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Timestamp: 2017-12-13 22:25:51
Document Index: 96968172

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19']

MAESTRO RICARDO SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO: Gracias Presidenta.
Trataré de englobar todas las preguntas que han hecho el favor de hacer y los comentarios que he recibido hasta este momento:
Un primer lugar, y creo que es un tema que se ha tocado entre varios de los legisladores, es el tema de la coordinación con los estados y la facultad de atracción, como se ejerce esta facultad que se tiene por parte de la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, quisiera señalar: el artículo 73 de la Constitución nos da la facultad de conocer este tipo de delitos a ambas instancias. La Procuraduría General de la República, en cuanto tiene conocimiento de una agresión a un periodista, cuando hay conocimiento de que un periodista ha sido privado de su vida por el medio que sea, incluso por los medios de comunicación, se abre carpeta de investigación de manera inmediata, de manera oficiosa, sin necesidad de una denuncia específica. Y las fiscalías y procuradurías locales también hacen esa responsabilidad.
Y este artículo 73 nos permite establecer un esquema de corresponsabilidad, es decir, que ambas autoridades pueden cooperar para investigar los delitos. Y el ejercicio de la facultad de atracción, es un ejercicio potestativo.
Como estrategia de esta Fiscalía, yo sí quiero señalar que existe la política de trabajar con las entidades federativas sin tener que recurrir necesariamente a la figura de la facultad de atracción; ambas fiscalías y ambas procuradurías están trabajando desde el inicio en los hechos; ambas instituciones colaboran permanentemente.
El ejemplo de Baja California Sur es un ejemplo muy claro, como Procuraduría nosotros trabajamos en ciertas evidencias, en ciertos trabajos de carácter pericial; en cierto trabajo de carácter especializado, de alta especialidad; y la procuraduría local también trabajó sus líneas de investigación y llegó a un punto en el que juntamos todos estos indicios, estas evidencias y se logró obtener cuatro órdenes de aprehensión contra los responsables materiales de este crimen.
Y estas personas ya se les han ejecutado la orden de aprehensión y seguirán el proceso que marca la ley.
Esa es una situación que hay que destacar. El artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite ejercer esta facultad de atracción; pero hay que ejercitarla de una manera muy responsable, la Fiscalía tiene oficinas en la Ciudad de México, la Fiscalía no tiene una delegación específica en Baja California Sur, otra en Guerrero.
Tenemos una concentración aquí en el Distrito Federal, y tenemos que potencializar nuestras investigaciones a través de la colaboración. Esa es una respuesta que quiero que quede muy claro y esa es la estrategia que estamos trabajando en este momento.
Ahora, en materia de las líneas de investigación se señalaba el tema de la discriminación o la estigmatización de periodistas, por una situación que pudiera haber sido víctima por cuestiones personales.
La Fiscalía tiene una especialización en materia de libertad de expresión y nosotros, como responsabilidad inicial, privilegiamos de manera muy clara el tema y la línea de investigación que nos permita determinar si existió una relación con la libertad de expresión y la agresión que se tuvo; cualquiera que sea y el nivel que sea de la agresión, desde amenaza hasta algunos crímenes de más alto impacto.
Esa es una responsabilidad que tenemos y la Fiscalía tiene, de acuerdo a la Constitución, la facultad de investigar esta situación. Si se determina que no existe una situación entre el delito y la libertad de expresión, ya no es competencia de la Fiscalía y ya no puede continuar esta investigación, y se transmite al fuero local, que es quien es competente originariamente para todo este tipo de delitos en la gran mayoría de las situaciones.
Pero sí es una situación que quiero señalar. Siempre se prioriza la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión.
Como investigadores de un delito, no podemos descartar ninguna teoría de inicio. Cualquier teoría debe de ser estudiada, analizada y serán las pruebas objetivas, las pruebas científicas, las pruebas que nos permite el Código de Procedimientos Penales, serán las que se presenten ante un juez cuando se judicialice una situación de esta naturaleza.
En otro tema también que se ha señalado, es el tema de la especialización. Nosotros tenemos claro que debemos de especializar a los ministerios públicos, especializar a los peritos, especializar sobre todo también a los policías investigadores.
Quien realiza la investigación en el campo, debe de tener la sensibilidad para analizar este tipo de delitos; conocer que no puede descartar de inicio ninguna situación relacionada con la libertad de expresión; conocer cómo debe de analizar el contexto en el que se desarrollaba la víctima, antes, durante y después de la comisión de cualquier tipo de delito relacionado con la libertad de expresión.
Esa especialización es en la que estamos trabajando y esa especialización será la que nos dé la pauta para fortalecer la Fiscalía y poder aportar a las fiscalías y procuradurías locales esa especialización, esa sensibilidad, ese conocimiento del contexto en el que se desarrolla cada una de las y los compañeros periodistas que están trabajando en lugares de riesgo.
Ese es un tema muy importante.
Ahora, también se señalaban como responsables, que en muchos casos se señalan como responsables a autoridades de los tres niveles de gobierno: municipales, federales, estatales.
La Fiscalía siempre, y tiene un número relevante de averiguaciones y de carpetas de investigación en donde se señala el abuso de autoridad, y en estas averiguaciones se debe de llegar a todos los recursos para determinar si hay un servidor público responsable, sancionar a ese servidor público de acuerdo a la ley, tanto administrativa como penalmente.
Puedo poner como ejemplo el día de hoy en estos momentos. Se está desarrollando una audiencia en el Estado de México de un caso en el que la Fiscalía judicializó el asunto por abuso de autoridad de una autoridad local, y se está llevando en este momento una audiencia relacionada con este caso.
Se siguen y se persiguen a todas las personas, no importa si es servidor público o no, y si es servidor público se atiende la naturaleza específica de esta persona y se da vista a las autoridades de carácter administrativo que deban de atender e investigar esta situación.
Ahora, el fortalecimiento de la Fiscalía efectivamente es un tema muy importante. Actualmente contamos con 17 ministerios públicos especializado en la situación para un universo de carpetas de investigación y averiguaciones previas que nos requiere potencializar esa situación.
Necesitamos mayores ministerios públicos y se debe fortalecer esta situación y ese es el trabajo que estamos haciendo desde que el Presidente de la República se reunión con la CONAGO para expresar este compromiso de fortalecer la Fiscalía.
Estamos trabajando en fortalecer esta parte de la Fiscalía. Nosotros trabajamos a través de ministerios públicos que son quienes dirigen la averiguación, quienes dirigen la carpeta de investigación y que deben de trabajar de manera coordinada con la Agencia de Investigación Criminal, que debe de trabajar de manera muy coordinada también con la Policía Federal, con las áreas de inteligencia, las áreas de investigación, las áreas de seguridad regional que son quienes pueden estar en el campo haciendo las investigaciones relacionadas.
Hemos estado enfáticos en que a través del Sistema de Justicia Penal que nos rige al día de hoy, tenemos que sacar al ministerio público de hacer investigaciones vía oficio y lo estamos trabajando.
Hemos estado de manera permanente en los estados. Desde que tomé este encargo he estado gran parte del tiempo fuera de la Ciudad de México; he estado en el estado de Sinaloa encargándome directamente de la investigación relacionada con el homicidio de Javier Valdez.
He estado en contacto con la fiscalía local, he estado en contacto con la familia, he estado en contacto con los periodistas relacionados con este caso y estamos trabajando en el campo, en donde los hechos suceden.
Hemos estado en Baja California Sur; hemos estado en Guerrero; hemos estado en Chihuahua trabajando todos estos casos y vamos a seguir en el campo trabajando e investigando los delitos donde suceden. Esa es una situación muy importante.
Por último, quisiera señalar el tema del análisis de contexto. Esa es una situación que hemos empezado a trabajar de manera muy relevante desde que el Procurador y la Subprocuradora me han hecho ese encargo.
Esto implica tener personal especializado que nos permita determinar en dónde se movía la víctima, con quién tenía relaciones, con quién estaba trabajando sus notas periodísticas, si estaba trabajando en alguna nota antes de publicarla, había publicado algo que pudiera agredir a alguien; y este es un tema que estamos trabajando de manera muy importante, que nos permita dar luz en las líneas de investigación que vamos a seguir en cada uno de los casos.
Ese es el compromiso que tenemos y esos son los temas. Espero haber tocado todos los temas que me han planteado.
Si no, coméntenmelo y ahondamos en cualquiera de estos puntos. Espero que haya sido suficiente.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, maestro.
Tiene la palabra la maestra Herrerías.
SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA: Muchas gracias.
Respecto a las preguntas que me realizó a mí la senadora, en cuanto a la función que tiene esta Subprocuraduría de Derechos Humanos en Prevención del Delito. Efectivamente tenemos una dirección general que apoya a las seis fiscalías unidades que dependen de esta Subprocuraduría que atienden el delito y específicamente la prevención de estos delitos, que creo que usted conoce todas las fiscalías que dependen de esta Subprocuraduría y también en la prevención del delito en general de todas las áreas de la PGR.
En este sentido, específicamente en materia de periodistas, somos parte del mecanismo de protección que tiene una tercera unidad de prevención del delito, a cargo de la maestra Patricia Conchero, ahí hay un área de prevención con las que vamos a trabajar.
Sin embargo, una parte es en cuanto a los ministerios públicos, una forma de prevenir es capacitar a los ministerios públicos en todo lo que es análisis de la información, los modelos de riesgo y es algo en lo que estamos trabajando y también en los planes de autoprotección que lo estamos pensando también con redes ciudadanas.
Sin embargo, creo que la prevención es también la cuestión de la persona que comete el delito y es algo que estamos viendo, estamos convencidos de que para volver a reconstruir el tejido social tenemos que trabajar con estas personas que han sido detenidas en cualquier área de la PGR y que en el momento en que por algún criterio y oportunidad salen en libertad, sean canalizadas al área de prevención para trabajar con ellos.
También a nivel secundarias, a partir de ahí estamos teniendo un plan de protección, porque sí quereos que la prevención también va a darle a las y a los ciudadanos, a los jóvenes de nuestro país, una oportunidad de vida y sólo trabajando con ellos es que lo vamos a hacer.
Entonces, a manera genérica estamos trabajando en ello de manera específica, como comento, lo vamos a hacer con el mecanismo de protección en estos puntos específicos.
En cuanto a las medidas de protección, como usted sabe, es mi deber supervisar todas las unidades y fiscalías que dependen de esta subprocuraduría, quien ha dado estas medidas de protección específicas, son cada una de las y los ministerios públicos de la FEABLE. Sin embargo, tengo el dato a partir de 2010 a mayo de 2017, para proteger la integridad de las víctimas de 385 víctimas directas y 108 indirectas. La FEABLE ha solicitado la implementación de 731 medidas cautelares en 317 indagatorias; 167 en coordinación con el mecanismo de protección y 17 en coordinación con la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Sin embargo, estas medidas de protección son las que directamente y el Ministerio Público hace dentro de las averiguaciones previas. Mi función sólo es supervisar todas estas fiscalías y unidades.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias maestra.
Tiene la palabra el Subsecretario Roberto Campa Cifrián.
LICENCIADO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Muchas gracias.
Comienzo por atender el cuestionamiento del diputado Alfredo Carreiro. Efectivamente no se trata de un tema nuevo. Si nosotros revisamos las cifras de los últimos años, encontramos que el incremento está aparejado con el incremento de la violencia que hemos vivido en el país.
En la administración de 2000 a 2006 hubo 23 homicidios a periodistas, hay distintas fuentes, como se ha dicho aquí, voy a referirme a las del artículo 19.
El mecanismo tiene una cifra un poco más alta y la CNDH, porque para una instancia como artículo 19 resulta más legítimo identificar quiénes realmente son periodistas y quiénes no, eso resulta mucho más difícil para la autoridad.
Entonces, me refiero a las cifras de artículo 19, en esos años hubo 23, pero es importante destacar que el último año que es 2006, hubo 10 homicidios de periodistas.
En los siguientes seis años hubo 47 homicidios de periodistas y en los primeros cuatro de lo que va de esta administración son 33 y en los primero 4 años de esta administración, 27 son estas básicamente las cifras.
No se trata ciertamente de un asunto nuevo. Nos preocupa lo que ha venido sucediendo en estos meses de este año, el comportamiento que hemos tenido en los primeros meses y exactamente a partir de ello es que se anuncia este programa extraordinario que tiene que ver, por una parte, con el fortalecimiento de las tareas de investigación y de las fiscalías y, por otro lado, el fortalecimiento del sistema de protección.
Preguntaba sobre el caso de Colombia:
Colombia, como decíamos, es el caso emblemático de un mecanismo de protección.
No se refiere solamente a defensores o a periodistas; incluye otros segmentos, otros sectores de la población.
Pero, le comento, por ejemplo, que el mecanismo de Colombia tiene alrededor de 10 mil personas protegidas y tiene un presupuesto de alrededor de 180 millones de dólares al año.
Se trata de un mecanismo muy grande, es un mecanismo autónomo, muy robusto, pero ha servido, la experiencia que ellos han alcanzado, para apoyar sobre todo las tareas técnicas en el fortalecimiento del mecanismo.
Finalmente, con respecto a la pregunta del diputado Ferreiro:
Debo decir que, lo que hemos encontrado en los gobiernos de los estados, en todos los casos en la tarea que estamos llevando a cabo, es disposición y compromiso.
A los gobiernos locales les corresponde una parte importante:
Les ha correspondido en el mecanismo, ¿por qué?, porque el mecanismo no tiene estado de fuerza; el mecanismo tiene escoltas que forman parte del mecanismo, no son escoltas de corporaciones de policía, son escoltas del mecanismo, tiene recursos, por ejemplo, para infraestructura, para instalar cámaras de video vigilancia, para fortalecer cercas, etcétera, pero no tiene estado de fuerza. Entonces requiere siempre del estado de fuerza local.
Lo que hemos hecho en esta etapa, es fortalecer estos esquemas de comunicación para que realmente podamos contar con el apoyo de los gobiernos de los estados.
Y voy a hacer referencia un poco más adelante al resto de las tareas que están incluidas en el programa extraordinario:
Respondo a la pregunta del diputado Monreal: ¿Cuáles son las medidas preventivas?
En realidad, el fortalecimiento de las instancias técnicas del mecanismo, la posibilidad de atender oportunamente a un periodista es la tarea fundamental, pero entendemos que no es suficiente senador, que el mecanismo o puede cumplir con su tarea solamente a partir de la atención individual de las personas.
Comentaba yo el ejemplo de Chihuahua:
Lo que estamos haciendo en Chihuahua es identificar cuáles son las causas de estos riesgos y de esta violencia y a partir de las causas, intentar revertir esa situación.
Hay aquí representantes muy destacados, de Chihuahua. Nadie, en Chihuahua, puede ignorar que un problema de violencia, de los derechos humanos, tiene que ver con la Sierra Tarahumara y con las condiciones de explotación forestal de la Sierra Tarahumara, de decisiones, de CFE, de CONAGUA, de la Procuraduría Forestal.
Lo que hemos intentado en el programa, es identificar cuáles son las causas de esos riesgos, identificar en un diagnóstico cuáles son las decisiones de autoridad que tensan a las comunidades, que implican un riesgo mayor para las comunidades y lo que estamos haciendo es tratar de revertir esas causas.
La tarea de las acciones extraordinarias, sobre todo por lo que hace a las unidades de los estados, lo que pretende es eficientar la parte preventiva, sobre todo en el identificación oportuna de los riesgos.
Y, como decía, me referiré a esa parte un poco más adelante.
La diputada Lía Limón, pregunta sobre la situación financiera del mecanismo:
El mecanismo de protección, se financia a través de un fideicomiso.
No, y con esto respondo también a la pregunta que hizo la senadora Dolores Padierna, no aplica el principio de anualidad del presupuesto.
En el caso de los programas presupuestales, terminando el año, si el presupuesto no se agota, están obligados a reintegrar los recursos a la Tesorería.
No sucede en el caso del mecanismo porque se financia a través de un fideicomiso.
Por ello, este año, el mecanismo ha podido subsistir a partir de los remanentes de los años anteriores.
Y efectivamente, como aquí se ha dicho, el mecanismo comenzó a recibir recursos en 2012, 40.8 millones; 127.5 en 2013; 118 en 2014; 102 en 2015; 88.9 en 2016 y como tenía recursos en 2017, la decisión fue que no se le asignara recurso al fideicomiso en 2017.
Pero el incremento de la protección ha sido también exponencial, diría yo. El mecanismo protegió a 70 personas en 2013; a 205 en 2014; a 272 en 2015; a 398 en 2016 y hoy lo que tenemos son 538 personas.
Pero si revisamos las solicitudes de incorporación, sobre todo en los últimos meses, encontramos que tendremos, que vamos a mantener por lo menos esta tendencia creciente de protección.
El fideicomiso comenzó el año con 311 millones de pesos, tenía todavía que pagar algunos de los meses del año anterior. Con los recursos que tenemos al día de hoy, el fideicomiso va, si mantenemos la tendencia a agotar estos recursos en el mes de octubre, y tenemos ya el compromiso –debo decir– de la Secretaría de Hacienda de que habrá recursos para sostener el mecanismo en los meses que restan de este año, y naturalmente habrá de hacerse la propuesta a la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, para financiar al mecanismo el próximo año.
