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Timestamp: 2019-09-22 21:07:51
Document Index: 192340229

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 189', 'artículo 16', 'artículo 139', 'artículo 177', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 44', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 574', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 35']

﻿ RESOLUCIÓN 8282 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2017
RESOLUCIÓN 8282 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. MODIFICA LA RESOLUCIÓN 3899 DE 2010, EN LO CONCERNIENTE AL RÉGIMEN ESPECIAL PARA OTORGAR, RECONOCER, SUSPENDER, RENOVAR Y CANCELAR LAS PERSONERÍAS JURÍDICAS Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, QUE PRESTAN SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL, Y PARA AUTORIZAR A LOS ORGANISMOS ACREDITADOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. DEROGA LA RESOLUCIÓN 6130 DE 2015.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ICBF, SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROGRAMAS DE ADOPCIÓN, CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA, INTERVINIENTES EN LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA
DIARIO OFICIAL N°:50359 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2017
RESOLUCIÓN 8282 DE 2017
“Por la cual se modifica la Resolución 3899 del 8 de septiembre de 2010”.
La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras,
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 9º, 10, 12 y 78 de la Ley 489 de 1998, el literal n) del artículo 2º del Decreto 276 de 1988, el artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, el artículo 13 del Decreto 2388 de 1979, el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, y los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.3 del capítulo 4, título 3, parte 4, libro 2 del Decreto 1084 de 2015, y
Que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras (ICBF) le está asignada, entre otras, la función de asistir al Presidente de la República en la inspección y vigilancia, de que trata el numeral 26 del artículo 189 de la Constitución Política, de las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección de la familia y de los niños, niñas y adolescentes, así como dictar las normas administrativas indispensables para regular la prestación del servicio, en el marco de los objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, mediante la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece el deber de vigilancia del Estado a todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el ICBF o sin ella, que aún con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, niñas o adolescentes, y ratifica la competencia del ICBF como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para cumplir entre otras funciones, otorgar, reconocer, renovar, suspender y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema.
Que los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.3 del capítulo 4, título 3, parte 4, libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, reiteran la facultad de Inspección, Vigilancia y Control sobre las Instituciones que prestan el Servicio Público de Bienestar Familiar en cabeza del ICBF y le confiere la facultad para reglamentar internamente el otorgamiento, suspensión y cancelación de licencias de funcionamiento.
Que, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expidió la Resolución 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada por la resoluciones 6130 de 2015, 3435 y 9555 de 2016 y 4242 de 2017 “por la cual se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que prestan servicios de protección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional”.
Que el artículo 139 del Código de la Infancia y la Adolescencia determina el Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), como un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.
Que el artículo 177 de la Ley 1098 de 2006, establece que las sanciones aplicables a los adolescentes a los que se les haya declarado su responsabilidad penal, dentro del marco del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se cumplirán en programas de atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a los lineamientos técnicos diseñados por el ICBF.
Que en atención a la función establecida en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 de 2006, el ICBF define los lineamientos técnicos con base en los cuales se brinda la atención en cada una de las modalidades del Servicio Nacional de Bienestar Familiar y en ellos establece entre otros los estándares de infraestructura requeridos para tal fin razón, por la cual se hace necesario fijar un parámetro para la vigencia de los mismos.
Que el cumplimiento de las medidas de privación de libertad, como proceso de atención pedagógico, educativo y restaurativo, es un servicio público a cargo del Estado que no puede ser suspendido o interrumpido, pues proporciona a los jueces el cumplimiento de las sanciones legales y a los adolescentes los medios adecuados para su protección integral.
Que teniendo en cuenta la dinámica de los adolescentes y jóvenes que se encuentran en cumplimiento de las sanciones en cada una de las modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley, y las continuas situaciones que se presentan por causas no imputables a la persona jurídica que presta el servicio, que no permiten en muchos casos el cumplimiento del cien por ciento de los requisitos técnico-administrativos exigidos por los lineamientos vigentes, se hace necesario establecer nuevamente un tipo de licencia de funcionamiento que permita continuar con la prestación del servicio de manera ininterrumpida.
Que la demanda de cupos para el cumplimiento de las medidas de privación de la libertad hace necesario brindar el servicio en nuevas infraestructuras, las cuales han sido construidas por los entes territoriales, con el ánimo de dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, la Ley 1551 de 2012 y el Plan Nacional de Desarrollo.
Que en cumplimiento del principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política se hace necesario que el ICBF garantice la continuidad en la atención de los servicios brindados por las instituciones que operan las modalidades del SRPA y conflicto con la ley, dada su trayectoria y experiencia en el manejo de esta población.
Que adicionalmente de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Resolución 3899 de 2010 y sus modificaciones, relacionadas con el trámite de las licencias de funcionamiento se ha establecido la necesidad de realizar algunas modificaciones a la mencionada resolución, tal y como se indicara.
ART. 1º—Modifíquese el artículo 12 de la Resolución 3899 de 2010, modificado por las resoluciones 6130 de 2015 y 3435 y 9555 de 2016, el cual quedará así:
“ART. 12.—Licencia de funcionamiento. Para prestar servicios de protección integral a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias, toda persona jurídica, requiere de la correspondiente licencia de funcionamiento otorgada por el ICBF.
PAR. 1º—Las modalidades y poblaciones de restablecimiento de derechos, deben estar de acuerdo con el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados y con el lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, o aquellos que la modifique, sustituyan o adicionen.
Cuando una persona jurídica solicita la licencia de funcionamiento para desarrollar una modalidad de atención de restablecimiento de derechos, debe especificar en su Proyecto de atención institucional (PAI), la edad de la población a atender, la cual debe, en todo caso, estar dentro del rango de edad mínimo y máximo previsto en los correspondientes lineamientos técnicos citados en el inciso anterior.
PAR. 2º—Para el Sistema de responsabilidad penal y en conflicto con la ley, las modalidades y poblaciones deben estar de acuerdo con los lineamientos vigentes o aquellos que la modifique, sustituyan o adicionen.
PAR. 3º—Para la obtención de la licencia de funcionamiento, será necesario acreditar mediante la solicitud suscrita por el representante legal ante la subdirección general, la oficina de aseguramiento a la calidad o la dirección regional, según sea el caso, los requisitos legales, técnico-administrativos y financieros comunes y de carácter específico, dependiendo de cada programa o modalidad.
PAR. 4º—Para la expedición de las licencias de funcionamiento se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Se deberá otorgar una licencia de funcionamiento por cada modalidad, población e inmueble, salvo en los siguientes casos:
Cuando la persona jurídica atienda una misma modalidad con la misma población en varias edificaciones de un mismo inmueble, y se desarrolle en cada edificación todos los componentes del proceso de atención, se otorgará una sola licencia de funcionamiento por inmueble, indicando la capacidad instalada por cada edificación.
Cuando la persona jurídica atienda una misma modalidad con la misma población en varios inmuebles y los servicios que se presten en cada uno sean complementarios del proceso de atención, se otorgará una sola licencia que incluya todos los inmuebles con su capacidad instalada.
Cuando la persona jurídica desarrolle la modalidad hogar sustituto de las poblaciones vulneración, discapacidad o tutor, se requiere licencia de funcionamiento para la sede administrativa y esta tendrá cobertura departamental o del Distrito Capital.
Para la modalidad de restablecimiento de derechos intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado se podrá otorgar una licencia de funcionamiento que incluya la población de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado y niños, niñas y adolescentes que requieran la atención, de acuerdo con el concepto de la autoridad administrativa. Siendo pertinente aclarar, que en este caso se deberá contar con la autorización del Comité técnico de mezcla de modalidades y poblaciones.
Cuando la persona jurídica atienda o pretenda atender una o más modalidades con la misma o diferente población en el mismo inmueble, el jefe de la oficina de aseguramiento de la calidad o el director regional, según el caso, deberá remitir el caso al comité de mezcla de modalidades y/o poblaciones, para el trámite correspondiente, incluyendo un concepto y recomendación suscrito por este(a), en el cual se indique de manera clara las razones que sustenten la atención en dicha situación o en tales circunstancias, con mínimo 1 mes de antelación al vencimiento de la licencia de funcionamiento.
PAR. 5º—Cuando la persona jurídica cambie de sede en la que desarrolla el servicio y tenga licencia de funcionamiento vigente, deberá solicitar la aprobación del cambio de sede, la cual se dará mediante acto administrativo, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes y del numeral 5º del artículo 14 de la Resolución 3899 de 2010. La aprobación de cambio de sede no modificará las condiciones en que fue otorgada la licencia que se encuentra vigente.
PAR. 6º—Para las modalidades de restablecimiento de derechos hogar sustituto, e Intervención de apoyo-apoyo psicosocial, no se requiere capacidad instalada. Para la modalidad de intervención de apoyo - apoyo psicológico especializado se requerirá capacidad instalada, para la cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: talento humano, consultorios habilitados para la prestación del respectivo servicio y el cronograma establecido en el Proyecto de atención institucional (PAI).
PAR. 7º—No se requerirá capacidad instalada para las siguientes modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes:
• Prestación de servicios a la comunidad.
• Libertad vigilada/asistida.
• Apoyo posinstitucional.
• Centro de integración social.
• Intervención de apoyo restablecimiento en administración de justicia.
PAR. 8º—Los actos administrativos de licencias de funcionamiento deberán indicar, además de la(s) dirección(es) del(os) inmueble(s) donde operará el servicio, la dirección donde se desarrollará el componente administrativo y financiero, sin que ello implique que no se puedan desarrollar en un solo inmueble.
ART. 2º—Modifíquese el artículo 12-1 de la Resolución 3899 de 2010, modificado por la Resolución 9555 de 2016, el cual quedará así:
“ART. 12-1.—Comité técnico de mezcla de poblaciones y/o modalidades. El comité técnico estará encargado de conceptuar sobre la viabilidad de la mezcla de poblaciones y/o modalidades con el fin que la oficina de aseguramiento de la calidad y/o el director regional, según sea el caso, otorgue, renueve o prorrogue una licencia de funcionamiento en los casos en que una misma persona jurídica atienda diferentes poblaciones y/o modalidades en una misma sede.
Integración del comité. El Comité técnico de mezcla de poblaciones y/o modalidades estará integrado así:
• El (la) jefe de la oficina de aseguramiento a la calidad, quien lo presidirá.
• El (la) director(a) de protección, o su designado.
• El (la) subdirector(a) de restablecimiento de derechos o el (la) subdirector(a) de responsabilidad penal para adolescentes, según sea el caso.
• El (la) subdirector(a) general o su designado.
• El (la) jefe de la oficina asesora jurídica o su designado.
Concurrirán con voz pero sin voto los profesionales que sean invitados por las áreas.
Reuniones. El comité se reunirá cada vez que la dirección regional o la oficina de aseguramiento de la calidad o quien haga sus veces, reciba una solicitud de licencia de funcionamiento por parte de una persona jurídica que atienda diferentes poblaciones y/o modalidades en una misma sede o en los casos en que se requiera su convocatoria.
Quórum deliberatorio y decisorio. Se constituirá quórum deliberatorio con la participación de por lo menos tres (3) de sus integrantes, uno de los cuales deberá ser la Dirección de Protección, y las decisiones se adoptarán por mayoría simple.
Función del Comité. Es función del Comité técnico para mezcla de poblaciones y/o modalidades, conceptuar sobre la viabilidad de la mezcla de poblaciones y/o modalidades para que la oficina de aseguramiento de la calidad y/o el director regional, según sea el caso, otorgue, renueve o prorrogue licencias de funcionamiento en los casos en que una misma persona jurídica atienda diferentes poblaciones y/o modalidades en una misma sede.
Secretaría técnica. La secretaría técnica del Comité será ejercida por la oficina de aseguramiento a la calidad.
Funciones de la secretaría técnica. Son funciones de la secretaría técnica las siguientes:
1. Convocar a las sesiones del comité.
2. Preparar la agenda y los insumos para el análisis de cada sesión, la cual será remitida dentro de los dos (2) días hábiles anteriores a la fecha en que se encuentre programada la misma.
3. Elaborar las actas de cada sesión, las cuales deberán ser suscritas por todos los asistentes a la sesión.
4. Comunicar las decisiones del comité a las direcciones regionales cuando sea del caso.
ART. 3º—Modifícase los numerales 13.1, 13.3., 13.4 y 13.5 del artículo 13 de la Resolución 3899 de 2010, modificada por las resoluciones 6130 de 2015, 3435, 9555 de 2016 y 4242 de 2017 los cuales quedarán así:
13.1. Licencia de funcionamiento inicial: Es el acto administrativo mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar autoriza a la persona jurídica por un plazo de hasta seis (6) meses, para que dé inicio a las actividades contempladas en el Proyecto de atención institucional (PAI), cuando por ser nuevo el servicio no resulta factible la verificación de la totalidad de los requisitos técnico-administrativos.
Cuando una persona jurídica deje de prestar el servicio público de bienestar familiar en las modalidades de protección por cualquier circunstancia, requerirá licencia de funcionamiento inicial para prestar nuevamente el servicio.
13.3. Licencia de funcionamiento provisional: Es el acto administrativo mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar autoriza a la persona jurídica por un plazo que no podrá en ningún caso superar los seis (6) meses, cuando esta no cuenta o no ha mantenido la totalidad de los requisitos jurídicos, técnico-administrativos y/o financieros exigidos para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento bienal, siempre y cuando los requisitos faltantes no constituyan un riesgo para la integridad de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Esta clase de licencia no podrá ser prorrogada o renovada por términos consecutivos y se aplicará para las modalidades de restablecimiento de derechos.
13.4. Licencia de funcionamiento transitoria: Es el acto administrativo mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del director regional que corresponda, autoriza a una persona jurídica para que preste servicios en las modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley.
Esta licencia se otorgará por el término hasta de un (1) año, la cual se podrá renovar por una única vez, en los casos en que no pueda acreditarse uno o varios de los requisitos de que trata la Resolución 3899 de 2010 o la norma que la modifique, revoque o sustituya.
Las licencias de funcionamiento transitorias que se encuentren vigentes al momento en que se expida la presente resolución, podrán ser renovadas máximo por dos periodos consecutivos, cada uno por un plazo de hasta un (1) año, en los casos en que no pueda acreditarse uno o varios de los requisitos de que trata la Resolución 3899 de 2010, o la norma que la modifique, revoque o sustituya.
Para la expedición de esta clase de Licencia, la Institución deberá presentar, con una antelación no inferior a dos (2) meses al vencimiento de la licencia de funcionamiento vigente, ante la dirección regional, además de los documentos y requisitos establecidos por la Resolución 3899 de 2010 y sus modificaciones y un plan de mejoramiento que identifique los aspectos de mejora, las acciones, los responsables y los tiempos para su cumplimiento, el cual deberá ser avalado y aprobado por el director regional para las modalidades de restablecimiento en administración de justicia y del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes no privativas de la libertad, quien deberá realizar el seguimiento a dicho plan de mejoramiento de manera semestral, con el fin de verificar el cumplimiento del mismo.
Para el caso de las modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes privativas de la libertad, el plan de mejoramiento establecido en el párrafo anterior, deberá ser avalado por el director regional competente y remitido, dentro de los quince (15) días anteriores a la fecha de vencimiento de la licencia de funcionamiento vigente, para revisión y aprobación, al jefe de la oficina de aseguramiento de la calidad del ICBF y el director(a) de protección del ICBF o a quien este designe.
La oficina de aseguramiento de la calidad y/o el director(a) de protección del ICBF o quien este designe, realizarán de manera semestral el seguimiento al plan de mejoramiento a partir del otorgamiento de la respectiva licencia de funcionamiento, para las modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes privativas de la libertad. En los casos en que durante el seguimiento se observen nuevas situaciones objeto de mejora, la oficina de aseguramiento de la calidad y/o el director de protección o quien este designe, podrán solicitar directamente a la entidad la modificación y/o adición al plan de mejoramiento.
En los casos en que se requiera renovar la licencia de funcionamiento transitoria para prestar servicios en las diferentes modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley, se deberá presentar ante la dirección regional la respectiva solicitud de renovación con una antelación no inferior a dos (2) meses al vencimiento de la licencia de funcionamiento vigente, junto con todos los documentos y requisitos de que tratan los numerales 2º, 3º y el parágrafo del artículo 24 de la Resolución 3899 de 2010, modificada por la Resolución 3435 de 2016 y documento en el que conste el avance del cumplimiento del plan de mejoramiento aprobado y revisado, con sus respectivas modificaciones de ser necesario.
Para los casos en que se solicite renovación de las licencias de funcionamiento transitorias para las modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes privativas de la libertad, junto con los documentos señalados en el párrafo anterior, la entidad deberá presentar el plan de mejoramiento en los términos establecidos en el presente numeral debidamente avalado por el director regional, quien deberá remitirlo de manera inmediata a la oficina de aseguramiento de la calidad y a la dirección de protección del ICBF, para su revisión y aprobación.
Será requisito previo para la expedición y renovación de la licencia de funcionamiento transitoria, para las modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes privativas de la libertad contar con la aprobación del plan de mejoramiento por parte del (la) jefe de la oficina de aseguramiento de la calidad y del (la) director(a) de protección o quien este designe.
Cuando los inmuebles sean de propiedad de los entes territoriales y la no acreditación de los requisitos haga referencia a las condiciones de infraestructura, el director regional una vez presentado y aprobado el plan de mejora, solicitará a los entes respectivos la adecuación de los inmuebles para subsanar el incumplimiento lo antes posible y remitirá copia de la solicitud a la Procuraduría General de la Nación.
13.5. Licencia de funcionamiento inicial documental: Es el acto administrativo mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la oficina de aseguramiento de la calidad o quien haga sus veces, autoriza a una persona jurídica para que preste servicios en las diferentes modalidades del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley, en inmuebles de propiedad del ICBF, o aquellos que hayan sido entregados en comodato a favor del ICBF o mediante un convenio interadministrativo para la prestación del servicio. La solicitud deberá expresar que se trata de una licencia inicial documental.
Esta licencia se otorgará hasta por el plazo de un (1) año, a la(s) persona(s) jurídica(s) que cumpla(n) con la totalidad de los requisitos del componente financiero, los requisitos del componente legal, a excepción del concepto sanitario y habilitación en salud, y los requisitos del componente técnico-administrativo a excepción de la dotación básica institucional – personal, y la infraestructura, establecidos en la Resolución 3899 de 2010 y sus modificaciones.
Una vez otorgada la licencia de funcionamiento inicial documental, la oficina de aseguramiento de la calidad comunicará a la dirección regional competente, el (los) acto(s) administrativo(s) mediante el (los) cual (es) fue (ron) otorgada(s) la(s) misma(s).
La dirección regional, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación, podrá adelantar los trámites contractuales para la prestación del servicio del SRPA, con la(s) persona(s) jurídica(s) que cuente(n) con licencia de funcionamiento inicial documental y certifiquen condiciones de idoneidad, experiencia y eficacia.
Cumplidos los requisitos anteriores se efectuará la entrega del inmueble para operar la respectiva modalidad, entrega que deberá realizarse a través de un acta detallada en la cual consten los aspectos y/o requisitos del componente legal pendientes por cumplir (concepto sanitario y habilitación en salud), así como los requisitos del componente técnico-administrativo relacionados con la dotación básica institucional - personal, y los requisitos de infraestructura, establecidos en la Resolución 3899 de 2010 y los lineamientos técnicos vigentes para la respectiva modalidad.
Una vez entregado el inmueble la dirección regional deberá realizar las siguientes visitas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos pendientes, así:
Una primera visita dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble, para realizar la verificación del cumplimiento total de los requisitos del componente legal (concepto sanitario y habilitación en salud) y el componente técnico-administrativo (vinculación del talento humano y dotación básica institucional), ateniendo lo definido en el lineamiento técnico vigente.
Una segunda visita que deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrega del inmueble, para efectuar la verificación del cumplimiento de los requisitos de infraestructura requeridos por el lineamiento técnico y la normativa vigente para la respectiva modalidad.
De estas visitas deberá dejarse actas detalladas con los correspondientes anexos fílmicos y fotográficos.
La ejecutoriedad del acto administrativo que contiene la licencia de funcionamiento inicial documental quedará sujeta a la siguiente condición resolutoria: en el evento que la dirección regional realice las visitas de verificación de requisitos antes señaladas, y establezca que algunos de estos no se han cumplido quedará sin efectos el acto administrativo que contiene la licencia de funcionamiento documental inicial.
ART. 4º—Modifíquese el numeral 6º, suprímase el numeral 7º y el parágrafo del artículo 15 y de la Resolución 3899 de 2010, el cual quedará así:
6. Presentar el listado del talento humano a vincularse al servicio, incluyendo nombre, número y tipo de identificación, perfil y cargo, junto con los certificados de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de todas las personas relacionadas, expedidos por las autoridades competentes, en donde conste que no tienen sanciones ni inhabilidades o impedimentos para desempeñar sus funciones.
ART. 5º—Adiciónase el numeral 7º y un parágrafo al artículo 16 de la Resolución 3899 de 2010, el cual quedará así:
7. Tener los comprobantes de cumplimiento de compromisos fiscales de la persona jurídica. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 574 del Estatuto Tributario, se citan los siguientes compromisos fiscales que debe presentar la persona jurídica: Declaración anual de impuesto de renta y complementarios, declaración bimestral de impuesto a las ventas, declaración mensual de retención en la fuente, declaración de impuesto de timbre, declaración bimestral de industria y comercio, declaración de impuesto predial.
PAR.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, las entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, deberán presentar una declaración anual de ingresos y patrimonio.
ART. 6º—Modifíquese el numeral 2º del artículo 18 de la Resolución 3899 de 2010, el cual quedará así:
2. Contar con la infraestructura física necesaria y suficiente para el cumplimiento de sus objetivos, conforme a lo establecido en los estándares de infraestructura definidos para el programa o la modalidad de que trata la solicitud en los lineamientos vigentes a la fecha en que son aprobados los estudios y diseños correspondientes.
ART. 7º—Modifíquese el numeral 1º del artículo 24 de la Resolución 3899 de 2010, modificada por la Resolución 3435 de 2016, el cual quedará así:
1. Presentar la solicitud mínima dos (2) meses antes de su vencimiento, en los términos establecidos en la presente resolución.
ART. 8º—Modifícase el numeral 5º del artículo 35 de la Resolución 3899 de 2010, modificada por la Resolución 3435 de 2016, el cual quedará así:
“ART. 35.—Acciones de control y seguimiento. En desarrollo de las funciones de control y seguimiento, el ICBF tiene las siguientes facultades:
5. Cuando de las acciones de inspección, vigilancia y control se evidencie o se derive que de la continuación en la prestación del servicio en las condiciones verificadas durante la visita o auditoría, se genera un riesgo para la salud, seguridad o integridad física, psicológica o emocional de los beneficiarios que allí se encuentren, los profesionales designados por el (la) jefe de la oficina de aseguramiento de la calidad de la sede de dirección general, deberán comunicar de manera inmediata al director regional correspondiente la situación encontrada, a fin de que este tome las medidas a que haya lugar, sin perjuicio de las demás acciones disciplinarias, contractuales, sancionatorias o penales.
ART. 9º—Disposición transitoria. Esta resolución empieza a regir desde su publicación. Sin embargo, el seguimiento a los planes de mejoramiento de las licencias de funcionamiento transitorias que se encuentren vigentes a la fecha en que entre en vigencia la presente resolución, se realizará cumpliendo las condiciones aquí establecidas.
ART. 10.—Derogatoria. La presente resolución deroga la Resolución 6130 de 2015 y todas las demás normas que le sean contrarias.
ART. 11.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá ser publicada en el Diario Oficial.
Dada en Bogotá, D.C., a 14 de septiembre de 2017.