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Timestamp: 2018-06-23 15:52:40
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Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 477', 'artículo 386', 'de lege lata', 'artículo 279', 'artículo 505']

abogadosmanfuert: DÑO EN CARRETERA SUPER
L. N° 606.559 - “Canil, Gustavo Roberto c/ Autopistas del Sol S.A. y Otro s/ daños y perjuicios” – CNCIV – SALA A – 19/12/2012
DAÑOS Y PERJUICIOS. AUTOPISTA CONCESIONADA. Aparición de un carrito de supermercado en la calzada. Impacto con el rodado del accionante. Daños materiales. INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE SEGURIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA VIAL. Art. 42 de la Constitución Nacional. Art. 5 de la ley 24.240. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Privación de uso. Elevación del monto del resarcimiento. DAÑO MORAL. RECHAZO. DISIDENCIA PARCIAL: Procedencia del resarcimiento por daño moral. Temor e inquietud espiritual causadas por el accidente
“... quedó acreditado que el Sr. Canil sufrió un daño mientras circulaba con su vehículo en la Autopista del Sol (Acceso Norte), en dirección a Pilar, a la altura del Km. 53, a raíz de la colisión con un carrito de supermercado que se encontraba en la carretera. Como lo he señalado supra, estos extremos son suficientes para configurar el incumplimiento de la obligación de indemnidad que pesaba sobre la demandada en los términos de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 y concs. de la ley 24.240.” (Del voto unánime de la sala A)
“Se trata aquí del reclamo sustentado a partir de los daños sufridos en el automóvil del accionante ocurrido en un accidente del que afortunadamente no produjeron lesiones para las personas, por lo que las perturbaciones que lógicamente derivaron de ese suceso han quedado adecuadamente enjugadas con la reparación de los daños materiales mismos.” (Del voto de la mayoría)
“En cuanto al resarcimiento por daño moral, es presumible, que el haberse visto involucrado en un accidente de tránsito de las características descriptas haya ocasionado temor y un cierto grado de inquietud espiritual al actor, a lo que deben sumarse las molestias derivadas de la necesidad de efectuar la denuncia del caso, proceder a las reparaciones, etc., todo lo cual implica sustraer tiempo vital a la víctima, que bien podría haberlo empleado en otras actividades.” (Del voto en disidencia parcial del Dr. Picasso)
Citar: elDial.com - AA7CCC
L. N° 606.559 - "Canil, Gustavo Roberto c/ Autopistas del Sol S.A. y Otro s/ daños y perjuicios" – CNCIV – SALA A – 19/12/2012
En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 19 días del mes de diciembre del año dos mil doce, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "Canil, Gustavo Roberto c/ Autopistas del Sol SA y otro s/ daños y perjuicios", respecto de la sentencia de fs. 178/185, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
I.- La sentencia de fs. 178/185 hizo lugar a la demanda interpuesta por Gustavo Roberto Canil, y condenó a Autopistas del Sol S.A. a abonar a aquel la suma de $ 17.931, dentro de los diez días, con más intereses y costas.
Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de la demandada a fs. 214/226, que fueron contestadas por el actor a fs. 232/239. Este último expresó agravios a fs. 228, los que fueron replicados por la contraria a fs. 242/244.
II.- El actor relató en su escrito de demanda que el día 19 de marzo de 2011, siendo aproximadamente las 21 horas, en circunstancias en que circulaba atentamente y con precaución en su vehículo Peugeot, patente GVJ 381, por la Autopista del Sol –Acceso Norte-, en dirección a Pilar, a la altura del Km. 53, apareció sobre la autopista un carrito de supermercado, probablemente perteneciente al Supermercado Carrefour ubicado cerca del lugar. Continuó diciendo que intentó frenar, pero no pudo evitar el impacto entre dicho carrito y la parte delantera de su rodado. Añadió el Sr. Canil que a raíz del accidente sufrió graves daños.
A su turno, la demandada realizó una negativa pormenorizada de los hechos y sostuvo que el siniestro invocado por el actor no () se encuentra acreditado en autos. Añadió que, de haber existido, no tuvo responsabilidad alguna, pues en todo momento dio cumplimiento con los deberes de vigilancia y seguridad de la autopista.
En su sentencia, el Sr. juez de grado consideró demostrada la presencia del carrito en la autopista y su impacto con el rodado del actor. Sobre esa base, hizo lugar a la demanda con fundamento en el deber de seguridad que surge del art. 5 de la ley 24.240, toda vez que la demandada no logró probar una causa ajena en los términos del art. 40 de la citada norma. Por consiguiente –como ya lo adelanté-, admitió la acción incoada contra la demandada.
III.- Por una cuestión de orden lógico, en primer lugar habrán de abordarse los agravios que introduce en esta alzada la demandada, vinculados a la responsabilidad que en la especie le ha atribuido el anterior sentenciante, para luego analizar, de corresponder, los vertidos por las partes en relación a los rubros indemnizatorios.
La recurrente se agravia de que el juez de grado haya tenido por reconocida la existencia del hecho con la contestación a la denuncia efectuada por el actor y con la declaración de la testigo presencial. En cuanto a la referida prueba documental, entiende que no representa un reconocimiento de los hechos, y considera que el anterior magistrado soslayó la declaración unilateral del actor de donde surge que se trataba de un carro cargado por un cartonero, tercero por quien no debe responder. En punto a la prueba testimonial cuestionada, considera que los dichos de la testigo son dudosos y discordantes y que no prueban la existencia del carrito. Por otro lado, afirma que el alcance que el juez de grado otorgó al deber de seguridad es de cumplimiento imposible, atento a lo intempestivo e inmediato del ingreso de personas a la autopista y a la necesidad de llamar a Gendarmería o a la policía para que procedan a su retiro. Finalmente, la apelante se queja porque el sentenciante no tuvo en cuenta las impugnaciones a la pericia mecánica en las que cuestiona la conclusión del perito en el sentido de que la colisión se produjo con un changuito.
IV.- Este tribunal ya ha señalado que recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en supuestos de análoga similitud al presente, posibilitan adecuar el marco jurídico que debe adoptarse en casos como el que nos ocupa (esta sala, L. 581.918, "Vaninetti, Aberto Edgardo c/ Autopistas del Sol s/ daños y perjuicios", del 22/11/2011)).
En efecto, el 21 de marzo de 2006 el alto tribunal, con su parcialmente renovada composición, dictó un pronunciamiento en los autos "Ferreyra, Víctor D. y otro c/ V.C.O.V.S.A.", que fue seguido por otro in re "Caja de Seguros c/ Caminos del Atlántico S.A.", donde la mayoría rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior del Chaco, en el primer caso, y de la Sala "M" de esta Cámara, en el segundo, por estimar que no era arbitraria la interpretación plasmada en esos fallos donde se había condenado a las empresas viales por la sorpresiva presencia de equinos, encuadrando la cuestión en la ley 24.240.
A fines de ese año 2006 la mencionada corte dictó finalmente sentencia en el caso "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y otros" ( 7/11/2006, DJ, 29/11/06, 950;; DJ, 28/2/07, con nota de Carlos Ghersi y Celia Weingarten, y LL, 13/3/07, con nota de Jorge Mario Galdós), en el ámbito de su jurisdicción originaria, donde sentó el criterio según el cual entre el concesionario de la ruta y el usuario existe una relación contractual, donde aquel no asume una obligación de dar el uso y goce de la cosa, sino de prestar un servicio, lo cual cobra relevancia porque hay una obligación nuclear en el contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos, y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe, entre los cuales se encuentra el deber de seguridad, que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. Según el criterio de la corte, la previsibilidad de los riesgos que adjetiva la obligación de seguridad a cargo del concesionario de rutas puede variar de un supuesto a otro, porque no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, ni grados de peligrosidad o siniestralidad, por lo cual en muchos casos podrá establecerse un deber de previsión (art. 902 del Código Civil) que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación.
Añadió la corte federal en el precedente antes citado que el deber de seguridad a cargo de las empresas concesionarias es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente del camino, su señalización, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora de animales que transiten por el lugar y toda otra medida que pueda caber dentro del referido deber, a los efectos de resguardar la seguridad y la fluidez de la circulación, asegurando que la carretera se mantenga libre de peligros y obstáculos.
Finalmente, en la mencionada causa "Bianchi" el cimero tribunal señaló que el vínculo que liga al usuario con el concesionario es de derecho privado, y constituye una relación de consumo en los términos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240, lo cual, por otra parte, es avalado por numerosa doctrina (entre muchos otros: Lorenzetti, Ricardo L., "Concesionarios viales. ¿En qué casos hay responsabilidad", Revista de Derecho de Daños N°. 3, p. 157; ídem., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 114, nos. 6 y 487; Mosset Iturraspe, Jorge, Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 20; Galdós, Jorge M., "Peaje, relación de consumo y animales sueltos. Otro trascendente fallo", LL, 2004-C, 919; Rinessi, Antonio J., "Un fallo de la Corte Suprema reivindicador de los derechos del usuario", LL, 2006-C-54; Vázquez Ferreyra, Roberto A., "La demanda contra los concesionarios de autopistas", Revista de Derecho de Daños n° 1° -Accidentes de Tránsito- p. 157; Idem., "La responsabilidad de los concesionarios viales por los animales sueltos en las rutas: otra sentencia en la senda correcta", RCyS, 1999-461). Es que, como se ha dicho con acierto, la ley 24.240 incluye en su ámbito los servicios de cualquier naturaleza, con lo que abarca también los que presta la concesionaria a los usuarios (Galdós, op. y loc. cit.), quienes la utilizan para su destino final, toda vez que no incorporan ese servicio en un circuito de producción o comercialización .
Se ha señalado, al respecto, que la suma de dinero que paga el usuario al concesionario de peaje en contraprestación por el uso del corredor vial no puede tener naturaleza tributaria, dado que es gravada con el I.V.A. Se trata, antes bien, de un verdadero precio que paga quien transita por la ruta o autopista, lo que ratifica el encuadre contractual –con las notas tipificantes de un contrato de consumo- de la relación (CNCom., Sala B, 25/8/2003, "D’Onofrio c/ Caminos del Atlántico", LL, 2004-B-1013).
Sentado ello, y en función de lo establecido por el art. 3 de la ley 24.240, en caso de que más de una norma resultara aplicable a la misma situación fáctica debe privilegiarse la que resulte ser más favorable para el consumidor, parte débil de la relación jurídica y objeto preferente de la tutela legal (arts. 1 y 65, ley citada). Es claro que, en virtud de lo expuesto, mal podrían hacerse prevalecer frente al usuario disposiciones del marco regulatorio de la concesión que le otorguen una protección menor a la que dimana de la propia ley 24.240.
Así las cosas, deviene plenamente aplicable al caso el art. 5 de esa ley, a tenor del cual "Las cosas y los servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios". Ya he señalado con anterioridad que las normas citadas ponen en cabeza del proveedor -en la especie, la concesionaria-, una obligación de seguridad de resultado, como consecuencia de lo cual cualquier daño sufrido por el consumidor en el ámbito de la relación de consumo compromete la responsabilidad objetiva de ese proveedor (conf. mis trabajos "Las leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor", en coautoría con Javier H. Wajntraub, JA, 1998-IV-753, y "La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema", LL, 2008-C-562. Vid. asimismo López Cabana, Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), Derecho del consumidor, nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge – Lorenzetti, Ricardo L., Defensa del consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311; Hernández, Carlos – Frustagli, Mónica, comentario al art. 5 de la ley 24.240 en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 96).
En ese sentido, resulta insoslayable recordar que el art. 10 "bis" de la ley 24.240 dispone: "Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección, a (…). Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan" (el resaltado es mío). En otros términos, frente al mero incumplimiento material de la obligación, el proveedor responderá por los daños y perjuicios sufridos por el consumidor, salvo que demuestre el acaecimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor. Es prístino entonces que no estará habilitado para demostrar su falta de culpa para eximirse de responder, con lo cual nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva. En definitiva, en el marco de la ley 24.240, las obligaciones del proveedor, entre las que se encuentra, naturalmente, la obligación de seguridad del art. 5 de esa ley, tienen –por expresa previsión del artículo ya citado- el carácter de un deber de resultado (esta sala, L. n° 587.865, "Duvidovich Gallo, Patricia Adriana c/ Valle de Las Leñas S. A. y otro s/ Daños y Perjuicios", del 19/4/2012; L. 591.873; ídem, "Romano, Fabio y otro c/ Parque de la Costa S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios", del 21/11/2912; vid. asimismo mi comentario al art. 10 "bis" de esa ley en Picasso – Vázquez Ferreyra, Ley de Defensa del Consumidor…, cit., t .I, p. 160 y ss. En el mismo sentido: Ariza, Ariel, "Contrato y responsabilidad por daños en el derecho del consumo", en Ariza, Ariel (coord.), La reforma del régimen de defensa del consumidor por ley 26.361, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 128; Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, p. 285; Hernández-Frustagli, comentario al art. 5 de la ley 24.240 en Picasso-Vázquez Ferreyra, Ley de defensa del consumidor…, cit., t. I, p. 96).
Es desde ese enfoque (el de la obligación de seguridad de resultado que pesa sobre el proveedor) que corresponde, entonces, analizar el caso traído a conocimiento de este tribunal.
Como ya lo ha señalado esta sala (L. 581.709, del 25/11/2011, publicado en LL 2011-F-10, y RCyS 2012-II-156), dado que el objeto de la obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Al deudor que pretende su liberación compete, entonces, la prueba de que el cumplimiento de la obligación de seguridad se había vuelto imposible como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito. Ello es congruente, asimismo, con lo establecido por el ya citado art. 10 "bis" de la ley 24.240, que únicamente permite la exoneración del proveedor incumplidor por la prueba del caso fortuito o la fuerza mayor.
Respecto de este último punto –como lo puntualizó la sala en el precedente mencionado en último término-, señalo que la doctrina ampliamente mayoritaria afirma que la imposibilidad de cumplimiento, para extinguir la obligación (art. 888, Código Civil) y, al mismo tiempo, liberar al deudor de responsabilidad (arts. 513 y 514 del citado código), debe reunir los caracteres de objetiva, absoluta y no imputable al obligado. En particular, es preciso que se esté ante una imposibilidad absoluta (Bueres, Alberto J., "El incumplimiento de la obligación y la responsabilidad del deudor", Revista de Derecho Privado y Comunitario, nº 17 (Responsabilidad contractual), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 113; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3, p. 312; Colmo, Alfredo, De las obligaciones en general, Buenos Aires, 1928, p. 616; Boffi Boggero, Luis M., Tratado de las obligaciones, Astrea, Buenos Aires, 1986, t. 4, p. 567; Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Obligaciones, Perrot, Buenos Aires, 1967, t. III, p. 286 y 287; le Tourneau, Philippe - Cadier, Loïc, Droit de la responsabilité, Dalloz, París, 1996, p. 262; Larroumet, Christian, Droit Civil. Les obligations, París, 1996, p. 782; Radouant, Jean, Du cas fortuit et de la force majeure, Arthur Rousseau, Paris, 1920, p. 47), lo que significa que, como lo señalaba Osti, existe un impedimento para cumplir que "no puede ser vencido por las fuerzas humanas" (Osti, Giuseppe, "Revisione critica della teoria sulla imposibilitá della prestazione", Rivista di Diritto Civile, 1918, p. 220).
Por esa razón, la mera difficultas prestandi no es apta para eximir al obligado (Llambías, Obligaciones, cit., t. III, p. 287; Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, cit., t. 3, p. 310). No obstante, corresponde poner de resalto que esta concepción debe ser morigerada por las exigencias de la buena fe y la prohibición del abuso del derecho (Bueres, "El incumplimiento de la obligación...", cit., p. 116), pues, como bien lo enseña Lafaille, no puede entenderse a la imposibilidad "como una situación tal que resista a todo género de esfuerzo, y sí como aquello que humanamente corresponde exigir de la actividad a la cual está comprometido el deudor" (Lafaille, Héctor, Tratado de las obligaciones, Ediar, Buenos Aires, 1947, t. I, p. 459 y 460).
En definitiva, como con acierto lo señala Gamarra, el carácter absoluto de la imposibilidad se relaciona con los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad propios del caso fortuito. En tal sentido, apunta el autor citado: "imprevisibilidad e irresistibilidad no sólo deben considerarse desde la persona del deudor, sino que también imponen –de regla- una determinada consistencia y magnitud en el evento impeditivo, que es la que lo vuelve insuperable; hay imposibilidad absoluta cuando el obstáculo está dotado de una resistencia que lo torna invencible" (Gamarra, Jorge, Responsabilidad contractual, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1997, t. II, p. 172).
V.- Sentado lo que antecede, corresponde determinar si se encuentra debidamente acreditado el hecho denunciado por el actor, es decir, la presencia de un carrito en la carretera y la colisión con su rodado.
En primer lugar, considero que con la contestación de la demandada a la denuncia realizada por el actor quedó reconocido el acaecimiento del hecho invocado por el Sr. Canil. En efecto, en el documento en cuestión la emplazada refirió: "en respuesta a su reclamo, debemos comunicarle que, luego de haber analizado la información que consigna en su escrito y cotejarla con nuestros propios registros, no nos es posible determinar la existencia de alguna responsabilidad de Autopistas del Sol en el accidente que motivó su contacto (…) lamentando nuevamente el incidente que originó su reclamo…" (vid. fs. 79). Así las cosas, si bien Autopistas del Sol negó responsabilidad alguna en el infortunio, no hizo lo mismo en cuanto a la efectiva producción del siniestro, que expresamente dio por existente, al punto de referirse a él de manera asertiva y lamentarse por lo sucedido.
Sin perjuicio del reconocimiento de la demandada, entiendo que la presencia del carrito también se ve corroborada por el testimonio de la testigo Marques, quien declaró: "me encontraba en el auto peugeot, color negro, estaba del lado del acompañante (…) nos encontrábamos circulando por autopistas del sol, en el auto íbamos Gustavo y yo (…) de repente improvistamente chocamos con algo, toda la parte delantera (…) en el momento estaba shockeada por el accidente, me pareció que era un carro, había mucho fierro, que es lo que quedó al costado luego del impacto" (sic, respuesta a 2ª pregunta, fs. 134). Señaló también la deponente: "después del accidente cuando aminoramos la velocidad me pareció que era un carro, no nos detuvimos porque tuvimos miedo que nos asaltaron" (sic, respuesta a 3ª pregunta, fs. 134 vta.). Así las cosas, encuentro que lo señalado por la testigo, lejos de ser discordante, se condice con la versión del actor, en cuanto a la aparición de un carrito en oportunidad en que circulaban por la carretera. Por ello, considero que el testimonio de la Sra. Marques es merecedor de fuerza probatoria en los términos de los artículos 386 y 456 del CPCCN.
Por otra parte, el perito mecánico informó que los deterioros existentes en el vehículo del actor guardan relación de causalidad con el siniestro, y enfatizó esa misma idea al afirmar que los daños denunciados pueden considerarse como provenientes de las consecuencias de una colisión como la generada en este incidente (vid. punto f.2, fs. 102 vta.).
No se me escapa que la pericia fue impugnada por la demandada a fs. 130/131, pero sus dichos –que ni siquiera son avalados con la firma de un consultor técnico- se presentan como una afirmación dogmática carente de suficiente fundamento, que no logra desvirtuar las conclusiones del perito designado de oficio. Es sabido que, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y no existe prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél (esta sala, L. 593.524, "Ramírez, César Antonio c/ Metrovías S.A. s/ daños y perjuicios", del 11/9/2012). Dado que los magistrados no pueden apartarse de las conclusiones basadas en evidencias científicas, a menos que se acredite la ausencia de método adecuado y que lo informado resulte totalmente contrario a las reglas del arte, ciencia o profesión, y en atención a la contundencia y razonabilidad del informe de fs. 102/105, otorgo a dicha pieza procesal fuerza probatoria en los términos del artículo 477 del CPCCN, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 386 del mismo cuerpo legal.
Por las consideraciones que anteceden, juzgo que en el sub lite quedó acreditado que el Sr. Canil sufrió un daño mientras circulaba con su vehículo en la Autopista del Sol (Acceso Norte), en dirección a Pilar, a la altura del Km. 53, a raíz de la colisión con un carrito de supermercado que se encontraba en la carretera. Como lo he señalado supra, estos extremos son suficientes para configurar el incumplimiento de la obligación de indemnidad que pesaba sobre la demandada en los términos de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5 y concs. de la ley 24.240.
Así las cosas, competía a la demandada demostrar la imposibilidad de cumplimiento de la referida obligación de seguridad, en los términos de los arts. 513, 514 y 888 del Código Civil y 10 "bis" de la ley 24.240.
VI.- La demandada sostuvo que el accidente fue originado por el actuar culposo del actor, quien circulaba a excesiva velocidad. Sin embargo, este extremo no fue acreditado en autos, pues el perito mecánico señaló: "de la constancias obrantes en autos no se cuentan con todos los elementos como para poder llegar a determinar en forma científica y técnica la velocidad de circulación del rodado" (vid. punto f. 3, fs. 103).
Asimismo, la emplazada también atribuyó la responsabilidad al hecho de un tercero por quien no debía responder. En cuanto a este punto, poco importa determinar si el carro era o no cargado por un cartonero –tal como de forma primigenia relató el propio actor en el reclamo de fs. 169-, pues lo relevante para endilgar responsabilidad en los términos del art. 5 de la ley 24.240 es el carácter de imprevisible o inevitable del hecho generador del daño.
En este orden de ideas, conforme a las fotos obrantes a fs. 104 vta./105, incorporadas al informe pericial mecánico, comparto lo señalado por el colega de grado en el sentido de que no se verifica ningún impedimento para que cualquier persona o cosa invada los carriles de circulación. En otras palabras, no se configura en la especie la imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta de la obligación de seguridad, porque existían medidas –tales como guardarraíles o zanjones- que podrían haberse adoptado para evitar la presencia del objeto que impactó con el automóvil del actor. Ello descarta el carácter absoluto de la supuesta imposibilidad, o lo que es lo mismo, la irresistibilidad necesaria para la existencia de caso fortuito.
Finalmente, y solo a mayor abundamiento, señalo que la recurrente soslaya que el deber de indemnidad a su cargo tiene la naturaleza de una obligación de resultado, pues razona en base a parámetros de diligencia ajenos al ámbito de aquella clase de deberes calificados. Por tal motivo, carece de toda relevancia la supuesta adopción de las precauciones atinentes al cuidado de la ruta a las que alude, en la medida en que, incumplida en el caso la obligación de seguridad, no demostró la imposibilidad de cumplimiento causada por caso fortuito.
En conclusión, considero que deberían rechazarse los agravios de la demandada sobre este medular aspecto del debate, y confirmarse al respecto la sentencia recurrida, lo que así mociono.
VII.- Sentado lo que antecede, trataré las quejas sobre las partidas indemnizatorias cuestionadas.
a) Reparación del rodado:
El magistrado de la anterior instancia fijó por este ítem la suma de $ 11.831.
Dicho importe coincide con el consignado en la factura n° 0001-00000271 (vid. fs. 170 bis). Por otro lado, el perito mecánico, a la hora de estimar el presupuesto para la reparación de los daños originados por el infortunio, los justipreció en la suma de $ 12.614 (vid. fs. 103)
Y si bien es cierto que el experto fundó su estimación en base a fotos acompañadas en la demanda que no fueron reconocidas por la contraria, se ha señalado que "para satisfacer el onus probandi a cargo del actor debe bastar que las características del suceso hayan sido aptas o idóneas para producir un deterioro como el que se invoca, descripto de ordinario en los presupuestos o recibos emitidos por los talleristas y que se acompañan en la demanda. Si tales consecuencias en el automotor guardan razonable vinculación con la índole del accidente, debe considerarse que son efectos producidos por este último, salvo prueba en contrario" (Zavala de González, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 1, p. 38).
En base a lo hasta aquí expuesto, y de acuerdo también a las facultades que otorga al tribunal el art. 165 del CPCCN, estimo que la partida conferida en la anterior instancia para sufragar este perjuicio es adecuada, motivo por el cual propondré a mis distinguidos colegas que sea confirmada.
El Sr. juez de grado otorgó la suma de $ 1.000 por el rubro en tratamiento.
Ahora bien, en la privación de uso del automotor, lo que se computa es la imposibilidad de disponer del vehículo, lo que per se genera un perjuicio indemnizable, sea que el rodado esté destinado al esparcimiento, sea que tenga por objeto su utilización laboral. Es que, en ambos supuestos, la privación es productora de daños y fuente de resarcimiento en la medida en que incide en forma negativa en el patrimonio de la víctima (esta cámara, sala B, 30/03/2010, "Pozurama, Fabiana Marcela c. Yorio, Olga Emilia", LL Online).
Se trata de un daño emergente referido a gastos necesarios para mantener una situación igual a la que se gozaba antes del suceso. Dice al respecto Zavala de González: "Esa reparación puntual debe comprender el perjuicio emergente, presente o futuro, y este daño se resarce, en principio, con el pago de la suma de dinero necesaria para la prosecución del goce de la cosa, según antes se hacía, para lo cual no hay otro remedio que reemplazarla" (Zavala de González, op. cit, t. 1, p. 123/124).
Al respecto, el juez de grado fundó su decisión en función del plazo de cuatro días informado por el experto (vid. punto f.4, fs. 103). Sin embargo, el mencionado plazo solo fue consignado para la mano de obra de chapa, debiendo entonces efectuarse un cálculo adicional para la mano de obra de mecánica, la pintura y la búsqueda de los repuestos.
En virtud de lo manifestado, entiendo que el monto fijado en primera instancia resulta reducido, con lo cual propiciaré que se lo eleve a la suma de $ 2.000 (art. 165 del CPCCN.).
c) Pérdida del valor venal:
El anterior sentenciante admitió la suma de $ 5.100 para enjugar este rubro.
Comparto la doctrina que esta sala viene sosteniendo reiteradamente en el sentido de que, para dar lugar a este resarcimiento, la pérdida del valor venal debe ser cierta y surgir de una apreciación técnica de defectos estructurales susbsistentes, comprobados en la causa a través del respectivo informe técnico y de otros elementos que demuestren el desmedro (esta sala, L. 574.847, "Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios", del 10/11/2011).
El perito mecánico, a la hora de inspeccionar el vehículo, pudo visualizar las siguientes secuelas: "distinta separación de la unión del guardabarros delantero izquierdo con el parante de parabrisas respecto al mismo sector del lado derecho; el refuerzo superior del pararuedas izquierdo se encuentra desalineado, debido a ello la unidad óptica de ese sector no ensambla en su alojamiento; el cierre del capot es imperfecto; la unidad óptica reemplazada si bien es original, es de características de construcción distinta a la colocada en el lado derecho; variación de luz entre la arista anterior de capot respecto a la arista superior de la grilla; distinta tonalidad de pintura entre el capot y el guardabarros delantero izquierdo y separación despareja entre las puertas derecha e izquierda con respecto a sus parantes" (vid. fs. 103vta/104). Asimismo, el experto calculó una depreciación del 6% sobre el valor del rodado (vid. fs. 104) en función de las mencionadas secuelas.
Por consiguiente, y ahallándose probada la pérdida del valor venal del automotor, entiendo que debería confirmarse la sentencia en crisis también en este punto.
El colega de grado rechazó la procedencia de este ítem indemnizatorio por entender que no se vio reflejado en autos una lesión a bienes extrapatrimoniales. El actor solicita que se admita este rubro fundado en los sufrimientos, afecciones, frustraciones y padecimientos psíquicos y físicos derivados del infortunio.
Siguiendo a Pizarro, "El daño moral importa (…) una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (Pizarro, Daniel R., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).
En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del CPCCN, se encuentra en cabeza del actor la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Pizarro, op. cit., p. 625; Zavala de González, Resarcimiento de daños, cit., t 3, p. 173; Bustamante Alsina, Jorge, "Equitativa valuación del daño no mensurable", LL, 1990-A-655).
Sentado ello, señalo que no comparto la postura del colega de grado en cuanto entendió que no se configura en la especie un daño moral por no existir una lesión de "bienes precipuos para la vida del hombre". Pienso, por el contrario, que por imperativo constitucional (art. 19, Constitución Nacional, según la interpretación que viene haciendo de él la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y últimamente, en el precedente "Aquino", del 21/9/2004, Sup.Especial La Ley 2004, p. 39, con notas de Ramón D. Pizarro, Roberto A. Vázquez Ferreyra, Rodolfo E. Capón Filas, Marcelo López Mesa, Carlos V. Castrillo y Horacio Schick) todo daño debe ser objeto de una adecuada reparación, aún si su monto es relativamente poco importante.
Comparto en tal sentido las palabras de Calvo Costa: "Aun cuando el perjuicio sea leve, si el mismo reviste el carácter de ‘injusto’ para la víctima (...) debe ser reparado por el responsable. Resulta –a nuestro entender- contrario al espíritu actual del derecho de daños, rechazar la posibilidad de que la víctima pueda reclamar la reparación de un perjuicio que ha sufrido injustamente argumentándose como defensa su insignificancia. Además, no surge de lege lata en nuestro derecho civil prohibición o limitación alguna de reclamar los daños sufridos en razón de la insignificancia de los mismos" (Calvo Costa, Carlos A., Daño resarcible, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 236, con cita de Mayo, Zannoni y Boffi Boggero).
Así las cosas, es presumible, a mi juicio, que el haberse visto involucrado en un accidente de tránsito de las características descriptas haya ocasionado temor y un cierto grado de inquietud espiritual al actor, a lo que deben sumarse las molestias derivadas de la necesidad de efectuar la denuncia del caso, proceder a las reparaciones, etc., todo lo cual implica sustraer tiempo vital a la víctima, que bien podría haberlo empleado en otras actividades.
En consecuencia, teniendo en cuenta todas las pautas esbozadas en las líneas precedentes, el testimonio de la Sra. Marques (vid. fs. 134) y los demás malestares y angustias que un evento como el de autos pudo haber generado en el actor, entiendo procedente el reclamo, por lo que considero que debería reconocerse la suma de $ 2.000 para enjugar este rubro (art. 165 de. CPCCN).
VIII.- Por las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1) Modificar la sentencia apelada en el sentido de admitir el rubro "daño moral", que se fija en la suma de $ 2.000, y elevar la partida "privación de uso" a la suma de $ 2.000; 2) Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido objeto de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas de alzada a la demandada, que resulta sustancialmente vencida (art. 68 del CPCCN).
Por análogas razones, acompaño el voto propuesto por el vocal preopinante con la siguiente salvedad.
Esta Sala con reiteración ha sostenido que cuando se trata del daño a cosas materiales, el simple detrimento o pasajero cercenamiento de las prerrogativas de sus titulares no darían derecho a este resarcimiento, salvo cuando las cosas mismas tienen valor afectivo o paralelamente surgen agresiones espirituales que perturban la sensibilidad de los afectados, lo que indudablemente no ocurre en este caso de los daños que afectaron al automóvil del actor (conf. esta Sala voto del Dr. Hugo Molteni en Libre 235.832 del 24/3/95, voto de la Dra. Ana María Luaces en Libre 344.117 del 10/9/2002 y mi voto en Libre n° 559.815 del 16/2/2011, entre muchos otros). En este sentido, las circunstancias mismas no autorizan siquiera a inferir una afección de intereses morales más allá de las meras preocupaciones o molestias que de ordinario provocan aquellos acontecimientos, que no son indemnizables (conf. esta Sala, voto de la Dra. Ana María Luaces en Libre 171.518 del 27/12/95, entre otros).
En efecto, se trata aquí del reclamo sustentado a partir de los daños sufridos en el automóvil del accionante ocurrido en un accidente del que afortunadamente no produjeron lesiones para las personas, por lo que las perturbaciones que lógicamente derivaron de ese suceso han quedado adecuadamente enjugadas con la reparación de los daños materiales mismos.
Con esta salvedad, y como se dijo, adhiero al voto preopinante.
El Dr. Molteni dijo:
Con la misma discrepancia expresada por el Dr. Li Rosi, adhiero en lo demás, al voto del Dr. Picasso.
Fdo.: Sebastian Picasso (en disidencia parcial) - Ricardo Li Rosi - Hugo Molteni
Buenos Aires, diciembre 19 de 2012
Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, el Tribunal resuelve:
1) Modificar la sentencia apelada en el sentido de elevar la partida "privación de uso" a la suma de dos mil pesos ($ 2.000.-);
2) Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y ha sido objeto de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas de alzada a la demandada.
Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal y lo establecido por el artículo 505 del Código Civil.
Ello así, valorando la calidad y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios, lo establecido por el decreto ley 7887/55, lo normado por los artículos l, 6, 7, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432, corresponde fijar los emolumentos del letrado patrocinante de la parte actora, Dr. A. R. C., en PESOS .....($ ......-); los de la dirección letrada de la parte demandada, Dres. M... De E.... C.... y J. M. C., en conjunto, en PESOS .....($ .....-);; los del perito ingeniero, D. M. M., en PESOS ....($ ....-) y los del mediador, Dr. A, D. I., en PESOS .....($ .....-).//-
Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios del Dr. C., en PESOS .... ($ ----.-) y los del Dr. C., en PESOS .....($ ......-) (arts. l, 6, 7, 14 de la 21.839 y conc. de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.//-
Fdo.: SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI – HUGO MOLTENI
Publicado por George Manfuert en 7:21