La senadora Padierna pregunta también sobre la empresa prestadora de servicios, que es efectivamente una empresa denominada RCU, esa es la única proveedora de servicios en el mecanismo, así se consideró cuando se creó el mecanismo. Esta empresa fue contratada en la anterior administración, en 2012; y lo que nosotros hemos encontrado es un buen servicio.
Hemos hecho un análisis de mercado sobre el costo que tienen las medidas, puedo asegurarles que no hay una sola medida aprobada por la Junta de Gobierno del mecanismo y facturada por la empresa, que no se dé. Absolutamente todos los servicios que se facturan son servicios que se están dando.
Y me parece importante señalar que en la última etapa se tomó la decisión en la Junta de Gobierno, de abrir toda la información administrativa a la Junta de Gobierno del mecanismo. La Junta de Gobierno cuenta hoy con la información de detalle sobre las condiciones administrativas de la contratación, y en consecuencia está también participando en la revisión de estos procesos.
El fideicomiso es un fideicomiso que se audita, que se audita periódicamente y no hemos tenido, hasta el día de hoy, ninguna observación con respecto al manejo del mecanismo. Y hago referencia a un tema que ha comentado la senadora, que es fundamental, que tiene que ver con el manejo de la información.
El manejo de la información de la Junta de Gobierno, de las medidas, del mecanismo, es información sensible. Todas las personas que están siendo protegidas, estas 536 personas fueron calificadas con riesgo por las áreas técnicas del mecanismo; absolutamente en todos los casos se determinó que hay una situación de riesgo. En algunos acasos se trata de riesgos bajos y en consecuencia, las medidas que se aprueban son medidas relativamente sencillas, bajas.
Pero hay también muchos casos de riesgos altos, toda la información es información sensible; toda es información delicada. Hay, naturalmente en el contrato, una cláusula que obliga a la empresa, al proveedor, a no dar ninguna información; y nosotros tenemos contacto, comunicación con los beneficiarios para garantizar que no haya ninguna fuga de información.
Tiene usted razón, senadora, este es un elemento absolutamente sensible en el trabajo del mecanismo.
Un comentario final a la observación que hizo la senadora Padierna. Ciertamente la impunidad es el detonador y el acelerador de estas agresiones.
Pero creo que también debemos decir que en muchos de estos casos, lo precisaré ahora que le conteste al senador Larios, en muchos de estos casos hubo alguna alerta, hubo alguna señal que, de haberse atendido, pudo haber evitado la pérdida de la vida de un periodista.
Ciertamente el mecanismo tiene cosas que es importante fortalecer, pero por ello insistimos en que es una instancia que, al menos hasta el día de hoy no tiene periodistas que hayan sido privados de la vida ninguno de los periodistas atendidos por el mecanismo, y es una instancia que está a la disposición de periodistas y defensores de derechos humanos. Y una manera de prevenir también es acercándose a la protección del mecanismo.
El senador Larios comenta sobre el funcionamiento del monitoreo.
Efectivamente, más de tres de cada diez casos de los que tenemos hoy en el mecanismo han sido invitados ellos directamente o las organizaciones, Artículo 19 o cualquier otra de las organizaciones para que se incorporen.
En los dos casos emblemáticos a los que usted ha hecho referencia el mecanismo no los ha registrado en el monitoreo.
Con Miroslava estábamos trabajando en Chihuahua porque fue parte de la mesa de la que surgió el plan que fue firmado con el gobernador el pasado viernes. Ella estaba sentada en la mesa trabajando en la alerta.
Sabemos ahora que Miroslava comunicó a distintas personas, incluso lo comentó con su medio, el riesgo que advertía. El mecanismo no tuvo ningún registro y, como he dicho, no solamente lo reconocemos como una falencia sino además la decisión de construir unidades en cada uno de los estados con una primera unidad que será la responsable del monitoreo local, yo confío en que va a ayudarnos para que ningún caso, ninguna alerta que pueda prenderse en lo local o en lo municipal, quede desatendida.
Es el mismo caso de Javier Valdez. Hoy el propio medio para el que Javier trabajaba, que es RIODOCE, ha publicado en su editorial cuáles fueron las condiciones previas al homicidio. No voy a sumar ni una sola coma a lo que ellos han dicho.
Me parece también que había puntos, había alertas que debieron haber sido considerados. Y hoy sabemos también que Javier había comenzado ya un proceso incluso para venirse a la Ciudad de México.
Esto nos obliga a ser mucho más eficaces con estos trabajos de monitoreo y a pedir la confianza de defensores y de periodistas. A llamar a la confianza de defensores y de periodistas que consideren que hay una situación de riesgo para que se acerquen al mecanismo.
Hay otros casos, probablemente el más emblemático de todos es el de Rubén Espinoza que ustedes recuerdan, el año pasado un fotorreportero de Veracruz que fue privado de la vida en la colonia Narvarte en la Ciudad de México.
En el caso de Rubén Espinoza el monitoreo identificó el riesgo, se acercó con una organización de la sociedad para pedirle que convenciera a Rubén Espinoza de que viniera al mecanismo. Desafortunadamente antes de que eso sucediese, perdió la vida, fue privado de la vida en un delito que afortunadamente ha tenido una investigación, que tiene responsables que están hoy frente a los jueces, que están purgando ya una pena, y en un caso ya con una sentencia.
No podemos, senador, en ningún caso imponerle medidas de protección a una defensora o a un defensor o a un periodista.
Yo debo decir que en los casos en los que encontramos resistencia, buscamos por todos los medios, nos acercamos con los directores de los periódicos, de las revistas; acudimos para hablar con ellos para hacerles ver que los temores que pudiesen tener con respecto al mecanismo no tienen fundamento, que no hay información que obtenga el mecanismo que pueda hacer en algún momento utilizada para limitar su libertad, que no hay ninguna información que detecte el mecanismo que sirva para algo distinto que su protección.
No es, en algunos casos, una tarea sencilla, siempre resulta una molestia tener un botón de pánico y que el periodista suponga que en ese botón le pueden dar seguimiento de dónde está, de cuáles son sus actividades o eventualmente lo puedan escuchar.
Siempre tener escolta resulta, sobre todo para personas como los periodistas, una gran molestia y naturalmente, el caso extremo que es el caso de la extracción, en algunos casos de periodistas que han perdido la vida, nos hemos acercado el mecanismo a advertir que había una situación de riesgo, que es particularmente el caso de Cecilio Pineda, el periodista que fue privado de la vida en Ciudad Altamirano, en los límites de Michoacán y Guerrero.
No había condiciones en Ciudad Altamirano, se insistió en tres reuniones de la Junta de Gobierno con el periodista, que tenía que salir de la Ciudad de México, rentamos una casa en la Ciudad de México para su atención, él tiene una niña con una discapacidad, se consiguió una casa con esas características.
Nuestros analistas de riesgo fueron don veces a Ciudad Altamirano y resultó imposible convencerlo de esa situación de riesgo. No hay manera de que le impongamos medidas de protección a un periodista que no está dispuesto y termino solamente esta respuesta diciendo que hemos trabajado también con el apoyo de Freedom House, en talleres de autoprotección.
Una parte le corresponde al mecanismo, una parte le corresponde al gobierno, una parte también le corresponde a una persona, defensora de periodistas, que sabe que está en condiciones de riesgo y se ha trabajado intensamente en reuniones regionales con personas que están protegidas o no para hacerles ver que hay una parte que les toque y para trabajar en estos talleres de autoprotección.
Voy a terminar las preguntas del diputado Vidal Llerenas.
DIPUTADO VIDAL LLERENAS: Había otro asunto de Sonora.
LICENCIADO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Sí, efectivamente, en el caso de Sonora, la información que tenemos es que el periodista solicitó, Luis Alberto Medina, solicitó públicamente que la información sea privada.
Sabemos que se acercó ya con Artículo 19 y comprometemos con usted que habremos de hacer un esfuerzo adicional para estar cerca y evitar que pueda suceder cualquier eventualidad.
Lo que puedo decir es que públicamente él ha pedido que lo que suceda con su caso sea información privada.
Requeriríamos seguramente otra comparecencia para el tema de las drogas al que ha hecho referencia el diputado Vidal Llerenas. Ciertamente la iniciativa que se presentó para despenalizar consumos, no ha concluido el proceso como sucedió con la parte medicinal, que como se ha reconocido es un primer paso.
