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Timestamp: 2020-05-28 19:26:41
Document Index: 336000680

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 26', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 60', 'artículo 64', 'artículo 67', 'artículo 46', 'artículo 60', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 81', 'artículo 36', 'artículo 88', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 102', 'artículo 126', 'artículo 1', 'artículo 126', 'artículo 127', 'artículo 100', 'artículo 25', 'artículo 141', 'artículo 90', 'artículo 119', 'artículo 119', 'artículo 90', 'artículo 72', 'artículo 1', 'artículo 31']

BOE.es - Documento BOE-A-1987-25628
Documento BOE-A-1987-25628
Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.
«BOE» núm. 275, de 17 de noviembre de 1987, páginas 34163 a 34176 (14 págs.)
BOE-A-1987-25628
https://www.boe.es/eli/es/l/1987/11/11/22
A todos los que la presente vieren y entendieren;
La necesidad de establecer un régimen jurídico específico de los derechos denominados de propiedad intelectual motivó la promulgación de la Ley de 10 de enero de 1879, norma de reconocido valor y oportunidad que tan positivamente ha contribuido a la conformación de nuestra propia tradición jurídica en la materia.
Sin embargo, el legislador de entonces no podía prever las profundas transformaciones sociales sobrevenidas y, más en particular, las consecuencias del desarrollo de los medios de difusión de las obras de creación que han permitido, por primera vez en la historia, el acceso de la mayoría de los ciudadanos a la cultura, pero que, paralelamente, han facilitado nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad intelectual.
Estas necesidades de adaptación a las nuevas circunstancias sólo se han visto parcialmente satisfechas en el ordenamiento jurídico interno, mediante la aprobación de diversas normas específicas relativas a la protección de los derechos sobre determinadas obras, y en el ámbito internacional, a través de convenios, en algunos de los cuales España es parte, pero sin que nuestra legislación interna se adapte en la medida necesaria.
Por todo ello, teniendo en consideración las tendencias preponderantes en los países miembros de la Comunidad Europea y, en particular, las de aquéllos más cercanos a nuestra tradición jurídica, la presente Ley establece, con carácter unitario y sistemático, un nuevo régimen jurídico de la propiedad intelectual, que tiene por finalidad que los derechos sobre las obras de creación resulten real, concreta y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias de nuestra época.
En dicho marco, la Ley se estructura sobre dos conjuntos normativos claramente diferenciados: El relativo a la declaración de derechos sustantivos y el regulador de las acciones y procedimientos para la protección de dichos derechos.
A su vez, dentro del primer conjunto normativo se determinan, por una parte, los derechos que corresponden al autor, que es quien realiza la tarea puramente humana y personal de creación de la obra y que, por lo mismo, constituyen el núcleo esencial del objeto de la presente Ley y, por otra, los derechos reconocidos a determinadas personas físicas o jurídicas cuya intervención resulta indispensable para la interpretación o ejecución o para la difusión de las obras creadas por los autores.
En cuanto al derecho de propiedad intelectual del autor, la Ley contiene como innovaciones de relevancia su reconocimiento y tutela por el solo hecho de la creación de la obra; la expresa regulación del derecho moral, que, integrado por un conjunto de derechos inherentes a la persona del autor, tiene carácter irrenunciable e inalienable y constituye la más clara manifestación de la soberanía del autor sobre su obra; la determinación de la duración y límites de acuerdo con los criterios mayoritariamente aplicados por los países de nuestro entorno cultural y político, así como el establecimiento de un régimen de general aplicación sobre la transmisión de los derechos de carácter patrimonial.
Las disposiciones de carácter general sobre transmisión de derechos de explotación revisten destacada importancia en cuanto constituyen el régimen específico sobre esta materia en el ámbito de los derechos de autor y tienen el carácter de preceptos generales que otorgan a los autores o a sus derechohabientes determinados beneficios que, salvo disposiciones de la propia Ley, son irrenunciables.
Entre estos últimos merecen especial consideración, por su trascendencia, el principio de interpretación restrictiva del alcance de los derechos cedidos; la nulidad de la cesión de derechos respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro, y de las estipulaciones por las que se comprometa a no crear alguna obra; el derecho de participación proporcional de los ingresos derivados de la explotación de la obra, y el otorgamiento de la acción de revisión de los contratos en determinados supuestos que vulneren el derecho del autor a obtener una remuneración equitativa.
Especial significado tiene, asimismo, la introducción en nuestro ordenamiento de algunas figuras bien conocidas en el Derecho comparado, como es el derecho de autor de artes plásticas a participar en el precio de reventa de sus obras, así como el derecho de los autores, editores, productores y artistas intérpretes o ejecutantes de las obras publicadas en forma de libro, fonograma o grabación audiovisual, a obtener una remuneración compensatoria por las reproducciones efectuadas para uso personal.
La expresa regulación en la Ley de los contratos de edición y de representación, así como de las relaciones jurídicas derivadas de la creación de obras tecnológicamente avanzadas, como son las audiovisuales o los programas de ordenador, se justifica por la necesidad de adaptar los principios establecidos en las mencionadas normas de carácter general a las especiales características de estas figuras. Se pretende que, de esta forma, los derechos y obligaciones de los autores, así como los de los cesionarios de los derechos de explotación, puedan quedar delimitados, de acuerdo con las tendencias preponderantes en el actual momento histórico y en beneficio de ambas partes, mediante la aplicación de un justo equilibrio entre las normas de derecho necesario y el principio de autonomía de la voluntad.
En lo que respecta al régimen jurídico de los derechos derivados de la interpretación o ejecución, o de la producción o difusión de las obras de creación, es decir, de aquellos otros derechos de propiedad intelectual que en la práctica se han denominado afines o conexos, la Ley ha seguido fundamentalmente los criterios marcados por la Convención de Roma de 1961 y el Convenio de Ginebra de 1971. Con esta regulación, que en ningún caso supone una limitación para los derechos de autor, se da adecuada satisfacción a los legítimos intereses de un importante sector profesional e industrial estrechamente vinculados a la cultura, que en los últimos años se han visto particularmente afectados por los procedimientos de defraudación derivados de las nuevas tecnologías y que, por lo mismo, estaban especialmente necesitados de obtener su reconocimiento y protección expresos en una norma con rango legal.
En cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, la Ley establece las normas relativas a las garantías jurisdiccionales de los mencionados derechos, definiendo el contenido de las acciones ejercitables y determinando los instrumentos procesales adecuados a tal efecto.
Con la definición de las medidas que cabe instar judicialmente frente a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, se establece la oportuna distinción entre las encaminadas a obtener el cese de la actividad ilícita y las que tienen por objeto la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados. Las reglas procesales de carácter cautelar tienen por finalidad que se pueda obtener, con la urgencia debida, la protección solicitada, así como garantizar que la necesidad de las medidas cuya adopción se pretenda este debidamente justificada.
Por otra parte, si bien el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual no está sujeto a requisitos formales de ningún tipo, la Ley faculta a los titulares de los mismos para que, como medida especial de protección y salvaguarda, procedan a su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual y puedan utilizar los símbolos creados por las convenciones internacionales sobre la materia.
Asimismo, la Ley determina el marco jurídico de la gestión colectiva de los derechos por ella establecidos. Es un hecho, reconocido por las Instituciones de la Comunidad Europea, que los titulares de derechos de propiedad intelectual únicamente pueden lograr su real efectividad actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan facultades de mediación o gestión de los derechos mencionados.
Por ello, teniendo en cuenta la normativa constitucional vigente, la evolución del Derecho comparado y la experiencia acumulada sobre la materia, la Ley establece determinados derechos y obligaciones para las Entidades que pretendan dedicarse a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
Los requisitos y obligaciones establecidos, así como las facultades de autorización y vigilancia sobre estas Entidades que la Ley atribuye al Ministerio de Cultura, tienen como finalidad garantizar la eficacia en la administración de los derechos encomendados. En particular, se pretende establecer los medios de control por parte de los titulares de los derechos comprendidos en la gestión de la Entidad y, asimismo, favorecer la difusión de las obras y la explotación de los derechos gestionados. Con esta finalidad, la Ley reconoce el derecho de los usuarios de utilizar las obras en condiciones razonables y promueve la solución de los conflictos que puedan plantearse mediante la intervención, en su caso, de la Comisión Arbitral de Derechos de Propiedad Intelectual que, a tal efecto, se crea en el seno del Ministerio de Cultura.
Por último, el ámbito de aplicación de la Ley se fija de acuerdo con los criterios del Código Civil, el principio de reciprocidad y los principios marcados por los Convenios internacionales en los que España es parte.
En definitiva, mediante el conjunto de instituciones analizadas, que suponen una profunda modernización del régimen jurídico de la propiedad intelectual, la presente Ley se propone dar adecuada satisfacción a la demanda de nuestra sociedad de otorgar el debido reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para beneficio y disfrute de todos los ciudadanos.
Los derechos de autor son independientes y compatibles con:
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma.
2. Cuando la obra se divulge en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad.
4. Los derechos de Propiedad Intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.
Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y publica bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.
1. Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última; sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización.
2. Se considerará obra independiente la que constituya creación autónoma, aunque se publique conjuntamente con otras.
e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.
También son objeto de propiedad intelectual, en los términos de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, como las antologías, y las de otros elementos o datos que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos de los autores de las obras originales.
4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración, o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.
1. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los números 3.º y 4.º del artículo anterior corresponde, sin límite de tiempo, a la persona física o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad. En su defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.
2. Las mismas personas señaladas en el párrafo anterior y en el mismo orden que en él se indica, podrán ejercer el derecho previsto en el número 1.º del artículo 14, en relación con la obra no divulgada en vida de su autor y durante un plazo de sesenta años desde su muerte o declaración de fallecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40.
Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
Cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera.
c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación.
d) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.
e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por Entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada.
f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión.
g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.
h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas.
1. En caso de reventa de obras de artes plásticas efectuada en pública subasta, en establecimiento mercantil o con la intervención de un comerciante o agente comercial, el autor tendrá derecho a exigir del vendedor una participación de un 2 por 100 del precio de enajenación, si éste fuere superior a la cantidad que reglamentariamente se establezca.
Las obras de artes aplicadas no se beneficiarán de lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. Los subastadores, comerciantes y agentes que intervengan en la reventa deberán comunicarla al autor directamente o por medio de la correspondiente Entidad de gestión en el plazo de dos meses y facilitarle la información necesaria para la liquidación de su derecho. Asimismo, retendrán del precio de venta el porcentaje correspondiente y lo pondrán a disposición del autor. La acción para reclamar la citada participación prescribirá a los tres años de la fecha de notificación de la reventa.
3. Este derecho es irrenunciable e intransmisible.
1. Los autores de obras publicadas en forma de libro, fonograma o en cualquier otro soporte sonoro o visual, juntamente con los editores o productores de dichas obras y con los artistas, intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hallen fijadas en las mismas, tendrán derecho a participar en una remuneración compensatoria por las reproducciones de tales obras, efectuadas exclusivamente para uso personal por medio de aparatos técnicos no tipográficos.
Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y sesenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
1. Los derechos de explotación de la obra divulgada después de la muerte del autor durarán sesenta años desde la fecha de su divulgación, siempre que ésta tenga lugar en los sesenta años siguientes a su muerte.
2. En las obras seudónimas o anónimas, los derechos de explotación durarán sesenta años desde su divulgación, salvo que antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo precedente.
No obstante, si pasados sesenta años desde su divulgación el autor revelara su identidad de modo fehaciente, durante su viuda o por testamento, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo del párrafo que antecede.
1. En la obra realizada en colaboración por varios autores, el plazo de duración de los derechos de explotación se computará desde la muerte del último coautor.
2. La duración de los citados derechos sobre la obra colectiva será de sesenta años a contar desde su divulgación.
3. La publicación conjunta de varias aportaciones, que no constituyan creación unitaria aunque guarden entre sí alguna relación, se regirá, en cuanto a la duración de los respectivos derechos de sus autores, por lo establecido con carácter general en el artículo 26.
1. En el caso de una obra publicada por partes, volúmenes o entregas, que no sean independientes, el plazo de protección de la obra se contará desde la publicación del último de aquéllos.
2. A estos efectos los apéndices, anuarios y otros complementos de una obra se considerarán independientes de ésta.
Los plazos establecidos en este capítulo se computarán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o al de la divulgación o publicación de la obra, según proceda.
2.º Para uso privado del copista y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.
Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.
2. Igualmente se podrán reproducir, distribuir y comunicar las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad. Esta última condición no será de aplicación a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. En cualquier caso, queda reservado al autor el derecho a publicar en colección tales obras.
1. La autorización para emitir una obra comprende la transmisión por cable de la emisión, cuando ésta se realice simultánea e íntegramente por la Entidad de origen y sin exceder la zona geográfica prevista en dicha autorización.
3. La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a través de la radiodifusión, facultará a la Entidad radiodifusora para registrar la misma por sus propios medios y para sus propias emisoras inalámbricas, al objeto de realizar, por una sola vez, la comunicación pública autorizada. Para nuevas difusiones de la obra así registrada será necesaria la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública.
Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación.
Si a la muerte o declaración del fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, las Instituciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo.
Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los múmeros tercero y cuarto del artículo 14.
Los derechos de explotación de la obra se transmiten, «mortis causa», por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos ínter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.
b) Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destine.
– Diccionarios, antologías y enciclopedias.
– Prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones.
– Obras científicas.
– Trabajos de ilustración de una obra.
– Ediciones populares a precios reducidos.
En defecto de consentimiento los cesionarios responderán solidariamente frente al primer cedente de las obligaciones de la cesión.
1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contracto, debiendo éste realizarse por escrito.
Salvo estipulaciones en contrario, los autores de obras reproducidas en publicaciones periódicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal de la publicación en la que se hayan insertado.
2. Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, pero sí lo son sus frutos o productos que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación para el embargo, como a retenciones o parte inembargable.
La transmisión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de edición, representación o ejecución, o de producción de obras audiovisuales se regirá, respectivamente y en todo caso, por lo establecido en las disposiciones específicas de este libro I y en lo no previto en las mismas, por lo establecido en este capítulo.
3. Las disposiciones de este capítulo tampoco serán de aplicación a las colaboraciones en publicaciones periódicas, salvo que así lo exija, en su caso, la naturaleza y la finalidad del contrato.
