Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-177.CODI.%29
Timestamp: 2020-07-03 16:52:24
Document Index: 152911548

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 189', 'artículo 190', 'artículo 185']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 177, de 20/06/2017
cve: BOCG-12-D-177
161/001973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las relaciones con la República de Guinea Ecuatorial ... (Página4)
161/001984 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la actual situación en Venezuela ... (Página5)
161/002003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el grave deterioro de la situación política y social en Venezuela ... (Página6)
161/001974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la línea del ferrocarril del Oeste en Zamora ... (Página8)
161/001985 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la prohibición de la obsolescencia programada ... (Página9)
161/001987 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proceso de absorción del Banco Popular Español S.A. y su filial, el Banco Pastor, por parte del Banco Santander S.A. ... (Página11)
161/001975 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en servicio de un sistema de transporte sostenible mediante un ferrocarril transfronterizo que conecte las ciudades de Bayona y San Sebastián, como ejes de la Eurociudad Vasca ... (Página15)
161/001983 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar la transparencia y la participación en la puesta en funcionamiento de la alta velocidad de la red ferroviaria de manera inmediata, en la ciudad de Murcia y en otras Comunidades Autónomas en situaciones similares ... (Página16)
161/001988 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el déficit en la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de infraestructuras de comunicación ... (Página18)
161/001989 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la creación de un acceso directo al Hospital de la Marina Baixa desde la circunvalación de la N-332 a su paso por Villajoyosa ... (Página18)
161/001979 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el complemento de pensión por maternidad a trabajadoras ... (Página19)
161/001977 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos, en el término municipal de Huelva, y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental ... (Página20)
161/001978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a frenar el vertido de agua de refrigeración desde las centrales de ciclo combinado al río Besós ... (Página21)
161/001990 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre evaluación y posible modificación del TAC de cigala ... (Página23)
161/001976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las "pseudoterapias" ... (Página24)
161/001981 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora del sistema de donación de órganos ... (Página24)
161/001982 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cáncer infantil ... (Página26)
161/001986 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a impulsar el establecimiento de un programa que acerque a estudiantes de Primaria y Secundaria al cine y las salas de cines ... (Página27)
161/001980 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el complemento de pensión por maternidad a trabajadoras ... (Página28)
181/000427 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre aprobación de los títulos de Formación Profesional de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas ... (Página30)
181/000415 Pregunta formulada por la Diputada doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas acerca de la nueva Observación General número 19 (2016) de la Convención de Derechos del Niño sobre Gasto Público y los Derechos de la Infancia para garantizar la trazabilidad de la inversión en infancia ... (Página30)
181/000416 Pregunta formulada por la Diputada doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM), sobre medidas para asegurar que el Observatorio de la Infancia sea un foro de intercambio y comunicación permanente y abierto entre los organismos públicos y la sociedad civil, tal y como se indica en sus funciones ... (Página31)
181/000417 Pregunta formulada por la Diputada doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM), sobre plazos y mecanismos que se están considerando para el desarrollo reglamentario de la Ley 1/1996 que asegure la operatividad de la misma ... (Página32)
184/012680 Autor: Alonso Cantorné, Félix
Vinculación del exdiputado don Andrés Ayala y el contrato adjudicado por AENA al grupo de empresas al que éste pertenece ... (Página32)
Carga policial totalmente injustificada y desproporcionada llevada a cabo por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía el día 30/05/2017 en el casco monumental de Santiago. Incorporación de firma ... (Página34)
184/013058 Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Consciencia que tiene el Gobierno de la rápida expansión de la plaga de la avispilla del castaño o Dryocosmus kuriphilus, así como de los daños económicos y medioambientales que genera ... (Página34)
184/013062 Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración de las pérdidas económicas de la plaga de la avispilla del castaño o Dryocosmus kuriphilus, ya que existen en torno a 300.000 hectáreas de bosques de castaño, de las que 110.000 se destinan a la recolección del fruto y cuyas principales zonas productoras son Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura ... (Página35)
161/001973
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las relaciones con la República de Guinea Ecuatorial, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Dentro de poco más de un año tendrá lugar el 50.º Aniversario de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial respecto de la antigua metrópoli, España.
En aquel momento España se encontraba todavía bajo una dictadura, lo que hacía posible pensar que la consecución de la independencia representaba para Guinea Ecuatorial una oportunidad de avanzar por su propio camino de desarrollo, estabilidad y democratización. Un proceso en el que sus riquezas petrolífera debía coadyuvar a al paralelo desarrollo de los niveles de bienestar de su población.
Sin embargo esas esperanzas se vieron rápidamente truncadas cuando en 1970, con el pretexto de sofocar una intentona golpista, el entonces presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías, instauró una dictadura; la cual finalizaría con el Golpe de Estado de su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, que daría lugar a la instauración de otra dictadura militar, que pese a la tímida democratización de 1991, sigue comportándose como tal.
Pese a la existencia formal de elecciones para la elección del Presidente, de los integrantes de la cámara legislativa y de los Gobiernos municipales, lo cierto es que las mimas no pueden llevarnos a concluir que nos encontremos ante una verdadera democracia y un auténtico Estado de derecho. Es más, gran número de organismos y organizaciones internacionales consideran que la República de Guinea Ecuatorial se encuentra bajo una dictadura militar, ocupando los lugares más bajos en todos las clasificaciones de desarrollo en el ámbito del respeto a los derechos humanos.
Así lo corroboraría la sistemática incertidumbre sobre la fecha de las elecciones, el hecho de que buena parte de las formaciones de la oposición se encuentren fuertemente hostigadas por las autoridades, cuando no perseguidas; o que muchas de esa formaciones se encuentren en el exilio, sin poder regresar a su hogar.
Por otra parte la dictadura gobernante se ha caracterizado por una sistemática expoliación de los recursos naturales del País por parte de la familia del presidente, de forma que los beneficios obtenidos con la principal fuente de ingresos del Estado, el petróleo, no ha ido a engrosar las arcas públicas y a mejorar las condiciones de vida de los y las guineanos.
España tiene una especial vinculación histórica, como antigua metrópoli, cultural, no en vano es el único país africano que tiene por lengua oficial el español, y humana, no solo muchos guineanos son españoles sino que gran parte del exilio guineano ha encontrado en España su hogar de acogida.
Por todo ello España no puede mantenerse al margen como mera observadora de la evolución política y social de la república de Guinea Ecuatorial. España tiene el deber, desde el pleno respeto a un país soberano y con una actitud de igual consideración y constructiva, de coadyuvar a las fuerzas sociales y las autoridades de Guinea a que este país y su sociedad encuentren el camino para avanzar en el desarrollo democrático y social del país. Un proceso para el cual España ha de estar dispuesta a poder lo mejor de sí misma, su experiencia prestigio y, en su caso, recursos.
En este sentido cobran una especial importancia las elecciones municipales y las elecciones legislativas que habrán de celebrase este año en la República de Guinea Ecuatorial, ya que constituyen una oportunidad única de sentar las bases para el inicio de un proceso de transición que concluya con unas instituciones plenamente democráticas y reconciliadas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fortalecer las relaciones en todos los ámbitos con la República de Guinea Ecuatorial incluyendo de manera prioritaria en la agenda bilateral el respeto por los derechos humanos y el desarrollo del bienestar de la población, así como a:
Ofrecer al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial una absoluta colaboración en aquellos aspectos técnicos y organizativos que se pudieran requerir para la mejor planificación y desarrollo del proceso electoral municipal y legislativo que tendrá lugar en 2017.
Impulsar en el marco de la Unión Europea un especial seguimiento sobre la evolución de la situación política económica y social de la República de Guinea, potenciando la cooperación para el desarrollo humano y político con objeto de facilitar el avance de la democracia y el Estado de Derecho en dicho país. Así como, si fuera preciso, la colaboración de las instituciones comunitarias con el Gobierno de la República de Guinea en los procesos electorales antes referidos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2017.-José Ignacio Sánchez Amor, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001984
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la actual situación en Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Se cumplen más de dos meses desde que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, con la complicidad del Tribunal Supremo venezolano, intentara romper el orden constitucional privando de sus competencias constitucionales a la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo democráticamente elegido.
Ante este intento de ruptura, el pueblo venezolano salió a las calles una vez más, iniciando así una ola de protestas contra el régimen de Maduro. Así pues, a pesar de la violencia y del elevado número de muertes causadas entre los manifestantes, desde hace dos meses, centenares de miles de venezolanos vienen reclamando pacíficamente al Gobierno venezolano la restauración del orden constitucional, y la celebración de nuevas elecciones presidenciales.
Es importante recordar además, que estas manifestaciones no solo surgen como protesta contra la ilegal usurpación de las competencias de la Asamblea nacional, sino también como protesta ante la gestión incompetente y corrupta del Presidente Maduro, lo cual ha provocado una gravísima crisis económica en uno de los países latinoamericanos con más recursos naturales.
Según el Observatorio Venezolano de la Salud, existe un desabastecimiento de productos esenciales como el pan o las medicinas. Además, no solo han aparecido casos de malnutrición y un aumento de la
mortalidad infantil, sino que también han aparecido enfermedades que habían sido erradicadas hace décadas. A esto se añade el colapso de la seguridad ciudadana en el país que, según el Observatorio Venezolano de Violencia, sufre hoy niveles de criminalidad propios de un país con un grave conflicto interno.
El régimen de Maduro no solo se ha negado a escuchar las demandas del pueblo venezolano, sino que además ha contestado con brutalidad a los manifestantes, usando al ejército y a las milicias parapoliciales.
Sin embargo, a pesar de la condena unánime de la comunidad internacional ante la violencia y brutalidad con la que se están desarrollando los acontecimientos dejando más de sesenta muertos, miles de heridos, y miles de detenidos en condiciones infrahumanas, el régimen venezolano se niega a negociar una salida de la crisis con la oposición democrática.
Además, el presidente Maduro ha anunciado unilateralmente la convocatoria de una Asamblea Constituyente similar a la convocada por Hugo Chávez en 1999, cuyos poderes incluirían cambiar la constitución y disolver la Asamblea Nacional. Ello implicaría que la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente no se realizaría por sufragio universal, sino que incluiría a miembros elegidos "por sectores sociales", en clara violación del orden constitucional y de la Carta Democrática de la OEA.
Esta última iniciativa demuestra una vez más, la clara intención de Nicolás Maduro por deshacer todas las instituciones democráticas en Venezuela y por reforzar su control sobre todos los poderes del Estado, demostrando así su desprecio por los derechos humanos y los principios democráticos. Una situación que ha desencadenado además, una terrible persecución a la oposición democrática venezolana, en la que muchos de sus líderes han sido detenidos sin garantía procesal alguna.
Así pues, considerando los lazos históricos, culturales y humanos que nos unen con el pueblo venezolano, y teniendo en cuenta la moción aprobada recientemente por la alianza europea de partidos liberales-demócratas (ALDE) en la que instan al parlamento europeo y a los estados miembros de la Unión Europea a aplicar sanciones al Gobierno venezolano por los hechos descritos anteriormente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
"1. Iniciar consultas con los gobiernos iberoamericanos para promover una declaración conjunta dirigida al Gobierno venezolano en la que se rechace la legitimidad del actual proceso de asamblea constituyente iniciado por el presidente Maduro.
2. Negociar con la Unión Europea una posición conjunta instando a la liberación de presos políticos, la restauración completa de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, y la convocación urgente de elecciones presidenciales.
3. En caso de que el Gobierno de Venezuela no acceda a celebrar elecciones presidenciales lo antes posible con presencia de observadores internacionales, e instar a nuestros socios en la Unión Europea y a los EEUU a retirar a sus embajadores de Venezuela, así como aplicar sanciones contra aquellos miembros del Gobierno venezolano que hayan cometido violaciones de los derechos humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002003
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador Armendáriz y don Íñigo Alli Martínez, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el grave deterioro de la situación política y social en Venezuela, para su debate en Comisión.
La situación en Venezuela debe volver a ocupar el interés de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
La información, que día a día, recibimos del país hermano de Venezuela no nos ayuda a creer que la normalidad democrática, la paz en las calles y la recuperación de un ambiente político que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades, vaya a ser una realidad en el futuro más inmediato.
La necesidad de un cambio urgente, se hace más evidente cada día. La confirmación de que un Gobierno cada día más deslegitimado socialmente, más vacío de respuestas integradoras, menos interesado en garantizar la libertad y el progreso para todos nos deben seguir ocupando a todos los demócratas. Más aún a quienes, como el pueblo español, conserva, y quiere fortalecer los lazos que nos unen con el pueblo hermano de Venezuela.
Sin perjuicio de que son ya muchos los posicionamientos del Parlamento Español en relación con la situación política en Venezuela, como quiera que está lejos de mejorar, empeora, es por lo que nuevamente a través de esta iniciativa proponemos a la Comisión un debate para actualizar la información, conocer nuevos hechos, analizar la deriva social y política y con ello volver a fijar una posición, que esperamos sea ampliamente compartida, con la que cumplir distintos objetivos:
(1) reiterar nuestro apoyo a la lucha por la democracia, la libertad, la paz y los derechos humanos,
(2) denunciar los abusos frente a quienes piden libertad de forma pacífica,
(3) mostrar nuestro apoyo y agradecimiento a los demócratas y
(4) solicitar del Gobierno español un compromiso humanitario en esta grave crisis social.
Las últimas informaciones que conocemos sobre Venezuela hablan de:
- Continuas agresiones a la Asamblea Nacional Venezolana, evitando que las leyes legisladas y aprobadas por esta en los últimos dieciséis meses desde el inicio de su período sean desautorizadas por el Tribunal Supremo de Justicia, ante el monopolio del régimen de los poderes judiciales, militares y ejecutivos, ante el deterioro constante del juego democrático.
- Altos índices de violencia gubernamental (donde hay más de 66 muertos, 1.900 heridos y más de 2.800 detenciones ilegales).
El anuncio de una convocatoria ilegal de una denominada "constituyente" por parte del régimen sin respetar la legalidad constitucional, es un claro gesto de desprecio por parte del Gobierno venezolano.
El agravamiento de la situación de los presos políticos, siendo ya más de 150 los condenados en juicios ilegales o los que se mantienen en cárceles desde hace 60 días, muchos de ellos en cárceles militares violando así la Constitución que claramente establece que ningún civil puede estar en una cárcel militar.
En concreto, cabría citar, la situación de aislamiento que sufre el preso político español Jon Goicoechea, al que la policía política del régimen niega hacer efectiva su autorizada excarcelación así como la detención ilegal de la ciudadana Stacy Escalona, venezolana residenciada en Suiza, que lleva detenida más de cuatro meses sin juicio, meramente por ser opositora.
Por todo ello, se formula la presente
"La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados desea:
1. Reiterar su deseo de que en el país hermano de Venezuela se reinstaure una democracia auténtica, en la que nadie pueda ser perseguido ni privado de su libertad por expresar sus ideas políticas y en la que las instituciones realicen sus funciones con normalidad y respeto, así como garantizando el ejercicio de sus funciones bajo el principio de separación de poderes.
2. Denunciar la deriva abiertamente totalitaria del Gobierno del Presidente Maduro, y con ello:
- Lamentar el papel gregario de la alta magistratura venezolana respecto a las intenciones del Gobierno venezolano de amordazar y privar de sus funciones constitucionales a la Asamblea Nacional.
- Denunciar la represión indiscriminada de las fuerzas del orden contra los manifestantes en estas semanas cuyo saldo en muertes (más de 66 asesinatos), heridos y detenidos es una vergüenza internacional.
- Rechazar la convocatoria promovida por el Gobierno de celebrar elecciones constituyentes "comunales", verdadero fraude a la legalidad democrática y un instrumento de construcción de un régimen autoritario.
3. Exigir, una vez más, la liberación inmediata de los presos de conciencia y, junto a esta exigencia, trasladar nuestra admiración, agradecimiento y apoyo a la lucha democrática de los distintos partidos políticos y plataformas cívicas y, en especial, a todos aquellos que tienen representación en la Asamblea Nacional cuyas funciones han sido restringidas por el Tribunal Supremo de Justicia.
4. Reafirmar nuestros deseos de que el pueblo venezolano pueda recuperar todos aquellos espacios de convivencia que, en un ambiente de violencia generaliza e impunidad, ha perdido.
En especial, expresar nuestro apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela en su papel de representación del pueblo de Venezuela, y de garante del respeto a la democracia, así como titular de las funciones constitucionales virtualmente desautorizadas por el Tribunal Supremo
5. Animar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que lidere una respuesta coordinada y firme que traslade al Gobierno de Venezuela la oposición de los países miembros a sus actuaciones antidemocráticas y, a su vez, reitere la necesidad de reforzar los mecanismos de respeto a los derechos fundamentales en Venezuela.
6. Apoyar aquellas iniciativas políticas o sociales, que desde nuestro país, las distintas plataformas de apoyo a Venezuela puedan organizar para concienciar a la sociedad española de la gravedad de los acontecimientos que estamos conociendo y de la necesidad de recuperar una senda de respeto, democracia, justicia y libertad en el país hermano de Venezuela.
7. Instar al Gobierno de España a estudiar cauces eficaces de ayuda humanitaria dirigida a paliar las graves consecuencias de la crisis social y económica por la que atraviesa en estos momentos el pueblo de Venezuela."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2017.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz e Íñigo Jesús Alli Martínez, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001974
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la línea del ferrocarril del Oeste en Zamora, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Como es sabido, la denominada Ruta de la Plata ha sido durante años el principal eje de comunicación del Oeste peninsular tanto a nivel de pasajeros como de mercancías, dado que la misma vinculaba todo el Oeste de España atravesándola de Norte a Sur.
Esta infraestructura, ha sido esencial para la unión y vertebración de la zona Oeste de España, beneficiando a toda la península y en especial a aquellas regiones que atravesaba: Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, gozando por esta razón de gran relevancia histórica a lo largo de los años.
Sin embargo, y a pesar de su importancia histórica, el tramo Astorga-Plasencia, se mantuvo al margen de los procesos de modernización del ferrocarril español, manteniendo la tracción a vapor prácticamente hasta la desaparición de la línea ferroviaria en el año 1985, cuando la misma se cerró al tráfico de pasajeros como consecuencia del cierre generalizado de "líneas deficitarias- acordado por el Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 1984, siendo en el año 1996, cuando dicho tramo se cerró también para el tráfico de mercancías.
Su clausura se basó principalmente en su falta de rentabilidad económica, sin analizar si el déficit que estaba sufriendo la línea ferroviaria se debía a otras razones tales como que el servicio que se estaba
ofreciendo al público carecía de la modernidad y de la calidad suficiente, al gozar de unas vías y unos trenes totalmente arcaicos y obsoletos, dada la falta de inversión en dicha línea para la modernización y adaptación de sus infraestructuras.
Sin embargo, a pesar del cierre, se han desarrollado innumerables tentativas de apertura de la línea, sin que ninguna idea ni proyecto haya terminado de culminar, encontrándonos en la actualidad sin ninguna intención ni propósito a corto plazo por parte de las Administraciones para plantear nuevas iniciativas dirigidas a su reapertura.
Consideramos que dada la importancia de la que ha gozado siempre el Ferrocarril del Oeste, debe llevarse a cabo un examen y valoración que tenga en cuenta la rentabilidad social y no sólo la económica, su función estratégica como vertebrador de la parte más occidental de España, las ventajas que su reapertura supondría para el tejido económico de las zonas afectadas y así mismo para frenar los problemas de despoblación que están azotando a las regiones de la zona.
De otro lado, debemos apuntar que son varios los colectivos que reivindican desde hace años la reapertura del ferrocarril, tales como "El Foro por el Tren Vía de la Plata", la plataforma "TrenZamora" o la plataforma de Cámaras de Comercio del corredor de la Ruta de Plata, alegando diversas razones a favor de su reapertura tales como el derecho de todos los usuarios a poder gozar de un servicio ferroviario sin tener que verse obligados a usar su vehículo, dado que la mayoría de la población que habita en estas regiones son personas mayores que tienen dificultades para desplazarse al no tener acceso a un vehículo.
Finalmente, y en este mismo sentido queremos destacar la necesidad de acatar las decisiones que se tomen en el seno de la Unión Europea, y así mismo el diseño de las estrategias que la Unión está realizando en materia de transporte sostenible, poniendo de manifiesto la necesidad de llevar a cabo rehabilitaciones y mejoras de las infraestructuras y servicios ferroviarios que posibiliten de modo efectivo la libre circulación de personas y bienes a lo largo de todo el territorio europeo.
1. Lleve a cabo un plan de estudio, análisis y examen de las ventajas y beneficios que supondría la recuperación y reapertura de la línea del ferrocarril del Oeste (Astorga-Plasencia).
2. Desarrolle un proyecto cuyo objetivo sea la rehabilitación y mejora de las infraestructuras ferroviarias en la línea Astorga-Plasencia, con la finalidad de adecuar la línea ferroviaria a la legislación vigente y a las necesidades de los usuarios."
161/001985
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la prohibición de la obsolescencia programada, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Obsolescencia es una palabra que se define como "la depreciación de un material o equipo antes de que se produzca su desgaste material", hasta el punto que se deprecia y caduca por razones independientes a su desgaste físico. A partir de esa definición básica pueden distinguirse varias formas de obsolescencia:
a) La obsolescencia programada propiamente dicha, consistente en prever una duración de vida reducida del producto, si fuera necesaria mediante la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil después de un cierto número de utilizaciones; b) La obsolescencia
indirecta, derivada generalmente de la imposibilidad de reparar un producto por falta de piezas de recambio adecuadas o por resultar imposible la reparación; c) La obsolescencia por incompatibilidad; d) La obsolescencia psicológica derivada de las campañas de marketing de las empresas encaminadas a hacer que los consumidores perciban como obsoletos los productos existentes.
El origen de la obsolescencia programada se encuentra en los años veinte, momento en el que el sector industrial se da cuenta que la economía podía entrar en crisis por culpa de la sobreproducción. La capacidad de producir se hizo superior a la de consumir. Para solucionarlo, los fabricantes introdujeron mecanismos por los que podían limitar la vida útil de los productos.
Desde el punto medioambiental, actualmente, nuestro consumo anual de materias primas es de aproximadamente 60.000 millones de toneladas, lo que equivale a cerca de un 50% más de recursos naturales que hace 30 años. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) considera, basándose en los niveles conocidos en 1999, "que con una tasa de crecimiento anual de su producción primaria del 2%, las reservas de cobre, plomo, níquel, plata, estaño y cinc no durarían más de treinta años, y las de aluminio y hierro entre sesenta y ochenta años". Por otra parte, cada año se generan en Europa (datos de 2012) diez millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), volumen que podría alcanzar los dos millones en 2020. Y en lo que se refiere a España, la organización internacional Footprint Network calcula que, en la actualidad, en España la huella ecológica es 2,9 veces mayor que la biocapacidad.
Desde el punto de vista social, la obsolescencia programada plantea tres tipos de problemas. En primer lugar, en un contexto de crisis, las lógicas derivadas de la obsolescencia programada de los bienes de consumo se integran en la dinámica de la compra a crédito y en tasas de endeudamiento nunca alcanzadas hasta ahora. Las personas que más sufren por la obsolescencia son las que pertenecen a clases sociales más desfavorecidas que no pueden pagar más por productos sostenibles y se contentan, a menudo, con productos de baja gama más frágiles.
Las consecuencias en materia de salud pública no son tampoco desdeñables y son de dos tipos, a saber: directas, ya que la incineración de basura incide en las poblaciones aledañas dada la toxicidad de los componentes electrónicos y tiene, por otra parte, un alcance internacional. Efectivamente, la falta de infraestructuras que permitan tratar los residuos informáticos es tal que muchos productos inservibles se exportan ilegalmente a regiones del mundo en las que los vertidos se hacen a un coste inferior pero con múltiples consecuencias para la población local.
Por último, en términos económicos es el consumidor quien costea en gran medida la reducción de la duración de vida de los productos y las dificultades derivadas de las posibilidades limitadas de reparación. Es el principal afectado por las políticas de aquellas empresas y de algunos distribuidores que en ocasiones intentan vender ampliaciones de garantías a partir del primer año, aun cuando es obligatoria la garantía de dos años. A menudo, el consumidor carece de información en cuanto a sus derechos.
En este contexto, es inaplazable legislar en favor del medio ambiente y de las personas consumidoras en lo que respecta a la fabricación de los productos sin obsolescencia programada, así como impulsar las medidas necesarias para erradicarla en la industria y sus productos, con el doble propósito de contribuir a la preservación de los recursos naturales existentes en nuestro planeta y de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que sea económicamente sostenible, respetuoso con el medio ambiente, capaz de generar igualdad social y redistribución de la riqueza.
En 2015, Francia fue el primer Estado en aprobar dentro de la llamada Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen el fin de la vida útil de sus productos. Esta norma es la primera que reconoce la existencia de la obsolescencia programada, y sanciona técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas.
A nivel comunitario, ya en 2013 el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen en el que aborda el problema de la obsolescencia programada y en el que, entre otras medidas, aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculen para provocar el fin de la vida útil del aparato. Otras de estas medidas propuestas pasan por recomendar a las empresas que faciliten la reparación de
sus productos, campañas de sensibilización sobre la obsolescencia estética que se encuentra vinculada a las modas, el aumento de la garantía de reaprovisionamiento, el fomento del consumo responsable, el establecimiento de un sistema que garantice una duración de vida mínima de los productos adquiridos, o la implantación de un sistema de etiquetado que informe al consumidor si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero. En definitiva, el objetivo es transitar hacia un modelo de sociedad más justo, solidario y sostenible para todos y todas basado en la el diseño ecológico de los productos, la economía circular y la economía de la funcionalidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas legislativas necesarias para prohibir la obsolescencia programada, entendida como el conjunto de técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas mediante las cuales un fabricante reduce de forma deliberada la durabilidad de la producción con el objeto de aumentar la tasa de reemplazo, con respeto pleno a las competencias de las Comunidades Autónomas sobre salud pública, consumo y comercio. Adicionalmente, se impulsarán:
a) Medidas para que las empresas faciliten la reparación de sus productos.
b) Medidas para que las empresas mejoren la calidad y la sostenibilidad de los productos manufacturados.
c) Medidas para establecer un sistema que garantice una duración de vida mínima de los productos adquiridos.
d) Medidas de ampliación del dispositivo de garantías vinculado a la compra mediante una garantía mínima de funcionamiento, de modo que las reparaciones se hagan a cargo del fabricante.
e) Medidas de fomento, sobre todo en fase de educación, del consumo responsable, con el objetivo que los consumidores tengan en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, la huella ecológica y la calidad de los productos.
f) Medidas para fomentar la realización de proyectos de l+D+i basados en el diseño ecológico de los productos, la economía circular, el residuo mínimo y la economía de la funcionalidad.
g) Medidas para que en la contratación pública se consideren los parámetros de lucha contra la obsolescencia programada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001987
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa al proceso de absorción del Banco Popular Español S.A. y su filial, el Banco Pastor, por parte del Banco Santander S.A.
El Banco Pastor ha sido una entidad clave para el desarrollo de Galicia, tanto históricamente como en la actualidad. Su importancia es clave para nuestro sistema industrial, para nuestra pequeña y mediana empresa, para los servicios financieros de un país con gran dispersión poblacional, para los accionistas, para el empleo y también para la actividad cultural al ser la Fundación Barrié un actor importante en la promoción cultural gallega.
Con esta operación Galicia y la sociedad gallega vuelven a perder, después del desfalco de la cajas. Además del problema común a todo el Estado, el Pastor ha sido el gran banco de Galicia junto a las cajas gallegas. De nuevo una operación oscura y ajena al interés público vuelve a suponer un mazazo para
Galicia, su economía, su ciudadanía y la capacidad de operar autónomamente como país desde la sociedad civil.
El pasado 6 de junio de 2017 la junta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo emitió informe y la Junta Única de Resolución decidió la definitiva resolución del Banco Popular Español S.A., la sexta entidad financiera española en volumen de activos. Un día después, 7 de junio, el Banco Popular, junto a su filial en Galicia, el Banco Pastor, han sido vendidos por el FROB al Banco Santander por el precio simbólico de un euro, en una operación que ha contado con el visto bueno del Gobierno español, la Comisión Europea y los entes supervisores.
La decisión fue tomada en base a la consideración de que el deterioro de la liquidez del banco en los últimos días le llevaría en un futuro cercano a una situación de incapacidad para pagar sus deudas, lo que suponía un riesgo de inestabilidad para el sistema financiero. La entidad había perdido más de la mitad de su valor en bolsa durante las últimas 5 sesiones. La operación realizada se ha complementado con la suspensión cautelar de la cotización en bolsa de esta entidad por parte de la CNMV.
El procedimiento de resolución dispuesto incluye la reducción del capital social de la entidad, que ascendía en el momento de su intervención a 2.098 millones de euros, hasta un valor de cero euros. Es decir, los alrededor de 300.000 accionistas del banco han perdido íntegramente el valor de su inversión. Las pérdidas se extienden también a los tenedores de bonos subordinados y bonos convertibles. El Banco Popular estaba valorado en bolsa, aún tras sus enormes pérdidas, en unos 1.300 millones de euros, que se han volatilizado con su venta por un euro al Banco Santander.
Además de las pérdidas de los inversores, y dados los precedentes que en esta materia existen en España, el descalabro y posterior intervención urgente sobre el Banco Popular y el Banco Pastor hacen previsibles otras graves repercusiones de ámbito más amplio.
En primer lugar, en lo que atañe a las responsabilidades que desde las instituciones públicas se deriven de la operativa realizada y sus posibles consecuencias. En este sentido, por parte de la propia entidad compradora, el Banco Santander, se ha asumido la posibilidad de que se realicen todo tipo de demandas por parte de los inversores, algo que se ha tenido en cuenta en la valoración realizada previa a la oferta y que no ha sido considerado un factor de riesgo, pues el Banco Santander no ha comprado el banco a los accionistas del Popular, sino que ha adquirido una entidad en resolución a las autoridades europeas y españolas, por lo que son estas quienes deberán responder a cualquier tipo de litigio.
Por otra parte, el valor del banco ha sido tasado entre -2.000 y -8.200 millones de euros, en buena medida por su elevado nivel de exposición al riesgo inmobiliario. Al cierre del primer trimestre de 2017 la entidad acumulaba un monto de activos no productivos valorado en 37.000 millones de euros (incluyendo activos adjudicados y dudosos), mientras que la cobertura de estos activos en balance se situaba en el 45,2%, muy por debajo del nivel del 55% establecido en el manual de buenas prácticas que rige el sector. En procesos similares a este, se han concedido a las entidades compradoras diferentes tipos de avales y garantías, que a la larga han supuesto el reconocimiento de obligaciones por parte de los organismos públicos españoles por cantidades millonarias, en última instancia pagados con cargo a fondos públicos.
En este sentido, cabe recordar que el Banco Santander y el Banco Popular ya se benefician de facto de ayudas públicas a través de créditos fiscales. Son alrededor de 42.000 millones de euros directos que explican, entre otras cosas, por qué no se puede dejar caer al Popular, al que corresponden unos 5.000 millones de ese monto total. Otra parte de la explicación de la solución dada radica en la incapacidad por parte del Estado de dar cobertura a los depositantes en un proceso de liquidación desordenado, dado que el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene en la actualidad patrimonio neto suficiente para hacer frente a la liquidación, ni siquiera en el caso de un banco de reducido tamaño. Si bien este fondo asegura unos 50.000 millones de euros, el desvío de sus recursos a otros fines en el marco del proceso de reestructuración bancaria por parte del Gobierno ha hecho que los depositantes españoles no cuenten a día de hoy con las garantías oportunas estipuladas por la legislación vigente en esta materia. Este panorama se completa con el escaso avance realizado en la configuración del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.
Así, el rescate bancario que, según el Gobierno, no iba a tener coste alguno para los españoles, no solo ha ido socavando las arcas públicas de manera progresiva y ha tenido un efecto directo en el aumento de la deuda pública y sus intereses, sino que pone en una situación de gran riesgo a todos los ahorradores españoles, y con ello al sistema financiero y la economía en general.
En segundo lugar, los efectos perversos de esta operación se dejarán sentir en los niveles territorial y del empleo. El Banco Popular contaba, a fecha 31 de diciembre de 2016, con 1.739 oficinas, de las cuales 1.604 se ubican en España. Entre ellas las 202 localizadas en Galicia y pertenecientes al Banco Pastor,
entidad fundada en 1776 y absorbida por el Popular en 2011 por mandato del Banco de España. El Banco Pastor, que mantiene su marca y estructura a pesar de haberse convertido en filial del Popular, es la segunda entidad por número de clientes, cuotas de depósitos, créditos y número de empleados en Galicia, solo por detrás de Abanea (antigua NovaCaixaGalicia, fruto de la fusión de las antiguas cajas Caixa Galicia y Caixanova). Sus 680.000 clientes gallegos los asume el Santander, con sus créditos y depósitos, un negocio de más de 20.000 millones de euros. Y su marca deja de ser tal, pues el Banco Santander ya ha declarado que operará con su propia enseña y organización en toda la estructura. Por tanto este proceso puede suponer la extinción definitiva de un sistema financiero propio, el de Galicia, con una vinculación histórica con el desarrollo económico del territorio.
Gran parte de las oficinas del Banco Pastor, alrededor de 111, se localizan en municipios donde hay también otras del Banco Santander, por lo cual es más que posible que se proceda al cierre de numerosas sucursales. La red de oficinas del Banco Pastor cubre asimismo determinadas áreas de perfil rural, con municipios pequeños, donde el Banco Santander ha dejado de prestar servicios debido a su política comercial, con lo cual también es previsible que se proceda al cierre de estas. Esta situación es extensible a otras redes de oficinas del Grupo Popular.
Con todo ello, la cobertura de servicios bancarios va a experimentar un retroceso, más patente en áreas de municipios de pequeño tamaño donde los servicios ya son exiguos, con la consiguiente marginalización de parte de la población localizada en estas zonas. Y, por ende, el cierre de oficinas conllevará el despido de buena parte de los 1.430 empleados del Banco Pastor en Galicia, así como de los alrededor de 10.000 empleados que mantiene el Banco Popular en otras regiones, lo que creará una situación que se puede calificar cuanto menos de muy lamentable. Más cuando se sumará a los despidos colectivos realizados recientemente por medio de expedientes de regulación de empleo por parte del Santander (2.500 trabajadores despedidos) y el Popular (2.600).
El tercer ámbito en el que se han de notar los efectos de la operativa realizada es el de la configuración misma del sistema financiero. El Banco Popular es la sexta entidad financiera española por tamaño, destacando por su posición de liderazgo en el negocio de las pymes, en el que copa un 18% de la cuota de mercado. Según comunican los responsables del propio Banco de Santander, esta operación los sitúa como líderes en España en mercado de créditos y depósitos, con una cuota total del 19% del mercado y 17 millones de clientes. La absorción del Banco Pastor los coloca a su vez como segunda firma en Galicia, con más del 30% del negocio y cerca ya de Abanea, que sigue al frente del ranking.
Esto es, un paso más en la conformación de un cada vez más nítido oligopolio empresarial, un duopolio en el caso de Galicia, donde unas pocas entidades bancarias privadas con vocación transnacional se hacen con todo el negocio financiero. Las connotaciones de esta deriva son diversas e importantes.
Por una parte, en lo relativo a la configuración de un mercado financiero cada vez más alejado de la libre competencia, con grandes entidades capaces de imponer sus condiciones a mercados crecientemente dependientes. Además de los efectos directos sobre los precios y la calidad de los servicios, pueden preverse consecuencias directas sobre la competitividad de las empresas no financieras, o bien sobre la independencia de las instituciones públicas, clientes todos de estas entidades bancarias.
Por otro lado, la emergencia de un sistema financiero con entidades cada vez más grandes eleva de manera exponencial los riesgos de un colapso del propio sistema. Entramos en el terreno de los bancos "demasiado grandes para caer", cuyo salvamento en caso de nuevos procesos de crisis, más plausibles y próximas de lo que se quiere hacer creer, sería ineludible para las instituciones públicas para evitar crisis económicas de gran envergadura, pero cuyo coste supondría de por sí una carga difícil de soportar para las arcas públicas. Es decir, la consolidación de un oligopolio financiero, como el que se está dando con el apoyo decidido de las instituciones europeas y españolas, está generando un sistema sumamente frágil e inestable que puede tener muy graves repercusiones en la economía española, europea y mundial en un plazo no muy lejano.
Y la desaparición paulatina de entidades financieras de menor tamaño en favor de la agrupación del sector en torno a pocas y grandes corporaciones transnacionales tiene también consecuencias sobre las economías regionales y locales. Esta circunstancia es especialmente relevante en el caso gallego. Los pequeños bancos y cajas de ahorro, como el Banco Pastor, Caixa Galicia o Caixanova, con un sistema más descentralizado y más ligados al territorio, han sido sostén de la economía de pymes y familias, sirviendo al equilibrio territorial y a la integración del tejido social por la cercanía entre el ahorro y la inversión, lo que derivaba en una mayor soberanía económica y financiera y una mayor capacidad de desarrollo endógeno. Unos servicios financieros, en suma, que ofrecían soporte a la economía real, un
modelo que con la actual deriva se abandona por un mercado financiero cada vez más globalizado y que centra cada vez más su actividad en operaciones puramente especulativas.
Un apunte específico merece la obra social de estas pequeñas entidades, que en los reiterados procesos de fusiones y absorciones bancarias ha ido perdiendo peso y consistencia. En el caso del Banco Pastor resulta destacada la labor de la Fundación Barrié, con cincuenta años de historia y una importante labor en Galicia dedicada a la mejora de las condiciones sociales y económicas, con notables desarrollos en los ámbitos de la educación, la ciencia, la acción social, el patrimonio y la cultura. En la actualidad son de destacar los trabajos que financia en relación a la restauración del Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela.
Esta fundación era la principal accionista del Banco Pastor hasta su fusión con el Popular. Tras la fusión, en vez de vender sus acciones, un 7,5 % del capital social del nuevo ente, siguió manteniendo su participación y su actividad. La venta del Banco Pastor y el Popular al Banco Santander por un euro supone una importante pérdida para la fundación, cuyo futuro, como el de su necesaria obra en Galicia, se verán profundamente afectados.
El proceso de caída y clausura del Banco Pastor es similar al caso de las cajas de ahorro gallegas, como Caixa Galicia y Caixa Nova, así como el de las del resto de España. Primero se permitió un modelo de gestión ilícito y criminal, desfalcando las entidades y metiéndolas de lleno en el negocio especulativo: partidismo, amiguismo, clientelismo, expolio de fondos, prácticas abusivas, estafa, remuneración desmedida de directivos y consejeros, etc. Después se les echó la culpa a las cajas de ahorros de la crisis financiera en España. Los poderes políticos, económicos y mediáticos lanzaron su mensaje: "El problema son las cajas de ahorro". Que sigue la línea de "la gestión privada es mejor que la pública". Algo que era totalmente falso, pues ambos tipos de entidades tenían los mismos problemas: en 2010 bancos y cajas tenían niveles similares en cuanto a cifras de morosidad, nivel de exposición a activos tóxicos y problemas de insolvencia. Así, se procedió a su nacionalización, saneamiento y posterior venta a entidades privadas. Lo que había detrás de esto: la mitad del negocio español de créditos y depósitos estaba en 2010 en manos de las cajas de ahorro. Su privatización supondría un buen negocio para la banca privada.
Cabe añadir, en este punto, que la actual situación con el Banco Popular no hace sino confirmar el hecho de que la eliminación de las cajas de ahorro del mapa financiero no fue más que una estafa, perpetrada con el apoyo incondicional de los Gobiernos socialista y popular. El sistema financiero español tenía y tiene problemas que no son solamente atribuibles a las cajas de ahorro. Más bien se aprovechó una situación de crisis para enajenar un servicio público y ponerlo a disposición de intereses privados.
Por último, es importante determinar las responsabilidades que en este proceso han tenido los diferentes organismos públicos. El Banco Popular realizó, en 2016, una ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros, a la que la CNMV dio su consentimiento. No se ha dado noticia, por parte de los organismos supervisores (CNMV, Banco de España y Banco Central Europeo), de la mala situación del Banco Popular hasta su inminente intervención. Los diferentes "test de estrés" a los que se ha sometido al sistema bancario español tampoco han informado sobre esta circunstancia: en todos ellos los resultados de las evaluaciones fueron positivos, apuntando a que el capital de esta entidad estaba "por encima de los niveles regulatorios mínimos".
Podemos decir, pues, que tanto la CNMV como el Banco de España y el Banco Central Europeo, organismos reguladores y supervisores del sistema financiero, son responsables de las pérdidas económicas de miles de pequeños inversores gallegos y del resto de España que confiaron en la buena salud del Banco Pastor y el Popular, y lo serán de la pérdida de miles de puestos de trabajo y del avance del oligopolio financiero de las grandes multinacionales. En este punto, cabe añadir que o bien se ha producido una dejadez de funciones por parte de estos organismos y sus responsables, o bien su finalidad no es la de servir al interés general, ambas cuestiones de suma gravedad.
Y junto a ellos, los Gobiernos del PSOE y el PP, en Galicia y en España, que han favorecido el desmantelamiento de las cajas de ahorro y de los bancos de menor tamaño barriendo del mapa unos servicios financieros ligados a los territorios, y que han promovido la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, comprometiendo enormes volúmenes de ayudas públicas al servicio de un proceso de concentración del negocio bancario que no ha resuelto los riesgos y amenazas que el sector supone para la sociedad.
El Sr. De Guindos, Ministro de Economía, declaraba el pasado 19 de abril que el Banco Popular no tenía problemas de solvencia ni de liquidez. Con fecha 18 de mayo, apenas tres semanas antes de la intervención del banco, se reafirmaba en sus declaraciones, basadas en los informes de los supervisores.
Con fecha 7 de junio, tras la intervención y venta por un euro de la entidad al Banco Santander, informaba que este proceso no va a requerir de ayudas públicas, y destacaba la solidez del sistema bancario español arguyendo que "la situación actual es muy diferente de la del año 2012, dada la buena salud del conjunto del sector financiero y de la economía española en general". Dados los antecedentes, resulta imprescindible contar con información más detallada y garantías reales de que estas afirmaciones se ajustan a la verdad.
1. Adoptar todas las medidas necesarias para que el proceso de compra y absorción del Banco Popular y su filial, el Banco Pastor, por parte del Banco Santander, no requerirá de ninguna aportación financiera de fondos públicos en forma de ayudas o reconocimiento de obligaciones de ningún tipo.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que no supondrá el cierre de oficinas bancarias del Banco Pastor en aquellos municipios y áreas urbanas de Galicia con insuficiencia de servicios bancarios, ni el de oficinas bancarias del Banco Popular o el Banco Santander en aquellos municipios y áreas urbanas con insuficiencia de servicios bancarios.
3. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que no supondrá el despido de ningún trabajador o trabajadora del Banco Pastor, del Banco Popular ni del Banco Santander, ni el empeoramiento de las condiciones laborales de estas plantillas.
4. Articular las oportunas medidas para que la Fundación Barrié tenga una adecuada cobertura por parte de la Fundación Banco Santander para dar continuidad a su actividad en las mejores condiciones posibles.
5. Adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer las posibles responsabilidades de cualquier tipo en que hayan podido incurrir los equipos directivos de la entidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001975
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en servicio de un sistema de transporte sostenible mediante un ferrocarril transfronterizo que conecte las ciudades de Bayona y San Sebastián, como ejes de la Eurociudad Vasca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Hace veinte años, con la caída de las fronteras en la Unión Europea, se puso en marcha la creación de la Eurociudad Vasca "Bayona-San Sebastián", apoyada en un Convenio Transfronterizo. Desde el principio, uno de los proyectos más relevantes para vertebrar el desarrollo de esta Metrópoli -a caballo entre los Estados de Francia y España- consistía en buscar la conexión por ferrocarril de las dos ciudades ejes de la conurbación.
En estos años, instituciones, autoridades, equipos de expertos, entidades culturales y colectivos ciudadanos de ambos lados del río Bidasoa vienen trabajando para integrar y dar cohesión a esta Metrópoli transfronteriza europea, que forma parte de un marco geográfico más amplio de colaboración, el referido a la Región de Aquitania y Euskadi, en pleno corazón del Arco Atlántico. Burdeos y Bilbao aparecen como núcleos centrales de esta Euroregión.
La creación de la Eurociudad Vasca, Sayona-San Sebastián, persigue profundizar en los contenidos de un espacio de relaciones humanas, de convivencia y de cooperación económica y cultural. Y ha venido dando pasos a impulsos e iniciativas de las instituciones del País Vasco y del Distrito Biarritz-Anglet-Bayona por medio de una Agencia Transfronteriza para el Desarrollo y en base a estudios y proyectos compartidos en el apasionante terreno de la cooperación entre territorios de diferentes Estados dentro de la Unión Europea.
Entre las numerosas posibilidades de cooperación se encuentra la de contar con un "tren transfronterizo", cuya viabilidad se ha sometido a estudio y cuya puesta en marcha resulta clave para articular la Eurociudad Vasca. Hablamos de un territorio que congrega a más de 600.000 habitantes, con voluntad de cohesionar una conurbación que se extiende a lo largo de un corredor de 50 km. Se dan en su favor razones comerciales, culturales, turísticas, de infraestructuras y políticas comunes para su desarrollo sostenible.
La plasmación de un proyecto de transporte transfronterizo sostenible, muy demandado en la actualidad, supondría la puesta en marcha de un ferrocarril regular, estructurante, sin transbordo entre Sayona y San Sebastián, con parada en las principales localidades del corredor, como Biarritz, San Juan de Luz, Hendaya, lrún, Pasaia y Rentería, entre otras.
Esta actuación será posible en la medida en que los Gobiernos de Francia y España -con su Ministerio de Fomento a la cabeza- y organismos implicados como ADIF RENFE y SNCF, se pongan a gestionar la resolución de las cuestiones técnicas y administrativas para que esta conexión ferroviaria sea realidad.
Una meta posible si hay voluntad política de ambas partes, se establece una planificación rigurosa de las tareas y se implica a las instituciones de la Eurociudad.
Es de interés destacar, en estos momentos, las posibilidades que ofrece la obra que viene realizándose por ADIF y que consiste en la adecuación o renovación integral de las vías convencionales de Rente entre San Sebastián e lrún, que está seguida de la colocación del tercer raíl o hilo para contar con vías de doble ancho. Esta inversión, que avanza con pasmosa lentitud, forma parte del trazado de la Y vasca para los trenes de alta velocidad.
La obra del tercer hilo o raíl, supone un importante ahorro de inversión para ADIF sobre el proyecto inicial de conexión entre San Sebastián e lrún que incluía una plataforma exclusiva para el AVE. Y debe permitir, a corto plazo, la conexión ferroviaria Bayona-San Sebastián, salvando el diferente ancho de vía existente en Francia y España.
Mientras tanto, para avanzar en este proyecto de transporte sostenible para la Eurociudad, se tiene que gestionar un acuerdo con las autoridades del Gobierno de Francia, Consejo Regional de Aquitania, Euskadi y de la Eurociudad vasco-francesa que resuelva las cuestiones técnicas apuntadas y culmine el estudio comercial de la nueva línea. Ello permitirá formalizar los acuerdos administrativos entre Rente y SNCF y solicitar las ayudas disponibles de fondos europeos para la mejora del transporte ferroviario en un tramo transfronterizo del Corredor Atlántico.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a gestionar desde el Ministerio de Fomento, con la implicación de todas las instancias competentes, incluido el Gobierno Vasco, la puesta en servicio de una línea de ferrocarril transfronterizo que conecte las localidades de Sayona y San Sebastián, para favorecer la cohesión social y la movilidad sostenible en el ámbito de la Eurociudad Vasca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001983
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la transparencia y la participación en la puesta en funcionamiento de la alta velocidad de la red ferroviaria de
manera inmediata, en la ciudad de Murcia y en otras Comunidades Autónomas en situaciones similares, para su debate en la Comisión de Fomento.
La llegada del Corredor Mediterráneo, así como el actual estado de la línea de alta velocidad, suscitan importantes dudas, que no han sido despejadas durante estos últimos años, sobre la integración de las líneas ferroviarias en la ciudad de Murcia.
Todos estos problemas han obligado a replantear la llegada en superficie de las líneas de alta velocidad a esta ciudad, prevista para finales de año. Esta llegada, plagada de incertidumbres y retrasos, va a suponer importantes contratiempos: por un lado, a las redes de cercanías de Murcia/Alicante, que actualmente mueven entorno a dos millones y medio de viajeros; por otro, a los vecinos de la zona durante los dos años que durarán los trabajos.
Además, a fecha de hoy no se ha organizado estudio alguno que permita el desarrollo de la circunvalación de mercancías demandada por la inminente llegada del Corredor Mediterráneo a la ciudad de Murcia, ni la circunvalación de Javalí, jamás construida y que sería de gran utilidad para el desarrollo de algunas de las zonas logísticas para que las que el Gobierno de la Región de Murcia ha solicitado ayudas en el programa Conecta Europa.
En cualquier caso, no solo nos encontramos con la caótica situación de que la información a los vecinos afectados no sigue los cauces reglamentarios, sino que se evidencia una gran falta de transparencia en la ejecución del proyecto: a día de hoy, no está todavía publicado en el "Boletín Oficial del Estado" el proyecto de la segunda fase del soterramiento hasta la Senda de los Garres, como tampoco se tiene constancia de la fecha prevista de finalización de los proyectos. Todas estas actuaciones son necesarias para poder aunar la necesidad de llegada del AVE a nuestra Región así como para salvaguardar la calidad de vida de los más de 25.000 vecinos afectados por las obras.
Esa falta de información es palpable al echar un vistazo a la página web de la sociedad "Murcia Alta Velocidad", donde la noticia más actualizada data de enero de 2016, habiendo transcurrido más de un año y habiéndose producido muchas novedades en este tema, sin que se hayan publicitado oficialmente los pasos que está dando el Ministerio de Fomento en unas actuaciones que afectarán a los vecinos de Murcia, especialmente a aquellos que deberán sufrir las obras.
Es hora de tomar medidas que devuelvan el rumbo a un proyecto que a día de hoy está a la deriva, generando graves incertidumbres a los ciudadanos y las ciudadanas de Murcia, que no saben cuándo y en qué condiciones llegará la alta velocidad, tras varios años de incomprensibles retrasos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a afrontar las actuaciones asociadas a la llegada de la alta velocidad, en Murcia y en otras Comunidades Autónomas en situaciones similares, de modo transparente y con el mayor consenso con los vecinos. Concretamente:
1. Deberán figurar, de modo actualizado, a través de la página oficial de la sociedad Murcia Alta Velocidad (http://www.murciaaltavelocidad.es/), todos los detalles de las obras y actuaciones que se van a acometer bajo el paraguas de dicha sociedad, tanto los proyectos aprobados como los documentos administrativos, adjudicaciones, contratos, modificados, complementarios, etcétera, así como toda aquella información relacionada, con el fin de que se realice una gestión transparente y eficiente.
2. Deberán figurar también, de modo actualizado, a través de las páginas oficiales del resto de sociedades (Valladolid Alta Velocidad, Almería Alta Velocidad, etcétera), todos los detalles de las obras y actuaciones que se acometan bajo el paraguas de dichas sociedades, especificados en el punto anterior, con el fin de que se realice una gestión transparente y eficiente.
3. Se deberá realizar un ejercicio de publicidad de estas actuaciones, con el fin de que los vecinos puedan conocer, de un modo claro y sencillo, las implicaciones de la intervención urbana, de modo que se consiga organizar convenientemente.
4. Garantizar que los responsables de los proyectos se dirigen directamente y con la máxima publicidad a los vecinos, con el fin de explicarles los objetivos y el detalle de las actuaciones que se diseñan a través de juntas o consejos de seguimiento de las obras, para, de este modo, evitar actuaciones improvisadas, como ha sido el hecho de realizar las expropiaciones de viviendas a última hora.
5. Agilizar lo máximo posible las obras, para minimizar el impacto negativo a los vecinos y para que los ciudadanos y las ciudadanas de Murcia y de otras Comunidades Autónomas en situaciones similares puedan disfrutar cuanto antes de esta infraestructura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001988
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el déficit en Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de infraestructuras de comunicación, para su debate en la Comisión de Fomento.
La Rioja es una Comunidad con un claro déficit en materia de infraestructuras de comunicación. Durante los últimos seis años de Gobierno del PP, ese déficit se ha visto agravado por la ausencia absoluta de planificación, presupuesto y ejecución. Además, en lo que se refiere a los servicios básicos, como los de transporte de pasajeros por ferrocarril, han sufrido también una devaluación sin previo aviso y sin atisbo alguno de restablecimiento de los servicios anteriores. Este es el caso del servicio de Alvia Madrid-Logroño, el cual ha sido sustituido, sin explicación alguna y sin información tampoco sobre su restauración, por un servicio lntercity.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de manera inmediata y urgente se restablezca el servicio de Alvia Madrid-Logroño."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-César Luena López, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001989
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un acceso directo al Hospital de la Marina Baixa desde la circunvalación de la N-332 a su paso por Villajoyosa, para su debate en la Comisión de Fomento.
La circunvalación de la N-332 a su paso por Villajoyosa (Alicante), no cuenta hoy con un acceso directo al Hospital de la Marina Baixa. Este es el único hospital de la comarca y da servicio a una población fija de 180.000 habitantes y a una itinerante que puede superar las 500.000 personas, y los usuarios para acceder o salir del centro hospitalario, tienen que utilizar la antigua N-332 que tiene un mínimo de dos rotondas y numerosos vados.
Esta situación provoca que los servicios de urgencia que provienen de municipios como Sella, Relleu u Orxeta, y del barrio de la Ermita de Villajoyosa, se demoren más de lo necesario, ya que tienen que atravesar el casco urbano de Villajoyosa y recorrer una vía comarcal o toda la circunvalación. Además, los traslados desde el resto de municipios de la comarca como Benidorm, Finestrat, L'Alfàs del Pi o Altea, y del resto de poblaciones de la subcomarca de la Vall de Guadalest, acceden al complejo hospitalario por
la antigua travesía obligando a la reducción drástica de la velocidad por la alta densidad de tráfico de la zona, ya que coincide con una importante zona comercial.
1. Crear un acceso directo al Hospital de la Marina Baixa desde la circunvalación de la N-332 a su paso por Villajoyosa.
2. Establecer un acuerdo con la Generalitat Valenciana para incluir dicho acceso directo en las actuaciones del protocolo estatal en materia de carreteras."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el complemento de pensión por maternidad a trabajadoras, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
España posee una población en claro proceso de envejecimiento. Los últimos datos publicados por Eurostat reflejan que la natalidad en nuestro país sufre un claro retroceso. De los 2,03 hijos que tenía cada mujer en el año 1981, en la actualidad cada mujer tiene una media de 1,27 hijos.
El tiempo en el que se tienen hijos también ha cambiado. En 1981 las mujeres residentes en España tenían su primer hijo a los 25,2 años de edad. La edad media a la maternidad en España se ha ido retrasando a lo largo de los años de manera que en 2013, la edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo era de 30,4 años. Si se compara la fecundidad española con la del resto de países de la Unión Europea se tiene que, España es uno de los países donde se tienen menos hijos por mujer y se tienen a edades más tardías.
En pos del reconocimiento de las trabajadoras que han sido madres y han compatibilizado su carrera profesional con la maternidad, la disposición final primera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, modifica con efectos de 1 de enero de 2016 el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, añadiéndose a ese texto una disposición adicional, la decimoctava, que establece el reconocimiento de un complemento de pensión a las Funcionarias que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias de pensiones de jubilación o retiro de carácter forzoso o por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad o viudedad que se causen a partir del 1 de enero de 2016 en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. Este complemento también se aplica a las trabajadoras jubiladas en régimen de Seguridad Social. Este complemento se gradúa en función del número de hijos que las trabajadoras hayan tenido:
Si bien este reconocimiento puede tener su razón de ser, no comprendemos que no sea extensivo a las trabajadoras que solamente hayan tenido un hijo, una cantidad importante, suponiendo una discriminación ante el resto de trabajadoras.
De la misma manera no es comprensible, y constituye una discriminación injusta, que no se aplique a las mujeres con un solo hijo que se han jubilado en el sector privado desde la reforma.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la disposición final primera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado y la disposición adicional decimoctava del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado a fin de:
1. Hacer extensivo este complemento, de manera proporcional a lo ya establecido, a las madres trabajadores, personal laboral o funcionario, con un solo hijo.
2. Facilitar que las trabajadoras jubiladas de manera anticipada, y de forma voluntaria, puedan acceder a este complemento llegado el momento en que cumplan los 65 años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-Sergio del Campo Estaún, Patricia Reyes Rivera y José Cano Fuster, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001977
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos, en el término municipal de Huelva, y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, para su debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Seis años después del cese de los vertidos de fosfoyesos por parte de la empresa Fertiberia a las Marismas del Río Tinto, en la ciudad de Huelva, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, publicó el pasado 13 de marzo en el "Boletín Oficial del Estado" tanto el Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos como el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
Casi un año antes y ante los requerimientos de la Audiencia Nacional, el Gobierno en funciones había dado un primer visto bueno al proyecto presentado por la empresa, sin que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva o las organizaciones ecologistas (denunciantes en su día) y ciudadanas lo conocieran o, menos aún, pudieran haber participado activamente en su elaboración. A tal efecto, y desde las fechas del cese de vertidos, los gobiernos autonómico y municipal vienen promoviendo mesas y foros de participación, además de la colaboración de expertos, al objeto de dar respuesta a una de las mayores inquietudes de los vecinos de la capital onubense.
Cabe recordar que son ya varios los autos y sentencias que vienen obligando a la empresa a actuar adecuadamente sobre una superficie de mil hectáreas en las inmediaciones de una población de 150.000 habitantes y en un entorno (la Reserva de la Biosfera de Marismas del Odiel) de altísimo valor ecológico. El mismo Tribunal, además de haber aumentado la cantidad del aval para la fianza depositado por Fertiberia recientemente, señaló desde primera hora la tutela que debía ejercer el Ministerio competente como garante de una actuación adecuada y suficiente para la calidad de la salud y del medio ambiente.
Y no sólo no se entiende que se haya dilatado tanto en el tiempo el proyecto correspondiente, sino que, además, frente al compromiso activo mostrado desde el mismo cese de los vertidos por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (acometiendo en el verano de 2011 una experiencia piloto de las Universidades de Murcia y Huelva), contrasta la inacción del actual Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que se ha limitado durante estos últimos años a esperar, sin promover ninguna acción institucional, social o científica. Las alegaciones presentadas en estos días por organismos oficiales y colectivos medioambientales suponen un rechazo frontal a un proyecto constructivo a todas luces insuficiente, parcial y superficial, además de incumplir o no considerar preceptos básicos de las normas autonómicas o locales.
Aun considerando que se ha perdido ya demasiado tiempo, las evidentes carencias técnicas del Proyecto, así como el casi unánime rechazo social al mismo, animan al Grupo Parlamentario Socialista a presentar la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a la vista de las alegaciones a presentadas al Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos, en el término municipal de Huelva, y a su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a:
1. Reconsiderar el Proyecto en su globalidad para su adecuación a las normativas local y autonómica, así como para que la actuación sea completa e integral en todas las zonas de las balsas.
2. Abrir, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y, concretamente, desde su Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, un proceso de diálogo con las instituciones y de participación ciudadana, que facilite y mejore la toma de decisiones, así como acordar, en consecuencia, con la mayor prontitud y diligencia, un calendario de actuaciones concretas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-José Juan Díaz Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001978
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la siguiente Proposición no de Ley para frenar el vertido de agua de refrigeración desde las centrales de ciclo combinado al río Besós.
En el año 2002, las compañías Endesa y Gas Natural-Fenosa construyeron y pusieron en funcionamiento dos grupos de ciclo combinado (Besós 3 y Besós 4) en la central térmica de Sant Adria del Besós (Barcelona), que se halla emplazada en el margen derecho del río Besós, junto a su desembocadura en el mar. Ello respondía a las urgencias que ocasionaba la anterior, conocida popularmente como "las tres chimeneas", que debía ser sustituida por resultar obsoleta y altamente contaminante.
Estos ciclos combinados se sumaron en la generación de electricidad a la Planta de Valorización de Residuos y la pérgola fotovoltaica del Forum, convirtiendo al municipio de Sant Adria de Besós, de cerca de 35.000 habitantes, en una ciudad energéticamente enormemente solidaria, con la capacidad para generar electricidad suficiente para todo el conjunto del Área Metropolitana de Barcelona, de más de 3.200.000 habitantes.
En todas estas las instalaciones existentes a día de hoy (cuatro centrales térmicas de ciclos combinados y una planta de valorización de residuos) se utilizan como combustibles gas natural y residuos. A pesar de
las citadas mejoras en eficiencia y respeto medioambiental, tomando como referencia la antigua central de les tres chimeneas, las centrales suponen un apreciable impacto medioambiental, tanto por la emisión de gases producto de la combustión (CO2 y SO2) como por el retorno de agua de refrigeración salada, extraída del mar, devuelta con una temperatura superior a la del río Besós o a la del mar.
Asimismo, en la última fase de construcción de los ciclos combinados de 2011, se inauguró un nuevo grupo en la central térmica del Besos (el Grupo-5), que acumula una potencia instalada nominal de 1.600 MW, equivalente al consumo de dos millones de personas. Dicho nuevo grupo incorpora la captación de 60.000 m3/h de agua, mediante una tubería existente de unos 512 metros de longitud, que es utilizada para la refrigeración y luego se devuelve al mar con un incremento térmico de 7 ºC, a unos 300 metros de la línea de la costa, mediante una conducción de vertido submarino de nueva construcción de 520 metros de longitud total, 95 metros en zona terrestre y 425 metros bajo el mar.
A diferencia de este Grupo-5, los Grupos 3 y 4, así como la planta de valorización de residuos, descargan el agua de refrigeración -captada del mar a 300 metros de la línea de costa- en el propio río Besós, a 250 metros de su desembocadura en la ribera del río, provocando un incremento medio de la temperatura del agua de entre 7 ºC y 7.6 ºC con la consiguiente afectación medioambiental.
Los últimos 450 metros del cauce del río, previos a la desembocadura, conforman la zona del Parque Fluvial del Besos, fruto de las labores que en el año 2006 consiguieron su recuperación medioambiental. A pesar de las reducidas dimensiones del espacio (unas 7 hectáreas), "la Desembocadura" (como es popularmente conocida), goza de un elevado valor en la biodiversidad y el paisaje, en especial por su riqueza en avifauna (parada de reposo y alimentación de aves migratorias), vida vegetal y piscícola, además de suponer un corredor natural que conecta el frente litoral con el interior del territorio.
Sin embargo, la aportación de agua salada por parte de los ciclos combinados perjudica el ecosistema. Prueba de ello es el hecho que, paradójicamente, en los últimos años, los avistamientos de flamencos se producen básicamente aguas arriba de "la Desembocadura", entre los puentes "del Tren" y "del Molinet", al contrario de lo que sucedía antes de la instalación, cuando los flamencos se hallaban en el tramo junto al mar. Ello se debe al vertido del agua salada y caliente que utiliza la central de ciclo combinado, que al no ser vertida directamente al mar mediante un emisario submarino, inhabilita gran parte del hábitat del Parque Fluvial para la mayoría de aves acuáticas, como consecuencia de alterar las circunstancias físico-químicas con el incremento de la salinidad, temperatura, caudal y velocidad del agua. Junto a ello, los altos niveles de salinidad impiden el crecimiento de plantas en la escollera de los márgenes de la desembocadura, impidiendo el desarrollo de la biodiversidad terrestre y acuática del espacio.
Frente a ello, cabe constatar que en el año 2016 Endesa obtuvo unos beneficios de 1 .411 millones de euros y Gas Natural de 1.34 7 millones de euros, sin que suponga ninguna compensación mediante algún tipo de canon medioambiental la explotación de dichas instalaciones en el municipio de Sant Adrià de Besós, que es el principal damnificado por el impacto de una la infraestructura energética que, como se ha expuesto, beneficia al resto del área metropolitana de Barcelona.
De ahí que el pasado 24 de abril de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Sant Adrià del Besos aprobase por unanimidad de todos los grupos políticos una moción por la que se pedía a las centrales de ciclo combinado y a la planta de tratamiento de valorización de residuos la realización de obras necesarias para frenar con el vertido de agua caliente salada en la desembocadura del río Besós y su redirección directamente en el mar.
"La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso insta al Gobierno a iniciar los trámites para la modificación de oficio del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental de los grupos Besós-3 y Besós-4 para que las descargas del agua de refrigeración se produzcan mar adentro, al menos a 300 metros de la línea de costa mediante emisario submarino, del mismo modo que se lleva a
cabo en Besós-5, a fin de que los vertidos de agua caliente y salada se realicen directamente al mar y no en el tramo final del río Besós y la zona del Parque Fluvial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001990
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la evaluación y posible modificación del TAC de cigala, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La decisión de TAC cero para la cigala en la zona Vlllc para 2017, fue considerada muy perjudicial por la flota gallega de arrastre. Además hay la propuesta de continuar con dicho cierre para los años 2018 y 2019.
La cigala es una captura accesoria de gran valor y es difícil realizar una pesquería parcial sin cogerla. Esta especie podría ser descartada adecuadamente ya que aguanta fuera de su ecosistema un tiempo prolongado.
El sector con la colaboración de técnicos del IEO y de la Consellería del Mar de Galicia, emitió un informe según el cual se constata que existe cigala en el caladero y se aprecian señales de recuperación del stock.
Según los científicos del ICES el dato definitivo de que la cigala no está tan mal como se suponía es que en la unidad funcional 25, una de las dos donde la capturan los barcos gallegos, el porcentaje sobre los desembarcos totales pasó del 1,45% en 2015 al 3,78% de 2016.
También se incrementó la captura por unidad de esfuerzo que en 2015 era de 6,46 kilos por hora y en 2016 de 10,81 kilos por hora.
Con estos datos los armadores aseguran que es posible pescar cigala en Galicia y el resto de la zona Vlllc como se hacía antes de 2012, año en el que el TAC era de 91 toneladas, sin que la pesquería se resintiese.
- Realice una reevaluación del stock de cigala en la zona Vlllc y la zona IXa en aguas de Galicia.
- Solicite un estudio específico por parte del IEO en esas aguas tal como se está haciendo en aguas del Golfo de Cádiz.
- Abra la pesquería de la cigala en la zona Vlllc y subsidiariamente en la unidad funcional 25, ya que no es posible esperar al año 2019 en el que el ICES tiene previsto evaluar de nuevo la situación de la cigala."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Margarita Pérez Herráiz y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001976
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las "pseudoterapias", para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Las pseudoterapias, muchas de ellas pseudocientíficas, son aquellas prácticas que se ofrecen como actos médicos sin haber demostrado científicamente su efectividad.
Sin embargo, existe el riesgo de que los pacientes abandonen terapias científicas efectivas por prácticas alternativas que no son impartidas por médicos, que carecen de valor curativo demostrable, que pueden ocasionar graves problemas de salud y que, en definitiva, son un fraude para los ciudadanos.
Estas prácticas fraudulentas suelen producir daños económicos o morales en los pacientes, que muchas veces, ante la desesperación, acuden a ellas basándose en una información poco fiable.
Cada día se presentan casos de enfermos a los que les ofrecen curas milagrosas; personas que se presentan como profesionales y les prometen sanación. Enfermos que abandonan el tratamiento del hospital en busca de propuestas de curación; historias que terminan sin éxito, con rebrotes y reingresos. En muchos casos, acaban acudiendo a la Administración de Justicia alegando engaño y estafa por parte de personas que no tenían la titulación oficial de medicina.
Estos casos reflejan que hay personas sin estudios médicos acreditados por organismos oficiales que ofertan terapias curativas no sustentadas en datos objetivos. Por ello es fundamental potenciar la cultura de prevención de enfermedades en la sociedad, formar a los pacientes para que puedan tener un pensamiento crítico y científico que evite posibles manipulaciones de pseudocientíficos y promover una vigilancia sobre profesionales y centros que no estén oficialmente acreditados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
1. Seguir impulsando la promoción y educación para la salud con el objeto de potenciar la cultura de prevención de las enfermedades en nuestra sociedad.
2. Impulsar campañas de sensibilización y formación para los pacientes con el objeto de evitar posibles fraudes y manipulaciones pseudocientíficas.
3. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas -que son las administraciones competentes en este ámbito-, un mayor control y vigilancia sobre centros y personas que no estén oficialmente acreditados y publicitan falsas actividades curativas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001981
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Marta Sorlí Fresquet, Diputada de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora del sistema de donación de órganos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El pasado 11 de enero la Organización Nacional de Trasplantes, publicaba el balance de actividad de donación y trasplante para el año 2016, en el que se anuncia que España vuelve a liderar a nivel mundial las donaciones y trasplantes durante veinticinco años consecutivos, pulverizando así su propio récord, al alcanzar los 43,4 donantes por millón de población, con un total de 2.018 donantes, lo que le ha permitido efectuar 4.818 trasplantes.
De esta manera, el Estado Español ha conseguido edificar un modelo admirado por su capacidad para aumentar la tasa de trasplantes en dos décadas. Dicho modelo, es reconocido en diversos estudios estadísticos internacionales, como ahora, el International registry in Organ Donation and Transplantation y está siendo ampliamente descrito en la literatura científica, recomendado por la Organización Mundial de la Salud y se aplica a nivel internacional. Los expertos sanitarios en trasplantes, señalan que el éxito del modelo del Estado español reside en la eficacia e innovación de un modelo funcional basado en la coordinación siendo los intensivistas el personal fundamental para tal tarea y personas encargadas de identificar a los pacientes terminales potencialmente donantes, de mantener sus órganos en buen estado, y de ofrecer un trato amable a las familias por parte del personal sanitario.
La promulgación de la Ley 30/1979 y el Real Decreto 426/1980 que desarrolla la ley de trasplantes establece el consentimiento tácito, por el que las donaciones potenciales de personas fallecidas sólo pueden ser una realidad a través de las solicitudes que los profesionales de los hospitales formulen a los familiares. Por lo que la Ley de trasplantes da la facultad a los familiares más cercanos a que expresen la negación a nombre del fallecido.
Cabe tener presente que esta situación se da en un proceso en el que se dispone de muy poco tiempo -de dos a tres horas- y en el que la coordinación entre los intensivistas y la Organización Nacional de Trasplantes es fundamental para que el proceso de donación, sea un éxito. La petición de órganos o entrevista que se le realiza a los familiares, plantea una situación difícil a los coordinadores de trasplantes dado que tiene lugar en un estado especialmente doloroso, ya que se realiza en el momento en que los familiares acaban de sufrir la pérdida de un ser querido y padecen los primeros efectos emocionales ocasionados por dicha muerte. El protocolo de los coordinadores de trasplantes establece que la misión principal de estos es dispensar ayuda y alivio emocional para iniciar el duelo de la forma más adaptada posible y a continuación, desde la perspectiva de generosidad y solidaridad tratar de dar sentido a la donación. Es conveniente mencionar que tan sólo el 1% de los cuerpos es apto para ser donante, y en gran parte de los casos, la respuesta por parte de las familias es negativa. Una decisión que es tomada en un momento de shock emocional.
La experiencia médica indica que el hecho de conocer de antemano cuál era la voluntad del fallecido, facilita este trámite y disminuye la ansiedad de las familias que no tienen que tomar una decisión propia, desconociendo la opinión de su ser querido, sino que en todo momento tienen la seguridad de estar cumpliendo con la voluntad última de su familiar, lo que puede reconfortarles en momentos tan complejos.
Desde el 1 de enero 2017, ha entrado en vigor en Francia una ley por la cual todos los ciudadanos son automáticamente donantes de órganos y tejidos, salvo que los individuos manifiesten su voluntad de retirarse del programa de donaciones a través del Registre National des Refus. De esta manera, en el momento de la muerte, los médicos se encargarán de comprobar que la persona muerta no figura en dicho Registro, además de conversar con la familia para cerciorarse que la persona fallecida en ningún momento expresó su rechazo a la donación.
Por su parte, en el Estado Español, la tarjeta de donante es un documento que expresa el deseo de ser donante de órganos tras la defunción. Pero esta tarjeta no tiene ningún valor legal; en caso de defunción no se podría tomar la decisión limitándose a la existencia o no de la tarjeta, sino que es necesario comunicar la voluntad de donación a los familiares para que autoricen la extracción de órganos, ya que se asume que los familiares no contradecirán los deseos de la persona muerta.
La donación de órganos es un acto de solidaridad fundamental para salvar muchas vidas y para mejorar la calidad de vida de muchas personas.
- Desarrollar el marco normativo necesario para que las personas mayores de edad sean donantes de órganos y tejidos a menos que se exprese la negativa por medio de un registro oficial.
- Crear un Registro Estatal de No Donantes en el que la ciudadanía podrá expresar su negativa a donar sus órganos o tejidos en el momento de su fallecimiento. La información a dicho Registro Estatal de No Donantes ha de ser de fácilmente accesible para los profesionales médicos. Igualmente, será necesario realizar campañas divulgativas para poner en conocimiento a toda la ciudadanía sobre el procedimiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al cáncer infantil, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El cáncer afecta cada año a 263.000 niños en todo el mundo y es la primera causa de mortalidad infantil por enfermedad en occidente. Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, cada año unos 1.300 niños son diagnosticados en España.
El cáncer infantil es una enfermedad rara y única y por ello, no recibe más que una mínima inversión en inversión para la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos. Se puede diagnosticar desde el nacimiento hasta la tercera década de la vida y es un fenómeno distinto al cáncer del adulto. El cáncer infantil se debe entender como un problema de la formación y maduración de distintos órganos del cuerpo humano. Por cada caso de cáncer infantil, existen 200 casos de cáncer de adulto. Sin embargo, existen diversos tipos de cáncer del desarrollo, siendo los más frecuentes la leucemia y los linfomas, los tumores cerebrales, los tumores óseos, el neuroblastoma, etc.
El cáncer infantil es muchas veces aleatorio e impredecible. No existen programas de detección precoz efectivos y los factores medio ambientales no parecen tener tanta importancia como en el cáncer del adulto. Al tratarse de una enfermedad distinta a la del cáncer del adulto, poco o nada sirve la investigación o el desarrollo de nuevos fármacos destinados a combatir el cáncer en adultos (para el que se destina una gran cantidad de dinero a nivel mundial) para tratar los cánceres pediátricas.
Dentro de los tumores cerebrales, el glioma difuso intrínseco de tronco, o "DIPG" por sus siglas en inglés (diffuse intrinsic pontine glioma), es el tumor que más frecuentemente ocurre en el tronco cerebral, una estructura fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. Se diagnostican entre veinte y treinta casos al año de DIGP en nuestro país.
El DIPG suele afectar a niños en edad escolar, quienes característicamente y en pocas semanas, pierden paulatinamente el control muscular de extremidades y cara, asociado a inestabilidad en la marcha. A medida que el tumor invade la protuberancia, epicentro del desarrollo de este tumor, los linfomas se hacen más y más evidentes. Por su naturaleza tan invasiva, siendo difícil de identificar los límites de la lesión, es un tumor inextirpable quirúrgicamente. A medida que el tumor avanza, los niños y niñas afectados de esta terrible enfermedad pierden capacidades físicas incluyendo el movimiento total o parcial, el habla, el movimiento ocular o la deglución y el correcto esfuerzo respiratorio, dejando, sin embargo, su mente intacta hasta el último momento.
La radioterapia dirigida al tumor es el único tratamiento paliativo que detiene el crecimiento del tumor por unos meses. Dicho esto, solo un 30% de niños con DIPG alcanzarán el primer año de vida tras el diagnóstico, y solo un 10% llegará al segundo año.
Tanto para los enfermos de DIPG como para todos los niños y niñas enfermos con algún tipo de cáncer, el Incremento de la investigación es su mayor esperanza. El poco interés comercial que existe en los fármacos destinados a luchar contra el cáncer infantil, debido a su baja incidencia en la población, dificulta en grado sumo su investigación por la falta de inversión tanto del sector público como del privado. De hecho ocurre que en las convocatorias públicas específicas para la investigación no se distingue el cáncer infantil del cáncer del adulto siendo enfermedades completamente distintas.
En España son las propias familias de los enfermos quienes impulsan la investigación promoviendo campañas de recaudación de fondos y sin ningún tipo de ayuda gubernamental. Plataformas como "Pulseras Candela" y asociaciones de familias de afectados por esta enfermedad, como el Fondo Alicia Pueyo, han logrado recaudar fondos suficientes para poner en marcha el primer ensayo clínico de España para el DIPG -y pionero en el mundo- que se está llevando a cabo en el hospital Sant Joan de Déu.
- Revisar en las convocatorias públicas destinadas a financiar la investigación y ensayos clínicos los criterios de selección de manera que se financien adecuadamente aquellos proyectos solventes de investigación en el cáncer pediátrico.
- Evaluar y promover las técnicas de diagnóstico y los tratamientos oncológicos infantiles con agentes biológicos más específicos y potencialmente menos tóxicos.
- Fomentar la creación de centros especializados y unidades oncológicas pediátricas especializadas para los distintos tipos de cáncer infantil, centralizando esfuerzos y garantizando la atención adecuada de los pacientes. Recomendar a través de los instrumentos de coordinación sectorial que todas las unidades de oncología infantil, cuenten con una unidad de seguimiento que trabaje de manera coordinada con el médico de familia en el seguimiento e identificación precoz y tratamiento de problemas médicos asociados al tratamiento recibido.
- Elevar al Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud una propuesta con el fin de mejorar el sistema de derivación de enfermos entre comunidades autónomas que actualmente incrementa el tiempo de atención de los pacientes con el consiguiente perjuicio para su tratamiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, María Aurora Flórez Rodríguez y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001986
Doña Marta Rivera de la Cruz, don Félix Álvarez Palleiro y don Guillermo Díaz Gómez, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley instando al Gobierno a impulsar el establecimiento de un programa que acerque a estudiantes de primaria y secundaria al cine y las salas de cine, para su debate en la Comisión de Cultura.
Más allá de su importancia económica, el cine se ha convertido en una de las grandes expresiones artísticas de nuestro tiempo. Es también un instrumento indispensable para conocer y comprender la historia reciente -y no tan reciente- y la forma en la que las propias sociedades se ven a sí mismas, incluso la forma en que se quieren ver a sí mismas; cómo reflejan no solo la realidad sino sus aspiraciones, sueños o temores.
Es pues, evidente, la importancia de exponer al cine a quienes están precisamente en proceso de formación; en ese proceso de crear su propia visión del mundo y la sociedad y de su lugar en ellos.
El cine, además de ser una ventana al mundo, expone a los estudiantes más jóvenes a un arte que es en sí mismo compendio de otras artes: actuación, diseño, fotografía, etc.
Despertar la curiosidad y el interés de los niños a las películas de calidad, el descubrimiento de obras particularmente relevantes del patrimonio cinematográfico y aspectos más particulares como la captura de la realidad a través de la imagen y de los mecanismos narrativos del cine deben ser objetivos primordiales de un programa que acerque la escuela al cine y el cine a la escuela.
Por otro lado, los creadores observan con preocupación el progresivo alejamiento del público de las salas de cine, lo cual es especialmente inquietante cuando se trata de generaciones más jóvenes, que corren el peligro de renunciar a la experiencia de ver cine en salas, seducidos por los novedosos formatos de visionado. No se trata en absoluto de entrar en una competición con las nuevas plataformas de acceso a contenidos, sino de complementar estas y hacer que unas y otras sirvan para alimentar el interés por el cine. Y, desde luego, merece la pena fomentar que los más pequeños crezcan comprendiendo la experiencia de las películas en sala: el silencio, la oscuridad, el visionado colectivo ... Todo ello es parte de la historia del cine a la que no queremos que las nuevas generaciones renuncien por puro desconocimiento.
A esto hay que añadir la pura lógica socioeconómica. En un mundo cada vez más hostil a la presentación de producciones nacionales en las propias salas de cine, que parecen abocadas a programar sólo los grandes estrenos, grandes superproducciones con increíbles efectos especiales -no son palabras nuestras, sino de uno de nuestros grandes directores en una reciente entrevista (El País, 1/2/2017)-, educar a los más jóvenes en el acto diferencial de ver cine en el cine, no sólo en televisión, en el ordenador o en cualquier otro dispositivo, se puede convertir en elemento fundamental para garantizar la supervivencia de las salas de cine como algo más que meros exhibidores de superproducciones.
En marcha desde el curso 1994/1995, el programa "École et cinema" del CNC, dependiente del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia y en colaboración con el Ministerio de Educación, constituye un excelente ejemplo de cómo el acercamiento de la escuela al cine puede impactar en el desarrollo tanto de los propios estudiantes como de la misma industria cinematográfica.
Comenzando por los más pequeños, y progresivamente extendido a todos los niveles educativos, este programa estimula la colaboración entre educadores, instituciones educativas y exhibidores que coordinan una oferta de programación, acompañada de documentación adecuada, que sirve a un doble objetivo. Por un lado, estimular a los niños para que se acerquen a las salas de cine y "se adueñen" de ellas como lugares de práctica cultural, compañerismo y relaciones sociales. Por otro, acercarlos al cine como arte a descubrir.
Naturalmente, la evolución de un arte, de una industria, en un país determinado no puede atribuirse a un solo factor. En el caso de Francia, es evidente que la evolución del cine como industria y como arte responde a múltiples factores sociales, políticos y culturales. Pero no puede caber duda de que programas como este han tenido una influencia considerable en esa evolución.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para impulsar el establecimiento de un programa, en colaboración con el sector, que acerque a estudiantes de primaria y secundaria al cine y las salas de cine, programa en el que se contará con las CCAA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001980
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el complemento de pensión por maternidad a trabajadoras, para su debate en la Comisión de Igualdad.
2. Facilitar que las trabajadoras jubiladas de manera anticipada, y de forma voluntaria, puedan acceder a este complemente llegado el momento en que cumplan los 65 años."
181/000427
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte.
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo.
La tramitación, según el Gobierno, de los proyectos de Real Decreto por los que se aprueban los títulos de Formación Profesional de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas ha experimentado notables avances, lo que permite prever su aprobación en Consejo de Ministros y su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" en próximas fechas.
- ¿Cuáles han sido los avances a los que se refiere la citada respuesta?
- ¿Qué pasos, fases o trámites quedan por resolver para la aprobación definitiva de dichos títulos? Indicar además el calendario previsto para cada uno de ellos.
- ¿Cuál es la fecha prevista por el Gobierno para la aprobación definitiva de dichos títulos y su publicación en el "Boletín Oficial del Estado"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000415
Autor: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM).
Medidas previstas acerca de la nueva Observación General número 19 (2016), de la Convención de Derechos del Niño sobre Gasto Público y los Derechos de la Infancia para garantizar la trazabilidad de la inversión en infancia.
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, entendiendo que, en todo caso, la pregunta estaría dirigida al Gobierno. Asimismo, comunicar a la Sra. Diputada autora de la iniciativa, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Diputada doña Ione Belarra Urteaga.
¿Qué medidas concretas tiene previstas tomar el Gobierno al respecto de la nueva Observación General n.º 19 (2016), de la Convención de Derechos del Niño sobre Gasto Público y los derechos de la Infancia para garantizar la trazabilidad de la Inversión en Infancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-Ione Belarra Urteaga, Diputada.
181/000416
Medidas para asegurar que el Observatorio de la Infancia sea un foro de intercambio y comunicación permanente y abierto entre los organismos públicos y la sociedad civil, tal y como se indica en sus funciones.
¿Qué medidas se van a adoptar para asegurar que el Observatorio de la Infancia sea un foro de intercambio y comunicación permanente y abierto entre los organismos públicos y la sociedad civil, tal y como se indica en sus funciones?
181/000417
Plazos y mecanismos que se están considerando para el desarrollo reglamentario de la Ley 1/1996 que asegure la operatividad de la misma.
¿Qué plazos y con qué mecanismos está considerando el Gobierno el desarrollo del reglamentario de la Ley 1/1996 (modificada por las más recientes), total o parcial que asegure que la operatividad de la misma?
184/012680
Autor: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM). Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM). Valido Pérez, Carmen (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre vinculación del exdiputado don Andrés Ayala y el contrato adjudicado por AENA al grupo de empresas al que éste pertenece.
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita, sobre la vinculación del exdiputado el Sr. Andrés Ayala y el contrato adjudicado por AENA al grupo de empresas al que este pertenece.
El Partido Popular acaba de crear un instrumento interno con denominación de Oficina del Cargo Popular que pretende velar por las incompatibilidades de cargos públicos con la misión de dar cuenta de cualquier anomalía o irregularidad que se pudiera detectar. Entre los miembros que componen dicha oficina se encuentra el exdiputado Andrés Ayala.
El pasado 11 de mayo, nuestro Grupo Parlamentario, presentó al Gobierno una batería de preguntas sobre la vinculación del Sr. Ayala con la adjudicación de un contrato al grupo Orenes por parte de AENA mientras éste era portavoz de la Comisión de Fomento y accionista de compañías de dicho grupo, donde tras dejar de ser portavoz, cesó la esposa del Sr. Ayala de cargos de administración en dichas empresas, para ser ocupadas por el Sr. Ayala.
Para que entendamos la trama:
A es accionista de B.
B es administrada por C.
A y C son cónyuges.
B obtiene un contrato público millonario de D.
En ese momento D es fiscalizada por A.
Cuando A ya no fiscaliza D, C cesa de sus cargos en B y A sustituye a C de sus responsabilidades de B.
1) ¿Qué opina el Gobierno sobre que una mujer sea sustituida por su cónyuge masculino de sus cargos de responsabilidad en la empresa privada justo cuando él puede volver a la actividad privada?
2) Dada la credibilidad, buenos resultados y mano de hierro que muestra el Partido Popular al poner en la lucha contra la corrupción a personas ligadas con adjudicaciones públicas,en las que se beneficiaron privadamente ¿Tiene previsto el Gobierno importar el modelo y crear una Oficina del Cargo Público que evalúe la idoneidad de los actuales cargos en responsabilidades de Gobierno?
3) ¿Tiene previsto el Gobierno revisar las posibles relaciones y vinculaciones de sus altos cargos con empresas que prestan servicios al Gobierno o tienen alguna adjudicación pública?
4) En el caso de que aparezca alguna vinculación en la línea señalada en la pregunta anterior, ¿considera el Gobierno que se trataría de una política estratégica de desarrollo de un país fuerte vinculado a un nuevo modelo productivo basado en el valor añadido, una mejor redistribución de la renta entre capital y trabajo, y un modelo económico demand-led que aumente nuestra autonomía, independencia y desarrollo autocentrado dentro del sistema económico capitalista mundial o por el contrato se trataría de una estrategia de capitalismo de amiguetes y corrupción?
5) ¿Conoce el Gobierno qué bonificaciones, retribuciones flexibles o variables, primas, dividendos o beneficios han obtenido u obtendrán los accionistas y directivos del grupo Drenes por la adjudicación del contrato público C/DEC/161/15 por valor de 2,5 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2017.-Félix Alonso Cantorné, Sergio Pascual Peña y Carmen Valido Pérez, Diputados.
184/013019
Autor: Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM). Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM).
Comunicación de su voluntad de suscribir con su firma la pregunta de don Antonio Gómez-Reino Varela, de don Miguel Anxo Elías Fernández Bello y de doña Yolanda Díaz Pérez sobre carga policial totalmente injustificada y desproporcionada llevada a cabo por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía el día 30/05/2017 en el casco monumental de Santiago.
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por autoras de la iniciativa a los Diputados que suscriben el presente escrito, comunicándolo al Gobierno y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo, comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados" , serie D, núm. 171, de 12 de junio de 2017.
184/013058
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS). Tundidor Moreno, Victoria Begoña (GS).
Reformulación de su pregunta sobre consciencia que tiene el Gobierno de la rápida expansión de la plaga de la avispilla del castaño o Dryocosmus kuriphilus, así como de los daños económicos y medioambientales que genera.
Don Miguel Ángel Heredia Díaz y doña Begoña Tundidor Moreno, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Es consciente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la rápida expansión de la plaga de la avispilla del castaño o Dryocosmus kuriphilus, así como de los daños económicos y medioambientales que genera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.
184/013062
Reformulación de su pregunta sobre valoración de las pérdidas económicas de la plaga de la avispilla del castaño o Dryocosmus kuriphilus, ya que existen en torno a 300.000 hectáreas de bosques de castaño, de las que 110.000 se destinan a la recolección del fruto y cuyas principales zonas productoras son Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura.
¿Cómo valora el Gobierno las pérdidas económicas que puede suponer la plaga de la avispilla del castaño o Dryocosmus kuriphilus, ya que existen en torno a 300.000 hectáreas de bosques de castaño, de las que 110.000 se destinan a la recolección del fruto y cuyas principales zonas productoras son Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura?