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Timestamp: 2017-11-24 08:59:45
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Prostitución NO: Una sociedad sin prostitución es posible.
Una sociedad sin prostitución es posible.
OPCIÓN Abolicionista:
UNA SOCIEDAD SIN PROSTITUCIÓN ES POSIBLE
Matilde Aragón y Gassiot. magistrada
Jornada Colegio de Abogados de Barcelona. diciembre 2009
1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS SOCIALES
En un momento de debate tan difícil y confuso, opino que el tema más importante que se ha de plantear la sociedad no es el derecho de las mujeres a ser prostitutas sino justamente al contrario, el derecho de las mujeres a no ser prostituidas. Porqué la prostitución no es un servicio social, sino una actividad económica que conlleva explotación de la mujer.
En un estado social de derecho, a diferencia del estado liberal decimonónico, se admite que los proyectos legislativos dirigidos a regular la mejora de las condiciones de vida tienen en cuenta la finalidad a largo plazo, de acuerdo con las propuestas de mejora de las expectativas sociales. Así se hace en el mundo laboral con la prevención de los riesgos laborales o con la legislación sobre el tabaco. En este marco, se tienen en cuenta las opiniones de las personas afectadas en relación con el conjunto de la sociedad, siempre valorando el impacto a largo plazo de las medidas. Y se establecen limitaciones a la autonomía de la voluntad. No se podría hacer una ley de prevención de riesgos laborales sin partir de datos muy objetivos respecto a las medidas de seguridad y la prevención y dejando en manos los propios trabajadores la elección de los medios de protección. Un ejemplo de ello es la Ley del tabaco, que limita fuertemente la libertad de las personas, con la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población.
En el debate sobre la abolición de la esclavitud en España, en el siglo XIX, los parlamentarios contrarios a la prohibición del mercadeo de personas se llevaban esclavos adeptos, como ejemplo de que los afectados estaban a favor de su posición. Pero la abolición de la esclavitud, dijeran lo que dijeran algunas víctimas, sinceramente o coaccionadas, fue una histórica conquista social. Ahora no tenemos ninguna duda. Por eso en este debate sobre prostitución también se ha de escuchar las víctimas, pero no dejar que la utilización mediática de mujeres, tantas veces manipuladas por los propietarios de los locales, determine la opción legislativa ni mucho menos los proyectos sociales.
La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, 3 / 2007, de 22 de marzo, es una ley muy progresista que introdujo importantes medidas a favor de la igualdad, con carácter transversal, es decir, los diferentes sectores sociales. También incorporó legalmente una serie de conceptos que sientan las bases para una legislación y una interpretación más avanzada del derecho a la igualdad de género. Por ejemplo, en el artículo 7, cuando, incorporando conceptos de las Directivas comunitarias, define el acoso sexual y acoso por razón de género, o cuando establece la nulidad de los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo y cuando establece que deben dar lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevengan la
realización de conductas discriminatorias. La LOIDH citada, no obstante todas las proclamas de igualdad, no reguló la situación más grave que sufren las mujeres en la actualidad, que es el tráfico de mujeres y niñas con destino a la explotación sexual.
La omisión no fue un olvido, sino que responde a las dificultades que hay para impulsar una respuesta de los poderes públicos a un problema social tan importante como el del tráfico de mujeres y la prostitución. Pero el debate sobre la prostitución no puede estar al margen del proyecto, también se debe tener como punto de mira el proyecto social de igualdad de género y la coherencia con el conjunto de medidas que la sociedad está impulsando en todos los ámbitos para eliminar la discriminación por razones económicas y sociales.
El Congreso de Diputados acordó la realización de un informe sobre la prostitución en España, el 14-02-2006, en el que se hizo un proceso de audiencia a entidades, administraciones, ONG, organizaciones de mujeres, expertos de diferentes profesiones, etc. y acabó con un dictamen muy clarificador sobre la situación de la prostitución en España y las propuestas de actuación. Se llega a la conclusión de que la gran mayoría de las personas en situación de prostitución son mujeres (más 95%) y la mayoría de ellas son extranjeras, provenientes de países pobres, sin recursos y sin formación y, también la mayoría, más del 90%, se dice que han sido objeto de tráfico y / o están bajo el control de las mafias que dominan un mercado que tiene unos enormes beneficios, y también una importante influencia en los principales medios de comunicación. (1)
Son datos indicativos del poder del sector económico y de la influencia ideológica de los empresarios dedicados a la explotación de la prostitución, que debe constituir el punto de partida para analizar la situación y las propuestas de mejora social de las personas afectadas, teniendo en el punto de mira qué modelo de sociedad queremos construir.
Los antecedentes de la posición abolicionista respecto a la prostitución y el tráfico de personas con la finalidad de explotación sexual, parten del debate sobre la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. La prohibición de la compraventa de personas y el tráfico de esclavos, que fue una importante conquista social, se acordó en España en la primera república, pero no fue realmente efectiva hasta la liberación de los esclavos de Cuba, en 1886. El Código Civil, aprobado en 1889, reflejó esta conquista social, con la prohibición de contratar las cosas que están "fuera del comercio de los hombres", entre las que entonces se incluyeron las personas (art. 1271) y la valoración de la nulidad del contrato por causa ilícita (art. 1275).
Pero al igual que en el resto de países europeos, la prohibición del tráfico de esclavos no incluir la prohibición explícita del tráfico de mujeres para la explotación sexual, a pesar de la lucha que en este sentido ya se realizaba por parte de movimientos feministas, como el de Josefine Butler en Inglaterra, pionera de la defensa de los derechos de las prostitutas contra los acosos policiales a los que se las sometían las reglamentaciones, que se considera la más destacada abolicionista de la época. También debemos mencionar la lucha en este sentido en España por parte de Clara Campoamor. La primera legislación abolicionista en España fue obra de la segunda República, concretamente el Decreto de 28 de junio de 1935, que fue derogado por el régimen franquista, que volvió al antiguo sistema de reglamentación que databa de 1908.
La ratificación por parte de España del Convenio de Nueva York de 1949, obligó a incorporar al Código Penal de 1956, la penalización del rufianismo y del proxenetismo, aunque siguieron en la práctica tolerados como había sido en la época anterior. La represión de las mujeres que ejercían la prostitución, entre otros muchos colectivos, efectuaba al amparo de la arbitraria y dictatorial Ley de Peligrosidad Social.
Con la reforma post del Código Penal, que modificó los delitos contra la "honestidad", sustituyéndolos por los de la protección de la "libertad sexual", se despenaliza el negocio de prostitución ajena voluntaria de personas mayores de edad, y se limitó la criminalización a la explotación de negocio de prostitución no consentida. no fue hasta la reforma de 2003, que se volvió a incluir el delito de explotación de la prostitución ajena, aunque fuera consentida, en la línea del cumplimiento del Convenio de Nueva York de 1949.
Dicho esto, hay que aclarar que históricamente se diferencian cuatro grandes corrientes
ideológicas o políticas sobre la prostitución, que con todos los matices, y a grandes rasgos,
han sido clasificados en:
- Reglamentarista, que tolera el ejercicio dentro de la normativa concreta que impone unos límites personales y un control: de tiempo, de espacio, de condiciones, etc. La actividad fuera de estos límites se sanciona penalmente o administrativamente.
- Legalizadora, que pretende regular la prostitución voluntaria como una profesión más, con los derechos similares a cualquier otra, entendiendo que los problemas básicos que afectan a las trabajadoras del sexo vienen de la estigmatización social de una concepción religiosa o moral superada.
- Abolicionista, que se plantea que la prostitución no es una profesión sino una situación de explotación de la mujer, fruto de la violencia de género y de la situación de desigualdad social. Propugna su desaparición y medidas dirigidas a criminalizar el negocio y el consumo, así como medidas exclusivamente sociales de apoyo a las mujeres prostituidas a las que no se puede penalizar ni reglamentar.
La primera normativa internacional de carácter claramente abolicionista fue el Convenio de Nueva York, para la represión del tráfico de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 2 de diciembre de 1949, que entró en vigor en 1950. este Tratado considera que la prostitución es explotación sexual, aunque haya consentimiento de la víctima. Aunque es la referencia internacional más importante y obliga a los estados que lo han ratificado, como España, a la represión del proxenetismo y el rufianismo, y de todos aquellos que se lucren con negocios de explotación de prostitución ajena, aunque sea ​​consentida. En esta línea se han dictado más recientemente recomendaciones de NNUU. En la sesión 48 de la Comisión de la ONU, se adoptó una resolución que perseguía la eliminación de la demanda de mujeres y niñas traficadas, así como cualquier tipo de explotación (marzo 2005 NY), señalando que las medidas preventivas que se han
de llevar a cabo van dirigidas a eliminar la demanda. (2)
Club de alterne. España
3. EL INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑOS EN LA SOCIEDAD DE LA GLOBALIZACIÓN
El fenómeno de la prostitución en los países ricos tiene una relación directa con la feminización de la pobreza. El incremento de las mujeres en situación de prostitución y el tráfico de mujeres están absolutamente relacionados. El tráfico de personas, según el Consejo Económico y Social de la ONU, se define como la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas, recorriendo amenaza o al uso de la fuerza o el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre una otra, con fines de explotación.
Se admite jurídicamente que el consentimiento prestado en esta situación no es aceptable como base de ningún negocio jurídico y mucho menos por la renuncia de derechos fundamentales. A pesar de la colisión que representa con las legislaciones protectoras de derechos humanos en países democráticos, el tráfico de mujeres y niños es un fenómeno creciente en el ámbito europeo.
Si bien hace 30 años se podía pensar que con el avance en la igualdad entre mujeres y hombres y
con las medidas contra la violencia de género, y con la protección de la libertad sexual de la mujer se produciría una disminución del tráfico de mujeres para la explotación sexual, no ha sido así. Podemos constatar una grave contradicción entre el avance social por la igualdad y contra la violencia de género y el incremento de mujeres traficadas. Se evidencia una irracional fractura entre los derechos de las mujeres de los países occidentales avanzados y el de las mujeres que están en situación de prostitución, en los países en los que la han legalizado.
Exactamente como si existieran dos tipos de mujeres: las que disfrutan de la libertad sexual, protegida por el Estado, con unas normas cada vez más proteccionistas en el ámbito público, doméstico y laboral, y las mujeres que no tienen este derecho fundamental porque están en venta.
No es una cuestión banal, esta fractura de derechos. A la larga afecta al conjunto de la sociedad y conlleva una regresión en los avances hacia la igualdad de la mujer, y tiene un efecto "mancha de aceite" perverso, al presentar y aceptar la ancestral concepción de la mujer como un objeto de placer del hombre, sin importar su libertad sexual, aunque esta libertad y su dignidad sea un bien jurídico indisponible. La sociedad política italiana, que gira en torno a Berlusconi, es hoy un claro ejemplo de este proceso de regresión ideológica y cultural, entre otros, en igualdad de género.
A pesar de todo lo que se insiste sobre la voluntariedad y el consentimiento de las mujeres
explotadas, por parte sobre todo de los mensajes mediáticos de la patronal "de clubes de alterne "(ANELA), ningún informe científico ni trabajo de campo ha logrado negar que las mujeres que están prostituidas sufren secuelas muy graves físicas y psíquicas, aunque realicen la actividad por voluntad propia. La disociación del cuerpo / mente, la pérdida de la autoestima, la sumisión y humillación que conlleva la venta de la propia sexualidad, que se deja en manos del cliente que pacta con el proxeneta, es un acto o conducta que causa ya en sí lesiones graves, en las que hay que añadir las drogodependencias y los abusos sexuales, secuelas de actos de violencia, o enfermedades
que contraen. Las secuelas psíquicas se describen como similares a las personas torturadas o que han sufrido violaciones. Y las terapias que en consecuencia se aplican son propias de personas que han sufrido estrés postraumático.(3)
Estadísticamente está comprobado que la gran mayoría de las mujeres en situación de prostitución provienen de las situaciones más graves de pobreza y marginación social, y muchas veces también de malos tratos físicos o psíquicos. En Europa, como España, la gran mayoría son extranjeras y que han llegado con la ayuda de redes - mafias - de tráfico de personas, ya que no tenían recursos propios. Es difícil saber hasta qué punto están del todo engañadas o presentían o accedían a su destino, pero el consentimiento prestado en esta situación no tiene ninguna validez. La praxis de los
propietarios de prostíbulos de hacer renunciar los derechos ante el notario no tiene efecto jurídico, ya que los derechos de los que se les hace renunciar, en su mayoría se trata de derechos humanos (derecho a la sexualidad libre y al uso del propio cuerpo) o laborales o de seguridad social que según las leyes vigentes son indisponibles y la renuncia es nula de pleno derecho.
En este contexto es difícil hablar de voluntariedad, sin que se pueda negar la evidencia de que hay mujeres-muy pocas-que sí han podido elegir este medio de vida. También hay mujeres que eligen casarse por dinero o ser mendigos o lo que sea ​​(...), son opciones de ganarse la vida que hay que respetar, pero no por ello se puede pretender que todas las mujeres en situación de prostitución provienen de la libre elección de profesión o que se plantean esta como "estrategias de supervivencia" para salir de la pobreza, que justificarían el consentimiento. Las víctimas de las redes no tienen ninguna estrategia, sino un motivo inmediato que es sobrevivir y los estados democráticos deberían garantizar que la lucha por la subsistencia no debiera pasar por la aceptación de la esclavitud, la violencia o la utoimmolación. No se puede ignorar que en el mercado de la prostitución el que tiene la estrategia es el proxeneta y el traficante y no la mujer que entra en el circuito, y depende absolutamente del sometimiento a las reglas y condiciones de los que tienen el poder. Ahora bien, sin alternativas sociales, estas mujeres, que hay respetar y ayudar con recursos efectivos, no pueden combatir por sí solas ni enfrentarse con los que las explota, y no pueden hacer otra cosa que aceptar la situación a la que se las confina a falta de otros recursos. Pero esta situación, de hecho, no se puede considerar como consentida, ya que un presupuesto del consentimiento válido es que haya una mínima libertad de elección.(4)
Mural en Santa Fe. Argentina
En el ejercicio de la actividad, habitualmente la mujer en situación de prostitución no tiene la facultad de elección, ya que ésta se traslada al cliente-prostituyéndose-y, por tanto, la libertad de elección es falsa. Por otra parte, el contrato no se realiza entre prostituyente y la mujer sino entre el proxeneta (empresario de prostitución, arrendador de la cámara, etc.) que hace el negocio y el cliente. El empresario explotador utiliza habitualmente toda clase de amenazas y coacciones para que no haya ninguna fisura. En este contexto, poner la etiqueta de "trabajo sexual" y pensar que así se soluciona el problema, como si la actividad fuera inocua y se tratara de un trabajo como otro, es maquillar y ocultar la realidad. El título de "trabajadora sexual" no soluciona el problema de la violencia psíquica y física que sufre la mujer. Es que ser torturada es una faena? Es que ser
humillada es un trabajo? Estas preguntas tienen la respuesta en un libro excelente hecho desde la experiencia de mujeres latinoamericanas: "Ninguna mujer NACE para puta" (María Galindo, Sonia Sánchez, Ed.. Lavaca.) (5)
Finalmente, cuando se apela a la "libre elección", también tenemos que decir que muchas personas han elegido venir a Europa aunque trabajen como esclavos y no por ello legalizamos la su situación. Un ejemplo reciente ha sido el cierre de talleres de chinos ilegales que tenían encerrados a sus "esclavos-trabajadores". Una respuesta que autorizara este tipo de trabajo, en base a la voluntariedad de los afectados, sería perversa por los derechos humanos de toda la sociedad. Hay que rechazar, pues, la perspectiva de "normalización" de la prostitución de mujeres como si se tratara de una actividad más, que no repercute en una regresión individual y colectiva de los derechos de las mujeres, cuando no es otra cosa que fruto de la violencia de género y la marginación social.
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA ABOLICIONISTA
La posición "abolicionista" parte de las premisas siguientes:
- Las mujeres que ejercen la prostitución no deben ser condenadas ni sometidas a identificación, detención o sanción, ni control administrativo para el ejercicio de la prostitución. El sistema abolicionista ni juzga ni penaliza.
- La reprobación penal debe recaer exclusivamente sobre los que se lucran de la explotación o dirigen la prostitución de otra persona, con independencia de que exista o no el consentimiento de la mujer prostituida.
- No se hace distinción entre tráfico y prostitución, la única diferencia es la modalidad de
- La prostitución es una forma de violencia de género.
- El Estado debe procurar medidas sociales para dar opciones a las mujeres que están en situación de prostitución.
- La demanda de prostitución fomenta el mercado y, por tanto, el tráfico de mujeres y niños para
a la explotación sexual, por eso debe tener una reprobación social y, si es necesario, punitiva.
La alternativa abolicionista conecta las propuestas sociales respecto a la prostitución con la lucha por la emancipación de la mujer contra toda forma de violencia y la lucha por la defensa de los derechos humanos. Plantea la solución global a largo plazo, desde el punto de vista del interés social y de conjunto. Parte de la prohibición de la compra y venta de seres humanos, o la prohibición de venta de los órganos de seres humanos o del uso de su cuerpo, es decir, considerar que el cuerpo humano no puede ser considerado una mercancía. De la misma manera que el uso del cuerpo de la mujer, su libertad sexual, no debe ser objeto de mercadeo y este debe ser un principio ético elemental, que tiene consecuencias en muchas otras esferas de la vida social y política. El abolicionismo no se puede separar a una posición ética que denuncie la promoción a una imagen de la mujer-objeto, cosificada, mercancía, que fomenta la desigualdad de la mujer y la práctica del abuso sexual como normalidad.
Se critica, desde el abolicionismo, a los países que han llevado a cabo la legalización-regulación de la prostitución, como solución de mejora "para los sectores de mujeres que prestan su consentimiento a esta forma de vida ", valorando que es una legislación que ha hecho retroceder los derechos de la mujer y ha fomentado el tráfico de mujeres y niños y no ha mejorado realmente las condiciones de vida de las mujeres prostituidas. En los países donde ha legalizado la prostitución (Holanda, Alemania, Suiza, etc.) no se han limitado los abusos a las mujeres en situación de prostitución, ha aumentado el mercado, se ha mantenido la situación de ilegalidad se ha incremento el tráfico, ya que las redes han tenido más facilidades para operar. La práctica social ha hecho que entrara en contradicción con esquemas elementales de políticas de género.
Un ejemplo de ello es el caso de Alemania, donde se han creado los "Flatrate-Burdeles" (burdeles con "tarifa plana", para consumo ilimitado de comida + bebida + mujeres), lo que ha despertado reacciones entre la ciudadanía y poderes públicos alemanes, una parte de los cuales están poniendo actualmente en cuestión su sistema prostitucional, vigente por ley desde 2002, ya que es difícil de aceptar en este caso que existe consentimiento y libertad de elección de la mujer.
También se ha dado el caso de denegación de prestaciones de desempleo a mujeres que no han
aceptado un trabajo de camareras en burdeles.
En Suiza, un tribunal ha revocado una sentencia que condenaba a una mujer prostituida a "trabajar más" para pagar la pensión de sus hijos, que viven con el papá, el Tribunal Superior cuestiona la creencia de que la chica habría "elegido" libremente prostituirse y revoca el criterio del tribunal inferior que cuando insta a la mujer a trabajar más de prostituta no ha tenido en cuenta los riesgos para la salud que representa el ejercicio de la prostitución como actividad que, por tanto, no puede ser impuesta.
En Holanda también se ha hecho presión para modificar la Ley, a la vista del notorio incremento
del mercado de mujeres en situación de prostitución y cómo afectaba la vida social, lo que ha llevado a la alcaldía de Amsterdam a cuestionar los barrios de "vitrinas".
Socialmente, la regulación de la prostitución en estos países ha supuesto dar el mensaje de "normalidad profesional", de salida profesional para la mujer, de normal actividad sexual del hombre. Este esquema ha reforzado criterios ancestrales y atávicos sobre la sexualidad masculina en la medida en que ha promovido la idea de la posición de sumisión sexual de la mujer al hombre. Esta ideología, además de promover el consumo y el tráfico, afecta directamente la situación social de la mujer en general.
Los principios abolicionistas los formularon claramente con un decálogo para la plataforma "Coalición Internacional Contra el Tráfico de Mujeres" (CICTM / CATW) el 25 de marzo de 2003, que nos resume Janice G. Raymond, en "10 razones para no legalizar la prostitución ", indicando que:
La legalización / despenalización de la prostitución:
1 - Es un regalo a los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo.
2 - Promueve el tráfico sexual.
3 - No conlleva un control de la industria del sexo, la expande.
4 - Aumenta la prostitución clandestina, ilegal y la prostitución callejera.
5 - Promueve la prostitución infantil.
6 - No protege las mujeres que están en la prostitución.
