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Timestamp: 2020-05-31 08:35:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 148']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 518, de 14/04/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 518
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
celebrada el miércoles, 14 de abril de 2010
- En relación con el acceso a talleres de empleo que promuevan la recolocación de los parados que han agotado los subsidios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000869.) ... (Página 2)
- Por la que se insta al Gobierno a informar periódicamente a los trabajadores de más de 45 años, de la pensión de jubilación que previsiblemente van a percibir. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001122.) ...
- De articulación de medidas destinadas a mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores transfronterizos españoles que trabajan en Andorra. Presentada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001066.) ... (Página 8)
- Sobre impulso de las medidas necesarias para mejorar la protección social de los trabajadores transfronterizos que viven en territorio español y prestan sus servicios en Andorra. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001601.) ... (Página 8)
- Sobre el reconocimiento y protección de la figura del bombero voluntario. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001230.) ... (Página 12)
- Sobre constitución del consejo estatal del autónomo regulado en el artículo 22 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001564.) ... (Página 15)
- Sobre la protección de los derechos de los trabajadores ante el ejercicio de las libertades comunitarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001565.) ... (Página 17)
- Sobre reconocimiento de la pensión de viudedad en los términos señalados en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 8 de diciembre de 2009, para las parejas casadas por el rito gitano que vieron denegadas en su día su pensión, pese a haber cotizado a la Seguridad Social durante el tiempo exigido. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001568.) ... (Página 19)
- Con el fin de modificar el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001224.) ... (Página 21)
- Sobre la situación de los trabajadores fijos discontinuos que no han podido reunir las cotizaciones necesarias para acceder al nivel contributivo o asistencial de protección por desempleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001583.) ...
- EN RELACIÓN CON EL ACCESO A TALLERES DE EMPLEO QUE PROMUEVAN LA RECOLOCACIÓN DE LOS PARADOS QUE HAN AGOTADO LOS SUBSIDIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000869.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la Comisión de Trabajo e Inmigración para examinar las diez PNL que figuran en el orden del día, con las variaciones en el mismo que hemos comentado antes de empezar la Comisión. Se las recuerdo.
La 2.ª pasa a la 3.ª, la 3.ª a la 2.ª, la 4.ª a la última y la 3.ª va con la 10.ª
Sin más preámbulos vamos a empezar, por lo tanto, con la primera proposición no de ley en relación con el acceso a talleres de empleo que promuevan la recolocación de los parados que han agotado los subsidios.
En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Intervendré brevemente, señorías, no porque el tema sea importante, que lo es y mucho para el Grupo Popular y supongo que para todos los grupos de la Cámara, sino porque tampoco vamos a querer ser exclusivos en este tema.
Como SS.SS. habrán podido comprobar la PNL está presentada en el mes de febrero del año pasado y registrada o publicada en el mes de marzo.
Lógicamente no es que el contexto sea diferente, pero quizá por el número de parados estamos peor en este momento, ya que se ha incrementado. La situación económica tampoco es que haya mejorado pero es verdad que cuando nosotros presentamos esta iniciativa tenía un objetivo bastante concreto, que era buscar salida a los parados que se quedaban sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de subsidio. Cuando tuve el honor de intervenir en el tema de la aprobación de los 420 euros que decidió el Gobierno dar a los parados que se quedaban sin subsidio ya dije esto mismo, que era preferible incrementar las políticas activas en este sentido de potenciar la formación, que va acompañada de una retribución y por lo tanto también de un alta en la Seguridad Social, y facilitaría enormemente la recualificación de unos trabajadores
que al haber perdido el subsidio significa que llevaban bastante tiempo ya en el desempleo y tenían pocas probabilidades de poder insertarse en un mercado laboral que requiere de una mayor cualificación en una economía cambiante y en unas actividades diferentes. Por lo tanto, este método era muy útil.
Ese era el contexto en el que nos movíamos cuando hicimos la iniciativa, pero la mantenemos porque sigue teniendo vigencia, señorías, ya que sigue siendo importante entender que las políticas activas son una parte sustancial para potenciar en este momento la salida de la crisis y la recualificación de los trabajadores, fundamentalmente, como hemos querido resaltar en esta iniciativa, de aquellos que ya no cobran, no tienen posibilidad de acceso a ningún subsidio. Por lo tanto, este mecanismo de escuelas-taller, casas de oficio, es adecuado. Aprovecho para decir que la autoenmienda que ha hecho el Grupo Popular es porque se omitió al pasarlo al ordenador las casas de oficio, pero están dentro del contexto.
Se hubiera sobreentendido pero hemos querido autoenmendarnos para reconocer que faltaban. Tanto las escuelas-taller como las casas de oficio, como los talleres de empleo, los primeros para menores de veinticinco años y los otros para mayores, son unas fórmulas muy operativas para este tipo de parados que han perdido el subsidio y que, por lo tanto, son parados de larga duración, porque permiten esa flexibilidad de la formación, una cualificación nueva, la relación laboral, por lo tanto la percepción de un salario.
Nos parece que es muy operativo y que cubre en gran medida el fin que nosotros buscábamos, insisto. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda, la número 2, si no me equivoco, que viene a modificar en algunos aspectos o a complementar el espíritu de la PNL que ha presentado el Grupo Popular. Digo con satisfacción que hemos llegado a un acuerdo entre el portavoz de esta iniciativa, señor De la Rocha, y yo para ofrecer una transaccional. La entregaremos a la Mesa para que la pueda distribuir a todos los grupos. Yo tengo que reconocer que, aunque estaba implícito en nuestra iniciativa, deja más claro todavía el sentido, como es utilizar el marco del diálogo social. Ya le he dicho al portavoz que soy muy reticente, porque en estos temas que están normalizados, que ya están marcados, soy absolutamente partidaria de hacerlo así -lo pueden certificar los propios sindicatos que han compartido conmigo muchas horas de diálogo social en la Comunidad de Madrid, por tanto no soy dudosa en ese terreno porque soy de las personas que creo profundamente en ello-.
Este tema está más que regulado. Lo que es bueno aunque abunde no sobra; con lo cual si abunda y es bueno, qué le vamos a hacer, ahí lo dejamos.
Es muy importante, insisto, la aportación que ha hecho el Grupo Socialista por hablar de la concertación territorial, puesto que aunque esté implícito, ya que la competencia de las políticas activas -no está el señor Olabarría- está transferida a las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, porque tampoco ellos aceptan las condiciones de traspaso, como ha hecho el resto de las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, hay que contar con la concertación territorial. Nosotros lo dábamos por hecho, pero ponerlo tampoco daña. La reasignación de fondos, que es lo que hemos llegado a transaccionar, nos parece que puede ser oportuno en el contexto que nosotros queremos de reasignar más fondos a las políticas activas, especialmente, como muy bien ha aceptado también en la transaccional el señor De la Rocha, en lo que se refiere a escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo.
Yo creo que hemos conseguido un texto más completo, que logra el objetivo que se marcaba el Grupo Popular, y esperamos que el Gobierno lo ponga en marcha sin dilación, que lo negocie en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas y que estas sean receptivas desde luego a un instrumento que puede ser muy positivo para aplicar además a estas escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo el catálogo de cualificaciones profesionales que se adapte más al sistema productivo de presente y sobre todo de futuro que quiera desarrollarse en cada una de las regiones de las comunidades autónomas. Cada una tendrá su especificidad; una buscará más hacer talleres de empleo en materia de biodiversidad o en temas agrícolas -Madrid a lo mejor en energías alternativas y Cataluña en otro sentido-, pero podrán buscar unas recualificaciones a esos trabajadores adaptadas a lo que esa nueva economía que va a surgir después de la crisis vaya a demandar, siendo más fácil, después de este periodo compartiendo formación y trabajo, insertarse en el mercado de trabajo regular.
Espero que el señor De la Rocha coincida en la satisfacción de haber llegado a una transaccional y que, por lo tanto, pueda ser aprobada por todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Manuel de la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Gracias a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular por la síntesis que ha hecho en su intervención, no solo de su propuesta sino también de la enmienda que el Grupo Socialista había formulado. Aquí se plantea por el Grupo Popular, en una PNL de hace ya catorce meses, que se haga un específico esfuerzo en la utilización de los programas de escuelas-taller y talleres de empleo, que son programas mixtos de formación y empleo, para mejorar la empleabilidad de los trabajadores desocupados. Mi grupo no solo no es insensible a ello sino que, como voy a explicar brevemente, el Gobierno y el Grupo Socialista vienen trabajando en esta línea desde hace tiempo y compartimos esa sensibilidad.
Quisiera señalar algunas cuestiones previas. Quiero recordar que una de las prioridades, la central del Gobierno en este periodo largo de crisis internacional y de crisis en España, son las políticas sociales y de una
manera específica generar una red que permita que ningún trabajador quede sin protección. En el texto escrito de la PNL -recuerdo que fue escrito hace catorce meses- se vaticinaba que se ampliaría, exponencialmente casi, el número de trabajadores desprotegidos. Sin embargo en este periodo de tiempo el Gobierno promovió y este Parlamento aprobó una prestación extraordinaria de desempleo que en este momento cubre a casi 320.000 trabajadores y que está permitiendo que hoy más del 80 por ciento, 80 por ciento largo, de los trabajadores desempleados tengan algún tipo de cobertura, de prestación, de subsidio o de ayuda; recuerdo, 20 puntos más que los mejores niveles que consiguió el Gobierno del Partido Popular. Es evidente que no es suficiente con la protección a los desempleados, sino que hay que mejorar y ampliar las políticas activas para, como he dicho antes, ampliar la empleabilidad, es decir la capacidad de adecuación, de adaptación de los trabajadores a las propias necesidades personales y del mercado productivo, en un país como el nuestro en el que un millón de trabajadores de la construcción se han quedado sin empleo y la inmensa mayoría de ellos no va a poder volver al propio sector.
En este periodo de tiempo se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado del año 2010, en los que se incluye un incremento en las políticas activas cercano al 3 por ciento y en los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo de casi un 4 por ciento, el 3,90 por ciento respecto del año 2009, en un momento de ajuste presupuestario máximo. Quiero recordar aquí que sobre estas partidas el Grupo Parlamentario Popular no formuló ninguna enmienda; las formuló sobre otras, fundamentalmente programas de empleo de mujeres y de otro tipo, pero no sobre talleres de empleo. Repito, nuestro grupo no es insensible al fomento de estos programas, entre otras cosas porque las escuelas-taller y las casas de oficios las promovió, se crearon por un gobierno socialista en el año 1985, y desde entonces han venido manteniéndose y potenciándose por todos los gobiernos, incluidos los del Partido Popular. Son además programas, como ha señalado la portavoz del Grupo Popular, la señora Álvarez-Arenas, que tienen cuotas importantes de eficacia, de éxito, de inserción en el mercado de trabajo de quienes participan en ellos. Lo que ocurre con la propuesta inicial del Grupo Popular es que obvia un tema, al menos lo obvia formalmente, que es imprescindible que las Cortes Generales y que esta Comisión tengan en cuenta, y es que la competencia en la ejecución de las políticas activas, por tanto de los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, es de las comunidades autónomas, que son además quiénes pueden definir o concretar de forma más específica quienes son los demandantes de esos programas y entre ellos están los que han agotado los subsidios.
Además hay que recordar que las partidas del año 2010 ya han sido distribuidas por la conferencia sectorial en su reunión de 19 de enero pasado, aprobadas o autorizadas después por el Consejo de Ministros. Para estos programas en general hay una partida de 1.577 millones y para programas específicos de escuelas-taller otra de 509 millones de euros para este año.
Quiero recordar también por último que este año el Gobierno a iniciativa o a instancia de muchas comunidades autónomas introdujo, propuso en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y las Cortes lo aprobamos, una partida específica más flexible de formación y empleo de 250 millones de euros, que también ha sido distribuida en las comunidades autónomas.
Es una partida que pueden utilizar con más flexibilidad las propias comunidades autónomas, que pueden redistribuir estos fondos a formación, a empleo, a distintos programas de políticas activas.
Por eso la enmienda que hemos presentado y que luego hemos ajustado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista busca impulsar estas políticas, siendo respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y con el marco de diálogo social que tiene un doble sentido en este caso: en primer lugar porque hay un grupo de trabajo constituido por el Servicio Público Estatal de Empleo y las comunidades autónomas, con presencia de las organizaciones sindicales y empresariales, para el análisis en su conjunto de la eficacia de las políticas activas y de su posible rediseño; y en segundo lugar porque en cada comunidad autónoma tienen regulados, y vienen funcionando criterios distintos de participación de empresarios y sindicatos, a los que mi grupo no solo es sensible sino que viene promoviendo y exigiendo su funcionamiento. De ahí que lo que planteemos es que el Gobierno inste en este marco de cooperación con las comunidades autónomas a que se reasignen fondos en favor de los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, porque efectivamente tienen una eficacia en la inserción laboral quizá superior a otros programas.
Agradezco al Grupo Popular el buen entendimiento que en este punto hemos podido alcanzar y solicito a los grupos, presentes y ausentes, que voten a favor de la transacción.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señora Álvarez-Arenas, que el grupo proponente acepta la transaccional, por lo tanto será esta enmienda transaccional, que está repartida a todos los portavoces, la que se someterá a votación.
A continuación pasaremos a la proposición no de ley que va en tercer lugar, pero que pasa como ya habíamos acordado al segundo lugar, que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a informar periódicamente a los trabajadores de más de 45 años de la pensión de jubilación que previsiblemente van a percibir. Para defensa de la misma.
(El señor Echaniz Salgado pide la palabra.) Sí, señor Echaniz.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor presidente, tal y como comenté antes del inicio de la Comisión
podía existir alguna dificultad. Mi compañera de grupo, doña Carmen Navarro, quien tenía previsto intervenir en cuarto lugar, al haberse propuesto el cambio de su proposición al último lugar tiene precisamente una incompatibilidad horaria porque debe intervenir a esa misma hora en la Comisión de Interior. Lo digo por si hay todavía la oportunidad de hablar con doña Rosa Díez, para intentar buscar una fórmula intermedia que permita que las dos puedan intervenir, junto con el portavoz del Grupo Socialista. Pido que S.S. lo intente.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INFORMAR PERIÓDICAMENTE A LOS TRABAJADORES DE MÁS DE 45 AÑOS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN QUE PREVISIBLEMENTE VAN A PERCIBIR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001122.)
El señor PRESIDENTE: Por lo pronto vamos a empezar a debatir esta, que no crea ningún problema, ya que el proponente está aquí, don Carles Campuzano, y el portavoz del Grupo Popular también, el señor Echaniz.
Mientras debatimos esta vamos a ver la posibilidad de encajar la 4.ª Don Carles Campuzano, tiene usted la palabra para defensa de la proposición cuando quiera.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Ruego que me disculpen si he provocado algún retraso en el debate.
Precisamente en la sala de al lado se está celebrando una de las dos comparecencias de la Comisión del Pacto de Toledo, una de ellas, la de la Fundación Edad y Vida, que es una iniciativa muy interesante de diversos sectores de la sociedad civil, básicamente del sector asegurador y sanitario privado, pero en colaboración con buena parte del sistema universitario del conjunto del Estado y en colaboración con buena parte de la representación de las organizaciones de las personas mayores que han presentado un estudio titulado La previsión y el ahorro ante el envejecimiento de la población. Ese estudio pone de manifiesto una realidad que es el escasísimo conocimiento por parte de los ciudadanos de los recursos que van a necesitar para mantener su nivel de vida, mientras están activos, cuando se jubilen; el escasísimo conocimiento que tenemos los ciudadanos sobre las contribuciones que estamos produciendo a la Seguridad Social, tanto nosotros directamente como aquellas cotizaciones que hacen por nosotros las empresas, el salario deferido en definitiva, o incluso, lo que es más relevante, la pensión que podríamos cobrar en función de las reglas por las que ahora estamos cotizando y que marcan esa pensión que vamos a recibir cuando tengamos 65 años. Existe una ausencia enorme de información sobre lo que va a suceder cuando nos jubilemos, qué vamos a cobrar, qué vamos a necesitar para mantener nuestro nivel de vida.
Este es un tema que se explica por muchas razones, entre otras cosas porque tanto la lógica del Pacto de Toledo como el propio funcionamiento del sistema de pensiones han trasladado una enorme tranquilidad al conjunto de los ciudadanos sobre la fortaleza y la capacidad del sistema público de pensiones para redistribuir la riqueza y haber disminuido las tasas de pobreza entre las personas mayores, precisamente por la existencia de este sistema de pensiones. Pero, si somos coherentes con la lógica del Pacto de Toledo y no tan solo con su filosofía, si somos coherentes con las reformas que hemos impulsado todos desde el año 1995, estas cuestiones vinculadas a la información, a la transparencia, al conocimiento de los ciudadanos de cuál va a ser su pensión futura, con el tiempo van a ganar más relevancia. Alguna de las reformas que estamos impulsando, que se han impulsado hasta la fecha y que vamos a impulsar en los próximos años, las que están vinculadas al periodo de cálculo de la pensión y las que están vinculadas a la edad de jubilación, el previsible efecto que van a provocar para muchísimos de los futuros pensionistas, es que lo que se denomina la tasa de reposición, o sea lo que representa la nueva tasa, la pensión sobre el último salario que cobra el trabajador sea inferior, y que nos acerquemos más a la media del resto de los Estados europeos, incluso de la OCDE, que representa la pensión pública respecto al último salario. Eso va a ser así, porque de hecho ha sido así en estos últimos años. Eso exige que el ciudadano tenga mayor conocimiento sobre aquello por lo que está cotizando, lo que se está cotizando por él, aquello que va a recibir cuando., aquello que le garantice la pensión pública, para poder tomar aquellas decisiones, de ahorro, de discusión en su empresa, de gasto, etcétera. Debemos facilitar esa información para que el ciudadano pueda tomar en la medida de sus posibilidades esa decisión, que le va a permitir que cuando se jubile los ingresos que recibe junto con su pensión pública le permitan complementarla de tal manera que los ingresos que recibe sean lo más parecido posible a los que tenía cuando estaba en activo, cuando estaba trabajando.
Este es el sentido y la filosofía de esta proposición no de ley de CiU, en la que instamos al Gobierno a adoptar en el plazo de seis meses las medidas necesarias para que se informe periódicamente a los mayores de 45 años de una estimación de la prestación pública de jubilación, pensión que se va a generar cuando se jubilen. Deseamos que a partir de los 45 años se nos informe, si las reglas no cambian, de cuál va a ser la pensión que vamos a cobrar.
Es la propuesta que se inspira también en otras dinámicas que existen en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia. De hecho hoy a través del sistema informático de la Seguridad Social uno puede utilizar un programa existente -al menos eso me decía en la Delegación Provincial de Barcelona el director del INSS-, para tener esa información. De lo que se trata es de que de
oficio la Seguridad Social no tan solo nos trasladase nuestra carrera laboral, como ahí nos traslada, sino que periódicamente a partir de los 45 años pudiese trasladarnos esa información. Así ayudaríamos a los ciudadanos en la transparencia, información y capacidad de decisión; además reforzaríamos otra idea que desde una perspectiva de un sistema público de pensiones hemos tendido a olvidar. Un sistema público de pensiones genera derechos pero estos tienen sentido en la medida en que van acompañados de obligaciones y deberes; o sea, la pensión pública que recibimos no es fruto de la decisión amable del Estado o del Gobierno.
No, es fruto de un pacto colectivo en el que hemos decidido que, a través de las cotizaciones que se pagan entre empresarios y trabajadores, nos protegemos frente al riesgo de no tener ingresos cuando no estemos trabajando. Eso es fruto de un pacto basado en derechos y en deberes que tenemos los ciudadanos. Dar esa información, dar esa transparencia refuerza ese aspecto que entendemos que fortalece el estado de Bienestar.
Es la solución, porque junto a los derechos existen también deberes y obligaciones.
Señorías, la propuesta que les plantea CiU es muy modesta, es muy pequeña y quizás hacemos una defensa de la misma muy global, porque nos parece -termino- que responde a algunas de las ideas de fondo que, más allá de lo que aprobemos en el Pacto de Toledo, van a tener que ser hilos conductores de las reformas que en los próximos años impulsemos en nuestro sistema de pensiones y en el conjunto de nuestro sistema del estado del Bienestar. Espero que seamos capaces de avanzar en la dirección adecuada y que una mayor transparencia introduzca mayor responsabilidad, y esto a su vez provoque una mejora de la calidad de vida de todos los futuros pensionistas.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular el señor Echániz tiene la palabra cuando quiera.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Haré una breve intervención en nombre de mi grupo para poner en evidencia la coincidencia del contenido de esta iniciativa con nuestra filosofía, no en vano fueron gobiernos del PP los que impulsaron precisamente ese régimen de información en el ámbito de la Seguridad Social para que los ciudadanos puedan contar hoy con una información puntual de sus carreras laborales. En ese mismo sentido entendemos que la previsión es uno de los elementos esenciales que configuran la vida humana. La previsión ante las contingencias y el hecho de que no sea solo el Estado sino el individuo quien de forma proactiva y autónoma pueda ir adoptando las decisiones a lo largo de su vida decisiones informadas, plenamente informadas según criterios e informaciones rigurosas, nos parece del máximo interés. Planificar decisiones de ahorro-previsión, poder estimar la pensión pública, ser conscientes de las distintas alternativas que se pueden plantear en ese ámbito de la previsión del Estado y complementaria nos parece, repito, de una enorme utilidad.
Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que tiene tres elementos esenciales, que estoy seguro que el portavoz de CiU, don Carles Campuzano, entenderá perfectísimamente. La primera es eliminar el límite temporal que él ha puesto. Nosotros entendemos que si una persona puede incorporarse al mercado laboral desde su más tierna edad y, por lo tanto, puede empezar a cotizar al régimen que corresponda dentro del ámbito de la Seguridad Social no tiene porque hurtársele la posibilidad de que desde su más tierna incorporación al mercado laboral tenga ya información no solo, aparte de las cotizaciones de la potencialidad de lo que será su pensión en el futuro con las reglas de cálculo del momento procedimental sino también de cuál ha sido su contribución, los ingresos realizados por esa persona en el ámbito de la Seguridad Social como trabajador sino también por las empresas en las que haya trabajado a lo largo de su vida laboral. Por tanto queremos información, información aproximada con cautelas, pero información que se facilite en cada momento conforme a legislación vigente en ese momento que sin duda puede cambiar, de hecho ha ido cambiando permanentemente a lo largo de la historia de la Seguridad Social. La tercera cuestión -la primera era la de eliminar el límite de edad; la segunda pretende incorporar no solo lo que se va a percibir, sino también los ingresos realizados basados en la legislación de cada momento- sería la solicitud de que el Gobierno ponga a disposición de todos los afiliados en la página web de la Seguridad Social, no en un programa informático que obre en un ordenador de la Asesoría General de cada provincia -que se incorpore-, un programa informático de simulación que permita precisamente a cada ciudadano hacer proyecciones, hacer simulaciones en virtud de los distintos parámetros para poder conocer en cada momento la influencia de esos mismos parámetros en sus expectativas futuras de pensión. Nos parece una feliz iniciativa. Creemos que es indispensable realizar pedagogía en el ámbito de la Seguridad Social -y es una de las cosas que en el ámbito de Pacto de Toledo hemos debatido de manera permanente desde hace muchos años- y crear una cultura de la contributividad; y nada mejor para crear esa cultura de la contributividad que los ciudadanos sepan sencillamente su estado de ingresos y de gastos respecto de la Seguridad Social.
Evidentemente será aproximado; evidentemente será variable en función de que cambie la legislación, pero da determinados elementos de juicio para que pueda tomar decisiones informadas en la planificación de su futuro ahorro y no se vea mermada su calidad de vida en función de una disminución importante de sus ingresos. Todo ello obra además dentro del principio general de información y de transparencia que la Administración pública tiene que tener, más aun si hablamos de una administración que se está incorporando
al medio electrónico. En ese sentido la legislatura pasada aprobamos en esta misma Cámara una ley para el impulso de la Administración electrónica que se compadece perfectamente con esta iniciativa. Por lo tanto, animamos la resto de los grupos a que apoyen esta iniciativa por la utilidad de la creación de una herramienta de simulación del cálculo de pensiones, similar, por otra parte, a la que existe en otros ámbitos como la previsión del coste de una hipoteca, cambiando determinados parámetros de cuota mensual, o de ingresos del sujeto, o de tipos de interés, o como existen, por ejemplo, en la declaración de la renta, con el programa Padre, incorporando unos elementos de manera que un programa informático autocalcula el importe final de la declaración. Repito, solicitamos la incorporación de estos tres elementos que yo creo que mejoran sustancialmente una iniciativa que de por sí es feliz y que, sin duda, será un elemento de impulso de la transparencia, la información y la cultura de la contributividad en el sistema de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Carlos Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda porque el objeto de la proposición no de ley de CiU plantea una estimación con tanto tiempo de antelación que se considera poco fiable, ya que pudiera ser que, por las posibles modificaciones de la normativa de cálculo de la pensión que pudieran introducirse -repito, pudieran introducirse, no lo afirmo- o que se vaya a producir tal vez por otra cuestión, hubiera cambios en la vida laboral del trabajador o en sus circunstancias personales. Teniendo en cuenta estos dos argumentos y que se produjese en un futuro una modificación del cálculo de la pensión o cambios en la vida laboral del trabajador, la cuantía de la pensión estimada podría verse ostensiblemente alterada, por lo que el objetivo que persigue la PNL del Grupo Catalán no alcanzaría su finalidad; es más, incluso el trabajador podría estar haciendo unos cálculos sobre su previsión que no se ajustaran a la realidad del momento en la que fuera a ser pensionista. Otro dato a tener en cuenta y que avala nuestra enmienda es que la base reguladora de la pensión de jubilación se calcula a partir de la base de cotización de los quince años anteriores al hecho causante, por lo que la elaboración de datos informativos de jubilación a partir de los 45 años implicaría que en las primeras estimaciones de la base reguladora no se tendría en cuenta ninguna de las cotizaciones realizadas por el trabajador y, en consecuencia, la información que se facilitara al interesado tendría escasa utilidad.
Acabamos de venir el señor Campuzano y yo de escuchar la intervención en mi caso no íntegramente, parte de ella, del director general de la Fundación Edad y Vida, don Albert Verges, en la que ponía de manifiesto algo relacionado con esta cuestión. Decía que el 53 por ciento de los ciudadanos no desea estar informado sobre la pensión pública futura, mientras que el 21 por ciento considera que la Administración pública debería facilitar esta información. Por tanto, probablemente seamos nosotros los que estemos incluso más preocupados por dotarnos de instrumentos que den facilidades, transparencia e información a los ciudadanos, que los propios ciudadanos, al dar un dato del 53 por ciento.
También esta propuesta, sobre todo después de escuchar la enmienda que planteaba el Grupo Parlamentario Popular, llevaría aparejado un coste importante para el Estado, que probablemente no se compensaría con la rentabilidad obtenida que se pretende desde la proposición no de ley.
Quiero recordarles también que en la renovación del Pacto de Toledo la recomendación número 7 trata de modernización e información al ciudadano, pues se considera como relevante que el ciudadano pueda acceder a información comprensible y fiable acerca de las perspectivas a largo plazo de su sistema de protección social. También les recuerdo que con carácter singular debe destacarse la posibilidad de un programa de autocálculo de jubilación en la página web de la Seguridad Social, en la oficina virtual, que permite su descarga en el ordenador, para de forma sencilla realizar las simulaciones que considere oportunas cada interesado. Por consiguiente sigamos avanzando en todo esto, en esta información comprensible y fiable. Por eso le hemos propuesto en nuestra enmienda -con CiU hemos llegado a una enmienda transaccional- que dentro de la renovación que se está haciendo del Pacto de Toledo, que en unos meses tendremos, continuemos adoptando medidas que sigan avanzando en una mayor trasparencia y mejora de la calidad de la información al ciudadano sobre nuestro sistema de protección social, específicamente en lo que se refiera a la estimación de las distintas prestaciones sociales a las que podrá aspirar en atención a la carrera de seguro de cada trabajador.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos de acuerdo en dotar al sistema no solo de más trasparencia sino de un mayor conocimiento del propio sistema. Les recuerdo que el documento aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de enero del 2010 y que fue debatido en una comisión específica por parte del propio ministro plantea medidas dirigidas a la mejora de la información a los ciudadanos. En eso estamos todos, ahí tenemos que ir. Nos congratulamos de que se hagan propuestas y entre todos las podamos mejorar.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, a esta proposición se han presentado enmiendas del Grupo Popular. ¿Las acepta?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No las acepto. Hay un texto transaccional con la enmienda del Grupo Socialista que vamos a trasladar al conjunto de los grupos para su valoración.
- DE ARTICULACIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS ESPAÑOLES QUE TRABAJAN EN ANDORRA. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001066.)
- SOBRE IMPULSO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES TRASFRONTERIZOS QUE VIVEN EN TERRITORIO ESPAÑOL Y PRESTAN SUS SERVICIOS EN ANDORRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001601.)
El señor PRESIDENTE: A continuación veremos la proposición que iba en segundo lugar en el orden del día y que veremos en tercer lugar, que es la relativa a la articulación de medidas destinadas a mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores transfronterizos españoles que trabajan en Andorra. Para la exposición y defensa de la misma tiene la palabra el señor Campuzano. Efectivamente como acordamos al principio esta proposición no de ley se acumula con la 10.ª
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente Esquerra Republicana de Catalunya y CiU hemos presentado conjuntamente esta proposición no de ley. Quiero destacar que no es demasiado habitual que Esquerra Republicana y CiU presentemos en el Congreso de los Diputados iniciativas conjuntas, pero estoy seguro de que tanto el señor Tardá como yo nos alegramos de haber tenido este planteamiento que responde por un lado a un problema de fondo, pero también a una coincidencia de nuestras respectivas fuerzas políticas en la Seo de Urgell, compartidas por nuestras fuerzas políticas que gobiernan conjuntamente en esa ciudad del Pirineo catalán, de recoger una preocupación de una parte de la ciudadanía y especialmente de los ciudadanos de la Seo de Urgell y de la comarca del Alto Urgell, que viven en Cataluña, en el Estado español y que se trasladan a trabajar en Andorra. Es un problema que arrastramos desde hace tiempo. Algunas de las modificaciones legales que se introdujeron hace unos cuántos años vinieron a empeorar la situación de los trabajadores transfronterizos; además la realidad socioeconómica de Andorra, las características propias del Estado de Andorra impedían impiden que esos ciudadanos españoles puedan beneficiarse de unos niveles de protección social equiparables a los de sus conciudadanos que viven y trabajan en el propio Estado español. Incluso algunas de las reformas que se han introducido en los últimos años han empeorado esa situación con relación a la de los emigrantes españoles que viven y trabajan en otros países, porque cuando retornan a España tienen un nivel de protección social superior a esos trabajadores transfronterizos. Todo ello, señorías, está acentuado por la situación de crisis económica en la que no tan solo el Estado español, España, está instalada sino también Andorra. A raíz de esa crisis económica y del incremento del desempleo entre esos trabajadores catalanes que se desplazan a trabajar a Andorra, esos problemas no resueltos se han puesto mucho más de manifiesto.
Lo que les planteamos desde CiU y desde Esquerra Republicana es que avancemos por un lado en resolver la discriminación que los trabajadores transfronterizos tienen en relación con los emigrantes retornados, por entender que con aquel esfuerzo de cotización que se ha producido mientras se vivía y se trabajaba en España, pero que ya no se produce cuando se trabaja en Andorra, cuando se retorna a España, y tal como sucedía hasta el año 2006, se pueda recuperar esos periodos de cotización y esa persona pueda cobrar la prestación a la que tenía derecho por haber cotizado en su tiempo en España. Eso está previsto y regulado hasta el año 2006 para los trabajadores transfronterizos y con el Estatuto de la acción exterior desapareció esa consolidación. Entendimos entonces que eso era un error. Hoy ante la situación de desempleo existente en Andorra se agrava esa situación. Esos trabajadores que cotizaron en España, que no gastaron su prestación por desempleo, que han tenido que trasladarse a trabajar a Andorra, donde, como ustedes saben, no existe cotización ni derecho a subsidio por desempleo a los trabajadores extranjeros, pierden su empleo en España, pero deberían de poder recuperar esas prestaciones por desempleo. Ese es el primer punto de CiU y Esquerra Republicana para resolver esta situación concreta.
En segundo lugar, en el marco de la discusión entre España y Andorra en materia de protección social, hay que articular mecanismos que permitan a los trabajadores españoles que trabajan en Andorra, que entran y salen, poder cotizar al desempleo, en el marco de la negociación entre España y Andorra. Planteamos además que mientras ese acuerdo no se produzca se recupere también la existencia de una pensión especial que existía hasta el 2006 para los emigrantes retornados, para que se pudiese de nuevo proteger a estos trabajadores transfronterizos. Hasta 2006 estos trabajadores cuando regresaban a España, y en el caso de que no hubiesen cotizado en España, tenían derecho a una pensión de protección. Además establecemos una mejora de la cobertura de la protección en materia de salud para el trabajador transfronterizo y sus familiares mediante una cobertura del cien por cien de los gastos sanitarios, en la línea de defender el principio de universalidad del sistema de protección social en materia de salud. La última consideración de nuestra proposición no de ley es reclamar que España facilite la incorporación de Andorra a la red Eures, que es el instrumento que permite a escala comunitaria
resolver las problemáticas de los trabajadores transfronterizos.
Nos parece que son propuestas, algunas de ellas, que dependen de España y Andorra, pero otras dependen exclusivamente de decisiones que se tomen en el marco de esta Cámara por los grupos parlamentarios y por el Gobierno, muy especialmente el punto 1.º de esta proposición no de ley. Yo espero que los grupos sean sensibles a la situación de desempleo, de desamparo, de ausencia de protección social, de esos trabajadores catalanes, españoles que viven en la Seo de Urgell, en la comarca del Alto Urgell, porque, cuando en Andorra no se les reconoce su derecho a la prestación de desempleo al haber perdido el empleo allí, no tienen ningún tipo de protección social en el Estado español. Yo espero que seamos capaces hoy de avanzar en la dirección adecuada para resolver este problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, para complementar la.
El señor TARDA I COMA: Señor presidente, solamente haré algún apunte para complementar las palabras del diputado Campuzano.
Ciertamente presentamos la proposición no de ley conjuntamente, las razones han sido ya explicitadas por el compañero Campuzano. Puedo dar fe, puesto que he estado en reuniones y asambleas de trabajadores transfronterizos, que el Partido Socialista de Cataluña lo apoyaba y en particular también el sindicato de la UGT. Ciertamente vehiculamos esta iniciativa CiU y Esquerra Republicana, pero lo que reivindicamos es compartido por los habitantes de la comarca, puesto que todo aquello que tiene que ver con la relación entre la comarca y el principado tiene grandes afectaciones de carácter económico, y por supuesto en la defensa de los derechos de los trabajadores, en donde siempre hemos tenido al lado al sindicato de la UGT. De manera que de hecho lo que se plantea no es otra cosa que la defensa de los derechos sociales y laborales de estos trabajadores. Ciertamente ustedes saben que no deja de ser una cierta anomalía en cuanto a su legislación todo aquello que compete al Principado de Andorra, en lo relativo a los derechos laborales. Esta es una cuenta que tiene pendiente el Principado de Andorra y que al parecer el nuevo Gobierno, que tiene un color distinto al anterior, está por la labor de solucionar.
Lo que reclamamos creo que no debería tener mayores dificultades, aun cuando ciertamente en tanto en cuanto afecta a dos Estados tiene su complejidad; pero tiene su complejidad procedimental no en cuanto a lo que se reclama, y precisamente por esto debe tener solución, puesto que se arrastra durante muchos años. Es cierto que en las épocas de vacas gordas, si me permiten la expresión, se va tirando, pero ahora, como en otros muchos ámbitos, nos encontramos con que en época de crisis todo el mundo sufre más; y se dan casos francamente muy difíciles de personas que se encuentran en absoluto desamparo no solamente desde el punto de vista de lo que hablaba el diputado Campuzano respecto al desempleo, sino incluso en todo el ámbito del mundo sanitario. En estos momentos si quieren un ciudadano arquetipo desprotegido desde el punto de vista sanitario es este trabajador que reside en la ciudad de Urgell, por ejemplo. Si actualmente va a la Seguridad Social en un hospital de la Seo de Urgell, para él mismo o para sus hijos, no tiene ningún tipo de protección y en Andorra tiene la que tiene; ustedes saben que el sistema es mixto y que tienen muchas dificultades (Rumores.) para cubrir el cien por cien de la prestación.
Nosotros tenemos noticias de que el ministro Corbacho se ha reunido con el Gobierno, al parecer todo el mundo está por la labor. Para nosotros sería muy interesante que hoy pudiéramos llegar a un acuerdo que teniendo en cuenta la complejidad fuera también ambicioso, o al menos suficientemente ambicioso y que instara al Gobierno a las modificaciones pertinentes a fin y efecto de que al menos desde el territorio se tuviera una percepción de que se ha dado un paso hacia delante de verdad.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición se está debatiendo junto a la 10.ª, que es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley sobre el problema que existe en estos momentos con los trabajadores transfronterizos en el Alto Urgell y fundamentalmente en la comarca de la Cerdanya. Es una proposición no de ley que viene no solamente del requerimiento de los compañeros del Partido Socialista de Cataluña de aquel ámbito, sino también del conocimiento de una realidad que se está produciendo entre estos trabajadores de una cierta discriminación en cuanto a derechos y protección. Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión es que los trabajadores transfronterizos han tenido en nuestro país realidades que se han ido resolviendo conforme nuestro país ha avanzado en los derechos de protección generalizados a través de la Unión Europea. No ha muchos años hemos tenido estos mismos problemas con los trabajadores españoles del País Vasco, de Navarra, de Aragón y de Cataluña que realizaban actividades en Francia, y hemos tenido esa misma situación con trabajadores españoles que realizaban esa misma acción en Portugal, en la frontera con Castilla y León, en Salamanca sobre todo, y en la frontera también con Extremadura. Tenemos esa misma situación con los trabajadores del Campo de Gibraltar. Bien es cierto que ni Francia, ni Portugal, ni el Campo de Gibraltar, por el régimen que tienen estos asuntos de titularidad de Reino Unido, nos plantean dificultades a la hora de allanar problemas de igualdad de prestaciones y además de aplicación de la normativa
europea. Pero tenemos indudablemente un territorio, que es el del Principado de Andorra, donde, como ha dicho anteriormente tanto el señor Campuzano como el señor Tardà, la crisis ha aflorado problemas que anteriormente existían pero no se manifestaban. Esa es la primera cuestión que desde nuestro punto de vista nos gustaría aclarar. La primera constatación es que estamos hablando de un Estado que no es miembro de la Unión Europea, por lo cual no es de aplicación la resolución de la Unión Europea relativa al régimen de la Seguridad Social que se aplica a todos los países integrantes de la Unión, y que resolvería algunas de las dificultades que estamos planteando. Pero por otro lado tenemos avanzadas algunas cuestiones. Hay un convenio de Seguridad Social entre España y Andorra que, por cierto, se firmó en el año 2001 y se publicó en el año 2003; por lo tanto es un convenio que tiene limitaciones en el tema de las prestaciones sociales porque no las contempla prácticamente. Ahí tenemos lógicamente un vacío por el que durante un cierto tiempo ha sido difícil avanzar en las relaciones bilaterales por razones que a ustedes no se les escapan, y en estos momentos bien es cierto que podemos avanzar en ellas.
Nosotros hemos recibido aquí como grupo parlamentario y también en las agrupaciones del Partido Socialista en los territorios colindantes denuncias permanentes de discriminación en el ámbito sindical y de privación de derechos, que son derechos fundamentales. Las conocemos, como también se han planteado despidos y ha habido recursos que se han llevado ante la autoridad de los tribunales europeos; por lo tanto estamos hablando de una situación que está generando un cierto conflicto.
Eso tiene un marco de solución complicado, que es lo que a ustedes les quería trasladar. Nosotros, en nuestro campo de actuación como país y como territorio español, tenemos lógicamente que respetar el convenio existente, que es el convenio publicado en 2003, y tenemos que hacer la presión suficiente para introducir algunos cambios, que indudablemente deberán de hacerse en función de los intereses de los andorranos representados por su Gobierno y de los españoles y fundamentalmente de los trabajadores transfronterizos de esa zona, representados por el Gobierno de España en colaboración con la Generalitat de Catalunya, que también ha planteado reiteradas veces la necesidad de resolver este problema.
Hay cuestiones que desde nuestro punto de vista es necesario clarificar, como las prestaciones o subsidios por desempleo establecidos en la normativa española para inmigrantes retornados, que es lo que está planteando el señor Tardà con el señor Campuzano. El artículo 2 de la Ley 40/2006, que hace referencia al Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, no es posible aplicarlo a los trabajadores que están trabajando en Andorra y que residen en España, porque son ciudadanos que residen en España y no retornan de otro país a España. Viven en España y retornan a España en la mayoría de los casos todos los días. Por lo tanto la aplicación del carácter de emigrantes retornados en estos momentos es imposible con el marco jurídico que tenemos. En relación con la cotización de desempleo que trabajadores que desarrollan su actividad en Andorra realizaron cuando estaban contratados por empresas españolas en territorio español, veremos a ver la utilización que pueden hacer de ese derecho cuando se quedan en el desempleo. Pero no se quedan en el desempleo en Andorra, que no lo tiene recogido, que no es un derecho. Se quedan en el desempleo en España, y ese desempleo en España tiene fecha de caducidad también y obligatoriedad de residencia en España para poder recibir esa prestación de desempleo, obligatoriedad. Ese es un tema que desde mi punto de vista es vidrioso, no es fácil en estos momentos resolverlo, a no ser que se modifique el convenio bilateral.
¿Qué otro problema hay? Que los trabajadores en Andorra coticen al desempleo en la Seguridad Social española. Pues no pueden hacerlo, y yo lo siento, porque los trabajadores y los empresarios que los contratan deben hacer en estos momentos el ingreso desde España y en España y por lo tanto la empresa tendrá que estar radicada en España para poder hacer desde ese domicilio social la aportación correspondiente de esos trabajadores. Además un convenio especial de la Seguridad Social para la prestación del desempleo no está contemplado en estos momentos.
Precisamente ese es el convenio especial que está excluido según la normativa de 2003. Ese es un hecho real también devenido de la situación anterior. No cotizan en el desempleo en Andorra y lógicamente en estos momentos se están intentando enganchar a todos los clavos ardiendo para ver cómo pueden tener una prestación de desempleo equivalente al de sus conciudadanos en La Seo de Urgell que están trabajando en España, seguramente con peores condiciones económicas.
En cuanto a la cobertura sanitaria, no tengo esa información. No he estado en La Seo de Urgell últimamente, pero conozco a compañeros que están allí. La prestación sanitaria a los ciudadanos que están viviendo en La Seo de Urgell es igual para todos, porque la universalización del sistema se aplica a los trabajadores que están en La Seo y a los trabajadores que están en la carretera de Lérida, exactamente igual. Ahora bien, aquí hay una reivindicación que surge de un derecho y ese derecho de prestación de asistencia sanitaria lo reciben, según el acuerdo de la Unión Europea, los trabajadores en función de donde viven y en función de donde trabajan. Tienen derecho también por lo tanto a la prestación sanitaria en Andorra.
¿Qué ocurre en Andorra? Que la prestación sanitaria no es gratuita al cien por cien y por lo tanto lo que se plantea por los trabajadores transfronterizos es que esa utilización de la prestación sanitaria en Andorra equivalga a la española y tenga coste cero. Nosotros ahí no podemos entrar, es que no podemos entrar, no hay marco ni convenio de la Unión Europea ni de ningún sitio que nos garantice esto, porque nosotros en el convenio de la
Unión Europea lo que decimos es que la asistencia sanitaria de los trabajadores españoles que se desplazan a lo largo de los países de la Unión es la que reciben en su territorio, igual: si van a Hungría será la húngara, si van a Chequia será la checa y si van a Reino Unido será la de Reino Unido, en las condiciones establecidas allí y en las condiciones establecidas aquí para quien se desplace y se mueva en el ámbito de nuestro propio territorio. Por lo tanto eso es muy difícil acotarlo y por eso es por lo que decimos que este es un tema sobre el que merece no hacer una pensada, sino plantear urgentemente que haya una relectura del convenio bilateral y que se pongan en marcha los mecanismos para que se estudie, pero, cuidado, es un problema no de dos, señor Tardà y señor Campuzano, sino de tres, porque el convenio tiene que ser también rubricado por Francia, porque creo que uno de los copríncipes es el señor Sarkozy, y por lo tanto en el régimen que en estos momentos tienen en funcionamiento es una maraña muy difícil de resolver. Por eso es por lo que nosotros, desde el Partido Socialista de ese territorio y del conjunto de España, no queremos crear falsas expectativas, pero sí decir las cosas con claridad. Hay que hacer una relectura del convenio y las modificaciones oportunas del mismo, y hay que hacerlo lo más urgentemente posible. Por eso es por lo que les hemos hecho a ustedes una transaccional ¿Con qué objetivo? Con el objetivo del impulsar que se haga precisamente un nuevo convenio que contemple estos temas que anteriormente hemos visto, y no tenemos ninguna dificultad en que Andorra forme parte de la red Eures. El problema es que nosotros no lo podemos decidir. Nosotros no lo decidimos exclusivamente, unilateralmente; lo tendremos que resolver bilateralmente y en consecuencia tendrá que estar dentro del mismo convenio. Les hago una llamada de atención a los proponentes de la PNL anterior para intentar por encima de todo llegar a un acuerdo que dé tranquilidad a la comarca, pero al mismo tiempo que nos dé fuerza para instar al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre todo para que este tema se ponga en marcha y de una vez se solucione.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Belén do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Tomo el turno de palabra para defender la enmienda a estas dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo conjuntamente, la presentada por CiU y Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya y la presentada por el PSOE, relativas a los trabajadores transfronterizos que prestan sus servicios en Andorra.
Señorías, como bien saben ustedes, en virtud de la normativa comunitaria, el trabajador transfronterizo desempeña su cometido en el territorio de un estado miembro y reside en el territorio de otro estado, teniendo por tanto esa doble vinculación nacional en función de su lugar de residencia y de su trabajo. Me gustaría recordarle al señor Membrado, que parece que se le ha olvidado, que también existen trabajadores transfronterizos en Galicia que van a la región norte portuguesa, pero no hay problema. (El señor Membrado Giner: Tiene razón.)
Señorías, el asunto que debatimos en esta Comisión entendemos desde el Grupo Popular que requiere la atención y cómo no la voluntad del Gobierno para dar solución a esos problemas que afectan en concreto a esos 2.500 trabajadores que residen en territorio español, en concreto en la zona de La Seo de Urgell, y que en datos globales pueden suponer esas 30.000 personas (El señor Membrado Giner: 3.000.) que se desplazan todos los días a Andorra para trabajar allí, o bien que ya están viviendo allí y mantienen la nacionalidad española, y es por lo que desde el Grupo Popular vemos la necesidad de suscribir ese nuevo convenio con el Principado de Andorra para que se mejore esa protección social de los trabajadores transfronterizos que viven en territorio español, pero que están prestando sus servicios en Andorra. Por ello en nuestra enmienda marcamos un plazo de seis meses a esa voluntad del Gobierno. Creemos que es importante fijar una fecha, si en realidad el Gobierno de la nación tiene esa buena voluntad.
Valoramos positivamente el convenio al que aquí se ha hecho referencia del año 2001, ya que su objetivo principal era conseguir esa plena igualdad de trato para el mayor de los colectivos españoles que se encuentran en Andorra, que es el de los trabajadores por cuenta ajena, y es verdad que ahí se ha dado un paso, pero ante la nueva realidad demográfica del país andorrano, que se ve incrementada con personas provenientes de esta comarca de La Seo de Urgell y, cómo no, ante la situación económica que tenemos en España y que muchos trabajadores se ven obligados a trabajar en Andorra, se intenta dar ese paso y de ahí el punto primero de nuestra enmienda.
En nuestro segundo punto instamos al Gobierno a que se cree una comisión mixta bilateral formada por representantes del Principado de Andorra y del Gobierno de España sobre los trabajadores transfronterizos. Como ustedes sabrán, señorías, y creo que ha hecho referencia a ello el señor Tardà, el pasado 24 de febrero el Ministro de Trabajo señor Corbacho se reunió con el jefe del Gobierno andorrano, Jaume Bartumeu, con el objeto de tratar la situación de estos ciudadanos que trabajan en ese país y que tienen la nacionalidad española. Hay que tener en cuenta que a estos trabajadores se les está aplicando la legislación laboral, la cobertura sanitaria y la protección social andorranas, que están alejadas en cierta medida de las normativas españolas e internacionales, y eso es un obstáculo para la movilidad transfronteriza de estos trabajadores. En esa reunión de hace casi ya dos meses se vio la conveniencia de la creación de una comisión mixta bilateral y que nosotros vemos con buenos ojos, pero a día de hoy, señorías, todavía no se ha hecho nada, y por ello en este segundo punto hacemos referencia a que debe de existir ese compromiso. Desde el
Grupo Popular queremos recordar que el propio señor Bartomeu, jefe del Gobierno andorrano, también había reclamado hace ya cinco meses al señor Montilla, presidente de la Generalitat de Catalunya, concretamente en noviembre de 2009, la necesaria intervención del ministro de Trabajo para llegar a una solución a este problema en concreto. Por tanto ya no debe ser un tema nuevo que se plantee en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que es momento de una solución con un compromiso y no solo con una mera declaración de buenas intenciones como en principio veíamos el objeto de la proposición no de ley socialista, con el simple impulso de medidas para la protección social de estos trabajadores transfronterizos que viven en territorio español y que prestan sus servicios en Andorra. Tuve la oportunidad de leer la enmienda o la autoenmienda del Grupo Socialista, que veo que está corregida. No sé qué es lo que ha defendido el portavoz socialista ahora, si su PNL o la enmienda que han hecho, que va más en línea de la enmienda del propio Grupo Parlamentario Popular.
Con respecto al tercer punto de nuestra enmienda, como ustedes saben, señorías, la red Eures tiene el objeto de cumplir y proporcionar una serie de servicios de información, de asesoramiento y de búsqueda de empleo a los trabajadores en las regiones transfronterizas donde existe un importante flujo de trabajadores desplazados. Recuerdo que los más de 600.000 trabajadores que viven en un estado miembro de la Unión Europea y trabajan en otro tienen que enfrentarse día a día a una serie de obstáculos, como esos casi 30.000 españoles (El señor Membrado Giner: 3.000.) que se desplazan a diario a trabajar a Adnorra o que viven allí.
Es importante que se impulsen las medidas oportunas para la incorporación de Andorra a la red Eures con el objeto de que se mejoren esos diversos aspectos de la actividad de los trabajadores transfronterizos. Dicha incorporación a la red Eures puede ayudar a resolver muchos de los problemas a los que se tienen que enfrentar los trabajadores que cruzan la frontera y es por ello un importante medio de contacto entre las diferentes administraciones de empleo, tanto a nivel regional como a nivel nacional, e incluso con los propios interlocutores sociales.
Finalizo esperando que los grupos proponentes tengan en cuenta estas matizaciones y que en todo caso podamos llegar hoy a una transaccional para así conseguir esa equiparación de derechos y que sirva pues una vez más para reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre España y Andorra.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas a estas dos proposiciones no de ley, tanto a la presentada con CiU y Esquerra Republicana, la número 2, como a la número 10, presentada por el Grupo Socialista. Yo les pediría.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Con el mismo texto.
El señor PRESIDENTE: Ya lo sé, pero formalmente figuran como dos. Yo les pediría a los grupos proponentes cuál es la posición respecto a las enmiendas presentadas, porque entiendo también que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la que se ha defendido en primer lugar. ¿Hay alguna transaccional sobre esto?
El señor MEMBRADO GINER: Haremos una transaccional a lo largo de la Comisión.
El señor TARDÀ I COMA: La tarde es larga para poder hacer una transaccional. Estamos en ello, señor presidente. Si nos da un poco de tiempo, la estamos terminando de redactar.
El señor MEMBRADO GINER: Con un poco de tiempo tendremos una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Si están en una transaccional, se entiende que se rechazan las enmiendas por lo tanto.
El señor MEMBRADO GINER: Veremos a ver.
El señor PRESIDENTE: Bien, daremos un margen de confianza en el transcurso del debate y les rogamos que cuando lleguen a alguna conclusión la comuniquen a la Mesa.
- SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL BOMBERO VOLUNTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001230.)
El señor PRESIDENTE: Se han debatido ya las proposiciones no de ley correspondientes a los puntos 1º, 2º, 3º y 10.º La del punto 4º, como dijimos al principio, se ha dejado para el final. Efectivamente ahora viene el punto 5º, que es proposición no de ley sobre el reconocimiento y protección de la figura del bombero voluntario, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. El señor Tardà tiene la palabra para la defensa de la misma.
El señor TARDÀ I COMA: Traemos hoy a debate una iniciativa parlamentaria relativa a los bomberos voluntarios, sobre la que creo que no existen antecedentes, con lo cual entiendo que se trata de una primera exposición y atendiendo a este hecho, permítanme que haga una minima introducción, puesto que ciertamente, aun cuando la figura del bombero voluntario en Europa está muy extendida y hay datos que francamente denotan su arraigo -en Alemania hay 1.400.000, en Portugal 40.000, hay 200.000 en Suiza, cifras importantes
en distintos Estados de la Unión Europea-, en el Estado español la cifra queda bastante reducida. De hecho, básicamente existen en Cataluña, aunque también los hay en Aragón, en el País Valencià, en Euskadi y en alguna isla canaria, pero estamos hablando de una figura que en un porcentaje muy importante está localizada en Cataluña.
La figura del bombero voluntario está muy arraigada en las zonas en donde existen, muy reconocida socialmente y además, en algunas comunidades autónomas, está muy incardinada en toda la red no solamente territorial sino en la de los servicios públicos de los bomberos profesionales, sean funcionarios o contratados, que existe en cada una de las comunidades autónomas, ya sea de competencia municipal, ya sea de competencia autonómica. Les hablo de esta figura, repito, muy reconocida. Estamos hablando de personas por lo general técnicamente muy preparadas, personas muy ligadas al medio, personas que están durante veinticuatro horas los 365 días al año dispuestas a todo, si me permiten la expresión. Esto ha conllevado este reconocimiento social.
También debo decirles que por lo general estas personas no tienen en estos momentos ninguna protección, más allá de la que se ha ido conquistando, entre comillas, a nivel autonómico o a nivel municipal, pero todavía es algo muy frágil, tan frágil como que hay situaciones francamente muy amargas. Hay bomberos voluntarios que han tenido accidentes durante un servicio y esto les ha provocado situaciones de hospitalización, secuelas físicas, secuelas psíquicas y todo a cargo de ellos, en muchos casos incluso sin recibir a cambio no solamente ningún tipo de reparación, que esto podía ser optativo de la Administración o incluso de la misma sociedad, sino que desde el punto de vista legal han tenido que pagarse ellos mismos las facturas del hospital. La casuística de situaciones nos hace no solamente sonrojar, sino preguntarnos cómo puede ser esto verdad.
Pues sí lo es. Se han ido solventando algunas cuestiones, pero por lo general estamos hablando de un tipo de voluntario que uno se sorprende que todavía exista en el mundo en el que vivimos, personas tan serviciales como aquellas que están en funciones de bombero -huelga hablar de los riesgos para la salud y los riesgos que adquiere un bombero- a cambio de nada. Incluso les diré que cada vez tienen más problemas laborales, porque hay empresarios que han sabido aprovechar la calidad técnica y por supuesto humana de este arquetipo de bombero voluntario, persona normalmente muy preparada, que luego dentro de la empresa ha sido catalizador de los procesos de dinámica, de formación en todo aquello que compete a la higiene o a la seguridad en la empresa. No todo el empresariado tiene la misma conciencia o el mismo concepto de la excelencia de las posibilidades de esos trabajadores, y algunos de estos trabajadores han tenido problemas o incluso han tenido que abandonar, puesto que el empresario ciertamente tampoco tiene por qué asumir a veces según qué riesgos por tener un trabajador que es bombero voluntario.
Quiere decir que si hay un incendio o una situación difícil en el territorio, acude, como es lógico.
Huelga hablar del aprovechamiento social y la rentabilidad económica para las administraciones autonómicas y municipales a raíz de la existencia del bombero voluntario. Estamos hablando en el caso catalán de miles de personas -no estamos hablando de centenares-. No solamente se dan en Cataluña, sino también en alguna otra zona del territorio del Estado español. Ya existen en estos momentos algunos avances. En Cataluña la Ley de Bomberos ha significado un cierto avance en ese sentido. En Galicia la Ley de Emergencias apunta a algunas cuestiones relacionadas con accidentes, enfermedades, invalidez, pero ciertamente estamos hablando solamente de cuestiones de tipo sanitario y además muy localizado; nada que ver con otro tipo de contingencias relacionadas con bonificaciones de la Seguridad Social, con jubilaciones, todo este mundo tan complejo.
Nosotros lo que hacemos es plasmar este universo de reivindicaciones.
Para nosotros es muy importante. Ya he hablado de los antecedentes, es un debate nuevo. El solo hecho de presentarlo y que esta Comisión tuviera a bien, digamos, adoptarlo, dar un voto favorable a un cierto avance, sería ya de por sí importante.
Si me permiten, la iniciativa que presentamos tiene tres puntos, uno contempla todo lo relativo a las contingencias que pudieran sufrir los bomberos voluntarios en acto de servicio como profesionales en materia de Seguridad Social, siendo asimiladas a accidentes de trabajo, tanto en lo referido a acceso a prestaciones como en materia del cálculo de las bases reguladoras de las mismas. En un segundo punto pedimos que se reconozca el tiempo dedicado al ejercicio de la labor de bombero voluntario como periodo asimilado al alta a efectos de acceso a las prestaciones en los términos determinados en la normativa de Seguridad Social, así como que sean considerado como periodos en alta y de cotización efectiva y por las bases mínimas del sistema los periodos de servicio activo a efectos de prestaciones del sistema. Finalmente proponemos que se establezca un sistema de bonificación de cuotas a la Seguridad Social en aquellas empresas que tengan contratados o contraten a trabajadores o a trabajadoras que ejerzan de bomberos voluntarios. Estos son los ítems óptimos. Por esto estamos de acuerdo con la enmienda que presenta el Grupo Socialista, que hemos negociado con el diputado Membrado -le corresponde a él explicarla-. Estamos de acuerdo porque por primera vez el Gobierno en cinco meses elaborará un estudio o un informe. Ya he dicho que empezábamos casi de cero, puesto que hay muchos temas que corresponde legislar a esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, ha consumido ya su tiempo. Le ruego que vaya concluyendo.
El señor TARDÀ I COMA: Termino. Dentro de cinco meses el Gobierno presentará este informe para trasladarlo
a la Comisión del Pacto de Toledo y a partir de aquí podremos empezar a buscar las fórmulas para que de una vez por todas podamos situar al bombero voluntario donde le corresponde en el reconocimiento social y básicamente, por lo que nos afecta aquí, legislativo.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jesús Pérez Arca.
El señor PÉREZ ARCA: Señorías, antes de nada, me gustaría empezar mi intervención reconociendo y agradeciendo la impagable labor que realizan los bomberos voluntarios y cuando digo impagable, si se me permite el hasta cierto punto chiste fácil, no lo digo solo por el carácter altruista de esta actividad, que también, sino por la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad, primero como espejo en el que mirarse, para tomar referencias, y referencias de las buenas, de las que muchas veces la sociedad actual está tan huérfana. Esta figura implica una serie de valores. Hablar del bombero voluntario es hablar de generosidad, de entrega, de solidaridad, de altruismo y de sacrificio, hasta el punto en que muchas veces arriesgan su integridad personal por el bien de todos y a cambio de nada. Pero no solo es esto. Sabemos que el voluntario pasa por un proceso de selección, de formación y de carrera dentro del cuerpo muy exigentes que le lleva a desarrollar en muchos casos un extraordinario nivel de competencia y cualificación necesarios para atender a cualquier contingencia. Por otro lado, los bomberos voluntarios tienen una presencia importantísima en nuestro país, nutriendo en gran número los servicios de emergencia de las comunidades autónomas, y esto es así hasta el punto que al día de hoy estos servicios serían impensables sin la presencia de esta figura o cuando menos tendrían una fisonomía bien distinta.
Dicho esto respecto a la PNL que el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya ha traído hoy aquí, compartimos la preocupación y el deseo de que los bomberos voluntarios desarrollen su trabajo en las mejores condiciones posibles y por lo tanto abogamos por que se estudien todas las fórmulas, incluida la que hoy debatimos, aunque ya les digo que de entrada no nos parece ni mucho menos la más adecuada. Sería más lógico a nuestro entender que cualquier medida conducente a mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos voluntarios no se hiciera con cargo a las cotizaciones sociales y sí se hiciese a cuenta de la imposición general. De hecho la primera recomendación del Pacto de Toledo que habla de separación de las fuentes y financiación así lo recomienda.
Hablando de este asunto, el Estado no es ni el único ni el principal actor llamado a jugar un papel. En este sentido queremos recordar que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen una mayor proximidad y competencias respecto a estos servicios y que pueden a su vez habilitar sus mecanismos de protección para estos cuerpos. A pesar de ello y sabiendo que hay un cierto interés en esta propuesta -me parece haber visto por ahí que hay una iniciativa de CiU que anda más o menos en esta misma línea-, nosotros desde luego no nos vamos a oponer a que se estudie esta posibilidad en el foro adecuado, que entendemos que puede ser la Comisión del Pacto de Toledo, pero pedimos una reflexión seria y serena, y por ello hemos presentado esta enmienda para que se analicen los pros y los contras y la viabilidad de la propuesta que hoy se hace desde el grupo proponente. Y cuando hablamos de viabilidad tenemos que ver si los deseos se pueden convertir en realidades. Estamos hablando de medidas que tienen un importante impacto, un importante coste económico para el Estado, para la Seguridad Social, y no hace falta recordar que estamos sumidos en una gravísima crisis económica que está afectando muy negativamente a las cuentas públicas, que los recursos son limitados y aunque siempre hay que establecer prioridades, en estos momentos todavía más porque los frentes abiertos son muchos.Cuando hablamos de pros y contras también puede surgir en el debate si un trabajo que es voluntario debe suponer algún coste para el Estado, o si lo que se pide para los bomberos habría que hacerlo extensivo a otros colectivos de voluntarios, y lo que no sabemos es hasta dónde se puede estirar la goma sin que se rompa y por eso pienso que es bueno que reflexionemos y que llevemos el debate a donde tenemos que llevarlo.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Diego González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (don Miguel): Efectivamente, la proposición no de ley que hoy trae a debate en el seno de esta Comisión el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds supone para mi grupo parlamentario, para el Grupo Socialista una propuesta muy interesante y muy válida y además sirve para hacer, como ya han comentado otros grupos, un reconocimiento expreso de las Cortes Generales a la labor que desempeñan los bomberos voluntarios, que ejercen su tarea, como decía el diputado Tardà, prácticamente en todas las comunidades autónomas de nuestro país, y que además son un complemento eficaz y con mucho valor humano de los cuerpos de bomberos de carácter profesional.
El diputado señor Tardà ha definido muy bien en su proposición no de ley, de una manera muy acertada entiendo yo, la figura del bombero voluntario.
Se trata de personas que han demostrado sobradamente su extraordinaria eficacia. Son personas que se integran sin problemas en los parques de bomberos profesionales y además que actúan con total inmediatez en un medio que suelen conocer casi a la perfección. También, como se cita en la PNL, se trata de un valor añadido para las empresas donde trabajan, sobre todo en materia de seguridad. Por tanto, como tantas y tantas personas que en nuestros países se dedican al voluntariado civil, su trabajo
es impagable, altruista, y su compromiso ciudadano los hace merecedores de nuestro aplauso. Sin embargo, una vez que hemos hecho estas consideraciones previas, en las cuales evidentemente coincidimos todos, también es necesario que mi grupo parlamentario se posicione acerca de la iniciativa que estamos debatiendo.
Como decía el diputado Tardà, la proposición no de ley insta al Gobierno a que se acometan las reformas necesarias para que las contingencias que puedan sufrir los bomberos voluntarios en acto de servicio sean cubiertas por la Seguridad Social. Sin embargo, según el artículo 7.a del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, solo estarán comprendidos en el sistema de Seguridad Social aquellos trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en las condiciones que establece el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, y entre estas condiciones, como sabemos, figura la exigencia de que se trate de servicios retribuidos. Es evidente que el colectivo de bomberos voluntarios no percibe retribución económica alguna por ejercer su trabajo voluntario, con lo cual el aseguramiento de los riesgos laborales debería hacerse al margen del sistema de la Seguridad Social, algo así como una especie de seguro de responsabilidad civil. En este sentido es muy complicado encontrar un encaje legal para asimilar un colectivo voluntario a los demás trabajadores que desempeñan su trabajo, su labor bajo el paraguas de la Seguridad Social.
Por este motivo principal el Grupo Parlamentario Socialista ha elaborado una enmienda transaccional que ya el señor Tardà ha comentado que le parece adecuada y que básicamente propone lo siguiente. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar en el plazo de cinco meses un informe acerca de la figura del bombero voluntario para remitirlo a la Comisión del Pacto de Toledo, que incluya además el estudio de las regulaciones que ya existen en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos, así como aquellas otras que son utilizadas para cubrir los riesgos de accidente y de enfermedad derivados del ejercicio de la actividad voluntaria. Los diputados del Grupo Socialista entendemos que con esta enmienda instamos al Gobierno a trabajar en la línea que ha propuesto el diputado Tardà, que es avanzar en la protección y en el reconocimiento del bombero voluntario, de tal forma que este colectivo continúe llevando a cabo su importante labor cívica en las condiciones más ventajosas. Sin duda que el consenso de todos los grupos parlamentarios en torno a la figura del bombero voluntario va a servir para encontrarnos en un espacio común que todos defendemos y que no es otro que el trabajo voluntario, el compromiso cívico y la protección de los ciudadanos y del medio ambiente por los propios ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, entiendo por lo tanto que existe una transaccional que está acordada ya con el Grupo Socialista, no sé si también con el Grupo Parlamentario Popular.
El señor TARDÀ I COMA: La transaccional la ha firmado Esquerra Republicana con el Grupo Socialista, ya la presentaremos y no nos importa que la firmen otros grupos. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Eso no es una transaccional.)
El señor PRESIDENTE: Se entiende que no admite usted las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y se someterá a votación la transaccional, que les ruego pasen a la Mesa a la mayor brevedad posible.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001564.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es sobre la constitución del Consejo Estatal del Autónomo, regulado en el artículo 22 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra su autor, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Como todos ustedes saben, la Ley 20/2007, de 11 de julio, que va ya camino pronto de los tres años de vida, reguló el Estatuto del trabajo autónomo y dentro de la misma se contemplaban una serie de disposiciones cuyo desarrollo reglamentario se debería realizar a su posterior entrada en vigor. Entre ellas hay una cuestión que a nosotros nos parece de singular importancia, como es la contenida en el artículo 22 de la ley, el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, que todavía no se ha llevado a efecto. Somos conscientes de que esta cuestión tiene una imbricación directa con otra cuyo desarrollo reglamentario también prevé la ley, que es la dispuesta en el artículo 21, relativa a la representatividad de las asociaciones de autónomos, y sabemos que el Gobierno ha estado y está trabajando en esta materia. Somos conscientes de ello y de la dificultad que puede entrañar ir a un sistema representativo que en principio el propio articulado de la ley no prevé como electivo, sino en virtud de una serie de parámetros o baremizaciones que puedan llevar a determinar con mayor o menor grado de objetividad la diversa representatividad que puedan tener las diversas asociaciones de autónomos. Pero lo cierto es que el trascurso del tiempo sigue ahí, como dicen los viejos relojes que en muchas torres están situados: omnes feriunt ultima necat, todas hieren y la última mata -referidas obviamente a las horas del reloj-.
Estamos en la Cámara, se constituyó ayer mismo la ponencia sobre una cuestión que afecta directamente a los derechos de los autónomos como es la prestación por cese de actividad y lógicamente, de haber existido ya este Consejo Estatal del Autónomo, hubiera podido
dictaminar, hubiera podido dar criterio y opinión desde el sector en relación con el proyecto de la ley que finalmente el Gobierno ha traído a esta Cámara. Por lo tanto empieza ya a haber desarrollos que sería bueno que tuvieran, dentro de la institucionalización que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo dispone, los mecanismos de opinión y de actuación que la ley prevé a través de este Consejo del Trabajo Autónomo.
A esta proposición no de ley se ha planteado por parte del Grupo Socialista una enmienda. El texto resolutivo de la proposición dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno adoptar sin dilación las medidas oportunas para que se constituya el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo contemplado en el artículo 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto el Trabajo Autónomo. La formulación de la enmienda lo que propone es la sustitución de la expresión sin dilación por en el plazo más breve posible. No le oculto, señor presidente, que esta mañana al ver la enmienda he recurrido a la Real Academia de la Lengua Española para cotejar el diverso alcance y extensión de las expresiones que unas y otras partes estamos poniendo encima de la mesa, pero que en definitiva nuclean un punto creo común, que es resaltar la importancia que desde esta Cámara se le da como mandato, como declaración de intenciones políticas al Gobierno de que por fin se haga este impulso definitivo para que se constituya el Consejo del Trabajo Autónomo. La palabra dilación a la que nos referimos en nuestro texto se traduce por demora, tardanza o detención de algo por algún tiempo, cuestión que obviamente está ocurriendo en el caso que estamos tratando en estos momentos. Y si vemos el alcance de la palabra tardar, significa emplear tiempo en hacer algo.
Si vemos la palabra demora, significa tardanza o dilación. No voy a hacer una fijación a la acepción segunda de la Real Academia que dice que en las Américas coloniales significaba temporada de ocho meses que debían trabajar los indios en las minas, porque a lo mejor acepta esta propuesta mi compañera (Risas.), y yo quiero que el consejo se constituya antes de los ocho meses, según el sentido de la palabra que acabo de mencionar.
Por lo tanto, insisto en la vocación y voluntad política de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular -por cierto, solicitada por parte de varias asociaciones, algunas muy próximas al grupo mayoritario-, de plantear este incentivo para animar a resolver de una vez los problemas que hay para llevar a la práctica el cumplimiento de la Ley del Trabajo Autónomo. Pese a ello le ofrezco a la ponente del Grupo Socialista el texto original nuestro, evidentemente existe el suyo, pero podría considerar también si incluso, a la vista del alcance de las palabras, no es igualmente adecuado hablar sin tardanza o sin demora.
Elija la que usted quiera, pero en definitiva lo que nosotros queremos es que sin tardanza, sin demora, sin dilación o a la mayor brevedad posible esto se resuelva. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Sin tardanza ni demora, le doy la palabra a doña Remedios Elías.
La señora ELÍAS CORDÓN: El Grupo Popular presenta una proposición no de ley sobre la constitución del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo y me parece bien que el Partido Popular se una en la defensa del colectivo de los autónomos, sobre todo cuando esta proposición no de ley se presentó por parte del Grupo Socialista y se abstuvo en la votación. Fue muy bien defendida por el señor De la Rocha y al Grupo Popular en ese momento no le pareció bien apoyar aquella proposición no de ley.
Me parece bien, como le digo, que hablemos de autónomos, porque en este caso, señoría, los autónomos han sido durante muchos años los grandes olvidados en este país, sobre todo por los diferentes gobiernos, que son los que tenían que legislar, y la aprobación de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, en la legislatura pasada respondió al compromiso de los socialistas por el trabajo autónomo, por los trabajadores autónomos, por el fomento y el desarrollo de la participación de los autónomos a través de sus asociaciones, por la puesta en valor del trabajo por cuenta propia y por su importancia en la creación de riqueza y generación de empleo. Y fue, como digo, un gobierno socialista el que impulsó una ley que mediante el diálogo y el consenso fue aprobada por todos los grupos de esta Cámara. Es una ley en la que se reconocen para los trabajadores autónomos derechos individuales y colectivos equivalentes a los de los trabajadores por cuenta ajena, pero sobre todo lo que hace la ley es dignificar el trabajo y al trabajador autónomo.
Señor Azpiroz, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo no pretende completar todas las dificultades entre los asalariados y los autónomos, como dice en la exposición de motivos. La ley lo que persigue es reconocer derechos individuales y colectivos a los trabajadores autónomos, establecer las líneas generales de las políticas activas para fomentar el empleo autónomo y mejorar la protección social de los trabajadores autónomos que "tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena en el régimen general de la Seguridad Social", como dice el artículo 26.5 de la mencionada Ley 20/2007, de 11 de julio.
Habla usted del fracaso de la LETA por el no desarrollo reglamentario en su totalidad y por no haber sido suficientemente publicitada y achaca a estas causas las bajas en Seguridad Social durante 2009. Pues bien, señoría, estas causas nada tienen que ver con la destrucción de empleo entre los autónomos. Las causas más importantes son los sectores de la construcción y servicios, que suponen más del 80 por ciento. El comercio minorista, la hostelería y el transporte responden de forma muy sensible a cualquier cambio en la economía o en los parámetros de consumo, que unido a la falta de
liquidez han sido las principales causas de cierre de negocios durante el año 2009.
En cuanto al Estatuto del trabajo autónomo, es sin duda una norma dinámica que permite a los autónomos avanzar en sus derechos, y su entrada en vigor ha dado lugar al reconocimiento de una serie de derechos y beneficios para los trabajadores que se han ido desarrollando durante este tiempo, mientras que otras medidas han requerido de un desarrollo reglamentario, que en algunos casos ya se ha realizado mediante el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, que recoge la regulación de los aspectos concretos del contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y el registro del contrato suscrito entre dicho trabajador autónomo y su cliente o la creación del registro estatal de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. Todas estas medidas se han tomado en el marco del diálogo y consenso con las asociaciones de autónomos y son ellas las que valoran muy positivamente el apoyo dado por el Gobierno socialista, porque a pesar de no haberse constituido el Consejo del Trabajo Autónomo, las asociaciones de autónomos han estado trabajando juntamente con el Gobierno. Así, se constituyó la mesa del trabajo autónomo para poner en marcha medidas específicas para paliar la situación del colectivo de autónomos. También están participando, por primera vez en la historia parlamentaria, en comparecencias aquí para aportar sus enmiendas y sus criterios a la hora de elaborar las diferentes leyes que se aprueban en el Parlamento y que les afectan directamente, pero resulta evidente que aún quedan por desarrollar diversas medidas como por ejemplo la que estamos hoy debatiendo aquí, pero bien es cierto que el Consejo del Trabajo Autónomo y el procedimiento de declaración de representatividad de las asociaciones son dos cuestiones interrelacionadas, como bien ha dicho usted, por lo que se ha optado por reunir en un mismo reglamento ambas cuestiones y se ha tratado de buscar un texto consensuado entre las distintas partes intervinientes, lo que ha supuesto mantener un complejo proceso de búsqueda de acuerdos que se ha dilatado en el tiempo hasta el momento actual, en que se ha elaborado un borrador de real decreto que próximamente y tras pasar todos los trámites preceptivos, será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación. Por tanto, para los socialistas y para el Gobierno socialista los autónomos siguen estando en el centro de nuestra agenda política, por lo que vamos a llegar a un acuerdo con el proponente para conseguir entre todos desarrollar cuanto antes las normas previstas en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que esta proposición se someterá a votación con la enmienda aceptada por el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Sí, señor presidente. He dicho que la enmienda está a disposición de la voluntad política de la proponente y si la mantiene la aceptaremos; si quiere el texto como estaba, también, y si no las transaccionales in voce le permiten elegir el vocablo que estime más procedente el Grupo Socialista.
- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ANTE EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES COMUNITARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001565.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la siguiente proposición, punto 7º del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de los derechos de los trabajadores ante el ejercicio de las libertades comunitarias. Para la defensa de la misma y su exposición tiene la palabra don Javier Carro.
El señor CARRO GARROTE: Efectivamente el derecho básico comunitario expresado en sus tratados, directivas y resoluciones viene protegiendo paralelamente la libre circulación de personas, de trabajadores y de mercancías, de tal forma que se hace necesario clarificar la aplicación del derecho comunitario, sus correspondencias en los Estados y especialmente las consecuencias concretas que esta libertad de circulación tiene para los derechos de los trabajadores. Tras la aprobación definitiva de la Directiva 2006/123, llamada Directiva de Servicios, por el Parlamento Europeo y el Consejo el pasado 12 de diciembre del 2006, y de la Ley llamada ómnibus el pasado diciembre del 2009 en el Congreso, y especialmente a la vista de alguna sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, parece que más por la atención y extensión legislativa y mediática que de fondo de la cuestión del debate de la propia Directiva de Servicios prevaleciera la libertad de las empresas para prestar servicios en todo el ámbito comunitario sobre los derechos de los trabajadores afectados por la movilidad transnacional en el ejercicio de su función laboral. Es un hecho, por tanto, que existe una tensión entre la legislación comunitaria, que reconoce el derecho del trabajador a las condiciones de trabajo de aplicación en el lugar de prestación de los servicios, y algunas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que contradicen parcialmente este derecho, por ejemplo, en el caso Viking, que enfrentó a esta empresa con el sindicato de marinos finlandeses, la FSU, un conflicto colectivo que afectaba a trabajadores desplazados por la empresa entre dos Estados miembros.
Desde el punto de vista del Grupo Socialista la proposición no de ley que hoy presentamos ante esta Comisión de Trabajo debe recuperar y reforzar el equilibrio sobre el que se sustenta la Directiva 96/71 de la Comunidad Europea, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios. En concreto esta directiva es clara al indicar en su artículo 3.1 que
los Estados miembros velarán por que cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo que en el Estado miembro donde efectúe el trabajo estén establecidas. En el mismo artículo se concreta además que se trata tanto de las condiciones recogidas en disposiciones legales reglamentarias o administrativas como de la aplicación de convenios colectivos o laudos arbítrales en general.
Por otra parte la Comisión Europea, precisamente con el ánimo de mejorar el cumplimiento de esta directiva, ha impulsado recientemente varios estudios destinados a analizar tanto los problemas de interpretación de la directiva como aquellos derivados de los problemas de aplicación y control de la misma. Dichos estudios han sido encargados y así lo ha anunciado recientemente el comisario de Empleo y Asuntos Sociales László Andor en la conferencia sobre desplazamiento de trabajadores celebrada en Oviedo los pasados días 17 y 18 de marzo dentro del marco de la Presidencia española de la Unión Europea. Creemos que debe ser esta la interpretación y aplicación correcta, señorías, porque la propia Directiva de Servicios en su redacción final, aunque no en los proyectos previos, reconoce en su artículo 1.6 y 1.7 que la presente directiva no afecta al derecho laboral ni al ejercicio de los derechos fundamentales, tampoco afecta al derecho de negociar, celebrar y aplicar convenios colectivos y emprender acciones sindicales. Con la proposición no de ley que presentamos pretendemos, tal como se expone en el texto de la misma, potenciar y favorecer la creación de empleo en el ámbito comunitario, pero al mismo tiempo clarificar esta dualidad que antes explicaba.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda en la que nos aporta algunas iniciativas concretas en línea con los principios que defendemos en nuestra proposición, pero que no son susceptibles de iniciarse o de plantearse en los términos que están escritos, dado que en el ámbito de la Unión Europea existe ya la llamada red Eures, que se dedica precisamente a estas funciones. Por ello hemos pactado con el Grupo Popular una transaccional que recoge en esencia sus propuestas, pero incardinándolas en la actual red Eures, por lo que agradecemos la disposición al diálogo del Grupo Popular y esperamos también que el resto de grupos apoyen esta iniciativa; algunos de ellos ya han firmado la transacción y por lo tanto esperamos que con esta iniciativa podamos avanzar en la protección de los derechos de los trabajadores en el ámbito del trabajo en distintos países de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Para defender la posición y las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Marta Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Señoras y señores diputados, la liberación del mercado laboral, la eliminación de cualquier tipo de barreras o de fronteras para el desarrollo de las actividades comerciales y empresariales entre los países miembros ha sido y es uno de los objetivos fundamentales sobre los que se sustenta la Comunidad, la Unión Europea.
Por eso, desde la aprobación de la Directiva 96/71, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacionales, se ha realizado un importante esfuerzo para conseguir la igualdad de derechos, de condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores dentro del marco europeo. La implementación de esta normativa se ha visto fuertemente condicionada por las circunstancias económicas y sociales que han afectado a la realidad actual de la Europa del siglo XXI, circunstancias tan significativas como la incorporación de nuevos Estados miembros con su impactante repercusión en el mercado laboral.
Señoras y señores diputados, durante años España, nuestro país, ha sido el escenario propicio para la llegada de trabajadores que han encontrado la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, situación que por desgracia en estos momentos se ha empañado a consecuencia de la crisis económica y, si me lo permiten, de la ineficacia de las medidas tomadas para frenar el desempleo, con lo cual nuestro país lidera en Europa el número de parados y cada vez son más los españoles que buscan su porvenir fuera de nuestras fronteras.
El Partido Popular se ha caracterizado siempre por su vocación europeísta, razón más que suficiente para que desde el Grupo Popular vayamos a respaldar esta proposición no de ley, entendiendo que su intención es la protección de los derechos de los trabajadores. Aun así creíamos que esta proposición no de ley podía ser enriquecida; de ahí que hayamos presentado una enmienda con diferentes puntos, que tengo que agradecer al diputado socialista señor Carro que hayan sido recogidos en esta enmienda transaccional, porque además durante estos meses nuestro país, España, ostenta la Presidencia de la Unión Europea. Por lo tanto consideramos que es un momento más que idóneo para que desde el Gobierno se impulse y se divulgue la red Eures como oficina europea, cuyas funciones van a facilitar la inspección y el control en aquellas actividades relacionadas con el desplazamiento de trabajadores entre países de la Unión. Además esta red va a propiciar y establecer de una forma clara para todos los países miembros los requisitos y las medidas de control administrativos, así como los caminos de ayuda mutua e intercambio de información para que dicha cooperación funcione de una manera eficaz y eficiente. Esta medida va a garantizar la protección de los derechos de los trabajadores evitando el dumpin social al permitir el control en la aplicación de la condición de trabajo más favorable entre el lugar de ejecución de la actividad y la sede de la empresa, como se estipula en una de las recomendaciones de la propia directiva comunitaria. La consecución de todo ello implica, cómo no, contar con sistemas basados en las nuevas tecnologías que potencien este intercambio de información entre
los Estados, de manera que llegue a todos los agentes sociales e instituciones de una forma clara y accesible. De ahí la propuesta que hacíamos desde el Grupo Popular y que ha sido también recogida en esta enmienda transaccional de potenciar y de mejorar la página web informativa de la red Eures, que va a posibilitar el intercambio de información tanto para los empleadores como para los empleados sobre las normativas laborales, además de fomentar y potenciar campañas divulgativas permanentes que refuercen todos los sistemas de información y que permitan el conocimiento y la cooperación de la normativa europea en esta materia.
- SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DE FECHA 08/12/2009, PARA LAS PAREJAS CASADAS POR EL RITO GITANO QUE VIERON DENEGADAS EN SU DÍA SU PENSIÓN, PESE A HABER COTIZADO A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL TIEMPO EXIGIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001568.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasaremos a la 8.ª proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre reconocimiento de la pensión de viudedad en los términos señalados en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de fecha 8 de diciembre de 2009, para las parejas casadas por el rito gitano que vieron denegada en su día su pensión, pese a haber cotizado en la Seguridad Social durante el tiempo exigido. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Concepción Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Socialista, que vamos a aceptar, para que esta proposición no de ley en torno a la viudedad de las mujeres gitanas sea admitida.
El pasado 8 de abril se celebró en todo el mundo el Día Internacional de los Gitanos, y desde el Partido Popular nos felicitamos por ello y felicitamos también a toda la colectividad del mundo gitano, tanto a los gitanos españoles como a los de otras nacionalidades que viven en España.
Queremos que esta celebración sirva para profundizar en el camino, para erradicar cualquier tipo de discriminación, para mejorar las condiciones de vida de las familias gitanas y para reflexionar sobre el presente y el futuro de los gitanos. Desde el Partido Popular reconocemos y valoramos la importantísima aportación que los gitanos a lo largo de los siglos han hecho a la cultura española, y les felicita por su indiscutible reconocimiento internacional.
En el Partido Popular hemos hecho nuestra la reivindicación del reconocimiento de la pensión de viudedad para las personas casadas por el rito gitano, de acuerdo con esta sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha reconocido este derecho a una gitana española. Ya hace un tiempo, al conocer el caso de esta gitana más conocida como La Nena, desde el Partido Popular nos planteamos presentar esta reclamación que nos parece justa, que nos parece solidaria con un colectivo no muy numeroso en cuanto al número de viudas gitanas y además nos animamos a convocar a todas las mujeres de etnia gitana a que hagan valer sus derechos.
Esta sentencia del Tribunal Europeo no reconoce la validez de ese régimen del matrimonio gitano pero sí le reconoce unos derechos que esta mujer gitana tenía. Esta mujer había nacido en 1956 y se había casado en 1971 por el rito gitano, comunidad a la que pertenecían ambos contrayentes, y además habían tenido seis hijos. El Estado les había reconocido todos los derechos ya que tenían su libro de familia y durante diecinueve años este señor había cotizado a la Seguridad Social. Aquello fue un hito muy importante para las mujeres gitanas, fue un hecho que ellas celebraron, ya que para las mujeres gitanas el matrimonio es algo muy importante, es algo que viven con total expectación. Si las mujeres hemos gozado en algunos momentos de nuestra vida de discriminación, las mujeres gitanas lo han tenido doblemente. Sin embargo, para ellas, el día de su matrimonio es una de sus señas de identidad; ese día la mujer gitana cobra toda su relevancia, todo su protagonismo. Por ello hay muchas mujeres gitanas y muchas parejas gitanas que todavía se resisten a casarse por otro rito que no sea el gitano, a pesar de que desde las asociaciones de etnia gitana en toda España les instan a que pasen por el Registro Civil, a que consoliden sus matrimonios.
En concreto, el presidente de la Fundación del Secretariado Gitano, que ha sido el que ha llevado el caso conocido de La Nena, decía que esto era un reconocimiento a esa comunidad que ha vivido muy cerca -de hecho son todos españoles de los que estamos hablando en este momento-, y decía este señor que cuando se casó María Luisa no había otra posibilidad, que es lo que se pide que se reconozca en el Pacto de Toledo. En este momento que vamos a reformar sobre todo la pensión de viudedad, será importante que nosotros, los políticos de los diferentes partidos, reconozcamos aquí la validez de ese número de mujeres -no sabemos cuántas hay en este momento, aunque no serán muchas- casadas solamente por el rito gitano. Es un reconocimiento que les debemos y que tenemos que intentar sacar adelante en el marco del Pacto de Toledo. De alguna manera, la comunidad gitana está de moda estos días, no solamente por esa cumbre que acaban de celebrar en Córdoba, donde se han puesto de manifiesto todos sus valores, todo lo que la comunidad gitana aporta a la sociedad española. El Consejo de Ministros del viernes pasado hablaba también de un plan de acción para la población gitana de 2010 a 2012, con una serie de ejes donde se va a actuar, y uno de los apartados -y a mí me parece muy bien- es el apartado de las mujeres.
Insisto, las mujeres gitanas están todavía muy discriminadas, hay una población de gitanas inactivas de más del 70 por ciento, pero ellas, al igual que el resto de las mujeres, siguen siendo el centro de la familia, y para la población gitana la familia es muy importante. En el plano educativo, las mujeres gitanas son las que mejores resultados académicos ocupan respecto a los varones y, sin embargo, sus condicionantes sociales les frenan más que al resto de las mujeres. Por ello, aceptamos la enmienda del Partido Socialista para que esta proposición no de ley que trae hoy aquí el Partido Popular se debata en el marco del Pacto de Toledo y de alguna forma devolvamos algo a esta sociedad gitana, a este colectivo gitano.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Mercedes Gámez.
La señora GÁMEZ GARCÍA: Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición y para defender la enmienda planteada por mi grupo en relación con la proposición no de ley sorbe las medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 8 de diciembre de 2009, sobre el reconocimiento de la pensión de viudedad para aquellas personas a las que se les denegó la pensión de viudedad pese a la cotización a la Seguridad Social del causante.
En primer lugar, señorías, sobre la pretensión principal de la proposición, quisiera hacer un breve análisis sobre el órgano judicial.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano creado por el Consejo de Europa en el contexto del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero que no forma parte de la estructura propia de la Unión Europea y que por lo tanto no vincula del mismo modo que el resto de las sentencias de los órganos comunitarios.
La sentencia en la que se basa la proposición no de ley tiene eficacia solo entre las partes, obligando únicamente al Estado español y a la demandante, por lo que su contenido literal no se puede extrapolar a otros casos similares al planteado por la sentencia. En este sentido, y en cuanto a lo que se nos plantea en la proposición no de ley original, supondría una ruptura de los principios básicos procedimentales no solo del derecho español sino también de lo establecido por el propio órgano de protección de derechos fundamentales europeo. Por este motivo hemos planteado la enmienda que ha sido remitida a todos los grupos, puesto que entendemos que la proposición original supondría una modificación de la Ley General de la Seguridad Social puesto que incluye una modificación de la configuración de la pensión de viudedad, y entendemos que dicha petición de reformulación de la pensión debe realizarse en el seno del Pacto de Toledo que hemos comenzado a reformar y en el que estamos seguros de que los grupos alcanzaremos un acuerdo satisfactorio para la sociedad española, no solo en torno a la pensión de viudedad sino en el conjunto del mismo.
En lo que respecta a la cuestión de fondo, el reconocimiento del derecho de acceso a la pensión de viudedad a personas que han contraído matrimonio por el rito romaní, sin inscripción del mismo en el registro, entendemos que se trata de una cuestión totalmente superada, ya que en el año 2007, a través de la Ley de medidas en materia de Seguridad Social, se superaba dicha cuestión en materia de viudedad, y fue un Gobierno socialista el que lo hizo, puesto que recordemos que este caso proviene del año 2000, año en el que el Partido Popular tenía la responsabilidad de Gobierno y no se realizó nada respecto a este caso ni en relación con la problemática de las uniones no matrimoniales. Respecto de las uniones no matrimoniales, el Partido Socialista amplió en la pasada legislatura sus derechos, puesto que somos conscientes de la multiplicidad de tipos de familias que existen en nuestro país, que ya sea por motivo étnico, religioso, cultural o ideológico no formalizan civilmente su unión pero que también tienen derecho a ser beneficiarios de derechos y no ser discriminados en el acceso a su pensión de viudedad.
En lo que se refiere al apoyo al pueblo romaní, en el que se inspira la proposición no de ley del Partido Popular, por lo que les felicitamos, entendemos que el apoyo al pueblo romaní debe ir más allá y encuadrarse en la lucha por la integración y en la eliminación de las discriminaciones que aun persisten, articulando medidas concretas en el plano de los hechos que se dirijan en dicho sentido, puesto que en la lucha contra la discriminación lo importante son las medidas como las que vamos a empezar a tomar aquí, y romper las brechas que separan articulando medidas que respeten las diferencias y que a su vez integren sin desigualdades.
En estos proyectos nos encontramos los socialistas desde hace muchos años, ya que fue en el año 1989 cuando un Gobierno socialista, el de Felipe González, creó el programa de desarrollo gitano que en la actualidad sigue en funcionamiento. Más recientemente podemos destacar la creación en el año 2005 del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y la Fundación Instituto de Cultura Gitana, o la reciente creación en el seno del Ministerio de Igualdad del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico, o la preparación por este mismo ministerio del anteproyecto de ley de igualdad de trato. Asimismo, la celebración, como ya ha destacado la portavoz del Grupo Popular, de la II Cumbre europea sobre población gitana, realizada en Córdoba, o el Plan de acción para el desarrollo de la población gitana 2010-2012, con una dotación de 107 millones de euros y una serie de medidas incardinadas en varios ejes de acción, tales como la educación, la sanidad, la vivienda, la cultura o el empleo. En definitiva, hemos demostrado el compromiso que tenemos con el pueblo romaní desde hace muchos años. En este sentido, y en relación con la
proposición no de ley que discutimos en el día de hoy, el Grupo Socialista le pide al resto de grupos el apoyo a la misma, junto con la enmienda que ha sido aceptada por el Grupo Popular, puesto que entendemos que se circunscribe la cuestión en el marco en donde debe situarse, en el seno del Pacto de Toledo, ya que es el lugar adecuado para que el Congreso de los Diputados plantee al Gobierno la necesidad de reformas legales en relación con las pensiones. Dado que todos los grupos entienden, o al menos el Grupo Socialista así lo hace, que es necesaria una reformulación integral de la pensión de viudedad, instamos con esta enmienda planteada a que dentro de esa reformulación integral se recoja este caso concreto que afecta a las personas casadas conforme al rito romaní y su acceso a la pensión de viudedad.
- CON EL FIN DE MODIFICAR EL REAL DECRETO 1369/2006, DE 24 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN PARA DESEMPLEADOS CON ESPECIALES NECESIDADES ECONÓMICAS Y DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001224.)
El señor PRESIDENTE: Como veo que está distraída doña María Gracia, vamos a pasar a la 4.ª proposición no de ley, aprovechando que está aquí doña Rosa Díez, porque al final nos va a cuadrar todo, no entiendo cómo, pero al final va a cuadrar todo. Por lo tanto, vamos a pasar a debatir la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a modificar el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Para la defensa de la misma tiene la palabra su autora, doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias a todos los miembros de la Comisión por haber colaborado a que encontremos un momento en el que, entre Comisión y Comisión, podamos debatirla. Les agradezco que lo hayan retrasado y que podamos debatirla en este momento.
Como SS.SS. han visto, la propuesta que sometemos a su consideración pretende que se modifique el Real Decreto 1369/2006 que regula la renta activa de inserción, extendiendo esta renta a los menores de 45 años. Por tanto, la reforma fundamental sería la desaparición de la limitación de la edad de 45 años.
El resultado de esta modificación supondría que esta ayuda sería universal, es decir, una ayuda de aplicación a todos los ciudadanos desempleados que reunieran las condiciones al margen de la edad o de la fecha en la que perdieron la prestación, que es algo que aparece limitado por el real decreto que se pretende sustituir. Este programa sería permanente y no temporal como lo es el que regula la Ley 14/2009, aunque sea un programa que se puede ampliar, como de hecho se acaba de hacer. La norma actual es, a nuestro juicio, una norma cicatera, entendiendo bien la expresión en el sentido que está por debajo de lo que creo que el Gobierno y el Estado puede hacer por resolver y enfrentar los problemas de estas personas que han perdido todo tipo de subsidio y es, por tanto, a nuestro juicio, injusta. No garantiza la protección para todos los ciudadanos que la necesitan y es injusta porque al establecer una fecha límite de solicitud deja fuera de ese derecho a quienes además de reunir todas las condiciones de haber dejado de percibir cualquier tipo de subsidio o prestación por desempleo -lo más importante por supuesto- llevan más tiempo en esa situación, más tiempo desamparados. Establecer la fecha límite para solicitar la prestación, como SS.SS. saben, hace que las personas que llevan más tiempo con necesidad de ayuda, queden fuera de esta prestación. Más tiempo desamparados y, sin embargo, nuevamente desamparados.
Hay muchos españoles -desgraciadamente cada vez más, como compartimos todos nosotros- que se quedan sin ningún tipo de cobertura, y conviene, a la hora de entrar en el debate, que aclaremos que la norma que pretende sustituir la renta activa de inserción, el programa que dio acogida al Real Decreto 10/2009 y después la Ley 14/2009, no prorroga la prestación al afectado, es decir, el programa se prorroga, pero el afectado, según consta en el artículo 1 de la mencionada ley, no podrá cobrar esa prestación más que una sola vez, es decir, se prorroga el programa pero no se prorroga la prestación. Por eso planteo que sea sustituido por una renta activa de inserción sin límite de edad, que como SS.SS. saben es una renta durante once meses.
En la situación actual hay otra discriminación, o si me permiten, otra expresión de cicatería en la norma actual más allá de que deja fuera, como les decía, a quienes más tiempo llevan sin protección, que es la segunda discriminación, que es la escasa duración, los seis meses frente a los once meses de la renta activa de inserción. En tercer lugar, como dije al principio, la renta activa de inserción -y esto me parece una consideración que no es menor- es un programa permanente frente al nuevo programa que, como decía, es un programa temporal que se prorroga, pero no se prorroga a la hora de poder acceder la misma persona al mismo.
Un programa permanente como es la renta activa de inserción se utiliza siempre que haga falta, pero su dotación económica, naturalmente, depende de la coyuntura social y de la coyuntura de nuestra economía. Puede requerir un gran esfuerzo; de hecho, desde que la renta activa de inserción está en vigor, en unas ocasiones ha tenido la necesidad de una dotación económica de mayor cuantía y otras veces menos, el programa es permanente, cuando la cuantía depende, porque se puede necesitar una gran cuantía en épocas de crisis económica y ser un programa residual en términos de cuantificación económica en épocas de bonanza económica, como ya se ha
producido. Pero siempre estará el programa ahí y siempre garantizará una cobertura minima y no discriminatoria a través de su permanencia en el tiempo.
Es posible, y seguro que está en la mente de los miembros de la Comisión que hayan tenido la oportunidad o la obligación de leer la proposición no de ley y la explicación de motivos, que nos preguntemos -yo misma también me lo he preguntado- si está nuestro país en este momento en situación de abordar una inversión -no lo llamaré gasto- complementaria, la que ya abordamos para dar respuesta a estas necesidades. Si tenemos dinero suficiente, si gastarlo en esto es una necesidad o si no se nos va de las manos, porque serían tantas las personas a las que tendríamos que hacer frente con esta prestación que nuestro presupuesto sería un presupuesto imposible de asumir. A mí me parece una consideración necesaria de plantear, porque los recursos no son ilimitados y siempre es necesario saber si estamos hablando de algo que podemos asumir. Yo creo que sí. El Gobierno tiene sin duda muchos más datos que los que tiene esta diputada y su partido a la hora de hacer la propuesta, y seguramente que en el Gobierno y en el Ministerio de Trabajo concretamente, cuando hayan hecho las cuentas, si es que las han hecho en función de esta propuesta, se habrán dado cuenta que el cálculo que nosotros planteamos de alrededor de 4.000 millones es un cálculo que se va de las manos, que realmente está muy por encima de la realidad de poner en marcha en este momento la renta activa de inserción. No les voy a enredar a SS.SS., entre otras cosas porque no me escucho, presidente. Hay tanto ruido que no me oigo. Decía que no les voy a enredar en cómo se harían los cálculos, pero nosotros, después de presentar la iniciativa, hemos estado mirando más papeles, como es nuestra obligación, y realmente, si el cálculo se hace teniendo en cuenta no solamente en un apartado a los hogares sin ingresos, menos los beneficios de rentas mínimas, multiplicado por el coeficiente corrector, el cálculo que a nosotros nos sale en el momento actual naturalmente, porque esto cambia con el tiempo y esperemos que hacia abajo, es de 1.619 millones aproximadamente, porque la renta activa de inserción y el cálculo que habíamos presentado en la iniciativa se iba mucho de esta cifra que yo creo que es la correcta.
La renta activa de inserción es una prestación, como SS.SS. saben, individual, aunque se tengan en cuenta los ingresos del conjunto del hogar, lo que hace difícil que en un mismo hogar haya dos prestaciones de este tipo, por eso baja sustancialmente el cálculo. Con la cifra anual que les acabo de dar creo que estamos mucho más ajustados a la realidad que el dato que nosotros mismos les habíamos planteado.
Por último, este es un asunto, y lo digo también para reflexión de todos, que está muy relacionado con los llamados salarios sociales o rentas mínimas de inserción, desde el más escrupuloso respeto a la capacidad de las comunidades autónomas a la hora de priorizar el destino de sus recursos porque tienen la capacidad política, no sólo administrativa, de priorizar el destino de sus recursos, yo apelo a que en algún momento abordemos nuestra obligación, en este caso como legisladores en representación de todo el pueblo español, de hacer lo que tengamos que hacer para que se respete un principio constitucional básico recogido en el artículo 9.2 de la Constitución, que es el de la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos, entre otras cosas, a tener unan protección, en este caso una protección que respete la equidad y la igualdad de trato del conjunto de los españoles. Yo tengo el cuadro, y si lo tengo yo quiere decir que lo tienen todos ustedes o que lo pueden tener todos ustedes. Si uno contempla el cuadro, que se lo puedo pasar al que tenga interés en este momento por conocer lo que significan las cuantías y rentas mínimas de inserción de todas las comunidades autónomas, la fotografía que aquí se refleja nos muestra una imagen de España, entendiendo España por sus ciudadanos, en las que realmente el trato es muy diferente, no voy a decir muy discriminatorio, pero sí muy desigual desde el punto de vista de lo que es un derecho básico, porque estamos hablando no de cosas superfluas, sino de derechos básicos de tener una prestación cuando no tienes ya nada, que es el caso. El número de personas que perciben la renta básica, por ejemplo, en Andalucía, son 53.000, y el número de personas que la perciben, por citar la comunidad que más conozco, en el País Vasco, son 83.000; eso sin hablar de la cuantía, que en un sitio son 372 euros y en otro 616. Estamos hablando de la renta que le queda a quien no tiene nada. Yo creo que para garantizar un tratamiento más igualitario en el sentido de más justo, en algún momento tendremos que ser capaces de contemplar qué es lo que queda cuando ya no queda nada y hasta qué punto esta distribución que se produce es una distribución que no garantiza la verdadera equidad. Por eso, porque creemos que un instrumento que existe, que es la renta activa de inserción, un instrumento permanente y el más justo y más igualitario que está en vigor, puede modificarse para que sustituya al decreto derivado de la ley que les acabo de plantear, hemos presentado esta proposición no de ley para la que les pido a ustedes su voto y su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas y de las posiciones del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Desgraciadamente, muchos de los argumentos en los que se justificaba la presentación de esta iniciativa han quedado desfasados. La tasa de paro ya no es del 18 por ciento, sino que en este momento podemos decir que ha alcanzado el 19 por ciento. El paro entre los jóvenes menores de 25 años ha llegado al 40,7 por ciento. La semana pasada el Ministerio de Trabajo e Inmigración sumaba a los 4.166.613 parados registrados los 262.302 parados no ocupados, que por capricho de las estadísticas o más bien de las personas que deciden lo que tiene que estar en las estadísticas,
no lo recogen sino que permanecen dentro de ese limbo de los demandantes no ocupados, demandantes de empleo, y por tal tenemos ahora 4.428.915 parados. Pero todavía tendríamos que sumarle a eso otras 214.303 personas que buscan un trabajo en el domicilio o en otra circunstancia, más las 941.244 que pese a estar ocupadas desean cambiar de empleo para que se adapte a sus circunstancias familiares o que se ajusten a sus necesidades. Estamos hablando de 5.584.462 demandantes de empleo registrados. Y no se trata en este caso por parte del Partido Popular de aportar cifras ni siquiera de enmendar sin más la exposición de motivos de esta iniciativa, pero lamentablemente la situación del desempleo en España es algo cambiante y desgraciadamente no necesariamente a mejor.
Por esta razón, antes de acometer la reforma del sistema de protección ante el desempleo, por pequeña que pudiera parecer, es imprescindible saber a qué realidad nos estamos enfrentando. Es necesario saber, por supuesto, a cuántas personas beneficiará una medida concreta, cuál será la cuantía total de esas ayudas, cuál es la previsión de la evolución del mercado laboral y cómo se financiará la extensión de unas prestaciones extraordinarias. En este sentido, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, con lo que no queremos restar sino sumar esfuerzos para mejorar las respuestas que se ofrecen a los desempleados. En principio, esta enmienda está encaminada a evaluar y actualizar la situación laboral de cada momento. Voy a evitar leerla porque creo que casi todos los grupos disponen del texto, de todas formas si alguno quiere se lo puedo pasar, pero, a la velocidad que llevamos hoy la Comisión, creo que no es necesario que la lea.
La proposición no de ley, tal y como se presenta, establece un vínculo entre la financiación de las prestaciones por desempleo y también de la subida de impuestos, o dicho de otra manera, la reducción de desgravaciones. Pero hay que ir más allá; garantizar el subsidio por desempleo y la renta activa de inserción no debe de vincularse con la subida de impuestos. Es más, las continuas subidas de impuestos que estamos padeciendo los españoles están generando cada vez más paro, y no podemos permitir de ninguna manera que los españoles crean que se suben los impuestos para proteger a los desempleados. En realidad, el Gobierno está subiendo los impuestos para intentar tapar los agujeros que está creando la pésima gestión que están haciendo. El Gobierno sube los impuestos porque han despilfarrado un dinero que no tenían, y para financiar unas medidas publicitarias y de escaparate nadie demandaba en ningún caso que se gastara ese dinero. Lo que verdaderamente hay que perseguir es la reinserción laboral de quienes han perdido su trabajo, el fomento de un empleo de calidad, posibilitar a los jóvenes que puedan acceder por primera vez al mercado laboral y que muchas mujeres que también puedan incorporarse al mundo laboral, porque en muchos casos muchas de ellas tienen un grave problema para reengancharse al mundo laboral después de un paréntesis generalmente ligado a la maternidad. Hay que adoptar medidas destinadas a generar empleo, y desde luego es mejor y sería el mejor subsidio y la mejor renta activa de inserción que se le pueden ofrecer a un desempleado. Por esta razón, la mejor política social no consiste tanto en ampliar subsidios y extender prestaciones sino en apoyar medidas concretas que contribuyan a erradicar el desempleo que sufren los españoles.
Por otra parte, la proposición no de ley que debatimos pide elaborar una nueva norma que tenga un carácter universal y permanente. La responsabilidad legislativa obliga a que las medidas que se recojan en la normativa reguladora de las medidas de protección por desempleo sean revisables y adaptables a las circunstancias, y precisamente la situación actual, por sus características, ha conducido a modificar la protección que existía ante el desempleo. Por tanto, creemos que es necesario cualquier programa de protección ante el desempleo que sea flexible y adaptable o, dicho de otra manera, que pueda ser revisado. Este es otro de los motivos que nos llevan a presentar esta enmienda en la que contemplamos la elaboración de un informe exhaustivo que analice periódicamente el estado del mercado laboral. Nos gustaría que esta revisión del Real Decreto-ley 10/2009 que ahora debatimos tuviera una fecha de caducidad próxima y que dentro de unos meses fuera innecesario plantear medidas extraordinarias de protección ante el desempleo, pero mientras tanto -y parece que la cosa va para largo- si el Gobierno no opta por tomar algunas medidas realmente eficaces, si no se elimina el despilfarro que venimos padeciendo y si se insiste en mantener, por ejemplo, ministerios sin competencia y cosas por el estilo, será necesario adoptar medidas que no dejen desamparados a los más de 4 millones de parados que se han quedado en el camino y que están sufriendo la pésima gestión de este Gobierno. Por esta razón, el Partido Popular ha planteado una enmienda que esperamos pueda ser recogida en esta iniciativa, y deseamos que la proponente de ella, la señora Díez, tenga a bien admitirla.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra María del Mar Arnaiz.
La señora ARNAIZ GARCÍA: Debatimos hoy una iniciativa del Grupo Mixto a instancia de UPyD para modificar el Real Decreto que regula la renta activa de inserción para, a su vez, derogar el Real Decreto-ley 10/2009, por el que se reguló el programa temporal de protección por desempleo, comúnmente llamado Prodi. Es necesario apuntar que a la semana siguiente de presentar esta iniciativa comenzó a tramitarse como proyecto de ley este último real decreto, convirtiéndose en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre, que le recuerdo a la portavoz del Grupo Popular que es
la ley que ha sustituido al Real Decreto-ley 10/2009, para que actualice sus datos.
Una vez centrado el tema, parece que con esta iniciativa se quiera dar marcha atrás y reabrir un debate que ya tuvo lugar el 14 de octubre de 2009 en la Comisión de Trabajo e Inmigración, cuando se aprobó con competencia legislativa plena y, por cierto, por unanimidad el informe elaborado por la ponencia del proyecto de ley que reguló el Prodi. He leído con detenimiento este "Diario de Sesiones", que recomiendo a la proponente de la iniciativa que lea, y he visto que en él se recogen profusamente muchos argumentos de apoyo a la ponencia del Prodi por parte de todos los portavoces: la ampliación de la vigencia a 1 de enero del 2009, la ampliación notable de prestaciones a los desempleados, y quiero destacar de forma especial la realización de un estudio sobre las actuales prestaciones y subsidios por desempleo de la Administración central y de las autonómicas que clarifique y, en palabras del señor Campuzano, haga una buena fotografía del conjunto de políticas en este aspecto. Este último inciso quedó recogido en la disposición adicional primera, teniendo el Gobierno un plazo de seis meses para su elaboración, plazo que por otra parte no ha expirado todavía, para después enviarlo a las dos Cámaras del Parlamento español. ¿Y por qué me detengo en este último aspecto? Porque, como bien decían el señor Llamazares y el señor Campuzano, en estos momentos resulta totalmente necesario reordenar y racionalizar todos los instrumentos de protección tanto del Gobierno central como de los autonómicos, para garantizar un nivel de protección suficiente a los desempleados de este país, a trabajadores que se han quedado sin empleo y que ya han agotado sus prestaciones. Porque tengo que recordar a la portavoz del Grupo Popular que la Constitución española dice en el artículo 148 que la asistencia social es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que también tienen que decir en este sentido. También, y aunque la portavoz de UPyD reniegue del Prodi, tengo que recordarle que con él el Gobierno cumplió el mandato de la resolución número 14 del debate sobre el Estado de la Nación del año 2009. Por concretar, tengo que decirle que el Prodi es una prestación de carácter excepcional que amplía las prestaciones de los desempleados cuando han agotado tanto una prestación como un subsidio por desempleo, y reconózcame que es la primera vez en este país que se produce por la sensibilidad de este Gobierno esta nueva prestación. En otras ocasiones a lo largo de la historia, también democrática, este país ha sufrido otras crisis y ha sido ahora por primera vez cuando se reconoce. Por tanto, es seña de identidad de este Gobierno que en un momento de grave crisis económica no solo no se recorta la protección social, como hemos sufrido con otros gobiernos, sino que se amplía, y con el Prodi un número importante de trabajadores se van a ver protegidos frente a la contingencia de desempleo. Por ello, en estos momentos hemos alcanzado una tasa de cobertura del 80 por ciento, y le puedo dar y facilitar tasas de otros años: en 2001, del 58 por ciento; en 2004, 61 por ciento; en 2007, 71 por ciento, y ahora mismo el 80 por ciento, que son 20 puntos por encima de los gobiernos del Partido Popular.
Esta ampliación de protección se ha demostrado nuevamente también con la prórroga del programa por seis meses más a través del Real Decreto 133/2010. En su iniciativa insta al Gobierno a modificar la renta activa de inserción y a derogar el Prodi. También aquí tengo que recordarle que la renta activa de inserción hasta el año 2006 se prorrogaba año a año y que fue un gobierno socialista el que garantizó su carácter permanente.
Tengo que decirle que con su propuesta desnaturaliza la prestación de la renta activa de inserción, una prestación que en todos los países de la Unión Europea se vincula a colectivos con especiales necesidades económicas y con dificultades para encontrar trabajo. Son completamente diferentes ambas, tanto en su finalidad como en los requisitos exigidos, pero no son excluyentes. Le pondré como ejemplo una persona que cumpla los requisitos de las dos, que puede percibir el Prodi primero y a continuación la renta activa, por lo cual estaría protegida un total de diecisiete meses frente a su opción, con la que solo lo estaría once meses. Creo sinceramente que fue todo un acierto la introducción de la disposición adicional primera en la Ley 14/2009, que regula el Prodi, por cuanto nos facilitará un diagnóstico de la situación actual en el Estado español, que incluye el conjunto de comunidades, que también son Estado, para su análisis y para a continuación plantear las modificaciones necesarias para dar una respuesta satisfactoria al conjunto de los desempleos de este país. Francamente pienso que es lo que nos están demandando los ciudadanos, y no podemos fallarles porque tanto al Gobierno de España como a los gobiernos de las comunidades autónomas les incumbe la situación de vulnerabilidad de muchas personas que han perdido sus trabajos. De ahí el sentido de la enmienda de mi grupo, relativa a que el estudio que realice el Gobierno sobre el conjunto de prestaciones y subsidios vigentes en el Estado español analice los colectivos que podían estar quedando desprotegidos por los diferentes mecanismos de cobertura. Considero que a usted puede resultarle razonable y entonces votaríamos con su grupo. En caso contrario, votaríamos en contra porque para garantizar una buena protección a los ciudadanos no podemos construir la casa empezando por el tejado ni podemos escudarnos en la demagogia.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, se han presentado a su proposición enmiendas tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Socialista. Le rogaría que nos comunicara si acepta alguna de ellas.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, no acepto ninguna de las dos enmiendas que se han presentado. He presentado a los dos grupos una propuesta transaccional, que no sé si van a aceptar, pero en todo caso las dos
enmiendas que se han presentado no las acepto, y recuerdo que yo no he venido aquí a debatir sobre lo bien que lo ha hecho el Partido Socialista y lo mal que lo ha hecho el Partido Popular sino...
El señor PRESIDENTE: No, perdón, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ:. ...sino a que debatan sobre mi propuesta. Sí, perdón, Presidente, me parece muy bien. Acato su consideración.
El señor PRESIDENTE: De todas maneras, como nos queda todavía una proposición por discutir y le he entendido que usted ha presentado una transaccional a los dos grupos, tenemos margen de tiempo para ver si se acepta esa transaccional que usted ha planteado antes de que empecemos la votación. Les rogaría que si llegan a un acuerdo lo comunicaran a la Mesa.
- SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS QUE NO HAN PODIDO REUNIR LAS COTIZACIONES NECESARIAS PARA ACCEDER AL NIVEL CONTRIBUTIVO O ASISTENCIAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001583.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al debate de la última proposición no de ley, la que figura en el punto 9.º del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los trabajadores fijos discontinuos que no han podido reunir las cotizaciones necesarias para acceder al nivel contributivo asistencial de protección por desempleo. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña María Gracia Muñoz.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Señorías, me satisface poder presentar y defender esta proposición no de ley ya que los trabajadores fijos discontinuos son un colectivo muy importante del mercado de trabajo, y mucho más en una comunidad autónoma como la mía, les Illes Balears, donde el sector servicios ligado al turismo contrata anualmente un 14 por ciento de los asalariados.
La presentación de esta proposición no de ley responde a la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista por este colectivo. Son trabajadores que dan estabilidad a las empresas estacionales relacionadas con el turismo, ofrecen sus servicios de manera muy intensa durante un periodo de tiempo determinado; son trabajadores que ofrecen sus servicios al sector productivo que representa el motor económico de las Illes Balears y la misma estructura económica no les ofrece alternativas de empleo fuera de la temporada turística. También responde la presentación de la proposición no de ley a la coherencia de mi grupo parlamentario, al apuntar la necesidad de un estudio sobre este colectivo cuando rechazamos una enmienda en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado que pretendía modificar la situación de estos trabajadores. No eran ni el momento ni la ley adecuados para hacerlo. Los trabajadores fijos discontinuos además proporcionan una calidad al servicio empresarial estacional, han ayudado a mantener los trabajadores fijos ordinarios y constituyen una plataforma de consolidación de la actividad económica.
Además, la fórmula contractual del trabajador fijo discontinuo es buena para las prestaciones de servicios estacionales, ya que garantiza un periodo mínimo de actividad económica, garantiza un mínimo de ocupación para los trabajadores y a la vez llega a un nivel de protección en los periodos de inactividad o desempleo. Sin duda, también favorece la formación y adquisición de conocimientos por parte de los trabajadores, lo que repercute en el nivel de profesionalidad del servicio haciéndolo más competitivo.
Para concretar la situación en las Illes Balears hay que comentar que la temporada turística se ha ido modificando a lo largo de los años, las costumbres vacacionales de los turistas son diferentes, se viaja más pero en periodos de tiempo cada vez más cortos. Aunque los servicios empresariales han seguido manteniendo un periodo de actividad de unos seis meses en la pasada temporada turística, fruto del recorte presupuestario que las familias han hecho para las vacaciones, algunos establecimientos acortaron la temporada turística, pero los que más padecieron el acortamiento del contrato fueron los trabajadores fijos discontinuos. Muchos de ellos no han prestado sus servicios en las fechas habituales, con lo que se ha roto el esquema trabajo-protección y por tanto las prestaciones que dependen de las cotizaciones han disminuido, lo que significa un problema para la economía familiar, al igual que también padecen estos efectos de la crisis otras personas que dependen de otros sectores económicos. Esta situación, en la que la misma estructura económica no ofrece alternativas para la contratación de esos trabajadores fijos discontinuos al margen de la temporada turística, es prácticamente exclusiva del sector productivo del turismo de las Illes Balears.
Conviene recordar que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas fruto de la política de protección del Gobierno Socialista. En estos momentos la cobertura de los trabajadores por desempleo es del 81 por ciento, mientras que en 2004, gobernando el Partido Popular, era del 61 por ciento. Las personas que no tienen derecho a una prestación contributiva por desempleo tienen a su disposición 426 euros, además de las diferentes ayudas que ha puesto el Gobierno a disposición de las empresas con la intención de que repercuta en los trabajadores. Los fijos discontinuos en el cómputo general son 900.000 en toda España y 500.000 de ellos entran y salen de manera continuada del mercado laboral, incluidos los del régimen especial agrario. En esta situación general cabe destacar el incremento de los beneficiarios del sistema contributivo, el 84 por ciento de
trabajadores fijos discontinuos, frente al incremento del nivel asistencial, que ha sido del 75 por ciento en lo que respecta al año 2009. Sin duda, a nivel general no se aprecia un deterioro de la protección del colectivo ni en cantidad ni en calidad, lo cual reafirma la situación específica de los trabajadores fijos discontinuos en Illes Balears. Cuando estos ofrecen sus servicios de manera muy intensa y no disponen de alternativa ocupacional al margen de la temporada turística.
Se puede concluir que se están produciendo muchos cambios en todos los sectores económicos, estos se diversifican y se especifican, y las contrataciones deben cambiar para responder a los diferentes modelos productivos. Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley conocida por todos ustedes. A ella el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que hemos transaccionado y acordado, por lo que al final de la proposición no de ley en cuestión se añadiría: El Gobierno realizará un informe en el menor tiempo posible...
El señor PRESIDENTE: Cuando puedan nos pasan a la Mesa la enmienda transaccional. Y para defender la enmienda y la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Begoña Chacón.
La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Prometo ser breve porque a lo largo de la tarde ya hemos debatido mucho en forma muy densa. Quiero en primer lugar y antes de empezar a debatir la iniciativa en sí expresar mi respaldo al sector, a los trabajadores fijos discontinuos de todos los sectores pero fundamentalmente al sector del turismo, de todas las comunidades autónomas, como diputada malagueña que soy y evidentemente también de una provincia afectada por el sector del turismo, pero no solamente a mi provincia sino a todas las comunidades autónomas, a Andalucía, a Valencia, al País Vasco, a Cataluña, a todos los trabajadores fijos discontinuos que se ven afectados de forma patente por esa crisis que afecta a nuestro país, también a los de las islas, como no puede ser de otra manera.
Quería posicionar al Grupo Parlamentario Popular y también defender la enmienda que ha presentado y que se ha transaccionado, pero entendíamos que era importante hablar del tiempo de presentación; que era importante hablar de impacto económico del estudio que se iba a presentar en el Congreso de los Diputados; que era importante hablar de plazo, porque estamos cansados de estudios, estamos cansados de presentar iniciativas que se han vendido ya en los medios de comunicación, estamos cansados de hacer cánticos al sol y que para nada sirven, porque, señoría, a nadie se nos escapa que estamos presentando en la Cámara Baja una iniciativa que no vincula al Gobierno, que el Gobierno lo hará o no; que estamos presentando una proposición no de ley que sabemos que se puede llevar a cabo por parte del Gobierno o no; que estamos presentando proposición una no de ley que se llevará a cabo o no, que será un estudio más en el haber del Gobierno o no, y que estamos llevando a cabo una proposición no de ley que se hará o no, y eso lo sabemos todos los diputados y diputadas que estamos en la Comisión de Trabajo. Eso a nadie se nos escapa porque ya todos tenemos una experiencia, y la señora portavoz del Grupo Socialista, grupo que sustenta al Gobierno, sabe perfectamente lo que estamos debatiendo hoy aquí y sabe perfectamente que ni estamos legislando ni estamos regulando y sabe perfectamente que no estamos mejorando la vida de los trabajadores fijos discontinuos. Lo sabemos todos, ¿verdad, señora portavoz del Grupo Socialista? Eso es lo que tenemos que tener claro todos los diputados que formamos parte de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados. Y teniendo eso claro vamos a hacer el estudio y vamos a transaccionar esta proposición no de ley que no es vinculante en el Congreso de los Diputados. Pero después de hacer ese estudio, que lo haremos en el menor tiempo posible, en el plazo de seis meses, vamos a hacerlo rápidamente cuando al Gobierno le apetezca o cuando el grupo que sustenta Gobierno tenga la suficiente fuerza para ponerlo en marcha, pero ya estamos todos convencidos de que va a ser así, va a depender de la fuerza que tenga el grupo que sustenta al Gobierno o no. Vamos a hacerlo y vamos a aprobarlo, pero vamos a creérnoslo, y después vamos a sentarnos a regularlo, que es lo que realmente nos están pidiendo a gritos los trabajadores fijos discontinuos de las Islas Baleares. Llevamos tres semanas o cuatro o cinco desde la iniciativa que presentó CiU en el Congreso de los Diputados y que no la apoyó porque al grupo que sustenta al Gobierno en aquel momento no le interesó y a cambio le prometió que se iba a aprobar esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, y por eso estamos debatiéndola. Pues no, vamos a intentar que eso de verdad se regule, y vamos a intentar que después de ese estudio con el que vamos a entretener un poco más la perdiz de verdad mejoremos la situación de los fijos discontinuos, porque eso es lo que interesa. Interesa en las Islas Baleares e interesa en el resto del territorio español. Entonces es cuando de verdad estaremos hablando de mejorar la situación de los fijos discontinuos y nos sentaremos todos los grupos y mejoraremos la situación laboral, como he dicho, de esos trabajadores.
Dicho eso, no vamos a marear más la perdiz, aprobemos esta proposición no de ley que no vincula al Gobierno a hacer absolutamente nada y después de eso nos sentamos y regulamos la situación de los trabajadores. Por mi parte, nada más, pasemos a la Mesa la transacción, firmémosla y a partir de entonces nos sentaremos, regularemos y aprobaremos lo que haga falta.
Por mi parte nada más y muchas gracias, pero no engañemos a los trabajadores, digamos que esto no sirve absolutamente para nada más que para aprobar una proposición no de ley y después regulemos la situación real de esos trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Concluidos los debates de las diez proposiciones no de ley, entiendo, señora Díez, que al no haber comunicado a la Mesa es que no ha habido acuerdo de la transaccional y, por lo tanto, usted mantiene el...
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, Presidente, no ha habido acuerdo.
Ha habido acuerdo por parte de uno de los dos grupos, pero no ha habido acuerdo total, con lo cual, como era una oferta a los dos grupos que habían presentado enmiendas, mientras que el Partido Popular ha aceptado la transaccional, no lo ha hecho el Partido Socialista, y por tanto someto a consideración el texto de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias, así se hará. Vamos a proceder a la votación. Me dicen que está llegando un compañero diputado.
Vamos, por tanto, a esperar. Mientras esperamos les voy informando que el orden de la votación va a ser el que figura en el orden del día, no el que hemos seguido en el debate, sino siguiendo uno a uno los puntos tal y como figuran en el orden del día que tienen SS.SS. en su poder. Lo digo para que no haya problemas de confusión, ya que se ha alterado luego en el debate la discusión de los mismos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la votación. En primer lugar votamos la proposición no de ley del punto 1.º, concretamente la transaccional a la que han llegado los grupos.
La segunda proposición que se vota junto con la décima, también soporta una transaccional, que es la que vamos a someter a votación.
La proposición del punto 3.º también tiene una transaccional, que votamos.
La cuarta no tiene ninguna transaccional ni enmienda admitida. Por lo tanto, se vota el texto tal como se presentó por parte del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 16.
La proposición del punto 5.º también tiene transaccional, que es la que sometemos a votación.
La proposición del punto 6.º, del Grupo Popular, se va a someter a votación con la enmienda del Grupo Socialista admitida por los ponentes del Grupo Popular.
La proposición del punto 7.º, que es del Grupo Socialista, también tiene una transaccional, que es la que vamos a votar.
La proposición del punto 8.º, que es también del Grupo Popular, se va a someter a votación con la enmienda admitida del Grupo Socialista.
La proposición del punto 9.º también tiene una transaccional, que vamos a votar.