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Timestamp: 2018-02-23 16:47:30
Document Index: 164497723

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 5']

Lucía Guzmán Bustamante
1 CARENCIA DE HABILITACIÓN LEGAL DE LOS INGENIEROS E INGENIEROS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE EN LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS Y ACTIVIDAD DE LOCALES La disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el Ministerio de Ciencia e Innovación precisará los contenidos de su anexo I, a los que habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas. Pues bien, las profesiones reguladas de Ingeniero y de Ingeniero técnico, en sus distintas especialidades, son reguladas en las Órdenes CIN que se recogen en el Anexo I del presente documento. Basta aquí con remitirnos a dichas disposiciones para, sintetizando, recordar que las distintas profesiones reguladas del campo o rama de la ingeniería son, hoy: Ingeniero Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniero de Minas. Ingeniero Industrial. Ingeniero Aeronáutico. Ingeniero Agrónomo. Ingeniero de Montes. Ingeniero Naval y Oceánico. Ingeniero de Telecomunicación. Ingeniero Técnico Ingeniero Técnico Aeronáutico. Ingeniero Técnico Agrícola. Ingeniero Técnico Forestal. Ingeniero Técnico Industrial. Ingeniero Técnico de Minas. Ingeniero Técnico Naval. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Ingeniero Técnico en Topografía.
2 Asá las cosas nos vemos obligados a decir una obviedad, cual lo es que cada una de las anteriormente expresadas constituye una profesión o especialidad profesional diferente. El Tribunal Supremo (STS de 29 de septiembre de 2006; Sala 3ª, Sección 4ª; Rª 253/2004) lo expresa de la siguiente manera: «Resulta indudable que el titulo y la profesión para cuyo ejercicio habilita son las de Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Naval y las demás que menciona la legislación. Pero además tiene una relevancia que los planes de estudios se refieran a las distintas especialidades que se cursan en cada una de las ramas de la Ingeniería técnica. No puede compartirse la tesis del Consejo General según la cual existe solo el titulo, en el caso concreto Ingeniero Técnico Agrícola, y las que se denominan "subespecialidades". Por el contrario debemos partir de que ciertamente no se trata de que exista el título de Ingeniero Técnico vertebrado en distintas especialidades, sino que el titulo es concretamente el de Ingeniero Técnico cualificado por la alusión a la especialidad. Así obviamente son distintos los cometidos de los Ingenieros Técnicos Navales y de los Ingenieros Técnicos Forestales por referirnos a dos tipos de profesiones y estudios muy diferentes. Cada una de las ramas de la Ingeniería Técnica tiene su propia sustantividad, y la regulación de las especialidades (que no subespecialidades) que consagran los planes de estudios tiene sin duda una razón de ser.» Pues bien, el estudio de la cuestión abordada en esta nota exige, en primer lugar, centrar el marco normativo sobre el que nos movemos así como la jurisprudencia interpretativa de alguno de los principios que la inspiran. La norma de referencia está constituida por la Ley 12/1986 sobre atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos. Esta Ley sienta un principio fundamental en relación con el objeto de este análisis, el de especialidad, puesto que el ejercicio de la profesión de Ingeniero y Arquitecto Técnico lo es "dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica" (art. 1.2). El problema práctico que se ha venido y se sigue planteando es el de que en una obra determinada pueden y suelen concurrir aspectos que son propios de distintas especialidades. La Ley 12/1986 pretende resolver este problema en su artículo 4 al establecer que en estos casos la competencia corresponderá al titulado en la especialidad que, por la índole de la cuestión, resulte prevalente respecto de las demás. El artículo 4 de la Ley lo expresa de la siguiente forma: «Artículo 4. Cuando las actividades profesionales incluidas en los artículos anteriores se refieran a materias relativas a más de una especialidad de la arquitectura o ingeniería técnicas, se exigirá la intervención del titulado en la especialidad que, por la índole de la cuestión, resulte prevalente respecto de las demás. Si ninguna de las actividades en presencia fuera prevalente respecto de las demás, se exigirá la intervención de tantos titulados cuantas fuesen las especialidades, correspondiendo entonces la responsabilidad a todos los intervinientes.»
