Source: http://www.millenniumdipr.com/n-336-la-competencia-internacional-en-el-enjuiciamiento-de-la-accion-follow-on-caso-camiones
Timestamp: 2019-09-22 14:09:52
Document Index: 78520860

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La competencia internacional en el enjuiciamiento de la acción follow on: “caso camiones” | Actualidad y opinión | Millennium DiPr
D. Pablo Arraiza Jiménez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de León
Dña. Ana del Ser López, Presidenta de la Audiencia Provincial de León.
Resumen: Aplicación de las reglas de competencia judicial internacional en supuestos de reclamación del sobrecoste soportado por los compradores derivados de infracción de normas de competencia de la Unión Europea. Materia delictual o cuasidelictual. Interpretación del lugar de producción efectiva o potencial del hecho dañoso.
Abstract: Rules of international judicial competition law in cases of the action at issue for damages in respect of an infringement of competition law. Jurisdiction in civil and commercial matters. Jurisdiction in tort, delict or quasi-delict. Place where the harmful event occurred or may occur.
Palabras clave: Competencia internacional, responsabilidad extracontractual.
Key Words: Jurisdiction in tort, delict or quasi-delict.
Sumario: I.- Primeras Consideraciones. II.- Normas de Competencia Internacional aplicables a la cuestión planteada. III.- Interpretación del concepto de materia delictual o cuasidelictual, y de lugar de producción efectiva o potencial del hecho dañoso. IV.- Jurisprudencia reciente del TJUE sobre la materia: 1.- Sentencia de 12 de septiembre de 2018 (asunto C‑304/17) 2.- Sentencia del TJUE de 24 de octubre de 2018 (asunto C 595/17) V.- Conclusiones.
I.- Primeras Consideraciones.
La normativa recogida en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (última versión consolidada publicada en el Diario Oficial de la CE n° C 326 de 26/10/2012 p. 0001 – 0390), dedicada a la prevención y represión de las conductas empresariales atentatorias contra la libre competencia en el mercado interior, constituye una de las manifestaciones más evidentes, si no la que más, de la preeminencia del Derecho Comunitario Europeo sobre las fuentes internas y de su aplicación directa en los Estados miembros. Y precisamente por ello, representa un sector del ordenamiento jurídico especialmente expuesto a las dificultades derivadas de la necesidad de arbitrar un procedimiento judicial unitario en torno a un conflicto en el que con gran frecuencia se analiza una multitud de conductas perpetradas en diferentes Estados.
La cuestión ha suscitado recientemente un inusual interés con motivo de la resolución del expediente antitrust seguido contra los fabricantes de vehículos de automoción MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF (ampliado a SCANIA según nota de prensa de 27 de septiembre de 2017), publicitada en fecha 19 de julio de 2016 por la Comisión Europea, que en la nota de prensa emitida al respecto anunciaba la imposición de una multa total de 2.930 millones de euros a los citados fabricantes de camiones como consecuencia de la infracción de las normas de competencia de la Unión Europea mediante la adopción de acuerdos de intercambio de información sobre precios en el Espacio Económico Europeo, así como la repercusión de los costes para la introducción de tecnologías de emisiones exigida por la normativa comunitaria. El interés deriva del elevado número de afectados directos por la decisión de la comisión, atendido el importante volumen de mercado que representan los fabricantes implicados en un sector que la propia nota de prensa de la Comisión cifra en 30 millones de vehículos, y la aparente facilidad que para la reclamación del sobrecoste soportado por los compradores implica contar con una resolución firme de la autoridad comunitaria de competencia, lo que les libera de la pesada carga de acreditar la realidad de las conductas colusorias y limita el litigio y la prueba a la concreción de tal sobrecoste, carga además que viene a desplazarse sobre los fabricantes por aplicación del principio de disponibilidad probatoria, de conformidad con el artículo 17 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014.
II.- Normas de Competencia Internacional aplicables y resumen de la cuestión planteada.
En el ámbito del reparto internacional de competencias, los diversos fabricantes implicados en el expediente han manifestado su discrepancia acerca de la jurisdicción de los tribunales españoles en los procedimientos en los que han sido demandados, en los que han planteado la correspondiente declinatoria por considerar que debe aplicarse la regla general de competencia internacional de los tribunales del Estado en el que cada uno de aquellos tiene su domicilio social. Al respecto, el artículo 4.1 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, establece que “Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado”. No obstante, el artículo 7.2 introduce una relevante excepción a la regla general cuando dispone que “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro…en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”.
Sobre el particular, las demandas se fundan en la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, cuyo artículo 3 expresa que los Estados miembros velarán por que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia pueda reclamar y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio. Por ello, aun cuando se trate de un procedimiento en el que se ventilen responsabilidades generadas por infracción del Derecho de la Unión, la regulación sustantiva y procesal de la acción de resarcimiento no se contiene en este, sino en el de cada Estado Miembro, sin perjuicio del deber de estos de incorporar el contenido de la citada Directiva 2014/104/UE. Al respecto, el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, operó la reforma de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la finalidad declarada en su exposición de motivos de trasponer al Derecho Interno aquella Directiva. Así, expresa que “La Unión Europea promulgó esta directiva con el propósito de establecer mecanismos procesales efectivos que hagan posible la reclamación de daños y perjuicios provocados como consecuencia de infracciones del Derecho de la competencia, puesto que, a falta de tales cauces procesales, la experiencia ha demostrado que el cumplimiento de la normativa material se resiente, y ello incluso a pesar de la existencia de un Derecho sancionador específico”. Para ello, se introdujo un nuevo título VI relativo a la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia, por el que al servicio de los objetivos exigidos por la Directiva 2014/104/UE se introdujeron en el ordenamiento jurídico español previsiones como la responsabilidad de quienes infrinjan el Derecho de la competencia de indemnizar los daños y perjuicios que dicha infracción cause, el derecho al pleno resarcimiento de los daños causados por estas actuaciones, o la responsabilidad solidaria de quienes hubieran llevado a cabo la infracción de forma conjunta. De hecho, a tales efectos, el artículo 71 de la LDC considera como infracción del Derecho de la competencia la infracción no sólo de los artículos 1 o 2 de la misma, sino también de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que supone que con independencia del ámbito espacial de la infracción el régimen resarcitorio viene sujeto a un mismo marco normativo sustantivo y procesal, con el efecto positivo de la supresión de las dificultades prácticas derivadas de la dualidad de regulaciones, comunitaria de un lado, e interna de otro.
Precisamente en el desplazamiento a los Estados miembros de la regulación de los procedimientos para la exacción de las responsabilidades civiles generadas con las infracciones del derecho de la competencia reside una tensión importante con una de las máximas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido reiterando en la interpretación de los artículos 101 y 102 del TFUE, cual es el propósito de concentración del enjuiciamiento de las conductas, mediante la interpretación restrictiva de las excepciones al principio general consagrado en el artículo 4.1 del Reglamento (UE) nº 1215/2012, evitando así la proliferación de criterios que, no solo pudiera dar lugar a una disparidad de respuestas contrarias al principio de igualdad de los ciudadanos de la Unión, sino además representara un obstáculo a la eficacia de la decisión fuera de las fronteras del Estado en el que hubiera sido dictada. Así, la sentencia de 11 de enero de 1990, pronunciada en el asunto C-220/88 (Dumez) expresaba que “únicamente a título de excepción a la regla general del fuero del Estado del domicilio del demandado prevé la sección 2 del título II un cierto número de atribuciones de competencia especiales” que, afirma, “se basan en la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre el litigio y otros tribunales distintos de los competentes en virtud del Estado del domicilio del demandado, que justifique la atribución de competencia a dichos órganos jurisdiccionales en aras de una recta administración de justicia, así como de un desarrollo satisfactorio del proceso”. Y añade, “Para alcanzar este objetivo, que reviste una importancia fundamental en un Convenio esencialmente destinado a favorecer el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales fuera del territorio del Estado en que hayan sido dictadas, es indispensable evitar una multiplicación de los tribunales competentes, que aumenta el riesgo de que se adopten resoluciones inconciliables, que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 27 del Convenio, es un motivo de no reconocimiento o de no otorgamiento del exequatur”, y que “el referido objetivo se opone igualmente a toda interpretación del Convenio que, aparte de los casos expresamente previstos, pueda conducir a atribuir competencia a los tribunales del domicilio del demandante, permitiendo que este último, al elegir su propio domicilio, determine el tribunal competente”. Y de manera más reciente, la sentencia de 5 de junio de 2014 (asunto C-360/12, Coty Germany GmbH/First Note Perfumes NV) expresa que “En la medida en que la competencia de los órganos jurisdiccionales del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso es una regla de competencia especial, debe interpretarse de modo estricto, sin que quepa una interpretación de la misma que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en dicho Reglamento (sentencia Melzer, EU:C:2013:305, apartado 24)”.
