Source: https://andreadeleon.blogspot.com/2011/04/
Timestamp: 2017-08-17 21:21:57
Document Index: 11998417

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 94', 'artículo 96', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 509', 'artículo 49', 'artículo 100', 'artículo 76', 'artículo 100', 'artículo 453', 'e contrario', 'artículo 1357', 'artículo 87', 'artículo 429', 'artículo 650', 'artículo 640', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 648', 'artículo 444', 'artículo 410', 'artículo 411', 'Artículo 410', 'Artículo 411', 'artículo 274', 'artículo 251', 'artículo 248']

Exp. Nro. 09-2464
PARTE RECURRENTE: NELSON JOSÉ SANOJA, portador de la Cédula de Identidad Nro. 5.604.540, asistido por los abogados Emilia De León de Andrea, Karen Andreina Morales Meza y Gilberto Antonio Andrea González, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.336, 130.888 y 37.063.
PARTE RECURRIDA: Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.
ACTO RECURRIDO: Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008.
Mediante escrito presentado en fecha 17 de abril de 2009, ante el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por los abogados Emilia De León de Andrea, Karen Andreina Morales Meza y Gilberto Antonio Andrea González, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.336, 130.888 y 37.063, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Nelson José Sanoja, se interpuso el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, contra la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, dictada por Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, correspondiéndole el conocimiento a este Juzgado por distribución de fecha 21 de abril de 2009, siendo recibido en fecha 22 de abril de 2009.
Mediante auto de fecha 24 de abril de 2009 se ordenó solicitar a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, los respectivos antecedentes administrativos del expediente Nro. 039-2008-01-00200; solicitud que fue reiterada en fechas 01 de junio de 2009, 2 de julio de 2009, 22 de julio de 2009, siendo finalmente consignadas copias certificadas del expediente administrativo en fecha 24 de septiembre de 2009.
En fecha 29 de septiembre de 2009, se admitió el recurso de nulidad interpuesto, ordenándose citar a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, y a la Sociedad Mercantil Frazzani Sport C.A. y al ciudadano Claudio Rivas.
En fecha 17 de noviembre de 2009 se abrió a pruebas la presente causa.
Mediante auto de fecha 26 de enero de 2010, se dio comienzo a la primera (1era) etapa de la relación de la causa, y se fijó el acto de informes para el décimo (10mo) día de despacho siguiente a las once antes meridiem (11:00 a.m), todo ello de conformidad con el aparte 8º del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Celebrado el acto de informe en la oportunidad correspondiente, en fecha 12 de febrero de 2010 el Tribunal fijó el lapso de treinta (30) días de despacho a los fines de dictar sentencia de conformidad con el aparte 7 del artículo 21 eiusdem.
Señala la parte recurrente que a pesar de haber incurrido en un despido injustificado la empresa Frazzani Sport C.A., se ha negado a reengancharlo en su puesto de trabajo, y menos aun ha procedido a cancelarle los salarios caídos, ni sus prestaciones sociales, apoyándose en una calificación de falta irrita y nula, colocándolo en una situación irregular ya que no ha percibido la remuneraciones de ley, por lo que solicita se declare la nulidad de la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.
Señala que la Inspectoría del Trabajo no tomó en consideración la inamovilidad laboral que se desprende del ejercicio de una acción judicial por enfermedad laboral, y la protección derivada del contenido del artículo 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 96 eiusdem; y del artículo 100 de la Ley Orgánica de Prevención y medio ambiente del trabajo, que establece la estabilidad absoluta para el trabajador que haya accionado judicialmente las indemnizaciones de ley por ser víctima de una enfermedad laboral
Indica que a pesar de que el trabajador enfermo consignó para su estudio y análisis en la Inspectoría todos sus reposos avalados por el I.V.S.S., sin embargo esta hizo silencio absoluto de pruebas y no analizó lo aportado por el trabajador.
Denuncia la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso, y del principio de comunidad de las pruebas, por cuanto a la constancia de reposo del trabajador no se le otorgó valor probatorio alguno, razón por la cual solicita se declare la nulidad absoluta del la Providencia Administrativa objeto del presente recurso.
El abogado DANIEL CABALLERO OSUNA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 71.762, en su carácter de Fiscal Provisorio Décimo Sexto a Nivel Nacional con competencia en lo Contencioso Administrativo y en Materia Tributaria del Ministerio Público, en su escrito de opinión luego de hacer una breve narración de los hechos, indica que el artículo 100 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) consagra la inamovilidad laboral por el período de un año a favor de los trabajadores que se encuentren en cualquiera de las situaciones descritas en dicha norma, lo cual constituye un mecanismo de protección que persigue evitar que la obligación del patrono de reincorporar a un trabajador discapacitado y asegurarle un puesto de trabajo, sea burlada con la posibilidad que se produzca un despido injustificado inmediato o al poco tiempo después de producida la reincorporación.
Indica que tal inamovilidad laboral, a diferencia de lo alegado por la parte accionante, no deriva de la circunstancia de que el trabajador haya accionado judicialmente las indemnizaciones de ley por ser victima de una enfermedad laboral, sino de la necesidad de amparar al trabajador que padece de una discapacidad calificada por el INPSASEL.
Indica que no puede configurarse una situación de inamovilidad del trabajador, cuando no se verifica que se hubiere configurado el presupuesto previsto en el artículo 100 de la LOPCYMAT para que esta comience a operar , por lo que estima que en el presente caso no se vulnero la inamovilidad prevista en dicho artículo.
Con relación al alegato de la parte recurrente en cuanto al silencio de pruebas en el según su decir, incurrió la Inspectoría del Trabajo, señala que según consta de los autos, en fecha 12 de marzo de 2008 se abrió el lapso probatorio en el procedimiento de calificación de falta incoado por la Sociedad Mercantil “Frazzani Sport, C.A”, y que el día 13 de marzo de 2008, el trabajador accionado diligenció para consignar copia simple del justificativo médico de fecha 21 de enero de 2008, emitido por el Plan Barrio Adentro del Municipio Carrizal del Estado Miranda, mediante el cual se sugiere reposo físico al paciente Nelson Sanoja durante 3 días.
Señala que los documentos aportados por el trabajador en el procedimiento administrativo debían ser valorados por la Inspectoría del Trabajo al momento de tomar su decisión; y ciertamente si la copia fotostática del justificativo médico fue presentada por el trabajador en fecha 13 de marzo de 2008, la parte contraria podía proceder a su impugnación los días 14, 17, 18, 19 y 24 de marzo de 2008, esto es dentro de los cinco días hábiles inmediatamente siguientes a su promoción, so pena de que la misma fuera considerada fidedigna, de manera que al no haberse efectuado oportunamente la impugnación del justificativo médico presentado por el trabajador en fecha 13 de marzo de 2008, el mismo debió ser valorado por la Inspectoría del Trabajo, mas cuando tal prueba era relevante para dilucidar el asunto debatido.
Concluye que la falta de valoración del justificativo médico de fecha 21 de enero de 2008, además de violar la regla general sobre el examen de las pruebas contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, vulneró el derecho a la defensa del trabajador, consagrado en el artículo 49 constitucional, todo lo cual acarrea la nulidad de la providencia administrativa impugnada, y la declaratoria Con Lugar de la presente demanda.
El presente recurso se circunscribe a solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda al considerar la parte accionante que con la misma le fue vulnerado su derecho a la inamovilidad laboral que lo protegía al momento de su emisión, su derecho a la defensa y al debido proceso al haber sido silenciada una prueba promovida en su oportunidad y fundamental para la resolución de la controversia.
En primer termino debe este Juzgado pronunciarse con relación al alegato en cuanto a que la Inspectoría del Trabajo no tomó en consideración la inamovilidad laboral que se desprende del ejercicio de una acción judicial por enfermedad laboral, y cuyo fundamento legal –según su decir- se encuentra contenido en los artículos 96 y 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, y 100 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (en adelante LOPCYMAT). Al efecto se observa:
Efectivamente el artículo 100 de la LOPCYMAT prevé que finalizada una discapacidad temporal el empleador deberá reincorporar al trabajador que haya recuperado su capacidad para el trabajo en el cargo o puesto de trabajo que desempeñaba con anterioridad a la ocurrencia de la contingencia, o en otro de similar naturaleza; igualmente prevé la norma la inamovilidad laboral por el período de un (1) año contado desde la fecha del efectivo reingreso o reubicación de aquellos trabajadores que se encuentren dentro de los supuestos previstos en ella, es decir, cuando el trabajador se ha recuperado de una discapacidad calificada como temporal, parcial permanente, o total permanente para el trabajo habitual.
Ahora bien, la misma ley en sus artículos 79, 80 y 81 define lo que comprende en cada caso la discapacidad. Así, dispone que la discapacidad temporal es aquella contingencia que a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional imposibilita al trabajador o trabajadora amparado para trabajar por un tiempo determinado; la discapacidad parcial permanente implica la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, genera en el trabajador una disminución parcial y definitiva menor del 67%; y la discapacidad total permanente para el trabajo habitual, que es la contingencia que, a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional genera en el trabajador una disminución mayor o igual al 67%.
Del análisis de las normas invocadas por la parte recurrente se observa en primer lugar que de las mismas no se desprende el supuesto alegado en cuanto a que la inamovilidad en ellas prevista derive de la interposición de una acción judicial por enfermedad laboral; y en segundo lugar, que dicha inamovilidad se inicia desde la fecha del reingreso o reubicación del trabajador, y sólo procede una vez verificada la recuperación del trabajador de alguna de las categorías de discapacidad ya indicadas, y la cual debió ser previamente comprobada, calificada y certificada como una discapacidad originada por una enfermedad de tipo ocupacional o agravada por las actividades laborales llevadas a cabo por el trabajador, por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) tal y como lo prevé el artículo 76 de la LOPCYMAT. Por lo que tal inamovilidad no puede invocarse ni antes de dicha certificación, ni previo a la recuperación de la discapacidad, por cuanto el supuesto de procedencia de dicha inamovilidad es la obligatoria reincorporación del trabajador una vez verificada la recuperación de una enfermedad ocupacional (debidamente certificada) que haya producido algún tipo de discapacidad.
Por otro lado se tiene que el procedimiento administrativo de calificación de faltas, opera en aquellos casos en que el trabajador se encuentra amparado por fuero sindical, o en otros casos de inamovilidad –como es la derivada del Decreto Presidencial que ampara al trabajador-, lo cual conlleva a que el patrono no puede prescindir del trabajador, sin que previamente una autoridad administrativa verifique la existencia de una falta y la califique como tal.
Así, debe entenderse la condición de protección especial laboral –fuero- como la exigencia establecida en la Ley, para determinar si un trabajador que goza de dicha protección, puede ser retirado –despedido-. No se trata el fuero de la imposibilidad absoluta de despido, sino la limitación al libre arbitrio de despedir que se impone al patrono, siendo que corresponde a la Administración analizar la situación planteada y autorizar de ser el caso, el despido, para que posteriormente el patrono lo haga efectivo una vez levantada la protección, sin pretender que la inamovilidad constituya la imposibilidad absoluta de romper la relación laboral. Si una persona goza de una causal de inamovilidad o de varias –maternal, sindical, por accidente de trabajo, por decreto presidencial-, resulta requisito indispensable la calificación de faltas, el cual, en el caso de autos, se cubrió en sede administrativa.
En el presente caso, tanto del expediente administrativo como del judicial se desprende que efectivamente el trabajador antes de haber sido iniciado el procedimiento administrativo de calificación de falta padecía de una enfermedad, aun no declarada como de origen ocupacional o como una enfermedad agravada con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentre obligado a trabajar. Por otro lado, se reconoce la existencia de protección especial del trabajo contenida en la inamovilidad, cuando el patrono acude ante la Inspectoría del Trabajo a solicitar sea calificada la falta.
También se evidencia del desarrollo del procedimiento que el trabajador faltó a su sitio de trabajo durante más de tres días en un mes sin haberlo justificado, causal esta que es calificada por la Ley Orgánica del Trabajo como una falta suficiente para despedir de manera justificada a cualquier trabajador, y en caso de trabajadores protegidos por inamovilidad laboral, causal suficiente para solicitar la calificación de falta ante la Inspectoría del Trabajo, tal y como fue efectivamente realizado por la empresa Frazzani Sport en su oportunidad.
De modo que, a consideración de este Juzgado, en primer término el trabajador para el momento de las inasistencias al trabajo –según la parte demandada- injustificadas, y del inicio del procedimiento administrativo de calificación de falta, no se encontraba protegido por la inamovilidad laboral prevista en el artículo 100 de la LOPCYMAT. Por otra parte, se evidencia que en protección de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, (única que podía ser alegada por el trabajador) la empresa inició el procedimiento de calificación de falta respectivo en contra del trabajador, motivo por el cual se rechaza la denuncia de violación del derecho a la inamovilidad laboral planteada por la parte recurrente. Así se decide.
Con relación a las denuncias de violación del derecho a la defensa y al debido proceso, de violación del principio de comunidad de la prueba, y del silencio de prueba, expuestas por la parte recurrente, por cuanto según su decir, a pesar de haber consignado todos sus reposos avalados por el I.V.S.S. para su estudio y análisis en la Inspectoría del Trabajo, los mismos no fueron valorados, se observa:
Corre inserto al folio 27 del expediente administrativo, diligencia suscrita por el ciudadano Nelson José Sanoja, mediante la cual consignó copia simple de constancia médica de fecha 21 de enero de 2008; constancia médica que fue oportunamente desconocida por la representación judicial de la empresa por su carácter de copia simple y por no estar conformado y avalado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en tal sentido debe este Juzgado efectuar las siguientes consideraciones:
El artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo en su párrafo segundo, prevé que en caso de que se desconozca un documento se hará el cotejo por un experto nombrado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, por el Inspector cuyo costo correrá a cargo del patrono si resultare contrario al planteamiento de éste, o del Ministerio del ramo en cualquier otro caso.
En este sentido es preciso hacer referencia al alegato expuesto por el trabajador durante el procedimiento administrativo en cuanto a que el justificativo médico por él consignado ostenta el carácter de documento público emanado de un funcionario público del I.V.S.S. y por tanto -según sus dichos-, debe surtir lo efectos legales correspondientes.
En primer lugar debe señalarse que el Justificativo Médico consignado por el trabajador durante el procedimiento administrativo es una copia fotostática simple en la cual se visualiza un sello húmedo de un Centro Médico perteneciente al Plan Barrio Adentro del Municipio Carrizal del Estado Miranda, no desprendiéndose del mismo la firma y visado del médico tratante, ni que éste emanara de un Centro Médico Asistencial adscrito al I.V.S.S., órgano competente para convalidar certificados médicos procedentes de médicos privados, y para emitir certificados de incapacidad capaces de justificar ausencias de los trabajadores a sus lugares de trabajo.
De modo que al no tratarse de un documento autorizado por el funcionario o empleado público que tenga la facultad de darle fe pública, en los términos expuestos en el artículo 1357 del Código Civil, no podría reputarse el mismo como documento público.
Empero, tal y como lo prevé la norma de la Ley Orgánica del Trabajo antes citada, el desconocimiento de cualquier documento durante el procedimiento de calificación de falta implica su cotejo. Ahora bien, si consideramos en virtud de lo antes expuesto, que el justificativo médico desconocido es un instrumento privado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 87 de la LOPCYMAT, corresponde a la parte que lo produjo, probar su autenticidad, en razón de lo cual deberá promover la prueba de cotejo y aportar el documento original para que pueda realizarse ese cotejo. Ahora, vale señalar que si el justificativo médico hubiere sido considerado un documento público, de igual manera y de acuerdo a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil debía ser cotejado con el original mediante inspección ocular solicitada por aquel que quisiera servirse del mismo.
De modo que al no haber sido cotejado el justificativo médico, y tratarse de una copia simple, para surtir los efectos legales correspondientes y ser valorada como una prueba capaz de desvirtuar la falta alegada por la empresa, la misma debió ser cotejada, de modo que la Inspectoría del Trabajo al no valorar dicha prueba no incurrió en el vicio de silencio de prueba o en violación del derecho a la defensa y al debido proceso denunciada, por cuanto el trabajador tenia la carga de solicitar la prueba de cotejo del mismo para que este fuera debidamente valorado, lo cual no se hizo.
En todo caso, es preciso indicar que las faltas injustificadas atribuidas al trabajador, lo son de los días 21, 22, 23 y 24 de enero de 2008, y el justificativo médico consignado por el trabajador en el procedimiento administrativo únicamente justificaría la inasistencia del día 21 de enero de 2008, por cuanto la copia fotostática que corre inserta al vuelto del folio 28 del expediente administrativo, aun cuando indica reposo por tres días a partir del día 21 de enero de 2008, el mismo no señala el nombre del paciente, de modo que no podría “suponerse o adivinarse” que es un reposo a favor del ciudadano Nelson José Sanoja; pues si bien es cierto, independientemente que se trata de un documento impugnado, no se puede precisar a ciencia cierta que el vuelto corresponda al mismo documento o continuación de su frente, por cuanto la misma ni siquiera fue correctamente fotocopiada.
Es por todo lo anterior que a consideración de este Juzgado y apartándose de lo expuesto por la representación del Ministerio Público en su escrito de opinión, no se verifican los vicios denunciados por la parte accionada en su escrito. Así se decide.
Analizados cada uno de los alegatos expuestos por la parte demandante, y desechados en los términos antes expuestos, resulta forzoso para este Juzgado declarar sin lugar el presente recurso. Así se decide.
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el ciudadano NELSON JOSÉ SANOJA, portador de la Cédula de Identidad Nro. 5.604.540, asistido por los abogados Emilia De León de Andrea, Karen Andreina Morales Meza y Gilberto Antonio Andrea González, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.336, 130.888 y 37.063, contra la Providencia Administrativa Nro. 204-08, de fecha 30 de octubre de 2008, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los diez (09) días del mes de abril de dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
En esta misma fecha, siendo las once y treinta ante-meridiem (11:30 a.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión.
Exp. Nro. 09-2464.-
Publicado por Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn en 3:34 p.m.
PARTE INTIMANTE: ENTIDAD MERCANTIL INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. (IMUSA), constituida a través de escritura Pública número 1.980, otorgada en la Notaría 2 de Medellín el 9 de Agosto de 1.934 e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el día 13 de agosto de 1.934 en el libro 2°, folio 352, bajo el número 49.
AL COBRO: EMILIA DE LEON ALONSO DE ANDREA y GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad números V- 6.198.448 y V- 6.873.628, respectivamente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 35.336 y 37.063, respectivamente.
PARTE INTIMADA: Entidad Mercantil CORPORACION VIVA C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 10 de noviembre de 1.993 y anotada bajo el número 38 tomo 53-A pro, Expediente número: 409049, domiciliada en Guarenas, Estado Miranda, representada por sus Directores, ciudadanos IGNACIO SOUSA y JOSE ANTONIO ALVAREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V- 762.552 y V- V-6.824.202 y el ciudadano DAVID EPPEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 4.523.828.
DEFENSORA JUDICIAL DE LA
PARTE INTIMADA: ANGELIMER LARA, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.736.-
EXPEDIENTE Nº 11180
En fecha 08 de enero de 2001, se recibió del sistema de distribución de causas demanda por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) interpuesta por los abogados en ejercicio EMILIA DE LEON ALONSO DE ANDREA y GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 35.336 y 37.063, respectivamente, en su carácter de endosatarios en procuración de la beneficiaria Entidad Mercantil INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. (IMUSA), contra Entidad Mercantil CORPORACION VIVA C.A., domiciliada en Guarenas, Estad Miranda, representada por sus Directores, ciudadanos IGNACIO SOUSA y JOSE ANTONIO ALVAREZ, y el ciudadano DAVID EPPEL.
Admitida la demanda por auto de fecha 18 de enero de 2001, se decretó la intimación de la Entidad Mercantil INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. (IMUSA), contra Entidad Mercantil CORPORACION VIVA C.A., representada por sus Directores, ciudadanos IGNACIO SOUSA y JOSE ANTONIO ALVAREZ, y el ciudadano DAVID EPPEL, , a fin de que comparecieran por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su intimación más un día de término de distancia con la finalidad de que acreditaran haber pagado o pagara las cantidades de dinero intimadas, dejándose constancia que en caso de hacer oposición tendría lugar dentro de los cinco (5) días siguientes la contestación a la demanda.-
Practicadas todas las diligencias tendientes a lograr la intimación personal de la parte demandada, la misma se verificó conforme a lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil, es decir, por medio de la imprenta, y cumplidas las formalidades a que se refiere la citada norma, a solicitud de la parte intimante, a los intimados se les designó defensor judicial, quién previa aceptación, juramentación y citación, en fecha 10 de marzo de 2008, procedió a oponerse al decreto de intimación y posteriormente dio contestación a la demanda.
