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Timestamp: 2020-01-20 01:50:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 180', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 95', 'artículo 162', 'artículo 165', 'artículo 188', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 5']

II. AUDIENCIA INICIAL - Productos de tabaco – Requisitos de empaquetado y etiquetado. Cajetilla de cigarrillo control...
Productos de tabaco – Requisitos de empaquetado y etiquetado. Cajetilla de cigarrillo control / ministerio de salud y proteccion social – Competencia integral para revisar empaques o cajetillas de cigarrillos / principio de la revision integral – Aplicación
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título Productos de tabaco – Requisitos de empaquetado y etiquetado. Cajetilla de cigarrillo control / ministerio de salud y proteccion social – Competencia integral para revisar empaques o cajetillas de cigarrillos / principio de la revision integral – Aplicación
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II. AUDIENCIA INICIAL.
En cumplimiento de lo consagrado en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 31 de octubre de 2012 se llevó a cabo la audiencia inicial a la cual asistieron las partes; no compareció previa excusa, el Ministerio Público, ni la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
Se declaró infundada la excepción de caducidad del medio de control y, respecto de la excepción de inexistencia de la obligación, se consideró que por ser argumento de fondo se resolvería en la sentencia.
Las partes indicaron que no tienen nada que observar respecto al saneamiento del proceso y no demostraron ánimo conciliatorio.
Se estableció que los cargos esgrimidos por la demandante son: falta de competencia y violación al principio de legalidad, censura y expropiación, violación del principio de confianza legítima y violación del principio de igualdad.
III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la sociedad actora.
Expresó que la adicción al tabaco y sus derivados, es considerada como un problema de salud pública a nivel mundial y a un gran contaminante del ambiente y por ello muchos países han adoptado mecanismos para restringir su consumo.
Que la Organización Mundial de la Salud, en respuesta a la globalización de la epidemia del tabaquismo, desarrolló el Convenio Marco para el Control del Tabaco de 21 de mayo de 2003 (CMCT OMS), y según lo consignado en el prefacio de dicho documento es “un tratado basado en pruebas científicas que reafirma el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr”; este instrumento fue aprobado por Colombia mediante la Ley 1109 de 2006.
Adujo que el artículo 13 del Convenio Marco, en relación con la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco estableció: que las partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de tabaco; que cada parte, de conformidad con su Constitución y sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; la parte que no esté en condiciones de hacer una prohibición total aplicará restricciones; cada parte como mínimo prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva un producto de tabaco por cualquier medio que sea falso, equívoco o engañoso en alguna forma o que pueda crear una impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones; exigirá que toda publicidad, promoción y patrocinio, vaya acompañada de una advertencia o mensaje sanitario u otro pertinente, etc.
Que dicho Convenio Marco fue objeto de revisión oficiosa por parte de la Corte Constitucional, que lo declaró exequible mediante la sentencia C-665 de 2007 y fue promulgado a través del Decreto 2871 de 2008; que para desarrollarlo fueron expedidas la Ley 1335 de 2009 y la Resolución núm. 3961 de 2009.
Que la Ley 1335 de 2009 tiene por objeto, contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años y de la población no fumadora, para lo cual regula el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco y sus derivados; establecer la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir al abandono y disminución de su consumo; y fijar sanciones a quienes contravengan sus disposiciones; que por ello la ley dedica un capítulo especial a la regulación de la publicidad del empaquetado del tabaco y sus derivados, ya que precisamente la información que contiene puede incentivar su consumo.
En cuanto a los cargos de nulidad propuestos por la sociedad actora, señaló:
1. En cuanto al cargo de falta de competencia y violación del principio de legalidad, adujo que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 4107 de 2011, se previó como función del Ministerio de Salud y de la Protección Social, entre otras, formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública y control de riesgos de enfermedades que afecten a las personas, grupos y comunidades; formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida, y de prevención y control de las enfermedades crónicas no trasmisibles.
Que existe evidencia de que una de las formas de incentivar el consumo de tabaco, especialmente en los menores de edad, es a través del empaque y etiquetado, por lo cual el artículo 13 de la Ley 1355 de 2009 estableció disposiciones para regular este aspecto y el artículo 16 ibídem, consagró la prohibición expresa de toda forma de promoción de productos de tabaco y sus derivados.
Que las simulaciones de etiquetado, que no fueron aprobadas mediante los actos acusados, son constitutivas de promoción del consumo de tabaco, debido al incumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la citada Ley 1335, en concordancia con lo previsto en su artículo 13 y con los artículos 7 a 11 del Convenio Marco, pues las expresiones consignadas traducidas al castellano, tienen un significado distinto al de simplemente indicar características naturales propias del cigarrillo o del acto de fumar.
Expuso que acerca del significado y alcance del concepto “promoción” señalado en el artículo 16 de la Ley 1335 de 2009, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-830 de 2010, expresó que el término debe entenderse en un sentido amplio, que implica la prohibición total de la publicidad de productos de tabaco tanto directa como indirecta.
Que los actos acusados resaltaron como argumento que la información contenida en las simulaciones de etiquetado y empaquetado, incentivaban e inducían al consumo del tabaco, que guarda relación directa con actos propios de promoción del producto y que la revisión técnica comprende todos los aspectos que integran el empaque y la etiqueta.
Anota que la propia parte actora al hacer la estimación de la cuantía de las pretensiones, expresó que el asunto es superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales, debido al impacto derivado de la reducción en las ventas, manifestación que pone en evidencia que los mensajes y leyendas contenidos en las simulaciones de etiquetado y empaquetado de cigarrillos, que no fueron aprobados con la expedición de los actos acusados, constituyen un elemento o instrumento directo necesario de promoción del tabaco y sus derivados.
2. En cuanto a los cargos de censura y expropiación, el a quo pone de presente que la Corte Constitucional al realizar el estudio de exequibilidad de los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 1335 de 2009, hizo una ponderación entre los derechos fundamentales al trabajo, la libertad de empresa, el derecho a la salud, entre otros; dicha Corporación expresó que el Legislador previó la prohibición total de la publicidad y promoción del consumo de tabaco, medida compatible con la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, pero que se pueden imponer restricciones cuando ocurran razones imperiosas que hagan proporcionales medidas de esa naturaleza; que en el caso analizado, existe un consenso global acerca del carácter nocivo de los productos de tabaco y sus derivados, habida cuenta del daño cierto, objetivo y verificable que provoca a la salud y al medio ambiente, luego la restricción no afecta el núcleo esencial de las libertades económicas, puesto que es compatible con la producción y comercialización de los productos de tabaco y sus derivados.
Precisó que los derechos a la libertad económica y de empresa no son absolutos y deben ponderarse con principios como el de la solidaridad y con otros derechos como la salud pública, la vida, el ambiente sano y con los derechos de los niños y los jóvenes, postulados puntualmente explícitos en los numerales 1 y 2 del artículo 95 de la Constitución Política.
Resaltó que el Ministerio de Salud y Protección Social no se apropió de los lemas y marcas de productos de tabaco y sus derivados, que comercializa la parte actora, y que, con la expedición de los actos acusados, no se censuró la comercialización de dichos productos.
3. Acerca de la supuesta vulneración del principio de confianza legítima, señaló que es una derivación del principio de seguridad jurídica, del alcance del Estado de Derecho y del principio de la buena fe, lo cual indica que la confianza que el administrado deposita en la actuación de la Administración es digna de protección y debe respetarse; sin embargo, dicha protección no significa que las autoridades estén impedidas para adoptar modificaciones normativas o cambios políticos para cumplir con los cometidos estatales impuestos por la Constitución Política y por la Ley.
Que en relación con el alcance del principio de la confianza legítima, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha previsto que la aplicación de este principio no es óbice para que la Administración adelante programas que modifiquen tales expectativas favorables, sino que no puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva.
Considera que del análisis integral de los documentos aportados al proceso se concluye que no existe ninguna prueba que acredite de modo concreto, idóneo y fehaciente que para los períodos de julio de 2010 y julio de 2011 y de esta última fecha a 2012, se hubieren aprobado por parte del Ministerio empaque y etiquetas con frases y expresiones iguales o idénticas respecto de las cuales se ordenó su retiro de las simulaciones de empaquetado y etiquetado en los actos acusados; que sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que aún en el evento de que hubieran sido aprobadas para esos específicos períodos, el Ministerio tiene, por determinación legal y reglamentaria expresa, el deber de efectuar anualmente la verificación y el control de las frases de advertencias, leyendas y pictogramas de los empaques y etiquetas de cigarrillos, con el fin de que se ajusten a la normatividad vigente que regula la materia, lo que implica que pueden ser modificadas o restringidas, pues, reitera, está en peligro es el proyecto de vida saludable que se pretende con la expedición de la Ley 1335 de 2009, y por ello la aprobación está sujeta a control previo para períodos anuales, porque las autorizaciones que sobre el particular imparte la Administración no tienen carácter indefinido ni generan ningún derecho para los períodos posteriores, ya que su vigencia tiene una delimitación en el tiempo.
. Sobre la supuesta violación al principio de igualdad, señaló que la actora no expuso ninguna argumentación que sustentara el cargo, como lo exige el numeral 4 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, razón suficiente para desestimarlo.
Que lo cierto es que a todas las empresas tabacaleras se les solicitó el retiro de frases publicitarias y/o promocionales además de los elementos pictográficos que contravienen lo establecido en la Ley 1335 de 2009, y que obran en el expediente un conjunto de Resoluciones proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos por distintas empresas tabacaleras en contra de los actos administrativos que improbaron la simulación de las artes para períodos anuales comprendidos entre los años 2010 y 2013, documentos que dejan sin sustento la alegada vulneración.
Respecto de las pretensiones subsidiarias, el a quo explicó que el acto administrativo causante de un daño antijurídico constituye una fuente de responsabilidad estatal, lo que pone de presente que para la obtención de la reparación de este perjuicio el administrado tiene como mecanismo de defensa judicial el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa, en la medida en que la causa del daño no es un hecho, una omisión, una operación administrativa ni la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos sino, precisamente, la expedición y ejecución de un acto administrativo.
Que de conformidad con el artículo 165 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es posible acumular en la demanda las pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, las relativas a contratos y las de reparación directa, siempre y cuando sean conexas y concurran los requisitos que trae la norma, en este caso existe una debida acumulación de pretensiones, por cuanto, de una parte, se pretende la declaración de nulidad de unos actos administrativos y el restablecimiento del derecho y, de otra, en subsidio, la reparación de los perjuicios causados con la expedición de los actos sobre la premisa de aceptar que se ajustan al ordenamiento jurídico que le sirvió de sustento, petición esta que corresponde al medio de control de reparación directa.
Que entonces la petición subsidiaria está referida al daño especial que está definido por la Jurisprudencia y la Doctrina como una carga excepcional, anormal y particular causada por un agente estatal que rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas y se ve comprometida la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado.
Concluye que en este caso no hubo un daño antijurídico que sea imputable al Ministerio de Salud y Protección Social, en tanto que a la actora le fue impuesta una carga que tenía el deber jurídico de soportar, la cual no es excesiva ni desproporcionada precisamente en razón a que los derechos a la libertad económica y de empresa tienen restricciones, ya que en el caso específico, la comercialización del tabaco y sus derivados, debe estar sometida al cumplimiento de obligaciones, requisitos y condiciones establecidos no solamente en la Constitución Política y en la ley sino también en tratados internacionales aprobados por Colombia, como lo es el Convenio Marco para el control del Tabaco de la OMS.
Respecto de la objeción por error grave al dictamen pericial rendido a solicitud de la actora con el fin de que se estimaran los perjuicios ocasionados con la expedición de los actos acusados, el a quo consideró que en razón al hecho de que no prosperaron las súplicas de la demanda, deviene innecesario desde el punto de vista práctico procesal emitir un pronunciamiento acerca de la objeción planteada.
Finalmente, el a quo de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. consideró que había lugar a condenar en costas a la parte actora.
IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.
En memorial obrante a folios 595 y siguientes del cuaderno principal núm. 7, la parte actora solicita la revocatoria del fallo apelado, para que en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Considera que pese al ejercicio discursivo que fue plasmado en la sentencia de 24 de julio de 2014, se dejaron de analizar de manera específica los cargos fundamentales, que fueron propuestos contra los actos acusados, por lo que parece que la sentencia se hizo en defensa del actuar de la entidad, por motivos de conveniencia.
Sustenta los reparos a la providencia impugnada, en los siguientes términos:
1. Sobre la falta de competencia, el Tribunal usó una fórmula de juicio genérica, amplia y de conveniencia para sustentar la legalidad de los actos atacados, pero no explicó en concreto –porque es imposible hacerlo- cómo tales previsiones normativas soportan la decisión adoptada; simplemente se argumentó que el empaque es un todo con los mensajes de advertencia.
Si ello fuera así, el artículo 13 de la Ley 1335 de 2009 jamás habría diferenciado entre los pictogramas y el empaque, pues no se trata, como lo pretende el Tribunal, de que lo que se informa en el pictograma puede ser desconocido con otra información en el resto del empaque.
Considera que esa manera de apreciar la legalidad de forma genérica o amplia por razones de aparente conveniencia, no puede ser la forma de establecer el régimen de competencias previsto en un Estado Social de Derecho; quien defina las políticas de salud no tiene una competencia general e idéntica a la que tendría el Congreso de la República cuando reglamenta las materias referidas a la comercialización de los empaques de cigarrillos y, por cierto, el Convenio Marco Antitabaco no define estas competencias.
Por el contrario, el Ministerio de Salud tiene una competencia muy clara: validar si las frases de advertencia y pictogramas cumplen con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1335 de 2009; dicha competencia no se extiende a controlar la información adicional contenida en el resto del empaque; insiste en que la aprobación de los pictogramas y advertencias, nada tiene que ver con el resto de la información que legítimamente la empresa transmite y debe transmitir en el resto del empaque, lo que se deduce de la simple lectura de las normas.
Que el mismo Ministerio definió los términos “advertencias sanitarias” y “frases de advertencia” en la Resolución núm. 3961 de 2009, lo que explica que en el parágrafo 1 del artículo 6º ídem, se establezca que las advertencias sanitarias y pictogramas son de propiedad de la entidad.
Considera que lo que pretende el Ministerio de Salud y Protección Social es hacerse propietario y controlador de la totalidad de las informaciones que se encuentran en el empaque o cajetilla, violando no solo la Resolución núm. 3961 de 2009, sino además sus elementales derechos fundamentales.
Estima que en ninguna parte del Convenio Antitabaco, de la Ley 1335 de 2009 o de la mencionada Resolución, se dice que compete al Ministerio de Salud y Protección Social el control y verificación de toda la información del empaque.
Insiste en que la competencia ejercida en los actos demandados, y apoyada por el Tribunal, descansa sobre la idea de una competencia amplia o implícita, ajena al texto de las normas y opuesta a la estructura constitucional del Estado.
Considera que es totalmente legítimo que el Estado Colombiano ejerza una competencia de control sobre TODA la información que transmiten las compañías tabacaleras, pero lo que es discutibles es quién debe ejercerla.
Hace relación a los artículos, 13, 16, 26 y 33 de la Ley 1335 de 2009, y al Título III del Código Nacional de Policía, artículos 219 y 220, y concluye que dichas normas definen las autoridades competentes para ejercer el poder sancionatorio y controlador de las violaciones que el Ministerio le endilgó, así como el procedimiento y las sanciones; que en ninguna de dichas disposiciones se encuentra que la demandada tiene facultades de ejercer potestad legalmente asignada para revisar integralmente las etiquetas y empaques que contienen los cigarrillos, por lo que no puede atribuirse una competencia sin romper el principio de legalidad, que es la máxima garantía de control de abuso del poder.
Insiste en que en un Estado de Derecho no existen poderes implícitos ni competencias deducibles por analogía; que el ejercicio de las potestades públicas conferido por el ordenamiento jurídico a una autoridad es indelegable e intransferible, salvo que lo delegue expresamente, así como tampoco son negociables y transigibles.
2. Frente al cargo de censura, considera que si el argumento anterior no fuere de recibo por parte de esta Corporación, lo cierto es que el propio Tribunal determinó que “las expresiones consignadas en las cajetillas de cigarrillos son constitutivas de promoción del tabaco dado que sugieren el consumo de este producto pues son un elemento novedoso o que representa una nueva tecnología”.
Expresa que está claro por los instrumentos internacionales aprobados por Colombia y por la Ley, que la promoción de productos derivados del tabaco está prohibida; que la Corte Constitucional mediante sentencia C-830 de 2010 determinó que la Ley 1335 de 2009 se encuentra ajustada a la Carta y que el Estado puede limitar el discurso comercial que transmiten las empresas cuando la intención del legislador es la creación de un mercado pasivo, esto es, un bien jurídicamente lícito en su comercialización, mas no en su promoción.
Que en consonancia con lo dicho por el Tribunal, la Corte Constitucional encontró que esa limitación no puede impedir la transmisión de información que se refiere a la calidad del producto, en cuanto dijo “en contrario, existe una decidida voluntad del Legislador de extremar medidas para que el potencial consumidor de tabaco esté debidamente informado sobre las calidades del producto y, en especial, las consecuencias de su adquisición y uso”.
Que la anterior posición fue aceptada por el Ministerio en su contestación cuando afirma que “de esta manera, resulta contraevidente que haya eliminado toda clase de promoción en la forma y alcance que ha dado la Corte Constitucional y el empaque continúe siendo una estrategia de desarrollo promocional. Por ello es que debe entenderse que el mismo ha quedado restringido a una información que no sea promocional y que, además, no tenga direccionamientos o elementos contrarios a la verdad … es decir, solo es admisible una publicidad del empaque que no tenga carácter persuasivo sino simplemente informativo”.
De lo anterior concluye que entonces si la información es meramente informativa y no promocional, no puede el Ministerio o cualquier otra autoridad impedirla sin incurrir en censura.
Argumenta que las informaciones transmitidas en el empaque corresponden a informaciones del producto que han sido transmitidas desde hace muchos años y se refieren a las calidades del producto que le permiten al consumidor entender el tipo de producto que consume y nada más, es tanto como comprar un chicle con sabor a menta o a canela; que así por ejemplo la expresión “Click & On” describe una nueva tecnología consistente en que el cigarrillo tiene una nueva cápsula que está dentro del producto y libera una sustancia y el Tribunal acepta que es una nueva tecnología y luego concluye que es una promoción, luego una compañía tabacalera no puede fabricar un nuevo producto lo cual cercena su ejercicio económico; que la fabricación y venta de cigarrillos no es una actividad ilícita.
Que en la expresión Click & On la exprersión ON no significa avivar sentimiento o pasión, pues a este sistema de oprimir la cápsula se le denomina “featuring convertible”, porque se trata de una nueva presentación, luego la traducción de la entidad es pésima, pues ninguna de las acepciones de la palabra encender incluye la de avivar un sentimiento.
Se refiere a las demás expresiones no aceptadas en los actos acusados, para aseverar, como lo hizo en la demanda, que ninguna de las descripciones tiene o puede entenderse como promocional, por lo que la entidad sí incurrió en una ilegalidad.
Frente al cargo de expropiación, dice la actora que el Tribunal omitió analizar que muchas de las informaciones son lemas comerciales que preceden a las nuevas regulaciones sanitarias y que cuentan con autorizaciones del Estado Colombiano que reconocen su propiedad privada y posibilidad de su uso a la empresa o sus compañías afiliadas o relacionadas.
Considera que las decisiones de la entidad en los actos acusados de prohibir su uso, son pari passu, “expropiaciones indirectas”, porque vacían de contenido íntegramente el derecho, por lo que esas decisiones son ilegales, por no cumplir con los parámetros previstos en los artículos 58 y 333 de la Carta Política; que muchas de las informaciones cuentan con la protección de otros actos administrativos anteriores que se encuentran vigentes.
Sostiene que en el expediente obran pruebas, como son los certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, con los cuales demuestra que tiene derechos sobre las expresiones ahora prohibidas, porque están registradas como marcas.
3. En relación con la violación al principio de la confianza legítima, expresa que a través de PROTABACO SAS y BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA (South America) LTD, en su momento presentó tres veces a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, la solicitud de aprobación de las artes de advertencias sanitarias de los empaques de cigarrillos de su titularidad.
Que la mencionada Dirección, aprobó las artes de las advertencias sanitarias para el período anual de julio de 2010 a julio de 2011 y julio de 2011 a julio de 2012, así como las etiquetas de todos los empaques de cigarrillos de BAT; en dichas solicitudes aparecían las frases ahora cuestionadas por el Ministerio.
Señala que la doctrina constitucional de la confianza legítima tiene por objeto proteger aquellas situaciones de hecho o meras expectativas, como la que le asiste sobre la aprobación del etiquetado y empaques, que si bien son situaciones que no se han configurado como derechos adquiridos y podrían modificarse en todo momento, en aras del principio de la buena fe y la confianza legítima, gozan de protección del Estado frente a los cambios bruscos y repentinos de la Administración, como lo ha señalado la Corte Constitucional mediante sentencia C-836 de 2001.
Estima que si los actos fueron permisivos o tolerantes o reiterados o dieron expectativas de duración de su vigencia, un cambio súbito debe proteger situaciones frente a los mismos hechos (la misma etiqueta) y normas (artículo 5º de la Resolución núm. 3961 de 2009); luego al alterarse de manera súbita el comportamiento de la entidad, se quebrantaron los principios de la buena fe, confianza y seguridad jurídica, lesionando la confianza depositada en el actuar de la entidad.
4. En cuanto a la violación al principio de igualdad adujo que cuando la discrecionalidad se maneja de forma irrazonable, se cae en la arbitrariedad, que es el caldo de cultivo de la desigualdad; que en el expediente obra suficiente evidencia de cómo el Ministerio concede un tratamiento especial y favorecedor a un competidor suyo, la sociedad COLTABACO, al valorar de manera laxa el contenido de la información que transmite.
Señala que como lo explicó en los alegatos, para el año 2012 se advierte en el acto administrativo 2100000-7744 de 2012 la aprobación del producto con descripción SOFT! y lo mismo ocurrió en el año 2012 con el producto Marlboro Ice Xpress que contiene la expresión “presiona el filtro y activa la cápsula iceball”, muy similar a la expresión negada “click & on”.
Finalmente, aclara que no se está debatiendo sobre los riesgos derivados del cigarrillo, lo cual es un hecho que acepta; tampoco se está discutiendo si los menores de edad pueden o no fumar o si se puede realizar promoción de estos productos dirigida a ellos, pues tiene unas políticas estrictas para que el consumo de cigarrillo sea un acto consciente y libre, únicamente de adultos; tampoco se debate si el Estado tiene competencia para limitar la comercialización de estos productos o controlar la información que de ellos se transmite.
Insiste en que el único objeto de la acción tiene que ver con el ejercicio del poder y sus límites; declarar la ilegalidad de los actos cuestionados no es patrocinar el consumo de cigarrillos ni alentar o tolerar la transmisión de información engañosa por parte de las compañías que lo comercializan.