Source: http://www.cisgspanish.com/seccion/jurisprudencia/espana/?anio=2014
Timestamp: 2019-01-19 14:03:11
Document Index: 366392111

Matched Legal Cases: ['artículo 79', 'artículo 421', 'artículo 222', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 61', 'artículo 39']

Jurisprudencia - España - Sentencias año 2014
Comprador: Freigel Foodsolutions, SA (España)
Vendedor: St. Paul N.V. (Bélgica)
Ponentes: Sr. José Ramón Ferrándiz Gabriel
Antecedentes: SAP Barcelona, 18 abril 2012
Mercaderías: Queso
Disposiciones citadas: CISG Art.79,
El conflicto surgió en la ejecución de tres contratos de compraventa de productos lácteos – queso destinado a la elaboración de comida precocinada -, que en la misma fecha (21 enero 2008) perfeccionaron St. Paul N.V., con establecimiento en Bélgica, como vendedora, y Freigel Foodsolutions, SA, con establecimiento en España, como compradora.La causa inmediata del conflicto fue la negativa de la compradora, a consecuencia del incendio de su establecimiento el 15 marzo 20008 a recibir más mercancía y a pagar el precio correspondiente al entender que dicho incendio constituía el impedimento ajeno a su voluntad, por lo que conforme al art.79 CISG queda exonerado del cumplimiento.
El vendedor belga, en desacuerdo con la negativa del comprador a cumplir lo que había convenido, interpuso contra ella una primera demanda, en la que le reclamó el precio de los productos lácteos, incluidos los que después del incendio no había querido recibir. Al contestar dicha demanda, la compradora reconoció deber la parte de la suma que la vendedora le reclamaba como contraprestación de las mercancías entregadas antes del siniestro, pero negó su deuda por el precio de las dos partidas que no quiso recibir después de él, invocando en su apoyo la norma del art.79 CISG.
En el referido proceso el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, el 19 marzo 2010, estimando la demanda sólo en la medida del allanamiento de la demandada y la desestimó en cuanto a lo demás. En particular declaró que la compradora no debía el precio de la mercancía que no había querido recibir después del incendio, al aplicar a su favor la mencionada norma de la Convención de las Naciones Unidas, con la siguiente argumentación: (a) ” consta acreditado, documentalmente, que se produjo un incendio, que destruyó la parte de la fábrica de la demandada en la que se elaboraba el producto para el que se suministraba el queso por la actora “; (b) ese acontecimiento constituyó un supuesto de fuerza mayor; y (c) convirtió en improcedente que la vendedora iniciara el transporte de una parte del producto ” la tarde del 17 marzo 2008, cuando ya se había comunicado el siniestro y, menos, que continuara con la fabricación del producto para la demandada, dada la envergadura del siniestro y la imposibilidad de recepción “.
Si bien dicha sentencia no fue recurrida, antes de que el Juzgado de Primera Instancia competente dictara la referida sentencia, el vendedor interpuso contra el comprador otra demanda, que dio origen al proceso del que dimanan los recursos extraordinarios presentados ante el Tribunal Supremo. En dicha demanda, la vendedora pretendió la resolución de los contratos de compraventa, por el incumplimiento de la compradora, y la condena de la misma a pagarle el precio que no había abonado, así como una indemnización por los daños y perjuicios que, afirmó, le había producido la infracción contractual. La demandada se defendió, en esta nueva ocasión, con los mismos argumentos con los que lo había hecho en la primera – en concreto, volvió a buscar amparo en la norma del artículo 79 CISG- y, además, opuso la excepción de litispendencia – dado que el primer proceso se tramitaba y la sentencia aún no había sido dictada -, que el Juzgado de Primera Instancia rechazó en el trámite previsto en el artículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
La sentencia de primer grado estimó en parte la demanda y condenó a la compradora a abonar a la vendedora la cantidad que ésta le había reclamado como indemnización por el lucro cesante. La compradora demandada recurrió en apelación y la Audiencia Provincial estimó su recurso, desestimando íntegramente la demanda, con el argumento de que, al constituir la ” ratio decidendi ” de la sentencia del primer procedimiento – ya dictada – un antecedente lógico de la decisión del segundo y al ser las partes las mismas, debía operar el efecto positivo y vinculante de la cosa juzgada previsto en el artículo 222, apartado 4 , de la Ley de Enjuiciamiento Civil , respecto de la concurrencia de la causa de exoneración regulada en el artículo 79 CISG, consistente en el incendio de la fábrica de la entonces apelante.
Contra la sentencia de segunda instancia interpuso St. Paul N.V. recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, ante el Tribunal Supremo.
Los recurso extraordinarios fueron rechazados sobre la base de entender el Tribunal Supremo que la calificación dada, en un proceso anterior, al incendio del establecimiento de la compradora como acontecimiento impeditivo del cumplimiento de las obligaciones de la misma, en el sentido previsto en el artículo 79 CISG , vinculaba a los órganos judiciales del segundo proceso entre las mismas partes y sobre idéntico contrato.
En relación con el recurso de casación, el vendedor alega dos motivos. En primer lugar, la infracción de la norma del apartado 3 del artículo 79 CISG. El Tribunal Supremo desestima el motivo al entender que: la primera sentencia, al aplicar dicha norma, declaró – aunque fuera de modo implícito – concurrente su supuesto de hecho. Esto es, que el incumplimiento de la compradora fue debido a un impedimento ajeno a su voluntad; que al celebrar los contratos no cabía razonablemente esperar que la misma tuviese en cuenta tal impedimento; y que, con posterioridad a la perfección de aquellos, no cabía esperar razonablemente que evitara o superara el mismo o sus consecuencias.
Es cierto que la exoneración, como consecuencia del impedimento, permanece mientras éste perdura. También lo es que hay impedimentos no definitivos, sino temporales. Sin embargo, aun en el supuesto de que se entendiera que la demandada pudo reanudar su actividad industrial superado el incendio y, por ello, que la imposibilidad sobrevenida de cumplir cesó pasado el tiempo – lo que, en todo caso, no se ha declarado probado -, es lo cierto que no consta que la compradora hubiera sido puesta en la situación de incumplidora de nuevo, esto es, cuando ya – en tal hipótesis – podría haber cumplido.
En el segundo motivo del recurso de casación, el vendedor denuncia la infracción, por no haber sido aplicado, del artículo 61 CISG, en relación con los artículos 74 a 77 CISG, es decir, que ante el incumplimiento de la compradora tenía derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77 CISG. El Tribunal Supremo rechaza también este motivo al considerar que el art.61 CISG se refiere a un supuesto de hecho distinto del afirmado en la sentencia recurrida – como consecuencia del efecto positivo de la cosa juzgada respecto de la exoneración de responsabilidad de la compradora -.
Tribunal Supremo, 9 Julio 2014
Antecedentes: SAP Murcia, 25 mayo 2012
http://www.cisgspanish.com/seccion/jurisprudencia/espana/?anio=2012
Disposiciones citadas: CISG Art.38.1, CISG Art.39, CISG Art.44, CISG Art.77, CISG Art.79,
Habiendo recaído sentencia por la Audiencia Provincial de Murcia (sección 1ª) el 25 mayo 2012 (http://www.cisgspanish.com/seccion/jurisprudencia/espana/?anio=2012) se apela ante el Tribunal Supremo por la vendedora española.
El conflicto entre las partes, vendedor español y un comprador holandés, deriva de la entrega de pimentó que contenía colorantes no autorizados. En el recurso de apelación el vendedor alega, en primer lugar, la infracción de los artículos 38.1 y 39 CVIM al entender que la compradora no habría cumplido con el deber de examinar la mercancía al recibirla, previamente a su utilización, sino que la aceptó al usarla e incorporarla al proceso productivo propio.
El tribunal rechaza la argumentación de la vendedora y considera que si bien el art.39 CVIM establece una carga para el comprador en relación con la comunicación al vendedor de la falta de conformidad, perdiendo el derecho a invocar la falta de conformidad y a los remedios especificados en la Convención si no lo comunica, lo que además presupone el previo cumplimiento de la obligación de examen bajo el art.38.1 CVIM, el artículo 39 no se aplica si se da alguno de los supuestos de incumplimiento del art.35 CVIM (cantidad, calidad y tipo), o si concurre la excepción del art.40 CVIM por la que el vendedor no podrá invocar los arts.38 y 39 si la falta de conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado al comprador. Así considera el tribunal que el art.40 CVIM es de aplicación al caso puesto que actuó negligentemente, al no haber tomado las medidas para que la pureza del producto que debía entregar fuera efectiva, de tal forma que su negligencia elimina la posibilidad de que la vendedora invoque a su favor las consecuencias del incumplimiento por la compradora de la carga que le imponía el art.39 CVIM. En este sentido, el tribunal confirma la decisión del tribunal de apelación que consideró que en el mercado en cuestión (el sector alimentario de especias) la aparición de colorantes contaminantes no era extraño tanto más por las numerosas alertas que se habían producido en la Unión Europea. Hipotéticamente considera el tribunal la alegación de la vendedora relativa a si el diligente examen de la compradora debía extenderse también a la realización de análisis especializados de la mercancía para comprobar si la pureza de la misma había quedado alterada por la influencia de agentes contaminantes, considerando que, en principio, y dadas las circunstancias, sería excesivo.
En segundo lugar, la vendedora alega infracción del art.77 CVIM, al entender que la compradora no había adoptado medidas razonables para mitigar los daños, y ello porque omitió el examen del pimentón rojo al recibirlo y lo incorporó al proceso productivo, así como al no aplicar los criterios sancionados por el Comité Permanente para la Cadena Alimentaria la Sanidad Animal de la Comisión Europea. El tribunal desestima también este motivo puesto que la equiparación realizada entre los arts.38 y 39 CVIM y el art.77 CVIM no tiene en cuenta que el daño no había sido conocido inicialmente por la compradora, ni tampoco le era exigible conocerlo.
Por último, la vendedora alega infracción del art.79 CVIM en el sentido que constituía para ella una carga excesiva e insoportable superar el impedimento que significó conocer de inmediato la contaminación fortuita del pimentón y reaccionar oportunamente ante ella, lo que le situó ante la imposibilidad de incumplir. Citando tanto el art.1184 Código Civil como el art.79 CVIM señala que la inevitabilidad a la que se refiere el art.79 no exonera al incumplidor si en el momento de la celebración del contrato el riego era controlable, razonablemente, por el contratante que luego incumplió. En este sentido, el Tribunal respalda la conclusión del tribunal de apelación que el daño se habría evitado si la vendedora hubiera actuado como una persona razonable, lo que implica, al fin, que asumió voluntariamente el riesgo correspondiente.
Juzgado de Primera Instancia nº3 de Tudela (Navarra)
Comprador: CERAMICA TUDELANA, S.A. (España)
Vendedor: WASSMER GRUPPE SPEZIALMASCHINEN GMBH (Alemania)
Ponentes: Don Oscar Ortega Sebastián
Antecedentes: Juzgado de primera instancia e instrucción nº3 de Tudela, 29 marzo 2005
Audiencia Provincial de Navarra, 27 diciembre 2007; Sentencia del Tribunal Supremo 20 julio 2011
Disposiciones citadas: CISG Art.39, CISG Art.49.1,
El litigio que trae causa de la Sentencia de Primera Instancia e Instrucción, nº3 de Tudela, 29 marzo 2005, de la SAP Navarra, 27 diciembre 2007, y del recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo que dictó sentencia el 20 julio 2011. El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por el vendedor alemán como consecuencia de quebrantarse la garantía procesal del derecho a la prueba en términos de objetividad e imparcialidad, lo que conlleva la declaración de nulidad de actuaciones desde la designación de peritos en primera instancia a cuyo momento procesal deben restablecerse las actuaciones.
El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Tudela (Navarra) dicta sentencia el 25 julio 2014 por la que, en primer lugar, considera que en aplicación del art.39 CISG, la denuncia se realizó en un plazo razonable ya que inmediatamente después de la entrega de la máquina, el comprador realizó múltiples comunicaciones y reclamaciones. En segundo lugar, analizando las pruebas periciales practicadas ex novo, o en función de las pruebas inicialmente practicadas, entiende que existe un deficiente funcionamiento de la máquina que la vendedora alemana fabricó y vendió a la compradora española. Deficiente funcionamiento que hace que la máquina presente un nivel de roturas de los ladrillos del 75% y 84% según la velocidad utilizada y que el tribunal considera un incumplimiento contractual total, o aliud pro alio por aplicación de los artículos 1101 y 1124 CC y art.49.1 a) CISG, que da lugar a la resolución del contrato, con la obligación, además, del vendedor de proceder a retirar a su cargo la maquinaria instalada en el establecimiento de la compradora.
SAP Palencia, 9 septiembre 2014
Comprador: Comprador/vendedor: Krüger GMBH & Co.K.G (Alemania)
Vendedor: Vendedor/comprador: Productos Solubles, S.A. (España)
Ponentes: Sr. D. Mauricio Bugidos San José
Antecedentes: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, nº2 de Palencia, 10 octubre 2012
Mercaderías: café (contrato de compraventa recíproca de café)
Disposiciones citadas: CISG Art.9.1, CISG Art.18, CISG Art.19, CISG Art.29,
SAP Palencia 9 septiembre 2014
Las partes del presente contrato celebraron un contrato de compraventa recíproca de café el 1 de febrero 2010 con una duración hasta final del año. Las partes discuten en primer lugar si se ha producido una modificación del contrato en el sentido de extender su vigencia también para el año 2011, afirmando la parte española que dicho contrato no extendió su vigencia y que su silencio ante dicha modificación, así como a la modificación de la cuantía contratada, que realiza la parte alemana en sus comunicaciones no puede ser constitutivo de aceptación (art.18.1 CVIM).
A estos efectos el tribunal analiza detalladamente los numerosos correos electrónicos intercambiados entre las partes, a la luz de los artículos 18, 19 y 29 CVIM, y apoyándose en el Compendio de la CNUDMI sobre la Convención de Viena, pero también en la doctrina y jurisprudencia española en relación con la novación, estima que la modificación tácita del contrato es posible. En este sentido, el tribunal realiza una valoración global del conjunto de correos electrónicos, ya que individualmente considerados éstos no implicarían la aceptación por la parte española de la modificación contractual, para concluir que la repetición de los numerosos correos, su sentido, la doctrina de los actos propios pues la parte española realizó entregas de café en el año 2011, la falta de protesta ante los correos remitidos por la parte alemana de los cuales se desprende cuál era el volumen de café contratado y que debía de entregarse, siendo que éste era superior al inicialmente contratado, llevan a la conclusión de que el contrato resultó modificado.
Específicamente el tribunal rechaza la alegación de la parte española relativa a que el contrato bajo la CVIM necesita de un acuerdo expreso para su modificación (argumento ex. art.18.1). Sin embargo, el tribunal concluye de forma diversa aludiendo al art.18.3 así como al 9.1 CVIM para entender que los diversos correos electrónicos intercambiados y la actitud de las partes ante ellos son significativos de la existencia entre ellos de una práctica; igualmente cita en su apoyo las sentencias contenidas en el CLOUT 23, CLOUT 313, y CLOUT 193. Por ello, el tribunal considera definitivo a efectos de entender que existió una modificación del contrato los actos de las partes que suficientemente probados e interpretados en su conjunto indican cuál fue la voluntad de las partes dirigida a la modificación del contrato.