Source: http://edicionespropuesta.blogspot.com/2015/09/
Timestamp: 2018-07-16 12:24:46
Document Index: 201324825

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 62', 'artículo 38', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 115', 'artículo 65', 'artículo 36', 'artículo 65', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51']

PROPUESTA: septiembre 2015
Finalmente se promulgó el Decreto Legislativo 1231 con el que se ha modificado la Ley de Arbitraje, promulgada a su vez mediante el Decreto Legislativo 1071. La nueva norma, cuya inminencia anunciamos y comentamos en nuestra última edición, se publicó el sábado 26. El texto aprobado suprime los excesos del proyecto que ahuyentaban a los profesionales serios y honestos de esta actividad en la que se iban a quedar precisamente aquellos a los que se quiere marginar de ella. El gobierno, en este sentido, ha escuchado la opinión de los expertos y ha terminado redondeando un texto que cumple con el propósito de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado e intenta prevenir que se cometan fraudes y se afecte contra el derecho de terceros, optimizando el sistema nacional de los registros públicos. Yo hubiera preferido que no se toque el Decreto Legislativo 1071 y se apruebe en su lugar una norma paralela muy específica para los propósitos que se persiguen. Pero en fin, el producto está mucho mejor de lo que teníamos la semana pasada.
En adelante no podrá ser árbitro quien “haya recibido condena penal firme por delito doloso”, prohibición que fue cuestionada por algunos en el entendido de que una vez concluida la pena el ciudadano debería recuperar todos sus derechos y reinsertarse en la sociedad sin ninguna restricción. Para las autoridades es una exigencia bastante extendida entre los principales centros de arbitraje del país que busca optimizar la idoneidad del árbitro y que se reproduce de la Ley de la Carrera Judicial. En línea con este nuevo requisito, en lo que respecta a la recusación se agrega como causal no tener las calificaciones establecidas por el reglamento de la institución arbitral elegida.
El decreto fortalece al arbitraje popular. Señala que es institucional. Se decide en derecho, por un árbitro único o tribunal colegiado. Su organización y administración está a cargo de una institución arbitral, conforme a los términos y las materias arbitrales que se establecerán en el decreto supremo que se expida para tales efectos. En el arbitraje popular, tratándose de decisiones arbitrales que se inscriben o anoten en los Registros Públicos, no habrá restricción de cuantías lo que le permitirá cobrar vuelo propio y de altura.
El dispositivo incorpora un nuevo inciso al artículo 39 del Decreto Legislativo 1071 precisando que cuando la demanda o la reconvención versen sobre actos o derechos inscribibles en los Registros Públicos, el tribunal arbitral solicitará que se anote la existencia del proceso que tiene a su cargo en la partida respectiva. La anotación se solicita dentro de los cinco días de admitido el escrito, no imposibilita otras anotaciones pero otorga prioridad y prevalencia frente a una posterior.
Una medida muy atinada es la que obliga a las entidades o empresas del Estado a que sean ellas las que remitan, dentro de los treinta días de haberlos recibido, los laudos arbitrales de los procesos en los que son parte, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para que sean publicados en su portal institucional por un plazo mínimo de un año. La capacidad de almacenamiento del OSCE parece que es muy superior a este límite pues en la actualidad se pueden consultar en su sitio de internet laudos desde hace doce años atrás.
Se ha mantenido la exigencia de que la decisión arbitral esté “motivada de manera expresa” como condición para que se inscriba en los Registros Públicos. Esta precisión puede terminar invitando al registrador a violar la propia norma pues entra en abierta contradicción con el inciso 2 del artículo 62 de la misma Ley de Arbitraje que prohíbe “bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.”
En adición a lo expuesto en el XCIX Pleno Registral, que la exposición de motivos del proyecto de modificación, trajo a colación, se acordó que las instancias registrales no pueden calificar la validez ni la eficacia del laudo ni de las actuaciones arbitrales, ni cuestionar “las decisiones motivadas del árbitro o del tribunal arbitral de incorporar a un tercero al procedimiento arbitral, o de extender los efectos del laudo a dicho tercero.” ¿Quién entonces va a determinar si el laudo está o no motivado de manera expresa?
El proyecto de modificación descansaba en alguna medida en el arbitraje institucional al que le trasladaba de forma exclusiva todas las controversias que comprendan derechos susceptibles de inscribirse en los Registros Públicos y de esa manera suponía –imagino yo– que serían los mismos centros los que se encargarían de velar por la adecuada motivación de tales decisiones, con lo que se cumplía el adagio de que lo mejor es que los propios árbitros autorregulen el sistema. Al eliminarse esta declarada preferencia, se queda en el aire y se cae también esa presunción. ¿Estaremos poniendo en manos de los registradores lo que no ponemos ni siquiera en manos de las cortes superiores? Esperemos que no y que los decretos supremos que vengan a regular este entuerto lo terminen de aclarar.
Se me ocurre que una posibilidad es poner el pie antes de que se cierre la puerta y abrirle la cancha al arbitraje popular que podrá estar a cargo de aquellas instituciones con las que el ministerio de Justicia celebre convenios específicos para estos fines, como la propia norma lo indica.
Publicado por Ediciones Propuesta en 2:32 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El jueves concluyó por todo lo alto el IX Congreso Internacional de Arbitraje organizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El evento se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Derecho de esa importante casa de estudios en el Fundo Pando.
Tal como lo preveíamos el último panel dedicado al arbitraje en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento captó la mayor atención de los asistentes. Nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés, arrancó las exposiciones ocupándose del registro de árbitros, el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc y de los secretarios arbitrales, reiterando sus opiniones sobre la necesidad de no colocar más restricciones que terminan mediatizando este medio rápido y eficaz de solución de controversias e insistiendo en la necesidad de preocuparse más en la designación de los árbitros y más precisamente en la forma en que eligen a los suyos las entidades del Estado.
El doctor Sergio Tafur abordó el tema de las materias arbitrales y las causales de anulación en la Ley de Contrataciones del Estado. La doctora Mariela Guerinoni hizo lo propio con los plazos de caducidad y la nueva regulación sobre acumulación de arbitrajes. El doctor Roberto Reynoso habló sobre la finalidad de las juntas de resolución de disputas y su relación con el arbitraje. También se dio tiempo para comentar algunas afirmaciones de los ponentes que lo antecedieron en el uso de la palabra. Finalmente, el doctor Carlos Castillo se refirió a la conciliación y al Consejo de Ética creado por la nueva Ley que entrará en vigencia en breve, conjuntamente con su Reglamento que, según se dijo, se aprobará en octubre.
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El jueves 1° y el viernes 2 de octubre el auditorio del Interbank en la Avenida Carlos Villarán 140, Santa Catalina, será la sede del III Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión que organizan el Instituto Peruano de Arbitraje, el Capítulo Peruano del Club Español de Arbitraje y el Centro Latinoamericano de Arbitraje y que patrocinan Telefónica y el banco anfitrión. El evento pasará revista al arbitraje de inversión en Latinoamérica poniendo énfasis, el primer día, en el “issue conflict”, en los reclamos de inversionistas con doble nacionalidad en el marco de tratados bilaterales, en el derecho aplicable y la expropiación.
El segundo día se abordará el tema de las medidas cautelares, cálculo de daños, anulación de laudos y costos de los arbitrajes de inversión. Participarán en el cónclave distinguidos especialistas nacionales y extranjeros que vienen de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Panamá y Portugal.
Las jornadas empezarán a las 8 de la mañana y tienen previsto terminar a las 8:30 de la noche. Mayores informes a los correos informes@peruarbitraje.org, peruarbitraje@gmail.com, ipa@peruarbitraje.org y eventos@peruarbitraje.org o a los teléfonos 461 6530, 461 6533, 986 534 732 o 987 184 213.
Publicado por Ediciones Propuesta en 2:28 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
El jueves 24 apareció en el diario oficial el Comunicado 003-2015-OSCE/PRE en cuya virtud el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado pone en conocimiento de entidades y proveedores que desde el 20 de octubre será obligatorio el registro electrónico de aquellos contratistas que quieran participar como postores en los procesos de selección que se convoquen a partir de esa fecha, de acuerdo a lo previsto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de la LCE, aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF.
El aviso advierte que los procesos de selección que hayan sido convocados o se convoquen con anterioridad a esa fecha, a excepción de los procesos electrónicos, seguirán rigiéndose por las reglas establecidas para el registro de participantes de manera presencial, incluyendo a las adjudicaciones de menor cuantía derivadas de las declaratorias de desierto.
Las bases de los nuevos procesos que se convoquen después de esa fecha deberán contener las disposiciones referidas al registro electrónico de participantes para cuyo efecto el OSCE ha puesto a disposición de los usuarios las bases estandarizadas actualizadas que pueden ser descargadas directamente de su portal institucional y más precisamente de la pestaña relativa a documentos normativos vigentes.
El documento señala que, en línea con lo expuesto, los proveedores que deseen registrar su participación deben seguir las instrucciones de la guía para el registro electrónico de participantes publicado en el mismo portal, en la opción de documentos y en la pestaña de manuales.
Publicado por Ediciones Propuesta en 2:27 1 comentario: Enlaces a esta entrada
Esta semana empezó a circular un nuevo proyecto de decreto legislativo destinado a modificar la Ley de Arbitraje con el declarado objeto de garantizar la seguridad jurídica y de evitar fraudes y la afectación de los derechos de terceros.
El documento exige que las controversias cuyos resultados tengan que inscribirse en los Registros Públicos sean ventiladas únicamente a través del arbitraje popular o de arbitrajes institucionales administrados por las cámaras de comercio, universidades o colegios profesionales que se inscriban en un registro a cargo del ministerio de Justicia y que cumplan con los requisitos que se establecerán en un decreto supremo que considerará, sin duda, alguna antigüedad y experiencia en el giro y alguna vinculación elemental con la especialidad de que se trata o con la materia en disputa.
La iniciativa también faculta a los árbitros a solicitar la anotación preventiva de la existencia del proceso en la partida registral respectiva lo que no imposibilita la extensión de otros asientos aun cuando le otorga prioridad y preferencia frente a otros posteriores cuyo contenido sea incompatible con el laudo.
El proyecto señala, de otro lado, que para que se inscriba un laudo que comprenda a una parte no signataria, esto es, que no ha suscrito el convenio correspondiente, “la decisión arbitral deberá encontrarse motivada de manera expresa”, lo que invita al registrador a pronunciarse sobre el fondo del asunto en litigio, algo que está prohibido hasta para el juez. Es obvio que el laudo debe estar debidamente motivado. Si no lo está, la parte que se sienta perjudicada puede interponer un recurso de anulación y estarse a lo que resuelva la Corte. Pero el registrador no puede arrogarse esa prerrogativa ni ninguna ley investirlo de ella porque se terminaría distorsionando la institución arbitral.
La propuesta también pretende crear un procedimiento –que por lo demás ya existe y es innecesario repetirlo– para hacer efectiva la responsabilidad de los árbitros que es otra invitación a enjuiciarlos masivamente y sin razón aparente lo que finalmente puede generar el efecto inverso al que se quiere: ahuyentar del arbitraje a los profesionales serios que naturalmente no desean encontrarse involucrados en largos procesos judiciales, para que se queden o se interesen en esta actividad tan sensible aquellos a los que se quiere alejar de ella, a los que alientan las malas prácticas y que incurren en esas acciones dolosas y en esos actos abiertamente delincuenciales que se anhelan combatir con este decreto legislativo.
Publicado por Ediciones Propuesta en 0:58 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Hoy empieza el IX Congreso Internacional de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú en su tradicional sede del auditorio de la Facultad de Derecho en el Fundo Pando, Avenida Universitaria 1801, San Miguel. Todavía es posible inscribirse en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos que está ubicado en la Avenida Canaval y Moreyra 751, San Isidro. Teléfono: 6267453. Atención: Srta. Lucía León. Mayores informes en http://congreso.pucp.edu.pe/arbitraje/.
Uno de los temas que ha convocado la atención de la opinión pública se abordará el jueves 24, el último día del evento. Es el relativo al arbitraje en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento que cerrará esta tercera y última jornada. El respectivo panel estará presidido por nuestro editor Ricardo Gandolfo Cortés e integrado por la árbitro Mariela Guerinoni Romero; Carlos Castillo Rafael, coordinador del Programa de Arbitraje Popular; Roberto Reynoso Peñaherrera, del ministerio de Economía y Finanzas; y Sergio Tafur Sánchez, árbitro y abogado del Estudio Balbi.
Específicamente se tratará en esta mesa sobre los nuevos registros de árbitros y de secretarios, sobre la acreditación de centros y sobre la situación del arbitraje ad hoc. Sobre las causales de anulación, la regulación de los plazos de caducidad y la acumulación de arbitrajes. Sobre las juntas de resolución de disputas, sobre la conciliación y el Consejo de Ética.
El lunes 14 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución 299-2015-OSCE/PRE con la que se aprueba la Directiva 002-2015-OSCE/CD que regula el contenido de las Bases Estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procedimientos especiales de contratación que convoquen al amparo del Decreto de Urgencia 004-2015. La señalada Directiva apareció en los portales del Estado Peruano y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
El Decreto de Urgencia 004-2015 fue promulgado el 6 de setiembre con el objeto de establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan a las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia tanto por el período de lluvias 2015-2016 como por el Fenómeno del Niño, mediante la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta. La norma incluye un procedimiento especial de contratación de bienes y servicios que se requieran para esos efectos cuyas bases se elaborarán teniendo en cuenta los modelos estandarizados que establezca el OSCE.
Las Bases Estandarizadas en referencia contienen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, una sección general con las reglas de procedimiento y de ejecución contractual y una sección específica con las condiciones particulares de cada proceso así como con los formatos y anexos correspondientes.
El texto de las bases deja espacios en blanco que deben ser completados por cada entidad de acuerdo al objeto de la convocatoria, a su naturaleza y complejidad y a los requisitos que se hayan previsto para la respectiva contratación. Las condiciones especiales comprenden las características técnicas de los bienes y servicios, el valor referencial así como cualquier otra información que se estime necesaria. Deben incluir igualmente los factores de evaluación, el criterio y la forma de acreditarlos así como la metodología de asignación de puntajes de acuerdo a lo señalado en los artículos 44 y 45 del Reglamento, todo lo que es de exclusiva responsabilidad del comité especial que deberá establecerlos con el objeto de que le permitan seleccionar la mejor oferta. Se han incorporado, además, como es habitual en estos casos, notas que brindan información sobre los aspectos que deben ser considerados en el momento de elaborar las bases de cada proceso.
La Directiva estipula que las bases estándar para la contratación o suministro de bienes y para la contratación de servicios en el marco del Decreto de Urgencia 004-2015 son de utilización obligatoria para todas las entidades que están autorizadas a aplicar este procedimiento especial quedando prohibido modificar la sección general bajo causal de nulidad de todo el proceso. La sección específica puede ser modificada, aunque la palabra correcta es perfeccionada, incorporándose la información que corresponda a la contratación en particular, según las instrucciones previstas en su propio texto. La proforma del contrato, a su turno, puede incluir cláusulas adicionales a las previstas o adecuar las propuestas, siempre que tales cambios no resulten contrarios a la normativa de contrataciones del Estado.
La PUCP inaugura su IX Congreso Internacional de Arbitraje
El próximo lunes 21 se inaugura a las 5:30 pm. en el auditorio de la Facultad de Derecho el IX Congreso Internacional de Arbitraje que organiza el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú que dirige César Guzmán Barrón. A la tradicional colaboración que le presta habitualmente a este evento el Estudio Mario Castillo Freyre se suma en esta ocasión el entusiasmo de la asociación civil Derecho & Sociedad. El evento seguirá el martes 22 y terminará el jueves 24.
El primer día se discutirá sobre la procedencia y los criterios de cuantificación de los daños y perjuicios en el arbitraje, la buena fe procesal en el arbitraje nacional e internacional y la facultad de revisión del laudo en el arbitraje institucional y su relación con la autonomía del arbitraje. El segundo día se debatirá sobre la relación entre la recusación y las sanciones éticas a los árbitros, la actividad probatoria en la recusación y remoción de árbitros y el principio de inmediatez en la recusación para terminar con el uso de la prueba por parte del tribunal arbitral.
El jueves se hablará sobre la influencia y aplicación de las Directivas IBA sobre conflicto de intereses en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en el arbitraje comercial, sobre la imputación de corrupción en los actos preparatorios del contrato y sus efectos en el desarrollo de las actuaciones arbitrales para concluir con un panel sobre el arbitraje en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento, en el que han confirmado su presencia los doctores Gustavo Paredes Carbajal, Roberto Reynoso Peñaherrera, Sergio Tafur Sánchez y nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés.
Han comprometido su asistencia distinguidos profesores y expertos tanto del Perú como del extranjero. De fuera vienen Carlos Guaia y Diego Gosis de Argentina, Bernardo Wayar de Bolivia, Juan Eduardo Figueroa de Chile, Gabriel Ayu de Panamá y Jaime Gallego de Suiza.
Más informaciones en Avenida Canaval y Moreyra 751, Urbanización Córpac, San Isidro. Teléfono 626 7453, correo electrónico consensos@pucp.edu.pe, página web www.consensos.pucp.edu.pe.
Acreditación del representante legal en el acto público
Mediante la Opinión 135-2015/DTN el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado absuelve la consulta formulada por la gerente general de Export Import International S.A. en relación a los alcances de la acreditación del representante de un postor en un acto público. Específicamente se pregunta si esa acreditación debe ser efectuada o suscrita por quien tenga la facultad de delegar su representación habida cuenta de que el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, no exige que esa prerrogativa se encuentre inscrita en los Registros Públicos.
Para la Dirección Técnico Normativa la legislación permite que toda persona natural o jurídica pueda participar en un proceso de selección y que ese libre acceso se sustenta en los principios que inspiran al sistema tales como la libre concurrencia y competencia, economía, transparencia, trato justo e igualitario, entre otros.
El segundo párrafo del artículo 65 del Reglamento establece que para la acreditación “las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de éste, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días a la presentación de propuestas.”
En virtud de los principios señalados las entidades deben fomentar la mayor participación de postores y por consiguiente deben evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en armonía con lo previsto en el artículo 115.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444 que exige “para la tramitación ordinaria de los procedimientos […] poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.”
El OSCE cita al doctor Juan Carlos Morón para quien “cualquiera puede otorgar representación a otra persona, sin necesidad de reunir alguna particularidad, para acudir en su nombre antes las autoridades administrativas” para concluir, según DTN, “que a efectos de ejercer la representación de un administrado basta con la designación a través de un poder general, formalizado mediante carta poder simple con la firma del administrado, en el cual se designe a una persona cierta debidamente identificada en el escrito.”
En tal sentido, “la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto que dentro del documento registral vigente se consigne de forma específica la facultad del representante legal para delegar su representación, bastando únicamente que su acreditación se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento.”
En el caso de las propuestas en consorcio, el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, promulgada mediante Decreto Legislativo 1017, estipula que las partes que lo conforman deberán designar un representante común con poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del proceso y del contrato hasta su culminación, encontrándose habilitado para participar obviamente en la presentación de propuestas.
El tercer párrafo del artículo 65 del Reglamento precisa que la propuesta de un consorcio puede ser presentada por el representante legal común o por un apoderado designado por éste que puede ser incluso el representante legal de uno de sus integrantes. En tales casos, al igual que para la representación de las personas jurídicas, la norma no ha previsto exigencia alguna adicional con la que deba contar el representante legal común del consorcio para delegar su representación a un apoderado.
De esta forma, tanto las personas jurídicas como los consorcios, pueden acreditarse en acto público mediante un apoderado, bastando que este se encuentre debidamente identificado con la presentación de una carta poder simple suscrita por el representante legal de la persona jurídica, a la cual adjuntará copia simple del documento registral que acredite la condición del representante legal; o suscrita por el representante común del consorcio, adjuntando además copia simple de la promesa formal de consorcio.
La opinión concluye señalando que exigir que el documento registral vigente consigne de forma específica la facultad del representante legal para delegar su representación, constituiría un exceso de formalismo dentro del proceso de selección, situación que como ya se ha señalado, no se ajustaría al mandato contenido en los principios que regulan la contratación pública.
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Cuando hace dieciocho años propuse la incorporación del arbitraje como medio de solución de controversias en el mundo de la contratación pública, lo hice convencido de que era la única manera de acabar con los litigios engorrosos que duraban varios años y que desgastaban y arruinaban a quienes se animaban a enfrascarse en sus tortuosos vericuetos. Lo incluí en el proyecto que elaboré y que se convertiría en la Ley 26850 después de comprobar que los conflictos que se suscitaban en los contratos financiados con créditos procedentes del exterior se resolvían de una forma rápida y eficaz gracias a las cláusulas arbitrales que el Estado suscribía porque eran parte de los convenios de préstamo.
Es verdad que las leyes de entonces dejaban abierta la posibilidad de que las entidades públicas celebren contratos con cláusulas de este tipo pero lo cierto es que ninguna lo hacía al menos para el caso de las operaciones financiadas con fondos del tesoro que no debían sujetarse a bases y términos de referencia elaborados por organismos internacionales. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –así denominaba originalmente– las obligó a hacerlo con lo que se desató una revolución jurisdiccional que democratizó el arbitraje, que estaba reservado para grandes contratos comerciales o de inversión, llevándolo hasta los rincones más apartados del país.
Esa explosión popular si bien contribuyó a superar varios problemas, como era previsible, trajo otros generados por su constante crecimiento, alimentado por algunas normas de control que desalentaban a los funcionarios públicos a tomar determinadas decisiones para evitar los procesos que se les abrían a todos aquellos que se atrevían a arribar y suscribir acuerdos con sus proveedores con el objeto de salvar sus contratos. Esas decisiones se trasladaron a la vía arbitral que terminó sustituyendo a las autoridades. No está mal que así sea, pero mejor sería que al arbitraje vayan sólo aquellas disputas en las que no hay posiciones coincidentes porque es un medio de solución de discrepancias no una dependencia de la administración pública que deba oficializar en última instancia lo que corresponde hacer en cada caso.
Ese arbitraje en materia de contrataciones públicas, sin embargo, nació con una peculiaridad que la diferenciaba nítidamente del arbitraje comercial o de inversión: la transparencia. En el entendido de que las cuestiones de los particulares sólo interesan a los particulares y que las cuestiones del Estado interesan a todos, porque son los fondos públicos los que están en juego, desde un principio, se dispuso que sean difundidos los laudos con los que se pone fin a cada litigio. Más adelante se extendió la exigencia y ahora se difunden las designaciones residuales que hace el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en defecto de las partes o a falta de acuerdo en la elección del presidente del tribunal arbitral, las resoluciones de recusación contra los árbitros así como otras resoluciones vinculadas como por ejemplo las medidas cautelares que emiten los jueces o aquellas otras con las que se deciden los recursos de anulación que se interponen contra los laudos.
El paradigma de la confidencialidad con el que se viste el arbitraje comercial y de inversión tiene también su excepción. La propia Ley de Arbitraje, actualmente vigente, estipula, en el inciso 3 del artículo 51, que “en todos los arbitrajes regidos por este Decreto Legislativo en los que interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y el laudo será público, una vez terminadas las actuaciones.” Previamente en el inciso 1 del mismo artículo se preceptúa solemnemente que “salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y, en su caso, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales, están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluido el laudo, así como sobre cualquier información que conozcan a través de dichas actuaciones, bajo responsabilidad.” El inciso 2 del mismo artículo 51 agrega que “este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus representantes y asesores legales, salvo cuando por exigencia legal sea necesario hacer público las actuaciones o, en su caso, el laudo para proteger o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo en sede judicial.”
Ello, no obstante, justo es reconocer que el asunto de la reserva está siendo revisado a nivel mundial a propósito de los pleitos que enfrentan empresas de accionariado difundido y cuyo resultado incide en el precio de los títulos que se cotizan en las bolsas. El derecho de todo accionista, por pequeño que sea, a saber los litigios en los que están involucradas las sociedades en las que tiene alguna participación está por encima del deber de confidencialidad toda vez que si toma conocimiento de los riesgos a los que se expone su inversión es probable que decida vender antes de que su valor baje como consecuencia de esos arbitrajes.
Es cierto que en ocasiones en los arbitrajes se discuten y ventilan procedimientos industriales, secretos de fábrica y otros detalles que de ser difundidos podrían eventualmente poner en manos de la competencia de unos las claves de la producción de otros perjudicándolos a estos últimos de manera irreversible. No menos cierto es que la difusión de un proceso que confronta una determinada empresa que cotiza en bolsa podría poner en riesgo el precio de sus acciones y ni qué decir de la difusión de laudo que la puede condenar al pago de una fuerte suma de dinero que debilitará considerablemente sus finanzas.
Un ejemplo ilustrativo en materia de contratación pública: El proceso arbitral que le entabla al Estado un contratista por enriquecimiento indebido derivado de la negativa de una determinada entidad de reconocer ciertas obligaciones pecuniarias que no puede reclamar por otro concepto, ¿puede o no ser divulgado? Su sola difusión podría alentar a otros contratistas, en condiciones absolutamente iguales, a emprender idénticos procesos y a poner a la respectiva repartición de la administración pública en el riesgo inminente de tener que repetir el desembolso al que puede haber sido condenada, en forma ilimitada. ¿Eso es correcto o no? Todo parece indicar que es correcto para proteger o hacer cumplir un derecho, excepción a la que alude directamente el inciso 2 del artículo 51 de la Ley de Arbitraje.
Un factor adicional en favor de la transparencia es que ninguno de los delitos que se han perpetrado a través de algún arbitraje y que han generado esta embestida legislativa que se ha desatado en las últimas semanas contra este medio rápido y eficaz de resolución de conflictos corresponde al ámbito de la contratación pública. Todos ellos son arbitrajes comerciales de naturaleza civil, inmobiliaria y contractual. La ola de proyectos de ley y de decretos legislativos que se ha desencadenado es comprensible pero debería concentrarse en lo más importante que sería dotar de mayor difusión absolutamente a todos los procesos arbitrales, de manera muy particular a aquellos que comprenden la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles y muebles de registro obligatorio.
El arbitraje en contratación pública por esta vía le prestaría un servicio al arbitraje comercial que no sería otra cosa que la devolución de un favor por otro, habida cuenta de que la Ley de Arbitraje, promulgada mediante el Decreto Legislativo 1017, entre otros aciertos, estipuló que para suspender la ejecución de un laudo contra el que se ha interpuesto un recurso de anulación es indispensable consignar ante la Corte una fianza por un monto equivalente al que se ordena pagar. Esa exigencia elemental para devolverle su lugar al recurso de anulación y para que deje de ser una instancia más, no se atrevió a incorporarla la Ley de Contrataciones del Estado, cuya última versión vigente fue promulgada mediante el Decreto Legislativo 1017. Lo hizo la Ley de Arbitraje y es hora de agradecerle. Que ahora la Ley de Arbitraje reproduzca de la Ley de Contrataciones del Estado la obligación de publicar los laudos y demás detalles de los procesos arbitrales. Habrá algunas sorpresas pero sin duda se evitarán problemas mayores. El antídoto de la transparencia con toda seguridad coadyuvará a evitar nuevos actos de corrupción y nuevos delitos.
En octubre se aprobará el Reglamento de la nueva L...
Ahuyentando del arbitraje a los profesionales seri...