Source: https://www.otrosi.net/penal/jurisprudencia/2019-536666
Timestamp: 2019-04-19 01:09:38
Document Index: 203028507

Matched Legal Cases: ['Artículo 849', 'Artículo 849', 'artículo 852', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 849', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 250', 'artículo 74', 'artículo 849', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 66', 'artículo 849', 'artículo 741', 'artículo 849', 'artículo 874', 'artículo 849', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 849', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 901']

Sentencia Tribunal Supremo Sala 2ª 14/03/2019
Tribunal Supremo Sala 2ª, 14-03-2019 , nº 143/2019, rec. 25/2018
ECLI: ES:TS:2019:891
PRIMERO.-El Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, incoó Diligencias Previas con el número 1476/2011, por un delito de estafa, contra Don Ildefonso,y contra la entidad mercantil AEROTRIP VIATGES S.L., y una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona cuya Sección Décima dictó, en el Rollo de Sala, Procedimiento Abreviado n.º 26/2017, sentencia el 27 de noviembre de 2017 , con los siguientes hechos probados:
<<ÚNICO.-Resulta probado, y así expresa y terminantemente se declara que Ildefonso , mayor de edad y sin antecedentes penales, en connivencia con terceros no identificados, y actuando en calidad de administrador único de la mercantil AEROTRIP VIATGES S.L., que había sido constituida por el propio acusado en fecha 7 de febrero de 2011 como único socio, y guiado por el previo propósito de obtener un enriquecimiento económico injusto a costa de las compañías aéreas miembros de IATA (International Air Transport Association) y aparentando una solvencia y seriedad profesional de la que carecía, contactó con dicha asociación internacional a fin de obtener licencia para la emisión de billetes de transporte aéreo. A tal efecto presentó a IATA en fecha 31 de marzo de 2011 el formulario de solicitud y la documentación requerida para ello, haciendo constar el domicilio ficticio que se había fijado en la escritura de constitución de la sociedad en la Calle Rubio i Ors n° 90 de la localidad de Cornellá de Llobregat, cuando en realidad se había abierto como oficina un local en la misma calle, pero en el número 41. En dicha solicitud de licencia el acusado manifestaba además una estimación de ventas de billetes aéreos de 400.000 euros el primer año y de 450.000 euros el segundo año. De esta forma, el día 2 de mayo de 2011 se procedió a suscribir entre IATA y Ildefonso , siempre en nombre de Aerotrip Viatges S.L., el oportuno contrato que facultaba a la agencia para efectuar la venta de billetes aéreos en nombre de las compañías asociadas a IATA y a su liquidación al amparo del sistema BSP, de acuerdo con el cual las ventas debían documentarse en liquidaciones semanales cuyo importe neto, propiedad de las respectivas Compañías aéreas, la agencia estaba obligada a entregar al final del mes natural de la venta correspondiente.
El día 11 de mayo de 2011, Aerotrip Viatges S.L., fue dada de alta en el referido sistema BSP iniciando la agencia la venta de billetes de transporte aéreo, dándose la circunstancia de que la primer liquidación, que abarcaba el periodo de cinco días comprendido entre los días 11 a 15 de mayo de 2011, arrojó un saldo neto a abonar a las compañías aéreas a través de IATA, de 406.458,58 euros, siendo el importe de la segunda liquidación correspondiente a la segunda semana que abarcaba al periodo de 7 días desde el 16 al 22 de mayo de 2011, de 191.612,25 euros, ascendiendo la suma de ambos importes por doce días de liquidación a un total de 598.070,83 euros.
Ante lo excesivo de tales cantidades, IATA trató de contactar con el acusado, lo cual no fue posible al haber desaparecido el mismo y hallarse cerrado y sin actividad el local de Cornellá, motivo por el cual IATA, al darse cuenta de que la finalidad perseguida por el acusado había sido hacer suyo el dinero procedente de las ventas, procedió a desconectar el programa informático que permitía la reserva de billetes a la entidad Aerotrip Viatges S.L., sin que en ningún momento las cantidades percibidas por Aerotrip Viatges S.L. por la emisión de billetes hayan sido abonadas a IATA, con el consiguiente perjuicio para las compañías aéreas miembros de IATA.
En fecha 11 de mayo de 2011 Ildefonso vendió, mediante esritura pública las participaciones de la compañía Aerotrip Viatges S.L., de la que era propietario a Rosendo , el cual no ha sido hallado en ningún momento sin poner previamente dicha circunstancia de venta en conocimiento de IATA, tal y como venía obligado en el apartado 12 del contrato suscrito en su día con la misma, si bien ello fue maniobra del acusado ara eludir sus obligaciones frente a IATA, por cuanto continuó desempeñando su actividad en la agencia de viajes, presentándose ante terceros como dueño de la empresa.
Como consecuencia de la ejecución por IATA del aval que garantizaba las obligaciones de Aerotrip Viatges S.L., frente a las compañías aéreas implicadas, por la misma se recuperó la cantidad de 37.500 euros, por lo que el importe total adeudado asciende a 560.570,83 euros, de los cuales la cantidad correspondiente a cada una de las compañías aéreas afectadas es la siguiente:
-VUELING AIRLINES, la suma de 4.888,62 euros;
-TAP ÁIR PORTUGAL, la suma de 5.025,82 euros;
-ALITALIA SPA la suma de 51.286,80 euros;
-SAUDI ARABIAN AIRLINES, la suma de 12.342,32 euros;
-GULF AIR G.S.C., la suma de 9.901,35 euros;
-BRUSELLS AIRLINES, la suma de 25.275,88 euros;
-AIR NEW ZEALAND, la suma de 717,45 euros;
-AVIANCA S.A., la suma de 16.330,48 euros;
-ROYAL AIR MAROC, la suma de 11.815,43 euros;
-HAHN AIR, la suma de 150.403,77 euros;
-MALEV, la suma de 304,41 euros;
-THY TURKISH AIRLINES, la suma de 58.739,97 euros;
-TAROM, la suma de 3.259,21 euros;
- ROYAL JORDANIAN AIRLINES, la suma de 2.697,70 euros;
- AIR MALDIVA, la suma de 154,40 euros;
- SINGAPORE AIRLINES, la suma de 1.607,64 euros;
- CIMBER AIRLINES, la suma de 906,41 euros;
- SPANAIR S.A., la suma de 33.361,78 euros;
- SIWSS INTERNACIONAL AIR LINES, la suma de 64.093,71 euros
- AIR BERLIN, la suma de 957,24 euros,
- HAINAN AIRLINES, la suma de 8.222,41 euros;
- TAM LINHAS AEREAS S.A., la suma de 26.406,22 euros;
-AIR EUROPA L.A., la suma de 14.271,87 euros;
-AIR CHINA, la suma de 23.660,50 euros. >>
<<Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Ildefonso , ya circunstanciado, como cooperador necesario penalmente responsable de un delito continuado de estafa en su modalidad agravada por la cuantía previsto y penado en los artículos 248.1 , 250.1.5 ° y 74 del CP , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas deTRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN,con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el desempeño de la profesión de agente de viajes durante el tiempo de la condena, y la pena deNUEVE MESES DE MULTA a razón de una cuota diaria de seis euros,y con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 del C.Penal , en caso de impago de la multa, así como al pago de las costas procesales generadas en este juicio, incluidas las de la acusación particular.
El acusado, devenido condenado, con la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad AEROTRIP VIATGES S.L., deberá satisfacer en concepto de responsabilidad civil a IATA la cantidad global de 560.570,83 euros, con más los intereses legales devengados conforme a la previsión normativa del art. 576 de la L.E.Civil , para su distribución entre las compañías aéreas perjudicadas conforme a las cantidades siguientes:
- VUELING AIRLINES, la suma de 4.888,62 euros;
- TAP ÁIR PORTUGAL, la suma de 5.025,82 euros;
- ALITALIA SPA la suma de 51.286,80 euros;
- SAUDI ARABIAN AIRLINES, la suma de 12.342,32 euros;
- GULF AIR G.S.C., la suma de 9.901,35 euros;
- BRUSELLS AIRLINES, la suma de 25.275,88 euros;
- AIR NEW ZEALAND, la suma de 717,45 euros;
- AVIANCA S.A., la suma de 16.330,48 euros;
- ROYAL AIR MAROC, la suma de 11.815,43 euros;
- HAHN AIR, la suma de 150.403,77 euros;
- MALEV, la suma de 304,41 euros;
- THY TURKISH AIRLINES, la suma de 58.739,97 euros;
- TAROM, la suma de 3.259,21 euros;
- AIR EUROPA L.A., la suma de 14.271,87 euros;
- AIR CHINA, la suma de 23.660,50 euros.
Para el cumplimiento de la pena que se le impone declaramos de abono todo el tiempo que, en su caso, hubiera estado privado de libertad por esta causa siempre que no le hubiera sido computado en otra conforme al articulo 58 del C:P .>>
TERCERO.-Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma, por Don Ildefonso y por la entidad Aerotrip Viatges S.L., que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
CUARTO.-La representación procesal de Don Ildefonso , basa su recurso de casación en los siguientes motivos:
Primero.- A/ RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Por haber infringido el Derecho Constitucional a la Tutela Judicial efectiva y a la presunción de inocencia; reconocidas en el Art 24 de la Constitución Española y Articulo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Segundo.- B/ RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY del número 1 del Artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por haberse infringido preceptos penales de carácter sustantivo, en su interpretación por reiteradas sentencias del Tribunal Supremo
Tercero.- C/ RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY del número 2 del Artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Existiendo error en la apreciación de la Prueba.
Cuarto.- D/ RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA de los Artículos 850 y 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
QUINTO.- La representación procesal de la entidad Aerotrip Viatges S.L., basa su recurso de casación en los siguientes motivos:
Primero.- Por infracción de Ley con base en el nº 1 del art. 849 de la L.E.Crim ., al haberse infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en aplicación de la Ley Penal.
Segundo.- Infracción por aplicación indebida del art. 120.3 del Código Penal .
Tercero.-Infracción de ley por error en la apreciación de las pruebas y en concreto los particulares que obran al folio 103 a 140 y 240 a 271,526 a 531 y escritura de cese de administrador de AEROTRIP VIATGES, S.L. de 11 de Mayo de 2.011 aportada en la vista oral.
SEXTO.-Instruidas las partes, el Ministerio Fiscal y la parte recurrida, solicitan la inadmisión de todos los motivos, impugnándolos subsidiariamente; la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
SÉPTIMO.-Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el día seis de marzo de dos mil diecinueve.
PRIMERO.-Don Ildefonso ha sido condenado en sentencia núm. 743/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo de Sala 26/2017 , dimanante de la causa de Procedimiento Abreviado núm. 1476/2011, instruida por el Juzgado de Instrucción núm. 10 de Barcelona, como autor de un delito continuado de estafa agravada, previsto en los artículos 248.1 , 250.1.5 ° y 74 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres años y seis meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el desempeño de la profesión de agente de viajes durante el tiempo de la condena, y multa de nueve meses, a razón de una cuota diaria de seis euros, y con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 del Código Penal , en caso de impago de la multa, así como al pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular. Igualmente ha sido condenado, con la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Aerotrip Viatges S.L., a satisfacer en concepto de responsabilidad civil a IATA (International Air Transport Association) la cantidad global de 560.570,83 euros, más los intereses legales devengados conforme a la previsión normativa del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , para su distribución entre las compañías aéreas perjudicadas.
La citada sentencia ha sido objeto de recurso por Don Ildefonso y por Aerotrip Viatges S.L.
Recurso formulado por Don Ildefonso
SEGUNDO.-El primer motivo del recurso formulado por Don Ildefonso se deduce por infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva garantizados en el artículo 24 de la Constitución .
En desarrollo de este motivo señala el recurrente que la sentencia dictada por la Audiencia no determina de manera específica la auténtica participación del acusado en la ejecución de los hechos, considerándole cooperador necesario de un delito en el cual no participó, bien sea en su ideación o bien sea en su perpetración. Indica que su participación se limitó a constituir Aerotrip Viatges S.L. en fecha 7 de marzo de 2011, como socio y administrador único, porque los dueños le ofrecieron un trabajo fijo, y que el capital social de 3.000 euros no fue puesto por él y que la gente que le guiaba hacía todas las gestiones, desconociendo Don Ildefonso sus pretensiones, razón por la que se muestra ajeno a los hechos delictivos.
1. La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE ) dispone que la Unión respetará los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el CEDH, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.
Conforme se expone en el Considerando 22 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa, sin perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del órgano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilización de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado. Dichas presunciones deben mantenerse dentro de unos límites razonables, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa, y los medios empleados deben guardar una proporción razonable con el objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Además, aquéllas deben ser 'iuris tantum' y, en cualquier caso, solo deben poder utilizarse respetando el derecho de defensa.
En consonancia con ello, el artículo 6.1 de la referida Directiva establece que los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable.
A nivel nacional, el derecho a la presunción de inocencia está reconocido, con carácter de fundamental y rango constitucional, en el artículo 24.2 de la Constitución Española ("Todos tienen derecho...a la presunción de inocencia").
Como explican numerosas resoluciones de esta Sala, (SS 1126/2006, de 15 de diciembre , 742/2007, de 26 de septiembre , y 52/2008, de 5 de febrero ), cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho delictivo y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ( STS 1125/2001, de 12 de julio ).
Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento, hasta la reforma operada por Ley 41/2015, de 5 de octubre, de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria en relación a aquellas sentencias dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la legislación anterior, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria de cargo sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, lo que comprende el examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y el proceso de formación y obtención de la prueba. Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias ( artículo 9.1 CE ); o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio nemo tenetur ( STS 1030/2006, de 25 de octubre ).
No se trata de que este Tribunal compare la valoración probatoria efectuada por la Audiencia y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo. Además, no es posible valorar nuevamente las pruebas personales, respecto de las cuales esta Sala carece de inmediación.
2. La sentencia de instancia contiene suficiente motivación en relación con los hechos que se atribuyen al acusado, valoración de la prueba que efectúa el Tribunal para alcanzar su convicción de culpabilidad y la calificación jurídica de los hechos.
Conforme se expresaba en la sentencia de esta Sala núm. 356/2016, de 26 de abril , "la motivación debe abarcar ( SS de 26 abril y 27 junio 1995 ), los tres aspectos relevantes: fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena.
En definitiva, el deber constitucional de motivar las sentencias penales abarca los tres extremos, anteriormente indicados, pero con respecto al primero, el deber de motivar los elementos fácticos de las resoluciones, tiene -entre otras- las siguientes conclusiones: 1º) No es posible una simple valoración conjunta de la prueba, sin dar cuenta el Tribunal de las fuentes probatorias concretas de las que se ha servido para obtener su convicción judicial. 2º) Que tal deber no se satisface con la mera indicación de las fuentes y los medios de prueba llevados a cabo al juicio, "sin aportar la menor información acerca del contenido de las mismas" ( Sentencia 123/2004 , entre otras). 3º) Que, en el caso de tratarse de diversos acusados, deben individualizarse los mecanismos de apreciación probatoria, uno por uno, y no en forma globalizada. 4º) Que, en caso de tratarse de prueba indirecta, han de recogerse pormenorizadamente los indicios resultantes de la prueba directa, de donde deducir, después, motivadamente la incriminación de los acusados. 5º) Que en el supuesto de que tales pruebas se refieran a observaciones telefónicas, no basta con una referencia genérica a la documental de la causa, o a sus transcripciones, sino que debe indicarse cuales son las frases concretas de donde se deduce, por prueba directa o indirecta, la participación de cada acusado en cuestión.(F.J. 4º)."
Igualmente, la sentencia núm. 915/2016, de 02 de diciembre , con remisión expresa a la sentencia núm. 1036/2013 de 25 de diciembre, señala que "EI Tribunal Constitucional se refiere, por un lado, a lo que denomina la "cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente motivada" afecta al derecho a la tutela judicial, pero también, e incluso principalmente, a la garantía de presunción de inocencia. EI matiz determinante será el grado de incumplimiento de la obligación de motivar. El derecho a la tutela judicial se satisface con un grado mínimo. Basta con que Ia sentencia permita la cognoscibilidad de la ratio decidendi. Pero si este no se alcanza se habrá vulnerado el mas exigente canon de la presunción de inocencia. ( SSTC 9/2011 de 28 febrero y las ahí citadas SSTC 5/2000), de 17 de enero, FJ 2 ; 249/2000, de 3 de octubre, FJ 3 ; 209/2002, de 11 de noviembre, FFJJ 3 y 4; 143/2005, de 6 de junio, FJ 4 ); 245/2007, 10 de diciembre , FJ 5). (F.J. 4º)."
En el supuesto examinado la sentencia recoge una valoración expresa, detenida y detallada de las pruebas de cargo. En la misma se expone, en primer lugar, lo declarado por el propio acusado y por los testigos en el acto del juicio oral. También relaciona los documentos de interés que obran en el procedimiento, así como expone el resultado de cada una de las pruebas practicadas.
El Tribunal de instancia igualmente ofrece cumplida contestación al recurrente sobre todas y cada una de las cuestiones que suscita y explicación coherente y clara de lo ocurrido, explicación que, además, viene amparada por el resultado de los medios probatorios practicados.
De esta forma valora, en primer lugar, el reconocimiento por el propio acusado de determinados hechos, como son: 1) la constitución de Aerotrip Viatges S.L., en fecha 7 de marzo de 2011, en la condición de socio y administrador único, siendo el objeto social el de agencia de viajes. Ello no obstante señala que la constituyó porque los dueños le ofrecieron un trabajo fijo; 2) que se constituyó con un capital social de 3.000 euros, que no fue puesto por él; 3) que fue él también quien firmó la solicitud con IATA y el contrato de agencia, aunque señaló que no sabía lo que era; y 4) que él era el único que tenía firma en la cuenta de la Caixa.
Junto a ello, el Tribunal ha valorado la declaración de los distintos testigos que ante él prestaron declaración, como Don Pedro Miguel , representante de IATA, quien explicó todo el proceso para la obtención de la licencia para expedir billetes de avión. Aclaró que las liquidaciones que se hacían con Aerotrip Viatges S.L. eran semanales y que lo que les alertó fue el volumen de ventas que observaron ya desde la primera semana. Igualmente señaló que, aun cuando el contrato que firmaron estaba en inglés, entregaron también una copia en castellano. Entre otros testimonios también ha valorado la sentencia el prestado por Doña Flora , quien manifestó que fue a la agencia al recibir la denuncia de su jefe y pudo observar que el local no parecía una agencia de viajes al uso y que solo había una chica en un mostrador. También contó el Tribunal con el testimonio de los agentes de Policía Nacional que habían seguido las investigaciones, relatando éstos que la dirección que constaba en el Registro Mercantil como domicilio de la agencia no se correspondía con el domicilio real, que el número de la calle no coincidía, que la agencia llevaba semanas cerrada cuando se presentaron, tras recibir la denuncia, y que investigaron a Camilo , el que trabajaba en otra agencia de viajes sin relación hallada con la constituida por el acusado.
Por último, la Audiencia ha analizado la abundante prueba documental obrante en las actuaciones a través de la cual queda constancia de los documentos firmados por el acusado, quien constituyó y actuó como administrador único de Aerotrip Viatges S.L., firmando todos y cada uno de los documentos que fueron precisos para conseguir la licencia para operar en nombre de IATA. Igualmente ha examinado las dos liquidaciones practicadas por Aerotrip Viatges S.L., así como el informe de la Guardia Urbana emitido sobre el local que ocupaba la agencia el día 15 de mayo de 2011, en el que se pone de manifiesto que aquel estaba abierto al público, pero carecía de licencia de actividades y de seguro de responsabilidad civil obligatorio, así como de rótulo y hojas de reclamaciones. Los extintores estaban caducados, no siendo accesibles ni para los clientes ni para la responsable del establecimiento, y carecía de rótulo de horario de apertura o cierre y de caja registradora o medios para expedir tickets o facturas. Informan también que la persona que allí se encontraba afirmó que carecía de contrato de trabajo y que se encontraba en periodo de pruebas, el cual ya superaba los quince días. También se refiere la Audiencia a la certificación emitida por la entidad La Caixa en la que se indica que la entidad Aerotrip Viatges S.L. es titular... de la cuenta ahorro n° NUM000 en la que el acusado, Don Ildefonso , contaba con firma autorizada, y a la escritura de venta de participaciones otorgada por Don Ildefonso en fecha 11 de mayo de 2011 a favor de Don Rosendo , y que fue aportada por el propio acusado. Las referencias comprenden la sentencia de desahucio del local de fecha 15 de diciembre de 2014 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Mataró .
Analizando todo este material probatorio, la Audiencia ha realizado el juicio de inferencia, que expone con todo detalle. De esta forma razona que la constitución de la sociedad se llevó a cabo con el único objeto de conseguir que se cumplieran los requisitos para poder operar como agente autorizado, que tal constitución fue llevada a cabo por el acusado, única persona que constaba como propietario y administrador de dicha agencia de viajes, y persona que llevó a cabo todos los trámites necesarios para dar de alta a la compañía como agencia de viajes y que presentó la solicitud ante IATA para ser reconocido por tal agente autorizado. Además refiere el Tribunal que fue él quien cumplimentó, en nombre de la entidad Aerotrip Viatges S.L., todos los requisitos exigidos para lograr dicha autorización, tales como la aportación del informe especial de Procedimientos Acordados en el que se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos por IATA para operar como agente de la misma, el certificado de antecedentes penales, la Escritura de constitución de la sociedad y la aportación de los estatutos, la comunicación y declaración responsable de la actividad de agente de viajes en Cataluña. Con estos actos generó una ficticia apariencia de seriedad, solvencia y profesionalidad de la que claramente carecía, cuya única finalidad iba dirigida a obtener la autorización para poder emitir los billetes de transporte aéreo para, con ánimo de lucro, hacer suyo el importe de tales billetes. Destaca en este punto el Tribunal que no consta que la entidad Aerotrip Viatges S.L. hubiera realizado actividad profesional alguna, ni que tuviera trabajadores, careciendo de la infraestructura necesaria para llevar a cabo su actividad. También resalta el hecho de que se efectuaran las dos primeras liquidaciones semanales por cantidades exorbitantes.
Finalmente el Tribunal ofrece contestación a la tesis del acusado, quien afirma que unas personas le guiaban en todas las gestiones y que él se limitaba a firmar, identificando como tales a un argentino llamado Genaro , Camilo y Geronimo .
Destaca la Audiencia, en contra de la versión del acusado, que ningún empleo ni formación para la emisión de billetes obtuvo en la agencia de viajes, que vendió la sociedad sin informar a IATA, constando en la Escritura de venta que había recibido 3.000 euros cuando ante el Tribunal había señalado que la vendió por 0 euros. También señala que conoció el contenido del contrato que firmó con IATA pues le fue entregada una copia en español, no obstante lo cual ocultó la transmisión de la sociedad a IATA con el fin de eludir el cumplimiento de sus responsabilidad y lograr así la impunidad por la distracción de los importes devengados por las masivas emisiones de billetes de transporte aéreo, lo que en definitiva vino a implicar y facilitar la distracción de fondos, y que, pese a la venta de la sociedad, el Sr. Ildefonso continuó presentándose frente a terceros como socio de la entidad Aerotrip Viatges S.L.. También era consciente de la obligación de ingresar el importe de las liquidaciones, cuyos legítimos titulares eran las compañías aéreas, como bien se desprende del artículo 7 del contrato suscrito con IATA, lo que tampoco llevó a cabo.
En este punto, debe recordarse que tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala, han venido declarando que, existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo, si a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, la falta de una explicación alternativa y plausible, refuerza la convicción racionalmente deducida de la prueba practicada ( sentencia núm. 758/2006, de 4 de julio ); de esta forma, la explicación absurda o inverosímil del inculpado, puede ser objeto de valoración probatoria y, si bien no puede fundar por sí misma la convicción de culpabilidad como único indicio, sí puede ser utilizada razonablemente para reforzar la propia cadena de las pruebas de cargo o indicios que conforman la inferencia, sin que ello suponga lesión alguna del derecho fundamental a la no autoincriminación, tal como ha declarado el Tribunal Constitucional ( SSTC 56/96 , 24/97 ó 61/2005) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia del TEDH de 8 de febrero de 1996 , caso Justo , de 6-6-2000 caso Averill contra Reino Unido; sentencia del TEDH de 4-10-2005 caso Shanon contra Reino Unido ).
Desde esta perspectiva, sin duda, la explicación dada por el acusado, Don Ildefonso , huérfana de toda corroboración probatoria, no hace sino asentar todavía más la robustez de la tesis acusatoria.
Las afirmaciones que realiza el Tribunal no suponen presunciones en contra del acusado. Por el contrario constituyen coherente y unívoca explicación de lo sucedido y del propósito Sr. Ildefonso . Si se admitiesen como ciertas sus afirmaciones, se llegaría a conclusiones absurdas.
Todos estos elementos, relacionados y constatados por el Tribunal con prueba directa que detalla en la resolución recurrida, y debidamente valorados, sin lugar a duda exteriorizan la conclusión del Tribunal: el acusado llevó a cabo todos los actos tendentes a crear una apariencia de solvencia y profesionalidad de la entidad Aerotrip Viatges S.L. que le permitieran obtener la autorización para operar como agente autorizado con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, emitiendo para ello los billetes de transporte aéreo con el fin de hacer suyo el importe de tales billetes y no reintegrarlo a sus legítimas titulares, que eran las compañías aéreas que autorizaban los vuelos, ascendiendo la cifra defraudada a 598.070'83 euros.
Con ello se evidencia que el Tribunal ha constatado la existencia de pruebas válidas, sometidas a contradicción y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditado que el acusado participó de forma consciente, activa, eficaz y decisiva en la en la actividad por la que ha sido acusado; pruebas que además han sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a criterios lógicos y razonables, constando en la sentencia el razonamiento lógico de la convicción alcanzada por el Tribunal. Se trata en definitiva de una conclusión valorativa ciertamente racional y razonada careciendo esta Sala de casación de motivos para invalidarla.
TERCERO.-A través del motivo segundo de su recurso, invoca la defensa de Don Ildefonso infracción de ley, al amparo del núm. 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por considerar que se han aplicado erróneamente los artículos 248.1 , 250.1.5 y 74, así como el artículo 21.6ª, todos ellos, del Código Penal .
Señala que no consta ninguna venta de billetes por importe superior a 50.000 euros, por lo que no sería de aplicación el tipo agravado, el cual también entra en contradicción con el delito continuado. Considera que, en cualquiera de los casos, la superposición del tipo agravado con el delito continuado supone incurrir en la vulneración del principio "non bis in idem", por lo que entiende que solo procedería aplicar el tipo básico del delito continuado de estafa.
También aduce que no concurren los elementos básicos del delito de estafa, ya que por parte de Don Ildefonso no se provoca una situación de engaño puesto que su única intención fue la de procurarse un puesto de trabajo. No realizó actos relevantes, por lo que no puede ser considerado cooperador necesario, sino únicamente cómplice al no tener una aportación significativa en la ejecución de los hechos al ser su conducta meramente accesoria.
Además entiende que debió ser apreciada la circunstancia atenuante 6ª del artículo 21 del Código Penal dado que la instrucción de la causa tuvo una duración de seis años y medio.
1. El motivo por infracción de Ley del artículo. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente. Pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos ni prescindir de los existentes.
La sentencia 628/2017, de 21 de septiembre , expone que este precepto, que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. De lo contrario, se incurre en la causa de inadmisión -ahora desestimación- de los arts. 884.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En análogos términos se pronuncia la sentencia de esta Sala 842/2014, de 10 de diciembre , que, con referencia a otras sentencias ( SS.TS 8/3/2006 , 20/7/2005 , 25/2/2003 , 22/10/2002 y ATC 8/11/2007 ), señala que el motivo formulado al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación- conforme lo previsto en el art. 884. 3 Ley de Enjuiciamiento Criminal .
2. Teniendo en cuenta la anterior doctrina y descendiendo al motivo del recurso, el hecho probado de la sentencia de instancia describe:
" Ildefonso , ..., en connivencia con terceros no identificados, y actuando en calidad de administrador único de la mercantil Aerotrip Viatges S.L., que había sido constituida por el propio acusado en fecha 7 de febrero de 2011 como único socio, y guiado por el previo propósito de obtener un enriquecimiento económico injusto a costa de las compañías aéreas miembros de IATA (International Air Transport Association) y aparentando una solvencia y seriedad profesional de la que carecía, contactó con dicha asociación internacional a fin de obtener licencia para la emisión de billetes de transporte aéreo. .... De esta forma, el día 2 de mayo de 2011 se procedió a suscribir entre IATA y Ildefonso , siempre en nombre de Aerotrip Viatges S.L., eloportuno contrato que facultaba a la agencia para efectuar la venta de billetes aéreos en nombre de las compañías asociadas a IATA y a su liquidación al amparo del sistema BSP, de acuerdo con el cual las ventas debían documentarse en liquidaciones semanales cuyo importe neto, propiedad de las respectivas compañías aéreas, la agencia estaba obligada a entregar al final del mes natural de la venta correspondiente.
El día 11 de mayo de 2011, Aerotrip Viatges S.L., fue dada de alta en el referido sistema BSP iniciando la agencia la venta de billetes de transporte aéreo, dándose la circunstancia de que la primera liquidación, que abarcaba el periodo de cinco días comprendido entre los días 11 a 15 de mayo de 2011, arrojó un saldo neto a abonar a las compañías aéreas a través de IATA, de 406.458,58 euros, siendo el importe de la segunda liquidación correspondiente a la segunda semana que abarcaba al periodo de 7 días desde el 16 al 22 de mayo de 2011, de 191.612,25 euros, ascendiendo la suma de ambos importes por doce días de liquidación a un total de 598.070,83 euros.
Ante lo excesivo de tales cantidades, IATA trató de contactar con el acusado, lo cual no fue posible al haber desaparecido el mismo y hallarse cerrado y sin actividad el local de Cornellá, motivo por el cual IATA, .... sin que en ningún momento las cantidades percibidas por Aerotrip Viatges S.L. por la emisión de billetes hayan sido abonadas a IATA, con el consiguiente perjuicio para las compañías aéreas miembros de IATA."
3. Conforme al relato de hechos que contiene la sentencia de instancia, concurren en la conducta del acusado los elementos integrantes del delito continuado de estafa de los artículos 248.1 , 250.1.5 °, y 74 del Código Penal .
Como señalamos en la sentencia núm. 828/2014, de 1 de diciembre, la jurisprudencia de esta Sala viene considerando que el delito de estafa requiere la utilización de un engaño previo bastante con ánimo de lucro, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido en el patrimonio de la víctima (primer juicio de imputación objetiva); y de tal acción tiene que derivarse un desplazamiento patrimonial realizado por el sujeto pasivo del engaño en perjuicio del bien jurídico que tutela la norma penal, perjuicio que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal ontológico o naturalístico), materializándose en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima implica la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva) ( SSTS 220/2010, de 16 de febrero ,; 752/2011, de 26 de julio ; y 465/2012, de 1 de junio ).
En el caso examinado existe engaño ya que Don Ildefonso llevó a cabo todos los actos tendentes a crear una apariencia de solvencia y profesionalidad de la entidad instrumental Aerotrip Viatges S.L., actos que consistieron en obtener la autorización por parte de IATA para operar como agente autorizado de la misma, permitiéndole de este modo emitir los billetes de avión para recibir su importe y liquidar después con IATA semanalmente. A continuación, procedió a emitir los billetes de transporte aéreo con el fin de hacer suyo el importe de tales billetes, lo que implica un evidente ánimo de lucro. Finalmente, como había ideado, el beneficio ilícito lo obtuvo no reintegrando a IATA las cantidades que le correspondían, deducidas las comisiones pactadas, por los billetes emitidos, ascendiendo la cifra defraudada a un total de 598.070'83 euros.
El importe de las dos liquidaciones fue de 406.458,58 euros y de 191.612,25 euros, excediendo cada una de ellas del límite de los 50.000 euros fijados por el artículo 250.1.5º para aplicar el tipo agravado, teniendo en cuenta que el engaño se produjo sobre IATA, y con ella se debían llevar a cabo las liquidaciones a través de las cuales se originó el desplazamiento patrimonial.
Siendo así, en los hechos probados constan todos y cada uno de los elementos del delito de estafa cualificada por el que ha sido condenado el acusado.
4. Respecto la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del art. 250.1.5º, la jurisprudencia de esta Sala (SS. 1236/2003 de 27.6 , 605/2005 de 11.5 , 900/2006 de 27.9 , 918/2007 de 20.11 ), tiene declarado que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es la del art. 250.1.6 (actual 250.1.5º) del Código Penal , ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del principio "non bis in idem".
Conforme también se expresa en la sentencia núm. 828/2014, de 1 de diciembre , "... esta Sala adoptó en el Pleno no jurisdiccional de 30 de octubre de 2007 el siguiente Acuerdo: "El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera del art. 74.1º solo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración".
Tras este Acuerdo, la Sala de Casación, según se subraya en la sentencia 662/2008, de 14 de octubre , como último intérprete de la legalidad ordinaria penal, ha establecido que en relación a la compatibilidad del subtipo agravado del 250.1.6º (actual 250.1.5º) y la continuidad delictiva procede la aplicación del subtipo de especial gravedad siempre que la totalidad de las diversas defraudaciones superen la cantidad de 36.000 euros (50.000 euros tras la reforma por Ley Orgánica 5/2010), siendo además aplicable, dada la continuidad delictiva, el art. 74, pero solo en su apartado 2 .
La nueva jurisprudencia establece, por tanto, que cuando las distintas cuantías defraudadas fuesen de forma individualizada insuficientes para la calificación del art. 250.1.6º (art. 250.1.5º actual), pero sí lo fueran globalmente consideradas, la pena básica no se determinará en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. Ese Acuerdo lleva en estos supuestos a la aplicación del art. 250.1.6º (250.1.5º actual) dado que los delitos, aún inferiores en su consideración individual a 36.000 euros (50.000 euros después de la reforma por Ley Orgánica 5/2010 ), en conjunto superan esa cifra. Ahora bien, no se aplicará al unísono el art. 74.1 sino el apartado 2 del referido precepto, pues la suma de las cuantías ya se tiene en cuenta para agravar la pena mediante la aplicación de la del subtipo agravado del art. 250.1.6º (actual 250.1.5º) y no la del art. 249 del Código Penal . En cambio, sí operará el apartado 1 del artículo 74 junto con el art. 250.1.6º (250.1.5º actual) cuando uno o más de los actos defraudatorios rebasen la cifra de los 50.000 euros ( SSTS 919/2007, de 20-11 ); 8/2008, de 24-1 ; 199/2008, de 25-4 ; 563/2008, de 24-9 ; 662/2008, de 14-10 ; 973/2009, de 6-10 ; y 611/2011, de 9-6 )."
En el caso que se examina, como antes se expresaba, el engaño se produjo sobre IATA, no sobre las compañías aéreas, produciéndose también desde IATA el desplazamiento patrimonial al incumplirse el pago de dos liquidaciones semanales, por lo que se cometieron dos estafas al conseguir dos períodos de suministro de billetes. Además cada una de las dos acciones típicas superó la cuantía de 50.000 euros, por lo que procede la aplicación del subtipo de especial gravedad y, además, debe ser aplicada la continuidad delictiva.
5. Señala también el recurrente que no puede ser considerado cooperador necesario. A lo sumo mero cómplice al no tener una aportación significativa en la ejecución de los hechos y ser su conducta meramente accesoria.
5.1. Como señalamos en la sentencia núm. 358/2015, de 10 de junio , la doctrina jurisprudencial, en relación a la participación de cooperadores necesarios y cómplices, excluidas la autoría, se materializa en dos posibilidades según la importancia de la contribución, de tal manera que se distingue, entre la realización de papeles accesorios o secundarios para la realización del hecho típico, de aquella otra en que la aportación resulta esencial y necesaria para la ejecución del delito. Así la sentencia de esta Sala de 11 de junio de 1999 define la actividad del cómplice como secundaria, accesoria o auxiliar a la acción del autor principal.
Igualmente, la sentencia núm. 952/2013, de 5 de diciembre, expone: "Tiene declarado esta Sala , como es exponente la Sentencia 1216/2002, de 28 de junio , que la complicidad requiere el concierto previo o por adhesión ("pactum scaeleris"), la conciencia de la ilicitud del acto proyectado ("consciencia scaeleris"), el denominado "animus adiuvandi" o voluntad de participar contribuyendo a la consecución del acto conocidamente ilícito y finalmente la aportación de un esfuerzo propio, de carácter secundario o auxiliar, para la realización del empeño común. Se distingue de la coautoría en la carencia del dominio funcional del acto y de la cooperación necesaria en el carácter secundario de la intervención, sin la cual la acción delictiva podría igualmente haberse realizado, por no ser su aportación de carácter necesario, bien en sentido propio, bien en el sentido de ser fácilmente sustituible al no tratarse de un bien escaso.
El cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, de una participación accidental y de carácter secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible (v. S. 15 julio 1982). Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: uno objetivo, consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados por el autor del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario conocimiento del propósito criminal del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente y eficaz a la realización de aquél (Cfr. Sentencia de 24 de abril de 2000 ).
Por el contrario, serán coautores los que co-dominan funcionalmente el hecho que se subsume en la conducta típica. Y ese dominio funcional del hecho que ejerce cada uno de los coautores se manifiesta en el papel que le corresponde en la división del trabajo, integrado en la decisión conjunta al hecho. En esa decisión conjunta o común aparecen conectadas los distintos aportes o tareas en que se divide la realización del hecho.
Esa división de aportes o tareas también se presenta entre autores y cómplices o cooperadores. La jurisprudencia de esta Sala ya no considera que el acuerdo previo sin más sea suficiente para construir la coautoría. Constituye una condición, pero no la única, de la coautoría. Esta surge cuando a la decisión común acompaña una división de papeles o tareas que no importe subordinación de unos respecto de otro o de otros y ese aporte principal exterioriza el dominio funcional de cada uno sobre el hecho que se va a realizar.
Así viene recogido en la jurisprudencia de esta Sala en la que también se afirma que en la coautoría todos son autores, por consiguiente, en cada uno de ellos deberán concurrir todas las características típicas exigidas para ser autor. Unas de carácter subjetivo como es la decisión conjunta y otras de carácter objetivo como son el co-dominio del hecho y la aportación al hecho en la fase ejecutiva. Ese común acuerdo o decisión conjunta permitirá conectar unas aportaciones a otras, en razón a la división de funciones dentro del conjunto que integra la realización del tipo. El co-dominio del hecho supone que todos y cada uno de los intervinientes dominan el hecho. Para una conceptuación correcta de la coautoría es preciso tener en cuenta las siguientes reglas: sin aporte no es posible coautoría; cualquier aporte no da lugar a la coautoría; y no todo común acuerdo configura una coautoría. Es preciso el dominio del hecho con todos los requisitos que lo conforman. También ha de tenerse en cuenta que el aporte debe ser esencial, y ello no quiere decir que sea causal. Y ese aporte debe ser en la fase ejecutiva, es decir, su contribución debe tener lugar en el momento de la realización del tipo ya que de otro modo no se podría afirmar el dominio del hecho. El mismo aporte durante la preparación daría lugar a la cooperación necesaria y los demás aportes que no sean esenciales, tanto durante la ejecución como durante la preparación deberán considerarse complicidad (Cfr. Sentencia 370/2007, de 23 de abril )."
5.2. En el caso de autos, nuevamente, deduciéndose el motivo al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , debemos atenernos al relato de hechos probados de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial. En él se atribuye al Sr. Ildefonso una participación esencial y necesaria para la ejecución del delito. Así, en el mismo se refieren las distintas actividades realizadas por el acusado que resultaron imprescindibles para llevar a cabo la actividad defraudadora, aparentando ante IATA una seriedad y solvencia de Aerotrip Viatges S.L., de la que carecía, a través de la cual logró el engaño y el consiguiente desplazamiento patrimonial. Con este objeto, según se refiere en el apartado de hechos probados, el acusado constituyó Aerotrip Viatges S.L., apareciendo él como único socio y administrador, y aparentando solvencia y seriedad profesional, contactó con IATA a fin de obtener licencia para la emisión de billetes de transporte aéreo. De esta forma, consiguió suscribir con IATA, en nombre de Aerotrip Viatges S.L., el oportuno contrato que facultaba a la agencia para efectuar la venta de billetes aéreos en nombre de las compañías asociadas a IATA y a su liquidación al amparo del sistema BSP, siendo Aerotrip Viatges S.L., dada de alta en el sistema BSP iniciando con ello la agencia la venta de billetes de transporte aéreo, cuyo importe, deducida la comisión de la agencia, IATA nunca recibiría.
Por ello, en la ponderación de estos elementos no se ha obtenido una conclusión absurda o arbitraria y tampoco se puede reputar de escasa relevancia la actuación descrita y llevada a cabo por Don Ildefonso . Sus actos en modo alguno pueden ser catalogados como de mera accesoriedad o periféricos. Por el contrario la participación de Don Ildefonso prestando su cooperación voluntaria para el éxito del plan resultaba esencial y necesaria para la ejecución del delito, debiendo responder por ello como cooperador necesario.
6. También entiende el recurrente que debió ser apreciada la circunstancia atenuante 6ª del artículo 21 del Código Penal dado que la instrucción de la causa tuvo una duración de seis años y medio.
6.1. A través del apartado de hechos probados podemos conocer que los hechos acaecieron en el mes de mayo de 2011. La sentencia se dictó el día 27 de noviembre de 2017. En el fundamento de derecho tercero el tribunal ha valorado específicamente como circunstancia a tener en cuenta para graduar la pena, el tiempo transcurrido en la tramitación del procedimiento.
Este Tribunal viene señalando (sentencias núm. 360/2014 y 364/2018 ) que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6ª del Código Penal .
Como criterios a tener en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles, etc.
6.2. En el caso de autos, la causa ha tenido una tramitación lenta, habiendo transcurrido algo más de seis años desde la fecha de incoación del procedimiento (14 de junio de 2011), la declaración del acusado (29 de noviembre de 2011) hasta la celebración del juicio oral (23 de octubre de 2017) y la sentencia (27 de noviembre de 2017 ). Tal duración no encuentra justificación en la complejidad de la causa en la que básicamente se han practicado, además de distintas declaraciones, la incorporación a la causa de diversa documentación. Se observan determinadas paralizaciones: más de seis meses entre 25 de julio de 2012 y 6 de marzo de 2013; cinco meses entre el 5 de abril de 2013 y 2 de septiembre de 2013; casi siete meses entre el día 8 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2014. Finalmente se dictó auto de transformación en procedimiento abreviado el día 11 de abril de 2016, desarrollándose la fase intermedia a lo largo de once meses, pese a que únicamente existían dos acusaciones y una defensa. Finalmente se elevó la causa a la Audiencia Provincial el día 1 de marzo de 2017. La sentencia que se recurre se dictó el día 27 de noviembre de 2017. Además, el retraso producido no puede imputarse al acusado.
Por lo expuesto, debe concluirse estimando que se ha producido una dilación extraordinaria e indebida en relación con la complejidad de la causa de entidad suficiente para estimar la atenuante simple de dilaciones indebidas.
En consecuencia, procede la estimación de este motivo.
Ello no obstante debe mantenerse la pena de prisión en su mínima extensión legal de tres años y seis meses y la de multa en extensión, también mínima, de nueve meses, tal y como ha sido acordado por la Audiencia. Ello en atención a que la concurrencia de una sola circunstancia atenuante determina únicamente la aplicación de la pena en su mitad inferior, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.1.1ª del Código Penal .
CUARTO.-En el desarrollo del tercer motivo del recurso, deducido por infracción de Ley del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , denuncia el recurrente error en la apreciación de la prueba. Considera que la Escritura de venta de participaciones sociales de Aerotrip Viatges S.L. pone de manifiesto que la venta de billetes tuvo lugar (semana del 08 al 15 de mayo de 2011) cuando el acusado ya no tenía ninguna participación en la empresa y resultaba ajeno a ella, ya que procedió a su venta el 11 de mayo de 2011 a Don Rosendo y cesó en el cargo administrador. Añade que hay otros documentos, como son la sentencia de desahucio de fecha 15 de diciembre del 2014 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Mataró , copia del decreto de ejecución 1671/2014 del Juzgado de lo Social nº 23 de Barcelona, que declara al ejecutado Don Ildefonso en situación de insolvencia, por importe de 419,97 euros, y copia del certificado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se indica que el acusado es beneficiario a fecha 4 de Octubre del 2017 de una renta activa de inserción por importe de 430,27 euros, documentos que ponen de manifiesto su precariedad económica, por lo que resulta imposible que participara en unos hechos por el que se le atribuye la obtención de un beneficio económico de más de 500.000 euros.
1. En relación al motivo de casación por error en la apreciación de la prueba, esta Sala (sentencias 936/2006, de 10 de octubre , 778/2007, de 9 de octubre , y 424/2018, de 26 de septiembre ), viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración de la prueba, la cual corresponde al Tribunal según el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; 4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.
Por tanto -se dice en la STS 765/2001, de 19 de julio - el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya que en esos casos, lo que estaría bajo discusión, sería la racionalidad del proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad, en todo caso, aunque sus efectos de su estimación fueran distintos el referido vicio de error en la valoración probatoria presupone la autarquía demostrativa del documento que ha de serlo desde dos planos: 1º) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiente, es decir que no precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error; y 2º) que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también señalando una reiterada doctrina jurisprudencial" ( STS 310/2017, de 3 de mayo ).
2. El cauce del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , elegido por el recurrente, es erróneo dado que este motivo exige como primer requisito que el error surja de forma incontestable del particular de un documento.
La Escritura Pública de venta de las participaciones de Aerotrip Viatges S.L. pone de manifiesto que efectivamente la venta se llevó a cabo el día 11 de mayo de 2011, y así se recoge expresamente en el apartado de hechos probados de la sentencia de instancia, la que también expresa que Aerotrip Viatges S.L. fue dada de alta ese mismo día 11 de mayo de 2011 en el sistema BSP, iniciando la agencia la venta de billetes de transporte aéreo abarcando la primera liquidación el periodo comprendido entre los días 11 a 15 de mayo de 2011. Ello no obstante, ni esta circunstancia, ni la situación de precariedad del acusado que puede desprenderse de los documentos designados por su defensa, excluyen la responsabilidad de Don Ildefonso en los hechos por los que ha sido condenado, teniendo en cuenta su esencial participación en todos los actos que permitieron la firma del contrato con IATA y el consiguiente alta en el sistema BSP, todo lo cual produjo un sustancial perjuicio patrimonial para IATA. Además, el Tribunal de instancia ha contado con otras pruebas a través de las cuales ha llegado a la conclusión de que, después de la venta de Aerotrip Viatges S.L., el acusado continuaba de hecho estando al frente de la agencia, actuando como persona responsable.
En definitiva, no estamos ante un supuesto en el que en base a un documento o documentos se deban excluir del relato fáctico unos hechos que erróneamente se han declarado probados. De hecho, el dato que los documentos acreditan son contrarios al resultado de otras pruebas valoradas por el Tribunal de instancia en los términos que han sido expuestos en el fundamento de derecho segundo de la presente resolución. Y desde luego los elementos fácticos a los que se refieren no afectan a los hechos declarados probados por la sentencia de instancia. Por tanto carecen de aptitud suficiente para modificar el fallo.
QUINTO.-El cuarto motivo del recurso formulado por Don Ildefonso se deduce por quebrantamiento de forma de los artículos 850 y 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Indica el recurrente que se ha llevado a cabo una deficiente instrucción y no se han practicado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Arguye que no han sido identificadas todas las personas intervinientes, habiéndose sobreseído las actuaciones frente a una persona que había intervenido los hechos, quien no compareció en el juicio como testigo, al igual que tampoco compareció la empleada de la agencia de viajes que conocía a las personas intervinientes en los hechos. En este sentido considera que en el acto de la vista se ha producido una carencia probatoria, dado que desde el principio, la acusación estaba conducida frente al Sr Ildefonso , sin que previamente, en la instrucción, se llevara a cabo un acopio probatorio que hubiese permitido la identificación de todos los intervinientes.
La denuncia efectuada no tiene cabida en ninguno de los supuestos que contemplan los artículos 850 y 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Tampoco el recurrente explica qué precepto en concreto autoriza el quebrantamiento que alega, conforme a lo dispuesto en el artículo 874.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En todo caso, Don Ildefonso tuvo conocimiento de que el procedimiento se dirigía contra él, al menos desde el día 29 de noviembre de 2011, fecha en la que le fue recibida declaración como investigado asistido de Letrado.
Sin embargo, a lo largo de la instrucción de la causa no ha interesado la práctica de diligencias, ni se ha opuesto a ninguna de practicadas a instancia de las demás partes o practicadas de oficio por el Instructor. Igualmente ha consentido todas las resoluciones que han sido adoptadas, no habiendo formulado recurso alguno. Incluso se aquietó con el auto dictado el día 11 de abril de 2016 por el que acordó la conclusión de la instrucción y la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado. Tampoco interesó la suspensión del juicio ante la incomparecencia de determinados testigos.
Recurso formulado por Aerotrip Viatges S.L.
SEXTO.-Formula la defensa de Aerotrip Viatges S.L. su primer motivo del recurso por infracción de Ley con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , considerando que no existe prueba de cargo alguna de la que se deduzca la responsabilidad de Aerotrip Viatges S.L. Señala que se ha llevado a cabo una aplicación automática de la norma contenida en el artículo 120 del Código Penal , sin ningún tipo de fundamentación.
Como segundo motivo alega aplicación indebida del artículo 120.3 del Código Penal , sin designar el precepto legal al amparo del cual se deduce este motivo. Señala que la sentencia se limita a transcribir el precepto, sin ningún otro tipo de razonamiento.
En el tercer motivo expresa que se deduce por infracción de ley por error en la apreciación de las pruebas y en concreto los particulares que obran a los folios 103 a 140 y 240 a 271,526 a 531 y la escritura de cese del administrador de Aerotrip Viatges S.L. de 11 de mayo de 2011. Nuevamente ninguna indicación se hace del precepto legal que ampara el motivo, debiendo, no obstante, referirse al expresado en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Señala únicamente que Don Ildefonso actuó endeudando a la sociedad cuando ya no era administrador.
De todo ello parece deducirse que el recurrente alega infracción de ley al amparo del artículo 849.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del artículo 120.3 del Código Penal al haber sido declarada Aerotrip Viatges S.L. responsable civil subsidiario, sin concurrir los requisitos señalados en el artículo 120.3 del Código Penal y sin ningún tipo de motivación por parte del Tribunal de instancia.
1. Frente a las afirmaciones que se realizan en el desarrollo de estos motivos, lo primero que se observa es que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial ofrece contestación al recurrente sobre los hechos que declara probados y sobre los que se asienta la declaración de su responsabilidad civil subsidiaria. Igualmente se citan y explican los preceptos legales en virtud de los cuales procede efectuar tal declaración, junto con las citas jurisprudenciales que los interpretan.
2. El motivo articulado al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal coincide en su desarrollo con el tercer motivo del recurso formulado por Don Ildefonso , al que se ha dado contestación en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución, al cual expresamente nos remitimos a fin de evitar repeticiones innecesarias. En todo caso, la circunstancia que a través de los documentos alegados se pretende acreditar, está recogida expresamente en el apartado de hechos probados de la resolución recurrida y no impide la aplicación del artículo 120.3 del Código Penal como se explicará a continuación.
3. En relación a la indebida aplicación del artículo 120.3 del Código Penal alegada por la recurrente, debemos partir de la base de que, conforme exponíamos en la sentencia de esta Sala núm. 327/2016, de 20 de abril , nos hallamos ante una responsabilidad civil interpretada de una manera cuasi objetiva basada en la teoría del riesgo, o bien del aprovechamiento de la actividad que lo genera ("cuius commoda eius incomoda"). Y también hemos referido en otras ocasiones que la evolución progresiva que ensancha este tipo de responsabilidad civil mediante la aplicación de la teoría del riesgo, aunque no permita en sentido estricto de que en esta esfera impere un criterio de absoluta responsabilidad objetiva, sí si puede decirse que prima o prevalece un criterio de ponderado objetivismo ( Sentencia 778/2015, de 18 de noviembre ).
En la sentencia 327/2016, de 20 de abril , decíamos que es preciso que haya tenido lugar una infracción de normas, aunque en ellas incluya incluso el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para evitar daños a terceros. Y además, ha de existir una relación entre tal infracción y el daño, que no llega en la propia relación de causalidad, pues basta ( STS núm. 413/2015, de 30 de junio ), una relación simplemente adecuada, de manera que el resultado se vea propiciado por ella.
En el caso de autos concurren todos los requisitos previstos en el artículo 120.3 del Código Penal en los términos que se detallan en la sentencia de instancia: 1) se ha cometido un delito de estafa agravada; 2) se ha cometido en el establecimiento de Aerotrip Viatges S.L. creada precisamente por el acusado Don Ildefonso con el fin de crear a través de ella una apariencia de solvencia y profesionalidad. Y a través de ella se cobraron los billetes de transporte aéreo sin efectuar las correspondientes liquidaciones con IATA; 3) se ha producido la infracción de un reglamento de policía o alguna disposición de la autoridad, entendidos estos reglamentos como normas de actuación profesional en el ramo de que se trate, abarcando cualquier violación de un deber impuesto por ley o por cualquier norma positiva de rango inferior, incluso el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para no causar daños a terceros. En este sentido, señala la sentencia núm. 370/10, del 29 de abril , que la infracción de reglamentos incluye incluso el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad de no causar daños a terceros. En el mismo sentido se pronuncian las sentencias de esta Sala núm. 413/2015, de 30 de junio y 327/2016, de 20 de abril ; y 4) que la infracción de reglamentos esté relacionada con el delito o falta cuya comisión acarrea la responsabilidad civil examinada. En este punto, ya hemos señalado cómo Aerotrip Viatges S.L. fue constituida exprofeso para aparentar determinada situación ante IATA, obteniendo la autorización de ésta para operar como agente autorizado. Y tras ser Aerotrip Viatges S.L. dada de alta en el sistema BSP se procedió a través de ella a la venta de billetes de transporte aéreo sin reintegrar a IATA el dinero obtenido de esta manera, descontadas las correspondientes comisiones.
4. Aun cuando el cese de administrador de Aerotrip Viatges S.L. por parte del Sr. Ildefonso se produjera el día 11 de mayo de 2011 y actuara endeudando a la sociedad cuando ya no era administrador, no por ello desaparece la responsabilidad civil subsidiaria de Aerotrip Viatges S.L.. Precisamente, frente al supuesto contemplado en el apartado 4 del artículo 120 del Código Penal , la modalidad de responsabilidad civil subsidiaria contemplada en el apartado 3 del citado precepto, como expresábamos en la sentencia núm. 344/2008, de 3 de junio , se justifica por dos notas, una positiva y otra negativa: a) el escenario donde se comete el hecho delictivo, y b) como nota negativa, la ausencia de cualquier vínculo laboral administrativo entre el agente del hecho delictivo y el responsable civil subsidiario, esto es, no ha de guardar el titular del establecimiento ninguna relación con el autor del delito para que se pueda declarar su responsabilidad civil. Sí se debe detentar con quien haya infringido uno de los reglamentos de policía o disposiciones de autoridad, tratándose de una responsabilidad locativa: la conexión con el delito se circunscribe a que el responsable civil subsidiario es el titular del lugar en el que se cometió.
SÉPTIMO.-La estimación en parte del recurso formulado por Don Ildefonso conlleva la declaración de oficio de las costas de su recurso, y la desestimación del recurso formulado por Aerotrip Viatges S.L. conlleva a su condena al pago de las costas procesales de su recurso, incluidas las de la Acusación Particular, de conformidad con las previsiones del artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
1º) Estimarel recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Ildefonso , contra la sentencia número 743/2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo de Sala 26/2017 , seguida por un delito continuado de estafa agravada, y en su virtud casamos y anulamos en parte la expresada sentencia, dictándose a continuación otra mas ajustada a Derecho.
2º) Desestimarel recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Aerotrip Viatges S.L. contra la sentencia número 743/2017 de 27 de noviembre de 2017, dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona .
3º) Declararde oficio las costas procesales del recurso formulado por Don Ildefonso , ycondenara Aerotrip Viatges S.L. al pago de las costas procesales de su recurso, con inclusión de las ocasionadas por la Acusación Particular.
4º) Comuníqueseambas resoluciones a la mencionada Audiencia, a los efectos legales, con devolución de la causa, en su día remitida, interesando acuse de recibo.
Julian Sanchez Melgar Pablo Llarena Conde Vicente Magro Servet
RECURSO CASACION núm.: 25/2018
Esta sala ha visto en el Procedimiento Abreviado número 26/2017, seguida por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, dimanante de las Diligencias Previas número 1476/2011, instruido por el Juzgado de Instrucción n.º 10 de Barcelona, por un delito de estafa, contra Don Ildefonso , nacido el día NUM001 de 1967, en Barcelona, hijo de Benedicto y de Vicenta , con D.N.I. n.º NUM002 , y contra la mercantilAEROTRIP VIATGES S.L., se dictó sentencia condenatoria por la mencionada Audiencia el 27 de noviembre de 2017 , que ha sidocasada y anulada parcialmentepor la dictada en el día de la fecha por esta Sala integrada como se expresa.
ÚNICO.-Se aceptan y reproducen los antecedentes de la sentencia de instancia en cuanto no estén afectados por esta resolución.
ÚNICO.-De conformidad con el fundamento tercero de la sentencia casacional, concurre en Don Ildefonso la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, atenuante simple de dilaciones indebidas.
Concurre en Don Ildefonso la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, atenuante simple de dilaciones indebidas y
CONFIRMAR, en lo que no se oponga a lo expuesto, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décima, de 27 de noviembre de 2017 .