Yo francamente tengo la impresión de que incluso las versiones más audaces en términos de legalización o despenalización mantendrán un margen importante de prohibición y en consecuencia de disrupción de la legalidad, porque no hay hoy en México y en el mundo un elemento mayor, un disruptor mayor de la legalidad que las drogas.
En nuestro país se manifiesta de manera muy violenta, significa muertes en las colonias con jóvenes, pero yo no creo que haya un solo país que pueda argumentar que un muchacho de una secundaria, estirando la mano no pueda conseguir marihuana y en ningún lugar del mundo está legalizado el consumo de marihuana para menores de edad.
No creo que haya ningún lugar del mundo en donde en un centro de diversiones una persona pueda solicitar cocaína o crack y no conseguirlo.
Serán muy poco, y todos esos casos son también rupturas de la legalidad.
Hoy, las drogas son el disruptor principal de la legalidad en el mundo.
Ciertamente en países como México, esto se manifiesta de manera muy violenta, no solamente cuesta vidas aquí, ahora se publicó hace unos días la información, por ejemplo, de las consecuencias letales de consumo de drogas en los Estados Unidos, vinculado con opiáceos.
Estamos hablando de decenas de miles de personas en fenómenos que ciertamente significan disrupciones a la legalidad.
Creo que de la parte que me tocaba a mí, éstos son.
Hago un comentario: ciertamente, el artículo 19 registra en su estadística que una parte muy importante de las agresiones tiene que ver con agentes del Estado.
Se ha repetido también esta pregunta por distinto legisladores.
También nosotros en el mecanismo tenemos una estadística un poco menor que la de artículo 19, 53 por ciento; artículo 19, 40 por ciento nosotros.
Y por ello muchas veces las medidas que aprueba el mecanismo están dirigidas a riesgos potenciales que pueden cometer agentes del Estado.
Y por eso en muchos casos la petición que hacen los solicitantes en el mecanismo, es que ni siguiera le demos información a los estados de que están protegidos en el mecanismo, o que en los rondines no participen las autoridades más cercanas, que pueden ser las autoridades municipales.
Esta ciertamente es una situación que está también fortalecida, que se puede comprobar con la información que tenemos en el mecanismo.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias al Subsecretario Campa.
Iniciaríamos, entonces, la segunda ronda con las participaciones.
Esta es la parte en la que haríamos la réplica.
Empezaríamos con el diputado José Alfredo Ferreiro.
Esta participación, diputados, es sólo por dos minutos.
¿Declina usted?
Tendría entonces la palabra, si así lo dispone, el diputado Macedonio Tamez, por dos minutos.
DIPUTADO MACEDONIO SALOMÓN TAMEZ GUAJARDO: Gracias.
Tengo una pregunta muy breve, señor Fiscal:
Estoy viendo el organigrama de la Fiscalía Especial, y veo que tiene tres direcciones y siete subdirecciones.
Y, por otro lado, se da cuenta de que hay un número insuficiente de ministerios públicos.
Tengo la impresión de que esa institución adolece de lo que muchas en México, de muchos generales y pocos soldados.
Le pregunto si no está contemplado reestructurar el organigrama para ser más eficiente y tener menos burocracia y más operativos.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias diputado.
Tiene la palabra el senador David Monreal, hasta por dos minutos.
Yo quisiera preguntarle, señor Subsecretario, en esta segunda intervención:
De acuerdo con la información de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría que usted encabeza tiene la misión de vigilar la legalidad de los actos que tenga injerencia la Secretaría, impulsar una política de respeto y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la Administración Pública Federal, y difundir los ordenamientos jurídicos nacionales, con la finalidad de propiciar el cumplimiento de los preceptos constitucionales.
Ahora bien, atendiendo a su tarea de difusión, como parte fundamental para la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información, y fomentar una cultura de respeto por la profesión, la pregunta es:
¿Cuál cree usted que sea el impacto real de los medios de difusión para fortalecer los aspectos mencionados anteriormente?
¿Piensa usted que falten campañas de concientización sobre la importancia del respeto a los derechos?
Y con respecto al fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a través de la elaboración de un atlas de riesgos para periodistas, las preguntas serían:
¿Cuáles cree usted que serán los resultados palpables, una vez que sean identificadas las zonas de mayor riesgo para ejercer, en específico la actividad de periodista?
¿Considera usted que este atlas es una acción de reacción, más que de protección? Y ¿bajo qué principios deberán estar vinculadas la efectiva capacitación de los servidores públicos responsables de las unidades de protección en las entidades federativas?
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, senador Monreal.
Le concederíamos el uso de la palabra en este tiempo, al diputado Vidal Llerenas, hasta por dos minutos.
Ahí coincidiéramos entonces que una reforma de política de drogas se requiere para reducir los daños que hay, debido a que existen las sustancias y van a existir. Pero efectivamente, es otro tema.
Sí creo que, a ver, con lo que yo escucho y las preguntas que hice, a ver, entendería yo que ustedes piensan que el incremento en el caso de agresiones a periodistas tiene que ver con el incremento de la violencia en el país, supongo. Aunque quién sabe, ahí ya no se abundó tanto, con los problemas del propio sistema de impartición de justicia.
Y en esa lógica, el sistema funciona para los periodistas que lo tienen, pero no funciona necesariamente para resolver el problema de agresiones a periodistas. Como ustedes mencionaban, tanto en el caso de Miroslava como el de Javier Valdez, había indicios de que estaban en riesgo, incluso si uno ve las investigaciones que tenían.
En el caso de Miroslava, de crimen organizado, entiendo los bosques de Chihuahua; y en el caso Javier Valdez, toda esta historia sobre el cártel del Pacífico.
Entonces, estamos en una situación en donde los periodistas que están en el mecanismo pueden encontrar algunas condiciones; pero el resto de ellos, todavía no somos capaces de prevenir, aunque podemos detectar ciertas cosas. Y ahí es donde no encuentro cuáles son lo que vamos a hacer distinto para que esto funcione.
Entiendo que no se pidió más dinero el año pasado porque no se gastó el dinero de los otros años. Pero al mismo tiempo, se dice que no hay personal especializado y que hay carencias; es decir, alguien hizo mal su trabajo, que tenía mucho dinero y no se gastó ese dinero.
O supongo que esa es la causa, y la causa no fue que la Secretaría de Hacienda, que siempre es tan consciente, fue quien determinó ese año nada más no dar dinero. Yo quiero pensar que fue un asunto más elaborado que eso.
Y finalmente, y volviendo al caso que mencionaba el Subsecretario, de Rubén Espinoza, ese es el caso que me parece más paradigmático de cómo estigmatizar a un periodista. Es decir, toda la historia que conocimos semanas después, esta historia como de terror en donde había como un burdel donde él…
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Diputado, solamente recordándole el tiempo.
DIPUTADO VIDAL LLERENAS MORALES: Sí, etcétera, me parece exactamente el caso de lo que no debe suceder. Incluso por qué se filtra esa información de quién está investigando, quién es responsable de que eso se filtre.
O sea, ese es el tipo de estigma que me parece que está causando mucho daño a todo este tema, y entonces a la autoridad le da como una razón para no investigar y poder usar estas explicaciones alternas, muy extrañas, que al final nos lleva a que no se haga justicia en estos casos.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Tiene la palabra la diputada Lía Limón.
Quiero recordarles con mucha atención, que tenemos dos minutos en esta participación.
DIPUTADA LÍA LIMÓN: Gracias, senadora.
Primero decir que agradezco la respuesta y la amplia explicación que hubo aquí sobre el tema del financiamiento. Ojalá el otorgamiento de financiamiento vaya aparejado con el fortalecimiento de estructura, porque evidentemente además si participarán a la capacitación de las entidades federativas; requerirán de una mayor estructura de la que tiene hoy el mecanismo, además porque atienden hoy más casos de los que se atendían antes. Entonces, ojalá y eso se tome en cuenta.
Quería preguntarle al subsecretario Campa, brevemente su opinión, en algún momento en la Cámara de Diputados discutimos y conversamos sobre la posibilidad de convertir la ley que hoy existe, en una ley nacional o una ley general, y me gustaría conocer su opinión al respecto.
Por otro lado, quería preguntarle al Fiscal y también a la Subprocuradora; a la Subprocuradora el tema de los protocolos. Ya hablaron un poco de eso, pero si pueden ahondar un poco en cómo piensan trabajarlos en colaboración o qué participación tendrían las organizaciones de la sociedad civil en ese tema.
Por otro lado, al Fiscal sobre la coordinación con el mecanismo, cómo es que se va a fortalecer, porque hoy tienen una participación, pero cómo se va a fortalecer o cómo pretenden fortalecer la coordinación con el mecanismo y las medidas ministeriales.
También si pueden ahondar un poco sobre la atención a víctimas de estos delitos.
Y sólo comentar que el subsecretario Campa mencionaba la importancia de capacitar en mecanismos de autoprotección. Valdría la promover al interior, incluso de los propios medios de comunicación, la creación de protocolos de protección y seguridad para periodistas particularmente cuando actúan en zonas de riesgo, y yo no sé si han pensado en eso anteriormente, la SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa tiene una aplicación que se llama SIPALERT que permite reportar en tiempo real a través de redes sociales agresiones contra periodistas. Probablemente valdría la pena considerar este tipo de medidas.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra por el grupo parlamentario de la Revolución Democrática, el diputado Jesús Zambrano.
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Gracias, presidenta.
Saludo a la y los funcionarios presentes con mucho afecto.
La gravedad de la situación en esta materia es la que ha llevado precisamente a que hoy nos estemos reuniendo y hay que asumirlo así.
Cuando el señor Fiscal el pasado 10 de mayo tomó posesión de su cargo, protesta, reconoció que la Fiscalía estaba rebasada, lo dijo expresamente.
Después de ese 10 de mayo para acá, creo que está todavía más rebasada, porque han acontecido homicidios contra periodistas que han evidenciado que estamos en una situación sumamente delicada.
Aquí lo que obligadamente se antoja, y por eso la preocupación de quienes han hecho un conjunto de preguntas, especialmente una que tiene que ver si es suficiente verdaderamente el mecanismo y la estructura que tiene la Fiscalía Especial y el conjunto de elementos que están contemplados en el conocido como “mecanismo” con una junta de gobierno llena de funcionarios de alto nivel, etcétera, pero qué tan ágil puede ser para estar reaccionando ante acontecimientos que se están dando.
No tienen fuerza de bando, por ejemplo, como se reconocía, y sin embargo pareciera que no se preocupan mucho por los recursos.
Nosotros, por cierto, lo recordarán diputadas, diputados aquí presentes, cuando discutimos presupuesto para 2017 dijimos: “Están rebajándole recursos al área de prevención de delito y de todas las unidades que tienen que ver con eso”, pero se impuso la visión tecnocrática en esta materia, y dijo: “No, es suficiente”, etcétera, y estamos viendo que aunque haya un fideicomiso especial no se está respondiendo, no se está atendiendo a eso.
Yo les preguntaría si han estado ustedes en la responsabilidad misma de revisar la eficacia misma del mecanismo cuando vemos que se siguen presentando acontecimientos altamente preocupantes que no debieran tenernos tranquilos, satisfechos a nadie. Insisto, por eso estamos aquí reunidos.
Y si en todo caso esto de, como ha sucedido en la Ciudad de México, declararla Ciudad Santuario con mecanismos especiales de protección a periodistas, incluso… Sí, se dieron hechos y a partir de ahí también se tomaron medidas, pero en qué medidas se pueden aprovechar experiencias o esta eficacia que se vivió en Baja California Sur, por ejemplo hay que reconocerlo, para en cosa de semanas dar con los responsables del asesinato de un periodista, bueno, ¿cómo se interactúa para obtener experiencias exitosas en esta materia?
Y que, en todo caso, ustedes junto con la Procuraduría desde luego aquí presente, pudieran en muy breve tiempo darnos una información más acuciosa, más detallada, con la debida reserva que marca la ley de en qué estatus se encuentran las líneas de investigación mismas de homicidios de periodistas, porque lamentablemente en este sexenio han aumentado proporcionalmente el número anualmente, el número de homicidios contra periodistas y se ha tornado por ello, como se ha dicho, en una profesión de las más peligrosas de todo el mundo.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias diputado Zambrano,
Tiene la palabra por el partido Acción Nacional el diputado Federico Döring.
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR: Quiero empezar por fijar lo que dijo Fidel Cano, el director del Diario el Espectador el pasado día 7 de mayo, estoy seguro que los tres funcionarios conocen el artículo periodístico que publicó en El Universal, en el cual dice Fidel Cano que los ataques del narcotráfico a la prensa a nuestro país superan aquellos que vivió y sufrió Colombia cuando pablo escobar.
Lo traigo a colación por la cifra expresa que hizo el Subsecretario Campa Cifrián al mecanismo de Colombia y el calado y eficacia del mismo.
Yo quisiera concentrar mis preguntas un poco retomando lo que ha dicho el diputado Zambrano en igualarlas y llevarlas a qué sigue, porque estoy en una actitud en la que coincido con sus diagnósticos, es una realidad que no se puede disfrazar.
Me parece que una debilidad que tiene la Fiscalía es el marco institucional, es un delito del fuero común y el homicidio tiene que estar enmarcado en la circunstancia de libertad de expresión, si no tiene la capacidad la Fiscalía para encuadrar el topi y el hecho en ese contexto la causa no la puede conocer, tienen asimetrías institucionales donde hay entidades federativas que colaboran, algunas que ni siquiera colaboran, algunas que tienen unidades para coordinarse y en términos de la academia de custodia y los primeros que investigan los hechos, pues no son ustedes.
Entonces, están en alguna medida haciendo lo que pueden con lo que tienen, que no hacen lo suficiente y tampoco tienen lo suficiente, pero me da la impresión que con el tiempo la Fiscalía se ha ido percibiendo por autoridades locales, con alguna semejanza a lo que pase con los delitos electorales.
Toda la pillería electoral es muy fácil asumir la responsabilidad de la FEPADE y que la FEPADE sea quien la sancione y hay un gran tramo de impunidad en pillería electoral local y cuando se tienen casos suelen ser casos federales y no locales, donde se logre encuadrar el tipo penal de materia electoral.
Pero hay dos datos que no puedo dejar pasar: uno que decía el subsecretario Campa Cifrián, tres de cada 10 casos fueron de invitados, es decir, tienen 7 de cada 10 casos que no detectaron o que no cubrieron apriorísticamente antes de que se diera la agresión en contra de los periodistas.
Y en el contexto en el que se da la reunión, lo decía el diputado Zambrano, es distinto, no los invitamos a escuchar qué es lo que hacen consuetudinariamente, esto viene en el contexto de lo que hacen los periodistas, no lo que hizo el Estado, cuando sacan el comunicado del “Ya Basta”.
Y viene en el contexto de un mensaje en el cual el propio presidente de la República hace un evento en el que se solidariza y señala que habrá nuevas acciones y es lo que yo les quiero preguntar, no tanto si es suficiente, como dice el diputado Zambrano, yo no preguntaría eso.
Yo preguntaría específicamente para los funcionarios de la Procuraduría General de la República, qué es lo que ha platicado con Raúl Cervantes, en el diagnóstico que él tiene como encomienda de los senadores hacer para transformar a la Procuraduría en la nueva Fiscalía, en una nueva Ley Orgánica, ¿qué es lo que ustedes le han aportado? ¿Qué podemos esperar del diagnóstico? ¿Qué nos va a proponer al Congreso cambiar Raúl cervantes para que funcione mejor?
Espero que tengan algo que informar en ese sentido, porque a veces mi impresión es que el Procurador está muy preocupado por el nuevo diagnóstico, pero de este tema no habla.
Este tema pareciera que está circunscrito a la Fiscalía Especial, pero no ha merecido mayor comentario del Procurador desde el evento con el Presidente de la República, en el que hizo uso de la palabra.
Y en ese mismo contexto yo preguntaría al Subsecretario Campa Cifrián a quien respeto y reconozco, porque creo que lo que le ha faltado a la Fiscalía es lo que hace usted, Subsecretario: política.
No tienen las herramientas jurídicas y lo que debieron de haber hecho antes es política y más política con autoridades estatales y municipales, para hacerse de recursos humanos y materiales para cubrir los huecos que la institución tiene, creo que no lo han hecho.
Pero para usted y para los otros funcionarios, la pregunta que haría es: ¿Y bueno, y qué nuevas instrucciones tienen del Presidente de la República?
Con este diagnóstico de todo lo que no se puede cubrir, estos huecos de la complejidad para prevenir, la complejidad para investigar y sancionar, qué podemos esperar que sea nuevo después de que el Presidente hizo suyo el reclamo y citó a una reunión nacional, y les encomendó una serie de tareas.
¿Qué les ha dicho el Presidente? ¿Qué van a hacer nuevo y distinto? Para que no nos sigamos preguntando si es suficiente, sino la pregunta sería: ¿qué van a hacer distinto? ¿Qué instrucción tienen del Presidente, de hacer las cosas distinto para dar mejores resultados, quizá con nuevos elementos?
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias diputado Döring.
Concluiríamos con la participación del diputado Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional.
DIPUTADO ARMANDO LUNA CANALES: Gracias Presidenta.
Muy buenas tardes. Saludo de nuevo a los compañeros que nos visitan del Poder Ejecutivo, darles la bienvenida.
Y sobre todo reconocer en ellos, pues gente profesional que estoy seguro hacen todo lo que tienen que hacer de la mejor manera posible, y lo digo con conocimiento de causa.
Tenemos dos minutos. Trataré de hacerlo en dos minutos. ¿Tres? Bueno, entonces en tres.
He escuchado mucho, y creo que es el centro de la problemática la coordinación, creo que tanto para el mecanismo como para la Fiscalía, el éxito depende en buena medida de qué tanto logren alcanzar objetivos comunes con las autoridades locales, y por lo que entiendo, también es ahí donde hay grandes dificultades.
Mi pregunta sería en dos partes: la primera, tiene que ver con, si notan o han percibido ustedes que exista por ahí alguna carencia legislativa, algún área de oportunidad en el ámbito legislativo, para hacer eso posible, generar obligaciones, atribuciones, que generar en ese mecanismo no voluntario sino obligatorio de coordinación, con sanciones corresponsables, que permitan una rendición de cuentas oportuna, de quien no aporte lo que tenga que aportar para esas funciones.
Por otro lado también, para la Fiscalía concretamente: si han ustedes percibido o tienen algún tipo de estadística en función del resultado que tiene el ejercicio de la facultad de atracción.
Si de tantos casos que se han atraído, cuáles se han resuelto, cuáles no, y si eso se reproduce en una misma proporción en las autoridades locales.
Eso creo que sería una buena idea de cómo están trabajando, cómo no están trabajando.
Y para el Subsecretario Campa:
Sé que no es precisamente su área, pero creo que tiene más que ver ahí con el área de la Cancillería.
Hace unas cuantas semanas, en la Declaración del Foro Centroamericano de Periodismo, se hizo digamos un llamado, una declaratoria, señalando o externando la dificultad que existe en México para realizar labores de periodismo.
Y en términos claros sería: si existe la disponibilidad del Gobierno Mexicano para, digamos, para acercarse, asumir y reconocer estas situaciones que ya están en el ámbito internacional y convertirlo, no sé cuál sería el mecanismo, si existe incluso la petición, pero en una visita, en una relatoría o en alguna especie de coordinación con instancias internacionales.
MAESTRO RICARDO SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO: Gracias.
En cuanto a la reestructura de la Fiscalía, y sobre el tema relacionado con la cantidad de mandos que existen en esta área:
La reestructura de la Fiscalía requiere un mayor número de ministerios públicos, pero sobre todo un mayor número de policías investigadores y de peritos, que nos estén apoyando de manera permanente, que salgan al campo, que puedan ayudarnos con la parte también que mencionaba el diputado Döring, sobre que son los primeros respondientes y la cadena de custodia las autoridades locales y donde en muchos casos existen falencias muy importantes que ya no las podemos desaparecer, ya se levantó mal un indicio, se levantó mal un cuerpo, esas cuestiones ya no las podemos modificar.
La reestructura de la Fiscalía va enfocada a esa parte, a obtener mayor personal operativo, que nos permita lograr y estar en el lugar de los hechos lo más pronto posible.
Si me pregunta sobre el número de subdirectores. Por ejemplo, un subdirector es jerárquicamente menor a un ministerio público, no está sobre un ministerio público. Es más, los subdirectores están apoyando a los ministerios públicos en su labor.
Desde el mes que me hicieron el honor de nombrarme, lo que hicimos es: había un número importante de personas dedicadas a cuestiones que se pueden trabajar en colaboración con el mecanismo, que se pueden trabajar en colaboración con las otras áreas de prevención y de política pública de la Procuraduría General de la República; hemos sacado ese personal que estaba dedicado a dar pláticas, a dar capacitaciones y los hemos enfocado a colaborar en la investigación y a colaborar también con el mecanismo, a colaborar con el área de políticas públicas en materia de derechos humanos y de prevención del delito de la Procuraduría; para que ellos nos apoyen en la parte de capacitación, en la parte de sensibilización y así enfocar todos los elementos que tenemos a la parte relacionada con la investigación de los delitos.
Esa es la finalidad de la reestructura de la Fiscalía, tener mayor personal operativo y mayor personal investigador de los delitos. El Ministerio Público en el sistema de justicia, en el nuevo sistema de justicia que ya no es nuevo, pero en este nuevo sistema, tiene la facultad de dirigir la investigación; ya no de estar haciendo la investigación directamente, sino de estar dirigiendo a las diferentes áreas que tienen la obligación de hacerlo.
Entonces en ese sentido va el fortalecimiento que ha instruido el señor Presidente y el señor Procurador.
Ahora, en materia de atención a víctimas, como también lo mencionábamos al principio, de las primeras acciones fue reunirme con la sociedad civil, diputada; y una de sus principales exigencias es que la atención a víctimas sea más humana, que no estigmaticemos a la persona que se acerca a la Fiscalía, que no los revictimicemos haciéndoles cuestionarios interminables o que los mandemos una y otra y otra vez a comparecer ante el Ministerio Público.
Estamos trabajando en una sensibilización permanente con los ministerios públicos, de que tengan consciencia de que están trabajando con una víctima del delito, que ha sufrido una situación, que tiene miedo por su vida, que tiene una situación de riesgo importante y que debemos de dar una respuesta rápida a esas personas; una especialización y una atención más humana en ese sentido.
También el área, hay otra parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos con la que estamos trabajando de manera muy importante, que es el área de atención psicológica y trabajo social. Es un grupo muy especializado de personas que nos apoyan en trabajar con las víctimas cuando hay situaciones que así lo requieren, y que nos ayudan también a trabajar con los testigos que han sido parte de una situación de violencia, y con ellos estamos trabajando de manera muy cercana.
Ahora, en cuanto a medidas de protección, desde la creación de la Fiscalía al día de hoy, hay un total de 385 medidas dictadas por el Ministerio Público para las víctimas directas; y 108 para víctimas indirectas. Muchas de estas medidas se deben de trabajar en coordinación con el Mecanismo de Protección.
Y paso también a la parte de cómo vamos a trabajar y fortalecer la participación de la Procuraduría General de la República en el Mecanismo de Protección.
La Junta de Gobierno implica la discusión de los análisis de riesgo, la discusión de los planes de protección y la Procuraduría debe de ser más que un voto en esa discusión, más que una opinión personal del servidor público sobre el plan de protección que se está señalando. Debe de ser partícipe en la investigación, debe de generar los esquemas para facilitar al periodista hacer su denuncia cuando así lo quiera y de seguirle informando sobre el avance de cada una de sus investigaciones, y de lo que se requiere para que la investigación avance.
Ahora, se preguntaba si es suficiente la estructura de la Fiscalía. La Fiscalía, como lo hemos señalado, requiere de un fortalecimiento, efectivamente. Todas las diversas entidades y autoridades del Poder Ejecutivo en los últimos años, han venido sufriendo gastos, recortes a los gastos y recortes al personal que han tenido, esa es una realidad sobre la cual tenemos que enfrentar. Estamos frente a un recorte de personal, cuando deberíamos de tener espacios más amplios, cuando deberíamos de tener mayor personal; y esa es la parte que hemos trabajado y que también lo mencionaba el diputado Döring, con, con el Procurador General de la República, para fortalecer estas áreas que requieren mayor personal y mayores lugares dignos de trabajo.
También cuando tienes a tres ministerios públicos trabajando en el espacio que está diseñado un escritorio para una sola persona, también estás en una situación en la que la persona no tiene un espacio digno para realizar su labor, un espacio que no le permite poder desempeñar y atender dignamente a una víctima porque los tienes en cinco personas en un lugar que estaba hecho para una. Eso es lo que estamos trabajando con las áreas correspondientes en materia de oficialía mayor y estamos fortaleciendo esa parte.
Ahora, en cuanto a la estadística relacionada con la facultad de atracción, la Fiscalía ha atraído 48 casos a lo largo de los últimos años de 2013 a la fecha.
Estos 48 casos, y yo quiero ser muy concreto en la parte que les mencionaba en mi participación anterior de colaboración con los estados, la facultad de atracción no debe de verse como una manera de que los estados digan: Me lavo las manos en materia de procuración de justicia. La Fiscalía está en la Ciudad de México y no puede estar permanentemente con ellos, y no puede estar cercano a las víctimas que están en el lugar donde sucedieron los hechos.
Tenemos que trabajar en mantener esa corresponsabilidad en un problema que ya hemos reconocido como algo muy importante en nuestro país.
Si ejercemos la facultad de atracción porque se piensa que la Procuraduría General de la República es una institución más grande, más fortalecida, con menos situaciones de corrupción, no podemos tener un resultado nada más por traernos el caso. Tenemos que colaborar con las diversas entidades.
También lo señalaba, uno de los puntos de mi plan de trabajo es tener un liderazgo de la Procuraduría General de la República con las procuradurías y fiscalías locales. Ese liderazgo implica hacer esa labor política con ellos de especializarlos, de estar con ellos en todo momento durante las diligencias y apoyarlos en esa parte.
Es parte muy importante tener esa corresponsabilidad con las entidades federativas.
Efectivamente, la Procuraduría General de la República tiene una responsabilidad muy importante, pero no es una responsabilidad única y tenemos que trabajar para impulsar que todos asumamos nuestra responsabilidad y colaborar para obtener mejores resultados.
También había una pregunta relacionada: ¿Qué se va a proponer para cambiar la Fiscalía?
La Fiscalía es una institución que, como se mencionaba, tiene estadísticas complejas, estadísticas de impunidad. Y también lo mencionaba en mi participación inicial, mientras no tengamos un combate efectivo a la impunidad, las medidas de prevención y las medidas de protección no van a ser lo suficientemente efectivas frente a la dimensión del problema.
Tenemos que abatir esa impunidad, y ¿qué es lo que vamos a cambiar? Es una Fiscalía que está en el lugar de los hechos; una Fiscalía que colabora con las fiscalías y las procuradurías locales, y que tiene ese diálogo con esas instituciones; y que también tiene el diálogo permanente con las instancias de seguridad que pueden aportar información, que pueden aportar trabajo de investigación en esta materia.
SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA: En cuanto a lo que comentaba la diputada Lía Limón, en este protocolo de investigación que es uno de los compromisos que, como yo les comentaba el 22 de mayo, fue un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuradores de crear un protocolo único de investigación.
Es algo que también se planteó desde las primeras reuniones que tuvimos con las organizaciones de la sociedad civil, que las hicimos junto con el subsecretario Campa y la maestra Colchero y nosotros para escuchar de estas organizaciones, tenían preocupación sobre este protocolo de investigación.
Y en la reunión que tuvo el Presidente de la República, el Procurador y el Secretario de Gobernación con la Organización Internacional CPJ, ellos ofrecieron poder asesorarnos en este protocolo de investigación.
Ya tuvimos una reunión con ellos. Ya se compartió con las organizaciones, Espacio OSC, Artículo 19, este protocolo, no con las reservas de que es un protocolo de investigación, que está reservado, que sólo puede ser para las personas que muchos de ellos acompañan casos en la Fiscalía, y se va a llevar a cabo una reunión, ya también lo tiene esta organización internacional y vamos a trabajar con ellos a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de COPLADI, de PGR y nosotros, para la creación de este protocolo.
En días pasados me reuní también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estaba igual el representante del Alto Comisionado, que estamos hablando de un protocolo de defensores de derechos humanos y también se planteó que ellos querían participar en este protocolo.
Lo va a coordinar el Instituto Nacional de Ciencias Penales y esperamos ya muy pronto trabajar en dos semanas, empezar ya las observaciones y empezar a trabajar en este protocolo.
Respecto a lo que comentaba el diputado Döring respecto al respecto al interés del Procurador General de la República, él tiene mucho interés, igual que en todas las áreas de la Procuraduría, en esta fiscalía de periodistas.
Después de la reunión que tuvo con el Presidente de la República, con esta organización y a partir de que él llegó y ya después yo llegué igual a esta Subprocuraduría, como usted sabe, en esta Subprocuraduría los casos, o sea, las fiscalías todas son de personas con alto grado de vulnerabilidad, como es personas desaparecidas, migrantes, indígenas, periodistas, trata de personas, son en general casi todos los temas tienen una gran sensibilidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil, porque tienen un especial grado de vulnerabilidad y desde esta perspectiva de derechos humanos es que el Procurador General de la República me pidió que en cada una de las áreas de esta Subprocuraduría viéramos cómo teníamos que fortalecer cada una de estas unidades o fiscalías especiales.
En este caso empezamos a través de revisar caso por caso, cómo se encontraban las averiguaciones previas, como comentó la diputada Lía, venimos de SEGOB, de pertenecer al mecanismo y sabíamos, conocíamos la situación en que se encontraba esta fiscalía y empezamos a analizar caso por caso los asuntos y de qué manera podían avanzar.
Y el procurador General de la República también me pidió encontráramos a un fiscal con el perfil, porque es un perfil muy especial que se necesita para ser el Fiscal deseable.
Creo que además de saber investigar, tiene que ser alguien que sepa el tema de periodistas, que conozca la perspectiva de derechos humanos, porque la libertad de expresión, o sea, todos los delitos son graves. Sin embargo, creo que esto atenta contra la democracia.
Entonces, creo que el perfil que tenía que tener esta persona, aparte de la investigación que es primordial, pero que sí tenía que tener una gran sensibilización, un gran conocimiento en materia internacional y en materia de derechos humanos en general.
Fue una instrucción directa del Procurador y por eso es que nombró al Fiscal Ricardo Sánchez y a partir de que él llegó, ese seguimiento de los casos, como dijo el Fiscal, en estar en campo, o sea, él ha estado en todos los lugares para jalar las investigaciones y creo que algo importantísimo, que es también instrucción del procurador y del comisionado Renato Sales, es que Comisión Nacional de Seguridad y la PGR trabajen en coordinación.
Tenemos que compartirnos la información, las bases de datos, tenemos que trabajar en conjunto para dar una respuesta a la procuración de justicia.
Y algo también muy importante que decía usted sobre las mesas y el diagnóstico que se está haciendo, dentro de estas mesas que se están llevando a cabo, donde el Procurador quiere recibir tanto de académicos como de sociedad civil y de las distintas áreas, cuáles son las opiniones para esta nueva Fiscalía, está también este tema y a partir de estas mesas es que se va a crear esta nueva Fiscalía.
¿Qué es lo que nosotros aportamos?
Justo esta experiencia de todo lo que acaba de comentar el Fiscal, de cuál es nuestra visión de cómo tenemos que fortalecer esta Fiscalía y cómo lo estamos haciendo cotidianamente.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias maestra.
Le cedemos la palabra al subsecretario Roberto Campa.
Primero los cuestionamientos que hizo el senador Monreal.
Coincidimos en que la difusión es fundamental para la dignificación de la tarea de periodistas y particularmente de defensoras y defensores de derechos humanos.
Estamos trabajando en una campaña de reconocimiento a su labor en la reunión que tuvieron hace aproximadamente una semana los integrantes del Consejo Consultivo del mecanismo, con el Secretario de Gobernación, se lo plantearon de manera expresa y comprometió el Secretario que tendríamos en los próximos días una propuesta para esta campaña de reconocimiento.
Ha habido mensajes que han expresado el Presidente de la República, distintos Secretarios. Sabemos que no es suficiente y que hay que trabajar más y una campaña resulta en este momento indispensable.
Aprovecho también, con su pregunta, para comentar el tema de los atlas de riesgo, que me brinqué en la intervención anterior:
Hoy, el compromiso de todas las entidades federativas es para tener estos atlas de riesgo, senador.
En la reunión que tuvimos hace algunos días, trajeron ya una primera versión:
Estamos trabajando con la parte técnica y estaremos afinando estos catálogos de riesgo, en la reunión que tendremos a la que yo he hecho referencia, en los últimos días de este mes.
Esta es la última etapa de la tarea de capacitación.
Y respondo también a una pregunta: estarán funcionando las unidades en los primeros días del próximo mes. Ese es el compromiso que hemos asumido.
Recibí la indicación del Presidente de la República para estar pendiente de la investigación de Rubén Espinosa.
Mi impresión es que la Procuraduría del Distrito Federal hizo un trabajo serio.
Probablemente alguna línea de comunicación en algún momento, o alguna interpretación de comunicación criminalizó de alguna manera al periodista.
La información que nosotros obtuvimos, insisto, le dimos seguimiento puntual, indica que no tenía en realidad ninguna relación con el grupo que estuvo en un lugar, en un momento inconveniente, pero no hay nada que lo señale con ninguna actividad ilegal, o con alguna relación que pudiese prestarse a otra interpretación.
Y me parece que esa es la conclusión de la investigación.
Ahora el asunto está en manos de los jueces, confiamos en que se avance en las sentencias muy pronto.
El tema del financiamiento, que preguntó la diputada Lía Limón:
Las exigencias de financiamiento se han incrementado a partir del incremento en el número de personas que protege el mecanismo.
Y lo que nosotros estamos calculando es que por lo menos vamos a tener, en los próximos meses, la misma tendencia.
A partir de eso es que hemos hecho la propuesta a la Secretaría de Hacienda, de los recursos que se requieren para el próximo año.
Probablemente la ley pueda mejorarse, pero creemos que tenemos que trabajar con la ley que tenemos.
Por ello también, en la presentación de las acciones hace tres semanas con el Presidente de la República, se decidió que solamente fusen compromisos del Ejecutivo para evitar esta interpretación que se da algunas veces, que necesitamos primero cambiar las leyes para después hacer las cosas.
Lo que estamos comprometiendo es hacerlo con el marco legal que está vigente.
Y respondo a la parte final de la pregunta de la diputada Limón y también a un comentario que hizo el senador Monreal:
Nosotros vemos con muy buenos ojos este esfuerzo que están haciendo los medios de organización.
Una de las fortalezas que tiene el esquema colombiano, es que tienen interlocutores muy claros en los medios.
Y la realidad es que, lo que tenemos aquí es una dispersión, división inclusive, visiones encontradas en los medios.
Confiamos en que esto que se ha anunciado, la realización de foros, que además incluyen una agenda que va más allá de los temas de violencia, que incluyen los aspectos laborales, la relación de los periodistas con los medios, que es un asunto fundamental en términos de libertad de expresión; y los temas que tienen que ver con asignación del presupuesto gubernamental para pagar a los medios.
Vemos con muy buenos ojos estos avances y confiamos en que pueda conformarse también una interlocución que nos permita discutir la política pública, darle seguimiento a la política pública y evaluar la política pública con los medios. Eso resulta fundamental.
Nadie está satisfecho con la situación, coincido plenamente con el diputado Zambrano, por lo pronto este paquete de acciones extraordinarias que pretenden, y de esta manera respondo a lo que preguntó el diputado Döring. Primero hago un comentario, porque me llamó la atención, efectivamente, lo que publicó El Universal en esta entrevista con Fidel Cano.
Me parece que es incomparable la situación de México con la situación de Colombia, particularmente en los momentos más duros de la presencia de Pablo Escobar; y recuerdo algunos episodios solamente, solamente:
Pablo Escobar tiró un avión de Avianca con 107 personas a bordo, 107 pasajeros a bordo. Tenía la sospecha de que ahí podría ir el expresidente y estaba dirigida la bomba a él, pero el hecho es que tiró un avión con 107 personas a bordo.
Pusieron una bomba en el Palacio de Justicia, con decenas de muertos.
Pusieron una bomba en la oficina de policía, 70 muertos, 600 heridos.
Mataron al Ministro de Justicia. Mataron a Luis Carlos Galán, que era candidato a la Presidencia de la República.
Me parece que hay condiciones en nuestro país que nos obligan a todos a hacer un enorme esfuerzo para corregir y para revertir, pero hay, me parece, diferencias muy importantes con respecto a esa realidad de Colombia, por eso me llamó la atención cuando se publicó la entrevista.
Y si revisamos las cifras también de violencia hoy, Colombia ha mejorado notablemente, sin duda; pero las cifras de violencia siguen siendo altísimas.
Esta es la publicación de hoy, de OMS, la última cifra registrada es de fines del cierre de 2015, México 19.0 homicidios por cada 100 mil habitantes; Brasil 30.5; Guatemala 36.2; Colombia 48.8; Venezuela 51.7; El Salvador 63.2; Honduras 85.7.
Esos son los niveles de violencia, medidos con el indicador más relevante, que son homicidios por cada 100 mil habitantes en nuestro Continente. Sin duda reconociendo que esta subregión del Continente es la zona más violenta del mundo; por lo pronto de los países que registran información; hay seguramente muchos países, sobre todo del Continente Africano, que no tienen registro de información.
Recibimos una instrucción del Presidente de la República, la instrucción fue pública. El Presidente de la República comprometió en este evento cuestiones que tienen que ver con acabar con la impunidad, con resolver los casos que se presentaron y los casos emblemáticos que tiene en este momento la Procuraduría y a nosotros nos dio también instrucciones que fueron públicas, para fortalecer el sistema de protección y sí nos dio una instrucción cuando estuvimos al término del evento con él, y la instrucción fue: hagan todo lo que tengan que hacer para que yo honre mi palabra, para que yo cumpla con mi palabra.
Esa es la instrucción que recibimos quienes estamos aquí hoy en esta comparecencia. Insisto, los compromisos son públicos y fueron registrados también por los medios de comunicación.
Respondo a la última pregunta, del diputado Luna Canales. Hay toda la disposición y toda la apertura a las instancias internacionales.
De hecho, como he comentado aquí, la Oficina del Alto Comisionado y usted lo sabe bien, diputado, la Oficina del Alto Comisionado está en todas las decisiones del Mecanismo de Protección, absolutamente en todas.
La PGR está trabajando en un protocolo homologado de investigación con, probablemente la instancia internacional más representativa, que es CPJ.
Recibimos al Relator de Defensores a principios de este año. Recibiremos el día 22 al relator Lanza de la Comisión Interamericana y seguramente revisaremos los temas que están pendientes.
Somos una nación, un Estado totalmente abierto al acompañamiento, al apoyo. Tuvimos de manera muy importante, y yo le reconozco a la diputada Limón porque ella fue responsable de esto, el apoyo de Freedom House para fortalecer al mecanismo.
Lo que creemos también es que es válido el acompañamiento, es válido el apoyo, es válido incluso el escrutinio internacional.
Lo que nos parece que significa el límite es cuando alguien pretende sustituir a las autoridades para hacerse cargo de las tareas de la justicia, porque estamos convencidos de que esta no ha sido una solución para nuestro país nunca, que tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas.
INTERVENCIÓN: La respuesta a la ley general que le preguntaron para que haya mejor coordinación con las entidades.
ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Estamos en la revisión de la ley hoy, con el empeño de hacer todo lo que se pueda con el marco legal que tenemos. Y confiamos en que con la ley tenemos para la coordinación, diputado, no rehúyo.
Se discutió ahora con los académicos y los especialistas si en esta nueva etapa convenía garantizar mecanismos en los estados.
La opinión del Consejo Consultivo del Mecanismo de los expertos es que el mejor modelo es fortalecer al mecanismo a partir de estas instancias locales, unidades de protección y no necesariamente mecanismos individuales en los estados.
Respondo a la pregunta. Nos parece que con lo que tenemos podemos hacer las cosas.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, señor Subsecretario.
Quedaría como último punto la posibilidad, si así lo disponen, de hacer una conclusión a los señores funcionarios.
Si quieren hacer uso de este acuerdo, está… Subsecretaria, por favor.
SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA: Sólo reiterar el compromiso del Procurador General de la República, de mi persona y del Fiscal, que tenemos con los periodistas, con los comunicadores, con el ejercicio de la libertad de expresión.
Reconocemos, como decía el senador, la problemática, como lo hemos dicho. Hemos hecho el diagnóstico y creemos en el trabajo interinstitucional, el trabajo que hacemos con la Secretaría de Gobernación para afrontar este tema de manera conjunta.
Sé que lo que ustedes quieren son resultados y esperamos pronto tenerlos por el acompañamiento y por las investigaciones que estamos haciendo en colaboración con cada una de las fiscalías de los estados en estos casos.
Que estamos, por instrucción del Procurador, a sus órdenes para comparecer las veces que ustedes crean necesarias.
ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Primero agradecer la convocatoria y este trabajo, este intercambio.
También tengo la instrucción del Secretario de Gobernación para estar atento a cualquier requerimiento de información.
En cuanto ustedes lo dispongan, estamos aquí siempre a las órdenes.
Ha concluido la comparecencia acordada por esta Primera Comisión para atender el tema de homicidios de periodistas y los mecanismos que se estén estableciendo por parte del gobierno federal y de las entidades federativas para atender un fenómeno que sin duda nos lastima y nos lesiona a todos.
Yo quisiera agradecer profundamente la participación de todas y todos ustedes, y agradecer de manera muy puntual, y que se lo expresen así al señor Secretario de Gobernación, al señor Procurador General de la República, la disposición para en esta reunión poder compartir lo que se hace por parte del Gobierno de la República en un tema que nos importa y nos importa mucho a todos.
Ciertamente la vida de cualquier ser humano importa, pero cuando la vida de un ser humano además es atentando contra un derecho como es el de la libertad de expresión, lacera no solamente nuestra humanidad sino también lastima y lesiona el tejido social y la convivencia de todos.
A todas y a todos ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Con ello concluimos esta reunión de trabajo de la Primera Comisión.