Source: http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20044895
Timestamp: 2020-02-18 18:11:18
Document Index: 89460084

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 626', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 626', 'artículo 58', 'artículo 241', 'artículo 58', 'artículo 242', 'artículo 626', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 148', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 40', 'artículo 71', 'artículo 215', 'artículo 309', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 626', 'artículo 627', 'artículo 757', 'artículo 1053', 'artículo 88', 'artículo 69', 'artículo 25', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 54', 'artículo 62', 'artículo 49', 'artículo 58', 'artículo 194', 'artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 111', 'artículo 25', 'artículo 80', 'artículo 627', 'Artículo 24', 'artículo 626', 'Artículo 58', 'Artículo 627']

C-945 de 2012
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020044895CC-SENTENCIAC945201214/11/2012CC-SENTENCIA_C_945__2012_14/11/2012200448952012Sentencia C-945/12 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Carencia actual de objeto INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Pérdida de vigencia y no producción de efectos/ INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR DEROGATORIA EXPRESA DE NORMA DEMANDADA La Corte evidenció que en el presente caso, la norma demandada, esto es el literal e del numeral 5º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, fue objeto de derogatoria expresa, a partir de la promulgación del Código General del Proceso, de conformidad con lo previsto en el literal a del artículo 626 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones", por lo que se impone la adopción de un fallo inhibitorio, toda vez que la disposición acusada ha perdido vigencia en razón de la aplicación de la nueva ley. PRINCIPIO DE APLICACION GENERAL E INMEDIATA DE NORMA DE NATURALEZA PROCEDIMENTAL EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO- Aplicación AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS- Asignación de funciones jurisdiccionales en Código General del Proceso Referencia: Expediente D-9144
David Martínez CarrilloCONSTITUCIONALIDADLuis Ernesto Vargas SilvaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 (parcial) de la Ley 1480 de 2011 "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"D9144Identificadores20020044896true66359Versión original20044896Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 (parcial) de la Ley 1480 de 2011 "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"
SentenciaC-945/12
La Corte evidenció que en el presente caso, la norma demandada, esto es el literal e del numeral 5º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, fue objeto de derogatoria expresa, a partir de la promulgación del Código General del Proceso, de conformidad con lo previsto en el literal a del artículo 626 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones", por lo que se impone la adopción de un fallo inhibitorio, toda vez que la disposición acusada ha perdido vigencia en razón de la aplicación de la nueva ley.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 58 (parcial) de la Ley 1480 de 2011 "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano David Martínez Carrillo solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de una de las expresiones normativas contenidas en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones". Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
El demandante advierte que esa restricción es excesiva y desproporcionada, como ya lo tuvo oportunidad de explicar la Corte en la sentencia C-598/11, la cual cita extensamente al considerarla un caso análogo al expuesto. Para el actor, la presentación, adición y complementación de pruebas es un asunto central dentro de la actividad jurisdiccional, de modo que excluir esa facultad de las partes, dejándola solo respecto de aquel material probatorio que no tuvo posibilidad de ser debatido en la etapa de reclamación directa, afecta los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. En términos del ciudadano Martínez Carrillo esta previsión legal "…conlleva que las partes pierden la oportunidad de solicitar y practicar otra clase de pruebas que hubiesen podido practicar en la etapa de reclamación directa, pero que por diversos motivos, valga mencionar algunos: desconocimiento, considerarlas no necesarias en el momento, descuido, entre otros, no se practicaron. Además, se limita a que las partes puedan ejercer el derecho a practicar pruebas, ejercer su propia defensa y se pueda configurar un proceso limpio donde exista la contradicción y la contra respuesta."
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante apoderado judicial, interviene con el fin de defender la exequibilidad de la norma acusada. Indica, de manera similar que el anterior interviniente, que el demandante omite el hecho consistente en que entre el proceso de reclamación directa y la instancia jurisdiccional existe una "unidad procesal". Esto implica que las pruebas que se hayan practicado en el primer proceso se aportan al segundo y que, en los términos de la norma acusada, solo aquellas que no hayan podido adelantarse en esa etapa de reclamación, serán objeto de práctica en la instancia jurisdiccional. Por lo tanto, no concurre la aludida afectación del derecho al debido proceso, puesto que las diferentes pruebas serían aportadas al trámite en sede jurisdiccional, sin que el interesado vea disminuida su posibilidad de defensa.
