Source: http://indigenas.bioetica.org/leyes/salta.htm
Timestamp: 2018-10-19 01:18:58
Document Index: 223881296

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Ley 4086
Ley 4517
Ley 5675
Ley 6067
Ley 6373
Ley 6469
Ley 6555
Ley 6570
Decreto 845/1990
Ley 6571
Ley 6759
Carta Orgánica Municipal de Pichanal
Ley 7096
Ley 7121
Decreto 1934/2000
Ley 7270
Ley 7274
Ley 7352
Decreto 1492/2005
Reservas indigenas Boletin Oficial, 12 de Enero de 1966
Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que por intermedio de sus organismos técnicos realicen los trabajos correspondientes para la reserva de tierras fiscales destinadas a las poblaciones indígenas.
Art. 2.- Las tierras de reserva se destinarán a la colonización ejidal indígenas, siendo por lo tanto intransferibles e inenajenables.
Art. 3.- La Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario organizará conjuntamente con representantes indígenas, misioneros u otros representantes que estime necesarios, cooperativas de producción como así también los planes de trabajo para el aprovechamiento de las tierras previstas en el artículo anterior.
Art. 4.- La Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario solicitará de otros organismos provinciales la colaboración que estime necesario a los fines previstos en la presente.
Art. 5.- Comuníquese, etc.
Ley 4517.
Adjudicación de tierras Reserva Indígena Provincial.
Salta, 3 de Octubre de 1972 Boletín Oficial, 17 de Octubre de 1972
Visto la autorización del Gobierno Nacional concedida por Decreto Nacional N 16, en ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el artículo 9 del Estatuto de la Revolución Argentina; El Gobernador de la Provincia de Salta sanciona y promulga con fuerza de LEY:
Artículo 1.-Constitúyense en Reserva Indígena Provincial 270 Has. de propiedad del Gobierno de la Provincia de Salta situadas en Embarcación, Departamento San Martín.
Art. 2.-La superficie mencionada en el artículo 1 abarca los lotes: 351, catastro 7078; 352, catastro 7079; 353, catastro 7080; 354, catastro 7081; 381, catastro 7082; 382, catastro 7083; 383, catastro 7084, 384, catastro 7085; 411, catastro 7087; 412, catastro 7088; 413; catastro 7089; 414, catastro 7990; 415. Catastro 7091 y mitad Oeste del lote 385, catastro 7066.
Art. 3.-Dónase a la MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION 80 Has. De propiedad del Gobierno de la Provincia de Salta, situadas en Embarcación, Departamento San Martín.
Art. 4.-La superficie mencionada en el artículo 3 abarca los lotes; 321, catastro 7074; 322, catastro 7075; 323, catastro 7076 y 324, catastro 7077.
Art. 5.-Derógase la Ley N 3.752 de fecha 11 de octubre de 1961.
Art. 6.-Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes de la Provincia y archívese.
Spangemberg Sosa
Ley 5675 Convenio sobre la formación de secciones de baqueanos aborígenes.
Salta, 28 de Octubre de 1980 Boletín Oficial, 03 de Noviembre de 1980
Visto lo actuado en el Expediente N 1301/80, Código 69 del Registro de la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de Bienestar Social y el decreto nacional N 877/80, en ejercicio de las facultades legislativas concedidas por la Junta Militar, El Gobernador de la Provincia de Salta sanciona y promulga con fuerza de ley:
Artículo 1.-Apruébase el convenio que como Anexo I forma parte de la presente ley, suscripto entre el Ministerio de Bienestar Social, el Consejo Nacional de Educación Técnica y el Director General de Gendarmería Nacional.
Art. 2.-Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial de Leyes y archívese.
Ulloa - Davids - Muller - Solá Figueroa - Alvarado
Artículo 1.-Las partes implementarán en las comunidades aborígenes del interior de la Provincia de Salta, el proyecto de "Formación de Secciones de Baqueanos Aborígenes", estableciendo los derechos y obligaciones que a cada una corresponderá.
Entre la Provincia de Salta, representada en este acto por el señor Ministro de Bienestar Social, doctor Gaspar Javier Solá Figueroa, en adelante "La Provincia"; el Consejo Nacional de Educación Técnica de la Nación, representado por el señor Interventor, ingeniero D. Valentin Jaime, con domicilio en Bolívar N 191, 3er. Piso Capital Federal, en adelante "El Consejo", y finalmente el Director Nacional de Gendarmería, representado por el señor Jefe de la VIIa. Agrupación "Salta", Comandante Mayor D. Oscar Alberto Ortiz, con domicilio en Chachapoyas (Salta), en adelante "Gendarmería", se conviene lo siguiente:
Obligaciones de "La Provincia" (Artículos 2 al 5)
Art. 2.-"La Provincia" se obliga a incluir dentro de los Programas de Promoción Comunitaria, los proyectos de Desarrollo de Comunidades correspondientes a las parcialidades aborígenes en las que se organizarán las Secciones de Baqueanos, los que serán elevados, previa evaluación y aval de las autoridades pertinentes, al Ministerio de Bienestar Social de la Nación, Secretaría de Estado de Acción Social, para su aprobación final y financiación
Art. 3.-"La Provincia" deberá prestar a las unidades de "Gendarmería", que ejecuten las acciones previstas en el proyecto de referencia, el asesoramiento necesario a través de los organismos técnicos pertinentes.
Art. 4.-"La Provincia" coordinará, por medio de los organismos específicos, las acciones que deberán ejecutarse, juntamente con las unidades de "Gendarmería" abocadas a las acciones previstas en los respectivos proyectos.
Art. 5.-Será función específica de la Dirección General de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Bienestar Social, la realización del trabajo social necesario para la puesta en marcha de los proyectos de referencia en forma coordinada con "Gendarmería" y según los objetivos previstos en los mismos.
Obligaciones del Consejo Nacional de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. (Artículos 6 al 7)
Art. 6.-"El Consejo" impartirá enseñanza técnica de nivel "operarios" acorde a requerimientos, a las comunidades aborígenes afectadas por los Programas de Promoción Comunitaria.
Art. 7.-"El Consejo" proveerá el personal docente que tendrá a cargo dichas tareas.
Obligaciones de Gendarmería Nacional. (Artículos 8 al 15)
Art. 8.-"Gendarmería" se obliga a organizar en las comunidades que seleccione al efecto, Secciones de Baqueanos Aborígenes.
Art. 9.-"Gendarmería" desarrollará, en coordinación con la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia y paralelamente a la ejecución de los proyectos, una tarea de promoción comunitaria en las parcialidades aborígenes seleccionadas.
Art. 10.-Prestará apoyo de infraestructura, alojamiento y medios de transporte a profesionales o educadores de los distintos organismos intervientes en este convenio que, en cumplimiento de sus objetivos, deban trasladarse al lugar de las tareas.
Art. 11.-Mantendrá informados a los distintos organismos intervinientes en las tareas, sobre la marcha de las mismas.
Art. 12.-Destinará personal a los efectos del cumplimiento del presente convenio.
Art. 13.-Realizará todas las actividades que surjan de la necesidad de lograr en los aborígenes de las comunidades seleccionadas, una auténtica promoción y realización dentro de las pautas cristianas y nacionales.
Art. 14.-El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años, plazo que será contado a partir de su aprobación por el Poder Ejecutivo Provincial.
Art. 15.-El presente convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes con un preaviso fehaciente no menor de un (1) año.
En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de idéntico tenor del presente convenio, en la ciudad de Salta, a los diez días del mes de octubre del año mil novecientos ochenta. Dr. Gaspar Javier Solá Figueroa - Ing. Valentín Jaime - Cdte. My. Oscar Alberto Ortiz.
Promulgada el 21/02/83. Aprueba el Convenio suscripto entre la Provincia de Salta y Diócesis Apostólica de San Ramón de la Nueva Orán. B.O. Nº 11.680. Ministerio de Bienestar Social
Visto lo actuado en expediente Nº 64.958/82 – Código 66 del Registro del Ministerio de Bienestar Social y el decreto nacional Nº 877/80, en ejercicio de las facultades legislativas concedidas por la Junta Militar.
El Gobernador de la Provincia de Salta sanciona y promulga con fuerza de ley:
Artículo 1º.- Apruébase el convenio que forma parte de la presente ley, suscripto entre la Provincia de Salta y la Diócesis Apostólica de San Ramón de la Nueva Orán, representada por el señor Obispo y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), mediante el cual las partes se comprometen a desarrollar un programa conjunto en la zona de Los Blancos, Morillo (Ruta Nacional 81, departamento de Rivadavia, Area de Frontera Tartagal) destinado a promover íntegramente a familias aborígenes chaqueñas, las que serán iniciadas en la práctica de la organización comunitaria, agricultura de subsistencia, ganadería, mejoramiento de la salud, habitat y condiciones generales de vida, con el objeto último de afincamiento y acceso a la propiedad de la tierra por dichas familias.
Art. 2º.- Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial de Leyes y archívese.
ULLOA – Müller – Folloni – Sansberro – Zambrano (Int.).
Convenio con Fundapaz
Entre la Provincia de Salta, representada en este acto por el señor Ministro de Bienestar Social, ingeniero Pablo Antonio Müller, con domicilio en la Avenida Belgrano Nº 1349 de la ciudad de Salta, en adelante LA PROVINCIA, por una parte, y la Diócesis Apostólica de San Ramón de la Nueva Orán, con domicilio en Coronel Egües Nº 736 de la ciudad de Orán, Provincia de Salta, en adelante LA DIOCESIS; representada por el señor Obispo Don Gerardo Sueldo y la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) domicilia en Avenida Corrientes Nº 330 de la Capital Federal, representada por la Presidenta de la Fundación señora Silvia Marta Stengel de Pereda, C.I. Nº 5.0899.280 en adelante LA FUNDACION, por otra parte, convienen en celebrar el presente convenio con sujeción a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La Provincia, La Diócesis y La Fundación se comprometen a desarrollar un programa conjunto en la zona de Los Blancos – Morillo (ruta Nacional 81, Departamento de Rivadavia, Area de Frontera Tartagal) destinado a promover integralmente a familias aborígenes chaqueñas, las que serán iniciadas en la práctica de la organización comunitaria, agricultura de subsistencia, ganadería, mejoramiento de la salud, habitat y condiciones generales de vida, con el objeto último de afincamiento y acceso a la propiedad de la tierra por dichas familias. El Programa acordado se firma sepa rado y hace parte del presente Convenio.
SEGUNDA: La Provincia concede en usufructo gratuito a La Diócesis, el Lote Nº 5, integrante del fiscal Nº 19 (“Colonia Norteamericana”), matrícula Nº 1711, del plano registrado con el Nº 24 del Dpto de Rivadavia, archivado en la Dirección General de Inmuebles, con una superficie aproximada de 2235 Has. 4.259 m2 y que colinda al Norte con el lote Nº 4, al Sur con el lote Nº 1, al Este con la propiedad del señor Angel Molinari y el Oeste con el lote Nº 6. El usufructo se formalizará ante la Escribanía de Gobierno a los 30 (treinta) días de la promulgación de la ley provincial que lo apruebe.
TERCERA: El usufructo tendrá una duración de diez años, computados a partir de la fecha de vigencia de la ley provincial que apruebe el presente Convenio.
CUARTA: La Provincia incluirá en su programación de promoción social anual, los proyectos que elabore conjuntamente con La Fundación, de conformidad con las cláusulas primera y octava, los cuales serán elevados, previa evaluación y aval de las autoridades pertinentes, al Ministerio de Acción Social de la Nación, para su aprobación final y financiación si correspondiere.
QUINTA: La Diócesis destinará el predio cedido en usufructo al trabajo agropecuario de las familias aborígenes residentes en Los Blancos y de aquellas otras provenientes de zonas circunvecinas que libremente deseen trabajar en él respetando los fundamentos y lineamientos del programa.
SEXTA: Durante la vigencia del usufructo La Diócesis y La Fundación se comprometen a vigilar la utilización racional del suelo para una explotación ganadera y una producción agrícola de subsistencia adecuadas, según las normas técnicas apropiadas para la región.
SEPTIMA: Concluido el plazo de usufructo La Provincia se obliga a donar a La Diócesis el inmueble objeto del mismo, siempre que se hayan cumplido las siguientes condiciones: a) que se haya efectuado la radicación de familias aborígenes en la zona y se haya realizado la asistencia técnica, capacitación e inversiones que permitan un crecimiento sostenido y autogestionario de las familias aborígenes involucradas de acuerdo al programa conjunto aludido en la cláusula primera; b) que La Provincia, La Diócesis y La Fundación acuerden un programa de asentamiento definitivo de las familias aborígenes, que considere en primer lugar la adjudicación gratuita de parcelas a las familias involucradas, lo cual desde ya queda establecido como cargo de la donación a La Diócesis, y las condiciones agroecológicas para lograr un a explotación racional de la tierra, su parcelamiento, los criterios de adjudicación, servicios necesarios y recursos aplicados al programa, así como los aspectos sociales y culturales en beneficio de los aborígenes.
OCTAVA: El programa referido en la Cláusula Primera, que hace parte del presente contrato, podrá ser susceptible de modificaciones o ajustes de común acuerdo entre los firmantes.
NOVENA: Entre Octubre y noviembre de cada año las partes evaluarán en forma conjunta las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos y decidirán las correcciones a introducir en la acción del siguiente año.
DECIMA: La Fundación deberá contar con consentimiento expreso de La Provincia para contratar con terceros la ejecución y/o financiación de las distintas etapas del programa. Este restricción no regirá para el caso de reparaciones y mantenimientos que forman parte de los trabajos ordinarios del programa. Deberá también observar fielmente el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad social cuando ello corresponda.
UNDECIMA: A los efectos judiciales o extrajudiciales que deriven del presente, las partes constituyen domicilio en los arriba indicados desde serán válidas las notificaciones, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Salta, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción.
En prueba de conformidad las partes firman tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Orán, a los treinta y un días del mes de agosto del año mil novecientos ochenta y dos.
Programa de Promoción social para la Comunidad Aborígen de Los Blancos Departamento Rivadavia
En la localidad de Los Blancos, ubicada en el Dpto. de Rivadavia a 30 kms. de la cabecera Municipal de Coronel Juan Solá y a 182 kms. de Embarcación, comenzaron a radicarse grupos de aborígenes matacos provenientes de Misiones y de comunidades en donde se realizaron experiencias agrícolas con disímiles resultados. Estos grupos se insertaron a partir del año 1980, sobre otros que preexistían en las cercanías del área urbanizada de Los Blancos, llegando a totalizar una población aproximada de 50 familias, 260 personas.
Las pautas culturales tradicionales de las etnias mataco, son las típicas de las culturas chaqueñas, es decir, se basan en la caza, la pesca y la recolección de los frutos. Sin embargo los grupos que migraron hacia otras zonas como Carboncito, Misión Chaqueña, Embarcación, etc., adquirieron rudimentos de agricultura sobre secano y a veces también cierta capacitación empírica en oficios. En cambio quienes quedaron en su habitat tradicional mantenían sus sistemas económicos ancestrales, aunque adosaban las changas eventuales, cada vez más escasas por la disminución de la explotación agro-forestal en la región.
A pesar de los avances obtenidos el trabajo regular y continuado al estilo de la sociedad occidental todavía no constituye una pauta internalizada y esto es una condición fundamental a considerar en las futuras acciones que se proyecten.
Desde hace aproximadamente 5 años atrás comenzó a trabajar en el lugar la Congregación del Sagrado Corazón con dos religiosas con residencia permanente en la localidad de Los Blancos, que efectúan una asistencia social aunada a la orientación espiritual. A la vez motivaron y perfeccionaron la actividad artesanal apoyando la comercialización de los productos y construyendo en un local precario una carpintería que proporciona a las familias una fuente adicional de ingresos.
Surgió también la necesidad de proporcionar las huertas familiares y los cultivos agrícolas de subsistencia, tarea que se emprendió conjuntamente entre el Ministerio de Bienestar Social, las citadas religiosas y la comunidad.
Posteriormente algunas instituciones, ofrecieron prestar apoyo para iniciar una tarea de desarrollo sostenido. La Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz fue el principal ente motivador para elaborar y ejecutar un Programa que tendiera al desarrollo integral de los aborígenes allí residente.
El Programa que se implementa para responder a las carencias y necesidades antes descriptas tiende fundamentalmente a mejorar y elevar el nivel socio-económico y cultural de los aborígenes procurando su integración al resto de la sociedad fomentando su organización y participación activa.
a) de Promoción:
– Estructurar un Programa que se adecue a la capacidad de asimilación y decisión de los aborígenes.
– Posibilitar la transferencia de conocimientos técnicos y de organización socio-comunitaria respetando sus pautas culturales vitales.
– Implementar asesoramiento técnico y ayudas económicas que no superen la capacidad de captación de grupo que se promueve.
– Asegurar una efectiva participación en las decisiones a efectos de que no se produzcan retrocesos o descreimientos en las metas a alcanzar.
- Los suelos de la región poseen una definida aptitud ganadera. El régimen de lluvias no permite encarar una agricultura de secano extensiva y de tipo comercial. Sólo es factible explotaciones de secano destinadas al autoconsumo familiar y comunitario.
- Desde el aspecto económico, la agricultura de autoconsumo contribuye a mejorar la calidad alimentaria y de vida de la población.
- La ganadería por su parte, posibilita la formación de un capital propio por la multiplicación natural de planteles. En los años de sequía permite que se recurra a ella como recurso alimenticio, siendo en épocas normales un importante recurso financiero.
- El mantenimiento e incremento ganadero resulta factible mediante un mejoramiento y adecuación de las técnicas modernas de manejo ganadero, clausuras y pasturas.
- Para estas explotaciones se requiere una seguridad en el régimen de tenencia de las tierras.
Se dividirán y se canalizarán en los siguientes proyectos:
1. Ladrillería.
2. Artesanías.
3. Explotación agrícola-ganadera del predio destinado para el Programa.
4. Aprovechamiento forestal racional y de acuerdo a la legislación vigente.
5. Dotación de infraestructura y servicios básicos.
6. Organización Comunitaria.
1. Ladrillería
Esta actividad se desarrolla en la medida que es necesario responder a los requerimientos constructivos de la zona, ya que la dificultad y precariedad de las vías de acceso impiden una fluida comercialización en los centros poblados de la provincia.
Se encuentra en ejecución esta acción, mediante capacitación empírica efectuada en los miembros de la comunidad, por cortadores y quemadores de la zona.
No obstante se prevén las siguientes acciones a corto plazo:
a) Prosecución de la capacitación de quemadores de ladrillos mediante la contratación de maestro cortador especializado.
b) Otorgamiento de subsidio por parte de los intervinientes en el Programa con la finalidad de incrementar las acciones en este sentido.
- Prosecución de la tarea actual, con las modalidades de trabajo habituales.
- Continuación del apoyo brindado para la comercialización de los productos y posibles aperturas de nuevas bocas de expendio.
- Montaje de un Taller Artesanal, Proyecto para el que se solicitó subsidio al Ministerio de Acción Social de la Nación (Exp. Nº 69-5196/81, aprobado mediante Resolución Nº 2565/81).
- Análisis y replanteo de la actividad.
- Mejoramiento de los sistemas de comercialización.
3. Explotación agrícola-ganadera
a) Corto plazo (1º y 2º Año)
- Constitución en usufructo por el lapso de 10 años de 2.235 ha. Del Lote Nº 5 del Fiscal 19 (Colonia Norteamericana).
- Previsión contractual de adjudicación en dominio al Obispado de Orán del predio antes citado una vez vencido el plazo del usufructo y cumplidas las condiciones pactadas.
- Cargo de traspaso a las familias aborígenes de acuerdo a un plan de Colonización previamente formulado.
- Implementación de cláusulas de restitución al Fisco de las tierras en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas.
Tareas para el Primer Año:
- Mensura y delimitación del lote.
- Cercado y siembra para autoconsumo de 30 a 100 ha., según número de familias que trabajen.
Tareas para el Segundo Año:
- Cercado del 30% de la superficie destinada a la explotación ganadera.
- Aumento de la superficie destinada al autoconsumo, hasta completar el cercado de 200 ha. Aproximadamente.
Inversiones en mejoras fundiarias
- Se utiliza alambre a efectos de asegurar la propiedad y el manejo de la hacienda.
- Se tratará de abarcar un 40% de la superficie total cuya financiación corresponderá a la Provincia y/o Nación y a FUNDAPAZ.
Cercados internos:
- A fin de aprovechar la mano de obra disponible y reducir los costos se hará con ramas.
- La Provincia y FUNDAPAZ, en partes iguales subsidiarán con dinero o comestibles el pago de dicha mano de obra.
Dotación de agua:
- Perforación en cercanías del madrejón existente para instalar molino, tanque australiano y bebedero de ganado.
- Perforación de pozo para agua potable con bomba manual.
- Ambas perforaciones estarán a cargo de la Provincia, que conjuntamente con la Nación aportarán molino, tanque australiano, bebedero y cañería. Por su parte FUNDAPAZ se hará cargo de entregar la bomba manual y de instalar el molino y el tanque.
Represa para ganadería:
- Se ampliará el madrejón existente, excavando una pequeña represa para provisión de agua a la hacienda, tarea que estará a cargo de la Provincia.
- Se descarga la utilización de implementos mecanizados, prefiriéndose las máquinas y herramientas de tracción a sangre que será provistas por FUNDAPAZ.
Asistencia Técnica Agronónica:
- Se estima imprescindible para que la producción responda a las expectativas previstas. La función del Técnico es el asesoramiento en las tareas de producción agrícola-ganadera pero la decisión de su aplicación estará a cargo de la Comisión local que la propia comunidad elija. Otra función suya será la de evaluar las experiencias recogidas con vistas a elaborar las etapas subsiguientes.
- Se prevé la contratación de un Técnico con residencia en zona, a cargo de la Provincia.
- Se prevén los necesarios para el alambrado perimetral y el cercado.
- No se utilizarán para las siembras, que deben ser hechas simultáneamente con el cercado. Esto es un subsidio encubierto para que no se produzcan expectativas de que el año siguiente volverán a recibir otro similar.
- Provistas por igual los intervinientes y destinadas a una producción de autoconsumo en secano y eventualmente con pequeños riesgos.
Hacienda vacuna:
- Al segundo año FUNDAPAZ realizará el aporte en capitalización de 50 vacas con tres toros, con las especificaciones sobre el manejo adecuado y las expectativas de producción.
b) mediano Plazo (Tercero, cuarto y quinto año)
- Se continuarán la ocupación en base al crecimiento del plantel vacuno.
Inversiones fundiarias
- Al quinto año de ejecución se completará el cercado perimetral del predio.
Asistencia Técnica Agronómica:
- Elaboración del proyecto ganadero definitivo en base a las experiencias recogidas sobre manejo, capitalización y ensayos de pasturas.
Básicamente constituirá en:
1. Planteo básico. Receptividad y manejo, introducción de pasturas nuevas.
2. Evaluación de las tareas cumplidas por los responsables del cuidado de las primeras 50 vacas para llegar a conclusiones sobre la organización de los responsables en esta nueva etapa.
3. Programación de los aportes de subsidios y créditos para nuevas instalaciones
4. Programación de los aportes de más hacienda capitalizada.
5. Manejo y control del ganado caprino.
- De igual modo, sobre la base de la experiencia recogida en las siembras de los primeros dos años, se confeccionará el Proyecto agrícola definitivo.
Durante el primer año se evaluarán las posibilidades de aprovechamiento forestal y se planificarán las acciones a desarrollar conjuntamente con la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia.
5. Dotación de Infraestructura y Servicios Básicos
- Salud: La Comisión analizará anualmente con los Médicos locales y los Agentes Sanitarios del Programa de Salud Rural (Asistencia Sanitaria, relevamiento de enfermedades, mal de Chagas, asistencia materno-infantil, etc.) y formulará recomendaciones. En base a ellas se programarán las acciones a encarar.
- Alfabetización: Esta tarea se encarará al Tercer año mediante una campaña de alfabetización a cargo de FUNDAPAZ. Posteriormente se analizará su integración al organismo gubernamental que corresponda.
- Vivienda: Hasta la fecha se han construido en una primera etapa 14 viviendas de techos de chapa y paredes de adobe. Las chapas de zinc fueron aportadas por el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, siendo los jornales una donación de las Hermanas del Sagrado Corazón. Una segunda etapa está en marcha, contemplando llegar a 20 viviendas más. Una parte de las chapas fueron provistas por el Ministerio y el resto por las Religiosas. Los jornales fueron donados por Cáritas de la Parroquia, Colecta Más por Menos y el Obispado. Se continuarán haciendo planes de nuevas viviendas a medida qu e se vaya presentando la necesidad, ya sea en el Barrio o en el Lote Fiscal.
La responsabilidad de conducir el Programa será asumida por la Comisión, asistida por las Hermanas del Sagrado Corazón. Se proponen las siguientes acciones:
- Recibir la visita de uno o dos miembros de la Comisión Vecinal del Barrio Obrero de Ing. Juárez (Formosa) para informarlos acerca de la experiencia cumplida en los últimos 10 años en esa comunidad mataca. Luego la Comisión de Los Blancos podría viajar a Ing. Juárez para apreciar en el lugar las realizaciones alcanzadas, las dificultades superadas y existentes y apreciar hasta dónde pueden llegar ellos con su trabajo.
- Convenir con la Comisión Vecinal de Ing. Juárez la visita periódica de uno de sus miembros. Su función será la de ayudar a la Comisión de Los Blancos a evaluar las decisiones tomadas y los problemas de su puesta en práctica.
- Realizar una o dos veces al año, una jornada de análisis y evaluación por todos los miembros de la comunidad. Se confeccionará anualmente un presupuesto de gastos para permitir concretar esta acción de capacitación en organización Comunitaria, el que será financiado una vez aprobado, por FUNDAPAZ. La Supervisión del Trabajo Social estará a cargo de la Dirección General de Promoción Social de la Provincia.
Los primeros responsables del Programa son los propios aborígenes, que actuarán representados por una Comisión actualmente constituida por seis miembros. Su acción está respaldada por el Consejo de Ancianos, según la costumbre mataca.
Intervienen además los siguientes organismos e Instituciones:
- Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ).
- Congregación del Sagrado Corazón.
- Dirección General de Promoción Social.
- Municipalidad de Cnel. Juan Solá.
- Dirección General Agropecuaria.
- Dirección General de Recursos Naturales Renovables.
- Dirección General de Atención Primaria de la Salud.
- Administración de Aguas de Salta.
- Salta, agosto de 1982.
Promoción y Desarrollo del Aborigen. Boletín Oficial, 3 de Julio de 1986
Capitulo I. De los objetivos
Art. 1 – Esta ley tiene como objetivos:
A) Promover el desarrollo pleno del Aborígen y de sus comunidades fomentando su integración en la vida provincial y nacional, a partir de sus potencialidades y formas organizativas básicas, respetando sus valores culturales propios.
B) Desterrar la postergación y el marginamiento de sus comunidades, anulando toda forma de explotación y uso de la fuerza y coerción como forma de integración compulsiva, en aras de obtener la plena vigencia de la justicia social con el desempeño protagónico de sus integrantes.
C) Adecuar las políticas en educación, salud, vivienda y seguridad social y económica, destinadas a este sector de la población, tomando en cuenta los objetivos de esta ley.
D) Promover el desarrollo económico-social y cultural, superando la miseria mediante su incorporación en el mercado productivo y de consumo, tomando en consideración sus propios anhelos y necesidades.
Capitulo II. De la creación del instituto provincial del aborigen
Art. 2 – Crease el INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORIGÉN como entidad autarquica y descentralizada que se vinculara directamente al poder ejecutivo, para su funcionamiento. El mismo ejercerá las facultades que por esta ley se le atribuye, y las que en su consecuencia se dicten.
Art. 3 – El Instituto tendrá su domicilio legal en la ciudad de Tartagal, pudiendo establecer subsedes, delegaciones, agencias o representantes en cualquier lugar de la provincia, del país o del extranjero, constituyendo domicilios especiales en sus casos.
Art. 4 – El instituto tendrá por objeto:
A) Programar, reglamentar, organizar, gestionar y controlar todos los actos que como consecuencia de esta ley se originen y las que tiendan a la consecución de sus objetivos. B) Disponer, administrar y realizar toda clase de contratos, operaciones y negociaciones que no sean contrarias al objetivo de esta ley.C) Representar a las comunidades aborígenes y/o a sus integrantes ante entidades privadas o publicas, municipales, provinciales, nacionales o internacionales, en todo acto que se realice en beneficio de los mismos.
D) Coordinar con las distintas áreas del gobierno o privadas en la aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Seccion I. De la dirección y administración del instituto provincial del aborígen
Art. 5 – El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN será conducido por un directorio que estará integrado por un presidente y 8 (ocho) vocales y duraran en sus funciones dos años, pudiendo ser reelectos.
Art. 6 – El presidente y dos vocales serán designados por el poder ejecutivo, no así los vocales restantes que serán aborígenes designados por cada grupo étnico mayoritario en asamblea.
Art. 7 – Son deberes y atribuciones del Directorio:
A) Proponer al ejecutivo el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos y someter a su consideración la memoria y balance anual.
B) Contratar un cuerpo de asesores profesionales en las áreas sanitarias, educativas, jurídicas, económicas y comunitaria.
C) Designar el personal del instituto, debiendo darse prioridad a los aborígenes.
D) Aceptar subsidios, donaciones con o sin cargos, y legados. Para aceptar donaciones con cargo, previamente deberá dictaminar fiscalia de gobierno.
E) Ejecutar y coordinar con los organismos provinciales competentes, la realización de obras y prestación de servicios.
F) Contraer empréstitos con entidades financieras publicas o privadas, con autorización del poder ejecutivo o legislativo, según corresponda.
G) Aprobar los programas financieros de producción, comercialización y acción social del organismo.
H) Celebrar convenios con organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales que tengan por objeto el cumplimiento de funciones vinculadas al Instituto, sujeto a la aprobación legislativa que corresponda.
I) En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar los contratos necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus funciones.
J) Dictar su reglamento de funcionamiento.
Art. 8 – Son deberes y atribuciones del presidente:
B) Adoptar decisiones respecto de todos los asuntos administrativos y técnicos que fueren de competencia del directorio cuando razones de urgencia lo exijan, debiendo tener el aval de por lo menos cuatro vocales, y dar cuenta a aquel en la primera reunión que celebre.
C) Ejecutar y controlar el cumplimiento de las resoluciones que adopte el directorio.
D) Proponer al directorio la designación, contratación, promoción o remoción del personal.
E) Proponer al directorio los precios de compra-venta de los distintos bienes de producción del aborígen.
G) Intervenir en el manejo de los fondos del instituto con sujeción a las normas de la presente ley y las que establezca el directorio, llevando el inventario general de los bienes pertenecientes al instituto.
H) Proponer al directorio las operaciones financieras que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento del Instituto.
I) Dirigir y ejercer el control del personal de las dependencias y actividades del Instituto. K) Considerar, analizar y viabilizar las propuestas del consejo consultivo y hacer conocer a este de los actos que realice.
Seccion II. Del consejo consultivo
Art. 9 – El consejo consultivo estará compuesto por representantes aborígenes de los distintos municipios que cuentan con esa población en forma proporcional a la cantidad de habitantes aborígenes que residen en cada uno de ellos y teniendo en cuenta los grupos étnicos.
Art. 10 – Tendrá como funciones asesorar, proponer y presentar al directorio todos los planes, programas e iniciativas que estime convenientes al espíritu de la presente ley.
Art. 11 – Analizar y evaluar los actos realizados por el directorio del instituto.
Art. 12 – Los cargos serán rentados y su designación será por el termino de un (1) año, pudiendo ser reelectos.
Capitulo III. De la adjudicación de tierras
Art. 13 - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN deberá realizar un relevamiento de los asentamientos aborígenes actuales precisando su ubicación geográfica con la indicación de sus integrantes.
Art. 14 - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN realizara todos los tramites necesarios para la adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras publicas y/o privadas, que se expropien para tal fin. Para su cometido, todas las reparticiones del área gubernamental deberán prestar el mas amplio apoyo y asistencia.
Art. 15 – La entrega en propiedad de los inmuebles se efectuara de acuerdo a la libre determinación de sus integrantes y en las dimensiones que económica y socialmente sean convenientes, para ambos casos la entrega se realizara a titulo gratuito.
Art. 16 – La propiedad comunitaria se establecerá en alguna de las distintas formas societarias que admite la ley, pudiendo los interesados elegir la mas conveniente a sus objetivos.
Art. 17 – Para la adjudicación en propiedad definitiva de las tierras, ya sean en su asentamiento actual o los casos que impliquen un traslado, deberá hacerse con el consentimiento libre y expreso de la población aborígen involucrada.
Art. 18 - A los fines del cumplimiento del articulo precedente, el Instituto Provincial del Aborígen deberá implementar el mecanismo de consulta adecuado de común acuerdo con el consejo consultivo.
Art. 19 – La escribanía de gobierno formalizara los instrumentos traslativos de dominio con la condición de que los inmuebles transferidos deben ser intransferibles a cualquier titulo, por el termino de diez (10) años, desde la escrituración, la que debe realizarse en un plazo no mayor a seis meses de su adjudicación.
Art. 20 – Los inmuebles adjudicados en propiedad comunitaria solo podrán gravarse con consentimiento expreso del consejo consultivo y del instituto provincial del aborígen.
Capitulo IV. Del desarrollo económico
Art.21 – El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN promoverá el desarrollo económico de los aborígenes mediante el apoyo directo en bines o servicios a toda la actividad licita que los mismos realicen. Con tal finalidad incentivará la agricultura, ganadería, pesca, artesanías, manufacturas, etc., mediante la entrega de maquinarias, semillas, herramientas, muebles y útiles y el equipamiento necesario para las actividades que desarrollen.
Art. 22 - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN creara un mercado concentrador de producción aborígen, que deberá tener como forma organizativa la de una sociedad comercial, de economía mixta o federación de cooperativas.
Art. 23 – El mercado concentrador tendrá la finalidad de ser entidad intermedia de comercialización de los productos aborígenes, agrícolas, ganaderos, ictícolas, artesanales, manufactureros, preindustriales, de la caza, etc. Además será ente de abastecimiento, distribución y financiación de insumos o mercaderías de consumo, aprovechando las ventajas de la economía de escala.
Art. 24 – Asistirá a los aborígenes en los aspectos técnicos para el manejo racional de los recursos disponibles y dará apoyo económico para el mejoramiento de la producción y la comercialización. Realizara la capacitación en artes, oficios, técnicos o profesionales, tomando en cuenta la actividad económica que realiza la comunidad.
Art. 25 – Durante un periodo de diez (10) años a partir de la sanción de la presente ley quedara exenta del pago de impuestos provinciales y/o municipales toda actividad desarrollada por los aborígenes.
Art. 26 – Quedan exentas del pago de mensura, amojonamiento, instrumentación de títulos y pago de impuestos por el plazo de diez (10) años las tierras que se adjudiquen a los beneficiarios de esta ley.
Art. 27 – La promoción del desarrollo económico se efectuara con la participación activa de todos los integrantes de las comunidades basadas en el principio de solidaridad social, cuidando que no se impongan formas de producción contrarias a los usos y costumbres de sus miembros.
Capitulo V. De la educación
Art. 28 - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN efectuara las coordinaciones necesarias para el logro de los siguientes objetivos:
A) Promover un sistema educativo que beneficie a tos los niveles de la población aborígen estableciendo un vinculo de intercambio cultural, mediante la formulación de bases curriculares adecuadas al contexto cultural regional.
B) Regionalización de la enseñanza, tomando como marco de referencia la cultura del educando para su paulatino acercamiento al contexto cultural global, con la implementación de planes de estudio que correspondan a las características y modalidades de la región.
C) Coordinar con los organismos correspondientes la formación de docentes especializados que procuren la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías educativas apropiadas.
D) Solicitar al los niveles que corresponda la implementación de campañas intensivas de educación de adultos, a los efectos de reducir el índice de analfabetismo y promover la educación bilingüe.
E) Facilitar y normar el pase directo de los alumnos de un establecimiento educativo a otro, teniendo en cuenta la característica cultural de seminomadismo, como forma de evitar la repitencia y deserción escolar.
F) Difundir el conocimiento antropológico-social de las culturas aborígenes utilizando los medios masivos de comunicación estatal.
G) Posibilitar, mediante un adecuado sistema de becas, el acceso de educandos de cada grupo étnico a carreras docentes de nivel secundario, terciario y universitario.
Capitulo VI. De la salud
Art. 29 - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN, en coordinación con los organismos específicos, determinara la obligatoriedad de que todos los profesionales del área sanitaria, médicos, bioquímicos, nutricionistas, enfermeros y otros, que desarrolles sus actividades en zonas de asentamientos aborígenes , tomen previo conocimiento de los aspectos socioculturales de la población bajo su atención.
Art.30 – Se implementaran las coordinaciones y acciones necesarias para:
A) Incrementar la infraestructura existente creando centros sanitarios con atención permanente, para la real cobertura total de la población aborígen.
B) Facilitar el acceso de jóvenes de cada grupo étnico a carreras relacionadas con la salud, medicina, enfermería, nutrición y otras.
C) Implementar un sistema de becas de estudio a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.
D) Revalorizar culturalmente la “Medicina Empírica” vigente en cada grupo étnico, reconociendo y respetando su aporte en conocimientos, procurando una natural inserción del aborígen en el sistema sanitario.
E) Incorporar representaciones aborígenes en los consejos asesores sanitarios que indica la Ley N° 6.277, con las facultades y obligaciones que indica la misma.
Capitulo VII. De las viviendas
Art. 31 – Los organismos provinciales y/o nacionales, o cualquier otra institución estatal o privada, que contemple en sus programas la construcción de viviendas destinadas a comunidades aborígenes, deberá realizar las coordinaciones necesarias con el instituto provincial del aborígen a efectos de adoptar los proyectos de las viviendas a construir al proceso de cambio en el que se encuentra este sector de la población.
Art. 32 – De la totalidad de las viviendas que se construyan en la provincia, a través de los planes gubernamentales, como mínimo deberá destinarse en cinco por ciento (5%) de dicho presupuesto hasta cubrir las necesidades habitacionales de este sector del a población.
Art. 33 – Todo plan de viviendas a implementarse deberá realizar e interpretar las características socio-culturales de sus destinatarios en lo referente a la vivienda familiar, su uso, dimensiones, uso de espacios abiertos y cerrados, etc., y además se deberá propender a:
A) Fomentar la participación de los adjudicatarios para determinar tipos de viviendas y formas de urbanización adecuados.
B) Implementar planes de viviendas accesibles a los grupos familiares asentados en áreas urbanas, periurbanas y rurales.
C) Fomentar la implementación de sistemas de construcción comunitaria, basados en relación de solidaridad y ayuda mutua.
Capitulo VIII. De la seguridad social
Art. 34 - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN será ente gestor de todo beneficio previsional o asistencia para aborígenes que establezca la provincia o la nación, a cuyo fin podrá firmar convenios con esta.
Art. 35 – La caja de previsión social de la provincia o del poder ejecutivo deberá dispones como mínimo, a los aborígenes, el diez por ciento (10%) del total de pensiones no contributiva que se otorgue.
Art. 36 – El estado nacional o municipal deberá dar preferencia a la incorporación de personal aborígen en los organismos y reparticiones en las zonas adyacentes a cada comunidad.
Capitulo IX. De los recursos y patrimonios
Art. 37 – El patrimonio del INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN estará integrado por:
A) Los bienes inventariados y de propiedad del actual departamento de integración del aborígen.
B) Los demás bienes que se adquieran por compra, permuta, cesión, donaciones o cualquier otra forma jurídica.
C) El dos por ciento (2%) del total que le corresponde al gobierno de la provincia en concepto de regalías petrolíferas que perciba de la nación.
Art. 38 - El INSTITUTO PROVINCIAL DEL ABORÍGEN administrara los créditos especiales que el banco provincial de Salta deberá disponer para fomentar la producción y consumo personal. Con tal finalidad deberá asignarse como mínimo el uno por ciento (1%) del total del crédito que otorgue el banco por cualquier concepto.
Art. 39 – El poder ejecutivo reglamentará la presente ley a la que se adherirán las respectivas municipalidades, con comunidades aborígenes mediante convenios.
Capitulo X. Disposición transitoria
Art. 40 – Facultarse al poder ejecutivo a mantener en funcionamiento el actual departamento de integración del aborígen dependiente de la dirección de promoción social de la secretaria de estado de seguridad social del ministerio de bienestar social, con el objetivo de organizar el congreso aborígen que elegirá los representas necesarios para la conformación de los consejos creados por la presente.
Art. 41- Comuníquese, etc.
Promulgada el 24/08/87. Sancionada el 06/08/87. Posibilita a los ocupantes del Lote Fiscal Nº 55, el acceso a la propiedad de la tierra con títulos de dominio perfectos. B.O. Nº 12.783. Expte. Nº 90-16/86.
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto posibilitar a los ocupantes del Lote Fiscal Nº 55, el acceso a la propiedad de la tierra, con títulos de dominio perfectos, a través de un racional parcelamiento y equitativo proceso de adjudicación.
Art. 2º.- Los ocupantes de fracciones del Lote Fiscal Nº 55, cualquiera sea su condición, sexo, cultura u origen, podrán solicitar la adjudicación del título de propiedad de una parcela o el reconocimiento de los derechos emergentes de la presente ley.
Art. 3º.- A los efectos de parcelar y adjudicar la tierra del Lote Fiscal Nº 55, se tendrá en cuenta la ocupación actual y pacífica, no menor de diez (10) años y los antecedentes de hecho y de derecho sobre los cuales se apoye.
Art. 4º.- Para ser adjudicatario, los ocupantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser argentinos nativos, por opción o naturalizados.
b) Residir en la zona.
Art. 5º.- No podrán otorgarse parcelas de más de una unidad económica a adjudicatarios individuales, salvo supuestos excepcionales en que por mediar razones de interés social, debidamente fundadas, hagan aconsejable apartarse de tal criterio.
Art. 6º.- Las parcelas a adjudicar deberán ser –dentro de la disponibilidad de tierra existente- unidades económicas y comprender la superficie en que tenga lugar la ocupación actual, salvo supuestos en que por imprescindibles razones, derivadas del diseño del parcelamiento, superposición o tamaño, fuere necesario disponer reubicaciones.
Art. 7º.- Para la consideración de la unidad económica podrá admitirse la constitución de parcelas por polígonos discontinuos.
Art. 8º.- En los supuestos de ocupaciones cuya superficie sea inferior a la unidad económica, se procederá a:
a) Adjudicar la fracción ocupada siempre que circunstancias sociales o económicas, debidamente fundadas, aconsejen este criterio pero previendo, en estos casos, la complementación de superficie o medidas de apoyo para el indispensable desenvolvimiento del adjudicatario.
b) Reubicar al ocupante de la fracción deficitaria adjudicándole la parcela disponible más próxima que reuniere similares o superiores características.
c) Cuando no fuera posible ninguna de las soluciones anteriormente enunciadas deberá indemnizarse al ocupante el valor del derecho que le corresponde por la ocupación del lote y las mejoras realizadas en el mismo.
Art. 9º.- Podrán adjudicarse parcelas integradas en forma indivisible por parte de propiedad exclusiva y partes en co-propiedad. En estos casos el derecho de cada propietario en los bienes comunes es inseparable del dominio, uso y goce de su respectiva unidad exclusiva. La reglamentación determinará la forma de constitución y administración de estas parcelas.
Art. 10.- Los títulos de dominio se otorgarán por intermedio de la Escribanía de Gobierno, estando exentos del pago de impuestos, tasas y honorarios.
Art. 11.- La adjudicación en propiedad de las parcelas se realizará a precio promocional en los plazos y condiciones que establezca la reglamentación. Cuando se hubiere acreditado una ocupación por el término de veinte (20) años o más, en forma personal o por la suma de ocupaciones de padres e hijos, la adjudicación se realizará sin cargo.
Art. 12.- En todos los casos en que tengan lugar reubicaciones, las mejoras serán indemnizadas o computadas a cuenta del precio.
Art. 13.- El Poder Ejecutivo podrá declarar la reserva de áreas ecológicas de interés social a las parcelas que fueren necesarias para la conservación y recuperación del suelo, flora y fauna, pudiendo otorgar permisos o concesiones de uso para caza y/o recolección de frutos y productos. Las mismas serán destinadas a las explotaciones culturales tradicionales de los grupos humanos que ocupan el lote fiscal.
Art. 14.- Los integrantes de las comunidades aborígenes optarán por cualquiera de las formas de adjudicación establecidas por esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º y 17, pudiendo adquirir la propiedad de la o las parcelas en forma individual o colectiva, constituyéndose en este último caso, como persona jurídica.
Art. 15.- Si una comunidad ocupara una fracción menor de la necesaria para su desenvolvimiento y las superficies linderas se encontraren ocupadas en forma individual, tendrá prioridad la ocupación integrada o comunitaria, siendo él o los ocupantes individuales reubicados o indemnizados.
Art. 16.- Los adjudicatarios de parcelas rurales se obligarán a mantener la misma en producción en forma personal y por el término de diez (10) años. Queda prohibido por igual término vender o arrendar la misma, salvo supuestos excepcionales debidamente fundados en que así lo disponga la autoridad de aplicación. El incumplimiento de las obligaciones antes consignadas será causal de revocación, quedando las sumas abonadas para la Provincia en concepto de compensación por el uso del predio.
Art. 17.- La adjudicación de una parcela rural no es incompatible con la propiedad de una parcela urbana.
Art. 18.- Cuando la realización del proyecto de regularización jurídica sea necesaria la libre disponibilidad de todo o parte de las tierras del lote fiscal 55, se declararán de utilidad pública y sujetos a expropiación, por intermedio del Poder Ejecutivo, los derechos que se invoquen; las mejoras; y aquellos otros emergentes de titulaciones insuficientes u ocupaciones mayores de diez (10) años.
Art. 19.- No se reconocerá la validez de los hechos o actos jurídicos que puedan haber alterado la situación física y/o jurídica de las fracciones ocupadas, y en particular de los actos posesorios sobre cualquier superficie dentro del Lote Fiscal Nº 55, posterior al 1º de enero de 1980 en la zona rural.
Art. 20.- A fin de determinar la situación ocupacional del Lote Fiscal Nº 55, el Poder Ejecutivo realizará un relevamiento de la forma y condiciones de la ocupación, antecedentes y derechos que se aleguen; superficie, linderos, mejoras y uso actual y en general toda la información atingente a los requisitos que fija la presente ley para el reconocimiento de los derechos de los ocupantes.
Art. 21.- Con respecto a los ocupantes aborígenes, se utilizará la información obtenida a través del Censo Poblacional Aborigen 1983, disponiéndose relevamientos complementarios en caso de ser necesario.
Art. 22.- La información obtenida y los antecedentes documentales obrantes en reparticiones oficiales, serán volcados en un Registro Gráfico Preliminar.
Art. 23.- Concluido el relevamiento se notificará por las formas que determine la reglamentación, a los ocupantes relevados para que concurran a los lugares determinados al efecto y que deberán encontrarse ubicados dentro de la zona, a fin de que presenten los antecedentes y documentación que acrediten sus pretensiones. Asimismo se publicarán edictos, por quince (15) días, en los diarios de la Provincia y Boletín Oficial citando a los ocupantes no relevados y a todos aquellos que se consideren con derecho, a los mismos fines del párrafo anterior. En ambos casos se fijarán los plazos de caducidad que correspondan.
Art. 24.- Tratándose de comunidades aborígenes, las notificaciones deberán ser realizadas en la persona de quien los represente habitual y tradicionalmente.
Art. 25.- La autoridad de aplicación brindará asesoramiento a quienes lo requieran, a efectos de que realicen en forma correcta las presentaciones a que se hace referencia en el artículo anterior.
Art. 26.- Con toda la información y los antecedentes presentados, la autoridad de aplicación estudiará cada uno de los casos, verificando el cumplimiento de los requisitos que establece la presente ley y procurando la conciliación en las situaciones de conflicto, celebrando convenios de adjudicación con los presentantes “ad referéndum” del Poder Ejecutivo, en los que constará la conformidad del o los adjudicatarios.
Art. 27.- En caso de fracasar las gestiones conciliatorias, si hubieren ocupantes que no se avengan a las propuestas de adjudicación que se les formulen, la Provincia accionará por reivindicación.
Si se opone como excepción la prescripción adquisitiva y la misma prospera, facúltase al Poder Ejecutivo a expropiar la fracción de que se trate, en todo o parte a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley.
Art. 28.- Si del estudio de antecedentes, alguna de las áreas que conforman el Lote Fiscal Nº 55 presentare conflictos de gravedad tal que requieran el previo saneamiento jurídico de la situación, la autoridad de aplicación en virtud de los artículos 2º y 20, solicitará al Poder Ejecutivo las expropiaciones necesarias a fin de llevar adelante las adjudicaciones que correspondan.
Art. 29.- La determinación de las parcelas podrá efectuarse mediante mensuras expeditivas, en base a la fotografía aérea.
Art. 30.- Una vez procesada el área, la autoridad de aplicación elevará al Poder Ejecutivo, para su aprobación el Proyecto definitivo de Regularización del Area, el que deberá contener:
a) Proyecto de subdivisión con la determinación de las parcelas destinadas a adjudicar en propiedad a los particulares, a uso público, áreas de interés social y parcelas disponibles.
b) Nómina de adjudicatarios con legajos individuales de cada uno de ellos, los que deberán contener: sus datos personales completos, la presentación que hubieren efectuado de acuerdo al artículo 25 y toda la documentación acompañada, convenio de adjudicación, si lo hubiere, y todo otro antecedente que la reglamentación determine.
c) Los casos de indemnización del artículo 8º, inciso c).
d) Las áreas ecológicas de interés social –artículo 13-.
e) Informe general sobre el proyecto elevado.
Art. 31.- El Poder Ejecutivo girará el proyecto a la Fiscalía de Estado para que asesore sobre sus aspectos jurídicos, luego de lo cual aprobará, modificará, o rechazará el citado proyecto y en el caso que corresponda dictará los decretos de adjudicación a fin de cumplimentar lo establecido por el artículo 10 de la presente ley.
Art. 32.- Será autoridad de aplicación de la presente ley una comisión integrada por: los Ministros de Economía, de Bienestar Social y el Secretario de Estado de Planeamiento, los que podrán delegar estas funciones en representantes permanentes y designar el coordinador general de tareas, como así también el presidente del Instituto Provincial del Aborigen y un miembro de las Comisiones del Aborigen de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Provincia.
Art. 33.- Comuníquese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Salta, a los seis días del mes de Agosto del año mil novecientos ochenta y siete.
Dr. Alfredo Musalem – Novoa – Román – Oliver.
Carta municipal de la Municipalidad de Tartagal
Promulgada por Decreto Nº 1.417 del 28/07/89. Sancionada el 13/07/89. Carta municipal de la Municipalidad de Tartagal. B.O. Nº 13.256.
Capitulo VI Deberes Sociales. Sección 2 De las Comunidades Aborígenes
Art. 135.- El Gobierno Municipal protege al aborigen por medio de una legislación adecuada, fomentando la preservación de sus costumbres, creencias y pautas culturales.
El Municipio brindará colaboración técnica en cuanto al desarrollo de sus actividades económicas. Propiciará la inserción de estas comunidades en el resto de la sociedad promoviendo su participación en los empleos públicos, planes de viviendas adjudicación de tierras municipales, etc.
Promulgada el 30/11/89. Sancionada el 09/11/89. Reordenamiento territorial. B.O. Nº 13.342. Expte. Nº 90-385/85.
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objetivos dentro de una política de reordenamiento territorial.
a) El aprovechamiento racional de los inmuebles rurales pertenecientes al dominio privado del Estado Provincial.
b) Posibilitar a sus ocupantes el acceso a la propiedad de la tierra.
c) Radicar en las áreas libres de ocupantes, nueva población que cuente con aptitud y vocación para su explotación.
Art. 2º.- A los fines del artículo precedente se partirá del conocimiento de la naturaleza y aptitud de los suelos, características climáticas, infraestructura que poseen, sus recursos naturales y se elaborarán planes de explotación y uso que posibiliten el mantenimiento, la previsión y el progreso socio-económico del adjudicatario.
Art. 3º.- Para el cumplimiento de los objetivos enunciados en la presente ley se destinarán y quedarán afectados al régimen de la misma.
a) La totalidad de las tierras fiscales rurales del dominio privado de la Provincia.
b) Las tierras que se adquieran a título oneroso o gratuito.
c) Las tierras que ingresaren al fisco por herencias vacantes.
Art. 4º.- A fin de instrumentar los distintos planes de ordenamiento territorial y/o colonización, el organismo de aplicación deberá efectuar exhaustivos relevamientos en los lotes fiscales provinciales destinados a contar con un diagnóstico previo sobre:
a) Antecedentes jurídicos sobre el origen del dominio y títulos provinciales.
b) Estudio sobre los recursos naturales y ecológicos de cada uno de los predios mencionados en el artículo 3º de la presente ley.
c) Forma, tiempo y condiciones de la ocupación, con antecedentes, derechos, uso actual, mejoras y en general, toda la información atinente para el eventual reconocimiento de los derechos de los ocupantes.
d) Superficie libre de ocupantes.
Cumplimentados estos estudios, se instrumentarán los respectivos Planes de Regularización y Colonización, con proyectos generales y particulares para cada área, su seguimiento y evaluación.
Capitulo I. Regularización de la Ocupación – Procedimiento
Art. 5º.- Los ocupantes de fracciones de lotes fiscales provinciales, cualquiera sea su condición, sexo, cultura u origen, podrán solicitar la adjudicación o el reconocimiento de los derechos emergentes de la presente ley.
Art. 6º.- Para adjudicar las respectivas fracciones, se tendrá en cuenta la ocupación pacífica y actual, consolidada en el tiempo y los antecedentes de hecho y de derecho sobre la cual se apoye.
Art. 7º.- Para ser adjudicatario, los ocupantes deberán reunir los siguientes requisitos:
b) Residir efectivamente en los predios fiscales.
c) Tendrán preferencias los anteriores ocupantes, que hayan sido desplazados.
Art. 8º.- A efectos de un racional parcelamiento y equitativo proceso de adjudicación, se deberá tener en cuenta las normas vigentes sobre constitución de la unidad económica, salvo supuestos excepcionales, en que por mediar razones de interés social, debidamente fundados y acreditados, hagan aconsejable apartarse de tal criterio. Las parcelas a adjudicar, deberán ser dentro de las disponibilidades superficiarias existentes en cada lote fiscal, unidades económicas y comprender las fracciones en que tenga lugar la ocupación actual, salvo supuestos en que por imprescindibles razones derivadas del diseño del parcelamiento, superposición o tamaño, fuere necesario disponer reubicaciones.
Art. 9º.- En los supuestos de ocupaciones cuya superficie resultare inferior a la unidad económica, se procederá a:
a) Adjudicar la fracción ocupada siempre que circunstancias sociales o económicas, debidamente fundadas, aconsejen este criterio, pero previendo en estos casos la complementación de superficies o medidas de apoyo y/o crediticias para posibilitar el indispensable desenvolvimiento del adjudicatario.
b) Reubicar al ocupante de la fracción deficitaria, adjudicándole parcelas disponibles próximas, que reunieran similares o superiores características.
c) Cuando no fuere posible ninguna de las soluciones anteriores, deberá preverse en el respectivo Plan de Regularización y Normalización, la indemnización al ocupante por las mejoras realizadas.
Art. 10.- Para la consideración de la unidad económica podrá admitirse la constitución de parcelas por polígonos discontinuos, en los casos previstos en el Capítulo I de esta ley.
Art. 11.- Podrán adjudicarse parcelas integradas en forma indivisible por partes de propiedad exclusiva y partes en co-propiedad. En estos casos, el derecho de cada propietario en los bienes comunes es inseparable del dominio, uso y goce de su respectiva unidad exclusiva. La reglamentación determinará la forma de constitución y administración de estas parcelas.
Art. 12.- En cada Plan de Regularización y Normalización, se podrá declarar la reserva de áreas destinadas a la conservación recuperación de suelos, implantación de infraestructura y equipamiento socio-comunitario y unidades modelos para la investigación y capacitación rural. En los casos correspondientes podrán otorgarse permisos o concesiones de uso para las actividades culturales tradicionales de los grupos humanos asentados en cada área.
Art. 13.- Los integrantes de las comunidades aborígenes podrán optar por cualquiera de las formas de adjudicación establecidas por esta ley y las normas pertinentes de leyes de Promoción y Desarrollo del Aborigen.
Art. 14.- Si una comunidad aborigen ocupara una fracción menor de la necesaria para desenvolvimiento y las superficies linderas se encontraren ocupadas en forma individual, tendrá prioridad aquella ocupación, siendo el o los ocupantes individuales, reubicados en otras fracciones del área o estableciendo su prioridad para ser adjudicatario en los Planes de Colonización establecidos en el Capítulo II de la presente ley.
Art. 15.- Los adjudicatarios se obligarán a mantener las parcelas en producción en forma personal de acuerdo al respectivo Plan de Regularización y Normalización. Queda prohibido por el término que fije el organismo de aplicación, que no podrá ser inferior a diez (10) años a partir de la adjudicación, vender o arrendar la misma, salvo supuestos excepcionales debidamente fundados. El incumplimiento de dichas obligaciones será causal de revocación, quedando las sumas que se hubiesen abonado para la Provincia en concepto de compensación por el uso del predio.
Art. 16.- La adjudicación de una parcela rural no es incompatible con la propiedad de una parcela urbanas, siempre que en el correspondiente Plan de Regularización y Normalización, así se estableciese.
Art. 17.- Los títulos de dominio serán otorgados por intermedio de la Escribanía de Gobierno, estando exentos del pago de impuestos, tasas y honorarios.
Art. 18.- La adjudicación en propiedad de las parcelas se realizará a precio promocional con un período de gracia no menor de cinco (5) años, en los plazos y condiciones que establezca la reglamentación. Cuando se acreditase una ocupación por el término de veinte (20) años o más, en forma personal o por sumas de ocupaciones de padres e hijos, la misma se efectuará sin cargo.
Art. 19.- A fin de determinar la situación ocupacional de los lotes fiscales provinciales, el organismo de aplicación realizará los respectivos relevamientos conforme al artículo 4º de la presente ley.
Art. 20.- La información así obtenida y los antecedentes documentales obrantes en reparticiones oficiales serán volcados a un Plan Preliminar de Regulación y Normalización.
Art. 21.- Concluido el relevamiento se notificará mediante las formas que fije la reglamentación, a los respectivos ocupantes para que concurran a los lugares determinados al efecto, a fin de que presenten los antecedentes y documentación que acrediten sus pretensiones. A los mismos fines se publicarán edictos por quince (15) días, en los diarios de la provincia y Boletín Oficial citando a los ocupantes no relevados y a todos aquellos que se consideren con derecho. En ambos casos se fijarán los plazos de caducidad que correspondan. Cuando se trate de comunidades aborígenes, las notificaciones deberán ser realizadas a través del Instituto Provincial del Aborigen.
Art. 22.- El organismo de aplicación brindará asesoramiento a los interesados, a efectos de que realicen las presentaciones a que hace referencia el artículo anterior.
Art. 23.- Con toda la información y los antecedentes presentados, el organismo de aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos que establece la presente ley, procurando la conciliación en las situaciones de conflicto y asegurando la efectiva participación de los ocupantes. Podrá incluso, promover convenios o acuerdos entre las partes.
Art. 24.- En caso de fracasar las gestiones conciliatorias realizadas por el organismo de aplicación, la Provincia interpondrá las acciones judiciales correspondientes.
Art. 25.- La determinación de las parcelas podrá efectuarse mediante mensuras expeditivas en base a fotografía aérea y/o procedimientos tradicionales.
Art. 26.- Una vez procesada cada área y su respectiva información, el organismo de aplicación confeccionará el correspondiente Plan de Regularización y Normalización, cuyo contenido será fijado por la presente ley y su reglamentación.
Capitulo II. Colonización de Areas no Ocupadas
Unidades de Colonización
Art. 27.- Serán destinadas a la colonización:
a) Las tierras fiscales libres de ocupantes.
b) Los remanentes y/o fracciones resultantes, luego de la aplicación de los Planes de Regularización y Normalización a que hace referencia el Capítulo I de la presente ley.
c) Las tierras que se adquirieren a título oneroso o gratuito y los inmuebles rurales que ingresaren al fisco por herencias vacantes.
Art. 28.- Se entenderá por “Unidades de Colonización”, a los fines de aplicación de la presente ley, las superficies libres de ocupantes, que por sus condiciones agro-ecológicas, explotadas racionalmente, aseguren rentabilidad y evolución favorable a la empresa, agropecuaria, forestal y agro-industrial. Dichas unidades de colonización deberán ser compatibles con el concepto de unidad económica definida por las normas legales en vigencia.
Art. 29.- Las empresas a que hace referencia el artículo anterior, podrán estar constituidas por:
a) Empresas familiares, en las cuales la actividad económica se desarrolla con el trabajo del titular y su familia.
b) Empresas no familiares, en las cuales la actividad económica está desarrollada por personas físicas o jurídicas que emplean habitualmente el trabajo asalariado.
c) Las Cooperativas de Producción.
Art. 30.- El Organismo de aplicación elaborará un Plan General de Colonización una vez completado el diagnóstico al que hace referencia el artículo 4º de la presente ley, como así también, los planes particulares a que hubiere lugar, atendiendo a cada situación específica.
Art. 3º.- En los respectivos Planes de Colonización deberán efectuarse las reservas necesarias para las obras de infraestructura socio-comunitarias y la constitución de unidades modelo para los fines de investigación y educación rural.
Art. 32.- Las unidades de colonización podrán ser adjudicadas en:
a) Forma directa.
b) Por concurso público.
Art. 33.- Quedan comprendidos en el inciso a) del artículo 32, a criterio del Organismo de aplicación, aquellos ocupantes a ser reubicados según lo dispuesto por el artículo 14 de la presente Ley. Además, los casos de tierras fiscales rurales, que por su reducida extensión y características y/o aislamiento con respecto a superficies de mayor dimensión, tomaren inadecuada la implementación de los correspondientes planes.
Art. 34.- La adjudicación mediante concurso público se hará atendiendo a lo dispuesto por la reglamentación, en base al siguiente rango de prioridades.
a) Especificidad y aptitud técnica para las explotaciones previstas en cada Plan de Colonización, las que serán evaluadas con criterios objetivos por el organismo de aplicación, siempre que los adjudicatarios no posean otros inmuebles rurales en el territorio de la Provincia.
b) Las personas físicas o jurídicas que promuevan la implantación de actividades secundarias o la integración agro-industrial, que posean recursos económicos y financieros suficientes para hacer viable los tipos de explotación y uso previstos en los respectivos plantes de colonización.
Sujetos de las Adjudicaciones
Art. 35.- Serán sujetos de las Adjudicaciones, las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones exigidas por los pertinentes planes de colonización, además de los siguientes requisitos básicos.
a) Tener capacidad para contratar de acuerdo a las disposiciones del Código Civil.
b) No registrar condenas por delito doloso, salvo que hubiesen sido cumplidas y rehabilitados en su causa.
c) Ser argentino nativo, o argentino nacionalizado o extranjero, con radicación definitiva o ingresado al país como inmigrante, de conformidad a la legislación vigente.
a) Que se encontraren legalmente constituidas.
b) Que tenga domicilio legal en la Provincia.
c) Que sus socios o directores acrediten los requisitos básicos exigidos para las personas físicas.
Art. 36.- No podrán ser adjudicatarios los funcionarios o empleados de los Organismos públicos intervinientes, en la aplicación de la presente ley, y sus familiares hasta el segundo grado, mientras duren en sus respectivas funciones o durante el período de ejecución de los correspondientes planes de colonización.
Derechos y Obligaciones de los Adjudicatarios
Art. 37.- Los adjudicatarios tendrán los siguientes derechos a partir de la suscripción del contrato de adjudicación.
a) Al asesoramiento técnico por parte del Organismo de aplicación, en todo lo referente a la racionalidad de la explotación del predio adjudicado, industrialización y formas de comercialización de los productos y frutos.
b) A los créditos promocionales establecidos por los bancos oficiales.
c) Al reconocimiento del valor de las mejoras necesarias y útiles que hubieran introducido en cumplimiento del Plan, en caso de rescisión o caducidad de la adjudicación, cuando así correspondiere.
d) Extensión del título de propiedad en las condiciones y oportunidades determinadas en esta Ley.
Art. 38.- Los adjudicatarios tendrán las siguientes obligaciones, a partir de la celebración del contrato de adjudicación.
a) Acatar las normas generales y especiales que, para cada caso se impartieren de acuerdo a las leyes y reglamentos.
b) Efectuar los pagos previstos en los contratos de adjudicación.
c) Abstenerse de arrendar, dar en aparcería o mediería y otras formas, fuera de los casos expresamente previstos en el contrato, en esta ley y sus decretos reglamentarios.
d) Observar en buen estado las mejoras existentes en la unidad de colonización. No subdividir la unidad adjudicada sin previa autorización del organismo de aplicación.
e) No subdividir la unidad adjudicada, sin previa autorización del organismo de aplicación.
f) Cumplir con el Plan de Colonización instrumentado por el organismo de aplicación.
Art. 39.- El precio de venta de las parcelas será fijado por el organismo de aplicación de acuerdo a los valores reales que establezca la Dirección General de Inmuebles.
Art. 40.- El organismo de aplicación establecerá en cada caso la forma de pago de la unidad de colonización, fijando los plazos de amortización, intereses, bonificaciones y reajustes.
Art. 41.- En los casos de reubicación contemplados en el Capítulo I, la transmisión del dominio se efectuará con carácter de donación y/o precio promocional con un período de gracia no menor: de cinco (5) años según correspondiere, siempre que los adjudicatarios efectúen expresa y previa renuncia a toda acción y derecho, sobre las tierras que ocupaban y las mejoras realizadas en ellas o cualquier otro derecho emergente de la ocupación.
Conclusión de las Adjudicaciones
Art. 42.- Las Adjudicaciones concluyen por:
a) Renuncia expresa del adjudicatario.
c) Liquidación por concurso civil o quiebra.
Art. 43.- El contrato de compra venta quedará automáticamente resuelto por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.
Art. 44.- Resuelto el contrato según lo previsto en el artículo 43, la indemnización por daños y perjuicios a favor del Estado, provenientes de tal incumplimiento, será compensada con el valor de las mejoras incorporadas, en las condiciones que determine la reglamentación.
Otorgamiento y caracteres del Título de Propiedad
Art. 45.- El Otorgamiento del Título de Propiedad respectivo a favor del adjudicatario, tendrá lugar cuando se dé cumplimiento a todas las obligaciones a cargo del adjudicatario, originadas en esta ley, sus decretos reglamentarios, el contrato de compra y venta y el respectivo Plan de Colonización.
Art. 46.- Los Planes de Colonización serán exigibles aún mediando escrituras traslativas del dominio. A tales fines, dichos planes serán transcriptos en el pertinente título, como así también las garantías para asegurar el cumplimiento de los mismos.
Art. 47.- Sin perjuicio de lo anterior, el dominio transferido podrá ser revocado por incumplimiento de las obligaciones a cargo del adjudicatario. La unidad de colonización sólo podrá enajenarse una vez cumplidas las condiciones de los respectivos planes de colonización y los contratos de ajudicación, quedando a criterio del Organismo de aplicación, fijar los plazos respectivos y autorizar la enajenación de los predios en casos excepcionales debidamente fundados.
Art. 48.- Cumplidas las condiciones previstas en el Art. 45 de la presente ley, los títulos traslativos del dominio serán otorgados por medio de la Escribanía de Gobierno en idénticas condiciones que las normadas por el artículo 17.
Capitulo III. Organismo de Aplicación
Art. 49.- El Poder Ejecutivo determinará el Organismo de aplicación de la presente Ley, el que tendrá las siguientes facultades:
a) Realización de los relevamientos y diagnóstico de situación previstos en el artículo 4º.
b) Confección de los Planes de Regularización y Ordenamiento de ocupantes, los que deberán contener básicamente los proyectos de subdivisión parcelaria, los predios a adjudicar en propiedad, los destinados a usos públicos, las reservas, las parcelas disponibles, nómina de adjudicatarios con sus respectivos legajos individuales, indemnizaciones por mejoras, reubicaciones y todo otro antecedente que la reglamentación determine.
c) Promoción de convenios y acuerdos entre partes, proponiendo las mensuras expeditivas y/o tradicionales para delimitación de los predios.
d) Confección de los Planes de Colonización en las tierras fiscales libres de ocupantes, cuyo contenido será fijado por la respectiva reglamentación.
e) Confección del Programa General de Ordenamiento Territorial y uso del espacio.
f) Proponer la declaración de utilidad pública de aquellos inmuebles rurales necesarios para la realización de los respectivos planes de regularización y colonización.
g) Fomentar la capacitación y la constitución de asociaciones o sociedades rurales destinadas a promover el desarrollo integral de los adjudicatarios.
h) Promover la conservación, recuperación y explotación racional de los suelos y sus recursos naturales, procurando la integración agro-industrial.
i) Proponer convenios con las municipalidades para la regularización ejidal, dentro de sus respectivas jurisdicciones y que se vinculen con la ejecución de los Planes de Regularización y Colonización.
j) Administrar el Fondo de Colonización (FOC) que se crea por esta ley.
Patrimonio – Recursos
Art. 50.- Créase el Fondo de Colonización (FOC) que estará integrado por los recursos que se detallan a continuación:
a) Las partidas que anualmente y de modo especial destine la ley de Presupuesto.
b) Las tierras fiscales rurales que se destinen específicamente a tal fin.
c) El producto de la venta de las tierras fiscales especialmente afectados al presente régimen legal.
d) Las donaciones y legados con destino a este fin, y las propiedades rurales provenientes de herencia vacantes.
e) Las sumas recaudadas en concepto de sanciones o multas pactadas en los contratos de adjudicación y aquellas provenientes de los pagos efectuados por los adjudicatarios y las que se hubiesen percibido en caso de rescisión de los respectivos contratos.
f) Todo otro ingreso no contemplado en este artículo que fuese compatible con los fines y objetivos de la presente ley.
Art. 51.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de noventa (90) días desde la fecha de su publicación oficial.
Art. 52.- Deróganse las Leyes Nºs. 1551 y 5713 y toda otra disposición que se opusiere a la presente.
Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los nueve días del mes de noviembre de año mil novecientos ochenta y nueve.
Reglamenta ley 6570 Ley de Colonización de Tierras Fiscales. Salta, 14 de Mayo de 1990 Boletín Oficial, 05 de Julio de 1990
Visto la sanción de la Ley Nº 6.570 y su promulgación por Decreto Nº 2.023/89; y, Ref. Normativas: Ley 6.570 de Salta Decreto 2.023/89 de Salta
Que resulta necesario su reglamentación de acuerdo a lo establecido por el artículo 51 de la misma, siendo intención del Poder Ejecutivo imprimir una nueva dinámica en la ejecución efectiva de su política en materia de tierras fiscales, que permita avanzar con continuidad y orden en la regularización jurídica de la propiedad inmobiliaria;
Que resulta indispensable determinar el organismo de aplicación dispuesto por el artículo 9º de la Ley Nº 6.570, asegurando procedimientos adecuados para la ejecución de la política provincial en materia de regularización jurídica y colonización, evitando en lo posible la creación de nuevas estructuras, el sobredimensionamiento del Estado y erogaciones innecesarias;
Que por Decreto Nº 566/89 se ha constituido el Programa de Adjudicación de Tierras Fiscales al que se ha afectado diverso personal técnico y profesional de distintas áreas del gobierno;
Artículo 1º - Las políticas de colonización y ordenamiento territorial, se efectuarán conforme lo establece la Ley Nº 6.570, el presente decreto reglamentario y los respectivos planes de regularización y colonización que sean elaborados por el organismo de aplicación, atendiendo en primer lugar a posibilitar el acceso a los ocupantes de parcelas fiscales a título de dominio perfecto sobre los mismos, al estímulo de la radicación de nuevos pobladores y colonos en dichos predios promoviendo la expansión y el desarrollo agropecuario, como así también, la preservación de los recursos naturales y su racional aprovechamiento.
Relevamiento de lotes fiscales y ocupantes (artículos 2 al 2)
Artículo 2º - Para el cumplimiento de dichos fines y la efectivización de los relevamientos a los que se refieren los artículos 2º, 4º, 19 y 49 Inc. a) de la Ley Nº 6.570, el organismo de aplicación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) Situación física - jurídica de los predios:
2. Dimensión de los mismos, antecedentes jurídicos y dominio actual.
3. Vías de comunicación.
4. Mapa de suelo (aptitud y uso).
5. Aguas superficiales y subterráneas (calidad y ubicación).
6. Régimen pluviométrico anual.
7. Cobertura vegetal.
8. Áreas sujetas a restricciones y servidumbres.
9. Descripción ecológica.
b) Situación de ocupación:
1. Censos de ocupantes.
2. Origen, tiempo y condiciones actuales de la ocupación.
3. Ubicación de las áreas ocupadas. Superficie estimada.
4. Mejoras y hechos físicos materializados.
5. Linderos.
6. Uso del suelo.
c) Espacios libres de ocupantes:
1. Ubicación precisa.
2. Descripción de sus principales características en relación a los aspectos mencionados en el acápite a).
Previo a los relevamientos de referencia, deberá recabarse toda la información existente en los organismos públicos provinciales a los efectos de posibilitar su efectiva realización y el diseño posterior de los correspondientes planes de regularización y colonización.
De la regularización de ocupantes. Procedimiento (artículos 3 al 16)
Artículo 3º - Para el caso de adjudicaciones de parcelas según los mecanismos previstos en el Capítulo I de la Ley Nº 6.570, se tendrá en cuenta una racional distribución de las parcelas, atendiendo a la real ocupación de las mismas, su proximidad a centros de servicios rural, a la cantidad y calidad de los recursos naturales, vías de comunicación y accesos, fuentes de agua y demás condiciones necesarias para el armónico desarrollo.
Artículo 4º - El parcelamiento se realizará atendiendo lo indicado en el artículo anterior, tomando como base la ocupación efectiva y continuada y procurando que las unidades de adjudicación alcancen la superficie de una unidad económica, cuya caracterización se establece en el artículo 17 del presente reglamento. También podrá estudiarse las vinculaciones familiares existentes a fin de proponer a los ocupantes adjudicaciones conjuntas como alternativas de regularización.
Artículo 5º - Cuando la ocupación a reconocer no llegue a constituir una unidad económica y no sea posible la reubicación del ocupante, prevista por otra parte en los artículos 8º, 9º incs. a) y b) y 33, igualmente se adjudicará al respectivo título de dominio implementando en estos casos, las medidas de apoyo a las que se refiere el artículo 9º inc. a) de la Ley Nº 6.570, que consistirán en acciones técnicas, financieras y económicas que favorezcan un mejor aprovechamiento de los predios, con el asesoramiento a pobladores para ejecutar proyectos participativos, provisión de insumos y herramientas, mejoramiento zootécnico de los recursos naturales y un mayor nivel de calidad de vida.
Artículo 6º - En los casos que resultare imprescindible la reubicación del o los ocupantes, estos podrán optar:
a) Aceptar ser reubicados en otra parcela rural.
b) Permutar su derecho por la adjudicación de parcelas subrurales, atendiendo a la respectiva caracterización de la Dirección General de Inmuebles y el organismo de aplicación de la Ley Nº 6.570.
c) Acogerse al beneficio indemnizatorio previsto en el artículo 8º Inc. c) de la ley. Habiendo realizado esta opción, la fracción ocupada deberá desalojarse en un plazo no mayor de un año.
Artículo 7º - A los efectos del artículo 9º inc. b) de la ley, el organismo de aplicación notificará fehacientemente a los ocupantes sobre los casos re reubicación, fijando un plazo de treinta (30) días para que los mismos ejerzan las oposiciones a que se consideren con derecho.
Artículo 8º - La indemnización para los casos previstos en el artículo 9º inc. c) de la ley, si correspondiere, se determinará por el valor fiscal del predio anteriormente ocupado, más sus mejoras incorporadas al suelo en forma permanente.
Artículo 9º - De ser necesario se promoverán acuerdos entre colindantes; cuando se trate de transferencias del dominio a grupos humanos tradicionalmente asentados en los predios, se podrá también, adjudicar parcelas en condominio cuyos titulares serán las respectivas cabeza de familia y/o personas mayores de 21 años que cumplan los requisitos fijados por los artículos 5º, 6º y 7º de la ley, los que quedarán obligados a no subdividir, ni enajenar el inmueble por cincuenta (50) años, renovable por decisión de la mayoría.
Artículo 10.- El condominio será administrado por un consejo integrado por tres (3) o cinco (5) miembros elegidos por los condominios respectivos. Dicho consejo representará al condominio en la relación con terceros y estará facultado únicamente para disponer las mejoras de beneficio común, velar por la preservación de los recursos naturales y responder por los gastos y cargas del inmueble.
Artículo 11.- Para los casos previstos en el artículo 11 de la ley y existiendo inmuebles constituidos en partes por propiedad exclusiva y en partes por propiedad exclusiva y en partes en copropiedad, los copropietarios acordarán las normas para su organización y funcionamiento contando con el asesoramiento del organismo de aplicación si fuere necesario.
Artículo 12.- Determinadas por el organismo de aplicación las áreas destinadas a reseras según lo establecido por el artículo 12 de la ley, podrán ser otorgados permisos o concesiones de uso dentro de las normas que fijen las respectivas particiones técnicas provinciales.
Artículo 13.- El plan de regularización y normalización al que se refieren en los artículos 9º Inc. c), 12, 15, 16, 20 y 26 de la ley, deberá contener básicamente lo siguiente:
a) Registro gráfico confeccionado según los datos obtenidos por los relevamientos indicados en el artículo 2º de la presente reglamentación.
b) Solicitudes y legajos individuales de los ocupantes.
c) Constancias de las notificaciones respectivas.
d) Reubicaciones e indemnizaciones por mejoras.
e) Constitución de condominios.
f) Áreas de reservas naturales, si las hubiere.
g) Opinión del IPA, si así correspondiere.
Artículo 14.- A los efectos establecidos por el artículo 21 de la ley, los pobladores relevados serán notificados personalmente por notificadores ad-hoc, que designará el organismo de aplicación; la notificación se efectuará por cédula en la que se consignarán en forma clara y precisa los lugares y horarios a los que deberá concurrir el ocupante para acreditar sus pretensiones a la adjudicación del inmueble, acompañando los antecedentes que tuviere e indicando las personas que podrán declarar como testigos.
La notificación se hará en la persona del jefe del grupo familiar, individualizándoselo en el acto de la diligencia. En todos los casos el notificador deberá leer al notificado el contenido de la cédula, dejando constancia de ello y entregando una copia.
El plazo de presentación que también se consignará en la cédula será de veinte (20) días hábiles a partir del acto notificatorio, caducando a su vencimiento la posibilidad de formular oposición u observaciones, apercibimiento que deberá estar expresamente incorporado en el texto de cada cédula, pudiendo sin embargo dicho plazo ser prorrogado por el organismo de aplicación por un período igual cuando se invocaren razones fundadas. Modificado por: Decreto 1.944/01 de Salta
Artículo 15: A los mismos fines y por tres días en fechas equidistantes entre sí para abarcar un período de quince (15) días, se publicarán edictos en el diario de mayor circulación en el ámbito provincial, como así también en el Boletín Oficial, por los que se citará a los ocupantes no relevados y a todos aquellos que se consideren con derechos, caducando al cumplirse los 30 (treinta) días de la última publicación la posibilidad de formular cualquier oposición u observación, apercibimiento que deberá estar expresamente incorporado en el texto de cada publicación.
Artículo 16.- En los lugares de concurrencia que se indiquen en las cédulas respectivas, el organismo de aplicación asignará los agentes necesarios para asesorar a los presentantes conforme con el artículo 22 de la ley. La presentación de antecedentes se hará mediante formularios, los que deberán completarse por los referidos agentes, conforme los datos que suministren los interesados.
De la colonización de áreas no ocupadas. Procedimiento (artículos 17 al 28)
Artículo 17.- Las unidades de colonización deberán ser compatibles con el concepto de unidad económica establecido por el artículo 2.326 del Código Civil, la Ley provincial Nº 5.304 y las respectivas reglamentaciones de la Dirección General de Inmuebles.
Artículo 18.- Las Cooperativas de Producción a la que se refiere el artículo 29 inc. c) de la ley, deberán estar constituídas en lo posible por arrendatarios rurales, aparceros, medieros, pequeños productores de unidades económicas insuficientes, minifundios, trabajadores y profesionales del campo.
Artículo 19.- El plan general de colonización a que se refiere el artículo 30 de la ley deberá contener sin perjuicio de otras especificaciones lo siguiente:
a)Los resultados de la evaluación y conclusiones obtenidas de los relevamientos realizados conforme a lo expresado por el artículo 2º de la presente reglamentación.
b)Servicios e infraestructura mínima indispensable para el asentamiento e iniciación de la actividad productiva.
c)Estudio de factibilidad técnico-económica que serán realizados por el organismo de aplicación y las reparticiones pertinentes a las que se consulten, debiéndose contemplar el impacto ecológico social en el medio ambiente.
d)Fuentes y canales de financiación.
e)Planes de aprovechamiento de acuerdo a las normas de manejo sugeridas para las zonas a nivel de proyecto.
f)Pautas mediante las cuales se determine la calificación de antecedentes de las ofertas producidas en los concursos públicos.
g)Los pliegos de los llamados a concursos.
h)Las reservas previstas para las obras de infraestructura sociocomunitarias e instalación de unidades modelos para la investigación y educación rural.
Artículo 20.- La convocatoria y el trámite a concurso público se efectuará atendiendo las normas contenidas en la Ley Nº 6.912/72 y modificatorias de Contabilidad y Reglamentaciones concordantes, debiéndose además darle amplia difusión en medios de prensa locales y Boletín Oficial, en tales anuncios deberá contener:
a)Plan genera de colonización.
b)Lugar y fecha de apertura del concurso.
c)Número máximo de unidades de colonización que podrán adjudicarse a cada postulante y las características de las mismas.
d)Zonas en que están ubicadas las tierras a adjudicar.
e)Precio y forma de pago.
f)Fecha de adjudicación e instrumentación de los documentos traslativos de dominio.
Artículo 21.- Las publicaciones se efectuarán con una antelación de por lo menos 30 días hábiles a la fecha de la apertura del concurso.
Artículo 22.- Los postulantes del concurso deberán presentar los datos e informaciones relativas a sus antecedentes con el carácter de declaración jurada los que podrán ser verificados cuantas veces se estime conveniente.
Artículo 23.- La apertura del concurso tendrá carácter público y se realizará en la sede del organismo de aplicación. Para la evaluación de lo propuesto se fijará un sistema de puntaje, constituyéndose para esos efectos dentro del organismo de aplicación, una comisión de selección y preadjudicación que estará integrada por miembros de aquel organismo, representantes de Escribanía de Gobierno y los organismos técnicos provinciales que el organismo de aplicación juzgue necesario convocar.
Artículo 24.- Cuando los puntaje obtenidos y las ofertas efectuadas por los postulantes no superaran los mínimos que se establezcan en el concurso, éste se declarará total o parcialmente desierto.
Artículo 25.- El resultado de cada concurso será dado a publicidad y se registrará por el escribano de Gobierno actuante, en el respectivo protocolo.
Artículo 26.- Las adjudicaciones deberán ser resueltas dentro de ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de apertura del concurso y se instrumentarán por decreto del Poder Ejecutivo, debiendo los interesados en un plazo de treinta días a partir de su notificación en la misma forma prescripta en el artículo 14, concurrirá a suscribir el contrato respectivo bajo sanción de caducidad de sus derechos. Supuesto éste, que el predio será adjudicado a quien le siguiere en puntaje.
Artículo 27.- El escribano de Gobierno protocolizará los contratos de adjudicación que se suscriban, en los cuales irán insertas las disposiciones del Plan General de Colonización y aquellas particularidades y convencionales que el organismo de aplicación considere necesarias, que actuarán como condiciones del contrato.
Artículo 28.- La compensación a la que se refiere el artículo 44 de la ley será efectuada por el organismo de aplicación atendiendo el justiprecio de las mejora útiles incorporadas por el adjudicatario, que estuvieran autorizadas en la contratación, teniendo éste los recursos que fija la Ley Nº 5.348 de Procedimientos Administrativos de Salta para hacer valer sus eventuales derechos.
Organismo de aplicación (artículos 29 al 37)
Artículo 29.- Será Organismo de Aplicación de la Ley Nº 6570 y del presente Decreto Reglamentario, la Comisión de Tierras Fiscales creada por el Decreto Nº 566/89, la que a los fines de su actuación como Organismo de Aplicación de la referida ley, necesariamente será ampliada a través de una convocatoria cursada a los siguientes organismos:
- Dirección General de Agropecuaria.
- Dirección General de Inmuebles.
- Instituto Provincial del Aborigen (IPAS).
El Organismo de Aplicación solicitará al Poder Ejecutivo la incorporación si fuere necesario de otros miembros pertenecientes a distintos organismos provinciales.
Artículo 30.- El Poder Ejecutivo invitará también a integrar dicha comisión a representantes del sector privado como por ejemplo:
-Cámaras de la Producción.
-U.P.P.A.S.
-Cooperativas Agropecuarias en conjunto.
-Asociaciones de profesionales en conjunto.
-Trabajadores rurales.
Cada sector referido propondrá una terna al Poder Ejecutivo, quien elegirá entre ellos al representante de los mismos, desempeñándose como miembros consultivos.
Los representantes del sector privado no percibirán remuneración alguna, por parte del Estado Provincial, ni podrán usufructuar reconocimiento de gastos.
Artículo 31.- Presidirá el Organismo de Aplicación el señor Ministro de Economía el señor Ministro de Economía y en ausencia del mismo, el Coordinador de tareas de la Comisión de Adjudicación de Tierras Fiscales.
Artículo 32.- El Organismo de Aplicación establecerá su reglamento interno de funcionamiento. Además deberá llevar Libros de Actas de sus reuniones y resoluciones pertinentes, el que será rubricado por el señor Escribano de Gobierno. Sus decisiones serán por simple mayoría de miembros presentes, siendo el quórum para sus sesiones de la mitad más uno de sus miembros permanentes.
Artículo 33.- Dicha comisión podrá requerir la colaboración, participación, estudios técnicos, etc., a los demás organismos provinciales, los que deberán prestar el apoyo necesario para el cumplimiento de sus fines, asimismo podrá solicitar al Poder Ejecutivo la incorporación en carácter de miembros no permanentes a otros agentes que pertenezcan a distintos organismos provinciales.
Artículo 34.- El Organismo de Aplicación, podrá invitar a los Municipios en cuyas jurisdicciones existan terrenos fiscales rurales, a constituir grupos de trabajo locales, con participación del sector público y privado, a efectos del asesoramiento en la aplicación de la Ley Nº 6570 y sus reglamentaciones. Dichos grupos podrán participar en las reuniones del Órgano de Aplicación con voz y sin voto.
Artículo 35.- Serán funciones del Organismo de Aplicación sin perjuicio de las que surjan de la ley y el presente decreto:
a)Solicitar al señor Ministro de Economía los recursos económicos suficientes para su funcionamiento, elaborando actualizadamente el cálculo de recursos, el presupuesto de inversiones y gastos administrativos.
b)Invitar a sus reuniones a los grupos de trabajo municipales y a quienes se considere conveniente para someter a consulta la ejecución de los Programas de Regularización y Colonización.
c)Elaborar periódicamente informes de gestión y avances para ser elevados al Poder Ejecutivo.
d)Proponer las modificaciones a la legislación vigente en las materias que son de su competencia.
e)Resolver los problemas de interpretación y aplicación del presente decreto y de su propio Reglamento Interno.
La presente numeración es meramente enunciativa.
Artículo 36.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario General de la Gobernación y señor Secretario de Estado de Hacienda y Finanzas.
Artículo 37.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Cornejo - Salvatierra - Almirón - Guerra
Carta Municipal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán
Promulgada el 14/12/89. Sancionada el 16/11/89. Carta Municipal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. B.O. N° 13.344. Expte. N° 90-2413/89.
Titulo II Declaraciones Generales. Capitulo I Deberes Sociales
Art. 14.- DE LOS ABORIGENES. El Gobierno Municipal protege a las comunidades aborígenes en el marco de una legislación que tienda a preservar sus creencias y valores culturales, promoviendo organizaciones a tales fines y para la preservación de su patrimonio histórico, colaborando técnicamente en la formación de empresas autogestionarias y cooperativas, cuyo fin sea el encauzamiento provechoso de sus actividades económicas. Promueve su participación en los empleos públicos, planes de viviendas y en la adjudicación de tierras municipales.
Ley 6759. Creación del Museo Etnográfico de Tartagal.
Salta, 14 de Diciembre de 1993 Boletín Oficial, 04 de Noviembre de 1994
Artículo 1 - Créase el Museo Etnográfico de la Provincia, con sede en la ciudad de Tartagal, departamento San Martín.
Art. 2 - El Museo Etnográfico de la Provincia dependerá orgánicamente del Ministerio de Educación de la Provincia, quien realizará los convenios con entidades de derecho público o privado, nacionales, provinciales o municipales a fin de desarrollar conjuntamente las actividades inherentes a la Institución.
Art. 3 - El Museo tendrá como objetivo primordial el rescate y revaloración de las pautas culturales de los distintos grupos étnicos que habitan en el territorio de nuestra Provincia.
Art. 4 - Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los convenios necesarios para dotar al Museo de un inmueble donde funcione administrativamente.
Art. 5 - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones de la partida presupuestaria del Ministerio de Educación de la Provincia, para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dr. Ricardo Gomez Diez C.P.N. Raul Eduardo Paesani Presidente Presidente Camara de Senadores Camara de Diputados Lic. Carlos Dario Miranda Dr. Raul Roman Secretario Legislativo Secretario Camara de Senadores Camara de Diputados
Carta Municipal del Municipio de Pichanal. Salta, 03 /19/1994
El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Salta sancionan con fuerza de,
Artículo 1º.- Téngase por Carta Municipal del Municipio de Pichanal, el texto sancionado por la Convención Municipal con fecha 3 de octubre de 1994, con las siguientes modificaciones:
a) En el artículo 17 eliminar el inciso i)
b) En el artículo 18 eliminar el inciso b), quedando redactado de la siguiente manera:
Art. 18 - El cargo de Concejal Municipal será incompatible: Con el ejercicio de cualquier cargo electivo en el Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y con el ejercicio de una función, Comisión o empleo público de la Nación, Provincia o Municipalidades, ex­cepto la docencia.
El que incurriere en cualquiera de estas incompatibilidades, cesará inmediatamente en sus funciones.
c) Modificar el artículo 40, quedando redactado de la siguiente ma­nera:
Art. 40 - Ausencias:
El Intendente Municipal, no podrá ausentarse del Municipio sin comunicarlo al Concejo Deliberante, a los efectos de que se haga cargo el Presidente de dicho Cuerpo.
d) Eliminar el artículo 54 y corregir la numeración del resto del articu­lado.
e) En el artículo 70 eliminar la frase “pero en caso contrario suspenderá al acusado”, quedando redactado de la siguiente manera.
Art. 70 - Recibido el informe, el Concejo Deliberante, con el voto de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de sus miembros, se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia del juicio, con o sin despacho de comisión. En caso de que la resolución resultare absolutoria concluirá el proceso.
f) En el artículo 73 eliminar último párrafo “En caso...” quedando redactado de la siguiente manera:
Art. 73 El juicio quedará concluido necesariamente sin admitir prórroga dentro de los cuatro (4) meses de la fecha en que el Concejo Deliberante declarará la procedencia del juicio.
La suspensión del Juicio o la falta de sentencia en él, tendrá el efecto de instancia absolutoria por el solo transcurso del tiempo..
g) Eliminar el artículo 126
h) En el artículo 190 eliminar la frase “incautación temporaria de las empresas concesionarias”, quedando redactado de la siguiente ma­nera:
Art. 190.-El Municipio se reserva para sí el derecho de tomar a su cargo la prestación del servicio, cuando aquéllas no dieren regular y eficiente prestación, podrá también exigir de las empresas la constitución de depósitos proporcionales al valor de los capitales y a la importancia y magnitud de los socios.
Art. 2º.- En función de la aprobación establecida en el artículo anterior, dispónese la publicación del texto ordenado que como anexo se incorpora a la presente Ley.
Art. 3º.- - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los dieciséis días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y cinco.
Anexo I Convención Constituyente Municipal de la Ciudad De Pichanal
Nosotros, los representantes del pueblo del Municipio de Pichanal, departamento Orán, provincia de Salta reunidos en Convención Municipal Constituyente por voluntad y elección de sus ciudadanos interpretando su espíritu e identidad histórica, con el objeto de garantizar los Poderes Públicos y la autonomía política administrativa y financiera, dando a la comunidad su forma y estructura de gobierno, bajo el sistema representativo y republicano en el marca de la democracia y de acuerdo a la Constitución Nacional y Constitución Provincial, para asegurarla libertad, la igualdad, la Justicia, la educación y la relación solidaria y participativa del pueblo, instituciones intermedias y autoridades.
Favorecer el desarrollo integral de las personas, asegurando su libre y permanente acceso a los bienes de la educación, y cultura, respetando sus orígenes, regiones y generando integración.
Proteger la familia, la salud, los ancianos, jóvenes y niños, a las madres, a los minusválidos, a las poblaciones y comunidades más aisladas y postergadas, especialmente a las aborígenes.
Establecer el derecho y el deber al trabajo, su justa retribución y dignificación y estimular la iniciativa privada, la producción y cogestión y el desarrollo del Municipio, sustentando en la distribución armónica de recur­sos, esfuerzos y mutuo apoyo.
Gozar de un medio ambiente sano y armonioso que preserve su sistema ecológico y recursos naturales.
Por todo ello, invocando la protección de Dios hacedor de la vida y fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Carta Orgánica Municipal.
Carta Orgánica Municipal de Pichanal (selección de artículos pertinentes)
Capitulo I Del Municipio
Sección I Del Municipio
Artículo lº.- - Fuentes
El Municipio de la ciudad de Pichanal como comunidad integrante de la provincia de Salta dicta su Carta Orgánica Municipal para organizar su gobierno, conteniendo en ella las bases estructurales del principio repre­sentativo republicano promoviendo una democracia participativa, social y pluralista de acuerdo con los derechos, declaraciones y garantías de la Cons­titución Nacional y de la Provincia.
Art. 2º.-- El Municipio declara en su Carta Orgánica Municipal, la autonomía institucional política, administrativa y financiera para el cumpli­miento de los fines acordados en esta Carta y aquéllos que le son propios.
Art. 3º - Límites
El Municipio ejercerá su jurisdicción en el territorio delimitado por ley de la provincia y delimita dentro de la misma, la zona urbana, suburbana, y demás áreas.
Art. 4º.- Organización
El Gobierno Municipal establecerá delegaciones administrativas inter­nas, para las necesidades de los intereses vecinales de las poblaciones que no cuenten con la cantidad mínima de habitantes para conformar una comuna, delegando para tal fin, una persona que tenga por lo menos dos años de residencia efectiva real en el lugar.
Esta suplirá los servicios administrativos, sociales, culturales y de cualquier naturaleza que no puedan ser prestados directamente por la adminis­tración municipal.
Art. 5º.- Indelegabilidad de Facultades
Las autoridades del Municipio, estarán obligadas a ejercer las faculta­des conferidas de conformidad a las cláusulas y normas de esta Carta y las que se dicten y les está expresamente prohibido delegar sus facultades o atribuirse otras no acordadas por la Ley que establece la misma.
Art. 6º. - Vigencia
La Carta Municipal no pierde vigencia aun cuando por actos de alteración de orden público o de cualquier otra naturaleza se llegase a inte­rrumpir su observancia, tan pronto como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá sus facultades con los alcances y sanciones del artículo 2º de la Constitución Provincial para los responsables y colaboradores. El Derecho Popular de no acatamiento de órdenes de los usurpadores es legítima y los actos y resoluciones de éstos podrán declararse nulos.
Art.7º.- Principios de Participación
Tendrán canales de participación con ideas e inquietudes las entidades vecinales, asociaciones de trabajadores empresariales y demás instituciones intermedias que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses cultu­rales, económicos y sociales del Municipio.
Art.8º.- Asiento de las Autoridades
La Ciudad de Pichanal es el asiento natural de las autoridades del municipio y sólo podrá alterarse por ordenanza con el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del Concejo Deliberante cuando razones de fuerza mayor así lo aconsejen, para el caso de traslado del Gobierno Municipal en forma definitiva se efectuará por referéndum popular de la Ordenanza que así lo disponga.
Art. 9º.- Integración
Para el mejor aprovechamiento de los recursos y por un desarrollo armónico y congruente, el Municipio promueve la integración social, cultural y económica con los otros municipios de la región, con características e intereses afines.
Art. 10. - La Municipalidad de Pichanal se reserva el derecho de adoptar y usar para sí un escudo Municipal.
Art. 11 .- Titularidad de la Soberanía
La Soberanía reside en el pueblo del cual emana el Poder Municipal, expresado en el pluralismo ideológico a través de los partidos políticos que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular.
El pueblo a través de sus representantes y demás autoridades legítima­mente constituidas de acuerdo a las normas de la Constitución Provincial y la presente Carta Orgánica ejerce la soberanía en el Gobierno y Administración de los bienes y servicios públicos a cargo del estado municipal.
Capitulo VI Deberes Sociales
Sección 2 De las Comunidades Aborígenes
Salta, 29 de setiembre de 1998. Promulgada como Ley de la Provincia el 26 de octubre de 1998 por Decreto Nº 3.238 del 26/10/98. Sancionada el 29/09/98. M. Ha. Utilidad Pública y expropiación de inmueble denominado Finca Santa Victoria. B.O. Nº 15.524. Expte. Nº 90-13.605/98.
Art. 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación todas las fracciones del inmueble denominado Finca Santa Victoria, identificado con los Catastros Nºs. 66.450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 493 y 494, ubicada en el departamento Santa Victoria, de propiedad de la señora Hortensia Campero de Figueroa o Hortencia Campero de Figueroa o de quienes resulten ser sus titulares o derecho habientes, con título registrado en los folios 19 y 20, asientos 24 y 25 del Libro B de Santa Victoria
Art. 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para proceder a la expropiación total o parcial del inmueble objeto de la presente ley, con exclusión de las fracciones adquiridas mediante boleto de compra-venta o cesión por los titulares o sus derechohabientes de las promesas de venta inscriptas en el Libro 1 de Promesas de Venta de Santa Victoria y de las que hubiesen sido adquiridas por cualquier otro título válido que no se encuentre registrado previa mensura para la determinación de la dimensión y carácter de los espacios que vengan a ser objeto de la presente Ley.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo adjudicará en propiedad, a título gratuito, en el carácter de reparación histórica y a los fines de integrar en un único territorio y sin solución de continuidad las fracciones o espacios adquiridos mediante compra o posesión ancestral susceptible de ser reclamada judicialmente de las comunidades actualmente radicadas dentro de los límites de la Finca Santa Victoria. En el decreto de adjudicación se seguirán, teniendo en cuenta en forma prioritaria la tradicional manera de tenencia, uso y goce de tierras, por parte de las comunidades y de cada uno de sus integrantes. Siempre y en todos los casos cualquiera sea la modalidad o el procedimiento elegido, el Pod er Ejecutivo Provincial, hará expresa reserva de las áreas o sectores destinados a caminos, urbanización de poblaciones, establecimientos públicos o de interés ecológico, que considere de interés provincial.
Art. 4º.- No podrá concederse bajo ninguna condición derecho a la propiedad, concesión, comodato o cualquier forma de uso y goce de ninguna parcela, a persona que no acreditare debidamente pertenecer a las comunidades del lugar o ser poblador con arraigo.
Las escrituras de dominio de los inmuebles, deberán incluir con fundamentos en la presente ley, cláusulas de indisponibilidad e inembargabilidad durante tal período.
Art. 6º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, serán imputados a: Carácter 1. Administración Central, Jurisdicción 09, Ministerio de Hacienda, Unidad de Organización 08, Dirección General de Inmuebles, Inciso 4, Bienes de Uso, Partida Principal 1, Bienes preexistentes del Presupuesto General de la Provincia. Ejercicio 1998.
Art. 7º.- Queda derogada la Ley Nº 3.772/61 y toda otra disposición que se opongan a la presente ley.
Fecha Sanción: 24/08/2000 Fecha Promulgación: 07/09/2000 – Decreto Nº 2331 Boletín Oficial Nº: 15985
Aprueba Acta Ambiental del NOA.
Art. 1°.- Apruébase el Acta Ambiental del NOA firmada por el señor Gobernador de la Provincia, doctor Juan Carlos Romero, conjuntamente con los señores Gobernadores de las provincias de Catamarca, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y el Ing. Juan José Ciácera, Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.), el que como Anexo forma parte de este instrumento.
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la provincia de Salta, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil.
Acta Ambiental del NOA
Ya han transcurrido más de quince años desde que se sentaron las bases programáticas acordadas entre los principales organismos internacionales dedicados al medio ambiente y que se conocieron como “Estrategia Mundial para la Conservación” y ya se ha cumplido un lustro desde la publicación del documento “Cuidar la Tierra: Estrategia para el Futuro de la Vida”.
Así quedó plasmada en el papel y apenas esbozada en la realidad, una definición sobre el “desarrollo sostenible”, ideal a alcanzar tanto en los países del Norte como en los del Sur del planeta Tierra.
“Mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan (o sea su capacidad de renovación)”.
Por lo tanto, “una economía sostenible es la que mantiene su base de recursos naturales y puede continuar desarrollándose mediante la adaptación y mejores conocimientos, organización y eficiencia técnica y una mayor sabiduría”.
Aquí también quedan definidos e indisolublemente interrelacionados tres aspectos que hacen a la problemática global: El económico, el social y el ambiental.
Confrontando los objetivos de la definición con los datos de la realidad, sabemos que el 20% de la población mundial está insuficientemente alimentada y que dicha proporción mantiene una tasa de crecimiento positiva: el 15% de la superficie terrestre observa un visible proceso de degradación del suelo, producto de la actividad humana; el 30% de las tierras de regadío están afectadas por salinización secundaria; el 70% de las tierras áridas y semiáridas acusan fuertes procesos de degradación; que cada año se sacrifican cerca de un millón de hectáreas de las consideradas tierras fértiles a favor de la urbanización, que en estos tres últimos siglos hemos perdido, irreversiblemente 1/5 de los bosques cerrados.
Cuando queremos mirar la realidad ambiental de nuestro NOA, sabemos de la contaminación de sus ríos y de la paulatina extinción de sus variedades ictícolas, de la tala indiscriminada de sus bosques autóctonos y del manejo irracional de sus riquezas forestales; del creciente peligro de desaparición de gran variedad de ejemplares tanto de la fauna como de la flora autóctona, de la degradación de sus tierras fértiles y la creciente desertificación de sus extensiones más secas; de las graves implicancias reflejadas a nivel social por la emigración de poblaciones en busca de mejores oportunidades de vida; de los dramáticos niveles de subsistencia de las comunidades aborígenes, estrechamente relacionada con el cuidado ambiental y la manutención de su hábitat; del hacinamiento hu mano de la periferia de las ciudades, del grave problema que representan la falta de agua potable, el tratamiento de la basura y de los residuos peligrosos y patógenos.
Pero también somos concientes de que muy poco hemos avanzado en el diseño y puesta en práctica de un relevamiento profundo y eficaz de nuestra situación ambiental que nos permita consolidar un diagnóstico de la región que sirva de base para un Plan de Gestión Ambiental Regional, el cual implique:
La conservación de especies y ecosistemas.
El uso sostenible de los recursos renovables y la utilización no dispendiosa de los recursos no renovables.
La recuperación y protección de los recursos hídricos.
Acciones conjuntas en la lucha contra la desertificación.
La resolución de conflictos existentes entre objetivos de crecimiento y su sustentabilidad.
El uso racional de la energía, privilegiando la utilización de las energías renovables.
Sistemas de control interprovincial de sustancias peligrosas.
Sistemas apropiados de tratamiento y disposición final de residuos.
La prevención de la contaminación tendiente a salvaguardar la salud humana y los ecosistemas.
La especificación de criterios para compatibilizar la relación entre medio natural, desarrollo y urbanización.
Planificación de los asentamientos urbanos y su normativa reguladora, optimizando el uso del suelo.
El establecimiento de medidas de protección del patrimonio histórico, cultural, biológico, científico, paleontológico, etc.
Exigencia de evaluaciones de impacto ambiental en todas las actividades de desarrollo, públicas y privados con criterios compartidos.
Juzgamos imperiosa e impostergable indisolublemente ligada al desarrollo económico y al progreso social, tendiente a elevar la calidad de vida, dentro de una perspectiva de “sociedad sustentable”.
Estamos consustanciados con la esencia de los objetivos planteados, para cuya concreción comprometemos nuestro esfuerzo común e inmediato en la gestión de los recursos humanos y materiales que sean necesarios y ante los organismos nacionales y/o internacionales que se consideren convenientes.
Designamos al Gobierno de Salta para que recepcione todas las inquietudes sobre esta decisión, para que canalice la información de los proyectos regionales elaborados y para que dé comienzo en el consenso con la región para plantear ante organismos nacionales e internacionales la necesidad impostergable en el tema que nos ocupa.
De Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta. Fecha Sanción: 14/12/00 Fecha Promulgación: 29/12/2000 Boletín Oficial Nº: 16061
Art. 1°.- Esta Ley tiene como objetivos:
a) Promover el desarrollo pleno del indígena y de sus comunidades, fomentando su integración en la vida provincial y nacional, a partir de sus potencialidades y formas organizativas básicas, respetando sus valores culturales propios.
b) Desterrar la postración y el marginamiento de sus comunidades, anulando toda forma de explotación, uso de la fuerza y coerción como forma de integración compulsiva, en aras de obtener la plena vigencia de la justicia social con el desempeño protagónico de sus integrantes.
c) Adecuar las políticas en educación, salud, vivienda y seguridad social y económica, destinadas a este sector de la población, tomando en cuenta los objetivos de esta ley, y de los Artículos 75, inciso 17), y 15 de la Constitución Nacional y Provincial, respectivamente.
Capítulo II De la creación del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta
Art. 2°.- Créase el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta como entidad autárquica y descentralizada, que se vincula directamente al Poder Ejecutivo para su funcionamiento. El mismo ejercerá las facultades que por esta ley se le atribuyen y las que en su consecuencia se dicten.
Art. 3°.- El Instituto tendrá su domicilio legal en la ciudad de Tartagal, pudiendo establecer subsedes, delegaciones, agencias o representaciones en cualquier lugar de la Provincia, del país o del extranjero, constituyendo domicilios especiales en sus casos.
Art. 4°.- El Instituto tendrá por objetivos:
a) Programar, reglamentar, organizar, gestionar y controlar todos los actos que como consecuencia de esta ley se originen y las que tiendan a la consecución de sus objetivos.
b) Disponer, administrar y realizar toda clase de contratos, operaciones y negociaciones que no sean contrarias al objetivo de esta Ley.
c) Representar a las comunidades indígenas y/o a sus integrantes ante entidades privadas o públicas, municipales, provinciales, nacionales o internacionales, en todo acto que se realice en beneficio de los mismos.
Sección I De la Dirección y Administración del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta
Art. 5°.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta será conducido por un Consejo que estará integrado por un (1) Presidente y ocho (8) vocales, quienes durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos, salvo el desempeño del cargo de Presidente. La Presidencia del Consejo del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta será rotativa, entre las distintas etnias que lo integran, pudiendo ser reelecto el representante de un mismo grupo por un período.
Art. 6°.- El Presidente y los vocales del Consejo serán indígenas elegidos en razón de uno por cada etnia en Asamblea. Los vocales designarán al Presidente.
Art. 7°.- Son deberes y atribuciones del Consejo:
a) Aprobar el Presupuesto General del Gasto y Cálculo de Recursos y someter a su consideración la memoria y balance anual.
b) Contratar un cuerpo de asesores profesionales en las áreas sanitarias, educativas, jurídica, económica y comunitaria.
c) Designar al personal del Instituto, debiendo darse prioridad a los indígenas.
d) Aceptar subsidios, donaciones con o sin cargo y legados. Para aceptar donaciones con cargo, previamente deberá dictaminar Fiscalía de Estado.
f) Contraer empréstitos con entidades financieras públicas o privadas, con autorización del Poder Ejecutivo o Legislativo, según corresponda.
h) Celebrar convenios con otros organismos internacionales, nacionales, provinciales y municipales que tengan por objeto el cumplimiento de funciones vinculadas al Instituto, sujeto a la aprobación legislativa que corresponda.
Art. 8°.- Son deberes y atribuciones del Presidente:
a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo.
b) Adoptar decisiones respecto de todos los asuntos administrativos y técnicos que fueren de competencia del Consejo y cuando razones de urgencia lo exijan, debiendo tener el aval de por lo menos cuatro vocales y dar cuenta a aquél en la primera reunión que celebre.
c) Ejecutar y controlar el cumplimiento de las resoluciones que adopte el Consejo.
d) Proponer al Consejo la designación, contratación, promoción o remoción del personal.
e) Proponer al Consejo los precios de compraventa de los distintos bienes de producción de comunidades indígenas.
f) Informar al Consejo sobre la marcha de las actividades del Instituto.
g) Intervenir en el manejo de los fondos del Instituto con sujeción a las normas de la presente Ley y las que establezca el Consejo, llevando el inventario general de los bienes pertenecientes al Instituto.
h) Proponer al Consejo las operaciones financieras que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.
j) Proponer al Consejo la estructura orgánica y funcional del Instituto.
k) Considerar, analizar y viabilizar las propuestas de la Asamblea Comunitaria y hacer conocer a éste los actos que realice.
Sección II De la Asamblea Comunitaria
Art. 9°.- La Asamblea Comunitaria estará compuesta por representantes indígenas de cada comunidad.
Art. 10.- Tendrá como funciones asesorar, proponer y presentar al Consejo todos los planes, programas e iniciativas que estime conveniente al espíritu de la presente Ley.
Art. 11.- La Asamblea Comunitaria se regirá por las normas que sus miembros establezcan de acuerdo al contexto cultural de cada grupo étnico.
Art. 12.- Los cargos serán desempeñados en carácter ad-honorem y su designación será por el término de un (1) año, pudiendo ser reelectos.
Capítulo III De la Adjudicación de tierras
Art. 13.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta deberá realizar un relevamiento de los asentamientos indígenas actuales precisando su ubicación geográfica con la indicación de sus integrantes.
Art. 14.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta realizará todos los trámites necesarios para la adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras públicas y/o privadas, que se expropien para tal fin. Para su cometido, todas las reparticiones del área gubernamental deberán prestar el más amplio apoyo y asistencia.
Art. 15.- La entrega en propiedad de los inmuebles se efectuará en forma comunitaria de acuerdo a la libre determinación de sus integrantes y en las dimensiones que económica y socialmente sean convenientes, en tal caso la entrega se realizará a título gratuito y respetando los derechos de terceros.
Art. 15 bis.- El otorgamiento de personería jurídica a las distintas comunidades deberá inscribirse en el ámbito de la Inspección General de Personas Jurídicas, en el Registro de Comunidades Indígenas, donde se dejará constancia además de la denominación de la comunidad, el lugar donde se encuentra ubicada, y el nombre del cacique y/o representante, debiendo mantener el mismo actualizado.
Art. 16.- La propiedad comunitaria se establecerá en algunas de las distintas formas admitidas por la ley, pudiendo los interesados elegir la más conveniente a sus objetivos.
Art. 17.- Para la adjudicación en propiedad definitiva de las tierras, ya sea en su asentamiento actual o los casos que impliquen un traslado, deberá hacerse con el consentimiento libre y expreso de la población indígena involucrada.
Art. 18.- A los fines del cumplimiento del artículo precedente, el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta deberá implementar el mecanismo de consulta adecuado, de común acuerdo con la Asamblea Comunitaria.
Art. 19.- Los inmuebles otorgados en propiedad comunitaria no serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos.
Art. 20.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta participará en la gestión de los recursos naturales de las tierras cuya posesión o propiedad comunitaria detentan, propendiendo a lograr un uso racional, integral e integrado de los mismos.
Capítulo IV Del Desarrollo Económico
Art. 21.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta promoverá el desarrollo económico de los indígenas mediante el apoyo directo en bienes o servicios a toda la actividad lícita que los mismos realicen. Con tal finalidad incentivará la agricultura, ganadería, pesca, artesanías, manufacturas, etcétera, mediante la entrega de maquinarias, semillas, herramientas, muebles y útiles y el equipamiento necesario para las actividades que desarrollen.
Art. 22.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta creará un mercado Concentrador de producción indígena, que deberá tener como forma organizativa la de una sociedad comercial, de economía mixta o federación de cooperativas.
Art. 23.- El Mercado Concentrador tendrá como finalidad la de ser entidad intermediaria de comercialización de los productos indígenas agrícolas, ganaderos, ictícolas, artesanales, manufacturas, pre-industriales, de la caza, etcétera. Además será ente de abastecimiento, distribución y financiación de insumos o mercaderías de consumo, aprovechando las ventajas de la economía de escala.
Art. 24.- Asistirá a los indígenas en los aspectos técnicos para el manejo racional de los recursos disponibles y dará apoyo económico para el mejoramiento de la producción y la comercialización. Realizará la capacitación en artes, oficios, técnicos o profesionales, tomando en cuenta la actividad económica que realiza la comunidad.
Art. 25.- Durante un período de diez (10) años, a partir de la sanción de la presente ley, quedará exenta del pago de impuestos provinciales y/o municipales toda actividad productiva desarrollada por los indígenas.
Art. 26.- Quedan exentos del pago de gastos de mensura, amojonamiento e instrumentación de títulos, así como de impuestos y/o tasas para la obtención de personería jurídica.
Art. 27.- La promoción del desarrollo económico se efectuará con la participación activa de todos los miembros integrantes de las comunidades basados en el principio de solidaridad social, cuidando que no se impongan formas de producción contrarias a los usos y costumbres de sus miembros.
Art. 28.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta promoverá las acciones necesarias para el logro de los siguientes objetivos:
a) Promover un sistema educativo que beneficie a todos los niveles de la población indígena estableciendo un vínculo de intercambio cultural, mediante la formación de bases curriculares adecuadas al contexto cultural regional.
b) Regionalización de la enseñanza, tomando como marco de referencia la cultura del educando para su paulatino acercamiento al contexto cultural global, con la implementación de los planes de estudio que correspondan a las características y modalidades de la región.
c) Coordinar con los organismos correspondientes, la formación de docentes especializados en educación indígena, creando Centros Especiales que procuren la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías educativas apropiadas.
d) Solicitar a los niveles que corresponda la implementación de campañas intensivas de educación de adultos, a los efectos de reducir el índice de analfabetismo y promover la educación bilingüe.
e) Facilitar y normar el pase directo de los alumnos de un establecimiento educativo a otro, teniendo en cuenta la característica cultural de semi-nomadismo, como forma de evitar la repitencia y deserción escolar.
f) Difundir el conocimiento antropológico social de las culturas indígenas utilizando los medios masivos de comunicación estatal.
g) Posibilitar mediante un adecuado sistema de becas, el acceso de educandos de cada grupo étnico a carreras docentes de nivel secundario, terciario y universitario.
Art. 29.- el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta en coordinación con los organismos específicos, determinará la obligatoriedad de que todos los profesionales del área sanitaria, médicos, bioquímicos, nutricionistas, enfermeros y otros, que desarrollen sus actividades en zonas de asentamientos indígenas, tomen previo conocimiento de los aspectos socio-culturales de la población bajo su atención.
Art. 30.- Se implementarán las coordinaciones y acciones necesarias para:
a) Incrementar la infraestructura sanitaria existente creando Centros Sanitarios con atención permanente, para la real cobertura total de la población indígena.
b) Facilitar el acceso a jóvenes de cada grupo étnico a carreras relacionadas con la salud, medicina, enfermería, nutrición y otras.
d) Revalorizar culturalmente la “Medicina Empírica” vigente en cada grupo étnico, reconociendo y respetando su aporte en conocimientos, procurando una natural inserción del indígena al sistema sanitario.
e) Incorporar representaciones indígenas en los Consejos Asesores Sanitarios que indica la Ley N° 6.277, con las facultades y obligaciones que indica la misma.
Capítulo VII De las viviendas
Art. 31.- Los organismos provinciales y/o nacionales, cualquier otra institución estatal o privada, que contemplen en sus programas la construcción de viviendas destinadas a comunidades indígenas, deberán realizar las coordinaciones necesarias con el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, a efectos de adoptar los proyectos de las viviendas a construir al proceso de cambio en el que se encuentra este sector de la población.
Art. 32.- De la totalidad de viviendas que se construyan anualmente en la Provincia, a través de planes gubernamentales, como mínimo deberá destinarse el cinco por ciento (5%) de dicho presupuesto hasta cubrir las necesidades habitacionales de este sector de la población.
Art. 33.- Todo Plan de Vivienda a implementarse deberá realizar e interpretar las características socio-culturales de sus destinatarios en lo referente a la vivienda familiar, su uso, dimensiones, uso de espacios abiertos y cerrados, etcétera y además se deberá propender a:
a) Fomentar la participación de los adjudicatarios para determinar tipos de viviendas y forma de urbanización adecuados.
c) Fomentar la implementación de sistemas de construcción comunitaria, basados en relaciones de solidaridad y ayuda mutua.
Capítulo VIII De la Seguridad Social
Art. 34.- El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta será ente gestor de todo beneficio previsional o asistencial para indígenas que establezca la Provincia o la Nación, a cuyo fin podrá firmar convenios con ésta.
Art. 35.- El Estado Provincial o Municipal deberá dar preferencia a la incorporación de personal indígena en los organismos y reparticiones establecidos en las zonas adyacentes a cada comunidad.
Capítulo IX De los Recursos y Patrimonios
Art. 36.- El patrimonio del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta estará integrado por:
a) Los bienes inventariados y de propiedad del Instituto Provincial del Aborigen.
c) Hasta el tres por ciento (3%) con un mínimo del dos por ciento (2%) del total que le corresponde al Gobierno de la Provincia en concepto de regalías petrolíferas, que perciba de la Nación.
Art. 37.- El P.E. reglamentará la presente Ley, a la que se adherirán las respectivas municipalidades con comunidades indígenas, mediante convenios.
Art. 38.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Visto la Ley Nº 7121; y,
Que resulta necesario introducir, con carácter urgente, una modificación formal en la Ley Nº 7121, a fin de que los mecanismos de percepción y aplicación de los fondos del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta se ajusten a los principios que rigen la administración de la Hacienda Pública, compatibilizando la realización de obras y la contratación de servicios, con la política general del Estado provincial que, a tenor del artículo 140 de la Constitución de la Provincia, es formulada y dirigida por el Poder Ejecutivo.
Que en tal sentido y para dar efectividad a la coordinación prevista por el artículo 7º inciso e) de la ley que se modifica, corresponde sujetar la ejecución de las obras y la integración de los recursos previstos en los artículos 32 y 36 inciso c), respectivamente, al previo análisis de las necesidades habitacionales, y, la aprobación de un plan de obras y servicios, respecto del segundo de los artículos citados.
Que para mejor apreciar las razones de necesidad y urgencia involucradas en la presente decisión, debe tenerse en consideración que, en caso de no procederse a la inmediata modificación de la norma, se mantendrá la prevalencia de las decisiones de un ente autárquico, por encima de las potestades de dirigir la política general de la Administración Provincial que le competen al Poder Ejecutivo, presentando características de gravedad institucional las consecuencias disvaliosas que aquella situación genera en la normal asignación de fondos para atender a las prioridades de la planificación general y particular de las acciones de gobierno.
Que, en efecto, la falta de adecuada coordinación de las acciones del IPPIS con un orden de prioridades de aplicación de recursos, ha puesto en evidencia un manejo desordenado e irregular por parte de la conducción del mencionado Instituto, al punto que las irregularidades detectadas respecto del manejo del ente han dado lugar a su intervención dispuesta mediante el Decreto Nº 1878/03.
Que han sido consultados el señor Fiscal de Estado de la Provincia y los señores Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, en tanto que el mensaje público será dado a través del informe pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 145 de la Constitución Provincial.
El Gobernador de la Provincia de Salta en Acuerdo General de Ministros en Carácter de Necesidad y Urgencia, decreta:
Artículo 1º.- Agrégase como segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 7121 el siguiente texto:
“La realización de las obras presupuestadas, estará sujeta a un plan de obras que cuente con la previa aprobación del Poder Ejecutivo”.
Art. 2º.- Agréguese como segundo párrafo del inciso c) del artículo 36 de la ley 7121 el siguiente texto: “La remisión de los fondos previstos en este inciso, se realizará en un todo de acuerdo a los planes de obras y servicios previamente aprobados por el Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, mensualmente se remitirán, a cuenta del porcentaje aquí previsto, los importes necesarios para los gastos corrientes y de funcionamiento del Instituto, por el monto que cuente con aprobación presupuestaria”.
Art. 3º.- El presente decreto tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación y sus disposiciones se aplicarán a los importes ya devengados a favor del IPPIS por aplicación del art. 36 de la ley Nº 7121 y aún no percibidos por el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta.
Art. 4º.- Comuníquese a la Legislatura dentro del plazo de cinco días de la emisión del presente, conforme lo establece el artículo 145 de la Constitución Provincial.
Art. 5º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. WAYAR (I.) – Yarade – Brizuela – Fernández – Ubeira – David
Promulgada por Decreto Nº 73 del 09/01/04. Decreto de Necesidad y urgencia. Convertido en Ley. Modifica Ley Nº 7121. Instituto Provincial de Pueblos Indígenas.
Salta, 09 de enero de 2004
Secretaría General de la Gobernación Salta, 09 de octubre de 2003
Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1934/03; y
Que habiendo transcurrido el plazo señalado por el Artículo 145 de la Constitución Provincial, computado desde la recepción por las Cámaras Legislativas, sin haber sido aprobado o rechazado por éstas, conforme lo prevé el último párrafo del artículo mencionado, corresponde dictar el instrumento de promulgación.
Artículo 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 7270, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial de Leyes y archívese.
Desafecta Lotes Fiscales 32 y 33 del Departamento Anta de la categoría de Area Natural Provincial Protegida. Promulgada por Decreto Nº 809 del 06/04/04
Reemplazo del área desafectada. B.O. Nº 16.862. Expte. Nº 90-15400/03.
Artículo 1º.- Desaféctanse los Lotes Fiscales Nºs. 32 y 33, ubicados en el departamento Anta, de la categoría de Area Natural Provincial Protegida, excepto la fracción ubicada al Oeste del pie de la ladera que da al naciente de la Serranía del Maíz Gordo, la que mantendrá el carácter de Area Natural Provincial Protegida.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción y el Empleo en compensación, deberá afectar como Area Natural Provincial Protegida a los inmuebles identificados como Matrículas Nºs. 4.325, 4.326, 4.336 remanentes, 19.866, 1.703 y 1.704, todos del departamento San Martín u otros inmuebles de superficie similar y de la misma zona a los efectos de no disminuir la superficie protegida del área chaqueña.
Art. 3º.- Previo reemplazo del área desafectada, autorízase al Poder Ejecutivo a vender mediante licitación pública, los inmuebles identificados con la siguiente nomenclatura catastral: Lote Fiscal Nº 32, Catastro Nº 7.373, General Pizarro, Anta, con una superficie de 5.298 has. 8.049 m2 y Lote Fiscal Nº 33, Catastro Nº 8.375, con una superficie de 20.028 has. 9.260 m2 de la misma localidad.
Una superficie de 2.000 has. circundantes al ejido urbano de General Pizarro departamento Anta correspondiente al área desafectada, será destinada a la venta para pequeños emprendimientos productivos.
Art. 4º.- Exclúyese de la autorización de venta dispuesta en el artículo anterior, la Zona Oeste de los Lotes Fiscales Nºs. 32 y 33, la superficie que corresponda al pueblo de General Pizarro y de la comunidad Wichi Eben Ezer, debiendo preverse una superficie para ampliación del pueblo como así también una superficie de uso para la comunidad indígena.
Art. 5º.- El importe total que se obtenga de esa venta, será depositado en una cuenta especial con destino específico y exclusivo a la ejecución de obra de infraestructura vial, para el mejoramiento de las Rutas Provinciales Nºs. 5 y 30.
Art. 6º.- Los recursos necesarios para la culminación de la Obra referida en el artículo anterior serán previstos en el Presupuesto General de la Provincia – Ejercicio 2005.
Art. 7º.- Por intermedio de la Dirección General de Inmuebles se confeccionarán los respectivos planos de desmembramiento.
Salta, 17 de marzo de 2004. Dr. Manuel Santiago Godoy. Romero – Brizuela – David.
Convoca al electorado a Referéndum (Art. 60 de la Constitución Provincial) el día 23/10/05. Promulgada por Decreto Nº 1479 del 21/07/05. Sancionada el 14/07/05. Lotes Fiscales 55 y 14 – Dpto. Rivadavia: B.O. Nº 17.179. Expte. 91-15.200/05.
Artículo1º.- Convócase, en los términos del artículo 60 de la Constitución Provincial, a los electores del Departamento Rivadavia para que se expidan respondiendo por sí o por no, sobre si es su voluntad que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes fiscales 55 y 14 a sus actuales ocupantes, tanto aborígenes como criollos.
Art. 2º.- La consulta a que se refiere la presente ley, se realizará conjuntamente con las elecciones de legisladores nacionales y provinciales, a tener lugar el día 23 de octubre de 2005.-
Art. 3º.- El Referéndum convocado por la presente ley, se sujetará a las normas legales aplicadas a la elección de legisladores provinciales.
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo deberá difundir la presente Ley en las lenguas de las distintas comunidades.
Dr. Manuel Santiago Godoy Salta, 14 de julio de 2005.
Promulgada como Ley de la Provincia el 21 de julio de 2005.
Romero– Camacho (I.) – Medina.Salta, 25 de julio de 2005
Visto lo dispuesto en la Ley Nº 7352; y
Que mediante dicha Ley, se dispuso la convocatoria de un Referéndum, en los términos del art. 60 de la Constitución Provincial, para que los electores del Departamento Rivadavia, se expidan por sí o por no, sobre si es su voluntad que se entreguen las tierras correspondientes a los Lotes Fiscales Nºs. 55 y 14 a sus actuales ocupantes, tanto aborígenes como criollos, ejecutándose las obras de infraestructura necesarias.
Que en la misma ley se dispuso que la consulta al electorado se efectuaría conjuntamente con las elecciones legislativas que se realizarán el día 23 de octubre de 2005 y que el Referéndum quedará sujeto a las normas aplicables a la elección de legisladores provinciales.
Que, asimismo, la ley encomienda al Poder Ejecutivo a difundir sus términos en las lenguas de las distintas comunidades.
Que resulta necesaria la emisión de los instrumentos complementarios conducentes a hacer efectivo el cumplimiento de la convocatoria ordenada por la ley.
Por ello. El Gobernador de la provincia de Salta Decreta:
Artículo 1º.- Formalízase por el Poder Ejecutivo la Convocatoria al Referéndum ordenado por la Ley Nº 7352 en los términos del art. 60 de la Constitución Provincial, para que los electores del Departamento Rivadavia, se expidan por sí o por no, sobre si es su voluntad que se entreguen las tierras correspondientes a los Lotes Fiscales Nºs. 55 y 14 a sus actuales ocupantes, tanto aborígenes como criollos, ejecutándose las obras de infraestructura necesarias.
Art. 2º.- La emisión del sufragio, a los fines de la expresión de la voluntad popular prevista por la Ley Nº 7352, se iniciará el día 23 de octubre de 2005 a horas 08,00 y finalizará a horas 18,00 del mismo día.
Art. 3º.- Los electores del Departamento Rivadavia, sufragarán en esta consulta en las mismas mesas en que se encuentran empadronados para la Elección General para legisladores nacionales y provinciales convocada para la misma fecha.
Art. 4º.- El sufragio del Referéndum será efectuado, optando los electores por sí o por no, según sendas boletas alternativas que serán depositadas en sobres y urnas distintas de aquellas que correspondan a la Elección General, elementos que proveerá el Tribunal Electoral.
Art. 5º.- Encomiéndase al Ministerio de Educación la traducción de la convocatoria a las lenguas que correspondan a las distintas comunidades que habitan el Departamento Rivadavia. Encomiéndase asimismo a la Secretaría de Prensa y Difusión llevar a cabo las tareas de difusión según lo dispuesto por Ley Nº 7352.
Art. 6º.- Hágase conocer el presente decreto al Tribunal Electoral de la Provincia.
Art. 7º.- El Ministerio de Gobierno y Justicia elaborará los modelos de Boletas y los pondrá a disposición del Tribunal Electoral de la Provincia treinta (30) días antes de la elección.
Art. 8º.- El gasto que demande la presente convocatoria se imputará a Rentas Generales.
Art. 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y Justicia y el señor Secretario General de la Gobernación.
Art. 10.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése adecuada publicidad conforme lo ordenado por la Ley Nº 7352 y las disposiciones de la Ley Nº 6444 y archívese.
Sr. Mashur Lapad, vicepresidente 1º Cámara de Senadores a Cargo Poder Ejecutivo – Brizuela – Medina.