1. Será nulo el contrato no formalizado por escrito, así como el que no exprese los extremos exigidos en los números 3.º y 5.º del artículo anterior.
2. La omisión de los extremos mencionados en los numeros 6.º y 7.º del artículo anterior dará acción a los contratantes para compelerse recíprocamente a subsanar la falta. En defecto de acuerdo lo hará el Juez atendiendo a las circunstancias del contrato, a los actos de las partes en su ejecución, y a los usos.
La limitación del plazo prevista en el número 6.º del artículo 60 no será de aplicación a las ediciones de los siguientes tipos de obras:
1.ª Antologías de obras ajenas, diccionarios, enciclopedias y colecciones análogas.
2.ª Prólogos, epílogos, presentaciones, introducciones, anotaciones, comentarios e ilustraciones de obras ajenas.
5.º Satisfacer al autor la remuneración estipulada y, cuando ésta sea proporcional, al menos una vez cada año, la oportuna liquidación de cuyo contenido le rendirá cuentas. Deberá, asimismo, poner anualmente a disposición del autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares. A estos efectos, si el autor lo solicita, el editor le presentará los correspondientes justificantes.
6.º Restituir al autor el origial de la obra, objeto de la edición, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma.
Son obligaciones el autor:
1. El editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de los dos años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares.
b) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en los números 2.º, 4.º y 5.º del artículo 64, no obstante el requerimiento expreso del autor exigiéndole su cumplimiento.
c) Si el editor procede a la venta como saldo o a la destruccióon de los ejemplares que le resten de la edición, sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 67.
3.ª Por el transcurso de diez años desde la cesión si la remuneración se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado de acuerdo con lo establecido en el artículo 46, apartado 2, d), de esta Ley.
Extinguido el contrato y salvo estipulación en contrario, el editor, dentro de los tres años siguientes y cualquiera que sea la forma de distribución convenida, podrá enajenar los ejemplares que, en su caso, posea. El autor podrá adquirirlos por el 60 por 100 de su precio de venta al público o por el que se determine pericialmente u optar por ejercer tanteo sobre el precio de venta.
1.ª Será válido el contrato aunque no se exprese el número de ejemplares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades normales de la explotación concedida de acuerdo con el uso habitual en el sector profesional de la edición musical.
2.ª Para las obras sinfónicas y dramático-musicales el límite de tiempo previsto en el numero 6.º del artículo 60 será de cinco años.
3.ª No será de aplicación a este contrato lo dispuesto en el apartado 1, c), del artículo 68, y en los numeros 2.ª, 3.ª y 4.ª del artículo 69.
Los autores y editores, a través de las entidades de gestión de sus correspondientes derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, a través de las asociaciones representativas de unos y otros, podrán acordar condiciones generales para el contrato de edición, dentro del respeto a la Ley.
Por el contrato regulado en este capítulo el autor o sus derechohabientes ceden a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, mediante compensación económica. El cesionario se obliga a llevar a cabo la comunicación pública de la obra en las condiciones convenidas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
2.º A efectuar esa comunicación sin hacer en la obra variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidos por el autor y en condiciones técnicas que no perjudiquen el derecho moral de este.
3.º A garantizar al autor o sus representantes la inspección de la representación pública de la obra y la asistencia a la misma gratuitamente.
5.º A presentar al autor o a sus representantes el programa exacto de los actos de comunicación y cuando la remuneración fuese proporcional, una declaración de los ingresos. Asimismo, el cesionario deberá facilitarles la comprobación de dichos programas y declaraciones.
Los empresarios de espectáculos públicos se considerarán depositarios de la remuneración correspondiente a los autores por la comunicación de sus obras, cuando aquélla consista en una participación proporcional en los ingresos. Dicha remuneración deberán tenerla semanalmente a disposición de los autores o de sus representantes.
2.º Si el empresario incumpliere la obligación mencionada en el número primero del artículo 78.
3.º Si el empresario incumpliere cualquiera de las obligaciones citadas en los números 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del mismo artículo 78, después de haber sido requerido por el autor para su cumplimiento.
1. La cesión del derecho de comunicación pública de las obras a las que se refiere este capítulo, a través de la radiodifusión, se regirá por las disposiciones del mismo, con excepción de lo dispuesto en el número 1.º del artículo 81.
2. Salvo pacto en contrario, se entenderá que dicha cesión queda limitada a la emisión de la obra por una sola vez, realizada por medios inalámbricos y centros emisores de la entidad de radiodifusión autorizada, dentro del ámbito territorial determinado en el contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 36.
De las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales
1. Las disposiciones contenidas en el presente título serán de aplicación a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, entendiendo por tales las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.
1. Sin perjuicios de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra.
1. Mediante el contrato de transformación de una obra preexistente que no esté en el dominio público se presumirá que el autor de la misma cede al productor de la obra audiovisual los derechos de explotación sobre ella en los términos previstos en el artículo 88.
2. En todo caso y con independencia de lo pactado en el contrato, cuando la obra audiovisual sea proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de entrada, los autores mencionados en el apartado anterior tendrán derecho a percibir de quienes exhiban públicamente dicha obra un porcentaje de los ingresos procedentes de dicha exhibición pública. Las cantidades pagadas por este concepto podrán deducirlas los exhibidores de las que deban abonar a los cedentes de la obra audiovisual.
Este derecho es irrenunciable e intransmisible por actos ínter vivos. En el caso de exportación de la obra audiovisual los autores podrán ceder el derecho mencionado por una cantidad alzada, cuando en el país de destino les sea imposible o gravemente dificultoso el ejercicio efectivo del derecho.
3. La proyección, exhibición o transmisión, debidamente autorizadas, de una obra audiovisual por cualquier procedimiento, sin exigir pago de un precio de entrada, dará derecho a los autores a percibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión correspondiente.
4. Con el objeto de facilitar al autor el ejercicio de los derechos que le correspondan por la explotación de la obra audiovisual, el productor, al menos una vez al año, deberá facilitar a instancia del autor la documentación necesaria.
5. Lo establecido en los apartados 2 y 3 no será de aplicación a los autores de obras audiovisuales de carácter publicitario.
No obstante, en los contratos de producción de obras audiovisuales destinadas esencialmente a la comunicación pública a través de la radiodifusión, se presumirá concedida por los autores, salvo estipulación en contrario, la autorización para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio, sin perjuicio en todo caso del derecho reconocido en el número 4.º del artículo 14.
2. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este título dispensa a los programas de ordenador.
3. Los programas de ordenador que formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial.
4. La protección establecida en la presente Ley se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados.
La duración de los derechos de explotación de un programa será de cincuenta años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de su publicación, o al de su creación si no se hubiera publicado.
El autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo.
1. Se entiende por cesión del derecho de uso aquel acto en virtud del cual el titular del derecho de explotación de un programa de ordenador autoriza a otro a utilizar el programa, conservando el cedente la propiedad del mismo.
Se entenderá, salvo prueba en contrario, que la cesión del derecho de uso es de carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose asimismo que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario.
2. La reproducción del programa, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular del derecho de explotación, con excepción de la copia de seguridad.
3. No constituye reproducción, a los efectos previstos en el artículo 18 de esta Ley, la introducción del programa en memoria interna a los solos efectos de su utilización por el usuario, sin perjuicio de su necesaria comunicación al titular del derecho de explotación cuando así se hubiere pactado.
4. No constituye transformación, a los efectos previstos en el artículo 21, la adaptación de un programa realizada por el usuario para la utilización exclusiva por el mismo.
Reglamentariamente se determinarán aquellos elementos de los programas registrados que serán susceptibles de consulta publica.
Se entiende por artista, intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los artistas en este título.
1. Corresponde al artista, intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la reproducción y comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones.
3. Al celebrar un contrato de interpretación o ejecución para realizar un fonograma o una obra audiovisual el artista autoriza la reproducción y comunicación pública de dicha interpretación o ejecución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
Cuando un fonograma publicado con fines comerciales se utilice en cualquier forma de comunicación pública, los artistas, intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hayan fijado en aquél, tendrán derecho a una compensación económica. El importe de esta compensación será el 50 por 100 de los rendimientos que obtenga el productor por causa de dicha utilización.
Si la interpretación o ejecución se realiza en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, se entenderá, salvo estipulación en contrario, que el empresario o el arrendador adquieren sobre aquéllas los derechos previstos en el artículo 102, que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato.
Los artistas, intérpretes o ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación, tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro, deberán designar de entre ellos un representante para el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas en este título. Para tal designación, que deberá formalizarse por escrito, valdrá el acuerdo mayoritario de los intérpretes. Esta obligación no alcanza a los solistas ni a los directores de orquesta o de escena.
Los derechos reconocidos al artista, intérprete o ejecutante en los anteriores artículos tendrán una duración de cuarenta años, contados desde el 1 de enero del siguiente año al de publicación de la fijación o al de la interpretación o ejecución, si no hubiera ocurrido dicha publicación.
El artista, intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones y a oponerse, durante su vida, a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación. A su fallecimiento y durante el plazo de los veinte años siguientes, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.
1. El productor tiene respecto de sus fonogramas el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, directa o indirectamente, la distribución de copias de aquéllos y la comunicación pública de unos u otras.
2. El derecho de distribución comprende especialmente la facultad de autorizar la importación y exportación de copias del fonograma con fines de comercialización.
En los casos de infracción de los derechos reconocidos en el artículo anterior, corresponderá el ejercicio de las acciones procedentes tanto al productor fonográfico como al cesionario de los mismos.
La duración de los derechos reconocidos en este título será de cuarenta años, contados desde el 1 de enero del siguiente año al de públicación del fonograma o al de su producción, si no se hubiera publicado.
De los productores de las grabaciones audiovisuales
Se entiende por productor de una grabación audiovisual, la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de la fijación de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales.
El productor gozará, respecto de sus grabaciones audiovisuales, del derecho de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública.
La duración de los derechos reconocidos en este título será de cuarenta años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación de la grabación o al de su realización, si no se hubiera divulgado.
De las Entidades de radiodifusion
1. Las Entidades de radiodifusión gozan, respecto de sus emisiones o transmisiones, del derecho exclusivo de autorizar:
a) La retransmisión por cualquier procedimiento técnico.
b) La grabación en cualquier soporte sonoro o visual, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión, así como la reproducción de tales grabaciones.
c) La comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión o entrada.
2. El concepto de emisión incluye la producción de señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión o telecomunicación, y el de retransmisión, la difusión al público por una Entidad que emita o difunda emisiones de otra, recibidas a través de uno cualquiera de los mencionados satélites.
Los derechos reconocidos en este título duran cuarenta años contados desde el 1 de enero del siguiente año al de la realización de la emisión.
De la protección de las meras fotografías
Este derecho tendrá una duración de veinticinco años desde la realización de la fotografía.
De la protección de determinadas producciones editoriales
Los editores de obras inéditas que estén en el dominio público tendrán sobre ellas los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido a sus autores.
Los derechos reconocidos en el artículo anterior durarán diez años, contados del 1 de enero del siguiente año al de la publicación.
Las disposiciones contenidas en la sección segunda del capítulo III, título II y en el capítulo II, del título III, ambos del libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y, en lo pertinente, a los derechos regulados en el presente libro.
El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 124 y 125.
Asimismo podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 126.
1 El cese de la actividad ilícita podrá comprender:
d) La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos.
3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública.
Las medidas cautelares de protección urgente previstas en el artículo anterior serán de tramitación preferente y se adoptarán con arreglo a lo previsto en el artículo 1.428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las siguientes especialidades:
1.ª Serán competentes los Jueces de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la infracción o existan indicios racionales de que ésta va a producirse, o en la que se hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos a elección del solicitante de las medidas. No obstante, una vez presentada la demanda principal, será único Juez competente para cuanto se relacione con la medida adoptada, el que conozca de aquélla.
Asimismo, cuando la medida se solicite al tiempo de proponer la demanda en el juicio declarativo correspondiente o durante la sustanciación de éste, será competente el Juez o Tribunal que esté conociendo del pleito.
2.ª La medida se solicitará por escrito firmado por el interesado o su representante legal o voluntario, no siendo necesaria la intervención del Procurador ni la asistencia del Letrado, excepto en los casos previstos en el párrafo segundo de la regla primera.
3.ª Dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito el Juez oirá a las partes que concurran a la comparecencia y resolverá, en todo caso, al día siguiente de la finalización del plazo anterior.
5.ª Antes de la resolución o en la misma, el Juez, si lo estima necesario, podrá exigir al solicitante fianza bastante para responder de los perjuicios y costas que puedan ocasionar.
6.ª El solicitante podrá reiterar la petición de medidas cautelares, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la infracción u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.
Las medidas cautelares previstas en el artículo 126 podrán ser acordadas en las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos reconocidos en esta Ley.
En su tramitación se observarán las reglas del artículo 127, en lo que fuera pertinente.
El Registro General de la Propiedad Intelectual dependerá del Ministerio de Cultura y tendrá carácter único para todo el territorio nacional.
En cada una de las capitales de provincia existirá una oficina provincial del Registro a los efectos de la toma de razón de las solicitudes de inscripción, que funcionará bajo la dirección del Registro General, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a las Comunidades Autónomas.
4. El Registro será público, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse al amparo de lo previsto en el artículo 100.
5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento de inscripción, así como la estructura y funcionamiento del Registro.
De los símbolos o indicaciones de la reserva de derechos
El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo ©, con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas.
Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el símbolo ℗, indicando el año de la publicación.
Los símbolos y referencias mencionadas deberán hacerse constar en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.
De las Entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley
2. Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en las letras b) y c) del apartado anterior, se tendrán, particularmente, en cuenta el número de titulares de derechos que se hayan comprometido a confiarle la gestión de los mismos, en caso de que sea autorizada, el volumen de usuarios potenciales, la idoneidad de sus Estatutos y sus medios para el cumplimiento de sus fines, la posible efectividad de su gestión en el extranjero y, en su caso, el informe de las Entidades de gestión ya autorizadas.
Las Entidades de gestión una vez autorizadas estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios Estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales.
4. Las condiciones para la adquisición y pérdida de la cualidad de socio. En todo caso, los socios deberán ser titulares de derechos de los que haya de gestionar la Entidad y el número de ellos no podrá ser inferior a diez.
Las Entidades de gestión deberán promover actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, bien por sí, bien a través de entidades sin ánimo de lucro constituidas o que puedan constituirse al efecto.
Igualmente, deberán dedicar a actividades de formación y promoción de autores, artistas, ejecutantes e intérpretes noveles un porcentaje de la remuneración a que se refiere el artículo 25, que se determinará reglamentariamente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable, el balance y la documentación contable serán sometidos a verificación por expertos o sociedades de expertos legalmente competentes nombrados en la Asamblea general de la Entidad celebrada el año anterior o en el de su constitución. Los Estatutos establecerán las normas con arreglo a las cuales habrá de ser designado otro auditor, por la minoría.
3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a la gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.
Se crea en el Ministerio de Cultura, con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual.
Será función de dicha Comisión:
a) Dar solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, puedan producirse entre las Entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquéllas y las Entidades de radiodifusión. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.
b) Fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de una asociación de usuarios o de una Entidad de radiodifusión, siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto previsto en la letra a) de este artículo.
El procedimiento arbitral, así como la composición de la Comisión, se determinarán reglamentariamente, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las Entidades de gestión y otros dos de la asociación de usuarios o de la entidad de radiodifusión.
Lo determinado en este artículo se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento del conflicto ante la Comisión impedirá a los Jueces y Tribunales conocer la controversia sometida a decisión arbitral, hasta tanto haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante la correspondiente excepción.
1. Corresponde al Ministerio de Cultura, además de la facultad de otorgar o revocar la autorización regulada en los artículos 133 y 134, la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley.
3. Las Entidades de gestión están obligadas a notificar al Ministerio de Cultura los nombramientos y ceses de sus Administradores y Apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de su misma clase, así como los documentos mencionados en el artículo 141.
1. Se protegerán, con arreglo a esta Ley, los derechos de propiedad intelectual de los autores españoles.
a) Los extranjeros con residencia habitual en España.
b) Los extranjeros que no tengan su residencia habitual en España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio en el caso de extranjeros que sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de autores españoles en supuestos análogos.
2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a percibir una remuneración proporcional por la proyección de sus obras en los términos del artículo 90, apartados 2 y 3. No obstante, cuando se trate de nacionales de estados que no garanticen un derecho equivalente a los autores españoles, el Gobierno podrá determinar que las cantidades satisfechas por los exhibidores a las Entidades de gestión por este concepto sean destinadas a los fines de interés cultural que se establezcan reglamentariamente.
3. En todo caso, los extranjeros gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.
4. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad.
1. Se protegerán los derechos reconocidos en esta Ley a los artistas, intérpretes o ejecutantes españoles, cualquiera que sea el lugar de su interpretación o ejecución.
2. Los artistas, intérpretes o ejecutantes extranjeros gozarán de los mismos derechos reconocidos en esta Ley en cualquiera de los siguientes casos:
3. En todo caso, los extranjeros gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.
1. Los productores de fonogramas y los de obras o grabaciones audiovisuales, los realizadores de meras fotografías y los editores de las obras mencionadas en el artículo 119 serán protegidos con arreglo a esta Ley en los siguientes casos:
a) Cuando sean ciudadanos españoles o Empresas domiciliadas en España.
b) Cuando sean extranjeros y publiquen en España por primera vez o, dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país, las obras mencionadas. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio, en el caso de nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras o publicaciones de españoles en supuestos análogos.
2. En todo caso, los extranjeros gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a los realizadores de meras fotografías y a los editores de las obras mencionadas en el artículo 119, cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo.
1. Las Entidades de radiodifusión domiciliadas en España disfrutarán respecto de sus emisiones y transmisiones de la protección establecida en esta Ley.
2. En todo caso, las Entidades de radiodifusión extranjeras gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte.
Estarán exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios profesionales, incluidos aquellos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y los autores del argumento, adaptación, guión o diálogos de las obras audiovisuales.
La puesta a disposición de los autores de las cantidades recaudadas en concepto de remuneración proporcional a los ingresos, que se establece en el artículo 90.2, se efectuará semanalmente.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, dictará el Reglamento a que se refiere el artículo 72.
1. Las modificaciones introducidas por esta Ley, que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación anterior, no tendrán efecto retroactivo, salvo lo que se establece en las siguientes disposiciones.
2. Los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes de la entrada en vigor de esta Ley, tendrán la duración prevista en la legislación anterior.
A los autores cuyas obras estuvieren en dominio público, provisional o definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley 10 de enero de 1879, les será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas al amparo de la legislación anterior.
Las personas jurídicas que en virtud de la legislación anterior hayan adquirido a título originario la propiedad intelectual de una obra, ejercerán los derechos de explotación por el plazo de ochenta años desde su publicación.
Lo dispuesto en los artículos 14 a 16 de esta Ley será de aplicación a los autores de las obras creadas antes de su entrada en vigor.
Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior surtirán todos sus efectos de conformidad con la misma, pero serán nulas las cláusulas de aquéllos por las que se acuerde la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que el autor pudiere crear en el futuro, así como por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.
1. El Reglamento de 3 de septiembre de 1880 y demás normas reglamentarias en materia de propiedad intelectual continuarán en vigor, siempre que no se opongan a lo establecido en la presente Ley.
2. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario del título II, libro III, de esta Ley continuará en vigor la normativa actualmente vigente sobre la estructura y funcionamiento del Registro de la Propiedad Intelectual.
3. El artículo 1.º del Decreto 307/1967, de 16 de febrero, sobre porcentajes y compensaciones a los autores cinematográficos, continuará aplicándose durante un año, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, salvo que con anterioridad se acuerde otro tipo de remuneración conforme a los artículos 90 y 142 de esta Ley.
La Sociedad General de Autores de España deberá acomodar su actuación a lo establecido en la presente Ley y, en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor, adaptará sus Estatutos a lo dispuesto en la misma para constituirse como Entidad de gestión y se integrará en ella su actual patrimonio, con sus derechos y obligaciones.
Las operaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior gozarán de exención de los impuestos que pudieran exigirse por el Estado. En consecuencia, gozarán de exención:
a) Los actos, contratos, entregas y transmisiones patrimoniales que se efectúen por la Sociedad General de Autores de España o por la Entidad de gestión en que se tranformará la anterior.
b) Los incrementos del patrimonio que se pongan de manifiesto por la transmisión de los activos de la Sociedad General de Autores de España a la nueva Entidad de gestión.
Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley y, en particular, las siguientes:
– Ley de la Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879.
– Los artículos 5, 6.2 y 10 a 26 de la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro.
– El artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto refundido aprobado por Decretos de 26 de enero y 31 de marzo de 1944.
– Ley 17/1966, de 31 de mayo, sobre derechos de propiedad intelectual en las obras cinematográficas.
– Ley de 24 de junio de 1941 por la que se instituye la Sociedad General de Autores de España.
Fecha de disposición: 11/11/1987
SE DECLARA la vigencia del derecho indicado en el art.109.1, por Sentencia del TS de 1 de marzo de 2001 (Ref. BOE-A-2001-9551).
SE DECLARA en los recursos 256 y 264/1988, la inconstitucionalidad del art. 144.1, excepto el inciso inicial, y 3, por Sentencia 196/1997, de 13 de noviembre (Ref. BOE-T-1997-26631).
SE DEROGA, por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (Ref. BOE-A-1996-8930).
SE MODIFICA el art. 143, por la Ley 28/1995, de 11 de octubre (Ref. BOE-A-1995-22381).
SE DEROGA los arts. 26, 27.2.1, 28.1, 2 y 3, 29.1, 30, 106, 111, 115, 117, 118, 119.1 y 120, por la Ley 27/1995, de 11 de octubre (Ref. BOE-A-1995-22380).
SE MODIFICA el art. 25, por Ley 43/1994, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-28969).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 129 y 130, aprobando el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual: Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-1993-15393).
SE DEROGA la disposición adicional 3, por Ley 37/1992, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1992-28740).
SE DESARROLLA los arts. 24, 25 y 140, por Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-27764).
SE DEROGA el art. 130.5, SE MODIFICA los arts. 24, 25, 103, 119, 127, 129 y 140 y SE AÑADE las disposiciones adicionales 6 y 7, por Ley 20/1992, de 7 de julio (Ref. BOE-A-1992-16413).
con los arts. 129 y 130, aprobando el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual: el Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre (Ref. BOE-A-1991-27092).
el art. 143, regulando la composición y procedimiento de actuación de la comisión arbitral de propiedad intelectual: el Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-1989-10774).
SE DESARROLLA el art. 25, por el Real Decreto 287/1989, de 21 de marzo (Ref. BOE-A-1989-6798).
SE COMPLETA, por Real Decreto 448/1988, de 22 de abril (Ref. BOE-A-1988-11798).
el art. 72, por Real Decreto 396/1988, de 25 de abril (Ref. BOE-A-1988-10612).
el art. 24, por Real Decreto 395/1988, de 25 de abril (Ref. BOE-A-1988-10611).
los arts. 5, 6.2 y 10 a 26 de la Ley 9/1975, de 12 de marzo (Ref. BOE-A-1975-5293).
la Ley 17/1966, de 31 de mayo (Ref. BOE-A-1966-9000).
el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto refundido aprobado por Decreto de 26 de enero y de 31 de marzo de 1944 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1944-1906).
la Ley de 24 de junio de 1941 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1941-6711).
la Ley de 10 de enero de 1879 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1879-40001).