Source: http://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20045850
Timestamp: 2019-09-20 08:20:12
Document Index: 371251731

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 241', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 29', 'artículo 58', 'artículo 363', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 243', 'artículo 209']

C-987 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020045850CC-SENTENCIAC987200629/11/2006CC-SENTENCIA_C_987__2006_29/11/2006200458502006SENTENCIA C-987/06 INHABILIDADES PARA ACCEDER A CARGOS PUBLICOS- Por haberse impuesto la tercera sanción disciplinaria en cinco años /FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA- Por haberse impuesto la tercera sanción disciplinaria en cinco años INHABILIDADES- Naturaleza/ INHABILIDADES- Finalidad PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY- Alcance La Constitución no consagra como principio general, y con el alcance que la demandante le atribuye, la prohibición de que las leyes se apliquen con retroactividad. Existen sí en la Constitución, prohibiciones expresas sobre la retroactividad de la ley frente a materias específicas. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS -Límites INHABILIDADES- Inhabilidad por sanción anterior La principal razón que justifica esta situación es el hecho de que la inhabilidad que toma en cuenta sanciones anteriores impuestas al individuo en cuestión, no es en sí misma una nueva sanción, sino una medida de protección social encaminada a garantizar el buen funcionamiento de la actividad regulada (el servicio público) y la prevalencia de principios esenciales y fundamentales para la buena marcha de la administración pública, entre ellos la igualdad, la moralidad y la imparcialidad. REGIMEN DE INHABILIDADES- No aplicación del principio de favorabilidad en inhabilidad por sanciones disciplinarias anteriores La Corte llama la atención sobre el hecho de que la favorabilidad es un principio frente a materias penales, que se ha extendido legalmente a otras áreas, lo que lo ha convertido en normalmente aplicable en el ámbito sancionatorio. De allí que, teniendo en cuenta que según lo ha demostrado la Corte, la inhabilidad contenida en la norma demandada no tiene el carácter de sanción, no es del caso aplicar este principio con el fin de que ciertas sanciones no sean tenidas en cuenta al momento de determinar la ocurrencia de la inhabilidad, así la conducta sancionable tenga ahora una connotación más benigna que cuando tuvo lugar el hecho sancionado. TIPO ABIERTO O CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO- Admisibilidad en materia disciplinaria COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración Realizado el análisis detallado de los cargos formulados por la demandante, la Corte debe llamar la atención sobre el hecho de que todos ellos tienen en común la circunstancia de estar sustentados sobre la premisa, claramente descartada por la Corte, de que cuando la norma demandada establece una inhabilidad para ocupar cargos públicos a quienes hayan acumulado tres o más sanciones disciplinarias de las características ya anotadas dentro de los cinco últimos años, está imponiendo en realidad una nueva sanción. Así las cosas, y dado que la posible consideración de esta norma como constitutiva de sanción, y por ende violatoria del debido proceso (art. 29 de la Constitución Política), fue el tema sobre el cual se pronunció la Corte al declarar la exequibilidad de esta mismo precepto mediante la sentencia C-544 del 24 de mayo de 2005, la Corte encuentra, en coincidencia con lo que propusiera de manera subsidiaria la representante del Ministerio Público que intervino dentro de este proceso, que es procedente reconocer el efecto de cosa juzgada de la mencionada sentencia. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda Referencia: expediente D-6273 Demandante: Sandra Mónica Cardozo Rojas
NILSON PINILLA PINILLAD6273CONSTITUCIONALIDADSandra Mónica Cardozo RojasDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".Identificadores20020045851true67609Versión original20045851Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
DEMANDA de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Nacional, la ciudadana Sandra Mónica Cardozo Rojas solicitó ante esta corporación la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 (parcial) de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
2.Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
La Corte debe hacer notar en este punto que el escrito de demanda presenta una inconsistencia en cuanto al alcance de las normas demandadas, que se resume así: Si se tiene en cuenta la parte subrayada del texto de la norma que fue transcrito por la demandante, resultaría que fueron demandadas una frase del enunciado inicial del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 ("a partir de la ejecutoria del fallo") y el texto completo del numeral 2° del mismo artículo 38. Sin embargo, si se tienen en cuenta el párrafo introductorio de la demanda, la solicitud contenida en el punto VII (parte final) del mismo escrito, así como el contenido de los cargos formulados, debería entenderse que la demanda se dirige únicamente contra el numeral 2° en comento.
Por lo anterior, la Corte se abstendrá de estudiar la constitucionalidad de la expresión "a partir de la ejecutoria del fallo" contenida en el inciso inicial del artículo 38 parcialmente demandado, y limitará su análisis al texto del numeral 2° de la misma norma.
En primer lugar, plantea que el hecho de que las inhabilidades establecidas en el citado numeral 2° del artículo 38 tengan efecto "…a partir de la ejecutoria de la última sanción" viola el principio de la no retroactividad de la ley, que al decir de la demandante se encuentra estipulado en los artículos 29 y 58 de la Carta. La razón de la infracción denunciada consiste en que si la inhabilidad tiene como punto de partida el arriba reseñado, dicha inhabilidad podría terminar generándose a partir de sanciones disciplinarias impuestas como consecuencia de hechos sucedidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 734 de 2002 (actual Código Disciplinario Único) e incluso, en algunos casos, sancionados antes de su vigencia[1].
2) Reiteración de jurisprudencia en torno a la legitimidad constitucional de las inhabilidades para ejercer cargos públicos
"…el señalamiento de un régimen de inhabilidades puede llegar a contraponer el ejercicio del interés personal del titular del derecho político que pretende acceder al desempeño del cargo o función públicos, con el interés general que se protege a través de las limitaciones al mismo. De ahí que sea factible una regulación restrictiva del derecho político aludido con reducción del ámbito de goce para su titular, bajo el entendido de que prevalece la protección de ese interés general, concretado en la moralización, imparcialidad y eficacia del funcionamiento del Estado colombiano."[4]
"En realidad, las normas que prohíben el ejercicio de cargos públicos a quienes han sido condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo -lo ha dicho la Corte -, antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, deben evaluarse desde la perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio del cargo, pues de este modo no sólo se logra conservar incólume la idoneidad del servidor público en lo que toca con el desarrollo y ejecución de sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad un cierto grado de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno."[5]
"Sobre el particular cabe precisar que, como igualmente ya se explicó, el Legislador goza de un amplio margen de configuración en materia de establecimiento de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en relación con el ejercicio de funciones públicas, que debe respetar, sin embargo, los límites que en este campo impone la Carta Política, bien por que ella haya fijado de manera explicita determinados parámetros, bien porque la actuación del Legislador deba subordinarse a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos, al tiempo que el ejercicio de la referida potestad de configuración no puede ser irrazonable ni desproporcionada." (Sentencia C-1172 de noviembre 17 de 2005, M. P. Álvaro Tafur Galvis)
En este caso hay mención, pero no real confrontación con lo instituido en el citado artículo, además de lo cual el cargo carece de varios de los atributos mencionados, entre ellos la claridad, la especificidad, la suficiencia, pero sobre todo, la necesaria certeza, que según lo explicado en el pronunciamiento arriba referido, consiste en que "la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente 'y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita' e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda". Como es evidente, el cargo propuesto por la actora no demuestra, ni al menos genera duda, en cuanto a que la denunciada vulneración a la igualdad se derive directamente del contenido de la norma. Por el contrario, es claro que ella resultaría apenas de una particular forma de apreciar la eventual aplicación de la misma a casos concretos, situación puramente hipotética que no es suficiente para configurar un cargo válido de inconstitucionalidad. Por ello, la Corte se declarará inhibida para decidir sobre esta acusación.
Así por ejemplo, el segundo inciso del artículo 29 advierte que "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa,…". Por su parte, el artículo 58 garantiza "…la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores". Finalmente, dice el artículo 363 en su inciso segundo que "Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad".
"Tampoco podría calificarse de inconstitucional el carácter intemporal que la norma le reconoce a la prohibición allí prevista, pues, tal como lo ha venido afirmando esta Corporación y ahora se reitera, las causales de inelegibilidad 'sin límite de tiempo', estructuradas a partir de la existencia previa de antecedentes penales, esto es, de sentencias condenatorias por delitos no políticos ni culposos, no conllevan un desconocimiento del Estatuto Superior -particularmente del principio de imprescriptibilidad de las penas- toda vez que el fundamento de su consagración no reposa en la salvaguarda de derechos individuales, sino en la manifiesta necesidad de garantizar y hacer prevalecer el interés general. Es así como la propia Constitución Política le reconoce efectos intemporales a esta causal de inhabilidad -la referida a la existencia de sentencia judicial condenatoria-, cuando directamente la regula para los congresistas (Art. 179-1), el Presidente de la República (Art. 197) y el Contralor General (Art.267)." (Sentencia C-209 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa).
"De lo anterior se concluye que la intemporalidad de las inhabilidades legales no desconoce el principio de imprescriptibilidad ni el de legalidad de las sanciones, y que ello se debe primordialmente a que la causa final de dichas normas no es castigar la conducta personal de quien ha llevado a cabo conductas jurídicamente reprochables, sino preservar la confianza pública en la idoneidad y transparencia en el ejercicio de la función pública o en la prestación de una servicio público. Es decir, la consagración de un régimen de inhabilidades no constituye ejercicio del poder punitivo o sancionador del Estado, ni aun cuando las limitaciones que resulten aplicables para acceder a ciertos cargos o desarrollar ciertas actividades se deriven de conductas legalmente sancionadas." (Sentencia C-1062 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
"Dicha especificidad en lo que tiene que ver con el derecho disciplinario ha sido objeto de consideración por esta Corporación en numerosas ocasiones[8], en las que se ha referido particularmente a tres aspectos que, por lo demás, revisten especial importancia para el examen de los cargos planteados por el actor, ello son (i) la imposibilidad de transportar integralmente los principios del derecho penal al derecho disciplinario, (ii) el incumplimiento de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad disciplinaria y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario del sistemade sanción de las faltas disciplinarias denominado de los números abiertos, o numerus apertus, por oposición al sistema de números cerrados o clausus del derecho penal." (No está en negrilla en el texto original).
