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Timestamp: 2018-02-18 00:08:51
Document Index: 76639350

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 1315', 'artículo 1315', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 216', 'artículo 69', 'Artículo 69', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 111', 'artículo 6', 'artículo 69']

Cert sentencia TSE 018 2015 by Multimedios del Caribe - issuu
Dios, Patria y Libertad Sentencia TSE-018-2015 En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los magistrados Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez presidente; Mabel Ybelca Féliz Báez, John Newton Guiliani Valenzuela, José Manuel Hernández Peguero y Fausto Marino Mendoza Rodríguez, jueces titulares, asistidos por la Secretaria General, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), año 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, con el voto unánime de los magistrados y en audiencia pública, ha dictado la siguiente sentencia:
Con motivo de la Demanda en Nulidad de los Numerales 3, 5 y 15, de la Resolución dictada el 28 de mayo de 2015, por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incoada el 15 de junio de 2015 por el Dr. Lorenzo A. Emeterio Rondón, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1097126-4, con estudio profesional abierto en la calle 23, Núm. 40, ensanche Luperón, Santo Domingo, Distrito Nacional; quien actúa en su propio nombre y representación, en su condición de ciudadano dominicano.
Contra: El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organismo ejecutivo del Comité Central de dicho partido político, el cual tiene su sede en la avenida Independencia, Núm. 401, Distrito Nacional; debidamente representado por su presidente, el Dr. Leonel Fernández Reyna, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0284957-7, domiciliado y residente en el Distrito Nacional, y su secretario general, el Dr. Reinaldo Pared Pérez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0076067-1, domiciliado y residente en el Distrito Nacional; el cual tiene como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Manuel
Expediente TSE Núm. 010-2015 Sentencia TSE-Núm. 018-2015 Del 18 de septiembre de 2015
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Fermín Cabral y Mario Arturo Leslie Soto, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electorales Núms. 001-1369993-8 y 001-1893122-9, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en el despacho de abogados “Fermín & Guerrero”, ubicado en la avenida Pedro Henríquez Ureña, Núm. 138, segundo piso, local 203-B, Torre Empresarial Reyna II, casi esquina Alma Mater, sector La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Interviniente Forzoso: El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización política con personalidad jurídica de conformidad con la Ley Electoral, con su sede principal ubicada en la avenida Independencia, Núm. 401, Distrito Nacional; representado por su presidente, el Dr. Leonel Fernández Reyna, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0284957-7, domiciliado y residente en el Distrito Nacional y su secretario general, el Dr. Reinaldo Pared Pérez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-0076067-1, domiciliado y residente en el Distrito Nacional; el cual tiene como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Manuel Fermín Cabral y Mario Arturo Leslie Soto, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de identidad y Electoral Núms. 001-1369993-8 y 001-1893122-9, respectivamente, con estudio profesional abierto en común en el despacho de abogados “Fermín & Guerrero”, ubicado en la avenida Pedro Henríquez Ureña, Núm. 138, segundo piso, local 203-B, Torre Empresarial Reyna II, casi esquina Alma Mater, sector La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Vista: La instancia introductiva de la demanda con todos los documentos que conforman el expediente, depositados por las partes en litis, así como los escritos de sus respectivas conclusiones.
Vista: La Constitución de la República Dominicana del 13 de junio de 2015.
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Vista: La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Núm. 137-11, del 13 de junio de 2011.
Vista: La Ley Electoral, Núm. 275-97, del 21 de diciembre de 1997 y sus modificaciones.
Visto: El Estatuto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus modificaciones.
Visto: El Acuerdo firmado por los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el 28 de mayo de 2015.
Resulta: Que el 15 de junio de 2015 este Tribunal fue apoderado de una Demanda en Nulidad de los Numerales 3, 5 y 15, de la Resolución dictada el 28 de mayo de 2015, por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incoada por el Dr. Lorenzo A. Emeterio Rondón, contra el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyas conclusiones son las siguientes: “1. Que declare nulos los numerales 15, 5 y 3 de la Resolución aprobada en fecha 19 de mayo del 2015 por el Comité Político del PLD. 2. Que le ordene al PLD excluir de la Resolución de fecha 19 de mayo del 2015 los numerales 15, 5 y 3. 3. Que como medida cautelar hasta tanto este Tribunal no conozca del fondo, ordene al PLD abstenerse de
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ejecutar los numerales 15, 5 y 3 de la Resolución del Comité Político de fecha 19 de mayo 2015”. Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 9 de julio de 2015 comparecieron el Dr. Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón, parte demandante y el Lic. Manuel Fermín Cabral, en nombre y representación del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego de las partes exponer sus consideraciones, el Tribunal dictó la siguiente sentencia: “Primero: El Tribunal Superior Electoral aplaza el conocimiento de la presente audiencia a los fines de ordenar una comunicación recíproca de documentos. Segundo: Otorga un plazo de 10 días para dicho depósito, con vencimiento el jueves 23 de julio del presente año. A partir de esa fecha, las partes pueden tomar conocimiento de los documentos depositados. Tercero: Instruye a la parte demandante poner en causa al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para que comparezca a la próxima audiencia. Cuarto: Fija el conocimiento de la próxima audiencia para el viernes 31 del mes de julio del año 2015 a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.). Quinto: Vale citación para las partes presentes y representadas”. Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 31 de julio de 2015 comparecieron el Dr. Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón, parte demandante y los Licdos. Mario Leslie Soto y Manuel Fermín Cabral, en nombre y representación del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los Dres. Leonel Fernández Reyna y Reinaldo Pared Pérez, parte demandada, dictando el Tribunal la siguiente sentencia: “Primero: El Tribunal aplaza el conocimiento de la presente audiencia a los fines de otorgar una prórroga a la parte demandada para depósito de documentos; si la parte demandante quiere depositar algún otro documento tiene la oportunidad de hacerlo. Esa prórroga vence el jueves 6 de agosto del año 2015 y las partes pueden tomar conocimiento de los mismos a partir de esa fecha. Además, para que la parte demandante ponga en causa al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Segundo: Fija el conocimiento de la próxima audiencia para el lunes 10 del mes de agosto del año 2015 a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.). Tercero: Vale citación para las partes presentes y representadas”.
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 10 de agosto de 2015 comparecieron el Dr. Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón, parte demandante y los Licdos. Mario Leslie Soto y Manuel Fermín Cabral, en nombre y representación del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), parte demandada y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), parte interviniente forzosa, procediendo las partes a concluir de la manera siguiente: La parte demandante: “Bajo reservas de derecho, vamos a concluir de la manera siguiente: Que en cuanto a la forma, sea acogida nuestra demanda en nulidad por estar conforme a las leyes y a la Constitución. En cuanto al fondo, sean declarados nulos los numerales 3, 5 y 15 de la resolución del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de fecha 28 de mayo del 2015, por ser los mismos violatorios de los estatutos del Partido y de la Constitución. Y como medida cautelar, hasta tanto sea fallada a nuestro favor la presente demanda, se les comunique a las autoridades del partido abstenerse de darle ejecución a la misma”. La parte demandada e interviniente forzosa: “Primero: que este honorable Tribunal tenga a bien decretar la inadmisibilidad de la presente demanda en nulidad por no haber agotado el demandante las vías estatutarias para la solución de controversias previstas para ello, acorde con lo resuelto en la decisión 002-2015 de este honorable Tribunal Superior Electoral. Segundo: para el hipotético e improbabilísimo caso de que las pretensiones incidentales antes previstas no sean acogidas, que este honorable Tribunal tenga a bien decretar la inadmisibilidad de la presente demanda en nulidad por falta de interés legítimo; esto es el interés directo y personal, acorde con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 834, del 15 de julio 1978. Tercero: en el improbable caso de que las conclusiones anteriores no sean acogidas, que este honorable Tribunal Superior Electoral, tenga a bien decretar la inadmisibilidad de la presente demanda en nulidad ante la notoria carencia de objeto y ante la ausencia de un interés nato y actual por la decisión sobrevenida de los órganos internos del partido. Cuarto: que este honorable Tribunal, de forma subsidiaria a las conclusiones incidentales antes planteadas, tenga a bien rechazar por improcedente mal fundadas y carentes de base legal las conclusiones atinentes al fondo. Hemos hecho las conclusiones de forma conjunta ante la práctica del Tribunal de acumular los medios incidentales expuestos y de esa forma asegurar la economía procesal. Quinto: que este Tribunal tenga a bien otorgar un plazo de 15 días para el correspondiente escrito justificativo de las presentes conclusiones. Y haréis justicia”.
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Haciendo uso de su derecho a réplica, los abogados de las partes concluyeron de la manera siguiente: La parte demandante: “Reiteramos, primero, que sean rechazadas las conclusiones incidentales porque carecen de base legal y constitucional y que sean acogidas cada una de las conclusiones antes mencionadas y que se me otorgue un plazo para precisar y ampliar las mismas”. La parte demandada e interviniente forzosa: “Ratificamos las conclusiones vertidas con anterioridad y solicitamos, a su vez, el rechazo de la solicitud de medida cautelar por los motivos expuestos y haréis justicia”. Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral falló de la manera siguiente: “Primero: El Tribunal declara cerrados los debates en el presente caso. Segundo: Rechaza la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte demandante por falta de motivación. Además, sus conclusiones al respecto, coinciden con las conclusiones al fondo de su demanda principal. Tercero: Acumula los incidentes para ser decididos conjuntamente con el fondo, pero, por disposiciones distintas. Cuarto: Otorga un plazo recíproco de 15 días calendario para el depósito de sus escritos ampliatorios de las justificaciones de sus conclusiones, con vencimiento al lunes 25 de agosto de 2015. Quinto: Se reserva el fallo para una próxima audiencia”. El Tribunal Superior Electoral, después de haber examinado el expediente y deliberado: Considerando: Que en la audiencia pública celebrada el 10 de agosto de 2015 las partes presentaron conclusiones incidentales y al fondo, las cuales fueron acumuladas para ser falladas conjuntamente. En ese sentido, la parte demandada, Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el interviniente forzoso, Partido de la Liberación Dominica (PLD), propusieron la inadmisibilidad de la demanda, sustentada en tres motivos principales, a saber: 1) porque la parte demandante no agotó las vías internas, en virtud de: “Que de acuerdo al Principio de Autodeterminación de los Partidos Políticos, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) creó la Comisión Nacional de Resolución de Conflictos, a la cual los miembros y dirigentes están compelidos a acudir cuando se suscite algún conflicto interno, previo acudir a las vías jurisdiccionales”; 2) porque la parte demandada carece de
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL interés legítimo, nato, actual, directo y personal y además carece de calidad para reclamar en justicia, en virtud de que: “el demandante no ha depositado prueba alguna del agravio ocasionado a un derecho propio y del provecho del mismo y al resultar inexistente el interés, pues por tanto tampoco posee calidad, ya que estas dos condiciones van de la mano”, y 3) por carecer de objeto, en virtud de que: “la decisión impugnada debe ser ratificada por los órganos superiores al Comité Político, lo cual no ocurre en el presente caso”. Que, por su parte, el demandante, Dr. Lorenzo Arismedy Emeterio Rondón, solicitó el rechazo de los medios de inadmisión planteados por la parte demandada y el interviniente forzoso.
Considerando: Que en un correcto orden procesal este Tribunal primero examinará y responderá los medios de inadmisión planteados por la parte demanda y el interviniente forzoso, para luego ponderar las conclusiones de fondo, en caso de ser necesario.
I.- Con relación al medio de inadmisión por no agotamiento de las vías previas: Considerando: Que al respecto de este medio de inadmisión, la parte demandada y el interviniente forzoso proponen, en síntesis, lo siguiente: “Que el demandante tenía la obligación de acudir a las instituciones creadas por el partido dentro del mismo para la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre sus miembros, en este caso la Comisión Nacional de Resolución de Conflictos, previo a acudir a las vías jurisdiccionales, lo cual no sucedió en el caso de la especie”.
Considerando: Que los artículos 1 y 2 del Reglamento de Resolución Alternativa de Conflictos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del 10 de julio de 2002, disponen lo siguiente: “Articulo 1. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reconoce la solución alternativa de conflictos como un método partidario destinado a evitar que las contradicciones que puedan suscitarse entre organismos o entre compañeros, resulten dañinas o perjudiciales a los mismos y al Partido, procurando en consecuencia, que puedan ser resueltas de forma armónica, de modo que contribuyan a la superación de las
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL causas que puedan producirla y al aprovechamiento de las experiencias generadas a propósito de las mismas, con la intervención de órganos especializados del Partido y la utilización de procedimientos cónsonos con sus propósitos”. “Articulo 2. Se crea la Comisión Nacional de Resolución de Conflictos, la cual tendrá a su cargo la aplicación de medios alternativos para la solución de los conflictos orgánicos y entre compañeros, mediante los medios que en este Reglamento se establecen”. Considerando: Que en virtud de lo precedentemente expuesto, resulta evidente que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) existe un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, creados con la finalidad de dirimir dentro de éste las controversias orgánicas y entre compañeros. Sin embargo, de la lectura íntegra del indicado reglamento este Tribunal ha comprobado que dicha instancia es facultativa y no obligatoria, por lo que su no agotamiento no es obstáculo para el acceso a las vías jurisdiccionales.
Considerando: Que en este mismo sentido, resulta oportuno señalar que el artículo 24 de los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), establece que: “El Comité Político es el organismo ejecutivo del Comité Central y estará integrado por el Presidente del Partido, el Secretario General, más treinta y tres (33) miembros plenos”.
Considerando: Que asimismo, el artículo 25 de dichos estatutos establece lo siguiente: Artículo 25: El Comité Político tendrá por funciones: a. Disponer las medidas que aseguren el cumplimiento de las tácticas generales establecidas por el Comité Central y de los objetivos estratégicos establecidos por el Congreso; b. Dirigir y aprobar las relaciones y las alianzas del Partido con otras organizaciones políticas, con el Estado y las relaciones internacionales; c. Recomendar al Comité Central la aprobación, modificación o revocación de los reglamentos para la aplicación de los Estatutos del Partido; d. Designar a los Subsecretarios de las Secretarías del Comité Central; e. Tomar las decisiones de lugar en todos los casos que, a su juicio, puedan afectar la vida del Partido e informar de ellas al Comité Central; f. Dirigir la política Congresual y Municipal del Partido”.
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Considerando: Que tal y como lo prevén las disposiciones estatutarias precedentemente citadas, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es el máximo organismo ejecutivo del Comité Central de dicha institución y una de las reglas esenciales para que un conflicto sea dirimido por un órgano o instancia determinada, es que la misma sea jerárquicamente superior a las partes en contradicción, ya sea a lo interno de una organización, o de manera externa como ocurre con los tribunales de justicia, pues de lo contrario sus decisiones carecerían de efectividad, además de que por su naturaleza no contaría con mecanismos idóneos para hacer cumplir sus decisiones, por lo que habiendo sido dictada la resolución objeto de la presente demanda por un órgano superior, como es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), bajo ninguna circunstancia la misma podía ser evaluada o cuestionada por un órgano inferior del partido, como es la Comisión Nacional de Resolución de Conflictos, tal y como pretenden la parte demandada y el interviniente forzoso.
Considerando: Que si bien es cierto que este Tribunal ha sostenido el criterio, de que ante la existencia de una vía a lo interno del partido la misma debe ser agotada, a pena de la inadmisibilidad de la demanda, no es menos cierto que esto es aplicable únicamente cuando la vía interna constituye una instancia superior al órgano que ha dictado la resolución o acto cuestionado. Que en el presente caso, el criterio jurisprudencial constante de este Tribunal, previamente indicado, no es aplicable, por cuanto la vía interna propuesta por la parte demandada y el interviniente forzoso es de inferior jerarquía que el órgano que dictó el acto cuestionado en nulidad.
Considerando: Que por los motivos dados precedentemente, resulta ostensible que el medio de inadmisión que se examina, propuesto por la demandada y el interviniente forzoso, debe ser rechazado, por resultar improcedente, mal fundado y carente de sustento legal, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia.
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL II.- Con relación al medio de inadmisión por falta de interés legítimo, nato, actual, directo y personal y falta de calidad del demandante para reclamar en justicia. Considerando: Que al respecto de este medio de inadmisión la parte demandada y el interviniente forzoso alegan, en síntesis, que: “el demandante no ha depositado prueba alguna del agravio ocasionado a un derecho propio y del provecho del mismo, por lo que no existe interés alguno”.
Considerando: Que en lo que respecta al cuestionamiento de la calidad de miembro del partido de Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón, al tenor de lo estipulado en el artículo 1315 del Código Civil, corresponde a quien alega una situación o la omisión de la misma demostrar jurídicamente la veracidad y prueba de sus argumentos. Que más, correspondía al demandado e interviniente forzoso demostrar que el demandante no pertenecía a dicha organización política, y por tanto carecía de calidad e interés en la presente demanda, toda vez que son estos quienes de manera más efectiva podían demostrar su alegato, pues dicha organización es quien guarda el registro de aquellos ciudadanos que son miembros de sus filas. Que dentro de las piezas depositadas como elementos probatorios por los demandados y el interviniente forzoso no se comprueba depósito alguno de documento que respalde sus pretensiones sobre este particular.
Considerando: Que el artículo 1315 del Código Civil de la República Dominicana, en lo relativo a la carga de la prueba, establece que: “El que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”. Considerando: Que en lo concerniente a falta de interés, el artículo 5, literal d, de los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dispone que: “Artículo 5.- El Partido de la Liberación Dominicana sustenta su funcionamiento orgánico basado en los siguientes principios: […] d) Todos los miembros deben
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL observar la disciplina partidaria; la minoría se subordina a la mayoría. El Partido reconoce y garantiza los derechos de todos sus miembros y de los organismos intermedios y de base a expresar sus posiciones a lo interno de la organización. Las decisiones democráticamente adoptadas por los organismos superiores son de obligatorio cumplimiento conforme al orden jerárquico. Se habilita el derecho a impugnar de acuerdo a la Constitución, las leyes adjetivas, los Estatutos, los reglamentos y las disposiciones disciplinarias”. Considerando: Que de conformidad con lo previsto en los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tal y como como se ha indicado en los considerandos previos, el demandante, Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón, ejerce y ostenta la calidad de miembro del referido partido; por tanto, al estar provisto de dicha calidad resultan ser de su interés todos los acuerdos, resoluciones y demás actuaciones que realice el partido al cual pertenece; en consecuencia, el demandante tiene el derecho de acudir a la jurisdicción correspondiente cuando considere que tales decisiones puedan lesionarle, tal y como alega en el caso de la especie, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión bajo examen, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la presente sentencia.
III.- Con relación al medio de inadmisión por falta de objeto.
Considerando: Que al respecto de este medio de inadmisión la parte demandada y el interviniente forzoso alegan, en síntesis, que: “debido a la intervención de una decisión sobrevenida de los órganos del PLD, que certifican y ratifican las decisiones contenidas en la Resolución impugnada en nulidad, la presente demanda carece de objeto”.
Considerando: Que en lo que respecta a la falta de objeto de la presente demanda, este Tribunal es del criterio que el hecho de que la parte demandada y el interviniente forzoso ratificaran, en sus condiciones de organismos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo contenido en la resolución cuestionada en nulidad no tiene como consecuencia inadmisibilidad de la presente demanda, en razón de que dichos mecanismos internos no impiden ni limitan con esto que la misma pueda ser examinada
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL por el Tribunal cuando se aleguen violaciones a derechos políticos-electorales y que tienen que ver con el debido proceso, tal como ocurre en el caso de la especie. Por tanto, procede rechazar el medio de inadmisión que se examina, por improcedente e infundado en derecho, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la presente decisión.
IV. Con relación al fondo de la presente demanda.
Considerando: Que habiendo el Tribunal rechazado los medios de inadmisión propuestos por la parte demandada y el interviniente forzoso, procede que ahora se examine el fondo de la presente demanda, a los fines de verificar si la misma tiene o no fundamentos para ser acogida.
A) Respecto a la reserva de candidaturas:
Considerando: Que en la audiencia celebrada el 10 de agosto de 2015 las partes presentaron conclusiones al fondo. En ese sentido, la parte demandante, Lorenzo Arismendy Emeterio Rondón, concluyó solicitando la nulidad de los numerales 3, 5 y 15 de la resolución del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del 28 de mayo de 2015, en virtud de que: “los numerales 3, 5 y 15 constituyen una franca violación a los derechos consagrados en la Constitución, ya que limita a los demás miembros del partido a poder aspirar a alguna posición y más aún a no poder accionar a la justicia en caso de que sientan lesionados esos derechos”. Que, por su parte, el demandado, Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el interviniente forzoso, Partido de la Liberación Dominica (PLD), propusieron que se rechazara la presente demanda, alegando lo siguiente: “a) Que las decisiones tomadas por los miembros del Comité Político del Partido son la expresión unánime de la voluntad de sus miembros; personas elegidas para ostentar la representatividad del grueso de la nómina del Partido, desde los órganos dirigentes de la entidad de la entidad política, conforme al procedimiento y mecanismos de elección establecidos por sus Estatutos
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL y Reglamentos; b) Que no se ha demostrado la violación de los derechos fundamentales del demandado con la resolución atacada”.
Considerando: Que los numerales 3, 5, y 15 de la Resolución del 28 de mayo de 2015, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ratificados por el Comité Central de dicho partido, impugnados mediante la presente demanda, disponen respectivamente lo siguiente: “[…] 3).- Hacer reserva, en sentido general, de cara a las elecciones nacionales del año 2016, de las candidaturas a la Senaduría y la Cámara de Diputados que ostentan actualmente compañeros y compañeras en ejercicio; […] 5).- Mantener a los actuales incumbentes de las alcaldías y de los distritos municipales, siempre y cuando se demuestre un buen posicionamiento electoral en sus respectivas comunidades. En este caso se excluyen las candidaturas reservadas para fines de alianza; […] 15).- Asumir el compromiso de no accionar ni entablar instancias de apoderamiento a las denominadas Altas cortes del país”. Considerando: Que en lo relativo a los numerales 3 y 5 de la citada resolución, respecto a la reserva de candidaturas, este Tribunal es del criterio que el hecho de que un determinado partido político decida realizar reservas de candidaturas para las postulaciones a los cargos de elección popular, no constituye una violación al derecho constitucional de elegir y ser elegible.
Considerando: Que sobre este particular, es preciso señalar que si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se ha reservado las candidaturas que actualmente ostentan sus senadores y diputados, no es menos cierto que el referido partido político actualmente no detenta la totalidad de los cargos a elegir en el certamen electoral del 15 de mayo de 2016, es decir, los legisladores que integran el Senado de la República y la Cámara de Diputados no pertenecen en su totalidad a dicho partido. En consecuencia, en aquellos lugares donde actualmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene senadores ni diputados, los demás aspirantes de dicho partido podrán participar a lo interno para la obtención de esas candidaturas a disputar en dichas demarcaciones, de modo que la reserva de candidaturas no es absoluta. Que en este mismo sentido, la
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL reserva de las indicadas candidaturas no constituye en sí misma una garantía de que dicho partido mantendrá las plazas reservadas, toda vez que corresponde al soberano decidir con su voto al respecto.
Considerando: Que además, en el sistema electoral dominicano no existe una normativa que establezca reglas respecto al derecho de los partidos y agrupaciones políticas para establecer reservas de candidaturas, criterio constante en la jurisprudencia contenciosa electoral dominicana; en efecto, no existen estándares o parámetros específicos a seguir para calificar la inscripción de las precandidaturas a cargos electivos a lo interno de los partidos políticos. Que, asimismo, ha sido uso y costumbre de los partidos políticos de nuestro sistema electoral hacer reservas de candidaturas en los niveles congresuales y municipales.
Considerando: Que asimismo, la jurisprudencia electoral comparada ha juzgado, lo cual comparte plenamente este Tribunal, lo siguiente: “[…] que los partidos políticos gozan de amplia autonomía para regular su estructura y funcionamiento interno, con los límites y condiciones que la jurisprudencia ha delineado; principio que puede aplicarse, sin apremio alguno, al campo de las regulaciones propias de las funciones delegadas en sus distintos órganos”. (Sentencia Núm. 4713-E12012. Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica).
Considerando: Que igual solución aplica para las candidaturas a nivel municipal y de los distritos municipales, pues tampoco allí el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene la totalidad de los Alcaldes, Regidores, Directores Municipales y Vocales, por lo que los demás aspirantes de dicho partido podrán participar para la obtención de las candidaturas en aquellas plazas que no son del partido en cuestión.
Considerando: Que conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal comprobó que la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de reservarse determinadas candidaturas, no contraviene los principios y reglas de los partidos políticos de organizar su
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL funcionamiento, específicamente a la reserva de candidaturas, en aplicación del principio de autorregulación que rige a dichas organizaciones, dado el cumplimiento a la democracia interna y a la transparencia, según lo establecido en el artículo 216 de la Constitución de la República. Por tanto, procede que sea rechazada la petición de nulidad propuesta por el demandante en lo relativo a los numerales 3 y 5 de la resolución objeto de la presente instancia, en virtud de que la misma no viola los preceptos constitucionales invocados por dicha parte, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la presente sentencia.
B) Respecto a la prohibición de acudir a las instancias jurisdiccionales:
Considerando: Que el demandante en su instancia introductoria de demanda plantea la nulidad del numeral 15 de la resolución dictada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que estableció lo siguiente: “Asumir el compromiso de no accionar ni entablar instancias de apoderamiento a las denominadas Altas cortes del país”.
Considerando: Que en este sentido, cabe precisar que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que ostentan todos los ciudadanos para procurar la protección de sus derechos subjetivos e intereses legítimos, que les permite obtener de los órganos jurisdiccionales la tutela judicial efectiva de los mismos. Por tanto, solo en los casos en que la ley lo prevea de manera expresa puede limitarse el derecho de los ciudadanos de accionar ante los órganos jurisdiccionales en procura de la tutela de sus derechos.
Considerando: Que en este sentido, la Constitución de la República en su artículo 69, numerales 1 y 2, establece lo siguiente: “Artículo 69.- Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley”. Que, como puede observarse, todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional de acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar la protección de los derechos que consideren que le han sido conculcados, a lo cual no escapan los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Considerando: Que asimismo, el artículo 5, literal d), parte final, de los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), disponen como prerrogativa de sus miembros la siguiente: “[…] Se habilita el derecho a impugnar de acuerdo a la Constitución, las leyes adjetivas, los Estatutos, los reglamentos y las disposiciones disciplinarias”. Por tanto, ninguna disposición de los organismos superiores de dicho partido político puede desconocer ni modificar el contenido de las disposiciones estatutarias citadas, en razón de que sólo el Congreso Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es el órgano encargado para aprobar o modificar dichos estatutos, según lo dispone el artículo 12, literal c, de los estatutos de dicha organización política.
Considerando: Que el derecho de acceso a la justicia constituye un aspecto de primer orden en un Estado Social y Democrático de Derecho y en este sentido el artículo 7 de la Constitución de la República dispone que: “Artículo 7.- La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”. Considerando: Que además, el numeral 15 del artículo 40 de la Constitución de la República dispone que: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”.
Considerando: Que en tal virtud, siendo los derechos fundamentales la base del Estado Social y Democrático de Derecho, estos devienen en irrenunciables para su titular, de obligatorio cumplimiento y
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL respeto para el Estado y no pueden ser desconocidos por convenciones particulares. En consecuencia, dichos derechos revisten un carácter de orden público y en este sentido la Constitución de la República, en el artículo 111, dispone lo siguiente: “Las leyes relativas al orden público, policía y la seguridad, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares”. Considerando: Que en ese mismo tenor, el artículo 6 del Código Civil dominicano establece que: “Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares”. Considerando: Que en tal virtud, este Tribunal es del criterio de que siendo el acceso a la justicia –en todas sus vertientes- un derecho fundamental, el mismo no puede ser coartado o vulnerado por acuerdos de la dirigencia de los partidos políticos, regla que se incumple en el caso de la especie, específicamente con el contenido del numeral 15 de la Resolución atacada mediante la presente demanda, ya que limita el derecho de acceso a la justicia de sus militantes. Por tanto, procede acoger este aspecto de la demanda y declarar nulo, por ser contrario a la Constitución de la República, el numeral 15 de la Resolución del 28 de mayo 2015, dictada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la presente decisión.
Por todos los motivos antes expuestos, el Tribunal Superior Electoral
Primero: Rechaza por improcedentes, mal fundados y carentes de sustento legal los medios de inadmisión contra la demanda en nulidad incoada el 15 de junio de 2015 por el Dr. Lorenzo A. Emeterio Rondón, planteados por la parte demandada, Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y el interviniente forzoso, Partido de la Liberación Dominica (PLD), de conformidad con los motivos dados en la presente sentencia. Segundo: Declara buena y válida en cuanto a la forma,
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL la Demanda en Nulidad contra los Numerales 3, 5 y 15, de la Resolución dictada el 28 de mayo de 2015, por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incoada el 15 de junio de 2015 por el Dr. Lorenzo A. Emeterio Rondón, contra el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la cual intervino forzosamente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por sido hecha conforme a la Ley y a las disposiciones reglamentarias de este Tribunal. Tercero: Acoge parcialmente en cuanto al fondo la indicada demanda y, en consecuencia, declara no conforme con la Constitución de la República y, por tanto, nulo e inaplicable el numeral 15 de la Resolución dictada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 28 de mayo de 2015, por ser violatorio de los numerales 1 y 2 del artículo 69 de la Constitución de la República, en virtud de los motivos expuestos en la presente decisión. Cuarto: Rechaza la demanda en nulidad en lo relativo a los numerales 3 y 5 de la citada resolución, en razón de que el Tribunal comprobó que no vulneran los derechos del demandante. Quinto: Ordena la comunicación de la presente sentencia a
partes en litis y a la Junta Central Electoral, para los fines de lugar
correspondientes. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), año 172º de la Independencia y 153º de la Restauración. Firmada por los Magistrados, Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez presidente; Mabel Ybelca Féliz Báez, John Newton Guiliani Valenzuela, Fausto Marino Mendoza Rodríguez y José Manuel Hernández Peguero, jueces titulares, y Zeneida Severino Marte, secretaria general. Quien suscribe, Zeneida Severino Marte, secretaria general del Tribunal Superior Electoral (TSE), certifico y doy fe, que la presente copia es fiel y conforme al original de la Sentencia TSE-018-2015, de fecha 18 de septiembre del año dos mil quince (2015), que reposa en los archivos puestos a mi cargo, la cual consta de 18 páginas, escrita por un solo lado, debidamente firmadas por los Magistrados que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída y publicada por mí, que certifico. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día dieciocho (18) del mes de septiembre del año dos mil quince (2015); años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración.
Zeneida Severino Marte Secretaria General
Cert sentencia TSE 018 2015