A través de escrito suscrito por la Subdirectora de Representación Judicial, la Superintendencia Financiera defiende la exequibilidad del precepto acusado. Indica para ello que el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración normativa que le asiste en materia de definición de procedimientos judiciales y administrativos, determinó que (i) el trámite judicial ante las superintendencias, respecto de los reclamos promovidos por los consumidores, se surtiera por las reglas del proceso verbal sumario, que a su vez se basan en la celeridad de los procedimientos y en la obligación de las partes de aportar las pruebas que pretendan hacer valer en el mismo; (ii) se exija la presentación de pruebas por las partes, en la etapa de reclamación directa; y (iii) la práctica de nuevas pruebas en la instancia jurisdiccional solo procede respecto de aquellas que no pudieron aportarse en la etapa de reclamación directa. Estas previsiones no son contrarias al derecho al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia, puesto que "… la exigencia de recopilar las pruebas en una etapa previa al ejercicio de la acción de protección al consumidor, como lo es la reclamación directa, cumple con la finalidad de garantizar que las partes conozcan la verdad de los hechos y propendan por la solución de su conflicto, evitando con ello demoras y dilaciones del proceso verbal sumario subsiguiente, el cual, si es iniciado contará con elementos de juicio precisos. || De igual forma, no cabe duda que la reclamación directa pretende que las partes encuentren solución a su controversia de manera previa y frontal, al permitir al consumidor financiero y a la entidad vigilada confrontar las pruebas que tienen en su poder, razón por la que estarán en un plano de igualdad, toda vez que conocen los hechos, las pruebas y sus pretensiones, pudiendo resolver la controversia en principio, por sí mismas, o en caso contrario, ejerciendo la acción de protección al consumidor."
5.1. El Ministerio Público señala que la norma acusada se encuadra dentro de la libertad de configuración legislativa en materia de procedimientos judiciales, puesto que se muestra razonable y proporcionada. Aduce al respecto que "… una lectura objetiva y contextualizadade la expresión demandada permite constatar que ésta se limita a precisar que sólo se puede proceder a la práctica de pruebas que no hubiera sido posible practicar en la reclamación directa, o relativas a hechos posteriores a ella, y esta previsión legal no es extraña o exótica, sino que atañe a dos circunstancias razonables: (i) que las pruebas deben practicarse de manera pronta y eficaz, cuando ello sea posible y (ii) que las pruebas sólo pueden practicarse respecto de hechos acaecidos antes de su práctica."
5.3. Finalmente, no es aceptable el argumento que deslegitima prima facie al trámite de reclamación directa, como ámbito contrario al derecho al debido proceso. En cambio, el Procurador General considera que asumir que únicamente el proceso que se surte ante la Superintendencia de Industria y Comercio es el escenario adecuado para "adicionar, mejorar o ratificar las pruebas presentadas en la etapa de reclamación directa y las que posteriormente consideren pertinentes que hagan parte del proceso", como lo hace el actor, implica considerar la reclamación directa como un ejercicio anodino, en el cual es legítimo actuar de manera negligente en materia probatoria pues, al fin y al cabo, la única actuación importante es la del proceso judicial posterior.
2. La Sala advierte que luego de formulada la demanda de la referencia, fue promulgada la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones". El artículo 626 de la mencionada ley dispuso dos grupos de disposiciones objeto de derogatoria, así:
2.1. De acuerdo con el literal a., a partir de la promulgación del Código General del Proceso, esto es, el 12 de julio de 2012, quedarían derogados los "artículos 126, 128, la expresión "y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes" del 129, 130, 133, la expresión "practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130" del 134, las expresiones "y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130" y "sin tales formalidades" del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9° y 21 del Decreto número 2651 de 1991; los artículos 8° inciso 2° parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 salvo los parágrafos 1° y 2° de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión "por sorteo público" del artículo 67 inciso 1° de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2° del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión "que requerirá presentación personal" del artículo 71, el inciso 1° del artículo 215 y el inciso segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión "No se requerirá actuar por intermedio de abogado" del artículo 58 numeral 4,el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley."
2.2. Según lo previsto en el literal b. del artículo 626 CGP, a partir de la promulgación del mencionado Código y según las reglas que se disponen en el numeral 6° del artículo 627 ejusdem, "…queda derogado el Código de Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos números 1400 y 2019 de 1970 y las disposiciones que lo reforman; el Decreto número 508 de 1974; artículos 151, 157 a 159, las expresiones "mediante prueba científica" y "en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001" del 214 la expresión "En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera" del 217, 225 al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión "mientras no preceda" y los numerales 1 y 2 del artículo 757, el 766 inciso final, y 1434 del Código Civil; artículos 6°, 8°, 9°, 68 a 74, 804 inciso 1°, 805 a 816, 1006, las expresiones "según las condiciones de la correspondiente póliza" y "de manera seria y fundada" del numeral 3 del artículo 1053, y artículos 2027 al 2032 del Código de Comercio; artículo 88 del Decreto número 1778 de 1954; artículos 11, 14 y 16 a 18 de la Ley 75 de 1968; artículo 69 del Decreto número 2820 de 1974; el Decreto número 206 de 1975; artículo 25 de la Ley 9ª de 1989; artículo 36 del Decreto número 919 de 1989; el Decreto número 2272 de 1989; el Decreto número 2273 de 1989; el Decreto número 2303 de 1989; artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto ley 2737 de 1989; la expresión "Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia" del artículo 7° y 6° parágrafo de la Ley 54 de 1990; artículos 10, 11, 21, 23, 24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto número 2651 de 1991; artículos 7° y 8° de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la Ley 256 de 1996; artículo 54 inciso 4° de la Ley 270 de 1996, el artículo 62 y 94 de la Ley 388 de 1997; artículos 2° a 6°, 9°, 10 al 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 a 29, 103 y 137; artículos 43 a 45 de la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso 2°, el parágrafo 3° del artículo 58, y la expresión "Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen" del artículo 62 inciso 2° de la Ley 675 de 2001; artículos 7° y 8° de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a 40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5° de la Ley 861 de 2003; artículo 111 numeral 5 Ley 1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009; artículos 1 a 39, 41, 42, 44, 113, 116, 117, 120 y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011; y las demás disposiciones que le sean contrarias."
Con base en el mencionado numeral 6 del artículo 627 CGP, las derogatorias señaladas entrarán en vigencia el 1° de enero de 2014 "en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país."
"Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:
Parágrafo 6°. Las competencias que enuncia este artículo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto."
Sobre los efectos de las leyes procedimentales en el tiempo y a partir del análisis de constitucionalidad de las reglas fijadas en la Ley 153 de 1887 acerca de la aplicación sucesiva de las normas procesales ante los tránsitos legislativos, la sentencia C-200/02 señaló que "…el legislador ha desarrollado una reglamentación específica sobre el efecto de las leyes en el tiempo, que data de la Ley 153 de 1887, según la cual como regla general las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso, que por tanto no se han consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, ni han constituido derechos adquiridos sino simples expectativas. Este es el caso de las leyes procesales, que regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos. || En este sentido, dado que el proceso en una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. Al respecto debe tenerse en cuenta que todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme."
Declararse INHIBIDA para decidir respecto de la constitucionalidad de la expresión "Las partes solo podrán pedir práctica de pruebas que no les hubiera sido posible practicar en la reclamación directa o por hechos posteriores a esta.", contenida en el literal e. del numeral 5° de la Ley 1480 de 2011 "por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones". Ello debido a la derogatoria expresa del precepto acusado por parte del literal a. del artículo 626 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"
Inhibida (numeral 5 literal e) ) Artículo 58 LEY_1480_2011_12/10/2011
[1]CGP. Art. 627. Artículo 627. Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas: