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Timestamp: 2020-08-08 08:26:45
Document Index: 43262911

Matched Legal Cases: ['artículo 367', 'artículo 30', 'artículo 30', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 147', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 9']

Normativa >> Decreto Ejecutivo 42421 >> Fecha 25/06/2020 >> Texto completo
Decreto Ejecutivo : 42421 (9 artículos)
Decreto Ejecutivo : 42421 del 25/06/2020
Medidas especiales sobre el uso obligatorio de mascarilla o careta como equipo de protección personal debido al Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19
Fecha de vigencia desde: 27/06/2020
Versión de la norma: 1 de 1 del 25/06/2020
Texto Completo Norma 42421
Texto Completo acta: 138838
N° 42421-S
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 21, 50, 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 4, 6, 7, 147, 160, 169, 170, 177, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de Salud, Ley número 5395, del 30 de octubre de 1973; los artículos 2 inciso b), c) y e) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973; los artículos 3 y 30 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley número 8488 del 22 de noviembre de 2005; el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020; y,
III. Que con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Salud es la autoridad competente para ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas, o que estos se difundan o agraven, así como para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Dichas normas legales que establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia de salud, consagran la potestad de imperio en materia sanitaria, que le faculta para dictar todas las medidas que sean necesarias para enfrentar y resolver el estado de emergencia sanitario.
IV. Que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, en razón de ser esta un bien jurídico tutelado, correspondiéndole al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Por las funciones encomendadas al Ministerio de Salud y sus potestades policiales en materia de salud pública, debe efectuar la vigilancia y evaluar la situación de salud de la población cuando esté en riesgo. Ello implica la facultad para obligar a las personas a acatar disposiciones normativas que emita para mantener el bienestar común de la población y la preservación del orden público en materia de salubridad.
V. Que de forma particular, es necesario destacar que el ordinal 147 de la Ley General de Salud, dispone que "Toda persona deberá cumplir con las disposiciones legales o reglamentarias y las prácticas destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles. Queda especialmente obligada a cumplir: (.) b) Las medidas preventivas que la autoridad de salud ordene cuando se presente una enfermedad en forma esporádica, endémica o epidémica. c) Las medidas preventivas que la autoridad sanitaria ordene a fin de ubicar y controlar focos infecciosos, vehículos de transmisión, huéspedes y vectores de enfermedades contagiosas o para proceder a la destrucción de tales focos y vectores, según proceda". Es así como se establece un tipo de deber al cual están sujetas las personas para evitar acciones o actividades que afecten la salud de terceros, específicamente las obligaciones ante la necesidad de control nacional o internacional de enfermedades transmisibles.
VI. Que para el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico le confiere al Poder Ejecutivo, a través de Ministerio de Salud como autoridad rectora, está la facultad de adoptar medidas extraordinarias o especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas, o bien, impedir que tales factores de afectación se compliquen o se propaguen, de tal suerte que inhiba las acciones que propicien esa incidencia en la salud de la población, según los ordinales 340 y 341 de la Ley General de Salud. Debido a la situación de emergencia sanitaria, la cual se desarrollará más adelante, esta facultad para emitir medidas especiales encuentra asidero jurídico también en el artículo 367 de la Ley citada, que concede a dicha autoridad rectora la potestad de fijar acciones extraordinarias para eviar la propagación de la epidemia.
VII. Que en concordancia con el artículo supra citado, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo en su ordinal 30 contempla la fase de respuesta como aquella etapa operativa dentro de la cual es posible "medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales, la propiedad y el ambiente (.)". Así también, dicha fase abarca "(.) la adopción de medidas especiales u obras de mitigación debidamente justificadas para proteger a la población(.)". Como se expondrá en el considerando XII, el territorio costarricense se encuentra en estado de emergencia nacional contemplando para ello, las tres fases respectivas para el abordaje de dicha emergencia. Dado que en el momento de emitir la presente medida, la situación sanitaria de emergencia no ha mermado su incidencia en el país y continúan aumentando los casos de contagio, se hace imperioso redoblar las medidas de protección de la salud de las personas en los espacios de interacción pública.
VIII. Que para comprender el espíritu y objetivo del presente Decreto Ejecutivo, resulta necesario tener presente la integralidad de los principios que acompañan la Ley Nacional de Emegencias y Prevención del Riesgo, ya que tales reglas deben ser observadas en la aplicación de este Decreto Ejecutivo, sea la adopción de una medida especial y urgente para resguardar la vida y salud de las personas. En ese sentido, se debe explicar que Costa Rica está frente a un estado de necesidad y urgencia, así declarada la emergencia en todo el territorio nacional debido al COVID-19. Frente a esa situación de peligro, el Poder Ejecutivo está en la obligación de disminuir los factores de riesgo y vulnerabilidad de la población, a través de las medidas de prevención y mitigación para proteger la vida de las personas, para ello aplican la valoración de razonabilidad y proporcionalidad, conforme con el fin que se persigue, sea en este caso el resguardo de la salud pública por los efectos del COVID-19.
IX. Que desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria internacional por brote del nuevo coronavirus en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud de un día 30 de enero de 2020 se generó después de que se detectara en la ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de coronavirus que ha provocado fallecimientos en diferentes países del mundo. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo y el que provoca el COVID-19.
X. Que el día 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. A partir de esa fecha han aumentado los casos debidamente confirmados.
XI. Que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de personas afectadas como por el extraordinario riesgo para su vida y sus derechos.
XII. Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, debido al estado de necesidad y urgencia ocasionado por dicho virus, dada su magnitud como pandemia y sus consecuencias en el territorio nacional. Además, corresponde a una situación de la condición humana y de carácter anormal y para los efectos correspondientes de la declaratoria de emergencia nacional, se tienen comprendidas dentro de dicha declatoria de emergencia las 3 fases establecidas por el artículo 30 de la Ley de Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
XIII. Que en el abordaje de la pandemia, el Poder Ejecutivo ha tenido la prioridad de adoptar acciones con enfoque de derechos humanos, para garantizar no solo la salud de la población, la protección de su vida, la integridad personal, sino también la igualdad, la no discriminación, el enfoque de género, la diversidad y la intersectorialidad de la población.
XIV. Que la emergencia nacional enfrentada por el COVID-19 posee un comportamiento y características más complejas y peligrosas, lo cual conlleva un aumento en la amenaza como factor de riesgo, debido a la dificultad para su control. Ante ese escenario, el Estado tiene el deber de blindar la vulnerabilidad de la población ante esta situación sanitaria, a través de acciones que permitan disminuir la exposición a dicha amenaza, sea el contagio y propagación del COVID-19. Es así que, con fundamente en el artículo 30 de la Ley de Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo en unión con los artículos 147, 340 y 341 de la Ley General de Salud, relacionado con el deber de las personas de cumplir las medidas sanitarias dictadas en caso de epidemia, se emite el presente Decreto Ejecutivo, con el objetivo de prevenir y mitigar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y con la finalidad de resguardar la salud de las personas y su bienestar común -bajo los artículos 21 y 50 constitucionales-, estableciendo la obligatoriedad del uso de dispositivos de protección personal para las personas en los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento que brinden atención al público, según lo establezca el Ministerio de Salud, y en el servicio de transporte público remunerado de personas.
XV. Que el SARS-Cov-2 es un virus altamente transmisible por goticulas de saliva en tos, estornudos o en conversaciones y la adquisición de dicha enfermedad, en un porcentaje de casos entre el 10% al 15%, puede provocar cuadros que ameritan hospitalización. Dicho virus se puede transmitir de forma importante hasta dos días antes de que una persona en periodo de incubación manifieste síntomas; de igual forma, existe un porcentaje de personas que no llegan a desarrollar síntomas y aún así, lo pueden transmitir. Adicionalmente, se debe considerar que en espacios cerrados donde se reúnen personas que no están en constante movimiento por más de quince minutos, el riesgo de transmisión por las goticulas de saliva se incrementa.
En virtud de lo anterior, con el uso correcto de las mascarillas o caretas se evita en un alto porcentaje que las goticulas de saliva infectantes ingresen a otras personas por medio de la nariz, la boca o los ojos.
XVI. Que en el contexto epidemiológico actual, con un aumento pronunciado de los casos y ante el riesgo cercano de contagio comunitario. es primordial resguardar la salud de la población y evitar la saturación de los servicios de salud, en especial las unidades de cuidados intensivos a causa de esta enfermedad. Por ello, el Poder Ejecutivo debe tomar acciones específicas para disminuir el aumento en la propagación del COVID-19 y así, procurar el óptimo abordaje de la situación acarreada por esta enfermedad y evitar una eventual saturación de los servicios de salud que haga imposible la atención oportuna de aquellas personas que enfermen gravemente.
XVII. Que en consonancia con el considerando anterior, respecto del hecho notorio en el incremento epidemiológico acelerado de los casos por el COVID-19 en el país, se torna inexorable que las personas acaten las medidas especiales emitidas por las autoridades públicas sobre la protección individual frente al COVID-19, para evitar la exposición y la transmisión de dicha enfermedad. Ante el acceso de las personas a los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento que brindan atención al público y al servicio de transporte público remunerado de personas, esa obligación del Poder Ejecutivo adoptar las medidas correspondientes para disminuir el riesgo de propagación del COVID-19. Por ende, a efectos de que no se genere un incremento mayor descontrolado de los casos por dicha enfermedad, resulta urgente y necesario adoptar la presente medida y así, disminuir la exposición de las personas a la transmisión de dicha enfermedad.
MEDIDA ESPECIAL SOBRE EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA O CARETA COMO
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
ARTÍCULO 1°.- Objetivo. La presente medida especial se emite con el objetivo de mitigar la exposición de las personas al riesgo de contagio del SARS-Cov2 que ocasiona el COVID-19, en determinados espacios de contacto público y evitar un daño a la salud pública ante los efectos de dicha enfermedad debido a su estado epidemiológico en el territorio nacional. Asimismo, esta medida de restricción se deriva del estado de emergencia nacional dado mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 y en procura del bienestar de todas las personas que radican en el territorio costarricense.
ARTÍCULO 2°.- Alcance. El presente Decreto Ejecutivo es de aplicación obligatoria para todas las personas físicas y jurídicas, respectivamente, en el territorio nacional y en los términos establecidos en el artículo 3° de este Decreto Ejecutivo.
ARTÍCULO 3°.- Uso obligatorio de mascarilla o careta. Con fundamento en el artículo 147 de la Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973, se dispone de uso obligatorio por ser equipo de protección personal, la mascarilla o la careta para todas las personas cuando requieran acceder a los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, que determinará el Ministerio de Salud vía resolución, así como para acceder al servicio de transporte público remunerado de personas en sus diferentes modalidades o servicio especial.
El Ministerio de Salud deberá establecer, bajo razones técnicas, objetivas y con enfoque de derechos humanos, los casos excepcionales en los cuales queda excluido el uso obligatorio de la mascarilla o la careta.
ARTÍCULO 4°.-Deberes del Ministerio de Salud para la aplicación de la presente medida. Con fundamento en los artículos 340 y 341 de la Ley General de Salud, el Ministerio de Salud deberá emitir mediante resolución, al menos, los lineamientos oficiales sobre el uso correcto de la mascarilla o la careta, la verificación de su calidad y el método para la confección de la mascarilla. Asimismo, contemplará en dicha resolución las acciones que resulten necesarias de ejecutar con apoyo de otras instancias públicas para la debida puesta en práctica de la presente medida.
El Ministerio de Salud dará publicación a la resolución y los lineamientos establecidos en el párrafo anterior en el sitio web oficial de esa institución, sea https://www.ministeriodesalud.go.cr/.
ARTÍCULO 5°.-Coordinación con otras autoridades públicas. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo, el Ministerio de Salud coordinará el apoyo correspondiente con los cuerpos policiales, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y otras autoridades públicas según se requiera, a efectos de asegurar el objetivo de la presente medida.
ARTÍCULO 6°.-Deberes de otros sujetos. Los establecimentos con permiso sanitario de funcionamiento determinados por el Ministerio de Salud y las personas físicas o jurídicas vinculadas con la prestación del servicio de transporte público remunerado de personas en sus diferentes modalidades o servicio especial deberán tomar las acciones de su competencia y dentro del ámbito de sus posiblidades para que la presente medida sea respetada por las personas usuarias y deberán realizar la máxima divulgación de la presente medida en sus respectivos espacios para contribuir con el acatamiento de la misma. Asimismo, deberán abstenerse de desincentivar la aplicación de la presente medida.
Para la ejecución de esta disposición, el Ministerio de Salud coordinará con el Consejo de Transporte Público las actuaciones correspondientes.
ARTÍCULO 7°.-Sanción por incumplimiento. El incumplimiento de la medida contenida en el presente Decreto Ejecutivo por parte de las personas indicadas en el artícuio 2°, será sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973, sin perjuicio de las sanciones conexas a la persona que infrinja las disposiciones relativas a la presente medida.
ARTICULO 8°.-Temporalidad de la presente medida. La medida de uso obligatorio de la mascarilla o careta consignada en el presente Decreto Ejecutivo, será revisada y actualizada de conformidad con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 y con ocasión del estado de emergencia nacional por la situación sanitaria y para resguardar la salud de la población.
ARTÍCULO 9°.-Vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir del 27 de junio de 2020.
Dado en la Presidencia de la República, San José a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinte.
Fecha de generación: 08/08/2020 02:26:44 a.m.