Source: https://unidadsiporelcambio.wordpress.com/2008/11/18/alberto-acosta-el-reto-de-la-nueva-ley-minera/
Timestamp: 2017-10-19 11:05:03
Document Index: 153732982

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 407', 'artículo 28', 'artículo 317', 'artículo 82', 'artículo 66', 'artículo 396', 'artículo 397']

Alberto Acosta: El reto de la nueva ley minera | POLÍTICA Y SOCIEDAD
Alberto Acosta: El reto de la nueva ley minera
Se sabía que no era una tarea fácil. Hay muchos intereses en juego. Y muchos problemas acumulados. Pero no se podían, ni se pueden mantener las cosas como están. La realidad en el ámbito de la minería, a pequeña escala en el caso de los recursos metálicos o de la explotación de materiales para la construcción, es sumamente compleja en varios aspectos: social, ambiental, económico, de seguridad humana, incluso político.
– A despecho de lo que dice la Constitución, que las empresas privadas sólo pueden intervenir de manera excepcional, se les da un tratamiento similar a las otras formas empresariales (artículo 20). Además, se les otorga derechos especiales a las empresas extrajeras, como es el “trato nacional”, la “no discriminación”, el “amparo” frente a interferencias, el silencio administrativo a favor de las empresas.
– En el artículo 25 se abre la posibilidad de libre prospección en áreas naturales protegidas y zonas intangibles, así como en zonas socioambientales sensibles. No hay una definición clara de las zonas mineras. Esta disposición violaría lo dispuesto en los artículos 57 y 408 de la Constitución. Adicionalmente, no conviene separar la fase exploratoria del resto del proceso, para cumplir lo previsto en el artículo 407 de la nueva carta magna.
– Los títulos mineros (artículo 28) son asumidos casi sin límites. La figura de la concesión que es una herramienta del Estado para mantener la propiedad sobre el recurso en este caso se debilita al otorgarse un título transferible, transmisible y sujeto a cesiones en garantía. Esto va en contra del artículo 317 de la Constitución, que establece que los recursos naturales pertenecen al patrimonio inalienable del Estado. Esto podría, además, mantener la práctica especulativa que ha primado en la actividad minera nacional.
– Igualmente se permite a una misma persona tener varias concesiones para la
– No se establecen áreas vedadas a la minería por afectar fuentes de agua, por ejemplo. En la práctica se desconoce la prelación del agua, establecida en la Constitución. Esto podría anticipar conflictos con la nueva ley de agua, que está siendo discutida.
– Igualmente se marginan a lo largo de la ley los derechos colectivos y los derechos de la Naturaleza. Tal como se establece el tema las servidumbres -del agua, por ejemplo- podría afectar dichos derechos, pues se ha entregado un elevado margen de acción y dominio a las empresas mineras.
– Tampoco se determina con claridad que personas están inhabilitadas para recibir concesiones mineras. Algo que se decidió ya en el mandato Minero y que, inclusive, ha sido motivo de oportunas disposiciones legales en ocasiones anteriores, por ejemplo en el Código de Minería de 1918.
– El artículo 82 del proyecto de ley minera dispone en el inciso tercero que: “El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo dará lugar a las eventuales sanciones al concesionario minero por parte del Ministerio sectorial. Las sanciones podrán incluir la suspensión de las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la caducidad”. Las sanciones no pueden ser eventuales.
– Es preocupante que el procedimiento de caducidad y sanción, si se afectan los derechos de la Naturaleza, de la biodiversidad o de las comunidades, estarán contenidos en un reglamento. Se corre el riesgo en el reglamento, los requisitos para la sanción sean demasiado laxos como para no sancionar adecuada y oportunamente a quienes provocan dichas afectaciones.
– También sería importante revisar el régimen de sanciones, y responsabilidades de los titulares de las concesiones. De lo que se desprende del artículo 66 del proyecto de la ley es que los titulares de las concesiones mineras están obligadas a resarcir los daños causados al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, y a las concesiones colindantes. Pero no dice nada de la obligación que tienen de conformidad con el artículo 396 de la Constitución sobre la “responsabilidad por daños ambientales objetiva”. Tampoco se establece la obligación de “restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”, en concordancia del artículo 397 de la Constitución.
La ciudadanía tiene la palabra. Discutamos democráticamente. No es justificable que el diálogo de la ley de minería empiece con violencia y represión. Lleguemos a respuestas que estén, en todo momento, ajustadas a la nueva Constitución, que recibió el respaldo contundente de la sociedad.-
This entry was posted on 18 noviembre 2008 at 3:55 pm and is filed under General.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.