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Timestamp: 2018-10-21 06:41:23
Document Index: 234291895

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 49', 'artículo 150', 'artículo 146', 'artículo 82', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 25']

MOVIMIENTO DE INQUILINOS - MOVIMIENTO DE POBLADORES: VICTORIA del Movimiento de Inquilinos y el Pueblo Organizado. TSJ se pronuncia sobre Amparo Constitucional
VICTORIA del Movimiento de Inquilinos y el Pueblo Organizado. TSJ se pronuncia sobre Amparo Constitucional
El 7 de mayo de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. En esa misma oportunidad la abogada Imelda Del Valle González, actuando en su carácter de miembro de la Asociación Civil Movimiento de inquilinos, consignó actuaciones relacionadas con la presente causa.
El 15 de mayo de 2015, la abogada Imelda del Valle González, asistiendo a los demandantes y como miembro de la Asociación Civil Movimiento de Inquilinos consignó el acta constitutiva de esa Asociación y documentos para acreditar la legitimación de los demandantes. El 16 de julio de 2015, esa abogada pidió pronunciamiento en la causa.
1.1 Que, el 3 de octubre de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal, emitió la decisión n° 1213, en la cual se estableció lo siguiente:
“la Sala entiende necesario fijar un plazo perentorio vencido el cual el Tribunal se encuentre habilitado para ejecutar su decisión. Siendo así, en función de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone un lapso de 4 meses para que el ente administrativo, es decir, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda emita un pronunciamiento, más una prórroga de dos (2) meses si media un acto expreso que la declare, ha de ser ese el lapso racional y suficiente para que la ejecución de un fallo definitivamente firme que ordene el desalojo esté a la espera de que la autoridad administrativa garantice el destino habitacional del arrendatario. Vencido este plazo sin que haya habido pronunciamiento expreso de la Administración, el juez entonces quedará habilitado para proceder a la ejecución de la sentencia; sin menoscabo de las facultades del administrado para instar a la Administración a que cumpla con el deber de solucionarle transitoriamente su problema habitacional. Así se decide”.
1.2 Que, si se cuenta el tiempo transcurrido a partir del 3 de octubre de 2014, cuando fue publicada la referida sentencia, el mismo habría culminado el 3 de abril de 2015, siendo que hasta el presente SUNAVI, a pesar de que se le delegó mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2014, garantizar refugio a los inquilinos o inquilinas cuyas causas por desalojo se encuentren definitivamente firmes, no ha ejecutado las acciones necesarias para proveer refugio o vivienda a los arrendatarios cuyas causas judiciales estén definitivamente firmes y en estado de ejecución del desalojo de la vivienda que ocupan, situación en la cual se encontraría un gran número de familias en todo el país, sin tener una alternativa de reubicación por parte de esta Superintendencia.
1.3 Que, se pueden diferenciar dos supuestos principales en las que se encuentran las causas en fase de ejecución, “el primero de ellos, corresponde a inquilinos e inquilinas que habitan inmuebles propiedad de un mismo dueño, lo que se ha denominado como ‘Multiarrendadores’, quienes han arrendado las unidades de vivienda en los edificios de su propiedad desde hace muchos años, a través de empresas inmobiliarias administradoras o incluso por cuenta propia de los propietarios. El otro supuesto corresponde a los inquilinos e inquilinas que vienen ocupando inmuebles en calidad de arrendatarios, cuyos dueños son pequeños propietarios, que se encuentran en la necesidad de recuperar la posesión del inmueble, a objeto de darle uso según sus propias necesidades.”
1.4 Que ambos supuestos fueron considerados por la normativa inquilinaria de vivienda pues, en el artículos 13 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra los Desalojos Arbitrarios de Vivienda y el artículo 49 y la disposición transitoria Quinta de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se establece por una parte que el Estado garantizará un refugio, o vivienda a los inquilinos o inquilinas cuyas causas judiciales estén definitivamente firmes y en el caso de los inmuebles propiedad de multiarrendadores que han sido destinados al arrendamiento por 20 años o más, deben se ofrecidos en venta a los inquilinos o inquilinas que actualmente los ocupan.
1.5 Que, el SUNAVI ha procedido a ejecutar desalojos sin haberse cumplido el procedimiento judicial establecido en la Ley, estos es, luego de haber culminado el procedimiento administrativo previo a las demandas ante ese organismo, lo que significa una violación al Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Contra los Desalojos Arbitrarios de Vivienda, circunstancia que consideran debe ser atendida por esta Sala.
1.6 Que, en criterio de los demandantes la inacción por parte de la SUNAVI, junto con la actuación de Los Tribunales Ejecutores de Medidas que podrían para que ocurran desalojos sin que se hayan garantizado las correspondientes provisiones de refugio temporal o soluciones habitacionales definitivas en virtud de la inminente aplicación por esos juzgados de la decisión de esta Sala Constitucional N°1213 del 03 de octubre de 2014.
