Source: https://www.scribd.com/document/255602055/Sentencia-C-988-06
Timestamp: 2018-12-14 05:31:16
Document Index: 367752689

Matched Legal Cases: ['artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 250', 'artículo 324', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 242', 'ARTÍCULO 324', 'artículo 278', 'artículo 17', 'artículo 324', 'artículo 209', 'artículo 324', 'artículo 209', 'artículo 324', 'artículo 5', 'artículo 209', 'artículo 2', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 16', 'e contrario', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 48', 'artículo 241', 'artículo 324', 'artículo 209', 'artículo 324', 'artículo 209', 'e contrario', 'artículo 2', 'artículo 225', 'artículo 82', 'artículo 15', 'artículo 454', 'artículo 294', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 6', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 123', 'artículo 209', 'artículo 209', 'ARTÍCULO 88', 'artículo 3', 'artículo 250', 'artículo 343', 'artículo 324', 'artículo 250', 'artículo 53', 'artículo 366', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 324', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 294', 'artículo 143', 'artículo 24', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 324', 'artículo 250', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 209']

Sentencia C-988-06
Uploaded by Anonymous XQYAgi3
Sentencia C-988 de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia C-988/06
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Rigor en el
juicio que aplica la Corte al examinar demanda no puede convertirse en
un método tan estricto que haga nugatorio el derecho de los ciudadanos
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
por cumplimiento de requisitos de la demanda
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
PENAL-Alcance
PENAL-Límites
PENA-Ultima ratio
PRINCIPIO DE NECESIDAD EN DERECHO PENAL-Alcance
MORALIDAD-Instrumentos
Son variados los instrumentos encaminados a reprimir el incumplimiento del
principio de moralidad, por lo que es claro que no es solamente la acción
penal (art. 250 C.P.) -cuando como responsable de la determinación de la
política criminal del Estado el Legislador tipifica determinadas conductas
como delitos- con la que se cuenta en nuestro ordenamiento para asegurar su
vigencia y respeto.
FUNCION ADMINISTRATIVA-Principios
ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO-Acogió el principio de oportunidad reglada
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN DERECHO PENAL-Alcance
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Requisitos para la aplicación en
delitos contra la administración pública o recta impartición de justicia
El Legislador estableció en el numeral 10 del artículo 324 que el principio de
oportunidad puede aplicarse “cuando en atentados contra bienes jurídicos
de la administración pública o recta impartición de justicia, la afectación al
bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber
funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la
sanción disciplinarios”. El Legislador supedita dicha posibilidad a dos
precisos requisitos, a saber i) que la afectación al bien jurídico funcional
resulte poco significativa -es decir que la afectación de la administración
pública o de la eficaz y recta impartición de justicia sea leve, valoración que
deberá efectuar en concreto la Fiscalía, y el juez de garantías encargado de
realizar el respectivo análisis de antijuricidad y proporcionalidad con
ocasión del control de legalidad respectivo- y ii) que la infracción al deber
sanción disciplinarios -es decir que en relación con la misma conducta se
configure una falta disciplinaria que dé o haya dado lugar a la imposición de
la sanción respectiva. En relación con esta última condición cabe precisar
que en la medida en que la disposición se refiere expresamente al “deber
funcional” ha de entenderse que se alude en este caso a hipótesis en que los
servidores públicos o los particulares que cumplan funciones públicas y
como tal estén sometidos a la potestad disciplinaria incurran en conductas
respecto de las cuales quepa junto con la imposición de la sanción penal
endilgarles responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de dichos
deberes funcionales.
PRINCIPIO DE MORALIDAD ADMINISTRATIVA-No vulneración
por aplicación del principio de oportunidad en delitos contra la
administración pública o recta impartición de justicia
Para los demandantes el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” desconoce el
principio de moralidad establecido en el artículo 209 superior y
consecuentemente los artículos 1° y 2° constitucionales. En particular
destacan que no es posible hablar de lesión “leve” cuando se está ante
atentados a bienes jurídicos de la administración pública o la recta
administración de justicia, pues cualquier comportamiento que defraude las
expectativas de los asociados implica una lesión a los fundamentos de
legitimación del Estado, entonces siempre será “grave”. Al respecto la Corte
constata que el Legislador no desbordó la potestad de configuración que le
es atribuida en materia penal y específicamente no vulneró el principio de
moralidad establecido en el artículo 209 superior ni consecuentemente los
artículos 1° y 2° superiores. Como se desprende de las mismas
consideraciones preliminares es claro que para la protección del principio de
moralidad administrativa, que constituye sin duda un pilar esencial del
funcionamiento del Estado, el Legislador no se encuentra obligado a acudir
necesariamente a la acción penal para sancionar su inobservancia. Como allí
se señaló en el Estado de Derecho, a la sanción penal en función del principio
de necesidad sólo debe llegarse cuando se ha producido una grave afectación
de un bien jurídico, mediante un comportamiento merecedor de reproche
penal y siempre y cuando que la pena resulte estrictamente necesaria.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Carácter excepcional/PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD-Contenido y alcance
El principio de oportunidad establecido en el artículo 250 superior tal como
fue modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002 cuya naturaleza es
estrictamente excepcional (i) fue supeditado por el Constituyente derivado a
la política criminal del Estado; (ii) la aplicación de este principio no
constituye una antinomia del principio de legalidad, como quiera que
constituye una oportunidad reglada que, se reitera, es excepcional, no
arbitraria, sujeta al control de garantías, con presencia del Ministerio
Público y con participación de la víctima a la que se debe escuchar y está
sometida adicionalmente en su ejercicio interno por la Fiscalía a un
reglamento expedido por el Fiscal General de la Nación que deberá
desarrollar el plan de política criminal del Estado; (iii) este principio se
predica de conductas antijurídicas y lesivas del bien jurídico, que el
legislador sustrae con todos sus elementos de la acción punitiva, como
resultado de una valoración político criminal, que conduce a considerarlas de
poca significación desde la perspectiva de afectación del bien jurídico
protegido; (iv) dicho principio alude a delitos de entidad menor y
específicamente en el caso de los atentados contra los bienes jurídicos de la
administración pública o recta impartición de justicia, a que alude el numeral
acusado se prevé claramente que la infracción del deber funcional tenga o
haya tenido una respuesta de orden disciplinario y la afectación del bien
jurídico resulte poco significativa; (v) en este caso no se trata de discriminar
conductas con medidas distintas, para sustentarlas del ámbito penal, sino que
se atribuye al Estado la opción de no proseguir excepcionalmente la acción
penal en una hipótesis concreta –la señalada en el numeral 10 acusado-,
conforme a una valoración político criminal, para la cual el constituyente
autorizó al Legislador y que en el caso del numeral acusado se refiere
específicamente a los denominados delitos “bagatela”.
Referencia: expediente D-6207
Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906
de 2004 “por la cual se expide el Código
de Procedimiento Penal”.
Actor: JORGE FERNANDO PERDOMO
TORRES Y OTROS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, establecida en el
artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Jorge Perdomo Torres
y Camilo Burbano Cifuentes demandaron el numeral 10 del articulo 324 de
la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento
Mediante auto del nueve (9) de marzo de 2006, el Magistrado Sustanciador
admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en
lista la disposición acusada para asegurar la intervención ciudadana y
comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, y al
Presidente del Congreso de la República, así como también al Ministro del
Interior y de Justicia, al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo
para que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la constitucionalidad de la
disposición demandada.
A través de oficio No. DP-034 del 21 de marzo de 2006, el Procurador
General de la Nación manifestó a la Corte que tanto él como el
Viceprocurador General de la Nación, se encontraban impedidos para
conceptuar sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, toda vez que,
en su condición de Procurador General participó en la comisión redactora y el
Viceprocurador General participó en la subcomisión redactora del proyecto
que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004objeto de revisión. En consecuencia, solicitó a esta Corporación que, de
aceptar el impedimento manifestado, dispusiera que el Procurador General en
cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del
Decreto Ley 262 de 2000 designara al funcionario que debe rendir el
correspondiente concepto.
(Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004) El Congreso de la República DECRETA (. la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios. la Sala aceptó el impedimento manifestado por el Procurador General y. se corriera traslado por el término restante al funcionario que designe el Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió el impedimento manifestado por el Procurador General de la Nación para rendir el concepto fiscal dispuesto por el artículo 242. LEY 906 DE 2004 (agosto 31) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.Mediante auto A-120 del 5 de abril de 2006. numeral 2.. en el expediente D-6207. previo el concepto rendido por la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia. la Corte procede a decidir sobre las pretensiones de la demanda de la referencia. CAUSALES.. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD ARTÍCULO 324.658 del treinta y uno (31) de agosto de 2004.) TITULO V. 45. de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: (…) 10. DISPOSICIÓN DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la norma demandada. En dicha providencia. II. Cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos. . ordenó que una vez levantada la suspensión decretada en el proceso de la referencia con ocasión del impedimento propuesto por el Procurador General de la Nación. en concordancia con el artículo 278 numeral 5 de la Carta Política. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 numeral 3 del Decreto 262 de 2000.
. entonces siempre será grave” Los actores estructuran su demanda con los siguientes elementos: 1.. Explican que se trata de prestaciones positivas que demandan a las personas especialmente obligadas a garantizar el pleno cumplimiento del deber.(. son tales porque van más allá del deber general del ciudadano de no hacer daño a otros. a saber el principio de moralidad de toda función estatal. Señalan que la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de estos deberes positivos en cabeza del Estado y de los funcionarios que lo 1 Los actores citan a Claus Roxin. la protección de la confianza en su actividad. y por ende. se originan en otras ramas jurídicas”. p. pues cualquier comportamiento que defraude las expectativas de los asociados implica una lesión misma a los fundamentos de legitimación del estado. se trata siempre de deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma y que. LA DEMANDA Para los demandantes el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” desconoce el principio de moralidad establecido en el artículo 209 superior y consecuentemente los artículos 1 y 2 constitucionales por cuanto dicho numeral hace primar “la figura excepcional de la oportunidad” en detrimento de uno de los valores irrenunciables en la administración de justicia como función pública. de la moralidad no permite hablar de lesión “leve” cuando se está ante atentados a bienes jurídicos de la administración pública o la recta administración de justicia. Barcelona. Autoría y dominio del hecho en derecho penal.. .) III. 2000. quienes en tal calidad tienen deberes especiales positivos. Respecto del “beneficiario de la norma” Afirman que de la redacción del numeral 10 del artículo 324 CPP en cuestión se desprende que los directos destinatarios de la disposición son los servidores públicos. Así mismo que el ejemplo paradigmático de los delitos de infracción de deber son los llamados delitos de funcionarios. Explican que cuando la norma señala como necesaria la defraudación al deber funcional limita su campo de acción a los delitos llamados por la doctrina penal como de infracción de deber1. pero que es necesario para la realización del tipo. con lo que se lesiona la confianza de los ciudadanos en la acción del Estado.. por lo general. 387 en el siguiente aparte "el elemento que (.) decide sobre la autoría constituye una infracción de un deber extrapenal que no se extiende necesariamente a todos los implicados en el delito. Afirman que los deberes especiales. Afirman que “El especial deber que está en cabeza de los funcionarios.
Al respecto. 4 Citan apartes de la Sentencia C-404 de 1998.representan. En ese orden de ideas consideran que la moralidad es esencial en tres aspectos fundamentales: i) es necesaria para interpretar el correcto alcance de las normas jurídicas en un contexto social o su incompatibilidad con normas superiores. además del cumplimiento del principio de legalidad y tipicidad.P. al definir por ejemplo la posición de garante de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Señalan que la Corte Constitucional ha señalado la prevalencia que el principio de moralidad debe tener en el ordenamiento jurídico colombiano. Citan al respecto apartes de la sentencia C-709 de 19963. incluso frente a otros principios que rigen y orientan la función del Estado. al tiempo que solo frente a ellos se puede dar una sanción o reproche disciplinario.P. Antonio Barrera Carbonell. 3 M. la moralidad debe predicarse de toda actuación desplegada por un funcionario público. y que ésta es también objeto de protección del Derecho Penal toda vez que éste pretende proteger no solo la integridad del Estado mismo sino la confianza de los ciudadanos en el correcto desempeño de la administración pública. M. De los deberes de los funcionarios y la moralidad Los actores afirman que de conformidad con lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política.2 Afirman que en ese orden de ideas el deber funcional a que alude el numeral 10 del artículo 324 de la Constitución Política es el deber positivo de los servidores del Estado. ii) se debe examinar como un mandato constitucional en sí mismo y precisan que en el presente caso son relevantes para determinar la inexequibilidad del numeral 10 del articulo 324 del CPP los artículos 1 y 2 superiores que instituyen el interés general como elemento fundamental en un Estado social y democrático de derecho y el deber del Estado en proteger tal 2 Los actores citan apartes de la Sentencia SU-1184 de 2001. afirman que esta Corporación “entiende que.P. Afirman igualmente que esta Corporación se ha referido a la íntima relación que existe entre derecho y moral. Eduardo Montealegre Lynett. con las especificaciones que anunciamos anteriormente. Si se quiere. Carlos Gavina Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz:. tratándose de la relación de tipicidad e ilicitud sustancial. . tanto en sus límites. se establece una exigencia clara orientada a que se observe estrictamente el deber infringido y la intensidad de la vulneración para deducir la antijuridicidad contenida en el artículo 5 del Código disciplinario". lo que incluye aquellas que desarrollan preceptos constitucionales. M. no pueden existir faltas en las que no se cuestione la infracción de un deber funcional. como en la necesidad de su aplicación y correcto entendimiento para dotar de sentido a normas jurídicas4. 2. la interpretación de la Corte Constitucional suministra al operador disciplinario un eje de configuración donde.
ya que. 3. Finalmente. Indican que su argumentación se sustenta. Clara Inés Vargas Hernández . como en su criterio sucede con la aplicación de este principio en el presente caso. en las normas sobre autoría y participación que rigen en la moderna doctrina penal para los delitos de infracción de deber y que. tanto de los particulares como del Estado mismo. situación que a todas luces en su criterio contraría la Constitución. M. a partir de la sentencia de la Corte Constitucional SU-1184 de 2001.P. en tanto los funcionarios deben encaminar sus actuaciones siempre transparentemente en beneficio de tal interés. pero que además los supera dando una visión general del carácter irrenunciable de este principio. Señalan que en este sentido las reglas de la autoría para el delito de infracción de deber son estrictas y responden a la calidad especial del deber que se lesiona. afirman “un argumento más para excluir la aplicación del principio de oportunidad a la disposición demanda”. Concluyen que los tipos penales contenidos en el título XV del Código penal “son expresión de la necesaria garantía de la confianza de los ciudadanos en el Estado y en el correcto funcionamiento de sus instituciones” y que “la moralidad en el ejercicio de la función pública como principio constitucional.interés y de garantizar el cumplimiento de los deberes sociales. el cual de manera expresa establece el interés general como finalidad de la función administrativa. como lo expuso la Corte Constitucional en sentencia C-673 de 20055. Señalan que aunque el principio de oportunidad es una excepción de manera alguna puede controvertir los postulados constitucionales. Junto con lo anterior está el artículo 209 constitucional. es garantizada de esta forma”. desarrollado con el principio de moralidad. iii) se debe entender como un factor de cohesión para el mantenimiento de un orden social justo (artículo 2º de la Constitución Política). Del carácter irrenunciable de la protección de la moralidad y el mayor alcance del proceso penal frente al disciplinario Sostienen que el principio de oportunidad tiene carácter excepcional frente al principio de legalidad. como lo ha afirmado la Corte en varias ocasiones. también. sostienen que la condición impuesta por el numeral 10 del artículo 324 no es suficiente para salvaguardar el principio de la moralidad. Éste es. 5 Invocan la Sentencia C-673 de 2005. al desestimar la acción penal en casos que la ley califica como “leves” sin tener en cuenta que la moralidad no admite graduación pues se trata de la defensa de la transparencia de la administración pública. que debe ser protegida contra cualquier atentado. la protección y los fines que busca el proceso disciplinario difieren sustancialmente del proceso penal. aspecto que engloba a los anteriores. ya que su defraudación implica un quiebre en la confianza en el orden jurídico y en las instituciones que lo representan. ha sido desarrollada por la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos.
IV. que no hay infracción penal sin una lesión material a un bien jurídico tutelado. y el interés público en la persecución del delito. o “nos encontramos ante un delito que doctrinalmente se llama bagatela”. cuya construcción depende del concepto de bien jurídico. sino también el mantenimiento de un orden social justo. Eduardo Cifuentes Muñoz . precisamente a través del afianzamiento de la confianza de sus asociados en los valores básicos representados en la Constitución. a partir del principio de lesividad. cuando se afirma que la función del derecho penal no es sólo proteger los bienes jurídicos. para solicitar a la Corte que declare la exequibilidad de la disposición demandada. es uno de lo puntos que determina la gravedad de la conducta punible y de este análisis no se pueden exceptuar los delitos contra la administración pública y de la recta impartición 6 Al respecto citan apartes de las sentencias C. Doctor Mario Germán Iguarán Arana.razón por la cual no se afecta la prohibición constitucional de la doble incriminación6. pues los costos pueden superar al interés social y político en su persecución. el Fiscal señala que la significancia de la afectación de un bien jurídico protegido está dada por la relevancia del hecho delictivo. interviene en el presente proceso. Para dar respuesta al problema jurídico referido. pero aclara que ello es así en el entendido. El señor Fiscal señala que el problema jurídico que surge a partir de lo argumentos planteados por los demandantes -los cuales hacen referencia a que en los delitos contra la administración pública y la recta impartición de justicia no se puede acudir a la insignificancia-. el daño ocasionado. el día cinco (5) de abril de 2006. Precisa además que la afectación al bien jurídico. es el siguiente: ¿Los delitos contra la administración pública o recta impartición de justicia.P. 7 Invoca la sentencia C-070 de 1996 M. es así que donde no existe una lesión a un bien jurídico o ésta es insignificante no existe antijuridicidad penal. Aduce que desde la relevancia del hecho se ha elaborado toda la teoría de la antijuridicidad material7. con base en los argumentos que se resumen a continuación. INTERVENCIONES 4. pueden ser o no insignificantes? O desde otra perspectiva ¿Los delitos contra la administración pública o recta impartición de justicia son siempre graves?.1 Fiscalía General de la Nación El Fiscal General de la Nación.244 de 1996.554 de 2001 y C. El señor Fiscal comparte lo señalado en la demanda. Cuando estos aspectos son de poca importancia y en ocasiones escasos.. el Estado puede optar por la no investigación de la conducta punible realizada.
Explica que el Estado con la aplicación de la disposición demandada. implica una gradualidad en su gravedad. Advierte entonces que una visión del derecho penal que parte de la violación de bienes jurídicos. Esta función la logra estructurando expectativas normativas y ésta misma señala de esta forma cuál es el límite de la expectativa. o la acción de repetición. como. Explica. por ejemplo. Precisa que la aplicación del principio de oportunidad resulta una herramienta para la descriminalización cuando existan sanciones más eficaces que pueden resultar de mayor impacto para la sociedad y mayor punibilidad para el imputado. pues ello implicaría la violación del principio de lesividad al que se le ha reconocido relevancia constitucional -invoca la sentencia C-070 de 1996-. se puede renunciar a la persecución penal. En esas circunstancias. el mantenimiento de la expectativa a través de la sanción. Señala que si bien es cierto que el derecho disciplinario tiene diferentes fines a las del derecho penal. a través de la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas. declina la acción penal en beneficio de la acción disciplinaria por considerar que existen eventos en que ésta es incluso más aflictiva que la vía penal.de justicia. que en una sociedad compleja como la actual. no por esta razón la sanción disciplinaria no cumple con sus funciones de prevención y corrección que garantizan la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución. o cuando resulte innecesario iniciar un proceso penal o penalizar al imputado con otra sanción. la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública . es decir hasta donde puedo actuar. puede resultar desproporcionado e irracional y por ello dentro de un marco de política criminal del Estado. Explica que si bien la sanción penal reafirma la expectativa. no solo se predica de la lesividad de la conducta. sino también del interés público en la persecución del delito. aún en la administración pública y recta impartición de justicia. Señala que además puede lograrse la reparación de los perjuicios que se hubiesen causado por esa vía a través de la actuación fiscal. que priva al funcionario del derecho al trabajo. Señala que dicha insignificancia. sin que ello implique una renuncia a la protección de la moralidad de la administración pública la cual se ve reafirmada mediante la sanción disciplinaria. el derecho penal no pretende sino ser un medio a través del cual sean posibles las relaciones sociales. Aduce que la norma penal y disciplinaria comportan como reacción en caso de frustración. hasta dónde puedo esperar que otro actúe sin que traspase mi ámbito de injerencia. la misma puede verse reafirmada simplemente a través de la sanción disciplinaria. invocando la doctrina. lo que permite que se pueda hablar de delitos insignificantes. en donde ya está reafirmada la expectativa. acudir a la sanción penal.
y que además cuentan con una adecuada respuesta en "el reproche y la sanción disciplinaria". por medio de una sanción disciplinaria. el Señor Fiscal Fiscalía solicita que se desestime la demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 324. Reitera que cuando ya se ha garantizado la protección de los principios que desarrolla la función administrativa. de tal manera que no es posible prever como punible una conducta que no lesione o ponga en peligro sin justa causa un interés jurídicamente tutelado. comportan un desgaste para la administración de justicia que evita concentrar la actuación de las autoridades en delitos más graves y ocasiona una gran congestión en el sistema penal que por el contrario requiere mayor celeridad y eficacia. numeral 10 de la Ley 906 de 2004. y por lo tanto no es contraría a los artículos 1. . Jaime Araujo Rentería y C-173/01 M.y en ciertas condiciones se pueda prescindir de la imposición de la sanción penal cuando 8 Al respecto citan apartes de las Sentencia C-064 de 2003. no se hace necesario la persecución de una conducta punible por parte del ente acusador.Academia Colombiana de Jurisprudencia El Secretario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia atendiendo la invitación efectuada por esta Corporación remitió el concepto suscrito por los Doctores Bernardo Gaitán Mahecha y Juan Carlos Prias Bernal donde manifiestan que la disposición acusada no debe ser declarada inconstitucional y exponen los siguientes argumentos: Los intervinientes recuerdan que en materia penal el legislador tiene una amplia potestad de configuración que en todo caso está sujeta a los principios de racionalidad y proporcionalidad así como a los principios y valores de la Constitución8: Señalan que no resulta ni razonable ni proporcionado que se penalicen conductas que no son significativas en la lesión o puesta en peligro del interés jurídicamente tutelado. 2 y 209 constitucionales. Advierte que esta clase de investigaciones.2. Exponen que la situación enunciada adquiere tal realce que de manera expresa el Código Penal colombiano consagra la posibilidad de que en ciertos delitos -delitos culposos o con penas no privativas de la libertad.(artículo 16 Código Disciplinario Único). M. P. constituye un principio fundamental de nuestro derecho penal y así lo ha venido reiterando la legislación de carácter sustancial expedida en desarrollo de la Constitución de 1991. Álvaro Tafur Galvis . pues tal disposición no viola el principio constitucional de moralidad que se exige a quienes desempeñan una función en representación del Estado. De acuerdo con los razonamientos expuestos. De otro lado. afirman que la antijuridicidad material. 4.P.
