Source: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/anexo.1.htm
Timestamp: 2017-12-14 17:13:26
Document Index: 387513999

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 62', 'artículo 59', 'artículo 96', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 21', 'Artículo 75', 'Artículo 5', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 21', 'Artículo 27', 'Artículo 62', 'Artículo 45', 'Artículo 62', 'Artículo 62', 'artículo 4', 'artículo 54', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 33', 'Artículo 4', 'Artículo 12', 'Artículo 23', 'Artículo 130', 'artículo 62', 'artículo 62', 'Artículo 4', 'Artículo 62', 'artículo 5', 'Artículo 78', 'Artículo 45', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 8', 'Artículo 4', 'artículo 27', 'Artículo 7']

Informe Anual 2005 - Anexo 1 Ratificaciones
"Pacto de San José"
(Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969)
ENTRADA EN VIGOR: 18 de julio de 1978
ACEPTACION DE LA JURISDICCION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
(Adoptado en San Salvador, El Salvador el 17 de noviembre de 1988)
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE
(Adoptado el Asunción, Paraguay el 8 de junio de 1990)
ENTRADA EN VIGOR: 28 de agosto de 1991
(Aprobada en Cartagena de Indias, Colombia el 9 de diciembre de 1985)
ENTRADA EN VIGOR: 28 de febrero de 1987
(Adoptada en Belém de Pará, Brasil el 9 de junio de 1994)
ENTRADA EN VIGOR: 28 de marzo de 1996
"CONVENCION DE BELEM DO PARA"
(Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994)
ENTRADA EN VIGOR: 5 de marzo de 1995
(Adoptada en Ciudad Guatemala, Guatemala el 7 de junio de 1999)
AD 11.19.98
R 09.05.84[1]
A 09.05.841
R 10.23.03
R 03.31.89
R 02.28.96
R 07.05.96
R 01.10.01
AD 05.16.9531
R 11.27.82[2]
A 06.04.002
R 05.16.95
AD 11.25.96
AD 07.19.79[3]
A 07.27.933
R 05.05.99
R 12.05.94
R 5.30.03
AD 09.25.92[4]
A 12.10.984
AD 08.21.96
R 08.13.8926
R 7.20.89
R 11.27.95
R 08.15.01
R 08.21.90[5]
A 08.21.905
R 09.30.8827
R 11.15.96
R 02.26.02
R 07.31.73[6]
A 06.21.856
AD 12.23.97
R 01.19.99
R 04.12.05
R 02.11.04
R 04.08.70[7]
A 07.02.807
R 11.16.99
R 02.08.00
R 06.02.96
R 07.12.95
R 06.11.93[8]
R 06.06.95
R 12.28.77[9]
A 07.24.849
R 03.25.93
R 11.09.99
R 09.15.95
R 03.18.04
R 06.23.78[10]
A 06.06.9510
R12.05.94
R 01.26.96
R 03.08.02
R 07.18.78
R 02.15.01
R 05.25.78[11]
A 03.09.8711
R 10.05.00
R 01.29.8728
R 02.25.0029
R 0404.95
R 01.28.03
AD 09.27.77[12]
A 03.20.9812
R 06.02.97
R 09.08.77[13]
A 09.09.8113
R 07.11.05
R 08.07.78[14]
R 12.14.05
AD 03.24.81[15]
A 12.16.9815
R 04.16.9625
R 06.22.87
R 04.09.0230
R 11.12.98
R 01.25.01
R 09.25.79[16]
A 02.12.9116
R 12.12.95
R 11.25.02
R 06.22.78[17]
A 05.09.9017
R 02.18.93
R 08.28.91
R 02.16.01
R 08.24.89[18]
A 03.11.9318
R 06.03.97
R 12.07.00
R 03.09.90
R 11.26.96
R 10.18.95
R 10.22.02
R 07.28.78[19]
A 01.21.8119
R 06.04.95
R 03.28.91
R 02.13.02
R 06.04.96
R 08.30.01
R 04.19.78[20]
A 03.25.9920
R 01.29.87
R 03.07.96
R 06.12.95
R 04.04.95
R 05.31.96
AD 11.12.87[21]
A 11.12.8721
R 07.10.90
R 11.12.87
D 05.26.99[22]
D 05.26.9922
R 05.08.96
R 04.19.85[23]
A 04.19.8523
R 04.02.96
R 04.04.94
R 11.10.92
R 07.20.01
R 08.09.77[24]
A 06.24.8124
R 10.06.93
R 08.26.91
R 02.03.95
R Ratificación
A Aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
F Firma no seguida de ratificación
D Fecha de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
AD Adhesión
[1] Argentina:
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 5 de setiembre de 1984, con una reserva y declaraciones interpretativas. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 23 de mayo de 1969.
El artículo 21 queda sometido a la siguiente reserva: "El Gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal Internacional cuestiones inherentes a la política económica del Gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los Tribunales nacionales determinen como causas de 'utilidad pública' e `interés social', ni lo que éstos entiendan por `indemnización justa'".
[2] Barbados:
Con respecto al párrafo 5 del Artículo 4, aunque la juventud o mayor edad del delincuente pueden ser factores que el Consejo Privado, Corte de Apelaciones de más alta jerarquía, podría tomar en cuenta al considerar si se debe cumplir la sentencia de muerte, las personas de 16 años y más o mayores de 70 pueden ser ejecutadas de conformidad con la ley de Barbados.
Con respecto al inciso (e) del párrafo 2 del Artículo 8, la ley de Barbados no establece como garantía mínima en el procedimiento penal, ningún derecho irrenunciable a contar con la asistencia de un defensor asignado por el Estado. Se proporcionan servicios de asistencia jurídica en los casos de determinados delitos, tales como el homicidio y la violación.
Declaración de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los términos del artículo 62, 1 de la Convención (4 de junio de 2000).
[3] Bolivia:
En el instrumento mencionado el Gobierno de Bolivia declara:
I. El Gobierno Constitucional de la República, de conformidad con el artículo 59, inciso 12, de la Constitución Política del Estado, mediante Ley 1430 de 11 de febrero, dispuso la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y el reconocimiento de la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 45 y 62 de la Convención.
II. En uso de la facultad que me confiere el inciso 2, del artículo 96 de la Constitución Política del Estado, expido el presente instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", así como el reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el reconocimiento como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido de la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 62 de la Convención.
EL Gobierno de Bolivia mediante nota OEA/MI/262/93, del 22 de julio de 1993, presentó declaración interpretativa al momento de depositar el instrumento de reconocimiento a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la manera siguiente:
"Los preceptos de incondicionalidad y plazo indefinido se aplicarán en estricta observancia de la Constitución Política del Estado boliviano, especialmente de los principios de reciprocidad, irretroactividad y autonomía judicial."
[4] Brasil:
(Declaración hecha al adherirse a la Convención)
El Gobierno de Brasil entiende que los Artículos 43 y 48, letra D, no incluyen el derecho automático de visitas e inspecciones in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales dependerán de la anuencia expresa del Estado.
Reconocimiento de Competencia.-
"El Gobierno de la República Federativa de Brasil declara que reconoce, por tiempo indeterminado, como obligatoria y de pleno derecho, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos los casos relacionados con la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62 de la misma, bajo reserva de reciprocidad y para hechos posteriores a esta Declaración".
(Fecha: 10 de diciembre de 1998).
[5] Chile:
(Declaraciones hechas al ratificar la Convención)
Al formular las mencionadas declaraciones, el Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este instrumento de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Igualmente el Gobierno de Chile, al conferir la competencia a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara que estos órganos, al aplicar lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 21 de la Convención no podrán pronunciarse acerca de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan tenido en consideración al privar de sus bienes a una persona.
[6] Colombia:
El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno. El mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.
[7] Costa Rica:
[8] Dominica:
En el instrumento de ratificación el Gobierno del Commonwealth de Dominica presentó las siguientes reservas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se abrió a la firma y ratificación o a la adhesión de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Considerando que la ratificación o adhesión a la Convención se ha de hacer efectiva mediante el depósito de un instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Considerando que el Artículo 75 de dicha Convención dispone que la misma estará sujeta a reservas únicamente en conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.
Por tanto, el Commonwealth de Dominica por este medio ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos con sujeción a las siguientes reservas:
1) Artículo 5. No debe interpretarse que prohibe el castigo corporal administrado en conformidad con la Ley de Castigo Corporal de Dominica ni la Ley de Castigo de Delincuentes Juveniles.
2) Artículo 4.4. Se formula una reserva respecto de las palabras "...ni comunes conexos con los políticos".
3) Artículo 8.2.(e) Este Artículo no se aplicará en relación con Dominica.
4) Artículo 21.2. Debe interpretarse a la luz de las disposiciones de la Constitución de Dominica y no debe interpretarse que amplía o limita los derechos declarados en la Constitución.
5) Artículo 27.1. Debe interpretarse a la luz de nuestra Constitución y no debe interpretarse que amplía o limita los derechos declarados en la Constitución.
6) Artículo 62. El Commonwealth de Dominica no reconoce la jurisdicción de la Corte.
[9] Ecuador:
El 24 de julio de 1984 reconoció la vigencia de los artículos 45 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante Decreto No. 2768, de 24 de julio de 1984, publicado en el Registro Oficial No. 795 del 27 del mismo mes y año.
De acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 1 del Artículo 45 de la Convención sobre Derechos Humanos --"Pacto de San José de Costa Rica"-- (ratificada por el Ecuador el 21 de octubre de 1977 y vigente desde el 27 de octubre de 1977), el Gobierno del Ecuador reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la citada Convención, en los términos previstos en el parágrafo 2 de dicho Artículo.
[10] El Salvador:
Reconocimiento de Competencia, hecha el 6 de junio de 1995:
En el instrumento de reconocimiento el Gobierno de El Salvador declara:"La Honorable Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, ratificó mediante Decreto Legislativo No. 319 de fecha 30 de marzo de 1995, la Declaración de la República de El Salvador sobre el Reconocimiento de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad al Artículo 62 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", la cual aparecerá publicada en el Diario Oficial No. 82, Tomo 327 correspondiente al 5 de mayo de 1995.
I. El Gobierno de El Salvador reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin Convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos o "Pacto de San José".
II. El Gobierno de El Salvador, al reconocer tal competencia, deja constancia que su aceptación se hace por plazo indefinido, bajo condición de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o actos jurídicos posteriores o hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta Declaración de Aceptación, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.
III. El Gobierno de El Salvador, reconoce tal competencia de la Corte, en la medida en que este reconocimiento es compatible con las disposiciones de la Constitución de la República de El Salvador."
[11] Guatemala:
El Gobierno de la República de Guatemala, ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, haciendo reserva sobre el artículo 4, inciso 4, de la misma, ya que la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 54, solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos.
(Artículo 1) Declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(Artículo 2) La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario de la Organización de los Estados Americanos.
[12] Haití:
Reconocimiento de Competencia
DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS POR LA REPÚBLICA DE HAITÍ
Vista la Constitución de la República de Haití de 1987,
Vista la ley del 18 de agosto de 1979 mediante la cual la República de Haití ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Declaramos, por la presente, reconocer como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Esta declaración se emite para presentación a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la cual transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte, de conformidad con el artículo 62 de la Convención.
La presente declaración está acompañada de la ley del 18 de agosto de 1979 mediante la cual la República de Haití ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos promulgada en el Diario Oficial de la República.
Hecha en el Palacio Nacional, en Port-au-Prince, el 3 de marzo de 1998, año 195 de la independencia.
[13] Honduras:
[14] Jamaica:
[15] México:
DECLARACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Firmado el 16 de diciembre de 1998)
Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4, considera que la expresión "en general", usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida "a partir del momento de la concepción" ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.
Por otra parte, es el concepto del Gobierno de México que la limitación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, es de las comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 12.
Con fecha 9 de abril de 2002, el gobierno de México notificó a la Secretaría General su intención de retirar parcialmente las declaraciones interpretativas y reserva, subsistiendo en los siguientes términos:
Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión "en general" usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida "a partir del momento de la concepción", ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.
El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.
[16] Nicaragua:
El 12 de febrero de 1991 presentó, en la Secretaría General de la OEA, un instrumento de fecha 15 de enero de 1991, mediante el cual el Gobierno de Nicaragua declara:
I. El Gobierno de Nicaragua reconoce como obligatoria de pleno y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo los casos relativos a la interpretación o aplicación a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, inciso 1 de la misma.
II. El Gobierno de Nicaragua, al consignar lo referido en el punto I de esta Declaración, deja constancia que la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprenden solamente hechos posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha de depósito de esta declaración ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
[17] Panamá:
El 9 de mayo de 1990, presentó en la Secretaría General de la OEA, un instrumento fechado 29 de febrero de 1990, mediante el cual declara que el Gobierno de la República de Panamá reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[18] Paraguay:
En el instrumento mencionado el Gobierno del Paraguay declara:
I. Que habiendo sido promulgado el Decreto No. 16.078 de fecha 8 de enero de 1993, por el cual se reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.
II. El presente reconocimiento es por tiempo indefinido, y debe interpretarse de conformidad a los principios que guíen el Derecho Internacional, en el sentido de que, este reconocimiento se refiere expresamente a los hechos ocurridos con posterioridad a este acto y sólo para aquellos casos en que exista reciprocidad.
[19] Perú:
RETIRO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú
El Gobierno del Perú, con fecha 21 de enero de 1981, depositó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la declaración unilateral a través de la cual reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo de Ministros, con fecha 5 de julio de 1999, acordó proceder al retiro, por parte del Perú, de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y puso en consideración del Congreso un proyecto de Resolución Legislativa en tal sentido.
Declara que, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la República del Perú retira la Declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha en su oportunidad por el gobierno peruano.
Este retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana producirá efecto inmediato y se aplicará a todos los caso en que el Perú no hubiese contestado la demanda incoad ante la Corte.
Lima, 08 de julio de 1999
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS Y MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DEL PERU
El Gobierno de la República del Perú, con fecha 21 de enero de 1981, depositó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la declaración unilateral a través de la cual reconoció "como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención".
Mediante Resolución Legislativa N° 27152, de fecha 8 de julio de 1999, el Congreso de la República aprobó el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con fecha 09 de julio de 1999, el Gobierno de la República del Perú depositó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la declaración unilateral a través de la cual retiro la declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias de competencia número 54 y 55, del 24 de septiembre de 1999, señaló que dicho retiro no era procedente, conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Congreso de la República, con fecha 12 de enero de 2000 acordó, mediante Resolución Legislativa N° 27401, derogar la Resolución Legislativa N° 27152, encargando al Poder Ejecutivo realizar las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que hubiera generado dicho dispositivo.
POR TANTO DECLARA QUE:
El reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectuada por el Perú el 20 de octubre de 1980, posee plena vigencia y compromete en todos sus efectos jurídicos al Estado peruano, debiendo entenderse la vigencia ininterrumpida de dicha Declaración desde su deposito ante la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 21 de enero de 1981.
El Gobierno de la República del Perú procede a retirar la Declaración depositada con fecha 09 de julio de 1999, en virtud de la cual se pretendió el retiro de la Declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lima, 29 de enero de 2001.
[20] República Dominicana:
"El Gobierno de la República Dominicana por medio del presente Instrumento, declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del 22 de Noviembre de 1969" (19 de febrero de 1999).
[21] Suriname:
El 12 de noviembre de 1987, presentó en la Secretaría General de la OEA, el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención.
[22] Trinidad y Tobago:
(Reservas hechas al adherir a la Convención)
1. Con respecto al Artículo 4(5) de la Convención, el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago formula una reserva por cuanto en las leyes de Trinidad y Tobago no existe prohibición de aplicar la pena de muerte a una persona de más de setenta (70) años de edad.
2. Con respecto al Artículo 62 de la Convención, el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se estipula en dicho artículo sólo en la medida en que tal reconocimiento sea compatible con las secciones pertinentes de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago, y siempre que una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes de ciudadanos particulares.
De conformidad con el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "los Estados Partes podrán denunciar esa Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras Partes."
1.-Trinidad y Tobago Notificó denuncia el 26 de mayo de 1998.
Su Excelencia César Gaviria Trujillo
NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
En virtud de su sentencia en el caso Pratt y Morgan vs. Fiscal General de Jamaica (2 A.C.1, 1994), el Comité Judicial del Consejo Privado decidió que los estados debían atenerse a pautas estrictas en cuanto a la audiencia y determinación de apelaciones de asesinos convictos que hubieran sido condenados a muerte. En cualquier caso en que la ejecución fuese a tener lugar más de cinco años después de impuesta la condena a la pena capital, habría fundamento firme para considerar que una demora de tal magnitud constituiría un "castigo u otro trato inhumano o degradante". Un estado que desee mantener la pena capital debe asumir la responsabilidad de asegurar que la ejecución tenga lugar con la mayor rapidez posible una vez dictada la sentencia, otorgando un plazo razonable para la apelación y la consideración del aplazamiento. Debe acelerarse el trámite de las apelaciones interpuestas contra las condenas a muerte y debe procurarse que la audiencia de tales apelaciones tenga lugar dentro de los doce meses siguientes a la condena. Debería ser posible completar todo el proceso de apelación en la órbita de la jurisdicción interna (incluida la apelación ante el Consejo Privado) dentro de un plazo de dos años, aproximadamente. Debería ser posible que los órganos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, despacharan en un plazo de dieciocho meses, como máximo, los reclamos que se les presentara respecto de casos que conllevaran la pena de muerte.
El efecto de esta decisión del Comité Jurídico del Consejo Privado en relación con el caso Pratt y Morgan es que, sin perjuicio de que en Trinidad y Tobago la pena de muerte sea el castigo correspondiente al delito de homicidio, la demora excesiva en ejecutarla constituye un castigo cruel e inusitado y es, por ende, una contravención del Capítulo 5(2)(b) de la Constitución de Trinidad y Tobago. Por cuanto el dictamen del Tribunal representa la norma constitucional para Trinidad y Tobago, el Gobierno está obligado a asegurar que el proceso de apelación sea expedito, eliminando las demoras en el sistema a fin de que pueda aplicarse las penas capitales impuestas de acuerdo con las leyes de Trinidad y Tobago.
En estas circunstancias, y con el deseo de acatar la legislación interna que prohíbe imponer a cualquier persona penas o tratos inhumanos o degradantes y de cumplir, por consiguiente, las obligaciones que le estipula el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Fiscal General y el Ministro de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Trinidad y Tobago, se reunieron con el Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Fiscal General y el Ministro de Relaciones Exteriores expusieron su posición ante la Comisión, detallando los problemas que se le plantean a Trinidad y Tobago para cumplir con los plazos fijados por el Comité Judicial del Consejo Privado para considerar las peticiones presentadas por órganos internacionales de protección de los derechos humanos en casos de imposición de la pena capital. El Fiscal General gestionó la cooperación de la Comisión en cuanto a la aplicación de los plazos pertinentes para la consideración de las peticiones planteadas a la Comisión en esos casos, a fin de que pudiera ejecutarse la sentencia de muerte, obligatoria para los homicidas convictos. La Comisión, si bien manifestó su comprensión del problema que tenía ante sí Trinidad y Tobago, señaló que tenía sus propios procedimientos establecidos para la consideración de peticiones. Por ende, en virtud de razones que el Gobierno de Trinidad y Tobago respeta, la Comisión no pudo brindar garantía alguna de que la consideración de los casos que conllevaran la aplicación de la pena capital se completaría dentro del plazo gestionado.
El Gobierno de Trinidad y Tobago no está en condiciones de conceder que la incapacidad de la Comisión para tratar en forma expedita las peticiones relacionadas con casos de imposición de la pena capital, frustre la ejecución de esta pena legal con que se castiga en Trinidad y Tobago el delito de homicidio. La constitucionalidad de las sentencias dictadas contra las personas convictas y condenadas a muerte al cabo del debido proceso judicial, se determina ante los tribunales de Trinidad y Tobago. Por ende, existen salvaguardias suficientes para la protección de los derechos humanos y fundamentales de los prisioneros condenados.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por este medio el Gobierno de Trinidad y Tobago notifica al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos el retiro de su ratificación de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Le ruego, Excelencia, que se sirva aceptar las seguridades de mi mayor consideración.
[23] Uruguay:
En el instrumento de ratificación de fecha 26 de marzo de 1985, depositado el 19 de abril de 1985 en la Secretaría General de la OEA, el gobierno de la República Oriental del Uruguay declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención, bajo condición de reciprocidad, de acuerdo a lo establecido en sus artículos cuarenta y cinco párrafo tres, y sesenta y dos, párrafo dos.
[24] Venezuela:
DECLARA: de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo 1 del Artículo 45 de la Convención, que el Gobierno de la República de Venezuela reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención, en los términos previstos en el párrafo 2 de dicho Artículo. Este reconocimiento de competencia se hace por tiempo indefinido.
25 México:
(Declaración en ocasión de la ratificación)
"Al ratificar el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Gobierno de México lo hace en el entendimiento de que el Artículo 8 del aludido Protocolo se aplicará en la República Mexicana dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias".
26 Brasil:
"Al ratificar el Protocolo sobre la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, el 8 de junio de 1990, declaro, debido a imperativos constitucionales, que consigno la reserva, en los términos establecidos en el Artículo II del Protocolo en cuestión, en el cual se asegura a los Estados Partes el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra, de acuerdo al derecho internacional, por delitos sumamente graves de carácter militar".
27 Chile:
(Reservas hecha al ratificar la Convención)
a.             Al artículo 4, en cuanto modifica el principio de la "obediencia reflexiva" consagrado en la legislación interna chilena, en el sentido
de que el Gobierno de Chile aplicará lo dispuesto en dicha norma internacional al personal sujeto al Código  de Justicia Militar, respecto a
los subalternos, siempre que la orden, notoriamente tendiente a la perpetración de los actos indicados en el artículo 2, no sea insistida por
el superior ante la representación del subalterno.
b.             Al inciso final del artículo 13, en razón del carácter discrecional y subjetivo en que está redactada la norma.
c.             El Gobierno de Chile declara que en sus relaciones con los Países Americanos que sean Partes en la presente Convención, aplicará
esta Convención en los casos en que existan imcompatibilidades entre sus disposiciones y las de la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por las Naciones Unidas en 1984.
d.             Al inciso tercero del artículo 8, en cuanto un caso sólo podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya
sido aceptada expresamente por el Estado de Chile.
Retiro de reservas:
El 21 de agosto de 1990, depositó en la Secretaría General un instrumento fechado 18 de mayo de 1990, mediante el cual retira las reservas
formuladas por el Gobierno de Chile al Artículo 4 y al inciso final del Articulo 13 de la Convención.
28 Guatemala:
"La República de Guatemala no acepta la aplicación ni aplicará el tercer (3er.) párrafo del Artículo Ocho (8) de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, ya que de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, agotados los recursos, la resolución
que determine la absolución para un presunto delincuente del delito de tortura, quedará firme y no podrá ser sometido a ninguna instancia internacional".
El 1 de octubre de 1990, depositó en la Secretaría General, un instrumento de fechado el 6 de agosto de 1990, mediante el cual retira las reservas hecha por el Gobierno de Guatemala al firmar la Convención y reiterada al ratificarla el 10 de diciembre de 1986.
De conformidad con el artículo XIX de la Convención, la República de Guatemala, al ratificarla, formula reserva en cuanto a la aplicación del artículo V de la misma, desde el momento que el artículo 27 de su Constitución Política establece que "por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenios con respecto a delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional", y que por el momento, no existe legislación guatemalteca interna que rija lo relativo a extradición.
Retiro de la reserva hecha al ratificar la Convención relativa a la aplicación del articulo V (7 de septiembre de 2001).
30 México:
Reserva hecha al momento del deposito del instrumento de ratificación (9 de abril de 2002)
"El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belem, Brasil el 9 de junio de 1994, formula reserva expresa al Articulo IX, toda vez que la Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que conforme al articulo 14 de la Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".
Declaración interpretativa hecha al momento del deposito del instrumento de ratificación (9 de abril de 2002)
"Con fundamento en el articulo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno de México, al ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994, se entenderá que las disposiciones de dicha Convención se aplicaran a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posteridad a la entrada en vigor de la presente Convención"
31 Bahamas:
(Declaración de Bahamas al firmar y adherirse a la Convención)
En el instrumento de ratificación el Gobierno de Bahamas declara:
Artículo 7(g) de la Convención no implica ninguna obligación del Gobierno del Commonwealth de las Bahamas a proporcionar ninguna forma de indemnización de fondos públicos a ninguna mujer que haya sido sujeta a violencia en circunstancias en que ésta responsabilidad podría normalmente no haber sido incurrida bajo las leyes existentes en Bahamas.