Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/voto-particular-pleno-43919118
Timestamp: 2019-09-19 13:23:29
Document Index: 18121923

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 20', 'Artículo 105', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'ARTÍCULO 105', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 105', 'artículo 117', 'artículo 105', 'artículo 12', 'Artículo 105', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 12', 'Artículo 105', 'Artículo 52', 'Artículo 5', 'Artículo 12', 'artículo 61', 'Artículo 29', 'Artículo 105', 'Artículo 105', 'ARTÍCULO 73', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 1949', 'artículo 45', 'artículo 11', 'artículo 16']

Voto num. 4/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 43919118
Voto num. 4/2007 de Suprema Corte de Justicia, Pleno
JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 1/2005. DISTRITO FEDERAL.PARTICIPACIONES FEDERALES. DEBE DECLARARSE LA VALIDEZ DEL OFICIO NÚMERO 351-4-EOS-368, DE 25 DE ABRIL DE 2005, SUSCRITO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN QUE LE SEA DESCONTADA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE SUS PRÓXIMAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, LA SUMA QUE CORRESPONDE AL 1% DEL PROMEDIO MENSUAL DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL AÑO DE 2001, POR CADA VEHÍCULO ADICIONAL AL DÉCIMO EMBARGADO POR LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL EN EL AÑO DE 2002, DOCUMENTADOS INDEBIDAMENTE POR AQUÉL, EN VIRTUD DE QUE EL DESCUENTO ALUDIDO SE AJUSTÓ AL PROCEDIMIENTO QUE AL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 16-A, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.
PRIMERO. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de junio de dos mil cinco, A.E.R., ostentándose como secretario de Gobierno del Distrito Federal, en ausencia del jefe de Gobierno y en representación de la entidad, promovió juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, en el que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:
"I.N. y domicilio del actor o demandante: Gobierno del Distrito Federal, con domicilio ubicado en el número 1 de Plaza de la Constitución, colonia centro, C.P. 06000, delegación C., Distrito Federal, representado por el suscrito en mi carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal constitucionalmente electo. II. Autoridades demandadas: a )C.S. de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, con domicilio en Palacio Nacional. Primer P.M.. 3er piso. Oficina No. 3045. Col. centro. Delegación C.. C.P. 06000. México, Distrito Federal. b) C.J. de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en avenida H. No. 77. Módulo 4. Piso 2o. Col. G.. Delegación C.. C.P. 06300. México, Distrito Federal. c) C.T. de la Federación, con domicilio en avenida Constituyentes No. 1001. Edificio ‘A’. Piso 4o. Col. Belén de las Flores. Delegación Á.O.. C.P. 01110. México, Distrito Federal. d) C.D. general adjunto de Enlace con los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, adscrito a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en avenida H. No. 77. Módulo 4. Piso 2o. Col. G.. Delegación C., C.P. 06300. México, Distrito Federal. III. Acto o resolución que se impugna: Lo hago consistir en el descuento que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que mi representado tuvo conocimiento con fecha 11 de mayo de 2005, realizado en el pago de la primera ministración del anticipo de participaciones al Distrito Federal correspondiente al mes de mayo de 2005 y que ascendió a un monto total de $37’860,152.28 (treinta y siete millones ochocientos sesenta mil ciento cincuenta y dos pesos 28/100 M.N.). Descuento en las participaciones en ingresos federales que fue solicitado por el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas a la C. Tesorera de la Federación, mediante oficio 351-A-EOS-368, y que, según la autoridad federal, corresponde al 1% del promedio mensual de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año de 2001, por cada vehículo adicional al décimo embargado por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal en el año de 2002, que en su criterio resultaron ‘documentados indebidamente’ por el Gobierno del Distrito Federal y que ascendieron a 13 vehículos en total."
SEGUNDO. Los antecedentes manifestados en la demanda, esencialmente son los siguientes:
1. El doce de enero de dos mil cuatro, el J. de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió al secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el oficio 351-A-UCEF-0016, que contenía una relación de "34 vehículos de procedencia extranjera" que fueron embargados por diversas administraciones del Servicio de Administración Tributaria durante el año dos mil dos, portando placas y documentación expedidas por el Distrito Federal, razón por la cual, además le requería que realizara las aclaraciones y observaciones que a su derecho conviniera, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
2. El quince de marzo de dos mil cuatro, mediante oficio SF/TDF/SPF/107/2004, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, dio respuesta al oficio 351-A-UCEF-0016, en el que indicó que de los treinta y cuatro vehículos embargados:
3. Mediante oficio 351-A-EOS-368 de veinticinco de abril de dos mil cinco, el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, solicitó a la tesorera de la Federación "le sea descontada al Gobierno del Distrito Federal de sus próximas participaciones en ingresos federales, la suma de $37'860,152.28 (treinta y siete millones ochocientos sesenta mil ciento cincuenta y dos pesos 28/100 M.N.), que corresponde al uno por ciento del promedio mensual de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año de dos mil uno, por cada vehículo adicional al décimo embargado, por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal en el año de dos mil dos, documentados indebidamente por el Gobierno del Distrito Federal y que ascendieron a trece vehículos en total".
TERCERO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer, en síntesis, son:
I. Que el acto que por esta vía se demanda, causa agravio al Distrito Federal, en virtud de que viola el procedimiento que prevé el artículo 16-A, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, toda vez que la autoridad federal únicamente remitió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal un formato con la especificación de vehículos presuntamente de procedencia extranjera que portaban placas de circulación del Gobierno del Distrito Federal, sin acreditar que se encontraban documentados indebidamente, ni que dicha situación fuera imputable al Gobierno del Distrito Federal.
II. Que la autoridad federal no tomó en cuenta documentos como el alta en el padrón vehicular ni la tarjeta de circulación de los vehículos embargados, sino que únicamente los calificó como "indebidos" por portar placas de circulación que aparentemente son similares a las que expide el Gobierno del Distrito Federal. Que lo anterior se corrobora ya que de los vehículos detectados como documentados ilegalmente, en nueve casos, se trataba de placas sobrepuestas, lo que implica que se trata de actos ilícitos sólo imputables a los propietarios o poseedores de esos vehículos, y no al Gobierno del Distrito Federal.
III. Que la autoridad federal realiza una interpretación acorde a sus intereses del plazo de doce meses que señala el artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, toda vez que dicho precepto establece: "En el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público practique embargo precautorio de más de diez vehículos que estén documentados indebidamente por las autoridades de dichas entidades durante los últimos doce meses. ..."; ahora bien, si se analiza la redacción que el legislador dio al texto legal de ese artículo, se pueden advertir dos interpretaciones:
IV. Que el acto de la autoridad federal que por esta vía se demanda, resulta violatorio del aludido artículo 16-A, en virtud de que no se precisan las circunstancias o razones por las cuales determinó que en trece de treinta y cuatro casos, tuvo por acreditada la "documentación indebida" supuestamente realizada por el Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior prueba que la justificación que presentó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, sirvió efectivamente para desvirtuar algunos de los casos sobre la imputación.
CUARTO. La parte actora considera violado el artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
QUINTO. Por acuerdo de trece de junio de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo al presente juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, al que le correspondió el número 1/2005, y por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro José de J.G.P..
SEXTO. La autoridad demandada produjo su contestación en los siguientes términos:
1. Que no es cierto el acto que se le reclama en este juicio; por tanto, procede el sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que los argumentos que vierte la actora en el primer concepto de agravio están dirigidos más bien, en contra del oficio 351-A-UCEF-0016, de siete de enero de dos mil cuatro, que fue en el que se aplicó el artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; por tanto, es extemporánea la presentación de la demanda. Pues el acto impugnado sería un acto derivado de otro consentido.
3. Que el secretario de Gobierno, no se encuentra legitimado para promover el presente juicio en representación del Distrito Federal, en atención a que los artículos 29 y 31, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establecen requisitos de procedibilidad para acudir a la controversia constitucional, que se refieren a que para que el jefe de Gobierno pueda acudir ante este Alto Tribunal es necesario que exista una declaratoria fundada y motivada, lo que en el caso no sucedió.
4. Que es improcedente el presente juicio, debido a que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un régimen optativo y de beneficio, por lo que el Distrito Federal tiene la opción de acogerse o no, pero no puede impugnar los convenios o las normas legales.
5. Que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VIII, de la ley de la materia, en atención a que el acto impugnado no afecta el interés jurídico del Gobierno del Distrito Federal, sino únicamente su interés económico.
6. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 41, fracción IV y el 45 de la ley de la materia, en atención a que el acto impugnado es un acto consumado y, dado que las sentencias que se dicten en este tipo de asuntos no pueden tener efectos retroactivos, procede sobreseer en él.
7. Que el primer concepto de agravio que hace valer la actora, resulta ineficaz e infundado, en virtud de las siguientes consideraciones:
• Embargo precautorio de más de diez vehículos: En virtud de que los propietarios de los vehículos no contaron con la documentación que acreditara la legal estancia de los mismos en territorio nacional.
• Que la autoridad fiscal federal notifique a la entidad federativa correspondiente, de esos hechos: Contrario a la infundada interpretación de la actora, no correspondía a la autoridad federal acreditar en la solicitud de información que los vehículos embargados fueron indebidamente documentados por parte del Gobierno del Distrito Federal, sino que es una presunción que deriva del hecho de que portan placas de esa entidad, y que por ello corresponde al Distrito Federal desvirtuarla.
• Plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la entidad federativa manifieste lo que a su derecho convenga: es decir, que la entidad acredite la legal estancia, o bien que la indebida documentación se haya realizado en un tiempo mayor a los doce meses previos al embargo de las unidades.
8. Que en su segundo agravio, la actora plantea dos interpretaciones que pueden dársele al artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en torno al límite de doce meses que dicho precepto establece, a saber:
Que aun en el supuesto no aceptado, de que dicha interpretación fuera la correcta, es errónea la aseveración de la actora en el sentido de que si el embargo se realizó en dos mil dos y la notificación en dos mil cuatro, la autoridad federalviolenta el artículo 16-A del ordenamiento en comento, al resolver una sanción sin observar los plazos que la misma ley establece; toda vez que la actora confunde el oficio No. 351-A-UCEF-0016, con el oficio 351-A-EOS-368, puesto que el único oficio que alude a los descuentos (sanciones) a las participaciones es el último referido, mientras que el primero solamente es una solicitud de información.
9. Que en su tercer concepto de agravio la demandante señala que el acto que reclama es violatorio del artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en razón de que no precisa las circunstancias o razones por las cuales determinó que en trece de los treinta y cuatro vehículos se tuvo por acreditada la documentación indebida realizada por el Gobierno del Distrito Federal; que dicho señalamiento es incorrecto toda vez que en primer lugar, la autoridad federal no tuvo por acreditada la indebida documentación en trece casos sino en veintitrés (sólo se aplicó el descuento en los adicionales al décimo embargado); que en segundo lugar el artículo 16-A no señala que en la solicitud que se haga a la Tesorería de la Federación para que proceda al descuento de las participaciones se tengan que explicar o detallar las razones por las cuales cada uno de los vehículos se determinó como documentado indebidamente y, tampoco prevé que deba hacerse de su conocimiento de tal determinación ni las razones que fundan la responsabilidad del Distrito Federal en la indebida documentación de los vehículos embargados.
SÉPTIMO. Sustanciado el procedimiento, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos de las partes y agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
NOVENO. En sesión correspondiente al once de abril de dos mil siete, la Primera Sala de este Alto Tribunal, a propuesta del Ministro presidente de la Sala, estimó conveniente retirar el asunto para que sea el Tribunal Pleno quien lo resuelva.
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11-A, último párrafo y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en el 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Previamente al análisis de cualquier otra cuestión, se debe precisar que respecto de la naturaleza de la presente contienda, este Alto Tribunal ha sustentado la tesis jurisprudencial número P./J. 22/2002, publicada en la página ochocientos noventa y nueve, del Tomo XV, abril de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"COORDINACIÓN FISCAL. LOS JUICIOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 11-A Y 12 DE LA LEY RELATIVA Y 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TIENEN CARACTERÍSTICAS PROPIAS QUE LOS DIFERENCIAN DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES QUE REGULA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Este Tribunal Pleno sustentó la tesis de jurisprudencia P./J. 156/2000, que dice: ‘COMPETENCIA ECONÓMICA. EL MEDIO DE CONTROL CUYA PROCEDENCIA SE REITERA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, CONSTITUYE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. Cuando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace valer por una autoridad estatal, en términos del referido precepto ordinario, una acción en contra de la declaración de la Comisión Federal de Competencia Económica, órgano desconcentrado de la administración pública federal, sobre la existencia de actos de autoridades estatales, emitidos en ejercicio de su autonomía e imperio, que no pueden producir efectos jurídicos por transgredir lo dispuesto en el artículo 117, fracción V, constitucional, ello lleva a concluir que la mencionada acción constituye una controversia constitucional de las establecidas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la litis se plantea entre dos órganos o entidades del Estado, las autoridades de la respectiva entidad federativa como sujeto activo y el Poder Ejecutivo Federal como sujeto pasivo, respecto del apego al Magno Ordenamiento de una resolución, de una dependencia del mencionado poder, conforme a la cual existen y no pueden surtir efectos jurídicos determinados actos de autoridades locales que fueron emitidos en contravención de un dispositivo fundamental que acota su potestad autónoma y, por ende, tiene como finalidad la emisión de un pronunciamiento que determine el ámbito de atribuciones que conforme a la Norma Fundamental pueden ejercer las entidades federativas: destacando que ante conflictos similares suscitados entre éstas y una dependencia del Ejecutivo Federal, el legislador ordinario las ha equiparado con la controversia constitucional, como sucede en el caso de los juicios ordinarios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal celebrados por los gobiernos de éstos con el Gobierno Federal, tal como deriva de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.’; este órgano jurisdiccional se aparta del criterio jurisprudencial expuesto en lo que se refiere a que estos últimos juicios se equiparan a las controversias constitucionales, toda vez que de lo previsto en el referido artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se desprende dicha equiparación, sino que en tales juicios se seguirá, en lo aplicable, el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se trata de medios de impugnación creados por una ley secundaria (Ley de Coordinación Fiscal), cuya litis girará en torno al cumplimiento de aquéllas y del convenio de coordinación que se cuestione, por lo que dichos juicios son medios de control de legalidad exclusivamente, ya que nada tienen que ver con el tema de constitucionalidad, sino solamente con la correcta o incorrecta aplicación de la referida ley, así como del convenio de coordinación respectivo, es decir, no se está ante un problema de invasión de esferas o de supremacía constitucional, toda vez que este Alto Tribunal actúa como órgano de legalidad ante un tema que se encuentra regulado por un sistema de coordinación entre los Estados y la Federación, por lo que la litis radica en determinar si se respetaron o no esos convenios, y no si hubo una invasión de esferas o violación a la Constitución Federal."
TERCERO. En el presente caso, se hace necesario analizar la certeza del acto cuya invalidez se solicita, en atención a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, niega su existencia.
"Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Dirección General Adjunta de Enlace con los Organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Subdirección de Control Vehicular. 351-A-EOS-368. México, D.F., 25 de abril de 2005. L.. C.B.W.. Tesorera de la Federación. Presente. Con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 9o., de la Ley de Coordinación Fiscal, al (sic) penúltimo párrafo del artículo 16-A de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a (sic) la Fracción VI del punto decimocuarto, Fracción XVI del punto decimoquinto del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal, para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1997, y a (sic) lo señalado en las fracciones V y VI del artículo 13, y a (sic) la fracción XI del artículo 13-B, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2003, en vigor: Estimaré a usted, le sean descontadas al Gobierno del Distrito Federal de sus próximas participaciones en ingresos federales, la suma de $37'860,152.28 (treinta y siete millones, ochocientos sesenta mil ciento cincuenta y dos pesos 28/100 M.N.), que corresponde al 1% del promedio mensual de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año de 2001, por cada vehículo adicional al décimo embargado, por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal en el año de 2002, documentados indebidamente por el Gobierno del Distrito Federal y que ascendieron a 13 vehículos en total. Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. Jefe de la unidad. D.C.P.. (Rúbrica)."
CUARTO. Enseguida se procede a analizar si el presente juicio fue promovido oportunamente.
QUINTO. Por ser un presupuesto procesal necesario, se analizará la legitimación activa.
"Cuando en esta ley se utilice la expresión ‘entidades’, ésta se referirá a los Estados y al Distrito Federal."
"Las entidades federativas podrán ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del artículo 12 de esta ley."
"En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de una entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En el caso, promovió la demanda A.M.L.O., en su carácter dejefe de Gobierno del Distrito Federal y en representación de dicha entidad, signando la demanda respectiva A.E.R., entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, en ausencia del jefe de Gobierno.
"f) Las demás que le confiera esta institución, el Estatuto de Gobierno y las leyes."
"Artículo 52. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de carácter local y la administración pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este estatuto y la Ley Electoral que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La elección de jefe de Gobierno del Distrito Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la elección del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos."
"XXXI. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Estatuto y otros ordenamientos."
"Artículo 5o. El jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública del Distrito Federal. A él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables."
"Artículo 12. El jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública del Distrito Federal; será electo y ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables."
"Cuando la falta del jefe de Gobierno del Distrito Federal sea superior a treinta días naturales se convertirá en absoluta y la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que concluirá el periodo respectivo en los términos del presente estatuto."
"El jefe de Gobierno contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de coordinación y de planeación del desarrollo que determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la administración pública del Distrito Federal. Asimismo, se encuentra facultado para crear, mediante reglamento, decreto o acuerdo, los órganos desconcentrados, institutos, consejos, comisiones, comités y demás órganos de apoyo al desarrollo de las actividades de la administración pública del Distrito Federal."
"I. Secretaría de Gobierno. ..."
"I. Suplir las ausencias del jefe de Gobierno conforme a lo establecido en los artículo 61 y 62 del Estatuto de Gobierno. ..."
"En el supuesto de que en el lapso que se señala en el párrafo anterior, se ausentare también el titular de la Secretaría de Gobierno, el jefe de Gobierno será suplido por el titular de la dependencia, atendiendo al orden en que aparecen listados en la ley."
"Artículo 29. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias a que se refiere la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que sea parte el Distrito Federal o uno de sus órganos, en los términos de la ley respectiva."
"III. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, así lo determine por declaratoria fundada y motivada."
SEXTO. Enseguida se analizará la legitimación pasiva.
"En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y convenios relativos a la Ley de Coordinación Fiscal en perjuicio de una entidad federativa, ésta podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
SÉPTIMO. A continuación se analizarán las restantes causas de improcedencia que se hacen valer, las cuales son:
1. Que es improcedente el presente juicio, en virtud de que no se causa perjuicio al interés jurídico del Distrito Federal, toda vez que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un régimen optativo y de beneficio, como se señala en la tesis jurisprudencial cuyo rubro es: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.", aplicada por analogía.
2. Que se debe sobreseer en el presente juicio, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del Distrito Federal sino únicamente un interés económico que se traduce en un descuento en sus incentivos o participaciones federales, por la aplicación del convenio de colaboración administrativa, suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el entonces Departamento del Distrito Federal.
3. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 41, fracción IV y el 45 de la ley de la materia, en atención a que el acto impugnado es un acto consumado y, dado que las sentencias que se dicten en este tipo de asuntos no pueden tener efectos retroactivos, procede sobreseer en él.
4. Que se debe sobreseer en el presente juicio, en virtud de que el Gobierno del Distrito Federal incumplió el Acuerdo de Colaboración Administrativa, de cuyo punto decimocuarto, fracción VI, se desprende la obligación que tiene el Gobierno del Distrito Federal de vigilar la legal estancia en el país de vehículos de origen y procedencia extranjera que circulen en su territorio y negar el otorgamiento de tarjetas, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular, en los casos en que no se acredite la legal estancia en el país de los vehículos en el régimen de importación definitiva, obligación con la cual incumplió la parte actora, y por ello, el Gobierno Federal aplicó el procedimiento contenido en el artículo 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ya que el Gobierno del Distrito Federal emplacó vehículos de procedencia extranjera sin haberse acreditado su legal estancia en el país, y toda vez que fueron descubiertos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la parte actora no tiene acción y derecho para promover el presente juicio, de conformidad con el artículo 1949 del Código Civil Federal.
Por otra parte, respecto al argumento en el que se aduce que el presente juicio es improcedente, porque las sentencias que se dicten en las controversias constitucionales no pueden tener efectos retroactivos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia; debe precisarse que la naturaleza del presente asunto, como ya se señaló, es la de un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinaciónfiscal y no la de una controversia constitucional, por tanto, resulta inaplicable al caso el principio anotado, previsto por la ley reglamentaria referida, puesto que esta norma sólo es aplicable en lo que no se contraponga a lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal para los juicios como el presente, y este ordenamiento legal, en su artículo 11-A, fracción IV, prevé la actualización de las cantidades cobradas indebidamente y que la autoridad deba devolver, por tanto, no se actualiza tal causa de improcedencia aducida.
OCTAVO. Se procede al estudio de los conceptos de invalidez que se sintetizan en el tercer resultando, en los que se argumenta medularmente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al emitir el acto que por esta vía se demanda, violó el procedimiento que prevé el artículo 16-A, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, toda vez que no tomó en cuenta los documentos de los vehículos embargados, no acreditó ante la actora que dichos vehículos embargados se encontraban documentados indebidamente, ni que dicha situación fuera imputable al Distrito Federal. Asimismo, que realiza una interpretación acorde a sus intereses del plazo de doce meses que señala el aludido precepto legal, además no indicó la fecha de documentación de los vehículos sobre los que practicó embargo precautorio y no precisó las circunstancias o razones por las cuales determinó que en "trece de treinta y cuatro" casos, tuvo por acreditada la "documentación indebida".
• La aludida secretaría hará del conocimiento de la entidad de que se trate la violación específica por ésta descubierta.
• En un plazo de cuarenta y cinco días hábiles la entidad presuntamente infractora manifestará lo que a su derecho convenga.
• Transcurrido dicho plazo la secretaría, "en su caso", efectuará un descuento en sus incentivos o participaciones por cada vehículo adicional al décimo embargado, por un monto equivalente al uno por ciento de la recaudación promedio mensual del impuesto en comento del año inmediato anterior a aquel en que el incumplimiento sea descubierto.
1. Mediante oficio 351-A-UCEF-0016 de siete de enero de dos mil cuatro, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas con fundamento en los artículos 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 16-A, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 13, fracciones V y VI, y 13-B, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en el punto decimocuarto, fracción VI y punto decimoquinto, fracción XVI, del "Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para la colaboración administrativa de este último en materia fiscal federal", envió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal una relación de treinta y cuatro vehículos de procedencia extranjera embargados por diversas administraciones del Servicio de Administración Tributaria durante dos mil dos, que portaban placas y documentación expedidas por el Distrito Federal; asimismo, le solicitó las aclaraciones y observaciones que considerara pertinente realizar respecto de las unidades embargadas, dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles (fojas 33 a 36 del cuaderno de pruebas presentadas por el secretario de Hacienda y Crédito Público).
2. Mediante oficio SF/TDF/SPF/107/2004 de quince de marzo de dos mil cuatro, el Gobierno del Distrito Federal envió a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, las aclaraciones y observaciones correspondientes a los treinta y cuatro vehículos, embargados por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, en el cual esencialmente manifestó: (fojas 37 a 180 del cuaderno de pruebas presentadas por el secretario de Hacienda y Crédito Público).
3. En el documento denominado "Valoración y determinación de la documentación de los vehículos extranjeros ilegales, embargados por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal y de Aduanas en el ejercicio de dos mil dos, portando placas de circulación expedidas por el Gobierno del Distrito Federal" de cuatro de abril de dos mil cinco, emitido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración Central del Servicio de Administración Tributaria y por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (fojas 170 a 183 del cuaderno principal), se contiene el resultado de la valoración de la documentación y de las aclaraciones presentadas por el Gobierno del Distrito Federal, mediante el cual determinó lo siguiente:
• Que en veintitrés casos, el Gobierno del Distrito Federal no había presentado la documentación de carácter aduanal que acreditara la legal estancia en el país de los vehículos embargados, ni tarjeta de circulación, formato de declaración de pago de derechos de control vehicular, pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos; además que respecto de dichos vehículos había resultado condenatoria la resolución del procedimiento administrativo en materia aduanera, de lo que deriva que al no contar con la documentación que acreditara su legal importación y estancia en el país, no se justificaba la expedición de las placas de circulación correspondientes y, por tanto, serían incluidos en el descuento en las participaciones de esa entidad federativa.
• Que en uno de los casos, de la documentación presentada por el Distrito Federal consistente en tarjeta de circulación, formato de declaración de pago de derechos de control vehicular, pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por refrendo de vigencia anual de placas de matrícula, dicha autoridad llegó a la conclusión de que se trataba de un vehículo con placas de circulación sobrepuestas, por lo que no sería considerado en el descuento correspondiente.
• Que en uno de los casos, el Gobierno del Distrito Federal había comprobado con la tarjeta de circulación, formato de trámites de control vehicular, formato puente para movimiento de alta de vehículos particulares, formato de declaración para pago de vehículos automotores usados y declaración del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que se trataba de un vehículo, cuyos trámites de registro y tenencia resultaron ser con una fecha anterior a los doce meses previos al embargo, por tanto, no se incluiría como sancionable.
• Que en dos de los casos, si bien el Gobierno del Distrito Federal no había presentado la documentación que acreditara su legal estancia en el país, la resolución del procedimiento administrativo en materia aduanal había sido absolutoria, motivo por el cual no se contemplarían como sancionables.
• Finalmente, que en siete casos, las aclaraciones y observaciones que le fueron solicitadas al Gobierno del Distrito Federal, fueron de vehículos con placas de circulación diferentes a las que se indican en las resoluciones de los procedimientos administrativos en materia aduanera, por lo que se acordó requerir nuevamente las aclaraciones a la autoridad estatal.
4. Mediante el oficio impugnado en este asunto 351-A-EOS-368, de veinticinco de abril de dos mil cinco, el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas solicitó a la Tesorería de la Federación le fuera descontada "al Gobierno del Distrito Federal de sus próximas participaciones en ingresos federales, la suma de $37’860,152.28 (treinta y siete millones ochocientos sesenta mil ciento cincuenta y dos pesos 28/100 M.N.), que corresponde al uno por ciento del promedio mensual de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos del año de dos mil uno, por cada vehículo adicional al décimo embargado, por las Administraciones Locales de la Auditoría Fiscal en el año de dos mil dos, documentados indebidamente por el Gobierno del Distrito Federal y que ascendieron a trece vehículos en total" (foja 1 del cuaderno de pruebas presentadas por el secretario de Hacienda y Crédito Público).
Ahora bien, los artículos 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 16-A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y los puntos decimocuarto y decimoquinto del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal para la colaboración administrativa de este último en materia fiscal federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y siete, que seinvocan como fundamento de los oficios relacionados, prevén respectivamente, lo siguiente:
"VII. Asistir a las reuniones semestrales con las administraciones regionales y locales de auditoría fiscal competentes, en las que participarán la Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas y las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal, de Recaudación y Jurídica de Ingresos. El objeto de estas reuniones será el de conocer los avances y evaluar las acciones realizadas por el departamento, procurando que éstas sean celebradas en las mismas fechas y lugares que las referidas en el punto octavo, fracción IV de este acuerdo. Asimismo, se hará un seguimiento de dichas acciones, a efecto de informar los resultados en las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales."
Del análisis integral de las exposiciones de motivos de las reformas y adiciones a dicho precepto, y en específico de la última adición a su párrafo tercero, de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, no se advierte alguna consideración del legislador, que permitiera colegir y precisarcuál era su intención al prever que "en el caso de que la secretaría practique embargo precautorio de más de diez vehículos que estén documentados indebidamente por las autoridades de dichas entidades durante los últimos doce meses ...", es decir, que a partir de qué evento se contabilizarían los doce meses a los que se refiere; sin embargo, de una interpretación armónica del propio contenido de la norma se puede colegir que el precepto se refiere a los vehículos que estén documentados indebidamente por las autoridades de las entidades durante los doce meses previos a la realización del embargo precautorio realizado por las autoridades dependientes de la Secretaría de Hacienda, los cuales serían sancionables.
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal.
SEGUNDO.-Se reconoce la validez del oficio número 351-A-EOS-368, de veinticinco de abril de dos mil cinco, suscrito por el "jefe de la Unidad" de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sentencia nº SUP-JRC-0284-2010-Acuerdo1 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior), 29 de Septiembre de 2010