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Timestamp: 2019-03-20 22:10:24
Document Index: 211581057

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 48', 'artículo 2384', 'artículo 2389', 'artículo 1796', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 53']

03/09/2016 | CARLOS GÓMEZ LUNA
A continuación les presentamos la selección de las tesis y jurisprudencias más relevantes publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el 02 de Septiembre 2016 y en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del mes de Agosto 2016
Registro: 2012500
VIOLACIÓN PROCESAL. PROCEDE SU ANÁLISIS CUANDO SE PRECISE LA FORMA EN QUE TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL FALLO, AUN CUANDO LA TRASCENDENCIA MANIFESTADA SEA INEXACTA. De conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo, el análisis de las violaciones procesales, ya sea en el amparo directo o en el adhesivo, depende de que se precise la forma en que trascendieron o trascenderían al resultado del fallo. Cabe destacar que esta condición sólo es exigible en los supuestos en que es improcedente suplir la queja deficiente, es decir, para los casos en los que el tribunal de amparo debe estudiar los argumentos del quejoso o los propuestos en el amparo adhesivo, a la luz del principio de estricto derecho, de manera que en aplicación de este principio, dado su rigorismo, no podrá analizarse una violación procesal si su planteamiento carece de la explicación sobre su trascendencia al resultado del fallo. Asimismo, parte de la premisa de que no todas las violaciones procesales revisten esa singular relevancia, ya que aun cuando su demostración sea inobjetable, la prueba de su existencia haría nugatoria la posibilidad de tenerla por fundada, si no incide en el resultado de la decisión definitiva, o bien, si tiene el impacto requerido sobre el resultado del fallo, pero por descuido no se planteó su trascendencia. En ese contexto, si el quejoso cumplió con los requisitos que prevé el precepto legal citado, esto es, hizo valer una violación procesal y, además, precisó la forma en que trascendió al resultado del fallo, procede su análisis, aun cuando la trascendencia manifestada sea inexacta, pues considerar lo contrario, implicaría exigir al quejoso que cumpliera con una carga procesal que no está prevista en la ley de la materia y que conllevaría materialmente a la denegación de justicia, en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LEYES AUTOAPLICATIVAS. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA AL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. De acuerdo con los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una norma general, el afectado cuenta con una doble oportunidad para hacerlo: dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de aquélla. Sin embargo, es necesario distinguir que, tratándose de disposiciones jurídicas autoaplicativas, hay casos en los cuales la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) la eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) la disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) el gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor. En estos casos, la afectación en la esfera de derechos de los justiciables no se produce al comenzar su vigencia la ley y, por tanto, este evento no determina el inicio del plazo de treinta días para promover el juicio de amparo en su contra. En efecto, en las hipótesis señaladas no se actualiza la causa de improcedencia consistente en presumir el consentimiento de la norma por no impugnarla dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia ya que, en los dos primeros, la afectación a la esfera jurídica de los destinatarios se sujeta a una condición que, al comenzar a regir, no puede considerarse cumplida y, en el tercero, esa afectación no surge con ese motivo, sino hasta que se coloca en la situación que en aquélla se regula. En esos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no otorgarse la oportunidad defensiva prevista en la Ley de Amparo respecto de las normas generales autoaplicativas, a las que, teniendo ese carácter, generen la afectación en un momento diverso, como ocurre en los mencionados supuestos de excepción a la regla general, en los cuales, antes de que la norma reclamada entre en vigor, el quejoso carecería de interés para su impugnación.
REVISIÓN DE GABINETE. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE EXAMINAR Y VALORAR LOS DOCUMENTOS QUE LA PERSONA SUJETA A REVISIÓN OFREZCA PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES CONSIGNADOS EN EL OFICIO DE OBSERVACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal debe emitir un oficio de observaciones como consecuencia de la revisión realizada a la información y documentación requerida a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, en el cual hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que hubiese conocido y que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, teniendo la persona sujeta a revisión un plazo de 20 días para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, o bien, para corregir su situación fiscal. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el precepto legal en comento establece a favor de los contribuyentes, el derecho de ofrecer pruebas ante la autoridad fiscal a fin de aclarar su situación fiscal o desvirtuar las irregularidades que consten en el oficio de observaciones y que se consideren al emitirse la liquidación correspondiente, por lo que si en ejercicio de ese derecho y dentro del citado plazo, el contribuyente exhibe diversos certificados de origen, la autoridad tiene la obligación de analizarlos y valorarlos previamente a la determinación del crédito fiscal.
RENTA.- LOS CONTRATOS DE MUTUO Y PAGARÉS CON LOS QUE LA ACTORA PRETENDE ACREDITAR EN JUICIO QUE LOS INGRESOS DETERMINADOS DE MANERA PRESUNTIVA SON PRÉSTAMOS QUE LE FUERON OTORGADOS, NO REQUIEREN DE LA FORMALIDAD DETENER "FECHA CIERTA", PARA CONSIDERARSE QUE TIENEN VALOR PROBATORIO.- El artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El artículo 2389 del referido ordenamiento establece que consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que esta experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuatario. Por su parte, el artículo 1796 de dicho código indica que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 220, Sexta Época, Tercera Sala, cuyo rubro indica: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS"; ha considerado "que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes". Por lo que, dada la naturaleza de un contrato de mutuo, no obstante ser documento privado, no es aquella de las que la legislación exija para su existencia, validez y eficacia su registro o certificación notarial, entonces, el mismo puede tener la eficacia correspondiente dentro del juicio, si además existe correspondencia entre los depósitos bancarios, los registros contables y los citados contratos así como el vínculo entre los diversos títulos de crédito y los acuerdos de voluntades aludidos.
VII-P-2aS-1015
FIRMEZA DE LA SENTENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUPUESTOS PREVISTOS Y ANÁLOGOS, Y MOMENTO EN QUE OPERA.- Atento a lo establecido en el dispositivo jurídico referido, una sentencia definitiva queda firme cuando a) no admita en su contra recurso o juicio, b) admitiéndolos (uno u otro o ambos), no fuere impugnada, y c) habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado. Ahora bien, con relación a los supuestos indicados en el último inciso en cita, cabe indicar que: 1.- existen otros que pueden considerarse que tienen una naturaleza análoga, pues les es común la cualidad de no ser favorables a los intereses de su promovente; verbigracia cuando el medio de defensa planteado contra la sentencia definitiva se resuelve como improcedente o, en tratándose de un juicio de amparo, este se niega; en consecuencia, contra esas o cualesquiera otras decisiones que sean adversas a su promotor, también aplica para considerar firme una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la fracción II del artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 2.- por otro lado, considerando que cualquier acto jurídico solamente tiene eficacia hasta que es del conocimiento del interesado, debe entenderse entonces que, en realidad, la firmeza del fallo dictado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ocurre cuando la ejecutoria que se pronuncia sobre el mismo, en los sentidos apuntados, se notifica a las partes, pues es en ese momento que saben de su existencia y no en la fecha de su emisión. En ese sentido, si la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional del referido Tribunal, como lo es esta Segunda Sección, se controvierte vía juicio de amparo directo y/o recurso de revisión, aquella será firme una vez que la ejecutoria que dicte el Tribunal Colegiado desechando, sobreseyendo, decidiendo como infundado o resolviendo de cualquier otra forma desfavorable él o los medios de defensa planteados, es notificada a las partes por dicho juzgador de Alzada.
Estas tesis y jurisprudencias serán analizadas en el próximo programa de Sacrilegios Jurisprudenciales.