Source: https://supremo.vlex.es/vid/707638045
Timestamp: 2019-10-15 03:43:39
Document Index: 30252448

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 101', 'artículo 1', 'artículo 81', 'in fine', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 288', 'artículo 63', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 131', 'artículo 63', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 101', 'artículo 88', 'artículo 3', 'artículo 63', 'artículo 63', 'in fine', 'artículo 63', 'in fine', 'artículo 63', 'artículo 63', 'in fine', 'artículo 63', 'in fine', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 101', 'artículo 63', 'artículo 139', 'artículo 1', 'artículo 101']

STS 482/2018, 21 de Marzo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 707638045
Número de Recurso: 2653/2015
Número de Resolución: 482/2018
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS. Se trata de un factor expresivo de la capacidad económica del sujeto infractor y, en esa misma medida, apto para deducir de él la intensidad de la respuesta sancionadora en que consiste la sanción pecuniaria. El legislador tiene una amplia capacidad de configuración normativa para elegir aquel factor como módulo de referencia en el cálculo de las multas, al igual que podría haber optado por otros. Se estima la casación.
Número del procedimiento: 2653/2015
RECURSO CASACION núm.: 2653/2015
Esta Sala ha visto el recurso de casación, registrado bajo el número 008/2653/2015, interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015, que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo 385/2013 , formulado por la representación procesal del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, recaída en el expediente S/0312/10, que le impuso la sanción de 4.974.027 €, al haber resultado acreditada la infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .
Han sido partes recurridas la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORERS (AVA-ASAJA), representada por la procuradora doña Rosa María Martínez Virgili, bajo la asistencia letrada de don Juan Rafael Grau Corts; el CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, representado por el procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, con asistencia letrada de don Marcos Araujo Boyd; y las mercantiles NADOR COTT PROTECTION S.A.R.L. (NCP), representada por el procurador don Francisco José Abajo Abril, que sustituyó a su compañero fallecido don Manuel Lanchares Perlado, bajo la dirección letrada de doña Ingrid Pi i Amoros; y EUROMILLAS, S.A., representada por la procuradora doña Raquel María García Olmedo, bajo la dirección letrada de don Eduardo Gómez de la Cruz.
En el proceso contencioso-administrativo número 385/2013, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia de fecha 183 de junio de 2014, cuyo fallo dice literalmente:
1º.- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por el CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS y en su nombre y representación el Procurador Sr.. D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 4 de julio de 2013, y en consecuencia, anulamos la misma, en los términos establecidos en el fundamento de derecho octavo de esta sentencia.
3º.- No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales.
La Sala de instancia fundamenta el pronunciamiento de anulación de la multa impuesta, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:
[...] Son hechos acreditados en autos, que se deducen de la documental que consta en el expediente administrativo los que a continuación se exponen, resultando además admitidos por las partes:
El 20 de noviembre de 2.010 la asociación de agricultores AVA-ASAJA presentó denuncia contra la recurrente y CARPA DORADA por prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de la comercialización de la mandarina Nadorcott consistente en la implantación de un sistema de identificación de la fruta que limita los canales para su comercialización.
Tras diversos requerimientos de información en fecha 21 septiembre 2011 se acuerda la incoación del expediente sancionador, consistente en un acuerdo para controlar y restringir la distribución de la variedad de la mandarina Nadorcot mediante la articulación de un sistema de licencias de explotación y contratos de adhesión a un sistema de trazabilidad así como la creación de un club intersectorial que agrupa a productores y envasadores-comercializadores que limitaría la comercialización de la fruta de esa variedad.
En fecha 9 de mayo de 2012 se solicitó requerimiento de formación a CARPA DORADA, el CVVP y GESLIVE. El 17 de septiembre de 2.012 se formula el pliego de concreción de hechos que fue contestado por la actora en fecha 18 de octubre de 2012, en la que la actora además interesa la terminación convencional del procedimiento, lo que fue denegado por la Dirección de Investigación (DI) por acuerdo de 29 de octubre de 2012. En fecha 31 de octubre de 2012 se acuerda el cierre de la fase de instrucción y el 16 de noviembre de ese año la DI fórmula propuesta de resolución frente a la que la actora presentó alegaciones el 7.12.2012.
El Consejo en fecha 24 de abril de 2.013, dictó acuerdo remitiendo a la Comisión Europea la propuesta de resolución del expediente conforme al art.11.4 del Reglamento 1/2003. El 10 de junio de 2013 solicita el Consejo determinada información necesaria para la resolución del procedimiento suspendiendo el plazo de resolución. El 1 de julio de 2.013, CARPA DORADA, NADORCOTT y la hoy actora contestan al requerimiento de información de 10.6.2013. Y previo levantamiento de la suspensión se dicta la resolución impugnada de 4 de julio de 2013.
