Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-30510-de-marzo-11-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759ebf205216d0fce0430a010151d0fc&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-18 03:46:55
Document Index: 209390337

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 109', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 29', 'artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 14', 'Artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 16']

﻿ SENTENCIA 30510 DE MARZO 11 DE 2009
SENTENCIA 30510 DE 11 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:LEY DE JUSTICIA Y PAZ. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PUEDE SOLICITAR, POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN, QUE SE ROMPA EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA SOBRE DECISIONES QUE HAN PERMITIDO LA IMPUNIDAD DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Sentencia 30510 de marzo 11 de 2009
Bogotá, D.C., marzo once de dos mil nueve.
En los años 1996 y 1997, según informa el sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno (or. 7 fl. 22 y siguientes), los grupos “paramilitares” algunas veces en acción conjunta con el Ejército Nacional, instalaron retenes ilegales, forzaron a campesinos a abandonar las tierras, secuestraron y dieron muerte a numerosos habitantes de San José de Apartadó, la cuenca del río Cacarica, Dabeiba (Antioquia), Vigía del Fuerte y caseríos cercanos y Pavarandó y veredas vecinas.
Con este fundamento fáctico se tomó la decisión de abrir sumario contra el general (r) del Río el 21 de julio de 2002, se le oyó en indagatoria y se le definió su situación jurídica a través de resolución fechada 29 de mayo de 2003, por la cual se abstuvo el despacho de dictarle medida de aseguramiento. Vencido el término máximo que permite la ley para instruir se declaró cerrada la investigación, por lo que corresponde calificar el mérito probatorio de esta.
El proceso contra el Brigadier General (retirado) Rito Alejo del Río Rojas fue conocido inicialmente por una delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la que luego de adelantar varias diligencias y acopiar material probatorio resolvió ordenar el 21 de julio de 2001 la apertura de la instrucción y dispuso escuchar en indagatoria al oficial citado para que respondiera por el delito de concierto para delinquir por el patrocinio de grupos de justicia privada (1) .
El militar retirado fue escuchado en diligencia de descargos los días 24 y 26 de julio de 2001 (2) , oportunidad en la que se le indicó el cargo por el cual debía responder (3) , y el 31 del mismo mes y año se profirió en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado (4) .
La medida de aseguramiento quedó sin efecto por virtud de auto de 4 de agosto de 2001 proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, autoridad que en trámite de habeas corpus encontró violado el debido proceso porque la investigación de los militares con grado de general corresponde al Fiscal General de la Nación (5) .
La investigación fue remitida por competencia al despacho del Fiscal General de la Nación, quien en providencia de 9 de octubre de 2001 decretó la nulidad de la resolución de apertura de instrucción, de la diligencia de indagatoria y de la medida de aseguramiento proferida, y se dispuso rehacer la actuación, citar a indagatoria al oficial superior y practicar pruebas (6) .
Ante un fiscal delegado se cumplió durante los días 5, 10 y 17 de diciembre de 2001 la diligencia de indagatoria de del Río Rojas (7) , y el 29 de mayo de 2003 el Fiscal General de la Nación le resolvió la situación jurídica absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento (8) porque no existía prueba suficiente para ello (9) .
Concluido el ciclo instructivo se decretó el cierre de la investigación y se procedió a calificar el sumario —09/03/2004— con resolución de preclusión de la investigación.
sin desconocer la ocurrencia de tantos y tan variados hechos de violencia en la zona de jurisdicción de la Brigada XVII, debe declararse que la prueba allegada al proceso no demuestra que tales ilícitos se debieran o se facilitaran, por alguna forma de participación del mencionado oficial, por acción o por omisión. Consecuentemente, no existe fundamento para acusarlo, sino por el contrario, para dictar en su favor preclusión de la investigación, conforme lo ha solicitado el señor defensor y el señor procurador delegado (10) .
contra el general (r) Rito Alejo del Río no existe prueba suficiente para acusarlo por los delitos de concierto para delinquir y peculado sobre bienes de dotación (11) ,
y se reafirmó que respecto del posible incumplimiento de sus deberes tampoco existía prueba para responsabilizarlo de delito alguno (12) .
Considera que en el presente asunto se encuentran reunidos los requisitos (i) y (ii), pero en cuanto al (iii) precisa que ninguna autoridad internacional ha emitido pronunciamiento, circunstancia que no es óbice para que la Procuraduría General de la Nación haya constatado, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, al establecer con prueba sobreviniente —las versiones libres de los paramilitares Héber Veloza García, Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata—, que la resolución preclusiva a favor del procesado del Río Rojas no se fundó en prueba completa y por ello es una decisión aparente.
4.3.1. Sentencia de 28 de octubre de 2004 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en la que se condena como coautor de concierto para delinquir agravado a Jorge Iván Laverde Zapata (13) .
4.3.2. Informes de procuradores judiciales sobre las declaraciones rendidas por Héber Veloza García, alias HH, ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz (14) .
4.3.3. Oficio DGOP-SIES-GIDE-ARRAJ-766728 suscrito por el coordinador del grupo de investigación del DAS, en el que se da cuenta del récord judicial de Héber Veloza García, Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata (15) .
4.3.4. Sentencia de 15 de julio de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, en la que se condena a Jorge Iván Laverde Zapata como autor de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa (16) .
4.3.5. Resolución de 29 de agosto de 2007 proferida por la Fiscal Segunda Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, en la que se impone medida de aseguramiento a Salvatore Mancuso Gómez como autor mediato de varios homicidios agravados, terrorismo y concierto para delinquir (17) .
4.3.6. Resolución de 30 de mayo de 2008 proferida por la Fiscal Segunda Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Bogotá, en la que se impone medida de aseguramiento a Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” o “Pedro Fronteras”, o “Raúl”, o “Sebastián”, como autor de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado (18) .
4.3.7. Oficio de 21 de noviembre de 2008 suscrito por la auxiliar judicial del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en el que informa de los procesos tramitados o en juicio que allí se han adelantado contra Héber Veloza García, alias “HH” o “Carepollo”, o “Mono Veloza”, como responsable de homicidio (19) y copia de dos fallos condenatorios por homicidio simple (11/11/2008) y homicidio agravado (24/10/2008) (20) .
4.3.8. Sentencia de 3 de septiembre de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en la que se condena a Salvatore Mancuso Gómez como autor de homicidio agravado, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado (21) .
4.3.9. Oficio de 20 de noviembre de 2008 suscrito por el Fiscal Veintiuno Especializado de Bogotá, en el que resume los hechos y la actuación cumplida en procesos adelantados contra Héber Veloza García, alias “Hernán Hernández”, o “HH”, o “Mono Veloza”, o “Carepollo”, como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desplazamiento forzado (22) .
4.3.10. Oficio de 21 de noviembre de 2008 suscrito por la jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, en el que resume los hechos y la actuación cumplida en procesos adelantados contra Salvatore Mancuso Gómez, como posible responsable de los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir y homicidios agravados en las masacres de San Antonio de Palmito (Sucre) —05/06/1996— y Dabeiba (Antioquia) —28/11/1998— (23) .
4.3.11. Sentencia de 27 de noviembre de 2008 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, en la que se condena de manera anticipada a Héber Veloza García, alias “Mono Veloza, o “Carepollo, o “Hernán Hernández”, o “HH”, como coautor de homicidio agravado, homicidio simple y tentativa de homicidio simple, correspondiendo los hechos a las acciones ejecutadas el 16 de abril de 2004 y que concluyeron con la muerte del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil (24) .
4.3.12. Oficio de 25 de noviembre de 2008 suscrito por la auxiliar judicial del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en el que informa de los procesos tramitados o en juicio que allí se han adelantado contra Salvatore Mancuso Gómez, alias “Mono Mancuso”, como responsable de homicidio (25) y copia de dos fallos condenatorios por quince homicidios agravados, varios hurtos calificados y agravados y concierto para delinquir a título de determinador (22/03/2003) (26) y homicidios agravados, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado (03/09/2008) (27) .
4.3.13. Sentencia de 6 de marzo de 2002 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena, en la que se condena a Salvatore Mancuso Gómez, alias “Mono Mancuso”, como responsable de concierto para delinquir agravado (28) , fallo confirmado por el Tribunal Superior de Cartagena mediante decisión de 24 de noviembre de 2004 (29) .
4.3.14. Sentencia de 28 de noviembre de 2008 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se confirma fallo de condena de primera instancia recaído en contra de Salvatore Mancuso Gómez, como determinador de los delitos de homicidio en persona protegida, toma de rehenes, daño en bien ajeno y concierto para delinquir (30) .
4.3.15. Sentencia de 18 de octubre de 2007 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado —Descongestión OIT—, en la que se condena en primera instancia a Salvatore Mancuso Gómez, alias “El Mono Mancuso”, o “José Miguel”, o “Triple Cero”, como determinador de los delitos de homicidio en persona protegida, toma de rehenes, daño en bien ajeno y concierto para delinquir (Caso del sindicalista Aury Sará Marrugo) (31) .
4.3.16. Oficio DAS.DGOP.SIES.GCRI.767638-1 suscrito por una funcionaria del DAS en el que se transcriben versiones orales rendidas ante autoridades judiciales por parte de Héber Veloza García, Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata (32) .
a) Que los hechos correspondan a conductas violatorias de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario.
b) Que dentro de los procesos se haya proferido sentencias, cesaciones de procedimiento o preclusiones de la investigación.
c) Que una autoridad judicial interna o una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada oficialmente por el gobierno nacional, mediante decisiones constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones.
Resume la situación procesal del militar del Río Rojas y lo dicho por los testigos que tiene en cuenta la Procuraduría para formular la demanda, para llegar al problema jurídico de la prevalencia de derechos fundamentales —cosa juzgada, non bis in idem y favorabilidad frente al tránsito legislativo o coexistencia de leyes— que entran en contradicción, reclamando que desde la perspectiva del procesado debe imperar la favorabilidad.
Respecto de la causal invocada enunció y explicó el cumplimiento de los requisitos exigidos: (i) que se demande una sentencia o decisión similar; (ii) que surja prueba nueva no conocida al tiempo de la investigación y los debates procesales —resumió lo dicho por los testigos invocados en la demanda y señaló la manera como demuestran la responsabilidad del procesado—; y (iii) explicó que los hechos correspondían a un proceso por graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.
Solicitó que se declare fundada la causal de revisión invocada para que dejada sin efecto la preclusión de la investigación, se proceda por parte de la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación seria e imparcial.
3.1. El marco jurídico de la acción de revisión debe ser examinado a la luz del preámbulo y el artículo 2º de la Constitución Política, preceptos en los que se señala que (i) la Carta fundamental se justifica en tanto ella sea instrumento que permita asegurar a la Nación la justicia y un orden social justo, de modo que (ii) uno de los fines esenciales del Estado está dado por la necesidad de establecer la vigencia de un orden justo.
3.2. La necesidad de cohesión social a partir de un orden justo plasmado en la Carta impone a los miembros de la judicatura la obligación de garantizar a los asociados la realización de actividades dirigidas a desterrar toda forma de impunidad, que es la expresión suprema del incumplimiento de los fines del Estado en la persecución del delito. Por ello es que en el ejercicio de la función pública de administrar justicia debe buscarse una relación de correspondencia objetiva entre la verdad real y la verdad declarada en las sentencias (33) .
Pero hay eventos en que el contenido de justicia material de los fallos no se consigue y ello se evidencia una vez terminado el proceso. En esos casos la necesidad de justicia es tan alta que la propia ley permite la remoción de uno de los pilares de la cohesión social, la cosa juzgada de los fallos, elemento indisoluble de la seguridad jurídica sobre la que se afincan las relaciones sociales (34) .
Al ser probable que la sentencia, condenatoria o absolutoria, o las providencias de preclusión o cesación de procedimiento que se encuentren ejecutoriadas no contengan la verdad histórica, originándose así una injusticia, el legislador penal instituyó la acción de revisión como el mecanismo idóneo para remover la cosa juzgada y declarar sin valor el fallo objeto de la acción, dictando la providencia que corresponda o disponiendo tramitar nuevamente el proceso desde el momento en que se indique, según la causal que la Sala encuentre fundada (CPP, art. 240, —de 1991—) (35) .
es el restablecimiento de la justicia, torcida en muchos casos, y dentro del terreno de la cosa juzgada, por errores judiciales creados por motivos determinantes de ellos, y que la ley, de manera genérica, indica como causa, fundamento o motivo para impetrar la revisión (36) .
3.3. El juez de la revisión espera que el demandante cumpla los requisitos que el legislador consagró como mínimos para activar la jurisdicción (L. 600/2000, art. 222, y L. 906/2004, art. 194), pero mas que el análisis del cumplimiento de unas reglas de debida técnica, como ocurría en el pasado con el recurso extraordinario de casación, el examen que se debe hacer al asunto sometido a revisión tiene que ver con la justicia realizada o la impunidad consentida, reflejadas en lo resuelto por la jurisdicción.
4.1. En el presente asunto discute la defensa una posible carencia de legitimidad por parte del demandante, con lo que aproxima su tesis a pretérita legislación y jurisprudencia que facultaba solamente al condenado y al Ministerio Público para incoar la acción de revisión (37) , circunstancia superada en las legislaciones que entienden a la víctima como actor principal del proceso penal.
Como el problema propuesto corresponde en sus aspectos esenciales a otro que ya fue resuelto por la Corte, resulta procedente recordar lo dicho en esa oportunidad (38) :
Luego, si en el proceso en mención fungió como agente especial del Ministerio Público el Procurador 241 Judicial I Penal de Bogotá, podría decirse que su homólogo 7º Judicial II de la misma ciudad, carecía de legitimidad para presentar la demanda y, por esa razón, debió inadmitirse.
… la Procuraduría General de la Nación, como defensora de los derechos humanos…, atendiendo a que dicha protección “no constituye un acto de caridad ni de liberalidad sino el cumplimiento y exigencia perentoria de principios y deberes como los de responsabilidad y solidaridad social a cargo del estado y sus servidores públicos (C.N., arts. 1º y 2º)” (39) ,
Por lo tanto, no es dable discutir la legitimidad que ampara al Procurador 7º Judicial II de Bogotá para incoar la demanda de revisión en este asunto, en cumplimiento de la comisión expresa del Procurador General de la Nación.
4.2. En el presente asunto, además, por el mandato expreso contenido en la Ley 975 de 2005 (40) , estatuto en el que se asignó al Ministerio Público la representación de las víctimas de los crímenes cometidos por los paramilitares (41) , se ha de concluir que sí corresponde a la Procuraduría General de la Nación —como defensora de los derechos humanos y representante de las víctimas de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares (esa es la implicación que se hace al procesado al atribuírsele el cargo de concierto para delinquir agravado)—, buscar por medio de la acción de revisión que se quiebre la cosa juzgada que recae sobre decisiones judiciales que han posibilitado la impunidad de crímenes de lesa humanidad.
— Adoptar medidas para preservar los archivos y con ello evitar la impunidad (L. 975/05, art. 57).
— Crear una Procuraduría Delegada de Justicia y Paz (L. 975/05, art. 35). Y,
— Asistir a las víctimas (L. 975/05, art. 37) y darles asesoría jurídica legal y orientación sobre los derechos que les asisten, y adelantar las acciones encaminadas a asegurar el reconocimiento de sus derechos dentro de los respectivos procesos (D. 4760/05, art. 10).
Esta norma como todas las que regulan los derechos de las víctimas en el proceso penal debe ser interpretada conforme al estado actual de desarrollo que a partir de la jurisprudencia constitucional se ha producido en torno a esta materia. Desde esta perspectiva es claro que actualmente se encuentra superada la concepción reductora de los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria. La adaptación de los derechos de las víctimas a los estándares internacionales a través de la jurisprudencia (42) , comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva del carácter bilateral del derecho a un recurso judicial efectivo en virtud del cual los derechos de las víctimas no pueden verse menguados en relación con los que asisten al procesado. La consideración contemporánea de la víctima como protagonista activo del proceso, conduce al goce de estándares de protección similares a los de otros intervinientes en el proceso (43) .
5.2. La citada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional (44)
La Corte ha señalado que el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo es un delito de lesa humanidad. Sobre el particular en auto proferido por la Sala de Casación Penal como juez de segunda instancia en materia de Justicia y Paz, se indicó (45) :
Para llegar a considerar a los responsables de concierto para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben estar presentes los siguientes elementos (46) :
(iii) Que la mayoría de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser concientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización, bases a partir de las cuales varios tribunales internacionales y nacionales consideran que el concierto para cometer delitos de lesa humanidad también debe ser calificado como punible de la misma naturaleza (47) , como lo determina la Corte en este momento para el caso colombiano y con todas las consecuencias que ello implica (48) .
1. Todo Estado Parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y atodo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.
Comoquiera que el militar procesado ha rendido descargos por un delito de lesa humanidad, la consecuencia inmediata para el orden jurídico interno consiste en evitar a toda costa la impunidad de los crímenes presuntamente cometidos y con ello, mostrar a la comunidad internacional que no es necesaria la intervención de la justicia penal internacional porque Colombia sí está en capacidad de juzgar e imponer las consecuencias punitivas establecidas en la ley penal nacional a los responsables de tales delitos.
Los hechos que se conectan a tales punibles tienen que ver con la presunta destinación de bienes estatales a la satisfacción de las necesidades logísticas y de guerra que tenían los grupos paramilitares que operaban en la zona de influencia de la Brigada XVII —peculado sobre bienes de dotación—. Y lo fáctico respecto del prevaricato por omisión se concentra en la posible omisión de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios por parte del procesado en tanto que como general de la república debía realizar esfuerzos en aras de evitar la consumación de acciones ilícitas y atentados contra los derechos de los ciudadanos bajo su jurisdicción.
Independientemente de lo acertada que haya resultado la calificación jurídica de tales comportamientos, fácil resulta establecer que la discusión transciende la órbita de los delitos contra la administración pública, porque aparecen elementos que permiten advertir la condición de garante del general respecto de la vida y bienes de los ciudadanos residentes en su jurisdicción, de modo que al dejar por fuera de la revisión tales conductas —como lo peticiona la defensa— llevaría inequívocamente a la impunidad de todas sus acciones, así se llegase a demostrar que son punibles y que ameritan respuesta penal.
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley, permite que se le pueda tener como autor o partícipe de los delitos que ocurrieron con ocasión o por razón del incumplimiento de sus funciones o por el apoyo a las bandas paramilitares (49) .
La jurisprudencia ha definido que las víctimas (50) tienen derechos fundamentales (51) en orden a garantizar (i) la efectiva reparación por el agravio sufrido, a que existe una (ii) obligación estatal de buscar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, y a un (iii) acceso expedito a la justicia, pues así se prevé por la propia Constitución Política, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad (52) .
un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva (53) , de amplio reconocimiento internacional (54) , y con evidente acogida constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este principio se caracteriza por establecer un sistema de garantías de naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia (art. 229); la igualdad ante los tribunales (art. 13); la defensa en el proceso (art. 29); la imparcialidad e independencia de los tribunales (55) ; la efectividad de los derechos (arts. 2º y 228); sean predicables tanto del acusado como de la víctima. Esta bilateralidad, ha sido admitida por esta corporación al señalar que el complejo del debido proceso, que involucra principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto, derecho de defensa y sus garantías, y el juez natural, se predican de igual manera respecto de las víctimas y perjudicados (56) .
El tribunal constitucional (57) en la Sentencia C-454 de 2006 resumió el alcance de los derechos de las víctimas del delito de la siguiente manera:
31. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (58) (principios 1º a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva” (59) , y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte (60) .
32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima (61) .
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal (62) , y el derecho a participar en el proceso penal (63) , por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en “que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas (64) .
34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas (65) .
En forma concreta sobre los derechos de las víctimas en procesos inscritos en contextos y modalidades de justicia transicional de reconciliación, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia C-370 de 2006, no solamente señaló que además de garantizarles la protección de los derechos humanos mediante el ejercicio de un recurso en los términos de los artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
4.5.9. Las obligaciones de reparación conllevan: (i) en primer lugar, si ello es posible, la plena restitución (restitutio in integrum), “la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación” (66) ; (ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie de medidas que además de garantizar el respeto a los derechos conculcados, tomadas en conjunto reparen las consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la indemnización compensatoria.
Los derechos referidos llevan a que los jueces no puedan pasar como meros espectadores pues su misión va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales…, de donde le resulta imperativa la obligación de
buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad (67) .
Frente a las violaciones de los derechos humanos el Estado debe garantizar a las víctimas un recurso efectivo que ofrezca resultados o respuestas adecuadas (68) , lo que equivale a decir, ni más ni menos, que un remedo de justicia no equivale a hacer justicia. Dicho en otros términos: sólo se hace justicia y se obtiene eficacia del recurso efectivo cuando quienes han sufrido la violación de los derechos humanos, quienes han sido víctimas de los delitos cometidos por los grupos paramilitares, o sus familiares, obtienen verdad, justicia y reparación (69) .
8.3. La citada legislación previó un procedimiento especial para que los postulados tuvieran la oportunidad de (i) revelar la verdad completa y veraz sobre todos los crímenes cometidos, (ii) garantizar a las víctimas la reparación por los agravios inferidos y garantizarles la no repetición de tales hechos, (iii) a cambio de unas sanciones penales muy inferiores a las que ordinariamente prevé la legislación respecto de los delitos ejecutados (70) .
8.7. Y en tanto los crímenes cometidos por los paramilitares constituyen delitos de lesa humanidad, no es posible que la jurisdicción se mantenga al margen de dicha realidad cuando prueba y hechos nuevos dan cuenta de servidores públicos que prevalidos de su condición contribuyeron por acción y omisión en la preparación y ejecución de crímenes de tal naturaleza. Lo anterior es así porque las especiales funciones que cumple la Sala de Casación Penal en los términos de la Constitución y la ley (71) , entre las que sobresale el mandato de pronunciarse en busca de la efectiva protección de los derechos constitucionales y el control de legalidad de los fallos, le fincan su razón de ser en la efectividad de tal cometido.
por la complicidad de ese entonces de la fuerza pública nos podíamos movilizar de un la’o a otro y sin ser capturados en ningún momento (72) .
