Source: https://www.scribd.com/document/162310944/Acceso-a-la-Justicia-Ambiental-en-Mexico-avances-retrocesos-desafios
Timestamp: 2017-05-24 10:28:47
Document Index: 137513607

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 73', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 115', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 180', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 73', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 133', 'artículo 73', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 73', 'artículo 107', 'artículo 4', 'artículo 4']

ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadAcceso a la Justicia Ambiental en México avances,retrocesos,desafiosUploaded by Carlos BaquedanoConstitutionJudgeConstitutional RightLegislationTheory Of Justification0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPremio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2011María de los Ángeles Mascott Sánchez Gustavo Meixueiro Nájera
Primera edición: noviembre de 2012 D.R. © �� Centro ������������������������������������������������ de Estudios Sociales y de Opinión Pública Cámara de Diputados / lxIi Legislatura Av. Congreso de la Unión 66 Edificio I, Primer Piso Col. El Parque México, D.F. Tel. 5036-0000 ext. 55237 cesop@congreso.gob.mx http://diputados.gob.mx/cesop ISBN: 978-607-7919-39-1 J. Guadalupe Cárdenas Sánchez Diseño de portada mc editores Edición Alejandro López Morcillo Cuidado de la edición Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra –incluido el diseño tipográfico y de portada–, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores. Impreso en México / Printed in Mexico
Acceso a la justicia ambiental en México: retrocesos, avances y desafíos
Las fuerzas del mercado abandonadas a su propia lógica no sólo aumentan las desigualdades hasta extremos insospechados, sino que amenazan con destruir las bases naturales de la reproducción de la sociedad y dar la razón a las previsiones más pesimistas sobre la crisis ecológica. José Antonio Zamora
La evidente crisis ecológica que actualmente atraviesa el mundo
obedece a una suma de factores, en su gran mayoría de origen antropocéntrico. En efecto, el desarrollo de la civilización y la figura del ser humano como homo faber se encuentran estrechamente vinculados, desde el descubrimiento del fuego y la invención de la rueda hasta los recientes rascacielos de imponente altura y las islas artificiales de caprichosas formas en Dubai. Tal vez ese afán de progreso y desarrollo en algún punto nos hizo demeritar e incluso negar el valor a la naturaleza y cargar con la mayor parte de la culpa en el deterioro del ambiente. Basta recordar algunas de las más desastrosas catástrofes ecológicas que han acontecido en la historia para corroborar lo antes mencionado. Los desafortunados eventos
No obstante. India. disponible en el portal de Transparencia de dicho organismo. una sustancia altamente tóxica se formó al elevarse incontroladamente la temperatura de reacción del proceso de síntesis del ácido triclorofeoxiacético. representan un claro ejemplo de lo antes mencionado. alrededor de 50 mil sufrieron lesiones severas y otras 200 mil tuvieron que recibir atención médica. 1999. y en Bhopal.1 Ante dicho escenario. los asuntos jurisdiccionales que guardan relación con la defensa de dicha prerrogativa poco a poco comienzan a figurar dentro de la justicia administrativa y constitucional nacional. 7.conagua. 14-15. pues todavía no contamos con medios suficientes y eficaces para su protección y defensa. India.pdf]. el reconocimiento y defensa del derecho a un medio ambiente adecuado se ha convertido en un factor de suma importancia dentro de las sociedades contemporáneas. Cerca de 2 500 personas que se vieron envueltas por la nube tóxica murieron. el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental ha cobrado fuerza en nuestro país. el sector medio ambiente de la Administración Pública Federal presentó en el 2003 una incidencia total de 1 562 solicitudes de acceso a la información. Así. se escaparon de un tanque de almacenamiento subterráneo en una planta fabricante de plaguicidas en Bhopal. La madrugada del 4 de diciembre de 1984. el metilisocianato (MIC). en comparación con el 2009. de las que no escapa México. fecha de consulta: 27 de julio de 2010. en el que se tuvo una incidencia total de 7 002 peticiones [http://www. se liberó al ambiente una nube tóxica que contenía aproximadamente de cinco a 10 kilos de 2. la cual contaminó el suelo y los cultivos agrícolas en un área de cerca de 4 450 acres.
. Fuente: INE-Semarnap.gob. A lo largo de este trabajo ofreceremos un panorama general respecto de la situación
1 El domingo 20 de julio de 1976 en la ciudad de Seveso. 8 tetraclorobenzo-p-dioxina. aún existe un largo trecho por recorrer en materia de una efectiva tutela del derecho a un medio ambiente adecuado.156
acontecidos en Seveso. Promoción de la prevención de accidentes químicos. Italia. 2 De acuerdo con el informe estadístico de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional del Agua. 40 toneladas de un veneno mortal. 3. pp.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Informe_Estadistico_de_Transparencia. Como consecuencia. en una empresa fabricante de herbicidas. De la misma manera.2 lo cual denota el alto interés que los ciudadanos le hemos comenzado a otorgar a este tema. Italia.
es el resultado de las reformas realizadas a la Carta Federal en 1999. a la salud y al desarrollo sustentable. como es el caso del positivismo y el garantismo. 25 y 27 el derecho a un medio ambiente adecuado. desde la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. estableciendo asimismo los principios de conservación de los recursos naturales y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de ese mismo año. desde sus prolegómenos legislativos hasta las novedades en materia de reformas constitucionales y legales.Acceso a la justicia ambiental en México
actual de dicha prerrogativa en nuestro país. Finalmente se brindará un ejercicio comparativo de la evolución del derecho a un medio ambiente adecuado previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo se ofrecerá un panorama respecto de la interpretación del derecho a un medio ambiente adecuado en las sentencias más significativas que al respecto ha emitido el Poder Judicial de la Federación. Es importante destacar que la inclusión de un “medio ambiente adecuado” y del “desarrollo sustentable” como prerrogativas constitucionales. Lo anterior evidentemente representó un gran avance en nuestro sistema constitucional. pasando algunos criterios jurisprudenciales por el cedazo de la metodología de algunas teorías contemporáneas como la ponderación de Alexy y la justificación de las decisiones jurídicas de Aarnio. aportándose un análisis a partir de los postulados de algunas escuelas jurídicas significativas.
Algunas consideraciones sobre el derecho a un medio ambiente adecuado Para el desarrollo de este tópico debemos partir del hecho que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en sus artículos 4. lo cual sin duda
citado en Carbonell. 2000. Se encuentra en más de 60 textos constitucionales. de manera que no resulta fácil el establecimiento de los instrumentos adecuados para la tutela de los propios intereses. de lo establecido en el ya referido artículo 4 de la Carta Magna. al respecto... Bosselmann (2000) señala:
La constitucionalización del “derecho al ambiente” es una tendencia reciente. pertenecientes a diversos grupos sociales. que se refieren esencialmente
. pero muy firme. sin embargo. Toda Constitución que ha sido expedida o reformada desde 1970 ha incorporado alguna mención al medio ambiente (Bosselmann.
De lo antes transcrito podemos percatarnos que el legislador utiliza el término “toda persona”. de los procesos de reforma constitucional.158
acarreó cierta modernidad a nuestra Carta Magna. debemos reconocer que en nuestro país dicho adelanto se dio de forma un poco retrasada. en primer lugar. que se encuentran distribuidos en amplios sectores. a pesar de que el establecimiento del “medio ambiente” como un derecho de rango constitucional es un fenómeno reciente en la escena jurídica internacional. mismo que en la parte conducente dispone:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. los derechos en materia ambiental emergen.] aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas. 2002:203). al referirse al presente tema Fix Zamudio define dichas prerrogativas de la siguiente manera:
[. En ese mismo orden de ideas debemos considerar a lo que se ha denominado dentro de la teoría jurídica como intereses difusos.
Ahora bien. lo que implica un derecho subjetivo general.
Ahora bien. los comentarios antes referidos. Dentro de las formas por medio de las que esta prerrogativa puede ser tutelada. consistes en los siguientes supuestos: •	La dificultad de identificar a los lesionados en su esfera jurídica como resultado de una violación a estos intereses y. b)	El reconocimiento internacional (Kiss. 2. a los problemas urbanos y al patrimonio artístico y cultural. nos ayudan a identificar dos problemáticas principales en cuanto a este tipo de derechos. Kiss (1983) reconoce las siguientes: a)	Dentro de los sistemas jurídicos internos 1.	Por medio de leyes tendientes a proteger el medio ambiente. tenemos que una de las facetas de la prerrogativa relativa a contar con un medio ambiente adecuado encuadra en el supuesto de intereses difusos. es importante mencionar que el adecuado reconocimiento de este tipo de derechos dentro de un sistema jurídico.	Por medio de una disposición constitucional.)
. Siguiendo la línea argumentativa señalada por el catedrático antes referido. al consumo. En esa dirección de razonamiento. entre los más importantes (1993:425).Acceso a la justicia ambiental en México
como se ha reiterado. en virtud de que éstos van más allá de la noción tradicional de garantías individuales y se orientan a proteger una serie de intereses supraindividuales que corresponden a una pluralidad indeterminada o indeterminable de sujetos. al medio ambiente. 1983:110 y ss. se constituye como un aspecto fundamental para lograr su apropiada protección y defensa. •	El establecimiento de medios y procedimientos eficaces para la defensa de los mismos.
durante la Administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. en ese mismo año se publicó la Ley Federal para Prevenir y Combatir la Contaminación Ambiental. no podemos considerar dicha disposición propiamente como “ambiental” sino más bien como “sanitaria”. 2001:55). sin embargo. amén de que la instancia encargada de ponerla en práctica. Para 1982 se promulgó la Ley Federal para la Protección al Ambiente. de igual forma tenía una orientación de corte sanitarista (Carmona. como lo han identificado algunos autores.
. se estructuró hasta 1984. En ese orden de ideas encontramos que a pesar de que en nuestro país existe un antecedente que data de 1971 consistente en una reforma a la fracción XVI del artículo 73 constitucional3 vigente en aquel momento. dicha legislación. fue aprobada la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente bajo el esquema de ley marco distribuyendo competencias entre la federación. en 1999. la entonces denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. por medio del que se facultó al Consejo General de Salubridad para poner en vigor medidas encaminadas a prevenir y combatir la contaminación ambiental. leyes generales y por último a través de la norma constitucional. No obstante. 6 de julio de 1971. norma que desde nuestra perspectiva y al circunscribirse únicamente al ámbito “federal” se enfrentaba a una serie de limitantes tanto en las facultades otorgadas a la Federación como en la ejecución de los actos derivados de su aplicación. el reconocimiento de este derecho derivó en primera instancia de leyes sectoriales. En 1988. lo cual resulta contrastante en atención de que fue la Carta Magna la que observó este derecho en última instancia. como se ha señalado con antelación. estados y munici-
Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación.160
En nuestro país. en virtud de que el fin del Consejo señalado en dicho precepto así como la de sus determinaciones están encaminadas a proteger la salud humana más que al entorno.
es destacable señalar que a pesar de lo anterior.. Ante la breve reseña legislativa mencionada.. es posible constatar que el antecedente para el reconocimiento del derecho a un medio ambiente adecuado en México se ubica en la legislación ordinaria y es hasta 1999 cuando se “constitucionaliza” la presente prerrogativa. quien sostiene que el derecho a un medio ambiente adecuado está compuesto de una estructura que incorpora diversos aspectos.
. dicho ordenamiento fue objeto de reformas de trascendencia en 1996. tal como se describe a continuación:
[.] puede.. el sistema de garantías para la adecuada defensa de este derecho presenta diversas debilidades que limitan el margen de maniobra del ciudadano para acceder a la justicia ambiental. 1993:429).
La estructura del derecho a un medio ambiente adecuado La estructura de la prerrogativa en análisis es de considerarse relevante a efecto de identificar sus diversas facetas así como sus grados de tutela y defensa. No obstante.] está constituido por un haz de posiciones de tipos muy diferentes [. un derecho a que el Estado proteja al titular del derecho fundamental frente a intervenciones de terceros que dañan el ambiente (derecho de protección).Acceso a la justicia ambiental en México
pios. por ejemplo incluir en este haz un derecho a que el Estado omita determinadas intervenciones en el medio ambiente (derecho de defensa). Al respecto resulta destacable el criterio de Alexy (1993). un derecho a que el Estado permita participar al titular del derecho en procedimientos relevantes para el medio ambiente (derecho al procedimiento) y un derecho a que el propio Estado realice medidas fácticas tendientes a mejorar el ambiente (derecho a una prestación fáctica) (Alexy.. tal disposición aún se encuentra vigente aunque debe aclararse que ha sido objeto de diversas modificaciones y adiciones en su texto.
De acuerdo con el catedrático de la Universidad de Kiel. fracción I). gasoductos. Como ejemplos de derecho de protección. mismas que en una primera aproximación y siguiendo el criterio estructural antes señalado.
. La estructura antes mencionada hace visibles la diversidad de supuestos que se incorporan dentro del concepto de derecho a un medio ambiente adecuado. oleoductos. vías generales de comunicación. como un ejemplo podemos señalar el hecho de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y obtener la autorización correspondiente. antes de su ejecución la obra pública consistente en obras hidráulicas. Lo anterior en atención al hecho que dentro de la legislación ordinaria concerniente al rubro ambiental es posible ubicar algunas prohibiciones y limitaciones al Estado respecto de sus actos y su repercusión en el entorno. así como a la facultad de imponer modalidades ambientales a la actividad industrial (artículo 25). que se caracteriza por consistir en la acción del Estado de proteger al titular del derecho fundamental frente a intervenciones de terceros que dañan el ambiente. cabe afirmar que dentro del texto constitucional mexicano es posible identificar algunos ejemplos. que se define como el derecho a que el Estado omita determinadas intervenciones en el medio ambiente. un derecho de protección. Dicho andamiaje resulta de relevancia para analizar las garantías con que contamos en nuestro sistema constitucional para la tutela y defensa de la prerrogativa en análisis. carboductos y poliductos (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. artículo 28. En cuanto al derecho de defensa. como se menciona a continuación. podemos señalar la potestad estatal de imponer modalidades a la propiedad privada (artículo 27). la prerrogativa en comento puede identificarse como un derecho de defensa. de manera indirecta podemos mencionar la fracción XXIX-G del artículo 73 que establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia ecológica y establecer el sistema de concurrencias entre los tres órdenes de gobierno. un derecho al procedimiento y un derecho a una prestación fáctica.
es de identificarse como ejemplo el derecho de acceso a la información pública estipulado en el artículo 6. misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010 y que vino a llenar un vació en cuanto a esta categoría de derechos estableciendo un tercer párrafo a dicho precepto que instaura las acciones colectivas.Acceso a la justicia ambiental en México
Respecto de la categoría de derecho al procedimiento. así como las obligaciones de los ayuntamientos en materia ecológica (artículo 115). cuyo rasgo principal es consistir en acciones positivas del Estado a favor del ciudadano. sin la intención de establecer una clasificación al respecto. Como rasgo novedoso de nuestro sistema jurídico. esencialmente puede decirse que en México para la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado es posible identificar.
. Para el caso del derecho a una prestación fáctica. podemos mencionar el derecho a un medio ambiente adecuado establecido en el artículo 4.
Medios de defensa del derecho a un medio ambiente adecuado en México Al respecto. que se entiende como un derecho a que el Estado permita participar al titular de la prerrogativa en procedimientos relevantes para el medio ambiente. el derecho a la conservación de los recursos naturales y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico (artículo 27). circunstancia que tiene una fuerte incidencia en la defensa de derechos sociales y colectivos dentro de los que se ubica el derecho a un medio ambiente adecuado. Dentro de dicha categoría. merece una mención especial la reciente reforma realizada al artículo 17 de la Constitución. en este supuesto la relativa al sector medio ambiente de la Administración Pública y demás sujetos obligados. al igual puede incluirse el derecho al desarrollo sustentable (artículo 25).
en ese orden de ideas podemos mencionar las siguientes:
•	Los recursos administrativos.
De la misma manera.164
acciones administrativas y jurisdiccionales. circunstancia que hasta antes de la reforma se encontraba restringida. fortalecen el supuesto del interés legítimo a favor del ciudadano y las personas
. así como la denuncia penal ante el Ministerio Público por la comisión de delitos en contra del ambiente. En esa misma tesitura. deben mencionarse el procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos estatales. •	El procedimiento de consulta pública. las nuevas reformas al artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al artículo 8 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
•	Las acciones contencioso administrativas. Asimismo. •	El juicio de amparo. publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Como se mencionó con antelación. la novedosa reforma al artículo 17 constitucional marca un cambio relevante en la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado al establecer la figura jurídica de las acciones colectivas. •	El procedimiento de denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). •	El ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental. es importante señalar que recientemente ha surgido una tendencia favorable dentro del marco constitucional y de la legislación ordinaria para favorecer el acceso a justicia ambiental.
EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DE LEYES DE ESA MATERIA. que reconoció en una tesis que el interés jurídico y por ende la legitimación para promover el amparo en materia de ecología le corresponde a la comunidad como titular de los derechos colectivos. CORRESPONDE A LA COMUNIDAD COMO TITULAR DE LOS DERECHOS COLECTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). junio de 1997 Tesis: P. Como último punto. fortalecen la misma tendencia de favorecer el interés legítimo individual o colectivo.
La noción de interés jurídico se encuentra
. en un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Acceso a la justicia ambiental en México
morales a efecto de que puedan acceder con mayor prontitud a la justicia contencioso administrativa impugnando actos contrarios a la normatividad y regulación ambiental. en este caso en un procedimiento de justicia constitucional tan importante como lo es el juicio de amparo. es importante destacar que las recientes reformas a la Constitución en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 10 de junio de 2011 respectivamente.
¿Quién es el titular del derecho a un medio ambiente adecuado? (amparo en revisión 435/96) La respuesta a la interrogante que titula el presente apartado la encontramos. mismo criterio que a continuación se transcribe:
Novena época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V. CXI/97 Página: 156
ECOLOGÍA. al interior de nuestro sistema jurídico.
como lo ha determinado este alto tribunal en la tesis que lleva por rubro: “AMPARO CONTRA LEYES. Ahora bien. limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja. estableciendo derechos a favor de las personas físicas y morales que la integran y residen en el lugar. 18 y 157 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (vigentes en febrero de 1993). fracción VIII. por tanto. que sólo se ocupe de individuos particulares. De ello se sigue que cuando lo promueve una asociación cuya pretensión radica. 15. sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”. sino en que se proteja a la colectividad que no representa y se haga una declaración general respecto de la ley y decreto reclamados. LOS EFECTOS DE
UNA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA”. la declaración de inconstitucionalidad de la ley. no en salvaguardar algún derecho que le otorgue la ley por encontrarse dentro de su hipótesis. al caso concreto. con lo que se respeta el principio de relatividad citado.166
estrechamente vinculada con el principio de relatividad establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los efectos de una sentencia de amparo. Lo anterior
significa que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión. tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo. fracciones I y II. Asimismo. 1. los artículos 9 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de México. se está en la hipótesis
. cuando se otorga el amparo en contra de una ley. mas no así a personas ajenas al mismo. contienen disposiciones en materia ecológica relativas a una comunidad determinada. La fracción II del citado precepto constitucional señala que “La sentencia será siempre tal. lo que podría considerarse como un derecho colectivo que da interés jurídico a la propia colectividad para que por sí misma o por medio de su representante legítimo pueda promover el juicio de amparo. el efecto de la sentencia es proteger al quejoso en contra de su aplicación presente y futura. circunscribiéndose.
Unanimidad de nueve votos. 29 de mayo de 1997. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. en razón de que nuestra legislación actual. al respecto Prieto (2005. lo que jurídicamente no puede acontecer. En ese orden de ideas. aún imposibilita el ejercicio de una acción reclamando el amparo y protección de la justicia federal en defensa de derechos colectivos como la prerrogativa en comento. pues de admitirse la procedencia del amparo y en el supuesto de que el mismo tuviera que otorgarse. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. a pesar de que el argumento de referencia reconoce textualmente que la colectividad posee interés jurídico y legitimación cuando resulte afectado alguno de sus derechos ambientales. aprobó. los cuales no podrían ser otros que los señalados y que vulnerarían claramente la fracción II del artículo 107 constitucional. A. El Tribunal Pleno. Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. también plantea la imposibilidad legal de reclamarlos por esa vía. 1990) describe dicha postura ideológica en los siguientes términos:
. a dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete. en su sesión privada celebrada el dieciséis de junio en curso.Acceso a la justicia ambiental en México
prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Sin embargo. México.C. la tesis aislada que antecede. con el número CXI/1997. se estaría ante el problema de determinar los efectos de la sentencia. y en un primer análisis respecto de dicha tesis jurisprudencial. podemos mencionar que la justificación de la corte refleja un contenido positivismo ideológico. Distrito Federal. al menos en materia de amparo y en aplicación del principio de relatividad de las sentencias. y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. Sánchez Cordero. Amparo en revisión 435/96. citando a Gascón. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga M.
. a un análisis de constitucionalidad. es posible obtener un interesante resultado. Como podemos percatarnos de la decisión jurídica arriba citada. Para lo anterior partamos del hecho de que en palabras del autor alemán referido la “ponderación” no es más que la optimización relativa a principios contrapuestos (Alexy et al.] es un género de dicha corriente.. un derecho a la sociedad y por otra lo limita al establecer que es de imposible ejercicio en nuestro régimen normativo.
Sin duda. tal régimen resultaría válido. es justa y ha de ser obedecida en virtud de un deber moral o de conciencia (Gascón. por el sólo hecho de ser fruto de la voluntad dominante.. se optó por una argumentación basada en la literalidad de la ley y la legalidad otorgándose mayor importancia al cumplimiento de la letra de la norma y omitiéndose entrar al fondo respecto de la importancia de una efectiva tutela del derecho a un ambiente adecuado en nuestro sistema jurídico. 2005). esto es. como lo es el clásico ejemplo de la justificación del derecho del Tercer Reich.168
[. pues por una parte reconoce y otorga. que ha cosechado muy pocos adeptos y supone que la ley positiva. Ante dicho escenario es posible observar un criterio contradictorio. Ahora bien. 2006:2). Señalando como ley de dicha técnica la siguiente regla:
Cuanto mayor sea el grado de insatisfacción o de detrimento de un derecho o de un principio. debido a las implicaciones que sus postulados conllevan. mayor debe ser la importancia de satisfacer el otro (Alexy et al. esta clase de positivismo suena como un exceso aun dentro de dicha doctrina. ya que de acuerdo con el razonamiento antes planteado. 2006:2). si analizamos el presente conflicto desde una óptica metodológica sustentada en los postulados de Alexy (2006) respecto del supuesto de la ponderación de principios y derechos... citada en Prieto. 1990.
a primera vista la aplicación de esta teoría argumentativa parece consistir únicamente en la elección que realiza el juzgador respecto de qué derecho es más importante. no obstante. podemos considerar al presente criterio como un retroceso en materia de acceso a la justicia ambiental. en ese orden de ideas. Prieto (2005) señala:
[. a plantearse y a resolver la cuestión mediante un razonamiento que no simplemente subsuma la conducta en una de la normas concurrentes. pero sí a tomar en consideración el hecho mismo del conflicto. sino que también resulta imperioso que contemos con un sistema de garantías ad-hoc para la defensa de tal prerrogativa ambiental.
Siguiendo dicho razonamiento tenemos que en el presente asunto encontramos en conflicto el principio de legalidad.Acceso a la justicia ambiental en México
No obstante. esto es. 2005:40). Así.. el derecho a un medio ambiente adecuado y el derecho de acceso a la justicia. por lo que ante esta colisión la teoría argumentativa de la corte tuvo a la oportunidad de orientarse llevando a cabo una ponderación que valorara el peso específico los elementos antes enunciados y así determinar cuál resultaba de mayor relevancia en el caso específico. que han establecido precedentes relevantes en materia de legitimación para acudir a la vía de la justicia constitucional defendiendo el derecho en análisis. sino que pondere el peso relativo de todas las normas relevantes (Prieto.] el juez no está obligado a otorgar preferencia a uno u otro de los derechos en juego. estamos ante uno de los criterios menos afortunados de la judicatura federal mexicana. Favorablemente también es posible vislumbrar novedosos criterios en su mayoría provenientes de Tribunales Colegiados de Circuito. Sin duda.. nos lleva a la reflexión respecto de la importancia de que nuestros jueces reconozcan que no sólo es necesario que la Constitución establezca el ambiente adecuado como un derecho de toda persona.
en particular podemos comentar dos asuntos que por sus características y resultados son de interés para el estudio del presente tema. consagra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente
. protección ambiental-especificaciones para la conservación de mamíferos marinos en cautiverio. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.170
Criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro del amparo en revisión 28/2004 Las controversias jurisdiccionales relacionadas con el presente derecho han comenzado a hacerse patentes de una forma más regular ante los tribunales federales de nuestro país.
El artículo 4. 179544 Localización: Novena época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI. CONCEPTO. REGULACIÓN Y CONCRECIÓN DE ESA GARANTÍA.447 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa
MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. el cual derivó de un juicio de garantías promovido por una empresa dedicada a la exhibición de cetáceos en contra de la expedición de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-136-ECOL-2002. Veamos en primera instancia el Amparo en Revisión 28/2004.4o. y de cuya resolución se formuló la siguiente tesis:
Registro No. adicionado el 28 de junio de 1999. lo cual ha propiciado la formulación de interpretaciones novedosas y relevantes al respecto.A. párrafo quinto. enero de 2005 Página: 1799 Tesis: I.
Asimismo. prohíbe la exhibición temporal o itinerante de los cetáceos. protección ambiental-especificaciones para la conservación de mamíferos marinos en cautiverio. así como la necesidad de proteger los recursos naturales y la preservación y restauración del equilibrio ecológico son principios fundamentales que buscó proteger el Constituyente y. La protección de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. de la Constitución Federal. la protección del medio ambiente y los recursos naturales es de tal importancia que significa el “interés social” de la sociedad mexicana e implica y justifica. Convimar.A. de los artículos 4. causal teleológica y por principios. párrafo cuarto. Es así. Ahora bien. de C.V. que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOMEM-136-ECOL-2002. en las leyes que establecen el orden público. restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés. si bien éste no define de manera concreta y específica cómo es que ha de darse dicha protección. párrafo sexto y 73. desentrañar y promover los principios y valores fundamentales que inspiraron al Poder Reformador. fracción XXIX-G.Acceso a la justicia ambiental en México
adecuado para su desarrollo y bienestar. en sus puntos 5. precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación sistemática. precisa y puntualmente. dada la gran relevancia que tiene esta materia. se advierte que protegen el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En este sentido.8.7 y 5.8.1. el adecuado uso y explotación de los recursos naturales. Unanimidad de votos.7. 25.
. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.
Amparo en revisión 28/2004. Ponente: Jean Claude Tron Petit. la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. coordinada y complementaria de los ordenamientos que tiendan a encontrar. la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional está regulada directamente por la Carta Magna.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. S. interpretados de manera sistemática. en cuanto resulten indisponibles. 26 de mayo de 2004.
Se reconoce que el texto constitucional otorga un derecho subjetivo a todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.	Se establecen los criterios interpretativos que deberán seguirse para hallar el contenido del derecho a un medio ambiente adecuado previsto en el texto constitucional. 4. a la protección de los delfines a efecto de preservar la especie y que tengan un trato digno y respetuoso. si lo contrastamos con la resolución del Amparo en revisión 435/96.172
El criterio arriba señalado resulta paradigmático. mismas que a continuación se señalan: 1. tema que también ha sido desarrollado por diversos tratados internacionales de
. en concreto.	Se señala que el Estado puede aplicar ciertas restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés. dentro de la ejecutoria formulada al resolver el presente juicio de igual forma encontramos argumentos de relevancia y que rompen con la línea de argumentación tradicional de los jueces federales mexicanos. Por otra parte. en particular destaco el siguiente razonamiento:
El artículo 4 constitucional debe interpretarse de manera sistemática.	Se dispone que la sociedad tiene un interés en la protección al medio ambiente y recursos naturales. coordinada y complementaria con otros artículos y principios constitucionales que regulan y establecen el derecho a un medio ambiente sano y. siguiendo una línea argumentativa distinta a la de la corte llegando a conclusiones de relevancia. 2. 3. análisis e interpretación del derecho a un medio ambiente adecuado. evitaron fundar su resolución en un razonamiento de corte positivista ideológico y entraron al fondo. en virtud de que en el presente asunto los magistrados del tribunal colegiado correspondiente.
En otras palabras. busca el sentido lógico objetivo de la norma y la tutela de uno o varios bienes en conexión con otras normas dentro del mismo. de los gobiernos de los Estados y de los Municipios. pues ella está condicionada en su sentido y alcance por las demás normas del sistema del cual forma parte.. párrafo cuarto. fracción XXIX.. la interpretación de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo. inciso G. Todo ello. sino en su conjunto. refiere respecto a la protección del medio ambiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. es decir.] expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal. máximo ordenamiento en nuestra República y. la norma no debe aplicarse aisladamente. la interpretación puede implicar la búsqueda en el ordenamiento jurídico de la regla adecuada para resolver la insuficiencia normativa y. así como del 4 constitucional debe realizarse en forma sistemática con el resto de los preceptos constitucionales. Atento a lo anterior. en sí. En este punto es pertinente señalar lo que el artículo 4 constitucional. que la protección de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. si bien no define de manera concreta y específica cómo es que ha de darse
. en normas de aplicación obligatoria. convirtiéndose así. que en el caso se debe utilizar el método lógicosistemático que parte de considerar al ordenamiento jurídico como un sistema. leyes federales y tratados internacionales que tratan y desarrollan el tema. señala entre las facultades del Congreso: “[. Además. a fin de lograr una mayor protección del medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. así como la necesidad de proteger los recursos naturales y la preservación y restauración del equilibrio ecológico son principios fundamentales que buscó proteger el constituyente y que se ve plasmado en la Carta Magna. de conformidad con el artículo 133 constitucional.Acceso a la justicia ambiental en México
los que México es parte. En efecto. en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”. el artículo 73. De lo anterior se puede obtener la siguiente conclusión.
ante la insuficiencia y oscuridad de la letra de la ley. Esto es así. precisamente la definición de su contenido debe hacerse. vagas. De tal manera que dicho estudio constitucional complementario tiene que ir más allá de la interpretación literal. coordinada y complementaria de varios ordenamientos que tiendan a encontrar. privilegiando aquellas que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Poder Revisor. ha establecido la validez del método causal y teleológico para desentrañar o colmar el sentido de las disposiciones constitucionales. para lograr una óptima aplicación del derecho tutelado y solución de las controversias que puedan plantease. con el objeto de desentrañar el sentido y alcance del mandato constitucional. con apoyo en lo establecido por el numeral 14 de la Carta Magna. el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. se asevera lo anterior en virtud de que dentro de la sentencia
. también lo es que la Constitución no establece.
De los razonamientos antes señalados. puedan utilizarse mecanismos de interpretación jurídica que permitan desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional. dado que cuando las leyes son insuficientes. desentrañar y promover los principios y valores fundamentales que inspiraron al Poder Reformador. en este orden de ideas. la Suprema Corte de Justicia de la Nación. la manera en que ha de darse dicha protección y. de modo expreso. con base en una interpretación sistemática. podemos encontrar que la resolución de los jueces en mención tiene una textura “garantista”. lo cual sin duda es innovador en el sistema jurisdiccional mexicano que ha seguido una tendencia interpretativa basada en el principio de la legalidad y la literalidad de la ley. y en una primera aproximación. como se mencionó.174
dicha protección. imprecisas o ambiguas en su regulación. pues si bien el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece. como antes se refirió. el propio artículo 14 constitucional faculta para que.
como lo señala en el siguiente comentario:
En este sentido. Ferrajoli (2005) comenta:
La sujeción a la ley y. específicamente. quien sostiene una interesante teoría respecto de la justificación de las decisiones de autoridad. sujeción a la letra de la ley.. sino una cualidad contingente ligada a la coherencia-remitida a la evaluación del juez-de sus significados con la Constitución (Ferrajoli et al. a través de la censura de la invalidez de las leyes que violan esos derechos. Así pues.Acceso a la justicia ambiental en México
en comento se toma a la Constitución. y desde otra postura metodológica. sino como un factor de doble sujeción del derecho al derecho. Esta censura es promovida por jueces ordinarios y es declarada por las cortes constitucionales. la presentación de la justificación es siempre
. 2005:93-94). la validez ya no es un dogma ligado a la mera existencia formal de la ley. no solamente como un texto rígido al que [debe] sujetarse sin que medie ningún tipo de interpretación más que la letra textual de la norma. cualquiera que sea su significado. la responsabilidad de ofrecer justificación es. el autor aludido visibiliza la importancia de la justificación en las decisiones públicas (dentro de su teoría las decisiones jurídicas y en específico las tomadas por los jueces) en función de lo que denomina control público de la decisión y la certeza jurídica. En esos términos. sino sujeción a la ley sólo si es válida. es decir. si es coherente con la Constitución. podemos pasar la línea argumentativa del tribunal de referencia por el tamiz del pensamiento de Aarnio. una responsabilidad de maximizar el control público de la decisión. En primera instancia. En el modelo constitucional garantista. ante todo. lo cual rompe con el esquema paleopositivista. incluso contra el legislador. de hecho.
En esa misma línea de pensamiento. De hecho. como en el viejo paradigma paleoiuspositivista. ésta ya no es. transforma al juez en garante de los derechos fundamentales. a la Constitución.
