Source: https://tc.vlex.es/vid/692857109
Timestamp: 2018-01-22 06:13:14
Document Index: 234984439

Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 219', 'artículo 92', 'artículo 219', 'artículo 227', 'artículo 227', 'artículo 14', 'artículo 11']

Auto nº 119/2017 de Tribunal Constitucional, Pleno, 7 de Septiembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 692857109
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitucional el 6 de septiembre de 2017, doña Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, representada por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez y con la asistencia letrada de don Agustí Carles i Garau, solicita su personación en el eventual incidente de ejecución que pudiera promover el Presidente del Gobierno de la Nación al amparo del artículo 92.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y recusa a la totalidad de los Magistrados que conforman el Pleno de este Tribunal Constitucional, entendiendo que concurre en los mismos la causa de recusación del apartado 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”).
a) Un primer procedimiento declarativo en la que una parte solicita la adopción de medidas para dar cumplimiento efectivo a las resoluciones dictadas (art. 92.3) o la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas (art. 92.5), en la que son parte únicamente las administraciones pleiteantes y el Ministerio Fiscal.
b) Y un segundo procedimiento, con nuevas partes -si así se consideran- de carácter netamente ejecutivo en que se adoptan ya las gravosas medidas solicitadas contra autoridades, empleados públicos e incluso particulares sin que, ni tan siquiera, hayan sido parte en el pleito principal y originario de aquella decisión ejecutiva.
El mismo día 6 de septiembre de 2017, pero en momento posterior, el Presidente del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en los artículos 87 y 92.1, 3 y 4 LOTC, ha planteado incidente de ejecución de la STC 259/2015 , de 2 de diciembre (que declaró inconstitucional y nula la “Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”) y de los AATC 141/2016 , de 19 de julio, 170/2016 , de 6 de octubre, y 24/2017 , de 14 de febrero, así como de las providencias de 1 de agosto y 13 de diciembre de 2016, resoluciones todas ellas recaídas en el proceso registrado con el núm. 6330-2015.
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitucional el 6 de septiembre de 2017, doña Carme Forcadell i Lluís, Presidenta del Parlamento de Cataluña, solicita su personación en el incidente de ejecución que pudiera promover el Presidente del Gobierno de la Nación al amparo del artículo 92.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al tiempo que recusa a la totalidad de los Magistrados que conforman el Pleno de este Tribunal Constitucional, al entender que concurre la causa de recusación del apartado 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”) por las razones que se detallan en los antecedentes de esta resolución.
Pero lo cierto es que tales apreciaciones de principio se ven necesariamente condicionadas por las particulares circunstancias fácticas y procesales del procedimiento en las que la solicitante plantea su personación. No puede dejar de reconocerse que, al momento de la adopción de la presente resolución, este Tribunal ha recibido ya el escrito de interposición del Presidente del Gobierno de la Nación planteando incidente de ejecución de la STC 269/2015 , de 2 de diciembre, y otras resoluciones recaídas en el proceso núm. 6330-2015.
Lo siguiente que debemos significar es la competencia del Pleno del Tribunal para resolver sobre la admisibilidad a trámite de una recusación que, como la presente, afecta a todos sus miembros. En efecto, aunque el artículo 227 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ (de aplicación supletoria a los procedimientos constitucionales ex art. 80 LOTC) impide a los jueces ordinarios formar parte del órgano que ha de decidir sobre su propia recusación, este Tribunal ha tenido la oportunidad de reiterar que el mencionado precepto pierde toda su operatividad en aquellos supuestos excepcionales en los que resulte incompatible con la especial naturaleza y estructura del Tribunal Constitucional. En esta línea, hemos entendido que no cabe su aplicación cuando la recusación se dirige contra todos los Magistrados que componen el Pleno, ya que otra solución supondría una paralización inaceptable del ejercicio de la jurisdicción constitucional (AATC 80/2005 , de 17 de febrero, FJ 5; 126/2008 , de 14 de mayo, FJ 1, y 269/2014 , de 4 de noviembre, FJ 1), lo que no ocurre en las recusaciones producidas en los procesos de que conoce la jurisdicción ordinaria.
La singular naturaleza del Tribunal Constitucional, que no admite la sustitución de los Magistrados que lo componen, y la necesidad de que la aplicación del régimen de recusación y de abstención no conduzca a resultados absurdos o gravemente perturbadores para las funciones que tiene constitucionalmente asignadas, obliga a excluir, como hemos hecho en ocasiones precedentes en las que se ha planteado la recusación integral del colegio de Magistrados, la aplicación del artículo 227 LOPJ, pues sólo así puede alcanzarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 LOTC, el quorum imprescindible para que el Tribunal pueda actuar (por todos, AATC 443/2007 , de 27 de noviembre, FJ 1, y 387/2007 , de 16 de octubre, FJ 3).
Afirmada la competencia de este Pleno para resolver el incidente recusatorio debemos recordar que ya desde el inicial ATC 109/1981 , de 30 de octubre, este Tribunal viene afirmando la posibilidad de denegar la tramitación de una recusación cuando razones procesales o de fondo así lo exijan. El rechazo a limine de una recusación puede producirse, desde luego, como consecuencia de su defectuoso planteamiento procesal (AATC 383/2006 , de 2 de noviembre, FJ 2, y 394/2006 , de 7 de noviembre, FJ 2) y también es posible inadmitir a trámite una causa de recusación, de acuerdo con el artículo 11.2 LOPJ, en atención a las circunstancias que la circundan, de su planteamiento y de las argumentaciones de los recusantes (AATC 394/2006 , de 7 de noviembre, FJ 2; 454/2006 , de 12 de diciembre, FJ 3, y 177/2007 , de 7 de marzo, FJ 1).
Así acontece en aquellos casos dirigidos contra el conjunto de los Magistrados que forman el Tribunal Constitucional, que hemos calificado de impertinentes y abusivos, y que deben ser rechazados sin más (ATC 80/2005 , de 17 de febrero, FJ 5). Como se expresó en el ATC 380/1993 , de 21 de diciembre, en este tipo de recusaciones “vienen a coincidir dos órdenes de peculiaridades. El primero deriva de la especificidad del Tribunal Constitucional, órgano constitucional único en su género, no integrado en el poder judicial, compuesto por doce únicos Magistrados, sin posibilidad alguna de sustitución interna, a cuyo Pleno corresponde la competencia en materia de recusación de sus Magistrados [art. 10 h) LOTC]. El segundo y principal deriva de la naturaleza misma de la recusación, en la que, propiamente, no se recusa a los Magistrados, sino al propio Tribunal Constitucional” (FJ 4). Una recusación de este tipo, que, en última instancia, va referida al órgano mismo y no a sus integrantes, carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo (ATC 269/2014 , de 4 de noviembre, FJ 2).
No admitir a trámite la recusación formulada por doña Carme Forcadell i Lluís.
Deducir testimonio de esta resolución para su incorporación en el incidente de ejecución correspondiente.