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Timestamp: 2019-02-22 03:42:09
Document Index: 343372842

Matched Legal Cases: ['artículo 1374', 'artículo 50', 'artículo 45', 'artículo 50', 'artículo 56', 'artículo 125', 'artículo 32', 'artículo 218', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 21']

Compendio de Jurisprudencia Comparada Aeronáutica Relacionada a la Materia Registral – Nueva publicación de cedaeonline.com.ar
Destacamos que el Código Aeronáutico es la ley especial que rige toda la aeronáutica civil, tanto la de transporte de personas o mercadería, como la recreativa o la de instrucción, según lo determinado desde antaño por Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en autos “Rey c. Morales y Russo”.[1]
Tal carácter no cambiaba por el hecho de que, al ocurrir un accidente, la aeronave estuviera piloteada por un socio, como expresó la Cámara Federal de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en autos “Franquez c. Serrat”.[2]
El tribunal consideró, con la documentación aportada por el Registro Nacional de Aeronaves y las Direcciones Técnicas competentes que, en la especie, la atribución de responsabilidad se debía realizar con total abstracción de la idea de culpa, razón por la cual la prueba de la “no culpa” de la demandada era irrelevante para liberarla.
El demandado consignó la suma que consideraba equivalente como saldo de precio y sus intereses y autorizó su extracción, resistiendo la pretensión resolutoria imputando a la actora “falta de comunicación de declarar rescindida la operación”, “abuso de derecho en la pretensión” por haber percibido el 76,92 % del precio pactado y falta de sustento legal por resultar el requerimiento resolutorio contrario a la prohibición del artículo 1374[6] del Código Civil de la República Argentina, pues se trataría de la compraventa de una cosa mueble registrable cuya posesión se otorgó a la compradora. En definitiva, solicitó el rechazo de la demanda, con costas.
Afirmó el Juez de Primera Instancia, con cita de jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia, que “el pago de una parte importante del precio es, de ordinario, un hecho objetivo que conduce a revelar la existencia de abuso, reprobado por el ordenamiento”.
En cambio, el artículo 50 del Código Aeronáutico de Argentina establece que “La transferencia de dominio de las aeronaves, así como todo acto jurídico relacionado con las mismas previstos en el art. 45 incisos 1º, 2º, 6º y 8º, ‘no producirán efectos contra terceros’ sino van seguidos de la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves”.
A su vez el artículo 45, inc. 1 citado, dispone la inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves de “los actos, contratos o resoluciones que acrediten la propiedad de la aeronave, la ‘transfieran’, modifiquen o extingan”.
Al comentar el artículo 50 del Código referido dice Emilio J. C. Rial “Se liberaliza el régimen ‘eliminándose el requisito de la inscripción en el Registro para que los contratos se consideren perfeccionados entre las partes’, puesto que en la práctica esta exigencia se reveló inoficiosa. Con ello se vuelve a la verdadera finalidad del Registro, es decir, la publicidad con miras a resguardar los intereses de terceros”.[9]
En la exposición de motivos que acompañara el Proyecto de la Ley 17.285, referido al capítulo 4 sobre Registro Nacional de Aeronaves, se aclara debidamente la finalidad registral: “Por una parte, persigue un fin público, al determinar la nacionalidad de las aeronaves que se inscriben en él, facilitando al Estado el conocimiento de su flota aérea, su control, etc., a fin de cumplir con las exigencias de la navegación aérea, en orden a la seguridad pública y el interés general. Pero, por otra parte, también tiene una finalidad ‘estrictamente privada de protección a terceros y de publicidad de los derechos, a fin de salvaguardar los legítimos intereses privados comprometidos en los actos jurídicos que se celebren con relación a aeronaves”.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, se ocupó de examinar los efectos que produjeron el suplemento de hipoteca y la aclaratoria referida a ella, al ser inscriptos en el Registro Nacional de Aeronaves. Dijo que, sobre estos documentos, la actora sostuvo que el primero de ellos -en tanto implicó la refinanciación del préstamo recibido por Aerolíneas Argentinas con un régimen de pagos que superaba el previsto en la hipoteca original- al ser inscripto, tuvo el efecto propio de la reinscripción consistente en dar a publicidad los alcances del gravamen que pesaba sobre ambas aeronaves; y que igual carácter se asignó a la aclaratoria, realizada al individualizar los motores instalados en aquéllas, que fue inscripta como “suplemento” en el Libro de Hipotecas del mismo Registro.
Asimismo, afirmó que el juzgador suplió una omisión de la actora, pues ésta en modo alguno entendió que la inscripción del “suplemento de hipoteca” importaba la reinscripción de la misma, no sólo porque al ingresar el documento al Registro de Aeronaves no lo hizo en el carácter de reinscripción ni pagó la tasa respectiva, sino porque tal acto no habría tenido sentido dado que todavía faltaban tres años para que se operara la extinción de la hipoteca por imperio del artículo 56 del Código Aeronáutico Argentino.
Finalmente, el Procurador expresó que el juzgador de primera instancia incurrió en la causal de arbitrariedad por autocontradicción, pues, al diferenciar la hipoteca aeronáutica con la naval, señaló que esta última se extingue si no se la renueva dentro del plazo legal “si el plazo de amortización no fuese mayor”, alternativa que no fue prevista en el régimen aeronáutico. Sin embargo sobre la base del suplemento de hipoteca, concluyó manteniendo la vigencia de la hipoteca aeronáutica por haberse extendido el plazo de amortización más allá de los siete años desde la fecha de su inscripción.
Asiste razón, asimismo, al jugador, cuando más adelante expresó que una solución contraria importaría desconocer no sólo el sentido que las partes dieron al “suplemento” -con una nueva programación de pagos bajo la misma garantía real-, sino también el interés de que tal convenio adquiriese la publicidad relativa a su naturaleza, al disponer su inscripción.Se considerarón elocuentes al respecto, las expresiones del mentado suplemento en orden a “(…) que la hipoteca, de conformidad con los términos en que fue constituida, sin perjuicio del plazo de inscripción, ‘subsiste hasta la cancelación total y definitiva del préstamo o sus renovaciones sucesivas (…)”, para agregar luego bajo el subtítulo de Estipulaciones, que “(…) las partes acuerdan celebrar el presente suplemento de la hipoteca ‘a fin de ser presentado ante el Registro Nacional de Aeronaves con el objeto de dejar constancia’ de la celebración con fecha 20 de junio de 1997 ‘de la refinanciación’”.
4°) En efecto, el acuerdo denominado “suplemento”, según se desprendía de la literalidad de sus términos, se celebró para ser inscripto en el Registro a fin de dejar constancia del convenio de refinanciación concluido en la ciudad de Madrid. Se estipuló la subsistencia de la garantía hasta la cancelación definitiva del préstamo o sus renovaciones sucesivas “sin perjuicio del plazo de inscripción” de aquélla.
9°) Asimismo, carecía de relevancia el otro convenio celebrado entre las partes -titulado “Aclaratoria sobre hipoteca en primer grado de privilegio sobre dos aeronaves B-747”-, pues ninguna de sus cláusulas hacía referencia a una renovación de la garantía y sólo tuvo por finalidad individualizar con su número de serie los motores alcanzados por el gravamen y, de ese modo, precisar su objeto. Observamos que el Juez remite al principio de especialidad de la materia hipotecaria.
Frente al acto administrativo registral, los recurrentes solicitaron la inconstitucionalidad del artículo 125 del Decreto-Ley 2080/80. Esta norma reglamentaria disponía que “no se registrarán documentos que constituyan derecho real de hipoteca si no se consignare su valor en pesos argentinos”. Dicho decreto reglamentaba la Ley 17.801 sobre el régimen a que quedaron sujetos algunos registros argentinos.
Como peligro en la demora, para la obtención de la medida cautelar, se describió el colapso que enfrentó la empresa frente al bloqueo de su recaudación ordinaria, principal fuente de recursos para poder seguir funcionando. Invocaron el principio de la “pars conditio creditorum” y la improcedencia de las vías directas y ejecución de garantías frente a lo establecido por el artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Si bien en autos fue declarada la apertura del concurso, parte de la doctrina y jurisprudencia sostienen la necesidad de que algunos efectos como “a partir de la presentación de la solicitud, para evitar que algunos ‘medio tempore’ obren con celeridad inusitada para lograr ventajas”. La interpretación literal de las previsiones contenidas en el capítulo II de la Ley 24.522 llevaría -de admitirse la procedencia de los efectos allí previstos sólo a partir de la apertura del concurso- a contrariar la seguridad jurídica y social, el crédito y el comercio en general; tornándose necesario tomar medidas que aseguren no sólo el patrimonio comprometido por la insolvencia de su titular, sino también los principios precedentemente enunciados. Y esto es así pues todo redundará en salvaguarda de uno de los pilares de esta materia: la integridad patrimonial del deudor como garantía común de los acreedores.
Privilegios Aeronáuticos. “Gobierno Nacional c/ crédito austral Buenos Aires”[14]. Cámara Federal en lo Civil y Comercial. Ciudad de Buenos Aires.
El tribunal consideró que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 del Código Procesal Argentino “el acreedor que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso”. Esta norma también prevé que los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.
Como puede advertirse, se sienta el principio reconocido anteriormente por la doctrina y la jurisprudencia por el que se otorga al primer embargante preferencia en el cobro de su crédito, respecto de los embargantes posteriores, circunstancia que se determina por la fecha en la que se trabó la medida cautelar. Se trata de la conocida regla “prior in tempore potior in iure”.
En materia de cosas inmuebles dispone el artículo 2° de la Ley 17.801 que “De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 2505, 3135 y concordantes del Código Civil Argentino, para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguientes documentos: …b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares…”. A su vez, la prioridad se determina por la fecha de ingreso al Registro.
Así lo entendía Salvat, al tratar el problema de los efectos de la cesión de derechos hereditarios al expresar que, en caso de conflicto entre el cesionario de la herencia y los acreedores embargantes del cedente, “(…)si ellos han procedido al embargo de bienes determinados, por ejemplo, inmuebles comprendidos en el patrimonio hereditario, la preferencia será del cesionario si la cesión se inscribe antes de la anotación del embargo en el Registro; pero será del acreedor embargante, si la prioridad le corresponde(…)”[17].
Así, entre otros antecedentes la Cámara citó un fallo plenario de su procedencia (“Díscoli s/ suc.”, Revista LL, 1980-A, 327) donde resolvió que cuando la cesión de derechos hereditarios comprendiera cosas inmuebles o muebles registrables debía ser anotada en el Registro para su oponibilidad. Se tuvo en cuenta que la seguridad de las relaciones jurídicas requiere de sistemas de publicidad registrales.
Este tribunal, citando un fallo que ya hemos comentado reitera que, en materia registral, el artículo 2 de la Ley 17.801 dispone que “De acuerdo con lo dispuesto por los arts. 2505, 3135 y concs. del Código Civil, para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguientes documentos:… b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares…”. A su vez, la prioridad se determina por la fecha de ingreso al registro.
El sistema implementado por la Ley 17.801, que consagró lo que se denomina reserva de prioridad indirecta, cubre el lapso entre su emisión y el otorgamiento del acto jurídico para el cual es requerido. Dicha reserva tiende a proteger los intereses de los participantes, de modo que toda modificación que en el ínterin se suscite no les sea oponible y se produce, de esa manera, lo que se suele denominar “bloqueo registral”, cuya consecuencia es que satisfecha la inscripción del documento en los plazos legales, éste desplace, en razón de dicha prioridad, a las posteriores.
Más aún, el tribunal observó que si se utilizara un certificado por un funcionario distinto del que lo solicitó, ello tampoco conducía a la nulidad de la escritura. Si bien era preferible que la cesión del certificado fuera notificada al Registro (F.P. Villari,” Elementos de derecho registral inmobiliario”, p. 1111/2, La Plata, 1980; Papaño-Kiper-Dillon-Causse, III, p. 236), ello se vinculaba con la posible pérdida, o no, de la reserva de prioridad que aprovechaba al certificado expedido, pero no con la falsedad del documento.
Aquella manifestó que se haría cargo de los gastos que ocasionaba la medida -con reserva de oportuna repetición contra la demandada en cuanto pudiese corresponder-, y solicitó que la medida se dispusiera sin detrimento del derecho de retención que Timen S.A. ejercía sobre las aeronaves. En ese aspecto, la peticionaria afirmó que, en el caso de que se accediera a la medida, el traslado y su guarda “no alterarán ni restringirán el derecho de retención” referido.
La actora se agravió porque el secuestro de las aeronaves se dictó “en los términos de una medida precautoria y no como procedimiento típico de la ley de leasing, pues de estarse a los términos de su concesión se aplicaría el art. 207 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la República Argentina, que obligaría a iniciar una acción de fondo no exigida por la ley de leasing y provocaría el paradojal resultado de obligar al peticionante a restituir lo que es propio al deudor incumplidor”. Afirmó también que había solicitado las medidas en función de lo dispuesto por el artículo 21, inc. a) de la Ley 25.248, norma que además la facultaba a promover la ejecución por el cobro del canon pendiente; por ello, solicitó que “se revoque la tipificación de medida cautelar efectuada por el señor Juez a quo en razón de tratarse de un procedimiento especial al que no se aplica el art. 207 del citado Código, previsto únicamente para las medidas cautelares”. Se agravió también porque consideró que, dada la naturaleza del contrato de leasing, no debió exigirse el cumplimiento o integración de una contracautela.
Debemos recordar que las llamadas medidas cautelares autosatisfactivas son aquellas que se “agotan (…) en su misma producción, y resultan independientes de otro proceso principal, configurándose por ello como “principales” en sí mismas”[18].
La citada norma dispone en su párrafo final: “Si el proceso no se hubiere iniciado, la autoridad jurisdiccional que ordenó la medida fijará un plazo dentro del cual deberá el peticionario hacer valer sus derechos en juicio, atendiéndose a lo que en definitiva resuelva sobre los mismos el juez internacionalmente competente(…)”.
Esa normativa debía ser conciliada con las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo cuanto no resultasen contradictorias entre sí, ya que “una elemental regla de hermenéutica impone al juez la necesidad de buscar la interpretación que procure conciliar el alcance de las normas aplicables, dejándolas con valor y efecto, y evitar darles un sentido que ponga en pugna las disposiciones destruyendo las unas con las otras” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 321:793).
Con relación a la tasa que debía ser tributada, no se trataba en autos de una causa de monto indeterminable a la que debía aplicarse las previsiones puntuales de la ley. Toda vez que la expresión “indeterminable” usada en dicha norma apunta a que “no se puede determinar”, resulta evidente que ésa no era la situación que se presentaba en el sub lite, donde el monto que se pretendía defender con la traba de la interdicción de la aeronave referida se hallaba clara y concretamente especificado en el escrito de inicio.
Asimismo, falló que la falta de inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves de la República Argentina del contrato de leasing que unió a la peticionaria con Maxfly Aviation Inc. (sub-locadora de la recurrente) no formaba obstáculo a la inmovilización ordenada por el juzgador y que la inscripción “tiene una finalidad meramente declarativa (…) por ello, actualmente, los contratos y demás actos referidos en el art. 50 se consideran perfeccionados entre las partes aún cuando no hayan sido inscriptos en el registro” (Lena Paz, Juan, “Código Aeronáutico de la Nación Argentina comentado”, cuarta edición actualizada y ampliada, Nº 28, p. 79).
[8] Salas-Trigo Represas, “Código Civil anotado”, T. III, p. 569. La Plata.
[9]Emilio J. C. Rial, “Código Aeronáutico normas complementarias y convenciones internacionales comentado”, p. 32.
[17] “Derecho Civil argentino. Fuentes de las obligaciones”, 2ª Ed., año 1957, actualizada por Acuña Anzorena, t. I, págs. 475 y siguientes.
[18] Sagüés, Néstor Pedro “La medida de satisfacción inmediata (o medida autosatisfactiva) y la Constitución Nacional”, Revista E.D. del 19.10.00.
Autor Hernán Adrián GómezPublicado el diciembre 19, 2012 junio 6, 2016 Categorías Aeronaves, Contratos con AeronavesEtiquetas Certificados de Matrícula y Aeronavegabilidad, Explotador, Hipoteca Aeronáutica, Inscripciones de Carácter Declarativo, Jurisdicción Federal, Leasing Aeronáutico, Medidas Cautelares y Bloqueo Registral Aeronáutico, Privilegios Aeronáuticos, Reconocimiento de Contratos de Aeronaves
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