Source: https://beta.e-justice.europa.eu/279/ES/time_limits_on_procedures?PORTUGAL&init=true
Timestamp: 2019-11-22 22:38:56
Document Index: 11923473

Matched Legal Cases: ['artículo 298', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 230', 'artículo 24', 'artículo 279', 'artículo 141', 'artículo 644', 'artículo 677', 'artículo 249', 'artículo 245']

El tiempo tiene consecuencias jurídicas. En materia civil, las situaciones jurídicas se ven afectadas y condicionadas por dos tipos distintos de plazos: los civiles y los procesales. Los plazos están sujetos a normas propias y a métodos de cómputo diferentes en función de su carácter sustantivo o adjetivo.
Salvo disposición expresa en contrario, los plazos establecidos por ley son de carácter civil.
Por lo que se refiere a los plazos civiles, la legislación civil portuguesa cita expresamente los de prescripción, caducidad y desuso (artículo 298 del Código Civil portugués).
Puede invocarse la prescripción siempre que el titular de un determinado derecho no lo haya ejercido durante un período de tiempo previsto en la ley, aun pudiendo haberlo hecho libremente por no estar privado legalmente de él. Se afirma la importancia de la certeza y la seguridad de las relaciones jurídicas, impidiendo que el ejercicio de los derechos esté pendiente por tiempo indeterminado. La prescripción tiene que ser alegada por la persona a quien beneficia, sin que el tribunal pueda acordarla de oficio.
La caducidad en sentido estricto consiste en la extinción, sin efectos retroactivos, de un derecho o de una situación jurídica por el mero transcurso de un plazo.
Si la caducidad afecta a una materia excluida de la disponibilidad de las partes, el tribunal puede acordarla de oficio, pudiendo ser invocada en cualquier fase del procedimiento. Si, por el contrario, afecta a una materia no excluida de la disponibilidad de las partes, es necesario, para que surta efecto, que sea invocada judicial o extrajudicialmente.
El desuso consiste en la falta de ejercicio de la facultad de utilización total o parcial de una cosa, esto es, del disfrute de sus utilidades o ventajas económicas, durante un período de tiempo previsto en la ley. Produce la extinción del derecho correspondiente.
El desuso no puede ser acordado de oficio por los tribunales.
Un plazo procesal es un período de tiempo establecido por la ley con objeto de que produzca un determinado efecto en un proceso (por ejemplo, están sujetas a plazo la interposición de la demanda o la contestación a la misma), y el plazo es mínimo o vinculante.
Los plazos mínimos sirven para aplazar a un momento determinado la posibilidad de realizar un acto o el inicio de otro plazo.
Cuando un plazo vinculante sigue a un plazo mínimo, ambos plazos cuentan como uno solo.
Un plazo procesal puede ser establecido por ley o por resolución judicial.
En Portugal, son inhábiles a los efectos del citado Reglamento, los siguientes días:
1 de enero, Viernes Santo, 25 de abril, 1 de mayo, 10 de junio, 15 de agosto, 8 y 25 de diciembre.
En el Derecho procesal civil portugués rige la norma según la cual, a falta de disposición especial, el plazo para que las partes requieran la realización de cualquier acto o diligencia, soliciten nulidades, planteen incidentes o ejerzan cualquier otra facultad procesal es de 10 días; también es de 10 días el plazo para que una parte responda a las alegaciones de la parte contraria (artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La regla general es que el plazo para cualquier respuesta empiece a contar a partir de la notificación del acto al que se responde (artículo 149, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las notificaciones a las partes en los procedimientos en curso se realizan a sus representantes legales.
Cuando el objeto de la notificación es citar a la parte para que comparezca personalmente, además de la notificación a su representante legal, dicha notificación también se remite por correo certificado a la parte propiamente dicha, indicando la fecha, el lugar y el objeto de la comparecencia.
La notificación a los representantes se realiza por correo electrónico [para más detalles, véase el Decreto ejecutivo (Portraria) nº 280/13, de 26 de agosto de 2013, y el sistema informático certifica la fecha en que se realizó la notificación, que se presume realizada el tercer día siguiente al de su certificación, o el primer día hábil siguiente a aquél, cuando ese día no sea hábil.
La citación a través de carta certificada con acuse de recibo «se considera efectuada el día de la firma del acuse de recibo y se tiene por entregada a su destinatario, aun cuando el acuse de recibo lo haya firmado un tercero, presumiendo, a menos que se justifique lo contrario, que la carta se ha entregado de inmediato al destinatario» (artículo 230, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Si se trata de procedimientos para requerir el cumplimiento de obligaciones pecuniarias derivadas de contratos por escrito en que las partes han elegido su domicilio a efectos de citaciones, la citación se envía por correo a la dirección especificada, siempre que el importe de los procedimientos no supere los 30 000 EUR o, en el caso de que sí supere dicha cuantía, la obligación ataña al suministro continuado de bienes o servicios. Si el destinatario se niega a firmar el acuse de recibo o a recibir la carta, el cartero debe dejar constancia de la incidencia antes de devolverla, y la citación se considerará efectuada cuando se registre la incidencia. El hecho determinante a efectos del inicio del cómputo del plazo es la fecha de registro de la incidencia.
Si se devuelve la carta porque el destinatario no la ha retirado de la oficina de correos en el plazo legalmente establecido, o porque una persona distinta del destinatario se ha negado a firmar el acuse de recibo o a recibir la carta, se realiza una nueva citación y se envía otra carta certificada al destinatario con acuse de recibo. En su caso, se deja la carta -según un modelo oficial-, con una copia de toda la información obligatoria. El cartero registrará la fecha y el lugar exacto en que deposita la carta y remitirá de inmediato dicho registro de la citación al tribunal. Si no fuera posible dejar la carta en el buzón del destinatario, el cartero dejará un aviso de paso. En este supuesto, la notificación se considerará realizada en la fecha certificada por el cartero o, en caso de haber dejado un aviso de paso, el octavo día siguiente a esa fecha (el destinatario se considerará avisado en la carta más reciente que se le haya enviado), momento a partir del cual empieza a contar el plazo procesal que se inicia con la citación.
Cuando la citación se efectúa a través de un representante legal, un agente judicial o un secretario judicial, el plazo empieza a contar a partir del momento en que uno de ellos firma la cédula de citación.
La ley procesal civil prevé un plazo dilatorio (período de tiempo adicional establecido por el legislador) en función de la distancia geográfica entre el lugar en que se realiza la citación y el del tribunal en que se desarrolla el procedimiento, o por el hecho de que no se haya podido entregar la notificación en persona al destinatario. En estos casos, hasta el término de este periodo de tiempo no se inicia el cómputo del plazo perentorio.
La citación se efectúa a través de la colocación de edictos o la publicación de anuncios cuando se desconoce el lugar en que se encuentra el destinatario, seguida de la publicación de un anuncio en una página web de acceso público (véase el artículo 24 mencionado anteriormente del Decreto ejecutivo nº 280/13, de 26 de agosto de 2013). En estos supuestos, la citación se considera realizada el día en que se publica el último anuncio. El plazo dilatorio empieza a contar a partir de la fecha de la citación; el plazo para presentar un escrito de contestación a la demanda empieza a correr a partir del término del plazo dilatorio establecido por ley.
Sí. Véase la respuesta a la pregunta anterior.
La fecha real en que se produce el acto, el acontecimiento o la decisión, o se efectúa la citación o la notificación no se incluyen en el cómputo.
La fecha real en que empieza el acto, el acontecimiento o la decisión, o la fecha de la citación o aviso tampoco se incluyen en el cómputo.
Los plazos procesales, tanto los establecidos por ley como los fijados por una resolución judicial, son continuos, a pesar de que dejen de contar durante las vacaciones judiciales, salvo que su duración sea igual o superior a seis meses o se trate de actos procesales que la ley considera urgentes, salvo que, por auto motivado o tras escuchar a las partes, el juez decida suspender el plazo procesal. Si el plazo para la práctica del acto procesal vence un día en que los tribunales están cerrados, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.
Son vacaciones judiciales los períodos comprendidos entre el 22 de diciembre y el 3 de enero, el Domingo de Ramos y el Lunes de Pascua, y el 16 de julio y el 31 de agosto.
Si el plazo se expresa en meses o años, el día a partir del cual empezará a contar se determina de la misma manera, es decir, el cómputo del plazo comenzará el día siguiente a aquél en que se efectúe la citación o la notificación o tenga lugar el acontecimiento del que la ley haga depender su inicio.
Un plazo expresado en días expirará una vez transcurrido el número de días previsto en él, contados a partir del punto de partida, conforme a las condiciones enunciadas en la respuesta a la letra b) de esta pregunta.
Un plazo expresado en semanas, meses o años, que empiece a contar a partir de una determinada fecha, expirará a las veinticuatro horas del día que corresponda dentro de la última semana, mes o año, pero, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día de ese mes [artículo 279, letra c), del Código Civil].
Habida cuenta de que los domingos y los días festivos cuentan como vacaciones judiciales, los plazos que finalizan en domingo o en algún día festivo pasan al primer día hábil siguiente si el acto en cuestión debe conocerse en un tribunal.
Los tribunales solo están abiertos los días hábiles.
Rige para todos los casos de cómputo de plazos procesales la regla según la cual los plazos que concluyan en un día en que los tribunales estén cerrados se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil.
El plazo procesal establecido por ley se puede prorrogar en los casos previstos. Si las partes llegan a un acuerdo, el plazo se puede prorrogar una vez y durante el mismo período de tiempo (artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
El plazo para interponer un recurso es de 30 días a contar a partir de la notificación de la decisión judicial, y de 15 días en casos urgentes y en los supuestos establecidos en el artículo 644, apartado 2, y en el artículo 677 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si la parte no observa los plazos y no se debe realizar la notificación de conformidad con el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo para interponer un recurso comienza cuando se publica la decisión judicial, a menos que la parte deje de incumplir los plazos antes de que finalice dicho período, en cuyo caso deberá ser notificada de la sentencia o del requerimiento y el plazo empieza a contar desde la fecha de la notificación.
En caso de requerimientos o sentencias orales reproducidos en el procedimiento, el plazo comienza a partir del día en que se dictan, siempre que la parte esté presente o que se le haya convocado para personarse.
Cuando, aparte de los casos anteriormente mencionados, la notificación no tenga que realizarse, el plazo comienza a partir del día en que la persona tenga constancia de la decisión judicial.
Dentro del mismo plazo establecido para interponer un recurso, la parte demandada debe responder a la demanda interpuesta por el demandante.
En su contestación, el demandado podrá impugnar la admisibilidad o la fecha del recurso, así como la legitimidad del demandante.
Si el propósito del recurso es revisar las pruebas registradas, el plazo de interposición y contestación se amplía 10 días.
Si el demandado solicita ampliar el ámbito de aplicación del recurso, el demandante podrá contestar en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la petición.
Si hay varios demandantes o varios demandados, incluso aunque estén representados por diferentes abogados, cada una de las demandas está sujeta a su propio plazo. La Secretaría es responsable de garantizar que todos sus casos se oigan durante los plazos que se les han asignado.
Los plazos procesales establecidos por ley no pueden acortarse.
El demandado emplazado a contestar a una acción civil determinada tiene un plazo para presentar un escrito de contestación a la demanda. Este plazo puede ampliarse en caso de que la citación se realice fuera del distrito en que se encuentra el tribunal o donde se celebrar el proceso. La prórroga del plazo para presentar un escrito de contestación depende de que la citación se realice fuera del distrito en que se encuentra el tribunal y donde se celebrará el proceso, y no del domicilio de la persona citada - artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -.
El transcurso del plazo perentorio extingue el derecho a interponer el recurso. No obstante, un recurso podrá interponerse fuera del plazo previsto en caso de fuerza mayor e, independientemente de la fuerza mayor, podrá practicarse dentro de los tres primeros días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, supeditándose al pago inmediato de una sanción.
Un acto podrá practicarse fuera del plazo previsto en casos de fuerza mayor, como se ha mencionado en la pregunta 14; en otras palabras, cuando concurra un hecho no imputable a aquellos a los que se ha impuesto el plazo o a sus representantes legales, que impida la práctica del acto de que se trate dentro del plazo establecido. En este caso, la parte que alegue la fuerza mayor deberá probarla de inmediato.
Independientemente de la fuerza mayor, un acto procesal podrá practicarse en los tres primeros días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, supeditándose su validez al pago de una sanción, como se ha mencionado anteriormente, y el juez, con carácter excepcional, podrá decidir si reducir o retirar la sanción cuando haya dificultades económicas evidentes o si la cuantía se considera manifiestamente desproporcionada, en particular en el caso de acciones que no exigen la designación de un representante legal y cuando el acto en sí haya sido un compromiso de las partes.
Dirección General de Administración Judicial