Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2014/as201411006.html
Timestamp: 2019-03-26 02:40:03
Document Index: 315104114

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 115', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 365', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 169', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 418']

as201411006
AUTO SUPREMO Nº. 6/2014
EXPEDIENTE: Potosí 3/2014
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Harol Cárdenas Velarde, Angela Mercedes Farfán Chalar
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Harold Cárdenas Velarde (fs. 111 a 116), impugnando el Auto de Vista Nro. 40/2013 emitido el 2 de diciembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí (fs. 91 a 94), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Harol Cárdenas Velarde y Angela Mercedes Farfán Chalar por el delito de tráfico de sustancias controladas previsto en el artículo 48 con relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
En mérito a la imputación fiscal (fs. 53 a 56) y desarrollada audiencia conforme a: “acta de audiencia para considerar los requerimientos de procedimiento inmediato para delitos flagrantes, aplicación de medidas cautelares y salida alternativa de procedimiento abreviado (son dos imputados)” (sic), por Sentencia de 2 de agosto de 2013 (acta de fs. 66 a 73), el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la capital del departamento de Potosí, condenó a Harol Cárdenas Velarde por el delito de tráfico de sustancias controladas previsto en el artículo 48 con relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, imponiéndole la pena diez años de privación de libertad a ser cumplida en el Centro de Rehabilitación de Cantumarca de la ciudad de Potosí.
Contra la Sentencia mencionada, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 78 a 80), motivando el pronunciamiento del Auto de Vista Nro. 40/2013 de 2 de diciembre de 2013 (fs. 91 a 94), que declaró improcedente el recurso mencionado y confirmó la sentencia apelada.
Notificado el imputado con el Auto de Vista conforme la diligencia de fojas 95 de obrados en 11 de diciembre de 2013, formuló el recurso de casación que es motivo de autos, el 23 de diciembre de 2013.
Que luego de exponer el marco jurídico legal del recurso de casación y mencionar el artículo 115 de la Constitución Política del Estado que proclama el “derecho a la defensa en juicio es inviolable” lo que determina que la interpretación se haga de los preceptos legales en análisis, deba desarrollarse de la mejor manera posible, el recurrente expone los siguientes motivos:
Falta de pronunciamiento del Tribunal de Apelación respecto a los puntos impugnados a los que debió circunscribir su competencia. El recurrente refiere que interpuso recurso de apelación restringida sustentando su petitorio en defectos absolutos de sentencia alegando:
Errónea aplicación de la Ley Adjetiva defecto absoluto. Señala que el Ministerio Público le inició proceso penal por la supuesta comisión del delito incurso en el artículo 48 en relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley Nro. 1008, efectuada la imputación formal en procedimiento abreviado, el Juez, en aplicación del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, pronunció sentencia en su contra por el delito previsto en el artículo 48 en relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley Nro. 1008 imponiéndole la pena de diez años de reclusión.
Que el Juez Cautelar a tiempo de resolver el procedimiento abreviado no consideró aspectos importantes determinados en la Sentencia Constitucional Nro. 1075/2005 de 12 de septiembre de 2005, por lo que la sentencia fue apelada, sin embargo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, negó el recurso violando su derecho a la defensa, conforme a los siguientes fundamentos:
1. Defecto Absoluto. El recurrente señala que el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal determina de manera taxativa los defectos absolutos, constituyendo motivo de nulidad expresa, con ese actuado viciado de nulidad absoluta, fue sometido a imputación formal y posteriormente a procedimiento abreviado, que al respecto, la Sentencia Constitucional Nro. 367/2005-R expresa: “..Que el art. 45 núm. 2do de la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 2175 determina que el Fiscal tiene atribución y obligación, se infiere de intervenir en todas las diligencias de la etapa preparatoria velando porque dentro del término legal se cumpla la finalidad de esta etapa del proceso; máxime si el art. 92 parte última del CPP, principio de presunción de inocencia, prohibiendo toda presunción de culpabilidad, el resguardo de sus derechos inherentes a su condición humana” (sic).
Que en la audiencia de fundamentación de apelación restringida mencionó:
1ro. Que su persona no fue partícipe del hecho delictivo debido a que en el momento del allanamiento de su inmueble, él no se encontraba, es decir, no se le encontró en posesión de sustancias controladas, añade que fue presionado para que declare que su persona es autor del hecho delictivo, caso contrario su esposa iría a la cárcel, violándose el principio de presunción de inocencia y su derecho a ser sometido a un debido proceso. En la etapa preliminar que duró un día, no se evidenció que su persona fue partícipe del hecho delictivo, cuando su abogado defensor Dr. Marco A. Borda Belzu llegó a la declaración informativa policial, él ya estaba declarando, producto de ello, se abstuvo de prestar su declaración informativa policial, con la finalidad de no implicar a su esposa en el hecho delictivo, en esa declaración estuvo asistido por otro abogado.
2do. Que manifestó que el Juez no tiene competencia para convalidar actos que vulneren derechos y garantías constitucionales, que no valoraron que su persona a través su abogado defensor se opuso al procedimiento inmediato para delitos flagrantes, porque si existió flagrancia es con su esposa Angela Farfán Chalar puesto que en el momento de la aprehensión de su esposa él no se encontraba y recién llegó a los veinte minutos y en ese ínterin se procedió a su aprehensión, por esta razón, su abogado defensor se opuso a la solicitud.
3ro. El Tribunal de Alzada tampoco realizó una valoración correcta de los requisitos en los trámites del procedimiento abreviado, pues al ser dos los imputados (su persona y su esposa) y habiendo, él llegado a su domicilio veinte minutos después de haberse practicado la orden de allanamiento y requisa, la calificación del hecho con relación a su persona pudo subsumirse al delito de encubrimiento o complicidad y no así al de autor del delito previsto en el artículo 48 del inciso m) del artículo 33 de la Ley Nro. 1008, reitera que se sometió a procedimiento abreviado por haber sido presionado y coaccionado negociando que el caso se cerraría con la sentencia condenatoria para ambos imputados, en virtud de que estaba en juego la libertad de su esposa, aspecto que tampoco fue valorado por el Tribunal de Alzada.
4to. El Tribunal de Alzada no hizo correcta valoración de la pena que se le impuso, su participación debió subsumirse al delito de encubrimiento o complicidad previstos en los artículos 75, 76 de la Ley Nro. 1008, reitera los fundamentos expuestos en el anterior punto y sostiene que el Auto de Vista no consideró los puntos apelados, principalmente el error in iudicando o errónea aplicación de la ley adjetiva.
Concluye sosteniendo que el Auto de Vista recurrido, es contradictorio al Auto Supremo Nro. 141 de 22 de abril de 2006, de cuya doctrina destaca que, el Tribunal de Apelación debe circunscribir su resolución a los puntos apelados o en su caso advertir el defecto absoluto, en ambos casos, debe fundamentar cada punto con argumentos que soporten toda la resolución. Que los defectos absolutos no son susceptibles de convalidación.
Que en el caso el Tribunal de Alzada al no haber resuelto los puntos de su apelación conforme la doctrina legal aplicable ha incurrido en defectos absolutos, “los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso” (sic).
Concluye solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia ordene al Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dicte nuevo Auto de Vista pronunciándose expresamente sobre los puntos apelados, anulando el Auto de Vista Nro. 40/2013 emitido por la Sala Penal Segunda en fecha 2 de diciembre de 2013.
Que en el caso presente, se constata que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista el 11 de diciembre de 2013, habiendo formulado el recurso de casación el 23 de diciembre de 2013, advirtiéndose de los antecedentes procesales (fs. 116 bis) receso judicial desde el 16 de diciembre hasta el 20 del mismo mes, de lo que se concluye que el recurso fue planteado en el término de los cinco días.
En cuanto a los demás requisitos de forma, se constata:
Falta de pronunciamiento del Tribunal de Apelación respecto a los puntos impugnados a los que debió circunscribir su competencia. Bajo el epígrafe, el recurrente hace alusión a defectos absolutos de sentencia emergidos de la aplicación de procedimiento abreviado en su contra, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nro. 141 de 22 de abril de 2006, transcribe su doctrina legal, entendiéndose la contradicción, aunque el recurrente no la refiera expresamente, la misma que radicaría en la obligación del Tribunal de Apelación de circunscribir su competencia a los puntos impugnados, aspecto que -en su concepto- no cumplió el Tribunal de Alzada.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Harol Cárdenas Velarde impugnando el Auto de Vista Nro. 40/2013 emitido el 2 de diciembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Angela Mercedes Farfán Chalar y el recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto en el artículo 48 con relación al inciso m) del artículo 33 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Por Secretaría de la Sala, remítase copias legalizadas de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debatan las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo de conformidad a lo previsto por el artículo 418 parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal.