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Timestamp: 2020-01-26 03:17:18
Document Index: 398845025

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 47', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 6', 'artículo 6']

3. En el presente asunto, los órganos jurisdiccionales polacos han dictado tres órdenes de detención europeas contra LM, demandado en el litigio principal, sobre la base de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (4) en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (5) (en lo sucesivo, «Decisión Marco»). ML afirma que, como consecuencia de las reformas del sistema judicial polaco, analizadas en la propuesta motivada de la Comisión, se enfrenta a un riesgo real de no gozar de un proceso equitativo en dicho Estado miembro y alega que este riesgo se opone a su entrega por el órgano jurisdiccional remitente a las autoridades judiciales polacas.
7. En un primer momento, la autoridad judicial de ejecución debe constatar la existencia de un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes en el Estado miembro emisor como consecuencia de «deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten a ciertos grupos de personas o a ciertos centros de reclusión». (9) Para constatar la existencia de tales deficiencias, dicha autoridad debe basarse en «elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados relativos a las condiciones de reclusión imperantes en el Estado miembro emisor», en particular, en «resoluciones judiciales internacionales, como las sentencias del [Tribunal Europeo de Derechos Humanos], […] resoluciones judiciales del Estado miembro emisor o […] decisiones, informes u otros documentos elaborados por los órganos del Consejo de Europa o del sistema de las Naciones Unidas». (10)
8. En un segundo momento, la autoridad judicial de ejecución debe cerciorarse de que existen razones serias y fundadas para creer que la persona objeto de una orden de detención europea estará expuesta a ese riesgo debido a los elementos descritos en el punto anterior. En efecto, «la mera existencia de […] deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten a ciertos grupos de personas o a ciertos centros de reclusión […] no implica necesariamente que, en un caso concreto, la persona de que se trate vaya a sufrir un trato inhumano o degradante en el supuesto de que sea entregada». (11) Por lo tanto, la autoridad judicial de ejecución deberá, sobre la base del artículo 15, apartado 2, de la Decisión Marco, solicitar a la autoridad judicial emisora información complementaria sobre las condiciones de detención de la persona de que se trate. Si, sobre la base de esta información, la autoridad judicial de ejecución considera que la persona de que se trate no se enfrenta a un riesgo real de recibir un trato inhumano o degradante, deberá ejecutar la orden de detención europea. Si, por el contrario, constata, sobre la base de esta información, que la persona en cuestión se enfrenta a tal riesgo, deberá aplazar la ejecución de dicha orden.
(a) su entrega sea incompatible con las obligaciones que incumben al Estado en virtud de:
(i) del Convenio [Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales], o
(ii) los Protocolos del Convenio [Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales],
(b) su entrega constituya una vulneración de una disposición de la Constitución […]».
17. La República de Polonia ha dictado contra LM, nacional polaco, tres órdenes de detención europeas.
18. La primera orden de detención europea fue dictada (14) por el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal Regional de Poznan, Polonia) el 4 de junio de 2012 con el fin de continuar las diligencias contra LM por dos delitos calificados, respectivamente, de «producción y transformación ilegales, contrabando o tráfico de estupefacientes, precursores, sustitutos o sustancias psicotrópicas» y «participación en grupo u organización criminales con el fin de cometer delitos». Según esta orden de detención, LM participó entre 2002 y la primavera de 2006, en Poznań y Włocławek, en una organización criminal cuyo objetivo era fundamentalmente el tráfico de estupefacientes en grandes cantidades. Durante este período vendió al menos 50 kg de anfetaminas por un valor de al menos 225 000 eslotis polacos (en lo sucesivo, «PLN»), 200 000 pastillas de éxtasis por un valor de al menos 290 000 PLN y al menos 3,5 kg de marihuana por un valor de al menos 47 950 PLN.
19. La segunda orden de detención europea fue dictada (15) por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) el 1 de febrero de 2012 con el fin de continuar las diligencias contra LM por dos delitos calificadas de «tráfico ilegal de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas». Según esta orden de detención, LM distribuyó en los Países Bajos durante el verano de 2007 al menos 6 kg de marihuana y posteriormente al menos 5 kg de marihuana. Un escrito de la autoridad judicial emisora señala que la marihuana entregada por LM a los demás miembros de la organización criminal de la que formaba parte le fue vendida a continuación para que la distribuyera en Polonia.
20. La tercera orden de detención europea fue dictada (16) por el Sąd Okręgowy w Włocławku (Tribunal Regional de Włocławek, Polonia) el 26 de septiembre de 2013 con el fin de continuar las diligencias contra LM por un delito calificado de «producción y transformación ilegales, contrabando o tráfico de estupefacientes, precursores, sustitutos o sustancias psicotrópicas». Según esta orden de detención, LM participó en Włocławek, entre julio de 2006 y noviembre de 2007, en el tráfico de al menos 30 kg de anfetaminas por un valor de al menos 150 000 PLN, de 55 000 pastillas de éxtasis por un valor de al menos 81 000 PLN y de al menos 7,5 kg de marihuana por un valor de al menos 105 250 PLN.
21. LM fue detenido en Irlanda el 5 de mayo de 2017. No consintió en su entrega a las autoridades polacas, alegando que, en particular, como consecuencia de las recientes reformas legislativas del sistema judicial polaco y del Ministerio Fiscal, corre un riesgo real de sufrir una denegación flagrante de justicia en Polonia, en infracción del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
33. En el presente asunto se pregunta al Tribunal de Justicia si basta, para que la autoridad judicial de ejecución esté obligada a aplazar la ejecución de una orden de detención europea, con que constate la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho a un proceso equitativo debido a las deficiencias del sistema judicial del Estado miembro emisor, o si debe también cerciorarse de que la persona buscada estará expuesta a dicho riesgo. Asimismo, se pregunta al Tribunal de Justicia qué información y garantías debe, en su caso, obtener la autoridad judicial de ejecución de la autoridad judicial emisora a fin de descartar ese riesgo. Pues bien, los órganos jurisdiccionales polacos han dictado tres órdenes de detención europeas contra LM y el órgano jurisdiccional remitente afirma que las deficiencias que afectan al sistema judicial polaco menoscaban el Estado de Derecho. En consecuencia, la entrega de LM a la autoridad judicial emisora depende de la respuesta que el Tribunal de Justicia dé a las cuestiones prejudiciales. Por lo tanto, no cabe considerar las cuestiones como hipotéticas.
35. Me gustaría señalar que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho a un proceso equitativo debido a las deficiencias del sistema judicial polaco, es decir, sobre la primera etapa del examen definido en la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). Es a la autoridad judicial de ejecución a quien corresponde pronunciarse sobre la existencia de dicho riesgo. En efecto, según el apartado 88 de la sentencia Aranyosi y Căldăraru, cuando la autoridad judicial de ejecución disponga de elementos que acrediten un riesgo real de que se inflija un trato inhumano o degradante en el Estado miembro emisor, deberá apreciar la existencia de ese riesgo.
36. El Tribunal de Justicia únicamente debe pronunciarse sobre la conformidad de la normativa polaca con el Derecho de la Unión, en particular con las disposiciones de la Carta, en el marco de un recurso por incumplimiento. (19) Sin embargo, en el marco de dicho recurso, el Tribunal de Justicia constataría, en su caso, la infracción de una norma del Derecho de la Unión y no el riesgo de infracción de esa norma.
38. En efecto, en primer lugar, la apreciación que el Consejo deberá efectuar, si procede, en el marco del artículo 7 TUE, apartado 1, no tiene el mismo objeto que la efectuada por la autoridad judicial de ejecución en el marco de la primera etapa del examen definido en la sentencia Aranyosi y Căldăraru. En el marco del artículo 7 TUE, apartado 1, el Consejo constata si existe un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 TUE, a saber, la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En cambio, en la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), el examen de la autoridad judicial de ejecución tenía por objeto la existencia de un riesgo real de vulneración, no de un valor común de los Estados miembros, sino de un derecho fundamental, la prohibición de tratos inhumanos o degradantes.
40. Es cierto que, en el presente asunto, son las inquietudes en lo que respecta a la independencia de los jueces y a la separación de poderes, por tanto, al derecho a un proceso equitativo, las que han llevado a la Comisión a adoptar su propuesta motivada. (21) No es menos cierto que puede existir un riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo en el Estado miembro emisor aunque este no viole el Estado de Derecho. Por consiguiente, soy de la opinión de que es indiscutible que las dos apreciaciones efectuadas, respectivamente, por el Consejo y por la autoridad judicial de ejecución, descritas en el punto 38 anterior, no tienen el mismo objeto.
44. En consecuencia, comparto la opinión del Gobierno de los Países Bajos, que afirmó en la vista que el procedimiento previsto en el artículo 7 TUE desempeña funciones distintas a las del examen efectuado por la autoridad judicial de ejecución en aplicación de la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). Dicho procedimiento permite a la Unión intervenir en caso de violación grave y persistente de los valores en los que se basa la Unión por parte de un Estado miembro. El citado examen permite a la autoridad judicial de ejecución proteger los derechos fundamentales de la persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea.
48. Pues bien, de las explicaciones sobre la Carta (25) se desprende que el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta corresponde al artículo 6, apartado 1, del CEDH, relativo al derecho a un proceso equitativo.
51. Para a esta cuestión, cabe preguntarse, en primer lugar, si un riesgo real de infracción, no del artículo 4 de la Carta, controvertido en la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), sino del artículo 47, párrafo segundo, del mismo texto, puede llevar a aplazar la ejecución de una orden de detención europea. Puesto que tal es, a mi parecer, el caso, examinaré a continuación si cualquier vulneración del derecho a un proceso equitativo puede llevar a aplazar la ejecución de dicha orden, o si únicamente una vulneración de especial gravedad, como una denegación flagrante de justicia, puede hacerlo. Por último, examinaré la aplicabilidad de la segunda etapa del examen definido en la sentencia Aranyosi y Căldăraru en el supuesto de que exista un riesgo real de denegación flagrante de justicia debido a las deficiencias del sistema judicial del Estado miembro emisor (dado que un riesgo real de denegación flagrante de justicia es, en mi opinión, el criterio pertinente). Me gustaría indicar de antemano que la segunda etapa de este examen es, en mi opinión, aplicable en tal supuesto.
52. El Minister for Justice and Equality (Ministro de Justicia e Igualdad, Irlanda; en lo sucesivo, «Ministro»), el Gobierno de los Países Bajos, el Gobierno polaco (28) y la Comisión consideran que un riesgo de infracción del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta puede dar lugar a una obligación de aplazar la ejecución de una orden de detención europea. LM, al igual que el órgano jurisdiccional remitente y, aparentemente, el Gobierno español tienen por acreditado este extremo. (29)
54. A este respecto, me gustaría señalar que el principio de reconocimiento mutuo, que constituye la piedra angular de la cooperación judicial en materia penal, (30) descansa a su vez en el principio de confianza mutua entre Estados miembros. Como declaró el Tribunal de Justicia en el dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014 (EU:C:2014:2454), apartados 191 y 192, el principio de confianza mutua entre Estados miembros obliga a cada uno de los Estados miembros, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo «en circunstancias excepcionales», que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho. En consecuencia, les está vedado a los Estados miembros, salvo «en supuestos excepcionales», verificar si otro Estado miembro ha respetado efectivamente, en un caso concreto, los derechos fundamentales garantizados por la Unión.
55. Como se ha señalado anteriormente, (31) el Tribunal de Justicia se basó en la posibilidad de permitir, «en circunstancias excepcionales», limitaciones a los principios de reconocimiento y de confianza mutuos y en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco para sostener la existencia, en la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), de una obligación de aplazar la ejecución de la orden de detención europea. Estas limitaciones ponen de manifiesto que no se trata de una confianza ciega. (32)
56. Pues bien, hasta la fecha solo se han admitido limitaciones al principio de reconocimiento mutuo en relación con el derecho consagrado en el artículo 4 de la Carta, por lo que respecta tanto a la ejecución de una orden de detención europea como al traslado, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, (33) de un solicitante de asilo al Estado miembro responsable de la tramitación de su solicitud. (34)
62. A este respecto, es preciso señalar que, en la sentencia de 9 de marzo de 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), apartado 54, que no tenía por objeto, en efecto, la interpretación de la Decisión Marco, sino la del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, (39) el Tribunal de Justicia declaró que «la observancia del principio de confianza recíproca en la Administración de justicia en los Estados miembros de la Unión que subyace a la aplicación [del Reglamento Bruselas I bis] supone, en particular, que las resoluciones cuya ejecución se solicita en otro Estado miembro hayan sido dictadas en un procedimiento judicial que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad y respete el principio de contradicción». (40)
66. En tercer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíbe a los Estados contratantes expulsar a una persona cuando esta corra, en el país de destino, un riesgo real de estar sometida, no solo a tratos contrarios al artículo 3 del CEDH (43) o a la pena de muerte, (44) lo que supone una infracción del artículo 2 del CEDH y del artículo 1 del Protocolo n.o 13 al CEDH, (45) sino también a una denegación flagrante de justicia, infringiendo así el artículo 6 del CEDH. (46)
70. La jurisprudencia irlandesa es conforme con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, en la sentencia Soering c. Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que una decisión de extradición «[puede] suscitar excepcionalmente un problema en el ámbito [del artículo 6 del CEDH] en el caso de que el fugitivo haya sufrido o pueda sufrir una denegación flagrante de justicia». (48)
71. A pesar de que el órgano jurisdiccional remitente no pregunta al Tribunal de Justicia si la ejecución de una orden de detención europea debe aplazarse cuando exista un riesgo real de infracción del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, o si tal ejecución solo debe aplazarse cuando exista un riesgo real de infracción particularmente grave de esta disposición, como una denegación flagrante de justicia, me parece necesario abordar tal cuestión. En efecto, esta cuestión se desprende de la examinada en los puntos 52 a 68 de las presentes conclusiones. Además, la segunda cuestión prejudicial se refiere expresamente al riesgo real de denegación flagrante de justicia.
86. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente considera que existe un riesgo real de que LM se enfrente, en el Estado miembro emisor, a una denegación flagrante de justicia debido, en particular, a la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro.
89. De reiterada jurisprudencia se desprende que el concepto de independencia entraña dos aspectos. El primer aspecto, externo, supone que el órgano ha de estar protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia en el enjuiciamiento por sus miembros de los litigios que se les sometan. El segundo aspecto, interno, se asocia al concepto de imparcialidad y se refiere a la igualdad de distancias que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de aquel. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica. (64) Estas garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio. (65)
91. En efecto, por una parte, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartados 41 y 42, que «resulta primordial preservar la independencia de [los órganos jurisdiccionales nacionales]» y que «la garantía de independencia […] es inherente a la misión de juzgar». (66) En particular, la existencia de garantías en cuanto a la composición del tribunal constituye la piedra angular del derecho a un proceso equitativo. (67)
95. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, sobre la base de estas consideraciones, si, en el presente asunto, la supuesta falta de independencia de los órganos jurisdiccionales polacos reviste una gravedad tal que menoscaba la equidad del proceso y constituye, por este motivo, una denegación flagrante de justicia. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Aranyosi y Căldăraru, dicho órgano deberá, a tal efecto, basarse en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados relativos a las condiciones imperantes en el Estado miembro emisor que demuestren la existencia de deficiencias sistémicas que afectan al sistema judicial polaco. (72) A este respecto, podrán tomarse en consideración la propuesta motivada de la Comisión y los dictámenes de la Comisión de Venecia siempre y cuando, extremo que retomaré, el órgano jurisdiccional remitente consulte las eventuales evoluciones de la situación en Polonia que sean posteriores a estos documentos.
100. LM considera que la segunda etapa del examen definido en la sentencia Aranyosi y Căldăraru no puede aplicarse a una situación en la que la confianza que los Estados miembros depositan en el respeto, por la República de Polonia, del valor más fundamental, a saber, el Estado de Derecho, ha sido simple y llanamente aniquilada.
102. Según el Gobierno polaco, ni existe riesgo de violación del Estado de Derecho en Polonia ni la persona contra la que se ha dictado la orden de detención europea, LM, corre el riesgo de que se vulnere su derecho a un proceso equitativo. Por una parte, el órgano jurisdiccional remitente no puede basarse en la propuesta motivada de la Comisión para llegar a la conclusión de que existe una violación del Estado de Derecho en Polonia, dado que, en particular, la normativa polaca se ha modificado tras la adopción de esta propuesta motivada. El órgano jurisdiccional remitente no es competente para constatar la violación del Estado de Derecho por la República de Polonia, puesto que dicha competencia corresponde, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 7 TUE, al Consejo Europeo. El órgano jurisdiccional remitente tampoco es competente para suspender la aplicación de la Decisión Marco, ya que dicha competencia pertenece al Consejo con arreglo al considerando 10 de la Decisión Marco. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente no ha demostrado que el propio LM estaría expuesto a un riesgo real de vulneración del derecho a un proceso equitativo. En efecto, dicho órgano jurisdiccional no fue capaz, en particular, de exponer ni siquiera razones hipotéticas por las que LM se vería expuesto a un riesgo de no gozar de un proceso equitativo.
104. A mi juicio, la autoridad judicial de ejecución solo está obligada a aplazar la ejecución de una orden de detención europea cuando constate no solo que existe un riesgo real de denegación flagrante de justicia debido a las deficiencias que afectan al sistema judicial del Estado miembro emisor, sino además que la persona de que se trate estará expuesta a dicho riesgo.
106. Considerar que la autoridad judicial de ejecución está obligada a aplazar la ejecución de una orden de detención europea sin verificar que la persona de que se trate está expuesta al riesgo de denegación flagrante de justicia que, en su opinión, está constituido por las deficiencias del sistema judicial sería, desde mi punto de vista, incompatible con el considerando 10 de la Decisión Marco, según el cual «[la] aplicación [del mecanismo de la orden de detención europea] solo podrá suspenderse en caso de violación grave y persistente, por parte de uno de los Estados miembros, de los principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6 [TUE], constatada por el Consejo Europeo en aplicación del apartado 1 del artículo 7 [TUE]». Dicho considerando 10 prohíbe a los Estados miembros suspender la aplicación de la Decisión Marco a un Estado miembro, salvo cuando el Consejo haya adoptado, en relación con dicho Estado miembro, una decisión sobre la base del actual artículo 7 TUE, apartado 2. (75) Este considerando no prohíbe, en cambio, a un Estado miembro suspender la aplicación de la Decisión Marco «en un caso concreto», es decir, aplazar la ejecución de una orden de detención europea particular. Por otra parte, debo señalar que, en la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), el Tribunal de Justicia admitió dicho aplazamiento sin que el Consejo Europeo hubiera dictado una decisión a este respecto.
108. En segundo lugar, aun suponiendo que existiese en Polonia un riesgo real de denegación flagrante de justicia debido a las recientes reformas del sistema judicial, (76) no cabe deducir de ello que ningún órgano jurisdiccional polaco esté en condiciones de examinar un asunto, de cualquier tipo, ateniéndose al artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. Suscribo plenamente la alegación de la Comisión según la cual «aunque se haya comprobado que el Estado de Derecho está gravemente amenazado en el Estado miembro emisor […], no se puede excluir que existan ámbitos en los que los órganos jurisdiccionales mantengan su capacidad para llevar a cabo un proceso con la independencia necesaria para garantizar el respeto del derecho fundamental consagrado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta».
109. En tercer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para determinar si existe un riesgo real de tratos contrarios al artículo 3 del CEDH, «verificará las consecuencias previsibles de la entrega del demandante al país de destino, teniendo en cuenta la situación general en el mismo y las circunstancias propias del caso del interesado». (77) Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho de que exista un problema general relacionado con el respeto de los derechos humanos en un determinado país no puede servir de fundamento, por sí solo, para determinar que la entrega del interesado a dicho país sería contraria al artículo 3 del CEDH. (78) De igual modo, a efectos de verificar si existe un riesgo real de denegación flagrante de justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá en cuenta, en la práctica, no solo la situación en el país de destino, sino también las circunstancias propias del interesado. (79)
112. En lo tocante al artículo 6, apartado 1, del CEDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, en la sentencia Ahorugeze c. Suecia, que la extradición del demandante, un nacional ruandés perteneciente a la etnia hutu, a Ruanda, donde había sido juzgado por genocidio y crímenes contra la humanidad, no supondría su exposición a un riesgo real de denegación flagrante de justicia. En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró, basándose en sentencias del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en información facilitada por investigadores neerlandeses y policías noruegos, que no había quedado acreditado que los órganos jurisdiccionales ruandeses no fueran independientes e imparciales. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó la situación personal del demandante. A su juicio, ni la circunstancia de que el demandante hubiera testificado para la defensa ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ni el hecho de que hubiera dirigido la autoridad ruandesa de aviación civil, ni su condena por destrucción de la propiedad ajena durante el genocidio de 1994 le exponían a una denegación flagrante de justicia. (82)
113. Considero que, como afirma la Comisión, para demostrar que la persona de que se trate está expuesto al riesgo de denegación flagrante de justicia controvertido, es preciso demostrar que existen circunstancias particulares relativas bien a dicha persona, bien al delito del que se la acusa o por el que ha sido condenada, que la exponen a dicho riesgo. De este modo, la Comisión propone, en particular, verificar si la persona contra la que se ha dictado la orden de detención europea es un opositor político o si pertenece a un grupo social o étnico objeto de discriminación. La Comisión propone asimismo examinar, concretamente, si el delito por el que la persona de que se trate está encausada es de naturaleza política o si los representantes políticos que ocupan el poder han efectuado declaraciones públicas en relación con este delito o su sanción. A mi parecer, deben adoptarse estas propuestas.
116. En el presente asunto, LM sostiene que corre un riesgo real de sufrir una denegación flagrante de justicia en Polonia puesto que el Estado de Derecho, «cuya esencia es el derecho a un recurso judicial efectivo que, a su vez, solo puede garantizarse mediante la existencia de un sistema judicial independiente», ya no se respeta. (84)
117. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si dichas alegaciones demuestran que LM estaría expuesto, en caso de que se procediera a su entrega a la autoridad judicial emisora, a un riesgo real de denegación flagrante de justicia como consecuencia de las deficiencias del sistema judicial polaco, suponiendo que ese riesgo quede acreditado.
118. No obstante, es preciso señalar que LM no indica en ningún momento en qué forma afectan a su situación personal las recientes reformas del sistema judicial polaco. No explica la razón por la que las deficiencias del sistema judicial polaco, suponiendo que se demuestren, se oponen a que su asunto sea examinado por un tribunal independiente e imparcial. LM se limita a afirmar, en general, que el sistema judicial polaco no cumple las exigencias del Estado de Derecho.
119. A mi parecer, las alegaciones formuladas por LM tienden, por tanto, a demostrar exclusivamente que existe, debido a las deficiencias del sistema judicial, un riesgo real de denegación flagrante de justicia en Polonia y no a probar que, en caso de que se efectúe su entrega a la autoridad judicial emisora, él mismo se verá expuesto a dicho riesgo. Ahora bien, es preciso recordar que, como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho de que exista un problema general relacionado con el respeto de los derechos humanos en un determinado país (suponiendo que quede demostrado) no puede servir de fundamento, por sí solo, para determinar que la entrega del interesado a dicho país le expondría a un riesgo de denegación flagrante de justicia. (85) Por ejemplo, en la sentencia Yefimova c. Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que, si bien existían razones para dudar de la independencia de los magistrados kazajos, el demandante no había demostrado ni que tales dudas constituyeran un riesgo real de denegación flagrante de justicia, ni que él mismo se vería expuesto a dicho riesgo en caso de que fuera extraditado a Kazajistán. (86)
120. Cabe recordar, en este sentido, que LM está acusado de tráfico de estupefacientes y que nada en el expediente sugiere que este delito o el propio LM posean especificidades que supongan su exposición al riesgo de denegación flagrante de justicia alegado. Tras ser interrogado sobre este punto en la vista, el representante de. LM no aportó mayores precisiones.
121. En consecuencia, es preciso responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución tiene la obligación de aplazar la ejecución de una orden de detención europea cuando constante, además de que existe un riesgo real de denegación flagrante de justicia debido a las deficiencias del sistema judicial del Estado miembro emisor, que la persona contra la que se ha dictado dicha orden está expuesta a ese riesgo. Para que una vulneración del derecho a un proceso equitativo consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta constituya una denegación flagrante de justicia, es preciso que esta vulneración revista tal gravedad que desvirtúe el contenido esencial del derecho protegido por esta disposición. Para determinar si la persona de que se trate está expuesta al riesgo de denegación flagrante de justicia controvertido, la autoridad judicial de ejecución deberá tener en cuenta las circunstancias particulares relativas tanto a dicha persona como al delito del que se la acusa o por el que ha sido condenada.
125. LM considera que no procede responder a la segunda cuestión prejudicial. No obstante, precisa que, en el presente asunto no puede ofrecerse ninguna garantía que disipe las dudas de la autoridad judicial de ejecución, puesto que las deficiencias controvertidas son de carácter sistémico.
132. En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión que, cuando la autoridad judicial de ejecución constate que existe un riesgo real de denegación flagrante de justicia en el Estado miembro emisor, deberá solicitar a la autoridad judicial emisora, sobre la base del artículo 15, apartado 2, de la Decisión Marco, toda la información complementaria necesaria relacionada, en su caso, por una parte, con los avances legislativos posteriores a los datos de que dispone para constatar la existencia de un riesgo real de denegación flagrante de justicia y, por otra parte, con las particularidades relativas a la persona contra la que se ha dictado la orden de detención europea o a la naturaleza del delito del que se la acusa o por el que ha sido condenada.
«1) El artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución tiene la obligación de aplazar la ejecución de una orden de detención europea cuando constate, además de que existe un riesgo real de denegación flagrante de justicia debido a las deficiencias del sistema judicial del Estado miembro emisor, que la persona contra la que se ha dictado dicha orden está expuesta a ese riesgo. Para que una vulneración del derecho a un proceso equitativo consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta constituya una denegación flagrante de justicia, es preciso que esta vulneración revista tal gravedad que desvirtúe el contenido esencial del derecho protegido por esta disposición. Para determinar si la persona de que se trate está expuesta al riesgo de denegación flagrante de justicia controvertido, la autoridad judicial de ejecución deberá tener en cuenta las circunstancias particulares relativas tanto a dicha persona como al delito del que se la acusa o por el que ha sido condenada.
2) Cuando la autoridad judicial de ejecución constate que existe un riesgo real de denegación flagrante de justicia en el Estado miembro emisor, deberá solicitar a la autoridad judicial emisora, sobre la base del artículo 15, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, toda la información complementaria necesaria relacionada, en su caso, por una parte, con los avances legislativos posteriores a los datos de que dispone para constatar la existencia de un riesgo real de denegación flagrante de justicia y, por otra parte, con las particularidades relativas a la persona contra la que se ha dictado la orden de detención europea o a la naturaleza del delito del que se la acusa o por el que ha sido condenada.»
12 Dictamen de la Comisión de Venecia n.o 904/2017, de 11 de diciembre de 2017, sobre el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, sobre el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley del Tribunal Supremo, propuestos por el Presidente de la República de Polonia, y sobre la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, y el dictamen de la Comisión de Venecia n.o 892/2017, de 11 de diciembre de 2017, sobre la Ley del Ministerio Fiscal, en su versión modificada (en lo sucesivo, «dictámenes de la Comisión de Venecia»). Estos documentos están disponibles en el sitio web de la Comisión de Venecia en: http://www.venice.coe.int/webforms/events/.
27 Me gustaría precisar, en efecto, que en la sentencia de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), el Tribunal de Justicia declaró que la autoridad judicial de ejecución deberá aplazar la ejecución de la orden de detención europea cuando constate que existe un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes en el Estado miembro emisor, no un incumplimiento de la prohibición de tales tratos (y que la persona de que se trate está expuesta a ese riesgo). Véase, a este respecto, el punto 43 de las presentes conclusiones.
28 Según las observaciones escritas del Gobierno polaco, el hecho de que la sentencia Aranyosi y Căldăraru se refiriese al artículo 4 de la Carta «no significa que las limitaciones de los principios de reconocimiento y de confianza mutuos no puedan aplicarse para proteger otros derechos fundamentales que no tienen carácter absoluto, entre los que se encuentra el derecho a un proceso equitativo».
32 Conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1013), punto 74. Véase, a este respecto, Lenaerts, K., «La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust», Common Market Law Review, n.o 3, 2017, p. 805.
34 Cuando exista, en el Estado miembro que se haya designado en primer lugar como responsable del examen de la solicitud de asilo sobre la base de los criterios enumerados en el Reglamento Dublín III, un peligro de trato inhumano o degradante, el solicitante de asilo no podrá ser trasladado a este Estado. El Estado miembro que esté procediendo a determinar el Estado miembro responsable debe seguir examinando estos criterios para decidir si otro Estado miembro puede ser designado como responsable. Si no es posible, él mismo será el Estado responsable. Véase el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Dublín III, que es una codificación de la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros(C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartado 94. Véanse también las sentencias de 16 de febrero de 2017, C. K. y otros(C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), apartado 65; de 26 de julio de 2017, A.S. (C‑490/16, EU:C:2017:585), apartado 41, y de 26 de julio de 2017, Jafari (C‑646/16, EU:C:2017:586), apartado 101.
35 Sentencias de 5 de abril de 2016, Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), apartado 85; de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630), apartado 56; de 16 de febrero de 2017, C. K. y otros(C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), apartado 59, y de 24 de abril de 2018, MP (Protección subsidiaria de una víctima de torturas pasadas) (C‑353/16, EU:C:2018:276), apartado 36.
36 Según reiterada jurisprudencia, el derecho a la tutela judicial efectiva podrá limitarse siempre que, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, esta limitación esté establecida por la ley, respete el contenido esencial de dicho derecho y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sea necesaria y responda efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (sentencias de 4 de junio de 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, apartado 51; de 17 de septiembre de 2014, Liivimaa Lihaveis, C‑562/12, EU:C:2014:2229, apartado 72; de 6 de octubre de 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, apartado 95; de 15 de septiembre de 2016, Star Storage y otros, C‑439/14 y C‑488/14, EU:C:2016:688, apartado 49; de 27 de septiembre de 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, apartado 62, y de 20 de diciembre de 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C‑664/15, EU:C:2017:987), apartado 90.
39 Reglamento de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).
42 Cabe señalar a este respecto que, en la sentencia de 26 de abril de 2018, Donnellan (C‑34/17, EU:C:2018:282), apartado 61, el Tribunal de Justicia declaró que, habida cuenta de que la asistencia para el cobro de créditos establecida por la Directiva 2010/24/UE [Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (DO 2010, L 84, p. 1(] se califica de «mutua», ello «implica, en particular, que incumbe a la autoridad requirente crear […] las condiciones en las que la autoridad requerida pueda prestar su asistencia» (el subrayado es mío) (Directiva del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos, y otras medidas, DO 2010, L 84, p. 1).
45 Protocolo n.o 13 al CEDH, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, firmado en Vilna el 3 de mayo de 2002.
47 La petición de decisión prejudicial indica, en efecto, que «el criterio para determinar si la entrega está prohibida sobre la base del artículo 6 del CEDH está bien establecido en la jurisprudencia nacional, a saber, que el interesado se vea expuesto a un peligro real de denegación flagrante de justicia. En la sentencia Minister for Justice, Equality and Law Reform v Brennan [2007] IESC 24 el Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) consideró que deben concurrir circunstancias especialmente graves, «como una deficiencia del sistema judicial del Estado solicitante fundamental y claramente establecido» para que se deniegue la entrega en virtud de la Ley de 2003 con el fin de evitar una vulneración de los derechos consagrados en el artículo 6 del CEDH».
60 Sentencias del TEDH de 17 de enero de 2012, Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909), apartados 263 a 287; de 24 de julio de 2014, Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD000751113), apartado 559; de 24 de julio de 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111), apartados 565 a 569, y de 31 de mayo de 2018, Al Nashiri c. Rumanía (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412), apartados 719 a 722.
62 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala, en efecto, en el apartado 567, inciso ii), de su sentencia, lo siguiente: «[the military commission] did not have legitimacy under US and international law resulting in, as the Supreme Court found, its lacking the “power to proceed” and […], consequently, it was not “established by law” for the purposes of Article 6§1».
68 Sentencias del TEDH de 24 de julio de 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111), y de 31 de mayo de 2018, Al Nashiri c. Rumanía (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).
71 Sentencias del TEDH de 24 de julio de 2014, Al Nashiri c. Polonia (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111), y de 31 de mayo de 2018, Al Nashiri c. Rumanía (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).
80 Sentencia del TEDH de 18 de abril de 2013, Mo.M. c. Francia (CE:ECHR:2013:0418JUD001837210), apartados 38 a 43.
81 Sentencia del TEDH de 25 de marzo de 2014, M.G. c. Bulgaria (CE:ECHR:2014:0325JUD005929712), apartados 87 a 91.
84 Cabe señalar que de la sentencia de la High Court (Tribunal Superior) 12 de marzo de 2018, mencionada en el punto 22 de las presentes conclusiones, se desprende que el abogado de LM trató de obtener elementos de prueba relativos al estado del sistema judicial en Polonia. En particular, presentó ante el órgano jurisdiccional remitente un documento elaborado por un órgano oficial polaco cuya identidad exacta desconoce dicho órgano. Según este documento, la autoridad judicial polaca es independiente de los demás poderes, la supervisión llevada a cabo por el Ministro de Justicia sobre los tribunales ordinarios es puramente administrativa y dicho Ministro no vulnera la independencia de los magistrados.