Source: http://www.iun-neb.org/content/view/3271/44/
Timestamp: 2020-01-23 00:14:20
Document Index: 233386429

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 92', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 60', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 81', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 45', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 109', 'artículo 126', 'artículo 111', 'artículo 226', 'artículo 8']

Izquierda Navarra - Enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto
Enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto
A LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA,
El Grupo Parlamentario de IZQUIERDA-EZKERRA, al amparo de lo que dispone el Reglamento de la Cámara, y en relación con el Proyecto de Ley Foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD con texto alternativo.
PROYECTO DE LEY FORAL SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE NAVARRA
Uno de los requisitos esenciales para hacer efectiva la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social que se contiene como principio en la Constitución española es asegurar el acceso a la información y la transparencia de todas las actuaciones de los poderes públicos. Es por ello que la legislación básica estatal, en particular, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, enuncia entre los principios que rigen las relaciones de las Administraciones Públicas con los ciudadanos los de transparencia y participación y regula con amplitud los derechos a obtener información y a acceder a los registros y archivos.
El ordenamiento jurídico navarro ha recogido también el principio de transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas en normas como la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, en la cual queda definido como “el deber de la Administración de realizar su actividad facilitando la información necesaria a la ciudadanía, tanto colectiva como individualmente, sobre su organización y la forma de prestar los servicios públicos, y como el deber de los responsables públicos de actuar con probidad en el desempeño de las tareas públicas”.
No obstante, la consecución efectiva de la meta de conseguir unas Administraciones Públicas transparentes en su actuación ofrece diversas dificultades y resistencias que aconsejan la promulgación de normas más específicas que garanticen el cumplimiento del principio de transparencia en diversos ámbitos de la actividad administrativa, que contemple mecanismos eficaces para el acceso de la ciudadanía a la información y que permita establecer medios de control internos y externos sobre su cumplimiento.
En por ello que en diversos países del mundo, entre ellos España muy recientemente, y en particular en algunas comunidades autónomas españolas en los últimos años, ha ido surgiendo una legislación específica dirigida a asegurar la transparencia de la gestión pública. En la misma línea se enmarcan normas internacionales como el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009, actualmente en trámite de ratificación por los estados miembros.
Esta ley foral, dictada dentro de las competencias sobre régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Foral y de los entes públicos dependientes de la misma, sobre Administración Local y sobre las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo o de la organización propios de Navarra, persigue el cumplimiento efectivo del principio de transparencia como requisito de la participación ciudadana, de la legitimidad de la actuación de los poderes públicos y de la eficacia en su gestión.
Esta ley foral tiene como objeto garantizar que por parte de las Administraciones Públicas de Navarra, de todos sus responsables, órganos y entidades dependientes, se facilite la máxima información sobre su organización, funciones y actividad a la ciudadanía; garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder de forma directa, rápida y sencilla a la información que proporcionen las Administraciones Públicas y a la que soliciten los propios ciudadanos por iniciativa propia; evitar cualquier zona de opacidad en la actuación administrativa y establecer mecanismos que aseguren la total transparencia en la actividad de las Administraciones Públicas.
1. Se entiende a efectos de esta ley foral por Administraciones Públicas la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, así como las entidades que forman parte de la Administración Local y los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas.
2. Las sociedades públicas, fundaciones públicas y las entidades de derecho público vinculadas a las Administraciones Públicas de Navarra y sus organismos públicos y las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios públicos bajo su autoridad, ajustarán su actividad de servicio a los principios rectores de esta ley foral de conformidad con sus propias normas reguladoras.
3. Esta ley foral se aplicará con carácter supletorio en las materias que dispongan de una legislación específica sobre acceso a la información pública.
Artículo 3. Derecho a la información y gratuidad.
1. Sin perjuicio de los derechos que reconoce la legislación básica sobre procedimiento administrativo, cualquier persona tiene derecho a obtener, previa solicitud, toda la información que obre en poder de las Administraciones Públicas sin que esté obligado a declarar un interés determinado y sin más limitaciones que las expresamente contempladas en esta u otras leyes o normas con rango de ley.
Por información se entiende cualquier dato o documento que se halle a disposición de las Administraciones Públicas al margen de su procedencia o fecha de elaboración, y cualquiera que sea la forma de creación, almacenamiento o acceso: escrita, impresa, sonora, visual, electrónica, etc.
2. Ese derecho comprende el de recibir la información solicitada en la forma o formato elegidos, incluidos los medios y soportes de la Administración electrónica, siempre que las Administraciones Públicas competente tenga disponibilidad de ellos.
3. En su caso, ese derecho comprende el de conocer los motivos legales por los cuales no se le facilita la información, total o parcialmente, y también aquéllos por los cuales no se le facilita dicha información en la forma o formato solicitados.
4. Con carácter general el acceso a la información regulado en esta Ley Foral es gratuito. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrán someterse al pago de una tasa o precio público.
Artículo 4. Organización y coordinación.
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a adoptar las medidas organizativas precisas para contar con un sistema integral de información o de gestión del conocimiento a través de diferentes canales que garantice el acceso de todos los ciudadanos a la información.
2. Las Administraciones Públicas establecerán unidades específicas y responsables de gestionar la información que soliciten los ciudadanos y les dotarán de los medios adecuados para ello.
3. Las Administraciones Públicas están obligadas a establecer los mecanismos de colaboración y de coordinación más eficaces para hacer efectivo el ejercicio por la ciudadanía de los derechos reconocidos en esta ley foral.
Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y la jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de las disposiciones de esta ley foral y de las normas que la desarrollen.
1. Las Administraciones Públicas deben poner con carácter general a disposición de la ciudadanía, de forma accesible, clara, objetiva y actualizada, la siguiente información:
a) Su estructura organizativa, señalando las funciones y la sede de los diversos órganos, la identificación de sus responsables y el directorio de su personal, incluyendo a estos efectos las sociedades públicas, fundaciones públicas y entidades de derecho público vinculadas a cada Administración Pública, y en todos los casos los medios de contacto a través de teléfono, correo postal o medios electrónicos. Se incluirá en dicha información la relativa a los órganos consultivos y a los de participación de intereses sociales, identificando a sus miembros y, en su caso, a las instituciones que representan.
b) Las retribuciones, incluyendo en su caso las percibidas a causa del cese, y las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos, comprendiendo los señalados en la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y para la Administración Local todos los cargos electivos y los de libre designación. Así mismo la información general sobre las retribuciones totales percibidas por los empleados públicos según niveles, puestos de trabajo y órganos.
c) La identificación de los miembros de los órganos de representación del personal y el número de liberados sindicales existentes en los distintos órganos, identificando la organización sindical a la que pertenezcan, así como los costes que las liberaciones generan para las Administraciones Públicas respectiva.
d) El inventario actualizado de los procedimientos administrativos, con indicación de los que están disponibles en formato electrónico, y de los registros en que pueden presentarse escritos y comunicaciones, así como los procedimientos de participación ciudadana existentes.
e) El catálogo general de los servicios que presta y las cartas de servicios elaboradas, incluyendo en todo caso los procedimientos para presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio.
f) Los presupuestos vigentes con su contenido íntegro y con los datos sobre su grado de ejecución actualizados trimestralmente, así como las cuentas generales de los últimos cinco ejercicios como mínimo. En particular, la información desglosada sobre el gasto realizado en obras públicas, procesos electorales y campañas de publicidad institucional en el último ejercicio.
g) La normativa legal y reglamentaria vigente, incluyendo el planeamiento urbanístico, y, en su caso, los proyectos normativos en tramitación con sus antecedentes.
h) Los planes y programas de actuación aprobados formalmente y, en particular, los adoptados en cumplimiento de lo previsto en una disposición normativa.
i) Los convenios de colaboración, contratos, concesiones y subvenciones en los términos derivados de esta ley foral.
j) La información geográfica y económica cuya difusión sea más relevante, facilitando las fuentes, notas metodológicas y modelos utilizados.
k) Toda la información derivada de los Planes de Estadística de Navarra.
l) La información sobre el resultado de las evaluaciones de la calidad de los servicios públicos, así como de la incidencia social de las políticas públicas, y las memorias de actuación anuales de los órganos que las elaboren.
m) Las autorizaciones administrativas, licencias, declaraciones responsables, y cualesquiera actos administrativos que permitan el ejercicio de funciones o actos sujetos a la autorización, control o fiscalización de las Administraciones Públicas, que incidan directamente en la gestión del dominio público, en la prestación de servicios públicos o que por otros motivos tengan especial relevancia.
n) La oferta de empleo, las convocatorias de ingreso de personal, sea fijo o temporal, y de provisión de puestos de trabajo, así como los resultados de los correspondientes procesos selectivos y las listas de contratación temporal de personal y las listas que se creen en los procesos de formación o promoción, con el fin de que permitan a cada aspirante conocer el puesto que ocupa en cada momento.
ñ) Los extractos de los acuerdos de los órganos colegiados y las resoluciones de los órganos unipersonales que por la actividad que tienen atribuida se considere que pueden recoger información relevante para el conjunto de la ciudadanía.
o) Todo el resto de la información que haya de hacerse pública de conformidad con la normativa vigente.
2. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas oportunas para que la información relativa a los servicios públicos que se presten a través de un concesionario sea ofrecida por este como parte de las obligaciones derivadas del contrato de concesión.
Artículo 7. Reutilización de la información pública.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán la reutilización de la información pública, entendiendo por reutilización el uso por la ciudadanía de los datos de libre disposición que obren en su poder, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública y que el mismo se realice con sometimiento a la legislación básica del Estado que sea de aplicación, y en particular, a la normativa existente sobre reutilización de la información del sector público.
a) Permitir a la ciudadanía un mejor conocimiento de la actividad del sector público.
b) Facilitar la creación de productos y servicios de información basados en esos datos.
c) Facilitar el uso de los datos para que las empresas privadas ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido.
d) Favorecer la competencia en el mercado, limitando su falseamiento.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las Administraciones Públicas promoverán, con carácter general, la reutilización libre de los datos, sin sujetarla a petición previa, ni condicionar su ejercicio mediante el otorgamiento de licencias tipo. Únicamente podrá someterse a licencia previa la reutilización de datos en los casos expresamente previstos por la legislación sobre reutilización de la información del sector público.
Artículo 8. Transparencia en la contratación pública.
De todos los contratos públicos se dará información a través del Portal de Contratación de Navarra conforme a lo previsto en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
Artículo 9. Transparencia de los convenios de colaboración.
1. El Registro de Convenios y Acuerdos creado por el artículo 92 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, será público y podrá consultarse gratuitamente por cualquier persona tanto de forma presencial como en Internet.
2. Las entidades locales podrán crear un registro propio de convenios y acuerdos, pero en todo caso deberán ofrecer información de todos los convenios y acuerdos que suscriban tanto de forma presencial como en Internet.
Artículo 10. Transparencia de las subvenciones.
1. De todas las subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas se proporcionará información accesible tanto de forma presencial como en Internet.
2. En todo caso se deberá informar sobre las siguientes materias:
d) El texto íntegro de la convocatoria de las subvenciones.
e) La concesión de cada subvención dentro del mes siguiente al de la notificación o publicación con indicación de la relación de los beneficiarios, su importe, el programa y crédito presupuestario al que se imputen y la identificación de la normativa reguladora.
Excepcionalmente cuando la publicación de los datos del beneficiario, en razón del objeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, podrá omitirse su identidad.
f) Junto a los datos de cada expediente deberán ofrecerse los datos globales ordenados, como mínimo, por entidad adjudicataria, anualidades, tipos de subvención y procedimientos de concesión.
4. En las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones públicas que superen los importes que se establezcan reglamentariamente se impondrá la obligación de comunicar a la Administración Pública concedente la información sobre la composición y las retribuciones de los órganos de dirección y gobierno de las entidades beneficiarias para que pueda hacerlas públicas.
Artículo 11. Solicitud de acceso a la información.
1. Las solicitudes de información deberán dirigirse a la entidad en cuyo poder se encuentre la información. En el ámbito de las Administraciones Públicas será competente para tramitar y resolver las solicitudes de información el titular del órgano en cuyo poder se encuentre la misma o el superior jerárquico que tenga facultad para resolver.
2. En el caso de sociedades y fundaciones públicas o entidades de derecho público la solicitud se dirigirá a la entidad en cuyo poder se encuentre la información aunque sus normas de organización pueden reservar la facultad de resolver a los órganos de la Administración Pública de la que dependan.
3. La solicitud podrá hacerse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, que permita la constancia de la identidad del solicitante y el medio para notificarle la resolución y la identificación lo más precisa posible de la información que se solicita y el formato en que se desea.
Siempre que las características de la información lo permitan se facilitará la solicitud verbal con comparencia de la persona interesada en las dependencias del órgano competente y la inmediata puesta a su disposición de la información solicitada. Cuando no sea posible se indicará a la persona interesada la forma en que hacer la solicitud por escrito.
4. En caso de que la solicitud estuviera formulada de modo que no sea posible identificar suficientemente el contenido de la información solicitada se podrá requerir del solicitante la subsanación o mejora de la solicitud con arreglo a las normas de procedimiento administrativo común. En todo caso el órgano competente ayudará al peticionario tanto como sea razonable a identificar la información solicitada.
5. Si la solicitud se refiriera a información que no está en poder del órgano o entidad a la que se dirige, pero se puede identificar el órgano o entidad que dispone de la misma, se admitirá la solicitud y se remitirá al órgano competente, notificándolo al interesado.
6. Podrá inadmitirse motivadamente la solicitud sólo en los siguientes casos:
a) Cuando se refiera a información excluida del derecho de acceso por ley o norma con rango de ley.
b) Se consideren abusivas por su carácter repetitivo.
c) Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos que todavía no hayan dado lugar a una resolución o a una publicación. En este caso se informará al interesado del plazo en que esté previsto que concluya la tramitación y la información esté disponible.
Artículo 12. Derecho de terceros.
1. Cuando las solicitudes se refieran a información que puede afectar a derechos o intereses de terceros el órgano encargado de resolver les dará traslado sin mención de la identidad del solicitante para que puedan formular alegaciones en un plazo de diez días hábiles.
2. El traslado de la solicitud al afectado producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo concedido.
Artículo 13. Limitaciones del derecho de acceso a la información.
1. Únicamente podrá ser denegado o limitado el acceso a la información cuando una ley o norma con rango ley disponga la confidencialidad o el secreto de los datos.
2. Podrá denegarse la información cuando afecte directamente al secreto profesional y a la propiedad intelectual e industrial, señalando al interesado la persona titular de los derechos o el decente del cual se haya obtenido la información. En todo caso para la resolución de las solicitudes de acceso a la información que contenga datos personales se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
3. Podrá aplazarse la información que afecte a una investigación penal o un expediente de información previa, sancionador o disciplinario, hasta que haya finalizado por resolución o sentencia firme o haya quedado archivado.
4. En el caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones indicadas se concederá el acceso parcial siempre que sea posible omitiendo la información afectada.
1. El órgano competente resolverá motivadamente sobre la información solicitada en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla.
2. Excepcionalmente el plazo podrá prorrogarse por resolución motivada como máximo por otros quince días si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible proporcionarla en el plazo indicado.
3. Si en el plazo previsto para resolver no se hubiera dictado resolución se entenderá estimada la solicitud.
4. La resolución indicará la forma o el formato en que se proporcionará la información garantizando la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible. Siempre que las características de la información solicitada lo permitan se acompañará como anexo a la notificación de la resolución.
La información se suministrará siempre en la forma o formato solicitado por la persona interesada salvo cuando motivadamente se aprecie alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la información esté disponible al público en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible.
b) Que la forma o formato solicitados impliquen dificultades técnicas o económicas y sea razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato distintos.
5. En el caso que la información solicitada por la persona interesada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, folletos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber en la resolución la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.
6. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida una vez se hayan puesto a disposición de la persona solicitante para consulta los documentos en el lugar donde se encuentren o bien, cuando así lo haya solicitado, mediante la expedición y entrega de copias simples, certificadas o cualquier otro medio.
7. Si la resolución concede acceso total o parcial a una información que afecte a tercero que se haya opuesto el acceso quedará en suspenso hasta que haya transcurrido el plazo para interponer recurso o hasta que se haya resuelto este por resolución firme.
Órganos de control y garantía de la transparencia
Artículo 15. El Consejo Navarro de la Transparencia.
1. El Consejo Navarro de la Transparencia, adscrita al departamento competente en materia de comunicación, es el órgano administrativo consultivo y asesor en materia de transparencia y acceso a la información y órgano resolutorio no sometido a instrucciones jerárquicas y con plena autonomía para el cumplimiento de sus funciones.
2. El Consejo estará compuesto por cinco miembros designados por el Gobierno de Navarra para un mandato de seis años:
a) Tres de ellos, a propuesta del Parlamento de Navarra. Cada grupo parlamentario podrá presentar un candidato y serán elegidos los tres candidatos que reciban más votos.
b) Uno a propuesta de las asociaciones profesionales de periodistas.
c) Uno a propuesta de los colegios de abogados de Navarra.
Los miembros del Consejo elegirán de entre ellos un presidente y un secretario.
3. Los miembros del Consejo deberán ser personas de reconocido prestigio en actividades profesionales, de servicio público o académicas, que no ocupen o hayan ocupado en los últimos cinco años cargos políticos electivos o de libre designación, o cargos directivos en partidos políticos. Deberán estar en posesión de la titulación de licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas.
4. Los miembros del Consejo cesarán exclusivamente por las siguientes causas:
b) Renuncia y fallecimiento.
c) Ser nombrado o elegido para un cargo de carácter político.
d) Inhabilitación para funciones públicas mediante sentencia firme.
En caso que alguno de los miembros cese por cualquiera de las citadas causas, salvo por expiración de mandato, procederá la designación provisional de un nuevo miembro a propuesta del órgano que propuso al miembro que haya cesado y cuyo mandato se extenderá hasta que proceda la renovación total del Consejo.
4. El Gobierno de Navarra proveerá al Consejo de los recursos personales y materiales precisos para que desarrolle sus funciones.
1. Corresponde al Consejo, entre otras, las siguientes funciones:
a) Informar y, en su caso, proponer las normas, medidas o instrucciones que incidan en la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en esta ley foral.
b) Conocer y resolver los recursos en materia de transparencia regulados en esta ley foral.
c) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley foral y, en su caso, emitir los informes o recomendaciones que estime oportunas.
d) Orientar y asesorar a los ciudadanos acerca de las solicitudes de acceso a la información.
e) Asesorar a las Administraciones Públicas sobre el cumplimiento de las disposiciones de esta ley foral.
f) Elaborar y publicar un informe anual sobre el cumplimiento de las disposiciones de esta ley foral que será remitido al Parlamento de Navarra. Dicho informe incluirá, como mínimo, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada dependencia y entidad así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y resultado de los recursos resueltos por el Consejo; las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley foral y las recomendaciones que estime oportunas incluir.
2. Todos los actos y resoluciones del Consejo serán públicos.
3. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de las Administraciones Públicas. Podrá, asimismo, recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.
Artículo 17. Recurso en materia de transparencia.
1. Las resoluciones que se dicten por los órganos competentes en relación con las solicitudes de acceso a la información reguladas en esta ley foral podrán ser impugnadas ante el Consejo Navarro de la Transparencia.
2. Dicho recurso se interpondrá en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución que se impugna. El Consejo dará traslado del mismo al órgano en cuyo poder se encuentre la información solicitada para que le remita, junto a sus alegaciones, el expediente con todo lo actuado en plazo máximo de diez días. En su caso, se dará traslado también a los terceros interesados para que formulen alegaciones.
3. El recurso será resuelto en el plazo de un mes. Las resoluciones pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivas y vinculantes, correspondiendo a la entidad correspondiente la inmediata ejecución de las mismas.
4. La interposición del recurso previsto en este artículo será de carácter potestativo y sustitutivo, sin perjuicio de la interposición de cuantas otras reclamaciones o recursos se puedan interponer ante otros órganos.
5. La interposición de un recurso en materia de transparencia impide la interposición de cualquier otro recurso administrativo basado en el mismo motivo.
6. En todo lo no previsto en este artículo se aplicarán las disposiciones en materia de recursos previstas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la resolución de estos recursos.
Artículo 18. Otras garantías.
Lo dispuesto en este capítulo lo es sin perjuicio de lo que dispone la legislación vigente sobre atribuciones del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra o sobre los recursos procedentes ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación de la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un Código de Buen Gobierno.
Se modifica el artículo 4 de la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un Código de Buen Gobierno, que tendrá la siguiente redacción.
“1. Anualmente el Gobierno de Navarra conocerá un informe elevado por el consejero competente sobre los eventuales incumplimientos de los principios éticos y de conducta, con el fin de analizar los procedimientos y actuaciones que con arreglo a lo dispuesto en otras leyes forales reguladoras de la incompatibilidad del Gobierno y sus altos cargos pudieran incoarse. Dicho informe se hará público en el portal del Gobierno y será remitido al Parlamento de Navarra.
2. El Pleno u órgano equivalente de las entidades locales conocerá un informe elevado por su presidente con el mismo alcance previsto en el apartado anterior”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
Uno. Se modifica el artículo 28 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que tendrá la siguiente redacción:
“1. El Gobierno de Navarra mantendrá en Internet, bajo la dependencia de la Junta de Contratación Pública, el Portal de Contratación de Navarra que será el medio oficial para la publicidad de las licitaciones de las entidades sometidas a la presente Ley Foral y, a tal efecto, se articularán las medidas necesarias para que se pueda acreditar el hecho de la efectiva publicación de los anuncios obligatorios y su fecha.
2. El portal deberá informar en todo caso sobre las siguientes materias:
a) Datos generales sobre todas las entidades y órganos de contratación sometidos a la presente Ley Foral, como dirección de contacto, números de teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico
b) Todas las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria, los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas y cualquier otra información necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
c) La información de los contratos adjudicados comprenderá, además del acto de adjudicación y el texto completo del contrato, sus modificaciones, los actos de ejecución y de liquidación y, en su caso, los de resolución.
d) Junto a los datos de cada expediente deberán ofrecerse los datos globales ordenados, como mínimo, por entidad adjudicataria, anualidades, tipos de contratos y procedimientos de adjudicación.
e) La información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos”.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 60 de la misma ley foral que tendrá la siguiente redacción:
“2. En ningún caso podrán ser designados como miembros de la Mesa quienes no sean empleados públicos, no pudiendo participar personal de elección o designación política, los funcionarios o empleados interinos y el personal eventual”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Uno. Se modifica el artículo 15 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, que tendrá la siguiente redacción:
“De todas las subvenciones concedidas los órganos administrativos concedentes proporcionarán información accesible tanto de forma presencial como en Internet con arreglo a la legislación sobre transparencia en las Administraciones Públicas de Navarra”.
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 20 de la misma ley foral que tendrá la siguiente redacción:
“3. Salvo cuando la convocatoria en atención a la escasa cuantía de la cantidad a conceder disponga lo contrario, se constituirá un órgano colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes, cuyo dictamen será vinculante. En ningún caso podrán ser designados como miembros del mismo quienes no sean empleados públicos con la capacitación técnica adecuada, no pudiendo participar personal de elección o designación política, los funcionarios o empleados interinos y el personal eventual. El órgano instructor, a la vista de la evaluación, formulará la propuesta de resolución”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Se modifica el apartado 4 del artículo 81 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que tendrá la siguiente redacción:
“4. El Registro de planeamiento es público. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido del planeamiento concreto, expedida por funcionario habilitado al efecto, por simple nota informativa o copia de los documentos obrantes en el Registro, sin que su importe exceda del coste administrativo, y en todo caso a través del acceso gratuito por Internet a todo su contenido”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Modificación de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que queda redactado como sigue:
“1. Sin perjuicio del ejercicio de actividades por razón de cargo público compatibles con las propias del desempeño del alto cargo, no podrá percibirse ninguna cantidad económica distinta de la asignada a éste, como retribución de sus cargos, a excepción de las siguientes:
b) Las retribuciones compatibles que le reconozca la legislación correspondiente de su Administración Pública de origen, en el caso de altos cargos que sean funcionarios en situación de excedencia especial o servicios especiales”.
Dos. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 3 bis de la misma ley foral que quedan redactados como sigue:
“2. A partir del día siguiente al de su cese, los miembros del Gobierno de Navarra tendrán derecho a percibir una prestación económica mensual cuya cuantía será igual a la doceava parte del 80 por 100 del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo al momento del cese. La prestación se podrá percibir durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo de permanencia en el cargo, con un máximo, en todo caso, de 24 mensualidades.
4. En ningún caso percibirán la prestación económica establecida en los apartados anteriores los empleados públicos que tengan reservado un puesto de trabajo en cualquiera de las Administraciones Públicas o en los organismos dependientes de las mismas”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente.
Uno. Se modifica el artículo 35 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, que queda redactado como sigue:
“1. Las retribuciones del Presidente del Gobierno de Navarra se fijarán de forma expresa y cuantitativa en los Presupuestos Generales de Navarra.
2. El Presidente del Gobierno no percibirá ninguna cantidad distinta de la fijada en los Presupuestos Generales de Navarra por el desempeño de su cargo ni de otros que estuvieran asociados al mismo. En el caso de que la asistencia a las sesiones de otros órganos o instituciones de los que forme parte lleve aparejada la percepción de dietas o compensaciones económicas, esas cantidades serán ingresadas o retenidas por la Hacienda Foral”.
Dos. Se modifica el artículo 45 de la misma ley foral que queda redactado como sigue:
“1. Las retribuciones de los Consejeros del Gobierno de Navarra, que en ningún caso podrán ser superiores a las que perciba el Presidente del Gobierno de Navarra, se fijarán de forma expresa y cuantitativa en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra.
2. Los Consejeros del Gobierno no percibirán ninguna cantidad distinta de la fijada en los Presupuestos Generales de Navarra por el desempeño de su cargo ni de otros que estuvieran asociados al mismo. En el caso de que la asistencia a las sesiones de otros órganos o instituciones de los que formen parte lleve aparejada la percepción de dietas o compensaciones económicas, esas cantidades serán ingresadas o retenidas por la Hacienda Foral”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Modificación de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Uno. Se modifica el artículo 6 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en el sentido de añadir dos nuevos apartados 3 y 4 que quedan redactados como sigue:
“3. Todo ciudadano que inicie un procedimiento, o que tenga la condición de interesado en un procedimiento iniciado de oficio, debe ser informado por escrito sobre la autoridad competente para su resolución, incluyendo nombre y apellidos de su titular, así como del empleado público a quien se ha encomendado la instrucción del expediente, incluyendo nombre y apellidos, puesto de trabajo, dirección de la dependencia donde está localizable, teléfono y dirección de correo electrónico”.
4. Todo ciudadano que no reciba una respuesta expresa dentro del plazo legal establecido tendrá derecho a instar un procedimiento de exigencia de responsabilidad de la autoridad o empleado público correspondientes y a obtener como consecuencia del mismo una comunicación sobre los motivos por los cuales no se tramitó correctamente el expediente y, en su caso, las medidas disciplinarias adoptadas”.
Dos. Se modifica el artículo 15 de la misma ley foral en el sentido de añadir un nuevo apartado 3 que queda redactado como sigue:
“3. Todos los departamentos, organismos autónomos, sociedades públicas y fundaciones han de hacer pública su memoria anual completa en el primer trimestre de cada ejercicio, precisando el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo, todos los Planes que aprueben el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos incluirán la previsión de que a la finalización del plazo de ejecución o aplicación se elaborará un informe de evaluación de su cumplimiento que deberá hacerse público”.
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 109 de la misma ley foral que queda redactado como sigue:
“1. El personal directivo de los organismos públicos recibirá las retribuciones que figuren en las correspondientes Leyes Forales de Presupuestos de Navarra, que en ningún caso podrán ser superiores a las que perciba el Presidente del Gobierno de Navarra, y no percibirán ninguna cantidad distinta de la fijada en los mismos por el desempeño de su cargo ni de otros que estuvieran asociados al mismo. En el caso de que la asistencia a las sesiones de otros órganos o instituciones de los que formen parte lleve aparejada la percepción de dietas o compensaciones económicas, esas cantidades serán ingresadas o retenidas por la Hacienda Foral”.
Cuatro. Se modifica el artículo 126 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la misma ley foral en el sentido de añadir un nuevo apartado 5 que queda redactado como sigue:
“5. Las retribuciones del personal directivo de las fundaciones públicas deberán figurar en sus presupuestos. No podrán ser superiores en ningún caso a las establecidas para los directivos de los organismos públicos y deberán hacerse públicas”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Modificación de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra.
Se modifica el artículo 111 de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra en el sentido de añadir un nuevo apartado 4 que queda redactado como sigue:
“4. Las retribuciones de los directivos y de los miembros del Consejo de administración y de la Junta General serán públicas. En ningún caso podrán ser superiores a las que perciba el Presidente del Gobierno de Navarra”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
Se modifica el apartado 2 del artículo 226 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que queda redactado como sigue:
“2. La Mesa estará constituida en todo caso, y con la única excepción de su presidente, por empleados públicos con la capacitación técnica adecuada, no pudiendo participar personal de elección o designación política, los funcionarios o empleados interinos y el personal eventual. Excepcionalmente podrán participar en las entidades locales de menos de 5.000 habitantes los miembros de la corporación local siempre que estén representados todos los grupos políticos existentes. En todo caso deberá formar parte de la Mesa el secretario de la entidad o un funcionario licenciado en Derecho que ocupe plaza para la que se exija dicha titulación, que actuará como secretario. Si los vocales no fueran técnicos especializados en la materia objeto del contrato la Mesa deberá solicitar los informes técnicos oportunos en los que se basará la propuesta de adjudicación”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Modificación del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto.
Se modifica el artículo 8 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto en el sentido de añadir dos nuevos apartados 3 que quedan redactados como sigue:
“3. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los funcionarios o empleados interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
4. Siempre que la naturaleza de las pruebas selectivas lo permita se mantendrá el anonimato de los aspirantes mediante sistema de plicas o similares”.
DISPOSICIONAL ADICIONAL UNDÉCIMA. Ley foral de participación ciudadana.
En el plazo de un año el Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento un proyecto de ley foral de participación ciudadana.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Igualdad de género en el lenguaje.
Disposición final primera. Habilitación al Gobierno de Navarra.
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en esta ley foral.
1. Objeto de la ley. El proyecto incluye diversas materias que, aunque estén interrelacionadas, son distintas. Por un lado, la transparencia, pero además el Gobierno abierto, que como sinónimo de Gobierno o Administración participativos debe plasmarse en toda regulación de los procesos, en la organización y en las formas de relación con los ciudadanos por lo cual carece de sentido suponer que se puede regular en una sola ley foral específica; todas las leyes deben estar impregnadas de ese principio de participación y de comunicación permanentes. Por otro lado la calidad de los servicios públicos que ya está regulada en una norma propia, la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, y a la que el proyecto no aporta nada nuevo, y por otro lado la simplificación administrativa que debe ser una actividad o técnica permanente en la Administración Pública para hacer reales los principios de eficacia y eficiencia; el “principio de simplicidad” entendido “como la utilización de técnicas y métodos que permiten la simplificación de trámites, la eliminación de procedimientos innecesarios y la disminución de los tiempos de espera” ya está recogido en el art. 3.n) de la citada Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, y el art. 3.2.f) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ya establece el principio de “racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión”, por lo que no es necesario introducir su regulación en el presente anteproyecto de ley foral. Por otro lado, la actividad del Gobierno está regulada por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, por la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se aprueba Código del Buen Gobierno, en algunas materias de forma redundante entre sí y con otras leyes; el título del proyecto que regula la ética y la transparencia del Gobierno resulta por ello prescindible. La regulación del “Portal de Gobierno Abierto” en el marco del Portal Web del Gobierno de Navarra que ya está regulado en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, resulta también innecesaria.
Por tanto, el proyecto abarca diversas materias que ya están reguladas en otras leyes con riesgo de caer en la reiteración. El texto alternativo prefiere centrarse en una materia hasta ahora insuficientemente regulada –la transparencia- para completar y desarrollar mecanismos concretos que hagan realidad los principios que están ya recogidos en las leyes.
No obstante, creemos que hay una materia, la de participación ciudadana, que exigiría una regulación específica y con mayor ambición que la contenida en el proyecto, que debiera ser objeto de un proyecto de ley foral propio a elaborar por el Gobierno de Navarra en el plazo de un año. Ese mismo criterio se mantiene en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara de 17 de abril de 2012 en relación con este proyecto de ley foral y la posible incidencia del anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno (ALTBG) que tramita el Ministerio de Presidencia: “Pudiera plantearse desde una perspectiva de buena legislación distinguir entre la tramitación de dos proyectos de ley foral: Uno que se sujetase a los estrictos términos acotados por el ALTBG en su redacción definitiva y otro sobre el concepto de Gobierno Abierto, lo que podría exigir analizar sus repercusiones jurídico-constitucionales, al fundarse en conceptos de democracia participativa y reglas de responsabilidad política no siempre coincidentes con las que dimanan del Gobierno representativo”.
2. Ámbito de la regulación. El proyecto sólo se aplica a la Administración de la Comunidad Foral; el texto alternativo se refiere a la transparencia en la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra, incluyendo las entidades locales, ya que no hay motivo para aplazar su regulación al menos un año como se desprende de la Disposición adicional tercera.
3. Calidad normativa. El proyecto incluye disposiciones sobre la mejora de la calidad normativa, pero en realidad contradice los principios que enuncia.
El principio de necesidad se contradice con un proyecto excesivamente largo donde, como ya se ha señalado, se incluyen materias diversas la mayoría de las cuales ya están reguladas en otras leyes forales y muchos preceptos que no son sino reiteración pura o remisión a preceptos que ya están en vigor.
Los principios de seguridad jurídica y simplicidad también resultan contradichos con la opción por regular diversas materias, no en sus leyes forales específicas (contratos, subvenciones, Gobierno, etc.) sino en el presente proyecto. Se ha justificado tal opción –en la respuesta recibida por este grupo parlamentario a las observaciones realizadas al anteproyecto- en evitar la dispersión normativa y en la conveniencia de concentrar en un texto todas las disposiciones sobre la materia abordada para que el ciudadano conozca sus derechos en este ámbito sin tener que acudir a cada una de las normas específicas. Se trata de un argumento endeble. Que todas las normas sobre transparencia estén en una ley foral es una opción que solo interesa a los especialistas o estudiosos de la transparencia que, obviamente, son una minoría. Los operadores jurídicos (ciudadanos, funcionarios, jueces, etc.) de ordinario no están interesados en conocer en profundidad la regulación de la transparencia, sino resolver un problema concreto relativo a una materia concreta: contratos, subvenciones, presupuestos, urbanismo, función pública, etc. Y lo correcto en proporcionarles la respuesta en la normativa sectorial que van a aplicar. Esto se consigue con la opción que se ofrece en el texto alternativo, introducir modificaciones parciales con los instrumentos y técnicas de transparencia adecuados en cada regulación sectorial (lo cual no perjudica al estudioso de la transparencia, que dispone también de todas esas modificaciones en el texto de la ley foral específica).
En cuanto al principio de simplicidad, se opone a él un texto, el del proyecto, indebidamente largo y reiterativo. Se puede decir lo mismo con muchos menos artículos y eso se intenta en el texto alternativo.
El principio de eficacia, “una identificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando cargas innecesarias y accesorias para la consecución de esos objetivos finales”, tampoco es coherente con un texto que pretende perseguir muchos objetivos a la vez regulando materias muy diversas entre sí.
En cualquier caso, dado que las disposiciones sobre mejora de la calidad normativa carecen de consecuencias jurídicas, su cumplimiento o su incumplimiento no se somete a ningún mecanismo de control por lo que quedan reducidas a buenos deseos, resultan también totalmente prescindibles del texto de la ley foral.
4. El texto alternativo, por todo ello, se centra en una materia, la transparencia, para regular de forma lo más concreta, clara y simple posible, sin reiteraciones innecesarias de lo que ya está regulado en otras leyes, los mecanismos que hagan realidad la máxima transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas, en la línea de las normas que a nivel internacional se han ido dictando en los últimos años.
En particular, y como exige Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, en su art. 8 se regula un procedimiento de reclamación “rápido y barato” ante una “institución independiente e imparcial establecida por la ley”. Se crea, a tal efecto, un órgano especializado e independiente, el Consejo Navarro de la Transparencia, al que se atribuyen además otras funciones de control de la aplicación de la ley foral. La propuesta que deriva del proyecto de ley foral del Gobierno, que los ciudadanos tengan que recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, resulta insuficiente teniendo en cuenta que no suele ser ni rápida ni barata.
Así mismo, el texto alternativo ofrece una serie de modificaciones puntuales de otras leyes con el mismo propósito de introducir mecanismos concretos y simples que colaboren en los mismos objetivos. Y entre ellos destacaremos algunos como el principio “un cargo, un sueldo”, la publicidad de todas las retribuciones públicas o el carácter absolutamente profesional y no político de los órganos colegiados que actúan en materia de contratos, subvenciones o selección de empleados públicos.
Pamplona-Iruña, a 27 de abril de 2012