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Timestamp: 2020-02-26 13:27:56
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Matched Legal Cases: ['artículo 204', 'artículo 304', 'artículo 304', 'artículo 81', 'artículo 83', 'artículo 89', 'artículo 240', 'artículo 328', 'artículo 34', 'artículo 213', 'artículo 42', 'artículo 35', 'artículo 55', 'artículo 317', 'artículo 319', 'artículo 324']

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(→‎Juicio)
En esta misma oportunidad, el Ministerio Público o el querellante le solicitarán al juez que adopte las medidas necesarias para la protección procesal del testigo o la víctima, según el caso, o bien, que se continúe con la protección ya acordada, hasta sentencia firme. En caso de que se trate de la primera solicitud de protección, se acompañará el informe mencionado en el artículo 204 bis de este Código y, en la audiencia preliminar, se escuchará a las partes sobre el tema. La decisión se adoptará y se mantendrá en legajo separado. (artículo 304 inc 2° del CPP)
El fiscal a cargo del caso será el encargado de citar al testigo o la víctima objeto de protección procesal; para ello, podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público. (artículo 304 inc 3° del CPP)
'''Acusado'''
En el artículo 81, el CPP ladefine como la persona que, mediante cualquier acto de investigación o del procedimiento, sea señalada como posible autora o partícipe en un hecho punible.
-	Derecho a conocer la causa de su detención, a saber cuál funcionario o funcionaria la ordenó y a que se le muestre la orden respectiva
-	Derecho a que no se utilicen en su contra medios que impidan su libertad de movimiento durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que el tribunal o el Ministerio Público estime apropiadas para el caso
Pero hay que tomar en cuenta que el acusado o acusada no solo tiene derechos en el proceso, sino que también debe cumplir ciertas obligaciones propias de tal condición. Se trata fundamentalmente de obligaciones cuyo acatamiento permite desarrollar el proceso en forma ordenada y garantiza su presencia en todo momento.
Si analizamos el contenido del CPP, podemos identificar o señalar las siguientes obligaciones fundamentales que debe cumplir u observar la persona encartada en sus actuaciones:
Como regla general, el imputado o imputada está en la obligación de suministrar los datos que permitan su identificación personal y mostrar su documento de identidad (artículo 83 del CPP).
Asimismo, debe indicar su domicilio y mantener actualizada esa información (artículos 84 y 89 del CPP). Debe comparecer a las citaciones judiciales (artículo 89 del CPP).
El imputado o imputada no puede obstaculizar las investigaciones, pues de lo contrario, aún ante el peligro de que ello ocurra, la persona juzgadora puede disponer su prisión preventiva.
El imputado o imputada está en la obligación de mantenerse sometido al proceso que se sigue en su contra, pues en caso de que exista peligro de fuga, en los términos en que lo define el artículo 240 del CPP, se podrá disponer su prisión preventiva.
Durante la audiencia o debate oral y público, el imputado o imputada debe permanecer en la misma, salvo que el tribunal autorice su retiro (artículo 328 del CPP).
Además, en algunas situaciones especiales surgen determinadas obligaciones para el acusado o acusada. Así sucede, como luego veremos al analizar las medidas alternas, en la suspensión del procedimiento a prueba, regulada en el numeral 25 hasta el 25del CPP. En tal caso, el o la imputada asume la obligación de cumplir no solo con el plan de reparación que se apruebe, sino también de acatar adecuadamente las condiciones que le sean impuestas por el tribunal.
El incumplimiento de las obligaciones que incumben al acusado o acusada puede dar lugar a su declaratoria de rebeldía, tal y como lo señalan los artículos 89 y 90 del CPP. El primero de estos artículos indica que la declaratoria de rebeldía procede contra el acusado o acusada que sin grave impedimento no comparezca a una citación; se fugue del establecimiento donde guarde reclusión o se ausente de su domicilio sin comunicarlo a la autoridad respectiva.
La declaración de rebeldía tiene efectos tanto sobre la persona acusada, como sobre el proceso mismo. En relación con la persona acusada, la declaración de rebeldía conlleva acarrea fundamentalmente disponer su inmediata captura. En cuanto al proceso, tal declaratoria no impide continuar los actos de investigación, en los cuales no sea necesario contar con su presencia; por ejemplo, entrevistar testigos. Pero sí tiene un efecto fundamental que es provocar la suspensión del cómputo de la prescripción, tal y como lo señala el artículo 34, inciso f del CPP.
Si la persona acusada declarada rebelde justifica de modo suficiente el incumplimiento a sus obligaciones procesales, se revocará la declaratoria y se dejarán sin efecto las consecuencias personales y procesales de aquella.
iii. Abogados
iv. Testigos expertos
El perito o perita es una persona ajena al proceso que tiene conocimientos especiales, ya sean sean científicos o de otro tipo, y es llamado o llamada para aclarar o determinar algún aspecto o circunstancia de interés sobre el hecho objeto de la investigación. En ese sentido, el artículo 213 del CPP señala que el perito o perita interviene cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba, es necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.
La persona perita es designada por el Ministerio Público durante la investigación preparatoria o bien por el tribunal competente, si la necesidad de su intervención surge en las etapas intermedia o de juicio
v. Jueces
La intervención del juez o la jueza en torno a la solución de los conflictos sociales se funda, a nivel constitucional, especialmente en los artículos 41 y 153 de la Carta Magna: el principio de justicia pronta, cumplida y sin denegación que se desprende de los citados artículos se plasma de modo general en el artículo séptimo del CPP., el cual impone la especial obligación al juez o jueza de resolver el conflicto sometido a su conocimiento, en procura de restablecer la armonía social entre sus protagonistas. De este modo, por imperativo constitucional, su principal tarea se relaciona con la solución del conflicto dentro de un marco de respeto a las garantías y derechos que la misma Constitución concede y reconoce a los ciudadanos y las ciudadanas.
Como principios que deben regir la actuación jurisdiccional, podemos citar los siguientes:
-	El juez o la jueza deben ser independientes en sus funciones (artículos 9 y 154 de la Constitución Política y 5 del CPP.).
-	El Juez o la jueza deben procurar el respeto a la igualdad de las partes en el proceso (artículos 19 y 33 de la Constitución Política y 6, párrafo tercero, del CPP.).
-	Deben respetar el derecho fundamental a la libertad personal y restringirlo solo cuando sea absolutamente necesario (artículos 20, 28, 37 y 39 de la Constitución Política y 2, 10, 238, 239 y 244 del CPP.).
-	Deben velar por el respeto a la intimidad personal de quienes intervienen en el proceso (artículos 23 y 24 de la Constitución Política y 9, 188, 189, 193, 295 y 330 del CPP.).
-	El juez o la jueza deben resolver el conflicto de forma pronta, de modo que la solución que se adopte sea capaz de restaurar la armonía social (artículos 41 de la Constitución Política y 7 del CPP.).
-	Deben actuar objetivamente en su función de administrar justicia, apartando las funciones puramente investigativas que corresponden, en principio, al Ministerio Público (artículo 42 de la Constitución Política, según señaló la Sala Constitucional en la sentencia 1887-90;-y en los artículos 6, 62, 277, 289 y 290 del CPP.).
-	Deben tener competencia para actuar en el caso concreto (artículo 35 de la Constitución Política y 3, 42, inciso a), 45 y 47 del CPP.).
-	El juez y la jueza deben velar por el respeto de las garantías que a las personas e intervinientes en el proceso les señalan la Constitución Política, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica (artículos 7 y 39 de la Constitución Política y 1, 12, párrafo último y 277 del CPP.).
Un punto importante, en torno a la garantía de objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la actuación jurisdiccional, es el tema de las excusas y recusaciones, el cual se encuentra regulado en el artículo 55 y siguientes del CPP. Con ello se busca asegurar que el juez o la jueza que va a conocer determinado asunto no tenga motivos personales que afecten la objetividad e imparcialidad con que debe resolver el asunto.
Por otra parte, debido a que la solución del conflicto es la principal finalidad de las autoridades jurisdiccionales, tal y como lo señala el numeral 7 del CPP., el ordenamiento procesal pone a su disposición una serie de posibilidades de actuación tendentes a lograrla. Dentro de las posibilidades de actuación concretas del órgano jurisdiccional, contenidas en la legislación procesal penal, podemos señalar las siguientes:
Un último aspecto de interés, en torno a la caracterización de la figura del juez o la jueza, es lo referente a su responsabilidad por los actos que autorice y practique o las decisiones que tome. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en los numerales 19 a 24 una póliza de garantía para responder acualquier responsabilidad civil en la que incurra la persona juzgadora en el ejercicio de sus funciones, así como el procedimiento para su ejecución.
El tema de la responsabilidad del funcionario y la funcionaria jurisdiccional, en tanto empleados públicos, queda cubierto con las disposiciones que al respecto contiene la Ley General de la Administración Pública en los numerales190, 191, 192, 194, 199 y 201.
vi. Victimas
b.	Sentencia
d. Apelación
i. Derecho a un abogado (respondida en pregunta anterior)
ii. Asistencia ineficaz del abogado
Respecto del ejercicio negligente de la defensa técnica, la Sala Constitucional ha señalado que la actuación del abogado y de la abogada defensores será violatoria del debido proceso, únicamente cuando sea del todo negligente o impropia, con abandono de deberes esenciales o se haya dado en forma evidentemente contraria a los intereses del patrocinado.(Sentencia Número 6037- 99 Sala Constitucional)
iii. Otros motives de apelación (respondida en pregunta anterior)
iv. Remedios colaterales
-	Revocatoria
-	Casación
Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hecho protesta de recurrir en casación, salvo en los casos de defectos absolutos y los producidos después de clausurado el debate. Este es el recurso o forma de impugnación que existe contra la sentencia que pone fin a un asunto, la cual es dictada en la etapa de juicio, ya sea sin que se haya realizado este o como producto de la realización del debate.(art.443 Código procesal Penal)
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Su realización está prevista para aquellos casos donde exista acusación del Ministerio Público o querella de la víctima, aunque se den otras gestiones, como podría ser una petición de sobreseimiento.
La realización de la audiencia preliminar exige una breve preparación que consiste, básicamente, en el otorgamiento de un plazo de cinco días a las partes, con la finalidad de ponerles en conocimiento las actuaciones y elementos de pruebas recabados en la etapa preparatoria. En la resolución que otorga dicho plazo, se cita a las partes para la audiencia preliminar y se fijan la fecha y hora para tal efecto. Señala el artículo 317 del CPP que las partes dentro de esos cinco días tienen varias opciones o gestiones que pueden realizar, dentro de las que podemos citar, como ejemplos, las siguientes: pueden alegar defectos formales de la acusación o de la querella; pueden solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión del proceso a prueba, la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba o la aplicación del procedimiento abreviado. Dentro de plazo de cinco días, las partes deben ofrecer, también, los medios de prueba que han de ser recibidos en el debate oral con posterioridad. La mecánica de la audiencia es sencilla.
En los casos donde legalmentesea posible, el juez o la jueza deberá tratar de aplicar alguna medida alterna para que se pueda solucionar de manera pacífica el conflicto entre las partes involucradas. Si no es posible la conciliación, el juez o la jueza a cargo de la audiencia dará la palabra en ese orden al o a la querellante, al o a la representante del Ministerio Público, al actor o actora civil, al defensor o defensora del acusado o acusada y al demandado o demandada civil. La persona acusada, si lo desea, puede declarar en cualquier momento de la audiencia. Recordemos que en la audiencia preliminar no solo se conoce la acusación, sino también es momento para plantear la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, el proceso abreviado o el criterio de oportunidad, por lo que el contenido de cada audiencia será distinto según el interés de las partes. La audiencia preliminar es una actuación que debe documentarse en un acta que al efecto se levantará. Esta es otra labor de apoyo que puede ser realizada por el o la auxiliar judicial y que puede realizarse tanto por escrito, como por medio de una grabación, usando para ello los equipos de video con que se ha dotado a distintas oficiales judiciales. A continuación, le presentamos un formato tradicional de acta de audiencia preliminar. Cuando de realice la audiencia preliminar, el juez o jueza deben resolver lo que corresponda en cuanto a los aspectos que se le hayan planteado en la misma. Tal y como señala el artículo 319 del CPP, se debe, fundamentalmente, entre otros asuntos: - Analizar la procedencia de la acusación o la querella para determinar si existe base para realizar el juicio oral o, si por el contrario, debe desestimarse la causa o sobreseerse a la persona acusada. -Examinar, si es procedente la aplicación de algún criterio de oportunidad, del procedimiento abreviado, de la suspensión del proceso a prueba, o bien de debe decidir si el asunto debe ser tramitado como asunto complejo. -Admitir la prueba que se va a recibir en el debate, en caso de que decida elevar a juicio la causa. - Pronunciarse sobre la necesidad de mantener las medidas cautelares que estén vigentes iv. Mociones previas al juicio Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las diligencias, se fijarán el día y la hora del juicio, el que no se realizará antes de cinco días ni después de un mes. (artículo 324 inc 1° CPP)
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