Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63744
Timestamp: 2018-02-21 23:08:57
Document Index: 4761997

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 306', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 306', 'artículo 243', 'artículo 306', 'artículo 307', 'artículo 306', 'artículo 307', 'artículo 33843', 'artículo 25244', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 252', 'artículo 53', 'artículo 11', 'artículo 93', 'artículo 338', 'artículo 3', 'artículo 307', 'artículo 306', 'artículo 53', 'artículo 333', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 306', 'artículo 306', 'Artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 243', 'artículo 306', 'Artículo 338', 'Artículo 252', 'artículo 338', 'Artículo 338', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 4', 'Artículo 13', 'artículo 333', 'artículo 54', 'artículo 53']

Sentencia C-871 de 2014 Corte Constitucional
SENTENCIA C-871 DE 2014
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMÉSTICO-Exclusión del pago de prima de servicios genera un déficit de protección/PRIMA DE SERVICIOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DOMESTICAS-Exhorto al Congreso y al Gobierno para avanzar hacia la universalidad de dicho derecho prestacional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD-Requisitos en la carga argumentativa
OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-Elementos que la configuran
Si el cargo es por ‘omisión legislativa relativa’, es decir, contra lo que calla el legislador estando obligado a no hacerlo, deberá establecer los elementos que la configuran y que, según la jurisprudencia constitucional, se concretan en "(i) la existencia de una norma respecto de la cual se predique el cargo, en particular, esta Corporación ha precisado que el cargo debe referirse a un contenido normativo existente; (ii) la exclusión de las consecuencias jurídicas de la norma acusada de casos asimilables a los previstos en ella, o la no inclusión de un ingrediente o condición indispensable para la armonización de su enunciado normativo con los mandatos de la Carta; (iii) la ausencia de una razón suficiente para tal exclusión; (iv) la creación de una situación de desigualdad negativa respecto de los grupos excluidos de la regulación o la violación alguno de sus derechos fundamentales; y (v) la existencia de un mandato constitucional específico que obligue al Legislador a contemplar los casos o ingredientes excluidos; la Corte ha precisado que sin deber no puede haber omisión"
PRIMA DE SERVICIOS EN CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Jurisprudencia constitucional
PRIMA DE SERVICIOS EN CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Inexistencia de cosa juzgada constitucional
TRABAJO DOMÉSTICO-Definición
TRABAJO DOMÉSTICO-Alcance/TRABAJO DOMÉSTICO-Personas incorporadas al servicio doméstico deben gozar de mismos derechos que los demás trabajadores
TRABAJO DOMÉSTICO-Deber del Estado de desplegar esfuerzos adicionales en dirección de superar desigualdades y garantizar existencia de condiciones de trabajo decente para las mujeres
ELIMINACIÓN DE DESIGUALDADES POR RAZÓN DE SEXO-Jurisprudencia constitucional
TRABAJO DOMÉSTICO-Infravaloración histórica
TRABAJO DOMÉSTICO-Situación de vulnerabilidad
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y DESPROTECCIÓN DE DERECHOS DE EMPLEADAS DE SERVICIO DOMÉSTICO-Jurisprudencia constitucional
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS-Jurisprudencia constitucional
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS-Forma parte del bloque de constitucionalidad
CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS-Contenido
TRABAJO DOMÉSTICO-Obligación estatal de asegurar a las personas vinculadas, condiciones decentes de trabajo y, especialmente, la plena vigencia del principio de igualdad
APLICACIÓN IGUALITARIA DE NORMAS DE TRABAJO AL EMPLEO DOMÉSTICO, Y SITUACIÓN ESPECIAL DE PRIMA DE SERVICIOS-Jurisprudencia constitucional
DISTINCIÓN ENTRE TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMÉSTICO Y OTROS TRABAJADORES PARA PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS-Resulta irrazonable y, por tanto, violatoria del principio de igualdad
ARTÍCULO 306. PRINCIPIO GENERAL. 1. Toda empresa (de carácter permanente)1 está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios2, como prestación especial, una prima de servicios, así:
a) Las de capital de doscientos mil pesos ($200.000) o superior, un mes de salario pagadero por semestres del calendario, en la siguiente forma: una quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte días de diciembre, a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado, siempre que hubieren servido por lo menos la mitad del semestre respectivo3 y no hubieren sido despedidos por justa causa4.
b). Las de capital menor de doscientos mil pesos ($200.000), quince (15) días de salario, pagadero en la siguiente forma: una semana el último día de junio y otra semana en los primeros veinte (20) días de diciembre, pagadero por semestres del calendario, a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre; o proporcionalmente al tiempo trabajado. Siempre que hubieren servido por lo menos la mitad del semestre respectivo5 y no hubieren sido despedidos por justa causa6.
Los demandantes exponen que el artículo demandado desconoce el artículo 13 de la Constitución Política, según el cual "los derechos fundamentales de las personas prevalecen en igualdad de condiciones". Sostienen que el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación están además consagradas en casi la totalidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Carta Política de 19917, y afirman que la disposición demandada "instaura una desigualdad injustificada y desproporcionada de armas jurídicas entre el Estado y los trabajadores del servicio doméstico, cuyos derechos han sido en algunos casos reconocidos mediante sentencia por las altas corporaciones de la justicia".
Posteriormente, mencionan las normas del ordenamiento jurídico que se refieren a los derechos de los trabajadores del servicio doméstico y sus condiciones laborales, y especialmente al Convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (o Convenio 189 de 2011 de la OIT)8. De igual manera, recuerdan los resultados entregados por el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el estudio que realizaron con el propósito de evidenciar la situación de los niños y niñas que trabajan en Colombia como empleados del servicio doméstico, en hogares diferentes al propio, y del cual se extrae que: i) un grupo significativo de personas se emplean en dicho servicio trabajando como internas, ii) este un oficio principalmente femenino, lo que evidencia la existencia de una problemática de género, iii) las jornadas de trabajo son prolongadas, especialmente cuando las personas laboran como internas, alcanzando hasta 60 horas a la semana, iv) estas actividades los excluyen de la escolaridad, v) en las zonas urbanas se presenta una elevada proporción de personas menores de 18 años vinculadas al trabajo doméstico, y vi) la mayoría de niñas que ocupan estos oficios provienen de familias campesinas, comunidades étnicas y regiones empobrecidas que no pueden garantizar su subsistencia.
Luego, hacen alusión a la definición, naturaleza y modalidades del trabajo doméstico9, para proponer que estas se desenvuelven en condiciones desiguales e inequitativas, si se comparan con el resto de ocupaciones: "[a]un cuando pudiéramos considerar que todas las relaciones de trabajo que se dan […] pueden guardar ámbitos de generalidad o similitud, la realidad es que existen algunas relaciones laborales que no se enmarcan bajo tales pautas de generalidad, y es cuando se habla de trabajadores con regímenes especiales, o bien de aquellas actividades que por sus peculiaridades es necesario regularlas por un estatuto especial. Más que relaciones de trabajo especiales debería hablarse de relaciones de trabajo con régimen jurídico especial. Lo que sucede es que, planteadas las cosas en esta forma, la variedad de esas relaciones alcanza dimensiones realmente inagotables, inequitativas, restrictivas y excluyentes, contrario a los claros principios de equidad y justicia social que deben orientar e interpretar el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo".
Por otro lado, en relación con la prima de servicios y la exclusión de su pago en el servicio doméstico, los accionantes citan la sentencia C-051 de 199510, y a partir de referencias puntuales a esa decisión, consideran que surge la pregunta de si deben los integrantes de un hogar, que salen de su domicilio a trabajar, repartir las utilidades producto de su labor a la empleada de servicio doméstico que toma su lugar, concluyendo que "la respuesta […] es que no se debe discriminar este derecho en razón del oficio o labor".
Este cargo propone que la norma acusada desconoce el mandato de la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y —una vez más— se plantea una violación al principio de igualdad que, "según reiterada jurisprudencia nacional e internacional, incluye la prohibición de retroceso en el nivel de garantía a los derechos humanos".
2. En concepto de los demandantes, el artículo 306 del CST, en el que se define la prima de servicios, viola los derechos a la igualdad y al trabajo, así como los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales y el bloque de constitucionalidad (artículos 13, 25, 53 y 93 de la Constitución Política, respectivamente), al excluir a las trabajadoras del servicio doméstico de su reconocimiento y pago11.
3. El Ministerio Público y el Procurador General de la Nación reclaman un fallo inhibitorio de la Corte, bien por ineptitud de la demanda para provocar un pronunciamiento de fondo, bien por la existencia de cosa juzgada constitucional derivada de las sentencias C-051 de 199512 y C-100 de 200513, o, en su defecto, declarar la exequibilidad del artículo demandado, porque existen razones legítimas para la diferenciación entre la situación laboral de los empleados de empresas y los que prestan sus servicios en hogares de familia, en lo que hace a la prima de servicios.
7. En ese orden de ideas, las razones de una demanda de inconstitucionalidad deben ser "(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada".14 (Negrillas del original).
8. Además, cuando se trata de cargos por presunta violación al principio de igualdad, el demandante deberá identificar los grupos o situaciones de hecho que, a pesar de ser iguales (o similares) desde un punto de vista jurídicamente relevante, reciben un trato legislativo diferenciado15. En la misma dirección, la Corte ha explicado que el hecho de que el legislador establezca diferenciaciones no significa por sí solo una violación del principio de igualdad, de manera que el requisito de suficiencia en este tipo de cargos también exige al interesado asumir la tarea de explicar por qué se trata de una diferenciación injustificada o arbitraria16.
Finalmente, si el cargo es por ‘omisión legislativa relativa’, es decir, contra lo que calla el legislador estando obligado a no hacerlo17, deberá establecer los elementos que la configuran y que, según la jurisprudencia constitucional, se concretan en "(i) la existencia de una norma respecto de la cual se predique el cargo, en particular, esta Corporación ha precisado que el cargo debe referirse a un contenido normativo existente; (ii) la exclusión de las consecuencias jurídicas de la norma acusada de casos asimilables a los previstos en ella, o la no inclusión de un ingrediente o condición indispensable para la armonización de su enunciado normativo con los mandatos de la Carta; (iii) la ausencia de una razón suficiente para tal exclusión; (iv) la creación de una situación de desigualdad negativa respecto de los grupos excluidos de la regulación o la violación alguno de sus derechos fundamentales; y (v) la existencia de un mandato constitucional específico que obligue al Legislador a contemplar los casos o ingredientes excluidos; la Corte ha precisado que sin deber no puede haber omisión"18.
10. El principio pro actione recuerda entonces que, si bien los actores deben satisfacer condiciones formales y argumentativas mínimas para iniciar un debate constitucional serio y participativo, la acción pública de inconstitucionalidad involucra los derechos fundamentales de participación y acceso a la administración de justicia, de manera que el juez constitucional debe privilegiar la efectiva realización del derecho, prefiriendo los fallos de fondo a las decisiones inhibitorias. En la sentencia C-978 de 201019 la Corporación puntualizó sobre este principio:
"No obstante, también ha resaltado, con base en el principio pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.’"20 (Se destaca).
17. El artículo 243 de la Constitución Política establece que las decisiones que adopta la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada constitucional21, y que ninguna autoridad puede reproducir el contenido material de un acto declarado inexequible por razones de fondo, mientras en la Carta Política se preserven los mandatos que sirvieron como fundamento de ese pronunciamiento.
19. En tal sentido, como lo sostuvo la Corte en la sentencia C-720 de 200722, la existencia de cosa juzgada constitucional genera las siguientes consecuencias normativas:
"En primer lugar la decisión queda en firme, es decir, que no puede ser revocada ni por la Corte ni por ninguna otra autoridad. En segundo lugar, se convierte en una decisión obligatoria para todos los habitantes del territorio. Como lo ha reconocido la jurisprudencia, la figura de la cosa juzgada constitucional promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales23".
21. De acuerdo con ideas de la teoría del derecho aceptadas en la jurisprudencia de esta Corporación, es posible distinguir entre las normas y los textos en que son formuladas. Los últimos se denominan disposiciones o enunciados jurídicos y, en principio, coinciden con los artículos, numerales o incisos en que se encuentran formuladas las reglas o principios constitucionales y legales24, aunque estas formulaciones pueden encontrarse también en fragmentos más pequeños de un texto normativo, como oraciones o palabras individuales, siempre que incidan en el sentido que se puede atribuir razonablemente a cada disposición.
22. Las normas, siguiendo con esta construcción, no son los textos legales sino su significado. Ese significado, a su vez, solo puede hallarse por vía interpretativa y, en consecuencia, a un solo texto legal pueden atribuírsele (potencialmente) diversos contenidos normativos, según la forma en que cada intérprete les atribuye significado25. Las normas de competencia del orden jurídico determinan el órgano autorizado para establecer con autoridad la interpretación jurídica de cada disposición, según criterios de especialidad y jerarquía, en el sistema de administración de justicia.
23. En este plano, la cosa juzgada formal recae sobre disposiciones o enunciados normativos, mientras que la cosa juzgada material se estructura en relación con las normas, o los contenidos normativos de cada disposición. En consecuencia, la cosa juzgada formal se configura cuando se presenta una demanda contra una disposición sobre cuya constitucionalidad la Corte se había pronunciado previamente, mientras que la cosa juzgada material se produce cuando, a pesar de demandarse una disposición distinta, el Tribunal constitucional constata que su contenido normativo coincide con el que ya había analizado. Por ejemplo, cuando un artículo de una ley formula de manera distinta un contenido normativo previamente estudiado por la Corte Constitucional26.
25. Ahora bien, el sentido de la decisión previa determina también la forma en que la Corte debe pronunciarse ante una demanda que propone repetir un examen resuelto ya por un fallo que hizo tránsito a cosa juzgada. Ante la reproducción de un contenido normativo declarado inconstitucional por razones de fondo, debe declararse la inconstitucionalidad de la norma objeto de análisis, mientras que si la decisión previa fue de exequibilidad, la Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa "a menos que se presenten circunstancias excepcionales que enerven los efectos de la cosa juzgada, como ocurre, por ejemplo, (i) cuando se presentan reformas constitucionales que varían los parámetros de comparación; (ii) cuando así lo demanda el carácter dinámico del Texto Superior; (iii) o cuando se presenta la necesidad de realizar una nueva ponderación de valores o principios constitucionales a partir del cambio de contexto en que se inscribe la disposición acusada".27
26. El Ministerio del Trabajo y el Procurador General de la Nación (que son los únicos intervinientes en este trámite) solicitaron a la Corte declararse inhibida para fallar, por la existencia de pronunciamientos previos en los que se habrían analizado cargos análogos a los que proponen los accionantes en esta ocasión. Especialmente, hicieron referencia a las sentencias C-051 de 199528 y C-100 de 200529 en las que se habría sentenciado que la exclusión de las personas que trabajan en el servicio doméstico del pago de la prima de servicios no se opone a la Constitución Política.
27. La Sala observa que, en efecto, existen diversos pronunciamientos relevantes de la Corte Constitucional sobre el artículo 306 del CST o, de forma más amplia, sobre la regulación de la prima de servicios en el ámbito de las relaciones laborales privadas. Además de las ya citadas C-051 de 199530 y C-100 de 200531, este Tribunal ha declarado la inexequibilidad de diversos segmentos normativos del mismo artículo en los fallos C-034 de 200332, C-042 de 200333 y C-825 de 200634, y del artículo 307 del CST, en el que se establece que la prima de servicios no es un factor salarial, en la sentencia C-710 de 199635.
29. En este orden de ideas, comienza la Sala por señalar que es claro que las sentencias C-034 de 200336, C-042 de 200337 y C-825 de 200638 no resolvieron ni los mismos cargos, ni el mismo problema jurídico que plantea la demanda. En esas decisiones se declararon inexequibles (i) los apartes del artículo 306 en los que se excluía a los trabajadores ocasionales del pago de la prima de servicios; (ii) los segmentos del mismo enunciado a partir de los cuales se privaba a los trabajadores despedidos sin justa causa del beneficio, y (iii) las expresiones que permitían un trato diferenciado entre trabajadores ocasionales o transitorios, y los que no tienen esa condición, en el sentido de que solo los segundos recibieran el pago proporcional de la prima. Ninguna de esas decisiones se pronunció sobre el eventual trato discriminatorio entre empleados del servicio doméstico y otro tipo de empleados, que es el punto que se debate en esta ocasión.
30. Aunque los fundamentos normativos de esas sentencias son relevantes para la solución del caso concreto, al igual que aquellos derivados de la sentencia C-710 de 199639, en la que se declaró la exequibilidad de la exclusión de la prima de servicios como factor salarial prevista en el artículo 307 del CST, lo cierto es que ninguna de ellas proyecta fuerza de cosa juzgada constitucional, pues no abordaron el problema jurídico que se ha propuesto a la Sala, ni se refirieron a la validez constitucional de la exclusión de los empleados de servicio doméstico de esta prestación.
31. Con todo, las sentencias C-051 de 199540 y C-100 de 200541 (citadas como fundamento de la cosa juzgada constitucional para este trámite por el Ministerio del Trabajo y el Procurador General de la Nación) deben ser analizadas con mayor detenimiento, pues en ellas sí se hicieron referencias concretas a la situación de los trabajadores del servicio doméstico, en relación con la prima de servicios.
31.1. Ese obiter dicta fue mencionado posteriormente en la sentencia C-100 de 200542. Sin embargo, en esta decisión la Corte se planteó un problema jurídico muy distinto al que debe asumir la Sala en esta oportunidad, el cual consistía en determinar la validez de determinadas exclusiones al régimen ordinario en materia de prestaciones sociales: "la demanda cuestiona la constitucionalidad del artículo 33843 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto exceptúa a dos categorías de trabajadores, para los efectos de las prestaciones sociales, del régimen laboral ordinario. Tales trabajadores son los que prestan sus servicios a los patronos que ejecutan actividades sin ánimo de lucro, y a las personas sometidas a la legislación canónica según el Concordato".
Posteriormente, la Sala Plena afirmó que resultaba necesario efectuar una integración de la unidad normativa con otros artículos, y analizó la validez del artículo 25244 del CST, en el cual se preveía el pago restringido del auxilio de cesantías para los trabajadores domésticos. Finalmente, hizo referencias aisladas a los artículos 161 (sobre jornada máxima de trabajo) y 306 (prima de servicios) del CST, sin adoptar decisión alguna sobre estos últimos en la parte resolutiva de la providencia.
Así pues, aunque en la jurisprudencia constitucional han sido constantemente reiteradas las reflexiones efectuadas en esa oportunidad sobre el no pago de la prima a las trabajadoras del servicio doméstico, lo cierto es que como esa afirmación no respondió al problema jurídico planteado y no reflejó consecuencia alguna en la parte resolutiva de la sentencia C-051 de 199545, solo puede concluirse que esas consideraciones constituyen un obiter dicta.
31.2 Ese obiter dicta, sin embargo, ha tenido una buena recepción en la jurisprudencia posterior. La sentencia C-100 de 200546. En efecto, además de reiterar las consideraciones consignadas en la sentencia C-051 de 199547, la Corporación declaró exequible la expresión "toda empresa".
32. Sin embargo, la comprensión adecuada de ese fallo requiere contextualizar las consideraciones y decisiones adoptadas por la Corte en el marco del problema jurídico analizado. Y el asunto que se trató en la sentencia C-100 de 200548, es decir, el cuestionamiento constitucional al que respondió la Sala Plena, radicaba en la posible violación al derecho a la igualdad de los empleados de empresas no permanentes, quienes no tendrían el derecho a la prima de servicios, frente a los empleados de empresas permanentes, a quienes sí les sería reconocido.
33. En efecto, el aparte del artículo 306 del CST demandado fue el siguiente: "toda empresa de carácter permanente", y la acción de inconstitucionalidad se basó en que no existía razón suficiente para que las personas que laboran en empresas no permanentes recibieran ese beneficio49. Y resulta entonces oportuno recordar que, en armonía con los planteamientos de la demanda, en la sentencia C-100 de 200550 se describió en estos términos el asunto a tratar:
"Para la actora las expresiones ‘toda empresa de carácter permanente’ contenidas en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente), donde se establece la obligación para toda empresa de carácter permanente de pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial una prima de servicios, vulneran el Preámbulo y los artículos 1, 13, y 53 de la Constitución Política por cuanto i) se excluiría a una serie de trabajadores del reconocimiento de una prestación contrariando los principios superiores sobre el derecho al trabajo por el solo hecho de no trabajar para una empresa de carácter permanente y ii) se establecería así una discriminación contraria a la Constitución por cuanto no existiría ninguna justificación para la diferencia de trato entre trabajadores establecida por el legislador a partir del carácter permanente o no de la empresa".
36. El trabajo doméstico remunerado comprende todas las actividades que una persona adelanta en un hogar de familia, incluyendo el aseo del espacio físico y sus muebles y enseres, la preparación de alimentos, el lavado y planchado del vestido, servicios de jardinería y conducción, y el cuidado de miembros de la familia o de los animales que residen en casas de familia. El trabajo doméstico es, por regla general, contratado por otro particular, quien acude a los servicios de un tercero para tener la posibilidad de salir de casa en busca de la generación de ingresos propios51.
41. El orden jurídico colombiano ha destacado, en ese marco, la necesidad de dar una adecuada valoración y reconocimiento al trabajo doméstico, tanto a nivel legal como a nivel jurisprudencial. La medición del trabajo doméstico no remunerado en el PIB debería contribuir también a superar esa errónea concepción del mismo. Sobre este aspecto, ya en la sentencia T-494 de 199252, la Corte destacó el trabajo doméstico femenino como fuente de discriminación por razón de sexo, al analizar una providencia de la justicia laboral en la que se negaba la existencia de una sociedad de hecho, desconociendo el significado y valor del trabajo doméstico para esa sociedad:
"Como se desprende de lo anterior, el sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria. Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio.|| Al proceder así el Tribunal comulga con quienes estiman que el trabajo doméstico es ‘invisible’ y como tal, carece de todo significado en la economía del mercado.|| Esta Corte no puede menos que manifestar su total desacuerdo con dicha visión por cuanto ella estimula y profundiza la desigualdad y la injusticia en las relaciones sociales, hace inequitativo el desarrollo económico y vulnera derechos fundamentales de la persona humana. || Es por eso precisamente que, entidades oficiales como el DANE, se hallan hoy empeñadas en la tarea de corregir los índices tradicionales de progreso social y contabilizar dentro del PIB el valor producido por el trabajo doméstico y medir las jornadas reales de trabajo de las personas ‘para ayudar a orientar el proceso de desarrollo hacia el bienestar colectivo, cerrando de alguna manera la brecha entre lo económico y lo social’"
42. La infravaloración del trabajo doméstico, influenciada como se ha visto por la forma en que históricamente se perciben las actividades del hogar como ajenas a la generación de valor (dinerario), se produce también por la creencia de que este se materializa en funciones que no requieren una preparación particularmente exigente y en el hecho de que, al ser pagado por los miembros de la familia (tendencialmente por las mujeres, según lo indica la OIT), es fácticamente explicable que sea remunerado, casi por definición, dentro de estándares salariales más bajos al del resto de la población trabajadora53.
44. A los factores que generan condiciones inequitativas y de vulnerabilidad para las trabajadoras domésticas se debe sumar el espacio en el que se desenvuelven estos servicios, es decir, la privacidad de los hogares, lo que conlleva nuevas dificultades para la vigencia plena de sus derechos. En primer término, esta característica del trabajo doméstico propicia la informalidad, dada la dificultad de que los controles estatales superen el umbral de la casa de familia; en segundo lugar, expone a la trabajadora al abuso laboral; y, finalmente, obstruye la creación de una conciencia de grupo o el surgimiento de movimientos organizativos desde las mujeres trabajadoras domésticas.54
46. Las modalidades de prestación del servicio (interno o por días) generan diversos problemas que, en últimas, coinciden en ahondar el déficit de protección de las mujeres que ocupan estos puestos de trabajo. Si este se desarrolla como interna, es decir, pernoctando en el lugar de trabajo, los pagos en especie se tornan difíciles de computar. Si el trabajo se efectúa esporádicamente –por horas o por días–, el vínculo se sume en condiciones de informalidad, que impiden la plena vigencia de las garantías laborales55.
47. Tal vez la sentencia en que se ha explicado con mayor detalle la situación de vulnerabilidad y desprotección de derechos en que se encuentran las empleadas del servicio doméstico es la C-310 de 200756, en la que se estudió la constitucionalidad del numeral 2º del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual "para la liquidación del auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico sólo se computará el salario que reciban en dinero". Con base en fuentes doctrinales y de los órganos encargados de acopiar las estadísticas económicas en el país, la Corporación presentó un conjunto de consideraciones que vale reiterar en su integridad, a pesar de su extensión:
"Tradicionalmente al servicio doméstico se le ha restado importancia jurídica, económica y social, al estar destinado a reemplazar o complementar la labor del ama de casa que, como tal, es considerada económicamente inactiva. Se trata, como lo han hecho ver estudios especializados, de una actividad ‘invisible’ para el resto de la sociedad. || Contribuyen a esta percepción los análisis estadísticos que asimilan el grupo familiar a mera unidad de consumo, ignorando que las labores desarrolladas en su seno también contribuyen a la producción y a la reproducción social. Además, gravita la creencia equivocada según la cual quienes desempeñan labores domésticas por cuenta ajena no son trabajadores, pues sólo lo son quienes poseen un empleo convencional que les demanda dedicación de tiempo, por el cual perciben un ingreso. || Las pautas culturales también aportan a esta visión, pues como antiguamente el trabajo doméstico correspondía a criados o siervos, aún se sigue pensando que esas personas pueden ser explotadas, máxime cuando ejercen una labor que supuestamente no exige instrucción para desempeñarla.
48. Recientemente, Colombia ratificó y aprobó el Convenio 189 de la OIT (Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos), en cuyo preámbulo se destaca el valor económico y social del trabajo doméstico, y cuyas normas prevén obligaciones concretas que constituyen principalmente un énfasis en los compromisos ya adquiridos por el Estado desde los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política. En la sentencia C-616 de 201357, la Corte Constitucional se pronunció sobre la conformidad del tratado y su ley aprobatoria con la Constitución Política, indicando que, además de haber sido incorporado al derecho interno por la Ley 1595 de 2012, el Convenio 189 de 2011 hace parte del bloque de constitucionalidad, por tratarse de un instrumento de derechos humanos. Algunas consideraciones de su preámbulo se dirigen también a destacar la infra valoración del trabajo doméstico, cuando no la auténtica invisibilización de su valor. La motivación de la OIT para la aprobación de este Convenio se sintetiza en los siguientes párrafos del preámbulo:
49. Al estudiar la constitucionalidad del Convenio 189 de 2011 de la OIT, y su ley aprobatoria (Ley 1595 de 2012), además de reiterar las consideraciones de la sentencia C-310 de 200758, ya citada, la Sala Plena señaló:
"3.1.7. De acuerdo con lo planteado, la Corte encuentra que en relación con la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos, la jurisprudencia constitucional ha fijado reglas definidas sobre el particular, las cuales versan en sus aspectos esenciales acerca de (i) la existencia de un mandato constitucional de equiparación, en lo que respecta al goce y ejercicio de los principios mínimos del trabajo, de que trata el artículo 53 C.P. entre los trabajadores y trabajadoras domésticos y los demás trabajadores. Esto en los diferentes planos de la protección laboral, entre los que se destacan los aspectos salariales y prestacionales, de la seguridad social, las condiciones físicas del empleo compatibles con la dignidad de la persona; la protección de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, etc. (ii) el reconocimiento que la relación laboral de los trabajadores y particularmente los trabajadores domésticos está signada por una particular forma de subordinación jurídica hacia el empleador, merced de la labor efectuada y las condiciones en que se desarrolla, sumado al hecho que el servicio es usualmente prestado por mujeres de escasos recursos e instrucción; en consecuencia (iii) la necesidad de otorgar a las relaciones laborales en comento un marco reforzado de protección de los derechos del trabajador, lo cual incluso permite fijar discriminaciones a su favor, compatibles con la condición de vulnerabilidad en que suelen encontrarse las trabajadoras y trabajadores domésticos"59.
El Convenio 189 de 2011 de la OIT es un tratado de derechos humanos y, más específicamente, un tratado de igualdad. Su propósito, claramente definido desde el Preámbulo, es el de lograr que el trabajo doméstico se desarrolle en condiciones decentes. Y para lograrlo, buena parte de sus artículos constituyen una concreción del principio de igualdad, en especial, sus artículos 3º (aplicación de los principios fundamentales del derecho al trabajo)60 6º (igualdad en las condiciones de empleo, en comparación con otros trabajadores)61, 10º (igualdad en relación con la jornada máxima de trabajo, compensación por horas extras, período de descanso y vacaciones)62, artículo 11 (aplicación de las normas sobre salario mínimo)63 y 14 (igualdad en materia de seguridad social y maternidad)64.
Otras normas del Convenio reflejan el interés por superar un conjunto de situaciones abiertamente discriminatorias, halladas en el marco de las investigaciones e informes previos a la aprobación del Convenio, en el seno de la OIT, y sobre las cuales vale la pena reflexionar. Así, el Convenio presenta, entre sus componentes esenciales, la promoción del ejercicio de los derechos que componen la libertad sindical, el respeto por las normas sobre la edad mínima para el ingreso al trabajo (Convenio 138 de 1978); la obligación de prever medidas para que el trabajo doméstico no afecte la educación de los menores que lo asumen (4º)65; la protección contra acoso, violencia y abuso (5º)66; la información de las condiciones de trabajo y la suscripción de contratos escritos para que el empleado o empleada conozca sus derechos (7º)67, y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable (13)68, entre otros.
50. Así las cosas, tanto el orden interno como el derecho internacional de los derechos humanos (incorporado a su vez al sistema constitucional, en virtud del artículo 93 Superior), han resaltado la obligación estatal de asegurar a las personas vinculadas al servicio doméstico, condiciones decentes de trabajo y, especialmente, la plena vigencia del principio de igualdad. Además, han constatado cómo esta obligación se incumple por diversas razones, que involucran un problema de discriminación contra la mujer y otras minorías, y la existencia de estereotipos culturales sobre el trabajo doméstico difíciles de superar, y que se proyectan en premisas económicas que, actualmente, son objeto de revisión por parte de las autoridades colombianas, precisamente por su incapacidad para dar cuenta del valor del trabajo doméstico69.
52. La primera referencia de la Corte a la prima de servicios se encuentra en la sentencia C-051 de 199570, en la cual debía establecer la constitucionalidad del artículo 338 del CST, en el que se excluía a los "patronos" que ejecutaran actividades sin ánimo de lucro y a las personas sometidas al derecho canónico de la aplicación de las normas del CST, y se confería al Gobierno Nacional la facultad de clasificar a los "patronos" para efectos de determinar la proporción o cuantía de las prestaciones que debían reconocer.
55. La Corte declaró inconstitucional esa diferencia de trato con base en las mismas reflexiones que había presentado sobre la igualdad entre los trabajadores. Afirmó, además, que "si el servicio doméstico es un lujo, quienes lo disfrutan deben pagarlo en forma semejante a como se remunera a todos los trabajadores", y puntualizó que la exclusión de los trabajadores de los citados oficios del auxilio de cesantías se opone a la elevación de su nivel de vida y al principio de solidaridad social. Por último, se refirió a las organizaciones sin ánimo de lucro, y mantuvo la misma línea argumentativa, al indicar que la promoción de sus actividades no justificaba la exclusión de sus trabajadores de la percepción del pago del auxilio de cesantía71.
57. Poco después, la Corte profirió la sentencia C-083 de 199672 en la que estudió un cargo por presunta violación al derecho a la igualdad, dirigido contra el artículo 3º del Decreto 1306 de 1978, por el cual se modifica el Decreto 717 de 1978, sobre el régimen salarial y prestacional de empleados de la Rama Judicial o el Ministerio Público. La demanda planteaba que, mientras en el régimen general del Código Sustantivo del Trabajo existía el derecho al pago proporcional de la prima, siempre que el trabajador hubiera completado medio semestre de labores, en el régimen de la Rama Judicial y el Ministerio Público se exigía un mínimo de seis meses.
58. En la sentencia C-710 de 199673 se abordó el examen de constitucionalidad del artículo 307 del CST, según el cual la prima de servicios, "en ningún caso" constituye un factor salarial. La norma fue declarada exequible en atención a la naturaleza jurídica de la prima y a que esta no constituye una retribución por los servicios prestados, sino que pretende cierta participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Entre las distintas consideraciones de la sentencia fue recordado el obiter dicta de la sentencia C-051 de 1995, sobre la inexistencia de utilidades en una familia, aunque con algunas precisiones. Especialmente, explicó la Corte que la prestación persigue dar al trabajador cierta forma de participación en las utilidades del giro de los negocios:
59. Por medio de la sentencia C-034 de 200374 la Sala Plena decidió una demanda en la que se acusaba al segmento normativo del artículo 306 (CST) que excluía a los trabajadores despedidos con justa causa del pago de la prima de servicios, de desconocer el principio de igualdad y los principios laborales del Estado Social de Derecho, especialmente, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentra un trabajador recién despedido.
11.- En ese sentido, a pesar de tratarse de supuestos de hecho distintos -trabajadores despedidos con y sin justa causa- para este Tribunal la regulación establece una doble sanción que no se ajusta a los postulados del Estado social de derecho ni a la especial protección al trabajo que la Carta ordena (CP arts 1º y 25), pues el trabajador, por el sólo hecho de cumplir un tiempo de servicio establecido en la ley, tiene derecho a recibir la prima de servicios como una forma de participar en las utilidades en la empresa […]"75.
61. Al dictar la sentencia C-042 de 200376, la Corte respondió el problema jurídico de si resultaba violatorio del derecho a la igualdad el que solo a los trabajadores que hubieran completado determinado periodo de tiempo de servicios dentro de un semestre determinado les fuera reconocida la prima.
"Dentro del marco de la libertad de configuración normativa del legislador, para la Sala no resulta razonable que se establezca una norma que restrinja uno de los principios constitucionales fundamentales del derecho al trabajo como es la ‘igualdad de oportunidades para los trabajadores’ (artículo 53 Superior), puesto que con la aplicación de la restricción temporal que fija la expresión demandada se permite que personas que han impreso a una actividad la misma fuerza laboral, se vean excluidos de acceder a la prima de servicios por haber iniciado o concluido sus labores por fuera de la mitad del respectivo semestre. || De otra parte, si la naturaleza de la prima de servicios es la de una prestación que tiene como finalidad que el trabajador participe en las utilidades de la empresa (art. 306-2 CST) no resulta razonable ni proporcionado que en los contratos a término indefinido a término fijo igual o superior a un año, se condicione el pago de esta prestación a que el trabajador haya laborado por un período fijado por el legislador a su arbitrio.
62. La sentencia C-100 de 200577, sobre la que ya se han efectuado algunas consideraciones al verificar la potencial existencia de cosa juzgada constitucional, derribó una barrera adicional en el reconocimiento universal del derecho al pago de la prima de servicios, al considerar que el carácter temporal o permanente de la empresa, no sería un motivo constitucionalmente válido para establecer la distinción de trato entre los trabajadores que, con el paso del tiempo, han causado el derecho a la citada prestación social. La Corporación estimó que no podría aludirse al fomento de la iniciativa empresarial como fundamento de la distinción (artículo 333 CP), pues no existiría una relación entre esa finalidad y el medio escogido; o a la obligación estatal de propiciar el ingreso a un puesto de trabajo (artículo 54 CP), porque nada garantiza que la exención citada cree nuevos espacios laborales. En cambio, la distinción se opondría a la función social de la propiedad (artículo 53 CP) y el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores (artículos 13 y 53 CP)78.
63. En la sentencia C-825 de 200679, la Corporación declaró inconstitucional la expresión que permitía diferenciar entre trabajadores permanentes y transitorios (u ocasionales), concediendo el reconocimiento y pago de la prima solo al primero de estos grupos. Nuevamente, el análisis giró en torno al principio de igualdad y a la vigencia de los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales. Además de rechazar por principio la distinción de trato entre diversos grupos de trabajadores, la Corporación señaló:
64. Finalmente, en la sentencia C-826 de 200680, la Corte reiteró las consideraciones recién expuestas, y sentadas en la C-825 de 200681; en la sentencia C-372 de 199882, consideró acorde a la Constitución Política la excepción a la jornada laboral máxima para las trabajadoras domésticas internas, aunque estableciendo un límite máximo de diez horas por día, y en la ya citada C-310 de 200783 la privación del pago del auxilio de cesantías a las empleadas del servicio doméstico. Esta sentencia, como se recordará del acápite anterior, sentó las principales reflexiones sobre las condiciones de vulnerabilidad de este grupo poblacional.
66. La Corte Constitucional sostuvo en la sentencia C-051 del año 199584 que resultaba razonable que las empleadas del servicio doméstico no recibieran esa prestación, pues esta persigue el reparto de utilidades y los hogares (en realidad, las familias) no generan utilidades. En términos más afines al principio de igualdad, planteó que se trata de una distinción razonable, tomando como criterio de comparación la naturaleza jurídica del empleador, el concepto de utilidades y la inexistencia de estas en una familia. Como se explicó al analizar la aptitud de la demanda, esas consideraciones constituyen un obiter dicta, pues no fueron la razón que sostuvo la decisión adoptada en aquella oportunidad. Sin embargo, han sido recordadas posteriormente, en las sentencias C-710 de 199685 y C-100 de 200586, siempre con el propósito de dar un ejemplo de una exclusión razonable al pago de la prima de servicios.
68. Entre esos pronunciamientos, se destacan las sentencias C-034 de 200387, en la que se declaró inexequible el aparte que privaba de la prima de servicios a las personas que hubieran sido despedidas con justa causa; la sentencia C-042 de 200388 en la que se declaró inconstitucional la distinción derivada del tiempo de servicios cumplido dentro de un semestre, como fundamento para el pago de la prestación; la ya citada sentencia C-100 de 200589, en la que se consideró discriminatorio excluir del pago de la prima a los empleados de empresas ocasionales; y la sentencia C-825 de 200690 en la que se llegó a idéntica conclusión, al evaluar la constitucionalidad de la exclusión del beneficio laboral mencionado a los trabajadores ‘ocasionales’ o ‘transitorios’.
71. Así las cosas, puede concluirse de la línea jurisprudencial reconstruida en estas sentencias que las consideraciones presentadas por la Corte se han proyectado en dos direcciones distintas. De una parte, las que se refieren a la naturaleza jurídica de la prima de servicios, indicando que esta surgió en una reforma al código sustantivo del trabajo realizada en 1950, con el propósito de remplazar las prestaciones denominadas en ese entonces prima de beneficios y participación de utilidades, y que lleva al obiter dicta de la sentencia C-051 de 199591, ya citado. De otra parte, el conjunto de fallos en los que se han declarado inexequibles los apartes del artículo 306 que permitían la exclusión de distintos grupos de trabajadores del pago de la prima de servicios, y aquellas en las que se ha sentenciado que las empleadas del servicio doméstico no pueden ser excluidas de determinados derechos laborales y prestaciones sociales.
77. En la sentencia C-100 de 200592, en su concepto de constitucionalidad, el Procurador General de la Nación advirtió la prima de servicio no equivale, ni literal ni técnicamente, al reparto de las utilidades de una empresa, ya que el cálculo de esta prestación social se basa en el patrimonio de las compañías, y en el salario del empleado. En la misma dirección, el pleno de este Tribunal, precisó en la sentencia C-710 de 199693 que la prima de servicios surgió en una reforma al Código Sustantivo del Trabajo del año 1950, aclarando que antes de establecerse esta prestación existían otras dos, de diferente alcance, denominadas ‘reparto de utilidades’ y ‘prima de beneficios’, cuya liquidación sí se calculaba a partir de las ganancias o utilidades de las empresas.
81. Basta, sin embargo, con matizar la premisa para que esa concepción sea superada. En esa dirección, se puede concluir, como ya lo expresó la Corte en la sentencia C-710 de 199694 que la prima de servicios no equivale a sino que representa cierta forma de participación de los empleados en los beneficios que recibe una empresa a partir del desarrollo de su objeto social. Es decir, al potencial que tiene el trabajo para generar valor económico a quien lo contrata.
82.3. Pero debe constatarse en el cauce de la argumentación emprendida por la Sala, que la jurisprudencia que acertadamente ha venido ampliando la cobertura del derecho al pago de la prima de servicios, lleva hoy en día a una paradoja: en el estado actual de cosas, todos los trabajadores, excepto quienes desempeñan un servicio doméstico, gozan de ese derecho laboral. De esa forma, se percibe la existencia de una última barrera a su universalidad que afecta con especial intensidad a mujeres económica y socialmente vulnerables. Esto último, con la anuencia de todas las autoridades públicas, incluido el Tribunal Constitucional, invocando siempre el obiter dicta de la sentencia C-051 de 199595.
87. La premisa objeto de análisis pasa por alto, entonces, que el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente considerado como una actividad que no produce valor. Y omite considerar también la preocupación del Estado colombiano por revaluar esa posición, incorporando la medición del trabajo doméstico a las estadísticas económicas, como lo demuestra la Ley 1413 de 201096.
88. Como existe la tendencia social e histórica de considerar que el trabajo doméstico no genera valor, tampoco se percibe la manera en que las familias acuden a terceros para que lo asuman, con el propósito de ingresar al mercado de trabajo, en el ejercicio de profesiones u ocupaciones mejor reconocidas en el plano económico. Este aspecto fue una reflexión esencial en la decisión de establecer en el derecho internacional un instrumento específico para propiciar las condiciones de trabajo decente en el caso de las labores de servicio doméstico. Resulta oportuno explicar un poco más a fondo el fenómeno de creación de valor que en estos casos se produce, tal como ha sido expresado en el Preámbulo del citado Convenio (nro. 189 de 2011, de la OIT)96.
Primero.- DECLARAR EXEQUIBLE la expresión "toda empresa", contenida en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
1 El texto entre paréntesis fue declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-100 de 2005.
2 El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-825 de 2006.
3 El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-042 de 2003.
4 el texto entre paréntesis fue declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-034 de 2003.
5 El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-042 de 2003.
6 el texto entre paréntesis fue declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-034 de 2003.
7 Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
8 Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (Número 189), adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 y aprobado por la Ley 1595 de 2012. // un estudio realizado por el Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que descubre la situación de los niños y niñas que trabajan en Colombia como empleados domésticos diferentes al propio, estudio que se basó en el informe del Departamento Nacional de Estadística (DANE) sobre trabajo infantil // Decreto 824/98, art. 1 // Ley 581/00 art. 1 // Decreto 0721 de 2013 "Por medio del cual se reglamenta el numeral 4º del artículo 7º de la Ley 21 de 1982 y se regula la afiliación de los trabajadores del servicio doméstico al Sistema de Compensación familiar".
9 Cita, como fundamento normativo, el artículo 1º del Decreto 824 de 1998, que define al trabajador doméstico "como aquella persona que residiendo o no en el lugar de trabajo, ejecuta tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, cuidado de animales y demás tareas propias del hogar. Se denominan internos los que residen en el sitio o lugar de trabajo. Los demás se denominan por días. De igual forma, cita el artículo 14 de la Ley 581 de 2000, sobre la obligación del gobierno de vigilar el cumplimiento del principio de igualdad de condiciones laborales e igual remuneración para trabajos de igual naturaleza; el Decreto 0721 de 2013, por medio del cual se reglamenta el numeral 4º del artículo 7º de la Ley 21 de 1982 y se regula la afiliación de los trabajadores del servicio doméstico al sistema de compensación familiar; la "Cartilla servicio doméstico Guía Laboral", publicada por el Ministerio del Trabajo en el año 2012, así como argumentos de los propios demandantes (es decir, en los que no se señala fuente la fuente legal o doctrinal).
10 MP. Jorge Arango Mejía.
11 El trabajo doméstico es realizado tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, los estereotipos sociales generan una desproporción en el número de personas de cada sexo que lo asumen, y una división de funciones también muy marcada. Así, la inmensa mayoría del trabajo de cuidado del hogar está a cargo de mujeres, en tanto que las labores de jardinería y conducción se encuentran casi en su totalidad en cabeza de los hombres. Es por ese motivo que la adecuada valoración y medición del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado (conceptos relacionados, pero no sinónimos, según se explicará más adelante) es un problema con evidentes connotaciones de discriminación hacia la mujer. (De acuerdo con mediciones del Dane, disponibles en Internet, e incorporadas a informes de la OIT, y en fuentes de prensa) el 95% del trabajo doméstico en Colombia es asumido por las mujeres (Ver, por todas, http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_2_engl.pdf, pg. 124). En atención a ese hecho, la Sala utilizará indistintamente las expresiones "trabajadores domésticos", "trabajadoras domésticas" y "trabajadores y trabajadoras domésticas". Pero, con el propósito de evidenciar la manera en que los problemas del trabajo doméstico inciden de forma negativa y diferencial en el goce de los derechos humanos por parte de las mujeres, en ocasiones optará por incluir en el femenino(trabajadoras domésticas).
12 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
13 MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
14 Se sigue de cerca la exposición de la reciente sentencia C-330 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). Estas condiciones fueron ampliamente desarrolladas en la sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y, desde entonces, han sido reiteradas de manera constante por este Tribunal.
15 C-460 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Unánime, entre muchas otras.
16 Ver, entre otras, la sentencia C-264 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
17 La doctrina sobre la omisión legislativa relativa y la competencia de la Corte para controlarla se inició con la sentencia C-543 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz. AV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero; AV. José Gregorio Hernández Galindo). Posteriormente, la Corporación ha ido desarrollando los elementos centrales para esta forma especial y excepcional de control. Entre las decisiones recientes, puede consultarse la sentencia C-330 de 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva; AV. Luis Ernesto Vargas Silva).
18 En este orden de ideas, cuando un ciudadano alega la existencia de una omisión legislativa relativa, debe generar al menos una duda sobre la presencia de estos elementos mediante razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Además, cuando el cargo de omisión legislativa relativa se alega por la generación de una situación discriminatoria, la exigencia de especificidad demanda que el actor precise los grupos involucrados, el trato discriminatorio que introduce la disposición, y las razones por las cuales la hipótesis excluida es asimilable a la que sí es contemplada por aquella. || Lo anterior significa que el cargo de omisión legislativa relativa impone a los demandantes una mayor carga argumentativa, cuyo propósito no es limitar el ejercicio del derecho político al ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, sino generar un auténtico diálogo constitucional entre el ciudadano, el Legislador, las entidades que participan en la expedición e implementación de la norma acusada y el juez constitucional. En este sentido la Corte ha considerado que la exigencia de unos criterios mínimos de racionalidad argumentativa que permitan la adopción de una decisión de fondo, no se opone ni a la garantía del derecho ciudadano a ejercer la acción pública de inconstitucionalidad, ni al principio pro actione. Su objetivo –constitucionalmente valioso- es garantizar la autorrestricción judicial y un debate constitucional en el que el demandante –no el juez- sea quien defina el ámbito del control constitucional". (C-460 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
19 MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. Humberto Antonio Sierra Porto.
20 En la sentencia C-283 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio. AV. María Victoria Calle Correa. Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Pinilla Pinilla), señaló la Corte en relación con el principio pro actione: "el examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante esta Corte." De esta forma, la exigencia de requisitos formales para una demanda de inconstitucionalidad, en aplicación de este principio: "(i) no debe tener tal rigorismo que haga nugatorio el derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el juez constitucional hacia un fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe resolverse a favor del actor".
21 Constitución Política, artículo 243: "Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional || Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución".
22 MP. Catalina Botero Marino. AV. Catalina Botero Marino.
23 Sentencia C-153 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas. SV. Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis).
24 Se hace referencia únicamente a estas dos fuentes por simplicidad expositiva, aunque la distinción es aplicable a cualquier texto jurídico que opere como fuente de derecho.
25 En sentido contrario, diversas disposiciones pueden interpretarse sistemáticamente para construir con base en ellas un solo contenido normativo, aunque por simplicidad expositiva se prescinde de calificaciones adicionales.
26 C-178 de 2014. (MP. María Victoria Calle Correa). En esta decisión, explicó también la Corporación: "La diferenciación entre disposición y norma se relaciona también con las decisiones en que se adoptan efectos modulados y, especialmente, con las sentencias que declaran la exequibilidad condicionada de una norma. Cuando la Corte dicta una sentencia de esa naturaleza, lo que ocurre es que el demandante razonablemente demuestra que existe una interpretación de un texto legal que resultaría incompatible con la Constitución Política, pero la Corte evidencia que también existe una interpretación razonable del enunciado, que no afecta la supremacía de la Carta. || En otros términos, el texto permite potencialmente derivar dos normas jurídicas distintas, y la Corte preserva la que se ajusta a la Constitución, maximizando a la vez el principio democrático, mediante la conservación de las normas dictadas por el Legislador. Al respecto, la Corte ha explicado: "hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada formal, en aquellos eventos en los que existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional. Así mismo, la jurisprudencia ha sido enfática en manifestar que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto de juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se aplique comporte un cambio sustancial en su alcance y significación". Al respecto, ver sentencias C-427 de 1996 (MP. Alejandro Martínez Caballero), C-447 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero), C-774 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil y C-1064 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa y C-310 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil). Una consecuencia adicional de asumir la distinción entre disposición y norma jurídica es la posibilidad excepcional de asumir el estudio de constitucionalidad sobre interpretaciones específicas de los textos jurídicos, siempre que el demandante demuestra que esas interpretaciones han sido asumidas como ciertas por los operadores jurídicos y, especialmente, por los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones. Ese trabajo argumentativo consiste en indicar que, con independencia de la formulación de las normas "en el papel", existe un derecho viviente que las concibe de una manera determinada, y otorga consecuencias normativas en los distintos procesos a esa concepción". (Al respecto, ver la sentencia C-557 de 2001. MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
27 Ver, en relación con cada una de estas posibilidades, las sentencias C-460 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Jaime Araújo Rentería), C-774 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil. AV. Manuel José Cepeda Espinosa), y C-228 de 2002 (MPs. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. AV. Jaime Araújo Rentería).
28 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
29 MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
30 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
31 MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
32 MP. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime.
33 MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime.
34 MP. Jaime Araújo Rentería. SPV Nilson Pinilla Pinilla, SPV. Rodrigo Escobar Gil.
35 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
36 MP. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime.
37 MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime.
38 MP. Jaime Araújo Rentería. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Rodrigo Escobar Gil.
39 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
40 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
41 MP. Álvaro Tafur Galvis.
42 Dijo la Corte. "En cuanto al artículo 306 del mismo Código Sustantivo de Trabajo que establece la prima de servicios únicamente para los trabajadores de las empresas de carácter permanente, tampoco encuentra la Corte que sea contrario a la Constitución en cuanto priva de tal prima a los trabajadores del servicio doméstico. Esto, por la sencilla razón del origen de la prima de servicios, que, como lo dice la norma citada, sustituyó la participación de utilidades y la prima de beneficios establecidas en legislación anterior. Es claro que el hogar, la familia, no es una empresa y no genera utilidades".
43 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 338. Prestaciones sociales.
44 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 252. Cesantía restringida. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>
45 Este es el tenor de la parte resolutiva de la sentencia C-051 de 1995: "Primero.- Declárase INEXEQUIBLE el siguiente aparte del numeral 1 del artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo: "[…] pero para los efectos de las prestaciones sociales a que están obligados, el Gobierno puede efectuar la clasificación de estos patronos y señalar la proporción o cuantía de dichas prestaciones".
El siguiente es el texto de la norma acusada" Artículo 338: Prestaciones sociales: 1. Los patronos que ejecuten actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos a las normas del presente Código;pero para los efectos de las prestaciones sociales a que están obligados, el Gobierno puede efectuar la clasificación de estos patronos y señalar la proporción o cuantía de dichas prestaciones ||. " 2. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a aquellas personas que, de acuerdo con el Concordato, están sometidas a la legislación canónica."
46 MP. Álvaro Tafur Galvis.
47 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
48 MP. Álvaro Tafur Galvis.
49 "Así mismo, la actora señala que las expresiones acusadas vulneran los artículos 1º y 13 constitucionales, en la medida en que se excluiría, sin fundamento alguno, del derecho a la prima de servicios a los trabajadores que no prestan sus servicios laborales a empleadores que tienen el carácter de empresa permanente, situación que los pone en una clara situación de desigualdad, incluso frente a aquellos trabajadores que se retiran en forma voluntaria de la empresa o que son despedidos por el empleador sin justa causa, quienes sí tendrían derecho a ese tipo de prestación legal". (C-100 de 2005. MP. Álvaro Tafur Galvis).
50 MP. Álvaro Tafur Galvis.
51 Esta definición resulta un poco más amplia de la que actualmente dispone el ordenamiento jurídico a nivel reglamentario en el artículo 1º del Decreto 824 de 1988, según la cual el "trabajador doméstico" es la "persona que residiendo o no en el lugar de trabajo, ejecuta tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, cuidado de animales y demás tareas propias del hogar". Se ha incorporado a ella la relación de dependencia entre particulares y la forma en que contribuya al contratante a la generación de sus propios ingresos, aspecto que ha sido resaltado por la Organización Internacional del Trabajo, entre otros documentos, por el Convenio 189 de 2011, al que se hará referencia más adelante.
52 MP. Ciro Angarita Barón.
53 Las consideraciones centrales de los párrafos 44 a 47 se basan en un informe presentado por la Escuela Nacional Sindical con ocasión del Día Internacional del Trabajo Doméstico, en el año 2014. Sin embargo, sus conclusiones coinciden punto por punto con distintos informes de la OIT, algunos ya mencionados; se reflejan en el preámbulo del Convenio 189 de 2011 de la misma Organización; y son muy similares a reflexiones ya presentadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-310 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Córdoba Triviño y Humberto Antonio Sierra Porto. AV. Jaime Araújo Rentería), que será citada in extenso, en consideraciones ulteriores.
54 Solo hay en Colombia un sindicato de empleadas del servicio doméstico de origen afro.
55 Estas circunstancias han llevado a la Corte a presentar reflexiones como esta, asociada al abismo que separa la consagración normativa de las garantías laborales, de su cumplimiento en las relaciones laborales que efectivamente se presentan: "los conocidos riesgos de trato discriminatorio y de explotación hacia personas contratadas para cumplir labores domésticas, como aseo, cocina, lavado y planchado de ropa y demás actividades propias de un hogar, habían encontrado tradicional materialización, connivencia e indiferencia, en un rezago de la esclavitud y la servidumbre del pasado, manteniéndose la segregación social y las diferencias en las condiciones laborales. Con el fin de eliminar tal situación, siendo deber del Estado social de derecho proteger a todas las personas sin distingo alguno, ha evolucionado la normatividad nacional e internacional y la jurisprudencia" (Sentencia T-237 de 2011. MP. Nilson Pinilla Pinilla).
56 MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Córdoba Triviño y Humberto Antonio Sierra Porto. AV. Jaime Araújo Rentería.
57 MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime.
58 MP. Nilson Pinilla Pinilla.
59 Sentencia C-616 de 2013. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
60 Artículo 3. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente Convenio. || 2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en el presente Convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: (a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.|| 3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los empleadores de los trabajadores domésticos disfruten de la libertad sindical y la libertad de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros deberán proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de los empleadores de trabajadores domésticos a constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes y, con la condición de observar los estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las mismas.
61 Artículo 6º. Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad.
62 Artículo 10º. "1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico.
63 Artículo 11. "Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo."
64 1. Todo Miembro, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad.
65 Artículo 4º. 1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general.
66 Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
67 Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan en particular: (a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva;|| (b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales;|| (c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración;|| (d) el tipo de trabajo por realizar;|| (e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos;|| (f) las horas normales de trabajo;|| (g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales;|| (h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda;|| (i) el período de prueba, cuando proceda;|| (j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y|| (k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador.
68 Artículo 13 1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo Miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.|| 2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.
69 Al respecto, se puede consultar en el portal de Internet de la OIT: http://ilo.org/global/topics/domestic-workers/lang--es/index.htm
70 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
71 Así, explicó: ¨[…] la ausencia del ánimo de lucro se predica de las personas que son miembros de una asociación o corporación, pero no de ésta en sí misma considerada. Algunas de ellas están dedicadas a actividades de alta rentabilidad, que les permiten acumular riquezas. No están, en consecuencia, en incapacidad de retribuir normalmente a sus trabajadores.|| Y lo mismo, en general, podría decirse en relación con los estímulos que el mismo Estado puede otorgar a la pequeña y mediana empresa, y a las organizaciones de carácter solidario. Tales estímulos, en abstracto, podrían consistir en exenciones o rebajas tributarias, o en regulaciones crediticias. Todo con el fin de impedir la concentración de riqueza." Sin embargo, estimó razonable que solo se liquiden tomando como base el salario recibido en dinero, dadas las dificultades de "dar un tratamiento uniforme a lo que se recibe como salario en especie" y de "desmejorar las condiciones de vida de los mismos trabajadores del servicio doméstico, ante el temor por la cuantificación de todo lo que integra el salario en especie". C-051 de 1995. MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
72 MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime.
73 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
74 MP. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime.
75 Sentencia C-034 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). Unánime.
76 MP. Jaime Córdoba Triviño.
77 MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
78 Sentencia C-100 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis): "[…] podría considerarse […] que se trata de facilitar en el marco de la potestad de configuración del legislador y de la promoción empresarial que se asigna al Estado la realización de actividades puntuales por empresas sin vocación de permanencia, permitiendo la generación de empleo así sea por corto tiempo y en condiciones menos favorables para los trabajadores, con lo que dicha finalidad encontraría fundamento en el artículo 333 de la Constitución -que asigna al Estado la función de promoción empresarial- así como en el artículo 54 superior -que señala al Estado el deber de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar-. Empero, para la Corte es claro que aún frente a la finalidad así establecida no se encuentra una relación razonable entre ésta y la diferencia de trato que se establece al señalar que sólo las empresas de carácter permanente deberán pagar la prima de servicios. || Eximir de pago de la prima de servicios a las empresas cuya finalidad no es la de desarrollar actividades estables o de larga duración, sino que están destinadas a cumplir su objeto por un tiempo inferior a un (1) año no solo en nada garantiza que, por ese hecho, se crearán nuevas plazas de trabajo, sino que podría interpretarse incluso en contravía del mandato mismo de promoción empresarial (art. 333-3 C.P.) en concordancia con la función social que se asigna a la empresa como base del desarrollo. || Téngase en cuenta así mismo que dentro de los principios que establece el artículo 53 superior como orientadores de la acción del Legislador para regular el derecho al trabajo se encuentra el de igualdad de oportunidades para los trabajadores; en este sentido, el establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores frente a una prestación que se enmarca dentro del cumplimiento de la función social de la empresa y que necesariamente se predica de todas ellas, se opone a dicho principio y en este sentido es claro que la norma sacrifica evidentemente un principio constitucional, sin que siquiera el logro de la finalidad enunciada se encuentre asegurado. || Para la Corte es claro, además que resulta desproporcionado establecer una diferencia de trato entre trabajadores por el simple hecho del carácter permanente o no de la empresa a la que se encuentren vinculados pues a pesar de que dicha prima no tenga carácter salarial como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia, "es un derecho de los trabajadores que se causa con el servicio prestado" y es claro entonces que el requisito del tiempo laborado es suficiente para acceder a la prima de servicios por lo que no se entiende que se establezca una diferencia entre trabajadores".
79 MP. Jaime Araújo Rentería. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Rodrigo Escobar Gil.
80 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. AV. Nilson Pinilla Pinilla.
81 MP. Jaime Araújo Rentería. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Rodrigo Escobar Gil.
82 MP. Fabio Morón Díaz.
83 MP. Nilson Pinilla Pinilla.
84 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
85 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
86 MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
87 MP. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime.
88 MP. Jaime Córdoba Triviño. Unánime.
89 MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
90 MP. Jaime Araújo Rentería. SPV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Rodrigo Escobar Gil.
91 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
92 MP. Álvaro Tafur Galvis. Unánime.
93 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
94 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
95 MP. Jorge Arango Mejía. Unánime.
96 Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. En esta ley se define ampliamente el trabajo de cuidado, sus relaciones y diferencias con el trabajo doméstico. Así, los artículos 2º y 3º establecen:
97 Este punto se encuentra en el Preámbulo del Convenio 189 de 2011 de la OIT, cuyos fragmentos más relevantes fueron citados en los considerandos normativos de esta providencia. El mismo fue aprobado por Ley 1595 del 27 de diciembre del año 2012.