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Timestamp: 2016-12-09 00:01:46
Document Index: 157509013

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 322', 'artículo 59', 'artículo 58', 'artículo 323', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 103', 'artículo 98', 'e contrario', 'artículo 98']

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valladolid, don José María Cano Calvo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de dicha capital, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valladolid, don José María Cano Calvo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de dicha capital, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valladolid, don José María Cano Calvo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de dicha capital, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valladolid, don José María Cano Calvo, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de dicha capital, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.
En el recurso interpuesto por el Notario de Valladolid don José María Cano Calvo contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número Seis, de dicha capital, don Jorge Requejo Liberal, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca.
El día 2 de marzo de 2005 don José María Cano Calvo, Notario de Valladolid, autorizó una escritura de cancelación de hipoteca otorgada por una entidad de crédito. En representación de dicha entidad de crédito actuó don E.J.A.P.
En dicha escritura de préstamo hipotecario se expresa, respecto de la citada representación, que don E.J.A.P. interviene, como apoderado de dicha Entidad, reseñándose los datos de la escritura de apoderamiento, con indicación del Notario autorizante, fecha de otorgamiento, número de protocolo e inscripción en el Registro Mercantil. Se añade por el Notario lo siguiente: «Copia autorizada de referido poder tengo a la vista y juzgo, bajo mi responsabilidad, con facultades representativas suficientes para formalizar, actuando por sí solo, la cancelación de hipoteca que en esta escritura se formaliza». «Me asevera el compareciente la íntegra vigencia de sus facultades y la subsistencia y actuación en el tráfico jurídico, con plena capacidad jurídica de la entidad representada».
El 13 de marzo de 2005 se presentó el título en el Registro de la Propiedad número seis de Valladolid, fue objeto de calificación negativa, con fecha 15 de abril de 2005, «por no haberse reseñado o testimoniado en la escritura de forma suficiente las facultades representativas o, en su defecto, acompañado la copia auténtica del poder en cuya virtud figura representada la Entidad acreedora». Como base de dicha calificación, se expresan los siguientes fundamentos de derecho:
1. El simple juicio de suficiencia emitido por el Notario autorizante, sin transcribir ni reseñar las facultades representativas, impide al Registrador el ejercicio de las facultades calificadoras con arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria 2. Así resulta de la Resolución de esta Dirección General de 12 de abril de 2002, que es la única vinculante sobre la materia; e, igualmente, de la Resolución de 30 de septiembre de 2002; todo ello a juicio del funcionario calificador.
3. El contenido de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Valladolid de 23 de enero de 2003.
4. El juicio de suficiencia de las facultades representativas es un juicio valorativo no cubierto por la fe notarial.
La calificación lleva fecha de 15 de abril de 2005.
Por otra parte, debe destacarse que a la fecha de la calificación impugnada este Centro Directivo ya había resuelto diferentes recursos frente a calificaciones relativas al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en sentido contrario al mantenido por el Registrador en su calificación. A tal efecto, y entre otras previas, en el Boletín Oficial del Estado se habían publicado las Resoluciones de este Centro Directivo, de carácter vinculante, de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004, y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero de 2005 en las que claramente se establece una doctrina distinta a la expuesta en dicha calificación.
Por medio de escrito que tuvo entrada en esta Dirección General el 17 de mayo de 2005 y fue remitido al Registro de la Propiedad número seis de Valladolid el 26 de mayo, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo contra la calificación, haciendo constar que ésta no le había sido notificada. En dicho recurso alegó: 1.º Infracción del artículo 98 de la Ley 24/2001 y del artículo 18 de la Ley Hipotecaria; 2.º Infracción de la doctrina de treinta y una Resoluciones de este Centro Directivo, que son vinculantes, de la referida Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Valladolid de 23 de enero de 2003 y de cuatro Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid y una de la de Navarra; 3.º Infracción de numerosas Resoluciones de esta Dirección General, en recursos de queja.
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 6 de junio de 2005, que tuvo entrada en este Centro el día 13 del mismo mes. En dicho informe no constan datos como la fecha y forma de la notificación de la calificación. Respecto de este extremo, afirma el Registrador que el mero hecho de la interposición del recurso, al que se acompaña el texto íntegro de la calificación, evidencia que dicha calificación ha llegado a conocimiento del recurrente; y añade que la cuestión relativa a la forma de la notificación de dicha calificación no puede ser debatida en el recurso gubernativo, que deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador.
19 bis, 259, 274, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54, 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social;
103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo,
30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, y 4 -1.ª y 2.ª-, 5 -1.ª-, 18 -2.ª-, 19, 20 -3.ª y 4.ª-, 21 -1.ª,
2.ª, 3.ª y 4.ª-, 23 -1.ª, 2.ª y 3.ª- y 28 de mayo y 17 de junio de 2005, entre otras.
1. Como cuestión formal, sostiene el Notario recurrente que el Registrador ha incumplido la obligación de notificarle su calificación, mientras que éste, sin especificar si ha practicado o no dicha notificación, afirma que el mero hecho de la interposición del recurso, al que se acompaña el texto íntegro de la calificación, evidencia que dicha calificación ha llegado a conocimiento del recurrente En caso de calificación negativa el Registrador de la Propiedad debe ineluctablemente notificarla al Notario autorizante de la escritura calificada en el plazo y la forma establecidos en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria -según redacción resultante de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre-. En este precepto, y en garantía de los interesados, se incrementan notablemente los requisitos formales de la calificación negativa del Registrador, lo que en orden a la notificación, se concreta en la necesidad de que se haga por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado -cfr. artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre-. Si la notificación practicada omitiera alguno de los requisitos formales a que debe someterse y su cumplimiento no pudiera ser acreditado por el Registrador, tendría como lógica consecuencia que el recurso no podría estimarse extemporáneo, sin perjuicio, en su caso, del tratamiento que pudiera tener el incumplimiento en el ámbito disciplinario cfr. artículos 313, apartados B-.e- y C-.b-, de la Ley Hipotecaria. En el caso objeto de recurso, sostiene el Registrador que la cuestión relativa a la forma de la notificación de dicha calificación no puede ser debatida en el recurso gubernativo, que deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador.
Ciertamente, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los términos referidos que constan en este expediente, pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, por lo que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido habría quedado sanado, ex artículo 58.3 de la Ley 30/1992. No obstante, y habida cuenta de la trascendencia que la regularidad de la notificación de la calificación negativa tiene respecto de la fijación del dies a quo del cómputo del plazo para la interposición del recurso así como en relación con el inicio del plazo de prórroga del asiento de presentación -cfr. artículo 323 de la Ley Hipotecaria-, debe recordarse que el Registrador está obligado a expresar en su preceptivo informe la fecha y forma de la notificación de
BOE núm. 258	Viernes 28 octubre 2005	35479
la calificación, de modo que por este Centro Directivo pueda examinarse si el recurso se ha interpuesto dentro de plazo, así como la regularidad de la actuación del Registrador y del expediente.
2. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una cancelación de hipoteca.
Además y, entrando en el análisis del segundo y tercer fundamento de ese carácter vinculante, se ha reiterar que cuando el artículo 18 de la Ley Hipotecaria exige que el Registrador califique bajo su responsabilidad, no se está refiriendo a que dicho funcionario pueda calificar desconociendo las decisiones de su superior jerárquico. No resulta admisible, por un mero principio de seguridad jurídica, que un mismo negocio jurídico o precepto pueda ser objeto de múltiples y dispares interpretaciones,
máxime cuando esta Dirección General ya ha resuelto sobre el sentido que se ha de dar a un concreto problema jurídico pues, en caso contrario, se estaría quebrando un principio de organización administrativa consagrado en la Constitución, como es el de jerarquía -artículo 103.3 de la Constitución-, con la lógica ineficiencia e inseguridad que se traslada al ciudadano; y todo ello, sin justificación alguna.
Pues bien, en el supuesto ahora resuelto no se da el segundo de los requisitos mencionados, inaplicando el funcionario calificador conscientemente la legislación hipotecaria y siendo su calificación contraria a lo expuesto en la Ley y a lo manifestado por esta Dirección General en reiteradísimas resoluciones -así las enumeradas en el apartado «Vistos» de esta Resolución-.
Es más, sus manifestaciones carecen del menor valor cuando pretende interpretar del modo que cree conveniente la Resolución de este Centro Directivo de 12 de abril de 2002, pues precisamente en las Resoluciones que dicho funcionario inaplica conscientemente se toma como punto de partida aquella Resolución, ya que la doctrina de este Centro Directivo ha sido siempre la misma. Resulta paradójico, cuanto menos, que el funcionario calificador se arrogue la función de intérprete de esta Dirección General, sosteniendo justo lo contrario de lo que la misma afirmó en la mencionada Resolución, de lo que significa dicha Resolución para este Centro Directivo y de lo que ha mantenido desde entonces.
35480	Viernes 28 octubre 2005	BOE núm. 258
entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente-, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que el mismo es un poder conferido, mediante escritura pública, autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo, los datos de inscripción; así mismo se expresa que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita -aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo
cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento-. Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Copia autorizada de referido poder tengo a la vista y juzgo, bajo mi responsabilidad, con facultades representativas suficientes para formalizar, actuando por sí solo, la cancelación de hipoteca que en esta escritura se formaliza».
6. Por último, esta Dirección General entiende que, a la vista de la calificación impugnada, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en dicha calificación en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo; y, lo que resulta aún más importante, utilizando como base de su argumentación un razonamiento relativo a la Resolución de 12 de abril de 2002, que en nada se corresponde con el que esta Dirección General ha mantenido y explicado respecto de dicha Resolución, en las sucesivas por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en su integridad en la presente.