Source: https://es.scribd.com/document/693411/MODIFICACION-CODIGO-PENAL
Timestamp: 2020-01-20 06:23:59
Document Index: 384778778

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 80', 'artículo 82', 'artículo 47', 'artículo 379', 'artículo 380', 'artículo 381', 'artículo 127', 'artículo 382', 'artículo 383', 'artículo 385', 'artículo 68', 'artículo 52', 'artículo 80', 'artículo 82', 'Artículo 82', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 41', 'artículo 44', 'artículo 22', 'artículo 107']

MODIFICACION CODIGO PENAL | Castigos | Derecho penal
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Tales representantes darán cuenta periódicamente de sus gestiones a las Cortes de Castilla y León.
2. Los acuerdos de la Comisión Mixta adoptarán la
forma de propuesta al Gobierno, que las aprobará mediante Real Decreto, figurando aquéllos como anejos
al mismo, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
3. La transferencia de servicios operará de pleno
derecho la subrogación de la Comunidad Autónoma en las relaciones jurídicas referidas a dichos servicios en que fuera parte el Estado. Asimismo, la transferencia de servi-
cios implicará la de las titularidades que sobre ellos recai- gan y las de los archivos, documentos, datos estadísticos
y procedimientos pendientes de resolución. El cambio de
titularidad en los contratos de arrendamientos de locales
afectos a los servicios que se transfieran no dará derecho al arrendador a extinguir o modificar el contrato.
4. Los funcionarios adscritos a servicios de titulari-
dad estatal o a otras instituciones públicas que resulten
afectadas por los traspasos, pasarán a depender de la Comunidad, siéndoles respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el
momento del traspaso, incluso el de participar en los con- cursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con los restantes funcionarios.
5. Para preparar los traspasos y para verificarlos por
bloques orgánicos de naturaleza homogénea, la Comi- sión Mixta de Transferencias estará asistida por Comisio- nes Sectoriales de ámbito nacional, agrupadas por mate- rias, cuyo cometido fundamental será determinar, con la
representación de la Administración del Estado, los tras- pasos de competencias y de medios personales, financie- ros y materiales que deba recibir la Comunidad Autó- noma.
6. Las Comisiones Sectoriales trasladarán sus pro-
puestas de acuerdo a la Comisión Mixta, que las habrá de ratificar.
Disposición transitoria segunda. de la legislación estatal.
Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes a que se refieren la Constitución y el presente Estatuto, y las de Castilla y León legislen sobre las materias de su com- petencia, continuarán en vigor las actuales leyes y dispo- siciones del Estado que se refieren a dichas materias, sin perjuicio de que su desarrollo legislativo, en su caso, y su ejecución se lleven a cabo por la Comunidad Autónoma en los supuestos previstos en este Estatuto.
1. Para que un territorio o municipio que constituya
un enclave perteneciente a una provincia integrada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León pueda segre- garse de la misma e incorporarse a otra Comunidad Autó- noma será necesario el cumplimiento de los siguientes
a) Solicitud de segregación, formulada por todos los
Ayuntamientos interesados, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes del
número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de dichas Corporaciones.
b) Informes de la provincia a la que pertenezca el
territorio, municipio o municipios a segregar y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, favorables a tal segregación, a la vista de las mayores vinculaciones his- tóricas, sociales, culturales y económicas con la Comuni- dad Autónoma a la que se solicite la incorporación. A tal efecto, la Comunidad Autónoma de Castilla y León podrá realizar encuestas y otras formas de consulta con objeto de llegar a una más motivada resolución.
c) Refrendo entre los habitantes del territorio, muni-
cipio o municipios que pretendan la segregación, apro-
bado por mayoría de los votos válidos emitidos.
d) Aprobación por las Cortes Generales, mediante
2. En todo caso, el resultado de este proceso que-
dará pendiente del cumplimiento de los requisitos de
agregación exigidos por el Estatuto de la Comunidad Autónoma a la que se pretende la incorporación.
A la entrada en vigor del presente Estatuto de Autono-
mía quedarán derogadas cuantas disposiciones de rango
igual o inferior se opongan al mismo.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autorida- des, que guarden y hagan guardar esta ley.
20636 LEY ORGÁNICA 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial.
Entre las resoluciones aprobadas como consecuencia del debate sobre el Estado de la Nación de 2006 se incluye la número diecinueve, en la que se declara, entre otros aspectos, que el Congreso de los Diputados considera oportuno impulsar la modificación del Código Penal, teniendo en cuenta las distintas propuestas que se están estudiando en la Comisión de Seguridad Vial del Con- greso de los Diputados, con el objetivo de definir con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad del trá- fico y los relacionados con la seguridad vial, evitando que determinadas conductas calificadas como de violencia vial puedan quedar impunes. La reforma sobre los delitos contra la seguridad vial cuenta con un amplio consenso de los grupos parlamen- tarios en torno a las propuestas formuladas ante la Comi- sión sobre Seguridad Vial. Por ello, se presenta esta Pro- posición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial, cuyo contenido básico persi- gue, de una parte, incrementar el control sobre el riesgo
tolerable por la vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de tener por peligrosos o de niveles de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma consideración. A partir de esa estimación de fuente de peligro se regulan diferentes grados de conducta injusta, trazando un arco que va desde el peligro abstracto hasta el perceptible desprecio por la vida de los demás, como ya venía haciendo el Código. Las penas y consecuencias se incrementan notablemente, en especial, en lo concer- niente a la privación del permiso de conducir, y a ello se añade la no menos severa posibilidad de considerar ins- trumento del delito al vehículo de motor o ciclomotor, en orden a disponer su comiso. Al igual que sucede en el derecho vigente, se ofrece una específica regla para salvar el concurso de normas cuando se hubiera ocasionado además del riesgo preve- nido un resultado lesivo. En tal caso se apreciará tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado. La negativa a someterse a las pruebas legal- mente establecidas para detectar el grado de alcoholemia o de impregnación tóxica, en cambio, pierde su innecesa- rio calificativo de delito de desobediencia y pasa a ser autónomamente castigada. Una criticada ausencia era la conducción de vehículos por quienes hubieran sido privados, judicial o administra- tivamente, del derecho a hacerlo por pérdida de vigencia del mismo. Cierto que algunos casos podrían tenerse como delitos de quebrantamiento de condena o de des- obediencia, pero no todos; por ello se ha considerado más ágil y preciso reunir todas esas situaciones posibles en un solo precepto sancionador. La creación del Centro de Tratamiento de Denuncias automatizadas, además de la práctica de la delegación con una casuística muy variada, así como la necesidad de acor- tar los plazos de tramitación de las sanciones, sin merma de las garantías del sancionado, urge a llevar a cabo una modificación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba elTexto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri- dad Vial. La modificación que se propone conlleva la supresión del párrafo tercero de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio- namiento de la Administración General del Estado, que es la que atribuye a los Delegados y Subdelegados del Gobierno la competencia para sancionar las infracciones previstas en la Ley de Seguridad Vial. La modificación de la Ley de Seguridad Vial se refiere al artículo 68 sobre Competencias, para atribuir la compe- tencia sancionadora a los Jefes de Tráfico, previendo de manera expresa la posibilidad de que éstos deleguen en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Auto- matizadas en las infracciones detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. Como consecuencia de la modificación anterior, se modifica también el artículo 80, sobre Recursos, ya que, con la nueva atribución de la competencia, el Director General de Tráfico es el competente para resolver el recurso de alzada contra las resoluciones sancionadoras de los Jefes de Tráfico o del Director del Centro; así como el artículo 82, sobre anotación y cancelación, para que la anotación de las sanciones firmes graves y muy graves en el Registro de conductores e infractores, se haga por el órgano competente de la Jefatura Central de Tráfico, en unos casos, por la Jefatura de Tráfico instructora del pro- cedimiento y, en otros, por el propio Centro.
Modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
Se añade un último párrafo al artículo 47,
«Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la tenencia y porte, respectiva- mente.»
Se modifica el artículo 379, que queda
«1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilóme- tros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamen- tariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sus- tancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.»
Se modifica el artículo 380, que queda redac-
«1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las perso- nas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo supe- rior a uno y hasta seis años.
2. A los efectos del presente precepto se repu-
tará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el
apartado primero y en el inciso segundo del apar- tado segundo del artículo anterior.»
Se modifica el artículo 381, que queda redac-
«1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a
diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior.
peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a condu- cir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.
los hechos previstos en el presente precepto se con- siderará instrumento del delito a los efectos del artículo 127 de este Código.»
Se modifica el artículo 382, que queda redac-
«Cuando con los actos sancionados en los artícu- los 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribu- nales apreciarán tan sólo la infracción más grave- mente penada, aplicando la pena en su mitad supe- rior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.»
Se modifica el artículo 383, que queda
«El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas
legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será casti- gado con la penas de prisión de seis meses a un año
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.»