"En relación con la precisión de la definición previa de las conductas que serán sancionadas,la Corte ha aceptado de tiempo atrás que en este ámbito es admisible que las faltas disciplinarias se consagren en 'tipos abiertos', 'ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos'. La infracción disciplinaria implica siempre el incumplimiento o desconocimiento de un deber del servidor público; 'la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas'. En esa medida, las normas disciplinarias estructuradas en forma de tipos abiertos remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagran los deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos; y es a este complemento al cual debe acudir el juez disciplinario al momento de decidir sobre la existencia de responsabilidad y la procedencia de las sanciones correspondientes."[9] (No está en negrilla en el texto original).
PRIMERO:Estarse a lo resuelto en la sentencia C-544 de 2005, que declaró exequible, exclusivamente por el cargo analizado, el numeral 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
Estarse a lo resuelto ... (numeral 2 ) Artículo 38 LEY_734_2002_05/02/2002
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (numeral 2 ) Artículo 38 LEY_734_2002_05/02/2002
Norma acusada: artículo 38, parcial, de la Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"
"PRIMERO:Estarse a lo resuelto en la sentencia C-544 de 2005, que declaró exequible, exclusivamente por el cargo analizado, el numeral 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
SEGUNDO: Declararse inhibida para proferir un fallo de fondo en relación con el cargo por violación del principio de igualdad, formulado respecto del numeral 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, por ineptitud sustantiva de la demanda."
"En el caso sometido a estudio, los demandantes advierten que la norma acusada quebranta el principio del debido proceso (art. 29 C.P.) porque sanciona nuevamente a los servidores públicos que han acumulado un número determinado de sanciones disciplinarias, con lo cual se deja de penalizar la conducta concreta del individuo para sancionar su personalidad."
El artículo 243 de la Constitución, señala que las sentencias que profiere la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, sobre lo cual la jurisprudencia constitucional ha señalado que "se traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley".[10]
También la Corte ha indicado que si bien cuando ejerce el control de constitucionalidad debe confrontar la norma acusada con la totalidad de las disposiciones constitucionales, ello no obsta para que en su condición de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución determine los efectos de sus propias decisiones[11]. Por ello, puede suceder que la Corte al declarar la exequibilidad de una disposición lo limite al cargo analizado o a su confrontación con una determinada disposición constitucional -cosa juzgada relativa-, evento en el cual la cosa juzgada constitucional ha operado exclusivamente en relación con lo examinado y decidido en la sentencia, pero puede ser nuevamente demandada la disposición por cargos diferentes a los examinados en la sentencia.
Por consiguiente, el "ámbito de la cosa juzgada relativa será el que la propia Corte haya definido en la sentencia anterior. De esta manera se preserva la seguridad jurídica puesto que el referente es objetivo y previo"[12]. Es decir, no permite un segundo pronunciamiento de la Corte sobre lo examinado en la respectiva decisión, salvo la Corte haga explícito el abandono de dicha decisión por específicas circunstancias.
[1]Cabe agregar que esta situación sólo podrá presentarse dentro de los cinco (5) primeros años de vigencia de la norma, los cuales concluirán el día 5 de mayo de 2007.
[2]En este fallo la Corte cita, entre otras varias, las siguientes sentencias: C-564 de 1997 (M. P. Antonio Barrera Carbonell), C-780 de 2001 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), C-1062 de 2003 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[3]Mencionado por el artículo 209 de la Constitución Política como uno de los principios que deben regir el ejercicio de la función administrativa.
[4]Sentencia C-952 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[5]Sentencia C-209 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[6]Dentro de esta línea jurisprudencial pueden citarse, entre muchas otras, las sentencias C-617 de 1997 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), C-1412 de 2000 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-200 de 2001 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), C-952 de 2001 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), C-1212 de 2001 (M. P. Jaime Araújo Rentería), C-373 de 2002 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), C-064 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería), C-625 de 2003 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-015 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), en todas las cuales se plantean estos límites y restricciones.
[7]Sentencias C-686 de 1996 (M. P. Alejandro Martínez C.) y C-1106 de 2001 (M. P. Eduardo Montealegre L.)
[9]Sentencia T-1093 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa). Este fallo remite a su vez a los planteamientos previamente hechos en las sentencias C-948 de 2002 (ya citada) y C-404 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[10]Sentencia C-543 de 1992. M.P: José Gregorio Hernández Galindo.
[11]Sentencia C-113 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía.