Source: http://www.abogadoscarranza.com/content/responsabilidad-patrimonial-en-el-plante-de-los-controladores
Timestamp: 2020-02-26 15:03:33
Document Index: 265030519

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 106', 'artículo 149', 'artículo 139', 'artículo 141', 'artículo 1902', 'artículo 1903', 'artículo 1904']

Responsabilidad patrimonial en el plante de los controladores | Abogados Carranza
AENA como tal Entidad Pública, forma parte de la Administración del Estado y responde de todo daño que dicha Entidad produzca por funcionamiento normal o anormal a los usuarios de los aeropuertos de titularidad pública, incluidos los daños ocasionados por el personal a su servicio, siempre que no sean por fuerza mayor.
La Constitución Española (C.E.) establece un principio general de responsabilidad de todos los poderes públicos en su artículo 9.3 al establecer que “La Constitución garantiza... la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” pero, es más, en su artículo 106.2 ha especificado dicho principio respecto a la responsabilidad de las Administraciones Públicas declarando el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por las lesiones que puedan sufrir en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.
Descendiendo al plano legislativo, la configuración actual del régimen de responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones Públicas constituye una competencia exclusiva del Estado (artículo 149.1.18 CE) y su regulación básica está recogida en dos preceptos claves de la Ley de Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), los artículos 139.1 y 2, y 141.1, cuando disponen: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas..., de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
En todo caso, el daño habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas” (artículo 139.1 y 2).
“Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o de circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar...”. – fuerza mayor – (artículo 141.1).
La responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como aparece configurado normativamente en los textos legales, tiene una naturaleza puramente objetiva, es decir, que dicha responsabilidad patrimonial se pondrá en funcionamiento siempre que se produzca una lesión en el patrimonio de los ciudadanos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, estando obligada a indemnizar esa lesión o daño.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo en interpretación de dicha normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha venido exigiendo que para que ésta se produzca han de darse los siguientes requisitos:
a) La existencia de un daño material o moral, efectivo y evaluable económicamente.
b) Que se trate de un daño individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
c) Que el daño haya sido producido por el funcionamiento de los servicios públicos en relación de causa efecto.
d) Que el particular no esté obligado a soportar el daño causado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
No serán indemnizables los supuestos de fuerza mayor.
Aplicando lo hasta aquí dicho, en opinión del Despacho de Abogados Carranza, C.B., la actuación llevada a cabo por los controladores aéreos, trabajadores laborales al servicio de AENA, el pasado día 3 de diciembre de 2010, abandonando su puesto de trabajo y desasistiendo sus obligaciones laborales en perjuicio de casi un millón de ciudadanos, ocasionándoles daños morales y materiales, hace responsables tanto a éstos como a AENA, que no previó tal “desaguisado”, dejando de prestar a los afectados por la anormal conducta de los controladores aéreos, su derecho a desplazarse libremente dentro y fuera del territorio nacional al impedirles volar a sus destinos.
Tal conducta encaja perfectamente en el supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, en este caso AENA, debiendo ésta responder por los daños ocasionados, no solo en virtud de los preceptos constitucionales y administrativos referidos más arriba, sino también por imperativo de lo dispuesto en los artículos 1902, 1903 y 1904 del Código Civil, que regula la responsabilidad extracontractual o aquiliana, cuando se dispone:
a) “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” (artículo 1902).
b) “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no solo por los actos u omisiones propios, sino también por los de aquellas personas de quienes ha de responder...
Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones” (artículo 1903).
c) El que paga el daño causado puede repartir de éstos lo que hubiese satisfecho... (artículo 1904).
Como corolario de lo hasta aquí expuesto, hemos de decir que AENA es responsable de los daños morales y materiales que los controladores aéreos a su servicio irrogaron a quienes no pudieron hacer uso de los servicios aeroportuarios controlados por AENA los días 3 y siguientes del mes de diciembre de 2010, todo ello, al margen de las responsabilidades penales en las que hubieran podido incurrir dichos controladores, vía por la que también pueden exigírseles las responsabilidades civiles en las que hayan incurrido.
Para la exigencia a AENA y al Ministerio de Fomento de la responsabilidad patrimonial es preciso formular contra éstos la preceptiva reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial en el plazo de un año desde que el daño se produjo y, en caso de ser desestimada o no resuelta en el plazo de seis meses, habría que interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses.