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BOC - 2013/189. Martes 1 de Octubre de 2013 - Anuncio 4867
2013/189. Martes 1 de Octubre de 2013
BOC Nº 189. Martes 1 de Octubre de 2013 - 4867
4867 Secretaría General Técnica.- Resolución de 16 de septiembre de 2013, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y el Instituto Canario de Igualdad para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios en vía ejecutiva.
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Suscrito con fecha 3 de septiembre de 2013, Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y el Instituto Canario de Igualdad para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios en vía ejecutiva.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de 2013.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.
CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD Y EL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE COBRO DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO PROPIOS EN VÍA EJECUTIVA.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2013.
De una parte, el Excmo. Sr. D Javier González Ortiz, Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 29.1, apartado k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas de Canarias.
Y de otra parte, la Ilma. Sra. Dña. Elena Máñez Rodríguez, Directora del Instituto Canario de Igualdad, en nombre y representación de este Organismo, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 8.2 apartados a), h) y l) de la Ley 1/1994, de 13 de enero, del Instituto Canario de Igualdad.
Que el artículo 1.2 de la Ley 1/994, de 13 de enero, manifiesta que "El Instituto Canario de Igualdad tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de los de la Comunidad Autónoma, y plena capacidad jurídica y de obrar para promover y ejecutar por medio de canales propios y en colaboración con otras Consejerías las condiciones que posibiliten el cumplimiento de sus fines".
Que conviniendo ambas partes que la recaudación en vía ejecutiva de los débitos de derecho público propios del Instituto Canario de Igualdad se realice a través de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad formalizan mediante este documento las bases que configuran el presente Convenio.
El órgano competente en materia de recaudación de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias (en adelante: CONSEJERÍA) asume por delegación, en los términos que se recogen en las bases siguientes, la gestión recaudatoria en vía ejecutiva de las deudas de Derecho público o créditos no tributarios, consistentes en tasas, precios públicos, sanciones, reintegro de subvenciones, derivados del ejercicio de las competencias del Instituto Canario de Igualdad (en adelante, INSTITUTO).
Cuarta.- Funciones del Instituto Canario de Igualdad.
Corresponde al INSTITUTO:
4. Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por el órgano competente del INSTITUTO.
8. Proponer, en su caso, al INSTITUTO, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la CONSEJERÍA, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria del delegante tenga conocimiento de uno de los supuestos de derivación de responsabilidad.
9. Proponer al INSTITUTO la declaración de crédito incobrable e insolvencias.
10. La práctica de las notificaciones de los actos dictados por el INSTITUTO en el procedimiento de apremio.
6.a) La CONSEJERÍA tratará los datos derivados del objeto del presente Convenio conforme a las instrucciones que reciba del INSTITUTO y no podrá suministrar información alguna o dar publicidad sobre los mismos a personas o entidades no autorizadas expresamente por el INSTITUTO.
6.c) La CONSEJERÍA implementará las medidas de seguridad que se acuerden por el INSTITUTO las cuales se considerarán, a todos los efectos, que forman parte del presente Convenio. Sin perjuicio de ello, las medidas de los niveles básicos y medio que habrá de adoptar la CONSEJERÍA se concretan en:
1. Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario sin haberse satisfecho las deudas, el INSTITUTO expedirá los títulos ejecutivos que procedan, que contendrán, como mínimo, los datos que se especifican en el artículo 70.2 del Reglamento General de Recaudación, así como, en su caso, la identificación de los obligados tributarios y responsables de las deudas, a los que se refieren el apartado 2 del artículo 35 de la Ley General Tributaria y el Título IV de dicho Reglamento, respectivamente, y los bienes afectos a las deudas en garantía y aquellos otros datos que para la gestión de cobro requiera la CONSEJERÍA.
2. Asimismo el órgano competente del INSTITUTO providenciará de apremio dichos títulos de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Reglamento General de Recaudación.
3. El INSTITUTO remitirá a la CONSEJERÍA, con una periodicidad máxima mensual, los títulos ejecutivos a que se refiere el objeto del presente Convenio en un único soporte magnético y documentados por escrito, pudiendo ser dichos títulos colectivos. Las especificaciones técnicas del citado soporte deberán ajustarse a las establecidas por la CONSEJERÍA mediante Resolución del Director General de Tributos.
Asimismo, el INSTITUTO, previamente al envío de deudas, verificará que entre estas no figuren deudas prescritas o que prescribirán en el plazo mínimo para su notificación, deudas suspendidas o que hayan sido objeto de recurso sin haber resuelto, ni deudas cuya liquidación haya sido recurrida con solicitud de suspensión.
5. Cuando se hubieran constituido ante el INSTITUTO garantías de pago de las deudas que se envíen para su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros como garantías existan para cada deuda conforme a las especificaciones técnicas del soporte magnético al que se refiere la presente base.
6. En cualquier caso, cuando el INSTITUTO tenga conocimiento de datos complementarios que pudieran facilitar la gestión de cobro, se especificarán en los registros diseñados al efecto en el soporte magnético al que se refiere la presente base.
6. En caso de que los datos consignados sean incorrectos, el INSTITUTO será responsable de los efectos que puedan producirse por dicha causa.
7.3. Aplazamiento o fraccionamiento de pago:
2. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas se presentarán por los obligados al pago ante la CONSEJERÍA o ante el INSTITUTO.
Cuando las solicitudes de aplazamiento se presenten en el INSTITUTO, se remitirá al órgano de recaudación competente de la CONSEJERÍA, escrito informando de la existencia de la solicitud. En virtud de la misma, la CONSEJERÍA concluirá la gestión recaudatoria, e informará al INSTITUTO del importe pendiente a la fecha de la solicitud.
Si la solicitud se presenta en la CONSEJERÍA esta procederá a remitir al INSTITUTO la misma, junto a información sobre la deuda pendiente en ese momento y procederá a dar por concluida la gestión recaudatoria.
En caso de incumplimiento del acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento concedido por el INSTITUTO, si así lo solicita este, los servicios de recaudación de la CONSEJERÍA continuarán la gestión recaudatoria ejecutiva por el importe pendiente.
Cuando la suspensión sea superior a cuatro meses podrán ser devueltas las deudas afectadas, previo descargo, al INSTITUTO, sin que la data en estos casos devengue coste del servicio.
No podrán remitirse las deudas cuya providencia de apremio haya sido notificada por el INSTITUTO.
2. El INSTITUTO notificará a la CONSEJERÍA con carácter inmediato los pagos que se hayan realizado en cuentas diferentes a las citadas en el punto 1 anterior respecto de deudas objeto del presente Convenio. Si el cobro no cubriera el total de la deuda apremiada, el procedimiento ejecutivo continuará por el saldo pendiente.
Corresponde al INSTITUTO el reembolso del coste de las garantías constituidas ante la propia Administración Tributaria para obtener la suspensión de la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda enviada en gestión de cobro.
7.8. Adjudicación de bienes al INSTITUTO.
Si realizada la segunda licitación de la subasta establecida, alguno de los bienes embargados o aportados en garantía no se hubiese adjudicado, podrá el INSTITUTO adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación para la adjudicación de bienes al Estado, con las particularidades siguientes:
1º) El órgano de recaudación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ofrecerá al INSTITUTO la adjudicación, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de este, el importe de los mismos y el valor en que han de ser adjudicados los bienes.
2º) El INSTITUTO deberá comunicar la resolución adoptada al órgano de recaudación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma como máximo en el plazo de tres meses naturales. Se entenderá no aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.
Si ultimado un procedimiento administrativo de apremio y practicada liquidación, las cantidades obtenidas no cubrieran el importe de las costas devengadas, será a cargo del presupuesto del INSTITUTO la parte no cubierta, minorando el importe a transferir al INSTITUTO en la siguiente liquidación mensual, sin perjuicio de los derechos que para su cobro pueda ejercer el mismo.
Los justificantes de las costas se incluirán en los expedientes, pudiendo el INSTITUTO solicitar aclaración si a su juicio no estuvieran suficientemente justificadas.
7.10. Colaboración e información adicional de la AGENCIA.
Para gestionar la recaudación de los derechos económicos a que se refiere el presente Convenio, los órganos de recaudación de la CONSEJERÍA harán uso de los mismos medios de información que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias pudiendo, para llevar a buen término la recaudación de los títulos, solicitar información al INSTITUTO, la cual, a estos efectos, pondrá a disposición de la CONSEJERÍA la información sobre bienes y derechos de la que dispusiera.
La determinación de los créditos incobrables es potestad exclusiva del INSTITUTO, a instancias de la CONSEJERÍA, que se justificará ante aquella en los mismos términos que para las de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El INSTITUTO podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran realizados todos los trámites.
3. En el caso de que el INSTITUTO tuviera conocimiento de datos que no se hubieran utilizado en la gestión de la deuda datada por insolvencia que permitieran la realización del derecho podrá incluir nuevamente la deuda en un siguiente envío mensual, acompañando documentación justificativa de su nueva incorporación.
1. Se fija el coste del servicio a abonar por el INSTITUTO a la CONSEJERÍA de la siguiente forma:
Novena.- Liquidaciones y transferencias de fondos al INSTITUTO.
Acompañando a esta liquidación la CONSEJERÍA enviará al INSTITUTO el detalle de los movimientos de sus deudas, salvo que se haya habilitado un acceso directo para el mismo a los aplicativos de gestión.
Los importes mensuales resultantes a favor del INSTITUTO serán transferidos a la cuenta bancaria que con este fin haya designado el mismo. En los casos en que, practicada la liquidación, resulte deudor el INSTITUTO, se compensará el importe en sucesivas liquidaciones mensuales, salvo cuando se trate de la liquidación del mes de diciembre, en cuyo caso se requerirá al INSTITUTO para que efectúe su pago mediante transferencia a la cuenta que se indique por la CONSEJERÍA.
Décima.- Información al INSTITUTO.
La CONSEJERÍA enviará al INSTITUTO información de la gestión recaudatoria a la que se refiere el presente Convenio con la periodicidad siguiente:
- Mensualmente, el detalle de movimientos de deudas, salvo que se haya habilitado el acceso al aplicativo de gestión para el INSTITUTO.
Sin perjuicio de lo anterior, la CONSEJERÍA suministrará al INSTITUTO cualquier información que le sea solicitada respecto de las actuaciones efectuadas sobre las providencias de apremio objeto del presente Convenio.
1. Teniendo este Convenio su fundamento en una delegación de competencia, y que tal delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el INSTITUTO, en aplicación de lo establecido en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si se produjera alguno de los supuestos de resolución previstos en el presente Convenio, la misma llevará aparejada la revocación de la delegación efectuada.
b) La falta de diligencia de la CONSEJERÍA en la gestión de los títulos entregados que produzca perjuicios a la Hacienda del INSTITUTO. Será causa de resolución la reiterada prescripción de derechos imputable a la CONSEJERÍA.
c) La aportación de información comprobada a terceros por parte de la CONSEJERÍA, sin autorización del INSTITUTO.
4. En caso de resolución, se devolverán por la CONSEJERÍA al INSTITUTO los expedientes que se hubieran entregado, con independencia de que su tramitación no hubiera culminado, estableciéndose entre el INSTITUTO y la CONSEJERÍA la forma y plazos de entrega de los expedientes entregados a la misma.
5. Una vez finalizada la vigencia de este Convenio, los datos de carácter personal deberán ser devueltos al INSTITUTO, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.
Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos vocales del INSTITUTO y dos vocales de la CONSEJERÍA, bajo la presidencia del Director General de Tributos o persona en quien delegue. A la misma asistirá con voz pero sin voto, un Secretario que será designado por el Presidente de la citada Comisión. Las funciones de la misma serán:
Y en prueba de conformidad, se firma el presente en el lugar y fecha al comienzo señalado.- El Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.- La Directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez Rodríguez.