Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-186-99.htm
Timestamp: 2017-10-21 19:31:29
Document Index: 195070518

Matched Legal Cases: ['artículo 226', 'artículo 9', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 189', 'artículo 70', 'artículo 226', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 9']

C-186-99
Sentencia C-186/99
TRATADO INTERNACIONAL-Control constitucional
El control de constitucionalidad que esta Corporación debe ejercer en esta materia, es posterior en cuanto se trata de una ley que ya ha sido sancionada por el Presidente de la República, una vez agotado el trámite correspondiente en el Congreso, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente.
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA-Objeto
El Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, se compone de doce artículos, por medio de los cuales se pretende, fundamentalmente, que los países signatarios adquieran y cumplan el compromiso de impulsar la cooperación científica y técnica entre ellos, con miras a fortalecer sus economías y a elevar sus niveles de competitividad, fomentando para el efecto, principalmente, el intercambio de conocimientos y experiencias, y el acercamiento e integración de sus respectivas comunidades científicas.
COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA-Consolidación del Estado social de Derecho
Establecer convenios de cooperación con otras naciones, permite, de una parte la integración de las mismas tal como lo ordena el artículo 226 de la Carta, y de otra la optimización en el uso de los recursos con que cada país cuenta para esos efectos y el intercambio de experiencias e información, insumos esenciales en los procesos de investigación científica y tecnológica. El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje universal, que implica para los países no sólo la necesidad de promover y fomentar internamente la consolidación de sus comunidades académicas, las cuales tienen como fundamento de su quehacer la investigación científica y tecnológica, sino el compromiso ineludible de facilitar que ellas se incorporen y participen activamente en las tareas que adelanta la comunidad científica internacional; de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende el rezago en el acceso al conocimiento, el cual en el Estado social de derecho se reivindica como un derecho de todas las personas, que las sociedades modernas y postmodernas reclaman como un componente esencial e insustituible para su propio desarrollo.
CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA-Constitucionalidad
Los compromisos que Colombia adquiere a través del Convenio de cooperación que se revisa, armonizan plenamente con las disposiciones de nuestra Carta Fundamental, por cuanto la misma reivindica el carácter multidimensional del individuo, el cual requiere para su desarrollo integral la garantía por parte del Estado y de la sociedad, de que podrá acceder, en condiciones igualdad, al conocimiento científico y tecnológico, desde el cual, en uso de la razón que le permite actuar como individuo autónomo, puede éste fortalecer y consolidar los valores que caracterizan su propia cultura. El Convenio también se propone, a través del desarrollo de programas de intercambio y cooperación científico-tecnológica, favorecer los procesos de desarrollo de los dos países y elevar el nivel de competitividad de los mismos, para lo cual podrán celebrar acuerdos complementarios de ejecución y contarán con una Comisión Mixta que coordinará y propondrá actividades, proyectos y acciones concretas, con miras a la realización de los objetivos propuestos, disposiciones respecto de las cuales no existe reparo de constitucionalidad, pues ellas encuentran específico fundamento en el artículo 9 de la Constitución, norma superior que establece de manera expresa que "...la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe".
Referencia: Expediente L.A.T. 129.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 460 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica”, suscrito en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El 11 de agosto de 1998, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio sin número, remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 460 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El día 3 de septiembre de 1998, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 460 del 4 de agosto de 1998 y del Convenio que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: solicitó a las Secretarías Generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, el envío de la copia del correspondiente expediente legislativo, y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado correspondiente al Despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia.
"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA, FIRMADO EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C, EL VEINTE (20) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1994)"
Visto el texto del "Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica”, firmado en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA
DESEOSOS de contribuir en la medida (sic) con sus respectivos recursos humanos, intelectuales y materiales, a la instauración de una fase de cooperación internacional basada en la igualdad, justicia y el progreso;
BUSCANDO fortalecer los vínculos de amistad entre los dos países y en beneficio del progreso social de sus pueblos;
ANIMADOS del espíritu común que impulsa a Colombia y a Jamaica, para dar inicio a una cooperación científica y técnica.
