Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7911
Timestamp: 2019-08-20 01:15:54
Document Index: 176454227

Matched Legal Cases: ['Artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 209', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 209', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38']

Prohibiciones de los funcionarios públicos para garantizar los principios de la función administrativa durante épocas de elecciones
ACTO LEGISLATIVO 216 DE 2005
“Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido:
¿Puede el Congreso de la República prohibir a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, celebrar convenios interadministativos para la ejecución de recursos públicos, destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales y modificar la nómina del ente territorial?
Integralidad de los fallos de control de constitucionalidad de la Corte Constitucional «(…) Los fallos que en ejercicio del control constitucional profiera la Corte Constitucional son, como se anotó, integrales. Por tanto, al momento de confrontar la norma revisada con la preceptiva constitucional, la Corte analiza todos y cada uno de los artículos del proyecto de ley estatutaria a la luz de todos y cada uno de los artículos del estatuto superior. En este sentido, los artículos que la Corte encuentre exequibles es porque son conformes con la totalidad del ordenamiento constitucional. Los que encuentre inexequibles son retirados del ordenamiento jurídico. Por tanto, una vez sancionado el proyecto y convertido en ley de la República, éste goza ya de un juicio de constitucionalidad favorable, constatado por medio de una sentencia. (…)»
«(…) La Sala observa que todas las limitaciones previstas en el artículo 38 están claramente encaminadas a garantizar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución, en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones. En esa medida, en términos generales, el artículo 38 no contraría disposición alguna de la Carta, sino que la desarrolla.
La Corte encuentra ajustado a la Constitución el inciso tercero, porque, como las demás previsiones del artículo 38, tiende a proteger la moralidad administrativa. Si bien el Procurador estima que se debe declarar exequible la expresión “tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos”, por estimar que puede llegar a limitar el alcance de protección de la norma, la Sala estima que tal limitación no se presenta. En efecto están prohibidas las conductas mencionadas en los numerales 1 y 2 en términos generales y no se exceptúa de tal prohibición el evento en el cual esté presente un vocero de candidato. Es lógico, a pesar de su redundancia, señalar que si está prohibido lo más también lo está lo menos.
Por tanto, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 será declarado exequible. (…)»
El Congreso de la República puede prohibir a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, celebrar convenios interadministativos para la ejecución de recursos públicos, destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales y modificar la nómina del ente territorial, porque:
Estas limitaciones están encaminadas a garantizar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones.
Evitar que puedan inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social pretende no atribuir méritos de la labor de la administración en general a determinado candidato. Es decir, busca no personalizar los logros de la administración, lo cual es desarrollo del principio de moralidad administrativa.
Impedir que puedan modificar la nómina busca garantizar que no se utilice como medio para la campaña electoral, en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Constitución Política para actuar en política, y así promover la transparencia del actuar administrativo. No obstante, el mismo artículo estable dos excepciones a esta prohibición: cuando se trate de proveer cargos por faltas definitivas derivada de muerte o renuncia y en los cargos de carrera administrativa, las cuales respetan el equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad administrativa y la eficacia de la administración.
El límite de tiempo de estas prohibiciones es razonable, pues en los cuatro meses indicados, época de campaña, es que se presentan el mayor riesgo de aprovechamiento del cargo público para fines políticos.
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “excepción de”, “que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución” contenidas en el artículo 38, así como también las expresiones “por razones políticas, durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones” contenidas en el numeral 5º del artículo 38, y las expresiones “en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos” también contenidas en el inciso primero del parágrafo del artículo 38. El resto del artículo 38 se declara EXEQUIBLE.
Artículos 13 y 209 de la Constitución Política.
Ficha: Prohibiciones de los funcionarios públicos para garantizar los principios de la función..