Source: https://www.scribd.com/doc/188785899/ARBITRAJE-31ENE2013
Timestamp: 2016-08-30 00:32:55
Document Index: 191623523

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreUniversidad Católica San PabloArbitraje DER 11-1
Guía de Trabajo Nº 03
“El derecho a un juez arbitral imparcial”
2. ………………………………………………………………………………………………....
Revisar cuidadosamente la STC 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC y absolver las
Describan y resuman brevemente los hechos relevantes del caso.
Identifiquen las materias jurídicamente relevantes para la resolución del caso.
¿En qué consiste el derecho a un juez arbitral imparcial?
Desarrolle las 2 vertientes de la imparcialidad planteadas por el TC.
¿Se encuentra de acuerdo con los argumentos que justificaron la recusación del
árbitro en el procedimiento arbitral?
¿Es posible cuestionar a través de un proceso constitucional de amparo la
imparcialidad de un árbitro?
EXPS. 6149-2006-PA/TC Y
6662-2006-PA/TC
SHAHUINDO S.A.C. y
En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, el Tribunal Constitucional, en
sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García Toma,
Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Landa Arroyo y Mesía Ramírez,
pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento singular del magistrado
Gonzales Ojeda y el voto singular del magistrado Bardelli Lartirigoyen
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Sulliden Shahuindo S.A.C. contra
la Resolución de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, de fojas 50 del segundo cuaderno del expediente 6149-2006-PA/TC, su
fecha 17 de marzo de 2006; y recurso de agravio constitucional interpuesto por José
Humberto Abanto Verástegui, abogado y Director Gerente General de la Compañía
de Exploraciones Algamarca S.A. contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 841 del expediente 6662-2006-PA/TC, su
fecha 27 de abril de 2006, que declaran improcedentes las demandas de amparo de
Habiéndose realizado la vista de la causa en audiencia pública de ambas causas, el
Pleno del Tribunal, mediante resolución de fecha 24 de agosto de 2006, dispuso que
los actuados en los expedientes 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC se acumulen
en atención a su afinidad causal, dado que lo resuelto en el primero afectará de
manera directa al segundo.
2. Amparo promovido por la Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. contra la Cuarta Sala
de la Corte Superior de Justicia de Lima (expediente 6149-2006-PA/TC)
Con fecha 24 de enero de 2005, la Compañía Sulliden Shahuindo S.A.C. interpone
demanda de amparo contra la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima con el objeto de que se deje sin efecto la resolución s/n, de fecha 14 de abril
de 2005, y se reponga la eficacia de la resolución N.º 1, de fecha 9 de marzo de
2005, expedida por el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Villa María del
2.1 Alegaciones de la demandante
La recurrente sostiene que con la resolución emitida por la Sala emplazada se
violaron sus derechos al debido proceso, específicamente su derecho a no ser
desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley; a la defensa, a la motivación
de resoluciones y el principio de la doble instancia. Puntualiza que se han lesionado
dichos derechos fundamentales, puesto que: a) ordenó que una demanda contra
una decisión dictada en el procedimiento arbitral, sea tramitada ante el Juez de
Primera Instancia, y no ante la Sala Superior; b) se expidió la resolución
cuestionada, sin que se le notificara de la apelación, conforme a los artículos 47 y
58 del Código Procesal Constitucional. c) la resolución cuestionada carece de
motivación lógica, razonada y suficiente; y d) la resolución cuestionada se
pronunció sobre aspectos que no fueron materia de apelación.
Mediante escrito de fecha 9 de mayo de 2005, la Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.
interpuso excepción de incompetencia, argumentando que en la medida que las
resoluciones arbitrales son homologables a las resoluciones judiciales,
(...) las primeras se encuentran sujetas a los mismos requisitos previstos para las
segundas (...) En este sentido, tanto el artículo 4º como el 51º del Código Procesal
Constitucional también serían de aplicación para el caso de las demandas de
amparo contra las resoluciones arbitrales distintas al laudo. Dentro de esta línea de
razonamiento, vuestro Despacho en opinión de nuestra parte no resulta
competente para conocer de la presente demanda, sino la Sala Civil competente de
la Corte Superior de Justicia de Lima[1].
El mismo argumento, sólo que esta vez como violación del derecho a no ser
desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley, volvió a ser sugerido por la
Minera Sulliden Shahuindo S.A.C., en la demanda de amparo acumulada, en la que
se solicita se deje sin efecto la resolución s/n, de fecha 14 de abril de 2005,
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
la cual se revocó el auto que declaró improcedente la demanda, y ordenó que el
Juez Mixto del Módulo Básico de Justicia de Villa María del Triunfo admita la
demanda de amparo interpuesta por la Compañía Minera Algamarca S.A. contra los
miembros del Tribunal Arbitral Sulliden-Algamarca, así como contra la Minera
Sulliden Shahuindo S.A.C. A su juicio,
(...) conforme al artículo 51 del Código Procesal Constitucional concordante con el
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política, [la demanda] debió ser interpuesta
y tramitada ante la Sala competente de la Corte Superior de Justicia de Lima[2].
En ese sentido, considera que:
(...) no existe razón valedera para no aplicar el trámite previsto en dicha norma
procesal constitucional a las resoluciones arbitrales, las cuales se expiden dentro
del ejercicio de una función jurisdiccional por parte del órgano jurisdiccional arbitral.
Para estos efectos, no puede escapar al recto criterio del juzgador que nuestra
Constitución Política vigente en su artículo 139º inciso 3, expresamente reconoce la
existencia de la jurisdicción arbitral.
Además, en forma contradictoria, en la Resolución s/n de fecha 14 de abril de 2005
materia de análisis se señala que la tramitación de impugnación de laudo arbitral se
sigue ante la Corte Superior, para a continuación concluir que dicho trámite no
incluye a las otras resoluciones arbitrales distintas del laudo (...)[3].
En el escrito que contiene la expresión de agravios del recurso de apelación
interpuesto contra la resolución de fecha 7 de junio de 2005, expedida por la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima –mediante la cual se
declaró improcedente, in limine, su demanda–, Minera Sulliden Shahuindo S.A.C
Siendo el arbitraje una institución que ejerce funciones jurisdiccionales, las
decisiones que se toman al interior del proceso arbitral deben ser homologadas
como resoluciones judiciales (...).
Si las decisiones tomadas al interior de un proceso arbitral, son efectuadas en
mérito a la atribución constitucional de administrar justicia; debe concluirse que las
decisiones arbitrales se deben homologar a las resoluciones judiciales.
. del Código Procesal
Constitucional es aplicable también a las resoluciones dictadas por la jurisdicción
arbitral. en esencia. El órgano jurisdiccional superior
acogió la oposición que oportunamente planteé.A.
Asimismo.. señor
Juez.)[4]. expresa que:
La incuestionable competencia del honorable Primer Juzgado Mixto de Villa María
del Triunfo es otro tema resuelto por el fallo de la respetable Cuarta Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima. órgano
competente cuando se trata de procesos de amparo `respecto de resoluciones
arbitrales que. en su escrito de fecha 17 de mayo de
2005. y no sólo cuando dicta el laudo que es la resolución
que pone fin al procedimiento. por la propia argumentación de la demandante. el Procurador Público
adjunto de los asuntos judiciales del Poder Judicial. La distinción entre el laudo y las demás resoluciones
que se dictan al interior del procedimiento arbitral no tienen sustento legal ni
tampoco lógico (. equivaldría a las
resoluciones judiciales a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 51º del
Código Procesal Constitucional[5]. y que los miembros del tribunal arbitral
emplazado pretenden reponer a la discusión.
2. a que sea interpretada
exclusivamente la restricción al juez natural de amparo. Éste. es que el artículo
139º. como se ha sugerido
en la demanda presentada por la Compañía de Exploraciones Algamarca S.. La jurisdicción arbitral ejerce su función
durante todo el procedimiento. y no ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia.1 de la Constitución no equipara al Poder Judicial con la jurisdicción arbitral.
sino simplemente se limita a reconocerlo en el plano constitucional.
2. es posible inferirse el argumento que ésta
tuvo para considerar que debía admitirse la demanda de amparo contra
resoluciones emanadas de un procedimiento arbitral por el Juez Mixto del Módulo
Básico de Justicia de Villa María del Triunfo. de la resolución de fecha 14 de abril de 2005. 4to. contenida en el artículo 51
del Código Procesal Civil[6].
2.) la demandante de amparo ha interpuesto la demanda ante su despacho. En ese sentido.2 Apreciaciones de los miembros del Tribunal Arbitral
Los miembros del Tribunal Arbitral Sulliden-Algamarca manifiestan que una
resolución arbitral no es semejante a una resolución judicial..3 Apreciaciones de la Compañía de Exploraciones Algamarca
La Compañía de Exploraciones Algamarca.
Sin embargo.En éste (sic) sentido debe interpretarse que el art. refieren que
(. Lo ha hecho. expedida por la
demandada Cuarta Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.. sin embargo. Las resoluciones dictadas en el proceso arbitral pueden resolver un
incidente como poner fin al procedimiento.4 Consideraciones vertidas en la resolución expedida por la Cuarta Civil de la
Los magistrados de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima no
se han apersonado al proceso. y que se cuestiona
en la demanda de amparo acumulada.
a su vez. Amparo promovido por la Compañía de Exploraciones Algamarca contra el
Tribunal Arbitral Sulliden-Algamarca (expediente 6662-2006-PA/TC)
Con fecha 24 de enero de 2005. y que. Fernando Cantuarias Salaverry y
Víctor Ávila Cabrera ante el Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo.
Sostiene que los árbitros han realizado una interpretación constitucionalmente
. 108. el argumento para
confirmar la resolución recurrida fue que no existe una violación del derecho a la
tutela procesal efectiva y que lo que pretende en realidad la demandante es
(. fue confirmada por la resolución de fecha 16 de marzo
de 2006.(. la Sala Civil de la Corte Superior. por lo que sería competente para su
conocimiento y trámite el Juzgado Civil correspondiente (negritas en el original)[7]. lo que no constituye materia del amparo en este
proceso que no puede erigirse en una supra instancia revisora de decisiones firmes
recaídas en otro. expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República. la demanda se
interpondrá ante la Sala Civil de Turno de la Corte Superior de Justicia. por
lo que. mediante las cuales se fijó el
procedimiento y se resolvieron la recusación planteada en su contra así como los
recursos de reposición presentados contra las referidas resoluciones arbitrales.
§3.A.
interpone demanda de amparo contra los miembros del Tribunal Arbitral SullidenAlgamarca.) la interpretación que ha dado la Sala Superior a las normas procesales
relacionadas con la competencia. 114. 124 y 125 expedidas por los emplazados.. estando a que las resoluciones que se cuestionan son las emitidas en el
procedimiento arbitral mas no el laudo.
Interpuesto y concedido el recurso de agravio constitucional.5 Pronunciamientos en sede judicial del amparo
Mediante resolución de fecha 7 de junio de 2005.. 109. conocer en
primera y única instancia la presente causa. 115. in limine. por ello. pues la circunstancia de que la recurrente difiera del criterio
jurisdiccional del Colegiado emplazado no convierte en irregular el proceso
constitucional que se cuestiona[8]. 110. también lo
es que el artículo 63 de la Ley General de Arbitraje indica que es competente para
conocer de la apelación del laudo de derecho. señala que si
la afectación de derechos se origina en una resolución judicial. declaró improcedente.. 121. debe
aplicarse el inciso 6) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. la Compañía de Exploraciones Algamarca S.) si bien es cierto el artículo 51 del Código Procesal Constitucional. no correspondería a la Sala Civil. 112.
116. los actuados fueron
elevados al Tribunal Constitucional. con el objeto
de que se dejen sin efecto las resoluciones Nº 106. Sucintamente. la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima. doctores Jorge Santistevan de Noriega. por
considerar que lo que busca el recurrente es un nuevo pronunciamiento del órgano
jurisdiccional dentro de un proceso llevado regularmente. la demanda..
y la Sociedad Minera Sulliden Shahuindo S. no contaba con el poder suficiente para celebrarlo. por ende. Petróleo y Energía.
Iniciado el proceso arbitral. N.
también el convenio arbitral inserto.C.A.C. la Compañía Minera Poderosa S.A.A.A sostuvo un proceso arbitral
con la empresa Minero Pataza S. Compañía de Exploraciones Algamarca
S..inaceptable del artículo 31º de la Ley General de Arbitraje. y. la
Compañía Minera Algamarca S.C. el Instituto Nacional de Derecho de Minería. a su vez. Petróleo
y Energía designó como árbitro al señor Fernando Cantuarias Salaverry.A.
Que en 1996. que
establece que “La persona a quien se comunique su posible nombramiento como
árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a una posible
. miembro del Tribunal Arbitral
Sulliden-Algamarca sobre la base de los siguientes fundamentos:
Que como siempre rechazó la validez del convenio arbitral. director del Instituto Nacional de
Derecho de Minería. padre del árbitro recusado Fernando Cantuarias
Salaverry. contrató los
servicios profesionales del señor Fernando Cantuarias Salaverry. ejerce la representación
legal de la Minera Sulliden Shahuindo S. la misma que supone
Que el señor Enrique Lastres Berninzon.A. ante este hecho. el procedimiento arbitral por considerar que el contrato de
transferencia de propiedades mineras es nulo.A.. el señor Enrique Lastres Berninzon fue accionista y miembro
del directorio de la Compañía Minera Poderosa S.
Que en esta empresa también formaba parte del directorio el señor
Fernando Cantuarias Alfaro.A. ab initio.A. ya que su representante al momento
de suscribirlo.
Que el nombramiento del árbitro Cantuarias Salaverry se hizo con la
participación del señor Enrique Lastres Berninzon.
en el cual se insertó un convenio arbitral. no tenía por qué nombrar al árbitro que por ley le
En opinión de la demandante. la Compañía Minera Poderosa S.º 26572.
Que para este arbitraje.
3. a solicitud
de la Minera Sulliden Shahuindo S. cuestionó. la recurrente promovió un incidente de recusación
contra el doctor Fernando Cantuarias Salaverry.
Corre en los actuados que la recurrente. Compañía de
Exploraciones Algamarca S.
Que en 1996.1 Alegaciones de la demandante
Sostiene que el 11 de noviembre de 2002 se suscribió un contrato de transferencia
de propiedades mineras entre la Compañía de Exploraciones Algamarca S. la concatenación de todos estos hechos constituye
una clara vulneración del artículo 29º de la Ley General de Arbitraje.A.A.
revelará sin demora tales circunstancias a las partes.
Que la recusación no se ha efectuado en el tiempo inmediatamente
después de conocida la causa y dentro del plazo probatorio.
Que el nombramiento del árbitro recusado por parte del Instituto Nacional
de Derecho de Minería. entre otras cosas.
Frente a la resolución de los árbitros Jorge Santistevan de Noriega y Víctor Ávila
Cabrera. Petróleo y Energía. el desistimiento previo de la parte demandante en dicho
proceso”. sin que al respecto la
parte recusante haya ofrecido detalle o prueba sobre la referida inmediatez..
Que el tiempo transcurrido entre los hechos que son materia de recusación
(1996) y el presente arbitraje (2004) supone una notaria lejanía con relación a la
actuación como árbitro del recusado. alegando a tal
efecto. el árbitro
recusado “se limitó a solicitar la prórroga del plazo para contestar la demanda
(mediante escrito del 5 de marzo de 1996) e impugnar la competencia de dicho
Tribunal Arbitral (mediante escrito del 12 de marzo de mismo año). período en el cual “elaboró
consultas jurídicas sobre materia arbitral sin que ninguna de ellas tuviera relación
con el doctor Lastres Berninzon.
Los árbitros Jorge Santistevan de Noriega y Víctor Ávila Cabrera declararon
infundada la recusación deducida por la Compañía de Exploraciones Algamarca S. y el árbitro.
Que la relación entre el árbitro Cantuarias Salaverry con la empresa en la
que el señor Lastres Berninzon fue director en fecha lejana (1996).la tendría el socio a cargo del cliente.
por considerar. y que su actuación
“se limitó a suscribir dos escritos en 1996 y nada más”.
Que como abogado de la Compañía Minera Poderosa S. bajo pena de responder por los daños y
perjuicios que ocasionen por su omisión”.
es decir el doctor Cantuarias Alfaro”. pues se trata de una
decisión tomada por un órgano colegiado. entre otras cosas:
Que el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry reconoció su participación
como abogado defensor de la Compañía Minera Poderosa S. a
menos que ya les haya informado de ellas. desde el momento de su nombramiento y durante todas las
actuaciones arbitrales. debe relativizarse.A.recusación. ni con las partes involucradas en el presente
arbitraje. ni con el asunto materia de la presente controversia”.
Que la vinculación entre el doctor Lastres Berninzon y el árbitro recusado se
limitó a un lapso de 4 meses (de marzo a junio de 1996). “sin que haya demostración o comprobación
alguna de elemento adicional que permita razonablemente afirmar que pueda
haber vinculación actual y sustantiva entre el representante legal de la demandante
y el árbitro aludido”. y que haya sido codefensor y
supervisado por el doctor Lastres. teniendo en consideración que en dicho
momento el árbitro recusado trabajaba en un estudio de abogados de propiedad de
su padre en el cual la supervisión –de haberla.A. era “puramente
circunstancial”. que declara infundada la recusación contra el árbitro Fernando Cantuarias
. y que no se ha probado que el recusado
“haya sido contratado por el doctor Lastres.A.
consecuencia de que una vez que planteó la recusación de la totalidad de los
integrantes del Tribunal Arbitral Sulliden-Algamarca. éste procedió a fijar para su resolución un procedimiento
consistente en el desdoblamiento del Tribunal en salas o grupos de trabajo. el propio Tribunal Arbitral. El demandante cuestiona tal procedimiento. una vez que planteó la recusación contra el Tribunal Arbitral SullidenAlgamarca en pleno. violando el derecho al debido proceso.2. éste procedió a
fijar un procedimiento para su resolución. los otros dos
resuelven.3. fijó el procedimiento para la resolución de la recusación
planteada en su contra. consistente en el desdoblamiento del
Tribunal en salas o grupos de trabajo.1 Alegaciones de la Compañía de Exploraciones Algamarca S. ya que según
lo allí dispuesto..
La recurrente alega que se ha lesionado el derecho al debido proceso.
En ese sentido. interpuso una nueva
recusación. pero esta vez contra el Tribunal Arbitral Sulliden-Algamarca en pleno.1 Apreciaciones de la Compañía de Exploraciones Algamarca S. de tal forma que cuando la recusación
alcanza a uno de los árbitros.2 Violación del derecho al debido proceso (alegaciones de las partes)
3.A. se violan las garantías del
debido proceso[9]. que en la medida que la recusación supone un conflicto surgido
entre las partes y quién o quiénes tienen a su cargo resolver el procedimiento
.2. tanto las normas constitucionales como las normas de inferior jerarquía–
suponer que un cuestionamiento de la competencia subjetiva de los miembros de
un tribunal arbitral pueda ser resuelto por aquellos que son objeto del
cuestionamiento mismo.
La recurrente aduce que se ha lesionado su derecho al debido proceso.
alega que esta fórmula de desdoblamiento del Tribunal no garantiza la
imparcialidad de la decisión resolutoria.
Ante esta situación. sin considerar que la recusación ha sido planteada contra todos.Salaverry. No hay término medio. Según
afirma. los otros dos resuelven.
3.) es constitucionalmente inaceptable y constituye una amenaza a los principios y
derechos que inspiran el proceso en el ordenamiento jurídico peruano –entendiendo
por éste.A.A. de tal
forma que cuando la recusación alcance a uno de los árbitros.
3. o se respeta la heterocomposición
–remitiendo como es debido el incidente para su resolución a un tercero ajeno a la
disputa– o se hace tabla rasa de ella y. sin embargo. naturalmente.2 Apreciaciones de los miembros del Tribunal Arbitral Algamarca-Sulliden
Los demandados consideran que las resoluciones que ha emitido el Tribunal se han
sujetado al debido proceso y a lo dispuesto por la Ley General de Arbitraje..
Afirma. y así sucesivamente. la Compañía de Exploraciones Algamarca S. dos miembros del Tribunal habrían resuelto la recusación respecto
de uno. Asimismo. de fecha
19 de enero de 2005. mediante resolución Nº 98.
3. igualmente. considera que
(.3 Violación del derecho a ser juzgado por un Tribunal Arbitral imparcial
(alegaciones de las partes)
. toda vez que la interpretación del Juez Especializado en lo Civil
únicamente resulta procedente cuando el arbitraje es unipersonal. en y
por sí. y iii) si la[s] decisiones
cuestionadas de los árbitros al momento de resolver la recusación en su contra
viola o no lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley General del Arbitraje (.
involucrado.)[13].) porque todos y cada uno de los miembros del tribunal son parte en el incidente
de recusación y porque el hecho que configura la causal los involucra a todos ellos
sin distingo.
Asimismo.C.3.) a saber: i) si la recusación interpuesta contra los 3 árbitros era procedente
conforme [a] las reglas de la Ley General de Arbitraje Ley Nº.2 Apreciación de los miembros del Tribunal Arbitral Sulliden-Algamarca
sujetado al debido proceso y a lo dispuesto por la Ley General de Arbitraje.. en general.. una amenaza cierta y de inminente realización contra el derecho al debido
proceso legal. ii) si la
demandante tiene legitimidad activa para demandar. 26572. considera el demandante que la fórmula asumida por el
Tribunal Arbitral es violatoria de su derecho al debido proceso:
La opción interpretativa asumida por el tribunal arbitral demandado constituye.. para analizar el sustento de la
presente demanda.) el Tribunal Arbitral ha respetado escrupulosamente lo dispuesto por dicha
norma al señalar que la recusación interpuesta contra el Tribunal Arbitral sería
resuelta por mayoría absoluta sin el voto del recusado por tratarse de un arbitraje
3. se ha respetado el derecho al debido proceso de las
partes intervinientes en el proceso arbitral pues tal como es de verse de las
resoluciones 114. pues el juzgador parcial –o sea. lo contrario de un juzgador
propiamente dicho. y 116.. independiente e
imparcial. sin la
intervención del árbitro recusado[12]
3.3 Apreciaciones de Minera Sulliden Shahuindo S.A. pues. éstas fueron resueltas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31° de la Ley General de Arbitraje..3. y del derecho a un juez competente..A. coloca la resolución de una recusación exactamente en
manos de quienes son objeto de ella. es lógico que exista la necesidad de reconducir la absolución de tal
recusación a un tercero imparcial que no se encuentre directa. expresa que la fórmula fijada por el Tribunal Arbitral no está en
condiciones de garantizar el principio jurisdiccional de imparcialidad en sus
(.habría emitido pronunciamiento[10]. Lo que equivale a decir que están imposibilitados para ser
imparciales[11]. esto es.arbitral. En ese
A juicio de la Minera Sulliden Shahuindo S. aducen que
(. La vulneración se verificaría con la resolución
propiamente dicha. es preciso observar tres elementos:
(. al momento de resolverse la recusación interpuesta mediante el escrito
del 09 de diciembre de 2004.C. 115.
Asimismo. Por ello. o indirectamente.. en especial.
pues dejó transcurrir el plazo de 30 (treinta) días
hábiles que tenía para ello. 75 del 25 de noviembre de 2004.) porque el artículo 31º de la Ley general de Arbitraje dispone expresamente que:
`(.). sino. además.
En segundo lugar. (.
Finalmente. más que propiamente una nueva recusación (sic)[14]. Pues bien.A. de 19 de
enero de 2005] en vía de amparo..
En relación con la falta de legitimidad activa.
(. no recusó a los árbitros por basarse en un hecho falso. sino que interpuso
primero un recurso de nulidad contra dicha resolución (.. es decir. 106. vencida las barreras de la improcedencia y
falta de legitimidad antes precisadas.) que la accionante debe acreditar. esta segunda recusación funge más de medio
impugnatario encubierto. por dos razones.) la parte que formula recusación debe hacerlo inmediatamente de conocida la
causa que lo motiva´. En primer lugar. Compañía de Exploraciones Algamarca
S. Una semana después.. alega que la demandante consintió la
lesión. que determine que la interpretación hecha por el
Tribunal Arbitral por delegación de las partes es arbitraria y no razonable[18]. el tribunal por delegación de las partes cuenta con la atribución de
interpretar las normas aplicables al caso sometido a su conocimiento. incluyendo el artículo 31 de ella[17]..
Indudablemente entre ellas se encuentra[n] las disposiciones de la Ley General de
Desde esta perspectiva..
En ese sentido.En relación al primer aspecto.) conforme a las reglas del
proceso arbitral establecidas por el propio Tribunal Arbitral al momento de
instalarse.. resulta que luego que se expidiera la resolución
arbitral Nº. se trata de una
recusación contra los árbitros por haber resuelto `mal´ una recusación anterior.. es
que recién recusa a los tres árbitros mediante escrito s/n de fecha 9 de diciembre
de 2004[15]... se trata de una recusación en `cascada´.) al no recurrir oportunamente de ella [la resolución arbitral Nº. sostiene
(.) porque tal como fluye de la propia exposición de los hechos alegados en la
demanda.) la literalidad del artículo 31 de la Ley General de Arbitraje no permite concluir
que el Tribunal Arbitral esté obligado a remitir al Poder Judicial la recusación
formulada en contra de todos sus integrantes.3.4 Pronunciamientos en sede judicial del amparo
(. que el Tribunal Arbitral ha incurrido en una
interpretación arbitraria y no razonable del artículo 31º de la Ley General de
Arbitraje. En otras palabras.. no es suficiente para declarar fundada la demanda de
amparo que el órgano jurisdiccional judicial arribe a una interpretación distinta de la
mencionada norma. sostiene que la recusación es manifiestamente
improcedente.. por aplicación del artículo 44 del Código Procesal
Constitucional[16]. advierte que
Con fecha 27 de abril de 2005. la Minera Sulliden
Shahuindo S. La recurrida. el Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo declaró
improcedente. por su parte. reformándola.
La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Aspecto procesales que deben dilucidarse en la presente causa
el órgano jurisdiccional emplazado ordenó que una demanda de amparo contra
resoluciones emanadas de un procedimiento arbitral sea admitida por el Juez de
Primera Instancia.2 Competencia judicial en el amparo arbitral (¿Juez Civil o Sala Civil de la Corte
2. revocó la apelada y. conforme al
artículo 51º del Código Procesal Constitucional. el mismo Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo
admitió a trámite la demanda y.
concluyendo en una denuncia relativa al incumplimiento de un presupuesto
extintiva y de falta de legitimidad para obrar del demandante propuestas por la
demandada. en el proceso acumulado.
el cuestionamiento de una resolución expedida por un tribunal arbitral sólo puede
realizarse cuando se ha resuelto el fondo del asunto sometido a su competencia. por considerar. también se ha sustentado en la misma argumentación. FUNDAMENTOS
§1. como presupuesto para
ingresar al fondo de ella. que se habría lesionado su derecho a no ser desviada del juez
predeterminado por la ley.
II. la demanda. dado que se ha impugnado la competencia del Juez para conocer
una demanda contra resoluciones emanadas de un proceso arbitral. la Compañía
Sulliden Shahuindo S. los actuados fueron
elevados al Tribunal Constitucional. por considerar. en el proceso signado con el N° 6662-2006-PA/TC.
Para ventilar la controversia planteada es necesario abordar las posiciones
planteadas desde el derecho procesal constitucional. declaró infundadas las excepciones de incompetencia. e infundado el amparo.C. declaró
nula la apelada y ordenó que el a quo emita nueva resolución.
El Tribunal observa que.
De otro lado.A.Con fecha 9 de marzo de 2005. in límine. deberá afrontar dichas cuestiones
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional
§1. mediante resolución Nº 27 de fecha 10 de agosto
de 2005. y no se siga su trámite ante la Corte Superior de Justicia de Lima. en primer lugar.C. esencialmente. así como los
fundamentos en los que se sustenta el rechazo liminar de la demanda 6149-2006
´PA/TC. interpuso su demanda de amparo contra la Cuarta Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente 6149-2006-PA/TC).
Interpuesto y concedido el recurso de agravio constitucional. Dicha violación se habría producido. mediante sentencia del
27 de abril de 2006. por considerar que se debió promover el
proceso ante la Sala Civil de Turno de la Corte Superior de Justicia.A. este Colegiado. declaró improcedente la
demanda. a su juicio. que de conformidad con el precedente
vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en la STC 6167-2005-PHC/TC.
procesal del presente amparo arbitral. el Tribunal observa que el artículo 51º del Código Procesal
Constitucional establece que:
. el régimen de la competencia
judicial para las resoluciones emanadas en un proceso arbitral. debería ser objeto de un pronunciamiento sobre el
Así. teniendo
en cuenta el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la jurisdicción
predeterminada por ley y la doctrina jurisprudencial al respecto. grado. Que dentro del contenido esencial del derecho el juez natural
constitucionalmente protegido por el amparo. sin posibilidad
de que ésta se pueda cuestionar en sede de la justicia constitucional de la
libertad[20]. el Tribunal considera que su dilucidación corresponde a la
etapa de verificación de los presupuestos procesales del amparo arbitral. entre otras)[19]..
3. sino por "un juez o un órgano que ejerza potestad
1013-2003-HC/TC. se expresó:
4. como tal. garantizándose de ese modo que nadie sea juzgado por un juez
ex post facto o por un juez ad hoc (Cf. un petitorio de esa naturaleza tiene la condición de una
pretensión principal. STC 1076-2003-HC/TC. la finalidad y el interés que mediante este derecho se persigue proteger. es una
atribución que le corresponde determinar a la jurisdicción ordinaria.
Posteriormente. este Tribunal declaró que
(. ciertamente no se encuentra la
determinación de la competencia territorial de un juez o en general los conflictos de
competencia jurisdiccional en razón de cualesquiera de los criterios legalmente
contemplados por el ordenamiento procesal (cuantía. por ejemplo. en la Resolución 5397-2005-PA/TC. cuantía. turno. no sea realizada por "órganos
jurisdiccionales de excepción" o por "comisiones especiales creadas al efecto.
De modo que la dilucidación de la competencia de un juez en función del domicilio
del demandado o por el lugar donde se encuentra el bien en controversia. de un juez.. Por ello. Sin embargo.. 0290-2002-HC/TC. del artículo 139º de la
Constitución. (. que el caso judicial sea resuelto por un juez cuya competencia
necesariamente deba haberse establecido en virtud de una ley con anterioridad al
En la doctrina jurisprudencial de este Tribunal se tiene expresado que no
forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
jurisdicción predeterminada por ley los problemas vinculados con la determinación
de la competencia territorial.) al no
formar parte del contenido esencial constitucionalmente garantizado. etc. a saber. aquel señalado en la ley. cualquiera sea la materia. Ello es así
por cuanto el derecho constitucional que se alega no es el derecho al juez
"determinado". cuya competencia haya sido previamente determinada por la ley.
cualquiera sea su denominación". turno. al juez "predeterminado" es decir.
Ciertamente... sino como se expresa en el referido inciso 3).) mediante el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley se garantiza
que el juzgamiento de una persona o la resolución de una controversia
determinada. Y. etc). grado. el
sufijo "pre" –de evidente connotación temporal– tiene la propiedad de modular los
y no el tema de la competencia judicial en el conocimiento del amparo contra
resoluciones emanadas de un procedimiento arbitral [Cf.
El Tribunal reitera.
8.]. y que éste no se extiende. el Juez civil del lugar donde se afectó el derecho. a ningún otro acto reclamado.
Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial. incluso si éste último es expedido en
procedimientos de naturaleza jurisdiccional (como el amparo electoral) o en otros
de naturaleza análoga (como es el caso de los actos dictados por tribunales
administrativos o arbitrales). en materia de amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de
Elecciones. el Tribunal recuerda que en la STC 1567-2006-PA/TC. o donde tiene su
domicilio el afectado. en materia de amparo electoral.
El Tribunal recuerda. sólo son aplicables cuando se cuestionan
resoluciones emanadas en un proceso seguido ante el Poder Judicial [Cf.
No obstante. por último. en la que eran partes
los mismos sujetos procesales que ahora intervienen en el proceso acumulado. la jurisprudencia del Tribunal es unánime en considerar que las
reglas de competencia establecidas para el amparo contra resoluciones judiciales
no son aplicables al caso del amparo electoral. antes. sobre el artículo 29º de la Ley Nº 23506
–que también establecía un régimen semejante–. también la RTC 09282001-AA/TC.
7. o donde domicilia el autor de la infracción. este Tribunal ha considerado la validez de la relación jurídico procesal
iniciada ante el Juez de Primera Instancia de la estructura orgánica del Poder
Judicial. por ejemplo.
Del mismo criterio ha sido este Tribunal cuando ha tenido que evaluar la
impugnación de resoluciones arbitrales a través del proceso de amparo. STC 1418-2002-AA/TC.
la STC 2730-2006-PA/TC].“Son competentes para conocer del proceso de amparo. el criterio que esencialmente sirvió para
ello fue que no se habían interpuesto los medios impugnatorios que la Ley General
del Arbitraje prevé para el cuestionamiento de los actos considerados como lesivos. etc. dando por sobreentendido que la competencia diferenciada prevista por los
antes referidos preceptos legales. por
analogía.. el cual verificará los hechos referidos al
presunto agravio.
interposición de la demanda"
que designará a uno de sus miembros. dados
los riesgos que podrían generarse en determinados supuestos para la continuidad
del proceso electoral y para los principios constitucionales que con él se encuentran
involucrados[21]. si
bien se declaró improcedente la demanda. asimismo.
Así. siempre se ha considerado que el
régimen de competencia previsto en el segundo párrafo del Código acotado es
exclusivo del amparo contra resoluciones judiciales.
9. en ese sentido. que en su jurisprudencia sobre el artículo 51º
del Código Procesal Constitucional y. A tal
efecto. y aun con todos los riesgos que entonces se advirtieron en el caso del
amparo electoral. por ejemplo. la demanda se
interpondrá ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva.
No ha sido ajena a este Tribunal la preocupación por la inexistencia de reglas
ad hoc de competencia judicial. que la razón de no haber considerado las
reglas de competencia judicial para el caso del amparo contra resoluciones
el Tribunal Constitucional considera que no se han afectado las
reglas de competencia en el presente amparo arbitral. contra la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima
12. el Tribunal advierte que el criterio al que se acaba de hacer
mención no es aplicable en aquellos casos en los que el agravio se produce por
efecto de un laudo arbitral.
En tal sentido.)"[22]. en caso que se haya salvado la procedibilidad. El Tribunal recuerda que es doctrina jurisprudencial uniforme. ínsito a la exigencia de contarse con una resolución judicial firme.) bien el recurso de anulación establecido en el artículo
61° de la Ley General de Arbitraje N. en el
supuesto que la demanda fuese admitida en esta sede. prima facie.) manifiestamente" improcedente. siempre y cuando se
hayan cumplido las exigencias que este Colegiado ha considerado como necesarias
para un supuesto de esa naturaleza [Cf. puesto que una vez que éste se cuestione mediante los
medios impugnatorios previstos en la Ley General del Arbitraje. stricto sensu. y por lo que se refiere al cuestionamiento de resoluciones judiciales.. Como última cuestión de forma.
el Tribunal tiene expresado que su rechazo sólo es admisible cuando se trata de
(.. su resolución
corresponde al Juez. Finalmente. ante la
inexistencia de una norma legal que fije las reglas de competencia judicial del
amparo arbitral. el Tribunal Constitucional estima oportuno
pronunciarse sobre el rechazo liminar de la demanda acumulada. verificar si cumple con las
condiciones de procedibilidad contempladas en el artículo 5º del Código Procesal
Constitucional. STC 4587-2004-AA/TC]. evaluará
si es posible que pueda expedir una sentencia sobre el fondo.
§1. en
los términos del artículo 4º del Código Procesal Constitucional. Por tanto.. la afirmación de
que sólo se puede rechazar liminarmente una demanda sobre la base de cualquiera
de los criterios contemplados en el artículo 5º del Código Procesal Constitucional. el Tribunal Constitucional no podrá exigir que el justiciable haya
interpuesto su demanda de amparo ante un órgano jurisdiccional que no ha sido
declarado. en supuestos de
esa naturaleza. Igualmente.judiciales como aplicables para el caso del amparo arbitral. por lo que no existe
impedimento para expedir una sentencia sobre el fondo.. y. Por lo expuesto. el amparo no sólo persigue cuestionar el laudo arbitral. la competencia de un tribunal de justicia
por razón de la materia debe encontrarse fijada en la ley. si ese fuera el caso] no constituye. ya sea porque los hechos y la pretensión no
estaban referidos a un derecho directamente reconocido en la Constitución o
porque era notoriamente manifiesto que mediante el amparo se pretendía que el
. bajo los alcances del principio de
definitividad. a su turno. Y si "(.A. también lo es que.C.3. para el
caso del amparo electoral. En efecto. luego. se fundan en el hecho de que su determinación está
sujeta al principio de legalidad.
§1.3 Rechazo liminar de la demanda promovida por la Compañía Sulliden Shahuindo
S.. sino parte integrante y residual del proceso arbitral seguido inicialmente
ante el Tribunal Arbitral de Derecho (.° 26572 [como también el recurso de
apelación. como competente para conocer de un determinado asunto..
10. como antes se ha
advertido. sino
también la decisión judicial que lo legitima.1 Condiciones del rechazo liminar
13. o. un nuevo proceso
que: "Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta
manifiestamente improcedente.) [24].. y particularmente en aquellos donde
se había alegado la violación de un derecho fundamental de orden procesal..
(. Se podrá rechazar liminarmente una demanda manifiestamente
improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del presente Código (. puesto que el supuesto para
declararlo ahora se encuentra previsto en el inciso 1) del artículo 5º del referido
Código Procesal Constitucional. lo que presuponía. necesariamente.)[25]. (. como son los de
defensa. si bien ahora no contempla explícitamente la hipótesis del rechazo liminar de
la demanda dirigida a impugnar resoluciones judiciales. como es
obvio.juez constitucional se superponga y sustituya al juez ordinario en el ejercicio de sus
competencias. la admisión de la demanda. al que reenvía su artículo 47º. permite constatar que. sin embargo. era una cuestión que sólo podía
determinarse con un pronunciamiento sobre el fondo.. por ejemplo. como supuesto para el rechazo liminar. en la STC 0757-2004-PA/TC se sostuvo que
(. con el objeto de
que estos expliquen las razones que habrían motivado la supuesta agresión.) Una revisión de los supuestos contemplados en el artículo 5º del Código
Procesal Constitucional. con independencia de la
alegación de violación del derecho al juez predeterminado por la ley. lo declarará así expresando los fundamentos de su
14. motivación de las resoluciones judiciales y la doble instancia. la admisión a trámite
de la demanda y su correspondiente traslado a los emplazados. en cuanto a que toda pretensión que cuestione la
regularidad de un proceso judicial requiere. las instancias
judiciales no han efectuado análisis alguno con relación a los otros derechos
constitucionales que también se han considerado afectados.) es necesario hacer una primera precisión respecto del rechazo liminar dictado
por las instancias precedentes. el Tribunal recordó que dicho criterio. advirtió que
(. o cuando habiéndose alegado la lesión de un derecho
constitucional procesal. así como la realización de un mínimo de debate
en torno a la lesividad o no del acto reclamado[23]
En la STC 4587-2004-PA/TC. sin embargo.. es evidente que el acto reclamado no incide
sobre el ámbito constitucionalmente protegido del mismo[26]..... sin embargo.. el mismo
que. esto no quiere decir que no pueda rechazarse liminarmente un
amparo cuando se impugna una resolución judicial.) ha sido acogido por el artículo 47º del Código Procesal Constitucional.. este
Tribunal fue de la opinión que el supuesto de "manifiesta improcedencia" de la
En efecto. En el presente caso. ya sea cuando de una evaluación de los
hechos y el petitorio se infiera que éstos no están referidos a un derecho reconocido
en la Ley Fundamental. si
bien ya no existe una disposición semejante al inciso 2) del artículo 6º de la Ley N. así
como la actuación de todos los medios probatorios que coadyuven a verificar la
regularidad de la actuación jurisdiccional (. el Tribunal observa que.º
.) En todos los demás casos.
Asimismo... el juez podrá declarar liminarmente improcedente una demanda de
amparo contra una resolución judicial.
20.2 El inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional y la alegación
de violación de los derechos de defensa. su deber es constatar si estos otros extremos de la demanda del
proceso acumulado satisfacen las exigencias que impone el inciso 1) del artículo 5º
del Código Procesal Constitucional. La observación que se acaba de efectuar.3. STC 4348-2005-PA/TC.15.3.
19. al resolverse una
controversia. desde luego.3 Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la alegación de violación
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en la causa acumulada
signada originalmente con el número 6149-2006-PA/TC
§1. Por lo que hace a la supuesta vulneración del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales. El Tribunal es de la opinión que este extremo de la pretensión no satisface la
exigencia del inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. Ciertamente que los hay. en los
términos del inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. en
ese sentido. por el contrario.
17. Y no es que el ordenamiento no haya previsto los mecanismos necesarios para
hacer frente a anomalías de esa naturaleza. A su juicio. y estos no
son otros que los medios impugnatorios hábiles que existen en el seno de cualquier
. a que en este extremo de la
pretensión la demanda fuera declarada liminarmente improcedente. no habilita per se la competencia de
este Tribunal para expedir una sentencia sobre el fondo. autorizaba. el
Tribunal es de la opinión que esas mismas consideraciones se presentaban como
insuficientes para que se declarara también la improcedencia liminar de los otros
extremos de la pretensión. es contradictorio que el
órgano judicial emplazado haya hecho diferencias en la aplicación de las reglas de
competencia judicial respecto al cuestionamiento en el amparo de un laudo arbitral. STC 9598-2005-PHC/TC. entre otras]. motivación de las resoluciones judiciales y pluralidad de la instancia. Las instancias judiciales sólo se han pronunciado respecto a la supuesta
vulneración del derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la
ley. motivación de resoluciones arbitrales e
instancia plural
perjuicio de recordar que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho
a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza que. el Tribunal aprecia que el sustento de dicha pretensión se
funda en la diferente interpretación que la recurrente tiene sobre los alcances del
artículo 51° del Código Procesal Constitucional. ésta se realice basándose en una interpretación correcta de la norma
jurídica aplicable [Cf. Por ello. en lo que sigue. habida cuenta que cada uno de los derechos tiene un
ámbito protegido totalmente distinto.
§1. el Tribunal analizará si los hechos y la pretensión
están referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos de
defensa. en la medida que en la demanda también se
denunciaba la lesión de otros derechos fundamentales de orden procesal. Tal circunstancia. Sin embargo. regiría si sólo se impugnase una resolución
emanada de un procedimiento arbitral. como
finalmente se hizo. corresponde a
este Colegiado subsanar la omisión de las instancias judiciales precedentes y. De conformidad con el
último párrafo del artículo 20º del Código Procesal Constitucional.
de aquella otra que.
Tal argumento no tiene ninguna relación con lo que realmente protege el
derecho a la pluralidad de instancias. a su vez. como consecuencia de que la resolución cuestionada se pronunció sobre
una cuestión que no fue materia del recurso de apelación.
Sin embargo. por el contenido constitucionalmente
garantizado de este derecho fundamental. una vez corregido dicho
vicio. pudiese entablarse una relación jurídico procesal válida. Tampoco garantiza un pronunciamiento sobre los extremos planteados en
el medio impugnatorio.
cuando menos. El efecto de la referida nulidad no fue el de dar por concluido el proceso. Éste garantiza que en la dilucidación de una
controversia planteada en sede judicial. Por tanto. se habría producido la paradoja de que el recurso de casación habría
quedado subsumido. como finalmente sucedió. mediante la resolución de fecha 14 de abril de 2005. exista una estructura jurisdiccional que. declaró improcedente la
demanda de amparo interpuesta por Sulliden Shauindo S. además de la organización de las instancias jurisdiccionales
competentes para su conocimiento.3. el Tribunal considera que
la pretensión y los hechos identificados por la recurrente como lesivos no se
encuentran relacionados con el contenido constitucionalmente protegido del
derecho reconocido en el inciso 6 del artículo 139° de la Constitución. y para cuyo acceso
se prevean los medios impugnatorios que correspondan. cuando la instancia judicial superior advierta que en su
. constituyó un
supuesto de nulidad previsto en la ley.
27. y que ésta sea
conocida por las instancias judiciales competentes.
§1. o superpuesto. De manera que. como parece creerlo la recurrente.4 Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la alegación de violación
del derecho a la pluralidad de la instancia en la causa acumulada signada
originalmente con el número 6149-2006-PA/TC
23. En lo que se refiere a la supuesta vulneración del derecho a la pluralidad de
22. Por otro lado. que.A. Como se ha expuesto. a su juicio.
24. sin embargo. la emplazada lo hizo así. que toda
pretensión planteada a través de los medios impugnatorios deba ser amparado u
órgano jurisdiccional emplazado declaró nula la resolución del Juez Mixto del Módulo
Básico de Justicia de Villa María del Triunfo.C.
21. se encuentre organizada en una doble instancia.
