Source: http://fboiso.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
Timestamp: 2017-05-22 21:33:15
Document Index: 357442784

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1902', 'artículo 152', 'artículo 147', 'artículo 621', 'artículo 267', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 1902', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 26']

PUNTO CERO: enero 2011
CODIFICADO DE INFRACCIONES DE TRÁFICO EN VÍAS URBANAS.
Nuevamente Raymundo Martínez Dobón y Aurelio Urbán Rubio, autores del MANUAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL CON PERMISOS DE CONDUCIR Y VEHÍCULOS EXTRANJEROS, nos sorprenden con un nuevo trabajo, en esta ocasión se trata de un CODIFICADO ACTUALIZADO DE INFRACCIONES DE TRÁFICO EN VÍAS URBANAS. Es un trabajo muy elaborado que pretende facilitar la actuación policial en el tráfico urbano.
En este manual han querido centrarse en las competencias municipales para profundizar y añadir más infracciones, incluyendo explicaciones y gran cantidad de imágenes, dándole un formato de bolsillo pero con las dimensiones justas para mejor legibilidad, excelente calidad por ser todo a color, formato libro cosido, papel satinado y cubiertas plastificadas.
Se incluyen más de 100 páginas con las principales reformas de importancia adaptado a la nueva normativa que entró en vigor el pasado día 14 de enero de 2011, infracciones de taxis, mercancías peligrosas e impuestos especiales, todas en su circulación urbana.
Como no podía ser menos, las actualizaciones serán remitidas puntualmente por mail o se podrán descargar de la web que estamos contruyendo.
Si quieres más información sobre este manual y sobre como adquirirlo puedes bajarte la presentación desde este mismo lugar y también puedes bajarte la hoja de pedido, cumplimentarla y remitirla a la dirección de correo electrónico: formacionpolicialocal@gmail.com, donde también te ampliarán la información que necesites.
El Manual de Reformas de Vehículos es un documento elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en colaboración con los órganos competentes en materia de ITV de las Comunidades Autónomas, que establece las descripciones de las reformas tipificadas, su codificación y la documentación precisa para su tramitación. Este Manual estará disponible para consulta de los solicitantes de una reforma en todas las Estaciones de ITV. El Manual será actualizado cuando se modifique la tipificación de las reformas o los criterios reglamentarios en materia de vehículos, tanto de carácter nacional como de la Unión Europea.
Si quieres descargarlo solo tienes que pinchar en el siguiente enlace:
En el caso de vehículos de transporte colectivo de viajeros habrá que comprobar si, además del seguro obligatorio de responsabilidad civil, posee el seguro obligatorio de viajeros, consignando, de igual modo, la compañía aseguradora, el número de póliza y la cobertura del seguro. En el caso de transporte de mercancías habría que averiguar si el vehículo posee seguro sobre la carga, tipo de seguro, cobertura, compañía aseguradora, etc. Cuando se trate de vehículos extranjeros, habrá que tener en cuenta que la obligación de aseguramiento del artículo 2 del RDL 8/2004 y artículo 1 del RD 7/2001 alcanza a los vehículos de motor con estacionamiento habitual en España, lo que no significa que los vehículos no incluidos en dicho concepto no tengan la obligación de estar asegurados. Por una parte los vehículos pertenecientes al Espacio Económico Europeo que firmaron el Convenio Multilateral de Garantía no se les exige ir provistos de documento acreditativo del seguro. El propio Convenio Multilateral de Garantía garantiza a través de las oficinas nacionales aseguradoras las responsabilidades civiles que puedan ocasionar estos vehículos al circular por el resto de los estados firmantes aunque no portasen un seguro válido. Según el artículo 16.3 del RD 7/2001 solo a los vehículos pertenecientes a terceros países, es decir, aquellos que no pertenecen al Convenio Multilateral pero si al Convenio Tipo Inter Bureaux y los demás países no acogidos a este sistema, les es exigible el “certificado internacional de seguro” (carta verde) o el “seguro en frontera”. La responsabilidad civil de los vehículos que carezcan de seguro obligatorio es asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros, con los límites y garantías previstas en el RD. La responsabilidad civil de los vehículos con estacionamiento habitual en un país firmante del Convenio Multilateral de Garantías, los vehículos asegurados por el sistema de Carta Verde y los vehículos asegurados por seguro en frontera, está garantizada por la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles por cuenta de la oficia de similares características del país de matriculación del vehículo.
Adelante Reporteros: conocemos por dentro cómo trabaja la policía local en Castilla y León
COMISO POLICIAL DE VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES
Por su interés para el trabajo cotidiano policial, reproduzco a continuación la Nota de Servicio 1/11 sobre el comiso policial de vehículos a motor y ciclomotores emitido por la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla y que permitirá sistematizar el procedimiento y, además, se despejan dudas sobre cuando habrá que intervenir a disposición judicial un vehículo a motor o un ciclomotor cuyo conductor haya cometido alguno de los delitos contra la seguridad vial tras la reforma del vigente Código Penal.Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla Seguridad Vial
NOTA DE SERVICIO 1/11 SOBRE EL COMISO POLICIAL DE VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES
La última Reforma del Código Penal, operada por la L.O. 5/2010 de 22 de junio viene a establecer en el nuevo art. 385 bis, que se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128, el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo, (arts. 379 a 385ter del Código Penal), suprimiéndose la referencia al comiso que se hacía en el párrafo 3º del art. 381 C.P. Esta nueva situación impone la necesidad de coordinar las actuaciones policiales y judiciales, y muy especialmente en los primeros momentos de la intervención policial.
Debe recordarse que la incautación de los efectos e instrumentos del delito, al inicio de la investigación, tiene como finalidad evitar que volvieran a ser utilizados para la comisión de nuevas infracciones y evitar la pérdida de elementos de prueba.
Para hacer un uso ponderado y racional de esta facultad, es necesario analizar e interpretar sistemáticamente las normas que legitiman esta diligencia policial. En primer lugar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art, 282, impone al agente la obligación de preservar los efectos e instrumentos del delito para ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial: “La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.”
Además en el trámite del Procedimiento Abreviado, por el que se sustancian todos los delitos contra la Seguridad Vial, en su art. 770 dice:
1. Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir.
2. Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.
3. Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.
4. Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto, obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.
5. Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico.
6. Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho.
Visto lo anterior queda fuera de toda duda la legitimación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las CC.AA y la Policía Local, para intervenir los vehículos a motor o ciclomotores utilizados para la comisión de un delito contra la Seguridad Vial, en el ejercicio de su función investigadora de hechos punibles como Policía Judicial genérica del art. 282 de la L.E. Criminal.
No obstante todo lo anterior, es necesario analizar la oportunidad o conveniencia de hacer uso de esa facultad, y la estricta observancia de los requisitos legalmente establecidos para ello.
En primer lugar el art. 127 del C.P. al que se remite el art. 385 bis, impide expresamente que pueda efectuarse el comiso, en este caso el vehículo a motor o ciclomotor, cuando “pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito...” y aún así habrá de moderarse esta medida con las matizaciones del art. 128 C.P., sobre proporción de la medida adoptada en relación a la gravedad de la infracción penal.
2.- CONCLUSIONES.-
En consecuencia los Sres. Agentes en el ejercicio de sus funciones en la investigación de delitos, y sin perjuicio de futuras matizaciones, atenderán a las siguientes normas:
1.- No intervendrán el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito.
2.- Siendo propietario el infractor, se intervendrá el vehículo en los siguientes casos:
a) cuando esté implicado en un delito de los arts. 380 y 381 del C.P.
b) cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial (art. 379 a 385 C.P.) se haya producido resultado de muerte (art. 142 C.P.) o lesiones graves (art. 152 C.P.)
c) cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro del art. 195.3 del C.P.
d) en los delitos del art. 379, 384 y 385 C.P., cuando conste fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad a los hechos objeto de investigación, por delitos contra la seguridad vial, al menos en tres ocasiones en el último año a contar de fecha a fecha.
No puede olvidarse que este “comiso preventivo”, realizado por el agente, debe ratificarse o no por la Autoridad Judicial competente.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de inmovilización del vehículo conforme al art. 84 de la Ley de Tráfico.
En todo caso se hará constar, por diligencia en el atestado, el lugar donde se encuentra depositado el vehículo, y si este reúne o no las condiciones necesarias para su correcta conservación.
Sevilla 11 de Enero de 2011
El Fiscal Delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla.
Una vez producido el accidente, el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario tendrán que dar cuenta del siniestro a la compañía aseguradora en el plazo máximo de siete días de haberlo conocido, a no ser que en la póliza se hubiera establecido un plazo de comunicación más amplio, en cuyo caso será este plazo del que dispondrán para realizar la comunicación. El no cumplimiento de esta obligación por parte del tomador, del asegurado o del beneficiario dará derecho al asegurador para reclamar los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar por tal motivo, salvo que el asegurador haya tenido conocimiento del siniestro por otros medios. En la comunicación al asegurador, las personas obligadas deberán facilitar todas las informaciones de las que dispongan sobre las circunstancias del siniestro y sobre las consecuencias que haya podido tener y en el plazo de cinco días, a partir de la notificación, deberán comunicar por escrito los objetos existentes cuando se produjo el siniestro, los que se hubieran salvado y deberán realizar una estimación de los daños ocasionados. Para agilizar las indemnizaciones, el asegurador debe facilitar ejemplares de la denominada “declaración amistosa de accidente”, que será la que deba utilizar el conductor para declarar el siniestro a su compañía aseguradora.
En el plazo de tres meses desde que la aseguradora recibiera la reclamación del perjudicado, aquella deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado los daños. En dicha propuesta deberán figurar de forma separada la valoración e indemnización correspondiente a los daños en las personas y en los bienes. Los daños personales se cuantificarán según los criterios e importes fijados en el anexo de la ley. La propuesta contendrá de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información que se disponga para valorar los daños y se identificarán aquellos que se hayan tenido en cuenta para cuantificar la indemnización para que el perjudicado tenga todos los elementos de juicio para aceptar o no dicha propuesta. Deberá hacerse constar que el pago del importe no está condicionado a la renuncia del perjudicado de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que pudiera corresponderle y, en cualquier caso, la aseguradora podrá consignar la cantidad ofrecida. Si el asegurador no realizara la oferta motivada de indemnización o si la reclamación fuera rechazada, deberá responder de forma motivada indicando el motivo que le impide efectuar la oferta y deberá contener de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de la que disponga que acredite las razones que tiene para no dar una oferta, indicando que no es necesaria la aceptación o rechazo del perjudicado, ni que afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos. En cualquier caso, el asegurador deberá afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que fueran exigidas por la autoridad judicial.
Si transcurren los tres meses sin que el asegurador haya presentado su oferta motivada por causa no justificada o por causa que le sea a él imputable o si la realizada hubiera sido aceptada por el perjudicado y no le hubiera sido satisfecha en el plazo de cinco días o no hubiera sido consignada a cantidad a indemnizar, se devengarán intereses de demora, por lo que el asegurador deberá mantener desde el momento que conozca la existencia del siniestro una conducta diligente en la cuantificación del daño y en la liquidación de la indemnización.
El perjudicado dispone de distintas vías judiciales para hacer valer sus pretensiones de resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hayan podido causar. Podrá acudir a la vía penal y/o a la civil; a la administrativa y posterior contenciosa administrativa, cuando dichos daños traigan su causa de responsabilidad patrimonial e incluso a la vía laboral al existir compatibilidad de algunas acciones cuando el accidente, además, lo es de trabajo. El hecho de la circulación, y por tanto el accidente de tráfico, presenta caracteres específicos según el ámbito en el que nos situamos, así en el ámbito penal (responsabilidad extracontractual por delitos y faltas) impera la interpretación de conductas, típicas, antijurídicas, culpables y punibles y los principios del proceso penal, tanto en el procedimiento abreviado como en el juicio de faltas. En el ámbito civil (responsabilidad civil extracontractual) con los criterios del artículo 1902 y siguientes del Código Civil que se enjuician por el juicio verbal del automóvil y los criterios de la responsabilidad cuasi objetiva u objetiva que motiva el llamado auto de cuantía máxima, que da paso al juicio ejecutivo del automóvil. Y en el ámbito administrativo, como he dicho, con los criterios de la llamada responsabilidad patrimonial de la administración, que son enjuiciables en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa.
En los delitos y faltas relativos al tráfico de vehículo, el accidente está cualificado en atención al resultado lesivo que se produce o por las circunstancias que puedan intervenir, así podrán existir delitos de lesiones por imprudencia del artículo 152 del CP, con relación a las lesiones descritas en los artículo 147 y siguientes; falta de lesiones por imprudencia del artículo 621.3 del CP; delitos contra la seguridad del tráfico de los artículos 379 a 385 del CP y delito de daños por imprudencia del artículo 267 del mismo Código. Para poder ejercitar las acciones penales se deberá tener en cuenta que para que una lesión causada por vehículo de motor o en el tráfico de vehículos sea constitutiva de delito o falta, el lesionado tiene que haber recibido tratamiento médico o quirúrgico; en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico, que son delitos de riesgo, siempre que estén sancionados con pena de mayor gravedad se aplicará este tipo aunque el resultado producido por el accidente sea de lesiones o daños que pudieran ser sancionados por otro tipo penal; que el delito de daños imprudentes solo es punible cuando excedan de 80.000 euros y que las faltas de lesiones y el delito de daños imprudentes son perseguibles únicamente a instancia o por denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, que podrá interponerse en un plazo de seis meses, en el caso de la falta, y mientras el delito no prescriba en el caso de delito, en los demás delitos (lesiones y contra la seguridad del tráfico) el proceso penal se inicia de oficio. En el proceso penal se podrán acumular las pretensiones penales y las civiles y el perjudicado tendrá derecho a ejercitarlas conjuntamente, a renunciar a unas o a otras y a reservar la acción civil para ejercitarla separadamente.
En cuanto al ámbito civil, tal y como establece el artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer el perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes y tanto el perjudicado como sus herederos tendrán acción directa contra la aseguradora para exigirlo, acción que prescribe por el transcurso de un año.
Cuando se hubiera incoado un proceso penal por un hecho cubierto por el seguroobligatorio y se hubiera declarado la rebeldía del acusado, o hubiera recaído sentencia absolutoria u otra resolución poniendo fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil, ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal dictará un auto en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de daños y perjuicios según la valoración con arreglo al sistema establecido en el anexo de la ley. Si no constara oferta o, en su caso, respuesta motivada, según lo que se ha comentado, el juez convocaría una comparecencia para que se aporte la oferta o la respuesta motivada y para que hagan las alegaciones pertinentes. Si en dicha comparecencia se produjera acuerdo de las partes, quedaría homologado por el juez como transacción judicial, en caso contrario se dictaría el auto.
Dicho auto abriría la puerta a la posibilidad de entablar el “juicio ejecutivo del automóvil”, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que el recurso al proceso penal previo se realiza en la mayoría de las ocasiones con la única y verdadera finalidad de conseguir un título ejecutivo y un resarcimiento que posiblemente no se obtendría de otra forma.
El artículo 14 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, establece un requisito o procedimiento previo de procedibilidad mediante la preparación de una serie de diligencias que han de ser realizadas antes de entablar el correspondiente procedimiento civil, así, cuando los hechos ocurridos no hayan sido objeto de un proceso penal o se hubiese reservado en dicho proceso la acción civil, el perjudicado que pretenda reclamar al asegurador en vía civil deberá hacer “ante el juez de primera instancia o instrucción, ante el juez de paz o ante un notario del lugar del hecho o de su domicilio, residencia o paradero” una declaración sobre las circunstancias del accidente, identificando a las personas lesionadas, los objetos dañados, el vehículo y el conductor que han intervenido y la especificación del asegurador. Una certificación de dicha declaración o una copia autorizada, junto a la valoración de los daños emitida por un perito de seguros, deberá ser presentada al asegurador, quien en el plazo de ocho días, con la posibilidad de que intervenga un perito designado por él, abonará la cantidad que ambos peritos acuerden. Si no existiera acuerdo se procedería según lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, es decir, se designaría un tercer perito de conformidad o un perito designado por el Juez de Primera Instancia, que se solicitaría y tramitaría en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites de insaculación de peritos previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En los 10 días siguientes a la fijación de la indemnización por el dictamen pericial el asegurador tendrá que satisfacerla. Los gastos que ocasione la tasación pericial obtenida en vía civil serán incluidos en la tasación de costas, a no ser que hubiera estimación excesiva de los daños y perjuicios por parte del perjudicado; en tal caso, serán de su cuenta. Se considerará que existe tal exceso cuando lo reclamado sobrepase en un 25 % la cifra que se fije por el dictamen pericial.
La jurisdicción civil para de la idea de culpa o negligencia del artículo 1902 del Código Civil y en el artículo 1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, debiendo existir un nexo causal entre la acción u omisión culposa y el daño a indemnizar, que solo se interrumpe cuando el hecho se produzca por fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. El mismo artículo 1 alude a la concurrencia de culpas como elemento moderador de la responsabilidad. Además del mencionado juicio ejecutivo del automóvil las pretensiones de las partes pueden hacerse valer mediante el juicio verbal, regulado en las disposiciones adicionales 1ª y 2ª de la LO 3/1989 de actualización del Código Penal y en los artículos 720 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un proceso declarativo especial, cualquiera que sea su cuantía, relativos a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la circulación de vehículos a motor y cuya competencia objetiva y territorial corresponde al juzgado de primera instancia del partido del lugar donde ocurre el accidente. En estos procedimientos es preceptiva la intervención de procurador y abogado en virtud de su especialidad.
Finalmente cuando el daño o la lesión se deba a responsabilidad patrimonial de la administración será posible entablar una reclamación administrativa, siempre que el daño sea ilegítimo y antijurídico que la víctima no tenga el deber de soportar, que exista una relación de causalidad entre la lesión y el agente que la produce, es decir, la administración que es autora del mismo por acción u omisión y que el daño esté individualizado y sea económicamente evaluable, que se trate de una lesión actual, no potencial o futura, que dicho daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo, que es de un año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Si se trata de lesiones físicas o psíquicas el plazo comenzaría a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
Es necesario un previo procedimiento administrativo ante la Administración de que se trate, en el que el perjudicado podrá formular alegaciones y proponer pruebas y evacuar el trámite de audiencia, debiendo notificarse la resolución expresa al interesado en el plazo de seis meses o se entendería desestimada por silencio. En esta fase no es necesaria la intervención de abogado o procurador y la aseguradora de la administración podrá comparecer haciendo alegaciones o proponiendo pruebas. Contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa se podrá interponer el recurso contencioso administrativo.
Reproduzco, por su curiosidad, un informe realizado en una revista de Ohanes del año 1.944 llamada ALETEOS en su número 7. El informe está copiado íntegramente, excepto su parte final por carecer de interés desde mi punto de vista. Decía ALETEOS:
Ohanes de las Alpuxarras a 29 de noviembre de 1734. El Maestro.Zenón Garri do (firmado y rubricado). Señor Alcalde de Ohanes de las Alpuxarras. Partido de Uxíxar. Reino de Granada.
Hasta aquí el famoso expediente, que, deteriorado hasta lo indecible, no nos permitía descifrar sus últimas páginas. Pero nosotros, infatigables investigadores, como hemos dicho al principio, continuamos la búsqueda de todo cuanto se relacionase con este asunto, y en otro legajo del Archivo Municipal, encontramos este otro documento, que a continuación transcribimos, y que aclara, en un todo, cómo terminó el asunto de la viga. Decía así:
En lo que no parece existir acuerdo es sobre “quién debe poner el cascabel al gato”, es decir, a quien compete vigilar, controlar, inspeccionar y denunciar el cumplimiento e incumplimientos de la ley. Según el Ministerio de Sanidad, es competencia de las Comunidades Autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía, las funciones principales de control e inspección, de oficio o a instancia de parte, así como la instrucción de los expedientes sancionadores e imposición de sanciones, mientras que al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad le corresponden esas mismas funciones en el transporte aéreo, marítimo y terrestre internacional y supraautonómico y en aquellos recintos, dependencias o medios que, por sus características, excedan del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Por tanto, siendo una competencia fundamentalmente autonómica tendrán que ser los servicios de inspección propios a los que competa la vigilancia y denuncia de los incumplimientos de la ley o bien, competería a los cuerpos de policía propios de cada comunidad, (policías autonómicas y policías adscritas). Pero como una ley, esta ley, forma parte de todo el ordenamiento jurídico, no es posible acotar de forma radical el catalogo de competencias, además, y por otra parte, los servicios propios de las comunidades autónomas serían totalmente insuficientes para vigilar y controlar cada uno de los establecimientos y espacios afectados por esta norma, lo que la convertirían en papel mojado. Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la policía local, tienen la obligación de hacer cumplir todas las leyes del Estado y ésta no puede ser una excepción. Así a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad les compete, por mandato de la Constitución, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertadas y garantizar la seguridad ciudadana. Entre los derechos, que ahora se delimitan y perfilan con esta nueva ley, se encuentra el derecho a la salud, tanto de los ciudadanos en general, como de los trabajadores en sus centros de trabajo y, especialmente, de los menores. Para hacer valer estos derechos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán hacer uso de la “coacción legal o la fuerza”, incluyendo el restringir o limitar la permanencia en alguno de los establecimientos afectados por la norma de aquellas personas que incumplan la prohibición.
DESCARGAS: LA POTESTAD POLICIAL PARA HACER CUMPLIR LAS LEYES (Intendente Santiago Aguerri)
DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA LEY ANTI-TABACO (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad)
VALORACIÓN DE DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
Una de las novedades de la legislación sobre el seguro obligatorio fue que los importes de la cobertura del seguro obligatorio fueron establecidos a partir del 1 de enero de 2008 en los daños en las personas en 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas, pero si la cuantía de las indemnizaciones por los daños causados a las personas resultase superior al importe de la cobertura del seguro obligatorio, se satisfará, con cargo a éste, dicho importe máximo, y el resto hasta el montante total de la indemnización quedará a cargo del seguro voluntario o del responsable del siniestro, según proceda. Por su parte, en el caso de daños en los bienes el límite se ha establecido en 15 millones de euros por siniestro. Estos importes se actualizan en función del índice de precios de consumo europeo.
La cuantía de la indemnización cubierta por el seguro obligatorio en los daños y perjuicios causados a las personas se cuantifican en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la ley. Hay que tener en cuenta, no obstante que la cobertura del seguro obligatorio no alcanza a los daños y perjuicios ocasionados al conductor del vehículo causante del accidente, ni a los daños materiales sufridos en el vehículo asegurado.
El sistema de valoración de los daños y perjuicios es de aplicación a todos los daños y perjuicios a las personas ocasionados en accidente de tráfico, excepto cuando sean consecuencia de delito doloso. Para la valoración del daño será necesario informe médico en el que se concrete y determinen las lesiones permanentes, las incapacidades temporales y la sanación del perjudicado y posteriormente.
Para determinar dicha valoración se aplican las tablas recogidas en el anexo de la ley, tanto en caso de muerte, lesiones permanentes, invalidantes o no, y las incapacidades temporales.
Tendrán la condición de perjudicado la víctima del accidente y en el caso de fallecimiento la tendrán las personas que enumeradas en la tabla I del anexo, a las que en atención de cada circunstancia se aplica una cantidad indemnizatoria. En la tabla II se recogen los criterios que deben aplicarse para fijar los restantes daños y perjuicios y los elementos correctores mediante porcentajes de aumento o disminución de las cantidades fijadas en la tabla I. En las tablas III, IV y VI se establecen las cuantías de las indemnizaciones por lesiones permanentes, fijándolas mediante una puntuación por cada tipo de lesión a la que corresponde una determinada cantidad, que, además, es inversamente proporcional a la edad del perjudicado. Sobre la cuantía resultante se aplican factores de corrección en forma de porcentajes aumentando o disminuyendo para fijar la indemnización concreta además de los gastos de asistencia médica y hospitalaria. En la tabla VI se establece una puntuación máxima y mínima por cada lesión y secuelas y en el caso concreto se tendrá en cuenta las características especificas de la lesión en relación con el grado de limitación o pérdida de la función que haya sufrido el miembro u órgano afectado. Cuando el perjudicado resulte con diferentes lesiones se aplica una puntuación conjunta que se obtiene aplicando un determinado procedimiento de cálculo. La tabla V recoge las indemnizaciones que corresponden por incapacidad temporal y se han establecido en un importe diario, según que el perjudicado necesite o no estancia hospitalaria y si por las dichas lesiones estuvo impedido o no.
Además del perjuicio físico también se valora mediante la fijación de una puntuación el perjuicio estético como cualquier modificación peyorativa que afecta a la imagen de la persona.
Las citadas tablas son actualizadas anualmente el primero de enero de cada año. Si no fueran actualizadas se actualizarán automáticamente en el porcentaje del índice general de precios de consumo correspondiente al año natural anterior.
Además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a dichas tablas, que podrán sustituirse total o parcialmente por la constitución a favor del perjudicado de una renta vitalicia, también han de ser abonados los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria para la sanación o consolidación de las secuelas y en los casos de muerte se han de abonar los gastos de entierro y funeral según los usos y costumbres del lugar. También serán indemnizados los daños morales, que serán iguales para todas las víctimas.
La indemnización por daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud, y se tendrán en cuenta las circunstancias económicas, capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales.
En tales indemnizaciones se debe tener en cuenta, para ponderarlas en la proporción correspondiente, la concurrencia de la víctima en la producción del accidente o en la agravación de las consecuencias y la posibilidad de existencia de incapacidades preexistentes o ajenas al accidente que puedan haber influido en el resultado lesivo final.
En cuanto a los daños materiales, el importe de la indemnización a la que deberá hacer frente el asegurador tiene como límite el valor real del daño, dado que si fuera superior se produciría un enriquecimiento injusto, lo que veda el artículo 26 de la Ley de Contrato de Seguro que establece que el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado.
Para determinar la indemnización correspondiente por los daños sufridos en los bienes habrá que tener en cuenta tres factores, el valor final del interés expuesto al riesgo, el importe del daño y la suma asegurada. El valor final del interés expuesto al riesgo sería el valor que tuviera el bien en el momento inmediatamente anterior al accidente, tal y como establece el articulo 26 mencionado. Para conocer el importe del daño será preciso conocer también el valor residual, es decir, el valor después de producido el accidente, dado que dicho daño se determinara por la diferencia entre el valor final y el residual. La ley establece una fórmula para realizar el cálculo de la indemnización que correspondería por los daños producidos que consistiría en multiplicar la suma asegurada por el importe del daño y dividirlo posteriormente por el valor final del interés. Este procedimiento es presentado como supletorio para el caso de que en el contrato no se hubiera estipulado una fórmula específica de cálculo. Cuando mayores controversias pueden presentarse es en el caso de que los daños materiales en el vehículo sean de tal magnitud que lleve a la aseguradora a declararlo siniestro total, lo que significa que el valor del vehículo queda muy por debajo del importe de reparación o del valor de un vehículo de reposición. Existen tres posibles soluciones a la determinación del importe que ha de ser indemnizado, por una parte las aseguradoras establecen dicho valor mediante la aplicación de unas tablas, donde no se incluye ni se tiene en cuenta (en relación con el valor de reposición) los márgenes comerciales de los vendedores, ni la valoración del tiempo empleado para encontrar un vehículo de reposición, ni la prima de seguro no consumida, ni el estado de conservación y mantenimiento del vehículo siniestrado; por otra parte, en el otro extremo, estaría la solución de indemnizar el daño efectivamente causado a fin de restituir el patrimonio del perjudicado a la situación que tenía en el momento anterior al accidente, salvo que el valor de reparación fuera notoriamente superior al valor de mercado del vehículo; y una tercera vía sería la indemnización superior al valor de mercado e inferior al importe de reparación en un porcentaje del valor del valor venal hasta llegar al 100 % en función de las características de cada caso. Existe abundante jurisprudencia menor acogiendo cualquiera de las tres posibilidades.
Además de los gastos de reparación del vehículo, es posible reclamar otros daños materiales derivados directamente del accidente, por ejemplo, la pérdida o los daños sufridos en objetos transportados, daños en efectos personales, en ropa, etc.