Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00283-49017-de-febrero-13-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_111f2f9d818e012ce0530a010151012c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 13:39:25
Document Index: 221316556

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 47', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 90', 'e contrario', 'artículo 47', 'artículo 66', 'artículo 49', 'artículo 115', 'artículo 16', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 86']

SENTENCIA 2011-00283 DE 13 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:PROPIEDAD DE VEHÍCULO- ACREDITACIÓN. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 769 DE 2002, LA TRADICIÓN DEL DOMINIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ADEMÁS DE LA ENTREGA MATERIAL DEL MISMO, DEBE SURTIRSE LA INSCRIPCIÓN DEL TÍTULO EN EL ORGANISMO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 60 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO. ASÍ LAS COSAS, DE ACUERDO CON LA MENCIONADA NORMA PARA TENER POR ACREDITADO EL DOMINIO SOBRE UN VEHÍCULO ES NECESARIO APORTAR EL CERTIFICADO DE REGISTRO DEL TÍTULO DE ADQUISICIÓN DEL AUTOMOTOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TRADICIÓN DE BIEN MUEBLE, TRADICIÓN, VEHÍCULO
Sentencia 2011-00283/49017 de febrero 13 de 2015
Dr.Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Rad.: 25000-23-26-000-2011-00283 01 (49017)
Actor: Deinny Julieth Segura Cruz y otros.
Bogotá D.C., trece de febrero de dos mil quince.
EXTRACTOS: «II.Consideraciones
La Sala es competente para conocer el presente caso, toda vez que se impuso condena a una entidad pública en cuantía que excede los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia de primera instancia y esta no fue apelada, cumpliéndose así los requisitos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.(1)
De acuerdo con el precedente de la Sala,
“Previo a decidir el asunto de fondo, es necesario precisar que la consulta, en los términos del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, se tramita en procesos de dos instancias en las cuales la respectiva sentencia de primera imponga una condena de 300 smlmv, en contra de una entidad pública, siempre que aquellas no fueren objeto de recurso de apelación. Ahora bien, según lo dispone la norma en comento y como se hizo referencia en el párrafo precedente, la consulta se tramitará a favor de la entidad pública condenada, de tal manera que la competencia de la Sala se extiende sobre todo el asunto objeto de debate sin que sea viable perjudicar su situación actual, tal y como habría ocurrido en caso de que se hubiere admitido el recurso de apelación formulado por haber sido la entidad pública apelante único”(2).
La Sala para resolver lo que corresponda, en primer lugar analizará un aspecto procesal previo relativo al valor probatorio de las fotografías; luego examinará los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado; posteriormente se analizará el régimen de responsabilidad del Estado en eventos de conducción de vehículos automotores, después se reseñarán los medios probatorios que obran en expediente; finalmente, con base en los dos anteriores ítems se realizará el análisis del caso concreto.
2. El valor probatorio de las fotografías.
La Sala advierte que al plenario se allegaron 4 fotografías con las cuales se pretende acreditar algunos de los hechos alegados en la demanda. Al respecto la Sala advierte que no serán valoradas en esta instancia, toda vez que carecen de mérito probatorio, pues sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas; al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden cotejarse con otros medios de prueba allegados al proceso.
Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”(3) de la responsabilidad del Estado(4) y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(5) y de su patrimonio(6), sin distinguir su condición, situación e interés(7). De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, estos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”(8). Como bien se sostiene en la doctrina,
Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(11) tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(12) tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo(13).
En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(14), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene,
“La superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(15).
Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(16), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(17). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(18).
En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(19). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(20).
Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(21). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(22). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(23).
Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(24) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(25) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(26).
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica:
“… el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(27) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(28). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(29).
“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad(30), en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber:
1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. V. g. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.
2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. V. g. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso.
Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(31)”(32).
16. En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(33).
Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(34), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse… que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(35), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho(36).
Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir que sea en un solo título de imputación, la falla en el servicio, en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sustentada en la vulneración de deberes normativos(37), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho.
Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(38) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme al anterior esquema se analizará el caso a resolver.
