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Timestamp: 2019-11-19 11:20:16
Document Index: 405933928

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 64', 'artículo 1445', 'artículo 1445', 'artículo 53', 'Artículo 4', 'Artículo 168']

Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (1715) - Infoleyes Bolivia
18 de Octubre, 1996
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley :
ARTICULO 2° (Función Económico - Social).
III. Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el artículo 171º de la Constitución Política del Estado. La denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte II del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991.
II. A los fines previstos en el Capítulo II del Título IV de esta ley, las entidades recaudadoras del impuesto referido en el parágrafo precedente, remitirán periódicamente a conocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria información, en medios físicos o magnéticos, relativa a las 1iquidaciones y pago del impuesto.
ARTICULO 5º (Servicio Nacional de Reforma Agraria).
La estructura orgánica del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A), es la siguiente:
ARTICULO 7º (Autoridad Máxima).
(Nombre del Capítulo modificado por el artículo 6 de la Ley 3545 de 28/11/2006)
ARTICULO 9º (Atribuciones).
3. Aprobar las actividades de conservación, protección de la biodiversidad, investigación o ecoturismo, en tierras privadas, previa solicitud expresa formulada por su propietario estableciendo los procedimientos administrativos al efecto;
4. Evaluar y programar el uso del recurso natural tierra y la aplicación de tecnologías apropiadas, emitiendo normas que los regulen en el marco del manejo integral de cuencas y el desarrollo sostenible;
ARTICULO 10º (Comisión Agraria Nacional).
La Comisión Agraria Nacional tiene las siguientes atribuciones :
1. Evaluar la evolución del proceso de Reforma Agraria, proponiendo a la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria las medidas aconsejables para mejorarlo, en el marco de la ley;
5. Proponer políticas para la formulación y ejecución de proyectos y programas de asentamientos humanos comunitarios;
6. Velar por el tratamiento integral de la tierra, promoviendo el reconocimiento, la garantía y protección de los derechos que los pueblos y comunidades indígenas y originarias poseen sobre sus tierras comunitarias de origen, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables;
9. Recibir y canalizar peticiones, reclamaciones y sugerencias de las organizaciones nacionales, departamentales y regionales que integran el sector agrario;
12. Supervisar y coordinar el funcionamiento de las comisiones agrarias departamentales; y
I. En cada uno de los departamentos se constituye una comisión agraria departamental, cuya composición será similar a la nacional, de acuerdo a las características y necesidades de cada región; en función a la estructura departamental descentralizada del Poder Ejecutivo y de las organizaciones sectoriales o afines de mayor representatividad.
2. Dictaminar sobre las áreas y superficies que proponga distribuir el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de usa mayor de la tierra y a las necesidades socio-económicas del departamento;
ARTICULO 17º (Instituto Nacional de Reforma Agraria).
2. Proponer dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales;
6. Expropiar fundos agrarios, de oficio por la causal de reagrupamiento y redistribución, o a denuncia de la Superintendencia Agraria, por incumplimiento de la función económico-social, en los términos establecidos en esta ley;
8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socio-económicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales.
11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia básica a zonas de asentamientos humanos;
III. Para ser Director Nacional, se requiere:
I. Conforme a las necesidades, en una o en varías provincias agrupadas en regiones, funcionarán Jefaturas regionales, dependientes de las direcciones departamentales correspondientes. Sus atribuciones serán establecidas por el reglamento de esta ley.
2. Tener formación técnica y experiencia de materia agraria; y,
ARTICULO 24º (Superintendencia Agraria).
10. Fijar el valor de mercado de tierras o sus mejoras, según sea el caso, para el pago de la justa indemnización emergente de la expropiación, cuando no se cuente con las declaraciones juradas del impuesto que grava la propiedad inmueble, en los casos previstos en el parágrafo III del artículo 40 de esta ley;
La resolución dictada por el Superintendente General puede ser impugnada en proceso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Agrario Nacional en el plazo perentorio de cuarenta y cinco (45) días a contar de la fecha con la que se notificare con aquella.
ARTICULO 34º (Composición y Sede).
2. Nombrar al Presidente del Tribunal Agrario Nacional y a los Presidentes de las Salas, por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros:
8. Designar anualmente conjueces del Tribunal Agrario Nacional, en un número igual al de sus vocales, en la misma forma señalada en la ley de Organización Judicial y sujetos al régimen prescrito en dicha ley; y,
1. Haber ejercido la profesión de abogado, con ética e idoneidad durante cuatro (4) años ; y,
II. La Titulación de tierras comunitarias de origen es compatible con la declaratoria de áreas protegidas, en concordancia con el artículo 64 de la Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992.
IV. Las personas extranjeras naturales o jurídicas, para adquirir tierras de particulares tituladas por el Estado fuera del límite previsto en el parágrafo II precedente, o para suscribir contratos de riesgo compartido, deberán residir en el país tratándose de personas naturales, estar habilitadas para el ejercicio de actividades agropecuarias en Bolivia, tratándose de personas jurídicas.
a) Error esencial que destruya su voluntad:
b) Violencia Física o moral ejercida sobre el administrador;
c) Simulación absoluta, cuando se crea un acto aparente que no corresponde a ninguna operación real y se hace aparecer como verdadero lo que se encuentra contradicho con la realidad.
a) Incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o de la jerarquía, salvo, en este último caso que la delegación o sustitución estuvieren permitidas;
b) Ausencia de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; y,
c) Violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su otorgamiento.
Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los procedimientos de reversión, ejerciendo los derechos de sus deudores, en base a la acción oblicua prevista en el artículo 1445º del Código Civil. Al efecto, los acreedores hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del procedimiento.
La expropiación de la propiedad agraria procede por causa de utilidad pública calificada por ley o cuando no cumple la Función económico-social, previo pago de una justa indemnización, de conformidad con los artículos 22º parágrafo II, 166º y 169º de la Constitución Política del Estado. En el primer caso, la expropiación podrá ser parcial, en el segundo, será total.
I. Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los procedimientos de expropiación, ejerciendo los derechos de sus deudores, en ejercicio de la acción oblicua prevista en el artículo 1445 del Código Civil. Al efecto, los acreedores hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del procedimiento.
PRINCIPIO DE INMEDIACION. Consiste en el contacto directo y personal del titular del órgano jurisdiccional con las partes y el manejo del proceso como condición esencial de oralidad que excluye cualquier medio de conocimiento indirecto del proceso.
PRINCIPIO DE CONCENTRACION. Determina la concentración de toda la actividad procesal agraria en el menor número posible de actos para evitar su dispersión.
PRINCIPIO DE GRATUIDAD. La administración de justicia agraria es gratuita, no debiendo gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ámbito judicial.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. Las actuaciones de la Judicatura Agraria son de carácter público.
2. Incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados;
5. Fijación del objeto de la prueba, admitiendo la pertinente y disponiendo su recepción en la misma audiencia, rechazando la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente.
Los asentamientos y ocupaciones de hecho en tierras fiscales, producidas con posterioridad a la promulgación de esta ley son ilegales y contravienen sus principios; por tanto, sus autores serán pasibles de desalojo, con intervención de la fuerza pública si fuere necesaria, a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente.
II. En caso de no certificarse en el plazo establecido en el parágrafo I que antecede, la entidad solicitante podrá requerir el pronto despacho de la certificación. Si aún así el certificado no es emitido, el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria incurrirá en responsabilidad calificada de acuerdo a la Ley N° 1178 de 9 de julio de 1990.
a) Libre adhesión de sus asociados;
b) Igualdad en derechos y obligaciones;
c) Control democrático y voto único personal independiente del capital suscrito por cada socio; y,
d) Distribución de las utilidades en proporción al trabajo.
I. Modifícase el inciso a) del artículo 53º de la Ley Nº 843, de la siguiente manera:
I. De acuerdo a lo dispuesto en esta ley, el Servicio Nacional de Reforma Agraria titulará inmediatamente promulgada la misma, como Tierras Comunitarias de Origen, los territorios indígenas: Chimán (TICH), Multiétnico No 1 (TIM), Sirionó (TIS), Weenhayek (TIWM), y el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), reconocidos mediante Decretos Supremos Nos. 22611; 22609; 23500 y 22610 respetando los derechos legalmente adquiridos por terceros.
II. Los territorios indígenas Yuquí, Araona y el Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, reconocidos mediante Decretos Supremos 23108; 23110 y 23111 serán titulados en el término improrrogable de sesenta (60) días a partir de la publicación de esta ley, en el cual se determinará su ubicación geográfica y límites.
Las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria en lo proindiviso, a favor de comunidades y pueblos indígenas u originarios serán reconocidas como Tierras Comunitarias de Origen, siempre y cuando sus titulares mantengan formas de organización, cultura e identidad propias y así lo soliciten.
1. Decreto Supremo Nº 3471 de 27 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956. (Constitución y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria);
3. Ley de 6 de noviembre de 1958 (Dotación de tierras fiscales por el Servicio Nacional de Reforma Agraria con excepción de las declaradas en reserva para colonización;
4. Decreto Supremo Nº 3939 de 28 de enero de 1955, elevado a Ley el 29 de octubre de 1956 (Revisión de Expedientes por el Consejo Nacional de Reforma Agraria;
5. Decreto Supremo Nº 3960 de 17 de febrero de 1955, elevado a ley el 29 de octubre de 1956;
6. Decreto Ley Nº 07226 de 28 de junio de 1965 (De la Colonización);
7. Decreto Ley Nº 07442 de 22 de diciembre de 1965 (De la Colonización);
2. Capítulos I, II y III del Título V del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
3. Capítulo Unico del Título VII del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
4. Capítulo III del Título IX, del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
5. Capítulo Unico del Título XIV del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
6. Artículos 162º y 163º del Capítulo I y artículos 164º, 165º, 166º y 167º del Capítulo II, del Título XV, del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956.
7. Artículo 4º del Decreto Ley Nº 7260 de 2 de agosto de 1965, elevado a rango de Ley por ley Nº 343 de 26 de octubre de 1967;
8. Artículo 168º del Capítulo I del Título XVI del Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956;
FDO. VICTOR HUGO CARDENAS CONDE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA, Eduardo Trigo O’Connor D’Arlach, MIN. SUPLENTE DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, Carlos Sanchez Berzaín, Jorge Otasevic Toledo, José Guillermo Justiniano Sandoval, René Oswaldo Blattmann Bauer, Fernando Candia Castillo, Freddy Teodovich Ortíz, Moisés Jarmúsz Levy, Reynado Peters Arzabe, Guillermo Richter Ascimani, Alfonso Revollo Thenier, Douglas Ascarruns Eduardo, MIN. SUPLENTE SIN CARTERA RESPONSABLE DE DESARROLLO ECONOMICO.