Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A313-10.htm
Timestamp: 2017-11-23 00:07:30
Document Index: 166549352

Matched Legal Cases: ['artículo 126', 'artículo 979', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 126', 'artículo 979', 'artículo 126', 'artículo 49', 'artículo 29', 'artículo 86', 'artículo 126', 'Artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 126', 'artículo 127', 'Artículo 127', 'artículo 129', 'Artículo 132', 'Artículo 189', 'Artículo 191', 'Artículo 209', 'Artículo 211', 'Artículo 212', 'Artículo 215', 'Artículo 216', 'Artículo 125', 'Artículo 125']

A313-10
Auto 313/10
ACCION DE TUTELA CONTRA INSPECCION DE POLICIA Y CONSEJO DE JUSTICIA-Niega solicitud de nulidad contra sentencia T-201/10
Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia T- 201 de 2010. Acción de tutela instaurada por Sociedad de Comercialización internacional INDUAGRICOLA LTDA. contra Consejo de Justicia de Bogotá y otro.
Bogotá, D. C. veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010).
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre la solicitud de nulidad de la Sentencia T-201 de 2010, proferida por la Sala Octava de Revisión.
1. Antecedentes del proceso de tutela que dio lugar a la expedición de la Sentencia T-201 de 2010
Expediente T- 2455520
El ciudadano Remberto Torres Rico, en representación de la Sociedad de Comercialización Induagrícola LTDA., interpuso acción de tutela ante el Juzgado sesenta y cinco Civil Municipal de Bogotá, solicitando el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual, en su opinión, ha sido vulnerado por la Inspección de Policía 11A de Suba y el Consejo de Justicia de Bogotá dentro del trámite de un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho.
El apoderado de la Sociedad de Comercialización Internacional Induagrícola LTDA. reclamó la protección del mencionado derecho fundamental por considerar que en el trámite del proceso de lanzamiento por ocupación hecho se incurrió en los siguientes defectos procesales:
En primer lugar, señaló la sociedad accionante que se presentó un defecto procedimental, al no corrérsele traslado para alegar en forma previa al fallo de primera instancia, lo que impidió la controversia de las pruebas.
En segundo lugar, argumentó la parte actora que existió indebida interpretación y aplicación del artículo 126 del Código Nacional de Policía que expresa:
Al decir del representante de Induagrícola LTDA, la decisión tomada por la Inspección 11 A de policía de Suba, en la que indicó que por expresa manifestación del artículo señalado, ni la escritura pública ni el certificado de libertad serían tenidos en cuenta por ser pruebas de propiedad y no posesión, es errada, ya que la norma transcrita no señala que los citados documentos no puedan acreditar posesión. Adicionalmente, manifestó que, ésta interpretación de la Inspección de policía va en contravía del artículo 979 del Código Civil.
En tercer lugar, señaló el representante de la sociedad demandante que se presentó defecto fáctico por indebida valoración de la prueba sumaria por error indiscutible y contradicción en la valoración de la misma, ello por considerar, la parte actora, que la prueba sumaria era idónea al momento de presentar la querella, al punto que por estimarla apta la Inspección ordenó la diligencia de lanzamiento, pero una vez desarrollada ésta, la misma autoridad de policía manifestó que estas no eran suficientes para decretar el lanzamiento.
En cuarto lugar, manifestó la parte actora en el escrito de tutela que existió indebida valoración de la prueba de la oposición, ya que en su opinión no se apreciaron las pruebas en conjunto, ni se expuso razonadamente el merito que se asignó a cada prueba de la oposición.
Finalmente, indicó que, no se valoró correctamente el dictamen pericial arrimado al proceso policivo.
Por lo anterior, solicitó la sociedad demandante que por esta vía se dejen sin efectos las providencias del Consejo de Justicia de Bogotá de 29 de abril de 2009, y la decisión proferida en Audiencia pública por la Inspección 11 A de Policía de Suba, que ordenó abstenerse de verificar el lanzamiento, y en su lugar se disponga hacer lo que en derecho corresponda.
El Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, en fallo de tres de septiembre de 2009, denegó el amparo solicitado al considerar que en el trámite surtido por las entidades demandadas se cumplieron los ritos procesales propios de ese tipo de acción policiva y, de contera, no se evidenciaba la incursión en las vías de hecho denunciadas.
El representante de la sociedad accionante, interpuso recurso de apelación contra dicha providencia con fundamento en los mismos defectos procesales, fácticos y sustanciales, que se adujeron en la demanda de tutela.
Considera así mismo que, la etapa procesal que la parte actora alega omitida dentro del trámite de la querella policiva es ajena este tipo de procedimientos, en cuanto el proceso de lanzamiento reviste un carácter sumario. Luego señaló que los artículos del Código de Procedimiento Civil citados como violados no tienen aplicabilidad en este tipo de actuaciones. Por lo anterior hay razón suficiente para desestimar la pretensión de la tutela.
Seguidamente, en relación con el defecto fáctico al que hace referencia la accionante, señaló el juez de segunda instancia que la naturaleza del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho es preventiva, no declarativa de derechos, de tal suerte que en éste tipo de procedimientos no se controvierte el dominio, ni se consideran las pruebas que al respecto se exhiban.
2. La sentencia T-201 de 2010
La Sala Octava de Revisión, mediante providencia de veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010), decidió negar el amparo del derecho fundamental al debido proceso del peticionario.
Para la fundamentar la decisión mencionada, la Sala realizó un recuento sobre el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos y la procedencia de la acción de tutela frente a providencia judiciales, para hacer especial énfasis en el carácter judicial del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, a pesar de ser llevado a cabo por una autoridad administrativa.
La mencionada Sala de Revisión se centró en el derecho fundamental al debido proceso en la actuación de lanzamiento por ocupación de hecho, señalando las características propias del mismo y las etapas que lo conforman. Al respecto señalo:
“Es función de las autoridades de policía, propender por la preservación y restablecimiento de la posesión frente a actos perturbatorios que la alteren y con el fin de brindar protección al poseedor o tenedor de un bien.
Vemos pues que la finalidad del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, tramitado ante autoridades policivas, busca brindar garantías a la posesión y tenencia del bien[1], así como mantener el orden público, característica esta inherente a todos los procesos policivos.
Tratándose de bienes urbanos, la normatividad que rige este procedimiento es el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, así como los artículos 125[2], 126[3], 127[4] y 129[5] del Código Nacional de Policía.
La competencia está radicada en el Jefe de Policía, condición que detentan los alcaldes municipales, aunque en algunos casos esta competencia ha sido asignada a los Inspectores de Policía en virtud de normas locales[6], o puede ser delegada en estos funcionarios de conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998.
Así mismo, son aplicables las normas del Código de Policía de Bogotá D.C, -Acuerdo 79 de 2003- ya que en esta ciudad se encuentra ubicado el inmueble objeto de la querella. En el citado acuerdo se establecen, entre otras, las disipaciones relativas a la competencia del Consejo de Justicia de Bogotá, al señalarlo como el máximo órgano de administración de justicia policiva en el Distrito Capital[7]otórgale competencia para actuar como segunda instancia en los procesos de policía[8]
-La actuación se inicia mediante querella presentada personalmente por quien la suscribe, ante la Alcaldía Local correspondiente.[9]
- En el auto que avoca conocimiento se fijará fecha y hora para la práctica de la inspección ocular. Éste auto se notifica personalmente a la parte querellada y de no ser posible, se hace mediante aviso que debe ser fijado en la puerta de acceso del lugar donde habite o en el lugar de los hechos, con antelación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora de la diligencia[10].
- Llegados el día y hora señalados para la práctica de la diligencia de inspección ocular, el funcionario de policía se trasladará al lugar de los hechos en asocio de los peritos cuando ello sea necesario y los hechos no sean notorios y evidentes; allí oirá a las partes y recepcionará y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos.[11]
-las partes pueden intervenir en la audiencia o diligencia, sin que estas intervenciones superen los 15 minutos.
En relación con la prueba pericial el Código de Policía del Distrito, indica que éste se rendirá dentro de la diligencia de inspección ocular. l y - Practicadas las pruebas pedidas por las partes y las que se decreten oficiosamente, el funcionario de conocimiento proferirá la sentencia, dentro de la misma diligencia de inspección ocular.[12]
Finalmente, se indica que “Contra la providencia que profiera el funcionario de policía proceden los recursos de reposición, apelación y queja”[13].
Finalmente, esta Corporación ha afirmado que la práctica de este tipo procesos, supone celeridad e inmediatez, pues precisamente, la idea es evitar que la perturbación se prolongue. Al respecto, en sentencia T-878 de 1999 se dijo:
Las medidas que se profieren tienen carácter provisional, es decir que subsisten mientras el juez competente se pronuncia sobre el fondo de la controversia y se encaminan únicamente al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de los actos de perturbación, es decir al mantenimiento del “statu quo”.”
Las anteriores consideraciones fueron aplicadas al caso concreto, en que se resolvió confirmar los fallos de instancia, los cuales denegaban la protección invocada. Para ello se estudiaron cada uno de los defectos alegados por la parte actora. Al respecto se señaló:
“1.-En primer lugar, señala la sociedad accionante que se incurrió en un defecto procedimental, al no corrérsele traslado para alegar en forma previa al fallo de primera instancia, impidiendo con ello la controversia de las pruebas en el desarrollo del proceso.
Encuentra la Sala, frente al aludido defecto que, como bien lo señalan las entidades demandadas, el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho se caracteriza por ser breve y sumario, ya que en últimas lo que se pretende proteger es el orden público. De allí que no sea correcto igualar el trámite de éste al de los procesos civiles, pues, si bien los vacíos normativos dentro de la regulación políciva se deban llenar con el código de Procedimiento Civil, la interpretación de éstas normas en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, debe realizarse de manera integral y atendiendo a la finalidad de éste proceso, de manera tal que su aplicación no desnaturalice el carácter sumario que le asiste.
2.-En segundo lugar, indica la parte actora que, existió indebida interpretación y aplicación del artículo 126 del Código Nacional de Policía que expresa:
Al decir del representante de Induagrícola LTDA, la decisión tomada por la Inspección 11 A de policía de Suba, en la que indicó que por expresa manifestación del artículo señalado ni la escritura pública ni el certificado de libertad serían tenidos en cuenta por ser pruebas de propiedad y no posesión, es errada, ya que la norma transcrita no señala que los citados documentos no puedan acreditar posesión. Adicionalmente, manifestó que, ésta interpretación de la Inspección de policía va en contravía del artículo 979 del Código Civil que dice:
Podrán con todo, exhibirse títulos de dominio para comprobar la posesión, pero sólo aquellos cuya existencia pueda probarse sumariamente; ni valdrá objetar contra ellos otros vicios o defectos que los que puedan probarse de la misma manera”
En el proceso objeto de estudio, la norma del Código Nacional de Policía es clara al indicar en primer lugar que “la policía solo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”[14]. Así mismo señala con claridad en el artículo 126 que “en los procesos de policía no se controvertirá en derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.
Son las anteriores las normas especiales que se deben tener en cuenta en el desarrollo del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, por lo que no encuentra la Sala desacertada la interpretación que dio la Inspección 11 A de policía de Suba, al no tener en cuenta las pruebas que acreditan el domino cuando estas no sean conducentes para probar posesión o tenencia, pues como se ha señalado en esta sentencia, no éste el objeto del debate, pues lo que se debe acreditar en él es la posesión o tenencia sobre el inmueble, es decir, el corpus y el animus, en el caso de la posesión, o sólo el corpus en el caso de la tenencia. De allí que no es errado considerar improcedente como medio probatorio la escritura pública.
3.-En tercer lugar, señala el representante de la sociedad demandante que, se presentó defecto fáctico por las siguientes razones:
4.-En cuarto lugar, señala la parte actora en el escrito de tutela que, existió indebida valoración de la prueba de la oposición, ya que a su decir, no se apreciaron las pruebas en conjunto ni se expuso razonadamente el merito que se asignó a cada prueba de la oposición, lo que influyó en el sentido del fallo de abstenerse a decretar el lanzamiento. Así mismo indica que no existió prueba que justifique legalmente la ocupación.
Finalmente, manifiesta el representante de la sociedad de comercialización Induagícola LTDA que, no se tuvo en cuenta el peritazgo rendido y no objetado en el que se determinó que sólo había en el terreno: pasto, árboles y tres cambuches provisionales, limitándose a trascribir un aparte del dictamen.
En relación con los últimos defectos mencionados (no valoración del dictamen pericial e indebida valoración de la prueba de la oposición) la Sala reitera, que en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho las autoridades administrativas cumplen funciones judiciales, y por ende tiene las mismas facultades que le asisten a un juez de la República al momento de valorar las pruebas, de allí que, su autonomía y discrecionalidad en la valoración de las mismas debe ser respetada. Así mismo, insiste la Sala en que la acción de tutela no es la oportunidad para reabrir el debate probatorio objeto de las instancias”.[15]
3. La solicitud de nulidad de la sentencia T- 201 de 2010
Con fecha cuatro (4) de junio de dos mil diez (2010), se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la sentencia T-201 de 2010, presentada por Juan Ricardo Mejía Otero.
Para fundamentar su solicitud de nulidad argumenta, indica el ciudadano Mejía Otero que en la decisión adoptada por la Sala Octava de Revisión en sentencia T-201 de 2010 “se ignoró la existencia de un documento radicado por mi ante la misma Corte, en el que se aporta información crucial y decisiva de los argumentos elevados por la Sala.”[16]
“Ello, pues varios de dichos planteamientos aportan valoraciones cuya consideración es necesaria para abordar los mismos problemas jurídicos planteados por la misma Corte Constitucional”.
Por lo anterior, considera que la Sala de Revisión violó el derecho al debido proceso del accionante, al ignorar por completo elementos de juicio aportados por el, que son esenciales para resolver el asunto sujeto a discusión.
Finalmente, señala el ciudadano Mejía Otero que la Sala Plena de esta Corporación ha declarado procedente la solicitud de nulidad cuando “de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tiene efectos trascendentales para el sentido de la decisión”.
El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 prevé que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno” y que las nulidades de los procesos ante la Corte sólo podrán alegarse antes de proferido el fallo, “únicamente por violación al debido proceso”. No obstante, cuando la irregularidad alegada nace de la misma sentencia, esta Corporación ha admitido la posibilidad de solicitar la nulidad de una sentencia con posterioridad a su emisión[17].
En materia de los fallos de revisión de tutela la jurisprudencia constitucional ha considerado, de tiempo atrás, la posibilidad de declarar la nulidad de las decisiones proferidas por las salas de revisión, en ciertos eventos realmente excepcionales, en los cuales se constate una grave afectación al debido proceso bien sea de oficio[18] o a solicitud de parte interesada.
No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe "un recurso contra esta clase de providencias", ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas[19], en esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido por una sala de revisión debe dar cumplimiento de una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada.
Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que "se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”[20] (subrayado fuera de texto)”[21]
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de tutelas, los siguientes[22]:
(i) Que el incidente de nulidad se proponga de manera oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la sentencia[23]. Si la nulidad tiene origen en un vicio anterior al fallo “sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo” (Art. 49 Decreto 2067 de 1991); de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla[24]. De la misma forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada[25].
(iii) Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida[26]. Lo expuesto, significa que no es suficiente el expresar razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante con la decisión adoptada.
Como quedó anotado en párrafos precedentes, de tiempo atrás, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de declarar la nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión, en ciertos casos realmente excepcionales que implican una grave afectación del derecho constitucional fundamental al debido proceso, previo el cumplimiento de una exigente argumentación por parte de quien alega la existencia de una nulidad, debiendo entonces explicar clara y detalladamente la norma supralegal vulnerada y su repercusión en la decisión adoptada[27].
En este orden, adicionalmente a los requisitos formales de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”[28]. Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características[29], así:
(vi) Igualmente, la jurisprudencia también ha contemplado la configuración de una causal de nulidad de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión.[30]
En este orden, las causales de procedencia de la solicitud de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta Corte, deben ser entendidas como un trámite de creación jurisprudencial, basado en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional[31]. Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el derecho fundamental tantas veces aludido[32].
Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”[33].
Una vez expuesto lo anterior se estudiará el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la solicitud de nulidad, y en especial si en la sentencia T-201 de 2010 se dejaron de analizar asuntos de relevancia institucional con efectos trascendentales para la decisión.
En este caso, se cumple con tal exigencia pues la notificación de la sentencia por parte del juez de primera instancia se efectuó el diez (10) de junio de 2010[34] y la nulidad fue interpuesta el día cuatro (4) de junio del mismo año[35].
(ii) Además, el incidente de nulidad debe ser propuesto por una persona que cuente con legitimación activa por haber sido parte en el trámite del amparo constitucional o por ser un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión. En el presente caso, tal requisito se cumple pues la nulidad es solicitada por el representante de la parte actora.
La solicitud de nulidad presentada por el representante de la sociedad INDUAGRICOLA S.A. no cumple con la carga argumentativa exigida por ésta Corporación, para que exista modificación del fallo de tutela T-201 de 2010, ya que en ella el representante se limita a señalar en primer lugar las características de la solicitud de nulidad, posteriormente realiza un resumen de los hechos que sirvieron de fundamento a la acción de tutela, luego, se presenta una síntesis de la intervención allegada el 9 de febrero por la accionante a ésta Corporación, y finalmente, se indica que procede la nulidad en el presente caso al existir desconocimiento de la mencionada intervención, ya que en su parecer ésta contenía argumentos de relevancia constitucional con efectos trascendentales para el sentido de la decisión, pero sin señalar la afectación ostensible, probada y significativa de la omisión alegada.
En esta oportunidad se hará énfasis en el último de los planteamientos realizados por el representante de la sociedad INDUAGRICOLA LTDA, señor Juan Ricardo Mejía Otero, quien señala que de manera arbitraria se dejaron de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos trascendentales para el sentido de la decisión contenidos en el escrito allegado a esta Corporación el 9 de febrero de 2010, lo que configuraría una causal de nulidad.
A fin de demostrar que la información contenida en el escrito allegado a esta Corporación el 9 de febrero del año en curso si fue estudiada por la Sala Octava en la sentencia T-201 de 2010, y que la misma no tiene la contundencia para afectar la decisión tomada en aquella ocasión, se señalarán los principales temas esbozados en tal intervención y el respectivo pronunciamiento de la Sala sobre los mismos.
Los principales argumentos son sintetizados de la siguiente forma:
En el escrito mencionado, se aportan argumentos suplementarios a los expuestos en la acción de tutela, relacionados con (i) elementos de juicio jurídicos, tanto sustanciales acerca de la vulneración de los derechos fundamentales, como procesales respecto de la procedibilidad de esta acción de tutela; y (ii) con descripciones fácticas que evidencian la posición de la parte actora como perjudicada, de la que consideran, una arbitrariedad extendida y evidente.
