Source: https://legis.pe/delito-flagrante-proceso-inmediato-casacion-842-2016-sullana-giammpol-taboada/
Timestamp: 2019-01-17 10:15:05
Document Index: 231359531

Matched Legal Cases: ['artículo 259', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 203', 'artículo 447', 'artículo 139', 'artículo 150']

Sobre el delito flagrante en el proceso inmediato (Casación 842-2016, Sullana), por Giammpol Taboada | Legis.pe
2.7. Para compatibilizar la flagrancia delictiva regulada por el artículo 259° del CPP, con el proceso inmediato, en la noción de evidencia, siempre ha de primar: claridad de la comisión del delito por el imputado y lógica concluyente de lo que se aprecia y observa -incluso a través de medios audiovisuales-, con descarte razonable de alguna duda o información incompleta que fluye de los actos de investigación provisionales realizados inmediatamente o con carácter de urgencia y tiempo imprescindible, que es a lo que se denomina “diligencias policiales de prevención”. La flagrancia, en el caso del proceso inmediato, constituye una circunstancia que hace solamente más segura la determinación del autor del delito y permite, por tanto, un procedimiento más rápido en la investigación y en la celebración del juicio. Pero cuando a través de la flagrancia se pretende fundamentar una excepción al contenido de un derecho fundamental como la entrada y registro domiciliario, la interpretación debe ser más restrictiva (AP N° 2-2016/CIJ-116 del 01/06/2016, fj. 8.A).
2.9. En la STC N° 5423-2008-PHC/TC del 01/06/2009, caso Segundo Miguel López Aybar, se consideró que no existía cuasi flagrancia en la detención sólo por tener la condición de dirigente del denominado “Frente de Defensa de los Intereses de Madre de Dios”, para presumir la responsabilidad del detenido como autor mediato por dominio del hecho, respecto de las manifestaciones y hechos de violencia ocurridos el 09/07/2008 en la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios; sin que exista prueba o indicio alguno que justifique la detención en flagrancia del dirigente, puesto que lo único que tenía era el dicho de la fiscalía que tenía supuestamente identificados a los responsables de los hechos, sin aportar prueba testimonial, audiovisual, o algún instrumento o medio empleado en la realización del hecho delictivo [fj. 13].
3.1. El artículo 9.3° del PIDCYP -concordante con el artículo 7.5° de La CADH-, garantían que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Así mismo, el artículo 9.4° del PIDCYP y el artículo 7.6° de la CADH reconocen que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su arresto o prisión y ordene su libertad si el arresto o la prisión fueran ilegales. Por su parte, el artículo 19.2° de la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal (“Reglas de Mallorca”), precisa que toda persona detenida por sospecha de haber cometido un delito deberá ser presentada, a la mayor brevedad, ante la autoridad judicial. Esta autoridad deberá, después de escucharla, resolver inmediatamente respecto de su libertad.
3.2.El artículo 2.24.f de la Constitución Política -modificado por la Ley N° 30558 publicada el 09/05/2017-, prescribe que: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones, y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las 48 horas o en el término de la distancia”. La interpretación de este derecho fundamental a la libertad y seguridad personal, debe ser integrada y complementada con las demás garantías reconocidas ante toda forma de detención por las normas internacionales antes anotadas, como lo manda la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución[3].
3.5. El control de legalidad de la detención policial, si bien no encuentra reconocimiento expreso en nuestra norma procesal penal a diferencia de la detención preliminar judicial; ello no obsta que, dada la eficacia directa de los derechos fundamentales a favor de una persona detenida reconocido en el artículo 2.24.f de la Constitución, concordante con los artículos 9.3° y 9.4° del PIDCYP y los artículos 7.5° y 7.6° de la CADH, podamos concluir categóricamente que “la puesta a disposición del detenido ante el juez”, es para que ejerza el poder-deber de controlar la legalidad de toda la diligencia de detención tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo.
4.1. Cuando se trata de un imputado que ha sido detenido por la policía en flagrancia delictiva, el juez de investigación preparatoria en la audiencia única de incoación de proceso inmediato, se pronunciará oralmente en el siguiente orden de debate: 1) la procedencia de la incoación del proceso inmediato por el supuesto de delito flagrante; 2) la confirmación de medidas restrictivas conexas a la detención por exigencia del artículo 203.3° del CPP; 3) la celebración del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada; y, 4) la imposición de la medida coercitiva. Este orden de debate ha sido establecido por el artículo 447.4° del CPP, modificado por el Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30/12/2016, lo cual -a diferencia de su redacción anterior-, coincide con el “Protocolo de Actuación Interinstitucional para el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos”, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-JUS publicado el 11/05/2016.
5.1. Aunque el imputado no apele el auto de procedencia del proceso inmediato, no es posible sostener como regla jurídica pétrea que operó la preclusión de ese momento procesal y, por tanto, que tal declaración jurisdiccional ya no se pueda cuestionar en las demás etapas procesales, al comprometerse una garantía constitucional vinculada al debido proceso, como es la “interdicción de ser desviado de la jurisdicción determinada por Ley” reconocida en el artículo 139.3 de La Constitución. La convalidación y el saneamiento procesales no caben cuando el juicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable que comprometen derechos y garantías fundamentales (artículo 150.d del CPP), sino únicamente cuando no se observan las formalidades previstas en la Ley para el desarrollo de un acto procesal -se circunscribe a los defectos no absolutos-.
[2] En la STC N° 5423-2008-PHC/TC del 01/06/2009, caso Segundo Miguel López Aybar se consideró que no existía cuasi flagrancia en la detención sólo por tener la condición de dirigente del denominado “Frente de Defensa de los Intereses de Madre de Dios”, para presumir la responsabilidad del detenido como autor mediato por dominio del hecho, respecto de las manifestaciones y hechos de violencia ocurridos el 09/07/2008 en la sede del Gobierno Regional de Madre de Dios; sin que exista prueba o indicio alguno que justifique la detención en flagrancia del dirigente, puesto que lo único que tenía era el dicho de la fiscalía que tenía supuestamente identificados a los responsables de los hechos, sin aportar prueba testimonial, audiovisual, o algún instrumento o medio empleado en la realización del hecho delictivo [fj. 13].
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