Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-66-de-febrero-11-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_daf9fc3d8a100068e0430a0101510068&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 21:43:42
Document Index: 213763024

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 36', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 68', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 36']

﻿ Sentencia C-66 de febrero 11 de 2013
SENTENCIA C-66 DE 11 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:LA NORMALIZACIÓN SOCIAL PLENA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. SE REFIERE ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE A LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD DE ELIMINAR LAS BARRERAS DEL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICONALMENTE LA EXPRESIÓN "LA NORMALIZACIÓN SOCIAL PLENA" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 3 Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "NORMALIZACIÓN DE" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 361 DE 1997.
TEMAS ESPECÍFICOS:INVALIDEZ, DISCAPACIDAD, INTEGRACIÓN SOCIAL
Sentencia C-66 de febrero 11 de 2013
Ref.: expediente D-9201
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3º y 36 (parciales) de la Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”.
Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil trece.
2. El ciudadano Parra Dussan considera que tanto los términos “normalización social y plena”, contenido en el artículo 3º de la Ley 361/97, como la expresión “normalización” del artículo 36 ejusdem, son contrarios a la Constitución, particularmente al principio de igualdad y a las normas del bloque de constitucionalidad que reconocen los derechos de las personas en situación de discapacidad. Para ello, advierte que de esas normas se desprende un mandato estatal particular de inclusión de esa población, a partir de las condiciones fijadas por el modelo social, que se basa a su vez en considerar la discapacidad desde la diferencia y la necesidad correlativa de adaptación del entorno, en buena medida responsable de las dificultades para el acceso de la persona con discapacidad. Como el concepto de normalización no parte de ese parámetro, sino de uno propio del modelo médico rehabilitador, que se fundamenta en el imperativo de la “curación” de la persona con discapacidad, entonces desconoce dichas reglas constitucionales.
Las personas en situación de discapacidad son un caso particular de sujetos que, en razón de sus condiciones particulares y especialmente las que le imponen el entorno en que se desenvuelven, tienen dificultades para el acceso a dichas condiciones materiales. Es por ello que la Constitución, en desarrollo de la cláusula de igualdad material y de oportunidades, impone al Estado el mandato de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran (C.P., art. 47).
6. Esta previsión constitucional significa, entonces, que las personas en situación de discapacidad son reconocidas en su diferencia, lo que prescribe hacia el Estado el deber de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción de sus derechos, en un marco de igualdad de oportunidades y remoción de las barreras de acceso a los bienes sociales. Esta visión contrasta con el tratamiento que tradicionalmente han recibido las personas con discapacidad, basado en la marginalización a través de su invisibilización. Sobre este particular, la Corte ha resaltado que “[t]al como ha ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados han sido objeto constante de marginación social a través de los siglos. La discriminación contra los discapacitados presenta, sin embargo, características que le son propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector de los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que causa la segregación racial. En efecto, en muchos casos la discriminación contra los discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta la persona afectada - claro está, haciendo caso omiso de las condiciones especiales de cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que ellas pueden generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados frecuentemente no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto de ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza o de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes”(2).
Desde esa perspectiva, la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad pasa por la eliminación de esas barreras, las cuales no son únicamente de índole físico, sino también jurídico. Las diferentes modalidades de infraestructura, la conformación institucional y las reglas jurídicas deben, en ese orden de ideas, adaptarse de modo tal que su configuración no imponga limitaciones de acceso a las personas con discapacidad. Así, como lo ha señalado la Corte “… para el constituyente, la igualdad real sólo se alcanza si el Estado se quita el velo que le impide identificar las verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor se consagra este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado tiene la tarea de diseñar políticas públicas que permitan la superación de las barreras existentes para que las personas puedan incorporarse, en igualdad de condiciones, a la vida social, política, económica o cultural... el derecho a la igualdad en el Estado social de derecho, trasciende los imperativos clásicos de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas. Justamente, en consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad”(3).
7.1. Existe una especial preocupación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, al menos desde el punto de vista de su interpretación ulterior, acerca de la eficacia de los derechos sociales en el caso de las personas en situación de discapacidad. A este respecto, el intérprete autorizado de ese tratado ha señalado en la Observación General 5 “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que si bien no existe en el PIDESC una norma con referencia explícita a los derechos de esta población, en todo caso “…la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el pacto. Además, en la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados Partes han de adoptar medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad. Además, el requisito que se estipula en el párrafo 2 del artículo 2º del pacto que garantiza "el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna" basada en determinados motivos especificados "o cualquier otra condición social" se aplica claramente a la discriminación basada en motivos de discapacidad(4)”.
En los términos de la misma observación, constituye discriminación injustificada contra las personas en situación de discapacidad todas aquellas acciones u omisiones que tengan como resultado imponer barreras para el goce y ejercicio de los derechos de esta población, particularmente sus derechos sociales. Estos actos no solo se reducen a actuaciones materiales, sino que también incorporan la discriminación derivada por el tratamiento que las normas jurídicas irrogan a las personas con discapacidad. Como lo señala el comité DESC, “A fin de remediar las discriminaciones pasadas y presentes, y para prevenir futuras discriminaciones, parece indispensable adoptar en prácticamente todos los Estados Partes una legislación amplia y antidiscriminatoria en relación con la discapacidad. Dicha legislación no solamente debería proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de recurso judicial en la medida de lo posible y apropiado, sino que brindaría asimismo programas de política social que permitirían que las personas con discapacidad pudieran llevar una vida integrada, independiente y de libre determinación. || Las medidas contra la discriminación deberían basarse en el principio de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad y para las personas que no tienen discapacidad, que, según se dice en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, "significa que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, que estas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades, y que todos los recursos deben emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada individuo. Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar el acceso de los impedidos a todos los servicios de la comunidad"(5).
7.2. En el ámbito regional debe resaltarse la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por Colombia mediante la Ley 762/02 y objeto de control de constitucionalidad en la Sentencia C-401/03. En dicho tratado, se puso de presente cómo la discriminación contra las personas en situación de discapacidad se comprobaba ante cualquier medida que distinguiera a esa población, con el propósito de imponer barreras para el acceso al goce efectivo de sus derechos humanos. En los términos del artículo I.2.a. de la CIEDPD, el “…término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
7.3. Con todo, para el caso analizado resultan especialmente pertinentes las reglas jurídicas planteadas, esta vez en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, por la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD. Este tratado, incorporado a la legislación interna por la Ley 1346 de 2009 y objeto de control de constitucionalidad en la sentencia C-293/10, configura el estándar global más reciente y garantista de los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Como lo resaltó la Corte en el ejercicio de dicho control de constitucionalidad, la CDPD se inserta claramente en una perspectiva de inclusión de las personas en situación de discapacidad, que parte del reconocimiento de su plena autonomía como sujetos de derecho, que a su vez cobra eficacia mediante la eliminación de las barreras para el acceso a las distintas posiciones jurídicas. Sobre este tópico, la Sentencia C-293/10 indicó que, a partir del “análisis constitucional de las cláusulas que conforman el articulado de esta Convención, se observa que ellas reflejan un esfuerzo comprehensivo de protección a las personas discapacitadas, ya que abordan y ofrecen correctivos, desde una perspectiva moderna e inclusiva, frente a la mayor parte de los aspectos y situaciones en las que puede apreciarse la condición de desigualdad y vulnerabilidad que normalmente afecta a estas personas. (…) De otra parte, la Corte destaca que uno de los principios inspiradores que subyacen dentro del articulado de la convención y los compromisos en él contenidos es el reconocimiento y exaltación de la autonomía del individuo, y el propósito de controlar, tanto como sea posible, el efecto de restricción de dicha autonomía que normalmente resulta de las distintas discapacidades que las personas pueden padecer. Así por ejemplo, la convención plantea, entre otras garantías, que los individuos con discapacidad tienen derecho a tener un trabajo que les permita procurarse su propio sustento (art. 27), que están en capacidad de elegir cómo y con quién vivir (art. 19), que pueden establecer relaciones familiares como las de las demás personas a partir del libre consentimiento de los interesados (art. 23), y que pueden ejercer el derecho al sufragio y los demás derechos de participación política y social, en lo posible, sin la intervención de otras personas (art. 29). La Corte considera que en cuanto estas circunstancias buscan potenciar el ejercicio de la autonomía personal, y con ello el libre desarrollo de la personalidad a que se refiere el artículo 16 superior, todas estas disposiciones son válido desarrollo de importantes objetivos constitucionales, y por lo mismo, plenamente exequibles”.
Ahora bien, para lo que interesa a la presente decisión, debe resaltarse como el propósito de la CDPD es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. || Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
7.3.1. El artículo 8º CDPD determina que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: (i) sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; (ii) luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; y (ii) promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
El modelo de la prescindencia se basaba en determinar que la discapacidad es una circunstancia que obliga a separar al afectado de los demás miembros de la sociedad que se consideran “normales”. En ese sentido, los discapacitados están sometidos a una condición particular, catastrófica y que los aleja de los pretendidos estándares de la vida en sociedad. Por esa razón, deben ser excluidos del cuerpo social, al no cumplir con esas condiciones, que sí acreditan las personas sin discapacidad. Como lo ha señalado la Corte “[e]l modelo de la prescindencia, descansa principalmente sobre la idea de que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, que es un ser improductivo y además una carga tanto para sus familiares cercanos como para la comunidad(6). Bajo este modelo, la diversidad funcional de una persona es vista como una desgracia —e incluso como castigo divino— que la inhabilita para cualquier actividad en la sociedad. Bajo este modelo se da por supuesto que una persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad, ni puede vivir una vida lo suficientemente digna(7)”.
9.2. El modelo de la marginación está basado en la distinción discriminatoria entre la normalidad y la anormalidad. Según este criterio, las personas que no están en situación de discapacidad son aptas y “normales”, de manera tal que pueden interactuar adecuadamente en sociedad. En contrario, las personas con discapacidad son “anormales”, lo que justifica su segregación. En ese sentido, pueden válidamente excluirse de esa interacción. A este respecto, el precedente en comento describe esa etapa como aquella en la cual “… las personas con discapacidad son equiparadas a seres anormales, que dependen de otros y por tanto son tratadas como objeto de caridad y sujetos de asistencia. No sobra señalar que esta idea sobre la persona con discapacidad ha llevado a justificar prácticas de marginación social, fundadas en que a las personas con discapacidad se deben mantener aisladas de la vida social(8)”.
Sobre esta visión, la Corte ha indicado que “[b]ajo este enfoque, la diversidad funcional, será tratada no ya como un castigo divino, sino abordada en términos de enfermedad. Es decir, se asume que la persona con discapacidad es una enferma, y que su aporte a la sociedad estará signado por las posibilidades de “cura”, rehabilitación o normalización. Esta perspectiva médica, que ha sido prevalente durante buena parte del pasado y presente siglo hasta la década de los años 90, concentra su atención en el déficit de la persona o, en otras palabras en las actividades que no puede realizar. Como señala Catherine Seelman(9), en el modelo médico, el llamado “problema” está ubicado en el cuerpo del individuo con discapacidad, el sesgo del modelo médico es la percepción biológica y médica de normalidad(10)”.
Dentro de las críticas que se han realizado al modelo, cabe destacar las siguientes: (i) la imposición de una actitud paternalista hacia las personas con discapacidad; (ii) la presencia del médico más allá del ámbito del ejercicio de su labor terapéutica, adoptando decisiones sobre la libertad y modo de vida del individuo; y (iii) el ocultamiento de la diferencia como condición para el ejercicio de los derechos y el respeto por la dignidad del individuo(11)” (negrillas originales).
Con la anterior perspectiva hay un cambio de paradigma en la forma cómo debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente social a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este modelo, la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y estigmatización. Además, las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad surgen de un ambiente no adaptado a sus condiciones. (…) Por tanto, no puede desconocerse que el ambiente (físico, cultural, etc.) puede tener un impacto positivo o negativo en la manera de asumir y entender la discapacidad, pues “los efectos de la discapacidad sobre una persona dependen de manera fundamental del entorno social, es decir, que la discapacidad no es únicamente un problema individual. Esto significa que un medio social negativo y poco auspiciador puede convertir la discapacidad en invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con una discapacidad”(12). || En particular, una de las condiciones negativas que contribuyen a la exclusión de las personas con discapacidades es la no adaptación del ambiente físico(13) a las necesidades de esta población, es decir, el entorno físico está concebido para personas sin ningún tipo de discapacidad, lo cual corresponde al imaginario social acerca la belleza, lo que brinda bienestar, las potencialidades que cada uno debe tener(14), etc.(15). (Negrillas originales).
Sobre el tópico, la Corte ha insistido en decisiones anteriores en que el modelo social permite concebir a las personas en situación de discapacidad como individuos que, en sí mismos y habida consideración de sus particularidades físicas y mentales, son autónomos y dignos. Por ende, no se exige de ellos una habilitación particular o cualquier otra cualificación que los integre a la vida social sino que, antes bien, es el entorno el que está obligado, a través de la acción del Estado y de la sociedad, a eliminar las barreras que conforman o acentúan la diferencia de acceso generada por la discapacidad. Para sustentar esta conclusión, esta corporación ha previsto que “[l]os últimos instrumentos de derechos humanos en relación con las personas con discapacidad, como la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, muestran un alejamiento de las concepciones anteriormente expuestas, para incorporar una comprensión más amplia de la discapacidad, basada en lo que se denomina el modelo social(16). En esta misma vía también están los análisis más recientes de discapacidad que se hacen desde el área de la salud(17). Bajo este modelo, la discapacidad no está signada tanto por la por la deficiencia funcional, como por las barreras del entorno —tanto físicas como sociales— que pueda enfrentar una persona. En la medida en que una persona tenga herramientas suficientes para enfrentar esas barreras, y en la medida en que dichos obstáculos se disminuyan, una persona con alguna deficiencia, como por ejemplo física, no necesariamente se encuentra en una condición de discapacidad. En este sentido, un punto central del modelo social, por oposición al modelo médico, es centrarse en el análisis de las capacidades de las personas más que en la evaluación exclusiva de sus deficiencias, o en otros términos, la mirada de la discapacidad debe superar el enfoque de enfermedad, y ser abordada desde una perspectiva holística que considere no sólo la deficiencia funcional sino su interacción con el entorno(18)”.
“El surgimiento del modelo [social] marca una de sus principales características: la participación de las personas con discapacidad en la definición de sus intereses, prioridades y necesidades dentro de la sociedad (nada sobre nosotros sin nosotros), así como su enfoque sobre la discapacidad: la persona con discapacidad no se encuentra marginada o discriminada por razón de una condición física, sensorial o psíquica determinada, sino que las dificultades que enfrenta para su adecuada integración se deben a la imposición de barreras por parte de una sociedad que no está preparada para satisfacer las necesidades de todas las personas que la componen(19). Las causas de la discapacidad, si bien no exclusivamente, sí son preponderantemente sociales.
Las medidas que persigue el modelo se dirigen a garantizar el mayor nivel posible de autonomía del individuo (con lo que el internamiento se considera una medida ajena al modelo), mediante los ajustes requeridos por su condición, que no se concibe como limitación sino como diversidad funcional. Así, por ejemplo, el enfoque social da prevalencia a la educación ordinaria sobre la especializada, que se mantiene solo como última medida; y estima que la subsistencia del individuo debe satisfacerse mediante la creación de oportunidades laborales y la seguridad social, y la búsqueda de nuevos escenarios de inclusión. El propósito más importante a realizar es la igualdad de oportunidades, a través de la aplicación de principios como la accesibilidad universal, el diseño para todos y todas, y la transversalidad de las políticas(20).
66. En ese marco, la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad se acerca más a un enfoque social de la discapacidad que a uno médico, lo que tiene como consecuencia la prevalencia del propósito de disminución o erradicación de barreras sociales o ambientales (o en términos más amplios del entorno), sobre la rehabilitación o tratamiento de la discapacidad. Además, sin abandonar el propósito central de eliminar la discriminación como paso indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, la CDPCD establece unos principios para la adopción de políticas públicas y la interpretación de las normas legales, constitucionales y convencionales, que buscan el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de la población con discapacidad, antes que el ocultamiento de las diferencias funcionales”.
Para la decisión en comento, comprender el requisito mencionado como una barrera genérica para la facultad de adoptar de las personas con discapacidad, significaría desconocer el estándar de protección que impone el modelo social, basado a su vez en las normas de derechos humanos anteriormente expuestas. Ello debido a que se equipararía el concepto de idoneidad física al de normalidad, asumido por el modelo médico –rehabilitador. En términos de la sentencia mencionada “[h]istóricamente, las personas con discapacidad han enfrentado distintas barreras que les han impedido el goce efectivo de sus derechos. Desde barreras culturales que perpetúan los prejuicios, hasta barreras físicas y legales, que limitan la movilidad, la interacción social y la efectiva participación de las personas con discapacidad. Con frecuencia las personas con discapacidad son consideradas como seres humanos “defectuosos”, “incompletos”, que “necesitan reparación” o que son “dignos de compasión,” concepciones que se basan en el desconocimiento de las características, las causas y los componentes socioculturales de la noción misma de “discapacidad”, así como del ideal de “normalidad” a la que aquella necesariamente se opone. Tales barreras condenan a las personas con discapacidad a la vulneración de su dignidad y son en realidad el ingrediente principal para la perpetuación de los factores de discriminación que las condenan al paternalismo y la marginalidad”.
Similar consideración fue realizada por la Corte en la Sentencia T-397/04, en donde se determinó que la oposición conceptual entre la normalidad y la discapacidad contraía una abierta discriminación contra esa población. Así, se señaló en ese fallo que “[e]n la mayor parte de los casos, la base de estas reacciones hacia la persona con discapacidad la proporciona una determinada representación social y cultural sobre la “normalidad” corporal, mental y funcional, de la cual las personas con discapacidad se apartan en mayor o menor medida. Ello, a pesar de que —por la naturaleza del organismo humano— es realmente muy baja la proporción de personas cuyos cuerpos y mentes funcionan en condiciones absolutamente óptimas; e incluso en los casos en que tal estado de salud se logra, no deja de ser un fenómeno temporal, sobre el cual se cierne la perspectiva cierta de la disminución física y funcional, cuando menos por el paso del tiempo – de esta forma, todas las personas se enfrentan, tarde o temprano, al riesgo de discriminación por la pérdida de la capacidad física o funcional que se considera “normal” en un momento dado de la historia y del curso vital del individuo. También es digno de anotar que el ideal de normalidad predominante en nuestra sociedad tiene un componente central de carácter meramente estético, es decir, relacionado con la mayor o menor “apariencia de normalidad” que proyecte un individuo, la cual contribuirá en gran parte a la mayor o menor discriminación a la que dicho individuo estará sujeto. Se puede consultar, sobre este particular, una gran cantidad de estudios especializados en el tema de la discapacidad.” (subrayas originales).
14. Existe una línea jurisprudencial consolidada por esta corporación, relativa a las funciones del lenguaje jurídico y la posibilidad que sus ámbitos valorativos y de validación lleguen a vulnerar derechos y valores constitucionales, en especial la igualdad y la dignidad humana de los sujetos destinatarios de las prescripciones legales(21).
Esta doctrina parte de advertir que el lenguaje normativo no se reduce a describir hechos y consecuencias jurídicas, sino que es posible adscribirle tres tipos de funciones definidas. La primera, de índole descriptiva en los términos mencionados. La segunda, de tipo valorativo, a través de la cual las normas, lejos de tener un carácter neutro, en realidad categorizan, arbitran y definen situaciones específicas, imponiéndoles determinado criterios que las promueven, rechazan, discriminan o distinguen de otras. La tercera, que puede definirse como de validación, refiere al papel que cumple el derecho, en general, y las normas jurídicas en particular, en la creación de realidades: las normas jurídicas tienen la función de constituir estándares para la conducta, a través de la definición de aquellos comportamientos permitidos y otros prohibidos. Si esas normas tienen tal estatus, sus expresiones validan como parámetro jurídico, y por ello coactivo, lo que ellas expresen. Esto más aún si se tiene en cuenta que estos preceptos son producto de procedimientos democráticos de formación, esto es, acuerdos representativos sobre lo que se estima correcto, incorrecto, objeto de afianzamiento o de rechazo. Por lo tanto, ese precedente comparte identidad teórica con las propuestas que desde la filosofía del lenguaje afirman que las expresiones del lenguaje natural, código que comparte el Derecho, no solo son descriptivas sino que construyen la realidad, en tanto califican y explican el ámbito fáctico(22).
14.1. Con todo, ese mismo precedente ha señalado que esta decisión de inexequibilidad debe en cualquier caso acompasarse con la vigencia del principio de conservación del derecho, esto más aún cuando las mencionadas expresiones legales, si bien son intrínsecamente problemáticas en términos de la vigencia de los derechos fundamentales, en todo caso suelen estar insertas en enunciados normativos que cumplen con finalidades constitucionalmente admisibles. Así, ante la necesidad de satisfacer el principio de conservación del derecho en estos casos, la Corte también ha optado, cuando ello ha sido posible, por la exequibilidad condicionada de las expresiones acusadas o por la adopción de sentencias aditivas. En términos de la jurisprudencia, “… la Corte también ha entendido que al estudiar la constitucionalidad del lenguaje del legislador es necesario tener presente la importancia que la Carta asigna al principio democrático —del cual se deriva el principio de conservación del derecho—, así como el efecto normativo de la disposición estudiada. Por ello, para que una disposición pueda ser parcial o integralmente expulsada del ordenamiento jurídico en virtud del lenguaje legislativo, es necesario que las expresiones utilizadas resulten claramente denigrantes u ofensivas, que “despojen a los seres humanos de su dignidad”(23) que traduzcan al lenguaje jurídico un prejuicio o una discriminación constitucionalmente inaceptable o que produzcan o reproduzcan un efecto social o cultural indeseado o reprochable desde una perspectiva constitucional. Como se verá adelante, para que la Corte pueda expulsar del ordenamiento parcial o integralmente una norma en razón del lenguaje en ella empleado, es necesario que no exista ninguna interpretación constitucional de las expresiones utilizadas. Adicionalmente el juez debe ponderar el efecto negativo del lenguaje —su poder simbólico— respecto del efecto jurídico de la norma demandada, a fin de adoptar una decisión que no desproteja sectores particularmente protegidos o que no desconozca, en todo caso, el principio democrático de conservación del derecho. Pasa la Corte a recordar la doctrina constitucional vigente en la materia. (…) En aplicación de esta doctrina, ha declarado la constitucionalidad condicionada o la inexequibilidad simple de numerosas expresiones legales que no corresponden “al contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional(24)”. Como ya se mencionó, la Corte ha entendido que en virtud del principio de conservación del derecho, la declaratoria de inexequibilidad simple sólo puede prosperar cuando la expresión legislativa es absolutamente incompatible con la Carta y no existe ninguna interpretación de la misma que pueda ajustarse a la Constitución. Adicionalmente, como se verá adelante, la Corte ha encontrado que para efectos de adoptar la correspondiente decisión es fundamental ponderar el efecto de la declaratoria de inexequibilidad sobre los derechos de sujetos de especial protección a fin de modular el sentido del fallo para no desproteger bienes constitucionalmente protegidos”.
14.2. Ahora bien, sobre el fundamento material del control de constitucionalidad de expresiones de ese carácter, se ha previsto por la jurisprudencia, al recopilar las reglas fijadas por fallos anteriores acerca del tópico examinado, que “… a una determinada expresión utilizada por el legislador no se le puede atribuir un uso exclusivamente descriptivo pues es perfectamente posible que de esos términos se haga también un uso emotivo. Y si concurren los usos descriptivo y emotivo del lenguaje, no puede perderse de vista que este último no es neutro pues plantea siempre una valoración o una desvaloración que el hablante evidencia ante su interlocutor. Por lo tanto, ya que las palabras utilizadas por el legislador son susceptibles de un uso descriptivo y de un uso emotivo y como éste no es neutro sino que plantea una valoración o una desvaloración, es posible que la carga emotiva de las palabras utilizadas al formular una regla de derecho positivo, llegue a interferir los derechos de otras personas y a generar problemas constitucionalmente relevantes. || Entonces, si el lenguaje tiene una multiplicidad de usos y si a través del lenguaje también se construye la realidad social y se construyen o deconstruyen espacios de convivencia, no es acertado plantear que de las expresiones lingüísticas utilizadas por el legislador deba hacerse un uso exclusivamente descriptivo pues son factibles también usos diferentes, que pueden nutrirse de una densa carga valorativa y que eventualmente pueden resultar constitucionalmente relevantes si interfieren derechos fundamentales de las personas. || En suma, el uso emotivo de las palabras utilizadas por el legislador al formular una regla de derecho determinada puede interferir derechos fundamentales de las personas y por ello el juez constitucional se halla legitimado para resolver los problemas constitucionales que se deriven de ello y que le sean planteados en ejercicio de la acción pública e informal de inconstitucionalidad. Y cuando el juez constitucional asume esta función, lejos de incurrir en excesos, está cumpliendo, de manera legítima, con la tarea que se le ha encomendado: Defender la integridad y supremacía de la Carta Política(25)(26)”.
La Corte, entre otros asuntos, declaró inexequible la mencionada expresión “suficiente inteligencia”, en la medida que resultaba discriminatoria y contraria a la dignidad humana de las personas con discapacidad auditiva. Esto debido a que las equiparaba, en razón de su discapacidad, como faltas de discernimiento, lo que no solo era infundado, sino también violatorio de sus garantías constitucionales mínimas. Acerca de este asunto particular, la sentencia señaló que “…para la Sala resulta violatorio de la Constitución la frase “y tuviere suficiente inteligencia”, pues no sólo contiene la misma concepción discriminatoria de la cual ha venido dando cuenta la Corte en esta Sentencia, sino que resulta lesiva de la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona, pues ello implicaría someter al individuo a una prueba para determinar el grado de inteligencia. Tal expresión choca con el principio constitucional sobre la no discriminación y con la exigencia superior de la igual dignidad de todos los seres humanos”.
9. En este marco, es evidente la ilegitimidad de una norma jurídica que se refiera a la discapacidad mental como “locura furiosa” y a quien la padece como “loco”, que lo haga aún en un momento de la historia en que tales expresiones han perdido toda significación clínica y en el que se han dotado de una carga emotiva que instrumentaliza y discrimina a las personas con discapacidad mental. Es decir, expresiones de esa índole, susceptibles de un uso emotivo que resulta jurídicamente degradante y discriminatorio, no son compatibles con los fundamentos de una democracia constitucional y deben ser retiradas del ordenamiento jurídico”.
15.4. Por último, la Sentencia C-804/09, a la cual se hizo referencia en el fundamento jurídico 12, declaró que la expresión “idoneidad física” comprendida como requisito de los adoptantes, al poder ser interpretada desde una perspectiva subjetiva, era constitucional. Ello debido a que esa fórmula hermenéutica no permitía inferir una prohibición genérica para adoptar respecto de las personas en situación de discapacidad. En contrario, si se llegaba erróneamente a ese particular entendimiento, sí se afectarían las garantías constitucionales de esta población. En términos de esa decisión, “es claro que la exigencia de que quien aspire a adoptar un hijo, cuente con idoneidad física, responde a un fin constitucionalmente legítimo, esto es, asegurar las mejores condiciones para el cuidado y atención de las necesidades del menor que se integra a una familia, acorde con sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. A la vez, es una medida que resulta idónea para obtener esa finalidad constitucional. || Sin embargo, también es claro que frente a las personas que tienen una limitación física y cumplen con las demás condiciones establecidas en la ley para adoptar un hijo, la medida puede resultar discriminatoria, si se tiene como única razón para negar la adopción. Además, una interpretación y aplicación de la norma en este sentido, quebrantaría el deber del Estado de proteger especialmente a las personas con discapacidad y a la vez, el derecho de los menores de edad a tener una familia que les brinde el cuidado y el amor que requieren para su desarrollo integral. || Encuentra la Corte Constitucional que el artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, exige una valoración integral de todas las condiciones de quien sea candidato a padre o madre adoptante. En esa medida, no se puede descalificar a una persona como posible padre o madre adoptante, por el sólo hecho de que tenga una discapacidad, sino que dicha condición debe ser evaluada en cada caso concreto por las autoridades y expertos, junto con los demás factores de idoneidad exigidos por la ley, y siempre en función de interés superior del menor, esto es, a la luz de las necesidades de amor, cuidado y protección del niño, niña o adolescente que será adoptado. En este sentido, la disposición demandada resulta ajustada a la Constitución, desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los niños, la prevalencia de los mismos y el interés superior del menor”.
17. La demanda apunta a dos enunciados normativos. El primero, contenido en el artículo 3º de la Ley 361/97, determina que uno de los objetivos de es normativa es la normalización social y plena, al igual que la total integración de las personas con situación de discapacidad. El segundo, contenido en el artículo 36 ejusdem, de acuerdo con el cual se disponen servicios de orientación para las familias de las personas con discapacidad, encontrándose dentro sus fines el logro de la normalización de su entorno familiar.
20. Así, en lo que respecta a la acusación contra el artículo 3º de la Ley 361/97, la expresión “normalización social y plena” también puede ser válidamente comprendida como una referencia, no a las personas en situación de discapacidad, sino al entorno físico y social en el cual se encuentran. Así, lo que el legislador plantearía en este caso es que uno de los objetivos que inspira la normatividad legal colombiana sobre discapacidad, es la intervención del entorno mencionado, a efectos de permitir que en este se eliminen las barreras que concurren en la construcción de la discapacidad. Además, si se lee la norma en su conjunto, podría considerarse acertadamente que en ella concurren dos objetivos separados y específicos de dicha normativa: El primero, relacionado con la normalización social plena, que refiere a la superación de las barreras sociales que se imponen a las personas con discapacidad. Y el segundo, referido a la total integración de dichas personas, cláusula que no haría nada distinto que reafirmar las premisas que sustentan el modelo social de la discapacidad, en los términos explicados en esta sentencia.
21. De otro lado, también debe resaltar la Corte que esta visión que asimila el concepto de normalización con la remoción de barreras y a la integración de las personas con discapacidad, ha sido una constante en la jurisprudencia constitucional, incluso desde sus etapas más tempranas. Ejemplo de ello es lo expuesto en la Sentencia T-429/92, cuando al referirse a la necesidad de integrar a los niños y niñas con discapacidad a la educación regular, compartida con los alumnos no discapacitados, la Corte expresó que dichos mandatos de integración “…deben ser tenidos en cuenta cuando se elaboren programas educativos que conlleven los efectos nocivos de la separación o aislamiento de los niños de aquellas experiencias educativas propias del mundo de la "normalidad". No puede negarse que la educación especial responde a veces a las mejores intenciones y propósitos de ayudar eficazmente a los niños a superar sus dificultades. Pero la separación o aislamiento pueden engendrar sentimientos de inferioridad, con todas sus previsibles secuelas negativas. || En estas condiciones, la educación especial ha de concebirse sólo como un recurso extremo para aquellas situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación. Por tanto, la educación especial no podrá nunca servir de instrumento para la negación del derecho constitucional prevalente de acceso y permanencia en el sistema educativo que hoy tienen los niños colombianos”.
Esta misma línea de decisión se encuentra en la Sentencia T-1258/08, en la cual, al hacerse un detallado estudio sobre los derechos de las personas de talla baja y su paralelo con los derechos de los sujetos con discapacidad, se señaló como una de las causas de afectación de esos derechos la inexistencia de entornos incluyentes, universales para la población de talla promedio y baja. Así, la sentencia en comento vincula la conformación de estos entornos como una de las expresiones del modelo social de la discapacidad. Para ello, resalta que “[e]l modelo social inspirado en tales ideas, sugiere tres conclusiones importantes: (i) que la discapacidad no es “de la persona”, sino el resultado de su exclusión en la participación social; (ii) que la exclusión no es inevitable como se piensa, al punto en que es posible imaginar una sociedad que ha solucionado el problema de la integración social en su conjunto, y (iii) que es correcto reconstruir el concepto de personas con discapacidad, como una categoría social de personas que han sido excluidas de los estándares tradicionales de la sociedad y no simplemente como un concepto que identifica a personas que han padecido circunstancias personales de limitación(27). || La superación de la discapacidad desde este análisis, sugiere una intervención social que exige hacer las modificaciones ambientales(28) que sean necesarias, para asegurar la participación plena de las personas con esta condición en las estructuras regulares del entramado colectivo. De ahí que para quienes se identifican con esta concepción de la discapacidad, el problema termine siendo de actitud, y por lo tanto su atención requiera de la introducción de cambios colectivos que permitan la integración de estas personas(29). || La discapacidad, analizada desde la perspectiva social de no pertenecer ambientalmente al modelo humano antropométrico, mental y funcionalmente “perfecto”, permite en materia de accesibilidad, que personas con deficiencias permanentes, —sean mentales, físicas o sensoriales—, conjuntamente con las personas afectadas por circunstancias discapacitantes, como pueden ser las personas de la tercera edad, niños pequeños, personas embarazadas, etc., puedan ser protegidas a través de las disposiciones que sean pertinentes en materia de discapacidad y que tengan en cuenta sus específicas necesidades de integración”.
Por último, y de manera más reciente la Sentencia C-765/12, a propósito del control automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria “por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, la Corte puso de presente que la estipulación legislativa de acciones afirmativas a favor de dicha población, como las planteados por esa normativa, se justificaban precisamente en la necesidad de equiparación como requisito para el goce efectivo de los derechos fundamentales. Sobre el particular, se resaltó en la decisión mencionada que “la generalidad de las medidas desarrolladas en estos artículos 7º a 26 sin duda encajan dentro del marco trazado por el texto superior. Esto por cuanto, se insiste, todas ellas tienen el propósito de procurar el logro de la igualdad real y efectiva entre las personas con discapacidad y las demás personas y ciudadanos, en directa aplicación del artículo 13 de la carta; están directamente ligadas al cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 47 que ordena adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”; buscan la efectividad de derechos específicos reconocidos por la Constitución, unos con el carácter de fundamentales y otros como económicos, sociales y culturales, pero todos garantizados por el texto superior; y en cuanto implican cargas y deberes adicionales para los particulares y las autoridades, constituyen una clara y efectiva materialización del principio de solidaridad, al que aluden los artículos 1º y 95 de ese mismo texto. Enumeración que no podrá considerarse taxativa sino enunciativa, pues este tipo de medidas también encuentran apoyo en varios otros preceptos constitucionales”.
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “la normalización social plena” contenida en el artículo 3º de la Ley 361 de 1997, en el entendido que que(sic) refiere únicamente y exclusivamente a la obligación del Estado y la sociedad de eliminar las barreras del entorno físico y social.
2. Declarar EXEQUIBLE, la expresión “normalización de”, contenida en el artículo 36 de la Ley 361 de 1997.
En gran medida el problema de las personas con discapacidad es el contexto social, pues los efectos negativos de los impedimentos físicos o síquicos derivan de la existencia de entornos sociales intolerantes, más que de las afectaciones síquicas o físicas. En cierto sentido, es la sociedad la que carece de la capacidad de integrar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. El gran cambio frente a la discapacidad de las últimas décadas ha consistido precisamente en reconocer este hecho elemental, a saber, que un medio social negativo puede convertir la discapacidad en invalidez, y que por el contrario, un ambiente social positivo e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida de las personas afectadas con algún tipo de discapacidad. La conclusión obvia es que es entonces necesario trasformar esos entornos sociales discriminatorios e intolerantes en ambiente favorables a la integración y al desarrollo con dignidad de los discapacitados.
(2) Corte Constitucional, Sentencia T-207 de 1999.
(3) Corte Constitucional, Sentencia T-823/99.
(4) Observación general 5, relativa a los derechos de las personas con discapacidad. Adoptada durante el 11 período de sesiones del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento E/1995/22. 1994. Párrafo 5.
(5) Ibídem. Párrafos 16 y 17.
(6) Sobre este tema ver Palacios, Agustina. El derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y la obligación de realizar ajustes razonables. En Los derechos de las personas con discapacidad: Perspectivas sociales, políticas, jurídicas y filosóficas. “004, Librería Editorial Dykinson., pp. 187-205.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-804/09.
(9) Seelman, Catherine. Tendencias en la rehabilitación y en la discapacidad: Transición desde un modelo médico a un modelo de integración. Esta autora señala que el modelo médico se ha soportado en una serie de herramientas que se concentran en la medición de deficiencias en el ámbito corporal, como por ejemplo la Medición de la Independencia Funcional, que presenta sus resultados en términos de diferenciación entre personas “normales y personas con discapacidad para realizar actividades”.
(10) Corte Constitucional, Sentencia C-804/09.
(11) Corte Constitucional, Sentencia T-340/10.
(12) Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(13) Acerca de la noción de ambiente físico, el arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Javier Peinado Pontón, señaló: “(…) Cuando ustedes se refieren al ambiente físico, nosotros lo llamamos paisaje o naturaleza. En términos de geografía equivale a todo el mundo natural, el entorno natural e intervenido y el entorno físico; y este entorno físico tiene significado, tiene razón de ser para los humanos en la medida en que está ocupado; la significación se la da la vida social y la cultura” Tomado de PEINADO PONTÓN, Javier, “Hábitat y Discapacidad” en “Discapacidad e Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 287.
(14) Es importante hacer una nota sobre la noción de discapacidad y especialmente subrayar que todos los seres humanos estamos avocados a convivir con esta circunstancia: “(…) En este sentido me he dado cuenta de que la discapacidad, como la enfermedad, es connatural a la condición humana. O sea que, inevitablemente el desarrollo de una persona avanza hacia la pérdida de su capacidad para intervenir laboralmente, para operar con autonomía en los ámbitos en que se mueve. Insisto, la independencia ocupacional, el autocuidado, la asunción de las responsabilidades que se tienen a nivel familiar y toda suerte de participaciones sociales, con el tiempo se van perdiendo (…)” Tomado de GUERRERO Juan, “Discapacidad, discapacitados y expertos” en “Discapacidad e Inclusión Social. Reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia”, octubre de 2005, Maestría en Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Pág. 82.
(15) Corte Constitucional, Sentencia T-551/11.
(16) El modelo social tiene su origen en las luchas del movimiento de vida independiente y de reivindicación de derechos civiles y políticos en los años 60.
(17) Ver la reciente Clasificación Internacional del Funcionamiento, (CIF) sobre la discapacidad y la salud.
(18) Corte Constitucional, Sentencia C-804/09.
(19) En ese sentido se había pronunciado esta corporación en las sentencias C-401 de 2003 y T-826 de 2004, antes de la aprobación de la convención.
(20) Sobre las diferencias entre el modelo norteamericano y el inglés, cfr. Agustina Palacio, Op. Cit. Pp. 103 y ss.
(21) Ver, entre otras, las sentencia C-007/01, C-983/02, C-478/03, C-1088/04, C-1235/05, C-804/06 y C-804/09.
(22) El lenguaje jurídico, desde esta perspectiva, tiene un valor convencional, con la pretensión, por supuesto no exenta de crítica, de validar una práctica social determinada. Al respecto, se ha contrastado la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y el positivismo normativo de Hart, para considerar que “… si se apela a la noción de convención para describir cómo es una práctica social, lo que no puede hacerse es pedir a esa descripción que vaya más lejos, explicando los motivos de quienes intervienen en esa práctica. Ése es un paso ilegítimo en la teoría positivista, dado que el enunciado filosófico (EF) del que parte ya presupone que no hay más que los hechos de los que hace depender la existencia de normas. Y, si hay algo más, no forma parte de la concepción del positivismo hartiano que propone una forma de concebir el fenómeno jurídico. Ahora bien, ese “algo más” sí puede ser el conjunto de afirmaciones verdaderas que se tengan como descripción empírica de lo que ocurre y que requiere de las reglas de representación del positivismo jurídico para adquirir sentido. Para aclarar la relación entre el convencionalismo descriptivo y el convencionalismo jurídico puede decirse que el primero se refiere a la defensa y práctica de un tipo de actividad filosófica: gramatical (la constatación de relaciones internas), y terapéutica (constatar que el problema filosófico es una vulneración de la gramática). Por su parte, el convencionalismo jurídico, enmarcado en una gramática iuspositivista en la que la tesis de las fuentes sociales tiene valor de EF, elabora una descripción en concreto de la práctica identificativa del derecho basada en convenciones sociales.” Vid. Narváez Mora, Maribel (2004) Wittgenstein y la teoría del derecho. Una senda para el convencionalismo jurídico. Marcial Pons, Madrid, p. 280.
(23) Cfr. Entre otras la Sentencia C-1088/04 “al poder político ya no le está permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condición, con una terminología que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de las cosas”. Y añadió, “expresiones de esa índole, susceptibles de un uso emotivo que resulta jurídicamente degradante y discriminatorio, no son compatibles con los fundamentos de una democracia constitucional y deben ser retirados del ordenamiento jurídico”.
(24) Ver entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-105 de 1994; C-222 de 1994; C-544 de 1994; C- 397 de 1995; C-446 de 1995; C- 591 de 1995; C- 174 de 1996; C-004 de 1998; C-742 de 1998; C-068 de 1999; C-082 de 1999; C- 112 de 2000; C- 289 de 2000; C- 641 de 2000; C- 800 de 2000; C-1111 de 2000; C- 1440 de 2000; C-1492 de 2000; C-1495 de 2000; C-1264 de 2000; C-007 de 2001; C- 1298 de 2001; C-174 de 2001; C-092 de 2002, C-379 de 2002; C-478 de 2003; C-1088 de 2004, C-1235 de 2005 y C-804 de 2006.
(25) Sentencia C-1088 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(26) Corte Constitucional, Sentencia C-804/09. En este apartado se reiteran las reglas que sobre la materia prevé el fallo C-1088/04.
(27) Ángelo D. Marra. Op. Cit.
(28) Ángelo D. Marra. Op. Cit.
(29) Celsa Cáceres Rodríguez. “Sobre el concepto de discapacidad. Una revisión de las propuestas de la OMS. [en línea]. Auditio: Revista electrónica de audiología. 1 Noviembre 2004, vol. 2(3), pp. 74-77. España. http://www.auditio.com/revista/pdf/vol2/3/020304.pdf.