3 El así expuesto criterio de la especialidad prevalente debe además ponerse en relación con el principio de la accesoriedad, asimismo fijado por la jurisprudencia, según el cual se ha de extender la competencia del técnico interviniente en la parte principal a aquellas otras partes de la intervención que fueran accesorias (siempre que no tuvieran sustantividad propia), aunque no fueran de su especialidad, rompiendo así con la posibilidad de que se consagrase un monopolio competencial en favor de determinadas titulaciones. Sobre esta base, el análisis a realizar se ha de dirigir a determinar, en cada caso concreto, si en la intervención es prevalente la ejecución de la obra arquitectónica, o si lo principal es la parte dedicada a instalaciones, apareciendo como accesorias las partes dedicadas a obra civil o arquitectónica. El principio general es, pues, el de especialidad que resulte propio de cada titulación profesional, que no cabe confundir con una posible capacitación técnica, siendo obvio que el ámbito propio de los Ingenieros será aquel que se derive de la concreta especialidad que a cada uno corresponda, no siendo el mismo el de un titulado agrícola, que el de un industrial, naval, forestal, etc., lo que es extensible tanto si el técnico lo es de primer o segundo ciclo (o graduado o máster), y sin que en ningún caso pueda establecerse igualdad de especialidades y correlativas atribuciones entre profesionales de la ingeniería que de la arquitectura. En ese sentido, el apartado 2 del citado artículo 2º de la Ley 12/86 establecía las atribuciones de los Arquitectos Técnicos en relación a su especialidad de ejecución de obras. Idéntico criterio al que antecede, si bien referido a su exclusivo ámbito de aplicación del proceso constructivo de edificación, se reproduce en la Ley 38/99, del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), la cual, tras diferenciar los distintos usos de las posibles edificaciones en el apartado 1 de su artículo 2, establece en su artículo 10.2 cuáles son las diferentes titulaciones académicas y profesionales que habilitan para la redacción de sus respectivos Proyectos de obra, puntualizándose dos extremos que aquí son de resaltar: de un lado, que un Proyecto de edificación de uso residencial debe ser redactado por quien tenga la titulación de Arquitecto, y de otro, que cuando alude a obras en que el proyectista pueda ser Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, la titulación académica y profesional habilitante vendrá determinada de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Y, al igual que ese tipo de edificaciones residenciales (y cualquier otra edificación cuyo uso proyectado sea de carácter Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural ) sólo pueden ser proyectadas por Arquitecto, el único profesional a su vez habilitado para llevar a cabo la Dirección de su ejecución material es el Arquitecto Técnico (artículo 13 LOE). Debemos ahora fijar o delimitar el concepto de uso residencial, y para ello volveremos a acudir a la jurisprudencia, quien sostiene un concepto amplio de lo que debe entenderse por vivienda humana al dar prevalencia a la seguridad de la vida humana exigiendo que el proyectista sea Arquitecto respecto aquellas edificaciones que
4 tienen como destino la recepción y tránsito de personas. En este sentido, la sentencia de 25 Oct lo estimó en relación con un edificio destinado a exposición de muebles por ser propio de su uso la recepción y tránsito de personas. Por otro lado, esta postura ha sido mantenida por esta propia Sala en relación con la construcción del Camping de La Puerta de Moratalla en sentencia de 20 Mar. 1990, confirmada, con aceptación de fundamentos, por S.T.S. de 4 Mar. 1992, que consideró que edificaciones destinadas al hábitat humano, como las del restaurante, anfiteatro, viviendas unifamiliares para el personal auxiliar de las instalaciones y supermercado, solo pueden ser proyectadas por Arquitectos. En consonancia con lo expuesto, igual que un edificio de uso residencial o destinado al hábitat humano no puede ser proyectado ni dirigido por un Ingeniero, tampoco corresponde a dicho tipo de profesional la emisión de los informes o certificaciones de tales edificaciones en orden a justificar su habitabilidad para el fin a que se destina, es decir, al uso como vivienda, local o comercio; certificaciones éstas para las que la titulación profesional habilitante será la de Arquitecto y/o Arquitecto Técnico, dada su especialidad en la obra arquitectónica de uso residencial o para el hábitat humano. Y es que, en puridad, lo que viene a significar el informe o documentación técnica aportada en los casos analizados es una suerte de repetición de la declaración que el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra realizan en el Certificado de Fin de Obra que previene la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), declaración que, en los supuestos de edificios de viviendas y locales, corresponde realizar, en exclusiva, según la misma LOE, al Arquitecto (Director de Obra) y al Arquitecto Técnico (Director de Ejecución de la Obra). Como corolario de lo expuesto hemos de reiterar que en el presente caso debe aplicarse la doctrina general que encierra el denominado principio de especialidad. Según él, para determinar en cada caso las atribuciones profesionales que corresponden a cada rama de la Ingeniería, no basta con atender a la capacitación técnica (algo que también habría de discutirse, como veremos, pues, según el caso, poco o nada estudia un ingeniero relacionado con las competencias académicas precisas para afrontar esta tarea), sino que, además, ha de tenerse en cuenta el ámbito que las normas han fijado como propio de la actividad profesional. Y es obvio que el ámbito propio de los Ingenieros es el propio de la concreta especialidad que a cada uno corresponde. Así se desprende de la jurisprudencia (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª de 29 mayo Ponente: Sr. Menéndez Pérez). En la misma línea, la STS, Sala 3ª, de 29 de septiembre de 2006 (Ponente: Baena del Alcázar, Mariano), indica que, «cuando la tarea a realizar forme parte del contenido típico de un grupo de actividades configurado como una especialidad, debe requerirse que sea precisamente un especialista en esas actividades y no en otras quien suscriba el proyecto».
5 Y el mismo criterio es así expresado por la STS de 23 Abr. 2008, rec. 4968/2005: «Esta Sala ha afirmado con reiteración que si la industria o actividad tiene un marcado carácter específico y el proyecto técnico guarda relación directa con ese carácter, debe exigirse la intervención del técnico que por razón de su título refiera su actividad de modo especializado a la rama económica en cuestión.» A lo expuesto anteriormente debe añadirse una cuestión básica, cual es la circunstancia evidente de que los estudios cursados en las correspondientes Escuelas de Ingenieros no impartan competencias en muchas (si no la mayoría) de las materias necesarias para cumplimentar el trabajo profesional de las características del que nos ocupa. Los Ingenieros no estudian edificación en sus Escuelas y sólo tienen competencias académicas residuales en materia de construcción. Muy residuales. A sus planes de estudios nos remitimos. Pero, para demostrar nuestro aserto, baste con realizar un estudio comparativo entre los planes de estudios, ambos de la Universidad de Sevilla, de los títulos que en la actualidad dan acceso a las profesiones reguladas de Ingeniero Técnico Industrial y de Arquitecto Técnico. Y la conclusión no puede ser más concluyente. Así, el futuro Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales (futuro Ingeniero Industrial de profesión) habrá cursado sólo 10,5 créditos de asignaturas obligatorias de alguna manera directamente relacionadas con el ámbito de la edificación. Y, de las 134 asignaturas optativas entre las que podrá optar, sólo 12 guardan o pueden guardar relación con el sector productivo de la edificación. Por su parte, el futuro Arquitecto Técnico cursará 222 créditos en asignaturas de carácter obligado que guardan directa relación con la edificación. Eso supone un 92,5 por ciento, frente a un misérrimo 6,7 por ciento del título que acabará en la pared de algún futuro Ingeniero Industrial. A su vez, todas las asignaturas optativas que podrá cursar el futuro graduado en ingeniería de edificación, menos una, están relacionadas con la edificación. Sentado lo anterior, hemos de recordar que, aunque el contenido de las documentaciones técnicas exigidas para la ocupación de los locales varía dependiendo de la normativa autonómica o local que se haya de aplicar, en todas las ordenanzas ITE donde se regulan las condiciones mínimas de seguridad, estabilidad y consolidación estructural han de inspeccionarse las cimentaciones, las estructuras, las fachadas y las cubiertas y azoteas. Tiene un ingeniero dichos conocimientos? Nos remitimos, a título de ejemplo, a las competencias que, según la vigente normativa, deben adquirir los actuales Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales, y las compararemos con las que adquieren los Arquitectos Técnicos: Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. Apartado 3 Objetivos: Competencias que los estudiantes deben adquirir Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación,
6 conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Arquitecto Técnico. Apartado 3 Objetivos. Competencias que los estudiantes deben adquirir: 1. Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. 2. Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución. 3. Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 4. Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal. 5. Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 6. Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios, redactando los documentos técnicos necesarios. Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios. Gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la construcción. 7. Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios. 8. Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de las empresas constructoras en las obras de edificación.
7 Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. Apartado 3 Objetivos. Para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes competencias: Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión medioambiental. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. Concluiremos citando más doctrina judicial que avala nuestra posición: Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 19 Jun. 1998, rec. 929/1994: TERCERO. La jurisprudencia de esta Sala, cuyas últimas manifestaciones pueden encontrarse en las Sentencias de 29 abril 1995, 25 octubre 1996, 28 noviembre 1997 y 15 de abril de 1998, superando un criterio vacilante anterior, orientan la determinación de las respectivas competencias técnicas por los derroteros del principio de accesoriedad o complementariedad de las instalaciones de que en cada caso se trate, huyendo de la determinación de una competencia exclusiva general cuando se refiera a obras proyectadas en su conjunto, en las que intervienen aspectos de naturaleza diversa. Sin embargo, este criterio jurisprudencial, tal y como afirma la última de las sentencias antes citadas, no puede aplicarse cuando se trate de obras que tienen una
8 propia autonomía, o -cabe añadir ahora- cuando los técnicos que pretenden ostentar atribuciones profesionales para su proyección y/o dirección no las tendrían, desde luego, para similares intervenciones en las obras principales de las que aquéllas fueran accesorias, como es el caso de autos, en que, en principio, los Ingenieros Técnicos de Minas carecerían de atribuciones profesionales para proyectar y/o dirigir las construcciones de las que son instrumento accesorio las grúas-torre desmontables objeto de la controversia (grúas-torre que la sentencia recurrida identifica en su fundamento de derecho segundo con la expresiva frase de ser las que "se utilizan habitualmente en la construcción"). En estos supuestos, en los que no juega el citado principio de accesoriedad o complementariedad, aquella sentencia de 15 de abril de 1998 ha afirmado que no basta la posesión de la capacidad técnica a efectos del reconocimiento de la atribución profesional controvertida; en ellos, añade dicha sentencia, al faltar la nota de accesoriedad de la instalación, la referencia que se hace en las disposiciones mencionadas a "técnico competente" ha de integrarse con aquellas normas que regulan lo que constituye el núcleo esencial de cada ingeniería, de tal forma que junto a la capacidad técnica derivada de los conocimientos adquiridos conforme a los respectivos planes de estudio, debe tenerse en cuenta el ámbito en que el legislador ha querido que se desenvuelva su actividad; es decir, han de conjugarse la competencia técnica y la legal. ( ) «QUINTO.- La pretensión deducida debe ser desestimada. La competencia de los ingenieros industriales, según el Decreto que se invoca de 13 de febrero de 1969 sobre Enseñanzas Técnicas, se extiende efectivamente, entre otros aspectos, a la ejecución de estructuras y construcciones industriales (los estudios correspondientes pueden incluir una mayor especialización en las mismas) y la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos, reserva a éstos la plenitud de facultades y atribuciones dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica y les atribuye, siempre dentro de la misma, la redacción y firma de proyectos de construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación y montaje de bienes muebles o inmuebles, así como la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos. En el caso examinado resulta decisivo para advertir si la actividad de certificación discutida está incluida en el precepto legal el determinar si se refiere a la especialidad propia de los ingenieros industriales, por recaer sobre una estructura o construcción que merezca la calificación de industrial. Esta calificación ha de referirse a los aspectos principales de la
9 estructura o construcción, pues el hecho de que sólo pueda aplicarse a aspectos accesorios de la instalación no altera la competencia de los titulados del ramo de la arquitectura o construcción para hacerse cargo de las actuaciones profesionales que recaigan sobre construcciones o edificaciones (conforme al principio de accesoriedad, sentado entre otras en las sentencias de 8 de abril de 1980, 9 de febrero de 1981, 18 de diciembre de 1981, 1 de junio de 1982, 6 de junio de 1982, 21 de octubre de 1982, 4 de febrero de 1983, 21 de febrero de 1983, 2 de mayo de 1983, 4 de mayo de 1983, 23 de octubre de 1983, 21 de diciembre de 1983, 24 de marzo de 1984, 4 de octubre de 1984, 13 de octubre de 1984, 21 de marzo de 1985, 30 de abril de 1985, 17 de marzo de 1986, 9 de junio de 1986, 8 de julio de 1988, 9 de marzo de 1989, 21 de abril de 1989, 5 de marzo de 1990, 22 de marzo de 1990, 14 de enero de 1991 y 13 de febrero de 1998)». Y el mismo criterio es así expresado por la STS de 23 Abr. 2008, rec. 4968/2005: «Esta Sala ha afirmado con reiteración que si la industria o actividad tiene un marcado carácter específico y el proyecto técnico guarda relación directa con ese carácter, debe exigirse la intervención del técnico que por razón de su título refiera su actividad de modo especializado a la rama económica en cuestión.» Por su parte, la sentencia del TSJ de Madrid, de 21 de diciembre de 2006 (Rº 419/2006) indica: QUINTO.- Así por disposición legal el ingeniero industrial pude redactar un proyecto para construir una piscina con fines industriales y el arquitecto puede redactar el proyecto para la construcción de una piscina en una vivienda. Por todo lo anteriormente expuesto procede la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo.
10 Concluiremos aludiendo a la Sentencia del TSJ de Cataluña, de 6 de junio de 2009, recurso 74/2005, la cual inadmite el recurso interpuesto por el Colegio de Ingenieros Industriales contra el Decreto 455/2004 de regulación del Plan de Rehabilitación de Viviendas de Cataluña, en el que se establecía que el Test del Edificio (TEDI) sólo podía realizarse por Arquitectos o Arquitectos Técnicos. Aunque la Sentencia inadmite el recurso por razones formales, en su Fundamento de Derecho Quinto se pronuncia sobre el fondo del asunto, declarando que los ingenieros industriales no tienen competencias respecto a inmuebles de carácter residencial o destinados a los otros usos consignados en el art. 2.1 a) de la LOE. La sentencia concluye que: «Pese a que no se trata aquí estrictamente de la redacción de un proyecto, sino de la elaboración de un informe descriptivo de la situación general de un edificio destinado a viviendas, ello no desvirtúa que se refiere a un ámbito ajeno por completo a las instalaciones y explotaciones industriales, de modo que la exclusión de los ingenieros en el artículo 5.2 del Decreto impugnado resulta en todo caso ajustada a Derecho.» Cabe comentar que el citado Decreto 455/2004 ha sido sustituido por el Decreto 13/2010, de 2 de febrero, del Plan para el derecho a la vivienda de , cuyo art dispone que: El conocimiento del estado de los edificios de uso residencial y de las viviendas se puede realizar a través de estudios, informes, dictámenes, tests de los edificios o certificados, elaborados por técnicos y técnicas con titulación de arquitecto superior (sic) o arquitecto técnico. La evaluación tiene que incidir especialmente en los aspectos relativos a la seguridad estructural y solidez constructiva, la accesibilidad, la adecuación de las instalaciones, y las condiciones de habitabilidad. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 28 de mayo de 2003, y analizando un recurso interpuesto contra la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid sobre "Conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones", realiza una afirmación tajante y muy clarificadora a nuestros efectos: «Respecto de la forma, dispone el art. 27 de la Ordenanza, que se llevará a cabo por profesionales titulados legalmente para ello, tratándose sin lugar a dudas de Arquitectos Superiores y Técnicos ( )» Madrid, 2 de octubre de 2012 Asesoría Jurídica
11 ANEXO I Normativa reguladora de los actuales títulos académicos universitarios que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero y de Ingeniero técnico, en sus distintas especialidades. Ingeniero Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero de Minas. Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Industrial. Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Aeronáutico. Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Agrónomo. Orden CIN/326/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero de Montes.
12 Orden CIN/354/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico. Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Ingeniero Técnico Orden CIN/308/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico Forestal. Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico de Minas.
13 Orden CIN/350/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico Naval. Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía.