Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/367407110
Timestamp: 2020-08-12 23:31:47
Document Index: 45403787

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 184', 'artículo 185', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 365', 'artículo 19', 'artículo 65', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 65', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 358', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 358', 'artículo 65', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 188', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 358', 'artículo 359', 'artículo 358', 'artículo 359', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 65', 'artículo 24', 'artículo 308', 'artículo 29', 'artículo 310', 'artículo 310', 'artículo 65', 'artículo 2']

Sentencia citada en: 45 sentencias, 18 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7 y 10, 19, 65 (parciales) de la Ley 1453 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones.
Actor: J.A.P.E..
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano J.A.P.E. presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos los artículos 7 y 10, 19, 65 (parciales) de la Ley 1453 de 2011.
Mediante providencia del dos (2) de agosto de dos mil once (2011), el Magistrado L.E.V.S. dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. Invitó a participar en el presente juicio a los D.s de las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia, J., Nacional de Colombia, de los Andes, de la Sabana, Libre, E. de Medellín, de Antioquia, , I. de Cali, de Ibagué, y del Rosario, al igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad  Dejusticia-, y a la Comisión Colombiana de Juristas, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
El ciudadano J.A.P.E. solicita la inexequibilidad del artículo 7º de la Ley 1453 de 2011 con fundamento en que las conductas descritas en los verbos rectores que contiene la norma impugnada, consistentes en inducir, facilitar, utilizar, constreñir o instrumentalizar a un menor de 18 años para cometer delitos, o promover dicha utilización, se encuentran sancionados a través de la figura de la autoria mediata y de la participación delictiva  determinador  por lo que se vulnera la prohibición de doble incriminación o non bis ídem establecida en el artículo 29 de la Carta Política.
Con base en los artículos 29 y 30 de la ley 599 de 2000, que regulan los conceptos de autores y participes de la conducta punible, entendidos en el marco de la dogmática penal de la autoría mediata, concluye que el autor no solo es quien ejecuta directamente el hecho punible, sino también quien comete el ilícito utilizando a otro (autor mediato). De similar forma, al determinador se le castiga ubicándolo en la figura de la participación delictiva.
En este sentido, para el actor se plantea un juicio de constitucionalidad entre la garantía fundamental del Debido Proceso non bis in ídem- y la ley demandada al crear un tipo penal que recoge una conducta que dentro del sistema penal cuenta con reproche punitivo a través de las figuras de la intervención delictiva, con lo cual se estaría penalizando la misma conducta dos veces (...) que traduce que [un individuo] sería penado o sancionado con penas distintas por haber ejecutado un mismo comportamiento. A juicio del libelista esta creación normativa no puede enmarcarse dentro de la libertad de configuración del legislador, dado que esta no es omnipotente y debe ejercerse sin afectar otras garantías fundamentales. En este punto cita in-extenso la jurisprudencia de la Corte Constitucional[1].
Aduce así mismo, que uno de los verbos rectores del artículo 7° demandado (constreñir) hace parte del delito de constreñimiento ilegal descrito en el artículo 184 del Código Penal, y a su vez, los elementos objetivos del tipo penal acusado se encuentran contenidos en el artículo 185 del estatuto penal sustantivo que establece las circunstancias de agravación punitiva del punible de constreñimiento. De allí que exista la posibilidad de que una persona sea sancionada con penas distintas por haber realizado una misma acción.
En cuanto al artículo 10 de la ley 1453, señala el accionante que el aparte demandado vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que la indeterminación de la expresión u objetos peligrosos quebranta el principio de estricta legalidad, el cual es parte integrante del derecho al debido proceso. En consecuencia, asevera, se traslada al operador judicial y a la policía determinar la calidad de peligroso de un objeto en un juicio post y no previamente definido como lo exige la norma constitucional al considerar que nadie puede ser juzgado sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa. Al mismo tiempo manifiesta que la vaguedad señalada, conculca el principio de tipicidad que proscribe la inclusión de elementos indeterminados en la estructura típica de las normas penales. Para sustentar sus puntos de vista, cita apartes de las sentencias C-099 de 1993 y C-133 de 1999 de esta Corporación.
Respecto del artículo 19 de la ley parcialmente acusada, considera el ciudadano que incrementar la pena de prisión del delito de fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones a un monto que va entre 9 y 12 años de prisión, la cual puede ascender a 24 años, según circunstancias especiales, es contrario a todo orden justo contenido en el artículo 2 de la Carta Política, dado que no es razonable ni proporcional que se le conceda a un tipo penal que protege un bien jurídico abstracto, una mayor relevancia punitiva que a otros delitos que salvaguardan la vida, la integridad de las personas y la libertad sexual. A esta conclusión arriba el accionante, después de comparar las penas establecidas para los delitos que protegen los bienes jurídicos de la vida, la integridad personal y la libertad, con la sanción consignada en la norma acusada.
Adicionalmente, reitera el actor, que el incremento de las penas previsto en el artículo 19 de la ley 1453, afecta al orden justo comoquiera que cuando en Colombia se instituyó la pena alternativa a grupos al margen de la ley desmovilizados, las cuales incluye (sic) delitos contra la vida e integridad personal al igual que contra la libertad sexual e individual, sin importar su número y que dicha pena oscile entre cinco (5) y ocho (8) años, cómo entender que la sanción demandada no sea contraria a los fines esenciales del Estado.
En este orden de ideas, subraya que se subvierte el orden constitucional establecido en el artículo 5° de la Carta Política, que reconoce la primacía de los derechos de las personas, debido a que la ley penal le concede preponderancia al bien jurídico de seguridad sobre la vida y la integridad de las personas.
De allí que, el representante cite in-extenso la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia[4] y los antecedentes legislativos del Código Penal, con el propósito de demostrar que no queda al arbitrio del juez determinar si, en un caso dado, un objeto o sustancia lanzada a un escenario deportivo o cultural, resulta o no peligrosa, pues para ello debe atenderse a los criterios expuesto por la misma norma general de la cual hace parte el inciso al cual pertenece la expresión acusada, con el alcance dado por el órgano de cierre en la materia penal, como es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo cual, será peligroso todo objeto que así esté considerado por las reglas que al respecto haya dictado la organización de las naciones unidas, en tanto produzcan efectos negativos al medio ambiente y/o al ser humano. En consecuencia, concluye que el cargo queda desvirtuado.
Así, para la representante del Ministerio en el caso bajo estudio, el accionante no demostró cómo el incremento punitivo, de 9 a 12 años, prescrito en el artículo referenciado, resulta abiertamente desproporcionado con relación a los elementos subjetivos u objetivos del tipo penal y a las directrices de política criminal. Solo se concentró en comparar el delito con otras conductas punibles que no tienen conexidad alguna con la estructura típica de la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o de municiones.
Por consiguiente, sintetiza su intervención señalando que la demanda carece de los requisitos de especificidad y pertinencia exigidos en el artículo 2 del decreto 2067, con el alcance dado por la Corte Constitucional, en razón a que los argumentos propuestos por el actor para fundamentar la inconstitucionalidad de las expresiones acusadas parte de premisas generales y abstractas, limitándose a exponer apreciaciones meramente subjetivas sobre el carácter injusto de las penas señaladas para las conductas tipificadas en el artículo 365 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, sin entrar a especificar las razones que fundamentarían la desproporcionalidad e irrazonabilidad de dichas penas.
1.1.4. En lo que concierne al artículo 65 de la ley 1453, conceptúa el Ministerio del Interior y de Justicia que el cargo presentado por el ciudadano demandante se estructura a partir de una apreciación subjetiva de la norma impugnada. De esta manera, los elementos principales para considerar peligrosa a una persona son la gravedad, la modalidad de la conducta punible, y los fines constitucionales de la detención preventiva. Así las cosas, el hecho de que un individuo sea acusado o pese sobre él una medida de aseguramiento, son elementos complementarios del juicio que debe realizar el juez para determinar si resulta procedente imponerle una detención preventiva, sustentada en su peligrosidad para la seguridad de la comunidad. Al mismo tiempo, la apoderada del ente gubernamental resaltó que esta disposición debe ser tenida en cuenta por el funcionario jurisdiccional al momento decidir conforme a las circunstancias de cada caso concreto.
En suma, considera que las razones de la demanda no cumplen con lo exigido en el artículo 2 del decreto 2067 de 1991, en el marco establecido por esta Corporación en la sentencia C-1052 de 2001, porque se fundamenta en un alcance que no tiene la norma acusada, sino de uno que él le da a partir de una lectura parcial y descontextualizada de la misma frente a la integridad del artículo del cual ella hace parte, lo que impide a la Corte realizar un análisis de fondo del precepto demandado.
1.1.5. Con fundamento en las razones precedentes, el Ministerio del Interior y de Justicia solicita que se emita una sentencia inhibitoria con relación al artículo 7 de la ley 1453 de 2011 y respecto de los apartes acusados de los artículos 19 y 65 de la misma norma, por presentarse ineptitud sustantiva de la demanda. En lo que atañe a la impugnación parcial del artículo 10 del estatuto referenciado, sugiere que se emita una decisión de exequibilidad, por los cargos construidos por el actor.
La J. de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, solicita a la Corte proferir sentencia inhibitoria frente a los cargos formulados contra los artículos 7, 10, 65, y en subsidio declarar la exequibilidad del precepto 7 de Ley 1453 de 2011. Al mismo tiempo, de forma principal pide declarar la exequibilidad del artículo 19 de la Ley 1453 de 2011. Fundamenta su solicitud en las siguientes consideraciones:
Como petición subsidiaria, señala la interviniente que la norma debe ser declarada exequible en razón a que esta es el resultado del ejercicio de la cláusula general de competencia del legislador para desarrollar la política criminal del Estado. Así, lo que buscó el Congreso con el tipo penal en examen, es proteger a la niñez castigando a quien se vale de un menor para cometer un ilícito, determinación legislativa plenamente consonante con nuestro artículo 44 superior. Incluso, agrega, el precepto atacado no vulnera el principio del non bis in ídem, debido a que los artículos 29 y 30 del Código Penal se refieren a la figura del concurso de personas en la comisión de una conducta punible, mientras que la disposición en estudio no tiene dicha connotación.
1.2.2. Referente al artículo 10 de la Ley 1453 considera que la demanda no se presentó conforme a los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la providencia C-1052 de 2001 que exige que los cargos de inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos y pertinentes. Por consiguiente, la petición del ciudadano carece de certeza toda vez que parte de un entendimiento errado de la norma impugnada. El actor señala que la expresión u objetos peligrosos vulnera el principio de estricta legalidad, cuando a contrario sensu el mismo precepto reenvía al tipo penal precedente denominado tenencia, fabricación y trafico de sustancias peligrosas[5], en el que claramente se califica como tal a los desechos o residuos peligrosos o radiactivos, clasificados en esa categoría por los tratados de derecho internacional ratificados por Colombia, o en las disposiciones vigentes.
Y.M.M., actuando como J. de la Oficina Asesora Jurídica (E) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solicita a la Corte declarar exequible el artículo 7 de la Ley 1453 de 2011, así como las expresiones acusadas de los artículos 10 y 19 de la misma ley. Al mismo tiempo, pide declarar la inexequibilidad del numeral 3º del artículo 65 de la ley parcialmente acusada. Respalda su solicitud en las siguientes argumentaciones:
También manifiesta que los sujetos pasivos consignados en las normas comparadas no son los mismos, puesto que el artículo 7 de la Ley 1453 se refiere tanto a los menores de 18 años como a otras víctimas de la conducta punible referida, mientras que en el artículo 29 y 30 del Código Penal literalmente no se designan los mismos sujetos pasivos. Tampoco puede sostenerse que el artículo 31 de la ley 599 de 2000 agrave la situación del sindicado, comoquiera que al juez le corresponde verificar en los casos concretos, la especificidad de las conductas. De ahí que, la especificidad no es otra que la calidad de menor de 18 años utilizado para la comisión de un delito y menos aún cuando en nuestra legislación el concurso de conductas punibles se hace residir en que con una sola acción o comisión o con varias acciones u omisiones se infrinjan varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición; quedará sometido a la que establezca la pena más grave de acuerdo a su naturaleza aumentada hasta otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificada cada una de ellas, de donde se deduce que en la hipótesis de la norma objetada en la demanda por contener la pena más grave, será aplicable en el llamado concurso ideal, sin que pueda entenderse que en esa circunstancia se produce una violación del debido proceso por vía de desconocimiento del principio contenido en él, cuya expresión usual es la frase latina non bis in ídem.
Adicionalmente, el legislador se encuentra facultado para distinguir en la autoria mediata, entre la instrumentalización del adulto o del niño para la comisión del delito, sin que se pueda entender como lo afirma el actor, que se está duplicando el delito y por esa vía [quebrantando] el principio del non bis in ídem.
1.3.2. En relación con la objeción parcial de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 10º de la ley 1453 de 2001, expone la apoderada que si bien coincide con el actor en que la tipicidad exige la mayor precisión posible en la descripción del delito, a fin de que el asociado tenga claro qué conductas se encuentran prohibidas por el ordenamiento jurídico, ello no puede llegar al extremo exigir una precisión casuística como la pretendida en la demanda puesto que tal nivel de precisión podría patrocinar la impunidad, y, por esa vía, desatender la defensa social. La verdad es que la expresión ¨objeto peligroso¨, tiene un razonable nivel de precisión que le da un carácter determinado y determinable en los casos concretos. La palabra objeto se entiende en el texto como sinónimo de cosas.
1.3.3. En cuanto a la impugnación parcial formulada contra el precepto 19º de la Ley 1453 de 2011, considera la representante de la entidad que el juicio propuesto por el actor no consulta los elementos racionales de proporcionalidad, ya que los contenidos de la norma se dirigen a procurar condiciones de seguridad nacional, política, económica y social, bienes jurídicos de mayor transcendencia para el constitucionalismo moderno y contemporáneo.
Así mismo, el mencionado tipo penal se refiere a la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, conducta que solamente pueden realizar los asociados siempre y cuando cuenten con la autorización del Estado. En efecto, la norma pretende evitar atentados contra la vida y la integridad personal. Por ello, el tipo penal contenido en el artículo 19 de la ley 1453 es un delito autónomo que prohíbe las armas y elementos que son instrumentos para la comisión de un sin número de delitos, lo que evidencia su gravedad y por consiguiente la severidad de las sanciones que acarrean. Por lo tanto, no pueden considerarse irracionales y desproporcionadas las penas asignadas, en la medida que se trata de conductas que son medio para la comisión de crímenes más graves que afectan a la sociedad colombiana.
1.4. Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
El Ministerio de Defensa interviene a través del S. General de la Policía Nacional, T.C.C.C.C.. Solicita a esta Corporación que declare la exequibilidad de los artículos 7, 10 y 19 de la Ley 1453 de 2011. En otro sentido, en cuanto al numeral 3º del precepto 65 de la misma ley, pide la declaratoria de inexequibilidad. Apoya su postura en las siguientes razones:
El señor Á.G.M., D. de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta institución, solicita la declaratoria de exequibilidad de la totalidad de las disposiciones normativas demandadas, con base en las fundamentaciones que se enuncian a continuación:
2.1.1. El artículo 7° de la Ley 1453 de 2011 es exequible, puesto que la penalización del uso de menores de edad para la comisión de delitos es un nuevo instrumento de lucha contra la criminalidad que se vale de los menores de edad para cometer ilícitos. Por ende, a través del precepto impugnado se pretende cumplir los fines consagrados en los artículos 2, 22 y 95.6 de la Carta Política. De igual forma, es el desarrollo del interés superior del menor tal como lo expone la sentencia C-856 de 2009.
De otro lado, recalca que el legislador sanciona los comportamientos que lesionan o ponen en peligro los intereses jurídicos, de dos maneras: i) codificando tipos penales cerrados; y ii) previendo los dispositivos amplificadores del tipo, como son la tentativa y la participación. Estas últimas se establecen para sancionar hechos punibles en los que intervienen muchas personas, de ahí que justifican la existencia de figuras de la P. General del Código Penal, pero en momento alguno están llamadas a tipificar comportamientos usurpando la función de la P. Especial de la misma obra. Así, insiste que los delitos tipificados en la P. Especial del estatuto penal son tipos de autoría que señalan los sujetos activos de las conductas prohibidas, de modo que el legislador considera, autor del delito de constreñimiento a menores de 18, a quien realice uno de los verbos rectores o de quien puede afirmarse que el hecho es suyo. Por lo tanto, el actor le da un alcance a la participación que la ley 599 de 2000 no tiene.
Así mismo, recuerda que Colombia mediante la ley 737 de 2002 aprobó la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos; norma sobre la que esta Corporación estudió su constitucionalidad en la sentencia C-764 de 2002, en la que se señaló que los Estado P.s eran concientes de la necesidad urgente de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, debido a los efectos dañinos de este tipo de actividad. Todo, con el fin de asegurar la seguridad de cada Estado y de la región, en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz[8]. En el mismo sentido, el señor D. deduce de la providencia referida que el derecho penal es una herramienta imprescindible para el cumplimiento de los compromisos internacionales del país y para combatir las conductas que ponen en riesgo la seguridad pública.
2.2. Universidad J..
V.S.C.D. del Grupo de Acciones Públicas del Departamento de Derecho Público de esta institución, solicita la exequibilidad de los artículos 7 y 65 de la Ley 1453 de 2011, y la constitucionalidad condicionada del artículo 10 del mismo estatuto. A continuación se reseña una síntesis de su intervención:
2.2.1. Defiende la constitucionalidad del artículo 7º de la Ley 1453 porque: i) El argumento del actor de que la autoría penal producirían doble castigo con la norma impugnada, no es de recibo en la medida que desconoce las normas de concurso de las conductas punibles, las cuales enseñan que dependiendo de la gravedad del ilícito y el fin de las actuaciones pueden concursar entre ellas y en caso de encontrar al acusado culpable, el castigo mayor se subsumirá a los demás generando por supuesto un único castigo y no como dice el demandante, castigos variados por un mismo hecho; ii) no se presenta la vulneración al principio non bis in ídem, pues este se aplica al proceso penal únicamente en la etapa de juicio, tal como se desprende del artículo 29 de la Constitución Política, en otras palaras no se puede volver a procesar a un individuo que ya fue juzgado por los delitos que le acusan por segunda vez. En efecto, el lugar procesal donde el demandante ubica la norma se encuentra errado, ya que es en la etapa de juicio donde no se admite una imputación por juicios y condenas pasadas de modo que es el juez quien debe desechar los [cargos] por afectar el Non bis in ídem.
2.2.2. Frente a la demanda parcial del artículo 10 de la Ley 1453 de 2011, la interviniente solicita un fallo modulado que integre a la norma una regla jurídica que precise lo que deba entenderse por la expresión u objeto peligroso. Así las cosas, considera razonable el cargo de indeterminación formulado por el actor, sin embargo, afirma que no puede eliminarse la expresión demandada de la norma puesto que, ello le restaría la eficacia a la misma y diezmaría su aplicación en el contexto de los escenarios deportivos (la violencia en los estadios colombianos) en el que se espera que surta el efecto deseado. Al mismo tiempo, aduce que es necesaria la modulación de la sentencia en razón a que la norma atacada no es un tipo penal en blanco, pues no existe en el ordenamiento jurídico una norma que defina claramente lo que debe comprenderse por un elemento u objeto peligroso.
Interviene a través de uno de sus miembros, el académico E.M.L. para solicitar la exequibilidad del artículo 7º y de la expresión la pena anteriormente dispuesta se duplicará del precepto 19 de la Ley 1453 de 2011. Simultáneamente, pide la inexequibilidad de la expresión de nueve (9) a doce (12) años del artículo 19, al igual que de las proposiciones normativas impugnadas contenidas en los artículos 10 y 65 del mismo compendio normativo.
3.1.2. Destaca que le asiste la razón al demandante al señalar que el legislador desconoció en la expresión demandada del artículo 10 de la Ley 1453 el principio de estricta legalidad, comoquiera que busca sancionar el ingreso de ciertos objetos peligrosos, distintos a armas blancas, que atenten contra la seguridad de los asistentes a escenarios deportivos o culturales, y que no se encuentran claramente definidos por la ley. En suma, este mandato de optimización exige que los comportamientos sancionados deban estar expresa, clara, concreta e inequívocamente consignados en la ley, cosa que no se presenta en la proposición jurídica atacada. De lo anteriormente dicho, se evidencia que se vulnera el derecho al debido proceso. De hecho, el legislador sobrepasó los límites a su actividad, toda vez que la descripción cuestionada afecta la seguridad jurídica y las garantías de los ciudadanos, quienes se ven privados de la posibilidad de conocer qué comportamientos específicos constituyen un delito.
Asevera que la norma impugnada no cumple con el principio de legalidad estricta en razón que, por una parte, en su primer inciso remite al artículo 358 del Código Penal para identificar los objetos peligrosos con los desechos o residuos peligrosos, radiactivos o nucleares considerados como tales por los tratados internacionales ratificados por Colombia; por otra, en su inciso final hace referencia a los objetos peligrosos diferentes a las armas blancas con las cuales se ingrese a los escenarios deportivos y culturales. De donde se sigue que, se deprenden dos interpretaciones. La primera, quien porte o ingrese sustancias, desechos o residuos peligrosos radioactivos o nucleares clasificados como tales por los tratados internacionales aprobados por Colombia, será juzgado por el delito de tenencia fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos [art. 358 Ley 599 de 2000] () La segunda, que no se ajusta a la constitución, según la cual quien porte o ingrese ese tipo de elementos a un escenario deportivo o cultural será responsable penalmente del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos (art. 10 Ley 1453 de 2011).
No obstante, subsidiariamente, el representante de la academia solicita a esta Corporación una modulación del fallo, en virtud del bien jurídico que protege la norma y del principio hermenéutico de conservación del derecho. De ahí que, de encontrarse una interpretación de la expresión demandada ajustada a la Carta Política, le está vedado a la Corte declarar su inexequibilidad. Siendo así, pide condicionar la constitucionalidad de la norma, en el entendido que la prohibición comprende el ingreso de cualquier tipo de elemento que pueda poner en peligro la integridad de los asistentes al escenario deportivo o cultural.
3.1.3. Determina que frente a las proposiciones impugnadas del artículo 19 de la ley en estudio le asiste parcialmente la razón al demandante.
Lo que es más importante para el interviniente, es la premisa derivada del bloque de constitucionalidad, de la jurisprudencia de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos, Constitucional y Suprema de Justicia de Colombia que se concreta en que la privación de la libertad preventiva debe ser de carácter excepcional, pues la prisión preventiva no puede ser la regla general. Por consiguiente, como se exigió en la exposición de motivos de la ley 1142 de 2007 y en las Reglas de Mallorca si el imputado no pone en riesgo las finalidades perseguidas por el proceso no puede sujetársele a una medida de aseguramiento.
