Source: http://www.cencos.org/libertad-de-expresion
Timestamp: 2017-02-23 20:46:13
Document Index: 323557284

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'artículo 287', 'artículo 287', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo\n19', 'artículo 10']

"La indagatoria se integrará hasta esclarecer en su totalidad los hechos y conocer al o los responsables para llevarlos ante los jueces a que respondan
por el ilícito", prometió la Fiscalía de Veracruz.
El periodista Manuel Torres fue asesinado de un disparo en la cabeza, por parte de un sujeto desconocido, la tarde de este sábado en la ciudad dePoza
Rica, al norte de Veracruz.
Era corresponsal de Tv Azteca, colaboró con varios medios regionales y actualmente dirigía su portal de noticias.
Sin embargo, la Fiscalía General de Veracruz (FGV) desconoció su labor periodística e informó que se trata de un “colaborador del Ayuntamiento de Poza
Humberto Moreira demanda por daño moral al diario Vanguardia por nota sobre su pensión
Por Redacción Sin Embrago
El diario Vanguardia publicó el pasado 18 de febrero un reportaje que aborda irregularidades en l autorización de la pensión que se le otorgó a Humberto
Moreira tras haber laborado en el sector Educación de Coahuila; Tras ello, ex Gobernador de Coahuila denunció a Vanguardia y a una de sus reporteras
ante un juzgado civil de Saltillo pidiendo que se le repare el supuesto daño moral que sufrió.
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo/Vanguardia).- El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés demandó al diario Vanguardia y a una de
sus reporteras, Roxana Romero, por el supuesto daño moral que le causó la publicación de un reportaje en que se denuncian presuntas irregularidades
en la autorización de su pensión por haber laborado en el sector educativo.
Desde el día de ayer, el diario Vanguardia denunció que ha sido víctima de acoso y espionaje. Además de que una de sus reporteras, quien es la autora
del reportaje en conflicto, fue perseguida por desconocidos en un automóvil.
“(Pido) la acción de reparación del daño moral, así como de las prestaciones que en virtud se reclaman en nombre de la parte que represento”, se sostiene
en la notificación de la denuncia.
Juez ordena a PGJDF no cerrar Caso Narvarte
Foto: Hermanas de Rubén Espinosa
Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.- El Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en materia penal concedió el día 18 de abril el amparo y protección
de la justicia federal en contra del acuerdo dictado el 28 de septiembre de 2015 por parte de la Fiscalía Central de Homicidios de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el que se “reservaban el derecho de admitir y valorar las pruebas, diligencias y propuesta de líneas
de investigación” de la coadyuvancia de las víctimas del caso, con lo que prácticamente se cerraba la posibilidad de seguir actuando en la averiguación
No obstante que la PGJDF ha señalado públicamente que el Caso Narvarte “no está cerrado”, en los hechos, se ha negado a ahondar sobre la posible participación
de más personas en el múltiple homicidio, así como profundizar en las líneas de investigación relacionadas con la labor de Nadia Vera y Rubén Espinosa
en el estado de Veracruz y sobre cualquier otra información que haga suponer que el crimen fue ordenado por alguna persona o grupo de personas distintas
a las hoy procesadas.
“El obtener este Amparo para las víctimas es muy importante, pues el Juez ordena a la PGJDF a realizar reuniones con las víctimas para informarles detalladamente
todas y cada una de las actuaciones que hizo la autoridad en este caso, incluyendo los razonamientos que utilizó para consignar a las 3 personas que
se encuentran bajo proceso penal” señaló el abogado Héctor Pérez de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico
El abogado también refirió que “esta decisión judicial obliga a la PGJDF a que tenga que precisar si admite o desecha cada una de las pruebas y diligencias
propuestas por nuestra parte, debiendo razonar, fundar y motivar individualmente cada una de esas pruebas, que por cierto, están íntimamente relacionadas
con los hechos de múltiple asesinato”.
Esta resolución judicial ha representado prácticamente 7 meses de inacción en la investigación del caso, pues aunque los familiares de las víctimas y las
organizaciones civiles que las representan, proponían acciones y pruebas para investigar debidamente este caso, la PGJDF negaba en los hechos esta
participación legal.
Ahora la PGJDF tendrá que “explicar y justificar cada una de las pruebas y diligencias que se propusieron desde la coadyuvancia, explicando por qué éstas
son o no idóneas, eficaces y pertinentes” señaló la abogada y defensora de derechos humanos Karla Micheel Salas, refiriendo también que “el Poder Judicial
nos está dando la razón sobre que el expediente no puede mantenerse abierto sin que se continúe investigando la participación de más personas o hasta
clarificar el verdadero móvil de los hechos” como lo pretendió hacer la autoridad capitalina.
“Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, esperamos que la PGJDF no se inconforme con la decisión de este Amparo y que en los próximos días
pueda convocarnos para continuar con la investigación del caso analizando, si la Procuraduría apela la decisión judicial estará enviando un mensaje
claro a la sociedad de que no quiere llegar a fondo en el Caso Narvarte” refirió la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia
En su intervención el abogado Luis Knapp de ARTICLE 19, señaló que “este Amparo también comprende la posibilidad de revisar desde la coadyuvancia, las
propias consignaciones que presentó la PGJDF en contra de las 3 personas que se encuentran bajo proceso”, recordando que desde las organizaciones hemos
expresado que en esas acusaciones no se logró acreditar ni la mecánica de los hechos del crimen ni la motivación de los imputados.
“En la sentencia de Amparo se ordena revisar las circunstancias que ya fueron materia de esas consignaciones y la relación de las pruebas que ofrecimos
con los elementos que utilizó la Procuraduría contra esas personas”, lo que permitiría a las familias y a las organizaciones que las acompañamos el
poder evidenciar las deficiencias e inconsistencias con las que actuó la autoridad capitalina en contra de los detenidos, concluyó el abogado Luis
Por lo anterior, exigimos a la PGJDF que cumpla con su obligación de respetar y garantizar los derechos de las víctimas en el caso Narvarte, particularmente
su derecho a la información, de acceso a la justicia y a conocer la verdad de lo sucedido, lo cual no puede lograrse sin una investigación seria, completa,
imparcial y exhaustiva conforme a los más altos estándares en la materia.
Entre las pruebas, diligencias y líneas de investigación que deberá admitir, razonar, fundamentar, desahogar o en su caso desechar la Procuraduría Capitalina
Ampliación de la mecánica de hechos y lesiones para conocer de manera exacta y precisa la secuencia de hechos.
Realización de un peritaje en criminología que determine con base en los datos de prueba recabados hasta el momento, sí las características del hecho delictivo
corresponden a la actuación de un “homicida ordenado” y determinar los posibles móviles.
Ampliación de los peritajes en video y fotografía de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública y de negocios y/o casas aledañas al edificio 1909
de la calle Luz Saviñón.
Ampliación del dictamen de genética forense sobre los objetos hallados en el lugar de los hechos y que contienen muestras de perfil genético distinto a
los de los 3 imputados.
Las ampliaciones de las declaraciones de Lic. Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Gral. Sergio López Esquer,
ex- titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Determinar pericialmente las características físicas de la persona a la que corresponde la “pisada de sangre” hallada en el departamento, ya que no coincide
con ninguno de los 3 detenidos.
Reproducción íntegra de todos los videos que se incorporaron a la investigación, ya que sólo han mostrados fragmentos de los vídeos y edición de los mismos.
Diligencias realizadas para cerrar o concluir cada una de las líneas de investigación iniciadas por la PGJDF en el expediente o en su defecto, diligencias
que quedan pendientes por realizar.
Determinación criminalística, criminológica, pericial y técnica del móvil por el cual se cometió el múltiple asesinato.
Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
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110 www.articulo19.org ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad
de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.
La Suprema Corte de la Nacional declara inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y Litigio Estratégico en Derechos Humanos, i(dh)eas y la Liga de Abogados 1DMX
valoran positivamente la decisión adoptada el día de hoy por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional
el delito de “Ultrajes a la Autoridad”, previsto en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México. Durante el pleno, seis de los once
ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del delito por considerar que viola el principio de legalidad.
El delito de “Ultrajes a la Autoridad” ha sido usado de forma reiterada por las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el legítimo ejercicio
del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. La declaración de la inconstitucionalidad de este artículo, supone un claro llamamiento
a las autoridades de la Ciudad de México para eliminar tanto en su legislación como en su práctica las previsiones y actos que atentan contra la
A lo largo de las discusiones, la mayoría de los integrantes de la Corte se pronunciaron por la inconstitucionalidad de este tipo penal ya que su definición
amplia e imprecisa hacía imposible para la sociedad conocer qué conductas podrían ser delictivas y también hubo declaraciones en el sentido de
suponer una amenaza para la libertad de expresión.
El uso de este tipo penal, y de otros de similar naturaleza, no sólo supone un problema jurídico, sino también responde a una lógica política que plantea
responder al descontento social a través de la represión, negando el ejercicio de los derechos humanos de la población.
La decisión de la Corte supone un avance en la defensa de las libertades, no sólo en la Ciudad de México, dónde se han registrado numerosos casos de
represión, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta social, sino a nivel nacional.
i(dh)eas, el FLEPS y la Liga de Abogados 1DMX consideran que esta decisión debe servir para que en las instituciones de la Ciudad de México, así como
en otros estados del país, se deroguen aquellos tipos penales que coartan el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, y sobre
todo aquellas que favorecen el ejercicio de una política punitiva y represiva.
- I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
- Liga de Abogados 1DMX
- El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social
Los días 3 y 7 de marzo de 2016 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, otorgando
finalmente el amparo al resolver que el delito de ultrajes a la autoridad previsto en el artículo 287 del Código Penal para la Ciudad de México,
que establece que “al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa”.
Seis de los once ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del delito por considerar que viola el principio de legalidad. “Cualquier
persona debe saber con certeza cuál conducta es prohibida y cuál la permitida, si la descripción tipifica que la conducta sólo se puede precisar
después, mediante una interpretación, no se satisface la taxatividad”, refirió la ministra Norma Piña.
La Suprema Corte resolvió la inconstitucionalidad por 9 votos a 2. Los ministros Aguilar Morales, Pérez Dayán, Zaldívar Lelo de Larrea, Franco González,
Laynez Potisek y la ministra Piña Hernández consideraron que el artículo viola el principio de taxatividad penal, ya que el tipo penal no es suficientemente
claro al establecer las conductas prohibidas, y por tanto la sociedad no podría saber en qué momento podría o no estar incurriendo en un delito.
Finalmente el ministro Media Mora consideró que el artículo viola el derecho de petición y no resulta razonable ya que especialmente en los contextos de
protestas sociales, el personal de seguridad pública debe estar especialmente preparado para no sentirse ultrajado ante la existencia de expresiones
que en otros contextos podrían ser ofensivos.
El Ministro José Fernando Franco será el encargado de elaborar un nuevo proyecto, donde se declare la inconstitucionalidad del Art. 287 de Código Penal
capitalino, en el que se determinaba una pena de seis meses a dos años de prisión y entre 20 y 100 días de salario mínimo como multa a quien ultraje
a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social presentó un amicus curiae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando
la inconstitucionalidad del delito de ultrajes. Dicho documento puede ser consultado en http://serapaz.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/Amicus-ultrajes-version-final.pdf
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social es integrado por las organizaciones: Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria, el Centro ProDH, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa, Fundar
Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Marabunta, Servicios y Asesoría para
la Paz (Serapaz), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Resonar.
Los procesados dijeron que fueron torturados para aceptar que estuvieron en la escena del crimen, revela abogada de las víctimas. PGJDF sostiene que
hay otros elementos como huellas, llamadas y un video que lo confirman.
Abraham Tranquilino y Daniel Pacheco, dos de los tres acusados de haber participado en el multihomicidio de la colonia Narvarte,
se retractaron ante la juez de sus declaraciones ante el Ministerio Público, en las que confesaban haber estado en el departamento donde ocurrieron
los asesinatos de cinco personas. El tercer detenido, Omar Martínez, desde un inicio negóque hubiera acudido al sitio.
Karla Michel Salas, abogada de dos de las víctimas, reveló que los involucrados pidieron una ampliación de su declaración en el juzgado, antes que
se cerrara el periodo de presentación de pruebas el pasado 20 de enero, en donde argumentaron que presuntamente fueron torturados por la policía
capitalina para confesar que estuvieron en el lugar de los hechos.
“Ellos están en su derecho de corregir o incluso retractarse como pasó en este caso. Abraham y Daniel negaron todas sus declaraciones anteriores y
alegan que los torturaron. Rechazan haber estado en el departamento”, señaló la litigante.
Periodistas denuncian irregularidades en mecanismo de protección en Morelos
Cuernavaca Mor a 19 de enero 2016.
AL GOBIERNO DEL ESTADODE MORELOS
A LOS INTEGRANTES DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS DEL ESTADO DE MORELOS
A LOS PERIODISTAS DEL PAÍS Y EL EXTRANJERO
Con fundamento en el Convenio interinstitucional firmado el 3 de julio del 2012, que dio origen al Mecanismo de Protección para Periodistas del Estado
de Morelos y que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5028, los integrantes del Foro de Periodistas que formamos parte
del comité de este órgano desde enero del 2015, informamos a la ciudadanía y personas interesadas que: Desde el 2 de diciembre del 2015 decidimos suspender nuestra participación en las sesiones ordinarias de este importante espacio
institucional al no existir las condiciones prácticas, formales y de fondo por parte de las instancias involucradas del Poder
Ejecutivo que garanticen la operación y el funcionamiento adecuados, jurídicamente debidos y socialmente necesarios, del Mecanismo.
Asimismo, denunciamos la actitud negligente y prácticas simuladoras que el gobierno del estado ha mantenido durante más de un año
,que hemos estado al frente de este Mecanismo, tiempo en el que constatamos que evaden su responsabilidad de proteger la integridad de quienes
ejercen el periodismo.
En repetidas ocasiones las autoridades, de manera unilateral y sin argumento, incumplieron y alteraron acuerdos y medidas acordadas durante la sesión de activación del Mecanismo a favor de los periodistas de Morelos.
Las autoridades no han logrado conformar el reglamento interno de este mecanismo, aun y cuando es una de las acciones
prioritarias y necesarias para su funcionamiento, lo cual ha conllevado a diversas omisiones que se enuncian enseguida.
-Las autoridades han extraviado expedientes tanto en la Fiscalía Estatal como los integrados en el propio Mecanismo.
-Las autoridades han registrado audio de las sesiones, sin el debido resguardo, y el material está extraviado.
-Los funcionarios públicos titulares sólo por excepción acuden a las reuniones y los representantes que asisten son sustituidos sin previo aviso y
en ocasiones, sin tener el cargo que como requisito se solicita para estar integrado a este Mecanismo. -Las autoridades toman fotografías de las sesiones sin el consentimiento de los asistentes.
-Las autoridades no emiten convocatorias ni orden del día para las sesiones.
-La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) ha incumplido con las medidas de protección acordadas en las activaciones.
-La Fiscalía estatal, no ha dado el trato ni el acompañamiento que se ha recomendado.
-Las autoridades no ponen a disposición de quienes participamos en las sesiones las minutas ni listas de asistencia correspondientes.
A finales del mes de septiembre alertamos al secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina, sobre estas fallas e incumplimientos por parte de la autoridad
, principalmente por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) y de la Fiscalía General del Estado, y de los riesgos e implicaciones
que conllevaría de continuar en esa tónica.
El encargado de la política interna, como muestra de voluntad, se comprometió a presidir cada dos meses la sesión ordinaria en compañía de los titulares
de la CESP y la Fiscalía Estatal, Alberto Capella y Javier Pérez Durón, respectivamente, para atender de manera directa.
A la sesión ordinaria, correspondiente al mes de octubre, el secretario de gobierno se presentó en compañía de Pérez Durón- entonces encargado de despacho-
pero el Comisionado Estatal de Seguridad Pública simplemente no acudió.
Pese al incumplimiento, y como muestra de la disposición que hemos tenido, decidimos avanzar en la reunión donde hubo promesas y nuevos compromisos, que
con el paso del tiempo se fueron diluyendo.
Al llegar a la sesión de diciembre ninguno de los titulares acudió, decidimos levantarnos de la mesa y pedir una sesión extraordinaria -antes de que concluyera
el año- que cumpliera con las condiciones mínimas para sesionar.
Sin embargo no se nos convocó y para la reunión de este mes tampoco hubo confirmación sobre la asistencia de los secretarios.
Los integrantes del Foro de Periodistas que formamos parte del Mecanismo, no queremos ser partícipes de la irresponsabilidad con la que el gobierno -que
encabeza Graco Ramírez- pretende brindar seguridad al gremio periodístico.
Consideramos que callar nos convertiría en cómplices de esa simulación y hoy decidimos romper el silencio, informando previamente a los compañeros afectados,
y vislumbrando algunas alternativas de apoyo y respaldo.
Exigimos al Estado Mexicano y en particular al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, garanticen la integridad de los periodistas de Morelos, ya que es una entidad totalmente convulsionada por la inseguridad y la violencia,
muestra de ello es el homicidio de la alcaldesa Gisela Mota y cientos de personas muertas y desparecidas que han quedado en la impunidad y en el olvido,
así como la activa presencia del crimen organizado y hasta visos de narco gobiernos, según información que ha dado
a conocer el propio mandatario estatal.
Del 2012 a la fecha 23 compañeros han activado el Mecanismo, 10 de los cuales sucedieron en el 2015, actualmente 16 casos siguen activos y en riesgo (por amenazas y agresiones por parte de funcionarios y ex funcionarios como: diputados, presidentes municipales, secretarios y directivos).
Es importante señalar que del total de activaciones, que en algunos casos incluye de dos a tres compañeros, el 56.52 por ciento han sido mujeres,
en una entidad donde desde el 2015 fue activada la Alerta de Violencia de Genero (AVG).
A partir de ahora, los periodistas que representamos el Foro en Morelos y que estamos integrados al Mecanismo de protección a periodistas, suspendemos
nuestra presencia en esta representación hasta que existan las condiciones para continuar y hacemos responsables al Estado, de cualquier situación que pudiera sucederles a quienes activaron o tienen activo el Mecanismo, y a quienes suscribimos este documento.
A los periodistas y comunicadores de Morelos los exhortamos a la unidad para establecer mecanismos de autoprotección, hacer uso de las leyes que por sí mismas establecen una procuración de seguridad y justicia (en particular hacer valer los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos); así como el Artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión; además de recurrir a las instituciones existentes que defensoras de
los derechos humanos para salvaguardar la integridad de quienes ejercemos esta profesión y en su caso a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Integrantes del Foro de Periodistas que forman parte
del Comité del Mecanismo de Protección a
Periodistas en el Estado de Morelos
Antonio Rivera Valdivia
Claudia García Zapata
Caso Narvarte: un informante desconocido entrega videos que involucran a nuevos sospechosos
Un hombre entregó a la Policía una memoria con cuatro videos en donde se aprecia a tres personas más que podrían estar involucradas en el caso.
SEPTIEMBRE 17, 2015 Arturo Angel (@arturoangel20) / Animal Político
Cuatro videos –que un “informante desconocido” entregó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)– revelaron que otras tres personas,
además de los tres detenidos, están presuntamente involucradas en el multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio pasado.
Este ocurre una semana después de que los abogados de las víctimas confirmaran que las autoridades capitalinas buscan a más personas implicadas en el caso,
tras hacer una revisión de los 12 tomos (con más de 4 mil 400 páginas) de la averiguación previa a cargo de la Fiscalía Central para la Investigación
Sin embargo, el procurador del DF, Rodolfo Ríos, ha confirmado públicamente que sólo fueron tres los involucrados.
Karla Michel Salas, una de las abogadas, dijo a Animal Político que son cuatro videos en los que aparecen estas tres personas platicando con dos de los
sujetos que salieron del departamento de Narvarte, tan sólo unos minutos después de que se cometió el crimen.
Las tomas no corresponden a cámaras de la policía capitalina sino a cámaras de seguridad privadas en la zona de Taxqueña. El material fue entregado dentro
de una memoria USB que le dio un civil a un policía de investigación.
“No quiero problemas, pero esto les interesa”, dijo “el informante” a uno de los agentes, según la versión de las autoridades acerca de cómo se obtuvo
el material que ya fue integrado a la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 iniciada por este caso.
Decálogo de EPN para una prensa libre es un "elefante blanco": Analistas
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Como candidato a la Presidencia y, luego, como Jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto asumió
el compromiso de democratizar a los medios de comunicación, transparentar el gasto público en publicidad, brindar protección a los periodistas
y garantizar la libertad de expresión en México. Pero expertos en la materia afirmaron a SinEmbargo que el Estado mexicano sólo se ha preocupado
por mostrar a organismos internacionales que trabaja en el tema, y las promesas de crear una Fiscalía eficaz, mecanismos de protección a periodistas
y de regulación a la publicidad oficial, entre otras, acabaron en “elefantes blancos”.
El 11 de mayo de 2012, luego que el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, asistiera y fuera increpado
por estudiantes en en la Universidad Iberoamericana surgió el movimiento #YoSoy132, el cual tuvo como exigencia la democratizar los medios de comunicación.
El 21 de mayo de ese año, en medio de una tormenta de críticas, Peña Nieto lanzó un decálogo para garantizar un Gobierno democrático, en el que proponía
libertad de expresión, de manifestación, de religión, derechos humanos, no discriminación, rendición de cuentas y acercamiento a los medios de
En respuesta a un recurso de amparo interpuesto por la organización Artículo 19, la Procuraduría General de la República argumenta, en base a una serie
de testimonios recabados en el municipio de Medellín, que la principal actividad de Moisés era el de conductor de taxis, por lo que no tiene objeto
la atracción del caso. Por su parte, Artículo 19 critica que la PGR usó "testimonios sesgados" para llegar a esta conclusión.
SEPTIEMBRE 11, 2015 Manuel Ureste (@ManuVPC)
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atraerá la investigación del caso de Moisés
Sánchez, director del semanario La Unión asesinado el pasado 2 de enero en el municipio veracruzano de Medellín, porque concluye que su principal
actividad era la de taxista y no el periodismo.
En respuesta a un recurso de amparo interpuesto el 1 de abril por la organización Artículo 19,
la Procuraduría General de la República (PGR) –de la que depende la FEADLE- expone que no hay elementos suficientes para sostener que la privación
ilegal de la libertad y el posterior asesinato de Moisés se deba a su condición de periodista; trabajo que la Fiscalía indica que hacía“de manera
Ante esta consideración, la dependencia insiste en que el caso no es objeto de atracción –el pasado 28 de febrero ya
se pronunció de manera idéntica-, por lo que apunta que éste debe ser investigado por las autoridades de Veracruz. Esto, a pesar de que Artículo
19 documentó que según el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés aplicaba en al menos seis de los 10 supuestos
(que puedes leer aquí) bajo los cuales
la FEADLE puede atraer delitos contra la libertad de expresión.
Para llegar a la conclusión de que Moisés Sánchez no era periodista -en concordancia con lo que también apuntó desde un principio el gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, quien nada más conocer la noticia del secuestro de Moisés se apresuró a decir que éste era un“conductor de taxi y activista social”-,
la PGR utiliza principalmente dos elementos que esgrime a lo largo de 33 páginas en el oficio DGCAP/OAXICP/0127/2015, fechado el 21 de agosto de
este año, y del que Animal Político tiene una copia.
​Hombres armados asesinan a seis personas en Veracruz; entre ellas a un reportero
Cinco hombres armados dispararon en contra del periodista Juan Heriberto Santos Cabrera. En el lugar también fue asesinado el presunto jefe de plaza de
Los Zetas en Poza Rica.
AGOSTO 13, 2015Redacción Animal Politico
La madrugada de este jueves 13 de agosto seis personas fueron asesinadas en Poza Rica, Veracruz, entre ellas un reportero, informó el gobierno estatal.
De acuerdo con un comunicado, emitido esta mañana por la Fiscalía estatal, el ataque fue realizado por un grupo de hombres armados que ingresaron a un
bar de ese municipio, donde asesinaron a tiros a José Márquez Balderas el Chichi, identificado por las autoridades como el jefe de plaza del grupo
delincuencial Los Zetas.
Las autoridades detallaron que en el hecho murió el reportero Juan Heriberto Santos Cabrera, Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero,
José Eduardo Castillo Romero y una persona más que no fue identificada. “Se encontraban conviviendo en el momento de los hechos”, indicó el comunicado
emitido esta mañana.
Según testigos, citados por las autoridades estatales, “un comando integrado por cinco personas con armas de alto poder se dirigieron directamente
contra las personas hoy fallecidas y dispararon en su contra”.
“Al momento de la fuga los agresores fueron interceptados por elementos de la Fuerza Civil quienes enfrentaron a los criminales no logrando su detención”,
detalló. En este hecho dos elementos resultaron lesionados.
El comunicado también detalla que otros dos reporteros que estaban presentes durante el ataque se encuentran resguardados por la autoridad.
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