De manera específica. su poca trascendencia y la existencia de otros mecanismos de control social ameritan la decisión de no activar suntuariamente la jurisdicción penal. Así pues. señalan que contrario a lo que sostienen los demandantes la aplicación del principio de oportunidad en los términos de la norma demandada. pues sería negar que efectivamente lo hace en muchas ocasiones. Manifiestan que no se trata. aún para delitos que involucran intereses de tal trascendencia como la vida y la integridad personal. lo que posibilita es que la acción de la justicia pueda aplicarse de manera preferencial en aquellos casos en los cuales la afectación de la moralidad pública sea significativa y amerite el ejercicio de la acción penal. como cuando considera las circunstancias diminuentes o atenuantes de manera general para todas las conductas punibles o de manera específica para los delitos en particular como ocurre en el caso de algunos delitos contra la administración pública o la recta impartición de justicia. de una confrontación entre el principio de la eficiencia en la administración de justicia y la moralidad pública como criterio fundante del ejercicio de la función pública. que es precisamente lo que ocurre en la reglamentación del principio de oportunidad dentro del nuevo régimen de procedimiento penal. lejos de constituir un desbordamiento a las posibilidades de aplicación del principio de oportunidad. se autoriza igualmente prescindir de la pena en atención a las especiales condiciones de motivación del agente y atendiendo al criterio de necesidad de la pena. como pretenden los accionantes. al caso de los delitos contra la administración pública o la recta impartición de justicia. en una efectiva y real protección de los intereses jurídicos tutelados. toda vez que específicamente se determina que solo es procedente cuando "la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa". De esta forma afirman que mal podría aceptarse como un principio general la hipótesis planteada por los accionantes. Afirman que es frecuente que el legislador a partir del “desvalor de acción o de resultado” de una conducta derive criterios que permitan la disminución e incluso la prescindencia de las penas. aunque la hipótesis de hecho prevista en la norma demandada no excluye por completo la antijuridicidad material de la conducta. significa una limitación importante a su uso.ella no resulte necesaria. Por ultimo. . y de manera específica. Precisan que la norma demandada. en el sentido de que jamás la ley podría graduar la significancia de la afectación a unos intereses jurídicos como los aludidos. haya adecuado como medio de control social el ejercicio correspondiente de la acción disciplinaria. y además. sino de la libre apreciación que en torno de la aplicación del postulado de la antijuridicidad material concede de manera amplia el constituyente a la ley.
mediante la formulación de por lo menos un cargo concreto contra la norma demandada. Explica que el concepto de violación debe ser específico. doctora María Claudia Zea Ramírez intervino a nombre de la Procuraduría General de la Nación. cuando han sido sancionados disciplinariamente por esta conducta. sin entrar a exponer las razones fácticas o jurídicas concretas por las cuales dicha afectación se produce en la vigencia del referido principio constitucional. . habida cuenta que la Sala Plena de la Corte aceptó el impedimento para este asunto de los señores Procurador y Viceprocurador General de la Nación. No obstante. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Mediante Concepto 4142. INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda presentada contra el artículo 324. los cuales si no convencen al juez. señala que si la Corte en aplicación del principio pro actione resuelve adelantar el juicio respectivo la disposición acusada debe ser declarada exequible frente al cargo planteado Explica que dentro del marco de la amplia potestad de configuración que tiene el Legislador es razonable y proporcionado aplicar el principio de oportunidad y. por lo menos han de despertar duda sobre la exequibilidad del precepto atacado. recuerda que la suficiencia del cargo de inconstitucionalidad está relacionada con los argumentos y elementos probatorios que sustentan la demanda. numeral 10. En su escrito la Procuradora Auxiliar solicita a la Corte Constitucional efectuar los siguientes pronunciamientos: 1. En subsidio. remitido a la Corte Constitucional el cinco (5) de julio de 2006. Afirma que la argumentación de los demandantes se limita a señalar que la disposición acusada desconoce o desprotege el cumplimiento del principio de moralidad. de la Ley 906 de 2004. en lo acusado y únicamente respecto del cargo aquí examinado. por ineptitud sustantiva de la demanda. por tanto.V. pues las razones por las cuales se estima infringida la Constitución Política no son específicas ni suficientes. 2. declarar EXEQUIBLE el artículo 324. La Procuradora Auxiliar afirma que la demanda presentada contra el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 es inepta. además. numeral 10. no juzgar y sancionar a los responsables de comportamientos que afectan en mínima medida la administración pública y de justicia. la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales. tiene que definir la manera como la norma legal desconoce el texto superior. de la Ley 906 de 2004. en virtud de la designación que para este efecto le fuere hecha.
entre ellos. la proporcionalidad y razonabilidad son los tres principios a los cuales debe responder la imposición de cualquier pena9. refuerza la posibilidad de que 9 Invoca la Sentencia C-647 de 2001M. concluye que la aplicación del principio de oportunidad. que la conducta “tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios”. considera que la sanción disciplinaria es la respuesta adecuada a la conducta. en los supuestos descritos en el artículo 324. la suspensión y las correspondientes inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas. la imposición de una pena se torna innecesaria y hasta desproporcionada.Precisa que la disposición acusada se fundamenta. sino en la poca entidad del daño causado. por lo que resulta. materializando con ello el principio de necesidad de la pena. Sin embargo. Explica que la severidad de las sanciones disciplinarias imponibles. constituye una respuesta proporcional y adecuada que cumple al mismo tiempo su función preventiva especial. las cuales pueden fijarse por un período entre 10 y 20 años. Aduce que no debe olvidarse que la necesidad. destaca que en razón de la naturaleza del bien jurídicamente protegido y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de funciones públicas. numeral 1º. Con base en las anteriores consideraciones. no desconoce el principio de moralidad en la función administrativa. impiden ver en la respuesta disciplinaria un mecanismo ineficaz para proteger el principio de moralidad. el legislador previó como requisito de aplicación del principio de oportunidad. de la Ley 906 de 2004. Alfredo Beltrán Sierra .P. . totalmente. En este orden de ideas. por cuanto la disposición acusada exige como presupuesto la imposición de la respectiva sanción disciplinaria por el deber funcional infringido. desde el punto de vista preventivo especial. Señala que así la conducta reprochable no queda en la absoluta impunidad. Manifiesta que ello es evidente frente a las conductas cometidas en forma dolosa. sin menoscabar la finalidad preventiva general predicable del Código Penal. si el funcionario judicial. Todo lo contrario. razonable que el legislador le haya permitido a la Fiscalía General de la Nación renunciar. numeral 10. es decir de la antijuridicidad material”. de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) constituyen faltas gravísimas sancionables con destitución e inhabilidad. la cual en virtud de la entidad del daño ocasionado. al examinar cada caso concreto. “no en la total insignificancia del injusto. como la destitución. pues de acuerdo con el artículo 48. la moralidad a que alude el actor. suspender o abstenerse del ejercicio de la acción penal en estos casos.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. a saber el principio de moralidad de toda función estatal. ii) el derecho penal en el Estado Social de Derecho no se puede fundamentar únicamente en lesiones a deberes jurídicos sino que igualmente debe evidenciarse una lesión material a bienes jurídicos. la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir. pues cualquier comportamiento que defraude las expectativas de los asociados implica una lesión a los fundamentos de legitimación del Estado. El señor Fiscal General de la Nación. entonces siempre será grave. pero teniendo en cuenta los parámetros de necesidad. pues la disposición acusada hace parte de una Ley de la República. numeral 4° de la Constitución Política.Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241. cuando sus autores decidan apartarse del cabal cumplimiento de los deberes funcionales asignados. La materia sujeta a examen Para los demandantes el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” desconoce el principio de moralidad establecido en el artículo 209 superior y consecuentemente los artículos 1° y 2° constitucionales por cuanto dicho numeral hace primar “la figura excepcional de la oportunidad” en detrimento de uno de los “valores irrenunciables en la administración de justicia” como función pública.y de ese análisis no se pueden exceptuar los delitos contra la administración pública y la recta impartición de justicia pues ello implicaría la violación del principio de lesividad al que se le ha reconocido relevancia constitucional. con lo que se lesiona la confianza de los ciudadanos en la acción del Estado. en desmedro del ejercicio de la función pública y del interés general que subyace a la misma. sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. proporcionalidad y razonabilidad que deben imperar en la imposición de las sanciones. En particular destaca que en materia de respeto del principio de moralidad y de los deberes funcionales de los servidores del Estado no es posible hablar de lesión “leve” cuando se está ante atentados a bienes jurídicos de la administración pública o la recta administración de justicia. iii) la afectación del bien jurídico es uno de los aspectos que determinan la gravedad de la conducta punible -lo que permite hablar de delitos insignificantes. 2. solicita a la Corte declarar la exequibilidad del numeral acusado y para el efecto hace énfasis en que i) cuando no existe lesión a un bien jurídico o ésta es insignificante no existe antijuricidad penal.ciertas conductas sean sancionadas penal o disciplinariamente. VI. iv) cuando la infracción al deber funcional ha tenido como . definitivamente.
su poca trascendencia y la existencia de otros mecanismos de control social ameritan la decisión de no activar innecesariamente la acción penal iv) en el presente caos contrario a lo que afirman los accionantes no se trata de una confrontación entre el principio de eficiencia en la administración de justicia y la moralidad pública como criterio fundante de la función pública . ii) en este sentido la conducta no queda impune al tiempo que la sanción disciplinaria constituye una respuesta proporcional y adecuada que además. dada la severidad de las sanciones disciplinarias en determinadas circunstancias. a saber que la antijuridicidad material o afectación del bien jurídico funcional haya sido poco significativa y que la conducta haya sido objeto de reproche y sanción disciplinario. Hacen énfasis en que i) la disposición acusada no desborda la potestad de configuración del Legislador que en materia de regulación del principio de oportunidad no encuentra obstáculo para incluir dentro de las hipótesis de dicho principio lo referente a los delitos contra la administración pública o la administración de justicia. v) mal podría aceptarse como principio general que jamás la ley puede graduar la significación de la afectación de unos bienes jurídicos como la administración pública o la recta impartición de justicia pues sería negar que efectivamente lo hace en muchas ocasiones en materia de diminuentes y atenuantes respecto de delitos que atentan contra dichos bienes jurídicos. La Procuradora Auxiliar para asuntos constitucionales solicita a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda. iii) no . Los intervinienes en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia igualmente solicitan a la Corte declarar la exequibilidad del numeral acusado. sino de la libre apreciación que en torno a la aplicación del postulado de la antijuridicidad material concede de manera amplia la Constitución al Lgislador. -además de las otras acciones que puedan resultar aplicables como la fiscal o la de repetición-.respuesta una sanción disciplinaria no se hace necesaria la persecución penal cuando la referida infracción es de poca significancía pues la sanción disciplinaria. puede llegar incluso a ser más eficaz como instrumento de disuasión para evitar la vulneración de los referidos bienes jurídicos. es idónea para proteger los principios de la función pública y en particular el principio de moralidad sin necesidad de incurrir en el desgaste de una acción penal que congestione la actuación judicial y evite concentrar los esfuerzos en la persecución de las conductas más graves. Empero señala que si la Corte en aplicación del principio pro actione resuelve adelantar el juicio respectivo la disposición acusada debe ser declarada exequible frente al cargo planteado. Destaca al respecto que i) el Legislador previó en este caso precisas condiciones para aplicar el principio de oportunidad. ii) la antijuridicidad material constituye un principio esencial del derecho penal reconocido por la jurisprudencia constitucional y frecuentemente tomado en cuenta por el Legislador iii) aunque la hipótesis prevista en la disposición acusada no excluye por completo la antijuridicidad material de la conducta.
José Gregorio Hernández Galindo. por inadecuada presentación del concepto de la violación.debe olvidarse que la necesidad. Al respecto. entre varios pronunciamientos. C-1052 de 2001 M.P.) y consecuentemente los artículos 1 y 2 superiores al establecer como una de la hipótesis en que puede darse aplicación al principio de oportunidad “Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia. Cfr.P.P. sus presupuestos y el contenido y alcance del numeral acusado. Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si asiste o no razón a los demandantes cuando afirman que el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 vulnera el principio de moralidad (art. 3. . 11 Sentencia C-044 de 1997. Consideraciones preliminares Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a: i) la solicitud de inhibición. Jaime Córdoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994 M.P. proporcionalidad y razonabilidad son principios a los que debe responder toda pena en el Estado Social de Derecho. los autos 097 de 2001 M. Alejandro Martínez Caballero. la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios”. a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional11. M. que resultan pertinentes para el análisis del cargo planteado en la demanda. Alvaro Tafur Gálvis. cabe recordar que la Corte ha explicado de manera reiterada que en la medida en que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política 10. C-177 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001 M.P. iii) el principio de moralidad establecido en el artículo 209 superior su significado según la jurisprudencia y los diferentes instrumentos de protección a disposición del legislador. al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación. Vladimiro Naranjo Mesa.P. Manuel José Cepeda Espinosa. C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P. Fabio Morón Díaz. 3. C-519 de 1998 M. Empero señala que si la Corte en aplicación del principio pro actione resuelve adelantar el juicio respectivo la disposición acusada debe ser declarada exequible frente al cargo así planteado. ii) la potestad de configuración del legislador en materia penal y la relevancia en este campo de los principios de necesidad y de antijuricidad.1 La solicitud de inhibición La Procuradora Auxiliar para asuntos constitucionales solicita a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda por cuanto en su criterio los demandantes no expresaron claros y específicos argumentos para sustentar la acusación que formulan. 209 C.P. 10 Defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad. y iv) el principio de oportunidad.
impide que la Corte se pronuncie de fondo12. entre otras. hay una ineptitud sustancial de la demanda que. entonces siempre será grave” En este orden de ideas no puede afirmarse que los demandantes hayan incumplido la carga que les corresponde asumir para permitir el juicio de constitucionalidad. C-236 de 1997.2 La potestad de configuración del legislador en materia penal y la relevancia del principio de necesidad 12 Ver. M. 3.P. las sentencias C-509 de 1996. Recuérdese que una cosa es la fundamentación necesaria de la demanda y otra la prosperidad de las pretensiones. M. Ahora bien. M. C-362 de 2001 y C-045 de 2003. sino que explican que la vulneración de los mismos se da por cuanto “El especial deber que está en cabeza de los funcionarios.P. 13 Ver entre otras las Sentencias C-1052/01 M. Vladimiro Naranjo Mesa. C-362/01 y C510/04 M. Álvaro Tafur Gálvis.P.P. pues cualquier comportamiento que defraude las expectativas de los asociados implica una lesión misma a los fundamentos de legitimación del Estado. en el presente caso la Corte constata que contrario a lo afirmado por la Procuradora Auxiliar para asuntos constitucionales. y por ende. Antonio Barrera Carbonell. . conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación.Por consiguiente. Tales fueron las razones que se tuvieron en cuenta para admitir la demanda planteada y son las que llevan a la Corte a pronunciarse de fondo sobre la misma. Ahora bien ha de recordarse que si bien los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 deben cumplirse. si un ciudadano demanda una norma. 2 y 29 superiores-. de la moralidad no permite hablar de lesión “leve” cuando se está ante atentados a bienes jurídicos de la administración pública o la recta administración de justicia. el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido a todo ciudadano para acudir ante la Jurisdicción Constitucional y obtener una sentencia13. cuáles normas superiores se violan y cuáles las razones por las que se consideran vulneradas.P. pues si no lo hace. -a saber los artículos 1. Alvaro Tafur Gálvis.P. debe cumplir no sólo de manera formal sino también materialmente con este requisito. Manuel José Cepeda Espinosa. C-013 de 2000. de modo que la Corte no atenderá la solicitud formulada por la Procuradora Auxiliar para asuntos constitucionales y procederá a analizar la acusación planteada en la demanda. los demandantes no solo invocan las normas constitucionales que consideran vulneradas respecto de las cuales se admitió la demanda. pues de la demanda se desprende claramente cuál es el numeral que se acusa. M. la protección de la confianza en su actividad.
Fabio Morón Díaz). la cual no le permite actuar arbitrariamente. pudiendo. por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta. No obstante. puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas. en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular. ello incluye. como lo son la libertad personal y el debido proceso. o cuáles se retiran del ordenamiento. la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. la mayor o menor . estos límites son particularmente claros. se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria. por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana. Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del Legislador en estas áreas. favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución. realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos.2. Quiere decir esto.1 La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en afirmar la amplia potestad de configuración del legislador en materia penal. y en materia penal y penitenciaria. así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores. de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la sentencia C-592/98 (M. se trata de una potestad suficientemente amplia. el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales. e igualmente. se encuentra claramente delimitada por los valores. en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como. que sea razonada y razonable. orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles. incluso. como lo ha reconocido ampliamente esta Corporación. preceptos y principios constitucionales y en particular por los principios de racionalidad y proporcionalidad a los que se ha referido la Corte en numerosas sentencias. Así ha dicho la Corte de manera reiterada que: “En principio. sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. pero no por ello ilimitada.“el legislador. Es decir. puede contemplar la creación de mecanismos que. el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos. que en desarrollo de sus atribuciones. puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones.3. por supuesto.P. Esta potestad sin embargo. y en ese sentido se ajuste a la Constitución.
2 Para efectos de la presente sentencia resulta relevante recordar que en esta materia la Corte ha hecho énfasis en que es al Legislador a quien corresponde determinar la política criminal del Estado15 y que desde esta perspectiva. el 14 Sentencia C-1404/2000. Manuel José Cepeda Espinosa. Álvaro Tafur Galvis. y el quantum de la pena que deba aplicarse.2.P. efectuar una valoración en torno de los bienes jurídicos que ameritan protección penal. no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático. la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal. ni mucho menos. Esto es así por cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de éste que se halle sustraído al efecto vinculante del Texto Fundamental. las conductas susceptibles de producir lesiones en tales bienes. Sin embargo. como se sabe. En el mismo sentido ver entre otras la sentencia C-173/01 M. Entonces. entre otros”14. . Así mismo ha señalado que salvo los casos en que existe un deber constitucional de sancionar penalmente conductas tales como la tortura. M. a él compete. pues necesariamente está sometida a los valores. los principios constitucionales y los derechos fundamentales. En el caso de la política criminal.” En similar sentido ver la sentencia C646/01 M. en el constitucionalismo no existen poderes absolutos. en esos supuestos. Es claro entonces que la potestad de configuración en este campo no es ilimitada. no obstante contar el legislador con un margen de maniobra. para la tipificación de conductas punibles. en consecuencia.gravedad de la conducta ilícita. en este caso es claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que. 15 Al respecto la Corte en la sentencia C-420/02 M. Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes.P. sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.P. pues. Jaime Córdoba Triviño señaló “Si bien es cierto que el parlamento no es. el grado de gravedad de la lesión que de lugar a la aplicación del ius puniendi. por principio. entonces. es claro que no podrán concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico. De este modo. el único supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el Texto Fundamental. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Galvis. así como el grado de culpabilidad. No obstante. la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran. preceptos y principios constitucionales y a los referidos principios de racionalidad y proporcionalidad.P. la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social. 3. el legislador cuenta con un margen de libertad para el diseño de la política criminal del Estado y. es evidente que no se trata de una potestad ilimitada.
resultan inconstitucionales aquellas penalizaciones que sean innecesarias.V. fundamento 4º. En ese orden de ideas la criminalización de una conducta solo puede operar como última alternativa 18 y sólo debe acudirse entonces al derecho penal cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo de las libertades individuales. Manuel José Cepeda Espinosa y C-897/05 M.V. Alvaro Tafur Galvis. De no ser así resultaría que los delitos y las contravenciones actualmente existentes deberían asumirse como unas instituciones estáticas sin la menor posibilidad de reconsiderarse en atención a las necesidades político criminales que puedan llegar a identificarse por el Legislador”. o las desapariciones forzadas. Manuel José Cepeda Espinosa.P. Y es que el derecho penal en un Estado social de derecho tiene el carácter de última ratio. necesariamente. Eduardo Montealegre Lynett.P Fabio Morón Diaz.V. 16. cuando las demás medidas no resultan efectivamente conducentes para lograr la protección adecuada de un bien jurídico.P. Ello es así en cuanto son las circunstancias propias de la realidad de cada época las que en su momento debe valorar la instancia legislativa para inferir las consecuencias imponibles a los transgresores de una norma. y C-226/02 M. Alvaro Tafur Galvis en la que se señaló “Tratándose de una facultad legislativa. MP Alfredo Beltrán Sierra.P.En el mismo sentido ver entre otras las sentencias C-647/01 M. Marco Gerardo Monroy y Rodrigo Escobar Gil A. C-368/00 M. Sentencia que declaró la exequibilidaddel artículo 225 y del numeral octavo del artículo 82 de la Ley 599 de 2000. Rodrigo Escobar Gil A. Alfredo Beltrán Sierrra S.V. Alfredo Beltrán Sierra. C-370/02 M.P. en la sentencia C-647 de 2001. de manera expresa.P. C-177/01 M.no existe. Así lo reiteró esta Corte.P. 5º y 16) resulta desproporcionado que el Legislador opte por el derecho penal para amparar bienes jurídicos de menor jerarquía que la libertad autonomía personales. Rodrigo Escobar Gil. un imperativo constitucional conforme al cual determinados bienes jurídicos deban. Jaime Araujo Rentería. 17 Al respecto ver entre otras la Sentencia C-689/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa cuyos considerandos se reiteran en los siguientes apartes. por lo que.P.P.P Carlos Gaviria Díaz.V. Manuel José Cepeda Espinosa. Rodrigo Escobar Gil A. Clara Inés Vargas Hernández. debe tenerse claro que la Carta no contiene un mandato ineludible dirigido al Legislador para que el control social de una conducta se haga de una u otra manera. Manuel José Cepeda Espinosa. Es lo que se ha llamado el principio de necesidad que se materializa a través de la exigencia de que la penalización solamente debe operar como ultima ratio. C-897/05 M. fundado en la dignidad humana y en la libertad y autonomía de las personas (CP arts 1º. protegerse a través del ordenamiento penal17. C-312/02 M. en donde señaló que “el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene 16 Ver entre otras las sentencias C-225/95 M.V. Al respecto la Corte de manera reiterada19 ha señalado lo siguiente: “En un Estado social de derecho. las ejecuciones extrajudiciales. 19 Al respecto ver la síntesis efectuada en las sentencias C-489/02 M. por los cargos analizados en esa providencia. 18 Ver Sentencia C-489/02 M. Eduardo Montealegre Lynett S. .P.genocidio. Alejandro Martínez Caballero. Rodrigo Escobar Gil S.P.
de manera ineluctable. En el mismo sentido ver entre otras la sentencia C-252 de 2001 M. el demandante tiene también razón en concluir que la familia surgida del matrimonio está reconocida y protegida por la Carta. en ninguna parte. dictado en ejercicio de las facultades derivada de la declaración del estado de conmoción interior mediante el cual se creaban distintos tipos penales. se encuentran excluidos del poder punitivo del Estado. la pena es inútil y. Así. La Corte afirmó: “El actor acierta entonces en señalar la importancia de la familia en el orden constitucional y los deberes de protección que las autoridades tienen frente a esa institución. A. V. imponerla deviene en notoria injusticia.. la razón de estos límites materiales al derecho penal es que éste implica una afectación muy intensa de la libertad de las personas. Como se explicó en aparte anterior. sólo se justifica su presencia cuando se trate de amparar bienes jurídicos de mayor trascendencia que la propia libertad. de las anteriores premisas.V.” Por consiguiente. Por consiguiente. Carlos Gaviria Díaz.. .P. -sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1900 de 2002.”20 En ese orden de ideas. es claro que la Constitución reconoce y protege el matrimonio como una de las maneras de conformar una familia (CP art. Álvaro Tafur Galvis. por lo cual la “utilidad de la pena. modificatorias del régimen del recurso de casación. Igualmente. en caso contrario. para establecer que la bigamia y los matrimonios ilegales debían continuar siendo conductas punibles.P. no se sigue. por ejemplo en la sentencia C-226 de 2002 21 la Corte declaró la constitucionalidad de una disposición de la Ley 599 de 2000. Eduardo Montealegre Lynett S. en manera alguna. 21 M. por la sencilla razón de que la Carta. como pueden ser las sanciones 20 Sentencia C-939 de 2002 M.justificación como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados”. o sea que. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. por lo cual. es claro que existen comportamientos.P. 42). V. y frente a la cual un ciudadano solicitó que se declarara su inconstitucionalidad parcial. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil. que la ley deba penalizar la bigamia y el matrimonio ilegal. Como bien lo señalan los intervinientes. como consecuencia ineluctable de los principios de proporcionalidad y razonabilidad.V Manuel José Cepeda Espinosa -sentencia que versó sobre distintas normas de la Ley 553 de 2000. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis A. S. en consecuencia. que eliminaba algunos tipos penales establecidos en el anterior Código Penal. supone la necesidad social de la misma. bien puede la ley recurrir a otras formas de protección de esa modalidad de familia matrimonial. establece que la protección a la familia matrimonial deba obligatoriamente pasar por la criminalización de los comportamientos que la afecten. como una de las posibles formas familiares a la que pueden recurrir los colombianos. que por no afectar ningún bien jurídico de importancia. . “Sin embargo. la Corte ha declarado la exequibilidad de diferentes disposiciones penales que eliminaban el carácter criminal de algunas conductas.
