Source: http://espanito.com/tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina-v6.html
Timestamp: 2018-05-22 06:24:47
Document Index: 16190686

Matched Legal Cases: ['artículo 339', 'artículo 103', 'artículo 76', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11']

Interpretación prejudicial de los artículos 5, 11, 13, 14, 31 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 1, 9 y 56 literal b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, República del Ecuador. Asunto: Infracción de Derechos de Autor. Expediente Interno: 17811-2013-7140
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince.
El Oficio 3403-S-TDCA-Quito de 17 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal físicamente el 3 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-7140.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
Demandante: Juan Cristóbal Carrera Colin.
Demandado: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.
El 10 de diciembre del 2004, Juan Cristóbal Carrera Colin, en su condición de derechohabiente del autor Jorge Carrera Andrade, solicitó tutela administrativa ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI sobre derechos de propiedad intelectual, en contra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Como sustento alegó que en los últimos años la obra poética de su padre, Jorge Carrera Andrade, ha sido objeto de varias ediciones que en gran parte no cuentan con autorización. Actos de explotación como la reproducción, distribución y transformación se han efectuado respecto de las obras, llegando incluso a ser afectado el derecho moral de la integridad de la obra con traducciones arbitrarias que deforman y modifican la obra atentando contra su decoro. Manifestó asimismo que en el año 2003, pocos días antes de la publicación de la obra denominada “OBRA POÉTICA COMPLETA DE JORGE CARRERA ANDRADE”, en una edición bilingüe español/inglés, contenida en tres tomos, Edwin Madrid se comunicó vía correo electrónico, requiriéndole la respectiva autorización, a cuyo pedido respondió que la autorización estaría sujeta a la suscripción de un contrato de edición; agregó además que en el año 2000, la Editorial NewSouth Books, una división de la NewSouth Inc., de Montgomery, Estado de Alabama de los Estados Unidos de América, publicó una selección traducida denominada “OBRA POÉTICA COMPLETA”, titulada en inglés como “CENTURY OF THE DEATH OF THE ROSE”, en la cual figura que se cuenta con la autorización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la suya, afirmación última que es falsa.
Mediante la Resolución 194 de 16 de enero del 2007, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos resolvió:
“1) Aceptar la acción de tutela administrativa propuesta por el señor JUAN CRISTÓBAL CARRERA COLIN, en su condición de derechohabiente del autor JORGE CARRERA ANDRADE en contra de la CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”;
2) Sancionar a la infractora CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” con una multa de mil ochocientos cuarenta 23/100 (1840,23) dólares de los Estados Unidos de América, (…);
3) Prohibir a la CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN” la comercialización, donación, oferta en venta o venta de los ejemplares terminados de la obra denominada “Obra Poética Completa de Jorge Carrera Andrade” obra bilingüe español/inglés contenida en tres tomos y que ha sido motivo de la presente Tutela Administrativa;
4) Disponer la destrucción de los 1000 ejemplares pendientes de ser terminados de acuerdo con la información entregada por la CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA “BENJAMÍN CARRIÓN”.
Sobre la base de la Resolución 194 de 16 de enero del 2007 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el 6 de marzo de 2008 Juan Cristóbal Carrera Colin solicitó vía verbal sumaria la indemnización de los daños y perjuicios en contra del Presidente de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión”.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
1. Argumentos de la demanda:
El demandante Juan Cristóbal Carrera Colin argumentó lo siguiente:
Su padre, el autor ecuatoriano Jorge Enrique Carrera Andrade Vaca, falleció en la ciudad de Quito el 8 de noviembre de 1978, habiendo quedado como único y universal heredero, conforme consta en la copia de la sentencia de posesión efectiva de sus bienes dictada por el señor Juez Primero de lo Civil del Cantón Quito el 9 de julio de 1990. Dentro del patrimonio heredado se encuentra el constituido por sus obras, sobre las cuales y en condición justificada de derechohabiente, mantiene invariablemente la titularidad del derecho de autor, calidad que conservará durante el tiempo en que tales obras permanezcan en el dominio privado.
Es público y notorio, que la obra poética de Jorge Carrera Andrade, ha sido publicada en varias ediciones en los últimos años. Lamentablemente gran parte de éstas no han contado con la autorización correspondiente de su titular. Es así como los derechos exclusivos de reproducción, distribución y transformación de las obras han sido explotados omitiendo la indispensable licencia o autorización de uso o sin haberse celebrado un contrato de cesión de derechos, como prevé el ordenamiento jurídico vigente. Es más, se ha llegado inclusive a afectar el derecho moral a la integridad de la obra, al haberse dispuesto de manera arbitraria e ilegítima la realización de traducciones que además de deformarla, afectan el honor del autor y la reputación de la obra.
En el marco de las circunstancias referidas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” editó y publicó en el 2003, en varios ejemplares, la denominada “OBRA POÉTICA COMPLETA DE JORGE CARRERA ANDRADE”, en una edición bilingüe, español/inglés, contenida en tres tomos, cuya traducción al idioma inglés mereció severas críticas, que se hicieron públicas a través de diversos medios de comunicación social, pues su contenido constituye un atentado a su integridad, infringiendo de manera flagrante el derecho moral irrenunciable, inalienable e imprescriptible de su autor.
Esta edición de la obra jamás recibió su autorización, no obstante el requerimiento que en días previos a la publicación – a la fecha, la traducción y reproducción no autorizada ya se había realizado – y mediante correo electrónico le formuló el señor Edwin Madrid, a quien la Casa de la Cultura había encargado tal edición. A este requerimiento, respondió que la autorización estaría condicionada a la celebración de un contrato formal y a que no se introdujeran algunos poemas que forman parte de una “Antología Poética”, editada y publicada con su consentimiento por el Fondo de Cultura Económica de México, entidad con la cual mantiene vigente hasta la fecha un contrato de licencia de uso. Esta condición no fue atendida y sin contar con autorización se procedió posteriormente a la distribución de los ejemplares que se encontraban impresos.
De la misma manera, en el 2000 la Editorial NewSouth Books, una división de la NewSouth Inc., de Montgomery, Estado de Alabama de los Estados Unidos de América, publicó en este país una selección traducida de obras denominada “OBRA POÉTICA COMPLETA”, titulada en inglés como “CENTURY OF THE DEATH OF THE ROSE”. En el texto de los originales de esta edición, se menciona que se cuenta con la autorización de la Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la suya. Esta afirmación, en lo que concierne al compareciente es falsa, sin embargo, no se ha podido conocer si existió la supuesta autorización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
En atención a estas circunstancias, en uso de las acciones y recursos que prevé la Ley de Propiedad Intelectual se inició un procedimiento de tutela administrativa en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IEPI el 10 de diciembre de 2004, para que, en atención al contenido objetivo de esta ley, se requiera información a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se adopten medidas urgentes y eficaces a fin de precautelar el derecho de autor infringido por las acciones de la entidad demandada.
El procedimiento administrativo incoado trajo como resultado la Resolución dictada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del IEPI, que en estricta aplicación del artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual y al comprobar en el proceso la infracción al derecho de autor sobre la obra de Jorge Carrera Andrade, dispuso la adopción de medidas cautelares urgentes y aplicó a la infractora la multa correspondiente.
Lo más importante a resaltar dentro del trámite administrativo de tutela, es que no se justificó de ninguna forma la existencia de cualquier contrato de licencia de uso o cesión de derechos patrimoniales que hubiera autorizado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” a utilizar o explotar la obra poética de Jorge Carrera Andrade, mediante cualquiera de las modalidades que reviste el derecho patrimonial de autor, como son la reproducción, distribución, traducción o comunicación pública, ni durante la vida del padre del demandante, como tampoco luego de su muerte.
2. Argumentos de la contestación a la demanda:
El abogado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” contestó la demanda y dedujo las siguientes excepciones:
Negativa pura y simple de la demanda, ilegitimidad activa, ilegitimidad pasiva, inaplicabilidad de la legislación supraestatal, inaplicabilidad del artículo 103 de la Ley de Propiedad Intelectual por ser contraria a la disposición 7 literal i) del artículo 76 de la Constitución del Ecuador. Asimismo, impugnó la Resolución 194 de 16 de enero de 2007 por haber sido emitida en contra de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.
El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 5, 11, 13, 14, 31 y 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos: 1, 9 y 56 literal b) de la Decisión 3511.
Del objeto de la protección de los derechos de autor.
Los derechos morales. Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. La integridad de la obra.
El derecho patrimonial de traducción de la obra. Las traducciones sin autorización. Las traducciones que afecten la integridad de la obra.
De los derechos patrimoniales. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta.
Las facultades de la autoridad nacional competente en caso de infracción a los derechos de autor. Las medidas cautelares. La indemnización por los daños y perjuicios.
Reparación o indemnización en compensación por los daños y perjuicios ocasionados.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
En el presente caso, se alegó la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento, por lo que resulta necesario referirse al principio de la primacía del Derecho comunitario andino, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como son el efecto directo, la aplicación inmediata y la autonomía del ordenamiento jurídico andino.
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia del ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regulan el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que la Decisión 351 goza de primacía frente a las normas nacionales.
En el presente proceso, Juan Cristóbal Carrera Colin, en su condición de derechohabiente del autor Jorge Carrera Andrade, solicitó tutela administrativa ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI sobre derechos de propiedad intelectual, en contra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Como sustento alegó que en los últimos años la obra poética de su padre, Jorge Carrera Andrade, ha sido objeto de varias ediciones que en gran parte no cuentan con autorización.
Dentro del Proceso 102-IP-2010 de 14 de octubre de 2010, este Tribunal señaló lo siguiente:
Para Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”2.
El Tribunal ha sostenido que:
“También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral” (Proceso 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1057 de 21 de abril de 2004).
Asimismo, la doctrina menciona algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor. Entre ellas se destacan:
“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico.
2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.
3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”3.
En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”4.
El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios. Del mismo modo hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa de las obras protegidas, mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas. Éstas son creaciones que se materializan mediante el empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción a la fijación de la obra; es decir, la incorporación de signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella. Del mismo modo, se entiende por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).
Finalmente, el Tribunal ha señalado: “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso” (Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1195 de 11 de mayo de 2005).
El Juez Consultante deberá determinar si los derechos de Juan Cristóbal Carrera Colin, en su condición de derechohabiente del autor Jorge Carrera Andrade, han sido vulnerados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”.
3. LOS DERECHOS MORALES. OPONERSE A TODA DEFORMACIÓN, MUTILACIÓN O MODIFICACIÓN QUE ATENTE CONTRA EL DECORO DE LA OBRA O LA REPUTACIÓN DEL AUTOR. LA INTEGRIDAD DE LA OBRA.
El demandante alegó la afectación del derecho moral de la integridad de la obra de su padre mediante traducciones arbitrarias “que deforman y modifican la obra atentando contra su decoro. (…) Es más, se ha llegado inclusive a afectar el derecho moral a la integridad de la obra, disponiendo de manera arbitraria e ilegítima la realización de traducciones que además de deformarla, afectan el honor del autor y la reputación de la obra (…) infringiendo de manera flagrante el derecho moral irrenunciable, inalienable e imprescriptible de su autor”.
Acerca de los derechos morales resulta importante advertir lo que el Tribunal expuso en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 110-IP-2007:
“Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables”.
El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas). Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b y c del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11 (Interpretación Prejudicial 10-IP-2007, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Caso: Infracción a Derechos de Autor).
El artículo 11 de la Decisión 351 establece que el autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: “c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”.
Del análisis y la lectura de dicha norma, el autor tiene el derecho a oponerse cuando:
se trate de una deformación: Por deformación debe entenderse algo que pierde su forma regular o natural, dando lugar a una interpretación errónea. Ese supuesto se verifica cuando se trastoca el contenido de la obra;
se trate de una mutilación: Por mutilación debe entenderse cuando se corta o cercena una parte del cuerpo de la obra, eliminando una parte o porción de la misma; o,
se trate de una modificación: Por modificación debe entenderse una transformación o cambio en el contenido de la obra.
En primer lugar, deberá analizarse si la actividad acusada entra en alguno de los tres supuestos. En segundo lugar, de encajar en alguna de las tres alternativas del artículo 11 literal c) de la Decisión 351, se exigirá como requisito adicional que se “atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor”. En otras palabras, la actuación acusada debe atentar contra el honor, el respeto del autor y la honestidad de su obra.
Sobre el particular, el derecho a la intangibilidad consiste en impedir que se altere, se modifique, se deteriore, se mutile o se destruya la obra, a fin de evitar un grave e injusto perjuicio a los intereses morales del autor, independientemente de los derechos patrimoniales. A través del citado derecho se intenta respetar la integridad de la obra. Sin embargo, el autor tiene la facultad para modificar su propia creación, la cual subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales.
El principio de integridad de la obra llamado también “derecho al respeto” faculta al autor para oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra, que atente contra el decoro de la misma, la demerite o perjudique el honor o la reputación del autor. Este derecho se fundamenta en el respeto que se debe a la personalidad del autor como creador de la obra, en cuya expresión creativa se refleja o plasma esa personalidad.
El derecho de integridad atañe también a las condiciones técnicas en que se efectúa la explotación económica, cualquiera que sea el medio empleado, por lo que el editor, el empresario, el productor o quien realice la explotación de la obra, debe hacerlo asegurando que se resguarde el derecho moral del autor5. El autor tiene derecho a que su pensamiento no sea modificado, a fin de que el producto de su actividad intelectual sea comunicado en su auténtica expresión.
El principio de integridad de la obra, al formar parte de los derechos morales del autor, determina que dichos derechos sean independientes de los derechos patrimoniales de que goce el autor y que serán conservados por el autor, incluso en los casos en los que haya cedido sus derechos patrimoniales6.
Por lo expuesto, la Corte Consultante deberá analizar de manera objetiva las modificaciones, y si las mismas atentan contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Como se mencionó, es un requisito adicional que exista un atentado contra el decoro de la obra o la reputación del autor.