1991:29). Aarnio estima que la justificación es un medio eficaz para que la autoridad. es específicamente a través de la justificación como el decisor –sin que importe que se trate de un juez o de una autoridad administrativa– crea la credibilidad en la que descansa la confianza que los ciudadanos tienen en él (Aarnio. la existencia de la certeza jurídica en la sociedad (Aarnio.176
también un medio para asegurar. sobre una base racional. El nivel de certeza jurídica es una de las medidas importantes para valorar la legitimidad. de lo que da cuenta en el siguiente comentario:
En toda sociedad. tanto mayor es la confianza de la gente en las funciones del orden jurídico (Aarnio. pues sin duda la ciudadanía espera por parte de la autoridad explicaciones que sustenten sus
. lo cual considera que a su vez dota de legitimidad a los actos emanados del Poder. en términos del catedrático finlandés. supuesto que considera como un factor clave para propiciar la confianza ciudadana en las funciones del Estado. Cuanto más alto es el grado de certeza jurídica.
Bajo esa misma línea argumentativa.
A la luz de los comentarios del académico en cita. 1991:29). tal y como sostiene a continuación:
Por otra parte. propicie la credibilidad de sus acciones. Esto es así. un alto grado de legitimidad es una propiedad natural del orden jurídico.
Así. la certeza jurídica puede considerarse como una expectativa social. en particular su idea de la expectativa social de certeza jurídica cobra un alto grado de significación dentro de la rendición de cuentas. sea ésta administrativa o judicial. 1996:26). podemos identificar la importancia de que las decisiones públicas se encuentren debidamente justificadas.
. 173049 Localización: Novena época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV. con base en argumentos coherentes más que circunloquios extravagantes. marzo de 2007 Página: 1665 Tesis: I. En esa tesitura tenemos que de dicha controversia derivó el siguiente criterio:
Registro No. respecto de la autorización para el establecimiento y operación de una gasera en las inmediaciones de dicha demarcación territorial.A. En esos términos podemos señalar que la justificación de la sentencia de referencia guarda coherencia con el orden constitucional y con la certeza jurídica como expectativa de la sociedad y por ende pude considerarse como un relevante avance en materia de acceso a la justicia ambiental.4o. el presente asunto deriva del juicio de garantías promovido por una asociación de colonos de la Delegación Tláhuac en el Distrito Federal.569 A Tesis aislada Materia(s): Administrativa
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA.
Análisis del criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro del amparo en revisión 496/2006 Como segundo caso relevante nos referiremos al Amparo en Revisión 496/2006.Acceso a la justicia ambiental en México
actos basadas en razones más que en la manipulación.
El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas. Ticic Asociación de Nativos y Colonos de San Pedro Tláhuac. A. 17 de enero de 2007. conforme a la norma constitucional. que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4. un acto por el cual se asigna un significado específico a ciertos hechos. conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). fórmulas o palabras. signos. tomando en consideración las ideas de Tamayo y Salmorán y de Guastini respecto de la interpretación jurídica. que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales). sentido y significado del derecho a un medio ambiente adecuado en el orden jurídico mexicano y en segundo término establece un notable precedente respecto del interés jurídico de la sociedad para acudir al juicio de amparo reclamando dicha prerrogativa. consideramos que es significativo reflexionar respecto de la técnica de interpretación seguida por los juzgadores mexicanos en esta controversia.. en primera instancia describe.
La tesis antes transcrita resulta importante en dos sentidos.C. se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental. y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia. 2007:135-136). Para el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México:
[interpretar] consiste en un acto de significación. esto es.
Amparo en revisión 496/2006. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acto de significación es siempre expresado en lenguaje (Tamayo. Unanimidad de votos. cuál es el alcance. Ponente: Jean Claude Tron Petit. lo cual haremos desde un punto de vista teórico descriptivo. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Pues bien. párrafo quinto.
2007:138).. inter alia). i.
. al decidir el significado que guarda el lenguaje jurídico aplica.e. puede corresponder a cualquiera de estos dos casos:
a)	Asignación de un significado jurídico a ciertos hechos (comportamientos humanos. Asimismo. decide el curso subsecuente del derecho (Tamayo. la cual describe como:
[. en consecuencia.. jurídicamente interpretados..] aparece..e los “materiales” pertenecientes a un orden jurídico positivo (Tamayo. propone un escenario más realista y acorde con la práctica jurídica. en la medida en que son jurídicamente considerados.
Ante tal referencia doctrinal. como el acto de significación mediante el cual el órgano determina el significado de los materiales jurídicos (como parte del lenguaje jurídico) que él tiene que aplicar a fin de continuar el proceso (gradual) de creación del derecho. los cuales se constituyen en “hechos jurídicos”. podemos vislumbrar que el autor en cita nos lleva más allá de la concepción tradicional de “desentrañar el sentido de la norma”. por el contrario.Acceso a la justicia ambiental en México
Añadiendo que la interpretación jurídica. b)	La asignación de un significado jurídico (técnico) a objetos conocidos ya como jurídicos i.] juega así un papel definitivo en el procedimiento de creación del orden jurídico: el órgano aplicador. 2007:142). el cual se inicia en la Constitución y se termina en el último acto individualizado de ejecución [. dicho doctrinario introduce el término interpretación positiva.
En esa dirección de razonamiento y bajo el andamiaje teórico planteado podemos señalar que la importancia del criterio en análisis estriba en el hecho de que la realización de un ejercicio interpretativo de la norma (en términos de Tamayo y Salmorán) consiste en un aporte para determinar el camino que seguirá el orden jurídico.
lo cual no podemos sino calificar como una avance y evolución en el rubro de
. en virtud de que como hemos podido observar hasta ahora el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 435/96 respecto del derecho a un medio ambiente adecuado. en todo caso. al cambiar las circunstancias históricas (sociales. distinto del que históricamente había asumido [. en los siguientes términos:
[..] este tipo de interpretación se basa en la idea de que. rechazando o.] puede llamarse evolutiva a la interpretación que. es dable afirmar que el criterio en comento sigue la línea presentada por el autor italiano. 2006:50-51).. En suma. mantuvo un matiz orientado hacia analizar cuestiones de legalidad mas no de constitucionalidad. la interpretación evolutiva tiende a adaptar viejas (o relativamente viejas) leyes o situaciones nuevas no previstas por el legislador histórico (Guastini. apartándose de anteriores interpretaciones consolidadas.
Ante la opinión académica antes señalada. debe cambiar (“evolucionar”) asimismo el modo de interpretarla.180
en el caso particular podemos mencionar que con la sentencia derivada de la presente controversia el derecho a un ambiente adecuado inicia a sentar bases más sólidas tanto para su tutela como para su ejercicio. Lo anterior nos lleva al siguiente punto. incluso abriendo una puerta para la interposición de acciones colectivas al sentar un precedente novedoso en materia de interés jurídico. Guastini (2006) describe la denominada interpretación evolutiva. etcétera) en las que una ley debe ser aplicada. culturales.. en contraste tenemos la tesis de referencia en la que mediante de la interpretación se dota de un nuevo significado al artículo 4 constitucional en relación con los derechos en materia de ecología.. atribuye a un texto normativo un significado nuevo.
