Source: https://issuu.com/rodrigo89/docs/revista_agosto_completa
Timestamp: 2017-06-27 21:47:03
Document Index: 261428277

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo\n14', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 107', 'Artículo 107', 'artículo 73', 'artículo 22', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 4', 'Artículo 91', 'artículo 12', 'Artículo\n12', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo\n1', 'artículo 1', 'artículo 103', 'Artículo 103', 'artículo 1', 'artículo\n103', 'artículo 1']

Revista Agosto 2012 by Rodrigo Rodriguez romero - issuu
TEPANTLATOCEANAHUA
ZTHEMAHQU
UAAHUA TULLI
MAPublicación mensual • 4a. época • Número 36 • AGOSTO 2012Difusión•de•la•cultura•JurídicaExamen profesional de la Lic. Angélica Marina Díaz Pérez, Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, para obtener el
grado de Maestra en Derecho de Amparo por la Universidad Tepantlato, acompañada
de izquierda a derecha por el Dr. Enrique González Barrera, rector de la Universidad
Tepantlato; Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en
materia Civil del Segundo Circuito y Director de la Asociación Nacional de Magistrados
de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Quinta Región, A.C.;
Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y
Mtro. José Martínez Guzmán, Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil
del Segundo Circuito.IPA
LUNIVERSIDAD TEPANTLATOMaestría
en DerechoConstitucional
OBJETIVO: Formar especialistas en Derecho Constitucional con
base en una sólida preparación teórica, fundamentada en el conocimiento de la ciencia constitucional y la ciencia política. Estos profesionistas serán capaces de colaborar en instituciones académicas y
en órganos u organismos públicos, toda vez que además de poseer
una formación altamente especializada en diversas áreas del Derecho
Constitucional, recibirán una instrucción práctica que les permitirá
desempeñarse eficientemente, por ejemplo, en un Tribunal Federal,
en un órgano legislativo, en el Gobierno Federal o en los órganos de
gobierno locales y en organismos constitucionales autónomos.
El plan de estudios consta de DOCE MATERIAS presenciales, las
cuales se distribuyen en dos años, divididos en seis cuatrimestres, en
cada uno de los cuales se cursan DOS MATERIAS, acudiendo a clases
sólo dos días a la semana, durante cuatro horas por sesión.
El grado de maestría se obtiene mediante la aprobación de las doce
materias y el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Tesis de grado y presentación del examen correspondiente; y
2.- Acreditación de un idioma extranjero en el nivel de COMPRENSIÓN de LECTURA a escoger entre inglés, francés, italiano, portugués y alemán.
CuatrimestreMODULO IMODULO IIPRIMERTeoría de la
constituciónMetodología y
técnicas de investigaciónSEGUNDOEstado democrático
y régimen de gobiernoSistema político
mexicanoTERCERSistemas electorales y
participación ciudadanaDerecho electoral
mexicanoDerecho constitucional
mexicanoSistema para la
Derechos FundamentalesCUARTOQUINTOSistemas constituciona- Derecho parlamentario
les de control del poderSEXTOSistema mexicano de Seminario de técnicas
control de la constitu- legislativas y
prácticas parlamentariasEl Programa de Maestría en Derecho Constitucional de la
Universidad Tepantlato es un programa de posgrado diseñado para la formación de especialistas en Derecho Constitucional, cuya capacitación teórica y práctica corresponde
auténticamente a este nivel académico previo al Doctorado
El Plan de Estudios de esta Maestría se basa en un método
de estudio simultáneo de la Ciencia Constitucional y de la
Ciencia Política, fundamento indispensable para el conocimiento profundo del Derecho Constitucional, de los Sistemas Políticos, de los Sistemas Electorales y del Control de
la Constitucionalidad, entre otras materias incluidas en este
Esta Maestría proporciona a sus estudiantes una sólida formación teórica y una amplia capacitación práctica en Derecho Constitucional, la cual se puede resumir en los siguientes
a)	Aprendizaje de los conceptos fundamentales de la Teoría de la Constitución, cuyo conocimiento con base en
una teoría científica es indispensable para el adecuado
análisis y la correcta interpretación de las normas constitucionales.
b)	Conocimiento de los conceptos fundamentales de la
ciencia política relacionados con la ciencia constitucional, elementos que conforman en conjunto el sustento
teórico indispensable para el entendimiento tanto de la
organización del poder establecida en una constitución,
como del ejercicio real del poder derivado de las normas constitucionales.
c)	Revisión del Derecho constitucional mexicano con base
en la Teoría Constitucional Científica, la cual proporciona los conocimientos teóricos para la debida comprensión de las normas constitucionales y para la adecuada
interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales correspondientes.
d)	Conocimiento del sistema para la protección de los
Derechos Fundamentales diseñado en nuestro sistema
constitucional, estableciendo la correspondiente correlación con las normas internacionales aplicables en la
e)	Aprendizaje de los aspectos más relevantes relativos a
la génesis y al desarrollo del sistema político mexicano,
dentro del cual está inserto y funciona en la práctica
f)	Capacitación teórica y práctica en Derecho Parlamentario y Derecho Electoral, mediante el conocimiento de
las normas vigentes en estas materias y particularmente,de los procedimientos y procesos que cotidianamente
se aplican en estos ámbitos de competencias constitucionales, incluyendo la elaboración técnica y documental correspondiente.
g)	Conocimiento de los sistemas de control del poder
y especialmente del sistema mexicano de control de
la constitucionalidad, abarcando los diversos aspectos
conceptuales y estructurales con base en los cuales es
posible analizar nuestros sistemas de control, evaluar su
eficacia y plantear su modificación, de ser necesario.
h)	Revisión de los aspectos fundamentales y de los problemas concretos derivados de las más recientes modificaciones constitucionales en materia de control de
la constitucionalidad y capacitación de los alumnos en
la elaboración de promociones y resoluciones judiciales
Adicionalmente, como parte de la capacitación del futuro
especialista en Derecho Constitucional, en el nivel académico de Maestría, los alumnos contarán con los apoyos metodológicos indispensables para su formación, proporcionados
en un seminario sobre metodología e investigación jurídica
impartido en el primer período, con la finalidad de que los
estudiantes cuenten con las herramientas técnicas necesarias
para la elaboración gradual de su tesis de grado.
En suma, esta Maestría en Derecho Constitucional pretende
contribuir de manera decisiva al avance del desarrollo teórico
del Derecho Constitucional en nuestro país y al mejoramiento tan necesario de su aplicación práctica, apartándolo en
ambos ámbitos de los dogmas y de las imprecisiones que a
lo largo de más de un siglo, notoria y permanentemente, han
caracterizado su enseñanza, su estudio, su interpretación y su
aplicación, circunstancias que explican el atraso prevaleciente
en nuestro país tratándose de la materia jurídica en la que se
basan todas las demás, la cual, por ese simple hecho, entre
otros, debería sustentar su estructura normativa en la ciencia
jurídica, en general y en la ciencia constitucional y política,
Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, especialista en Derecho Constitucional
y Amparo, catedrático en la Universidad Tepantlato y en diversas
Catedrático de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional, en Ciencia Política y en Control de la Constitucionalidad. Dr. Gustavo Moscoso Salas
Catedrático de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Metodología e
Investigación Jurídica y en Derecho Constitucional.Dr. Armando Hernández Cruz
Catedrático de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de
Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y en Control de la Constitucionalidad.
Directora de Desarrollo Institucional de la Universidad Panamericana,
especialista en derecho, en filosofía del derecho, en argumentación jurisdiccional, en lógica jurídica, entre otras.
Mtro. Alfonso del Rosal y Hermosillo
Maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de
México, ex secretario técnico y asesor en el Congreso de la Unión y catedrático en instituciones públicas y privadas. Mtro. José de Jesús Alcaraz Orozco
Catedrático en la Universidad Tepantlato y en diversas instituciones públicas y privadas en Derecho Procesal, Constitucional y Amparo.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepantlato,
catedrático de ésta y miembro del Consejo Académico.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrático en la
Universidad Iberoamericana; en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Honoris Causa del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores,
hoy Universidad Tepantlato.
Ilustre legislador, abogado postulante y, actualmente, rector de la Escuela
Dr. Máximo Carbajal Contreras
Ex director y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
Mtro. José de Jesús Alcaraz OrozcoMultilínea: 5564•8373
Informes@universidadtepantlato.edu.mxcontenidoDirector
Reyna Zapata Valdez50.	Licenciatura, Maestrías
y Doctorado6.	Contenido jurídico
8.	El derecho humano de acceso a la justicia
Mtro. Neófito López Ramos64.	Te invito a leer un libro63.	Correspondencia20.	Amistad y justicia, algunos de
los valores enmarcados en
la obra El Ingenioso Hidalgo
Dr. Fernando Córdova del ValleCanal cultural
Claudia Nava26.	Disenso sobre la propuesta de
que el principio de definitividad
no aplique para menores e
Mtro. Francisco René Ramírez
RodríguezProgramación revista digital
Verónica OsornoNuestra portada:
Examen profesional de la Lic. Angélica Marina Díaz
Pérez, Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, para
obtener el grado de Maestra en Derecho de Amparo
por la Universidad Tepantlato, acompañada de izquierda
a derecha por el Dr. Enrique González Barrera, rector
de la Universidad Tepantlato; Dr. Ricardo Romero
Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en
materia Civil del Segundo Circuito y Director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Quinta
Región, A.C.; Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Mtro.
José Martínez Guzmán, Magistrado del Cuarto Tribunal
Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito.38.	Derechos humanos y sus
Lic. Julio César Medina
RodríguezDistribución logística
José Pérez ServínREVISTA TEPANTLATO, Difusión de la Cultura Jurídica,
Época 4, N°. 36, Agosto 2012. Publicación mensual. Editada
por Enrique González Barrera, Av. Baja California 157, Col.
Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760. Tel. 5574-3860.
www.tepan-tlato.com.mx; suscribetepan@gmail.com. Editor responsable: Dr. Enrique González Barrera. Reservas de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Distribuida por: Instituto de Ciencias Jurídicas de
Egresados de la UNAM, FES Aragón y SEPOMEX con registro No. PP09-1636. Impreso por Grupo Editorial GPI, S.A. de
C.V. calle Hidalgo 190, Col. Sta. Anita, Del. Iztacalco, México,
DF, C.P. 08300, Tel. 5578-8830. Número de tiraje: 25,000
ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.4.	Editorial
Francisco Modesto RamírezD•i•s•tPresidencia de la República
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa•r•i•b•u•Delegados Políticos
Distribuidores Independientes de Literatura Jurídicac•i•ó•nCompañías de Seguros y Fianzas
Actuarios, ConciliadoresFotografía: Ing. Edgar González Salgado, Fotografías Universitarias, Yugoslavia 7, Bosques de Aragón. Tel. 5766•0543. e-mail: edgaresunam@hotmail.com
¿Qué es Tepantlato? En el Códice Florentino (cap. IX: “Hechiceros y trampistas") hay una referencia a la actividad del tepantlato; en náhuatl significa
“el que habla o ruega por otros”. Proviene de “tepan”: intercesor o abogado, y “tlatoa”: hablar. Por lo tanto, la palabra tepantlato alude al abogado y,
a su vez, a la actividad que desempeña. Hablar por otros no impide su palabra, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad.
Tepantlato es el guía que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del Derecho.UNIVERSIDAD
TEPANTLATODoctorado en
plan de estudios:6 cuatrimestres
horario:viernes de 17:00 a 21:00 hrs.
inscripción:del 1 de agosto al 28 de septiembre
inicio:12 de octubrervoe 20120737Catedráticos:
Jurídica y en Derecho Constitucional.PROMOCIÓN:Hasta el 28 de septiembre 25%
de descuento en inscripción y colegiatura
6 fotografías tamaño título b/n
•	Seminario sobre el Sistema Internacional de Derechos Humanos y su incorporación al derecho interno
comparadosDr. Armando Hernández Cruz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor por el
Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad
Tepantlato, catedrático de ésta y miembro del Consejo Académico.
Informes@universidadtepantlato.edu.mxLa
trevista Tepantlato felicita a la Lic. Angélica Marina Díaz Pérez, magistrada del
Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación, por la obtención del grado de Maestra en la Maestría en Derecho de
Amparo para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación que se
lleva a cabo en la Universidad Tepantlato. La ceremonia fue presidida por el Dr. Jorge Mario
Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Dr. Ricardo Romero Vázquez, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito
y Director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del
Poder Judicial de la Federación, Quinta Región, A.C.; y por el Mtro. José Martínez Guzmán,
Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, quienes se
desempeñaron como sinodales en el examen.
La constante apertura de espacios académicos ha hecho de la Universidad Tepantlato un
lugar de vanguardia; prueba de ello es la creación de sus doctorados únicos en su ramo, como
lo son: Doctorado en Derecho Familiar, en Ciencias Penales, en Derecho Civil y en Derecho Constitucional, así como sus maestrías en Derecho Familiar, Derecho Civil, Derecho de
Amparo, Ciencias Penales y la próxima maestría en Derecho Constitucional. Creemos que es
de suma importancia que los estudios jurídicos se diversifiquen y actualicen en sus diferentes
especialidades para que nuestros egresados cuenten con la mejor preparación para desempeñarse y servir a la sociedad.
Otra forma de difusión que ha caracterizado a la Universidad Tepantlato es la organización de Jornadas de Actualización Jurídica, que en esta ocasión presenta la XIII Jornada, Proceso Acusatorio Adversarial (Juicios Orales), la Jornada XIV, Reformas al Juicio Oral del Procedimiento Civil-Mercantil y la Jornada XV, Reformas Constitucionales en Materia de Amparo. En
todas ellas contaremos con la participación de Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal y del Poder Judicial de la Federación. Parte de los fondos recabados son destinados para becas de titulación a alumnos con excelencia académica de todas las
escuelas y facultades de la UNAM.
Finalmente hacemos mención de nuestros articulistas que en cada número nos comparten sus reflexiones en torno a los temas jurídicos más relevantes. El Mtro. Neófito López
Ramos escribe sobre el concepto de justicia para enlazarlo con los derechos y la dignidad
humana; el Dr. Fernando Córdova reflexiona sobre el uso, también de la idea de justicia, en
la obra magna de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha; el Mtro. Francisco René
Ramírez comenta sobre el principio de definitividad; y el Lic. Julio César Medina analiza la reforma constitucional del 10 de junio en materia de derechos humanos y garantías individuales.INMEMORIAMFrancisco
RamírezNacióen Ejutla, Oaxaca en 1867.
En la capital de su entidad
natal ingresó al Colegio
Católico, para estudiar el bachillerato. Cursó la carrera de Jurisprudencia en el mismo Colegio Católico de
la ciudad de Oaxaca, donde obtuvo su título profesional (1891). Fue diputado al Congreso local y al Congreso
de la Unión, en la XXVI Legislatura, que fue disuelta por
Victoriano Huerta. Desempeñó el cargo de síndico del
H. Ayuntamiento de Oaxaca. En la administración pública
federal, fue agente del Ministerio Público, abogado consultor de la Secretaría de Hacienda y magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. En el Poder Judicial del Fuero
Común, durante doce años fungió como juez de Primera
Instancia en Silacayoapan, Huajuapan de León y otras poblaciones de Oaxaca; también fungió como juez Primero
de lo Civil y como magistrado del Tribunal Superior de
Justicia. Ingresó al Poder Judicial de la Federación al ser
electo ministro de la SCJN por el Congreso Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos constituido en
Colegio Electoral, a propuesta del presidente de la República Álvaro Obregón (1923); ocupó la Presidencia del
Alto Tribunal (1923-1924). Se retiró del cargo de ministro
en 1928. Fue catedrático del Instituto de Ciencias y Artes
de Oaxaca, y el primer profesor de Práctica Forense. Murió en la ciudad de México en 1955.www.tepantlato.com.mx2012 AGOSTO7CO8NTENAGOSTO 2012IDOJURÍDICORevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCONTENIDOJURÍDICOTRAYECTORIA académica	Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Maestría en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias
Doctorado en Humanidades por la Universidad Paulo Freire,	de Asunción, Paraguay (Doctorado Honoris Causa).Magistrado de Circuito adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer CircuitoMtro. NeófitoLópez Ramos	Especialidad Judicial en el Instituto de Especialización Judicial
Diversos Diplomados y Cursos de Especialización.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS	Docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad
Autónoma de Guadalajara, en el Instituto de la Judicatura Federal..
Docente en la Maestría en Derecho de Amparo para Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federaciòn de la Universidad Tepantlato
Docente en la Maestría en Derecho de Amparo de la Universidad
Ha participado en Congresos, Simposios, Conferencias y Cursos nacionales
e internacionales como ponente con temas jurídicos y de medio ambiente.
Ha publicado innumerables artículos sobre temas de amparo	y medio ambiente, así como libros especializados.TRAYECTORIA LABORAL	Oficial Judicial, Actuario y Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito
en Materia Civil en el Distrito Federal.
Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala de la Suprema	Corte de Justicia de la Nación.
Secretario del Tribunal Colegiado del Vigésimotercer Circuito.
Secretario Técnico en el Consejo de la Judicatura Federal.
Secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala	de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el estado de Jalisco.
Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Actualmente es Magistrado de Circuito adscrito al Tercer	Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.DISTINCIONES	Medalla al “Mérito Académico”.
Socio Numerario del Ilustre Colegio Nacional de Abogados de México.
Socio Fundador de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas.
Miembro Activo de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces
www.tepantlato.com.mxde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Socio Honorario del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados	de la UNAM, FES Aragón, A.C.2012 AGOSTO9CONTENIDOJURÍDICOEl derecho humanode acceso a la justicia10Mtro. Neófito lópez ramosLajusticia, como valor y principio que
debe ser objeto de las instituciones del Estado, y especialmente
de la autoridad judicial, se concreta cuando la
sentencia aplica la ley al caso concreto y se
convierte en una norma individualizada que
pone fin a una controversia. El cauce para llegar a su dictado debe estar previsto en una ley
que determine y rija la actuación de las partes.
Conforme al artículo 14 constitucional,
los actos privativos de algún derecho deben
estar precedidos de un juicio ante la autoridad competente e imparcial que cumpla con
el debido proceso legal, lo que implica que la
persona afectada por un acto de autoridad estuvo en real posibilidad de acceso a la justicia,
que es un derecho humano porque la dignidad
de la persona por sí misma exige que antes
de que una autoridad la prive de su libertad
o determine a su cargo la existencia de una
obligación o la pérdida de un derecho que está
en su patrimonio, sea oída y vencida en juicio
ante autoridad judicial competente e imparcial.
En el aspecto positivo, la dignidad de la
persona exige el acceso a la justicia que consiste en que el Estado debe crear tribunales
que estén expeditos para administrar la justicia y resolver cualquier controversia que se
suscite entre los gobernados, mediante sentencia que se dicte de manera pronta, completa e imparcial.
El artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos estableceAGOSTO 2012que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento y en los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece, por
lo que queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra circunstancia que atente contra la dignidad humana y/o tenga por
objeto menoscabar o anular los derechos y
La disposición constitucional por su jerarquía tiene un efecto expansivo que vincula
a todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias a promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
También impone la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos,
en los términos que establezca la ley, por lo
que debe expedirse la ley reglamentaria correspondiente; mientras tanto, en aplicación
directa de esa norma constitucional y de los
artículos 103 y 107 de la Ley de Amparo, corresponde a los tribunales de la Federación aRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCtravés del juicio de amparo garantizar el acceso a la justicia para combatir normas generales, actos u omisiones de cualquier autoridad
que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte,
e incluso, conforme al proyecto de ley reglamentaria que está a discusión en el Congreso de la Unión, para combatir actos de particulares que en el ejercicio de una facultad
prevista en una norma legal, puedan provocar
por sí y ante sí una situación jurídica creando,
modificando o extinguiendo actos violatorios
En esta aplicación de la norma constitucional y de los tratados se debe tender a
favorecer la dignidad de la persona con una
interpretación amplia; sin embargo, si se trata
de limitar o restringir los actos de la autoridad
que pudieran causar perjuicio a los gobernados, la interpretación debe ser estricta.
El artículo 17 de la Constitución Federal
dispone que nadie podrá hacerse justicia por
sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su
derecho, así como que toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla
en los plazos y términos que fijen las leyes,
La norma constitucional es clara en cuanto a que la administración de justicia debe ser
pronta, completa e imparcial, y le corresponde al legislador establecer en las leyes correspondientes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto
la autoridad como las partes en los procesos
jurisdiccionales, a fin de respetar el principio
de justicia pronta.
El predicado de esos atributos, así comoel relativo a los plazos generales, atañe a que
sean comunes a los mismos procedimientos y
a todos los sujetos que se sitúen en la misma
categoría de parte; mientras que la razonabilidad implica que existan plazos prudentes
para el adecuado actuar de la autoridad y el
ejercicio del derecho de defensa de las partes, y por objetivos se entiende que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de
impedir que quede al arbitrio de las partes o
de la autoridad extender los tiempos para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales.
De tal forma que en el concepto de
acceso a la justicia, una primera dimensión
consiste en el aspecto positivo, como actores
en el derecho igualitario, común a todos los
gobernados de hacer valer los derechos legalmente reconocidos; la segunda dimensión
se refiere a la circunstancia de que tengan
la posibilidad de acudir ante las autoridades
previamente establecidas mediante procedimientos tendientes a asegurar en un tiempo
prudente el ejercicio de tales derechos; y la
tercera dimensión consiste en que la sentencia sea la culminación de un juicio que cumpla
con el debido proceso legal, ante un tribunal
competente e imparcial.
Sobre las características de la administración de justicia, ilustra la jurisprudencia del
Máximo Tribunal del país, que se identifica de
la manera siguiente:www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDICONovena Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
Tesis: 1a. LXX/20052012 AGOSTO11CONTENIDOJURÍDICOTesis Aislada
Materia(s): Constitucionalnuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto indican:Justicia pronta a que se refiere el Artículo 17 constitucional. Obligación del
legislador para garantizarlaLocalización:
Tesis: 1a. CXVII/2005
Materia(s): ConstitucionalEl mandato contenido en el segundo párrafo
del artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas
de administrar justicia, lo hagan de manera
pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta
se garantiza cuando el legislador establece en
las leyes plazos generales, razonables y obje-Imparcialidad. Contenido del principio
previsto en el Artículo 17 constitucionaltivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto
la autoridad como las partes en los procesosEl principio de imparcialidad que consagra eljurisdiccionales, entendiéndose por: a) gene-artículo 17 constitucional, es una condiciónrales, que sean comunes a los mismos proce-esencial que debe revestir a los juzgadoresdimientos y a todos los sujetos que se sitúenque tienen a su cargo el ejercicio de la funciónen la misma categoría de parte; b) razonables,jurisdiccional, la cual consiste en el deber queque sean plazos prudentes para el adecuadotienen de ser ajenos o extraños a los interesesactuar de la autoridad y el ejercicio del dere-de las partes en controversia y de dirigir y re-cho de defensa de las partes, y c) objetivos,solver el juicio sin favorecer indebidamente aque se delimiten en la ley correspondiente aninguna de ellas. Así, el referido principio debeefecto de impedir que quede al arbitrio de lasentenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva,partes o de la autoridad extender los tiemposque es la relativa a las condiciones personalespara el ejercicio de sus derechos y obligacio-del juzgador, misma que en buena medida senes procedimentales.traduce en los impedimentos que pudieran
existir en los negocios de que conozca, y b) laDel mismo modo, en tratándose del criterio de justicia imparcial, el legislador debe
garantizar condiciones en las que se fije a la
autoridad judicial la obligación que tiene de
ser ajena o extraña a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el
juicio sin favorecer indebidamente a ninguna
Así lo ha interpretado la Primera Sala de12AGOSTO 2012objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el
juzgador, es decir, los presupuestos de ley que
deben ser aplicados por el juez al analizar un
caso y resolverlo en un determinado sentido.
Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al
juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por elRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxotro, tampoco se le impone ninguna obligación
para que el juzgador actúe en un determinado
sentido a partir de lo resuelto en una diversa
resolución, es claro que no se atenta contraCONTENIDOJURÍDICOFormalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una
adecuada y oportuna defensa previa al
acto privativoel contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizadoLa garantía de audiencia establecida por elen la Constitución Federal.artículo 14 constitucional consiste en otorgar
al gobernado la oportunidad de defensa pre-La categoría de justicia completa atañe a
la obligación del órgano jurisdiccional de resolver todos y cada uno de los puntos debatidos por las partes en función de lo probado y
alegado por ellas, respecto de los cuales tenga competencia para hacerlo y según las formalidades establecidas en la ley del proceso.
La garantía de acceso a la tutela judicial
efectiva también se encuentra relacionada
con la garantía de defensa que, según ha establecido nuestro Máximo Tribunal, constituye
el requisito indispensable que debe observarse de manera previa a todo acto privativo
de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, por estar así consagrado con el artículo
14 de la Constitución Federal.
Así lo ha interpretado el Tribunal Pleno
de nuestra Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la jurisprudencia cuyos datos de
localización, rubro y texto indican:
II, Diciembre de 1995
Tesis: P. /J. 47/95
Materia(s): Constitucional, Comúnwww.tepantlato.com.mxviamente al acto privativo de la vida, libertad,
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre
otras obligaciones, la de que en el juicio que
se siga “se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento”. Estas son las que resultan
necesarias para garantizar la defensa adecuada
antes del acto de privación y que, de manera
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en
que se finque la defensa; 3) La oportunidad de
alegar; y 4) El dictado de una resolución que
dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir
con el fin de la garantía de audiencia, que es
evitar la indefensión del afectado.La oportunidad de defensa o acceso a la
justicia y, por ende, al recurso judicial, implica
que previamente al acto privativo se cumplan,
de manera genérica, las formalidades esenciales del procedimiento o debido proceso legal
que se traducen en los siguientes elementos
1.	La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias (emplazamiento a juicio);
2.	La oportunidad de contestar, oponer defensas y excepciones;2012 AGOSTO13CONTENIDOJURÍDICO3.	La posibilidad de ofrecer y desahogar las
pruebas en que se finque la defensa;
4.	La facultad de alegar;
5.	El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas de manera
Durante el juicio debe existir la posibilidad de impugnar las resoluciones que causen
perjuicio mediante recursos ordinarios o medios de defensa que garanticen la enmienda
del error judicial y, de no existir, se tiene como
último recurso extraordinario el amparo, que
en su modalidad de amparo directo permite
la impugnación de las resoluciones previas a la
sentencia definitiva o resolución que pone fin
al juicio, que hayan afectado las defensas del
quejoso y trascendido al resultado del fallo,
con lo cual queda satisfecho el derecho de
acceso pleno a la justicia en México.
Por tanto, la impugnación de las sentencias es parte del acceso a la tutela judicial
efectiva, porque no basta que el acusado sea
notificado del inicio del procedimiento y sus
consecuencias, que tenga la posibilidad de
ofrecer y desahogar las pruebas en que se sustenta su defensa, que esté en aptitud de alegar ni que se dicte una resolución que dirima
las cuestiones debatidas sino que, atendiendo
a la trascendencia del acto de privación, la posibilidad del error humano y la necesidad de
fiscalizar la actividad judicial constituyen motivos determinantes para establecer el derecho
de impugnación que subsane aquéllos o vigile
que la administración de justicia sea óptima y
garantice los fines tutelados por la ley.
El principio de impugnación es necesario porque la sentencia como acto privativo
tiende a satisfacer el interés social de que las
controversias se resuelvan y que se cumplan14AGOSTO 2012cabalmente; pero como acto humano no está
La función judicial no es ajena a la falibilidad humana ya que los jueces son seres
humanos inmersos en circunstancias sociales
y culturales, que en el ejercicio de su arbitrio
judicial pueden apreciar erróneamente los
hechos o el derecho que debe aplicarse, por
lo que el ordenamiento jurídico debe prever
garantías y medios eficaces para evitar que
el error desvirtúe o frustre la administración
de justicia según los atributos que señala el
artículo 17 de la Constitución Federal, razón
por la cual el derecho a impugnar mediante
recurso ordinario o a través del recurso extraordinario de amparo, es parte del derecho
Este derecho constituye, además, un
valor necesario de los Estados democráticos
constitucionales y garantiza que la autoridad,
como la judicial, pueda reconocer el error y
enmendarlo mediante la facultad oficiosa de
subsanar omisiones y regularizar el procedimiento, sin afectar la igualdad procesal de las
partes o del modo más oportuno, a través de
los medios de impugnación, comprendido el
recurso y los incidentes para tratar de satisfacer las funciones públicas encomendadas con
mayor eficacia, y en última instancia a través
del recurso de amparo tutela las garantías
individuales en las que subyacen derechos
humanos y fundamentales, sociales, civiles,
Este derecho a la impugnación y el acceso a la justicia no es absoluto ni puede quedar
su configuración y ejercicio a la voluntad del
afectado, sino que en equilibrio con el interés
social de que las controversias no queden sin
resolver, se sientan bases de racionalidad y
prudencia que aseguren un efectivo derechoRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCa que se examine la materia de la inconformidad. Corresponde al legislador configurar las
bases, los plazos y los términos para su goce.
El recurso es una especie de los medios
de impugnación enderezados a que se corrija un error en la aplicación del derecho o la
valoración de los hechos realizada por la autoridad judicial.
La característica medular del recurso, antes de que se genere la cosa juzgada o inmutabilidad de la decisión judicial, es que tiende a
optimizar la función judicial eliminando la posibilidad del error de hecho o derecho y que
esto pueda hacerse a través de diversos medios, como la revisión horizontal o retentiva,
en que la propia autoridad judicial que emitió
la resolución pueda revisarla, con el objeto de
modificarla, anularla o revocarla, o la revisión
vertical, en que un tribunal de mayor jerarquía
unitario o colegiado, asumirá la jurisdicción
para realizar el análisis correspondiente sobre
la corrección de la determinación impugnada.
El derecho de los particulares al recurso
o las características del mismo no es absoluto
e ilimitado, sino que está sujeto a un parámetro de racionalidad; en la Constitución no hay
un parámetro específico para determinar la
constitucionalidad de la ley del proceso, sino
solamente que la justicia sea pronta, completa
e imparcial y son éstas las bases que sirven
para confrontar la ley ordinaria con el texto
constitucional, por lo que el derecho de defensa del particular debe ser acorde con una
sentencia pronta y completa.
Asimismo, los plazos y requisitos deben
guardar principios de racionalidad, idoneidad,
oportunidad y pertinencia para que, por la
naturaleza de la impugnación, se permita una
defensa adecuada, en equilibrio con la necesidad de que las controversias no se pro-longuen tanto que se perjudique al interés
social de que la determinación judicial ponga
fin al litigio y restaure el derecho infringido
obligando a su cumplimiento, o constituya
un derecho, lo declare y ordene su respeto,
etcétera, porque en todo litigio hay pretensiones contrarias que deben ser resueltas de
la manera más pronta, completa e imparcial y
sin abuso de mecanismos que son contrarios
Sobre el principio de impugnación, el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito ha publicado la tesis cuyos datos de localización y contenido es del
tenor siguiente:www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDICONovena Época
Página: 2401
Tesis: I.3o.C.106 K
Rubro: Principio de impugnación de
las sentencias. Constituye una formalidad esencial del procedimiento
Texto: La garantía de acceso a la tutela judicial efectiva también se encuentra relacionada
con la garantía de defensa que constituye el
requisito indispensable que debe observarse
de manera previa a todo acto privativo de la
libertad, propiedad, posesiones o derechos,
por estar así consagrado en el artículo 14 de
la Constitución Federal. La oportunidad de
defensa previamente al acto privativo, impone que se cumplan, de manera genérica, las2012 AGOSTO15CONTENIDOJURÍDICOformalidades esenciales del procedimientoesencial del procedimiento. Constituye, ade-que se traducen en los siguientes requisitos:más, un valor necesario de los Estados demo-1) La notificación del inicio del procedimien-cráticos, que la autoridad pueda reconocer elto y sus consecuencias; 2) La oportunidad deerror y enmendarlo mediante la facultad deofrecer y desahogar las pruebas en que se fin-subsanar omisiones y regularizar el procedi-que la defensa; 3) La oportunidad de alegar;miento sin afectar la igualdad procesal de lasy 4) El dictado de una resolución que dirimapartes o del modo más oportuno a través delas cuestiones debatidas. Este proceder in-los medios de impugnación, comprendido elterpretativo no incluye expresamente comorecurso, para tratar de satisfacer las funcionesformalidad esencial del procedimiento el depúblicas encomendadas con mayor eficacia.impugnación de las sentencias. Sin embargo,
debe estimarse implícitamente contenida, ya
que se parte del supuesto de que la configu-Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuitoración del acceso a la tutela judicial efectiva
no sólo atañe a que el particular pueda serPrecedentes: Amparo directo 582/2010. Jorge Ar-notificado del inicio del procedimiento y susmando Mancebo Barrón y otro. 9 de diciembre deconsecuencias; de ofrecer y desahogar las2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito Ló-pruebas en que se sustenta su defensa; alegar,pez Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.y que se dicte una resolución que dirima las
cuestiones debatidas sino que atendiendo a
la trascendencia de esa garantía, la posibilidadEl principio de definitividad en el juicio
de amparodel error humano y la necesidad de fiscalizar la actividad judicial, constituyen motivos
determinantes para ejercer el derecho de
impugnación que subsane aquéllos o vigile
que la administración de justicia sea óptima
y garantice los fines tutelados por la ley. Es
decir, se parte del conocimiento ordinario de
la falibilidad humana y de que ésta no es ajena
a la función judicial, que se integra por hombres concretos, inmersos en circunstancias
sociales y culturales que pueden inclinarlos a
apreciar erróneamente los hechos o el derecho que debe aplicarse, por lo que el ordenamiento jurídico debe prever garantías y
medios eficaces para evitar que el error desvirtúe o frustre la administración de justicia
según los atributos que señala el artículo 17
de la Constitución Federal, razón por la cual
el derecho a impugnar sí es una formalidad16AGOSTO 2012La exigencia del cumplimiento del principio de definitividad en forma previa a la
procedencia del recurso extraordinario de
amparo no es transgresora de un efectivo
acceso a la administración de justicia sino un
instrumento jurídico, que tiene la finalidad de
otorgar seguridad y firmeza a la resolución
judicial, acorde al sistema procesal en el que
los medios de impugnación cumplen con los
principios dispositivos y de igualdad procesal,
porque reglamentan la actividad procesal de
las partes y del juez para encontrar su paridad
en ese mismo ámbito.