Señaló la Corporación lo siguiente: “6. que restringe el campo de la libertad y que mediante la pena priva de derechos fundamentales o condiciona su ejercicio.civiles. así: ‘La Corte considera oportuno en primer lugar advertir que no es cierto lo que plantea el actor en el sentido de que todas las actividades deben penalizarse. Así mismo reafirmó su posición acerca de que la sanción penal debía ser la última ratio. debe ser lo menos gravoso posible para los derechos individuales. esta corporación ha manifestado que. 22 Sentencia C-226 de 2002 M. al expedir el nuevo estatuto penal. 172 del Código Penal y. que derogaba el art. sería desproporcionado e inadecuado comenzar con una protección a través del Derecho Penal. mientras resulte adecuado para alcanzar los fines de protección que se persiguen. eliminaba la sanción penal para aquellas personas que intervinieran en la celebración de un contrato para asegurar el pago del rescate en el caso de un secuestro. .P. Jaime Araujo Rentería. sin violar por ello la Constitución. y se expiden otras disposiciones” -. y. Álvaro Tafur Galvis. Ello significa que: ‘i) El Derecho Penal sólo es aplicable cuando para la protección de los bienes jurídicos se han puesto en práctica otras medidas no represivas. por ejemplo. que pueden ser. en consecuencia. bien podía el Congreso. 23 M. consistentes en la declaratoria de nulidad de ciertos matrimonios. Por otra parte. ya que en virtud del principio de intervención mínima la actuación punitiva del Estado.”22 En similar sentido en la sentencia C-804 de 2003 23 la Corte declaró la constitucionalidad de una norma del artículo 15 de la Ley 733 de 2002 – “por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro. administrativo o mercantil. “En tales circunstancias. despenalizar esas conductas. terrorismo y extorsión. que no reúnan los requisitos legales. el ejercicio del poder punitivo por parte del Estado debe ser el último de los recursos. por otra parte. de carácter laboral. En aquella ocasión la Corte manifestó que el Legislador estaba autorizado para prescindir de la sanción penal para esa conducta. la cual pasaba entonces a ser objeto de sanciones de carácter civil. así mismo. debe ser lo menos gravoso posible para los derechos individuales.P. por tanto. debe ser el último de los recursos (ultima ratio) de los que el mismo tiene a su disposición para tutelar los bienes jurídicos y. y ellas han resultado insuficientes. no teniendo el Legislador la obligación imperativa de criminalizar esos comportamientos. por una parte. en virtud del principio de intervención mínima.
M. a pesar de la existencia de las normas correccionales para sancionar la conducta indicada en la norma. debe preferir ésta a la penal. La situación descrita es censurable desde la perspectiva constitucional. ante el tribunal o la Corte Suprema de Justicia. de modo que siempre que sea posible alcanzar el amparo del bien jurídico mediante el recurso a la potestad sancionadora de la Administración. en cuanto no tutela todos los ataques a los bienes jurídicos relevantes sino únicamente los más graves o más peligrosos. Sin embargo. Pues bien. puesto que de ninguna manera es evidente la gravedad del daño que genera la conducta sancionada por la norma. demandado en ese proceso porque no había penalizado la falsedad en el documento electrónico-. y tienen eficacia semejante para alcanzar los fines anteriormente mencionados. ni en el trámite legislativo ni durante este proceso de constitucionalidad . su carácter fragmentario. ante el juez de conocimiento. que introdujo un segundo inciso en el artículo 454 del Código Penal según el cual se impondría la pena fijada para el fraude a resolución judicial .“al asistente en audiencia ante el juez que ejerza la función de control de garantías. Señaló la Corporación: “24.66) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. en ninguna de las instancias de debate sobre la norma –es decir. Jaime Araújo Rentería. P. al menos para las conductas menos dañosas o menos peligrosas. Como ya se señaló.surgió el más leve fundamento o razón para explicar por qué conductas de baja lesividad social debían ser elevadas a la categoría de delitos y sancionadas de manera tan drástica como lo dispone la norma acusada. que son menos drásticas en lo que se refiere a la afectación de los derechos del asistente a la audiencia que no acate una orden judicial.‘ii) El Estado debe graduar la intervención sancionadora administrativa y penal. -Sentencia que versó sobre el artículo 294 del Código Penal.prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de seis punto sesenta y seis (6. así mismo. ‘Ello permite señalar el carácter subsidiario del Derecho Penal frente a los demás instrumentos del ordenamiento jurídico y. que se niegue deliberadamente a cumplir las órdenes del juez o magistrado”. dentro del 24 Sentencia C-356 de 2003. por ser menos gravosa. en el presente caso se observa que para la conducta descrita por la norma acusada existe otro tipo de sanciones distintas a la penal. el legislador decidió consagrar también la posibilidad de sancionarla penalmente.” 24 Recientemente la Corte reiteró los anteriores criterios al declarar la inexequibilidad del artículo 12 de la Ley 890 de 2004. Como ya se ha indicado. .
1997. De todo lo anterior se desprende que en el Estado de Derecho. 26 C-897/05 M.concepto de órdenes no caben ni las sentencias ni los autos. Ello se explica porque. Ello puede ocurrir en situaciones extremas como la presente. Madrid.” (Jacobs. Civitas. sin que por ninguna parte apareciera alguna razón que justificara la necesidad de adoptar esta decisión punitiva. a la sanción penal sólo debe llegarse cuando se ha producido una grave afectación de un bien jurídico. 61. En el . “el principio de subsidiariedad constituye la variante penal del principio constitucional de proporcionalidad. Sobre este punto cabe precisar que el respeto al amplio margen de configuración normativa que tiene el legislador en materia penal impone que solamente de manera excepcional se pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma penal con base exclusiva en la violación del principio de la última ratio. no existe ningún argumento que justifique de alguna manera la consagración como delito de la conducta analizada y que indique que las sanciones correccionales eran insuficientes para asegurar la obediencia de las órdenes accesorias que dicten los jueces dentro de las audiencias. en principio. 27 Ver Sentencia C-489/02 M. que amerita que la norma también sea declarada inconstitucional por esta causa. 65-67). ni las instrucciones dirigidas a evitar la perturbación de la audiencia. mediante un comportamiento merecedor de reproche penal y siempre y cuando la pena resulte estrictamente necesaria27. pp. se introdujeron recias condenas penales para situaciones que hasta ahora venían siendo tratadas a través de medidas correccionales. 1997. donde hay certeza de que existen en la propia legislación vigente medios alternativos menos lesivos y de eficacia semejante para lograr los objetivos perseguidos por la norma establecida en el artículo 12 acusado26. Parte General. Marcial Pons. las órdenes cuya desatención podría generar la sanción penal estipulada pueden ser consideradas como no fundamentales para el desarrollo del proceso penal y la misma majestad de la justicia.V. para ajustarse al principio que establece que el derecho penal es la última ratio. Günther: Derecho penal. en virtud del cual no está permitida la intervención penal si el efecto se puede alcanzar mediante otras medidas menos drásticas. Los anteriores argumentos conducen a la conclusión de que la norma acusada vulnera el principio de necesidad. Manuel José Cepeda Espinosa. Ello significa que. De esta forma. Rodrigo Escobar Gil A. Manuel José Cepeda Espinosa.. Claus: Derecho penal. Ver también sobre el mismo punto a Roxin.25 Lo anterior constituye una vulneración flagrante del principio de necesidad de la pena. Es por eso que la agravación de su tratamiento requeriría de una fundamentación suficiente.P. como dice Jacobs. Como se ha mencionado. p. Parte general. 25 En este punto es importante mencionar que el análisis de la norma a partir de la premisa de la ultima ratio o subsidiariedad se traslapa en ocasiones con el análisis que se realiza desde la perspectiva de la proporcionalidad.P.
bien puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucional en el principio de proporcionalidad o 'prohibición de exceso'.P. o. donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden. podría afirmarse que las autoridades están instituidas para proteger la vida. derechos y deberes consagrados en la Constitución). C-312/02 M. Eduardo Montealegre Lynett 28 Ver Sentencia C-489/02 M. Alfredo Beltrán Sierra. la facultad de fijar cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. Este principio no ha sido expresamente consagrado en la Constitución Política. O puede atenuar las medidas de protección penal.V. excluir la responsabilidad o la punibilidad. de la medida en que se estima vulnerado el bien jurídico protegido28.V. Clara Inés Vargas Hernández. inhumanos o degradantes). Eduardo Montealegre Lynett S. art. se limita irrazonablemente la libertad personal del infractor. Marco Gerardo Monroy y Rodrigo Escobar Gil A. honra. la que.V. lo cual no significa que carezca de relevancia constitucional o que no pueda ser deducido de las normas constitucionales. cuando considere que basta con los mecanismos previstos en otros ordenamientos. A lo anterior no sobra agregar que como lo ha puesto de presente la Corte en otras ocasiones el principio de lesividad o de antijuridicidad material ha sido acuñado por la doctrina jurídico penal y recogido en la legislación como uno de los elementos necesarios del delito. principio de dignidad humana). Sin necesidad de elevar el principio de antijuridicidad (Código Penal. a pesar de la reducida importancia de un bien. Sólo la utilización medida. 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona). Eduardo Cifuentes Muñoz. 11 (prohibición de la pena de muerte). como podría suceder. cuando. el ejercicio de la función administrativa estatal. restringiendo el ámbito del tipo penal. Manuel José Cepeda Espinosa.P. 6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas). . de conformidad con lo prescrito en el artículo 209 de la Constitución mismo sentido ver entre otras las sentencias C-647/01 M. en materia de ejercicio del ius puniendi del Estado. Rodrigo Escobar Gil C-370/02 M. esta protección no debe comportar una restricción injustificada de los derechos fundamentales. 2). sustrae del amplio margen de libertad legislativa para la configuración del ordenamiento penal. la nulidad de los actos jurídicos o la indemnización de perjuicios en el derecho civil o la responsabilidad patrimonial y disciplinaria en el derecho administrativo. Rodrigo Escobar Gil A. es compatible con los valores y fines del ordenamiento” Sentencia C-070 de 1996 M.P.V. 4) al rango de principio supralegal. Al respecto la Corte ha dicho lo siguiente: “10. en fin. destinada a proteger los derechos y libertades.P. 13 (principio de igualdad) y 214 de la Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales). 2º (principio de efectividad de los principios. Jaime Araujo Rentería.P. 12 (prohibición de tratos o penas crueles. justa y ponderada de la coerción estatal. Y todo dentro de la valoración.3 El principio de moralidad establecido en el artículo 209 superior. El Constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado. bienes y demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia (CP art. 3. En efecto. por ejemplo.gr. o reduciendo el quantum de la pena. primordialmente. Su significado según la jurisprudencia y los diferentes instrumentos de protección establecidos en la Constitución 3.. pero que. El Estado Social de derecho. el legislador bien puede optar por prescindir de la protección penal.En este contexto. Rodrigo Escobar Gil S.P. racionalizando su ejercicio. Manuel José Cepeda Espinosa. también.V. Alfredo Beltrán Sierrra S.1 Cabe recordar que la organización administrativa del Estado tiene a su cargo. como v. deducido jurisprudencialmente de los artículos 1º (Estado social de derecho.3.
P. De otra parte. en especial. la delegación y la desconcentración de funciones”. la transparencia en la consecución y preservación de los intereses públicos29. Así mismo que en tal calidad se comprometen a cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que les incumben ejerciendo sus funciones en la forma prevista en dicho texto superior. economía. entre otros.P Alvaro Tafur Galvis 30 Sentencia C-222/99 M. en la Ley y el reglamento y tomando en cuenta que están al servicio del estado y de la comunidad y no de sus propios intereses (arts.. la búsqueda y logro de los intereses generales.). En ese orden de ideas.). en su conjunto.P. siendo por tanto depositarios de la confianza pública. José Gregorio Hernández Galindo. que no pueden defraudar. de los principios enunciados en el artículo constitucional transcrito. ha señalado la Corporación: “La Constitución de 1991 ha utilizado la expresión genérica de -servidores públicos.”30 29 Ver Sentencia C-629/03 M. sino en el colectivo. Se acepta. impone a las autoridades una gestión objetiva que debe encauzarse mediante la observancia. evidentemente. 123 C. los de moralidad.P.colombiana “.para resaltar que quienes pertenecen a esta categoría están al servicio del Estado y de la comunidad (art. moralidad. en el plano de los deberes jurídicos ha de recordarse que el artículo 6° de la Constitución Política señala que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. celeridad. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. respondiendo en consecuencia por sus acciones u omisiones (art.P.. . igualmente que la aplicación del derecho público significa generalmente facilidad en la demostración del incumplimiento o infracción de ciertos principios de toda actuación del Estado y de las autoridades administrativas. mediante la descentralización. eficacia.) y que no desempeñan los cargos o empleos -por importantes que ellos seanen su propio beneficio e interés. Es decir que de acuerdo con dicho texto superior los servidores públicos no pueden hacer sino aquello que les está permitido por la Ley y que serán responsables por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. propios del quehacer administrativo público. imparcialidad y publicidad. 122-2 y 123-2 C. que aseguran. publicidad e imparcialidad. 6 C. Al respecto.
P Alejandro Martinez Caballero. eficacia. penal.P. en virtud de los artículos 1° y 2° superiores34.P. a través de los órganos de las ramas del poder público. los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (C.037/03 M. nace para el Estado el derecho de controlar. Así las cosas.2 En relación con el principio de moralidad a que se alude en el artículo 209 superior respecto de la función administrativa 33. en orden a . Cabe recordar. la Corte ha señalado que este es extensible a toda la actividad estatal.V.P. 209 de la Carta). servidor público es en este sentido toda persona que ejerce a cualquier título una función pública y. 209 C. 33 No sobra precisar que la Constitución hace referencia a las expresiones “función pública” y “funciones públicas” de manera específica en el capítulo II del título V sobre la organización del Estado. sino que. Dicho principio de moralidad irradia entonces toda la actuación de los servidores públicos y de los particulares que cumplen funciones públicas 35 y 31 Ver Sentencia C.) y el control fiscal (art.P. 34 Ver Sentencia C-561/92 M. a través de la jurisdicción contencioso administrativa. de los órganos autónomos e independientes. que la Constitución califica expresamente como “funciones públicas” la administración de justicia (art.).3. así mismo. ostentan dicha condición los miembros de las corporaciones públicas. 123 y 125). arts. laboral”32. celeridad. 32 Sentencia C-917/01 M. 113) y de las demás entidades o agencias públicas. en tanto que el artículo 209 se refiere a la “función administrativa” (art. Álvaro Tafur Galvis. como su responsabilidad desde los demás ámbitos. en tal virtud. Alvaro Tafur Galvis. 3. en el que se establecen los principios que rigen el cumplimiento de “funciones públicas” por los servidores públicos. Ver sentencia C-037/03 M. disciplinario. Alfredo Beltrán Sierra S. Ha precisado la Corte: “Cuando el servidor público no sólo deja de ser la herramienta eficaz para el logro de los fines. tanto el acto o contrato administrativo en que quedó plasmada la actuación del servidor público en violación de los fines últimos del Estado. 35 Según la idea que fluye del artículo 123 de la Constitución.P. (art. la noción de “función pública” atañe al conjunto de las funciones que cumple el Estado. 267 C.) especie dentro del género función pública. ha hecho énfasis en el derecho y la obligación para el Estado de controlar y sancionar las actuaciones de dichos servidores que se desvían del cumplimiento de sus deberes funcionales en función de la protección los referidos principios del artículo 209 superior. mediante actuaciones que no cumplan los principios enunciados de “de igualdad.En el mismo sentido esta Corporación al tiempo que ha destacado el carácter finalista y no simplemente nominal de la noción de servidor público 31. imparcialidad y publicidad” (art. civil. Jaime Araujo Rentería.P. 228 C. moralidad.P. economía.
El Legislador en armonía con dichos enunciados ha señalado en múltiples disposiciones. 312 C.).P. eficiencia. Empero. 150-23. ) tienen como uno de sus objetivos asegurar precisamente el cumplimiento de los principios enunciados en el artículo 209 superior y dentro de ellos obviamente el principio de moralidad.).La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. Así mismo. en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. Ver la Sentencia C-037 de 2003 M.P. Así mismo que los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de alcanzar sus diferentes fines. responsabilidad y transparencia. 209. el espacio.P. 126.128. en los casos taxativamente señalados en la Constitución y la ley. 83. 122. el ambiente. 123.) los Magistrados de la Corte Constitucional (art. el texto superior señala claros mandatos destinados a asegurar el cumplimiento transparente e imparcial de las funciones públicas (arts. ( arts 179 a 186). 125. 293. 123. 127. 240 y 245 C. sino también de los particulares que. la moral administrativa. del Consejo Nacional Electoral (art.P.) dentro de cuyo objeto se señala expresamente la defensa de la moralidad administrativa36.P. la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 36 ARTÍCULO 88. 279. En similar sentido ha de recordarse que el control fiscal (art. Así a titulo simplemente de ejemplo cabe recordar el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 donde se señala que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales. en la prestación de servicios públicos. 124. 87.P. economía. el control interno (art.P. publicidad. la seguridad y la salubridad públicos. en particular los de buena fe. 292 C.).para su protección en la Constitución se establecieron múltiples instrumentos encaminados a asegurar su respeto.P.P. igualmente. Particular mención merece el establecimiento de la acción de repetición (art 90 inciso 2) así como las acciones populares (art. ) establece directamente un régimen de inhabilidades incompatibilidades y prohibiciones para el caso de los Congresistas. igualdad. ) establece diferentes acciones y recursos para exigir el cumplimiento de las funciones públicas de acuerdo con la Constitución y la Ley (arts.P. 88 C. 92 C.P.). 197 C. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas. 253. 277 C. 299 C. moralidad. 267 C.P. Los principios anteriores se aplicarán. 264 C. relacionados con el patrimonio. definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. puedan investirse de la autoridad del Estado y desempeñar funciones públicas. así como para el caso del Presidente de la República (art. participación. Así por ejemplo. debe la Corte señalar que la posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica no solo de las personas que se vinculan con el Estado mediante la elección o nombramiento y la posesión en un cargo. imparcialidad. Álvaro Tafur Galvis .segundo inciso C. del los Diputados ( art.) y confiere al legislador competencia para establecer el de los demás servidores (arts. eficacia. 89. el necesario respeto de este y los demás principios señalados como presupuesto de toda actuación pública. el control disciplinario ( art.). sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.. celeridad. . 291.
en consecuencia. De allí que el proceso penal no sólo sea considerado un instrumento para la aplicación de la ley sustantiva. así como el derecho de toda persona a i)acceder a la administración de justicia.4 El principio de oportunidad. sino que aquél se torna irrenunciable cuando se produce en la 37 Ver la Sentencia C. ii) a la seguridad jurídica y iii) a que no quede en manos de las autoridades la decisión de quien debe ser castigado en cada caso concreto. -resalta la Corte-. al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. ni renunciar a la persecución penal. legales o reglamentarios. querella o de oficio. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”. que responde a una concepción de retribución absoluta. sus presupuestos alcance del numeral acusado y el contenido y De acuerdo con el artículo 250 superior tal como quedó modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002 “ La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia. siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. interrumpir. petición especial. apunta a garantizar un tratamiento igual para todos los ciudadanos.con la que se cuenta en nuestro ordenamiento para asegurar su vigencia y respeto. 3. No podrá. para la consecución de sus fines. por lo que es claro que no es solamente la acción penal (art. suspender.P. Dicho principio. Clara Inés Vargas Hernández cuyos considerandos sobre este punto se reiteran a continuación. el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. 250 C. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política. .control y el Departamento Nacional de Planeación.673 de 2005 M. salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado. Al respecto la Corte ha explicado37 que el Acto Legislativo 03 de 2002 establece como principio general el de legalidad en su acepción procesal. garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular. tiene el deber de investigar y castigar cualquier violación de la ley penal.) -cuando como responsable de la determinación de la política criminal del Estado el Legislador tipifica determinadas conductas como delitos. De lo anterior se concluye que son pues variados los instrumentos encaminados a reprimir el incumplimiento del principio de moralidad.P. en el sentido de que el Estado.
y consiste en que el legislador establece directamente las causales de aplicación de dicho principio. se buscó con aquél racionalizar la ejecución de la política criminal del Estado. con el debido control de la legalidad ante un juez de control de garantías. interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal. Tal es el caso de los países en los cuales no está previsto el principio de oportunidad. y con carácter excepcional. no es asunto del que puedan disponer libremente el fiscal. o la continuación del mismo. interviniendo en la investigación de todos los hechos punibles de que tenga noticia “siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión del mismo”. 378 del 23 de julio de 2004. Gaceta del Congreso número 167 del 4 de mayo de 2004. 200 de 2004. (ii) antes que ser concebido como un simple mecanismo de descongestión de la justicia penal. interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal. el Estado ejerce el ius puniendi sin consideración a la voluntad del ofendido. Así pues. el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo como novedad. (iii) se establecieron diversos límites normativos y controles materiales judiciales concretos y efectivos al ejercicio de dicho principio. lo podrá hacer solo con fundamento en alguna de las causales expresamente señaladas por el legislador. como allí se dijo. La Corte en la Sentencia C. No obstante lo anterior. 104 del 26 de marzo de 2004. el juez o la víctima. por cuanto el Estado está obligado a investigar y sancionar cualquier comportamiento que haya sido tipificado como delito. Gaceta del Congreso núm. una segunda concepción entiende el principio de oportunidad como una manifestación del principio de legalidad.realidad el supuesto de hecho previsto en la ley. y por ende. Gaceta del Congreso núm. 39 Gaceta del Congreso núm.673 de 2005 precisó que el Acto Legislativo 03 de 2002 acogió la fórmula del principio de oportunidad reglada38. el inicio del proceso. 44 del 26 de febrero de 2004. es decir. en el sentido de que no quedase su aplicación al completo arbitrio de la Fiscalía General de la 38 En la referida sentencia la Corte explicó que para algunos podría considerarse que el principio de oportunidad resultaría ser la antítesis del principio de legalidad.presenta las siguientes características: (i) El Legislador diseñó un modelo acusatorio propio con aplicación del principio de oportunidad reglado. Gaceta del Congreso núm. el principio de oportunidad tal como fue regulado en la Ley 906 de 2004 -del que hace parte la disposición acusada. Empero. De tal suerte que. 89 del 25 de marzo de 2004. Gaceta del Congreso núm. de forma tal que el ejercicio de la acción penal es indisponible y obligatorio. como ocurría en Colombia antes del Acto Legislativo 03 de 2002. Es lo que se conoce como principio de oportunidad reglada. salvo en los delitos querrellables. el fiscal únicamente puede invocar aquellas que previamente se encuentren consagradas en la ley. que al momento de aplicarlo para suspender. regulado dentro del marco de la política criminal del Estado. Gaceta del Congreso núm. el principio de oportunidad. 564 de 2003. . En consecuencia. En dicha sentencia la Corte señaló que un examen atento de los antecedentes legislativos39 del nuevo Código de Procedimiento Penal evidencia que partiendo del texto del Acto Legislativo 03 de 2002. le está vedado a la Fiscalía suspender.
40 Al respecto la Corte hizo en efecto las siguientes precisiones que es pertinente recordar “ En relación con las causales de aplicación del principio de oportunidad. 44 Ley 906 de 2004. excepcionalmente no ejercer la acción penal en aplicación del principio de oportunidad frente a conductas que configuren delitos en contra de la administración pública o la recta impartición de justicia. que efectivamente se apliquen en los casos que establezca la ley. en los términos y condiciones previstos en este código42. art. Ha de recordarse que la Ley 906 de 2004 dispuso claramente. habiendo acogido un principio de oportunidad reglado. 45 Ley 906 de 2004. 42 Ley 906 de 2004. que la Fiscalía General de la Nación podrá suspender. en los casos que establece el código para la aplicación del principio de oportunidad 43.que el principio de oportunidad puede aplicarse “cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia. 327 46 Ley 906 de 2004. y. . recalcó que la Fiscalía General de la Nación está obligada a perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a su conocimiento. De dicho texto se desprende que el Legislador en ejercicio de su potestad de configuración estableció la posibilidad de. y (v) las víctimas fuesen tenidas en cuenta al momento de adoptar una decisión en la materia. interrumpir o renunciar a la persecución penal.” 41 Ley 906 de 2004. 328. En efecto. al legislador le está vedado establecer causales extremadamente vagas o ambiguas de invocación de aquél. art. art. dispuso 17 casos en los cuales se puede aplicar dicho principio44. (iv) fue la voluntad del Congreso de la República que el principio de oportunidad se aplicase esencialmente para los delitos “bagatela” pero también que se constituyera en un instrumento para combatir el crimen organizado. por cuanto los ciudadanos no tendrían certeza alguna acerca de bajo qué condiciones el órgano de investigación del Estado puede acudir o no ante el juez de control de garantías para efectos de solicitar la suspensión.Nación40. interrupción o renuncia del ejercicio de la acción penal. 43 Ley 906 de 2004. excepto por la aplicación del principio de oportunidad. la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios”. deben ser definidas por el legislador de manera clara y precisa. art. art. 321. de suerte que la facultad discrecional de aplicación no se convierta en una posibilidad de aplicación arbitraria. posibilidad que en todo caso debe ser valorada en concreto en cada caso por el juez de garantías45 y con participación de las víctimas46 Dentro de esos casos el Legislador estableció en el numeral 10 del artículo 324 -disposición acusada. 324. que la aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado41. la Corte considera que para que se ajusten a lo previsto en el artículo 250 Superior. 322. art. es decir. 323.
409). 424). 434). intervención en política (art 422). utilización indebida de información oficial privilegiada (art420). Cohecho por dar u ofrecer (art. 435 a 454c)48. utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de funciones públicas (art 431). Violencia contra servidor público (art. Fuga de presos (art. 446). 448). Omisión de denuncia de particular (art. . amenazas a testigo (art 454a). 397).y ii) que la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios -es decir que en relación con la misma conducta se configure una falta disciplinaria que dé o haya dado lugar a la imposición de la sanción respectiva. 428). Fraude a resolución judicial (art 454). 408). 406).. 412). 418 ). Peculado por uso (art. Omisión del agente retenedor o recaudador (art. Falso testimonio (art 442). ocultamiento. Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública (art. 441). utilización de asunto sometido a secreto o reserva (art 419). impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas (art 454c). y el juez de garantías encargado de realizar el respectivo análisis de antijuricidad y proporcionalidad con ocasión del control de legalidad respectivo. Enriquecimiento ilícito (art. 413). Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos (art. 425). 430 ). alteración o destrucción de elemento material probatorio (art 454b). 404). Soborno (art 444). 403). 445). 437). Perturbación de actos oficiales (art. Infidelidad a los deberes profesionales (art. Cohecho impropio (art. Usurpación de funciones públicas (art.Al respecto ha de recordarse que los títulos XV y XVI del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal” actualmente establecen respectivamente los delitos contra la administración pública (arts. 435). 407). Favorecimiento (art. bienes jurídicos funcionales a los que se alude en la disposición acusada. 421). 397 a 434)47 y contra la eficaz y recta impartición de justicia (arts. Concusión (art. Falsa autoacusación (art. El Legislador supedita dicha posibilidad a dos precisos requisitos.Peculado por aplicación oficial diferente (art. Omisión de apoyo (art. 429). Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto (art 416) Abuso de autoridad por omisión de denuncia (art. 48 Falsa denuncia (art. Revelación de secreto (art. Prevaricato por acción (art. a saber i) que la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa -es decir que la afectación de la administración pública o de la eficaz y recta impartición de justicia sea leve. 411).447). Tráfico de influencias de servidor público (art. 405). Favorecimiento de la fuga Modalidad culposa (art. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales (art. 423). Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales (art. Soborno transnacional (art. valoración que deberá efectuar en concreto la Fiscalía. Falsa denuncia contra persona determinada (art. utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función pública (art 432). Prevaricato por omisión (art. 450). Cohecho propio (art. 400). 410). En relación con esta última condición cabe precisar que en la medida en que la disposición se refiere expresamente al “deber funcional” ha de entenderse que se alude en este caso a hipótesis en que los servidores públicos o los 47 Peculado por apropiación (art. Soborno en la actuación penal (art 444a). 414). . 402). Empleo ilegal de la fuerza pública (art. Fraude procesal (art 453). 417). Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades (art. 399). simulación de investidura o cargo (art 426). Favorecimiento de la fuga (art. 436). 398). Abuso de función pública (art. 433). Interés indebido en la celebración de contratos (art. 449). Receptación (art. Peculado culposo (art.
está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público. con las matizaciones impuestas por su específica naturaleza. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código. responsabilidad. Alvaro Tafur Galvis. En similar sentido ver entre muchas otras la sentencia C-507/06 M. Ver la Sentencia C-037 de 2003 M. salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado.P. NORMAS APLICABLES. Como estos deberes surgen del vínculo que conecta al servidor con el Estado y como su respeto constituye un medio para el ejercicio de los fines estatales orientados a la realización integral de la persona humana. del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado. en “el entendido de que el particular que preste un servicio público. Álvaro Tafur Galvis. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. El régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables. es entendible que su infracción constituya el fundamento de la imputación inherente al derecho disciplinario.) y que en ese sentido las normas disciplinarias se aplican en determinadas circunstancias a dichos particulares. Una actitud contraria de las autoridades lesiona tales deberes funcionales. incompatibilidades y conflicto de intereses. las inhabilidades. antijuridicidad. administren recursos de este.” Sentencia C-252 de 2003 M. que formula una imputación que se basa en la infracción de deberes funcionales y en el que se aplican los principios que regulan el derecho sancionador como los de legalidad.P. nótese cuál es el fundamento de la imputación disciplinaria: La necesidad de realizar los fines estatales le impone un sentido al ejercicio de la función pública por las autoridades. que ejerzan funciones públicas. el derecho disciplinario es uno de los ámbitos del derecho sancionador del Estado cuyo ejercicio no compromete la libertad personal de los sujetos disciplinados. entre otros. solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades . impedimentos. y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos. que tiene un espacio de aplicación restringido en cuanto tan sólo recae sobre quienes se hallan bajo el efecto vinculante de deberes especiales de sujeción. en consecuencia. Jaime Córdoba Triviño. ponerse al servicio de los intereses generales. desarrollar los principios de la función administrativa y desempeñar para ello los deberes que les incumben.P. en lo que tienen que ver con estas. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales. 50 Ha de tenerse en cuenta que los particulares también están en posibilidad de ejercer funciones públicas (art 123 C. de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política. pero. tipicidad. Recuérdese que el fundamento de la imputación y. (…) Entonces. De allí que la antijuridicidad de la falta disciplinaria remita a la infracción sustancial del deber funcional a cargo del servidor público o del particular que cumple funciones públicas. 49 Al respecto ha señalado la Corte: “En punto del derecho disciplinario. La Corte en la Sentencia C-037 de 2003 M.particulares que cumplan funciones públicas y como tal estén sometidos a la potestad disciplinaria incurran en conductas respecto de las cuales quepa junto con la imposición de la sanción penal endilgarles responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de dichos deberes funcionales. del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado en materia disciplinaria está determinado por la infracción de los deberes funcionales 49 y que ello puede predicarse tanto de los servidores públicos como de los particulares que cumplen funciones públicas50. culpabilidad. desde luego.P.(…) ARTÍCULO 52. proporcionalidad y non bis in ídem.P. presten servicios públicos a cargo del Estado. Álvaro Tafur Galvis declaró EXEQUIBLE el aparte en letra itálica. Así. Éstas deben cumplir la Constitución y la ley. En lo pertinente las normas disciplinarias actuales contenidas en la Ley 734 de 2002 señalan : ARTÍCULO 25. ARTÍCULO 53. en consecuencia. SUJETOS DISCIPLINABLES. se impone resaltar por qué el fundamento de la imputación y.
51 Ver Sentencia C-629/03 M. a la sanción penal en función del principio de necesidad sólo debe llegarse cuando se ha producido una grave afectación de un bien jurídico. Al respecto la Corte constata que como se desprende de las consideraciones preliminares de esta sentencia y contrario a lo afirmado por los demandantes. El análisis del cargo Para los demandantes el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” desconoce el principio de moralidad establecido en el artículo 209 superior y consecuentemente los artículos 1° y 2° constitucionales por cuanto dicho numeral hace primar “la figura excepcional de la oportunidad” en detrimento de uno de los “valores irrenunciables en la administración de justicia” como función pública.Es pues en relación con dichos servidores públicos o con dichos particulares que cumplen funciones públicas que ha de entenderse entonces establecida la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad si se reúnen las condiciones a que aludió el Legislador en el numeral acusado. el Legislador no se encuentra obligado a acudir necesariamente a la acción penal para sancionar su inobservancia. entonces siempre será “grave”.P Alvaro Tafur Galvis. 4. Como allí se señaló en el Estado de Derecho. . mediante un comportamiento merecedor de inherentes al Estado. con la expedición del numeral acusado el Legislador no desbordó la potestad de configuración que le es atribuida en materia penal y específicamente no vulneró el principio de moralidad establecido en el artículo 209 superior ni consecuentemente los artículos 1° y 2° superiores. Como se desprende de las mismas consideraciones preliminares es claro que para la protección del principio de moralidad administrativa. pues cualquier comportamiento que defraude las expectativas de los asociados implica una lesión a los fundamentos de legitimación del Estado. que constituye sin duda un pilar esencial del funcionamiento del Estado 51. a saber el principio de moralidad de toda función estatal. y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador". En particular destacan que en materia de respeto del principio de moralidad y de los deberes funcionales de los servidores del Estado no es posible hablar de lesión “leve” cuando se está ante atentados a bienes jurídicos de la administración pública o la recta administración de justicia. con lo que se lesiona la confianza de los ciudadanos en la acción del Estado.
‘Ello permite señalar el carácter subsidiario del Derecho Penal frente a los demás instrumentos del ordenamiento jurídico y.V. Rodrigo Escobar Gil S. su carácter fragmentario. o reduciendo el quantum de la pena. cuando considere que basta con los mecanismos previstos en otros ordenamientos. C-312/02 M. -como en este caso en la normatividad disciplinaria-. al menos para las conductas menos dañosas o menos peligrosas. de carácter laboral. 54 Ver Sentencia C-489/02 M. de la medida en que se estime vulnerado el bien jurídico protegido54. La providencia declaró la constitucionalidad de la norma acusada por el cargo analizado. Manuel José Cepeda Espinosa. por cuanto no había penalizado la falsedad en el documento electrónico. o.V. Jaime Araújo Rentería.P. Y todo ello dentro de la valoración. por tanto. . sería desproporcionado e inadecuado comenzar con una protección a través del Derecho Penal. restringiendo el ámbito del tipo penal.V. Alfredo Beltrán Sierra..reproche penal y siempre y cuando que la pena resulte estrictamente necesaria52. que pueden ser. Ahora bien. Eduardo Montealegre Lynett S.P. Alfredo Beltrán Sierrra S. debe preferir ésta a la penal. Rodrigo Escobar Gil C-370/02 M.V. en fin. de modo que siempre que sea posible alcanzar el amparo del bien jurídico mediante el recurso a la potestad sancionadora de la Administración. así mismo. por ejemplo. Jaime Araujo Rentería. En el mismo sentido ver entre otras las sentencias C-647/01 M. Rodrigo Escobar Gil A. administrativo o mercantil. Rodrigo Escobar Gil A. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.V.” 53 A ello debe agregarse que como igualmente se ha explicado la posibilidad de que mediante otros instrumentos se proteja dicho principio lleva a que el legislador bien pueda optar por prescindir de la protección penal. y ellas han resultado insuficientes.P. en cuanto no tutela todos los ataques a los bienes jurídicos relevantes sino únicamente los más graves o más peligrosos. también.P. Eduardo Montealegre Lynett. 53 Sentencia C-356 de 2003. ‘ii) El Estado debe graduar la intervención sancionadora administrativa y penal. o pueda atenuar las medidas de protección penal. desde esta perspectiva y contrario a lo afirmado por los actores no es cierto que en esta materia no quepa ningún tipo de graduación de la 52 Ver Sentencia C-489/02 M. excluir la responsabilidad o la punibilidad. P. por ser menos gravosa. Clara Inés Vargas Hernández.P. Valga reiterar lo señalado por la Corte Constitucional en este sentido en diferentes sentencias de las que se concluye que: “i) El Derecho Penal sólo es aplicable cuando para la protección de los bienes jurídicos se han puesto en práctica otras medidas no represivas.V. Esta sentencia versó sobre una demanda instaurada contra el artículo 294 del Código Penal. Manuel José Cepeda Espinosa. Marco Gerardo Monroy y Rodrigo Escobar Gil A.
