Source: https://www.legalik.com/abogados/penal/asistencia-letrada-al-detenido.e4943/preguntas-faq.f29408
Timestamp: 2020-02-23 20:55:05
Document Index: 170812188

Matched Legal Cases: ['artículo 537', 'artículo 527', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 17', 'artículo 520', 'artículo 17', 'in fine', 'artículo 520', 'artículo 28', 'artículo 41', 'artículo 520', 'artículo 497']

Asistencia letrada al detenido. Preguntas FAQ
Abogados penalistas asistencia letrada al detenido
¿Qué sucede si se impide que un detenido tenga acceso a asistencia letrada?
¿Puede actuar un Abogado en una ALD para el caso de que se de una detención incomunicada?
¿Cuanto tiempo puedo esperar antes de que llegue mi abogado sin hablar o firmar en comisaria?
Le ha detenido la policía. ¿Sabe qué hacer?
Ha sido citado a declarar en un juzgado. ¿Sabe que debe hacer?
No tengo conmigo el contacto de mi abogado
No se si tengo derecho a un abogado de oficio
No me gusta el abogado que me han asignado. ¿Puedo elegir a otro de mi elección?
Me han puesto a disposicion judicial. ¿Qué significa?
¿Cuanto tiempo puedo estar a disposición judicial?
En este caso la autoridad o funcionario público que lo impida incurrirá en un delito tipificado en el artículo 537 del Código Penal en virtud del cual:
"La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años".
Sí pero con ciertas restricciones, ya que el artículo 527 establece que al detenido en situación de incomunicación le podrán ser denegados los siguientes derechos derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:
Tales restricciones será acordada por auto, cuando sean solicitadas por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas por un plazo máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones.
Lo cierto, es que en ningún caso estamos obligados de declarar contra nosotros mismos y nos asiste siempre el derecho a guardar silencio en las dependencias policiales.
Podemos acogernos al artículo 520.2 a) y b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina los siguientes derechos del detenido:
"a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable."
Tenemos derecho además, a ser informados de todo ello.
Por otro lado, el artículo 520.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determina que el detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. La autoridad que tenga bajo su custodia deberá comunicarlo inmediatamente al Colegio de Abogados en uno u otro caso.
El abogado designado acudirá al centro de detención dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo, y si no lo hace se nombrará abogado del turno de oficio o uno nuevo en el caso de que el anteriormente designado no haya acudido.
Como máximo debemos recordar que sólo podrán tenernos retenidos un máximo de 72 horas hasta ponernos a disposición judicial (artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 17.2 de nuestra Constitución).
No obstante, no es preciso esperar a las 72 horas para ser puestos a disposición judicial. Si vemos cualquier irregularidad en la detención, podemos por nosotros mismos o a través de nuestra pareja, ascendientes, descendientes o hermanos, y sin necesidad de abogado, acortar dicho plazo para ser puestos a disposición judicial, a través del procedimiento del "habeas corpus", en el cual el Juez decidirá en 24 horas acerca de la legalidad de nuestra detención.
Desde ABOGAPENAL le damos los siguientes consejos:
1º. Es sumamente importante que trate de mantener la calma, por muy injusta que le haya parecido la detención.
Cualquier tipo de resistencia grave, agresión verbal o física a un agente de la autoridad puede tener consecuencias muy graves. Las conductas de este tipo se castigan en nuestro Código Penal de forma especial como delitos en los artículos 550 y siguientes incluso con pena de prisión.
Piense que las personas que le detienen sólo hacen su trabajo y es muy probable que no tengan nada personal en su contra. Por otro lado y como verá a continuación, le asisten una serie de derechos que si quienes le detienen son suficientemente profesionales sabrán garantizar y les informarán de los mismos, pues legalmente están en la obligación de ello.
2º. Conozca: Es un derecho constitucional y fundamental
El propio artículo 17.3 de nuestra Carta Magna sobre el derecho fundamental a la libertad, así lo expresa al establecer lo siguiente que "toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención".
Dicha información, deberá facilitarse por escrito, a través de un intérprete si es preciso y gratuitamente.
3º. Comunique inmediatamente su detención.
Consideramos que esta comunicación realizada por los agentes de la autoridad es fundamental para poder hacer efectivos de forma más adecuada otro tipo de derechos, entre ellos el "Habeas Corpus". Si cualquier familiar tiene conocimiento de su situación podrá tener apoyos desde fuera de las dependencias policiales para hacer efectivos derechos como el anterior.
Así mismo, usted podrá comunicarse telefónicamente y sin demora injustificada con un tercero de su elección. Puede igualmente recibir visitas y comunicarse por otros medios siempre que ello no comprometa el secreto y el éxito de la investigación, previa autorización del Juez de Instrucción.
Así mismo, tiene un derecho ilimitado a comunicarse con los funcionarios superiores del orden judicial y si es extranjero, también podrá comunicar su detención a la correspondiente oficina consular.
4º. Designe un abogado de su confianza.
Podrá hacerlo a través de los agentes de la autoridad, quienes se pondrán en contacto inmediato con el Colegio de Abogados pertinente a los efectos de que aquél se presente en un plazo de tres horas en las dependencias policiales donde usted se encuentre. Si no designa abogado le deberá ser asignado un abogado de oficio, el cual le orientará a lo largo de toda la detención.
El abogado designado, ya sea de oficio o particular, deberá presentarse en las dependencias policiales en el mínimo tiempo posible, y en todo caso en un plazo máximo de tres horas. Si ello no sucede se nombrará un abogado de oficio o en su caso uno nuevo.
5º. Colabore siempre con las autoridades, aportando todos los datos personales que se le requieran, pero guarde silencio sobre los hechos y no declare hasta estar en presencia judicial: está en su derecho de hacerlo.
Al finalizar la detención, realizadas las averiguaciones oportunas o transcurrido el tiempo máximo de 72 horas será puesto a disposición del Juez de Instrucción. Para ello, antes de dejarle en libertad, se le citará a la correspondiente audiencia judicial, a la que está obligado a acudir.
6º. ¿Han transcurrido 72 horas y aún sigue detenido?
Es el momento de recurrir al "Habeas Corpus". Salvo para casos especiales muy puntuales, como es el caso de detenidos pertenecientes a asociaciones terroristas o bandas armadas en cuyo caso el plazo de la detención se eleva hasta las 120 horas, la detención es desde ese preciso momento ilegal y tiene derecho a ser puesto a disposición judicial de forma inmediata.
El Juez de Instrucción valorará las circunstancias de la detención y decidirá en 24 horas si eleva o no la detención prisión provisional como medida preventiva, o si se decide la puesta en libertad del detenido.
Sepa que para ello no es preciso que esté asistido de abogado y puede solicitarlo usted mismo como detenido o cualquier familiar cercano (cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, descendientes ascendientes o hermanos).
En nuestra experiencia y es nuestra recomendación, llevando a cabo todos los pasos anteriores, podrá garantizar de forma más efectiva una defensa adecuada ante cualquier eventual ilegalidad que pudiera cometerse a lo largo de su detención.
Tras realizarse todas las averiguaciones oportunas y necesarias en la detención sobre la persona del detenido y sobre los hechos, el detenido será puesto a disposición judicial. El Juez de Instrucción entonces podrá bien decidir decretar la libertad provisional sin fianza del detenido, o bien convocar una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del detenido o su libertad provisional con fianza.
Para ello, se citará al detenido a la audiencia a la cual es obligatorio acudir, ya que si no lo hacemos, sin alegar una causa legítima que nos lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención y deberemos asistir a dicha audiencia acompañados de nuestro letrado, ya sea particular o designado de oficio.
Siendo la primera de nuestras declaraciones ante el Juez de Instrucción, éste nos preguntará:
1) Por nuestros datos personales (nombre, apellidos paterno y materno, apodo, edad, naturaleza, vecindad, estado, profesión, arte, oficio o modo de vivir, si tenemos hijos).
2) Sobre eventuales procesos penales anteriores (delito, pena, Tribunal ante el que se siguió el proceso, cumplimiento de la condena).
3) Si sabemos leer y escribir.
4) Si conocemos el motivo por que se nos ha procesado.
A continuación, el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora pertinente, procederá a interrogarnos sobre los hechos.
Recordemos que no estamos obligados a decir la verdad y que tenemos derechos a guardar silencio y a no declarar contra nosotros mismos, si bien en estos casos el Juez instructor nos advertirá de que a pesar de ello se continuará la instrucción del proceso.
Podemos solicitar la interrupción del interrogatorio cuando éste se prolongue durante mucho tiempo o cuando sea necesario por algún motivo recuperar la calma.
En ningún caso podremos exigir que se nos lea parte alguna del sumario, salvo que el Juez expresamente haya declarado su publicidad, salvo nuestras propias declaraciones.
En el caso de que durante la celebración de dicha audiencia a la que acudirán el Ministerio Fiscal y las posibles partes acusadoras, éstas pidieren la prisión provisional o la libertad provisional con fianza, tendremos oportunidad, a través de nuestro abogado, de realizar alegaciones las alegaciones oportunas en nuestra defensa.
Podremos en curso de la audiencia, proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto y en todo caso dentro del plazo de 72 horas que dura la puesta a disposición judicial. Para ello, nosotros y nuestro letrado podremos exigir tener acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad que se pretende.
Si ninguna de las partes acusadoras solicita prisión provisional o fianza, seremos puestos en libertad.
Finalmente, el Juez de Instrucción resolverá por auto acerca de nuestra libertad provisionalmente. Dicho auto es recurrible en apelación, de la cuál se resolverá en el plazo máximo de 30 días.
Recuerde que el artículo 520.2 f) entre los derechos del detenido le reconoce la facultad para poder realizar una llamada telefónica a un tercero de nuestra elección.
Recomendamos por tanto que en caso de no tener el contacto de nuestro abogado pedir ayuda a nuestro interlocutor para que nos ayude a localizar dicho contacto.
Si a pesar de todo ello no es posible localizar a nuestro abogado particular, los agentes tienen la obligación de ponerse en contacto con el Colegio de Abogados para que se nos designe un letrado de oficio.
La asistencia letrada al detenido es un derecho fundamental reconocido por nuestra constitución en el artículo 17.3 in fine, que afirma que "se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca."
Tales términos, son los fijados por el articulo 520.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece como uno de los derechos principales de cualquier detenido el derecho a la asistencia jurídica. De esta forma, dicho precepto establece lo siguiente:
"El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.
El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente."
Si bien la asistencia letrada al detenido se configura como un derecho, podemos decir que es para los agentes de la autoridad un deber proporcionársela al detenido, el cual sólo podrá renunciar a la misma si su detención lo fuere a raíz de posibles delitos contra la seguridad en el tráfico (artículo 520.8) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia, la cual será revocable en cualquier momento.
La respuesta es afirmativa. Para poder responder a esta cuestión, debemos remitirnos a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
En su artículo 28 se dispone que quienes tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renunciar expresamente a la designación de abogado oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza, incluso una vez realizada la designación. Tal renuncia se comunicará expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y al Colegio de Abogados pertinente.
No obstante, más allá de esta solución por la cual podemos cambiar a nuestro abogado de oficio designando a un abogado de carácter particular, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos 118 y siguientes ni la mencionada Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, reconocen la posibilidad de poder cambiar a un nuevo abogado que sea también de oficio.
Podremos elevar nuestras quejas y denuncias no obstante, y según el artículo 41 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, las cuáles darán traslado a los Colegios profesionales correspondientes a su ámbito territorial.
Una vez finalizada la detención de carácter policial por haberse realizado las averiguaciones pertinentes en el curso de la investigación o transcurrido un máximo de 72 horas, según el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o bien cuando se solicite el "habeas corpus" para valorar posibles ilegalidades en la detención, nuestra regulación dispone que al detenido se le pondrá a disposición judicial.
La puesta a disposición judicial implica que el Juez de Instrucción, tras ser citados a una audiencia a la que acudirá el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras, donde se nos tomará declaración, valorará si se nos deja en libertad, sin perjuicio de que pueda continuarse con la investigación, o si por el contrario, y por motivos de prevención, se acuerda continuar con la detención elevándola a prisión provisional o a libertad bajo fianza, a instancia de las partes acusadoras como medida de prevención.
Todo ello deberá realizarse a través de un auto judicial que deberá estar siempre suficientemente motivado y que es recurrible en apelación.
En virtud del artículo 497 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalizará la puesta a disposición judicial cuando el Juez de Instrucción decida por auto elevar la detención a prisión provisional, fijar la libertad bajo fianza, o poner en libertad simplemente al detenido.
Todo ello deberá realizarse en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido hubiese sido entregado al Juez de Instrucción y tras la correspondiente audiencia en la que estará presente el detenido para que declare, el Ministerio Fiscal y otras eventuales partes acusadoras.