Así, las leyes procesales tienden a buscar
un equilibrio entre las partes, ya que cuando se inicia el litigio los contendientes tienen
establecidas determinadas reglas para todo
el proceso y recursos o medios de defensaRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxcon los cuales pueden subsanarse los errores
e irregularidades que se cometan durante la
substanciación del mismo, por lo que la exigencia de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previo a la presentación
de una acción o recurso de amparo, implica que cualquiera de ambas partes quedará
sujeta a esas reglas, en igualdad procesal, en
congruencia con los diversos postulados de
seguridad jurídica y debido proceso, también
dimanantes del pacto federal, cuya observancia debe velar el juzgador de amparo.
En nuestro sistema jurídico, el juicio de
amparo se erige como una garantía constitucional de acceso a la justicia para reclamar
la violación que pudieran cometer las autoridades del Estado en contra de cualquier
derecho y de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados
internacionales. Es la garantía de las garantías
a la que se tiene acceso siempre y cuando
previamente se cumpla con los requisitos establecidos en la ley que rija el acto, expedida
por el Estado en el ejercicio de su soberanía,
los cuales no han sido impuestos de forma
arbitraria sino que corresponden a elementos
indispensables para organizar y regular la impartición de justicia y el adecuado ejercicio de
la función jurisdiccional, y forman parte de las
El recurso extraordinario de amparo tiene su fundamento en los artículos 103 y 107
de la Carta Magna que establecen mínimos
que son desarrollados con mayor amplitud en
El requisito de definitividad se establece
en la fracción III, inciso a), tercer párrafo, e
inciso b), del artículo 107 constitucional, cuyo
texto establece que:www.tepantlato.com.mxCONTENIDOJURÍDICOArtículo 107. (…)
III.(…)a)	(…)
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se
establezcan en la ley de la materia, por virtud
de los cuales aquellas sentencias definitivas,
laudos y resoluciones, puedan ser modificados o revocados salvo el caso en que la ley
permita la renuncia de los recursos.
b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea
de imposible reparación, fuera de juicio o
después de concluido, una vez agotados los
recursos que en su caso procedan, y
(...)Este principio de definitividad que corresponde a una base constitucional, encuentra
reglamentación en el artículo 73 de la Ley de
Amparo, donde se establecen las causas de
improcedencia. La fracción XIII dispone que el
juicio de amparo resulta improcedente contra
las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de
defensa, dentro del procedimiento, por virtud
del cual puedan ser modificadas, revocadas o
nulificadas, salvo algunas excepciones.
Las excepciones al principio de definitividad son casos en los que el sistema mexicano
no impone a sus gobernados la obligación de
agotar las instancias ordinarias previas al amparo, y que se justifican por la materia de la
afectación o naturaleza del acto de autoridad.
Así, cuando la demanda es presentada por un
tercero extraño al juicio y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida,
deportación, destierro o cualquier acto de los
prohibidos por el artículo 22 constitucional.2012 AGOSTO17CONTENIDOJURÍDICOEste principio de definitividad que consiste en agotar todas las instancias o recursos que prevé la legislación que rija al acto
de autoridad es el acorde al derecho humano
de acceso a la justicia, tal como está regulado
en los artículos 8.1 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José), que
establecen la obligación, a cargo de los Estados, de diseñar y consagrar normativamente
recursos efectivos para la cabal protección de
los derechos humanos, así como de asegurar
la debida aplicación de dichos recursos por
parte de sus autoridades judiciales, en procedimientos establecidos con las garantías adecuadas. Tales artículos disponen:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en el ejercicio de
sus funciones oficiales.18AGOSTO 2012Los Estados Partes se comprometen:
a)	a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado
decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b)	a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial; y
c)	a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver diversos asuntos sometidos a
su jurisdicción, ha interpretado y aplicado el contenido de los preceptos citados haciendo una importante conexión entre la efectiva posibilidad de
acceder a la justicia, la garantía del debido proceso
legal y el derecho a una tutela judicial efectiva.
Dichos derechos cobran especial importancia en las resoluciones de dicho órgano interamericano en las que afirma que
las controversias deben ser sustanciadas de
conformidad con las reglas del debido proceso legal en las que se garantice la fijación
de un plazo razonable para conocer de los
asuntos, la efectiva igualdad de las partes y
la adecuada revisión judicial de las decisiones
Asimismo, se ha pronunciado respecto a la obligación de los Estados de prever
recursos sencillos, rápidos y efectivos contra
la vulneración de derechos fundamentales;
esto es, el organismo internacional reconoce
la posibilidad de que los Estados integrantes
establezcan recursos para acceder a la justicia.
Tomando en cuenta tales resoluciones,
así como las opiniones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
es posible asegurar que el acceso de la justiciaRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCen sede judicial está conformado por los siguientes elementos:crear las condiciones necesarias para que los
gobernados puedan acudir a órganos jurisdiccionales que atiendan sus reclamos de justicia,
así como remover los obstáculos normativos,
sociales o económicos que dificulten el cumplimiento de las sentencias dictadas por dichos órganos.
La principal obligación de carácter negativo relacionada con el derecho de acceso a
la justicia tiene que ver en la abstención del
Estado de interferir u obstaculizar el libre
ejercicio de ese derecho; es decir, no generar
restricciones, retrasos o impedimentos que
no estén justificados por las razonables necesidades de la propia administración de justicia,
que imposibiliten al gobernado obtener una
sentencia que resuelva el conflicto expuesto
ante los órganos jurisdiccionales.
Por tanto, la carga de agotar los recursos que impone el derecho interno antes de
acudir al juicio de amparo no constituye, en sí
misma, un límite u obstáculo para acceder a la
justicia, siempre que no haya obstáculos para
su libre ejercicio y que no se generen restricciones, retrasos o impedimentos que hagan
nugatoria la finalidad del recurso que se trate.
Cuando se trata de obligaciones determinadas en una sentencia que resuelve el fondo del asunto y adquiere la calidad de cosa
juzgada o verdad legal, el Estado debe procurar su completa ejecución, como aspecto
positivo del derecho de acceso a la justicia.
En conclusión, el principio de definitividad para la procedencia del amparo es un
requisito que está justificado en relación a
actos judiciales civiles, porque es acorde a la
garantía de justicia pronta y expedita, por lo
que está justificado en relación a actos judiciales civiles porque es acorde a la garantía de
administración de acceso a la justicia.•	•	•	•	•	•	•	•	La posibilidad de recurrir a las decisiones
administrativas por la vía de una revisión
La impartición de justicia a través de órganos jurisdiccionales predeterminados,
independientes, eficientes e imparciales
que decidan conforme a derecho en un
tiempo prudente;
El acceso igualitario al sistema judicial o
al mecanismo institucional competente
para atender un reclamo determinado;
El acceso a una adecuada defensa o asesoría jurídica en caso de ser necesario;
El derecho a contar con una decisión
fundada sobre el fondo del asunto;
La seguridad de que la sentencia que se
dicte en un asunto podrá hacerse efectiva y otorgará al justiciable el ejercicio
pleno del derecho tutelado;
La eliminación de obstáculos innecesarios que pudieran limitar el acceso de los
justiciables al sistema de impartición de
La abstención por parte de las autoridades
estatales de interferir o establecer trabas
en el proceso de impartición de justicia.Conforme a los elementos procesales,
las obligaciones del Estado para garantizar
efectivamente el acceso a la justicia tienen un
carácter positivo y negativo, o dicho en otras
palabras, “de hacer” y de “no hacer”, respectivamente.
Las obligaciones de carácter positivo
consisten en tomar medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales que hagan efectivo el acceso igualitario a la justicia; esto es,www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDI2012 AGOSTOCO19CONTENIDOJURÍDICO	Actualmente es docente en el Instituto de la Judicatura
Federal y en destacadas instituciones privadas como el
Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho
Penal (INDEPAC) y el Centro de Estudios de Posgrado,
en donde imparte las materias de “Amparo Penal”, “Derechos Humanos”, “Juicios Orales en México”, “Medios
Ordinarios de Impugnación en el Juicio Oral”.
Docente en la Maestría en Ciencias Penales y en
el Doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato.
Se destaca su participación como ponente en los Estados
Unidos de América, en el Diplomado “La Investigación
Científica del Delito e Intervención del Policía en el Juicio
Oral”. Sede San Diego, California – “Florida University of
Postgraduate Studies (U.S.A.). Noviembre 2010. En donde
participó en la representación de un juicio oral como juzgador.
También ha participado como ponente en diplomados,
cursos y talleres en diversas universidades e instituciones del país; ha impartido cátedras en diversas Casas de
la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; ha sido académico en destacadas instituciones
como son INDEPAC, Inacipe, Instituto de la Judicatura
Federal, ITAM, Universidad del Valle de México, Universidad Tepantlato y en el área de Posgrado de la
Trayectoria Laboral	En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como Oficial Administrativo, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado y de Tribunal en los Estados de Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Estado de México y Distrito
Actualmente se desempeña como Juez Décimoctavo de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito
20 Federal.Juez Décimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito FederalActividades AcadémicasDr. Fernando	Licenciado en Derecho por la Universidad Villa Rica,
Maestro en Derecho de Amparo
por la Universidad Tepantlato.
Certificado como capacitador por la Secretaría Técnica
del Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia
Penal, así como por la Comisión Nacional de Tribunales
A.C, y por el Instituto de la Judicatura Federal.
Ha cursado diversos diplomados y especialidades en
materia penal y amparo.Còrdova del ValleTrayectoria AcadémicaRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica CONTENIDOJURÍDICOAmistad y Justicia,
enmarcados en la obra
Dr. Fernando córdova del valleLacrisis por la que actualmente transita la sociedad se revela en el olvido de importantes principios y
valores; por tal motivo, considero importante
destacar algunos de ellos que se desprenden
de los diversos pasajes de la novela El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha.
Relato de Don Alonso Quijano, que si
bien no todos han leído, es conocido por comentarios humorísticos y divertidos, de entre
los que destaca que al hidalgo pobre de La
Mancha, de tanto leer novelas de caballería
se le secó el cerebro y terminó volviéndose loco, creyéndose un verdadero caballero
A título personal, un hombre adelantado a su época; afirmación que siempre realizo de personas que piensan distinto, incluso
ven más allá, por encima de los demás y de
sí mismos; personas que, como siempre he
comentado, sobresalen por pretender cambiar
el mundo y que en muchas ocasiones son tachados, señalados e incluso marginados por la22AGOSTO 2012sociedad como “locos”, pero que finalmente
ante esa forma de pensar, lo logran. Porque,
como alguna ocasión escuché a manera de
slogan de una marca comercial: “todo aquél
que cree que puede cambiar al mundo, es quien
finalmente lo logra”.
Y así sucedió con don Miguel de Cervantes Saavedra, ya que en 1605 publica su obra
majestuosa y es precisamente en ella donde
encontró una bella forma de hacernos ver la
necesidad de ayudar a quienes de diferentes
maneras se consideran pobres y desfavorecidos; esto es, cambiar el mundo desde su óptica.
Quién mejor para ello que un fiel y andante caballero que antepone su valentía a
cada embate que le arroja su camino lleno de
aventuras, pero ausente en sus tiempos de los
valores que en su obra menciona; época en
donde se vivían batallas y secuestros por piratas, entre otras barbaries, de las cuales incluso
vivió en carne propia.
Así, del primer capítulo de lo obra nacen
pasajes que enarbolan valores como la amis-Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCtad, la justicia, el coraje, el honor, la caballerosidad, la fidelidad, la honestidad, el respeto
y la lealtad, entre otros más que alimentan la
obra y que hacen distinguir a sus dos grandes
personajes, Don Quijote y su fiel escudero
Quisiera destacar de entre esos valores
la amistad y la justicia. Valores necesarios con
los cuales nos identificamos a través de nuestras vivencias y que nos son transmitidos por
nuestra familia, educadores, maestros y otras
personas que trascienden en nuestro ámbito
más íntimo, que, al igual que nuestras huellas
dactilares, nos distinguen de los demás, algo
así como un sello de nacimiento.
La obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha deja entrever que no hay
amistad más sincera que la que se produce
al compartir experiencias y conocimientos;
amistad que se mantiene sellada y vincula
por un sentimiento de gratitud permanente
“Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue
costumbre muy usada de los caballeros andantes
antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de
las ínsulas o reinos que ganaban y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida
usanza, antes pienso aventajarme en ella”.
Amistad que crece gradualmente en su
obra, en la que cada uno se vuelve finalmente
el facilitador del otro en las muchas oportunidades que se tienen para hacerlo; como buenos amigos no se anulan entre sí.
Al referirse a la amistad el manco de Lepanto, a través de Don Quijote afirma sin titubeos que “la buena y verdadera –amistad-…
no puede ni debe de ser sospechosa en nada…”;
aduce que quien te tiene como amigo no puede ni debe poner en riesgo tu honra, ya que el
hacerlo “… es contra toda amistad…”Consejos sabios que vale la pena reflexionar, y por supuesto aplicar, porque de
lo contrario te puedes convertir en una sombra no sólo para ti, sino para tus amigos, y
únicamente seguirte o seguirlo mientras brilla
Toca el turno a la justicia, aquélla definida
por Ulpiano como: “Dar a cada uno lo suyo”, y
que en la obra aquí comentada la refiere Cervantes como la justicia retributiva consistente
en “…dar a cada uno lo que es suyo y entender
y hacer que las buenas leyes se guarden…”
Podemos afirmar así, que Justicia no es
el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el
saber decidir a quién le pertenece esa cosa
Hans Kelsen dijo: “La justicia es para mí
aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la
paz, la justicia de la democracia, la justicia de la
tolerancia”.
Cervantes a través de Don Quijote la
hace apreciar como el eje de sus hazañas,
sin olvidar a Sancho Panza impartiendo justicia de manera salomónica entre sus súbditos
cuando era nombrado gobernador de una
ínsula, y un Don Quijote siempre atento con
las buenas causas y defensor de los desamparados, como bien lo citan diversos autores.
“Dichosa edad y siglos dichosos cuando no
habían ni el fraude, ni el engaño ni la malicia,
mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia
se estaba en sus propios términos, sin que la
osasen turbar ni ofender los del favor y los intereses que tanto ahora lo menoscaban, turban y
persiguen”.
Argumento anterior que Cervantes
pone en manos del lector a fin de que él mismo defina a la justicia.www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDI2012 AGOSTOCO23CONTENIDOJURÍDICODe la obra se desprenden consejos de
Don Quijote a Sancho Panza, quien con la
finalidad de encaminar a su fiel escudero por
el sendero de la justicia, lo exhorta para que
en su gobierno se ciña a las leyes, las respete
y no ceda a los propios impulsos, sin que lo
exima de tener compasión, “pero nomás justicia”, por las lágrimas del acusado para que
éstas no sean velo que oculte las razones de
Resaltando a su vez que el juez debe ser
un ser sensible, para así impartir justicia con
equidad, entendiendo a las partes, sin que dádivas, promesas o lamentos puedan influir en
Afirma también Don Quijote que al enemigo debe administrársele justicia en el término correcto de las leyes. En tal situación
no debe influir la enemistad; apartar el pensamiento de los agravios, si los hubiera, y buscar
sólo la verdad para dirimir el pleito. “No te
ciegue la pasión propia de la causa ajena,” dice
En efecto, un juez cabal no puede perder
el equilibrio que la rectitud de su juicio exige
y que es lo que de él esperan quienes están
en el estrado. Nada debe turbar la conciencia
del juzgador que tendrá siempre presente el
interés de la justicia, y no el propio.
Me resta decir a todos aquellos ilustres
estudiosos del derecho, que durante la aventura larga de búsqueda de la justicia debemos
considerar estar acompañados siempre de los
mejores amigos, finalmente la justicia no es
una estatua fría y solitaria, sino una gran virtud
humana que permite al hombre complacerse
con otros seres que al igual que él, caminan24AGOSTO 2012por el mismo sendero. Pero mejor aún, se
facilitan el desarrollo y se procuran bienestar.
Por esa razón me atrevo a afirmar que
si bien la amistad y la justicia parecen valores independientes, unidos pueden crear una
fuerza con capacidad de lograr el cambio que
en la actualidad es necesario.
Al terminar estas líneas me pregunto si
vale la pena insistir sobre los valores como
siempre lo he hecho a lo largo de mis años
como docente, si harán eco mis palabras; mi
respuesta, ¡por supuesto que sí!, porque al
menos, al escribirlo me ha servido para pensar y hacer conciencia del mucho camino que
me falta por recorrer, siempre acompañado
de quienes como yo, desean luchar por la
construcción de un México mejor.
Me ha hecho recordar que un amigo es
aquél que desea el bien; que si entiendes el
valor de la amistad, sabrás también ser justo,
no sólo con aquél a quien ves como amigo,
sino que también lo harás con la sociedad.
Con estos argumentos me permito considerar que si cada uno de nosotros fuera más
justo y dejamos de ver a nuestro país como a un
enemigo, si tan sólo cooperamos en vez de criticar, el México que deseamos sería una realidad.
Frente a esa reflexión me quedo con
una frase que cita don Carlos Fuentes: ¿Podemos hoy imaginar el mundo sin Don Quijote?,
cuesta mucho. ¿Sin Hamlet?, cuesta mucho. Sin
embargo, hubo una época en que no existían.
Hoy ellos forman parte de la realidad porque
fueron imaginados; lo que se imagina se convierte entonces en parte de la realidad indisoluble
y ya no puedes entender la realidad sin lo que
imaginó el escritor.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica Revista Tepantlato
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Cel. 04455 5454-8152Trayectoria AcadémicA	Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional
Maestría en Derecho por la Universidad Nacional
Especialidad en Derecho de Amparo, Universidad
Especialidad en Derecho Privado, Universidad Nacional
Autónoma de México.Diplomado en Derecho Inmobiliario.
Taller de redacción de sociedades.
Diplomado en procedimientos civiles y mercantiles.
Mesas redondas para el análisis del Nuevo Código
Penal para el Distrito Federal.
Docente de la Maestría en Derecho Civil
en la Universidad Tepantlato.Trayectoria Laboral	Abogado postulante (1993-2005).
Juez interino, Juzgado Décimo Primero de lo Civil
Juez definitivo, primera instancia, Juzgado
Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal.Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal	Mtro. FranciscoActividades AcadémicasRené Ramírez Rodríguez	CONTENIDOJURÍDICODisenso sobre la propuesta
de que el principio de
definitividad no aplique
para menores e incapaces
Mtro. Francisco René ramírez rodríguezEnel número 34 de la prestigiada
revista Tepantlato, se publicó el
artículo intitulado “El principio
de definitividad como limitante de los derechos fundamentales de los menores e incapaces”, por parte del magistrado Fernando
Rangel Ramírez, mediante el que se propone
la necesidad legislativa de que el principio de
definitividad no aplique para el caso de que el
quejoso sea un menor de edad o un incapaz,
opinión jurídica que desde luego se respeta
y se valora en su justa dimensión pero no se
Pertinente resulta en primer término
reseñar brevemente el contenido y los propósitos en que se basó el artículo del que
ahora se disiente, y así se tiene que el magistrado señala que la inquietud principal de
su trabajo es destacar que debe aprovecharse28AGOSTO 2012el momento histórico en que se han experimentado reformas a la Constitución Federal
en materia de amparo y derechos humanos
para buscar la salvaguarda de los menores e
incapaces a efecto de asegurar que tengan un
efectivo y pleno acceso al juicio de amparo
indirecto, sin necesidad de agotar el principio
de definitividad a que se refiere el artículo 73,
fracción XIII, de la actual Ley de Amparo.
Sin duda que uno de los motivos fundamentales que se esgrimen en el artículo sujeto a escrutinio es que eliminar el principio de
definitividad evitaría que los menores e incapaces se vieran perjudicados en su esfera jurídica por los errores u omisiones procesales
en que incurran sus representantes legales o
los abogados que se encarguen de la defensa
de sus intereses, lo que debe evitarse porque
el sistema jurídico no puede convalidar talesRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxaberraciones, es decir, que los menores o incapaces no pueden depender únicamente del
correcto o incorrecto proceder de sus padres
o de la impericia o negligencia del abogado
que los asistió en el caso concreto.
Se señala que el punto toral de la propuesta es evitar que los menores e incapaces
sufran perjuicios jurídicos por la negligente
actitud de sus representantes legales conjugada con una resolución judicial que pueda no
ser del todo justa o legal.
Por último, del artículo que ahora se comenta sobresale la posibilidad, que a criterio
de su autor, México incurra en responsabilidad internacional, al postular lo siguiente:
Además se estima que de prevalecer la
regla de que aún tratándose de menores
o incapaces, éstos deban agotar, cuando
sea procedente y tengan la carga procesal de hacerlo, el recurso o medio de
defensa ordinario previstos en las leyes
comunes en contra del acto reclamado,
antes de acudir al juicio de amparo, ello
ocasiona que México no cumpla cabalmente su compromiso de salvaguardar
los derechos fundamentales de estas
personas, previstos en los instrumentos
internacionales a que se ha hecho referencia, al no garantizar, a través de las
herramientas jurídico procesales necesarias, que el menor o el incapaz:
Reciba efectivamente alimentos, asistencia o los cuidados necesarios de sus progenitores o de las personas obligadas a
ello, en los términos y condiciones que
No sufra maltrato de cualquier índole.
Se dé un verdadero acceso a un medio
de defensa sencillo que examine la cons-www.tepantlato.com.mxCONTENIDOJURÍDICOtitucionalidad o convencionalidad de un
acto de autoridad que afecta sus derechos fundamentales.
Como ya se anticipó, se tienen razones
para disentir de la propuesta que hace el magistrado, las cuales se pueden agrupar en dos
1.	La que tiene que ver con el problema de técnica jurídica en el ámbito constitucional para que en la
legislación de amparo se suprima
el requisito de definitividad tratándose de menores o incapaces, y
2.	La que tiene su fundamento en la
posible violación a los derechos
humanos de igualdad, debido proceso y certeza jurídica.
En el primer rubro anotado, se estima
que técnicamente no es posible que bajo el
marco constitucional vigente el legislador secundario tenga una plena libertad de configuración normativa para eliminar, en la nueva
Ley de Amparo, el principio de definitividad
como ahora existe en la fracción XIII, del artículo 73, y por virtud del cual los quejosos deben agotar los recursos o medios de defensa
legales, por los cuales se podrían modificar,
revocar o nulificar los actos de autoridad que
les agravian, ya que si en la legislación secundaria se suprimiera ese requisito de procedencia del juicio de amparo se estaría generando una incompatibilidad con lo que se
establece en los artículos 1 y 107, fracción III,
inciso a), de la Constitución Federal del país.
En efecto, ordena el artículo 1, que los
derechos humanos y las garantías para su2012 AGOSTO29CONTENIDOJURÍDICOprotección, son para todas las personas que
se encuentren en los Estados Unidos Mexicanos, los cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que la propia Constitución establece, mientras que en el último párrafo
de la fracción III, inciso a), del artículo 107,
constitucional, se previene que cuando se reclama una sentencia definitiva y se hagan valer
violaciones a las leyes del procedimiento, no
será requisito agotar el principio de definitividad cuando se trate de menores o incapaces,
asuntos relacionados con el estado civil, con
el orden o la estabilidad de la familia y en los
casos de naturaleza penal promovidos por el
Una recta interpretación de las hipótesis
normativas reseñadas, pone de manifiesto que
el derecho humano de acceso a la justicia y
legalidad, sólo puede restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que la
propia Constitución establece, así entonces,
el principio de definitividad para que menores
o incapaces puedan tener acceso al juicio de
amparo, sólo puede suprimirse o eliminarse
cuando se trate de una sentencia definitiva y
respecto de la cual, en la demanda de amparo,
se hagan valer violaciones a las leyes del procedimiento, lo que significa que jurídicamente
no es posible que esa restricción o suspensión del principio de definitividad se establezca también para el caso de los amparos indirectos y por causas diferentes a las indicadas
en el texto constitucional, ya que a partir de
una interpretación teleológica del artículo 107
indicado, se puede ver que la intención del
Constituyente fue que el principio de definitividad sólo podría exentarse cuando se tratara
de demandas de amparo directo promovidas
por menores o incapaces, entre otros.30AGOSTO 2012La existencia de la norma constitucional
en cita deja ver que el Constituyente no ignoró la situación especial de menores e incapaces en un conflicto jurídico, pero su decisión fue únicamente exentarlos de agotar el
principio de definitividad en el caso de una
demanda de amparo directo y por violaciones procesales alegadas, descartando así que
esa excepción pueda establecerse o aplicarse
en casos diversos, ni aún por el principio de
interpretación analógica de la norma constitucional, simplemente porque en el artículo 107
constitucional, se hace expresa referencia a
las líneas generales y de excepción que debe
seguir el legislador secundario para regular los
juicios de amparo directos e indirectos, por
consiguiente si el Constituyente no tuvo la
voluntad ficta de establecer la excepción al
principio de definitividad en supuestos diversos al establecido en el artículo 107, fracción
III, inciso a), el legislador secundario no puede establecer una excepción más amplia en
la Ley de Amparo, ni aún bajo el principio
interpretativo de que la Constitución fija los
mínimos de los derechos humanos y sus garantías de protección y que la legislación secundaria los puede ampliar, ya que en el caso
concreto que se analiza, se trata de una recta
y fiel interpretación y aplicación de las normas
constitucionales, lo que implica que por más
nobles que sean las intenciones para ampliar
la protección constitucional en el caso concreto que se analiza, lo que debe hacerse es
una reforma a la Constitución, pero no a través de una reforma a la Ley de Amparo.
Además, atendiendo a lo que dispone el
último párrafo del artículo 14 constitucional,
en los juicios del orden civil (entre los que
figuran las controversias del orden familiar),
la ley debe ser aplicada conforme a su letra,Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCen primer lugar; luego entonces, esa regla
de interpretación y aplicación no se limita al
dictado de sentencias, sino que debe también ser respetada por el poder legislativo al
configurar las normas jurídicas que rigen la
actividad humana, concluyendo así entonces
que si en la Constitución existe literalmente
el supuesto de excepción al principio de definitividad para acceder al juicio de amparo, el
poder legislativo al formular leyes secundarias
debe atenerse a dicha literalidad constitucional y no rebasarla, por lo menos en la materia
civil, como lo ordena una norma de la propia
Con la propuesta del artículo que ahora
se comenta, también se incurre en una afectación a los derechos humanos del debido
proceso y la certeza jurídica, mismos que se
encuentran tutelados en los artículos 14 y 17
de la Constitución Federal, en tanto que de
esos preceptos se desprende que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante
un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que toda
persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, lo que implica que en esto el
Poder Constituyente hizo una remisión al poder legislativo para definir las reglas bajo las
cuales se imparta la justicia (principio de reserva de la ley), de manera pronta, completa
Derivado de ello, no es posible que el
solo hecho de que se trate de menores o
incapaces sea suficiente para dejar de observar los plazos y términos en que se imparta
la justicia, ya que ello rompe con la seguridad jurídica, porque entonces si se parte de
la premisa de hecho, que no legal, de que losmenores o incapaces sean deficientemente
protegidos, patrocinados o procurados por
sus padres, tutores o abogados, entonces no
sólo debe eliminarse el principio de definitividad para acceder al juicio de amparo, sino
también se debe eliminar el rigor que implica
que tengan un plazo para contestar una demanda, para ofrecer pruebas, o para interponer recursos, inclusive también se les debe de
exentar del plazo fatal de quince días que el
artículo 21 de la Ley de Amparo les concede para que presenten su demanda, precisamente porque se les supone deficientemente
representados, generándose así una suerte
de libertad absoluta procesal para que los
menores o incapaces ejerzan sus derechos o
planteen sus defensas o excepciones, cuando las condiciones temporales, materiales o
personales se los permita, sin sujetarse a la
rigidez y fatalidad de los plazos y formas que
define la ley, escenario que definitivamente se
estima por el suscrito como inaceptable en
un Estado de Derecho y Democrático como
el que se diseña en todo el ordenamiento
En el segundo plano anunciado a través de un enfoque del derecho humano a la
igualdad y no discriminación, se puede afirmar desde ahora que la propuesta legislativa planteada en el artículo revisado, resulta
incompatible con la promoción, respeto y
protección del derecho humano a la igualdad.
En el artículo 1, último párrafo constitucional, se prohíbe toda discriminación motivada por la edad, de donde se sigue que esta
última condición humana no resulta suficiente
para emprender una acción afirmativa a través de la cual se busque la protección de un
grupo vulnerable en la sociedad, lo que en
la doctrina se conoce como discriminaciónwww.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDI2012 AGOSTOCO31CONTENIDOJURÍDICOinversa. Es justamente lo que se propone en
el artículo que se comenta, ya que se trata
de retirar la carga a los menores e infractores de agotar el principio de definitividad para
acceder al juicio de amparo, pero los motivos
que para ello se invocan (negligencia o impericia de representantes legales o abogados)
definitivamente no tienen un soporte jurídico, sino más bien de hecho, observando así
claramente que esos motivos de hecho desatienden las reglas de proporcionalidad, adecuación1 y razonabilidad que deben siempre
1	La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha elaborado una tesis aislada en la cual fija los
parámetros que se deben utilizar para determinar si una
norma jurídica cumple con el test de igualdad constitucional, dicha tesis tiene el siguiente rubro, contenido y
datos de localización: “PRINCIPIO DE IGUALDAD.
INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN A
EFECTOS DE DETERMINAR LA INTENSIDAD
DEL ESCRUTINIO.- Como ha destacado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizar una norma a
la luz del principio de igualdad implica examinar si un determinado tratamiento normativo obedece a una finalidad
constitucionalmente válida y si es adecuado y proporcional.
Pero antes de todo ello, es imprescindible determinar en
cada caso respecto de que se está predicando la igualdad
o la desigualdad, pues la igualdad es un principio de carácter fundamentalmente adjetivo que se atribuye siempre a
algo. Este referente es relevante al momento de realizar el
control de constitucionalidad de leyes, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que
en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para
desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta
al juez constitucional a ser especialmente exigente cuando
deba determinar si ha respetado las exigencias derivadas
del principio mencionado. La necesidad de distinguir la
intensidad con la cual deben evaluarse las distinciones legislativas que se impugnen obedece al diseño y contenido
mismo del texto constitucional: los principios democrático
y de división de poderes, informadores de la estructura estatal, implican que los poderes públicos son titulares de un
listado de facultades de creación normativa con distintos
grados de libertad de configuración, cuyos contornos en
cada caso concreto deben ser cuidadosamente explorados
por el juez constitucional. De esta manera, mientras que en
algunas cuestiones las autoridades tienen un margen relativamente acotado para desplegar sus facultades legislativas
-típicamente aquéllas con un impacto central sobre el ejercicio de las garantías individuales- en otras tendrán facultades que podrán desplegar con gran amplitud -como suele
ocurrir en materias relacionadas con la política económica
y tributaria-. Individualizar la relación, materia o ámbito sobre el cual se proyectan los reclamos de igualdad es, por
tanto, necesario para determinar qué tan intenso o qué tan
laxo debe ser el escrutinio que debe realizar esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación sobre la labor legislativa, y32AGOSTO 2012tenerse presentes cuando se hace un análisis
del derecho a la igualdad, trabajo que desde
luego debe ser hecho por el poder legislativo,
al formular las normas jurídicas que rijan la
Es cierto, que en el artículo 4 constitucional, se contiene implícitamente el principio
del interés superior del niño2, mismo que se
debe ser el primer paso del análisis constitucional en materia de igualdad. Ello exigirá a los tribunales desplegar una
labor de interpretación del texto constitucional cuidadosa
y no exenta de la complejidad ordinariamente asociada a
la tarea de desentrañar el contenido y los propósitos de
las previsiones contenidas en nuestra Carta Magna. Esta
operación interpretativa debe empezar por la atenta consideración del contenido del artículo 1o. de la Constitución Federal, que insta a ser especialmente exigente con
el legislador en dos hipótesis básicas: a) cuando la norma
legal analizada utiliza para la configuración de su contenido
normativo los criterios clasificatorios allí enumerados y b)
cuando la norma legal analizada tiene una proyección central sobre los derechos fundamentales garantizados por la
Constitución Federal. Determinar si en un caso la norma
legal impugnada se inscribe o no en alguna de las dos hipótesis anteriores no es una operación semi-automática que
el intérprete constitucional pueda hacer de manera rápida
y expedita, sino una tarea que puede exigir la revisión del
texto constitucional entero y el despliegue de una tarea
interpretativa sensible a los fines y propósitos que dan sentido a las disposiciones constitucionales.”
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
época. Tomo XXXII, septiembre de 2010. Tesis CII/2010.
2	Al respecto se puede consultar la siguiente tesis aislada: “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN
PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL
IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL
ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.- De acuerdo
a una interpretación teleológica, el interés superior del niño
es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual
texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno
de los objetivos del órgano reformador de la Constitución
era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia
de protección de los derechos del niño. En este sentido, el
interés superior del niño es uno de los principios rectores
más importantes del marco internacional de los derechos
del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio
que está implícito en la regulación constitucional de los
derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes como un principio rector de los derechos
Época, Primera Sala, tomo XXXIII, Abril de 2011, Tesis: 1a.
XLVII/2011. Página: 310.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCidentifica como el derecho que tiene un niño
a su desarrollo humano y el pleno ejercicio
de sus derechos como criterio rector para
la elaboración de normas y la aplicación de
éstas en todos los órdenes relativos a la vida
No obstante lo anterior, ese interés superior del niño no se estima que tiene los
alcances suficientes para la excepción al principio de igualdad que se propone en el artículo comentado, ya que si se ven las cosas con
cuidado, el establecimiento de un recurso
de apelación ante las autoridades del fuero
común significa también la existencia de un
recurso efectivo para que los menores o incapaces tengan una resolución judicial certera y
completa respecto de la problemática jurídica
en que se ven inmersos, descartando así toda
posibilidad de que la eliminación del ejercicio
de ese recurso ordinario afecte el interés superior del niño, por el contrario, la posibilidad
de un recurso ordinario protege ese interés
superior al brindar mayor posibilidad para
que se corrija un posible error judicial.
Tampoco se estima que tenga consistencia jurídica suficiente para comulgar con la
propuesta legislativa que se plantea, el hecho
de que en sede de jurisdicción ordinaria se
aplique la ley de manera incorrecta en perjuicio de los menores o incapaces, pues considero como natural que el error judicial no sólo
puede ocurrir en la jurisdicción que imparten
los órganos del fuero común, sino que también puede ocurrir, y ocurre, en la jurisdicción
que imparten los tribunales de control constitucional, precisamente porque esa función
está también encomendada a las personas;
luego entonces, se estima que carece de consistencia jurídica apoyar una reforma como la
que se comenta en la sola posibilidad de quela justicia llegue y sea real, únicamente cuando
intervienen los órganos de control constitucional, pues de ser esto cierto sería absurdo
e injustificado que existieran tribunales de jurisdicción ordinaria o común. Amén de que
en el orden jurídico del Distrito Federal, toda
sentencia tiene a su favor la presunción de
haberse pronunciado según la forma prescrita
por el derecho, con conocimiento de causa y
por juez legítimo con jurisdicción para darla.
(Artículo 91 del código de procedimientos
civiles para el Distrito Federal).
En lo atinente al argumento de que si
no se establece la excepción al principio de
definitividad en la Ley de Amparo, se puede
incurrir en violación a los derechos humanos
previstos en tratados internacionales, tampoco se comparte tal visión, en primer lugar
porque en el artículo 12.2, de la Convención
sobre los Derechos del Niño3, lo único que
exige la comunidad internacional es que los
menores tengan la oportunidad de defensa y
audiencia directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado,
pero en ninguna parte se exige que tengan un
trato privilegiado o de excepción para cumplir con las formalidades de un procedimiento; por el contrario, claramente se establece
que el desarrollo del procedimiento en que
participa el menor debe ser en consonancia
con las leyes de procedimientos nacionales,
permitiendo así que sean los Estados Partes
del tratado internacional, los que regulen los
plazos y condiciones en que participen loswww.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDICO3	La norma internacional de protección prescribe: “Artículo
12.- 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad
de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la Ley
Nacional”.2012 AGOSTO33CONTENIDOJURÍDICOmenores e incapaces en procedimientos judiciales o administrativos4.
Por su parte, el artículo 32 del Pacto de
San José establece que los derechos de cada
persona están limitados por los derechos de
los demás, por la seguridad de todos y por
las justas exigencias del bien común, en una
sociedad democrática, lo que significa para el
autor de esta réplica que las excepciones o
privilegios que se establezcan a favor de una
persona o sector social, en primer lugar deben atender a no dañar los derechos de las
demás personas y también deben responder
a un test de igualdad que atienda en todo
momento a fundamentos de carácter objetivo y razonable que justifiquen un trato desigual, aspectos que sin duda deben atenderse
por el legislador como limitantes de su creatividad legislativa, sin que se vea en el estudio
comentado justificación de la excepción que
En el artículo 29, apartado a), del referido Pacto de San José, se prescribe que
ninguna disposición de la Convención puede
ser interpretada para permitir que alguno de
los Estados Parte suprima el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en
la Convención, o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella, lo que haciendo4	En el octavo párrafo del artículo 1 de la Constitución
Federal del país también se tutela el interés superior del
menor con relación a su participación en actos jurídicos, al
prescribir: “los ascendientes, tutores y custodios tienen la
obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos
derechos y principios”.34AGOSTO 2012una interpretación en sentido contrario permite afirmar que ningún Estado Parte de la
Convención puede suprimir derechos u obligaciones que afecten o alteren los que son
reconocidos por la propia Convención; luego
entonces, si como ya se vio, en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, sólo
se previene como medida tutelar de los niños
que participen en un procedimiento judicial
o administrativo, que éstos se encuentren
debidamente patrocinados o representados,
entonces, no se encuentra justificado que se
traten de eliminar obligaciones legales que
los menores e incapaces deben cumplir de
acuerdo a los diseños procedimentales establecidos en las normas nacionales, mucho
menos si esas excepciones legislativas se sustentan en situaciones de hecho como lo es
el de no contar con una óptima y diligente
procuración, representación o patrocinio en
los procedimientos judiciales o administrativos, ya que en ello no habría razonabilidad ni
objetividad respecto a la idea de respeto a
LegislaciónConstitución Política de los Estrados Unidos
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica Ministro Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo leyendo el acta de graduación de la Magistrada Lic. Angélica
Marina Díaz Pérez como Maestra en Derecho de Amparo, acompañado a la izquierda por el Magistrado Dr. Ricardo Romero Vázquez y a la derecha por el Magistrado Mtro. José Martínez Guzmán.Toma de Protesta.Firma del acta.Magistrado Dr. Ricardo Romero Vรกzquez felicitando a la Maestra.
Ministro Dr. Jorge Mario Pardo Rebolledo felicitรกndola.Trayectoria Académica	Licenciado en Derecho por la Universidaden las materias Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho.
Ha participado en múltiples eventos académicos sobre temas de Derecho.
Trayectoria Profesional	Abogado postulante en el Despacho Jurídi-co “Medina y Asociados”.
Distinciones	Mención Honorífica en la obtención del tí-tulo de Licenciado en Derecho.
Cuenta con múltiples reconocimientos, diplomas y distinciones de excelencia académica otorgados por la Universidad Nacional
Cuenta con múltiples constancias de cursos
y eventos de actualización jurídica impartidos por diversas instituciones académicas
Obras Publicadas	Derecho Constitucional Mexicano, EditorialPacj, México, 2012.
Ha publicado artículos en diversas revistas.Profesor-Investigador en la Universidad Tepantlato	Docente en la Universidad TepantlatoLic. JulioActividades AcadémicasCésar Medina RodríguezNacional Autónoma de México, Facultad de
Estudios Superiores Aragón.
Cursando estudios de posgrado en Derecho
Constitucional en la Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Estudios
Superiores Aragón.CONTENIDOJURÍDICODerechos humanos
y sus garantíasLic. Julio César medina rodríguez40AGOSTO 2012SUMARIO1. introducción
2. el tema de la dogmática jurídica
3. el tema en la teoría del derecho
5. bibliografía1. IntroducciónEneste ensayo, nos hemos propuesto examinar el alcance de
materia de derechos humanos publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 10 de
junio de 2011, en lo relativo a las precisiones que el lenguaje normativo utiliza bajo
las denominaciones derechos humanos y sus
garantías. El tema es sugerente por diversos
motivos: a) Requiere el análisis de las divergencias conceptuales que envuelven ambos
términos tanto en la dogmática como en la
teoría del derecho, y; b) Es preciso, a partir
de dichas apreciaciones, determinar el criterio
de interpretación que se adecúa de manera
coherente a nuestro sistema jurídico.
En este sentido, hacemos la aclaración de que la postura aquí adoptada pretende guiarse a través de la objetividad interpretativa, sin tomar partida de alguna corriente
ideológica, ni siquiera de aquélla que es adoptada comúnmente por los investigadores de
nuestro país bajo el argumento engañoso deRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCla “modernidad”. En su caso, la visión a la que
nos adherimos pretende encontrar justificación no sólo en el plano teórico sino también
en el pragmático del régimen constitucional
mexicano, pero sin que esto implique alguna
incorrección conceptual en las tesis contrarias, más bien pretendemos dar cuenta de la
dimensión jurídica que es más atingente con
nuestro régimen constitucional vigente.cuyas inclinaciones entre las tendencias naturalista y positivista hacen latente las contradicciones hermenéuticas nacidas del artículo 1º
de la Constitución antes de que fuera modificado por la reforma en estudio, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio
de 2011, pues como es de sobra conocido,
dicho numeral precisaba lo siguiente:2. El tema en la dogmática jurídica2.1. Derechos humanos y garantías antes de la reforma
juicio de amparo, como es sabido, comprende un instrumento procesal de índole constitucional que tiene por objeto la
salvaguarda y protección del régimen jurídico
de protección de los derechos humanos del
gobernado frente a los actos arbitrarios de
las autoridades del Estado, y es por ello que
su regulación constitucional se encuentra necesariamente vinculada al uso de la voz “garantías”. Esto desde luego ha llevado a una
discusión muy enérgica sobre el empleo de
este último término, pues hay quienes sostienen que las garantías son el objeto de protección del juicio de amparo, en tanto que otra
postura considera que el juicio de amparo es
más bien la garantía de los derechos humanos.
En efecto, el tema relativo a los derechos humanos y sus garantías es uno de los
puntos más discutidos entre los estudiosos
de nuestro país, el cual nos parece es fruto
de la divergente interpretación doctrinal, que
en torno a los términos “derechos humanos”
y “garantías” ha tenido lugar a lo largo de la
vigencia de la Constitución de 1917, ya que
la visión fluctúa entre dos posiciones conceptuales divergentes en el foro jurídico nacional,Elwww.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDICOArtículo 1o.- En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo gozará de las
garantías que otorga esta Constitución,
las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece.
En este sentido, el término “garantías”
fue concebido de dos formas predominantes:
como medio jurídico protector de los derechos
humanos y como sinónimo de los derechos humanos. Es así, que en el primer sentido, se
encuentran las ideas del destacado constitucionalista mexicano, Don Ignacio Burgoa Orihuela, cuando señala que las garantías individuales se han reputado históricamente como
aquellos elementos jurídicos que se traducen
en medios de salvaguarda de las prerrogativas
fundamentales que el ser humano debe tener
para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público.1
Expone dicho autor que los derechos del
hombre se traducen substancialmente
en potestades inseparables e inherentes
a su personalidad; son elementos propios y consubstanciales de su naturaleza
como ser racional, independientemente1	Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 37ª edición, Editorial Porrúa, México, 2004, p.178.2012 AGOSTO41CONTENIDOJURÍDICOde la posición jurídico-positiva en que
pueda estar colocado ante el Estado y
sus autoridades; en cambio, las garantías
individuales equivalen a la consagración
jurídico-positiva de esos elementos, en el
sentido de investirlos de obligatoriedad e
imperatividad para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades estatales y del Estado mismo.2
En este mismo sentido, se pronuncia
Jorge Carpizo cuando interpreta el artículo
1º antes de la modificación, indicando que
nuestra Constitución no habla de derechos
humanos sino de garantías individuales. La
garantía es la medida en que la Constitución
protege el derecho humano, en la inteligencia
que la Constitución mexicana quiso precisar
que mientras los derechos humanos son una
idea general y abstracta, la garantía, que es su
medida, es una idea individualizada y concreta. La anterior diferenciación es de carácter
técnico, en el uso común, la gente e incluso
los abogados identifican derecho humano y
garantía individual y social.3
Por su parte, y en contraste con el criterio anterior, el connotado investigador,
Don Héctor Fix-Zamudio, señala que
en el inmediatamente anterior artículo
primero constitucional se advierte una
orientación claramente positivista en la
declaración de los derechos fundamentales, ya que disponía: “en los Estados
Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse
2	Ibidem. p. 187.
3	Cfr. Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, 8ª edición, Editorial Porrúa, México, 2003, p. 485.42AGOSTO 2012ni suspenderse sino en los casos y en las
condiciones que ella misma establece”4
–y concluye– que lo anterior significa
que los derechos son establecidos en el
texto constitucional, y no simplemente
reconocidos, de acuerdo con los principios iusnaturalistas provenientes de la
Ilustración, como lo señalaba el artículo
del mismo número de la carta federal anterior, y menos aún, que pudiesen existir
derechos humanos implícitos como varias constituciones latinoamericanas todavía lo establecen.5
En su caso, dicho autor observa las garantías constitucionales como un sector de la
defensa de la Constitución, pero entendidas
como los medios jurídicos, de naturaleza predominantemente procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional
cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder,6 pero
hace hincapié en la aclaración del lenguaje
utilizado por nuestra Ley Suprema previo a
la reforma del 2011, que todavía conservaba la denominación tradicional de garantías
constitucionales como equivalente a la de
los derechos fundamentales consagradas en
la misma Carta federal, pues el capitulo I del
título primero de la Constitución federal se
denominaba todavía “De las garantías individuales” (artículos 1 al 29).7
4	Fix-Zamudio, Héctor, “Reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011”, en El juicio de amparo, a 160 años
de la primera sentencia, (Coord. González Oropeza Manuel
y Eduardo Ferrer Mac-Gregor) Tomo I, UNAM-IIJ, México,
2011, p. 436.
5	Cfr. Ibidem. p. 438.
6	Fix-Zamudio, Héctor, Estudio de la defensa de la constitución
en el ordenamiento mexicano, 2ª edición, Editorial Porrúa,
México, 2011, p. 11.
7	Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La defensa de la Constitución en
México y en pensamiento de Felipe Tena Ramírez”, en Es-Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCBajo esta dirección el autor Miguel Carbonell observa al juicio de amparo como
una de las garantías internas de los derechos
fundamentales,8 en tanto que en otros trabajos de investigación, se afirma que la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución
consigna, es el juicio de amparo.9
Sin embargo, nos parece que las posturas
de los citados autores, representadas decisivamente por los maestros Burgoa Orihuela
y Fix-Zamudio, a pesar de ser opuestas, coinciden en un punto en común: Las garantías
protegen los derechos humanos. Pero creemos
que el contraste del problema conceptual se
reduce a la forma en que estos juristas conciben el “cómo” se protegen o “garantizan” los
derechos humanos. En el primer caso, Don
Ignacio Burgoa Orihuela habla de una protección constitucional sustantiva, mientras que
Don Héctor Fix-Zamudio se refiere a una
protección constitucional adjetiva o preponderantemente procesal.
De esta suerte, la opinión sobre el concepto de garantías se justifica en ambos casos,
por la inclinación epistemológica de cada autor, pues mientras Burgoa adscribe al derecho
humano una visión iusnaturalista, pues se trata
de prerrogativas inherentes o consubstanciales al ser humano cuyo origen se encuentra
en su propia naturaleza, y es por ello que la
Constitución otorgaba garantías para su protección pero no a los derechos humanos ensí mismos, porque bajo tal apreciación, esto
sería imposible ya que el origen de los derechos
no se encuentra en la norma constitucional sino
en la naturaleza del ser humano. Por su parte,
Fix-Zamudio se adscribe a la postura positivista, porque para tal autor y en atención a
la terminología que usaba la Ley Suprema,
el derecho humano es sinónimo de garantía,
por lo que, en oposición a la tesis de Burgoa el origen de éstos está en la norma constitucional, y por ello es que la Ley Suprema
otorgaba los derechos humanos a los que la
Constitución incorrectamente llamaba garantías, pues en opinión de tal autor, el concepto
“moderno” de garantías debe adscribirse al
ámbito de protección predominantemente
procesal, siendo éste, por antonomasia (aunque no el único) el juicio de amparo.
Es así que dividimos dichas concepciones en dos visiones con diversos elementos.
Por un lado, la visión del maestro Burgoa que
comprende tres elementos a diferenciar: 1)
La existencia de derechos humanos inherentes
al individuo; 2) La existencia de las garantías
para su protección y; 3) El juicio de amparo
para la salvaguarda de estas últimas, por esto
es que llama al amparo juicio de garantías.
En tanto que la visión de Fix-Zamudio sólo
comprende dos elementos por distinguir: 1)
La existencia del derecho humano (derechos
constitucionales) y; 2) La garantía que comprendería en extensión al juicio de amparo.
En consecuencia, se explica porque
mientras el Doctor Fix-Zamudio es critico
del término garantías que utilizaba la Constitución antes de la reforma, al calificarlo de
anacrónico al mismo tiempo que siempre ha
postulado su preferencia por el de derechos
humanos. En cambio, el Doctor Burgoa Orihuela defiende su predilección por el términotudios jurídicos en homenaje a Felipe Tena Ramírez, Editorial
Porrúa, México, 1999, pp. 146 y 147.
8	Vid. Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 3ª edición, Editorial Porrúa-UNAM-CNDH, México,
2009, pp. 85-89.
9	Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías individuales, parte general, 2ª edición, Edición PJF-SCJN, México,
2005, p. 49.www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDI2012 AGOSTOCO43CONTENIDOJURÍDICOgarantías individuales, porque es el más adecuado a su percepción jurídica. Pero independientemente de las apreciaciones citadas, lo
que tenemos que hacer es determinar cuál se
apega más al régimen constitucional mexicano ahora con la reforma.
2.2. Derechos humanos y garantías
obstante lo expuesto líneas antes,
la realidad es que la reforma constitucional vino a generar más confusión que
una auténtica solución entre las posturas citadas. Dicho sea de paso, parece que ambas
percepciones doctrinales y de acuerdo con las
opiniones de sus seguidores, es que han sido
reafirmadas sus respectivas tesis, pues por un
lado el jurista (y discípulo de Burgoa), Alberto
del Castillo del Valle, señala que la idea que
ahora se quiere imponer en México sobre el
concepto de “garantía”, es erróneo, porque en
realidad, a lo que se ve ahora como “garantía”, es el medio de defensa o control constitucional, como lo es el juicio de amparo, bajo
la premisa de que todas las personas pueden
ejercer sus derechos humanos sin necesidad
de solicitar la protección de los tribunales, ya
que la Carta Magna garantiza ese ejercicio y
solamente cuando esa garantía se viola es que
puede enderezarse uno de los procesos de
defensa de la Constitución, en la inteligencia de
que hay derechos humanos no protegidos por
la Constitución, ya que no hay garantía que los
resguarde frente a las autoridades, por lo que
en esos supuestos, la persona carece del medio de protección del derecho humano frente
a la autoridad estatal.10No10	Del Castillo del Valle, Alberto, Derechos humanos, Garantías
y Amparo, 2ª edición, Ediciones Jurídicas Alma, S.A. de C.V.,
México, 2011, pp. 105 y 106.44AGOSTO 2012Por su parte, Héctor Fix-Zamudio sostiene que el nuevo texto del artículo primero
de nuestra Constitución Federal, renueva de
manera radical el precepto anterior en varios
sentidos, todos ellos significativos. Además
de sustituir, como se ha dicho, el nombre
decimonónico de garantías individuales por
el actual de derechos humanos, retorna conceptualmente, tal vez sin hacerlo de manera
consciente, a la orientación del derecho natural imperante en la Ley Suprema anterior
de 1857, al utilizar el verbo reconocer en lugar
del de otorgar (es decir, establecer, consagrar)
dichos derechos, lo que significa que los mismos se atribuyen a la naturaleza de la persona
y por tanto, se consideran preexistentes a la
comunidad política.11
No obstante lo anterior, en nuestro
concepto, reiteramos, es necesario acudir al
sistema constitucional por encima de la apreciación ideológica de cada autor para determinar el sentido que en torno al concepto
de “garantías” adopta nuestra Constitución.
En este contexto, la Ley Fundamental se intitula en su parte dogmática “De los derechos
humanos y sus garantías”, lo que en forma
inmediata nos colocaría en la idea de que las
garantías son sustantivas y no procesales o de
naturaleza similar, puesto que en dicho título
no se encuentra regulado el juicio de amparo
o algún otro instrumento de defensa predominantemente procesal o “defensista”, sino el
apartado relativo al régimen jurídico-sustantivo de protección de los derechos humanos
del gobernado.12
11	Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Reformas constitucionales mexicanas de junio de 2011”, en El juicio de amparo, a 160 años
de la primera sentencia, Op. Cit., p. 438.
12	Una interpretación contraria a nuestro punto de vista, es
la manifestada por Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien
menciona que la alusión al término “garantías” no tiene niRevista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCPor su parte, el artículo 1º ahora reconoce los derechos humanos y que según lo
mencionamos, en opinión de Fix-Zamudio,
comprende una reforma trascendental, porque con el vocablo reconocer implícitamente
el nuevo precepto constitucional parte del
concepto iusnaturalista de que los derechos
del hombre se apoyan en la idea de que son
inherentes a la persona, y la comunidad política está obligada a reconocerlos.13 Luego, dicho autor se adscribe con su interpretación a
la tesis naturalista de los derechos aunque no
precisamente a la noción de Burgoa que vimos líneas antes. Pero no obstante ello, confirmaríamos la tesis tripartita y no la dualista,
dado que los derechos humanos al ser reconocidos, entonces, serían independientes a la
existencia del Estado y por lo tanto, la Constitución y los tratados internacionales estarían asegurando (garantizando) mediante su
reconocimiento a los derechos humanos del
gobernado frente al atropello estatal, además
que la fracción I del artículo 103 constitucional no puede aceptar otra interpretación, a
menos que se vuelva contradictorio, ya que
dicho numeral señala lo siguiente:
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que
se suscite:
I. Por normas generales, actos u omi-siones de las autoridades que violen los
derechos humanos reconocidos y las
garantías otorgadas para la protección
por esta Constitución, así como por los
tratados internacionales de los Estados
Unidos Mexicanos (...)
En su caso, si la garantía es por antonomasia el amparo, entonces el artículo se
leería indicando que los Tribunales también conocerán de las violaciones al juicio de amparo,
lo que es completamente ilógico. El mismo
inconveniente tendría lugar en el caso del
tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución, pues ahora todas las autoridades tienen,
entre otras obligaciones, el deber de garantizar los derechos humanos, pero esto no sería
jurídicamente posible, porque no todas las
autoridades conocen del juicio de amparo al
que se le quiere atribuir predominantemente
la acepción de garantía.14
Pero independientemente del discernimiento anterior y de lo dicho por los autores
citados, a nuestro juicio, ambas teorías podrían conciliarse si no fueran reduccionistas
sobre la comprensión del término “garantías
de los derechos humanos”, superando, claro
está, todo prejuicio doctrinal, ya que la palabra “garantía” desde el punto de vista constitucional de ningún modo autoriza una interpretación limitativa, pues fácilmente podríadebe dársele el significado tradicional, sino el moderno, de
medios constitucionales para la protección de los derechos
humanos en especial de tipo judicial. Sin embargo, dicho
investigador se abstiene de ofrecer mayor explicación para
justificar su dicho, más que la consideración de que “existen
en nuestro país ciertas inercias muy arraigadas que ha sido
difícil vencer para dejar atrás”. Cfr. Carmona Tinoco, Jorge
Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos”
en La reforma constitucional de derechos humanos, un nuevo
paradigma, (Coord. Miguel Carbonell y Pedro Salazar), Editorial Porrúa, México, 2012, pp. 43 y 44.
13	Fix-Zamudio, Héctor, Op. Cit. p.436.14	Nos referimos al juicio de amparo como la garantía por
antonomasia, porque también se incluye dentro del concepto “moderno” de garantías a otros instrumentos de
defensa, por ejemplo, al ombudsman, pero estas implicaciones extensivas en realidad dan cuenta de las desavenencias del modelo que al parecer se pretende adoptar
en torno al concepto de garantías, porque entonces todas
las autoridades sin excepción se constituirían en especies
de ombudsman, aunado a que los Tribunales de la Federación conocerían, en términos de la fracción I del artículo
103 constitucional, de las violaciones al ombudsman, lo que
igualmente resuena ilógico.www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDI2012 AGOSTOCO45CONTENIDOJURÍDICOaceptarse la existencia de garantías sustantivas y procesales de los derechos humanos,
pero también aceptamos que tal vez esto no
sea posible ideológicamente.15
Sin embargo, tal percepción de los derechos y sus garantías, al ser integradora,
permite superar viejas disputas conceptuales,
puesto que los derechos humanos comprenderían a aquéllos que son inherentes al ser
humano, determinados individual, social y
colectivamente, en tanto que sus garantías
constituirían, precisamente, el estatuto de tutela sustantivo y procesal de dichos derechos
a favor del gobernado, mediante la imposición de limites, permisiones, obligaciones y/o
prohibiciones al quehacer gubernamental, y a
través de los diversos instrumentos (jurisdiccionales o no) que la Constitución y los tratados internaciones prevén para su defensa .1615	El argumento de apelación predominante por el término
garantía en sentido procesal, se ha sustentado con base a
la “modernidad” que supuestamente dicho concepto tiene, pero ello no necesariamente implica su corrección o
veracidad. Además, debe recordarse que el propio término “garantías” ha sido utilizado con significaciones distintas
en la teoría del derecho, por lo que no se justifica que el
uso de la palabra en estudio tenga que referirse siempre y
por “modernidad” a su acepción procesal como lo hacen
la “mayoría de las legislaciones”, pero esto, incluso, sigue
siendo discutible, toda vez que existen estudios bastante
serios sobre el tema que confirman el uso de ambas terminologías en textos normativos en todo el mundo. Curiosamente los defensores de ambas posturas lo han explicado
con cierta profundidad en sus respectivos trabajos, como
sucede en las obras de Héctor Fix Zamudio (Estudio de la
defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano) y
de Alberto del Castillo del Valle (Derechos humanos, garantías y amparo) cuyo texto remitimos para su conocimiento.
16	Otro ejemplo que nos parece recomendable para efectuar
una interpretación adecuada del concepto de garantías
nos lo ofrece el maestro Julio César Contreras Castellanos,
como el régimen constitucional que tutela a los derechos
fundamentales del gobernado frente a las autoridades del
Estado, mediante la imposición de obligaciones, límites,
prohibiciones o permisiones condicionadas que dichas
autoridades deben observar cuando los gobernados (en
forma individual y colectiva) ejercen sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Cfr. Contreras
Castellanos, Julio César, Derecho constitucional, parte dogmática, Editorial MacGraw-Hill, México, 2010, p. 13.46AGOSTO 20122.3. Una visión integradora
base en lo expuesto hasta ahora, nos parece que estamos en
condiciones de observar la vinculación que
los derechos humanos tienen con los diversos procesos judiciales (constitucionales y
ordinarios) previstos en nuestro régimen jurídico. Lo expuesto servirá para entender la
suma de garantías jurisdiccionales que regula
el sistema normativo mexicano, y en los que
las garantías jurisdiccionales de tipo constitucional vienen a ser una especie de aquéllas.
En efecto, debe quedar claro que los derechos humanos no sólo son protegidos por
el juicio de amparo, sino por todo el ordenamiento jurídico y procesal del país. Tanto
las vías ordinarias, como las constitucionales,
son procesos jurisdiccionales de tutela de los
derechos humanos, pues como lo mencionamos en otra ocasión, la determinación de la
instancia reparadora de la afectación de los
derechos humanos será determinada en función del sujeto activo de la violación, ya que
cuando el acto de afectación provenga de la
autoridad, entonces nacerá para el gobernado la acción constitucional de amparo, y más
cuando el acto tenga su origen en el particular,
nacerá una acción del tipo civil, penal, laboral,
mercantil, etc., según dependa la materia sustantiva y procesal propia de la conculcación
y en su caso de su reparación.17 En suma, enConel campo procesal, cuando el acto trasgresor de derechos humanos tenga su origen
en el poder público, será controlado por los
instrumentos de control de constitucionalidad,
en tanto que cuando su fuente se encuentre en un poder privado entonces la instancia17	Vid. Medina Rodríguez, Julio César, Derecho constitucional
mexicano, Editorial Pacj, México, 2012, p. 369.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCreparadora será una vía jurisdiccional de tipo
ordinario o no constitucional.
Esto es así, porque tenemos que apreciar que en el primer caso, todo acto de autoridad nace con cierta presunción de constitucionalidad derivada del ejercicio del poder
público que se estima legítimo pero no por
ello arbitrario o incuestionable, siendo este
motivo justamente, el que engendra la acción
tutelar de amparo para cuestionar su constitucionalidad y en su caso modificar o revocar
el acto, lo que obviamente no sucede en las
Usando nuestra apreciación de derechos
humanos y su sistema de garantías, diremos
que las vías procesales ordinarias previstas en
la ley, al defender o salvaguardar las violaciones
de derechos humanos que se suscitan en las
diversas relaciones sociales de coordinación
que el orden jurídico permite, provoca que se
erijan naturalmente en garantías jurisdiccionales
de los derechos humanos pero de tipo ordinario, a
diferencia de lo que ocurre con el juicio de amparo que se erige en una garantía jurisdiccional
pero de diverso carácter, es decir, de tipo constitucional, porque a través de éste se cuestiona la
constitucionalidad de un acto de poder que al
parecer es autorizado por la Ley Fundamental
y que es capaz de crear, modificar y/o extinguir
situaciones jurídicas de los gobernados bajo
los fines y valores que su praxis implica.
Es así que encontramos el germen del
concepto de autoridad dentro del Estado
Constitucional de Derecho, que implica, ante
todo, la condición connatural de decidir y
mandar para realizar los fines propios de una
organización social y política como lo es el
Estado, es decir, implica el poder de dirección
no en beneficio directo de sus detentadores,
sino de los receptores de su ejercicio, a ellos aquienes habitualmente llamamos gobernados.
Es evidente, entonces, que no es la fuerza la
que funda el derecho, sino este último el que
legitima o justifica el monopolio y uso de la
fuerza; pues como afirmaba sabiamente von
Ihering, “si el derecho sin la fuerza es impotencia, la fuerza sin el derecho es la barbarie”.
Poder político es, por tanto, autoridad de un
gobierno legítimo para establecer y aplicar el
ordenamiento obligatorio de un pueblo organizado como Estado, con la facultad de imponerlo si es preciso por medios coercitivos.18
De esta manera, toda vía de control de
constitucionalidad nace para “controlar” los
actos de autoridad y no de los particulares,
porque entonces de no advertir tal naturaleza
de los medios de control de constitucionalidad, se arribaría al absurdo de que las vías
procesales ordinarias también son medios
de control de naturaleza constitucional. Por
ello, es fundamental la percepción de que el
ejercicio del poder público y sus respectivos
instrumentos de control juegan en el Estado
Constitucional. Luego entonces, debe advertirse tan sólo, sobre esta guisa, que el poder
del Estado prohíbe e impide el ejercicio de la
autotutela, es decir, del derecho de hacerse
justicia por propia mano, eliminando con ello
la configuración de la ley del derecho del más
fuerte, convirtiéndose de esta forma en el garante de los derechos humanos en las relaciones entre particulares, pero también y como
lo indicara Montesquieu, “el poder debe detener al poder”, esto cuando se torna arbitrario o se abusa de él, y es aquí, precisamente,
en donde se configuran los denominados sistemas de control de constitucionalidad.www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDICO18	Preciado Hernández, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, Editorial Porrúa, México, 2008, p. 262.2012 AGOSTO47CONTENIDOJURÍDICOCon lo expuesto, nos parece que la reforma constitucional de derechos humanos
adolece de graves vicios de redacción, lo que
ha permitido sostener la concurrencia de interpretaciones dispares sobre los derechos
humanos y sus garantías. Tal controversia,
además, ha sido llevada al campo de la teoría
del derecho a fin de replantear la terminología adoptada en torno a dichos conceptos,
sin embargo, ello tampoco ha resuelto el problema de manera completamente satisfactoria, veamos un ejemplo.
3. El tema en la teoría del derechoEnel caso de la teoría del derecho,
el jurista italiano Luigi Ferrajoli ha
propuesto un modelo de protección de los derechos fundamentales muy
difundido y bastante explorado en la doctrina nacional e internacional. En dicho modelo
sostiene que son derechos fundamentales
todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres
humanos en cuanto dotados del status de
personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar.19 En tal sentido, nuestro autor distingue entre derechos fundamentales
y garantías, haciendo hincapié en que dichos
conceptos no deben ser confundidos, ya que
es viable la existencia de los derechos con independencia de sus garantías. Lo que explica
en el propio modelo garantista, a través de la
19	Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías, la ley del más débil, 5ª
edición, Trad. Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi,
Editorial Trotta, Madrid, 2006, p. 37. El propio autor aclara
su concepto indicando que entiende por “derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no lesiones) adscrita a un sujeto por una norma
jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva como presupuesto
de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o
autor de los actos que son ejercicio de éstas.48AGOSTO 2012propuesta de llamar garantía a toda obligación correspondiente a un derecho subjetivo,
entendiendo por ‘derecho subjetivo’ a toda
expectativa jurídica positiva (de prestaciones)
o negativa (de no lesiones).20
En tal contexto, Luigi Ferrajoli distingue, a
su vez, entre garantías positivas y garantías
negativas, según que resulte positiva o negativa la expectativa garantizada, indicando:
Llamaré garantías primarias o sustanciales
a las garantías consistentes en las obligaciones o prohibiciones que corresponden
a los derechos subjetivos garantizados.
Llamaré garantías secundarias o jurisdiccionales a las obligaciones, por parte de los
órganos judiciales, de aplicar la sanción o
de declarar la nulidad cuando se constaten, en el primer caso, actos ilícitos y, en
el segundo, actos no válidos que violen los
derechos subjetivos y, con ellos, sus correspondientes garantías primarias.21
De esta suerte, nuestro autor pretende dejar atrás el esquema tradicional que
indicaba que todo derecho impone en correlación un deber u obligación, pues como
señala el propio Ferrajoli, este planteamiento
confunde indebidamente los derechos con sus
garantías; las cuales, sean primarias o secundarias, cuando se refieren a derechos fundamentales, requieren siempre, para su existencia, ser
introducidas mediante normas distintas de las
que sancionan los derechos que garantizan.22
Por ejemplo, en ausencia del derecho penal no
existiría, cuando menos en virtud del principio
20	Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, edición de Miguel
Carbonell, 2ª edición, Editorial Trotta, Madrid, 2010, p. 63.
21	Vid. Ibidem. p.64.
22	Idem. p. 72.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCde legalidad penal, garantía primaria de ninguno de los derechos tutelados por él, a comenzar por el derecho a la vida. De faltar la norma
que prohíbe la privación de libertad sin mandamiento motivado de la autoridad judicial no
existiría la garantía primaria de la libertad personal. De forma aun más evidente, en defecto
de normas sobre la jurisdicción, no existirían
garantías secundarias para ningún derecho.23
Sin embargo, nos parece que puede
existir dentro de este modelo garantista propuesto por Ferrajoli un problema hasta ahora
poco explorado, el cual puede presentarse en
el caso inverso, en el que exista, por ejemplo,
la prohibición de la afectación al derecho a la
vida, a través de la regulación del homicidio
en el Código Penal (garantía primaria) y el
correspondiente instrumento procesal de aplicación de la pena aplicable al caso (garantía
secundaria), pero faltara en la Constitución o
en los tratados internacionales una referencia
normativa (expectativa) que ordenara la protección a la vida. Entonces, el efecto sería que
las “garantías” existirían pero no el derecho
fundamental, por lo que parecería que el papel que las primeras jugarían en este caso, sería del todo fútil o estéril, pues las garantías no
dependerían directamente del derecho recogido
en la norma constitucional o internacional, sin
embargo, ello no nos resultaría una respuesta
satisfactoria, salvo el caso de que asumiéramos
una postura del todo normativista o iuspositivista respecto de los derechos fundamentales.
Creemos que una respuesta idónea al
problema planteado sería más atendible, si
acudiéramos a un criterio diverso para asumir
conceptualmente la existencia de los derechosfundamentales y sus respectivas garantías. Nos
referimos a la tesis que distingue entre derechos morales y derechos institucionales, pero sin
que esto implique la adopción necesaria de
alguna tesis iusnaturalista. En efecto, como lo
indica el maestro Juan Antonio Cruz Parcero,
para las corrientes iusnaturalistas, el hecho de
que haya derechos naturales o morales los
hace ya jurídicos dado que estas corrientes no
distinguen entre derecho y moral. Pero para
quienes aceptan la separación entre derecho y
moral, la relación de los derechos morales con
un sistema jurídico sería contingente, al menos
en el sentido en que decimos que puede haber
derechos morales que no estén jurídicamente
reconocidos y, a su vez, derechos jurídicos que
no sean derechos morales.24
De esta manera, se puede observar que
los derechos institucionales serían aquellos derechos conferidos por normas jurídicas, por
normas de una moral positiva, por reglas sociales o por cualquier regla de alguna organización o corporación. Los derechos institucionales son creaciones humanas, creaciones
sociales. Al ser creados en principio, no importa su contenido, podría decirse que son
independientes del contenido. Los derechos
morales son aquéllos cuya existencia no se deriva de ningún acto de promulgación y no son
susceptibles de ser alterados por voluntad humana, son aquéllos que son reconocidos más
que inventados o creados. En este sentido son
también un producto social, es decir, su reconocimiento depende de nosotros pero su
existencia en cuanto razones no depende de
un acuerdo o convención social.25
En consecuencia y en vista de lo antes23	Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías, la ley del más débil, Op.
Cit., p. 62.24	Cfr. Cruz Parcero, Juan Antonio, El lenguaje de los derechos,
Editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 66.
25	Ibidem. pp. 53 y 54.www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDI2012 AGOSTOCO49CONTENIDOJURÍDICOexpuesto, es claro que la idea de la ausencia
del derecho fundamental planteada en nuestro ejemplo sería superada, si aceptamos la
existencia de los derechos morales con distinción de los derechos institucionales, pues
con ello se dejaría en evidencia que las garantías en el problema planteado, en efecto,
protegen a la vida pero entendida como derecho moral y no como derecho institucional.
Así, podríamos hablar sin ningún prejuicio de
derechos reconocidos (jurídicos) y no reconocidos (morales), que sin embargo en ambos casos serían vinculantes con las garantías
primarias y secundarias diseñadas por Luigi
Ferrajoli. De modo que como lo indica Don
Juan Antonio Cruz Parcero, tener un derecho
es el resultado de estar en una posición moral
o jurídica que justifica el reclamar o hacer algo
o imponer a otros deberes.26 Por lo tanto, es
indudable que los derechos (institucionales)
son en cierto sentido garantías: cuando un
derecho se positiva (se legaliza), se convierte
en una garantía jurídica de un valor o de un
derecho moral. Por ello se suele decir de los
derechos que son garantías y de los derechos
constitucionales que son garantías fundamentales. El mero reconocimiento jurídico es entonces ya una primera forma de garantía.27
Luego entonces, nos parece que la comprensión del reconocimiento de los derechos
humanos que emplea el artículo 1º constitucional es completamente compatible con una
visión amplia y no reduccionista del término
garantías, que tiene su origen en la protección
de los derechos humanos a partir de su análisis como derechos morales, esto a despecho
26	Ibidem. p. 70
27	Cfr. Cruz Parcero, Juan Antonio, “Cinco puntos para una
teoría analítica de los derechos”, en Normas, razones y derechos, edición de Rodolfo Vázquez, Editorial Trotta, Madrid, 2011, p. 320.50AGOSTO 2012de quienes sostienen que la única o verdadera garantía de los derechos fundamentales
es el juicio de amparo.28 Incluso ello revela
que los derechos fundamentales positivizados
no necesariamente se corresponden con un
valor o con un derecho moral, como usualmente se ha sostenido. Aunque sobre este
tema ya no podemos ahondar aquí.
4. ConclusionesEn vista de lo expuesto, nos parece que,
aunque en la dogmática como en la teoría
del derecho, el uso del término “garantía”
viene ha constituir una expresión polémica,
pues tiene como común coincidencia la idea
central de que las garantías protegen a los
derechos humanos, sea esto en su dimensión
sustantiva (obligaciones o prohibiciones) o en
su dimensión adjetiva (procesal). Lo expuesto
entonces demuestra lo errático de las posturas que reducen la comprensión del concepto a una sola de sus dimensiones (sustantiva
o adjetiva), siendo esta causa, precisamente,
la que en cierta forma ha venido hasta cierto punto a polarizar la discusión, por lo que
la coincidencia del uso de la voz “garantía”
28	De hecho, el propio Luigi Ferrajoli, siguiendo la opinión
expuesta por Michelangelo Bovero en torno a la relación
entre los derechos fundamentales y sus garantías, encuentra que de los primeros se deduce implícitamente una
obligación a la que califica de garantía débil, misma que
comprende la obligación de introducir las garantías correspondientes en el derecho estipulado, indicando que: “Es
precisamente esta obligación -la obligación de una legislación de desarrollo, que consiste en la introducción de las
garantías primarias y secundarias ausentes- la que completa
la garantía constitucional positiva de los derechos constitucionalmente establecidos (…) Como bien ha indicado
Michelangelo Bovero, sí que existe una obligación, y es precisamente la de introducir las garantías correspondientes
en el derecho estipulado. Esta obligación de una legislación
de aplicación, precisamente, es la garantía constitucional
positiva primaria de los derechos constitucionalmente establecidos. Se trata, ciertamente, de una garantía débil (…)”.
Vid. Ferrajoli, Luigi, et al, La teoría del derecho en el paradigma constitucional, Editorial Cajica, México, 2009, p. 88.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCtiende a desvanecerse cuando cada autor
antepone ortodoxamente su pensamiento al
de los otros, haciendo de la controversia un
tema tristemente ideológico.Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, edición de Miguel Carbonell, 2ª edición, Editorial Trotta, Madrid, 2010.
— Derechos y garantías, la ley del más débil, 5ª
edición, Trad. Perfecto Andrés Ibáñez y
Andrea Greppi, Editorial Trotta, Madrid,
— et al, La teoría del derecho en el paradigma
constitucional, Editorial Cajica, México,
Fix-Zamudio, Héctor, Estudio de la defensa de
la constitución en el ordenamiento mexicano, 2ª edición, Editorial Porrúa, México,
— “La defensa de la Constitución en México
y en pensamiento de Felipe Tena Ramírez”, en Estudios jurídicos en homenaje
a Felipe Tena Ramírez, Editorial Porrúa,
— “Reformas constitucionales mexicanas de
junio de 2011”, en El juicio de amparo, a
160 años de la primera sentencia, (Coord.
González Oropeza Manuel y Eduardo
Ferrer Mac-Gregor) Tomo I, UNAM-IIJ,
Medina Rodríguez, Julio César, Derecho constitucional mexicano, Editorial Pacj, México,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las
garantías individuales, parte general, 2ª
edición, Edición PJF-SCJN, México, 2005.5. BibliografíaBurgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 37ª edición, Editorial Porrúa, México, 2004.
Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales
en México, 3ª edición, Editorial PorrúaUNAM-CNDH, México, 2009.
Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La reforma y
las normas de derechos humanos” en La
reforma constitucional de derechos humanos, un nuevo paradigma, (Coord. Miguel
Carbonell y Pedro Salazar), Editorial Porrúa, México, 2012,
Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, 8ª
edición, Editorial Porrúa, México, 2003.
Contreras Castellanos, Julio César, Derecho
constitucional, parte dogmática, Editorial
MacGraw-Hill, México, 2010.
Cruz Parcero, Juan Antonio, “Cinco puntos
para una teoría analítica de los derechos”, en Normas, razones y derechos,
edición de Rodolfo Vázquez, Editorial
— El lenguaje de los derechos, Editorial Trotta,
Del Castillo del Valle, Alberto, Derechos humanos, Garantías y Amparo, 2ª edición,
Ediciones Jurídicas Alma, S. A. de C. V.,
México, 2011.www.tepantlato.com.mxONTENIDOJURÍDI2012 JULIOCO51UNIVERSIDAD TEPANTLATOConocenuestrosDoctorados
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Turno vespertino: 18:00 a 22:00 hrs.
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Informes@universidadtepantlato.edu.mxRVOE: 20120878Promoción:
Conocimiento de Inglés básico-intermedio
(No impartido por la Universidad)
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Y AL DERECHO.Nuestro periodo de inscripción se
académica.revista@tepantlato.com.mxPLAN DE ESTUDIOS
Prevención del delito	•	2o semestre
Metodología jurídica•	•	•	•	3er semestre
•	Derecho civil II
•	Historia del derecho
•	Deontología jurídica
•	Teoría política
Derechos humanos	•	•	•	•	•	•	5o semestre
de menores	•	•	6o semestre
del derecho penalwww.tepantlato.com.mx•	•	•	•	Práctica forense
Derecho canónico	•	•	•	•	•	7o semestre
Régimen jurídico derecho
Legislación sanitaria•	8o semestre
•	Derecho de amparo
•	Derecho del trabajo II
•	Derecho de la
•	Derecho del deporte
Práctica forense de derecho
Medicina forense	•	•	•	•	•	•	10o semestre
Proyecto de investigaciónPlanta docente
Dr. Armando Valdez Rodríguez	Distinguido abogado postulante con maestría y doctorado en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrados en Derecho.
Dr. José Refugio Vite PalmaDistinguido abogado postulante, egresado del doctorado en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato.
Dr. Mauro Morales SánchezJuez Treinta Penal de Delitos No Graves, doctorando en
Dr. Raúl García DomínguezSecretario del Juzgado Treinta y Nueve en Materia
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, egresado del doctorado en Ciencias Penales de la
Lic. Alfredo Yáñez PérezLicenciado en filosofía, egresado de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM.
Lic. Ánjel Molina MartínezDistinguido abogado postulante, realizando estudios de maestría en Derecho Civil en la Universidad
Lic. Eduardo Aristeo Torres SánchezDistinguido abogado postulante, egresado de la
Lic. Enrique González CerecedoEgresado de la Facultad de Derecho de la UNAM e
investigador de la Universidad Tepantlato.
Lic. Fernando Montiel OrtízSubdirector de Análisis Jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizando estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.
Lic. Patricia Gómez RíosDistinguida abogada postulante.
Lic. Manuel LimaDistinguido abogado postulante2012 AGOSTO55Planta docente de la
Lic.Víctor Manuel Morales PozoLic. Raúl Alcantar EstradaDistinguido abogado postulante.Distinguido abogado postulante, realizando estudios de
maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.Lic. Hugo Morales de la RosaJuez Oficial Administrativo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, realizando
Universidad Tepantlato.Lic. Ricardo Brígido MorenoDistinguido abogado postulante.
Lic. Roxana Trigueros OlivaresDistinguida abogada postulante.
Lic. Jazmín Arellano MendozaSecretaria Proyectista del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito.Mtra. Carmen Margarita Villar ReyesLicenciada en Sociología con maestría en Ciencias
Penales y especialización en criminología.Lic. Juan Manuel Gutiérrez GuerecaDistinguido abogado postulante, realizando estudios
de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.Mtra. Johana P. Robles CarrilesLic. Julio César Medina RodríguezMtra. Miriam Eliud Huerta GutiérrezDistinguido abogado postulante, realizando estudios
de maestría en Derecho Constitucional en la UNAM.Distinguida abogada postulante, egresada de la
maestría en Derecho de Amparo de la Universidad
Tepantlato.Distinguida abogada postulante, doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.Lic. Marco Antonio Pérez VargasSecretario de Juzgado Sexto de Amparo Penal del
Lic. María Eugenia Peñaloza MacíasJuez Penal Oral de Cuantía Menor de Chimalhuacán,
egresada de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato y realizando estudios de maestría
en Derecho de Amparo en la misma Universidad.Distinguida abogada postulante, realizando estudios de
maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.Mtra. Mónica Nava de ÁvilaLic. Martín Gutiérrez del MonteDistinguida abogada postulante, doctorando en Derecho Constitucional.Distinguido catedrático realizando estudios de maestría
en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.Mtra. Nadia Ángeles Velazquillo SánchezLic. Mayela Cortéz LópezDistinguida abogada litigante, cursando la maestría
en Derecho Civil.Distinguida abogada postulante, realizando estudios de
maestría en Derecho Civil en la Universidad Tepantlato.Mtro. Apolonio Fuentes AmbrízLic. Omar Escartín GarridoDistinguido abogado postulante, realizando estudios
de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.
Lic. Pedro López HernándezSupervisor de la Dirección de Justicia Cívica, realizando estudios de maestría en Ciencias Penales en la
Universidad Tepantlato.56Mtra. Mónica Mellado TapiaAGOSTO 2012Distinguido abogado postulante, realizando estudios
de maestría en Ciencias Penales en la Universidad
Mtro. David Salvador López SotoSecretario de Juzgado del Octavo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito del Poder
Judicial de la Federación, maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxPlanta docente de la
Mtro. Esli Josué Domínguez de la OMtro. Jorge Manuel Orona NegreteDistinguido abogado postulante, egresado de la
maestría en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato y doctorando en Ciencias Penales en la misma Universidad.Distinguido abogado postulante, egresado de la
misma Universidad.Mtro. Héctor Antonio Ruíz ÁngelMtro. José Luis López PérezAsesor en la Comisión de Aduanas en la Cámara de
Diputados, doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.Abogado postulante, egresado de la maestría en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato.
Mtro. Juan Manuel Alcantar MendozaMtro. Héctor Hugo Negrete GaliciaDistinguido abogado postulante, realizando estudios
de maestría en Derecho Penal en la Universidad Tepantlato.
Mtro. Holbin Pérez LópezSecretario Proyectista del Juzgado 79 en Materia Civil
del TSJDF.Distinguido abogado postulante, egresado de la maestría en Derecho Civil de la Universidad Tepantlato.
Mtro. Marco Antonio Negrete GaliciaDistinguido abogado postulante, con especialidad en
Ciencias Penales y egresado de la maestría en Derecho de Amparo de la Universidad Tepantlato.
Mtro. Martín Torres ContrerasMtro. Isaac Ortíz NepomucenoSecretario Proyectista de Juzgado de Paz Adscrito al
Juzgado Cuadragésimo Tercero de Paz Civil del Distrito Federal.Distinguido abogado postulante, egresado de la
Mtro. Óscar Daniel Flores RamírezMtro. Iván Ojeda SalazarSecretario Proyectista Adscrito a la Novena Sala en
Mtro. Javier Bautista VilchisDistinguido abogado postulante, realizando estudios
de maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato.Distinguido abogado postulante, realizando estudios
Mtro. Sergio Cárdenas CaballeroDistinguido abogado postulante, egresado de la
maestría en Ciencias Penales de la Universidad Tepantlato y doctorando en Ciencias Penales en la misma Universidad.
Mtro. Ubaldo Jesús Serrano GarcíaSubdirector de Procesos y Procedimientos Fiscales de
Mtro.Víctor Iván Ramos SolísDistinguido abogado postulante, doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.www.tepantlato.com.mx2012 AGOSTO57UNIVERSIDAD
T E PA N T L AT ONuestros MAESTROS COMPARTEN GENEROSAMENTE SUS CONOCIMIENTOS, SIN
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REVOE 20120881REVOE 20120883REVOE 20120882Nuestro periodo de inscripción
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privilegiamos la calidad y la excelencia académica.REVOE 20120880Documentación:
totales de licenciatura y 3 copiasProceso de selección 2013/1
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Plan de estudios en 4 semestresNuestro claustro de maestros está conformado por
especialistas en cada una de las materias de nuestras maestrías y cuentan con amplia trayectoria en
la función pública como lo son: Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Jueces
y Magistrados del Poder Judicial de la Federación,
así como abogados postulantes especialistas en la
materia, distinguidos académicos e investigadores
de la Universidad Tepantlato.Multilínea: 5564•8373
Informes@universidadtepantlato.edu.mxrevista@tepantlato.com.mxPlanta docente de la maestría
en DERECHO DE AMPARO
Dr. Jorge Mario Pardo RebolledoMinistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Dr. Ricardo Romero VázquezMagistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Segundo Circuito.Dr. Humberto Manuel Román FrancoMagistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.Mtro. Fernando Sánchez CalderónMagistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.Mtro. Neófito López RamosMagistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito.Mtra. Angélica Marina Díaz PérezMagistrada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.Dr. Gonzalo Hernández CervantesMagistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.Mtro. Felipe V. Consuelos SotoDr. Juan Carlos Ortega CastroDr. Alejandro Sosa OrtizMtro.Víctor Francisco Mota CienfuegosDr. Miguel Enrique Sánchez FríasDr. Julio Humberto Hernández FonsecaMtra. Ma. Gabriela Rolón MontañoMtro. Juan Wilfrido Gutiérrez CruzMtro.Víctor Manuel Méndez CortezMagistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Segundo Circuito.
Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Material Penal del Primer Circuito.Juez Décimo Primero de Distrito Civil.
de Trabajo del Segundo Circuito.
Magistrado del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl.
Naucalpan, Estado de México.Mtro. Felipe Alfredo Fuentes BarreraMagistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Segundo Circuito.Mtro.Víctor A. Romero HernándezJuez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal (Reclusorio Sur).Mtro. Óscar Alejandro López CruzJuez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución
de Penas con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y Jurisdicción en toda la República
Mexicana. Doctorando en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato.www.tepantlato.com.mxMtra. Mónica Ibarra GonzálezMaestra en Desarrollo y Planeación Pedagógica.2012 AGOSTO59Planta docente de la maestría
Mtra. Martha Patricia Martínez MárquezMaestra en Formación Docente.Mtra. Margarita Gallegos LópezJuez Vigésimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtro. José Antonio Navarrete HernándezJuez Cuarto en Materia Familiar del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal.Mtra. Rebeca Florentina Pujol RosasMagistrada de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtro. Óscar Gregorio Cervera RiveroMagistrado de la Segunda Sala Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtro. David Suarez CastilloFiscal Central de Investigaciones para Menores de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.Mtro. Óscar Barragán AlbarránSecretario Proyectista de la Sala Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtro. Germán Felipe Campos MierJuez Vigésimo Cuarto del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.Mtro. Eduardo García RamírezJuez Trigésimo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtra. María de Jesús Jacaranda Solís LedezmaJuez Vigésimo Segundo en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtro.Víctor Manuel Rocha SeguraJuez Décimo Cuarto en Materia Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtra. Gloria Rosa Santos MendozaJuez Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtra. María Teresa Cruz AbregoMaestra en Derecho Familiar, distinguida Investigadora de la Universidad Tepantlato.Mtro. José de Jesús Alcaraz OrozcoSecretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.Mtro. Eduardo Vélez ArteagaJuez Décimo Tercero en Materia Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Mtro. José de Jesús Delgado GonzálezSecretario Actuario de la Segunda Sala Familiar.Mtra. María Elena Ramírez SánchezJuez Vigésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.60AGOSTO 2012Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxPlanta docente de la maestría
Dr. Raúl García DomínguezDistinguido catedrático de la Universidad Tepantlato.
Mtro. Eliseo Juan Hernández VillaverdeJuez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior
Mtro. Edmundo Vásquez MartínezJuez Quincuagésimo Octavo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Mtra. Martha Patricia Martínez MárquezMtro. Iván Ojeda SalazarSecretario Proyectista Adscrito a la Novena Sala en
Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Mtra. María Elena Galguera GonzálezJuez Primero en Materia Civil del Tribunal Superior de
Dr. Juan Carlos Ortega CastroMagistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Segundo Circuito.Maestra en Formación Docente.Mtro. Fernando Rangel Ramírez
Mtro. Juan Ángel Lara LaraJuez Décimo Quinto de Paz Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal.Magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia
Mtra. Carmen Margarita Villar ReyesMtra. Minerva Tania Martínez CisnerosJuez Tercero de Paz Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Licenciada en Sociología con maestría en Ciencias
Penales, especializada en Criminología.
Mtro. Juan Hugo Morales MaldonadoMtra. María del Rocío Martínez UrbinaJuez Décimo Noveno en Materia Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Juez Septuagésimo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Mtro. Guillermo Álvarez MirandaJuez Sexagésimo Sexto de Paz Civil.www.tepantlato.com.mx2012 AGOSTO61Planta docente de la maestría
Dr. Juan Alejandro Suarez VelázquezDistinguido Investigador de la Universidad Tepantlato.Dr. Humberto Manuel Román FrancoMagistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.Dr. Mauro Morales SánchezJuez Trigésimo Penal de Delitos No Graves, doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad
Tepantlato.Dr. Ramón Alejandro Sentíes CarrilesDr. Leobardo Miguel Martínez SoriaMtro. Marcelino Sandoval MancioDr. Héctor González EstradaDr. Enrique Gallegos GarcilazoDr. Amado Azuara GonzálezMtro. Antonio Cortés MayorgaMagistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del
Juez Noveno de Adolescentes para Delitos Graves del
Distinguido catedrático de la Universidad Tepantlato.Magistrado de la Sexta Sala en Materia Penal del
Coordinador Responsable de la Agencia de Ministerios Públicos Auxiliares del Procurador.
Juez Vigésimo Tercero en Materia Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Dr. José Eligio Rodríguez AlbaJuez Quincuagésimo en Materia Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Dr. Nemecio Guevara RodríguezJuez Cuadragésimo Noveno de Paz Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Dr. Jesús Reyes HernándezJuez Octavo en Materia Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal.Dr. Ciro Betancourt GarcíaJuez Sexagésimo Cuarto de Paz Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Dr. Rafael Guerra ÁlvarezMagistrado de la Séptima Sala en Materia Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Dr. Héctor Pichardo AranzaMagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.Dr. Rodolfo García GarcíaEncargado del área de Asuntos Penales y Especiales
de la Procuraduría Federal del Consumidor.62AGOSTO 2012Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica UNIVERSIDAD
T E PA N T L AT ORVOE: 20120737Documentación:
totales de MaestríaNuestro periodo de inscripción
privilegiamos la calidad y la excelencia académica.Inscripción:
del 1 de agosto al 28 de septiembre
viernes de 7:00 a 9:00 hrs.
y sábados de 9:00 a 11:00 hrs.
www.universidadtepantlato.edu.mxPlanta docente deL
Dr. Alejandro Sentíes CarrilesMagistrado de la Sexta Sala en Materia Penal del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Dr. José Guadalupe Álvarez AlmanzaAgente del Ministerio Público Supervisor en Funciones
de Instructor del Instituto de Formación Profesional de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.Dr. Amado Azuara GonzálezDistinguido catedrático de la Universidad Tepantlato.Dr. Juan Alejandro Suárez VelázquezDistinguido catedrático de la Universidad Tepantlato.
Dr. Arturo Baca RiveraInvestigador de la Escuela Judicial del Estado de México.
Dr. Arturo Eduardo García SalcedoMagistrado de la Quinta Sala en Materia Penal del
Dr. Eligio Rodríguez AlbaJuez Quincuagésimo en Materia Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Dr. Leobardo Miguel Martínez SoriaMagistrado de la Segunda Sala en Materia Penal del
Dr. Mauro Morales SánchezJuez Trigésimo Penal de Delitos No Graves, doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad
Dr. Rafael Guerra ÁlvarezDr. Enrique Gallegos GarcilazoJuez Trigésimo Sexto en Materia Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal.Magistrado de la Séptima Sala en Materia Penal del
Dr. Rodolfo García GarcíaDr. Héctor González EstradaJuez Noveno de Adolescentes para Delitos Graves del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.Encargado del Área de Asuntos Penales y Especiales
Mtra. Ma. Rosario Ruiz GonzálezDr. Humberto Manuel Román FrancoMagistrado del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.Distinguida catedrática de la Universidad Tepantlato.
Dr. Raúl Gutiérrez ZamoraDistinguido catedrático de la Universidad Tepantlato.
Dr. José Antonio Yáñez RosasAsesor de Capacitación en la Procuraduría General
de la República.64AGOSTO 2012Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica revista@tepantlato.com.mxCORRESPONDENCIAXalapa-Enríquez, Veracruz, 4 de junio de 2012
de Egresados de la UNAM, FES Aragón, A.C.
Me es grato acusarle recibo de la revista TEPANTLATO, “Difusión de
la Cultura Jurídica”, XII Jornada de Actualización Jurídica, Análisis de
la Nueva Ley de Amparo, publicación número treinta y tres, mayo de
dos mil doce, cuya difusión se encuentra a su encargo.
El envío del ejemplar resulta interesante porque en él se abordan
temas de relevancia jurídica neo-constitucional, así como reflexiones
de nuevas metodologías de autoevaluación cognitiva del aprendizaje,
además del reconocimiento constitucional de acciones colectivas en
materia de relaciones de consumo de bienes y medio ambiente.
Me percato que los puntos que tratan despiertan la inquietud de
cambiar antiguos paradigmas jurídico-sociales, en aras de colegir
nuevos modelos de participación ciudadana, capaces de velar por
el ejercicio transparente del poder, observando un equilibrio en la
convivencia humana, y el auge de valores universales, además de la
optimización de mandatos constitucionales, y la amplitud del radio de
acción de los derechos humanos, consagrados en la Constitución y
en diversos pactos y convenciones internacionales, lo cual es benéfico
Los felicito por su esfuerzo y me permito informarle que dicho ejemplar será remitido a la biblioteca del Instituto de la Judicatura Federal,
Extensión Xalapa, que coordino.
Coordinador de la Extensión Xalapa del Instituto
de la Judicatura Federal
Sirvan estas líneas para agradecer el ejemplar de la revista TEPANTLATO, “Difusión de la Cultura Jurídica”, correspondiente al mes de
junio del año en curso, que tuvo a bien enviar al suscrito, misma que
resultó de gran interés en la consulta de los temas que se discuten en
los diversos foros jurídicos de la actualidad.
Si otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.
Mtro. Irving Barrios Mojica
de la Procuraduría General de la Repúblicawww.tepantlato.com.mx2012 AGOSTO65RTTe invito a leer un libroA66EYCULTURAZEN, su historia y enseñanzas
OSHOQuetzalcóatl. El hombre huracán
Lucie DufresneEl joven Orozco. Cartas de amor a una niña
Adriana MalvidoElEnTieneZen no es una religión, no es
un dogma, no es un credo. El
Zen ni siquiera es una búsqueda,
una indagación; es no-filosófico.
El fundamento del planteamiento Zen estriba en que todo es tal
como debe ser, no falta nada. En este
mismo momento todo es perfecto.
Osho ha sido uno de los místicos más conocidos y más provocadores del siglo XX. Su sabiduría es
legendaria, como también lo es su
habilidad para guiar a su audiencia
hacia la comprensión de complejos
conceptos filosóficos mediante el
humor y el arte de contar historias.
El Zen, su historia y enseñanzas,
Osho lleva al lector a través de un
viaje de comprensión que no puede
ser enseñado, que sólo puede ser
experimentado.AGOSTO 2012el año 1000. Después de
haber pasado el invierno en
una costa este de Norteamérica,
una expedición vikinga lleva su exploración hacia el sur. Atrapado en
un huracán, el barco dañado llega
a un mundo desconocido: la tierra
que hoy conocemos como México.
Sólo dos hombres sobreviven al
naufragio: Ari, uno de los hijos naturales de Erik el Rojo, y un esclavo
cristiano: Melkolf.
El impacto del encuentro es tan
grande para los viajeros del norte
como para los indígenas del sur.
Los primeros, que creían encontrar
sólo seres primitivos, descubren,
estupefactos, una civilización que
construye ciudades populosas y edificios imponentes; los toltecas están
impresionados por la fisonomía, las
armas de metal y los conocimientos
de los recién llegados del mar. Convencidos del origen divino de Ari, lo
llaman Huracán.
es una novela extraordinaria que
describe el inimaginable recorrido
de un hombre que se convirtió en
uno de los mitos más grandes de
nuestra historia.el lector entre sus
manos un libroamor, un libro-arte, un libro-bomba.
En sus páginas se abre el secreto de
un mural desconocido de José Clemente Orozco: el de la simiente y el
estallido de su alma en el amor y de
sus pasiones artísticas, a través de
sus 465 cartas inéditas que el pintor
escribió para Refugio Castillo, en el
periodo de 1909 a 1921, y que fueron proporcionadas a Adriana Malvido por don Julio Scherer García.
El amor es amor, pero lo es más
si pasa por la letra escrita. Y Orozco, en su arrobo emocional, lo sabe.
Escribe a Refugio febrilmente, con
derroche de obsesión, sembrando
promesas, apelando a la ternura,
arreando a sus demonios, fustigando lejanías, errancias propias y zozobras que los distancia; pero también con algarabías, con jocosidad,
haciendo reflexiones capitales sobre
el arte y la pintura, esparciendo en
sus cartas la fragancia y pólvoras de
su ser y de su época.Revista Tepantlato / Difusión de la Cultura Jurídica jornadas de
2012xiii
Proceso acusatorio adversarial (juicios orales)
13 de octubre	Con la participación de Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito FederalxiV
reformas al juicio oral al procedimiento civil-mercantil
20 de octubre	Con la participación de Magistrados del Poder Judicial de la FederaciónxV
27 de octubre	Con la participación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación
Cuota de recuperación por Jornada:
Alumnos con credencial vigente: $250
Deberá acreditar la vigencia presentando credencial al
momento de su inscripción
Ex-alumnos y público en general: $500
Banco HSBC, Cuenta: 04035642990
Banco BBVA Bancomer, Cuenta: 0161998846
A nombre de Instituto de Ciencias Jurídicas
de Estudios Superiores, S.C.informes e inscripciones:
Av. Baja California 157, entre Medellín y Manzanillo
Multilínea: 5564-8373 Ext. 105
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de MéxicoAll pages:1234567910111213141516171819202223242527282930313233343840414243444546474849505152535455565758596061626364656668InfoSaveLikeShareDownloadMoreRevista Agosto 2012 Published on Jul 30, 2012 Revista Agosto 2012rodrigo89FollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore