Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-450-de-octubre-4-de-1995?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416474f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-06 17:11:54
Document Index: 405594184

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 430', 'artículo 56', 'artículo 452', 'artículo 56', 'artículo 430', 'artículo 56', 'artículo 430', 'artículo 430', 'artículo 452', 'artículo 56', 'artículo 430', 'artículo 452', 'artículo 34', 'artículo 56']

﻿ SENTENCIA C-450 DE OCTUBRE 4 DE 1995
SENTENCIA C-450 DE 04 DE OCTUBRE DE 1995
CONTENIDO:SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. PROHIBICIÓN DE LA HUELGA
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, HUELGA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, PROHIBICIÓN DE HUELGA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:288 DE DICIEMBRE DE 1995, PÁG.1507
Sentencia C-450 de octubre 4 de 1995
EXTRACTOS: «Se transcriben a continuación los textos de las normas de los artículos 430, subrogado por el artículo 1º del Decreto 753 de 1956, y 452, subrogado por el artículo 34 del Decreto-Ley 2351 de 1965, resaltando en negrilla y con subrayado los apartes de dichas normas que se acusan:
“ART. 430.—Prohibición de huelga en los servicios públicos. Subrogado por el Decreto 753 de 1956, artículo 1º. De conformidad con la Constitución Nacional está prohibida la huelga en los servicios públicos.
h) Las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleos y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno.
ART. 452.—Procedencia del arbitramento. Subrogado D.L 2351 de 1965, artículo 34.
El actor en su demanda plantea la inconstitucionalidad de los literales b) y h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, porque prohíbe la huelga en las actividades de servicio público concernientes a “las empresas de transporte por tierra, agua y aire y telecomunicaciones” y a la “explotación, refinación, transporte y explotación de petróleos y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno”, que materialmente no son servicios esenciales. De este modo, resulta quebrantado el artículo 56 de la Constitución que únicamente no garantiza la huelga en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, pero sí en los demás servicios.
Igualmente, el demandante juzga inconstitucionales el encabezamiento del numeral 1º y la letra a) del mismo correspondientes al artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, porque somete a arbitramento obligatorio todos los conflictos colectivos del trabajo que se presenten en los servicios públicos y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo, cuando sólo es procedente dicho arbitramento en aquellas actividades definidas por el legislador como servicios públicos esenciales.
4. La función del legislador en la definición de los servicios públicos esenciales.
En la referida sentencia C-473/94, la Corte se pronunció en el sentido de que no se puede admitir “una discrecionalidad política del legislador para definir la limitación en el derecho de huelga”, por la circunstancia de que corresponde al Congreso señalar las actividades que constituyen servicios públicos esenciales.
La Corte en dicha sentencia optó por la fórmula, según la cual, “la Constitución ha establecido dos requisitos diferentes para que se pueda excluir el derecho de huelga de una determinada actividad. En primer término, es necesario que ésta sea materialmente un servicio público esencial. Y, en segundo término, desde el punto de vista formal, es necesario que el legislador haya expresamente definido la actividad como servicio público esencial y restringido el derecho de huelga en ella”.
Si bien es cierto que la norma del artículo 56 no confiere al legislador una competencia arbitraria y absolutamente discrecional para hacer la referida definición, es obvio que la voluntad política del Congreso en dicha tarea debe estar dirigida a expedir una regulación que consulte la filosofía propia del Estado social de derecho y los principios, valores y derechos constitucionales, de modo que se busque un punto de equilibrio entre el derecho que tienen los trabajadores a la huelga como instrumento para mejorar sus condiciones económicas y sociales y lograr la justicia en las relaciones laborales, e igualmente el derecho que tienen los usuarios de los servicios públicos esenciales a que se mantenga su continuidad de modo que no se afecten sus libertades y derechos fundamentales.
El derecho de los trabajadores a hacer la huelga con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y sociales, si bien representa un derecho constitucional protegido, en el sentido de que contribuye a la realización efectiva de principios y valores consagrados en la Carta, no es oponible a los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos, por el mayor rango que éstos tienen en el ordenamiento constitucional. Además, es mayor el perjuicio que se causa en sus derechos fundamentales a los usuarios, cuando aquéllos son afectados, que los beneficios que los trabajadores derivan de la huelga para mejorar sus condiciones de trabajo. Es obvio, que la balanza de los intereses y derechos en conflicto debe inclinarse en favor de los derechos fundamentales.
Hasta la presente, han sido definidos como servicios esenciales los siguientes: la actividad de la banca central (inc. 2º del art. 39 de la L. 31 /92, declarado exequible según sentencia C-521/94 M.P. Jorge Arango Mejía), los servicios públicos domiciliarios (L. 142/94) y el servicio de seguridad social en lo relacionado con el sistema general de seguridad social en salud y con respecto al sistema general de pensiones, “en aquéllas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones” (L. 100/93, art. 4º).
En anterior oportunidad, la Corte mediante la sentencia C-473 de 1994, varias veces citada, había resuelto “declarar exequible el inciso primero del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, siempre que se trate, conforme al artículo 56 de la Constitución Política, de servicios esenciales definidos por el legislador”. En dicha oportunidad, deliberadamente la Corte se abstuvo, por insuficiencia de la pretensión del demandante, de determinar si materialmente las actividades allí enlistadas correspondían o no a definiciones de servicios públicos esenciales y si éstas desde el punto de vista material se adecuaban o no a la preceptiva constitucional.
Pero como en esta ocasión precisamente se cuestiona la constitucionalidad de los literales b) y h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón de que a juicio del demandante las actividades que allí se mencionan no constituyen servicios públicos esenciales, la Corte procede a resolver de fondo la cuestión planteada, así:
Con respecto al literal b) de la mencionada disposición estima que las actividades de las empresas de transporte por tierra, mar y aire, indudablemente son servicios públicos esenciales, porque están destinadas a asegurar la libertad de circulación (C.P., art. 24), o pueden constituir medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo, etc.).
En lo atinente a las actividades de explotación, refinación y transporte de petróleo y sus derivados a que alude la letra h), estima la Corte que éstas son actividades básicas y fundamentales para asegurar a su vez otras actividades esenciales, como el transporte, la generación de energía, etc., todas ellas dirigidas a asegurar igualmente el ejercicio o disfrute de los derechos fundamentales. Por consiguiente, dichas actividades constituyen servicios públicos esenciales.
Por lo demás, a juicio de la Corte no resultan irrazonables ni desproporcionadas las normas jurídicas mencionadas, en punto a considerar que, bajo el presente examen, en principio, dichas actividades constituyen servicios públicos esenciales. Sin embargo ello no obsta, para que el legislador en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 56 de la Constitución y con base en la experiencia y la realidad nacionales pueda hacer una redefinición total o parcial de dichas actividades como servicios públicos esenciales.
Consecuente con los anteriores razonamientos la Corte declarará la exequibilidad de los literales b) y h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero debe advertir, que la decisión adoptada en el presente proceso sólo se contrae a la consideración como servicios públicos esenciales de las actividades a que aluden los referidos literales, pues en cada caso concreto sometido a su consideración la Corte examinará si una determinada actividad, atendiendo a su contenido material, corresponde o no a un servicio público esencial.
En lo que concierte con el cargo que se formula contra el encabezado del numeral 1º y la letra a) del artículo 452, la Corte considera que dicho aparte no es inconstitucional, porque su enunciado preceptivo no sólo cobija al arbitramento obligatorio en los servicios públicos sino, a los demás casos de arbitramento que se prevén en sus restantes literales.
No obstante, estima la Corte que es inconstitucional la letra a) en referencia, en cuanto de modo general somete a arbitramento obligatorio los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos, sin sujeción a las prescripciones generales sobre la materia, previstas en los artículos 444, incisos 1º y 2º, 445 numerales 2º, y 448 numerales 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo y 3º numeral 4º de la Ley 48 de 1968, cuando en virtud del artículo 56 de la Constitución, la huelga sólo no está garantizada en los servicios públicos esenciales, definidos por el legislador. De este modo, haciendo obligatorio el arbitramento de manera general en los servicios públicos, se comprende tanto a los que no son esenciales, en los cuales está permitida la huelga, como a los que son esenciales en los cuales no está garantizada.
1. Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados de los literales b) y h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto 753 de 1956.
2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “serán sometidos a arbitramento obligatorio” del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 34 del Decreto 2351 de 1965. Igualmente declarar EXEQUIBLE el literal a) del mismo artículo, pero bajo el entendido de que el arbitramento obligatorio sólo procede en los conflictos colectivos que se presenten en los servicios públicos esenciales, definidos por el legislador en los términos del artículo 56 de la Constitución Política.
(Sentencia C-450 de octubre 4 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).