Source: https://www.scribd.com/document/337990377/Propuesta-de-modificaciones-y-mejora-al-Proyecto-de-Ley-de-Contratos-del-Sector-Publico
Timestamp: 2018-11-19 18:17:34
Document Index: 319709296

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 42', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'in fine', 'artículo 26', 'in fine', 'artículo 25', 'Artículo 27', 'artículo\n27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 3', 'Artículo 32', 'Artículo 44', 'artículo 23', 'artículo 32', 'Artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 50', 'Artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 72', 'Artículo 107', 'artículo 95', 'artículo 107', 'Artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo\n115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'Artículo 167', 'Artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 176', 'Artículo 190', 'artículo 190', 'Artículo 213', 'Artículo 216', 'artículo 216', 'Artículo 216', 'artículo 195', 'Artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 44', 'Artículo 317', 'artículo 317', 'Artículo 340', 'in fine']

Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de 2016). En presente documento ha sido elaborado por los siguientes miembros del Observatorio de Contratación Pública: José María Gimeno Feliú y José Antonio Moreno Molina (Directores); Carmen de Guerrero Manso; Rafael Fernández Acevedo; Isabel Gallego Córcoles; Ximena Lazo Vitoria; Teresa Moreo Marroig; Teresa Medina Arnáiz y Patricia Valcárcel Fernández. 30 de enero de 2017
Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto d...
Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de
Contratos del Sector Público, por el que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de
En presente documento ha sido elaborado por los siguientes miembros
del Observatorio de Contratación Pública: José María Gimeno Feliú y José
Antonio Moreno Molina (Directores); Carmen de Guerrero Manso; Rafael
Fernández Acevedo; Isabel Gallego Córcoles; Ximena Lazo Vitoria; Teresa
Moreo Marroig; Teresa Medina Arnáiz y Patricia Valcárcel Fernández1 .
Proyectos de investigación concedidos por Ministerio de Economía y Competitividad titulados: “LA
NUEVA REGULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: HACIA UN NUEVO SISTEMA DE
GOBERNANZA PÚBLICA Y DE ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS (Ref: DER2015-67102-C2-1P) y “EL TIEMPO DE LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS: HACIA LA EXCELENCIA EN LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA (SMART PROCUREMENT) A TRAVÉS DE COMPRAS EFICACES,
ESTRATÉGICAS Y TRANSNACIONALES”, (Ref: DER2015-67102-C2-2-P).
CONSIDERACIONES GENERALES AL PROYECTO DE LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO DESDE LA PERSPECTIVA DE
INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
La transparencia en la contratación pública es un objetivo principal en la reforma de la
legislación de contratos públicos. Pues sin transparencia no hay una competencia real,
y la ejecución de obras, la adquisición de bienes o la prestación de servicios resulta
más costosa para el erario público y deja al descubierto una importante desviación de
recursos públicos. En tiempos de crisis como los actuales son muchos más visibles
estos efectos, que provocan una evidente desafección ciudadana.
El mercado de los contratos públicos, por su impacto económico, es donde existen
“mayores tentaciones” y ofrecen más oportunidades a la corrupción en los distintos
ámbitos de las actividades del sector público. De hecho la organización Transparencia
Internacional afirma que «la corrupción en la contratación pública es reconocida
actualmente como el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los
recursos en la región. Se estima que, en promedio, el 10% del gasto en contrataciones
públicas se desperdicia en corrupción y soborno. Frente a esta problemática, el
combate de la corrupción en la contratación pública se vuelve una condición básica
para propiciar la adecuada satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, así como
para promover la ética pública y la responsabilidad empresarial»2.
Asimismo, el Parlamento Europeo ha llegado a afirmar que “el sector de la
contratación pública es el más expuesto a los riegos de gestión irregular, fraude y
corrupción y que estas conductas ilícitas distorsionan el mercado, provocan un aumento
de los precios y de las tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de
bienes y servicios, y siembran la desconfianza con respecto a la Unión Europea”, e insta a
los Estados miembros a que establezcan como máxima prioridad la lucha contra la
corrupción en la contratación a través de una adecuada aplicación de las Directivas
sobre contratos públicos, merced a los “efectos devastadores de la corrupción en
términos de inflación de costes, adquisición de equipos innecesarios, inadecuados o de
calidad inferior”3.
En un reciente estudio de The Economist (“Procurement spending: Rigging the bids”,
The Economist, Nov 19th 2016), se insiste en esta idea. Se aporta como dato que en
2006 el 17% de los contratos públicos publicados en el Tenders Electronic Daily (TED)
recibieron sólo una oferta. Sin embargo, lejos de mejorar esta cifra, en 2015 dicho
porcentaje había llegado al 30% y la media de ofertas por contrato había bajado de 5 a
http://www.transparency.org/regional_pages/americas/contrataciones_publicas.
Apartado 27 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2010, sobre la protección de
los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude, P7_TA (2010) 0155 (DOUE C
81E, de 15 de marzo de 2011).
3. Siguiendo con los datos obtenidos del TED, en los países ricos de Europa concurren
una media de 6 licitadores a los contratos de valor inferior a 10 millones de euros,
mientras que a aquellos cuyo valor asciende a 40 o 50 millones de euros concurren
solo cuatro. Son muchos los motivos que producen este tipo de resultados, pero la
mayoría de ellos tiene como telón de fondo la corrupción. En España, según datos de
la Comisión europea, la mitad de los contratos públicos solo tienen un único licitador.
En el estudio publicado por The Economist se habla, por ejemplo de la soft-corruption,
que implica una manipulación de los contratos para conseguir favorecer a algunos de
los licitadores sin llevar a cabo actuaciones propiamente ilegales. Se menciona por
ejemplo el caso de Eslovenia, donde el 50% de los contratos publicados en la semana
de Navidad reciben sólo una oferta, o un caso de Eslovaquia cuyo Ministerio de obras
públicas publicó en 2007 un contrato por valor de 120 millones de euros cofinanciado
por la Unión Europea sólo en un tablón de anuncios de un pasillo del propio ministerio.
Otras estrategias utilizadas para llevar a cabo la soft-corruption y destacadas en el
mencionado estudio son rechazar ofertas por errores tipográficos o cobrar cientos de
euros para descargar documentos cruciales de la licitación.
No puede olvidarse que uno de los graves efectos de la corrupción provocada por la
falta de competencia es la ineficiencia en la gestión de los fondos públicos (llámese
gasto público o inversión, según cuál se entienda que es su función). Según un Informe
de 2015 de la CNMC4, la ausencia de presión concurrencial puede originar
desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En
España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual,
aproximadamente 47.500 millones de euros/año.
El Informe Anticorrupción de la Unión Europea 2014 anima a los Estados miembros a
mantener una actitud proactiva contra las prácticas corruptas en tanto puede ponerse
en riesgo la competitividad en la Unión Europea5. Y en España donde la reciente
Recomendación de Decisión del Consejo de la Unión Europea de 27 de julio de 2016,
(por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a
la reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación
PRO/CNMC/001/15 Análisis de la Contratación Pública en España: Oportunidades de mejora desde el
punto de vista de la competencia, 29 pp., página 6. El informe fue aprobado en reunión de 5 de febrero
Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE presentado por la Comisión (3 de febrero de
2014): http://ec.europa.eu/anti-corruption-report. El informe consta de: I. Introducción; II. resultados de
la encuesta Eurobarómetro 2013; III. un capítulo horizontal sobre tendencias de corrupción y
conclusiones; IV. un capítulo transversal centrado en la contratación pública; V. Anexo sobre
metodología; VI. Capítulos nacionales que se recogen en Anexos para cada Estado miembro,
completado con futuras medidas y seguimiento. El aspecto más destacado del Informe 2014 es la
especie de vademécum que proporciona de prácticas contrarias a la integridad, lo que permitirá
reaccionar, prevenir y poner solución a los problemas que plantean. Aquel consta materialmente de dos
partes. La primera de ellas realiza una visión global de la corrupción, mientras que la segunda se dedica
específicamente a la contratación pública. Ese estudio se acompaña de un análisis singularizado para
cada Estado, que en caso español es el Anexo 9.
de déficit excesivo), advierte que en nuestro país existe una “falta de mecanismos de
control a priori y a posteriori suficientes (que) obstaculiza la aplicación correcta y
uniforme de la legislación en materia de contratación pública”; así como una ausencia de
efectiva transparencia dada la “baja tasa de publicación de los anuncios de contratos”,
el correlativo abuso de procedimiento negociado sin publicación previa y las
adjudicaciones directas. Finalmente, denuncia que “la falta de un organismo
independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento de la legislación en
materia de contratación pública en todo el país obstaculiza la aplicación correcta de las
normas de contratación pública y puede generar oportunidades para cometer
irregularidades, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación de la hacienda pública
española”. Todo ello, entiende el Consejo de la Unión Europea, hace que nuestra
contratación pública sea ineficiente, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación
de la hacienda pública española. Y, en esta situación, el artículo 1.6 de la Decisión del
Consejo dispone literalmente lo siguiente: “España debe establecer un marco coherente
que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de
todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia
económica y un alto nivel de competencia. Dicho marco debe incluir mecanismos de
control a priori y a posteriori adecuados para la contratación pública a fin de garantizar la
eficiencia y el cumplimiento de la legislación.”
En ese contexto, la necesaria transposición de las Directivas europeas de contratación
pública es una oportunidad para “rearmar” nuestro modelo de contratación pública
desde la lógica de los principios de eficiencia, transparencia y buena
administración. Sin embargo, existen indicios que nos llevan a dudar de la correcta
solución, lo que supondrá la pérdida de una nueva oportunidad para avanzar en un
modelo que atienda a la buena administración contractual.
A continuación se exponen varias medidas tendentes a mejorar el texto en la
tramitación parlamentaria, desde la perspectiva de mayor transparencia y de
prevención de la corrupción, a modo de consideraciones generales, y que afectan a
diferentes artículos del texto.
1.2 Extensión del recurso especial en contratación pública al margen del importe
La no extensión del recurso especial a cualquier contrato con indiferencia de su
importe y su limitación a los contratos de importe armonizado con carácter exclusivo,
impide corregir las debilidades detectadas de nuestro modelo de contratación pública.
Preservar la transparencia en la contratación pública es una necesidad, que debe
“protegerse” con una estrategia del control preventivo que sea efectivamente útil,
rápido, e independiente, vinculado al derecho a una buena administración y no a las
prerrogativas de la Administración. Principio exigible en cualquier tipo de contrato
público al margen de su importe sin que resulte admisible una interpretación
“relajada” por tal circunstancia. Habilitar un escenario de no control eficaz en vía
administrativa para los contratos no armonizados es un error desde la perspectiva del
derecho a una buena administración. Y justificar la no extensión desde motivos
presupuestarios es un error pues un buen y efectivo control es una inversión (y no un
gasto). Esta propuesta encuentra su aval, por lo demás, en el reciente Informe de la
Comisión europea sobre la eficacia de las Directivas sobre procedimientos de recursos
contractuales (COM/2017/028 final).
1.3 Ampliación de la legitimación para impugnar
La legitimación debe ser amplia, para favorecer la propia función de depuración que se
encomienda al sistema de recursos, e impulsar una doctrina clara que preserve los
principios de seguridad jurídica y predictibilidad, de especial impacto en un sector tan
sensible como el de los contratos públicos. En el recurso especial puede ser oportuna
la acción pública pues la contratación pública guarda directa relación con el derecho a
una buena administración.
Estructura independiente y planta cerrada de los órganos administrativos de
Debe diseñarse una planta de órganos de recursos contractuales cerrada, para evitar
las actuales asimetrías (poco compatibles con el principio de seguridad jurídica). La
extensión al ámbito local debe ser eliminada porque genera una indebida distorsión
que cuestiona la esencia del modelo. En todo caso, debe recogerse la obligación de
colegialidad, como elemento esencial de independencia. Es necesario determinar de
forma clara el número de órganos de recursos contractuales, y las especialidades
organizativas. Y si se integran en otros órganos –como Consejo Consultivos - deberá
preverse o dotarse de una sección propia, a fin de evitar la “confusión” de funciones
entre lo consultivo y lo resolutivo.
1.5 Impulso de los medios electrónicos como herramienta de transparencia
La regla de la transparencia no es una formalidad y exige una implementación
compatible con su finalidad. Son necesarios sistemas de información online ágiles,
accesibles, gratuitos y de alcance universal, que hagan posible que cualquier licitador
pueda obtener información sobre una licitación y que corrijan la actual situación que
desincentiva presentar ofertas por entender que el procedimiento puede estar ya
orientado hacia determinados licitadores. Los medios electrónicos y la transición
hacia la compra pública electrónica, se manifiestan, en este contexto, como un eje de
reforma irrenunciable. Debe preverse un plazo donde sea obligatoria la utilización de
1.6 Nulidad por incumplimiento de publicidad
La obligación de publicar en la Plataforma de Contratos de Sector Público debe ir
acompañada de la consecuencia de nulidad por su no cumplimiento. Solo así se puede
corregir una situación como la actual donde, pese al carácter obligatorio, no se cumple
esta obligación legal. Sin efectiva transparencia, al máximo nivel, no existirá efectiva
concurrencia ni eficiencia.
1.7 Introducción de transparencia en el contrato menor
Es un acierto la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía.
Sin embargo, se mantiene en el Proyecto la figura del contrato menor y sus cuantías,
cuando su práctica y abusiva utilización (en muchas ocasiones como contratación
directa) aconseja, cuando menos, cierta exigencia de publicidad para que exista
competencia así como a la fijación de un importe global máximo a favor de un mismo
1.8 Uniformidad de reglas jurídicas para todos los poderes adjudicadores
El actual sistema dual normativo español en función de que se trate de contratos
armonizados o no armonizados junto con la distinción entre entes que son
Administración pública y los que adoptan formas privadas aunque se financien con
fondos públicos o estén sometidos a control público (fundaciones, empresas públicas,
etc.) ha derivado en la práctica en la inaplicación de las previsiones y principios de la
contratación pública. La publicidad, en un contexto de «dispersión de normas
jurídicas», no puede cumplir su función. Urge, por tanto, una reforma que unifique el
régimen normativo de todas las entidades contratantes en lo relativo a los
procedimientos de adjudicación y de control, con indiferencia de su naturaleza o no de
Administración pública y del importe del contrato. Esta era la opción inicial en la
tramitación del Anteproyecto, modificada tras el Dictamen del Consejo de Estado.
1.9 Regulación y límite de los modificados contractuales
La posibilidad de libre modificación en los contratos no armonizados para los poderes
adjudicadores no Administración pública –frente a la actual situación que obliga con
indiferencia del importe- aventura una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes
y, también, un incentivo a crear entes instrumentales para alejarse del control y reglas
públicas. La decisión del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de “facilitar”
la modificación contractual en contratos no armonizados de poderes adjudicadores no
Administración pública, aun con los límites de control cuando se supera el veinte por
ciento en los supuestos no previstos- supone un claro “retroceso” en la lógica de la
regeneración democrática y la prevención de la corrupción. Por ello, debería ser
objeto de replanteamiento, optando por las mismas reglas y régimen de control para
cualquier tipo de modificación contractual, pues lo que está en juego es la eficiencia y
el derecho a una buena administración.
1.10 Creación de un organismo independiente de control y supervisión de la
contratación pública y de prevención de la corrupción
El proyecto prevé un nuevo sistema de gobernanza, del que deriva un nuevo rol de la
Junta Consultiva de Contratación Pública. Sin embargo, parece más oportuna una
estructura más ambiciosa y con más competencias ejecutivas para poder corregir las
disfunciones en la contratación pública. El modelo italiano de Agencia Nacional para
prevención de la corrupción puede ser de interés.
1.11 Impulso a la profesionalización
La necesidad derivada de la nueva regulación aconseja la adecuada
profesionalización. Objetivo que se recoge en la Declaración de Cracovia, que
contiene las conclusiones del primer Foro del Mercado Interior celebrado en dicha
ciudad los días 3 y 4 de octubre de 2011, y que entre las medidas para mejorar el
funcionamiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública, propone
profesionalizar el sector de la contratación pública a través de una mejor formación.
Debe quedar clara que la composición de la mesa de contratación, como órgano de
asesoramiento técnico, impide que participen cargos políticos. Y en todo expediente
de licitación, en especial los de concesión de obras o de servicio de importe elevado,
debe existir con carácter habilitante un informe detallado de conveniencia financiera y
de viabilidad suscrito por funcionarios especializados e independientes.
1.12 CONSIDERACIÓN FINAL
Las anteriores medidas son ineludibles si se pretende una nueva arquitectura jurídica
de la contratación pública cimentada sobre el principio de integridad. Una gestión
transparente de los contratos públicos, como política horizontal, permite explicar a la
ciudadanía la gestión de los recursos públicos y, bien practicada, se convierte en la
principal herramienta para una gestión íntegra y profesionalizada.
2.1 Todo el proyecto
Es necesario limitar las referencias al Derecho comunitario y sustituirlo por la
expresión “Derecho de la Unión Europea”. Con la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, el Derecho comunitario ha pasado a denominarse
Derecho de la Unión y, sin embargo, en el Proyecto de Ley seguimos encontrando
numerosas referencias a las “directivas comunitarias” (Ejemplos: Disposición adicional
décima y Exposición de motivos) o al “derecho comunitario” (Ejemplo: Disposición
2.2 Artículo 1.
La filosofía de la Ley debe quedar reflejada de forma clara en el artículo 1,
desglosando los principios (para una mejor visualización) y fijando la visión estratégica
de la contratación pública. Se propone la siguiente redacción:
“Artículo 1. Objeto y principios
1. Esta Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, con la finalidad
de dar adecuado cumplimiento a las necesidades públicas. En especial, la
contratación pública promoverá una adecuada estrategia en lo relativo al desarrollo
sostenible, la innovación y creación de un tejido empresarial sólido y responsable.
2. Son principios regulatorios de esta norma los siguientes:
a) preservar el derecho a una buen administración contractual con respeto al principio
b) garantizar la libertad de acceso a las licitaciones mediante una publicidad y
transparencia eficaz de los procedimientos.
c) no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
d) una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
e) asegurar el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto.
3. Las poderes adjudicadores excluirán en su actuación cualquier tipo de acuerdo,
práctica restrictiva o abusiva que produzca o pueda producir el efecto de obstaculizar,
impedir, restringir o falsear la competencia en los términos previstos en la legislación
4. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los
fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de
2.3 Artículo 3.1.h)
Se propone revisar la redacción del art. 3.1.h) TRLCSP respecto del concepto de
"sociedades mercantiles públicas". El artículo 3.1 h) identifica como integrantes del
sector público a aquellas sociedades mercantiles cuyo capital social esté participado
mayoritariamente – directa o indirectamente – por otras sociedades mercantiles
públicas. Esto supone que en el caso de las sociedades participadas “en cascada”, se
siguen considerando incluidas en el sector público aunque ya en estos casos la
participación no sea superior al 50 % (ha sido objeto de tratamiento por la STS de 14
de julio de 2014 – Sala de lo Social - recurso de casación núm. 200/2013). Si no
superara el porcentaje del 50 %, que podría ser el caso que nos ocupa de las
sociedades participadas en cascada, se consideran que forman parte del sector
público en el supuesto de formar parte de un grupo de sociedades.
La técnica de remisión a otras normas debiera limitarse para aportar claridad al texto.
En este caso, la invocación al artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores es superflua en tanto que dicho artículo nos remite a su vez a la definición de
grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de Comercio.
2.4 Artículo 3.4
Se propone suprimir la frase “y respecto de los contratos sujetos a regulación
armonizada” del artículo 3.4 del PLCSP.
Limitar la sujeción de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales a
los contratos SARA, habida cuenta de lo elevado de los umbrales, supone que la gran
mayoría de los contratos que celebran estas organizaciones escapan por completo a la
ley, incluso a la exigencia de cumplimiento de los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y de la
obligación de adjudicar los contratos a la oferta económicamente más ventajosa.
Además, dicha supresión es más coherente, por un lado, con la remisión que el propio
precepto realiza a la totalidad del Título I del Libro Tercero que regula tanto los
contratos SARA como los que no lo son; y, por otro, con lo que ya establece para los
partidos políticos la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 8/2007, de
4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, según redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de
2.5 Artículo 26.2
Se propone suprimir la frase “o, en su caso, las normas de Derecho privado, según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante” del primer párrafo del
artículo 26.2 del PLCSP.
El apartado 2 en el que se inserta se refiere únicamente a “los contratos privados que
celebren las Administraciones públicas” y no a los contratos privados celebrados por
entes del sector público que carezcan de la consideración de Administración pública.
La frase eliminada parece recogida del vigente artículo 20.2 del TRLCSP que tiene el
siguiente tenor literal: “Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente ley y sus disposiciones
de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de Derecho
administrativo o, en su caso, las normas de Derecho privado, según corresponda por
razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos
contratos se regirán por el Derecho privado”. La diferencia estriba en que mientras el
artículo 20.2 del TRLCSP se refiere a los contratos privados celebrados por cualquier
ente del sector público, sea o no Administración pública, como se desprende del
apartado 1 del mismo artículo, el artículo 26.2 del PLCSP se refiere exclusivamente a
las Administraciones públicas cuya formación de la voluntad (competencia y
procedimiento) ha de regirse siempre por el Derecho administrativo, también cuando
contratan en régimen de Derecho privado, conforme a la consolidada doctrina de los
actos separables.
2.6 Artículo 26.2, 2º párrafo in fine
Se propone sustituir la frase “que les serán de aplicación cuando el contrato esté
sujeto a regulación armonizada”, por “que les serán de aplicación en todo caso” del
artículo 26.2, 2º párrafo in fine, del PLCSP
Las normas relativas a las condiciones especiales de ejecución, modificación,
subcontratación y resolución deben aplicarse con independencia de la cuantía del
contrato. De otro modo la inmensa mayoría de los contratos a que se refieren los
apartados 1º y 2º del artículo 25.1.a) quedaría al margen de tales normas, lo que
supone un retroceso, por lo que a los modificados se refiere, respecto de la regulación
2.7 Artículo 27.1.b), párrafo 2º
Se propone suprimir la frase “que estén sujetos a regulación armonizada” del artículo
27.1.b), párrafo 2º, del PLCSP
Justificación: En coherencia con la propuesta 2.6 anterior.
2.8 Artículo 27.1.b), párrafo 2º y Artículo 27.1.c)
Se propone modificar el artículo 27.1.b) párrafo 2 dándole la siguiente redacción:
“Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los números 1º y 2º de la letra
a) del apartado primero del artículo 25 de la presente Ley, las que se susciten en
relación con las condiciones especiales de ejecución, modificación, subcontratación y
resolución de los contratos”.
Se propone modificar el artículo 27.1.c) dándole la siguiente redacción: “c) Las
referidas a la preparación y adjudicación, así como a las condiciones especiales de
ejecución, modificación, subcontratación y resolución de los contratos celebrados por
los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración pública,
incluidas las organizaciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 3 de la presente
Justificación: La Directiva de Recursos, modificada por la de Concesiones, se aplica a
todas las cuestiones reguladas por las Directivas de contratos; cuestiones tanto de
carácter precontractual como atinentes a la fase de ejecución: condiciones especiales
de ejecución, modificación, subcontratación y resolución de los contratos. La
regulación de estas cuestiones que hacen las Directivas de contratación es de Derecho
Público y, por tanto, deben quedar sometidas a la jurisdicción contenciosa.
2.9 Artículo 32.6 b)
Una de las principales novedades es una mejor y más completa regulación de la
cooperación vertical a través de los encargos a medios propios. Sin embargo, la
posibilidad de contratar hasta un 60 por ciento de las prestaciones resulta claramente
excesiva y puede no corregir un uso indebido de esta técnica (como ya ha denunciado
el Tribunal de Cuentas). Además, la contratación que se haga deberá respetar las
normas de contratación pública pues un medio propio es siempre un poder
adjudicador. Se propone la siguiente regulación:
“b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar
con terceros no excederá del 20% de la cuantía del encargo, y no podrá afectar al
contenido esencial de la prestación. En estos casos, en tanto poder adjudicador,
aplicará los principios y reglas contenido en esta Ley para esa contratación”.
2.10 Artículo 44
Resulta necesario, en coherencia con la consideración general 1.2, extender el recurso
especial más allá de los contratos sujetos a regulación armonizada. Y que se ajuste su
objeto a las exigencias de la Directiva 2007/66/UE en lo relativo a la subcontratación y
las formas de extinción, que ahora se regulan en las Directivas de contratación
pública. Para ello se propone la siguiente redacción de los apartados 1 y 2 de este
artículo, quedando los demás apartados igual.
“1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y
decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo cuando correspondan
a alguno de los siguientes tipos de contratos que pretendan concertar los poderes
adjudicadores:
a) Contratos de obras, suministro y servicios.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la
celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como
los contratos basados en cualquiera de ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios.
d) Contratos administrativos especiales
e) Contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23
f) Encargos a medios propios personificados a que se refiere el artículo 32
2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre
que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de
trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los
actos de la mesa de contratación por los que se acuerde la exclusión de
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en la
Subsección 4ª, de la Sección 3ª, Capítulo I, Título I, Libro segundo.
e) Las alteraciones de las condiciones de subcontratación así como los supuestos
de resolución de los contratos.
f) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que éstos no
cumplan los requisitos legales”
2.11 Artículo 48
Se propone modificar el artículo 48 en coherencia con la consideración general 1.3
para ampliar al máximo la legitimación para interponer el recurso especial en materia
“Artículo 48. Acción Pública
Será pública la acción para interponer el recurso especial en materia de contratación así
como para el posterior recurso contencioso-administrativo en esta materia.”
2.12 Artículo 50 2 b)
El plazo de impugnación de los pliegos de una licitación exige mayor claridad. En la
reunión de coordinación de los Tribunales Administrativos de recursos contractuales
de junio de 2015 se acordó, como mejor regla, la de permitir la impugnación durante
todo el plazo de presentación de proposiciones, dado que el recurso en esta fase no
tiene carácter suspensivo y permite una adecuada función profiláctica” de los pliegos
“Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo
1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el
plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:
a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a
partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.
b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás
documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que
se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en éste
se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos, y finalizará con
el último día de presentación de proposiciones”.
2.13 Artículo 71.1.b)
Se propone revisar la redacción del artículo 71.1.b) respecto de la referencia a las
prohibiciones de contratar por vulneración del derecho de la competencia. El Tribunal
Supremo en distintas sentencias ha señalado que las prohibiciones de contratar son
circunstancias objetivas que impiden la contratación con el sector público de quién se
halle incurso en ellas, y deben encontrarse perfectamente tasadas y tipificadas como
tales en la Ley para que puedan tenerse en consideración.
En la redacción del artículo 71.1.b) se recogen distintos supuestos que se refieren a
infracciones graves en materia profesional y, concretamente, menciona como causa
de prohibición de contratar el “haber sido sancionados con carácter firme por
falseamiento de la competencia”. Las infracciones graves en materia de defensa de la
competencia comprenden diferentes comportamientos que debieran recogerse como
causa de prohibición de contratar en línea con el propósito de lucha contra la
corrupción en la contratación pública: 1) El desarrollo de conductas colusorias; 2) el
abuso de posición de dominio y 3) el falseamiento de la libre competencia por actos
2.14 Artículo 71.1.d)
Se proponer revisar la redacción del artículo 71.1.d) respecto de la prohibición de
contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para
personas con discapacidad (vinculada a la Disposición adicional decimoctava).
De conformidad con lo dispuesto en el 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan
en el total de la plantilla un número de 50 o más trabajadores están obligados a contar
con un 2% de trabajadores con discapacidad, si bien también pueden adoptar las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a
favor de los trabajadores con discapacidad.
En la redacción del artículo 71.1.d) del Proyecto no se hace mención a estas medidas
alternativas de cumplimiento, si bien la Disposición adicional decimoctava sí que
alude a las medidas que las empresas pueden aplicar para cumplir la obligación de
reserva de empleo en favor de las personas con discapacidad.
La redacción del artículo 71.1.d) puede producir una situación de inseguridad jurídica
para los licitadores que pueden considerar que no se autorizan medidas alternativas
2.15 Artículo 71.1.g)
Se propone revisar la redacción del artículo 71.1.g) para proceder a la necesaria
distinción entre prohibición de contratar, incompatibilidades y conflicto de intereses.
Las dificultades de interpretación de las causas de incompatibilidad que permiten
apreciar la existencia de una prohibición de contratar han provocado un gran número
de resoluciones de las Juntas consultivas de contratación pública sobre todo en
relación con el ámbito de la contratación local.
Por ello, sería recomendable que en vez de remisiones a la legislación en materia de
incompatibilidades que dificultan la comprensión del texto, se adoptase una
“regulación sustantiva, concreta y específica, que también establezca el
procedimiento para detectar, evitar y resolver los eventuales conflictos de intereses”
(como ya se había sugerido en el Informe 16/2014, de 17 de diciembre, Junta
Consultiva Contratación Administrativa de Cataluña).
2.16 Artículo 72
Uno de los aciertos de este Proyecto es contemplar alguno de los supuestos de
inaplicación de las prohibiciones de contratar. En el caso concreto de las medidas de
autocorrección la obligatoriedad de contemplar dichas medidas deriva del derecho
que se reconoce en las Directivas sobre contratación pública al operador económico
para que demuestre su fiabilidad pese a la existencia de una causa de prohibición de
Ahora bien, las acciones del operador económico que posibilitan su “rehabilitación” en
la participación en un procedimiento de adjudicación debieran ceñirse a las que se
recogen en las propias Directivas: a) que ha pagado o se ha comprometido a pagar la
indemnización correspondiente por cualquier daño causado; b) que ha aclarado los
hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente con las
autoridades investigadoras y, c) que ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de
personal concretas, apropiadas para evitar la comisión de futuros delitos o
En el apartado quinto del artículo 72 se incluye como medida de autocorrección que el
operador económico se acoja al programa de clemencia en materia de falseamiento
de la competencia; sin embargo, dicha referencia debiera revisarse puesto que puede
provocar confusión, ya que en materia de defensa de la competencia, el programa de
clemencia se contempla para la exención o reducción del importe de la multa a
aquellas empresas que colaborasen en la lucha contra los cárteles.
2.17 Artículo 107.3
El actual TRLCSP, en el artículo 95.3, obliga al contratista a consignar la garantía
definitiva en base al importe de licitación cuando la cuantía del contrato se determine
en función de precios unitarios. La aplicación que se ha venido haciendo de este
precepto se ha basado en interpretarlo referido al contrato de suministro o de
servicios abierto, según necesidades de la Administración y no se ha exigido su
aplicación a otros contratos de resultado a precios unitarios como son las obras. El
proyecto de ley se mantiene en los mismos términos que el TRLCSP y sería
conveniente dar una nueva redacción al apartado 3 del artículo 107 en este sentido:
“En los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva en función de las
necesidades y de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará
atendiendo al importe del presupuesto máximo aprobado, IVA excluido.”
Vemos pues que la obligación que se impone al contratista en los contratos a precio
unitario de constituir garantía definitiva fijada atendiendo al importe máximo
aprobado es la más acorde ya que si el licitador debe consignar el 5% de garantía en
base al presupuesto de licitación, parece que le corresponde a la Administración tener
dispuesto crédito para hacer frente a obligaciones por dicho importe, aunque es cierto
que no se compromete a agotarlo.
2.18 Artículo 115
Consultas preliminares del mercado: tal y como se encuentran reguladas en la
actualidad, en el artículo 115, parece desprenderse que:
- la participación en las consultas preliminares del mercado se sustancia
fundamentalmente en el asesoramiento que puede buscar el órgano de contratación
con carácter previo a la preparación del contrato
- los operadores económicos tienen limitada la participación en dicho procedimiento.
Con la finalidad de aclarar qué son las consultas preliminares del mercado, su utilidad,
y el carácter positivo de la participación de todos los agentes que intervienen en el
mercado, consideramos necesario modificar la actual redacción del artículo 115 del
PLCSP de la manera que sigue:
 Eliminar toda referencia a que los operadores económicos deban estar
“activos”. Se entiende mucho más adecuado y ajustado a la configuración de
esta herramienta referirse exclusivamente a los operadores económicos, sin
 Insertar un punto y aparte en el artículo 115.1 al regular la posibilidad de acudir
al asesoramiento para realizar estudios de mercado y consultas. De esta
manera adquiere sentido la diferenciación entre participar en las consultas
preliminares mediante la formulación de cuestiones y presentación de
soluciones, y el asesoramiento de terceros, retribuido, que pueden solicitar o
recibir los órganos de contratación. Además se aclara por qué en este supuesto
la intervención de los operadores económicos se realizará con carácter
Insertar un punto y aparte en el último inciso del artículo 115.1. De esta manera
quedará clara la necesidad de dar publicidad a través de internet a todas las
actuaciones llevadas a cabo en torno a la elaboración de los estudios de
mercado y de las consultas preliminares del mismo, tanto si ha mediado un
asesoramiento retribuido como si se ha realizado de forma voluntaria y
gratuita por operadores económicos, expertos, o cualquier persona.
Eliminar la expresión “en la medida de lo posible” del último inciso del artículo
115.1. No parece justificada dicha previsión y, por el contrario, permite a los
órganos de contratación incumplir con la necesaria publicidad y transparencia
Sería necesario, por el contrario, establecer de manera expresa la obligación de
publicar en el sitio web del órgano de contratación u otro medio igualmente
accesible, ágil y efectivo todas las actividades llevadas a cabo durante la
consulta, la relación de las empresas y expertos que hayan participado en la
misma, las cuestiones planteadas por los operadores económicos, las
respuestas otorgadas por los órganos de contratación, las soluciones
presentadas por las partes y, en general, toda la información generada durante
el procedimiento. De esta manera se garantizaría el no falseamiento de la
competencia y el respeto de los principios de transparencia y no
Incluir la referencia a las consultas en el primer inciso del artículo 115.2. Tal y
como está redactado en la actualidad parece que la única información que se
utilizará para preparar la futura contratación es la obtenida del asesoramiento
retribuido. Para evitar este error sería necesario enfatizar al principio del
artículo 115.2 que para preparar la futura licitación se podrá utilizar la
información obtenida por cualquier medio: las preguntas, respuestas y
propuestas obtenidas durante la consulta preliminar del mercado, el
asesoramiento realizado por terceros -que excepcionalmente pueden ser
operadores económicos-, o cualquier otra vía de información o de estudio del
Suprimir el segundo párrafo del artículo 115.3. Consideramos que la limitación
de la difusión de la información suministrada en el procedimiento consultas
preliminares del mercado no está justificada, salvo en supuestos de secretos
comerciales o confidencialidad ya protegidos por la Ley. Por otro lado, la
propia participación en las consultas preliminares del mercado puede servir
para incentivar a las empresas a buscar soluciones más adecuadas a las
necesidades del órgano de contratación. Conocer nuevas soluciones, o
empresas que las llevan a cabo, puede ser un incentivo para el mercado y
puede mejorar la eficiencia de la compra pública posterior.
Se propone incluir como obligatorio el trámite de las consultas preliminares del
mercado en el procedimiento de Asociación para la innovación, y establecer de
manera expresa la conveniencia de llevar a cabo este procedimiento con
carácter previo a la preparación de cualquier contrato.
Se propone enfatizar la necesidad de que las consultas preliminares del
mercado no pueden suponer un falseamiento de la competencia ni vulnerar los
principios de no discriminación y transparencia. En la actual redacción solo
figura esta cautela en el artículo 115.2 en relación a la utilización del
asesoramiento para planificar el procedimiento de licitación y durante la
sustanciación del mismo. Como ha quedado dicho, el asesoramiento es sólo
una de las modalidades de llevar a cabo las consultas preliminares del
2.19 Artículos 164 a 169
Se propone revisar la redacción de los arts. 164 a 169 del proyecto, de forma que, de
acuerdo con la regulación europea, el procedimiento de licitación con negociación
(anterior procedimiento negociado con publicidad) y el procedimiento negociado sin
publicidad dejen de encuadrase en la misma sección de la LCSP. En el Derecho
europeo ambos procedimientos son completamente autónomos y no constituyen, en
ningún caso, especies de un mismo género. La regulación proyectada introduce
confusión desde el punto de vista procedimental. Y no permite reconocer al
procedimiento negociado sin publicidad como un procedimiento estrictamente
2.20 Artículo 167.9
Se propone revisar la redacción del art. 167.9 del proyecto, de forma que se acoten los
supuestos en los que podrá adjudicarse un contrato sin mediar negociación en el
ámbito del procedimiento de licitación con negociación. Aunque es una posibilidad
reconocida por la Directiva 2014/24/UE, su aplicación puede suponer un retroceso en
el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y no discriminación.
Por todo ello, se sugiere que se prevea que el uso de esta posibilidad esté
estrictamente subordinado a que quede constancia en el expediente de las razones
por las que se estima que la negociación no resulta conveniente a la vista de las ofertas
iniciales presentadas.
2.21 Artículo 177.1
Se propone incluir en el artículo 177.1 la referencia al procedimiento de selección del
apartado 3 del artículo 176. Para aclarar la relación existente entre la selección de los
candidatos y la posterior negociación y adjudicación de la asociación sería
conveniente incluir en el artículo 177.1 la referencia a que la selección de los
candidatos se hace conforme a lo establecido en el artículo 176.3 y, posteriormente, el
órgano de contratación les invita a presentar los proyectos de investigación e
innovación. De esta manera quedarían más claras las diversas fases del procedimiento
de asociación para la innovación y la relación entre ellas.
2.22 Artículo 190.3
Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 190. Incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso. Se considera innecesaria y distorsionadora tal precisión en
penalidades. Existen otras muchas particularidades de estos negocios, calificados
como precontratos por el Consejo de Estado, que exigen una labor de adaptación a la
hora de aplicar todos institutos propios de un contrato tradicional. En la mayoría de
los casos, la ley no hace precisiones específicas (sirva de ejemplo, la solvencia, la
calificación de SARA, etc.,) Se regulan para los contratos y ha tenido que ser la
doctrina la que determinara las particularidades que deben ser admitidas para los
acuerdos marco. Establecer un apartado específico para los acuerdos marco (¿no para
los DSC?) en cuanto a penalidades y no para otras instituciones, es posible que
confunda más que aclare algo que, a nuestro modo de ver, no precisa de habilitación,
como es el que un PCAP regule todas las consecuencias del posible incumplimiento
2.23 Artículo 213
Se propone regular con mayor precisión la posibilidad de que los operadores
económicos recurran a la subcontratación. La doctrina de los tribunales de recursos y
en la jurisprudencia no es unánime a la hora de determinar si puede imponerse a
través de los pliegos limitaciones cuantitativas a la subcontratación en la fase de
acreditación de la solvencia. Este último aspecto se regula en el proyecto en el art. 75.
Por todo ello, y dado que es un aspecto de indudable importancia en el acceso de las
PYMES a los mercados de contratación pública, debería aclararse de forma nítida que
en la fase de acreditación de la solvencia no rigen los límites a la subcontratación que
el art. 213 introduce en la regulación de la fase de ejecución. De esta forma se
transpondría de forma más clara la Directiva sobre contratación pública.
2.24 Artículo 216
En el artículo 216. Sistemas para la racionalización de la contratación de las
Administraciones Públicas, se propone modificación del título y del contenido en este
sentido: Artículo 216. Sistemas para la racionalización de la contratación de los poderes
adjudicadores. Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos los poderes
adjudicadores podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios especializados,
conforme a las normas de este Capítulo.
Con la redacción actual del Anteproyecto solamente se da opción a las
Administraciones públicas, ya que se ha suprimido el actual artículo 195 del TRLCSP.
Las técnicas de racionalización han de poder ser utilizadas por todos los órganos de
contratación del sector público, con las particularidades propias de cada una de ellas.
De hecho, en el artículo siguiente se comienza diciendo que los órganos de
contratación del sector público podrán celebrar acuerdos marco con una o varias
2.25 Artículo 220
Se propone la supresión del artículo 220. Modificación de los acuerdos marco y de los
contratos basados en un acuerdo marco, porque se considera innecesaria una
regulación específica pudiéndose acudir a la regulación general de los modificados
convencionales o imprevistos. El precio del contrato es un elemento esencial y no se
puede modificar. Si se mantienen las unidades de actuación y no hay unidades nuevas,
el precio no puede variar. Con esta redacción se fomenta que los pliegos incluyan
revisiones de precios encubiertas en modificaciones convencionales. Si lo que se
propone regular es que, en el caso de que, como resultado de una modificación del
acuerdo marco o de un contrato derivado, se introduzcan unidades nuevas, los precios
de éstas se someterán a determinados límites, además de los generales.
2.26 Artículos 265.4 y 287
Se propone revisar los arts. 265.4 (concesión de obra) y 287 (concesión de servicio)
para adecuarlos a la Directiva 2014/23 en materia de transferencia de riesgo
operacional. Se propone la eliminación de la referencia a la “disponibilidad” en el art.
265.5 y su sustitución por “suministro” e introducir una referencia al “riesgo de
suministro” en el art. 287. Es imprescindible que el tipo concesional sea coherente con
la Directiva europea (la transferencia del riesgo es el elemento medular del tipo) y
además no parece justificable introducir diferenciaciones entre la concesión de obras y
la concesión de servicios ya que el legislador europeo exige en ambos casos la
transferencia del riesgo (suministro y/o demanda).
2.27 Artículos 277 c) y 292 c)
En las prerrogativas de los contratos de concesión de obras y de servicio se mantiene
la técnica del rescate como privilegio unilateral. Esta opción incumple la previsión del
artículo 44 la Directiva de concesiones, que establece unos límites a la posibilidad de
resolución anticipada por voluntad de la Administración, pues se desnaturaliza la
filosofía del régimen de contratación en el ámbito de las concesiones, donde no tiene
cobertura, con la extensión hasta ahora utilizada, de la prerrogativas públicas
exorbitantes. El interés público -al igual que sucede con la modificación contractualya no es título jurídico suficiente para ejercer potestades sobre el contrato y sobre una
concesión. Prima el principio pacta sunt servanda como garantía de seguridad jurídica
en relaciones jurídicas de larga duración e importantes inversiones.
El rescate no es ya un privilegio y su decisión debe ajustarse a los parámetros y
condicionantes de la potestad expropiatoria.
2.28 Artículo 317
En coherencia con la propuesta 1.8 y 2.6. de este documento debe uniformizarse las
reglas jurídicas aplicables con independencia de la naturaleza del poder adjudicador y
del importe den contrato. Solo desde la uniformidad se puede preservar una efectiva
transparencia y corregir las “debilidades” del modelo.
Se debe eliminar la posibilidad de aprobar instrucciones internas para regular el
procedimiento de contratación. Debe incluirse la previsión que aplicarán en todo caso
los procedimientos de contratación de las Administraciones públicas
Se propone modificar el régimen jurídico de los contratos no sujetos a regulación
armonizada celebrados por poderes adjudicadores que no tienen la consideración de
Administración pública añadiendo en el artículo 317 que, en todo caso, les es de
aplicación lo dispuesto en los artículos 199 sobre obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral; 200 sobre condiciones especiales de ejecución; 201 a
203 sobre supuestos de modificación del contrato y 213 a 215 sobre subcontratación.
2.29 Artículo 340
Para preservar la efectividad de la obligación de publicar todas las licitaciones en la
Plataforma de Contratos del Sector Público debe preverse expresamente que esta
omisión comporta vicio de nulidad de pleno derecho, al impedir una adecuada
transparencia. De conformidad con lo expuesto en el epígrafe 1.6 de este documento
se propone añadir un nuevo párrafo:
“8. La omisión de la publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público en
cualquiera de las modalidades previstas en este artículo, será vicio de nulidad de pleno
2.30 Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación pública
Se observa ausencia de adecuada respuesta jurídica a algunas especialidades respecto
de las prohibiciones de contratar por razón de incompatibilidad en la Administración
local. Ni en la regulación de las prohibiciones de contratar, ni en la Disposición
adicional tercera del Proyecto que recoge normas específicas para la contratación las
Entidades Locales, se contempla la posibilidad de una regulación atenuada de las
prohibiciones de contratar por incompatibilidad en los municipios de escasa
población. Esta falta de regulación propia provoca que no se atienda a la realidad de
muchos de los municipios rurales que existen en nuestro país y que pudieran tener
problemas para adjudicar un contrato, incluso un contrato menor porque recordemos
que el requisito de no estar incurso en prohibición de contratar es también exigible a
los contratos menores (los datos del Instituto Nacional de Estadística nos muestran un
total de 5.854 municipios de menos de 2.000 habitantes, de los cuales 3.938 no
superan los 500 habitantes). Debería flexibilizarse esta prohibición. Se propone añadir
un párrafo a esta Disposición Adicional:
“En las Entidades Locales cuya población sea inferior a 1.000 habitantes, en aquellos
procedimientos de contratación la existencia de incompatibilidad en los cargos
electivos locales determinará únicamente la concurrencia de una causa de
2.31 Disposición adicional trigésima cuarta
La Disposición adicional trigésima cuarta, regula la obligación de aprobar un
presupuesto máximo para estos contratos. Se proponen incluir al final del primer
párrafo el inciso “pudiéndose establecer también un mínimo” lo cual ayudaría a que las
empresas pudieran presentar ofertas más cabales porque el contrato les aseguraría un
mínimo de encargos, cosa que ahora no sucede. Por otro lado para evitar el fraude que
puede suponer aprobar una prórroga, con la única finalidad de incrementar el crédito
dispuesto, se propone añadir al segundo párrafo in fine: “sin que sea posible la
aprobación de una prórroga del contrato antes de finalizar su plazo de ejecución, con el
único objeto de reponer el crédito agotado.”
2.32 Disposición adicional trigésimo novena
Se propone revisar la Disposición adicional trigésimo novena (Oficina Nacional de
 Con el objeto de adecuarla a la terminología de la Directiva 2014/23. Debe
utilizarse el término “riesgo operacional” así como los subtipos que lo
componen “riesgo de suministro” y riesgo de demanda”. El Proyecto no asume
esta terminología y se centra en el riesgo de demanda (más allá de una
referencia genérica en su apartado 4). Debe prestarse atención a otras
configuraciones contractuales, especialmente en aquellos sectores de
actuación (determinados servicios) donde el riesgo por uso es mínimo o
prácticamente inexistente pero que igualmente puede ser licitado bajo la
fórmula concesional.
 Se propone eliminar el criterio de “los gastos de primer establecimiento”: se
trata de un criterio de muy difícil precisión existiendo en la actualidad diversas
posturas doctrinales y pronunciamientos de los Tribunales Administrativos de
Recursos contractuales.
 Se propone que el criterio para delimitar aquellos contratos que deberán ser
informados por la ONE sea el valor estimado del contrato, ya que es éste el que
determina los aspectos más importantes del régimen jurídico de un contrato
PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS A LAS
3.1 Especialidades en los Servicios de salud y servicios sociales a las personas
La Comisión Europea ha venido recordando que son valores esenciales de la
Comunidad la protección de la salud humana, la igualdad entre hombres y mujeres, y
la cohesión social y territorial (Comunicación de la Comisión Aplicación del programa
comunitario de Lisboa. Servicios sociales de interés general en la Unión Europea, de 26
de abril de 2006, COM(2006) 177 final). Esta especificidad procede del carácter vital de
las necesidades que han de satisfacer, garantizándose de este modo la aplicación de
derechos fundamentales, como la dignidad y la integridad de la persona. Por ello, los
servicios sociales (o sanitario/social, como sucede con los pacientes psiquiátricos)
posibilitan una serie de medidas que pueden ser tenidas en cuenta en su licitación:
a) funcionamiento sobre la base del principio de solidaridad, que requiere, en
particular, la no selección de los riesgos o la falta de equivalencia a título
individual entre cotizaciones y prestaciones;
b) carácter polivalente y personalizado, que integre las respuestas a las
distintas necesidades para garantizar los derechos humanos fundamentales y
proteger a las personas más vulnerables;
c) ausencia de ánimo de lucro, especialmente para abordar las situaciones más
difíciles y que se explican, a menudo, por motivos históricos;
d) participación de voluntarios y benévolos, expresión de una capacidad
e) integración marcada en una tradición cultural (local); en particular, esto se
advierte en la proximidad entre el proveedor del servicio y el beneficiario, lo
que permite tener en cuenta las necesidades específicas de este último;
f) relación asimétrica entre prestadores y beneficiarios que no se puede
asimilar a una relación «normal» de tipo proveedor-consumidor y que requiere
la aplicación de la fórmula del pago por terceros.
Por ello, las Directivas de contratación pública prevén un régimen singular en estos
ámbitos, alejados en muchas ocasiones desde la lógica del mercado y donde debe
primar la decisión basada en criterios de calidad alejados de una visión economicista.
Sin embargo, el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público no incluye la
posibilidad de una regulación simplificada y de reserva de contratos, habilitada por la
Directiva 2014/24 en sus artículos 76 y 77. Resulta posible, en contratos de
prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social, adoptar medidas de
licitación más «específicas», que atiendan a las especialidades expuestas. Esto
significa que un contrato de prestaciones personales de carácter sanitario o social
podría estar excepcionado de las reglas de concurrencia propias de un contrato típico
de servicios o productos, dado el marcado carácter estratégico, desde la perspectiva
de correcta prestación del mismo, optando por la modalidad de reservas. Junto a esta
opción, existe la posibilidad de un procedimiento simplificado que ponga atención en
las propias características del servicio y, en especial, la regla de la mayor
calidad/precio que se concretará en la cualificación concreta del personal encargado
de prestar el servicio. Y ello porque no puede desconocerse que es una actividad de
interés general que se rige, principalmente, por los principios de universalidad,
solidaridad, eficiencia económica y adecuación.
En la articulación de este procedimiento “especial”, junto a medidas de simplificación
administrativa, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: a) la “especial” valoración
de la solvencia de las empresas licitadoras (con limitación de la subcontratación); b) la
determinación de criterios de adjudicación que pongan en valor la calidad/precio,
vinculado a la calidad y, la experiencia contrastada del personal que prestará
efectivamente el servicio y la participación de los profesionales en la gestión; c) la
necesaria regulación de supuestos de anormalidad en estos contratos desde la
perspectiva social de la oferta, y d) la determinación de condiciones especiales de
ejecución que garanticen la correcta prestación del servicio.
Aunque resulta compleja la distribución competencial en esta materia parece
conveniente que, al menos con carácter no básico, se regule esta posibilidad.
Especialidades en los Servicios de salud y servicios sociales a las personas
Se propone la inclusión del siguiente articulado:
Artículo-----. Contratos reservados a entidades del tercer sector en el ámbito
1. Se podrán reservar la participación en los correspondientes procedimientos de
adjudicación de contratos de servicios socio-sanitarios que figuran en el Anexo II
de esta Ley a determinadas organizaciones.
Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas
que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público
vinculada a la prestación de los servicios contemplados en el apartado 1;
que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la
organización; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la
distribución o redistribución deberá basarse en consideraciones de participación;
que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute
el contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de
participación o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las
partes interesadas; y
que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la
organización un contrato para los mismos servicios con arreglo al presente
artículo en los tres años precedentes con un importe superior a 750 000 euros.
En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a
Artículo ---. Exigencias de solvencia específica para garantizar la calidad de
1. Para poder participar en las licitaciones de servicios sanitarios del Anexo II de
esta Ley, las empresas deberán acreditar una solvencia económica y financiera
suficiente en una cuantía referida al volumen de negocios en el ámbito de las
actividades correspondiente al objeto del contrato en relación como máximo a los
tres últimos ejercicios disponibles, a determinar en cada caso en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y que nunca será inferior al 75% del precio
anual del contrato o del lote al que se concurre.
2. Solvencia técnica acreditada mediante requisitos técnicos de acreditación o
estándares de calidad; experiencia previa en la gestión de los servicios objeto del
contrato a determinar en cada caso en el pliego de cláusulas administrativas
particulares; disposición de equipo humano profesional en materia de gestión de
los servicios licitados, y reinversión de un porcentaje mínimo de los beneficios en
la mejora de la gestión de los servicios adjudicados o distribución de beneficios en
base a criterios de participación.
3. La experiencia nunca podrá ser inferior a tres años y con un importe anual no
inferior al 60% del precio anual del contrato o del lote al que se concurre.
4. En ningún caso se admitirá la subcontratación de la prestación principal.
Artículo ----. Reglas especiales para contratación de servicios sanitarios.
1. La adjudicación de contratos de servicios sanitarios que figuran en el Anexo II
de esta Ley se realizará mediante las reglas simplificadas siguientes:
a) Se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público, salvo que
supere los 750 000 euros, que exigirá que se publique, además, en el Diario Oficial
b) Se exigirá una cualificación subjetiva especial que acredité la experiencia, y
calidad y disponibilidad de medios adecuados para cumplir con la prestación de
c) Se atenderá como criterio de adjudicación para determinar la oferta
económicamente más ventajosa, o en su caso, de negociación, al mayor valor
añadido de la oferta desde la perspectiva de calidad y de garantía de continuidad,
accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de los servicios.
d) El precio, como criterio de adjudicación, no podrá superar en su ponderación el
e) Se exigirá y valorará en todo caso un Plan de Gestión en el que, más allá de los
requisitos mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, se valoren
elementos como la determinación de objetivos asistenciales; los medios de
control y garantía de la calidad; los instrumentos para favorecer la accesibilidad y
la resolución de los servicios; los mecanismos para posibilitar la participación de
los profesionales en la gestión; las estrategias de mejora de la gestión y
prestación de los servicios; las políticas de coordinación y potenciación del trabajo
en red con otros dispositivos asistenciales; los planes para mejorar la respuesta a
la demanda no urgente de servicios y resolver situaciones de incremento de la
demanda y la atención domiciliaria; los programas de atención a colectivos
socialmente vulnerables, y los programas de promoción de la salud, los
programas docentes y los programas de investigación; la implicación y la
corresponsabilización de los usuarios, así como las soluciones de innovación que
aporten mayor valor añadido al servicio, elementos todos ellos en relación con los
f) Para garantizar la calidad en la prestación del servicio será criterio de
adjudicación la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que
tendrá en cuenta la idoneidad de los profesionales directivos y del personal en
atención a su titulación y especialización, los programas de formación y control
g) Se publicará el resultado de la licitación, con su justificación, en la Plataforma
Artículo ----. Anormalidad de ofertas
1. Se considerara en todo caso una oferta como desproporcionada o anormal
cuando se fundamente en el incumplimiento de disposiciones de obligado
cumplimiento en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo o
costes salariales mínimos por categoría profesional.
2. A tal fin se requerirá el desglose de los precios para acreditar la viabilidad de las
proposiciones económicas, en su caso.
Artículo ----. Plazos de los contratos de servicios socio-sanitarios a personas.
La duración ordinaria de estos contratos será de seis años, salvo que por
circunstancias excepcionales, como la adecuada amortización de inversiones en
contratos especialmente complejos, fuese necesario un plazo mayor, con respeto,
en todo caso, a los principios de una libre y efectiva competencia en el mercado.
Artículo ----. Cooperación directa con entidades del tercer sector sociosanitario.
1. Las asociaciones de voluntariado, entidades de economía social y las
organizaciones de carácter asociativo constituidas con vistas a contribuir a la
realización de los objetivos institucionales de servicio sanitario que actúen sin
ánimo de lucro y con fines de solidaridad, podrán cooperar directamente en la
prestación de determinados servicios socio-sanitarios conforme a la planificación
y a la legislación autonómica en la materia.
2. La posibilidad de esta cooperación deberá justificarse en una mejor eficiencia
de la prestación, de eficacia presupuestaria y en la no distorsión indebida de la
competencia. En concreto, las condiciones de cooperación no pueden implicar la
obtención de ningún beneficio de sus prestaciones, independientemente del
reembolso de los costes variables, fijos y permanentes necesarios para prestarlas,
ni proporcionar ningún beneficio a sus miembros, ni referirse a las actividades
comerciales que realizan esas entidades.
3. Será preceptivo que las asociaciones de voluntariado e instituciones que
puedan participar en acciones de cooperación se rencuentren inscritas en el
Registro que se creará a tal efecto, con la finalidad de acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en esta norma.
4. Los acuerdos de cooperación directa tendrán la forma de convenio singular de
cooperación. Estos acuerdos se publicarán en página web de las respectivas
entidades contratantes”.
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