Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-146-de-1994?documento=legcol&contexto=legcol_87fed8f9698e3034e0430a0101513034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 23:05:26
Document Index: 315516205

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 34', 'artículo 46', 'artículo 34', 'artículo 47', 'artículo 34', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 421']

﻿ LEY 146 DE 1994
LEY 146 DE 13 DE JULIO DE 1994
CONTENIDO:APRUEBA LA “CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIAS”, HECHA EN NUEVA YORK EL 18 DE DICIEMBRE DE 1990.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA FAMILIA, CONVENIO INTERNACIONAL EN MATERIA LABORAL, TRATADO INTERNACIONAL, APROBACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL, PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, DERECHO A NO SER ESCLAVO, TRABAJADOR EXTRANJERO, PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD, CONVENCIÓN INTERNACIONAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO LABORAL, OIT, DERECHO LABORAL INTERNACIONAL, FUNCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, TRABAJO FORZOSO, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, ACUERDO INTERNACIONAL, PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
DIARIO OFICIAL N°:41444 DE JULIO 15 DE 1994
LEY 146 DE 1994
“Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares’, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990”.
Visto el texto de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990.
Naciones Unidas 1990
Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos(1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(2), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial(3), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer(4) y la Convención sobre los Derechos del Niño(5).
Teniendo en cuenta también los principios y normas establecidos en los instrumentos pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (Nº 97), el Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Nº 143), la recomendación sobre los trabajadores migrantes (Nº 86), la recomendación sobre los trabajadores migrantes (Nº 151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Nº 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Nº 105).
Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura(6).
Recordando la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(7), la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente(8), el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley(9) y las convenciones sobre la esclavitud(10).
Recordando que uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organización en las cuestiones relacionadas con los trabajadores migratorios y sus familiares.
Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores migratorios y sus familiares en distintos órganos de las Naciones Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Desarrollo Social, así como en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura y la organización Mundial de la Salud y en otras organizaciones internacionales.
Reconociendo también los progresos realizados por algunos Estados mediante acuerdos regionales o bilaterales para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como la importancia y la utilidad de los acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera.
Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la comunidad internacional.
Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen sobre los Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer normas que puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo.
Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no han sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto, requieren una protección internacional apropiada.
Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia.
Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún más graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales.
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal.
Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, además, que la concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación regular alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados.
Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación universal.
Alcance y definiciones
b) Se entenderá por “trabajador de temporada” todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte del año;
e) Se entenderá por “trabajador itinerante” todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado tenga que viajar a otro Estado otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación;
ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole, o
iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve; y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia;
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de cualquier Estado incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades ajenos ya sean compatibles con otros derechos reconocidos en la presente parte de la Convención.
(Nota: Declarado exequible el artículo 15 por la Corte Constitucional en Sentencia C-106 de 1995, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz, bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la Constitución Política).
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales.
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley.
6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso, para la ejecución del fallo.
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad, si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, sino comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
1. Los Estados partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares a:
2. El ejercicio de tales derechos solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás.
Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo.
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione información a cerca de:
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligación con arreglo a la ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado.
3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible en un idioma que puedan entender.
1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los trabajadores migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a la autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares particularmente en sus Estados de origen.
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo no estarán sujetos a ninguna restricción salvo las que estén establecidas por ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean congruentes con los demás derechos reconocidos en la presente convención.
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y los reglamentos porque se rijan los órganos interesados;
g) El acceso a la vida cultural y a la participación en ella.
2. Los Estados partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos enunciados en el párrafo 1o. del presente artículo, siempre que las condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización del Estado de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.
Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su participación en uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación y exportación por sus efectos personales y en seres domésticos, así como por el equipo necesario para el desempeño de la actividad remunerada para la que hubieran sido admitidos en el Estado de empleo:
(Nota: Declarado exequible el artículo 46 por la Corte Constitucional en Sentencia C-106 de 1995, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz, bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la Constitución Política).
1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares del Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado. Esas transferencias se harán con arreglo a los procedimientos establecidos en la legislación aplicable del Estado interesado y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables.
(Nota: Declarado exequible el artículo 47 por la Corte Constitucional en Sentencia C-106 de 1995, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz, bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la Constitución Política).
No se considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente su actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de residencia por el solo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad remunerada específica para la cual hayan sido aceptados. Dichos trabajadores migratorios tendrán derecho a buscar otros empleos, participar en programas de obras públicas y readiestrarse durante el periodo restante de su permiso de trabajo, con sujeción a las condiciones y limitaciones que se establezcan en dicho permiso.
3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea de tiempo limitado el Estado de empleo también podrá:
2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les permita elegir libremente su actividad remunerada, los Estados partes considerarán favorablemente darles prioridad, a efectos de obtener permiso para ejercer una actividad remunerada, respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en el Estado de empleo con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1o. del artículo 18 de la presente convención.
2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo, de los derechos emanados de la autorización de residencia y el permiso de trabajo.
Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios y sus familiares
1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2 del artículo 2º de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores de temporada en ese Estado teniendo en cuenta el hecho de que se encuentran en ese Estado, solo una parte del año.
2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, examinará la conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado empleados en su territorio durante un período de tiempo considerable la posibilidad de realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión de ese Estado, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente convención, gozarán de todos los derechos reconocidos en la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores itinerantes en ese Estado
1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del párrafo 2 del artículo 2º de la presente Convención, y sus familiares gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los establecidos en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el inciso b) del párrafo 1º del artículo 45 y en los artículos 52 a 55.
1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 2º de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el artículo 52 y en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 54.
1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso h) del párrafo 2 del artículo 2º de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que tienen contrato de trabajo.
c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, trabajadores y sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración y el empleo, los acuerdos sobre migración, concertados con otros Estados y otros temas pertinentes;
c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.
1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente convención se establecerá un comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (denominado en adelante “el Comité”);
2. a) Los miembros del comité serán elegidos en votación secreta por los Estados partes de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Se prestará la debida consideración a la distribución geográfica equitativa, incluyendo tanto Estados de origen como Estados de empleo, y a la representación de los principales sistemas jurídicos. Cada Estado parte podrá proponer la candidatura de una persona elegida entre sus propios nacionales; b) Los miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.
5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión de los Estados partes designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros;
b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará de conformidad con las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Convención para el cuadragésimo primer Estado parte. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esa ocasión expirará al cabo de dos años; el Presidente de la reunión de los Estados partes designará por sorteo el nombre de esos miembros;
9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan en las secciones pertinentes de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas(11).
1. Los Estados partes presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, para su examen por el comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la presente convención.
2. El secretario general de las Naciones Unidas, con la debida antelación a la apertura de cada período ordinario de sesiones del comité, transmitirá al director general de la Oficina Internacional del Trabajo copias de los informes presentados por los Estados partes interesados y la información pertinente para el examen de esos informes, a fin de que la oficina pueda proporcionar al Comité los conocimientos especializados de que disponga respecto de las cuestiones tratadas en la presente convención que caigan dentro del ámbito de competencia de la Organización Internacional del Trabajo. El comité examinará en sus deliberaciones, los comentarios y materiales que la oficina pueda proporcionarle.
7. El comité presentará un informe anual a la asamblea general de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la presente convención, en el que expondrán sus propias opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, en el examen de los informes de los Estados partes y en las observaciones que éstos presenten.
1. Todo Estado parte en la presente convención podrá declarar en cualquier momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente convención.
Las comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir y examinar si las presenta un Estado parte que ha hecho una declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo la competencia del comité. El comité no recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado parte que no haya hecho esa declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a) El derecho o la práctica de un Estado parte, o
Los Estados que ratifiquen la presente convención o se adhieran a ella no podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º y podrán excluir de su aplicación a ninguna categoría determinada de trabajadores migratorios.
1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente convención haya entrado en vigor, cualquiera de los Estados partes en la misma podrá formular una solicitud de enmienda de la convención mediante comunicación escrita dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. El secretario general comunicará acto seguido las enmiendas propuestas a los Estados partes y les solicitará que le notifiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una conferencia de Estados partes para examinar y someter a votación las propuestas. En el caso de que, dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de dicha comunicación, por lo menos un tercio de los Estados partes se pronuncie a favor de la celebración de la conferencia, el secretario general convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados partes presentes y votantes, en la conferencia se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o la aplicación de la presente convención y no se solucione mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualesquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud presentada de conformidad con el estatuto de la Corte.
Rama Ejecutiva del Poder Público.
Aprobado, sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para efectos constitucionales.
ART. 1º—Apruébase la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Comuníquese, publíquese y ejecútese.
Previa su revisión por parte de la Corte Constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 421-10 de la Constitución Política.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de julio de 1994.
Noemí Sanín de Rubio
(1) Resolución 217 A (III).
(2) Resolución 2200 A (XXI), anexo.
(3) Resolución 2106 A (XX), anexo.
(4) Resolución 34/180, anexo.
(5) Resolución 44/25, anexo.
(6) Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 429, Nº 6193.
(7) Resolución 39/46, anexo.
(8) Véase Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Kioto, Japón, 17 a 26 de agosto de 1970: informe de la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: s. 71. IV. 8).
(9) Resolución 34/169, anexo.
(10) Véase Derechos Humanos: recopilación de instrumentos internacionales (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: s. 88 XIV. 1).
(11) Resolución 22 A (I).