Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-octubre-2017/
Timestamp: 2018-04-21 23:06:19
Document Index: 62332544

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 43', 'artículo 12', 'artículo 43', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 11', 'artículo 10']

Boletín – 2da Quincena de Octubre :: Quantum
En esta oportunidad, damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la segunda quincena de octubre de 2017.
1.- Nueva Versión del PDT
Con la publicación de la Resolución de Superintendencia No.277-2010/SUNAT (31.10.2017), se ha aprobado la versión 2.5 del PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual No. 617.
La nueva versión del PDT se encontrará a disposición de los interesados a partir del 1 de noviembre de 2017 en SUNAT Virtual, el cual deberá, ser utilizado desde dicha fecha, independientemente del periodo al que corresponda la declaración, incluso si se trata de declaraciones rectificatorias. Asimismo, la SUNAT, a través de sus dependencias, facilitará la obtención de la citada versión.
Cabe mencionar que el PDT Otras Retenciones – Formulario Virtual No. 617 – versión 2.4 solo podrá ser utilizado hasta el 31 de octubre de 2017.
La norma entra en vigor el 31.10.2017.
2.- Sistema de emisión electrónica (SEE) monedero electrónico (ME) y el comprobante de pago electrónico ticket monedero electrónico (ME)
Mediante Resolución de Superintendencia No. 276-2017/SUNAT (31.10.2017), se crea el Sistema de emisión electrónica monedero electrónico y el comprobante de pago electrónico ticket monedero electrónico.
El sujeto que cuente con código de usuario y clave SOL puede obtener, a través de la opción que señale SUNAT Operaciones en Línea, la calidad de emisor electrónico por elección y usar el SEE – ME siempre que cumpla con las siguientes condiciones:
Estar acogido al Nuevo RUS.
No tener para efectos del RUC la condición de domicilio fiscal no habido.
Luego de obtener la calidad de emisor electrónico, el sujeto puede optar por autorizar a uno o más PSE ME. Para ello, debe registrar al proveedor en la opción habilitada para tal efecto en SUNAT Operaciones en Línea. La autorización surte efecto desde la fecha en que se efectúe el registro.
El adquirente o el usuario pueden acceder a la información de los requisitos mínimos del comprobante de pago electrónico y de la nota de crédito electrónica en SUNAT Virtual – Opciones sin clave SOL. También puede usar dicha consulta el emisor electrónico y el PSE ME.
3.- Aprobación de subpartidas nacionales de los bienes considerados como mercancías sensibles al fraude según la Ley del IGV
A través del Decreto Supremo No. 311-2017-EF se aprueban nuevas disposiciones relativas al método para determinar el monto de percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV) tratándose de la importación de bienes considerados mercancías sensibles al fraude.
Así, se aprueba la relación de subpartidas nacionales que contienen los bienes considerados como mercancías sensibles al fraude a que se refiere el numeral 19.3.2 del artículo 19 de la Ley de IGV. El valor FOB referencial se determinará a nivel de subpartida nacional, calculándose la mediana de los valores unitarios registrados correspondientes al año calendario inmediato anterior de cada subpartida nacional, la que constituirá el valor FOB referencial de dicha subpartida.
Asimismo, se aprueba la relación de montos fijos a que se refiere el numeral 19.3.3 del artículo 19 de la Ley, la cual se detalla en el Anexo del mencionado Decreto Supremo.
4.- Acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas
Mediante la Resolución Ministerial No. 505-2017-PRODUCE (24.10.2017), se aprueba la Directiva General No. 002-2017-PRODUCE/DM del Ministerio de la Producción que establece el procedimiento para la calificación del acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas.
La mencionada Directiva dispone lo siguiente:
El procedimiento se inicia en Proinversión. Dicha entidad evalúa los requisitos de admisibilidad de la solicitud para la suscripción del Contrato de Inversión y para el acogimiento al Régimen presentado por el solicitante, y de corresponder, lo remite a Produce. La solicitud debe incluir ciertos requisitos.
La Resolución Ministerial de calificación al acogimiento al Régimen debe contener lo siguiente:
Persona(s) natural(es) o jurídica(s), contratista(s) del Contrato de Inversión por el que se aprueba la aplicación del régimen.
Monto del compromiso de inversión a ser ejecutado, precisando, de ser el caso, el monto de inversión de cada etapa o tramo.
El plazo de ejecución de la inversión.
Los requisitos y características que deberá cumplir el proyecto.
La cobertura del régimen, incluyendo la lista de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y la lista de contratos de construcción que se autorizan.
Produce debe evaluar y emitir opinión respecto al Cronograma de Inversiones y la lista de bienes, servicios y contratos en el plazo de veinte (20) días hábiles, para lo cual deberá realizar algunas acciones.
En caso el beneficiario requiera la modificación del Contrato de Inversión o de la lista de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos de construcción, Produce tramitará la solicitud conforme al Procedimiento para la calificación del acogimiento al Régimen en aquellos aspectos que resulten aplicables, a efectos de suscribir la Adenda al Contrato de Inversión y/o emitir la Resolución Ministerial, cuando corresponda.
El control de la ejecución del Contrato de inversión está a cargo de la Dirección General competente y le corresponderá realizar ciertas acciones.
La norma entra en vigor el 25.10.2017.
5.- Modifican obligaciones de registro de operaciones y de informar incidencias de bienes fiscalizados
A través de la Resolución de Superintendencia No. 263-2017/SUNAT (19.10.2017), se adecuan las disposiciones de la Resolución de Superintendencia No. 255-2013/SUNAT que aprueba las normas que regulan las obligaciones de registro de operaciones y de informar pérdidas, robo, derrames, excedentes y desmedros a que se refieren los artículos 12 y 13 del Decreto Legislativo No. 1126.
De esa manera, se realizan las siguientes modificaciones:
Se define como bienes fiscalizados, a los insumos químicos productos y sus subproductos o derivados, que pueden ser utilizados, directamente o indirectamente, en la elaboración de drogas ilícitas, que están dentro de los alcances de la ley.
En relación al Registro diario de operaciones por establecimiento, el usuario debe registrar la información que corresponda de acuerdo a cada tipo de operación, siguiendo obligatoriamente las indicaciones del sistema de la SUNAT, entre ellos la estructura de los archivos, los catálogos y aplicativos para el referido registro, el cual está disponible en SUNAT Virtual.
La obligación de los usuarios de informar a la SUNAT como parte del registro de sus operaciones las incidencias ocurridas con sus bienes fiscalizados, comprende aquellas que se presenten en sus establecimientos o en el de terceros que le presten el servicio de almacenamiento, así como las ocurridas durante el transporte o el servicio de transporte. Los usuarios que prestan el servicio de almacenamiento o el servicio de transporte de bienes fiscalizados también tienen la obligación de informar a la SUNAT las incidencias ocurridas con los citados bienes.
Se encuentran exceptuados de la obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 8, los usuarios que al realizar el servicio de transporte de gasolinas, gasoholes, diesel y sus mezclas con biodiesel en vehículos automotores de cuatro o más ruedas diseñados y construidos para su transporte exclusivo, atraviesen las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial para el control de Bienes Fiscalizados. El registro diario de operaciones de estos usuarios debe mantenerse a disposición de la SUNAT para cuando esta lo requiera.
El inventario inicial, en el caso del usuario inscrito nuevamente en el registro al no haber solicitado la renovación de su inscripción y cuente con bienes fiscalizados, estará constituido por el stock con el que cuentan.
Se incorpora la excepción a llevar y mantener el registro de sus operaciones con bienes fiscalizados: a) El usuario que en virtud a su actividad educativa de investigación o científica, requiera por única vez utilizar bienes fiscalizados, siempre que el peso de estos no exceda dos kilogramos en un año y acredite su uso lícito. b) Los importadores de muestras de insumos químicos, solo cuando tienen por finalidad demostrar sus características, pudiendo ser estas con o sin valor comercial.
La norma entra en vigor el 20.09.2017.
6.- Se incorporan bienes sujetos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT)
Mediante la Resolución de Superintendencia No. 246-2017/SUNAT (4.10.2017), se aprueban normas para la aplicación del SPOT, a fin de incorporar bienes a dicho Sistema.
A través de la modificación, se ha estimado conveniente incorporar nuevamente a la lista de bienes sujetos al SPOT, a la caña de azúcar, al azúcar y al alcohol etílico en el SPOT, siendo necesario -en el caso de los dos últimos- incorporar disposiciones similares a las que regularon la aplicación del sistema a dichos bienes, antes de su derogación o modificación por la Resolución de Superintendencia No. 343-2014/SUNAT (1.01.2015).
La norma entra en vigor el 16.10.2017.
1.- Se formulan diversas consultas en relación con la causal de exclusión del régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas prevista en el inciso c) del artículo 11° del Decreto Legislativo No. 1264:
Respecto de la condición de cónyuge, concubino(a) o pariente hasta el primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad de personas naturales que a partir del año 2009 hayan tenido o que al momento del acogimiento al Régimen tengan la calidad de funcionario público:
¿Dicha condición se establece a la fecha de entrada en vigencia del citado decreto legislativo?
¿Si tal condición termina por fallecimiento o disolución del matrimonio después de la fecha de entrada en vigencia del referido decreto, se extingue la causal de exclusión?
¿Una persona que adquiere dicha condición después de la fecha de entrada en vigencia del mencionado decreto queda incurso en la exclusión?
En el caso de que una persona que contaba con rentas no declaradas hasta el ejercicio gravable 2015 fallezca antes de la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1264:
Si al momento de su fallecimiento tenía la condición señalada en la primera consulta, ¿sus herederos y demás sucesores a título gratuito podrán acogerse al Régimen por la renta no declarada de su causante?
Si alguno de los herederos o sucesores a título gratuito ostenta dicha condición, pero su causante no estuvo comprendido en la exclusión, ¿podrán acogerse al Régimen por la renta no declarada de su causante?
En relación con la causal de exclusión del Régimen prevista en el inciso c) del artículo 11° del Decreto Legislativo No. 1264, SUNAT concluye lo siguiente en el INFORME No. 029-2017-SUNAT/7T0000:
a) Dicha condición se deberá establecer al momento en que el cónyuge, concubino(a) o pariente hasta el primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad pretenda acogerse al Régimen.
b) Si al momento en que se pretenda acoger al Régimen se verifica que tal condición se terminó por fallecimiento o disolución del vínculo matrimonial, no se configura la causal de exclusión.
c) Una persona que adquiere dicha condición después de la fecha de entrada en vigencia del mencionado decreto queda incurso en la exclusión siempre que se verifique tal condición al momento en que pretenda acogerse al Régimen.
En el caso de que una persona que contaba con rentas no declaradas hasta el ejercicio gravable 2015 fallezca antes de la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 1264:
Si al momento de su fallecimiento tenía la condición de cónyuge, concubino(a) o pariente hasta el primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad de quien a partir del año 2009 haya tenido o tenga la calidad de funcionario público, sus herederos y demás sucesores a título gratuito que califiquen como sujetos comprendidos en el Régimen y no se encuentren incursos en alguna causal de exclusión podrán acogerse al Régimen por la renta no declarada de su causante.
Si alguno de los herederos o sucesores a título gratuito ostenta dicha condición, pero su causante no estuvo comprendido en la exclusión, los demás herederos o sucesores a título gratuito que califiquen como sujetos comprendidos en el Régimen y no se encuentren incursos en alguna causal de exclusión podrán acogerse al Régimen por la renta no declarada de su causante en la proporción que corresponda a su cuota hereditaria.
2.- Se formulan diversas consultas en relación con el régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas:
Se plantea el supuesto de una persona natural que en el año 2012 adquirió un bien con renta no declarada no prescrita por un valor de S/ 100 000,00, el cual enajenó a S/ 120 000,00, monto que constituye, a su vez, renta no declarada. Posteriormente, con dicho ingreso en el año 2013 adquirió otro bien por el importe de S/ 120 000,00, enajenándolo a S/ 140 000,00, ingreso que tampoco fue declarado oportunamente. Finalmente, en el año 2014 con el producto de la última enajenación adquirió otro bien por la suma de S/ 140 000,00, el mismo que enajenó en el año 2015 a S/ 160 000,00, importe que se ve reflejado en su estado de cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2015. Al respecto, se consulta a cuánto asciende el monto pasible de acogimiento al Régimen, según lo dispuesto en el inciso f) del párrafo 5.5 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1264.
A efecto de cumplir con lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 12.3 del artículo 12 del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1264, tratándose de valores mobiliarios enajenados a través de mecanismos centralizados de negociación ubicados en el extranjero, ¿los contribuyentes podrán presentar los documentos emitidos por la institución responsable de la conducción de tales mecanismos, para acreditar su enajenación, aun cuando en ellos no se identifique a la persona, sociedad o entidad adquirente de dichos valores?
¿El acogimiento al Régimen por el total de las rentas no declaradas generadas hasta el ejercicio gravable 2015 motiva que el cómputo del plazo de prescripción establecido en el artículo 43 del Código Tributario se interrumpa, iniciándose un nuevo término prescriptorio?
SUNAT concluye lo siguiente en el INFORME No. 027-2017-SUNAT/7T0000:
En el supuesto de una persona natural que genera ganancias de capital, que en el año 2012 adquirió un bien con renta no declarada no prescrita por un valor de S/ 100 000,00, el cual enajenó y le generó otra renta no declarada, habiéndose efectuado así sucesivas adquisiciones (con dicha renta no declarada) y posteriores enajenaciones que generaron rentas que tampoco fueron declaradas para efectos del impuesto a la renta, y en el que la última enajenación que se efectuó en el año 2015 fue por el importe de S/ 160 000,00, este monto, sin la deducción del costo computable, constituye la renta no declarada que puede acogerse al Régimen.
A efecto de cumplir con lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 12.3 del artículo 12 del Reglamento, tratándose de valores mobiliarios enajenados a través de mecanismos centralizados de negociación ubicados en el extranjero, los contribuyentes pueden presentar los documentos emitidos por la institución responsable de la conducción de tales mecanismos, para acreditar su enajenación, aun cuando en ellos no se identifique a la persona, sociedad o entidad adquirente de dichos valores, siempre que estos califiquen como documentos de fecha cierta.
La declaración jurada de acogimiento al Régimen no supone el reconocimiento expreso de la obligación tributaria respecto de las rentas no declaradas generadas hasta el 31.12.2015, por lo que dicha declaración no interrumpe los plazos de prescripción establecidos en el artículo 43° del Código Tributario.
3.- En relación al Régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, se formulan las siguientes consultas a SUNAT:
En el caso de un contribuyente que en su declaración jurada anual del impuesto a la renta consignó erradamente como renta de fuente peruana una ganancia que correspondía a renta de fuente extranjera, ¿puede acoger dicha renta al Régimen?
Un sujeto domiciliado en el país, propietario de una entidad controlada no domiciliada, ¿puede acoger al Régimen las rentas pasivas establecidas en el artículo 115 de la Ley del Impuesto a la Renta, generadas por dicha entidad?
Según el INFORME No. 020-2017-SUNAT/7T0000, SUNAT concluye como sigue:
El contribuyente que en su declaración jurada anual del impuesto a la renta consignó erradamente como renta de fuente peruana una ganancia que correspondía ser considerada como renta de fuente extranjera, no se puede acoger al Régimen por dicha renta.
El sujeto domiciliado en el país, propietario de una entidad controlada no domiciliada, puede acoger al Régimen las rentas pasivas señaladas en el artículo 115 de la LIR generadas por dicha entidad, solo si se cumple lo siguiente:
(i) Declara que aquella es interpósita sociedad o entidad; y,
(ii) Los bienes y/o derechos que se encuentran a nombre de aquella entidad y que representan las rentas no declaradas, sean transferidos a dicho sujeto, previamente al acogimiento.
4.- En relación al acogimiento al Régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, se formulan las siguientes consultas a SUNAT:
Al respecto, se consulta si de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Decreto Legislativo No. 1264 y en la segunda disposición complementaria final (DCF) del Decreto Supremo No. 267-2017-EF, para efectos del acogimiento al Régimen, la interpósita persona, sociedad o entidad debe cumplir la obligación de transferir al sujeto que se acoja al Régimen, los bienes y/o derechos que representan las rentas no declaradas, en los siguientes casos:
Si la interpósita persona, sociedad o entidad enajena a un tercero los bienes y/o derechos y transfiere el dinero obtenido al sujeto que se acoge al Régimen.
Si la interpósita persona, sociedad o entidad enajena a un tercero los bienes y/o derechos, con el dinero obtenido adquiere otros bienes y/o derechos, y estos son transferidos al sujeto que se acoge al Régimen.
Si la interpósita persona, sociedad o entidad enajena a un tercero los bienes y/o derechos, con el dinero obtenido adquiere otros bienes y/o derechos, los cuales también son enajenados y el dinero obtenido es transferido al sujeto que se acoge al Régimen.
Si las operaciones previstas en los numerales anteriores se repiten varias veces hasta que finalmente se transfiere al sujeto que se acoge al Régimen, bienes, derechos y/o dinero por un monto igual al valor de los bienes y/o derechos por los que se efectuó el acogimiento.
Según el INFORME No. 019-2017-SUNAT/7T0000, SUNAT concluye como sigue:
En el supuesto de portafolios de inversiones manejados por interpósita persona, sociedad o entidad, en los que los valores existentes al 31.12.2015, que representan las rentas no declaradas, han sido transferidos a un tercero a partir del 1.1.2016, pero antes del acogimiento al Régimen, adquiriéndose otros valores con el dinero producto de dicha negociación (operación que puede haberse realizado en varias oportunidades antes de tal acogimiento); no es aplicable la condición de transferir aquellos valores al sujeto que se acoja al Régimen.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
1.- Definición de “unidades productivas” y su relación con el beneficio de exoneración del impuesto a la renta a favor de los sujetos de la Ley No. 29482
Con fecha 26 de octubre de 2017, se publicó la Resolución de Observancia Obligatoria del Tribunal Fiscal No. 08716-10-2017, la cual ha establecido el siguiente precedente:
“Lo señalado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 051-2010-EF, en cuanto define como “unidades productivas” a las micro y pequeñas empresas inscritas en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, no transgrede lo previsto en el artículo 2° de la Ley N° 29482, que establece los sujetos comprendidos bajo los alcances de la referida ley”.
Al respecto, la recurrente señaló que la Administración desconoció su exoneración al pago de impuesto a la renta, debido a que no se encontraba dentro de los alcances de la Ley No. 29482 por no calificar como “unidad productiva”. Agrega que la ley no hace referencia a lo que señala el reglamento sobre el concepto de “unidad productiva” y tampoco condiciona su calificación al registro en el REMYPE; por lo que, dicho requisito reglamentario excede lo dispuesto por la ley y vulnera el principio de legalidad o reserva de ley, al introducir un requisito adicional para ser considerado beneficiario de las exoneraciones previstas por la ley.
Por su parte, la Administración Tributaria comunicó a la recurrente que para encontrarse acogida a la exoneración del impuesto a la renta bajo los alcances de la Ley No. 29482, debía calificar como una unidad productiva, que según su reglamento, son aquellas micro y pequeñas inscritas en el REMYPE, lo cual se verificó con la acreditación en dicho registro a partir del 16 de noviembre de 2010, por lo que concluyó que desde el 1 de enero al 15 de noviembre de 2010 la recurrente no se encontraba acogida a la exoneración de la mencionada ley.
En ese sentido, el Tribunal Fiscal señala que a fin de no conceder las exoneraciones materia de análisis a sujetos a los que no les corresponde, es necesario que la entidad encargada certifique el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser considerada micro o pequeña empresa. Asimismo, menciona que debido a que se analiza una norma que concede una exoneración, ésta debe ser interpretada en forma estricta y por consiguiente, si para acreditar la calidad de micro o pequeña empresa y acceder a sus beneficios la norma en mención prevé el requisito de la inscripción en el REMYPE, se considera concordante con dicha normativa que la norma tributaria también exija dicha inscripción a efecto de acceder a este beneficio.
Así, indica que dicha exigencia tiene por propósito acreditar la calidad de micro y pequeña empresa y por tanto, asegurar que la entidad que goza de la exoneración es aquella a la que la norma desea promover. En tal sentido, se considera que el reglamento no excede a la ley sino que la desarrolla a fin de asegurar su cumplimiento sin transgredirla ni desnaturalizarla, considerando los principios que deben rodear el otorgamiento de una exoneración tributaria puesto que complementa lo referido al sujeto beneficiado con ella mediante la remisión a la ley de la materia, ante la falta de un concepto propio de micro y pequeña empresa. De esa manera, el Tribunal Fiscal concluye que el reglamento cuando define como “unidades productivas” a las micro y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE, no transgrede la Ley 29482, la cual establece los sujetos comprendidos bajos sus alcances.
2.- Evaluación de documentación ante un Procedimiento de Fiscalización
A través de la Resolución del Tribunal Fiscal No. 08716-10-2017, publicada el 20 de octubre de 2017 se ha establecido el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“En el caso del segundo y demás requerimientos de fiscalización, si el sujeto fiscalizado presenta y/o exhibe parcialmente lo solicitado, el cierre del requerimiento se efectuará una vez culminada la evaluación de la documentación o información presentada.”
La recurrente sostiene que los Resultados de los Requerimientos notificados por la Administración Tributaria son nulos por cuanto no se ha seguido el procedimiento legal establecido en las normas tributarias, al no haberse efectuado el cierre de tales requerimientos en las fechas indicadas en los mismos, generando incertidumbre, lo que vulnera su derecho de defensa, por lo que los valores impugnados son nulos. Asimismo, en relación al reparo a la base imponible del IGV, se indica que el comprobante, materia del reparo, se encuentra anulado.
La Administración Tributaria consideró que los bienes adquiridos como planchas de fierro, vigas de fierro, tubos de fierro y ejes de fierro, correspondían en realidad a la adquisición de chatarra, sustentándose únicamente en que la recurrente vende chatarra a su cliente según se verificó de los comprobantes de pago y guías de remisión exhibidos durante la fiscalización.
Al respecto, el Tribunal Fiscal señaló que considerando la naturaleza y fines del procedimiento de fiscalización, se considera que el cierre del segundo y posteriores requerimientos no debe producirse necesariamente en la fecha fijada en el requerimiento, sino que ello se encuentra supeditado a si el sujeto fiscalizado no exhibe y/o entregue documentación o información alguna, puesto que de presentar o exhibir parcialmente lo solicitado, deberá analizarse o evaluarse lo presentado.
Asimismo, mencionó que no se advierte de autos que la Administración haya realizado actuaciones o verificaciones adicionales que permitan demostrar que los bienes adquiridos correspondan a chatarra, es decir, a un tipo de bien distinto por el cual fueron emitidos los comprobantes de pago reparados, como podría haber sido el seguimientos de los inventarios, cruces de información con terceros, entre otras comprobaciones, que permitiesen establecer que los referidos bienes materia de reparo hubiesen sido comercializados como chatarra. Así, la recurrente no estaba obligada a efectuar las detracciones por las adquisiciones a que se refieren los referidos los comprobantes de pago, por lo que no incurrió en la citada infracción, por lo que corresponde revocar la apelada en este extremo y dejar sin efecto las anotadas resoluciones de multa.
1.- Registro de Activos Fijos y depreciación
La Resolución del Tribunal Fiscal No. 00739-5-2017, se pronunció de la siguiente manera:
Se confirma la apelada, que declaró infundada la reclamación, al verificar que contrariamente a lo alegado por la recurrente, para deducirse la depreciación de los activos fijos, ésta debe encontrarse contabilizada dentro del ejercicio gravable, lo que no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que de la revisión de su Registro de Activos Fijos, se aprecia que no tenía anotación alguna referida a los bienes respecto de los cuales cargó el monto reparado como gasto por depreciación para efectos del Impuesto a la Renta de dicho ejercicio; no resultando relevante lo alegado por la recurrente en el sentido que debía sancionársele por una infracción formal, pero no desconocerle la depreciación, toda vez que la recurrente no ha cumplido con contabilizar la depreciación y no haber sustentado dicho incumplimiento a pesar de haberle requerido para dicho efecto.
2.- Fehaciencia versus causalidad del gasto
La Resolución del Tribunal Fiscal No. 02697-5-2017, señaló lo siguiente:
La Administración Tributaria efectuó reparos a la determinación del impuesto a la renta de la recurrente del año 2010, señalando por un lado que la recurrente no ha sustentado la efectiva prestación del servicio, y por otro lado que no acreditó la relación de causalidad con la generación de la renta gravada, ni su vinculación con los ingresos del ejercicio, lo que resulta contradictorio, dado que tales afirmaciones implican que por un lado se afirma que no se acreditó la efectiva prestación del servicio y simultáneamente no se cuestiona la existencia del servicio prestado, sino la relación de causalidad con la generación de la renta gravada y su vinculación con los ingresos del ejercicio.
En ese sentido, el Tribunal Fiscal señala que el reparo efectuado por la Administración no se encuentra arreglado a ley, toda vez que existe una evidente contradicción entre el sustento del mismo, ya que por un lado consigna que se trata de operaciones no fehacientes, y por otro que la recurrente no cumplió con acreditar la causalidad y la relación de los gastos con los ingresos del ejercicio, lo que implica que no se duda de la existencia de los servicios prestados, por lo que corresponde revocar la apelada en ese extremo.
1.- Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al ESSALUD y a la ONP
Con la publicación el Decreto Supremo No. 298-2017-EF (25.10.2017) se ha modificado el Reglamento del Régimen de Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al ESSALUD y a la ONP acogidas al sinceramiento municipal de la Ley No. 30059.
A efectos de la determinación de la deuda, en el caso de que la denegatoria por parte de SUNAT comprenda deuda tributaria (Ley No. 30059), el fraccionamiento otorgado bajo dicha norma se mantendrá bajo las mismas condiciones en que fue otorgado.
2.- Modifican Manual de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez
Mediante Resolución SBS No. 4121-2017, publicada con fecha 21 de octubre de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, se modificó el Manual de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez (MECGI) (aprobado por 058-94-EF/SAFP). La modificación tiene por objeto mejorar los criterios y procedimientos para la evaluación del menoscabo y calificación de invalidez generada por la enfermedad “lupus eritematoso” (capítulo de reumatología).
3.- Ampliación de vigencia de régimen excepcional para el pago de deudas por prestaciones de salud otorgadas por EsSalud
El día 18 de octubre del 2017, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, la transcripción del Acuerdo Nº 21-15-ESSALUD-2017 que amplía hasta el 31 de marzo del 2018 la vigencia de los regímenes siguientes:
– Facilidades de Pago para Deuda de Terceros no Asegurados o Asegurados sin Derecho de Cobertura por Prestaciones de Salud Otorgadas por ESSALUD; y,
– Facilidades de Pago y/o Canje de Deudas con Bienes Inmuebles para Deuda no Tributaria por Concepto de Reembolso del Costo de las Prestaciones y Multas Administrativas a cargo de ESSALUD.
Asimismo, se ha dispuesto modificar los reglamentos que regulan los citados regímenes (aprobs. por Acuerdo de Consejo No. 8-13-ESSALUD-2015) respecto de la deuda y periodo materia de acogimiento. Se ha incorporado en la gestión de cobranza la cartera correspondiente a los periodos 2014 y 2015. Antes de la modificación, la gestión de cobranza aplicaba hasta el 31.12.2013.
4.- Publican Protocolo de Fiscalización para la Formalización Laboral
Mediante Resolución de Superintendencia No. 212-2017-SUNAFIL, publicada el 28 de octubre de 2017, se dispuso la publicación del Proyecto de “Protocolo de de Fiscalización para la Formalización Laboral”.
Dicho protocolo tiene como objetivo establecer reglas y criterios específicos para la verificación del adecuado registro en la planilla electrónica del personal del sujeto inspeccionado, así como su inscripción en la seguridad social en salud y pensiones, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación.
La resolución en referencia fija un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del 30 de octubre de 2017, a fin que los interesado presenten, por escrito, sus comentarios y/o sugerencias en la Mesa de Partes de la SUNAFIL, ubicada en la Av. Salaverry No. 655 -primer Piso, Jesús María, Lima – Perú, y/o vía correo a la siguiente dirección electrónica; comentariosdirectivas@sunafil.gob.pe.
1.- Jueces deben presumir daño moral de difícil probanza
Mediante Sentencia de Casación No. 2084-2015-LIMA, publicado el 2 de octubre de 2017, la Corte Suprema determinó que el daño moral es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo, que afecta la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos y valores. La Corte Suprema precisó que esta categoría del daño es particularmente difícil de acreditar, debido a que las personas no expresan sus sentimientos o emociones del mismo modo, siendo, inclusive, fácil para algunas personas simular sufrimientos o lesiones sin que existan en la realidad. Además, en algunos casos, ocurre que los sufrimientos severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del sujeto.
Bajo dichas consideraciones, la Corte Suprema precisó que ante la dificultad de probar el daño moral, en casos puntuales, se debe presumir la existencia del mismo. En el caso concreto, la Corte Suprema, deteminó que las instancias inferiores debían valorar la existencia de daño moral, bajo dicha concepción, toda vez que en el caso concreto, el demandante tuvo que acudir a un proceso de amparo para lograr el reajuste de su pensión de jubilación, resultando comprensible que el demandante haya podido sufrir daño moral (lesión a su sentimiento), debido a que se vio obligado a seguir el itinerario judicial en mención, ante la negativa (ilegítima) de la entidad demandada de reajustar la pensión que percibía.
2.- Falta grave por incumplimiento de obligaciones de trabajo se configura si está relacionada propiamente con obligaciones de trabajador
Mediante Sentencia de Casación No. 1939-2017-Cañete, la Corte Suprema determinó que el Principio de Inmediatez tiene por objeto la protección del trabajador, estableciendo una limitación al despido a través de la exigencia de una relación causal y de contemporaneidad entre este y el hecho que lo causa. Así, la Corte Suprema precisó que si el empleador no actúa en su debido momento se entenderá que ha «perdonado» dicha infracción en cuyo caso pierde el derecho a ejercer la facultad disciplinaria correspondiente. Invocando lo resuelto en la Santencia de Casación No. 1917-2003-Lima, precisó que son dos los momentos en que debe aplicarse el principio de inmediatez:
Desde la fecha en que la demandada tomó conocimiento de las faltashasta la fecha en que se remitió la carta de imputación de cargos.
Después de producido el descargo hasta la notificación de la carta de despido.3.- Principio de Inmediatez representa un límite temporal del despido
Mediante Sentencia recaida en el expediente No. 08070-2013-PHD/TC, el Tribunal Constitucional (TC) estableció que ni el derecho de acceso a la información pública ni el derecho a la autodeterminación informativa protegen la voluntad de los trabajadores de una empresa de conocer las variables y los indicadores con los que ésta medirá sus objetivos y su productividad.
Destaca la sentencia que la demanda de hábeas data presentado por el Sindicato demandante no tenía relación con el contenido protegido de ningún derecho fundamental porque no buscaba proteger el derecho a la autodeterminación informativa de los trabajadores, sino cuestionar el modo en que se viene implementando el modelo “gestión de desempeño” en la empresa demandada, como política interna, cuyo objetivo es mejorar su rendimiento.
3.- Principio de Inmediatez representa un límite temporal del despido
Desde la fecha en que la demandada tomó conocimiento de las faltas hasta la fecha en que se remitió la carta de imputación de cargos.
Después de producido el descargo hasta la notificación de la carta de despido.
4.- No todo incumplimiento puede ser considerado como acto de hostilidad
Mediante Sentencia de Casación No. 16443-2014-Lima, la Corte Suprema determinó que se considera como actos de hostilidad a aquellas conductas del empleador que implican el incumplimiento de sus obligaciones originadas en el contrato de trabajo y que puedan dar lugar a su extinción. Así, la Corte Suprema concluyó que que no todos los incumplimientos del empleador configuran actos de hostilidad, dado que el legislador ha considerado, al establecer una lista cerrada, que solo algunos incumplimientos del empleador pueden ser calificados como tal y dar origen a la extinción del contrato de trabajo. En ese sentido, se considera que los actos de hostilidad se producen en el momento en que el empleador incumple sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo y ocasiona al trabajador algún perjuicio determinado y previsto en el artículo 30° del Decreto Supremo No. 003-97-TR, lo que inclusive podría dar lugar a la extinción del vínculo laboral.
Finalmente, la Corte Suprema precisó que el cambio de metas para el otorgamiento de comisiones no puede ser equiparable al no pago de remuneraciones que constituye un acto de hostilidad, por cuanto la comisión solo se genera cuando se da el supuesto de hecho previsto en la política de comisiones y, en este caso, las discrepancias radicaban en el porcentaje de las comisiones y en las modificaciones de las metas, y no en el ánimo del empleador de no tener la intención de pagar las comisiones de la demandante.
5.- Fijan pautas para validez de despido por impuntualidad reiterada
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 13768-2016-Lambayeque, de fecha 10 de octubre de 2017, la Corte Suprema precisó que la impuntualidad reiterada está relacionada con el deber de diligencia que debe prestar el trabajador, puesto que no basta que el trabajo sea realizado, sino que además debe ser prestado de manera diligente. El fallo Supremo precisó que nos encontramos en un supuesto de impuntualidad cuando no se abarca el conjunto de la jornada, lo que se puede producir por llegar tarde al trabajo, marcharse antes de lo debido o ausentarse injustificadamente durante la jornada de trabajo.
Afirma la Corte Suprema que no basta con la ausencia del deber de diligencia en la prestación del servicio, sino que debe presentarse un supuesto de reiteración.
Finalmente, la Corte Suprema precisó que, adicionalmente al elemento de inobservancia del deber de diligencia y la reiterancia, se debe considerar un tercer elemento: que las impuntualidades reiteradas hayan sido objeto de sanciones de amonestaciones escritas y de suspensiones, a fin que el trabajador proceda a corregir dicha conducta, puesto que de no haberse sancionado las inasistencias, en mérito al principio de inmediatez, debieran considerarse redimidas o perdonadas por parte del empleador.
6.- Condición para el pago de horas extras a trabajadores de confianza
Mediante Sentencia de Casación No. 18042-2016-Lima, publicada en el diario oficial El Peruano fecha 3 de octubre de 2017, se dio cuenta de un caso en el cual se cuestionó si los trabajadores de confianza tienen derecho al pago de horas extras.
El fallo señaló que sí corresponde el pago de horas extras, siempre que no se encuentren sujetos a un control efectivo de su tiempo de trabajo. El artículo 11° del Decreto Supremo No. 008-2002-TR señala expresamente que los trabajadores de confianza no se encuentran comprendidos en la jornada máxima, mientras que el artículo 10° del TUO del Decreto Legislativo No. 854, establece que se considerará trabajo en sobretiempo todo aquel que exceda la jornada ordinaria de trabajo. En consecuencia, sólo se pueden generar horas extras cuando se tenga que cumplir una jornada establecida.