Source: http://absta.info/autora-mara-celeste-fernandez-director.html?page=11
Timestamp: 2019-11-16 22:20:11
Document Index: 254073807

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 91', 'e contrario', 'artículo 15', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 91', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 35', 'artículo 50', 'artículo 51', 'artículo 46', 'artículo 187', 'artículo 68']

Anexo documental - Autora María Celeste Fernandez Director
IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD A. Competencia ratione personae , ratione materiae , ratione temporis y
B. Otros requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
“pagar a las víctimas los salarios, pensiones y beneficios laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados hasta la fecha en que hubiera finalizado su mandato”
“reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, las violaciones declaradas en el […] caso, en particular, la vulneración de la independencia del Poder Judicial”
A. Whether the applicant has suffered a significant disadvantage
B. Whether respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto requires an examination of the application on the merits
Resolution CM/ResDH(2014)2 Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Udorovic against Italy
Application No. Case Judgment of Final on
Documento 1: Extracto de una declaración de inadmisibilidad pronunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de noviembre de 2013 en el marco del Informe No. 106/13, petición 951-01 [en línea] Páginas 6-9. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/inadmisibilidades.asp. Fecha de consulta: 15 de abril de 2014.
Los peticionarios están legitimados para presentar una petición ante la Comisión conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Convención Americana. La petición señala como presunta víctima a un individuo con respecto al cual el Estado ha asumido el compromiso de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención Americana. En cuanto al Estado, la Comisión toma nota de que Argentina es un Estado parte de la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión posee competencia ratione personae para examinar la petición.
La Comisión posee competencia ratione loci para considerar la petición, ya que en ésta se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana ocurridos dentro del territorio de un Estado parte de la misma. La CIDH posee competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana regía para el Estado a la fecha en que se afirma que ocurrieron las supuestas violaciones de derechos alegadas en la petición. Asimismo, la Comisión posee competencia ratione materiae porque en la petición se aducen violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
A efectos de que un reclamo sea admitido por la presunta vulneración de las disposiciones de la Convención Americana, se requiere que ésta cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 46.1 de dicho instrumento internacional. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la CIDH de conformidad con los artículos 44 ó 45 de dicho tratado, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.
Existe una controversia entre las partes con relación al cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos internos. Mientras que los peticionarios sostienen que la presunta víctima agotó los recursos internos, el Estado alega que la presunta víctima no agotó debidamente dichos recursos, aduciendo que ésta, además de presentar extemporáneamente el recurso de inconstitucionalidad, no presentó cuestiones de constitucionalidad ante los jueces de grado, lo cual era necesario conforme al ordenamiento interno para que procediera dicho recurso. En este sentido, el Estado sostiene que conforme al artículo 91 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán, corresponde a la Corte Suprema de Justicia “conocer de los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas dictadas en última instancia o los autos que tengan la virtualidad de poner fin a la acción o hacer imposible su continuación, de los Tribunales inferiores dictados en causa en que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos que estatuyen sobre materias regidas por la Constitución Provincial, siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las partes, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones de la recurrente”.
La Comisión nota que la presunta víctima presentó contra la sentencia del 10 de julio de 1999 un recurso de apelación que fue rechazado el 10 de agosto de 1999 por sentencia del Juzgado Penal de Instrucción de la Primera Nominación del Centro Judicial de Concepción, Provincia de Tucumán. La Comisión observa que el tribunal de apelación analizó la constitucionalidad de la sanción, dado que determinó el alcance del concepto de “desorden”, “permitiendo su coexistencia con los derechos y garantías consagradas por las constituciones nacional y provincial y los tratados de igual rango, privilegiando la interpretación que deje subsistente en armonía las mismas” 154.
Asimismo, la Comisión nota que posteriormente la presunta víctima presentó un incidente de nulidad que fue resuelto por auto del 22 de septiembre de 1999. Observa que al momento de tramitar el incidente de nulidad, la presunta víctima argumentó la inconstitucionalidad de la ley citada y de los actos de las autoridades que la aplicaron, incluyendo la vulneración de la Convención Interamericana contra la Corrupción. También nota que, conforme al escrito del peticionario, el juez correccional declaró improcedente dicho incidente por haberse presentado de forma extemporánea. Finalmente, observa que dicho incidente fue declarado improcedente dado que, conforme a la sentencia, en el proceso penal la regulación de las nulidades tiene un enfoque distinto que en materia civil, no existiendo nulidad sin ley que específicamente establezca tal sanción y no pudiéndose declarar la misma por interpretación análoga.
Finalmente, la Comisión observa que contra el auto del 22 de septiembre de 1999 que rechazó el incidente de nulidad, la presunta víctima presentó un recurso de inconstitucionalidad en el que volvió a plantear la inconstitucionalidad de su detención, de la sanción y del artículo 15 inciso 4 de la Ley de Contravenciones Policiales de Tucumán, y que dicho recurso de inconstitucionalidad fue declarado improcedente por el Juez Correccional del Centro Judicial de Concepción, Provincia de Tucumán el 11 de noviembre de 1999. Nota que dicho juez concluyó que la acción de inconstitucionalidad no fue interpuesta por la presunta víctima contra una sentencia definitiva que ponía fin a juicio, sino contra un auto que resolvió un incidente de nulidad. Asimismo, la CIDH observa que dicho tribunal consideró que dicho recurso de inconstitucionalidad debió dirigirse directamente contra la sentencia de apelación “pues es allí donde se habían configurado los pretensos agravios constitucionales que invoca con posterioridad”.
La CIDH ha señalado que para que se pueda brindar al Estado la oportunidad de subsanar la alegada violación a derechos convencionales antes de que sea planteada ante una instancia internacional, los recursos judiciales incoados por las presuntas víctimas deben cumplir con los requisitos razonables de procedibilidad establecidos en la legislación interna155. Asimismo, tanto la Corte IDH como la Comisión han señalado que la efectividad de un recurso judicial implica que, potencialmente, cuando se cumplan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia establecidos en la legislación interna, el órgano judicial evalúe sus méritos. En el mismo sentido, ha expresado que la existencia y aplicación de requisitos razonables de admisibilidad, previo al conocimiento de los méritos de un recurso judicial, no resultan incompatibles con el derecho protegido en el artículo 25 de la Convención Americana156.
En el presente caso, conforme a lo resuelto por los tribunales internos y lo alegado por las partes, esta Comisión considera que la presunta víctima agotó indebidamente los recursos internos, puesto que: i) la vía prevista por el ordenamiento interno para continuar alegando la inconstitucionalidad del artículo 15 inciso 4 de la Ley de Contravenciones Policiales de Tucumán, de la resolución que impuso la sanción y de la sentencia de apelación, era el recurso de inconstitucionalidad dentro del plazo previsto por las leyes internas157 y ii) el recurso de inconstitucionalidad debió presentarse contra la sentencia de apelación del 10 de agosto de 1999 y no contra el auto que resolvió el incidente de nulidad del 22 de septiembre de 1999, ya que conforme al artículo 91 del Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán la sentencia de apelación era la que ponía fin a juicio158.
Conforme a lo anterior, la CIDH considera que al incumplir las exigencias de la legislación procesal pertinente, la presunta víctima agotó indebidamente el recurso de inconstitucionalidad así como los recursos presentados subsecuentemente y, consecuentemente, no se cumplió con el requisito previsto en el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
La Comisión se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Convención159.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión considera que la petición es inadmisible por incumplimiento del artículo 46.1.a de la Convención Americana, y en consecuencia,
Declarar inadmisible la presente petición por incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
Notificar la presente decisión a las partes;
Documento 2: Extracto de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2011 sometiendo el caso No. 12.597 a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. [en línea] Páginas 1-4. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/demandas.asp. Fecha de consulta: 15 de abril de 2014.
Ref.: Caso No. 12.597
Miguel Camba Campos y otros (Vocales del Tribunal Constitucional)
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso No. 12.597, Miguel Camba Campos y otros respecto de la República del Ecuador (en adelante “el Estado de Ecuador”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”), relacionado con el cese arbitrario de 8 vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador160 mediante Resolución del Congreso Nacional de 25 de noviembre de 2004, circunstancia que constituyó un mecanismo ad hoc de destitución de magistrados, no previsto ni en la Constitución ni en la ley, y afectó gravemente el principio de independencia judicial. Asimismo, con posterioridad al cese de los vocales magistrados, el 1 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional resolvió los pedidos de juicio político formulados contra algunos de ellos, sin que se obtuvieran los votos necesarios para adoptar una moción de censura. Luego, en virtud de una convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del entonces Presidente de la República, el 8 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional procedió a realizar una segunda votación respecto de los juicios políticos decididos en la sesión de 1 de diciembre de 2004, mediante la que se adoptó una moción de censura.
En este sentido, la Comisión destaca que las víctimas no contaron con garantías procesales y posibilidad de defenderse en relación con la cesación y no existieron garantías procesales en la segunda votación de juicio político. Asimismo, las víctimas se vieron impedidas arbitraria e injustificadamente de presentar recursos de amparo contra la resolución de cese y no contaron con un recurso judicial efectivo que les amparara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional. Estos hechos ocurrieron en un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
La Comisión ha designado a la Comisionada Luz Patricia Mejía y al Secretario Ejecutivo de la CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Tatiana Gos, abogada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 99/11 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 99/11 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Ecuador mediante comunicación de 28 de julio de 2011, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Mediante comunicación recibida el 12 de septiembre de 2011, el Estado solicitó una prórroga para la presentación del informe de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH en el Informe 99/11. El 15 de septiembre de 2011, la CIDH notificó al Estado la concesión de una prórroga hasta el 19 de octubre de 2011. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2011, el Estado solicitó una prórroga, sin especificar el plazo, manifestó su aceptación en cuanto a la suspensión del plazo para el sometimiento del caso a la Corte establecido en el artículo 51.1 de la Convención Americana y expresó su renuncia expresa a interponer una eventual excepción preliminar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de la Comisión. El 14 de octubre de 2011, la Comisión notificó al Estado la concesión de la prórroga solicitada por el plazo de un mes y solicitó que el 15 de noviembre de 2011, se informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. El 28 de noviembre de 2011, el Estado de Ecuador presentó un informe que no revela avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones.
La Comisión advierte, en términos generales, que el Estado “recomienda” la realización de determinadas medidas de forma “inmediata” pero no brinda información que permita advertir que efectivamente se han implementado diligencias para cumplir con las recomendaciones del informe de fondo 99/11. En particular, en cuanto a la recomendación de “reincorporar a las víctimas, al Poder Judicial, en un cargo similar al que desempeñaban (…)” o alternativamente, “si por razones fundadas no es posible la reincorporación […] pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes de ser el caso”, la Comisión observa que el Estado se limita a recomendar la realización de un informe que demuestre que actualmente en la Corte Constitucional hay magistrados/as designados/as para el ejercicio de su cargo, por lo que reincorporar a las víctimas tendría como consecuencia el detrimento de los derechos de aquéllos/as, y de un estudio sobre las medidas de reparación por concepto de daño inmaterial, a fin de adoptar un criterio de reparación ecuménico. La Comisión advierte que el Estado no presenta información vinculada con las alternativas exploradas para proceder a la efectiva reincorporación de las víctimas al Poder Judicial ni ha presentado información vinculada con avances concretos para dar cumplimiento a este punto.
Con respecto a la recomendación de “pagar a las víctimas los salarios, pensiones y beneficios laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados hasta la fecha en que hubiera finalizado su mandato”, la Comisión nota que el Estado recomienda solicitar a la Corte Constitucional que emita un Informe en el que conste la información pertinente para evaluar la situación de cada una de las víctimas, con excepción de Manuel Jaramillo Córdoba, quien no recibía remuneración al momento de su destitución por ser vocal suplente. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con información concreta sobre cuándo será solicitado ese informe ni su efectiva culminación ni pago a las víctimas.
En relación con la recomendación de “reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, las violaciones declaradas en el […] caso, en particular, la vulneración de la independencia del Poder Judicial”, la Comisión observa que el Estado se limitó a informar que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos será la institución encargada de realizar el reconocimiento y que se debe definir con los beneficiarios el medio de la publicación. La Comisión advierte que la información aportada no revela progresos concretos respecto de la realización del acto de reconocimiento de responsabilidad.
Respecto a la recomendación de “adoptar medidas de no repetición, que aseguren la independencia reforzada del Poder Judicial, incluyendo las medidas necesarias para que la normativa interna y la práctica relevante obedezcan a criterios claros y aseguren garantías en la designación, permanencia y remoción de jueces y juezas, en particular, un plazo de ejercicio de la función judicial suficiente para garantizar su independencia y la determinación de las causales de enjuiciamiento político, conforme a las normas establecidas en la Convención Americana”, el Estado recomienda proveer a la Comisión Interamericana el texto del artículo 187 de la Constitución Política de Ecuador del año 2008 y las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, el Estado no explicó de qué manera esta normativa y su implementación permiten considerar como superadas las falencias que dieron lugar a los hechos del presente caso.
En consecuencia, la Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana tanto por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado de Ecuador, como por las cuestiones de orden público interamericano que el caso presenta.
La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 99/11 y solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por:
La violación de los derechos a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8, 9 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Miguel Camba Campos, Oswaldo Cevallos Bueno, Enrique Herrería Bonnet, Jaime Nogales Izurieta, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán Cevallos, Simón Zabala Guzmán y Manuel Jaramillo Córdova.
a) Reincorporar a las víctimas al Poder Judicial, en un cargo similar al que desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día de hoy si no hubieran sido cesados, por el plazo de tiempo que quedaba pendiente de su mandato, o
b) si por razones fundadas no es posible la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización razonable a las víctimas o sus causahabientes de ser el caso, que comprenda el daño moral causado.
Pagar a las víctimas los salarios, pensiones y beneficios laborales y/o sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron cesados hasta la fecha en que hubiera finalizado su mandato.
Reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, las violaciones declaradas en el presente caso, en particular, la vulneración de la independencia del Poder Judicial.
Adoptar medidas de no repetición, que aseguren la independencia reforzada del Poder Judicial, incluyendo las medidas necesarias para que la normativa interna y la práctica relevante obedezcan a criterios claros y aseguren garantías en la designación, permanencia y remoción de jueces y juezas, en particular, un plazo de ejercicio de la función judicial suficiente para garantizar su independencia y la determinación de las causales de enjuiciamiento político, conforme a las normas establecidas en la Convención Americana.
Documento 3: Extracto de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de noviembre de 2013. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. [en línea] Páginas 11-13. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/atala_26_11_13.pdf. Fecha de consulta: 15 de abril de 2014.
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento,
1. De conformidad con lo señalado en la parte considerativa pertinente de la presente Resolución, el Estado ha dado cumplimiento total a sus obligaciones de:
a) Publicar la Sentencia en los distintos medios de comunicación de conformidad con el párrafo 259 de la Sentencia, de acuerdo a lo establecido en el punto resolutivo tercero de la misma;
b) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 263 y 264 de la Sentencia, de acuerdo con lo establecido en el punto resolutivo cuarto de la misma, y
c) Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 294 y 299 de la Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, de acuerdo a lo establecido en el punto resolutivo sexto de la misma.
2. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos resolutivos 2 y 5 de la Sentencia, relativos a las obligaciones del Estado de:
a) Brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten, de conformidad con lo establecido en los párrafos 254 y 255 de la Sentencia, y
b) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en los párrafos 271 y 272 de la Sentencia.
3. El Estado adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el punto resolutivo segundo de la presente Resolución, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. El Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 26 de junio de 2014, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en los párrafos considerativos 12 a 18 y 37 a 38, así como en el punto resolutivo segundo de esta Resolución. Posteriormente, el Estado debe continuar informando a la Corte al respecto cada tres meses.
5. Los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten las observaciones que estimen pertinentes a los informes del Estado 13 mencionados en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de los mismos.
6. La Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución a la República de Chile, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.
Documento 4: Extracto de la decisión de inadmisibilidad pronunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 1 de julio de 2010 en el caso Korolev vs. Rusia. Solicitud no. 25551/05. [en línea] Disponible en:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99843#{"itemid":["001-99843"]}. Fecha de consulta: 15 de abril de 2014.
The Court must first determine whether the complaints are admissible under Article 35 of the Convention, as amended by Protocol No. 14 which entered into force on 1 June 2010.
The Protocol added a new admissibility requirement to Article 35 which, in so far as relevant, provides as follows:
In accordance with Article 20 of the Protocol, the new provision shall apply from the date of its entry into force to all applications pending before the Court, except those declared admissible. In view of the circumstances of the present case the Court finds it appropriate to examine at the outset whether the applicant’s complaints comply with this new admissibility requirement.
In doing so, the Court will bear in mind that the purpose of the new admissibility criterion is, in the long run, to enable more rapid disposal of unmeritorious cases and thus to allow it to concentrate on the Court’s central mission of providing legal protection of human rights at the European level (see Explanatory Report to Protocol No. 14, CETS No. 194 (“Explanatory Report”), §§ 39 and 77-79). The High Contracting Parties clearly wished that the Court devote more time to cases which warrant consideration on the merits, whether seen from the perspective of the legal interest of the individual applicant or considered from the broader perspective of the law of the Convention and the European public order to which it contributes (see Explanatory Report, § 77). More recently, the High Contracting Parties invited the Court to give full effect to the new admissibility criterion and to consider other possibilities of applying the principle de minimis non curat praetor (see Action Plan adopted by the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Interlaken, 19 February 2010, § 9(c)).
The main element contained in the new admissibility criterion is the question of whether the applicant has suffered a “significant disadvantage”. It is common ground that these terms are open to interpretation and that they give the Court some degree of flexibility, in addition to that already provided by the existing admissibility criteria (see Explanatory Report, §§ 78 and 80).
In the Court’s view, these terms are not susceptible to exhaustive definition, like many other terms used in the Convention. The High Contracting Parties thus expected the Court to establish objective criteria for the application of the new rule through the gradual development of the case-law (see Explanatory Report, § 80).
Inspired by the above-mentioned general principle de minimis non curat praetor, the new criterion hinges on the idea that a violation of a right, however real from a purely legal point of view, should attain a minimum level of severity to warrant consideration by an international court. The assessment of this minimum level is, in the nature of things, relative and depends on all the circumstances of the case (see, mutatis mutandis, Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, § 100, Series A no. 161). The severity of a violation should be assessed, taking account of both the applicant’s subjective perceptions and what is objectively at stake in a particular case.
In the circumstances of the present case, the Court is struck at the outset by the tiny and indeed almost negligible size of the pecuniary loss which prompted the applicant to bring his case to the Court. The applicant’s grievances were explicitly limited to the defendant authority’s failure to pay a sum equivalent to less than one euro awarded to him by the domestic court.
The Court is conscious that the impact of a pecuniary loss must not be measured in abstract terms; even modest pecuniary damage may be significant in the light of the person’s specific condition and the economic situation of the country or region in which he or she lives. However, with all due respect for varying economic circumstances, the Court considers it to be beyond any doubt that the petty amount at stake in the present case was of minimal significance to the applicant.
The Court is mindful at the same time that the pecuniary interest involved is not the only element to determine whether the applicant has suffered a significant disadvantage. Indeed, a violation of the Convention may concern important questions of principle and thus cause a significant disadvantage without affecting pecuniary interest. It could even have been so in the present case had the applicant complained, for example, of the authorities’ failure to enforce his legitimate right to consult his file at the Passport and Visa Department. Yet, the applicant did not challenge the execution of the domestic judgment in that part, limiting his claims solely to pecuniary damage. Thus, the Court can see no hindrance to the enforcement of the applicant’s right of access to his file, which was the main purpose of the domestic litigation at issue.
Admittedly, the applicant’s insistence on the payment of 22.50 Russian roubles by the respondent authority may have been prompted by his subjective perception that it was an important question of principle. Although relevant, this element does not suffice for the Court to conclude that he suffered a significant disadvantage. The applicant’s subjective feeling about the impact of the alleged violations has to be justifiable on objective grounds. However, the Court does not perceive any such justification in the present case, as the main issue of principle was in all likelihood resolved to the applicant’s advantage.
In view of the foregoing, the Court concludes that the applicant has not suffered a significant disadvantage as a result of the alleged violations of the Convention.
The second element contained in the new criterion is intended as a safeguard clause (see Explanatory Report, § 81) compelling the Court to continue the examination of the application, even in the absence of any significant damage caused to the applicant, if respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto so requires. The Court notes that the wording is drawn from the second sentence of Article 37 § 1 of the Convention where it fulfils a similar function in the context of decisions to strike applications out of the Court’s list of cases. The same wording is used in Article 39 § 1 as a basis for securing a friendly settlement between the parties.
The Court notes that the Convention organs have consistently interpreted those provisions as compelling them to continue the examination of a case, notwithstanding its settlement by the parties or the existence of any other ground for striking the case out of its list. A further examination of a case was thus found to be necessary when it raised questions of a general character affecting the observance of the Convention (see Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, Commission’s report of 14 December 1976, Series B no. 24, p. 2, § 2).
Such questions of a general character would arise, for example, where there is a need to clarify the States’ obligations under the Convention or to induce the respondent State to resolve a structural deficiency affecting other persons in the same position as the applicant. The Court has thus been frequently led, under Articles 37 and 39, to verify that the general problem raised by the case had been or was being remedied and that similar legal issues had been resolved by the Court in other cases (see, among many others, Can v. Austria, 30 September 1985, §§ 15-18, Series A no. 96, and Léger v. France (striking out) [GC], no. 19324/02, § 51, 30 March 2009).
Considering the present case in this way, as required by new Article 35 § 3 (b), and having regard to its responsibilities under Article 19 of the Convention, the Court does not see any compelling reason of public order (ordre public) to warrant its examination on the merits. Firstly, the Court has on numerous occasions determined issues analogous to that arising in the instant case and ascertained in great detail the States’ obligations under the Convention in that respect (see, among many others,Hornsby v. Greece, 19 March 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; Burdov v. Russia, no. 59498/00, ECHR 2002-III; and Burdov v. Russia (no. 2), no. 33509/04, ECHR 2009). Secondly, both the Court and the Committee of Ministers have addressed the systemic problem of non-enforcement of domestic judgments in the Russian Federation and the need for adoption of general measures to prevent new violations on that account (see Burdov (no. 2), cited above, and the Committee of Ministers’ Interim Resolutions CM/ResDH(2009)43 of 19 March 2009 and CM/ResDH(2009)158 of 3 December 2009). An examination on the merits of the present case would not bring any new element in this regard.
The Court concludes that respect for human rights, as defined in the Convention and the Protocols thereto, does not require an examination of the present application on the merits.
Article 35 § 3 (b) does not allow the rejection of an application on the ground of the new admissibility requirement if the case has not been duly considered by a domestic tribunal. Qualified by the drafters as a second safeguard clause (see Explanatory Report, § 82), its purpose is to ensure that every case receives a judicial examination whether at the national level or at the European level, in other words, to avoid a denial of justice. The clause is also consistent with the principle of subsidiarity, as reflected notably in Article 13 of the Convention, which requires that an effective remedy against violations be available at the national level.
In the Court’s view, the facts of the present case taken as a whole disclose no denial of justice at the domestic level. The applicant’s initial grievances against the State authorities were considered at two levels of jurisdiction and his claims were granted. His subsequent complaint against the bailiff’s failure to recover the judicial award in his favour was rejected by the District Court for non-compliance with domestic procedural requirements. The applicant failed to comply with those requirements, not having resubmitted his claim in accordance with the judge’s request. This situation does not constitute a denial of justice imputable to the authorities.
As regards the alleged breaches of domestic procedural requirements by those two courts, the Convention does not grant the applicant a right to challenge them in further domestic proceedings once his case has been decided at final instance (see Tregubenko v. Ukraine (dec.), no. 61333/00, 21 October 2003, and Sitkov v. Russia (dec.), no. 55531/00, 9 November 2004). That these complaints were not subject to further judicial review under domestic law does not, in the Court’s view, constitute an obstacle for the application of the new admissibility criterion. To construe the contrary would prevent the Court from rejecting any claim, however insignificant, relating to alleged violations imputable to a final national instance. The Court finds that such an approach would be neither appropriate nor consistent with the object and purpose of the new provision.
The Court concludes that the applicant’s case was duly considered by a domestic tribunal within the meaning of Article 35 § 3 (b).
In view of the foregoing, the Court finds that the present application must be declared inadmissible in accordance with Article 35 § 3 (b) of the Convention, as amended by Protocol No. 14. This conclusion obviates the need to consider if the application complies with other admissibility requirements.
Documento 5: Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa del 15 de enero de 2014, sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Udorovic vs. Italia. Solicitud No. 38532/02. [en línea] Disponible en: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)2&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383. Fecha de consulta: 16 de abril de 2014.
Resolution CM/ResDH(2014)2
Udorovic against Italy
(Adopted by the Committee of Ministers on 15 January 2014 at the 1188th meeting of the Ministers’ Deputies)
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)824);
Gráfico 1: Comparación entre peticiones aceptadas a trámite y no aceptadas a trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. (Sólo comprende las peticiones* individuales) (en %)