Source: https://es.scribd.com/document/247111732/Supuestos-Practicos-Administrativos-Comentados-2010
Timestamp: 2019-04-25 17:43:42
Document Index: 246613786

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 58', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 46', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 34', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 63', 'artículo 14', 'artículo 63', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 15', 'artículo 116', 'artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 53', 'artículo 15', 'artículo 53', 'artículo 115', 'artículo 139', 'artículo 106', 'artículo 15', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 107', 'artículo 62', 'artículo 47', 'artículo 91', 'artículo 105', 'artículo 84', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 24', 'e contrario', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 62', 'artículo 25', 'artículo 54']

Cargado por Urkus Mel
Supuestos-Practicos-Administrativos-Comentados
D. A. el 1 de octubre de 2006 solicita al Ayuntamiento X licencia para la construcción de un cine en la
calle............. de dicho municipio.
El día 16 de octubre del mismo año el Ayuntamiento le requiere sobre la base del art. 71 LRJPAC, para
que en el plazo de 10 días acompañe los documentos preceptivos, que enumera conforme exige la
legislación autonómica, advirtiéndole que de no hacerlo en dicho plazo se resolverá teniéndolo por
Transcurrido el plazo de 10 días D. A. presenta otra solicitud con idéntico objeto.
- ¿Es correcto o debe resolver primero el Ayuntamiento lo que procede respecto a la primera solicitud?
1- El Ayuntamiento está obligado a dictar resolución expresa sobre el desistimiento y proceder en
consecuencia al archivo del expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 , 42.1 y 91
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC) .
El desistimiento a la solicitud ha de ser aceptado por la Administración (art. 91.2 LRJPAC).
En efecto, el desistimiento, al igual que la caducidad no se produce automáticamente por el transcurso del
tiempo, en este caso el plazo de 10 días de subsanación, sino por su declaración (SSTS 16-3-1988 [RJ
1988, 2171] y 23-6-1987 [RJ 1987, 6524] ).
Por ello D.A. ha actuado correctamente formulando una nueva petición, ya que el Ayuntamiento, según
los datos del caso, no había declarado el desistimiento de la petición del 1 de octubre, lo que a su vez
implica que no puede en estos momentos el Ayuntamiento resolver la primera petición.
2- Por los mismos motivos DA también podría haber aportado los documentos exigidos en el
requerimiento de su primera solicitud de 1 de octubre fuera del plazo de 10 días mientras no se hubiese
dictado resolución expresa sobre el desistimiento.
En el mismo sentido -aunque referido no a la solicitud sino a tramites ya cumplimentados (STSJ de
Extremadura 19-6-2002 [JUR 2002, 212262] )- el art. 76.3 LRJPAC establece que se admitirá la
actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del dia que se le
notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido dicho plazo.
3- Si por el contrario el Ayuntamiento hubiese declarado el desistimiento transcurrido el plazo de 10 días
de subsanación, D. A. también podría haber realizado una nueva petición sobre lo mismo , porque el
desistimiento , a diferencia de la renuncia , lo es a la solicitud (art. 90.1 LRJPAC) no a un derecho (STS
28-5-1984 [RJ 1984, 4604] ; STSJ Comunidad Valenciana 9-12-2003 [JUR 2004, 165181] ).
LEGALMENTE PREVISTO?
ocedimiento administrativo común. Impugnación de acto presunto transcurrido el plazo legalmente
El Alcalde de un Ayuntamiento x sanciona a D. Diego Soler por la comisión de una infracción
administrativa. No estando de acuerdo con la misma, el interesado interpone en tiempo y forma el
correspondiente recurso potestativo de reposición contra la resolución dictada.
Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el Ayuntamiento no resuelve expresamente el
recurso planteado, por lo que se entiende éste desestimado por silencio administrativo.
El Sr. Soler, un año después de que su recurso de reposición se entendiese desestimado, interpone recurso
- Se solicita informe en donde se determine si cabe admitir la presentación de un recurso contenciosoadministrativo contra un acto presunto denegatorio, una vez transcurrido el plazo de los seis meses
previsto para hacerlo en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En un principio, siguiendo el tenor literal del artículo 46 de la LJCA, parece que cabe afirmar que dicha
interposición resultaría extemporánea por cuanto que este precepto establece que si el acto impugnado es
presunto, el plazo para interponer es de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que se
produzca el acto.
Sin embargo, la jurisprudencia viene rechazando esta interpretación, empleando varios argumentos para
a) Así, el Tribunal Supremo ha acudido en unas ocasiones a la equiparación de los actos presuntos con los
actos expresos que han tenido no obstante una notificación defectuosa (STS de 28 de enero de 2003 [RJ
2003, 1508] , la cual no produce efectos hasta que el interesado realice actuaciones que supongan el
conocimiento del acto o interponga el recurso procedente (artículo 58.3 LRJ-PAC).
En este sentido, afirma el Tribunal Supremo que en los casos de silencio negativo puede entenderse como
máximo que el particular conoce el texto íntegro del acto, pero no los demás extremos que deben constar
en toda notificación, por lo que siendo entonces defectuosa, sólo surtiría efecto a partir de la fecha en que
se haga manifestación en tal sentido por el interesado o interponga el recurso pertinente, concluyéndose
que puede calificarse de razonable una interpretación que compute el plazo para recurrir contra una
desestimación presunta como si se hubiera producido una notificación defectuosa.
b) En otros supuestos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 23 de enero de 2004 [RJ 2004,
1021] ) ha entendido que si la administración no ha realizado la comunicación prevista en el artículo 42.4
LRJ-PAC no comienza a correr el plazo de seis meses para interponer el contencioso. En este precepto se
establece la necesidad de que las Administraciones Públicas, dentro de los diez días siguientes a la
recepción de cualquier solicitud, remitan una comunicación a los interesados informándoles del plazo
máximo establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que
pueda producir el silencio administrativo y de la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano
En estas ocasiones, y frente al argumento esgrimido por la Administración de que esta admisión de la
interposición del recurso contencioso efectuada extemporáneamente constituía una clara vulneración del
principio de seguridad jurídica, el Tribunal Supremo ha razonado que dicha argumentación resulta
sorprendente ya que la Administración no puede ocultar, ni desconocer, que es ella quien genera la
situación de inseguridad al no dictar resolución expresa, así como que tampoco puede olvidar que esa
omisión constituye un frontal incumplimiento del mandato contenido en el artículo 42.1 de la LRJ-PAC.
Siendo esto así, como lo es, ha concluido la jurisprudencia que no es de recibo que quien genera mediante
una conducta claramente ilegal y contraria al ordenamiento una situación de inseguridad jurídica puede
esgrimir esa inseguridad a su favor, pretendiendo obtener de ella ventajas frente a quienes sufren los
efectos de la inseguridad creada.
c) Por su parte, el Tribunal Constitucional ha declarado en diversas Sentencias (STC 3/2001, de 15 de
enero [RTC 2001, 3] ) que la remisión que hace el artículo 46 de la LJCA al acto presunto, no es
susceptible de ser aplicada al silencio negativo, pues la regulación de esta institución que se contiene en la
LRJ-PAC (RCL 1992, 2512) la configura como una ficción legal y no como un acto presunto.
Así, y refiriéndose a la correspondiente sentencia de instancia, ha declarado el Tribunal Constitucional
que la decisión del órgano judicial de inadmitir el recurso contencioso-administrativo ha de ser
considerada excesivamente formalista y claramente desproporcionada, pues el silencio administrativo de
carácter negativo es una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos
los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración,
de manera que en estos casos no puede calificarse de razonable aquella interpretación de los preceptos
legales que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera
cumplido su deber de resolver.
Por todo lo expuesto se puede concluir que sí cabría admitir la interposición de un recurso
contencioso-administrativo transcurrido el plazo de seis meses desde la desestimación presunta.
¿PUEDE ABRIRSE UNA FARMACIA A MEDIANTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO?
Don Luis solicitó autorización para la apertura de una oficina de farmacia en el municipio de Foyos, al
amparo de lo dispuesto en la Ley 16/97, de 25 de abril, mediante escrito presentado en el registro de
entrada el 11 de mayo de 1999.
. consisten en que se haya efectuado una solicitud. así como que en el caso expuesto. de acuerdo con la Ley General de Sanidad. se han dado los requisitos para que pueda acreditarse su existencia? 5. reclamando la actividad consistente en la expedición de la certificación. el contenido de ese acto presunto. entendiendo que la misma resulta esencial para poder proseguir las actuaciones que le permitan abrir la oficina de farmacia. exige el ordenamiento jurídico para acreditar la existencia del acto administrativo por silencio administrativo. ¿Es necesaria la certificación solicitada por don Luis para que exista un acto administrativo? 4. dado que ha transcurrido el plazo legalmente previsto. el contenido estimatorio o desestimatorio del silencio (art. 5. En este caso. cabría afirmar la existencia de acto presunto por silencio administrativo. D.2 LRJ-PAC. La certificación solicitada no constituye un requisito para acreditar la existencia del acto dictado por silencio administrativo. El acto administrativo existe. en general. al servicio público» y. sería desestimatorio. solicita que se le expida certificación de acto presunto. 3.3 LRJ-PAC. al haber transcurrido más de tres meses. Luis decide interponer recurso contencioso administrativo. en general. para que pueda apreciarse la existencia de un acto por silencio administrativo? 2.5 ). ¿Existe acto administrativo presunto. 2. 1316). es decir. ¿A partir de qué momento existe el acto administrativo producido por silencio administrativo? 3. 42. sino. el transcurso del plazo establecido para resolver y notificar lo resuelto (art. por persona interesada (art.. 42 LRJ-PAC). 31 LRJ-PAC). siendo eficaces de este momento en que vence el plazo antes mencionado. en los casos de acto presunto o por silencio administrativo. De existir el acto presunto. a la vista de la solicitud efectuada por don Luis.El 12 de noviembre de 1999. 43 LRJ-PAC).5 LRJ-PAC. deben ser catalogadas como servicio público. 4. sin que se haya producido la notificación. 1. 57 LRJ-PAC). que excluye la posibilidad de que se obtengan por silencio «facultades relativas. Los requisitos que. al amparo de lo dispuesto en el artículo 43. no cabe la posibilidad de considerar que se ha otorgado la autorización. la eficacia de estos actos. 43. dado que las oficinas de farmacia. Por lo demás. sin que el interesado haya recibido la notificación de la resolución expresa. Ley 14/1986 (RCL 1986. por el simple transcurso del tiempo fijado en la ley o norma reguladora del procedimiento. Ante la falta de respuesta de la Administración. desde que formuló la solicitud. cuya apertura considera autorizada. ¿cuál es su contenido? 1. por entender aplicable el artículo 43. ¿Cuáles son los requisitos.. se acoge a la regla general (art. la existencia de la obligación de resolver (art. no se constata que hubiese otros aspirantes interesados. simplemente serviría para acreditar dicha existencia ante terceros (art. Lo anterior no obstante.
aunque se le podía atribuir un cierto «interés» en mantener aquella situación de hecho. en los procedimientos que no hayan tenido publicidad formal. 31 de la LRJ-PAC. Ante la falta de esta personación. -a los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan verse afectados por la decisión que en el mismo se adopte. La ausencia de personación. que se estaba procediendo a tramitar el expediente para conceder aquellos terrenos a una tercera empresa. ni se le había notificado su existencia. ¿Quiénes deben ser notificados? 2. Así lo ha señalado. en tanto no recaiga resolución definitiva. En el caso planteado. que impone a la AP. 1. que incluye: -a los que promovieron el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos.¿CUANDO SON EFICACES LAS NOTIFICACIONES? Disposiciones y actos administrativos Un Ayuntamiento. ß 3. recientemente. se le comunicó. El Aero Club carecía de título que legitimase la ocupación de los terrenos por su parte. antes de otorgar la concesión. aunque. cesa la obligación de notificar a quienes tienen meros intereses legítimos. en la Sentencia de 26 de mayo de 2000 (RJ 2000. puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento. meramente tolerada por la Administración. ¿exige a la Administración nuevas notificaciones? 3. individuales o colectivos. y -aquellos cuyos intereses legítimos. . ß 2. no era estrictamente obligatoria la notificación de la orden concesional. antes de otorgar la concesión. el titular no se incorpora al procedimiento. Este tercer supuesto es el que plantea mayores problemas. esta comunicación era suficiente para haberle permitido. entendiendo por tales los del art. Si el Aero Club no era «titular de un derecho» a la permanencia en la situación preexistente y se le comunicó. Si. a pesar de la comunicación administrativa. Deben ser notificados los interesados en el procedimiento. si ése era su deseo. la necesidad de notificar la tramitación del procedimiento (al objeto de que se incorporen al mismo) a las personas con derechos o intereses legítimos y directos que puedan resultar afectadas por la resolución. que se estaba procediendo a tramitar el expediente para conceder aquellos terrenos a una tercera empresa. tras la primera notificación. al obligar a tener en cuenta la regla establecida por el artículo 34 LRJ-PAC. dicta una orden de desalojo dirigida a un Aero Club que ocupaba un hangar cuyos terrenos fueron concedidos a otra entidad en un procedimiento en el que no había comparecido. ¿se ha vulnerado el derecho del Aero Club a ser notificado en el procedimiento concesional? 1. 6519) . el Tribunal Supremo. personarse en el procedimiento concesional. lo que no hizo.
han sido aprobadas por el mismo órgano que aprobaría la ordenanza como es el Pleno. cuando la Base cuarta establece que «con carácter previo al otorgamiento de subvenciones. objetividad y no discriminación. la misma Base en su apartado cuarto viene a disponer que «Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones. se regularán por lo dispuesto en las correspondientes ordenanzas aprobadas por el Pleno. no discriminan y en todo caso serán complementadas con la correspondiente convocatoria pública de subvenciones en cumplimiento de lo establecido en los artículos 22.UTILIZACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. A mayor abundamiento. A este respecto debemos aclarar que ninguna de las dos interpretaciones posibles de las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el año 2005. los aspectos generales y fundamentales para la concesión de subvenciones públicas (lo cual por otra parte no hace más que redundar en la regulación establecida en la propia Ley General de Subvenciones). estuvieron expuestas. cumpliéndose los principios expuestos en el considerando primero y vaciando de contenido una reiteración de principios que vienen ya recogidos en la Ley y en las bases de ejecución del presupuesto. no concreta a qué tipo de bases se refiere. como la segunda en virtud de la cuál sería precisa la aprobación de las Bases u ordenanza reguladora correspondiente para la concesión de subvenciones. . concurrencia. cuales son los principios generales que inspiran la gestión de las subvenciones públicas y por lo tanto. de conformidad con lo dispuesto por la Ley 38/2003 General de Subvenciones. transparencia. General de Subvenciones dispone en su artículo 8. puesto que para el supuesto en el que las Bases de ejecución del presupuesto hagan las veces de Bases para la concesión de subvenciones. Esto es así ya que si en las bases de ejecución del presupuesto se regulan como es el caso. regirían las citadas Bases. deberán aprobarse las Bases u Ordenanza Reguladora correspondiente. EN DEFECTO DE ORDENANZA ESPECÍFICA Recursos de las Haciendas Locales: Recursos de las Haciendas Locales: Subvenciones Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento «X» para el ejercicio 2005 establecen en su Base 29. SEGUNDO: La propia Ley General de Subvenciones establece en su artículo 17. los principios que deben inspirar cualquier actuación que la Administración Pública realice en éste ámbito y que deberán tenerse en cuenta e ilustrar cualquier duda interpretativa que se presente en el ámbito de la concesión de subvenciones públicas. no se vulnera ni uno solo de los principios inspiradores de la norma. deberán aprobarse las Bases».3 .1 y 23. esto es. que serán objeto de publicación en el Boletín correspondiente». la primera en la que en defecto de ordenanza específica. como son los de publicidad. Por su parte.1 que «Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento «X». por lo que nada impide que dejando a salvo los principios generales para la concesión de subvenciones se considere que se están refiriendo a las propias bases de ejecución del presupuesto. será la convocatoria correspondiente la que desarrolle los términos de aquellas bases. aplicándose las presentes disposiciones en defecto de regulación específica».2 de la citada Ley 38/2003. PRIMERO: La actual Ley 38/2003 de 17 de noviembre.2 que es en el marco de las bases de ejecución de presupuesto en el que se debe regular el ámbito de actuación de las bases reguladoras de las subvenciones. Pensamos que se aprecia una contradicción en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal por lo que se solicita informe al respecto.
REVISIÓN DE PRECIOS DE UN CONTRATO DE OBRAS Administración Local: Actuaciones relativas a la contratación administrativa: Revisión de precios Un contrato de obras que tiene por objeto la construcción de una depuradora recoge en los Pliegos que sirvieron de base para la contratación que el precio del contrato será objeto de revisión por aplicación de la siguiente fórmula Kt=0.16(St/So)+0. Ho: Índice del coste de la mano de obra en el momento inicial o. St : Índice del coste de los materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. empezándose a ejecutar el 1 de mayo de 2003 y teniendo prevista la finalización en un plazo previsto de 24 meses. Ht: Índice del coste de la mano de obra en el momento de ejecución t.16(Et/Eo)+0. Et : Índice del coste de la energía en el momento de ejecución t. El Órgano de contratación aprobó el gasto y acordó la subasta como forma de adjudicación el día 2 de febrero de 2003.33(Ht/Ho)+0.000 euros. La ejecución real ha sido la siguiente: . puede considerarse que la utilización subsidiaria de las bases de ejecución en los términos del párrafo primero de la base 29 no vulnera ningún principio general para la concesión de subvenciones y por lo tanto se puede aplicar en defecto de ordenanza específica para la concesión de subvenciones debiendo en último término aprobarse en todo caso la correspondiente convocatoria pública.20(Ct/Co)+0.15 Siendo: Kt: Coeficiente de revisión para el momento t.450.En función de todo lo expuesto cabe concluir que si bien parece ser que del análisis de la base 29 de ejecución del presupuesto municipal se desprende una contradicción en sus propios términos entre los apartados 1 y 4. la mesa de contratación hizo propuesta de adjudicación el 31 de ese mismo mes y el 7 de abril el Órgano de contratación lo adjudicó a la empresa XX por 7. Ctt: Índice del coste del cemento en el momento de ejecución t. el día 15 de marzo acabó el plazo de presentación de ofertas.
000 133.000 Marzo 2004 80.557.000 G H=D*G I=H-C Abono por maquinaria e 400.000 (8 certif) mar-04 80.353.333 600.500 50.500 16.667 67.000 Mayo 2003 100.100.500 387. El abono a cuenta por maquinaria e instalaciones se descontará a razón de 1/24 en cada certificación mensual. 400. se ha confeccionado un cuadro con los datos que nos interesan para ir haciendo todos los cálculos necesarios.020.500 1.833 may-04 120.500 1.667 107.500 70.833 jun-03 12.000 Junio 2004 430. Para ello.000 0 300.000 Julio 2004-Dic.000 . EJECUTADA IMP E INST.833 abr-04 295.CERTIFICACIÓN EJECUTADO Acopio materiales 300.667 12.000 Abril 2004 295.000 1. § 2.96 jun-04 430.000 D=A-B E F=A-B-C 300. 1/24 en cada mes de ejecución).833 1.000 12.000 Mayo 2004 120.000 Junio 2003 125.667 282.500 1. Revisión de certificaciones En primer lugar deber determinarse si se superan los umbrales de revisión.000 Enero 2005-Abril 2005 (4 certif) 3. may-03 100.62 94.0521574 111. mayo y junio de 2004.000 El acopio de materiales se descontará según éstos se vayan introduciendo en las certificaciones (en nuestro ejemplo.500 16.000 Julio 2003-Febrero 2004 (8 certif) 700. Calcular la cobertura financiera para atender las posibles revisiones a aplicar en el Presupuesto de 2005 suponiendo que el IPC previsto para dicho ejercicio es del 2%.667 87. si es procedente la revisión de precios correspondientes a las certificaciones de los meses de abril.500 90.833 1. ACUMULADA LÍQUIDO IMPORTE IMPORTE COEFICIEN LIQUIDO IMPORTE CERTIFICA TE DE REVISAD A PAGAR CION REVISION O A C B 300.500 16.167.72 125.000.000 300.667 417. 2004 (6 certif) 2. Encontrándonos en el mes de octubre de 2004 elaborando el presupuesto para 2005. y en general para el control de las revisiones. Calcular.000 12.000 100.000 400.450. CERTIFICACIÓN Acopio materiales DESCUENTO IMPORTE ACOPIO BRUTO MATERIALE S OBRA DESCUENTO OBRA EJECUTADA.000 12.522. § 1.000 instalac.500 16.500 500. ABONO MAQ.000 TOTAL 7.975.500 16.000 265.189.833 Julio 2003-Febrero 2004 700.000 400.667 112.000 12. para simplificar.450.500 1.600.39 422.000 Abono por maquinaria e instalac.0519506 439.000 95.500 16.000 466. 1.000 300.
7/728. (327.075.000 (20% de 7. por lo tanto.9 Sumando Fijo 0.450.000 7. (1.16 . en el cuadro anterior hemos confeccionado una columna que recoge la obra ejecutada acumulada a efectos del cálculo del 20% en la que conforme a la doctrina de la JCCA 67/83.893.525.333 300.2/1.490.8 327. De esta forma. El índice final será el del mes que se quiere calcular el coeficiente de revisión.950.15 = 1.000 7.600.075.346. Coeficiente de revisión mayo 2004: 0.376.000). 0. dado que en mayo ya ha transcurrido el año de ejecución.000 7.2 1.450. (1.883.33 .376.16 2. puede computarse a efectos de determinar el umbral del 20%. adjudicado en abril de 2003 y comenzado a ejecutarse en mayo de ese mismo año.450. 0.0521574 Coeficiente de revisión junio 2004: 0. es el del mes de finalización del plazo de presentación de ofertas al tratarse de una subasta (marzo 03).000 Con respecto al umbral temporal conforme al artículo 103.346.490.15 Coeficiente de revisión 1.16 .7 941. determinado el umbral del 20% en 1.920.346.16 .000).000 de acopio de materiales y el importe bruto de cada certificación menos el descuento que por acopio de materiales se aplica. Para ello.9/728.4) + 0.667 2.0519506 .3) + 0.490.20 .9 1.450.000 4.15 = 1.425.500. 2004 (6 2. ahora hay que comprobar si en ese momento ya se ha superado el umbral del 20% establecido también en el mismo artículo 103.16 728.2 1.4 326.0519506 El índice inicial.1/1.450.000 2.3 952. en cambio los abonos por maquinaria e instalaciones no son revisables ni su importe.000.4) + 0.075.893. Para los correspondientes cálculos nos hemos servido de una hoja de cálculo representada en el siguiente cuadro: Peso marzo 03 mayo 04 junio 04 Mano de obra 0. (952.5/2. conforme al TRLCAP.2) +.1 1.1) + 0. 10/99 y 65/99.000 100.450.000 certif) Enero 2005-Abril 2005 3.00 1.1) + 0.8/315.000 2.20 1.000 400.000 2.Julio 2004-Dic.000 (1.000 1.33 .000 50.000 (4 certif) TOTAL 7. Visto que es en mayo de 2004 cuando se levanta el límite temporal a la revisión. en consecuencia.000 Umbral 20% 75.1 TRLCAP el primer año de ejecución está exento de revisión.16 .000-1. hasta la certificación correspondiente a abril de 2004 inclusive no podrá aplicarse.920.1 Acero 0.1.5 Cemento 0. (326.3) + 0. del importe de la certificación de dicho mes solamente será objeto de revisión la cantidad que excede de 40. los abonos por acopios de materiales son susceptibles de revisión y su importe debe computarse en el 20% exento de la revisión.4/315.379. (1.4 Energía 0.2) +.9/2. éste se alcanzará en la certificación de mayo de 2004 tras haber sumado 300.20 . Para el cálculo de las revisiones se debe calcular el coeficiente de revisión aplicando a la fórmula polinómica prevista en los Pliegos los índices de precios aprobados por el Gobierno. (941.0521574 1. (1.379.33 315.000 66.
833 100.20 1. IMPORTE COEFICIENTE IMPORTE EJECUTADA LIQUIDO IMP.667 112. DESCUENTO DESCUENTO IMPORTE ABONO ACOPIO BRUTO MAQ.000 400.500 16.000 B C 300.000 95.-03 100.000 1.3 Acero 0.16 2.02/12)] = 1.667 87.9 Sumando Fijo 0.000 133.013.6 Energía 0.000 300. [1 + (0. (0.000 300.72.4) .1 2.39 que luego habrá que descontar el abono por maquinaria e instalaciones y obtendremos el total a pagar 439.000 por e 400.La revisión del mes de junio se ha hecho efectuando el siguiente cálculo: (107.500 500. Aplicando la fórmula prevista en el artículo 105 del Reglamento de Contratos: K't= Kt .0521574 + 40.75.500−40.000 12.075.0519506 = 439.189.2 1. [1 +(0.000 466. 1.500 70.0779184 .4 Cemento 0.346. tal y como establece el mencionado artículo 105. E MATERIALES INST. OBRA OBRA IMPORTE EJECUTADA.000−12. ß 2. Cobertura financiera para Presupuesto 2005.000) .667 Julio 2003.000 0 300.39−16.000 = 111.500) .08330798 CERTIFICACIÓN Acopio materiales Abono maquinaria instalac.500 16.15 Coeficiente de revisión 1. ÎIPC/12] En primer lugar debe calcularse el coeficiente de revisión del contrato del mes que se hace la previsión.-03 125.16 728.000 12.031. superados los umbrales.75 * n) . Con respecto al cálculo de la revisión de precios de junio.000 G H=D*G I=H-C .667= 422. CERTIFICACION DE REVISION A PAGAR ACUMULADA REVISADO LÍQUIDO A D=A-B E F=A-B-C 300.523.833 jun.700.4 329.00 1.0779184 Aplicando la fórmula: 1.000 may. 1.500 387.189.100. se aplica el coeficiente a la obra ejecutada en ese mes: (430.371.333 600. sin embargo el acopio de materiales se había descontado anteriormente.33 315.62 Véase que es una vez revisado el precio cuando se descuenta el abono a cuenta por maquinaria e instalaciones.3 1.020. para lo cual montaremos una hoja de cálculo como en el apartado anterior: Peso marzo 03 octubre 04 Mano de obra 0.
920.000 Umbral 20% 1.500 1.-04 80.500 16.9 1.00 1.667 107.195.15 Coeficiente de revisión 1.000 265.000 Enero 2005Abril 2005 (4 3.500.20 1.72 Julio 2004-Dic.667 417.0779184 El importe líquido pendiente de ejecutar es 2.883.371.-04 430.000 12.3 Acero 0.083330798 lo que da un importe a prever en el contrato para el año 2005 de 3.0521574 1.2 1.000 400.000 300.450.893.62 94.-04 120.557.000 7.Febrero 2004 (8 certif) mar.500 50.500 1.833 1.000 50.000 2.7 941.075.167.39 422.667 282.0519506 1.9 1.031.4 Cemento 0.000 2.54 ß IMPUGNACIÓN DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR DELEGACIÓN DEL PLENO.490.000 400.000 2004 (6 certif) 100.950.450.346.376.500 90.600.000 7.353.667 2. 2.189.1 1. PARA CREAR Y AMORTIZAR PUESTOS EXISTENTES Administración Local: Instrumentos de ordenación de la gestión de recursos humanos: Clases de Instrumentos de ordenación de la gestión de recursos humanos: Relación de Puestos de Trabajo Un funcionario de un Ayuntamiento impugna la relación de puestos de trabajo aprobada por la Corporación municipal por distintos motivos de fondo y de forma.450.500 1.500 16.379.000 certif) 66.450.4 329.975.333 TOTAL 7.020.525.0521574 111.5 2.000 2.8 327.16 2. que pasamos a examinar seguidamente.833 abr.450.950.500 16.16 728.33 315.96 jun.3 952.000 12.000 Peso marzo 03 mayo 04 junio 04 octubre 04 Mano de obra 0.500 1.500 16.000 12.000 75.013.000 12.000 (véase que se ha descontado los acopios por materiales) al cual se le aplicará el coeficiente de actualización K't que se ha calculado 1.425.0519506 439. ¿Puede el funcionario alegar la nulidad del acuerdo en cuanto que su aprobación la realiza la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno del Ayuntamiento para proceder a crear y amortizar puestos de trabajo existentes? .2 1.6 Energía 0.9 Sumando Fijo 0.522.000 4.000 7.758.1 1.4 326.833 1.833 may.-04 295.000.667 67.
DE FUNCIONARIO. 148. por lo que el aumento o disminución de puestos conlleva automáticamente el aumento o disminución de plazas. 1 a) de la LEBEP. arts.4 de la LBRL. por la comisión de una falta grave de grave perturbación del servicio. El abandono del servicio comporta una dejación total del puesto de trabajo encomendado al funcionario. la relación de puestos de trabajo debe incluir la totalidad de los puestos existentes que se hayan dotado presupuestariamente según el art. 22. 96. procede la nulidad de pleno derecho del acuerdo de delegación. . La falta de abandono del servicio requiere la concurrencia de circunstancias de agravación intensificada que permita calificar la falta como muy grave. El Ayuntamiento le incoa expediente disciplinario que finaliza con la imposición de la sanción de separación del servicio por haber cometido una falta muy grave de abandono del servicio. El funcionario presenta recurso de reposición contra la sanción alegando que no corresponde dicha sanción sino la de suspensión de funciones por plazo no superior a tres años. ligada al propósito de apartarse de los deberes inherentes al mismo. JEFE DE UN SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL: CALIFICACIÓN DE LA FALTA Y SANCIÓN PROCEDENTE Situaciones administrativas de los funcionarios públicos: modalidades de situaciones administrativas: suspensión de funciones Un funcionario Jefe de un servicio de la Policía Local de un Ayuntamiento. después de una prolongada baja laboral por enfermedad. FALTA DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DURANTE UN MES. a la que es aplicable la sanción de separación del servicio conforme a los arts. 22. con el consiguiente desamparo de los deberes propios del funcionario por decisión imputable sólo a él. así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. y ello por cuanto.4 del TRRL y 15 del RRD. generalmente por tiempo indeterminado. sin motivo alguno que lo justifique. es decir. 90 de la LBRL (precepto no afectado por la DD Única de la LEBEP) y que éstos deben corresponderse con la plantilla presupuestaria que no es sino la relación de plazas dotadas que corresponden a cada Grupo o Cuerpo de funcionarios. no se reincorpora al servicio durante un mes. Para resolver la cuestión planteada se debe examinar la jurisprudencia del TS sobre lo que debe entenderse por abandono del servicio.La LBRL en su art. 95. una ruptura de facto de la relación de servicios. ¿Es aceptable la petición? La LEBEP en su art.2 i) declara que la aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo está atribuida al Pleno del Ayuntamiento y que es indelegable según el art. debido a que estaba realizando trabajos particulares.2 c) tipifica como falta muy grave el abandono del servicio.
circunstancia tampoco concurre en el caso planteado al haber anunciado previamente el funcionario su intención de reincorporarse transcurrido el período de un mes. pues la falta está referida a un período determinado. la STS de 8-4-1994 (RJ 1994. La STS de 28-11-1989 (RJ 1989. 121). define la falta disciplinaria de abandono del servicio como la dejación total. concomitante con un voluntario desentendimiento unilateral de todos los deberes de actividad profesional a que obliga el marco estatutario. y b) una dejación absoluta de sus obligaciones funcionariales. por lo que procede la sanción de suspensión de funciones por plazo de seis años. su condición de Jefe de un determinado servicio y el desempeño de un trabajo retribuido. circunstancia que no se aprecia en este caso. por lo que debe calificarse de falta repetida de asistencia sin causa justificada. teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes: el periodo de ausencia del trabajo. En base a todo lo cual se propone la estimación parcial del recurso. Estos elementos diferenciadores son de suficiente entidad par impedir apreciar una proporcionalidad en la sanción impuesta. anulando la sanción de separación del servicio y sustituyéndola por la de suspensión de funciones por plazo de seis años. 6719) y 18-11-2003 (RJ 2003. La STS de 16-12-2003 (RJ 2004.El TS en sentencias de 11-7-2005 (RJ 2005. después de disfrutar de un permiso de tres meses. En este caso no puede deducirse que se produjese una dejación total del servicio encomendado al funcionario. 4310). 8099) considera que el funcionario incurrió en esta conducta debido a su reiterada negativa a reincorporarse al puesto de trabajo. aprecia esta conducta al permanecer el funcionario sancionado más de cuatro meses sin intentar reincorporarse al puesto de trabajo. 191 del RD 1398/1993 por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. CÓMPUTO POR DÍAS Y MESES Actividad de las Administraciones Públicas: Términos y plazos: Cómputo de términos y plazos: Día inicial de cómputo El día 28 de marzo se le notifica la propuesta de resolución de un expediente sancionador por haber construido un chalé en suelo no urbanizable concediéndole un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los documentos e informes que estime pertinentes de conformidad con el art. y sin motivo alguno que jurídicamente justifique la conducta. pues el interesado manifestó que se reintegraría al puesto transcurrido un mes. en sentido material. EXPEDIENTES SANCIONADORES EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: PLAZOS. . del puesto de trabajo encomendado al funcionario. 8173) considera que son dos los rasgos principales que distinguen la conducta de abandono del servicio: a) la falta total y continuada de asistencia al servicio a que está obligado por su condición el funcionario. Por su parte. ni menos que tuviese la intención de apartarse del mismo.
48.4 LRJ-PAC). El plazo del recurso de reposición es de un mes. Al no decir expresamente que son naturales. El plazo comienza al día siguiente de la notificación (art. 48. interpretación hermenéutica del precepto y aplicación supletoria del art. 214520]). ¿Qué día finaliza el plazo para formular alegaciones en el procedimiento sancionador? 2. los 15 días son hábiles descontándose los domingos y festivos (art.3 LRJ-PAC). 48.2) y de fecha a fecha según la tradición. 5 del CC. 4005]. 48. al ser éste inhábil se prorroga al lunes día 15 (art. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso de reposición contra la resolución denegatoria del permiso sin sueldo? 1. ß 2. 14-6-2004 [RJ 2004. ya que el día a quem o final es el correlativo al de la notificación (SSTS 1812-2002 [RJ 2003. Por tanto notificada la resolución el día 29 de abril el plazo comienza el día 30 de abril aunque sea festivo y termina el día 29 de mayo. al ser de fecha a fecha no excluye los domingos ni festivos. y descontando los domingos (días 31 y 7) terminaría el domingo día 14. 535]. El plazo de un mes. Marzo 28 29 30 31 Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 Mayo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.1 LRJ-PAC). STSJ Asturias 20-7-2002 [JUR 2002. computándose partir del día siguiente de la notificación (art.De otra parte el día 29 de abril se le notifica resolución del Alcalde denegándole un permiso sin sueldo. . Notificado el día 28 de marzo comienza el plazo el día 29.
que tras solicitar la baja por depresión. como a las autoridades o funcionarios que llevan a cabo el acoso moral? c)?¿Cabe interesar de la Administración la correspondiente responsabilidad patrimonial? . quien le ridiculiza públicamente encomendándole tareas que no son propias del puesto de trabajo que desempeña. o bien lleve a cabo una permuta con otro funcionario de un municipio colindante. dándole traslado de ello al Concejal Delegado de personal.-?Además de llevar a cabo registros de los archivos de su ordenador. A la vista de la anterior situación se plantean las siguientes: 1. b. se ve sometido a una continua persecución por parte del Concejal Delegado de Personal. ¿El acoso moral incide en el principio de no discriminación? 5. que posteriormente han resultado archivados por incumplimiento de los trámites esenciales. de modo discriminatorio con relación al resto de compañeros. acuerdos que recurridos en sede jurisdiccional han sido anulados por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo. ¿Cuál es el tratamiento normativo en nuestro derecho positivo sobre el acoso moral? 4. e.EL ACOSO MORAL (MOBBING) COMO INFRACCIÓN A LA DIGNIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL PRINCPIO DE NO DISCRIMINACIÓN Los derechos y deberes de los funcionarios de administración local Un funcionario del Ayuntamiento X. d. ¿Qué elementos configuran el acoso moral y nos permiten identificarlo? 3. hasta tal punto. Cuestiones procesales: a)?¿Qué vías habilita el ordenamiento jurídico para reaccionar frente al acoso moral? b)?¿En la interposición del recurso habrá que demandar tanto al Ayuntamiento.-?Se le han incoado diversos expedientes disciplinarios. ¿Cómo se conceptúa el acoso moral en la Doctrina y en la Jurisprudencia? 2. se le ha requerido por escrito para que diariamente rinda un informe de la actividad profesional que lleva a cabo en el Ayuntamiento. c. ¿Cabe entender que el acoso moral comporta un atentado a la dignidad del funcionario? 6. la medida fue dejada sin efecto.-?Se le ha privado de la percepción del complemento de productividad y del complemento específico.-?Se le ha establecido una jornada laboral de 10 a 12 horas todos los sábados. La situación de desencuentro entre los responsables políticos del Ayuntamiento y el funcionario en cuestión se ha ido agravando hasta el punto que: a.-?Se le ha requerido verbalmente para que pida una excedencia por interés particular.
En concreto. destruir su reputación. adoptó el 14 de mayo de 2001 un concepto de acoso moral. le causan enfermedades psicosomáticas y estados de ansiedad y. Heinz Leymann. el afectado es objeto de acosos y ataques sistemáticos durante mucho tiempo. 256989) se basa el mismo concepto. debe su nacimiento y utilización en el campo de las relaciones laborales. Otra Sentencia del mismo Tribunal de fecha 21-11-2006 (RJCA 2007. cuando tales prácticas no se desarrollan entre iguales sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad. 7 de Murcia de 7 de marzo de 2003 (AS 2003. respecto del agresor. resulta significativa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 548). o. En concreto se denomina a esta práctica "bossing" (palabra que proviene de "boss" ?patrón o jefe?). 1137). se encuentran las que pretenden atentar contra la reputación de las víctimas (ridiculizándola públicamente por múltiples causas). a causa del cual. con el objetivo o efecto de hacerle el vacío". o con el simple objetivo de eliminar trabajadores incómodos. entendiendo por tal "el comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos. cuando nos indica "entre las conductas de persecución psicológica o acoso moral. así como por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en sus Sentencias de 30 de abril de 2001 (AS 2001. 333) recogiendo la anterior. 1821). de modo directo o indirecto. Esta descripción del acoso moral ha sido acogida en el ámbito laboral por las Sentencias del Juzgado de lo Social núm. Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25 de septiembre de 2001 (RJCA 2002. 262528). define el acoso moral o mobbing como una situación en la que se ejerce una violencia psicológica. De dicho concepto derivan los siguientes caracteres: .. Los diferentes Tribunales de Justicia han recogido un concepto similar de acoso moral. 1878) y 18 de mayo de 2001 (AS 2001. el TSJ de Canarias en su sentencia de 272-2003 (JUR 2003. así el TSJ de Extremadura en su sentencia de 20-10-2005 (RJCA 2006. quien lo describe como una situación de hostigamiento que sufre un trabajador sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológica de forma prolongada y que le conducen al extrañamiento social en el marco laboral. La Comisión Europea. El concepto de "mobbing" o acoso moral. al Profesor de la Universidad de Estocolmo. ya sea jerárquica o de hecho. en ocasiones provoca que abandone el empleo al no poder soportar el estrés o presión a la que se encuentra sometido. etc.d)?¿De interesar la responsabilidad patrimonial es preciso llevar a cabo previamente la reclamación en los términos que resultan de los artículos 142 de la Ley 30/1992 y el Real decreto 429/1993 (RCL 1993. de reducción de personal. perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. En el ámbito de la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa. por parte de una o más personas. manipulando su comunicación e información con los demás compañeros o superiores". 316). contra el ejercicio de su trabajo (encomendándole tareas de excesiva dificultad. como puede considerarse en el presente caso. se ha afirmado que una de las prácticas de "bossing" consiste en la "política de empresa" de persecución o acoso respecto de un trabajador o trabajadores por motivos de reorganización. por medio de su grupo de estudio de la violencia en el trabajo. También la Audiencia Nacional en su sentencia de 11-10-2006 (JUR 2006. de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas. 1394)? 1. o trabajo en exceso o recriminándole por unos supuestos malos resultados en su tarea).
1850). 997). h). . ?Tales conductas suponen una presión por parte del acosador o acosadores hacia el acosado. sexo u orientación sexual. o bien el empresario o sus representantes (bossing). 3383).. y por otro lado. perturbar el ejercicio de sus funciones y que la persona acabe aislada y abandone su trabajo. los propios compañeros. edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. esto es. .Sobre una persona en el lugar de trabajo.Con la finalidad de producir la destrucción de las redes de comunicación de la victima y su reputación. ?Por lo que hace al elemento espacial éste se identifica con el centro de trabajo o lugar en el que el funcionario o el empleado laboral está sujeto a disciplina. por la que se pretende llevar a cabo el establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. un verdadero proceso conductual de contenido dispar. 1144). explícitamente no existía una regulación específica con tal consideración. una vez por semana). la Ley de infracciones y sanciones en el orden social (RCL 2000. i)- . -apdo. persigue combatir la discriminación y para ello modifica el Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995. la existencia de conductas humillantes o vejatorias. se precisa siempre de un elemento temporal. propia imagen y dignidad en el trabajo. "el acoso moral no se compone de un único acto patente y manifiesto. casi siempre de carácter opaco y soterrado. la Ley de procedimiento laboral (RCL 1995. orientación sexual. 1804). 3093) de medidas fiscales. horarios y obligaciones y por tanto es más vulnerable a los ataques. en relación con aplicación del principio de igualdad de trato y la directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 (LCEur 2000. de 29 de junio de 2000 (LCEur 2000.y a la no discriminación por razón de nacimiento. conviene significar lo siguiente: ?Como primer elemento. al acosador o acosadores. discapacidad. . si bien el elemento de presión debe ser severo o grave. con ocasión de la trasposición de las directivas 2000/43/CE del Consejo. o incluso subordinados. La LEBEP deroga el citado artículo 63 y establece en su artículo 14 el derecho de los empleados públicos al respeto de su intimidad. que pueden ser. opinión. Los elementos que configuran al acoso moral y que nos permiten identificarlo y diferenciarlo de otras conductas. ß 3. la Ley 62/2003. administrativas y del orden social. ya sean superiores jerárquicos o de igual clase. moral y laboral -apdo.Durante un tiempo continuado y prolongado (más de 6 meses). No obstante. ?Por último. ?Como elementos personales.Acciones ilegítimas que implican una violencia psicológica extrema ejercida de forma sistemática (al menos. la Jurisprudencia de forma altamente expresiva ha venido declarando que. cuyo designio básico no es otro que socavar la personalidad integral del trabajador. una reiteración o permanencia en el tiempo de las conductas o comportamientos que menoscaban la dignidad del funcionario.Intencionales . y asimismo adicionó un nuevo párrafo al artículo 63 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. de 30 de diciembre (RCL 2003. especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo. herir sus sentimientos o pretender que abandone su puesto de trabajo". encontramos a una víctima o acosado que sufre la aludida presión. sino que viene integrado por una serie de actos sucesivos. Por lo que hace al tratamiento normativo del acoso moral. origen racial o étnico. religión o convicciones. género. ß 2.
266 /1993 (RTC 1993. discriminación directa e indirecta y por lo que a nosotros nos incumbe. discapacidad. 312146]) otras Sentencias (como las de STSJ de Andalucía Sala de Sevilla. propia imagen y dignidad en el trabajo. moral y laboral. que no es otro que la prohibición del trato discriminatorio. religión o convicciones. Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 de noviembre de 2004 [JUR 2004. No cabe apreciar ningún inconveniente para entender que el acoso moral menoscaba e incide sobre la dignidad del funcionario actualmente expresamente recogido en el artículo 14 h) de la LEBEP que establece el derecho de los empleados públicos al respeto de su intimidad. La dignidad del funcionario ha venido gozando de una cobertura protectora a través del régimen disciplinario y concretamente en el artículo 7.1 ñ) que castiga como falta grave "el atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración". La dignidad del funcionario ha venido vinculada al ámbito disciplinario de la Administración. la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003 en su párrafo tercero declara: "Dentro del título II. en todos los ámbitos en materia de no discriminación por todas las causas amparadas en el artículo 14 CE. en la que se comprende el acoso moral (STSJ de Cantabria. opinión. Con la inversión de la carga de la prueba. De hecho. mediante un capítulo específico. la discapacidad. en donde la parte actora alegue indicios racionales de discriminación. 3423]) entienden que el riesgo del acoso moral está cubierto por previsiones específicas de la norma sin necesidad de acudir al artículo 14 de la CE. Respecto a la Jurisprudencia Laboral cabe destacar que mientras unas Sentencias atienden al espíritu y finalidad de la norma.Del bloque normativo integrado en la ya referida Ley 62/2003 (RCL 2003. sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. se está positivizando la Doctrina del Tribunal Constitucional contenida entre otras muchas en las Sentencias 7/1993 (RTC 1993. discapacidad. medidas que vienen a reforzar y complementar numerosas normas que ya conforman nuestro ordenamiento jurídico. A ello adiciona una serie de modificaciones en la Ley de Procedimiento Laboral concretamente en los artículos 96 y 181. El acoso moral implica una discriminación hacia la víctima respecto a la situación del resto de trabajadores o de aquellos que integran el círculo de trabajo. se establecen diversas medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato.". lengua. así como el acoso por razón de origen racial o étnico. orientación sexual. 2051] o la de Murcia de 22 de diciembre de 2004 [AS 2004. la religión o convicciones. 7). edad u orientación sexual y el acoso moral. bien por el de . 266) y 293/1993 (RTC 1993. o la orientación sexual de una persona. con todo y proviniendo la situación de acoso de los propios órganos de la Administración. declara la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos civiles y contencioso-administrativos. sexual y por razón de sexo»[apartado b)] y en el apartado o) «el acoso laboral». 293) entre otras.. conviene aquí traer a colación la clarificación conceptual de los términos empleados en orden al principio de igualdad de trato. diferenciación provocada por terceros que es lo que resulta del ilícito hostigamiento moral. ß 4. no puede excluirse que el funcionario acuda a los Tribunales de Justicia. el acoso se caracteriza como toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico. el artículo 36 de la citada Ley 62/2003.2: «Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico. especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo. edad u orientación sexual. que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio. Actualmente la LEBEP ha tomado conciencia de la excesiva frecuencia con que se produce en la Administración esta situación (así lo expresa su exposición de motivos) y tipifica como faltas muy graves en su Art.. de 19 de abril de 2004 [AS 2004. lugar de nacimiento o vecindad. En materia procesal. bien por el procedimiento ordinario. ß 5. la edad. humillante u ofensivo. 95. 3093). religión o convicciones.
que se ve sometida a tratos degradantes que impiden el libre desarrollo de su personalidad. ß . en segundo lugar. reservándose únicamente la incoación del oportuno procedimiento para los supuestos en que sea manifiesto que se coloca al trabajador ante situaciones de riesgo grave e inminente derivados del incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. se ha de constatar que el planteamiento de la figura del acoso moral o psicológico se ha producido asimismo en el ámbito de este orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo por la vía de la responsabilidad patrimonial o extracontractual. 207807). lo bien cierto es que el funcionario puede reaccionar acudiendo a la sede jurisdiccional. 3162). por la vía de la impugnación de las sanciones impuestas a los empresarios por la autoridad laboral a consecuencia de la estimación por parte de la Administración laboral de la concurrencia de alguna de estas prácticas que de un modo u otro atentan a la dignidad del trabajador en función de la vulneración de algunos de los preceptos del ordenamiento laboral. por la vía de su consideración al hilo de la revisión de las sanciones impuestas a los funcionarios en el seno de procedimientos disciplinarios. y la más reciente del mismo Tribunal y Sala. de 8 de noviembre (JUR 2005. Debe distinguirse entre un hostigamiento constitutivo de acoso moral y un defectuoso ejercicio de potestades administrativas. ya sea general del Estado. Autonómica o Local. como es el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo 23 de julio de 2001 (RJ 2001. 40894). 3379). habrán de ser devueltas al denunciante. como es el caso de la sentencia antes referida de 25 de septiembre (RJCA 2002. como es el caso de la sentencia de la Sala del TSJ de la Comuniad Valenciana de tres de marzo (JUR 2005. 184299)]. o. y de la Sala del TSJ de la Comunidad Valenciana de ocho de junio (JUR 2005. El criterio técnico 34/2003. siendo por todo ello ineludible el amparo jurisdiccional por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales. Sea cual sea la consideración que nos merezca esta interpretación. informándole acerca de la posibilidad de proceder conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 429/93 de 26 de marzo (RCL 1993. En el ámbito del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo las cuestiones planteadas en relación con el acoso moral se han residenciado generalmente. respecto de hechos que merezcan tal calificación. 18 de la CE). de la Dirección General de Inspección de Trabajo. 1394) en materia de responsabilidad patrimonial. 8027) y la de la Sala del TSJ de la Comunidad Valenciana de 31 de mayo(recurso de apelación 739/2003). bien por el de protección de los derechos fundamentales e interesar la correspondiente responsabilidad patrimonial de la Administración en los términos que se detallan a continuación. su reputación y perturbar el ejercicio de sus labores. Es la situación de violencia psicológica extrema que una persona o varias ejercen sobre otra de manera prolongada en el centro de trabajo. por la no incoación de procedimiento para dilucidar si han existido conductas propias de esta figura. 548). como es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005. pues como veremos a continuación no cabe duda que tales conductas constituyen un atentado a la integridad moral de las personas a quienes se somete a tratos degradantes que impiden el libre desarrollo de su personalidad y que desde esta perspectiva el acoso constituye un atentado al derecho a la integridad moral que protege el artículo 15 de la CE y una vulneración del derecho fundamental a la intimidad y dignidad personal del trabajador o bien del funcionario (Art. en primer lugar. bien por el procedimiento ordinario. El acoso conlleva un grave atentado a la integridad moral de la persona.protección de los derechos fundamentales. En este sentido no son constitutivos de acoso moral las situaciones de conflicto o discrepancias no resueltas. también en el ámbito del derecho disciplinario. en tercer lugar. con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima. razona que ante las posibles denuncias presentadas en las inspecciones de trabajo y seguridad social por funcionarios de cualquier ámbito de la Administración. Y si no existe acoso no puede hablarse de vulneración de los preceptos constitucionales que cita la parte actora [STSJ de Murcia de 27-9-2006 (JUR 2007.
bien a través del procedimiento ordinario.2.2 de la Constitución.6. 8024). A mayor abundamiento. si no parece más apropiada en tales supuestos. al remitir el expediente. 121 y 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 29/1998) y ello por tres razones: En primer lugar. contiene una especialidad en orden a que el órgano administrativo. acudir al Instituto de la Responsabilidad Patrimonial cuyo ámbito se integra en la legalidad ordinaria en los términos que resultan de la STS de 23 de julio de 2001 (RJ 2001. 117. conviene subrayar que el artículo 116. o el reproche cabe formularlo a las autoridades y funcionarios o compañeros integrados en la Administración. con lo que resulta correctamente entablada la relación jurídico-procesal y ello en razón de que la finalidad de tal emplazamiento tal y como vino a reconocer la STS de 6 de abril de 1984 (RJ 1984. pues tales actuaciones suponen un atentado a la integridad moral. ?Por lo que se refiere al litis consorcio pasivo necesario. En segundo lugar. a la intimidad y a la dignidad del funcionario. que habilitan este procedimiento específico. suscitándose las dudas sobre la viabilidad de reaccionar frene a la situación de acoso moral a través del procedimiento de protección de los derechos fundamentales (artículos 114. sino respecto de los interesados que integran la comunidad social. se suscita la cuestión de si es el Ayuntamiento quien origina la vulneración de los supuestos derechos susceptible de amparo constitucional. Las anteriores pretensiones encuentran cobertura en el artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción. se viene admitiendo de forma pacífica que la falta de adopción de las medidas necesarias permita que aquellos que vean lesionados sus . a si no es más propio demandar a las Autoridades Municipales implicadas o al resto de compañeros que coadyuvan en ese acoso moral. 120. 115. entre cuyos pedimentos se encuentra los de la declaración de la existencia de una vulneración del derecho a la dignidad del funcionario. que se decrete el cese de la situación de acoso moral a que se ve sometido y la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios a que se ha visto afecto. es de tener en cuenta lo siguiente: ?Frente a estas situaciones de acoso moral que inciden en la dignidad del funcionario.2 de la Ley de la Jurisdicción. en la forma razonada en los puntos anteriores. sobre los cuales repercute todo proceso con sus efectos indirectos o colaterales". comunique a los que aparezcan como interesados la existencia del proceso para que puedan comparecer. bien por vía del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. la garante en todo caso de la dignidad del funcionario es la Administración en los términos del artículo 14 LEBEP y es también a la Administración a la que incumbe llevar a cabo las medidas necesarias tendentes a que cese la situación de acoso a que se ve sometido el reclamante. e interesar el reconocimiento de la situación jurídica individualizada que le asiste y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento. 118. expresamente reconocidos en los citados preceptos constitucionales que a su vez son de los derechos y libertades previstos en el artículo 53. 116. en garantía y salvaguarda no sólo de las partes implicadas. 1902) no es otra que la que "la relación jurídicoprocesal quede bien constituida. éste puede reaccionar acudiendo a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En orden a las cuestiones procesales que suscita esta materia. entendemos que en los supuestos de acoso moral se infringe el artículo 15 y 18 de la CE. es decir. 119. ?Por lo que a la responsabilidad patrimonial de la Administración se refiere. Por último. y en tercer lugar. se suscita la duda de cuáles son los preceptos constitucionales de los previstos en el artículo 53. A nuestro juicio.
142.5 de la tan repetida Ley 30/1992). el policía municipal del ayuntamiento de XXX cometió una serie de hechos supuestamente ilícitos estando de servicio. que fueron denunciados por la persona afectada por dicha actuación. puedan reclamar de ésta la correspondiente responsabilidad patrimonial. que dieron lugar. en los supuestos de vulneración de la integridad moral de un funcionario durante un lapso de tiempo continuado. El plazo de prescripción y su cómputo. los superiores del citado funcionario municipal abrieron un período de informaciones previas reservadas.4 de la Ley 30/1992. OMISIÓN DE DETERMINADOS ACTOS DE INSTRUCCIÓN EN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO Invalidez de los actos administrativos Primero: En fecha XXX. siempre que éstos hayan sufrido daños que no tengan el deber jurídico de soportar. pero sólo en los casos en que tales daños sean consecuencia directa y necesaria de la actividad impugnada. cuando la indemnización sea consecuencia directa de la anulación de un acto administrativo. Ello es posible según la Jurisprudencia (STS 22 de septiembre de 2000 [RJ 2000.bienes y derechos como consecuencia de la actuación de la Administración. la pretensión indemnizatoria se ejercitará de forma autónoma. de tal manera que si en la causación del daño intervienen otros factores que no sean determinantes de la anulación del acto impugnado. en la demanda se puede incluir indemnización de daños y perjuicios aun en el caso de que no hayan sido solicitados expresamente en vía administrativa. y el plazo de cómputo de la prescripción en los supuestos de vulneración de la integridad moral de un funcionario. es posible que en determinadas ocasiones se ejercite la pretensión indemnizatoria sin que previamente se hubiera ejercido dicha pretensión ante la Administración. Segundo: Como consecuencia de la denuncia presentada. ?La regla general es la de agotar la vía administrativa previa de conformidad con los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. No obstante. tal y como veremos a continuación. 6707). por la cantidad de pruebas . sin necesidad de efectuar reclamación previa en los términos que resultan del artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción. para el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas. en concordancia con lo dispuesto en el artículo 139. por lo que la responsabilidad de la Administración resulta de lo dispuesto en el artículo 106 de la CE en relación con el 139 y siguientes de la Ley 30/1992. la acción de responsabilidad tal y como se desprende de la STS de 31 de marzo de 2003 (RJ 2003. Cuestión distinta son las que derivan de la necesidad o no de exigir la reclamación previa en tales supuestos de responsabilidad patrimonial cuando la causa de la actuación administrativa tiene la vulneración de un derecho fundamental como son los que resultan del artículo 15 y 18 de la CE. el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. (Art. 8415]). En razón de ello es posible acudir en sede jurisdiccional con la pretensión de que cese la actividad administrativa que vulnera la integridad moral del funcionario y acumular a tal pretensión la indemnización de los daños producidos como consecuencia de dicha actividad. no se olvide que en la propia conceptuación del acoso moral hemos indicado que la violencia psicológica se ejerce de forma sistemática y durante un tiempo prolongado DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS. En consecuencia.
Tercero: Al mismo tiempo. de las siguientes actuaciones: .Resolución del Instructor notificada al interesado.encontradas. el interesado presenta recurso de reposición ante el órgano competente.Concesión de un breve plazo de tres días al interesado para que se persone en las oficinas municipales y pueda tener vista del expediente. en el que aduce. Sexto: El Ayuntamiento de XXX. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJ-PAC). en este procedimiento. de 10 de enero. . por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. en espera del pronunciamiento judicial oportuno al respecto. Octavo: Por parte de los servicios de Administración de Personal del Ayuntamiento. Séptimo: En fecha XXX. . por la comisión de una falta de carácter muy grave. como consecuencia de la comisión de unos hechos que tienen el calificativo de delito doloso. lo dispuesto en los apartados a) y e) del artículo 62.Propuesta de resolución del Instructor. y decide reanudar la tramitación del expediente suspendido en su momento. dentro del plazo concedido en la resolución sancionadora. al estar tipificada la conducta hipotéticamente acaecida. . por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. los artículos 35 y ss. que inició el pertinente procedimiento judicial en la citada vía jurisdiccional. del Real Decreto 33/1986.1 de la Ley 30/1992. como falta muy grave. tiene conocimiento de la existencia de la citada Sentencia y su condición de firmeza. Quinto: En fecha XXX deviene firme el pronunciamiento judicial penal. del Real Decreto 884/1989. en síntesis. de 14 de julio. de la existencia de un Juicio en sede Penal por los mismos hechos acaecidos. debidamente comunicada al interesado. la persona afectada por la conducta descrita del policía municipal. y los artículos 34 y ss. . presentó la correspondiente denuncia de los hechos ante la Jurisdicción Penal. constando la existencia.Resolución del órgano competente imponiendo una sanción disciplinaria de separación definitiva del servicio.Nombramiento de nuevo Instructor como consecuencia de la jubilación del Instructor nombrado inicialmente. de 26 de noviembre. en la que consta la reanudación del expediente disciplinario. se ha realizado informe desaconsejando cualquier estimación sobre el recurso en base a los siguientes argumentos: . resultando de la Sentencia dictada una condena de Prisión. Cuarto: Teniendo conocimiento el órgano Instructor del expediente disciplinario incoado. que se han vulnerado. decidió de forma inmediata la suspensión del procedimiento disciplinario. entre otros preceptos. al inicio del correspondiente expediente disciplinario.
en función de lo dispuesto en el artículo 62. los cuales se dan por reproducidos. que se han omitido total y absolutamente los trámites del procedimiento. hay que recordar que la doctrina y la Jurisprudencia emanada de la interpretación de este precepto han hecho hincapié de forma reiterada en que para poder apreciar y aplicar lo dispuesto en este apartado del artículo 62. se considera que no ha lugar a interpretar. los que se hayan realizado.1 LRJ-PAC. Informe jurídico de la secretaría general del ayuntamiento de xxx: Visto el asunto de referencia. prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. es necesario que se produzca una clara y flagrante ausencia de trámites procedimentales.e) LRJ-PAC. Segundo: El interesado aduce que se ha producido el acto administrativo ahora recurrido.En el procedimiento se han observado distintos trámites como la iniciación de expediente debidamente notificada. esta Secretaría General del Ayuntamiento de XXX. no tengan ninguna relación con el procedimiento aplicado. Primero: El presente informe debe de partir del análisis de las causas de nulidad aducidas por el interesado y su encaje en el presente supuesto de hecho. no le van a faltar vías para llevar a cabo la defensa de sus derechos e intereses. y concesión de un breve trámite de vista del expediente anterior a la resolución definitiva. formula consulta a la Secretaría General del Ayuntamiento para su análisis desde la perspectiva jurídica. ya que se han producido gran parte de los señalados en la tramitación de los expedientes disciplinarios.Tampoco se causó indefensión ya que a raíz del juicio penal estaba bien clarificada la conducta del interesado y sus consecuencias. no se puede considerar que se haya visto cercenada por la actuación de la Administración. es causa de nulidad de pleno derecho. formulación de la propuesta de resolución por parte de órgano competente.1. El órgano competente para resolver.El Ayuntamiento ha actuado de forma diligente ya que la condena penal firme por la comisión de un delito doloso lleva aparejada la sanción disciplinaria de separación del servicio de forma prácticamente automática. ya que son la principal clave para dar respuesta al recurso presentado. . opción que por tanto.1 LRJPAC. recordando a este respecto que en función de lo dispuesto en el artículo 107.Desde esta perspectiva. o bien que. los recursos administrativos de alzada y reposición cabe fundarlos en cualquiera de los supuestos contemplados en los artículos 62 y 63 de la indicada Ley. . razón por la cual. A este respecto. nombramiento de Instructor y Secretario también notificada al interesado. . como reclama el recurrente. Además de todo ello. hay que recordar que el interesado tiene la oportunidad de recurrir en vía administrativa o acudir a los Tribunales. estando el expediente en este estado de tramitación. habiéndosele además concedido la posibilidad de ver el expediente con anterioridad a su resolución. que se basa en los antecedentes de hecho descritos en el expediente. .. lo cual. emite el siguiente INFORME.
una vez expuestos los rasgos esenciales que definen el régimen jurídico contemplado en el artículo 62. y por otro.". la posible infracción aplicable a los mismos. tratándose de un expediente de las características ya indicadas. Ahora bien. como sucede en el presente momento. y con ello. la misma doctrina y Jurisprudencia han matizado de forma repetitiva que podemos encontrarnos con procedimientos que han sido parcialmente tramitados. de cumplimiento de los más elementales resortes de defensa de sus derechos e intereses. se indica lo siguiente: ". siendo esto cierto. Tercero: Tal y como ha quedado acreditado en el expediente. 8226) . lo cual nos conduce a una primera doble conclusión: por un lado. en los cuales.Ahora bien. sino cuando aun existiendo procedimiento y trámites se omitan los esenciales. Pues bien.e) LRJ-PAC.. ya que es el trámite en el que se le permite defenderse y alegar a favor de su derecho frente a la actuación administrativa. debemos de recordar que la concesión del trámite de audiencia en los procedimientos administrativos es una garantía esencial para los ciudadanos. debemos de advertir que los trámites omitidos. Y este principio... estamos ante un procedimiento disciplinario en el que se ha omitido el trámite de alegaciones (contestación al pliego de cargos. ha existido actuación administrativa.. Concretamente. y coincidiendo con los criterios manifestados por el Servicio de Personal. considerando los hechos acaecidos en el presente supuesto. se produce una ausencia de ciertos trámites esenciales cuya falta determinaría así mismo la aplicación del precepto analizado.por su naturaleza y efectos se convierte en un trámite tan esencial que su sola falta puede generar la nulidad del procedimiento al amparo del artículo 47. que es equiparable a la ausencia total de actuación administrativa. . adquiere especial relevancia cuando nos encontramos. se observan determinados actos de instrucción propios de la tramitación de expedientes disciplinarios. inexistente) y el trámite de audiencia previo a la resolución. son normalmente de los considerados esenciales por la doctrina y la Jurisprudencia. analizando la omisión de las bases en un concurso. por lo que tampoco podemos considerar que se ha utilizado un procedimiento distinto por la materia tratada. son actos de instrucción propios de la naturaleza del expediente tramitado. no sólo cuando se prescinda total y absolutamente del procedimiento. frente a esta situación. hay que significar que al interesado nunca se le comunicó la existencia de un Pliego de Cargos en su contra en el que se reflejaran los supuestos hechos acontecidos. así como la sanción impuesta en dichos supuestos en caso de verificarse. la nulidad radical de lo actuado. lo cual entraña negar la ausencia total de intervención anterior al acto sancionador. cabe traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1998 (RJ 1998.1. debemos de considerar que en el presente caso. A este respecto. aquellos que delimitan el conjunto de derechos y deberes de los interesados y de los posibles afectados. vamos a proceder a su análisis. ante una manifestación de la actividad punitiva de la Administración cuyo resultado puede derivar en una restricción de los derechos individuales de la persona. pues la exigencia de la norma se puede estimar integrada. Así mismo. en la cual.1 c) de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo. A este respecto.
en materia sancionadora. el Tribunal Constitucional acaba manifestando literalmente lo siguiente: ". que la clausura se puede acordar bastando para ello el único requisito de acreditar la inexistencia de licencia..En este sentido. 2414) . con la consiguiente carga de recurrir para evitar que tal acto se consolide y haga firme. en consecuencia.".. 2512). encontramos diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo. en cuanto el sancionado ignora la acusación formulada contra él... 2836) y previsto en el artículo 91 de la Ley de procedimiento administrativo (RCL 1958. En la misma línea argumental. sin posibilidad de defensa previa a la toma de la decisión. la garantía del orden constitucional exige que el acuerdo se adopte a través de un procedimiento en el que el presunto inculpado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga. La audiencia es esencial salvo en los casos de existencia de peligro o de riesgo que exijan una decisión administrativa urgente (sentencias de 11 de octubre de 2000 [RJ 2000. cabe traer a colación lo indicado al respecto por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha 1 de junio de 1981. 2836). podía o no imponer sanciones a los ciudadanos de "plano". garantizado en el artículo 105 c) de la Constitución (RCL 1978.. en la cual. 1258) (hoy artículo 84... y la seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 CE.. por tanto. El Alto Tribunal. es exigible puesto que se va a alterar una situación de hecho existente. en la medida necesaria para preservar los valores que se encuentran en la base de dicho precepto. en la cual. se analiza la sanción impuesta a un Guardia Civil sin formular Pliego de Cargos ni conceder trámite de audiencia previo. conculcándose la presunción de inocencia. 8030]. El Tribunal indica: ". 20) . 28 de septiembre de 1987 [RJ 1987. de 26 de noviembre (RCL 1992. en ocasiones. después de la Constitución de 1978 (en adelante CE). analizando una clausura de actividades sin previa audiencia. apartados 1 y 4 de la Ley 30/1992. en la medida en que se entiendan o no aplicables a la Administración. 14 de octubre de 1993 [RJ 1993. infringen manifiestamente lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución (RCL 1978.. 435]. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Por el contrario. durante años. tras realizar varios razonamientos al respecto.Las omisiones de estos trámites esenciales en todo expediente sancionador. se planteaba si la Administración. en la cual. entiende que los principios esenciales reflejados en el artículo 24 CE en materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la Administración. Idénticos razonamientos encontramos también en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2003 (RJ 2003. Dicho trámite. 10 de junio de 1992 [RJ 1992. 15 de diciembre y 17 de julio de 1989 [RJ 1989. como sucede en su Sentencia de 20 de enero de 1987 (RJ 1987. 5830]. puede incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos imponiéndoles una sanción sin observar procedimiento alguno. y. tales valores (los del artículo 24 CE) no quedarían salvaguardados si se admitiera que la Administración. indica que: ". Partiendo de estas consideraciones. .. aunque con el trámite previo e inexcusable de la audiencia del interesado. por razones de orden público. y al mismo tiempo queda privado de cualquier posibilidad de defensa. 5109].". por razones de orden público. los principios establecidos en el artículo 24 CE.Es claro.
hay que indicar. que si tan sólo se concede la posibilidad de poder tener un acceso visual al procedimiento instantes antes de su resolución. de los trámites en los que el interesado puede conocer la consecuencia jurídica de la actuación de la Administración. De todos estos pronunciamientos. el hecho de que.. ya que los vicios descritos son considerados como ausencia de trámites esenciales en la sustantación del procedimiento. la eventual posibilidad de acudir a este último proceso no dispensa a la Administración de su obligación de ofrecer y . por ello. Cuarto: Y nada empece a toda esta construcción teórica en torno a la interpretación de lo dispuesto en el artículo 62. por un lado. ya que lo importante del mismo no es que se tenga un mero conocimiento de las intenciones de la Administración. 6990) . negando no obstante la posibilidad de proponer y practicar pruebas.. como sucede en el presente supuesto.. son por tanto los del apartado e). o a la vía judicial. la de esta Sección y Sala de 21 de mayo del 2002 (Recurso número 5610/1996 [RJ 2002. en cuyo fundamento jurídico Quinto expresa lo siguiente: ".. Respecto a las garantías que ofrece nuestro sistema de recursos administrativos y revisión Jurisdiccional de los actos administrativos.La falta del trámite de audiencia no es subsanable por la posibilidad de interposición de recursos jurisdiccionales. Así en su Fundamento de Derecho Quinto sostiene: "a) El trámite de audiencia.. dicha vista equivale a la ausencia del trámite. como sostiene el Servicio de Personal. hay que indicar que el Tribunal Supremo se ha manifestado en varias ocasiones al respecto. ya que dichas actuaciones son la esencia de su derecho a la defensa de sus intereses. y de hacer alegaciones escritas. y esto es lo importante. derecho que es vulnerado si se le impide material y físicamente.. Si privamos al ciudadano del trámite de audiencia. pudiendo reproducir el siguiente extracto de su sentencia de 29 de septiembre de 2005 (RJ 2005. de los regulados en el artículo 62. y en general. así como lo dispuesto en el apartado a).8262] y 4 de octubre de 1986 [RJ 1986.. la audiencia quede garantizada con la breve vista del expediente que fue concedida antes de dictar resolución. entre otras. Como pone de manifiesto la sentencia que acabamos de citar en el anterior fundamento y.. dada la conexión entre el derecho fundamental contenido en el artículo 24 CE y el trámite de audiencia en los procedimientos en los que la Administración ejerce una actividad punitiva. y su aplicación al presente supuesto. y. en la que se dice que este defecto de procedimiento no puede subsanarse por la posibilidad de recursos administrativos o judiciales posteriores. y su relación con la garantía del cumplimiento del trámite de audiencia. 5082]). La existencia de la falta de audiencia conduce ya a. Y los supuestos aplicables. podemos extraer la conclusión de que en los procedimientos restrictivos de los derechos de los ciudadanos. lleva aparejada la causa de nulidad. 7402]). al igual que el recurso administrativo. estamos en cierto sentido vulnerando un derecho fundamental regulado en la Constitución. tiene como finalidad permitir al interesado hacer valer frente a la Administración las alegaciones y pruebas que puedan ser útiles para sus derechos sin necesidad de afrontar los gastos y gravámenes de un proceso jurisdiccional.". la omisión del trámite de audiencia.1 LRJ-PAC. el interesado debe ver salvaguardada la posibilidad de proponer pruebas y formular alegaciones de contrario. o con la posibilidad que siempre tiene el interesado de acudir al recurso administrativo en defensa de sus intereses. Además de ello. declarar la nulidad de los actos impugnados. A este respecto. realizar estas actuaciones. así como aquellos otros en los que dispone de elementos suficientes para la defensa de su posición jurídica.1 LRJ-PAC.
cabe traer de nuevo a colación la Sentencia ya citada del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2005 (RJ 2005. y la sanción disciplinaria finalmente impuesta. enjuiciando una situación similar al presente supuesto. llegue a conclusiones distintas de las que obtuvo al resolver un expediente defectuosamente tramitado. dicho cauce rituario es garantía plena de que los derechos del interesado queden totalmente salvaguardados. existía una especie de automatismo entre la comisión de un delito doloso. En efecto. Y añade: "b) El proceso jurisdiccional puede entablarse también con la exclusiva finalidad de denunciar esa omisión del trámite de audiencia y de reclamar que se declaren las consecuencias invalidantes que por ello puedan resultar procedentes para la actuación administrativa de que se trate. que considera como falta muy grave "cualquier conducta constitutiva de delito doloso".3. Sin embargo no es así.hacer efectivo aquel trámite". en cuyo Fundamento jurídico Octavo. al margen de que así está determinado legalmente. cuya existencia había sido determinada de forma firme por la Jurisdicción Penal. advirtiendo además que el interesado era perfectamente conocedor de esta situación.". va en contra del principio de economía procesal. la retroacción de actuaciones en nada afectaría el acto administrativo de reintegro decretado por la Administración.. En parecidos términos. A este respecto. sin que quepa excluir de modo absoluto que la propia Administración. "sostiene que el argumento parte de una petición de principio.. 7999) . de tal suerte que para la sentencia recurrida existe un automatismo entre la comisión de un delito doloso y la sanción impuesta.. la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de septiembre de 2004 (RJ 2004. subsanadas las deficiencias en que ha incurrido. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. mención expresa merece realizar respecto al argumento esgrimido por el Servicio de Personal. pese a lo que indica la sentencia recurrida. Por lo cual. Pero aun siendo en cierto sentido correctos estos argumentos. derechos entre los cuales. indica lo siguiente: ".. ello no significa que para proceder a la sanción disciplinaria no se haya de tramitar el correspondiente procedimiento administrativo ya que. pues anticipa una futura e hipotética decisión cuyo contenido no resulta predeterminado.b) de la Ley Orgánica 2/1986. lo cual entraña que la actuación de la Administración ha sido correcta en este sentido. de 13 de marzo (RCL 1986.. en cuya virtud. 788). lo cual ya bastaría para obligar a la Administración a tramitar el correspondiente procedimiento. puesto que como la propia sentencia reconoce.en cuanto que. se encuentra el tan analizado derecho a la defensa de los propios intereses. a tenor de lo dispuesto por el artículo 27. indica lo siguiente: "... la decisión sancionadora no podía adoptarse atendiendo exclusivamente al mero hecho de la existencia de una condena penal.Como sostiene la recurrente la privación de ese medio de defensa es especialmente relevante ya que. rebatiendo el argumento de que la retroacción de actuaciones derivada de la aplicación de la declaración de nulidad. de .. para la sentencia recurrida no se produce indefensión porque el actor conocía perfectamente el motivo o presupuesto de la infracción. Quinto: Por último.". las sanciones a imponer. 6990) . una condena penal por delito doloso. el proceso jurisdiccional instado con esa sola finalidad no comporta la necesaria subsanación de la invalidez e indefensión que se haya producido en la vía administrativa como consecuencia de la omisión del trámite de audiencia. existiendo en las actuaciones documentación suficiente para valorar las irregularidades declaradas por la Administración y que el interesado ha tenido oportunidad reiterada de rebatirlas oponiendo lo que a su derecho conviniere.
Así pues. pública o privada.".1 de la Ley Orgánica citada. aparte de poder alegar la prescripción de la infracción. que han acabado produciendo una situación de indefensión al interesado. así como una incorrecta tramitación de los procedimientos aplicables por razón de la materia.1. En consecuencia se ha producido indefensión por la ausencia de los trámites antes referidos. por las faltas muy graves son la separación del servicio o la suspensión de funciones de tres a seis años. .. conservando aquellos actos que no se hayan visto afectados por los vicios de nulidad comentados. por lo que el recurrente. Si consideramos estos criterios. procederá estimar el recurso y declarar nulas las actuaciones administrativas afectadas por los vicios acaecidos. 915]). esta Secretaría General del Ayuntamiento de XXX es del parecer que debe de estimarse el recurso de reposición presentado por el interesado. podía haber hecho alegaciones sobre las circunstancias concurrentes al objeto de que por aplicación del principio de proporcionalidad.. que debe ser corregida a través del correspondiente cauce procedimental. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. que deberá tener el oportuno contrato a suscribir. Baste citar que la sentencia para justificar la imposición de la sanción en su grado máximo trae a cuenta una condena anterior por delito doloso que sin embargo no conllevó en su día sanción disciplinaria alguna.1 LRJ-PAC. La moderna jurisprudencia viene manteniendo el carácter jurídico privado de los contratos celebrados por la Administración Pública. Una Diputación Provincial tiene previsto arrendar la plaza de toros de la que es titular. Se plantea la cuestión de la naturaleza.acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28. dada la circunstancia de que se ha producido una vulneración de los principios contenidos en los apartados a) y e) del artículo 62. incluyendo la anulación de la sanción impuesta. la caducidad del procedimiento o cualquier otro elemento de defensa contra la imposición de la sanción. ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS Administración Local: Disposiciones Generales y requisitos de los contratos de las Administraciones Públicas: Disposiciones Generales de los contratos de las Administraciones Públicas. y retrotrayendo el expediente al momento del procedimiento oportuno para proseguir la actuación administrativa. considerando todos los argumentos analizados y los hechos acaecidos en el presente expediente. se aplicara una sanción más leve que la impuesta. cuando éstos afectan a bienes patrimoniales –en este caso bienes de propio– y el objeto del contrato es ajeno a obras y servicios públicos (STS de 15-2-1999 [RJ 1999. con la finalidad de que en la misma se celebren diversos espectáculos taurinos.
en el caso allí planteado. como por ejemplo en la STS de 13 de julio de 1987 (RJ 1987. entendió el Tribunal Supremo que el destino de los rendimientos económicos obtenidos cobraba especial relevancia incidiendo en la causa del contrato al introducir en la misma la indirecta satisfacción de un servicio público como era la asistencia hospitalaria competencia ineludible de la Corporación. la ya mencionada STS de 15 de febrero de 1999 (RJ 1999. se ha acudido al hecho de que los beneficios que se obtienen de estos arrendamientos se destinan al cumplimiento de fines públicos. los rendimientos derivados de la explotación de la plaza de toros se encontraban directa e inmediatamente destinados al sostenimiento de un servicio público concreto como era. aun sin calificar expresamente esta clase de contratos. que regulaban detalladamente el número y circunstancias de los espectáculos a celebrar. en cuanto relacionado con la ocupación del tiempo libre (y sin que esto implique desconocer la faceta cultural y deportiva del espectáculo taurino como tal) constituye un verdadero y propio contrato administrativo. A dicha conclusión se ha llegado a través de dos clases de consideraciones: 1. ocupación del tiempo libre y turismo a que se refiere el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como propias de las competencias municipales. 43]) viene declarando el carácter administrativo de esta clase de contratos por entender que en efecto en los mismos se encuentran implicadas competencias de carácter público. se concluye que el arrendamiento de la plaza de toros propiedad del Ayuntamiento de Teruel. En esta Sentencia el Tribunal Supremo argumenta además que las cláusulas específicas del contrato. con inclusión de la determinación del precio de las entradas. lo que hacía lógico que se extendiese a este tipo de negocios jurídicos la tutela administrativa. demuestran su vinculación con las competencias públicas. por ejemplo. Se debe advertir no obstante que este tipo de argumentos tan sólo se han esgrimido en supuestos en los que. o de cualquier otro orden. 915). de la fijación de un precio especial de promoción para jóvenes y jubilados. . la reciente doctrina jurisprudencial mayoritaria (STS de 9-12-2003 [RJ 2004. en la STS de 14 de julio de 2003 (RJ 2003. Por esta razón.–En unos casos.–La segunda línea argumental que se ha empleado por la jurisprudencia –ésta con un carácter más genéricamente aplicable– para justificar la naturaleza pública de esta clase de contratos. pues en ellos subyacían de manera mediata intereses públicos. como sucede en la Sentencia citada.En consecuencia. 2. parecía decantarse por su naturaleza privada. se estaba satisfaciendo de forma directa o inmediata una finalidad pública de la competencia específica de los Ayuntamientos. entiende que la gestión de los espectáculos taurinos constituye un servicio de competencia municipal. la cuestión a dilucidar aquí será si el arrendamiento de una plaza de toros propiedad de una Diputación Provincial para la realización de espectáculos taurinos. ha consistido en poner de relieve el hecho de que. 6888). Así. que cabe incluir en el ámbito de actividades culturales. que sólo cabría invocar en esta clase de supuestos. 6344). el Hospital General o Provincial. De esta última Sentencia cabe además destacar que viene a casar la sentencia de instancia en la que. En este sentido. con lo que se introduce un fin público en la causa del contrato como elemento esencial del mismo. constituye o no un servicio de competencia pública. En este mismo sentido. a través de los mismos.
porque las prerrogativas y potestades que el ordenamiento reconoce a la Administración tienen un carácter funcional que las hace irrenunciables. por la naturaleza patrimonial del bien adjudicado. en materia de actividades culturales. el amplio haz de competencias que nuestro ordenamiento atribuye a las corporaciones locales (especialmente. a los efectos que aquí interesan. orquestas musicales y artistas. si ése es el realmente procedente. hará que la mayor parte de organización de festejos taurinos en plazas de titularidad pública se sustancien a través de contratos administrativos por encontrarse de algún modo vinculados con la persecución de una finalidad pública. De todo lo dicho cabe concluir que sólo se podrá hablar de contratos privados en aquellos casos en los que el arrendamiento recaiga sobre un bien patrimonial no destinado a servicio público. Dicho lo anterior. .atendiendo al hecho de que la intención de las partes contratantes fue la de despojar a la Administración Municipal de sus prerrogativas públicas. Dicho en otros términos. reacciona el Tribunal Supremo recordando que la calificación que las partes otorguen al contrato no tiene virtualidad para alterar su verdadera naturaleza jurídica. que califica como contratos privados de la Administración a los celebrados para la realización de festejos taurinos. En este sentido parece que cabe entender el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 31/1996. se debe advertir no obstante que. ni siquiera a la Administración contratante. constituya exclusivamente una fuente de ingresos de derecho privado para el presupuesto de la entidad local. ni conectado en cuanto a su utilización y explotación por el arrendatario a las finalidades públicas de competencia de la Corporación y que. 191 del RD 1398/1993 por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. ocupación del tiempo libre y turismo). CASO PRÁCTICO SOBRE RÉGIMEN LOCAL: CÓMPUTO DE LOS PLAZOS POR DÍAS Y MESES Administración Local: Actividad de las Administraciones Públicas: Términos y plazos: Cómputo de términos y plazos: Día inicial de cómputo El día 28 de marzo se le notifica la propuesta de resolución de un expediente sancionador por haber construido un chalé en suelo no urbanizable concediéndole un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los documentos e informes que estime pertinentes de conformidad con el art. en consecuencia. De otra parte el día 29 de abril se le notifica resolución del Alcalde denegándole un permiso sin sueldo. de 30 de mayo. una autonomía de voluntad capaz de excluir la aplicación al contrato del régimen administrativo. Frente a esta posibilidad. que en este específico ámbito no puede reconocerse.
ß 2. El plazo de un mes. interpretación hermenéutica del precepto y aplicación supletoria del art. STSJ Asturias 20-7-2002 [JUR 2002.1 LRJ-PAC). Por tanto notificada la resolución el día 29 de abril el plazo comienza el día 30 de abril aunque sea festivo y termina el día 29 de mayo. Notificado el día 28 de marzo comienza el plazo el día 29. y descontando los domingos (días 31 y 7) terminaría el domingo día 14. al ser éste inhábil se prorroga al lunes día 15 (art. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso de reposición contra la resolución denegatoria del permiso sin sueldo? 1. 48. ¿Qué día finaliza el plazo para formular alegaciones en el procedimiento sancionador? 2. 48. 5 del CC. 214520]). El plazo comienza al día siguiente de la notificación (art. El plazo del recurso de reposición es de un mes. computándose partir del día siguiente de la notificación (art. al ser de fecha a fecha no excluye los domingos ni festivos. ya que el día a quem o final es el correlativo al de la notificación (SSTS 1812-2002 [RJ 2003. los 15 días son hábiles descontándose los domingos y festivos (art. 48. 4005]. 48. 535].Marzo 28 29 30 31 Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 Mayo 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.3 LRJ-PAC).4 LRJ-PAC). 14-6-2004 [RJ 2004. .2) y de fecha a fecha según la tradición. Al no decir expresamente que son naturales.
. Para claular la anualidad teórica total. así como la operación proyectada. cualquiera que sea la modalidad y condiciones de la operación. ß 2. Anualidad teórica de amortización 2. i = tipo de interés anual n = períodos que faltan para el término de la operación medido en años. incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización. Co = Capital Vivo.CASO PRÁCTICO DE HACIENDAS LOCALES: ANUALIDAD TEÓRICA Administración Local: Recursos de las Haciendas Locales: Operaciones de crédito [entidades locales y entes dependientes]: Operaciones de crédito a corto plazo Anualidad teórica 1. Sistemas de amortización de préstamos 1. Los contratos de préstamo se suelen formalizar en póliza o escritura pública autorizadas por Notario. operación a operación. La fórmula de referencia para el cálculo de la Anualidad Teórica de Amortización (. este nos cita que la misma deberá calcularse en términos constantes. en cuanto a la anualidad teórica de amortización.) sería la siguiente: a= C0/an¬i = C0 × i/ 1 – (1+i)–n En donde: a= Anualidad teórica. No incluiremos los préstamos garantizados mediante hipoteca sobre bienes inmuebles en la misma proporción del préstamo garantizado. Según la Circular 8/1990 del Banco de España en los contratos de préstamo deberán indicarse entre otros los siguientes extremos: ♦ El tipo de interés nominal que se utilizará para la liquidación de intereses y en las operaciones al descuento los precio inicial y final de la operación. pudiendo también firmarse la póliza ante el Secretario de la Corporación como hemos señalado y mediante letras financieras. Si Retomamos el artículo 54. ♦ La periodicidad con que se producirá el devengo de los intereses... fechas de liquidación de los mismos. En el cálculo de la anualidad teórica de amortización tendremos en cuenta los préstamos a largo plazo concertados y los avalados pendientes de reembolso. pendiente de Amortizar Se deberá calcular la anualidad teórica.1. formula que se utilizará para obtener a partir del interés nominal el importe absoluto de los intereses devengados.
que se suele emplear para operaciones a corto plazo. capital final que se obtiene mediante la siguiente fórmula: C5 = C0 (1 + ik)kt Siendo: C5= Capital final a devolver C0= Capital prestado = tipo de interés por período en tanto por uno k= número de períodos que hay en un año t= número de años Supongamos que obtenemos un préstamo de 100. En el primer caso el prestatario habrá pagado al prestamista al final de la vida del préstamo la cantidad de: . ♦ El importe. expresados mediante la indicación de Tasa Anual Equivalente.♦ Las comisiones que sean de aplicación. Esta segunda modalidad entraña la constitución de un capital final al vencimiento. cuantía y fechas de devengo y liquidación. Las formas de amortización que se pueden emplear son numerosas si bien en nuestro país las fórmulas más empleadas son las siguientes: a) Préstamo con liquidación de intereses y devolución del capital al vencimiento.000 euros. al 4% de interés nominal anual. Dentro de este sistema a su vez se pueden considerar las siguientes variantes: ♦ Liquidación y pago de intereses periódicos C5 = C0 + C0 × i × t = Co (1 + i × t ) ♦ Liquidación y capitalización de intereses periódicos. 1944). Estas modificaciones deberán ser comunicados a la clientela con antelación razonable. durante un plazo de 4 años. número y periodicidad o fecha de los pagos que el deudor deba realizar a la entidad para el reembolso del crédito y pago de los intereses. concepto. ♦ A efectos informativos se deberá incluir el coste o rendimiento efectivo de la operación. ♦ Derechos de los clientes en cuanto a la modificación de los tipos de interés pactados o de las comisiones o gastos repercutibles aplicados. ♦ Derechos del cliente en cuanto a posible reembolso anticipado de la operación. calculada con arreglo a lo dispuesto en el propia Circular 8/1990 (RCL 1990. comisiones y gastos repercutibles.
86€ b) Préstamo con cuotas constantes (términos amortizativos) comprensivas de capital e intereses.549 x 4= 110. A este sistema también se le denomina sistema francés.04)–4 = 27. De dicha fórmula se deduce que la cantidad que periódicamente pagaremos será: a = C0 × i/ 1 – (1+i)–n En el ejemplo propuesto la cantidad que tendremos que pagar en cada período sería: a = C0 × i/ 1 – (1+i)–n = 100. en iguales condiciones.000 × 0.04)4= 116.04 / 1 – (1 + 0.Vf.Nper. de n años de duración al tanto anual de interés i.C5 = C0 (1 + i × t) = 100.000 × (1.0) En total. En nuestro ejemplo =Pago(0.04 × 4) = 1000. Vf el saldo final pendiente después de realizar el último pago y tipo 1 indica un pago al inicio de cada período.04.000 × (1 +0.100000. siendo la Tasa el tipo de interés en tanto por uno. al finalizar la vida del préstamo se habrían satisfecho: 27.4. la fórmula que nos permite obtener el pago es la siguiente: =Pago(Tasa.196 € El cuadro de amortización teórico sería el siguiente: Período 1 Cuota de Términos Cuota de Capital amortizaCapital vivo amortizativos Intereses amortizado ción a= C0 × i / 1 – (1 + i ) 2 -n a= C0 × i / 1 – (1 + i ) -n I1 = C0 × i A1 = a – I1 I2 = C1 × i A2 = a – I2 M1 = A1 C1 = C0 – M1 M2 = M1 + C2 = C0 – A2 M2 .985.000 × (1 + ik)kt = 100. sería: C5 = C0 (1 + i × t) = 100. Va el valor de la cantidad prestada. Nper el número de períodos.549€ Si utilizásemos la hoja de cálculo Excel. mientras que el tipo 0 nos indica que el pago de las cuotas se realizaría al final de cada período.Va.000 × 116.0.000€ En el segundo caso la cantidad satisfecha. Por el principio de equivalencia financiera podemos de decir que: C0 × an¬i = a × 1 – (1+i)–n/i Siendo las cuotas constantes a satisfacer y el valor actual de una renta unitaria postpagable.tipo).
960 3 27.000 1 27.549 23.489 4 27.491 48.078 25.040 51. En este caso el cuadro de amortización teórico es el siguiente: Período Cuota de Términos Cuota de Capital amortizaCapital vivo amortizativos Intereses amortizado ción 1 a= I1 + A1 I1 = C0 × i A1 = C0/4 a= I2 + A2/ I2 = C1 × i A2 = C0/4 a= I3 + A3 I3 = C2 × i A3 = C3 a= I4 + A4 I4 = C3 × i A4 = C4 2 3 4 Que en el ejemplo se transformaría en: M1 = A1 C1 = C0 – M1 M2 = M1 + C2 = C0 – A2 M2 M3 = M2 + C3 = C0 – A3 M3 M4 = M3 + C4 = C0 – A4 M4 = 0 .000 23.489 100.451 2 27.196 10.060 26.511 26.549 2.549 1.471 73.549 3.058 24.549 76.3 a= C0 × i / 1 – (1 + i ) 4 -n a= C0 × i / 1 – (1 + i ) -n I3 = C2 × i A3 = a – I3 I4 = C3 × i A4 = a – I4 M3 = M2 + C3 = C0 – A3 M3 M4 = M3 + C4 = C0 – A4 M4 = 0 Que con los datos del ejemplo se transformaría en: Capital de Cuotas de Capital pendiente o amortización amortizado capital vivo Período Términos Cuotas amortizativos Interés 0 --- --- --- --- 100.000 c) Préstamos amortizados mediante cuotas constantes de capital y con liquidación de intereses en cada período sobre el capital vivo en cada momento.196 100.000 0 Totales 110.549 4.
427 2 15.000 .573 96.253 4 60.000 25.593 100.886 41.000 25.000 75.000 100.146 3.000 25.583 2. cuotas comprensivas de capital e intereses. suponiendo que la razón de la progresión (q) fuese 2.291 3.000 25.000 50.000 2.000 3.Capital de Cuotas de Capital pendiente o amortización amortizado capital vivo Período Términos Cuotas amortizativos Interés 0 --- --- --- --- 100.593 13.000 10.289 14.747 58.000 d) Los préstamos también pueden amortizarse con cuotas crecientes en progresión geométrica.000 0 Totales 113.000 1 29.857 11.573 3.000 25.139 3 30. En tal caso el cuadro teórico de amortización se muestra a continuación: Período Cuota de Términos Cuota de Capital amortizaCapital vivo amortizativos Intereses amortizado ción a1 × (1 +i – 1 q)/1 –qn (1 + i I1 = C0 × i A1 = a1 – I1 M1 = A1 )-n a2 =a ×q I2 = C1 × i A2 = a2 – I2 a3 =a ×q2 I3 = C2 × i A3 = a3 – I3 a3 =a ×q3 I4 = C3 × i A4 = a4 – I4 C1 = C0 – M1 M2 = M1 + C2 = C0 – A2 M2 M3 = M2 + C3 = C0 – A3 M3 M4 = M3 + C4 = C0 – A4 M4 = 0 En el ejemplo que venimos estudiando.330 58.573 4.000 1 7.000 4.000 50.000 4 26.000 2 28.406 26.000 1.000 3.000 3 27.000 0 Totales 110.253 100.861 85.000 100. tendríamos: Capital de Cuotas de Capital pendiente o amortización amortizado capital vivo Período Términos Cuotas amortizativos Interés 0 --- --- --- --- 100.000 25.000 75.
de términos amortizativos constantes comprensivos de capital e intereses. o cause indefensión). el mayor coste es lógicamente el que se devenga en los préstamos que no se amortizan hasta el final de la vida del mismo.00 3 d Amortización en progresión geométrica 113. se sitúan en una posición intermedia en cuanto devengo de intereses.. (Comunidad Autónoma de Galicia) presentando toda la documentación pertinente..2 transcrito. tendrá como efectos posibles la nulidad (en el supuesto.2 de la Ley 30/1992. . Respecto de los efectos que la citada infracción tenga. respectivamente. solicita licencia urbanística al Ayuntamiento de .196.985. como parece desprenderse por no existir datos técnicos. de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia dispone que para el otorgamiento de las licencias «serán preceptivos los informes técnicos y jurídicos sobre su conformidad con la legislación urbanística». de que se considere la prescindencia total y absoluta del procedimiento) o la anulabilidad (siempre y cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin.. no obstante. la nulidad de los actos dictados «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» y la anulabilidad de los dictados con «defecto de forma» «cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión». 195. Los préstamos con cuotas de amortización constantes son los más económicos. de 26 de noviembre. por consiguiente. hemos de acudir a los arts.00 capital y liquidación de intereses periódicas 2 b Método Francés 110.593. ¿Qué efectos jurídicos puede tener la resolución del procedimiento sin la existencia de informe técnico previo? El art.Del estudio comparativo de los diferentes métodos podemos concluir que los préstamos crecientes en progresión geométrica devengan más intereses. pues durante más tiempo permanece vivo mayor importe.00 periódico de intereses 5 a bis Devolución de Capital capitalización de intereses al vencimiento y 116.. de 30 de diciembre. 195.1. Los préstamos amortizados por el sistema francés.000.00 4 a Devolución de Capital al vencimiento y pago 116. que la eventual resolución del procedimiento sin el informe técnico previo constituirá una infracción de la legislación aplicable. Pero.000. 62. Tramitado el procedimiento y con carácter previo a su resolución se constata la ausencia de informe técnico. difícil.. La falta del informe técnico e infracción legal comentada..86 GALICIA: OTORGAMIENTO DE LICENCIA SIN INFORME TÉCNICO PREVIO Intervención en la edificación y uso del suelo y protección de la legalidad urbanística: Licencia urbanística: Procedimiento Don . que regulan.e) y 63. en concreto del art. Es evidente.2 de Ley 9/2002.. Orden Clase Modalidad Coste Total 1 c Amortización mediante cuotas constantes de 110. debido a que el esfuerzo de reembolso es mayor al principio de la operación que al final por tratarse de términos amortizativos decrecientes.. por consiguiente.
4659] y 29 septiembre [RJ 1981. ¿Qué efectos provoca esta situación? El art.. 17 de mayo de 1973 [RJ 1973. determina la anulación del procedimiento administrativo y su reposición al momento oportuno para que pueda suplirse la falta emitiendo el informe» (entre otras SSTS de 14 de noviembre de 1969 [RJ 1969. de 14 de diciembre. http://www. 5 de octubre [RJ 1981. 5151]. 5060] y 17 de noviembre de 1981 [RJ 1981.es/index. por consiguiente. 30 de abril de 1984 [RJ 1984. 26 de mayo de 1977 [RJ 1977. 31 de diciembre de 1980 [RJ 1980. la STSJ del País Vasco de 13 de julio de 2004 [JUR 2005.aranzadi. 4590] y 18 de mayo de 1987 [RJ 1987.php/informacion-juridica/casos-practicos . y 12 [RJ 1981. 86 de la Ley 15/2001. que declara disconforme a derecho un presupuesto en cuanto no destina los ingresos a los fines legalmente fijados. 2573]. Parece claro. 5366]. ha sido la propia jurisprudencia existente al respecto la que establece que la no destinación de los ingresos obtenidos del patrimonio del suelo a las finalidades establecidas por Ley. 4062]. por su naturaleza de trámite esencial que incluso afecta al orden público.. 3326].Finalmente. 88 del mismo texto legal determina el destino de estos bienes y de los ingresos obtenidos como consecuencia de enajenaciones de estos terrenos. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO: INCUMPLIMIENTO DE DESTINO Ordenación del territorio y urbanismo El Ayuntamiento de. establece que el patrimonio público del suelo está vinculado al cumplimiento de la finalidad de regular el mercado de terrenos. provoca la anulación de la partida presupuestaria en concreto. que la falta de destino de los ingresos obtenidos contraviene la normativa de aplicación. (Comunidad Autónoma de Extremadura) aprobó sus presupuestos anuales y en éstos no consta que se hayan destinado los ingresos obtenidos de la gestión del patrimonio del suelo al destino establecido por Ley. obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento y el art. debemos resaltar la existencia de una doctrina jurisprudencial reiterada que concluye que «la omisión de un informe preceptivo. En este mismo sentido. 41924]. 5525]). del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 3854]. Así lo establece por ejemplo.
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