La noción de interés jurídico se encuentra estrechamente vinculada con el principio de relatividad establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los efectos de una sentencia de amparo.. tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo.. fracciones I y II. con lo que se respeta el principio de relatividad citado. LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA”. circunscribiéndose. Asimismo. limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja. como lo ha determinado este alto tribunal en la tesis que lleva por rubro: “AMPARO CONTRA LEYES. mas no así a personas ajenas al mismo. 18 y 157 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (vigentes en febrero de 1993). 15. CORRESPONDE A LA COMUNIDAD COMO TITULAR DE LOS DERECHOS COLECTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Observemos de una forma gráfica lo anterior comparando los criterios hasta ahora señalados:
Órgano del que emana Suprema Corte de Justicia de la Nación (novena época año 1997) Criterio jurisprudencial
ECOLOGÍA. 1. al caso concreto. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DE LEYES DE ESA MATERIA. sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”. contienen disposiciones en materia ecológica relativas a una cocontinúa. cuando se otorga el amparo en contra de una ley.
Lo anterior significa que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión. que sólo se ocupe de individuos particulares. fracción VIII. los artículos 9 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de México.Acceso a la justicia ambiental en México
. la declaración de inconstitucionalidad de la ley. La fracción II del citado precepto constitucional señala que “La sentencia será siempre tal. Ahora bien. el efecto de la sentencia es proteger al quejoso en contra de su aplicación presente y futura.
. lo que podría considerarse como un derecho colectivo que da interés jurídico a la propia colectividad para que por sí misma o por medio de su representante legítimo pueda promover el juicio de amparo. restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés. CONCEPTO. se está en la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. dada la gran relevancia que tiene esta materia. precisa y puntualmente. pues de admitirse la procedencia del amparo y en el supuesto de que el mismo tuviera que otorgarse. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la protección del medio ambiente y los recursos naturales es de tal importancia que significa el “interés social” de la sociedad mexicana e implica y justifica. en cuanto resulten indisponibles. párrafo quinto. en las leyes que establecen el orden público. De ello se sigue que cuando lo promueve una asociación cuya pretensión radica.182
munidad determinada. estableciendo derechos a favor de las personas físicas y morales que la integran y residen en el lugar.. los cuales no podrían ser otros que los señalados y que vulnerarían claramente la fracción II del artículo 107 constitucional. protección amcontinúa. adicionado el 28 de junio de 1999. consagra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. lo que jurídicamente no puede acontecer. En este sentido. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (novena época. sino en que se proteja a la colectividad que no representa y se haga una declaración general respecto de la ley y decreto reclamados.
El artículo 4. Es así que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-136-ECOL-2002. REGULACIÓN Y CONCRECIÓN DE ESA GARANTÍA. año 2005)
MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional está regulada directamente por la Carta Magna. se estaría ante el problema de determinar los efectos de la sentencia. Asimismo.. no en salvaguardar algún derecho que le otorgue la ley por encontrarse dentro de su hipótesis.
fracción XXIX-G. se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental. Ahora bien. precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación sistemática. causal teleológica y por principios. párrafo quinto. La protección de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. interpretados de manera sistemática. conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). de los artículos 4. y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia.8.7.8. si bien. la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable.
El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. párrafo cuarto. coordinada y complementaria de los ordenamientos que tiendan a encontrar. se advierte que protegen el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (novena época.1. 25. año 2007)
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales). en sus puntos 5. párrafo sexto y 73. desentrañar y promover los principios y valores fundamentales que inspiraron al Poder Reformador. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA.Acceso a la justicia ambiental en México
biental-especificaciones para la conservación de mamíferos marinos en cautiverio.
. prohíbe la exhibición temporal o itinerante de los cetáceos. que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4.7 y 5. de la Constitución Federal. éste no define de manera concreta y específica cómo es que ha de darse dicha protección. así como la necesidad de proteger los recursos naturales y la preservación y restauración del equilibrio ecológico son principios fundamentales que buscó proteger el Constituyente y. el adecuado uso y explotación de los recursos naturales.
que funge como un mecanismo para acceder a la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado ante un órgano de justicia constitucional. no obstante es plausible este cambio de razonamiento y líneas interpretativas en dichos órganos jurisdiccionales. en particular con referencia a las recientes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fechas 6 y 10 de junio de 2011 respectivamente.
Conclusiones Una evaluación de conjunto de la situación del acceso a la justicia ambiental en nuestro país. y ha evolucionado en un lapso de diez años. es posible visualizar que la interpretación del derecho a un medio ambiente adecuado y el acceso a los mecanismos para su defensa ha sido matizada. Hasta ahora hemos hablado de retrocesos y avances. Lo anterior con énfasis en el hecho de que en dichas adiciones y modificaciones a la norma fundamental se introdujeron supuestos de trascendencia como la figura del interés legítimo en materia de amparo. En ese orden de ideas. aunque es de llamar la atención que los criterios más novedosos en la materia provengan de Tribunales Colegiados de Circuito y no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. los jueces constitucionales mexicanos se encuentran ante una gran ventana de oportunidad para responder a dicho reto apuntalando a través de sus sentencias la aplicación de las disposiciones normativas antes referidas. nos dirige hacia un panorama de claroscuros. no obstante. al igual podemos ubicar desafíos. con la finalidad de fortalecer el sistema de garantías para acceder a la justicia ambiental en México y por ende incidir en la conservación del medio ambiente.184
Como resulta observable del cuadro comparativo antes señalado. que sobre todo nos orienta a vislumbrar la importancia de contar con adecuado sistema de garantías para la exigibilidad y jus-
y como se pudo observar. fue posible identificar la labor que los jueces mexicanos están comenzado a recorrer en el camino de la argumentación jurídica en materia ambiental. se ha encontrado limitado dentro de nuestro sistema jurídico y constitucional. así como a identificar los desafíos que enfrenta dicha prerrogativa. por medio de acciones ante órganos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.Acceso a la justicia ambiental en México
ticiabilidad del derecho a un medio ambiente adecuado en México. siendo limitado el acceso a los órganos jurisdiccionales federales en dicha materia. Normas Oficiales Mexicanas. Una primera constatación es que fue posible identificar. desde un punto de vista teórico sustentado en la teoría de Robert Alexy. la estructura del derecho a un medio ambiente adecuado. en virtud de que dicha diversidad legislativa y reglamentaria no es de competencia exclusiva de las autoridades ambientales. Por otra parte. normas técnicas o administrativas (listados de sustancias y actividades consideradas como altamente riesgosas) e instrumentos de planeación ambiental y urbana (Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial y Planes de Desarrollo Urbano). el orden jurídico-ambiental mexicano no goza de unidad y coherencia sino que se encuentra disperso en diversas leyes. sino que encontraremos varios ejemplos de regulación que indirectamente incide en la materia ambiental y que es aplicada por dependencias
. reglamentos. así como al fenómeno del marco normativo disperso que consiste en que a pesar de que contamos con una ley marco en la materia. el supuesto del “derecho al procedimiento” que permite al titular de una prerrogativa participar en procedimientos para su defensa. cosa nada fácil debido a lo técnico de algunos de sus instrumentos regulatorios. pues como fue posible observar los medios de defensa se han ubicado a manera de procedimientos administrativos en sede de la misma naturaleza. esto sin duda dificulta la eficacia de la gestión ambiental. por vía indirecta a través del ejercicio de otros derechos como el acceso a la información pública gubernamental.
En ese orden de ideas la Corte enfrenta el desafío de oxigenar algunas de sus líneas interpretativas. lo que nos ofreció un panorama claro de retrocesos y avances. conforme a las re-
. las cuales dentro de sus respectivos articulados establecen supuestos que se relacionan con la materia ambiental y cuya competencia corresponde a autoridades tan distantes como la Secretaría de Desarrollo Social. reglamentos y demás instrumentos regulatorios. el Registro Agrario Nacional. de donde puede llegar a derivarse confusión e incertidumbre jurídica que redunde en un perjuicio a la sociedad. Por lo que estimamos. Por otra parte. la Ley Agraria. En ese mismo orden de ideas. después de haber analizado diversos criterios jurisprudenciales en la materia podemos observar que la tendencia a aplicar teorías contemporáneas respecto de la interpretación constitucional y las normas ambientales está orientada hacia los Tribunales Colegiados mas no así a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. la Sagarpa. la Ley Federal de Sanidad Vegetal o la Ley General de Salud. de suma relevancia contar con un esquema de coordinación adecuado a efecto de brindar certeza en materia de acceso a la justicia ambiental. en un mismo supuesto jurídico-ambiental. los Tribunales Agrarios o la Secretaría de Salud. por su propia naturaleza. tiene una visión distinta de los temas ambientales lo que conlleva a una diferencia de criterios al momento de aplicar la normatividad ecológica. en primer lugar cada instancia gubernamental.186
gubernamentales federales. por ejemplo la Ley de Asentamientos Humanos. consideramos que la falta de coordinación entre autoridades ambientales genera una ausencia de armonización de razonamientos. en la inteligencia de que el derecho a un medio ambiente adecuado es un derecho colectivo. procedimientos y esquemas para el tratamiento de los temas ambientales y en última instancia ante una posible sobreposición en –incluso– contradicción de leyes. estatales y municipales que no guardan relación alguna con el rubro ambiental. lo anterior nos revela en dónde estriba el presente conflicto.
LVIII Legislatura/UNAM. Prieto. Carmen (2001). Derechos en relación con el medio ambiente. Luigi et al. Jurisdicción y argumentación en el Estado constitucional de derecho. Bibliografía
Aarnio. UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas. Alexander Ch. 8. recientemente incorporadas a nuestro sistema jurídico. “El papel de la función judicial en el estado de derecho”. Tamayo y Salmorán. Rolando (2007). México. Fontamara. “La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico”. Kiss. (1983). Constitucionalismo y positivismo. Luis (2005). Razonamiento y argumentación jurídica el paradigma de la racionalidad y la ciencia del derecho. UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aulis (1990). México. Estudios sobre la interpretación jurídica. México. Porrúa/UNAM. Ferrajoli. Carmona. Alicante. España. núm. México. Lo racional como razonable. “El derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Madrid. Riccardo (2006).Acceso a la justicia ambiental en México
cientes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fechas 6 y 10 de junio de 2011 respectivamente con la finalidad de hacer efectivo a favor de la sociedad el sistema de garantías en materia de accesos a la justicia ambiental. —— (1991). DOXA. Cámara de Diputados.). México. México. Guastini. en Miguel Carbonell et al.
. (coords. (2005). Centro de Estudios Constitucionales. La protección internacional de los derechos del hombre.
Documents Similar To Acceso a la Justicia Ambiental en México avances,retrocesos,desafiosSkip carouselDerecho ConstitucionalTesis76 Responsabilidad Patrimonial ExtracontractualNeo Constitucion Al is MoAPUNTES DDFG (1)CSJN_Simón, Julio H-1. y Otros s. Privación Ilegítima de La Libertad_14!06!05_Leyes Del PerdonOrdenamiento Juridico Constitucional Marco TeoricoComercial (1)BALOTA 07El Bloque de Constitucionalidad y El Nuevo Juicio de Amparomecanismo de proteccion.pptComo Analizar FallosCorti.Actividad financieragestionEl rol de los principios formalesDerechos Fundamentales y Justicia Constitucional Miguel CarbnellLecturas DpcSuspension de Garantias Expo.Jerarquia Juridica UnlockDerecho PenalSUPREMACÍA CONSTITUCIONAL FINALDERECHO-CONSTITUCIONAL-GENERAL.docxDERECHO CONSTITUCIONAL.docxDerecho_Constitucional_TEXTO_ (1)AFIPcINTERCORP258Garantias constitucionalesRadicarán tutela que busca la suspensión del paro nacional de profesoresBioderecho MéxicoLey de Amparo 2013 Comparada Anterior PDF(1)Ley_de_amparo_ COMPARADA.pdfMore From Carlos BaquedanoSkip carouselContradicciòn de Tesis 5-2016 Pleno Del 17o Circuito Artìculo 105 Ley de HidrocarburosCONCEPTO+CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOControl de Convencionalidad-Nestor P. SaguesAcceso.Justicia.DerechosSocialesCambio Climático, Derecho Ambiental, Postitivismo, Hans Kelsen, Derechos Humanos y Seguridad Jurídica.desbloqueadoDe La Constitución a La Prisión. Derechos Fundamentales y Sistema Penitenciario.desbloqueadoLos Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. Apuntes Para Su Aplicación Práctica.desbloqueadoEl Derecho de Acceso a La Justicia y El AmparoCaso Radilla- Jose Ramon CossioControl de Convencionalidad-García Ramírez-Morale SánchezEl Contenido Del Derecho Maritimo en Mexico.desbloqueadodignitas14Desca en MexicoDerecho Procesal Constitucional - Tomo - II - Volumen i - Eduardo Andrés Velandia CanosaConstitucionalismo Iberoamericano - PDFDerechos Politicos, derechos humanos Control Convencionalidad, derechos humanos Apuntes de Derecho Electoral, democraciaDerecho al agua, derechos humanos, derechos sociales Control de Convencionalidad Nieto CastilloLyn Hunt Dereitos HumanosDerecho internacional DERECHOS HUMANOS Protocolo Aseroría Jurídica FederalBullying Violencia y Maltrato Entre EstudiantesLibro+LOS+DERECHOS+HUMANOS+Y+SU+PROTECCIÓN+POR+EL+PJF.desbloqueadoDerecho Procesal Constitucional - Tomo - II - Volumen i - Eduardo Andrés Velandia CanosaDerecho Procesal Constitucional - Tomo - II - Volumen i - Eduardo Andrés Velandia Canosa