Source: http://psicolog.org/dictamen-nm-i2017353-consejo-general-universitario.html
Timestamp: 2019-03-20 10:05:11
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS; SEGÚN LA ORIENTACIÓN TERMINAL QUE EL ESTUDIANTE ELIJA DESARROLLARÁ
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2017-2018 -> Dictamen Núm. I/2017/241 consejo general universitario
Dictamen Núm. I/2017/353
A estas Comisiones Permanentes de Educación y de Hacienda han sido turnados los dictámenes HCCUT/IyII/019/2017, del 22 de noviembre de 2017 y No. 992/2017, del 21 de noviembre de 2017, en los que los Centros Universitario de Tonalá y de Ciencias de la Salud, respectivamente, proponen la creación del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Forenses, en la modalidad escolarizada y bajo el sistema de créditos, a partir del ciclo escolar 2018 “B”, y
Que nueve de las 50 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. De ellas, 46 de las “más violentas” están en el continente americano, en particular en América Latina. Los países latinoamericanos con el mayor problema de violencia son Honduras, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México y Brasil. Con una tasa de 187 homicidios por cada 100 mil habitantes, la urbe hondureña de San Pedro Sula ocupó por tercer año consecutivo el liderato del ranking. El segundo lugar correspondió a Caracas, Venezuela y el tercero a Acapulco, México, con tasas de 134 y 113 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. 1
Que en nuestro país se vive una compleja realidad social en nuestros días, donde la seguridad y la impartición de justicia son dos de los temas que plantean los desafíos más relevantes y las IES no deben ser indiferentes en este momento en el que la paz social se ha vulnerado como nunca en nuestra historia, por lo que resulta imprescindible recuperar la confianza en las instituciones con el combate frontal a la ilegalidad y la impunidad.
Que a nivel nacional, el índice de delincuencia2 como la criminalidad son altos, con una amplia gama de delitos del fuero común y del fuero federal, generando una proporción de 10 a 1 entre éstos. Existe una desproporción, pues 8 de cada 10 de los delitos no se denuncian. Esto se agrava con las consignaciones que tienen un bajo índice, estimado en 20% del total de las averiguaciones previas y las sentencias condenatorias que se dictan son sólo el 1% de los delitos denunciados. Tanto a nivel nacional como regional, el comportamiento de los índices delictivos es un referente significativo para dimensionar las razones de creación de un programa educativo que puede incidir en su disminución.
Que la región del Occidente de México3 ha sido uno de los focos más importantes en cuanto a la contribución al índice de delitos nacionales; es una región donde el índice de homicidios culposos es considerable. Para 2015, esta región presentó el 27.45% del total de averiguaciones previas del país al respecto4, según cifras de 2014 y 2015 del Observatorio Nacional Ciudadano, que cataloga como delitos de alto impacto los siguientes: homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo con vehículo.
Que en Jalisco, los índices de inseguridad y la incidencia delictiva también van en aumento y sigue con las tendencias del país al contar con números ascendentes en materia delictiva del fuero común. En cuanto al total de delitos del fuero común, en Jalisco, asciende a 42,984 incidentes; este número representa el 6.96% del total de delitos en México. El rubro que aporta mayor porcentaje al índice nacional de delitos del fuero común son delitos que incluyen las amenazas, el estupro, otros delitos sexuales diferentes a la violación, con un porcentaje de 8.48.
Que las lesiones ocurridas en Jalisco en el periodo de enero a mayo de 2016, representan el 7.4% del total nacional. De los 5,031 incidentes ocurridos, 3,646 fueron dolosos y 1,385 fueron culposos. Los homicidios han aumentado este año tanto en Jalisco como en todo el país. Al mes de junio de 2016, habían ocurrido 830 homicidios en el Estado, lo que representa el 5.97% del total nacional. De estos sucesos, 468 fueron dolosos y 362 culposos (SNSP, 2016).
Que Jalisco, en materia de delitos del fuero federal, ha contribuido a la estadística nacional con menos del 7% en los últimos cuatro años. Los crímenes con más incidencia son los cometidos contra el Código Federal Penal, seguidos por los cometidos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El índice delictivo que más ha disminuido en Jalisco es Contra la Salud en modalidad de narcomenudeo. Para 2012, había 4,088 delitos cometidos, mientras que para 2015 hubo 54 violaciones a esta ley; en 2016 siguió bajando ya que al mes de mayo se registraron 11 delitos en esta materia (SNSP, 2016).
Que mediante el auxilio de las ciencias forenses, se puede analizar la situación criminal que se ha presentado en los últimos años y se infiere que un plan de estudio en esta materia podría funcionar para el aseguramiento del esclarecimiento de los hechos con objetividad científica, tanto a nivel nacional como regional, en virtud de que las ciencias forenses5 son usadas alrededor del mundo para resolver disputas civiles, para reforzar las leyes y las regulaciones gubernamentales y para proteger la salud pública. Los profesionales de las ciencias forenses pueden aplicar su expertiz cada vez que un análisis científico y objetivo sea necesario para encontrar la verdad y ello traiga como consecuencia que se pueda aplicar la justicia en un procedimiento legal.
Que las ciencias forenses no se circunscriben a un solo cuerpo disciplinario, ni a un único modelo de interpretación de la realidad; por el contrario, requieren de un conjunto de conocimientos aplicados al estudio, análisis e investigación de los hechos jurídicamente controvertidos y la participación en éstos de los probables responsables o las partes intervinientes, a través de los estudios de campo o gabinetes verificados mediante técnicas que involucran a las ciencias naturales, las exactas, de la salud y las sociales, a efecto de proporcionar la información que contribuya a esclarecerlos con objetividad científica.6
Que anteriormente, las ciencias forenses se identificaban solamente con la resolución de casos criminales. Esta concepción es errónea, ya que las ciencias forenses pueden ser aplicadas igualmente a casos criminales, civiles, financieros o cualquier asunto legal que lo requiera. La Universidad Nacional Autónoma de México, en su Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Forenses, la define como el conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos de carácter técnico y científico, generados por la investigación y análisis de los indicios de un hecho presuntamente delictuoso, con la finalidad de presentar estos resultados ante la autoridad jurídica correspondiente y coadyuvar en la prevención del delito y en la procuración y administración de la justicia.
Que en el sistema de justicia actual, las ciencias forenses juegan un papel fundamental porque proveen información científica basada en el análisis de evidencia física, dando la debida importancia a la valoración de la prueba. El 18 de junio de 2008 se reformó el artículo 20 de la constitución federal7, con lo que se da inicio a la transformación del sistema de justicia penal convencional para dar paso al sistema de justicia penal oral acusatorio adversarial, en el que se contempla la mediación, con el objeto de imprimir mayor efectividad, con una justicia expedita. Esta reforma equivale a preparar y renovar todo el aparato de justicia, desde el tribunal más alto hasta el policía de línea, incluyendo el procesamiento y la judicialización de las pruebas, tanto desde el ámbito de su optimización como de la cadena de custodia; estos últimos relacionados íntimamente con las Ciencias Forenses.
Que actualmente, la prueba pericial es un apoyo muy importante para el Ministerio Público como encargado de la investigación de los delitos. La entrada en vigor del sistema penal acusatorio obliga a formar profesionales altamente capacitados para poder demostrar ante la autoridad judicial el conocimiento técnico-científico, mediante la emisión y defensa de su dictamen pericial. Los cambios en los sistemas judiciales y en las políticas de seguridad pública han dado como resultado la incorporación de criterios de operación más apegados a normas y procedimientos científicos y legales. Entre ellos, cabe resaltar la sustitución de la confesión del inculpado, como prueba absoluta de verificación por la llamada prueba pericial. Este cambio en la organización judicial para deslindar la responsabilidad de un hecho delictivo, tiene consecuencias directas la necesidad y demanda de profesionistas de las ciencias forenses en el aparato judicial.
