Source: http://bazica.org/informe-no-9809.html
Timestamp: 2019-06-25 13:31:30
Document Index: 36270166

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'Artículo 64']

Informe no. 98/09
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INFORME No. 98/09 1
7.En la misma fecha de presentación de la petición, el 16 de octubre de 2002, los peticionarios solicitaron medidas cautelares a fin de garantizar la vida y la integridad del jefe del pueblo indígena Xucuru, Marcos Luidson de Araújo (“Cacique Marquinhos”) y su madre, Zenilda Maria de Araújo, en virtud de varias amenazas de muerte recibidas por ambos. El 29 de octubre de 2002, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares en favor del Cacique Marquinhos y de Zenilda Maria de Araújo, y solicitó al Estado que adoptara todas las medidas necesarias para proteger la integridad personal y la vida de los beneficiarios e iniciara inmediatamente una investigación seria y exhaustiva respecto de los hechos que originaron las medidas cautelares. Asimismo, el 27 de febrero de 2003, la CIDH celebró una audiencia pública durante su 117º período ordinario de sesiones, sobre la implementación de estas medidas cautelares. Posteriormente, el 1 de marzo de 2004, la CIDH celebró una reunión de trabajo de seguimiento de estas medidas cautelares, durante su 119º período ordinario de sesiones.
11. Según los peticionarios, la Constitución de Brasil de 1988 establece que las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas son bienes de propiedad de la Unión; que se les reconoce formalmente el derecho originario a sus tierras ancestrales; y se les garantiza la “posesión” 2 permanente de dichas tierras3. Asimismo, la Ley No. 6001 de 19 de septiembre de 1973 (“Estatuto del Indígena”), contiene disposiciones acordes respecto del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, así como determina que la demarcación de la tierras indígenas será realizada a través de un proceso administrativo, conforme al procedimiento establecido mediante Decreto del Poder Ejecutivo 4.
Competencia ratione personae, ratione temporis, ratione materiae y ratione loci
27. De acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana, los peticionarios, como organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas, están facultados a presentar peticiones ante la CIDH. La petición indica como presuntas víctimas al pueblo indígena Xucuru y sus miembros 5, respecto a quienes el Estado brasileño se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, como miembro de la Organización de los Estados Americanos 6, Brasil tiene las obligaciones y deberes que le imponen la Declaración Americana y la Carta de la OEA. Brasil también es Estado parte en la Convención Americana, que ratificó el 25 de septiembre de 1992. Por tanto, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
Los artículos 1.2.b y 20 del Estatuto de la Comisión definen, igualmente, la competencia de la misma respecto de los derechos humanos enunciados en la Declaración. Es decir, para estos Estados la Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales.7
32. En primer lugar, la Comisión Interamericana observa que, conforme a los principios del derecho internacional reflejados en los precedentes establecidos por la CIDH y la Corte Interamericana, el Estado que alega el no agotamiento debe señalar los recursos internos que deben agotarse y proporcionar evidencias de su efectividad8.
35. En efecto, consta que en 1989 se iniciaron ante la instancia administrativa respectiva, es decir la FUNAI y el Ministerio de Justicia, los trámites contemplados en la legislación interna para la reivindicación del hábitat tradicional del pueblo indígena Xucuru, sin lograrse hasta la fecha – 20 años después – una solución definitiva a la situación. El Estado no ha presentado información específica y concreta respecto de circunstancias especiales aplicables al presente caso que pudieran justificar, a los efectos de una decisión sobre admisibilidad, el referido lapso de tiempo transcurrido, sin que finalice el procedimiento administrativo de demarcación. Teniendo en cuenta las circunstancias de la presente petición, la CIDH considera que el período transcurrido desde el inicio del proceso administrativo de demarcación excede en mucho lo que sería razonable, a fin de asegurar los derechos fundamentales del pueblo indígena Xucuru. Por lo tanto, la CIDH considera que ha habido un retardo injustificado respecto de la vía administrativa pertinente, es decir, el proceso administrativo de demarcación, por lo que opera la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana 9.
36. Por último, resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención Americana se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos consagrados en dicho instrumento internacional, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2 de la Convención Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, vis á vis las normas sustantivas de dicha Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un parámetro de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 10. En consecuencia, la Comisión Interamericana aclara que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el informe que adopte la CIDH sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención Americana.
Declarar admisible la petición, en relación con las presuntas violaciones de los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. En virtud del principio iura novit curia, también declara esta petición admisible por una posible violación de los artículos XVIII y XXIII de la Declaración Americana.
