Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23630
Timestamp: 2020-02-20 09:04:18
Document Index: 156597834

Matched Legal Cases: ['artículo 141', 'Artículo 141', 'Artículo 203', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 204', 'Artículo 204', 'Artículo 37', 'Artículo 141', 'Artículo 141', 'Artículo 35']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 183/2013
SENTENCIA 183/2013, de 23 de octubre
ECLI:ES:TC:2013:183
1. El 15 de septiembre de 2011 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un oficio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería, al que se adjuntaba testimonio del procedimiento ordinario núm. 344-2007.
a) El 10 de mayo de 2007, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería adopta, en su sesión extraordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2007, acuerdo por el que aprueba definitivamente el expediente de ocupación directa de los terrenos calificados como “SGEL-09/801” y “SGE-10/802” para el desarrollo de los mismos como espacios libres. En el mismo, desestimándose una alegación al respecto de la actora, se afirma que era aplicable al caso el art. 141 de la Ley 7/2002, que regula la ocupación directa, “sin que en dicha regulación se haga mención alguna a la necesidad del consentimiento por los titulares afectados, y sin que hasta la fecha el citado precepto haya sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por lo que entendemos que es un precepto totalmente legítimo y eficaz”.
b) El 4 de junio de 2007, la actora interpone recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo municipal ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería. En el mismo, la actora defiende una interpretación conforme a la Constitución del art. 141.1 de la Ley 7/2002, de acuerdo con el cual, la ocupación directa sólo cabe concurriendo el consentimiento del expropiado y plantea, como pretensión subsidiaria, para el caso de que el órgano judicial no acogiera esta interpretación conforme del precepto, la formulación por el órgano judicial de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitución sobre el art. 141 al objeto de que se pronuncie sobre si es constitucionalmente admisible aplicar la ocupación directa sin el consentimiento del propietario.
c) Presentados en el proceso los respectivos escritos de conclusiones, por providencia de 17 de marzo de 2011 y con suspensión del plazo para dictar Sentencia, se dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal, para que emitieran informe acerca de la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 141 de la Ley 7/2002, solicitada por el recurrente.
d) El Fiscal emitió informe el 28 de marzo de 2011 en el que manifiesta que no estima procedente el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 141 de la Ley 7/2002 por entender que “es posible una interpretación acorde con la norma constitucional habida cuenta además el contenido del hecho 5 explicitado en su escrito de demanda por la entidad recurrente”. Las partes no formularon alegaciones.
e) El 28 de abril de 2011, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería dictó Auto promoviendo la cuestión de inconstitucionalidad, en los términos que seguidamente se detallan.
3. En el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el órgano judicial argumenta que, a la hora de dictar sentencia en el presente recurso, resulta determinante la aplicación del art. 141.1 de la Ley 7/2002, puesto que se impugna el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Almería, por el que se aprueba definitivamente el expediente de ocupación directa de los terrenos calificados como “SGEL-09/801” y “SGE-10/802” con el fin de excluir la finca de la entidad recurrente, y dicho precepto es el que regula la ocupación directa en la Ley 7/2002.
4. El Pleno de este Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, por providencia de 7 de noviembre de 2011, acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, reservando para sí su resolución, así como dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, así como a la Junta de Andalucía y al Parlamento de Andalucía por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Asimismo se acordó comunicar la admisión al órgano judicial proponente a fin de que, de conformidad con el art. 35.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), permaneciera suspendido el proceso judicial hasta que se resolviera la cuestión de inconstitucionalidad. En la misma providencia acordó el Tribunal publicar la incoación de la cuestión de inconstitucionalidad en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”.
5. El Presidente del Senado, mediante escrito que tuvo entrada el 18 de noviembre de 2011 en el Registro General del Tribunal, comunicó que la Mesa de esta Cámara había acordado personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. El Presidente del Congreso, por su parte, mediante escrito que tuvo entrada el 28 de noviembre de 2011, comunica que la Mesa de la Cámara ha acordado su personación en el procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos de lo previsto en el citado art. 88.1 LOTC.
6. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 1 de diciembre de 2011 en el que, en primer lugar, alega que el planteamiento de la cuestión es defectuoso, porque al limitarse a mandar oír a las partes y al Fiscal sobre “si procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 141 [de la Ley 7/2002] solicitada por la mercantil recurrente” no precisa el apartado del art. 141 de la Ley 7/2002 de cuya constitucionalidad duda (que es sólo el apartado 1) y tampoco menciona los preceptos constitucionales que estima vulnerados, debiendo considerarse, de acuerdo con doctrina sentada, entre otros, en los AATC 121/1998, de 21 de mayo, FJ 3; 152/2000, de 13 de julio, FJ 3; y 299/2005, de 5 de julio, FJ 3, que no ha quedado “garantizada una efectiva y real audiencia de las partes y del Ministerio fiscal” sobre una decisión judicial de tanta entidad como es el planteamiento de la cuestión, como de hecho lo demuestra “el breve informe fiscal”. Concurre, por tanto, según el Abogado del Estado, un óbice procesal que ha de llevar a la inadmisión y que puede declararse en Sentencia.
7. El Letrado del Parlamento de Andalucía presentó su escrito de alegaciones el 2 de diciembre de 2011 en el que, en primer lugar, alega la inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad por indebida motivación del juicio de relevancia y por falta de relevancia de la duda de constitucionalidad planteada para la decisión del proceso a quo.
8. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones el 12 de diciembre de 2011 en el que analiza, en primer término, si la cuestión reúne los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, concretamente, si ha sido debidamente cumplido el trámite de audiencia (art. 35 LOTC), recordando, a estos efectos, la doctrina constitucional (SSTC 224/2006, de 6 de junio, FJ 4; 166/207, de 4 de julio, FJ 6; y 139/2008, de 28 de octubre FJ 4). El Fiscal General del Estado pone de relieve que la providencia dictada por el Juzgado el 17 de marzo de 2011, si bien cita el precepto de cuya constitucionalidad se duda, no menciona el precepto constitucional supuestamente infringido por dicha norma, ni identifica de ningún otro modo, siquiera someramente, el problema de constitucionalidad que entiende posiblemente existente, sustituyendo todo ello por una remisión a la solicitud efectuada por la mercantil J. Guiard, S.A., en la demanda en relación con el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 141 de la Ley 7/2002. No obstante, analizado el contenido de la demanda, concluye que ha tenido lugar, aunque sea por remisión, una identificación suficientemente adecuada del problema de constitucionalidad que podía afectar al art. 141 de la Ley 7/2002 y que han de entenderse cumplidas las exigencias establecidas en el art. 35.2 LOTC en cuanto al trámite de audiencia, pues el Ministerio Fiscal expuso su posición en escrito de 28 de marzo de 2011, la mercantil J. Guiard, S.A., no presentó alegaciones sin que haya nada de extraño en ello puesto que ya había expuesto su criterio en la demanda, y la ausencia de escrito del Ayuntamiento ha de entenderse como aquietamiento pasivo con la decisión que adoptara el órgano jurisdiccional.
9. La Letrada de la Junta de Andalucía presentó escrito de alegaciones el 14 de diciembre de 2011 en el que sostiene que el art. 141.1 de la Ley 7/2002 no vulnera el art. 149.1.18 CE.
10. Mediante providencia de 22 de octubre de 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
1. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería plantea cuestión de inconstitucionalidad acerca del art. 141.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (en adelante, Ley 7/2002), precepto que dispone lo siguiente:
“Los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento objetivo.
La ocupación directa requerirá la determinación del aprovechamiento urbanístico que corresponda al afectado y de la unidad de ejecución en la que aquél deba hacerse efectivo.”
2. Expuestas la duda de constitucionalidad y las posiciones de las partes comparecidas, debemos ahora examinar los óbices procesales señalados por el Abogado del Estado y el Letrado del Parlamento de Andalucía, toda vez que, como este Tribunal ha señalado en repetidas ocasiones, “no existe ningún óbice para realizar un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante Sentencia, dado que la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad” (STC 222/2012, de 27 de noviembre, FJ 3).
a) El Abogado del Estado alega el defectuoso cumplimiento de la fase de audiencia previa de las partes porque el órgano judicial en la providencia de 17 de marzo de 2011 ni precisó el apartado del art. 141 de la Ley 7/2002 de cuya constitucionalidad dudaba, ni mencionó los preceptos constitucionales que se estimaban vulnerados, de tal forma que, de acuerdo con los AATC 121/1998, de 21 de mayo, FJ 3; 152/2000, de 13 de julio, FJ 3; y 299/2005, de 5 de julio, FJ 3, debe concluirse que no quedó garantizada una efectiva y real audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
b) Tampoco pueden ser acogidos los óbices procesales señalados por el Letrado del Parlamento de Andalucía.
3. Rechazados los óbices procesales alegados, antes de entrar en el fondo del asunto, debemos, por último, analizar los posibles efectos de las derogaciones y modificaciones normativas que han tenido lugar sobre el objeto de la cuestión planteada, pues el art. 141.1 de la Ley 7/2002 ha sido objeto de modificación por el artículo único.38 de la Ley 2/2012, de 30 de enero. La redacción actualmente vigente dispone:
“Los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo.
La ocupación directa requerirá el acuerdo con el propietario, y la determinación del aprovechamiento urbanístico que le corresponda y de la unidad de ejecución en la que aquél deba hacerse efectivo.”
La nueva redacción, al introducir el requisito del necesario acuerdo del propietario, elimina la duda de constitucionalidad que ha planteado el órgano judicial en la presente cuestión. Ahora bien, ello no supone que la modificación normativa determine la extinción del objeto de la misma, pues como este Tribunal ha afirmado reiteradamente, la pérdida de objeto como consecuencia de la derogación o modificación normativas no se rige por las mismas reglas en los recursos de inconstitucionalidad y en las cuestiones de inconstitucionalidad, de tal forma que mientras en los recursos directos la derogación, por lo común, extinguirá el objeto, en las cuestiones de inconstitucionalidad “los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que la norma cuestionada, tras esa derogación o modificación, no sólo resulte aplicable en el proceso a quo sino también que de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo” (por todas, STC 87/2012, de 18 de abril, FJ 3). Y, en el presente caso, resulta indudable —dada la fecha (10 de mayo de 2007) en que fue dictado el acto administrativo impugnado en el proceso contencioso-administrativo— que el precepto legal cuestionado (la redacción anterior a la reforma del año 2012 del art. 141.1 de la Ley 7/2002) es de aplicación el proceso a quo, dependiendo de su validez la decisión que en su momento deba adoptar el órgano judicial. En consecuencia, la cuestión planteada no ha perdido objeto.
4. El planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad se sustenta en la consideración de que el art. 141.1 de la Ley 7/2002, al no contemplar la necesidad del consentimiento del expropiado para el pago en especie en el caso de proceder a la ocupación directa de los terrenos, se separa del régimen de garantías expropiatorias establecido en la regulación estatal, invadiendo al regular una ocupación directa coactiva la esfera competencial que corresponde al Estado ex art. l49.1.18 CE, por cuanto tales garantías, definidas por relación al entonces vigente art. 37 LRSV, se omiten en el precepto cuestionado. Así, en realidad, la duda se relaciona con la institución de la ocupación directa y con las consecuencias que, desde la perspectiva del orden constitucional de distribución de competencias, tiene su relación con las garantías propias de la expropiación forzosa.
5. Conforme a lo expuesto, podemos ya resolver la duda que se nos plantea.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 4965-2011
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería en relación con el artículo 141.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.
Se enjuicia la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Andalucía sobre ordenación urbanística, que no exige acuerdo con el afectado en la ocupación directa de terrenos dotacionales.
Se desestima la cuestión de inconstitucionalidad, pues no trasladar el régimen estatal de garantías expropiatorias no supone merma en la protección de los derechos del propietario. Es requisito necesario en la legislación estatal contar con acuerdo previo a la expropiación forzosa, ex art. 149.1.18 CE. Sin embargo, en aplicación de la doctrina sentada por las SSTC 61/1997 y 164/2001, la expropiación forzosa y la ocupación directa son instituciones distintas. Por ello, no se contradice lo establecido sobre la ocupación temporal en la ley autonómica con las garantías estatales de la expropiación forzosa de bienes inmuebles, al reconocer a los titulares el derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo.
No se aprecia motivo de inconstitucionalidad en el precepto autonómico cuestionado, pues el Estado, siendo competente para regular las garantías mínimas de la ocupación directa, se ha limitado a regular los supuestos en los que dicha ocupación puede dar lugar a indemnización así como el plazo en que se abre la vía a la expropiación forzosa, no encontrándose entre esas garantías la necesidad de acuerdo con el afectado para proceder al pago en especie [FJ 5].
En la ocupación directa se entrelazan, junto a aspectos de las técnicas de gestión urbanística, elementos propios de la expropiación forzosa, lo que explica que tanto las Comunidades Autónomas como el Estado cuenten con competencias para su regulación [FJ 5].
En cuanto que la ocupación directa implica una medida ablatoria y coactiva, el Estado puede prever determinadas garantías mínimas específicas para esta ocupación, pero sólo las Comunidades Autónomas son competentes para decidir si dicha ocupación ha de formar parte de su modelo urbanístico incorporándola a su legislación específica, lo que no impide que en dicha regulación vengan obligadas a respetar las garantías expropiatorias que con carácter de mínimo el Estado pueda establecer ex art. 149.1.18 CE (STC 61/1997) [FJ 5].
En la ocupación directa se produce una transmisión coactiva de la titularidad dominical sin previo pago de una indemnización dineraria como equivalente económico del terreno ocupado, consistiendo su justiprecio en la adjudicación al propietario del aprovechamiento urbanístico patrimonializado para que lo haga efectivo en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real, siendo por ello apreciable la existencia de las notas inherentes de la potestad administrativa expropiatoria –privación singular y coactiva de derechos patrimoniales mediante la sustitución por su equivalente económico a través de un procedimiento formal– (STC 61/1997) [FJ 4].
El Estado es competente, ex art. 149.1.18 CE, para establecer las garantías mínimas que son aplicables en el caso de que se haga uso de la ocupación directa como mecanismo para la obtención de terrenos destinados a dotaciones públicas [FJ 4].
La específica garantía consistente en la necesidad de acuerdo con el afectado para el pago del justiprecio en especie solamente se considera en relación con la expropiación forzosa y no con la ocupación directa, instituciones estas distintas pese a que están inescindiblemente relacionadas entre sí [FFJJ 4, 5].
Doctrina sobre la materia en la que se incardina la institución de la ocupación directa (SSTC 61/1997, 164/2001) [FJ 4].
El juicio de aplicabilidad y relevancia necesario para la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad corresponde realizarlo al órgano judicial, correspondiendo a este Tribunal exclusivamente un control externo que sólo le permite inadmitir aquellas cuestiones que se basen en error notorio apreciable sin necesidad de entrar a examinar el fondo debatido (STC 114/2010) [FJ 2].
Doctrina sobre la identificación, en el trámite de audiencia previo al planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, tanto de los preceptos legales sobre cuya constitucionalidad se albergan dudas como de las normas de la Constitución que se consideren vulneradas, ex art. 35.2 LOTC (SSTC 166/2007, 121/2010) [FJ 2].
Doctrina sobre la pervivencia del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad tras la derogación o modificación de la norma cuestionada (STC 87/2012) [FJ 3].
Artículo 141.1
Artículo 203, ff. 1, 4
Artículo 203.3, f. 4
Artículo 204, f. 5
Artículo 204 (redactado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), f. 5
Artículo 204.2, f. 4
Artículo 37, ff. 1, 4, 5
Artículo 141.1, ff. 1 a 4
Artículo 141.1 (redactado por la Ley del Parlamento de Andalucía 2/2012, de 30 de enero), f. 3
Artículo 35 e), f. 5
Ley del Parlamento de Andalucía 2/2012, de 30 de enero. Modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía
Artículo único, apartado 38, f. 3
Aprovechamiento urbanísticoAprovechamiento urbanístico, f. 4
Expropiación forzosaExpropiación forzosa, ff. 4, 5
Garantía expropiatoriaGarantía expropiatoria, ff. 1, 4, 5
Ocupación directa de terrenosOcupación directa de terrenos, ff. 1 a 5
Pago del justiprecio en especiePago del justiprecio en especie, ff. 4, 5