Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-03285-de-octubre-10-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_edaa6c76b764018ee0430a010151018e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-24 02:24:52
Document Index: 83150292

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 73', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 22']

﻿ Sentencia 1999-03285 de octubre 10 de 2013
SENTENCIA 1999-03285 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:MOTIVACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE REVOCA NOMBRAMIENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMOSTRÓ QUE EL SERVIDOR PÚBLICO NO ACREDITABA LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO AL MOMENTO DE LA POSESIÓN, NI LOS CUMPLÍA AL MOMENTO DEL RETIRO. DADO QUE, LAS RESOLUCIONES NÚMEROS 375 DE 1993 Y 574 DE 1998 FIJABAN LOS REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO DEL ACTOR, REQUISITOS QUE ESTE NO CUMPLÍA, INTERPRETANDO ERRÓNEAMENTE EL RÉGIMEN DE EQUIVALENCIAS DE LA RESOLUCIÓN 539 DE 1994, PUES ESTE OSTENTABA EL TÍTULO DE TECNÓLOGO AGROPECUARIO, NO EL DE UNIVERSITARIO PROFESIONAL EXIGIDO POR LAS RESOLUCIONES 375 Y 574, LUEGO NO SE PUEDE HABLAR DE EQUIVALENCIAS CUANDO NI SIQUIERA ACREDITÓ LA TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES CORRESPONDIENTES, COMO LO DISPONEN LAS REFERIDAS RESOLUCIONES. ADICIONALMENTE, POR NO CUMPLIR CON LOS REFERIDOS REQUISITOS, NO SE PREDICA LA ESTABILIDAD LABORAL PROPIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA, CON LO CUAL SE PREDICA UNA ESTABILIDAD LABORAL NO REFORZADA DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS, REVOCACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE EMPLEOS PÚBLICOS, CARRERA ADMINISTRATIVA, REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN, ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO, PRETENSIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Sentencia 1999-03285 de octubre 10 de 2013
Rad. 05001-23-31-000-1999-03285-01(1798-08)
Actor: Nicolás Fernando Escobar Gallo
Demandado: Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”
Se trata de dilucidar en el caso sub lite la legalidad de las resoluciones 327 de mayo 31 de 1999 y 354 del 9 de junio del mismo año, expedidas por el rector del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza” mediante las cuales se revocó el nombramiento de Nicolás Fernando Escobar Gallo y se le retiró del servicio del cargo de profesional especializado, oficina del egresado, adscrito a la dirección de extensión y bienestar, nivel 4, grado 11, código 335, por no acreditar los requisitos para el desempeño del mismo.
El demandante argumenta en la demanda y en el escrito de apelación que la entidad al expedir los actos demandados olvidó que al momento de su nombramiento y posesión se dio aplicación a las normas que le permitían convalidar el título con tres años de experiencia, por lo que se debió aplicar la tabla de equivalencias. En este orden de ideas, es del caso establecer si el actor cumplía, o no, con los requisitos para ejercer el cargo, para lo cual es indispensable efectuar las siguientes precisiones:
Está demostrado en el expediente (fls. 607 y 608) que el cargo del actor que inicialmente ocupaba como jefe de sección oficina del egresado (medio tiempo) fue homologado mediante Acuerdo 43 de 1996 emanado del consejo directivo a partir de enero de 1997 por el de coordinador I, medio tiempo, egresado, y posteriormente, por la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1569 se homologó la planta de cargos de la institución y se adoptó el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, así como el manual de funciones específicos y los requisitos exigidos para el desempeño de cada uno de ellos. El cargo del señor Escobar quedó como profesional medio tiempo de la oficina del egresado y por medio de las resoluciones 327 y 354 del 31 de mayo de 1999 y 9 junio del mismo año se revocó su nombramiento. Posteriormente, mediante el Acuerdo 11 del 8 de julio de 1999 expedido por el consejo directivo del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid” se adoptó la estructura administrativa de la institución y la planta de cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional y se dictaron otras disposiciones en materia de creación, suspensiones, traslados y fusión de cargos y como consecuencia de dicha reforma se suprimió el cargo que venía desempeñando el actor. Por lo anterior, la revocatoria de su nombramiento obedeció a que no cumplía con los requisitos del mismo, no por supresión.
Pues bien, el artículo 5º de la Ley 190 de 1995, supuesto normativo fundamento de la revocatoria directa del acto acusado, señala:
“... En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción...” (subrayado y negrilla fuera del texto).
Según la citada norma, el nominador debe revocar el nombramiento siempre y cuando se compruebe que el empleado incumple los requisitos para ejercer el cargo.
Respecto de lo anterior, esta corporación ya se pronunció de la siguiente forma:
“... Es preciso señalar que para el caso presente tratándose de la revocatoria de un nombramiento por falta de requisitos para ocupar el cargo, existe en la legislación regulación al respecto, que permite a la administración decretarla en los artículos 45 del Decreto 1950 de 1973 y 5º de la citada Ley 190 de 1995, normas estas que interpretadas en armonía con el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo le imponen a la administración tal actuación, sin que se requiera anuencia del funcionario afectado”(1).
La administración manifestó que el nombramiento del demandante fue revocado mediante la Resolución 327 de 31 de mayo de 1999 (fls. 79-81) expedida por el rector del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza” y confirmado mediante la Resolución 354 de 9 de junio de 1999 (fls. 89 y 90) haciendo una serie de razonamientos e invocando lo siguiente:
“... 3. Que verificados los requisitos del manual de funciones, adoptado mediante Resolución 375 del 29 de junio de 1993, para la serie de empleo jefe de sección - oficina del egresado, se comprobó que el funcionario no cumplía con el requisito de educación, por cuanto tiene acreditado un acta de grado de tecnólogo agropecuario, siendo lo exigido título profesional de administrador de empresas o administrador de negocios o en áreas afines.
4. Que examinados los requisitos del manual de funciones y requisitos, adoptado mediante Resolución 574 de 10 de noviembre de 1998, para la serie de empleo profesional especializado, nivel 4, grado 11, código 335, de la oficina de egresados, se constató que el funcionario no cumplía el requisito de educación allí exigido conforme a lo definido en el Decreto 1569 de 1998 artículo 5º, por no tener acreditado título universitario, requisito indispensable para el ejercicio del cargo público en el nivel profesional.
5. Que para garantizar el cumplimiento del artículo 3º del Decreto 2504 del 10 de diciembre de 1998, se revisó retroactivamente el cumplimiento de los requisitos exigidos desde el momento de su nombramiento y remoción a la luz de los manuales de funciones que ha tenido la institución, adoptados mediante Resolución 375 del 29 de junio de 1993 y la Resolución 574 del 10 de noviembre de 1998 con sus modificaciones respectivas, verificándose que aún, desde su nombramiento y posesión, el funcionario Nicolás Fernando Escobar Gallo no ha cumplido las exigencias para el ejercicio del cargo, por adolecer de título universitario conforme a las normas vigentes...”.
La entidad demandada en la motivación del acto demostró que el actor no acreditó los requisitos para el desempeño del cargo al momento de la posesión, ni los cumplía al momento del retiro y agregó que las resoluciones 375 de 1993 y 574 de 1998 fijaban los requisitos para el desempeño del cargo del actor en las cuales exigía lo siguiente:
La Resolución 375 de 29 de junio de 1993 que contenía el manual de funciones (fl. 50), exigía para el momento del ingreso del señor Escobar que el cargo de jefe de sección de la oficina de egresados fuera desempeñado por un profesional en administración de empresas, administración de negocios o en áreas afines, requisitos estos que aparecen en la documentación que el mismo demandante aporta (fls. 48 y 49).
Especificaciones del puesto (jefe de sección egresados)
Factores Subfactores Especificaciones
Reconocimiento y habilidades Educación Profesional en administración de empresas, administración de negocios o áreas afines
En marzo de 1999 le fue informado al actor que su cargo había sido homologado, pasando a denominarse “profesional especializado T, código 335, nivel 4, grado 11, en virtud de lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1569 de 1998 (fls. 45 y 50).
Para efectos de determinar las funciones y requisitos de este empleo la Resolución 574 de 10 de noviembre de 1998, “por medio de la cual se adopta, implementa y establece la nomenclatura, clasificación y homologación, así como el ajuste del manual de funciones y requisitos de la planta de personal del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que deben regularse por la Ley 443 de 1998 y el Decreto 1569 de 1998, Ley 30 de 1992 y Acuerdo 14 de junio 2 de 1998, emanado del consejo directivo y se dictan otras disposiciones” consagró que el empleo “profesional especializado”, nivel 4, grado 11 código 335, de la oficina de egresados requería como requisito el título universitario (fl. 473) como se observa a continuación:
1. Identificación del empleo
Relación de la dependencia:
Dependencia: Profesional especializado (medio tiempo)
335-4-11
Dirección de extensión y bienestar
Dirección de extensión y bienestar Subárea:
Título universitario en: administración de empresas, administración de negocios, administración financiera, administración de negocios con énfasis en finanzas y seguros, administración de empresas generales, administración financiera y de sistemas, ingeniería administrativa, ingeniería industrial, economía, economía de empresas, economía industrial o economía general.
Título de postgrado en área relacionada con la funciones del cargo. Veinticuatro meses (24) de experiencia relacionada con las funciones del cargo.
A folio 53 del expediente se encuentra que el señor Escobar Gallo ostentaba el título de tecnólogo agropecuario emitido por el Politécnico “Jaime Isaza Cadavid”. Como se puede observar, el actor no cumplía con los requisitos para el ejercicio del cargo para el que originalmente fue designado y tampoco los cumplió con posterioridad, cuando fue homologado.
El demandante argumenta que tiene derecho a beneficiarse de las equivalencias señaladas en la Resolución 539 del 10 de octubre de 1994 expedida por el rector del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, mediante la cual modificó el manual de funciones y requisitos adoptados de la Resolución 375 del 29 de junio de 1993 que fue dictada con el fin de permitir el ingreso, encargo, ascenso y estímulo entre otros, mediante un sistema de equivalencias y señaló lo siguiente (fls. 190 y ss.):
“... 2. Título o grado de formación universitaria o tecnólogo especializado por tres años de experiencia específica (siempre y cuando se acredite la terminación y aprobación de los estudios superiores correspondientes)...” (negrilla y subrayado fuera del texto).
La Sala considera que el actor interpretó erróneamente dicho régimen de equivalencias, pues debe recordarse que él ostentaba el título de tecnólogo agropecuario no el de universitario profesional exigido por las resoluciones 375 y 574 ya señaladas, luego no se puede hablar de equivalencias cuando ni siquiera acreditó la terminación y aprobación de los estudios superiores correspondientes, como lo dispone la resolución transcrita.
En consecuencia, el actor no compensó el requisito de educación de índole legal que se exigía para el desempeño del cargo, ni mucho menos acreditó el título de educación superior para el desempeño del mismo, razón que justifica la aplicación del artículo 5º de la Ley 190 de 1995, fundamento legal que condujo a la revocatoria del nombramiento.
Ahora bien, el cargo de jefe de sección había sido definido por la Ley 27 de 1992 como de libre nombramiento y remoción; no obstante, mediante Sentencia C- 306 de 1995 se estipuló que pasó a ser de carrera administrativa, pero el actor no podía beneficiarse de la inscripción extraordinaria prevista en el artículo 22 que disponía lo siguiente:
“... ART. 22.—De los requisitos para los empleos del nivel territorial. Al entrar en vigencia esta ley, los empleados del nivel territorial que por virtud de ella llegaren a desempeñar cargos de carrera administrativa de conformidad con las normas vigentes, deberán acreditar dentro del año siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados en los manuales para los respectivos cargos o en las equivalencias establecidas en el Decreto 583 de 1984, Ley 61 de 1987 y Decreto Reglamentario 573 de 1988.
Quienes no acrediten los requisitos dentro del término señalado, quedarán de libre nombramiento y remoción. No obstante, si tales empleados continúan al servicio de la entidad u organismo, podrán solicitar su inscripción cuando lleguen a poseer los requisitos del cargo y los acrediten en debida forma. (Subrayado y negrilla fuera del texto).
PAR.—Las entidades a que se refiere esta ley, deberán organizar programas de capacitación y perfeccionamiento, susceptibles de ser considerados como compensación de requisitos de conformidad con los reglamentos que expida el Gobierno Nacional, salvo los cargos que requieran título profesional. Para este efecto se podrá contar con la asesoría de la Escuela Superior de Administración Pública...”.
Esta norma señala las condiciones que debían acreditar quienes aspiraran a permanecer en sus empleos de carrera administrativa, pero en este caso, el actor no podía solicitar su ingreso extraordinario al escalafón de la misma, pues nunca llegó a poseer, ni acreditó los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
Finalmente, el actor no estaba inscrito en carrera administrativa, luego no ostentaba los privilegios, garantías y estabilidad, ni tenía ningún fuero especial; si bien se encontraba desempeñando un cargo de carrera, lo era en provisionalidad, no cumplía con los requisitos mínimos para el desempeño del cargo, lo cual conduce a que la entidad pública pudiera proceder a la revocatoria de su nombramiento y en esa medida las resoluciones 327 y 354 de 31 de mayo y 9 de junio de 1999 resultan ajustadas a derecho. En cuanto a la supresión del cargo, esta fue decidida con posterioridad a la revocatoria del cargo, por lo que la Sala se abstiene de pronunciarse al respecto.
En conclusión, la presunción de legalidad que ampara al acto de revocatoria del nombramiento del actor no fue desvirtuada en el curso del proceso, motivo por el cual la Sala comparte la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia del 14 de abril de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Decisión, que denegó las súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por Nicolás Fernando Escobar Gallo contra el Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”.
(1) Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, Exp. 76001-23-31-000-1997-3569-01. Número interno: 4978-01. Sentencia de 10 de abril de 2003. M.P. Ana Margarita Olaya Forero. Actor: Hernando Becerra Joaqui contra Contraloría de Cali.