Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0127_ES.html
Timestamp: 2019-11-22 13:33:04
Document Index: 21824131

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 287', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 11']

INFORME sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014
Procedimiento : 2015/2206(DEC)
Ciclo relativo al documento : A8-0127/2016
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sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014
– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8 -0267/2015)(2),
– Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas(3),
– Vistas su Decisión, de ..., por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión(5), y su Resolución que contiene las observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,
– Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),
– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0127/2016),
C. Considerando que las observaciones del Parlamento sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas forman parte integrante de la mencionada Decisión del Parlamento, de ..., por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión;
Parte I – Informe Especial n.º 18/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid»
1. Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado a la evaluación de los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados (ROM) de EuropeAid y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
2. Está extremadamente preocupado por la insuficiente fiabilidad de los sistemas de evaluación y ROM de EuropeAid, por el nivel inadecuado de supervisión y seguimiento de la evaluación de los programas y por el hecho de que EuropeAid no pueda garantizar que el personal y los recursos financieros se asignan de modo adecuado y eficiente a las distintas actividades de evaluación;
3. Señala que es indispensable facilitar al Parlamento, como autoridad de control presupuestario, una visión clara de la medida en que se han logrado realmente los principales objetivos de la Unión;
4. Opina que la celebración de audiencias no solo con funcionarios de la Comisión y del SEAE sino también con los beneficiarios y expertos independientes ofrecerán una evaluación más global de la contribución de EuropeAid a los objetivos de la Unión;
5. Recuerda que la información de respuesta externa, objetiva e imparcial sobre el rendimiento de los proyectos y programas de ayuda de la Comisión debería facilitarse como parte del compromiso de la Comisión con el control de calidad;
6. Considera que los resultados de las evaluaciones constituyen elementos clave que deben aportarse a las políticas y al proceso de revisión político, con el fin de ajustar los objetivos políticos estratégicos y aumentar la coherencia global con otras políticas de la UE; a este respecto, opina que es fundamental que las evaluaciones sean independientes, transparentes y públicas;
7. Cree que la inversión en el análisis y agrupación de los resultados procedentes de distintos tipos de evaluaciones no solo proporciona una imagen global de las tendencias, sino que permite extraer lecciones que refuercen en última instancia la eficacia del proceso de evaluación, al tiempo que ofrecen una mejor base de evidencias para la toma de decisiones, la elaboración de las políticas y la continuación de los proyectos existentes en relación con instrumentos de ayuda específicos;
8. Considera que compartir los conocimientos por todos los medios y a través de todas las herramientas es crucial, no solo para desarrollar una cultura de evaluación, sino, principalmente, para fomentar una cultura de actuación eficaz;
9. Anima al Tribunal a examinar todos los mecanismos de financiación de EuropeAid para garantizar que se cumple la relación calidad-precio y que la financiación de la Unión es eficiente a la hora de promover los objetivos y los valores de la Unión; opina que los proyectos financiados por la Unión deben adaptarse a los objetivos políticos de la Unión en los países vecinos, teniendo en cuenta la responsabilidad de los beneficiarios y que el dinero de la Unión es un bien fungible;
10. Respalda las recomendaciones del Tribunal con respecto a los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid;
11. Toma nota de que el Tribunal formula recomendaciones sobre el uso eficiente de los recursos de evaluación y ROM, la priorización y el seguimiento de las evaluaciones, la aplicación de procedimientos de control de calidad, la demostración de los resultados alcanzados y el seguimiento y la divulgación;
12. Considera que EuropeAid debería mantener prácticas adecuadas de gestión de la información y evaluar sus necesidades periódicamente, con el fin de garantizar una asignación informada de los recursos financieros y humanos tras las evaluaciones y ejercicios de ROM de los programas;
13. Considera que, con el fin de garantizar que las evaluaciones realizadas reflejan las prioridades de la organización, EuropeAid debe:
– definir criterios claros de selección para priorizar las evaluaciones de los programas y documentar el modo en que se aplicaron al establecer los planes de evaluación, tomando en consideración la complementariedad con ROM;
– mejorar significativamente su sistema de seguimiento e información respecto de la aplicación de los planes de evaluación, facilitando también un análisis de los motivos de los retrasos y una descripción de las medidas adoptadas para abordarlos;
– reforzar la supervisión general de las actividades de evaluación de los programas por parte de EuropeAid;
14. Considera que, con el fin de garantizar la calidad de las evaluaciones de los programas y el ROM, EuropeAid debería:
– insistir en que las unidades operativas y delegaciones apliquen los requisitos de control de calidad, incluido, en el caso de las evaluaciones de los programas, el uso de un grupo de referencia y documentación de los controles de calidad realizados;
– comprobar periódicamente la aplicación de estos controles;
15. Considera que, con el fin de mejorar la capacidad del sistema de evaluación para facilitar información adecuada sobre los resultados alcanzados, EuropeAid debería:
– aplicar más rigurosamente las disposiciones reglamentarias que exigen el uso de objetivos SMART (específicos, cuantificables, realizables, pertinentes y con fecha determinada) e indicadores verificables;
– modificar el sistema de seguimiento para que continúe facilitando datos sobre los programas, como mínimo, hasta tres años después de su finalización; y
– aumentar significativamente la proporción de evaluaciones ex post de los programas;
Parte II – Informe Especial n.º 22/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado: «Haciendo realidad el principio de economía mediante el control de costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural financiados por la UE»
16. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «Haciendo realidad el principio de economía mediante el control de costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural financiados por la UE»;
 Señala que la política de desarrollo rural de la Unión es la clave del impulso a la competitividad de la agricultura, de la garantía de una gestión sostenible de los recursos naturales y de la promoción de la acción por el clima; destaca la importancia del desarrollo territorial de las economías y comunidades rurales, incluida la creación y el mantenimiento del empleo;
18. Lamenta que la Comisión no proporcionara directrices ni difundiera buenas prácticas al inicio del período de programación 2007-2013, y que no asegurara que los sistemas de control de los Estados miembros fueran eficaces antes de que se iniciase la aprobación de las subvenciones; subraya que, desde 2012, la Comisión ha adoptado un enfoque más activo y coordinado;
19. Observa que se detectaron muchas insuficiencias en el control de los costes de las subvenciones al desarrollo rural por parte de los Estados miembros; señala que la Comisión está de acuerdo en que un mayor control de los costes podría reportar ahorros en las subvenciones de los proyectos de desarrollo rural obteniendo al mismo tiempo el mismo rendimiento, los mismos resultados y logrando los mismos objetivos; se felicita por que se hayan determinado enfoques viables y eficaces y que puedan aplicarse en mayor medida, que la Comisión acepte los resultados del Tribunal y que haya expresado su intención de trabajar junto con los Estados miembros para controlar mejor los costes del desarrollo rural en el período de programación 2014-2020;
 Comparte el punto de vista del Tribunal en el sentido de que la Comisión y los Estados miembros deben controlar al comienzo del nuevo período de programación que los sistemas de control funcionan de modo eficiente y que son eficaces a la luz de los riesgos;
 Resalta que la Comisión debe alentar a los Estados miembros a que utilicen la lista de comprobación y los criterios redactados por el Tribunal y recogidos en el Anexo I(7);
 Destaca que la Comisión y los Estados miembros deben cooperar al objeto de garantizar que los enfoques aplicados en todos los programas de desarrollo rural cumplen los criterios fijados por el Tribunal para evaluar si los sistemas de control dan respuesta a los riesgos de especificaciones excesivas, precios no competitivos y cambios en el proyecto, y si abordan los ámbitos de mayor riesgo; en este proceso habría que incluir una evaluación ex ante de los sistemas de control llevada a cabo por los servicios de auditoría interna (o por otras entidades auditoras o de inspección) de las autoridades de los Estados miembros;
 Considera que los Estados miembros deberían: aplicar en mayor medida aquellos enfoques rentables que ya se hayan determinado; evaluación de los costes con relación a las realizaciones o los resultados esperados, control de los costes estándar que provoquen pagos en exceso, utilización de los precios de mercado reales como precios de referencia para equipos y maquinaria, etc. y no los precios de catálogo de los proveedores, comprobación de que los costes son moderados, incluso si se han seguido los procedimientos de contratación pública, aplicar mayores requisitos y/o controles para las medidas con altos porcentajes de ayuda, etc.;
 Acoge con satisfacción que la Comisión comenzara a proporcionar orientaciones acerca de los controles y las sanciones en el ámbito del desarrollo rural, entre ellas, una sección específica sobre la moderación de los costes y una lista de comprobación para las autoridades de gestión adjunta al Informe Especial; observa que la formación y el intercambio de experiencias constarán entre las actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural para el período 2014-2020;
Parte III – Informe Especial n.º 23/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuáles son sus causas y cómo se están abordando?»
25. Expresa su preocupación por el alto porcentaje de error detectado por el Tribunal en la política de desarrollo rural; observa, no obstante, la ligera tendencia a la baja registrada en los últimos tres años;
26. Reconoce el esfuerzo realizado por los Estados miembros y la Comisión con vistas a reducir los errores en el gasto en desarrollo rural, sobre todo en estos momentos de difícil coyuntura económica y austeridad fiscal;
27. Toma nota de que, sobre la base de las constataciones de auditoría de los Estados miembros y de las suyas propias, la Comisión ha aplicado o está en vías de aplicar medidas correctoras en muchos ámbitos identificados en el Informe Especial del Tribunal;
28. Recuerda que el Tribunal ha afirmado en sus informes anuales que en numerosos casos las autoridades nacionales dispusieron de información suficiente para evitar o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión, lo que habría disminuido el porcentaje de error considerablemente;
29. Observa que, cuanto más sencillas de aplicar sean las normas, menos errores se producirán; expresa su preocupación por que el porcentaje de error pueda aumentar de nuevo en los próximos años, habida cuenta de la complejidad de las nuevas normas de la PAC reformada; pide, por tanto, una simplificación real de la PAC acompañada de orientaciones claras para las autoridades nacionales y los agricultores;
30. Considera que el coste de la gestión y los controles (4 000 millones de euros) para el conjunto de la PAC es considerable y que debe ponerse el énfasis en mejorar la eficiencia de los controles, y no en incrementar la cantidad de los mismos; pide a la Comisión y a los Estados miembros, en este contexto, que se centren en las causas subyacentes a los errores en el gasto en desarrollo rural; considera que los Estados miembros deben, cuando proceda, adoptar las siguientes medidas preventivas y correctoras:
a) Contratación pública
En aplicación del concepto de condicionalidad ex ante, los Estados miembros deben desarrollar y proporcionar directrices pormenorizadas a los beneficiarios sobre el modo de aplicación de las normas de contratación pública;
en este proceso deben participar las autoridades nacionales especializadas en la supervisión del cumplimiento de las normas de contratación pública; se debe hacer hincapié en las tres infracciones más importantes de las normas: adjudicación directa injustificada sin procedimiento de licitación adecuado; mala aplicación de los criterios de selección y adjudicación y falta de igualdad de trato de los licitadores;
b) Elusión deliberada de las normas
Sobre la base de los criterios específicos de subvencionabilidad y selección de sus programas de desarrollo rural, los Estados miembros deben establecer directrices para ayudar a que sus inspectores identifiquen indicios de acciones potencialmente fraudulentas;
c) Ayudas agroambientales
Los Estados miembros deben aumentar el alcance de sus controles administrativos para incluir controles de los compromisos mediante pruebas documentales, que actualmente solo se llevan a cabo en el 5 % de los casos en los que se realizan controles sobre el terreno; asimismo, el sistema de reducciones y sanciones debe diseñarse de manera que tenga un efecto disuasorio significativo sobre los posibles infractores;
31. Solicita a la Comisión que lleve a cabo un estrecho seguimiento de la ejecución de los programas de desarrollo rural y tenga en cuenta en sus auditorías de conformidad las normas vigentes, incluidas si procede las adoptadas a nivel nacional, a fin de reducir el riesgo de repetir insuficiencias y errores detectados durante el período de programación 2007-2013;
32. Considera que sigue habiendo numerosas incoherencias en las metodologías de cálculo del porcentaje de error, no solo entre las empleadas por la Comisión y los Estados miembros, sino también entre las empleadas dentro de los Servicios de la Comisión, lo que hace más difícil la introducción de una normativa nacional adecuada en los Estados miembros; pide a la Comisión que aplique una metodología de cálculo del porcentaje de error uniforme que pueda reflejarse plenamente en las metodologías de los Estados miembros;
33. Respalda un uso más intensivo de los métodos simplificados de costes, cuando proceda, y de conformidad con las disposiciones legislativas, y solicita que la Comisión y los Estados miembros analicen en qué grado se pueden replicar las características de un ámbito más focalizado, unos criterios de subvencionabilidad limitados y el uso de opciones simplificadas de costes en la concepción y ejecución de un mayor número de medidas de ayuda sin comprometer sus objetivos generales;
34. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen cómo mejorar el régimen de apoyo a las inversiones para la transformación de productos agrícolas y que examinen igualmente la medida de ayudas agroambientales a fin de que, en la medida de lo posible, los compromisos puedan supervisarse con los controles administrativos de los Estados miembros;
35. Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis causal pormenorizado de las correlaciones negativas entre la tasa de ejecución financiera y el porcentaje de error;
Parte IV– Informe Especial n.º 24/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Se han gestionado adecuadamente las ayudas de la UE destinadas a la prevención y reparación de los daños causados por incendios y catástrofes naturales en los bosques?»
36. Pide a la Comisión que establezca criterios comunes para identificar la magnitud del riesgo de incendio en los bosques europeos, con el fin de acabar con la definición arbitraria e inconsistente de zonas de riesgo de incendio alto y, con ello, el deficiente proceso de evaluación y selección por parte de los Estados miembros;
37. Insta a los Estados miembros a seleccionar sus acciones preventivas de acuerdo con las necesidades reales de riesgo de incendio y con arreglo a los requisitos de la medida 226, en lugar de otros objetivos medioambientales o económicos; insiste a este respecto en la necesidad de que los beneficiarios demuestren de forma incondicional y documenten con precisión su necesidad de ayuda a tenor de esta medida; destaca la recomendación del Tribunal de que se dé prioridad a las acciones en los bosques más valiosos desde el punto de vista ecológico, como las zonas forestales de Natura 2000;
38. Exige, en vista de las alarmantes conclusiones del Tribunal en relación con los costes medios para acciones similares en diferentes regiones, un límite máximo razonable y verificable para la ayuda, así como una justificación plenamente motivada en caso de cualquier modificación del mismo;
39. Invita a los Estados miembros a coordinar y estructurar mejor sus políticas en materia de incendios forestales; respalda la creación de una plataforma europea para que los beneficiarios compartan y promuevan las mejores prácticas;
40. Lamenta, en particular la conclusión del Tribunal de que las graves deficiencias continuarán en el período 2014-2020, debido al carácter constantemente deficitario del marco de seguimiento; insta a la Comisión a tomar medidas inmediatas para mejorar su sistema de seguimiento y control;
41. Pide a la Comisión que apoye la presentación de datos armonizados sobre el papel multifuncional de los bosques y recursos forestales, apoyando la creación de un Sistema de Información Forestal para Europa basado en datos nacionales y su integración en una plataforma de datos europea;
42. Insiste además en que los Estados miembros deben establecer un sólido sistema de control que incluya la conservación de los documentos y la información pertinentes; pide, a este respecto, a la Comisión que garantice que la ayuda únicamente se otorga una vez que los Estados miembros hayan establecido un sistema de control apropiado y revisable de este tipo;
43. Invita a los Estados miembros a que informen periódicamente sobre los efectos de las acciones llevadas a cabo y las reducciones del número de incendios o catástrofes naturales, así como de las zonas que han sufrido daños;
Parte V – Informe Especial n.º 1/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin mejoras significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001»
44. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin mejoras significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001» y hace suyas sus constataciones, conclusiones y recomendaciones;
45. Toma nota de que el sector del transporte de la Unión resulta crucial para la realización del mercado único, la competitividad de las pymes y el crecimiento económico global en Europa;
46. Concluye que el modo de transporte basado en las vías navegables interiores se desarrolla a un ritmo inferior al del transporte por carretera y del ferroviario, a pesar de una década de inversiones; insta a un incremento significativo de los esfuerzos de la Comisión y los Estados miembros;
47. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen la hoja de ruta para la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector de la navegación interior tal y como hacen en otros sectores y a que incluyan infraestructuras y equipos portuarios en este esfuerzo, con vistas a garantizar la compatibilidad de los avances técnicos con las exigencias de otros modos de transporte, asegurando así el transporte multimodal.
48. Considera que la realización los objetivos fijados en el Libro Blanco de 2001, en su evaluación intermedia de 2006 y en los programas NAIA–DES (Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables) de 2006 y 2013, no resultó suficiente en parte debido a la falta de compromiso por parte de los Estados miembros;
49. Observa que ha disminuido el interés de los Estados miembros en invertir en una política comunitaria de transportes y que prefieren financiar proyectos de carácter nacional regional y local, y que los procedimientos de selección de proyectos están descentralizados, lo que impide a la Comisión establecer prioridades entre los proyectos elegibles;
50. Subraya que los Estados miembros se han comprometido legalmente a facilitar una financiación nacional para poner en práctica la red básica de modo que las vías navegables europeas de importancia estratégica se transformen en corredores de transporte de gran capacidad;
51. Observa que el papel de coordinadora estratégica de la Comisión se ha debilitado, lo que se ha traducido en un desajuste entre los proyectos llevados a cabo y las prioridades a nivel de la UE;
52. Llama la atención sobre el hecho de que las investigaciones realizadas sobre la base de los informes especiales(8) del Tribunal permiten afirmar que se pueden extraer conclusiones similares a las referidas a las vías navegables en relación con otros ámbitos del transporte financiados por el presupuesto de la Unión; observa que, en estos ámbitos del transporte público urbano y la infraestructura aeroportuaria, los proyectos a menudo adolecen de:
a) un escaso valor añadido tras su puesta en práctica;
b) una valoración inadecuada de los resultados;
c) un énfasis insuficiente en la relación coste-eficacia;
d) una falta de evaluaciones de impacto;
e) planes regionales, nacionales y supranacionales incoherentes;
f) una infrautilización de la infraestructura, lo que disminuye su efecto global;
g) falta de sostenibilidad;
h) deficiencias en el diseño del proyecto y en la política de movilidad;
i) una falta de una verdadera política de movilidad;
j) una cooperación difícil entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros;
53. Considera que las conclusiones mencionadas anteriormente, así como las observaciones relativas al transporte por vías navegables interiores, se refieren a cuestiones horizontales comunes a toda la Unión; que los resultados de la financiación de la Unión destinada al transporte en general se debilitan por la falta de planificación estratégica y la falta de coherencia, resultados sostenibles, eficiencia y eficacia;
54. Considera posible obtener resultados sostenibles en este ámbito a través de una intensa cooperación entre los Estados miembros, por una parte, y los Estados miembros y la Comisión, por otra, para asegurar el desarrollo de la navegación interior;
55. Recomienda que la Comisión y los Estados miembros presten la mayor atención a los compromisos comunes porque el sector del transporte de la Unión funciona en un entorno complejo de variables económicas, políticas y jurídicas en las que el establecimiento de redes multimodales se encuentra con obstáculos y limitaciones derivadas de prioridades divergentes y compromisos incoherentes;
56. Recomienda que los Estados miembros se centren en proyectos de vías navegables interiores que estén directamente relacionados con los corredores de la red básica con el fin de lograr el mayor impacto y los beneficios más inmediatos para la mejora del transporte por vías navegables interiores;
57. Recomienda que se aplique el principio de «menos es más» cuando los Estados miembros inviertan en el transporte por vías navegables: los recursos limitados de la Unión deben centrarse en los proyectos de máxima prioridad con el fin de eliminar eficazmente los cuellos de botella y establecer una red integrada de vías navegables a escala de la Unión;
58. Recomienda que los Estados miembros consideren el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(9) (el Reglamento RTE-T) y el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(10) (Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar Europa») como herramientas esenciales en la racionalización de los proyectos con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la Comisión desde 2001;
59. Recomienda que el instrumento RTE-T y el Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar Europa» se utilicen intensamente como una oportunidad para la inversión, prestando una atención especial a los corredores de la Unión de importancia estratégica (una red principal de carácter global) con requisitos específicos normalizados en materia de infraestructura específicos aplicables a la red en su totalidad y con plazos jurídicamente vinculantes para la ejecución del proyecto;
60. Recomienda que se adopten unos enfoques y una planificación estratégicos profundos en aras de la sincronización de la financiación del FEIE, del RTE-T y del Mecanismo «Conectar Europa» para alcanzar de forma eficaz y eficiente los objetivos en materia de transporte por vías navegables interiores;
61. Recomienda que considere que la creación de centros de transporte intermodal a lo largo de la red básica es un factor habilitador clave en el contexto de la transferencia desde el transporte de bienes y mercancías de las carreteras hacia las vías navegables interiores;
62. Recomienda que los Estados miembros tengan en cuenta el papel de la Comisión en el ámbito de la coordinación cuando se trate de proyectos estratégicos a largo plazo, como los corredores de la red básica;
63. Recomienda que la Comisión identifique y analice todas las cuestiones horizontales, prestando una atención especial a la planificación y a la cooperación estratégicas con los Estados miembros y entre ellos, y a la selección y ejecución de proyectos, con el fin de permitir que las conclusiones se tengan en cuenta en el período de programación actual;
64. Considera que la Comisión debe prestar asistencia técnica y orientación intensivas a los Estados miembros antes de presentar propuestas de proyectos y durante toda la fase de ejecución con el fin de eliminar los obstáculos al transporte por vías navegables que haya detectado;
65. Recomienda que la Comisión centre su financiación en aquellos proyectos que tengan mayor relevancia para el transporte por vías navegables interiores y que presente planes de carácter global para eliminar los cuellos de botella;
66. Recomienda que la Comisión financie con carácter prioritario los proyectos e iniciativas en los Estados miembros que tengan como objetivo la mejora del transporte por vías navegables mediante soluciones innovadoras, como la navegación de alta tecnología, los combustibles alternativos y los buques eficaces; considera que la Comisión debería también fomentar programas multilaterales de intercambio de conocimientos y de conocimientos especializados a nivel europeo y entre los diferentes puertos de la Unión;
67. Recomienda que la Comisión mejore el grado de conocimiento entre los Estados miembros y sus regiones de los instrumentos de financiación disponibles en apoyo del transporte por vías navegables interiores con miras a la eliminación de los cuellos de botella existentes en los principales corredores;
68. Considera que debe mejorarse significativamente la coordinación entre los Estados miembros en relación con el desarrollo del transporte por vías navegables interiores mediante la facilitación y compromisos y condiciones de mayor carácter vinculante, lo que dotará de un marco al trabajo relativo a los corredores multimodales de la red básica creados por el Mecanismo «Conectar Europa» y el Reglamento RTE-T;
69. Considera que la Comisión debe negociar acciones específicas y viables para eliminar los cuellos de botella, que deberán obtener el acuerdo de los Estados miembros en forma de un calendario de ejecución;
70. Pide a la Comisión que actualice sus objetivos estratégicos y sus recomendaciones para las vías de navegación interior y que presente una propuesta de estrategia y de plan de acción para las vías de navegación interior de la Unión para 2020 y en adelante;
71. Recomienda que la evaluación ex ante de las operaciones realizada por la Comisión en relación con el transporte por vías navegables interiores evalúe los resultados en el contexto de los objetivos generales establecidos desde 2001 y de la realización de la red básica;
Parte VI – Informe Especial n.º 2/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Financiación de la UE de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en la cuenca del río Danubio: se precisan esfuerzos adicionales para ayudar a los Estados miembros a lograr los objetivos de la política europea de aguas residuales»
72. Considera que debe exigirse un informe sobre la adecuación del tratamiento de aguas residuales para las aglomeraciones de menos de 2 000 equivalentes habitante que disponen de sistemas de recogida teniendo en cuenta los requisitos del artículo 7 de la Directiva 91/271/CEE(11) del Consejo (sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, Directiva TARU); observa que, para las aglomeraciones en las que no existan sistemas de recogida, los informes deben contener información sobre si se han incluido las medidas adecuadas en los planes hidrológicos de cuenca;
 Está de acuerdo con el Tribunal en que la Comisión debe auditar los informes de los Estados miembros acerca del número de aglomeraciones por encima y por debajo de los 2 000 equivalentes habitante si se producen cambios significativos, en especial de una categoría a otra;
 Destaca la necesidad de animar a los Estados miembros a fijar para los hogares obligaciones jurídicas claras de conexión a las redes de alcantarillado existentes si tales obligaciones no existen o están vinculados a plazos vagos;
 Observa que debe acortarse el tiempo necesario para evaluar la adecuación con la Directiva TARU exigiendo a los Estados miembros que presenten los datos en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de referencia de la Comisión; señala asimismo que la Comisión debe detectar otros casos de períodos de presentación de informe demasiado extensos en el marco de otras directivas relativas al medio ambiente;
 Insiste en la necesidad de acelerar la absorción de fondos de la Unión en el ámbito de las aguas residuales por parte de los Estados miembros, ya que se detectaron retrasos para algunos Estados miembros incluidos en el informe y la absorción de los fondos de la Unión ha sido lenta; pide a la Comisión que facilite ayuda técnica, jurídica y administrativa a los beneficiarios a fin de garantizar que se completan los proyectos en curso a su debido tiempo;
 Señala que la Comisión reconoce que el índice de absorción a finales de 2013 de todos los Estados miembros afectados era muy bajo, lo que explica la existencia de un riesgo de desvinculación respecto a los programas (artículo 93 del Reglamento del Consejo (CE) n.º 1083/2006)(12); destaca, no obstante, que existen razones objetivas para ello, como la necesidad de reforzar la capacidad técnica, jurídica y administrativa de los Estados miembros en cuestión; observa, asimismo, que la Comisión indica que los pagos para la mayor parte de los proyectos se producen normalmente en el último año de ejecución (es decir, 2014 y 2015 para el período de programación 2007-2013);
 Considera que debe exigirse a los Estados miembros que presenten información actualizada sobre el importe de los fondos adicionales que necesitarán para garantizar que se logren los plazos de ejecución definidos en la Directiva TARU, tanto para las aglomeraciones de más de 2 000 equivalentes habitante como para las de menos de 2 000 equivalentes habitante que disponen de sistemas de recogida; celebra la introducción del Marco estructurado de aplicación e información (SIIF, por sus siglas en inglés), instrumento de notificación que debería mejorar el proceso de presentación de informes en el ámbito nacional;
 Destaca la necesidad de llevar a cabo los proyectos necesarios en los Estados miembros a fin de garantizar que las aglomeraciones que aún no lo hagan cumplan con los requisitos de la Directiva TARU;
 Hace hincapié en la necesidad de mejorar el comportamiento medioambiental de los servicios del agua financiados por la Unión, y que la Comisión haga mayores esfuerzos para supervisar la ejecución de la legislación al respecto y hacer que se cumplan los plazos para la realización de los objetivos de la Directiva TARU; considera que debe garantizarse una protección equivalente del medio ambiente en toda la Unión;
 Considera que debe animarse a los Estados miembros a estudiar y difundir información sobre las posibilidades de economizar costes, por ejemplo aprovechando el potencial de producción de energía de los lodos de depuradora o utilizando los lodos de depuradora como materias primas valiosas para la recuperación de fósforo;
 Observa que los pagos finales para los «grandes proyectos» aprobados en el marco de un programa operativo deben condicionarse a la existencia de una solución adecuada para reutilizar los lodos de depuradora; anima a los Estados miembros a seguir el mismo enfoque para los proyectos aprobados en el ámbito nacional;
 Insta a los Estados miembros a que apliquen una política responsable de tarifas de aguas residuales y a que adapten, cuando proceda, las disposiciones jurídicas en el ámbito de la tarificación del agua para evitar tarifas inferiores al coeficiente de asequibilidad del 4 % comúnmente aceptado;
 Anima a los Estados miembros a velar por que los propietarios públicos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, como los municipios, garanticen que dispondrán de fondos suficientes para el mantenimiento y la renovación necesarios de las infraestructuras de aguas residuales;
Parte VII – Informe Especial n.º 3/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Garantía Juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»
85. Acoge favorablemente el Informe Especial n.° 3/2015 del Tribunal, titulado «Garantía Juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos» y respalda sus recomendaciones;
86. Observa que el Tribunal está efectuando una evaluación intermedia de la iniciativa y celebra la ambición del Tribunal a la hora de empezar a valorar el uso de los fondos de la Unión en una fase temprana;
87. Subraya que la Garantía Juvenil es un aspecto esencial de la respuesta al desempleo de los jóvenes; acoge con satisfacción que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión hayan decidido destinar 6 400 millones de euros de los fondos de la Unión (3 200 millones de euros del Fondo Social Europeo y 3 200 millones de euros procedentes de una nueva línea presupuestaria) a la Garantía Juvenil; señala que, si bien ello constituye un buen comienzo, no resulta suficiente para que la Garantía Juvenil sea un éxito; pide por tanto a la Comisión que vele por que se encuentren más fondos para apoyar la Garantía Juvenil a lo largo del período de siete años;
88. Señala que la financiación para el empleo juvenil incluye los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) así como instrumentos como Erasmus+, Erasmus para Emprendedores y otros programas; subraya que debe lograrse una sinergia mejor entre todas las fuentes disponibles;
89. Considera que la financiación de la Garantía Juvenil es sumamente compleja al contar con varias opciones de financiación a través del Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ); pide a la Comisión que facilite orientación a las autoridades de los Estados miembros teniendo debidamente en cuenta que las autoridades locales, regionales y nacionales se enfrentan a retos diferentes a la hora de llevar esta iniciativa a la práctica y, por consiguiente, necesitan directrices específicas;
90. Opina que la Comisión ha destinado importantes recursos para garantizar que esta medida sea eficaz para luchar contra el desempleo juvenil; lamenta, sin embargo, que se haya puesto mucha menos energía a la hora de coordinar su aplicación por parte de los Estados miembros;
91. Señala que no solo la disponibilidad de financiación, sino también una utilización satisfactoria de los fondos son condiciones necesarias para la aplicación eficaz de la Garantía Juvenil; lamenta por tanto que, en varias regiones de Europa, el índice de utilización del FSE sea muy bajo; pide a los Estados miembros que faciliten los recursos administrativos y humanos necesarios para la utilización de los fondos asignados con miras a la aplicación satisfactoria de la Garantía Juvenil;
92. Considera que, a pesar de la necesidad de mejorar la capacidad de utilización, los Estados miembros deben centrarse también en los resultados a la hora de llevar esta iniciativa a la práctica, al igual que la Comisión, a través de su papel de supervisión, con objeto de garantizar los efectos a largo plazo de los fondos invertidos;
93. Pide a la Comisión que elabore un sistema global de supervisión que abarque una serie de normas para evaluar la aplicación de las medidas de la Garantía Juvenil y su eficiencia en los Estados miembros; pide asimismo a la Comisión que examine la posibilidad de incluir objetivos obligatorios para la lucha contra el desempleo juvenil en el marco del Semestre Europeo;
94. Considera fundamental combinar la aplicación eficaz de los fondos disponibles por parte de los Estados miembros con una máxima asistencia por parte de la Comisión para subsanar las deficiencias de aplicación;
95. Señala que la Unión no dispone de competencias vinculantes en lo que respecta a las políticas activas del mercado laboral, pero destaca la necesidad de que la Comisión ofrezca a los Estados miembros ejemplos de buenas prácticas sobre la manera de aplicar la Garantía Juvenil, en particular las prácticas seleccionadas por la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo;
96. Insta a los Estados miembros a que utilicen la financiación de la Unión y se comprometan a realizar reformas destinadas a subsanar las deficiencias en educación, competencias profesionales, creación de asociaciones público-privadas y mejora de los servicios de empleo y su accesibilidad;
97. Pide a los Estados miembros que, con objeto de garantizar una aplicación adecuada y un impacto positivo a largo plazo, acometan los cambios institucionales que resulten necesarios y fomenten la cooperación entre las entidades locales, las autoridades educativas, los servicios públicos de empleo, la industria y el comercio locales, los sindicatos y las asociaciones juveniles; considera esencial lograr una mejor planificación de la capacidad y una utilización estratégica de las diversas fuentes de financiación disponibles, orientada hacia la obtención de resultados;
98. Recuerda a los Estados miembros que deben comprometerse a aumentar la financiación nacional para completar los créditos del FSE y de la Iniciativa de Empleo Juvenil en aras de garantizar la necesaria incentivación del empleo juvenil;
99. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(13) relativo al Fondo Social Europeo, a favor de un aumento del importe de la prefinanciación inicial abonada a los programas operativos apoyados por la IEJ, aumentando así la prefinanciación inicial en 2015 de aproximadamente un 1 % a un 30 % para la asignación destinada a la IEJ; señala que la Comisión debe comprometerse a abonar el importe de prefinanciación a los Estados miembros inmediatamente después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo, con objeto de permitir una rápida ejecución de los programas operativos apoyados por la IEJ;
100. Pide a la Comisión que elabore un plan de seguimiento global que incluya el marco de indicadores para el seguimiento de la Garantía Juvenil junto con los indicadores de resultados previstos, centrándose en los resultados y evaluando la situación laboral de las personas que se hayan beneficiado de las medidas de empleo juvenil;
101. Considera que las políticas del mercado laboral en relación con la oferta deben considerarse conjuntamente con las políticas de educación, juventud y bienestar y un contexto macroeconómico más amplio;
102. Observa que el informe anual 2016 de la Comisión sobre la ejecución de la Garantía Juvenil y los próximos informes especiales del Tribunal relativos al empleo juvenil constituyen una excelente oportunidad para abordar las deficiencias existentes, tanto a escala de la Comisión como en el ámbito local, regional y nacional;
Parte VIII – Informe Especial n.º 4/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Asistencia técnica: ¿cuál ha sido su contribución a la agricultura y el desarrollo rural?»
103. Pide a la Comisión que aclare el alcance y la aplicación de la asistencia técnica a los Estados miembros en el ámbito del desarrollo rural; considera que, en particular, la Comisión debería aclarar la distinción entre gastos operativos / de «creación de capacidades» y administrativos / de «apoyo presupuestario» subvencionables (en particular los salarios);
104. Pide a la Comisión que vigile de cerca la aplicación de la asistencia técnica por parte de los Estados miembros;
105. Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para garantizar que gastos administrativos generales como el mantenimiento informático periódico no se imputen a las líneas presupuestarias de asistencia técnica;
106. Pide a la Comisión que solicite, en el futuro, a los Estados miembros que informen de los gastos administrativos / de «apoyo presupuestario» para el desarrollo rural por separado, para dar mayor transparencia al hecho de que parte de la financiación de asistencia técnica se destina a dicho apoyo;
107. Pide a la Comisión que establezca con los Estados miembros un marco de resultados adecuado para la financiación de la asistencia técnica; considera que, en particular, tendrían que evaluarse correctamente las necesidades de la Comisión y los Estados miembros en este ámbito y habría que implantar un mecanismo para fijar objetivos y evaluar los progresos realizados para su consecución;
Parte IX – Informe Especial n.º 5/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Son los instrumentos financieros una herramienta eficaz y prometedora en el ámbito del desarrollo rural?»
108. Solicita a la Comisión que identifique los desafíos, las características específicas y los obstáculos existentes en el ámbito del desarrollo rural con el fin de animar a los Estados miembros a establecer y evaluar mejor las exigencias presupuestarias en relación con los instrumentos financieros y evitar la sobrecapitalización, que compromete fondos sin contribuir a la puesta en práctica de las políticas de la Unión; solicita asimismo que se facilite el acceso de los beneficiarios finales con el fin de permitir una aplicación más activa de los instrumentos financieros a nivel regional, en particular con respecto a las subvenciones;
109. Solicita que los Estados miembros proporcionen información cuantificable fiable que permita determinar el tipo apropiado de fondos y la asignación consecuente de los recursos financieros; solicita asimismo que la Comisión y los Estados miembros apliquen sistemas de vigilancia que permitan evaluar la efectividad de los instrumentos financieros;
110. Solicita que la Comisión proporcione orientación y promueva activamente una mayor calidad de las evaluaciones ex ante obligatorias relacionadas con los instrumentos financieros para el período de programación 2014-2020 con el fin de identificar insuficiencias concretas y evitar la sobrecapitalización; que los Estados miembros, además, establezcan el coeficiente de exposición al riesgo mediante un análisis técnico adecuado;
111. Solicita que la Comisión fije normas y objetivos apropiados para los efectos de palanca y rotación con el fin de aumentar la eficacia de los instrumentos financieros para el período de programación 2014-2020; solicita igualmente que la Comisión y los Estados miembros realicen una evaluación exhaustiva antes de la utilización y del desarrollo futuros de instrumentos financieros en el ámbito del desarrollo rural sobre la base de su contribución a la aplicación de las políticas de la Unión y su eficacia para los beneficiarios;
112. Solicita que la Comisión y los Estados miembros definan unas normas claras de transición entre los períodos de programación para promover los efectos a largo plazo y la sostenibilidad de los instrumentos financieros;
113. Solicita que la Comisión anime a los Estados miembros a establecer un único instrumento financiero que sea capaz de proporcionar préstamos y garantías, aumentando, así, su actividad y masa crítica;
114. Solicita que los Estados miembros hallen formas de superar las deficiencias en materia de selección en la gestión de subvenciones para medidas de inversión, lo que podría resultar en efectos de peso muerto o de desplazamiento; solicita, por esta razón, que los Estados miembros apliquen indicadores apropiados y claramente definidos, tales como el rendimiento de las inversiones y los estados de flujo de tesorería previstos, a fin de garantizar la viabilidad de los proyectos;
115. Solicita que los Estados miembros examinen cómo se pueden combinar las subvenciones y los instrumentos financieros en el programa operativo para ofrecer la mejor relación calidad-precio, maximizando los efectos de palanca y rotación;
116. Solicita que la Comisión proporcione normas de funcionamiento precisas antes del cierre del período de programación 2007-2013, también en relación con la política de salida;
Parte X – Informe Especial n.º 6/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Integridad y aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE»
117. Manifiesta su decepción por el hecho de que no haya sido posible obtener un análisis completo de la eficiencia de los distintos sistemas de asignación aplicados por los Estados miembros durante la fase II del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE)(2008-2012), lo que habría tenido una importancia fundamental al facilitar información para la formulación de recomendaciones políticas sobre la base de los resultados de la auditoría del Tribunal;
118. Observa que la evaluación del Tribunal se centra en la aplicación de la fase II del RCDE UE (2008-2012), mientras que para la fase III del RCDE UE (2013-2020) se decidieron y aplicaron reformas considerables, incluidas medidas de armonización de la Unión;
119. Celebra el hecho de que se hayan aplicado mejoras significativas en el marco para la protección de la integridad del RCDE, incluida la mayor parte del mercado secundario de derechos de emisión en los regímenes de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros(14) y de la Directiva(15) y el Reglamento(16)sobre el abuso de mercado; pide a la Comisión que examine la posibilidad de adoptar medidas complementarias de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal, incluidas medidas que cubran a negociadores sujetos al régimen;
120. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen transparencia y una supervisión eficaz a nivel de la Unión del mercado de emisiones y de los procedimientos de cooperación en los que participen los organismos reguladores nacionales y la Comisión;
121. Considera que la Comisión, como guardiana de los Tratados, debe supervisar rigurosamente la aplicación en los Estados miembros y proporcionar una asistencia más continuada durante todo el proceso; opina que es necesario un equilibrio justo entre un control firme, la notificación y verificación y la carga administrativa; opina que la Comisión tiene que garantizar la previsibilidad delas resoluciones judiciales y la seguridad jurídica, teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo Europeo;
122. Señala que el Tribunal evaluó la integridad y la aplicación del RCDE UE, pero también que es necesario un análisis de la eficiencia del sistema RCDE y de sus logros, incluida una evaluación de la interacción entre la legislación nacional y la europea, como el desarrollo de las energías renovables y las medidas de fomento de la eficiencia energética, que tienen también un efecto significativo en las emisiones de CO2 y, por consiguiente, en el mercado del carbono;
123. Pide al Tribunal de Cuentas que incluya en su análisis los sectores industriales afectados, especialmente en lo que se refiere a los aspectos de la seguridad jurídica y la previsibilidad, y que examine en qué medida está garantizado un marco jurídico fiable y la forma en que los recientes ajustes del marco del RCDE han podido afectar a la eficacia del sistema;
124. Muestra su preocupación por el hecho de que en el momento de la auditoría, el riesgo de fraude del IVA en el RCDE no se había abordado plenamente, dado que un tercio de los Estados miembros no habían aplicado todavía la legislación sobre el procedimiento de inversión impositiva; pide a todos los Estados miembros que lo hagan sin más dilación;
125. Considera fundamental adoptar todas las medidas necesarias para evitar la fuga de carbono y garantizar una competitividad internacional justa en relación con las medidas existentes para la asignación gratuita de derechos de emisión; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de las empresas y los sectores industriales vulnerables a la fuga de carbono, para determinar claramente los ámbitos en los que la industria europea ha sufrido pérdidas comerciales en beneficio de países que carecen de una legislación estricta en materia de clima;
Parte XI – Informe Especial n.º 7/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «La Misión de Policía de la UE en Afganistán: resultados dispares»
126. Pide que la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) pongan en práctica lo aprendido no solo con la misión EUPOL en Afganistán sino también con otras misiones de la contribución a las operaciones de gestión de crisis en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), con objeto de facilitar la transferencia de conocimientos y las sinergias entre las distintas misiones; pide que el SEAE facilite, cuando proceda, un enfoque horizontal más claro para las misiones de la PCSD; destaca que la coordinación entre todos los actores de la Unión que participan, incluidos los Estados miembros, así como otros actores internacionales reviste una importancia fundamental para el éxito de las misiones actuales y futuras;
127. Pide que el SEAE incremente la asunción de responsabilidades de su principal instrumento financiero en Afganistán, el Fondo Fiduciario a favor del orden público en Afganistán (LOFTA), gestionado por el PNUD, cuya mala gestión y falta de transparencia ha sido objeto de críticas; insiste además en la necesidad de recurrir a todos los cauces adecuados de financiación para las futuras misiones de la PCSD, incluidos los fondos de los fondos fiduciarios de la UE, de forma eficaz, a fin de garantizar la realización de los objetivos políticos de la misión y una buena gestión financiera;
128. Pide que la Comisión y el SEAE creen sinergias y referencias cruzadas entre actividades de proyectos así como unos vínculos sólidos y eficaces entre los objetivos de las misiones y los resultados recogidos en el Plan de Aplicación de la Misión (MIP);
129. Pide que asuntos como el género, la capacitación y la educación de las mujeres desempeñen un papel importante en los programas de formación de la EUPOL y otras misiones de la PCSD; observa en este contexto que la EUPOL ha desempeñado de manera muy satisfactoria sus actividades relacionadas con la formación pero no tanto las de tutoría y asesoramiento;
130. Pide que la Comisión y el SEAE coordinen las misiones de la PCSD de forma pormenorizada y con antelación con otras misiones bilaterales de la Unión y esfuerzos internacionales con objetivos similares; pide a este respecto una mayor cooperación y coordinación entre la Unión y los Estados miembros para fomentar las sinergias dentro de un marco europeo; pide que el mandato para las misiones de la PCSD en curso y futuras determine claramente las responsabilidades de coordinación con otros actores de la Unión, incluidos los Estados miembros;
131. Pide que la Comisión y el SEAE presten especial atención a los procedimientos de contratación pública a fin de garantizar que respondan a las necesidades operativas de la PCSD; destaca que la aplicación de proyectos se ha visto lastrada por unos procedimientos de contratación pública farragosos que provocaron unos resultados deficientes y que el recurso a unos procedimientos simplificados o flexibles ha conducido a un incremento de los procedimientos que finalizaron con la formalización de un contrato;
132. Pide que la Comisión y el SEAE sigan aumentando la eficacia de sus misiones de la PCSD mejorando la sostenibilidad a largo plazo de los resultados logrados; reconoce, no obstante, que el apoyo de la Unión y de la comunidad internacional constituye un factor decisivo para la realización de estos objetivos a largo plazo;
133. Pide que la Comisión y el SEAE observen los logros de la Unión tras la supresión paulatina de la EUPOL de aquí a finales de 2016, incluida la posibilidad de un nuevo compromiso después de 2016;
134. Pide que la Comisión y el SEAE desarrollen con la debida antelación unas orientaciones pormenorizadas en relación con la reducción de los efectivos de las misiones y al cierre de estas, así como a la liquidación de sus activos;
Parte XII – Informe Especial n.º 8/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las necesidades de los microempresarios?»
135. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las necesidades de los microempresarios?» y apoya en principio sus recomendaciones;
136. Observa que el microcrédito, aunque siga considerado inmaduro, está en crecimiento continuo en la Unión y su repercusión en la creación de empleo es superior a los 250 000 puestos de trabajo (datos de 2013);
137. Es de la opinión de que hay diferencias sustanciales entre los mecanismos financieros del instrumento europeo de microfinanciación Progress y las subvenciones del Fondo Social Europeo (FSE), que tienden a dedicarse a propósitos distintos; considera que los diferentes mecanismos de apoyo pueden ser apropiados en diferentes condiciones de mercado;
138. Observa que el Tribunal compara en esta auditoría dos mecanismos financieros dispares que pueden tener enfoques y objetivos distintos; destaca que el FSE y el Instrumento europeo de microfinanciación Progress difieren en muchos aspectos, concretamente en su estructura, normas y grupos objetivo, estando este último dedicado exclusivamente a la microfinanciación, mientras que el primero cubre una gama de aspectos mucho más amplia;
139. Pone de relieve que estos dos mecanismos financieros son complementarios y aportan grandes beneficios a los tomadores de microcréditos a través de los tres instrumentos de financiación que son las subvenciones, los préstamos y las garantías; considera que las subvenciones —proporcionadas exclusivamente a través del FSE— son tan fundamentales para el microcrédito como los otros dos instrumentos de financiación, y sus resultados deben evaluarse teniendo en cuenta sus funciones complementarias
140. Destaca la importancia de los objetivos de la microfinanciación a la hora de mejorar la inclusión social, combatir el desempleo e incrementar el acceso a financiación por parte de desempleados, otras personas desfavorecidas y microempresas; considera, a este respecto, que las subvenciones y los instrumentos de financiación deben tener la responsabilidad primordial de ayudar a las personas y los microempresarios a superar dificultades para alcanzar estos objetivos;
141. Es de la opinión de que las subvenciones son fundamentales para alcanzar los objetivos de crecimiento, inclusión y empleo establecidos en la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos - Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2006)0249) y la Comunicación de la Comisión titulada «Un compromiso compartido en favor del empleo» (COM(2009)0257) y en el Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(17) relativo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social;
142. Subraya la necesidad de un sistema de microfinanciación reforzada que sea un instrumento de desarrollo económico y social en apoyo de las necesidades de quienes pasan por dificultades reales;
143. Considera que debe corregirse en el EaSI por lo que se refiere al período de programación 2014-2020 la atención relativamente escasa a los instrumentos financieros en la mejora de las condiciones de los grupos vulnerables;
144. Considera que no ha habido suficiente complementariedad entre el Instrumento europeo de microfinanciación Progress y el FSE en lo que se refiere al requisito de que todos los proveedores de microcréditos cooperen con organizaciones, en particular apoyadas por el Fondo Social Europeo (FSE), que impartan formación y tutorías;
145. Acoge con satisfacción el hecho de que la mayoría de las debilidades detectadas y las recomendaciones formuladas por el Tribunal ya han sido atendidas por la Comisión en el nuevo marco regulador (2014-2020);
Parte XIII – Informe Especial n.º 9/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Apoyo de la UE a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte»
146. Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado al apoyo de la Unión a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
147. Reitera que los derechos humanos son una de las piedras angulares tanto de la acción exterior de la Unión como de sus relaciones bilaterales y multilaterales; opina que se les ha de prestar atención constante como prioridad fundamental de la Unión;
148. Hace hincapié en que la Unión está firmemente comprometida con la prevención y la erradicación de todas las formas de tortura y otros malos tratos, así como con la abolición de la pena de muerte; observa que el principal medio utilizado para tal fin es el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), que ofrece subvenciones a organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de proyectos;
149. Toma nota de que en el período de programación 2007-2013 se asignaron 100,9 millones de euros en el marco del IEDDH para proyectos relacionados con la lucha contra la tortura y la pena de muerte; señala, no obstante, que este importe resulta relativamente pequeño si se tienen en cuenta el gran calado de los objetivos del Instrumento y su cobertura mundial;
150. Subraya que la gran dispersión de la financiación, repartida entre más de 120 países de todo el mundo, reduce el impacto del IEDDH; pide a la Comisión que establezca mejor las prioridades y se centre de manera más específica en la mejora de los resultados; destaca que los recursos deben dirigirse prioritariamente a países con necesidades considerables y problemas con un potencial real de mejora; celebra que la Comisión ya haya empezado a actuar para que el planteamiento sea más específico en su convocatoria de propuestas para 2015;
151. Observa que, según el Tribunal, los proyectos financiados no suelen estar bien coordinados con otras acciones de la Unión, como la tradicional ayuda al desarrollo y el diálogo con los países socios, además de no haberse integrado en un planteamiento coherente y estratégico y no haberse complementado bien entre sí; alienta a la Comisión a que adopte una estrategia global al objeto de que se complementen las actividades que tengan los mismos objetivos y se evite el riesgo de doble financiación;
152. Anima al SEAE y a la Comisión a que hagan énfasis e impriman impulso político allá donde resulte más necesario, a la vez que refuerzan la capacidad sobre el terreno de las Delegaciones de la Unión, para lograr una mayor eficacia y resultados, así como para influir sobre la cultura en lo relativo a políticas de derechos humanos y de democracia;
153. Pide al SEAE y a la Comisión que refuercen e integren en todas las políticas y acciones la eficacia de los diálogos, estrategias por país y directrices específicas en materia de derechos humanos, velando por que se planteen de forma sistemática cuestiones fundamentales en este ámbito, como la abolición de la pena de muerte y la lucha contra la tortura, en todos los niveles de la elaboración de las políticas con terceros países;
154. Opina que debe procurarse una mayor programación y seguimiento conjuntos en materia de derechos humanos entre la Comisión y el SEAE, a fin de garantizar una mayor consonancia con las estrategias locales en cuanto a políticas y derechos humanos;
155. Pide que se aplique un enfoque más cualitativo y estratégico en el proceso general de selección con respecto a las solicitudes recibidas a raíz de las convocatorias de propuestas; anima a la Comisión a que utilice el Instrumento con arreglo a una perspectiva a largo plazo sobre la base de objetivos concretos y mensurables;
156. Pide al SEAE y a las Delegaciones de la Unión que presten una atención constante a la evolución y los contratiempos que se produzcan en todos los países y que utilicen todos los modos de influencia a su disposición; apoya el papel que desempeñan las Delegaciones de la Unión en lo relativo al análisis y configuración de políticas y a sus funciones de información y coordinación;
157. Subraya que el Instrumento permite el estudio eficaz de la cuestión a escala local al objeto de analizar la situación y la evolución de los derechos humanos en el mundo; señala que la presencia constante y el interés de la Unión pueden provocar cambios en lo que respecta a la tortura y la pena de muerte; subraya no obstante que la Comisión ha de adoptar un enfoque estratégico al respecto;
158. Señala que la Comisión recibe información detallada sobre la situación de los derechos humanos en otros países a través de varias vías, y que utiliza esta información para definir las prioridades; observa con preocupación que, a pesar de que la Comisión dispone de estrategias específicas por países en materia de derechos humanos, en las que se incluyen análisis exhaustivos de la situación en el país en cuestión y se establecen prioridades fundamentales al respecto, no se han tenido debidamente en cuenta dichas estrategias ni para la asignación de fondos ni para la coordinación con otras acciones de la Unión; señala lo limitado del valor añadido de las estrategias por países, dado el carácter estrictamente confidencial de estas; pide a la Comisión que los evaluadores de proyectos puedan consultar estas estrategias, al objetivo de garantizar el mayor valor añadido posible;
159. Celebra el enfoque de financiación de proyectos orientado a la demanda y opina que es una buena manera de atraer a organizaciones motivadas y con experiencia para que presenten proyectos de calidad; observa con satisfacción que este enfoque ascendente alienta a las organizaciones de la sociedad civil a diseñar sus proyectos de conformidad con su capacidad administrativa, operativa y geográfica, así como con su propia estrategia;
160. Lamenta que las organizaciones locales de la sociedad civil de menor tamaño puedan estar en situación de desventaja a la hora de solicitar subvenciones debido a los dilatados y complicados procedimientos de solicitud y los requisitos lingüísticos o de experiencia; pide a la Comisión que agilice y simplifique dichos procedimientos para fomentar la presentación de proyectos de calidad;
161. Celebra que la Comisión organice seminarios y cursos de formación para las organizaciones locales de la sociedad civil, promueva asociaciones y permita las subvenciones en cascada, así como que haya organizado estos últimos cuatro años un seminario para la sociedad civil de forma previa a la publicación de las convocatorias de propuestas globales, con el fin ofrecer una oportunidad de familiarizarse con el IEDDH;
162. Manifiesta su preocupación por que la falta de autonomía financiera de las organizaciones comprometa la continuidad de sus actividades, lo que entraña el riesgo de pérdida de conocimientos técnicos; celebra que la Comisión esté tratando de mitigar esta dependencia financiera permitiendo que tales organizaciones contraten oficiales de recaudación de fondos en el marco del IEDDH;
163. Señala que, según la evaluación del Tribunal de Cuentas, en general resultó difícil medir los resultados de los proyectos, ya que el efecto pretendido suele ser intangible, no se fijan objetivos para los indicadores de resultados y los informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil a la Comisión se centran en las actividades;
164. Tiene en cuenta que la lucha contra la tortura y la abolición de la pena de muerte son procesos a largo plazo cuyas repercusiones y resultados son difíciles de cuantificar, así como que el IEDDH se enfrenta a problemas delicados en contextos políticos difíciles y que su ejecución exige una gestión rigurosa que requiere una importante inversión de tiempo;
165. Señala, en este contexto, que los sistemas para medir las repercusiones también son bastante deficientes, a causa de la falta de claridad de los marcos lógicos de intervención, que carecen de parámetros y objetivos bien definidos; pide a la Comisión que precise en mayor medida los requisitos de los marcos lógicos de intervención para mejorar sus resultados y valor añadido;
166. Pide a la Comisión que elabore una evaluación exhaustiva de las repercusiones de la financiación del IEDDH y extraiga conclusiones de este análisis; anima a la Comisión a que tome en consideración durante el proceso de selección las repercusiones y resultados de distintos tipos de proyectos; celebra que la Comisión ya esté obrando en aras de una mejor evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre derechos humanos y le pide que dé a conocer los resultados a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria;
167. Señala que las evaluaciones de proyectos están basadas en un sistema de puntuación y tablas de evaluación normalizadas con criterios relativos al diseño, la pertinencia, la capacidad, la viabilidad, la eficacia, la sostenibilidad y la rentabilidad del proyecto, y que las subvenciones van a parar a los proyectos con las mejores puntuaciones; observa que, según el Tribunal, las tablas de evaluación normalizadas presentan una serie de deficiencias en lo relativo a las orientaciones disponibles para la puntuación conforme a dichos criterios; pide a la Comisión que precise en mayor medida estas orientaciones y se replantee la posibilidad de mejorar dichas tablas;
168. Pide que la Comisión palie las deficiencias de su evaluación señaladas por el Tribunal; acoge con satisfacción, no obstante, la existencia de cierto grado de flexibilidad al evaluar proyectos en el ámbito de los derechos humanos, pues ello no puede tratarse como una mera verificación formalista del cumplimiento de los requisitos; subraya que, como ya señaló en su día la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria, hace falta usar el sentido común;
169. Observa que, según el Tribunal de Cuentas, los objetivos de la mayoría de las convocatorias de propuestas se describieron en términos generales; toma nota de la observación de la Comisión de que su estrategia preferida es un enfoque integral respecto de las convocatorias de propuestas; pide no obstante a la Comisión que vele por el uso eficaz de los fondos del IEDDH garantizando la factibilidad, viabilidad y valor añadido de los proyectos, lo que se podría lograr estableciendo en las convocatorias de propuestas unos requisitos mínimos en cuanto a los resultados de los proyectos;
170. Celebra que las organizaciones de la sociedad civil interesadas en obtener una subvención deban presentar, en primer lugar, un documento de síntesis en el que describan las características principales del proyecto que proponen; opina que este documento de síntesis permite optimizar el uso del tiempo y los recursos durante la preselección de proyectos;
171. Observa que, según el Tribunal, el proceso de selección de los proyectos estuvo bien documentado, pero careció de rigor, y que no se enmendaron las insuficiencias detectadas en los proyectos; constata con satisfacción que los informes de las conclusiones generales de los comités de evaluación fueron suficientemente detallados; celebra que las actividades de los proyectos se hayan llevado a cabo en general según lo previsto y hayan resultado rentables; pide a la Comisión que haya una mayor coherencia en la evaluación de proyectos;
172. Observa que, según el Tribunal, las organizaciones beneficiarias interpretan de diversas formas qué cubre el importe a tanto alzado para gastos indirectos, lo que puede provocar una subestimación de la labor de la organización o que se cubran gastos no subvencionables; pide a la Comisión que precise en mayor medida las normas relativas al importe a tanto alzado;
173. Acoge con satisfacción el nuevo Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia para el período 2015-2019 en cuanto compromiso político renovado en pro de una mayor coherencia el conjunto de las políticas exteriores e instrumentos financieros de la Unión;
174. Celebra que la Comisión ya haya iniciado la adopción de un enfoque basado en derechos y que vaya a seguir avanzando en este sentido incorporando dicho enfoque en los procedimientos y modelos de documentos, elaborando hojas de ruta y organizando sesiones formativa;
Parte XIV – Informe Especial n.º 10/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión»
175. Acoge con satisfacción las conclusiones y las recomendaciones del Informe Especial del Tribunal titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión»;
176. Observa que, con una dotación total de 349 000 millones de euros entre 2007 y 2013, la política de cohesión constituye la política clave para reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones de la UE; destaca, por consiguiente, la importancia de contar con procedimientos de contratación pública adecuados, dado que, según el Tribunal de Cuentas, el procedimiento de contratación es una importante fuente de errores en el gasto de la Unión en el ámbito de la cohesión;
177. Hace hincapié en que se detectaron errores en los procedimientos de contratación pública en el 40 % de los proyectos ejecutados durante el período 2007-2013 y en que los principales errores fueron las adjudicaciones directas injustificadas, la incorrecta aplicación de los criterios de selección y la parcialidad en la selección;
178. Observa que las principales fuentes de error fueron la falta de capacidad administrativa, la incorrecta transposición de las directivas de la Unión por los Estados miembros, la interpretación incoherente de la legislación y una planificación insuficiente;
179. Advierte de que la complejidad del marco jurídico y administrativo de la contratación pública se considera una de las causas de error; observa que el 90 % de las 69 autoridades de auditoría consultadas afirmaron que el nivel de complejidad actual es superior al necesario; que el 50 % de ellas apuntó que el aspecto que más podría mejorar en las prácticas de contratación pública sería la simplificación de los procedimientos;
180. Pide, por consiguiente, a los Estados miembros que eviten adoptar normas más estrictas que las directivas de la Unión; considera que ello también permitiría alentar y favorecer la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública;
181. Observa que la principal conclusión del Tribunal es que los esfuerzos de la Comisión y los Estados miembros para llevar a cabo un análisis regular y sistemático de la contratación pública son insuficientes y que la falta de datos coherentes y detallados impidió analizar, abordar y prevenir esos errores;
182. Conviene con el Tribunal en que la Comisión debería desarrollar una base de datos que permita analizar la frecuencia, la gravedad y las causas de los errores de contratación pública; considera que la Comisión debe asegurarse de que obtiene información coherente y fiable de los Estados miembros sobre las irregularidades;
183. Acoge favorablemente el enfoque proactivo adoptado por la Comisión para el período de programación 2014-2020, con el que se propone respaldar los planes de acción nacionales que han de ejecutarse hasta 2016 mediante orientaciones, un seguimiento y asistencia técnica; reconoce que, con este enfoque proactivo, la Comisión se propone reducir el riesgo de suspensión de los pagos a programas operativos después de 2016;
184. Confía en que la Comisión solo suspenda los pagos e imponga correcciones financieras a los Estados miembros que no hayan alcanzado estos objetivos como último recurso, cuando se hayan agotado las demás vías de prevención, corrección y asistencia;
185. Celebra que, si bien la Comisión lleva abordando desde hace tiempo los problemas de los errores de contratación pública que resultan evidentes en el ámbito de la política de cohesión, ahora lo esté haciendo de forma más coordinada en el marco del plan de acción en materia de contratación pública; pide a este respecto a la Comisión que impulse la aplicación de este plan e informe anualmente sobre los progresos realizados;
186. Confía en que la Comisión cree un grupo de alto nivel encargado de liderar el enfoque de los problemas en el ámbito de la contratación pública y de promover su simplificación;
187. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que aprovechen las oportunidades que presenta la contratación pública electrónica, que tiene un gran potencial para mejorar la transparencia y ampliar el acceso a las licitaciones, también en el caso de las pymes, así como para prevenir las irregularidades y el fraude;
188. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que prosigan sus acciones en el ámbito del intercambio de experiencias y buenas prácticas;
189. Acoge con satisfacción el instrumento informático ARACHNE de alerta en caso de fraude, y pide a todos los Estados miembros que codifiquen datos completos y de buena calidad para contribuir al funcionamiento adecuado de este programa;
Parte XV – Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colaboración en el sector pesquero?»
190. Acoge con satisfacción el marco legal de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero (ACP), más estable con respecto a los acuerdos privados; observa que los armadores europeos han expresado su preferencia por los ACP y han solicitado a la Comisión que amplíe su red de acuerdos;
191. Pide a la Comisión que respete en mayor medida la cláusula de exclusividad; señala que, aunque algunos factores no dependen de la Comisión, esta debería iniciar el proceso de negociación de un nuevo protocolo con bastante antelación a la expiración del vigente; solicita a la Comisión que reduzca los períodos de negociación siempre que sea posible;
192. Solicita a la Comisión que mejore la coherencia entre los ACP y otras iniciativas y fuentes de financiación de la Unión en el sector pesquero dentro de una misma región, defina estrategias regionales para el desarrollo de la gobernanza en materia de pesca y garantice que los protocolos que se negocien dentro de una misma región estén en consonancia con la estrategia regional pertinente y con los otros tipos de financiación de la Unión;
193. Pide a la Comisión que se concentre en mayor medida en las condiciones técnicas restrictivas, como la definición estricta de las zonas de pesca; destaca que esto podría afectar a la rentabilidad de la flota exterior de la Unión;
194. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la utilización de los protocolos anteriores y se esfuerce por vincular en mayor medida los pagos por derechos de acceso a las capturas reales, garantizando al mismo tiempo que no se vean afectadas las actividades pesqueras;
195. Observa con preocupación que el coste de los ACP negociados por la Comisión ha sido relativamente elevado con respecto a los índices anteriores; solicita que la Comisión tenga en cuenta los principios de economía, eficiencia y eficacia, a la hora de preparar las negociaciones de los ACP, a fin de garantizar la mayor rentabilidad de los recursos empleados y el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera;
196. Observa que las evaluaciones ex post deberían centrarse en la obtención de análisis coherentes y comparables del rendimiento del dinero público que se gasta en virtud de los protocolos, así como en la obtención de análisis críticos y exhaustivos de su eficacia para la Unión y el país socio correspondiente;
197. Insta a la Comisión a que refuerce su poder de negociación; subraya la importancia de la contribución financiera total de la Unión a los países socios;
198. Solicita a la Comisión que utilice los datos más actualizados para elaborar su informe ex post; pide a la Comisión, asimismo, que facilite puntualmente estos datos a las partes interesadas;
199. Pide a la Comisión que promueva la aceptación de licencias electrónicas o una lista de buques autorizados en los países asociados para todo el período de validez de las licencias; hace hincapié en la necesidad de reducir los retrasos del proceso de solicitud de licencias; pide a la Comisión que identifique y reduzca los cuellos de botella procedimentales;
200. Invita a la Comisión a que se asegure de que los Estados miembros del pabellón utilizan la nueva base de datos de capturas en su totalidad y de que esta ofrece datos de capturas fiables que puedan consolidarse, supervisarse y mantenerse actualizados;
201. Señala que la Comisión ha creado una base de datos para la gestión de los datos de capturas; destaca que esta base de datos debería contener datos de capturas, desglosados por zona de pesca, que los Estados miembros deben presentar semanalmente; observa con preocupación que esta base de datos seguía sin estar operativa cuando se realizó la auditoría del Tribunal, y que los Estados miembros no habían cumplido las exigencias de presentación de la información; invita a la Comisión a que ponga remedio a esta situación en colaboración con los Estados miembros, y que incluya datos claros y coherentes en relación con las capturas finales reales a fin de evitar posibles consecuencias financieras negativas si las capturas finales fueran superiores al tonelaje de referencia;
202. Solicita a la Comisión una supervisión más atenta de la ejecución del apoyo sectorial para garantizar su eficacia y rentabilidad; pide a la Comisión que garantice una coordinación eficaz de las acciones ejecutadas por los países socios; invita a la Comisión a incluir en los protocolos condiciones de admisibilidad formales para las acciones financiadas;
203. Pide a la Comisión que garantice que los desembolsos de apoyo sectorial estén en consonancia con otros pagos de ayudas con cargo al presupuesto de la UE y se basen en los resultados alcanzados por los países socios al aplicar la matriz de acciones decididas de común acuerdo;
204. Observa con preocupación que, aunque los pagos del apoyo sectorial han de abonarse cuando los países socios sean capaces de demostrar los resultados logrados, los protocolos vigentes en la actualidad siguen sin prever la posibilidad de abonar pagos parciales si los resultados solo se lograran parcialmente; toma nota de la observación de la Comisión en cuanto a que, cuando no se han alcanzado los objetivos, o solo se han alcanzado parcialmente, el pago del apoyo sectorial para el siguiente ejercicio debe suspenderse hasta la consecución de los mismos; pide a la Comisión, no obstante, que, en la medida de lo posible, incluya en los nuevos protocolos la posibilidad de abonar pagos parciales del apoyo sectorial;
Parte XVI – Informe Especial n.º 12/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «La prioridad de la UE de promover una economía rural basada en el conocimiento se ha visto afectada por la mala gestión de las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento»
205. Pide que los Estados miembros implanten procedimientos de análisis de las necesidades de conocimientos y capacidades de los agentes rurales que no se limiten a definir temas generales, especialmente con vistas a convocatorias de propuestas o procedimientos de licitación, y que la Comisión proporcione orientación adicional sobre cómo deben llevar a cabo los Estados miembros dichos análisis recurrentes, con una formulación en términos específicos, y no generales;
206. Pide a los Estados miembros que garanticen que las ayudas para la implantación de nuevos servicios de asesoramiento se concedan únicamente cuando exista un déficit manifiesto de dichos servicios en el área en cuestión y cuando sea necesario financiar la contratación de personal o la adquisición de instalaciones o equipos;
207. Pide a los Estados miembros que seleccionen a los prestadores de servicios receptores de fondos públicos mediante procedimientos competitivos, equitativos y transparentes, ya sean convocatorias de propuestas o procedimientos oficiales de contratación pública;
208. Recomienda que los Estados miembros tengan en cuenta la guía sobre la contratación pública dirigida a los expertos para prevenir los errores más comunes en los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;
209. Pide que la Comisión proporcione orientación específica adicional sobre prestación interna, subcontratación y evaluación de la prestación de servicios por consorcios, y que supervise adecuadamente los procedimientos de los Estados miembros con el fin de garantizar que la selección de actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento sea competitiva, equitativa y transparente;
210. Pide a los Estados miembros que evalúen la necesidad de financiar actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento que ya se encuentren disponibles en el mercado a un precio moderado y, cuando esta necesidad esté justificada, que garanticen que los costes de las actividades financiadas no superen los de actividades similares ofertadas en el mercado;
211. Pide que la Comisión aproveche las primeras medidas adoptadas con vistas a garantizar la complementariedad entre los fondos de la Unión, para reducir el riesgo de doble financiación y de duplicación de tareas administrativas;
212. Pide a los Estados miembros que implanten sistemas de retroalimentación que utilicen la información obtenida en los procesos de seguimiento y evaluación para mejorar las convocatorias de propuestas o los procedimientos de licitación en el futuro, y solicita que la Comisión proporcione orientaciones a los Estados miembros sobre cómo pueden ejecutar estos procedimientos de retroalimentación recurrentes, y que verifique si los Estados miembros las han puesto en práctica;
213. Solicita que la Comisión eleve sin demora el perfil de riesgo de las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento y refuerce en consecuencia su supervisión y su gestión;
214. Pide a los Estados miembros intercambien sus mejores prácticas y continúen evaluando sus proyectos para adquirir una base sólida para el período de aplicación 2014-2020;
215. Pide a la Comisión que realice un examen pormenorizado de los servicios de consultoría centrado en los resultados y los efectos netos con el fin de evitar una evaluación meramente cuantitativa de las inversiones;
216. Solicita que la Comisión fomente el intercambio de buenas prácticas en lo que respecta a los enfoques metodológicos a través de actividades de creación de redes;
Parte XVII – Informe Especial n.º 13/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda de la UE a los países productores de madera en el marco del Plan de Acción FLEGT»
217. Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado a la ayuda de la Unión a los países productores de madera en el marco del Plan de Acción FLEGT y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
218. Considera la iniciativa FLEGT esencial para mejorar la gobernanza forestal, preservar los bosques y garantizar la aplicación de la ley, en particular haciendo uso de todos los medios posibles, entre ellos, los Acuerdos de Asociación Voluntaria o la debida diligencia financiera, a fin de combatir el problema global de la tala ilegal y contribuir a asegurar las exportaciones de madera a la Unión;
219. Lamenta, no obstante, las deficiencias acumuladas observadas en la fase de aplicación de los proyectos y el Plan de Acción FLEGT, que requieren ahora una rápida y profunda evaluación;
220. Opina firmemente que es hora, después de haber asignado 300 millones de euros durante el período 2003-2013 en concepto de ayuda relacionada con el FLEGT, de realizar un serio análisis de la rentabilidad del proceso FLEGT para reducir la tala ilegal y el comercio asociado a ella, así como de simplificar el diseño de los mecanismos existentes de forma que sean más efectivos en términos de resultados y de impactos;
221. Lamenta la lenta aplicación del Plan de Acción FLEGT, la adopción tardía del Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(18) (Reglamento de la Unión sobre la madera), así como la reacción tardía de la Comisión a la hora de extraer las conclusiones de la financiación global del FLEGT;
222. Pide a la Comisión que dé prioridad a sus esfuerzos por prestar ayuda a través de objetivos y criterios claros; invita por tanto a la Comisión a que se abstenga de estructurar la financiación de la Unión procedente de distintos presupuestos y estudie la posibilidad de utilizar un único presupuesto claramente definido;
223. Pide a la Comisión que refuerce con rapidez los marcos de transparencia y rendición de cuentas mediante la supervisión y la información periódica, incluida la evaluación adecuada de los progresos realizados; insta asimismo a la Comisión a que supervise la aplicación del Reglamento de la Unión sobre la madera en los Estados miembros, a que informe al respecto y a que tome las medidas jurídicas necesarias para garantizar su aplicación;
224. Pide a la Comisión que optimice y coordine de forma más adecuada sus esfuerzos en la lucha contra la tala ilegal en todas las distintas políticas de la Unión y todos los servicios relacionados;
225. Recuerda que la trazabilidad de los productos de la madera a través de un sistema operativo y jurídicamente establecido de concesión de licencias entre la Unión y los países exportadores de madera debe considerarse un objetivo principal permanente, particularmente en vista de factores observados por el Tribunal tales como la corrupción generalizada, la deficiente aplicación de las leyes y la insuficiente evaluación de los riesgos y las limitaciones de los proyectos;
226. Pide a la Comisión que negocie las normas de importación de la madera en sus futuros acuerdos bilaterales o multilaterales relacionados con el comercio para evitar comprometer los éxitos obtenidos con los países productores de madera gracias al Plan de Acción FLEGT;
227. Considera que las lagunas de gobernanza del sistema FLEGT deberían ser objeto de una evaluación externa del Plan de Acción FLEGT o de evaluaciones ad hoc de la Comisión;
Parte XVIII – Informe Especial n.º 14/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Aporta valor añadido el Mecanismo de Inversión ACP?»
228. Acoge con satisfacción el informe especial dedicado al valor añadido del Mecanismo de Inversión ACP como un ejemplo concreto y positivo de seguimiento por el Tribunal de los procedimientos de aprobación de la gestión 2012 y 2013, en los que el Parlamento le había solicitado la elaboración de un informe especial sobre la eficacia de los préstamos exteriores del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y su coherencia con las políticas y los objetivos de la Unión en el ámbito del desarrollo antes de proceder a la revisión intermedia del mandato exterior del BEI y a la evaluación intermedia del Mecanismo de Inversión;
229. Considera que la inclusión de una auditoría del Mecanismo de Inversión ACP en el plan de trabajo del Tribunal es un ejemplo de buenas prácticas de cooperación entre el Parlamento y el Tribunal y de colaboración en sus tareas de control;
230. Considera que este informe de auditoría representa un paso importante, dado que se trata de la primera llevada a cabo por el Tribunal en este ámbito concreto; lamenta que el Mecanismo de Inversión no incida en el ámbito de aplicación de la auditoria de la declaración anual de fiabilidad del Tribunal;
231. Toma nota de las conclusiones positivas con respecto a la coherencia del Mecanismo de Inversión ACP con los objetivos de la política de desarrollo de la Unión y su efecto catalizador; celebra la buena cooperación entre el BEI y la Comisión, en particular en materia de prospección y selección;
232. Lamenta, no obstante, que el Tribunal no haya podido determinar con mayor precisión el valor añadido aportado por el Mecanismo de Inversión ACP; pide al Tribunal, por tanto, que en sus futuros informes especiales ofrezca más ejemplos concretos y seleccione algunos proyectos que ilustren mejor sus conclusiones y recomendaciones; invita al Tribunal a que aproveche esta primera experiencia para perfeccionar los medios de evaluación del efecto de apalancamiento, el efecto catalizador y el valor añadido de este tipo de mecanismos; pide asimismo al Tribunal que examine el valor añadido desde una perspectiva más amplia que integre el triple factor de la ecología, la igualdad y la ética, y no solo a partir del enfoque clásico basado en la economía, la eficiencia y la eficacia;
233. Coincide con las recomendaciones del Tribunal; pide por tanto a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del Tribunal en sus futuras propuestas legislativas y negociaciones, como la revisión del mandato exterior del BEI o el acuerdo posterior a Cotonú;
234. Recomienda que, en aras de la coherencia política de la Unión, se proceda a adaptar rápidamente el Mecanismo de Inversión y la política del BEI a los resultados de la COP 21 y a los posibles ODM después de 2015; considera que debe concederse una prioridad todavía mayor a la lucha contra el cambio climático y a todas sus consecuencias directas e indirectas, especialmente en los países más pobres del mundo;
235. Considera fundamental que el BEI siga invirtiendo tiempo en la debida diligencia asociada a mecanismos de evaluación que permitan mejorar el conocimiento del perfil de los intermediarios financieros y los beneficiarios, así como la evaluación de la incidencia de los proyectos en los beneficiarios finales; insta al BEI a que asuma con seriedad las recomendaciones del Tribunal y mejore las prácticas en vigor con miras a reforzar el valor añadido del Mecanismo de Inversión ACP;
236. Considera que todos los gastos financiados con dinero de los contribuyentes de la Unión deben someterse sin ninguna excepción al procedimiento de aprobación de la gestión por el Parlamento; reitera y cree firmemente, por tanto, que el Mecanismo de Inversión gestionado por el BEI en nombre de la Unión debe estar sujeto también al procedimiento de aprobación de la gestión por el Parlamento, dado que se financia con dinero de los contribuyentes de la Unión;
237. Señala que el acuerdo tripartito a que hace referencia el artículo 287, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el que se rige la cooperación entre el BEI, la Comisión y el Tribunal de Cuentas con respecto a los métodos de control aplicados por el Tribunal sobre la actividad del BEI en la gestión de los fondos de la Unión y de los Estados miembros, debe someterse a revisión en 2015; reitera su opinión de que debe actualizarse en este contexto el ámbito competencial del Tribunal, de forma que incluya todo nuevo instrumento financiero del BEI que implique la asignación de fondos públicos de la Unión o el FED;
Parte XIX – Informe Especial n.º 15/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía renovable en África oriental»
238. Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado al apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía renovable en África oriental y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
239. Se congratula de que, ya a partir de la segunda convocatoria para la presentación de propuestas en el ámbito del Fondo para la Energía, la inclusión de un estudio preliminar de viabilidad haya pasado a ser obligatoria; hace hincapié en que estos estudios de viabilidad deben basarse en supuestos precisos y realistas; insiste también en que los supuestos contemplados deben prever ya cómo se puede asociar a las comunidades locales a la aplicación del proyecto a fin de mejorar la apropiación local y la promoción de este;
240. Opina que es necesario determinar mejor el vínculo entre la viabilidad de un proyecto y su sostenibilidad social, económica y medioambiental para garantizar no solo la eficacia, coherencia y visibilidad de los proyectos de inversión del Fondo para la Energía, sino también su eficiencia y resultados más amplios en las regiones afectadas;
241. Considera que el seguimiento de los proyectos y de los riesgos asociados debe llevarse a cabo regularmente e ir acompañado de medidas de mitigación de carácter inmediato a fin de ajustar, en caso necesario, la estrategia de contratación y los procesos de selección y ejecución; considera que las conclusiones contenidas en los informes de seguimiento deben ser utilizadas a la hora de llevar a cabo las convocatorias de propuestas subsiguientes;
242. Pide al Fondo para la Energía que garantice la participación de las partes locales interesadas, como las ONG o las comunidades locales, a lo largo de toda la duración de los proyectos, es decir, desde su inicio hasta la fase posterior a su finalización, teniendo en cuenta los requisitos de proyectos específicos; solicita un apoyo continuo a la creación de capacidad local con una oferta adecuada de formación a lo largo de toda la vida de los proyectos, con el principal objetivo de seguir mejorando la apropiación local y promover la coordinación, de modo que los proyectos sean viables y sostenibles después del período de financiación;
243. Pide a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) que se asegure de que los socios ejecutivos contestan a todas las peticiones de información adicional relativas a la aplicación de los proyectos; pide a la DG DEVCO que se centre sobre todo en las posibles actividades vinculadas a la corrupción y el fraude llevadas a cabo por los socios ejecutivos, evitando al mismo tiempo toda carga administrativa adicional innecesaria, y que, en caso de corrupción y/o fraude, rescinda debidamente los contratos y busque nuevos socios en la región;
244. Pide a la Comisión que, con vistas a lograr los mejores resultados posibles para la población de la región y para el medio ambiente, garantice la coherencia de las políticas y una cooperación estrecha con los demás actores que operan sobre el terreno, en particular con los organismos de las Naciones Unidas y la iniciativa SE4ALL (Energía Sostenible para Todos), sin limitarse al ámbito de la energía; considera que, siempre que sea posible, todos los proyectos deben explotar al máximo las sinergias con otros proyectos sobre el terreno, incluidos proyectos que se hallen en la fase de planificación;
Parte XX – Informe Especial n.º 16/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad del abastecimiento energético mediante el desarrollo del mercado interior de la energía»
245. Pide a los Estados miembros, con objeto de conseguir un mercado interior de la energía adecuado y que funcione de forma continua, que coordinen sus inversiones en infraestructura energética y la manera en que regulan sus mercados energéticos, con objeto de garantizar un valor óptimo al dinero de la Unión;
246. Considera que las reformas del mercado energético comienzan al nivel de los Estados miembros; que la aplicación de los paquetes energéticos acordados conjuntamente, en particular del tercer paquete energético, crearía las condiciones necesarias para la realización del mercado interior de la energía;
247. Considerando el futuro enfoque regional con respecto a la seguridad energética, subraya la importancia de que cada uno de los Estados miembros pueda garantizar la infraestructura necesaria para exportar e importar energía y para actuar como país de tránsito para la electricidad y el gas;
248. Subraya que todos los proyectos futuros en el ámbito de la energía deberán respetar la legislación de la Unión y los principios de la Unión de la Energía, a saber, diversificación, seguridad de suministro, accesibilidad, competitividad y sostenibilidad;
249. Considera que el refuerzo y la mejora de las interconexiones con los Estados miembros vecinos deben considerarse una prioridad; anima al desarrollo de la capacidad bidireccional (flujos en ambas direcciones) en todas las interconexiones transfronterizas, incluyendo también a los Estados miembros que atraviesan los corredores;
250. Considera que la aplicación de proyectos de infraestructura estratégica contribuye a los aspectos a medio y largo plazo de la seguridad energética;
251. Pide a la Comisión que asigne más recursos financieros y atribuya las competencias necesarias a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, y considera que debe permitirse a esta última contratar personal adicional para una aplicación completa y eficaz del control de los mercados de la energía;
Parte XXI – Informe Especial n.º 17/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud: se ha logrado reorientar la financiación del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los resultados»
252. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración en el futuro; acoge con satisfacción que la Comisión haya aplicado estas recomendaciones en su marco jurídico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 2014-2020, garantizando así una mejor relación calidad precio, en particular, a través de un marco y una reserva de eficacia, de condiciones ex ante y de indicadores comunes de rendimiento y de resultados;
253. Observa que el desempleo juvenil es un grave problema que afecta a toda la Unión y opina que deberían dedicarse recursos apropiados, tanto a escala de la Unión como a escala nacional, para combatirlo; anima encarecidamente a los Estados miembros a que utilicen el apoyo de la Unión disponible;
254. Señala que los equipos de acción para la juventud representaban principalmente un ejercicio político, y así fue anunciado desde un principio, cuya misión era persuadir a los gobiernos nacionales a reorientar los fondos no utilizados para combatir el desempleo juvenil, sin imponer, al mismo tiempo, procedimientos administrativos o jurídicos adicionales ni asignar nuevos fondos;
255. Destaca la dificultad política de esta misión y reconoce la satisfactoria labor de estos equipos a la hora de sensibilizar al nivel político más alto, acercar a las distintas autoridades políticas y administrativas y convencerles de que den prioridad al empleo juvenil por encima de otras iniciativas;
256. Subraya que es necesario prestar atención a la eficacia y a los resultados, y celebra que el nuevo marco normativo para el período de programación 2014-2020 incluya disposiciones para que los Estados miembros informen sobre los resultados obtenidos;
257. Observa que a menudo los Estados miembros que más necesitan financiación también sufren de escasa capacidad administrativa que les lleva a centrarse más en la administración del proyecto que a gestionar los objetivos de inversión;
258. Toma nota de que en gran parte se siguen controlando los efectos de la inversión a través de indicadores cuantitativos, lo que no refleja todos los aspectos de una buena práctica de evaluación; observa que rendimiento no equivale a resultado;
259. Pide a la Comisión la creación de un mecanismo de alerta temprana de los créditos del FEIE no utilizados de modo que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para reasignar los fondos a medidas de empleo juvenil;
260. Aguarda con interés el informe del Tribunal de Cuentas sobre «Garantía juvenil de la UE: aplicación en los Estados miembros», que debería estar listo a principios de 2017, y sugiere que sus resultados deberían tenerse en cuenta en la revisión intermedia del MFP;
Parte XXII – Informe Especial n.º 20/2015 del Tribunal de Cuentas titulado «Relación coste-eficacia de la ayuda de desarrollo rural de la UE a las inversiones no productivas en la agricultura»
261. Recomienda que la Comisión anime a los Estados miembros a realizar inversiones no productivas (INP) con un mayor grado de sinergia con otras medidas de desarrollo rural o regímenes medioambientales, y que supervise, a partir de 2017, su aplicación por los Estados miembros pertinentes a través de sus informes anuales de ejecución;
262. Recomienda que la Comisión proporcione orientación a los Estados miembros en relación con los criterios de selección de las INP para el periodo 2014-2020, y que compruebe que estos aplican procedimientos apropiados para la selección de proyectos; en ese contexto, recomienda asimismo que los Estados miembros garanticen que los procedimientos de selección de las INP sean transparentes, se hagan públicos y se apliquen con eficacia, y que comprueben efectivamente el cumplimiento de dichos criterios;
263. Recomienda que la Comisión garantice que la contribución de las INP al logro de los objetivos agroambientales de la Unión es objeto de seguimiento, o al menos de una valoración específica durante las evaluaciones del período de programación 2014-2020;
264. Recomienda que la Comisión aliente y ayude a aquellos Estados miembros en los que el apoyo a las INP sea significativo para definir indicadores de resultados específicos para las INP financiadas con mayor frecuencia, a fin de garantizar un seguimiento y una evaluación mejores de la contribución de las INP al logro de los objetivos agroambientales de la Unión; a ese respecto, solicita que los Estados miembros informen de esos indicadores en sus informes anuales de ejecución a partir de junio de 2016, e incluyan una valoración de los resultados de las INP en sus planes de evaluación;
265. Recomienda que la Comisión imparta asimismo instrucciones adicionales sobre la definición de los criterios para determinar los elementos retributivos de las INP que reciben los porcentajes de ayuda más elevados, y que los Estados miembros establezcan dichos criterios sin demora y los utilicen para modular la intensidad de la ayuda;
266. Solicita que los Estados miembros implanten sin demora procedimientos para garantizar que los costes de las INP financiadas con la ayuda no superen los imperantes en el mercado para tipos similares de bienes, servicios u obras; a ese respecto, los Estados miembros también deberían definir valores o costes apropiados de referencia para comparar sistemáticamente los costes de INP como parte de sus controles administrativos;
267. Recomienda que la Comisión utilice la información facilitada por los Estados miembros sobre el carácter controlable y verificable de las medidas para aprobar sus PDR del periodo 2014-2020, a fin de garantizar que los Estados miembros definen y aplican procedimientos idóneos respecto de la moderación de los costes, y también a fin de verificar que los Estados miembros aplican eficazmente los controles previstos al respecto; la Comisión debería asimismo facilitar el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros por lo que se refiere al establecimiento de procedimientos para los controles relativos a la moderación de los costes;
268. Recomienda que los Estados miembros definan, antes de practicar los primeros controles sobre el terreno del período 2014-2020, un método para agregar y analizar a tiempo las causas de los errores encontrados en esos controles, y que emprendan las acciones necesarias para introducir mejoras en sus sistemas de gestión y control de los regímenes de ayuda a las INP;
269. Recomienda que la Comisión tome en consideración las insuficiencias detectadas por el Tribunal en el ámbito de los gastos de las INP y que adopte, junto con los Estados miembros, las medidas que corresponda para garantizar la adecuada gestión financiera de ese tipo de inversiones.
Parte XXIII – Informe Especial n.º 22/2015 del Tribunal de Cuentas titulado «Supervisión por la UE de las agencias de calificación crediticia: un procedimiento bien asentado, pero todavía no plenamente eficaz»
270. Destaca que el objetivo del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(19) consiste en introducir «(...) un planteamiento regulador común para mejorar la integridad, la transparencia, la responsabilidad, la buena gobernanza y la independencia de las actividades de calificación, contribuyendo así a la calidad de las calificaciones crediticias emitidas en la Unión y al correcto funcionamiento del mercado interior, y alcanzando, al mismo tiempo, un elevado nivel de protección de los consumidores e inversores» (artículo 1 del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia);
271. Reconoce que el Tribunal y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) coinciden en muchos aspectos de la auditoría y las recomendaciones;
272. Acoge con satisfacción el hecho de que la AEVM estableciera las bases apropiadas para una supervisión eficaz de las agencias de calificación crediticia en la Unión en un breve período de tiempo; observa, no obstante, que el Tribunal considera que el procedimiento es tedioso debido a su separación en dos fases de verificación, una sobre la integridad de los datos y otra sobre el cumplimiento de criterios, como exige el Reglamento;
273. Comparte la opinión del Tribunal en cuanto a que durante el proceso de registro, la AEVM debería documentar adecuadamente su evaluación de todos los requisitos metodológicos reglamentarios de calificación crediticia y que la documentación relacionada con el proceso de aprobación no debería almacenarse únicamente en correspondencia interna sino también en un archivo específico para cada expediente;
274. Acoge con satisfacción que el Tribunal y la AEVM coincidan en el enfoque de la AEVM basado en el riesgo; considera que el proceso de identificación del riesgo debería ser transparente, comprensible y de fácil trazabilidad;
275. Opina que todas las investigaciones deberían estar adecuadamente documentadas con el fin de demostrar y garantizar que todas las conclusiones están respaldadas por análisis adecuados de las pruebas obtenidas; observa, a tal fin, que el Tribunal recomienda crear un instrumento informático específico de supervisión; toma nota de la posición de la AEVM según la cual sus actuales instrumentos de supervisión han sido eficaces; tiene, sin embargo, el convencimiento de que un instrumento de TI específico sería la mejor manera de gestionar la información de forma transparente, comprensible y facilitando su trazabilidad, teniendo en cuenta el ritmo normal de rotación del personal; solicita, por lo tanto, que la AEVM prevea la creación de un instrumento informático de este tipo en su planificación presupuestaria;
276. Recuerda que una de las finalidades y responsabilidades del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia es garantizar la independencia y evitar los conflictos de intereses (véase el anexo 1 del citado Reglamento); concluye, por tanto, que las agencias de calificación crediticia deberían igualmente supervisar las actividades comerciales de los analistas de calificaciones; considera, no obstante, que la AEVM debería supervisar, de forma estructurada, los sistemas establecidos por las agencias de calificación crediticia para hacer frente a la cuestión de los conflictos de intereses;
277. Señala lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia, que establece que: «en el desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM, la Comisión o las autoridades públicas de los Estados miembros no interferirán en el contenido de las calificaciones crediticias ni en las metodologías»; considera que la aplicación de las metodologías de las ACC únicamente puede ser supervisada, una vez que el registro haya sido completado, por los procedimientos de supervisión en curso;
278. Coincide en que la AEVM debería examinar todos los aspectos importantes de la concepción y la aplicación de las metodologías de las agencias de calificación crediticia que todavía no han sido abordados; manifiesta su preocupación por que esta tarea no pueda realizarse en profundidad debido a una falta de recursos;
279. Lamenta que el actual sistema no garantice una protección eficaz de los mercados en caso de fuga y pide a la AEVM que mejore su sistema de control para prevenir y combatir las acciones que puedan provocar distorsiones en los mercados;
280. Lamenta que las normas actuales sobre el euro no garanticen que todas las agencias de calificación crediticia registradas en la AEVM estén en igualdad de condiciones; pide al Banco Central Europeo y al legislador de la Unión que encuentren una solución a esta situación lo antes posible;
281. Reconoce que el registro central se integrará en la plataforma europea de calificación (artículo 11 del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia) creada en 2013 y en la que se sigue trabajando actualmente; pide a la AEVM que garantice la validez de los datos presentados por las agencias de calificación crediticia;
282. Pide a la AEVM que continúe mejorando y armonizando sus prácticas de divulgación de información entre las agencias de calificación crediticia;
283. Acoge con satisfacción la intención de la AEVM de mejorar su página web publicando, en particular, toda la legislación aplicable y la documentación pertinente y haciendo que su consulta sea más fácil para los usuarios;
284. Observa que algunos de los términos utilizados en la metodología del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia pueden dar lugar a distintas interpretaciones y podrían, por ende, influir negativamente en la aplicación del Reglamento; pide, en consecuencia, a la AEVM y al Tribunal que transmitan al Parlamento y a la Comisión una lista de disposiciones legislativas que aporten aclaraciones adicionales;
Parte XXIV – Informe Especial nº 2/2016 del Tribunal de Cuentas titulado «Informe de seguimiento de los Informes Especiales del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2014»
285. Se felicita de que se aplicaran en su totalidad 23 de 44 recomendaciones;
286. Se congratula, asimismo, de que la Comisión haya aceptado en líneas generales las recomendaciones adicionales formuladas por el Tribunal en el informe especial en cuestión;
287. Toma nota, sin embargo, de que el Tribunal considera que 18 de las 44 recomendaciones solo se aplicaron parcialmente o no se aplicaron o no pudieron verificarse;
a) en el ámbito de la política agrícola (10 recomendaciones), el seguimiento de las recomendaciones afecta a menudo a los Estados miembros y a la Comisión, y esta última considera que ha cumplido con sus responsabilidades;
b) en el ámbito de la política social (2 recomendaciones), en lo que se refiere a la gestión compartida, el Tribunal considera que los resultados y la eficacia no se midieron suficientemente;
c) en el ámbito de las relaciones exteriores (3 recomendaciones), el Tribunal consideró que la Comisión debe evaluar directamente si los costes de los proyectos son razonables y depender menos del conocimiento que tienen de los mercados las organizaciones internacionales; y que la Comisión debería haber mejorado la calidad y la seguridad del Sistema Común de Información Relex (CRIS); y
d) en el ámbito de la competencia (3 recomendaciones), el Tribunal era de la opinión de que se deberían gestionar mejor las investigaciones previas, que habría que reducir el número de reclamaciones infundadas y que se debería mejorar la interfaz de información sobre las ayudas públicas (SARI);
288. Destaca que la autoridad de aprobación de la gestión considera insatisfactorio que tras los procedimientos contradictorios las conclusiones de la Comisión y el Tribunal sean diferentes; pide, por lo tanto, a ambas instituciones que eviten este tipo de resultados;
289. Pide al Tribunal que indique claramente en sus recomendaciones el tipo de acción que se espera de la Comisión y el que se espera de los Estados miembros;
290. Pide al Tribunal que, junto con las autoridades nacionales de auditoría, desarrolle un sistema que permita al Tribunal evaluar el seguimiento de sus recomendaciones por parte de los Estados miembros;
291. Destaca que no ha recibido nunca una explicación satisfactoria de los motivos por los que, durante años, la Comisión ha considerado sumamente importante que las direcciones generales dispusieran de sus propias estructuras de auditoría interna, para luego terminar reagrupándolas de nuevo bajo el Servicio de Auditoría Interna a partir de abril de 2015;
292. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2016)0000.
Véase en el Anexo I del Informe Especial la lista de comprobación redactada por el Tribunal para evaluar el diseño de los sistemas de control a la luz de los riesgos asociados a los costes del desarrollo rural.
Informe Especial n.º 1/2014, titulado «Eficacia de los proyectos de transporte urbano financiados por la UE», e Informe Especial n.º 21/2014, titulado «Infraestructuras aeroportuarias financiadas por la UE: escasa rentabilidad».
Reglamento (UE) n° 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n° 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y por el que se modifica la Decisión n.º 283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social (DO L 347 de 20.12.2013, p. 238).
Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (DO L 295 de 12.11.2010, p. 2).