Las autoridades tenían conocimiento de mi permanencia en la zona, tanto tenían conocimiento de quien era yo pero nunca fui capturado (73) .
9.1.2. Salvatore Mancuso Gómez: Señaló que mientras mantenía su actividad social clandestinamente desarrollaba actividades para los paramilitares, circunstancia que sí conocía Rito Alejo (74) , quien se reunió con Carlos Castaño, máximo comandante de la banda criminal, en dos oportunidades, las cuales tuvieron como propósito examinar la forma de enfrentar las organizaciones guerrilleras que operaban en la zona (75) .
Expresó que algunas de las acciones ejecutadas por los paramilitares se presentaron como positivos del Ejército (76) .
Porque vuelvo y digo en estos momentos los malos los terroristas los bandidos somos nosotros, y muchas personas las cuales permitieron que el fenómeno paramilitar en el país se extendiera, nos suministraron información porque la mayoría de personas las cuales las autodefensas mataron (77) .
Relató su encuentro con el general, confirmó que el oficial sabía de su condición de paramilitar, lo describió y reveló que tenía amistad con otro comandante paramilitar (78) .
9.1.4. Elkin Casarrubia Posada: Narró que en desarrollo de su actividad delincuencial conoció al general Rito Alejo, quien coordinaba las acciones y desplazamientos de los paramilitares con el irregular alias “Yunda” (79) .
Recordó que el general convino con “Yunda” y “Cero Cuatro” el desplazamiento de paramilitares a Mapiripán y relató la ocurrencia de combates entre el Ejército y los paramilitares contra la guerrilla (80) , evocó una acción específica de guerra y contó que en desarrollo de la misma dialogó por radio con Rito Alejo (81) .
Dijo que se enteró de la celebración de reuniones entre Rito Alejo del Río y los jefes paramilitares (82) .
9.2. Las versiones libres rendidas por Héber Veloza García, Salvatore Mancuso Gómez y Jorge Iván Laverde Zapata ante funcionarios de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz (83) , aportadas como anexos de la demanda, y el testimonio del paramilitar Elkin Casarrubia Posada, alias “El Cura”, suscrito el 5 de septiembre de 2008 en Medellín ante la Fiscalía Veintiocho Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, ex novo revelan que el general retirado Rito Alejo del Río Rojas pudo haber hecho parte de los grupos paramilitares que actuaban en la región en la que cumplía la misión oficial de hacer imperar el orden y la ley, en su calidad de Comandante de la Brigada XVII de Ejército.
Estas nuevas declaraciones, no conocidas para la época de la decisión demandada, coinciden además con las denuncias presentadas por el sacerdote jesuita Javier Giraldo moreno (84) y los testimonios de cargo allegados al proceso instruido por el fiscal (85) .
La jurisprudencia de la Sala tiene definidas reglas muy claras sobre la extinción por prescripción de la acción penal en los procesos sometidos a revisión, de acuerdo con las cuales el presente asunto no se encuentra en dicha situación (86) :
4.1. Si respecto del fallo (o auto de cesación de procedimiento o resolución de preclusión de la investigación) —obviamente en firme— se interpone la acción de revisión, no opera para nada la prescripción.
1. Declarar fundada la causal de revisión invocada por el Procurador 30 Judicial II.
2. Dejar sin efecto la resolución proferida el 9 de marzo de 2004 por el Fiscal General de la Nación, por medio de la cual decretó la preclusión de la investigación a favor del procesado Rito Alejo del Río Rojas, por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión.
3. Remitir el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que prosiga la instrucción, conforme lo relacionado en la parte motiva.
Magistrados: Julio Enrique Socha Salamanca—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Maria Del Rosario González de Lemos—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Javier Zapata Ortiz
(1) Cuaderno 4 de la fiscalía, folio 236.
(2) Cuaderno 5 de la fiscalía, folios 1 a 25 y 58 a 78.
(3) Cuaderno 7 de la fiscalía, folio 3.
(4) Cuaderno 5 de la fiscalía, folios 165 a 183.
(5) Cuaderno 5 de la fiscalía, folios 267 a 282.
(6) Cuaderno 7 de la fiscalía, folios 184 a 189.
(7) Cuaderno 7 de la fiscalía, folios 234-256 y 259-284.
(8) Cuaderno 9 de la fiscalía, folios 52 a 96.
(9) Cuaderno 9 de la fiscalía, folio 43.
(10) Resolución demandada, folio 76.
(11) Resolución demandada, folio 70.
(12) Resolución demandada, folio 75.
(13) Cuaderno 1 de la Corte, folios 167-244.
(14) Cuaderno 1 de la Corte, folios 247-271.
(15) Cuaderno 1 de la Corte, folios 272-286.
(16) Cuaderno 2 de la Corte, folios 1 vuelto a 33.
(17) Cuaderno 2 de la Corte, folios 41-75.
(18) Cuaderno 2 de la Corte, folios 77-93.
(19) Cuaderno 2 de la Corte, folios 103-104.
(20) Cuaderno 2 de la Corte, folios 105-134.
(21) Cuaderno 2 de la Corte, folios 137-115 vuelto.
(22) Cuaderno 2 de la Corte, folios 198-206.
(23) Cuaderno 2 de la Corte, folios 231-234.
(24) Cuaderno 2 de la Corte, folios 242-254.
(25) Cuaderno 2 de la Corte, folios 255-256.
(26) Cuaderno 2 de la Corte, folios 257-296.
(27) Cuaderno 3 de la Corte, folios 2-38.
(28) Cuaderno 3 de la Corte, folios 191-235.
(29) Cuaderno 3 de la Corte, folios 236-275.
(30) Cuaderno 3 de la Corte, folios 282-312.
(31) Cuaderno 4 de la Corte, folios 2-92.
(32) Cuaderno 4 de la Corte, folios 93-197.
(33) “Cuando con posterioridad al proceso, el órgano estatal a través de los medios que la ley prevé, llega al conocimiento de datos suficientes y eficaces para deducir que la verdad real es otra distinta de la declarada en la sentencia, deberá prevalecer el supremo interés de la justicia. Para reparar la injusticia contenida en el error judicial, se ha creado la revisión, que la doctrina y los procesalistas modernos, en general, definen como una acción tendiente a desvirtuar la presunción de verdad de la cosa juzgada”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 15 de mayo de 1964, tomo CVII, página 507.
(34) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 16 de diciembre de 1999, radicación 14271.
(35) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 24 de agosto de 1999, radicación 14198.
(36) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 25 de marzo de 1938, tomo XLVI, página 164.
(37) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 23 de febrero de 1952, tomo LXXI, folio 224.
(38) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 1º de noviembre de 2007, radicación 26077, reiterada en la sentencia de 6 de marzo de 2008, radicación 26703.
(39) Directivas 07, 08 y 09 del 21 de mayo de 2007, expedidas por el Procurador General de la Nación.
(40) Ley 975 de 2005, artículo 28, concordado con el artículo 109 de la Ley 906 de 2004.
(41) En el artículo 1º de la Ley 975 de 2005 define su objeto en los siguientes términos: La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Y en el artículo 37 se dispone que las víctimas son titulares de los siguientes derechos:
1. Recibir en todo el procedimiento un trato humano digno.
5. A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas.
(42) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, entre otras.
(43) Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.
(44) Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2003.
(45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 10 de abril de 2008, radicación 29472.
(46) Se sigue lo expuesto por M. Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2ª. Ed, La Haya, Kluwer Law International, 1999, p. 385, citado por Juan Carlos Maqueda, voto particular, Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia de 24 de agosto de 2004, causa 259.
(47) Por ejemplo: Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, Cámara I, sentencia de 27 de enero de 2000, Fiscal v. Alfred Musema, Caso ICTR 96-13-T; Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia de 24 de agosto de 2004, causa 259 y Juzgado Federal de Buenos Aires (Juez Norberto Oyarbide), auto de 26 de septiembre de 2006.
(48) Por ejemplo, la imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena artículo VII de la Ley 707 de 2001, aprobatoria de la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas y el artículo 29 de la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las citadas leyes, convención y Estatuto fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, sentencias C-580/02 y C-578/02, respectivamente.
(49) Corte Constitucional, sentencias C-251/02, C-692/03 y SU-1184/02 (caso del general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez) y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 4 de abril de 2003, radicación 12742; 20 de mayo de 2003, radicación 16636; 11 de mayo de 2005, radicación 22511; 27 de julio de 2006, radicación 25536; 28 de septiembre de 2006, radicación 24031; 19 de octubre de 2006, radicación 22354; 1º de febrero de 2007, radicación 25676; 8 de noviembre de 2007, radicación 27388; 14 de noviembre de 2008, radicación 28017; 22 de mayo de 2008, radicación 28124; 10 de junio de 2008, radicación 28693; 5 de noviembre de 2008, radicación 29053, entre otras.
(50) Se sigue lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 11 de julio de 2007, radicación 26945.
(51) Constitución Política, artículos 1º, 2º, 15, 21, 29, 229, 250 y 251. También, por mandato del artículo 93 Superior, deben ser tenidos en cuenta los derechos derivados de:
• Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
• Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.
• Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.
• Estatuto de la Corte Penal Internacional.
• Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales.
(52) Véase Corte Constitucional, Sentencia C-209/07. En ésta providencia se hace un resumen de la forma como ha discurrido la jurisprudencia en materia de los derechos de las víctimas. Especial mención se hace de las sentencias C-580 de 2002 (estableció que el derecho de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas y la necesidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, permitían que el legislador estableciera la imprescriptibilidad de la acción penal, siempre que no se hubiera identificado e individualizado a los presuntos responsables); C-004/03 (garantía jurídica con que cuentan las víctimas para controvertir decisiones que sean adversas a sus derechos); C-979/05 (derecho de las víctimas a solicitar la revisión extraordinaria de las sentencias condenatorias en procesos por violaciones a derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, cuando una instancia internacional haya concluido que dicha condena es aparente o irrisoria); C-1154/05 (derecho de las víctimas a que se les comuniquen las decisiones sobre el archivo de diligencias); C-370/06 (los derechos de las víctimas en procesos inscritos en contextos y modalidades de justicia transicional de reconciliación); y, C-454/06 (la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades; señala que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación las autoriza a solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía).
(53) El principio de la tutela judicial efectiva encuentra ubicación constitucional en los artículos 229 y 29 de la Carta, sin perjuicio de su ampliación por la vía del artículo 93, que ha permitido el ingreso de las fuentes internacionales que consagran esta garantía.
(54) Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
(55) Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
(56) Sentencia SU-1184/01.
(57) Sobre el particular también pueden ser consultadas las sentencias C-740/01, C-1149/01, SU-1184/001, T-1267/01 y C-282/02.
(58) Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1, presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos. Para más detalles, véase Comisión Colombiana de Juristas (compilación), Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones, Bogotá, opciones Gráficas Editores Ltda., 2007.
(59) Principio 2 del conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
(60) Cfr. Entre otras las sentencias C-293/95 y C-228/02.
(61) Cfr. Sentencias T-443/94 y C-293/95.
(62) Cfr. Sentencia C-412/93.
(63) Cfr., Sentencia C-27594.
(64) Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante Resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la asamblea general. mediante Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la Sentencia C-293/95.
(65) Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
(66) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 15 de junio de 2005.
(67) Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 2005.
(68) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cesti Hurtado vs. Perú. Sentencia del 29 de septiembre de 1999. Véase http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
(69) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Palmeras vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 2001. Véase http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
(70) En el mismo sentido véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 18 de febrero de 2009, radicación 30775.
(71) Ley 1285 de 2009, artículo 7º, modificatorio del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia.
(72) La trascripción se reproduce en los términos del oficio DAS.DGOP.SIES.GCRI.767638-1, folio 6.
(73) Ibídem, folio 8.
(74) Ibídem, folio 18.
(75) Ibídem, folios 18 y 19.
(76) Ibídem, folios 20 y 21.
(77) Ibídem, folios 42, 47.
(78) Ibídem, folios 44, 47, 48 y 50.
(79) Cuaderno 1 de la Corte, folio 140.
(80) Cuaderno 1 de la Corte, folios 140-141.
(81) Cuaderno 1 de la Corte, folio 141.
(82) Cuaderno 1 de la Corte, folio 143.
(83) Manifestaciones reiteradas por los citados desmovilizados ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Un amplio panorama de lo expuesto por los citados paramilitares se puede ver en la web: http://www.verdadabierta.com/web3/.
(84) Cuaderno 7 de la fiscalía, especialmente folios 22 a 161. Documentos similares circulan en la web bajo el título Elementos probatorios contra el ex general Rito Alejo del Río. Véase http://www.javiergiraldo.org/.
(85) Especialmente lo expresado por Gloria Cuartas Montoya —exalcaldesa de Apartadó—, el coronel (r) Carlos Velásquez Romero —quien se desempeñó como segundo comandante de la Brigada XVII y Jefe de Estado Mayor—, y los militares Oswaldo Giraldo Yepes y Moisés Machado Córdoba, entre otros.
(86) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 15 de junio de 2006, radicación 18769, reiterada en sentencia de 17 de septiembre de 2008, radicación 26021 y que retoman criterio mantenido desde 15 de marzo de 1991.