Abierto a pruebas por imperio de ley ninguna de las partes hizo uso de este derecho.-
En fecha 07 de enero de 2009, la parte intimante presentó escrito mediante el cual solicitó se dicte sentencia.-
Alegó la parte intimante en su texto libelar lo siguiente:
“ Somos endosatarios en Procuración de Dos Letras de Cambio las cuales se describen continuación: 1/1 por la cantidad de de Cien Mil Dollares Americanos (100.000$) girada el día 16 de Marzo de 1.998, a la Orden de Industrias Metalúrgicas Unidas S.A. (IMUSA) con fecha de vencimiento para el día 14 de Junio de 1.998 y aceptada para ser pagada sin aviso y sin Protesto por la Entidad Mercantil CORPORACION VIVA C.A. domiciliada en la Ciudad de Guarenas Estado Miranda aceptada debidamente por sus DIRECTORES: IGNACIO SOUSA Y JOSE ANTONIO ALVAREZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números: V-762.552 y V- 6.824.202. Y avalada personalmente para garantizar las Obligaciones del aceptante por el accionista mayoritario Ciudadano David Eppel, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad numero: V- 4.523.828 y 1/1 girada el día 28 de Enero de 1.988 por la cantidad de: Cincuenta mil cuatrocientos veintiséis con veintiocho céntimos de Dollar Americano (50.426,28$) con fecha de vencimiento para el día 24 de Marzo de 1.988 y aceptada para ser pagada sin aviso y sin protesto por la Entidad Mercantil Corporación Viva C.A. (…). Ahora bien Ciudadano Juez esta Entidad Mercantil Venezolana denominada Corporación Viva C.A. se encuentra en franco estado de morosidad con la obligación cambiaria asumida a tal punto que ha cesado la comunicación entre las dos empresas sin que el acreedor sepa nada de la referida empresa a esta fecha, en tal sentido y dada la gravedad de esa actuación en materia comercial la Empresa Acreedora Industrias Metalúrgicas Unidas S.A. ha decidido Endosar en Procuración los mencionados Instrumentos cambiarios los cuales se acompañan a la presente demanda (…). Establece el Código de Procedimiento Civil Venezolano la Via Intimatoria como mecanismo Procedimental para realizar la reclamación Judicial en materia de falta de pago de un Instrumento cambiario así el artículo 640 del mencionado instrumento legal establece que se la Obligación esta basada en un Instrumento cambiario léase letra de cambio bastara al acreedor presentar dicho Instrumento para que el Juez de la causa ordene la INTIMACION del deudor a los efectos de que realice el pago de lo adeudado, es por lo cual hemos acudido ante su competente autoridad para demandar como en efecto demandamos a la Entidad Mercantil Corporación Viva C.A. (…) y a su Avalista: Ciudadano: David Eppel plenamente identificado en su oportunidad a los efectos de que pague la cantidades que se señalan a continuación: PRIMERO: El pago de la cantidad de Cien Mil Dollares Americanos (100.000 $) establecida en la letra de cambio 1/1 girada en fecha 16 de Marzo de 1.998 y vencida el 14 de Junio de 1.998 la cual podrá pagar en moneda de curso legal al cambio oficial del día, se señala de conformidad al artículo 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela a los solos efectos del mismo que dicha cantidad equivale a: Sesenta y nueve Millones ochocientos cincuenta mil Bolívares ( 69.850.000 Bs) al cambio de 698,50 Bolívares por Dollar Americano, no siendo esta referencia una conversión en Bolívares de la deuda sino una referencia obligatoria de ley en cuanto al cambio ya que el signo monetario de la deuda es y será el Dolla Americano. Segundo: El pago de la Letra de cambio 1/1/ girada el 28 de Enero de 1.998 por la cantidad de: Cincuenta Mil Cuatrocientos Veinte y seis con veintiocho céntimos de dollar americano (50,42626$) la cual de conformidad con el artículo 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela equivale a la cantidad de : Treinta y cinco millones doscientos veinte y dos mil setecientos cincuenta y seis bolívares ( 35.222.756 Bs) no siendo esta referencia nunca una conversión en bolívares de la deuda sino una referencia obligatoria de ley en cuanto al cambio ya que el signo monetario de la deuda es y será el Dollar Americano. Tercero: El pago de los intereses de ley, es decir, el Uno por ciento mensual calculados estos desde su efectivo vencimiento hasta su efectivo pago, los cuales hasta la presente fecha ascienden a la cantidad de: Treinta y dos Millones Quinientos Setenta y Ocho mil Quinientos nueve Bolívares (32.578.509 Bs). Cuarto: El pago de los Honorarios Profesionales de Abogados calculados en un 25% del monto total adeudado los cuales a esta fecha ascienden a la cantidad de: Treinta y Cuatro Millones cuatrocientos doce mil ochocientos diez y seis Bolívares (34.412.816 Bs) la cual solicitamos se ajuste al monto total de la deuda a la fecha de su efectivo pago todo de conformidad al artículo 648 del Código de Procedimiento Civil Venezolano…(…)…(omissis).-
En su contestación a la demanda, la Defensora Judicial de la parte intimada, abogada ANGELIMER LARA, indicó entre otras cosas lo siguiente: “Niego, rechazo y contradigo, tanto los hechos como el derecho alegado por la parte actora en su libelo de la demanda….Niego, rechazo y contradigo por no ser cierto que mi representada CORPORACION VIVA C.A haya adquirido obligación por medio de una supuesta letra de cambio por la cantidad de CIEN MIL DOLLARES AMERICANOS (100.000,00$) según letra de cambio con el número 1-1 de fecha 16 de Marzo de 1.998 y es alegado por la parte actora que el supuesto instrumento se venció en fecha 14 de junio de 1.998 y dicha cantidad equivale al cambio SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 69.850.000,00) según el escrito libelar… Niego, rechazo y contradigo por no ser cierto que mi representada, se haya obligado por una supuesta letra de cambio de fecha 28 de enero de 1.998 por la cantidad de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS CON VEINTIOCHO CENTIMOS DE DOLLAR AMERICANO (50.426,28$) los cuales equivalen al cambio a la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y DOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES ( Bs. 35.222.756)…Niego, rechazo y contradigo el pago de los supuestos intereses que alega la parte actora por la supuesta deuda por la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE BOLIVARES (Bs. 32.578.509,00)…Niego, rechazo y contradigo que mi representada sea condenado a pagar la cantidad de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DECISEIS BOLIVARES (Bs. 34.412.16,00)m por concepto de Honorarios Profesionales alegados por la parte actora…”
Siendo la oportunidad para decidir el Tribunal lo hace en base a las siguientes consideraciones:
Cumplido los trámites a que se contrae el iter procesal, el Tribunal pasa a extender la sentencia conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
El procedimiento por Intimación es un procedimiento de cognición reducida con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos crediticios que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Este procedimiento se caracteriza por ser un sistema basado en la inversión de la carga del contradictorio que se aplica ordinariamente y en el cual el Juez no emite su decisión hasta tanto haber oído a la contraparte y encontrándose vencido el lapso probatorio; siendo la forma de este sistema emitir sin conocimiento de la otra parte una orden de pago para que el demandado cumpla, apercibido de ejecución y si lo cree conveniente, provocar el debate judicial formulando a tal efecto la oposición.
La presente acción interpuesta por los abogados EMILIA DE LEON ALONSO DE ANDREA y GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ, actuando como endosatarios en procuración de la Entidad Mercantil INDUSTRUAS METALURGICAS UNIDAS S.A. (IMUSA) por COBRO DE BOLÍVARES (PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN); contra la Entidad Mercantil CORPORACION VIVA C.A. y el ciudadano DAVID EPPEL, acompañando como instrumento de su demanda (02) letras de cambio, para un total de CIENTO CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES (105.072.756,00) Bs.; actualmente CIENTO CINCO MIL SETENTA Y DOS BOLÍVARES FUERTES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.F 105.072, 75).
Ahora bien, el Tribunal pasa a señalar los hechos controvertidos objeto de la decisión, concretándose a las alegaciones de las partes, la parte actora en el libelo de la demanda, expone:
Que son endosatarios en procuración de dos letras de cambio por la suma de CIENTO CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLIVARES (105.072.756,00) Bs.; actualmente CIENTO CINCO MIL SETENTA Y DOS BOLÍVARES FUERTES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.F 105.072, 75); con vencimiento la primera el día 14 de junio de 1998; la segunda el día 24 de marzo de 1998; cuyo beneficiaria es la Entidad Mercantil INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. (IMUSA); que vencidas las letras de cambio antes identificadas ha sido imposible obtener su pago por parte de la librada aceptante y su avalista, no obstante las diligencias realizadas por su persona y su mandante, siendo estos los motivos por los que proceden ante éste Órgano Jurisdiccional para demandar por el presente procedimiento de intimación.
Ahora bien, se evidencia que efectivamente existe una relación jurídica entre la Entidad Mercantil INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. (IMUSA) y la Entidad Mercantil CORPORACION VIVA C.A. y el ciudadano DAVID EPPEL KHON (plenamente identificados en autos) según se desprende de los alegatos del actor y de los documentos privados contentivos de dos letras de cambio consignadas por la parte intimante en el presente juicio, toda vez que demuestra la obligación del pago de una suma liquida y exigible que vincula jurídicamente a las partes tantas veces identificadas en el presente juicio, instrumentos éstos, a los cuales el Tribunal les confiere pleno valor probatorio, ya que las mismas no fueron desconocidas ni negadas sus firmas en la oportunidad correspondiente por la parte demandada de conformidad a lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y así se decide.
Ahora bien, de un examen de los instrumentos que acompañó la parte actora a la demanda, se colige que los mismos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 410 del Código de Comercio y de conformidad con lo que dispone el artículo 411 eiusdem, el título en el cual falte tal requisito, no vale como letra de cambio, por lo que dichas instrumentales cumplen con las exigencias de la norma como medios válidos para accionar por la vía de cobro de bolívares, y no habiendo demostrado el demandado en la oportunidad correspondiente su alegato fundamental; en razón de que en su contestación rechazó y contradijo en todas sus partes la acción propuesta, así como rechazó y contradijo el pago de una obligación derivada de una relación cambiaria, no obstante nada probó a favor de dichos alegatos y como consecuencia de ello la acción de cobro de bolívares es procedente con fundamento en las siguientes normas:
Artículo 410° La letra de cambio contiene:
1. La denominación de letra de cambio inserta en el mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento.
4. Indicación de la fecha del vencimiento.
5. El Lugar donde el pago debe efectuarse.
7. La fecha y lugar donde la letra fue emitida.
Artículo 411° El título en el cual falte uno de los requisitos enunciados en el artículo precedente, no vale como tal letra de cambio, salvo en los casos determinados en los párrafos siguientes:
La letra de cambio que no lleve la denominación "letra de cambio" será válida siempre que contenga la indicación expresa de que es a la orden.
La letra de cambio que no indica el sitio de su expedición se considera como suscrita en el lugar designado al lado del nombre del librador.
De lo anterior se colige, que siendo las letras de cambio los instrumentos fundamentales de la pretensión del accionante y al habérsele atribuido pleno valor probatorio, y no habiendo probado nada que le favorezca la parte demandada en la oportunidad correspondiente, es forzoso para este Juzgado declarar procedente la acción de cobro de bolívares por vía de intimación interpuesta por el demandante. Así se establece.
Por las razones antes expuestas este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda y Administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la acción de cobro de bolívares por vía de intimación intentada por los abogados en ejercicio EMILIA DE LEON ALONSO DE ANDREA y GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ como endosatarios en procuración de la Entidad Mercantil INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. (IMUSA) contra la Entidad Mercantil CORPORACION VIVA C.A. y el ciudadano DAVID EPPEL KHON, todas plenamente identificadas en la presente decisión.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se condena a la demandada a cancelar las siguientes cantidades: PRIMERO: La cantidad de CIENTO CINCO MIL SETENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.f. 105.072,75), correspondiente al monto de la obligación contenida en las letras de cambio; SEGUNDO: La cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (Bs.F. 32.412,81), por concepto del pago de intereses de ley, es decir, el uno por ciento mensual calculados estos desde su efectivo vencimiento hasta su efectivo pago; TERCERO: La cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 32.412,81), por concepto de costas procesales prudencialmente calculadas por el Tribunal en un 25%.
TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida totalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Notifíquese a las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 251 eiusdem.
QUINTO: Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 ibidem.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Los Teques, a los once (11) días del mes de febrero de dos mil once (2011).- Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.-
DR. HÉCTOR DEL V. CENTENO G.
En la misma fecha registró y publicó la anterior sentencia, siendo las 10:30 a.m, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.-
HdVCG/fjb/ag
Exp. No. 11180
Publicado por Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn en 2:20 p.m.