7 - Aumenta la demanda e incentiva a los hombres a comprar las mujeres por sexo en un entorno social más permisible y con más aceptación.
8 - No promueve una mejora de la salud de las mujeres.
9 - No aumenta la posibilidad de elección de las mujeres.
10 - Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o
despenalice la industria del sexo.
Esta última conclusión, que puede sorprender, lo explican en base a las encuestasque dicen que lo que más y muy mayoritariamente piden las mujeres en situación de prostitución, es que se les dé la oportunidad de salir de esta situación.
5- EL MODELO DE SUECIA
La Ley sueca de 1999, es el más consecuente modelo de proyecto abolicionista llevado a cabo en un Estado. Se planteó como un proyecto a largo plazo, incorporado en una perspectiva social de conjunto y dentro de una política de igualdad de género, que implicara toda la sociedad. Los puntos más destacables de esta ley son:
a) La valoración de dar el tratamiento de lucha contra la violencia de género. La conexión existente entre prostitución y tráfico de mujeres y niños, y el crimen organizado. que las condiciones de vida de las mujeres traficadas y en manos de proxenetas, vulnera los derechos humanos más elementales, por las condiciones de violencia, vejaciones, violaciones y abusos, sometimiento, etc. y es un problema social de primer orden.
b) El respeto a las mujeres que están en situación de prostitución que no deben ser criminalizadas, ni confinadas a espacios o reguladas, evitando que sean objeto de acoso policial. Se les da el tratamiento que son las víctimas de la situación y les dará los medios sociales necesarios para ayudarlas a mantener unas condiciones de vida dignas, lo que implica un gran esfuerzo en medidas sociales.
d) No se admite que la prostitución sea un trabajo, ni se regula como alternativa profesión de las mujeres, ni consta como profesión dentro de las demandas de empleo gestionadas por los servicios públicos como ocurre en Alemania u Holanda.
e) El compromiso de toda la sociedad en el proyecto. Hay que hacer una política de disuasión basada en la concienciación de la población de que las mujeres no se pueden comprar y vender, ni tampoco el uso de su cuerpo, como una mercancía.
En resumen, en Suecia, se criminaliza el negocio y la demanda, y se despenaliza la oferta de servicios sexuales. Se concreta en la Ley sueca en una pena de multa y hasta 6 meses de arresto por los compradores de prostitución. Se penaliza también la proposición y los actos dirigidos a la compra. La Ley sueca es extraterritorial y, por tanto, cualquier sueco puede ser juzgado por la compra de servicios sexuales en otros países. Se aplicó, por ejemplo, a militares suecos en Kosovo, que fueron condenados por contratar servicios de prostitución.
La valoración, después de diez años de experiencia, es que la legislación se valora positiva y se desarrolla con programas y más inversión en proyectos. Los balances de los informes gubernamentales dicen que:
- Si bien no se ha eliminado la prostitución, sí ha hecho disminuir el número de personas traficadas para la explotación sexual.
- Se han incrementado las ayudas y los recursos sociales para servicios públicos y programas dirigidos a las mujeres.
- La ventaja más importante del modelo sueco, es que las mafias buscan mercados más fáciles. Contra lo que ha pasado en Holanda (Amsterdam cierra las zonas de tolerancia por no controlar el abuso de crimen organizado y el incremento notable del tráfico).
- No se persiguen prostitutas en las calles, como pasa en Irlanda, o en otros lugares en los que se regula el ejercicio de prostitución en determinados espacios y se prohíbe en la calle. No hay acoso policial contra las mujeres.
- Extensión de su propuesta. Noruega, proyectada en Dinamarca y en países del Este, y efectos claros en las propuestas de la comunidad internacional.
- Aceptación social del 80% en encuesta de 2001.
- Mejora de la imagen de la mujer en los medios, en la propaganda, en la formación.
6. REGULACIÓN JURÍDICA EN ESPAÑA
Actualmente la actividad de prostitución voluntaria no está penalizada, pero sí la explotación de la actividad ajena, es decir, el empresario que saca beneficio de la explotación del negocio, aunque lo haga con el consentimiento de la prostituida. La palabra "explotación" se ha de interpretar conforme al Convenio de N.Y. de 1949, es decir, realización de negocio con ánimo de lucro, ya que este es el sentido de la reforma. Sin embargo, desde muchos sectores contrarios a la reforma se justifica la no aplicación efectiva de esta norma punitiva - que obligaría a cerrar todos los negocios de burdeles - valorando que se refiere a otra acepción de la palabra y exigen que se dé una especial situación de
trato degradante o de vulneración de derechos humanos. Es delito calificado, si se hace con menores o incapaces, con violencia e intimidación (artículos 187 y 188 del Código Penal).
También está penalizado, en el artículo 318 bis, el tráfico ilegal de personas, y si se ejercita contra la voluntad de la víctima explotada puede constituir un delito contra la humanidad, perseguible de oficio (artículo 607 bis, CP). También se puede considerar como delito contra los derechos de los trabajadores el sometimiento dentro de los burdeles a tratos degradantes (artículo 312-2 CP) Esta normativa debe interpretarse en relación con el Convenio de Nueva York de 1949, sobre la represión del tráfico de personas para la explotación sexual, ratificado por el Estado Español.
De acuerdo con el derecho laboral vigente, aunque no diga nada explícito al respecto el Estatuto de los Trabajadores, no se podría admitir un contrato de trabajo de prostituta. Y el consentimiento de la persona en este sentido sería nulo, ya que así lo dispone la Ley porque no tiene validez legal la renuncia de los derechos de seguridad social y mínimos de derechos laborales, que incluyen la defensa contra el acoso sexual o por razón de sexo (artículo 3-5 ET y 3 LGSS, Loidi y H 3 / 2007, de 22 de marzo, artículo 7).
Al margen de la normativa penal y laboral expuesta, hay un claro vacío legal que favorece que se dicten medidas sobre todo reglamentarista, por parte de comunidades Autónomas o Ayuntamientos, muchas veces totalmente contradictorias, y sin que respondan a una finalidad expresa a largo plazo, con honrosas excepciones. se pueden citar las siguientes, a título de ejemplo:
- Ayuntamiento de Bilbao: "Ordenanza Local sobre Establecimientos Públicos Dedicados la prostitución de 1999 ", regula los requisitos de orden higiénico y urbanístico.
- CA de Cataluña: "Decreto 217/2002 de 1 de agosto que regula los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución ", también con medidas de urbanismo y higiénicas. Reglamento aprobado por la Generalitat de Cataluña, Orden PRE/335/2003, de 14 de julio, por la que se aprueba la ordenanza municipal tipo sobre los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución (DOGC 3935/2003, de 29 julio 2003), adoptando también medidas higienistas y arquitectónicas o urbanistas, sin ningún análisis ni perspectiva social.
- - Ayuntamiento de Barcelona: "Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona, en vigor desde el 25 de enero de 2006 ": dispone prohibiciones de ejercer prostitución en la calle y / o en determinados espacios.
- El Ayuntamiento de Sevilla, en cambio, ha aprobado un enfoque abolicionista, en 2009, indicando que multará a los clientes prostituidores hasta 3.000 euros, dentro de un plan de acción integral contra el tráfico, la prostitución y otras formas de explotación sexual, 2010 – 2015. (7)
- En el ámbito judicial se han dictado sentencias en causas penales por delitos de explotación de la prostitución ajena, o tráfico de personas, así como en el ámbito social,muchos puntos contradictorios, de manera que las sentencias muestran unas valoraciones que reflejan el vacío legislativo y el debate social.
A título de ejemplo, en causas penales, sentencias condenatorias por delitos vinculados al tráfico de mujeres para la explotación sexual, relatan:
- STS núm. 126/2008 de 14 febrero de 2008. Relativa a mujer traficada de Rumanía, que contrajo una deuda de 500 euros por ser llevada a España, en teoría para trabajar en un hotel, y cuando llegó aquí se la destina al Club Acapulco de Santa Margarida i els Monjos, y la llevaron a un piso al terminar la jornada. Se declara, entre otras cosas, que: "Cuando en alguna ocasión Elsa, a la que se conocía en el Club bajo el número de "Tigresa", se niego a tener relaciones con algún cliente, Leonardo le avisó a Alberto para que venciera la negativa de ésta mediante amenazas o intimidaciones .- Asímismo el procesado Alberto, le quitó violentamente el Pasaporte, diciéndole que lo Hacia "para que no escapara y asegurarse de que pagaría su deuda " La encargada (...) cobraba directamente a los clientes el importe de los Servicios sexuales o de alterne que efectuaba Elsa, y lo retenía para después entregárselo al procesado Alberto, o bien a su socio. "
- - STS núm. 152/2008 de 08 de abril de 2008. Se narra como hechos que: "Al llegar al Club y ver cual era el trabajo que tendría que realizar (prostitución), en lugar del de asistentes que se le había prometido, dijo que quería marcharse, manifestándole Diana que eso no era posible hasta que devolviera todo el dinero, diciéndole que tendría que devolverlo trabajando en la prostitución ".
- - STS núm. 445/2008 de 3 juliol de 2008. “... fue traída desde Bulgaria "...con la promesa de trabajo consistente en ejercer como camareras o como bailarinas". Sin embargo, una vez en España, la "...obligaban a ejercer y mantenerse en el ejercicio de la prostitución". Para doblegar la voluntad de aquélla -añade el factum- el recurrente recurría al "...ejercicio relativamente frecuente de agresiones físicas por motivos menores, como no haber conseguido ganar el dinero que entendía que debía haber conseguido, como con el temor de que sus familiares directos en Bulgaria sufrieran consecuencias derivadas de no devolver a los procesados las cantidades que éstos les exigían con la excusa de haber pagado dichas cantidades por ella (...), vigilándola en todo momento para impedir que pudiera tratar de legalizar su situación en España, o acudir a organismos oficiales".
- STS de 14 de abril de 2009, Sala de lo Penal, ha sido muy criticada, por haberse decantado claramente por una propuesta regulacionistas. Así, ratifica la condena por delito de tráfico, pero absuelve a proxenetas de delito social contra los derechos de los trabajadores, haciendo unas valoraciones sobre las condiciones impuestas en un burdel como "propias del sector "que se separa de la doctrina laboral sobre la posibilidad de contrato laboral de prostitución, por mucho que no sienta en este punto jurisprudencia.Es relativa a clubes: Sherathon, Mamba Negra y Skorpio de Pontevedra. Cita la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo de 20 de noviembre de 2001, que establece que la prostitución por cuenta propia es una «actividad económica». Sin embargo, reconoce que esta sentencia no habla de contrato laboral por cuenta ajena, sino que se refiere a personas que trabajan como autónomas. Refiere también sentencias de la Sala de lo Social del mismo Tribunal que han reconocido la actividad denominada de «alterne» como contrato laboral. No dice,en cambio, que ningún tribunal laboral valora el mismo sobre el ejercicio de la prostitución. Aunque cuando del «alterne»-como actividad para inducir el consumo de bebidas-se pasa a la venta del uso del cuerpo de la trabajadora, no se ha justificado nunca como relación laboral.
No se hace, como se podría esperar, ningún paralelismo con los derechos que tienen los
trabajadores, sin prostitución. Ni siquiera recuerda que el artículo 58.3 del Estatuto de los
Trabajadores prohíbe la imposición de multas para el empresario.
En la jurisdicción social, en cambio, cabe destacar que es unánime la jurisprudencia que no admite como legal el contrato por la actividad de prostitución, por ilegalidad de la causa del
contrato. Se han dictado muchas sentencias pero en procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de dar cobertura a mujeres que están trabajando en Clubes como camareras "de alterne",diferenciando este trabajo de la de situación de prostitución.
Por ejemplo, la sentencia del TSJ Cataluña, Sala de lo Social de 2 de octubre de 2008, y la
sentencia del TSJC de 15 de mayo de 2009, que dice:
"... Efectivamente, excede totalmente los límites mínimos de la normativa laboral el hecho que la empresa pueda vender o disponer del uso del cuerpo de las trabajadoras como objeto de negocio o intercambio sexual con los clientes. Este principio laboral se deduce directamente de la Constitución Española, al regular el derecho fundamental a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE). También del Estatuto de los Trabajadores, cuando establece el derecho a la integridad física y al respeto a su intimidad ya la consideración debida a su dignidad, artículo 4.1.d) e) comprendida la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. En el mismo sentido se recorda la protección que dispensa el artículo 7 de la LO 3 / 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que define y regula esta protección. También entraría dentro de las prohibiciones que regula la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995, de 20 de junio el R. D. Leg. 5 / 2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones en el orden social ...".
"En esta línea hay que decir que no entra, ni puede entrar, dentro de las facultades de el empresario que regula el artículo 20 del ET, cuando dispone la dirección y control de la actividad laboral, la de disponer del uso del cuerpo de la propia persona trabajadora, pues no es la persona humana el objeto del contrato laboral sino sus servicios prestados de forma voluntaria y retribuida, con las condiciones legalmente exigibles, tratándose en una interpretación aberrante y fraudulenta la que intenta asimilar la venta de la fuerza de trabajo con la venta del uso del cuerpo de las trabajadoras, de análoga a la relación de esclavitud prohibida en nuestro ordenamiento jurídico desde finales del siglo IX. Por otro lado, el sometimiento a una situación de acoso o abuso sexual por imposición del empresario debería considerar como riesgo laboral e inminente, conforme a la definición del artículo 4 de la citada Ley, excluyendo totalmente a las trabajadoras afectadas del deber de obediencia (...)"
ALTERNATIVAS SOCIALES, HACIA DÓNDE?
No se puede legislar para un sector de mujeres bajando el listón de los derechos adquiridos
socialmente sin que ello suponga un retroceso real en los derechos de la mujer en general. Sin que sea, por tanto, una discriminación negativa de género, contraria al principio de no discriminación establecido en el artículo 14 CE. Por otro lado, este listón más bajo extendería como una mancha de aceite en base a la movilidad funcional, además de presuponer que los derechos a la libertad sexual de las trabajadoras se pondrían en duda, retrocediendo muchos años en los derechos adquiridos. En la defensa de la libertad sexual de la mujer, ha llegado a conseguir disposiciones de contra el acoso sexual, incluso todo ambiental y contra las prácticas que representen una discriminación sexista, en razón de género. El mantenimiento de estas conquistas sociales son incompatibles con la legalización de la prostitución.
El debate sobre las alternativas a la prostitución está totalmente vinculado a las alternativas que se deben dar para avanzar en la igualdad de género y en combatir la pobreza que afecta a una parte de la población, mayoritariamente a mujeres. Y estas alternativas han de pasar forzosamente por políticas de formación, de conciliación de la vida laboral y familiar, de promoción en el trabajo, igualdad de oportunidades. Y de erradicación de la violencia. Una cosa es que todo el mundo tenga derecho a ganarse la vida y la otra es profesionalizar todas las alternativas, cualquiera que sea su consecuencia, en esto todo el mundo estaría de acuerdo. También en el hecho de que se ha de conseguir un sistema de protección para las personas que están en una franja de pobreza y carecen de recursos para salir y más especialmente a las mujeres que están en la peor situación por haber estado en manos de mafias y proxenetas.
Esto exige invertir en políticas de formación, de integración de extranjeros, de recursos sociales, de inserción, etc. y un sistema de subsidios y ayudas públicas, que incluyan una protección para las mujeres y hombres mayores que no han tenido acceso a otras posibilidades. ¿Cuántas mujeres que han trabajado cuidando familiares, limpiadoras otros profesiones están también sin protección social, en un nivel grave de pobreza?
Así pues, debemos caminar hacia la realización de medidas, siempre desde la comprensión y el respeto a las mujeres que están en esta situación, y buscar oportunidades laborales para todas las mujeres que respeten la dignidad, la libertad sexual y se garantice la protección contra el acoso sexual.
Hay que hacer también efectivas políticas de educación sexual contra la violencia en las relaciones
humanas y disuasorias de la compra de servicios sexuales, estableciendo un sistema de sanciones contra los compradores y generando un descrédito social respecto a estas prácticas que alimentan directamente o potencialmente el mercado mundial de tráfico de personas. ¿Por qué la sexualidad libre es incompatible con la compra de la sexualidad del otro. Y en una sociedad que ha aceptado el derecho al propio cuerpo y a la libertad sexual no tiene sentido que quiera mantener los negocios de prostitución como si se tratara de un servicio necesario, ya que se trata de prácticas y conceptos incompatibles. Las "manceba", las "casas de tolerancia", los burdeles, han sido históricamente la contrapartida a la represión sexual. No aceptamos pues la demagogia de abrir macroprostibus de mujeres explotadas en nombre de esta libertad: libertad del cliente contra libertad de la mujer;
libertad del negocio del proxeneta sin límites, libertad de explotación. Esto no debería formar parte de un estado social que garantiza los derechos humanos básicos de las personas.
En conclusión, se trata de un problema social y de género de primer orden.
Se debería trabajar para que en un futuro próximo ni las mujeres ni los hombres puedan ser la mercancía de nadie, ni tengan esta opción de empleo, y que ni los hombres ni las mujeres tengan esta opción de compra. Por unas relaciones sexuales libres y sin violencia entre todos los seres humanos.
1 Se dice: "Datos del mercado en España .-"... Según la Asociación de propietarios de clubes de alterne, el negocio de la prostitución mueve en España: 18.000 millones de euros (unos 3 billones de pesetas) al año. Para los «Empresarios» del sector los ingresos por prostituta y año suponen de 45.000 euros. La media de gasto de los 15 millones de varones entre 16 y 64 años, sería de 1.200 euros al año o 100 euros al mes. El 6% de la población española se consumidora habitual de prostitución. Los medios de comunicació también obtienen beneficios del negocio de la prostitución. La prensa de Nuestro país obtiene Importantes ingresos de la publicidad de prostitución. Las ediciones de los cuatro principales periódicos generalistas de nuestro país en un día laboral recogió un número de anuncios considerable (El País, 702, El Mundo 672, ABC 225 y 91 La Razón). El periódico con más tirada de este país ingresa entorno a 5 cinco millones de euros anuales. "
2 El Texto internacional contempla la sanció del proxenetisme definint les conductes objecte de punició, en el art. 1ro:
1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de tal persona.
2. Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. El art. 2 extiende la sanció penal a quien: :
2. Diere o tomare a sabiendas, en arrendamiento, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución ajena”.
3 No me referiré a las mujeres que negocian su sexualidad habiendo podido escoger entre otras profesiones, ya que no tienen la condición de víctimas por exclusión social, y representan una ínfima proporción de las que están en “el mercado”, tienen más posibilidades de ser escuchadas , gozan de apoyo y oportunidades que las otras no tienen.
4 Rosario Carrecedo, en su excelente trabajo "Marco legal sobre la prostitución" (2006), cita el informe sobre derechos humanos de la Relatora Especial de la ONU sobre las víctimas de la trata de personas, D ª. Sigma Huda, en el que pide a los Estados la intervención del sistema penal ante los consumidores de prostitución, indicando: “Aunque la penalización de una actividad no garantice que ésta dejará de realizarse, no cabe duda de que sirve de instrumento disuasivo claro y eficaz. Por disuadir se entiende “privar del valor, la confianza o la energía moral”. Así pues, la obligación de desalentar la demanda alude directamente al deber del Estado de llevar a cabo un proyecto normativo expreso para condenar la demanda que propicia la trata. Dado que la condena abierta de una conducta nociva constituye una de las funciones centrales del sistema de justicia penal, es lógico que se aliente a los Estados Partes a penalizar el uso de personas prostituidas con el fin de cumplir las obligaciones que han contraído con arreglo al párrafo 5 del artículo 9”.
5 “Hasta aquí hemos llegado a construir una especie de léxico: Cuarto quiere decir celda y eso quiere decir situación de sometimiento. Hacer pieza o pase es entrar a una habitación con un prostituyente y eso quiere decir jugarte la vida y tener sexo bajo amenaza de muerte. Cliente quiere decir prostituyente y prostituyente quiere decir torturador. Y en este contexto, sexo quiere decir asco, nausea y ganas y necesidad de vomitar tanta humillación”
6 El Código Penal, art. 312-2, la regula delitos contra los derechos de los trabajadores, imputando, entre otras conductas, aquellos que recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciéndoles un trabajo o unas condiciones de trabajo engañosas o falsas, y aquellos que utilicen súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales.
7 L’alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), va presentar el programa de caràcter ’abolicionista’, indicando que era dirigido a erradicar la forma de esclalvitud más antigua del mundo, “porque las mujeres y menores que ejercen la prostitución se han convertido en ’las esclavas del siglo XXI’ y este negocio ’reduce a la mujer a un mero objeto de mercancía’”.
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http://campanianiunavictimamas.blogspot.com/search/label/prostituci%C3%B3n
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Publicado por Alberto B Ilieff en 21:48
Etiquetas: abolicionismo, Matlde Aragón y Gassiot, prostitución