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Timestamp: 2018-11-18 12:43:54
Document Index: 262830231

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 393', 'artículo 393', 'artículo 393', 'artículo 438', 'artículo 381', 'in dubio', 'artículo 467', 'artículo 52', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 38']

SENTENCIA SP17059-2015 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:FINALIDAD DEL CONTRAINTERROGATORIO EN EL PROCESO PENAL. SEGÚN LA NORMA PROCESAL PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 393, INDICA CLARAMENTE QUE LA FINALIDAD DEL CONTRAINTERROGATORIO ES REFUTAR EN TODO O EN PARTE LO QUE EL TESTIGO HA CONTESTADO, PUDIÉNDOSE UTILIZAR CUALQUIER DECLARACIÓN ANTERIOR QUE HUBIESE VERTIDO EL TESTIGO SOBRE LOS HECHOS EN ENTREVISTA, EN DECLARACIÓN JURADA DURANTE LA INVESTIGACIÓN O EN LA PROPIA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE TAL PRECEPTO CONTEMPLA EL SUPUESTO DE QUE EL TESTIGO NO SE VA A RETRACTAR DURANTE EL INTERROGATORIO DIRECTO, TENIENDO LUGAR, EN CONSECUENCIA, EL EJERCICIO DE REFUTACIÓN EN EL CONTRAINTERROGATORIOPERO ELLO NO SIGNIFICA QUE EN CASO DE RETRACTACIÓN, EL CONTRAINTERROGATORIO PIERDA SENTIDO, PUESTO QUE DE TODAS FORMAS LA CONTRAPARTE PODRÁ INTERROGAR AL DEPONENTE VALIÉNDOSE, POR EJEMPLO, DE ENTREVISTAS QUE RATIFIQUEN LO MANIFESTADO EN LA RETRACTACIÓN, EN ORDEN A QUE EL JUEZ CUENTE CON MAYORES ELEMENTOS PARA DETERMINAR A CUÁL VERSIÓN LE OTORGARÁ MÉRITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERROGATORIO, INTERROGATORIO DE PARTE, INTERROGATORIO DE TESTIGO, COAUTOR DEL DELITO, COAUTORÍA DEL DELITO, HURTO, CONTRAINTERROGATORIO, DELITO DE SECUESTRO, CONTRAINTERROGATORIO REDIRECTO, DERECHO DE DEFENSA
PONENTE:CASTRO DE CARDENAS,PATRICIA
Sentencia SP17059-2015/45858 de diciembre 10 de 2015
SP17059-2015
Rad. 45858
Si bien el demandante plantea como cargo principal el de nulidad, en realidad lo que advierte la Sala es una discusión de índole probatorio enmarcada en la estimación que los jueces de instancia realizaron de los testimonios de las víctimas, a los cuales restaron credibilidad frente a la existencia de una entrevista que rindieron el 12 de marzo de 2013 en la que narraron circunstancias opuestas a las informadas en juicio.
Los reparos que presenta el censor se fundamentan en el mismo supuesto de hecho y guardan identidad temática, puesto que en ambos se afirma el desconocimiento del derecho al debido proceso y concretamente, del derecho a la defensa, como consecuencia de que se impidió al defensor utilizar una entrevista que había rendido uno de los testigos de cargo con el fin de refrescar su memoria, ejercicio que de haberse permitido, habría otorgado al juez mayores elementos de juicio con incidencia fundamental en la valoración de la prueba testimonial y, por ende, en el sentido de la sentencia.
También funda la petición de nulidad en que la Fiscalía no descubrió la totalidad de los medios de convicción acopiados durante la investigación de los hechos, en particular, la versión que sobre los mismos suministraron las víctimas ante la policía judicial el mismo día del suceso delictivo.
Para mayor claridad, estima la Sala oportuno reseñar con precisión qué fue lo que aconteció en desarrollo del juicio en relación con el medio de convicción que reclama la defensa no se le permitió utilizar en esa oportunidad, el cual consiste en la denuncia presentada por una de las víctimas el mismo día de ocurrencia de los hechos, en la que negó conocer la identidad de los agresores, su nombre y apodo.
Al respecto se tiene que el escrito de acusación fue presentado ante el juez de conocimiento el 23 de octubre de 2013, en cuyo documento anexo la Fiscalía enumeró cada uno de los elementos de prueba y evidencia recopilada durante la investigación, reseñando como formato único de noticia criminal el diligenciado el 12 de marzo de 2013, de acuerdo con la versión rendida en ese momento por L.R.L., así como las entrevistas que también ese día realizaron las demás víctimas del hecho, a saber, J.A.G.N., T.L.G.G. y W.A.R.U. Ninguna mención hizo la Fiscalía acerca de la existencia de una denuncia o entrevistas anteriores al 12 de marzo de 2013.
Sin embargo, en el numeral 54 del documento anexo al escrito de acusación, se aludió al “oficio S-2013-1XX/AICTE-GIESTXX.XX de 21 de octubre de 2013 suscrito por el S.I J.R.J.C., contiene copia de la denuncia por el hurto de la camioneta de placas XXX-XXX del día 23/02/13” (Negrilla fuera de texto).
En la audiencia de formulación de acusación, llevada a cabo el 11 de diciembre siguiente, la Fiscalía no hizo alusión a algún medio de convicción diferente a los contenidos en el escrito anexo a la acusación.
Como se advierte de la relación de los elementos materiales probatorios, fue descubierta por el ente acusador la denuncia de 23 de febrero de 2013 que el demandante echa de menos, pero no como tal, es decir, como la reseña de los hechos ocurridos ese día, sino como la “denuncia sobre el hurto de la camioneta de placas XXX XXX”, puesto que como noticia criminal la Fiscalía refirió la del 12 de marzo de ese año, de cuyo contenido se retractaron en juicio las víctimas en lo relacionado con la responsabilidad de los aquí acusados.
Debe resaltar la Sala que en el acto de descubrimiento la Fiscalía fue equívoca en torno a la denominación que le dio a dicho elemento material probatorio, pues no obstante relacionar en el anexo un oficio suscrito por un funcionario de la policía contentivo de la denuncia por el “hurto de la camioneta”, en últimas se trataba de la denuncia de los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2013, sin que la delegada del ente acusador fuera expresa en manifestar cuál era el contenido de dicha declaración, como tampoco quién la suscribió.
Sin embargo, al ser descubierta, la defensa pudo enterarse de esta información y en esa medida, pretendió utilizarla en el juicio para refrescar la memoria del testigo L.R.L., quien en su exposición hizo alusión a haber rendido una declaración el mismo día de los hechos, enfatizando que nada dijo acerca de la identidad o individualización de los ejecutores del suceso delictivo, pues indicó que durante el tiempo en que él y sus compañeros estuvieron retenidos, los plagiarios nunca se comunicaron entre ellos, ni se llamaron entre sí por algún alias o apodo.
Es así que la pretensión de la defensa al hacer uso de la citada entrevista fue que el testigo se pudiera valer de ella para remembrar las circunstancias que estaba informando en el juicio, al tiempo que corroborar lo señalado por este acerca de que sí existía esa denuncia inicial y que en la misma sostuvo que ignoraba los apodos o sobrenombres de los delincuentes.
Aquí corresponde aclarar que la utilización de una entrevista o declaración anterior con el fin de refrescar la memoria del testigo, no puede condicionarse, como equivocadamente lo plantea el agente del Ministerio Público, en su calidad de no recurrente, a que sea solicitada y decretada como prueba autónoma por la parte que pretende valerse de ella en juicio, en este caso la defensa, puesto que solo es necesario haber agotado su descubrimiento.
Así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala:
A juicio de la Corte, sin embargo, el supuesto error de derecho por falso juicio de legalidad no existió. La razón de la afirmación, en la cual se profundizará enseguida es sencilla: la entrevista fue descubierta en la audiencia de formulación de acusación y en esa medida podía utilizarse en el juicio oral para refrescar memoria “o impugnar credibilidad, sin necesidad de ningún procedimiento especial para su introducción.
El solo descubrimiento de la entrevista de la manera como tuvo ocurrencia en el escrito de acusación y en la audiencia de formulación de la misma, bastaba para que la fiscalía e igual la defensa, pudieran hacer uso de ella en el juicio para refrescar memoria o impugnar credibilidad.
Simplemente descubiertas, Fiscalía y defensa las pueden utilizar para los fines mencionados de refrescar memoria o impugnar credibilidad (CSJ SP 21 Oct 2009, rad.31001) (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, el defensor de los acusados estaba facultado para hacer uso de la declaración contenida en la denuncia de 23 de febrero de 2013 para refrescar memoria del testigo.
En tal medida, es errada la apreciación del delegado de la Procuraduría al señalar que la defensa tenía que haber solicitado como prueba autónoma la entrevista que se le impidió utilizar durante el contrainterrogatorio a la defensa, por cuanto la intención del abogado era la de refrescarle la memoria al deponente L.R.L. acerca de la manifestación que hizo en el juicio, relativa a que el mismo día de los hechos había vertido una declaración ante la Policía Judicial en la que señaló ignorar la identidad o el apodo de los hombres que lo secuestraron y hurtaron el vehículo en el que se movilizaba.
Sin embargo, tal ejercicio defensivo le fue truncado al representante de los acusados, toda vez que el juez de primera instancia acogió la oposición de la Fiscalía para que se utilizara esa declaración, bajo el argumento de que ese “formato” no había sido utilizado por el acusador en el interrogatorio directo y, por tanto, la defensa no podía valerse de tal “documento” en el contrainterrogatorio, toda vez que “el testigo es de la fiscalía y no de la defensa”.
La apreciación de la Fiscalía, pero sobre todo del juez de primer grado, resulta a todas luces desacertada, por cuanto no puede condicionarse el uso de declaraciones anteriores del testigo a que previamente la contraparte las haya utilizado, ni tampoco puede restringirse el uso de las mismas al interrogatorio directo, pues por obvias razones la contraparte no va a utilizar una declaración anterior que desdiga de lo que el testigo afirma en juicio y que le resulta útil para demostrar su teoría del caso, poniendo de presente una entrevista que le restaría poder suasorio al testimonio.
En efecto, la regla del artículo 393 del procedimiento penal se limita a que el testigo pueda ser indagado en el contrainterrogatorio por cualquiera de los temas o atestaciones hechas en respuesta al directo, frente a lo cual la contraparte, con el propósito de refrescarle la memoria al testigo o impugnarle su credibilidad, puede hacer uso de declaraciones anteriores rendidas por este, siempre que hubieran sido objeto de descubrimiento por cualquiera de las partes.
En el presente asunto, la defensa estaba legitimada para utilizar, en desarrollo del contrainterrogatorio, la declaración que el testigo L.R.L. rindió el 23 de febrero de 2013, ya que su intención era la de refrescarle la memorial al testigo, pues fue en el interrogatorio directo que el deponente aludió a dicha declaración con el fin de justificar la contradicción que se advertía respecto de su versión en el juicio y la entrevista que la Fiscalía aportó como única denuncia de fecha marzo 12 de 2013.
Lo anterior, ya que durante el debate público este testigo manifestó que tal y como lo indicó en su declaración de 23 de febrero de 2013, las personas que lo plagiaron en ningún momento se llamaron entre ellos o se identificaron con algún alias, como sí apareció consignado en la entrevista-denuncia de 12 de marzo de 2013, que fue la utilizada por la delegada acusadora para impugnar su credibilidad.
En ese orden, el interrogatorio directo de la defensa a L.R.L. y los otros ofendidos, al cual renunció dicha parte pese a haber solicitado la práctica de sus testimonios, no era un requisito sine qua non para que pudiera hacer uso de la declaración que finalmente no pudo utilizar para refrescar la memoria del testigo L.R.L. y por tanto, que lo que el deponente hubiera dicho frente a la misma, fuera valorado en conjunto por los jueces de instancia; mucho menos era dable exigirle a la defensa agotar el interrogatorio directo cuando ya los testigos habían suministrado información que beneficiaba la postura defensiva, como para entender que esta parte, ahora recurrente en casación, dio lugar a la configuración del acto irregular (principio de protección), como parecen comprenderlo los delegados de la Procuraduría y la Fiscalía.
Si bien es cierto la norma procesal penal prevista en el artículo 393, indica claramente que la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado, pudiéndose utilizar cualquier declaración anterior que hubiese vertido el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia de juicio oral, debe tenerse en cuenta que tal precepto contempla el supuesto de que el testigo no se va a retractar durante el interrogatorio directo, teniendo lugar, en consecuencia, el ejercicio de refutación en el contrainterrogatorio; pero ello no significa que en caso de retractación, el contrainterrogatorio pierda sentido, puesto que de todas formas la contraparte podrá interrogar al deponente valiéndose, por ejemplo, de entrevistas que ratifiquen lo manifestado en la retractación, en orden a que el juez cuente con mayores elementos para determinar a cuál versión le otorgará mérito.
En tal medida, advierte la Sala que sí se configuró un error cuando el juez de primera instancia impidió que durante el contrainterrogatorio la defensa indagara al testigo sobre una declaración que había rendido con anterioridad y que había, sido descubierta por la Fiscalía.
En efecto, dicha declaración fue objeto de descubrimiento, habida cuenta que en el escrito de acusación y en su formulación se enunció la misma como la denuncia del hurto del vehículo de fecha 23 de febrero de 2013, y en la audiencia de juicio oral la defensa al pretender utilizar la entrevista de la misma fecha, señaló que ese elemento probatorio había sido descubierto por la Fiscalía, sin que tal afirmación fuera desmentida por la parte acusadora, por cuanto el motivo que esta expresó para que no se le permitiera al defensor interrogar al testigo sobre tal declaración, tuvo que ver con que tal entrevista no había sido utilizada por el delegado del ente acusador en el interrogatorio directo(1).
Por los motivos que se expusieron en párrafos precedentes, el antecedente procesal narrado restringió el derecho de una de las partes a contrainterrogar a uno de los testigos, razón por la que corresponde ahora verificar si tal vicio de procedimiento es de la importancia suficiente como para desquiciar el fallo del Tribunal Superior de XXX.
Trascendencia de vicio demandado
Durante el juicio rindieron testimonio L.R.L., J.A.G.N., T.L.G.G. y W.A.R.U., quienes señalaron que el mismo día de los hechos, 23 de febrero de 2013, rindieron sendas declaraciones ante la Policía Judicial, oportunidad en la que no indicaron el nombre o apodo de los perpetradores del secuestro y el hurto, puesto que aquellos durante el trayecto al lugar en el que fueron liberados, no conversaron entre sí, ignorando por tanto su identidad.
Del mismo modo, afirmaron los deponentes en la segunda declaración de fecha 12 de marzo de 2013, la cual se presentó en el juicio como la noticia criminal, que esta fue manipulada por los funcionarios de Policía Judicial, al igual que el reconocimiento fotográfico, sin que en el descubrimiento probatorio se hiciera alusión a la existencia de las entrevistas iniciales, vertidas el mismo día del suceso, las cuales fueron referidas por los testigos, a excepción de la que la Fiscalía denominó como “denuncia por el hurto de la camioneta de placas XXX XXX del día 23 de febrero de 2013”, que sí fue materia de descubrimiento.
Ante tal situación la defensa, como se indicó, quiso hacer uso de esta última declaración, en orden a interrogar a quien la rindió, es decir, L.R.L., persona que para el momento del hecho conducía la camioneta en la que transportaba a varios de sus compañeros del complejo petrolero, pero el juez a quo no se lo permitió, acogiendo la oposición de la Fiscalía, por lo que no fue posible corroborar lo que el testigo dijo en el juicio acerca de que nunca escuchó que los infractores se llamaran por algún apodo o remoquete, como lo clarificó en la citada denuncia de 23 de febrero de 2013.
En el mismo sentido atestiguaron T.L.G. y J.A.G., quienes también se retractaron parcialmente del contenido de la entrevista de 12 de marzo 2013, señalando que nunca escucharon los apodos con los que se llamaban los plagiarios y que lo indicado en la citada entrevista obedeció a que los miembros de la Policía Judicial los abordaron aproximadamente tres semanas después de haber rendido declaración el mismo día de los hechos, manifestándoles que la entrevista inicial había quedado mal por lo que tenían que volver a practicarla, e indicaron que tales servidores les señalaron que ya tenían identificados a los autores del hecho.
Así mismo, W.A.R., víctima del plagio y operario del complejo petrolero, sostuvo que después de que ocurrieron los hechos fue buscado por agentes de la Policía Judicial para subsanar supuestos errores cometidos en el procedimiento realizado inmediatamente después de cometido el delito.
Este testigo, a diferencia de sus compañeros, en ninguna de sus declaraciones proporcionó dato alguno acerca de la individualidad de los secuestradores, ni participó en el reconocimiento fotográfico, y sobre el supuesto temor que lo condujo a guardar silencio, según así se consignó en la entrevista de 12 de marzo de 2013, sostuvo en el juicio que esa fue la manera de evadir la pregunta que le hizo el investigador, afirmando en forma vehemente en el debate público que él no tenía por qué hacer un señalamiento que no le constaba y que no correspondía con lo acontecido el día de los hechos, puesto que en momento alguno los presuntos guerrilleros se identificaron con algún apodo o se refirieron entre ellos como tal, pues nunca conversaron entre sí.
Con la misma seguridad los otros testigos y víctimas del delito, T.L.G., J.A.G. y L.R.L., sostuvieron que los plagiarios no se hablaron entre sí ni se llamaron por algún apodo; y en cuanto a lo atestado en su segunda entrevista, donde sí hicieron alusión a los alias de estos individuos, lo justificaron en su intención de colaborar con la justicia, pues los policiales les iban señalando los apodos con los que debían referirse a los autores del hecho y la fotografía de debían indicar, por ser esta la forma en la que se lograría identificarlos.
Debe resaltar la Sala que la referencia acerca de los alias con los que pudieron denominarse los ejecutores del delito, resultó de vital importancia por cuanto fue esa circunstancia la que permitió señalar a los aquí acusados como los autores del hecho, puesto que con ningún otro dato se contaba para establecer la identidad de los plagiarios.
Fue a partir de los sobrenombres que se referenciaron en las entrevistas de marzo 12 de 2013, que el funcionario de la DIJIN F.O.B.R., solicitó al Jefe Seccional de Inteligencia Policial del Departamento de XXX que indicara la identidad de las personas que se conocían con esos apodos en los archivos de inteligencia, allegándose el informe de 9 de abril de 2013, en el que se señaló que alias “XXX o XXX” se identificaba como R.P.C. y que alias “XXX XXX” era en realidad L.G.G.G.
De tal manera que controvertir el señalamiento sobre los alias con los que presuntamente se denominaron los autores del suceso delictivo en presencia de las víctimas, comportaba un asunto trascendental para definir la responsabilidad de los aquí acusados, esto es, si en realidad los testigos directos del hecho habían logrado identificar a los secuestradores con algún tipo de apodo, pues fue esta la fuente directa que permitió la vinculación de los aquí acusados a este proceso.
Ahora bien, es cierto que dos investigadores de la DIJIN concurrieron al juicio a señalar que según información recopilada en la Brigada XX (Oficina de la Estructura de Apoyo de XXX) a través de una “fuente no formal”, esto es, de un informante cuya identidad se desconoce, este individuo les manifestó que las personas que venían realizando los secuestros en la zona, así como el cobro de extorsiones y los hurtos de las camionetas, eran los conocidos con los alias de “XXX o XXX”, “XXX XXX” y “XXX XXX”. Sin embargo, el conocimiento de los investigadores es indirecto y se reduce a reproducir lo que un tercero desconocido les manifestó el 20 de marzo de 2013, en sustento de lo cual el investigador de la DIJIN J.N.N. introdujo al juicio el formato en el que se consignó el relato de la fuente no formal.
En tal medida, no puede considerarse que aun reconocida la irregularidad procesal de la que se ha dado cuenta, la misma resulte intrascendente al surgir prueba suficiente para mantener la condena contra los acusados, en tanto la misma estaría compuesta por la narración de un informante que no concurrió al juicio, respecto de quien se desconoce su identidad; además, que tal relato no reúne las condiciones para ser considerado como prueba de referencia de acuerdo con los requisitos que contempla el artículo 438 de la norma procedimental penal y aunque se aceptara lo contrario, no podría soportar el fallo condenatorio por expresa prohibición del artículo 381 ibídem.
Y si bien es cierto, se acreditó la responsabilidad de los acusados en el delito de rebelión con base en lo sostenido por los testigos F.B. y A. A., quienes los señalaron de pertenecer a las FARC y de utilizar los apodos de “XXX o XXX” y “XXX XXX”, ninguno de los declarantes los incriminó como los autores de los hechos de los que fueron víctimas; L.R.L. y sus compañeros del complejo petrolero.
Es decir, la militancia de los acusados en dicho grupo subversivo tampoco es una circunstancia de la que logre inferirse que fueron ellos y no otros miembros de las FARC de los que operan en la región, los que cometieron los hechos que concitan la atención de la Corte.
En últimas, el vicio advertido resulta del todo trascedente, pues es justamente el señalamiento directo que hicieron tres de las cuatro víctimas en sus entrevistas de 12 de marzo de 2013, la prueba en la que se funda la condena contra los aquí acusados, siendo esta precisamente la que se le impidió a la defensa rebatir a través de la utilización en el contrainterrogatorio de la declaración anterior de uno de ellos, descubierta por la Fiscalía, y que coincidía con lo atestado en el juicio por los declarantes acerca de que los plagiarios jamás se refirieron entre sí con algún alias o apodo, para luego aparecer en una entrevista posterior suministrando datos específicos de los delincuentes, que según lo indicaron al unísono en el juicio L.R.L.M., T.L.G.G. y J.A.G.N., obedeció a la inducción realizada por los funcionarios de Policía Judicial, quienes arguyendo que la primera declaración había quedado mal elaborada, los interrogaron nuevamente como si se tratara de la primera y única entrevista, la cual fue presentada como tal en el juicio por la Fiscal del caso.
De acuerdo con lo expuesto, surge evidente que las explicaciones que suministraron los testigos en el juicio para retractarse de lo que afirmaron en la entrevista de 12 de marzo de 2013, son razonables y contrarían el argumento acogido por el Tribunal para otorgar mérito a dicha versión, valga decir, el presunto temor de los declarantes de confirmar en juicio lo que en esa ocasión manifestaron, lo cual es en últimas el soporte de la responsabilidad penal de los aquí acusados, derivada en la sentencia.
En efecto, lo atestado por los testigos acerca de que antes del 12 marzo rindieron una declaración en la que manifestaron desconocer los apodos o nombres de los secuestradores, encuentra soporte no solo en sus señalamientos enjuicio, sino también en la existencia cierta de la denuncia promovida en esos términos por L.R.L., cuya utilización le fue impedida a la defensa en el debate público con el objeto de refrescar memoria.
A lo anterior debe sumarse lo inexplicable del hecho de que semanas después de ocurridos los hechos y de vertida la inicial declaración, las víctimas fueran abordadas por funcionarios de la Policía Judicial para que volvieran a rendir entrevista, bajo el argumento de que la primera había quedado mal, siendo la segunda la que la Fiscalía adujo como noticia criminal y de la que se valió el fallador para sustentar la condena por, los delitos de secuestro y hurto.
Aquí cabe resaltar que el funcionario de la policía judicial I.E.R., quien tuvo a su cargo la investigación, no ofreció explicaciones claras en torno a los motivos por los cuales en su informe de 12 de marzo de 2013 indicó que ese mismo día (12 de marzo) fue contactado por L.R.L. con el fin de que le recibiera la denuncia sobre los hechos, cuando lo cierto es que estos habían sucedido casi tres semanas atrás, contradiciendo lo que el mismo servidor judicial manifestó en su testimonio acerca de que para el mes de febrero atendió el llamado que hicieron desde el complejo petrolero por la comisión del delito de secuestro, momento en el que recibieron entrevista formal a las víctimas, en la que estas les manifestaron los sobrenombres con los que se identificaron los plagiarios, siendo tal información la que sirvió de base para iniciar la indagación.
Esta última afirmación evidentemente entra en controversia con los señalamientos de los testigos, quienes sostuvieron que en la primera entrevista indicaron desconocer los nombres o apodos de quienes los plagiaron puesto que nunca establecieron comunicación entre ellos, afirmación que resulta acorde con lo que sucede en la mayoría de este tipo de casos en donde el modus operandi de grupos insurgentes con gran experiencia en la comisión de tal clase de delitos, es evitar dar a conocer cualquier dato que permita su identificación como lo sería por ejemplo llamarse por sus nombres o apodos, a sabiendas de que podrían ser fácilmente identificados gracias a la información de inteligencia que dada la complejidad de la zona, permanentemente recopilan las fuerzas militares y de policía.
Tampoco ofrece claridad lo que dijo el policial I.E.R. acerca de que en la inicial declaración se denunció el hurto del vehículo, mas no el secuestro, puesto que el hecho fue uno solo, cometido en un único momento, de donde no encuentra la Sala la razón para distinguir entre dos noticias criminales, aduciendo que una fue por hurto y la otra por secuestro, además porque las personas cuando denuncian un suceso que consideran delictivo no aluden a tipos penales, sino que se limitan a narrar un acontecimiento debidamente circunstanciado.
Bajo esta óptica resulta creíble la versión suministrada por los testigos en el juicio oral acerca de su desconocimiento de los sobrenombres de los secuestradores, aserto que no fue infirmado por lo consignado en las entrevistas de 12 de marzo de 2013 y el reconocimiento fotográfico de la misma fecha, como equivocadamente lo concluyeron los jueces de instancia que arguyeron un presunto temor de los testigos para explicar su retractación, el cual en manera alguna se soporta en medios de convicción, sino en la simple inferencia del fallador, la cual pierde peso frente a la existencia cierta de la denuncia vertida el mismo día de los hechos y a la que al unísono se refirieron los declarantes en el juicio para indicar que no lograron identificar a los plagiarios con algún tipo de sobrenombre, en tanto nunca establecieron comunicación entre ellos mientras duró el secuestro.
A lo anterior se suma la inconsistente explicación ofrecida por uno de los policiales que dirigió la investigación, quien no supo suministrar un motivo razonable que justificara porqué la denuncia data de semanas posteriores al hecho, o porqué se tomaron dos denuncias, ni la razón por la que se distinguió entre la noticia criminal por el delito de hurto de aquella recopilada por el punible de secuestro, y por qué se validó solo la segunda como la denuncia por los hechos que dieron origen a este proceso, de donde el señalamiento de los testigos acerca de que la declaración de 12 de marzo de 2013 y la posterior diligencia de reconocimiento fotográfico, fue conducida por los funcionarios de Policía Judicial, no resulta del todo improbable.
En tal medida, en el fallo se incurrió en un yerro de apreciación probatoria al desechar la declaración de los testigos directos suministrada en el juicio, aludiendo al presunto temor que determinó a las víctimas negar lo que habían señalado en la versión de 12 de marzo, desconociendo el sentenciador la existencia de otro tipo de circunstancias que hacían emerger duda en torno a la veracidad de lo atestado en esa ocasión por las víctimas, incurriendo así en un falso raciocinio.
Es así que no surge certeza sobre la responsabilidad de los aquí acusados en los hechos que se le atribuyen, tipificados en los punibles de secuestro y hurto calificado agravado, sino que por el contrario resulta dudoso su compromiso en los mismos, sin que tal estado de duda pueda superarse a partir de otros medios de convicción, por lo que habrán de ser absueltos por tales conductas en aplicación del principio in dubio pro reo.
Ahora bien, en lo que atañe al delito de rebelión se practicaron los testimonios de F.S.B. y A.A.V., ambos desmovilizados de las FARC, quienes manifestaron haber pertenecido a ese grupo guerrillero y operar en la zona de XXX. El primero expuso que los aquí procesados hacían parte de la organización y que los conoció mientras perteneció a la misma, habiéndolos identificado a través de reconocimiento fotográfico del cual se ratificó en el juicio.
Por su parte, A.A.B. también sostuvo que los aquí acusados hacían parte del grupo guerrillero, precisando los alias con los que eran conocidos, L.G.G.G. con el alias de “XXX XXX” y R.P.C. con el de “XXX o XXX”.
Es decir, concurre prueba directa demostrativa de la materialidad del delito de rebelión en cabeza de los acusados, sin que la aportada por la defensa para rebatir tales señalamientos logre desvirtuar su peso demostrativo, como tampoco resulta equivocado el razonamiento de los jueces de instancia para otorgar credibilidad al dicho de los testigos ofrecidos por el acusador, frente al de C.J.A.T., quien negó la militancia de los procesados en el grupo rebelde de las FARC, motivado, como se indica en la sentencia, por su condición de jefe, que de acuerdo a las reglas del grupo subversivo, le impide delatar a sus subalternos.
En tal medida, la Corte mantendrá incólume la condena de los procesados por el delito de rebelión, cuya pena fue calculada dentro del primer cuarto de movilidad punitiva fijado en el artículo 467 del Código Penal, y que finalmente se tasó en 102 meses de prisión y 140 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.
En cuanto a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, indicada en el artículo 52 del Código Penal, esta se impone por el mismo lapso de la sanción principal, esto es, 102 meses.
Forma de ejecución de la pena
Considerando que los procesados son responsables del punible de rebelión y que la pena impuesta excede de 3 años de prisión, no se hacen merecedores a la suspensión condicional de la ejecución de la sanción, prevista en el artículo 63 del Código Penal, motivo por el que deberán continuar privados de la libertad al interior de un centro de reclusión.
En este evento el precepto aplicable en razón del principio de legalidad es el artículo 63 del Código Penal sin la modificación insertada por la Ley 1709 de 2014, habida cuenta que dicha normativa no estaba vigente para el momento en el que se cometió el delito, y esta no es aplicable por favorabilidad dado que restringió la concesión de los subrogados penales y de la prisión domiciliaria al delito de rebelión entre muchas otras conductas; por lo mismo tampoco es posible sustituir la pena de prisión carcelaria por domiciliaria, puesto que la pena mínima prevista en la ley para el delito en cuestión excede el límite señalado en el artículo 38 ibídem.
Se dispone que copia de la presente actuación sea remitida a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que dicho ente de control investigue a los funcionarios de la Policía Nacional que recopilaron las entrevistas que rindieron las víctimas el 12 de marzo de 2013, así como las diligencias de reconocimiento fotográfico efectuadas por estas, en orden a determinar si tales servidores públicos incurrieron en algún tipo de infracción a la ley disciplinaria.
En mérito, de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
1. CASAR la sentencia del Tribunal Superior de XXX, proferida el 3 de febrero de 2015 y, en consecuencia, absolver a los procesados de los delitos de hurto calificado agravado y secuestro.
2. Dejar incólume la sentencia en lo relativo a la condena por el delito de rebelión, motivo por el que los acusados R.P.C. Y L.G.G.G. continuarán privados de su libertad cumpliendo las penas de 102 meses de prisión, multa de 140 salarios mínimos legales mensuales vigentes por este comportamiento e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de la sanción privativa de la libertad.
3. Copia de la presente actuación será remitida a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que dicho ente de control investigue a los funcionarios de la Policía Nacional que recopilaron las entrevistas que rindieron las víctimas el 12 de marzo de 2013, así como las diligencias de reconocimiento fotográfico efectuadas por estas, en orden a determinar si tales servidores públicos incurrieron en algún tipo de infracción a la ley disciplinaria.
1 Audiencia juicio oral de 22 de mayo de 2014, hora 2.17.