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Timestamp: 2019-10-20 13:43:15
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CAFTA: Primer Referéndum en Costa Rica | bilaterals.org
CAFTA: Primer Referéndum en Costa Rica
posted 8-November-2008
Gerardo Fumero Paniagua *
Ante tal polarización, surgió la solicitud ciudadana para un referéndum. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, la aceptó. Sin embargo, el gobierno, impulsor del Tratado, retomó la idea y pidió a la Asamblea Legislativa que solicitara al TSE convocar el referéndum, con el propósito de adelantar su trámite, pues de haberse hecho por la vía ciudadana, se disponía de 9 meses para recolectar el 5% de las firmas inscritas en el padrón electoral, tiempo que se ahorraron al solicitarlo el Poder Ejecutivo en conjunto con el Legislativo. El TSE, a pesar de haber aceptado formalmente la primera solicitud, la desechó para acoger la de los Poderes.
El bando del SI al CAFTA ha gastado más de 10 millones de dólares durante el proceso de su aprobación, en "propaganda", intentando convencer a un pueblo de las "bondades" del mismo. El alcance y la profundidad del compromiso, tanto del poder político como del gran capital, quedó al descubierto cuando se conoció lo que se dio en llamar el "memorando del miedo", documento elaborado por el Vice Presidente de la República, Dr. Kevin Casas y el Diputado y sobrino del Presidente de la República, Dr. Fernando Sánchez, un maquiavélico plan para ganar ese referéndum a como hubiera lugar. La campaña mediática fue devastadora, se intensificó en los tres días previos al 7 de octubre, precisamente cuando se debía respetar -por ley-, una tregua.
La batalla en los medios fue totalmente desigual, más del 95% de la publicidad fue pautada por la tendencia del SI. Se gastaron para ello importantes recursos, muchos del erario público, manejados como si fueran privados. Sin embargo, lo más denigrante fue el nivel de cinismo, de mentira y de engaño, con que se abordó toda la campaña a favor del Tratado, desde el inicio.
Una de las más prestigiosas firmas de encuestas, UNIMER, reveló una semana antes del referéndum, que la tendencia del NO ganaba por un 12%. Finalmente este se realizó con la participación del 60% de la población. La tendencia del SI ganó con el 51% de los votos emitidos, equivalente al 30% de los electores empadronados y el 17% del total de la población.
El país se enfrentó luego a la vergonzosa aprobación de la "Agenda de Implementación" del CAFTA, que concedió aun más beneficios que los negociados -entregados-, en ese Tratado. No solo va esa legislación más allá del mismo Tratado, sino que violenta la Constitución Política, CP, y transforma nuestro Estrado Social de Derecho, que ha hecho de este país el más equitativo, justo e incluyente del Continente latinoamericano.
La Ley del Referéndum
En Costa Rica se abre la posibilidad del referéndum el 9 de marzo del 2006, con la aprobación de la Ley No. 8492, sustentada en las reformas aprobadas en el año 2002, al artículo 9, y durante el 2003, al artículo 105 de la CP.(1)
La Ley, en su artículo 3 considera tres modalidades: "a) De iniciativa ciudadana: convocado al menos por un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. b) Legislativo: convocado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de dos terceras partes del total de sus miembros. c) Ejecutivo: convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa".
Establece el artículo 6, inciso "e) El interesado en la convocatoria a referéndum contará con un plazo hasta de nueve meses para recolectar las firmas....".
De acuerdo con el artículo 19, "El aviso de convocatoria al referéndum y su texto serán publicados en La Gaceta por el TSE, que podrá difundir, además, en la medida de sus posibilidades, una síntesis del texto, por medio de las estaciones de televisión y radio nacionales y regionales y los periódicos de circulación nacional y regional".
El artículo 20 establece: "a) Prohíbese al Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, las semiautónomas, las empresas del Estado y los demás órganos públicos, utilizar dineros de sus presupuestos para efectuar campañas a favor o en contra de los textos o proyectos sometidos a la consulta del referéndum;...".
En el año 2003 se iniciaron las negociaciones del CAFTA. Para los Estados Unidos, (USA), El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana (que se incorpora a las negociaciones un poco más tarde), entró en vigencia en el 2006. En USA, la Cámara de Representantes lo aprobó por 217 contra 215 votos. Algunos -se supo luego-, votaron afirmativamente gracias al "lobby" de la industria farmacéutica, en lo que invirtió más de $3 millones.
Los textos del Tratado en nuestro país, se manejaron subrepticiamente y en el más absoluto secretismo, el pueblo jamás los conoció hasta que ya estuvieron negociados. Se mintió y engañó a todo el país, desde el principio. Por ejemplo, el mismo Presidente de la República y todo su equipo negociador, mientras se llevaban a cabo las diferentes rondas de negociación, juraron que no se incluirían temas tan sensibles para el país, como los servicios de telecomunicaciones (2) y de seguros, pero finalmente fueron agregados al botín, en la penúltima ronda de negociaciones, luego de presiones del gobierno norteamericano.
En ninguno de los países centroamericanos hubo mayor discusión o análisis de ese documento de más de 2.500 folios. El Salvador fue el primero en aprobarlo, lo hace en la madrugada del 17 de diciembre del 2004, luego lo aprueba Honduras, en donde 124 diputados de 128 votan a favor, el 3 de marzo del 2005.
En Guatemala, el 9 de marzo del 2005 fue presentando a la Asamblea Legislativa sin haberse realizado ninguna discusión o estudio. Fue ratificado al día siguiente y notificado al Presidente de la República para su respectiva publicación. Contó con la aprobación de 126 votos y 12 en contra, y fue aprobado con la prioridad de "emergencia nacional".
En República Dominicana se aprueba el 6 de septiembre del 2005, con 118 votos a favor, 4 en contra, 20 abstenciones y 8 ausentes y en Nicaragua se somete a discusión en el mes de septiembre del 2005 en dos ocasiones, pero en ambas no fue posible su discusión. El 7 y 8 de octubre del 2005, el representante comercial de USA, Robert Zoellick, visita ese país y se reúne con el Presidente y miembros de los partidos Liberal Constitucionalista y Sandinista. Fue ratificado tres días después, el 11 de octubre del 2005, dejando la Agenda Complementaria como anexo del dictamen de mayoría.
En Costa Rica por el contrario, ha sido sometido a la mayor discusión nacional de que se tenga memoria. Quienes lo impusieron (gobierno, cámaras empresariales y capital extranjero), acapararon con su dinero los medios de comunicación, invirtiendo más de $10 millones en propagada -no información-. Se gastaron dineros del gobierno -del pueblo-, de las cámaras empresariales, de la Fundación Costa Rica - USA, CR-USA, de la Fundación de Cooperación Estatal, FUCE, donaciones de entidades financieras internacionales y países amigos, administrados a través de esas fundaciones y del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, como si fueran fondos privados, a pesar de que muchos no lo eran.
En el bando opuesto, el pueblo invitó a foros y debates en cada barrio, surgieron cientos de líderes comunales y nacieron espontáneamente más de 140 "Comités Patrióticos", que junto con muchas otras fuerzas sociales, sindicales, intelectuales, ambientalistas, estudiantiles, etc., llevaron a cabo las más multitudinarias marchas de la historia, se organizaron infinidad de charlas y emisiones radiales, se publicaron más de 50 libros y folletos, infinidad de volantes y comunicados.
Dos elementos hacen que este Tratado cobre especial relevancia para el país: uno es el hecho de que más que un acuerdo comercial, a diferencia de los demás, regula prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, tal y como si fuera otra CP.
Este Tratado cambiaría radicalmente nuestro modelo de desarrollo como país. El modelo actual, basado en un Estado Social de Derecho y de servicios públicos al costo, ha sido sumamente exitoso, al extremo de que el Dr. Carmelo Mesa-Lago (3), escribe un Libro (4) en el que analiza 20 variables socio - económicas de tres naciones, durante varias décadas, para concluir que "si bien es cierto no existen los sistemas ideales y cada país es diferente, en Latinoamérica Costa Rica puede servir como guía para las naciones que andan en busca de un modelo económico y social. ... puedo decir que, en conjunto, la experiencia costarricense fue la más exitosa. Innegablemente los chilenos han tenido el mejor desempeño en la parte económica, pero socialmente no presentan los resultados de Costa Rica, y lo más impresionante es que el modelo costarricense se ha dado en medio de un sistema siempre democrático". (El subrayado no es del original)
Sin embargo, toda esa herencia de casi 60 años ha sido traicionada por funcionarios y empresarios nacionales, en un Tratado como el CAFTA. El embajador de Costa Rica en Washington por ejemplo, durante la administración del Presidente Pacheco, Sr. Tomás Dueñas, en un discurso ante la Heritage Foundation, el 9 de febrero del 2005 manifestó: "El DR-CAFTA es mucho más que mero comercio (...) más bien es un esquema muy interesante mediante el cual se nos concede acceso al mercado a cambio de reformas institucionales, que serán la columna vertebral del esfuerzo del DR-CAFTA. (...) el acceso al mercado es importante, pero la reforma institucional es la columna vertebral (...) Este Acuerdo proveerá (...) de nuevas oportunidades para los bienes y servicios de los EE. UU. en nuestros mercados (...) para que la economía americana, construida hoy alrededor de servicios, tenga una nueva oportunidad de expansión. Estoy hablando de telecomunicaciones, servicios financieros, seguros...". (El subrayado no es del original)
El segundo elemento es que no habrá forma de reversarlo. Una vez ratificado, el compromiso que adquiere cada país es de tal fuerza y magnitud, que denunciarlo aunque legalmente se contempla esa posibilidad- significaría activar una serie de mecanismos coercitivos que se traducirían en demandas tan cuantiosas, que nuestros países no podrían hacerles frente.
Costa Rica es signataria de la Convención de Viena y, como tal, debe ser respetuosa de los acuerdos y convenios internacionales. USA en cambio, no ha ratificado todavía esa normativa internacional. Pero aun si eso no representara como efectivamente lo es-, otra asimetría más en este negocio tan desigual, USA ratificó el Tratado a través de la Ley de Implementación del CAFTA-DR (5) la cual declara expresamente que tiene un rango inferior al de la Constitución o cualquier otra ley.(6)
En contraste, nuestra CP otorga potestades a los tratados internacionales por debajo de esa normativa, pero por encima de toda nuestra legislación. En consecuencia, nuestras propias entidades judiciales estarían en la obligación de hacer respetar el Tratado, así hubiera que cambiar toda nuestra legislación. Más aún, cualquier demanda de una empresa en contra del Estado -un derecho garantizado en el CAFTA (para las empresas pero no al revés, y tampoco para las persona físicas), sería resuelta en un arbitraje internacional, de acuerdo con la normativa dispuesta en el Tratado, con lo cual se compromete la soberanía misma del Estado costarricense.
Ante una eventual renuncia de cualquiera de los países signatarios, el CAFTA prevé mecanismos en defensa de las empresas, que podrían poner en muy grave situación a los países que así lo hagan, según lo advierte Lory Wallach (7), Directora de Observatorio de Comercio Global, cuando afirma: "Si los parlamentarios de los países centroamericanos aprueban el Tratado Comercial con Estados Unidos (CAFTA), cualquier desaceleración de sus economías podría exponerlos a indemnizaciones multimillonarias reclamadas por las empresas extranjeras que utilizan las normas sobre protección de las inversiones extranjeras. ¿Difícil de creer? Pues ya ha sucedido antes. Tras la crisis financiera de Argentina en 2001, las empresas extranjeras de servicios públicos que operan en ese país entablaron 27 demandas contra el Estado argentino ante un organismo especial de arbitraje del Banco Mundial. Estas compañías aparentemente están reclamando que la devaluación del peso argentino y las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para capotear la crisis representaron una "expropiación" indirecta de sus ganancias, violando las normas consagradas en diversos tratados bilaterales de inversión (TBI) que garantizan privilegios especiales para los inversionistas extranjeros".
Intereses detrás del CAFTA
La historia latinoamericana registra muchos intentos de dominación por parte de potencias extranjeras. Específicamente en Costa Rica, el primer intento se da en 1856, cuando un grupo de forajidos al mando de William Walker trató de tomar por las armas las nacientes y débiles naciones centroamericanas. En aquella ocasión, nuestros valientes ancestros, al mando del Presidente, Juan Rafael Mora Porras, terminaron afirmando no solo nuestra independencia, sino la de toda Centroamérica. A pesar de esa acción heroica que costó a la Patria el sacrificio del 10% de su población, consecuencia de la peste del cólera que se desató a raíz de la guerra, entre 1856 y 1857, sentenció el filibustero Walker: "lo que no pudieron los fusiles, podrán los dólares", profecía que se cumpliría literalmente 150 años después, el 7 de octubre del 2007, con la aprobación del CAFTA.
El siglo XX tampoco estuvo exento de tales intentos, aunque ya no por las armas, sino mediante la dominación comercial. Aparecen en consecuencia, manifestaciones en contra de la Electric Bond & Share (8) por ejemplo, en 1941, y más recientemente en contra de ALCOA (9) en 1968, y del Combo (10) en el 2000.
Las presiones económicas y diplomáticas han sido constantes. Por ejemplo, durante la negociación del CAFTA se envía al representante de comercio, Robert Zoellick, quien en Casa Presidencial, haciéndose eco de la doctrina del "Big Stick" (11), el 1 de octubre del 2003, exigió la inclusión de los servicios de telecomunicaciones y seguros en ese Tratado.
Acciones como esta (en lo comercial y otras en lo militar), logran afirmar la hegemonía norteamericana y en conjunto defienden los intereses de sus grandes empresas transnacionales.
Consecuencias del CAFTA
El desarrollo social alcanzado por nuestro país, entre finales de la década de los años 40 y 70, se pone paulatinamente en riesgo a partir de los 80. El país cae, al igual que el resto de países latinoamericanos, en el torrente neoliberal, aunque con un dinamismo mucho menos acelerado, gracias a la resistencia pacífica del pueblo.
Se ponen en marcha nuevas políticas de gobierno, que terminan mermando la capacidad del Estado. Leyes y decretos son dictados para limitar las potestades de las instituciones autónomas y debilitar la labor social. Al menos dos de los artículos constitucionales, el 50 (12) y el 74 (13) están hoy prácticamente vaciados de contenido. Muchos otros son violados, por ejemplo, el 132, que prohíbe a los ex presidentes ser reelectos, a pesar de lo cual la Corte Constitucional, que existe para hacer cumplir la Constitución Política, no para interpretarla y menos para cambiarla, le permitió al actual Presidente, Dr. Óscar Arias Sánchez, volver a ser candidato en el 2006 (14) en lo que constituyó el último y desesperado intento del capitalismo por concluir las reformas neoliberales en éste, su último reducto en Latinoamérica.
Si bien es cierto Costa Rica se defendió de muchas otras pretensiones del capital foráneo -por colonialistas-, en los últimos 25 años ha entregado muchos de sus recursos y servicios públicos, y se enrumba irónicamente (porque el mundo está más bien alejándose de esa tendencia), hacia un modelo de libre mercado, en donde la competencia y el lucro sustituyen los principios solidarios. El CAFTA y su Agenda de Implementación coronan ese proceso, en un momento en que el péndulo de la economía viene de vuelta, proceso que se acelerará en los próximos meses, ante el fracaso del mismo sistema, hoy manifestado en la mayor crisis financiera desde los años de la gran depresión.
Las reformas han reducido el Estado costarricense, liberalizado y privatizado los mercados. Se vendieron al público acciones de las empresas comerciales, en ese entonces bajo la cobertura de la Corporación de Desarrollo S. A., CODESA, con el pretexto de "democratizar la economía", acciones que fueron finalmente adquiridas -a precios ridículos- por transnacionales extranjeras. Se privatizaron empresas estratégicas como Cementos del Pacífico S. A., CEMPASA, Fertilizantes de Centro América S. A., FERTICA y Líneas Aéreas Costarricenses S. A., LACSA. Se propició la restricción y se comprometió la calidad de los servicios públicos, al extremo de que florecen hoy los negocios de la educación, la salud y la seguridad privadas, desaparecen o anulan las entidades encargadas de la agricultura y la seguridad alimentaria, de la regulación de los precios de productos básicos, de la vivienda popular, de la reforma agraria, se abren los servicios bancarios y desaparece la banca de desarrollo, (los bancos del Estado se convierten en una opción más entre los bancos comerciales), se privatiza la administración del aeropuerto internacional, la revisión técnica de los vehículos y algunos de los puertos. Más recientemente se otorgan en concesión algunas carreteras y se pretenden privatizar las cárceles, los parques nacionales y los servicios de agua.
A partir de 1990 no solo se abre a los privados la generación eléctrica hasta en un 30%, sino que por ley se obliga al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, a garantizar su compra a todas las plantas privadas (algunas propiedad del ex presidente, Ing. José María Figueres Olsen, promotor de la Ley, hijo de José Figueres Ferrer), así el país la ocupara o no, y a precios tres veces lo que le costaba al ICE producirla.
En 1996, durante el gobierno de Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional, PLN, se intentan abrir totalmente los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, sin éxito. El gobierno de oposición que le sucede, del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, retomando los proyectos de privatización de tales servicios del gobierno anterior, (pues ya desde antes los dos partidos tradicionales comparten la misma agenda neoliberal, en lo que se ha dado en llamar el PLUSC, PLN + PUSC), logró aprobar en el año 2000 el histórico "COMBO": Ley de Reforma del ICE, Ley General de Electricidad y Ley General de Telecomunicaciones. Eso provocó las mayores protestas populares de la última mitad del siglo XX, y finalmente un gobierno que pendía de un hilo, debió enviar al archivo tales proyectos, pero empezó desde entonces una campaña de desprestigio en muchos de los medios de comunicación aliados al gran capital, en contra de las instituciones estatales y los servicios que ellas prestan, especialmente en contra del ICE.
Referéndum: ¿salida a una difícil decisión?
El tema de la apertura de los servicios públicos y sobretodo de su privatización, ha sido sumamente controversial en nuestro país, heredero de una tradición democrática, de justicia social, del mejor reparto de la riqueza y de una sociedad solidaria. (15). De modo que ante el enorme duelo ideológico desatado a raíz del CAFTA, dado que contraviene todos esos principios, el ex diputado, Lic. José Miguel Corrales Bolaños y otros, solicitaron al TSE autorización para recolectar las firmas y convocar a un referéndum, mediante el cual los ciudadanos lo aprobaran o lo improbaran.
El TSE, mediante Resolución No. 790-E-2007, el 12 de abril del 2007, acogió tal petición. Dice el TSE: "Se autoriza la recolección de firmas,... Por innecesario, se omite ordenar la publicación del proyecto en La Gaceta. Se ordena a la Coordinación de Programas Electorales diseñar el formulario que este Tribunal debe autorizar para la recolección de firmas, el cual contendrá la siguiente leyenda: Respaldo la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía apruebe o impruebe el "Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos" (TLC), expediente legislativo n.º 16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 19 del 26 de enero del 2007. Se aclara que la autorización conferida no suspende la tramitación legislativa del referido proyecto, lo cual únicamente se produciría con la eventual convocatoria a referéndum, en los términos del artículo 11 de la indicada ley, y que dicho efecto suspensivo sólo alcanzaría su votación en el plenario legislativo".
Nótese que se somete a referéndum no el CAFTA, sino un texto ya reformado y enmendado por la Asamblea Legislativa, dictaminado mediante Expediente No. 16.047. Pero el Presidente de la República sorprende al país al anunciar que, amparado en el criterio positivo del TSE, ha decidido acoger la idea del referéndum y el 13 de abril del 2007 solicitó a la Asamblea Legislativa, vía Decreto, que ordene su realización.
Dictamina el Ejecutivo: "Se propone la convocatoria a referéndum para que la Ciudadanía apruebe o impruebe el "Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos" (TLC), expediente legislativo Nº 16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera publicado en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 19 del 26 de enero del 2007". En el segundo artículo el Decreto solicita: "Póngase en conocimiento de la Asamblea Legislativa esta iniciativa para su decisión, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 8492, Ley Sobre Regulación de Referéndum. A tal efecto, conforme a lo establecido por el inciso a) del artículo supra-indicado se adjunta el texto del proyecto de Ley que será sometido a consulta popular".
El TSE aceptó finalmente las gestiones de los Poderes, basado en la tercera opción que ofrece la Ley, el 7 de mayo del 2007 y convocó el referéndum Ejecutivo (no el Ciudadano), irrespetando el principio de que "primero en tiempo, primero en derecho".
Advertencia ante un posible desequilibrio informativo
El Observatorio de la Libertad e Expresión (OLE) (16), en una nota fechada el 18 de mayo del 2007, dirigida al TSE y con una gran visión de lo que se avecinaba, expuso: "Por encima del régimen de propiedad de los órganos de comunicación, están las libertades fundamentales y los derechos constitucionales como la libertad de conciencia; la libertad de expresión del pensamiento; la libre circulación de las ideas; la prohibición de la censura previa; derecho a la información adecuada, veraz y oportuna; la garantía del pluralismo y el respeto de la diversidad. Hay además, un campo de coincidencia entre el artículo 46 constitucional -derecho ciudadano a la información adecuada y veraz-, y el compromiso formal de las empresas particulares de comunicación con la verdad, fundada en la búsqueda de la precisión, la imparcialidad y la equidad".
Termina recomendándole el OLE al TSE:
1.- Disponer que los medios y recursos de comunicación de propiedad del Estado queden, por 90 días, bajo la supervisión del Tribunal, desde la convocatoria hasta la realización del referéndum, a fin de asegurar igualdad real en la difusión del Sí y del No, en la publicidad, información, espacios de análisis y de opinión.
2.- Proponer a los propietarios y directores de medios de comunicación de propiedad particular que, por 90 días, establezcan y respeten un acuerdo cívico, depositado voluntariamente ante el Tribunal como garante de honor, que, sin afectar la libertad de prensa, asegure un trato de igualdad, cualitativa y cuantitativa, al Sí y al No, en la información, en los espacios de opinión.
3.- Considerar que, en último caso de interés o de necesidad pública, relacionado con el referéndum, se puede regular, de manera calificada y transitoria, el derecho a la libertad de empresa o de comercio, con el objeto específico de garantizar una igualdad amplia e irrestricta en el trato, si se estima claramente lesionada.
(1) Promulgada en 1949, cuando se funda la Segunda República, luego de la Revolución de 1948. Surgió como un Pacto Social al que concurrieron todas las fuerzas políticas, José Figueres Ferrer, caudillo triunfante de la revolución y fundador del Partido Liberación Nacional, PLN, Rafael Ángel Calderón Guardia, caudillo derrotado de la revolución, cuya herencia recoge luego el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, Manuel Mora Valverde, del Partido Comunista y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, de la Iglesia Católica.
(2) "El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, advirtió a las autoridades nacionales que Costa Rica podría ser excluida del TLC si persiste en su actual posición de mantener el sector de telecomunicaciones fuera de la negociación. El mensaje lo transmitió al presidente, Abel Pacheco, en una reunión que tuvieron el miércoles anterior. Desde el inicio de las rondas de negociación, el gobierno de Pacheco ha insistido en que el país no abrirá a la participación privada el mercado de las telecomunicaciones." Alexander Ramírez, La Nación, 6 de octubre 2003.
(3) Mesa-Lago, Carmelo. Buscando un modelo económico en América Latina, ¿Mercado, Socialista o Mixto?, Chile, Cuba y Costa Rica, 2000.
(4) El chileno y catedrático Joseph Ramos, comenta respecto al libro: "La editorial Nueva Sociedad acaba de publicar la versión en español de este estudio comparado sobre la evolución económica de Chile, Cuba y Costa Rica en los últimos 30 a 50 años, publicado en inglés por Johns Hopkins University Press en el año 2000. La obra es fruto de al menos una década de investigaciones en terreno por el autor, y, como habría de esperarse del Profesor Mesa-Lago así como de sus colaboradores, es un trabajo completísimo y riguroso, con conclusiones robustas y de gran interés para los demás países en desarrollo".
(5) Public Law No. 109-53.
(6) Dice literalmente: "La ley de los Estado Unidos prevalecerá en el conflicto. Ninguna disposición de este Acuerdo, ni la aplicación de esa disposición a cualquier persona o circunstancia que sea inconsistente con cualquier ley de los Estados Unidos, tendrá efecto. Nada en este Acuerdo se entenderá que reforma o modifica ninguna ley de los Estados Unidos, a no ser que se señale específicamente en este Acuerdo".
(7) Wallach, Lory. "CAFTA implicaría demandas por desaceleración", 10 de noviembre de 2004, circuló por Internet.
(8) Desde 1928 la Electric Bond and Share, transnacional con sede en Nueva York, había adquirido las tres empresas que prestaban el servicio eléctrico en Costa Rica. Durante 20 años de control extranjero del recurso eléctrico, prácticamente no se construyeron nuevas plantas hidroeléctricas en el país, para responder al crecimiento de la demanda. Como resultado, el país se vio sumido en una crisis de apagones y congelamiento de servicios nuevos, lo que se convirtió en motivo de descontento popular. Torres, Margarita. Historia de la Electrificación en Costa Rica, Colección Patrimonio Futuro, Noviembre 2005, Museo Histórico y Tecnológico del ICE.
(9) La Alluminum Company of America contrató con el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández ysu Ministro de Planificación, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, un convenio para explotar la bauxita de Pérez Zeledón, el cual debería ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Según el convenio, a la compañía se le darían 30 mil manzanas de tierra para excavar a medio metro de profundidad. Fernando Chaves Molina denunció que la ALCOA contaría con todos los derechos de aduana, no pagaría ningún impuesto y recibiría del gobierno agua, cal y electricidad casi gratis, y que esas ricas tierras del sur se iban a convertir en un desierto. Una docena de diputados se opuso al proyecto, liderados por el Lic. Rodrigo Carazo Odio. El día 24 de abril los diputados le dieron al proyecto el tercer debate. Ese día los estudiantes y otros manifestantes, ante la represión de la policía, terminaron dispersándose por toda la ciudad de San José. El 24 de abril pasó a la historia como día de las luchas antiimperialistas de los estudiantes costarricenses. Aunque el convenio fue aprobado por los diputados, la explotación del aluminio nunca se realizó. Delgado, Manuel. "35 años después de la lucha contra Alcoa", Siete Días, 25 de Abril del 2005. aquí
(10) Conjunto de tres leyes, enviadas por el presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría a la Asamblea Legislativa, en el año 2000, para abrir el mercado eléctrico y de telecomunicaciones del país y reformar la Ley del ICE. Este proyecto fue aprobado en primer debate el 20 de marzo del 2000, por 45 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes. El 23 de marzo, ante los miles de costarricenses que se manifiestan en las calles, el Partido Liberación Nacional le retira el apoyo, y posteriormente se declara la ley inconstitucional por "vicios sustanciales que invalidan el proceso", según Sentencia No. 3220-2000 de la Corte Constitucional. El movimiento de huelga que se generó desde el 21 de marzo hasta el 5 de abril, fue uno de los más importantes en la historia del país, por el amplio apoyo popular que tuvo. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica dio cuenta de que para el 29 de marzo, un 72% de los costarricenses estaba en contra del proyecto.
(11) La versión Roosevelt de la Doctrina Monroe estableció las bases de la hegemonía económica y militar que llevó a los Estados Unidos a constituirse en el poder dominante del Hemisferio Occidental. La nueva doctrina fue una franca declaratoria de que los USA estaban deseosos de buscar ventaja sobre los gobiernos de Latinoamérica, actuando como un poder policíaco internacional en la región. Descrita como una política de "hablar suave" pero portando un "big stick" (gran garrote), el anuncio del presidente Roosevelt lanzó la era del big stick. La Doctrina Monroe fue expuesta en 1823 y proclamaba la opinión norteamericana de que las potencias de Europa no debían, en adelante, colonizar las Américas o interferirían con los asuntos de las naciones soberanas allí constituidas, tales como los USA y otros. A cambio, los USA se mantendrían neutrales en conflictos armados entre potencias europeas y en las guerras entre las potencias europeas y sus colonias. Sin embargo, en caso de que este último tipo de guerra pudiera producirse en las Américas, los USA verían tal acción como hechos hostiles en su contra. aquí
(12) "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza".
(13) "...serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional".
(14) Según el Dr. Guido Sáenz, Ministro de Cultura durante el primer mandato del Dr. Arias, este habría influido en la decisión de los magistrados de la Corte Constitucional para que aprobaran la reelección y que pudiera ser candidato en las elecciones de febrero del 2006. El Dr. Sáenz se refiere al primer intento del Dr. Arias por reformar la Constitución. Sáenz declara: "De los siete votantes de la Corte Constitucional, cuatro se pronunciaron en contra, tres a favor. Lo llamé (a Arias), en cuanto me enteré de la catástrofe. "Guido, yo estaba ciento por ciento seguro de que me pasaban la reforma. Tenía la promesa de cuatro magistrados. Uno me traicionó". Sáenz, Guido, Piedra Azul, página 361, 2003.
(15) Principalmente reflejados en los artículos 50 y 74 de la CP, y en muchas otras leyes.
(16) Integrado el 12 de junio del 2006. En ese momento lo conformaban Pablo Barahona, Giselle Boza, María Eugenia Bozzoli, Alberto Cañas, Hilda Chen, Gerardo Fumero, Glenm Gómez, Juan Rafael Quesada, Luis Sáenz, Iván Salas, Luis Guillermo Solís, Gerardo Trejos, Enrique Villalobos, Armando Vargas y Juan Manuel Villasuso. Actualmente está residenciado en la Universidad de Costa Rica y recién publicó el primer Informe al país: El Derecho a la información en Costa Rica, Editorial Juriscentro, 2008.
El nivel del debate entre los bandos del SI y del NO fue sumamente intenso, principalmente a partir de la convocatoria al referéndum, unos en defensa de los poderosos intereses que se esconden detrás de un tratado como ese (por convicción o engañados por una poderosa propaganda mediática), y otros porque consideramos que este Tratado definitivamente transforma para mal nuestro actual modelo de desarrollo. Cambiaría un modelo basado en principios solidarios, por uno regido por el libre comercio, la libre competencia, y no solo le pondría freno sino que revertería los importantes logros alcanzado por el país en materia social, reconocidos por múltiples estudios nacionales (17) e internacionales.(18)
Durante la campaña del Referéndum se cometieron muchas irregularidades, entre otras el gasto indebido en el Ministerio de Comercio Exterior (19), COMEX, la beligerancia del gabinete de gobierno y del propio Presidente Arias a favor del SI. En sus giras por el país, Arias promocionó el Tratado, al extremo de ofrecer un aeropuerto en la zona sur y de afirmar que los "que vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz". (20) Las denuncias fueron planteadas ante el TSE, órgano que finalmente terminó justificándolo todo. (21)
Las violaciones a nuestro régimen de derecho y democrático fueron todavía más allá. En el mes de septiembre del 2007 se filtra a la prensa nacional un documento cuya autoría fue negada en un principio, pero finalmente aceptada por el Vicepresidente de la República, Dr. Kevin Casas Zamora (22) y el sobrino del Presidente y Diputado, Dr. Fernando Sánchez Campos. El primero se vio obligado a renunciar a su puesto, al segundo no le alcanza todavía la vergüenza para hacerlo.
Este documento refleja la disposición del gobierno de hacer cualquier cosa para ganar el referéndum. Por el grado de cinismo es importante transcribir algunos de sus párrafos.
"La coalición que tenemos en contra es formidable: universidades, Iglesia, sindicatos, grupos ambientalistas, etc. Y del otro lado a favor del TLC, sólo están el gobierno y, a medias, los grandes empresarios. Así no hay forma de ganar. Es urgentísimo meter en la campaña, por lo menos, a los pequeños empresarios, a los solidaristas y a lo que se pueda del cooperativismo. Y cuando decimos meter en la campaña es, simplemente, que "aparezcan" por todo lado las caras de algunos de sus líderes.
Dictar un receso en la Asamblea es clave para sacar a nuestros diputados -que son más que los de oposición y que no enfrentan ninguna limitación para hacer campaña- a las comunidades, para organizar la campaña "de a pie". Es evidente que esto puede tener algún costo para el avance de la agenda legislativa, pero en este momento ese es un problema de tercer orden. Lo primero es, evidentemente, ganar el referéndum. Además, la continuación de las negociaciones en sede legislativa nos expone a constantes chantajes de nuestros "aliados" legislativos, que terminan reflejándose en la campaña del SÍ.
Existe una carta firmada por 72 alcaldes que no es, en absoluto, desdeñable. En ella, ofrecen su apoyo al TLC, pidiendo, como es enteramente esperable, algunas cosas a cambio. Pero hay que hacer algo más, particularmente con los 59 alcaldes del PLN. Hay que hacerlos responsables de la campaña, en cada cantón y transmitirles con toda crudeza, una idea muy simple: el alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos 3 años. El mismo razonamiento puede aplicarse a los regidores, a quienes se puede hacer responsables de distritos específicos. En este último caso hay que recordarles sus aspiraciones personales: de ganar el referéndum depende que tengan posibilidades reales de segur siendo regidores o de llegar a ser alcaldes o diputados.
La estructura oficial del PLN (Directorio, Comité Ejecutivo) tiene que salir hablando inequívocamente en defensa del TLC en el entendido de que uno de los principales ganadores o perdedores del referéndum va a ser el PLN.
Estructurar y lanzar campaña masiva en medios de comunicación: más allá de lo que se pueda hacer en las comunidades y en las empresas, es tan poco el tiempo que queda, que no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con publicidad.
Desbancar la idea de que esta es una lucha de ricos contra pobres. Eso requiere escoger muy bien los rostros de la comunicación masiva del SI y utilizar casi exclusivamente trabajadores y pequeños empresarios. Asimismo, debemos subirle muchísimo los decibeles y la presencia mediática y discursiva a la agenda social del gobierno.
Estimular el miedo. Ese miedo es de cuatro tipos:
1) Miedo a la pérdida del empleo. Aquí pareciera muy recomendable utilizar intensivamente testimoniales de gente muy sencilla y en situación precaria, que puede perder el empleo o ya lo perdió como consecuencia de la no aprobación del TLC. Esto además es vital para reforzar la idea de que esta no es una lucha de ricos contra pobres.
2) Es crucial convertir al SI en equivalente con la democracia y la institucionalidad (es lo que decía Eduardo Ulibarri: hay que ir llenando al SI de un contenido de valores) y al NO en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia. Aquí hay algo muy importante: esta campaña ya dejó de ser racional y en consecuencia, sobre el contenido del TLC. Así, el argumento de la defensa de la democracia es el único recurso que nos queda para movilizar la emoción de la gente que está a favor del TLC. En este momento la gente que está a favor no solo no tiene motivación alguna, sino que se siente intimidada por la motivación que muestra la gente del NO. Hay que entender una cosa: nadie está dispuesto a "morir" por el libre comercio, pero tal vez sí por la democracia. Hay que darle una motivación ética y no sólo instrumental al SI"
3) Miedo a la injerencia extranjera en el NO. Hay que restregar por todas partes la conexión del NO con Fidel, Chávez y Ortega, en términos bastante estridentes. Es posible que este tipo de campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerable entre la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios.
4) Miedo al efecto de un triunfo del NO sobre el Gobierno. Todas las encuestas detectan un grado importante de satisfacción con el Presidente y el Gobierno. Mucha gente simplemente no ha hecho la conexión de que un triunfo del NO en el referéndum, dejará al Gobierno en una posición precaria, con su efectividad totalmente reducida, y al país en una situación de ingobernabilidad. Esa conexión hay que inducirla.
Asimismo, es muy importante fortalecer la presencia en la radio (tanto nacional como local) y en los medios rurales escritos, donde tenemos grandes problemas. Hay que poner a funcionar baterías en todos los programas de opinión y mejorar la pauta publicitaria del gobierno en una serie de programas de radio conducidos por gente que tiene toda la disposición de ayudar al gobierno. Si la presencia del SI en radio no mejora drásticamente, esto seguirá manifestándose en nuestra debilidad en las zonas rurales.
Uno problema serio que tenernos quienes estamos haciendo proselitismo a favor del TLC es la ausencia total de documentación de fácil digestión, que pueda circular masivamente. Como ya es sabido, ese es un punto que el NO ha desarrollado particularmente bien. En este momento tienen empapelado el país con volantes.
La documentación que hay que hacer es de tres tipos: La que aclare, en lenguaje muy simple, algunos de los argumentos más insidiosos contra el TLC (medicinas, agua, celulares; etc.). Como parte de esto, es muy importante que algunas instituciones clave (p.e. ICE, CCSS, AyA, MTSS) generen oficialmente volantes que contesten en términos muy contundentes los volantes que están siendo repartidos en sus propias instalaciones por los sindicatos de las instituciones.
Organizar un programa sistemático de visitas a las empresas por parte de altos funcionarios del gobierno: En este momento, el espacio de proselitismo más fácil de aprovechar y el que nos ofrece las mejores oportunidades es, por mucho, el de las empresas. Ahí hay más de un millón de trabajadores. Debemos organizar un esfuerzo sistemático de visitas a las empresas más grandes del país, con charlas a favor del SI impartidas por personas de alto nivel y con documentación en la mano. Ningún esfuerzo de proselitismo es potencialmente tan efectivo como este.
Organizar un acto multitudinario de fuerza para darle motivación a la campaña: Existe gran desmotivación entre quienes están a favor del TLC, desorientación por la ausencia de una campaña y, en muchos casos, miedo de expresar las opiniones. Hay que motivar a los partidarios del SI, hacerles sentir que la campaña está haciendo cosas, que no están solos, que somos muchos. Es recomendable organizar un acto público o un festival multitudinario (podría ser una marcha, pero ahí casi siempre tenemos problemas). Pero la gente tiene que sentirse acompañada y motivada"
Ese documento, vergonzoso, contiene recomendaciones maquiavélicas, que el gobierno efectivamente aplicó al pie de la letra.
Para el 1 de octubre del 2007, las encuestas daban 12 puntos de ventaja al NO. (23) Según las leyes electorales del país, debe respetarse una tregua durante los últimos tres días anteriores a cualquier votación popular. Pero precisamente durante esos tres días, las fuerzas del SI utilizaron todos los medios de comunicación del país, (incluida por supuesto, la Cadena Nacional de Radio y TV, propiedad del Estado), multiplicando sus ataques, mentiras y falacias. Hicieron que muchas transnacionales amenazaran a sus empleados con retirarse del país y dejarlos sin trabajo si no se aprobaba el Tratado, obtuvieron declaraciones (contraviniendo las normas diplomáticas de no intervención en asunto internos del país), del embajador de los USA en San José, Mark Langdale, y de otras autoridades, como la representante comercial de USA, Susan Schwab, amenazando con retirar al país de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, entre otras cosas. Aprovecharon la cadena internacional de TV, CNN, para entrevistar a Ricardo Ernst, de la Georgetown University, declaraciones que se encargaron de repetir una y otra vez, en la mayor empresa televisiva nacional, durante el día anterior a las votaciones, en horas de máximo "rating".
Todo esto sucedió con la mayor permisividad, condescendencia y desatención por parte del TSE, a pesar de que se aplicaba un plan de previo anunciado (memorando del miedo) y que todas esas acciones y en especial durante los tres días anteriores al referéndum, violentaban claramente la legalidad.
Finalmente el Tratado fue aprobado con un 51% de los votos emitidos, equivalente al 30% del padrón electoral. Poco menos del 30% votó NO y un 40% se abstuvo.
El Referéndum legitimó un Tratado impuesto por el gran capital, nacional e internacional, por la fuerza de los dólares, cumpliéndose así la profecía de Walker. Constituye el Tratado el mayor engaño, el Referéndum la mayor decepción, la campaña pre referéndum el mayor fraude mediático y todo el proceso la mayor de las tomaduras de pelo para el pueblo, pues entre otras cosas, el texto del Tratado que se votó, ya había sido enmendado en tres ocasiones, con el consentimiento del gobierno de Costa Rica, pero jamás de los ciudadanos y en consecuencia, no votamos los costarricenses el Tratado vigente, sino un documento que ya había sido modificado y por tanto legalmente ineficaz.
Se violenta también el Referéndum
Las decisiones que se aprueban en un referéndum son sagradas, aunque en este caso obviamente el resultado fue manipulado -adulterado-. Sin embargo, 38 diputados (del PLUSC, del Movimiento Libertario, ML, y otros independientes que se les unieron, algunos a un alto costo, en promesas a cambio del apoyo), se atribuyeron la potestad de modificar la voluntad de todo el pueblo, -manifestada en el referéndum del 7 de octubre-, y aprobaron en forma sistemática y mecánica, no solo los proyectos de ley de la Agenda de Implementación del Tratado, sino las enmiendas hechas al mismo.
Tales enmiendas habían sido aprobadas por los demás países sin el consentimiento de Costa Rica, dado que no era ni es todavía Parte. Por eso fue necesario agregar a esa Agenda (en el caso de Costa Rica conformada por un paquete de 12 leyes, que reforman decenas de otras leyes), una más, para "enmendar" lo que todo el pueblo decidió el 7 de octubre del 2007.
Lo que en apariencia constituyó una insensatez del gobierno, haber sometido a votación en el referéndum la primera versión del CAFTA, sin tomar en cuenta las tres modificaciones -enmiendas-, que ya se le habían hecho para entonces, fue producto de que durante toda la campaña el Presidente de la República juró que 15 era tal la inmutabilidad de ese Tratado, que era más fácil cambiar los Diez Mandamientos. (24)
Las tres enmiendas acordadas por el resto de países son obligatorias para Costa Rica, aunque no hubiera participado de ellas. La primera fue acordada por USA y El Salvador, cuando solamente esos dos países habían aprobado el Tratado y por tanto solo ellos podían reformarlo. Cambió esa enmienda la forma en que en adelante entraría en vigencia dicho Tratado para el resto de los países. A partir de ese momento, en vez de depositar cada país ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, los documentos que debían aprobar -lo cual era suficiente para que entrara entonces en vigencia-, sería necesario entregarlos al Presidente de los USA para su "revisión", y cumplir así con el requerimiento de la CERTIFICACIÓN, que exige la "Implementation Act", (25) que demanda tal cosa para aceptar nuevos socios comerciales y que fue emitida con posterioridad a la aprobación del CAFTA en ese país.
Durante los 29 meses del gobierno del Presidente Arias, hasta la fecha, no se ha ocupado la Asamblea Legislativa de ningún proyecto sustantivo, aparte del Tratado mismo y de las 13 leyes que impuso el mismo, (Agenda de Implementación).
Uno de los últimos proyectos aprobados, el que modifica la voluntad popular manifestada en el referéndum, y que aprobó las enmiendas al Tratado, suma al menos dos más a las muchas violaciones que estos proyectos contienen a nuestra CP. Violenta por una parte la voluntad popular, al modificar lo que ya el pueblo había aprobado, y que solo podría ser modificado mediante otro referéndum, y somete la soberanía del país al Presidente de USA, al aprobar el proceso de Certificación.
Tanto los diputados que aprobaron esas leyes como los magistrados de la Corte Constitucional, han cohonestado las múltiples inconstitucionalidades que todos esos textos contienen, a criterio de muchos expertos constitucionalistas y catedráticos universitarios.
(17) Fumero Paniagua, Gerardo. El Estado Solidario frente a la Globalización, Zeta, Servicios Gráficos S. A., 2006, y aquí
(18) Mesa-Lago, Carmelo. Buscando un modelo económico en América Latina, ¿Mercado, Socialista o Mixto?, Chile, Cuba y Costa Rica, 2000.
(19) De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, el país había gastado al 2006, más de ¢1.300 millones en promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mediante un convenio interinstitucional que mantienen el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX y su brazo derecho, la Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER. Ruiz, Milton, "Infidelidad Diplomática", Semanario Universidad, 7 de julio del 2006.
(20) "En inauguración de Techno Park en Cartago, Arias enfatiza campaña del sí al TLC en actos públicos. En el lanzamiento de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), a los muchachos del colegio de la Ciudad de los Niños les dieron volantes para convencer sobre el sí al tratado". aquí
(21) Aquí
(22) En una publicación en la revista The Epoch Times, el Dr. Casas califica sin embargo, la discusión que se dio en Costa Rica, en relación con el CAFTA, de "baja calidad". aquí
(23) "La preferencia electoral por el NO al TLC supera por primera vez a la del SÍ, a tres días del referendo del domingo. Si la elección fuera en este momento, entre los costarricenses decididos a votar, el NO obtendría el 55% de los votos y el SÍ el 43%. Así lo revela la más reciente encuesta de la firma Unimer para La Nación, divulgada primero ayer a las 2:56 p. m. en el sitio nacion.com. Con ese resultado quedó atrás el virtual empate entre las dos opciones que habían reflejado las dos encuestas anteriores efectuadas por Unimer en septiembre. La diferencia entre el NO y el SÍ es de 12 puntos porcentuales, cifra que supera con creces el margen de error de 3,7 puntos que tiene la muestra de electores decididos. Hoy es el último día en que la ley electoral permite la publicación de encuestas, por lo cual, pese a lo volátil de las preferencias en esta contienda, lo que ocurra de aquí al cierre de las urnas no se podrá medir de previo". aquí
(24) Aquí
(25) Public Law No. 109-53. Título I, sección No. 101, "(b) condiciones para la entrada en vigencia del acuerdo. En el momento en que el Presidente determine que los países enumerados en la subsección (a) (1) han cumplido con las disposiciones necesarias para cumplir con las disposiciones del acuerdo, que deben ser efectivas en el momento de su entrada en vigencia, el Presidente está autorizado para poner en vigencia el tratado respecto de dichos países".
Corrupción: combustible detrás del proceso del CAFTA
Hoy todavía no terminan de denunciarse actos ilegales, y sobretodo inmorales, que se han venido cometiendo en este gobierno para lograr la aprobación del Tratado. Por ejemplo, en julio del 2008 se denuncia que el Ministro de Vivienda, Lic. Fernando Zumbado Jiménez, desvió una donación de $1.5 millones del gobierno de Taiwán, destinada a construir 600 casas para familias pobres de los suburbios de la capital, para pagar asesorías y otros gastos. Más vergonzoso aún, el Presidente Arias, apenas a meses de esa donación, rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, para establecerlas con China Continental. (26) Dicha donación era por $2.5 millones, pero precisamente a raíz del rompimiento, Taiwán no giró el resto. Vale destacar que durante el gobierno anterior, había ese país donado también el puente de la "Amistad", el más largo del país.
A través de las asesorías se contrataron a allegados, amigos y funcionarios públicos, que tenían absoluta prohibición de recibir otros ingresos profesionales, mientras mantuvieran sus puestos en el Estado. Se otorgaron incluso algunos contratos a empresas fundadas por el propio Ministro, quien finalmente se vio obligado a renunciar. Aparte de esos dineros, que fueron administrados por el BCIE, pero que por ley debieron de haber ingresado y ser administrados por el Fondo de Subsidios para Vivienda, FOSUVI, se denuncia también que se gastaron otros 2 millones de dólares en asesorías para la campaña del SI, durante el referéndum, procedentes de donaciones externas, canalizadas también a través del BCIE. Donativos similares habrían sido hechos al resto de países del Caribe y miembros del CAFTA, para la tramitación del Tratado.
Entre los asuntos que se descubren con los dineros administrados por el BCIE, está el hecho de que el gobierno contrató al Lic. Jorge Hidalgo Vega, del ML, socio del magistrado suplente de la Corte Constitucional, Lic. Federico Sosto López (27), quien debió dictaminar al menos 6 de las leyes de la Agenda de Implementación. Más recientemente el magistrado Sosto visitó al hermano del Presidente y Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, en Casa Presidencial, y ante los cuestionamientos aceptó que los asesoraba pero gratuitamente. Más grave todavía es que ante tanta denuncia y presión de la opinión pública, -cansada de tanta corrupción-, la Corte Suprema de Justicia archivó todas las recusaciones contra el magistrado Sosto, ni siquiera intentó investigar, en lo que parece una confirmación y un agravante de tales irregularidades. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, quien escogió a dedo al magistrado Sosto, de entre los suplentes, para dictaminar algunas de las leyes de la Agenda de Implementación, cuando por ley tal escogencia debe ser hecha mediante sorteo, llegó a manifestar que él no era un juez ético sino de legalidad. (28) El magistrado Sosto se vio obligado, finalmente, a renunciar el 2 de setiembre del 2008. (29)
Apenas el pasado 1 de octubre se denuncia el último escándalo conocido. El Diario Extra informa que: Andrea Morales cree que no hubo conflicto de intereses en la intervención del abogado Luis Pal, esposo de la diputada Mayi Antillón, en la discusión del proyecto que reforma la Ley de Propiedad Intelectual. Pal es jurista experto en inscripción de patentes. La diputada independiente Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, aceptó haber solicitado asesoría al abogado Luis Pal Hegedüs, experto en inscripción y representación de marcas, durante el trámite del proyecto que agrega y modifica varias normas en materia de propiedad intelectual. Esa última iniciativa de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos está pendiente de cambios al haber sido cuestionado su trámite por la Sala Constitucional. Luis Pal Hegedüs es el esposo de la diputada Mayi Antillón Guerrero, ex jefa de fracción de Liberación Nacional y actual presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior. (30)
Todos estos hechos demuestran un ilimitado tráfico de influencias por una parte y que los tres Poderes del Estado costarricense están "alineados", violentando de esa forma uno de los más sagrados principios de cualquier democracia, la independencia entre poderes. En este gobierno de plutócratas, los hechos hacen pensar que el Ejecutivo dicta a los demás -Judicial y Legislativo-, cómo y cuándo hacer, qué cosas. Esta fusión de poderes no es otra cosa que la ejecución de un plan ya sugerido por el mismo Presidente de la República, cuando en el 2005, todavía candidato, sentenció que sería necesario, "promover una tiranía en la democracia". (31)
La corrupción ha sido tal que quienes considerábamos que jamás se presentaría de nuevo algo semejante a los hechos denunciados en el 2004, nos hemos sorprendido. Para entonces, dos ex presidentes de la República, ambos del PUSC, y casi simultáneamente, el Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del Dr. afaelÁngel Calderón Guardia (32) y el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, fueron encarcelados (33) como medida precautoria, acusados de recibir millonarios donativos para facilitar cuantiosas compras por parte del Estado, el primer donativo supuestamente entregado por proveedores de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS y el segundo por parte de proveedores del ICE. El mundo entero conoció tales hechos, pues el Dr. Rodríguez era en ese momento, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, primer centroamericano en ocupar ese puesto. Se vio obligado sin embargo, a renunciar y regresar a dar cuentas. A su llegada al país fue apresado en el aeropuerto, ante las atónitas miradas de quienes seguían en vivo las imágenes por la televisión, que se transmitían al mundo entero.
Definitivamente a los dos partidos que conforman el PLUSC, solo les queda sus nombres, pues los principios "social demócratas" del PLN y "social cristianos" del PUSC, han sido totalmente saqueados por un liderazgo al servicio del capital salvaje, trasnochado y obsoleto. Quizá permanezcan en ellos todavía, algunos costarricenses de buena fe, que no han querido despertar a la realidad o que ingenuamente aspiran a rescatar los fundamentos de esos partidos, hoy convertidos en simples maquinarias electoreras, testaferros del poder económico.
La capacidad de violentar la Constitución y las leyes no ha tenido límites durante el proceso de tramitación del Tratado. El descaro de los 38 diputados que formaron el G-38, de votar como autómatas todas las leyes de la Agenda de Implementación, muchas de las cuales legislan para otorgar concesiones que van mucho más allá de lo que demandó el mismo Tratado (34) y por tanto de lo aprobado en el referéndum, no tiene paralelo en nuestra historia. Las reformas a casi toda nuestra legislación, para adaptarla al Tratado, por tener éste rango superior a las leyes, solo favorece a los capitales transnacionales y privados, en perjuicio del pueblo, que permanece todavía, y a pesar del extraordinario movimiento patriótico surgido a raíz del referéndum, inconsciente de las consecuencias, dado que todavía no han surtido efecto en la práctica.
Durante el proceso de discusión del Tratado y las leyes de la Agenda, hubo consultas a muchas instituciones, organizaciones y movimientos sociales, pero solo para burlarse de quienes con gran patriotismo y esperanza comparecimos ante las diferentes comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa. Fuimos burlados, pues si algo hicieron fue usar todas esas comparecencias para anunciarse como muy democráticos y participativos, pero en realidad no tomaron en cuenta ninguna de nuestras opiniones o propuestas, y por el contrario, endurecieron las leyes en contra del pueblo y en beneficio de las transnacionales. (35)
Mediante el Tratado y la Agenda de Implementación se abrieron los mercados de los servicios de telecomunicaciones y seguros, cuyos precios se encarecerán enormemente, pues la apertura implicará a muy corto plazo un enorme rebalanceo de las tarifas hoy subsidiadas, las básicas hasta en un 400%. Entre las cosas inaceptables para una Ley General de Telecomunicaciones como la aprobada, No. 8642, está la preservación de la Ley de Radio y TV, aprobada en 1954 y que fijó desde ese entonces los montos de los cánones que todavía pagan esos medios de comunicación por las concesiones de las frecuencias radioeléctricas, patrimonio del Estado, (montos hoy totalmente ridículos), en un evidente acto de retribución por los servicios prestado durante la campaña mediática del referéndum.
La legislación sobre patentes impondrá gravosos costos sobre muchos productos, con nefastas consecuencias sobre la salud y la seguridad alimentaria del pueblo. Algunas de las normas aprobadas en el Tratado van más allá de lo que establecen incluso otros tratados y organismos internacionales y pondrán en riesgo nuestros recursos naturales y ambientales, so pena de demandas millonarias que ahora no podrán ser rechazadas como en anteriores ocasiones36 y excesos que solo podrían ser interpretados como concesiones en retribución a intereses personales, obediencia ciega al líder, ignorancia o corrupción.
La revolución de las telecomunicaciones, a partir de la aparición de la Internet, si algo ha "globalizado" es el sistema financiero mundial. Simultáneamente, la caída de las economías de Estado, (muro de Berlín y Unión Soviética), convierte al neoliberalismo en el sistema hegemónico del mundo desarrollado. Sus promotores, el gran capital transnacional, -Consenso de Washington-, se encargó de imponerlo al resto del mundo, a través de sus brazos de extensión: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etc.
Para ese modelo, el libre comercio, la competencia y el lucro constituyen prioridades que se ubican por encima de la persona, a la que reducen a una variable de la productividad y competitividad de la empresa, o un integrante del mercado al que se dirigen sus productos y servicios. Antepone las ganancias al bienestar de los pueblos, generando abundante y fácil dinero, a través de medios como la especulación financiera o el sacrificio de millones de seres humanos, que hoy mueren de hambre o por enfermedad, ante la necesidad de alimentos y medicinas, cuya circulación restringen a través de costosísimas patentes.
Nuestros países no pueden ser entregados a los dictados del mercado, so pretexto de que es necesario participar del comercio mundial y de la libre competencia. Su bienestar y el de sus habitantes, debe tener prioridad frente a los intereses mercantilistas de los grandes capitales y sus empresas trasnacionales.
En el caso costarricense, un Estado Social de Derecho ha garantizado hasta hoy servicios públicos que son brindados al costo y bajo principios solidarios, lo que ha asegurado una prestación al alcance de todos, logrando el más universal acceso en el contexto latinoamericano.
Los embates del neoliberalismo sin embargo, durante más de dos décadas, han venido reduciendo -y la aprobación del CAFTA lo hará aun más-, las posibilidades de mantener la equidad social, al entregar al "mejor postor" los servicios públicos y los mercados internos, lo que tendrá consecuencias nefastas a muy corto plazo.
La concentración de la riqueza y el consecuente deterioro de las condiciones de vida del costarricense harán aumentar la pobreza a extremos insospechados, lo cual llevará a exacerbar aun más la violencia y la descomposición social, la corrupción, y todas las lacras que la pobreza extrema y la inequidad acarrean.
La corrupción que se genera en el proceso de venta y privatización de los bienes del Estado, ha carcomido las entrañas mismas de nuestras institucionalidades latinoamericanas. Los escándalos de corrupción de los últimos gobiernos, en la mayoría de nuestros países, desencantan a los pueblos y traicionan aun más profundamente su confianza. Los ciudadanos, cansados y sin esperanza, se han vuelto apáticos e incrédulos, pues lo único que la mayoría de sus líderes ofrecen son promesas que jamás cumplen y mentiras o engaños teñidos de sueños, con que logran en muchos casos anestesiar a las masas.
Solo el despertar de nuestras conciencias patrias y la unión de todas las fuerzas que hoy luchamos por destituir de los gobiernos al neoliberalismo, hará renacer la esperanza, quienes no lo logren seguirán rumbo al despeñadero, por el que nos han conducido las fuerzas del capital salvaje, que aunque ya probó su fracaso, sigue teniendo sus defensores.
Los acontecimientos de los últimos meses, específicamente el desplome del sistema financiero norteamericano -y mundial-, que provoca ya una profunda crisis económica, de la que no se repondrá en una y quizá dos décadas, ha obligado la intervención de los gobiernos norteamericano y europeos principalmente, en lo que sería la mayor contradicción de los postulados económicos defendidos precisamente por los adalides del neoliberalismo, todo lo cual provocará necesariamente cambios estructurales en el ajedrez económico mundial.
La gigantesca operación "rescate" del Presidente Bush, sin que tal plan asegure contener la debacle, confirma algunas de las principales inconsistencias que por años se le han señalado al neoliberalismo: 1) La desregulación exacerba el afán de lucro de las empresas y principalmente de las grandes y poderosas transnacionales, multiplicando injustamente sus ganancias, 2) La desregulación conlleva a la concentración de los recursos económicos en muy pocas manos, en perjuicio de las grandes mayorías, -las que precisamente menos tienen-, 3) Da rienda suelta a un desenfrenado consumo, -irracional e ilimitado-, de los recursos naturales del planeta, acelerando el agotamiento de tales fuentes y amenazando la supervivencia misma de la humanidad, 4) La desregulación que propicia es la de los mercados (precios) y de las empresas, pero en cambio impone la más absoluta protección a sus intereses, al pretender patentar hasta la vida misma, 5) Privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, pues cuando la irresponsabilidad y la ambición desenfrenada desembocan en una crisis como la actual, los bancos centrales de los países son obligados a rescatar las empresas con dineros del pueblo, 6) Solo considera al Estado cuando se le necesita para socorrer a las empresas, cuando estas no han sido capaces de detener sus propios excesos y desenfrenos, al extremo de autodestruirse y 7) Es un sistema deshumanizante, imbuido por el lucro, sin conciencia social, guiado por la ley del más fuerte, en detrimento de cualquier principio social o solidario.
Para vergüenza de Costa Rica, a pesar de la irrefutable realidad de un péndulo que regresa, en busca de una economía regulada, este país acelera su encuentro con un neoliberalismo ya fracasado y corrupto.
(26) El 1 de junio del 2007, el Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Brugno Stagno y el Ministro de Hacienda, Lic. Guillermo Zúñiga, firmaron un memorando de entendimiento para el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Ese acuerdo incluyó la compra de Bonos de la deuda interna de Costa Rica, por $300 millones y una donación de $130 millones, lo cual fue ocultado por meses por el gobierno. Más adelante se informó sobre los Bonos y la cooperación, pero los detalles financieros de los Bonos fueron declarados secreto bursátil. La operación fue denunciada por el presidente de Taiwán, en declaraciones a Taipei Times, como la compra por parte de China, de las relaciones con Costa Rica. En agosto del 2008, la Corte Constitucional obligó al gobierno a revelar los detalles de la venta de Bonos. Se conoce entonces que el Banco BCT es el custodio de tales documentos. El Lic. Antonio Burgués está vinculado y fue directivo de ese Banco y dejó ese puesto para ocupar la Embajada en China. Por otra parte, casi simultáneamente se ve obligado el ICE a declarar desierta una licitación, con la que pretendía adquirir 1.5 millones de líneas celulares de tercera generación y otros suministros. El monto estimado por el ICE fue de $225 millones, el precio cotizado por la única firma que participó, Huawei Technologies de China, fue de $583 millones. Los diputados de oposición recién denuncian que precisamente meses antes, el Presidente Oscar Arias, el presidente del BCIE y ex tesorero de campaña de Oscar Arias, Lic. Alfredo Ortuño, y el presidente ejecutivo del ICE, Ing. Pedro Pablo Quirós, responsable de la Ley General de Telecomunicaciones, una de las leyes de la Agenda de Implementación, estuvieron de visita en la fábrica de Huawei, en China.
(27) Federico Sosto publicó en La Nación el 15 de enero del año 2007, un artículo titulado "Más allá del TLC", en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, en abierto respaldo al Tratado.
(28) "Luis Paulino Mora sobre caso de magistrado suplente Federico Sosto. Presidente de la Corte: "No soy un juez ético, sino de legalidad" Votó a favor de archivar queja contra Sosto por asesorar a la Presidencia. Asegura que el magistrado no incurrió en ninguna ilegalidad". aquí
(29) Para cuando renuncia el Magistrado Sosto, todavía faltaba dictaminar un proyecto más, el cual debió ser analizado por otro juez suplente. La Corte Constitucional sí reconoció inconstitucionalidades en este último proyecto, con lo cual obligó al gobierno a solicitar al resto de países miembros del CAFTA, una nueva prórroga (ya habían concedido una que venció el 1 de octubre del 2008).
(30) Aquí
(31) "La ingobernabilidad se ha adueñado de la administración Pacheco de la Espriella... es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia". Declaraciones recogidas por Esteban Arrieta Arias, en "Arias defiende "tiranía" en elección de diputados", La Prensa Libre, 3 de septiembre de 2005.
(32) Aquí
(33) Aquí
(34) Por ejemplo, en lo referente a telecomunicaciones, el CAFTA hace referencia unas 6 veces a los "servicios públicos" de telecomunicaciones, pero la ley aprobada como parte de la Agenda de Implementación los califica en cambio de "servicios disponible al público", despojándolos del carácter de servicio público -universal-, que tenían, para convertirlos en simples mercancías. Exige la ley además, portabilidad numérica y desagregación de la red, no incluidas en el Anexo No. 13 del CAFTA.
(35) Por ejemplo, el primer proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que llegó a la Asamblea Legislativa, consideraba la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, (para construir proyectos de beneficio social, en zonas no rentables), constituido con el aporte de un mínimo del 4% de los ingresos brutos de los operadores en el mercado. Sin embargo, ese porcentaje, después de furibundos ataques del empresariado nacional, (posiblemente sirviendo de testaferros del capital transnacional), se bajó al 1.5%. Hoy el país (el ICE), dedica un 9% de sus ingresos brutos a subsidios para garantizar universalidad.
(36) A la empresa Millicom, el gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, en su primer mandato, 19861990, le otorgó por Decreto, no por ley como correspondía, una concesión para la explotación de la telefonía celular en Costa Rica. En octubre de 1993, la Corte Constitucional declaró inconstitucional tal Decreto y Millicom debió abandonar sus operaciones en el país. Millicom puso entonces una demanda en contra el Estado Costarricense, por $400 millones. Otro caso fue el de Harken Energy, la cual obtuvo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, un contrato de concesión por 20 años para explorar posibles yacimientos de petróleo en la provincia de Limón. En febrero del 2002, el gobierno del Dr. Pacheco debió rechazar por incompletos los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa. A finales del 2003, la empresa demandó al Estado costarricense por $57.000 millones, ante el CIADI. El monto exigido corresponde, según la empresa, al costo de la "expropiación indirecta", es decir a las ganancias que supuestamente iba a reportarle la explotación petrolera. Ese monto equivale a 15 veces la deuda externa de Costa Rica. Ninguna de las dos demandas ha tenido éxito todavía.
* Ingeniero Eléctrico (Telecomunicaciones). Miembro fundador del Observatorio de la Liberta de Expresión. Funcionario del ICE.
[Coautor de varios libros, sobre el TLC, en el campo de las Telecomunicaciones. Coautor y Editor del Libro "TLC con EE. UU.: Un Desafío al Modelo Solidario de Costa Rica. Un Caso de Estudio: el ICE", Editorial de la UNED, 2005. Autor y Editor del Libro "El Estado Solidario frente a la Globalización, Debate sobre el TLC y el ICE", diciembre 2006].