RECONOCIENDO la necesidad e importancia de identificar formas de intercambio de conocimientos y de experiencias, que permitan la construcción de una relación de una relación duradera basada en el interés recíproco;
Ambas Partes se obligan, dentro de los límites de sus competencias, a impulsar la cooperación científica y técnica y a propender por el mutuo desarrollo de sus respectivos países.
Las Partes Contratantes, a la luz de sus intereses mutuos y de los objetivos de sus políticas científicas y tecnológicas, se obligan a promover una cooperación encaminada a:
Las Partes Contratantes acuerdan desarrollar los mecanismos y formas de cooperación tales como:
Para llevar a cabo la cooperación, las Partes Contratantes podrán celebrar Acuerdos Complementarios de ejecución o los contratos requeridos por cada país, en los cuales se establecerán las condiciones específicas y el financiamiento del proyecto correspondiente.
Las Partes Contratantes se comprometerán, en la medida de la disponibilidad de los recursos a suministrar los medios apropiados y utilizar los mecanismos relevantes con el fin de lograr los objetivos de cooperación prevista en el presente convenio.
En este contexto establecerán cuando fuera posible, a (sic) una programación bianual y a establecer prioridades, teniendo en cuenta las necesidades y el nivel de desarrollo de cada país.
Con el objeto de facilitar la realización de los objetivos de la cooperación prevista en el presente Convenio, las Partes Contratantes concederán a los expertos, los privilegios e inmunidades concedidas convencionalmente a los expertos técnicos de acuerdo con el sistema legal interno de cada país.
Los detalles específicos para facilitar el transporte de bienes, instrumentos, materiales y equipos necesarios para el desarrollo de cooperación de este Convenio se establecerán en los protocolos a los que se refiere el artículo IV, en concordancia con las leyes internas de cada país.
g) hacer expresamente todas las recomendaciones que tengan por objeto la expansión de los intercambios y la diversificación de la cooperación;
3) La Comisión Mixta adoptará sus normas de procedimiento y su programa de trabajo.
4) La Comisión Mixta realizará normalmente una reunión cada año, alternando la sede para la celebración de la misma. Podrán convocarse de común acuerdo otras reuniones.
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la última fecha en que las partes contratantes se notifiquen respecto del cumplimiento de los requisitos del ordenamiento legal interno de cada país sobre la entrada en vigor de un Tratado Internacional.
El presente Convenio tendrá una duración inicial de tres años, y será prorrogado por períodos de un año.
El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las dos Partes mediante comunicación escrita con antelación no menor de seis meses a su expiración. La denuncia o la no prórroga del presente Convenio no afectará la continuación de los proyectos y programas que se estén llevando a cabo.
Las Partes Contratantes podrán ampliar el presente Convenio mediante consentimiento mutuo, con el fin de incrementar y complementar los niveles de cooperación mediante acuerdos relacionados con áreas o actividades específicas.
Firmado en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, en dos copias originales en español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
POR EL GOBIERNO DE POR EL GOBIERNO
LA REPUBLICA DE DE JAMAICA
NOHEMÍ SANÍN DE RUBIO BENJAMÍN CLARE
MINISTRA DE RELACIONES MINISTRO DE
EXTERIORES ESTADO
SANTA FE DE BOGOTA, D.C., 23 FEB 1995
ARTICULO PRIMERO: Apruébase el "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA” firmado en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la ley 7ª. de 1944, el "CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA” firmado en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA:
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA:
EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES:
EL SECRETARIO DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES:
Dada en santa Fe de Bogotá, D.C., a los 4 AGO. 1998.
El Señor Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia, y solicitó a esta Corporación que se declare la exequibilidad de la "Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Jamaica”, firmado en Santafé de Bogotá, D.C, el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y su Ley aprobatoria, la número 460 del 4 de agosto de 1998. Dividió su concepto en dos partes, el análisis formal y el análisis de fondo del instrumento.
Manifiesta el Jefe del Ministerio Público, que no encuentra en este punto incompatibilidad alguna entre el trámite dado en el Congreso al proyecto de Ley aprobatoria del Convenio sub-examine y la preceptiva superior, dado que el mismo y la respectiva exposición de motivos, aparecen publicados oficialmente por el Congreso en la Gaceta No. 390 de esa Corporación, del día 19 de septiembre de 1997, esto es antes de darle curso en la Comisión respectiva. Su discusión se inició en la Comisión Segunda del Senado con la ponencia presentada por el Congresista Jairo Clopatofsky Ghisays, ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 479 de fecha 14 de noviembre de 1997.
Posteriormente se surtieron los debates en las comisiones y plenarias de ambas cámaras una vez presentadas las correspondientes ponencias, las cuales se aprobaron con el quórum establecido para las leyes ordinarias. Los debates se produjeron de conformidad con los términos de iniciación y aprobación dispuestos en la Constitución, es decir, de ocho días entre el primero y el segundo debates en cada cámara, y de no menos de quince días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra; y, finalmente, obtuvo la sanción presidencial de rigor, el día 4 de agosto de 1998, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en los artículos 145, 146, 154, 157, 158 y 160 de la Constitución Política.
De los trámites anteriores, dio constancia el Secretario General del Senado, en comunicación dirigida a la Secretaría General de esta Corporación fechada el 18 de septiembre de 1998, en la cual señala que fue verificado el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para la aprobación del proyecto de ley.
En cuanto a la suscripción del tratado, este fue negociado y firmado por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Noemí Sanín de Rubio, quien dada su investidura tenía plenos poderes para tales efectos, con fundamento en el numeral 2º, literal a) del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobado en Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
Para el Ministerio Público, entonces, no se evidencia reparo alguno de índole constitucional que afecte la validez del Instrumento Público Internacional que se revisa, en lo relacionado con su aspecto formal.
Señala el señor Procurador, que el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, es un instrumento internacional cuyo contenido armoniza plenamente con el texto de la Constitución Política, toda vez que éste tiene como fin propiciar la colaboración entre los países partes y propende por el desarrollo y el fortalecimiento de las economías de los Estados Partes ; así mismo incrementar sus niveles de competitividad internacional, con fundamento en los principios de “igualdad, justicia y el progreso”.
Es importante resaltar, anota el Procurador, que el intercambio al que se refiere el Convenio, se prevé respecto del personal científico y técnico de los países partes, que se comprometen a otorgar becas para que él mismo se capacite, intercambie información y tecnología, y mutuamente se suministren equipos y materiales par la ejecución de programas y proyectos de investigación; además, se propende por la organización de encuentros científicos, los cuales se apoyarán con la disponibilidad de sus recursos y teniendo en cuenta las necesidades y el nivel de desarrollo de cada país; para ello se implementará un programa bianual contentivo de las prioridades relacionadas con el suministro de medios apropiados y la utilización de mecanismos para el logro de los objetivos de operación previstos en el Convenio.
Igualmente el Convenio concede facultades, dentro del marco jurídico de cada país, a los expertos y técnicos que ejerzan actividades en cumplimiento del objetivo que se propone el instrumento público, a fin de desarrollar óptimamente su labor.
El Convenio crea una “Comisión Mixta” que tiene como objetivo adoptar sus normas de procedimiento y programas de trabajo. Esta se deberá reunir anualmente, sin perjuicio que de común acuerdo convoquen a otras regiones.
Para la vista pública el Convenio, además, se adecua a las normas generales contenidas en la ley 129 de 1990, que regula el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en Colombia, en la cual se reafirma el deber del Estado para promover y orientar el adelanto científico y tecnológico.
La Ley Aprobatoria que se revisa, concluye el Ministerio Público, no vulnera el Ordenamiento Superior, toda vez que ella se limita a aprobar el Convenio y a señalar que su texto vincula a nuestro país a partir del perfeccionamiento del instrumento público internacional y a establecer que la ley rige a partir de la fecha su publicación, razón por la cual solicita a esta Corporación declarar su constitucionalidad.
Segunda. La clase de control
El control de constitucionalidad que esta Corporación debe ejercer en esta materia, es posterior en cuanto se trata de una ley que ya ha sido sancionada por el Presidente de la República, una vez agotado el trámite correspondiente en el Congreso, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente.[1].
Tercera. Examen de Forma
b. La representación del Estado Colombiano en los procesos de celebración y suscripción del Instrumento.
El Convenio objeto de control de constitucionalidad, suscrito el 20 de abril de 1994 en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., fue suscrito por la entonces señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Noemí Sanín de Rubio[2], funcionaria competente para llevar a cabo la negociación de conformidad con el literal a) del numeral 2 del artículo 7 de la Convención de Viena, según el cual los ministros de relaciones exteriores representan a los Estados en virtud de sus funciones por lo que gozan de plenos poderes para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Esta disposición fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno por el Congreso de la República a través de la Ley 32 de 1985 y, en desarrollo de los numerales 2 y 17 del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República dictó el Decreto 2126 de 1992, por medio del cual se reestructuró el Ministerio de Relaciones Exteriores, dándole al Ministro, entre otras, la facultad de negociar tratados, acuerdos y demás actos internacionales, así como hacer su seguimiento, evaluar sus resultados y velar por su cumplimiento..
Estuvo pues, el Estado colombiano legítimamente representado por su Canciller en la negociación y celebración del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica.
a) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. En el caso sub-examine, se encuentra que el texto del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el 20 de abril de 1994 y correspondiente al proyecto de ley número 86/97 Senado, y 183/97 Cámara, aparece publicado en las páginas 18, 19, 20 de la Gaceta del Congreso No. 390, año VI, del martes 23 de septiembre de 1998 (folios 179, 179 y 180 del expediente).
b) El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 3 de diciembre de 1997, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 9 de los 13 miembros de esa célula legislativa, según consta en la certificación expedida el 14 de septiembre de 1998 por su Secretario General.
c) El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, según consta en el acta número 023, correspondiente a la sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 1997, hecho que igualmente consta en la certificación suscrita por el Secretario General del Senado expedida con fecha 18 de septiembre de 1998.
d) En la Cámara de Representantes la ponencia para el primer debate fue presentada por el Representante Octavio Jaramillo y publicada en la Gaceta del Congreso No. 55 del 7 de mayo de 1998.
e) El proyecto fue aprobado en primer debate en la respectiva Comisión de la Cámara el día 13 de mayo de 1998, conforme a la comunicación de Secretario General del Senado.
f) La ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 94 del 8 de junio de 1998.
g) El proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la Sesión Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes, 29 en total, el 9 de junio de 1998 y su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 144 del 11 de agosto de 1998, según certificación suscrita en la misma fecha por el Secretario General de la Cámara de Representantes.
h) Haber obtenido la sanción del gobierno. Este requisito se cumplió en lo relacionado con el proyecto de ley número 86/97 Senado, 183/97 Cámara, pues fue sancionado por el Presidente de la República el 4 de agosto de 1998, convirtiéndose entonces en la ley número 460 de 1998.
En conclusión, la Ley 460 del 4 de agosto de 1998, en su aspecto formal, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 145, 146, 154, 157, 158 y 160 de la Constitución Política.
a. La cooperación técnica y científica entre las Naciones, es una necesidad en el mundo contemporáneo, cuya realización garantiza la consolidación del paradigma propio del Estado social de derecho.
El desarrollo científico y tecnológico se constituye en una prioridad de las sociedades modernas y por ende en un tema que impulsan e interesa a todas las naciones. El Constituyente colombiano, al optar en 1991 por el paradigma propio del Estado Social de Derecho, introdujo como fines del Estado, entre otros, el de promover la investigación científica y el de garantizarle a sus asociados una enseñanza científica y técnica de calidad, acorde con los avances de la ciencia.
Tales preceptos de carácter constitucional, consagrados en el artículo 70 de la Carta Política, encuentran plena realización en el Convenio que en sede de constitucionalidad se revisa, pues no hay duda de que establecer convenios de cooperación con otras naciones, permite, de una parte la integración de las mismas tal como lo ordena el artículo 226 de la Carta, y de otra la optimización en el uso de los recursos con que cada país cuenta para esos efectos y el intercambio de experiencias e información, insumos esenciales en los procesos de investigación científica y tecnológica.
El lenguaje de la ciencia y la tecnología es un lenguaje universal, que implica para los países no sólo la necesidad de promover y fomentar internamente la consolidación de sus comunidades académicas, las cuales tienen como fundamento de su quehacer la investigación científica y tecnológica, sino el compromiso ineludible de facilitar que ellas se incorporen y participen activamente en las tareas que adelanta la comunidad científica internacional; de no hacerlo el costo será el aislamiento y por ende el rezago en el acceso al conocimiento, el cual en el Estado social de derecho se reivindica como un derecho de todas las personas, que las sociedades modernas y postmodernas reclaman como un componente esencial e insustituible para su propio desarrollo.
b. La cooperación científica y tecnológica entre los países, contribuye a la realización efectiva de los derechos fundamentales de las personas.
En los artículos II, III, V y VI del Convenio, los Estados Partes se comprometen a promover el fortalecimiento de los lazos entre sus respectivas comunidades científicas y entre sus instituciones académicas, así como a propiciar el intercambio de personal científico, adjudicando becas para que sus miembros se desplacen a los Estados Partes, con el objeto de intercambiar experiencias e información y de capacitarse en la áreas en las que cada uno de los Estados muestre mayores fortalezas.
También se establece como uno de los propósitos del Convenio, el suministro mutuo de equipos y la utilización común de los mismos cuando ello sea posible, objetivos todos que armonizan con varios de los mandatos de nuestro ordenamiento superior, que como se dijo destaca el conocimiento científico como un derecho de los individuos, esencial para su desarrollo integral, y como un insumo para la realización de los programas y proyectos dirigidos a mejorar los niveles de vida la población.
Entre esos preceptos constitucionales, que encuentran realización en los mencionados objetivos del Convenio que se revisa, está el contenido en el artículo 67 superior, que señala que la educación es un derecho fundamental y un servicio público, que tiene entre otros el objetivo de formar al colombiano “...en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente”; así mismo, el consignado en el inciso tercero del artículo 69, que establece que le corresponde al Estado fortalecer la investigación científica en las universidades oficiales y privadas, y ofrecer condiciones especiales para su desarrollo, lo cual encuentra justificación en el hecho de que las comunidades científicas en nuestros países, encuentran su origen y espacio natural, por lo general, en las instituciones de educación superior.
En esa perspectiva, los compromisos que Colombia adquiere a través del Convenio de cooperación que se revisa, armonizan plenamente con las disposiciones de nuestra Carta Fundamental, por cuanto la misma reivindica el carácter multidimensional del individuo, el cual requiere para su desarrollo integral la garantía por parte del Estado y de la sociedad, de que podrá acceder, en condiciones igualdad, al conocimiento científico y tecnológico, desde el cual, en uso de la razón que le permite actuar como individuo autónomo, puede éste fortalecer y consolidar los valores que caracterizan su propia cultura, tal como lo dispone el artículo 70 de la C.P.
Pero además, a través de los procesos de intercambio que propone el instrumento bilateral que se analiza, las comunidades científicas de los dos países podrán nutrirse de los avances y conocimientos adquiridos, adecuados y adaptados a las condiciones que los singularizan e identifican, siendo este aspecto, sin lugar a dudas, fundamento esencial de las políticas diseñadas para alcanzar el acercamiento de los pueblos basado en los principios de respeto a la autonomía, a la identidad y a la dignidad.
El Convenio también se propone, a través del desarrollo de programas de intercambio y cooperación científico-tecnológica, favorecer los procesos de desarrollo de los dos países y elevar el nivel de competitividad de los mismos, para lo cual podrán celebrar acuerdos complementarios de ejecución y contarán con una Comisión Mixta que coordinará y propondrá actividades, proyectos y acciones concretas, con miras a la realización de los objetivos propuestos, disposiciones respecto de las cuales no existe reparo de constitucionalidad, pues ellas encuentran específico fundamento en el artículo 9 de la Constitución, norma superior que establece de manera expresa que "...la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe".
Por último, en cuanto al contenido de los artículos IX, X y XI del Convenio, que se refieren a la vigencia, duración y posibilidad de denuncia del Convenio, éstos se ajustan a los mecanismos dispuestos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual se incorporó al ordenamiento jurídico del país a través de la Ley 32 de 1985.
Primero. DECLARAR EXEQUIBLES el Convenio Marco de Cooperación técnica y científica celebrado en Santa Fe de Bogotá entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica, el veinte (20) de abril de 1994, y la Ley 460 del 4 de agosto de 1998 que lo aprobó.
EDUARDO CIFIUNTES MUÑOZ