Source: https://www.slideshare.net/ninanor2003/cp-tacuari-c-edesur-servidumbre-administrativa-de-electricidad
Timestamp: 2020-07-10 06:50:44
Document Index: 398938573

Matched Legal Cases: ['artículo 330', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 9']

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1. Expte. N° 13.759/2007 - "Consorcio Propietarios Tacuarí 202/22/28/32/36 c/ EDESURS.A. - resol. 507/00 - expte. 21357/06 s/expropiación – servidumbre administrativa” –CNACAF – SALA II - 14/02/2012En Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero de 2012, reunidos en Acuerdo losseñores jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo ContenciosoAdministrativo Federal, a los efectos de conocer del recurso interpuesto por la partedemandada, en los autos caratulados: "CONSORCIO PROPIETARIOS TACUARÍ202/22/28/32/36 c/ EDESUR S.A. - RESOL. 507/00 - EXPTE. 21357/06 S/EXPROPIACIÓN - SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA", contra la sentencia de fs.277/281, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?La Dra. María Claudia Caputi dijo:I- En autos se ha reclamado la indemnización derivada de una servidumbre de electroducto,soportada por el consorcio actor. En el pronunciamiento de primera instancia se ha hecholugar, sustancialmente, a la acción, lo cual ha dado motivo al recurso de la empresadistribuidora, todo ello conforme las circunstancias que se pasan a reseñar seguidamente.//-Respecto de los antecedentes de la litis, cabe señalar que María José Rodríguez Tipia, en sucarácter de administradora del Consorcio de Propietarios de la calle Tacuarí n°202/222/228/232/236 de la Capital Federal, inició demanda contra la EMPRESADISTRIBUIDORA SUR S.A. (en adelante EDESUR S.A.)) con el objeto de que se leindemnizaran los daños y perjuicios derivados de las limitaciones a su derecho depropiedad, por existir una servidumbre administrativa de electroducto en el subsuelo delinmueble en cuestión.-La actora aclaró que, en los términos del artículo 330 in fine del Código Procesal Civil yComercial de la Nación, no le era posible determinar de antemano la cuantía reclamada.Esta indemnización, conforme el artículo 9 de la k y 19.552, se debía determinar teniendoen cuenta "el valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre elinmueble gravado (conf. inciso a), y "la aplicación de un coeficiente de restricción queatienda al grado de las limitaciones impuestas por la servidumbre, el que deberá serestablecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente" (conf.inciso b). En tal sentido, la accionante entendió que, para poder determinar el montoreclamado, en primer lugar era necesario realizar la tasación del predio afectado aservidumbre, así como dilucidar la inaplicabilidad de lo normado en el inciso b), enatención a que en el caso existía limitación total del predio afectado.-La actora manifiesta que el 4 de abril de 2006 promovió una actuación administrativa anteel Ente Nacional Regulador de la Electricidad, con motivo de la existencia de una cámaratransformadora de energía perteneciente a EDESUR S.A. en el subsuelo del edificio -designaba con el n° 56.350-. En el expediente respectivo solicitó, en los términos de laresolución 507/00, que se informara si la instalación de dicha cámara transformadora
2. contaba con el respaldo de una resolución administrativa de afectación a servidumbre deelectroducto, conforme los términos de la ley 19.552 (t.o. ley 24.065), quedando dichaacción registrada con el número 21.357/06.-El 9 de junio de 2006 el E.N.R.E. se expidió respecto de la nota n° 66.905, mediante la cualla actora había solicitado que se le informara sobre la existencia de alguna resolución queestableciera la escala de valores a tener en cuenta para el cálculo del "coeficiente derestricción" estipulado por el inciso b) del artículo 9 ce la ley 19.552 respecto de lascámaras transformadoras de media tensión. Cabe señalar que en la nota se habíamanifestado que la resolución E.N.RE. 602/01 establecía los índices aplicables únicamentea las torres de alta tensión. En su respuesta, el Ente Nacional Regulador de la Electricidadinformó que "... para el caso de centros de transformación (cámaras) no () existe ningunaResolución E.N.R.E. que defina escala de valores para el cálculo de coeficientes derestricción.-Ahora bien, respecto de la mencionada cámara transformadora n° 56.350, el 22 de agostode 2006 el E.N.R.E. dictó la resolución 686/2006, en cuyo artículo Iº aprobó, "en lostérminos del artículo 4 de la ley 19.552 y a los fines le la afectación a servidumbreadministrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela que motiva el litigio, sita en lacalle Adolfo Alsina Número 892 y 894 esquina calle Tacuarí Número 214-22-28-32-36 deesta Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Parcela: 5a,Sección: 2, Manzana: 6". La resolución agregó que la heredad afectada por la servidumbreadministrativa de electroducto también quedaría sometida a lo establecido por los arts. 3, 16y 19 de la ley 19.552 y a las restricciones al dominio enumeradas en el Anexo I de la citadaresolución.-Asimismo, los arts. 3 y 4 de la decisión emitida por el E.N.R.E. establecen que la afectaciónde dicha parcela a servidumbre administrativa de electroducto será a favor de EDESURS.A., quien debería realizar las tramitaciones de bs arts. 4 y 6 de la ley 19.552, debiendoacreditar su cumplimiento dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles administrativos.En tal sentido, el art. 4 de dicha ley establece que la aprobación por autoridad competentedel proyecto y de los planos de la obra al ejecutar o de las instalaciones a construirimportará la afectación de los predios a la servidumbre administrativa de electroducto y elderecho a su anotación en el respectivo Registro de la Propiedad y en la Dirección deCatastro;; y, conforme el art. 6, una vez aprobados el proyecto y los planos de la obra aejecutar o de las instalaciones a construir, los propietarios de los predios afectados deberánser notificados fehacientemente de la afectación de éstos a la servidumbre y del trazadoprevisto dentro de cada predio o superficie afectada.-Agrega la decisión emitida por el E.N.R.E. que la misma Distribuidora deberá notificar -enun plazo de 10 días hábiles administrativos- la resolución al propietario de la parcelaafectada, haciéndole saber los derechos que le corresponden junto con las restricciones ylimitaciones al dominio.-El 31 de agosto de 2006 la actora recibió carta documento n° 78606718 AR, mediante lacual EDESUR S.A. la notificaba de la resolución a la que se viene haciendo referencia.-Como corolario de los antecedentes que reseña, la actora consideró necesario recurrir a lavía judicial estipulada por el artículo 10 de la ley 19.552, a fin de cuantificar el menoscabodel carácter “exclusivo" del dominio.-
3. II- Mediante sentencia de fs. 277/281, el Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a lademanda interpuesta contra la Empresa Distribuidora Sur SA., y la condenó a asonar lasuma de pesos ciento setenta y dos mil seiscientos dieciocho con cincuenta y siete centavos($172.618,57.-), más intereses y costas.-Para resolver de esta forma, en primer término señaló que no se encontraba controvertidaen autos la existencia de la cámara transformadora n° 56.350 dentro del inmueble, de lacalle Tacuarí 202/236.-Tampoco había dudas en cuanto a su emplazamiento en el subsuelo del citado edificio, y enun local que posee una superficie de 29,2633 m2 afectados a servidumbre administrativa,de uso exclusivo de la demandada;Agregó que la servidumbre de marras es una limitación de tipo dominial mediante la cualse somete -a la actora- a limitaciones respecto del carácter exclusivo del uso de supropiedad, pues debe permitir el acceso de la demandada. En consecuencia, estimó queresultaban de aplicación los derechos de servidumbre previstos en la ley 19.552 -modificada por la ley 24.065-, la que establece las bases para la determinación de laindemnización a que tiene derecho el titular del fundo afectado.-Asimismo, el magistrado tuvo en cuenta la actual redacción del artículo 9, introducida porla ley 24.065, en cuanto dispone que el propietario que soporta la servidumbre tendráderecho a una indemnización y prevé las pautas a tener en cuenta para fijarla. En talsentido, el Juez de grado entendió que este cambio normativo indica que el establecimientomismo de la limitación dominial, concebida como servidumbre administrativa deelectroducto, lleva ínsito la obligación de indemnizar en función del menoscabo de lapropiedad que su implantación importa. Por ello consideró que la reparación a la que teníaderecho el propietario del predio afectado debió ser pagada, cuanto menos, desde elmomento de la puesta a disposición del suministro eléctrico.-Por otra parte, consideró que no resultaba atendible la defensa de la demandada, atinente ala imposibilidad de determinar el monto indemnizatorio sin previa fijación del coeficientelegal por parte del E.N.R.E., ya que ello es consecuencia de su propia torpeza, por no haberseguido los pasos establecidos en las normas que, a los efectos de la constitución de laservidumbre, resultaban aplicables. Entendió que la falta de reglamentación, por parte delE.N.R.E., de la escala de valores aplicables para calcular el coeficiente de "estricción enrelación al tipo de instalación, no impedía que la percepción pecuniaria fuera fijadajudicialmente (conf. art. 10 de la ley 19.552).-Finalmente, el a quo aclaró que para fijar el monto de la indemnización cabía tomar comopunto de partida las apreciaciones del perito martillero en el informe de fs. 237, e hizoaplicación del coeficiente equivalente al 95% establecido en el Anexo I de la resoluciónE.N.R.E. 602/2001 que trata supuestos de instalaciones que, a su juicio, guardan analogíacon la especie debatida en autos, y cuyo coeficiente coincide con el previsto por la normaTTN 15.1 del Tribunal de Tasaciones de la Nación-.-Respectó de los intereses, el magistrado decidió que debían devengarse desde la afectacióndel inmueble a servidumbre administrativa en los términos del art. 4 de la ley 19.552 -o sea,a partir del 22/08/2006 que es la fecha en que el E.N.R.E. dictó la resolución 686/2006- yhasta el momento de su efectivo pago, a una tasa equivalente al 6% anual, por aplicaciónanalógica de lo dispuesto en el art. 20 de la ley 21.499.-
4. III- La demandada, disconforme con lo resuelto, interpuso recurso de apelación a fs. 282 yexpresó agravios a fs. 297/300.-Centra su crítica en el hecho de que el juez no hizo mérito de su defensa, introducida en lacontestación de demanda, en el sentido de que el consorcio de propietarios nada tenía quereclamar, puesto que quien tenía potestad para hacerlo era la empresa constructora.-Sostiene que es indiscutible la aplicación de la ley 19.552 para resolver el pleito, pero queel Juez erró en considerar que como consecuencia de ello deba indemnizarse al consorciode propietarios. Entiende que si el primer propietario del inmueble -la empresa constructoradel edificio Alfredo Evangelista y Cía. S.A.C.I.C.- no reclamó indemnización, quien lohaya adquirido posteriormente no puede hacerlo. Aduce que ello es así porque quien hayaadquirido la parcela afectada a servidumbre administrativa de electroducto, habrá abonadoun importe inferior al del inmueble antes de dicha afectación; razón por la cual, si luegopercibe una indemnización, se estaría enriqueciendo sin causa.-Finalmente, agrega que para el hipotético caso de que se considere que la actora tienederecho a cobrar una indemnización, ella debería ser determinada por el E.N.R.E.-Corrido el pertinente traslado, la contraría contestó agravios, que lucen agregados a fs.302/30. Solicitó se declare desierto el recurso, sobre la base de estimar que el apelanteincumplió la carga de expresar agravios en la forma prescripta por el art. 265 del CódigoProcesal Civil y Comercial de la Nación. Subsidiariamente, refutó los planteos de |aapelante y solicitó que se confirme la resolución de primera instancia.-Por último, la empresa distribuidora solicitó la imposición de las costas al consorcio actor.-IV- Respecto de la legitimación activa para formular un reclamo como el de autos, cabeadelantar que los agravios traídos a esta alzada no permiten arribar a una conclusi6nopuesta a la asumida en el pronunciamiento apelado.-En este sentido, cabe tomar como punto de partida propio texto legal, plasmado en el art. 9de la ley 19.552, en tanto alude al propietario del inmueble que sufre la turbación propia dela servidumbre.-Sin dejar de reconocerse que la lectura que la jurisprudencia ha derivado de dicha norma esestricta, de modo que excluye, v.gr., a los inquilinos (cfr. causa "Megapar S.R.L. c/EdesurS A. s/daños y perjuicios"[Fallo en extenso: elDial.com - AA7310] -expte. 32.410/04-,sentencia de esta Sala del 1/1/2011), lo cierto es que no se advierten razones de peso paranegar a quienes resultan indubitadamente titulares del dominio de las partes comunes de unedificio de propiedad horizontal, en las cuales está emplazada la instalación de Edesur S.A.,la indemnización que reclaman.-Sentado lo expuesto como premisa, se imponen dos consideraciones: por una parte, que elprincipio hermenéutico que mejor concilia los derechos en juego es aquel que establece queallí donde legislador no traza diferencias, no incumba al intérprete introducirlas, so pena detraicionar el texto y espíritu de la norma. Como se señaló en "Megapar", ya citada, laalusión al "propietario" debe ser entendida textual y estrictamente, en tanto se siga elprincipio hermenéutico que descarta presumir la imprevisión o la inconsecuencia dellegislador (cfr. CSJN, fallos, 329:3564, 4007; 330:304, 1910, entre muchos otros). De ahíque se haya preferido considerar que, cuando la norma emplea determinados vocablos ofrases, la regla más segura de interpretación consistirá en entender que la terminología
5. elegida no resulta superflua, sino que su inclusión en la norma ha obedecido a algúnpropósito legislativo (CSJN, Fallos, 331:866). En suma, el fin primordial del intérprete esbrindar pleno efecto a la voluntad del legislador.-Adicionalmente, no debe perderse de vista que el sustento último de la reparación a favordel dominus de un inmueble que soporta limitaciones a la propiedad como la aquídiscernida, es el art. 17 de la Constitución Nacional, en tanto resguarda el derecho depropiedad, tal como ha tenido oportunidad de recordar la jurisprudencia (en este sentido:C.Nac.Apel. Civ. y Com., Sala I, in re: "Consorcio de Coprop. Florida 49/441 c/EdesurS.A."[Fallo en extenso: elDial.com - AA2051], sentencia del 18 de marzo de 2004, publ. enRCyS, 2004, pág. 993, en los que se coincidió en que "...la ocupación necesaria yjustificada por fines de interés público no obsta a la obligación de quien se beneficia por laservidumbre de resarcir al titular del derecho menoscabado, bajo la comprensión de que esederecho a ser resarcido traduce el principio de inviolabilidad de la propiedad privada,garantizada por el art. 17 de la Constitución Nacional", por considerarse que la tutela dedicha cláusula fundamental no se limita a los supuestos concretos de expropiación, sino querige en todos aquellos donde un derecho patrimonial deba ceder por razones de interéspúblico; en sentido similar: Cám. Fed. de San Martín, Sala II, in re: "Club Náutico Hacoajc/Segba"[elDial.com - WS1D], del 11 de marzo de 1999, publ. en La Ley, t° 2000-B, pág.459 y D.J., 2000-1, pág. 989, en especial considerando IV del voto del Dr. Mansur).-Bajo este enfoque de la cuestión, la circunstancia de que hubiesen podido existir sucesivospropietarios sobre la misma heredad (cuya construcción data de principios de la década del80 del siglo pasado), no es suficiente para avalar la defensa que plantea la recurrente.Estimo decisivo a tal efecto que no se pruebe ni mucho menos se llegue a afirmar que la,empresa constructora o algún predecesor en el dominio haya sido indemnizada en momentoalguno, por la existencia del mecanismo transformador eléctrico en el subsuelo delinmueble que nos ocupa, de manera tal que la demandada tampoco podría predicar unaduplicidad indebida de la carga indemnizatoria que debe soportar.-Por lo demás, los planteos en torno de los eventuales créditos o reclamos que podríanhaberse suscitado entre el actual propietario y alguno de sus predecesores, incluso la firmaconstructora, más allá de resultar enteramente especulativos y carecen de sustento fácticoconcreto, refieren a la relación contractual habida entre las partes de aquella eventualtransmisión, evento que no sólo resulta ajeno a la litis tal como ha sido trabada, sino quetampoco guarda, desde un punto de vista lógico, necesaria conexión o incidencia decisivarespecto del tópico puntualmente debatido en los presentes autos.-V- Sentado lo anterior, corresponde ingresar al tratamiento del restante agravio, construidoen torno de a quién compete estimar la cuantía de la reparación del art. 9 de la ley 19.552.-Según se ha indicado, mientras la actora inició esta acción teniendo en miras la estimaciónjurisdiccional, máxime a falta de parámetros o coeficientes del ente regulador, eldemandado en su apelación insiste en que resulta indefectible la actuación del E.N.R.E. enpunto a fijar el monto de la indemnización, a cuyo efecto propicia que se oficie a dichoorganismo durante la etapa de ejecución de la sentencia.-En las condiciones descriptas, cabe adelantar que el planteo habrá de ser desestimado, enatención a que el criterio imperante este Fuero resulta adverso al que propicia el apelante.En efecto, desde el precedente "Consorcio de Propietarios Del Barco Centenera
6. 1052/4/68/70 c/Edesur S.A." (Sala IV, del 28/11/2005), y otros que le siguieron (v.gr.,"Casa Dami S.A. c/Edesur S.A. s/ expropiación – servidumbre administrativa", S. IV, del22/12/2005; más recientemente: "Consorcio de Propietarios Corrientes 415 c/Edesur S.A.s/expropiación-servidumbre administrativa", S. III, del 30/04/2010), se dejó establecido quela omisión del ente regulador en punto a la fijación del índice o coeficiente de restricción,no es óbice para que la percepción pecuniaria pueda ser fijada judicialmente.-Diríase, inclusive, que la falta de fijación de dicho módulo por parte del E.N.R.E, haoperado como disparador que de modo patente y necesario pone a cargo de los magistradosla cuantificación que haga operativa la garantía reglamentada por la ley en la materia. Dehecho, llevada a un extremo, la postura del recurrente conduciría al absurdo, al enervar elcobro de la indemnización requerida, a consecuencia de la inactividad de laAdministración.-Por otra parte, no se advierten elementos que justifiquen alterar la cuantificación de laindemnización realizada por el magistrado de primera instancia, máxime cuando a la mismase arribó teniendo en cuenta las apreciaciones del perito maitillero -fs. 237-, así comotambién mediante la aplicación, por parte del perito ingeniero en su informe de fs. 221/224,del coeficiente equivalente al 95% establecido en el Anexo I de la resolución EÍ.N.R.E. n°602/2001, que coincide con el previsto por la norma TTN 15.1 del Tribunal de Tasacionesde la Nación. Por otra parte, el quantum indemnizatorio no fue suficientemente desvirtuadoy este segundo agravio parte de la premisa implícita de desconocer los trabajos pericialesmencionados, limitándose a postular una solución diversa, sin demostrar ni explicar el yerrode lo resuelto. Ciertamente, dicho planteo colisiona con el principio conforme el cual laimpugnación de una pericia "debe tener tal fuerza y fundamento que evidencie la falta decompetencia, idoneidad o principios científicos en qué se funda el dictamen" (esta Sala -enanterior integración- in re "Vera, Julio César c/EN - Min. Interior - PFA s/personal militar ycivil de las FFAAy de Seg"[Fallo en extenso: elDial.com - AH3445], del 24 de mayo de2011).-En definitiva, lo resuelto debe ser mantenido, por las razones señaladas.-Finalmente, en virtud de la solución que se propicia corresponde que las costas devengadasen esta Alzada sean impuestas a la demandada vencida (art. 68, primera parte, del CódigoProcesal Civil y Comercial de la Nación).-En razón de los fundamentos expuestos, voto por |la desestimación de los agravios traídospor e demandado, confirmándose por ello el decisorio de primera instancia en cuanto fuemateria de recurso. ASÍ VOTO.-Los Dres. José Luis Lopez Castiñeira y Luis María Márquez adhirieron al presente voto.-En virtud del resultado que instruye el acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE;; yrechazar la apelación de ¡la demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamientorecurrido en cuanto fue materia de agravios y 2) Imponer las costas a la vencida.-Regístrese, notifíquese, hágase saber la videncia de la acordada N° 4/07 de la CSJN y,oportunamente, devuélvase.//-Fdo.: Luis M. Márquez – María Claudia Caputi – José Luis Lopez Castiñeira
7. Citar: elDial AA7547Publicado el: 18/04/2012copyright © 2012 editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) - Ciudad Autónoma deBuenos Aires - Argentina