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Timestamp: 2019-09-18 01:22:07
Document Index: 359082823

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 311', 'artículo 71', 'artículo 3', 'artículo 175', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 175']

﻿ Sentencia 2010-00038 de febrero 11 de 2014
SENTENCIA 2010-00038 DE 11 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:COSA JUZGADA. LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE UN ACTO TIENE FUERZA DE COSA JUZGADA ERGA OMNES. ENTONCES, LA COSA JUZGADA OPERA SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DECLARADA LA NULIDAD DE UNA NORMA, ESTA DESAPARECE DEL ESCENARIO JURÍDICO Y NO PUEDE SER MOTIVO DE UNA NUEVA IMPUGNACIÓN, CON EL FIN DE MANTENER LA CERTEZA Y SEGURIDAD DE LAS RELACIONES JURÍDICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, SENTENCIA, COSA JUZGADA, ALCANCE DE LA COSA JUZGADA, ORDENANZA, TRÁNSITO A COSA JUZGADA, SEGURIDAD JURÍDICA ADUANERA
Sentencia 2010-00038 de febrero 11 de 2014
Rad.: 660012331000201000038 01 (19397)
Demandante: Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP
Asunto: Ordenanza 012 de 2009
Bogotá, D.C. once de febrero de dos mil catorce
Se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 11 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que anuló el literal b) del artículo 3º de la Ordenanza 012 de 2009.
“ART. 3º—Hecho generador: Generan la obligación de cancelar la estampilla Prodesarrollo, los siguientes hechos y actos:
b) Todos los contratos y convenios con sus modificaciones, con o sin formalidades plenas, suscritos por los 14 municipios del departamento y sus entidades descentralizadas del orden municipal, tales como: establecimientos públicos; empresas industriales y comerciales del estado; sociedades de economía mixta con el régimen de empresas industriales y comerciales del estado, empresas sociales del estado; empresas de servicios públicos domiciliarios y demás entidades del orden municipal, incluida la contraloría, la personería y los concejos”.
Precisa la Sala que mediante sentencia del 18 de julio de 2013, proferida dentro del proceso radicado con el Nº 19398(8) se declaró la nulidad del literal b) del artículo 3º de la Ordenanza 12 del 7 de mayo de 2009, objeto de la demanda que ahora nos ocupa.
En el género de la hacienda pública, la administración tributaria nacional y las administraciones territoriales en sus diferentes niveles aparecen como sujetos activos de la mencionada relación(9), en cuanto detentadoras de la potestad tributaria que permite aplicar normas y procedimientos asociados a la titularidad de obligaciones y deberes tributarios, por supuesto, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
En las relaciones entre departamentos y municipios, los primeros ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios(10); mientras que el municipio, en los términos del artículo 311 constitucional, es la entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, y tiene adscritas importantes competencias como “prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes,” con lo cual tiene una preeminencia en el desarrollo social y económico que le hace merecedor de una mayor garantía en cuanto a su autonomía.
Resulta ajeno a la estructura impositiva de las tasas parafiscales, como la “estampilla probienestar del anciano”, que se pretenda gravar operaciones entre particulares sin la participación de la entidad territorial, o entre entidades de derecho público que no pertenecen al sector central o descentralizado del respectivo departamento. Además, porque con ello se viola el artículo 71(5) del Decreto-Ley 1222 de 1986, que prohíbe a las asambleas departamentales, “imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravados por la ley,” como sería el caso del impuesto de industria y comercio que además, de ser municipal recae sobre las actividades comerciales, industriales o de servicios realizadas en el respectivo municipio. En consecuencia se confirma el fallo pero por las razones expuestas en este acápite”.
(...) En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
“Declárase la nulidad del literal b) del artículo 3º de la Ordenanza 012 del 7 de mayo de 2009. (Subraya la Sala)
El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo(11) dispone que la sentencia que declara la nulidad de un acto tiene fuerza de cosa de juzgada erga omnes, esto es, frente a todo el mundo.
De acuerdo con esta disposición, si la decisión jurisdiccional es positiva, es decir, declara la nulidad del acto, la sentencia es oponible a cualquier demandante que pretenda, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial.
Ha precisado la Sala que la cosa juzgada opera sin limitación alguna, de tal suerte que declarada la nulidad de una norma, esta desaparece del escenario jurídico y no puede ser motivo de una nueva impugnación.
Teniendo en cuenta que la norma cuya nulidad constituye el cargo de apelación, esto es, el literal b) del artículo 3º de la Ordenanza 012 de 2009, fue anulada en virtud de la sentencia del 18 de julio de 2013, ya citada, se configuró respecto de esa disposición la figura jurídica de la cosa juzgada, lo que impide a la Sala proferir nuevo fallo de fondo, por lo que habrá de estarse a lo resuelto en la indicada sentencia.
Lo anterior, porque la cosa juzgada opera sin limitación alguna, de tal suerte que una vez declarada la nulidad de una norma, esta desaparece del escenario jurídico, y no puede ser motivo de nueva impugnación, a fin de mantener la certeza de las relaciones jurídicas, toda vez que sin la fuerza obligatoria de las sentencias no se pondría fin a las controversias que se suscitan, ni se le daría eficacia a las decisiones, lo que entrañaría un estado de indefensión, incertidumbre e inseguridad jurídica, y deslegitimaría el ejercicio de la función jurisdiccional(12).
1. ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia del 18 de julio de 2013, proferida por esta Corporación, Número interno 19398, que anuló el literal b) del artículo 3º de la Ordenanza 012 del 7 de mayo de 2009.
(8) C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
(9) Bravo Arteaga, Juan Rafael, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario, Editorial Legis, 2002
(10) C.P. Art. 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.
(11) Artículo 175 del Código Contencioso Administrativo:
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital, o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.
(12) Sentencia del 19 de mayo de 2011, Exp. 17913, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo.