Source: https://lpderecho.pe/circunstancia-privilegiada-responsabilidad-restringida-determinacion-judicial-pena-r-n-1765-2015-lima-norte/
Timestamp: 2020-04-04 08:37:30
Document Index: 145222138

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 138', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 138', 'artículo 22']

Sumilla: Las excepciones previstas en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, colisionan con la garantía constitucional de igualdad jurídica prevista en el inciso 2), del artículo 2, de la Constitución Política del Estado, toda vez que el tratamiento especial que implica la denominada «responsabilidad restringida» se basa en la condición personal del procesado, ubicándose en la teoría del delito en la llamada «capacidad de culpabilidad», sin que sea relevante la antijuricidad; es decir, el contenido del injusto penal, por lo que resultó evidente que introducir una excepción o la aplicación de esa diferencia de trato fundada en un criterio de diferenciación por la naturaleza del delito, deviene en arbitraria, discriminatoria e inconstitucional, existiendo en el caso concreto una evidente incompatibilidad entre la norma constitucional y la norma legal, por lo que en uso de la atribución del control difuso establecida por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, debe resolverse con arreglo a la norma de mayor rango y, por tanto, aplicar plenamente sin excepciones el primer párrafo del artículo 22 del Código Penal.
Primero: Se tiene que el día 29 de diciembre de 2013, a las 17:20 horas aproximadamente, los procesados Junior Gino Santiago Sandoval y Jhonnatan Eval Sandoval Silva, en compañía de otros sujetos no identificados, sustrajeron la suma de S/ 550.00 soles, tarjetas de crédito y un teléfono celular marca Airis- 400 del agraviado Telly Everin Guzmán Curo, así como un equipo de teléfono celular marca Samsung, cargador, audífonos y la suma de S/50.00 soles de la agraviada Kelly Yaqueline Reyes Trujillo, en circunstancias que los citados agraviados se encontraban en el paradero conocido como «San Carlos», ubicado en la avenida Universitaria, en el distrito de Comas, esperando un vehículo de transporte público, donde se percatan que una mototaxi color azul se había estacionado a unos quince metros de distancia del lugar en que se encontraban, descendiendo de dicho vehículo el acusado Jhonnatan Eval Sandoval Silva junto a otro sujeto no identificado, portando este último una botella en la mano, el cual procede a romper y amenazar al agraviado Telly Everin Guzmán Curo, mientras que el encausado Jhonnatan Eval Sandoval Silva, introduce su mano al bolsillo de su pantalón, advirtiéndoles que tenía un arma de fuego para intimidarlo, procediendo a despojarlo de sus pertenencias, para luego dirigirse a la agraviada Kelly Yaqueline Reyes Trujillo y sustraerle sus bienes e inmediatamente abordar la mototaxi de placa de rodaje B6-9893 que era conducido por el acusado Junior Gino Santiago Sandoval, dándose a la fuga, ante lo cual los agraviados solicitaron apoyo policial, quienes lograron intervenir a los procesados en poder de los objetos del delito.
Quinto: En consecuencia, no estando en controversia la responsabilidad penal de los acusados Junior Gino Santiago Sandoval y Jhonnatan Eval Sandoval Silva, en vista de su conformidad procesal, es preciso señalar que la determinación de la pena tiene como sustento normativo, tanto el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal -que vincula la dosis de pena con determinadas características del hecho y vista la proporcionalidad como límite máximo-, como los artículos 45 y 46 del citado Código Sustantivo. Además, engloba dos etapas secuenciales marcadamente definidas, la primera denominada «Determinación Legal», y la segunda rotulada como «Determinación Judicial». En esta última fase, concierne realizar un juicio ponderativo sobre la presencia de circunstancias agravantes, atenuantes y/o cualquier otra causal de reducción o disminución punitiva.
Noveno: Con respecto a la responsabilidad restringida, de acuerdo a las fichas de RENIEC, de fojas cincuenta y tres y cincuenta y cuatro, a la fecha de los hechos los procesados Junior Gino Santiago Sandoval y Jhonnatan Eval Sandoval Silva, contaban con 18 y 21 años respectivamente, por lo que la Sala Superior consideró esta circunstancia, pero se debe dejar sentado que no obstante que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal señaló que «está excluido el agente que haya incurrido en delito de robo agravado (…)», este Colegiado estima que tal disposición colisionó con la garantía constitucional de igualdad jurídica- en puridad, principio y derecho fundamental- prevista en el inciso 2), del artículo 2, de la Constitución Política del Estado[1], toda vez que el tratamiento especial que implica la denominada «responsabilidad restringida» se basa en la condición personal del procesado, ubicándose en la teoría del delito en la llamada «capacidad de culpabilidad», sin que sea relevante la antijuricidad; es decir, el contenido del injusto penal, por lo que resultó evidente que introducir una excepción o la aplicación de esa diferencia de trato -propia de individuos objetivamente diferentes por su situación personal- fundada en un criterio de diferenciación por la naturaleza del delito, deviene en arbitraria, discriminatoria e inconstitucional, existiendo en el caso concreto una evidente incompatibilidad entre la norma constitucional y la norma legal, por lo que en uso de la atribución del control difuso establecida por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, debe resolverse con arreglo a la norma de mayor rango y, por tanto, aplicar plenamente, sin excepciones irrazonables el primer párrafo del artículo 22 del Código Sustantivo, como se hizo en el Recurso de Nulidad N.° 1100-2010-Lima, de veintiuno de septiembre de dos mil diez y el Recurso de Nulidad N.° 1216-2011-Lima Norte, de veintiséis de septiembre de dos mil once, emitida por la Sala Penal Permanente y la Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema, respectivamente; por lo que, en el caso en concreto se deben de evaluar las posibilidades de resocialización y la responsabilidad restringida del agente, al contar con menos de veintiún años de edad al momento de la comisión del delito. Pese a que resulta innegable el rol que desarrolla la ley en nuestro sistema jurídico es también indiscutible que la eficacia de la misma depende de cómo sea aplicado por los Tribunales de Justicia[2]. Debido a que en caso de la comisión de una conducta antijurídica, los sujetos activos, no tienen la posibilidad de decidir si someterse o no a la administración de justicia, porque el Estado es quien tiene el monopolio de administrar justicia, específicamente en el ámbito penal o ius puniendi, que es un instrumento para sancionar tales conductas, el cual es aplicado por el juez penal. En vista del innegable sometimiento a la administración de justicia por parte del imputado, este será procesado y naturalmente condenado, en caso de ser hallado responsable de la conducta antijurídica donde el juez penal emitirá un fallo condenatorio.