como lo ponen de presente los intervinientes en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia en el presente caso no se trata. contrario a lo que afirman los accionantes56. No obstante. entre otros. de una confrontación entre el principio de la eficiencia en la administración de justicia y la moralidad pública como criterio fundante del ejercicio de la función pública. modificatorio del artículo 143 del anterior Código Penal. de declarar el monto de sus bienes y rentas. En efecto. los que consagran la obligación que tienen los funcionarios públicos al tomar posesión del cargo y retirarse del mismo o cuando la autoridad competente lo solicite. la imposibilidad de graduar la potestad punitiva 55 Ver Sentencia C-070 de 1996 M. en cuanto exonera de la acción a quien denuncia no obstante ser autor o participe del delito” . sino de la libre apreciación que en esta materia atribuye el Constituyente al Legislador bajo presupuestos de razonabilidad y proporcionalidad. Principio al que esta Corporación ha reconocido como ya se señaló clara relevancia constitucional55. En este sentido. a saber. sobre el principio de eficacia de la actividad estatal. se considera que la norma acusada no se justifica constitucionalmente.conducta de los servidores públicos o de los particulares que cumplen funciones públicas que incurran en actuaciones que atenten contra bienes jurídicos de la administración pública o la recta administración de justicia y por consiguiente no pueda optarse por el Legislador por un determinado mecanismo de protección -penal o disciplinario. La lucha del Estado contra la impunidad de los hechos delictuosos tiende una relevancia constitucional. Eduardo Cifuentes Muñoz 56 Los accionantes invocan la sentencia C-709 de 1996. Ello no solo desconoce el principio de necesidad a que se ha hecho referencia sino el principio de antijuricidad material que ha sido acuñado por la doctrina jurídico penal y recogido en la legislación como uno de los elementos necesarios del delito. porque el beneficio de la extinción de la acción penal es un factor que genera impunidad. La Corte considera que debe darse prevalecía al principio de moralidad de la función pública. la figura de la extinción del derecho de dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del interés público o grave deterioro de la moral social y. se convierte en una perdida por la impunidad que se genera al no perseguir penalmente a una de las personas que participaron en el ilícito. en general. podría admitirse que dicha norma es eficaz en cuanto tiende a debilitar o romper el acuerdo o concierto entre el particular y el funcionario en lo relativo a la negociación de actos propios de la función pública y de todas maneras persigue punitivamente a uno de y los autores o participes del hecho ilícito. de modo que los hechos delictuosos no queden impunes. indudablemente las acciones que despliegue con este propósito se vinculan con la idea de eficiencia y eficacia. M. que declaró inexequible el artículo 24 de la Ley 190 de 1995. el régimen de inhabilidades previstas en la Constitución o que ésta impone al legislador desarrollar. la ganancia que se produce en términos de eficacia.P.P. la inhabilitación perpetua del servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio público para el desempeño de funciones públicas. En este orden de ideas. dentro del deber que tiene el Estado de perseguir y sancionar el delito. En ese orden de ideas y en la medida en que el presupuesto del que parten los demandantes. Ahora bien. porque se vincula con el principio de moralidad de la función pública que esta consagrado en el artículo 209 de la Constitución y se infiere igualmente de diferentes preceptos de ésta. Antonio Barrera Carbonell. donde la Corte manifestó: “La norma acusada plantea un conflicto entre la eficacia y la impunidad.ni pueda graduarse la sanción a imponer -que en criterio de los actores necesariamente debería ser siempre la máxima dada la gravedad que siempre tiene el incumplimiento de los deberes funcionales por parte de dichos servidores y particulares tratándose de la afectación de la administración pública y la administración de justicia-.
que conduce a considerarlas de poca significación desde la perspectiva de afectación del bien jurídico protegido. que el legislador sustrae con todos sus elementos de la acción punitiva. la Corte no encuentra razones para que la demanda prospere y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. la Sala Plena de la Corte Constitucional. Ha de concluirse entonces que en relación exclusivamente con el cargo por el supuesto desconocimiento del artículo 209 constitucional y consecuentemente de los artículos 1° y 2° superiores por parte. es excepcional. VII.respecto de la violación del principio de moralidad no es cierto. conforme a una valoración político criminal. exclusivamente también. a que alude el numeral acusado se prevé claramente que la infracción del deber funcional tenga o haya tenido una respuesta de orden disciplinario y la afectación del bien jurídico resulte poco significativa. como quiera que constituye una oportunidad reglada que. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. como resultado de una valoración político criminal. del numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. (iv) dicho principio alude a delitos de entidad menor y específicamente en el caso de los atentados contra los bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de justicia. oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991. con presencia del Ministerio Público y con participación de la víctima a la que se debe escuchar y está sometida adicionalmente en su ejercicio interno por la Fiscalía a un reglamento expedido por el Fiscal General de la Nación que deberá desarrollar el plan de política criminal del Estado. para la cual el constituyente autorizó al Legislador y que en el caso del numeral acusado se refiere específicamente a los denominados delitos “bagatela”. no arbitraria. acusación así formulada pierde claramente su fundamento. (v) en este caso no se trata de discriminar conductas con medidas distintas. . DECISION En mérito de lo expuesto. se reitera. la A ello debe agregarse que el principio de oportunidad establecido en el artículo 250 superior tal como fue modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002 cuya naturaleza es estrictamente excepcional (i) fue supeditado por el Constituyente derivado a la política criminal del Estado. para sustentarlas del ámbito penal. sujeta al control de garantías.. (iii) este principio se predica de conductas antijurídicas y lesivas del bien jurídico. sino que se atribuye al Estado la opción de no proseguir excepcionalmente la acción penal en una hipótesis concreta –la señalada en el numeral 10 acusado-. (ii) la aplicación de este principio no constituye una antinomia del principio de legalidad.
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. exclusivamente en relación con el cargo analizado. publíquese.RESUELVE Declarar EXEQUIBLE. JAIME CORDOBA TRIVIÑO Presidente JAIME ARAUJO RENTERÍA Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado AUSENTE EN COMISION MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado NILSON PINILLA PINILLA Magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO . comuníquese. notifíquese. Cópiese. el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Magistrado AUSENTE EN COMISION ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ Magistrada MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General .
se prosiga la acción penal en unos casos y en otros no. por las siguientes razones de fondo: 1.988 DE 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA Referencia: D. 5. a mi juicio. cómo. En tercer lugar. puesto que tipificado un delito y cometido éste. puesto que no se entiende. tiene el legislador potestad para despenalizar conductas y. en donde se pueden introducir razones de orden político. una contradicción interna en el ordenamiento penal. de los cuales tenga conocimiento. En quinto lugar. por lo que siempre debería acusar. de otro lado. lo que es tanto como decirle al juez que disponga de la acción penal. de un lado. cuando es todo lo contrario. considero que es contrario a una democracia escoger a quién se investiga. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 10 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 Magistrado Ponente Dr. sostengo que es un error considerar que el principio de oportunidad es consustancial al proceso acusatorio. 4. el Estado no puede dejar de investigar. ya que este sistema le atribuye a la Fiscalía el monopolio para acusar y por ende. como la prevista en la norma acusada. 3.6207. En segundo lugar. ALVARO TAFUR GALVIS Con el debido respeto por las decisiones de esta Corporación. le impone el deber de adelantar y realizar la investigación de los hechos que constituyan un delito. este principio es una anomalía de un sistema. es de recordar que el derecho penal actúa como última ratio del legislador y en virtud del principio de fragmentación sólo entra a actuar frente a ciertas conductas que se consideran un atentado contra bienes jurídicos que debe proteger. Por ello sostengo que la aplicación del principio de oportunidad rompe la igualdad frente al sistema penal. más en un sistema como el nuestro. En mi opinión. .SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C . viola el principio de legalidad. en el que sólo puede acusar el Estado. me permito presentar Salvamento de Voto frente a la presente sentencia. 2. En cuarto lugar. En primer lugar. considero que la aplicación del principio de oportunidad en ciertas hipótesis. el principio de oportunidad implica. frente a conductas que siguen siendo delitos.
En sexto lugar y respecto del principio de igualdad. pues las sanciones serían distintas para dos personas que han incurrido en la misma conducta punible. como también no toda falta disciplinaria constituye un delito. a pesar de mi convicción utilitarista. En séptimo lugar. Es del caso advertir. son también objeto de sanción disciplinaria. Por ello. 9. 8. sostengo que el principio de oportunidad en el numeral acusado. mientras que la otra no. considero necesario recordar que en nuestro sistema pueden haber simultáneamente sanciones de diferente naturaleza por la misma conducta. frente a conductas en las cuales la antijuridicidad está presente. En décimo lugar. que ya siendo en sí misma inmoral la negociación de las penas. En Alemania. lo mismo que la negociación de penas. me permito precisar que no he negado que exista la excepción respecto del principio de oportunidad. En este caso está de por medio la correcta administración pública. la objeción de igualdad no se supera. en cuanto una es investigada y eventualmente sancionada penalmente. En la hipótesis que plantea el principio de oportunidad se deja de aplicar el artículo 209 de la Constitución. En noveno lugar. viola el derecho de igualdad de dos personas que han incurrido en la misma conducta. En octavo lugar y atendiendo a consideraciones de derecho comparado. 11. no todas las conductas sancionadas penalmente. Finalmente. Por lo tanto me permito llamar la atención sobre el numeral acusado. los cuales atentan contra el interés general. pues no se entiende cuándo una conducta que atenta contra la . creo conveniente observar que en Estados Unidos el principio de oportunidad es un principio amplio. la aplicación de dicho principio pasa por el control de unas causales legales. lo cual es contrario a la moralidad desde el punto de vista moral kantiano. 10. en la medida en que de adelantarse la investigación se podría llegar a una condena. manifiesto que aún cuando estoy de acuerdo en que los delitos bagatela sean excluidos de la sanción penal. 7. Lo importante en el juicio sobre la moralidad de estas instituciones es la intención y no el resultado. se suma para mayor gravedad la aplicación relativa y subjetiva del principio de oportunidad que quebranta los principios de legalidad e igualdad. lo que he señalado es que la aplicación del principio de oportunidad no debe llevarse al extremo de que se vuelva una regla general. Además. el principio de oportunidad no equivale a la preclusión.6. quiero expresar claramente que a mi juicio el principio de oportunidad es reprochable e inmoral. pero esto en un sistema en que la Fiscalía forma parte de la rama ejecutiva del poder y por lo tanto responde políticamente. y los criterios son más claros. Aún en el ejemplo que consideramos en sesión de la Sala Plena (la del servidor público que sustrae lápices para sus hijos). como el de duración de la pena. de conformidad con el principio de legalidad y el debido proceso penal. no lo estoy respecto de los delitos mencionados en el numeral acusado.
Fecha ut supra.administración pública o la impartición de la recta jurídica es grave o no para la administración. Por las razones expuestas salvo mi voto a la presente sentencia. Por esta vía. JAIME ARAÚJO RENTERÍA Magistrado . se puede introducir cualquiera de esas conductas en el supuesto del citado numeral.
Documents Similar To Sentencia C-988-06
Dai William's
Cayetano Betancur, Giorgio Del Vecchio y El Problema de La Justicia Penal (1969)
Guia Penal Para Primer Examen
Balam Salas Monroy
el-derecho-penal
TEMAS DERECHO PENAL Nº1
CONCEPTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL.pdf
Daniela Alejandra Chacón
1 5 Los Limites de La Conducta Tipica en La Rebelion
Gianpierre Juarez
DE_M5_U1_S1_TA.pdf
Epoca Cientifica
Raizza Stephania
Charo Live
Responsabilidad Civil Extracontractual y Delito en La Republica Dominicana.
mapa conceptual escuelas del pensamiento penal.docx
Benjamin Miguel Harb Derecho Penal Parte General
More From Anonymous XQYAgi3
Sentencia C-420-02
T-388-13
De las víctimas invisibles a las víctimas dignificadas
Sentencia T-443-15
Sentencia Consejo de Estado Sección Primera 18 de Junio de 2015 Coca
Sentencia C-288 de 2014. Corte Constitucional colombiana
t-29183 (03-08-10).doc
Sentencia C-334-10
Sentencia 40876(10-07-13)
C-988-06
Sentencia 31600(06-05-09)
Sentencia T-891-08
Sentencia T-729-07
T-186-09.rtf
Sentencia T-432-06
Sentencia C-565-93
Sentencia T-634-06
Sentencia T-437-08
Sentencia T-1022-08
T-161-05
Sentencia T-974-06
Sentencia T-857-07