25. ordenando que se
expida una nueva resolución.proceso jurisdiccional. el Tribunal es de la opinión que debe desestimarse este extremo de
la pretensión. sino el
de ordenar a la instancia judicial inferior que corrija lo que. los jueces de la Constitución se
encontrarían autorizados para ingresar a dilucidar materias que en principio le son
ajenas (la correcta o incorrecta interpretación y aplicación de la ley). la recurrente alega que se habría violado dicho derecho porque pese
a que cuando se interpuso el recurso de apelación en ningún momento se solicitó
que se declare la nulidad de los actuados. Y cada vez que se solicite su protección
en el ámbito de la justicia constitucional.
26. si se admitiera que el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales garantiza que se interprete y aplique correctamente el derecho positivo. Este derecho no garantiza.
no se encuentran referidas al contenido constitucionalmente protegido del
derecho a la instancia plural.concesión o en el desarrollo del proceso. Este Colegiado recuerda que el rechazo liminar de la demanda tiene por efecto
impedir el establecimiento de una relación jurídico procesal por la carencia de un
presupuesto contemplado en el Código adjetivo que sirve de instrumento para la
defensa de la Constitución. que la última
parte del artículo 47º del Código Procesal Constitucional dispone que:
"(. pues como se
dijo en la STC 4587-2004-AA/TC y en la STC 0569-2003-AC/TC. sólo tiene el propósito de que la instancia
superior se cerciore sobre la validez o no de los criterios de los que se sirvió la
instancia precedente para declarar la improcedencia de la demanda. por lo que la demanda.
31. contra la resolución
del Juez Mixto del Módulo Básico de Justicia de Villa María del Triunfo. y que tampoco autoriza
que se declare la nulidad de la resolución expedida con su infracción. no podría
vulnerar su derecho de defensa.
30. el Juez pondrá en
conocimiento del demandado el recurso interpuesto". con ocasión de su revisión. el Tribunal considera que también es de aplicación el
inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional.. En ese sentido.
pero también lo es que la revisión de la resolución de improcedencia liminar de la
demanda por el ad quem.
. como afirma la demandante en el proceso acumulado.3. ya que en el peor de los casos la resolución que se
pronuncia sobre la apelada sólo puede declarar la nulidad de la resolución
desestimatoria y ordenar que se admita la demanda. sobre la alegada violación del derecho de defensa como
consecuencia de que no se notificó a la recurrente del recurso de apelación
interpuesto por la Compañía de Exploraciones Algamarca S.. se ha producido una causal de nulidad
contemplada en la ley. el Tribunal
recuerda que el derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un
proceso judicial no quede en estado de indefensión por actos u omisiones que sean
imputables directa e inmediatamente al órgano jurisdiccional.
32. emitir un pronunciamiento sobre el fondo. ¿La falta de notificación de una resolución que rechaza liminarmente la
28. lo que presupone la participación en calidad de parte del emplazado.A. Por tanto.
Finalmente.) Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada. deja en estado de indefensión a la parte contraria? El Tribunal
Constitucional considera que no. no pudiendo. Es cierto. debe desestimarse.
en este extremo. el acto reclamado por el recurrente
constituye un vicio procesal que no tiene incidencia en el contenido
constitucionalmente garantizado del derecho de defensa. en la medida que dicha pretensión. disponiendo que se dé trámite
al proceso. El Tribunal considera que. a lo más.5 Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la alegación de violación
del derecho de defensa en la causa acumulada signada originalmente con el
número 6149-2006-PA/TC
29. cualquiera sea la decisión que se adopte. la impugnación que pueda realizar la
parte afectada con dicha decisión. y la causa petendi en que se
se ha sustentado en diferentes principios propios
a la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y. pueda considerarse como justo. diversos
derechos fundamentales de orden procesal y que.
habiendo comprometido seriamente derechos o principios constitucionales. de muy distinta
naturaleza. formales y materiales. del emplazado con la demanda. por tanto.) que. Congreso de la
República (en materia de juicio político y antejuicio constitucional).
37.. a todos
los procesos o procedimientos a los que antes se ha hecho referencia. Este Tribunal tiene afirmado que el derecho al debido proceso. la declaración de invalidez de todo lo actuado sólo es
procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos
constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. a su vez. Sin embargo. entre otros. órganos y tribunales administrativos. el Tribunal ha expresado que las exigencias de su respeto y
protección deben observarse en todos los procesos o procedimientos en los que se
diluciden los derechos e intereses de las personas. reconocido en el
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución.
inválidos y nulos.. sino que se proyecta.. Consejo Nacional de la Magistratura.
Tal construcción jurisprudencial. En efecto. por lo que es de aplicación el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal
Jurado Nacional de Elecciones. Se ha señalado. Por ello. cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el procedimiento o proceso
en el cual se encuentre comprendida una persona. b) informalidad y c) la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de
derechos fundamentales". en ese sentido. esta vocación expansiva del derecho al debido proceso no
significa que todos los derechos que lo conforman se extiendan. tout court. que dicho derecho comprende. la aplicación del segundo párrafo del artículo 20º del Código
Procesal Constitucional y.
34.) entre actos procesales defectuosos. El Tribunal ha
advertido también la existencia de determinados derechos que. cuya intervención y defensa pueda
haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar. particularmente. su contenido constitucionalmente protegido
comprende una serie de garantías.
particular. Tribunal Constitucional. público o privado. es un derecho cuyo ámbito de
irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial."Si hemos de atenernos a la diferencia (. el Tribunal considera que tampoco este extremo de la pretensión está
relacionado con el contenido constitucionalmente protegido del derecho de
§2. en los de
a) economía. con
las exigencias de su respeto y protección. realizada incluso antes de que entrara en vigencia
el Código Procesal Constitucional. entendiéndolo como aquel `(.
38. perteneciendo al
derecho "continente". igualmente. que
ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. El derecho al debido proceso y la doctrina jurisprudencial del Tribunal
pueden ser reparados´. sobre todo órgano. y también ante
tribunales arbitrales. sean estas personas jurídicas de
derecho privado.. En ese sentido.
Desde esta perspectiva. la anulación de todo lo actuado tras un
indebido rechazo liminar de la demanda sólo podría decretarse tratándose de la
eventual formulación de un acto nulo.
también la violación del derecho a un tribunal imparcial..1 El derecho al juez imparcial como contenido del derecho al debido proceso
§2..
Por lo que hace al tema. en cambio. no necesariamente forman parte del debido proceso en los
procedimientos ante personas jurídicas de derecho privado.) no tiene un
ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma. con base en la misma Ley
41. un derecho que integra el debido proceso es el de que no se
aplique la ley penal por analogía.
42. según se trate de un proceso penal o de uno
civil. En efecto. en la STC 7289-2005-AA.
(. conforme a su
jurisprudencia. en doctrina que es
mutatis mutandis aplicable al derecho que se ha alegado como vulnerado [en el
presente caso]. sin más. su determinación habrá de
reservarse para el momento en que este Tribunal se pronuncie sobre este último
derecho y sobre las condiciones de procedibilidad del proceso hoy en examen. en cada uno de
esos ámbitos ajenos al estrictamente judicial[27]. A una concepción formal de los
derechos fundamentales. las garantías formales y materiales que conforman el derecho al
debido proceso no se agotan en aquellas que la Constitución expresamente ha
consagrado en las disposiciones que lo conforman. y la
cláusula de los derechos implícitos o no enumerados. los
derechos que lo conforman varían. Si en el primero.
39.) la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución. que (. no quiere decir que todos los derechos que lo
conforman puedan ser susceptibles de ser titularizados.
40. Igualmente. el Tribunal ha recordado que en la medida que el derecho al
debido proceso es omnicomprensivo de una serie de garantías formales y
materiales. en la STC 1417-2005-PA/TC. Incluso en un mismo ámbito.. como puede ser el caso
de la pluralidad de la instancia. el debido proceso es un derecho "continente". el Tribunal ha antepuesto. no sucede lo mismo en el proceso
civil. como hemos recordado en la STC
4587-2004-AA/TC.debido proceso judicial. el Tribunal recuerda que. una comprensión material de ellos. a propósito del derecho a la tutela procesal. este Tribunal sostuvo que:
(. Por ello. por lo que. puesto que. da lugar a que en nuestro
44. que el debido proceso tenga una vocación expansiva más allá del
terreno exclusivamente judicial.) una alegación en abstracto de su supuesta lesión normalmente es una
pretensión carente de concretización.. sino que su lesión se
produce como consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que lo
comprenden[28]. como puede ser el debido proceso judicial. donde el juez no puede excusarse de poner fin a la controversia so pretexto de
la inexistencia de una norma jurídica positiva. De ahí que el Tribunal Constitucional considere que una respuesta sobre la
lesión o no del derecho al debido proceso siempre presupone un pronunciamiento
sobre algún otro derecho de orden procesal.. el Tribunal advirtió que:
). y con las
disposiciones legales que desarrollan directamente el contenido esencial de los
derechos fundamentales que así lo requieran. ante todo. el artículo 38º del
CPConst. las leyes que.. ha sido advertido por el legislador del Código Procesal Constitucional
(CPConst. al precisar en el inciso 1) de su artículo 5º que los procesos
constitucionales no proceden cuando “[l]os hechos y el petitorio de la demanda no
están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho invocado. Tales disposiciones conforman el
denominado canon de control constitucional o “bloque de constitucionalidad”. consustancial a la naturaleza de todo proceso
constitucional. además de las normas constitucionales..
De modo consecuente con esta concepción material de los derechos
fundamentales. se deriven de los mismos principios y
valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los
derechos fundamentales. cuando existe un
. incide sobre el ámbito que resulta directamente
protegido por dicho derecho. los
derechos fundamentales pertenecen al ordenamiento constitucional vigente[29]. establezca que
“[p]ara apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional
considerará... antes bien. en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden
constitucional no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto.
De ahí que el artículo 79º del CPConst. el Tribunal ha expresado que
La noción de “sustento constitucional directo” a que hace referencia el artículo 38º
del CPConst.
45. a una protección de la Constitución en sentido material (pro
homine). no se reduce a una tutela normativa del texto constitucional formal. expresos o implícitos. este Tribunal advirtió que
Reconocer que el proceso de amparo sólo procede en caso de afectación directa de
los derechos fundamentales (expresos o implícitos).
En esta línea. de manera implícita. Así.
Este presupuesto procesal. tanto a nivel positivo (artículo 55º de la Constitución). sino
a todos aquellos que. explícita o implícitamente.. en el que se integra la Norma Fundamental con los tratados de derechos
humanos.ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su vez derechos
constitucionales. determinar
si la supuesta afectación en la que incurre el acto u omisión reputada de
inconstitucional. implica.
46. un marco de referencia que delimita
nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. como a nivel
interpretativo (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución).) Consecuentemente. un derecho tiene sustento constitucional directo cuando la Constitución ha
reconocido. establece que éste no procede
“en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no
está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo”[30]. dentro del
marco constitucional. (... en efecto.) el ejercicio de los
derechos fundamentales”. se hayan dictado para determinar (. Asimismo. y con relación al proceso de amparo en particular.
47. Es decir. y de que no hay derechos sin las necesarias y efectivas garantías
para tutelarlos.
en la STC 2730-2006-PA/TC. Ciertamente. Se emplea en todo procedimiento en el
que una persona tiene derecho al respeto de resguardos mínimos para que la
resolución final sea congruente con los hechos que la sustenten.
