Source: https://www.scribd.com/doc/73493455/Amicus-Curiae
Timestamp: 2016-08-27 20:29:58
Document Index: 59784119

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Amicus Curiae BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLitiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A. C.Acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 Asunto: Se presenta amicus curiae
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación P r e s e n t e. Las suscritas, sometemos a consideración de ese Alto Tribunal el presente amicus curiae que contiene un desarrollo de los derechos de las mujeres involucradas en este asunto de cara a las fuentes de derecho de origen internacional. Lo anterior, en ejercicio de nuestro derecho de petición, previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, “Constitución” o “CPEUM”) y de nuestro derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa, conforme al artículo 23.1, inciso a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención Americana” o “CADH”). Consideramos que el presente escrito tiene relevancia en tanto que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de interpretar el marco constitucional aplicable al presente asunto, a la luz de las normas de derechos humanos contenidas en fuentes internacionales, en términos del mandato del párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución y atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. En ese sentido, consideramos que, con la aprobación de la reforma a su artículo 7 constitucional que protege el derecho a la vida desde el momento en que el individuo es concebido, el estado libre y soberano de Baja California viola en perjuicio de las mujeres bajo su jurisdicción diversos derechos.
Consideraciones Preliminares El primer dato relevante a considerar en el presente asunto es que desde que en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1974, fuera publicada la primera reforma al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incluyó el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia. Actualmente dicha disposición establece, en la parte que a los efectos de este escrito interesa que:
Artículo 4.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución
Ese derecho a decidir, reconocido en el segundo párrafo del artículo cuarto constitucional, junto con el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de Salud han sido utilizados como fundamento para permitir la interrupción legal del embarazo y proveer de los servicios médicos correlativos, al menos en el Distrito Federal. Extrañamente, tal derecho a decidir de las mujeres fue desconocido por los titulares de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes presentaron por separado acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, que introducía la regulación necesaria para practicar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación. A pesar de ello, una vez tomado conocimiento de ambas acciones, el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de ocho de sus once integrantes, con fecha 28 de agosto de 2008, que la reforma a la legislación del Distrito Federal impugnada, no resultaba inconstitucional, lo cual dejó firme la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Esta situación permite afirmar que el Estado Mexicano, en esa ocasión, pudo garantizar el derecho fundamental de las mujeres a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os. Sin embargo, con posterioridad a esa determinación de esta Suprema Corte, se conoce que al menos veintitrés Estados de la República Mexicana han emprendido procesos para reformar sus constituciones locales con el pretendido objeto de salvaguardar el derecho a la vida desde la fecundación, desconociendo con esas medidas el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su descendencia. Una de esas entidades federativas ha sido el Estado de Baja California, en el cual con fecha 26 de diciembre de 2008 aparecieron publicadas en su Diario Oficial reformas a su Constitución y Código Penal locales. En un escenario como el descrito, el derecho humano de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os, entre los Constituyentes Estatales
Hechos que originan la Acción de Inconstitucionalidad 11/09 Con fecha 26 de diciembre de 2008, aparece publicado en el Diario Oficial del Estado de Baja California, un decreto por el cual se reforma y adiciona el artículo séptimo de su Constitución Política para quedar con el texto ahora transcrito:
Artículo 7.- … “El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas derechos que otorga esta Constitución; de igual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.”
La situación resultante es que a pesar de que todas las mujeres en México tienen reconocidos en la Constitución General de la República, entre otros, los derechos a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os y a la protección de su salud, así como a no ser discriminadas por su lugar de residencia, en los hechos las mujeres que habitan en el Estado de Baja California no
conservan igual acceso al procedimiento médico que les permita interrumpir
voluntariamente su embarazo en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. En Baja California se les niega dicha posibilidad pretextando el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la vida desde la concepción, a la par que se penaliza esa interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación.
Derechos humanos violados Así las cosas, el artículo 7 de la Constitución de Baja California viola en perjuicio de las mujeres de dicho Estado los siguientes derechos: a) el derecho a igual protección de la ley, sin discriminación alguna (artículo 1 CPEUM, a la luz del artículo 24 de la CADH); b) el derecho a la vida privada, relacionado con las libertades de conciencia y de pensamiento (artículos 7 y 29 CPEUM, a la luz de los artículos 11, 12 y 13 de la CADH); c) el derecho a una vida digna y a la integridad personal, por afectación de su derecho a la salud (artículos 4 y 29 CPEUM, a la luz de los artículos 4.1 y 5.1 de la CADH); d) el derecho a una existencia digna, en la que puedan elegir libremente su proyecto de vida (artículos 1 y 4 CPEUM, a la luz artículos 4.1, 6.1 y 7.1 de la CADH); e) todos ellos, en conexión con los artículos 1° CPEUM, 1.1 y 2 de la CADH, y CPEUM, a la luz de los artículos 1 al 9 de la Convención de Belem do Pará. A. Derecho a igual protección de la ley, sin discriminación alguna Violación del artículo 1° de la Constitución a la luz de los artículos 24, 1.1 y 2 de la Convención Americana El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:
f) el derecho a una vida libre de violencia que se deriva de los artículos 1 y 4 de la
Sobre el particular, en un precedente reciente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte Interamericana” o “COIDH” recuerda que:
“La Corte ha sostenido que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Asimismo, esta Corte ha distinguido entre distinciones y discriminaciones, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos.”1
Destacado lo anterior, es importante esclarecer que la distinción de trato que puede llegar a ser violatoria del citado artículo 24 de la CADH debe originarse desde una disposición de carácter general, no por conductas o actuaciones individuales, pues de presentarse solamente esta segunda situación, la contravención que se generaría sería al artículo 1.1 de la propia Convención. Esta elemental diferencia es posible corroborarla en palabras de la COIDH:
“La diferencia entre los dos artículos radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, mientras que el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna, violaría el artículo 24.”2
Con todo, la protección que el artículo 24 de la Convención Americana despliega frente a una discriminación por ley, es dable extenderla a los efectos que esa regulación discriminatoria pueda provocar, e inclusive una interpretación bajo la óptica del principio pro personae permitiría ampliar su ámbito de protección a las prácticas discriminatorias que de ella deriven, de modo que se defienda a las personas frente a discriminaciones generales de derecho o de hecho, que afecten cualquiera de sus derechos, como es posible desprender de la lectura del siguiente criterio de esa Corte Interamericana:
“Este Tribunal ha reiterado que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Además, los Estados deben combatir prácticas discriminatorias y adoptar las medidas necesarias para asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.”3
Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184, párrafo 211. 2 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C, No. 182, párrafo 209. 3 Caso López Álvarez vs. Honduras, op. cit., párrafo 170.
En esta línea de pensamiento, la Corte Interamericana había tenido ocasión de ilustrar su criterio con un ejemplo de discriminación de ley como el siguiente:
“La Corte considera que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Además, los Estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente debe adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. […] La Corte considera necesario señalar que el deber de respetar y garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación es independiente del estatus migratorio de una persona en un Estado. Es decir, los Estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa.”4
De hecho, el grado de importancia del principio de igualdad que subyace en el artículo 24 de la Convención Americana alcanza tal magnitud, que la propia Corte Interamericana no duda en considerarlo como una norma de ius cogens:
“El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico.”5
Al entenderse al principio de igualdad como una norma de ius cogens, adquiere una prevalencia indiscutible, incluso frente a los demás tratados, como se pone de manifiesto en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, disposiciones que aquí se transcriben:
53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general ("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente
Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C, No. 130, párrafos 141 y 155. 5 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127, párrafo 184.
Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. ... 64. Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general ("jus cogens"). Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará.
Las consecuencias que se desatan a partir de que el principio de igualdad adquiere el carácter de norma de ius cogens, evidentemente no se limitan a lo estipulado en los artículos que se acaban de citar de dicha Convención de Viena, sino que con mayor razón es debido trasladarlas al interior de los ordenamientos jurídicos de los Estados, en la medida que permita el contexto, tal como enseña la Corte Interamericana en los párrafos del siguiente tenor:
“Ese principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno; se trata de un principio de derecho imperativo. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Es discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable. El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la misma, respecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe.”6
Sobresale, del precedente recién transcrito, que una violación al artículo 24 de la Convención Americana puede actualizarse incluso en referencia a un trato de ley discriminatorio que menoscabe derechos fundamentales de fuente nacional. Criterio que cobra relevancia en el presente asunto que se somete a esta Suprema Corte, de no olvidarse que en juego están los derechos que como mujeres pertenecen a las residentes del Estado de Baja California, entre ellos, los derechos a decidir de manera libre,
Ibid., párrafos 185 y 186.
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os, a la protección de su salud, a la intimidad o a la vida privada y al libre desarrollo de su personalidad, así como a no ser discriminadas tomándose en cuenta el lugar donde habitan. Con los elementos resaltados, resulta sencillo evidenciar las violaciones al derecho a igual trato en ley a que han sido sujetas en general las mujeres residentes en Baja California, a partir de un razonamiento en el que no se olvide que en términos del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier mujer goza de diversos derechos fundamentales que contribuyen a asegurar su existencia digna, su autonomía reproductiva, su salud y el respeto a sus decisiones concernientes a su vida privada como son las relacionadas con el número y espaciamiento de su descendencia, cuya titularidad debe extenderse en todas las entidades que conforman nuestra República Federal, sin que sea admisible que se discrimine a mujer alguna a causa del lugar en que habita. Exactamente en dirección contraria, las mujeres en el Estado de Baja California han visto afectados los derechos que les hacen permisible, entre otras cosas, practicarse una interrupción voluntaria del embarazo a través de servicios médicos adecuados, es decir, disponibles, accesibles, asequibles, informados, aceptables, de calidad y, por supuesto, ofrecidos de modo no discriminatorio. Ello a causa de que la reforma al artículo séptimo de la Constitución de Baja California, poniendo de pretexto el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la vida desde la concepción, provoca una práctica discriminatoria que afecta a las mujeres que ahí residen, en tanto que se penaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación, a la par que imposibilita que se presten los servicios médicos acordes a los derechos a decidir sobre el número y el espaciamiento de su descendencia y a la salud. En este marco, es manifiesta la violación al artículo 1° de la CPEUM, a la luz del 24 de la CADH, la cual por sus características intrínsecas, toda vez que se trata de una discriminación a causa de leyes, va acompañada irremediablemente de la transgresión del artículo 2 de dicho instrumento internacional. Ello porque en lugar de adoptarse las disposiciones de derecho interno necesarias para garantizar efectivamente el derecho a igual protección de la ley, sin discriminación alguna, y a través suyo los derechos de las mujeres que están en juego, en Baja California se ha actuado exactamente al revés,
quebrantándose la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico normas discriminatorias, así como fallando a la hora de eliminarlas y combatir la práctica discriminatoria que menoscaba aquellos derechos de las mujeres. Violación que por las particularidades del caso que se denuncia en el que se ven comprometidos derechos que las mujeres gozan de manera específica, y dado que de por medio se encuentra el principio imperativo de igualdad, es debido completarla a la luz de las interpretaciones especializadas en el tema, siendo las primeras las que se desprenden a partir de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante “la CEDAW”), de la cual importa transcribir los preceptos siguientes:
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. ... Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. ... Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. ... Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. ... Artículo 12. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio a lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. ... Artículo 16. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
[…] e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; […]
En desarrollo de estas disposiciones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano intérprete de la CEDAW, ha emitido un par de recomendaciones generales que vale la pena tener en consideración, a saber, la Recomendación General 21, sobre “La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares”, que data de 1994, así como la Recomendación General 24, acerca de “La mujer y la salud (artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer)”, de 1999, de las cuales en ese orden se transcriben enseguida los párrafos siguientes, pues con ellos se tendrá una mejor comprensión del caso:
21. Las obligaciones de la mujer de tener hijos y criarlos afectan a su derecho a la educación, al empleo y a otras actividades referentes a su desarrollo personal, además de imponerle una carga de trabajo injusta. El número y espaciamiento de los hijos repercuten de forma análoga en su vida y también afectan su salud física y mental, así como la de sus hijos. Por estas razones, la mujer tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos que tiene 22. En algunos informes se revelan prácticas coercitivas que tienen graves consecuencias para la mujer, como el embarazo, el aborto o la esterilización forzados. La decisión de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno. A fin de adoptar una decisión con conocimiento de causa respecto de medidas anticonceptivas seguras y fiables, las mujeres deben tener información acerca de las medidas anticonceptivas y su uso, así como garantías de recibir educación sexual y servicios de planificación de la familia, según dispone el apartado h) del artículo 10 de la Convención. 23. Hay amplio acuerdo en que cuando se dispone libremente de medidas apropiadas para la regulación voluntaria de la fecundidad, mejoran la salud, el desarrollo y el bienestar de todas las personas de la familia. Además, estos servicios mejoran la calidad general de la vida y la salud de la población, y la regulación voluntaria del crecimiento demográfico ayuda a conservar el medio ambiente y a alcanzar un desarrollo económico y social duradero. […] 49. Cuando lo exija el cumplimiento de la Convención, en particular los artículos 9, 15 y 16, los Estados Partes deberán legislar y hacer cumplir esas leyes. ...
11. Las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer. La negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios. 12. Los Estados Partes deberían informar sobre cómo interpretan la forma en que las políticas y las medidas sobre atención médica abordan los derechos de la mujer en materia de salud desde el punto de vista de las necesidades y los intereses propios de la mujer y en qué forma la atención médica tiene en cuenta características y factores privativos de la mujer en relación con el hombre, como los siguientes: […] d) La falta de respeto del carácter confidencial de la información sobre los pacientes afecta tanto al hombre como a la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por esa razón, la mujer estará menos dispuesta a obtener atención médica para tratar enfermedades de los órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender a casos de abortos incompletos, y en los casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física. […] 14. La obligación de respetar los derechos exige que los Estados Partes se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. Los Estados Partes han de informar sobre el modo en que los encargados de prestar servicios de atención de la salud en los sectores público y privado cumplen con su obligación de respetar el derecho de la mujer de acceder a la atención médica. Por ejemplo, los Estados Partes no deben restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los dispensarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, su compañero, sus padres o las autoridades de salud, por no estar casada o por su condición de mujer. El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones. […] 17. El deber de velar por el ejercicio de esos derechos impone a los Estados Partes la obligación de adoptar medidas adecuadas de carácter legislativo, judicial, administrativo, presupuestario, económico y de otra índole en el mayor grado que lo permitan los recursos disponibles para que la mujer pueda disfrutar de sus derechos a la atención médica… […]
21. Los Estados Partes deben informar sobre las medidas que han adoptado para eliminar los obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a servicios de atención médica, así como sobre las medidas que han adoptado para velar por el acceso oportuno y asequible de la mujer a dichos servicios. Esos obstáculos incluyen requisitos o condiciones que menoscaban el acceso de la mujer, como los honorarios elevados de los servicios de atención médica, el requisito de la autorización previa del cónyuge, el padre o las autoridades sanitarias, la lejanía de los centros de salud y la falta de transporte público adecuado y asequible. 22. Además, los Estados Partes deben informar sobre las medidas que han adoptado para garantizar el acceso a servicios de atención médica de calidad, lo que entraña, por ejemplo, lograr que sean aceptables para la mujer. Son aceptables los servicios que se prestan si se garantiza el consentimiento previo de la mujer con pleno conocimiento de causa, se respeta su dignidad, se garantiza su intimidad y se tienen en cuenta sus necesidades y perspectivas. Los Estados Partes no deben permitir formas de coerción, tales como la esterilización sin consentimiento o las pruebas obligatorias de enfermedades venéreas o de embarazo como condición para el empleo, que violan el derecho de la mujer a la dignidad y dar su consentimiento con conocimiento de causa. […] 26. En sus informes, los Estados Partes han de indicar también qué medidas han adoptado para garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto. Asimismo debe indicarse en qué proporción han disminuido en su país en general y en las regiones y comunidades vulnerables en particular las tasas de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad de resultas de la adopción de esas medidas [sic]. 27. En sus informes, los Estados Partes deben indicar en qué medida prestan los servicios gratuitos necesarios para garantizar que los embarazos, los partos y los puerperios tengan lugar en condiciones de seguridad. Muchas mujeres corren peligro de muerte o pueden quedar discapacitadas por circunstancias relacionadas con el embarazo cuando carecen de recursos económicos para disfrutar de servicios que resultan necesarios o acceder a ellos, como los servicios previos y posteriores al parto y los servicios de maternidad. El Comité observa que es obligación de los Estados Partes garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el máximo de recursos disponibles. 28. Se insta a los Estados Partes a que, cuando informen sobre las medidas adoptadas en cumplimiento del artículo 12, reconozcan su vinculación con otros artículos de la Convención relativos a la salud de la mujer. Entre esos otros artículos figuran… el apartado e) del párrafo 1 del artículo 16, que exige que los Estados Partes aseguren que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer esos derechos.
29. Los Estados Partes deberían ejecutar una estrategia nacional amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida. Esto incluirá intervenciones dirigidas a la prevención y el tratamiento de enfermedades y afecciones que atañen a la mujer, al igual que respuestas a la violencia contra la mujer, y a garantizar el acceso universal de todas las mujeres a una plena variedad de servicios de atención de la salud de gran calidad y asequibles, incluidos servicios de salud sexual y genésica. […] 31. Los Estados Partes también deberían, en particular: […] c) Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos. […] e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa.
A partir de estas consideraciones del Comité intérprete de la CEDAW, se pone de manifiesto que los derechos de las mujeres que han sido afectados por la reforma legislativa ocurridas en Baja California, primordialmente sus derechos a decidir sobre el número y el espaciamiento de su descendencia y a la protección de su salud, entre muchos otros, no sólo encuentran fundamento constitucional sino que cuentan con reconocimiento especificado en sede internacional, ante lo cual, en atención a una lectura evolutiva y guiada por el principio pro persona de los artículos 1° CPEUM y 24 de la Convención Americana, no es admisible entender este precepto de forma que se limite el disfrute de esos derechos consagrados tanto por la Constitución de México como por otros tratados de los que es Estado Parte, pues al contrario, su contenido debe ampliarse hasta resguardar aquellos derechos frente a leyes discriminatorias. Lo cual, por si fuera poco, debe complementarse también con lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos, órgano intérprete del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “el PIDCP”), del cual los Estados Unidos Mexicanos son parte al igual que en el caso de la CEDAW, siendo relevante de tener en cuenta para la presente
petición su Observación General 28, emitida en 2000 y que versa sobre “La igualdad de derechos entre hombres y mujeres (artículo 3)”7, de la cual se transcribe lo siguiente:
10. Los Estados Partes, al presentar informes sobre el derecho a la vida, amparado en el artículo 6, deberán aportar datos respecto de las tasas de natalidad y el número de casos de muertes de mujeres en relación con el embarazo o el parto. Deberán también presentar datos desglosados por sexo acerca de las tasas de mortalidad infantil. Igualmente, deberán proporcionar información sobre las medidas que hubiesen adoptado para ayudar a la mujer a prevenir embarazos no deseados y para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida. Los Estados Partes deberán informar asimismo acerca de las medidas adoptadas para proteger a la mujer de prácticas que vulneran su derecho a la vida, como el infanticidio de niñas, la quema de viudas o los asesinatos por causa de dote. El Comité desea también información acerca de los efectos especiales que la pobreza y la privación tienen sobre la mujer y que pueden poner en peligro su vida. 11. El Comité, a fin de evaluar el cumplimiento del artículo 7 del Pacto, así como del artículo 24, en que se prevé la protección especial del niño, necesita información sobre las leyes y prácticas nacionales relativas a la violencia en el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, con inclusión de la violación. También necesita saber si el Estado Parte da a la mujer que ha quedado embarazada como consecuencia de una violación acceso al aborto en condiciones de seguridad. Los Estados Partes deberán asimismo presentar al Comité información acerca de las medidas para impedir el aborto o la esterilización forzados. Los Estados Partes en que exista la práctica de la mutilación genital, deberán presentar información acerca de su alcance y de las medidas adoptadas para erradicarla. La información proporcionada por los Estados Partes acerca de todas estas cuestiones deberá referirse también a las medidas de protección que existan, incluyendo los recursos judiciales para proteger a la mujer cuyos derechos en virtud del artículo 7 hayan sido vulnerados. […] 20. Los Estados Partes deben presentar información que permita al Comité evaluar los efectos de las leyes y prácticas que entraben el ejercicio por la mujer, en pie de igualdad con el hombre, del derecho a la vida privada y otros derechos amparados por el artículo 17. Constituye un ejemplo de esa situación el caso en que se tiene en cuenta la vida sexual de una mujer al decidir el alcance de sus derechos y de la protección que le ofrece la ley, incluida la protección contra la violación. Otro ámbito en que puede ocurrir que los Estados no respeten la vida privada de la mujer guarda relación con sus funciones reproductivas, como ocurre, por ejemplo, cuando se exige que el marido dé su autorización para tomar una decisión respecto de la esterilización, cuando se imponen requisitos generales para la esterilización de la mujer, como tener cierto número de hijos o cierta edad, o cuando los Estados imponen a los médicos y a otros funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres que se someten a abortos. En esos casos, pueden estar en juego también otros derechos amparados en el Pacto, como los previstos en los artículos 6 y 7. También puede
El artículo 3 del PIDCP, que desarrolla esta Observación 28, señala lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
ocurrir que los particulares interfieran en la vida íntima de la mujer, como el caso de los empleadores que piden una prueba de embarazo antes de contratar a una mujer. Los Estados Partes deben presentar información acerca de las leyes y las acciones públicas y privadas que obsten al disfrute en pie de igualdad por la mujer de los derechos amparados por el artículo 17 y acerca de las medidas adoptadas para poner término a esas injerencias y ofrecer a la mujer protección al respecto.
Así las cosas, como la Constitución y los tratados que imperan en todo México consagran derechos universales, no existe igual protección de ley para las mujeres de Baja California debido a que se les discrimina por su lugar de residencia. De todo ello se ve que lo único que podría justificar esa práctica discriminatoria que propicia el artículo séptimo de la Constitución del Estado de Baja California y la legislación secundaria que le ha seguido, en tanto que al mandar reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida desde la concepción, obstaculiza los derechos de las mujeres de esa entidad federativa a decidir sobre el número y el espaciamiento de su descendencia y a la protección de su salud, establecidos en fuentes de mayor jerarquía, es que se tratara en realidad de una distinción razonable, proporcional y objetiva, ya que las diferencias arbitrarias, acorde a la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, actualizan la violación al mencionado artículo 24 de la Convención Americana. No es el caso, simplemente porque cualquier finalidad que se pueda alegar por las autoridades de Baja California para ampliar el reconocimiento, protección y garantía de lo que llaman derecho a la vida –que es propiamente un derecho a nacer–, desde el momento de la concepción, entendida como el instante en que se unen un óvulo y un espermatozoide, no resultaría admisible al interior del orden jurídico de México, porque conllevaría la restricción de derechos otorgados por una normativa de mayor jerarquía como la Constitución General y los tratados aludidos, a las cuales las normas locales no pueden contrariar. En adición, la distinción entre mujeres dependiendo su lugar de residencia tampoco puede calificarse de razonable, de observarse con cuidado que la pretendida tutela de ese derecho a nacer desde el momento de la concepción ni siquiera es una medida idónea para salvaguardar la vida, pues de entrada no respeta la existencia digna de las mujeres, las orilla a practicarse abortos clandestinos con peligro de su vida e integridad personal y con una clara afectación a su salud, se entromete en su vida privada y se les intimida y violenta a través de la amenaza de la penalización de su conducta, a la par que no previene ni reduce la interrupción de embarazos no deseados, como podría suceder con
una política pública integral sobre educación sexual y salud reproductiva, en sentido similar a la emprendida en el Distrito Federal. Considerado lo anterior, resulta irrefutable que no existe una justificación razonable para el trato discriminatorio que por leyes expresas en Baja California se da a las mujeres que residen en dicho estado. Con lo cual, se violan los artículos 1° constitucional y 24 de la Convención Americana. Diversa vinculación se da entre los artículos 24 y 1.1 de la CADH, misma que se transparenta de no pasar inadvertidas las interpretaciones siguientes de la COIDH que en forma reiterada ha fijado en al menos tres opiniones consultivas:
“El artículo 1.1 de la Convención, que es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos "sin discriminación alguna". Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma. Por su lado el artículo 24 de la Convención establece… Aunque las nociones no son idénticas y quizás la Corte tendrá en el futuro la oportunidad de precisar las diferencias, dicha disposición reitera en cierta forma el principio establecido en el artículo 1.1. En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley.”8 “En un sentido más específico, el artículo 24 de la Convención consagra el principio de igualdad ante la ley. Así, la prohibición general de discriminación establecida en el artículo 1.1 “se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley”.”9 “Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento
Corte IDH. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4, párrafos 53 y 54. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A, No. 17, párrafo 44.
discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional. […] Conforme a lo anteriormente expuesto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos a la luz del principio general y básico de la igualdad y no discriminación. Todo tratamiento discriminatorio respecto de la protección y ejercicio de los derechos humanos genera la responsabilidad internacional de los Estados.”10
En ese entendido, aparte de que la violación que ha quedado demostrada a los artículos 1° CPEUM y 24 de la CADH actualiza en automático una separada contravención al artículo 1.1 de dicho instrumento internacional, en razón de que el estado de Baja California ha incumplido su obligación de respetar y garantizar el derecho humano a una igual protección de la ley, sin discriminación alguna, reconocido en aquel precepto. También se ha presentado en este asunto, una diversa vulneración al aludido artículo 1.1, en tanto que a las mujeres en Baja California se les discrimina sin más respecto de los derechos convencionales que dan base para exigir como medida pertinente para su disfrute, la realización de un proceso médico de interrupción del embarazo en condiciones seguras.11 En consecuencia, esa Suprema Corte no podrá más que concluir que el artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California viola conjuntamente los artículos 1° CPEUM, 24, 1.1 y 2 de la Convención Americana, al no respetar ni garantizar el derecho de las víctimas a una igual protección de la ley, sin discriminación alguna, ni al haber adoptado las disposiciones de derecho interno para salvar esa afrenta, con base en la cual las mujeres del Estado de Baja California han visto afectados, entre otros, sus derechos a decidir sobre el número y el espaciamiento de su descendencia y a la protección de su salud, poniendo de pretexto su lugar de residencia, en contraste con el disfrute universal que demandan al consagrarse en la Constitución General y en los tratados internacionales aplicables, como sucede en el Distrito Federal. Esta conclusión no podrá sino reforzarse desde el momento en que para efectos interpretativos del artículo 24 de la CADH, esa Suprema Corte recuerde que según la Recomendación General 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la negativa de un Estado Parte de la CEDAW a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta
Corte IDH. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A, No. 18, párrafos 85 y 96. Como se tendrá ocasión de argumentar al hacer referencia a los artículos 4.1, 5.1, 6.1 y 7.1.
discriminatoria, puesto que eso es exactamente lo que sucede en Baja California, entidad en la que las mujeres que ahí residen no tienen acceso a un proceso médico de interrupción voluntaria del embarazo, lo cual les significa un trato discriminatorio que las coloca en una segunda categoría, por lo menos, respecto de las mujeres del Distrito Federal. B. Derecho a la vida privada, relacionado con las libertades de conciencia y de pensamiento Violación de los artículos 7 y 29 CPEUM, a la luz de los artículos 11, 12 y 13 de la CADH El artículo 11 de la Convención Americana, en sus numerales 2 y 3, dispone:
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
En relación a tal precepto, en la medida en que son aplicables a esta petición, conviene tener en mente los tres precedentes siguientes de la propia Corte Interamericana:
“El artículo 11.2 de la Convención protege la vida privada y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas. Dicho artículo reconoce que existe un ámbito personal que debe estar a salvo de intromisiones por parte de extraños y que el honor personal y familiar, así como el domicilio, deben estar protegidos ante tales interferencias. La Corte considera que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada.”12 “La protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y la familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar.”13
Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C, No. 148, párrafos 193 y 194.
“El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. La Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. Aunque las conversaciones telefónicas no se encuentran expresamente previstas en el artículo 11 de la Convención, se trata de una forma de comunicación que, al igual que la correspondencia, se encuentra incluida dentro del ámbito de protección del derecho a la vida privada. El derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática. […] La divulgación de la conversación telefónica por parte de un funcionario público implicó una injerencia en la vida privada del señor Tristán Donoso. La Corte debe examinar si dicha injerencia resulta arbitraria o abusiva en los términos del artículo 11.2 de la Convención o si resulta compatible con dicho tratado. Como ya se indicó… para ser compatible con la Convención Americana una injerencia debe cumplir con los siguientes requisitos: estar prevista en ley, perseguir un fin legítimo, y ser idónea, necesaria y proporcional. En consecuencia, la falta de cumplimiento de alguno de dichos requisitos implica que la medida es contraria a la Convención.”14
La primera enseñanza de los pasajes recién transcritos es que la COIDH no ha vacilado en extender los alcances de protección del derecho a la vida privada más allá del texto expreso del propio artículo 11 de la Convención Americana, como sucedió con motivo de las conversaciones telefónicas. De esa manera se constata que una interpretación evolutiva de ese precepto es acertada y que no es indispensable exigir que se incluya explícitamente que pertenece al ámbito de la intimidad de las mujeres, lo que hagan en torno a su sexualidad, a su salud reproductiva, así como al derecho fundamental a decidir sobre el número y espaciamiento de su descendencia, pues si hasta el domicilio y las comunicaciones son amparados por aquel derecho, con mucha mayor razón lo serán estas decisiones personalísimas sobre esos aspectos. Con idéntica lógica, siempre orientada por el principio pro persona, es igualmente admisible llevar a cabo una lectura progresiva del artículo 11 de la CADH, a fin de incluir en la órbita de protección del derecho a la vida privada las acciones que realicen las
Corte IDH. Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C, No. 165, párrafo 95. 14 Corte IDH. Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C, No. 193, párrafos 55, 56 y 76.
mujeres que buscan practicarse un proceso médico adecuado que les permita interrumpir un embarazo no deseado, en condiciones seguras y de calidad, la adopción de los métodos anticonceptivos de su preferencia, como el dispositivo intrauterino, o del otro lado, la puesta en marcha de las medidas necesarias para lograr una reproducción asistida, situaciones en las que se ejerce tal derecho a decidir sobre su descendencia. Lo acertado de esta lectura es fácil de constatar si se acude, de nueva cuenta, a las interpretaciones emitidas tanto por el Comité de Derechos Humanos como por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, destacadas previamente. Para el primero de esos órganos, como se lee en su Observación 28, un campo en el que se puede incurrir en una intromisión a la vida privada de las mujeres es el vinculado con sus funciones reproductivas, como cuando las autoridades estatales imponen a quienes ejercen la medicina, incluidas las personas que se desempeñan como funcionarias de salud, el deber de notificar los casos de mujeres que se someten a abortos. Mientras que para el segundo de esos órganos, según se sigue de su Recomendación 24, todo quebranto del carácter confidencial de la información que se genera cuando las personas adquieren el estatus de pacientes de los servicios médicos, si bien afecta tanto a hombres como a mujeres, puede disuadir a las segundas de obtener asesoramiento y tratamiento y, por ende, afectar negativamente su salud y bienestar, motivo por el cual solamente serán aceptables dichos servicios si al prestarse se garantiza su intimidad, lo cual no deja dudas de que la atención de salud que se recibe cuando está de por medio el ejercicio de su derecho a decidir sobre su descendencia debe ser compatible con sus derechos a la intimidad y la confidencialidad en tal órbita. Inclusive, desde el interior del ordenamiento del Estado Mexicano es posible corroborar esta interpretación amplia y progresiva del derecho humano a la vida privada, de no desconocerse un precedente, emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, del tenor siguiente:
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXX, Diciembre de 2009 Página: 7
Tesis: P. LXVII/2009 DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.
En ese sentido, la violación que se presenta al derecho a la vida privada obedece a que la normativa que ordena reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida desde la concepción –la cual da sustento de menos a la penalización de la interrupción del embarazo realizada en forma voluntaria dentro de las primeras doce semanas de gestación, lo que a su vez conlleva por consecuencia lógica que se prohíba la prestación de ese servicio médico–, de forma indisoluble expone a las mujeres residentes en el estado de Baja California de volver público lo que suceda en torno a sus derechos a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de
sus hijas/os y a su salud reproductiva, ya que siempre que intenten ejercer sus derechos humanos en la materia, tendrán que defenderlos públicamente.15 En otras palabras, decisiones personalísimas de las mujeres concernientes a su autonomía reproductiva que son parte de su vida privada o íntima, terminan por volverse tema de debate público, como consecuencia de la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, la obstaculización de la elección de los métodos anticonceptivos de que se trate, o bien, las dificultades para llevar a cabo una fertilización asistida, todas ellas causadas por reconocer, proteger y garantizar el derecho a nacer desde la concepción. Injerencias que de modo alguno se justifican apelando a que el derecho a la vida privada no es absoluto, pues como se ha dicho, las medidas legislativas que las propician no pueden perseguir un fin legítimo ni pueden cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, acordes a una sociedad democrática. Esto es así porque en relación con las mujeres residentes de Baja California, será sencillo que esa Suprema Corte corrobore que se está en presencia de una injerencia arbitraria, toda vez que cualquier razonamiento con el que en Baja California se buscara sustentar su reforma local, que señalan a partir de su artículo séptimo constitucional que es debido reconocer, proteger y garantizar el derecho a nacer desde la concepción, no podría caracterizarse de válido dado que desconoce derechos otorgados en fuentes de mayor jerarquía, a la par que tales medidas legislativas no son idóneas para asegurar lo que ofrecen, ya que comprometen la vida y la salud de las mujeres, sin disminuir los abortos. Por otra parte, la intromisión en las referidas decisiones personalísimas de las mujeres causada por la reforma constitución de Baja California aquí denunciada, no únicamente compromete el derecho a una vida privada de las mujeres que residen en dicho Estado, sino que también a través suyo busca imponerles la postura estatal sobre temas íntimos como su salud y autonomía reproductivas, respecto de los cuales el disfrute de sus libertades de conciencia y de pensamiento, entendidos como derechos independientes que se encuentran reconocidos en ese orden en los artículos 29 CPEUM y 12.1 y 13.1 de la Convención Americana, les permiten que sus determinaciones en estos ámbitos y las razones que las sostienen sean exclusivamente su responsabilidad. Contrario a ello, las autoridades de esa entidad violan dichos preceptos y vulneran las libertades que consagran, en tanto que se entrometen en ese campo interno de conciencia y
Sería impensable buscar refutar esta afirmación bajo el alegato de que la prohibición del proceso de interrupción del embarazo no afecta la vida privada porque genera clandestinidad.
pensamiento al no dejar a cada una de las mujeres tomar en libertad y sin presiones externas esas decisiones que sólo a ellas conciernen. Por tanto, esta Suprema Corte no podrá más que concluir que el artículo séptimo de la Constitución del Estado de Baja California resulta contrario a los artículos 1, 7 y 29 CPEUM y 1.1, 2, 11, 12.1 y 13.1 de la Convención Americana, interpretados de forma evolutiva y a la luz del principio pro persona, al no respetar ni garantizar el derecho de las víctimas a una vida privada, relacionado con sus libertades de conciencia y de pensamiento, ni adoptar las medidas de derecho interno necesarias para asegurar su disfrute, así como por la intromisión en las determinaciones que las mujeres adoptan, en su fuero interno, cuando ejercen su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os, y para elegir entre las diferentes alternativas que tienen a su alcance para proteger su salud reproductiva, que entran en el núcleo duro de su intimidad. C. Derechos a una vida digna y a la integridad personal, por afectación a su derecho a la salud Violación de los artículos 4 y 29 CPEUM, a la luz de los artículos 4.1, 5.1, 1.1, 2 y 24 de la Convención Americana Los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención disponen, en ese orden, lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ... 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
No se desconoce que el vínculo entre los derechos a una vida digna y a la integridad personal con el diverso derecho a la salud no ha sido usualmente destacado por la Corte Interamericana, sin embargo ello no es impedimento para que pueda apreciarse incluso con facilidad, en tanto que la conexión que el estado de salud guarda con la integridad y la vida es notoria, motivo por el cual la relación jurídica entre esos tres derechos no se dificulta adscribirla al corpus iuris, a partir de una interpretación evolutiva gobernada por el
principio pro persona, y de que se tome en serio lo ordenado en el numeral b) del artículo 29 de la CADH. Es así que sus artículos 4.1 y 5.1 no pueden ser interpretados de forma que limiten el goce y ejercicio de otros derechos fundamentales reconocidos en las leyes internas de México y en tratados de los que sea parte, como lo es el derecho a la salud, o en este caso concreto en el que se requiere adoptar una visión que atienda la especificación de derechos a favor de las mujeres, el derecho a su salud reproductiva, el cual sin una lectura amplia de aquellos preceptos puede llegar a comprometerse en razón de que quedaría a merced de una legislación estatal discriminatoria, a la par que vería disminuido su grado efectivo de protección en la realidad imperante en el Estado Mexicano. Se sustenta todo lo anterior a partir de un razonamiento construido, de entrada, con los precedentes en los que la Corte Interamericana ha detectado la relación entre los derechos a la vida digna, la integridad personal y la salud:
“En este sentido, la Corte ha señalado en su jurisprudencia constante que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho. La Corte ha establecido que la responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones generales recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como extrema pobreza o marginación y niñez. Es claro para la Corte que un Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, las
obligaciones positivas del Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Para que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo. […] En cuanto a las medidas preventivas, la Corte nota que en el Paraguay la legislación interna… otorga el derecho a los indígenas de ser atendidos gratuitamente en los centros de salud públicos y están exonerados de la totalidad de los gastos relacionados a estudios y otros procedimientos médicos en el Hospital Nacional de Itaugua y en todos los centros de atención médica del país dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social… Igualmente, la Corte reconoce y valora la iniciativa promovida por el Paraguay con la adopción del Decreto Presidencial No. 3789… para la entrega de cierta cantidad de alimento, atención médico-sanitaria y materiales educativos a dicha Comunidad. Sin embargo, considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que la legislación por sí sola no es suficiente para garantizar la plena efectividad de los derechos protegidos por la Convención, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. […] La Corte no acepta el argumento estatal referente a la responsabilidad compartida que tenían los enfermos de concurrir a los centros asistenciales para recibir tratamiento, y los líderes de la Comunidad de llevarlos a tales centros o comunicar la situación a las autoridades sanitarias. A partir de la emisión del Decreto de emergencia correspondía al INDI y a los Ministerios del Interior y de Salud Pública y Bienestar Social adoptar “las acciones que correspondan para la inmediata provisión de atención médica y alimentaria a las familias integrantes de [la Comunidad Sawhoyamaxa], durante el tiempo que duren los trámites judiciales referente a la legislación de las tierras reclamadas como parte de [su] hábitat tradicional”… Con ello, los bienes y servicios de salud específicamente dejaron de depender de la capacidad adquisitiva individual de las presuntas víctimas, y por tanto el Estado debió adoptar medidas que contribuyan a la prestación y suministro de tales bienes y servicios. Es decir, las medidas a las que el Estado se comprometió frente a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa diferían por su carácter de urgencia de aquellas que el Estado debía adoptar para garantizar los derechos de la población y las comunidades indígenas en general. Aceptar lo contrario sería incompatible con el objeto y propósito de la Convención Americana, la cual requiere que sus provisiones sean interpretadas y aplicadas de tal forma que los derechos en ella contemplados sean práctica y efectivamente protegidos. Se suma a lo anterior los serios impedimentos de los miembros de esta Comunidad para acudir por sus propios medios a los centros asistenciales de salud. Las presuntas víctimas señalaron que:
Estamos cerca de una ciudad grande que es Concepción, ahí está el hospital más cercano, cuando se enferma nuestra gente pensamos en llevarles a esa ciudad, pero sufrimos mucho, porque sin plata sabemos que no nos van a atender, no hay medicamentos para los pobres, solo recetas para comprar en farmacias y el poco dinero que a veces tenemos, no nos alcanza, tenemos que pedir ayuda a través de alguna radio que hace campañas, esa es la única forma, cuando la gente de buena voluntad nos ayuda. En la situación en que estamos, en caso de enfermedad o muerte, por ejemplo, nuestra comunidad se encuentra totalmente desprotegida, no existen datos de nacimientos ni registro de muertes que se producen en nuestra comunidad, el Estado se burla de nosotros por ser indígenas y nos discriminan. Ni en los centros de salud, cuando podemos llegar, podemos ser atendidos porque no tenemos plata o porque nos dicen que “no hay médicos” y además muchos de nosotros no tenemos ni cédulas de identidad. Muchas veces queremos recurrir a nuestros conocimientos de medicina tradicional, pero no podemos acceder a la recolección de hierbas medicinales porque se encuentran dentro de las tierras alambradas y debemos resignarnos a las enfermedades y las muertes. Por otro lado, el Tribunal nota que a pesar de tales dificultades algunas personas acudieron a centros de salud y recibieron cierto tipo de atención médica, pero ésta fue insuficiente, a destiempo o no integral… […] Las consideraciones que la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas presentan respecto al artículo 5.1 de la Convención ya fueron analizadas por el Tribunal en el capítulo referente al artículo 4.1 de la misma, por lo que no es pertinente analizarlas en el presente capítulo.”16 “Este Tribunal ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. Al no respetarse el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, puesto que se extingue su titular. En razón de este carácter fundamental, no son admisibles enfoques restrictivos al derecho a la vida. En esencia, este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria.
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C, No. 146, párrafos 152 a 155, 167, 173 a 175 y 185.
[…] Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural…”17 “El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de procurarle a éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención, como ya lo ha indicado la Corte…”18
De momento, a partir de estos precedentes se desprenden varios elementos que importa tener en mente: uno, con base en una interpretación amplia del artículo 4.1 de la Convención Americana, apoyada en parte con su artículo 1.1, es posible adscribir como derecho humano el derecho a una existencia digna; dos, este derecho conlleva que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, o en otros términos, que no se generen condiciones que le impidan a las personas o les dificulten el acceso a una existencia digna; tres, para asegurar lo anterior incluso cabe exigir medidas de carácter positivo a fin de que se establezcan las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de las personas; cuatro, estas obligaciones se acentúan tratándose de personas o colectivos en situación de vulnerabilidad cuya atención se torna prioritaria;19 cinco, las afectaciones del derecho a la salud impactan de manera aguda en el derecho a una vida digna; y seis, ello se extiende al derecho a la integridad personal. Ahora bien, teniendo perfectamente presentes los alcances de esta petición y sus repercusiones en el proyecto de vida de las víctimas, no debiera causar extrañeza, ni
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C, No. 125, párrafos 161, 162 y 167. 18 Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C, No. 112, párrafos 158 y 159. 19 Por supuesto no se ignora que los criterios que se vienen analizando se fijaron a raíz de casos en los que estaban involucradas comunidades indígenas, personas privadas de su libertad y menores de edad, todas en situación de vulnerabilidad, no obstante lo cual no debiera tenerse objeción alguna para aplicar los estándares en ellos originados a las mujeres, porque lamentablemente comparten dicha situación. Véase con similar lógica: Comisión IDH. Caso Víctor Rosario Congo. Informe 63/99, 13 de abril de 1999, en especial párrafos 63 a 68.
encontrar resistencia en esa Suprema Corte, el que se solicite que al analizarse la vulneraciones que aquí se desarrollan, se interprete que a través del trato discriminatorio que propició la citada reforma constitucional y legal del Estado de Baja California contra las mujeres residentes en esa entidad, se ha hecho posible la afectación a otro derecho humano del cual son titulares indiscutibles, como lo es el derecho a la salud, reconocido en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “el Protocolo de San Salvador”), respecto del cual en virtud del artículo 3 de ese mismo instrumento internacional, también está prohibida cualquier discriminación que entorpezca su garantía.20 Este proceder no sólo es sugerido sino que además es exigido por el artículo 29 de la propia Convención Americana, el cual se reproduce a continuación:
De este precepto transcrito, del cual deriva un mandato para llevar a cabo una interpretación evolutiva guiada por el principio pro persona, como se anticipó, cobra aplicación directa al presente asunto su numeral b), porque los artículos 4.1, 5.1 y 24 de la CADH no pueden ser interpretados de forma que limiten el goce y ejercicio de otro
Se destacan de dicho artículo 10 del Protocolo de San Salvador las secciones siguientes: “1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: […] b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; […] f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.” Por su parte, el artículo 3 de ese instrumento dispone: “Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
derecho fundamental como lo es el de la protección de la salud, reconocido internamente en México y en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, el cual a nivel doméstico no puede llegar a comprometerse por medio de la práctica discriminatoria que la normativa en Baja California provoca en contra de las mujeres. Un razonamiento como el que se acaba de esgrimir encuentra sustento firme en el precedente de la Corte Interamericana que a continuación se transcribe:
“La jurisprudencia de la Corte ha utilizado el artículo 29 de la Convención en tres ámbitos diferentes. En primer lugar, la Corte ha invocado las “Normas de Interpretación” del artículo 29 para precisar el contenido de ciertas disposiciones de la Convención. El literal a) ha sido utilizado para delimitar el alcance de las restricciones a las garantías establecidas en la Convención. De la misma forma, utilizando el literal b) de dicho artículo, la Corte ha interpretado las garantías de la Convención a la luz de estándares establecidos en otros instrumentos internacionales y en normas de derecho interno. Asimismo, se ha utilizado el literal c) para interpretar los derechos convencionales a la luz de los derechos que derivan de la forma democrática representativa de gobierno. En segundo lugar, el artículo 29 ha sido utilizado para fijar criterios de interpretación, tales como el principio de “interpretación evolutiva” de los tratados de derechos humanos, que es “consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas” en dicho artículo. Asimismo, se ha desarrollado el principio de “aplicación de la norma más favorable a la tutela de los derechos humanos” como derivado del artículo 29 b) y la prohibición de privar a los derechos de su contenido esencial como derivado del artículo 29 a). En tercer lugar, la Corte ha utilizado el artículo 29 para determinar el alcance de su competencia consultiva. En este sentido se ha señalado que, de acuerdo al artículo 29 d), “al interpretar la Convención en uso de su competencia consultiva, puede ser necesario para la Corte interpretar la Declaración [Americana de Derechos y Deberes del Hombre]”. Además, la Corte ha afirmado que “excluir, a priori, de su competencia consultiva tratados internacionales que obliguen, a Estados americanos, en materias concernientes a la protección de los derechos humanos, constituiría una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas por el artículo 29 b)”.”21
Por su parte, se ha tomado la precaución de no alegar una violación directa al artículo 29 de la Convención Americana, sino que con su ayuda se denuncia el quebranto de sus artículos 4.1, 5.1 y 24, argumentación con la cual se adopta el criterio que enseguida se transcribe, a la vez que se evita relacionar el derecho a la salud destacado con la primera de esas disposiciones, dado que su vínculo se presenta con los derechos humanos a una
Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, op. cit., párrafos 217 a 219.
vida digna, a la integridad personal y a igual protección de la ley que protegen las segundas:
“Al respecto, en el marco de la jurisdicción contenciosa de esta Corte, el incumplimiento de los principios de interpretación que se derivan del artículo 29 c) sólo podrían generar la violación del derecho que haya sido indebidamente interpretado a la luz de dichos principios.”22
Con esto avanzado, asimismo trasciende que se tenga conciencia de los alcances del derecho a la salud, reconocido en paralelo en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “el PIDESC”), derecho respecto del cual los Estados Parte de ese tratado se han comprometido a garantizarlo de cara al principio imperativo de igualdad, en atención a la cláusula que prohíbe cualquier tipo de discriminación a la hora de proteger los derechos humanos ahí enunciados, establecida en su artículo 2.2. Con esa idea, resulta conveniente acudir a la Observación General 14 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano especializado en la interpretación del Pacto aludido, de la cual resulta de interés transcribir los párrafos del siguiente tenor:
3. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. […] 8. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. 9. El concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión
Ibid., párrafo 221.
individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 10. Desde la adopción de los dos Pactos internacionales de las Naciones Unidas en 1966, la situación mundial de la salud se ha modificado de manera espectacular, al paso que el concepto de la salud ha experimentado cambios importantes en cuanto a su contenido y alcance. Se están teniendo en cuenta más elementos determinantes de la salud, como la distribución de los recursos y las diferencias basadas en la perspectiva de género. Una definición más amplia de la salud también tiene en cuenta inquietudes de carácter social, como las relacionadas con la violencia o el conflicto armado. Es más, enfermedades anteriormente desconocidas, como el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y otras enfermedades, como el cáncer, han adquirido mayor difusión, así como el rápido crecimiento de la población mundial, han opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del derecho a la salud, lo que ha de tenerse en cuenta al interpretar el artículo 12. 11. El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional. 12. El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte: a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS. b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades. iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos. iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad. c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. […] 14. La disposición relativa a "la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños" (apartado a) del párrafo 2 del artículo 12) se puede entender en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior al parto, los
servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información. […] 18. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud. El Comité señala que se pueden aplicar muchas medidas, como las relacionadas con la mayoría de las estrategias y los programas destinados a eliminar la discriminación relacionada con la salud, con consecuencias financieras mínimas merced a la promulgación, modificación o revocación de leyes o a la difusión de información. El Comité recuerda el párrafo 12 de la observación general Nº 3 en el que se afirma que incluso en situaciones de limitaciones graves de recursos es preciso proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la aprobación de programas especiales de relativo bajo costo. 19. En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la atención de la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes, y, al garantizar la atención de la salud y proporcionar servicios de salud, impedir toda discriminación basada en motivos internacionalmente prohibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho a la salud. Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una discriminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos caros que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población, en detrimento de la atención primaria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la población. 20. El Comité recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas, planificación, programas e investigaciones en materia de salud a fin de promover mejor la salud de la mujer y el hombre. Un enfoque basado en la perspectiva de género reconoce que los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia importante en la salud del hombre y la mujer. La desagregación, según el sexo, de los datos socioeconómicos y los datos relativos a la salud es indispensable para determinar y subsanar las desigualdades en lo referente a la salud. 21. Para suprimir la discriminación contra la mujer es preciso elaborar y aplicar una amplia estrategia nacional con miras a la promoción del derecho a la salud de la mujer a lo largo de toda su vida. Esa estrategia debe prever en particular las intervenciones con miras a la prevención y el tratamiento de las enfermedades que afectan a la mujer, así como políticas encaminadas a proporcionar a la mujer acceso a una gama completa de atenciones de la salud de alta calidad y al alcance de ella, incluidos los servicios en materia sexual y reproductiva. Un objetivo importante deberá consistir en
la reducción de los riesgos que afectan a la salud de la mujer, en particular la reducción de las tasas de mortalidad materna y la protección de la mujer contra la violencia en el hogar. El ejercicio del derecho de la mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva. También es importante adoptar medidas preventivas, promocionales y correctivas para proteger a la mujer contra las prácticas y normas culturales tradicionales perniciosas que le deniegan sus derechos genésicos. […] 30. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud. […] 32. Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el Pacto, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado Parte. 33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. 34. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades de la mujer. Además, las obligaciones de respetar incluyen la obligación del Estado de abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos,
las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, comercializar medicamentos peligrosos y aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el tratamiento de enfermedades mentales o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas… Asimismo, los Estados deben abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos u otros medios de mantener la salud sexual y genésica, censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la salud, incluida la educación sexual y la información al respecto, así como impedir la participación del pueblo en los asuntos relacionados con la salud… 35. Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar por que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología. Los Estados también tienen la obligación de velar por que las prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten al acceso a la atención anterior y posterior al parto ni a la planificación de la familia; impedir que terceros induzcan a la mujer a someterse a prácticas tradicionales, por ejemplo a la mutilación de los órganos genitales femeninos; y de adoptar medidas para proteger a todos los grupos vulnerables o marginados de la sociedad, en particular las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, teniendo en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva de género. Los Estados deben velar asimismo por que terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los servicios relacionados con la salud. 36. La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados Partes reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, y adopten una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud. Los Estados deben garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y velar por el acceso igual de todos a los factores determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condiciones de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe proporcionar servicios de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre todo en las zonas rurales. Los Estados tienen que velar por la apropiada formación de facultativos y demás personal médico, la existencia de un número suficiente de hospitales, clínicas y otros centros de salud, así como por la promoción y el apoyo a la creación de instituciones que prestan asesoramiento y servicios de salud mental, teniendo debidamente en cuenta la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones incluyen el establecimiento de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea asequible a todos, el fomento de las investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así como la organización de campañas de información, en particular por lo que se refiere al VIH/SIDA, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales, la violencia en el hogar, y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras sustancias nocivas…
37. La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades disfrutar del derecho a la salud. Los Estados Partes también tienen la obligación de cumplir (facilitar) un derecho específico enunciado en el Pacto en lo casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición. La obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud requiere que los Estados emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población. Entre esas obligaciones figuran las siguientes: i) fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro resultados positivos en materia de salud, por ejemplo la realización de investigaciones y el suministro de información; ii) velar por que los servicios de salud sean apropiados desde el punto de vista cultural y el personal sanitario sea formado de manera que reconozca y responda a las necesidades concretas de los grupos vulnerables o marginados; iii) velar por que el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y la alimentación sanas, así como acerca de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios; iv) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud. […] 43. En la observación general Nº 3, el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto, incluida la atención primaria básica de la salud. Considerada conjuntamente con instrumentos más recientes, como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Declaración de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto a las obligaciones básicas dimanantes del artículo 12. Por consiguiente, el Comité considera que entre esas obligaciones básicas figuran, como mínimo, las siguientes: a) Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados; b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y garantice que nadie padezca hambre; c) Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable; d) Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS;
f) Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud que permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el cual se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados. […] 47. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del derecho a la salud, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 y la renuencia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones. Ello se desprende del párrafo 1 del artículo 12, que se refiere al más alto nivel posible de salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, en virtud del cual cada Estado Parte tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga. Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no obstante que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para satisfacer, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra. Cabe señalar sin embargo que un Estado Parte no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 43 supra, que son inderogables. 48. Las violaciones del derecho a la salud pueden producirse mediante la acción directa de los Estados o de otras entidades que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados. La adopción de cualesquiera medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas en lo referente al derecho a la salud, a que se hace referencia en el párrafo 43 supra, constituye una violación del derecho a la salud. Entre las violaciones resultantes de actos de comisión figura la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el continuo disfrute del derecho a la salud, o la promulgación de legislación o adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las preexistentes obligaciones legales nacionales o internacionales relativas al derecho a la salud. 49. Los Estados también pueden conculcar el derecho a la salud al no adoptar las medidas necesarias dimanantes de las obligaciones legales. Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el no contar con una política nacional sobre la seguridad y la salud en el empleo o servicios de salud en el empleo, y el no hacer cumplir las leyes pertinentes. 50. Las violaciones de las obligaciones de respetar son las acciones, políticas o leyes de los Estados que contravienen las normas establecidas en el artículo 12 del Pacto y que son susceptibles de producir lesiones corporales, una morbosidad innecesaria y
una mortalidad evitable. Como ejemplos de ello cabe mencionar la denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a determinadas personas o grupos de personas como resultado de la discriminación de iure o de facto; la ocultación o tergiversación deliberadas de la información que reviste importancia fundamental para la protección de la salud o para el tratamiento; la suspensión de la legislación o la promulgación de leyes o adopción de políticas que afectan desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los componentes del derecho a la salud; y el hecho de que el Estado no tenga en cuenta sus obligaciones legales con respecto al derecho a la salud al concertar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, organizaciones internacionales u otras entidades… […] 59. Toda persona o todo grupo que sea víctima de una violación del derecho a la salud deberá contar con recursos judiciales efectivos u otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional. Todas las víctimas de esas violaciones deberán tener derecho a una reparación adecuada, que podrá adoptar la forma de restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los hechos. Los defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos, los foros de consumidores, las asociaciones en pro de los derechos del paciente o las instituciones análogas de cada país deberán ocuparse de las violaciones del derecho a la salud. 60. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos internacionales en los que se reconoce el derecho a la salud puede ampliar considerablemente el alcance y la eficacia de las medidas correctivas, por lo que debe alentarse en todos los casos. La incorporación permite que los tribunales juzguen los casos de violaciones del derecho a la salud, o por lo menos de sus obligaciones fundamentales, haciendo referencia directa al Pacto. 61. Los Estados Partes deben alentar a los magistrados y demás jurisconsultos a que, en el desempeño de sus funciones, presten mayor atención a la violación al derecho a la salud. 62. Los Estados Partes deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada por los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil con miras a ayudar a los grupos vulnerables o marginados a ejercer su derecho a la salud
De todo ello vale la pena resaltar cuatro reglas fundamentales: que el derecho a la salud en cualquiera de sus alcances no puede disfrutarse en condiciones discriminatorias; que al especificar ese derecho para las mujeres, no existe duda de que forma parte de su contenido el derecho a su salud reproductiva; que no están permitidas medidas regresivas que, como las aquí denunciadas, desconocen un derecho como el de decidir sobre su descendencia que es necesario para el continuo disfrute de su derecho a la salud, por conducto de una legislación que como la de Baja California es incompatible con las obligaciones cuyo cumplimiento demandan los derechos de las mujeres en el área; y que se actualiza una violación al derecho a la salud al no adoptarse medidas apropiadas para
darle plena efectividad, como en nuestra causa concreta se lograría al regular el proceso médico de interrupción voluntaria del embarazo. La proscripción de toda discriminación respecto del derecho a la salud posee diversas aplicaciones: una, ese derecho conlleva el que se establezca un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud; dos, uno de sus elementos esenciales es su accesibilidad sin discriminación alguna, la cual incluye la asequibilidad económica; tres, queda prohibida toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud, siempre que ese trato desigual injustificado tenga por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad en el goce o el ejercicio del derecho a la salud; cuatro, existe una obligación especial de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes carezcan de medios suficientes; cinco, la garantía de que el derecho a la salud será ejercido sin discriminación alguna constituye una obligación inmediata; seis, asegurarse de que el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud se conduce sobre una base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos en situación de vulnerabilidad, es considerado un deber básico inderogable, en torno al cual no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificarse su incumplimiento; siete, como parte de las obligaciones de respeto de tal derecho las autoridades estatales se deben abstener de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas a los servicios de salud, así como abstenerse de imponer prácticas discriminatorias; y ocho, se actualiza una violación de esas obligaciones si se deniega el acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud a determinadas personas o grupos como resultado de una discriminación sea de hecho o sea de derecho. Admitir los alcances anteriores del derecho humano a la salud no debería ser un problema para esta Suprema Corte, si se tomara en serio lo sostenido tanto por su Primera Sala como recientemente por el Pleno en los precedentes que en ese orden a continuación se transcriben:
Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXVIII, Julio de 2008 Página: 457
Tesis: 1a. LXV/2008 DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXX, Diciembre de 2009 Página: 6 Tesis: P. LXVIII/2009 DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.
Se suma a todo ello las interpretaciones que los órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos, previamente referidos, han sostenido. En esa órbita se ha llegado a aseverar por el Comité garante de la CEDAW que es debido exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos humanos de la mujer, tales como sus derechos a la autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa; que cuando son adecuados, esos servicios mejoran la calidad general de la vida y la salud de las personas; que las obligaciones de respeto exigen que las autoridades estatales se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud; o bien, que son aceptables los servicios que se prestan si se procura el consentimiento previo de la mujer con pleno conocimiento de causa, se respeta su dignidad, se garantiza su intimidad y se tienen en cuenta sus necesidades y perspectivas.
Concretamente respecto de la interrupción del embarazo, ese Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de inicio comparte que como el número y espaciamiento de hijas/os repercuten en la vida de las mujeres y afectan su salud física y mental, por tal motivo debe reconocérseles como titulares del derecho a decidir sobre la oportunidad y la extensión de su descendencia; que es de estimarse como una práctica coercitiva que acarrea graves consecuencias para las mujeres, entre otras cosas, los
embarazos forzados, dado que la decisión de tener hijas/os no debe estar limitada por nadie, ni siquiera el gobierno; que el acceso de las mujeres a una adecuada atención de su salud puede obstaculizarse con leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones, como sería el caso concerniente a las interrupciones del embarazo, cuando en contraste, lo acertado es dar prioridad a la prevención de embarazos no deseados y, en la medida de lo posible, enmendar las leyes que castiguen el aborto a fin de abolir las penas impuestas a las mujeres que se han sometido a esa práctica. Todo ello en atención a que las mujeres corren peligro de muerte o pueden quedar discapacitadas por factores relacionados con el embarazo cuando carecen de medios económicos para acceder a los servicios médicos idóneos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que existe una relación entre el derecho a la vida, previsto en el artículo 6 del PIDCP,23 y las medidas adoptadas para ayudar a las mujeres a prevenir embarazos no deseados, de manera que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro su vida, respecto de lo cual además es necesario conocer los efectos especiales que, en este campo, tienen la pobreza y la privación sobre las mujeres, incluso al grado de que arriesguen sus vidas, cuando lo adecuado es que si resulta permisible la interrupción del embarazo, este proceso se lleve a cabo en condiciones de seguridad y de privacidad, porque si las autoridades estatales imponen a las personas que prestan servicios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres que se someten a abortos, en esos supuestos, pueden quedar en juego también otros derechos humanos amparados en dicho Pacto, como el previsto en aquel artículo seis. Lejos de todo lo que antecede, esa Suprema Corte tendrá la posibilidad de apreciar que con base en las reformas resultantes en el Estado de Baja California se propicia un trato discriminatorio para las mujeres que se hace depender de su lugar de residencia, pues a pesar de que todas las mujeres en México son titulares de los derechos a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia y a la protección de su salud reproductiva, en términos de su Constitución Federal y de los tratados aludidos, la realidad es que no existe identidad de condiciones entre los servicios de atención médica que podrían recibir en torno a la interrupción del embarazo en dicha entidad, frente a los que se les proporcionarían en el Distrito Federal.
Esta disposición señala: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”
Conforme a todos estos elementos, ese Alto Tribunal tendrá la posibilidad de dar por acreditada la violación a los derechos a una vida digna y a la integridad personal, interpretados ampliamente a fin de que constituyan un conducto para no limitar el goce y ejercicio del derecho a la salud reproductiva de las mujeres, en razón de que el trato discriminatorio a que se les somete en el Estado de Baja California por la falta de una regulación que prevea el proceso médico de interrupción voluntaria del embarazo, las expone a la práctica de abortos clandestinos que representa un grave peligro para aquellos derechos que se reconocen en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana. Sin que se pierda de vista que la contravención a tales preceptos ha sido propiciada por la regulación legal desigual que al interior del ordenamiento del Estado Mexicano se ha creado en torno a las mujeres según donde vivan, con lo cual al mismo tiempo se actualiza la vulneración de sus artículos 1.1, 2 y 24. Conclusiones que se sostienen porque la existencia digna de las mujeres, basada en el respeto a sus derechos a la vida y a la integridad personal, requiere que no se generen condiciones que les impidan o dificulten su calidad de vida, como serían las complicaciones para gozar de igual protección de su derecho a la salud reproductiva y de recibir atención médica adecuada en ese ámbito, lo cual incluye que pueda practicárseles el proceso de interrupción del embarazo cuando las condiciones concretas lo permitan, y sin que dependa de factores externos como sus posibilidades económicas. Consecuentemente, esta Suprema Corte no podrá más que concluir que el artículo séptimo del la Constitución de Baja California viola conjuntamente los artículos 1, 4 y 29 de la CPEUM y 4.1, 5.1, 1.1, 2 y 24 y 29 de la Convención Americana, interpretados de forma evolutiva y a la luz del principio pro persona, al no respetar ni garantizar los derechos de las mujeres de dicho Estado a una vida digna y a la integridad personal, ni al haber adoptado las disposiciones de derecho interno para salvar dicha contravención, sino que por el contrario, ha sido la normativa legal desigual la que la ha propiciado, ya que en parte por ella se han comprometido su vida e integridad a partir del desconocimiento de la atención médica idónea para realizar una interrupción voluntaria del embarazo, limitándose de esa manera sus derechos a la salud reproductiva y a decidir el número y el espaciamiento de su descendencia. D. Derecho a una existencia digna, en la que puedan elegir libremente su proyecto de vida
Violación de los artículos 1 y 4 de la CPEUM, a la luz de los artículos 4.1, 6.1, 7.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana Ha quedado claro que las mujeres cuentan con el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia y que ese derecho posee un fundamento normativo sólido en el orden jurídico del Estado Mexicano, puesto que descansa en el párrafo segundo del artículo cuarto de su Constitución Política, a la vez que es un derecho reconocido en el ámbito internacional, como se desprende de la Recomendación General 21 emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual al reflexionar que el número y espaciamiento de hijas/os repercuten en su desarrollo personal y su vida, no duda en afirmar que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre este tema. Y todavía más sólido si se toma en consideración que aquel derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia, encuentra hoy al interior del ordenamiento de México un reforzamiento a partir del reconocimiento como derecho fundamental, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo al precedente del Pleno de esta Suprema Corte del tenor siguiente:
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXX, Diciembre de 2009 Página: 7 Tesis: P. LXVI/2009 DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no
tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.
Este derecho a decidir sobre la oportunidad y extensión de su descendencia, que dota de autonomía reproductiva a las mujeres, como cualquier derecho, posee diversos aspectos, en tanto que conlleva la libertad de procrear y la obligación de respeto correlativa para que nadie interfiera en un embarazo buscado, a la par que un derecho para que a ninguna mujer se le fuerce a procrear y la obligación de respeto correlativa para que nadie le imponga un embarazo no deseado, además del resto de obligaciones a cargo del Estado a fin de hacer efectivo su disfrute, como proveer los servicios correspondientes. Pues bien, toca el turno de dejar constancia de que este derecho de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os, de igual manera se encuentra adscrito como derecho protegido en la Convención Americana, motivo por el cual el proceder atribuido al Estado de Baja California resulta violatorio de varias de sus disposiciones. De entrada, importa transcribir los artículos 4.1, 6.1 y 7.1 de esa Convención:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ... 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. ... 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
En cuanto al primer precepto, ciertamente no se desconoce que trágicamente la forma más usual en la que se han presentado violaciones al derecho a la vida que consagra, ocurre por conducto de ejecuciones extrajudiciales que privan arbitrariamente a las personas de su vida, sin embargo, los alcances del derecho humano contenido en ese artículo 4.1 van más allá, dado que también dispone como derecho el que se respete la vida de las personas, lo cual trasciende a que simplemente se les arrebate, porque el respeto a la vida humana se extiende a la existencia cotidiana de las personas, existencia que no puede ser de cualquier manera, sino que debe corresponder a su dignidad.
Un razonamiento similar ha permitido interpretar que tal artículo 4.1 reconoce como derecho humano el derecho a una existencia digna, como se anticipó en una sección previa, el cual impone a los Estados Parte de la CADH la obligación de asegurar el disfrute de las condiciones que garanticen una vida digna. A partir de ello, la comprensión integral del derecho a que se respete la vida de las personas proporciona la primera pieza para que, interrelacionado con otros derechos, dé paso al derecho a la libre elección del proyecto de vida. El segundo de esos otros derechos es el derecho a la libertad sin más, reconocido en el artículo 7.1 de la Convención, del cual de nueva cuenta no se ignora que la manera más usual en la que se le ha interpretado responde al tipo de violaciones que enfrenta concernientes a la privación de la libertad física, no obstante, al igual que sucede en el caso anterior, sus alcances pueden extenderse con facilidad a fin de entender que el respeto a ese derecho implica el de las elecciones que las personas toman durante su vida, pues al contrario, si se impidieran o impusieran externamente, no serían libres. A grado tal es la importancia de ese derecho a la libertad, que el artículo 6.1 de la CADH consagra como derecho el que nadie pueda ser sometido a servidumbre, término que debe ser interpretado amplia y progresivamente de modo que proteja a las personas de cualquier imposición externa que menoscabe, obstaculice o de plano impida su capacidad de tomar elecciones libres y ponerlas en práctica, por supuesto todo ello en correlación con los derechos de las demás personas y los deberes correlativos, ya que si así sucediera tales personas estarían sometidas a factores o entidades extrañas. Apreciados en esa línea, estos tres derechos conforman las piezas que sustentan el derecho a una existencia digna en la que las personas puedan elegir libremente su proyecto de vida o, con una expresión más corta, el derecho a la libre elección del proyecto de vida, o si se quiere, acorde al lenguaje empleado al interior del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, no se debe perder de vista que cualquiera que sea la denominación por la que se opte, este derecho humano antes que todo se vincula con esa existencia digna de las personas porque constituye una de las condiciones que la aseguran, en razón de que sería contrario a la dignidad de las personas que no pudieran trazar libremente su plan de vida en ese régimen de libertad personal y justicia social del que habla el propio preámbulo de la Convención.
El reconocimiento de este derecho a la libre elección del proyecto de vida, a partir de los artículos 1 y 4 de la CPEUM y 4.1, 6.1 y 7.1 de la Convención, es a su vez sustento para adscribir, como derecho específico de las mujeres, su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia, así como para apreciar las violaciones de éste como propias de aquél y de las disposiciones del que se desprende –con independencia de que este derecho de las mujeres también se vincula con sus derechos a una vida digna, a su integridad y a su salud–. Conclusión que no se puede refutar si no quiere desatenderse el mandato para realizar una interpretación evolutiva y pro persona, y más si a la luz de esta disposición no se olvida que tampoco es viable negar aquella asociación, cuando al interior de México se le admite expresamente. Siendo así, la reforma constitucional y legal que en el Estado de Baja California afectó todos estos derechos de las mujeres que ahí residen, con base en un trato discriminatorio por ley, con la que además se invade su vida privada y se favorece que se les amedrente en el disfrute de sus derechos, actualiza una contravención de cara a los artículos 1 y 4 de la CPEUM y 4.1, 6.1 y 7.1 de la Convención Americana. Violación que no encuentra justificación razonable sobre la idea de que tales modificaciones legislativas pretenden ampliar el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la vida extendiéndola hasta el momento de la concepción, ni siquiera bajo el alegato de que este derecho tiene alguna especie de primacía. Con eso en mente, para anticipar posibles objeciones sobre este punto importa hacer cuatro distinciones para superar esos eventuales intentos de justificación: primera, la vida como hecho es base de la existencia humana y de la posibilidad de atribuirle la titularidad de cualquier derecho, pero eso únicamente le da una prioridad fáctica; segunda, la vida como valor no posee preeminencia alguna más que para las personas que se la quieran atribuir, sin que esa visión subjetiva condicione ni menos impida que otras personas le den mayor importancia a otros valores, como la libertad o la igualdad; tercera, la vida como derecho, si se quiere tomar en serio la interdependencia de los derechos humanos, no adquiere mayor jerarquía que otros derechos; y cuarta, el derecho a la vida que salvaguarda la CADH no se reduce al derecho a nacer, que es lo que las reformas en Baja California pretextan defender desde el momento de la concepción, sino que incluye un derecho a la existencia digna, a vivir en libertad, a que se respete una vida acorde al
plan que las personas trazan para sí, el cual no debe ponerse en riesgo por nadie, por ningún medio y que no debe obstaculizarse bajo amenaza alguna. Si esto se tiene claro, lo que en realidad se ha provocado con las reformas en Baja California es impedir que las mujeres lleven una existencia digna en la que no tengan que soportar que se les impongan decisiones que únicamente a su ámbito personalísimo corresponden y de las que solamente son responsables ellas, decisiones que no deben debatir públicamente para justificarse frente a las demás personas, la sociedad o el Estado. En otros términos, esas reformas violan la CADH porque les impiden una existencia digna en la que tracen su proyecto de vida en libertad y transiten por él libremente, lo cual obviamente incluye trazar el plan de maternidad por el que opten, y en el sentido que sea, porque en ello se juegan su autonomía reproductiva. Pero la afrenta a su derecho a la vida, comprendido de esta formal integral, no acaba ahí, pues además de todo, con el empleo de la penalización que queda favorecida y confirmada a partir de esas reformas, bajo el ejercicio del poder punitivo en el que se manifiesta con máxima fuerza una de las más graves e intensas funciones del Estado frente a los seres humanos como lo es la represión,24 no sólo se pretende negarles vivir en libertad, sino que se les amenaza, se les amedrenta y en no pocos lamentables casos, se les orilla a arriesgar su vida y perderla al acudir a procedimientos de aborto clandestinos. Ese proceder no es posible encontrarlo acorde al régimen de libertad en un estado democrático de derecho serio como el que busca asegurar la CADH, y por ello es que las reformas realizadas en el Estado Baja California vulneran los derechos que en esta sección se denuncian. Las cuales tampoco encuentran justificación alegando que esta lectura de los derechos de las mujeres es desacertada en tanto que olvida que sus derechos no pueden afectar el derecho a nacer desde la concepción, y en tanto que desatiende la correlación de la que se habla en el artículo 32 de ese instrumento. No hallan esa justificación porque este argumento siempre funciona en dos vías, de modo que tampoco el derecho a nacer adquirido desde la concepción borra los derechos de las mujeres. Y lo mismo sucede si quiere minimizarse la afectación de los derechos de las mujeres apelando a que no es absoluta como lo sería para el derecho a nacer, porque la trágica realidad es que el daño es absoluto para ambos derechos, dado que a la mujer que se le obliga a culminar un embarazo no deseado se le priva totalmente de su autonomía reproductiva y su dignidad como sujeto.
Se toma la frase de: Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C, No. 72, párrafo 107.
Por último, las violaciones a causa en gran parte por la reforma constitucional y legal realizada en Baja California, tampoco hallan justificación bajo la admitida primacía fáctica de la vida, porque aunque se asumiera que existen personas en potencia para fundar la importancia de proteger el derecho a nacer desde la concepción, lo cierto es que su vida no tiene prioridad alguna sobre la vida de las mujeres que la albergan, y precisamente por ello, emprendida una ponderación, a final de cuentas prevalecen los derechos de estas últimas, porque son reales y no en potencia y porque lo que existe en potencia, igual conserva la posibilidad de no existir. Una vez arribado este escenario, el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía en torno al derecho de las mujeres a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os, de modo que no se viole su derecho a la libre elección de su proyecto de vida derivado de los artículos 1 y 4 de la CPEUM y 4.1, 6.1 y 7.1 de la Convención, demandaba exactamente lo contrario a lo que sucedió en el Estado de Baja California, ya que para hacer efectivo su disfrute, en lugar de aprobar una reforma constitucional que imponga reconocer, proteger y garantizar el derecho a nacer desde la concepción, lo que debió llevarse a cabo es proveer leyes que aseguraran servicios médicos adecuados para que se puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo, adoptarse las medidas necesarias para que no se obstaculice el empleo de los medios anticonceptivos de su elección, y darse las facilidades para que realicen una fertilización asistida, y no dejar todo ello sujeto a sus diferentes posibilidades económicas o de otra índole, propiciando una práctica discriminatoria en contra de aquellas mujeres menos aventajadas.
Al no ser así, esa Suprema Corte deberá concluir que la reforma al artículo séptimo de la Constitución de Baja California es contraria a los artículos 1 y 4 de la constitución, leídos a la luz de los artículos 4.1, 6.1, 7.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana, interpretados de forma evolutiva y a la luz del principio pro persona, al no respetar ni garantizar, sin discriminación alguna, el derecho de las mujeres en dicha entidad federativa, a la libre elección de su proyecto de vida, el cual descansa en este caso concreto en su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os, y al haber adoptado exactamente unas medidas legislativas opuestas a dichos derechos.
E. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno Violación del artículo 2 de la Convención Americana Aunque ha quedado constancia del quebranto de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno en las secciones previas, la importancia que adquiere el incumplimiento de ese deber hace conveniente destacar que la aprobación de la reforma constitucional de Baja California desconoció sus derechos, así como de la omisión de su Congreso local de emitir la legislación necesaria para respetar diversos derechos de las mujeres. Es por eso que vale la pena insistir en que en atención al artículo 2 de la Convención Americana, los Estados Parte de ese tratado asumen un par de obligaciones que importa resaltar en tanto que, debido a la particularidad del presente asunto consistente en que con base en disposiciones legislativas discriminatorias se desconocieron los derechos de las mujeres, en especial su derecho a decidir sobre su descendencia, ambas fueron desatendidas por culpa de la actuación del poder legislativo de Baja California. La primera consiste en el deber de adecuar el derecho interno al internacional, sobre el cual la Corte Interamericana ha afirmado en varias ocasiones que es un principio evidente de derecho de gentes y a la par norma consuetudinaria:
“[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente… En este orden de ideas, la Convención Americana establece la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados.”25
Tal adecuación del derecho interno al internacional puede ocurrir por dos vías:
Véanse los precedentes siguientes de la Corte Interamericana: Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párrafo 132; Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, párrafo 117; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C, No. 119, párrafo 220; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay, op. cit., párrafo 205; Caso "Cinco Pensionistas" vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C, No. 98, párrafo164; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C, No. 73, párrafo 87; Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, op. cit., párrafo 179; Caso Durand y Ugarte vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C, No. 68, párrafo 136, y Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párrafo 77.
“A la luz del artículo 2 de la Convención, tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Es necesario reafirmar que la obligación de la primera vertiente sólo se satisface cuando efectivamente se realiza la reforma.”26
En esa lógica, es importante tener en mente que la Corte Interamericana avanzó un paso más al caracterizar como obligación de resultado el adecuar el derecho interno al internacional, como puede verse en el pasaje siguiente:
“El artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la misma Convención. Es necesario reafirmar que la obligación de adaptar la legislación interna es, por su propia naturaleza, una de resultado.”27
Por virtud de ello, los Estados Parte de la CADH, cuando emiten disposiciones legislativas, deben cuidar que ellas se ajusten a la normativa internacional, y por supuesto, que no sean contrarias a los derechos consagrados en los tratados de los que forman parte. Así se estipula en el siguiente precedente:
“En el presente caso, la emisión y aplicación de la Ley 25, con efecto retroactivo, son violatorias de preceptos convencionales y revelan que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención. El Estado, al emitir una ley, debe cuidar de que se ajuste a la normativa internacional de protección, y no debe permitir que sea contraria a los derechos y libertades consagrados en un tratado internacional del cual sea Parte.”28
En términos más generales, la prohibición de dictar medidas violatorias de derechos se enuncia, para los Estados Parte de la Convención, como sigue:
Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, op. cit., párrafo 118. Véanse igualmente: Caso Castañeda Gutman vs. México, op. cit., párrafo 132; Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, op. cit., párrafos 64 y 101; Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 136, párrafo 91; Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párrafos 170 y 189; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, op. cit., párrafo 219; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay, op. cit., párrafo 206; Caso "Cinco Pensionistas" vs. Perú, op. cit., párrafo 165; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C, No. 79, párrafo 136; Caso “La Última Tentación de Cristo vs. Chile, op. cit., párrafo 85; Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, op. cit., párrafo 180; Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C, No. 69, párrafo 178; Caso Durand y Ugarte vs. Perú, op. cit., párrafo 137; Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C, No. 52, párrafo 207, y Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párrafo 78. 27 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, op. cit., párrafo 66. 28 Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, op. cit., párrafo 183.
“Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes en la Convención no pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella.”29
La otra de las obligaciones relevantes para esta petición, vinculada a dicho artículo 2 de la Convención Americana, consiste en la citada prohibición para establecer una discriminación por vía de las disposiciones de derecho interno.
“En un sentido más específico, el artículo 24 de la Convención consagra el principio de igualdad ante la ley. Así, la prohibición general de discriminación establecida en el artículo 1.1 “se extiende al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley”.30
Con lo hasta aquí dicho resulta sencillo apreciar que el constituyente y el Congreso de Baja California, en desprecio por los derechos de las mujeres que habitan esa entidad a igual protección de la ley, a una vida privada, a su libertad de conciencia, a su libertad de pensamiento, a una vida digna a la par que a la integridad personal en conexión con el de protección de su salud, y a la libre elección del proyecto de vida, todos vinculados estrechamente con su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas/os, reconocidos en los artículos 1 y 4 de la CPEUM y los de la CADH mencionados previamente, han incumplido tanto la prohibición de introducir tratos discriminatorios a través de disposiciones legislativas locales, como la obligación de adecuar su Derecho interno al internacional, precisamente para hacer efectivos esos derechos humanos consagrados a nivel internacional y constitucional, al haber adoptado medidas legislativas que los violan por desconocimiento o por omisión, con lo cual han provocado que se vea actualizada la vulneración al artículo 2 de esa Convención Americana. Y ni que decir del incumplimiento del deber de adoptar medidas que tengan un efecto útil para el respeto y garantía de los derechos, acorde al estándar que la Corte Interamericana ha establecido en el precedente que ahora se apunta:
Corte IDH. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C, No. 129, párrafo 132. Véanse también: Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, op. cit., párrafo 221; Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, op. cit., párrafo 182; Caso Cantoral Benavides vs. Perú, op. cit., párrafo 176; Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C, No. 56, párrafo 166, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, op. cit., párrafo 205; Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C, No. 35, párrafo 97; Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párrafo 81, y Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A, No. 14, párrafo 33. 30 Opinión Consultiva OC-17/02, op. cit., párrafo 44.
“El artículo 2 de la Convención impone a los Estados Partes la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar así los derechos consagrados en ésta. Las disposiciones de derecho interno que sirvan a este fin han de ser efectivas (principio del effet utile), lo que significa que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido.”31
Nada de lo cual se puede excusar intentando aducir que las disposiciones legislativas emitidas por el constituyente y el Congreso de Baja California establecen una regulación razonable, pues de entrada no se puede alcanzar tal carácter si dicha normativa propicia una práctica discriminatoria para las mujeres que residen en esa entidad federativa, como igual sucede si no aprueba un test de proporcionalidad. Pero sobre todo, las reformas locales denunciadas no podrían considerarse tampoco como razonables si con ellas se han vulnerado los derechos reconocidos en fuentes de origen internacional previamente enunciados. En esa línea de argumentación, importa citar un precedente más:
“Una norma interna puede resultar violatoria de la Convención por ser irrazonable o porque no resulte “conforme” con ella y, por supuesto, una ley contraria a las obligaciones de un Estado derivadas de la Convención no puede ser estimada “razonable” ni “conveniente”. La Comisión estaría facultada para emplear esos calificativos en este contexto. Ciertamente lo está para usarlos en las consideraciones globales de los casos. No obstante, debiendo las funciones de la Comisión estar ajustadas a derecho, la terminología que utilice debe ser cuidadosamente seleccionada y evitar conceptos que pudieren resultar ambiguos, subjetivos o confusos.”32
Por todo lo anterior, la reforma constitucional en Baja California, al no conducirse en apego a los compromisos internacionales del Estado Mexicano y al no garantizar los derechos humanos de las mujeres, tomando las medidas necesarias y pertinentes para que se respetaran y para hacerlos efectivos, incluso legislando para proveer los servicios médicos requeridos en todos los supuestos de interrupción del embarazo, incluida la interrupción voluntaria, incumple con el artículo 2 de la Convención Americana. F. Derecho a una vida libre de violencia
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, op. cit., párrafo 110. Véanse también: Caso Gómez Palomino vs. Perú, op. cit., párrafo 91; Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135, párrafo 89; Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, No. 133, párrafo 87; Caso Yatama vs. Nicaragua, op. cit., párrafo 170; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, op. cit., párrafo 67; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, op. cit., párrafo 220; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay, op. cit., párrafo 205; Caso "Cinco Pensionistas" vs. Perú, op. cit., párrafo 164; Caso “La Última Tentación de Cristo” vs. Chile, op. cit., párrafo 87; Caso Cesti Hurtado vs. Perú, op. cit., párrafo 167, y Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párrafo 77. 32 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-13/93 de 16 de julio de 1993. Serie A, No. 13, párrafo 35.
Violación de los artículos 1 y 4 de la CPEUM y 1 a 9 de la Convención de Belém do Pará Como se ha dejado ver en la argumentación de las secciones precedentes, las reformas adoptadas en el Estado de Baja California no solamente han afectado directamente una multiplicidad de derechos que las víctimas que habitan esa entidad federativa debieran disfrutar por atención específica a su condición de mujeres, sino que al favorecer abiertamente que se les siga amedrentando o intimidando para ejercer a plenitud sus derechos, bajo la reiteración de la amenaza de la penalización de una de sus acciones en uso de su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia, como lo es la posibilidad de interrumpir voluntariamente su embarazo en los términos en que se permite a las mujeres residentes en el Distrito Federal, contravienen su derecho a una vida libre de violencia, en diversos de sus aspectos desarrollados en la CBP. Las reformas aprobadas en el Estado de Baja California provocan una violación a lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en tanto que por su sola entrada en vigor no ha llevado a cabo de menos lo siguiente: uno, no se abstuvo de emprender acciones o prácticas de violencia contra las mujeres, ni veló porque las autoridades de esa entidad se comportaran de conformidad con esta obligación (numeral a); dos, no tomó las medidas apropiadas para modificar y abolir tal normativa vigente ni las prácticas correspondientes que respaldan la persistencia de la violencia contras las mujeres (numeral e); y tres, no adoptó las disposiciones legislativas a fin de hacer efectivo ese tratado (numeral h).
Para demostrar lo anterior es que deviene necesario tener en cuenta los otros preceptos invocados de la CBP. Antes que todo, su artículo 3 que consagra el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Luego, sus artículos 1 y 2 que definen lo que debe entenderse por violencia contra las mujeres, la cual comprende cualquier acción basada en su género que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada por autoridades estatales. Que la reforma constitucional y legal adoptada en Baja California califica de violencia contra las mujeres es fácil de apreciar, si no se quiere ignorar que constituye: 1.- una acción basada en su género, en tanto que las víctimas del caso son las únicas personas
que pueden resultar embarazadas y a las que busca imponerse un embarazo contrario a su libre voluntad y su dignidad, cosificándolas hasta transformarlas en incubadoras humanas, 2.- que no sólo les provoca daños físicos, sexuales y psicológicos, ya que irremediablemente origina que las mujeres tengan que sufrir un embarazo no deseado, al pretextar el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la vida desde la concepción, que trae por consecuencia el reforzamiento de la penalización aludida, sino que puede propiciar su muerte, posibilidad que lamentablemente aumenta exponencialmente al orillarlas a practicarse abortos clandestinos, y 3.- que ha sido consumada por parte de su constituyente y Congreso locales. Bajo ese entendido, el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia se ha visto quebrantado de forma general, pero igualmente se les ha afectado de manera particularizada al contravenirse sus derechos a estar libres de toda forma de discriminación y a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación, en términos del artículo 6 de la CBP, dado que las reformas legislativas denunciadas aplican exclusivamente a las mujeres que residen en Baja California, desconociéndoles de forma discriminatoria sus derechos y todas las opciones que les confiere su derecho a decidir sobre su descendencia, a la vez que las demerita al colocarlas en el rol de objetos de la procreación y no de sujetos. De modo que es manifiesto que el Estado de Baja California no ha adoptado las disposiciones legislativas para hacer realidad lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de la Convención de Belém do Pará, como sucedería si incluyera los derechos de ambos preceptos en un texto expreso de su Constitución Política. Por los mismos motivos, menos se podría afirmar que con la reforma al artículo séptimo de la Constitución del Estado de Baja California se cumplan los compromisos adquiridos por México a la luz del artículo 8 de la CBP, a la par que se transparenta que no ha seguido lo ordenado en su artículo 9, debido a que al pasar esas reformas en Baja California nunca se tomaron en cuenta las situaciones de vulnerabilidad a la violencia a que se expuso a las mujeres que residen en esa entidad federativa por sus condiciones específicas, ni se consideraron factores como su discapacidad, su minoría de edad o su situación socioeconómica desfavorable, lo que ha tenido por resultado profundizar el trato discriminatorio a que se han visto sometidas.
Vulneraciones, todas éstas, que al actualizar una situación generalizada de violencia contra las mujeres habitantes de Baja California, a su vez han impedido que a las víctimas de la presente petición se les reconozcan sus derechos humanos a una vida digna, a su integridad personal, a la protección de su salud, a que se respete su dignidad, a igual protección de la ley sin discriminación alguna, , a su vida privada, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, a la libre elección de su proyecto de vida, y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia, al mismo tiempo que han anulado el goce, ejercicio y protección efectivas de todos estos derechos, contrariando así no sólo los artículos 4 y 5 de la Convención de Belém do Pará, sino en estrecha interconexión con ellos, los artículos 1, 4, 7 y 29 de la CPEUM y 1.1, 2, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 11, 12.1, 13.1, 24 y 25 de la Convención Americana. Razonamiento que por último se ve fortalecido de no pasar desapercibido lo dicho por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General 19 sobre “La violencia contra la mujer”, que fue hecha del conocimiento público en 1992, y de la que destaca lo siguiente:
1. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. […] 4. … La aplicación cabal de la Convención exige que los Estados Partes adopten medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. […] 6. El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. 7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden: a) El derecho a la vida;
b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; e) El derecho a igualdad ante la ley; f) El derecho a igualdad en la familia; g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 8. La Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas. Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos u otros convenios, además de violar la Convención. […] 19. El artículo 12 requiere que los Estados Partes adopten medidas que garanticen la igualdad en materia de servicios de salud. La violencia contra la mujer pone en peligro su salud y su vida. […] 22. La esterilización y el aborto obligatorios influyen adversamente en la salud física y mental de la mujer y violan su derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. […] 24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que: […] m) Los Estados Partes aseguren que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad.
En atención de lo cual, se solicita a esta Suprema Corte concluya la invalidez del artículo séptimo de la Constitución de Baja California por contravenir los artículos 1, 4, 7 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de los artículos 1.1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 24 de la CADH y 1 al 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer al incumplir los deberes establecidos en
su artículo 7 y al derecho a una vida libre de violencia, con base en una interpretación progresiva, interdependiente, sistemática y guiada por el principio pro persona. Petitorios Por lo anteriormente expuesto y fundado, las suscritas solicitan atentamente Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: PRIMERO.- Tenga por presentado el presente escrito en calidad de amicus curiae SEGUNDO.- En virtud de los argumentos ofrecidos declarar fundada la acción de inconstitucionalidad 11/2009 presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California y, por consecuencia declarar la invalidez del párrafo primero del artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Baja California. TERCERO.- En virtud de los argumentos ofrecidos declarar en su momento fundada la acción de inconstitucional 62/2009. México Distrito Federal, a 27 de septiembre de 2011 Atentamente
GRACIELA RODRÍGUEZ MANZO Por propio derecho y en representación de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A. C.
ARIANNE LEÓN RIVERA MARISOL AGUILAR CONTRERAS
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Amicus Curiae by Litiga. Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos.35 viewsEmbedDownloadDescriptionAmicus Curiae presentado por Litiga OLE respecto de las acciones de incostitucionalidad 11/009 y 62/2009 contra los Estados de BC y SLP.Amicus Curiae presentado por Litiga OLE respecto de las acciones de incostitucionalidad 11/009 y 62/2009 contra los Estados de BC y SLP.Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less