«El que condujere un vehículo de motor o ciclo- motor en los casos de pérdida de vigencia del per- miso o licencia por pérdida total de los puntos asig- nados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Las mismas penas se impondrán al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.»
Se modifica el artículo 385, que queda
«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinti- cuatro meses y trabajos en beneficio de la comuni- dad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:
1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisi- bles, derramando sustancias deslizantes o inflama- bles o mutando, sustrayendo o anulando la señaliza- ción o por cualquier otro medio. 2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.»
El Gobierno impulsará, de acuerdo con las administra- ciones competentes, una revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad, para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial.
Revisión de la señalización vial y
legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.
al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas com- pletas del Código actual y de la reforma contenida en esta Ley.
Orgánica del Poder Judicial, podrá asignar a uno o varios de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales dedicados en régimen de exclusividad a la ejecución de sentencias penales la revisión de las senten- cias firmes dictadas antes de la vigencia de esta Ley. Dichos Jueces o Tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo
efectivamente la pena, aplicando la disposición más favo- rable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del Código. Se exceptúa el supuesto en que esta Ley con- tenga para el mismo hecho la previsión alternativa de una pena no privativa de libertad; en tal caso, deberá revi- sarse la sentencia.
2. No se revisarán las sentencias en que el cum-
plimiento de la pena esté suspendido, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena sus- pendida. Igual regla se aplicará si el penado se encuentra en período de libertad condicional. Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arre- glo a la redacción anterior de los artículos del Código y a la presente reforma, corresponda, exclusivamente, pena de multa.
esté ejecutada o suspendida, aunque se encuentren pen-
dientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así corno las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el Juez oTribunal que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta en su día, conforme a esta Ley.
4. En los supuestos de indulto parcial, no se revisa-
rán las sentencias cuando la pena resultante que se halle
cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un marco imponible inferior respecto a esta Ley.
podrán invocar y el Juez o Tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva Ley, cuando resulten más favora-
bles al reo.
b) Si se trata de un recurso de casación, aún no for-
malizado, el recurrente podrá señalar las infracciones legales basándose en los preceptos de la nueva Ley.
c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sus-
tanciándose, se pasará de nuevo al recurrente, de oficio o a instancia de parte, por el término de ocho días, para que adapte, si lo estima procedente, los motivos de casación alegados a los preceptos de la nueva Ley, y del recurso así modificado se instruirán las partes interesadas, el fiscal y el magistrado ponente, continuando la tramitación con-
forme a derecho.
Queda derogado el párrafo tercero de la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi- zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Uno. El artículo 68 del Real Decreto Legisla- tivo 339/1990, de 2 marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu- los a Motor y Seguridad Vial queda redactado de la forma siguiente:
1. La competencia para sancionar las infraccio-
nes de lo dispuesto en la presente Ley corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya
cometido el hecho. Si se trata de infracciones come- tidas en el territorio de más de una provincia, la competencia para su sanción corresponderá, en su caso, al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada.
competencia en la medida y extensión que estimen conveniente. En particular, podrán delegar en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las infracciones que hayan sido
detectadas a través de medios de captación y repro- ducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo,
transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, serán competentes para sancionar los órganos designa- dos por sus respectivos Consejos de Gobierno.
4. La sanción por infracción de normas de circu-
lación cometida en vías urbanas corresponderá a los
respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad de acuerdo con la legislación aplicable.
5. Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órga-
nos competentes que correspondan, en caso de Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, asumirán la com- petencia de los Alcaldes cuando, por razones justifi- cadas o por insuficiencia de los servicios municipa- les, no pueda ser ejercida por éstos.
6. Las competencias municipales no compren-
den las infracciones de los preceptos delTitulo IV de esta Ley ni las cometidas en travesías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas.
imponer la suspensión del permiso o licencia de con- ducción corresponde al Jefe Provincial deTráfico.
8. La competencia para sancionar las infraccio-
nes a que se refiere el artículo 52 de esta Ley corres- ponderá, en todo caso, al Director General deTráfico
o a su correspondiente en las Comunidades Autóno-
mas que tengan transferidas competencias ejecuti- vas en materia de tráfico y circulación de vehículos
a motor, limitada al ámbito geográfico de la Comu- nidad Autónoma.
las competencias que en los apartados anteriores se atribuyen a los Jefes Provinciales de Tráfico, corres- ponderán a los Jefes Locales deTráfico.»
Dos. El artículo 80 del Real Decreto Legisla- tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial queda redactado de la forma siguiente:
Provinciales y Locales de Tráfico podrá interponerse dentro del plazo de un mes recurso de alzada ante el Director General deTráfico. Las resoluciones de los recursos de alzada serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo en los términos previstos en su Ley reguladora. Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
sancionadores dictadas por los órganos competen- tes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las enti- dades locales, se estará a lo establecido en la nor- mativa correspondiente.»
