Source: http://www.isipedia.com/derecho/grado-en-derecho/derecho-del-trabajo/fuentes-del-derecho-del-trabajo-y-su-articulacion
Timestamp: 2019-02-20 07:27:04
Document Index: 90915534

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 10', 'artículo 19']

Fuentes del Derecho del Trabajo y su articulación - Isipedia
1 La Constitución Española
1.1 La supremacía de la CE y su no incompatibilidad con primacía del derecho de la UE
1.2 Algunas consecuencias de la supremacía de la CE. Recurso y cuestión de inconstitucionalidad
1.3 La CE establece reserva de ley para la regulación de los derechos y libertades constitucionales y del Estatuto de los Trabajadores
1.4 El contenido laboral de la CE: reseña
1.4.1 Estado social y democrático de Derecho
1.4.2 Unidad de la Nación española y autonomía de las nacionalidades y regiones
1.4.3 Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como organizaciones de relevancia constitucional
1.4.4 La promoción de la igualdad real y efectiva
1.4.5 El fundamento del orden político y de la paz social y la interpretación de las normas relativas a los derechos y libertades constitucionales
1.4.6 Los derechos de los extranjeros
1.4.7 Derecho a la igualdad y no discriminación y derechos fundamentales y libertades públicas
1.4.8 El resto de derechos constitucionales y los principios rectores de la política social económica
1.5 La distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas
2 El Derecho de la Unión Europea
2.1 Primacía del derecho de la Unión Europea y su efecto directo. Derecho originario y Derecho derivado. El incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
2.1.1 Los Tratados y el Derecho de la Unión Europea: primacía, efecto directo y principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad
2.1.2 Derecho originario y Derecho derivado: el efecto directo (vertical y horizontal) de las Directivas y responsabilidades y consecuencias de su incumplimiento
2.2 Las instituciones de la Unión Europea, función legislativa, negociación colectiva europea y reglamentos y directivas
2.2.1 Las instituciones de la UE
2.2.2 La función legislativa y la negociación colectiva europea
2.2.3 Reglamentos y Directivas
2.3 El Derecho social de la UE
2.3.1 Igualdad, especialmente entre mujeres y hombres, pleno empleo y cohesión social
2.3.2 Libre circulación de trabajadores
2.3.3 Política social
2.3.4 Reglamentos y Directivas en materia social
3 El Derecho social internacional
3.1 Las "razones" de la aparición del derecho social internacional y el artículo 10.2 CE
3.2 La incorporación de los tratados internacionales al OJ interno, supremacía de la CE y la llamada "supralegalidad" de las normas internacionales
3.3 Naciones Unidas: la declaración universal de derechos humanos de 1948, los pactos de 1966 y el control de su cumplimiento
3.4 El Derecho social europeo del Consejo de Europa: el convenio de Roma, la carta social europea y el control de su cumplimiento (Tribunal Europeo de Derechos Humanos)
3.5 La Organización Internacional de Trabajo, sus convenios y sus instrumentos de control
3.5.1 La creación de la OIT, Estados miembros y el tripartidismo como "seña de identidad"
3.5.2 Composición y estructura
3.5.3 Convenios, Recomendaciones, su incorporación al Derecho interno, el control de su cumplimiento y su crisis, singularmente en el ámbito de la UE
La supremacía de la CE y su no incompatibilidad con primacía del derecho de la UE
La CE es la fuente primera y por antonomasia respecto de todas las demás fuentes. Las Leyes han de ajustarse a la CE. De ahí la existencia el TC y de ahí la existencia del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad.
El TC ha establecido que la primacía del Derecho de la UE no es incompatible con el principio de supremacía de la CE.
La CE es la norma suprema del OJ, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes han de interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos.
La CE autoafirmó su valor normativo de forma terminante estableciendo la derogación de cuantas disposiciones se opusieran a ella. Sin embargo, por tener el TC la competencia exclusiva de declarar la inconstitucionalidad de las normas con rango de Ley, cuando un órgano judicial considere que una Ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la CE, ha de plantear la cuestión ante el TC, sin que el órgano judicial pueda dejar de aplicar esa norma sin elevar la cuestión de inconstitucionalidad.
La CE establece, de un lado, que los derechos fundamentales y libertades públicas han de regularse y desarrollarse por leyes orgánicas. Y de otro, que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del título I de la CE han de regularse por ley ordinaria.
Adicionalmente, la CE establece que "la ley regulará un estatuto de los trabajadores".
La CE tiene un alto y rico contenido laboral toda vez que la CE establece que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su OJ la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". (artículo 1.1 CE).
Unidad de la Nación española y autonomía de las nacionalidades y regiones
La CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. (artículo 2 CE).
Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como organizaciones de relevancia constitucional
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la CE y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. (artículo 7 CE).
La promoción de la igualdad real y efectiva
La CE establece que "corresponde a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". (artículo 9.2 CE).
Este compromiso tiene gran importancia en las relaciones laborales habida cuenta su asimetría y la configuración del ordenamiento laboral como compensador e igualador de las desigualdades fundamentales. Baste dos ejemplos: por un lado, el derecho de huelga, y por otro, la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El fundamento del orden político y de la paz social y la interpretación de las normas relativas a los derechos y libertades constitucionales
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derecho de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. (artículo 10.1 CE).
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la CE reconoce, se interpretarán de conformidad con la DUDH y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. (artículo 10.2 CE).
Los derechos de los extranjeros
Los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. (artículo 13.1 CE).
La posición jurídica de los extranjeros no está, así, desconstitucionalizada, lo que lógicamente supone límites al legislador. Hay que tener en cuenta, además, que los extranjeros nacionales de países miembros de la UE tienen los mismos derechos que los españoles, salvo eventuales períodos transitorios. Lo que sigue se aplica, por tanto, únicamente a los extranjeros no nacionales de países de la UE.
Los derechos de los extranjeros se pueden clasificar conforme a la siguiente trilogía: Existen derechos, en primer lugar, que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos. Son los derechos de la "persona humana" e inherentes a la "dignidad de la persona". Existen derechos, en segundo lugar, que no pertenecen a los extranjeros no comunitarios, como por ejemplo los derechos electorales. Finalmente, existen derechos que pertenecerán o no a los extranjeros según lo que dispongan los tratados y las leyes, siendo admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio.
En materia de acceso al trabajo no resulta constitucionalmente exigible la igualdad de trato entre los españoles y los extranjeros. Y, en efecto, el derecho al trabajo se condiciona a la exigencia de una autorización administrativa previa para residir y trabajar. Pero, una vez producida la contratación, sí existe igualdad de trato entre nacionales y extranjeros respecto de la titularidad y ejercicio de los derechos laborales.
Derecho a la igualdad y no discriminación y derechos fundamentales y libertades públicas
Estos derechos se estudian más ampliamente en otros temas de la asignatura.
El resto de derechos constitucionales y los principios rectores de la política social económica
La distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas
El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación laboral, correspondiendo a las CCAA la ejecución de dicha legislación, si han asumido dicha competencia en sus Estatutos de Autonomía. Ahora bien, las CCAA, dentro de su competencia de ejecución de las leyes, tienen competencia para dictar reglamentos internos de organización de los servicios.
El concepto de "legislación laboral" ha sido interpretado de manera estricta por la jurisprudencia constitucional, como referido al trabajo por cuenta y dependencia ajena. Esta acepción ha permitido que las CCAA legislaran, por ejemplo, en materias como política de empleo.
Primacía del derecho de la Unión Europea y su efecto directo. Derecho originario y Derecho derivado. El incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
Los Tratados y el Derecho de la Unión Europea: primacía, efecto directo y principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad
Desde la perspectiva de las fuentes, el Derecho de la UE tiene primacía y efecto directo sobre el Derecho de los Estados miembros de la Unión. Esa primacía no es incompatible con la supremacía de la CE. En todo caso, el Derecho de la UE es un ordenamiento propio y autónomo respecto del Derecho interno de los Estados miembros.
La UE se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
El artículo 3 TUE fija los objetivos de la UE. La UE reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
La UE y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores, de 1989, tienen como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones. (artículo 151 TFUE).
La delimitación de las competencias de la UE se rige por el principio de atribución (la UE actúa dentro de los límites de las competencias atribuidas), de manera que toda competencia no atribuida a la UE en los Tratados corresponde a los Estados miembros. El ejercicio de las competencias de la UE se rige por los principios de subsidiariedad (la UE interviene sólo cuando no se alcanzan los objetivos) y proporcionalidad (la acción de la UE no excederá lo necesario para alcanzar los objetivos).
Existen ámbitos de competencias exclusivas de la UE y ámbitos de competencias compartidas. La política social, al igual que la libre circulación de trabajadores ligada al mercado interior, son ámbitos de competencia compartida. En materia de política económica y de empleo se instaura el llamado método abierto de coordinación.
Derecho originario y Derecho derivado: el efecto directo (vertical y horizontal) de las Directivas y responsabilidades y consecuencias de su incumplimiento
El Derecho originario de la UE está constituido por los Tratados: TUE y TFUE. El Derecho derivado, constituido por los Reglamentos y las Directivas, es el que aprueban las propias instituciones de la UE, a las que más adelante se hará referencia, y por los procedimientos legislativos que también serán mencionados.
La primacía del Derecho de la UE conduce a su aplicación preferente sobre las normas del Derecho interno de los Estados miembros.
El efecto directo significa que las normas del Derecho de la UE producen efectos desde su entrada en vigor y durante todo el tiempo al que se extienda su vigencia de manera uniforme en todos los Estados miembros.
Las instituciones de la Unión Europea, función legislativa, negociación colectiva europea y reglamentos y directivas
Las principales instituciones de la UE son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea y el TJUE. De entre los órganos consultivos hay que citar al Comité Económico y Social (CES) y al Comité de las Regiones (CR).
La función legislativa y la negociación colectiva europea
El parlamento Europeo y el Consejo ejercen conjuntamente la función legislativa, si bien los actos legislativos de la UE sólo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
En materia político social, antes de presentar propuestas, la Comisión ha de consultar a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción de la UE. Si la estimase conveniente, ha de consultar a los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta contemplada. Los interlocutores remiten a la Comisión un dictamen o una recomendación. Con ocasión de las consultas, los interlocutores pueden informar a la Comisión sobre su voluntad de iniciar el proceso para el establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos incluidos. Proceso que no puede exceder de 9 meses, salvo que los interlocutores decidan prolongarlo de común acuerdo con la Comisión.
La negociación colectiva europea puede ser, así, no solo un medio de incorporación de Directivas, sino que, a su vez, las Directivas incorporan y tienen por objeto aplicar acuerdos colectivos adoptados por los interlocutores sociales europeos.
Para ejercer las competencias de la UE, sus instituciones adoptan Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes. El Reglamento tiene un alcance general, es obligatorio y directamente aplicable en cada Estado miembro. Los Reglamentos no requieren de normas nacionales de incorporación al Derecho interno y se publican en el Diario Oficial de la UE. La Directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
El Derecho social de la UE
Igualdad, especialmente entre mujeres y hombres, pleno empleo y cohesión social
Entre los valores y objetivos de la UE destacan el principio de igualdad entre mujeres y hombres, la economía social de mercado altamente competitiva tendente al pleno empleo y al progreso social y, en fin, la cohesión social.
La libre circulación de los trabajadores está asegurada dentro de la UE. Supone la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. Esto implica: responder a ofertas efectivas de trabajo; desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros; residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al empleo de los trabajadores nacionales; permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de la Comisión.
A fin de garantizar la libre circulación de trabajadores, los Tratados obligan a que en materia de SS exista un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a sus derechohabientes: la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de éstas; y el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados miembros.
Los objetivos de la política social de la UE y los Estados miembros y el papel del diálogo social y de los interlocutores sociales
La UE y los Estados miembros tienen como objetivo "el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones". (artículo 151 TFUE).
La UE reconoce y promueve el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales, y facilitará el diálogo entre ellos, dentro del respeto de su autonomía.
Los ámbitos en los que la UE completa y apoya la acción de los Estados miembros especialmente a través de Directivas
Para la consecución de los objetivos de la política social, la UE apoya y completa la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:
La mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores
La SS y la protección social de los trabajadores
La protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral
La información y la consulta a los trabajadores
La representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión
Las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la UE
La igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en mercado laboral y al trato en el trabajo
La lucha contra la exclusión social
Con la finalidad de apoyar y completar la acción de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el Consejo tienen dos opciones:
Pueden adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y evaluar experiencias "con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros".
Pueden adoptar, en los ámbitos mencionados, mediante Directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones técnicas existentes en cada Estado miembro.
Las remuneraciones, el derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga y el derecho de cierre patronal son ámbitos en los que la UE no apoya ni completa las acciones de los Estados miembros, y en los que el Parlamento Europeo y el Consejo no pueden adoptar Directivas y está excluida la armonización de las disposiciones legales de los Estados miembros. Ahora bien, con el fin de alcanzar los objetivos de política social, la Comisión fomenta la "colaboración" entre los Estados miembros y facilita la "coordinación" de sus acciones en los ámbitos de la política social.
Reglamentos y Directivas en materia social
Las "razones" de la aparición del derecho social internacional y el artículo 10.2 CE
Los Tratados y Convenios emanados de la ONU y del Consejo de Europa sólo forman parte de nuestro ordenamiento una vez publicados oficialmente en España, lo que no es el caso de ese ordenamiento autónomo y completo que constituye el Derecho comunitario.
La llamada "cuestión social" excede rápidamente las fronteras de los Estados y el movimiento obrero se internacionaliza, lo que se considera imprescindible para conseguir el objetivo emancipador. La necesidad de establecer condiciones de trabajo más tolerables, como vía de preservar y asegurar la evolución pacífica de la sociedad se encuentran así en el origen no sólo de la norma laboral nacional sino de la norma laboral internacional.
La incorporación de los tratados internacionales al OJ interno, supremacía de la CE y la llamada "supralegalidad" de las normas internacionales
Naciones Unidas: la declaración universal de derechos humanos de 1948, los pactos de 1966 y el control de su cumplimiento
La Carta de la ONU establece la obligación de promover "niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social", lo que se encomienda "a la Asamblea General y, bajo su autoridad, al Consejo Económico y Social".
Con la finalidad de desarrollar la DUDH de 1948 y de convertir en vinculante su contenido básico, la Asamblea General de la ONU adoptó en 1966 dos importantes Pactos Internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos ratificados por España.
El Derecho social europeo del Consejo de Europa: el convenio de Roma, la carta social europea y el control de su cumplimiento (Tribunal Europeo de Derechos Humanos)
En el seno del Consejo de Europa, creado por el Tratado de Londres de 1949, se han elaborado, en lo que aquí respecta, de un lado, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma en 1950 (Convenio de Roma) y la Carta Social Europea (CSE), firmada en Turín en 1961.
A destacar que ni la Comisión Europea de Derechos Humanos ni el TEDH controlan el cumplimiento de la CSE.
La Organización Internacional de Trabajo, sus convenios y sus instrumentos de control
La creación de la OIT, Estados miembros y el tripartidismo como "seña de identidad"
La OIT nace en el Tratado de Versalles (parte XIII). Plenamente vinculada en su origen a la Sociedad de Naciones, los acontecimientos posteriores (en concreto la segunda Guerra Mundial) conducen a la autonomía de la OIT, plasmada en las reformas de su Constitución de 1945 y 1946. De todas formas, la ONU reconoce a la OIT como "organismo especializado competente para emprender la acción que considere apropiada, de conformidad con su instrumento constitutivo básico, para el cumplimiento de los propósitos expuestos en él".
La OIT, cuya Constitución es de 1919, y de la que forma parte la llamada Declaración de Filadelfia de 1944, asume como principios que el trabajo no es una mercancía, la necesidad de solidaridad internacional entre los pueblos, y la libertad de expresión y de asociación como condiciones indispensables para el progreso continuado.
España se adhirió en su día a la parte XIII del Tratado de Versalles, y con excepción del paréntesis de 1941 a 1956, ha sido y es Estado miembro de la OIT desde entonces.
Un principio estructural de la OIT es su tripartismo. El tripartismo es el principal particularismo institucional de la OIT y una auténtica "seña de identidad".
La OIT se estructura en los siguientes órganos básicos:
La Conferencia General, titular, cabría decir, de la competencia legislativa, por lo que se le ha llamado el "Parlamento Social o Laboral Internacional"
El Consejo de Administración, como órgano ejecutivo
La Oficina Internacional de Trabajo, como órgano técnico y de estudio
Las funciones que lleva a cabo la OIT son:
Asistencia técnica, a través de asesoramiento a Estados miembros mediante expertos, por medio de programas de empleo, de formación profesional, etc., y que se encuentra entre las más importantes de la OIT, incluso con preferencia sobre su tarea normativa.
Organización de conferencias y reuniones internacionales de expertos sobre materias concretas o en específicas zonas geográficas.
Preparación de informes y recopilación de información, que conforman un fondo editorial de notable importancia.
Función normativa de elaboración y aprobación de Convenios y Recomendaciones, que era la tarea más típica de la OIT.
Convenios, Recomendaciones, su incorporación al Derecho interno, el control de su cumplimiento y su crisis, singularmente en el ámbito de la UE
Los Convenios, una vez ratificados por los Estados miembros, crean obligaciones internacionales para éstos. No ocurre así con las Recomendaciones, las cuales únicamente establecen pautas para la evolución normativa interna de cada Estado, señalando los objetivos que la OIT persigue en materias concretas.
En sí mismas y por sí solas, la ratificación y publicación de los Convenios de la OIT no los convierten en normas inmediatamente aplicables, toda vez que con mucha frecuencia no tiene carácter self-executing y requieren medidas adicionales internas. Los Convenios de la OIT suelen remitir no sólo a la legislación, sino también a la negociación colectiva, laudos arbitrales y sentencias judiciales y, más genéricamente, a la práctica nacional.
Por lo demás, y con carácter general, los Convenios de la OIT se configuran como normas mínimas, por lo que no pueden menoscabar disposición alguna que "garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el Convenio o en la Recomendación". (artículo 19.8 Constitución OIT).
Por lo que se refiere al control del cumplimiento de los Convenios de la OIT, los Estados miembros están obligados a presentar memorias periódicas comprensivas de las medidas adoptadas para la ejecución de los Convenios que hayan ratificado.
Un segundo instrumento de control son las reclamaciones que, ante la Oficina, puede presentar cualquier organización profesional contra cualquier Estado miembro, alegando que éste no ha adoptado medidas para el cumplimiento de un Convenio del que sea parte.
Un tercer instrumento de control son las quejas, que sólo puede formular un Estado contra otro siempre que ambos hayan ratificado el Convenio que se considera incumplido.
Junto a los anteriores, la OIT instituye otros procedimientos sobre materias específicas, como ejemplo, el Comité de Libertad Sindical.
Atendiendo a su contenido, los Convenios y Recomendaciones de la OIT se agrupan en tres categorías:
CyR sobre derechos fundamentales: abolición del trabajo forzoso, libertad sindical y eliminación de la discriminación. Se trata de principios esenciales constitutivos de la política social de la OIT que se proyectan sobre toda su actividad y que obligan a todos los Estados miembros por el hecho de su adhesión, sin que su cumplimiento pueda quedar condicionado por el nivel de desarrollo socioeconómico de cada país.
CyR sobre condiciones de trabajo y seguridad social. Conforman la modalidad normativa típica de la OIT, se asientan sobre el principio de norma universal y mínima y reconocen derechos y ordenan políticas sociales destinadas a ponerlos en práctica.
CyR indicativos o programáticos, también llamados promocionales, a través de los cuales la OIT formula políticas sociales, singularmente en los ámbitos de empleo y formación profesional.