Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Chile071.01.htm
Timestamp: 2017-03-29 01:14:16
Document Index: 158762307

Matched Legal Cases: ['artículo 1749', 'artículo 1754', 'artículo 138', 'artículo 1752', 'artículo 1750', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 29', 'artículo 31']

2. Los peticionarios alegan que ciertos artículos del Código Civil chileno violan los derechos de la Sra. Arce Esparza consagrados en los artículos 1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana”) y los artículos 1, 2, 5(a), 15(1), 15(2) y 16(1) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En particular, los peticionarios argumentan que el artículo 1749 del Código Civil chileno, que autoriza al cónyuge varón a actuar como único administrador de los bienes de la cónyuge, viola los derechos de la presunta víctima. Los peticionarios sostienen que otros artículos del Código Civil chileno relacionados con la administración de bienes entre cónyuges también violan los derechos de la presunta víctima, a saber, los artículos 1750, 1752 y 1754 de dicho Código. Los peticionarios afirman que satisfacen los requisitos de admisibilidad de la Comisión y que están exceptuados de agotar los recursos internos o que, en su defecto, los han agotado todos. 3. El Estado sostiene, por su parte, que la declaración debe ser declarada inadmisible por no haber agotado los recursos internos. Afirma que la Sra. Arce Esparza no ha invocado total o debidamente dos recursos pertinentes: (1) el recurso de protección, y (2) el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (en adelante, el “recurso de inaplicabilidad”).
10. El 22 de enero de 2002, la Comisión recibió una carta de los peticionarios en la que solicitaban una audiencia ante la Comisión y el Estado. La Comisión accedió a lo solicitado en nota del 6 de febrero de 2002. La audiencia fue celebrada el 6 de marzo, en el curso del 114º período ordinario de sesiones, para escuchar las posiciones de las partes en cuanto a la admisibilidad del caso. Ambas partes estuvieron representadas y participaron debidamente. 11. El Estado presentó su respuesta a la Comisión el 7 de marzo de 2002. La Comisión remitió a los peticionarios la respuesta del Estado el 19 de marzo de 2002, solicitándoles las observaciones dentro del plazo de un mes. Hasta la fecha, los peticionarios no han respondido. III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Los peticionarios
15. El artículo 1754 establece que la esposa no puede administrar sus propios bienes, excepto en circunstancias extraordinarias. “[L]a mujer no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos del artículo 138”.[3] El artículo 1752 dispone expresamente que la esposa no tiene derechos sobre los bienes de la pareja durante el matrimonio. “[L]a mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad”.[4] Además, el artículo 1750 del Código Civil dispone que los bienes del esposo y los bienes maritales deben ser considerados uno a los efectos de terceros tales como los acreedores. “El marido es, respecto de terceros dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio, de manera que durante la sociedad los acreedores del marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales; sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el marido a la sociedad o la sociedad al marido”.[5] Los peticionarios consideran que los artículos impugnados violan directamente los derechos de la Sra. Arce Esparza protegidos por la Convención Americana. En particular, que violan sus derechos a la igual protección y al pleno goce de su derecho a la propiedad, como lo es la capacidad de comprar y vender tierras libremente. 16. Los peticionarios sostienen que la ley no ofrece alternativa real alguna a la Sra. Arce Esparza para administrar sus propios bienes. Una alternativa sería que la Sra. Arce Esparza pidiera a su esposo el consentimiento para administrar sus propios bienes. Los peticionarios argumentan que ello es imposible (puesto que el esposo de la Sra. Arce Esparza no puede ser localizado) y discriminatorio, puesto que estaría obligada a depender del consentimiento de su cónyuge. Otra alternativa sería que la Sra. Arce Esparza solicitara autorización al juez para administrar sus propios bienes, lo cual exigiría demostrar una causa especial (por ejemplo, que su esposo niega el consentimiento sin justificación). Los peticionarios consideran que tener que demostrar una causa especial limita injustificablemente el derecho de la Sra. Arce Esparza a administrar sus bienes.
17. Los peticionarios argumentan que han satisfecho los requisitos de admisibilidad de la Comisión. Específicamente, en cuanto al requisito del agotamiento de los recursos internos, los peticionarios sostienen que están exceptuados de cumplir ese extremo en virtud del artículo 46(2)(a) o, en su defecto, que han agotado los recursos internos. 18. Los peticionarios afirman que están exceptuados de agotar la vía interna porque los dos recursos disponibles, el recurso de protección y el recurso de inaplicabilidad, son inadecuados. Ambos plantean como requisito previo para acceder al recurso que exista un proceso penal en curso en un tribunal inferior en que se esté aplicando la presunta ley inconstitucional contra la Sra. Arce Esparza. Ello significa que, para tener acceso al recurso, la Sra. Arce Esparza, primero, tendría que presentarse ante un juez y solicitar permiso para administrar sus propios bienes y ese permiso tendría que serle negado. Los peticionarios argumentan que esos recursos son inadecuados, por dos razones: primero, porque, al tener que pedir permiso al juez para administrar sus propios bienes, la Sra. Arce Esparza tendría que someterse precisamente a la discriminación que está impugnando. Segundo, porque estos recursos no atienden a la alegación de la Sra. Arce Esparza de que los artículos impugnados, aún en ausencia de aplicación directa por un juez para impedirle vender sus bienes, son violatorios de sus derechos. 19. Como alternativa, los peticionarios argumentan que la Sra. Arce Esparza ha agotado los recursos internos. El 2 de agosto de 2001, la Sra. Arce Esparza interpuso un recurso de protección ante la Alta Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue desestimado el 6 de agosto de 2001. La Corte declaró que no hacía lugar a la apelación porque los hechos alegados estaban fuera del ámbito de ese recurso.[6] Los peticionarios sostienen que esta negativa a su apelación prueba el agotamiento de los recursos internos. B. El Estado
32. El artículo 47(b) de la Convención Americana dispone que no se admitirán las alegaciones que no señalen hechos que tiendan a establecer una violación. El Estado se ha opuesto a la admisiblidad de la presente petición argumentando, en esencia, que la protección constitucional del derecho a la igualdad está por encima las distinciones potencialmente incompatibles establecidas en la legislación impugnada, y que la petición no es completa porque no se ha impedido que la presunta víctima administre sus bienes. 33. Que la situación denunciada caracterice o no una violación de los derechos de la Sra. Arce Esparza protegidos por la Convención Americana es materia de la etapa de examen de los méritos. Pero, con respecto a la cuestión de la caracterización, la Comisión desea reiterar que la existencia de una legislación que incluya distinciones basadas en la condición personal puede de por sí caracterizar una posible violación. “[U]na norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la población, en razón, por ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.”[12] A este respecto, la Comisión concluye, en el caso presente, que los peticionarios han establecido denuncias que, de ser congruentes con otros requisitos y de demostrarse su veracidad, podrían tender a establecer la violación de los derechos protegidos por los artículos
1, 2, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención Americana, respecto de la interpretación y aplicación, la Comisión se referirá a los términos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la medida pertinente como fuente de derecho para interpretar los derechos y obligaciones del Estado en virtud de la Convención Americana.
Como se indica en el artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión, el Estado que alegue el no agotamiento de los recursos internos tiene la carga de demostrar qué recursos quedan disponibles y efectivos. Conforme a ese artículo y a la jurisprudencia aplicable, la parte que alega el no agotamiento debe plantear alegaciones específicas, y no genéricas, respecto de los recursos disponibles y de su efectividad. Las alegaciones del Estado con respecto a la justificación para invocar otro recurso, sujeto a las mismas condiciones del invocado y desestimado, han sido genéricas.
Véase CIDH, Informe Nº 72/01, Caso 11.804, Juan Angel Greco (Argentina), 10 de octubre de 2001, párr. 49; Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas (Nicaragua), Informe Anual de la 1997, párr. 95. Por el principio de que la invocación y el agotamiento de un recurso aplicable es, en principio, suficiente, véase, por ejemplo, Corte Europea de Derechos Humanos, McCann y otros c. Reino Unido, 18984/91, 3 de septiembre de 1993.