Sostiene el J. del Ministerio Público que la demanda no cumple con las condiciones y requisitos exigidos, de manera general, en las demandas de constitucionalidad. En efecto, con relación al artículo 7 el actor no explica con claridad cómo el hecho de crear el tipo penal de uso de menores de edad en la comisión de delitos vulnera los principios del non bis in ídem, la legalidad y favorabilidad. Incluso, las razones que fundan el reproche contra este son de índole legal y doctrinario, en lugar de plantear una oposición directa entre la norma demandada y la norma constitucional invocada de modo que los cargos no son específicos, pertinentes ni suficientes.
Respecto del artículo 10º la Vista Fiscal sostiene que el actor desconoce el principio de libre configuración del legislador en materia penal. Además, su argumento sobre la indeterminación de la expresión impugnada no es claro, porque esta norma en su inciso primero reenvía a los elementos estipulados en el artículo 358 del Código Penal. Adicionalmente, señala que las razones son impertinentes e insuficientes comoquiera que son consideraciones subjetivas para deslegitimar las sanciones penales referidas al ingreso de objetos peligrosos a los escenarios deportivos y culturales. Por lo tanto, el problema de vaguedad que acusa el demandante puede ser subsanado con un ejercicio hermenéutico integrador del intérprete o del juez en uso de su autonomía y con sujeción a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
En lo que concierne a la impugnación parcial del artículo 65, el jefe del órgano de control también considera que la demanda desconoce los requisitos exigidos para la admisibilidad de un cargo de inconstitucionalidad, pues aquella se fundamenta en una interpretación subjetiva, la cual soslaya que la norma demandada se concentra en otorgar al juez la facultad de valorar, adicionalmente, la peligrosidad de un indiciado tomando en consideración las situaciones en las que ya se encuentre acusado o esté sujeto a medida de aseguramiento. Ello no implica vulneración alguna a la presunción de inocencia, en cambio si se trata de un insumo relevante y adecuado para un análisis prudente de la peligrosidad del imputado, que debe hacer el juez de control de garantías al considerar la detención preventiva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1453 de 2011.
i) El artículo 7 de la Ley 1453 de 2011, vulnera el derecho al debido proceso (Art. 29 C.P.), específicamente al principio de non bis in ídem, toda vez que los verbos rectores del tipo penal se identifican con la participación y la autoría consagradas en el Código penal, de modo que se castiga dos veces una misma conducta.
ii) La expresión u objetos peligrosos del precepto 10º de la ley acusada infringe el principio de legalidad estricta, integrante del derecho al debido proceso (Art. 29 C.P.), comoquiera que la indeterminación de esta acepción no se encuentra resuelta en la ley, por ende los destinatarios de las normas no conocerán qué conducta se encuentra prohibida, así que deberá ser concretada discrecionalmente por los operadores jurídicos.
La potestad de configuración del L. en materia penal y el principio de estricta legalidad[11]
Sobre el ámbito de libertad que la Constitución reconoce al L. para la regulación de estas materias expuso la Corte:
En principio, no existe, de manera expresa, un imperativo constitucional según el cual determinados bienes jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través del ordenamiento penal. Por el contrario dentro de una concepción conforme a la cual sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo, la criminalización de una conducta solo puede operar como ultima ratio.
Sin embargo, la Corte ha encontrado que en determinados casos, tanto la naturaleza de los bienes jurídicos, como la gravedad de las conductas cuya exclusión se impone como medida para su protección, hacen que del ordenamiento constitucional, incorporados en él los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, se derive el imperativo de criminalizar ciertos comportamientos. Así, por ejemplo, la Corte ha señalado que existe un deber constitucional de sancionar penalmente conductas tales como la tortura, el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, o las desapariciones forzadas[12].
Al margen de esos dos extremos, y dentro de los límites generales que el ordenamiento constitucional impone al legislador en materia penal, existe un amplio espacio de configuración legislativa en orden a determinar que bienes jurídicos son susceptibles de protección penal, las conductas que deben ser objeto de sanción, y las modalidades y la cuantía de la pena[13].
No obstante, ha reconocido la jurisprudencia que esta prerrogativa del legislador está sujeta a límites. Se dijo al respecto en la sentencia C-038 de 1995[14]:
El principio de la necesidad de tipificar un comportamiento como delito (nullum crimen sine necessitate )[31]
El derecho penal de acto y no de autor.
Este principio implica que el Estado se halla legitimado para imponer, luego de los procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que acredite la responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero que una vez tomada una decisión definitiva sobre el hecho constitutivo del delito o de la falta y sobre la responsabilidad o inocencia del implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho para someterlo a una nueva valoración y decisión.
En virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal o disciplinaria, realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser objeto de posteriores debates. Por ello se dice que el principio non bis in ídem es una manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de la justicia material.[40] (Se destaca).
En cuanto al alcance de este derecho, en desarrollo de la interpretación constitucional del artículo 29 de la Carta, la Corte ha identificado el principio non bis in idem como un derecho fundamental de aplicación inmediata[41] , que hace parte del debido proceso, que protege a cualquier sujeto activo de una infracción de carácter penal, disciplinario, o administrativo[42] mediante la prohibición de dos o más juicios y sanciones por un mismo hecho[43].
Al interpretar el alcance de la garantía constitucional, la jurisprudencia colombiana ha precisado que un mismo supuesto fáctico puede eventualmente llevar a dos consecuencias negativas para la misma persona, pero advirtió que se vulnera el non bis in idem cuando se presenta una triple identidad (objeto, causa y persona) en las dos imputaciones :
Ello es así porque la proscripción de generar dos o más juzgamientos por un mismo hecho exige mucho más que la simple identidad del supuesto de hecho que desencadena los distintos procesos (...) Es cierto que toda persona tiene derecho a la emisión de una decisión definitiva en los conflictos suscitados y a la proscripción de la facultad estatal de reconsiderar esa decisión definitiva pues es claro que con un tal proceder se extendería un manto de inseguridad jurídica sobre las decisiones de los poderes públicos y se socavarían las bases mismas del Estado de derecho. Sin embargo, para que tal derecho se consolide se requiere mucho más que la simple identidad en la situación de hecho que sirve de punto de partida a esas diversas actuaciones, circunstancia que explica por qué la jurisprudencia y la doctrina, recogiendo decantadas elaboraciones, exijan la triple identidad de objeto, causa y persona entre dos actuaciones para afirmar la vulneración del principio non bis in idem. (...)[46]
El ciudadano J.A.P.E. considera que el artículo 7º de la Ley 1453 de 2011 es contrario a la prohibición de doble incriminación prevista en el artículo 29 superior comoquiera que, según su comprensión de la norma impugnada, las conductas descritas en los verbos rectores que la misma contiene (inducir, facilitar, utilizar, constreñir o instrumentalizar a un menor de 18 años para cometer delitos, o promover dicha utilización), se encuentran sancionadas a través de la figura de la autoría mediata y de la participación delictiva  determinador.
Con base en los artículos 29 y 30 de la ley 599 de 2000, que regulan los conceptos de autores y participes de la conducta punible, concluye que el autor no solo es quien ejecuta directamente el hecho punible, sino también quien comete el ilícito utilizando a otro (autor mediato). De similar forma, al determinador se le castiga ubicándolo en la figura de la participación delictiva. De manera que, en criterio del demandante, la norma acusada penaliza una conducta que ya ha sido objeto de reproche punitivo, no solamente a través de las figuras que regulan la concurrencia de personas en el delito (autoría y participación), sino mediante otras conductas delictivas ya tipificadas como el constreñimiento ilegal (Art. 184 Cod. P.) agravado de conformidad con el 185 ib.
El artículo 7º de la Ley 1453 de 2011, introduce un nuevo tipo penal (188d) dentro del capítulo quinto del Título III del Código Penal, el cual tiene el propósito de proteger el bien jurídico de la autonomía personal. La nueva disposición erige en conducta delictiva autónoma el Uso de menores de edad en la comisión de delitos. Incurre en esta conducta quien induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción, o participe de cualquier modo en las conductas descritas. El consentimiento del menor no es considerado causal de exoneración de responsabilidad penal.
Frente a esta censura reitera la Corte la importancia que reviste en el marco de un derecho penal democrático el principio del non bis in idem como garantía del principio de seguridad jurídica en materia penal, afirmación de la justicia material en este ámbito, y proscripción de manifestaciones de ensañamiento punitivo, incompatibles con un derecho penal cimentado sobre el principio de dignidad humana. Reitera así mismo el efecto vinculante que tiene para el legislador la prohibición de doble incriminación. No obstante, advierte que, contrario a lo expresado por el ciudadano P.E. en su demanda, no se presenta vulneración de la mencionada garantía comoquiera que no concurre la triple identidad que, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, debe concurrir para que una regulación legal se considere trasgresora de dicha prohibición.
El artículo 7° de la Ley 1453 de 2011 plasma una configuración normativa que desarrolla un mandato constitucional consistente en la protección de los niños y niñas contra toda forma de () violencia física o moral (Art. 44 C.P.). La penalización autónoma de la instrumentalización de un menor de edad para la comisión de delitos protege valores constitucionales importantes como la autonomía y la dignidad de los menores de edad respecto de los cuales el Estado tiene la obligación, en concurrencia con la sociedad y la familia, de asistir y proteger para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Es en el plano de la aplicación de la ley que cobra una mayor relevancia el principio del non bis in idem. Para solventar las dificultades que se pueden presentar al operador jurídico para la realización de una correcta adecuación típica de la conducta, frente a eventos como los denominados concursos aparentes de tipos penales o de normas penales[71], la doctrina ha desarrollado algunos principios interpretativos que facilitan al administrador de justicia la forma como debe proceder. Estos son: el principio de especialidad[72], el de subsidiariedad[73], el de consunción[74] y el de alternatividad[75].
Frente a la censura relativa a que la tipificación autónoma del delito de uso de menores de edad en la norma acusada, vulnera el non bis in idem, comoquiera que ya existe un tipo penal de constreñimiento para delinquir agravado cuando se comete sobre menor de 18 años (Arts. 184 y a85 Cod. P)[76]. Encuentra la Sala que en relación con esta hipótesis tampoco se presenta la triple identidad a que se viene haciendo referencia (persona, objeto y causa). Aunque se trata de tipificaciones establecidas para proteger el bien jurídico de la autonomía personal, son conductas que presentan configuraciones de muy diverso alcance. Mientras que en la nueva disposición, que corresponde al artículo 188 D del Código Penal, se reprocha el acto de usar al menor de edad a través de la inducción, el facilitamiento, la utilización, el constreñimiento, la promoción o apelando a cualquier otra forma de instrumentalización para cometer delitos; en el tipo penal de constreñimiento para delinquir (184), agravado cuando la conducta se realice respecto de menores de 18 años (185), se censura el solo constreñimiento, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
En conclusión, la tipificación autónoma del delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos, prevista en el artículo 7° de la Ley 1453 de 2011, no vulnera el principio del non bis in idem, como consecuencia de la existencia de normas generales que prevén dispositivos como la autoría mediata y la participación delictiva. No se presenta una identidad de objeto, causa y persona entre el delito previsto en el artículo 7° de la Ley 1453, y el hecho punible que se impute mediante las figuras de la autoría mediata, o cualquiera de las modalidades de participación de menores de edad en la conducta delictiva. Una y otra entidad delictiva presenta diversidad en la conducta y en el bien jurídico tutelado (causa). La penalización autónoma del uso de menores de edad con fines delictivos, representa una decisión de política criminal que desarrolla importantes fines constitucionales como es la protección a los niños y adolescentes de toda forma de violencia física o moral (Art. 44 C.P.). La creación de este tipo penal puede dar lugar al fenómeno del concurso de delitos (ideal o material), respecto de los cuales el legislador ha establecido mecanismo de racionalización de la respuesta punitiva (Art. 31 Cod. P). De cualquier modo, frente a concurso aparente de normas o tipos penales, el operador jurídico, en el ámbito de su autonomía, cuenta con herramientas interpretativas como los principios de especialidad, subsidiariedad, consunción o alternatividad, cuyo cometido es enfrentar, en el plano judicial, eventuales riesgos de vulneración del non bis in idem.
Lo primero que debe señalarse es que la disposición parcialmente acusada forma parte de una estrategia legislativa orientada a estructurar una reforma de amplias proporciones al sistema penal, conocida como ley de seguridad ciudadana. Introduce modificaciones al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, a la regulación sobre extinción de dominio, y se dictan otras disposiciones. Los objetivos que se expresaron por parte del Gobierno y la Fiscalía General de la Nación, como titulares de la iniciativa, legislativa fueron: (i) eliminar la impunidad; luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo; (iii) aumentar la efectividad del procedimiento penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil; y (iv) vincular a la comunidad a la prevención del delito, sin poner en peligro la integridad de sus miembros, ni afectar sus derechos fundamentales[78].
47.1. El artículo 10 de la Ley 1453 de 2011, parcialmente acusado, modificó el precepto 359 del Código Penal denominado Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, el cual forma parte del título XIII del Código Penal que aglutina los delitos contra la seguridad pública, y a su vez, del capítulo segundo de ese apartado, referido a los delitos de peligro común o que pueda ocasionar grave perjuicio para la comunidad. Esta norma penaliza a quien Emplee, envíe, remita o lance contra persona, edificio o medio de locomoción, o en lugar público o abierto al público, sustancia u objeto de los mencionados en el artículo precedente, es decir, en el 358 del Código Penal[79], estableciendo para estas conductas una pena de 16 a 90 meses de prisión, siempre que el comportamiento no constituya otro delito. El artículo 358, al que remite el 359, tipifica la La tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas considerando tales la sustancia, desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear considerado como tal por los tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones vigentes.
De manera que sustancia u objeto peligroso, para los efectos previstos en el artículo 359 del Código Penal es toda sustancia, desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear considerado como tal por los tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones vigentes. Esta expresión debe ser precisada a partir del sentido que le provee su ubicación dentro del capítulo de los Delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad, y dentro del título que agrupa los Delitos contra la seguridad pública. No es novedoso sostener que las denominaciones de los capítulos y títulos del código penal, no cumplen simplemente una labor de ordenación sino que contribuyen a dar sentido a las prohibiciones, al punto que constituyen un valioso parámetro para determinar la antijuridicidad material de las conductas, es decir su verdadera idoneidad para configurar una acción socialmente dañosa, y por ende merecedora de reproche penal.
La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano que cumple la función de intérprete autorizado de la ley penal, con efecto unificador, ha reconocido que si bien la expresión contenida en el artículo 358 del Código Penal, a la cual remite el artículo 359 ibídem, presenta un cierto grado de indeterminación, al efectuar una labor de concreción ha sostenido que para efectos de la aplicación de los tipos penales contenidos en los artículos 358 y 359, sustancia u objeto peligrosa(o) es aquella(o) que afecta tanto el medio ambiente como fatalmente al ser humano. En esta medida un objeto o una sustancia que al hacer explosión produce efectos negativos al medio ambiente y fatales en el ser humano, debe precisarse, se encuentra dentro de esta categoría[81].
h.- Irritantes: Sustancias y preparaciones no corrosivas pero que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.[86]
De este modo, de acuerdo con la interpretación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la expresión sustancia u objeto peligroso para los efectos previstos en los artículos 358 y 359 del Código Penal incluye, de manera general, aquellos que revisten idoneidad para afectar el medio ambiente y la integridad del ser humano. No obstante, para precisar el alcance del concepto frente a una situación concreta, estimó valido acudir a las clasificaciones y directivas que sobre la materia han efectuado la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo Europeo.
Con fundamento en las anteriores consideraciones y precisiones, la Corte declarará la exequibilidad, por el cargo analizado, de la expresión u objeto peligroso contenida en el artículo 7º de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 359 del Código Penal.
En criterio del actor, el establecimiento de una pena de entre 9 y 12 años de prisión, para el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como la posibilidad de que sea duplicada cuando concurra alguna de las circunstancias específicas de agravación punitiva que contempla la norma[88], quebranta el orden justo consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política.
Adicionalmente, expone el ciudadano demandante que el incremento de las penas previsto en el artículo 19 de la ley 1453, afecta al orden justo comoquiera que cuando en Colombia se instituyó la pena alternativa a grupos al margen de la ley desmovilizados, las cuales incluye (sic) delitos contra la vida e integridad personal al igual que contra la libertad sexual e individual, sin importar su numero y que dicha pena oscile entre cinco (5) y ocho (8) años, como entender que la sanción demandada no sea contraria a los fines esenciales del Estado.
Para responder a este cargo la Corte reitera su consolidada jurisprudencia en el sentido que la selección de los bienes jurídicos que merecen tutela penal, así como la configuración de la pena abstracta a imponer por la realización de una conducta delictiva es un asunto librado a la definición legal y cuya relevancia constitucional es manifiesta únicamente cuando el legislador incurre en un exceso punitivo del tipo proscrito por la Constitución"[89].
Por la consideraciones precedentes la Corte declarará la exequibilidad, por el cargo analizado, de la expresión de nueve (9) a doce (12) años contenida en el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, precepto que modificó el 365 del Código Penal.
El artículo 65 de la Ley 1453 de 2011, modificó el 310 del Código de Procedimiento Penal, norma esta que a su vez había sido modificada por el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007. El precepto parcialmente acusado, regula los criterios que el juez debe valorar a efecto de determinar si una persona representa peligro para la comunidad, como un elemento más del juicio que debe efectuar para decretar una medida de aseguramiento, de conformidad con las previsiones del artículo 308 de ese mismo estatuto.
Es evidente que el imputado o acusado que se encuentre cobijado por una medida de aseguramiento o por una formulación de acusación, está amparado por el principio de presunción de inocencia, por lo que resulta contrario al artículo 29 superior equiparar, como lo hace el inciso 3º del artículo 310 del C.P.P., estas situaciones procesales en las que aún no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, con otros institutos como los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, que presuponen la existencia de una condena.
Por las consideraciones precedentes, y en consonancia con la postura defendida por los ciudadanos que intervinieron a nombre de la Policía Nacional, el ICBF y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión, estar acusado o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de, contenida en el numeral 3º del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, tal como fue modificado por el artículo 65 de la Ley 1453 de 2011. En consecuencia el texto del numeral declarado parcialmente inexequible quedará así: 3. El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
[3] En este punto la apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia reseña que en la sentencia C-442 de 2011 se estudió la indeterminación de los delitos de injuria y calumnia frente al principio de legalidad. De esta manera arguyó que, en la referida providencia al analizar precisamente si se respetó el principio de legalidad en la configuración de los tipos penales de injuria y calumnia, la Corte encontró que, por un lado, los pronunciamientos de la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia, que coinciden con los elementos que configuran esas conductas punibles, de manera precisa, por lo que existe claridad sobre las situaciones que constituyen infracciones a la ley penal, y por parte, encontró la Corte que existe una jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional que resalta el carácter privilegiado de que goza la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico colombiano, que debe ser tenida en cuenta por los jueces penales, cuando interpreten y apliquen los tipos penales de injuria y calumnia en un caso concreto.
[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias del 23 de febrero de 2003. R.. No 20616, y del 27 de junio de 2006. R. 20616
[6] Sentencia C-316 de 2002 M.M.G.M.C.
[7] Sentencia C-1080 de 2002 M.Á.T.G.
[9] Consejo de Estado, Sentencia del 7 de octubre de 2010, R.. No. 2004-050678
[29] R., C., Derecho Penal. P. General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Madrid, E.. C., 1997, p. 140. En el mismo sentido, puede citarse la siguiente obra: M.P., S., Derecho Penal. P. General. Barcelona, quinta edición, 2002, p. 75.
[38] Ver M.S., Teoría constitucional del delito, Buenos Aires, E.ores del puerto, 2007, p. 172 y s.s.
[47] Sentencia C-244 de 1996. En esta sentencia C-244 de 1996, la Corte declaró exequible una expresión del artículo 2º de la ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único anterior a la Ley 734 de 2002), en la cual se disponía que "la acción disciplinaria es independiente de la acción penal". Con anterioridad a la sentencia C-244 de 1996, varias sentencias habían solucionado el mismo problema jurídico, de acuerdo a los mismos criterios. Por ejemplo, ver la Sentencia C-427/94. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia han tenido una posición similar a la de la Corte Constitucional resolviendo que no es aplicable el principio non bis in idem en casos de concurrencia de juicios disciplinarios y penales. Ver por ejemplo las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 26 de Octubre de 2000, 16 de Octubre de 1992 y 4 de Diciembre de 1991. Del Consejo de Estado, se pueden observar las sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de fechas 23 de Septiembre de 1993, 18 de Diciembre de 1990, y 26 de Febrero de 1992. Por último, el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido que la conducta típica, tanto en el derecho penal como en el derecho disciplinario, queda sujeta a la competencia autónoma e independiente que tienen el juez penal y el juez disciplinario, y por su naturaleza, separadamente deben investigarse para determinar si realmente la conducta se cometió o tuvo ocurrencia. Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Sentencia del 28 de Mayo de 1998.
[48] Sentencia C-088 de 2002, T-162 de 1998.
[58] O`Donnell, D.. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Colombia, 2007, P.. 397.
[60] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso M. de M. contra Perú, págs. 209-210 (1996).
[61] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso L.J. contra Ecuador, Párr. 46 (2001).
[66] V.V., F., Derecho penal, P. General
[70] V., F., Derecho Penal, P. General, Temis, 2002, págs. 474-479
[78] Gaceta del Congreso No, 737 de octubre 5 de 2010. P.. 15.
[79] ARTICULO 358. TENENCIA, FABRICACION Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS U OBJETOS PELIGROSOS.
El que ilícitamente importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, trafique, transporte o elimine sustancia, desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear considerado como tal por tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones vigentes, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[80] Bajo la denominación de arma blanca, en medicina legal, se entienden incluidos aquellos instrumentos de estructura variada que se caracterizan por su capacidad de cortar, herir o punzar, por presentar bordes afilados o puntiagudos. Se suelen clasificar en armas punzantes, cortantes, cortopunzantes e inciso contusas. (F.R.G.. Atlas de medicina Legal Forense. Ed. B., 1996, pàg. 280.)
[81] Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Penal, sentencia del quince (15) de julio de dos mil ocho (2008). Aprobado Acta Nº.190, Proceso No. 28872; Sentencia del tres (3) de marzo de dos mil cuatro (2004). Magistrado Ponente: Dr. E.L.T. Aprobado Acta No. 014, Proceso No 13436