En desarrollo de las anteriores se realizó en primer lugar, un resumen de los hechos sucedidos hasta ese momento y que dieron origen a la presentación de la tutela.[36] En este punto vale la pena resaltar que no se advierte nada diferente a lo allegado en el escrito de tutela, los fallos de instancia y las demás actuaciones contenidas en el expediente, los cuales se estudiaron al momento de proferir el fallo que ahora se cuestiona.[37]
En segundo lugar, se enunciaron aspectos relacionados con la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, señalándose las razones por las cuales considera la parte actora que los medios ordinarios en la jurisdicción civil no resultan idóneos ni eficaces para resolver el problema sobre el lote el Otoño 2b, para ello se indican los perjuicios ambiéntales y económicos que sufre la sociedad accionante con la ocupación del predio. Al respecto señaló el señor Mejía Otero:
“La sociedad ha de contar con una respuesta más o menos expedita de las autoridades policiales y administrativas, dirigida a proteger el contenido de su derecho de posesión sobre el bien, que a su vez se deriva de su derecho de dominio. Estas son justamente las razones por las cuales el trámite policial es un mecanismo diferente a la acción reivindicatoria, al tener un objeto distinto –en la querella de lanzamiento no se discuten derechos sino los hechos posesorios y se verifica la ocupación de hecho. En este sentido, la jurisdicción civil ordinaria no puede ser considerada como una instancia para recurrir las decisiones arbitrarias de las autoridades policiales”.[38]
…”.también es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se está constituyendo en este mismo momento y acabaría consolidándose si la resolución de este caso da espera al transcurso de la acción reivindicatoria. Los daños causados sobrepasan el ámbito puramente económico y se configuran por medio de dos vías independientes respecto de las actuaciones que se encuentran realizando los ocupantes de hecho.” [39]
Sobre este punto en particular también se pronunció la Sala Octava de Revisión al estudiar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y la verificación de cada uno de los requisitos establecidos al momento de resolver el caso concreto. En esa oportunidad la Sala Octava de Revisión señaló lo siguiente:
“la Sala estima que la cuestión puesta a consideración en esta oportunidad, es de relevancia constitucional, pues le corresponde determinar si las circunstancias puesta en conocimiento por la parte actora, desconocen el debido proceso, al incurrirse posiblemente en errores fácticos y sustanciales.
Así mismo, el amparo constitucional solicitado por la sociedad Induagrícola S.A, fue impetrado oportunamente, pues la providencia emitida por el Consejo de Justicia de Bogotá data del 29 de Abril de 2009, y la acción de tutela es interpuesta en el mes de Agosto del mismo año, cumpliéndose en consecuencia el requisito de inmediatez previsto en el artículo 86 Superior.
Cumplidas las condiciones desde el punto de vista formal, la Sala a continuación realizará el estudio de fondo del asunto sub examine.”[40]
En tercer lugar, en la intervención se expusieron elementos de juicio fácticos como los siguientes:
“Desde que fue invadido el terreno a finales del año 2006 resultó claro que la fuimos victimas de una estrategia criminal estructurada y de amplio alcance. Como describo con detalle en el documento, el hecho de que los invasores estuvieren armados, sus amenazas en contra de nuestros funcionarios, sus solicitudes de “rescate” por el lote, y sus afirmaciones de que tiene lazos corruptos con la inspección de policía y los estrados judiciales, nos llevaron a concluir que nos encontrábamos frente a una organización criminal cuyo modo de operación se fundamenta en la toma forzosa de tierra, probablemente con complicidad de algunos miembros de la policía y hasta de la administración de justicia.”. Frente a estos hechos encuentra la Sala que ninguno de estos argumentos tiene la potencialidad de alterar el fallo de revisión, pues no son asuntos de relevancia constitucional, ni constituyen hechos nuevos de trascendencia tal que impliquen una posición diferente a la planteada en la sentencia T-201 de 2010.
En la intervención, se reitera lo expresado en el escrito de tutela referente a la existencia de defectos sustantivos por la interpretación diferente a lo que dice el texto legal, ya que se añadieron requisitos adicionales a los existentes, principalmente lo relacionado con los requisitos para que proceda el desalojo. Al respecto se señaló:
“Las providencias aludidas interpretan la ley de manera abiertamente diferente a lo que dice el texto legal. Me refiero acá a los elementos necesarios y suficientes que establece la ley para proceder con el lanzamiento, pero que las instancias del trámite policial interpretaron de forma tan extensa que añadieron requisitos legalmente inexistentes
…..Las decisiones policiales desestiman la validez de los documentos portados (escritura pública y certificado de libertad y tradición) consideran que estas pruebas son de dominio y no de posesión que no pueden siquiera ser consideradas en un proceso de lanzamiento. Se fundamentan en los artículos 126 del Código Nacional de Policía, según el cual “en los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se consideraran las pruebas que se exhiban para acreditarla”.
…la inspección de policía y el Consejo de Justicia de Bogotá aplican unas exigencias de especificidad de las pruebas de posesión que no se derivan de la ley. Ello se refiere a la exigencia de pobrar actos de posesión en el espacio particular de la invasión, sin importar que ello si se hizo respecto del lote como un todo”.[41]
Con relación a este punto en la sentencia T-021 de 2010 se indicó:
“reitera la Sala que, una situación es la propiedad y otra es la posesión, en ocasiones se puede tener la propiedad y no necesariamente se es poseedor de un inmueble.
En el proceso objeto de estudio, la norma del Código Nacional de Policía es clara al indicar en primer lugar que “la policía solo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”[42]. Así mismo señala con claridad en el artículo 126 que “en los procesos de policía no se controvertirá en derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.
Son las anteriores las normas especiales que se deben tener en cuenta en el desarrollo del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, por lo que no encuentra la Sala desacertada la interpretación que dio la Inspección 11 A de policía de Suba, al no tener en cuenta las pruebas que acreditan el domino cuando estas no sean conducentes para probar posesión o tenencia, pues como se ha señalado en esta sentencia, no éste el objeto del debate, pues lo que se debe acreditar en él es la posesión o tenencia sobre el inmueble, es decir, el corpus y el animus, en el caso de la posesión, o sólo el corpus en el caso de la tenencia. De allí que no es errado considerar improcedente como medio probatorio la escritura pública.”[43]
Finalmente, se refiere el señor Mejía Otero a los defectos fácticos, pues considera que el juez no valoró correctamente la información probatoria allegada al proceso policivo. Es clara la sentencia T-201 de 2010 al tratar este punto, sobre todo lo relativo a la prueba sumaria y la valoración de los demás medios de prueba.. Indicó la sentencia objeto de revisión:
“Encuentra la Sala, en relación con este punto que, la prueba sumaria por naturaleza, es una prueba incompleta, la cual no ha sido sujeta a contradicción, pero que por expresa disposición de la legislación regulatoria del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, se debe anexar junto con la querella para que ésta pueda ser admitida, y adicionalmente se requiere de ella para ordenar la diligencia de lanzamiento, en aras de proteger la posesión o tenencia de un bien.
Por lo anterior, considera la Sala que, no se incurrió en defecto fáctico en la valoración de la prueba sumaria, pues fue uno el valor probatorio de los testimonios extrajuicio arrimados al proceso con la querella y otro la entidad de los mismos una vez desarrollada la audiencia, y valorados en conjunto con los demás medios de prueba, lo que hace evidente que la Inspección 11 A se abstuviera de decretar la orden de lanzamiento a pesar de haber decretado la diligencia.”[44]
Vemos pues, como la Sala Octava de revisión en sentencia T-201 de 2010, a pesar de no mencionar expresamente la intervención allegada a esta Corporación el día 9 de febrero del año en curso, estudió y se pronunció sobre todos los puntos esbozados en ella.
Adicional a lo anterior, vale la pena señalar que en la mencionada intervención no se esgrimieron asuntos de gran relevancia constitucional que pudieran generar efectos trascendentales diferentes a los prescritos en la sentencia T-201 de 2010.
En merito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional
Primero: DENEGAR la nulidad de la sentencia T-201 de 2010 proferida por la Sala Octava de Revisión.
[1] Artículo 125 Código Nacional de Policía.
[2] El artículo 125 dispone: “La policía sólo puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”.
[3] El artículo 126 establece: “En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.
[4] El artículo 127 dispone: “Artículo 127. Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.
[5] El artículo 129 determina: “La protección que la policía preste al poseedor, se dará también al mero tenedor.”
[6] Artículo 132 del Código de Policía de Bogotá D.C.
[7] Artículo 189 del Código Distrital de Policía
[8] Artículo 191 Código Distrital de Policía.
[9] Artículo 209, ibidem
[10] Artículo 211
[11] Artículo 212 ibidem
[12] Artículo 215 Código Distrital de Policía
[13] Artículo 216 ibidem
[14] Artículo 125 Código Nacional de Policía
[15] Sentencia T-201 de 2010
[16] Folio 1, cuaderno 1
[17] Auto 164 de 2005.
[18] Mediante Auto A-050 de 2000, la Corte declaró la nulidad de la Sentencia T-157 de ese mismo año, donde por un error involuntario, ante el cambio de ponencia, profirió una sentencia cuya parte motiva difería completamente de su parte resolutiva.
[19] Auto 063 de 2004.
[20] Autos del 22 de junio de 1995 y del 18 de mayo de 2004.
[21] Corte Constitucional, auto de 30 de abril de 2002 y Auto 031A de 2002.
[22] Autos 217 de 2006 y 330 de 2006.
[23] Sobre el plazo para interponer la solicitud de nulidad de una decisión proferida por la Corte Constitucional se afirma en el Auto 163A de 2003:
[24] Corte Constitucional, Auto del 13 de febrero de 2002. En el mismo sentido, Auto del 20 de febrero de 2002.
[25] Como lo recordó la Corte en el Auto 217 de 2006, esta afirmación se justificó, "(...) no sólo por la carencia de legitimidad para pedirla, sino, además, por las siguientes razones: (i) en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra las providencias de tutela. Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma." (Auto de 30 de abril de 2002 y Auto 031A de 2002).
[26] Cfr. Autos A-62/03; A-146, A-103, A-029A y A-03A de 2002; A-256/01. Ver también los autos A-232/01, 053/01,082/00,050/00,074/99,013/99,026"/98, 022/98, 053/97, 033/95 Y 008/93.
[27] Auto 217/06.
[28] Cfr. Auto A-031/02.
[29] Auto A-031/02, Auto A-162/03 y Auto A-063/04.
[30] Cfr. Corte Constitucional, Auto 031 A/02. Fundamentos jurídicos 13 a 20. Auto 099 de 2008
[31] Auto A-217/ 06.
[32] Auto A-060/06.
[33] Pueden consultarse al respecto, entre otros, los Autos A-131/04 y A-052/06.
[34] Folio 23, cuaderno principal.
[35] Folio 1, cuaderno principal.
[36] Folio 30 y 31, Cuaderno de Nulidad.
[37] Folio 13, 14 y 15 Cuaderno de Nulidad
[38] Folio 33 Cuaderno de Nulidad
[39] Folio 33 Cuaderno Nulidad
[40] Folio 15 y 16 Cuaderno de Nulidad.
[41] Folio 38 y S.S. Cuaderno de nulidad
[42] Artículo 125 Código Nacional de Policía
[43]Caso Concreto Sentencia T-201 de 2010
[44] Sentencia T-021 de 2010 Caso Concreto.