4. Régimen de responsabilidad aplicable en los eventos de conducción de vehículos automotores.
La jurisprudencia reiterada de la corporación ha sostenido que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue de actividades peligrosas, lo cual ocurre cuando se conduce un vehículo automotor, estará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen al realizarse el riesgo creado(39), con fundamento en el título del régimen objetivo, identificado como riesgo excepcional; así mismo, en cuanto al reparto de la carga de la prueba que tiene lugar en litigios en los cuales el aludido sea el asunto objeto de controversia, se ha advertido, en forma reiterada, que
“[A]l actor le bastará probar la existencia del daño y [la relación de causalidad] entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”.(40)
Con todo, como también lo ha reiterado la Sala, en el análisis de la responsabilidad del Estado se debe comenzar por estudiar si en el caso de marras, el referido daño tiene su origen en irregularidades en la actividad de la administración —falla en la prestación del servicio- de modo que, en caso de no hallarse estructurada ésta, debe acudirse a la aplicación del título de imputación objetivo(41).
a) Allison Daniela Díaz Segura acreditó su calidad de hija de la señora Deinny Juliteh Segura Cruz, mediante copia auténtica del registro civil de nacimiento Nº 43753277, expedida el 11 de noviembre de 2010 por la Notaría Primera del Circulo de Girardot(42).
b) El señor Jair Bernardo Segura Rodríguez y la señora Gloria Cruz Mur, acreditaron su condición de padres de la víctima directa con la copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la señora Deinny Julieth Segura Cruz, expedida por la Notaría Primera de Girardot, el 9 de noviembre de 2010(43).
c) La condición de hermanas de la señora Zully Milena Segura Cruz y la señora Carol Ximena Segura Cruz, de la señora Imelda Becerra Arango, se encuentra acreditada con los siguientes documentos:
• Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la señora Zully Milena Segura Cruz Nº 20296143, expedida el 11 de noviembre de 2010 en la Notaría Primera de Girardot(44).
• Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la señora Carol Ximena Segura Cruz, expedida por la Notaría Primera de Girardor, el 11 de noviembre de 2010(45).
d) Obra en el expediente copia simple de la historia clínica de la señora Deinny Julieth Segura Cruz(46), en la cual se encuentran, entre otros, los siguientes documentos:
• Epicrisis del Hospital San Rafael - Unidad de Ciudados Intensivos, del día 19 de octubre de 2010(47).
• Resultado de RX de pelvis(48), realizada el 26 de octubre de 2010.
e) Informe Técnico Médico Legal de Lesiones no Fatales, realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 25 de octubre de 2010(49).
f) Obra en el expediente el “informe policial de accidente de tránsito Nº A”, del cual se destaca que en dicho formulario, el acápite señalado como número 12 denominado “hipótesis”, se consignó que el vehículo número 1, no respetó la prelación; y como hipótesis número 2 se constató que el vehículo número 2, este es la motocicleta, no redujo velocidad cuando se llega al punto de intersección(50).
g) Constancia laboral del señor José Leonardo López Porras, mediante la cual se acreditó que el señor López Porras era, en el momento de los hechos, soldado profesional orgánico del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento(51).
h) Acta 1318 del Centro Nacional de Entrenamiento – Batallón de Apoyo de Servicios para el Entrenamiento – Sección Transporte, del 15 de mayo de 2010; en donde la entrega del camión NPR Chevrolet K-10121, de placas K-10121, al soldado López Porras, como conductor responsable del mismo(52).
i) Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, Nº 20 039 2012, del 17 de noviembre de 2012, en el cual se estableció, para la señora Deinny Julieth Segura Cruz, una incapacidad del 28.21%(53).
j) Croquis del accidente ocurrido el 19 de octubre de 2010, a las 7:50 a.m.(54)
k) Obran en el expediente las actas de recepción de los testimonios rendidos Silvia Barrero Moscoso(55), Jesús Antonio Díaz(56) y Luz Mery Cubillos Bocanegra, ante el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Girardot.
Procede la Sala a realizar el análisis del caso concreto. Para el efecto se ocupará de constatar si conforme a los hechos probados se presentan los dos presupuestos necesarios para derivar responsabilidad del Estado, esto es, si existe el daño jurídico alegado en la demanda y si el mismo es atribuible al Ejército Nacional.
5.1. El daño antijurídico en el caso concreto.
Las lesiones sufridas por la señora Deinny Julieth Segura Cruz, que fue el daño alegado en el libelo, se encuentran acreditadas en el plenario. Así lo prueba un registro sentado en la epicrisis el 19 de octubre de 2010, sobre el ingreso de la víctima a la institución hospitalaria. En este documento se consignó:
“Ingresa alos (sic) 10 min aproximadamente luego de accidente en moto iba de peaton cae de moto y es atropellada por vehiculo actomotor (sic), (paso de rueda por pelvis) ingresa con estabilidad hemocinamica, conciente, se detecta fractura de pelvis inestable (ilegible) compromiso abdominal, se lleva a salas de cirugia realizandose colocacion de (ilegible) externo, sutura en rgion (sic) vaginal, se pasa a uci para continuar […]”(sic)(57)
También reposa en el expediente el resultado de RX de pelvis(58), realizada el 26 de octubre de 2010, en el cual se concluyó:
“Fractura inestable isquiopúbica bilateral con cabalgamiento y desplazamiento de fragmento óseo iliaco en el lado izquierdo, asociado (sic) alteración de la continuidad del anillo pélvico (imbalance pélvico)”.(sic)
De igual forma se encuentra en el expediente informe técnico médico legal de lesiones no fatales, realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 25 de octubre de 2010, en el cual se lee:
“[…] Refiere examinada postrada en cama que el día 19-10-10 com (sic) a las 8:00 de la mañana yo iba de pasajera en una moto y desconocido en un carro grande se me atrvezó y me pegó con el camión y yo caí al piso y el camión me pasó por encima de mis caderas. Se reviza (sic) notas de atención de urgencias del HSRG del 19-10-10 a las 8:18 con accidente de tránsito en motocicleta que al caer es arrollado por vehículo de carga pesada en en abdomen con sangrado genital, no perdida (sic) de conocimiento. Examen físico: Genitales: sangrado genital con lesión en labios mayores caras internas bilaterales con tacto vaginal no sangrado […] Descripción quirúrgica (19-10-10): […] Politraumatismo fractura inestable de pelvis, desgarro vaginal. […]”(sic)(59)
Los anteriores medios probatorios acreditan que la señora Deinny Julieth Segura Cruz, resultó lesionada en un accidente de tránsito. Resta verificar si las lesiones sufridas por esta persona en dicho accidente le pueden ser atribuidas al Ejército Nacional.
5.2. Imputación del daño en el caso concreto.
La Sala procede a verificar si conforme a las pruebas obrantes en el proceso es imputable el daño antijurídico sufrido por los demandantes al Ejército Nacional, es decir, si el contexto fáctico y jurídico permiten atribuirle responsabilidad por este daño a esta entidad pública.
5.2.1. La propiedad del vehículo:
Para acreditar la propiedad del vehículo en la demanda se aportó copia de la tarjeta de propiedad Nº 941031694, correspondiente al vehículo camión Chevrolet modelo 2010, con número de serie 9GDNPR71XAB167294, en la que aparece como propietario el Ejército Nacional- Fuerzas Militares de Colombia;
Se allegó también con el libelo la copia dela Factura de venta Nº 2233 del 2 de abril de 2009, expedida por la Unión Temporal Automayor S.A. GM Colmotores S.A. del vehículo camión chevrolet color blanco arco bicapa, serie 9GDNPR71XAB167294, en donde consta que el comprador es el Ministerio de Defensa Naciona l- Ejército Nacional.
La Sala advierte que estos documentos no tiene la fuerza suficiente para acreditar que el dominio del vehículo estaba en cabeza de la entidad demandada, esto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 769 de 2002, vigente al momento en que ocurrieron los hechos y por tanto aplicable al sublite. Esta norma establece que para la tradición del dominio de vehículos automotores, además de la entrega material del mismo, debe surtirse la inscripción del título en el organismo correspondiente, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo. Así las cosas, para tener por acreditado el dominio del Ejército sobre el Camión era necesario aportar el certificado de registro del título de adquisición del automotor.
No obstante lo anterior, sí se encuentra acreditado que el vehículo camión estaba bajo la guarda material de la entidad demandada, así lo evidencia el documento Acta 1318 del Centro Nacional de Entrenamiento – Batallón de Apoyo de Servicios para el Entrenamiento – Sección Transporte, del 15 de mayo de 2010. En este documento se lee:
“Asunto: entrega del vehiculo tipo camion 3.5 ton. cevrolet npr721. modelo 2010 placa militar k-1021 que hace la seccion transporte del basen al señor pf. Lopez Porra Leonardo conductor responsable vehiculo por intermedio de seccion cuarta basen”(sic).(60)
Esta corporación ha determinado en el pasado que:
“se distinguen los casos en los que se puede inferir en cabeza de la administración pública la “guarda jurídica” y la “guarda material”, incluso si aquella no ejerciera la tenencia material del vehículo, de manera que la administración pública para eximirse de responsabilidad deberá probar la causa jurídica que lo releve de la situación de guarda de la cosa peligrosa, teniendo en cuenta que el propietario de elementos e instrumentos con los que se despliega una actividad peligrosa es el que asume la posición de guardián de la misma(61).
Se reitera, además, que aunque no se pruebe la propiedad del vehículo en cabeza de la entidad demandada, pero si éste estaba destinado al servicio de la misma para la fecha de los hechos, ejerciendo la guarda material y dirección de la actividad peligrosa, compromete la responsabilidad de la administración.”(62)”(63)
Así las cosas, pese a que no se acreditó la propiedad del vehículo con el que se causó el daño antijurídico; sí se evidenció que la guarda material del mismo la tenía el Ejército Nacional, y esta circunstancia permite seguir estudiando si le puede ser imputable a esta entidad la responsabilidad por los daños sufridos por los demandantes.
5.2.2. La condición del miembro del Ejército de quien conducía el vehículo.
De otro lado, también obra en el expediente una constancia laboral del señor José Leonardo López Porras, en la cual se acredita que en el momento en que ocurrieron los hechos esta personas se desempeñaba como soldado profesional orgánico del Batallón de Apoyo y Servicios para el Entrenamiento(64).
5.2.3. La conducta del soldado José Leonardo López Porras.
A este respecto, obra en el expediente el “informe policial de accidente de tránsito Nº A”, del cual se destaca que en dicho formulario, el acápite señalado como número 12 denominado “Hipótesis”, se consignó que el vehículo número 1, no respetó la prelación; y como hipótesis número 2 se constató que el vehículo número 2, esto es, la motocicleta, no redujo velocidad cuando se llega al punto de intersección(65).
En este mismo documento se describen las dos vías por las que transitaban los vehículos que colisionaron. Allí se indica que en la vía 1, es decir la calle 22, por la que transitaba el camión, se encontraba una señal de PARE. Lo anterior muestra a la Sala que el Soldado José Leonardo López Porras, vulneró la norma de tránsito que le obligaba a dar prelación a la motocicleta en la que viajaba la víctima de las lesiones y que transitaba por la vía 2, esto es, la carrera 12.
En efecto, el artículo 66 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres dispone:
“El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda”.
Así las cosas, el informe policial pone de presente una infracción por parte del miembro de institución militar. Ahora bien, sí tal infracción coincidió con la no reducción de la velocidad de la motocicleta en que se transportaba la víctima, ésta negligencia no le puede ser atribuible a la lesionada, toda vez que Deinny Juliet Segura Cruz no conducía este vehículo en el momento del accidente, sino que se transportaba como pasajera.
En esta línea de pensamiento, la Sala encuentra acreditado que la guarda material del camión con el que se ocasionaron las lesiones a la señora Segura Cruz, la tenía la entidad demandada; que el conductor de este vehículo, Soldado profesional al que el Ejército había encargado de su conducción, infringió un deber normativo impuesto por el Código de Tránsito y Transporte. Por lo tanto, se evidencia una falla en el servicio que permite imputar la responsabilidad del daño antijurídico sufrido por los demandantes a la Ejército Nacional y en este sentido se confirmará la sentencia objeto de la consulta.
Sin embargo, las indemnizaciones por concepto de perjuicios morales y materiales deberán ser modificados como se explica a continuación.
6. Modificación de la Indemnización de perjuicios morales.
Pese a que a que la sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta se confirmará en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada la misma se modificará en relación con los perjuicios impuestos en el fallo de primera instancia los que deberán ajustarse a los parámetros que dio esta corporación en reciente sentencia de unificación.
En efecto, la Sala plena de la Sección Tercera, en sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 31172, sobre la cuantificación de los perjuicios morales en los eventos de lesiones dispuso:
“Procede la Sala Plena de la Sección Tercera a unificar su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales.
La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.
Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.
Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 smlmv si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 smlmv cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 smlmv en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%.
En el sub judice, el perjuicio moral concedido a la víctima directa fue reconocido en cuantía equivalente a cien (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por tanto, el monto concedido por el tribunal de primera instancia habrá de ajustarse a los anteriores parámetros y por cuanto la gravedad de la lesión fue superior a 20% e inferior a 30% se le reconocerán 40 salarios mínimos legales mensuales.
