Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/st881_12.html
Timestamp: 2020-01-17 13:45:41
Document Index: 344253355

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 53', 'Artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 16']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [T-881_2012]
En el proceso de revisión de la sentencia proferida, en única instancia, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 30 de abril de 2012, dentro del trámite de la referencia
Wilder Guerrero Rueda se inscribió en el curso de Técnico en trazado, corte, conformado y armado de productos metálicos, en el SENA, Centro Integral de Mantenimiento Regional Santander, cuya fase lectiva la recibió desde el 21 de julio de 2010. Con el fin de desarrollar la fase práctica del curso, suscribió un contrato de aprendizaje con la empresa MAGROIN Ltda., con fecha de inicio del 16 de abril de 2011 y fecha de terminación del 31 de agosto de 2011–
Dentro de las obligaciones asumidas por la empresa contratante estaba la de reconocer un apoyo económico al aprendiz, el cual ascendía, durante la fase lectiva, a la suma de doscientos sesenta y siete mil ochocientos pesos ($267.800), equivalente al 50% de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2011, y durante la fase práctica, a la suma de cuatrocientos un mil setecientos pesos ($401.700), equivalente al 75% de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2011 Asimismo, asumió la obligación de afiliar al señor Wilder Guerrero Rueda al Sistema Integral de Seguridad Social, incluido el Sistema General de Riesgos Profesionales
El 9 de junio de 2011 el señor Wilder Guerrero Rueda sufrió un accidente de trabajo en ejecución de la fase práctica de su contrato de aprendizaje. El accidente ocurrió en las instalaciones de la empresa y consistió en una caída de cinco (5) metros de altura, ocasionándole “POLITRAUMATISMO GENERALIZADO: TRAUMA CRANOENCEFÁLICO, (…) CONTUSIÓN DE LA CADERA, TRAUMATISMO DE LA CABEZA, FRACTURA DEL CRÁNEO Y DE LOS HUESOS DE LA CARA, […] cefalea post traumática, vértigo post traumático, [l]umbalgia post traumática; [p]rotusión discal central y paracentral derecha, o sea [d]iscopatía, en nivel L5 – S1, con estrechez del canal raquídeo; [a]bombamiento T11 – T12 y L4 – L5; [e]spina bífida oculta a nivel S1 […]”–
Como consecuencia del accidente, la Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se encontraba afiliado el actor, Colpatria ARP, le expidió incapacidades laborales continuas hasta el 24 de agosto de 2011 El 25 de agosto de 2011 la Administradora de Riesgos Profesionales profirió un concepto médico de aptitud laboral, en el que calificó al señor Wilder Guerrero Rueda como apto para el retorno laboral, con recomendaciones vigentes hasta el 25 de diciembre de 2011– Estas recomendaciones fueron reiteradas mediante conceptos médicos de aptitud laboral emitidos el 27 de diciembre de 201 y el 01 de febrero de 2012 señalándose en este último, que las recomendaciones tienen una vigencia permanente.
El 16 de junio de 2011, el señor Wilder Guerrero Rueda presentó una queja ante la Dirección Territorial de Santander del Ministerio de la Protección Social en contra de la sociedad MAGROIN Ltda., por el accidente de trabajo sufrido y el no suministro de los elementos de protección personal requeridos. Ante esa solicitud, el Ministerio de la Protección Social abrió una investigación administrativa, que finalizó con la expedición de la Resolución No. 001523 del 24 de octubre de 2011 en la que se sancionó a la sociedad investigada con el pago de una multa, por el incumplimiento de sus obligaciones de salud ocupacional–
El 16 de noviembre de 2011, la sociedad MAGROIN Ltda. terminó el contrato de aprendizaje sucrito con el señor Guerrero Rueda en forma unilateral, “sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, Regional Santander, y sin previo concepto favorable del [SENA].
El actor argumenta que la Ley 789 de 2002 norma que regula los contratos de aprendizaje, permite que este tipo de contratos tengan una duración máxima de dos (2) años, lapso de tiempo que en su caso no se alcanzó. Por lo anterior, sostiene que en aplicación del derecho a la igualdad, la sociedad accionada debió mantenerlo vinculado hasta que le fuera calificada la disminución de su capacidad laboral.
Manifiesta que no cuenta con ingresos para su subsistencia y la de su hija menor de edad, y que la terminación de su contrato de aprendizaje lo dejó sin atención médica, ya que fue desvinculado de la entidad que le presta los servicios de seguridad social. Por lo anterior, considera que la decisión de la Sociedad pone en riesgo sus derechos a la vida, a la integridad física, y al mínimo vital propio y el de su hija, ya que le ha impedido acceder al reconocimiento de sus incapacidades laborales por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales.
Por las razones expuestas, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la dignidad humana, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, por medio de una orden a MAGROIN Ltda. y al SENA, para que lo reintegren temporalmente al cargo que venía ocupando, que lo afilien inmediatamente al régimen de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y le paguen los salarios mensuales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación, así como las incapacidades laborales que se hayan generado, hasta que se califique en forma definitiva su pérdida de capacidad laboral.
Respuesta del SENA
El SENA presentó un informe sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, manifestando que el contrato de aprendizaje se suscribió entre la sociedad MAGROIN Ltda. y el señor Wilder Guerrero Rueda, y que la función del SENA en la etapa práctica, se limita al seguimiento del desempeño del aprendiz. Informó que tenía conocimiento de que el contrato de aprendizaje del señor Guerrero Rueda tenía una duración hasta el 31 de agosto de 2011, pero ignoraba “si el contrato de aprendizaje se prorrogó entre las partes o se celebró entre ellas un contrato de trabajo bajo otra modalidad.
Respuesta de la sociedad MAGROIN Ltda.
Mediante escrito radicado el 23 de abril de 2012, la sociedad MAGROIN Ltda. respondió la acción de tutela solicitando que sea declarada improcedente, porque i) el actor no es acreedor de ninguna protección especial otorgada por la ley a los trabajadores, ya que la naturaleza de su vínculo es la de un contrato de aprendizaje; ii) la terminación del contrato de aprendizaje con el señor Wilder Guerrero Rueda obedeció al vencimiento del término pactado, por lo que no puede considerarse como un despido; iii) el contrato de aprendizaje se rige por la Ley 789 de 2002 y por su decreto reglamentario, mas no por la legislación laboral; iv) la acción de tutela obedece a un hecho superado, porque la Administradora de Riesgos Profesionales ya calificó la pérdida de capacidad laboral del actor; v) no se acreditó un perjuicio inminente a sus derechos; y vi) las pretensiones del señor Guerrero Rueda deben ser resueltas ante la jurisdicción laboral ordinaria.
Por otra parte, respecto de los hechos narrados en el escrito de tutela, la sociedad accionada aceptó las condiciones del contrato de aprendizaje suscrito con el señor Wilder Guerrero Rueda, y manifestó que cumplió oportunamente con el pago de las obligaciones por ella asumidas en virtud de ese contrato.
Respecto de las condiciones en las que ocurrió el accidente de trabajo, la empresa señaló que no le asignó al aprendiz función alguna que debiera realizarse en alturas. Sin embargo, manifestó que el actor, “sin que nadie se lo solicitara, sin pedir autorización, sin informar a algún representante de la empresa y sin estar dentro de sus funciones”, se subió a una máquina a la que se le estaba sobreponiendo la tapa. Cuando empezó la actividad, el señor GUERRERO RUEDA “se botó sin saberse cual fue el motivo que lo impulsó a ello porque el procedimiento lo estaban haciendo en forma normal, sin que se presentara problema alguno. El señor GUERRERO RUEDA cayó sobre una saliente que tiene la máquina pero le fue imposible sostenerse y terminó en el piso. Terminó señalando que una vez ocurrido el accidente, le brindaron al actor los primeros auxilios, fue atendido en una clínica, y un representante de la empresa reportó el accidente de trabajo ante la Administradora de Riesgos Profesionales.
Sobre el estado de salud del actor, manifestó que la discopatía degenerativa que le fue diagnosticada es “una enfermedad que se generó por un proceso degenerativo de su edad, por malas posturas, por haber realizado diferentes tipos de actividades como son la realización de deportes extremos o de alto riesgo como el 'motocross', actividad ésta a la cual se dedicaba el tutelante antes de iniciar sus labores en la empresa como APRENDIZ SENA.
La anterior afirmación fue soportada por la entidad accionada en la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por la Administradora de Riesgos Profesionales Colpatria ARP el 28 de marzo de 2012, en la que se afirma que “la patología degenerativa lumbar evidenciada en la RMN de columna lumbar no guarda relación con el accidente de trabajo, razón por la que no hace parte de [esa] calificación.–
En lo que hace referencia a la sanción impuesta por el Ministerio de {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}la Protección Social, manifiesta que interpuso los recursos correspondientes solicitando su revocatoria, recursos que a la fecha de contestación del escrito de tutela no habían sido resueltos, y por lo tanto, esa decisión no se encuentra en firme y de ella no se puede concluir que el accidente de trabajo haya ocurrido por su responsabilidad.
Respecto de la terminación del contrato de aprendizaje, la sociedad MAGROIN Ltda. reiteró que este tipo de contratos no está regulado por la legislación laboral colombiana, por lo tanto, no requería autorización del Ministerio del Trabajo para darlo por terminado, y que la razón de la terminación fue el vencimiento del término de duración pactado, decisión que sólo se adoptó cuando la situación de salud del actor se estabilizó.
Por otra parte, señaló que la Administradora de Riesgos Profesionales estableció como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor el 30 de enero de 2012, momento en el que ya se había extinguido el vínculo con la empresa. Asimismo, indicó que la Administradora de Riesgos Profesionales le ofreció al actor el pago de la indemnización correspondiente al porcentaje de la pérdida de capacidad laboral establecido
Finalmente, rechazó las pretensiones del actor con fundamento en los argumentos expuestos, y en que, en su concepto, su actuación no le ha vulnerado los derechos fundamentales al señor Guerrero Rueda.
El Juzgado Sexto Laboral de Bucaramanga profirió sentencia el 30 de abril de 2012, en la que negó el amparo de los derechos del señor Wilder Guerrero Rueda, porque consideró que el contrato de aprendizaje no comparte las características de un contrato laboral, pues en aquel no existe subordinación ni salario, y la remuneración percibida por el aprendiz es tan sólo un apoyo de sostenimiento. Por lo anterior, concluyó que “el FUERO DE DISCAPACIDAD de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 2007, no opera en esta clase de vínculos, al no regirse por las reglas del contrato de trabajo.– (Mayúscula sostenida en texto original)
Respecto de la terminación del contrato de aprendizaje luego de la fecha pactada, consideró que esta circunstancia obedeció a una prórroga del mismo, y no a la estipulación de un contrato de diferente naturaleza, teniendo en cuenta que durante todo el tiempo de duración la sociedad accionada pagó la cuota de sostenimiento. Asimismo, señaló que el contrato de aprendizaje “puede finiquitarse por cualquier causa y en cualquier tiempo que no supere los dos años” (Texto original subrayado y en negrilla).
En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela objeto de estudio es procedente, ya que el señor Wilder Guerrero Rueda es una persona con discapacidad, condición acreditada con el dictamen de pérdida de capacidad laboral practicado por Colpatria ARP, en el que se calificó al actor con una pérdida permanente de su capacidad del 15.88%. Asimismo, el actor fue desvinculado de la sociedad accionada sin contar con la autorización del Ministerio del Trabajo y lo que pretenden es precisamente obtener la protección especial derivada de su condición de discapacidad y el goce efectivo de sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, con el fin de cubrir sus necesidades básicas y las de su hija menor de edad, el cual, de acuerdo con varios pronunciamientos de esta Corte, es un derecho fundamental cuya protección puede pedirse por medio de la acción de tutela
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv) en general todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud que (b) les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares” y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la “estabilidad laboral reforzada”
El derecho a la estabilidad laboral reforzada de este grupo poblacional es resultado de una interpretación conjunta de, al menos, cuatro preceptos constitucionales: en primer lugar, el artículo 53 de la Constitución, que consagra el derecho a “la estabilidad en el empleo” en segundo lugar, el deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración social” a favor de las personas con discapacidad (art. 47, C.P.) en tercer lugar, el derecho que tiene toda persona que “se encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegida “especialmente”, con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (art. 13, C.P); y en cuarto lugar, el deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social”, ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas (art. 95, C.P.)
Pues bien, quienes sean titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada se benefician de dos normas de carácter fundamental, vinculadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a las garantías de la Carta: en primer lugar, de la prohibición que pesa sobre el empleador de despedir o terminar el vínculo contractual a una “persona limitada[, p]or razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo y en segundo lugar, de la obligación del juez de presumir el despido discriminatorio, cuando una persona en circunstancias de debilidad manifiesta es desvinculada del empleo sin autorización de la oficina del trabajo
En consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a) desvinculó a un sujeto titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo, y (b) no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que conozca del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor del trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación o del despido laboral (con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir); (ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del cargo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con sus condiciones (iii) en tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.) y (iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren” (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997).
Análisis de la jurisprudencia constitucional sobre el contrato de aprendizaje
“Artículo 30. Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.”
Finalmente, sobre la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva con la prohibición de regular el apoyo de sostenimiento por medio de convenios o pactos colectivos o laudos arbitrales sobre negociaciones colectivas, se consideró que el derecho a la negociación colectiva no es absoluto y puede ser limitado, siempre que las restricciones sean proporcionadas, condición que encontró acreditada respecto del contrato de aprendizaje, ya que la vinculación de aprendices se hace en cumplimiento de un mandato legal, y resulta razonable que la misma ley establezca “salvaguardas para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar la negociación colectiva en este preciso aspecto.
En una sentencia posterior esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dos (2) nuevos cargos en contra de la reforma legal al contrato de aprendizaje, uno de ellos fue formulado en contra del aparte del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, en el que se establece que en el caso en que el aprendiz sea estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. En concepto del demandante, el trato diferente consagrado a favor de los aprendices universitarios vulneraba el derecho a la igualdad de los demás aprendices, porque estos dos grupos se encontraban en una situación de hecho similar, y a pesar de ello, la norma establecía un trato diferenciado que no estaba justificado razonablemente.
El señor Wilder Guerrero Rueda tiene derecho a la estabilidad ocupacional reforzada por haber perdido un porcentaje de su capacidad laboral en ejecución de la fase práctica de su contrato de aprendizaje
El señor Wilder Guerrero Rueda adelantó un curso técnico en el SENA cuya fase lectiva la recibió a partir del 21 de julio de 2010. Con el fin de adelantar la fase práctica de su formación, el 16 de abril de 2011, suscribió un contrato de aprendizaje con la sociedad MAGROIN Ltda., en el que se estipuló que esa fase se desarrollaría entre el 1° de junio de 2011 y el 31 de agosto del mismo año El 9 de junio de 2011, en ejecución de la fase práctica del contrato, el señor Guerrero Rueda sufrió un accidente de trabajo en las instalaciones de la empresa MAGROIN Ltda., al caer de una altura de cinco (5) metros aproximadamente.
Como consecuencia del accidente de trabajo, el actor fue incapacitado hasta el 24 de agosto de 2011. A partir de esa fecha, Colpatria ARP conceptuó que el actor estaba apto para el retorno laboral pero con recomendaciones permanentes, y mediante dictamen practicado el 28 de marzo del año en curso, lo calificó con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral permanente del quince punto ochenta y ocho por ciento (15.88%), con fecha de estructuración del 30 de enero de 2012
Con este fin, es importante señalar que las normas que regulan el contrato de aprendizaje no se pronuncian expresa y puntualmente sobre el derecho a la estabilidad reforzada de los aprendices que han sufrido una pérdida de su capacidad laboral durante la fase práctica de la formación. Esto podría eventualmente llegar a ser entendido como un vacío legal, puesto que no existe una norma específica exactamente aplicable al asunto objeto de estudio. En ese caso, la Sala advierte que tendría que resolverse la controversia de acuerdo el artículo 8° de la Ley 153 de 1887, según el cual “[c]uando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes” Así, la Corte debe preguntarse cuáles son las leyes que regulan casos o materias semejantes a las que plantea este proceso.
Para hallar una respuesta, debemos remitirnos a la regulación del contrato de aprendizaje antes de la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002 Esta forma contractual estuvo regulada inicialmente en los artículos 81 a 88 del Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones de la Ley 188 de 1959 En dichas normas se definió el contrato de aprendizaje como “aquel por el cual un empleado se obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido.
En las normas mencionadas, se establecían las estipulaciones esenciales de este tipo de contrato las obligaciones especiales del aprendi y del empleador y la duración y los efectos jurídicos del mismo. Y es precisamente la regulación sobre los efectos jurídicos de estos contratos la que nos interesa resaltar, pues en ella se establecía que “en cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de esta ley, el contrato de aprendizaje se regirá por las del Código de Trabajo.
Adicionalmente, aunque la Ley 789 de 2002 modificó la naturaleza jurídica y algunos aspectos específicos de la regulación del contrato de aprendizaje, este tipo de contrato aún es muy similar al contrato de trabajo, por lo menos en su fase práctica, ya que en ambos se presentan elementos comunes, como lo son i) la prestación personal de un servicio, ya que en la fase práctica el aprendiz se desempeña “dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa”; ii) la subordinación, que en el contrato de aprendizaje está “referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje, y iii) la remuneración, denominada salario en el contrato de trabajo y apoyo de sostenimiento en el contrato de aprendizaje
Ahora bien, la norma que regula el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que han perdido su capacidad laboral durante la ejecución del contrato de trabajo es la Ley 361 de 1997 En el artículo 26 de ésta Ley se establece que “ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo.
Por lo tanto, y en aplicación de las reglas establecidas en el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 debe concluirse, en principio, que los aprendices que pierden su capacidad laboral, o un porcentaje de ella, durante la fase práctica del contrato de aprendizaje tienen derecho a que se les aplique en forma analógica el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores, consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
En este punto, es preciso reiterar que la modificación a la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje establecida en el artículo 30 de la Ley 789 de 200 fue declarada exequible por la Sala Plena de esta Corporación por medio de la sentencia C-038 de 2004 con base en los argumentos explicados en el numeral 5 de las consideraciones de la presente sentencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta que lo que se sostiene es la aplicación analógica de la Ley 361 de 1997 al contrato de aprendizaje suscrito por el actor, y con el fin de resaltar las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de aprendizaje, en esta sentencia se hará referencia al derecho a la estabilidad ocupacional reforzada y no al derecho a la estabilidad laboral reforzada.
Ahora bien, el argumento de la aplicación analógica de la Ley 361 de 1997 puede considerarse insuficiente, teniendo en cuenta que la consecuencia de esta decisión es la imposición de una carga a la empresa patrocinadora que no está expresamente establecida en la ley, situación que, puede pensarse, afecta su derecho a la libertad de empres y el principio de la autonomía de la voluntad que rige las relaciones privadas Por lo tanto, es necesario establecer si el argumento planteado es acorde con otros derechos y principios constitucionales que puedan ser ponderados con el derecho a la libertad de empresa y al principio de la autonomía de la voluntad, y así establecer si la decisión de reconocerle al señor Guerrero Rueda su derecho a la estabilidad ocupacional reforzada resulta proporcionada.
Con este fin, la Sala encuentra que la decisión de reconocerle al señor Guerrero Rueda el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, es acorde con la protección especial para las personas con discapacidad derivada de los artículos 13 y 47 de la Constitución Política, en los que se consagra el deber del Estado de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición física se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, de sancionar los abusos que contra ellas se cometan y de promover la integración social de estas personas Asimismo, esa decisión constituiría una forma de cumplir con la obligación del Estado y de los empleadores de ofrecer formación profesional y técnica a quienes lo requieran, con el deber del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud así como con su obligación especial de ofrecer educación a las personas con limitaciones físicas o mentales
Adicionalmente, una decisión en ese sentido sería armónica con los instrumentos internacionales suscritos con el propósito de garantizar a las personas con discapacidad el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre los que se encuentran la Observación General No. 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales'''' y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad''
Finalmente, el reconocimiento del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada al señor Guerrero Rueda, le garantizaría el derecho al mínimo vital a una persona con discapacidad que manifiesta que no cuenta con los recursos para subsistir, derecho reconocido expresamente en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se consagra el derecho “a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida”
Por otra parte, como ya se indicó, la decisión de reconocer el derecho a la estabilidad reforzada del señor Guerrero Rueda puede llegar a interferir el derecho a la libertad de empresa de la sociedad MAGROIN Ltda., según el cual, “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, el principio de la autonomía de la voluntad que rige las relaciones entre los particulares, que encuentra sustento constitucional en el artículo 16 de la Constitución Política en el que se consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad Pero aunque ello ocurra, y se afecte levemente el derecho a la libertad de empresa de la entidad accionada, ya que no existe una norma legal concreta que reconozca el derecho a la estabilidad reforzada de los aprendices que durante la fase práctica de su formación pierden su capacidad laboral, o parte de ella, existen previsiones constitucionales y legales que llevan a concluir que ese derecho sí se predica de este grupo de personas.
Por ese motivo, resulta relevante indicar que distintas salas de revisión han decidido aplicar los principios constitucionales y legales que regulan la estabilidad reforzada de las mujeres embarazadas en el contrato de trabajo, a situaciones de contrato de aprendizaje, por una razón evidente: también en esos eventos el juez debe solucionar controversias sobre los derechos de madres que tienen a su cargo el sustento de personas vulnerables con derechos prevalentes, y que enfrentan obstáculos en ocasiones insalvables para el acceso a un puesto de trabajo en condiciones dignas y justas
6.6. Ahora bien, puede argumentarse que al momento de la desvinculación del señor Guerrero Rueda no había certeza sobre la naturaleza permanente de su pérdida de capacidad, ya que el dictamen en el que se estableció este hecho tan sólo fue practicado el 28 de marzo de 2012. Sin embargo, debe resaltarse que en la historia clínica del actor aportada al expediente se encuentra que, desde que ocurrió el accidente laboral el 9 de junio de 2011, el actor estuvo incapacitado ininterrumpidamente, y que al momento de reintegrarse a su trabajo, la Administradora de Riesgos Profesionales Colpatria formuló recomendaciones laborale– con las que se buscaba evitar una agravación en la condición de salud del actor, específicamente, de la lumbalgia postraumática que padece–
6.8. Con fundamento en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de la presente sentencia se revocará el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga el 30 de abril de 2012, para en su lugar, tutelar el derecho a la estabilidad laboral reforzada del actor, y se ordenará a la sociedad MAGROIN Ltda. que reintegre al señor Wilder Guerrero Rueda al cargo que venía desempeñando, siempre y cuando la deficiencia física que padece no le impida realizar las actividades propias de la labor para la cual fue contratado. Si la deficiencia física que padece le impide realizar las actividades encomendadas, deberá reubicarlo en otro cargo compatible con sus capacidades y, junto con el SENA, ofrecerle la formación ocupacional que el actor requiera
Con esta medida, además de garantizarle el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, se garantiza los derechos a la educación y a la rehabilitación, reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como derechos esenciales para asegurarle a este grupo de personas su autonomía e integración social plena