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Timestamp: 2020-08-08 20:30:30
Document Index: 252317821

Matched Legal Cases: ['artículo 284', 'artículo 306', 'artículo 4', 'Artículo 93', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 82', 'artículo 261', 'artículo 288', 'artículo 305', 'artículo 71', 'artículo 88', 'artículo 270', 'artículo 82', 'artículo 126', 'artículo 87', 'artículo 131', 'artículo 141', 'artículo 35', 'artículo 55', 'artículo 27', 'artículo 70', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 180', 'artículo 11', 'artículo 29', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 217', 'artículo 436', 'artículo 104', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 436', 'artículo 104']

Registro Oficial No. 513 - Martes 02 de Junio de 2015 Suplemento
Última modificación: Jueves, 01 de octubre de 2015 | 12:27
Martes 02 de Junio de 2015 - R. O. No. 513
005-2015 Refórmese la Resolución No. 006-2014
023-2015 Dispónese que no se paguen recargos arancelarios a la importación de aquellas mercancías requeridas para cumplir contratos celebrados con el Estado ecuatoriano o con sus instituciones
04-2015 Dispónese que la jurisdicción contencioso administrativa será competente para conocer las controversias derivadas de contratos establecidos en los artículos 185.2 y 217.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, únicamente cuando el contrato sea de materia administrativa
PLE-CNE-2-12-5-2015 Refórmese la Codificación del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato
131-15-SEP-CC Acéptese la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Gil Eduardo Vela Vargas
- A la publicación de la Resolución BCE-018- 2015 emitida por el Banco Central del Ecuador, efectuada en el Registro Oficial No. 495 de 7 de mayo de 2015
EL COMITÉ EJECUTIVO DEL COMEX
Que, el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los objetivos de la política económica, entre los que se incluye incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional;
Que, el artículo 306 ibídem dispone que el Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal;
Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece en la letra o) del artículo 4, como uno de los principales fines de dicha normativa el fomentar y diversificar las exportaciones;
Que, en concordancia con el considerando que precede, el Artículo 93 del código ibídem estipula que el Estado fomentará la producción orientada a las exportaciones;
Que, mediante Decreto Supremo 3605-B, publicado en el Registro Oficial 883 del 27 de julio de 1979, se expidió la Ley de Abono Tributario, que regula la concesión de los Certificados de Abono Tributario;
Que, mediante Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 56 del 12 de agosto de 2013, se reformó la Ley de Abono Tributario, estableciendo que el Comité de Comercio Exterior ?COMEX- actuará como Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario;
Que, el artículo 6 de la Ley de Abono Tributario, establece dentro de la funciones del Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, elaborar la nómina de productos que deben beneficiarse con los Certificados de Abono Tributario; establecer el o los períodos que serán considerados para la concesión del Abono Tributario; establecer los porcentajes que se aplicarán para la concesión de los Certificados de Abono Tributario; y, fijar el monto máximo anual que podrá ser destinado a la concesión de Certificados de Abono Tributario, de conformidad con el Presupuesto General del Estado;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 25 del 12 de junio de 2013, publicado en el Registro Oficial 19 del 20 de junio de 2013 se creó el Ministerio de Comercio Exterior y a través de su Disposición Reformatoria Tercera se designó a dicho Ministerio para que presida el Comité de Comercio Exterior;
Que, el Comité de Comercio Exterior, en su calidad de Comité Administrativo de la Ley de Abono Tributario, en sesión llevada a cabo el 10 de septiembre de 2013, adoptó la Resolución 105-2013, publicada en el Registro Oficial 99 del 10 de octubre de 2013, a través de la cual se aprobó la nómina de los productos, beneficiarios y porcentajes que se aplicarán para la concesión de los Certificados de Abono Tributario;
Que, el Pleno del COMEX en sesión efectuada el 15 de octubre de 2014, adoptó la Resolución COMEX 038-2014, a través de la cual se resolvió definir el monto a concederse por Certificados de Abono Tributario por 33´000.000,00 para el año 2014, y de 65´000.000,00 como presupuesto referencial correspondiente al año 2015;
Que, el artículo 3 de la referida resolución estipula que se delega al Comité Ejecutivo la identificación del listado de los exportadores con derecho a la concesión de Certificados de Abono Tributario, tanto para aquellos que eran beneficiarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga -ATPDEA-, así como del Sistema de General de Preferencias -SGP- de los Estados Unidos de América;
Que, en base a la competencia referida en el párrafo que precede, el Comité Ejecutivo del COMEX en sesión efectuada el 14 de noviembre de 2014, adoptó la Resolución 006-2014, por medio de la cual se aprobaron las nuevas nóminas de productos y beneficiarios del CAT, sustituyendo el anexo de la Resolución 105 del Pleno del COMEX;
Que, en el anexo 1 de la resolución antes referida consta como beneficiaria de los Certificados de Abono Tributario la empresa JUCAS FLOWERS CÍA LTDA, con RUC # 0190350142001, bajo la subpartida 0603191000 con un porcentaje de compensación del 6.40%;
Que, a través de ofi cio s/n de fecha 23 de marzo de 2015 el Ing. Juan Andrés Proaño, Apoderado de la empresa Plantaciones Malima Cía. Ltda., indica que plantaciones MALIMA CÍA. LTDA., exporta de manera regular al mercado de los Estados Unidos de América productos bajo la subpartida arancelaria 0603191000, bajo la cual la empresa JUCAS FLOWERS CÍA. LTDA., ya fue beneficiaria del derecho de concesión de los Certificados de Abono Tributario en la resolución No. 006-2014 del COMEX, por lo que considerando la fusión por absorción efectuada entre estas dos empresas, se reconozca a PLANTACIONES MALIMA CÍA. LTDA., como beneficiaria del derecho de concesión de Certificados de Abono Tributario;
Que, del análisis legal efectuado se pudo determinar que la Escritura Pública de fusión por absorción cumple con todos los requisitos de ley previstos en los artículos 337 y siguientes de la Ley de Compañías;
Que, en sesión del Comité Ejecutivo del COMEX llevada a cabo el 22 de mayo de 2015, se conoció y aprobó el Informe Técnico No. MCE-CCOMEX-2014-013-IT, del 16 de abril de 2015, mismo que recomienda sustituir a la compañía JUCAS FLOWERS CÍA. LTDA., por la empresa PLANTACIONES MALIMA CÍA. LTDA., como exportador beneficiario de CAT en el marco de la normativa vigente por cuanto ésta última absorbió a la primera conforme las normas legales aplicables;
Que, mediante Acuerdo No. 4 del Ministro de Comercio Exterior se delegó al Dr. Genaro Baldeón Herrera, como Presidente del Comité de Comercio Exterior - COMEX en ausencia de su titular;
En ejercicio de las facultades conferidas en el Art. 70 del Reglamento de Funcionamiento del COMEX, expedido mediante Resolución Nro. 001-2014, de 14 de enero de 2014, en el artículo 2 de la Ley de Abono Tributario y el Art. 3 de la Resolución COMEX No. 038-2014, en concordancia con las demás normas aplicables:
Artículo 1.- Actualizar el Anexo 1 de la Resolución No. 006-2014 del Comité Ejecutivo del COMEX, conforme el Anexo 1 de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador incorpore lo dispuesto en esta Resolución a su sistema informático.
Esta Resolución fue adoptada en sesión llevada a cabo el 22 de mayo de 2015, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
No. 023-2015
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República consagra que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes;
Que, el numeral 5 del artículo 261 de la misma Constitución, determina que el Estado central tiene competencia exclusiva sobre las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento;
Que, el artículo 288 ibídem manda que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social;
Que, el artículo 305 ibídem establece que la creación de aranceles y fijación de sus niveles son de competencia exclusiva de la Función Ejecutiva;
Que, el artículo 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones ?COPCI-, publicado en el Registro Oficial Suplemento 351 del 29 de diciembre de 2010, creó el Comité de Comercio Exterior ?COMEX- como un órgano encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia comercial;
Que, el artículo 88 ibídem manda que el Estado ecuatoriano mediante el organismo rector en materia de política comercial, podrá adoptar medidas de defensa comercial que puedan restringir las importaciones de productos para proteger así su balanza de pagos, tales como las salvaguardias y cualquier otro mecanismo reconocido por los tratados internacionales, debidamente ratificados por el Ecuador;
Que, el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal estipula que la persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento,
comete perjurio y será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, comete falso testimonio y será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años;
Que, el artículo 82 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que se sujetarán al sistema de reajuste de precios, los contratos cuya forma de Ministerio de Comercio Exterior.- Certifico que el presente documento es fi el copia del original que reposa en el archivo del COMEX.- f.) Secretario Técnico. pago corresponda al sistema de precios unitarios, aclarando el artículo 126 de su Reglamento General que aquellos contratos, cuya forma de pago no corresponda al sistema de precios unitarios no se sujetarán al sistema de reajuste;
Que, el octavo inciso del artículo 87 ibídem dispone que no procede la celebración de contratos complementarios para los de adquisiciones de bienes sujetos a dicha Ley;
Que, el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estipula que el reajuste de precios en contratación pública es renunciable por parte del contratista; tal situación podrá establecerse en los pliegos y contrato correspondientes;
Que, el artículo 141 ibídem establece que los contratos de adquisición de bienes con entrega y pagos inmediatos no se sujetarán a reajuste de precios;
Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado prevé establece que cuando la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;
Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial;
Que, mediante Resolución 011-2015 del Pleno del COMEX de 6 de marzo de 2015, se aprobó una medida de Salvaguardia por balanza de pagos, de carácter temporal y no discriminatoria, aplicando una sobretasa arancelaria a las subpartidas constantes en el anexo de dicha resolución;
Que, posterior a la fecha de la adopción de la Resolución referida en el considerando precedente, se han presentado varias solicitudes de exoneración del pago de la sobretasa arancelaria, para aquellas importaciones que se requieren para cumplir con contratos celebrados con instituciones del sector público antes de la entrada en vigencia de la Salvaguardia por Balanza de Pagos;
Que, en sesión del Comité Técnico Interinstitucional del COMEX efectuada el día 25 de marzo de 2015, se conoció el Resumen Ejecutivo MCE-CCOMEX-2015-006-RE de 4 de marzo de 2015, el cual detalló varias solicitudes surgidas en torno a la exoneración de sobretasa arancelaria cuando de cumplir contratos con el Estado se trate, habiendo recomendado dicho Comité el tratamiento de cada caso de forma particular, a través de la elaboración de los correspondientes Informes Técnicos, los cuales han sido conocidos en varias sesiones del Comité Técnico Interinstitucional del COMEX;
Que, conforme se desprende de los aludidos Informes Técnicos, éstos recomiendan la concesión de diferimientos arancelarios a favor de los importadores que hubieren celebrado contratos con el Estado adjudicados antes de la vigencia de la Resolución del Pleno del COMEX 011-2015, siempre y cuando no exista la posibilidad de reajustar los precios, en el entendido de que los costos, tanto de las terminaciones contractuales, como de los reajustes de precios son trasladados finalmente al Estado;
Que, del análisis de cada una de las peticiones formuladas, se observa la necesidad de que la Resolución 011-2015 del Pleno del COMEX sea revisada respecto a la importación de las mercancías necesarias para cumplir con las contrataciones con el Estado, siempre y cuando la reforma a las tasas o sobretasas arancelarias haya entrado en vigencia con posterioridad a la fecha de adjudicación del contrato;
Que, en sesión del Pleno del COMEX desarrollada el 28 de mayo de 2015, se conocieron varios Informes Técnicos atinentes a contratos celebrados con el Estado antes de la vigencia de la Salvaguardia por Balanza de Pagos;
Que, en la sesión referida en el considerando que precede se conoció y aprobó el Informe Técnico MCE-CCOMEX- 2015-029-IT de 26 de mayo de 2015, el cual recomienda emitir una resolución que disponga que el Comité de Comercio Exterior podrá exonerar del pago de recargos arancelarios a la importación de aquellas mercancías requeridas para cumplir contratos celebrados con el Estado ecuatoriano, para lo cual el respectivo contrato no deberá prever la posibilidad de reajuste de precios, y además la fecha de adjudicación del contrato haya sido anterior a la vigencia de la decisión del COMEX que estableció el respectivo recargo arancelario;
Que, los miembros del Pleno del COMEX solicitaron que adicional a las recomendaciones efectuadas y aprobadas en el informe antes referido, que para proceder con la aprobación del no pago de recargos arancelarios a la importación de aquellas mercancías requeridas para cumplir contratos celebrados con el Estado ecuatoriano se solicite la presentación de una comunicación por parte del importador en la cual señale que declara bajo juramento que los bienes a ser importados servirán para cumplir el respectivo contrato con el Estado o sus instituciones;
Que, adicionalmente el Pleno del COMEX dispuso que para la atención ágil y oportuna de las solicitudes presentadas, se delegue al Secretario Técnico del COMEX la decisión sobre las mismas, debiendo informar al cuerpo colegiado sobre las solicitudes atendidas así como sus respectivos documentos de soporte;
Que, mediante Decreto Ejecutivo 25 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 19 del 20 de junio de 2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior como la Entidad Rectora de la política comercial, designando a dicho Ministerio para que presida el COMEX, tal como lo determina la Disposición Reformatoria Tercera de dicho Decreto Ejecutivo;
Que, el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento del COMEX determina que la Secretaría Técnica del COMEX es un órgano de dicho cuerpo colegiado con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas públicas de comercio exterior; ejercida por el mismo Ministerio que preside el cuerpo colegiado;
En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 70 del Reglamento de Funcionamiento del COMEX, expedido mediante Resolución 001-2014 de 14 de enero de 2014, en concordancia con las demás normas aplicables,
Artículo 1.- El Comité de Comercio Exterior podrá disponer que no se paguen recargos arancelarios a la importación de aquellas mercancías requeridas para cumplir contratos celebrados con el Estado ecuatoriano o con sus instituciones, cuando:
El respectivo contrato no contemple un sistema de precios unitarios y/o una cláusula que permita el reajuste de precios;
Siempre y cuando la fecha de adjudicación del contrato haya sido anterior a la vigencia de la decisión del COMEX que estableció el respectivo recargo arancelario;
Que el contratista (importador) presente ante la Secretaría Técnica del COMEX una comunicación en la cual señale que declara bajo juramento que los bienes a ser importados servirán para cumplir el respectivo contrato con el Estado o sus instituciones.
El acto que autorice la exoneración prevista en el presente artículo deberá contener al menos el monto exonerado en valor FOB, nombre de la entidad pública contratante, RUC del contratista (importador), cantidad de mercancía a importarse y subpartidas arancelarias.
Artículo 2.- Para disponer lo previsto en el artículo 1 de la presente Resolución se delega al Secretario Técnico del COMEX, quien deberá informar al Pleno del Comité de Comercio Exterior los actos administrativos que se emitan en consecuencia, con las copias del respectivo contrato.
Esta Resolución fue adoptada en sesión del 28 de mayo de 2015 y entrará en vigencia a partir de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
No. 04-2015
EL PLENO DE LA CORTE NACIONAL
Que el numeral 6 del artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial faculta al Pleno de la Corte Nacional de Justicia para expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Que el literal a) de la Disposición Transitoria Décima del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que todos los procesos que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de este Cuerpo Normativo pasarán de la judicatura en la que se encuentren, según corresponda, a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, tribunales penales y juzgados competentes en razón de la materia.
Que el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial establece el principio de especialidad en la administración de justicia, señalando que la potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia.
Que los artículos 185 y 217 del Código Orgánico de la Función Judicial determinan la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, detallando para el efecto varios presupuestos de posibles controversias en el desarrollo de la actividad administrativa y judicial, no obstante, el alcance de dicha competencia jurisdiccional en el ámbito de los contratos públicos y de las indemnizaciones de daños y perjuicios no se encuentra claramente delimitada.
Que se han producido constantes conflictos de competencia negativa, especialmente entre las salas de lo Contencioso Administrativo y Civil de la Corte Nacional de Justicia, dadas las diversas interpretaciones jurídicas respecto a la competencia jurisdiccional para conocer y resolver los casos de conflictos contractuales y de indemnizaciones de daños y perjuicios en los que interviene como parte procesal el Estado.
Que la Constitución de la República consagra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e impone a las autoridades judiciales la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Los recurrentes conflictos de competencia que se han suscitado ciertamente comprometen la sustanciación y resolución oportuna de los procesos judiciales involucrados en estos casos, por lo que se torna imperiosa la solución a esta problemática jurídica.
Que el artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, en sus incisos segundo y tercero, establecen que las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y generales del derecho procesal.
Que el objetivo de la presente resolución es la de proporcionar una herramienta jurídica que establezca los criterios que permitan la solución efectiva de los conflictos de competencia que surjan a futuro.
Artículo 1.- La jurisdicción contencioso administrativa será competente para conocer las controversias derivadas de contratos establecidos en los artículos 185.2 y 217.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, únicamente cuando el contrato sea de materia administrativa.
Artículo 2.- La jurisdicción contencioso administrativa será competente para conocer las acciones por indemnización de daños y perjuicios establecidas en los artículos 185.6 y 217.8 del Código Orgánico de la Función Judicial, siempre que la indemnización que se pretenda se derive de casos de responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad estatal, o de sus empleados y funcionarios públicos.
No corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa los juicios de indemnización de daños y perjuicios en los que se reclame únicamente la reparación de un daño pecuniariamente cuantificable y separable de una actuación administrativa.
Artículo 3.- La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en el ámbito contractual y de indemnización de daños y perjuicios se radicará siempre que confluyan los siguientes elementos que determinan la materia administrativa:
a) Subjetivo: Una de las partes procesales debe ser un órgano de la administración pública central o descentralizada institucional o territorialmente;
b.1) El contrato debe haberse celebrado en uso de las competencias y prerrogativas de la administración pública; su suscripción debe obedecer al giro específico institucional; y, el procedimiento para tramitar la controversia no debe remitirse exclusivamente al derecho procesal común.
b.2) La indemnización de daños y perjuicios debe ser producto de la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad estatal, o de sus empleados y funcionarios públicos; o, debe provenir de la impugnación de una actuación administrativa, siempre que en el mismo libelo se demande tal reparación o la reparación de daños y perjuicios establecidos en el artículo 217.8 del Código Orgánico de la Función Judicial.
c) Pretensión: La acción no debe centrarse únicamente en el reconocimiento de un derecho patrimonial y/o la liquidación de valores económicos, sino que debe consistir sobretodo en el ejercicio del control de legalidad de los actos, hechos y contratos administrativos.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la Ley no disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los seis días del mes de mayo de dos mil quince.
f.) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE
f.) Dra. Paulina Aguirre Suárez, JUEZA NACIONAL
f.) Dr. Vicente Robalino Villafuerte, JUEZ NACIONAL
f.) Dra. María Rosa Merchán Larrea, JUEZA NACIONAL
f.) Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, JUEZ NACIONAL (V. C.)
f.) Dr. Merck Benavides Benalcázar, JUEZ NACIONAL
f.) Dra. Tatiana Pérez Valencia JUEZA NACIONAL (V. C.)
f.) Dr. Wilson Andino Reinoso, JUEZ NACIONAL
f.) Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, JUEZ NACIONAL
f.) Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, JUEZ NACIONAL
f.) Dra. Rocío Salgado Carpio, JUEZA NACIONAL
f.) Dr. José Luis Terán Suárez, JUEZ NACIONAL
f.) Dra. Ana María Crespo Santos, JUEZA NACIONAL
f.) Dr. Luis Enríquez Villacrés, JUEZ NACIONAL
f.) Dr. Miguel Jurado Fabara, JUEZ NACIONAL
f.) Dr. Pablo Tinajero Delgado, JUEZ NACIONAL
f.) Dra. Cynthia Guerrero Mosquera, JUEZA NACIONAL
f.) Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, JUEZA NACIONAL
f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL
RAZON: Siento por tal que las cinco fojas selladas y numeradas que anteceden son iguales a sus originales, las mismas que reposan en los libros de Acuerdos y Resoluciones del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia./ Certifico, Quito de 18 de mayo del 2015.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL DELA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
PLE-CNE-2-12-5-2015
Que, los artículos 61, 104 y 105 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen el derecho ciudadano para ser consultados en asuntos de interés nacional o local y revocar el mandato a las autoridades de elección popular;
Que, según el inciso segundo del Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejerce a través del ejercicio de la democracia representativa, directa y comunitaria;
Que, en el Registro Oficial No. 445 de 11 de mayo del 2011, se publica la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regulan la Revocatoria del Mandato;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del Art. 219 de la Constitución de la República del Ecuador, y el numeral 9 del Art. 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad de reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia;
Que, la Corte Constitucional dentro de la causa 0002-10-CPemitió el dictamen 001-13-DCP-CC de 25 de septiembre de 2013 disponiendo: ?En virtud de la competencia establecida para la Corte Constitucional contenida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución, dada la relevancia del problema identificado en el presente caso, esta Corte Constitucional establece la siguiente regla jurisprudencial de aplicación obligatoria con efecto erga omnes para todas las causas que se encuentren en trámite y las que se presentaren con las mismas características: Para la emisión del dictamen previo y vinculante de la constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular provenientes de la iniciativa ciudadana, el Consejo Nacional Electoral deberá remitir a la Corte Constitucional, junto con la petición de consulta, el informe favorable del cumplimiento de la legitimación democrática, en observancia a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución; requisito que deberá ser verificado por la Sala de Admisión de funciones conforme al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencias de la Corte Constitucional??4. ?Disponer que el Consejo Nacional Electoral adecúe la normativa interna al análisis, razonamiento y decisión establecido en este dictamen?;
Que, con Resolución PLE-CNE-1-2-10-2013, de 2 de octubre del 2013, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la Codificación al Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, publicado en el Segundo Suplemento Registro Oficial No. 124 de 15 de noviembre del 2013;
Que, con oficio Nro. 118-P-2015, de 7 de mayo del 2015, el licenciado Daniel Avecilla Arias, Presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, pone en consideración del Consejo Nacional Electoral un proyecto de reformas al Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato;
Que, una vez analizado el proyecto de reformas al Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, presentado por el Presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, se establece que, únicamente el último inciso del artículo 13, debe ser aclarado de acuerdo a los estamentos constitucionales y legales; dejando constancia que esto no limita el derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos a realizar peticiones de revocatorias de mandato de autoridades de elección popular;
Que, con memorando No. CNE-CGAJ-2015-0399-M, de 12 de mayo del 2015, el Coordinador General de Asesoría Jurídica, presenta un proyecto de Reformas a la Codificación al Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato; y, el análisis de las reformas propuestas por la Asociación de Municipalidades del Ecuador; sugiriendo, entre otros aspectos, que en el último inciso del artículo 13, diga: ?Las autoridades ejecutivas de cada nivel de gobierno están prohibidas de impulsar, promover o participar en los procesos de revocatoria del mandato, solicitados o instaurados en contra de los miembros del cuerpo colegiado, ni viceversa. La misma prohibición se aplica para la campaña electoral. Tampoco podrán hacerlo quienes pudieran ser beneficiarios directos en caso de que la autoridad resultare revocada.?; y,
Artículo 1.- Acoger el memorando No. CNE-CGAJ-2015- 0399-M, de 12 de mayo del 2015, del Coordinador General de Asesoría Jurídica.
Artículo 2.- Aprobar las Reformas a la Codificación del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato.
Artículo 3.- Disponer la publicación del reformado Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, documento que tendrá la siguiente redacción:
Que, en el Registro Oficial No. 445 de 11 de mayo del 2011, se publica la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que regulan la Revocatoria del Mandato;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del Art. 219 de la Constitución de la República del Ecuador, y el numeral 9 del Art. 25 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas -Código de la Democracia- el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad de reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia;
Que, la Corte Constitucional dentro de la causa 0002-10-CPemitió el dictamen 001-13-DCP-CC de 25 de septiembre de 2013 disponiendo: ?En virtud de la competencia establecida para la Corte Constitucional contenida en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución, dada la relevancia del problema identificado en el presente caso, esta Corte Constitucional establece la siguiente regla jurisprudencial de aplicación obligatoria con efecto erga omnes para todas las causas que se encuentren en trámite y las que se presentaren con las mismas características: Para la emisión del dictamen previo y vinculante de la constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular provenientes de la iniciativa ciudadana, el Consejo Nacional Electoral deberá remitir a la Corte Constitucional, junto con la petición de consulta, el informe favorable del cumplimiento de la legitimación democrática, en observancia a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución; requisito que deberá ser verificado por la Sala de Admisión de funciones conforme al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencias de la Corte Constitucional?...4. ?Disponer que el Consejo Nacional Electoral adecúe la normativa interna al análisis, razonamiento y decisión establecido en este dictamen?; y,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales.
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA A TRAVES DE LA INICIATIVA POPULAR NORMATIVA, CONSULTAS POPULARES, REFERENDUM Y REVOCATORIA DEL MANDATO.
Art. 1.- Ámbito y Finalidad.- El presente reglamento determina los procedimientos para el ejercicio de los derechos constitucionales y legales para promover la iniciativa popular normativa, consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato, así como lo referente al control de la propaganda, gasto electoral y el examen de cuentas que se efectúen durante las campañas electorales.
Art. 2.- Competencia.- El Consejo Nacional Electoral es el órgano competente para convocar, organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos de iniciativa popular normativa, consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato, así como controlar y fiscalizar la publicidad, propaganda, gasto electoral y realizar el examen de las cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en la campaña electoral.
DE LA INICIATIVA POPULAR NORMATIVA
Art. 3.- Disposiciones Aplicables.- La iniciativa popular normativa que ejerza la ciudadanía para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas deberá presentarse ante la Función Legislativa o al órgano que tenga competencia en la materia propuesta, debiendo respaldarse en un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral de la jurisdicción correspondiente.
También podrá proponerse a la Asamblea Nacional la reforma de uno o varios artículos de la Constitución, con el respaldo de al menos el uno por ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral nacional de conformidad con el Art. 442 de la Constitución de la República del Ecuador.
Las firmas de respaldo para la iniciativa popular normativa o la reforma constitucional, deberán ser receptadas en el formato de formulario provisto por el Consejo Nacional Electoral.
Una vez receptada la solicitud por parte del órgano legislativo correspondiente, los formularios con las firmas de respaldo deberán ser remitidos al Consejo Nacional Electoral o a la delegación provincial correspondiente, quien verificará la autenticidad de las firmas y el cumplimiento del número de respaldos requerido.
En el caso de no cumplir con el número de firmas auténticas requeridas, se notificará a los peticionarios para que de así considerarlo completen las firmas en el plazo de noventa días, contados a partir de la notificación.
Para los casos de reforma o enmienda constitucional, previo a la recolección de firmas, se requerirá el dictamen de la Corte Constitucional, para que emita su pronunciamiento en el término legal que tiene para hacerlo.
DE LA CONSULTA POPULAR Y EL REFERÉNDUM
Art. 4.- Procedencia de la Consulta Popular.- La consulta popular puede ser propuesta por disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o por iniciativa ciudadana.
La Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la convocatoria a consulta popular sobre asuntos que estime convenientes de acuerdo a la norma constitucional.
Los gobiernos autónomos descentralizados, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés de la respectiva jurisdicción.
La ciudadanía podrá solicitar la realización de una consulta popular sobre cualquier asunto.
La consulta popular que soliciten las y los ciudadanos y los gobiernos autónomos descentralizados, no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización política administrativa del país.
El Consejo Nacional Electoral, una vez cumplidos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, convocará a consulta popular.
Art. 5.- Consulta Popular por Iniciativa Presidencial.- La Presidenta o Presidente de la República, dispondrá mediante decreto ejecutivo al Consejo Nacional Electoral, la convocatoria a consulta popular, en los siguientes casos:
a. Respecto de los asuntos que estime convenientes, al tenor de las facultades contenidas en la Constitución;
b. Sobre un proyecto de ley que haya sido negado por la Asamblea Nacional, para lo cual acompañará certificación de la Secretaría General de dicho organismo en la que conste la resolución de negativa del proyecto de ley;
c. Para la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución; y,
d. Para que la ciudadanía resuelva mediante consulta popular la convocatoria a Asamblea Constituyente, incluyendo la forma de elección de las o los representantes y las reglas del proceso electoral.
Art. 6.- Consulta Popular de Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentralizados para desarrollar una consulta popular sobre asuntos de interés para su jurisdicción, deberán remitir a las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, la solicitud adjuntando:
a. La petición de convocatoria de consulta popular, en la que incluirán los temas a ser consultados; y,
b. La resolución del correspondiente Gobierno Autónomo Descentralizado, en la que conste que el pedido fue aprobado con la votación conforme de las tres cuartas partes de sus integrantes.
Art. 7.- Consulta Popular por Iniciativa Ciudadana.- La consulta popular nacional requerirá el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral.
Cuando se refiera a la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, deberá contar con el respaldo de al menos el ocho por ciento.
La consulta popular de carácter local, contará con el respaldo de un número no inferior al diez por ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral de la respectiva jurisdicción.
La iniciativa de consulta popular que provenga de ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior, por asuntos de su interés relacionados con el Estado Ecuatoriano, requerirá el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral de la respectiva circunscripción especial del exterior.
La consulta popular que tenga por objeto convocar a una Asamblea Constituyente, precisará el respaldo del doce por ciento de las personas inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral nacional.
Art. 8.- Insistencia de Consulta Popular.- Cuando la propuesta de reforma o enmienda constitucional presentada por la ciudadanía a la Asamblea Nacional no haya sido tratada por la Función Legislativa en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Co