Tres. El artículo 82 del Real Decreto Legisla- tivo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 82. Anotación y cancelación. Las sanciones graves y muy graves una vez sean firmes en vía administrativa serán anotadas, por el órgano competente de la Jefatura Central de Tráfico que instruye el procedimiento, en el Registro de conductores e infractores, el día de su firmeza. Cuando dichas sanciones hayan sido impuestas por los Alcaldes o por la autoridad competente de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y cir- culación de vehículos a motor, se comunicarán, para su anotación en el Registro referido, en el plazo de quince días siguientes a su firmeza.
Las autoridades judiciales comunicarán a la Dirección General de Tráfico, en el plazo de quince días siguientes a su firmeza, las sentencias que con- denen a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, a efectos de su anotación en el referido Registro. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.»
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autorida- des, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 30 de noviembre de 2007.
20637 ORDEN EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados mode- los, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquida- ción del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presen- tación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos.
La profunda transformación que han sufrido los impuestos especiales desde la entrada en vigor de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y el tiempo trascurrido desde su aprobación, ha motivado sucesivas modificaciones en sus normas de desarrollo y aplicación dando lugar a una situación de gran dispersión normativa. Asimismo, el extraordinario desarrollo de los aspectos relacionados con el cumplimiento de obligacio- nes formales susceptibles de tratamiento informático y la sucesiva extensión de los supuestos de colaboración social se ha plasmado en un elevado número de disposi- ciones. La presente Orden pone fin a dicha situación, con- solidando en una sola disposición la mayor parte de las
normas de desarrollo, modificando, para su actualización
y simplificación, las órdenes vigentes.
Por otra parte, la implantación del sistema de control de los movimientos de productos en la circulación intra- comunitaria (EMCS, Excise Movement and Control Sys- tem) aconseja anticipar el procedimiento en el ámbito interno, manteniendo las actuales limitaciones de pro- ductos y cantidades cuando se trate de envíos al ámbito
comunitario no interno. Para ello se amplia el ámbito de
la comunicación previa a la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, incluyéndose los envíos en régimen
suspensivo en la circulación interna a la mayor parte de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. Asimismo, esta Orden aprueba el formato electrónico
y exige la presentación telemática de la relación de abo-
nos realizados a detallistas de gasóleo bonificado que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, han de suministrar al centro ges- tor las entidades de crédito. Por otro lado, el beneficio fiscal reconocido a los bio- carburantes implica la necesidad de un control diferen- ciado de los establecimientos de producción, almacena- miento y distribución de los mismos, siendo necesario distinguir los depósitos fiscales en función de los produc- tos que en ellos se almacenan. Finalmente, se aprueba el modelo de declaración- liquidación y el de desglose por establecimientos en rela- ción con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y el modelo de declaración- liquidación de las operaciones asimiladas a las importa- ciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, adaptándo- los a las modificaciones normativas producidas desde su implantación.
Por lo que se refiere a las habilitaciones normativas, el artículo 18.4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, enco- mienda al Ministro de Economía y Hacienda el estableci- miento del lugar, forma, plazos e impresos en los que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la deuda tri- butaria exigible. El artículo 20.2 y 3 de la Ley 38/1992, de 28 de diciem- bre, encomienda al Ministro de Economía y Hacienda la aprobación de las sustancias desnaturalizantes y las pro- porciones en que deben añadirse al alcohol para dotar a éste de la condición de alcohol total o parcialmente des- naturalizado. Por su parte, el artículo 41.3 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, autoriza al Ministro de Economía
y Hacienda a establecer el repertorio de actividades y a
determinar los dígitos y caracteres identificativos a que se
refieren los apartados 1 y 2 del mismo artículo. De igual forma, el artículo 44.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
y Hacienda a establecer los modelos de declaraciones-
liquidaciones o, en su caso, los medios y procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos que pudieran sustituirlas para la determinación e ingreso de la deuda. El artículo 22.6 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, habilita al Ministro de Economía y Hacienda para establecer que en todos o en alguno de los supuestos de circulación en que proceda la expedición de un docu- mento de acompañamiento, éste contenga una copia suplementaria que sea puesta a disposición de la Admi- nistración tributaria con anterioridad al inicio de la circu- lación que dicho documento vaya a amparar. El artículo 107.4 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, habilita al Ministro de Economía y Hacienda para
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