Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-74-de-febrero-3-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f00bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-25 10:34:53
Document Index: 301764527

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﻿ SENTENCIA C-74 DE FEBRERO 3 DE 2004
SENTENCIA C-74 DE 03 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:MATRIMONIO CANÓNICO Y CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES. SE INSISTE QUE NO SE QUIERE DESCONOCER LAS COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS, YA QUE NO SE LES ENTREGÓ A LOS JUECES CIVILES LA FACULTAD DE DISOLVER EL VÍNCULO SACRAMENTAL DE UN MATRIMONIO CATÓLICOSINO, TAN SÓLO AQUELLA DE CESAR LOS EFECTOS CIVILES POR SENTENCIA DE DIVORCIO DE CUALQUIER MATRIMONIO. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 14 TRANSITORIO DE LA LEY 25 DE 1992.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIVORCIO, MATRIMONIO RELIGIOSO, DIVORCIO ANTE EL JUEZ, DERECHO ECLESIÁSTICO, CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO
Sentencia C-74 de febrero 3 de 2004
Sentencia C-074 de 2004
Ref.: Expediente D-4657
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 “por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”.
Se transcribe a continuación el texto del artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, “por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”, de acuerdo a su publicación en el Diario Oficial Nº 40.693 de 17 de diciembre de 2002, página 1.
“ART. 14. Trans.—Las sentencias proferidas con fundamento en las causales de la Ley Primera de 1976, por aplicación directa del inciso undécimo del artículo 42 de la Constitución, tendrán todo el valor que la ley procesal les señala”.
El ciudadano Carlos Felipe Castrillón Muñoz demanda en acción pública de inconstitucionalidad la totalidad del artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 “Por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”, por considerar que la mencionada disposición legal vulnera los artículos 4º, 9º, 29, 42 incisos 6º, 9º, 11 y 12, y 224 de la Carta Política.
A juicio del Ministerio Público, la Corte debería declararse inhibida para proferir un fallo de fondo por cuanto la demanda no cumple con los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en cuanto a que el ciudadano no planteó realmente un verdadero cargo de constitucionalidad.
Al respecto, estima la Sala que un examen minucioso de los diversos escritos presentados por el demandante, evidencia que existe un cargo de inconstitucionalidad contra el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, por cuanto este al haberle reconocido todo el valor que la ley procesal le señala a las sentencias de divorcio de matrimonio católico proferidas por los jueces de familia entre el 6 de julio de 1991 y el 17 de diciembre de 1992, vulneró el artículo 29 constitucional, ya que estas autoridades judiciales carecían entonces de competencia para conocer de dichos procesos, puesto que, en virtud de la ley aprobatoria del concordato suscrito entre el Estado colombiano y la Santa Sede, aquella estaba en cabeza de los tribunales eclesiásticos. En efecto, a pesar de que el demandante cita también como vulnerados, entre otros, los artículos 4º, 9º, 42 constitucionales, la Corte considera que, de conformidad con su jurisprudencia en materia de requisitos mínimos para proferir un fallo de fondo en sede de acción pública de inconstitucionalidad, solo se estructuró con la suficiente claridad y precisión un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación al artículo 29 superior.
2.1. Competencia de la Corte para proferir un fallo de fondo en relación con una disposición legal transitoria.
Algunos intervinientes sostienen que por tratarse de una norma transitoria el artículo acusado ya no produce efectos jurídicos y por ende no es procedente un análisis de fondo en el presente caso. Así, por ejemplo el ciudadano Juan Manuel Charry, quien actúa en representación de la Universidad del Rosario, advierte la posibilidad de un fallo inhibitorio pues se trata de una norma de carácter transitorio que ya cumplió su objeto “y en tal virtud puede afirmarse no se encuentra vigente en nuestro ordenamiento”.
Sin embargo, la vista fiscal afirma que si bien es cierto que la disposición acusada es una norma de carácter transitorio, a la fecha se encuentra produciendo efectos jurídicos, “por cuanto a su amparo se decidieron algunos procesos a través de los cuales se consolidaron situaciones que habían surgido antes de la expedición de la Ley 25 de 1992 “Por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”, pero solo respecto a los matrimonios católicos y que aún subsisten en el tiempo”.
Teniendo en cuenta el carácter temporal de la respectiva norma, sus efectos en principio, están llamados a extinguirse una vez el cometido propuesto por el constituyente o el legislador haya sido alcanzado. Sin embargo, el hecho de que una norma legal sea de carácter transitorio, no quiere decir que la misma carezca de validez jurídica y que no pueda ser sometida al control de constitucionalidad. De hecho, un examen de la jurisprudencia de la Corte evidencia que el carácter transitorio que tenga una norma no constituye obstáculo alguno para que esta corporación profiera un fallo de fondo, pues este es procedente siempre y cuando la norma continúe produciendo efectos, como en el caso que nos ocupa, pues siguen produciendo efectos las sentencias a las que se refiere el artículo transitorio en estudio.
2.2. Exequibilidad del artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992.
Considera el ciudadano demandante que le estaba vedado al legislador convalidar un grupo de sentencias de divorcio de matrimonios católicos proferidas por los jueces civiles entre el 6 de julio de 1991 y el 17 de diciembre de 1992, quienes recurriendo a una interpretación analógica de la Ley 1ª de 1976 decretaron tales divorcios, por cuanto en virtud del concordato de 1973 suscrito entre el Estado colombiano y la Santa Sede la competencia para disolver el vínculo matrimonial católico estaba en cabeza de las autoridades eclesiásticas y no de las civiles. De tal suerte que el ciudadano pretende que la Corte efectúe el control constitucional confrontando el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 con el artículo VIII de concordato, disposición que se encontraba produciendo plenos efectos al momento de adoptarse los mencionados fallos en materia civil, y a cuyo tenor:
Cabe recordar, que el control de constitucionalidad debe realizarse mediante la confrontación directa de las normas jurídicas con el texto de la Constitución, la cual a su vez le dio fuerza jurídica interna clara a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia sentada por esta corporación (1) , para que un tratado internacional sea considerado parámetro para juzgar la constitucionalidad de una ley, es preciso que aquel se refiera a aquellos derechos humanos que no admiten ser limitados bajo estados de excepción, entre otros, la Convención americana sobre derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o los diversos instrumentos internacionales sobre Derecho internacional humanitario.
Según el tratado, la iglesia conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración por sus propias leyes, lo que equivale a decir que el Estado colombiano reconoce a la Iglesia Católica su órbita eclesiástica, diferente a la civil y política que es propia del Estado (2) .
Este sui generis tratado, con operatividad y vigencia práctica dentro del territorio colombiano, surtió el correspondiente control de constitucionalidad pero solo respecto de aquellos aspectos de su regulación relacionados con los derechos humanos de las personas residentes en Colombia, a fin de salvaguardarlos a la luz del ius cogens del derecho internacional (3) .
“Valga citar por vía de ejemplo las normas imperativas de derecho internacional de los derechos humanos que son desconocidas por el convenio bilateral entre el Estado colombiano y la Santa Sede, y que a luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se encuentra viciado de nulidad: el principio de igualdad consagrado en los artículos 1º y 7º de la Declaración universal de derechos humanos, 1º de la Convención americana sobre derechos humanos, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y 2º del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; la libertad de conciencia, de religión y de cultos regulada en los artículos 18 de la Declaración universal y 12 de la Convención americana, y 18 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; libertad de contraer matrimonio y disolución del vínculo, reconocidos en los artículos 16 de la Declaración universal, 17-2-4 de la Convención americana, y 23 del Pacto internacional de derechos civiles; derecho a la educación, libertad de enseñanza y autonomía universitaria de los artículos 26 de la Declaración universal, 13 del Pacto de derechos económicos” (destacada fuera de texto).
La inexequibilidad de esta disposición del concordato, hace imposible para la Corte ahora, como lo pretende el demandante, pronunciarse sobre la conformidad o no del artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 con las expresiones “...o la disolución del vínculo ... incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado”, contenidas en el artículo VIII del concordato, por la sencilla razón que estas últimas fueron declaradas inexequibles en Sentencia C-027 de 1993.
En efecto, del examen de los antecedentes del actual artículo 42 Constitucional se vislumbra, como una constante, que los delegados tenían claro que los efectos de todo matrimonio debían cesar de conformidad con la ley civil, y que esto no implicaría desconocer la competencia de los tribunales eclesiásticos, puesto que el vínculo matrimonial solo puede ser disuelto por la autoridad religiosa respectiva. En tal sentido, en el acta de la sesión del 15 de mayo de 1991 de la comisión quinta, quedaron consignadas las siguientes consideraciones:
“... aquí lo que se ha planteado es que el Estado rescate para sí su soberanía respecto del estado civil de las personas, cosa que hoy no tiene, una alternativa es evidentemente darle a los matrimonios efectos civiles pero entonces habría que agregar que el Estado puede mediante ley establecer un procedimiento destinado a anular el efecto civil de esos matrimonios...” (4) .
“... evidentemente uno no puede disolver el matrimonio católico porque es un problema religioso que se rige por sus propias normas, aquí lo que estamos es en lo de la Ley fortuna (sic), es decir diciendo que los efectos civiles del matrimonio, de cualquier matrimonio religioso puede ser anulado con arreglo a la Ley civil...” (5) .
“... todo matrimonio exclusivamente en lo que se refiere a sus efectos civiles, puede ser disuelto por divorcio pero la verdad es que se disuelve el vínculo frente a la ley civil ese es el sentido práctico, eso es lo que se quiere, pues hay que decirlo categóricamente si no se quiere disolver el vínculo sino disolver solamente algunos efectos jurídicos y no el vínculo” (6) . (negrilla fuera de texto).
“... por consiguiente se estaría abriendo la posibilidad de decretar válidamente el divorcio de todo tipo de matrimonio incluido el católico, que podría seguir siendo indisoluble ante los ojos de la iglesia; no se trata como equivocadamente han pretendido hacerle creer al pueblo colombiano, que estemos estableciendo el matrimonio civil obligatorio en Colombia, craso (sic) de error en el que no incurrimos ni la subcomisión, ni en la comisión, ni en el proyecto gubernamental. Pretendemos, simplemente, decir que el Estado colombiano debe ser regido, regulado por las normas civiles colombianas y por eso estamos diciendo, en nuestra ponencia y en esta presentación, ante ustedes señores constituyentes que el Gobierno Nacional, si ustedes lo aprueban debe, en consecuencia, proceder a adelantar las conversaciones conducentes a la reforma del Concordato, vigente con el Estado del Vaticano, para que las nuevas normas, civiles, externas e interna, permitan a la cantidad de colombianos que hoy se encuentran en dificultades, legalizar su situación ...” (7) .
“aquí se establece un régimen de convivencia entre el régimen puramente civil del matrimonio y los matrimonios religiosos, a los que la ley civil interviene obviamente en la regulación total del matrimonio civil, en su disolución, en las formas, en los requisitos y también intervienen en la suspensión o en la cesación de los efectos civiles de todos los matrimonio, incluyendo los matrimonios religiosos. Entonces lógicamente habría que precisar el alcance de lo que hace la ley civil, para que sea compatible con este doble régimen que prácticamente es el que se mantiene” (8) (negrilla fuera de texto).
Así mismo vale la pena recordar que incluso a lo largo de estos debates, los constituyentes se preocuparon por la aplicación inmediata de las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la Constitución, en especial, en lo que tiene que ver con la cesación de efectos civiles de todo matrimonio. Así, algunos propusieron un artículo transitorio el cual denominaron “artículo de aplicación” con el fin de aclarar qué aspectos abarcaba la remisión a la ley civil que consagraría el artículo 42, en todo lo relacionado con los matrimonios tanto civiles como religiosos. El citado artículo, que finalmente no fue aprobado pero que aporta muchas luces sobre la interpretación que luego de expedida la Constitución realizaron numerosos jueces civiles y Tribunales Superiores de Distrito Judicial sobre el undécimo inciso del artículo 42 constitucional en el sentido de ser una norma de aplicación inmediata, establecía lo siguiente:
“Las disposiciones contenidas en el Código Civil, Ley 1ª de 1976, Código de Procedimiento Civil, decretos 2688 de 1988, 2272 de 1989, 1900 de 1989, y demás normas que los adicionen y reformen, relativas a los efectos civiles del matrimonio, la separación de cuerpos y al divorcio del matrimonio civil se aplicarán tanto a los matrimonios ya contraídos, como a los que se celebren en los sucesivo cualquiera que haya sido o llegare a ser la forma de su celebración” (9) .
(...) En vista de que se acaba de aprobar el divorcio, vamos a leer el transitorio. Se puede presentar señores un vacío jurídico tan pronto sea reformado...” (10) .
“Este es un caso curioso de la legislación en donde proponemos otros este artículo de aplicación para que esté sea aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente y haga parte de la Constitución, con el ánimo de ser utilizado en el momento en que se presente una modificación concordataria que nos conduzca a un cambio de régimen y no tengamos necesidad de que se produzca entonces un limbo jurídico...” (11) .
“Cuando decimos que las disposiciones contenidas en el Código Civil y las enumeramos son las que se relacionan con la legislación del matrimonio civil en la fecha y decimos que si la ley civil regulará el estado civil de las personas y las formas del matrimonio debe ser la misma legislación civil quien tenga la determinación sobre las normas aplicables por analogía son las que rigen para el matrimonio civil, en consecuencia pedimos su aprobación para tenerlas a disposición del Estado en el momento en que sea codificado, reformado el concordato vigente...” (12) ( negrilla fuera de texto ).
Así las cosas, del examen de los debates que precedieron la expedición del undécimo inciso del artículo 42 constitucional se puede deducir que (i) jamás se tuvo la intención de que una autoridad civil pudiese disolver el vínculo sacramental en los matrimonios católicos; (ii) sin embargo, en algún momento se llegó a pensar que era necesario renegociar el concordato; (iii) se planteó que, para evitar vacíos jurídicos, por vía analógica se aplicasen las normas sustantivas y procesales sobre divorcio de matrimonio civil.
Cabe recordar, que la Corte Constitucional al efectuar el control respectivo a la ley aprobatoria del Concordato y en efecto al mismo tratado, consideró que el pluralismo político y religioso instaurado en la Carta de 1991 permite la coexistencia de ordenamientos, entre ellos, unos religiosos, de las distintas confesiones, incluida la Católica, y otros políticos (del Estado), y que tan ello es así, que la propia Carta asigna efectos civiles a los matrimonios de las distintas confesiones religiosas, lo mismo que a sus sentencias de nulidad. Igualmente consideró que la libertad de asociación hace posible que en la sociedad civil colombiana los fieles de una religión se agrupen en torno de esta, a través de organizaciones representativas de ellas, las cuales ya para ejercer su magisterio moral adoptarán sus propias reglas, diferentes a las de la potestad civil (13) .
Con la Constitución de 1991 quedó claro de modo significativo además, la independencia existente entre la jurisdicción civil y la jurisdicción eclesiástica. Es decir, que respecto del matrimonio Católico uno es el vínculo que surge del mismo y otro los efectos civiles que genera. Respecto del vínculo, precisamente por la independencia de las jurisdicciones, mas no de la plena autonomía eclesiástica, no le es dable al Estado entrar a regularlos cuando se trate de matrimonios religiosos, pero sí le es permitido en lo que hace a los efectos civiles del mismo. Por lo tanto, los efectos civiles del matrimonio pueden cesar por el divorcio con arreglo a la ley civil, lo cual no desconoce la validez del matrimonio católico, ni le impide a los creyentes contraer nupcias siguiendo los lineamientos que para el caso prevean las normas que las regulan.
La segunda tesis, conocida como intermedia, se apoyaba en que no existía contradicción entre la Constitución y el concordato. Sin embargo, para poder tramitar una demanda de divorcio de matrimonio católico, era preciso expedir una ley especial que regulase la cesación de efectos civiles para esta variedad de matrimonios. Estos planteamientos fueron acogidos por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de septiembre de 1991 cuando sostuvo que la competencia para conocer de tales asuntos estaba en cabeza de los jueces del Estado pero que, en su momento, debería ser regulado por el legislador” (14) .
La tercera tesis, que tuvo gran acogida en buena parte de los jueces y tribunales superiores en Colombia, sostuvo de manera categórica que la Constitución era de aplicación directa e inmediata, que el divorcio de matrimonio católico era una realidad normativa, y que por analogía se podían aplicar las causales del matrimonio civil, contenidas en la Ley 1ª de 1976, es decir, que cuando la Constitución alude en el numeral 11 del 42 a la “ley civil” se refería a la normatividad anteriormente señalada. Incluso, algunos sostuvieron que ni siquiera era necesario expedir una ley especial, que finalmente sí fue adoptada (L. 25/92), dado que se contaba con las herramientas sustanciales y procesales para adelantar procesos judiciales de cesación de efectos civiles de matrimonios católicos. Con fundamento en esta tesis se adoptaron varias sentencias de cesación de efectos civiles de matrimonios católicos entre el 6 de julio de 1991 y la entrada en vigor de la Ley 25 de 1992, a las que alude precisamente el artículo 14 transitorio de la misma.
Así pues, en el texto de la ponencia para primer debate del “Proyecto de Ley número 58 de 1992 Cámara”, se da cuenta de la polémica jurídica que se presentó en el país acerca de la aplicación directa o no del inciso undécimo del artículo 42 constitucional, a cuyo tenor “Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”. En tal sentido, el ponente comienza por referir los argumentos de quienes sostenían (i) la inaplicación directa de la Constitución; (ii) la necesidad de reformar previamente el Concordato para expedir una ley en materia de cesación de efectos civiles del matrimonio católico y (iii) la incompetencia de los jueces civiles para tramitar demandas de divorcio de matrimonio católico:
Conforme a dicha prevalencia del derecho internacional, los artículos 4º y 6º del Proyecto de Ley número 58 de 1992, pugnarían con las disposiciones VII y VIII el concordato de 1973, el cual se halla sometido a la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados (negrilla fuera de texto).
A continuación, el ponente desarrolló in extensolos argumentos de quienes abogaban por una aplicación directa de la Constitución de 1991, tesis que incluso los llevaba a sostener la innecesaria adopción de la Ley 25 de 1992:
Sostener en forma radical una teoría monista con predominio del derecho internacional no tendría un asidero sólido en nuestra canónica constitucional, ni en la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco ha sido una doctrina de unánime aceptación entre los más autorizados tratadistas de nuestros días”.
En el caso que nos ocupa es bastante cuestionable la afirmación de que nuestra Carta profesa la doctrina del predominio monista del orden internacional sobre la propia norma fundamental. En efecto, el contenido de su artículo 4º al declararla “norma de normas”, le otorga un estatus privilegiado a la Constitución, singularidad que no se le reconoce a ninguna otra. El mismo artículo 4º traza el angular principio de la aplicación preferente de la Constitución sobre cualquier otro precepto jurídico, sin distinguir si se trata de una norma externa o interna” (15) .
En síntesis, la disolución del vínculo religioso no va a ser materia de regulación por parte del Congreso, en atención al pluralismo religioso, a la libertad de todas las confesiones religiosas e iglesias y a la fuerza vinculante del concordato con la Santa Sede (negrillas fuera de texto).
De la simple lectura de estos antecedentes legislativos, se vislumbra que (i) el Congreso de la República era conciente de la enorme polémica e inseguridad jurídica que existían en el país, en especial en los estrados judiciales, acerca de la aplicación directa o no del undécimo numeral del artículo 42 constitucional; (ii) el Congreso de la República se inclinaba por la tesis según la cual era necesario, de manera urgente, adoptar una ley que reglamentase el inciso undécimo del artículo 42 constitucional y que dicha normatividad no contrariaba el concordato por cuanto no se disolvía el vínculo sacramental y (iii) permanecía, sin embargo, cierta discusión acerca de la validez de las sentencias de cesación de efectos civiles de matrimonios católicos que entre el 6 de julio de 1991 y la entrada en vigor de la Ley 25 de 1992 habían proferido distintos jueces civiles y tribunales superiores de distrito judicial.
“... en verdad desde el propio proyecto de acto de reforma constitucional presentado por el Gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente se fijó allí una posición que favorece la posibilidad de anular o dar por terminados, totalmente los efectos civiles de todo tipo de matrimonio, sin que la consideración de creencias religiosas en esta materia, pueda impedir la acción del Estado, repito para declarar por la vía jurisdiccional la terminación total de los efectos civiles del matrimonio.
En la práctica, lo que ha ocurrido es que mientras los contrayentes católicos, cuyos matrimonios fracasan, no pueden buscar soluciones jurídicas, válidas a la luz del derecho, va a continuar proliferando este tipo de uniones a veces incluso revestidas de ceremonias civiles en países extranjeros, que por razones conocidas carecen de validez a la luz del derecho interno colombiano, porque las sentencias de divorcio previamente proferidas por autoridades extranjeras no tienen aplicabilidad mientras no se cambien las normas en el territorio nacional, esa acumulación de uniones que finalmente son uniones de hecho, esa imposibilidad para los contrayentes pero también para los hijos, para sus sociedades conyugales, de buscar una salida dentro del marco del derecho, a esta situación que afecta a millones de colombianos es altamente perjudicial en beneficio de la unidad familiar” (negrillas fuera de texto).
Pues bien, en el texto de la ponencia para segundo debate al proyecto de Ley número 58 de 1992 Cámara y 11 de 1992, Senado “por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”, es donde se encuentra con mayor claridad la justificación y racionalidad de la norma legal demandada:
“En artículo transitorio acogemos la tesis de la aplicación directa de la Constitución, para convalidar las sentencias de cesación de los efectos civiles de los matrimonios católicos proferidas entre el 4 de julio de 1991 y la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Nos parece que tal disposición transitoria configurará un precedente legislativo para que la jurisprudencia nacional acepte la aplicación directa de la norma de normas en otras materias” (16) (negrillas fuera de texto).
Cabe recordar que los fallos de los jueces gozan de fuerza ejecutoria y hacen tránsito a cosa juzgada en virtud de la Constitución y de la ley procesal. No obstante, en el presente asunto, dicha situación no se presenta ya que el legislador no está modificando el alcance de unos fallos adoptados por los jueces civiles, ni tampoco avalando en lo sustantivo el contenido de los mismos, aspectos que son objeto del proceso civil respectivo. De allí que incluso, a lo sumo, la norma legal demandada podría ser considerada, más que una indebida intromisión en la rama judicial, una disposición innecesaria o innocua. Sin embargo, el clima de inseguridad jurídica que se presentó en el país entre la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 25 de 1992 en lo que concierne a la cesación de efectos civiles de los matrimonios católicos justificaron la adopción de la norma demandada. En otros términos, una norma legal repetitiva o redundante, per se,no puede ser considerada violatoria de la Constitución.
En suma, puede concluirse que el conocimiento de las disputas sobre la disolución del vínculo canónico es de las autoridades eclesiásticas, en contraposición con lo que estatuye la Carta Política en el sentido de consagrar el divorcio como institución que hace cesar los efectos civiles de todo matrimonio, que al no consagrar excepción incluye toda forma matrimonial: la civil y la de cualquier religión; lo que no significa que el divorcio que se decrete dentro de un matrimonio canónico rompa el vínculo matrimonial, pues ese divorcio no quebranta las observaciones de la ley canónica ni interrumpe el vínculo eclesiástico, sino que termina con los efectos civiles del matrimonio de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución (17) .
Alega el ciudadano demandante que el legislador vulneró el derecho fundamental al debido proceso por cuanto mediante la norma demandada convalidó un conjunto de sentencias de divorcio de matrimonio católico proferidas por los jueces de familia careciendo estos últimos, a su juicio, de competencia para ello. No comparte la Corte estas afirmaciones por las razones que pasan a explicarse.
Al respecto, a lo largo de su jurisprudencia (18) , la Corte ha entendido que el derecho al debido proceso conlleva que exista una regulación previa que limite el alcance del poder del Estado y garantice los derechos de los ciudadanos, de manera tal que ninguna autoridad pública pueda actuar por fuera de sus competencias o sin sujetarse a los procedimientos señalados en la ley.
En tal sentido, en Sentencia C-641 de 2002, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, esta corporación consideró que, de conformidad con el artículo 29 superior, toda persona tiene derecho a unas garantías mínimas como son “(i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra”.
Aunado a lo anterior, la Corte ha considerado que, en virtud del artículo 29 Superior, en materia penal, debe existir un tribunal competente y un procedimiento para juzgar a la persona que cometió un delito (19) , pero ello no significa que ese procedimiento no pueda cambiar o que la competencia del juzgamiento quede inmodificablemente definida (20) .
Más recientemente, en Sentencia C-200 de 2002, con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, “por los cargos analizados en esta sentencia”, habiendo concluido que “A manera de resumen de lo dicho por la Corte en la citada sentencia puede concluirse que en materia de regulación de los efectos del tránsito de legislación, la Constitución sólo impone como límite el respeto de los derechos adquiridos y la aplicación de los principios de legalidad y de favorabilidad penal. Por fuera de ellos, opera una amplia potestad de configuración legislativa. En armonía con esta concepción, el legislador ha desarrollado una reglamentación específica sobre el efecto de las leyes en el tiempo, que data de la Ley 153 de 1887, según la cual como regla general las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso, que por tanto no se han consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, ni han constituido derechos adquiridos sino simples expectativas. Este es el caso de las leyes procesales, que regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos”.
“El artículo 42 que entrega a la ley civil “las formas del matrimonio, la edad y capacidad legal para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo” (inc. 9º). El mismo artículo en su inciso 11 dispone que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”.
Pues bien, el divorcio del matrimonio —a diferencia de la nulidad del mismo en que se cuestiona la validez del matrimonio por faltarle algún requisito esencial en su celebración— parte del supuesto de la validez del vínculo, mas surgen con posterioridad circunstancias que la Ley consagra (causales de divorcio) como ameritadoras de su terminación.
La situación en Colombia después de expedida la Ley 1ª de 1976 que entre otros mandatos instituyó el divorcio en el matrimonio civil y hasta la emisión de la nueva Ley 25 de 1992, es como sigue: Contempla la ley tanto el divorcio vincular como la simple separación de cuerpos. Mas es preciso deslindar a su vez estas dos situaciones: la del colombiano cuyas nupcias se celebraron de acuerdo con la ley civil, quien se puede acoger a la separación judicial de cuerpos, transformable en causal de divorcio si perdura dos años, o acudir al divorcio a cuyo efecto invocará las causales señaladas al efecto. En cambio, para los colombianos casados por el rito católico, su matrimonio ostenta el carácter de indisoluble. Con el advenimiento de la Ley 25 de 1992 se introduce el divorcio como medio de cesación de todos los efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos de cualquier confesión religiosa, incluidos los matrimonios católicos.
En efecto, claramente se advierte que se atribuye en el concordato el conocimiento de las disputas sobre disolución del vínculo canónico (incluidas las relacionadas con el matrimonio rato y no consumado) a las autoridades eclesiásticas, en contraposición a lo que estatuye la Carta Política en el sentido de consagrar el divorcio como institución que hace cesar los efectos civiles de “todo matrimonio”, que incluye por la forma rotunda de su redacción toda forma matrimonial: la civil y la de cualquier religión.
No significa ello, que el divorcio que se decrete dentro de un matrimonio canónico rompa el vínculo matrimonial. Ese divorcio civil no quebranta la observancia de la ley canónica ni interrumpe el vínculo eclesiástico, sino que termina con los efectos civiles del matrimonio, y es ello la razón de ser del inciso 11 del artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual en principio resulta reiterativo porque en el inciso 9º de la misma norma se comprende la disolución y esta abarca el divorcio y de otra parte, en el inciso 11 se habla de divorcio.
No se trata —se repite— de consagrar el divorcio del matrimonio católico. De ninguna manera la Constitución se ha pronunciado así, tan solo remitió a la ley civil los efectos de todo matrimonio para indicar que cesarán los efectos civiles, mas no los sacramentales, por divorcio; es decir, que se respetan tanto el fuero de la Iglesia de estimar que ese divorcio para los fines sacramentales no opera, como el fuero interno de la conciencia del católico, mas las consecuencias jurídicas del estado civil que el matrimonio y el divorcio generan sí se someten a la potestad del Estado.
De manera pues que, evidentemente el vínculo sacramental queda incólume, siendo un problema eminentemente de la potestad eclesiástica según sus propias leyes y reglamentaciones y de conciencia de los feligreses”.
En este orden de ideas, mediante el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992, el legislador no vulneró el derecho al debido proceso por cuando, de manera clara y expresa la Constitución dispone que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, y por ende, el Congreso de la República se limitó a desarrollar un aspecto procesal de la anterior disposición constitucional, lo cual no significa, se insiste, que se hayan desconocido las competencias de las autoridades eclesiásticas, ya que no se les entregó a los jueces civiles la facultad de disolver el vínculo sacramental de un matrimonio católico; sino, tan solo aquella de cesar los efectos civiles por sentencia de divorcio de cualquier matrimonio.
Por las anteriores razones, el cargo por violación al debido proceso no está Ilamado a prosperar.
Con nuestro acostumbrado respeto nos permitimos salvar parcialmente el voto respecto de la sentencia dictada en el proceso de la referencia. Estamos de acuerdo en que el artículo 14 transitorio de la Ley 25 de 1992 es exequible por aplicación directa del inciso 11 del artículo 42 de la Constitución Política. Sin embargo, consideramos que la sentencia de la Corte ha debido ser de exequibilidad condicionada a que se entienda que lo anterior no significa que se afecte el vínculo matrimonial canónico, y que los efectos de dichas sentencias son exclusivamente de cesación de los efectos civiles quedando incólumes los efectos previstos en la legislación canónica respecto de dichos matrimonios.
La segunda interpretación es que la convalidación de las mencionadas sentencias civiles también se refiere a normas sustanciales y por ende al concordato de 1973, lo que conllevaría la violación del artículo VIII de este concordato que reserva la disolución del vínculo canónico, incluidas las causas que se refieren a la dispensa del matrimonio rato y no consumado, a la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la Sede Apostólica. Esta interpretación sería inconstitucional por cuanto estando vigente el artículo VIII del concordato de 1973 debía respetarse lo pactado en el tratado en virtud del principio “Pacta sunt servanda” que debe ser observado por la Corte en virtud del artículo 9º de la Constitución que dice que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan, entre otros aspectos, “en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. En efecto, el concordato no es un tratado “sui generis” como dice la sentencia mayoritaria de la Corte sino un verdadero tratado que fue negociado por sujetos del derecho internacional, siguió las etapas de todo tratado, produce efectos jurídicos y se rige por el derecho internacional. Tampoco es cierto lo afirmado en la Sentencia C-027 de 1993 de que sea nulo por violación de normas “Jus cogens” por cuanto la Corte Constitucional no puede decretar nulidades de tratados públicos y no existe sentencia de tribunal internacional que haya declarado tal nulidad.
Si bien la Sentencia C-027 de 1993 de la Corte Constitucional declaró inexequibles varios artículos de la Ley 20 de 1974 “Por la cual se aprueba el concordato y protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973”, el concordato como tratado internacional sigue vigente internacionalmente. En efecto, el concordato como tratado no ha sido denunciado por el Gobierno colombiano ni podía serlo según la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (art. 56). Tampoco el concordato ha terminado ni se ha suspendido su aplicación por ninguna de las causales establecidas para la terminación de los tratados según lo previsto en la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (arts. 54 a 62 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 1969, aprobada por la L. 32/85). Por otra parte, la Sentencia C-027 de 1993 no declaró inexequible el concordato de 1973.
La ley podía convalidar las sentencias judiciales proferidas del 6 de julio de 1991 al 18 de diciembre de 1992, pero con respecto a lo previsto en los artículos III y VIII del concordato que impedían disolver por divorcio el vínculo canónico ya que este seguía vigente por ser indisoluble. Además, los efectos de las sentencias proferidas por jueces civiles solo podían regular los efectos derivados de la cesación de efectos civiles y en ningún caso tenían competencia para regular los efectos previstos en la legislación canónica.
El artículo 3º del Concordato de 1973 que fue declarado exequible por la Sentencia C-27 de 1993 dice que: “La legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de esta, pero será respetada por las autoridades de la República”. Con fundamento en el artículo 3º del concordato, la Corte en sentencia de 15 de mayo de 1945 (G.J. t. LXXVII, núm. 2141, p. 580), reiterada en la del 30 de noviembre de 1961 (G.J. t. XCV, núms. 2235-2236), expresó que existe el respeto del derecho canónico por referencia formal, lo cual implica que las leyes eclesiásticas son admitidas por el derecho civil “con las características intrínsecas y la vigencia y validez que tienen en el ordenamiento de origen” como emanadas de una persona pública de derecho público eclesiástico como es la Iglesia. Por lo tanto, según lo anota la sentencia de 15 de mayo de 1954 existe “imposibilidad de considerar que pueda haber conflicto entre la norma civil y la eclesiástica, pues cuando el derecho del Estado defiere formalmente a una institución de derecho canónico, con deferencia implica que el derecho civil admite la reglamentación canónica relativa a esa institución”. Esto significa que las sentencias civiles no podían regular lo relativo al vínculo canónico ni a los efectos canónicos del matrimonio católico que se seguían rigiendo por la legislación canónica en virtud de lo preceptuado por los artículos 3º y 8º del concordato de 1973 que es tratado internacional vigente internacionalmente y que obliga tanto a la Santa Sede como a Colombia y a sus autoridades públicas.
El artículo 9º de la Constitución obliga a acatar los principios de derecho internacional aceptados por Colombia y entre ellos ocupa lugar preeminente el principio “Pacta sunt servanda” que es norma imperativa del derecho internacional o de “Jus cogens” por ser aceptada por la comunidad jurídica internacional sin excepciones y por estar consagrada dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas (art. 2º, num. 2º), la Resolución 2625 de 1970, la Carta de la OEA (art. 3, b) y numerosos instrumentos internacionales.
Al declararse por la Corte la exequibilidad simple de la norma acusada se desconoció el artículo 9º de la Constitución en cuanto no se observó lo previsto por el concordato en cuanto a matrimonios católicos, y el artículo 42 de la Carta dado que no se aclaró que era entendido que las sentencias civiles que se convalidaron dejaban intacto el vínculo católico y los efectos canónicos de dicho matrimonio.
(1) Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-225 de 1995, C-578 de 1995, C-327 de 1997, C-191 de 1998 y C-200 de 2002.
(2) Sentencia C-027 de 1993.
(3) Sentencia C-027 de 1993.
(4) Asamblea Nacional Constituyente, acta de la sesión en comisión 5ª (mayo 15).
(7) Asamblea Nacional Constituyente, acta de la sesión plenaria (junio 10)
(9) Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Nº 85 de mayo de 1991, pág. 9.
(10) Asamblea Nacional Constituyente, acta de la sesión comisión 5ª mayo 15.
(11) Asamblea Nacional Constituyente, acta de la sesión plenaria junio 14.
(13) Sentencia C-027 de 1993.
(14) José Alejandro Bonivento Fernández, El matrimonio en la Constitución, en “Estudios sobre derecho de familia”, Bogotá, Edit. Universidad Nacional de Colombia, 1994, p. 21. Al respecto, la C.S.J., en auto del 29 de enero de 1992, sin publicar, consideró que las normas contenidas en la Ley 1ª de 1976, así como las procedimentales consagradas en los decretos 2272 y 2282 de 1989 “...aún bajo la vigencia de la Constitución de 1991, son las básicas para regular con sentido restrictivo y mientras no sean modificadas, entre otras cosas, la naturaleza del matrimonio objeto del divorcio civil, las causas, la acción, la jurisdicción, la competencia, los procedimientos, los recursos, etc., en materia de divorcio de matrimonios, no aplicables por lo tanto a los matrimonios católicos mientras el legislador no desarrolle la norma programática constitucional contenida en el artículo 42 de la Constitución Nacional, pues conforme a los antecedentes jurídicos y al exacto alcance de su contenido, la calidad normativa de este programa institucional (recogido en la Carta Política) no le atribuye la aptitud para operar por sí solo, de manera inmediata, sino por el contrario, mediante su desarrollo legislativo...” (negrilla fuera de texto). Posteriormente, en sentencia del 24 de septiembre de 1992, con ponencia del Magistrado Carlos Esteban Jaramillo Schloss, la C.S.J. sostuvo lo siguiente “Como es bien sabido, el artículo 42 de la Constitución Nacional, en sus incisos 9º a 12 sientan los fundamentos de un nuevo sistema matrimonial pluralista y por tanto imposible de igualar a la ligera con el sentido dualista a elección de los contrayentes que ha venido imperando en el país bajo la égida del concordato de 1973 y la Ley 1ª de 1976, y es justamente en vista de esa radical disparidad que no puede predicarse de aquellas normas constitucionales, y en particular de la que expresa que “... los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil...”, que sean de aplicación inmediata, como acontece con el común de las leyes de su género siempre y cuando haya materia suficientemente desarrollada por el propio constituyente, y de ahí que tampoco sea de recibo sostener que por virtud de los preceptos superiores en cuestión, se modificaron en forma implícita todos los textos legales sustanciales y procesales de conformidad con los cuales puede solicitarse y llevarse a la práctica el divorcio “quo ad vinculum” en matrimonios civiles, desplegándose los alcances de tales textos, por consiguiente frente a toda clase de matrimonios religiosos, inclusive el celebrado según el rito canónico y regido de suyo, sus elementos constitutivos por la ley de la Iglesia. Para llegar hasta este extremo, ninguna duda cabe, los innovadores mandatos constitucionales requieren por lo menos de un cuidadoso desarrollo en la legislación civil...” (negrilla fuera de texto).
(15) Gaceta del Congreso número 72 del 22 de septiembre de 1992, ponencia para primer debate del “proyecto de ley número 58 de 1992 Cámara”, pp. 2 y 3.
(16) Gaceta del Congreso número 152 del 11 de noviembre de 1992. Ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 58 de 1992 Cámara y 11 de 1992, Senado “por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política.
(17) Sentencia C-027 de 1993.
(18) Ver entre otras las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996, T-061 de 2002 y C-641 de 2002.
(19) Sentencia C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(20) Sentencia C-200 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.