Source: https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/acuerdo-numero-344-2014-555830294
Timestamp: 2019-02-22 14:43:36
Document Index: 166232267

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 63', 'artículo 329', 'artículo 93', 'artículo 6', 'artículo 7']

Acuerdo número 344 de 2014, por el cual se reglamenta el programa de financiación y cofinanciación de proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del Incoder - 4 de Febrero de 2015 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 555830294
DISPOSICIONES GENERALES. DEL PROGRAMA CAPÍTULO I
SECCIÓN TERCERA. - arts. 18 a 20
SECCIÓN CUARTA. - art. 21
SECCIÓN QUINTA. - art. 22
SECCIÓN SEXTA. - art. 23
SECCIÓN SÉPTIMA. SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y VIGILANCIA - arts. 25 y 26
TÍTULO II. - art. 27
TÍTULO III. OTRAS DISPOSICIONES - arts. 28 a 32
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en uso de las facultades que le confiere los numerales 4, 6 y 7 del artículo 7º del decreto número 3759 de 2009, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1º, 3º y 7º de la Ley 160 de 1994, el numeral 3 del artículo 3º y el numeral 4 del artículo 4º del decreto 3759 de 2009, y
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para Todos", establece la necesidad de definir programas que se adapten a las potencialidades y los requerimientos de cada territorio. Lo anterior, con el fin de definir e implementar estrategias regionales diferenciadas de política que permitan la consolidación de las zonas de mayor desarrollo, además de impulsar el crecimiento acelerado de las regiones rezagadas, a partir de la movilización de sus capacidades endógenas.
Que el PND en su Capítulo III, literal c, numeral 2, sobre "Crecimiento sostenible y competitividad" , relacionado con los sectores basados en la innovación - "Locomotora Agropecuaria" y sus lineamientos estratégicos, busca mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural, particularmente los campesinos y pequeños productores pobres que requieren mejorar el acceso a los activos físicos (tierra, agua) y financieros, así como para desarrollar la capacidad de aprovechamiento de estos a través del impulso a la asociatividad y a la asistencia técnica integral; y de modo complementario, se fortalecerán los programas que promuevan el autoconsumo como una estrategia para aumentar el ingreso disponible, reducir la vulnerabilidad de la población frente a choques externos y facilitar su participación en proyectos de gran escala.
Que conforme con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 160 de 1994, el objeto de la ley concurre en mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, e igualmente el ordinal primero del mismo artículo, establece como objeto de la misma el "promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina".
Que conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 3º del Decreto número 3759 de 2009, dentro de los objetivos del Incoder se encuentra el de gestionar y otorgar recursos de financiación, cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan las áreas de actuación.
Que conforme con lo establecido en el numeral 4 del artículo 4º del Decreto número 3759 de 2009, dentro de las funciones del Incoder se encuentra la de financiar y cofinanciar planes, programas y proyectos de inversión para la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y rural en los territorios en donde se establezcan áreas de actuación.
Que para el logro de los objetivos misionales del Incoder, resulta indispensable articular el programa de financiación y/o cofinanciación con los procesos misionales del Instituto, tales como: Titulación, Adjudicación, Formalización y cumplimiento de órdenes constitucionales, todo ello con el fin de proporcionar un impulso productivo a través de la formulación juiciosa y compartida de una iniciativa de generación de ingresos con el acompañamiento integral respectivo para su desarrollo, sostenibilidad y estabilidad socioeconómica de las Unidades Productivas Familiares beneficiarías de dichos programas.
Que según los numerales 6 y 7 del artículo 7º del decreto número 3759 de 2009, dentro de las funciones del Consejo Directivo del Incoder, se encuentra la de señalar los criterios generales para la ejecución de los planes, programas, proyectos, y recursos del Instituto, así como la de establecer los procedimientos de tipo misional que deban adelantarse para el cumplimiento del objeto y funciones para el cual fue creado el Instituto.
Que con la expedición del Decreto número 4181 de 2011, el Gobierno nacional determinó que el Incoder continuará ejerciendo sus competencias relacionadas con el fomento de la pesca artesanal y la acuicultura de recursos limitados (PAREL), dentro de sus programas de desarrollo rural integral.
Que laAutoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), coordinará con el Incoder la definición de los programas para la implementación de la política de desarrollo rural para las comunidades de pescadores artesanales y acuicultores, con especial atención de la población vulnerable.
Que mediante el Decreto número 2668 de 2012, el Gobierno nacional posibilitó las condiciones que permitan el ejercicio de la acuicultura por parte de los habitantes del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que les facilite la supervivencia digna dentro de sus particulares condiciones geográficas, ambientales y culturales.
Que el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia señala que las tierras comunales de grupos étnicos, los resguardos indígenas, entre otros, son de carácter inalienables, imprescriptibles e inembargables. Adicionalmente señala el artículo 329 constitucional que los resguardos "...son de propiedad colectiva, y no enajenables".
Que el Convenio número 169 de 1989, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 21 de 1991, y parte del Bloque de Constitucionalidad (artículo 93 de la CN) conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, estableció los principios rectores mediante el cual los Estados deben proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Que el literal b) del artículo 6º del Convenio número 169 señaló que los Gobiernos deben proveer "... los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan." y que el numeral 1 del artículo 7º del Convenio estableció que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a tomar la decisión sobre "... sus prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Que la Corte Constitucional por medio de su línea...
Acuerdo nº 13 de Concejo de Bogotá, de 27 de Noviembre de 2000
Ponencia para primer debate al proyecto de acto legislativo 06 de 2000 senado