51. o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil. laboral. El status del derecho al juez imparcial como uno que forma parte del debido
proceso. del derecho al debido proceso.. en la sustanciación de cualquier acusación
penal formuladas contra ella. En ese sentido. La cuestión de si el derecho a ser juzgado por un juez imparcial también puede
titularizarse en el ámbito de un procedimiento arbitral ha sido resuelta
afirmativamente por este Tribunal.) está concebido como el
. incorporen en el contenido protegido de los derechos
constitucionales los ámbitos normativos de los derechos humanos reconocidos en
los referidos tratados. se deriva de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución. a cuya protección y servicio se reconduce. sin embargo. el Tribunal afirmó que. dispone que:
"Toda persona tiene derecho a ser oída. a partir del ejercicio
El Tribunal Constitucional.°
0090-2004-AA/TC (. en la STC 3361-2004AA/TC. que transita desde la delimitación
más abierta a la más precisa[31].
48. reconocido en el inciso 3) del
artículo 139 de la Constitución. con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable. no ha impedido a
este Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un derecho
expreso. el Tribunal destacó que
Los tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo forman parte positiva
del ordenamiento jurídico nacional (artículo 55º de la Constitución).. sino que la
Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT) de la Constitución –en cuanto dispone
que los derechos fundamentales reconocidos por ella se interpretan de conformidad
con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por
el Perú– exige a los poderes públicos nacionales que. independiente e imparcial. en el fundamento 24 de la Sentencia del Expediente N. Uno de esos tratados es la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata de un reconocimiento implícito de la identidad
nuclear sustancial compartida por el constitucionalismo y el sistema internacional
de protección de los derechos humanos: la convicción jurídica del valor de la
establecido con anterioridad por la ley. cuyo
que exige que las disposiciones constitucionales mediante las cuales se reconocen
derechos fundamentales se interpreten y apliquen de acuerdo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las materias que hayan sido ratificadas por el Estado peruano[32]."
52. relativo a las garantías judiciales. en
última y definitiva instancia. A saber.. fiscal o de cualquier otro carácter..
49. el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra
reconocido expresamente en la Constitución. Con carácter general.).baremo de delimitación de ese marco garantista. el ejercicio de todo poder[33]. que se reduce a sede judicial. Ello. consideró que el debido proceso `(.
El derecho a la tutela procesal efectiva no sólo tiene un ámbito limitado de
aplicación. por un juez o tribunal competente.
(. tenga algún tipo de compromiso con
alguna de las partes o con el resultado del mismo... contentarse con las conclusiones obtenidas
desde una óptica puramente subjetiva. en la STC 1567-2006-PA/TC el
Tribunal sostuvo que
(.) en el marco de un proceso arbitral deben ser respetados los derechos
fundamentales y las garantías procesales y sustanciales que componen el debido
proceso. Conforme a ella. En esta
. En tanto que derecho fundamental.)´[34]. en criterio que luego se ha reiterado en la STC
0004-2006-PI/TC. así como los precedentes vinculantes y las
sentencias normativas que emita este Colegiado. Ese contenido está relacionado con
aquello que el Tribunal ha identificado como las dos vertientes de la imparcialidad.
58. o quien está
llamado a decidir sobre la cuestión litigiosa. toda persona tiene el derecho a ser juzgada por un juez. dada su condición de supremo
intérprete de la Constitución[35]. o
quien está llamado a resolver la cuestión litigiosa.) Un Tribunal no podría. este Tribunal tiene declarado
Se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes
procesales o en el resultado del proceso (. que
(.)[36].. Por lo que se refiere a la imparcialidad subjetiva. deben ser observados los preceptos y principios
constitucionales. requisitos y normas de orden público que
deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos. este Tribunal señaló...
Desde esta perspectiva. Al lado de la dimensión subjetiva.
incluidos los administrativos. el derecho a un juez imparcial tiene un
contenido constitucionalmente protegido. con relación al arbitraje. si el sistema no ofrece suficientes
garantías para desterrar cualquier duda razonable[37]..
55. el Tribunal también ha destacado en el
principio de imparcialidad una dimensión objetiva.. hay que tener igualmente en cuenta
consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva).
A saber. es decir. restándole imparcialidad. En la STC 0023-2003-AI/TC. la subjetiva y la objetiva.
56.cumplimiento de todas las garantías. Del mismo modo. siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. dentro de determinadas
condiciones de carácter orgánico y funcional que le aseguren la inexistencia de
cualquier duda razonable sobre la parcialidad del juzgador.
57.) referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del
54. sin embargo. el derecho a un juez imparcial garantiza que una persona
no sea sometida a un proceso o procedimiento en el que el juez. a fin de que las personas estén en condiciones de
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda
afectarlos (.
53. Específicamente... conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las
resoluciones del Tribunal Constitucional..
incluso bajo la teoría de la
apariencia. sino también parecerlo que se
hace][39]. it must also be
seen to be done" [no sólo debe hacerse justicia..
62. incluso las apariencias pueden revestir importancia (. En particular. este Tribunal pueda establecer cuáles
son esas condiciones o características de orden orgánico o funcional que impiden
que un juzgador pueda ser considerado como un ente que no ofrece una razonable
imparcialidad. son plenamente aplicables. que no es el caso que aquí se
tengan que detallar.)” (Caso De Cubber contra Bélgica.1. de conformidad con el artículo 29 de la Ley General del Arbitraje. y estos. Bajo la teoría de la apariencia.)". por el contrario. Esta teoría. ha de exigirse que el
tercer árbitro nombrado se encuentre en una relación lo razonablemente
equidistante de ambas partes.)"[40]. a su vez. llamada de la apariencia y formulada por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos con el brocardo "justice must not only be done.. cada una de ellas tenga la
facultad de nombrar a un árbitro.
63.. ello es consecuencia de la forma como la ley y los convenios
arbitrales consienten que se integre un tribunal arbitral colegiado. tal circunstancia ha de tomarse en consideración cada vez que
por acuerdo de las partes o por mandato de la ley. En un supuesto de
esa naturaleza..) debe recusarse
todo juicio del que se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. no consiente que.
lo cierto del caso es que una de las partes no podrá considerar violado su derecho
al juez imparcial por el hecho de que su contraparte efectúe el nombramiento de
uno de los árbitros.
"La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a una posible recusación
(. y viceversa. En ese sentido. En relación con el
se deriva de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben
inspirar a los justiciables (. Dicho esto. Su evaluación..1 Consideraciones del Tribunal Constitucional con relación al derecho al juez
imparcial en un proceso arbitral
60. cuando el nombramiento de los miembros (alguno o algunos) del
tribunal arbitral la efectúa una institución ajena a las partes del convenio que
permite su constitución. el Tribunal toma nota que de conformidad con el artículo 31º de
la Ley General de Arbitraje Nº 26572... Con independencia de otras consideraciones.materia. a un tercero. más allá del hecho de que "Los árbitros no representan los intereses
de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta imparcialidad (. debe realizarse en cada caso
concreto. del 26 de octubre de
1984)[38].
59. inmediatamente el Tribunal ha de advertir que el contenido
constitucionalmente declarado del derecho al juez imparcial no tiene alcances
similares en el ámbito de un proceso judicial y en el seno de un procedimiento
arbitral. en abstracto.. por el contrario. de manera que el arbitraje cumpla mínimamente con
las exigencias derivadas del derecho a un juez arbitral imparcial.
§2. y
del hecho que. Las garantías que se derivan del derecho a ser juzgado por un juez arbitral
61. existen dos supuestos de hecho para la
resolución de recusaciones planteadas contra los árbitros.
sino un tercero. se efectuó sin
errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción
incorrecta del contenido constitucionalmente garantizado del derecho al juez
arbitral imparcial. sin embargo. La posibilidad de que se pueda cuestionar la imparcialidad de todos los
miembros de un Tribunal Arbitral.
69. recusó
a la totalidad de árbitros. no nombró a
uno de los árbitros. dicho nombramiento.
Petróleo y Energía. en cualquiera de los dos casos. tras la denuncia de afectación del derecho al
juez arbitral imparcial. una vez planteada la recusación. al ser desestimada su recusación por el Tribunal Arbitral. quien resuelve la recusación es el Tribunal Arbitral.
Mientras que. cuando se trata de un tribunal colegiado. donde uno de sus miembros
haya sido recusado. el legislador ha tomado en consideración el efecto de
irradiación de los derechos fundamentales sobre el ordenamiento arbitral y. posteriormente.tribunal unipersonal.
. en aplicación del artículo 31 de la Ley General del Arbitraje. este Colegiado
observa. El Tribunal Constitucional aprecia que la Compañía de Exploraciones Algamarca
en diversos escritos recusó. aunque en abstracto pueda tratarse de un
supuesto muy excepcional [vista la forma de conformación de un tribunal arbitral
colegiado]. Si se trata de un
arbitraje unipersonal. Además de los supuestos que se subsumen en la norma y de los que el
legislador ha dispuesto al regular la recusación en el arbitraje. precisamente a raíz del presente caso.
68. y sin el voto del recusado. es si el procedimiento seguido por el referido Tribunal
Arbitral. Lo que se encuentra en cuestión. lo efectuó el Instituto Nacional de Derecho de Minería.
El Tribunal toma nota de que. por mayoría
absoluta. su
integración y su aplicación al caso concreto (expediente originalmente numerado
6662-2006-PA/TC)
64. al preverse un sistema de solución de
recusaciones del arbitraje en la forma contemplada en el artículo 31 de la Ley
General del Arbitraje. primero. al árbitro don Fernando Cantuarias Salaverry
§ 3 La laguna ante la recusación de todos los miembros de un Tribunal Arbitral. en
67. el juez ordinario [o la
institución organizadora del arbitraje] tendrá a su cargo la resolución de la misma. como
consecuencia de que no consideró como válido el convenio arbitral. En su lugar. quien resuelve es el Juez o la institución organizadora del
arbitraje. lo resuelve el tribunal "sin el
voto del recusado" (artículo 31 de la Ley General del Arbitraje)
65. Precisamente en el presente caso. el árbitro recusado no
puede resolver directamente su recusación. el efecto vinculante del contenido constitucionalmente garantizado del
derecho a un tribunal arbitral imparcial. el recurrente ha alegado que. El Tribunal aprecia que.
70. que existe un tercer supuesto no
contemplado por la Ley General del Arbitraje: el referido a la recusación planteada
contra todos los miembros del Tribunal Arbitral. que recayó en don Fernando
Cantuarias Salaverry. Si se trata de un tribunal arbitral colegiado. no es inverosímil.
aun cuando estas no cuenten con una regulación
normativa expresa. ello se impone.
77. este Tribunal ha considerado que el
principio de la “competencia de la competencia” encuentra su postulación
normativa. entonces.
74. la tarea de cubrir la laguna normativa.
que es aplicable cuando un hecho se encuentra regido parcialmente por una norma
que requiere completarse con otra para cubrir o llenar la regulación de manera
integral. una laguna normativa que debe cubrir a
través de la jurisprudencia.
. a la jurisprudencia e
incluso a la doctrina. entre otras
fuentes. sino
que las leyes valen en el ámbito de los derechos fundamentales. precisamente.
73. aplicando los métodos de heterointegración y de
autointegración.PHC/TC. como necesario. aplicable al presente caso. ha recordado
que los derechos fundamentales no valen en el ámbito que los desarrolle la ley. los problemas de orden estrictamente constitucional se
encuentran relacionados con el procedimiento que se pueda aplicar para resolver
una solicitud con un contenido semejante. con la jurisprudencia para que pueda convertirse en hermético y completo. para cubrir la laguna este Colegiado recurrirá a la técnica
de la integración. en todo caso hasta que no se emita una norma legal
que contemple el supuesto aludido. acudiendo específicamente a la regla de la complementariedad. Al respecto. Aprecia el Tribunal Constitucional que son dos las fuentes que permiten cubrir
la laguna normativa no contemplada en el artículo 31º de la Ley General de
Arbitraje respecto del cual gira el presente proceso: la jurisprudencia emitida por
este mismo Colegiado expuesta en las sentencias recaídas en los expedientes
06167-2005. además. en consecuencia. Con independencia de los motivos que pudiesen existir para formular una
recusación tan grave como la dirigida contra todos los miembros de un Tribunal
Arbitral pluripersonal. En el caso concreto. con las exigencias de imparcialidad que se debe observar para
resolver una recusación donde se acusa a sus miembros. desde diversas perspectivas:
72. de no
contar u ofrecer razonablemente dicha imparcialidad. La técnica de la integración es viable cuando se ha descartado la interpretación
como un mecanismo de adecuación de supuestos de hecho a una norma específica. La inexistencia de una regla pertinente en el artículo 31 de la Ley General del
Arbitraje para afrontar problema de dicha magnitud. para lo cual
recurrirá por un lado a otras normas del ordenamiento jurídico. Por un lado.
ello se garantiza la plenitud del ordenamiento jurídico que cuenta. Respecto de la jurisprudencia referida. El Tribunal aprecia. 01567-2006-PA/C y el inciso 2) del artículo 73° de la Ley
General de Arbitraje. el inciso 8 del artículo 138º de la Constitución
Política del Perú faculta al Juez para cubrir los “vacíos o deficiencias” en los que
incurra la ley.
75. pues se encuentra frente al imperativo de administrar justicia. cuando fuese posible cubrir la laguna con la misma norma en cuyo
contenido específico ella se encuentra. no puede entenderse como
una derogación del contenido constitucionalmente declarado del derecho a un
tribunal arbitral imparcial. en la STC 0976-2001-AA/TC.
Tocará al juez.
78. pues
el ordenamiento jurídico tiene y debe tener la capacidad de dar respuesta a todas
las controversias intersubjetivas.71. Este Tribunal.
inciso 4) del Código
Procesal Constitucional. este Colegiado aprecia que
Tratándose de materias de carácter disponible. en todo momento. respectivamente[41]
79. quien se considere afectado en su derecho podrá
interponer un proceso constitucional. Ambos artículos refieren en su texto el concepto "vía previa". En el caso particular del proceso de
amparo. En caso de duda
sobre el agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de
amparo". los árbitros se encuentran
facultados para conocer y resolver las controversias cuya resolución les ha sido
encomendada. y VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional. que señala: "No proceden los procesos constitucionales
cuando: 4) No se hayan agotado las vías previas. mediante un
cuestionamiento de las decisiones arbitrales y/o la competencia de los árbitros
sobre determinada controversia. Siguiendo el hilo de lo expuesto.. salvo en los casos previstos en
este Código y en el proceso de hábeas corpus". pretenda convocar la participación de jueces
ordinarios. que no desea someterse al pacto de arbitraje. Por otro lado.
y se resalta que la instauración de dicho principio permite evitar
que una de las partes.
sin que lo dicho implique la generación de una zona exenta de control
constitucional. siempre que. que debe
entenderse como un requisito de procedencia consistente en agotar los recursos
jerárquicos con que cuenta el presunto agraviado antes de recurrir a la vía del
proceso constitucional. las cuestiones
controvertidas que se promuevan durante el proceso arbitral.) que garantiza la competencia
de los árbitros para conocer y resolver. Sin
perjuicio de ello. pues esta exigencia se funda
. además. y para rechazar ilegítimas interferencias que pudieran darse.. que dispone: "El
amparo sólo procede cuando se hayan agotado las vías previas.en el artículo 44º de [la Ley General de Arbitraje] (. en el artículo 45° del citado Código. emitidos por este Colegiado. se sustenta. el Tribunal considera razonable que a través
del recurso de anulación previsto en el artículo 61 de la Ley General de Arbitraje se
haya establecido una vía previa cuyo agotamiento se exige como requisito de
procedibilidad del proceso de amparo. existe la posibilidad de que se emitan laudos arbitrales en
procesos que resulte lesivos del derecho a la tutela procesal efectiva de alguna de
las partes. en cuyo caso. pues
será posible cuestionar la actuación arbitral por infracción de la tutela procesal
efectiva y por inobservancia del cumplimiento de la jurisprudencia constitucional o
los precedentes de observancia obligatoria. in fine. en
atención a los artículos VI. el presunto agraviado haya agotado los recursos
que la Ley General de Arbitraje –Ley 26572 – prevé para impugnar el laudo arbitral
que dice afectarlo
Este requisito de procedibilidad se sustenta en el artículo 5°.
80. y que resulta exigible a efectos de obtener un
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia constitucional[42]. de manera previa a la
interposición de dicho proceso.
El inciso 2) del artículo 73º de la Ley General de Arbitraje establece que el
laudo arbitral podrá ser anulado si
“(. desarrollados para tal efecto por
la Ley General de Arbitraje[43]. un pronunciamiento de la sede
judicial ordinaria respecto de la nulidad o validez del laudo. el Tribunal Constitucional ha considerado como exigible para
la procedencia del amparo constitucional. Por otro lado. tanto la
existencia de un laudo arbitral como el agotamiento de los recursos (recursos de
apelación o anulación) que provee la Ley General de Arbitraje. bajo la exigencia de que la decisión esté fundamentada conforme a
derecho. Es el caso que el derecho al juez imparcial asegura que las controversias
sometidas a dilucidación sean decididas por una entidad que mantenga una
posición objetiva al momento de resolver. la propia normativa contenida en la Ley General de Arbitraje
permite cubrir la laguna complementándose con la jurisprudencia antes citada. lo que ha de
franquear. Se recuerda además. y
atendiendo a que este derecho tiene una estrecha relación con el del juez imparcial. especialmente en
aquellos supuestos en los que la controversia sometida a juicio sea resuelta forma
definitiva. en los casos precisados.) no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido.
la efectividad en la defensa y la independencia del juzgador.
81. En este sentido. En
efecto. este sea cuestionado y
corregido de conformidad con los principios y garantías jurisdiccionales
consagrados en el artículo 139º de la Constitución. ante la existencia de un acto infractor. para garantizar la igualdad de las partes. que este
Colegiado ha establecido en numerosa jurisprudencia que el derecho al debido
proceso debe ser observado en todos los procesos o procedimientos en los que se
diluciden los derechos e intereses de las personas. sin ser subsanado
oportunamente”[el subrayado es nuestro].en la independencia jurisdiccional con que cuenta el arbitraje y en la efectiva
.. sean estas naturales o jurídicas
y que involucren a los órganos públicos o privados que ejerzan funciones formal o
materialmente jurisdiccionales. hacer valer sus
derechos. como ya se expuso en la presente sentencia. el recurso de anulación del laudo regulado a través del artículo 61° de la Ley
General de Arbitraje tiene como objeto la revisión de su validez.
esta disposición debe ser aplicada para cubrir la laguna en el caso en que se recuse
a todos los integrantes del Tribunal Arbitral. Asimismo.
85. habiendo sido el incumplimiento u omisión objeto de reclamo expreso
en su momento por la parte que se considere afectada. sin que ello suponga un
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia laudada. el mismo
artículo establece que procede la interposición del recurso de anulación por las
causales taxativamente establecidas en el artículo 73° de la misma ley. Visto lo reseñado. advirtiéndose que lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 73º
de la Ley General de Arbitraje regula sólo algunos supuestos en los que se ve
involucrada la constatación de la vulneración del derecho a la defensa. si se cumplen los requisitos de admisión.
83.. siempre y cuando se haya perjudicado de manera manifiesta el derecho
86. por cualquier otra razón.
En consecuencia. este Colegiado dispone que la Sala ante
la cual se hubiera interpuesto el correspondiente recurso de anulación. a propósito de la resolución del
recurso de anulación. una vez agotados los efectos de la cuestión previa aludida. y con el propósito de administrar justicia
aun cuando se esté frente a un vacío o deficiencia de la ley. 115. admiten límites razonables en su ejercicio. se
debe tener en consideración que se trata de un supuesto excepcional. la Sala habrá
de determinar cuál es el órgano competente para resolver la recusación planteada. en ejercicio legítimo de sus atribuciones.. 110. Ley General de Arbitraje. se estaría abriendo un cauce
irrazonable y desproporcionado para cuestionar la imparcialidad del tribunal arbitral
cuando éste. 121. lo dispuesto en el artículo 8º de la Convención
En tal sentido. Este Colegiado
considera que sólo así. 116. si la interpretación del
artículo 31° de la Ley General de Arbitraje realizada por el Tribunal Arbitral SullidenAlgamarca -que tuvo como consecuencia la emisión de las resoluciones Nºs 106.
el Congreso de la República dicte la norma que permita cubrir definitivamente la
laguna advertida en el artículo 31° de la Ley 26572. puesto que con ello se incorporaría un mecanismo no
previsto en la Ley General de Arbitraje. es importante precisar que.
108.A. este Colegiado estima que no resulta razonable admitir la
procedencia de solicitudes de recusación que se sustenten únicamente en las
decisiones adoptadas por el Tribunal Arbitral durante el transcurso del
Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por la Compañía Sulliden
Shahuido S. 109. al momento de evaluar una solicitud
de recusación interpuesta contra todos los miembros de un tribunal arbitral. vulnera el derecho a un juez
imparcial y. adopte decisiones que no
concuerden con el parecer de alguna de las partes.
89. de ser el caso. sin que ello signifique
actuar contra constitucione o contra legem. Asimismo. perteneciente al expediente acumulado signado originalmente con
el número 06149-2006-PA/TC. en el
supuesto de hecho a que se refiere el fundamento jurídico 66 de la presente
sentencia. en perjuicio de la
Compañía de Exploraciones Algamarca S.
Por estos fundamentos.C. por eso mismo. el mismo que
debe desarrollarse de conformidad con la Constitución.
88. En este punto. 124 y 125-.A. en aras de la seguridad jurídica.no puede ampararse en el ejercicio abusivo del derecho fundamental al
. Finalmente este Tribunal estima oportuno que. 112. en tanto que los derechos fundamentales no son absolutos sino
relativos y. 114. resuelva. concomitantemente.
como cuestión previa al análisis de la validez del laudo.
siempre como cuestión previa al análisis de validez del laudo.
quedará despejado el camino para la expedición de un pronunciamiento definitivo
sobre la validez o invalidez del laudo arbitral. a la luz de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y a lo
dispuesto en la Ley General de Arbitraje. con la autoridad que le confiere
1. el Tribunal Constitucional.87. aplicable al caso conforme lo establece la Cuarta
Disposición Transitoria de la Constitución Política del Perú. Más aún. cuya
procedencia –de conformidad con el artículo 103º de la Constitución Política del
A. no convierte a dicho procedimiento en
un proceso de naturaleza jurisdiccional. quiero dejar expresado.
