Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Smexico74-99.html
Timestamp: 2013-05-21 23:20:25
Document Index: 279884463

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo\n24', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47']

Sanchez Lopez, Sebastian Lopez Lopez and Mateo Lopez Perez v. Mexico,
Caso 11.810, Informe Nº 74/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 244 (1999). I. RESUMEN
1. El 19 de julio de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (en adelante "el EZLN") y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (en adelante "los peticionarios") en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado", "el Estado mexicano", o "México") por la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana") por la ejecución extrajudicial de Sebastián Sánchez López y Sebastián López López; y la desaparición forzada
de Mateo Jiménez López. Los peticionarios denunciaron originalmente la violación
de los derechos a la vida (artículo 4); a la igualdad ante la ley (artículo
24) y a la protección judicial (artículo 25); más tarde ampliaron la denuncia
para incluir los derechos a la integridad personal (artículo 5), la libertad
personal (artículo 7), la libertad de conciencia y religión (artículo 12) la
libertad de pensamiento y expresión (artículo 13) y la libertad de asociación
3. La Comisión concluye en este informe que el caso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana. Por otro lado, la Comisión desestima la admisibilidad de la denuncia en lo referente a los artículos 12, 13, 16 y 24 del instrumento internacional citado, por considerar que la información disponible en el expediente no se refiere a hechos que caractericen una posible violación de los derechos protegidos por tales disposiciones. Por lo tanto, la Comisión declara que el caso es admisible, notifica la decisión a las partes, y continúa con el análisis de los méritos relativos a las supuestas violaciones a los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana. Al mismo tiempo, se pone a disposición de las partes para iniciar el trámite de solución amistosa y decide publicar el presente informe. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
El día 24 de mayo de 1996, diversas personas fuertemente armadas y que son identificadas como miembros del grupo paramilitar autodenominado "Paz y Justicia" emboscó a un grupo de indígenas campesinos cerca de la Comunidad Usipá, Municipio de Tlla, Chiapas, asesinando a tiros a
los señores Sebastián Sánchez López y Sebastián López López.
7. Agregaron los peticionarios que los hechos fueron denunciados al Ministerio Público del Estado de Chiapas, pero que no recibieron información
alguna; y que dialogaron con los integrantes de la organización "Paz y Justicia", pero a pesar de ello aumentaron los actos de violencia. La denuncia contiene además información acerca de Paz y Justicia, incluso nombres de sus integrantes y las actividades que atribuyen a dicho grupo: "represión a las poblaciones o personas que se han manifestado inconformes por la misma situación de violencia, o por militar en la oposición, o simplemente por no tomar partido a favor de dicho grupo". La comunicación inicial de los peticionarios contiene datos sobre varios hechos de violencia y hostigamiento que atribuyeron a "Paz y Justicia", que habrían sido cometidos en la zona norte de Chiapas en la misma época de los hechos objeto de la denuncia, y que aportaron como ejemplos
de violaciones que seguirían igualmente impunes.
10. Los peticionarios consideraron que la respuesta del Estado había sido "escueta, evasiva e incompleta". Alegaron que el dato de la averiguación previa 1338/CAJ/4B/96 les era desconocido anteriormente, pero que de todas maneras el Estado no informó acerca de la "supuesta investigación"; y que "sin mayor explicación" y en forma repentina, informó que una persona llamada Rubén López Pérez había sido procesada como supuesto asesino
de Sebastián Sánchez López y Sebastián López López.
12. En respuesta al argumento del Estado acerca de la falta de agotamiento de los recursos internos, dijeron los peticionarios que no estaban
obligados a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante "la CNDH"), ya que "el trámite y resolución de estas instituciones mexicanas no tienen carácter vinculatorio y por lo tanto, no debe tomarse en cuenta como requisito de procedibilidad".
13. Los peticionarios agregaron que el único recurso con el que cuentan en la legislación mexicana es la averiguación previa del Ministerio
Público, y que "dicho recurso no es ni sencillo, ni idóneo, ni eficaz".
