Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2002/12/registro-oficial-5-de-diciembre-del-2002
Timestamp: 2019-12-12 10:28:57
Document Index: 187068569

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 30', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 130', 'artículo 17', 'artículo 171', 'artículo 17', 'artículo 171', 'artículo 171', 'artículo 17', 'artículo 118', 'artículo 171', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 3']

Registro Oficial. 5 de DICIEMBRE del 2002
Jueves, 5 de diciembre del 2002 - R. O. No. 719
23927\n Proyecto de\n Ley Reformatoria al Código Civil
3386 Dispónese que para efectos\n de indemnizar a los afectados por la catástrofe de la\n Brigada Galápagos, se transfiera a la Ilustre Municipalidad\n del Cantón Riobamba los recursos necesarios
3390\n Deróganse\n expresamente varios decretos supremos
3391 Encomiéndase a la Comisión\n Nacional de Conectividad, las labores de coordinación\n del Sistema de Información de Compras y Contrataciones\n necesarias para las instituciones del Estado
3392 Encomiéndase a la Comisión\n Nacional de Conectividad y a la Secretaría General de\n Comunicación del Estado, las labores de coordinación\n en materia de lineamientos y estándares para el desarrollo\n de postales y sitios web institucionales para los organismos\n y dependencias del Estado.
3393 Establécese como política\n prioritaria del Estado, la Agenda Nacional de Conectividad
3394\n Expídese\n el Reglamento del Sistema Especial de Licitación previsto\n en el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos
0351\n Apruébase\n la Ordenanza municipal, expedida por el I. Concejo Cantonal .de\n El Guabo de creación de la parroquia rural denominada\n "Río Bonito"
0358\n Transfórmanse\n administrativamente las comisarías nacionales de Policía\n que se detallan en comisarías de la Mujer y la Familia.
20020086 Ratificase la utilización\n de los recursos económicos que se han invertido hasta\n la presente fecha en la realización de seminarios, talleres\n y reuniones de capacitación dirigidos a los gobiernos\n seccionales del país
02\n 026 Declárase\n procedente	e iniciase la investigación solicitada por\n Aglomerados Cotopaxi S.A.
CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNERACIO-NES DEL SECTOR PUBLICO:
157\n Apruébase\n para los servidores de la Dirección General de Registro\n Civil, Identificación y Cedulación, sujetos a la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que laboran en\n jornada completa la escala de sueldos básicos, gastos\n de representación y bonificación por responsabilidad\n
158\n Apruébase\n para los servidores de la Corporación Regional de Desarrollo\n de la Sierra Norte, CORSINOR, sujetos a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa, que laboran en jornada completa la\n escala de sueldos básicos, gastos de representación\n y bonificación por responsabilidad.
161 Modificase la Resolución No. 014\n del Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público,\n CONAREM, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.\n 134 de 3 de agosto del 2000.
0608\n Deléganse\n atribuciones a la Gerencia de Gestión Aduanera.
- Lista de personas naturales\n y jurídicas que\n han Incumplido contratos con el Estado, que han sido declaradas\n como adjudicatarios fallidos y que han dejado de constar en el\n Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos\n
190-2002\n Rosa Sarango\n León en contra de INGAORO Cía. Ltda
196-2002\n José\n González Rodríguez en contra de ECAPAG
202-2002\n María\n Topón Lugmalla en contra del ingeniero Miguel Andrade.\n
208-2002\n Marjorie\n Aspiazu de Escalante en contra de la Compañía JAVAL\n S.A. y otra.
209-2002\n Nelson Jacinto\n Martínez Guerra en contra del Sindicato de Mecánicos\n Profesionales de Quevedo
213-2002\n Félix\n Roberto Pinca y González en contra de Agrícola\n Martinica S.A
215-2002	Luis Alfredo Prieto Morán en contra\n de ECAPAG.
217-2002\n Gladys Merchán\n Guanoquiza en contra de Humberto Lara Sánchez.
228-2002\n David Florentino\n Merino Gómez en contra del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.\n
- Cantón Pucará:\n Para la aplicación\n y cobro de la contribución especial de mejoras, por concepto\n de la construcción de la pavimentación de las calles\n ubicadas dentro de la jurisdicción.
- Cantón San Lorenzo del\n Pailón: Que\n regula la determinación, administración y recaudación\n del impuesto a los predios urbanos.
- Juicio de expropiación seguido por el I. Municipio\n del Cantón Riobamba, en contra de los herederos presuntos\n y desconocidos de Abigail Vallejo Echeverría y otros (1ra.\n publicación).
- Maritza\n Damaris García Toledo en contra de Viden Filiberto\n García (1ra. publicación)
- Muerte presunta del señor Virgilio Siguencia\n Narváez (1ra. publicación).
- Muerte presunta del señor Luis Aníbal\n Guato Chiliquinga (1ra. publicación)
- Juicio de expropiación seguido por el Municipio de\n Sigchos, en contra de los herederos presuntos y desconocidos\n del señor José Eufrasio Gallegos (2da. publicación)\n .
NOMBRE:	"REFORMATORIA AL CODIGO\n CIVIL".
CODIGO:	23-927.
AUSPICIO:	H.\n MARIA DEL CARMEN SALGADO.
INGRESO:	18-11-2002.\n
\n A COMISION:	20-11-2002.
Es deber del Estado el garantizar el desarrollo de las actividades\n económicas, mediante un orden jurídico e instituciones\n que las promuevan, fomenten y generen confianza, de conformidad\n con el mandato supremo consagrado en el numeral 1 del artículo\n 244 de la Constitución Política.
El Estado debe permitir el acceso de la población a\n los beneficios de la riqueza y el desarrollo al amparo de lo\n preceptuado en el inciso segundo del artículo 30 de la\n Carta Fundamental.
Es deber del Estado el reconocer y garantizar a las personas\n el derecho a una calidad de vida que asegure entre otras cosas\n la salud, alimentación, vivienda, al tenor de lo prescrito\n en el numeral 20 del artículo 23 de la Constitución\n Política de la República.
N0 3386
Que el día miércoles 20 de noviembre del 2002,\n el arsenal de la Brigada Galápagos estalló en la\n ciudad de Riobamba, causando una tragedia de gran magnitud, lo\n que motivó la declaratoria del estado de emergencia;
Que según lo dispone el artículo 20 de la Constitución\n Política de la República, "Las instituciones\n del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán\n obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios\n que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente\n de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios\n y empleados, en el desempeño de sus cargos;
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho\n de repetición y harán efectiva la responsabilidad\n de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente\n declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal\n de tales funcionarios y empleados, será establecida por\n los jueces competentes.";
Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva señala en el artículo\n 130 que "Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial\n a la que se refiere el Art. 20 de la Constitución Política\n de la República, los particulares exigirán directamente\n a la Administración Pública Central o Institucional\n de la Función Ejecutiva, ante el órgano de mayor\n jerarquía, las indemnizaciones por daños y perjuicios\n causados por las autoridades y personal a su servicio o por el\n funcionamiento de los servicios públicos. La reclamación\n será inmediatamente puesta en conocimiento de la Procuraduría\n General del Estado para la coordinación de la defensa\n estatal.
Están legitimados para interponer esta petición,\n los particulares a quienes las instituciones del Estado, sus\n delegatarios y concesionarios les hubieren irrogado perjuicios.";
Que los daños causados a la infraestructura básica\n del sector territorial afectado deben ser inmediatamente reparados,\n sin que sea pertinente someter a los ciudadanos al trámite\n de reclamación previsto en el Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;\n y.
En ejercicio de la potestad prevista en el artículo\n 171 numerales 1 y 9 de la Constitución Política\n de la República.
Art. 1.- Disponer que para efectos de indemnizar a\n los afectados por la catástrofe señalada en el\n primer considerando de este decreto ejecutivo, se transfiera\n a la Ilustre Municipalidad del Cantón Riobamba los recursos\n necesarios para que la mencionada Municipalidad, ejecute las\n acciones tendientes a prevenir y reparar los daños causados\n a la infraestructura básica del sector territorial afectado.
Art. 2.- Disponer que el Ministerio de Economía\n y Finanzas, acorde con el cronograma valorado de ejecución\n de obras elaborado por el MIDUVI, transferirá de manera\n directa a las cuentas de la Municipalidad de Riobamba los recursos\n económicos necesarios para el cumplimiento de los fines\n de este decreto.
Art. 3.- Disponer que el Ministerio de Desarrollo Urbano\n y Vivienda, asista técnicamente a la Ilustre Municipalidad\n de Riobamba en las tareas de evaluación, cuantificación\n y reconstrucción de las zonas afectadas y supervise que\n los trabajos se realicen de manera técnica y adecuada.
Art. 4.- Es de responsabilidad de la I. Municipalidad\n del Cantón Riobamba el cumplimiento de los trámites\n de ley para la consecución de los fines de este decreto.
Art. 5.- Eximir a los afectados con la tragedia de\n la obligación prevista en el artículo 130 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva.
De la ejecución de este decreto, que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguense los ministros de Economía\n y Finanzas y de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de noviembre del\n 2002.
N0 3390
Que el artículo 17 de la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n Públicos por parte de la Iniciativa Privada, establece\n que el Presidente de la República está facultado\n para emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro\n del ámbito del Gobierno Central para reorganizar y suprimir\n entidades públicas cuya naturaleza haya dejado de ser\n prioritaria e indispensable para el desarrollo nacional; o, que\n no presten una atención eficiente y oportuna a las demandas\n de la sociedad;
Que el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución\n Política de la República atribuye la facultad al\n Presidente de expedir cualquier normativa reglamentaria referente\n a la integración, organización y procedimientos\n de la Función Ejecutiva;
Que dichas facultades, establecidas en el numeral 9 del artículo\n 171 de la Constitución y en el artículo 17 de la\n Ley de Modernización del Estado, constituyen una expresa\n deslegalización de toda la materia inherente a la estructuración\n de la Función Ejecutiva;
Que la deslegalización anula la fuerza pasiva de la\n ley, la cual consiste en la inhabilidad de que la norma legal\n sea derogada o modificada por una norma de inferior jerarquía\n y en consecuencia permite la entrada del reglamento con original\n fuerza activa, la que consiste en la supremacía del mismo\n sobre las normas anteriores que se le opongan;
Que durante varios gobiernos de facto se han expedido varios\n decretos supremos para regular la organización o los procedimientos\n propios de la Función Ejecutiva;
Que estos decretos supremos generalmente han sido considerados\n como leyes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sin\n perjuicio del tema que han regulado, criterio discordante con\n las normas de la Constitución de la República que\n se han señalado;
Que mediante oficio No. 26180 de 26 de septiembre del 2002,\n el Procurador General del Estado absolvió la consulta\n formulada mediante oficio No. 1491-DAJ-2002-6223, relacionada\n con la facultad del Presidente de la República para derogar\n los decretos supremos que contengan disposiciones relativas a\n la organización y procedimientos propios de la Función\n Ejecutiva, en los siguientes términos: "Por lo tanto,\n el Presidente de la República está facultado para\n derogar los decretos supremos que por su contenido se refieran\n al ámbito de sus atribuciones y deberes y que en situaciones\n normales del ordenamiento político constitucional las\n atribuciones y deberes propios de la Función Ejecutiva,\n a través de Decretos Ejecutivos.";
Que estas materias no necesitan, en la actual realidad constitucional\n que vive nuestra República, de la expedición de\n una ley para su regulación, sino que deben ser reguladas\n a través de reglamentos, en virtud de lo estipulado en\n el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución\n Política de la República;
Que estas derogaciones son necesarias para los procesos de\n depuración que lleva a cabo la Presidencia de la República,\n a través de la Comisión Jurídica de Depuración\n Normativa, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 2824, publicado\n en el Registro Oficial No. 623 de 22 de julio del 2002;
Que la Comisión. Jurídica de Depuración\n Normativa, cumpliendo con los fines que le fueron impuestos,\n ha recomendado la expedición del presente decreto ejecutivo;\n y,
En ejercicio, de la facultad que le confiere el numeral 9\n del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República y el artículo 17 de la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n por parte de la Iniciativa Privada,
Art. 1.- Derogar expresamente los siguientes decretos\n supremos:
1.	El Decreto Supremo No. 718, publicado en el Registro Oficial\n No. 225 de 13 de abril de 1964. "Autorizase al Banco Nacional\n de Fomento para que pueda importar mayor cantidad de cebada".
2.	El Decreto Supremo No. 212, publicado en el Registro Oficial\n No. 70 del 22 de febrero de 1967 mediante el cual se conforma\n una COMISION ASESORA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA\n CONTRA BROTES AFTOSICOS.
3.	El Decreto Supremo No. 25, publicado en el Registro Oficial\n No. 91 de 26 de julio de 1926, mediante el cual se crea la JUNTA\n CONSULTIVA DE TRABAJO.
4.	El Decreto Supremo No. 31, publicado en el Registro Oficial\n No. 99 de 4 de agosto de 1926, que contiene el REGLAMENTO DE\n INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.
5.	El Decreto Supremo 121, publicado en el Registro Oficial\n 129 de 9 de septiembre de 1926, que contiene el	REGLAMENTO DE\n CONSERVACION	DE CAMINOS VECINALES; y, PLAN DE CONSERVACION Y\n REPARACION DE CAMINOS NACIONALES.
6.	El Decreto Supremo No. 30, publicado en el Registro Oficial\n No. 24 de 26 de octubre de 1935, que contiene LA CREACION DE\n LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO.
7.	El Decreto Supremo 1195, publicado en el Registro Oficial\n 27 de 13 de agosto de 1963, que regula la UTILIZACIÓN\n DE SERVICIOS DE FERROCARRILES DEL ESTADO.
8.	El Decreto. Supremo 1143, publicado en el Registro Oficial\n 17 de 31 de julio de 1963, referente al FONDO DE CESANTIA PRIVADO\n DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
9.	El Decreto Supremo No. 870, publicado en el Registro Oficial\n No. 473 de 4 de junio de 1963, que creó el DEPARTAMENTO\n NACIONAL DE GEOLOGIA.
10.	Los decretos supremos 1107, 2174 y 2259, publicados en\n los Registros Oficiales 263, 358 y 359 de 5 de junio, 22 y 23\n de octubre de 1964, a través de los cuales se crea el\n FONDO ROTATIVO DEL PLAN NACIONAL DE VIALIDAD, SU REGLAMENTO DE\n APLICACION Y REFORMA.
11.	El Decreto Supremo No. 1328, publicado en el Registro\n Oficial No. 289 de 13 de julio de 1964, que CREO EL SERVICIO\n NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO.
12.	El Decreto Supremo No. 422, publicado en el Registro Oficial\n No. 67 de 24 de septiembre de 1970 que regula LA INSPECCION Y\n FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS.
13.	El Decreto Supremo 1473, publicado en el Registro Oficial\n 212 de 27 de diciembre de 1972, por el cual se faculta AL MINISTERIO\n DE OBRAS PUBLICAS EL REMATE DE MAQUINARIA POR EL MINISTERIO DE\n OBRAS PUBLICAS.
14.	El Decreto Supremo 1147-E, publicado en el Registro Oficial\n 166 de 18 de octubre de 1972, por el cual se regula la CELEBRACION\n DE CONVENIOS PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES.
15.	El Decreto Supremo 1080, publicado en el Registro Oficial\n 402, 1 de octubre de 1973, relacionado con la COMISION ASESORA\n DE CAMINOS VECINALES.
16.	El Decreto Supremo No. 456, publicado en el Registro Oficial\n No. 297, de 2 de mayo de 1973, que dispuso la DESIGNACION DE\n CONSEJEROS PETROLEROS A MISIONES DIPLOMATICAS.
17.	El Decreto Supremo No. 516, publicado en el Registro Oficial\n No. 307 de 16 de mayo de 1973, mediante el cual se regula la\n CELEBRACION DE CONTRATOS TIPOS CON EMPRESAS HIDROCARBURIFERAS.
18.	El Decreto Supremo No. 666, publicado en el Registro Oficial\n No. 590 de-8 de julio de 1974, relacionado con la ADQUISICION\n DEL 25% DE DERECHOS Y ACTIVOS DEL CONSORCIO TEXACO-GULF a través\n del cual se destinó la SUMA DE US $ 25'000.000.00 DE LA\n RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL PARA CANCELAR EL PAGO DE LA ADQUISICION\n DEL 25% DE LOS DERECHOS Y ACTIVOS DEL CONSORCIO TEXACO GULF.\n
19.	El Decreto Supremo No. 1030, publicado en el Registro\n Oficial No. 656 de 10 de octubre de 1974, en el cual AUTORIZA\n A ADQUIRIR DERECHOS Y ACTIVOS DEL CONSORCIO TEXACO-GULF, a través\n del cual se establecía la obligación que CEPE PAGUE\n AL CONSORCIO TEXACO-GULF la suma de US $ 10'000.000,00 EN CONCEPTO\n DE SEGUNDO ANTICIPO POR LA ADQUISICION DEL VALOR EQUIVALENTE\n AL 25% DE LOS DERECHOS Y ACTIVOS DE DICHO CONSORCIO EN EL ECUADOR.
20.	El Decreto Supremo No. 472, publicado en el Registro Oficial\n No. 552 de 14 mayo 1974 que contiene el REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL\n DEL MINISTERIO, QUE INTEGRA A LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA\n DEL MINISTERIO DE TRABAJO EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES\n Y CAMPESINADO.
21.	El Decreto Supremo No. 749, publicado en el Registro Oficial\n 885 de 9 de septiembre de 1975, mediante el cual se establecen\n LAS CONSEJERIAS PETROLERAS EN EL EXTERIOR.
Art. 2.- El presente decreto ejecutivo entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de noviembre del\n 2002.
\n N0 3391
Que entre las funciones de la Comisión Nacional de\n Conectividad, conformada mediante Decreto Ejecutivo 1781 de 21\n de agosto del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 400\n de 29 de agosto del 2001, está el diseñar planes\n y programas que garanticen el acceso y la implantación\n de nuevas tecnologías de la información y el formular\n y proponer una Agenda Nacional de Conectividad que contenga políticas,\n planes y programas- para el desarrollo y difusión de las\n tecnologías de la información y comunicación\n en las áreas de educación, salud, medio ambiente,\n comercio, industria, turismo, segundad y gobernabilidad;
Que entre los objetivos del proceso de modernización\n de la gestión del Estado, actualmente en marcha, se procura\n lograr la mayor transparencia y eficiencia en la gestión\n de la Administración Pública, como una condición\n indispensable en la modernización de los procesos de ejecución;\n
Que es necesaria la incorporación y aprovechamiento\n de nuevas tecnologías para el logro de los objetivos programados\n en materia de gestión de adquisiciones y contrataciones;\n y,
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República,
Art. 1.- Encomiéndese a la Comisión Nacional\n de Conectividad }las labores de coordinación del Sistema\n de Información de Compras y Contrataciones necesarias\n para las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias,\n para lo cual contará con la colaboración del Consejo\n Nacional de Modernización del Estado, CONAM.
Para estos efectos, establécese un Sistema Electrónico\n de Información de Compras y Contrataciones Públicas\n aplicable a las entidades e instituciones del sector público\n contempladas en el artículo 118 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador y aplicable\n al ámbito previsto en el Art. 1 de la Ley de Contratación\n Pública. La información de este sistema deberá\n encontrarse disponible gratuitamente en un portal, en idioma\n español y en otros idiomas que se consideren pertinentes.
La Comisión Nacional de Conectividad tendrá\n la responsabilidad de coordinar con la institución que\n ejecutará el proyecto la contratación de los servicios\n informáticos que requieran como apoyo para el desarrollo\n y operación de este sistema.
Art. 2.- La información básica que las\n entidades del sector público deberán proporcionar\n al sistema, para su publicación en este portal, será\n por lo menos la siguiente:
a)	Las convocatorias a licitación y concursos públicos\n de ofertas. Para estos efectos deberán entregar la misma\n información que contengan los avisos publicados en los\n medios de prensa para convocar la licitación respectiva,\n en la misma oportunidad en que se efectúe dicha publicación;
b)	Las bases de las licitación y concursos públicos\n de ofertas, y las consultas y aclaraciones que se hicieren respecto\n de su contenido;
c)	El acta de adjudicación de licitaciones y concursos\n públicos de ofertas que se efectúen, indicando\n qué oferentes se presentaron y a cuál de ellos\n se adjudicó el contrato. De existir puntajes y ponderaciones\n se mencionarán; en caso contrario, se dejará constancia\n de la o las razones que motivaron la selección del contratante;\n
d)	Otras observaciones acerca de licitaciones y concursos\n públicos de ofertas, tales como la existencia de oferentes\n descalificados por no cumplir las exigencias de las bases, por\n incumplimientos de adjudicaciones previas, etc.;
e)	Lista de proveedores calificados, por área (tipología)\n de cada institución;
f)	Las contrataciones efectuadas, sea que el contrato haya\n sido adjudicado en virtud de una licitación o concurso\n público de ofertas o sea que se trate de contratación\n directa. Deberá informarse, al menos, el precio convenido,\n las prestaciones contratadas, el plazo de ejecución y\n la individualización del contratante;
g)	Información relacionada con las compras que realice\n la institución, indicando el objeto, el precio y monto,\n el proveedor, etc.; y,
h)	Toda aquella que la entidad contratante estime conveniente.\n
Art. 3.- Será responsabilidad de cada Ministerio\n e institución controlar el cumplimiento de las disposiciones\n del presente decreto. La Comisión Nacional de Conectividad\n coordinará los mecanismos para enviar y publicar en el\n portal, la información señalada en el artículo\n precedente y dar cumplimiento a las tareas de coordinación\n a que se refiere el artículo primero de este decreto.\n
Art. 4.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional,\n estarán excluidas de informar sobre las contrataciones\n que puedan afectar la defensa nacional o la seguridad pública\n y que estén estipuladas como información reservada\n en la legislación pertinente.
Art. 5.- El presente decreto ejecutivo será\n aplicable a las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias,\n de acuerdo al programa que defina la Comisión Nacional\n de Conectividad, considerando las condiciones de cada una y el\n proceso de contratación e implementación de los\n servicios informáticos que apoyen la administración\n del sistema.
Artículo Final.- El presente decreto entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
N0 3392
Que entre las funciones de la Comisión Nacional de\n Conectividad, conformada mediante Decreto Ejecutivo 1781 de 21\n de agosto del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 400\n de 29 de agosto del 2001, está el diseñar planes\n y programas que garanticen el acceso y la implantación\n de nuevas tecnologías de la información y el formular\n y proponer una agenda nacional de conectividad que contenga políticas,\n planes y programas para el desarrollo y difusión de las\n tecnologías de la información y comunicación\n en las áreas de educación, salud, medio ambiente,\n comercio, industria, turismo, seguridad y gobernabilidad;
Que es necesaria la incorporación y aprovechamiento\n de nuevas tecnologías para el logro de los objetivos programados\n en materia de gestión estatal;
Que para desarrollar el eje estratégico de Gobierno\n en línea, en el marco de la Agenda Nacional de Conectividad,\n es necesario implementar un Portal del Estado Ecuatoriano (www.ecuador.gov.ec)\n ;y,
Art. 1.- Encomiéndese a la Comisión Nacional\n de Conectividad y a la Secretaría General de Comunicación\n del Estado las labores de coordinación en materia de lineamientos\n y estándares para el desarrollo de portales y sitios web\n institucionales para los organismos y dependencias del Estado,\n para lo cual contará con la colaboración de la\n Secretaria General de la Administración Pública.
El objeto del portal es proveer una ventanilla de servicios\n y portal del Estado, que sea un punto de fácil ubicación\n y acceso a toda la información y servicios que ofrecen\n todas las entidades públicas en sus propios sitios en\n internet, para mejorar la interacción entre organismos\n públicos y los ciudadanos y empresas, a través\n de un medio fácil, económico, seguro y eficiente.
Art. 2.- En el portal del Estado se incluyen todas\n las instituciones del Estado, que conforman la Administración\n Pública Central e institucional, las que deben cumplir\n las siguientes instrucciones generales:
·	Incluir en el Plan Estratégico de cada institución,\n el cumplimiento de este decreto, correspondiente a la iniciativa\n de Gobierno en Línea de la Agenda Nacional de Conectividad,\n con la mayor prioridad para su desarrollo eficiente y oportuno.
·	Adecuar la infraestructura de redes y telecomunicaciones\n para garantizar el nivel de servicio exigido con la coordinación\n de la Comisión Nacional de Conectividad.
·	Crear en sus respectivas instituciones los planes\n de capacitación y entrenamiento para desarrollar la cultura\n de trabajo utilizando tecnologías de información\n y comunicación de acuerdo a los estándares definidos\n por la Comisión Nacional de Conectividad.
·	Publicar en los respectivos portales institucionales\n la información en idioma castellano y en otros idiomas\n que se consideren pertinentes. Adicionalmente, se deberá\n incluir una nota indicativa respecto del idioma oficial, según\n lo estipulado por el artículo I de la Constitución\n Política de la República del Ecuador.
·	Las direcciones de los correos electrónicos\n de todos los ministerios e instituciones del Estado responderán\n a la norma: usuario@institucion.gov.ec.
La Comisión Nacional de Conectividad establecerá,\n en coordinación con las instituciones involucradas, las\n normativas y los plazos con que deben desarrollarse los portales\n institucionales.
Art. 3.- Las entidades del Estado deberán implantar\n esta política con base en las dos fases que a continuación\n se enumeran y se detallan:
Fase 1: Proveer información en línea,\n en idioma castellano y en otros idiomas que se consideren pertinentes,\n a los ciudadanos, por parte de todas las entidades involucradas\n en este decreto ejecutivo.
Fase 2: Ofrecer servicios y trámites en línea\n a los ciudadanos.
Estas fases pueden desarrollarse en forma paralela, siempre\n y cuando se cumpla a más tardar con las fechas límite\n establecidas para la puesta en marcha de cada una.
Art. 4.- Gobierno en Línea Fase 1: Proveer\n información en línea a los ciudadanos, en idioma\n castellano y en otros idiomas que se consideren pertinentes.\n
La primera fase consiste en lograr, en el menor tiempo posible,\n el siguiente objetivo: suministro de información en línea\n a los ciudadanos, por parte de todos los organismos y dependencias\n de la Función Ejecutiva destinatarias de este decreto.\n La información suministrada en línea por cada uno\n de ellos incluirá, como mínimo:
a.	Funciones, organigrama, localización física\n y electrónica, teléfonos y fax, horarios de trabajo\n y demás indicaciones que sean necesarias para que las\n personas puedan cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos;
b.	Funcionarios principales;
c.	Normas básicas que regulan la-actividad de la entidad;
d.	Proyectos de normatividad que están en proceso de\n expedición;
e.	Regulaciones y procedimientos que le son aplicables a la\n entidad (incluidos los internos);
f.	Regulaciones, procedimientos y trámites a que están\n sujetas las actuaciones de los particulares, precisando de manera\n detallada los documentos que deben ser suministrados, dependencias\n responsables y plazos que se deben cumplir, aquellas que prestan\n servicio a la comunidad;
g.	Planes y programas en ejecución y futuros;
h.	Presupuesto en ejercicio y proyectado para la siguiente\n vigencia. Procesos de contratación a realizar y términos\n de referencia;
i.	Contratos realizados, indicando identificación del\n contratista, objeto, monto, plazo y demás condiciones;
Entidades de control que vigilan a la entidad y mecanismos\n de control;
k.	Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía\n tales como metas e informes de gestión e indicadores de\n desempeño;
l.	Mecanismos de participación ciudadana en la gestión\n de la institución; y,
m.	Mecanismos de interacción ciudadana con la institución\n (canales de comunicación, responsables y direcciones electrónicas).
1.	Informar a la Comisión Nacional de Conectividad\n acerca de los avances realizados.
2.	Mantener estos servicios y trámites en línea\n a disposición de los ciudadanos 7 días a la semana,\n 24 horas al día, garantizando disponibilidad mínima\n de servicio en un 95% del tiempo.
3.	Revisar y actualizar como mínimo una vez al mes\n la información en línea aquí detallada.
4.	Colocar en línea, con una anticipación no\n menor a quince (15) días toda la in formación referente\n a proyectos de normatividad a expedir, planes y programas de\n acción futuros, instituciones, proyectos, programas y\n demás organizaciones adscritas o relacionadas directamente\n con el quehacer de la institución, y términos de\n referencia de cualquier tipo de contratación a realizar,\n permitiendo el acceso abierto de los ciudadanos a dicha información\n y solicitando comentarios y sugerencias.
Art. 5.- Gobierno en Línea Fase 2: Ofrecer\n servicios y trámites en línea a los ciudadanos.
La segunda fase consiste en lograr, en el menor tiempo posible,\n el siguiente objetivo: prestación de servicios, trámites\n y suministro, información en línea adicional a\n aquella presentada en la Fase 1 por parte de todas las entidades\n del Estado destinatarias de este decreto ejecutivo. La prestación\n de servicios y el suministro adicional de información\n en línea incluirán, como mínimo:
a.	Información recogida regularmente por la institución,\n incluidas estadísticas, estudios de competitividad, etc.;\n
b.	Informes finales de estudios de interés público\n realizados y contratados por la institución;
c.	Trámite en línea de solicitudes, licencias,\n autorizaciones y certificaciones de todo tipo;
d.	Información del estado de los trámites;
e.	Recepción y atención de reclamos en línea;
f	Recibir todo tipo de pagos a la entidad estatal a través\n de transferencias electrónicas (impuestos, contribuciones,\n tarifas, multas, tasas, etc.);
g.	Dar especial consideración a los aspectos relacionados\n con firma digital, entidades certificadoras, seguridad y protección\n de la privacidad de la información de los ciudadanos,\n que para el momento estén en vigor; y,
h.	Procesos participativos democráticos y estudios\n de opinión.
1.	Presentar, con actualizaciones semestrales, a la Comisión\n Nacional de Conectividad a través del CONAM, la información\n sobre el avance en la implementación de los programas.\n Dicha información deberá incluir también\n el esquema y cronograma de ejecución, las fuentes de financiación\n y las metas a alcanzar. La Comisión Nacional de Conectividad\n presentarán en forma coordinada dicho avance ante el Presidente\n de la República.
2.	Poner a disposición de los ciudadanos como mínimo\n los servicios y trámites aquí detallados, a más\n tardar en la fecha indicada.
3.	Mantener estos servicios y trámites en línea\n a disposición de los ciudadanos 7 días a la semana,\n 24 horas al día, garantizando disponibilidad mínima\n de servicio en un 95% del tiempo.
4.	Revisar y actualizar permanentemente el tipo y contenido\n de trámites y servicios, para implantar en línea\n todos los nuevos que ofrezca la institución.
Art. 6.- Será responsabilidad de cada Ministerio\n o institución controlar el cumplimiento. La Comisión\n Nacional de Conectividad establecerá los mecanismos para\n enviar la información señalada en - el artículo\n precedente y dar cumplimiento a las tareas de coordinación\n a que se refiere el artículo primero de este decreto.\n
Art. 7.- Todas las entidades afectadas por el presente\n decreto, y en especial las Fuerzas Armadas y la Policía\n Nacional, están exentas de publicar la información\n que pueda afectar la defensa nacional o la seguridad pública,\n y que estén estipuladas como información reservada\n en la legislación pertinente.
Art. 8.- Exhortar a los demás organismos y entidades\n del sector público su incorporación a las obligaciones\n y los consecuentes beneficios estipulados en el presente decreto.
f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la.\n República.
N0\n 3393
Que la Comisión Nacional de Conectividad fue creada\n por el Presidente Constitucional de la República mediante\n Decreto Ejecutivo No. 1781 de 29 de agosto del 2001, el que establece\n el mandato a la Comisión Nacional de Conectividad de formular\n y proponer una Agenda Nacional de Conectividad que contenga políticas,\n planes y programas para el desarrollo y difusión de las\n tecnologías de la información y comunicación\n en las áreas de Educación, Salud, Medio Ambiente,\n Comercio, Industria, Turismo, Seguridad y Gobernabilidad;
Que una Agenda de Conectividad debe estar orientada a mejorar\n el acceso al uso de tecnologías de la información\n para el fortalecimiento de la democracia y el buen- gobierno,\n la promoción de los derechos humanos, el trabajo, el desarrollo\n económico equitativo de la sociedad, la-administración\n de los asuntos relacionados con el medio ambiente y la ayuda\n en caso de desastres naturales, la -promoción del desarrollo\n de la salud y la educación, la promoción de la\n igualdad de género y la promoción de la diversidad\n cultural, incluyendo la preservación de los conocimientos\n tradicionales y las costumbres culturales de los pueblos indígenas;\n
Que la Comisión Nacional de Conectividad mediante Resolución\n N0 07-02-CONECTIVIDAD-200 1, conformó las siguientes comisiones\n técnicas especiales, sin perjuicio de establecer nuevas\n comisiones en el desarrollo de la Agenda Nacional de Conectividad:
a)	Comisión Técnica de Tele-educación,\n presidida por el señor Ministro de Educación, Cultura,\n Deportes y Recreación;
b)	Comisión Técnica de Tele-medicina, presidida\n por el señor Ministro de Salud;
c)	Comisión Técnica de Gobierno en Línea,\n presidida por el delegado del señor Presidente de la República;\n
d)	Comisión Técnica de Infraestructura de Conectividad,\n presidida por el señor Presidente del Consejo Nacional\n de Telecomunicaciones; y,
e) Comisión Técnica de Comercio Electrónico,\n presidida por el señor Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad.
Que las comisiones técnicas especiales han preparado,\n dentro del marco de las políticas y estrategias definidas\n por la Comisión Nacional de Conectividad, planes estratégicos,\n programas y proyectos debidamente sustentados, dentro de su ámbito\n de acción;
Que la Agenda Nacional de Conectividad es el resultado de\n un proceso consultivo y del trabajo conjunto de los sectores\n público, privado, así como de la sociedad civil,\n para lo cual se han identificado iniciativas y proyectos, que\n están incluidos en ella y se estimula la incorporación\n de otros que surjan en el futuro;
Que la Agenda Nacional de Conectividad es un documento dinámico\n que permite la coordinación interinstitucional y él\n manejo eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros;
Que en aplicación del mandato contenido en el Decreto\n Ejecutivo No. 1781 de 29 de agosto del 2001, la Comisión\n Nacional de Conectividad, mediante resolución decidió\n aprobar la Agenda Nacional de Conectividad; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 3 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,
Art. 1.- Establecer como política prioritaria\n del Estado, la Agenda Nacional de Conectividad, la misma que\n consta como anexo al presente decreto ejecutivo.
Art. 2.- Encargar a la Comisión Nacional de\n Conectividad la coordinación de la ejecución, seguimiento\n y actualización de los programas y proyectos establecidos\n en la Agenda Nacional de Conectividad.
Art.- 3.- Encomendar al señor Ministro de Economía\n y Finanzas establezca el financiamiento de la implementación\n de la Agenda Nacional de Conectividad dentro del Presupuesto\n General del Estado.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de noviembre del
N0 3394
Que según lo dispone el artículo 19 de la Ley\n de Hidrocarburos, PETROECUADOR promoverá, para la exploración\n y explotación de yacimientos y para la industrialización\n de hidrocarburos, la concurrencia del mayor número de\n ofertas de compañías de probada experiencia y capacidad\n técnica y económica, para lo cual la adjudicación\n de los contratos a los que se refieren los artículos 1\n y 2 de dicha ley, con excepción de los de obras o servicios\n específicos, debe realizarse mediante un sistema especial\n de licitación cuya forma, requisitos y procedimientos\n serán determinados exclusivamente en el reglamento que\n para este fin expida el Presidente de la República; procurando\n diversificar la adjudicación entre empresas estatales\n y privadas;
Que es necesario dictar el reglamento señalado en el\n artículo anterior, actualizado a los requerimientos que\n la condición actual de explotación de hidrocarburos\n exige y de conformidad con las garantías que consagra\n la Constitución Política de la República;\n y,
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo\n 171 numeral 5 de la Constitución Política de la\n República y el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos,
Art. 1.- Expedir el Reglamento del Sistema Especial\n de Licitación previsto en el artículo 19 de la\n Ley de Hidrocarburos.
REGLAMENTO DEL SISTEMA ESPECIAL DE LICITACION PREVISTO\n EN EL ARTICULO 19 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS
El presente reglamento establece las condiciones generales\n que regirán la licitación y la adjudicación\n de los contratos a que hace relación el artículo\n 19 de la Ley de Hidrocarburos y otros que la ley le asigne expresamente,\n con excepción de aquellos contratos de obras o servicios\n específicos, cuyo conocimiento y resolución le\n corresponde a la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador\n - PETROECUADOR y de los que correspondan a lo previsto en el\n inciso tercero del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos.\n
Artículo 2.- Sistema de Contratación.
Los contratos regulados por este reglamento, que no requieran\n de trámite diferente por mandato legal expreso, serán\n llevados mediante el sistema de licitación pública\n que se fija en este reglamento.
En casos de proyectos de magnitud o de complejidad considerable\n calificados así por el Comité Especial de Licitaciones\n CEL, se organizarán procesos licitatorios con una fase\n previa de precalificación, que será regulada expresamente\n por el comité.
Artículo 3.- Prohibición.
Cuando por mandato de la ley los contratos deban ser licitados,\n quedan expresamente prohibidas la