Que las capacidades que otorgan los derechos humanos en cuanto al sustento legal para proceder a una privación legal de la libertad de un individuo, hace necesario que las personas que fungen como peritos sean íntegros y profesionales en todos los niveles y partes del proceso judicial, que estén lo mejor preparados, tanto en los procedimientos de investigación como en los lineamientos jurídicos de su intervención en un proceso judicial, debiendo garantizar la credibilidad, el estado de derecho y la aplicación de justicia.
Que los principales problemas nacionales de nuestro sistema de justicia que tienen relación con las Ciencias Forenses, la tienen a partir de:
a) Indicios y evidencias de actos delictivos;
b) Estudios criminológicos; y
c) Estudios médico legales.
Que para el Ministro de la Suprema Corte de Justicia y profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Juan Ramón Cossío, los científicos forenses "deberán trabajar en la identificación, recolección, clasificación, análisis y explicación de información relacionada, en principio, con la comisión de delitos… llegarán a ser de gran apoyo para los defensores, a efecto de acreditar la inocencia de sus clientes o, al menos, introducir dudas razonables a su favor, haciendo operativa la presunción de inocencia" (Cossío Díaz, 2013).
Que aún con la trascendencia formal que revisten las ciencias forenses en el sistema de justicia en nuestro país, con relación a la delincuencia y criminalidad que se vive en este tiempo, se encuentra en un retraso y una desventaja total si no se cuenta con el equipo técnico y tecnológico adecuado, ni condiciones para la implementación de programas para la formación de recursos humanos. Por ello, el progreso en los avances tecnológicos ayuda a que las ciencias forenses no estén en desventaja con la criminalidad. Del mismo modo, se debe innovar en la formación de profesionistas altamente capacitados con metodología científica, técnicas innovadoras y valores morales y éticos.
Que en contraste con la labor forense que se realiza en países de Europa o Estados Unidos de América y Canadá, en nuestro país gran parte de las instituciones que realizan actividades en materia de ciencias forenses funcionan con una plantilla poco consolidada. No siempre el personal tiene una formación profesional afín a su actividad y en algunos casos son trabajadores de nivel técnico. De ahí la necesidad de que las IES formen recursos humanos profesionales en esta área del conocimiento.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en su eje “México en Paz”, en uno de sus objetivos habla de garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, y propone como una de las estrategias lograr una procuración de justicia efectiva, para lo que se desarrolla la línea de acción de mejorar la calidad de la investigación de hechos delictuosos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal. A través de su enfoque transversal México en Paz, se propone la estrategia “Gobierno Cercano y Moderno”, que promueve el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo científico para sustentar mejor las acusaciones, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Que el incremento en el índice de la criminalidad ha propiciado que IES actualicen sus planes de estudio, incluyendo áreas multidisciplinarias de las ciencias forenses en licenciaturas, especialidades e incluso posgrados. En respuesta a esta demanda ha surgido la preocupación porque la sociedad en general conozca la labor pericial.
Que dada la falta de una programa de licenciatura en ciencias forenses, impartido por una IES pública en el estado de Jalisco, que permita preparar profesionistas capaces de responder a la demanda en esta área, que actúen con un alto nivel de capacidades morales, éticas, técnicas, científicas y metodológicas, tomando en cuenta que la prueba pericial juega un papel de suma importancia en la procuración, administración e impartición de justicia, es que la Universidad de Guadalajara se ha abocado al análisis de la pertinencia de la creación de la Licenciatura en Ciencias Forenses.
Que aunado a lo anterior, cabe señalar que el constante crecimiento de la delincuencia y los hechos jurídicamente controvertidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco, comparado con los sistemas forenses, genera una desventaja total. Por este motivo, es necesario ofrecer mayores recursos para lograr un equilibrio de acciones y contar con profesionales para capacitarse en las diferentes disciplinas de las ciencias forenses, ya que el quehacer pericial es inaplazable.
Que la Universidad de Guadalajara es una institución pública con autonomía y patrimonio propios, cuya actuación se rige en el marco del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que la Universidad adoptará el modelo de Red para organizar sus actividades académicas y administrativas, y con ello lograr una distribución racional y equilibrada de la matrícula y de los servicios educativos en Jalisco, con el fin de contribuir a la previsión y satisfacción de los requerimientos educativos, culturales, científicos y profesionales de la sociedad. Dicha Red universitaria se encuentra construida por unidades académicas denominadas Escuelas, para el nivel medio superior, y Departamentos, agrupados en Divisiones, para el nivel superior, e integrada por los Centros Universitarios, el Sistema de Educación Media Superior, la Administración General y el Sistema de Universidad Virtual.
Que la organización en Red en la Universidad de Guadalajara ofrece las mejores condiciones para implantar un programa multidisciplinario, ello de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica, por área del conocimiento o por objeto de estudio, lo que facilita la interacción permanente entre los diferentes proyectos académicos.
Que las reformas constitucionales de 2008 y 2010, incorporaron cambios estructurales en el Sistema Jurídico Mexicano y los Derechos Humanos; ante ello, la Universidad de Guadalajara, como una institución de excelencia académica y con responsabilidad social, ha emprendido durante la presente administración una serie de acciones que apoyan la formación de recursos humanos altamente calificados para la implementación de estas reformas, entre ellas:
La incorporación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) en el plan de estudios de Abogado;
La capacitación a operadores del SJPA en el Estado de Jalisco;
La actualización a estudiantes y egresados del plan de estudios de Abogado de la Red Universitaria en el SJPA;
La actualización y certificación de docentes de esta Casa de Estudio y de distintas Instituciones de Educación Superior;
La instalación y equipamiento de once salas de prácticas de juicios orales en centros universitarios donde se imparte Abogado;
La participación nacional en el Examen Diagnóstico de Conocimientos y Habilidades en el Sistema Procesal Penal Acusatorio (EXSIPA);
La participación en el Comité de Gestión por Competencias del SJPA, en el que se han creado dos estándares con base en la metodología del CONOCER;
La creación del plan de estudios de la Lic. en Criminología;
La presentación de la propuesta de creación del plan de estudios del Bachillerato Tecnológico en Seguridad y Justicia; y
Actualmente, se participa en el programa Promoviendo la Justicia (PROJUSTICIA), derivado del convenio entre la Universidad de Guadalajara y la USAID.
Estas acciones, inciden en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad ante la crisis social por la falta de acceso a la justicia; asumir el histórico papel de coadyuvar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la participación de políticas académicas anticipatorias, refrenda la tarea de la Universidad Pública, encarnada en los principios de la responsabilidad social, el compromiso con el desarrollo nacional y la plena garantía de los derechos humanos, para una justicia de calidad que dignifica al ser humano.
Que el Programa General de Trabajo 2013-2019 del Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad establece, en la línea estratégica “3. Calidad académica con dimensión internacional”, fortalecer el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje y la formación integral; así como diversificar y equilibrar la oferta educativa para fortalecer campos interdisciplinares y nuevas opciones vinculadas a los cambios globales.
Que en la propuesta “Pacto por los Jóvenes” del Rector General, expuesta el 27 de agosto de 2013, se comprometió a incrementar las oportunidades de estudio de los jóvenes; en 10 años aumentar 20 puntos porcentuales la cobertura del nivel superior, argumentando que la educación es la palanca que puede permitir, al país y al estado, efectos multiplicadores.
Que la Universidad de Guadalajara ha tenido cambios y evoluciona de acuerdo a las necesidades de la sociedad; esto se hace evidente en la definición del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014–2030, Construyendo el Futuro, donde una de sus políticas esenciales es “la ampliación y diversificación de la matrícula con altos estándares de calidad, pertinencia y equidad, tomando en cuenta las tendencias globales y de desarrollo regional”.
Que la factibilidad y pertinencia del proyecto se sustenta en un estudio de campo realizado por el CUTonalá, en los meses de enero a marzo de 2017, con la finalidad de identificar las necesidades y demandas sociales; la oferta y demanda educativa; las carencias de los empleadores; las expectativas educativas y las expectativas de las empresas. En este sentido, el estudio evidenció que el proyecto de plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Forenses tiene un grado de factibilidad promedio de 8.20 en una escala del 3 al 10, el cual se corresponde con un grado de pertinencia de “muy bueno” que es un grado menor al máximo que se podría obtener en el estudio, identificado como “excelente”. En resumen, la creación del programa educativo en ciencias forenses es pertinente por las siguientes necesidades:
Formación de expertos en el auxilio de impartición de justicia;
Diversificación de oferta educativa en correspondencia a la empleabilidad existente;
Investigación científica y nuevas líneas de generación de conocimiento;
Vinculación del sector académico con el sector público y privado; y,
Demanda de las nuevas generaciones por estudiar el ámbito forense.
Que en relación al estado actual de la oferta educativa relacionada con las ciencias forenses, se encontró que a nivel internacional está consolidada y que México ha ido avanzando paulatinamente en crear programas de pregrado en esta área, o afines, en trece entidades federativas. En Jalisco es pertinente la creación del plan de estudios por el número de problemas sociales locales relacionados con la criminalidad y porque no existe un programa similar.
Que por la naturaleza de las ciencias forenses, la demanda y su campo de trabajo actual y potencial se desplaza en tres ejes: el gubernamental, el académico y privado. Algunos de los ámbitos laborales en los que se podrá desarrollar el egresado de la Licenciatura en Ciencias Forenses son:
Poder Judicial Federal;
Centros Federales de Readaptación Social;
Fiscalía General de la República;
Policía Federal Preventiva;
Secretaría Federal de Comunicaciones y Transportes;
Comisión Nacional de Derechos Humanos;
Comisión Nacional de Arbitraje Médico;
Instituto Nacional de Justicia Alternativa;
Protección civil federal;
Tribunales de Justicia de las entidades federativas;
Centros Estatales de Readaptación Social;
Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas;
Servicios Periciales de Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas;
Comisiones estatales de Derechos Humanos;
Comisiones estatales de arbitraje médico;
Institutos estatales de justicia alternativa;
Organismos públicos descentralizados estatales de ciencias forenses;
Policías Estatales Preventivas;
Instituciones estatales de protección civil;
Juzgados municipales;
Secretaría de Seguridad Pública Municipal;
Instituciones municipales de protección civil;
Hospitales públicos;
Hospitales privados; y
Corporativos jurídicos.
Que las ciencias forenses son multidisciplinarias, ya que no existen áreas dominantes, sino que todas son importantes en el procedimiento judicial al que se va a auxiliar: en los hechos con responsabilidad jurídica en el ámbito civil, penal, laboral, mercantil, entre otros, por lo que no es posible concentrar en un solo individuo el conocimiento íntegro del saber, lo que hace necesario compartir la responsabilidad y recibir el auxilio, asesoría y consejo de otro conocedor de la ciencia. En la actualidad, la prueba pericial es uno de los apoyos más importantes para decidir en las acciones de procuración e impartición de justicia. Una de las razones por las cuales la Licenciatura en Ciencias Forenses tiene tres orientaciones terminales:
Campo biológico: Aplicar la metodología propia en el campo de las ciencias naturales, en el lugar de los indicios y en laboratorio, mediante el uso de tecnología avanzada para contribuir con confiabilidad al esclarecimiento de la evidencia;
Campo social: Analizar el comportamiento humano, identificar las razones de los actos delictivos y los involucrados y, con fundamentos científicos, pronosticar el riesgo social; y
Campo de la información: Evaluar la información documental y digital en entornos reales o virtuales, con herramientas tecnológicas y de comunicación, mediante técnicas de investigación para la reconstrucción de hechos o estimación de amenazas.
Que el Plan de Desarrollo del Centro Universitario de Tonalá 2014-2030, en su Eje Docencia y Aprendizaje, en uno de sus objetivos menciona que es de suma importancia ampliar la cobertura educativa al oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con programas educativos pertinentes, relacionados con las áreas estratégicas del estado y el desarrollo social de la región. Para ello se contempla la estrategia de fomentar la participación de los sectores productivo, público y social para establecer los planes y programas educativos pertinentes a las áreas estratégicas del estado y el desarrollo de la región.
Que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tal como se define en el artículo 2 de su Estatuto Orgánico, es un organismo desconcentrado de la Universidad de Guadalajara encargado de cumplir, en su área del conocimiento y del ejercicio profesional, los fines que en el orden de la cultura y la educación superior corresponden a esta Casa de Estudios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de su Ley Orgánica.
Que las IES están convocadas al deber de anticiparse a los cambios y responder a ellos de manera ágil y pertinente. En ese sentido, considerando el potencial que ofrece la red universitaria8, y la vinculación con el sector gubernamental, el CUTonalá y el CUCS, en colaboración académica con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como de la Red Temática de Ciencias Forenses de CONACYT, han concretado un proyecto de creación del programa educativo para la Licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad de Guadalajara, propuesto como un programa con el espíritu que dio origen al modelo educativo de nuestra Casa de Estudio: multidisciplinar, intercentros, escolarizado, vinculado al área profesional y de interacción tutorial, que responda a los intereses formativos de las nuevas generaciones.
Que el Colegio Departamental de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas afines al Derecho del CUTonalá, en su sesión del 22 de noviembre de 2017 y con acuerdo CUT/DSCJH/DJACFDAD/231/2017, aprobó la creación de la Licenciatura en Ciencias Forenses, lo cual fue avalado por los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, de Ingenierías e Innovación Tecnológica, de Ciencias de la Salud y de Ciencias Económicas, Empresa y Gobierno, todos del CUTonalá, en sesión del 22 de noviembre de 2017 y con acuerdo DCSJH/148/2017. Dicha propuesta fue aprobada por el Consejo del CUTonalá, en su sesión del 23 de noviembre del mismo año, mediante el dictamen HCCUT/IyII/019/2017.
Que los Colegios Departamentales de Clínicas Médicas, en su sesión del 22 de noviembre, y de Psicología Aplicada, en su sesión del 17 de noviembre, aprobaron la creación de la Licenciatura en Ciencias Forenses en sus respectivas actas, lo cual fue avalado por los Consejos Divisionales de Disciplinas Básicas para la Salud, Disciplinas Clínicas para la Salud y Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud, todos del CUCS, en sesión del 22 de noviembre. Dicha propuesta fue aprobada por el Consejo del CUCS, en su sesión del 23 de noviembre del mismo año, mediante el dictamen No. 992/2017.
Que el objetivo general de la Licenciatura en Ciencias Forenses es formar profesionales de alto nivel, con conocimientos científicos y multidisciplinarios, con habilidades para indagar hechos por medio del estudio de indicios y evidencias, para poder emitir dictámenes fundamentados jurídicamente. Se enfoca a la demostración de la verdad y a la aplicación certera de la justicia, dentro de la ética y la norma legal. La Licenciatura desarrollará en sus estudiantes conocimientos técnicos, prácticos, científicos y que utilicen la tecnología avanzada en la investigación. Es un programa que contribuye, de manera directa, en la correcta procuración, administración e impartición de la justicia, distinguiendo a sus egresados por su pensamiento crítico y su habilidad para la resolución de problemas en el marco del respeto a los derechos y la dignidad humana.
Que los objetivos particulares de la Licenciatura en Ciencias Forenses son:
Adquirir conocimientos teóricos, metodológicos, científicos, técnicos e instrumentales propios de las distintas disciplinas forenses;
Desarrollar habilidades y destrezas requeridas para el debido desempeño de la práctica de la profesión en las ciencias forenses, así como su participación en el nuevo sistema de justicia; y,
Promover el pensamiento crítico del estudiante hacia la participación en la resolución de los problemas relacionados con su entorno social.
Que los aspirantes a cursar la Licenciatura en Ciencias Forenses deberán tener el siguiente perfil de ingreso:
Contar con conocimientos teóricos básicos en Física, Química, Matemáticas, Biología, Geografía, Civismo y Metodología;
Conocer, por lo menos, las teorías fundamentales de las técnicas y métodos de investigación; y
Contar con nivel básico de una lengua extranjera.
Capacidad para la observación y experimentación;
Facilidad para trabajar de forma interdisciplinaria, individual y en equipo;
Inclinación a la organización y planificación;
Destreza manual; y
Habilidad de argumentación y expresión.
Habilidad para establecer empatía;
Asertividad en la toma de decisiones;
Habilidad para reaccionar frente a situaciones extremas;
Fluidez de ideaciones;
Adaptabilidad a la presión;
Tolerancia al estrés;
Capacidad para enfrentar crisis personales;
Capacidad para manejar sufrimiento; y
Capacidad de adaptación a situaciones sociales.
Interés en defender los derechos humanos;
Iniciativa e inquietud para proponer nuevas formas de resolución de problemas;
Sensibilidad social y sentido crítico; y,
Ser ético, íntegro, honesto, responsable y poseer espíritu de servicio.
Que perfil de egreso de la Licenciatura en Ciencias Forenses se caracteriza por los siguientes rasgos:
Desarrolla investigaciones científicas con técnicas y métodos propios de la Ciencias Forenses;
Efectúa la búsqueda, fijación, recolección, embalaje y etiquetado de indicios en el lugar de los hechos y hallazgos, y hace análisis de material sensible significativo basado en el método científico;
Analiza críticamente los indicios y argumenta, con base en el conocimiento de metodologías de la investigación de pruebas y acontecimientos;
Efectúa dictámenes con un alto nivel técnico, fundamentados en el análisis de la información y la evidencia y correlacionándolo con la legislación nacional e internacional;
Utiliza las ciencias básicas como plataforma de análisis para la búsqueda de objetividad científica en el desarrollo de su profesión;
Conoce sólidamente las ciencias jurídicas y tiene dominio del Sistema Penal Acusatorio;
Auxilia a los órganos de procuración de justicia al fungir como profesional especializado y proporcionar las pruebas periciales que contribuyen a la resolución de casos en la materia que lo requiera;
Realiza trabajo en equipo de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria y cuenta con las herramientas de liderazgo para la coordinación de equipos de investigación forense;
Actúa con un profundo sentido de ética y fundamenta su proceder en el respeto a los derechos y la dignidad; y,
Emite dictámenes forenses con base en el análisis, interpretación y síntesis de información documental y digital, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación.
Análisis y seguimiento de pistas;
Recreación de hechos;
Ética y sentido de la verdad;
Juicio crítico;
Capacidad de argumentación y expresión.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS; SEGÚN LA ORIENTACIÓN TERMINAL QUE EL ESTUDIANTE ELIJA DESARROLLARÁ:
Para el campo Biológico. Aplica la metodología propia en el campo de las ciencias naturales, en el lugar de los indicios y en laboratorio, mediante el uso de tecnología avanzada para contribuir con confiabilidad al esclarecimiento de la evidencia;
Para el campo Social. Analiza el comportamiento humano, identifica las razones de los actos delictivos y los involucrados y, con fundamentos científicos, pronostica el riesgo social; y,
Para el campo de la Información. Evalúa la información documental y digital, en entornos reales o virtuales, con herramientas tecnológicas y de comunicación, mediante técnicas de investigación para la reconstrucción de hechos o estimación de amenazas.
Que, además, la Universidad de Guadalajara y, en específico, los Centros Universitario de Tonalá y de Ciencias de la Salud, cuentan con un amplio número de convenios y relaciones interinstitucionales para prácticas profesionales, las cuales permitirán enriquecer y cumplir las metas del Programa Educativo. Este es el caso de la gran cercanía con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Además de que las prácticas profesionales obligatorias son una estrategia para el desarrollo de distintas competencias con énfasis en el saber hacer.
Que conforme a lo anterior, la Universidad de Guadalajara asume la responsabilidad y compromiso de contribuir, con su directriz estratégica, en el desarrollo sustentable de la entidad, así como atender y actualizarse, de acuerdo a las nuevos problemas, necesidades, demandas y tendencias que se encuentren vigentes entre los diversos sectores y actores que componen el tejido social. Una de las demandas del mercado laboral y de los grupos sociales es la creación de la Licenciatura en Ciencias Forenses.
Que la Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica, promulgada y publicada por el titular del Poder Ejecutivo local el día 15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 15319 del Congreso del Estado de Jalisco.
Que como lo señalan las fracciones I, II y IV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Universidad, en vigor, son fines de esta Casa de Estudio la formación y actualización de los técnicos, bachilleres, técnicos profesionales, profesionistas, graduados y demás recursos humanos que requiere el desarrollo socio-económico del Estado; organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística; y coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la orientación y promoción de la educación media superior y superior, así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Que es atribución de la Universidad realizar programas de docencia, investigación y difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y orientaciones previstos en el artículo 3 de la Constitución Federal, así como la de establecer las aportaciones de cooperación y recuperación por los servicios que presta, tal y como se estipula en las fracciones III y XII del artículo 6 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudio.
Que es atribución del Consejo General Universitario, conforme lo establece el artículo 31, fracción VI de la Ley Orgánica y el artículo 39, fracción I del Estatuto General crear, suprimir o modificar carreras y programas de posgrado y promover iniciativas y estrategias para poner en marcha nuevas carreras y posgrados.
Que el Consejo General Universitario funciona en pleno o por comisiones, las que pueden ser permanentes o especiales, tal como lo señala el artículo 27 de la Ley Orgánica.
Que es atribución de la Comisión de Educación del Consejo General Universitario conocer y dictaminar acerca de las propuestas de los Consejeros, el Rector General o de los titulares de los Centros, Divisiones y Escuelas, así como proponer las medidas necesarias para el mejoramiento de los sistemas educativos, los criterios de innovaciones pedagógicas, la administración académica y las reformas de las que estén en vigor, conforme lo establece el artículo 85, fracciones I y IV del Estatuto General.
Que la Comisión de Educación antes citada, tomando en cuenta las opiniones recibidas, estudiará los planes y programas presentados y emitirá el dictamen correspondiente –que deberá estar fundado y motivado–, y se pondrá a consideración del Consejo General Universitario, según lo establece el artículo 17 del Reglamento General de Planes de Estudio de esta Universidad.
Que de conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica y el artículo 116, fracción I del Estatuto General, es atribución del Consejo de Centro dictar normas y disposiciones particulares sobre la creación, transformación y supresión de programas para la formación de profesionales medios, profesionistas y graduados.
Que como lo establece el Estatuto General en su artículo 138, fracción I, es atribución de los Consejos Divisionales sancionar y remitir a la autoridad competente propuestas de los Departamentos para la creación, transformación y supresión de planes y programas de estudio en licenciatura y posgrado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Permanentes de Educación y de Hacienda tienen a bien proponer al pleno del Consejo General Universitario los siguientes
PRIMERO. Se crea, en los Centros Universitarios de Tonalá y de Ciencias de la Salud, el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Forenses, en la modalidad escolarizada y bajo el sistema de créditos, a partir del ciclo escolar 2018 “B”.