III.- Interpretación del concepto de materia delictual o cuasidelictual, y de lugar de producción efectiva o potencial del hecho dañoso.
No obstante lo anterior, la mayor dificultad radica en la interpretación, de un lado, del concepto de materia delictual o cuasidelictual, y de otro, del concepto de lugar de producción efectiva o potencial del hecho dañoso. Al respecto del primero, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de junio de 2016 (Universal Music) explica que según la jurisprudencia de dicho Tribunal, “comprende toda pretensión con la que se exija la responsabilidad de un demandado y que no esté relacionada con la «materia contractual», en el sentido del artículo 5, punto 1, letra a), de dicho Reglamento (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 44)”. Y por lo que se refiere al segundo, la misma resolución expresa que “el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esta expresión se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha materializado el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares”.
Por lo que se refiere al concreto supuesto de la verificación de actos en infracción del artículo 101 TFUE, resulta esencial la cita de la Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015 (Asunto C-352/13 Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA, que versa de manera específica sobre la acción follow on. Sobre el particular, si bien en su apartado 44 expresa que “el lugar del hecho causal de un perjuicio consistente en los sobrecostes que un comprador hubiera tenido que pagar por el hecho de que un cártel haya falseado los precios en el mercado puede ser identificado, en abstracto, como el de la constitución del cártel”, en el siguiente matiza la anterior consideración, cuando expresa que “sin embargo, esa consideración no es pertinente en circunstancias como las del litigio principal en las que, según las constataciones de la Comisión, expuestas en la resolución de remisión, no es posible identificar un lugar único en el que el referido cártel se hubiera constituido, pues se componía de varios arreglos colusorios establecidos en diferentes reuniones y discusiones mantenidas en diversos lugares de la Unión”.
Las circunstancias tomadas en consideración en dicha sentencia concurren en el asunto resuelto por la Comisión en el expediente “camiones”, y los fabricantes no han identificado a tal fin un único lugar en el que hubieran tenido lugar en su caso las reuniones, sino que, al contrario, afirman la competencia de los tribunales de cada uno de los países en los que tienen su domicilio las sociedades integrantes del cártel, lo que resulta de todo punto contrario al criterio sostenido por el TJUE. A ello se refiere el auto del juzgado de lo mercantil nº 3 de Valencia de 4 de octubre de 2018, cuando expresa que “ese discurso de Volvo, de acuerdo con las características de la infracción que motiva el proceso, un cártel trabado entre empresas domiciliadas en estados distintos, se tornaría claramente insatisfactoria. Porque entonces la jurisdicción de ningún Estado miembro presentaría vínculos más estrechos con el objeto del proceso, existiendo tantos posibles fueros competenciales como empresas cartelistas. La interpretación de las reglas de competencia comunitarias no puede hacer del sistema de distribución de competencias una herramienta ineficiente, cuando persiguen el resultado contrario”.
Por ello la sentencia del TJUE resuelve la cuestión de manera que no deja margen para la duda para el supuesto objeto de análisis, cuando expresa en su apartado 52 que “De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el lugar de materialización del daño es el lugar donde el perjuicio alegado se manifiesta de forma concreta (véase la sentencia Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, apartado 27). En el caso de un perjuicio consistente en los sobrecostes pagados a causa de un precio artificialmente elevado, como el del peróxido de hidrógeno objeto del cártel en cuestión en el litigio principal, ese lugar sólo es identificable en relación con cada una de las presuntas víctimas considerada de forma individualizada, y en principio corresponde al domicilio social de ella”.
Y no constituye obstáculo a la aplicación del criterio recogido en la sentencia del asunto Hydrogen Peroxide la circunstancia del supuesto carácter indirecto del daño sufrido por el comprador, al haber adquirido este el bien de un intermediario. Y ello por cuanto no se dan los presupuestos fácticos que fueron considerados por el TJUE en el asunto Dumez, que expresa en su apartado 21 que “el lugar en el que se manifiesta el daño inicial presenta generalmente un estrecho vínculo con los restantes elementos constitutivos de la responsabilidad, cuando lo corriente es que tal no sea el caso del domicilio de la víctima indirecta”, pues de un lado ese “lo corriente” no excluye de modo terminante la posibilidad de legitimación de la víctima indirecta, y de otro el litigio en el que se enmarca la cuestión resuelta por la sentencia carece de la menor relación con el asunto “camiones”, pues en ella se explica (apartado 3) que las demandantes “persiguen la reparación del daño que pretenden haber sufrido por el estado de insolvencia de sus filiales, cuyos domicilios se encuentran en la República Federal de Alemania, provocado por el abandono de un programa de construcción de inmuebles”, de modo que se enmarca en un supuesto arquetípico de daño indirecto, mientras que en el analizado los demandantes afirman ser los perjudicados por razón de la repercusión al comprador final del incremento de precio, de la misma forma que sucede en el caso analizado en la sentencia del caso Hydrogen Peroxide SA.
Además, ante una falta de conocimiento del lugar en el que hubieran tenido lugar en su caso las reuniones de las que habría resultado la conducta infractora, la atribución de la competencia a los tribunales de cada uno de los Estados en los que tienen su domicilio las sociedades integrantes del cártel resultaría de todo punto contrario al criterio sostenido por el TJUE. Es la demandada quien por razón de su intervención en los hechos determinantes de la decisión de la Comisión debe alegar y acreditar el lugar en el que tuvieron lugar las reuniones para que pueda prosperar la declinatoria, y el no hacerlo, pese a disponer de la posición más favorable para ello, determina de suyo la imposibilidad del tribunal de identificar el lugar que de acuerdo con el criterio sostenido por el TJUE se corresponde con el lugar de producción del hecho dañoso, de acuerdo con el artículo 7.2 del Reglamento (UE) 1215/2012, de modo que se produce igualmente la atribución de competencia a varios Estados. Por ello, no puede reprocharse del criterio aquí defendido que ignore el presupuesto de previsibilidad para el demandado y de necesidad de evitar la innecesaria multiplicación de tribunales competentes, que además el TJUE desplazó a un segundo plano en el caso Hydrogen Peroxide SA, en el que obviaba tales consideraciones y en su lugar afirmaba que “el tribunal del lugar donde ésta (la actora) tiene su domicilio social es evidentemente el mejor situado para conocer de esa demanda. El tribunal así determinado es competente para conocer, en virtud de la totalidad del perjuicio causado a esa empresa por los sobrecostes que pagó para abastecerse de los productos objeto del referido cártel, de una acción ejercida contra cualquier autor del cártel o bien contra varios de sus autores”, de modo que la parte demandante estaría facultada para demandar en el lugar de su domicilio no por consideraciones relativas a la certeza de dicha parte, sino a la mejor disposición de la sede en la que tiene este por razón de la concreta acción ejercitada, en relación con los sobrecostes asumidos, pues como expresa la sentencia, el lugar del domicilio social del perjudicado “reúne todas las garantías para la eficaz sustanciación de un posible proceso ya que el enjuiciamiento de una demanda de reparación del perjuicio supuestamente causado a una empresa singular por un cártel ilícito, que ya ha constatado de forma vinculante la Comisión, depende en lo esencial de aspectos propios de la situación de esa empresa. Siendo así, el tribunal del lugar donde ésta tiene su domicilio social es evidentemente el mejor situado para conocer de esa demanda”.
No puede considerarse que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de junio de 2016 -Universal Music- y de 5 de julio de 2018 –FlyLAL NO. 2- modifiquen la doctrina contenida en la sentencia de 21 de mayo de 2015 (Hydrogen Peroxide). Así, por lo que se refiere a la primera, debe recordarse que la misma expresa que “el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esta expresión se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha materializado el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares”. Y si bien es cierto que dicha resolución expresa asimismo que “el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, no puede considerarse como «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», a falta de otros puntos de conexión, el lugar situado en un Estado miembro donde se haya producido un daño, cuando tal daño consiste exclusivamente en una pérdida económica que se materializa directamente en la cuenta bancaria del demandante”, también lo es que en el asunto “camiones” la atribución competencial no se basa en modo alguno en la circunstancia que el TJUE rechaza como relevante a tales efectos en la resolución citada, sino en la circunstancia de ser el domicilio del demandante el lugar en el que se materializa la pérdida. Resulta pues que el supuesto concreto poco tiene que ver con el caso Universal Music (en el que el lugar de comisión del hecho dañoso es claro), y desde luego constituye un supuesto mucho más cercano al valorado en la sentencia de 21 de mayo de 2015, en el que no resultó conocido el lugar en el que se produjo la conducta antijurídica.
De igual modo, por lo que respecta a la sentencia de 5 de julio de 2018 (FlyLAL NO. 2), la misma, al igual que la anterior, reitera con carácter previo y general que “Por lo que respecta, en particular, al concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001, según jurisprudencia reiterada tales términos se refieren al mismo tiempo al lugar donde se ha materializado el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares”. Y por lo que al caso concreto se refiere, aborda un supuesto completamente diverso del que es objeto del asunto “camiones”, pues en el caso FlyLAL el mercado esencialmente afectado por la práctica anticompetitiva venía determinado de forma indudable, en concreto el mercado lituano, en la medida en que la práctica afectaba a los vuelos con salida y llegada al aeropuerto de Vilna, lugar en el que tuvieron lugar tanto el hecho ilícito como sus consecuencias. Y esta segunda resolución no sólo se aparta de la sentencia de 21 de mayo de 2015, sino que la cita y ratifica de manera expresa, sin perjuicio de que el criterio principal del lugar de celebración del acuerdo ilícito que dicha sentencia acoge no resulta de aplicación en el caso en el que no sea conocido dicho lugar. En esta línea de argumentación, la reciente resolución del juzgado de lo mercantil nº 1 de León de 30 de octubre de 2018, concluye desestimando la declinatoria afirmando la competencia internacional de los tribunales españoles para el conocimiento del asunto.
Tampoco puede afirmarse que el criterio seguido en Hydrogen Peroxide contravenga el criterio establecido en las sentencias pronunciadas en los casos Mines de Potasse d´Alsace y Kainz, en las que indicaba que “los tribunales no deberían flexibilizar el test para facilitar el ejercicio de la acción por los demandantes”, y que el artículo 7.2 del Reglamento (UE) 1215/2012 “no pretende hacer las demandas más asequibles para la parte débil o hacer las demandas más fáciles para la parte perjudicada”, pues en la sentencia del caso Hydrogen Peroxide, pronunciada en un supuesto que guarda mayor similitud con el asunto “camiones” que el que objeto de las segundas, se valora que ante la imposibilidad de conocimiento del lugar de constitución del cártel debe identificarse este con el domicilio social de cada una de las presuntas víctimas consideradas de forma individualizada, de modo que la solución que aquí se defiende no parte de la conexión del domicilio del demandante por sí sola y sin otro fundamento que la protección del perjudicado, sino que acude a dicho lugar ante la imposibilidad de conocimiento del lugar de constitución del cártel, de conformidad con la doctrina del TJUE indicada.
IV.- Jurisprudencia reciente del TJUE sobre la materia.
1.- Dos recientes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contribuyen a dar mayor claridad a la cuestión que se está planteando. La sentencia de 12 de septiembre de 2018 (asunto C‑304/17) resuelve un procedimiento prejudicial planteado por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Austria, en el procedimiento entre Helga Löber y Barclays Bank, sobre competencia en materia delictual o cuasidelictual e interpreta el concepto de lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. Se trata de un consumidor con domicilio en un Estado miembro que ha adquirido, por mediación de un banco establecido en dicho Estado miembro, títulos emitidos por un banco establecido en otro Estado miembro. Recuerda que el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar (sentencias de 19 de septiembre de 1995, Marinari, C‑364/93, EU:C:1995:289, apartado 14; de 10 de junio de 2004, Kronhofer, C‑168/02, EU:C:2004:364, apartado 19, y de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, apartado 34) y que dicho concepto no comprende el lugar del domicilio del demandante en el que se localice el centro de su patrimonio únicamente por el hecho de que el demandante haya sufrido en ese lugar un perjuicio económico como consecuencia de la pérdida de una parte de ese patrimonio acaecida y sufrida en otro Estado miembro (sentencias de 10 de junio de 2004, Kronhofer, C‑168/02, EU:C:2004:364, apartado 21, y de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, apartado 35).
De este modo, las consecuencias económicas que afecten al demandante no justifican por sí solas la atribución de la competencia a los tribunales del domicilio de aquel si tanto el hecho causal del daño como la materialización del mismo están localizados en el territorio de otro Estado miembro (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 49). Se justifica tal atribución de competencia en la medida en que el domicilio del demandante constituya efectivamente el lugar del hecho causal o el de la materialización del daño. Y constituye jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que el lugar de la materialización del daño es el lugar donde el perjuicio alegado se manifiesta de forma concreta (sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 52).
Concluye que en una situación como la que existe en el litigio principal, en la que un inversor ejercita una acción de responsabilidad delictual o cuasidelictual frente a un banco que ha emitido un certificado en el que aquel ha invertido basándose en el folleto correspondiente a dicho certificado, los tribunales del domicilio del inversor en cuestión, en tanto que tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso a efectos de la citada disposición, son competentes para conocer de tal acción de responsabilidad por acto ilícito, cuando el daño alegado consista en un perjuicio económico que se produce directamente en una cuenta bancaria del inversor abierta en un banco establecido en el territorio de los referidos tribunales y cuando las restantes circunstancias particulares de tal situación concurran igualmente a atribuir la competencia a esos mismos tribunales.
Se trata de una sentencia en la que se hace valer con preferencia el criterio de la necesidad del carácter directo del perjuicio, lo que podría ser aplicable al asunto camiones. Sin embargo, en este tema debe ser tenido en cuenta el criterio del domicilio del perjudicado por razón de su mejor disposición para el análisis y la prueba del daño, y el perjuicio no parece que pueda calificarse propiamente de indirecto, dado que el sobrecoste se repercute en su integridad al adquirente final del producto.
2.- Y la Sentencia del TJUE de 24 de octubre de 2018 (asunto C 595/17), que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Casación de Francia sobre una acción indemnizatoria del distribuidor basada en la infracción del artículo 102 TFUE por el proveedor. Interpreta una cláusula atributiva de competencia que solo puede abarcar las controversias nacidas o que puedan nacer de una relación jurídica determinada, lo que limita el alcance de un pacto atributivo de competencia únicamente a las controversias que tengan su origen en la relación jurídica con ocasión de la cual se estipuló esa cláusula. Son supuestos en los que las partes (si no existe un foro exclusivo), independientemente de su domicilio, pueden pactar libremente el tribunal del Estado miembro que conocerá en el caso de producirse una controversia futura o cuando ya se ha producido (art. 25 del Reglamento (UE) 1215/2012). En este supuesto, el tribunal designado será exclusivamente competente. La sumisión expresa regulada en el art. 25 es la máxima expresión de la autonomía de la voluntad de las partes. Aunque no se plantea en el supuesto que justifica este comentario, podría ser objeto de alegación si en los contratos de venta de vehículos estuviera prevista una cláusula de este tipo. Y la Sentencia del TJUE da respuesta a la validez de la misma para determinar la competencia en una reclamación por comportamiento anticompetitivo.
Este asunto ofrece una nueva oportunidad, a la vista de la solución acogida por el Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), de formular precisiones para los operadores en su condición, por un lado, de redactores de cláusulas de atribución de la competencia y, por otro, de personas que desean ejercitar acciones de indemnización por daños y perjuicios cuyo origen se encuentra en una violación del Derecho de la competencia, en particular del artículo 102 TFUE («private enforcement»). El Tribunal de Justicia considera que una cláusula que se refiere en abstracto a las controversias que surjan en las relaciones contractuales no abarca una controversia acerca de la responsabilidad delictual en la que hubiera incurrido supuestamente una parte contratante a causa de su conducta en el ámbito de un cártel ilícito. Tal es el caso cuando el comportamiento anticompetitivo alegado resulta ajeno a la relación contractual en cuyo marco se pactó la cláusula atributiva de competencia. Así, mientras que el comportamiento anticompetitivo al que se refiere el artículo 101 TFUE, el de las prácticas colusorias, no está, en principio, directamente ligado a la relación contractual entre un participante en dicha práctica y un tercero, sobre el cual la práctica colusoria despliega sus efectos, el comportamiento anticompetitivo al que se refiere el artículo 102 TFUE, a saber, el abuso de posición dominante, puede materializarse en las relaciones contractuales que entabla una empresa en posición dominante y por medio de cláusulas contractuales. Por ello, concluye que no cabe excluir la aplicación, respecto a una acción por daños y perjuicios ejercitada por un distribuidor contra su proveedor sobre la base del artículo 102 TFUE, de una cláusula atributiva de competencia contenida en el contrato celebrado entre las partes por la sola razón de que esta cláusula no haga referencia expresa a los litigios relativos a la responsabilidad derivada de una infracción del Derecho de la competencia. En consecuencia, sería difícil que pudiera aplicarse una cláusula de este tipo en supuestos de reclamación de los daños causados por infracción de las normas de competencia de la Unión Europea mediante la adopción de acuerdos de intercambio de información sobre precios en el Espacio Económico Europeo.
En suma, si bien el principio general que debe regir la distribución internacional de competencia entre los tribunales de los Estados miembros debe ser el de su atribución al Estado del domicilio del demandado, dicha regla cede en materia delictual y cuasidelictual ante el criterio del lugar de producción del hecho dañoso, que en los supuestos de infracción del artículo 101 del TFUE el TJUE asocia al lugar en el que se gesta y desarrolla el cártel, y en caso de imposibilidad de conocimiento de este, entre otras razones por la falta de colaboración de los integrantes del cártel para su identificación, debe resolverse la diatriba entre los tribunales del domicilio de sus integrantes o el de los compradores, soluciones ambas que por razón de la diferente nacionalidad de los primeros incurren en el indeseable efecto de la multiplicación de sedes, por lo que la doctrina del TJUE remite al lugar en el que el comprador final del bien tiene fijado su domicilio, por cuanto este ofrece todas las garantías para la eficaz sustanciación de un posible proceso, pues la reclamación depende en lo esencial de aspectos propios de la situación de esa empresa.
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