Source: http://leyco.org/mex/jal/ledej-2015.html
Timestamp: 2020-07-08 11:25:10
Document Index: 405340826

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 86']

De los Bienes Capítulo II 11 - 16
De las Medidas Provisionales. Capítulo III 17 - 32
De la Preparación de la Acción de Extinción de Dominio Capítulo IV 33 - 38
De la Acción de Extinción de Dominio Capítulo V 39 - 47
De la Sustanciación del Procedimiento Capítulo VI 48 - 60
De las Notificaciones Capítulo VII 61 - 63
De las Pruebas Capítulo VIII 64 - 72
De la Sentencia Capítulo IX 73 - 87
Del Incidente Preferente de Buena Fe Capítulo X 88 - 91
De los recursos Capítulo XI 92 - 95
Se expide la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:
La presente Ley es de orden público y de interés general, la cual tiene por objeto reglamentar el procedimiento de extinción de dominio sobre bienes establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y procederá en los casos de los delitos señalados en el artículo antes mencionado, con excepción de los delitos que sean de competencia exclusiva de la Federación.
La acción de extinción de dominio es jurisdiccional y autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal de la que se haya desprendido o de la que tuvo origen, sin perjuicio de terceros de buena fe.
La declaración judicial de extinción de dominio tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado, sin contra prestación ni compensación de ninguna especie para su dueño, ni para quien se ostente o se comporte como tal, previo procedimiento conforme a la presente Ley.
La extinción de dominio se aplicará a los bienes que se encuentren en el Estado, o en las diversas entidades federativas de la república, siempre y cuando el delito se produzca o surta efectos en el territorio de Jalisco y no se haya pronunciado sentencia ejecutoriada de extinción de dominio en cualquier otro lugar, en los términos del artículo 8 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
El no ejercicio, desistimiento o extinción de la acción penal, así como la absolución del imputado o procesado en el proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad o ilegitimidad de ningún bien.
El Poder Judicial del Estado de Jalisco y la Fiscalía General contarán, respectivamente, con Jueces y Ministerios Públicos especializados en extinción de dominio.
El Ministerio Público durante la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio y el Juez durante el procedimiento, podrán imponer medidas de apremio en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
Capítulo II - De los Bienes🔗↑↓
Para los efectos de esta Ley se entenderá por bienes susceptibles de extinción de dominio, todo bien mueble, inmueble o derecho relacionado o vinculado con los hechos ilícitos que señala esta Ley, que pueda ser objeto de apropiación o enajenación y sobre los recursos provenientes de éstos, así como sus accesorios, frutos y productos.
Procederá la extinción de dominio de los bienes relacionados o vinculados con los hechos ilícitos a que se refiere esta Ley o de los recursos provenientes de la enajenación de dichos bienes, en cualquiera de los supuestos siguientes:
Se exceptúa de la acción de extinción de dominio:
Cuando se mezclen bienes de procedencia ilícita con bienes adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito, incluyendo sus frutos, rendimientos y accesorios.
Se restituirán a la víctima u ofendido los bienes de su propiedad que sean materia de la acción, cuando acredite dicha circunstancia en el procedimiento previsto en esta Ley.
El derecho a la reparación del daño, para la víctima u ofendido el delito, será procedente de conformidad con la legislación vigente, cuando obren suficientes medios de prueba en el procedimiento y no se haya dictado sentencia ejecutoriada al respecto.
Capítulo III - De las Medidas Provisionales.🔗↑↓
El Ministerio Público, desde la preparación de la acción de extinción de dominio, podrá decretar medidas provisionales por una sola ocasión, para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción, así como aquéllas tendientes a evitar que puedan sufrir menoscabo, extravío, destrucción, transformación o dilapidación; o sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio o imposición de gravámenes a los bienes objeto de extinción de dominio.
Las medidas provisionales serán decretadas por el Ministerio Público y, en su caso, por el juez en el auto de admisión de la demanda, las cuales subsistirán hasta que sean modificadas, revocadas o sustituidas por providencias definitivas.
Las medidas provisionales se impondrán cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que se ejecutará alguno de los actos a que se refiere el artículo 12 y que el bien de que se trate es alguno de los señalados por esta Ley.
Las medidas provisionales o cautelares podrán consistir en:
El Ministerio Público al imponer las medidas provisionales y, en su caso el juez, al imponer las medidas cautelares, deberán precisar los alcances de la medida y ordenar las providencias necesarias para que las mismas se ejecuten.
Las medidas provisionales se notificarán a las autoridades que corresponda mediante oficio dentro de las veinticuatro horas siguientes a que fueron decretadas. Cuando se trate de bienes inmuebles se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y en caso de bienes muebles en los registros de las instancias correspondientes.
Las medidas provisionales ordenadas por el Ministerio Público deberán levantarse dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la ejecución de las mismas, si no se presenta la demanda de extinción de dominio.
Los bienes materia de las medidas cautelares quedarán en resguardo y administración en los términos de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Jalisco, salvo las excepciones establecidas en los artículos siguientes.
Las medidas provisionales no implican modificación alguna a los gravámenes existentes sobre los bienes, no obstante obligan a toda persona que tenga algún derecho sobre dichos bienes, por lo que no se podrá transmitir la posesión de dichos bienes, ni enajenarlos, gravarlos o constituir cualquier derecho sobre ellos ni permitir que un tercero lo haga.
El Juez ordenará que la medida provisional adquiera el carácter de cautelar sobre los bienes materia de extinción de dominio, con independencia de que éstos hayan sido sujetos de otra medida provisional o cautelar por parte de alguna otra autoridad.
Cuando los bienes objeto de medida cautelar en el procedimiento de extinción de dominio hayan sido sujetos de otra medida provisional o cautelar previa en procedimientos judiciales o administrativos distintos al de extinción de dominio, o bien embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, continuarán en custodia de quien haya sido designado para ese fin y a disposición del juez o Ministerio Público que hubiese sido primero en intervenir.
De levantarse las medidas provisionales o cautelares, previstas en el artículo 20 de esta Ley, subsistirán los efectos jurídicos de las medidas que se hayan impuesto en el procedimiento de extinción de dominio, por lo que toca a quien tenga en custodia los bienes, bajo su absoluta responsabilidad que deberá ponerlos a disposición del Ministerio Público o Juez que conozca de la extinción de dominio, para los efectos del artículo 24 de esta Ley.
Durante la sustanciación del procedimiento, se podrá solicitar la modificación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen parte del procedimiento.
Los fedatarios públicos y servidores públicos que intervengan en la celebración o inscripción de actos jurídicos que tengan como objeto bienes susceptibles de extinción de dominio, están obligados a informar al Ministerio Público cuando tengan conocimiento o indicios de ello; en caso contrario serán responsables en términos de la legislación civil, penal o administrativa.
El demandado o tercero afectado no podrá ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida provisional o cautelar. Contra el auto que ordene las medidas no procede recurso alguno.
En caso de mezcla de bienes, cuando se trate de bienes indivisibles, el embargo precautorio se hará sobre el total de los mismos.
Capítulo IV - De la Preparación de la Acción de Extinción de Dominio🔗↑↓
El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en las actuaciones del Ministerio Público o, en su caso, del procedimiento penal por los delitos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal, cuando de la investigación realizada por el Ministerio Público se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos contemplados en la presente Ley.
En la preparación de la acción de extinción de dominio el Ministerio Público tendrá las siguientes atribuciones:
El Fiscal General del Estado y los servidores públicos en que delegue esta facultad, sujetándose a las disposiciones aplicables, podrán solicitar información y documentos sobre las operaciones bancarias que las instituciones del sistema financiero celebren con sus clientes, por conducto de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros Fianzas, así como de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Para efectos del artículo anterior, el Ministerio Público deberá formular la petición respectiva, exponiendo los razonamientos por los cuales requiera la información y documentos correspondientes, para ponerla a consideración del Fiscal General o del servidor público facultado para ello.
En caso de tener elementos suficientes y una vez integrado el expediente, presentará la demanda dentro de los treinta días siguientes a la integración, acompañando las constancias y elementos de convicción aportados por el denunciante y aquéllos que él mismo se haya allegado.
En caso de que el Agente del Ministerio Público estime improcedente la acción, deberá someter a consideración del Fiscal General su resolución para que éste, analizando los argumentos, decida en definitiva si debe ejercitarse o no la acción de extinción de dominio.
Capítulo V - De la Acción de Extinción de Dominio🔗↑↓
La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá contra el dueño o presunto dueño o los beneficiarios de los bienes, independientemente de quién los tenga en su poder o lo haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.
El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público, quien además estará legitimado para recurrir las resoluciones que se dicten en el procedimiento.
El Ministerio Público podrá actuar de oficio o mediante denuncia, y podrá desistirse de la demanda en cualquier momento, así como respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Fiscal General.
El tercero interesado podrá interponer las excepciones y recursos previstos en esta Ley para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes, en su caso.
En los procedimientos de extinción de dominio se estará a lo siguiente:
La extinción de dominio procede aún en el caso del fallecimiento del probable responsable del hecho ilícito, de los propietarios del bien, de quienes lo posean a título de dueño, o de quienes se ostente o comporten como tales.
La demanda de extinción de dominio deberá contener los siguientes requisitos:
Para la prescripción de la acción de extinción de dominio, se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos a que se refiere esta Ley, de conformidad con los plazos establecidos en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Capítulo VI - De la Sustanciación del Procedimiento🔗↑↓
En el procedimiento de la acción de extinción de dominio se garantizará el respeto a las garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al demandado, el tercero y a la víctima del delito presentar pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como oponer las excepciones, defensas y el incidente a que se refiere esta Ley.
El Juez deberá resolver sobre la admisión de la demanda y el otorgamiento de las medidas precautorias dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su presentación.
Sí la demanda fuera oscura o irregular, el juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare, corrija o complete, otorgándole un término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación.
En el auto de admisión, si el Juez considera que existen elementos para determinar que los bienes materia de extinción de dominio pueden ser objeto de los actos a que se refiere el artículo 15, impondrá cualquiera de las medidas cautelares para preservarlos y evitar su menoscabo, pérdida, sustitución, sustracción o destrucción.
En el auto de admisión se ordenará emplazar de oficio al demandado, así como a los terceros y a la víctima del delito si están plenamente identificados, para que den contestación y manifiesten lo que a su derecho corresponda, respectivamente, dentro del término de diez días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo prescribirá su derecho para hacerlo, se tendrá contestados los hechos en sentido afirmativo y se seguirá el juicio en rebeldía.
Para el caso de que se desconozca al dueño de estos bienes materia de la acción de extinción de dominio o persona que se ostente como tal, o su domicilio el Juez ordenará girar oficios a las autoridades correspondientes, con la descripción de los bienes motivo de dicha acción, para que informen a nombre de quién se encuentran registrados.
También se ordenará publicar, por una sola ocasión, un edicto en el Boletín Judicial del Estado de Jalisco si el bien se encuentra en el Primer Partido Judicial, o en el periódico de mayor circulación en Jalisco, en caso de encontrarse en el interior del Estado, así como en los estrados del juzgado que conozca del procedimiento de extinción de dominio, para que comparezcan las personas que se consideren afectados, terceros, víctimas u ofendidos a manifestar lo que a su derecho convenga.
El Juez otorgará un plazo de diez días hábiles, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación por edictos, para que comparezca en el procedimiento todo aquel tercero afectado que tenga interés jurídico sobre la acción de extinción de dominio, a fin de que se bienes materia de que se apersone y conteste la demanda.
El Juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la acreditación respectiva y, en su caso, autorizará el conocimiento sobre el contenido del procedimiento. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación de la autorización el tercero interesado podrá imponerse de los autos y deberá contestar la demanda.
En el escrito de contestación de demanda, el interesado y en su caso el tercero interesado, deberán contestar las pretensiones y los hechos planteados por el Ministerio Público, afirmándolos o negándolos, oponer las excepciones y defensas, plantear las demás hipótesis de derecho que a su interés convenga, y ofrecer las pruebas, debiendo aportar las que estén a su disposición, y señalar aquellas que deba recabar la autoridad que conozca del juicio.
El demandado y el tercero afectado deberán señalar en el escrito de contestación de demanda o en el primer acto procesal, domicilio en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio, para recibir notificaciones y documentos, así como autorizado para recibirlas, quien deberá contar con Cédula Profesional que le autorice el ejercicio de la profesión de abogado o licenciado en derecho.
Si el demandado y los terceros afectados no contestan la demanda en el término establecido en esta Ley, se seguirá el juicio en rebeldía sin menoscabo de que el Ministerio Público deba acreditar los extremos necesarios para la procedencia de su acción.
Capítulo VII - De las Notificaciones🔗↑↓
Además del emplazamiento, únicamente deberá notificarse personalmente a las partes la admisión de la demanda y su contestación.
Las demás notificaciones se realizarán a través del Boletín Judicial.
Bastará la manifestación del Ministerio Público de que se desconoce el domicilio de las personas a notificar personalmente, lo cual se acreditará con los informes de investigación respectivos, para que se ordene a través de edictos.
Capítulo VIII - De las Pruebas🔗↑↓
Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas siempre que tengan relación con la controversia y no sean contrarias a derecho, en términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, excepto la confesional a cargo de la autoridad.
Las pruebas que ofrezca el demandado deberán ser conducentes para acreditar:
Una vez contestada la demanda, el Juez se pronunciará, dentro de los siguientes cinco días hábiles, sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, y abrirá la etapa de desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días hábiles, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias.
En caso de que ofrezca constancias de una averiguación previa, de algún proceso penal, haya o no concluido, deberá solicitar las estrictamente necesarias por conducto del Juez, el cual las requerirá a la autoridad competente para que las remita en el plazo de cinco días hábiles. En cualquier caso, deberá salvaguardarse la discreción de las investigaciones relacionadas con la posible comisión de hechos ilícitos distintos a los que dieron origen al juicio de extinción de dominio.
Las actuaciones del Ministerio Público que tengan relación directa con la controversia, que se adjunten a la demanda, por motivo de una causa penal, se considerarán como documentos públicos y tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que ofrezcan el demandado y los terceros afectados para desvirtuar lo asentado en éstas.
El Juez requerirá a cualquier dependencia o ente público la entrega de información pública protegida, cuando ésta haya sido admitida como prueba en el procedimiento de extinción de dominio.
Contra el auto que admita pruebas no procede recurso alguno.
Las pruebas supervinientes podrán presentarse hasta antes del cierre del periodo de desahogo de pruebas.
Capítulo IX - De la Sentencia🔗↑↓
En la resolución en que se dé por concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas, se mandarán poner los autos a disposición de las partes para que dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se les notifique tal proveído, aleguen lo que en su derecho corresponda. Dicho acuerdo surtirá efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará dentro de los quince días hábiles siguientes.
Cuando el proceso penal correspondiente esté suspendido o haya concluido por muerte del inculpado o prescripción, el Ministerio Público podrá solicitar ante el Juez de Extinción de Dominio el reconocimiento de víctima u ofendido de quien reúna dicha cualidad, por los delitos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acreditar los daños que haya sufrido la misma, para efectos de ser considerada en la sentencia del procedimiento de extinción de dominio.
La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, debiendo contener:
En la sentencia de extinción de dominio se resolverá sobre la procedencia de la acción, las excepciones planteadas, las demás pretensiones deducidas oportunamente, y en su caso, declarará la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento.
Cuando se decreta la procedencia de la acción de extinción de dominio y sean varios los bienes objeto de la acción, se hará la declaración correspondiente a cada uno de ellos a favor del Estado.
Cuando haya contradicción entre dos o más sentencias de distinta naturaleza, prevalecerá la sentencia que cause estado en primer tiempo.
En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de los bienes, el Juez también deberá pronunciarse sobre la extinción de otros derechos reales, principales o accesorios, o personales sobre éstos.
En caso de que el Juez declare improcedente la extinción de dominio, respecto de todos o de algunos de los bienes, ordenará el levantamiento de las providencias cautelares permanentes que haya impuesto, especificando las personas a las que serán devueltos junto con sus frutos, y si esto no fuera posible decretará la indemnización correspondiente.
La sentencia que declare improcedente la acción de extinción de dominio no prejuzga las providencias cautelares que se hayan impuesto.
De oficio o a petición de parte, el juez podrá aclarar los aspectos oscuros, ambiguos o contradictorios de la sentencia, sin que pueda variar su sentido o alterar su parte sustancial.
El auto en que se aclare la sentencia de extinción de dominio es parte integrante de ésta.
No se podrá disponer de los bienes aun cuando sea decretada la extinción de dominio, si existe alguna causa penal en la que se ordenó la conservación de éstos por sus efectos probatorios.
Si existe una sentencia en un proceso distinto al de extinción de dominio que determine la devolución de los bienes o el pago de daños y perjuicios o cualquier otro resarcimiento, y no se ha dictado sentencia en el procedimiento de extinción de dominio, no se podrá ejecutar la primera sentencia hasta en tanto se resuelva el procedimiento de extinción de dominio.
Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio por sentencia ejecutoriada, pasarán a dominio del Estado, previo avaluó de ellos, sin contra prestación al dueño o persona que se ostente como tal y se destinarán a:
En caso de declaración de extinción de dominio, de ser necesario y previo acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, los bienes podrán quedar en propiedad del Estado para su utilización, de lo cual se informará al Congreso del Estado.
Capítulo X - Del Incidente Preferente de Buena Fe🔗↑↓
En el procedimiento de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena fe, que tendrá por finalidad que los bienes, motivo de la acción de extinción de dominio, se excluyan del procedimiento, siempre que se acredite la titularidad de los bienes y su legítima procedencia, así como que estaba impedido para conocer de la utilización ilícita de sus bienes.
No será procedente el incidente si se demuestra que el promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al procedimiento y no realizó la denuncia correspondiente.
El incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a su presentación. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva.
Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo.
Capítulo XI - De los recursos🔗↑↓
El recurso de revocación procederá contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a esta Ley admitan el recurso de apelación en su contra.
El recurso de revocación deberá interponerse ante el Juez o Tribuna que dicte la resolución que cause agravio, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se le notifique al perjudicado o tenga conocimiento de la misma.
La revocación se sustanciará y resolverá siempre de plano. La resolución que decida el recurso de revocación es irrecurrible.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1, 12, 33, 42 y 74
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco en los artículos 2, 5, 6 y 47
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en los artículos 6, 10, 64 y 92
Código Civil del Estado de Jalisco en el artículo 6
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el artículo 13
Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Jalisco en el artículo 24
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco en el artículo 86
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