Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-acu-930-de-septiembre-23-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419bf2f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 03:20:34
Document Index: 10919976

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 87', 'artículo 1', 'artículo 87', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA ACU-930 DE SEPTIEMBRE 23 DE 1999
SENTENCIA ACU-930 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1999
CONTENIDO:TODO FUNCIONARIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRE INVESTIDO DE AUTORIDAD YA SEA ESTÁ CIVIL, POLÍTICA, ADMINISTRATIVA, MILITAR O JUDICIAL, SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA COMPARECER COMO PARTE PASIVA EN UN PROCESO DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, PROCESO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, CLASES DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, DEMANDA DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, SOLICITUD DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Sentencia ACU-930 de septiembre 23 de 1999
Ref.: Exp.: ACU-930
EXTRACTOS: «De conformidad con el artículo 3º de la Ley 393 de 1997 corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa conocer y decidir de las acciones de cumplimiento, las cuales corresponderán en primera instancia a los jueces administrativos con competencia en el domicilio del accionante y en segunda instancia al tribunal administrativo correspondiente. El parágrafo transitorio dispone que mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos, la competencia para conocer de la acciones de cumplimiento en primera instancia se radicará en los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado.
Desde el punto de vista material, resulta jurídicamente razonable que el legislador haya atribuido el conocimiento de las referidas acciones a esta jurisdicción, por cuanto por regla general la Constitución y la ley le han asignado el control judicial de la actividad administrativa(1).
b) Autoridad pública contra quien se dirige la acción:
El artículo 8º de la Ley 393 de 1997 al definir sobre la procedibilidad de la acción de cumplimiento estableció que ésta “procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminentemente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos”. (Se destaca).
Si bien la anterior disposición tiene como destinatario o sujeto pasivo a la autoridad en general, el artículo 5º de la precitada ley dispuso:
“Autoridad pública contra quien se dirige. La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo.
“Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquél deberá informarlo al juez que tramita la acción, indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará también con las autoridades respecto de las cuales se ejercita la acción hasta su terminación. En todo caso, el juez de cumplimiento deberá notificar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido”. (Destaca la Sala).
La expresión “administrativa” de la anterior disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional con los siguientes argumentos:
“Según el demandante, la expresión “autoridad administrativa” contenida en la norma acusada, vulnera el artículo 87 de la Carta Política, en la medida en que restringe la posibilidad de ejercer la acción de cumplimiento, pues se la consagra exclusivamente contra las autoridades pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público, cuando la intención del constituyente fue que la acción pudiese ser ejercida contra cualquier autoridad renuente a cumplir la ley o un acto administrativo, sin distinción alguna.
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo acusado, la acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo.
“No obstante la limitación que establece dicho precepto, en cuanto a que sólo puede ser sujeto pasivo de la acción la autoridad administrativa, otras disposiciones de la ley al referirse a la autoridad respecto de la cual procede esta acción, permiten su ejercicio ante la autoridad pública en general, sin restringir su alcance.
“En efecto, el artículo 1º en desarrollo del artículo 87 constitucional, al definir el objeto de la acción de cumplimiento, legitima a toda persona para acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos, sin hacer distinción en cuanto a la autoridad legitimada por pasiva en el proceso, es decir, contra la cual se pueda ejercer la acción de cumplimiento. (...).
“... la acción de cumplimiento procede de modo general contra cualquier autoridad que incumpla la ley o un acto administrativo, sin que importe la rama del poder público a la cual pertenezca, y sin que pueda limitarse su ejercicio respecto de aquellas que tienen la calidad de administrativas”(2).
En consecuencia, todo funcionario público que se encuentre investido de autoridad ya sea ésta civil, política, administrativa, militar o judicial, se encuentra legitimado para comparecer como parte pasiva en un proceso de acción de cumplimiento(3).
(1) En este mismo sentido se expresó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del referido artículo 3º de la Ley 393 de 1997; en cuanto atribuyó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de la acción de cumplimiento: Sentencia C-157 de abril 29 de 1998, ponentes: doctores Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
(3) Respecto al concepto de autoridad, la Corte Constitucional ha expresado: “...el concepto de autoridad pública es genérico y cobija a todos aquellos individuos o instituciones que tienen potestad de mando o decisión, y se aplica, por supuesto, a quienes, no obstante estar sometidos a las órdenes o mandatos de sus superiores jerárquicos, están en posibilidad de imponer a los gobernados, debiendo ser obedecidos, conductas o abstenciones, con mayor razón si ellas son exigibles incluso por la fuerza”. Sentencia SU-257/97.