Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L132.html
Timestamp: 2019-03-22 14:18:54
Document Index: 371965702

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 55', 'artículo 48', 'artículo 33', 'Artículo 14', 'artículo 13']

as20151L132
AUTO SUPREMO Nº 132/2015-RRC-L
Expediente : Tarija 16/2010
Parte acusadora : Carlos Armando Caballero Caballero
Parte imputada : María Patricia Celina Mengual
Por memorial presentado el 5 de julio de 2010, cursante de fs. 113 a 118 vta., María Patricia Celina Mengual, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 21/2010 de 28 de junio de fs. 108 a 110 vta., pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal seguido por Carlos Armando Caballero Caballero, contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del Código Penal (CP).
En merito a la acusación particular presentada por Carlos Armando Caballero Caballero (fs. 2 a 4 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció la Sentencia 16/2009 de 18 de junio (fs. 63 a 65 vta.), declarando a la imputada María Patricia Celina Mengual, autora y culpable de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP, imponiéndole una pena privativa de libertad de dos años y seis meses a ser cumplida en el penal de “Morros Blancos” de la ciudad de Tarija, así como el pago de costas y el resarcimiento del daño civil causado.
Contra la referida Sentencia, Gary Campero López en representación legal de María Patricia Celina Mengual interpuso recurso de apelación restringida (fs. 88 a 99), resuelto por Auto de Vista 21/2010 de 28 de junio (fs. 108 a 110 vta.), pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, que declaró sin lugar el recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.
La recurrente, bajo el epígrafe: “VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, DEFECTO DE SENTENCIA Y DEFECTO ABSOLUTO INSUBSANABLE” (sic), denuncia que el Tribunal de Alzada, confirmó la Sentencia sin considerar que no existen los elementos constitutivos del delito atribuido, vulnerándose el principio de tipicidad incurriendo con ello en un defecto absoluto.
Asimismo, citando el Considerando III del Auto de Vista impugnado, señala que en respuesta a su alzada, sin análisis alguno se incurre en una errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y transcribiendo partes de la Sentencia aduce que en la subsunción de forma ilógica, se hizo una relación subjetiva de los hechos y una interpretación sesgada de lo que el autor Francisco Muñoz Conde citado en el fallo considera apropiación indebida, siendo confirmada la tipicidad por el Tribunal de alzada, sin indicar de qué manera se configuró el elemento objetivo consistente en la acción de apropiación, desconociendo que el Juez a quo la condenó infundadamente basándose en el hecho de que la imputada confirmó que recibió el tejido de lana que no fue devuelto; empero, desconoce de qué forma se configuró el elemento objetivo; es decir, cuáles fueron los actos de disposición que hicieron presumir o causaron certeza en el juzgador para determinar la apropiación indebida.
En ése sentido extraña de qué forma se materializó el dolo o intención de apropiación del pullo “El Titi” (sic), aspecto no explicado por el Tribunal de alzada partiendo de una base fáctica a través de pruebas, resultando insuficiente que haya recibido un bien y que se vio impedida de devolverlo; en consecuencia, asevera que la conducta en la forma planteada carece de tipicidad por ser insuficiente en sus elementos materiales, frente a los normativos y valorativos del tipo, evidenciando que tanto el Juez a quo como el Tribunal ad quem, no requirieron la demostración de cuestiones objetivas, elementos normativos o subjetivos como exige la jurisprudencia. A cuyo efecto invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 67 de 27 de enero de 2006, 21 de 26 de enero de 2007, 236 de 7 de marzo de 2007 y 431 de 11 de octubre de 2006.
La recurrente solicita, que la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, admita el recurso y deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, determinando que la Sala Penal de la entonces Corte Superior de Justicia de este Distrito, dicte un nuevo Auto de Vista conforme a la doctrina legal aplicable.
Mediante Auto Supremo 073/2015-RA-L de 4 de febrero, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por María Patricia Celina Mengual.
Una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció la Sentencia 16/2009 de 18 de junio, en base a los siguientes argumentos: i) Que, Carlos Armando Caballero Caballero, en su condición de representante de la Empresa “LATINARTS S.R.L”, entregó a la imputada María Patricia Celina Mengual, varias piezas antiguas, entre ellas el tejido denominado “Pullo el Titi” (sic), conforme la fotocopia de recepción de varios objetos, documento admitido por la imputada, sin que le haya devuelto; ii) El tejido mencionado, tendría una antigüedad de seiscientos años con un valor de ciento ochenta mil dólares estadounidenses, al mismo el juzgador no le atribuye credibilidad alguna; concluyendo que al haberse acreditado la recepción del indicado tejido por la propia imputada, sin que hubiese sido devuelto, configura el delito de Apropiación Indebida.
Por memorial de fs. 88 a 99, Gary Campero López en representación de la imputada, formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia argumentando los siguientes fundamentos vinculados al recurso de casación: Denunció errónea aplicación de la ley sustantiva, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, expresando que el Juez a quo, no realizó un adecuado proceso de subsunción del hecho al derecho; por cuanto, no se acreditó los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el art. 345 del CP, vulnerándose el principio de tipicidad; por cuanto, el Juez, simplemente se avocó a una apreciación subjetiva de los hechos, sin que se haya demostrado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; es decir, los actos de disposición y el dolo.
Radicada la causa en la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, resolvió el recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista 21/2010 de 28 de junio, con los siguientes fundamentos jurídicos que tienen directa relación con el agravio denunciado en el recurso de casación: En el considerando III romano, señala que el Juez a quo, realizó un análisis coherente de los elementos probatorios aportados, los cuales le sirvieron para formar convicción de la autoría de la imputada en el delito de Apropiación Indebida, elementos como la entrega por parte del acusador particular del tejido denominado “pullo titi” a la imputada, cuya obligación era devolver como lo hizo con otros objetos; asimismo, el reconocimiento expreso por parte de la imputada de la recepción del referido tejido, hace que su acción se subsuma al art. 345 del CP, sin que se haya demostrado que el tejido de lana sea un objeto cultural de propiedad del Estado Boliviano, tampoco se acreditó su valor económico; en consecuencia, la imputada al estar en posesión legitima sobre el tejido de lana, cuya obligación era devolver configura el delito acusado; agrega que cuando se denuncia violación de la ley sustantiva, el Tribunal de alzada no puede descender al marco fáctico que se establece en Sentencia, siendo inmutable resolver el fondo en el recurso mencionado anteriormente.
Antes de ingresar al análisis propiamente dicho del motivo del recurso en examen, es importante realizar algunas consideraciones respecto al principio de tipicidad, la labor de subsunción y el control por el Tribunal de alzada, así el Auto Supremo 411/2014-RRC de 3 de septiembre, en su fundamentación jurídica estableció los siguientes aspectos:
III.1. De los principios de legalidad, tipicidad, taxatividad, lex escripta y especificidad.
“El principio de legalidad, que básicamente implica la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público, se constituye en uno de los principios procesales fundamentales de la jurisdicción ordinaria en forma conjunta con los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, conforme se desprende del art. 180 de la CPE, el cual no se agota en sí mismo, puesto que se ve complementado en su contenido, con los principios de taxatividad, tipicidad, lex escripta y especificidad. El principio de tipicidad, como uno de los pilares centrales del proceso penal, constituye la adecuación o encuadramiento de la conducta a la descripción que la norma hace de un determinado delito, correspondiendo a la autoridad judicial, a los fines de su comprobación, comparar la conducta particular y concreta con la individualización típica, para ver si se adecúa o no a la misma. Esta faena mental es el juicio de tipicidad que debe realizar el Juez (Eugenio Raúl Zaffaroni, 1988, pag. 393), por lo que corresponde entender bajo esta premisa, que es deber de los jueces y Tribunales aplicar la ley sustantiva, enmarcando la conducta del imputado a la norma sustantiva penal, precautelando en no incurrir en una calificación errónea que afecte la garantía constitucional del debido proceso, generando un defecto absoluto insubsanable.
Respecto al principio de taxatividad, como componente del principio de legalidad, el Auto Supremo 085/2012-RA de 4 de mayo, ha señalado: “Bajo el marco de aplicación descrito precedentemente en relación al principio de legalidad, es preciso la aplicación de una faceta más estricta del mismo, a saber, el principio de certeza o taxatividad en la formulación del tipo penal, lo que configura la tipicidad; este principio en materia penal, obliga a los juzgadores someterse a la voluntad de la ley, debiendo en esa sumisión emitir resoluciones realizando una tarea objetiva y precisa de subsunción de los hechos juzgados a los tipos penales acusados, que evidencien ecuánimemente el encuadramiento perfecto sin lugar a dubitaciones de las conductas antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal.
Además, el principio lex escripta, se constituye en el primer requerimiento del principio de legalidad, pues consiste en que se describan las conductas delictivas y se fijen las sanciones únicamente mediante una ley considerando a ésta como única fuente del derecho penal, con el propósito de consolidar la seguridad jurídica, de modo que el juez debe contar precisamente con una ley escrita para condenar una conducta, agravar o atenuar las penas. Por último, debe tenerse presente que por el principio de especificidad, procederá la nulidad como sanción ante la inobservancia u omisión de formalidades de un acto procesal, todo ello en base a una norma legal expresa.
III.2. La labor de subsunción penal y su control por el Tribunal de alzada.
Una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360 inc. 3) del CPP.
En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una labor lógica del juzgador, para determinar si el hecho específico acusado como ilegal, coincide o difiere con lo establecido por la norma, consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal.
Por tal razón, toda sentencia se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación se concentra en determinar el hecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Esta exigencia de la motivación tiene un fundamento de carácter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente; además, de exteriorizar una ineludible convicción judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. Solo una convicción derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicción que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivación sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas únicamente en certidumbres subjetivas del juez, pero carentes de todo sustento probatorio.
Con base en lo expuesto, se establece que ante la formulación de recurso de apelación restringida, corresponde al Tribunal de apelación en ejercicio de la competencia que la ley le asigna, de controlar a partir de los elementos constitutivos de cada delito, si el Juez a quo realizó la adecuada subsunción del hecho a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivación.
III.3. De los precedentes contradictorios invocados
En cuanto al motivo en cuestión, la recurrente invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 67 de 27 de enero de 2006, 21 de 26 de enero de 2007, 236 de 7 de marzo de 2007 y 431 de 11 de octubre de 2006, de los cuales corresponde ingresar a un análisis exhaustivo con el propósito de verificar la contradicción alegada por la recurrente.
Los Autos Supremos 67 de 27 de enero de 2006 y 21 de 26 de enero de 2007, efectuando pronunciamiento sobre la necesidad de observar el principio de legalidad establecieron la siguiente doctrina legal : “El principio de legalidad se constituye en una garantía constitucional del individuo, que limita la actuación punitiva del Estado desarrollado en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado en consecuencia, el principio se asienta en la seguridad jurídica (artículo 7 inciso a) de la Constitución Política del Estado), en la medida en que el individuo puede prever sus actos y las consecuencias jurídicas de los mismos.
Este principio no se agota en la clásica formulación elaborada por Feuerbach: "Nullum crimen, nulla poena sine previa lege", sinó que actualmente se presentan otros requisitos que completan la formulación del principio, dotándoles de mayor exigencia y contenido, como son los principios de "taxatividad", "tipicidad", "lex escripta" y especificidad.
El principio de tipicidad desarrolla el principio fundamental "nullum crimen, nulla poena sine lege", se aplica como la obligación de que los jueces y Tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable.
Será el intérprete -juzgador- que deberá concretar el sentido de la norma legal, mediante una valoración que tome en cuenta los códigos, leyes o el orden normativo al que remite la norma legal. El artículo 55 de la ley 1008 (transporte) se halla inmerso en la descripción del artículo 48 en relación al artículo 33 inciso m) de la misma, a efectos de la aplicación de una u otra norma se deben aplicar los principios de "especificidad" y "favorabilidad" porque este tipo penal contiene una sanción menor al de tráfico. (Auto Supremo Nº 215 de 28 de junio de 2006)”.
Por otra parte, el Auto Supremo 236 de 7 de marzo de 2007, proviene de los delitos de Peculado, Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Engaño a Personas Incapaces, en casación se impugnó entre otros agravios, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva contenida en el numeral 1) del art. 370 de la Ley 1970; sosteniendo la recurrente que su conducta no se adecua al delito de peculado, por la ausencia de dolo; tampoco incurrió en el delito de Uso de Instrumento Falsificado, por no haberse comprobado la falsedad de documento alguno, menos el uso de instrumento falsificado; la entonces Corte Suprema de Justicia, dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido y emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “El debido proceso se manifiesta en que las partes procesales gocen de los derechos y garantías previstas para que la investigación y juzgamiento se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; precepto al que se suma el derecho a la seguridad jurídica, debiendo la actividad jurisdiccional esmerarse para brindar a los administrados la seguridad que las decisiones se enmarquen en los preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, Los Tratados y Convenios Internacionales, y la Ley.
Los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal los Tribunales y Jueces de Sentencia, y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito”.
Por último, el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, emerge del delito de Suministro de Sustancias Controladas, en el recurso de casación, se denunció que el Auto de Vista impugnado, no advirtió que el imputado fue detenido momentos previos al acto de la provisión de sustancias controladas; sin embargo, confirmó la Sentencia apelada infringiendo la ley sustantiva referido a Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas; en casación se dejó sin efecto el fallo recurrido y se estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva” (sic).
Establecidos los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, los que servirán como parámetros para la labor de contraste, el recurso de casación cuestiona básicamente que el Auto de Vista recurrido, al igual que la Sentencia de grado, no consideraron la inexistencia de los elementos constitutivos del tipo penal acusado; es decir, no se demostró objetivamente los elementos normativos y subjetivos del delito de Apropiación Indebida; consecuentemente, incurrieron en errónea aplicación de la ley sustantiva, aspecto que constituye defecto absoluto.
Ahora bien, el tipo penal previsto en el art. 345 del CP, se encuentra descrito en el título XII, “Delitos contra la Propiedad” y señala: “El que se apropiare de una cosa mueble o un valor ajeno, en provecho de sí o de tercero y de los cuales el autor tuviere la posesión o tenencia legítima y que implique la obligación de entregar o devolver, será sancionado con reclusión de tres (3) meses a tres (3) años” (sic); del tipo penal transcrito, se puede advertir que los elementos objetivos del delito referido son: 1) Apropiarse de una cosa mueble ajena o valor ajeno; 2) Que la conducta de apropiarse sea en provecho de sí o de tercero; 3) Que el autor tuviera la posesión o tenencia legítima del bien; y, 4) Que la posesión del bien implique la obligación de entregar o devolver.
De los elementos constitutivos del tipo penal analizado, se colige que el bien jurídico protegido es la propiedad, el elemento objetivo o la acción es “apropiarse” de la cosa mueble o valor ajeno; es decir, el sujeto activo dispone de las cosas como si fuera propietario; para la configuración del delito en su elemento subjetivo de acuerdo al art. 13 quater del CP, debe demostrarse la acción dolosa; debiendo entenderse el dolo en los términos que refiere el art. 14 del Código punitivo que expresa: “Artículo 14.- (Dolo).- Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad”; es decir, el agente actúa dolosamente cuando realiza el hecho con conocimiento y voluntad, lo que en la teoría del delito se denomina el elemento cognitivo y volitivo; a lo dicho, es importante señalar que al margen del dolo como un elemento subjetivo del tipo penal, no se le puede imponer pena alguna al agente si su acción no es reprochable penalmente, al respecto, el artículo 13 del CP. Señala: “(No hay pena sin culpabilidad).- No se le podrá imponer pena al agente, si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena.
Si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, ésta sólo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente”.
En el caso de autos, el Auto de Vista impugnado omitió controlar el juicio de tipicidad realizado por el Juez de Sentencia, el que debe partir de los elementos objetivos y subjetivos que configuran el tipo penal; en el caso limitó su accionar a establecer sin la debida fundamentación que el juicio realizado fue correcto sin examinar si la acción de la imputada, de no devolver la cosa mueble (ph’ullo el titi), obedeció a la intención de apropiarse o en su caso fue por causas ajenas a su voluntad; es decir, si se acreditó objetiva y fundadamente, en base a los elementos de prueba incorporados al juicio oral, que su accionar fue efectivamente doloso; de tal manera debió analizar si el Juzgador actuó correctamente al concluir que el hecho de que el querellante Carlos Armando Caballero Caballero, entregó a la imputada María Patricia Celina Mengual, varias piezas antiguas, entre ellas el tejido denominado “Pullo el Titi”, de cuya entrega la imputada asintió su recepción y no fue devuelto a su propietario, son suficientes para determinar la existencia del delito de apropiación indebida; cuando la doctrina enseña en cuanto al elemento subjetivo, que el autor actúe con “animus rem sibi habendi”, se entiende como el ánimo de disponer de la cosa mueble ajena como propia o ánimo apropiatorio, esto es, disponiendo como auténtico dueño; en consecuencia, no se tomó en cuenta en su verdadera dimensión el principio de tipicidad, puesto como se tiene dicho en el acápite III.1 de la presente Resolución, la certeza o taxatividad en la formulación del tipo penal, es lo que configura la tipicidad; en virtud a este principio es que los juzgadores están obligados a someterse a la voluntad de la ley, debiendo en esa sumisión emitir resoluciones realizando una tarea objetiva y precisa de subsunción de los hechos juzgados a los tipos penales acusados, que evidencien ecuánimemente el encuadramiento perfecto sin lugar a dubitaciones de las conductas antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal.
Por otra parte, si bien el Tribunal de alzada está impedido de revalorizar prueba, no es menos cierto que su función esencial es realizar un control efectivo respecto al Juez o Tribunal de mérito, si en la función de subsunción de los hechos observaron los elementos constitutivos de cada delito, la adecuada subsunción a los tipos penales acusados, realizando al efecto la correspondiente motivación; es decir, en definitiva el Tribunal de apelación, debe velar si se aplicó correctamente la ley sustantiva y el principio de tipicidad, conforme ha entendido el Auto Supremo 206 de 9 de agosto de 2012, el que ratificando la doctrina legal señalada en el Fundamento Jurídico III.1 y los precedentes invocados por la recurrente, determinó que el principio de tipicidad, debe ser observado a momento de emitir la Sentencia, en resguardo al derecho a la seguridad jurídica y por ende al debido proceso, en materia penal, establece la obligación impuesta a los Jueces, Tribunales de Sentencia y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, de aplicar debidamente la ley penal sustantiva encuadrando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de garantías constitucionales, subsunción que debe encontrarse debidamente motivada, explicando las razones por las que la conducta de uno o más imputados, se adecua al tipo penal por el que se le sanciona; la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, dado que los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal, se debe tener el cuidado de describir el accionar desplegado por cada uno de los imputados y que ese accionar sea el que se enmarque en la descripción del tipo penal adecuado, lo contrario vulnera el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de tipicidad y el derecho a las resoluciones debidamente fundamentadas.
En virtud del análisis efectuado, este Tribunal considera que efectivamente el Auto de Vista impugnado, incurrió en contradicción con los precedentes invocados por la recurrente respecto a que no se analizó adecuadamente, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y la materialización del dolo en el ilícito de Apropiación Indebida previsto en el art. 345 del CP, en la tarea de subsunción del hecho al derecho, en base a elementos objetivos que denoten el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal, por lo que, corresponde dejar sin efecto la Resolución impugnada.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 21/2010 de 28 de junio, cursante de fs. 108 a 110 vta., disponiendo que la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.