EXP. sino
Recomendar al Congreso de la República que dicte la norma correspondiente
a que se refiere el fundamento 89 de la presente sentencia
SS. como lo hice en la STC 6167-2005PHC/TC..º 6149-2006-PA/TC
ACUM. N. perteneciente al expediente acumulado signado
originalmente con el número 06662-2006-PA/TC. como mecanismo de composición de controversias privadas. no
constituye una manifestación estatal de ejercicio de la potestad jurisdiccional.
compartiendo el sentido del fallo de la sentencia.
3. que la necesidad de que en el procedimiento arbitral se deban respetar los
derechos fundamentales de orden procesal.2.º6662-2006-PA/TC
Con el debido respeto por la opinión de los Magistrados que suscriben la sentencia.
Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por la Compañía de
Exploraciones Algamarca S. Exp N. así como los fundamentos en los
que éste se sustenta.
Ordenar a la Corte Superior de Justicia de Lima que disponga que la Sala
competente que conoce del recurso de anulación interpuesto ajuste su actuación a
lo dispuesto en el fundamento 87 de la presente sentencia.
también lo hemos hecho en el seno de los procedimientos
administrativos disciplinarios o en el seno de los procedimientos contemplados en
los estatutos de las personas jurídicas de derecho privado. está impedido
de disponer de él.
. quien pese a contar con un
amplio margen para configurar al instituto del arbitraje. con independencia de la naturaleza de dichos
procedimientos. Y así como hemos insistido en la necesidad de su respeto en el
seno del proceso judicial.
S. en la jurisprudencia de este Tribunal han sido diversas las ocasiones y
oportunidades en las que hemos destacado que los derechos que integran la tutela
procesal efectiva son garantías formales y materiales que deben observarse y
respetarse en todo tipo de procedimientos que tengan por objeto dilucidar los
Por otro lado. Y a nadie se le ha
ocurrido que. en el que tienen la libertad de
establecer el procedimiento que consideren más adecuado. como se ha efectuado en la
sentencia en mayoría. mi
voto es porque se declare improcedente la demanda.
El arbitraje. a no ser que para tal efecto ejerza el poder de reforma
constitucional. se dirige al legislador. por ello. dichos procedimientos tengan o hayan asumido la condición
de procedimientos de naturaleza jurisdiccional.
Dicha protección. no es otra cosa que un medio alternativo de solución de
conflictos. y por medio del
cual éstas renuncian a la tutela que brinda el Estado a través del Poder Judicial y se
someten a este mecanismo esencialmente privado. esencialmente. dentro del respeto de
determinados derechos fundamentales de orden procesal. sin embargo.un instituto –el arbitraje en sí mismo– que tiene una protección especial derivada
del hecho de haber sido incorporado en la Constitución (garantía institucional). cuyo fundamento reposa en la voluntad de las partes. Con estas salvedades. pues.
emitiera igualmente un voto singular de acuerdo a las
consideraciones que ahí se expresaron. siendo pertinente precisar para este caso
que motivan mi discrepancia y que a continuación paso a exponer:
1. haciendo presente
que anteriormente en el Expediente Nº 01567-2006-PA/TC seguido entre las
mismas partes. únicamente.
Una lectura de la causal de improcedencia desde el principio pro homine o pro
victima conduce a establecer que la restricción del acceso a la jurisdicción
constitucional de la libertad operará solamente cuando no se hayan agotado las
vías previas.EXP.
. el que por imperio del artículo 59° de
la norma citada tiene carácter definitivo y con el cual no procede recurso alguno.
Abundando en ello.
2. el recurso de reconsideración. N. arbitrales.
administrativas o de cualquier otra índole. en el caso de las resoluciones judiciales.
Esta posición no es nueva por parte del Tribunal. según correspondan. la cuales. N. a toda resolución judicial
interlocutoria. los artículos 60° y 61° de la Ley General de Arbitraje
señalan que los recursos de anulación o de apelación. Se trata. la que en los términos de la Ley
General de Arbitraje se denomina “resolución distinta del laudo” y que contra ella
procede. y que determinaría la improcedencia de los procesos constitucionales
porque en el trámite del recurso de apelación de la sentencia puede operar alguna
suerte de control sobre el acto reclamado.
con excepción de los previstos en los citados artículos 60° y 61° de la misma Ley
General. pues interpuso el correspondiente recurso de
reconsideración (entonces de reposición) y el hecho de que en la vía del recurso de
anulación sea posible que se ejerza algún tipo de control sobre la resolución
acusada de vulnerar el derecho de defensa. el cuestionamiento constitucional se dirige contra una resolución
dictada dentro de un incidente de recusación. de un a
interpretación que puede resultar extensible. significan el agotamiento de los recursos
directos y no de todos los recursos imaginables que la ley pone a disposición del
justiciable. por ejemplo.
conforme lo mandan los criterios o principio de interpretación de los derechos
fundamentales y de sus instrumentos de tutela.º 6662-2006-PA/TC
Que discrepo de los votos de mis honorables colegas. previsto en el artículo 58° de la
citada Ley General de Arbitraje. pues una revisión de su línea
jurisprudencial permite apreciar la gran intensidad o el enorme peso que el principio
pro homine o pro victima posee en todos sus pronunciamientos. conforme consta en autos.
La causal de improcedencia prevista en el inciso 4) del artículo 5º del Código
Procesal Constitucional merece una interpretación pro homine o pro victima.
solamente proceden contra el laudo arbitral. EXP. a mi juicio. no constituye en modo alguno la
concurrencia de una causal de improcedencia.
En este caso.º 6149-2006-PA/TC
ACUM. la demandante satisfizo la exigencia
de agotamiento de vía previa.
Atendiendo a la inconcurrencia de una causal de improcedencia de los
procesos constitucionales y a los fundamentos del 43 al 76 de la propia sentencia. resulta inapropiado que se exprese una
consideración como la contenida en el fundamento 88. sin
la participación de este último. Por ello. Ello es consecuencia de la
11. En el caso. considero que no se puede
dejar de apreciar que el nombramiento como árbitro importa el pago de una
8. en casos de esta naturaleza. confiriendo la aceptación como árbitro. constituye una evidente transgresión del derecho a
ser juzgado por un tribunal imparcial. Lo
que se encuentra en cuestión. que impone la necesidad de
respetarlos y garantizarlos incluso en las relaciones inter privatos.. tras su impugnación como violatorio del derecho al
juez arbitral imparcial. el ámbito
garantizado del derecho al juez arbitral imparcial..
. de no contar u ofrecer razonablemente dicha
imparcialidad.) el derecho de exigir a las partes un anticipo de los fondos que estimen
necesarios para atender las retribuciones respectivas y los gastos del arbitraje"
(artículo 19 de la Ley General del Arbitraje). en un procedimiento según el cual 2 de
sus miembros (también recusados) resolvían la recusación de un tercer árbitro. Por otro lado. se efectuó sin
arbitral imparcial.
12. las recusaciones correspondientes se resolvieron en forma adecuada. si bien "Los árbitros no representan los intereses de ninguna de
las partes" (artículo 18 de la Ley General del Arbitraje). los tribunales arbitrales están obligados a
garantizar directamente. sin embargo toda
interpretación posible aplicable al caso debe cumplir con la exigencia de
imparcialidad que se debe observar para resolver una recusación donde se acusa a
sus miembros. es si el procedimiento seguido por el referido Tribunal
Arbitral. sin necesidad de la interpositio legislatoris. desde la perspectiva objetiva
del principio de imparcialidad.
Tal como se aprecia de autos y la propia sentencia en mayoría así lo advierte
no está en discusión. en aplicación del artículo 31 de la Ley General del Arbitraje. como el arbitraje.
Queda claro también que el artículo 31 de la Ley General de Arbitraje no
contempla la situación que se postula en la presente causa. precisamente. a
los que debo agregar que el control de las causales de admisión o procedencia de
una recusación forma parte de la competencia exclusiva de los árbitros o jueces
ordinarios en las materias que la ley les ha asignado y que el ejercicio de dicha
potestad solamente puede ser controlada por este Colegiado en caso de que se
afecte un derecho fundamental. si al resolverse la recusación del árbitro Fernando Cantuarias
"(. Dicho procedimiento. ya que legítimamente hace temer de la falta
de imparcialidad en los árbitros que lo resuelven.
9. se observa que el Tribunal Arbitral Sulliden-Algamarca resolvió la
recusación de cada uno de sus 3 árbitros. o la de los otros árbitros que integran el Tribunal Arbitral SullidenAlgamarca.7. que prima facie se pronuncia
por la razonabilidad de la admisión a trámite de una recusación sin atender a su
carácter casuístico. salvo pacto en contrario.
cualquiera sea el procedimiento que se contemple para ello.º 121. de
fecha 28 de enero de 2005.
SS.º 124
no tolera que su recusación sea resuelta por ellos mismos. N. Ciertamente. debiendo el Juez competente
resolver la recusación planteada. En ese sentido. N. de fecha 31 de enero de 2005.
Por las razones antes expuestas soy de opinión que la demanda debe ser
declarada fundada y. soy de opinión que el contenido constitucionalmente declarado
del derecho al tribunal arbitral imparcial es incompatible con una interpretación y
aplicación del artículo 31º de la Ley General del Arbitraje. sino también a las cualidades éticas y
humanas que las partes (o las instituciones) que los nombran implícitamente les
reconocen. nulas las resoluciones y los actos procesales
que tuvieron lugar con ocasión del trámite de la recusación planteada contra todos
los miembros del tribunal arbitral Sulliden-Algamarca.
18. ante una
recusación de todos los miembros de un Tribunal Arbitral. En particular. pone en cuestión la garantía de que una persona no sea sometida a un
procedimiento en el que quienes están llamados a decidir sobre la cuestión litigiosa. éticas y humanas que puedan
tener los árbitros no son suficientes para superar las exigencias derivadas del
derecho a ser juzgado ante un tribunal arbitral imparcial. Aunque no tengan (o
puedan tener) interés en cómo se ha de resolver el fondo del arbitraje. del afán de no desvincularse del procedimiento arbitral. N. Sin embargo. Por ello.
15. sí existe un
indicio razonable acerca de su interés (de los árbitros recusados) en poder
continuar con el conocimiento del mismo. sean ellos mismos los que
16.º 125. del 21 de febrero de 2005. Tal circunstancia. o bien del hecho de haberse dispuesto legítimamente de una parte. considero que son incompatibles con el contenido constitucionalmente
garantizado del derecho al juez arbitral imparcial las resoluciones N. evaluada desde el
ámbito del contenido constitucionalmente garantizado del derecho al juez imparcial. incluso siguiéndose el
procedimiento que antes se ha descrito. no puedo dejar de observar que la confianza en el nombramiento
de determinadas personas para que funjan como árbitros. En un supuesto como el que se acaba de mencionar.
como los respectivos recursos de reposición. en consecuencia. el que sean los propios
miembros del Tribunal Arbitral quienes resuelvan la recusación planteada contra
ellos. mediante las cuales los miembros del Tribunal
Arbitral Sulliden-Algamarca decidieron resolver la solicitud de recusación promovida
por la Compañía de Exploraciones Algamarca contra todos sus integrantes.
por la expectativa de percibir una remuneración a partir del ejercicio de la función
encomendada. del anticipo de remuneraciones percibido. según el cual. no sólo obedece a la alta
competencia profesional que tienen.13. tales cualidades profesionales.
o la totalidad.º 114 y 115.
tengan algún tipo de compromiso con el resultado de dicho procedimiento.º 116.
ARBITRAJE 31ENE2013 by Jimmy Salas Rojas1 viewsEmbedDownloadDescriptionarbitraje practicaarbitraje practicaRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less