Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-01742-de-junio-25-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_ff8416c65fdf023ee0430a010151023e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-17 16:27:09
Document Index: 140222875

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 60', 'artículo 136', 'artículo 60', 'artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 236', 'artículo 178', 'artículo 189', 'artículo 295', 'artículo189', 'artículo52', 'artículo 888', 'artículo 887', 'artículo 1690', 'artículo 1573', 'artículo 100', 'artículo 11', 'artículo 136', 'artículo 164', 'artículo 215', 'artículo 627', 'artículo 52', 'Artículo 1573']

﻿ SENTENCIA 2000-01742 DE JUNIO 25 DE 2014
SENTENCIA 2000-01742 DE 25 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA. DOS CONCLUSIONES SE PUEDEN EXTRAER DE LA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA: 1. LOS ACREEDORES DE LA ENTIDAD SOMETIDA A LA LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DEBEN HACER VALER SUS RECLAMACIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y BAJO LA NORMATIVIDAD ESPECIAL QUE RIGE COMO CONSECUENCIA DE ESA MEDIDA, TENIENDO EN CUENTA EL CARÁCTER IMPERATIVO Y PREFERENTE DE DICHA LEGISLACIÓN Y 2. UNA VEZ DECRETADA LA APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, TIENE LUGAR LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA PARA CONOCER ACERCA DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y DE LAS RECLAMACIONES CAUSADAS CON FECHA ANTERIOR A AQUELLA EN QUE SE ORDENÓ LA LIQUIDACIÓN, SIEMPRE QUE ESTAS ÚLTIMAS CUENTEN AL MENOS CON PRUEBA SUMARIA DE LA OBLIGACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Rad.: 25000-23-26-000-2005-01742-01(34899)
Hernán Andrade Rincón (E)
Actor: Promedica Limitada
Demandado: Caja Nacional S.A. E.P.S. En Liquidación y Caja Nacional de Previsión Social E.P.S.
Para resolver la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) oportunidad en el ejercicio de la acción; 3) del caudal probatorio; 4) régimen legal de la contratación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial del Estado, en la prestación de servicios en salud; 5) creación y liquidación de la sociedad Cajanal S.A., E.P.S.; 6) el caso concreto y 7) costas.
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del litigio entablado en relación con el contrato de prestación de servicios de salud Nº 952, suscrito el 25 de junio de 2002 por la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.P.S., Empresa Industrial y Comercial del Estado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(1), contentiva del Régimen de Contratación Estatal, el cual estableció las reglas y principios de los contratos estatales y definió cuáles se han de tener como entidades estatales para efectos de la citada Ley, definición en cuyo contenido se encuentran cobijadas las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por disposición de la letra a) del numeral 1º del artículo 2º de la citada Ley(2).
En el mismo sentido, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de Ley 446 de 1998, vigente para el momento en que se presentó la demanda, establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas, con independencia del régimen legal de contratación de la respectiva entidad.
Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que la pretensión por perjuicios e indemnizaciones se estimó en la suma de $ 783’589.847, valor que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($ 190’750.000)(5), exigida en la Ley 954 promulgada el 28 de abril de 2005(6) para que un proceso contractual tuviera vocación de doble instancia.
“d) En los [contratos estatales] que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Silaadministraciónnololiquidaredurantelosdos(2)mesessiguientesalvencimientodelplazoconvenidoporlasparteso,ensudefectodelestablecidoporlaley,elinteresadopodráacudiralajurisdicciónparaobtenerlaliquidaciónensedejudicialamástardardentrodelosdos(2)añossiguientesalincumplimientodelaobligacióndeliquidar;” (Se resalta).
En el caso concreto se observa que el Contrato Nº 952 de 25 de junio de 2002 era de tracto sucesivo, en la medida en que tuvo por objeto la prestación a los afiliados y beneficiarios de la entidad contratante, de los servicios relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hasta el 31 de enero de año 2003, medida en la cual las prestaciones pactadas se debían cumplir a través del tiempo establecido para su duración y, por lo tanto, el contrato se encontraba sometido a liquidación, en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993(8) y del ya citado artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
El plazo del Contrato Nº 952 expiró el 31 de enero de 2003, de conformidad con la Adición Nº 1 suscrita el 27 de diciembre de 2002 (folio 13, cuaderno 2), por manera que el término para su liquidación bilateral venció en cuatro (4) meses a partir de la terminación del contrato, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, es decir el 31 de mayo de 2003; el plazo de liquidación unilateral establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, venció dos (2) meses después, es decir el 31 de julio de 2003, fecha a partir de la cual empezó a contar el término de caducidad de la acción contractual, que es de dos (2) años —es decir hasta el 31 de julio 2005— de acuerdo con lo establecido en la citada letra d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
3.1. Oferta de servicios suscrita por el representante legal de Promédica Ltda., dirigida a la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal E.P.S., para la contratación de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para el año 2002 (folios 71 a 274, cuaderno 2).
3.2. Contrato Nº 952 suscrito el 25 de junio de 2002, (folios 41 a 50 cuaderno 2), celebrado con el objeto de realizar por parte del contratista “las actividades, procedimientos e intervenciones para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad (…) a las personas acreditadas e identificadas como afiliados (cotizantes y beneficiarios) de Cajanal EPS”.
3.3. Adición Nº 01 al Contrato Nº 952 de 2002, suscrita el 27 de diciembre de 2002, mediante la cual las partes acordaron prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de enero de 2003.
3.4. Comunicación de 15 de julio de 2003, suscrita por Cajanal E.P.S., dirigida a Promédica Ltda., en la cual informó las glosas a la factura Nº 603 de 14 de julio de 2003 (Anexo de la documentación remitida por Cajanal S.A. E.P.S., en liquidación folio 185, cuaderno 2, folio 12 de los anexos).
3.5. Resolución Nº 1 de 2 de enero de 2004, emitida por la Presidencia de Cajanal S.A., E.P.S., por la cual se aprobó la desagregación del presupuesto de ingresos y de gastos para la vigencia de 2004 y la apropiación de “las cuentas por pagar de la vigencia de 2003, debidamente constituidas” (folio 134, cuaderno 2).
3.6. Contrato Nº 007 de 2 de enero de 2004, celebrado entre la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial del Estado y la sociedad Cajanal S.A., E.P.S., mediante el cual se estableció la administración delegada del presupuesto de la antedicha sociedad en un 8%, por parte de la citada Empresa Industrial y Comercial del Estado (folio 136, cuaderno 2).
3.7. Contrato de Cesión Nº 008 de 16 de enero de 2004, suscrito entre la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, Empresa Industrial y Comercial del Estado, en calidad de cedente y la sociedad Cajanal S.A., E.P.S., en calidad de cesionaria, mediante el cual la cedente transfirió a la cesionaria “los derechos y obligaciones contractuales que le correspondan o puedan corresponderle en relación con la ejecución de los contratos celebrados por el cedente en relación con los servicios de salud” (folios 14 a 16, cuaderno 2).
3.8. Comunicación de 19 de febrero de 2004, dirigida por Promédica Ltda., a Cajanal S.A. E.P.S., en la cual le informó la anulación de la factura Nº 593 y su reemplazo por la factura Nº 619. (Anexo de la documentación remitida por Cajanal S.A. E.P.S., folio 185, cuaderno 2, folio 10 de los anexos).
3.9. Comunicación de marzo 2 de 2004 (aportada sin anexos), suscrita por el Vicepresidente Técnico de la sociedad Cajanal S.A. E.P.S., dirigida a Promédica Ltda., en la cual informó el resultado del cruce de cuentas en relación con las facturas presentadas por Promédica Ltda., reportó los distintos grupos de facturas revisadas y se refirió al anexo contentivo del cuadro Nº 2, de las facturas pagadas (folio 63, cuaderno 2).
3.10. Formulario de registro de datos de reclamación de acreedores presentado por Promédica Ltda., dentro del procedimiento de liquidación de Cajanal S.A., E.P.S., en liquidación, radicado el 21 de febrero de 2005, con su anexo Nº 2, correspondiente al cuadro contentivo de la relación de facturas del Contrato Nº 952 de 2002 y otras, por valor total de $ 213’140.311 (folios 64 a 71 cuaderno 2).
3.11. Resolución 291 de 8 de noviembre de 2005, expedida por la Agente Especial Liquidadora de Cajanal S.A., E.P.S., mediante la cual decidió acerca de las reclamaciones de créditos presentados oportunamente contra Cajanal S.A. E.P.S., en liquidación (folios 14 a 41, cuaderno 2).
3.12. Resolución 300 de 15 de noviembre de 2005, expedida por la Agente Especial Liquidadora de Cajanal S.A., E.P.S., por la cual se aclaró el considerando 9.6., de la Resolución 291 (folio 42 a 52, cuaderno 2).
3.13. Anexo Nº 8 titulado Unión Temporal de Auditoría Médica —UTAM Cajanal— Informe General Auditoría Integral, con fecha del reporte 02/11/2005, correspondiente al soporte del valor reconocido a Promédica Ltda., sobre un monto total de la reclamación por $ 2.455’037.194, aceptada la suma de $ 1’385.112, se aprecia visto bueno de revisado en el cuadro (folios 53 a 55, cuaderno Nº 3).
3.14. Resolución 857 de 20 de noviembre de 2006, expedida por la Agente Especial Liquidadora de Cajanal S.A., E.P.S., mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por Promédica Ltda., contra las resoluciones 291 y 300 de 2005, en cuya parte resolutiva dispuso modificar las siguientes sumas: valor reconocido $ 2’844.936, descuento por anticipo sin legalizar: $ 30’451.358, sanción y/o multa impuesta: $ 243’301.592.
3.15. Anexo Nº 11 de 20 de noviembre de 2006, distinguido con el título “Unión Temporal de Auditoría Médica —UTAM Cajanal— recursos de reposición - Promédica Ltda., radicado Nº 1074”, contentivo del detalle factura a factura, con anexo de descuentos a aplicar al momento del pago, suscrito por el representante legal de Unión Temporal Auditoría Médica, el Coordinador de Interventoría, el Coordinador de Sistemas, el Contador General de Cajanal S.A. E.P.S., en liquidación, el Coordinador CAARA y la Coordinación Jurídica (folios 105 a 156, cuaderno Nº 3).
3.16. Resolución 75 del 7 de febrero de 2007, expedida por la Agente Liquidadora de Cajanal S.A., E.P.S., mediante la cual resolvió el recurso interpuesto por Promédica Ltda., contra la Resolución Nº 857, en el sentido de modificar la antedicha resolución y reconocer la suma de $ 3’318.781 (folios 157 a 163, cuaderno 3).
3.17. Anexo Nº 20 de 7 de febrero de 2007, distinguido con el título “Unión Temporal de Auditoría Médica —UTAM Cajanal— Informe de valor total reconocido auditoria recurso de reposición - Promédica Ltda., radicado Nº 1074”, contentivo de la relación del valor a reconocer, factura a factura, por la suma total de $ 3’318.781, suscrito por el representante legal de Unión Temporal Auditoría Médica, el Coordinador de Interventoría, el Coordinador de Sistemas, el Contador General de Cajanal S.A. E.P.S., en liquidación, el Coordinador CAARA y la Coordinación Jurídica (folios 163 y 164, cuaderno 3).
3.18. Anexo Nº 21 de 7 de febrero de 2007, distinguido con el título “Unión Temporal de Auditoría Médica —UTAM Cajanal— Informe de valor total reconocido auditoria recurso de reposición - Promédica Ltda., radicado Nº 1074”, contentivo del detalle de las modificaciones del recurso de reposición, factura a factura, suscrito por el representante legal de Unión Temporal Auditoría Médica, el Coordinador de Interventoría, el Coordinador de Sistemas, el Contador General de Cajanal S.A. E.P.S., en liquidación, el Coordinador CAARA y la Coordinación Jurídica (folios 165 a 177, cuaderno Nº 3).
3.19. Oficio OJUR 1821 de septiembre 18 de 2006 dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual el Coordinador de Oficina Jurídica de Cajanal S.A. en liquidación, remitió los soportes ubicados en el archivo de esa entidad en relación con el Contrato Nº 952 de 2002, dentro de los cuales se encuentran las copias de las facturas de venta Nº 536, 539, 544, 546, 554 y 619, por valor total de $ 229’742.540 (folios 185, anexos 292 folios, cuaderno 2).
3.20. Oficio Nº 9054 de 2 de octubre de 2007 dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, correspondiente al informe del proceso administrativo de cobro coactivo de La Nación - DIAN contra Promédica Ltda., remitido con anexos, suscrito por el Jefe de la División de Fiscalización Tributaria de la Administración de Impuestos Nacionales de Personas Jurídicas, DIAN (folios 180 a 202, cuaderno 3).
3.21. Estados Financieros de Promédica Ltda., con corte a 31 de diciembre de los años: 2001, 2002, 2003, 2004, todos ellos suscritos por el Representante Legal y el Contador Público de la mencionada sociedad (folios 173 a 189, cuaderno 3).
El Perito Contador Público presentó su dictamen el 16 de enero de 2007, con fundamento en los registros contables de Promédica Ltda., relacionó las facturas No. 536, 539, 544, 546, 554, 578, 591, 603 y 619 por valor total de $ 229’742.540, calculó los perjuicios por intereses, ajustes, gastos del contrato, honorarios por servicios y el valor de la disminución patrimonial registrada por Promédica Ltda., entre 2001 y 2004 (folios 78 a 93, cuaderno 2).
Para la fecha en que se celebró el Contrato Nº 952 la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, era una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, por lo tanto sometida al régimen de contratación de la Ley 80 de 1993.
Se advierte que la Ley 100 de 1993, por la cual se reguló el Sistema General de Seguridad Social en Colombia no modificó el régimen de contratación de la citada entidad, toda vez que no se refirió específicamente a ella y dispuso en su artículo 236 que las Cajas, Fondos y Entidades del Sector Público debían ajustarse al nuevo sistema de seguridad social o liquidarse, a diferencia de la disposición contenida en la misma Ley 100 que sometió al régimen de contratación de derecho privado, a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.).
No sobra mencionar que la Ley 80 expedida en 1993 se refirió en forma específica a los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios en salud, como una de las modalidades contractuales que se rige por el Régimen de la Contratación Estatal, exceptuada del procedimiento de Licitación Pública para la escogencia del contratista, con lo cual se confirmó el régimen aplicable a estos contratos contenido en la Ley 80 de 1993, amén de que de acuerdo con la Ley 490 de 1998 se organizó la Caja Nacional de Previsión Social bajo la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional y, por lo tanto, sometida a la referida Ley 80, sin perjuicio de que la Ley 490 le permitió actuar como empresa promotora de salud (E.P.S.) y como entidad encargada del reconocimiento y liquidación de pensiones, acorde con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Por otra parte, se recuerda que la Ley 100 de 1993(10) estableció el principio de libre concurrencia de las entidades promotoras de salud y consagró el derecho a la libre escogencia por parte del afiliado, en relación con la Empresa Promotora de Salud (EPS) a la que decida vincularse y con la Institución Prestadora del Servicio (IPS) a la cual resuelva acudir para acceder a los servicios de salud.
En virtud del principio de la protección integral del servicio público de salud que fue contemplado en la Ley 100 de 1993(11), las entidades promotoras de salud quedaron obligadas a brindar atención en aspectos relacionados con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, para lo cual pueden celebrar contratos con prestadores de servicios, con el fin de brindar acceso a actividades de prevención específica o detección temprana de enfermedades, como es el caso del Contrato Nº 952, que en este proceso ocupa la atención de la Sala.
5. Creación y liquidación de la sociedad Cajanal S.A., E.P.S.
En desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 790 de 2002, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1777 de 2003, mediante el cual dispuso la escisión de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, Empresa Industrial y Comercial del Estado y la creación de Cajanal S.A. E.P.S., “sociedad por acciones, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Protección Social, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera”.
De conformidad con el Decreto 1777 de 2003, Cajanal S.A. E.P.S., tuvo por objeto social: “promover, organizar, garantizar y prestar, directa o indirectamente, los servicios de salud a sus afiliados y usuarios, para lo cual podrá desarrollar las funciones consagradas en el artículo 178 de la Ley 100 de 1993”.
Cajanal S.A. E.P.S., se constituyó con un capital pagado por la suma de $ 16.579’769.000 de acuerdo con la escritura de constitución de la sociedad.
Para la vigencia de 2004 se generaron presupuestos públicos separados, asignando a Cajanal S.A. E.P.S., los ingresos derivados del sistema de Seguridad Social en Salud(12) y los gastos relacionados con el servicio público de salud.
Según se observa en la desagregación del presupuesto de ingresos y de gastos de la sociedad Cajanal S.A. E.P.S., aprobado para la vigencia de 2004, se autorizaron las apropiaciones para los gastos del ejercicio de ese año y la atención de las cuentas por pagar de la vigencia de 2003, que estuvieren debidamente constituidas(13).
La sociedad Cajanal S.A. E.P.S., tuvo una corta vida jurídica, si se tiene en cuenta que la se constituyó mediante la Escritura Pública 5003 otorgada en la Notaria 18 de Bogotá, el 7 de octubre de 2003 y entró en liquidación el 30 de diciembre de 2004, de conformidad con el Decreto 4409.
La Sala se pronunciará en primer lugar en relación con la vinculación de la Caja Nacional de Previsión Social E.P.S., Empresa Industrial y Comercial del Estado, al presente proceso, entidad que fue una de las demandadas.
Se aclara que la sociedad Cajanal S.A. E.S.P., S.A. en liquidación, cesionaria de los derechos y obligaciones de los contratos referidos a los servicios en salud, también demandada, fue la única entidad que contestó la demanda, oportunidad en la cual aceptó la posición de obligada en el Contrato Nº 952, por razón de la cesión contractual.
La Sala advierte un error en la conclusión preliminar del Tribunal a quo, acerca de que Cajanal EICE “no está llamada a responder, por cuanto dicha entidad está encargada de la administración del Fondo de Pensiones y (…) aún cuando no se le vinculó al proceso, no se encuentra procedente declarar la nulidad de lo actuado”.
Vale la pena advertir que la confusión pudo darse por la utilización de la abreviatura “EPS”, dentro del nombre de la Empresa Industrial y Comercial del Estado (E.I.C.E), puesto que para la época de celebración del Contrato Nº 952 de 2002, esa entidad desarrollaba también actividades en el sector salud.
“Adicionalmente se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(15). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, por manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimadode hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda(16).
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de la(s) persona(s) demandante(s) y/o demandada(s) en los hechos que originaron el respectivo litigio, independientemente de que dicha(s) persona(s) haya(n), o no, demandado o sido demandada(s). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala, (La negrilla no es del texto)
“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; silafaltadelegitimaciónenlacausaesdeldemandado,deunapartealdemandanteselenegaránlaspretensionesnoporqueloshechosenquesesustentennoledenelderechosinoporqueaquienselasatribuyónoeselsujetoquedeberesponder;poreso,deotraparte,eldemandadodebeserabsuelto,situaciónqueselograconladenegacióndelassúplicasdeldemandante”(18) (Énfasis añadido)(19).
El Tribunal a quo dejó de pronunciarse sobre la excepción de cobro de lo no debido, presentada por la entidad demandada por razón de la reclamación dentro del procedimiento de liquidación obligatoria que se adelantó con respecto a la sociedad Cajanal S.A., E.P.S., en liquidación, sobre la cual Promédica Ltda., contestó en la oportunidad procesal correspondiente, amén de que el asunto fue reiterado por la entidad demandada, en su alegato presentado en la segunda instancia.
El precedente constitucional contenido en la Sentencia C-248 de 1994 de la Corte Constitucional indica que el procedimiento de liquidación forzosa administrativa, contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero —aplicable en este caso a la liquidación de Cajanal S.A. E.P.S., según se verá adelante— es un procedimiento concursal, universal, de carácter forzoso, cuyas reglas aplican de preferencia a otros procedimientos, de acuerdo con lo que observó la mencionada Corte:
“A). La Corte encuentra que las partes acusadas del Decreto 663 de 1993, obedecen a unas nociones jurídicas especiales, que pertenecen a un procedimiento concursal de carácter forzoso y de naturaleza administrativa, y que se corresponden cabalmente con las disposiciones constitucionales sobre el debido proceso y sobre derecho de defensa, ya que se ocupan de algunos de los elementos económicos y administrativos propios de una problemática específica, relacionada con el orden público económico y con el control que, en los términos de los numerales 24 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, debe ejercerse por la administración nacional sobre las actividades de las entidades financieras encargadas del manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro privado.
Es evidente que el proceso administrativo de liquidación forzosa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria, es un proceso concursal y universal, que tiene por finalidad legal especial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido de los pasivos externos a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos; este procedimiento se basa en el principio racional de justicia que exige la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. Sin duda alguna, se trata de una modalidad fluida de control y de resolución de situaciones críticas de contenido económico de especial atención para el Derecho Público, y de extrema gravedad, que no pueden dejarse bajo el régimen ordinario de los concursos entre comerciantes, pues, naturalmente, su régimen es y debe corresponder a un estatuto legal especial, pero existe una remisión al C.C.A. cuando se dice que “Los procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria serán adelantados por los liquidadores y se regirán en primer término por sus disposiciones especiales.
En las cuestiones procesales no previstas en tales normas que correspondan a actuaciones orientadas a la expedición de actos administrativos se aplicarán las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso Administrativo y los principios de los procedimientos administrativos (art. 293 num. 2º del Decreto 663 de 1993)”.
La Corte Constitucional en la referida Sentencia C 248 de 1994, declaró inexequible el último inciso del numeral 2º(20) del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que pretendía cerrar el paso a las demandas contra los actos del liquidador ante el Contencioso Administrativo, oportunidad en la cual destacó la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de los mencionados actos administrativos, con base en el siguiente razonamiento:
Precisamente, la Sección Primera del Consejo de Estado hizo valer la legislación especial aplicable al procedimiento de liquidación de Cajanal S.A., E.P.S., con ocasión de la acción de nulidad impetrada por uno de los acreedores contra la resolución contentiva del reconocimiento de acreencias, en razón a que el actor no cumplió con presentar los cargos concretos acerca de la violación de la referida legislación especial:
“Por lo tanto, teniendo en cuenta que el cobro de los créditos reclamados por el Hospital demandante se realiza dentrodeunprocesodedisoluciónyliquidación, regulado por la ley de manera especial, mediante las disposiciones que fundamentan los actos administrativos acusados, referidas en párrafos precedentes, esclaroquedichanormativaespecialynootra,eslaaplicableparaefectosdeobtenerelpagodeprecadoporelactor. Así lo ha sostenido la Jurisprudencia de esta Sala, al considerar que:
“Respecto del proceso de liquidación forzosa, ha dicho la Corte Constitucional que es el proceso administrativo de liquidación forzosa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria, es un proceso concursal y universal, que tiene como objeto realización de los activos y el pago gradual y rápido de los pasivos externos a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos; este procedimiento se orienta en el principio racional de justicia presentándose de tal forma la igualdad entre los acreedores, sin perjuicio de las disposiciones que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos. SerefiereentoncesaunamodalidadfluidadecontrolydesolucióndesituacionesdecaráctereconómicoquedebenseratendidasporelDerechoPúblico, y de extrema gravedad, que no pueden dejarse bajo el régimen ordinario de los concursos entre comerciantes, por cuanto su régimen es especial, pero existe una remisión al C.C.A. cuando se dice que “Los procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria serán adelantados por los liquidadores yseregiránenprimertérminoporsusdisposicionesespeciales.
La medida preventiva de aviso de suspensión de los procesos ejecutivos en curso y la prohibición de iniciar otros nuevos, no es una innovación del Decreto 809 de 2002 sino que venía desde la Ley 510 de 1999 y también fue consagrada en el Decreto 2418 del mismo año. De conformidad con lo anterior, cuandoelPresidentedelaRepública,enejerciciodelasfacultadesqueleconfierenelartículo189,numeral15,delaConstituciónPolíticayelartículo52delaLey489de1998,ordenaladisoluciónyliquidación del Banco Central Hipotecario y dispone medidas preventivas que corresponden a las normalmente aplicables en los casos de liquidaciones forzosas, noestáexcediendoelámbitodesufacultadnimuchomenosderogandodisposicionescontenidasenelCódigodeProcedimientoCivil puesto que la suspensión de los procesos ejecutivos en curso y la prohibición de iniciar otros nuevos contra la entidad demandada, en liquidación, se salen del ámbito general de operabilidad de esos procesos. Enestecasosetratadenormasespecialesquecobijancasosespecíficosyque,porlomismo,primansobrelareglamentacióngeneral(21).
6.2.2. Marco legal del procedimiento de liquidación de Cajanal S.A., E.S.P.
Pasando a las reglas del procedimiento especial que se viene comentando, la Sala se detiene en el marco legal bajo el cual se adelantó la liquidación de Cajanal S.A., E.P.S., con el propósito de concretar el tratamiento de las acreencias anteriores a la fecha en que se ordenó la liquidación:
“ART. 293.—Naturaleza y Normas Aplicables de la Liquidación Forzosa Administrativa.
“ART. 99.—Preferencia del Concordato(31).
“De igual forma, de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(34), la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las condiciones de cualquier otra prueba, es decir que sea pertinente o conducente, esto es, que sea adecuada para demostrar un hecho o un acto jurídico concretos. (…)
Promédica Ltda., presentó su reclamación en el procedimiento de liquidación de Cajanal S.A., E.P.S., el 21 de febrero de 2005 y demandó a esa misma sociedad en ejercicio de la acción contractual, el 27 de julio del mismo año.
Las pretensiones principales de la referida demanda se fundaron en el Contrato Nº 952 y en las facturas emitidas bajo el mismo, las cuales coincidían en su objeto y soporte con la reclamación radicada en el procedimiento de liquidación.
Resulta de especial importancia observar que en el presente proceso Promédica Ltda., deprecó la declaración de existencia del Contrato Nº 952 “lo cual es indiscutible teniendo en cuenta la documentación que se aporta”, según afirmó la propia demandante, asunto que en realidad no era materia litigiosa, puesto que no había controversia alguna sobre la existencia del contrato y las pretensiones principales materia del litigio se referían concretamente al pago de las cuentas que se estaban cobrando en el procedimiento de liquidación.
Igualmente se tiene en cuenta que el Decreto 4409 expedido el 30 de diciembre de 2004 dispuso la disolución y liquidación de la Sociedad Cajanal S.A., E.P.S., mediante una normativa muy similar a la contenida en el régimen de las entidades financieras, la cual era expresamente aplicable por disposición del Decreto-Ley 254 de 2000(36). Las disposiciones del Decreto 4409, reconocieron los actos del liquidador como actos administrativos, amparados por la presunción de legalidad, impugnables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo(37).
Así las cosas, las resoluciones distinguidas con los números 291 de 2005, 30 de 2005 y 857 de 2006, contentivas de los actos administrativos mediante los cuales la Agente Liquidadora determinó los créditos reconocidos a Promédica Ltda., por razón de las facturas correspondientes al Contrato Nº 952 y resolvió el recurso de reposición presentado por esa sociedad, constituyen actos administrativos que comprenden una decisión sobre idéntico contrato y facturas, cuyo pago se demandó en el presente proceso.
En el mismo sentido, acerca de las pruebas aportadas en el procedimiento de liquidación —mismas que se presentaron en este proceso— se debe estar a decisión contenida en la Resolución 857 del 20 de noviembre de 2006, expedida por la Agente Liquidadora de Cajanal S.A., E.P.S., en la cual se concluyó sobre la falta de prueba de la prestación efectiva del servicio, que no pudo ser salvada por la parte actora, teniendo en cuenta las condiciones y omisiones de las facturas, según se observa en las siguientes consideraciones:
(…) pero la sola factura no basta puesto que es necesario que el acreedor demuestre la efectiva prestación del servicio (…)
Que conviene señalar que todas las normas relacionadas en los considerandos anteriores establecen una serie de condiciones que regulaban la forma y la procedencia en que debían efectuarse los pagos que realizaban las entidades promotoras de salud a las instituciones prestadoras de servicios de salud en condiciones ordinarias, cuando las EPS están desarrollando su objeto social normalmente, es decir cuando Cajanal S.A., E.P.S., prestaba servicios de salud a sus afiliados, circunstancia que difiere radicalmente del estado extraordinario y las condiciones excepcionales previstas en las normas especiales que regulan los pagos a cargo de una EPS sometida, por orden de actividad competente al proceso concursal y universal de liquidación.
Que por consiguiente los decretos 727 de 1997, 46 de 2000, 50 de 2006 y 3260 de 2004, no son aplicables ni siquiera como normas supletivas, al reconocimiento y pago que se reclama ante Cajanal S.A. E.P.S. En Liquidación dentro del proceso de liquidación al que se encuentra sometido por orden del Gobierno Nacional”(39).
“La cesión de un contrato produce efectos entre cedente y cesionario desde el momento en que aquella se celebre; pero respecto del contratante cedido y de terceros, solo produce efectos desde la notificación o aceptación, salvo lo previsto para documentos escritos con cláusula “a la orden” u otra equivalente, en el que solo bastará el endoso del documento (art. 894 e inc. 3º art. 888 C. Co.). Por lo demás, la cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato, es decir, los derechos y obligaciones que emanan del contrato cedido; pero no transfiere los que se funden en causas ajenas al mismo, o en la calidad o estado de la persona de los contratantes (art. 895 C. Co.)”(41).
En este proceso, la sociedad demandante manifestó que la cesión de los contratos celebrados por Cajanal E.P.S., Empresa Industrial y Comercial del Estado, no estaba prevista en el Decreto 1777 de junio 20 de 2003 mediante el cual se escindió esa entidad, ni en la escritura de constitución de Cajanal S.A. E.P.S., lo cual es cierto.
Tampoco se cumplió con la formalidad del acuerdo escrito o nota de cesión del Contrato Nº 952, la cual se exige por las reglas del perfeccionamiento del contrato estatal y por disposición del artículo 888 del Código de Comercio, en cuanto a la cesión de los contratos que constan por escrito(43).
Más aún, se observa que la escisión de la entidad contratante tuvo lugar con posterioridad a la terminación del Contrato Nº 952 y en fecha para la cual la mayoría de las facturas se encontraban vencidas, lo cual sugiere que se presentó una circunstancia legal diferente a la cesión del contrato, puesto que no procedía la notificación propia de la cesión de los contratos vigentes de que trata el artículo 887 del Código de Comercio, sino que el consentimiento requerido, versaba sobre la novación de las obligaciones por sustitución del deudor, en la forma prevista en el artículo 1690 del Código Civil(44).
Vale la pena sacar de este predicamento, las obligaciones correspondientes a la factura Nº 619 que fue emitida por Promédica Ltda., directamente a cargo de Cajanal S.A. E.P.S., el 19 de febrero de 2004 en sustitución de la factura Nº 953, por manera que en ese caso particular no cabe duda alguna de la liberación de responsabilidad de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal Empresa Industrial y Comercial del Estado(45).
Sin embargo, en relación con las demás obligaciones, la Sala encuentra que tuvo lugar la renuncia a la solidaridad de los deudores, por razón de la reclamación que fue presentada por Promédica Ltda., ante Cajanal S.A. E.S.P., en liquidación, sin expresar la reserva especial o general de la solidaridad a que alude el artículo 1573 del Código Civil(46), reserva que también se exigía en el referido procedimiento de liquidación por virtud del artículo 100 de la Ley 222 de 1995, en relación con los procesos que se adelantan contra varios deudores.
La pervivencia de la acción contractual por fuera del procedimiento de liquidación forzosa quedó justificada en el sub-lite, por razón de las pretensiones subsidiarias acerca de acreencias contingentes, demandadas con el propósito de obtener una condena en perjuicios con fundamento en la conducta omisiva en la que habrían incurrido las demandadas, en la constitución de apropiaciones presupuestales o, en subsidio de lo anterior, por haberse enriquecido injustamente con la prestación de los servicios objeto del Contrato Nº 952.
No obstante, en el proceso se demostró que la apropiación presupuestal correspondiente a las obligaciones causadas en el año 2003, fue realizada en el presupuesto de Cajanal S.A. E.P.S., en la vigencia de 2004, por manera que no puede deducirse una conducta antijurídica, además de que en parte alguna quedó probado el daño, consistente en que la masa de liquidación habría resultado insuficiente para atender el valor de los pasivos a su cargo.
Tal como observó el Tribunal a quo, brillan por su ausencia las pruebas acerca de las actividades que constituían la prestación del servicio objeto del Contrato Nº 952, tales como las consultas de detección temprana de enfermedades, actividades de vacunación y actividades educativas.
Además, no puede perderse de vista que se encontraron probadas las glosas a la Factura Nº 603 (Anexo de la documentación remitida por Cajanal S.A. E.P.S., en liquidación folio 185, cuaderno 2, folio 12 de los anexos), las cuales no se reflejaron en la contabilidad de Promédica Ltda., a juzgar por el dictamen del perito(47).
2. ADICIONAR la antedicha sentencia, con la siguiente decisión
2 “Artículos 2º. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley:
“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. (…).” (La subraya no es del texto).
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 20 de agosto de 1998, expediente: 14.202. Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otros fallos, entre los cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, expediente 14519; auto de 7 de octubre de 2004. expediente. 2675.
4 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicado 8500123310002000001980, expediente 20.968, Demandante: Luis Carlos Pérez Barrera, Demandado Caja Nacional de Previsión.
5 De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente del año 2005, toda vez que la demanda se presentó el 27 de julio de 2005 y el recurso de apelación se interpuso el 18 de octubre de 2007, en vigencia de la Ley 954 de 2005 (folio 136, cuaderno principal).
6 Diario Oficial 45.983
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 7 de noviembre de 2012, expediente Nº 25.915, radicación Nº 440012331000200000293 01, actor: Laureano Quintero Gómez, demandado: Instituto Nacional de Vías —Invías—. Esta jurisprudencia fue reiterada y se precisó su vigencia bajo la Ley 1437 de 2001, en la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, noviembre 13 de 2013, radicación 880012315000200100005 01, expediente: 31755, actor: Ingemat Ltda., demandado: Instituto Nacional De Vías, acción: Contractual.
8 Sustituído por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por manera que el cómputo de caducidad de la acción contractual, empieza a correr a partir del vencimiento del término contractual o legalmente establecido para liquidar el contrato estatal, lo cual vino a confirmarse y consolidarse con la norma legal que invocó explícitamente tales plazos para efectos de la oportunidad de ejercer la acción, aplicable para los procesos iniciados a partir del 2 de julio de 2012, cual es el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
“Con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, C.P.A.C.A. (…) al haber derogado el Código General del Proceso C.G.P., la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada”.
12 El Decreto 1777 de 2003, determinó que ingresaran al patrimonio de Cajanal S.A. E.P.S. “los bienes y derechos que estando registrados en los estados financieros (…) tengan relación directa con la prestación de servicios de salud”.
13 Resolución 1 de 2001, emitida por la Presidencia de Cajanal S.A., E.P.S., por la cual se aprobó la desagregación del presupuesto de ingresos y de gastos para la vigencia de 2004, obrante al folio 143 del cuaderno 2.
15 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000; Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; expediente Nº 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Consejero ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03266-01 (14.178).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 31 de octubre de 2007, actor: Sociedad Minera Peláez Hermanos & Cía., demandado: Ministerio de Minas y Energía, expediente: 13.503; radicación: 11001032600019971350300, referencia: nulidad y restablecimiento del derecho.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; radicación número: 10171.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006); Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 66001-23-31-000-1996-03263-01(15.352).
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 27 de noviembre de 2013, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, radicación: 660012331000200200391, expediente: 31431, actor: Unión Temporal Auditoria Medica, demandado: E.P.S. Risaralda S.A. en liquidación, referencia: acción contractual - apelación sentencia.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2003, expediente: 2002-00356-01(8358), Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero, jurisprudencia reiterada en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, sentencia de 27 de septiembre de 2012, radicación número: 250002324000200700211-01, actor: Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, demandado: Caja Nacional de Previsión Social S.A. EPS en liquidación, referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, sentencia de 27 de septiembre de 2012, radicación número: 250002324000200700211-01, actor: Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, demandado: Caja Nacional de Previsión Social S.A. EPS en liquidación, referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
27 Vigente para la época en que se dispuso la liquidación de Cajanal S.A., E.P.S., mediante el Decreto 4409 de 2004, contentivo de un procedimiento similar, según se verá más adelante.
“ART. 43.—Pago del pasivo cierto no reclamado. Si después de cancelados los créditos a cargo de la masa de la liquidación subsistieren recursos, se procederá a cancelar el pasivo cierto no reclamado respetando la prelación de créditos prevista en la ley, para lo cual el Liquidador señalará un período que no podrá exceder de tres (3) meses”.
b) Procesos iniciados con posterioridad a la toma de posesión: Cuando haya obligaciones condicionales o litigiosas originadas durante el proceso liquidatorio, se hará una reserva adecuada en poder del Liquidador para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, o mientras termina el juicio respectivo, según el caso. Terminada la liquidación sin que se haya hecho exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva se entregará al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en calidad de mandato, o a una sociedad fiduciaria encargada de su pago. (La negrilla no es del texto).
a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la institución financiera en liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar que para el efecto se señale. Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del título (…)”.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2003, expediente: 2002-00356-01(8358), Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero.
36 ART. 2º—Régimen de liquidación. Por tratarse de una sociedad pública por acciones, del orden nacional, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de la Protección Social, la liquidación de la Sociedad Cajanal S.A., EPS, se someterá a las disposiciones del Decreto-Ley 254 de 2000 y a las especiales del presente acto, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. En lo no previsto en dichas disposiciones se aplicarán, en lo pertinente, los preceptos del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad. (La negrilla no es del texto)
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 28 de septiembre de 2011, radicación número: 25000-23-26-000-1994-00494-01(15476), actor: Sociedad Aseguradora de Fianzas S.A. —Confianza, demandado: Telecafé Ltda., referencia: asuntos contractuales— apelación sentencia.
42 La misma sustitución podrá hacerse (…) en los celebrados in tuitu personae, pero en estos casos será necesaria la aceptación del contratante cedido.
44 “La novación puede efectuarse de tres modos: (…) 3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre”.
45 Prueba obrante al folio 185 cuaderno 2, anexo al folio Nº 10 de las pruebas remitidas por Cajanal S.A. E.P.S., en liquidación.
46 Artículo 1573. Renuncia de la solidaridad por el acreedor.
47 La Factura Nº 603 fue considerada por su valor total en el anexo Nº 3 del dictamen.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 27 de marzo de 2014, radicación. 73001233100020010094501, expediente: 32905, actor: Visisalud Ltda., demandado: Caprecom E.P.S., referencia: acción contractual.