Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU573-17.htm
Timestamp: 2019-06-24 13:11:31
Document Index: 33904194

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 368', 'artículo 252', 'artículo 228', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 230', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 22', 'artículo 1321', 'artículo 50', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 14', 'artículo 230', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 56', 'artículo 34', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 51', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'Artículo 22', 'artículo 665', 'Artículo 22', 'artículo 17', 'Artículo 34']

SU573-17
Sentencia SU573/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Procedencia más restrictiva, en la medida que solo tiene cabida cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se genera cuando las normas procedimentales se erigen como un obstáculo para la protección del derecho sustancial y no en un medio para lograrlo. Puede presentarse por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales y la renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos. Los lineamientos de la ley no eximen la responsabilidad de valorar los elementos probatorios en conjunto, en procura de lograr la verdad material, lo contrario puede implicar fallos desproporcionados e incompatibles con los postulados constitucionales e, incluso, legales.
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO EN MATERIA PROBATORIA Y SU INTERRELACION CON DEFECTOS FACTICO Y SUSTANTIVO
El defecto sustantivo se configura cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse.
Las diferencias que resulten de la sana valoración probatoria no comprenden un defecto fáctico, habida cuenta de que se parte del respeto por la autonomía judicial. La intervención del juez constitucional es excepcional. En consecuencia, esta intervención procede siempre y cuando (i) se vislumbre un error ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable en la valoración probatoria, que obedezca a un proceder caprichoso o incorrecto; (ii) debe tener la entidad suficiente para tener ‘incidencia directa’, ‘trascendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la decisión.
ESTADO CIVIL Y RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD ENTRE 1886 Y 1938-Marco jurídico
ACCION DE PETICION DE HERENCIA-Naturaleza, marco jurídico y características esenciales
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo y fáctico en proceso ordinario de petición de herencia
2.1. La señora Clovis Barrios de Chicó, por medio de demanda presentada el 31 de julio de 1998, promovió proceso ordinario de petición de herencia contra Elzael Barrios Páez y los herederos indeterminados de Reynal y Leila Barrios Páez, para que se le declarara heredera de igual o mejor derecho en la sucesión del señor Ramón Barrios Pérez[1]. Lo anterior debido al fallecimiento de sus antecesores y a que ella era hija del señor José Barrios Díaz, quien, a su vez, había sido reconocido como hijo por el señor Benito Barrios Espitia y este, a su turno, por el señor Ramón Barrios Pérez[2]. Este último reconocimiento de acuerdo con el acta de bautismo inscrita en el libro de bautismo No. 4, folio 66 de la Parroquia de la Bahía (Cartagena), dos certificados eclesiásticos de la misma y las Escrituras Públicas No. 478 del 29 de noviembre de 1898 y 27 de del 10 de enero de 1928.
En cuanto al haber sucesoral constató que hacían parte de este los bienes inmuebles “La Isleta”, “La Ceiba” y “Las Ánimas”, según se desprende de los certificados de libertad y tradición[3], las escrituras públicas y el dictamen pericial realizado. Igualmente, se dejó constancia de que “existe prueba de que los demandantes, aunque hayan efectuado algunas ventas respecto de bienes inmuebles que recibieron con ocasión a la sucesión (…) todavía tienen bajo su dominio una parte”.
Bajo estos lineamientos adujo que si bien están probados los vínculos filiales entre Clovis Barrios de Chicó, la accionante, y José Barrios Díaz[4], así como entre este y el señor Benito Barrios Espitia[5], no sucede lo propio respecto de Benito Barrios Espitia y Ramón Barrios Pérez. Al efecto, explicó que el nacimiento de Benito Barrios Espitia se produjo antes de 1938 (el 21 de marzo de 1894), por lo que debió acreditarse la paternidad con la partida eclesiástica de bautismo en la cual se diera cuenta del acta de bautismo firmada por el padre que realizó el reconocimiento, requisito que no se cumplía.
Posteriormente, la autoridad judicial analizó la copia del libro de bautismo anexado a la demanda, en la que se evidencia una nota marginal sobre el reconocimiento realizado mediante la Escritura Pública No. 478 del 29 de noviembre de 1898 de la Notaría 1ª de Cartagena[6]. En su consideración este documento no tiene entidad probatoria para demostrar el vínculo filial, pues “si el presunto padre hubiese hecho dicho reconocimiento en el acto de bautismo, no tendría razón alguna de colocarle una nota marginal contentiva de dicho reconocimiento y mucho menos con fundamento en una escritura”[7] (negrillas fuera de texto) y, adicionalmente, “no es de los que taxativamente establece la ley para demostrar [el] parentesco, rompiendo de inmediato y sin entrar a estudiar las demás, el enlace que debe existir para heredar en representación”[8].
Esta decisión no fue unánime. El Magistrado disidente adujo que no era posible exigir que en la partida eclesiástica de bautismo constara la firma del señor Ramón Barrios Pérez para acreditar el estado civil de su hijo Benito Barrios Espitia, pues en el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 no figura dicha exigencia[9]. Adicionalmente, hizo referencia a las Escrituras Públicas No. 27 del 10 de enero de 1928 y 478 del 29 de noviembre de 1898. La primera de ellas contentiva del testamento del señor Ramón Barrios Pérez, y en la cual se hizo referencia a la segunda, por medio de la cual se reconoció como hijo natural a Benito Barrios Espitia. Dicho esto, el Magistrado disidente enfatizó en que “(…) desde el punto de vista del derecho sustancial o material, hoy sobre todo en vigor [en] el estado social y democrático de derecho, no es dable ignorar la fuerza probatoria de las citadas escrituras de su reconocimiento como hijo y del testamento de 1898 (…)”.
2.4. La señora Clovis Barrios de Chicó, a través de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de casación contra la decisión adoptada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, el cual fue resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2011 de manera desfavorable a sus intereses[10].
Se explicó en la providencia que el 21 de marzo de 1894 nació el señor Benito Barrios Espitia, referente temporal que determina las normas que rigen la constitución y demostración de su estado civil. Así entonces, advirtió que el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 vigente para entonces “tenía y admitía como prueba principal del estado civil -respecto de nacimientos (…) las certificaciones expedidas por los sacerdotes párrocos con sujeción a las formalidades legales e insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales”. Lo que en su lectura implicaba que, en el caso de la filiación natural, el cura párroco en las certificaciones eclesiásticas debía insertar las actas o partidas eclesiásticas existentes en los libros parroquiales y tomar nota del acto de reconocimiento voluntario[11].
Respecto a la prueba del acta de bautismo inserta en el libro parroquial, cuya copia se anexó a la demanda[12], adujo que no se trata de la certificación eclesiástica exigida en el régimen de tarifa legal anteriormente relacionada y, en consecuencia, carece de idoneidad para demostrar el estado civil. Se indicó además que en algunas partes el documento es borroso e ilegible y, eventualmente, podría corresponder a la mera reproducción literal o mecánica de la inscripción allí asentada sobre el acta o partida inserta en la misma, más no por ello le asiste valor probatorio.
En sede de revisión el apoderado de la accionante allegó copia de las Sentencias del 23 de mayo de 2007 dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, y del 4 de marzo de 2008 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, primera y segunda instancia, por medio de las cuales se condenó al señor Elzael Barrios Páez por el delito de fraude procesal al haber adelantado proceso de prescripción agraria sobre el bien inmueble “La Isleta”, ocultando la existencia de herederos de igual o mejor derecho y, por consiguiente, se dejaron sin efecto los actos de enajenación que este realizó sobre este bien inmueble a la empresa Prodetur SAC[13].
El señor Benito Barrios Espitia nació el 21 de marzo de 1894. Según la Constitución de 1886, vigente para la época, el estado civil de las personas se regulaba por la ley[14]. En desarrollo de este precepto se expidió la Ley 57 de 1887, “(s)obre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”, la cual, en su artículo 22[15], estableció como pruebas principales del nacimiento “las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales”. Igualmente, en virtud del artículo 368 del Código Civil, “cuando el padre reconociera a un hijo natural en el acta de nacimiento, bastaba con su firma en el acta de registro respectivo, en prueba del reconocimiento” (Negrillas fuera de texto). Así mismo, se encontraba vigente la Ley 153 de 1887, “(p)or la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, en la cual se precisó que los hijos extramatrimoniales, como era el caso del señor Benito Barrios Espitia, podían ser reconocidos a través de un acto libre y voluntario que debía manifestarse mediante “instrumento público entre vivos, o por acto testamentario” (resaltado propio)[16].
- Certificado eclesiástico de bautismo del señor Benito Barrios Espitia, expedido por el Arzobispado de Cartagena de Indias, Parroquia de la Bahía, conforme con el cual en el libro de bautismo número 4, folio 66, número 528 su padre es Ramón Barrios. El documento contiene la siguiente referencia: “Em (sic) la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Bocachica, parroquia de la Bahía, em (sic) Cartagena, a 26 de marzo de 1895, yo, P. José Castillo, bauticé a un niño que nació el 21 de marzo de 1894, a quien puse el nombre de Benito, hijo de Ramón Barrio (sic) y Cleotilde Espitia, Vecinos de Bocachica (…) Dada en pasacaballos a los 22 días del mes de mayo de 1998”[17].
- Certificado eclesiástico de bautismo del señor Benito Barrios Espitia expedido el por el Arzobispado de Cartagena de Indias, Parroquia de la Bahía, conforme con el cual en el libro de bautismo número 4, folio 66, número 528 se señala como padre de este a Ramón Barrios. En este se incluyó, además, una nota marginal “Por Escritura Pública 478 de 29 de noviembre de 1898 de la Notaría Primera de Cartagena, Ramón Barrios Reconoció a su hijo Benito Barrios Espitia que es el nombre correcto (…)”. Septiembre 20 de 2000. “Es fiel copia del original. Dadda (sic) en Pasacaballos a los 21 días del mes de septiembre del 2000”[18].
- Copia del libro de bautismo en el que consta el acta de bautismo del señor Benito Barrios Espitia y el nombre de su padre, Ramón Barrios Pérez, entre otros, En el manuscrito se observa también una nota marginal que hace referencia a la Escritura Pública 478 de 29 de noviembre de 1898. Documento en el que se lee que “Ramón Barrios reconoció a su hijo Benito Espitia, que es el nombre correcto (…)”[19].
- Copia de la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898 registrada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, en cuyo encabezado se lee “reconocimiento de hijo natural (…) otorgado por Ramón Barrios, a favor de Guillermina Barrios Espitia y otros”, entre los cuales se señala a Benito Barrios Espitia[20].
- Copia de la Escritura Pública 27 del 10 de enero de 1928 expedida en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, correspondiente al Testamento otorgado por Ramón Barrios, en el cual reconoció como herederos universales a Guillermina y Benito Barrios Espitia y se hace mención a la escritura pública 478 de 1898[21].
Los requisitos generales son “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; f. Que no se trate de sentencias de tutela”[22].
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha señalado, recientemente, que la acción de tutela resulta improcedente no solo para cuestionar providencias judiciales que resuelven acciones de tutela, sino también providencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad[23]. Motivo por el cual, en principio, tampoco resulta procedente las acciones de tutela contra sentencias que resuelven este tipo de acciones.
Los requisitos especiales de procedencia[24], por su parte, son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o por exceso ritual manifiesto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii) violación directa de la Constitución (negrillas fuera de texto).
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que “dichos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones”[25]. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
4.1. Relevancia constitucional de la cuestión estudiada: sugiere que el asunto bajo estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de examen es “una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”[26].
4.2. Agotar todos los medios de defensa judicial posibles: este presupuesto se relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, acorde con el cual la parte activa debe “desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”.[27] En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable[28].
4.4. Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada: con fundamento en esta premisa, se exige que únicamente las irregularidades violatorias de garantías fundamentales tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no alegadas en el proceso o subsanadas a pesar de que pudieron haberse alegado[29].
4.5. Identificación razonable de los hechos que generan la vulneración de los derechos fundamentales: en acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se deben identificar clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que comportan la vulneración alegada. Estos argumentos deben haberse planteado dentro del proceso judicial, de haber sido posible[30].
4.6. Que, en principio, no se trate de sentencias de tutela ni de providencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad[31]: a través de esta exigencia se busca evitar que los procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para su eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas[32].
El defecto procedimental se configura cuando resultan desconocidos los artículos 29 y 228 de la Constitución. El primero se relaciona intrínsecamente con el “defecto procedimental absoluto” por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y de contradicción, y por desconocimiento del principio de legalidad. El segundo refiere en esencia al acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; se presenta porque el funcionario judicial incurre en un “exceso ritual manifiesto”. Estos dos escenarios se complementan pues las normas procedimentales son “un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos, y no fines en sí mismas”[33].
En la Sentencia T-1306 de 2001[34], la Corte Constitucional sentó las bases de la línea jurisprudencial sobre el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En esta providencia se estudió el caso de un ciudadano que había acudido a la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar su pensión de vejez. La Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia de segunda instancia que había negado el derecho, bajo el argumento de que existían fallas técnicas del recurso, no obstante reconocer que el demandante cumplía los requisitos para acceder al derecho con base en la Ley 100 de 1993 y el régimen de transición.
La Corte Constitucional, en sede de revisión, puso de presente que las normas propias del procedimiento judicial constituyen una vía para zanjar las controversias en torno al derecho sustancial, no un impedimento para lograrlo. Lo contrario desnaturaliza las normas procesales y, en consecuencia, constituye “exceso ritual manifiesto”, figura jurídica que se definió como una “vía de hecho”, consistente en “una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material”[35] (Negrilla fuera de texto).
En consecuencia, se advirtió que los jueces son libres, autónomos e independientes para interpretar, integrar y aplicar el marco jurídico a cada caso concreto y valorar el acervo probatorio, sin embargo, están sujetos a las disposiciones constitucionales y legales. Es decir, se encuentran sujetos a valores superiores de “forzosa aplicación, tales como, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y los principios de necesidad y valoración uniforme y en conjunto de la prueba[36]”. Así, “aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su existencia”. Por consiguiente, “la sujeción a la libre apreciación no puede conducir a una interpretación formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos sustantivos en litigio (…)”.
“(1°) Que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra, (i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración, o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente. (2°) Que en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 Superior)”[37](Negrillas y subrayado fuera del texto).
Posteriormente, en la Sentencia T-091 de 2008 la Corte conoció un proceso ordinario de simulación en el cual se demandó la supuesta realización de un contrato celebrado en detrimento de los derechos de un menor de edad por su padre. El juzgado de instancia encontró probada la simulación relativa, sin embargo no concedió el derecho porque en la demanda se alegó la simulación absoluta. La Corte sentenció el exceso ritual manifiesto y la “omisión consciente de los derechos fundamentales” del menor de edad, debido a que se renunció a la verdad probada por el exegético apego a las formas. En punto a lo cual se advirtió que “La Corte Constitucional ha considerado que la aplicación de las reglas de carácter procedimental no puede llegar a un grado de rigor tal, que se sacrifique el goce de los derechos fundamentales[38](…)”.
Al resolver este cuestionamiento, se advirtió que el defecto procedimental comprende una denegación de justicia. En este escenario, el juez por un rigorismo excesivo en la aplicación de las formas, desconoce la verdad real, “se aparta de sus obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real, garantizar la efectividad de los derechos constitucionales (…)[39]” (resaltado de la Corte). En concordancia, se puso de presente que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se encuentra en interrelación con el defecto fáctico y sustantivo, puesto que por el apego excesivo a las formas se puede realizar una valoración probatoria que desconozca el derecho sustantivo por la interpretación y aplicación rigorista de la ley:
“el tema probatorio es, de un lado, una parte del derecho procesal así que su manejo se relaciona con el respeto por los procedimientos legales y con la vigencia del debido proceso; pero, de otro lado, cuando la ley establece el valor de un medio probatorio, proscribe la utilización de otro, establece presunciones, consagra principios y reglas para la valoración de las pruebas, su recaudo, etc., tal regulación le transmite un carácter legal al manejo de la prueba, al punto que, en sistemas cerrados de tarifa legal, los problemas probatorios son en realidad problemas de interpretación y aplicación del derecho”[40] (negrillas fuera de texto).
A continuación, con la Sentencia T-268 de 2010, la Corte se cuestionó acerca de si existe un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y un defecto sustantivo si la autoridad judicial considera que no es auténtico un memorial que carece de firma, sin tener en cuenta los demás elementos anexos al expediente que permiten dar certeza acerca de su autor. Para responder este interrogante se reiteró la obligación del juez de abstenerse de un apego extremo y aplicación mecánica de las formas y su sujeción a las disposiciones y principios constitucionales o legales[41]. En este entendido, se explicó que un documento se presume auténtico a pesar de no estar firmado cuando existe certeza de la persona que lo ha elaborado, por ende, se le reconoce pleno valor probatorio al memorial presentado a la luz del entonces vigente artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior bajo los siguientes planteamientos:
“(…) aun cuando la firma es uno de los medios o formas que conducen al reconocimiento de la certeza sobre la autoría de un documento e incluso a la presunción de su autenticidad, no es el único, pues existen otros que también dan lugar a la certeza de su autenticidad cuando se trata de documentos elaborados o manuscritos, como las marcas, las improntas, o cualquier señal física y/o electrónica. Así lo ha reconocido, por ejemplo, la propia Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal: (…) si bien es cierto la reseñada demanda carece de signatura y por ello pudiera cuestionarse su autenticidad, no menos lo es que en presencia de otros elementos es posible establecerse que su elaboración sólo corresponde a quien se reconoció como defensor del encausado (…)” [42] (Negrillas fuera de texto).
En esa misma línea, en la Sentencia T-429 de 2011, la Corte Constitucional conoció un caso en el cual no había congruencia entre la parte motiva del fallo y la decisión, puesto que a pesar de que se reconoció en el texto de la providencia que este debía ser indemnizado dentro de un proceso de reparación directa, lo cierto es que en la parte resolutiva se cometió un error al no incluir su nombre y, a pesar de eso la Sección Tercera del Consejo de Estado se rehusó a corregir el error. en dicha oportunidad la Corte Constitucional advirtió que se había incurrido en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En desarrollo de su pronunciamiento, sistematizó las causales por las cuales se puede configurar un exceso ritual manifiesto, explicando que este defecto se configura cuando el juez: “(i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos,[43] (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”[44].
Posteriormente, por medio de la Sentencia T-893 de 2011, se estudió un caso en el que, nuevamente, la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de casación por errores técnicos, prescindiendo de la protección de los derechos fundamentales de la accionante. Esta Corporación determinó que resolver el recurso de casación “juega un importante papel en la vigencia del orden jurídico, especialmente en lo relacionado con ‘(i) la unificación de la jurisprudencia, (ii) la garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia, (iii) acompañada de la protección efectiva de los derechos constitucionales bajo el principio de la prevalencia del derecho sustancial’”[45]. E, igualmente, se rememoró que la casación “se concibe con el propósito de garantizar la justicia material y con ello hacer efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial, artículo 228 Superior. Desde esta perspectiva, la casación ‘es una institución jurídica destinada a hacer efectivo del derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervinieron en un proceso”[46] (resaltado fuera de texto).
La Constitución Política impone el marco jurídico al cual debe circunscribirse la actividad judicial. En consecuencia, los principios, derechos y deberes superiores constituyen el límite de la independencia y la autonomía de los operadores jurídicos. Por ende, las sentencias y demás providencias judiciales deben sujetarse “al carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la garantía al acceso a la administración de justicia[47] (artículo 228 C.P.)”[48].
Si, en contravía de lo anterior, un operador judicial desconoce la Constitución o la ley, incurre en un defecto sustantivo, haciendo procedente la acción de tutela para que se corrija el error judicial. La independencia y autonomía de los jueces “es para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constitución (artículo 230 de la C.P.). Un juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución (…)”[49].
Por consiguiente, el ejercicio del poder judicial es legítimo en la medida en que permita “el logro eficaz de los fines propios de la organización estatal, entre los cuales se destacan, la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la vigencia de un orden justo y el respeto de la dignidad humana (artículo 2° C.P)”. Incluso, en este escenario se ha llegado a determinar de manera expresa la obligación del funcionario judicial de inaplicar la ley en las circunstancias en que estas resulten contradictorias a las garantías fundamentales[50].
El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y (e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”[51]; “(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas aplicables[52]; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”[53] (Resaltado fuera de texto).
En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad[54]; (b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen[55]; (d) es manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva[56] o contraria a la Constitución[57]; o (f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes.
Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales”[58].
La autonomía e independencia judicial implican el reconocimiento de amplias facultades para el análisis probatorio. Sin embargo, estas facultades no son ilimitadas. Cuando el operador judicial “pretermite u omite la práctica o valoración de pruebas indiscutiblemente relevantes para resolver el respectivo asunto”[59] provoca una visión distorsionada de la realidad, que, a su vez, afecta los derechos fundamentales, motivo por el cual se configura un defecto fáctico que habilita al juez constitucional para subsanar el error. En consecuencia, el fundamento del defecto fáctico obedece a la “necesidad de propiciar la adopción de sentencias ajustadas a la realidad, para contribuir a concretar los propósitos de lealtad y eficiencia en la administración de justicia, se requiere de providencias judiciales que se ajusten a las pruebas aportadas por los sujetos procesales y a las que se practicaron en el curso del proceso (…)”[60].
Para ejercer una valoración probatoria respetuosa de nuestro ordenamiento jurídico el operador jurídico debe: “(i) estar inspirado en el axioma de la sana crítica; (ii) atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad, motivación, entre otros; así como (iii) respetar la Constitución y la ley, pues “de lo contrario, la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia atacada”[61]. En contraste, no se puede realizar una valoración probatoria “desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente”.
La segunda parte de la omisión del juez se presenta cuando, por ejemplo: (i) omite decretar y practicar pruebas pertinentes y conducentes, a pesar de estar constitucional y legalmente obligado a hacerlo[62]; (ii) deja de considerar elementos probatorios que constan en el proceso, porque los ignora o no los valora injustificadamente, desatendiendo una realidad probatoria determinante en la decisión[63], como consecuencia de lo cual se da por no probado el hecho que emerge claramente de ellos[64], y (iii) no valora el material probatorio por imponer cargas procedimentales excesivas imposibles de cumplir. Ahora bien, el juez, en su condición de director del proceso debe decidir si, conforme al marco jurídico aplicable, el material probatorio allegado por las partes y recaudado en el proceso resulta suficiente para adoptar una decisión de fondo, pues tampoco le es dado decretar pruebas que no sean pertinentes y conducentes, en detrimento de la economía y la celeridad procesal.
En suma, las diferencias que resulten de la sana valoración probatoria no comprenden un defecto fáctico, habida cuenta de que se parte del respeto por la autonomía judicial. La intervención del juez constitucional es excepcional. En consecuencia, esta intervención procede siempre y cuando (i) se vislumbre un error ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable en la valoración probatoria, que obedezca a un proceder caprichoso o incorrecto[65]; (ii) debe tener la entidad suficiente para tener ‘incidencia directa’, ‘trascendencia fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la decisión[66].
El estado civil es uno de los atributos de la personalidad, este determina la situación de una persona en la familia y en la sociedad y de él se derivan derechos y obligaciones. La Constitución de 1886 estableció en su artículo 50 que el estado civil se regularía por la ley. Precepto en desarrollo del cual la Ley 57 de 1887, “(s)obre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”, estableció en su artículo 22[67] que eran pruebas del estado civil respecto del nacimiento “las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismo casos y términos que aquellas a que se contrae este título a las cuales se las asimilo (…)” (negrillas fuera de texto). Es decir, el certificado eclesiástico de bautismo era un documento idóneo para demostrar el estado civil de una persona.
En este sentido, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-584 de 1992 explicó que en esa época y hasta antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938[68], a los Curas Párrocos se les atribuían funciones similares a las que hoy asumen los Notarios. En consecuencia, “prestaban un servicio de fe pública respecto de circunstancias de la vida de una persona”[69] (Negrillas de la Sala). Entre sus funciones especiales y principales estaba la de dar fe de la celebración de bautismos. En esta misma providencia se señaló que “(e)l acto de sentar la partida de bautismo en los libros correspondientes de las parroquias era, antes de 1938, un acto administrativo realizado por autoridades eclesiásticas pero originado en la actividad de personas privadas que desempeñan funciones públicas por ministerio de la ley.”.
La acción de petición de herencia se encuentra ligada a la protección del derecho real de herencia[70]. Está regulada en el Código Civil, Título VII, Capítulo IV, “De la Petición de herencia, y de otras acciones del heredero”. Conforme con el artículo 1321 inserto en esta norma, “el que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales (…)” (negrillas fuera de texto).
Una decisión favorable en este proceso comprende el reconocimiento de la calidad de heredero de igual o mejor derecho y, en caso de que se haya realizado la partición de la masa hereditaria, esta quedaría sin efectos, en atención a que el proceso sucesoral adelantado “resulta inoponible al heredero que la ejerce. (D)icho laborío pierde sus efectos jurídicos y debe, por lo tanto, rehacerse en frente de este último, quien tiene derecho a intervenir en todo el trámite que se siga para su confección y aprobación, lo cual, sin duda, es manifestación del debido proceso”[71].
En primera instancia, el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, por medio de Sentencia del 6 de noviembre de 2001, accedió a las pretensiones, al encontrar probado el vínculo filial entre la accionante y sus ascendentes y constatar que los bienes inmuebles referenciados pertenecían al haber sucesoral. Únicamente no se accedió a la pretensión relacionada con dejar sin efectos los actos dispositivos que sobre los bienes sucesorales hubieren efectuado los demandados porque no se podía afectar a terceros no vinculados al proceso[72]. Sin embargo, esta decisión fue revocada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en sede de apelación, y por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, ya que, en criterio de estos operadores judiciales, no se encontraba probado el vínculo filial entre el bisabuelo de la accionante Ramón Barrios Pérez y su abuelo Benito Barrios Espitia, advirtiendo la ruptura de la cadena sucesoral que le hubiera permitido a la accionante acceder a la herencia en representación, de ahí que se desecharon las demás pretensiones.
Conforme se estudió en las consideraciones de esta providencia, la Constitución de 1886 estableció en su artículo 50 que el estado civil de las personas se regulaba por la ley. En desarrollo de este precepto la Ley 57 de 1887, “(s)obre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional”, estableció en su artículo 22[73] como pruebas principales del estado civil respecto del nacimiento “las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales”.
En este sentido, la Corte Constitucional explicó en la Sentencia T-584 de 1992, que en esa época y hasta antes de entrar en vigencia la Ley 92 de 1938[74], a los Curas Párrocos se les atribuían funciones similares a las que hoy asumen los Notarios. En consecuencia, “prestaban un servicio de fe pública respecto de circunstancias de la vida de una persona”[75]. La entidad probatoria de estos documentos se conservó con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley 92 de 1938[76]. El reconocimiento del valor probatorio de las partidas eclesiásticas se reiteró por esta Corporación en la Sentencia T-501 de 2010[77], así como por la Corte Suprema de Justicia, en las Sentencia del 17 de mayo 1991, MP Héctor Marín Naranjo y del 23 de noviembre de 2004, MP César Julio Valencia Copete, entre otras.
(a) El certificado eclesiástico de la partida de bautismo del señor Benito Barrios Espitia, expedido el 22 de mayo de 1998, por el Arzobispado de Cartagena de Indias, Parroquia de la Bahía, conforme con el cual en el libro de bautismo número 4, folio 66, número 528, su padre es Ramón Barrios Pérez. El documento contiene la siguiente referencia: “Em (sic) la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Bocachica, parroquia de la Bahía, em (sic) Cartagena, a 26 de marzo de 1895, yo, P. José Castillo, bauticé a un niño que nació el 21 de marzo de 1894, a quien puse el nombre de Benito, hijo de Ramón Barrio (sic) y Cleotilde Espitia, Vecinos de Bocachica”[78].
(b) Al expediente también fue allegado el certificado de bautismo del 20 de septiembre de 2000, en el cual el Arzobispado de Cartagena de Indias, Parroquia de la Bahía, constató, nuevamente, que en el libro de bautismo número 4, folio 66, número 528, se señaló como padre de Benito Barrios Espitia a Ramón Barrios y, además, se incluyó una nota marginal conforme con la cual “Por Escritura Pública 478 de 29 de noviembre de 1898 de la Notaría Primera de Cartagena, Ramón Barrios Reconoció a su hijo Benito Barrios Espitia que es el nombre correcto (…)”. Septiembre 20 de 2000. “Es fiel copia del original. Dadda (sic) en Pasacaballos a los 21 días del mes de septiembre del 2000” (negrillas fuera de texto)[79].
(c) Copia del libro parroquial en el que se registró la partida de bautismo del señor Benito Barrios Espitia y el nombre de su padre, Ramón Barrios Pérez. En el manuscrito se observa también una nota marginal que hace referencia a la Escritura Pública 478 de 29 de noviembre de 1898. Documento en el que se lee que “Ramón Barrios reconoció a su hijo Benito Espitia, que es el nombre correcto (…)”[80].
La Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898, allegada al expediente, fue registrada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, en cuyo encabezado se lee “reconocimiento de hijo natural (…) otorgado por Ramón Barrios, a favor de Guillermina Barrios Espitia y otros”, entre los cuales se señala a Benito Barrios Espitia[81]. En relación con este instrumento público, la Sala Plena de esta Corporación por medio del Auto 090 de 2017 señaló que “resulta contradictorio argumentar, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia y fue avalado por la Sala Tercera de Revisión, que la Escritura Pública 478 de 1898, “es prueba del hecho mismo del reconocimiento de la paternidad contenido en ella, mas no del estado civil de hijo natural, en virtud de que éste se acredita mediante los documentos previstos y reglamentados con tal propósito por el ordenamiento jurídico, siendo en este caso la certificación eclesiástica a que alude el precitado artículo 22 de la Ley 57 de 1887. Con esta afirmación evidencia esta Corporación que en la sentencia cuya nulidad se solicita, se estuvo de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia en reconocer la existencia del vínculo paternal y la filiación natural, pero no el estado civil del señor Benito Barrios Espitia por sujetarse a una interpretación restrictiva y formalista de la ley”.
Si bien los jueces son libres, autónomos e independientes en sus decisiones, lo cierto es que tienen la obligación de interpretar, integrar y aplicar el marco jurídico y valorar el acervo probatorio conforme a las disposiciones constitucionales y legales. Es decir, se encuentran sujetos a “la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y los principios de necesidad y valoración uniforme y en conjunto de la prueba” [82] (negrillas fuera de texto). Obligación que asume mayor talante en el presente caso si se tiene en cuenta que el proceso de petición de herencia surtió su última etapa en sede de casación, “institución jurídica destinada a hacer efectivo del derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervinieron en un proceso”[83] (Negrillas fuera de texto).
Respecto de este último punto, debe destacarse que el reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política. Se recuerda que los atributos de la personalidad jurídica, entre estos, el estado civil, son características inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, vitalicias, personales y absolutas de los individuos. En tal virtud, una persona natural tiene derechos y obligaciones tanto de contenido extrapatrimonial como económico “lo que implica una integración potencial a la vida negocial y el tráfico jurídico de una sociedad. (En consecuencia), el Estado no entrega una dádiva ni entrega un privilegio a la persona cuando le reconoce como sujeto de derecho, con las consecuencias jurídicas que ello comporta”[84] (Negrillas fuera del texto).
La Sala encuentra que la interpretación y aplicación de la norma en el proceso ordinario, desconoció los preceptos constitucionales conforme a los cuales se debe garantizar el derecho sustancial y, con ello, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia e, incluso, a la personalidad jurídica de la accionante. Debe reiterarse que si bien los jueces son autónomos, “su independencia es para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constitución (artículo 230 de la C.P.). Un juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución (…)”[85]. Por ende, la interpretación y aplicación de la norma es legítima en la medida que permita “el logro eficaz de los fines propios de la organización estatal, entre los cuales se destacan, la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, la vigencia de un orden justo y el respeto de la dignidad humana (artículo 2° C.P)”.
Se recuerda que, de acuerdo con las consideraciones precedentes, el defecto fáctico comporta dos dimensiones, una positiva y una negativa. La segunda se presenta cuando, por ejemplo, el juez deja de considerar elementos probatorios que constan en el proceso, porque los ignora o no los valora injustificadamente, desatendiendo una realidad probatoria determinante en la decisión[86], como consecuencia de lo cual se da por no probado el hecho que emerge claramente de ellos.
En consecuencia, la primera autoridad judicial se pronunció en el sentido de que, por vía de representación, se da la secuencia que justifica otorgar la condición de heredera a la señora Clovis Barrios de Chicó. Es este fallo proferido dentro del proceso ordinario el que debe mantener vigencia y no así la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, ni la de casación proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuanta que se encuentra ajustada a los lineamientos constitucionales y legales desarrollados en esta providencia judicial y el respeto de las consideraciones y competencias del juez natural del presente asunto. Se recuerda que “(u)na de las primeras garantías que integran el derecho fundamental al debido proceso es la de que el asunto sea juzgado por un juez competente, garantía establecida por la Revolución francesa[87] y hoy en día prevista tanto por el artículo 29 de la Constitución Política, como por instrumentos internacionales que integran el Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto (artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esta garantía, vinculada con el derecho de acceso a la justicia[88], es la que se conoce como de juez natural y exige: (i) la preexistencia del juez, (ii) la determinación legal y previa de su competencia en abstracto, incluso si es una competencia especial o por fuero, y (iii) la garantía de que no será excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido regularmente competencia[89]”[90].
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el presente proceso por medio del Auto 307 del 21 de junio de 2017.
SEGUNDO.- TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Clovis Barrios de Chicó y, por consiguiente, REVOCAR la decisión adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre de 2011, mediante la cual se confirmó la providencia dictada por la Sala Laboral de esa Corporación el 27 de septiembre de 2011, que negó la tutela presentada por Clovis Barrios de Chicó contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
TERCERO.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las sentencias dictadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2011, y por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena proferida el 18 de abril de 2009, dentro del proceso ordinario de petición de herencia adelantado por Clovis Barrios de Chico, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
CUARTO.- En su lugar, CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena el 6 de noviembre de 2001, dentro del proceso ordinario de petición de herencia iniciado por Clovis Barrios de Chicó contra Elzael Barrios Páez (quien falleció en el transcurso del proceso) y los herederos determinados e indeterminados de Leyla y Reinal Barrios Páez, según lo expuesto en el punto 11.5 de esta sentencia.
A LA SENTENCIA SU573/17
Acción de tutela instaurada por Clovis Barrios de Chico contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a aclarar el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, en sesión del 14 de septiembre de 2017.
1. La providencia de la referencia estudió la acción de tutela presentada por la señora Barrios contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y sus derechos adquiridos.
En particular, la actora cuestionó la providencia judicial que resolvió el recurso extraordinario de casación en un proceso de petición de herencia. La accionante alegaba que la sentencia impugnada había incurrido en los defectos fáctico y sustantivo al interpretar el sistema de tarifa legal probatoria previsto por el Legislador en relación con el estado civil de los hijos extramatrimoniales (en ese caso, la acreditación del estado civil de su abuelo).
La Sala Plena advirtió que la decisión contra la cual se presentó la tutela incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, y procedimental por exceso ritual manifiesto. En términos generales, se demostró que las pruebas fueron valoradas sin tener en cuenta que los medios de convicción demostraban la paternidad, pero por una interpretación formalista de la Ley 57 de 1887 se negó el reconocimiento del estado civil. En efecto, la providencia censurada no tuvo en cuenta que el artículo 56 de la Ley 57 de 1887 reconoció los instrumentos públicos entre vivos y los actos testamentarios como pruebas suficientes para demostrar el vínculo filial de paternidad, las cuales a su vez son conducentes para demostrar el estado civil.
En consecuencia, la Sala resolvió: (i) tutelar el derecho de acceso a la administración de justicia de la accionante; (ii) revocar las decisiones que negaron el amparo; (iii) dejar sin efecto las providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; y (iv) confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena el 6 de noviembre de 2001, dentro del proceso de petición de herencia.
2. Ahora bien, la sentencia SU-573 de 2017 corresponde a la decisión de reemplazo de la sentencia T-401 de 2012, que fue anulada por la Sala Plena mediante Auto 090 de 2017. Debo puntualizar que a pesar de que no compartí la posición mayoritaria de la Sala en el Auto 090 de 2017, en esta oportunidad estoy de acuerdo con el sentido de la decisión.
En el Auto 090 de 2017, la Sala Plena estudió la solicitud de nulidad presentada por la señora Clovis Barrios de Chico contra la sentencia T-401 de 2012 que había negado el amparo de sus derechos, por considerar que la Sala Tercera de Revisión valoró las pruebas de forma irregular. En consecuencia, mediante Auto 090 de 2017, la mayoría de Sala Plena estableció que la sentencia T-401 de 2012, violó el derecho al debido proceso de la solicitante al haber omitido asuntos de relevancia constitucional y, en particular, “incurrir en exceso ritual manifiesto” al avalar la postura puramente formalista adoptada por la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, anuló la providencia proferida por la Sala Tercera de Revisión.
En aquella oportunidad, manifesté que disentía de la posición mayoritaria de la Sala Plena porque anuló la sentencia T-401 de 2012 sin que se hubiera configurado una causal para declararla. En efecto, en su solicitud de nulidad, la accionante presentó argumentos dirigidos a cuestionar la valoración probatoria de la Sala y, en ese orden de ideas, pretendió reabrir un debate concluido y usar la solicitud de nulidad como un recurso contra la sentencia de revisión en sede de tutela.
Así pues, expresé que en ese auto la mayoría de la Sala Plena procedió a hacer una valoración oficiosa de la sentencia T-401 de 2012 y, en vez de estudiar la causal genérica alegada por la solicitante, optó por evaluar la decisión adoptada por la Sala Tercera de Revisión, como si fuera una segunda instancia de la mencionada Sala y, en efecto, impuso una valoración probatoria distinta a la que realizó la Sala de Revisión.
En consecuencia, estimé que en esa ocasión la Sala Plena actuó como una instancia superior de la Sala de Revisión, y de este modo contravino el artículo 34 del Decreto Ley 2591 de 1991[91], pues desconoció que las salas de revisión son órganos de unificación de jurisprudencia e interpretación de derechos fundamentales y, por lo tanto, la Sala Plena no es su superior.
De conformidad con lo anterior, estimo que ante la falta de evidencia sobre la configuración de una causal de nulidad de la sentencia T-401 de 2012, y en particular de la eventual violación del derecho al debido proceso de la incidentante, la Sala debió negar la solicitud de nulidad.
3. En ese sentido, una vez anulada la sentencia, el conocimiento del asunto es distinto y por ello comparto la decisión aquí adoptada. En efecto, en esta oportunidad, entonces cabe aclarar que el problema jurídico difiere del que se estudió en el auto mencionado, pues la nulidad de sentencias de la Corte supone evaluar las situaciones límite en las cuales se advierte la ocurrencia de una abierta y manifiesta violación al debido proceso en el trámite. En contraste, cuando se estudia una tutela contra providencia judicial, como ocurre en este caso, se analiza la validez de la decisión judicial, razón por la cual comparto la posición acogida por la mayoría de la Sala respecto del fondo del asunto.
4. De otra parte, debo puntualizar que de la providencia judicial controvertida en sede de tutela no se advierte una vía de hecho, pues la Corte Suprema de Justicia falló de conformidad con las normas aplicables al caso, según las cuales la demandante no aportó el medio probatorio idóneo para demostrar el estado civil. En consecuencia, la providencia judicial contra la cual se presentó la tutela no era arbitraria ni caprichosa, sino que respondía al sistema de tarifa legal, vigente al momento en el que nació el bisabuelo de la demandante.
No obstante lo anterior, de conformidad con la sentencia C-590 de 2005, la Corte no hace un control de vías de hecho, sino de constitucionalidad de sentencias. En consecuencia, a pesar de que en este caso no se evidenció la existencia de una vía de hecho (pues las normas aplicables al momento del nacimiento del bisabuelo establecían un sistema de tarifa legal), no se puede desconocer que la Corte Suprema de Justicia adoptó el fallo en vigencia de la Constitución de 1991, la cual le imponía adoptar una interpretación que garantizara el derecho sustancial sobre el formal.
En efecto, los artículos 29 y 228 Superiores prevén la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales como garantía del acceso a la administración de justicia. En este sentido, en el caso objeto de estudio se evidenció un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues la autoridad judicial accionada arguyó razones formales para negar el reconocimiento del estado civil, a pesar de que los elementos probatorios aportados demostraban el parentesco. Así pues, la Corte Suprema de Justicia debió valorar las pruebas de conformidad con la Constitución de 1991, esto es, ante la evidencia de la verdad procesal, debió declarar la existencia de la filiación.
De esta manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones y la decisión que se adoptó en la Sentencia SU-573 de 2017.
[1] El señor Ramón Barrios Pérez sería el bisabuelo de la demandante, mientras que Elzael, Reynal y Leila Pérez Barrios son familiares de aquél.
[2] Según la demanda en el proceso ordinario de petición de herencia, la relación filial sería la siguiente:
[3] Cuaderno de nulidad. Anexo 12, folios 83, 84 y 86, Certificados de libertad y tradición correspondientes a las matriculas inmobiliarias No. 060-21311 del 22 de diciembre de 1999 del inmueble “La Isleta” y No. 060-36682 del inmueble “Las Animas” del 21 de diciembre de 1999. Respecto al inmueble “la Ceiba”, según el operador judicial, no existía constancia del certificado de libertad y tradición y, por ende, se ordenó en la parte resolutiva abrir el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria.
[4] Precisión que fundamenta en el registro civil de nacimiento de Clovis Barrios de Chico (Prueba que se encuentra en el Cuaderno de nulidad, anexo 12, folio 12).
[5] Afirmación que fundamenta en el Registro Civil de Nacimiento de José Barrios Díaz (Prueba que se encuentra en el cuaderno de nulidad, anexo 12, folio 10).
[6] Cuaderno 5, folio 98.
[7] Cuaderno 5, folio 100.
[8] Cuaderno 5, folio 100.
[9] “ARTÍCULO 22. Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las asimila. Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la autoridad civil sino a virtud de mandamiento judicial, para verificar determinado punto sometido a controversia, en los mismos casos en que las Leyes facultan a los jueces para decretar la inspección parcial de los libros de las notarías públicas”.
[10] En la citada providencia, se formularon en general cuatro cargos. En el primero, se alegó la violación, por vía indirecta, de los artículos 7 y 22 de la Ley 57 de 1887, al igual que de los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, por cuanto se incurrió en un error de derecho en la apreciación de la partida eclesiástica de bautismo del señor Benito Barrios Espitia. En el segundo y tercero, se alegó la violación por vía indirecta de los mismos artículos, pero a causa de un error en la apreciación de otras pruebas, como la escritura pública mediante la cual el señor Ramón Barrio Pérez supuestamente reconoció como hijo natural a Benito Barrios Espitia. Finalmente, en el cuarto cargo, se denunció la infracción directa de los artículos 7, 20, 54, 55 y 56 de la Ley 153 de 1887, en virtud de que no se tuvo en cuenta el acta eclesiástica de bautismo como prueba principal del estado civil.
[11] “para que tal estado, verdaderamente adquirido, se pudiera probar era menester que el funcionario encargado del registro, en este caso el cura párroco, tomara nota de ese acto y de ella se diera cuenta en la respectiva certificación”.
[12] Cuaderno 4, folio 85. .
[13] Puntualmente, se dejó sin efectos la Escritura de compraventa 1821 del 18 de junio de 1998 de la Notaría Tercera de Medellín por medio de la cual se realizó la compraventa y se ordenó la cancelación de las anotaciones 8 y 9 de la matricula inmobiliaria No. 060-21311, perteneciente al inmueble la Isleta.
[14] Constitución de la República de Colombia de 1886, artículo 51.
[15] Ley 57 de 1971, artículo 22. “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este título, á las cuales se las asimila […]”.
[16] Ley 153 de 1887:
“ARTÍCULO 54 Los hijos nacidos fuera de matrimonio, no siendo de dañado ayuntamiento, podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y tendrán la calidad legal de hijos naturales respecto del padre o de la madre que los haya reconocido.
ARTÍCULO 55. El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o de la madre que reconoce.
[17] Cuaderno 4, folio 84.
[18] Cuaderno 4, folio 84.
[19] Cuaderno 4, folio 85.
[20] Cuaderno 4, folios 87 a 91.
[21] Cuaderno de nulidad, Anexo 12 Folio 22
[22] Sentencia T-429/11 Ref. T- 2.954.560. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011). Los requisitos de carácter general fueron reiterados en la sentencia T-429 de 2011, providencia en la que se revisó el caso de un ciudadano que consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso en vista de que la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia, no incluyó en la parte resolutiva de un fallo el nombre del accionante como una de las personas que debía ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados por el Ejército Nacional (a raíz de los bombardeos realizados en el año de 1990 en la vereda La Concepción del Municipio de Yondó -Antioquia), pese a que en la parte motiva de la sentencia se determinó que el accionante debía ser resarcido por los perjuicios morales que le fueron causados. En este caso, la Corte realizó un recuento jurisprudencial en el que recogió la evolución del concepto de vía de hecho hasta convertirse en la serie de requisitos y criterios que están vigentes hoy en día para determinar la procedibilidad de una acción de tutela contra una providencia judicial.
[23] Su-391 de 2016: “(C)onsidera la Corte que es improcedente la acción de tutela contra decisiones de la Corte Constitucional y, se agrega en esta oportunidad, contra decisiones del Consejo de Estado que resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Esta sería entonces una causal adicional de improcedencia que complementaría los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales establecidos por la jurisprudencia a partir de la sentencia C-590 de 2005, de acuerdo con la cual no procede la acción de tutela contra las sentencias de la Corte Constitucional ni contra las del Consejo de Estado por nulidad por inconstitucionalidad”.
[24] Sentencia C-590 de 2005, recopilada en la SU-636 de 2015.
[25] SU-050 de 2017.
[26] C-590 de 2005.
[28] T-924 de 2014.
[29] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[30] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[31] Su-391 de 2016: “(C)onsidera la Corte que es improcedente la acción de tutela contra decisiones de la Corte Constitucional y, se agrega en esta oportunidad, contra decisiones del Consejo de Estado que resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Esta sería entonces una causal adicional de improcedencia que complementaría los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales establecidos por la jurisprudencia a partir de la sentencia C-590 de 2005, de acuerdo con la cual no procede la acción de tutela contra las sentencias de la Corte Constitucional ni contra las del Consejo de Estado por nulidad por inconstitucionalidad”.
[32] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[33] T-264 de 2009.
[34] En esta oportunidad se señaló que la Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de hecho puesto “que a pesar de afirmar claramente que el accionante sí debería gozar del derecho a pensión, según la jurisprudencia unificada de la Sala Laboral de la Corte desde la sentencia 10803 de julio 29 de 1998, M.P. José Roberto Herrera Vergara, dándole primacía al derecho procesal sobre el sustancial, no casó la sentencia objeto del recurso por falta de técnica de casación, incurriendo así en un exceso ritual manifiesto”.
[35] “La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina ha establecido desde 1957 con el caso Colalillo Domingo vs. Compañía de Seguros España y Río de la Plata que existe una causal de arbitrariedad de sentencia en virtud de la cual procede el recurso extraordinario federal si en virtud de la aplicación del derecho procesal en forma meramente ritual, se llega a la renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva frustrando así el derecho en deterioro de la justicia como razón de ser del mismo (…).” Igualmente, esta sentencia se fundamentó en la C-029 de 1995.
[36] Artículos 6°, 29, 228 y 230 de la Constitución Política.
[37] Recuérdese que el citado principio implica la obligación de las autoridades judiciales de proceder a impulsar los procedimientos, valorando los argumentos de las partes y las pruebas que se anexen a la actuación, eliminando los formalismos excesivos que impidan la realización efectiva del derecho sustancial.
[38] En la sentencia T-1306 de 2001. La Corte decidió que la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto en el recurso extraordinario de casación y omisión consciente del deber de protección de derechos fundamentales en la decisión de este recurso. En este caso, la Corte consideró que se había violado los derechos de una persona al haber reconocido que tenía derecho a la pensión, pero no haber protegido los derechos sustantivos respectivos, de acuerdo con el mandato constitucional, en razón a que se aplicaron prevalentemente, reglas de carácter procedimental.
[39] La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la garantía de obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Sentencias T-134 de 2004 y T-1017 de 1999.
[40] T-264 de 2009, citada.
[41] T-284 de 2006.
[42] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia del 23 de agosto de 2005, proceso número 22236.
[43] C-029 del 2 de febrero de 1995.
[44] T-1091 del 6 de noviembre de 2008.
[45] C-713 de 2008.
[46] C-372 de 2011.
[47] T-773 de 2011, T-1093 de 2014 y T-1048 de 2008.
[49]Auto 071 de 2001.
[50] T-637 de 2010
[51] T-176 de 2015.
[52] T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
[53] SU-770 de 2014.
[54] T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
[55] T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
[56] T-018 de 2008.
[57] T-086 de 2007.
[58] SU-050 de 2017.
[59] SU-915 de 2013.
[60] T-063 de 2017.
[61] SU-172 de 2015 y T-090 de 2017.
[62] SU-132 de 2002 y SU-636 de 2015.
[63] T-814 de 1999, T-902 de 2005 y T-162 de 2007.
[64] Estructura tomada de Quinche Ramírez, Manuel Fernando. “Vías de hecho. Acción de tutela contra providencias”. Ed. Ibáñez y Pontificia Universidad Javeriana, p. 188, (2012).
[65] T-442 de 1994.
[66] SU-490 de 2016.
[67] Ley 57 de 1971. Artículo 22. “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las asimila […]”.
[68] “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre registro civil y cementerios”
[69] T-584 de 1992: “Así lo establece el canon 482 del Código Canónico que determina que en cada Curia debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma”.
[70] Código Civil, artículo 665.
[71] Corte Suprema de Justicia. STC16967－2016, 24 de noviembre de 2016. Luis Armando Tolosa Villabona.
[72] Así entonces, respecto de los bienes “las Ánimas” y “la Ceiba” se constató que los demandados habían ejercido ocupación clandestina, temeraria y de mala fe. En consecuencia, se condenó la restitución en el 50% a la accionante respecto de la parte de los bienes que no fueron enajenados a terceros y, en el mismo porcentaje, al pago de aumentos, accesorios, productos y frutos civiles o naturales, y al importe de enajenaciones o deterioros que hubiesen sufrido. En el mismo sentido se resolvió el fallo respecto del inmueble “la Isleta”, sin embargo, respecto de este bien únicamente fue condenado Elzael Barrios Páez, pues este de manera individual lo sustrajo del proceso sucesorio “tratando de titularlo a su exclusivo nombre por medios anómalos”.
[73] Ley 57 de 1971. Artículo 22. “Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las asimila […]”.
[74] “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre registro civil y cementerios”
[75] T-584 de 1992: “Así lo establece el canon 482 del Código Canónico que determina que en cada Curia debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma”.
[76] T-584 de 1992.
[77] T-501 de 2010: “Como consecuencia de lo anterior, se ha reconocido que, de acuerdo con la regulación de la materia, para las personas nacidas a partir de 1938, el estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1.970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1.938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones)”
[78] Cuaderno 4, folio 86.
[79] Cuaderno 4, folio 84.
[80] Cuaderno 4, folio 85.
[81] Cuaderno 4, folios 87 a 91.
[82] Artículos 6°, 29, 228 y 230 de la Constitución Política.
[83] C-372 de 2011.
[84] T-106 de 1996.
[85]Auto 071 de 2001.
[86] T-814 de 1999, T-902 de 2005 y T-162 de 2007.
[87] “El orden constitucional de las jurisdicciones no podrá ser alterado, ni los justiciables distraídos de sus jueces naturales, por ninguna comisión, ni por otras atribuciones o avocaciones distintas de aquellas determinadas por la ley”: artículo 17 de la Ley francesa de los 16 y 24 de agosto de 1790, relativa a la organización judicial.
[88] Corte Constitucional, sentencia SU-1184/01.
[89] Esto implica “que una vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una institución”: Corte Constitucional, sentencia SU-1184/01.
[90] C-537 de 2016.
[91] Artículo 34. “Decisión en Sala. La Corte Constitucional designará los tres Magistrados de su seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los Tribunales de Distrito judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente.”