Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1646
Timestamp: 2017-05-27 02:18:28
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CELEBRADA EL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ORDEN DEL DÍA. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Comisión de Asuntos indígenas, con la que remite su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de septiembre de 2015, con objeto de participar en el Debate General del 70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en los Ejercicios Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y “UNITAS ATLÁNTICO 2015”, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2015, en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil.
PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses De las Senadoras Juana Leticia Herrera Ale, María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De las Senadoras y los Senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Luz Ma. Beristáin Navarrete, Rabindranath Salazar Osorio, Lorena Cuéllar Cisneros, Isidro Pedraza Chávez, Layda Sansores San Román, Zoé Robledo Aburto, Luis Humberto Fernández Fuentes, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Ana Gabriela Guevara Espinosa, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y Armando Ríos Piter, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y reforma la fracción xxiii del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses autónomos. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de la ciencia médica. Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortiz Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 bis a la Ley General de Salud. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el consejo económico y social. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Nueve dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la Cámara de Diputados. Votación electrónica. Cuatro dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos iniciados en el Senado de la República. Cuatro dictámenes emitidos por diversas comisiones sobre los cuales no se inscribieron reservas para su discusión. Discusión en lo general De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar. (Dictamen en sentido negativo). De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. (Dictamen en sentido negativo). Ocho, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, los que contienen puntos de acuerdo. Discusión en lo general. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contiene punto de acuerdo: Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas en el estado de Tlaxcala. Discusión en lo general. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a efectuar el reconocimiento del Estado Mexicano a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. Discusión en lo general. Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo. Fundamentación del Dictamen. Discusión en lo general. EFEMÉRIDES. CITA. SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE SENADORES,
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (11:59 horas) Pido a la Secretaría dé cuenta de la asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea:
Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 93 ciudadanos Senadores y Senadoras.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión del martes 22 de septiembre, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
En consecuencia, consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió de la Comisión de Asuntos Indígenas, su tercer informe de actividades correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del 26 al 29 de septiembre del año en curso, con objeto de participar en el Debate General del 70º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, al tiempo que desahogará actividades asociadas con la agenda multilateral de las Naciones Unidas y bilateral con Estados Unidos y otros países prioritarios para México. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Asamblea ha sido debidamente enterada.
Remítase copia de la documentación de las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en los ejercicios multinacionales “UNITAS ANFIBIO” y UNITAS ATLÁNTICO 2015, que se llevarán a cabo del 14 al 25 de noviembre del año en curso en Río Grande del Sur y Río de Janeiro, Brasil. El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, para su análisis y dictamen correspondiente.
En relación con la conmemoración del Día Internacional de la Paz, la Mesa Directiva hace suyos los pronunciamientos inscritos el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria por la Senadora Sonia Rocha Acosta y los Senadores Jesús Casillas Romero, Angel Benjamín Robles Montoya y Francisco Salvador López Brito.
Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1981 y conmemorada por primera vez en el año de 1982.
En 2015 la Organización de las Naciones Unidas resolvió conmemorar el Día Internacional de la Paz con el lema “Alianza para la Paz, Dignidad para Todos”.
La invitación a todos es para que aquellos países que se encuentren en confrontación interna o externa, cumplan una cesación de hostilidades durante todo ese día.
El Senado de la República se suma a esta importante celebración y convoca a todos los mexicanos para unirse en torno a la construcción de condiciones que aseguren una convivencia diaria en paz y en armonía.
Esta soberanía convoca a su vez a sus gobernantes y a los representantes populares, a fomentar y procurar en todas sus acciones, una cultura por el respeto de la paz y a que también lo celebren mediante la educación y la sensibilización del pueblo y sus ciudadanos, sobre todo en los temas relacionados con la paz.
En la celebración de esta importante fecha extendemos un franco reconocimiento a todas aquellas naciones y organizaciones que desde su particular posición pugnan por la paz mundial.
Informo que recibimos del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, un punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula en extender una atenta felicitación a la Universidad del Valle de Cuernavaca por su trayectoria académica de más de 20 años encaminada a la educación y formación de jóvenes morelenses, bajo los principios rectores de esta institución: excelencia, liderazgo y humanismo.
El punto de acuerdo se turna a la Comisión de Educación.
Informo también que recibimos de la Senadora Layda Sansores San Román, un punto de acuerdo que exhorta a crear dos Fiscalías Especializadas en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa y al trabajo y recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y propone la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones.
Se reciben y se turnan a la Comisión de Derechos Humanos, los tres primeros resolutivos, y a la Junta de Coordinación Política el cuarto de estos.
La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Solamente quiero pedirle que esta proposición que presentamos como punto de acuerdo sobre la creación de dos Fiscalías que proponen los abogados de los padres de Ayotzinapa, de acuerdo al artículo 71, en donde deben tomarse en cuenta aquellos temas que representen mayor interés público, pues dentro del orden del día se les diera prioridad.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia informa que la Mesa Directiva, en su sesión del día de hoy, ha acordado incluir en el orden del día el asunto relativo a Ayotzinapa, en cuanto la Junta de Coordinación remita el punto de acuerdo respectivo.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 constitucional, por el que se crea el Instituto Nacional de Servicios Forenses.
La reforma constitucional que fue publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, como lo hemos venido reiterando, ha sido un parteaguas en la evolución de nuestro sistema penal, al pasar de un sistema de corte mixto preponderantemente inquisitivo, a uno de corte acusatorio y oral.
Esta reforma ha significado un rediseño integral de nuestro sistema de justicia. La reforma mencionada fue producto del esfuerzo de cambio estructural y de modernización, y fue motivada en gran medida por el imperativo de una sociedad que demandaba y que sigue demandando contar con instituciones jurídicas eficientes y eficaces que garanticen una correcta administración e impartición de justicia, bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías de los ciudadanos.
En efecto, esta gran reforma publicada en el 2008, previene en el artículo 20 constitucional, que el proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Asimismo este artículo, en su fracción primera, establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos: proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es la finalidad del Sistema Penal Acusatorio.
En ese sentido, con la reforma constitucional aludida, se han materializado los principios y las reglas propias de un debido proceso legal cuyos contenidos fundamentales han sido reglamentados, guardando en todo tiempo la debida congruencia con lo establecido en el precepto constitucional.
Así, en ese sentido, tomando en consideración que el establecimiento de las bases del debido proceso previstas por la citada reforma constitucional han constituido un paso fundamental y sin precedente en la confección del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país, también es cierto que para que esta reforma logre consolidarse en su aplicación, ha sido necesario acompañarla de otras reformas que han contribuido a su perfeccionamiento.
Y me refiero a la reforma al artículo 73 publicada el 8 de octubre de 2013, que dio paso al Código Nacional de Procedimientos Penales y que también hará posible la Ley Nacional de Ejecución Penal.
No obstante, como producto legislativo, éste siempre será perfectible y en ese sentido consideramos que es necesario fortalecer la función de cada uno de los operadores del Sistema Penal Acusatorio, que es lo que planteamos en el presente proyecto relativo específicamente a los servicios periciales en materia de ciencias forenses. La finalidad de esta propuesta aunada a las reformas antes mencionadas contribuirá a concretar un modelo jurídico congruente con los postulados constitucionales sin llegar a desvirtuarlo ni a propiciar excesos en detrimento de los justiciables y demás intervinientes del procedimiento penal.
Diversos especialistas en Derecho Penal han reconocido la necesidad de que en materia forense los peritos se adapten a los nuevos requerimientos que impone el Sistema Penal Acusatorio. El nuevo diseño legal en materia penal requiere del acompañamiento de las instituciones que permitan esclarecer los hechos constitutivos del delito de manera transparente con objeto de evitar la impunidad, pero también de evitar que se culpe a inocentes.
No cabe duda que los servicios periciales son una parte fundamental de la investigación, sin los cuales no existiría prueba objetiva y por ende no habría un sistema efectivo de justicia.
En esta propuesta de reforma, que quede claro, no ponemos en tela de juicio la capacidad de los peritos mexicanos, sino que lo que estamos señalando es que el diseño institucional de los servicios periciales en México necesita un rediseño para otorgar mayor grado de autonomía al mismo, y que por consecuencia el mismo goce de plena credibilidad, y por ello es necesario enfocar los esfuerzos a conformar instituciones que no respondan a presiones políticas y sociales, sino que sean organismos eminentemente técnicos.
Refuerza lo anterior, el diagnóstico y propuestas de rediseño institucional de servicios periciales y forenses del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en el que se menciona la propuesta sobre la necesidad de crear institutos de servicios periciales autónomos para evitar la conducción política de la investigación.
Es también conocido por todos ustedes que en fecha reciente el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivada del informe Ayotzinapa, investigaciones y primeras conclusiones de desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa propusieron reformar leyes para que los servicios periciales sean autónomos.
Cabe mencionar que el informe del citado grupo de expertos con base en análisis de un perito independiente sobre la supuesta incineración de normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, que fue la conclusión a llegó la Procuraduría General de la República; entre las once conclusiones generadas señala que este peritaje adolece del uso de reglas internacionales ampliamente aceptada.
Esta conclusión pone en evidencia la necesidad que tenemos de fortalecer estas instituciones.
Nuestra propuesta se encamina a generar un órgano responsable de prestar servicios forenses con plena autonomía técnica y orgánica que garantice certeza en los resultados de sus dictámenes periciales y aunque es cierto que los hechos recientes en la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con certeza del actuar de las instituciones periciales, nuestra propuesta responde de igual forma a una exigencia del sistema acusatorio para crear una instancia de servicios forenses independiente tanto del órgano de acusación como de defensa, garantizando una investigación científica del delito realizada de forma objetiva, y así como con igualdad procesal o igualdad de armas dentro del proceso penal acusatorio.
En suma, lo que hoy proponemos, lo que hoy venimos a presentar al Senado de la República es, una propuesta para crear el Instituto Nacional de Servicios Forenses como órgano del Estado responsable de prestar servicios en materia de medicina legal y ciencias forenses a las instituciones de procuración de justicia y defensoría pública tanto en el orden federal como en el local. Es decir, un instituto que tenga competencia en ambos fueros.
Nuestra propuesta tiene como finalidad propiciar mayor certeza en las investigaciones realizadas por las instituciones responsables de la procuración de justicia de nuestro país, así como de las defensorías públicas.
Nuestra propuesta pretende hacer modificaciones al artículo 21 de la Constitución con la finalidad de crear este organismo.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Leticia Herrera Ale para presentar a nombre propio y de los senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Ríos de la Mora, Isidro Pedraza Chávez y Lorena Cuéllar Cisneros, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Sustentable.
La Senadora Leticia Herrera Ale: Con su venia, señor Presidente.
Muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores: El día de hoy subo a esta tribuna a nombre propio y de las Senadoras María Hilaria Domínguez Arvizu, Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Lorena Cuéllar Cisneros y el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicional los artículos 15 y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable al tenor de la siguiente exposición de motivos.
El pasado 10 de agosto del presente año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dieron a conocer los resultados finales de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014.
Esta encuesta contiene la información de mayor relevancia de los 34 productos de mayor importancia para nuestro país.
Este informe señala que actualmente contamos con 27.5 millones de hectáreas de superficie agrícola total de las cuales 5.6 de hectáreas son superficies de riego; y 22 millones de hectáreas son de temporal, y que actualmente existen 22.4 millones de hectáreas de superficie sembrada.
Del número total de productores en el país, 85 por ciento son hombres, y 15 por ciento son mujeres.
Los seis productos que representan el 58 por ciento de la superficie sembrada son: el maíz grano blanco, el sorgo grano, el frijol, el café, la caña de azúcar y el trigo grano. El uso de tractores en nuestras unidades de producción cubre el 55 por ciento del total.
El 21 por ciento de las unidades de producción ya utilizan tecnologías informáticas y de comunicación, de las cuales el 99 por ciento usa teléfonos celulares, el 10 por ciento computadoras y el 9 por ciento Internet.
México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones se dedican a la actividad a la actividad agropecuaria.
Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo, y 115 millones son de agostadero.
Además los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas.
La agricultura en México es más que un sector productivo importante, más allá de su participación en el PIB Nacional que es de aproximadamente cuatro por ciento.
Las funciones múltiples de la agricultura en el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría.
Esta información nos demuestra que contamos con un sector primario dinámico y en constante evolución.
El clima de nuestro país genera las condiciones necesarias para que en diversas regiones del mismo la actividad agropecuaria sea la principal actividad económico, y por lo tanto la generadora de ingresos para la sobrevivencia de millones de familias.
La cadena de producción agropecuaria en términos generales va desde la generación de las mejores semillas aptas para la siembra pasando por el cuidado, la cosecha, en su caso la transformación, su comercialización y hasta llegar finalmente a los consumidores.
En esta cadena existen eslabones más firmes que otros, en nuestro país la comercialización de los productos agropecuarios sigue siendo uno de los temas que mayores injusticias generan a lo largo de esta cadena. El proceso de la siembra por parte de los campesinos conlleva un arduo trabajo físico y material, que desafortunadamente no es remunerado de manera justa, las estadísticas de pobreza señalan que una inmensa cantidad de campesinos se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria y patrimonial que conlleva un serio retraso para ellos, y para sus familias.
El proceso globalizador que se implantó en nuestro país desde la década de los ochenta nos impone nuevos retos, si bien ha traído beneficios para productores que cuentan con amplios campos de cultivo y con mayor tecnología. Es evidente que también la comercialización es tema pendiente por resolver.
Ejemplos hay varios, pero podemos citar el del maíz, el cual es el principal producto de la agricultura nacional. En 2014, la producción nacional fue de 22.8 millones de toneladas, cifra que quedó por debajo del consumo nacional de ese año que fue de 31.9 millones de toneladas, lo que originó la necesidad de importar para cubrir la demanda nacional.
El maíz blanco la producción nacional fue suficiente, el déficit se presentó en producción de maíz amarillo, producto que sirve de insumo para la cría de ganado como un importante insumo para una importante cantidad de industrias que lo utilizan.
La importación de productos de otro país, principalmente de los Estados Unidos de América, implica que los productores nacionales tengan que competir en términos de calidad y competitividad con productores que reciben apoyos muy superiores a los que ellos reciben, a los productores norteamericanos la Ley conocida como la Farm Bill, les otorga miles de millones de dólares anuales para la producción de diversos productos agropecuarios.
La entrada de productos importados con altos niveles de subsidio, originan una competencia desleal para los pequeños productores nacionales, quienes debido a sus bajos niveles de producción, no son capaces de competir con los precios en los que se ofrecen los productos importados, originando que tengan que malbaratar su producción.
