Source: https://de.scribd.com/document/233912559/FALLO-MARQUEVICH
Timestamp: 2020-05-30 19:39:48
Document Index: 235467002

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 115', 'artículo 53', 'artículo 33', 'artículo 26', 'artículo 115', 'artículo 180', 'artículo 26', 'artículo 218', 'artículo 8', 'artículo 294', 'artículo 283', 'artículo 282', 'artículo 26', 'artículo 294', 'artículo 293', 'artículo 294', 'artículo 282', 'artículo\n282', 'artículo 283', 'artículo 1', 'artículo 331', 'artículo 26', 'artículo 41', 'artículo 26', 'artículo 18', 'artículo 53', 'artículo 33']

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En la ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reúnen los integrantes del Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación para dictar el fallo definitivo en esta causa n° 10 caratulada: “Doctor Roberto José Marquevich s/ pedido de enjuiciamiento”.
acusación, los señores representantes del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación doctores Jorge R. Yoma y Luis E. Pereira Duarte, y por la defensa el señor Defensor Oficial doctor Mariano Patricio Maciel y el defensor público oficial designado en virtud de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Procesal de este Jurado, doctor Ricardo de Lorenzo.
Intervienen en el proceso,
I. Que por resolución 377/03, dictada en el expediente 322/02 “Martínez Llano, José Rodolfo c/ Titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro - Dr. Marquevich” y sus acumulados, expediente 10/03, “Szmukler, Beinusz - Orio, Eduardo c/ Dr. Roberto Marquevich (Juzgado Federal N° 1 de San Isidro)” y expediente 63/03, “Iglesias, Juan Carlos c/ Dr. Roberto Marquevich (titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro)”, el Consejo de la Magistratura decidió acusar al juez del Juzgado Federal n° 1 de San Isidro,
Dr. Roberto José Marquevich, por la causal de mal desempeño en sus funciones (arts. 53, 110 y 114 inc. 5° de la Constitución Nacional y 15 de la ley 24.937 -t.o. dec. 816/99-), en razón de haber actuado con parcialidad y desprecio por las normas que regulan la libertad ambulatoria en relación a Ernestina Herrera de Noble, imputada en el trámite de la causa n° 7552/01 “Barnes de Carlotto, Estela, en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, s /n denuncia”. En el considerando 3° se mencionan los siguientes actos:
1) Haber ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble de modo arbitrario, apartándose de las reglas que establece el CPPN. Al respecto menciona que en la resolución del 17/12/02, no obstante haber calificado la conducta atribuida a la nombrada como constitutiva de los delitos previstos en los arts. 293, en función del 292 y 296 del Código Penal -que establecen una pena de tres a ocho años de prisión-, ordenó la detención por considerar que en caso de ser condenada no podía corresponderle condena de ejecución condicional, sin razón alguna, dado que no existía ningún elemento en la causa para fundar dicha decisión. Califica de carentes de razonabilidad los argumentos en los que basó la detención: “la gravedad de los hechos que se investigan, los medios que se han empleado para su comisión que tiene a dos menores absolutamente
particularidad de su insistencia en desplegar este tipo de conductas en reiteradas oportunidades y el consiguiente perjuicio acarreado de tinte psicológico, que también resulta sobreviniente de los delitos cuyo bien jurídico protegido es la fe pública”. 2) Haber denegado la excarcelación de la señora De Noble de modo arbitrario y con términos impropios. Refiere que no obstante que la fiscal dictaminó por la procedencia de la excarcelación, el juez la denegó por los argumentos en que se basó para disponer la
detención, habiendo agregado la “perversidad” demostrada por la imputada, lo que evidenciaría el “especial ánimo del nombrado contra la Sra. Herrera de Noble”. Agrega a pesar de que la fiscal contestó la vista de inmediato, sólo resolvió al día siguiente, con lo que habría omitido dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 331 del CPPN, que establece que una vez que el fiscal se expida sobre la solicitud de excarcelación “el juez resolverá de inmediato”.
indefensos como víctimas,
No haber cumplido los plazos
procesales que establece el CPPN relativos a la libertad de la señora de Noble. Al respecto expresa que habiendo sido detenida dicha persona el 17 de diciembre de 2002, la indagó dos días después, en violación de lo dispuesto por el art. 294 del CPPN, que establece que “cuando hubiere motivo bastante
para sospechar que una persona ha participado
en la comisión de un delito, el juez
procederá a interrogarla
o a más tardar en el término de veinticuatro horas desde su detención”. Expresa que no se trata de un mero incumplimiento procesal sino que evidencia un trato injusto dado a una persona sometida a proceso. 4) Haber omitido considerar el pedido de prisión domiciliaria, a pesar de haberse dado los requisitos para ello y haber sido expresamente formulado por la defensa de manera subsidiaria al requerir la excarcelación. Señala que omitió considerar dicho pedido en la resolución denegatoria de la excarcelación del 19/12/2002. 5) Haber incurrido en un desborde al dar información a la prensa sobre el trámite de la causa, incluso con términos inapropiados para un juez de la Nación, de modo tal que implicaba un adelanto de opinión acerca de la futura decisión jurisdiccional. Indica que dicha conducta fue acreditada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en el trámite del incidente de recusación del juez Marquevich, en el que declararon los periodistas Francesc Relea Ginés, Luis Miguel Majul y Horacio Verbitsky, quienes aportaron datos que dieron sustento a la decisión de la Cámara de apartar a dicho magistrado del trámite de la causa. Considera de significativa relevancia los dichos de Relea Ginés, a quien el juez le habría dicho
en una entrevista telefónica y otra personal
mantenida en su despacho que había citado a
la señora como procesada, no como imputada y
detenida “hasta rato”.
6) Haberse apartado
establecidas por el CPPN para la
sustanciación de la recusación, especialmente el art. 61, dado que en vez de presentar un informe y remitir la recusación al Superior, decidió rechazar el planteo. Señala que no es el propio juez recusado el que debe entender
tribunal superior competente. 7) Haber faltado al deber de
recusación. Considera que mintió al tribunal de alzada al decir en la resolución del 8 de
enero de 2003 que evitó tomar contacto con la prensa y que las publicaciones relacionadas
cuenta de quienes las ponen en conocimiento
argumentos consignados en la resolución de la Cámara Federal de San Martín, en la que, al hacer lugar a la recusación, tuvo por probado que el juez “faltó a la verdad al redactar los considerandos glosados a fs. 10/11 vta”. 8) Haber habilitado ilegítimamente la feria judicial de enero, con el propósito de continuar con el control de la causa.
Menciona el hecho de que además de la
expediente “corren por
fidelidad en la información que
judicial, denegó el recurso de reposición de
la defensa tendiente a dejar sin efecto dicha decisión y asimismo rechazó el recurso de apelación deducido en subsidio del de reposición, con el argumento de que el recurrente no demostró su interés.
habilitación injustificada
“incurrido
parcialidad respecto de una persona sometida a proceso ante el Tribunal a su cargo y de desprecio por las normas que regulan la
libertad ambulatoria, expresados en los actos procesales enunciados en los puntos 1, 2 y 4
del considerando 3°
II. Que en el escrito de defensa de fs. 400/471 el señor defensor oficial deduce,
entre otras cuestiones, la nulidad parcial de
jueces no
pueden ser enjuiciados por el acierto o error de decisiones jurisdiccionales y contesta el traslado con relación a las conductas descriptas en los puntos 1, 2 y 4 del considerando 3° de la resolución 377. Respecto de la detención de la señora de Noble, sostiene que el juez Marquevich actuó de conformidad con las leyes vigentes, dado que no existe norma alguna del CPPN que disponga que el juez debe fundamentar una orden de detención; que el art. 283 tan solo exige que la orden tiene que ser escrita, y contener los datos personales; que si bien
los delitos imputados a la señora de Noble
la acusación, argumenta que
tienen pena de prisión de tres a ocho años, pues se le atribuye un concurso de delitos,
dieciséis años de reclusión o prisión; que según el art. 283 CPPN, la regla es que el
juez libre orden de detención cuando dispone
excepción es que el juez puede disponer la
circunstancias expuestas en el art. 282; que únicamente podría haber omitido la detención declarando la inconstitucionalidad del art. 283 del CPPN, lo que no resultaba procedente dado que nadie se lo peticionó; que el juez
podría imponérsele una
Marquevich, al mencionar en la resolución del
“indefensos” como
damnificados por los hechos relacionados con los arts. 139 y 146 del Código Penal, sino concretamente por los hechos vinculados con
delictivas, no
17/12/02 a víctimas
definitiva, alega que el enjuiciamiento de
acierto o
En cuanto a la excarcelación, expresa
estricta de la ley aplicable al caso y dio
que no consideraba
condicional, razón por la cual de ningún modo
procedente una
la resolución puede considerarse arbitraria.
Sostiene que no tienen sustento los cargos vinculados con la denegación de la excarcelación pues el dictamen fiscal no es vinculante para el juez; y que todo el trámite de la incidencia se realizó dentro
del término legal de 24 horas. Con respecto a la utilización del término “perversidad” en la resolución cuestionada, manifiesta que ha de tenerse en cuenta que dicha expresión se utiliza en el ámbito de la ciencia del
era mencionada por
derecho penal Carrara.
Respecto de la omisión de tramitar el
pedido de prisión domiciliaria, considera que el juez Marquevich no sólo dio curso a la
domiciliaria, al
concedió la prisión
recaudos exigidos por el art. 33 de la ley
24.660.
495/496, el plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación hace mérito de los demás cargos mencionados
en el dictamen de la Comisión de la Acusación n° 72/03 -de fecha 4 de noviembre de 2003-, obrante a fs. 218/46.
IV. Que a fs. 505/6 el Jurado rechaza
la nulidad de la acusación y dispone correr
traslado a la defensa para que expidiera con relación a dichas imputaciones.
V. Que a fs. 521/56 la defensa
cuestiona la antedicha resolución, alegando
ahora debo realizar en
“todo esto que
cuanto a tener que dar respuesta a cargos que
está siendo hecho bajo la absoluta certeza de que todo lo ocurrido con posterioridad a que
el suscripto diera estricto cumplimiento a la contestación del traslado de la acusación
ese Honorable Jurado, está
más palmaria violación al
debido proceso legal y a la defensa en juicio
Constitución Nacional”. Al referirse al incumplimiento de los
plazos procesales sostiene que la declaración indagatoria no se recibió el 18 de diciembre
defensores de la señora de Noble en el que se informaba que aquélla padecía de diabetes lábil y se aconsejaba no exponerse a
de 2002 debido a la
artículo 18 de la
el artículo 19 del
Reglamento de abarcado por la
su momento no integraron la acusación,
agravarían la
proporcionado información a la prensa sobre el trámite de la causa y afirma que evitó tomar contacto con la prensa, razón por la cual las publicaciones relacionadas con el contenido del expediente resultan propias de
la práctica periodística, que los dichos del periodista Francesc Relea Ginés no se hallan
corroborados por
no surge ningún
prueba alguna, que
reproche al obrar jurisdiccional del juez;
que, en cuanto a Horacio Verbitsky, fue éste
relevancia que se haya expresado erróneamente en relación con un dato del expediente civil relacionado con el hallazgo de Felipe Noble.
recusación, señala que el magistrado actuó de conformidad con lo establecido en el art. 62
tratarse la imputación de “hechos inciertos” y no haber admitido la causal, informó a la
interviniendo en el trámite de la causa. Sobre la imputación de haber faltado
al deber de fidelidad, afirma que nunca el
prensa, sino que afirmó haber evitado tener
feria judicial, sostuvo que no merece ningún
reproche sino
dentro del plazo fijado por el art. 306 del CPPN.
Enrique Pedro Basla, don Guillermo Ernesto Sagués y don Jorge Alfredo Agúndez:
doctores don
este Jurado estableció en
anteriores pronunciamientos los principios que regulan el enjuiciamiento de magistrados nacionales de instancias inferiores a los de la Corte Suprema. Entre ellos se señaló que el proceso de remoción es un juicio de responsabilidad política con sujeción a las reglas del debido proceso legal, en el que el fallo debe tener fundamentación suficiente por exigencia constitucional y que son los hechos objeto de acusación los que determinan el objeto procesal sometido al Jurado y sus causales las que taxativamente establece el artículo 53 de la Carta Magna: mal desempeño, delito cometido en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes. Del mismo modo se expresó que las pruebas deben ser valoradas con un criterio de razonabilidad y justicia con miras a la protección de los intereses públicos. Asimismo se sostuvo que la causal de mal desempeño presupone que el enjuiciamiento se lleve a cabo sobre la base de la imputación y demostración de hechos o sucesos concretos y no de apreciaciones difusas, pareceres u opiniones subjetivas, sean personales o colectivas. El texto del artículo 53 exige así interpretarlo, pues de otro modo se llegaría a una conclusión que significaría prescindir de sus orígenes y de su letra (conf. doctrina de este Jurado en los fallos de las causas n°2 “Doctor Víctor Hermes Brusa s/ pedido de enjuiciamiento”, 30 de marzo de 2000, y n°3 “Doctor Ricardo
Bustos Fierro s/ pedido de enjuiciamiento”, 26 de abril de 2000). También se ha dicho que la expresión mal desempeño del cargo conlleva “ una falta de idoneidad, no sólo profesional o
ineptitud, la insolvencia moral, todo lo que determina un daño a la función, o sea a la gestión de los intereses generales de la Nación. La función pública, su eficacia, su decoro, su autoridad integral es lo esencial; ante ella cede toda consideración personal.”
(Rafael Bielsa, “Derecho Constitucional”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1954, p.483/4). CUESTIÓN PREVIA.
virtud de que el tema se ha puesto en tela de
juicio, corresponde considerar -y delimitar- los hechos objeto de acusación que a su vez constituyen el objeto procesal sometido al Jurado en este juicio de responsabilidad política. En ese sentido el Plenario del Consejo de la Magistratura, por resolución n° 377/03 del 11 de diciembre de 2003, dictada en el expediente n° 332/02, caratulado “Martínez Llano, José Rodolfo c/ titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal n°1 de San Isidro - Doctor Marquevich” y sus acumulados, decidió acusar al doctor Roberto José Marquevich, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, por la causal de mal desempeño de sus
funciones (artículos 53, 110 y 114, inciso 5°, de la Constitución Nacional). La imputación que se le efectúa al
magistrado consiste en haber incurrido en una “actitud de evidente parcialidad respecto de una persona sometida a proceso ante el Tribunal a su cargo y de desprecio por las normas que regulan la libertad ambulatoria, expresados en los actos procesales enunciados en los puntos 1; 2 y 4 del considerando
las siguientes conductas: (1) haber ordenado la detención de Ernestina Laura Herrera de Noble de modo arbitrario, apartándose de las reglas que establece el Código Procesal Penal de la Nación ; (2) haber denegado la excarcelación de la nombrada de modo arbitrario y con términos impropios; y (4) haber omitido considerar el pedido de prisión domiciliaria, todos ellos acontecidos en el trámite de la causa n° 7552/01 del registro del juzgado a su cargo, caratulada “Barnes de Carlotto, Estela en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo s/ denuncia”, actualmente radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de San Isidro, bajo el n° 2270. Sobre esa base se puntualiza en la acusación que el objeto del reproche lo constituye, por un lado, “la pérdida de imparcialidad que se ha manifestado en la sucesión de actos procesales irregulares,
cuyos defectos no encuentran su origen en un
Allí se describieron, en lo esencial,
error sino en una conducta intencional
“utilizado
manifiestamente inadecuada las herramientas
ocasionando, con su arbitrariedad, serios
daños no solo a la imputada sino a la misma
concluye que el doctor Marquevich “incurrió
en mal desempeño por falta de imparcialidad y
cumplimiento de normas legales en diversos actos procesales”. 3°) Que este Jurado, al resolver la
oportunidad de contestar el traslado de la
darse a ésta, a la luz de la aclaración que
le atribuía al Magistrado
-actitud de evidente parcialidad y desprecio
ambulatoria- se había expresado “en los actos procesales enumerados en los puntos 1, 2, y 4 ”
regulan la libertad
nulidad planteada
consignado con
acusatoria. 4°) Que, de manera preliminar, es del
caso recordar que en los supuestos de juicio
discrecionalidad respecto del procedimiento a
procesos, lo que
la índole netamente
permite no estar “obligado a sujetarse estrictamente a reglas propias de los
procedimientos ordinarios político no está sujeto
comunes de la administración de justicia
(Diario de sesiones del 19 de mayo de 1960, página 348, informe del senador Rocha
doctrina norteamericana al señalar que “Este cuerpo no está obligado a observar las formalidades rigurosas de los tribunales ”
Errecart). En igual sentido
a los principios ”
(Story, Comentario sobre la
Constitución Federal de los Estados Unidos,
traducción Calvo, Buenos Aires, 1888, Tomo I,
obligado a someterse a todas las disposiciones referentes a la admisibilidad
pág. 476) y más específicamente “
de la prueba, ni a reglas técnicas que rigen ”
la actividad de los tribunales ordinarios
(W.W. Willoughby, “The Constitutional Law of
United States”, Edic. 1929, tomo III,
pág. 1450).
obstante la especial
naturaleza de esta clase de procedimientos,
deben observarse los requisitos vinculados a la esencia y validez de todo juicio: el
inexcusablemente inviolable. El modelo procesal delineado por la Constitución distingue claramente la función de acusar de la función de juzgar, las cuales son independientes y distintas, y cada una de
éstas está a cargo de órganos diferenciados y
autónomos. Así, entre las atribuciones que se han reconocido al Consejo de la Magistratura se encuentra la de decidir la “apertura del procedimiento” de remoción de magistrados y
Nacional), mientras que el Jurado de
proceso con su
“fallo” (artículo 115, párrafo segundo, de la Constitución Nacional). La acusación como resguardo del debido proceso constituye el objeto del juicio alrededor de la cual se instala el
debate oral y público,
jurado valorarla para decidir si el
magistrado ha perdido las cualidades y condiciones para desempeñar su cargo.
imputación formal, dirigida a un magistrado,
de la realización de una determinada conducta configurativa de alguna de las causales de
remoción: “mal desempeño”, “delito
comunes”. Se
presupuesto ineludible de la inviolabilidad de la defensa en juicio, en cuanto permitirá
al enjuiciado conocer la imputación que se le
no podría defenderse
adecuadamente. 6°) Que la causal de “mal desempeño” ha sido definida como “cualquier irregularidad de cualquier naturaleza que sea, si se afecta gravemente el desempeño de
atribuye, sin lo que
erige, en consecuencia, como
funciones” o “crímenes
formular la “acusación”
Enjuiciamiento culmina
siendo misión del
funciones, aún en los casos de enfermedad
sobreviniente,
aparezca la responsabilidad, falta o culpa intencional” (Sánchez Viamonte, “Manual de Derecho Constitucional”, ed. Kapeluz, 1958,
pág. 280). En este sentido, sostiene Quiroga
Lavié que “el estándar constitucional
un concepto jurídico
indeterminado que debe ser determinado, caso
responsabilidad que sobre el desempeño de la vida, dentro y fuera del tribunal, haga el
indeterminado es una función donde el Jurado actuará con amplia discrecionalidad, por
tratarse el mal desempeño de una cuestión no
desempeño´ es
sujeta a reglas típicas
(“Naturaleza institucional del Jurado de Enjuiciamiento” L.L., 2000-B-1008).
el caso traído a
atribuida al doctor Marquevich como
constitutiva de “mal desempeño” se habría
tramitación de un único proceso seguido a una persona, y ha sido descripta como la actitud
persona sometida a proceso ante el Tribunal a su cargo y el desprecio por las normas que privilegian la libertad ambulatoria, lo que
de evidente parcialidad
en este Jurado,
Acusación-
se técnica y moral (artículo 53 de la Constitución Nacional).
traduciría en
formula al magistrado, la que, evidenciada en determinados “actos procesales”, se sostiene y estructura en hechos que se encontrarían acreditados en el expediente y que
existencia del “mal desempeño”. Sabido es que la conducta descripta
debe fundarse en cargos bien determinados que hagan referencia, a su vez, a hechos precisos y concretos. La actitud de evidente parcialidad y desprecio por las normas que
presenta como materializada en tres actos
conformarían la
imputación que
procesales: a) haber ordenado la detención de Noble de modo arbitrario, apartándose de las
Nación, b) haber denegado la excarcelación de aquélla de modo arbitrario y c) haber omitido considerar el pedido de prisión domiciliaria
el examen y
valoración de la imputación que se le dirige
no puede efectuarse sin ponderar todos y cada
formulado a
su respecto. Mas
enmarcaron el dictado de aquellas resoluciones.
exclusivamente a una única causa conlleva a
como así también, en el incidente de recusación y en el de excarcelación, ofrecidos todos ellos como prueba documental.
valoración de todo lo
actuado en ella,
8°) Que los hechos derivados de la conducta del juez pueden constituir prueba suficiente que permita examinar si se revela un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con daño evidente del servicio público y la administración de justicia y menoscabo de la investidura. Es preciso demarcar las distintas voces, y el diferente significado que se asigna a las palabras o los términos:
pretensiones, hechos, antecedentes,
argumentos, pruebas, cuestiones, alegaciones, cargos, imputaciones, causales.
hechos, argumentos, pruebas,
pretensiones no son la misma cosa. Las partes describen hechos; acerca de los hechos se argumenta; las argumentaciones apuntan a implicar esos hechos en un plexo normativo; y todo ello da cimiento a la pretensión, que consta de un objeto, de los sujetos que la proponen y de una causa que a su turno tendrá el hecho más la imputación jurídica que acerca de este hecho la parte realice. Eventualmente tendremos pruebas de esos hechos (Andrea Meroi, en “La congruencia y la valoración de la prueba” -Conferencia dictada en el I Congreso de Derecho Procesal Garantista celebrado en la ciudad de Azul). Si las pretensiones están fundadas en hechos que se describen, esos hechos alegados probablemente merezcan una consideración diferente y allí será menester que el juez se
pronuncie acerca de todos los hechos que
constituyen ese supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se solicita, de la norma que da base a la pretensión en trato. Ninguna duda cabe de que la acusación integra la garantía del debido proceso, por cuanto el juicio debe tener por base una acusación concreta y oportunamente intimada (Fallos 125:10; 127:36; 189:34 y 308:1557). Pues, nadie puede defenderse de algo que ignora.
objeciones que formuló la Defensa al responder la acusación, y de sus planteos nulificantes (conf. fojas 409/471), se trató de elementos de juicio conocidos desde un comienzo, regularmente ingresados, acerca de los cuales, de un modo reiterado, se le requirió que ejerciera sus derechos, con referencia a la totalidad de los hechos. 9°) Que un proceso de esta naturaleza tiene especiales características y no pueden aquí exigirse reglas “tan estrictas, ya sea en la explicación minuciosa de las ofensas por los acusadores, ya en su interpretación por los jueces” (Hamilton, Alexander). En consonancia con ese criterio, el artículo 33 del Reglamento Procesal del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (Fallos: 322:26), de aplicación al caso por sobre el Código Procesal Penal de la Nación (artículo 26, inciso 8º, de la ley 24.937), prevé que el jurado “apreciará las pruebas
conforme con la naturaleza del proceso de
remoción (artículos 53 y 115 de la
Constitución Nacional)”, norma específica en
la que se ha fundado la valoración efectuada
en este proceso. 10) Que es necesario tener en cuenta que el Jurado de Enjuiciamiento examina la conducta de los jueces a la luz de criterios que no se identifican en lo absoluto con las
formas habituales de examen de la prueba y de ponderación de las conductas que corresponde
a los tribunales judiciales (conf. causa
B.450.XXXVI, “Brusa, Víctor Hermes s/Pedido de Enjuiciamiento”, del 11 de diciembre de 2003, considerando 21 del voto del ministro Juan Carlos Maqueda). 11) Que, en estas condiciones, es posible concluir que si la Defensa hubiere omitido en la etapa procesal oportuna realizar alegaciones u ofrecer las pruebas que hacían a su derecho, no cabría invocar
afectación de la garantía constitucional del derecho de defensa o del debido proceso que ampara al magistrado enjuiciado, pues ello habría obedecido a la discrecionalidad de su propia conducta (Fallos: 306:149; 307:635; 308:540 y 1478; 311:357). La regla de la congruencia procesal importa la correspondencia entre las pretensiones contradichas y lo resuelto por
el juzgador, implicando una estrecha relación
entre el sistema dispositivo y la estructura contradictoria, donde deberá limitarse a
resolver solo aquello que las partes le
pusieron a la discusión. La relación de esa regla de la congruencia procesal debe articularse con la valoración de los hechos y las pruebas en el proceso, la imparcialidad del juzgador, la igualdad de las partes, la posibilidad de audiencia, la aportación de las pruebas por parte de los litigantes. Estas circunstancias, sumadas a las recordadas pautas específicas que rigen la apreciación de la prueba en los procesos de enjuiciamiento y que constituye atribución reservada al Jurado de Enjuiciamiento la decisión sobre las causales de destitución (conf. doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Nicosia”, Fallos: 316: 2940, considerandos 15, 20 y 23 del voto de la mayoría), determinan la procedencia y sustento de la decisión adoptada. 12) Que cabe ahora considerar la congruencia entre la acusación y el fallo que se dicta. En este orden de ideas, se ha señalado con acierto que “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonre el país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y las garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político” (Joaquín V. González,
“Manual de la Constitución Argentina”, 25a. ed., 1983, pág. 504).
requerimiento indispensable para garantizar
efecto, el requerimiento constituye la base y límite del juicio, toda vez que el hecho contenido en la sentencia no admite distinción de aquél descrito en la requisitoria del acusador sobre el que hubo de estructurarse la intimación verificada al comienzo del debate. Es el puente que vincula el conocimiento del juicio; el punto axial
elevación a juicio, y éste se abre con la
condición acusatoria de la
requisitoria del Consejo de la Magistratura de elevación al Jurado de Enjuiciamiento es indudable. La inviolabilidad de la defensa en
contradicción, el cual debe ser respetado. El juicio debe llevarse a cabo en contradicción,
es decir que es imprescindible la refutación.
partes la oportunidad de ser escuchadas, solicitar medidas de prueba, controlar al órgano y a las otras partes, de rebatir sus argumentos, etc. Se ha dicho que “El contradictorio,
otorgar a todas las
ello reside esencialmente el deber que
acusación. La
juicio se complementa con
pues, muy lejos de ser una lucha, en cuyo
caso el proceso sería guerra y tendería, por tanto, al predominio y la destrucción, es
intercambio, fusión”
por consiguiente, como juicio complejo, se revela constituido por una pluralidad de juicios de opinión, que se resumen y
compendian en un juicio decisorio. La opinión
y la decisión son ambas juicios, pero
diversamente caracterizados y, por tanto, en
la indagación, revelarán estructura análoga,
pero no idéntica” (Foschini, “Dibittimento”, pág. 191, citado por Leone, Giovanni, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, T. II, pág. 335). Este principio, como corolario de la garantía de defensa en juicio, fue respetado en el sub judice, pues la defensa tuvo oportunidad de escuchar y ser escuchada, ofrecer la prueba que consideró pertinente y rebatir la imputación que se erigía en su contra, sin que nada de lo ocurrido le fuera desconocido, limitándose la sentencia a los mismos hechos contenidos en la acusación. 13) Que descripta la conducta y concretados los cargos, el examen de los hechos se enmarca en la realidad del proceso -plasmada en el expediente y sus incidentes-, cuya pormenorizada lectura permitirá dar favorable acogida a la pretensión del Consejo de la Magistratura u obligará a disponer su rechazo.
Han sido puestos en tela de juicio tres actos procesales -orden de detención,
denegatoria de excarcelación y omisión de resolver un pedido de prisión domiciliaria-, calificados como arbitrarios (término cuya acepción gramatical hace referencia al acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o las leyes, dictado sólo por voluntad o capricho) que demostrarían una actitud de evidente parcialidad (designio anticipado o prevención a favor o en contra de alguien o algo que da como resultado la falta de neutralidad o insegura rectitud en el modo de juzgar o proceder) y un desprecio por las normas procesales que privilegian la libertad ambulatoria, basada en hechos que surgen del expediente. 14) Que corresponde hacer una breve referencia a los actos producidos por el Consejo de la Magistratura y sus circunstancias. Es preciso asentar liminarmente que el Jurado entiende y se avoca en forma restrictiva a las decisiones institucionales de ese Cuerpo que se expresan en la Acusación. Así está establecido por imperio constitucional y por las normas legales vigentes y se justifica, además en la independencia de los órganos. La Acusación (Resolución n° 377/03) en los términos que se formula demarca el objeto procesal y una vez formulada es atribución de este Jurado interpretar su contenido y alcance. Los actos posteriores del Consejo de la Magistratura referidos a la causa, luego de trabada la litis, no pueden
expresamente así se lo indique, y se lo presente como una ampliación de la misma, en cuyo caso este Jurado deberá examinarla y, si
correspondiere, darle el curso que amerita el debido proceso y el derecho de defensa, todo ello de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Nacional. La Resolución n° 59/04, si bien es
esta causa, fue agregada a las actuaciones
Secretario Letrado, sin la adjunción
mediante oficio signado
Magistratura y se
letrados nombrados para representar a dicho Consejo, ni petición alguna que ameritara un
tratamiento distinto al que le fue dado: esto
es el mero traslado a la Defensa para los fines que estimara corresponder. Por otra parte, la reiteración de la
acusación al doctor Marquevich que se efectúa
en la mencionada resolución -n° 59/04- con remisión a los términos volcados en el
dictamen de la Comisión de Acusación n° 72/03
y su ofrecimiento de prueba, viola la
garantía del debido proceso pues retrotrae el procedimiento a actos producidos en una etapa
preclusión. Dicho esto queda claro que los alcances del examen que importa el deber y la
responsabilidad de juzgar al
encuentran su límite en lo que técnicamente
constituye la acusación. Es preciso referirse
lo expresado en el escrito de fojas 330/357
a la resolución n° 377/03 del Plenario del
Consejo de la Magistratura, señalándose que en ocasión del debate fue a esta última pieza, exclusivamente, a la que se le dio lectura en carácter de acusación, con la conformidad de las partes y sin objeción alguna.
precedentes resulta evidente que se decidió acusar al doctor Roberto José Marquevich por la causal constitucional de “mal desempeño” por haber incurrido en una “actitud de evidente parcialidad respecto de una persona sometida a proceso”. Esa presunta “actitud parcial” se habría concretamente materializado -según la acusación- en los
siguientes actos: haber ordenado la detención y denegado la excarcelación de la señora Herrera de Noble de modo arbitrario, y haber omitido considerar el pedido de prisión domiciliaria.
juez no será apreciada de manera fragmentada o aislada, que en definitiva conllevaría a prescindir de una visión de conjunto de su
modo de actuar a lo largo del proceso. Por el contrario, se la debe considerar en una necesaria correlación con todo el material
probatorio incorporado a
conocido por las partes, con el objeto de
descriptas- si incurrió en la causal de “mal
desempeño” por destitución.
solicitara su
CONSIDERACIONES GENERALES. 16) Que antes de entrar en el estudio de aquellos actos que la Acusación ha individualizado como demostrativos de la parcialidad que se le atribuye al doctor Marquevich en la tramitación de la causa nº 7552/01 “Barnes de Carlotto, Estela s/denuncia” en perjuicio de Ernestina Laura Herrera de Noble, se estima necesario resaltar algunos datos y circunstancias de
interés que se han puesto de manifiesto en la
13.922/95
“Feldmann de Jaján, Ana Elisa s/ denuncia”, iniciada el 4 de septiembre de 1995 ante el
Juzgado Federal n°1 de San Isidro; nº 7636/00 “N.N. s/ supresión de estado civil” iniciada también por Feldmann de Jaján, con motivo de
produjera en Capital
Federal ante el Juzgado Federal n°2 en el
legajo de actuaciones reservadas formadas en
causa n° 10.326 “Nicolaides Cristino y
otros s/ sustracción de menores” y la n°
7552/01 “Barnes de Carlotto s/denuncia” que motiva el presente enjuiciamiento. 17) Que en las causas de referencia
hecho puesto en
conocimiento del doctor Marquevich, el 4 de septiembre de 1995 por Ana Elisa Feldmann de
constatado que el
Jaján, fue el mismo que volvió a denunciar la nombrada en Capital Federal el 20 de
noviembre de 1997, como así también aquél que el 30 de abril de 2001, motivara la formación de la causa n° 7552/01 a instancias de Estela de Carlotto.
denunció que las adopciones de los hijos de
Ernestina Laura Herrera de Noble habían sido
se pedía la esos niños
adoptados -Felipe y Marcela- pues podrían
pertenecer a padres desaparecidos durante el
denuncias fotocopias de las actas de adopción en las que se hacía hincapié que no figuraba los nombres de los padres. 18) Que la denuncia formulada por Ana Elisa Feldmann de Jaján fue efectuada ante el Tribunal Oral Criminal n° 1 de la Ciudad de Buenos Aires y remitida -por la Cámara Federal de San Martín- al juzgado a cargo del doctor Marquevich, quien con fecha 4 de
proceso militar.
irregulares y por
septiembre dispuso su registro
13.922/95 y corrió vista al Procurador Fiscal Federal, doctor Carlos Villafuerte Ruzo, de conformidad con lo normado por el
artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, quien solicitó su desestimación.
14 de septiembre de 1995, el
doctor Marquevich desestimó la denuncia por entender que no constituía delito y dispuso
archivar las actuaciones. Se considera
revelante precisar las razones en las que el doctor Marquevich fundó la desestimación en
esa oportunidad, en
dato a ser tenido en cuenta para comparar esa conducta con la que motivó su actuación ante la denuncia que efectuara -con posterioridad, en el año 2001- Estela Barnes de Carlotto, por el mismo hecho. 19) Que en aquel momento -año 1995- el juez Marquevich sostuvo que la presentación de Feldmann de Jaján carecía de datos objetivos que permitieran tenerla como
virtud de resultar un
anoticiamiento de delito”, y que
desarrollarse en un plano puramente hipotético. Agregó también que de las fotocopias
de las actas de adopción que se habían
efectuada ante el Registro de las Personas,
obedecía a un mandato del Tribunal de Menores n° 1 de San Isidro dispuesto en las causas n° 1308 y n° 9149 y que la anotación marginal allí obrante había sido ordenada por sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del mismo Departamento Judicial, lo que evidenciaba
cumplimiento de las formalidades previstas por la ley 19.134”. La presentación no tenía, según el magistrado, aptitud suficiente para
acompañado surgía que
instar la acción.
20) Que es del caso destacar que el
20 de noviembre de 1997 Ana Elisa Feldmann de Jaján se presentó, esta vez, en la mesa de entradas Secretaría n° 13 del Juzgado Federal
nº 2, solicitando declarar testimonialmente a
efectos de poner en conocimiento del Tribunal hechos que, según manifestó, podrían tener vinculación con los investigados en la causa nº 10.326/96 “Nicolaides, Cristino s/sustracción de menores” del registro del Juzgado Federal nº 7, Secretaría n° 13. Afirmó en su declaración que los menores podrían ser hijos de desaparecidos, que las actas de nacimiento podrían ser apócrifas y que su presentación ante ese juez obedecía a que había efectuado un pedido de juicio político al doctor Marquevich ante la Cámara de Diputados, donde había manifestado los hechos que allí relataba. Agregó que había solicitado a la Cámara la remisión de fotocopias certificadas del mismo a ese Juzgado y como no lo habían efectuado, ello había motivado su comparecencia personal. 21) Que esta denuncia corrió la misma suerte que la primigenia. En el año 1998 el doctor Bagnasco titular del Juzgado Criminal
y Correccional Federal n° 7 de Capital
Federal la desestimó y archivó el legajo de actuaciones reservadas formadas en la causa n° 10.326 “Nicolaides, Cristino y otros s/sustracción de menores”. Este archivo no fue impugnado por el Fiscal.
posterioridad se
agregaron en ese mismo legajo de actuaciones
-ahora registrado bajo el n° 7636/00 “N.N. s/ supresión de estado civil”, los expedientes números: 1835/2000 del Juzgado Federal n° 2, Secretaría n° 3; 7684/2000 del Juzgado Federal n° 7, Secretaría n° 13 -que fuera formada con testimonios de la causa n° 3772
de la Secretaría n° 14, a la que a su vez se
agregaron las causa n° 2621/2000 del Juzgado Federal n° 3, Secretaría n° 6; n° 7547/2000 del Juzgado Federal n° 4, Secretaría n° 7 y n° 3388/2000 del Juzgado Federal n° 6,
Secretaría n° 12, y su acumulada n° 4807/2000 del mismo juzgado y secretaría.
todos estos expedientes
fueron formados a raíz de sucesivas denuncias
Kelly quien -entre
otros hechos- también denunció a Ernestina
Laura Herrera de Noble en los mismos términos que Feldmann de Jaján. Sin embargo, el 29 de agosto de 2000,
en el legajo n° 7636/00 que se había iniciado con la declaración de Jaján del 20 de noviembre de 1997 (en la que hacía referencia
investigados en la causa n° 10.326 “Nicolaides, Cristino y otros s/sustracción de menores”, y a la que -además- se habían acumulado todas las antes referidas en las
vincularse con los
de Guillermo Patricio
que Kelly denunciaba lo mismo que Jaján, el
desestimar las denuncias y ordenó nuevamente
Bagnasco volvió a
Noble”),
el archivo. Pero esta vez hubo un cambio: el Fiscal Federal doctor Eduardo Freiler apeló
apelación ante la Excma. Cámara, ésta, con
denuncia y se disponía el archivo. 23) Que no se puede dejar de advertir que desde septiembre de 1995 hasta abril del
2001, se denunció siempre el mismo hecho. En
mantenida la
decisorio, y
noviembre de 2000, confirmó la
se desestimaba la
valoraron las mismas
7308, “N.N.
(sexo femenino) o Noble Herrera, Marcela -
masculino) o Noble Herrera, Felipe -art. 8,
Juzgado Civil y Comercial nº 6 de San Isidro;
desestimación de la denuncia, basada tanto en
las presuntas irregularidades cometidas en la
posible pertenencia de esos niños a personas desaparecidas, y su archivo. Adviértase que, cuando Feldmann de
del año 2001 puso en
Ley 4664-”;
9149 “N.N. (sexo
Ley 4664-”,
adopción n°
las actas de nacimiento).
temperamento: la
tramitación de las
Apelaciones de la Capital Federal la inacción
hechos por ella denunciados, el 10 de abril de 2001, frente a una nueva presentación de
aquélla ante el Juzgado Federal n°7, en la
justicia en la investigación de los
ocasión con firma del señor Juez Federal doctor Rodolfo Canicoba Corral, se dispuso
estar a lo que ya había resuelto la Cámara el 7 de noviembre de 2000, o sea el archivo de las actuaciones. 24) Que si embargo, llamativamente, el 30 de abril 2001 por denuncia de Barnes de Carlotto referida a ese mismo hecho -tantas
desestimado y archivado- el doctor
Marquevich esta
investigación. No justifica el distinto temperamento adoptado por el magistrado frente a una misma situación, la circunstancia procesal de que en una oportunidad no hubiere existido requerimiento de instrucción y en otra sí lo haya habido, pues el nivel de análisis de la imputación que se le formula excede ese aspecto procesal y se instala en el hecho de que el criterio que había explicitado para fundar la desestimación fue dejado de lado por el magistrado sin ninguna explicación, ni la puntualización de alguna circunstancia que -más allá del requerimiento fiscal- permitiera avizorar por qué antes “no” a la investigación solicitada y ahora “sí”. Lo dicho no implica avanzar sobre las razones jurídicas que un magistrado puede tener para iniciar una investigación o desecharla, o efectuar juicio de valor alguno respecto de lo ajustado a derecho que una u otra postura pudiera -a la postre- tener. Sí
se remarca que en 1995 el magistrado
desestimó la investigación de un hecho por
inexistencia de -sin
acierto-
dieron fundamento al decisorio; y que luego,
2001, no obstante tratarse
temperamento contrario sin brindar razón
alguna, valorando los mismos elementos de prueba en forma distinta. Este cambio de postura en la toma de
respecto de un mismo hecho, inalterado tanto en su materialidad como en la prueba que se
tiempo resultaron contrarias, no sólo se ha
advertido con relación
valoró para fundar
a doctor Marquevich en las causas n° 13.922/95
y n° 7552/01, sino también con relación a los
intervinieron en la
jueces federales que
7636/00 que
originariamente se
como legajo
actuaciones acollarado a la causa n° 10.326
Federal con asiento en Capital Federal como
en San Isidro, desde 1995 hasta el 2001, las
“Nicolaides,
s/sustracción
incurrido al tramitar
cuales se predicaba que podían ser hijos de
militar, tenían
desestimación y el archivo. Mas a partir del 30 de abril de 2001, una y otra, evidenciaron una postura
distinta, lo que hasta llegó a motivar un conflicto de competencia trabado entre el
doctor Marquevich y el
Juez Federal de esta ciudad, dado que ambos reivindicaban para sí la potestad
anterioridad, estado signado archivo.
Ello, más allá de que el marco de
cual se reclamaba fuere
distinto. Uno investigado como formando parte
del plan sistemático de Estado diseñado para la sustracción, ocultamiento, retención de
menores, y otro -teniendo en cuenta el lugar
de comisión- orientado a
los presuntos autores materiales de los hechos denunciados. 25) Que en este contexto tampoco
Marquevich tomó conocimiento de la resolución de fecha 12 de julio de 2000 del Juez Federal doctor Ballesteros por la que éste se declaró incompetente por razón de materia para conocer en las presuntas irregularidades cometidas en el trámite de la adopción de los hijos de Ernestina Laura Herrera de Noble y
remitió testimonios de la causa n° 7150
pasar inadvertido que el doctor
análisis desde el
dijera, había
doctor Jorge Urso,
investigativa respecto al
desestimación y el
(A-4524) “N.N. s/delito de acción pública”, a pedido de la Fiscalía, al Juzgado Federal n° 1 de San Isidro por conexidad a la causa n°
13.922.
Si bien en la resolución por la que se declara incompetente el magistrado
consignó -por evidente error material- un
correspondía, la certificación que obraba a
fojas 36 fácilmente permitía advertir que la conexidad era con la que había motivado su
denuncia de Feldmann de
Jaján (n° 13.922/95). Tanto fue así que el doctor Marquevich agregó allí esos
testimonios. Mas
dispuso en esa oportunidad con relación al hecho que, denunciado en Capital Federal, se le remitía por conexidad. No pasa desapercibido que si bien la
resolución de incompetencia tiene fecha 12 de julio de 2000 (fojas 40/41), y los oficios de remisión y envío por la Delegación de Interior de la Policía Federal del 1° y 7 de agosto de 2000, respectivamente, no existe cargo de recepción del Juzgado Federal de San
después de la fecha de remisión de los
testimonios) en el que el magistrado consignó
Isidro. Sólo se encuentra un auto
ordenó, resolvió o
causa distinto
“Téngase presente
testimonios de las partes de interés de estas actuaciones en el marco de la causa 7552 de
la Secretaría n° 2 del Tribunal, vuelva la
presente al archivo cfr. lo resuelto a fojas
26) Que como corolario de lo expuesto -más allá de que no se pueda determinar la
fecha exacta de recepción de los testimonios por carecer del cargo- en el año 2000 esos
y proveyó a su respecto. Y recién cuando Barnes
de Carlotto denuncia el mismo hecho, haciendo
referencia -a
Marquevich dicta en la causa n° 13922/95 el
en adoptando como temperamento -nuevamente- la
desestimación y el archivo (ver remisión a lo
de la causa de
referencia), con el aparente justificativo de que el 14 de junio había ordenado extraer de esta causa las piezas pertinentes (sólo la denuncia de Feldmann de Jaján, el pedido de desestimación de la Fiscalía y su resolución
desestimación y
2001 respecto de
la denuncia de que el doctor
Jaján,
archivo), todo ello para su agregación en la causa n° 7552/01 iniciada por Estela Barnes
correspondido proceder a la inversa: agregar la denuncia del año 2001 a las actuaciones del año 1995.
no lo hizo? Precisamente
porque en la causa n° 13.922/95 en la que se
realidad hubiera
mismo hecho en
2000, nada había
inteligencia puede entenderse que en lugar de acumular la denuncia formulada por Estela Barnes de Carlotto a la causa n° 13.922/95,
registrado con un nuevo número
-7.552/01- y haya ordenado extraer las piezas pertinentes de aquélla para su agregación en ésta.
cambio de postura sin
explicación alguna y su actuar irregular en la causa n° 13.922/95 se confirma al tomar
conocimiento de que el 15 de octubre de 2001
doctor Canicoba Corral, había
investigado. Sólo en esa
dispuesto la reapertura de la causa n° 7.636. En efecto, el 5 de noviembre del 2001, el
doctor Marquevich dirigiéndose en la causa “Barnes de Carlotto n° 7552/01, hace saber al Juzgado Federal n° 7 que había tomado intervención desde el 4 de septiembre de 1995
los hechos que podrían tener
inscriptos Marcela y
investigación por denuncia del 30 de abril del 2001 y que se encontraba en pleno trámite”. Lo cual no respondía a la realidad
de los hechos. La causa n° 13.922/95 se había
archivado y no se reabrió,
nueva -7552/01- y se le agregaron las piezas pertinentes de la n° 13.922/95.
causa penal n° 7552/01, caratulada “Barnes de
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo s/
denuncia”, surge que se inició en virtud de la denuncia efectuada el 30 de abril de 2001
por la señora Estela Barnes de Carlotto en la que sostuvo que numerosas presentaciones recibidas en la sede de la institución que presidía informaban que Ernestina Herrera de Noble habría adoptado en el año 1976 a dos niños presuntamente hijos de padres desaparecidos durante la dictadura militar. Se ordenó incorporar a la causa copia de los expedientes n° 9149, caratulado “N.N. (sexo masculino) o Noble Herrera, Felipe - art. 8, Ley 4664-”, y n°7308, caratulado “NN (sexo femenino) o Noble Herrera, Marcela -
ambos del Tribunal de
Menores n°1 de San
92/127,
antecedentes de la causa n° 4998 caratulada “Noble Herrera, Marcela s/ adopción plena”,
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°6 de San Isidro (conf. fojas
169/238).
dispusieron se anexaron
también copias de los expedientes n°6949, 10119, 8987, 7758, 9774, 8784, 6951 y 7322 del Tribunal de Menores n° 1 de San Isidro
(conf. fojas 688/1207) y, finalmente, el 12
planteo y
trámite de inhibitoria- la Cámara Federal de
2002 -previo
San Martín le atribuyó al doctor Marquevich la competencia de la causa n° 7636/00
supresión de estado
Elisa” del Juzgado Federal n° 7, Secretaría
n° 13 de la Capital Federal, que en su origen
“Legajo
reservadas” en la causa n° 10.326/96 caratulada “Nicolaides, Cristino y otros s/
sustracción de menores”, por resultar conexa con la causa n° 7552/01.
realizar el estudio pericial de
histocompatibilidad solicitado por la parte
querellante en
Noble Herrera poseían nexo biológico con los
grupos familiares García - Guarlero y Miranda - Lanoscou y, asimismo, ordenó la detención
efectos de recibirle declaración indagatoria (conf. fojas 2849/65). Afirmó que sobre la imputada pesaba un “estado de sospecha suficiente para hizo insertar datos falsos en
suponer que documentos públicos, que tuvo como resultado la inscripción de los entonces menores ante el Registro Civil y Capacidad de la Personas de San Isidro y la consecuente expedición de Documentos Nacionales de Identidad” (conf. fojas 2864/vta.). En cuanto a la
señora Ernestina Herrera de Noble a
magistrado dispuso
caratulada “N.N. s/
forma compulsiva, con
cuenta las disposiciones de los arts. 282 y
Así entonces, corresponde adelantar
en el marco de una proyección que en concreto debe analizar un Tribunal de Juicio, en caso que la causa llegue a esa etapa procesal, que no parece procedente una condena de ejecución condicional, por cuanto los hechos a primera vista adjudicados -en forma parcial- a la encartada, se encuentran tipificados en los arts. 293 en función del 292 y 296 C.P., en relación a dos sucesos que concurren en forma material (arts. 55 C.P.)” (conf. fojas 2874/vta.). Examinó los alcances del artículo 26 del Código Penal y con fundamento en la discrecionalidad que sus disposiciones le brindaban, estimó que “las circunstancias y naturaleza del caso indican la imposibilidad de otorgar, de recaer condena, el beneficio de la condicionalidad de la pena de prisión a imponer” (conf. fojas 2874 vta.). De igual forma expresó que “la gravedad de los hechos que se investigan, los medios que se han empleado para su comisión -siempre en grado de hipótesis-, que tiene a dos menores absolutamente indefensos como víctimas, a lo que se suma la particularidad de su insistencia en desplegar este tipo de conductas en reiteradas oportunidades y el consiguiente perjuicio acarreado de tinte psicológico, que también resulta sobreviniente de los delitos cuyo bien jurídico es la fe pública” (conf. fojas 2864
vta.). Por último, concluyó que “sobre la
283 C.P
base de los elementos que deben incorporarse en un futuro, se encuentra expectante una nueva convocatoria al mismo tenor (art. 294 C.P.P.), a efectos de interrogar a la encartada en orden a los sucesos criminales contra el estado civil y la libertad individual” (conf. fojas 2864 vta.). Los abogados de la imputada, doctores Eduardo Padilla Fox y Horacio Silva, solicitaron el 18 de diciembre de 2002 que se revocara la detención y se dispusiera la inmediata libertad de su defendida. El magistrado enjuiciado rechazó el beneficio solicitado reiterando los mismos fundamentos que motivaron su decisión de detenerla para recibirle declaración indagatoria. Expuso en su decisorio que debía tenerse especialmente en cuenta la finalidad y el propósito que habría llevado a la señora Herrera de Noble a delinquir e hizo hincapié en el “grado de perversidad demostrado por quien pretende ser beneficiado con este instituto”. Por su parte, el 23 de diciembre la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió revocar la decisión de primera instancia y dispuso en consecuencia la inmediata libertad de la señora Herrera de Noble (conf. fojas 26/28 del incidente de excarcelación). Finalmente el 25 de marzo de 2003 ese Tribunal de Alzada resolvió hacer lugar a la recusación interpuesta por la defensa y apartar al juez Marquevich del conocimiento de la causa.
30) Que, todo lo hasta aquí expuesto contextualiza el examen que debe efectuarse, permitiendo conocer los antecedentes que enmarcaron la actuación del juez Marquevich respecto del mismo hecho denunciado en dos
causas en trámite por ante su juzgado en las que adoptó temperamentos antitéticos e inconciliables atendiendo a la distinta
valoración que
elementos de prueba tenidos en cuenta para fundar su resolución. Resulta necesario reiterar que no es la intención de este Jurado coartar a los
obran en un expediente y resolver en consecuencia conforme a su real saber y entender. Tampoco analizar el contenido de las resoluciones que ellos dictan pues están sujetas al control del Superior a través de
los remedios procesales que la legislación de forma y fondo prevén.
conducta de un magistrado un desvío producto de una evidente parcialidad que puede surgir de la exploración de todo lo actuado en el expediente en el que se insertan sus decisiones, la cuestión es distinta. El marco de indagación no pasa por aquello consignado y valorado desde el punto de vista jurídico, ni por cuestiones de derecho discutibles tanto en la doctrina como en la
jurisprudencia, sino por las motivaciones
discrecional para
valorar las constancias, las
adjudicó a los mismos
antecedentes, concomitantes y consecuentes, puedan revelar que el juez no ha sido imparcial. Así, por ejemplo, no corresponderá
que este Jurado se introduzca en el análisis del carácter de regla o excepción que puede
artículos 282 y 283 del Código Procesal Penal de la Nación y concluir sin más en la arbitrariedad que pudiera caracterizar la decisión de un magistrado. Mas sí es función de este Jurado resolver si el doctor Marquevich fue un juez que perdió su condición de imparcial al juzgar la conducta de la señora Ernestina Laura Herrera de Noble conforme a la imputación que se le dirigía, cuando al decidir cuestiones procesales y de
derecho estuvo
distinta de aquélla que debe impregnar sus decisiones: impartir justicia. 31) Que la postura primigenia que el
denuncia de Jaján, mantenida en el período
que se extendió desde el año 1995, hasta el
desestimación y el archivo- sufrió un cambio radical sin explicación, basado -y eso es lo
las mismas constancias que
llamativo- en
antes había sostenido su primer temperamento. Ese cambio se impregnó con una idea
que campeó
supuesto aquello que -aún con la
toda su actuación y que dio por
-signada
provisoriedad procesal que caracterizaba a todas las medidas adoptadas- no era posible a esa altura vislumbrar: “que los hijos de Ernestina Noble eran hijos de desaparecidos”. Esa idea dirigió toda su actuación ya que surge: de los motivos por los cuales ordenó la detención, de aquellos por los cuales estimó que la posible sentencia condenatoria llevaría a la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento; de aquellos por los cuales denegara la excarcelación y por los que expresara públicamente su intención de mantenerla privada de su libertad hasta el fin del proceso. 32) Que, expuestas las circunstancias fácticas del expediente penal n° 7552/01, el punto central por dilucidar consiste en determinar si el auto que ordenara la detención de la señora de Ernestina Laura Herrera de Noble, la resolución que denegara su excarcelación y la presunta omisión de considerar el pedido de prisión domiciliaria, fueron las decisiones que evidenciaron -y consecuentemente donde se habría efectivamente materializado- la conducta parcial respecto de una persona sometida a proceso por parte del juez Marquevich. En tales condiciones, y en virtud de que las acciones motivadoras de reproche se habrían concretado mediante el dictado de decisiones jurisdiccionales, en forma preliminar resulta oportuno recordar
resolver la cuestión de fondo. En primer lugar, se reitera que la
acusación no será examinada con el objeto de confrontar posibles discordancias con los
actuación jurisdiccional del magistrado, los
que deben tener natural remedio por las vías
procedimiento. Por el contrario, la conducta del juez, en este caso materializada en el desarrollo de un proceso penal, será analizada con el estricto objetivo de verificar si el acusado ha incurrido en la causal constitucional de remoción de “mal desempeño” por traducir su accionar un designio ajeno al recto ejercicio de la
palabras, con la finalidad de corroborar si el juez ha utilizado el poder que la
confiado con un propósito o intención
rectitud y, sólo en ese marco y con ese alcance, se recurrirá a las circunstancias fácticas y jurídicas involucradas. En segundo término, el análisis de la conducta que se realiza en este juicio político que se le lleva a cabo al doctor Marquevich resulta independiente de lo que - en definitiva- pudiere resolverse acerca de la responsabilidad penal de señora Herrera de
Noble en la causa n° 7552/01.
Constitución Nacional y las
recursivas que
HABER ORDENADO LA DETENCIÓN DE ERNESTINA LAURA HERRERA DE NOBLE DE MODO ARBITRARIO, APARTÁNDOSE DE LAS REGLAS QUE ESTABLECE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. 33) Que el “mal desempeño” atribuido al magistrado enjuiciado ha sido la actitud de evidente parcialidad respecto de una persona sometida a proceso ante el Tribunal a su cargo y desprecio por las normas que privilegian la libertad ambulatoria. Dicha parcialidad se habría evidenciado en el hecho de haber ordenado la detención de Ernestina Laura Herrera de Noble de modo arbitrario, apartándose de las reglas que establece el Código Procesal Penal de la Nación, mediante resolución de fecha 17 de diciembre de 2002. La acusación sostiene que aquélla carece de fundamentación válida y suficiente, reflejando inexcusable apartamiento del derecho aplicable, lo que la tornaría arbitraria. Se afirma, además, que su real sustento ha sido el “puro arbitrio o capricho del Juez”. 34) Que la denuncia formulada el 30 de abril de 2001 por Estela Barnes de Carlottto, en representación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, se dirigía a poner en conocimiento del doctor Marquevich que, según información suministrada a esa institución, Ernestina Herrera de Noble había adoptado en el año 1976 dos niños hijos de desaparecidos (causa n° 7.552/01). Idéntico
planteo, como se dijera, había sido conocido con anterioridad (4/9/95) por el Magistrado en oportunidad de radicarse ante su Juzgado la denuncia formulada por Ana Elisa Feldmann de Jaján. 35) Que, si bien lo denunciado “prima facie” se enmarcó jurídicamente dentro de las previsiones de los artículos 139, párrafo 2°, 146, 292 y 296 del Código Penal, el conflicto de competencia entablado entre los doctores Marquevich y Urso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal n° 7 de Capital Federal, fue resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones de San Martín, el 12 de noviembre del año 2002, la que decidió que la alegada conexidad que
exhibiría el objeto investigativo con
proceso sustanciado ante el Juzgado Federal
n° 7 de la Capital Federal (causa n° 10.326
menores) “
por el momento de
virtualidad suficiente para modificar lo
demostrado en la actualidad que las personas cuya identidad aparece cuestionada, hayan sido víctimas de la práctica sistemática de sustracción de menores, con lo cual resulta prematuro abrir juicio en torno al mentado
(fojas 2829/2831). Es preciso entonces remarcar que al tiempo de ordenar la detención de Ernestina
Laura Herrera de Noble no existía ninguna
“Nicolaides, Cristino s/
existía entre ambos pleitos”
evidencia de que las personas que ella había adoptado fueran hijos de desaparecidos. 36) Que la orden de detención dictada por el doctor Marquevich el 17 de diciembre de 2002 respecto de Ernestina Laura Herrera de Noble, se insertó en el marco de una resolución cuyo alcance fue determinar, en primer término, la procedencia de ordenar en forma compulsiva una inspección corporal “sobre los inscriptos como Marcela y Felipe Herrera Noble” (fojas 2849), hijos adoptivos de Ernestina Herrera, para la realización de un estudio de histocompatibilidad y, en segundo lugar, analizar si se había verificado la existencia de “motivo bastante para sospechar que Ernestina Laura Herrera de ”
había participado en la comisión de
De este modo, el doctor Marquevich
luego de un examen y valoración de los hechos que lo llevaron a disponer la realización de estudios de histocompatibilidad para determinar el nexo biológico de los hijos
fundó los motivos por los que debía realizarse en forma compulsiva a la luz de las prescripciones exigidas por el artículo 218, párrafo segundo, del Código Procesal Penal de la Nación. Aquéllos obedecían -principalmente y según el magistrado- a las irregularidades que rodeaban la tramitación de los
expedientes de acuerdo al artículo 8 de la
señora Herrera de Noble,
ley 4664 y “consecuentes adopciones de los entonces menores inscriptos como Felipe Noble Herrera y Marcela Noble Herrera” (fojas
2851).
Así se refirió a las circunstancias de hecho que rodearon las adopciones y
efectuando un parangón -por oposición- con lo resuelto en otras que también habían tramitado por ante el mismo Tribunal de Menores, el doctor Marquevich hizo hincapié en la doctrina de la Corte sentada en la
ha sido ordenada para el esclarecimiento de delitos sumamente graves”, como lo eran la sustracción, retención y ocultamiento de
menores de diez años, la supresión del estado civil y diversas falsedades documentales en instrumentos públicos destinados a acreditar la identidad, por lo que correspondía hacer lugar a su realización en forma compulsiva. “
existencia de motivo bastante para sospechar que Ernestina Laura Herrera de Noble ha
materia y concluyó diciendo que “
comisión de delito”, el
doctor Marquevich fundó la procedencia del llamado a indagatoria (artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación) de la señora Herrera de Noble consignando que
sobre la imputada un estado de
sospecha suficiente para suponer que hizo insertar datos falsos en documentos públicos, que tuvo como resultado la inscripción de los
entonces menores ante el Registro Civil y
pesa “
Capacidad de las Personas de San Isidro y la consecuente expedición de Documentos Nacionales de Identidad” (fojas 2864). Seguidamente, dispuso su detención como forma de comparecencia ante los estrados del juzgado (artículo 283 de Código Procesal Penal de la Nación) con el fin de indagarla, en lugar de su citación (artículo 282 idem) por estimar que no parecía procedente “ una condena de ejecución condicional, por cuanto los hechos a primera vista adjudicados -en forma parcial- a la encartada , se encuentran tipificados en los arts. 293 en función del 292 y 296 C.P., en relación a dos sucesos que concurren en formal real (art.55 CP)”. 38) Que la imposibilidad de imponer una condena de ejecución condicional, en caso de recaer sentencia condenatoria, fue discernida -pese a que el mínimo legal de pena previsto por el delito que se le imputaba la hubiera tornado procedente, y no obstante la concurrencia material- en el marco de la discrecionalidad que el artículo 26 que el Código Penal le confería. Sin perjuicio de ello, la conducta de evidente parcialidad que se le endilga al Magistrado obliga a examinar si precisamente la orden de detención se mantuvo dentro de aquél o lo excedió de modo arbitrario, apartándose de las reglas que establece el Código Procesal Penal de la Nación en materia de libertad ambulatoria.
Para ello no es posible desatender el motivo por el cual se ordenó la detención: el llamado a indagatoria (artículo 294) en orden al delito previsto por el artículo 293, en función del 292 y 296 del Código Penal. Concretamente, según el magistrado existía estado de sospecha suficiente para suponer
que “hizo insertar datos falsos en documentos públicos” que dieron como resultado la
(Felipe y Marcela
Noble) ante el Registro Civil y Capacidad de
Ese hecho, por
el cual se la llamaba a indagatoria, formaba parte de una gama de delitos que la
Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo había denunciado como presuntamente cometidos por
(sustracción,
ocultamiento de menores de diez años, supresión del estado civil y diversas
en públicos destinados a acreditar la
identidad), lo que requería en primer lugar y como prueba determinante el estudio de histocompatiblidad, cuya producción compulsiva ordenó en la misma resolución en la que dispuso la detención.
las Personas de San Isidro.
doctor Marquevich no
alguna que hubiera demostrado que las personas cuya identidad aparecía cuestionada,
delitos los sucesos
investigados por presentaban hasta
hubieran sido víctimas de la práctica sistemática de sustracción de menores (fojas
2829/2831). Y aún cuando pudiera considerarse como provisoria la resolución de la Excma. Cámara, puesto que quizás el avance de la investigación hubiera podido modificar el decisorio, la falta de vinculación de los hechos investigados con aquella práctica sistemática quitó “prima facie” el carácter de imprescriptible a los delitos por los cuales disponía la detención. Lógico resulta el razonamiento que se efectúa en la doctrina para sostener la procedencia de la investigación de estos delitos referido a que “hasta tanto la investigación avance en esa dirección una vez definidos los planteos que subsisten en orden a la procedencia de la experticia
resulta prematuro abrir juicio
, en torno a la vigencia de la acción penal.” (c. n° 3025,Sala II, Sec.2, registro 2893). Esa postura puede sostenerse para habilitar procesalmente una investigación en la que se intenta definir o esclarecer hechos vinculados al terrorismo de estado en los que “prima facie” tal extremo resultaría imposible de afirmar y, precisamente por ello resulta prematuro expedirse sobre la vigencia de la acción. Sin embargo, se destaca que distinto es el supuesto en que se ordena una detención sobre la base de considerar directamente que el delito forma parte de aquellos considerados imprescriptibles,
cuando estaba pendiente de producción una medida esencial.
precisamente la asociación que el juez hizo
sustracción de menores, que estaba y aún está pendiente de investigación. 39) Que la imposibilidad de vincular
a esa altura los delitos por los que procedía
falsificación con el de
ligados con la
legitimidad a la detención puesto que, “prima
facie”,
delitos que habían prescripto. No es posible pasar por alto que los
argumentos defensistas en este tema están
la detención con aquellos
fragilizaría la posibilidad de valorar su
incurrido o no en la causal de mal desempeño.
necesario consignar que esos “espacios de
discrecionalidad de los jueces, término con el cual se alude al conjunto de poderes y
librada exclusivamente a su
facultades, no sujetas a parámetros legales
criterio, no de Derecho
confrontables,
constituye una fuente irracional de privación de derechos” (Virgolini Julio y Silvestroni, Mariano, “Sobre la discrecionalidad judicial
Derecho Penal “Garantías constitucionales y nulidades procesales” -I, 2001, pág. 281).
sabido que el llamado a
caso más típico de
discrecionalidad que se alega. También que no
cuanto a su procedencia u oportunidad. Mas
llamado motivó la
Noble, se hace necesario precisar algunos conceptos.
en detención de Ernestina Laura Herrera
Derecho”, en
indagatoria es el
40) Que el artículo 294 del Código Procesal Penal descarta la consideración de que se trate de una situación no reglada o
librada al criterio
“motivos
bastantes” es
presupuesto fáctico que lo habilita, no es
una convicción o una experiencia subjetiva, es una estado de sospecha que obedece a una
corresponde a este Jurado
puede dejar de advertir que sus motivos se
judiciales adoptadas en procesos concluidos
de menores-, que
vinculadas a constancias
tiempo de ordenarla existía
sospecha exigido por
normativa, no
en otros fueros -civil
habían sido alcanzadas por los efectos de la
momento ningún elemento de convicción -según
que existiera en ese
juzgada luego de transcurridos casi
sostener la vinculación de estas adopciones
Federal de San Martín-, para
plan sistemático de
Marquevich, también ha sido sostenida como argumento para disponer la detención de la señora de Noble sobre la base de lo normado por los artículo 282 y 283 del Código Procesal Penal de la Nación. Es del caso destacar que el artículo
282 establece que: “Cuando el delito que se investigue no esté reprimido con pena privativa de libertad o parezca procedente
ejecución condicional, el
Juez, salvo los casos de flagrancia, ordenará la comparecencia por simple citación. Si el citado no se presentare en el término que se fije ni justificare un impedimento legítimo, se ordenará su detención”. El artículo 283, por su parte, regula
mismo trámite debe
ordenarse mediante su detención: “Salvo, lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez librará orden de detención para que el imputado sea llevado a su presencia, siempre que haya motivo para recibirle ”
caso de delitos
con escalas penales cuyos mínimos no superan
los tres años de prisión, corresponde
supuesto en que
disponer la citación de la imputada. Mas en el caso bajo examen y sin perjuicio de que el mínimo de los delitos que se le imputaban a la señora de Noble se ajustaba a lo prescripto por la normativa procesal, se dispuso su detención. Si la detención se hubiera producido con la finalidad de indagarla -como se dijo-, hubiera bastado el traslado inmediato a la sede del Tribunal para concretar el acto de defensa más relevante que realiza todo imputado en el transcurso de un proceso penal, y resolver en consecuencia. Mas ello, como después se verá, no ocurrió. De ahí se infiere lógicamente que la detención fue ordenada para prolongarse como medida cautelar asegurativa de los fines del proceso.
41) Que tal extremo fue acreditado por las manifestaciones del enjuiciado al periodista Relea Ginés del diario “El País” de España, quién corroboró que el 20 de diciembre de 2002 -dos días después de la detención- en una entrevista que mantuvo con
el doctor Marquevich, éste le manifestó que:
señora como procesada, no como
imputada”; “La llamé para que quede detenida hasta el fin del proceso, no un rato”. Se encuentra probado que el doctor Marquevich ordenó la detención de la señora Ernestina Laura Herrera de Noble imputándole la presunta comisión de delitos que, al
tiempo de la efectivización de la medida, se
“cité
encontraban prescriptos por carecerse de prueba que los vinculara con aquellos catalogados como de lesa humanidad.
tenidos en cuenta como presupuestos fácticos de sospecha para indagarla se vinculaban con decisiones judiciales alcanzadas por los efectos de la cosa juzgada, sin que se
Consecuentemente los hechos que
vislumbrar la posibilidad seria de
tratara de un supuesto fraudulento.
eventualidad de que en el futuro la hipótesis
actos -sin apoyatura
probatoria en el expediente-, se concrete como resultado de la investigación iniciada, ya que el juzgamiento de su conducta con la finalidad de determinar si ha incurrido en
pasados, no encuentra vinculación ni con el éxito ni con el fracaso de su hipótesis
investigativa, a riesgo de atentar contra los principios fundamentales que deben primar en un Estado de Derecho. Tampoco este proceso habrá de coartar la normal secuencia de la causa, ni sus resultados, cualesquiera sean. La hipótesis que asociaba los hechos imputados a la señora de Noble con delitos de lesa humanidad y que fuera excluida
expresamente por la Excma. Cámara
altura- por falta de prueba, fue, no obstante, tenida en cuenta por el Magistrado
Marquevich,
para fundamentar las razones obstativas a la procedencia de una condena de ejecución condicional. Repárese que el juez tuvo en cuenta lo siguiente: 1°) “la gravedad de los hechos que se investigan”, pero sin individualizar en qué consistían concretamente; 2°) “los medios empleados para su comisión -siempre en grado de hipótesis-”. Pero ¿cuáles medios valoró el magistrado en grado de hipótesis?. Aunque no surge del decisorio, fácil resulta colegir que tal apreciación se vinculaba a hechos de los que aún no existía ninguna prueba (delitos de lesa humanidad); 3°) la condición de menores que revestían las víctimas, la reiteración en la conducta desplegada, el perjuicio producido de carácter sicológico, y los que también resultaban sobrevinientes de los delitos cuyo bien jurídico protegido era la fe pública. ¿Cuál fue el perjuicio sicológico que valoró si las propias víctimas sabían de su condición de adoptados? Evidentemente el perjuicio sicológico, que no individualizó ni explicó pero que sí tuvo en cuenta, sólo se vinculó con la eventual circunstancia de que los adoptados fueran hijos de desaparecidos. Tal extremo, hasta ese momento no había resultado acreditado pues la prueba dirimente no se había producido; 4°) la expectativa de una nueva convocatoria -indagatoria- a efectos de interrogarla en orden a los sucesos criminales contra el estado civil y
libertad individual, resulta ser la más elocuente. Estas pautas -así valoradas- convalidan la postura que la detención tuvo en mira delitos que no fueron aquellos que fundaron su procedencia (falsedades documentales). 43) Que, en definitiva, la orden de detención fue dispuesta desatendiendo las normas que regulan la libertad personal. Es que si bien es cierto que uno de los elementos de la jurisdicción -facultad de resolver litigios y ejecutar lo que en ellos se resuelva- consiste en la coertio (“ el empleo de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso a efectos de hacer posible su desenvolvimiento, y que puede ser sobre las personas y cosas”, Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, Buenos Aires 1967/1988), no lo es menos que uno de los problemas más delicados del proceso penal estriba en la posibilidad de que ciertos actos de coerción
puedan dirigirse a personas todavía amparadas por el principio de inocencia (artículo 1° del Código Procesal Penal de la Nación).
fuente legítima que
el Estado tiene para privar de libertad personal a un sujeto es la condena con la que culmina el proceso legal (art.18 del la C.N.), toda facultad para cercenar la libertad personal tiene que interpretarse en forma restrictiva (art. 2 ) y estar signada
por su estricta necesidad: sea porque puedan
Y si la “
frustrase los fines de
orden a la obtención de la prueba o bien existan datos para sustentar la sospecha de
que el imputado pueda entorpecer el acceso o, finalmente porque el juicio se torne imposible al no sujetarse el imputado a la
rebeldía cuyos efectos son los del art. 290)” (D'Albora, Francisco J., “Código Procesal
Concordado-, Abeledo Perrot, edic. 1993). Ocurre que no sólo ninguno de estos
supuestos concurrieron en la causa, sino que las pautas valoradas por el Magistrado para
efectivo cumplimiento estuvieron asociadas a delitos por los que no se ordenaba la detención.
criterio que -en materia de coerción
personal- ha evidenciado una preferencia
cautelares de carácter más intenso
gravosas (citación) que igualmente hubieran
-Anotado, Comentado y
la instrucción en
sostener la aplicación de
injustificada por
(detención)
permitido cumplir con la finalidad propuesta (recibir declaración indagatoria). Se ha
desatendido de
procesales que rigen la legitimidad de prisión durante el proceso.
detención se
apreciación que -en forma
enmarcó en
antojadiza- fue asociada a delitos de lesa humanidad sin que existiera -a esa altura-
viable. Se evidencia un actuar arbitrario, en el contexto de una tendenciosa actitud que
la hiciera
sólo puede imparcialidad.
DENEGADO LA EXCARCELACIÓN DE LA
NOMBRADA DE MODO ARBITRARIO Y CON TÉRMINOS IMPROPIOS. 44) Que sostiene la acusación que el doctor Marquevich denegó la excarcelación,
cuando el propio Representante del Ministerio Público había adelantado que su pretensión punitiva no llegaría “a punto tal de justificar una condena de efectivo cumplimiento” y en virtud del principio de inocencia, entendió que se la debía conceder. Consideró que el auto denegatorio de libertad dictado por el Magistrado demostró su
mantener una detención a pesar de la postura del Ministerio Público. Sostuvo, además, que la excarcelación había sido solicitada el 18/12/02, en dos oportunidades, a las 8:50 y 14:35 y que, no obstante haber corrido la vista al Ministerio Público y haber dictaminado ese mismo día, la cuestión fue resuelta al día siguiente. Así dicha postergación fue calificada de arbitraria, según la acusación,
insistencia en la arbitraria decisión
sido resuelta “de inmediato”
(artículo 331 del Código Procesal Penal de la Nación).
acusación que los argumentos de la denegatoria fueron los mismos que se utilizaron para ordenar la detención, a lo que sólo se agregó la “perversidad”
demostrada por la imputada, cuyo análisis fue omitido por la Fiscal. Finalmente la acusación sostuvo que el doctor Marquevich privó ilegítimamente de
de Noble durante seis terminó mediante la
decisión del Superior. La descripción de este proceder ha
sido entendida como una acción deliberada de hostigamiento, que unida a otras irregularidades que se puntualizan son demostrativas de una evidente parcialidad. 45) Que la Defensa ha refutado este cargo aclarando que todo el trámite de la
había realizado dentro del
término legal de 24 horas, tal como surgía de lo actuado (conf. fojas 1/2, 3, 4/6, 7, 8, y 9/10vta. del respectivo incidente). Agregó, refiriéndose al plazo para
“inmediatamente” equivale a “sin solución de
incidencia se
trámite no puede
Solimine, “Libertad bajo caución y situación procesal en el Código Procesal Penal de la
Nación”, ed. Depalma,
“perversidad” que también se le cuestiona al señor magistrado, entiende la Defensa que es
esencial reconocer el ámbito en que se usa la expresión, en el caso, el de las Ciencias del Derecho, y en particular, de la Ciencia del Derecho Penal. Resalta que para poder juzgar sobre el correcto o incorrecto uso de los términos
totalidad del ámbito en que tal expresión ha sido empleada. En el caso, conocer completamente la Ciencia del Derecho Penal.
En esa inteligencia considera que el término “perversidad” usado en el estricto ámbito del Derecho Penal se debe entender como una pauta de valoración del obrar criminal, en razón
consciente y voluntario violatorio de
derecho protegido por
1998, pág.
ley penal (cfr.
“Programa de Derecho Criminal”, § 150).
aún resulta el
sentido concreto en la Ciencia del Derecho
‘perversidad’, si se atiende al estudio sobre los delitos de falsedad de documentos públicos que hace CARRARA, cuando el maestro expresa al tratar los ‘criterios
graduación de las
Agrega que “
conmensurantes para la
penas’ de esos ilícitos, que debe tenerse en
consideración entre
valoración ‘ ’
mayor perversidad moral del
§ 3707)”. razonamiento,
(conf. “Programa
sostiene que en la resolución denegatoria de excarcelación el juez Marquevich hizo mención de los elementos que ponderaba con respecto a la imputada y que lo llevaban a considerar que, de recaer condena, no sería posible otorgarle el beneficio de la condicionalidad de la pena de prisión a imponer y que, luego de realizadas aquellas consideraciones, el doctor Marquevich había explicitado la interpretación que correspondía atribuirle al artículo 26 del Código Penal en el sentido de que no era una norma de aplicación automática sino que correspondía efectuar una serie de ponderaciones con miras a decidir sobre su procedencia. En definitiva, afirma que la imputación que la acusación ha pretendido endilgarle en su obrar jurisdiccional al señor magistrado, se sustenta sólo en la arbitrariedad y el dogmatismo proyectada en la pieza acusatoria, evidenciando una tergiversación del modo en que el doctor Marquevich utilizara la expresión. 46) Que el examen de este cargo no puede efectuarse desarticulándolo del anterior, a riesgo de olvidar que la conducta que se le imputa es aquella que según la acusación ha revelado una “evidente actitud parcial respecto de una persona sometida a
proceso ante el Tribunal a su cargo y el
desprecio por las normas que privilegian la libertad ambulatoria”, traduciéndose ello en una falta de idoneidad técnica y moral. En esta inteligencia, corresponde reiterar que no es función de este Jurado determinar si el doctor Marquevich fundó correctamente su decisión, sino examinarla como un acto procesal en el que también se materializó la parcialidad que se le endilga. Si el doctor Marquevich dispuso una detención respecto de la cual, por las razones dadas precedentemente, se concluye que estuvo motivada en una actitud de parcialidad para con la señora Herrera de Noble en la que forzó la interpretación de las normas e institutos de derecho de fondo y forma que regulan la libertad ambulatoria, también se deriva que el auto por el que se denegara la excarcelación, basado en los mismos argumentos que utilizara para disponer la detención, evidencian su intención de mantener ese estado de privación de libertad. 47) Que si los fundamentos dados para disponer la detención se asociaron a delitos que no eran aquellos por los cuales la señora Ernestina Laura Herrera de Noble había sido llamada a prestar declaración indagatoria, y si además fueron los mismos que se invocaron para denegar la excarcelación, necesario es colegir que la intención del magistrado era mantener su situación de detención. Esta intención también resultó evidenciada al tiempo de concederle la
detención domiciliaria el 20 de diciembre de 2000, acto procesal que se valora como dato objetivo que surge probado del respectivo
incidente que corre por cuerda, agregado a la causa principal que motiva este enjuiciamiento. Ello sin perjuicio de lo que
se dirá respecto del cargo que, con relación
formulado por la Defensa, ha formulado la Acusación. En definitiva, las motivaciones que
originaron la detención como así también los fundamentos que se esgrimieran para disponerla, idénticos a los utilizados para denegar la excarcelación y la consecuente transformación de esa detención en prisión
permiten inferir fundamente
que su obrar estuvo impregnado por una animosidad que expresa su parcialidad. 48) Que la existencia de un derecho constitucional a permanecer en libertad mientras no exista condena se desprende
lógicamente de una de las garantías básicas
de nuestro sistema como lo es la presunción
de inocencia, la que deriva del principio según el cual nadie puede ser penado sin juicio previo. De manera que “ciertamente sería
contradictorio con ese estado de inocencia,
hallado culpable del delito por el cual se lo acusa” (Alejandro D. Carrió, “Garantías
constitucionales en el proceso penal”, Ed. Hammurabi, Bs.As., 1984, pag.119 y ss). Sin embargo, resulta lógico entender
que este derecho pueda ser restringido con el objeto de asegurar la comparecencia del imputado en el juicio, es decir -como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que aquella restricción se lleve a cabo “con el objeto de garantizar los fines
(“Manucchi”, Fallos: 304:184 -año 1981-). No se advierte en la resolución por la cual el doctor Marquevich denegó la excarcelación a Ernestina Laura Herrera de Noble, ninguna referencia a tal extremo. Por
el contrario, la reiteración de argumentos desvinculados con la realidad del proceso -a esa altura de la investigación-, deja huérfana de fundamento a su decisión denegatoria de libertad y la presenta como una resolución caprichosa.
pronóstico de pena que
vaticinó el juez Marquevich, en cuanto a la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento vinculado a hechos que, a esa altura, no resultaban siquiera mínimamente acreditados, tornaron su decisión arbitraria. La denegatoria de excarcelación fue fundada sobre la base de un argumento central que avanzó en la ponderación de hechos que tampoco se encontraban acreditados. Para el magistrado la pena que eventualmente se
impondría a Ernestina Herrera de Noble
cumplimiento, y para ello dio razones que no
estaban vinculadas al material probatorio con
objetivas establecidas por el artículo 41,
1°, del Código Penal, para
contraponerlas a las otras que, previstas en el artículo 26 del mismo cuerpo legal,
hubieran tornado procedente la aplicación de una pena en suspenso. No estimó la falta de antecedentes
precedente y las demás condiciones personales
supuestos de una eventual primera condena. De
interpretación y aplicación de las normas que
manera, sobre la base de una
el que contaba, invocando las
la imputada, su edad, su
educación, las
calificada de laxa y antojadiza, desnaturalizó la garantía del artículo 18 de
la Constitución Nacional según la cual todas
personas gozan del estado de
inocencia hasta tanto una sentencia final y dictada con autoridad de cosa juzgada no la
destruya declarando su responsabilidad penal” (CS, “Karakolis, Dionisio, mayo 11-993). 50) Que, si bien tanto el auto que
Ernestina Laura Herrera de Noble, cuanto la resolución que denegara su excarcelación son los concretos actos donde se materializara la conducta de evidente parcialidad endilgada al
la detención de la señora de
juez resultando -por sí mismos- susceptibles de reproche y configurativos de la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional, no deben ser interpretados y valorados de manera aislada. En efecto, de la prueba debidamente incorporada al proceso y conocida por todas las partes, surge que esos decisorios -a su vez- se insertaron dentro desarrollo de un proceso penal en el que magistrado mantuvo una persistente “actitud parcial” evidenciada tanto antes de dictar esas resoluciones como con posterioridad a ellas. 51) Que esos actos, que refuerzan la comprobación de su constante conducta parcial en el trámite del expediente n° 7552/01, son los siguientes:
a) Haber incorporado al expedientes elementos fuera del objeto del proceso:
Según resulta de la causa nº 7552/01, caratulada “Barnes de Carlotto Estela, en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo s/ denuncia”, el doctor Marquevich resolvió, previo requerimiento “ad effectum videndi et probandi”, agregar a esos autos copias certificadas del expediente n° 4553/98, caratulado “Noble, Guadalupe Georgette c/ Herrera de Noble, Ernestina Laura s/ derechos personalísimos” del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 35 de la Capital Federal, y n° 44.467 caratulado “Llopis Noble, Sara c/ Noble Herrera Marcela s/
medida preliminar” del registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 13 de San Isidro.
causa un anónimo dirigido al juez en el que
se reproduce un mensaje presuntamente enviado por el señor Joaquín Morales Solá a una persona identificada como “Claudio”, en la que le hace saber que “Abuelas tienen formalizada una denuncia contra él [Héctor Horacio Magnetto] por idéntico tema en relación con dos hijos”.
dable advertir que las
normas que le confieren amplias atribuciones a los jueces para disponer las medidas de prueba que estimen conveniente, éstas deben entenderse razonablemente dirigidas a comprobar la existencia del hecho presuntamente delictuoso que constituye el objeto del proceso y no otros cualesquiera. En el caso, la incorporación de dichas piezas (demandas civiles concluidas) aparece como un dato objetivo demostrativo de su animosidad para con la imputada. Así, desvinculadas de la investigación iniciada, sólo muestran el designio de ventilar en forma injustificada e innecesaria, cuestiones de la vida privada y familiar de la imputada que de ningún modo guardaban relación con el objeto del proceso. De igual forma la investigación que el doctor Marquevich iniciara a partir del
anónimo agregado al expediente por la
presunta comisión de delitos por parte de Héctor Magnetto, respecto de los cuales no existía requerimiento de instrucción, ni elementos mínimos de prueba que habilitara llevar a cabo alguna averiguación, corrobora su propósito de afectar a personas vinculadas estrechamente con la imputada, que pertenecen al grupo económico del que la señora de Noble es la exponente más representativa.
incidente de recusación promovido por doctor Padilla Fox en causa n° 7552:
El 3 de enero de 2003 el letrado
defensor de la señora Herrera de Noble recusó
al doctor Marquevich por
Sustentó su petición en la publicación del diario “El País” efectuada en la edición del 21 de diciembre de 2002 donde se transcribía una entrevista que el periodista Francesc
Relea Ginés mantuviera con el juez acusado en la que habría efectuado manifestaciones tales como: “cité a la señora como procesada, no como imputada” y “la llamé para que quedara
del proceso, no un
detenida hasta el fin rato”.
causales de manifiesta.
resolvió no admitir la recusación y remitir
Apelaciones de San Martín con fundamento en
el incidente a
inciertos. Agregó respecto a
manifestaciones a medios periodísticos que “pese a la repercusión del caso tanto a nivel nacional como internacional, evité tomar todo
contacto con la prensa, razón por la cual, las publicaciones relacionadas al expediente en su forma y contenido, y que resultan propias de la práctica periodística, corren por cuenta de quienes las ponen en conocimiento del público en general” (el subrayado no pertenece al original). Posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió -por mayoría- apartar al doctor Marquevich del conocimiento de la causa con fundamento en las expresiones que le fueran atribuidas y
mediante las cuales habría exteriorizado una especial animadversión hacia la señora Ernestina Herrera de Noble. En suma, de las constancias del
declaraciones recibidas en las audiencias de debate, han quedado acreditadas tanto las comunicaciones que mantuviera el magistrado con los periodistas Francesc Relea Ginés, Luis Majul y Horacio Verbitsky como el contenido y alcance de las mismas. De ello surge, en primer lugar, que ante el señor Ginés el doctor Marquevich plasmó de manera concreta su parcialidad al evidenciar su intención de mantener a la señora de Noble en calidad de detenida durante todo el proceso.
“Incidente de
Recusación”,
información que el juez brindara al Tribunal de Alzada en la oportunidad que rechazara la recusación interpuesta, no se compadecía con la realidad de lo acontecido. En efecto, la
afirmación que realizó el magistrado: “evité
contacto”, se materializó en un
contexto de concreta negación de la conducta que en ese momento le atribuía la defensa de
rigor, surge como
única interpretación que el juez procuró
rechazar la existencia misma de los contactos periodísticos que efectivamente había mantenido, según quedara probado. Si bien esto comporta un proceder impropio, dado que no resulta admisible que un magistrado, ante la obligación de brindar
superiores, utilice de
manera intencional expresiones ambiguas y anfibológicas con el propósito de inducir a error, engaño o confusión, lo que
fundamentalmente interesa en el caso es que
Noble. En
especial por parte del juez Marquevich en retener el expediente en el juzgado a su cargo, circunstancia que lo condujo a mentir al Superior con el objeto de no perder su competencia.
c) Conducta manifestada en el “Legajo de personalidad de Ernestina Laura Herrera de Noble”.
El magistrado ordenó el 21 de enero de 2003, luego de veintinueve días de que la imputada recuperara su libertad, requerir al señor Jefe de la Policía Federal que informe, en el término de 24 horas, las condiciones de alojamiento y detalle de los traslados realizados de la señora Herrara de Noble durante el tiempo que permaneciera en detención alojada en el Departamento de Delitos Complejos (conf. fojas 5 del “Legajo de personalidad de Ernestina Laura Herrera de Noble”).
Sin desconocer que la cuestión de las
condiciones de detención es
control y debido cumplimiento competen al tribunal a cuya disposición se encuentra el detenido, la información requerida por el doctor Marquevich al Jefe de la Policía Federal relativa a las condiciones de traslado y alojamiento de la señora de Noble en la que se reparó en la cantidad de traslados realizados, el detalle de los vehículos utilizados y sus conductores, la lista de obsequios recibidos y si entre ellos se encontraban masas (bocadillos) o flores y, finalmente, la lista de visitas que concurrieran, denota en el proceder del juez su persistente actitud parcial durante el proceso.
materia cuyo
Más allá de los argumentos esgrimidos por la Defensa del enjuiciado lo cierto es que al carecer de apoyatura probatoria, la medida dispuesta por el magistrado no puede
dejar de apreciarse como otro dato objetivo de su animosidad y, consecuentemente, de su falta de imparcialidad. En efecto, la medida descripta, tal como fue ordenada, se encontraba desprovista del mínimo sustento valedero y significó una de las máximas expresiones del afán persecutorio del doctor Marquevich. En definitiva, las conductas descriptas refuerzan la comprobación de la constante conducta parcial en el trámite del expediente n° 7552/01.
HABER OMITIDO CONSIDERAR EL PEDIDO DE PRISIÓN DOMICILIARIA RESPECTO DE LA IMPUTADA 52) Que le asiste razón a la Defensa en cuanto a que lo actuado en el incidente de prisión domiciliaria tramitado al efecto, como consecuencia del pedido subsidiario formulado por los abogados de la Señora Herrera de Noble al tiempo de solicitar la excarcelación de aquélla, obliga al rechazo del cargo por no compadecerse con las constancias y realidad del expediente. Surge probado que el 18 de diciembre de 2002 los letrados defensores de la señora Herrera de Noble solicitaron, como planteo subsidiario al pedido de libertad, la detención domiciliaria de su asistida (conf. fojas 2 del “Incidente de solicitud prisión domiciliaria de Ernestina Laura Herrera de Noble”).
formación del respectivo incidente e invitó a los defensores a presentar la documentación pertinente en los términos del artículo 33 de
supeditó la
producción de los informes exigidos por la
documentación requerida a los letrados. Producidos los informes pertinentes,
Marquevich hizo lugar al pedido de detención domiciliaria formulado a favor de la señora
Herrera de Noble (artículos 11 y 33 de la ley
cumplirse y designó al doctor Eduardo Padilla