1.7 Que, atribuyen la falta de soluciones habitacionales ya sea en arrendamiento o propiedad a la falta de planes y ejecuciones de obras de construcción de viviendas para ser ofertadas en arrendamiento en los últimos años en Venezuela y a la ausencia de oferta de viviendas en alquiler en todo el territorio nacional circunstancias en las que jugarían un papel de importancia la CAMARA VENEZOLANA PARA LA CONSTRUCCIÓN y la CAMARA INMOBILIARIA DE VENEZUELA.
1.8 Que, en adición a la problemática antes mencionada la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS (APIUR) habría venido ejerciendo acciones de intimidación a diversos inquilinos e inquilinas para que estos abandonen los inmuebles que habitan bajo la figura de arrendamiento, todo lo cual dificulta que los inquilinos obtengan una solución habitacional definitiva.
1.9 Que, la presente acción de amparo debe ser admitida por cuanto hay lugar a derecho, toda vez que no existe ninguna de las causales establecidas en el artículo 150 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, norma que regula los procedimientos por demandas de protección de derechos e intereses colectivos y difusos desde el artículo 146 en adelante.
1.10 Que los demandantes tienen legitimación para interponer la demanda pues, por un lado, son inquilinos e inquilinas que se encuentran en las situaciones de riesgo de desalojo o de omisión del multiarrendador de ofertar el inmueble ocupado, en venta; por el otro, están agrupados en un movimiento social que promueve los derechos de quienes se encuentran en su misma situación.
1.11 Que, lo alegado en la demanda evidencia el peligro inminente que corren una gran cantidad de inquilinos o inquilinas y su núcleo familiar de ser desalojados de lo que hasta ahora ha sido su hogar, debido a la falta de ejecución por parte de la SUNAVI en el proceso de asignación de refugios o viviendas a quienes tienen sentencias firmes de desalojo, aunado al inminente cumplimiento de los tribunales ejecutores de medidas, de la decisión de esta Sala Constitucional N°1213 del 03 de octubre de 2014.
2.1 La violación al derecho de los inquilinos e inquilinas a una vivienda digna que establece el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto i) la inacción de la SUNAVI, de la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela en asignar, garantizar y proveer una solución habitacional o refugio temporal a los inquilinos que serán objeto de desalojo por vía de ejecución forzosa, y la habilitación a los tribunales para el desalojo sin que se haya asignado refugio temporal o solución definitiva podría derivar en que las familias serán retiradas de su vivienda sin contar al menos con un refugio temporal; ii) la SUNAVI pretende ejecutar desalojos sin que exista una decisión judicial que lo acuerde, aunado a la habilitación a los tribunales ejecutores de desalojar sin necesidad de que se haya ubicado un refugio temporal o solución definitiva; iii) los propietarios de edificio o multiarrendadores no han cumplido con su obligación de ofrecer en venta los inmuebles que tienen más de 20 años arrendados y que se encuentran ocupados que proveerían soluciones habitacionales definitivas.
3.1 Para la definitiva:
PRIMERO: Que el presente escrito sea admitido y sustanciado conforme a derecho.
SEGUNDO: Que sea otorgada la medida cautelar solicitada y en consecuencia, se suspendan los efectos de la decisión N° 1213 del 03/10/2015 de esta Sala Constitucional, y se ordene la paralización de los procesos de ejecución de desalojos a los inquilinos e inquilinas mientras se les provee de un refugio o vivienda.
TERCERO: Que se ordene a la SUNAVI iniciar el proceso de revisión de las causas que se encuentran en estado de ejecución para el desalojo y se agilice el otorgamiento de refugios o viviendas a los inquilinos o inquilinas para que estos de forma voluntaria puedan devolver el inmueble a sus dueños.
CUARTO: Que se ordene a todo el que sea propietario de edificios que se encuentren dedicados al arrendamiento por veinte años o más, a ofrecer en venta los mismos a los inquilinos o inquilinas que para la fecha se encuentren habitando dichas vivienda en condición de arrendatarios en base al cálculo del Justo Valor establecido en la Ley de esta materia y suspender las ejecución de las causas que recaigan sobre los referidos inmuebles.
QUINTO: Que se prohíba la ejecución forzosa de desalojos, en las causas que no hayan culminado los procesos administrativo y judicial e incluso la asignación de refugio o vivienda al inquilino o inquilina por parte de la SUNAVI.
SEXTO: Que se prohíba a la SUNAVI llevar a cabo desalojos de inquilinos e inquilinas en esa instancia administrativas, por carecer de esa competencia por mandato de Ley.
SÉPTIMO: Que se declare con lugar la presente Acción de Amparo Constitucional en protección a los derechos e intereses colectivos y difusos de los inquilinos e inquilinas de toda Venezuela.
3.2 Como pretensión cautelar:
1.- Que suspenda los efectos en cuanto a los lapsos, de su propia Sentencia N° 1213 del 03/10/2015.
2.- Que ordene la paralización de todos los procesos de ejecución de desalojos a inquilinos e inquilinas que se encuentran en todos los Tribunales del país, mientras la SUNAVI agiliza el proceso necesario para revisar todas y cada una de las causas en estado de ejecución de desalojo y así garantizar que en los casos en que debamos entregar los inmuebles a sus propietarios por ser pequeños arrendadores, dicho inquilino pueda ser proveído de un refugio o vivienda por parte del Estado, y en los casos en los cuales los propietarios de edificios sean multiarrendadores deberán ofertar los inmuebles a los inquilinos, haciendo así efectivo lo dispuesto por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda en su disposición transitoria N° 5.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.522 del 1 de octubre de 2010, establece en su artículo 25.21 la competencia de esta Sala para:
Esta Sala, en sentencia n.º 656 del 30 de junio de 2000 (caso: Dilia Parra Guillén), delimitó los intereses difusos y los colectivos, definiendo a los últimos como sigue:
“Ahora bien, ¿cómo se ejercen y cuáles son esos derechos?. Ellos son varios, entre los que se encuentran los derechos e intereses difusos o colectivos a que se refiere el artículo 26 de la vigente Constitución, así como otros no recogidos en dicho artículo, como los que se ventilan mediante las acciones populares o las de participación ciudadana.
El interés de los vecinos de una urbanización, o un barrio, que se ve desmejorado en sus servicios públicos por una construcción, por ejemplo, también responde a un bien jurídico suprapersonal, pero es determinable, localizable en grupos específicos, y ese es el interés que permite la acción colectiva. Ese es el interés colectivo, él da lugar a los derechos colectivos, y puede referirse a un objeto jurídico determinado.”
Sobre la base de la sentencia parcialmente transcrita, esta Sala advierte que la acción bajo análisis, en tanto pretende la protección de una parte identificable de la sociedad en el ámbito nacional, esto es, los inquilinos e inquilinas en riesgo de desalojo, ya sea por vía judicial o administrativa, y aquellos que ocupen inmuebles propiedad de grandes arrendadores, quienes alegan riesgo de afectación de su calidad de vida, ante la inminencia de perder su vivienda alquilada, sin que se le provea de un refugio temporal o una solución habitacional definitiva, reclamo que esta Sala considera de trascendencia nacional, tanto por la ubicación geográfica del colectivo, como por el impacto del caso en la vida nacional (Cfr. n.º 6 del 15.02.11, caso: Conjunto Parque Residencial Terrazas de la Vega), lo que determina su competencia para conocer de la presente demanda, según la norma contenida en el artículo 25.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
Expediente n.° 15-0484.
Publicado por MOVIMIENTO DE INQUILINOS en 11:49
Etiquetas: CAMPAÑA CERO DESALOJOS, DESALOJOS, ESPECULACIÓN INMOBILIARIA, INQUILINOS, MOVIMIENTO DE POBLADORES, NOTICIAS, ORGANIZACIÓN, SUNAVI
Unknown 15 de enero de 2016, 4:52
MIS FELICITACIONES POR EL TRABAJO REALIZADO AL MOVIMIENTO DE INQUILINOS, POR FIN ALGUIEN HACE ALGO POR EL RESPETO A LA LEY QUE ESTABLECIÓ EL COMANDANTE CHAVEZ
OJALA SE CUMPLA ESTA RESOLUCIÓN. MIL GRACIAS.
Felicidades al movimiento, Cuando se va aplicar esta resolucion? y todo lo que acordo el TSJ, el gobierno debe pedir cuentas al SUNAVI, que se encuentra a favor de los propietarios
FRANCISCO 28 de febrero de 2016, 12:25
DESEO POR FAVOR UNA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA CUANDO UN INQUILINO VIVE EN UNA VIVIENDA Y NO CANCELA DESDE EL 2007 EL ALQUILER NI LOS SERVICIOSS APARTE DE ESO DETERIORA EL INMUEBLE Y NO TIENE HIJOS YA QUE ES HOMOSEXUAL Y TIENE SENTENCIA FIRME DE UN TRIBUNAL DE DESALOJO Y EMBARGO QUE SE PUEDE HACER EN ESTE CASO YA QUE COMO SABEMOS LA CONSTITICION PROTEJE EN ESTE CASO AL NUCLEO FAMILIAR Y EL VIVE ALLI SOLO Y NO OBSTANTE TIENE UNA VIVIENDA CERCA DONDE TODOS LOS VECINOS DEL SECTOR SABEN QUE ES DE EL Y ESTA TIENE SIGNADA NOMECLATURA POR PARTE DEL CONCEJO COMUNAL Y ALCALDIA. FAVOR RESSPONDER A MI NUMERO TELEFONICO O WHATSAPP 04161755295
lilian 10 de febrero de 2017, 6:13
Estoy de acuerdo ha que no haya desalojos forzosos pero en mi caso que he cumplido con la ley de Arrendamiento, me registre en el sunavi como propietaria, NO PERCIBO EL CANON DE ARRENDAMIENTO desde hace mas de 5 años,que vivo alquilada en anzoátegui por que mi unica vivienda esta en el estado Carabobo y tengo que pagar alquiler,le he dado en venta el apartamento a la arrendataria, que me modifico mi apartamento etc etc etc ¿COMO HAGO? Le regalo mi apartamento, NO PUEDE SER.
lilian 10 de febrero de 2017, 6:14
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