Notificar esta decisión al Estado y a los peticionarios.
Iniciar el trámite sobre el fondo de la cuestión.
Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado a la Asamblea General de la OEA.
1 El comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, de nacionalidad brasileña, no participó en las deliberaciones y la votación sobre el presente informe, de conformidad con el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión.
2 Según los peticionarios, de acuerdo con el Código Civil brasileño (Libro III, Título I, Capítulo I), artículos 1.196 y siguientes, la posesión es la condición de “aquél que tiene de hecho el ejercicio, integral o no, de alguno de los poderes inherentes a la propiedad” (traducción libre del portugués original: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”). La propiedad, por otra parte, es un derecho real (Código Civil brasileño, artículo 1.225), que le otorga al propietario “la facultad de usar, gozar y disponer de la cosa, y el derecho de obtenerla de quien quiera que la posea o detenga injustamente” (Código Civil brasileño, Libro III, Título III, Capítulo I, artículo 1.228. Traducción libre del portugués original: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”). Es decir, en otras palabras, la posesión es un hecho con efectos jurídicos, o una situación de hecho no de derecho como lo es la propiedad (derecho real por excelencia).
3 La petición indica que así establecen los artículos 20, XI y 231 de la Constitución brasileña, así como artículos 22 y siguientes del Estatuto del Indígena.
4 La petición indica que ello es conforme al artículo 19 del Estatuto del Indígena.
5 El Pueblo Indígena Xucuru constituye un pueblo organizado y ubicado en un lugar geográfico específico, cuyos miembros pueden ser individualizados e identificados. De la denuncia inicial presentada por los peticionarios se desprende que el pueblo indígena Xucuru tiene una población estimada de 7 mil indígenas, siendo la mayor población indígena de la región nordeste de Brasil. Al respecto, véase CIDH. Informe 62/04, Admisibilidad, P 167/03, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku y sus miembros, Ecuador, 13 de octubre de 2004, párr. 47; y Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149.
6 Brasil es miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos; firmó la Carta de la OEA en 1948 y depositó el instrumento de ratificación en 1950
7 Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989, Serie A No. 10, párr. 45. Véase también CIDH, Informe No. 19/98, Admisibilidad, Caso 11.516, Ovelário Tames, Brasil, 21 de febrero de1998, párr. 15; Informe No. 33/01, Admisibilidad, Caso 11.552, Guerrilla de Araguaia, Julia Gomes Lund y otros, Brasil, 6 de marzo de 2001, párr. 38; Informe No. 17/98, Admisibilidad, Casos 11.407 Clarival Xavier Coutrim, 11.406, Celso Bonfim de Lima, 11.416, Marcos Almeida Ferreira, 11.413, Delton Gomes da Mota, 11.417, Marcos de Assis Ruben, 11.412, Wanderley Galati, 11.414, Ozeas Antônio dos Santos, 11.415, Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, 11.286, Aluísio Cavalcanti Júnior y Cláudio Aparecido de Moraes, Brasil, 21 de febrero de 1998, párr. 163.
8 CIDH. Informe N° 32/05, Admisibilidad, P 642/03, Luis Rolando Cuscul Pivaral y otras personas afectadas por el VIH/SIDA, Guatemala, 7 de marzo de 2005, párrs. 33-35; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66, párr. 53; y Caso Nogueira de Carvalho y otro. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de Noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 51.
9 Véase, mutatis mutandi, CIDH. Informe N° 11/03, Admisibilidad, P 0326, Comunidad Indígena Xakmok Kásek del Pueblo Enxet, Paraguay, 20 de febrero de 2003, párr. 38; e Informe N° 12/03, Admisibilidad, P 0322/2001, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet, Paraguay, 20 de febrero de 2003, párr. 45.
10 CIDH, Informe Nº 19/07, Petición 170-02, Admisibilidad, Ariomar Oliveira Rocha, Ademir Federicci y Natur de Assis Filho, Brasil, 3 de marzo de 2007, párr. 27; Informe Nº 23/07, Petición 435-2006, Admisibilidad, Eduardo José Landaeta Mejía y Otros, Venezuela, 9 de marzo de 2007, párr. 47; Informe Nº 40/07, Petición 665-05, Admisibilidad, Alan Felipe da Silva, Leonardo Santos da Silva, Rodrigo da Guia Martins Figueiro Tavares y Otros, Brasil, 23 de julio de 2007, párr. 55.