Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-7293-de-octubre-29-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d6ebf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 07:22:47
Document Index: 318547609

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 95', 'artículo 374', 'artículo 195', 'artículo 195', 'artículo 185', 'artículo 407']

﻿ SENTENCIA 7293 DE OCTUBRE 29 DE 2002
SENTENCIA 7293 DE 29 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:CASACIÓN. EN EL RECURSO DE CASACIÓN LA VÍA DIRECTA EMANA DE LOS ERRORES DE JUICIO SOBRE LA EXISTENCIA, VALIDEZ, ALCANCE O SIGNIFICADO DE UN PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO, SIN CONSIDERACIÓN ALGUNA A LA PRUEBA DE LOS HECHOS O AL CONTENIDO DE LA DEMANDA O DE SU CONTESTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTENIDO DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, RECURSO DE CASACIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, APLICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia 7293 de octubre 29 de 2002
Ref.: Expediente 7293
Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 2 de abril de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja —Sala Civil, Familia— en el proceso ordinario de Alfonso Prieto Sotelo contra Andrés Canal Mora, herederos de Daniel Sotelo y Salustiana Suárez de Sotelo, a saber, Policarpo Sotelo Suárez, Estanislao Abel Sotelo Suárez, Daniel Sotelo Suárez, Ana Cristina Sotelo Suárez, Rosa Segunda Sotelo Suárez de Prieto y María Siriaca Sotelo de Rodríguez, y demás herederos y personas indeterminados.
En la demanda se pidió la declaración de que el actor ha ganado el dominio, por prescripción adquisitiva extraordinaria, del inmueble ubicado en la carrera 9ª 13-55 al 71 de Villa de Leiva, alinderado como aparece en el respectivo libelo, ordenándose la inscripción pertinente en el registro inmobiliario.
Fácticamente se basa en que desde 1965 viene ejerciendo la posesión sobre el inmueble, en forma pacífica, pública y continua, sin reconocer dominio ajeno, calidad con que lo juzga todo el vecindario. Como señor y dueño ha establecido en él su vivienda, sostenido, mantenido y mejorado las construcciones del inmueble, y se ha lucrado de la producción económica del bien, apropiándose de los arrendamientos de sus locales, cultivándolo y manteniendo semovientes en el solar.
El demandado Andrés Canal Mora quien figura inscrito como propietario del bien, cuyos antecesores fueron Daniel Sotelo y Salustiana Suárez de Sotelo, ya fallecidos, nunca ha ejercido su posesión material.
Canal Mora se opuso a las pretensiones, negó los hechos que la soportan y formuló la excepción que denominó “inexistencia del derecho reclamado por el demandado” fundada en que el actor jamás ha tenido la posesión del inmueble, y si alguna vez residió en él, fue bajo el permiso o dependencia de su señora madre, Rosa Segunda Sotelo de Prieto, quien, precisamente, ha sostenido en otros procesos ser la poseedora, como en efecto ocurrió en el de entrega que el aquí demandado hubo de seguir contra sus vendedores, incluida la misma Rosa Segunda, que no obstante haber vendido se negó rotundamente a la entrega, desconociendo la venta y alegando posesión exclusiva.
El curador de los emplazados manifestó que no le constaban los hechos y que no se oponía a las pretensiones en la medida que encontraran respaldo probatorio y jurídico. Los demás demandados se abstuvieron de contestarla.
El 30 de mayo de 1996 fue clausurada la primera instancia mediante fallo que dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, desestimatorio de las pretensiones, decisión que confirmó el Tribunal Superior de Tunja, al desatar la apelación interpuesta por el demandante.
A vuelta de historiar el litigio y de hacer algunas precisiones en torno a la prescripción extraordinaria, advirtió preliminarmente que como en el caso de autos “los demandantes (sic) no llenan el tiempo requerido por la ley sobre la posesión material, (…) buscan sumar a su posesión las posesiones anteriores”; de allí partió a constatar los presupuestos de la usucapión.
Y cuando a la posesión material, transcribió apartes de la inspección judicial y de los testimonios de Víctor Manuel Saavedra Santana, Lourdes Espitia Robelto, Édgar Hernando Pereira Suárez, Jaime Humberto Vargas Leguízamo, José Rodríguez Pinilla, Carlos Julio Rico Ramos, Marlon Darío Prieto Cortés, Carmen Victoria Astro Castillo y Abel Sotelo Suárez, e hizo mención de la prueba documental, para concluir luego que Salustiana Suárez viuda de Sotelo adquirió el bien en juicio reivindicatorio.
Sentado lo anterior, se refirió enseguida a “la prolongación de la posesión”, sobre lo que puntualizó que aunque el demandante afirmó que la ostentó por más de veinte años, no logró demostrarlo, aspecto sobre el cual anotó que de la prueba arrimada al proceso se desprende que ésta la tuvo inicialmente “Salustiana Suárez de Sotelo, hasta su muerte (1975), y luego continuó con dicha posesión la señora Rosa Segunda Sotelo, madre del actor”.
Así, después de establecer que el bien objeto del proceso es susceptible de adquirir por prescripción, señaló que la sentencia debía confirmarse.
De los tres cargos formulados por el demandante, fue inadmitido el primero; los otros dos vienen montados en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
Denuncia la violación directa de los artículos 778 y 2521 del Código Civil por aplicación indebida.
Para fundamentarlo, aduce que si el tribunal hubiese interpretado rectamente esos textos legales, en cuanto que no se plantea en la demanda la suma de posesiones, no hubiese aplicado dichas normas; la posesión del actor “es mediata”, es decir, empezó a ejercerla en forma directa sin el consentimiento de nadie, tal como se plantea en los hechos 1º y 6º del libelo incoativo. De haber alegado la incorporación de posesiones —dice—, habría tenido que aportar la correspondiente escritura pública.
Desacierta el casacionista en la formulación del cargo por la vía directa; equivocación que brota palmaria con sólo leer la cortísima fundamentación del mismo, en la que antes que fustigarse al tribunal por haber interpretado erróneamente los textos legales allí aludidos, se lo emplaza es de haber distorsionado el contenido de la demanda, en la que nunca —asegura la censura— se adujo la agregación de posesiones como base de la pretensión incoada, reproche este muy propio de la vía indirecta.
A propósito de esa falencia técnica bien cabe memorar cuan nítida es la diferencia entre las llamadas vía directa e indirecta que conforman la causal primera de casación. Al paso que la directa emana de los errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado de un precepto legal sustantivo norma, sin consideración alguna a la prueba de los hechos o al contenido de la demanda o de su contestación, aspectos estos alrededor de los cuales, por tanto, no se admite controversia, los que por el contrario se tienen como correctamente apreciados, la indirecta se da por contragolpe o en vía de consecuencia, vale decir, cuando la infracción del derecho sustancial es el resultado de los yerros en la apreciación de las pruebas, la demanda o su contestación.
Así, la vía directa presupone, ha dicho la Corte, “exclusión de todo reparo sobre la apreciación de pruebas, de manera que la impugnación se concreta derechamente en la impugnación al fallo de quebrantamiento de la ley sustancial que se considera indebidamente actuada por el juzgador frente a un cuadro fáctico bien visto a través de la evidencia disponible en el proceso…” (CXVII, pág. 174), e indirecta, “donde la carencia de base legal se propone como consecuencia de errores de hecho o de derecho atribuibles a la sentencia en la apreciación de determinadas pruebas” (CXVII, pág. 174).
De donde se desprende, sin asomo de dudas, que la acusación en el caso de que se trata debió enfocarse por el sendero de la violación indirecta ante un presunto error de hecho del juzgador al apreciar la demanda, consistente según el recurrente en haber supuesto en el libelo una suma de posesiones que no invocó el demandante, acarreando aplicación indebida de las normas sustantivas que hipotetizan ese evento.
Con esa equivocada presentación de la censura, salta a la vista la insuficiencia de técnica determinante de su fracaso.
Por lo tanto, no prospera este cargo.
Denuncia la violación indirecta de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 51 de la Constitución Nacional; 762, 763, 764, 768, 769, 771, 780, 781, 782, 785, 786, 787, 879, 2512, 2513, 2514, 2515, 2518, 2520, 2522, 2523, 2526, 2527, 2531, 2532 y 2534 del Código Civil; 4º, 51, 75, 83, 95, 118, 174, 185, 187, 194, 217, 218, 219, 229, 232, 251, 252, 254, 264, 268, 272, 277, 279 y 294 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, proveniente de error de hecho al hallar probada la excepción propuesta y denominada inexistencia del derecho reclamado por el demandante.
Los errores de hecho que según el impugnador condujeron al quebranto de las citadas normas son los que se relacionan:
Admitió como prueba el testimonio inexistente de María Victoria Astro Castillo, quien no aparece citada a declarar y sin embargo se le dio validez.
La prueba documental, recibos y contratos a que el fallador se refiere, “tampoco existen para el proceso por cuanto no se aportaron con el lleno de los requisitos que la ley exige”, no fueron reconocidos por el demandante, su aporte se hizo como prueba trasladada de un proceso en el que éste no fue parte, por lo cual no reúnen los requisitos de ley y “el tribunal comete error de hecho” al haberlos tenido en cuenta.
Los testimonios de Policarpo y Abel Sotelo Suárez son inexistentes para el proceso, porque el juez de primera instancia “denegó su decreto”, sin embargo de lo cual el tribunal equivocadamente los acogió; lo mismo que los de Jorge Rodríguez y Carlos Julio Rico Ramos, por cuanto fueron tachados por sospecha probada, el primero por el ofrecimiento de dádivas por parte del demandado Andrés Canal para que declarara, y el segundo por enemistad con el demandante.
No existe prueba de que la poseedora del bien hubiera sido Rosa Segunda Sotelo de Prieto, como equivocadamente lo vio el tribunal con base en estas pruebas inexistentes. Por el contrario, hay indicios de donde se deduce que ella nunca ha tenido la posesión del inmueble, tales como el consagrado en el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, y el contenido en las cláusulas cuarta y séptima de la escritura pública 4306 de 6 de julio de 1990 de la Notaría Segunda de Bogotá, de compra del inmueble por parte de Andrés Canal a Rosa Segunda y demás hermanos, que expresan que, “a menos que para esa fecha el inmueble no esté libre de poseedores, tenedores u ocupantes a cualquier título, caso en el cual … pero si transcurrido el plazo señalado o llegado el día en que el inmueble se encuentre libre de ocupantes, a cualquier título, tenedores o poseedores a cualquier título no se hubiere pagado la suma, en su totalidad, se pagará …”; lo que indica que todos sabían que el actor era el poseedor, no los vendedores, que también son demandados y no contestaron la demanda. Al no tener en cuenta estas pruebas el tribunal violó “la ley procesal, en forma directa, a través del error de hecho”.
Incurrió igualmente en error de hecho al no haber aceptado las declaraciones de Jaime Saavedra Santana, Lourdes Espitia Robelto, Hernando Pereira Suárez y Jaime Vargas Leguizamón, quienes en forma conteste, responsiva y unánime manifestaron que el actor ostenta desde hace más de veinte años la posesión del inmueble objeto del proceso; y para cuya recepción testimonial se cumplieron todos los requisitos de ritualidad, “sin embargo el tribunal los ha desechado, cometiendo grave error de derecho, que conlleva a la violación directa de la ley procedimental e indirectamente la sustantiva especialmente en sus artículos 762 y 2512 del Código Civil”.
También cometió error de hecho al haber considerado que existe suma de posesiones en la demanda, pues es cosa que no está invocada ni probada, el demandante no deriva su derecho de algún tradente, no aportó escritura pública al respecto y su posesión es mediata, es decir, no deviene de nadie.
Antes de concluir señala, “con base en los errores de hecho antes indicados”, que el sentenciador dejó de aplicar la ley sustancial consagrada en las disposiciones arriba reseñadas, al igual que los artículos 177, 183, 227, 253 y 264 del Código de Procedimiento Civil, “por cuanto partió del concepto errado de que las pruebas solicitadas por la parte demandada, reúnen los requisitos exigidos por la ley procesal para que dichas pruebas sean tenidas como tal y llegar a la conclusión errática (sic) de derecho de que dichas pruebas demuestran que la posesión alegada por el demandante se halla en cabeza de Rosa Segunda Sotelo de Prieto, … ya que las pruebas en las cuales el tribunal se funda para tomar dicha determinación, no reúnen los requisitos que la ley procesal exige para su aducción y práctica”.
A lo que agrega que el sentenciador dejó de aplicar los artículos 194, 200, 216, 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil, el primero de los cuales tiene carácter sustantivo, por no haber tenido en cuenta la confesión del demandante, al no observar que los testigos arrimados por el demandante no están inhabilitados para declarar, y no haber tenido en cuenta la tacha probada a dos de los testigos de la parte demandada.
De no haberse cometido tales violaciones, se habría revocado la sentencia de primera instancia, accediéndose a las súplicas de la demanda, como lo solicita ahora a través de este recurso extraordinario luego de que se case el fallo acusado.
1. De lo resaltado en los pasajes transcritos, denótase la confusión del casacionista al hacer las acusaciones formuladas en el cargo, pues a pesar de que desde su pórtico hace hincapié en los errores de hecho del juzgador, en el desenvolvimiento refiere indistintamente a yerros fácticos y de derecho, trocando indebidamente el uno con el otro, dejando en serios aprietos el contenido de la censura.
Dicha deficiencia se muestra palmaria cuando alude a pruebas “inexistentes” y a infracciones de la ley probatoria porque en el fallo tuvo en cuenta el tribunal pruebas que no reúnen los requisitos de legales, o porque no tuvo en cuenta el testimonio de unas personas que señalan la posesión pretendida, o por haber advertido una suma de posesión jamás invocada en la demanda, labor en que unas veces confunde y en otras entremezcla las dos especies de error, no obstante ser distintas e incompatibles dentro de un mismo punto del cargo; ante ello, se impone realizar un estudio separado de los reparos probatorios expresados por el impugnante, tomando como referente aquellos que guardan adecuada relación con la sentencia impugnada, la índole de la controversia y la posición del recurrente.
2. Y, en pos de tal cometido, lo primero de destacar es que de ninguna manera constituye error de hecho del juzgador el haber conferido eficacia probatoria a las declaraciones de Carmen Victoria Castro Castillo, Policarpo y Abel Sotelo Suárez, Jorge Rodríguez y Carlos Julio Rico Ramos, así como a la prueba documental que el impugnador acusa de “inexistente para el proceso”; la razón toral de ello es que dichas pruebas existen objetiva y físicamente dentro del expediente, al que llegaron previa solicitud, decreto, práctica e incorporación, asunto sobre el cual guarda conveniente silencio el recurrente, mutismo explicable en fin de cuentas, porque de aceptar su presencia entraría en franca contradicción con la repetitiva afirmación de su inexistencia.
De todas maneras, subráyase en cuanto toca con el testimonio de Carmen (María, dice equivocadamente el censor) Victoria Astro Castillo, que tal como lo enseñan los folios 10 al 16 del cuaderno 4, contentivos a la sazón del acta en que su declaración fue recepcionada, aunque el nombre de la persona citada a testificar era Vicky de Rueda, el juzgador resolvió recibir la declaración de la compareciente Carmen Victoria Astro Castillo, después de que constató que se trataba de la misma persona, incidencia que, a pesar de su trascendencia en el punto, calla la censura.
En relación con “los testimonios” de Policarpo y Abel Sotelo Suárez, obsérvase que si bien el a quo denegó su recepción, en tanto que integran la parte demandada dentro del proceso, de todos modos, tal como se indicó, sus declaraciones obran en el expediente como prueba trasladada (fls. 171 a 176, cdno. de copias del proceso abreviado de entrega seguido por Andrés Canal Mora contra Estanislao Abel Sotelo Suárez y otros), con lo cual la acusación por este aspecto cae en el vacío.
Y relativamente a las declaraciones de Jorge Rodríguez y Carlos Julio Rico Ramos, y a los recibos y contratos a que se refiere el tribunal, pruebas que según el censor son inexistentes por la tacha de sospecha que frente a los primeros resultó probada y porque los documentos no fueron aportados al proceso” … con el lleno de los requisitos que la ley exige”, denótase cómo, mientras de un lado se plantea la comisión de un error de hecho por la suposición de los medios de prueba en cuestión, en forma simultánea se alude a la improcedente eficacia legal que el tribunal les otorgó como elementos de convicción, defecto técnico en punto del cual la doctrina de la Corte ha expresado lo siguiente: “No menos ostensible que los anteriores es el defecto que presenta la demanda al denunciar, frente a los mismos medios probatorios, por error de hecho y de derecho, olvidando el acusador que estas dos clases de yerros en la apreciación de las pruebas, por emanar de causas disímiles y aun contradictorias, tienen entidad específica propia y que, por consiguiente, es contrario a la técnica de casación proponerlos simultáneamente en el mismo cargo y en relación con idéntico punto del medio probatorio, o hacer de los dos errores un compuesto híbrido para derivar el uno de la comisión del otro” (auto de jul. 30/74, ordinario de Ciro Alberto Montañez contra Antonio Angarita).
Puestas en evidencia de esta manera las cosas, aparece protuberante la falla de orden técnico en esta parte de la impugnación, suficiente para determinar su improsperidad.
3. Con todo, si fuese posible pasar por alto falencias como las detectadas, dando por entendido que las escuetas alusiones a la “violación de la ley probatoria”, o al “concepto errado de que las pruebas solicitadas por la parte demandada, reúnen los requisitos exigidos por la ley procesal”, o bien a la “conclusión errática de derecho” configuran un error de derecho, habría que objetar que tampoco por ese camino sería posible dar razón al recurrente; pues resalta la ausencia de demostración de la infracción de las normas de carácter probatorio que supuestamente violó el tribunal al dar eficacia a las sobredichas declaraciones, cual lo exige el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil. Evidentemente, tal como se apuntó, ningún cotejo del texto legal con lo expresado por el sentenciador en su valoración hace el acusador para deducir de allí alguna asonancia entre los dos postulados.
Acaso sólo de otras piezas del expediente se vislumbra que el reparo que se hace en relación con el testimonio de Carmen Victoria Astro Castillo radica en la diferencia entre el nombre de la persona citada a declarar y la que rindió testimonio; pero con prescindencia de los aspectos ya analizados en lo que atañe a las circunstancias en que se dispuso finalmente la recepción de la declaración, lo cierto es que, como lo ha señalado la doctrina jurisprudencial, no es exacto afirmar “(…) que en todos los casos en que se presenten diferencias entre el nombre con que se cita a un testigo y el que éste proporciona al momento de declarar surge indefectible el fenómeno de la sustitución personal de aquél, porque es pertinente tener en cuenta que ni las partes de un proceso ni el propio juez están obligados a conocer todos los pormenores de la identificación de un testigo, y justo por eso lo razonable es reconocer que lo determinante en últimas es entonces que el testigo citado, no obstante la alteración de nombre que pueda existir, sea la misma persona a quien se recibe la declaración; perspectiva desde la cual ese margen de inexactitud es tolerable” (G.J., t. CCLV, Cas. Civ., sent. nov. 19/98, exp. 5145).
Ahora, en relación con las declaraciones de Policarpo y Abel Sotelo Suárez, el censor olvida u omite, como atrás quedó dicho, que estas declaraciones llegaron por otro medio legal, como parte integrante de una prueba trasladada. Y en aquel trámite las dos declaraciones se decretaron y fueron recibidas con toda la ritualidad y con audiencia de todos los aquí involucrados, por lo cual no había obstáculo legal que impidiera apreciarlos, tanto más si en dicho proceso como en éste se polemizó sobre la posesión del inmueble.
Frente al testimonio de Jorge Rodríguez, “inexistente” según el impugnante, por cuanto fue tachado por sospecha, probada en la medida en que el testigo admitió que el demandado Canal Mora le ofreció dádivas para que fuera a declarar, y el de Carlos Julio Rico Ramos, persona de quien se afirma “existe la prueba de la enemistad con el demandante”, omite explicar el recurrente en qué consiste la inaplicación de los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil por parte del tribunal, comoquiera que estas dos normas contemplan los más diversos aspectos en materia de testigos sospechosos y su tacha. Se conforma únicamente con la afirmación de que los hechos fundamento de la tacha están demostrados, circunstancia que, por demás, riñe con la realidad procesal. En efecto, en primer lugar, Jorge Rodríguez no aceptó el hecho del ofrecimiento de las dádivas por las que le preguntó el demandante; basta leer su respuesta para ver que la rechazó con énfasis y dio las explicaciones de lo verdaderamente ocurrido, verosímiles por cierto, si se miran las circunstancias de arrendatario de local que forma parte del inmueble pretendido. De tal manera que no se ve, en modo alguno, que el testigo hubiere admitido su particular interés de declarar en favor del demandado Canal Mora a tal punto que afectara su credibilidad. Por lo demás, ningún otro medio probatorio invocó con miras a demostrar la pretendida parcialidad.
Y en segundo lugar, idéntica orfandad padece el ataque concerniente al testigo Carlos Julio Rico, de quien el demandante dice ser su enemigo por antagonismos políticos y por haber agredido a uno de sus hijos, afirmación que ahora trata de sustentar tan solo con su propia declaración de parte rendida al absolver el interrogatorio que le hiciera el apoderado del demandado Canal, y que paradójicamente denomina “confesión”. Nada que se parezca a confesión constituye esa acusación, pues obvio que al hacerla no le está produciendo consecuencias jurídicas adversas como lo exige el artículo 195 del estatuto procedimental. En similar caso dijo la Corte: “basta con señalar que lo que pretende el recurrente hacer ver como confesión, no lo es en realidad, pues todo lo que se quiere presentar como preterido en los interrogatorios de parte, no pasan de ser alegaciones del demandante, en relación con las cuales, naturalmente tenía la carga de la prueba. Como es bien sabido, para que exista confesión es indispensable que el hecho confesado “produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria” según lo establece el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 2º”. (G.J., t. CCLVIII, Cas. Civ., sent. mar. 15/99, pág. 223, exp. 5090).
Por último, la traída acusación contra la prueba documental no resiste estudio alguno, visto como está que el cargo no hace la menor relación de los documentos en la mira. Si se refiere a los recibos de pago y contratos que obran a los folios 140 a 146 del cuaderno principal de copias del proceso abreviado de entrega, traído como prueba decretada sin objeción a solicitud del demandado Canal Mora en la contestación de la demanda, hay que concluir que esas pruebas, al haber sido legalmente aportadas en aquél proceso a propósito de la oposición a la entrega provocada por el ahora demandante en esta pertenencia, están trasladadas en debida forma y merecen ser apreciadas, a voces de lo dispuesto por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.
3. Acusación diferente y separada es la que el recurrente plantea aduciendo que el tribunal, además, no tuvo en cuenta los indicios de que Rosa Segunda Sotelo de Prieto no fue poseedora del bien, sino Alfonso Prieto Sotelo, indicios consistentes en la falta de contestación de la demanda y en lo estipulado en las cláusulas cuarta y séptima de la escritura pública 4306 de 1990 de la Notaría Segunda de Bogotá; y que tampoco aceptó los testimonios de Jaime Saavedra Santana, Lourdes Espitia Robelto, Hernando Pereira Suárez y Jaime Vargas Leguizamón, siendo que son contestes, responsivos y unánimes en manifestar que el actor por más de 20 años ha ostentado la posesión material del inmueble.
La lectura de los apartes del cargo donde se plantea esta precisa queja, deja ver con facilidad cómo persiste acá el casacionista en la grave falla de técnica al denunciar frente a un mismo punto de determinado medio probatorio, error de hecho y de derecho simultáneamente o haciendo de los dos un compuesto híbrido, olvidando que estas dos clases de yerros en la apreciación de las pruebas son disímiles y aun contradictorias. Semejante yuxtaposición la rechaza el recurso extraordinario, falencia que es suficiente para la improsperidad del cargo.
Empero, si se hiciera caso omiso de este desatino técnico, habría que apuntar que lo que en últimas propone el recurrente es que el sentenciador de instancia no vio los dos indicios que militan a favor de la posesión exclusiva en cabeza del demandante; y que vio contradicción en los citados testigos, defecto este que no existe. Planteamiento de un supuesto error de hecho que ni por modo le allana el camino exitoso de la casación.
En efecto, en primer término debe advertirse que no sólo es deber del recurrente desvirtuar de manera directa y concreta lo esencial de la motivación del fallo, sino que en el evento de centrar su crítica en las conclusiones del juzgador sobre cuestiones de hecho, debe así mismo echar a pique la totalidad de las apreciaciones probatorias en que tales conclusiones se apoyan, pues si alguna de ellas no es atacada y por sí misma presta base firme a la resolución judicial, ésta se mantendrá enhiesta, resultando intrascendente el que se demuestre la ocurrencia de errores parciales o aislados.
De otro lado, tampoco puede olvidarse que en cuanto a la apreciación de las pruebas por parte del sentenciador de instancia, debe respetarse la discreta autonomía con que cuenta de acuerdo con la ley para formarse su propia convicción sobre la configuración fáctica del asunto litigado, habida consideración de que la facultad de la Corte frente al recurso extraordinario de casación es la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicación de las leyes sustanciales, no así la de revisar una vez más todas las cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias, razón por la cual “… ha de recibir la cuestión fáctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso …” (G.J., t. CXXX, pág. 63). En consecuencia, quedan descartados aquellos recursos que, como el de autos, se estructuran sobre la base de planteamientos cuyo único objeto es disentir del criterio del tribunal en lo que respecta a la elección y valoración de las pruebas que en realidad pesan y tienen por ello influencia decisoria, olvidando que elegir los medios demostrativos con arreglo al sentido jurídico general de la causa y observando naturalmente las normas de disciplina probatoria pertinentes, así como el atribuirles a dichos medios, según los dictados de la sana crítica, la jerarquía correspondiente dentro del conjunto, son facultades que le competen de manera privativa a los juzgadores de instancia, salvo los errores ostensibles.
Insinúa el censor que el tribunal no dio por acreditada la posesión del demandante a pesar de existir en el proceso la prueba idónea de la misma, es decir, ignorando la presencia de los testimonios y de los indicios que relaciona. Varios son los desaciertos de la censura al respecto:
a) En pie, como se recuerda, han quedado las declaraciones de Jorge Rodríguez Pinilla, Carlos Julio Rico Ramos, Carmen Victoria Astro Castillo, Policarpo Sotelo Suárez, así como los documentos de folios 140 a 146 del cuaderno de copias del proceso de entrega mencionado, sobre los cuales edificó el tribunal la sentencia desestimatoria, pues que no es como lo quiso presentar el censor, negando la existencia de estas pruebas por el hecho de que no le favorecen, y mostrando únicamente aquellas que aisladamente le podrían representar algo en pro. Así que el fallo continúa teniendo sólido asidero en tales medios de convicción cuya crítica no floreció, y
b) Por si lo anterior fuera poco, cabe anotar que no hay el menor asomo de error de hecho manifiesto del tribunal en la apreciación de las pruebas que lo condujeron a tomar esa decisión. Ciertamente, mientras los deponentes Víctor Manuel Saavedra, Lourdes Espitia, Édgar Pereira y Jaime Vargas sólo señalan que el demandante Alfonso Prieto ha vivido en el inmueble, sin saber cómo ingresó, a qué título y qué relaciones tenía con su progenitora Rosa Segunda Sotelo que también vivió en el inmueble; los otros testigos, Jorge Rodríguez, Carlos Julio Rico, Carmen Victoria Astro, Policarpo y Abel Sotelo dieron cuenta detallada y fundamentada de hechos que indican que la posesión del bien estuvo, al menos hasta junio de 1994, en manos de Rosa Segunda, no del demandante, y que éste entró y vivió allí por ser hijo de aquélla, todo lo cual lo refuerzan los documentos que tuvo en cuenta el fallador.
La no contestación de la demanda por parte de Rosa Segunda Sotelo y demás hermanos, no tendría por qué afectar al demandado Canal Mora que sí se opuso con ahínco a las pretensiones, entre otras cosas porque sólo él tenía legitimación por pasiva, toda vez que aquellos hermanos ningún derecho real conservan en el inmueble como se desprende del certificado de tradición acompañado a la demanda, cual lo hizo notar el demandado Andrés Canal Mora desde el inicio del proceso. Por lo tanto, no existe el indicio que invoca el recurrente, y más bien lo que procede es el reproche por haber demandado a unas personas sin ninguna legitimación, en franca rebeldía con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.
Tampoco se equivocó ostensiblemente el juzgador de segunda instancia al haberse negado a calificar como indicio grave de la posesión en cabeza del actor, lo estipulado en los puntos cuarto y séptimo de la citada escritura 4306 (fls. 4 al 11, cdno. de copias del proceso abreviado de entrega), como que de su contenido no se deduce que efectivamente lo fuese, ya que no solamente se habló en abstracto de esa calidad sino de la de ocupante o tenedor, y precisamente Alfonso Prieto Sotelo era uno de los ocupantes, pues nadie niega que allí vivía con su familia.
4. Reitera el demandante, pero ya por la vía indirecta y como error de hecho, la acusación al fallo del tribunal por haber mencionado en la parte motiva una suma de posesiones que jamás invocó aquél en su libelo.
El error del juzgador en este punto es en principio cierto, ya que basta con repasar el texto de la demanda para notar la ausencia absoluta de tal invocación. Pero es intrascendente del todo, no sólo porque posteriormente en la misma parte considerativa lo corrigió, sino porque para nada incidió en la decisión. En efecto, al inicio dijo: “en el caso de autos se pretende obtener la declaración de pertenencia por la parte actora sobre el inmueble… y teniendo en cuenta que los demandantes no llenan el tiempo requerido por la ley sobre la posesión material del acto sobre el inmueble buscan sumar a su posesión las posesiones anteriores”; y más adelante agrega: “La prolongación de la posesión por el tiempo que exige la ley, y tratándose de la extraordinaria el tiempo señalado es de 20 años ininterrumpidos, para lo cual puede el prescribiente solicitar la suma de posesiones… La agregación de posesiones debe reunir ciertos requisitos para que tenga efecto…”. Pero en el párrafo siguiente cambia de rumbo y corrige su análisis en estos términos: “El demandante afirma que ostentó la posesión sobre el inmueble por más de veinte años, ejerciendo actos de señor y dueño, hechos estos que no logró demostrar, pues de la prueba arrimada al proceso, se desprende que esta posesión la tuvo inicialmente la señora Salustiana Usares de Sotelo, hasta su muerte (1975), y luego continuó con dicha posesión la señora Rosa Segunda Sotelo, madre del actor”.
Obsérvase, pues, cómo al final la decisión del tribunal se fundamentó, no en la infortunada motivación inicial de suma de posesiones, sino en la consideración posterior de que el demandante no demostró haber poseído el bien durante el tiempo requerido legalmente, habiendo desligado expresamente su situación de las posesiones que de acuerdo al acervo probatorio encontró en cabeza de otras personas. Más aún, si hubiera tenido en cuenta la supuesta suma de posesiones, habría sido para favorecer al demandante en su pretensión, dado que de las pruebas arrimadas al proceso el fallador no encontró que él solo y directamente cumpliera con el requisito de los 20 años de posesión.
Y frente a esta realidad, no se ve de parte del acusador la demostración de lo contrario, vale decir, que el yerro sea evidente y haya tenido trascendencia en la resolución definitiva del juzgador.
No se abre paso el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que el 2 de abril de 1998 profirió la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en el proceso ordinario referenciado, materia del recurso extraordinario.