Source: https://luisbonilla.com/el-procedimiento-administrativo/
Timestamp: 2018-05-26 15:32:04
Document Index: 258135426

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 103', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 105', 'artículo 53', 'artículo 76', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 16', 'artículo 80', 'artículo 82', 'artículo 105', 'artículo 84', 'artículo 86', 'artículo 39', 'artículo 87', 'artículo 95', 'artículo 39', 'artículo 9', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 82', 'Artículo 108', 'artículo 109', 'artículo 110', 'e contrario', 'artículo 114', 'artículo 112', 'artículo 27', 'artículo 117', 'artículo 24', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 67', 'artículo 121', 'artículo 115', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 40', 'artículo 49', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 48']

El procedimiento administrativo - Cursos Online
Tema 9 del curso online de Auxiliares Administrativos del Estado
El término procedimiento resulta más amplio que el de “proceso”, pues éste se refiere a actuaciones judiciales, mientras que aquél se predica en general de las diversas funciones públicas;
La Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas. regula la figura de los interesados en el procedimiento al formar parte de las relaciones “ad extra” (relaciones externas) de las Administraciones públicas , no obstante , serán los artículos de la Ley 40 /2015 de 1 de octubre del Sector Público en donde se regule las abstención y recusación que afecta a los órganos administrativos y se refiere a relaciones “ad intra “ (relaciones internas) de la Administración
Son motivos de abstención los indicados en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Son los siguientes:
El artículo 7.1. g), del Real Decreto 33/1986, tipifica como falta grave “interve­nir en un procedimiento admi­nistrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención le­galmente señaladas”.
Se encuentra regulada en el artículo 24 de la Ley 40/ 2015 de 1 de octubre, en los términos que indicamos a continuación.
En los casos previstos en el artículo 23, anteriormente visto, podrá promover­se recusación por los interesados en cualquier momento de la tra­mitación del procedimiento.
Para estudiar la figura del Ad­ministrado o del interesado, en la terminología de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas., inexcusa­blemente, antes debe hacerse mención a la relación jurídico-administrativa.
Presencia en ella de la Ad­ministración, corno sujeto de la relación, normalmente en el lado activo de la misma, junto al Ad­ministrado, que suele situarse en el lado pasivo.
La Administración ha de intervenir en tal relación como tal, y no como persona de Dere­cho Privado. Esto es tanto como decir que ha de actuar (la Administración) al servicio de los intereses generales a que le obliga el artículo 103.1 de la Constitución.
La Admi­nistración actúa normalmente como parte activa de la relación, es decir, ejercita en ella las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico le reconoce para el cumplimiento de sus fines.
El elemento subjetivo, que es doble: un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por lo general, como se ha dicho, el lado activo es desempeñado por la Administración Pública, y el pasivo por el Administrado, le que no impide en ocasiones que se entable una relación jurídico-administrativa entre dos sujetos con carácter publico, dando lugar a las deno­minadas relaciones interadmi­nistrativas, e, igualmente, que en una relación jurídico-administrativa resulte sujeto activo el administrado y pasivo la Admi­nistración.
El objeto, constituido por los actos humanos (desempeño de su cargo por el funcionario, por ejemplo) o las cosas (el dominio publico) en cuanto integran­tes del bien jurídico tutelado por la norma.
Su modificación puede afec­tar a los sujetos (por ejemplo, el cambio de un particular en la titularidad de una Licencia de Apertura de un Establecimiento), al objeto o al contenido de la relación, es decir a los derechos y debe­res de los sujetos en la misma (que puede producirse, por ejemplo, cuando la Administración hace uso del “ius variandi” (derecho a variar las condiciones del contrato) en la contratación administrativa, modificando unilateralmente los términos del contrato de que se trate
Finalmente, respecto a la ex­tinción, puede deberse a la pro­pia Ley, que determine cuándo se extingue la relación. Asimis­mo las relaciones personalísi­mas, por ejemplo la que mantie­ne un funcionario con la Admi­nistración, se extinguen por el fallecimiento.
Administrado puede ser toda persona física o jurídica que entre en relación con la Administración, por lo que puede hacerse una tipología del mismo en fun­ción de lo que realmente sea (in­dividuo, persona jurídica, etc.,).
Administrado simple: Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un esta­do de sujeción general y que es tratado por la norma de una for­ma impersonal, siendo ésta la posición normal. Así, Administrado simple es cualquier ciudadano que deam­bule por una vía pública, cuyo uso no tiene limitado sino por directrices de carácter general.
Administrado cualificado: Es aquel que se encuentra res­pecto de la Administración en un estado de sujeción especial, es decir, especialmente vinculado a ella, lo que puede derivar, por ejemplo, de la relación funcionarial, del uso común especial o del uso privativo del dominio públi­co, de la realización de una prestación personal, etc.
El artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas., en cuanto a la actuación dentro de los procedimientos adminis­trativos, considera como intere­sados en los mismos:
En este contexto, cuando en una solicitud, escrito o comuni­cación figuren varios interesa­dos, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que ex­presamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término (artículo 33 Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre).
Finalmente, si durante la ins­trucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o in­tereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expe­diente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del pro­cedimiento (artículo 8 Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas..).
En esta línea hay que insertar la dicción del artículo 3 Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas., según el cual:
“A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.T
Se encuentra regulada en el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas habrá de tenerse en cuanta en esta regulación la introducción de el registro electrónico de apoderamientos en la linea de la implantación de una administración electrónica.
La falta o insuficiente acre­ditación de la representación, no impedirá que se tenga por reali­zado el acto de que se trate siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano ad­ministrativo, o de un plazo supe­rior cuando las circunstancias del caso así lo requieran (con esta previsión se pretende cum­plir el principio de celeridad que rige la ordenación del procedimiento, al que se refieren los artículos 71 a 73 de la propiaLey 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas)
Por tanto, la actuación en el procedimiento administrativo se puede realizar directamente por el interesado, sin necesidad de Procurador, a diferencia de lo que ocurre en el proceso judicial. Ahora bien tampoco se excluye, de modo que, caso de existir, además de actuar por si mismo, el interesado con capacidad de obrar puede actuar por medio de representante, que podrá serlo cualquier persona, entendiéndose, entonces, con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado (art. 5).
Interesados propiamente dichos.
Interesados por personación.
a) Interesados propiamente dichos.
A ellos se refiere el art. 4 apartados a) y b) de la Ley 39/2015.
b) Interesados por personación.
El artículo 4 apartado c) de la Ley considera también interesados a:
Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, siempre que se personen en el procedimiento antes de que haya recaído resolución definitiva.
Además, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales (artículo. 4.2)
Pero además, la Ley 39/ 2015 de 1 de octubre y las demás normas aplicables al proce­dimiento administrativo y a las relaciones entre la Administra­ción y el Administrado, recono­cen una serie de derechos, a lo largo de su articulado.
Conforme al artículo 13 Ley 39/ 2015 de 1 de octubre , en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los ciudadanos tienen los si­guientes derechos:
Supone una de las innovaciones de la ley el derecho a relacionarse electrónicamente e incluso la obligación , recogida en el artículo 14 de la ley para algunos colectivos.
A estos efectos. el artículo 27 Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, señala que:
Sobre la lengua de los proce­dimientos trata el artículo 15 de esta Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, disponiendo que:
La Administración instructora deberá traducir al castellano los documentos,expedientes,o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo solici­ten expresamente. Si debieran surtir efecto en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.
Los expedientes o las partes de los mismos redactados en una lengua cooficial distinta del castellano, cuando vayan a surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. deberán ser traducidos al castellano por la Administración Pública ins­tructora.
El artículo 105,b), de la Constitución establece que la Ley regulará el acceso de los ciuda­danos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
A Téngase en cuenta que los artículos 6 a 8 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administra­ción del Estado, recogen, en su tipificación de faltas muy graves, graves y leves, la “actuación que suponga discriminación por ra­zón de raza, sexo, religión, len­gua, opinión, lugar de nacimien­to, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia perso­nal o social” (falta muy grave), “la grave falta de consideración con los administrados” (falta grave) y la incorrección con el público, superiores, compañeros o subor­dinados” (falta leve).
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado PúblicoLa Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público recoge como falta muy grave:
“Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo”.
El Desarrollo del Procedimiento de responsabilidad patrimonial se intercala ,como especialidad del procedimineto coún en las distitntas fases del mismo en el Título IV de la Ley . Por su parte los principios de la Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se recogen en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Regimen jurídico del Sector Público.
Por otra parte la Ley también recoge específicamente en su artículo 53 los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo y que son los siguientes:
En similares términos se pro­nuncia el artículo 76 Ley 39/ 2015, de 1 de octubre
En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
Es el procedimiento general regulado en el título IV de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, que tiene carácter de legislación básica, común y, por tanto, supletoria en defecto de norma especial.
La actual Ley 39/2015 ha integrado en el procedimiento común las especialidades ,tanto del procedimiento sancionador ,como del procedimiento de Responsabilidad Patrimonial .
