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Timestamp: 2020-02-19 03:09:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 12', 'Artículo 36', 'artículo 39', 'artículo 154', 'artículo 438', 'artículo 440', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 48', 'Artículo 8']

Revision as of 12:25, 9 March 2018 (view source)
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Las cauciones pueden consistir en depósito de sumas de dinero, valores u otorgamiento de prendas o hipotecas, en cuyo caso se habla de cauciones reales.
Pueden también configurarse como obligaciones personales, por ejemplo, la existencia de una persona fiadora para que en, caso de que el acusado o acusada incumpla con sus obligaciones, se obligue a pagar determinada suma de dinero.
ii. Protección contra penas crueles
III Derecho a un abogado
La Constitución Política reúne una serie de derechos de las personas y algunos pueden verse afectados en la investigación de un delito.Por ejemplo, nuestra Constitución, en el artículo 39, señala que toda persona tiene derecho a defenderse cuando se le atribuya la comisión de un delito. Para garantizar ese derecho constitucional, el proceso penal tiene un principio llamado de inviolabilidad de la defensa, el cual constituye un límite a la investigación de los delitos por parte del Estado, ya que esa investigación no puede hacerse de forma tal que se afecte ese derecho garantizado en la Constitución Política.Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. Salvo las excepciones que el mismo Código regula, el imputado tendrá derecho a intervenir en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los procedimientos.Además se dispone que cuando el imputado estuviere privado de libertad, el encargado de custodiarlo, transmitirá al Tribunal las peticiones u observaciones que aquel formule, dentro de las doce horas siguientes a que se le formulen y le facilitará la comunicación con el defensor. Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la Constitución, el derecho internacional y comunitario vigentes en Costa Rica y en el mismo Código (arts. 12, 82, 91, 29 CPP).
Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Podrá elegir un defensor de su confianza, pero en caso de no hacerlo, se le asignará un defensor público (Arts 12 y 109 CPP). Además, si no comprende el idioma oficial, tiene derecho a que se le designe un traductor o un intérprete, sin perjuicio de que, por su cuenta, nombre uno de su confianza. (CPP art. 14).El derecho de defensa es irrenunciable.
Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la Constitución, el derecho internacional y comunitario vigentes en Costa Rica y en el mismo Código (arts. 12, 82, 91, 29 CPP).
Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada.
vi.	Derecho de habeas corpus
Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar sulibertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como del los de carácter fundamental establecido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República (art. 48 de la constitución)
Toda persona tiene derecho al recurso de ''habeas corpus'' para garantizar sulibertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como del los de carácter fundamental establecido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República (art. 48 de la constitución).
vi. Derecho a un juicio justo
Esta garantía deriva directamente del principio general del debido proceso, pues el ejercicio de la defensa forma parte del conjunto de condiciones mínimas indispensables para que el proceso de investigación y sanción de los delitos se adecue a las exigencias constitucionales.
El artículo 12 del CPP consagra expresamente este principio.
iii.	Derecho a notificacion de cargos
iv.	Derecho a no autoinculparse
- En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. (Artículo 36 de la Constitución)
ix. Derecho a un juicio rápido
x. Derecho a ser juzgado por un jurado
La Constitución prohíbe que las personas puedan ser juzgadas por jueces,juezas o tribunales nombrados especialmente para el caso concreto. De modoque en el proceso penal existe este principio, según el cual son los juzgados ytribunales ordinarios, es decir, los que existen normalmente, los llamados ajuzgar a las personas a quienes se les acusa de haber cometido un delito. (Art.35 de la Constitución)
xi. Derecho a juez imparcial
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La Constitución Política reúne una serie de derechos de las personas y algunos pueden verse afectados en la investigación de un delito.Por ejemplo, nuestra Constitución, en el artículo 39, señala que toda persona tiene derecho a defenderse cuando se le atribuya la comisión de un delito. Para garantizar ese derecho constitucional, el proceso penal tiene un principio llamado de inviolabilidad de la defensa, el cual constituye un límite a la  investigación de los delitos por parte del Estado, ya que esa investigación no puede hacerse de forma tal que se afecte ese derecho garantizado en la Constitución Política.Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento.
xi. Derecho a juez imparcial El artículo 154 de la Constitución Política señala que el juez solo está sometido a la misma Constitución y a la ley. La independencia del juez o jueza es una condición fundamental para que pueda ejercer su cargo sin interferencia alguna. Esta independencia debe ser apreciada desde dos puntos de vista: desde la perspectiva interna, lo cual significa que el jueza o jueza al resolver un asunto debe estar libre de cualquier presión o condicionamiento que se origine dentro del Poder Judicial. Desde la perspectiva externa, el juez o la jueza no debe tener presión alguna originada por personas o instituciones ajenas al Poder Judicial, ya sean públicas o privadas. xii. Derecho de apelación La apelación es un recurso que busca que un órgano jerárquicamente superior revise la decisión de uno inferior. Este recurso procede contra las resoluciones que se dicten en cuales quiera de las etapas del proceso, siempre que se presenten dos supuestos: que la apelación esté prevista de modo expreso en el código o que la resolución cause un gravamen irreparable, ponga fin a la acción penal o civil o imposibilite que dicha acción continúe. En la legislación procesal existen muchas resoluciones contra las que expresamente está previsto el recurso de apelación; por ejemplo, la desestimación, el sobreseimiento definitivo, el decreto o la prórroga de prisión preventiva, etc. Por su parte, las resoluciones que causan gravamen irreparable son aquellas que provocan un efecto que no puede ser corregido a lo largo del proceso ni en la sentencia definitiva. Por último, las resoluciones que ponen fin a la acción, sea civil o penal, pueden ser diversas y podríamos poner como muestra las siguientes: el rechazo de la querella por falta de legitimación de la parte querellante, el rechazo de la acción civil por aspectos de forma. Además, como ejemplos de una resolución que imposibilita que la acción continúe, podemos citar la resolución que suspende el procedimiento a prueba y la que acepta una conciliación sujeta a plazo. En cuanto a la forma de interponer o presentar el recurso de apelación, debemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes: -	Debe presentarse por escrito, tal y como señala el artículo 438 del CPP. -	Debe ser presentado dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución; -	Debe ser fundamentado por la persona interesada; es decir, deben indicarse las razones de hecho y de derecho que el o la apelante estima que le asisten en su petición. -	Debe presentarse ante el juzgado o tribunal que dictó la resolución que se apela. La forma de tramitar la apelación es sencilla y está definida en los artículos 439 al 442 del CPP Básicamente el procedimiento es el siguiente: -	El juez, jueza o tribunal que dictó la resolución debe dar a las partes tres días de plazo para que presenten los alegatos que estimen pertinentes respecto de la apelación. -	Inmediatamente debe enviar el legajo o expediente al tribunal superior que va a conocer del recurso. A este tribunal le corresponde determinar si el recurso es admisible o no, aun por razones de forma, según lo prescribe el artículo 440 del CPP. -	Si alguna de las partes ha ofrecido prueba que debe recibirse en una audiencia oral, si esa audiencia ha sido pedida por las partes para exponer sus alegatos, o bien si el tribunal estima útil realizar una audiencia de ese tipo antes de resolver la apelación, hará el respectivo señalamiento. -	Debemos tomar en cuenta que si bien es cierto esta audiencia oral no se define como indispensable en la normativa que regula el recurso de apelación, en la práctica se ha configurado como un procedimiento idóneo y, por ende, imprescindible, para permitir un acercamiento inmediato y directo de las partes con el tribunal, con el fin de que este se entere por los mismos interesados, cuáles son las razones para mantener o modificar lo resuelto. -	Luego de que se realice la vista o audiencia oral, o bien, si esta no ha sido realizada por alguna razón, el tribunal debe resolver el asunto planteado. c. Formas de proteger los derechos i. Norma de exclusión o nulidad del procedimiento Las causas que extinguen la acción penal son aquellas contenidas en elartículo 30 del CPP, el cual indica: La muerte de la persona acusada: al fallecer la persona responsable deldelito, se extingue la acción penal, pues la responsabilidad por hechosdelictivos es personalísima. En los delitos de acción privada, como luego veremos, la acción penalse extingue por el desistimiento que haga la parte querellante; es decir,por su manifestación de voluntad, expresa o tácita, de no querercontinuar el proceso. En el caso de delitos castigados exclusivamente con pena de multa, laacción penal se extingue cuando antes del juicio oral, él o la acusadacancelan el máximo de la multa prevista, según la fijación que haga eltribunal. La acción penal también se extingue como efecto de la aplicación de un criterio de oportunidad. La prescripción es una institución que extingue la acción penal. Eltema de la prescripción de la acción penal está regulado en losartículos 31 a 35 del CPP y podemos señalar, en forma general, quesalvo los casos de interrupción y suspensión de la prescripción que elmismo código regula, la acción penal prescribe, en los delitossancionados con prisión, después de transcurrido un plazo igual alextremo mayor de la pena, sin que ese plazo pueda exceder de diezaños y ser inferior a tres años. En los delitos que tienen como sanción una pena diferente de la prisión y en las faltas y contravenciones, laacción penal prescribe en dos años. Esos plazos empiezan a correr apartir del momento de consumación del delito. Debemos tener presenteque en materia de delitos sexuales cometidos en perjuicio de personasmenores de edad, si el proceso no se ha iniciado, la prescripción de laacción penal empieza a correr a partir de que la víctima haya cumplidola mayoría de edad, tal y como lo indica el inciso a) del artículo 31 delCPP. La acción penal se extingue, asimismo, por el vencimiento del plazo desuspensión del proceso a prueba, sin que esa suspensión sea revocadapor incumplimiento de las condiciones impuestas a la persona acusada. El indulto y la amnistía, instituciones reguladas en los artículos 89 y 90del Código Penal, tienen el efecto de extinguir la acción penal. Otra causal de extinción de la acción penal que opera en aquellosdelitos de acción pública dependientes de instancia privada sucedecuando la víctima una vez que ha puesto de manifiesto su deseo de quese inicie el proceso, posteriormente revoca esa instancia, expresandosu voluntad de no continuar con la tramitación. En los delitos de acción privada la acción penal se extingue tambiénpor la muerte de la persona ofendida, salvo que sus herederoscontinúen con el ejercicio de la acción ya iniciada. La reparación integral del daño, institución que luego veremos, tienecomo efecto la extinción de la acción penal. La existencia de una conciliación entre la persona ofendida y lapersona acusada es otra causal de extinción de la acción penal. Alsolucionarse el conflicto preexistente y lograrse de nuevo la armoníasocial, carece de sentido continuar con los procedimientos yainiciados. Otra causa que puede tener como efecto la extinción de la acción penal es el incumplimiento de los plazos máximos de la investigación preparatoria. El Ministerio Público no puede mantener indefinidamente abierta la investigación preparatoria en relación con un hecho delictivo. Existe un control jurisdiccional al respecto y, si se superan los plazos que el juez o la jueza fijen, la acción penal fenece. Por último, la acción penal se extingue también cuando habiéndose dictado un sobreseimiento provisional en el proceso, transcurre el plazo de un año sin que se haya reabierto la causa. ii. Acción Civil La acción civil restitutoria, y la de indemnización por daños y perjuicios puede ser ejercida por el damnificado, sus herederos, o legatarios, la sucesión o por el beneficiario en caso beneficiario en el caso de pretensiones personales, contra los autores del hecho punible y partícipes en él y, en su caso, contra el civilmente responsable. (artículo 37 del CPP) La acción civil por daño social podrá ser ejercida por la Procuraduría General de la República, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos. (artículo 38 CPP) Aquellos que carezcan de recursos y quienes sean incapaces, podrán delegar su acción a un abogado de la oficina especializada en la defensa civil de víctimas, dependiente del Ministerio Público. (artículo 39 CPP) iii. Mociones (sin información) Toda persona tiene el recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener el goce de los otros derechos consagrados en la Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República. (artículo 48 de la Constitución Política) 4. Derechos en prisión i. Condiciones de confinamiento El sistema penitenciario costarricense se compone de cuatros programas: a) institucional, b) semiabierto, c) abierto, y d) penal juvenil. Según información del Ministerio de Justicia y Paz, en enero de 2016, dicho sistema atendía a un total de 35.543 personas, de las cuales el 37.6% –es decir 13,390 personas– se encontraba en centros penitenciarios. El sistema institucional, que corresponde al nivel cerrado donde se encuentran las personas que cumplen penas privativas de la libertad, incluye trece centros de detención, llamados Centros de Atención Institucional (“CAI”). Dichos centros tienen una capacidad de alojamiento para 9.130 personas privadas de libertad, y actualmente cuentan con un total de 13.157 personas, lo que implica un nivel de hacinamiento generalizado de 44.1%. En particular, la CIDH advierte que de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, existen centros penitenciarios con situaciones críticas de hacinamiento, tales como el CAI Gerardo Rodríguez, el CAI San Carlos, y el CAI San José. De acuerdo con información oficial, en enero de 2016 se ubicaban 4.696 personas en el programa semiabierto. En este programa se ubica a las personas en ambientes familiares y laborales, pero con la imposición de dormir en los centros respectivos según la modalidad establecida por el Instituto Nacional de Criminología; además, este programa se caracteriza por contar con monitoreo cercano e integral de las autoridades. El programa abierto o “en comunidad” incluye a 16.740 personas que gozan de libertad condicional, incidentes por enfermedad, suspensión de proceso a prueba, penas alternativas, medidas de seguridad, y otras reubicaciones. Por último, en el programa penal juvenil, a enero de 2016 se encontraban institucionalizados 229 menores de edad que fueron juzgados por la Ley Penal Juvenil.(Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Costa Rica, 2016) La cárcel de San Sebastián es exclusiva para internos en prisión preventiva, cuenta con una capacidad para 624 personas privadas de libertad, y al día de la visita, contaba con una ocupación total de 1,248 reos; es decir, más del doble de su capacidad instalada. La Relatoría observó con preocupación el hacinamiento en el que viven la mayoría de los reclusos. Muestra de lo anterior se refleja en los números de personas de libertad que se encuentran en el ámbito “B2”, con una capacidad real de 88 personas, y que al día de la visita, albergaba a 271 personas. Los reos de este ámbito manifestaron a esta Relatoría su preocupación respecto al hacinamiento en el que se encontraban, y las consecuencias que éste ocasionaba, tales como la falta de espacio para dormir, y la propagación de enfermedades contagiosas.(Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Costa Rica, 2016) Asimismo, la Relatoría observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad. En particular, la Relatoría constató la falta de ventilación en los dormitorios y el calor que prevalece en los mismos. De igual forma, en los diferentes pabellones visitados en la Cárcel de San Sebastián, la delegación de la CIDH observó la falta de privacidad en el uso de servicios sanitarios, así como la total ausencia de espacios para guardar objetos de tipo personal. La Relatoría también recibió diversos testimonios de los internos respecto a las dilaciones en sus procesos judiciales respectivos. Asimismo, expresaron quejas relacionadas con la supuesta falta de atención médica, en particular, sobre la demora en recibir dicha atención y la falta de servicios dentales.) Por otra parte, la Relatoría también visitó el Centro de Atención Institucional La Reforma que constituye el centro penitenciario con mayor población penitenciaria, con una capacidad de 2,380. Al 1 de febrero de 2016, se encontraban 2,890 personas privadas de libertad. A pesar de que este centro se destina únicamente para personas sentenciadas, de conformidad con cifras proporcionadas por autoridades penitenciarias, al día de la visita se encontraban 34 personas en prisión preventiva. La Relatoría observó las deplorables condiciones en la infraestructura del centro penitenciario, así como la escasez del agua, aspectos que también fueron ampliamente destacados por los internos durante el recorrido por la cárcel. La Comisión constató que los servicios sanitarios consistían en un hueco en el piso, que las ventanas no tenían vidrios, que había alcantarillas abiertas, y que los dormitorios se caracterizaban por falta de ventilación e iluminación. Por otra parte, según autoridades del penal, de un total de 2.890 personas privadas de libertad, únicamente 200 participarían en actividades laborales, tales como electricidad, maderería y agropecuarios. La falta de trabajo fue referida en forma reiterada como una de las mayores inconformidades con el régimen del centro penitenciario. En este sentido, la Comisión manifiesta su preocupación por las deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social, que se reflejan en el bajo porcentaje de población carcelaria que tiene acceso a los mismos. Por otra parte, internos de La Reforma expresaron quejas respecto a una supuesta atención médica negligente, caracterizada principalmente por la demora en la recepción de estos servicios, y por la falta de atención de tipo psiquiátrico y dental. La Relatoría también recibió testimonios respecto a la práctica generalizada de registros corporales denigrantes y humillantes para los visitantes de los internos; en este mismo sentido también fue informada sobre las requisas realizadas dentro de los pabellones.(Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de Libertad realiza visita a Costa Rica, 2016) ii. Detención de inmigrantes Las personas miembros de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, debidamente identificadas, deberán: 13) Trasladar al centro de aprehensión de personas extranjeras sujetas adeportación, a toda persona migrante cuando en su contra se tramite o deba ejecutarse una deportación o una expulsión. Para ello, deberá presentar a dicha persona junto al parte policial correspondiente.(art,18 ) La Dirección General, durante la tramitación del procedimiento administrativo, podrá acordar la aplicación de alguna de las siguientes medidas cautelares: Orden de aprehensión de la persona extranjera, de conformidad con los tiempos y plazos establecidos en la presente Ley.(art. 211) Las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas según lo dispuesto por la Constitución Política, las leyes y las disposiciones contempladas en la presente Ley. Para la aplicación de la legislación migratoria, este derecho podrá ser limitado bajo los siguientes supuestos y condiciones de carácter excepcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosa: a) Aprehensión cautelar por un máximo de veinticuatro horas, para efectos de verificar su condición migratoria. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones especiales y bajo resolución justificada y emitida por el director general. Confirmada la infracción migratoria y al descartase otra medida menos gravosa, la Dirección General deberá dictar el procedimiento de deportación. b) Una vez resuelta la identificación de la persona extranjera, por parte del consulado de su país de origen, la detención administrativa no podrá exceder el plazo máximo de treinta días naturales y en dicho término deberá ejecutarse la deportación dictada. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones especiales y justificadas por parte de la Dirección General. c) En caso de detención administrativa, la persona extranjera tendrá derecho a permanecer durante el período de aprehensión en un lugar que cuente con las condiciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso, así como las especificidades de género, generacional o discapacidad (Articulo 31. Numeral 5 Ley General de Migración y Extranjeríaº 8764, 2009) iii. Derecho a asistencia médica en prisión Artículo 8° Derecho a la Salud. Todo privado o privada de libertadtiene derecho a recibir atención a su salud. Tendrá derecho a que se le traslade alCentro de Salud en donde deba recibirla. Cuando su modalidad de custodia lopermita lo hará por sus propios medios. Reglamento sobre Derechos y Deberes de losPrivados y Privadas de Liberta No. 22139-J Es importante decir que Costa Rica reconoce Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) en su regla 24 estableceLa prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica. 2.	Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia. Regla 25 1.	Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación. 2.	El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinario con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. Todo recluso tendrá acceso a los servicios de un dentista calificado. Regla 26 1.	El servicio de atención de la salud preparará y mantendrá historiales médicos correctos, actualizados y confidenciales de todos los reclusos, y se deberá permitir al recluso que lo solicite el acceso a su propio historial. Todo recluso podrá facultar a un tercero para acceder a su historial médico. 2.	En caso de traslado de un recluso, su historial médico se remitirá a los servicios de atención de la salud de la institución receptora y permanecerá sujeto al principio de confidencialidad médica. Regla 27 1.	Todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento penitenciario tenga sus propios servicios de hospital, contará con el personal y el equipo adecuados para proporcionar el tratamiento y la atención que corresponda a los reclusos que les sean remitidos. 2.	Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y el personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones.
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