A raíz de esta situación surge la necesidad de nuestro país de conformar un marco jurídico que apoye al sector agropecuario rural nacional, fruto de esta necesidad, y como resultado de un intenso debate que duró varios años surge la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual sirve como la Ley marco bajo la cual se llevará a cabo las actividades agropecuarias.
En esta ley se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, organismo en donde confluyen representantes de las Secretarías de Estado que tienen una relación con el sector agropecuario, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representantes de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, de las entidades federativas y del Distrito Federal, representantes de la agroindustria nacional y, por supuesto, representantes de las diversas organizaciones campesinas con representación nacional.
El objeto de esta comisión, según lo establece el artículo 17 de dicha ley, es la de ser una instancia consultiva del gobierno federal con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.
A su vez, se crea en esta ley el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, programa marco en donde emergen de manera transversal los diversos programas de las diversas dependencias que conforman la Administración Pública Federal, y que tienen alguna relación con el sector agropecuario.
El artículo 14 de dicha ley, señala que el PEC es un programa que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.
En el artículo 15 de dicha ley se establecen las acciones que el PEC tendrá como objetivo llevar a cabo.
En otro apartado de la ley, en el artículo 106, se enumeran los objetivos que conllevará el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural.
El objetivo de esta iniciativa es el de incidir de manera directa en la toma de decisiones que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable tenga a bien tomar.
Se adiciona un inciso al artículo 15 de la ley para señalar que uno de los objetivos y líneas de acción que debe contener el PEC debe ser la generación de programas de incentivos fiscales que apoyen la comercialización de productos agropecuarios, principalmente los definidos en el artículo 179 de la ley.
Además, se le adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la misma ley para incluir en los objetivos del Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, el diseñar una política de incentivos fiscales que apoyen el proceso de comercialización de productos agropecuarios, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta ley.
Con la inclusión de estas modificaciones a la ley, se busca que se generen las condiciones legales necesarias para incluir en las iniciativas de Ley de Ingresos de cada año y en las que tienen que ver con las cuestiones fiscales, la inclusión de propuestas que contengan incentivos fiscales que apoyen a mejorar las condiciones de comercialización de los productores agropecuarios en beneficio de los productores del sector primario.
Actualmente, con la aprobación de la última reforma fiscal aprobada en 2013 y aplicada desde 2014, los productores agropecuarios se enfrentan ante la obligación de incorporarse al sistema tributario, que si bien les trae beneficios como lo es la seguridad social, también han incrementado los trámites administrativos.
De aprobarse la presente iniciativa, se le instruye a la Comisión Intersecretarial, de la cual forma parte el Consejo Mexicano, a diseñar una política de incentivos fiscales que apoyen el proceso de comercialización de los productos agropecuarios.
En base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto
Único.- Se adiciona un inciso XVIII al artículo 15, recorriéndose el siguiente, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción, a la comercialización y en general a toda la cadena productiva, sobre todo tratándose de los productores del sector social, principalmente para los productos agropecuarios definidos en el artículo 179 de esta ley, sin excluir a los demás productos.
Artículo 106. Para los efectos del artículo anterior, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano a través de los Comités y Sistema Producto, elaborará el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes de la sociedad rural, así como los programas anuales correspondientes, los que serán incorporados a los programas sectoriales y los programas operativos anuales de las Secretarías y dependencias correspondientes.
Asimismo, diseñará una política de programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción y al proceso de comercialización de productos agropecuarios que realicen principalmente los productores del sector social, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta ley.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 22 de septiembre de 2015.
Muchísimas gracias a todos mis compañeros y mis compañeras.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Leticia Herrera Ale. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos.
Sonido, por favor, en el escaño del Senador Ascención Orihuela Bárcenas.
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Sólo para solicitarle a la Senadora Leticia Herrera, si estaría de acuerdo en que me sume a su iniciativa.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Leticia Herrera, ¿acepta que se sume a su proyecto el Senador Ascención Orihuela Bárcenas? Con gusto.
Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Igualmente el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Senador Joel Ayala, la Senadora Marcela Guerra, la Senadora Rocío Pineda, Senador David Penchyna, y a todos los que deseen sumarse a este proyecto, con todo gusto.
Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chapingo, de la carrera de Agronomía, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.
Agradecemos de forma sincera su visita y su presencia en el Senado. Sean ustedes bienvenidos.
Informo a la Asamblea, que el punto de acuerdo de la Senadora Layda Sansores, en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa, se turna integro a la Junta de Coordinación Política.
A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios, un proyecto que reforma los artículos 21 y 73 constitucionales, en materia de servicios periciales y forenses autónomos.
Hago uso de esta tribuna, para presentar a nombre de las Senadoras: Lorena Cuéllar Cisneros, Raúl Morón Orozco, Luis María Beristain Navarrete, Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Osorio, Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter, Sofío Ramírez Hernández, Luis Humberto Fernández Fuentes, Adolfo Romero Lainas, David Monreal Ávila, Fernando Mayans Canabal y a nombre propio. La siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo 3º al artículo 21 y reforma la fracción 23 de la artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de servicios periciales y forenses autónomos.
Nuestros hijos tienen un rostro, una familia, una historia y los esperamos con todo nuestro amor, seguiremos gritando que los amamos y los necesitamos y que nunca dejaremos de buscarlos, hasta encontrarlos.
Estas fueron las palabras de una madre de cuatro jóvenes desaparecidos, que compartiendo el dolor con miles de familias, buscan incansablemente a sus seres queridos.
Como todos sabemos, en junio del 2008, se realizó una reforma que implicó cambios profundos en al menos 10 artículos de nuestra Constitución, y se sentaron las bases para transitar de un modelo inquisitivo a un acusatorio en materia penal.
Como parte fundamental de esta reforma, se establecen principios procesales y derechos tanto de las víctimas como de las personas imputadas en delitos. Los servicios periciales y forenses juegan un papel fundamental en cualquier investigación de carácter judicial. Para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, se requiere de servicios periciales de calidad y además confiables.
Actualmente, la Procuraduría General de la República, cuenta con un área denominada “Coordinación General de Servicios Periciales” con un organigrama muy parecido al de cualquier dirección.
Ejerce sus facultades en el territorio nacional, a través de unidades administrativas que integran su organización regional y estatal en cada entidad federativa, quienes fungen además como enlaces y auxiliares de los titulares de las delegaciones, así como de las demás autoridades judiciales y civiles en la entidad, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones aplicables.
Desafortunadamente esto no es suficiente. Hoy en día, hay una gran cantidad de personas desaparecidas, violentadas y asesinadas, cuyas víctimas exigen servicios periciales de primer nivel.
Y en esa iniciativa, se destacan cinco aspectos fundamentales:
Primero.- La incapacidad de los agentes del Ministerio Público para integrar equipos periciales multidisciplinarios que permitan la realización de un trabajo más profesional durante las investigaciones ministeriales.
Segundo.- Insuficiente capacidad técnica que se ha considerado por expertos internacionales, que esto es una consecuencia de la falta de profesionalización y de la ausencia de una salario digno.
Tercero.- La insuficiencia y la falta de habilidades en las distintas áreas forenses.
Cuarto.- La dispersión de los servicios.
Quinto. Y último.- El menosprecio institucional de la actividad forense y pericial.
Ahora bien, organizaciones nacionales internacionales de derechos humanos, han referido la necesidad de servicios periciales autónomos para el fortalecimiento del sistema de justicia y el respeto a los derechos humanos de nuestro país.
El informe de justicia fallido en el estado de Guerrero, presentado por la Organización Internacional que recomienda garantizar servicios periciales autónomos de autoridades policiales y de instancias de procuración de justicia.
El título cuarto de la iniciativa de ley para prevenir, investigar, sancionar, reparar, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, presentada por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada el pasado 3 de septiembre, propone la creación también de un Instituto Autónomo de Investigación Forense con servicios gratuitos.
También el informe de Ayotzinapa, señala como recomendación en el apartado de reformas institucionales para la investigación y sanción. El contar con un organismo pericial y forense, autónomo y competente a nivel federal, como en los diferentes estados.
Consideramos, pues, que la autonomía administrativa y financiera de las áreas de servicios es una necesidad. Es una demanda de los ciudadanos y de las víctimas.
El Estado mexicano tiene que ofrecer servicios periciales y forenses con capacidad técnica que cumplan con los protocolos internacionales y de los estados.
A su vez, tenemos que generar las condiciones para que los peritos puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias ciudadanas.
Se tiene que ampliar y enriquecer las áreas de servicios en todas las ramas: en la biología, la medicina, la rama genética, balística, psicológica, antropológica, odontología, fotografía, todo esto en una Ley Reglamentaria que además deberá elaborarse, como consecuencia de la reforma que ahora se propone.
Y dicha ley también tendrá que regular el esquema que permita operar el banco de datos forenses, incluido el Registro Nacional de Información Genética. La base de huellas dactilares y todos los datos forenses para poner a la ciencia al servicio de la verdad, la justicia, la reparación integral.
Quienes presentamos esta iniciativa, estamos convencidos de que si dotamos de autonomía a los servicios forenses y periciales y de las entidades federativas, para que no dependan de ningún organismo de investigación o judicial. Para que cuenten con un patrimonio propio y personalidad jurídica.
Estaremos dando un paso muy importante en el que todos ganamos. Los ciudadanos, ante la posibilidad de contar con un órgano forense de servicios periciales gratuitos de primer nivel, por especialistas altamente capacitados; y por otro lado, los propios peritos al encontrarse ante la posibilidad de prepararse más, de mejorar su trabajo y sus condiciones laborales.
Y como consecuencia de todo esto, el Sistema de Investigación de los casos de tortura, de tratos inhumanos o degradantes, de desaparición forzada de personas y de ejecuciones extrajudiciales u homicidios entre otras. Tendremos mayores certezas sobre el trabajo de nuestros peritos.
Por lo anterior, proponemos una reforma que adiciona un tercer párrafo al artículo 21 constitucional para la existencia de servicios periciales autónomos, así como el ajuste correspondiente a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
En el uso de la palabra, Senador. El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea. Nobleza obliga, y quiero agradecer a mi compañero David Monreal la fina distinción que tuvo de cederme su turno en esta ronda.
Gracias, mi querido, David. Quiero llamar la atención de mis compañeros Senadores para compartir con ustedes dos experiencias de vida, entre muchas que afortunadamente nos deja esta labor como servidores públicos enfocados a la representación popular. Hace unas semanas se nos presentó, ante esta Cámara, el tema de una niña que padece epilepsia refractaria. Algunos de los compañeros, aquí presentes, la apoyaron, una jovencita de ocho años de nombre Grace, que no obstante haber utilizado 18 diferentes anticonvulsivos, registra alrededor de 400 convulsiones al día, inclusive dormida. Fue precisamente el arrojo de algunas compañeras Senadoras y algunos compañeros Senadores, las presiones que ejercimos sobre la Cofepris para que se permitiera la importación temporal del cannabidiol, que es un medicamento alternativo que tiene su origen precisamente en la cannabis, y surte efectos, no a nivel psicotrópico, sino a nivel de relajación de músculos a las personas que padecen estas enfermedades. Este medicamento fue utilizado exitosamente con una niña, en el estado de Colorado, que es la situación “espero de Grace” de nombre Charlotte, de 12 años, y alivianó, en buena medida, estas crisis convulsivas terribles de la epilepsia refractaria. En otro punto, me tocó en algún momento de mi vida, atender a un jovencito, víctima de un osteosarcoma, motivo por el cual le fue amputada su extremidad inferior derecha a nivel de la cadera. Gracias a la asociación Castro Limón, que lo quiero decir en mayúsculas. Es una asociación tijuanense, pudimos considerarlo desde el punto de vista clínico remiso de cáncer. Sin embargo, meses después, un hospital privado, no diré el nombre, atiende al niño, en efectos secundarios registra un padecimiento cardiaco severo y le dan dos opciones a su familia, a los papás del niño —lo que ingresa a nuestro pueblo, 6 mil, 8 mil pesos al mes en conjunto— y le dan dos opciones: un trasplante de corazón o un tratamiento de cédulas madre a costa de 45 mil dólares. Precisamente la iniciativa, que vengo a compartir con ustedes, es el primer paso que yo quisiera así lo consideráramos, apelo a los Senadores médicos, muy brillantes, por cierto, que hay aquí; o a los Senadores que han administrado dentro de la función pública instituciones de salud, y que sé que pueden entender, inclusive, mejor que el ponente, este tema. ¿De qué se trata?
Con esta iniciativa, que hoy presento a consideración de ustedes, busco reducir significativamente el impacto de esta encrucijada en materia de salud pública. En todo el mundo se registran avances de lo más variado para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, la investigación científica ha dado pasos enormes en el último cuarto de siglo, las terapias novedosas permiten alentar la esperanza de pacientes, hasta hace poco condenados a una vida solitaria de sufrimiento y resignación. Sin embargo, las terapias innovadoras benefician únicamente a las capas más altas de la población, las familias pobres, incluso de clase media, están prácticamente excluidas de estas terapias. Esta situación prevalece en razón de que para aplicar tratamientos que todavía se encuentran en etapas de investigación, se requiere de permisos especiales otorgados por la autoridad en materia de salud. En este tipo de procesos, lo primero que se clarifica es que la terapia, medicamento o material, no cause daños en las personas. A este arranque de las investigaciones se le conoce como la fase uno. Las fases subsecuentes tienen que ver con determinar si las terapias arrojan resultados positivos de manera concluyente. En nuestro país, por sólo hablar de un caso, se registran más de 70 mil amputaciones de pie diabético al año. Sin contáramos con permisos para utilizar terapias y materiales, aún en investigación científica, pero que han demostrado buenos resultados: inocuidad y eficiencia, la mayoría de estas personas podrían conservar sus extremidades. Me he permitido ilustrar la iniciativa que hoy aparece publicada en la Gaceta, al alcance de todos ustedes, con sendas imágenes de pies diabéticos antes y después de la aplicación de las terapias innovadoras. En casi todos los casos la aplicación del nuevo tratamiento no causa daños al paciente, más bien les permite conservar sus pies. En consecuencia, la iniciativa de hoy, la que elevo a la consideración de ustedes, busca ampliar la esfera de derecho de los pacientes, en especial aquellos a los que la medicina tradicional ya no aporta ninguna respuesta. Para ello propongo que la autoridad en materia de salud otorgue permisos temporales condicionados que permitan de manera ágil a los pacientes recibir dichos tratamientos o materiales para buscar una cura eventual, como lo he destacado en relación con el pie diabético, reducir el sufrimiento que padecen o simplemente mejorar su deteriorado nivel de vida. La propuesta contiene una preceptiva que busca garantizar al cien por ciento los derechos de los pacientes. Para ello, recurrimos a un consentimiento informado más profundo, a un monitoreo exhaustivo para evitar eventos adversos, así como a la mayor transparencia para que se puedan apreciar los avances y condiciones en la aplicación de las nuevas terapias y materiales. Se propone que las empresas que generan las nuevas terapias o materiales, no sean las mismas que las apliquen a los pacientes, los doctores que atiendan a este tipo de paciente agudo deberán contar necesariamente con título de médico cirujano y, además, la especialidad correspondiente a la enfermedad que tenga el paciente. Finalmente, se propone que las instituciones o médicos que se dediquen a la aplicación de las nuevas terapias y materiales, destinen el 1.5 por ciento de sus ingresos para atender a mujeres de escasos recursos que requieren de su atención, ya que ellas son quienes más necesidad tienen de estas terapias. No quiero dejar de mencionar que en países como Japón y Panamá, así como en algunos estados del vecino país del norte, se han aprobado recientemente ordenamientos de este tipo para hacer más ágil la aplicación de las terapias novedosas, siempre y cuando se tomen medidas legislativas adicionales para proteger escrupulosamente los derechos de los pacientes. En México, en la actualidad, no contamos si quiera con una norma oficial en la materia, llevamos meses discutiendo, estamos empantanados en la normativa, estamos empantanados en los intereses de los laboratorios, en los intereses de algunas empresas, y, la verdad, es que estamos sujetando a la gente que más lo requiere a un sufrimiento verdaderamente grave. Por ello, quiero que se considere esta iniciativa como el saque, el saque con el cual pudiéramos organizar los foros, pudiéramos tomar las opiniones correspondientes, opiniones, por supuesto, de regulación u opiniones científicas, para poder, como les dije en un principio, poner el tema de las células madre por encima de la mesa. Es cuanto. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Túrnese esta iniciativa a las comisiones unidas de Salud; y de Estudios Legislativos. Esta directiva saluda la presencia de destacadas personalidades del ámbito científico, invitados por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. Le damos la bienvenida al doctor Neal Fearnot.
Doctor Amit Patel. Doctor Santosh Kesari.
Doctor Thomas Ichim.
Doctor Eugenio Deister Mateos.
Licenciado Oscar Espinoza Villarreal.
Doctor Abraham Franklin.
Ingeniero Alejandro Von Mohr. Y
Doctor José Javier López González, sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.
A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Senador Héctor Yunes Landa: Muchas gracias, señor Presidente. También quisiera yo agradecerle al Senador Jesús Casillas, el que me haya hecho el gran favor de cederme su lugar el día de hoy para presentar esta iniciativa. Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, amigos todos: Nuestro país registra lo que los especialistas han llamado un bono demográfico, lo que significa que el volumen de la población en edad de trabajar supera a la población dependiente constituida por infantes y por ancianos. Contar con un bono demográfico implica, desde luego, retos e implica responsabilidades. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que esta ventana de oportunidad empezará a revertirse a partir del 2020, fecha en la que la población dependiente empezará a aumentar más que la población productiva. México experimenta un comportamiento demográfico caracterizado por el decrecimiento en el número de hijos por mujer y un incremento en la esperanza de vida.
En cinco años más, en el 2020 se estima que en promedio un mexicano vivirá 78 años, mientras que para el año 2050 vivirá 81. Para ese año más de la cuarta parte de la población de nuestro país será adulto mayor. Actualmente nueve por ciento de la población de México cuenta con 65 años o más. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que aproximadamente 939 mil personas con edades de 65 años y más viven en situación de pobreza alimentaria; el 57.6 por ciento no posee un trabajo. Todos los aquí presentes hemos escuchado sobre casos de maltrato, abandono y de exclusión laboral que sufren los adultos mayores en México. Tal parece que aquí aplica la famosa frase del escritor español Francisco de Quevedo, que todos deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hayamos llegado. Como si acumula experiencia una causa legal para no hallar trabajo o sufrir discriminación por ello.
Bajo este contexto los poderes federales nos vemos obligados a proponer políticas cada vez más amplias, interinstitucionales y de manera transversal con los tres niveles de gobierno. Los problemas que acarreará el proceso de envejecimiento demográfico en México serán comunes y serán transversales. Uno de los grandes retos que enfrenta la política de desarrollo social en el país es y será generar calidad de vida a la población adulta mayor, en tal virtud la calidad de vida es un concepto amplio y multifactorial, influido por la salud así como por aspectos sociales y económicos. Por lo tanto las soluciones tendrán que involucrar a los diferentes actores para lograr una sociedad más igualitaria. Se requiere un enfoque de la política pública más estructurado y pro activo, por ello propongo a esta soberanía promover la inclusión laboral de los adultos mayores. Los ciudadanos con 65 años o más aún están en posibilidades de compartir su experiencia, su talento y sus conocimientos. Generemos mecanismos legales que vayan limitando la discriminación laboral que sufre este sector poblacional. Los invito a que como mexicanos del presente otorguemos desde la ley oportunidades a los mexicanos del futuro, para que vivan con mayor dignidad y con mayor decoro. Se trata de hacer un compromiso con generaciones de mexicanos que han dado lo mejor de sí, y con quienes como sociedad y Estado tenemos una deuda moral impostergable. Por lo anteriormente expuesto, se propone ante esta soberanía la discusión y en su caso aprobación del siguiente proyecto de decreto. Único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue.
Artículo 186. El patrón que contrate a adultos mayores en jornada laboral de seis horas, remunerando las ocho horas que establece el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, obtendrá un estímulo fiscal del cinco por ciento adicional al estipulado en el párrafo anterior. Es cuanto, muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Héctor Yunes Landa. Sonido en el escaño de la senadora Silvia Garza y Marcela Torres Peimbert. Sonido por favor en el escaño de la Senadora Marcela Torres.
La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño). Simplemente pedirle al Senador si me puedo sumar a su iniciativa. El Presidente Senador José Rosas Aispuro: ¿Senador, acepta?
Pido a la Secretaría que tome nota de ello. Senadora Silvia Garza, ¿para el mismo asunto? La Senadora Silvia Garza Galván: (Desde su escaño) Preguntarle al senador Yunes, si puedo suscribirme a ésta e interesante y noble iniciativa. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con mucho gusto. Alejandro Tello. Para el mismo asunto. Pido a la Secretaría que tome nota de la senadora Margarita Flores, Roció Pineda Gochi, de la Senadora Lorena Cuéllar, del Senador Ricardo Barroso Agramont. Con mucho gusto. Senador Ascención Orihuela, Senador Blásquez, con mucho gusto, y la Senadora, Senador Jorge Aréchiga, Ernesto Ruffo, Ana Gabriela también, con mucho gusto, Senador Luis Sánchez. Pido a la Secretaría que tome nota de ello, igualmente Senador Francisco Salvador López Brito y Senadora Sonia Rocha. Con mucho gusto. Perdón. Sonido en el escaño del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño). Gracias, Presidente. Felicitar a mi compañero Senador Yunes, hay piezas que verdaderamente son muy significativas, y me veo totalmente representado en mi pensamiento en eso. Creo que hasta me espiaste mis apuntes, Senador. Gracias. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese esta iniciativa que ha presentado el Senador Héctor Yunes Landa, a la Cámara de Diputados. A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 161 Bis, a la Ley General de Salud.
En el uso de la palabra, Senadora. La Senadora Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros Senadores: En esta ocasión me dirijo a ustedes, igual que hace dos años, de manos de la sociedad civil organizada cuando presentamos ante esta misma tribuna la posibilidad de un impuesto a las bebidas azucaradas. Juntos, sociedad civil y partidos políticos pudimos incluir en la ley dos impuestos con fines extra fiscales a favor de la salud: el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a la comida chatarra. A diferencia de hace dos años, hoy los ojos están puesto sobre nuestro país, periodistas, investigadores, médicos, legisladores de América Latina, Estados Unidos y Europa, se han acercado a nosotros para saber de primera mano cómo es que se logró este impuesto en México, a pesar de las resistencias que nos topamos. Y sobre todo preguntan qué es lo que estamos haciendo con el producto de este impuesto, con los recursos que se recaudan a través de él. La expectativa es grande, y recae sobre nuestro país. La epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes atenta contra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo, y en México también a pesar de que hablamos de que son enfermedades totalmente prevenibles. El impuesto a las bebidas azucaradas tiene dos objetivos
El impuesto a las bebidas azucaradas tiene dos objetivos básicos: el primero, desincentivar el consumo de refrescos y otras bebidas perjudiciales a la salud que favorecen estas enfermedades. Este objetivo se ha venido cumpliendo, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, en el 2014, el impuesto logró disminuir el 6 por ciento la ingesta de estas bebidas y el consumo se ha venido disminuyendo gradualmente, hasta alcanzar un 17 por ciento de reducción en su consumo en este año. El estudio de este Instituto, también señala que las personas con ingresos más bajos son las que más redujeron el consumo de refrescos. Otro dato de gran relevancia del estudio es que mostró un aumento de 4 por ciento en la compra de bebidas sin impuesto, que en su mayoría, se debe a un incremento de la compra de agua embotellada, así como de refrescos reducidos en azúcar. Este decremento en el consumo, se debe también a las buenas prácticas de la industria refresquera, quien ahora ofrece nuevas alternativas, mucho más saludables, con menos contenido de azúcares o totalmente sin calorías. Esto ya es un logro. El segundo objetivo del impuesto es el de generar los recursos suficientes para financiar políticas públicas eficaces, para prevenir sobrepeso, obesidad y diabetes. Según estimación de la propia Secretaría de Salud, el costo de esta enfermedad, la obesidad, asciende actualmente a 80 mil millones de pesos, cada año y tiende a aumentar. La diabetes, atribuible a la obesidad, genera costos que representan, escuchen, 73 por ciento del presupuesto programado para salud en un año, 73 por ciento. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, sólo incluía dos partidas presupuestales: una, por 328 millones de pesos, para prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Estos recursos se han venido recortando constantemente en estos tres años de gobierno, y corresponden solamente al 2.6 por ciento de la estimación de recaudación del IEPS de bebidas azucaradas, que actualmente es de 50 mil millones de pesos; entonces, con una recaudación de 50 mil millones de pesos en dos años, los programas de atención ascienden solamente a 300 y pico millones de pesos. Estas cifras demuestran que el gobierno no está previniendo el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, solamente está paleando las enfermedades a través de pocos recursos en el tema. El día de hoy, en este preciso momento, a lo largo y ancho del país, a pesar de que existen ya estos impuestos, a miles de personas, se les está diagnosticando diabetes, sus vidas y las de sus familias, van a cambiar y cambiarán drásticamente para mal. Allá, afuera de este recinto, hay gente que enfrenta este problema solo; una enfermedad costosa en términos económicos, y dolorosa para el individuo y sus familias. Un Estado comprometido con la salud, no permite que mueran miles de personas por padecimientos previsibles como la obesidad y la diabetes. El Estado no puede cruzarse de brazos, hoy tras dos años de la creación del impuesto al refresco y las bebidas azucaradas y el impuesto a los alimentos con alto aporte calórico, el gobierno cuenta con casi 50 mil millones de pesos recaudados con el objetivo de abatir estos padecimientos. Hasta el momento, no sabemos a ciencia cierta qué se ha hecho con estos recursos. Con el anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la presentación de su III Informe de Gobierno, respecto al fortalecimiento de la estrategia para la prevención del sobrepeso, obesidad y diabetes, los legisladores que firmamos la presente iniciativa y las 60 organizaciones de la sociedad civil que lo avalan, queremos darle una propuesta concreta. Por ello, los senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud; Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación; Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte; Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Fernández Sánchez, Daniel Ávila, Martín Orozco, una servidora, proponemos una acción clara y contundente que, seguramente, el Presidente y la bancada del PRI en este recinto no tendrán objeción en aceptar y procesar. Proponemos la creación de un fideicomiso en cual, la Cámara de Diputados, mandate depositar el total de lo recaudado en este impuesto, los 50 mil millones de pesos, para acciones concretas, de política pública, efectivas, medibles, evaluables, transparentes. Esta medida legislativa es de suma importancia, porque a dos años de la creación de estos impuestos, no se han incrementado el número de horas que las niñas y niños adolescentes realizan activación física en sus escuelas. Tampoco se ha mejorado la infraestructura para que los deportes se hagan con mejor calidad en las escuelas públicas, tampoco hay más escuelas con agua potable, siguen siendo 40 de cada 100, ni las escuelas públicas tienen bebederos. Tampoco hay políticas públicas evaluables, eficientes, que logren realmente abatir las 80 mil muertes anuales sólo por diabetes. Compañeros, los invito a sumarse a esta noble causa que puede no sólo cambiar, sino salvar vidas. Es cuanto, muchas gracias, Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. A continuación se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Constitución.
En el uso de la palabra, Senadora. La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores: El artículo 25 de nuestra Constitución, establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral, sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. De acuerdo con este precepto, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permitirán el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Se trata de los objetivos más altos que nuestra nación está obligada a asumir si pretende tener viabilidad, objetivos que a todas luces aparecen distantes, sino es que inalcanzables a la luz de los datos duros que arrojan los indicadores económicos y sociales. México debe fortalecer su régimen democrático. La presente iniciativa, reconoce que la democracia representativa es notoriamente insuficiente. Reconoce también que la discusión sobre los grandes temas de desarrollo nacional, debe involucrar a diferentes actores, debe abrir al debate público, donde cada sector defina claramente su postura. A todos los sectores debe interesar el destino de nuestro país. Sabemos que existe el cabildeo, la negociación, y hasta las presiones de distintos actores económicos, muchas veces imperan las visiones parciales y sesgadas de la realidad o prevalecen los intereses de unos cuantos sobre el interés nacional. Cada quién acude ante el Presidente, ante los secretarios o a los legisladores a plantear sus preocupaciones o sus intereses. Esto es común, sobre todo, en un entorno democrático, pero la situación de México nos exige una visión integrada y estratégica, con soluciones de largo plazo que provengan de acuerdos de fondo, sobre todo entre la mayor cantidad de actores económicos y sociales.
Es claro que para la ciudadanía los acuerdos en la clase política no siempre reflejan el interés de las mayorías. Es preciso emprender un esfuerzo de diálogo político entre empresarios, sindicatos, universidades, expertos, entre campesinos, indígenas y muchos otros actores más. Un esfuerzo que trascienda a lo institucional, que aporte soluciones y acuerdos.
Hoy requerimos un esfuerzo profundo de concertación con visión de Estado, para abrir paso al desarrollo y acabar el estancamiento y la precarización de la vida social y laboral, para impedir que se siga expandiendo la pobreza.
México sigue estancado, se siguen ampliando las desigualdades y se están abriendo nuevas brechas como resultado de una modernidad que excluye a millones y destruye el tejido social.
Es necesario conciliar posturas y generar mayores equilibrios, acabar con la división entre lo social y lo económico, ambas políticas deben ser parte de una misma estrategia que ponga en el centro a la justicia.
Existen experiencias exitosas desde alianzas estratégicas de largo plazo basadas en objetivos comunes de la sociedad. Por ello, proponemos crear el Consejo Económico y Social como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo que tendría un peso enorme al estar previsto en la Constitución y conformado por todos los sectores y actores sociales que deben incidir en el rumbo económico y social del país.
Se trata de un instrumento que genere acuerdo y consensos de manera horizontal, con visión incluyente, democrática y plural que genere respuestas y soluciones de fondo con una interlocución permanente y constructiva hacia el Ejecutivo.
El Consejo, sin duda, puede fortalecer la gobernabilidad, prácticamente todos los países de Europa cuentan con organismos de esta índole. Incluso la ONU cuenta con un Consejo Económico y Social que se ocupa de los problemas económicos, sociales, ambientales del mundo.
La Comunidad Europea tiene su Comité Económico y Social de carácter consultivo, y tiene como finalidad representar los intereses de los destinos de grupos económicos sociales de Europa.
En América Latina, un número importante de países, provincias y ciudades cuentan con un consejo también de este tipo.
Existe una red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe. En la gran mayoría de los casos ha sido esencial el involucramiento de los sectores, pero también el de la sociedad civil organizada.
La riqueza de las resoluciones del consejo estriba en que las decisiones trascendentes para el país, contarían con la opinión de los actores económicos y sociales, de asesores y expertos con autonomía. Esa autonomía ha sido muy valiosa en los últimos años. Nuestro país cuenta con información precisa para tomar decisiones, para rectificar el camino o reforzar lo que corresponda.
Las recomendaciones del Consejo Económico y Social, sin duda pueden mejorar la implementación de políticas a mediano y largo plazo.
Como han señalado diversos líderes de opinión e investigadores, el problema económico y social que enfrenta el país, nos exige una evaluación desprovista de perjuicios, de los supuestos que han guiado la estrategia del Estado mexicano para combatirlo y de la política económica social en su conjunto.
Con este consejo, proponemos transitar hacia un diálogo incluyente, ampliando la participación de la sociedad al más alto nivel, con propuestas con crítica y con reflexión profunda. Un diálogo social institucionalizado que no sea subordinado por ninguno de los poderes públicos.
Por ello es importante incluirlo a nivel constitucional.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera.
A continuación tenemos la discusión de nueve dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.
Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a que se refieren los dictámenes en sentido negativo.
La Secretaria Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Doy lectura Presidente.
Están a discusión los dictámenes en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con los siguientes proyectos de decreto.
Uno, para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Otro, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Y otro, para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización.
Otro, para adicionar los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Y otro, para reformar el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Tenemos también el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, que desecha el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 139 del Código Penal Federal.
Dos, de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, que desechan el proyecto de decreto que adicionaría un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.
Y el que reformaba el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
También tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, que desecha el proyecto que reformaba el artículo 456 de la Ley General de Salud.
Son todos los dictámenes que desechan proyectos de decreto, señor Presidente.
En consecuencia están a discusión los dictámenes con los cuales ha dado cuenta la Secretaría.
No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los nueve proyectos de dictamen que proponen desechar proyectos de decreto.
La Secretaria Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico y los votos emitidos, en total tenemos 92 votos en pro, cero votos en contra. VER DETALLE
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los dictámenes que desechan los siguientes proyectos de decreto: Para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Para reformar el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Para adicionar los artículos 4º y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Para reformar el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Para reformar el artículo 339 del Código Penal Federal.
Para adicionar un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.
Para reformar el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y Para reformar el artículo 456 de la Ley Federal de Salud, se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional. Senadora Padierna. ¿El sentido de su voto?
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Tome nota la secretaría, por favor. A continuación tenemos la discusión de dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado.
Estos dictámenes se encuentran publicados en la gaceta parlamentaria del día de hoy, en consecuencia pasaremos a su discusión de manera conjunta. Solicito a la secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativo. La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidente, doy lectura.
Están a discusión los siguientes dictámenes: Uno, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con tres proyectos de decreto para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y tres, de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto por el que expresan su conformidad con los desechamientos de la Cámara de Diputados de los siguientes proyectos de decreto por el que se reformaban los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria. Por el que se reformaba el artículo 181 de la Ley Agraria; Y el que reformaba el artículo 148, y se adicionaban el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria.
Son todos los dictámenes, señor Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.
No habiendo oradores registrados, ábrase el sistema electrónico.
Consulte la secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos que desechan proyectos de decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobados los acuerdos. Comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. A continuación tenemos el desahogo de dictámenes emitidos por diversas comisiones que contienen puntos de acuerdo y sobre los cuales no tenemos reservas para su discusión.
Todos ellos están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con dichos dictámenes.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Presidente, doy cuenta.
De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, los que contienen puntos de acuerdo, el que exhorta a coordinar las acciones para determinar, diseñar, aportar y recabar la información necesaria para una mejor operatividad de los planes de desarrollo urbano y la adecuada planeación de las ciudades. Y el que exhorta a realizar los estudios pertinentes en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, que permitan detectar las necesidades y requerimientos de desarrollo urbano con motivo de la construcción, apertura y operación del nuevo Centro Penitenciario Femenil. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a continuar implementando los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tendientes a eliminar la discriminación laboral indígena en México. De la Comisión de Reforma Agraria, el que contiene punto de acuerdo que exhortó a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que en coordinación con el Gobierno del estado de Baja California, busquen opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio conocido como “La Bufadora” ubicado en el municipio de Ensenada, en dicho estado.
Son todos los dictámenes que no tienen reserva, señor Presidente.
En virtud de que no hay reservas.
Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) El tema del punto de acuerdo 11.3.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: ¿El dictamen que se refiere a qué?
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Del punto de acuerdo 11.3, para discusión.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: ¿Cuál es el tema del 11.3?
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Quiero discutirlo, quiero fijar mi posición.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, ¿pero sobre qué tema? ¿Qué tema es?
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Es el 11.3, que exhorta sobre el tema del penal que se está construyendo en Coatlán del Río.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto se le da el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis, hasta por cinco minutos. Tomo nota, Senadora Silvia Garza.
Puntos de acuerdo como éste parecieran no tener trascendencia porque más de uno de ustedes se preguntará en dónde queda ese pueblo de Coatlán del Río, cuántos habitantes tienen y por qué es importante o quién consideró importante que este tema fuera tratado en el Senado de la República.
Este tema de Coatlán del Río, en donde se está construyendo un penal, es un tema emblemático en relación a las actitudes omisas, a las actitudes de indiferencia, a las actitudes en donde el Gobierno de la República no consulta a las poblaciones para ver si este tipo de obras deben construirse en los lugares en donde se están construyendo.
Cerca de esta población, Coatlán del Río es el municipio, y se está construyendo este penal en la población de Michapa, Municipio de Coatlán del Río.
Hemos sido insistentes en que antes de imponer a la población una obra de esta magnitud, se debe consultar a la población y se debe exigir -y es lo que se está planteando aquí- a quien construye, que atienda la responsabilidad social de las empresas con respecto a la población o a las poblaciones que se van a ver afectadas.
En Morelos se están haciendo obras importantes, solamente que estas obras importantes están teniendo rechazo social. La mayoría de ellas son compromisos que hizo el Gobernador del estado, Graco Ramírez, para satisfacer no las necesidades del estado de manera cabal, sino para atender cuestiones personales de lucimiento.
Se está haciendo, por ejemplo, la Autopista Siglo XXI. Se hizo una denuncia y la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo en donde poco les importó que hubiese vestigios arqueológicos en donde se está construyendo la carretera Siglo XXI. Destruyeron vestigios arqueológicos y hoy hay un litigio con el INAH.
Estas cosas debieran revisarse por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el caso de la autopista.
Hoy la Autopista La Pera-Cuautla, tiene parada más de tres años por la inconformidad de los pobladores y por un amparo que han ganado los pobladores de Tepoztlán, porque se afectan áreas ecológicas importantísimas en el municipio de Tepoztlán.
Así como estas obras, este penal afecta la ecología, afecta la vida normal de la población de Michapa, municipio de Coatlán del Río, y nosotros seguiremos insistiendo en que si esa obra ya está hecha, efectivamente se detecten necesidades y construcción de requerimientos de desarrollo urbano.
¿Cuáles son las responsabilidades sociales a las que están obligadas las empresas?
Una, a que ahí donde van a asentarse, revisen cuáles son las necesidades o requerimientos concretos que tiene la población con respecto a infraestructura de salud, con respecto a infraestructura de educación, con respecto a infraestructura de vivienda, con respecto a infraestructura de caminos vecinales, con respecto a infraestructura que genere desarrollo en la población donde va a hacerse una obra como ésta.
¿Cuál es la segunda situación?
Que tienen que revisar el tema de la responsabilidad social, el tema que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la ecología.
¿Y cuál es el otro asunto?
Bueno, que si ya está instalada la obra, se revise quiénes de los pobladores cumplen con un perfil para laborar de manera prioritaria en la empresa o en la obra que se está realizando.
Todo esto se está obviando, todo esto se está despreciando, todo esto se está dejando de hacer en Coatlán del Río y por eso este punto de acuerdo de esta población, que estoy seguro que un porcentaje altísimo de ustedes no conocen, pero es un municipio en donde viven seres humanos y a los cuales se les tienen que respetar sus derechos fundamentales.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fidel Demédicis.
En virtud de no haber más reservas en este tema, la Senadora Silvia Garza no sé si había solicitado la palabra en el siguiente dictamen.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
Esta directiva saluda la presencia y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del estado de México, invitados por la Senadora María Elena Barrera Tapia.
Agradecemos su visita y su presencia en el Senado. Sean ustedes bienvenidos.
En este día, indudablemente, felicitamos a nuestra compañera Senadora María Elena Barrera Tapia, quien hoy festeja su cumpleaños.
Al igual felicitamos a nuestro compañero y amigo Senador Ernesto Gándara Camou, quien hoy festeja también su cumpleaños. Felicidades.
A continuación tenemos la discusión de un dictamen en el sentido negativo de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar.
El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia, está a discusión.
La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen en comento. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
Quienes estén porque se deseche, favor de levantar la mano.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senadora Secretaria. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.
A continuación tenemos la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia, está a discusión el mismo.
Informo a la Asamblea que se recibió el texto de la participación sobre este asunto, del Senador Benjamín Robles Montoya, para que tome nota de ello la Secretaría Parlamentaria.
En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de decreto.
El Secretario Senador Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro: Gracias Senador Secretario, Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.
A continuación tenemos la discusión de ocho dictámenes emitidos por la Comisión de Agricultura y Ganadería, que contienen puntos de acuerdo.
Todos estos están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.
El Secretario Senador Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta con las materias de los dictámenes, esto son: El que exhorta a informar las acciones realizadas para atender la plaga del ácaro rojo que afecta a diversas plantas.
Otro, que exhorta a informar sobre el uso y comercialización de plaguicidas de aplicación agrícola que se utilizan en el país.
Uno más, que exhorta a transparentar, a informar el destino y el estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar del 2013.
Otro, con exhorto a informar sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes animal para consumo humano.
Uno más, que exhorta a fortalecer la política de Estado que contribuya a que renazca la producción nacional de semillas y fertilizantes a nivel nacional.
Otro, que exhorta a otorgar el servicio de información agroalimentaria y pesquera, las facilidades y recursos humanos a efecto de mantener actualizada la información sobre la producción agrícola, pecuaria y pesquera del país.
Uno más, que exhorta a considerar la creación de la subsecretaria de ganadería dentro de la estructura orgánica de Sagarpa.
Y otro, por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer un precio mínimo a los productores de caña de azúcar en beneficio de la economía nacional.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Secretario. Están a discusión dictámenes. Y para ello ha pedido hacer uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván.
La Senadora Silvia Garza Galván: Con su permiso Senador Presidente. Primero quiero agradecer el esfuerzo del Presidente Senador Manuel Cota, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y a mis compañeros por los trabajos encomendados para atender a diversos sectores de la producción.
Voy a referirme a tres dictámenes en especial y de manera conjunta.
El primero es sobre la utilización de fertilizantes que se emplean en el campo mexicano y que de acuerdo a los convenios internacionales algunos están prohibidos por causar daños a la salud humana. Mi interés al presentar la proposición es debido a que siguen aplicando plaguicidas que contienen sustancias y compuestos restringidos en el país, como el DDT y el Lindano, mismos que han sido prohibidos en otras regiones del mundo, y aquí los seguimos utilizando, así como el Alaclor, que es un herbicida que se usa en México, mientras que en otros países se encuentra prohibido.
La utilización de esta sustancia tiene efectos dentro de la economía nacional debido a que la agencia gubernamental de Administración de Drogas y Alimentación, FDA, en Estados Unidos de América ha negado la entrada de estos productos del agro mexicano debido a que se han encontrado residuos excesivos de plaguicida hasta en un 77 por ciento de los productos exportados.
Ante el rechazo de los productos agrícolas mexicanos por parte de Estados Unidos su nicho de mercado obviamente se da en nuestro país, esto es, aquí consumimos estos productos agrícolas.
Con la propuesta que estamos discutiendo y que pido su voto favorable daremos un paso importante para lograr que el campo mexicano produzca alimentos de calidad e inocuidad, es decir, alimentos sanos, mismo que sirvan no sólo para exportación, sino también para nosotros, mediante la correcta vigilancia de los productos químicos de importación que se utilizan en el proceso de elaboración de plaguicidas.
El segundo dictamen que tiene que ver con la verificación, inspección y certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales, y procedimiento de bienes de origen animal para consumo humano, es decir, solicitamos a la Sagarpa que en coordinación con la Secretaría de Salud se refuerce mediante acciones concretas el mejoramiento en la sanidad en la carne que proviene de estos establecimientos.
Pero también debe atenderse los procesos de sacrificio administrados por los ayuntamientos municipales por el gobierno de los estados o los realizados por personas concesionarias.
La finalidad de esta proposición es el de evitar en lo posible el ingreso de animales enfermos que afecten a la salud humana, y también combatir así el abigeato.
Por tal motivo la Sagarpa y la Secretaría de Salud no sólo deben de informar a este Senado sobre los avances en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano. También debe haber coordinación en las entidades federativas para que refuercen, impulsen la inspección y vigilancia de los establecimientos de acuerdo a su jurisdicción, ya sean públicos o privados, también pido su voto a favor, compañeros.
El tercero y último dictamen que me voy a referir, es un exhorto al titular de la Sagarpa a otorgar facilidades presupuestarias, materiales y humanas para que el servicio de información agroalimentaria y pesquera cumpla con su objetivo de informar de forma actualizada, veraz y completa todo lo relacionado con la producción de los alimentos de los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola del país.
Como sabemos, la información es una herramienta importante para el desarrollo del sector productivo y de servicios, además es determinante para que en el momento oportuno se puedan tomar decisiones en la planeación nacional, especialmente en el sector agroalimentario nacional.
Por lo anterior, es necesario continuar fortaleciendo el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP, a efecto de diseñar y coordinar la operación del Sistema Nacional de Información del Sector Agroalimentario y Pesquero de forma eficaz y eficiente.
Adicionalmente el SIAP tiene la responsabilidad de cumplir objetivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; sin embargo, sigue presentando algunas deficiencias para integrar, compilar y difundir la información del sector agroalimentario de forma actualizada, siendo que dicha información es determinante para la planeación de las políticas públicas en cuanto a la producción de alimentos, distribución y su comercialización.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Garza Galván.
Para el mismo asunto, para referirse a los dictámenes que se ha dado cuenta, se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas.
El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes compañeras y compañeros. Gracias, señor Presidente. Con su permiso.
Desde luego me uno al reconocimiento que hace nuestra Senadora Garza Galván, en felicitar a nuestro presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, al señor Senador Humberto Cota Jiménez. Gracias, Senador, por preocuparte en este rubro.
Con el permiso de todos. La ganadería es el sector primario fundamental para la economía y el desarrollo del país. En la actualidad el sector ganadero se complementa con la participación de aquellos pequeños productores denominados “ganadería de traspatio”.
El resultado es ofertar productos cárnicos y sus derivados a las sociedades de las zonas metropolitanas, hasta pueblos y rancherías ubicadas en zonas marginadas. Es así que día a día la sociedad demanda que los productos de origen animal que se consumen no causen daño a su salud, por esta razón resulta imprescindible el establecimiento de acciones como la aplicación de procedimientos de higiene y de limpieza, análisis de riesgos, sistema de trazabilidad de origen y destino final, monitoreo en el límite de los máximos permisibles de residuos tóxicos, microbiológicos y químicos, entre otros, que aseguren la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica para beneficio de los consumidores.
Ante la preocupación del gobierno del Congreso de la Unión para atender el tema del sacrificio de animales, que se llevó a cabo el día 7 de junio del 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal y a la Ley General de Salud para facultar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentar la certificación, que es el procedimiento por el cual se hace constar que un establecimiento, producto, proceso, sistema o servicio, cumplan con las normas oficiales mexicanas, o las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias.
A más de dos años de haberse publicado las reformas en materia de inspección y certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales para consumo humano y su procedimiento, es importante conocer los avances que se tienen hoy. No hay que olvidar que en conformidad con el artículo 2 transitorio del Decreto de la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal y a la Ley General de Salud, la Sagarpa debió expedir la disposición concerniente al sacrificio de animales, su procesamiento, envasado, empacado, refrigeración o industrialización de bienes de origen animal.
También hay que recordar que el año pasado, el 2014, Cofepris informó a la Cámara de Diputados que actualmente cuenta con un programa mensual de visitas de control de diferentes rastros del país y atiende denuncias, como los puntos de sacrificio y faenado de bovinos para asegurar la ausencia de sustancias como el clembuterol en la carne de origen animal que es para consumo humano.
Es así que el presente dictamen exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía sobre el avance en la certificación de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano.
Atendiendo las características de sacrificio animal practicado en mi estado de Oaxaca, que es de lo más insalubre, y, por lo cual, he exhortado a los tres niveles de gobierno que establezcan rastros calidad TIF en mi entidad, y al permanecer estancadas dichas solicitudes de sacrificio es por ello que mi voto será a favor del presente dictamen.
Con esta calidad de rastros, calidad TIF, estaríamos salvaguardando el patrimonio de los muchos ganaderos que sufren abigeato en sus terrenos, y, también, desde luego, que tendríamos la certeza y la seguridad de que estamos consumiendo carne completamente inocua para las personas que la consumen.
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los acuerdos.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señor Secretario. Aprobados los acuerdos. Comuníquense los mismos.
Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los contratos de obras públicas en el estado de Tlaxcala.
Dicho documento se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día para su conocimiento.
En consecuencia, está a discusión el mismo.
Para ello, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara.
Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Compañeras y compañeros Senadores: Quiero manifestar mi apoyo al dictamen que se nos está poniendo a consideración, puesto que se trata de un asunto que en mi estado está despertando mucha inconformidad por parte de distintos sectores de la sociedad y líderes de opinión dejando en entre dicho las acciones del gobierno local.
Para ponerlos en contexto y exponer lo pertinente de esta propuesta, quiero comentarles que en más de una ocasión distintos actores locales en Tlaxcala han solicitado la atención del Ejecutivo Estatal para atender las inconformidades que se le van planteando, y la respuesta ha sido y es la misma: el silencio, el autoritarismo, la represión, la omisión y la opacidad permanente en las acciones que le son cuestionadas.
Mientras el gobernador preside la Conago, se hablaba de libertad de expresión, y en el estado se perseguía y se reprimía a los periodistas; se hablaba de educación a nuestros jóvenes, y el estado se encontraba lleno de protestas exigiendo espacios educativos; hablaba de transparencia, y somos uno de los estados peor calificados en la materia. En otras palabras, hay una gran diferencia en lo que se dice y lo que se hace, hay un doble discurso; y por lo tanto, tenemos la necesidad de estar denunciando ante esta tribuna para que se nos aclare lo que ocurre en la realidad.
En más de una ocasión, aquí les he manifestado mi disposición, más allá de las discrepancias políticas para trabajar, para dar soluciones a nuestros ciudadanos.
El dictamen a la propuesta que hoy se nos pone a consideración, nos plantea esencialmente tres cosas:
Primero. Que la Auditoria Superior de la Federación audite los contratos de obras públicas que se llevaron a cabo en el 2014.
Segundo. En un marco de respeto, se pide al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, llevar a cabo las auditorias necesarias en materia de obras públicas, a fin de comprobar el cumplimiento del marco normativo aplicable.
Tercero. Respetuosamente, solicitamos que el gobierno del Estado se pronuncie con respecto de la veracidad del rumor sobre el posible cambio de sede del Instituto de Cultural del Estado, para poner en su lugar un restaurante.
Nuestra Constitución establece: que los recursos públicos deben administrarse con principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y, sobre todo, de honradez.
Desafortunadamente, con frecuencia sabemos de casos en donde por medio de la corrupción o mal uso del poder, se consiguen ventajas ilegitimas.
Ejemplos hay muchos, cuando presenté este punto de acuerdo, les hablaba del tema de la Casa Blanca, que aunque formalmente al día de hoy, no se comprobó un conflicto de intereses, es un claro ejemplo, donde un corporativo que ha sido beneficiado con sustanciosos contratos de obra pública, lleva a cabo una venta a nivel de particulares.
Algo similar está ocurriendo en Tlaxcala, donde se dieron a conocer contratos de obra pública que el gobierno del estado, adjudicó a un reducido grupo de empresas creados exprofeso, en los inicios del 2011. Es decir, al inicio de la presente gestión.
Estas empresas son grupo constructor Engrane, cuya dirección ha sido ocupada por la hija del actual Titular de la Secretaría de Obras Públicas; Grupo Constructor Equipo Pesado y Trejo Mendoza y Asociados, propiedad del sobrino de la esposa del titular de dicha dependencia.
Ambas fueron beneficiadas a través de adjudicaciones directas o ternas por invitación y, en el caso, de Grupo Constructor Engrane, durante los años 2011, 2012 y 2013, fueron beneficiados por contratos millonarios.
Esta es una situación indignante que nos pone en alerta, Tlaxcala es el sexto estado más pobre de nuestro país, con un índice de desarrollo humano del 0.723 y muy por debajo de la media nacional.
El 40.8 por ciento de la población económicamente activa, labora en la informalidad, es decir, somos un estado con muchas carencias, y tenemos un gobierno que lejos de gobernar para la población, parece estar dedicado únicamente a andar haciendo negocios entre amigos.
Con esta propuesta, no se pretende llevar a cabo un linchamiento político, sino un respetuoso llamado para que se nos informe de la serie de actos y omisiones que el gobierno estatal no aclara y, por lo tanto, deja en completa duda y entre dicho sus acciones.
Por ello, le solicito su apoyo, con la plena convicción de que no es otro el objetivo que buscar soluciones y sumar esfuerzos por el bien de las y los tlaxcaltecas.
Esta Presidencia, da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de Derecho y Finanzas del Tec de Monterrey, campus Monterrey, invitados por el Senador Félix González Canto, quienes asisten al Senado para presenciar el desarrollo del proceso legislativo. Sean ustedes bienvenidos.
Igualmente, está Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de empresarias de diversas entidades de nuestro país que asisten a este Senado, a invitación de nuestra compañera Senadora María Elena Barrera Tapia, quienes también acuden con el fin de presenciar el desarrollo del proceso legislativo. Sean ustedes bienvenidas al Senado.
A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Angélica Araujo Lara, declina. En virtud de ello, agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Otra vez, por favor. Vuelvo a preguntar.
Consulto a la Asamblea, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano.
No se aprueba, se rechaza, señor Presidente.
El Senador Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario. Comuníquese el mismo.
Pasamos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a efectuar el reconocimiento del Estado mexicano, a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada.
Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, para su conocimiento.
Se le concede para ello, el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La desaparición forzada es un delito grave que tristemente ocurre con mayor frecuencia dentro de nuestro país.
Los hechos sucedidos en Iguala, son ejemplos de la crueldad excesiva y el trato cruel e inhumano, con el que se puede actuar hacia una persona.
Pero no es exclusivo de este lugar, desafortunadamente, existen otras ciudades en el país, incluidas diferentes ciudades en mí estado natal, Coahuila.
En dicho delito, se dan circunstancias muy graves, tales como la privación arbitraria de la libertad, de la seguridad, de la integridad, inclusive, de la vida del detenido, dejando a la víctima en un completo y absoluto estado de indefensión.
Es menester señalar, que la característica que más agrava e indigna en este delito: es la participación de las autoridades que por acción u omisión, actúan en la comisión de la desaparición. Es importante señalar, que si bien el caso más destacado en los últimos años: es la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Iguala, estado de Guerrero, también no es el único, ya que la desaparición forzada se ha dado durante décadas, desde el caso de Rosendo Radilla, hasta la fecha. Han sucedido muchos actos ilegales en contra de hombres y mujeres.
En el Senado de la República, estamos trabajando para crear un marco legal idóneo para combatir este mal de manera eficaz y eficiente.
Ejemplo de lo anterior, es que el 10 de julio del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma Constitucional que nos obliga a emitir un plazo de 180 días a la Ley General de Desaparición Forzada; sin embargo, también existen otras acciones que coadyuvarán a erradicar dicho mal, tal y como es la planteada en este dictamen, que se encuentra a discusión y que se deriva de un punto de acuerdo propuesto por la Senadora Angélica de la Peña. Lo anterior es así ya que el reconocimiento del Estado mexicano a la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, servirá para que casos de mexicanos que se encuentren desaparecidos, sean analizados. Por esta instancia internacional que podrá examinar los informes realizados por el Estado, coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas y realizar visitas a nuestro país e informar, en casos de que así suceda, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del Secretario General, acerca de la existencia de una práctica de desapariciones extendidas y sistemática en el territorio nacional. Aunado a lo anterior, el Estado mexicano deberá remitir informes periódicos sobre la materia. En resumen, manifiesto mi voto en sentido afirmativo y me permito invitarlos a hacer lo mismo, ya que con la proposición presentada por mi compañera, cuenta con los elementos suficientes para hacer un escalón más en la lucha en contra de este crimen que tanto ha lastimado a nuestra sociedad, y, por ende, los invito a sumarnos a este tema a todos los Senadores y Senadoras desde las diferentes áreas que por lo general manejamos. Su servidora está en los temas ambientales y de cambio climático, pero esto lastima muchísimo a nuestra sociedad y está presente en cada uno de los rincones de México, así es que, en honor a los desaparecidos en Coahuila, también me sumo y apoyo al cien por ciento esto. Es cuanto, señor Presidente. Muchísimas gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Silvia Guadalupe Garza Galván. Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez. La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Muchas gracias. Ciertamente el dictamen que estamos poniendo a consideración de ustedes, Senadoras, Senadores, hace un recuento histórico desde Naciones Unidas referente a la preocupación que desde la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresó respecto de la desaparición forzada de personas en diferentes partes del mundo. Es importante reconocer que, sobre todo a partir de 1979, la Asamblea General de ONU, a partir de su resolutivo 33/173, que se intituló “Desaparición: Personas Desaparecidas”, expresó claramente su preocupación ante los diversos informes que en esta materia se suscitaron en diferentes partes del mundo. Entonces, solicitó a la Comisión de Derechos Humanos que se examinara de manera particular lo que tenía que ver con la desaparición perpetrada por agentes del Estado, que es lo que conocemos como la desaparición forzada.
Y es en febrero de 1980, que esta comisión establece un grupo de trabajo para plantear y examinar las condiciones en las que se encontraban diversos países en relación a las desapariciones forzadas o, inclusive, las involuntarias. Ahí es donde ya queda plasmado que hay la posibilidad no solamente de la desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado, particulares, siguiendo lineamientos de agentes del Estado, o por aquiescencia, sino también la desaparición involuntaria o entre particulares. Es importante señalar que posteriormente la Organización de Estados Americanos establece, en el ámbito de su Asamblea, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue el instrumento jurídico vinculante internacional, que nosotros ratificamos el 9 de abril de 2002. Aun cuando es importante este Tratado de la Organización de Estados Americanos, no avanzaba en la creación de todas las políticas y acciones vinculantes para que los Estados parte pudieran realmente atender de manera efectiva, de manera puntual, con eficacia, compromisos puntuales para ir resolviendo este grave problema, insisto, que se padecía en distintos países del mundo. Por eso es que en el 57 periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, se empieza a trabajar lo que finalmente conocemos como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que fue aprobada el 20 de diciembre de 2006. ¿Por qué lo menciono?
Tenemos dos tratados internacionales que México ha aprobado, sin embargo, en esta materia es importante destacar que es precisamente la Convención de Naciones Unidas la más avanzada, y hoy es materia de este punto de acuerdo que presentamos a ustedes. Porque la Convención en su artículo 31 y en su artículo 32, establece el compromiso de los Estados parte para reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para que se reciba quejas por parte de particulares. México aprobó el Tratado Internacional, efectivamente no hizo ninguna reserva, pero hoy se requiere, de manera explícita, que el Estado mexicano reconozca esta jurisdicción, esta competencia, para que el Comité no solamente, como acontece, reciba los informes periódicos de los Estados parte, sino también lo reciba por parte de particulares. El punto de acuerdo que hoy estamos poniendo a discusión precisamente hace una referencia de esta falta que tenemos como Estado parte de la Convención, y le pide, le solicita al Titular del Ejecutivo Federal, que reconozca esta competencia para cumplir irrestrictamente con todos los preceptos de esta Convención. No abundo de la pertinencia de esta decisión por parte del Estado mexicano –ya se me acabó el tiempo— ya tendremos oportunidad para seguir hablando de esta materia, puesto que tenemos pendiente legislar precisamente por el mandato de la reforma del artículo 73, fracción XXI, inciso a) en la ley en la materia, la Ley General sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, y ahí tendremos que hablar más. Sin embargo, termino diciendo, que el que hoy estemos aprobando este punto de acuerdo manda un mensaje importante, desde el Senado de la República, para que México se apreste, sin menoscabos, sin limitaciones, sin prejuicios, a reconocer que tenemos un grave problema en el país y tenemos qué constituir las instituciones que garanticen la justicia y la verdad.
Es cierto que en materia de desaparición forzada de personas y entre particulares, la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue la gota que derramó el vaso, y tenemos qué obligadamente decidir, de manera puntual, lo que estas instituciones que estamos proponiendo deben hacer, sin que le demos la vuelta al asunto.
Con la propia Ley de Desaparición Forzada vamos a tener, concretamente, de decidir cuáles deben ser las instituciones, y a partir de esa ley crear esas instituciones.
Yo creo que el que se quite en los hechos de facto la reserva que el Estado Mexicano ha hecho de estos dos artículos, 31, 32 de la Convención, necesariamente van a coadyuvar la paz y la tranquilidad, la verdad jurídica que necesita este país. Es cuanto y muchas gracias por su atención. (Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea…
No, pero lo anoto con mucho gusto, señor Senador, ¿para este mismo asunto? Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por cinco minutos, para hablar sobre este tema que nos ocupa, con gusto.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: México tiene toda una historia negra en el tema de las desapariciones forzadas, y sería importante que los Senadores de la República vinieran a fijar aquí su posición para saber si están de lado del dolor y del sufrimiento del pueblo y en defensa de los derechos humanos, de quienes hoy padecen este terrible flagelo, o están a favor de que México siga siendo un país en donde la impunidad recorre nuestra patria sin ningún control. La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma cometida por agentes del Estado, o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
Damos esta definición porque es importante que la sepamos diferenciar de otro tipo de desapariciones que también son forzadas, sólo que son forzadas hechas por particulares, en el caso del secuestro, que también es un flagelo que lastima profundamente a nuestro país. Cuantas veces vamos a preguntar o van a preguntar las personas por sus familiares con el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común, y lo primero que le dicen: aquí no lo tenemos, y después de presión de parte de alguna autoridad o de algún legislador, como es nuestro caso, resulta que sí lo tenía, nada más que le fueron a dar una paseadita, y eso es común en nuestro país, compañeras y compañeros. El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es una muestra de cómo en México se vive en un contexto de desapariciones generalizadas, en la que muchas veces participan agentes del Estado cometiendo el delito de desaparición forzada. Concluyó el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe final sobre México. El Comité insistió que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, no solo es un caso, o de desaparición forzada, sin que ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas. En este tema México no cuenta con una información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad. Según cifras oficiales de la PGR, en 2014, 22 mil 322 personas se encuentran actualmente en el estatus de no localizadas, de las cuales 12 mil 532 corresponden al sexenio de Felipe Calderón, y nueve mil 790 a hechos registrados durante el periodo de Enrique Peña Nieto, sin contar, por supuesto, las que no se denuncian por diferentes motivos, demora que haya venganza de quienes ejecutan el acto, pérdida de confianza a las instancias de procuración de justicia, tanto federal como del fuero común. En estos casos las personas afectadas prefieren no denunciar porque hay convencimiento de que no se hará nada, los restos que se encuentren en fosas clandestinas a lo largo y ancho de México, el cuadro de las desapariciones forzadas en México es dantesco, terrorífico, y lo más graves ignorado por el Estado mexicano.
Ante la gravedad del caso, de las desapariciones forzadas en México, fortalecido el estado de emergencia que vive el país en el tema de las desapariciones con las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, quien sostiene, las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas impunes. La impunidad se demuestra porque existen numerosos caso denunciados y la casi inexistencia de condenas por este delito. Miles de desapariciones forzadas, y solo seis han sido condenados.
México no cuenta con un registro nacional de desapariciones forzadas, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo, por lo que México debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas, México debe redoblar esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de los migrantes que cruzan el territorio nacional. Existen serias dificultades en materia de búsqueda de personas desaparecidas, identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no se inicia en forma inmediata. Ante esta panorama desalentador y de desesperanza para los miles de familiares que se encuentran viviendo este drama de tener un miembro de la familia desaparecido, el ciudadano Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, debiera de acatar sin “chistar”, y con carácter de urgente este exhorto del Senado de la República, que lo conmina a efectuar el reconocimiento a la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Si desoye este llamado del Senado mexicano, Enrique Peña Nieto sólo confirmará que lo que menos le interesa es el dolor y el sufrimiento de quien tiene familiares desaparecidos de manera forzada, y lo que menos le interesa entonces serían los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Hoy un grito desgarrador recorre México, de Norte a Sur y de Este a Oeste, ni una desaparición forzada más. “Y vivos se los llevaron, vivos los queremos” Por su atención, gracias. (Aplausos)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Fidel Demédicis Hidalgo. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo. El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
No se aprueba, señor Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Secretario. Comuníquese el mismo. A continuación tenemos la discusión de dos dictámenes de la.
Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román. ¿Para qué asunto?
La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, le pido me dé la palabra para hablar del tema inscrito sobre la propuesta que hacen los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, para crear dos fiscalías especiales. Este es un tema que se debata, está inscrito en el orden del día. Al principio de la sesión pedí que de acuerdo al artículo 71 se le dé prioridad, ya que es un asunto de interés público. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto Senadora, en cuanto concluyamos la parte de la discusión de los dictámenes, que de acuerdo al orden del día están primero agendados estos. Y con todo gusto, en su momento, se le dará el uso de la palabra. Con gusto, Senadora. A continuación pido que se dé a conocer la discusión de los dictámenes de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia que contienen puntos de acuerdo.
Dichos dictámenes están publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que solicito a la Secretaría que dé cuenta solo de sus materias
La Secretaria Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Doy cuenta con las materias de los dictámenes. Estos son: El que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, a llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. El que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, a crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos. Son todos los dictámenes, señor Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. En primer término, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Flores Escalera, por la Comisión, para presentar dichos dictámenes.
La Senadora Hilda Flores Escalera: Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Compañeras y compañeros: Quiero posicionar el dictamen que estamos hoy discutiendo. Quiero decirles que, de acuerdo con las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, de los sistemas estatales DIF, en el año 2014, el maltrato en contra de niñas, niños y adolescentes, aumentó alarmantemente de 18 mil 277 casos comprobados en 2013, a 27 mil 675 en 2014. Es decir, en un año aumentó su incidencia en casi un 50 por ciento, la cifra expuesta da certeza de la problemática en la que nos encontramos, de la necesidad de fortalecer las acciones y políticas encaminadas a erradicar el maltrato infantil. Se han identificado diversos factores de riesgo que muestran una visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar el hecho de no ser hijos planeados, o de no cumplir las expectativas de los padres, tener necesidades especiales o vivir con alguna discapacidad. En México, se han impulsado reformas trascendentales en la legislación nacional, tales como la publicada el 12 de octubre del 2011, en el Diario Oficial de la Federación, a través del decreto por el que se reforman los párrafos seis y siete del artículo 4º y se adiciona una fracción al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene su fundamento en las particulares condiciones que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el pasado 4 de diciembre del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como primordial objetivo, dar un enfoque garantista que reconozca a sus destinatarios como sujetos de derechos humanos. Específicamente en el tema de maltrato de niñas, niños y adolescentes, la citada ley establece acciones, y las acciones de las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Senadoras y Senadores: El trabajo desarrollado en favor de la niñez y las acciones emprendidas desde la perspectiva legislativa, son un claro ejemplo de que la voluntad de todo este panorama al que hace referencia cambie y se haga un ambiente de armonía que promueva su desarrollo adecuado. Por lo cual, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, les invito a votar a favor de este dictamen, que tiene como objetivo exhortar a los gobiernos de los 31 estados, y el del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo acciones encaminadas a prevenir, atender y combatir el maltrato infantil; así como a los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de concientización, con el objeto de erradicar toda forma de maltrato infantil, a fin de disminuir y abatir dicho fenómeno social. Es todo en relación al primer dictamen. Me gustaría hacerlo propio, en relación al segundo, aprovechando que en paquete se están discutiendo. Es innegable que la incidencia de delitos que atentan contra niñas, niños y adolescentes, a través de medios electrónicos, ha ido en aumento en los últimos años. No podemos ser indiferentes ante los peligros potenciales a los que se encuentra expuesta la niñez mexicana, porque como bien se señala en el dictamen, el uso de las tecnologías de la información, es cada vez más frecuente en la sociedad mexicana. De acuerdo al estudio sobre los hábitos de los usuarios del Internet en México 2014, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet, en nuestro país, en 2013 existían 51.2 millones de usuarios, cuando en el año 2006 la cifra apenas rebasaba los 20 millones de usuarios; 36 por ciento tienen entre 6 y 18 años de edad, sin duda, un número importante de niñas, niños y adolescentes expuestos a los riesgos del mal uso e Internet. En mayo del 2014, el National Center for Missing and Exploited Children, informó a la Procuraduría General de la República, que nuestro país ocupaba ya el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la emisión de material pornográfico infantil. A su vez, la misma Procuraduría, ha reconocido en sus informes que la delincuencia organizada ha desarrollado nuevas estrategias, que han traído consigo, que mayor número de niñas, niños y adolescentes sean víctimas de la pornografía y acciones colaterales. Para dimensionar la magnitud del asunto, cabe mencionar que en su momento, la PGR señaló que en 2013 fueron detectadas al menos 12 mil 300 cuentas personales de Internet, desde las cuales se difunde pornografía infantil, igualmente destacó que en 2012, de las 274 víctimas atendidas, 87 de ellas, es decir, el 31.7 por ciento tenía menos de 18 años, y fueron contactadas por redes sociales. Aunado a lo anterior, la PGR ha señalado que los patrullajes en la red son realizados de manera constante; sin embargo, aún no se cuenta con el número de sitios web, dedicados a difundir estas deleznables conductas. Derivado de lo anterior, es urgente proteger a niñas, niños y adolescentes, de los delitos que se cometen en su contra en todas sus modalidades y, en este caso en particular, a través de medios electrónicos, por lo que es pertinente desarrollar todo tipo de medidas institucionales que les garanticen un blindaje ante estos delitos que aumentan día con día en el mundo y en México. Estimadas compañeras y compañeros: Como legisladores, estamos comprometidos con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes muchas veces son víctimas de delitos cada vez más sofisticados a través de una red tan necesaria, hoy en día en nuestra vida, como lo es el Internet. Por lo anteriormente expuesto, y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, les invito a que voten a favor de este dictamen, que tiene como finalidad a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su caso, a crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos, con énfasis en aquellos relacionados con niñez y adolescencia, desarrollando mecanismos de atención inmediata para las víctimas de estos delitos, así como campañas informativas, permanentes sobre el buen uso de los medios electrónicos. Por su atención, pero especialmente por su respaldo a estos dictámenes, muchísimas gracias a todas y a todos. Es cuanto, Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hilda Flores Escalera. Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el dictamen relativo al maltrato infantil.
En el uso de la palabra, Senadora. La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Quiero dar la bienvenida a estos dictámenes de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Una sincera felicitación a mis compañeras Senadoras Martha Elena García e Hilda Flores Escalera, que integran esa Comisión. Esas propuestas buscan atender el problema del maltrato infantil, voy a referirme de manera muy particular a uno enfocado a la erradicación de delitos que se realizan a través de medios electrónicos. De acuerdo con la PGR, en el 2013, se detectaron 12 mil 300 cuentas personales de Internet, desde donde se difunde pornografía infantil. Esta es una cifra aterradora, que junto a las declaraciones de la ONU y del gobierno estadounidense, afirman que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil; nos colocan en una penosa situación que debemos atender de manera inmediata.
Es fundamental que todos los niveles de gobierno coordinen esfuerzos para la atención de los delitos sexuales contra la infancia, que son realizados utilizando las red es sociales o el Internet.
Es preciso capacitar al personal y contar con un área de investigación especializada en delitos sexuales cometidos a través de la red, con perspectiva de infancia, ya que los delincuentes que operan en la red, cambian sus estrategias y métodos todos los días. Y además de combatir el delito, creo que es fundamental brindar una atención adecuada a las víctimas a través de servicios de atención inmediata, números de emergencia y centros de atención a víctimas, capacitar y fortalecer las policías cibernéticas es un pendiente en nuestra agenda política y de gobierno.
Asimismo suscribo la idea de la Comisión, en torno a la necesidad de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que se realicen campañas informativas permanentes sobre el buen uso de los medios electrónicos.
El incremento en cuanto al número de cuentas, desde los que se difunde la pornografía infantil es exponencial y desafortunadamente los esfuerzos que se han llevado a cabo, hasta el momento, no han dado frutos en cuanto a cancelar masivamente estas cuentas para evitar este negocio y que se siga operando.
A la fecha, apenas se han iniciado poco más de 139 averiguaciones sobre este delito, entre el año pasado y lo que va del presente. Esta cifra es irrisoria, cuando se toma en cuenta que decenas de miles de niñas y niños son utilizados en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y explotación sexual.
Toma 12 minutos para un pederasta, ganarse la confianza de una niña o un niño a través de una amistosa charla en redes sociales. A partir de este momento, hay poco que podamos hacer para evitar el delito.
Por eso es importante fortalecer a las escuelas, a los maestros para que a su vez la información sobre los delitos llegue a todos, llegue a todas las niñas y niños, mucho antes de que tengan acceso a Internet.
Concluyo, refiriéndome al dictamen sobre el maltrato físico, psicológico a nuestra infancia. Se trata de una propuesta que tiene sustento en la recién aprobada Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo que resulta muy pertinente, ya que es fundamental que cada institución y nivel de gobierno le dé vida a esta ley, llevando a cabo las acciones para las que le fue facultada.
Es fundamental, como bien menciona el dictamen, que la Dirección General de Protección y Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes, asigne recursos a los sistemas estatales y municipales, al DIF y a la protección y atención y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para su atención.
Reitero mi apoyo a estas propuestas, todos tenemos que asumir esta responsabilidad por nuestra infancia. En un mundo ideal no haría falta ninguna política para cumplir nuestra función de agente protector y de socialización, pues todas las niñas y niños tendrían las mismas oportunidades de ejercer sus derechos.
Como legisladores, el que discutamos estos puntos, habla de fallas que tenemos como sociedad y en donde estamos obligados, quizá ya no tanto de eliminar las fallas, pero sí de corregirlas.
Agotada la lista de oradores en estos dictámenes, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
La Secretaria Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los acuerdos.
A continuación, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto?
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Layda Sansores. Si es para el tema que me comentó hace un momento, le quiero informar que el orden del día se aprobó en esta sesión al inicio de la misma, y no hemos llegado, como usted se habrá dado cuenta, a las proposiciones. Pero además usted presentó estas propuestas al Presidente de la Mesa Directiva, hoy por la mañana, y el mismo Presidente le instruyó que se turnaran las propuestas de usted a la Junta de Coordinación Política, cosa que se hizo de manera inmediata, esos documentos ya están en la Junta de Coordinación Política para que se pueda iniciar la discusión.
Entonces, yo les pediría que me permitieran continuar con la sesión en el orden que está debidamente autorizado por esta Asamblea.
Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asunto? Si es para otro asunto, con mucho gusto. Si es para el mismo. Senadora, yo le pido nada más que me permita seguir desahogando los asuntos que están enlistados en el orden del día de hoy, que fue autorizado por la Asamblea, no es un tema de la directiva, es un tema de la Asamblea.
¿Para qué asunto Senadora?
La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para poderle responder a sus evasiones. Porque yo le pedí al Presidente que de acuerdo al artículo 71, se considerara un tema de interés público y por lo tanto se le diera prioridad en el orden del día.
Hace tres días que venimos solicitando la palabra. Y este Senado de manera inexplicable, pospone y pospone el tema de Ayotzinapa.
Ahorita estamos hablando de desapariciones forzadas, pues deme la oportunidad para presentar la propuesta que hacen los padres de Ayotzinapa, que hicieron en este Senado y que merecen el respeto, al menos, de tener una respuesta.
Voy a hablar, señor Presidente, porque no es correcto que ustedes nos limiten y organicen, de acuerdo a sus conveniencias, el debate. Llegué a tiempo y lo pedí a tiempo, y creo que éste es un tema de interés público, por lo tanto respete el artículo 71 y deme la oportunidad de presentar esta propuesta de los padres de Ayotzinapa.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora, le informo que la propuesta de usted fue turnada a la Junta de Coordinación Política y estamos en espera de que la Junta de Coordinación Política remita precisamente a esta Directiva, dicho acuerdo para que sea discutido por el Pleno.
Entonces, yo le pido que me permita continuar con la sesión, en los términos que fue aprobado el orden del día al inicio de la misma.
Senador Manuel Bartlett, ¿para qué asuntos?
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Precisamente ese es el problema, Presidente.
Este tema se está arrastrando y arrastrando y no se termina de definir.
En efecto, lo que presentó la Senadora Sansores se llevó a la discusión en la Junta de Coordinación, pero no se llegó a ningún resultado, se paró. Entonces por eso queremos regresarlo aquí, porque ahí ya no se trató.
En la Junta de Coordinación Política ya no se trató el tema. Se nos dijo literalmente que hiciéramos lo que quisiéramos. Y lo que estamos haciendo es hacer lo que podamos.
Entonces por eso le pedimos que ese tema regrese y no nos lleven, otra vez, a 20 sesiones más, cuando el tema, usted mismo dice, estaba en la mesa, ya no está en la mesa. Muchas gracias.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias Senador Manuel Bartlett. Usted conoce muy bien la Ley y el Reglamento de este Órgano Legislativo. Indudablemente que una de las funciones de la Junta de Coordinación Política es la generación de esos acuerdos y está en manos de la junta. Yo lo que hago es un exhorto a la Junta de Coordinación para que lo antes posible se presente dicho acuerdo. El Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, Senador David Penchyna. ¿Para qué asunto?
El Senador David Penchyna Grub: (Desde su escaño) Me parece, Presidente, que sería sano, para no entrar en un debate falso, que pidiera dar lectura al artículo 71 del Reglamento del Senado de la República, y creo que ahí está muy claro cómo debemos de desahogar los asuntos en este Pleno. Le pediría que la secretaría le diera lectura. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Con gusto. Pido a la secretaría que dé lectura al mismo, y es lo que yo he estado hoy respondiéndole a quienes han pedido hacer uso de la palabra sobre este asunto, que el tema se turnó a la Junta de Coordinación Política, que es la instancia, que así lo pidió, hay que decirlo, esto fue a petición de la proponente, de la Senadora Layda Sansores. Pido a la secretaría que dé lectura a dicho artículo, a petición del Senador David Penchyna Grub. La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidente. Artículo 71 del Reglamento del Senado de la República. Primero.- En la formulación del orden del día tienen prioridad los asuntos que debe conocer, discutir o votar el Pleno conforme a plazos previstos en disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, aquellos que representen un mayor interés público, y las iniciativas con aval de grupo a que se refiere el artículo 164, párrafo III de este Reglamento. Segundo.- Cuando la Mesa recibe un asunto que debe ser incorporado en el orden del día, programa su inclusión en un plazo no mayor a 10 días naturales.
Tercero.- A propuesta del Presidente, la Mesa puede integrar el orden del día tomando en consideración el calendario de sesiones, las cargas de trabajo durante las mismas y los apartados prioritarios para el desahogo del trabajo legislativo. Es cuanto, Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. Como ustedes se habrán dado cuenta, se ha procedido estrictamente tal y como lo señala precisamente el artículo 71. La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, Senadora Angélica de la Peña. ¿Para qué asunto?
Si es para el mismo asunto, sí les informo que vamos a continuar con los temas que tenemos agendados en el orden del día, y si el Pleno toma una decisión diferente, claro que esta directiva así lo hará, pero mientras que no haya un mandato diferente, continuaremos en el orden establecido. Dígame ¿para qué asunto, Senadora? Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora. La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) A ver, primero, le pido, por favor, que sea usted tan gentil de cuidar que el personal que tienen ahí en la Mesa Directiva no me corten el sonido. Ahorita lo acaban de hacer. Usted acaba de dar instrucciones de que se lea un artículo, sí, pero el mismo artículo también señala, entre otros conceptos, la prioridad. Creo que es conducente que desde la Mesa Directiva, efectivamente, le pidan a la Junta de Coordinación Política que presenten lo más pronto posible el dictamen, que desde hace más de 10 días está esperando ser resuelto. Ojalá que haya voluntad política, y lo digo de manera textual, por parte del Partido Revolucionario Institucional, para atender un asunto de trascendencia nacional que requiere de una resolución urgente y prioritaria, Presidente, si es tan gentil. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña. Indudablemente que esta directiva hace suyas sus palabras, y desde luego que exhortamos a la Junta de Coordinación Política para que lo antes posible se pueda presentar dicho documento. El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Presidente, pido la palabra.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Sí, Senador Ríos Piter. ¿Para qué asunto? El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Presidente, el artículo 75 establece que está en las facultades del Presidente el convocar a una discusión de agenda política. Mire, yo creo que es muy importante ver de dónde venimos en este asunto. La semana pasada hubo sendos puntos de acuerdo de parte de distintos Senadores y Senadoras en la idea de que se discutiera el tema, que me parece que es el más importante en este momento, el tema del informe que presentó el Grupo Interdisciplinario. De tal forma que, yo lo que le pediría, Presidente, es que si está en sus facultades, y eso lo establece el artículo 75, no sigamos pateando un debate que tiene que darse.
Cómo es posible que el Senado de la República no se manifieste frente al tema donde viene el Grupo Interdisciplinario, donde es un asunto de altísima prioridad. Entonces, yo le pediría, que con base en las facultades que tiene el artículo 75, podamos hacer un apartado de debate político sobre el tema de Ayotzinapa, y lo digo como Senador por el estado de Guerrero. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter. Con gusto esta Presidencia nuevamente hace un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se haga, se entregue lo antes posible este documento. LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN: (Fuera de su escaño. Habla sin micrófono-inaudible)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Le pido, Senadora, que respete la Asamblea.
Con gusto, Senadora, en su momento se programará el debate que usted está planteando. Senadora, si me permite continuar con la sesión. Le pediría que nos lo permitiera, y con gusto. Le pido, Senadora. En este momento está reunida la Junta de Coordinación Política, precisamente analizando este tema. Están reunidos en este momento. Le pido a la Secretaría que continuemos con los temas agendados. Senadora, este Senado jamás se ha rehuido a este debate. Se está analizando, y en este momento está reunida la Junta de Coordinación Política, precisamente para eso. (Continúa hablando la Senadora Layda Sansores San Román-inaudible)
El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Zoé Robledo. ¿Para qué asunto?
Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo. El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Simplemente, en un ánimo de asistir a la Mesa Directiva, decirle que aquí veo a nuestro Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, al del Partido Verde, al del PT. ¿Cómo es posible decir: que está reunida la Junta de Coordinación Política?
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Yo les pediría a los que forman parte de la Junta de Coordinación Política, que obviamente se acerquen al espacio donde se va a discutir eso, y que nos permita continuar con la sesión. A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña para referirse a los dictámenes de la discusión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Desde mi escaño, señor Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Desde su escaño.
(Continúa hablando la Senadora Layda Sansores San Román-inaudible)
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senadora Layda, le pido que nos dé la oportunidad de continuar y de tratar el asunto que usted ha planteado en el momento que sea, el que de acuerdo al orden del día y de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Yo le pido nada más que nos permita continuar con la sesión. El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente. El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Senador Miguel Barbosa. ¿Para qué asunto?
El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) A ver, Presidente. No puede continuar la sesión en medio de este escenario. O sea, como para no hacer que algún Senador empiece su participación en la continuación del orden del día sin que antes podamos resolver esto que se está planteando. Qué bueno que ya está aquí el Presidente del Senado, que seguramente junto con ustedes, nos dará una propuesta de solución.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Barbosa.
Senadora Layda Sansores, el día de hoy usted presentó proposición con punto de acuerdo, y usted solicitó el turno a la Junta de Coordinación Política. Esta Mesa Directiva concedió con oportunidad ese turno.
La Junta de Coordinación Política se reunió hace unas horas, sin llegar a un acuerdo sobre el contenido de la solución a distintas proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el caso Ayotzinapa, incluidas las suyas.
Esta Mesa Directiva está en espera de que los consensos y los acuerdos entre los Grupos Parlamentarios se concreten.
También hemos notificado al Pleno de este Senado, que la Mesa Directiva tomó el día de hoy por la mañana, un acuerdo en el sentido de que se le dará curso a la discusión y, en su caso, votación del punto de acuerdo relacionado con el caso de Ayotzinapa, tan pronto fuera recibido por la Mesa Directiva. No ha sucedido.
Yo le ruego que nos permita continuar con la sesión a efecto de que los Grupos Parlamentarios concluyan las negociaciones y los acuerdos, y demos paso a esa discusión.
Se lo ruego y se lo pido en el sentido de que hemos cumplido, con sentido de honor y con sentido de institucionalidad, a cada una de las peticiones que usted nos ha hecho.
Permítame, Senadora Layda Sansores. Le voy a dar el uso de la voz a la Senadora…
(Voz inaudible de la Senadora Layda Sansores San Román)
Permítame, Senadora.
Senadora, ¿me permite escuchar a la Senadora Dolores Padierna para resolver la petición que me quisiera formular?
Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna, desde su escaño, por favor.
Hay un compromiso público que se hizo en este Senado, para que a más tardar el día de hoy se discutiera este importantísimo tema.
Como bien usted dice, la Junta de Gobierno discutió, analizó y no llegó a acuerdos. Si la Comisión correspondiente no llegó a acuerdos, vamos discutiendo el tema en el Pleno. Es un tema urgente, prioritario, de carácter nacional y la fecha es hoy.
Entonces yo le pido de favor que abra el debate. Y hasta donde sabemos, el Partido Revolucionario Institucional se opone. Todos los demás sí queremos discutir el tema, todos los demás sí queremos posicionarnos en este importante tema, y queremos que hoy se resuelva.
El Senador Carlos Alberto Puente Salazar: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
Simplemente para informar a esta Asamblea que como Coordinador Parlamentario del Partido Verde, integrante de la Junta de Coordinación Política, acudimos a esa reunión en donde se abordó este tema que se turnó, y no es que simplemente no se hayan logrado los acuerdos en ese momento, sino que ahí a petición de más de dos Coordinadores Parlamentarios, pidieron un tiempo para ir a construir una propuesta y poder venir a abordar ese tema al Pleno.
Esto en respaldo de lo dicho, al señor Presidente de la Mesa Directiva de este Senado, quien también estuvo ahí presente.
Para dejarlo de manera muy clara, no es que se vaya a prohibir y no se vaya a dar ese debate, sino que se están construyendo los acuerdos para que se hagan.
Y hacer un exhorto respetuoso a los mismos compañeros que estuvieron ahí presentes, para que avalen esto que ellos mismos escucharon, que sus mismos Grupos Parlamentarios están en la construcción de estos acuerdos para que se pueda dar el debate.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Yo quiero aclarar nuevamente lo que ocurrió en esa reunión, en la que estuvimos todos.
No ocurrió lo que está diciendo ahorita mi colega aquí a mi espalda, sino lo que ocurrió fue una situación de rechazo total del Coordinador del PRI de decir: Háganle como quieran. No hay acuerdo.
Volvemos otra vez a los consensos y los hubo. El final de esa sesión terminó con las palabras del Coordinador del PRI diciendo: Háganle como quieran, por el solo hecho de no estar de acuerdo con él.
Entonces lo que tenemos que hacer es discutir ahorita aquí en la mesa. No necesitamos un acuerdo previo, sino se está pidiendo una discusión y un debate aquí sobre el tema, para que aquí se tome una decisión, porque el Pleno es soberano.
No es cierto que esté pendiente ahí una discusión, ya la cerraron y la van a volver a cerrar, y lo que están haciendo es eludir la discusión del tema. Démoslo aquí, vamos a darlo aquí hoy, en este momento.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Bartlett.
Tengo registradas solicitudes para intervenir desde sus escaños, del Senador Armando Ríos Piter y la Senadora Blanca Alcalá. Inmediatamente después esta Presidencia informará el turno y el trámite que tenemos que dar a las distintas peticiones.
Adelante, Senador Ríos Piter, desde su escaño.
El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, usted estuvo presente en la reunión de la Junta de Coordinación Política y en efecto, como lo refiere el Senador Bartlett, frente a la posición del PRI, que definió con toda claridad que no iría en un acuerdo -y por eso creo que es pertinente dejar claro que la Junta no está buscando construir acuerdos-, lo que había eran dos posiciones claras:
Una, la que el PRI tenía, en la cual se plantea una Fiscalía para Desaparecidos.
Y la posición que hemos mantenido desde la semana pasada, que es dar respuesta puntual a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, para que se haga una Fiscalía Especializada en el tema de Ayotzinapa. Ese es el diferendo y creo que es importante que quienes no estuvieron ahí presentes, sepan cuál es el diferendo.
De todas maneras no habrá acuerdo, Presidente. Por eso, antes de su llegada yo sugería que con base en el artículo 75 y dado que está en sus facultades, se abra un espacio para el debate político, porque de todas maneras es un tema que tenemos que tratar, que se ha venido aletargando.
La Junta seguramente no llegará a un acuerdo en este tema. Ya estamos instalados en el asunto. Demos el debate y comparemos las posiciones que tienen los partidos, pero hagámoslo en este momento en la Asamblea y de frente a la sociedad.
Senadora Blanca Alcalá, desde su escaño, por favor.
La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, al igual que usted y como integrante de la Junta de Coordinación Política, también estuve en esa reunión y me parece que ahí se presentó por parte del PRI una propuesta, propuesta que efectivamente, no obstante los compañeros de Acción Nacional estaban de acuerdo, los compañeros del PRD no estuvieron de acuerdo y decidimos que tendrían una hora, a propuesta del Coordinador Barbosa, para que pudieran ellos llegar a alguna propuesta.
De ninguna manera se han levantado ni se han reiniciado los trabajos en la Junta de Coordinación Política para que pueda finalmente tenerse un documento al respecto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senadora Alcalá.
El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) A ver, llevamos más de una semana, en la Junta de Coordinación Política, intentando construir una propuesta común sobre los puntos de acuerdo presentados después de que el llamado grupo de expertos presentó el documento denominado “Primeras Conclusiones”.
Ese punto de acuerdo común tuvo momentos de mucha coincidencia y momentos en los cuales se apartaron de esa coincidencia.
El jueves de la semana pasada habíamos avanzado todos los Grupos Parlamentarios para exhortar a la Procuraduría a constituir una Fiscalía Especializada. El PRI se separó de ese acuerdo el día de ayer.
Hoy en la Junta de Coordinación Política es correcto cuando se dice que no se alcanzaron los acuerdos, pero quiero decir -y que me contradiga el Coordinador del PAN, si es así- que el PAN, el PRD y el PT ya tienen un acuerdo, ya tienen un documento común que ponemos a disposición de la Mesa Directiva, que constituye la voluntad mayoritaria de la Junta de Coordinación Política, porque las votaciones en Junta de Coordinación Política se asumen por voto ponderado, y el voto ponderado del PAN, PRD y PT es mayor al voto ponderado del PRI y del Partido Verde.
Entonces, si es el documento que faltaba, yo de parte del PRD ya está y que me diga el Senador Fernando Herrera, Coordinador PAN, si lo suscribió o no, para que tengamos claridad, y no estemos también caminando en una duda sobre si hay una coincidencia entre PAN, PRD y PT, y de haber ese documento, pues inclusive, yo se lo dije al Senador Gamboa, de que ese documento se construía, sí tenía inconveniente de que se fuera el documento de que se pusiera a consideración del Pleno, y se votara, y se votara, porque ese es un documento de la Junta de Coordinación Política que emite un dictamen, no es la posición del Senado, es para que se vote en todo caso por el Pleno, así es que, yo de manera clara, aprovecho este momento para decir que la posición el PRD es sumarse a la posición del PAN; que quede claro, y que pongamos una posición política de lealtad a la investigación, a la búsqueda de la libertad, y de lealtad de alianza a la investigación. Sólo eso.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permíteme, por favor. Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera, por favor.
El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Gracias, este tema es de la más alta relevancia, hace unos momentos nos reunimos en la Junta de Coordinación Política, estuvimos tratando de llegar a una posición en común, no llegamos a un acuerdo. Estamos trabajando en un documento donde efectivamente hay grandes coincidencias entre la propuesta que ha hecho el PRD, la propuesta que ha hecho el PT, y también hay que decirlo, algunas de las aportaciones que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional.
Yo lo que les pido, es que nos demos el espacio de debatir, haciendo un pequeño paréntesis, para tratar de llegar a un acuerdo final en los siguientes 15 ó 20 minutos, y vayamos al acuerdo, porque lo que nosotros queremos es que hoy mismo se discuta, hoy mismo se valore lo que tendremos que hacer como Senado de la República, pero no agotemos el espacio de discusión y hagamos el último esfuerzo.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la voz desde su escaño el Senador Miguel Romo, y en consecuencia la Mesa Directiva fijará una posición sobre lo que está a debate, Senador Miguel Romo, por favor.
El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, puntualizar algo que es fundamental y es la esencia de esta polémica. El tema no se está rehuyendo, la discusión se tendrá que dar, y los acuerdos tendrán también que generarse; de tal manera que no se está eludiendo, ni el PRI ni nadie de los integrantes de este colegio parlamentario estamos rehuyendo ni queremos rehuir un tema tan trascendente y tan importante que a todos nos interesa.
Segundo. He hablado con el Senador Gamboa, me dice que está en la Junta de Coordinación Política, afinando, precisamente. Permítanme.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego orden a la Asamblea, ruego a la Asamblea orden, hemos escuchado con atención a los distintos oradores, ruego a la Asamblea se mantenga el orden, concluya Senador Romo.
El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Él está invitando cordialmente a los señores coordinadores e integrantes de la Junta de Coordinación Política para que se concluya este trabajo, que fue propuesto en un acuerdo que aquí se ha referido por los miembros de la Junta de Coordinación Política. De modo que, en este momento el Senador Gamboa hace cordial invitación para concretar este acuerdo. Buscar un posicionamiento que nos lleve justamente a abrir y aperturar el debate correspondiente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias senador. Ruego a la Asamblea permita a esta Presidencia fijar los términos del debate.
Se presentaron distintas proposiciones con punto de acuerdo de diversos grupos parlamentarios relacionados con el caso Ayotzinapa; a todos y cada uno de ellos, incluidos el de la Senadora Layda Sansores, se le dio el turno a la Junta de Coordinación Política.
La Junta de Coordinación Política no ha enviado ninguna pieza legislativa a esta Mesa Directiva, tan es así, que la reunión de la Junta de Coordinación Política concluyó sin votación ni ponderada, ni unánime, con respecto a los asuntos que le fueron turnados.
Esta Mesa Directiva acordó en su sesión el día de hoy, por la mañana, que mantendríamos abierta la sesión del Pleno del Senado hasta en tanto recibiéramos el impulso de la Junta de Coordinación Política, cosa que no ha sucedido, tan es así, que hemos dado paso a distintos dictámenes.
Se ha hecho una solicitud conforme al artículo 75 del Reglamento del Senado.
El problema para darle trámite a esa solicitud es que esta Mesa Directiva no ha recibido absolutamente nada, ni una proposición compartida por los grupos parlamentarios ni una solicitud de debate ni ningún otro instrumento que permita abrir la discusión.
El artículo 75 establece con toda claridad que para poder presentar durante la sesión y en el curso del orden del día una moción de inclusión de nuevos asuntos debe previamente presentarse el asunto en cuestión, eso no ha sucedido.
No se ha presentado ningún punto relacionado con este tema. La proposición con punto de acuerdo que presentó la Senadora Layda Sansores a petición de la propia senadora fue turnada a la Junta de Coordinación Política, en consecuencia esta Mesa Directiva no tiene materia para incluir en el orden del día asunto alguno, porque no hay ningún planteamiento formal, que conforme a nuestro reglamento podamos dar curso.
La Mesa Directiva actúa en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento, en cuanto se reciba una solicitud concreta someteremos a discusión de este Pleno el asunto que se planteé.
Tiene el uso de la voz desde su escaño el Senador Manuel Bartlett.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Claro, yo, con todo respeto, señor Presidente, le insisto, en la mesa de coordinación no se llegó a ningún acuerdo, se rompió toda posibilidad.
Ahora, estamos pidiendo un debate político aquí, lo estamos pidiendo, tres grupos parlamentarios, no sé por qué usted pueda decir, que solamente que llegue un mensaje de Gamboa que está solo allá; y a la petición, dígale usted señor, al señor Gamboa que mejor lo invitamos aquí, que se venga aquí, aquí lo esperamos a discutir, no tenemos por qué ir allá; ya eso se acabó, aquí no hay ninguna condición que ponga usted, Presidente de que no se pueda discutir en un debate político, nada, si no llega una carta del licenciado Gamboa, eso es un absurdo.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a usted Senador Bartlett. Tengo solicitud del Senador Fayad, después de él, el Senador Ríos Piter, y me voy a permitir hacer una aclaración, adelante Senador Fayad.
Compañeras y compañeros senadores: Yo hago un llamado a la serenidad, estemos tranquilos, que es un debate al que vamos a ir, simplemente creo que hay que honrar la palabra en los acuerdos que se toman en la Junta de Coordinación Política; yo creo que al no haber acuerdo, la Junta de Coordinación Política comunicará en los cauces que lo hacemos para todos los demás asuntos que se discuten en el Senado de la República.
Ya lo ha dicho el Presidente de la Mesa Directiva, ni siquiera hay solicitud alguna de que este debate fuera incluido en el orden del día, sino hasta este momento en que se ha hecho mención a lo mismo.
Yo pediría, compañeras y compañeros, que honremos la palabra, que si quedamos en la Junta de Coordinación Política, que habría un espacio para la construcción de un acuerdo que nos permita ir a un debate ordenado, por qué no queremos brindar este espacio que se ha dado en toda las grandes reformas que juntos hemos logrado construir cuando se quiere llegar a un punto de vista en común sobre un asunto que a todos nos preocupa, que a todos nos indigna y que queremos abordare de la mejor manera como institución en el Senado, y no por el hecho de intentar en los tiempos que nos convenga sacar una raja política al respecto.
Yo creo, compañeras y compañeros, de verdad se los pido, que como lo hemos hecho para casi todos los asuntos que procesamos en el Senado, le demos un voto de confianza al Presidente de la Mesa Directiva, que creo que lo ha señalado claramente y que es espléndida su argumentación sobre el tema, y hagamos también un voto de confianza a su compañero y amigo, Emilio Gamboa, que, además, coordina la Junta de Coordinación Política y coordina los trabajos en nuestro partido, para que en respeto a ello demos ese espacio que se necesita y retomemos el trabajo, además, ni siquiera se pierde el tiempo porque se han turnado asuntos para ir resolviendo en el tiempo que tengamos aquí, y hoy se tendrá que dar esa discusión y ese debate, y lo haremos en la manera en que estamos acostumbrados.
Digámosle juntos al pueblo de México que sabemos tomar acuerdos, que tenemos palabra y que sabemos hacer las cosas como debemos hacerlas. Esta sería mi atenta invitación.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Fayad.
Senador Ríos Piter, desde su escaño.
El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Yo escuché con atención tanto lo dicho por el Senador Miguel Romo como por parte del Senador Omar Fayad, me permito volver hacer la propuesta, de hecho la acabo de hacer llegar por escrito.
Está instalado el debate político, no va haber acuerdo porque no lo hemos podido construir con el PRI desde hace 4 días, 5, 6, no recuerdo cuántos. O sea, debate político habrá, no estamos esperando un acuerdo.
De tal manera que yo vuelvo a plantear mi solicitud, mi propuesta. Está en sus facultades, Presidente, preguntarle a la Asamblea, y creo que el PRI, por lo que he escuchado de parte de su vicecoordinador y lo que escuché por parte del Senador Omar Fayad, estarán de acuerdo en que hagamos debate político.
Entonces mi sugerencia es respetuosa, Presidente, si usted con base en el artículo 75 le puede preguntar a la Asamblea si se puede modificar en este momento el orden del día e instalar un debate político. Que haya acuerdo o no en la redacción de todas maneras se dará porque el PRI no quiere el planteamiento de Fiscalía Especializada sobre Ayotzinapa, este es el debate, nada más que ya llevamos más de una semana.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador Ríos Piter. Déjenme hacer un recuento de los últimos minutos.
Inicialmente, se había solicitado que conforme al artículo 75 se diera curso a una proposición con punto de acuerdo. Después se pidió que se turnara a la Junta de Coordinación Política, cosa que esta Presidencia hizo de manera inmediata, a esta Presidencia le fue comunicada la intención de los grupos parlamentarios de llegar a un posicionamiento que pudiera ser votado en el Pleno, acaba de recibirse hace escasos minutos la solicitud de que el asunto se incluya como debate.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento, esta Presidencia dará el siguiente trámite:
A fin de tener una resolución sobre lo solicitado de iniciar un debate sobre el tema que refirió la Senadora Layda Sansores y los Senadores que hicieron uso de la voz recientemente, solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si se autoriza iniciar la discusión al respecto, y, en consecuencia, le ruego a la Secretaría que la votación se tome de manera nominal.
La Senadora Layda Sansores San Román: (Inaudible)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ya lo he concedido, Senadora Layda Sansores, y yo le pediría que tomara usted su lugar para poder continuar con la sesión en razón de que ya hemos concedido muchas de sus peticiones.
Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, le informo el resultado de la votación. Son 46 votos a favor, 50 votos en contra.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, no se aprueba la inclusión en el orden del día del debate relacionado con el caso de Ayotzinapa solicitado por la Senadora Layda Sansores.
Continuamos con los asuntos de la sesión.
Tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, para referirse a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas que ya están a discusión.
Senadora Sansores, me permite, por favor.
Senadora, si usted no me permite continuar con la sesión, tendré que levantarla.
Le ruego regrese a su escaño y permita que continúen los asuntos de la sesión.
Senador Eviel Pérez Magaña, desde su escaño para continuar con la sesión.
El Senador Eviel Pérez Magaña: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
El efectivo acceso a la justicia ha sido reclamo fundamental de las organizaciones sociales.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame Senador.
Señora Senadora, permítame continuar con la sesión.
Esta Presidencia, en virtud de las condiciones de este Pleno, les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides integrada al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente a celebrarse el próximo jueves 24 de septiembre a las 11:00 horas.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1646 INFOMEX