En la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público se han incluido los principios del ejercicio de la potestad sancionadora y del procedimiento de Responsabilidad Patrimonial .
Asimismo , en el ejercicio de la potestad disciplinaria de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio se estará a lo dispuesto para el ejercicio de la potestad sancionadora en la Ley 40/2015 de 1 de octubre indicada.
Procedimiento de Recaudación, regulado en el Real Decreto 1684/1.990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Procedemos a su estudio a continuación
El art. 58 Ley 39/2015 señala que el procedimiento se iniciará de oficio cuando así lo acuerde el órgano competente; y este acuerdo de iniciación de oficio podrá adoptarlo el órgano competente:
Recogido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, es distinta de la simple denuncia (que, como acabamos de ver, determina la iniciación de oficio), es la instancia de persona interesada.
Conforme al art. 66 de la Ley 39/2015 , las solicitudes deberán contener:
Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución ,de conformidad con lo establecido en el artículo relativo a la obligación de resolver (Art. 21 Ley 39/2015).
Señala el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, que las solicitudes y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:
De la ordenación del procedimiento se ocupan los artículos 71 a 74 de la Ley 39/2015, los principios que inspiran la ordenación son los siguientes:
Oficialidad: el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites; normalmente no se necesitará la petición de los administrados en tal sentido (art.71.1).
Igualdad ante la Ley: en el despacho de los expedientes se guardará el riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el Titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia. (art. 71.2).
Como novedad, ante la exigencia de incorporación plena de los medios electrónicos a la Administración y el objetivo de cero papel el artículo 80 de la Ley 39/2015 obliga a que los informes se emitan a través de medios electrónicos.
Como regla general y salvo disposición en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes.
Los informes se emitirán en el plazo de 10 días, a través de medios electrónicossalvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos del procedimiento permitan o exijan otro plazo mayor o menor. Si no se facilita el dictamen en el plazo previsto, podrá proseguirse el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario causante de la demora, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.
Por esa razón, el artículo 82.4 Ley 39/2015 señala que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuanta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, porque entonces no habrá tal indefensión, que es precisamente lo que el trámite de audiencia pretende evitar. En el ámbito constitucional se recoge este principio en el artículo 105,c).
En el mismo sentido el apartado 3 del mismo artículo que establece que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario Oficial correspondiente , a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.
El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días
Se encuentra regulada en los artículos 84 a 95 de la Ley 39/2015.
Señala el artículo 84 que pondrá fin al procedimiento:
Que la resolución contendrá solamente la decisión, no siendo motivada más que en los casos que recoge el art.35 Ley 39/2015. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que consideren oportuno.
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en el art. 29 de la Constitución.
En la renuncia se abdica no sólo la instancia, sino también al derecho material a que se refiere, de manera que, al haber renunciado al derecho o pretensión de fondo, no se podrá reproducir la instancia ante la Administración.
Que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Union Europea.
En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación..
Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia , con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y la notificación d ellos actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.
Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.
Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los interesados.
Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.
Por otra parte dicha suspensión será preceptiva en los siguientes casos:
Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación.
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado
Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles , por el numero de solicitudes formuladas o las personas afectadas que pudiera suponer un incumplimiento de los plazos máximos para la resolución sin que se puedan habilitar mas medios , el órgano competente para resolver podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación .
1- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolvo desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista posteriormente.
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución
3.2.6. Los plazos en el procedimiento administrativo.
La nueva ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha introducido el plazo por horas y así:
La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.
B) Ampliación de plazos
Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.
C) Tramitación de urgencia
Los actos ad­ministrativos gozan de una pre­sunción de validez establecida en el artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrati­vo Común de las Administraciones Públicas; ello no significa que realmente lo sean, sino que con más frecuencia de la desea­da incurren en algún vicio que los hace nulos de pleno derecho o anulables.
En otras ocasiones, son los particulares interesados los que, a través de la interposición de los correspondientes recursos admi­nistrativos o, en su caso, contencioso-administrativo, obligan a la Administración a efectuar esta retirada, en vía administrativa o en vía jurisdiccional, respectiva­mente. De ambos casos, nos corres­ponde tratar a continuación.
5. REVISIÓN DE OFICIO
Es la efectuada por la Administración, sin necesidad de que se produzca un requerimiento por parte de los interesados.
La finalidad será impedir una conducta arbitraría ejecutada por ella, que generaría una absoluta inse­guridad jurídica (recordamos el contenido del artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de interdicción de la arbitrariedad de la Administra­ción Pública y el principio de se­guridad jurídica).
De este modo la Ley, salvo en supuestos tasados, le obliga a seguir un procedimiento que tie­ne carácter esencial, de forma que su omi­sión acarrearía la nulidad de ple­no derecho del acto por el que se revisa.
Este procedimiento se contie­ne en los artículos 106 a 111 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pudiéndose distinguir los diversos supuestos que a continuación estudiamos.
5.2. Revisión de disposiciones y actos nulos.
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 47.1 de la Ley la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2, que indica que “serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.
Las Administraciones Públicas al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en la Ley 40/2015 en sus artículos 32.2 y 34.1; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
5.3. Revisión de actos anulables: la declaración de lesividad
Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82 de esa Ley anteriormente citada.
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano com­petente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil re­paración (Artículo 108 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre.
5.5. Revocación de actos
Bajo este epígrafe el artículo 109 de la Ley 39/ 2015,30/ 1992, distingue dos supuestos:
5.6. Límites de la revisión
El artículo 110 de la Ley 39/ 2015, dispone que “las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.
5.7. Competencias para la revisión de ofcio de las disposiciones y actos nulos y anulables de la Administración General del Estado .
6. LOS RECURSOS ADMINIS­TRATIVOS: PRINCIPIOS GE­NERALES
Como se dijo, la presunción de validez de los actos adminis­trativos es “iuris tantum”, es de­cir, que admite prueba en con­trario por parte del interesado cuando entable el correspon­diente recurso administrativo y, en su caso, contencioso-admi­nistrativo, de forma que, si de­muestra que la Administración ha incurrido en ilegalidad al dic­tar el acto, éste debe ser anulado.
A este fin, y al margen de los supuestos de la revisión de ofi­cio, la Ley ha concedido al particular diversos cauces para poder llegar a esta anulación, que no son otros que los recursos admi­nistrativos o, en su caso, el acce­so a los órganos jurisdiccionales para conseguir una satisfacción a sus pretensiones, a través del recurso contencioso-administrativo. Son, en definitiva, como seña­la ENTRENA CUESTA, “un acto con el que un sujeto legitimado pide a la Administración que revise una resolución administrativa, o, excepcionalmente, un acto trámite, dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades pertinentes”.
Para García DE ENTERRIA, los recursos administrativos son “actos del administrado median­te los que este pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley en base a un titulo jurídico especifico”.
Se recogen en los artículos 112 a 120 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre cuyos epígrafes seguimos en esta exposición.
6.2.1. Objeto y clases
Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre.
6.2.2. Fin de la vía administrativa
Como se deduce de lo ex­puesto, para que proceda uno u otro recurso, es determinante que con la resolución que se dic­te se ponga o no fin a la vía administrativa. A estos efectos, el artículo 114 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre,señala que ponen fin a la vía administrativa:
Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 112.2 (conciliación, mediación y arbitraje, y otros sustitutivos de la alzada o el de reposición).
d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa
Por lo que respecta a la Admi­nistración Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, señala que ponen fin a la vía administrativa las resolu­ciones de los siguientes órganos y autoridades:
Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autó­noma. o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27,2 (se refiere al ejercicio por las Corporaciones Locales de competencias delegadas por las otras Administraciones, en que procederá el recurso administra­tivo ordinario ante las mismas)
Las de autoridades y órga­nos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Al­calde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pon­gan fin a la vía administrativa
La de cualquier otra autori­dad u órgano cuando así lo esta­blezca una disposición legal.
Finalmente, en cuanto a las Comunidades Autónomas, habrá que estar a lo que disponga su normativa específica, que nor­malmente, viene pronunciándo­se en similares términos a los examinados respecto a la Admi­nistración General del Estado.
6.2.3. Interposición del recur­so
6.2.4. Suspensión de la ejecución
Aparece regulada en el artículo 117 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre.
6.2.5. Audiencia de los interesados
Con el fin de no causar una indefensión a los interesados que está prohibida por el artículo 24 de la Constitución española de 1978, el artículo 118 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre prevé la audiencia de lo interesados, en esta materia de recursos, disponiendo que:
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y pre­senten los documentos y justifi­cantes que estimen procedentes.
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, he­chos, documentos o alegaciones del recurrente cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.
Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, trasla­do del recurso para que, en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.
El recurso, los informes y las propuestas no tienen el ca­rácter de documentos nuevos a los efectos de este articulo. Tam­poco lo tendrán los que los inte­resados hayan aportado al expe­diente antes de recaer la resolu­ción impugnada.
Respecto de la misma, el artículo 119 de la la Ley 39/2015 de 1 de octubre contiene las siguientes reglas:
La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones for­muladas en el mismo o declarará su inadmisión
Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se orde­nará la retroacción del procedi­miento al momento en que el vicio fue cometido salvo lo dis­puesto en el artículo 67 (que trata de la convalidación de los actos ad­ministrativos)
El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cues­tiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.
En este último caso se les oirá previamente. No obs­tante, la resolución será con­gruente con las peticiones for­muladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agra­varse su situación inicial (es de­cir, se prohíbe la “reformatio in peius”)
7. EL RECURSO DE ALZADA
Se encuentra regulada en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 121.1, (es decir, los actos que no hayan agotado la vía administrativa) cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
7.3. Interposición
7.4. Plazos.
7.5. Impugnación posterior
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos legalmente establecidos.
7.6. Motivos
El recurso ordinario podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili­dad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
7.6.1. Causas de nulidad
Recogidas en el art. 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
7.6.2. Causas de anulabilidad
Ahora bien, los vicios y defec­tos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos (artículo 115.3 Ley 39/2015 de 1 de octubre.)
8. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
Se regula en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
8.1. Objeto y naturaleza
8.2. Plazos
9. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
A este recurso se dedican los artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre .
Es un recurso extraordinario que sólo se admite en los supuestos del artículo 125 y contra ac­tos firmes, es decir, en principio, inatacables, pero que, por la gra­vedad de las circunstancias con­currentes en su emisión, la Ley permite su impugnación.
9.2. Interposición, objeto y plazos
A tenor del artículo 125 podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia para la revisión de los actos nulos de pleno derecho o a la rectificación de errores materiales , aritméticos o de hecho a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la Ley 39/2015 ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan
9.3. Resolución
10.1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
10.1.1. Ámbito
d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica
10.1.2. Órganos y competencias
10.2. Las partes
10.2.1. Capacidad procesal
10.2.2. Legitimación
Tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte que se dicten en asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el artículo 40.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva
En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.
10.2.3. Representación y defensa de las partes
En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.
10.3. Objeto del recurso contencioso-administrativo
10.3.1. Actividad administrativa impugnable
10.3.2. Pretensiones de las partes
10.4. El procedimiento contencioso administrativo
10.4.1. Procedimiento en primera o única instancia
10.4.1. A) Diligencias preliminares
10.4.1. B) Interposición del recurso y reclamación del expediente
El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a)
El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones.
Una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3, el Secretario judicial en el siguiente día hábil acordará, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposición del recurso y remitirá el oficio para su publicación por el órgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. El Secretario judicial podrá también acordar de oficio la publicación, si lo estima conveniente.
Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el artículo 45.5 y éste se dirige contra una disposición general, deberá procederse a la publicación del anuncio de interposición de aquél, en el que se concederán quince días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposición, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, el Secretario judicial procederá a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompañen para que sea contestada primero por la Administración y luego por los demás demandados que se hubieran personado
El Secretario judicial, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia
10.4.1. C) Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso
Recibido el expediente, el Secretario judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.
Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el Secretario judicial mandará insertar el correspondiente edicto en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda.
El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto:
10.4.1. D) Demanda y contestación
Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Secretario judicial se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno de los supuestos del artículo 51, en cuyo caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuará en original o copia.
Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin que éste hubiera sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.
Si después de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera el expediente, el Secretario judicial pondrá éste de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo común de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas
El Secretario judicial resolverá lo pertinente en el plazo de tres días. La Administración, al remitir de nuevo el expediente, deberá indicar en el índice a que se refiere el artículo 48.4 los documentos que se han adición.
En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisión, y seguidamente se declarará concluso el pleito..
10.4.1. E) Alegaciones previas
Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dará traslado por cinco días al actor, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.
El auto estimatorio de las alegaciones previas declarará la inadmisibilidad del recurso y, una vez firme, el Secretario judicial ordenará la devolución del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. Si se hubiere declarado la falta de jurisdicción o de competencia, se estará a lo que determinan los artículos 5.º 3 y 7.º 3.
10.4.1. F) Prueba
Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos .
La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso
De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
10.4.1. G) Vista y conclusiones
El Secretario judicial proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, sólo acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes.
En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través del Magistrado ponente, podrá invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.
El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial, salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente el Secretario judicial lo considere necesario, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.
Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.
Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.
El acta se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y los peritos, en su caso
10.4.1. H) Sentencia
10.4.1. I) Otros modos de terminación del procedimiento
En otro caso, o cuando apreciare daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda
El Secretario judicial mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho
Tags: El procedimiento administrativo