Source: https://es.scribd.com/document/58713968/Comentario-Schick-Dec-1694-2009
Timestamp: 2019-04-20 06:19:52
Document Index: 334049453

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Boletin_Informativo_Octubre_2009_Nro._5
Las Prestaciones Dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo y el Decreto 1694/2009 del Poder Ejecutivo Nacional.
Autor: Schick, Horacio Publicado en: DT 2010 (mayo), 1217 Sumario: I. Consideraciones sobre la constitucionalizacin de la reparacin de los daos. II. Prevencin y reparacin. III. Las prestaciones dinerarias de la LRT. IV. Anlisis del Decreto 1694/09. V. Es posible la aplicacin de las mejoras del Decreto 1694/09 a las prestaciones dinerarias no canceladas a la fecha de su entrada en vigor? VI. Conclusiones.
"El Decreto ha mejorado la base de clculo y ajuste de la ILT y la IPP al incorporar al cmputo de la liquidacin y ajuste el criterio establecido por el artculo 208 de la LCT. Sin embargo, inexplicablemente, no se ha trasladado este criterio para el clculo de las indemnizaciones permanentes, lo que significa una diferenciacin peyorativa para las vctimas con respecto a este tema crucial de la ley".
I. Consideraciones sobre la constitucionalizacin de la reparacin de los daos En el mbito de la responsabilidad civil en los siglos XX y XXI, las condenas de reparacin de daos dejaron de ser simblicas para tener un fuerte contenido econmico y as cumplir el fin resarcitorio que el derecho les impone. Se produjo un cambio de ptica, la consideracin de la situacin de la vctima vino a reemplazar la precedente estimacin desde la perspectiva del victimario. La Ley 24.557, sancionada en 1995 en pleno auge del neolaboralismo, march en sentido contrario, lo que se vislumbr claramente en el discurso de sus creadores acerca de que el objetivo principal del nuevo sistema era limitar los juicios y reducir los costos empresariales, conjuntamente con la ampliacin del mercado asegurador. En lo que se refiere a la reparacin integral de los daos a consecuencia de los infortunios laborales, la LRT adopt un camino regresivo y claramente desprotectorio para los damnificados, estableciendo la imposibilidad que las vctimas de accidentes de trabajo, tuvieran la posibilidad de acceder al resarcimiento integral que otorga el Cdigo Civil y del que gozan todos los habitantes de la Nacin Argentina. La Corte Suprema en el clebre fallo Aquino repar este retroceso consagrando definitivamente el carcter constitucional del derecho a la reparacin plena de los daos y otorgando igual rango al principio alterum non laedere que prohbe a los hombres daar los derechos de un tercero. Las nuevas concepciones enunciadas por la Corte y ya esbozadas por los tratadistas avanzados del derecho de daos, implicaban superar la visin decimonnica que ubicaba a la persona humana en el Derecho Privado y no en la Constitucin. Para el Cdigo Francs de 1804 y los que siguieron sus lineamientos, interesaba la persona slo como ente productor y los daos cuya reparacin se admita eran los que limitaban o quitaban esa aptitud. La Corte Suprema sostuvo, ya en el caso Gunther, (1) la tesis de que el Cdigo Civil en sus artculos 1109 y 1113, en verdad recoge y reglamenta el principio general establecido en el artculo 19 de la Constitucin Nacional que prohbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. En Santa Coloma, (2) el Mximo Tribunal seal que cuando las indemnizaciones no se corresponden con el dao efectivamente sufrido se lesiona el principio alterum non laedere que
tiene raz constitucional en el artculo 19 de la Constitucin Nacional, reiterando que la reglamentacin realizada por el Cdigo Civil no lo arraiga con carcter excluyente en derecho privado sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurdica (3). En el clebre fallo Aquino, tambin existi coincidencia en todos los votos de los Ministros del Alto Tribunal en punto a deben ser resarcidos todos los perjuicios sufridos por el trabajador, no slo los que pudiesen corresponder en razn del menoscabo de la actividad productiva sino que la reparacin debe comprender: la incapacidad fsica, la psquica y el dao moral; la prdida de ganancias y los perjuicios de la vida de relacin social, deportiva y artstica; la prdida de chance de ascenso en la actividad profesional y la lesin esttica. En definitiva se afirm que para que una indemnizacin sea considerada justa no debe existir dao que no deba ser cabalmente reparado. El mensaje del Mximo Tribunal es claro: en la Constitucin Nacional y en los Tratados Internacionales suscriptos por la Nacin con igual jerarqua, se consagran los derechos fundamentales de toda persona humana como el derecho a la indemnidad psicofsica de la persona, el derecho a no ser daado y, en su caso, el derecho a la reparacin del perjuicio causado. Ya no se trata slo de la reparacin del dao sufrido por el trabajador, sino de la persona que trabaja. Las proyecciones del derecho a la reparacin con carcter constitucional son vastsimas: su aplicacin conduce a que las limitaciones indemnizatorias contenidas en los regmenes especiales deben sortear en su aplicacin el test de constitucionalidad. Nos referimos concretamente en nuestra disciplina a las prestaciones econmicas previstas en el la Ley de Riesgos, en cada uno de sus supuestos. Por otra parte, la Corte Suprema en forma reiterada ha sealado que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, como claramente lo establece el artculo 14 bis de la Constitucin Nacional al sealar que el trabajo en sus diversas formas gozar de la proteccin de las leyes, lo cual ha sido reforzado por la proteccin reconocida a todas las personas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tambin reiteradamente referidos por el Mximo Tribunal. No es coherente con la Constitucin Nacional ni con los contenidos de los artculos 1, 2, y 7 de de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, los artculos 1, 24 y concordantes de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos que una numerosa categora de habitantes carezca del derecho a que se los indemnice plenamente por los daos sufridos como consecuencia de una conducta subjetiva u objetivamente reprochable. Los derechos econmicos, sociales y culturales no son una bandera, ni el patrimonio de una determinada vertiente poltica o ideolgica. Son s, lisa y llanamente, derechos, ms precisamente, derechos humanos, y en el sentido ms propio de este concepto. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son autnticos derechos humanos fundamentales. Y como tales deben ser considerados por todos y muy especialmente, por los Estados sus rganos, y los hombres y mujeres de derecho. Las banderas podrn adornarse con estos derechos o despojarse de ellos, las paletas de las parcialidades polticas o ideolgicas podrn incorporar estos colores o diluirlos, pero nunca desconocerlos o ignorarlos a riesgo de despojarse del sentido cabal de lo que debe ser entendido como Estado de Derecho. La indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos impide toda distincin de base o conceptual entre los derechos econmicos, sociales y culturales, y los derechos civiles y polticos. Asimismo, implica que el desconocimiento de los primeros impida el pleno goce de los segundos (4). Desde el mbito del Derecho Civil ms ortodoxo, tambin se podra justificar que los trabajadores tuvieran una indemnizacin superior al resto de los habitantes, sin recurrir al artculo 14 bis de la Constitucin Nacional, porque para los dependientes la capacidad laboral lo es todo y el dao a la salud adquiere una trascendencia distinta, ya que slo cuentan con su fuerza de trabajo para participar del proceso productivo y obtener como sustento la remuneracin alimentaria. En consecuencia, hasta sera legtimo y cientficamente acertado un sistema de mayor resarcimiento
o de indemnizacin diferenciada, que se proyecte, por ejemplo, a otra vctima para la cual la capacidad fsica elemental no lo sea todo (5). Asimismo desde esa visin desde el ms clsico derecho civil, un imperativo de justicia conmutativa tambin determina que quien ha sufrido injustamente un dao a su persona sea indemnizado, ms all del destino que pueda sufrir quien paga y del eventual resentimiento de su actividad creadora o productiva. El cumplimiento de la funcin exige una reparacin integral, puesto que una reparacin parcial no borra el perjuicio ni deja a la vctima en la situacin ex ante y, por ende, no satisface el reclamo de justicia (6). En otras palabras, como lo ha sealado reiteradamente el Dr. Eduardo Alvarez la jurisprudencia de la Corte Suprema en sus innumerables citas ha establecido una doble proteccin en materia de infortunios laborales: el trabajador protegido desde nuestra disciplina por el principio protectorio y desde el Derecho de Daos por su condicin de vctima (7). Frente a estos avances de las fronteras del derecho de daos, no puede soslayarse el conflicto permanente que se plantea con la teora de la interpretacin econmica del derecho que busca limitar los alcances del neminen laedere con variados argumentos: 1. La buena marcha de la economa; 2. La falta de demarcacin entre los daos que se reparan y de los que no se reparan genera una inseguridad tangible; 3. Ello significa un desaliento para la inversin y el desarrollo; 4. Responsabilidad enorme para quien acta y arriesga; 5. Desistimiento de actividades socialmente beneficiosas pero potencialmente generadoras de algn dao; 6. El costo de las actividades de prevencin; 7. Prdidas cuantiosas para el mundo empresario (8). Socilogos y juristas han coincidido en que este enfoque est lejos de ser neutral o desinteresado. Los grandes daadores del mundo actual son los empresarios, a travs de sus mltiples actividades, as como la mayora de las vctimas se reclutan entre los trabajadores, los peatones, los hombres dbiles o vulnerables (9). La conclusin que se deriva del enfoque econmico no es otra: a) la existencia de un derecho a daar impunemente; b) las vctimas deben subvencionar al mundo empresario; c) los negocios se colocan por encima de la persona humana y de su patrimonio; d) la libertad de actuacin proclamada en detrimento de los perjudicados inocentes (10). El anlisis econmico del derecho segn Mosset Iturraspe es: la introduccin de un criterio consecuencialista a la hora de interpretar y aplicar el Derecho sobre la base de una pureza en el razonamiento econmico comparable a la pureza jurdica de la teora de Kelsen, una y otra marginadas de los valores de la escala axiolgica que termina de convencernos sobre la necesaria impureza del Derecho; siendo ese anlisis ms que una tendencia o una orientacin, un criterio que ya ha entrado en el discurso de los operadores jurdicos, a todos los niveles: legisladores, jueces y abogados, a contramano de lo que la cultura de nuestros pueblos considera justo, desconociendo valores fundamentales que queremos respetar (11). Sin embargo puede afirmarse que el avance de la doctrina judicial de la Corte sobre reparacin de daos en general y dentro de ellos a los laborales es categrico e irreversible. Quien ha sufrido un dao se ve privado de lo suyo. Ya sean sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, el daante lo ha privado de lo que estaba en su titularidad, principalmente, la integridad psicofsica en los casos de infortunios laborales, de all que deba ser indemnizado de modo ntegro. Pagar a medias, indemnizar parcialmente y no la totalidad del perjuicio no es un resarcimiento justo. Incluso, se puede deducir del fallo Aquino que las indemnizaciones tarifadas del rgimen especial, tambin deben tender a reparar integralmente el dao sufrido por la vctima laboral.
As se desprende del voto de los Ministros Belluscio, Maqueda y Boggiano, en el leading case cuando afirmaron que la limitacin indemnizatoria dispuesta por la LRT o un rgimen diferente del previsto por el Cdigo Civil, no es por s mismo inconstitucional. Lo es, en cambio, en el caso concreto, cuando se demuestra que su aplicacin conduce al desarraigo del principio alterum non laedere que aquella norma reglamenta y comporte un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparacin. Segn estos magistrados no existe un impedimento constitucional para que haya un rgimen de reparacin de accidentes que difiera del que regula el Cdigo Civil, aunque lo condiciona a que tal resarcimiento cumpla con el requisito de reparacin integral, que se demuestre en cada caso. Ms all de adherirse a la posicin de la llamada inconstitucionalidad absoluta del artculo 39 prrafo 1 de la LRT esbozada por los Ministros Petracchi, Zaffaroni, Highton de Nolasco y Argibay (esta ltima en Daz c/Vaspia), lo cierto que el voto de los Ministros Belluscio, Maqueda y Boggiano, luego continuados por los Dres. Lorenzetti y Maqueda en la causa Avila Juchami, (12) traducen la impronta de que el principio del alterum non laedere, tambin debe reflejarse en las prestaciones econmicas del rgimen especial. II. Prevencin y reparacin Creemos que ha quedado superado el debate acerca de que las leyes que regulan las enfermedades y accidentes laborales deben priorizar la prevencin en desmedro de la reparacin como preconizaban los defensores de la ley original. Esta postura se tradujo en los fuertes retrocesos reparatorios para las vctimas que trajo aparejada la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Es inevitable la existencia de un determinado nmero de siniestros que ocurren por los propios riesgos que implica la actividad productiva que, aun siendo lcita y consentida por la sociedad y generadora de desarrollo, tiene aptitud para generar daos en el medio ambiente, en terceros, en los consumidores y en los trabajadores. Adicionalmente en el mbito laboral, esta situacin se agrava por el incumplimiento generalizado de las normas de higiene y seguridad. De hecho, en la Argentina slo en el sector formal se registran casi 700.000 accidentes laborales anuales, lo cual confirma adems la ineficiencia del sistema preventivo. De modo tal que, una vez acaecido el infortunio, el dao debe ser reparado. Pero tambin se debe destacar que la adecuada reparacin del dao laboral en los trminos delineados por el Mximo Tribunal de la Nacin en los fallos dictados a partir de la primavera de 2004 ha determinado, en los ltimos tiempos por parte de los obligados del sistema, la adopcin de conductas ms diligentes en materia de prevencin de riesgos, que no se haban verificado en los primeros aos de vigencia de la ley. Las sentencias han dado claras seales a los responsables para observar un debido inters en la prevencin de daos laborales. Como pregunta el profesor Mosset Iturraspe: Puede haber un incentivo ms fuerte para no daar que la amenaza de una condena judicial por resarcimiento? No de una condena simblica a pagar unas monedas sino de una que importe una traduccin razonable del perjuicio. Agrega el eminente Profesor, que hay coincidencias, y no puede ser de otra manera, en que la irresponsabilidad, total o parcial, no es un criterio disuasorio vlido o eficiente, la ausencia de pagos en concepto de indemnizacin por daos privara al causante de un estmulo para realizar gastos en prevencin (13). De modo que prevencin y reparacin no son conceptos antitticos, sino que se complementan y as deben ser considerados por el Estado y por los actores del sistema. III. Las prestaciones dinerarias de la LRT
3.1. Insuficiencia reparatoria La LRT estableci mezquinas prestaciones dinerarias, con topes arbitrarios y adicionales imposiciones de percepcin de las mismas en forma de renta, en los casos de altas incapacidades y de la muerte. Estas indemnizaciones tarifadas lejos estaban de cumplir con el objetivo de otorgar una adecuada reparacin de los infortunios laborales, como prescribe el artculo 1, apartado 2, inciso b de la Ley. Las bases de clculo de todas las prestaciones dinerarias, han resultado inferiores a las de la ley 9688 y sus reformas. En el ingreso base, adems de las quitas porcentuales, slo se computan las sumas sujetas a cotizacin de la seguridad social, cuando en los sistemas legales precedentes siempre se aplic la norma ms favorable calculando el salario total de acuerdo con el artculo 208 de la LCT. Por su parte, el coeficiente de edad alcanz a 100 con la ley 23.643 y fue disminuido a 65 por la LRT. Esta forma de calcular el ingreso base implica una disminucin sustancial del haber del trabajador con relacin al salario real anterior al infortunio. Esta situacin se agrava en pocas de inflacin y aumento de salarios, ya que se produce un empobrecimiento de la vctima con respecto al ingreso del trabajador sano y en actividad, ya que el VMIB queda cristalizado en el clculo de ingresos del ao anterior a la primera manifestacin invalidante. La determinacin de las prestaciones sujetas al referido salario previsional, como el congelamiento del valor mensual del ingreso base al valor del ao anterior a la primera manifestacin invalidante, le causa al trabajador un serio perjuicio, pues los daos sufridos en las diferentes secuencias de su incapacidad son fijados slo computando una parte de la remuneracin cristalizada en el tiempo. Estas disposiciones no fueron corregidas por la reforma del DNU 1278/00. En el ao 2000 el Poder Ejecutivo Nacional respondiendo a las propuesta de los obligados del sistema y al consentimiento del Comit Consultivo Permanente de la LRT dict el mencionado DNU para intentar atemperar algunos aspectos vulnerables de la LRT y con la clara finalidad de bloquear la reforma legal integral, proyectada en la Comisin de Legislacin del Trabajo desde el ao 1998, que de haberse sancionado, habra evitado muchos de los inconvenientes posteriores. Se recurri al atpico e inconstitucional dictado de un DNU a los efectos de tornar ms difcil el esclarecimiento del carcter inconstitucional de muchas disposiciones de la LRT. 3.2. El caso Berti de la CSJN y los topes de las LRT Como ha sido reiteradamente sealado, los topes legales, en todas las leyes de accidentes del trabajo, terminaron por abusar de la tcnica de la tarifacin, envileciendo las indemnizaciones de los trabajadores. En la LRT tambin se repiti este fenmeno, pero agravado por la inclusin todava ms objetable del tope indemnizatorio proporcional, el cual determinaba que luego de efectuar el clculo de la indemnizacin sobre la base de los cmputos aritmticos preestablecidos, sustentados en la edad, grado de incapacidad e ingresos sujetos a aportes, que acotan de por s el resarcimiento, se le incorporaba una nueva limitacin parcial, que desnaturalizaba definitivamente el carcter reparador de la tarifa legal. La combinacin con los topes generales y parciales provoca una distorsin muy marcada, que desvirta las indemnizaciones.
Los topes de las leyes de accidentes fueron declarados inconstitucionales en algunas oportunidades. En este orden de ideas, nuestro Mximo Tribunal tuvo oportunidad de declarar la inconstitucionalidad del tope vigente para la ley 9688 en el caso Vega, sealando que: ...corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Resolucin 7/89 del Consejo Nacional del Salario Mnimo, Vital y Mvil si su aplicacin para la determinacin del tope indemnizatorio fijado por el artculo 8 de la ley 9688, determina una pulverizacin del real significado del crdito indemnizatorio con lesin a la garanta de propiedad a que alude el art. 17 de la Constitucin Nacional (14). Tambin, en los ltimos aos, diversos tribunales declararon la inconstitucionalidad de los topes de la LRT (15). Hasta el presente, la Corte Suprema no se haba pronunciado en concreto sobre las prestaciones dinerarias de la ley a excepcin del cuestionado sistema de pago en renta decidido en los clebres fallos Milone y Surez Guimbard. Sin embargo, en fecha reciente, ha dictado un pronunciamiento en el caso Berti, (16) en el cual los jueces de Primera y Segunda Instancias haban declarado la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del artculo 14 apartado 2 de la LRT. Este decisorio, si bien no cierra el debate sobre esta cuestin, contiene consideraciones que no pueden ser omitidas por provenir del Mximo Tribunal de la Nacin. La Corte Suprema en esta causa revoca la declaracin de inconstitucionalidad del mencionado tope indemnizatorio dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo n 52 y ratificado por la Sala VII de la CNAT, porque no considera suficiente para decidir tal reproche determinar la naturaleza remuneratoria de los ingresos del trabajador, sin considerar que rige el artculo 12 de la LRT, el cual prescribe computar a los efectos indemnizatorios de la ley especial, slo los ingresos sometidos a cotizacin a la seguridad social. A su vez, indica que existe un lmite de aportes a la seguridad social y a las ART por parte de los empleadores que tambin rigen en el caso. Como estas disposiciones legales no fueron tachadas de inconstitucionalidad por el reclamante ni por la Cmara., entiende que hay que limitarse al cmputo del lmite del referido artculo 12 de la LRT. As dice la Corte en el considerando 8 del fallo: que, en tales condiciones, a los fines de la adecuada solucin a la causa, no era suficiente determinar la naturaleza remuneratoria de los rubros en juego como hizo la alzada, ya que resultaba imprescindible elucidar el tema atinente al tope que la normativa no tachada de inconstitucional impone a la retribucin que debe tomarse como base para el clculo. Por tales motivos descalifica lo resuelto en Cmara, lo que torna prematuro la consideracin de la validez constitucional del tope remunerativo previsto por el artculo 14, apartado 2, prrafo a) de la LRT. Para comprender ms acabadamente la cuestin, cabe aclarar que en el caso sometido a juzgamiento se trataba de un jugador de ftbol de primera divisin que perciba adems de un sueldo bruto de $ 5.788, ms $ 100 por partido ganado, premios y primas (como contraprestacin por los servicios prestados por su condicin de jugador de ftbol profesional para el club demandado), lo que segn la pericia contable del Juzgado de Primera Instancia determinaba un ingreso base de $ 23.718 mensuales. De acuerdo a este ingreso, con una incapacidad verificada del 65% de la total obrera y la fecha en que se produjo la primera manifestacin invalidante el Juez de Grado Dr. Tatarsky determin que el accionante resultara acreedor de una renta peridica conforme el artculo 14 apartado 2 de la LRT y del Decreto 559/97 equivalente a la suma de $ 10.791,75. En el caso, el Juez interpreta que tratndose de un futbolista resulta razonable extender la percepcin de la renta peridica hasta los 35 aos, ello pues corresponde a criterio del suscripto asimilar tal edad a la expresin de la norma estar en condiciones de jubilarse, pues resulta utpico acordar al actor expectativas como futbolista profesional ms all de tal edad y hasta los 65 aos previstos por la ley.
A rengln seguido, el Juez de Grado adhiriendo a la jurisprudencia de la Corte en el caso Milone declara la inconstitucionalidad del pago bajo la forma de renta y determina que la prestacin prevista en el artculo 14 apartado 2, prr. b) y en el artculo 19 de la LRT sea abonada en un pago nico, el que ascendi de acuerdo a las pautas arriba sealadas a la suma de $ 777.006. Asimismo, el Juez de Primera Instancia observando que, al resultar alcanzada dicha suma por el tope indemnizatorio fijado por el Decreto 559/97 de $ 110.000, vigente a la poca del infortunio, declara su inconstitucionalidad por el abierto carcter confiscatorio respecto de la suma arriba fijada y por lo tanto violatorio del derecho de propiedad y del principio de proteccin del trabajador, ambos de raigambre constitucional (Art. 14 y 17 CN). Ms all de que en la litis se debatiera otros temas en relacin a la interpretacin del artculo 28 de la LRT lo que no ser aqu objeto de anlisis, porque no hace al fondo del debate en la decisin del Supremo Tribunal, lo cierto es que apelada la sentencia, la Sala VII de la CNAT ratific la declaracin de la inconstitucionalidad del tope general indemnizatorio de la LRT, determinando que para calcular la indemnizacin especial deba tomarse en consideracin todas las remuneraciones de Berti. La Cmara consider en especial que era necesario que los rubros, premios y primas estuvieran incluidos en el concepto de salario o remuneracin y, adems, ratific la inconstitucionalidad del tope, que limitaba seriamente la indemnizacin del actor. Asimismo, la Cmara reafirm la declaracin de inconstitucionalidad del pago en renta de las indemnizaciones, lo que a su vez fue confirmado por la el Mximo Tribunal. Como se refiriera, no corri la misma suerte la declaracin de inconstitucionalidad del tope del artculo 14 apartado 2 prr. a) de la LRT. La demandada Club Boca Juniors que tuvo que hacerse cargo de las prestaciones dinerarias porque no denunci el infortunio a la ART, se defendi esgrimiendo que se haban considerado ingresos que no entran en la definicin del artculo 12 de la LRT y exceden el lmite de contribucin mximo a la seguridad social de 60 AMPOS. La Corte revoca la declaracin de inconstitucionalidad del tope porque no considera suficiente determinar la naturaleza remuneratoria de los ingresos del trabajador, porque rige el artculo 12 de la LRT que remite a computar slo los ingresos sometidos a cotizacin a la seguridad social, el que no fue tachado de inconstitucional por el reclamante ni por la Cmara., por lo tanto, entiende que hay que ajustarse al cmputo de ese lmite y a las Resoluciones congruentes de la AFIP que tampoco fueron cuestionadas. As, en los considerandos 4 y 5 del fallo Berti se alude a que las sumas tomadas en consideracin excedan el limite del referido artculo 12 de la LRT y la Resolucin General DGI 4204/96 que no han sido objeto de cuestionamiento constitucional. Asimismo, se seala que el artculo 5 de esta Resolucin de la AFIP determina que los aportes al seguro y a la seguridad social tienen un lmite de contribucin mximo de 60 AMPOS y que ese lmite se compatibiliza con el lmite del artculo 12 para calcular las prestaciones dinerarias. Dicho lmite se vea desbordado al computarse los premios y las primas. En el considerando 7 se sostiene que el apelante invoc de modo suficiente un plexo normativo en el que la LRT, al remitir al criterio adoptado por la ley 24.241, fija un lmite a las remuneraciones computables cindolas a las sujetas a cotizacin, esto es, a las que se encuentren entre un mnimo y un mximo de AMPOS y la norma reglamentaria, de modo congruente, hace extensiva aquella limitacin al monto de las prestaciones dinerarias. Cabe aclarar que, a la poca del siniestro, el AMPO estaba en $ 80, de modo que el lmite de aporte mximo resultara de slo $ 4.800.
En definitiva, el fallo en su considerando 10 descalifica lo resuelto en Cmara, sin perjuicio de sealar lo que torna prematura la consideracin de la validez del tope remunerativo previsto por el artculo 14 apartado 2) prrafo a) de la ley 24.557, ordenando que se remitan nuevamente los autos a la Cmara Nacional de Apelaciones del Trabajo para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Cabe considerar que de la lectura atenta del fallo no significa que la Corte haya validado dogmticamente los topes indemnizatorios de la LRT, sino que est indicando que el planteo de tal cuestin muy difundida en Tribunales por el carcter distorsivo y desactualizado de los mismos, sobre todo en los ltimos aos, ya que el ltimo tope fue fijado en diciembre de 2000 en $ 180.000, deber ir acompaado en esa presentacin por un planteo de inconstitucionalidad respecto de la forma de calcular el VMIB, es decir, del artculo 12 y de las respectivas Resoluciones de la AFIP de cada etapa histrica que limitan el aporte a la Seguridad Social con una incidencia desajustada en relacin con el carcter reparatorio de una indemnizacin por accidente del trabajo. Por otra parte, no puede dejar de sealarse que una decisin adoptada de acuerdo con el texto literal de la LRT, en el caso Berti, puede llegar a una solucin de notoria injusticia y absolutamente contradictoria con la finalidad de otorgar una adecuada reparacin de los daos laborales preconizada en el artculo 2 de la LRT. En efecto, el seor Berti perciba un ingreso mensual de $ 23.718 y, padeciendo una incapacidad del 65% de la total obrera, su indemnizacin por aplicacin del tope ascender slo a la irrisoria suma de $ 71.500. Una solucin de esta ndole configurara claramente un absurdo insostenible por la evidente desproporcin entre dao, ingresos, clculos aritmticos bsicos y tope legal indemnizatorio. La aplicacin de este tope se convertira en irrazonable, inconstitucional y, por lo tanto, violatoria del artculo 17 de la Constitucin Nacional. En este sentido, se pronunci la jurisprudencia en una situacin similar a la que deber resolverse en definitiva en el caso Berti, sealndose que a los fines de establecer la prestacin dineraria a pagar en el caso de una incapacidad permanente parcial, cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 14, ap. 2, inc. 4 de la ley 24.557, cuando la indemnizacin pagada por la aseguradora represente una reduccin del 58,48% de la indemnizacin que habra correspondido al actor sin el tope. En este sentido, es aplicable plenamente el razonamiento expuesto por la CSJN en el caso Vizzoti, Carlos A. c/Amsa SA s/despido del 14/09/2004, en cuanto que el lmite a la indemnizacin, por la aplicacin de los topes, slo es razonable en tanto no importe reducir en ms del 33% la mejor remuneracin normal, mensual y habitual percibida por el trabajador durante el ltimo ao de trabajo o durante el tiempo de la prestacin de servicios si ste fuere menor (17). Esta solucin desajustada con la realidad y con la equidad tiene su origen en que la LRT determina prestaciones dinerarias efectuadas sobre la base del llamado Valor Mensual del Ingreso Base (VMIB), definido en el artculo 12 de la ley como el que resulta de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al Sistema Jubilatorio devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestacin invalidante, por el nmero de das corridos comprendidos en el perodo considerado. Por lo tanto, las prestaciones dinerarias se determinan sobre la base de una cifra dineraria inferior a la real remuneracin del trabajador. Este inadecuado criterio del salario previsional no tiene en cuenta para calcular el VMIB aquellas prestaciones que forman parte del ingreso mensual del trabajador, pero que carecan en la ley de carcter remuneratorio o, al menos, se les haba negado normativamente hasta ahora. Tales fueron los casos hasta la entrada en vigencia el 01/01/2008 de la ley 26.341 que derogara los incisos b) y c) del art. 103 bis de la LCT de los vales de alimentos, de almuerzo, de transporte, etctera. O, ms cercanas an, aquellas asignaciones llamadas alimentarias no remunerativas, utilizadas en las ltimas negociaciones colectivas.
Sin embargo, no puede omitirse en el anlisis de esta cuestin, que la misma Corte Suprema en el caso Prez c/Disco, (18) ratifica implcitamente la crtica a la frmula previsional del clculo del Ingreso Base. En efecto, la Corte declar la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c de la Ley de Contrato de Trabajo texto segn ley 24.700, relativo a los vales alimentarios, en cuanto niega a stos naturaleza salarial, pues llamar a las cosas por su nombre, esto es, por el nombre que el ordenamiento constitucional les da, resulta, en el caso, un tributo a la justicia de la organizacin del trabajo subordinado, principio rector a cuya observancia no es ajena la empresa contempornea. Se seal tambin en el fallo Prez, que la naturaleza jurdica de una institucin debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o los particulares, le atribuyan, sobre todo cuando cualquier limitacin constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sera inconstitucional, y en el caso el art. 103 bis inc. c no proporciona elemento alguno que, desde el ngulo conceptual, autorice a diferenciar a la concesin de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de ste, siendo el distingo slo ropaje. El pronunciamiento dictado en Prez c/Disco nos lleva a una reflexin adicional. El reiterado sealamiento de la Corte Suprema en el caso Berti acerca de la omisin de los Jueces en no declarar la inconstitucionalidad del artculo 12 de la LRT, lo que inhabilitaba analizar la cuestin del tope indemnizatorio, podra tambin haberse obviado y superado de acuerdo a la doctrina sentada por el Mximo Tribunal en el Fallo Mill de Pereyra (19). En este caso, la Corte Suprema habilita la declaracin de oficio de la inconstitucionalidad de una ley, con la nica limitacin de respetar el derecho de defensa de las partes, dando un traslado a las mismas antes de decidir sobre la eventual colisin de una norma con la Carta Magna. Si bien es cierto que se limita esta intervencin de oficio a casos de graves infracciones a la Ley Suprema, puede sostenerse que la situacin referidas a los topes indemnizatorios de la LRT discernido en el caso Berti tiene suficiente entidad, es congruente con lo decidido en Prez c/Disco y con la histrica labor de la Corte Suprema en la desarticulacin de una de las leyes mas injustas y alejadas de la juridicidad que se haya conocido en la historia del derecho, como es la LRT. Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, una de las enseanzas que se deriva de este pronunciamiento reiteradamente sealado por el voto mayoritario es que no es suficiente plantear la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio, sino que el mismo debe ir acompaado con igual reproche de la forma de calcular el Ingreso Base con los lmites previsionales dispuestos por el artculo 12 de la LRT y, segn la visin que aqu se sostiene, haciendo especial hincapi en lo dicho por el Mximo Tribunal en el referido caso Prez c/Disco. Por otro lado, cabe recordar que la jurisprudencia ha tenido tambin oportunidad de cuestionar el art. 12 de la ley 24.557 al sealar que el mismo es claramente reprochable desde el punto de vista constitucional cuando de su clculo resulta para el trabajador accidentado un importe inferior al que normalmente le correspondera como contraprestacin por su labor. El fundamento jurdico de tal prestacin es la situacin de incapacidad en que se halla el trabajador, en virtud de una circunstancia que el ordenamiento jurdico le imputa al empleador (subrogado en sus obligaciones por la ART). No tiene sentido que durante ese lapso el trabajador se vea afectado por un dficit en su ingreso de bolsillo, que tiene carcter alimentario, en virtud de una causa que no le es imputable, y que la norma le asigna a la responsabilidad del empleador (en el caso, el trabajador ve claramente afectada su remuneracin mensual de $ 600, por una prestacin de $ 226,58, que no alcanza siquiera a la mitad del ingreso mensual que tiene carcter alimentario) (20). Tambin, fue dicho por los Jueces que de no haber acaecido el accidente, el trabajador hubiera conservado su nivel salarial (bsico convencional ms el promedio de adicionales por kilmetros recorridos y control de carga y descarga). Las remuneraciones ganadas por el trabajador hasta el da del accidente de trabajo definen el nivel salarial (derecho adquirido). Es contrario al Derecho Bsico Universal dejar fijo el salario (en el nivel de un tiempo ido), frente a las constantes necesidades personales y familiares de la vctima y los cambios progresivos que ha tenido el haber
de sus pares (fijado convencionalmente). Congelar el haber del accidentado implica la automtica disminucin de su poder adquisitivo vital (personal y familiar), daando su Proyecto de Vida. Corresponde declarar inconstitucional y contrario al Derecho Bsico Universal la forma de clculo del ingreso base segn el art. 12 de la LRT (24.557); debiendo tomar en el supuesto del CCT 40/89 el nivel salarial real convencional (tem 6.1.1), adicionando el promedio mensual de kilometraje (tem 4.2.3) y del control de carga/descarga (tem 4.2.6). En tanto el salario refleja una determinada realidad econmica general articulada convencionalmente (libertad negocial ejercida por empleadores y trabajadores) y que ello se modifica en el tiempo (por cambios reconocidos por los propios actores del sector); reducir la remuneracin a dos tercios (2/3) de su valor, es aplicar un castigo a la vctima al pagarle tan solo una porcin de lo que ganaba al momento del accidente. Debe declararse la inconstitucionalidad de la reduccin del haber del trabajador (art. 15 ap. 1 de la LRT) por ser repugnante al Derecho Bsico Universal; debindose restablecer el haber mensual en la integridad original (100%) (21). En otro orden de cosas, luego de la crisis de la convertibilidad, las ART no podrn alegar el lmite de aportes a la Seguridad Social como fundamento a sostener los topes, ya que, mientras stos se mantuvieron congelados desde diciembre de 2000 (DNU 1278/00) en $ 180.000, las alcuotas se han ido incrementando en paralelo a los aumentos salariales convenido en los CCT. Tambin, se ha ido actualizando el lmite mximo del aporte a la Seguridad Social para los empleadores, el que, por ejemplo, est a la fecha en la suma de $ 10.119,98 (Resolucin General 2800 de la AFIP, que rige desde el 1 de marzo de 2010). A todo evento, de verse afectada la indemnizacin por el tope de aportes a la seguridad social, la diferencia podr considerarse que sea absorbida por el empleador en la medida en que la contratacin parcial de un seguro no puede tener como consecuencia una limitacin indemnizatoria para el damnificado por un dao causado a raz del trabajo. En consecuencia, el criterio irrazonable del artculo 12 justifica el derecho a percibir una reparacin extra para cubrir la brecha respecto del dao no contemplado en las prestaciones dinerarias del sistema. En este sentido, dicha diferencia debera ser cubierta por el empleador. Si bien es cierto que este ltimo celebr un pacto que es aleatorio, pagando una suma insuficiente con respecto al posible resarcimiento del dao ocurrido, tambin es cierto que ha suscripto un contrato de seguro que lo cubra parcialmente de los riesgos a los que estaba expuesto. Abon una prima que, con relacin al hipottico dao causado, era parcial, por lo que debe asumir las consecuencias (22). IV. Anlisis del Decreto 1694/09 4.1. Evaluacin preliminar del Decreto 1694/09 Transcurridos casi diez de la anterior reforma por decreto, luego de cinco aos de dictados la trada de fallos Aquino, Castillo y Milone, que hicieron colapsar los pilares sustantivos y procesales del inconstitucional rgimen proyectado en 1995, despus de siete aos de la actual Administracin, el Poder Ejecutivo Nacional a travs del dictado del Decreto 1694/09 ha dispuesto limitadas modificaciones a algunas de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo, sin perjuicio de mantener el esquema antijurdico de la ley vigente. A esta altura de los tiempos, en cambio, hubiera sido esperable un proyecto de reforma legislativa que modificara ntegramente las prestaciones econmicas de la LRT y adems acatara, de buena fe, la doctrina del Mximo Tribunal. Es evidente que cuanto menos en esta etapa no se enviar esta reforma integral. Ni siquiera se dict el segundo decreto anunciado reiteradamente por el Ministro del rea, mediante el cual se incorporaran tres nuevas enfermedades al listado previsto en el artculo 6, prrafo 2, de la ley y que se haba discutido reiteradamente en el Comit Consultivo Permanente de la LRT. En primer lugar son relevantes algunas afirmaciones contenidas en los considerandos de esta norma dictada por la Administracin.
En los prrafos segundo, tercero, y quinto de los considerandos del Decreto, el Poder Ejecutivo Nacional reconoce el colapso y la crisis agnica del sistema de riesgos del trabajo, as como la insuficiencia de los paliativos intentados como el remiendo del DNU 1278/00. El DNU 1278/00 no corrigi las numerosas inconstitucionalidades ya sealadas entonces por la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales de todo el pas: fue la Corte Suprema la que puso las cosas en su lugar a travs de su incesante labor correctiva. Como hemos sealado reiteradamente, las sentencias del Supremo Tribunal de la Nacin mejoraron sustancialmente la posicin de los damnificados por accidentes y enfermedades del trabajo, pudindose afirmar que, desde entonces y en la actualidad, rige un sistema de reparacin de infortunios laborales sustancialmente diferente de la ley original. En estos considerandos del Decreto 1694/09 , el PEN tambin est reconociendo expresamente esta realidad, lo que no es un dato menor a la hora de debatir un nuevo rgimen legal integral, donde, como lo hemos repetido incesantemente, debern incorporarse los avances consagrados por la jurisprudencia de la Corte Suprema. A pesar de reconocer esta crisis terminal de la LRT, en el considerando 6 del Decreto se afirma que: el Poder Ejecutivo Nacional se aboc a formular un proyecto de ley modificatorio de las Leyes sobre Riesgos del Trabajo N 24.557 (LRT) y de Higiene y Seguridad en el Trabajo N 19.587, basndose en las directrices que emanan de los fallos mencionados, en las opiniones de los autores especializados y en el relevamiento de las necesidades de los actores del Sistema de relaciones del trabajo; todo ello procurando el ms profundo y amplio consenso. Se observa entonces un reconocimiento explcito por parte del Estado en punto a una reforma legal basada en las directrices que emanan de los Fallos de la Corte Suprema. Se trata de un compromiso expreso del Poder Ejecutivo Nacional, de que todo proyecto de ley emanado de su esfera deber cumplir con esa prerrogativa. En el mismo considerando 6 se expresa sin embargo, que en esta etapa no ha podido enviar un proyecto de ley: por la falta de consenso entre los actores del sistema de relaciones del trabajo. Esta afirmacin no sostenible. El debate de un nuevo rgimen legal debe darse en el Congreso Nacional, que es el mbito instituido por la Constitucin Nacional para sancionar leyes, sin necesidad de acuerdo previo a nivel de cpulas. El debate debi haber sido trasladado al Congreso de la Nacin para que los legisladores superen las supuestas vallas infranqueables que invoca el PEN. Es ms, en la historia del derecho del trabajo de nuestro pas, los acuerdos cupulares en torno a la regulacin de normas laborales, generalmente, no han sido beneficiosos para los trabajadores (recurdese el Acuerdo Marco de Julio de 1994). Ahora bien, si el Poder Ejecutivo Nacional por diferentes motivos no envi un proyecto de ley, cabe sealar que en el seno de la Comisin de Legislacin del Trabajo de la Honorable Cmara de Diputados de la Nacin existen numerosos proyectos de reforma integral del sistema, de modo que los legisladores estaban en condiciones de debatir esas iniciativas. Incluso, en el seno de esa misma Comisin de Legislacin de Trabajo de la Honorable Cmara de Diputados, ya en el ao 2006, se haba aprobado un Dictamen de modificacin del rgimen de prestaciones dinerarias, que estableca mejoras muy superiores al Decreto 1694/09, pero que nunca fue elevado a consideracin del Recinto, por razones que no fueron dadas a conocer (23). Tambin se afirma en el primer prrafo de los considerandos del Decreto y es un hecho relevante a sealar que la Ley N 24.557 instituy un sistema de seguro obligatorio por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a cargo de gestoras privadas con o sin fines de lucro.
Se ratifica lo que siempre sostuvimos, y es que la LRT no es un subsistema de seguridad social, sino un sistema de seguro obligatorio individual en compaas de objeto nico, donde el asegurado, o sea el empleador, es el que causa el infortunio y es el que se asegura o autoasegura el riesgo que ocasiona. Por su parte, el trabajador es un tercero en el contrato de seguro, celebrado entre el empleador y la ART. El aseguramiento obligatorio parece operar al estilo de los seguros sociales. Sin embargo, no puede disimular la existencia de contratos mercantiles entre el empleador y aseguradora. Adems, en el caso de falta del aseguramiento obligatorio a una ART, el empleador (no el Estado) queda instalado como responsable directo y exclusivo de las prestaciones ante el trabajador vctima de un infortunio (art. 28, ap. 1, LRT). El reconocimiento en uno de los ltimos considerandos del Decreto de que a partir del fallo Aquino dictado por el Mximo Tribunal, como los decisorios emanados de los Tribunales inferiores, se ha producido en los hechos la desactivacin, de la prohibicin contenida en el artculo 39, prrafo 1ero de la Ley 24.557, y la consiguiente necesidad de aprobar lneas de seguro por responsabilidad civil es la admisin explcita del Poder Ejecutivo Nacional de la absoluta de la inconstitucionalidad de esta indefendible disposicin normativa. El Decreto 1694/09 ha sido dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en uso de las facultades reglamentarias establecidas por el artculo 99 incisos 1 y 2 de la Constitucin Nacional efectuando algunas reformas que, en lo sustancial, aunque no exclusivamente, establecen modificaciones parciales al rgimen de prestaciones dinerarias. La LRT autoriza estas reformas por que as lo autoriza el artculo 11 inciso 3 de la Ley, que seala: El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones financieras generales del sistema as lo permitan. Al venir recaudando las ART sus alcuotas con valores salariales actualizados en virtud de los aumentos de los Convenios Colectivos de Trabajo pero cancelando durante estos nueve aos sus obligaciones con las vctimas con topes y adicionales de pago nico fijados en diciembre del ao 2000, en virtud del DNU 1278/00, y con un valor del MOPRE congelado en 1997, la reaccin aparece tarda e insuficiente. Puede afirmarse como un avance la eliminacin de los topes indemnizatorios que siempre han distorsionado y envilecido las indemnizaciones de las leyes de accidentes, y su sustitucin por un piso, aunque es criticable que el valor establecido sea nfimo. Se dispuso la elevacin de los adicionales de pago nico previstos slo para las altas incapacidades y la muerte que estaban extremadamente desactualizados, de modo que su ajuste era inevitable, sin embargo los valores fijados ni siquiera mantienen el valor adquisitivo original fijado por el DNU 1278/00. El Decreto dispone tambin que el pago de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria o por incapacidad permanente provisoria se calcular, liquidar y ajustar conforme al artculo 208 de la LCT. Esta decisin positiva recoge las unnimes crticas de la doctrina y las declaraciones de inconstitucionalidad que haba trado aparejado el sistema vigente en este tema. Sin embargo, este criterio protectorio inexplicablemente no se traslada al clculo del Valor Mensual del Ingreso Base para las indemnizaciones permanentes definitivas, continuando el criterio previsional limitado del artculo 12 de la ley vigente. Cabe sealar que segn el artculo 16 del Decreto 1694/09 las disposiciones contenidas en el mismo se aplicarn a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias cuya primera manifestacin invalidante se produzca a partir de esa fecha. Es decir que todos los
trabajadores que no han visto cancelados sus crditos emergentes de la LRT seguirn con la injusta situacin de seguir percibindolos con valores y topes desactualizados. Por otra parte se debi aprovechar esta oportunidad, para elevar las prestaciones dinerarias por incapacidad definitiva cuyas bases y clculos aritmticos quedan inalterables. Igualmente, persisten los pagos en renta de indemnizaciones superiores al 50% de incapacidad y en casos de muerte, a pesar de la inconstitucionalidad de ese rgimen declarada por el Mximo Tribunal de la Nacin. Existen otras modificaciones que incorpora el decreto como el referido aseguramiento de la responsabilidad civil, la promocin de las sociedades de seguros mutuos y otros temas secundarios que no implican modificacin sustancial del cuestionado rgimen de la LRT, aunque igual sern objeto de anlisis en esta comunicacin. 4.2. Incremento de las prestaciones dinerarias 4.2.1. Compensaciones dinerarias adicionales de pago nico El Decreto 1694/09 dispone la elevacin de las compensaciones dinerarias adicionales de pago nico creadas por el DNU 1278/00. En el caso de una incapacidad superior al 50% e inferior al 66% de la total obrera, el monto es elevado a la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000). Cuando la incapacidad es superior al 66% el monto se eleva a la cantidad de cien mil pesos ($ 100.000). Finalmente en caso de muerte el monto asignado asciende al valor de ciento veinte mil pesos ($ 120.000). La elevacin de las prestaciones adicionales de pago nico que haban sido fijadas en diciembre de 2000, estaban totalmente desactualizadas y absurdamente atrasadas, de modo que su modificacin no tradujo un esfuerzo original. Como ya se dijo, su incremento era indispensable, no ahora, sino, cuanto menos, desde hace siete aos. Sin embargo, este incremento ni siquiera contempla la variacin de los salarios privados en blanco que, desde enero de 2001 a la fecha, fue del 362,38 %, segn informa el INDEC. De modo que si se hubiera querido mantener a valores constantes estos adicionales se deberan haber incrementado cuando menos a la sumas de $ 138.714, $ 184.952 y $ 231.190, respectivamente. Es decir valores muy superiores a los dispuestos por PEN. De tal modo, se puede observar que los valores fijados ni siquiera respetan el coeficiente de aumentos de los salarios en los nueve aos que transcurrieron desde la determinacin de los Adicionales fijados por el DNU 1278/00. Es evidente, pues, un desajuste en perjuicio de los damnificados con altas incapacidades, los cuales no percibirn beneficios acordes con los aumentos salariales recados desde la anterior fijacin, a pesar de que las ART recaudan sus alcuotas sobre la base de salarios vigentes actualizados. Esta aseveracin est confirmada por la declaracin del Ministro de Trabajo Dr. Tomada, quien seal que a pedido del sector empresario se hicieron concesiones a los empleadores: las sumas adicionales de pago nico se fijaron de acuerdo a la propuesta de la UIA (24). Por otra parte cabe afirmar que solo obtienen una mejora directa en las prestaciones por incapacidad permanente definitiva los trabajadores con incapacidades mayores al 50% de la total obrera a travs del aumento de las asignaciones adicionales de pago nico, que en verdad son una nfima parte de los damnificados.
En efecto segn las estadsticas de la SRT menos del 5% de los trabajadores accidentados, luego de vencidos los plazos de Incapacidad Laboral Temporaria, superan el 25% de incapacidad permanente definitiva de la total obrera. En porcentajes, en el ao 2003 las incapacidades inferiores al 25 % de la t.o. ascendieron al 89,84% de los casos, en 2005 alcanzaron el 87,79% y en 2006 treparon al 91,17%. De los 50.548 casos que quedaron con incapacidad permanente definitiva en el ao 2007, slo 940 estn alcanzados por los Adicionales de Pago nico para las incapacidades superiores al 50% de la t.o. (25) 4.2.2. Supresin de topes e instauracin de pisos Los artculos 2, 3 y 4 del Decreto suprimen todos los topes indemnizatorios fijados para limitar las indemnizaciones por incapacidad permanente. * Se eliminan los previstos para el pago de las prestaciones de pago nico inferiores al 50% previstos en el artculo 14, inciso a, apartado que establece: Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 50 %, una indemnizacin de pago nico, cuya cuanta ser igual a 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultara de dividir el nmero 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestacin invalidante. * Se suprime el tope en los supuestos establecidos por el artculo 14, inciso 2 b que dice: cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), una Renta Peridica contratada en los trminos de esta ley cuya cuanta ser igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad; Declarado el carcter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibir las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el rgimen previsional al que estuviere afiliado. * El supuesto fijado por el artculo 15 apartado 2 que en su parte pertinente dispone: Sin perjuicio de la prestacin prevista por el apartado 4 del artculo 11 de la presente ley, el damnificado percibir, asimismo, en las condiciones que establezca la reglamentacin, una prestacin de pago mensual complementaria a la correspondiente al rgimen provisional. Su monto se determinar actuarialmente en funcin del capital integrado por la ART. Este capital equivaldr a 53 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por un coeficiente que resultara de dividir el nmero 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestacin invalidante. Quiere decir que en todos los casos de Incapacidad Permanente Definitiva desaparece el techo indemnizatorio y rige la frmula bsica para el clculo de la indemnizacin. Esta reformulacin implica que las indemnizaciones nunca pueden ser inferiores a los $ 180.000 fijados por el Decreto para la incapacidad total o la muerte. Este piso se traslada proporcionalmente a las incapacidades parciales. Esta decisin es compartida y fue repetidamente propuesta (26). Como ya se refiriera ms arriba, los topes legales terminaron por abusar de la tcnica de la tarifacin, envileciendo las indemnizaciones de los trabajadores con el agregado adicional, todava ms irrazonable, del tope proporcional, que desnaturalizaba definitivamente el carcter reparador de la tarifa legal.
Adems de esta concepcin general lo cierto es que el tope vigente de $ 180.000 haba sido fijado en diciembre de 2000, de modo que estaba totalmente desactualizado y vena siendo declarado inconstitucional por numerosos tribunales. Sin embargo, adems de sostener la conveniencia de los pisos indemnizatorios tambin propusimos conjuntamente que los mismos deban ser fijados con criterios equitativos y razonables para que efectivamente operasen reparadoramente sobre los damnificados (27). Por ello, puede sealarse que la cifra estimada como piso de $ 180.000 que regir para un supuesto de incapacidad total o muerte y que se traslada proporcionalmente a las incapacidades inferiores, no posee esos otros requisitos y constituye un valor nfimo, con una equivalencia muy aproximada con el salario mnimo vital y mvil que asciende a $ 1.500 por mes y no con el salario medio de la actividad en el sector formal que equivale a $ 3.300 mensuales (28). Ha sido estimado, computando a razn de solo $ 1.800 por punto de incapacidad laboral. Cabe aclarar que respecto de la incidencia del piso en relacin al artculo 14, inciso 2-b, referido a los casos en los que el porcentaje de incapacidad fuera superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), situacin en la cual no se establece un capital indemnizatorio, sino una renta peridica cuya cuanta ser igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, indicndose que el valor esperado actual de la de la renta peridica en ningn caso ser superior a $ 180.000. Por lo tanto cabe interpretar en coincidencia con Miguel Angel Maza que en este caso, en lugar del tope previsto en la norma original, regir el nuevo piso proporcionalmente reducido de acuerdo a la incapacidad. Por ejemplo, en un caso de 55% de minusvala, el capital resultante de la renta no podr ser inferior a $ 99.000, lo que demuestra la falta de equidad y razonabilidad del piso y su efecto inocuo, en relacin al sistema vigente. Sin embargo, a partir de los casos Milone y Surez Guimbard de hecho la renta peridica ha quedado transformada por va pretoriana en un capital cuyo piso indemnizatorio es susceptible de ser reclamado su pago en forma nica mediante una accin de amparo sumarsima (29). Cabe recordar que el sistema de piso, con eliminacin de topes, que tambin estableca el anteproyecto de modificacin a la LRT elaborado por el MTEySS con fecha 5 de diciembre de 2008, haba sido fijado en $ 250.000. Nuevamente se retrocede en un tema crucial. En el histrico Dictamen de la Comisin de Legislacin del Trabajo de la Honorable Cmara de Diputados del ao 1998, se haba consensuado por primera vez la instauracin de un piso indemnizatorio que se estableci en aquella poca en la suma de ciento diez mil pesos ($ 110.000). Si siguiramos el criterio del piso pluralmente consensuado por los diputados de diversos colores polticos de aquella poca, el valor actual del mnimo, que en verdad operara con una finalidad protectoria generalizada, sera el de Cuatrocientos cuarenta mil pesos ($ 440.000). En el dictamen de la Comisin de Legislacin del Trabajo del ao 2006 (HCD, Expte. D, 2164-06) se fijaba un piso de trescientos mil pesos ($ 300.000) (30). Es conclusin es positiva la sustitucin de los topes por un piso indemnizatorio, sin embargo, el piso establecido de $ 180.000,00 es casi irrelevante en relacin con los salarios de la actividad vigentes y slo tendra un efecto protectorio para salarios inferiores a $ 1.800 de y para trabajadores de elevada edad, alta incapacidad y bajos salarios, de modo que se lo ha fijado tomando en cuenta los mrgenes mnimos del sistema. En el cuadro que se transcribe ms abajo con una hipottica incapacidad del 40%, que implica un piso proporcional en todos los casos de $ 72.000 y con diferentes ingresos-base mensuales estimados en $ 2.000, $ 3.000 y $ 3.400 se comprueba cmo el piso proporcional tiene escasa
repercusin en la elevacin de las indemnizaciones. Slo los pocos casos destacados obtienen una nfima mejora en relacin a la generalidad de los supuestos. Incidencia de los pisos en las indemnizaciones
La eliminacin del tope no ha producido un aumento general de las indemnizaciones, sino que permite que rija el clculo inicial. Cabe repetir que otra hubiera sido situacin si se hubiese elevado la frmula base del clculo de las prestaciones permanentes por incapacidad permanente definitiva, para beneficiar uniformemente a la totalidad del universo de las vctimas. 4.2.3. Gran invalidez La prestacin adicional por gran invalidez prevista en el artculo 17, apartado 2, de la LRT, para el caso del incapacitado que requiera la asistencia de otra persona para sus quehaceres cotidianos, se ha aumentado a la suma de $ 2.000 mensuales, superando la nfima suma de $ 240 (3 MOPREs congelados desde el ao 97). De todas formas para asistir a un discapacitado da y noche, el monto estimado surge insuficiente, sobre todo si tomamos en cuenta que el sueldo medio del sector formal para una jornada de 48 horas semanales actualmente est en los $ 3.300 promedio. En este sentido, hay que tener en cuenta que el impacto econmico de esta medida es muy limitado, pues como se ha observado ms arriba, los afectados por altas incapacidades son menos del cinco por ciento, y los que sufren gran invalidez son aun una categora ms restringida. Segn el ltimo prrafo del artculo 6 esta prestacin adicional se ajustar de acuerdo con la movilidad jubilatoria que fija el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) conforme la ley 26.417. Se insiste el error de en incluir conceptos previsionales en una ley de reparacin de daos laborales. La prestacin del artculo 17, apartado 2, de la LRT, consiste en la asistencia de personal para el damnificado que no puede valerse por s mismo. Estas personas prestan un servicio profesional y obviamente estn en actividad, no se justifica entonces, aplicar un reajuste pensado para los jubilados, cuando las remuneraciones de la actividad laboral normalmente tienen una evolucin superior en funcin de las negociaciones colectivas de salarios. Se corre el riesgo de que con el paso del tiempo, la prestacin pueda volver a quedar desactualizada. 4.2.4. Modificacin de las prestaciones por ILT e IPP En la ley original, las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporaria e Incapacidad Permanente Provisoria se ajustaban exclusivamente sobre la base de los incrementos que se hubiera dispuesto en el Mdulo Previsional (art. 11, ap. 2, LRT y art. 2, decreto 334/96). El MOPRE era la unidad de referencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y lo deba estimar anualmente el INDEC, sobre la base de la evolucin de los salarios promedios y normalmente, debera haberse incrementarse. Sin embargo durante doce aos estuvo fijo en el valor de $ 80 (desde abril de 1997 por el decreto 833/97). Al congelarse el MOPRE, todas las prestaciones por ILT e ILP permanecan fijas y desactualizados a pesar de los incrementos salariales y los procesos inflacionarios. Esta situacin era muy grave, la ILT poda extenderse a 12 meses y la IPP hasta treinta y seis meses, prorrogables por decisin de las Comisiones Mdicas a veinticuatro meses ms lapso de incapacidad.
El Decreto 1694/09 ha revisado este criterio perjudicial para los damnificados, estableciendo slo para las prestaciones por ILT e IPP, que las mismas se deben calcular, ajustar y liquidar de acuerdo con lo establecido por el artculo 208 de la LCT (t.o. 1976 y sus modificatorias). En este sentido se debe sealar que el PEN se hizo eco de las crticas realizadas, (31) ya que en la versin original del proyecto de Decreto del 17 de agosto de 2009 la Administracin se propona utilizar el ndice RIPTE para ajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria y provisoria, lo que era considerado insuficiente si lo comparamos con lo dispuesto por el artculo 208 de la LCT. El artculo 208 de la LCT en su parte pertinente dispone: [l]a remuneracin que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidar conforme a la que perciba en el momento de la interrupcin de los servicios, con ms los aumentos que durante el perodo de interrupcin fueren acordados a los de su misma categora por aplicacin de una norma legal, convencin colectiva de trabajo o decisin del empleador. Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidar en cuanto a esta parte segn el promedio de lo percibido en el ltimo semestre de prestacin de servicios, no pudiendo, en ningn caso, la remuneracin del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones de especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad sern valorizadas adecuadamente. Por lo tanto la aplicacin del modelo del artculo 208 de la LCT que establece el Decreto 1694/09 determina que las prestaciones dinerarias por ILT e ILPP no pueden ser inferiores a la que hubiese percibido el trabajador de no haberse producido el impedimento, por lo tanto, en los pagos efectuados durante estos perodos debern computarse todas las remuneraciones principales, accesorias, fijas y variables, considerndose al efecto los viticos que se liquiden sin obligacin de rendir cuentas, premios o primas de produccin, horas extras, adicionales especiales, por asistencia, presentismo, bonificaciones por antigedad, pagos en especie, etctera. Deben computarse los premios por presentismo o asistencia perfecta porque resultara poco equitativo que aquel trabajador que vena percibindolo viese disminuido su ingreso, por el acaecimiento del infortunio laboral. Las prestaciones en especie que el trabajador percibe como consecuencia de una enfermedad o accidente inculpable, tambin debern ser valoradas adecuadamente. Si el dependiente perciba remuneraciones variables, el ingreso diario promedio se calcular sobre la base de las remuneraciones percibidas durante los 6 meses anteriores. Esa suma se divide sobre la cantidad de das efectivamente trabajados durante ese mismo perodo y de tal modo se obtiene la remuneracin promedio que se utilizar como parmetro de ingreso durante el lapso de licencia por enfermedad o accidente inculpable. Esta modalidad ser tambin aplicable en la fijacin de las prestaciones dinerarias por ILT e ILPP. Puede inferirse que el espritu de la norma es que el trabajador no tenga ningn perjuicio econmico durante el tiempo que este incapacitado temporal o provisoriamente. En lo que se refiere a las denominadas asignaciones no remunerativas incorporadas en las negociaciones y renovaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), cabe destacar que si bien las parte firmantes de los CCT, exteriorizan que estas sumas no tienen carcter remuneratorio, cabe interpretar que igualmente deben ser abonadas durante el perodo de accidente o enfermedad inculpable y, ahora tambin, por causa laboral, es decir las prestaciones por ILT e IPP. De lo contrario se estara alterando vulnerando el principio asentado en el artculo 208 de la LCT por el que en ese lapso el trabajador debe encontrarse en la misma situacin en que hubiese estado de no haberse operado el impedimento. Precisamente, el artculo 208 de la LCT prescribe que la remuneracin que perciba el trabajador enfermo o accidentado, en ningn caso, puede ser inferior a la que hubiese percibido de no
haberse operado el impedimento. Por lo tanto, deben computarse todos los tipos de ingresos que perciba el trabajador. Respecto de estas asignaciones no remunerativas fijadas en los CCT se ha dictado un importante fallo, donde el doctor Stortini determin la naturaleza salarial del aumento acordado entre la Federacin Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, la Unin de Entidades Comerciales Argentinas, la Confederacin Argentina de la Mediana Empresa y la Cmara Argentina de Comercio en el marco del CCT 130/75, que fuera homologado mediante resolucin 632/07, dictada por la autoridad de aplicacin en el expediente 1.224.432/07, en el que se haba acordado y calificado al aumento como no remunerativo (32). En definitiva en los casos de ILT e IPP el monto ya no ser la remuneracin sujeta a aportes y contribuciones con destino al sistema previsional conforme el artculo 9 de la ley 24.241, sino el salario laboral reglado por el artculo 103 de la LCT, con las interpretaciones sobre el artculo 208 de la LCT que se vinieron comentando. La aplicacin de las reglas del artculo 208 de la LCT para el pago de la prestacin de la ILT y la ILP deber efectuarse aun cuando se trate de trabajadores excluidos de su mbito de aplicacin como ocurre con los trabajadores agrarios y los empleados pblicos nacionales, provinciales y municipales comprendidos si en el rgimen de la LRT (33). Cabe analizar cmo debe interpretarse el artculo 6 del Decreto 1694/09 en relacin a los dos mdulos que regula la ILT y la ILPP. Recurdese en primer lugar que el citado artculo dice: las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporaria o Permanente provisoria mencionada en el artculo 11 inciso 2, se calcularn, liquidarn y ajustarn de conformidad con lo establecido por el artculo 208 de la LCT. En relacin a la ILT no aparecen mayores dudas por cuanto al artculo 13 de la LRT establece que mientras dura esa incapacidad, el damnificado percibir una prestacin de pago mensual equivalente al valor total del ingreso base. La diferencia ahora en los casos que se aplique el Decreto 1694/09 es que ese ingreso base, se calcula, se ajusta y se liquida de acuerdo con el artculo 208 de la LCT. De modo que no se aplica el concepto de salario previsional prescripto en el artculo 12 de la ley original. Con respecto a las incapacidades permanentes provisorias parciales superior al 50% e inferiores al 66% y las totales superiores al 66%, se presenta una duda interpretativa porque el punto de partida del cmputo es diferente del de la ILT. En efecto, en los supuestos en los que la incapacidad fuese entre el 50% y el 66% de la total obrera, el artculo 14, apartado 1, de la LRT establece que mientras dure la situacin de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibir una prestacin de pago mensual cuya cuanta ser igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. A su vez en los supuestos de incapacidad permanente total la provisionalidad establecida en el artculo 15 prrafo primero determina que el damnificado percibir una prestacin de pago mensual equivalente al 70% (setenta por ciento del valor mensual del ingreso base). No caben dudas de que en relacin al reajuste de las mencionadas prestaciones dinerarias provisorias se ha sustituido el MOPRE por el de la movilidad del artculo 208 de la LCT. Pero se plantea una cuestin interpretativa, acerca de si la redaccin del artculo 6 implica tambin que a partir de ahora ya no rigen los porcentajes del ingreso base fijados por la LRT, sino que de hecho se ha modificado todo el cmputo de las prestaciones provisorias.
Es decir, que las prestaciones por IPP e IPT ya no se calculan con una restriccin porcentual del ingreso base, como prescribe la ley original y el DNU 1278/00, sino que el decreto ha modificado esta disposicin y ahora corresponde liquidarlas tomando en cuenta el pago ntegro de la prestacin, sin ninguna disminucin porcentual. El artculo 6 del Decreto hace alusin a los trminos calcularn, liquidarn y ajustarn conforme al artculo 208 de la LCT. Por lo tanto cabe inferir que el decreto, no se ha limitado al reajuste por el transcurso del tiempo, sino una modificacin de la ley en la estimacin originaria de las prestaciones provisorias (34). No hay que omitir que en el mismo artculo 6 se hace referencia a las ILT o permanente provisoria mencionadas en el artculo 11 inciso 2, que se refiere solamente al ajuste de la ILT y de la ILPP a lo largo del tiempo en funcin de la variacin del MOPRE (concordantemente con lo dispuesto por el artculo 2 del Decreto 334/1996 begin_of_the_skype_highlighting 334/1996 end_of_the_skype_highlighting). Con lo cual otro interprete podr afirmar que en lo referente a las provisorias slo se decidi sustituir el MOPRE para el reajuste de las prestaciones provisorias de los artculos 14 prrafo 1 y 15 prrafo 1 por el criterio del artculo 208 de la LCT. Como puede observar el lector, la redaccin da lugar a interpretaciones divergentes, ya que aunque se haga mencin slo al referido artculo 11, inciso 2, lo cierto es que las prestaciones dinerarias provisorias estn contempladas tambin en las otras normas referidas. Por lo tanto, es dable afirmar que han sido derogados implcitamente los porcentajes y rige tambin, para las provisorias, el pago completo del total del artculo 208 de la LCT, sin ninguna reduccin porcentual. En el supuesto de no aceptarse el criterio interpretativo que se viene exponiendo cuanto menos, estamos frente a una hiptesis de concurrencia de normas destinadas a reglar una misma situacin jurdica, frente a la cual rige el artculo 9 de la LCT, que en su parte pertinente prescribe que en caso de duda sobre la aplicacin de normas legales o convencionales prevalecer las ms favorable al trabajador, considerndose la norma o conjunto de normas que rijan cada una de las instituciones. Como analizaremos detenidamente ms adelante segn el artculo 16 del Decreto 1694/09 las disposiciones contenidas en el mismo se aplicarn a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias cuya primera manifestacin invalidante se produzca a partir de su vigencia. En consecuencia deja sin solucin la injusta situacin de los damnificados que vienen percibiendo an despus de la sancin del decreto las prestaciones dinerarias por ILT e ILP determinadas mediante el irrazonable y desigual mtodo de clculo del ingreso base congelado al ao anterior a la primera manifestacin invalidante y que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo por la falta de actualizacin del MOPRE desde el ao 1997, que fue la supuesta movilidad de estas prestaciones segn el artculo 11 inciso 2 de la ley. 4.3. Lo que inexplicablemente qued en el tintero con respecto a las prestaciones por incapacidad permanente definitiva. El Poder Ejecutivo Nacional ha dejado pasar la oportunidad para elevar y modificar todas las prestaciones dinerarias por Incapacidad Permanente Definitiva. 4.3.1. El Ingreso Base El cmputo de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente definitiva de la LRT se sigue efectuando sobre la base del Valor Mensual del Ingreso Base (VMIB) que, como dice el artculo 12 slo tiene en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes como fue referido en el punto 3.2. de esta comunicacin
La Ley 24.557, adopt el mdulo del salario previsional y no tiene en cuenta para calcular el VMIB aquellas prestaciones que forman parte del ingreso mensual del trabajador, pero que carecan en la ley de carcter remuneratorio o, al menos, se le haba negado normativamente hasta ahora, hasta la vigencia de la ley 26.341. El criterio del salario previsional para el clculo del ingreso base ha quedado definitivamente desactivado por el ya comentado fallo dictado por la Corte Suprema en el caso Prez c/Disco (35) que declar la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c de la Ley de Contrato de Trabajo texto segn ley 24.700-, relativo a los vales alimentarios, en cuanto niega a stos naturaleza salarial. La determinacin de las prestaciones por incapacidad permanente sujetas al referido salario previsional le causa al trabajador un perjuicio, pues los daos sufridos en las diferentes secuencias de su incapacidad son fijados solo computando una parte de la remuneracin. La LRT aplica criterios previsionales a la reparacin de daos laborales, hecho que ha sido fuertemente criticado por la doctrina y la jurisprudencia (36). Como se dijera el Decreto ha mejorado la base de clculo y ajuste de la ILT y la IPP al incorporar al cmputo de la liquidacin y ajuste el criterio establecido por el artculo 208 de la LCT. Sin embargo, inexplicablemente, no se ha trasladado este criterio para el clculo de las indemnizaciones permanentes, lo que significa una diferenciacin peyorativa para las vctimas con respecto a este tema crucial de la ley. Esto significa que el cmputo de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente definitiva se seguir efectuando sobre la base del criticado Valor Mensual del Ingreso Base (VMIB) fijado por el artculo 12 de la ley. Se mantiene otro grave dficit de la ley vigente en cuanto a la carencia de actualizacin del ingreso base para la fijacin de las indemnizaciones permanentes. En efecto, los artculos 14 y 15 de la LRT establecen que la estimacin de las prestaciones dinerarias de la Ley por Incapacidad Permanente y Definitiva Parcial o Total, se efectan tomando el VMIB de acuerdo con la definicin del artculo 12 de la LRT, sin prever ninguna actualizacin o reajuste de dicho valor mensual, a pesar de que, entre la fijacin de este coeficiente y la liquidacin definitiva de la indemnizacin por la incapacidad permanente, puede transcurrir un lapso prolongado por las diversas instancias en las que se desarrolla la controversia: ART, Comisin Mdica, Cmara Federal de la Seguridad Social; tiempo durante el cual se producen aumentos salariales u ocurren procesos inflacionarios. Calcular la indemnizacin definitiva sin contemplar las actualizaciones del ingreso base durante el perodo que transcurre entre la primera manifestacin invalidante y el momento de practicar la liquidacin final, produce como resultado la determinacin de una indemnizacin tarifada, absolutamente desvirtuada en relacin a los fines con los que fuera creada. Esta disminucin injustificada de las indemnizaciones que colisiona con los artculos 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitucin Nacional, no ha sido modificada por el Decreto. Obsrvese el retroceso que determin en esta materia la LRT, ya que en ley 9688 y sus reformas, el salario diario promedio que era la base de las indemnizaciones por incapacidad permanente se mantena actualizado para compensar la inflacin que lo envileca (por que as lo haba declarado la jurisprudencia, vid. Plenario N 231 de la Cmara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 9/2/81, Roldn c/Manufacturera Algodonera Argentina SA). Esta situacin se agrava por que, la LRT respecto de estas indemnizaciones por incapacidad permanente, slo reconoce los intereses desde el momento en que la prestacin debi ser abonada o el capital depositado, es decir, cuando est firme la declaracin de incapacidad conforme a la
interpretacin de los rganos de aplicacin de la LRT de la controvertida e inconstitucional Resolucin SRT 414/99. Esto determina que durante el procedimiento previo a la liquidacin de la indemnizacin no se computan intereses, produciendo una afectacin a los damnificados que ven disminuidos sus crditos por el transcurso del tiempo, ante la negacin de los intereses que se devengaron desde el hecho, y hasta el momento de declararse la incapacidad definitiva permanente. (arts. 622, 1078 primer prrafo y 1109 del Cdigo Civil). Esta Resolucin 414/99 de la SRT es claramente inconstitucional, pues la Superintendencia de Riesgos de Trabajo se arrog funciones legislativas, contrariando el artculo 75 de la Constitucin Nacional. Sin embargo es aplicada literalmente por los rganos del sistema. En cambio, la Justicia del Trabajo en forma mayoritaria no aplica esta Resolucin y fija los intereses compensatorios desde que se consolida jurdicamente el dao: que normalmente en el caso de un siniestro fatal es el de su acaecimiento; en las lesiones desde el alta mdica y en las enfermedades desde que se tom conciencia de la incapacidad o en su caso la fecha de iniciacin del reclamo. Nunca el punto de partida es el de la sentencia meramente declarativa. 4.3.2. Omisin por no elevar el clculo de las prestaciones por incapacidad permanente Tambin es notable la omisin de la Administracin al no elevar las ecuaciones que sirven de base para el clculo de las indemnizaciones permanentes. De esta forma se hubieran incrementado efectivamente las indemnizaciones para todos los trabajadores accidentados. En los considerandos del Decreto 1694/09 se denuncia la imperfeccin estructural como instrumento de proteccin social de la LRT, sin embargo se mantuvieron los clculos indemnizatorios nada equitativos de la misma. Incluso en esta materia, el decreto no alcanza la propuesta del anteproyecto del MTEySS de fecha 5 de diciembre de 2008 que respecto de las indemnizaciones permanentes mejoraba el sistema actual al elevar el coeficiente de 53 a 70 y tambin el de edad, llevndolo a 75, en lugar del actual, fijado en 65. Es claro que en este tema se retrocede respecto de la iniciativa anterior y su aplicacin hubiera permitido elevar las indemnizaciones para todos los damnificados. 4.3.3. Subsistencia del pago en renta Es insostenible que se mantenga el pago en renta para las altas incapacidades, declarado inconstitucional por la Corte Suprema en los casos Milone y Surez Guimbard, de los cuales el primero es mencionado en los considerandos del Decreto. De acuerdo a principios del derecho administrativo, los considerandos son la causa que justifica la resolucin (artculo 7 de la ley 19549). Sin embargo el PEN resuelve en sentido contrario al fallo citado, al mantener el pago en renta. Eso es un evidente vicio en el objeto del acto administrativo en el plano subjetivo y tambin en el plano objetivo, dado que resuelve en sentido contrario, en su consideracin de anlisis y causa. El pago en renta impone a los damnificados de altas incapacidades o, en caso de muerte, a los derechohabientes la percepcin de las indemnizaciones a travs de sumas mensuales inicuas, que contienen ajustes e intereses ajenos a la prdida del valor de la moneda y dispuestos por las Compaas de Seguros de Retiro. La subsistencia de esta modalidad luego de la jurisprudencia del Mximo Tribunal de la Nacin, slo puede entenderse en la lgica de mantener la actividad lucrativa de las Compaas de Seguro de Retiro. Para los trabajadores o sus derechohabientes constituye una imposicin autoritaria que slo les genera perjuicios. Nos hemos referido en extenso sobre este tema (37).
Me permito una pequea digresin del tema central de esta ponencia. Se trata de una referencia que me llam la atencin y es la defensa por un abogado laboralista del sistema de pago en renta declarado inconstitucional por la Corte Suprema en los histricos casos Milone y Surez Guimbard, doctrina que es acatada pacficamente por todos los Tribunales del pas. Dice el Dr. Elizondo que no siempre el pago de un capital nico ser la solucin ms justa para el trabajador. El Juez debe establecer cul es la solucin que contemple las necesidades del trabajador y su familia: el pago de un capital nico o el de una prestacin peridica mensual equivalente a la remuneracin percibida hasta la jubilacin ordinaria (38). Implcitamente este autor coincide con aquellos que criticaron las sentencias de la Corte y defendieron este sistema en base a lo dispuesto en el Convenio 17 de la OIT (39), y que intentaron ser rebatidas oportunamente (40). De alguna manera se est olvidando lo que la Corte Suprema destac y es que la imposicin del pago fragmentado de las indemnizaciones de la LRT: a) violenta el artculo 14 bis de la Constitucin Nacional que prescribe el principio protectorio y las condiciones equitativas de labor; b) afecta la libertad y, por ende, la capacidad autnoma del individuo para elaborar un proyecto de vida como consecuencia de un acto que no le es imputable, e impedrsele la prdida de disponibilidad y control de las indemnizaciones de la que es acreedor; c) configura un trato discriminatorio (contraviniendo el principio de igualdad del artculo 16 de la Constitucional Nacional) frente a las dems categoras de daados por incapacidades menores (art. 14,2.a) que pueden cobrar sus indemnizaciones en un pago nico sin la imposicin arbitraria que dispone la LRT, en su artculo 14.2.b; y d) que las altas incapacidades no slo repercuten en la esfera econmica de la vctima sino tambin en diversos aspectos de su personalidad que hacen al mbito domstico, cultural y social con la consiguiente frustracin del desarrollo pleno de la vida, lo que lleva a una reformulacin del proyecto de vida y opciones que se hallan drsticamente reducidas por el sistema de pago peridico (41). Por qu el Juez tiene que decidir sobre un capital que es propio de la vctima o sus damnificados? Se conoce que alguna renta impuesta por la LRT sea suficiente para un incapacitado para sobrevivir? Cul es el motivo de que las indemnizaciones inferiores al 50% y los dems crditos laborales del trabajador los pueda cobrar al contado, y las superiores se les condicione a percibir bajo la forma de renta? Por qu los dems daados de nuestro sistema jurdico pueden percibir al contado sus indemnizaciones y el trabajador no? Es acaso un impber, un discapacitado? Por otra parte el pago cuotificado de las indemnizaciones era un tema olvidado en materia de reparacin de daos laborales, en virtud de los fuertes cuestionamientos que recibi por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Tampoco fue incorporado en las reformas a la ley 9688, ni por la ley 24.028, hasta que fue introducido artificialmente por la LRT, dentro de un nuevo rgimen legal, que a la luz de lo dicho en sus fallos por la Corte Suprema, no puede ser calificado como una mejora de la situacin de las vctimas , en relacin con el sistema anterior, sino todo lo contrario. Los creadores de la LRT han insistido que el pago de renta protege al trabajador frente a la vicisitud de tener que administrar un capital propio. Pero, a su vez, no consideran que los damnificados carecen de capacidad negocial y de conocimientos suficientes para controlar los complejos esquemas financieros de las Compaa de Seguros de Retiro que le administran su capital, ni tampoco pueden discutir seriamente las condiciones de la renta que les presentan estas aseguradoras. Por otra parte la reparacin del dao laboral y el derecho jubilatorio son institutos absolutamente independientes. Incluso la ley en su redaccin por el DNU 1278/00 elimin el lmite de la jubilacin prevista en la ley original afirmndose en el artculo 19 que: El derecho a la renta peridica comienza en la fecha de la declaracin del carcter definitivo de la incapacidad permanente parcial y se extingue con la muerte del beneficiario.
En conclusin nos parece un serio retroceso establecer una opcin para que el Juez decida si la renta es mejor que el pago nico. Es el trabajador quien debe recibir al contado su indemnizacin y luego decidir que hace con el capital. En definitiva, puede concluirse que el sistema de pago en renta, aun con los adicionales previstos por el decreto 1278/00, avasalla en forma flagrante el libre albedro de las vctimas de infortunios laborales. En el momento de sus vidas que ms lo necesitan, se ven impedidas de, por ejemplo, procurar su sustento por medio de un emprendimiento: prestar algn tipo de servicio organizado o, en general, encarar alguna empresa con el dinero procedente de la indemnizacin que signifique una reformulacin profunda de su proyecto de vida. 4.3.4. Extincin de la renta con la muerte del derechohabiente Tambin ha permanecido sin modificacin la disposicin legal vigente que determina que la renta, por causa de la muerte del trabajador siniestrado, se extingue a su vez con el fallecimiento del derechohabiente, lo cual implica que la Compaa de Seguros de Retiro se vea beneficiada con la apropiacin del saldo de capital, que no es transferido por herencia a los herederos del viudo o viuda del trabajador o trabajadora fallecidos (arts. 15, apartado 2; 18 y 19 de la LRT y el decreto 334/96, art. 5, apartado C, reglamentario del referido art. 15 de la LRT). Al no transferirse a los herederos, a la muerte del derechohabiente, el saldo de capital no percibido por aquel, se configura un enriquecimiento sin causa de la obligada. Esta solucin normativa prevista en el artculo 19 de la LRT colisiona no slo con el principio protectorio liminar en derecho del trabajo, sino con las ms elementales garantas constitucionales sobre el derecho de propiedad de los herederos de una indemnizacin que tiene como causa la muerte de una persona mientras se encontrara trabajando. Se trata de un despojo a las vctimas dispuesto por una norma abiertamente inconstitucional como fuera declarada por los jueces civiles intervinientes en la causa Mio (42). Debi aprovecharse la reforma dispuesta por el decreto para derogar estas disposiciones limitativas, que ya haban tenido una reduccin parcial a travs del DNU 1278/00, al corregir el artculo 19 de la ley original, haba llegado al absurdo de extinguir la renta cuando al derechohabiente, se le otorgase su beneficio jubilatorio. 4.3.5. Posibilidad de corregir las precedentes omisiones en el mismo Decreto 1694/09 Como ya fuera dicho el Poder Ejecutivo Nacional, luego de casi diez aos de la anterior correccin parcial por el DNU 1278/00, desaprovech esta etapa para corregir las graves deficiencias en el cmputo de las indemnizaciones tarifadas por incapacidad permanente. La Administracin se encontraba legalmente habilitada para elevar el clculo generalizado de las prestaciones dinerarias por que as se lo permita el referido artculo 11 apartado 3 de la LRT, que adems es invocado en los considerandos del Decreto. 4.4. Registro de Prestadores Mdico Asistenciales El artculo 7 del decreto 1694/09 tomando un dato de la realidad que es la amplia contratacin de prestadores mdicos por parte de las ART, con el propsito expuesto en los considerandos de lograr un mayor control de la calidad y la cantidad de las prestaciones mdicas crea en el mbito y bajo la administracin de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el Registro de Prestadores Mdico Asistenciales de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el que debern inscribirse los prestadores y profesionales mdico asistenciales, incluyendo a las obras sociales a que hace referencia el artculo 26, inciso 7, de la Ley N 24.557 y sus modificaciones.
Se menciona a las Obras Sociales como habilitadas a inscribirse para actuar como prestadoras, aunque las mismas ya estaban autorizadas por la ley en el artculo 26 inciso 7 de la ley original. La experiencia de campo indicaba que si bien en muchos casos de accidentes graves ha existido una relativa y correcta atencin mdica, tambin en forma paralela ocurren fuertes cuestionamientos a la actuacin de las ART y sus prestadores por deficitaria atencin mdica. En otros casos, como en las enfermedades laborales, existe un reproche mayor porque en forma generalizada no se les reconoce tal condicin. Es ms, como lo demuestran las estadsticas existe un rechazo sistemtico de las mismas. Tambin es reconocida la insuficiencia de las prestaciones en especie en infinidad de casos por las denuncias elevadas a la SRT: altas mdicas inadecuadas, deficiente atencin mdica e insuficiencia, impericia e imprudencia o negligencia; incapacidad sobreviniente, demoras injustificadas en la recuperacin y heridas quirrgicas; trastornos estticos y necesidad de una ciruga esttica o cosmtica para paliar la mala praxis; etctera. El dficit que se viene notando en la calidad de las prestaciones en especie, requera un avance mayor creando adems un ente que exclusivamente controlara la calidad de las mismas. Reconociendo implcitamente estas insuficiencias, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dict la Resolucin N 1408/09, a travs de la cual establece la obligatoriedad que sus profesionales realicen auditoras sobre los servicios mdicos que contraten las ART, permiso que debe quedar expreso en el contrato que celebre la aseguradora con su prestador y debe existir una clusula que contemple el ingreso y la permanencia irrestricta de los auditores mdicos de la SRT designados en los diversos hospitales, sanatorios y clnicas que trabajen dentro del sistema de riesgos del trabajo. Adems, los prestadores mdicos debern asignar al mdico auditor un puesto de trabajo independiente de la administracin del centro mdico y que posea lnea telefnica para mantener comunicacin directa con la SRT. Asimismo, el espacio fsico asignado deber ser de fcil identificacin y acceso para los trabajadores damnificados. Por otro lado, los mdicos de la SRT auditarn el tratamiento inicial de los casos graves y leves, controlarn el tratamiento posterior a la atencin inicial y verificarn la calidad y oportunidad en la entrega de la medicacin, prtesis y ortesis; auditarn el tratamiento fisiokinsico, evaluarn la oportunidad del alta y del cese de las prestaciones mdicas al trabajador damnificado, entre otros aspectos centrales de la atencin mdica y sanitaria que prev el sistema para los trabajadores accidentados o enfermos. Volviendo al Decreto 1694/09 el artculo 7 dispone que: Los distintos actores del Sistema de Riesgos del Trabajo, por s o por quienes legalmente los representan, tendrn acceso a la nmina de prestadores y profesionales inscriptos en el registro. La inscripcin en el registro no releva a los prestadores, profesionales y obras sociales de contar con las matrculas y habilitaciones que se requieran por parte de la autoridad sanitaria y municipal que corresponda. Tambin la norma establece como condicin de permanencia en el registro que los prestadores adems de estar en condiciones de otorgar las prestaciones del artculo 20 de la ley debern cumplir con los estndares mnimos de calidad y especialidad requeridos en la materia. Cabe advertir que el incumplimiento al deber de registro no tiene establecido en el texto del decreto consecuencia alguna, de modo que la ART puede contratar un prestador no inscripto en el registro, conforme las facultades que la autoriza el artculo 26 apartado 7. En este sentido se debera otorgar a travs de la va de la reglamentacin del Decreto la oportunidad al damnificado para que pueda, si es que las circunstancias lo permiten, elegir dentro del listado por el prestador mdico que lo asistir a consecuencia del infortunio. Coincidimos con Maza que el xito de esta iniciativa depender de la accin efectiva de la SRT, para que estos enunciados del Decreto sean efectivamente concretados (43).
4.5. Disposiciones sobre el pago bancario de las prestaciones dinerarias A travs de este captulo se intenta resolver un conflicto existente con respecto al pago de las prestaciones dinerarias va bancaria en los casos de los trabajadores que ya no mantenan sus vnculos laborales. En consecuencia, al no habrseles depositado las sumas correspondientes a prestaciones dinerarias en la cuenta bancaria salarial sino, por el contrario, haberlo hecho en cuentas bancarias ordinarias, eran objeto de descuentos por aplicacin del llamado impuesto al cheque, afectando por esta va indirecta la intangibilidad de las prestaciones dinerarias, lo que est vedado por la LRT. En efecto el artculo 11 inciso 1 de la LRT prescribe que: Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los crditos por alimentos. Son, adems, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. Por tal motivo el artculo 8 del Decreto 1694/09 dispone la exclusin del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias establecido en la Ley N 25.413 y sus modificatorias, a los pagos que en concepto de prestaciones dinerarias de la Ley N 24.557 y sus modificaciones, perciban los damnificados como consecuencia de una contingencia laboral. Asimismo a travs del artculo 9 el Decreto 1694/009 begin_of_the_skype_highlighting 1694/009 end_of_the_skype_highlighting autoriza al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a establecer el pago de las prestaciones dinerarias que determina la Ley N 24.557 y sus modificaciones, en cuentas bancarias abiertas a nombre de cada damnificado, de conformidad con la reglamentacin vigente en la materia y a regular las situaciones especiales que por el carcter de la prestacin o su complejidad no permitan o dificulten la aplicacin plena de este sistema. Tambin se ordena al Banco Central (BCRA) a que establezca las condiciones de funcionamiento de estas nuevas cuentas especiales a nombre de los beneficiarios de las indemnizaciones. Se trata de una medida razonable que debi haberse dictado hace ya muchos aos. 4.6. Medidas relativas a la gestin y cobertura de las prestaciones del sistema de riesgos del trabajo En el artculo 12 del Decreto se encomienda a la Superintendencia de Seguros de la Nacin y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el dictado de las disposiciones necesarias, en el mbito de sus respectivas competencias, con el objeto de reducir los costos del sistema de la Ley sobre Riesgos del Trabajo N 24.557 y sus modificaciones, sin por ello afectar la calidad del servicio brindado a los trabajadores. Asimismo, los citados entes debern adoptar los recaudos necesarios para que las ART, en el diseo de su rgimen de alcuotas, ajusten su configuracin a los indicadores contenidos en el artculo 24 de la Ley N 24.557 y sus modificaciones, promoviendo condiciones favorables para su acceso por parte de las pequeas empresas y evitando cualquier tratamiento diferenciado en su perjuicio. En verdad debi regularse ms especficamente el porcentaje de recursos de sus ingresos y aquellos que deberan asignarse para cumplir sus distintas obligaciones legales de otorgar prestaciones en especie de calidad, prestaciones dinerarias y en materia de prevencin de riesgos. En especial el control de asignacin de los recursos a la prevencin hasta ahora no abordado sera un mecanismo efectivo por parte de la SRT para verificar que las ART cumplan sus obligaciones en esta materia y no se limiten al mero papeleo burocrtico.
En este sentido la SRT tiene la obligacin de verificar que las ART cumplan con las cargas establecidas en la Resolucin SRT 463/09 que trata las nuevas modalidades de los contratos de afiliacin entre los empleadores y las ART incorporando nuevas obligaciones de prevencin a cumplir para cada una de las partes entre las cuales se encuentra el Relevamiento General de Riesgos Laborales como obligacin de todos los empleadores sin excepcin y el control del contenido del mismo por parte de las ART, debiendo a su vez stas informar a la SRT de los resultados obtenidos. Es evidente que deben limitarse los gastos en comercializacin, administracin y otros en la medida en que distraigan del cumplimiento de las obligaciones legales principales. El Decreto instruye a la SSN y a la SRT para que las pequeas y medianas empresas no tengan un tratamiento diferenciado en la fijacin de las alcuotas. De hecho aunque la prima de seguros se fije segn el artculo 24 de la LRT al sector econmico del que se trata (CIIU - Cdigo Industrial Internacional Uniforme), la SRT establece un lmite mximo para la misma. La mayor capacidad de negociacin de las empresas ms grandes con las ART, aquellas terminan abonando una alcuota sustancialmente inferior a las PyMES. Por ejemplo, segn las estadsticas de la SRT los empleadores que tienen de 3 a 5 dependientes abonan una alcuota promedio del 5,5% de la masa salarial. Cuando se trata de establecimientos de ms de 5.000 trabajadores la alcuota del seguro de riesgos se reduce al 0,7% promedio salarial. No debe olvidarse que hasta el presente existen slo veintids ART que se distribuyen casi 8.000.000 de trabajadores asegurados en ms de 760.000 establecimientos. De ese total, el 80% de los empleadores (ms de 600.000) estn asegurados en las primeras diez ART quienes, a su vez, agrupan al 80 % de los trabajadores (ms de 6.000.000). De modo tal que la capacidad negocial de cada ART con las PyMES es realmente muy superior a las stas. Por lo tanto es necesario actuar en este sentido fijando ms rgidamente que la alcuota se fije de acuerdo al sector econmico CIIU pero tambin computando el puesto de trabajo, con cifras mnimas y mximas, si en verdad se quiere proteger a las PyMES. En este punto no cabe depositar gran optimismo, se trata de una enunciacin meramente programtica que es difcil que tenga efectos tangibles. De hecho como puede observarse en los cuadros siguientes comparativos en las cuotas abonadas por los empleadores en Diciembre de 2009 y en Febrero 2010, las cosas no han ocurrido de la forma indicada por el Decreto. Las cuotas en el perodo indicado han aumentado un 40% y han sido validadas por la SSN y la SRT, y no se verifica una reduccin de los costos de las PyMES.
En la gacetilla de prensa emitida por el MTSS y E en respuesta al comunicado de parte del sector empleador sobre el decreto 1694/09 se expresaba que: No incrementa necesariamente los costos laborales. El Decreto prev expresamente en su art. 12 que las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo debern adoptar las disposiciones necesarias para reducir los costos del sistema. Los representantes de las entidades empresarias que participaron activamente en la etapa previa al dictado de la norma que objetan, saben que ya se esta trabajando y avanzando en esta materia, especialmente en lo relativo a costos de administracin y comercializacin. Adems, debe ser de su conocimiento que toda modificacin a las tarifas actuales, en caso de ocurrir, podr
producirse recin una vez vencidos los contratos anuales en vigencia. En igual sentido, se ha contemplado expresamente la situacin de las PyMES que merced a un sistema tarifario que privilegia la cantidad de trabajadores asegurados, son las que vienen cargando con los mayores costos. De ahora en ms, el diseo del rgimen de alcuotas, debe promover condiciones favorables para su acceso por parte de las pequeas empresas y evitando cualquier tratamiento diferenciado en su perjuicio. En esta misma materia y tambin accediendo a los requerimientos de los empleadores para reducir costos se ha promovido la creacin de mutuas sin fines de lucro-En resumen peor era la situacin previa al decreto, que con seguro barato y todas sus inconstitucionalidades, se expone a la quiebra directa a muchas empresas (44). Por las estadsticas transcriptas parece que hasta el presente estas promesas oficiales, no se han reflejado en la realidad. Desde otro ngulo aun con los aumentos las alcuotas no eran muy elevadas ya que se estaba abonando antes del decreto alrededor de una alcuota del 2,30 % promedio de la masa salarial y segn las ART en febrero del 2010, posterior al decreto la tarifa por empleado alcanz al 2,83% (45). Sin necesidad de recurrir a cuadros de matemtica financiera, aparece como un razonamiento de cierta lgica elemental que los costos del actual sistema no podan ser marcadamente inferiores a los del anterior, salvo que hubiere existido una muy efectiva preocupacin y consecuente cumplimiento de las pautas de prevencin impuestas por la ley, objetivo no concretado. Porque si a las indemnizaciones tarifadas clsicas de los anteriores regmenes agregamos las prestaciones en especie que en la prctica eran excepcionales y ahora deben brindarse sin lmites temporales y de la mejor calidad posible, y la gestin de numerosas obligaciones atinentes al control y puesta en marcha de medidas de prevencin en los asegurados (lo que implica costos de monitoreo y desarrollo de sistemas, etc.) no se entiende que los precios en una etapa de alta inversin por gestin puedan ser notoriamente inferiores (46). 4.7. Gestin de las prestaciones por entidades sin fines de lucro El artculo 13 del decreto instruye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Superintendencia de Seguros de la Nacin a fin de que promuevan la creacin de entidades sin fines de lucro, de seguros mutuos, que tengan a su cargo la gestin de las prestaciones y dems acciones previstas en la Ley sobre Riesgos de Trabajo. Cabe aclarar que la factibilidad de crear entidades sin fines de lucro ya estaba admitida por el artculo 42 de la ley vigente que prescribe que por medio de La negociacin colectiva laboral se podr crear Aseguradoras de Riesgos de Trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliacin de los empleadores comprendidos en el mbito del Convenio Colectivo de Trabajo. Sin embargo las mismas no fueron creadas. Adems las sociedades cooperativas que no tienen fin de lucro como la sociedades de seguros mutuos tambin siempre estuvieron habilitadas por el sistema a partir de la disposicin del artculo 26 apartado 1 de la LRT y su remisin a la ley 20.091 que en su inciso a. artculo 2 las habilitaba a operar en seguros. Es decir que siempre estuvieron en condiciones de organizarse, no lo hicieron por que no existi una voluntad de constituirlas. Ahora si en esta etapa se quiere promoverlas intensamente, los entes de regulacin debern adoptar medidas operativas que hasta el momento no se han dado a conocer. La intervencin de las Asociaciones gremiales en una ART, aun cuando no tuviese fines de lucro presenta aristas conflictivas. La Aseguradora tiene la funcin de asegurar los riesgos laborales del empleador y, objetivamente, tal condicin implica un conflicto de intereses con el trabajador.
Cabe en consecuencia plantearse el interrogante: En qu posicin definitiva se colocar el Sindicato? Defender el inters individual del trabajador como le ordena la ley 23.551 o asumir su condicin de asegurador, lo que implcitamente lo llevar a una colisin con su afiliado, el que a su vez en muchas ocasiones lo consulta frente a la ocurrencia de un siniestro? En relacin a las entidades sin fines de lucro de seguros mutuos, deberan estar en efectivas condiciones para responder por las prestaciones en especie y dinerarias, y cumplir idnticos requisitos que son exigidos para constituir una ART o para auto asegurarse. Es aconsejable que en el caso de que estn integradas exclusivamente por empleadores, debern hacerlo con un nmero significativo de ellos para asegurar su solvencia, y estableciendo la solidaridad con las mutuales, frente a los damnificados. Deber existir un control estricto sobre estas mutuales a los fines de evitar simulaciones de verdaderas sujetos lucrativos disfrazados de entidades sin fines de lucro. En Chile la ley 16.744 de 1968 adopt el sistema de Mutualidades de empleadores que deben tener agrupados 20.000 trabajadores como mnimo (art. 12, inciso a) y los miembros de las mutuas deben ser solidariamente responsables por las obligaciones contradas por las mismas (art. 12, inciso e). De hecho, en la actualidad, en el pas vecino, slo tres Mutuas han concentrado a todos los empleadores. En Espaa, la Ley General de Seguridad Social (LGSS) de 1994 recogiendo los textos anteriores, desde 1966, dispone que la gestin de la Seguridad Social est a cargo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Estos no tienen fines de lucro, poseen un objeto nico y deben estar constituidas cuanto menos por 50 empleadores que agrupen a 30.000 trabajadores, siendo aquellos responsables mancomunados frente a los beneficiarios (arts. 68 y 69 inciso a LGSS). En ambos casos extranjeros se trata de experiencias que tienen ms de 40 aos de funcionamiento. 4.8. Seguro de Responsabilidad Civil Siempre se ha destacado que la previsibilidad de los costos de las condenas civiles, tantas veces reclamadas por los obligados del sistema se resolva por medio del aseguramiento diferenciado de la responsabilidad civil, respecto de la tarifada (47). La situacin es similar a los siniestros por accidentes de trnsito, tambin de carcter masivo, donde se aseguran los riesgos y las vctimas gozan del acceso irrestricto a la justicia para reclamar el resarcimiento pleno de sus daos. Hasta el dictado del Decreto 1694/09 el seguro de responsabilidad civil estaba implcitamente prohibido por una resolucin de la SSN, lo que constitua un absurdo. Primero, porque an en el marco del artculo 39 prrafo 1 de la LRT, permita la responsabilidad civil para el supuesto del artculo 1072 del Cdigo Civil. Ms all de que se sabe que el empleador lombrosiano no existe, lo cierto es que se especulaba con una hiptesis de responsabilidad civil relativa al hecho de asegurarse. Despus del dictado del fallo Aquino, mantener la prohibicin era insostenible y afectaba sobre todo a las Pymes. El artculo 14 del Decreto 1694/09 ordena a la Superintendencia de Seguros de la Nacin para que adopte medidas tendientes a la aprobacin de lneas de seguro por responsabilidad civil por accidentes de trabajo y enfermedades laborales que fueran presentados por distintos operadores de la actividad.
Cabe interpretar que podrn asegurarse los empleadores como las ART; en el caso de estas ltimas por las condenas en virtud del artculo 1074 del Cdigo Civil. El seguro de responsabilidad civil debi admitirse hace mucho tiempo. Lo incomprensible es que no se haya dictado antes, facilitando toda una campaa de descrdito contra jueces y abogados por las condenas civiles, que no admitan seguro, y que afectaban principalmente a las PyMES. Transcurridos cuatro meses del dictado del Decreto todava la SSN no ha dictado la regulacin correspondiente. En principio y hasta el presente las ART que tienen como objeto excluyente el otorgamiento de las prestaciones de la LRT no estaran autorizadas a emitir plizas por Responsabilidad Civil. 4.9. Modificacin del MOPRE El artculo 15 del Decreto prescribe que a los fines del artculo 32 de la LRT se estima el MOPRE en un 33% del monto del haber mnimo garantizado en el artculo 13 de la ley 26.417, que a su vez elimina el MOPRE en todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes las que quedarn reemplazadas por una determinada proporcin del haber mnimo garantizado al que se refiere el artculo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias, segn el caso que se trate. El artculo 32 de la LRT establece sanciones a los obligados del sistema y en su parte pertinente dice: 1. El incumplimiento por parte de empleadores auto asegurados, de las ART las compaas de seguros de retiro de obligaciones a su cargo, ser sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si no resultare un delito ms severamente penado. El Decreto adapt el rgimen de sanciones de la LRT a la Ley 26.417. Por ello el MOPRE ahora se aplica nicamente para la aplicacin de esta sancin y esta fijado en un 33% del haber mnimo garantizado, cifra que surgir de las sucesivas resoluciones del ANSeS que actualizan semestralmente el haber jubilatorio. De acuerdo a estas directivas, la SRT dict la Resolucin N 482/2010 begin_of_the_skype_highlighting 482/2010 end_of_the_skype_highlighting, estableciendo el valor del MOPRE en $ 272,99 conforme la Resolucin de la ANSeS N 65 con fecha 21 de agosto de 2009. y en $ 295,40 conforme la Resolucin ANSeS N 130 con fecha 23 de febrero de 2010. Por el carcter represivo de las sanciones en juego la actualizacin del artculo 12 del Decreto 1694/09 slo ser aplicable a los incumplimientos nuevos, a partir de la vigencia de la norma. Es decir no se pueden aplicar a sumarios ya iniciados ni a los que se inicien respecto de incumplimientos anteriores al 6 de noviembre de 2009 (48). V. Es posible la aplicacin de las mejoras del Decreto 1694/09 a las prestaciones dinerarias no canceladas a la fecha de su entrada en vigor? El artculo 16 del Decreto 1694/09 prescribe: las disposiciones del presente decreto entrarn en vigencia a partir de su publicacin en el Boletn Oficial y se aplicarn a las contingencias previstas en la Ley N 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestacin invalidante se produzca a partir de esa fecha. Publicado el decreto 1694/09 en el Boletn Oficial el 6 de Noviembre de 2009, sus reglas se aplicarn a los siniestros producidos a partir de esa fecha o las enfermedades que tengan su primera manifestacin invalidante a partir de esa fecha. No se ha contemplado que desde hace largos aos los damnificados se han visto perjudicados en virtud de pautas de liquidacin de prestaciones dinerarias desactualizadas e inicuas. Por ese
motivo puede afirmarse que el artculo 16 es inconstitucional por contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo subordinado (arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitucin Nacional) y la aplicacin de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad, pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia de la norma, no implica la retroactividad de la ley (artculo 3 del Cdigo Civil) ni afecta al derecho de propiedad de las obligadas del sistema fijadas en el ao 2000. En definitiva, se postula que las mejoras a las prestaciones dinerarias y la eliminacin de topes fijados en el Decreto deben igualmente aplicarse a las indemnizaciones devengadas con anterioridad, pero no canceladas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1694/09. Varios son los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que abonan esta tesis. En el caso Camusso, (49) la Corte Suprema acept la validez constitucional y aplicacin inmediata de la norma que institua la actualizacin de los crditos laborales (Ley N 20.695), en un caso en que haba entrado en vigencia despus de dictada la sentencia y en etapa de ejecucin el juez orden actualizar el capital de condena. La Corte resolvi que la aplicacin de la nueva ley no implicaba su aplicacin retroactiva, pues en el caso: ... no se haba satisfecho el crdito del accionante. As se resolvi que: Resulta por tanto aplicable la doctrina del artculo 3 del Cdigo Civil, primera parte, ya que tan slo se alteran los efectos en curso de aquella relacin nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo texto legal. En cambio en el caso Gmez de Vlez se determin que no es de aplicacin inmediata el nuevo texto legal cuando el deudor ya hubiese cumplido con la obligacin debida, pues en el mentado caso el demandado haba abonado el monto de la condena oportunamente y ante ello el Mximo Tribunal resolvi que la aplicacin de la Ley 20.695 (es decir la actualizacin del crdito) ...adems de desconocer la autoridad de la cosa juzgada, viola el derecho adquirido y contraviene las exigencias de la seguridad jurdica... (50). La Sala II de la CNAT en el fallo Graziano, (51) tambin determin la aplicacin de las mejoras del DNU 1278/00 a un accidente ocurrido con anterioridad a su vigencia pero no cancelado. En este fallo votado por mayora, se resolvi aplicar la modalidad del pago de la indemnizacin por muerte que establece la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) en sus artculos 11 apartado 4 inciso c), 15 inciso 2 apartado 2 y 18; que comenz a regir desde el 1 de marzo de 2001; cuando el hecho que originara aquel juicio ocurri en marzo del 2000, es decir con anterioridad a la reforma establecida por el decreto 1278/00. Como fundamento del decisorio el Dr. Maza que se pronunci en primer trmino por la mayora, con la adhesin del doctor Pirolo, determin que se deba aplicar la modalidad de pago del DNU 1278/00 porque resultaba de mayor equidad y justicia propiciar la aplicacin del nuevo rgimen de prestaciones econmicas vigente al momento del dictado de la sentencia, fundndose en que las consecuencias que motivaron el crdito resarcitorio, se encontraban pendientes de cancelacin al momento de promoverse la accin judicial y dictarse la sentencia. Dijo el Dr. Maza que observando razones de equidad y justicia, considero pertinente la tesis de que el rgimen de prestaciones econmicas que el decreto 1278/00 estableci se puede aplicar, a la luz del art. 3 del Cdigo Civil, a los efectos pendientes nacidos de situaciones jurdicas, es decir contingencias cubiertas, anteriores al 1-3-2001. As el Dr. Maza rese el artculo 3 del Cdigo Civil el cual establece que: A partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarn an a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurdicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden pblico, salvo disposicin en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningn caso puede afectar derechos amparados por garantas constitucionales. A los contratos en curso de ejecucin no son aplicables las nuevas leyes supletorias.
Afirma el Dr. Maza que la sola circunstancia de que el hecho antecedente (accidente o primera manifestacin invalidante) o la situacin jurdica marco haya nacido bajo la ley anterior sta deba extender y proyectar sus efectos (ultraactividad de la ley) a consecuencias que no fueron canceladas al da de entrada en vigencia de la nueva ley o, incluso, a consecuencias materiales y jurdicas que se vayan produciendo bajo la nueva norma. Para fundar su voto el Dr. Maza tambin rese distinta doctrina en torno al artculo 3 del Cdigo Civil. As prosigui: Guillermo A. Borda, autor del proyecto de reforma del Cdigo Civil que se convirtiera en la revolucionaria ley de facto 17.711, ha sealado que se producira aplicacin retroactiva si la nueva ley volviera sobre la constitucin de una relacin jurdica anteriormente constituida o sobre la extensin de una relacin jurdica anteriormente extinguida, o sobre los efectos de una relacin jurdica. Al abordar la sutil diferencia entre los efectos inmediatos de una nueva ley y a irretroactividad sostuvo que ...es preciso aceptar la regla de que las nuevas leyes deben aplicarse con la mayor extensin posible y producir sus efectos de inmediato. Toda nueva ley se supone mejor y ms justa que la anterior, de no entenderlo as el legislador, no la hubiera dictado. Por ello mismo y salvado el principio de la irretroactividad esa ley debe aplicarse en su mxima extensin posible. Cada vez que un nuevo concepto jurdico social, moral o religioso estima inaceptable la solucin de la vieja ley, ser necesario quitarle toda vigencia. No es posible concebir, por ejemplo, que se rebaje el inters en los prstamos de dinero porque se considera inmoral cobrar ms de lo fijado en la nueva ley y se dejen subsistentes las tasas fijadas en los contratos en curso qu lgica tiene esto de permitir la supervivencia de algo que hoy se considera inmoral? (Guillermo A. Borda, ponencia al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Crdoba, 1969, ED, T. XXXVI-1971, pg. 730 y sgtes.). Alberto G. Spota, afirm con claridad que los efectos no producidos o las consecuencias no acaecidas de las relaciones jurdicas deben ser regidas siempre por la nueva ley. En cambio, todo aquello que se ha perfeccionado, debe quedar bajo la gida de la misma ley (Alberto G. Spota, ponencia al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Crdoba, 1969, ED, T. XXXVI-1971, pgs. 730 y sgtes.). A su turno Roberto H. Brebbia, trayendo a colacin la tesis esgrimida por el tratadista italiano Messineo, apunt que la nueva ley debe ser aplicable a las consecuencias de hechos anteriores cuando para regular tales consecuencias no se entre a juzgar la validez del hecho productor de dichas consecuencias porque en ese caso la ley nueva se convertira en retroactiva (Roberto H. Brebbia, ponencia al Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Crdoba, 1969, publicada en ED, T. XXXVI-1971, pgs. 730 y sgtes.). El recordado constitucionalista Germn Bidart Campos, al explicar los alcances de la inalterabilidad de los derechos adquiridos, haca referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional de Espaa del 10/4/1986 en el que se resolvi que la retroactividad prohibida es la que incide en los efectos jurdicos ya producidos de situaciones anteriores, sealando que la incidencia en los derechos en cuanto a su proyeccin hacia el futuro no pertenece estrictamente al campo de la irretroactividad, sino al de la proteccin que deben recibir esos mismos derechos para el supuesto que experimenten alguna vulneracin (Germn Bidart Campos, Tratado de Derecho Constitucional Argentino, Ediar SA, Bs. As. 1995, T. I, pg. 686). Lo relevante del caso seal el Dr. Maza es que si bien el hecho antecedente naci durante la vigencia del rgimen anterior, las consecuencias reparatorias del infortunio no fueron canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley. Por lo tanto, sostiene que: la aplicacin de la nueva ley a los efectos pendientes, es decir no saldados a ese momento, no constituye un supuesto de retroactividad legal sino de aplicacin inmediata de la nueva norma, an cuando se trate de consecuencias vinculadas a un hecho jurdico anterior. Tambin menciona el Dr. Maza en su voto que la decisin no contradice los fallos plenarios N 277 Villamayor, Jos Domingo c/La Franco Argentina SA y el dictado en la causa Prestigiacomo, Luis
c/F. Aroldo Pinelli (de fecha 29 de mayo de 1981, publicado en DT 1981-997 begin_of_the_skype_highlighting 1981-997 end_of_the_skype_highlighting) por tratarse de situaciones normativas diferentes. Seala tambin el Dr. Maza que las reformas de la ley 21.034 a la ley 9688 y el reemplazo del rgimen de sta por la ley 24.028 implicaban cambios esenciales, mientras que en el caso bajo anlisis el sistema bsico se mantiene. Otro dato a tener en cuenta es que la modificacin de la modalidad de pago de la prestacin no solo se realiz en el caso Graziano por el cambio de la situacin econmica, sino tambin, porque como se expresaba en los mismos considerandos del Decreto 1278/00 se haca mencin a la insuficiencia de las prestaciones econmicas del rgimen vigente. No se trat de la aplicacin de una nueva ley, sino de la actualizacin del mismo rgimen vigente, cuyas prestaciones dinerarias se reconocan insuficientes. Cabe sealar que el artculo 3 del Cdigo Civil establece los principios para determinar las reglas de aplicacin de las leyes en el tiempo. Las mismas pueden ser la irretroactividad, la aplicacin inmediata y la aplicacin diferida. La aplicacin inmediata de la ley es el principio consagrado en la primera clusula del artculo 3. En funcin de esta norma las leyes se aplican a: 1. Las nuevas situaciones que se originen a partir de la vigencia de la ley. 2. Las consecuencias que se produzcan en el futuro, de relaciones o situaciones jurdicas ya existentes al momento de vigencia de la ley. En estos casos no hay retroactividad de la nueva ley; slo afecta a las consecuencias que se produzcan en el futuro (52). La situacin descripta en el fallo Graziano es idntica a la que se plantea en el Decreto 1694/09 y su controvertido artculo 16, donde en los considerandos se reconoce la necesidad del dictado de las medidas que permitan proteger a las vctimas, y que resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago nico, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocer vlidamente el monto indemnizatorio; de acuerdo a las previsiones del artculo 11, inciso 3, de la Ley N 24.557 y sus modificaciones. Otro antecedente relevante es el fallo Arcuri, (53) decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en el cual se determin la aplicacin de un rgimen jubilatorio ms protectorio a un caso donde en principio era regido por la ley anterior, sealndose que: La posibilidad de aplicar la nueva legislacin a casos regidos por regmenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendi la aplicacin de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se haba producido con anterioridad a su vigencia. Que sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma ms favorable, exgesis que concuerda con el propsito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, segn ha sido preceptuado, ms tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitucin Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarqua constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artculo mencionado. El Mximo Tribunal aplic la ley ms benigna para una mujer que reclamaba el pago de la pensin por viudez en razn de la muerte de su marido ocurrida durante el rgimen de la ley 18.037, solicitando la aplicacin de la ley ms favorable del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la cual haba entrado en vigencia 19 das despus de la muerte de su esposo y que la ANSeS le haba negado.
Por unanimidad, los ministros del Mximo Tribunal ordenaron que se aplicara para la causa el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, es decir admitieron la pretensin y aplicaron la ley ms favorable para el reclamante. Para ello los Jueces reafirmaron la vigencia del principio de progresividad, tambin de indudable aplicacin al rgimen de accidentes del trabajo, como fuera destacado, entre otros, en los clebres fallos Aquino y Milone. En forma coherente sealaron en los considerandos 14 y 15 del caso Arcuri: Que es el reconocimiento del principio de progresividad en la satisfaccin plena de esos derechos el que ha desterrado definitivamente interpretaciones que conduzcan a resultados regresivos en la materia (arts. 26 y 29 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y considerando 101 del voto del Dr. Maqueda en Fallos: 328:1602). 15) Que sera estril el esfuerzo realizado por el legislador para cumplir con la obligacin establecida en el art. 11 del Protocolo Adicional de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), en cuanto exige que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias hasta el mximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, si por va interpretativa se sustrajera de esa evolucin a quienes se encuentran en situacin de total desamparo por aplicacin de leyes anteriores que establecan un menor grado de proteccin, mxime cuando se encuentra demostrado que el causante y, por ende, su viuda, renen los requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos pretendidos, segn han sido previstos en el actual esquema normativo. Por su parte, el art. 75, inc. 23, de la Constitucin Nacional, al establecer como atribuciones del Congreso de la Nacin las de legislar y promover medidas de accin positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitucin y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, pone nfasis en determinados grupos reiteradamente postergados, dentro de los cuales se menciona en forma expresa a las personas con discapacidad. Por tal razn, una interpretacin conforme con el texto constitucional indica que la efectiva proteccin al trabajo dispuesta en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada, en las circunstancias sub examine, por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresin en materia de derechos fundamentales. Aun siendo insuficientes las reformas del Decreto 1694/09 como se ha sealado, menos equitativa es la situacin que se crea al privar a las vctimas que no han visto canceladas sus prestaciones nacidas con anterioridad, de las mejoras dictadas en el marco del mismo rgimen legal. Si los damnificados no han visto cancelados en forma oportuna sus crditos y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial, transcurso durante el cual cambian sustancialmente las circunstancias econmicas y la nueva legislacin reconoce lo exiguo del rgimen original, no cabe castigarlos otorgndoles una indemnizacin depreciada al momento de percibirla. En definitiva, a pesar de la insuficiencia de las mejoras en las prestaciones dinerarias establecidas por el Decreto1694/09, frente a la colisin de intereses entre los damnificados y la aseguradora, deben tener preeminencia los primeros, dado el fin social y protectorio de las indemnizaciones por accidente del trabajo. Finalmente, la aplicacin del nuevo rgimen de prestaciones dinerarias establecido por el Decreto 1694/09 a aquellas no canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo, no afectar derechos patrimoniales de las aseguradoras. Como ya se ha dicho, los topes limitativos y los adicionales de pago nico haban sido instituidos en diciembre del ao 2000, mientras que, desde entonces y hasta la fecha, las ART vienen cobrando sus alcuotas sobre la base de salarios actualizados, de modo que han tenido beneficios adicionales derivados de la mora de la Administracin en corregir los desajustes de las prestaciones dinerarias, criticadas unnimemente por todos los sectores. Es decir que quien no pag la reparacin patrimonial tarifada en su momento- financi sus obligaciones futuras (entre estas, aquellas que no abon en su oportunidad) mediante las primas
que comenz a percibir actualizadas de acuerdo a los aumentos salariales, sin perjuicio del beneficio adicional de los aumentos de las alcuotas que autoriz la SRT desde el ao 2000 a la fecha. Incluso se puede estimar que la solucin prevista en el artculo 16 del Decreto 1694/09, produce un enriquecimiento sin causa de las aseguradoras, producido por la ventaja patrimonial que tuvieron durante casi diez aos, desde la crisis del sistema de convertibilidad, vigente cuando se sancion el DNU 1278/00, perodo durante el cual siguieron cancelando obligaciones con prestaciones crecientemente desvalorizadas. Estas circunstancias anmalas tendran una prolongacin poco equitativa y desmedida en el escenario diseado por el artculo 16 del Decreto 1694/09. A su vez, los damnificados han venido sufriendo un empobrecimiento creciente durante casi ese mismo perodo en que no se corrigi la normativa. Extender esta situacin no se adecua a criterios de justicia y equidad y configura un caso tpico de enriquecimiento del deudor causalmente relacionado y correspondido con el empobrecimiento del acreedor. Tampoco podrn las aseguradoras alegar la existencia de derechos adquiridos para cancelar sus obligaciones de acuerdo al rgimen anterior. Aqul principio de derecho civil, cabe su aclaracin, slo se refiere en relacin al derecho adquirido de la vctima y su derecho a reclamar conforme la ley vigente al momento de ocurrido el dao. No puede ser igual la situacin de quien cumple con la norma con aqul responsable en resarcir que rehye cumplimiento de la ley en tiempo, en forma y despus pretende prevalerse de ella, cuando la soslay y luego pretende esgrimirla slo en el momento que le conviene a sus intereses mezquinos (54). La Corte Suprema, en el fallo Alem, (55) dijo que no es imprescindible la existencia de una sentencia firme anterior a la nueva ley, siendo suficiente para adquirir el derecho, que el particular haya cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos por la ley anterior, para ser titular del derecho. En consecuencia, si el deudor no cumple con las condiciones sustanciales ni los requisitos formales de la antigua ley, cabe concluir que no se evidencia una relevancia jurdica que justifique la invocacin de supuestos derechos adquiridos, cuando soslay el cumplimiento en tiempo oportuno de la ley derogada. El Decreto 1694/09 no ha dispuesto una mutacin de las reglas jurdicas bsicas del rgimen de la LRT, sino tan slo el mejoramiento de las prestaciones econmicas ante el reconocimiento por parte del Estado de la insuficiencia del anterior sistema, producindose la modificacin casi 10 aos despus de la anterior, por lo tanto cabe sostener la aplicacin de sus disposiciones a los siniestros ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia de la norma, sin que de derive afectacin de irretroactividad de la ley (artculo 3 del Cdigo Civil) afectacin del derecho de propiedad de las obligadas del sistema. El jurista mendocino Carlos A. Livellara coincide con la tesis que se viene exponiendo al sealar que: sin llegar a vulnerar el principio de irretroactividad de las leyes y normas jurdicas del Artculo 3 del Cdigo Civil, se pueden aplicar los nuevos beneficios que implementa el decreto 1694/09 a travs de la declaracin de inconstitucionalidad de la normativa anterior por su prdida de razonabilidad (56). Como sustento a su afirmacin, el autor referido cita lo dicho por la Corte Suprema en el clebre caso Valdez, Julio c/Cintioni, en el cual la Corte declar inconstitucional el artculo 276 de la LCT reformado por la Junta Militar en tanto estableca como mdulo de ajuste de los crditos laborales la variacin del salario del pen industrial y desde la promocin de la demanda. As refiere que la Corte dijo al respecto: ...el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicacin concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la ley fundamental. Agregndose en el fallo que las cambiantes circunstancias pueden hacer que la solucin legal no ostensiblemente incorrecta, tal
vez, en su inicio se torne irrazonable y la norma que se consagre devengue as indefendible desde el punto de vista constitucional. Igualmente, el Dr. Livellara hace referencia al fallo Vega, Humberto A. c/Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde, (57) en el que la Corte, al declarar la inconstitucionalidad de la Resolucin que determin el monto del salario mnimo vital y mvil, que converta en irrisorio el tope indemnizatorio del artculo 8 inciso a de la ley 9688, insisti en la tesis de que el principio de razonabilidad debe mantenerse durante el tiempo de vigencia de la norma de suerte que su aplicacin no resulte contradictoria con lo establecido en la Carta Magna. El Dr. Livellara concluye que la declaracin de inconstitucionalidad del tope y dems pautas regulatorias del sistema previo al decreto 1694/09, por su prdida de razonabilidad, habilitar al Juez a dar la solucin del caso conforme a la nueva normativa producto de la evolucin operada al respecto (58). El planteo sobre la aplicacin de las mejoras del Decreto a las causas en trmite, y la eventual cuestin federal subyacente, es aconsejable efectuarla en la primera oportunidad procesal en que es posible prever que se presente: al interponer o contestar la demanda; al expresar agravios o al contestarlos. Del mismo modo, deber mantenerse el planteo en todas las etapas procesales pues de lo contario es equivalente a su abandono o desistimiento. En definitiva, en resguardo de los derechos y para no asumir riesgos es necesario hacer el planteo de inconstitucionalidad del artculo 16 en la primera presentacin que se formule en la causa solicitando el traslado a la contraparte para que ejerza su derecho de defensa en juicio, haciendo la reserva del caso federal, sostenindolo en todas las instancias procesales hasta eventualmente llegar a la Corte Suprema. Su planteo en el recurso extraordinario es tardo (59). VI. Conclusiones 6.1. Luego de los fuertes y generalizados cuestionamientos que ha tenido la LRT desde su sancin en 1995, el carcter gatopardista del DNU 1278/00 y el dictado de los fallos de la Corte Suprema que hicieron colapsar los pilares de la ley, las limitadas y parciales modificaciones del Decreto 1694/09, para la norma que ms declaraciones de inconstitucionalidad tuvo no slo en la historia del derecho del trabajo, sino de las instituciones jurdicas en general, se evidencia como una decisin extremadamente limitada. 6.2. Ha habido algunas mejoras largamente esperadas, con las limitaciones sealadas, como la eliminacin de los topes, la instalacin de los pisos indemnizatorios, la elevacin de los adicionales de pago nico, el aseguramiento de la responsabilidad civil y el reajuste y las mejoras de las ILLT e IPP, entre otros. 6.3. Es cuestionable, sin embargo, la omisin del Decreto respecto de mantener inalterables las indemnizaciones por incapacidad permanente: al no modificar el cmputo del ingreso base, no elevar los clculos aritmticos; mantener congelado el ingreso base y no ajustarlo a valores constantes ni aplicar a estos casos las mejoras introducidas para las incapacidades temporales y provisorias, a pesar de que el PEN se encontraba habilitado para corregir estos dficits en virtud de las facultades consagradas en el artculo 11 inciso 3ro de la LRT. 6.4. Esta discriminacin peyorativa respecto de las indemnizaciones permanentes, no encuentra explicacin y se contradice con los considerandos del decreto, con el objetivo enunciado en el artculo 2 inciso b de la LRT de: reparar los daos derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y colisiona con los artculos 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitucin Nacional y da lugar a plantear inconstitucionalidad a la forma de clculo y ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente.
6.5. Despus de los fallos Milone y Surez Guimbard de la Corte Suprema, no se justifica mantener la obligacin de percibir bajo el sistema de rentas las indemnizaciones causadas por incapacidades superiores al 50% de la t.o. o por la muerte. El artculo 11 inciso 3 admita claramente esta modificacin de buena fe en consonancia con el mandato del Superior Tribunal de la Nacin. 6.6. El artculo 16 del Decreto 1694/09 es susceptible de ser declarado inconstitucional al no permitir aplicar las mejoras introducidas a los siniestros anteriores a la entrada en vigencia de la norma, las cuales no fueron liquidadas antes de su entrada en vigencia. 6.7 Las nuevas mejoras establecidas en las prestaciones dinerarias dispuestas por el Decreto 1694/09 se pueden aplicar a los hechos anteriores a su vigencia, pero no cancelados an, a travs de la declaracin de la inconstitucionalidad de la normativa anterior por su prdida de razonabilidad, conforme la doctrina de la Corte Suprema esbozada en los casos Valdez c/Cintioni y Vega c/Consorcio. 6.8 El Decreto 1694/09 no implic un cambio del sistema normativo, sino un mejoramiento de las prestaciones econmicas casi 10 aos despus de la ltima reforma. De modo que la aplicacin de sus disposiciones a los infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados antes del 6 de Noviembre de 2009, no implica retroactividad de la ley, ni se afecta el derecho de propiedad de las obligadas del sistema. Por tal motivo, una interpretacin conforme con el texto constitucional indica que la efectiva proteccin al trabajo dispuesta en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada, en las circunstancias, por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresin en materia de derechos fundamentales. As lo precepta tambin el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del citado Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los estados han reconocido el derecho de toda persona a una mejora continua de las condiciones de existencia (60). 6.9. La aplicacin literal del artculo 16 tiene como consecuencia adicional un enriquecimiento sin causa de las Aseguradoras ya que stas vienen desde hace largos aos cobrando alcuotas sobre la base de salarios actualizados y continuarn abonando prestaciones dinerarias no canceladas con lmites y topes fijados en el ao 2000. 6.10 El caso Berti no cierra la eventual declaracin de inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios totales y parciales fijados por la LRT segn el DNU 1278/00, lo que no obsta a que tal planteo deba ir acompaado con el idntico cuestionamiento al artculo 12 de la LRT y los lmites de aportes a la Seguridad Social, cuya aplicacin literal puede pulverizar las indemnizaciones legales convirtindolas en irrisorias e irrazonables en relacin a los ingresos reales de los damnificados y, por lo tanto, violatorias de los artculos 14, 14 bis y 17 de la Constitucin Nacional. Lo dicho por la Corte Suprema en los precedentes Vizzotti y Prez c/Disco son una fuente jurisprudencial insoslayable. 6.11 Finalmente, es posible afirmar que ha terminado el tiempo de las valoraciones genricas y las reformas parciales: es definitivamente necesario sancionar una reforma integral de la ley vigente, que ineludiblemente deber considerar y respetar cada una de la sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, como aquella a la que se ha comprometido la Administracin en los considerandos del Decreto. Esto ltimo con la finalidad de que no se repitan situaciones de inconstitucionalidad, teniendo presente que como dijo la Corte Suprema: [] es justo y razonable que la legislacin contemple el abanico de intereses y expectativas que pone en juego la relacin laboral con motivo de un accidente o enfermedad, en trminos que atiendan, equilibradamente, a todos los actores comprometidos en ese trance. Empero, esto es as, bajo la inexcusable condicin de que los medios elegidos para el logro de dichos fines y equilibrios resulten compatibles con los principios, valores y derechos humanos que la Constitucin Nacional enuncia y manda respetar, proteger y realizar a todas las instituciones estatales (considerando 13 del voto de los doctores Petracchi y Zaffaroni en la causa Aquino).
-Ponencia Oficial presentada al - XIII Encuentro del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 22, 23 y 24 de abril de 2010 Necochea en el panel Daos y perjuicios en el marco del contrato de trabajo: Reformas y modificaciones a la ley 24.557. (1) CSJN, 05.08.86, Gunther, Ral F. c/Ejrcito Argentino, Fallos 308: 1118. (2) CSJN, Santa Coloma, L. F. y otros c/Ferrocarriles Argentinos, Fallos 308:1160. (3) CSJN, 25.09.1997, L., B. J. y otra c/Polica Federal Argentina, LA LEY, 1998-E 528. (4) GIALDINO, Rolando, Los derechos econmicos, sociales y culturales. Su respeto, proteccin y realizacin en el plano internacional, regional y nacional [En lnea], (Consulta: 29.03.2010), en: <http://www.avizora.com/atajo/colaboradores/textos_rolando_e_gialdino/0003_derechos_econo micos_sociales_culturales.htm>. (5) ALVAREZ, Eduardo, Validez constitucional del artculo 39 de la Ley 24.557, Revista de Derecho Laboral, 2001-2, Ley de Riesgos del Trabajo I p. 168. (6) MOSSET ITURRASPE, Jos - PIEDECASAS, Miguel A. Responsabilidad por daos, Tomo XI, pg. 27. (7) ALVAREZ, Eduardo, El fallo Aquino: El esperado retorno de la seriedad cientfica a la Argentina, Revista de Derecho Laboral. Nmero Extraordinario. Fallos recientes del Corte Suprema de Justicia de la Nacin, 2004, p. 165. (8) MOSSET ITURRASPE, Jos-PIEDECASAS, Miguel A. Responsabilidad por daos, Tomo XI, pg. 27.9 Ibdem. (10) Ibd. (11) MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por Daos, T. I, Parte General, p. 111. (12) CSJN, Recurso de Hechos, 28.03.06, Avila Juchami, Nicols Urbano c/Decsa SRL y otros. (13) MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por Daos, Tomo IX: Responsabilidad de la empresa, Rubinzal Culzoni, p. 85. (14) CSJN, 16/12/1993, Vega, Humberto c/Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde y otro, DT, 1994-A, pg. 632. (15) Cmara del Trabajo de Crdoba, Sala X, unipersonal, 27/11/2008, Castellano, Ezequiel c/C.N.A. ART SA, en La Ley Online. Cmara del Trabajo de Crdoba, Sala 7, 16/10/2008, Flores, Martn Antonio c/Consolidar ART SA, en La Ley Online. (16) CSJN, 23.03.2010,Berti Alfredo Jess c/Asociacin Civil Club Atltico Boca Juniors s/Accidente Ley 9688 (17) CNAT, Sala III, S.D. 87.922, 06/07/2006, Exp. 18.155/03, Basualdo, Mario Herminio c/La Caja ART SA s/accidente ley 9688. Accidentes del trabajo. (18) Corte Suprema de Justicia de la Nacin, 01/09/2009, Prez, Anbal Ral c. Disco S.A., DT 2009 (setiembre), 1011 - LA LEY 25/09/2009, 25/09/2009, LA LEY 29/09/2009, 6, con nota de Pablo Alberto Bsquet; IMP 2009-19 (octubre), 1550.
(19) CSJN Mill de Pereyra, Rita Aurora; Otero, Ral Ramn y Pisarello, Angel Celso c/Estado de la Provincia de Corrientes s/demanda contenciosa administrativa. (20) CNAT, Sala V, S.D. 68.608, 05/07/2006, Exp. 990/02, Lucero, Cristian Guillermo c/Provincia ART SA y otro s/despido. (21) Tribunal del Trabajo N 2 de Mar del Plata, "C., Ricardo c/Asociart SA y otro s/Medidas Precautorias" (expte. 48.689). (22) VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Efectos del salario previsional en la reparacin del dao, Revista de Derecho Laboral, Ley de Riesgos del Trabajo II, Rubinzal-Culzoni, p. 26. (23) Comisin de Legislacin del Trabajo, HCD, Expte. D, 2164-06- INFORME. Honorable Cmara: La Comisin de Legislacin del Trabajo ha considerado el proyecto de ley del seor diputado Recalde y otros por el que se modifican los artculos 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19 de la ley 24.557 -Ley de Riesgos del Trabajo. Por ejemplo, se estableca que: 2. Declarado el carcter definitivo de la Incapacidad Laboral permanente parcial (IPP), el damnificado percibir una indemnizacin de pago nico, cuya cuanta ser igual a 60 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultara de dividir el nmero 100 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestacin invalidante. Esta suma en ningn caso ser inferior a la cantidad que resulte de multiplicar $ 300.000 por el porcentaje de incapacidad. Declarado el carcter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibir las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el rgimen previsional al que estuviere afiliado y al que acceder en los trminos que determine la reglamentacin. 3. El damnificado percibir adems una indemnizacin de pago nico cuyo monto ser igual a 100 veces el valor del ingreso mensual base, por el coeficiente que resultara de dividir el numero 100 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestacin invalidante o la muerte. En ningn caso la adicin de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente o la muerte podr ser inferior a $ 300.000. (24) BERMDEZ, Ismael, Diario Clarn 11.11.2009, p. 18. (25) El Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Alfonso Tomada, ha confirmado estas aseveraciones al sealar: que el 93% de los accidentes indemnizados son de bajo porcentaje de incapacidad y afectan a trabajadores de bajos salarios, La Nacin, 6 de noviembre de 2009. (26) SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo. Temas Fundamentales, 2 Edicin, David Grinberg Libros Jurdicos, pp. 329 ss. (27) SCHICK, Horacio, Los proyectos de decretos del Poder Ejecutivo Nacional sobre la reforma de la ley de riesgos del trabajo, La Ley, Supl. 24.09.2009. Vid. tambin Informe Laboral N 11, en lnea. En: <http://www.estudioschick.com.ar/in_11.pdf>. (28) El salario bruto promedio mensual declarado por las empleadoras ante la Seguridad Social es de $ 3.300. (29) SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo. Temas Fundamentales, 2 Edicin, pp. 321 ss. (30) Ver detalle de nota 14. (31) SCHICK, Horacio, Los proyectos de decretos del Poder Ejecutivo Nacional sobre la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, La Ley, Supl. 24.09.2009. Vid. tambin Informe Laboral N 11, en lnea. En: <http://www.estudioschick.com.ar/in_11.pdf>. (32) CNAT, Sala X, 26/06/2009, Gimnez, Patricia Dolores c/Blockbuster Argentina SA, La Ley Online.
(33) ACKERMAN, Mario E., Tratado de Derecho del Trabajo, Tomo VI, Riesgos del Trabajo, Actualizacin normativa y jurisprudencial (2007-2009). Decreto 1694/09 y Fallos de la CSJN, Rubinzal Culzoni Editores, 2009, p. 21. (34) Las consideraciones vertidas en torno a cmo se deben calcular las prestaciones por incapacidad provisoria, han surgido de un intercambio de opiniones con el profesor doctor Miguel Angel Maza. (35) Corte Suprema de Justicia de la Nacin, 01/09/2009, Prez, Anbal Ral c. Disco SA: DT 2009 (setiembre), 1011, La Ley 29/09/2009, 6, con nota de Pablo Alberto Gasquet; IMP 2009-19 (octubre), 1550. (36) CNContencioso Administrativo Federal, Sala III, Expte. 39.123, Panello, Amalia Hebe c/PJNConsejo de la Magistratura. Resolucin 83/07 y otro s/amparo. Ley 16.986. En sentido similar se ha pronunciado la CNAT, Sala V, 5-07-2006, autos Lucero, Cristian Guillermo c/Provincial ART y otro s/despido; Maza, Miguel A. - LOUSTAUNAU, Eduardo A., Desajuste en las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo, DT, 2008 (julio), 711; lA LEY, 2008-E, 914; VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Efectos del salario previsional en la reparacin del dao, Revista de Derecho Laboral, Ley de Riesgos del Trabajo II, Rubinzal Culzoni. (37) SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo. Temas Fundamentales, David Grinberg Libros Jurdicos, 2 edicin, 2010, cap. VII, ptos. 7.1, 7.2 y 7.3. (38) ELIZONDO, Jorge Luis, Riesgos del Trabajo. Anlisis crtico de la LRT, Rosario, Editorial Nova Tesis, 2010 p. 137. (39) ACKERMAN, Mario, Era necesario declarar la inconstitucionalidad del artculo 14.2 de la ley 24.557. A propsito del fallo de la CSJN Milone, Revista de Derecho Laboral, Nmero Extraordinario, Fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, Rubinzal Culzoni, p. 237, y TOSCA, Diego, Forma de pago de las prestaciones dinerarias en la LRT, Revista de Derecho Laboral 2, Ley de Riesgos del Trabajo II, Rubinzal Culzoni, p. 322. (40) SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo. Opinin citada pgina 317 y ssgtes. (41) CSJN, 26.10.2004, Milone, Juan Antonio c/Asociart SA ART s/Accidente, M. 3724. XXXVIII. (42) CNCiv., Sala M, 16/10/2007, Mio, Santiago Ivn y otros c/Consolidar Compaa de Seguros de Retiro, diario La Ley, 23/11/07, p. 6, con comentario del autor. (43) Maza, Miguel Angel, Modificaciones introducidas por el Decreto 1694/09 al rgimen de prestaciones econmicas de la LRT (y otras mejoras al ucase presidencia), Revista La Causa Laboral, N 44. (44) MTSSyE, Gacetilla de prensa. Direccin de Prensa y Comunicaciones. Respuesta al comunicado de parte del sector empleador sobre el decreto 1694/09. Algunos encuentran seguridad jurdica en leyes inconstitucionales. (45) http://abogados.iprofesional.com:80/,visto 09.04.2010. (46) GILETTA, Ricardo Agustn, Algunas reflexiones en vista del pasado, presente y futuro del rgimen de accidentes y enfermedades del trabajo, ob. cit. (47) Schick, ob. cit., p. 79. (48) Maza, ob. cit.
(49) CSJN, 21.05.76, Camusso vda. de Marino, Amalia c/Perkins SA, Fallos 294:445. Declara la constitucionalidad y aplicacin inmediata de la Ley 20.695. (50) CSJN, 28.05.76, Gmez de Vlez, Argentina de las Mercedes c/Panadera La Paz y otro s/indemnizacin, Fallos 294: 458. (51) CNAT, 31.07.2009, Graziano, Antonio y otro c/Trilenium SA y otro s/Accidente Ley 9688, publicado en La Ley Online. Ver tambin su comentario por Duarte, ob.cit. y Schick, La aplicacin en el tiempo de las mejoras de las indemnizaciones por accidente del trabajo previstas por el DNU 1278/00, en Revista Derecho del Trabajo, ao LXIX, N 12, diciembre 2009, p. 471. (52) Cdigo Civil y normas complementarias. Anlisis doctrinal y jurisprudencial, Bueres, A. (dir.) y Highton, E. (coord.), Hammurabi, Jos Luis Depalma Editor, tomo I, pgina 11. (53) CSJN, 03.11.2009, Arcuri Rojas, Elsa c/ANSeS, A. 514. XL. (54) DUARTE, David, La inaplicabilidad de la ley al momento del infortunio por injusta, Revista de Derecho Laboral. Actualidad, Boletn de informacin mensual del mes de septiembre de 2009, editorial Rubinzal Culzoni. (55) CSJN, 1983, Alem, Elena y otros c/Provincia de Crdoba, Fallos: 305:899. (56) LIVELLARA, Carlos A., Decreto 1694/09 sobre Riesgos del Trabajo: slo un paliativo a la espera de la reforma del sistema, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, marzo de 2010, N 6, pg. 486. (57) CSJN, 16.12.1993 Vega, Humberto c/Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde,LA LEY, 1994-C82. (58) Livellara, Carlos A., ob. cit., pg. 487. (59) CSJN 11-5-82 LA LEY, 1984 p. 509 c. 5093. (60) CSJN, 26.10.2004, Milone, Juan A. c/Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/Accidente - Ley 9688, M. 3724. XXXVIII, considerando 6 del voto de la Mayora.
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