14. La comunicación bajo análisis contiene además una extensa sección con información acerca del grupo "Paz y Justicia" y su supuesta vinculación con el Gobierno de México y con organizaciones paramilitares. Dicha
sección incluye 23 testimonios y denuncias de habitantes de la zona Norte de
Chiapas, desde el 30 de junio de 1996 hasta el 26 de mayo de 1997, y extractos
de notas de varios periódicos mexicanos de circulación nacional del 6 de septiembre
de 1995, al 18 de julio de 1997.
15. En las comunicaciones recibidas el 27 de abril y el 12 de junio de 1998, los peticionarios sentaron la posición de negarse a presentar
observaciones a los informes del Estado mexicano, por considerar que "se abstuvo de informar sobre el fondo del asunto". Tal posición fue confirmada en la comunicación recibida por la CIDH el 6 de agosto de 1998.
16. El Estado mexicano informó que la Procuraduría General de Justicia (en adelante "la PGJ") de Chiapas inició la averiguación previa 1338/CAJ/4B/96 el 24 de mayo de 1996 "en contra de Quien o Quienes Resulten Responsables de la comisión del delito de HOMICIDIO, en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de SEBASTIAN SANCHEZ LOPEZ Y SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ" (sic). Posteriormente, se "consignó" dicha averiguación previa al juez penal competente, en contra de Rubén López Pérez "como probable responsable" del homicidio de Sebastián Sánchez López y Sebastián López López. Prosiguió informando el Estado que se libró orden de aprehensión contra
el procesado y que, posteriormente, se remitió un exhorto a la Procuraduría
General de Justicia de Tabasco para cumplir dicha medida, pues las autoridades
de Chiapas tuvieron conocimiento de que Rubén López Pérez habría huido a dicho
20. En cuanto a la desaparición forzada de Mateo Jiménez López, el Estado no hizo mención alguna en sus primeras comunicaciones. En sus observaciones
del 5 de febrero de 1998, solamente expresó que la CNDH no tenía registrado
al señor Jiménez López en su "Programa de Desaparecidos". El 10 de septiembre de 1998, el Estado informó a la CIDH que dicha persona "se encuentra recluida en Yajalón, Chiapas, por el delito de homicidio cometido en contra de José Tila López Gracia, por lo que no se configura en absoluto una presunta desaparición como lo afirman erróneamente los peticionarios sin prueba alguna". A fin de esclarecer la aparente confusión, la Comisión solicitó información
al Estado el 21 de diciembre de 1998 acerca de las circunstancias en las cuales
fue detenido el señor Mateo Jiménez López. 21. El Estado respondió a dicha consulta el 5 de febrero de 1999 y manifestó que el señor Mateo López Pérez había sido puesto a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia en la ciudad de Yajalón el 25 de febrero de 1998. La CIDH solicitó al Estado mexicano el 18 de marzo de 1999 aclaración respecto a la diferencia de nombres, a fin de determinar si se trataba de la misma persona cuya desaparición fue denunciada. El Estado informó el 1o. de abril de 1999 que se trataba de la misma persona, y que la confusión se debió a lo siguiente:
32. En cuanto a los demás hechos que fueron objeto de la denuncia inicial de los peticionarios, así como los que fueron agregados posteriormente, la Comisión considera que no se ha cumplido el requisito previsto en el artículo 47 (c) de la Convención Americana. Por lo tanto, la CIDH concluye que la petición es inadmisible respecto de las supuestas violaciones a los derechos protegidos en los artículos 12, 13, 16 y 24 de la Convención Americana. 33. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
1. Declarar admisible el presente caso y continuar con el análisis del fondo de la cuestión, en cuanto a las supuestas violaciones alegadas con relación a los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana; 2. Declarar inadmisible el caso en lo referente a las supuestas violaciones de los artículos 12, 13, 16 y 24 de la Convención Americana, bajo el artículo 47 (c) del citado instrumento internacional;
4. Ponerse a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal posibilidad; y 5. Publicar esta decisión e incluirla en su informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
5 En ocasiones anteriores, la CIDH ha concluido que algunos hechos de un caso resultaban admisibles bajo el artículo 47 (b) de la Convención Americana, pero que los demás no reunían el requisito de la disposición citada. Ver, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 1998, Informe Nº 33/98 (Caso 10.545  Clemente Ayala Torres y otros), México, 5 de mayo de 1998, pars. 44 y 47.