Ahora bien, en cuanto a los perjuicios morales reconocidos a la hija en cuantía equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales, y los padres de la víctima de la lesiones, en 25 a cada uno de ellos; no es posible ajustar estas condenas, toda vez que, como se advirtió, el grado jurisdiccional de consulta deja en condición idéntica a la de la apelante único a la entidad demandada, por lo tanto no es posible reforma la sentencia en perjuicio de sus intereses. Ocurre de igual manera con las indemnizaciones por perjuicios morales a favor de los hermanos; cuantificadas en 15 salararios para cada uno de ellos en el fallo de primera instancia. Por todo lo anterior, se condenará por concepto de perjuicios morales a las siguientes sumas:
Deinny Julieth Segura Cruz (Lesionada) 40 $25.774.000
Allison Daniela Díaz Segura (hija) 30 $19.330.500
Jair Bernardo Segura Rodríguez (padre) 25 $16.108.750
Gloria Cruz Mur (madre) 25 $16.108.750
Zully Milena Segura Cruz (hermana) 15 $9.665.250
Carol Ximena Segura Cruz (hermana) 15 $9.665.250
7. Actualización y modificación de los perjuicios materiales.
El a quo concedió perjuicios materiales así:
“Reconózcasele a la señora Deinny Julieth Segura Cruz, reconózcasele la suma correspondiente a 276.313 pesos m/cte, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.
Lucro Cesante consolidado: Reconózcase a Denny(sic) Julieth Segura Cruz y Alisson Daniela Díaz Segura la suma correspondiente a $1.504.421,71 pesos m/cte.
Lucro cesante futuro: Reconózcase a Denny(sic) Julieth Segura Cruz y Alisson Daniela Díaz Segura la suma correspondiente a $41.571.069 pesos m/cte.”.
La Sala comparte íntegramente los raciocinios expuestos por el tribunal de primera instancia, en cuanto la prueba del daño emergente representado por los elementos utilizados en el proceso de recuperación de la lesionada(66); también se confirma la presunción del salario mínimo legal que realizó el a quo, para el cálculo de lucro cesante. Sin embargo, en cuanto este último perjuicio, se modificará la sentencia, en cuanto al beneficiario de la condena; toda vez que tratándose de lesiones, no existe motivo jurídico alguno para indemnizar a la hija de la víctima, como quiera que quien deja de percibir ingresos como consecuencia de la disminución es su capacidad laboral es la víctima directa de las lesiones; por lo tanto, una vez actualizada la condena por lucro cesante, en la parte motiva se dispondrá que tal indemnización es a favor únicamente de Deinny Julieth Segura Cruz.
En consideración a todo lo anterior, la Sala se dispone a actualizar cada una de esas cifras conforme a la siguiente fórmula matemática:
7.1. Actualización del daño emergente:
Vi : valor inicial, equivalente a la suma reconocida por concepto de daño emergente en la sentencia de primera instancia, esto es, $276.313.
If : índice final, equivalente al IPC correspondiente a enero de 2015, esto es, 118,91
Ii : índice inicial, equivalente al IPC correspondiente a junio de 2013, fecha del fallo de primera instancia, esto es, 113,75
En este orden,
Va = 276.313 (118,91 / 113,75)
VA = $288.847,28
7.2. Actualización del lucro cesante consolidado.
Vi : valor inicial, equivalente a la suma reconocida por concepto de lucro cesante consolidad en la sentencia de primera instancia, esto es, $1.504.421,71
Va = 1.504.421,71 (118,91 / 113,75)
VA = 1.572.666,24
7.3. Actualización de lucro cesante futuro.
Vi : valor inicial, equivalente a la suma reconocida por concepto de lucro cesante futuro en la sentencia de primera instancia, esto es, $41.571.069
Va = 41.571,069 (118,91 / 113,75)
VA = $43.456.842,33
8. Daño a la salud.
En cuanto se refiere al daño reconocido bajo la denominación “daño a la vida de relación”, la Sala advierte que conforme al desarrollo jurisprudencial reciente de esta corporación, tendiente a eliminar la entropía existente en materia de perjuicios inmateriales, unificó en un solo concepto la multiplicidad de daños que se calificaban como “daño la vida de relación”, “alteración de las condiciones de existencia” y “perjuicio fisiológico”; en un único concepto objetivo: el de daño a la salud. En esta nueva perspectiva este tipo de perjuicio estará necesariamente atado a un daño corporal, definido así:
(…) “daño a la salud” -esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica —ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez que reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (artículo 49) para determinar una indemnización por este aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.
(…) Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como ahora lo hace la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos que han sido reconocidos en diversas latitudes, como por ejemplo la alteración de las condiciones de existencia (v. gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a principios constitucionales de igualdad(67).
“se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222, C.P. Enrique Gil Botero, se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud”(68).
En el caso sub judice, en la demanda se pidió el reconocimiento del daño a la vida de relación y el mismo se hizo consistir en que la afectada con las lesiones no podría desarrollar algunas actividades vitales, que no se especificaron en la demanda.
El tribunal en la sentencia de primera instancia concedió una indemnización para la víctima de las lesiones, equivalente a 80 salarios mínimos. En sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 31172, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó los criterios para cuantificar el daño a la salud, al respecto se determinó:
Lo anterior, con empleo del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para lo que se emplearán –a modo de parangón– los siguientes parámetros o baremos:
— Las demás que se acrediten dentro del proceso.”
A propósito de las anteriores variables, en otra sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 exp. 28804 se determinó.
“Ahora bien, es menester aclarar que los porcentajes antedichos son indicativos de gravedad, por lo que pueden traducir a categorías cualitativas. De ahí que los porcentajes iguales o superiores se pueden entender como daños cualitativamente graves e intensos, mientras que los de menor porcentaje se entenderán de mayor gravedad. Esto permite atenerse a los criterios porcentuales antedichos, aún cuando se carezca de un valor certificado”.
En este orden de ideas, en el sub judice se acreditó, mediante el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Tolima, Nº 20 039 2012, del 17 de noviembre de 2012; que la señora Deinny Julieth Segura Cruz sufrió una incapacidad del 28.21%(69). Este porcentaje de incapacidad, en principio, y conforme al precedente que se acaba de transcribir, solo daría para indemnizar con 40 salarios mínimos legales mensuales. Sin embargo, la Sala, teniendo en cuenta que la víctima de las lesiones cuando sufrió el accidente contaba con 20 años de edad, circunstancia que reviste de mayor gravedad e intensidad al daño sufrido, pues significa tener que soportar esta limitación durante más del 70% de su vida probable; concederá el equivalente a otros 40 salarios mínimos legales mensuales. De tal forma que se confirmará la indemnización impuesta por el Tribunal en el fallo de primera instancia, en 80 salarios mínimos legales mensuales.
MODIFICAR la sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de junio de 2013, la cual quedará así:
1. DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los daños y perjuicios ocasionados a Deinny Julieth Segura Cruz, Allison Daniela Díaz Segura, Jair Bernardo Segura Rodríguez, Gloria Cruz Mur, Zully Milena Segura Cruz y Carol Ximena Segura Cruz; con ocasión de las lesiones sufridas por Deinny Julieth Segura Cruz.
2. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero, a las personas que se relacionan a continuación:
3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad daño emergente, a Deinny Julieth Segura Cruz, la suma de doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos con veintiocho centavos ($288.847,28).
4. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjucios materiales en la modalidad lucro cesante consolidado y futuro, a Deinny Julieth Segura Cruz, la suma de cuarenta y cinco millones veintinueve mil quinientos ocho pesos con cincuenta y siete centavos ($45.029.508,57).
5. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar por concepto de daño a la salud, la suma equivalente a ochenta salarios mínimos legales mensuales, que a la fecha de esta providencia corresponden a cincuenta y un millones quinientos cuarenta y ocho mil pesos $51.548.000.
6. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda
8. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
9. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.
(1) ART. 184.—Consulta. “Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.”
(2) Sección Tercera, auto de 30 de marzo de 2011, expediente 33238.
(5) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, pág. 49. La “la responsabilidad es, desde luego, en primer lugar una garantía del ciudadano, pero, coincidiendo en esto con otros autores (sobre todo franceses: Prosper Weil, André Demichel), creo que la responsabilidad es también un principio de orden y un instrumento más de control del Poder”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, en Afduam, Nº 4, 2000, pág. 308.
(6) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Sentencia C-832 de 2001.
(7) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.
(8) Rivero, Jean. Derecho administrativo. 9ª ed. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, pág. 293. Puede verse también esta construcción doctrinal en: Berlia. “Essai sur les fondements de la responsabilité en droit public francais”, en Revue de Droit Public, 1951, pág. 685; Bénoit, F. “Le régimen et le fondement de la responsabilité de la puissance publique”, en JurisClasseur Publique, 1954. T.I, V.178.
(10) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., págs. 120-121.
(11) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16, los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.
(12) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 0948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatiojuris’ además de la ‘imputatiofacti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.
(13) “Toda acción administrativa concreta, si quiere tenerse la certeza de que realmente se trata de una acción administrativa, deberá ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico. Sólo en la medida en que pueda ser referida a un precepto jurídico o, partiendo del precepto jurídico, se pueda derivar de él, se manifiesta esa acción como función jurídica, como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá ser comprendida como acción del Estado”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 212 y 213.
(14) “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. Sánchez Morón, Miguel. Derecho administrativo. Parte general., ob., cit., pág. 927.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.
(16) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.
(17) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.
(18) “Tenía razón Welzel al considerar que el Derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.
(19) “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs. 77 ss.
(20) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., pág. 7.
(21) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., pág. 7.
(22) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente 14170.
(23) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pág. 171.
(24) “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 62.
(25) “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 64.
(26) Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, pág. 430.
(27) Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, pág. 31.
(28) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977), págs. 1 y ss.
(29) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(…) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de ésta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 16.
(30) “En una sociedad de libertades, y, más aún, en una sociedad que además hace posibles contactos en alto grado anónimos, es decir, en una sociedad que pone a cargo de los ciudadanos la configuración del comportamiento a elegir, con tal de que ese comprtamiento no tenga consecuencias lesivas, la libertad decentral de elección debe verse correspondida, en cuanto sinalagma, por la responsabilidad por las consecuencias de la elección”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal., ob., cit., pág. 15.
(31) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter. Berlin.New York. 1993. págs. 796 y ss.
(34) “La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen “resultados desproporcionados e injustos¯ para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, pág. 23.
(35) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., pág. 204.
(36) “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., pág. 308.
(37) Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no “parezcan” excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., pág. 311.
(38) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontratual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, pág. 174. De acuerdo con Martín Rebollo “(…) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado sólo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que éste sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la repara- ción del daño, pero su función “remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido –concluye– la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa””. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en AFDUAM: Nº 4, 2000, pág. 307.
(39) Sentencias de 30 de noviembre de 2006, expediente 15473; 4 de diciembre de 2007, expediente 16.827; 9 de mayo de 2911, expediente 17608; 7 de julio de 2011, expediente 19470, entre otras.
(40) Sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 12.696; 27 de abril de 2006, expediente 27.520.
(41) Sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 15793; sentencia de 6 de junio de 2012, expediente 23025.
(42) Folio 8 del cdno. 2.
(43) Folio 9 del cdno. 2.
(44) Folio 6 del cdno. 1.
(45) Folio 13 del cdno. 1.
(46) Folios 144 - 249 del cdno. 2.
(47) Folio 91 del cdno. 2.
(48) Folio 67 del cdno. 2.
(49) Folio 121 del cdno. 2.
(50) Folios 135 - 136 del cdno. 2.
(51) Folio 255 del cdno. 2.
(52) Folio 252 y 252 anverso del cdno. 2.
(53) Folios 267 - 271 del cdno. 2.
(54) Folios 117 - 117 del cdno. 2.
(55) Folio 549 - 50 del cdno. 3.
(56) Folios 51 - 52 del cdno. 3.
(57) Folio 91 del cdno. 2.
(58) Folio 67 del cdno. 2.
(59) Folio 121 del cdno. 2.
(60) Folios 252 Anverso C.2.
(61) Sentencia 11842 de 19 de julio de 2000, M.P. Alier Eduardo Hernández.
(62) Sentencias 14076 de 18 de abril de 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque; 16365 de 22 de junio de 2009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, 18541 de 28 de abril de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, 18967 de 14 de abril de 2010, M.P. Enrique Gil Botero, 19007 de 23 de junio de 2010, M.P. Enrique Gil Botero.
(63) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 24 de enero 2011, exp. 18437.
(64) Folios 255 del cdno. 2.
(65) Folios 135 - 136 del cdno. 2.
(66) Folio 248 cdno. 2.
(67) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre 2011, exp. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.
(68) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2014, exp. 28832.
(69) Folios 267 - 271 del cdno. 2.