Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-879-de-noviembre-19-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0d952b7cb87901b2e0530a01015101b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-25 18:44:23
Document Index: 153140031

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 46', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 35', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 39', 'artículo 34', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 29', 'artículo 209', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 150', 'artículo 29', 'artículo 69', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 9', 'artículo 13', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'artículo 57', 'artículo 1', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 2', 'Artículo 39', 'artículo 29', 'artículo 98', 'artículo 29', 'artículo 80']

﻿ Sentencia C-879 de noviembre 19 de 2014
SENTENCIA C-879 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADOS DE LOS DOCENTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENTIDADES DE CARÁCTER OFICIAL. LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL PARÁGRAFO DEL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 1123 DE 2007, DE LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGACÍA DEBE INCLUIR A TODOS LOS ABOGADOS QUE SEAN PROFESORES EN UNIVERSIDADES OFICIALES, INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES, INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS O ESCUELAS TECNOLÓGICAS DE CARÁCTER OFICIAL O ESTATAL. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “UNIVERSIDADES OFICIALES” CONTENIDA EN EL PARÁGRAFO DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 1123 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA, PRINCIPIO DE IGUALDAD, EDUCACIÓN SUPERIOR, DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, ABOGADO, DERECHO A LA IGUALDAD, CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO
Sentencia C-879 de noviembre 19 de 2014
Ref.: Expediente D-10165
Bogotá D. C., diecinueve de noviembre de dos mil catorce.
3.2.2. Para un grupo de intervinientes(3), la Corte debe declararse inhibida para emitir un fallo de fondo, en la medida que el cargo se construye con base en una argumentación débil, que no demuestra con razones constitucionalmente válidas la ausencia de justificación en el trato diferenciado entre los docentes de las distintas instituciones de educación superior.
3.2.3. Otro grupo(4), apoya la constitucionalidad simple de la expresión demandada. Coinciden en afirmar que la norma busca garantizar el ejercicio eficaz de la función pública y asegurar el cumplimiento de los principios de la misma por parte de los funcionarios.
Planteado entonces el debate constitucional, esta corporación debe establecer previamente si: (i) existe cosa juzgada frente a las sentencias C-1004 de 2007 y C-819 de 2010 y (ii) la demanda presentada permite un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, solo si la respuesta es afirmativa se entrará a estudiar el asunto presentado por las accionantes.
3.3. Inexistencia de cosa juzgada con relación a la expresión objeto de estudio.
3.3.2. Esta corporación ha entendido por cosa juzgada constitucional, “el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional(5), cuyo principal efecto es que una vez esta corporación se ha pronunciado de fondo sobre la exequibilidad de un determinado precepto, no puede volver a ocuparse del tema(6)”(7). No obstante, puede ocurrir que con posterioridad al pronunciamiento, se presenten otras acusaciones por cargos distintos a los analizados en un principio.
b) cuando una norma se ha declarado exequible a la luz de un número limitado de artículos de la Constitución, y posteriormente es demandada por violar disposiciones de la Carta distintas a las estudiadas. Será procedente entonces una nueva demanda cuando la Corte misma, en el texto de la providencia, haya restringido los efectos de su decisión. En ese sentido se pronunció la Corte, en la Sentencia C-037 de 1996 al interpretar el artículo 46 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y puntualizó que “mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta”. En resumen, existe una “presunción de control integral”, en virtud de la cual habrá de entenderse, si la Corte no ha señalado lo contrario, que la adopción de una decisión ha sido precedida por un análisis de la disposición acusada frente a la totalidad del texto constitucional, y que, por lo mismo, la providencia se encuentra amparada por la cosa juzgada absoluta”(8).
3.3.4. En el asunto que dio lugar a la Sentencia C-1004 de 2007, el demandante cuestionó la norma porque dentro de la excepción al ejercicio de la abogacía por parte de servidores públicos solo se incluyó a los docentes de universidades oficiales, dejando de lado a los profesores de colegios oficiales, desconociendo así los derechos a la igualdad y libertad de escoger profesión u oficio de estos últimos. En aquella ocasión, la Corte circunscribió su análisis a dicha problemática y concluyó que la exclusión de los docentes de colegios oficiales era razonable y proporcionada, declarando la exequibilidad de la norma.
3.3.6. Así las cosas, la Corte abordará el análisis del parágrafo del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007.
3.4. Análisis de la aptitud de la demanda.
3.4.2. El Decreto 2067 de 1991 en su artículo segundo señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad(9). Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001(10), esta corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario la decisión que adopte la Corte será necesariamente inhibitoria(11).
La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”. (resaltado fuera del texto)
De lo anterior, se concluye entonces, que la acusación “debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia)”(12). Adicionalmente, la acusación no solo debe estar enunciada en forma completa sino ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
3.4.4. Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido requerimientos especiales cuando lo que se busca es la declaración de inconstitucionalidad de una norma por supuesta vulneración del derecho a la igualdad. En efecto, ha dicho la corporación que la carga argumentativa se acrecienta y por tanto, “la condición esencial para que se consolide un cargo por vulneración del principio de igualdad consiste en la identificación de un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de personas que se encuentren en idénticas circunstancias”(13) o al menos muy similares.
De la misma manera, en la Sentencia C-264 de 2008(14), se dijo que el simple hecho de que el legislador establezca diferenciaciones, no lleva consigo una vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, no es válido para los demandantes hacer juicios genéricos, sino que deben presentar las razones por las cuales las situaciones son idénticas o muy similares, y sustentar por qué el trato diferenciado es arbitrario. Sostuvo la Corte:
3.5. El principio de igualdad.
3.5.1. El artículo 1º de la Constitución señala que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general, entre otras características. Teniendo en cuenta la anterior disposición, la jurisprudencia constitucional ha definido el Estado Social de Derecho como una “(...) forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección”(15), organización política que es guiada por varios principios entre los que se destacan, de conformidad con la citada norma, la igualdad, la dignidad, el trabajo y la solidaridad.
3.5.2. El principio de igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución, como se explicó en la Sentencia C-221 de 2011(16), se manifiesta en varias dimensiones a saber:
Bajo estas consideraciones, la jurisprudencia constitucional ha señalado que un tratamiento diferenciado “será posible solamente cuando se observen los siguientes parámetros: (i) los hechos o grupos comparados sean distintos o no se hallen en situaciones comparables, o (ii) pese a la existencia de importantes similitudes entre los grupos o situaciones objeto de comparación, la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en razones constitucionales(17)”(18).
3.5.3. Ahora, en situaciones en las que puede estar en juego la garantía de este principio, esta corporación ha acudido a los juicios de igualdad con el fin de determinar si una medida legislativa o administrativa contiene un tratamiento diferenciado y si el mismo se encuentra justificado en principios y valores constitucionales(19).
Al respecto, en Sentencia C-613 de 2013(20), esta Sala manifestó:
Sin embargo, antes de aplicar un juicio de igualdad, es preciso examinar (i) si las situaciones respecto de las cuales se alega un trato discriminatorio en realidad son comparables, lo que exige la definición y justificación de criterios de comparación(21); y (ii) las competencias que tiene el legislador en el campo en el que tiene lugar la presunta diferenciación injustificada(22).
En primer lugar se encuentra el nivel leve –regla general-, aplicable por ejemplo a medidas de naturaleza económica, tributaria o de política internacional, a asuntos que implican una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, o a casos en los que del contexto normativo de la disposición demandada no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho o principio que se alega lesionado. En estos casos, en atención al amplio margen de configuración del que goza el legislador, el juez debe verificar únicamente si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos, y si el medio escogido es idóneo para alcanzar el fin propuesto(23).
En segundo lugar se halla el nivel intermedio, aplicable a medidas que implican la restricción de un derecho constitucional no fundamental, casos en los que existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia, o acciones afirmativas, entre otros casos. Para superar este nivel de escrutinio, el fin perseguido por la medida debe ser constitucionalmente importante y el medio elegido debe ser efectivamente conducente a alcanzar el fin(24).
Por último está el nivel estricto, aplicable a casos en los que está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en el inciso 1º del artículo 13 superior, casos en los que la medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares y discretas, casos en los que la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos prima facie afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental, o casos en los que la medida que se examina crea un privilegio. Cuando el juez aplica este nivel de escrutinio, debe examinar si el fin perseguido es o no imperioso desde la perspectiva constitucional, y si el medio escogido es necesario, es decir, no puede ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo en términos de principios y derechos constitucionales”(25).
Aunque en principio el Estado no tiene la obligación directa de procurar el acceso inmediato de la población a la educación superior, ello no quiere decir que carece de responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo. De manera que, como derecho fundamental, la educación goza de un carácter progresivo determinado por: “i) la obligación del Estado de adoptar medidas, en un plazo razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que la simple actitud pasiva de este se opone al principio en mención (aquí encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las personas a las universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido”(26).
De acuerdo con el artículo 1º de la citada ley, la Educación Superior “es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional” y procurará despertar en los educandos “un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país”(27).
Por su parte, el artículo 7 señala los campos de acción en que se imparte la educación superior: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía, los cuales se ofrecerán en dos niveles: pregrado y posgrado (artículo 8º).
A través de los programas de pregrado, los estudiantes se “preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía”(28). Dentro de estos programas se incluyen “aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos”.
En los programas de postgrado, integrados por las especializaciones, las maestrías los doctorados y los postdoctorados, los profesionales perfeccionan su ocupación o disciplina, amplían los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios y profesionales o se apropian de instrumentos básicos que los habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías(29).
3.6.1.3. Teniendo en cuenta la importancia del fomento de la educación superior, el gobierno encomendó al Consejo Nacional de Educación Superior —CESU—, que ha trabajado en los últimos tres años con la participación de muchos actores del sector educativo, que desarrollara una hoja de ruta para la educación de superior hasta el año 2034, el cual fue entregado oficialmente al Presidente de la República el pasado 4 de agosto y denominado “Acuerdo por lo Superior - 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”(30). En dicho documento, se resaltó la importancia de la educación superior en Colombia y se definió como “uno de los principales ejes de la transformación y de la movilidad social, base del desarrollo humano sostenible, social, académico, científico, económico, ambiental y cultural de nuestro país”, proyectada en el 2034 con una cobertura del 84% en la población comprendida entre los 17 y 21 años.
Así mismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señaló que el apartado c) del párrafo 2 del citado precepto dispone que la educación superior goza de los mismos elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los niveles(31).
3.6.2. Clasificación de las Instituciones de Educación Superior en Colombia.
3.6.2.1. Clasificación por carácter académico.
De conformidad con el artículo 16 de la Ley 30 de 1992(32), reiterado por el artículo 35 de la Ley 115 de 1994(33), son instituciones de educación superior las siguientes:
“ART.16.—Son instituciones de Educación Superior:
“ART. 35—Articulación con la educación superior. Al nivel de educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así:
“ART. 17.—Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel.
“ART. 18.—Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización.
Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente Ley”.
Igualmente, los artículos 1º y 2º de la Ley 749 de 2002(34) definen el campo de acción de las instituciones técnicas profesionales y las tecnológicas de la siguiente manera:
“ART. 1°—Instituciones técnicas profesionales. Son Instituciones de Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico.
“ART. 2°—Instituciones tecnológicas. Son Instituciones de Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y profesiones de carácter tecnológico, con fundamentación científica e investigativa.
Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y administración, siempre que se deriven de los programas de formación tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley”.
“Art. 20.—El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a partir de la vigencia de la presente Ley, a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener:
3.6.2.2. Clasificación por naturaleza jurídica.
Las instituciones privadas de Educación Superior deben acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), su capacidad para cumplir la función que a aquéllas corresponde y que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica(35). Deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria(36).
Su reconocimiento y cancelación de personería jurídica corresponden exclusivamente al Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)(37).
PAR.—Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente ley, deberán organizarse como establecimientos públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal”(38).
La creación de estas instituciones de Educación Superior corresponde al Congreso Nacional, a las asambleas departamentales, a los concejos distritales o a los concejos municipales o a las entidades territoriales. El proyecto de creación debe ir acompañado de un estudio de factibilidad socioeconómico aprobado por el Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)(39).
Dicho estudio, debe demostrar entre otras cosas, que la institución dispondrá de personal docente idóneo con la dedicación específica necesaria; organización académica y administrativa adecuadas; recursos físicos y financieros suficientes, de tal manera que tanto el nacimiento de la institución como el de los programas que proyecta ofrecer garanticen la calidad académica. Igualmente, se debe demostrar que la creación de la institución está acorde con las necesidades regionales y nacionales(40).
Finalmente, las instituciones de educación superior de economía solidaria son “formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”(41) dedicadas a la prestación del servicio de educación en el nivel superior.
3.7. Contextualización del parágrafo del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007
3.7.1. En la Sentencia C-1004 de 2007(42), esta corporación hizo un amplio análisis sobre el objeto de la Ley 1123 de 2007, “por la cual se expide el Código Disciplinario del Abogado” resaltando, entre otras cosas, su naturaleza disciplinaria. Sobre este particular, citó apartes de la discusión que, sobre el Proyecto, tuvo lugar en la Comisión Primera del Senado de la República, registrada en el Acta número 19 del día 18 de octubre de 2005(43). En aquella oportunidad la Comisión expresó lo siguiente:
Y el tercer libro, es el procedimiento disciplinario en el cual se hace realmente una enorme transformación por cuanto estamos pasando del sistema actual al sistema oral utilizando la experiencia que ya vivió la judicatura, [que ya vivieron] los jueces [con] la aplicación de la Ley 228 de 1995”.
3.7.2. En la parte especial del Código Disciplinario del Abogado, se encuentra el artículo 29, que contempla las incompatibilidades para ejercer la profesión de abogacía. El parágrafo del numeral 1º de dicho precepto, contiene la expresión demandada, a saber:
Con relación a esta primera causal, se recuerda que la misma estaba contenida en el numeral 1º del artículo 39(44) del Estatuto de la Abogacía Decreto 196 de 1971 el cual fue examinado y encontrado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-658 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Para esta corporación, el propósito de esta regla es: “asegurar la dedicación exclusiva de los servidores públicos al ejercicio de sus funciones”(45), objetivo que coincide “con lo dispuesto, a su turno, por el numeral 1º1 del artículo 34 del Código Disciplinario Único de conformidad con el cual es deber de los servidores públicos ‘[d]edicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales”. De este modo, se restringe el ejercicio privado de la profesión bajo la aplicación del principio de eficacia pero también en consideración de los principios de neutralidad e imparcialidad en el sentido de asegurar la dedicación exclusiva de los servidores públicos al ejercicio de sus funciones y, por otro lado, impedir que los servidores públicos profesionales de la abogacía —que estén debidamente inscritos — incurran en situaciones que puedan originar conflictos de intereses’(46)”(47).
Con relación a esta previsión, la Corte señaló que la misma refleja “un interés porque los servidores públicos realicen su tarea de modo eficaz así como se comporten de manera imparcial y transparente y velen por los intereses de la sociedad en general”(48).
3.7.4.2. Una segunda, contenida en el parágrafo de este numeral 1º dirigida a aquellos que por ser docentes de universidades oficiales sean servidores públicos.
3.7.5. Siendo esta última excepción el objeto de la demanda, resulta necesario ahondar en la intención del legislador para incluirla en el numeral previamente citado. De acuerdo con el Acta de Comisión 23 de noviembre 2 de 2005(49) de la Comisión Primera del Senado, el senador Carlos Gaviria Díaz propuso adicionar el numeral 1º del artículo 30 del proyecto de ley 91 de 2005 Senado(50), bajo las siguientes razones:
“Yo tengo una aditiva al artículo 30 numeral 1º parágrafo que es esta: Los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como profesores de universidades oficiales, podrán ejercer la profesión de la abogacía, siempre que su ejercicio no interfiera las funciones del docente. Yo pienso que esto es doblemente conveniente. Por una parte los profesores de derecho ordinariamente señor Presidente, devengan un sueldo que no es suficiente para su supervivencia digna y de tiempo completo, sí, y de otra parte es conveniente que especialmente los profesores que regentan ciertas cátedras, alimenten y enriquezcan esa cátedra con el ejercicio de la profesión. Lo que sucede es que hay que reglamentarla de tal manera que no se interfiera con el compromiso que ha adquirido la respectiva universidad de ciertos entes de tiempo completo.
Yo creo que esto es bastante razonable, yo propongo entonces, hago esa proposición aditiva, parágrafo del numeral primero del artículo 30.
Es que el Código es para los abogados y no para las otras profesiones”
De acuerdo con lo anterior, el objetivo de esta disposición tiene que ver, por un lado con “incentivar la participación de personas profesionales del derecho en el ejercicio de la docencia en universidades públicas, ofreciéndoles la posibilidad de complementar sus ingresos con el ejercicio de la abogacía” y por el otro, “enriquecer la docencia del derecho en las universidades oficiales con los conocimientos teóricos que poseen los abogados y las abogadas así como con la experiencia que ellos y ellas obtienen por medio de la práctica de su profesión”(51).
Bajo ese contexto, para esta corporación, la excepción consagrada en el parágrafo del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 no pugna con la exigencia que se les hace a los servidores públicos de dedicación exclusiva al ejercicio de sus funciones. Al respecto, señaló:
“En el campo de la docencia del derecho en universidades oficiales, permitirles a las y a los profesionales del derecho la posibilidad de litigar no va en desmedro del ejercicio eficaz y eficiente de la función pública ni implica incurrir en conflicto de intereses que desconozca el propósito buscado por la incompatibilidad prevista en el Código Disciplinario del Abogado cual es garantizar un desempeño eficaz, eficiente, imparcial y objetivo de las funciones públicas encontrándose también en armonía con el artículo 209 superior de conformidad con el cual ‘la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones’”(52).
3.7.6. Así las cosas, es claro que la Corte ha considerado que tanto la prohibición como la excepción establecida por el legislador al ejercicio de la profesión de abogado en la norma en comento, en relación con los servidores públicos, se encuentra justificada desde el punto de vista constitucional. Para el caso particular del parágrafo del numeral 1º, referente a aquellos abogados que por ser docentes de universidades oficiales sean servidores públicos, su justificación se fundamenta en que el litigio, al aumentar la experiencia en la práctica del ejercicio de esa profesión, complementa y enriquece su desempeño como docentes en las distintas universidades oficiales y además, les proporciona un incentivo para permanecer en la docencia.
3.8. Caso concreto. Análisis del cargo por vulneración al derecho a la igualdad.
Para el accionante el parágrafo acusado desconoce el artículo 13 de la Carta Política al excluir “injustificadamente” a los servidores públicos – abogados – que se desempeñen como docentes en instituciones de educación superior distintas de universidades oficiales, de la excepción para ejercer su profesión.
3.8.1. Para establecer si en un caso específico una disposición contiene un tratamiento discriminatorio, la Corte acude con frecuencia a los juicios de igualdad, entendiéndolos como “un método de análisis que permite determinar si el tratamiento diferente que un precepto dispensa a dos supuestos de hecho tiene una justificación que se ajuste a los principios y valores constitucionales(53). Su finalidad es entonces dotar de objetividad los exámenes de igualdad que realizan los tribunales constitucionales(54). En particular, los juicios de igualdad se centran en el estudio de la naturaleza de la medida y las razones que el legislador tuvo para optar por ella, el objetivo perseguido por la misma, y la relación entre la medida y el objetivo perseguido”(55).
Al respecto, recuerda esta Sala que la excepción consagrada en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 se incluyó bajo el argumento de que el litigio, les permitiría a los docentes de las universidades oficiales aumentar la experiencia en la práctica del ejercicio de esa profesión, complementar y enriquecer su desempeño como docentes y además, les proporcionaría un incentivo para permanecer en la docencia.
3.8.3. De otra parte, para analizar este cargo, además de establecer si existe un criterio de comparación, se debe establecer la intensidad del juicio con el que se estudiará el aparte demandado. Para el efecto, es necesario recordar que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, con la racionalización del examen de constitucionalidad de las normas, especialmente cuando se alega vulnerado el principio de igualdad, se busca respetar la libertad de configuración de los órganos políticos, la cual también es un principio de raigambre constitucional(56). Sobre este particular, en Sentencia C-445 de 1995(57) se dijo:
“Un juicio constitucional de igualdad estricto, en todos los campos, corre el riesgo de limitar excesivamente la capacidad de acción de las autoridades y la libertad política del legislador, pues resulta poco probable que las numerosas clasificaciones efectuadas por las diversas leyes sean siempre estrictamente necesarias. En tales circunstancias, si el juez constitucional lleva su examen de la igualdad con el mismo rigor en todos los campos termina por vaciar la función normativa del legislador, con lo cual no solo se desconoce el pluralismo político sino que se afecta la propia capacidad del ordenamiento jurídico para regular en forma diferenciada la vida en sociedad. Pero, de otro lado, un análisis constitucional de la igualdad demasiado flexible y amplio puede hacer perder toda eficacia jurídica al principio de igualdad, que es una norma y un derecho fundamental de aplicación inmediata (CP art. 13), cuya integridad y supremacía debe ser, entonces, garantizada por el juez constitucional.
De manera que, con base en las anteriores consideraciones, esta corporación(58) ha establecido algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta por el juez constitucional al momento de determinar la intensidad del juicio de igualdad, para luego sí analizar las características particulares de la disposición acusada.
3.8.4. En el presente caso, teniendo en cuenta que el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad para regular los distintos aspectos de la vida social y en especial las profesiones u oficios(59), la intensidad del juicio debe ser leve, salvo que se utilicen categorías expresamente prohibidas. La razón de ello radica en que “compete al Congreso fijar las reglas concretas para el ejercicio de una profesión u oficio, lo que inexorablemente supone la adopción de ciertas restricciones, las cuales ‘encuentran su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y, en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Colombiana’(60)”(61).
“(C)uando se trata de materias cuya regulación se encuentra plenamente librada al principio democrático (C.P., artículo 150), esta corporación ha considerado que el juicio de igualdad es de carácter débil, como quiera que solo debe verificarse que el trato diferenciado bajo análisis resulta adecuado para conseguir una finalidad permitida por la Constitución Política(62). Dado que esta modalidad del juicio de igualdad se aplica sobre ámbitos donde el legislador goza de una amplia libertad de configuración política, el grado de intensidad del escrutinio que lleva a cabo el juez constitucional no puede ser de tal magnitud que termine por sustituir la función que le corresponde desarrollar al Congreso como representante de la voluntad popular”(63).
En este entendido, le corresponde al juez constitucional establecer la legitimidad del fin y de la medida, así como la adecuación de esta para alcanzar el fin buscado.
“22. Históricamente se ha previsto la necesidad de restringir a las personas que ostentan la calidad de servidoras públicas, el ejercicio privado de su profesión así como se les ha impedido ejercer más de un cargo público. No obstante, la mayoría de legislaciones consignan también excepciones conectadas precisamente con el ejercicio de la actividad científica, investigativa y docente. El parágrafo agregado en el curso del trámite al referido proyecto de ley en el Senado de la República constituye una excepción en tal sentido y, como se mencionó, tuvo el doble propósito de, por una parte, mejorar el ingreso de quienes siendo profesionales de la abogacía se dedican a la docencia en universidades oficiales y, por otra, enriquecer la cátedra universitaria con la experiencia en la práctica que se deriva del ejercicio de esta profesión.
Recientemente en la Sentencia C-114 de 2005 recordó la corporación cómo las y los Constituyentes habían definido la educación en tanto que un servicio público, es decir, “como una actividad organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien sea que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas”. Trajo a la memoria la corporación, que a partir de las características de la educación como servicio público se derivaban distintos propósitos como lo son “el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, y la elevación de la calidad de vida de la población.
Subrayó la Corte que existía “una estrecha conexión entre la educación y los fines del Estado”. De un lado, la educación constituye la plataforma de partida para poder llevar a la práctica los valores, principios y derechos constitucionales fundamentales previstos en los Títulos I y II de la Constitución Nacional, entre ellos, “la democracia, la participación y el pluralismo y otros contenidos axiológicos de igual importancia [que] deben ser aprehendidos por medio del proceso educativo”. De otro lado, “la educación cumple un papel específico en la búsqueda de la igualdad material y en el desarrollo integral de los seres humanos”. En la medida en que los seres humanos desde las primeras fases de su desarrollo posean “similares oportunidades educativas, tendrán igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como personas”.
Enfatizó la Corte que la Constitución no se había limitado simplemente a reconocer la educación como derecho y como servicio público educativo, sino que había dotado el derecho constitucional fundamental a la educación “de un contenido específico, y le [había otorgado] un papel preponderante en nuestro proyecto nacional, fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos, la solidez democrática de la República, el desarrollo económico y la riqueza cultural de la Nación.
26. Por los motivos expuestos, encuentra la Corte que el ejercicio de la abogacía resulta ser compatible con el ejercicio de la docencia en universidades oficiales independientemente de cuál sea la modalidad en que estos profesionales de la abogacía se vinculen a la enseñanza en universidades oficiales. De acuerdo con lo establecido por el mismo parágrafo del numeral 1º del artículo 29 del Código Disciplinario, solo se excluirá esta posibilidad cuando el ejercicio de la abogacía interfiere con la actividad docente. Será del resorte de las universidades públicas en desarrollo de la autonomía que les reconoce el ordenamiento constitucional en el artículo 69 superior adoptar las previsiones encaminadas a impedir esas interferencias(64)”.
“(...) Por una parte los profesores de derecho ordinariamente señor Presidente, devengan un sueldo que no es suficiente para su supervivencia digna y de tiempo completo, sí, y de otra parte es conveniente que especialmente los profesores que regentan ciertas cátedras, alimenten y enriquezcan esa cátedra con el ejercicio de la profesión. Lo que sucede es que hay que reglamentarla de tal manera que no se interfiera con el compromiso que ha adquirido la respectiva universidad de ciertos entes de tiempo completo.
Es que el Código es para los abogados y no para las otras profesiones”(65).
La excepción incluida en el numeral 1º del artículo 29 no tuvo mayor discusión y fue aprobada por unanimidad por el Congreso.
Ahora bien, vale la pena aclarar que el ejercicio del litigio del docente depende de la reglamentación que, sobre la forma de impartir la materia, haya realizado la respectiva institución o del acuerdo a que se llegue sobre la disponibilidad de tiempo, para no interferir con el compromiso adquirido con la institución de educación superior(66).
3.8.4.5. Así las cosas, teniendo en cuenta que los servidores públicos, abogados, que se desempeñen como docentes de las instituciones de educación superior persiguen un mismo objetivo y dado que la finalidad de la norma es aplicable tanto profesores de universidades oficiales como a los de otras instituciones de educación superior, la expresión “universidades oficiales” acusada se declarará exequible en el entendido que la excepción contemplada en el parágrafo del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, comprende también a los servidores públicos abogados que sean docentes en programas de Derecho o en cátedras relacionadas con este en Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas de carácter oficial o estatal.
En el presente caso, el accionante cuestiona la expresión “universidades oficiales” del parágrafo del numeral 1º del artículo 29 que, a su juicio, excluye injustificadamente a los docentes de las demás instituciones de educación superior contempladas en nuestro ordenamiento jurídico (violación artículo 13 de la Constitución).
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto la Sala declarará la exequibilidad de la expresión “universidades oficiales” contenida en el parágrafo del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, en el entendido que la excepción a que ella alude comprende también a los abogados que sean profesores en Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas de carácter oficial o estatal.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “universidades oficiales” contenida en el parágrafo del numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, en el entendido que la excepción a que ella alude comprende también a los abogados que sean profesores en Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas de carácter oficial o estatal.
(3) Ministerio de Justicia y la Universidad de Caldas.
(4) Las Universidades Católica de Colombia, Libre de Colombia, Santo Tomás y Externado de Colombia.
(5) “Sentencia de la Corte Constitucional C-028 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto”.
(6) “Sentencia de la Corte Constitucional C-079 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla”.
(7) Sentencia C-069 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(8) Cfr. Sentencia C-976 del 13 de noviembre de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(9) Dice la citada norma: “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.
(11) Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(12) Sentencia C-029 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(13) Sentencia C-707-05. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(14) M.P. Clara Inés Vargas Silva.
(15) Cfr. Sentencia T-426 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(17) Ver por ejemplo la sentencia T-117 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(18) Sentencia C-613 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(19) Ver en este sentido la Sentencia C-741 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(21) Ver las sentencias las sentencias C-741 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y C-114 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-340 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, C-221 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-629 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. De la sentencia T-340 de 2010 se destaca la siguiente explicación: “[e]ste criterio de justicia resulta, sin embargo, vacío, si no se determina desde qué punto de vista una situación, persona o grupo es igual a otro. Por ello, en planteamientos recogidos por este Tribunal, Robert Alexy ha explicado que, dado que ninguna situación, persona o grupo son idénticos a otros, determinar la igualdad y la desigualdad supone siempre un juicio de valor sobre cuál característica o propiedad resulta relevante para establecer el examen de igualdad por parte del juez. || En consecuencia, un juicio sobre la eventual violación al derecho a la igualdad, o sobre la mejor forma de aplicar este principio no parte entonces de presupuestos idénticos, ni tampoco de situaciones por completo diferentes, sino que se efectúa en relación con igualdades y desigualdades parciales, a partir de propiedades relevantes desde el punto de vista jurídico-constitucional. En los eventos en que concurren tanto igualdades como desigualdades, debe el juez determinar si existen razones suficientes para mantener un trato igual frente a situaciones en alguna medida disímiles, o si existen razones suficientes para establecer un trato distinto entre situaciones con algún grado de similitud. Por lo tanto, la primera tarea del juez constitucional consiste en verificar la existencia de características o criterios de comparación relevantes entre los grupos en comparación”.
(22) Ver sentencias C-434 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-221 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En la primera providencia se explicó: “En relación con el segundo análisis previo, es decir, las competencias del legislador en el campo en que se introduce la diferenciación, la Corte ha reconocido distintos niveles de discrecionalidad dependientes de la materia a regular. Por ejemplo, en materia de promoción y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la cultura, particularmente cuando las medidas y políticas necesarias para lograr estos objetivos implican la destinación de recursos para financiar prestaciones que van más allá de los contenidos mínimos que el Estado debe asegurar de manera inmediata, la Corte ha reconocido que el legislador goza de amplia libertad de configuración”.
(23) Ver al respecto las sentencias C-530 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía, C-481 de 1998 M.P., Alejandro Martínez Caballero, C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-741 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-227 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-354 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y C-434 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
(24) Ver al respecto las sentencias C-530 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía, C-481 de 1998 M.P., Alejandro Martínez Caballero, C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-741 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-227 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-354 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, C-057 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, y C-434 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
(25) Ver al respecto las sentencias C-530 del 10 de octubre de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; C-481 del 9 de septiembre de 1998, M.P., Alejandro Martínez Caballero; C-093 del 31 de enero de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-741 del 28 de agosto de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-227 del 8 de marzo de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y C-354 del 20 de mayo de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otras.
(26) Sentencia T-068 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(27) Artículo 4 de la Ley 30 de 1992.
(28) Artículo 9 de la Ley 30 de 1992.
(29) Artículos 10, 11 y 12 de la Ley 30 de 1992.
(30) www.cesu.edu.co
(31) “Párrafo 2 del artículo 13 - El derecho a recibir educación, observaciones generales
(32) Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
(33) Por la cual se expide la ley general de educación.
(34) Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones.
(35) Artículo 97 de la Ley 30 de 1992.
(36) Artículo 98 de la Ley 30 de 1992.
(37) Artículo 99 de la Ley 30 de 1992.
(38) El inciso 3° del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, fue modificado por el artículo 1 de la Ley 647 de 2001 que dispone: “El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley”.
(39) Artículo 58 de la Ley 30 de 1992.
(40) Artículo 60 de la Ley 30 de 1992.
(41) Artículo 2º de la Ley 454 de 1998.
(42) M.P. Humberto Sierra Porto.
(43) En Gaceta del Congreso 913, del lunes 19 de diciembre de 2005 p. p. 10-11.
(44) “Artículo 39. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:
1. Los servidores públicos, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados a contrato podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones”.
(45) Sentencia C-1004 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto.
(46) “Así las cosas, el artículo 29 del Código Disciplinario del Abogado coincide con muchas disposiciones establecidas para los mismos efectos en el derecho comparado y cuyo propósito fundamental consiste en procurar que los servidores públicos se concentren en la tarea que desempeñan y lo ejerzan de modo eficaz atendiendo los intereses de los administrados. La mayoría de países prevén esta suerte de incompatibilidad y obligan a quienes están investidos como servidores públicos a dedicarse de modo exclusivo al ejercicio de sus funciones. La legislación francesa y la alemana prevén esa suerte de incompatibilidad, lo mismo que la legislación belga y la italiana. En Italia tal previsión se eleva a rango constitucional y aparece consignada en el artículo 98 de la Constitución según el cual “los funcionarios públicos están al servicio exclusivo de la nación”. En este país las situaciones de incompatibilidad pueden traer consigo la remoción del servidor público”.
(49) Contenida en la Gaceta del Congreso número 21 del 30 de enero de 2006.
(50) Hoy numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007.
(51) Sentencia C-1004 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto.
(53) Ver en este sentido la Sentencia C-741 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(54) Ver al respecto las sentencias C-227 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-896 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(56) Ver Sentencia C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(57) M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(58) Ver entre otras las sentencias C-445 de 1995; C-309 de 1997; C-112 de 2000; C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-227 de 2004 M.P. Manuel Cepeda Espinosa y C-111 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(59) Sentencias C-1004 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto, C-819 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-398 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(60) Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1993. También pueden consultarse, entre muchas otras, las Sentencias T-408 de 1992, T-610 de 1992, C-540 de 1993, C-377 de 1994, C-619 de 1996, C-505 de 2001 y C-1213 de 2001.
(61) Sentencia C-819 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(62) Véanse las sentencias SC-556/93 (MP. Jorge Arango Mejía); SC-265/94 (MP. Alejandro Martínez Caballero); y, SC-445/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
(63) Corte Constitucional, Sentencia C-563 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(64) “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. / La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. / El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. / El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.
(65) Gaceta del Congreso No. 21 de 2006.
(66) La vinculación de docentes de universidades oficiales está señalada en los artículos 70 al 79 de la Ley 30 de 1992 y la de los docentes de las demás instituciones de educación superior en el artículo 80 ejusdem.