En ejecución de dicha resolución se dicta nuevo acuerdo por parte de la DI aceptando las medidas establecidas por el CVVP en cumplimiento aquélla.
De la documental que obra en el expediente se deduce que la entidad NADOR COTT PROTECTION SARL es una sociedad francesa titular de la obtención vegetal de mandarina Nadorcott, obtenida de la Oficina comunitaria de variedades vegetales el 4 de octubre de 2004, previa solicitud formulada en fecha 2 de agosto de 1995 al amparo del Reglamento 2100/94, y confirmada por sentencia del Tribunal de primera Instancia de fecha 31 de enero de 2008. La protección alcanza hasta el 31.12.2009. Dicha entidad otorgó CARPA DORADA S.L. ( CP) la explotación en España de dicha variedad vegetal mediante la suscripción de diferentes modalidades contractuales. CP encomendó a GESLIVE, como mandatario de ésta, y mediante previo contrato de colaboración, la explotación de la mencionada variedad vegetal en España y Portugal ejerciendo las acciones pertinentes en defensa de la variedad vegetal frente a las plantaciones irregulares existentes en dicho territorio. GESLIVE otorgaría las oportunas licencias con los productores limitando el número máximo de plantas licenciadas a 2.200.000. Estas funciones fueron desarrolladas hasta el año 2010, toda vez que en su mayor parte forma asumidas desde 2008 por parte de la entidad hoy recurrente CVVP.
Todas estas empresas desarrollaron a partir del año 2003 un sistema de trazabilidad e identificación de dicha variedad vegetal en España, al objeto de evitar la explotación de plantaciones irregulares, y en el que los productores legales de dicha fruta en España debían otorgar un convenio de adhesión a dicho sistema, pudiendo solamente entregar la fruta producida a los envasadores comercializadores que estuviesen igualmente adheridos, y a los que se encarga la identificación de dicha variedad de mandarina, que sólo podían recibir de aquellos productores. Quedaban obligados, productores y envasadores a proporcionar al sistema toda cuanta información se solicitase, quedando obligados al pago de 10 euros por tonelada etiquetada y 10 céntimos por árbol y año.
Con la entrada del CVVP tras su constitución en diciembre de 2.008, en la que asumen una posición de dominio de hecho los socios de CP ( folio 667), este Club vino a sustituir a GESLIVE, firmando CVVP y CP un contrato de colaboración en fecha 15.5.2009, y se aprueba un reglamento de dicho club en el que se exige que la producción o comercialización en España de dicha variedad de mandarina requiere la pertenencia como socio al mismo, abonando los socios la cuantía de 10 euros por tonelada comercializada en el ejercicio anterior, mientras que en los contratos de adhesión se abona la cuantía de 10 euros más IVA/tonelada de fruta de la variedad. Sin embargo dicha obligación de pertenencia al Club fue suspendida, manteniendo por lo demás el sistema de trazabilidad, y facultando al club para dejar sin efecto la prórroga de los contratos de adhesión. El número de socios del CVVP en el año 2011/12 oscila entre el 90% y el 100% del número de envasadores y el 80/90% del número de productores.
[...] La actora se opone a la sanción impuesta, rechazando, en primer término la existencia de verdaderas restricciones a la comercialización. Así respecto del sistema de trazabilidad considera que ha de ser entendido conforme a la necesidad del sistema de identificación de la fruta y de la necesidad de establecer acciones para erradicar la existencia de plantaciones ilegales en España.
Siendo cierto lo expuesto, dejando a un lado las cuestiones relativas a si hubo o no limitación a la producción en la campaña 2010/11 para mantener o no los precios, y si existió o no una climatología adversa, y admitiendo la necesidad de identificación de la fruta de la variedad Nadorcott para evitar la producción ilegal lo cierto es que las variedades vegetales, objeto de protección por la legislación comunitaria (Reglamento 2100/1994, de 27 de julio) o nacional ( Ley 12/1975, de 12 de marzo, derogada por la Ley 3/2000, de 7 de enero), se sujetan a la normativa en materia de defensa de la competencia por previsión del art.138 del Reglamento 2100/94 , de modo que el titular de la obtención tan sólo dispone de un derecho sobre el material de reproducción de la variedad, y excepcionalmente sobre el producto de la cosecha, tal como ha indicado la OEVV ( f.894), y que se traduce en el abono de los correspondientes royalties, y así se deduce de la Ley 3/2000 (art.12 , 13 y 18 ).
Por consiguiente, la actuación de la CNMC no pretende eludir la protección de la variedad vegetal, ni siquiera el sistema de identificación de la variedad, sino tan sólo eludir las restricciones a la comercialización que no se considere necesarias, y en este sentido conviene tener en cuenta que en ejecución de la resolución impugnada la actora ha adoptado nuevas medidas que revelan la innecesariedad del denominado sistema de trazabilidad. Por consiguiente, y con pleno respeto a la finalidad de la actora de eludir la existencia de plantaciones irregulares de la variedad de mandarina hay que entender que las limitaciones a la comercialización derivadas del sistema de trazabilidad no han quedado justificadas, con independencia de lo expuesto en el informe del catedrático de Derecho Mercantil aportado los autos, del que profundamente discrepamos en lo relativo a la consideración como no esencial a las mencionadas restricciones a la comercialización dentro de todo el sistema (p.29), así como a la consideración de que los consumidores participan de los beneficios derivados de este proceso (p.21), o que se trata de un acuerdo que se refiere a la fase de distribución.
También indica la actora que el club recurrente decidió suspender la pertenencia el mismo para poder producir o comercializar la variedad de mandarina. Sin embargo aunque tuviese lugar la suspensión de dicha obligación o aunque el acceso al club haya permanecido abierto lo cierto es que el mantenimiento de los contratos de adhesión que ya se formalizaron con GESLIVE deben entenderse como restricciones de comercialización innecesarias para la protección de la variedad vegetal, sin que la actora haya justificado la necesidad de dichos contratos de adhesión.
[...] Discrepa también la actora cuando considera que no debe objetarse el obligado suministro de información que debían realizar productores y envasadores primero a GESLIVE y después al Club recurrente. En este sentido debe considerar que no se trataba tanto de de evitar el acceso a dicha información o datos confidenciales por parte de terceros, tesis en la que se sustenta la demanda, como en el hecho cierto de exigir datos relativos al secreto comercial de productores como eran los relativos al origen y tiempo de producción. Como hemos indicado antes también en ejecución de dicha resolución la actora ha excluido precisamente el que se tenga que aportar datos relativos a la información sobre la fecha de colección sobre los clientes o el momento previsto para que la fruta salga al mercado.
[...] Dentro del capitulo de excepciones que invoca la actora para la no sancionabilidad de la conducta imputada, alega, en primer lugar a que se trata de una conducta de menor importancia, en los términos del art.1 del RD de 261/2008 y art. 5 de la LDC . Sin embargo, lo cierto es que la actora no ha desvirtuado las consideraciones expuestas en la resolución impugnada que en este momento debemos confirmar.
Así, admitiremos con carácter previo que el mercado relevante es precisamente el relativo a la variedad de mandarina, sin mayores limitaciones derivadas del tiempo de comercialización este producto. Si partimos del criterio de la sustituibilidad del lado de la demanda, tal como se deduce de la Comunicación de la Comisión sobre definición del mercado de referencia (DO 9.12.1997), dicho mercado relevante no alcanza a la totalidad de la fruta, pese a lo que indique la actora, dadas las diferentes necesidades que tiene el consumidor de fruta. A partir de este dato por tanto debe mantenerse la cuota de mercado indicada en la resolución impugnada respecto de la actora y que alcanzaría al 15% de dicho mercado. Al ser por tanto una cifra superior al 10%, no sería aplicación la extensión prevista en dicho artículo 1.a. del RD 261/2008 . Y lo mismo cabría decir por aplicación del art.2.4.a del RDC, si tenemos en cuenta que la variedad vegetal otorga un derecho exclusivo en favor de la titular de la variedad, y que ha sido explotado en España por el club recurrente, por lo que quedaría incluido en el citado precepto, que no distingue entre derechos de exclusividad, sin que las consideraciones expuestas por la actora desvirtúen lo indicado.
[...] Invoca también la recurrente que es aplicar el reglamento 772/2004 (RECATT), que desarrolla el artículo 81 del Tratado, en cuando se trataría de una licencia otorgada en el ámbito de la transferencia de tecnología. Igualmente, y siguiendo el criterio de la resolución impugnada, admitiremos que no es aplicable dicho Reglamento, no obstante, invoque la actora el contenido del apartado 42 y 155 de las Directrices, no ya por tratarse de la interpretación extensiva de una excepción, sino en la medida en que como afirma la resolución impugnada la exención del art.2 del citado Reglamento alcanzaría a los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos entre dos empresas, pero no al supuesto de autos en el que nos encontramos que el licenciatario de la variedad en España ha celebrado multitud de acuerdos con otras empresas para la producción y comercialización de la variedad. Además, existirían restricciones a las ventas pasivas establecidas por CP, NCP y el Club consistentes en la obligación de no vender a quien se halle fuera del sistema, lo que no supone un sistema, de distribución selectiva de la fruta (art.4.2.b.vi ), al no operar en la fase final del mercado, sino en el ámbito mayorista.
[...] Finalmente tampoco cabe invocar la extensión reconocida en el art.1.3 de la LDC , que constituye una plasmación del art.81.3 del Tratado. Y ello en la medida en que no puede reconocerse los efectos beneficiosos de tal medida puesto que no concurre las circunstancias mencionadas en dicho precepto, toda vez que ni se observa que había tenido lugar beneficio alguno para los consumidores ni las restricciones impuestas se consideran indispensables ni eran necesarias para evitar las plantaciones irregulares. La actora no ha demostrado en este sentido lo contrario, y ello conlleva el perecimiento del mencionado motivo.
[...] Sobre la existencia o no de culpabilidad hemos de indicar que ya hemos examinado el mencionado dictamen de Catedrático de Derecho mercantil en el que se fundamenta la actora para justificar su conducta y que no ampararía la conducta mencionada. No puede decirse que e sistema de trazabilidad fuese necesario, conforme a la doctrina de la STJUE de 20.10.2011, asunto C-140/10 , sobre una cuestión prejudicial de un tribunal belga, y en la que se indica que las restricciones derivadas de una variedad vegetal han de limitarse a los elementos esenciales de la protección comunitaria de la protección vegetal, por lo que a la actora le era exigible otra conducta, claramente previsible, habiendo impuesto mayores restricciones a la comercialización de la variedad de las que eran estrictamente indispensables.
La misma suerte ha de correr la invocación sobre los defectos imputados a la propuesta de resolución, basada en la infracción del art.50.4 de la LDC , al no ser precisa la inclusión de una sanción concreta cuando quien ejerce la potestad sancionadora es el Consejo no la Dirección de Investigación.
Distinta suerte ha de correr, no obstante, la impugnación formulada por la recurrente en relación con la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta. Así la actora alega que se le ha impuesto una sanción de 5% sobre el volumen de la totalidad de fruta comercializada por las empresas que forman parte del mencionado club. La resolución impugnada ha realizado esto último teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.63.1 in fine de la LDC . Sin embargo lo cierto es que la resolución impugnada no puede tener en cuenta volumen de negocios de todas las empresas que integran dicho club cuando dichas empresas son los verdaderamente afectadas y perjudicadas por la conducta del mencionado club, dado que se han visto obligadas a formar parte de él para poder comercializar o producir dicha variedad.
Conviene recordar que la mencionada previsión legal de la Ley 15/07 responde a la necesidad de prever el volumen de negocios de aquellas conductas realizadas por la persona jurídica integradora de otras personas físicas o jurídicas igualmente responsables. Por consiguiente si la mencionada cifra o volumen de negocios puede determinarse, como bien indica la recurrente, teniendo en cuenta el volumen expresado en las propias cuentas sociales es obligado considerar a dicho volumen de negocios como el que debe ser tenido en cuenta, y que habría de ser el recogido en la documental aportada escrito de interposición como anexo 5, correspondiente a 2.012, y en concreto alcanzaría la cifra de 1.203.665, 10 euros y no el cifrado por la Administración. De lo contrario el propio volumen de negocios de las empresas perjudicadas por la conducta redundaría en contra de las mismas para determinar el quantum sancionador no respondiendo ello a la finalidad de la norma invocada por la CNMC. Y en el quantum sancionador resultaría absolutamente proporcionado con la cuantía impuesta a las demás personas jurídicas responsables de dicha conducta, como es CARPA DORADA y NADOR COTT.
Por consiguiente en estos términos debe estimarse parcialmente el recurso contencioso administrativo, y anularse la resolución impugnada, en los términos ahora indicados, en el sentido del que debe entenderse como volumen de negocios a que se refiere el art. 63.1 el que corresponde al club recurrente en el año anterior a la resolución, y que viene representado por la cifra de 1.203.665,10 euros.
A ello habría que añadir precisamente la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo recogida en la sentencia de 29 de enero de 2015, recurso 2872/2013 , seguida por las de 30.1.2015, recursos 1476/2014 y 2793/2015 , lo que conlleva la improcedencia de la aplicación de la comunicación de 2,009, debiéndose ajustar la CNC a los criterios reflejados en los art.63 y 64 de dicha ley 15/2007 .
Así, se indica en dicha sentencia que:
Si traemos a colación estas referencias es por corroborar que en el Derecho sancionador español incluso las sanciones pecuniarias que corresponden a las conductas contrarias a la libre concurrencia más graves (las delictivas) tienen previstas en la Ley una escala o intervalo de valores mínimos y máximos dentro del cual se ha de individualizar la respuesta punitiva. Es cierto que en el caso de las personas jurídicas las penas por estos delitos no se limitan a las pecuniarias (atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 delartículo 33 del Código Penal , según dispone el artículo 288.2 de éste) pero lo relevante a los efectos que aquí importan es la necesaria -y constante- predeterminación legal de las cifras mínimas y máximas, fijas o porcentuales, dentro de las cuales han de imponerse las multas.
Sexto . - Avanzábamos en el fundamento de derecho precedente que la interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 que acogemos es la que "naturalmente" dimana de su tenor y del sentido de las escalas de multas máximas y mínimas, además de tratarse de la seguida en nuestro derecho sancionador tanto administrativo como (a fortiori) penal. El intento -por parte de la Comisión Nacional de Competencia y del Abogado del Estado- de armonizar la aplicación de las normas nacionales de defensa de la competencia con las de la Unión Europea, cuando las conductas infractoras lo son simultáneamente de aquéllas y de los artículos 101 y 102 del TFUE , puede explicar -pero no justifica- que hayan optado por no acoger dicha interpretación y la sustituyan por el empleo del método de cálculo de las multas utilizado por la Comisión Europea para las sanciones pecuniarias que esta institución impone al amparo del Reglamento 1/2003, método de cálculo que la Comisión Nacional de Competencia y el Abogado del Estado parecen entender preceptivo y aplicable directamente por las propias autoridades nacionales españolas.
Dado que los criterios de graduación venían referidos en la Ley 16/1989 a una escala que tenía como límite superior aquella cantidad y porcentaje, esta Sala del Tribunal Supremo pudo rechazar el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad que se nos había solicitado respecto del artículo 10 de la Ley 16/1989 y sentar la doctrina que figura en las sentencias de 8 de marzo de 2002 ( recurso de casación número ), 6 de marzo de 2003 (recurso de casación número 9710/1997 ) y ulteriores, doctrina, por cierto, corroborada por la sentencia constitucional 175/2012, de 15 de octubre de 2012, recaída en el recurso de amparo interpuesto frente a una de aquéllas (la de 3 de febrero de 2009, dictada en el recurso de casación número 3073/2006). No es correcto aducir las referidas sentencias como si de ellas se pudiese validar la tesis favorable al carácter de "umbral de nivelación" del porcentaje del diez por ciento.
Esta Sala ha declarado (por todas, véanse las sentencias de 6 de marzo de 2003 y 23 de marzo de 2005 , recursos de casación 9710/1997 y 4777/2002 , respectivamente) que entre los criterios rectores para valorar la adecuación de las sanciones a la gravedad de los hechos se encuentra el de que "[...] la comisión de las infracciones anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas. Criterio que, aun no expresado literalmente en el artículo 10 de la Ley 16/1989 [tampoco explícitamente en la Ley 15/2007], puede entenderse implícito en las letras a), c) y d) de su apartado 2, así como en la facultad de sobrepasar el límite sancionador de los 150 millones de pesetas hasta el diez por ciento del volumen de ventas de la empresa infractora ( artículo 10 apartado uno). En todo caso, con o sin mención legal específica, corresponde a la naturaleza misma de la propia potestad sancionadora, como lo demuestra su posterior inclusión bajo la rúbrica del «principio de proporcionalidad» en elartículo 131.2 de la Ley 30/1992 ".
Décimo.- Ha lugar, pues, a la estimación del recurso del Abogado del Estado tan sólo en lo que se refiere a la segunda parte de su motivo de fondo, esto es, aquella en que censura la interpretación reductora que el tribunal de instancia ha hecho de la expresión "volumen total de negocios" inserta en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 .
La estimación del recurso en estos limitados términos obliga a esta Sala a resolver "lo que corresponda dentro de los límites en que apareciera planteado el debate" ( artículo 95.2, letra 2 de la Ley Jurisdiccional ). Nuestro juicio debe confirmar la declaración de nulidad de la resolución recurrida en lo que se refiere al importe de la multa, pues ha sido calculado a partir de un método de cálculo no conforme a derecho, dejando subsistente la parte de la sentencia que corrobora la validez de los demás extremos de aquélla.
B) Por otro lado, el cálculo de la sanción debe hacerse en sintonía con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 hacemos en esta sentencia. Ello implica la improcedencia de acometerlo con arreglo a las pautas sentadas en la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007 , y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, actuales 101 y 102 del TFUE
En consecuencia, por todas las razones expuestas, procede la estimación del recurso contencioso-administrativo que formula la recurrente, pero con carácter parcial, anulándose la resolución impugnada en los términos expresados en el presente fundamento de derecho, y debiéndose dictar otra en ejecución de sentencia que tenga en cuenta lo establecido en este fundamento de derecho, atienda al propio volumen total de negocios del Club de Variedades Vegetales en el año anterior a la fecha de la resolución anteriormente expresado, 2.012, y con pleno sujeción a lo dispuesto en los art.63 y 64 de la LDC , conforme a la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 29.1.2015 y sucesivas.
Contra la referida sentencia prepararon el Abogado del Estado y las representaciones procesales del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS y de la mercantil EUROMILLAS, S.A. recursos de casación, que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tuvo por preparados mediante diligencia de ordenación de fecha 20 de julio de 2015 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 29 de septiembre de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:
que, teniendo por interpuesto, en tiempo y forma, RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de 18 de junio de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , y, previos los trámites preceptivos dicte Sentencia estimatoria del mismo por la que:
(i) case y anule la Sentencia recurrida, por haber infringido las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplciables al objeto de debate ante ella planteado, reflejadas en los motivos de casación invocados, y
(ii) estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi representada frente a la Resolución, de 4 de julio de 2013, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (Expediente S/0312/10 Carpa Dorada y Club de Variedades Vegetales Protegidas ) y, en consecuencia, la anule.
Emplazadas las partes, el Abogado del Estado recurrente, compareció ante este Tribunal Supremo y, con fecha 2 de octubre de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó SOLICITANDO:
que, habiendo por presentado este escrito y sus copias, en unión de las actuaciones y expediente administrativo que se devuelven en este mismo trámite, se sirva admitirlo, tener al Abogado del Estado, en la representación que ostenta, por personado y parte en los autos y por interpuesto recurso de casación contra la sentencia referida, seguir el Procedimiento por sus trámites y, en su día, dictar sentencia por la que, se ESTIME este recurso, CASE Y ANULE LA SENTENCIA RECURRIDA y, en su lugar, SE DICTE NUEVA SENTENCIA por la que se DESESTIME el recurso contencioso-administrativo interpuesto en la instancia confirmando la Resolución recurrida en cuanto determinó que el volumen de ventas afectado por la infracción era el volumen total de fruta envasada cada año, su precio medio y el porcentaje que representaban los socios comercializadores del Club de Variedades Vegetales Protegidas también cada año.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 12 de mayo de 2016 , tras oír a la recurrente Club de Variedades Vegetales Protegidas, cuya parte dispositiva dice literalmente:
Inadmitir el recurso de casación nº 2841/13 (sic) interpuesto por la representación procesal de la asociación "Club de Varieades Vegetales Protegidas" (CVVP) contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015, recaída en el recurso 385/2013 ; resolución que se declara firme; e imponemos las costas a la parte recurrente en los términos indicados en el último razonamiento jurídico.
Por diligencia de ordenación de 1 de septiembre de 2016, se acordó reclamar la urgente remisión de los autos de instancia y del expediente administrativo (recurso contencioso-administrativo 385/13) a la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de tramitar el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado.
Recibidas las actuaciones, por providencia de 26 de enero de 2017 se admite el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, al haberse subsanado dicha providencia por otra de 30 de enero de 2017, en el sentido de que el recurso interpuesto por el recurrente Club de Varieades Vegetales Protegidas (CVVP) se inadmitió en Auto de 12 de mayo de 2016 .
Por diligencia de ordenación de ordenación de 22 de marzo se acuerda que el expediente administrativo (1 CD confidencial), queda en poder de la Letrada de la Administración de Justicia; y, entregar copia del escrito de formalización del recurso del Abogado del Estado a las partes comparecidas como recurridas [la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORERS (AVA-ASAJA); el CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS; y las mercantiles NADOR COTT PROTECTION S.A.R.L. (NCP) y EUROMILLAS, S.A.] a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:
- La procuradora doña Rosa María Martínez Virgili, en representación de la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORERS (AVA-ASAJA), presentó escrito el 10 de mayo de 2017, en el que tras efectuar las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguinte SUPLICO:
que tenga por presentado este escrito, lo admita, y tenga por formulado en nombre de la ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES (AVA-ASAJA) escrito de oposición al recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado representada por el Abogado del Estado frente a la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección 6ª) de 18/6/2015 y, previos los trámites de aplicación, dicte sentencia en su día por la que desestime dicho recurso de casación.
- El procurador don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS, presentó escrito el 10 de mayo de 2017, en el que tras efectuar, asimismo, las manifestaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguinte SUPLICO:
Que, teniendo por presentado este escrito, me tenga por comparecido en la representación que ostento dentro del plazo y en legal forma y tenga por formulado escrito de oposición al recurso de casación formulado por el Abogado del Estado en nombre y representación de la Administración General del Estado contra la sentencia de 18 de junio de 2015 (recurso número 385/2013) de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , admitiendo el escrito a los efectos previstos en los artículos 94 y siguientes de la LJCA , y de acuerdo con lo anteriormente expuesto desestime el recurso de casación conforme a las razones expuestas en el presente escrito de oposición, confirmándose.
Por diligencia de ordenación de 22 de mayo de 2017 se declara caducado el trámite de oposición condedido a EUROMILLAS, S.A. y a NADOR COTT PROTECTITON S.A.R.L., al no haber presentado escrito alguno en el plazo concedido al efecto.
Por providencia de fecha 29 de febrero de 2018, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 20 de marzo de 2018, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurso de casación que enjuiciamos, se interpuso por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015 , que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por la representación procesal del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, recaída en el expediente S/0312/10, que le impuso la sanción de 4.974.027 €, al resultar acreditada la infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .
El recurso de casación se articula en la formulación de un único motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
El Abogado del Estado imputa a la sentencia impugnada la infracción de los artículos 61 , 63.1 c ) y 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , en relación con el artículo 3 del Código Civil , sobre interpretación de las normas.
En el desarrollo del motivo de casación se aduce que la sentencia recurrida infringe dichos preceptos al realizar una interpretación contraria al tenor literal y finalidad de las normas, al no tomar en consideración, para calcular el importe de la sanción, el volumen de negocios de todos los miembros de la asociación, unión o agrupación de empresas infractoras, tal como establece el artículo 63.a c) de la Ley de Defensa de la Competencia .
Se afirma que las asociaciones tienen un carácter instrumental al servicio de sus asociados, por lo que su volumen o cifra de negocios suele expresar su relevancia económica en el mercado. De ahí que el legislador haya considerado idóneo acudir al volumen de negocios de sus miembros para determinar con la mayor precisión posible el potencial económico de la asociación y, por tanto, el alcance y la magnitud de las conductas restrictivas de la competencia realizadas por la entidad.
El motivo de casación formulado por el Abogado del Estado, fundamentado en la infracción de los artículos 61 , 63.1 c ) y 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , debe ser acogido.
En efecto, consideramos que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 63.1 c) in fine de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , al sostener que el volumen de negocios del que hay que partir para determinar el quantum de la sanción, en este supuesto, en que se considera responsable de la infracción al Club de Variedades Vegetales Protegidas, es el que corresponde al volumen de negocios reflejado en las cuentas sociales de la referida Asociación empresarial, que, en relación con el ejercicio de 2012, asciende a 1.203.665,10 euros, y no al volumen de negocios de las empresas productoras y comercializadoras de la variedad de mandarina Nadorcott adheridas a dicha entidad, en cuanto éstas no son responsables de la comisión de la conducta restrictiva de la competencia.
Cabe poner de relieve, al respecto, que el artículo 63.1 c) in fine de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , dispone que «el volumen total de negocios de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros», debe interpretarse de acuerdo con la finalidad que persigue dicha disposición legal.
El objetivo que persiguen esta previsión legal, al determinar el volumen de negocios de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas a efectos de fijar el quantum de la sanción, es el de procurar que las sanciones que se les impongan por infracción de las normas de competencia tengan un carácter disuasorio, de modo que guarden relación con la naturaleza de la conducta infractora y la responsabilidad del sujeto infractor, atendiendo al grado de participación o implicación directa de la asociación en la comisión de la infracción y al reflejo que se produzca en las actividades de los miembros.
En este sentido, cabe recordar que en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 29 de enero de 2015 (RC 2872/2013 ), sostuvimos que «el volumen o cifra de negocios (o de facturación, o de ventas)» a que se refiere el artículo 63 de la Ley de Defensa de la Competencia , para atender al quantum de la sanción «es un dato o indicador contable que revela la capacidad y situación económica del sujeto infractor, y, en esa misma medida, permite calcular a priori la máxima incidencia concreta que una sanción pecuniaria puede suponer para él».
Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expuesta en las sentencias de 16 de octubre de 2000 (asunto C-298/98 ) y 18 de diciembre de 2008 (asuntos acumulados 101/07 y 110/07) la imposición de «una multa a una asociación de empresas cuyo volumen de negocios no guarda relación, en la mayor parte de los casos, con su tamaño o con la influencia que ejerza en el mercado, sólo la consideración de los volúmenes de negocios de las empresas miembros permite determinar una sanción que sea disuasoria (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, asuntos acumulados 100/80 , 101/80, 102/80 y 103/80, Rec. p. 1825, apartados 120 y 121). A tal efecto, no se exige que los miembros de la asociación hayan participado efectivamente en la infracción, sino que la asociación tenga, conforme a sus reglas internas, la posibilidad de vincular a sus miembros».
Por ello, en este contexto hermenéutico, sostenemos que el criterio sustentado por el Tribunal de instancia, resulta contrario a la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de las sanciones impuestas por infracción de las normas sobre la competencia, en cuanto que, con base en la invocación del principio de proporcionalidad, desplaza la aplicación de la regla contenida en el artículo 63.1 c) in fine de la Ley de Defensa de la Competencia para determinar el volumen total de negocios en los supuestos en que la conducta infractora se impute a asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, para lo que debe tomarse en consideración, con carácter imperativo, el volumen de ingresos de sus miembros.
Estimamos que no resulta convincente la justificación que se ofrece en la fundamentación jurídica de la sentencia respecto de que ello supondría perjudicar a las empresas asociadas al Club de Variedades Vegetales Protegidas que han sido obligadas a formar parte de dicha entidad, porque elude que éstas han resultado beneficiadas por la actuación restrictiva de la competencia desarrollada por la citada asociación.
Cabe significar, que la práctica restrictiva de la competencia por la que se sanciona al Club de Variedades Vegetales Protegidas consiste en implantar un sistema de identificación de la variedad de mandarinas Nadorcott, mediante un etiquetado normalizado y codificado, que implicaba que si la fruta no era envasada para su comercialización por el productor sólo podría ser comercializada a través de distribuidores o envasadores terceros adheridos al sistema de trazabilidad, lo que comporta que el productor licenciatario que no disponga de medios para envasar su fruta no puede venderla al comercializador que libremente decida, sino exclusivamente a los envasadores distribuidores adheridos, lo que evidencia que se limitan los canales de comercialización de esta clase de fruta.
La sentencia de instancia considera acreditado que el Club de Variedades Vegetales Protegidas, constituido en diciembre de 2008, aprobó un reglamento en el que se exige que la producción o comercialización en España de la variedad de mandarina Nadorcott requiere la pertenencia como socio a dicha asociación, abonando la cuantía de 10 euros por tonelada comercializada en el ejercicio anterior, mientras que en los contratos de adhesión se abona 10 euros, más IVA, por tonelada de fruta, desarrollo y gestión del sistema de trazabilidad o identificación de la fruta descrita.
La responsabilidad del Club de Variedades Vegetales Protegidas se deriva de la gestión del sistema de trazabilidad de la fruta y de la formalización de los contratos de adhesión con los envasadores.
Las funciones que asume el Club de Variedades Vegetales Protegidas en la gestión del sistema de trazabilidad de la fruta y en la formalización de los contratos de adhesión con los envasadores autorizados, y el número de productores y envasadores asociados (que representen en la campaña 2011/2012 un peso del 70-80 % en el sector de la producción y un ratio del 80-90 % en el sector del envasado), demuestran, inequívocamente, su influencia en el mercado de producción y distribución de la variedad de mandarinas Nadorcott.
Así mismo, la operativa desarrollada por el Club de Variedades Vegetales Protegidas acredita que los acuerdos adoptados en nombre propio tienen la posibilidad de vincular a los productores y envasadores de la variedad Nadorcott, adheridos a la Asociación.
Ello determina que, en este supuesto, no quepa modular la aplicación de la regla relativa a la determinación del volumen de negocios del sujeto infractor, contemplada en el artículo 63.1 c) in fine de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , por cuanto ha quedado demostrado que el Club de Variedades Vegetales Protegidas ha participado activamente en el desarrollo de la práctica restrictiva de la competencia, y que las restricciones impuestas a los comercializadores de la variedad de mandarina Nadorcott ha influido de forma significativa en el mercado relevante de producción y distribución de mandarinas.
En consecuencia con lo razonado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo 385/2013 , que casamos.
Y de conformidad con el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, procede estimar parcialmente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, recaída en el expediente S/0312/10, que impuso al referido Club la sanción de 4.974.027 €, por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , que anulamos, por ser disconforme a Derecho, en lo que concierne a la fijación de la multa, ordenándose a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a que cuantifique la sanción pecuniaria en el porcentaje que resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente motivados, conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio .
Esta declaración se atempera en los siguientes términos:
El cálculo del quantum de la sanción debe hacerse en sintonía con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 hacemos en esta sentencia. Ello implica la improcedencia de acometerlo con arreglo a las pautas sentadas en la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007 , y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales 101 y 102 del TFUE ).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.1 c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , para determinar el volumen total de negocios del Club de Variedades Vegetales Protegidas debe tomarse en consideración el volumen total de ventas de las empresas productoras/comercializadoras adheridas a dicha entidad, referidas a las mandarinas de la variedad Nadorcott.
La sanción que imponga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no podrá ser superior, en aplicación de estos criterios, a la impuesta en la precedente resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, para no incurrir en reformativo in pius.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el proceso casacional.
Que debemos declarar y declaramos haber luga r al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo 385/2013 , que casamos.
Segundo.- Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del CLUB DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 4 de julio de 2013, recaída en el expediente S/0312/10, que impuso al referido Club la sanción de 4.974.027 €, por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia , y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , que anulamos, por ser disconforme a Derecho, en lo que concierne a la fijación de la multa, ordenándose a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia a que cuantifique la sanción pecuniaria en el porcentaje que resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente motivados, conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007, de 3 de julio , y al volumen de negocios, en los términos fundamentados.
Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación.
SAP A Coruña 366/2008, 2 de Septiembre de 2008
SAP Las Palmas 894/2001, 18 de Diciembre de 2001