. debería quedar abierto el camino para accionar contra resoluciones firmes recaídas en procesos constitucionales siempre que estos no hayan tenido pronunciamiento del supremo intérprete de la Constitución. toda vez que éste es el intérprete supremo de la Constitución y se pronuncia sobre los procesos constitucionales de defensa delos derechos amenazados o vulnerados. por lo que deviene en imposible que sus resoluciones sean inconstitucionales. Bien sabemos que es en este ámbito donde más de las veces www. sería interesante que mediante una reforma legislativa se pudiese efectuar esa precisión.radjuris. es el de la ausencia de toda referencia en el Código Procesal Constitucional respecto a las resoluciones judiciales del fuero militar. El nuevo Código.com . sin embargo. Los procesos constitucionales contra decisiones de la justicia militar y arbitral y del Jurado Nacional de Elecciones Uno de los temas que no podríamos haber dejado de comentar. el artículo 5° inciso 6) establece que es improcedente cuando la demanda está destinada a cuestionar una resolución firme recaída en otro proceso constitucional. ciertamente estaría excluyendo toda posibilidad de interponer demandas constitucionales contra resoluciones recaídas en otros procesos constitucionales. Creemos. pues a diferencia de lo que prescribe el artículo 4° de dicho cuerpo normativo que permite atacar resoluciones judiciales de modo genérico.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” Poder Judicial y no del Tribunal Constitucional. Nada dice el Código sobre la posibilidad de hacerlo en el supuesto de que el proceso primigenio no haya sido objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En todo caso.
que porque la jurisdicción militar es “independiente” tal condición suponga de por sí autarquía funcional y. fue inconstitucionalmente retenido en un cuartel militar por orden del Consejo Supremo de Justicia Militar. correspondiendo únicamente a los códigos.. norma suprema para cualquier autoridad o institución. principalmente debido al forzado sometimiento de civiles o militares en situación de retiro al Código de Justicia Militar. Tampoco escapa a todo ello el hecho de que actos gravísimos contra los derechos humanos perpetrados por militares en contra de civiles.ciseperu. Específicamente en el caso Valdemar Demetrio Cabanillas Quispe (Expediente N° 93498-HC/TC).radjuris. el sometimiento de los órganos jurisdiccionales militares a la justicia constitucional con el objeto de impedir hechos tan absurdos e intolerables como el ocurrido hace ya varios años contra un conocido ex broker de seguros del Ejército.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” se han venido cometiendo flagrantes y graves violaciones a los derechos fundamentales. En ese sentido. como lo hace la recurrida. En ese caso tan singular y por que no decirlo anecdótico. hubiese sido de vital importancia dejar claramente establecido en el Código Procesal Constitucional. sostener que la regularidad del proceso se determina en dicha sede conforme al Código de Justicia Militar.. quien pese a haber obtenido a su favor un hábeas corpus que ordenaba su libertad inmediata e incondicional. www. y particularmente a los adjetivos.en efecto. el Tribunal Constitucional ha dejado en claro que “. el órgano castrense se negó en redondo a ejecutar la resolución de la Sala de Derecho Público cayendo en una evidente y flagrante resistencia a la autoridad judicial. recoger tal atributo conforme a la naturaleza o especialidad de los procesos constitucionales”. no puede pretenderse.. menos aún. pues no es este cuerpo normativo el que reconoce el derecho al debido proceso sino la propia Constitución Política del Estado. hayan sido cubiertos por un manto de impunidad o en todo caso de injustificada benevolencia al sustraerse de la justicia común.com .
y que sus actos o resoluciones siempre podrán ser objeto de revisión o control de constitucionalidad. siempre habrá de superponerse a las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales ordinarios. incluidas las pronunciadas por los fueros especiales. que se encuentra habilitada la vía de revisión únicamente sobre aspectos netamente formales del proceso y nada más. ha sido un acierto del codificador y constituye un avance importante el haberse dispuesto que las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad (art.radjuris. pues por su carácter especialísimo y tuitivo de los derechos fundamentales de la persona. Si esa misma regla rigiese para la eventualidad de que se interpusiera un proceso constitucional contra una decisión arbitral lesiva de un derecho constitucional. si bien ésta es independiente del Poder Judicial porque así lo dispone el artículo 139° inciso 1) de la Constitución.ciseperu. A todo ello ha contribuido el Tribunal Constitucional. se estaría excluyendo la posibilidad de establecer en esta sede si la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundada en derecho.com .CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” En todo caso.C ). No olvidemos que la normatividad sobre arbitraje vigente estipula que sólo es posible demandar en sede judicial la nulidad del proceso o del laudo arbitral sin que ello implique – en ningún caso – que el juez ordinario entre a revisar el fondo de la controversia. En cuanto a la jurisdicción arbitral.P. www. 22 del C. es igualmente factible que en el decurso de un proceso arbitral cualquiera pudiese producirse una afectación o violación al debido proceso y en ese caso sería perfectamente viable interponer un proceso constitucional de amparo con el objeto de impedir una lesión a los derechos constitucionales de las partes. debiéndose respetar en ese ámbito las garantías mínimas establecidas para las partes en conflicto y sobre todo las que tengan una dimensión constitucional. al dejar en claro que ningún órgano jurisdiccional ni ente autónomo está por encima de la Constitución. pues no olvidemos que cuenta con una Ley General de Arbitraje que regula la actuación de todos los procesos arbitrales. Desde ese punto de vista. es decir. Es a partir de este precepto que en adelante podremos hablar del principio de supremacía de la jurisdicción constitucional. sin embargo también se encuentra sometida a los principios del debido proceso adjetivo y sustantivo.
al supremo intérprete de la Constitución. dicho criterio sólo puede considerarse como válido en tanto y cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida o. compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma Constitución.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” En cuanto a las decisiones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones. Es más. el Tribunal afirma que aun cuando los artículos 142° y 181° de la Norma Fundamental establecen que no cabe revisión judicial de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. so pretexto de que la Constitución confiere una suerte de protección especial a determinadas resoluciones emitidas por parte de determinados organismos electorales. Al respecto. aun cuando no fue considerada de ese modo en el artículo 139° de la Constitución. N° 2409-2002-AA/TC) y Juan Espino Espino (Exp. es decir al propio Tribunal. N° 2366-2003-AA/TC). a tal punto que conforme se establece en el artículo 142° de la Constitución. en absoluto. pues el dispositivo en mención alude a la sede judicial. y que tal organismo representa la última y definitiva instancia en materia electoral. www. éstas se enmarcan dentro de otro fuero adicional al militar y al arbitral. al resolver los casos de Gonzáles Ríos (Exp. Lo cierto es que al habérsele dotado al Jurado de funciones jurisdiccionales en materia electoral. al fundamentar su sentencia en el caso Juan Espino Espino. tal prohibición no comprende.com . entendiéndose que se refiere a aquella que se encuentra dentro del ámbito competencial del Poder Judicial y no de la justicia especial que encarna el Tribunal Constitucional. el Tribunal ha determinado que respecto a la posibilidad de ejercer un control jurisdiccional sobre decisiones del Jurado Nacional de Elecciones o del Consejo Nacional de la Magistratura – aunque en este caso no sean de orden jurisdiccional – no cabe invocar la existencia de campos de invulnerabilidad absoluta al control constitucional. Frente a ese hecho.ciseperu. en esencia se ha convertido por imperio del artículo 178° inciso 4) de la Carta Magna en un órgano jurisdiccional más. sus resoluciones en materia electoral no son susceptibles de ser revisadas en sede judicial.radjuris. lo que es lo mismo. el Tribunal Constitucional ha establecido que si bien la citada norma constitucional excluye a las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones de toda posibilidad de control constitucional.
el artículo 51° del mismo cuerpo legislativo sí establece una regla distinta respecto del amparo contra resoluciones judiciales.ciseperu. Un aspecto que merece ser tratado.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” Con dicha posición asumida por el Tribunal Constitucional. Es más. Si bien el mismo mecanismo tendría que aplicarse a todo tipo de proceso destinado a atacar decisiones judiciales que no afecten estrictamente la libertad individual. por la Sala Superior correspondiente. la que designará a uno de sus miembros para que se haga cargo de la verificación de los hechos. en necesario precisar que las demandas de hábeas corpus contra resoluciones del fuero militar tendrían que ser de conocimiento de cualquier juez penal. En cambio. es lo concerniente a la competencia jerárquica de los jueces cuando se trata de procesos instaurados contra resoluciones judiciales. habría que advertir que el Código Procesal Constitucional no establece un mecanismo especial cuando se trate de una demanda de hábeas corpus contra una resolución judicial. en primera instancia. Ciertamente que los parámetros fijados por el Tribunal para regular su propia competencia respecto a la posibilidad de revisar los fallos del Jurado Nacional de Elecciones.radjuris. es obvio que tales resoluciones deben homologarse a las que haya emitido cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria. Sobre el particular. estipulando que en ese caso la demanda deberá interponerse ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva. entendiéndose con ello que cualquier juez penal estará habilitado para tramitarla. mientras que si tratase de decisiones jurisdiccionales expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones o por un tribunal arbitral la demanda igualmente debería ser de conocimiento. pues aun cuando el Código Procesal Constitucional nada haya establecido al respecto. responden a un criterio que guarda absoluta coherencia con aquello que hemos venido en llamar el principio de supremacía de la jurisdicción constitucional. debe tenerse en cuanta que ya la propia normatividad que regula los procesos arbitrales establece que las nulidades contra el proceso o el laudo son de conocimiento de las Salas Civiles y no de los jueces www.com . ha quedado abierta la posibilidad de recurrir a la vía constitucional contra cualquier decisión jurisdiccional proveniente del ente electoral. a despecho de la prohibición establecida por el artículo 142° de la Constitución.
que los supuestos en los que la revisión de las decisiones judiciales del Poder Judicial y de demás órganos y fueros independientes.ciseperu. pues la institución de la cosa juzgada aun cuando jamás debe tener ribetes absolutistas. ex integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República.CISE 16/04/08 Revista: “Análisis del Derecho” especializados. sin embargo debe ser mantenida y respetada en la medida de lo posible como principio elemental de seguridad y estabilidad jurídica. ______________________________________________________________ * Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y de la Academia de la Magistratura. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Creemos por eso. Ex miembro de las Comisiones Consultivas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima y Ex Vocal de la Corte Superior de Justicia de Huaura. pues será él y nadie más que él quien tendrá la enorme responsabilidad de evitar que los procesos constitucionales se conviertan en un instrumento de revisión perniciosa y ciertamente peligrosa de aquellas resoluciones judiciales que sean objeto de cuestionamiento a través de un proceso de hábeas corpus o de amparo constitucional. www.radjuris. A modo de reflexión final Es indudable que las disposiciones contenidas en nuestro novedoso y flamante Código Procesal Constitucional en lo concerniente al derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva así como la procedencia de los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Para ello será vital respetar ciertos parámetros y reglas que jueguen un papel moderador de la actividad contralora del juez constitucional. Pensamos por lo tanto que similar regla tendría que seguirse si se tratase de una demanda constitucional de amparo. deben ser determinados a través de la jurisprudencia que al respecto edifique el Tribunal Constitucional cuando se inicie la aplicación concreta del nuevo Código Procesal.com . constituyen todo un reto para el juzgador constitucional en tanto aplicador directo de la norma adjetiva.
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