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Timestamp: 2020-05-25 22:16:25
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 9', 'artículo 101']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 202, de 17/02/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 202
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sesión núm. 7 celebrada el martes 17 de febrero de 2009
Comparecencia de la señora delegada del CERMI para la convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad (Sastre Campo):
- Informar y asesorar a la citada comisión en relación a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista). (Número de expediente 219/000013.)... (Página 2)
- Informar a la citada comisión en relación a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 219/000044.)... (Página 2)
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF). presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000404.)... (Página 10)
- Sobre establecimiento de auditorías de accesibilidad previas a los proyectos de infraestructuras financiados por la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000470.)... (Página 12)
- De prestación de ayudas técnicas y tecnológicas asistenciales de carácter socio-sanitario. presentada por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió (Número de expediente 161/000498.)... (Página 14)
- Sobre accesibilidad en los trenes y demás transportes públicos.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000067.)... (Página 16)
- A EFECTOS DE INFORMAR Y ASESORAR A LA CITADA COMISIÓN EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000013.)
- A EFECTOS DE INFORMAR A LA CITADA COMISIÓN EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 219/000044.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a doña Ana Sastre Campo, delegada del Cermi para la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos el honor de recibirla para que informe y asesore a esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en relación con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Solicitud de comparecencia formulada por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Por tanto, le concedemos la palabra a la señora compareciente.
La señora DELEGADA DEL CERMI PARA LA CONVENCIÓN DE LA ONU DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Sastre Campo): Señor presidente y miembros de la Mesa, señorías, voy a centrar el contenido de mi intervención en dos partes. Tras una breve introducción, dedicaré unos minutos a enfatizar tres de las cuestiones que con mayor observancia deberemos tener en cuenta quienes trabajamos por la plena ciudadanía de las personas con discapacidad: Nosotros desde la sociedad civil y ustedes desde el Poder Legislativo que ostenta esta Cámara como parte indispensable en la promulgación de políticas y de protección y fomento de los derechos. Me refiero, en concreto, al nuevo concepto de la discapacidad de la convención, a la esencial importancia del derecho de accesibilidad como mecanismo para proporcionar la igualdad de oportunidades, y a la capacidad jurídica de la personas con discapacidad, de acuerdo al nuevo tratado de derecho internacional. En una segunda parte, y antes de terminar mi intervención, abordaré algunas cuestiones sobre la aplicación de la misma y los mecanismos de seguimiento previstos en el acuerdo.
El pasado día 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada en la Organización de Naciones Unidas el día 13 de diciembre de 2006. Como ya sabrán, esta convención es el resultado de un largo proceso en el que participaron Estados miembros,
observadores y representantes de agencias y organizaciones de la ONU, instituciones de derechos humanos nacionales y organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. El texto integrado por cincuenta artículos establece los principios y valores que deben prevalecer en el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad, y que deben observar los países que ratifiquen el acuerdo. En esta convención no se reconocen para las personas con discapacidad derechos humanos distintos de los que ya proclaman otros acuerdos internacionales, que por su condición de universales se predican sin discriminación de todos los hombres y mujeres. La Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad nace para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por todas las personas con discapacidad, y para promover el respeto de su dignidad inherente.
Esto, que puede parecer obvio, no ha sido entendido ni aplicado en toda su literalidad por las políticas de integración desarrolladas por los gobiernos y, en concreto, en nuestro Estado social de derecho, que tradicionalmente ha venido abordando esta cuestión casi exclusivamente a través de políticas sociales asistencialistas o sanitarias, propias de lo que se conoce como modelo médico rehabilitador en el tratamiento de la discapacidad, fundamentadas además en prestaciones y no en derechos. Sin perjuicio de la importancia de estas políticas y de su indiscutible valor como complemento de otro tipo de intervenciones, debemos asumir que es el momento de avanzar sin dilación hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad, adoptando en su totalidad el modelo social que la convención nos impone ahora que ha entrado a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Este ha sido precisamente uno de los grandes logros de esta convención, el de trasladar formalmente las políticas de inclusión de las personas con discapacidad al ámbito de los derechos fundamentales. El acceso a derechos de este colectivo no puede quedar relegado al ámbito social; deberá ser abordado de forma transversal en todas las políticas públicas y contar con todas las garantías previstas para los derechos fundamentales que se contemplan en nuestra Constitución. Esta nueva forma de entender la discapacidad requiere que se respete la diversidad y la riqueza que cada mujer y cada hombre aportan a la sociedad, sin prejuzgar ni dudar de las capacidades personales de cada individuo.
El ámbito objetivo de la convención incluye los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad, ya reconocidos en otros tratados internacionales. La novedad y la importancia de este tratado se fundamentan en la estrategia que establece para que esos derechos sean real y efectivamente ejercidos en igualdad de oportunidades. Para ello, establece para los Estados parte obligaciones y medidas orientadas a garantizar el uso del principio de no discriminación en cada uno de esos derechos. En ese sentido, tampoco nuestra Constitución reconoce derechos distintos para las personas con discapacidad, pero adolece de medidas concretas en virtud de las cuales se garantice el cumplimiento efectivo de los mismos. Las obligaciones de los Estados parte se fundamentan en un nuevo concepto de discapacidad basado en el modelo social que mencionábamos antes, que define como personas con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, la discapacidad no es una característica del individuo, sino el resultado de la interacción entre una persona con unas circunstancias personales concretas, a la que la convención se refiere como deficiencias, y un entorno que limita, obstaculiza o le impiden el ejercicio de sus derechos. Esta nueva perspectiva implica, primero, el respeto por la diversidad del ser humano, que no puede ver mermada su capacidad jurídica ni su capacidad de obrar por la circunstancia personal de no estar en los cánones de normalidad más frecuentes. -Esto es la base o el fundamento del derecho de igualdad de oportunidades y no discriminación-. Segundo, que aún persistiendo la diferencia o la deficiencia a la que hace referencia el texto, la discapacidad puede eliminarse, o los efectos negativos de la discapacidad pueden ser subsanados cuando se garantice o se restablezca el acceso y ejercicio de los derechos de estas personas. Y tercero, que se trata de un concepto de discapacidad más amplio que el que rige nuestro derecho, pues al margen de cualquier calificación administrativa, se entiende discapacitado quien por sus deficiencias sensoriales, físicas, psíquicas o psicosociales no está en igualdad de oportunidades. Esto va a requerir la protección de algunos supuestos que actualmente quedan fuera del reconocimiento administrativo y del amparo de las políticas de discapacidad, que sin embargo sí están protegidas por este tratado cuando se encuentran en una situación de discriminación por razón de discapacidad.
La convención, cuando establece las obligaciones y medidas a seguir por los Estados parte, define otros derechos instrumentales o habilitantes, a veces a modo de principios de actuación, que condicionan el ejercicio de los verdaderos derechos fundamentales. Es el caso, por ejemplo, de la accesibilidad, concepto que se recoge en el artículo 9 de texto, y que establece que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en una serie de ámbitos. Cuando se denieguen esas medidas en el acceso al ejercicio de un derecho fundamental, se estará incurriendo en una discriminación y, por lo tanto, en la vulneración del derecho de igualdad de oportunidades.
En nuestro ordenamiento jurídico, la accesibilidad en algunos de sus ámbitos se aborda ya en la Ley de integración social de los minusválidos en 1982, y últimamente la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad también ha regulado ampliamente esta cuestión. Sin embargo, después de casi más de treinta años de regulación en el caso de la accesibilidad del entorno físico, estamos todavía muy lejos de haberlo resuelto. Esto es, sin duda, y permítanme expresarlo así aun a riesgo de ser fatalista, el gran fracaso de las políticas de inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos la obligación legal y moral de ser diligentes y eficaces en este asunto sin más dilaciones. El desarrollo de políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, tiene de ahora en adelante su fundamento jurídico en la igualdad de oportunidades y no discriminación, y si no se hace así se estarán vulnerando los derechos fundamentales que protegen nuestra Constitución y los tratados internacionales vigente, en nuestro país para este grupo de personas. No podemos seguir infringiendo las leyes de accesibilidad, y sería incluso deseable revisar algunos de los plazos que la Liondau estableció, para poder adelantarlos y cumplir de inmediato con la convención en este aspecto.
Otra de las cuestiones que presenta un mayor reto en este nuevo modelo social que formaliza la convención, es el reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, entendida a nuestros efectos como capacidad jurídica y capacidad de obrar. La convención establece un nuevo sistema para entender las necesidades de quienes actualmente tienen limitada su capacidad de obrar mediante el sistema de incapacitación vigente en nuestro país. El tratamiento que asume la convención con relación a la capacidad jurídica plasma lo que se conoce como modelo de apoyo en la toma de decisiones, en detrimento del tradicional modelo de sustitución que impera en la mayoría de los países de la comunidad internacional que tienen regulada esta cuestión, si no es en la totalidad de ellos. En este sentido, la capacidad jurídica en el modelo de apoyo está relacionada con la libertad, con la posibilidad de errar y de equivocarse, con el riesgo, y no con la sabiduría, la prudencia o la perfección de las decisiones, hacia lo que ésta orientado el modelo de sustitución vigente en nuestro país. La adopción de modelo de apoyo supone un auténtico cambio de paradigma en la materia, que tendrá un importante impacto en las legislaciones nacionales, como la española, que adoptan el modelo tradicional de sustitución. La modificación del sistema es compleja y requerirá de cambios graduales; incluso es posible que durante un período de tiempo deban coexistir los dos sistemas, el de sustitución y el de apoyo a la toma de decisiones, hasta lograr una adecuada articulación de las nuevas medidas con el objetivo de que respondan adecuadamente a las necesidades de las personas que las requieran.
Tras la breve mención a algunas de las cuestiones más relevantes de la convención, me gustaría continuar mi exposición abordando la cuestión relativa a la aplicación y el seguimiento de la convención en nuestro país y el papel del Cermi en estos cometidos en su calidad de plataforma de representación de las personas con discapacidad y de sus familias. En relación a la aplicación de la convención, el artículo 5 del tratado proclama el derecho de igualdad ante la ley de las personas con discapacidad y reprueba la discriminación que constituye cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Con esta finalidad, el artículo 4 de la convención establece entre las obligaciones generales que comprometen a los Estados, las de adoptar medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos los derechos reconocidos en la convención, y las de derogar leyes, costumbres y prácticas contrarias a la misma. Este último propósito afectará a nuestro ordenamiento jurídico en la medida en que existan disposiciones normativas que, fundamentadas en una diferencia personal de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, limiten el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de forma general y sin responder a razones objetivas y proporcionadas.
Precisamente hoy soy portadora del informe que la Fundación ONCE y el Cermi, encargaron a la Universidad Carlos III, y que pretende analizar e identificar las incompatibilidades de nuestro derecho con la convención.
-Tengo aquí copias, las dejaré a disposición de SS.SS-. El resultado de este análisis abre una etapa de trabajo en el seno del Cermi, que culminará con la presentación durante el segundo semestre del 2009 de una propuesta, legitimada por nuestras organizaciones, de aquellas cuestiones que consideramos necesarias adecuar al nuevo marco legal que dispone la convención. En ese sentido, el Cermi apuesta por una ley transversal que contenga las modificaciones o novedades que deban ser incorporadas al ordenamiento jurídico actual. Se trata de abordar esta cuestión de la forma más ágil y eficiente, para que no se dilate injustificadamente esta adecuación normativa, que sin duda iría en detrimento de la propia convención y, por lo tanto, de las personas con discapacidad. La convención puede ser un instrumento inútil si no hay una apuesta política, social y jurídica para el cumplimiento de lo manifestado en ella. Junto a esta ley general, no descartamos que sea necesario llevar a cabo algunas acciones concretas, por tratar cuestiones de
especial complejidad, que requieran de un proceso independiente de maduración y articulación.
Es necesario modificar y complementar nuestro ordenamiento jurídico para adecuarlo al propósito de la convención. No es posible en este momento entrar a analizar en detalle las disposiciones normativas que deberán ser actualizadas, ni las políticas de acción positiva que requerirán ser reforzadas. En cualquier caso, y como ya he mencionado antes, nuestro acervo legal deberá adaptarse en la medida en que existan disposiciones normativas que, fundamentadas en una diferencia o deficiencia personal de carácter físico, psicosocial, intelectual o sensorial, limiten el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad de forma general y sin responder a razones objetiva y proporcionadas. En este sentido, no será aceptable ninguna regulación que contenga un tratamiento menos favorable para una persona cuando esté fundamentado en su discapacidad, lo que pondrá en cuestión las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico que comprometen gravemente los derechos fundamentales de este colectivo, como ocurre con la esterilización no voluntaria de las personas con discapacidad o la aceptación legal del aborto para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad, o cuestiones como el internamiento forzoso, los tratamientos involuntarios que restringen la libertad del individuo. Todas estas materias deberán ser reconsideradas a la luz de la convención y ser objeto de renovación legislativa para adecuarse a los dictados del nuevo tratado, cuando vengan asociadas y justificadas por una situación de discapacidad.
No me gustaría olvidar otra de las importantes obligaciones que impone la convención. Me refiero a la acción positiva, necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades, y que requiere de políticas de intervención orientadas a proporcionar un espacio adecuado de desarrollo de las personas con discapacidad. En este sentido, es también justo mencionar que, sin perjuicio de la necesidad de seguir trabajando para alcanzar los objetivos de la convención, España cuenta ya con una de las legislaciones para personas con discapacidad más avanzadas de la Unión Europea, en gran medida gracias al trabajo proactivo del movimiento asociativo de personas con discapacidad y a la voluntad política, representada en parte en esta institución. Nuestro ordenamiento jurídico ya incorpora muchas medidas de intervención contempladas en la convención para reforzar y promocionar el ejercicio de los derechos, por ejemplo la discriminación positiva. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad -Liondau- refleja la voluntad de ir abandonando el modelo rehabilitador a favor del modelo social que proclama la convención, pero sigue haciendo falta que los principios y derechos recogidos en esta regulación sustantiva se reflejen de forma transversal en el resto del derecho positivo y en la sociedad. Para este último propósito, y a pesar de que he centrado mi intervención casi exclusivamente en los cambios legislativos, también quisiera decir que, siendo el derecho una herramienta de gran utilidad para producir cambios sociales, en lo que respecta a esta cuestión es necesario apoyar el cambio de paradigma en otra de las grandes herramientas socializadoras, que es la educación.
En lo relativo al seguimiento, segundo punto de ese apartado, no quisiera dejar de mencionar el papel que el Cermi puede desempeñar en las labores de seguimiento del tratado, para lo que solicito el apoyo de esta Cámara.
El sistema de seguimiento que contempla la convención establece la obligación para los Estados de implicar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan en todos los niveles del proceso de seguimiento; ese aspecto es casi esencial para garantizar el éxito de la convención, precisamente porque la invisibilidad de la personas con discapacidad en la sociedad en general, y en concreto respecto de su derecho de participación en los asuntos públicos contribuye en gran medida a su discriminación; no en vano, y en este sentido, uno de los éxitos de la convención es el de haber respetado el principio de, nada sobre nosotros sin nosotros, que ha sido reclamado por el colectivo de personas con discapacidad durante mucho tiempo. En esta linea, la convención establece un doble sistema de seguimiento integrado por una parte por un organismo gubernamental, para lo que se ha designado al Consejo Nacional de la Discapacidad como órgano de referencia de la Administración General del Estado para la promoción, protección y seguimiento en España de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad incorporados a nuestro ordenamiento jurídico; y por otra parte, el artículo 33.2 del tratado hace referencia a un mecanismo de seguimiento independiente que deberá supervisar la implementación del mismo. Se establece la obligación para el Estado de designar uno o varios organismos que lleven a cabo esta tarea, que deberá tener atribuidas las funciones de promover, por ejemplo, a través de campañas de sensibilización y educación; proteger, examinando individualmente las denuncias y participando en la litigación; y supervisar, examinando la legislación y la situación de la aplicación en el país. En concreto, el precepto menciona un marco que constará de uno o varios mecanismos independientes. Ese marco o sistema de protección deberá observar los principios de funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de derechos humanos. Estos principios son los conocidos como Principios de París, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, mediante la Resolución 43134 de la asamblea general de 20 de diciembre. Son un conjunto de recomendaciones mínimas relativas a las instituciones de protección y promoción de los derechos humanos orientados a garantizar el buen funcionamiento de los organismos creados para velar por los derechos en el ámbito nacional.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad presentó, aproximadamente un mes después de la entrada en vigor de la convención, una propuesta para ser considerado como instancia de la sociedad civil encargada del seguimiento de la convención en España. La propuesta, que observa atentamente los Principios de París, fue objeto de informe favorable por el Consejo de la Discapacidad en la reunión de su comisión permanente el 15 de septiembre de 2008. En este momento está pendiente de ser aprobada la disposición normativa que formalice el estatus del Cermi como organismo independiente de seguimiento, de acuerdo al artículo 33.2.
La designación del Cermi culminará el principio de participación de las personas con discapacidad en todo lo relativo a la aplicación y seguimiento de la convención, puesto que en la actualidad el Cermi es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.500 asociaciones y entidades, y que representa en su conjunto a casi 4 millones de personas con discapacidad que hay en España.
Dentro de las obligaciones asumidas por España con la ratificación del tratado, está la de presentar informes periódicos por parte del Estado, que serán sometidos a la evaluación del Comité Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad elegido, el pasado 3 de noviembre y que mantendrá su primera reunión a finales de este mes. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la convención en cada Estado, se deberá presentar un primer informe sobre el grado del cumplimiento del acuerdo y las medidas adoptadas para la aplicación de la convención. Puesto que la convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008 en nuestro país, España deberá hacerlo antes del 3 de mayo de 2010. El primer informe podría ser más amplio que los posteriores, porque deberá presentar la situación de partida del país; para lo que se incluirán datos que probablemente no será necesario reiterar en informe posteriores, y al menos podría o debería incluir lo siguiente información: establecer el marco constitucional, jurídico y administrativo para la aplicación de la convención; explicar las medidas de políticas y los programas adoptados para hacer efectiva cada una de las disposiciones de la convención, y especificar el progreso realizado en la puesta en práctica de los derechos de las personas con discapacidad como resultado de la ratificación y aplicación de la convención. La preparación de los informes debe seguir un procedimiento abierto y transparente, y debe contar con la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en virtud de las obligaciones asumidas por el Estado, concretamente recogidas en el párrafo 3 del artículo 4. Es también una práctica habitual en la elaboración de este tipo de informes, someterlo como parte del procedimiento abierto a tramitación parlamentaria antes de su presentación al comité.
Y ya para finalizar, me gustaría decir que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pretende prevenir la vulneración de los derechos humanos de un colectivo que no tiene las mismas oportunidades de desarrollo personal que otros ciudadanos, o al menos no las ha tenido hasta la fecha. Es necesario prevenir las discriminaciones por razón de discapacidad, y esto se culminará cuando el espacio real de desarrollo del individuo sea el mismo para las personas con discapacidad que para los que no tienen una discapacidad. La convención es una pieza importante para hacer que esto suceda, contiene las herramientas que los gobiernos debe utilizar y respetar para hacerlo posible. En muchas ocasiones nuestras leyes ya prescriben las acciones discriminatorias, pero la realidad nos demuestra que hasta la fecha no se está respetando los derechos de este colectivo en igualdad de condiciones. Aprovechemos esta oportunidad para avanzar hacia una cohesión social cada vez más perfecta y felicitemos a todas aquellas personas con discapacidad que con su trabajo e implicación han hecho posible la adopción y entrada en vigor de esta convención internacional.
Los derechos humanos proclamados en la declaración universal, así como las medidas, los principios y las obligaciones de la convención, requieren del desarrollo de políticas eficaces basadas en la firme convicción del igual valor de todos los seres humanos. En nuestra sociedad las discriminaciones son cada vez más sutiles, pero no por ello menos odiosas, y en ocasiones más difíciles de combatir y erradicar. Debemos ser escrupulosos y exigentes con nosotros mismos para evitar los tratos discriminatorios que podemos incluso justificar en bienintencionadas medidas protectoras. Tengamos siempre presente la presunción de igualdad de dignidad y de derechos que proclaman estos tratados internacionales, y que habilitan a todos los seres humanos para evolucionar como personas, para cosechar experiencias y éxitos, incluso para errar y descaminarse.
En la actual situación económica que estamos viviendo parece obligado hacer un llamamiento a SS.SS. para que precisamente en este momento no descuiden la observancia de las obligaciones adquiridas a través de este acuerdo; algunas de ellas solo precisan de la voluntad política y no de grandes presupuestos; las restantes deben asumirse en la medida de lo posible, pero en ningún caso olvidarse o relegarse, pues no sería justificable en el marco de la nueva convención.
Y con esto doy por concluida mi intervención, no sin antes agradecerles su invitación y su interés por escucharme, quedando desde este momento dispuesta a escuchar las consideraciones, preguntas o cuestiones que SS.SS. deseen realizarme.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista doña Margarita Pérez Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Muchas gracias por su exposición. Como sabe, ya hemos hablado en más ocasiones de la convención, por lo tanto ya vamos
teniendo un conocimiento de su contenido. Es evidente el apoyo o el reconocimiento de lo que la convención supone por parte del Gobierno español. Prueba de ello es su rápida firma, ratificación y posterior firma del protocolo. Por supuesto, también nos parece un avance sustancial, lógicamente, al grupo que apoya al Gobierno, que es el grupo al que yo pertenezco.
Yo destacaría alguna cuestión. Usted hablaba de la definición de discapacidad, en la que se hace hincapié en el concepto de interacción con las barreras que dificultan el pleno ejercicio de la libertad de las personas con discapacidad; pero destacaría también, porque lo hizo uno de los comparecientes, que la definición es abierta. Antes de esa definición tiene la palabra, incluye, con lo cual se supone que queda la definición un poco abierta, que además de eso puede incluir algunos otros conceptos.
Consideramos que es una herramienta fundamental, que saca a todas las políticas relacionadas con la discapacidad del ámbito de la política social, para incluirlo, para llegar a la conclusión de que todo lo relacionado con las personas con discapacidad debe de ser abordado de forma transversal en toda la acción política, para conseguir la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que es el requisito imprescindible para el bien jurídico de más reconocimiento, que es la libertad.
De todas maneras, me gustaría hacer algunas reflexiones con respecto a lo que conlleva y conllevará la convención. Sin duda que un gran avance que va a cambiar la vida de las personas con discapacidad, estamos seguros de que se harán lo más rápido posible, son las modificaciones legislativas necesarias, pero me planteo algunas cuestiones. Están relacionadas fundamentalmente con el cambio de paradigma respecto a la capacidad jurídica. Me parece acertado y correcto pasar de la sustitución de la capacidad al apoyo. Permítanme una mención a lo mejor anecdótica, pero que pone en evidencia esta conveniencia o esta necesidad: la protagonista de la novela de Larson, muy de actualidad, que se ve privada de capacidad jurídica teniendo, supuestamente, un trastorno de conducta. Y una capacidad intelectual altísima; se ve privada de esa capacidad para que más fácilmente las personas que la rodean puedan ocultar delitos graves en los que están implicados poderes próximos al Gobierno sueco. ¿Pero se puede hacer esto en todos los casos? ¿Se puede obviar la sustitución en todos los casos? Y esto lo ligaría con otros artículos, como el artículo 23, que habla de que las personas con discapacidad libremente y de manera responsable podrán decidir el número de hijos, y que hay que mantener la fertilidad de las personas con discapacidad. Esto de alguna manera puede chocar con el derecho, en concreto de las mujeres con discapacidad intelectual profunda, a mantener relaciones sexuales. Me parece que puede ser conveniente introducir límites a la capacidad reproductiva para que puedan tener actividad sexual. Sinceramente me cuestiono la capacidad de algún tipo de discapacidad intelectual para decidir si quieren tener hijos o no. Yo creo que esto conlleva una reflexión.
Habla también el artículo 24 de educación inclusiva, que me parece también como principio general muy correcto y muy adecuado, pero sería conveniente y que se pudiera hacer al realizar las adaptaciones legislativas precisas; que entre todas las partes afectadas, incluyendo la participación, por ejemplo, del Cermi, se elaboren protocolos, porque si no en algún momento puede chocar esto con lo que dice el artículo 7.2, que habla del interés superior del menor. Es posible que en alguna ocasión el interés superior del menor haga necesario una educación específica en un ámbito específico.
Pertenezco también a la Comisión de Cooperación y tengo vinculación histórica con la cooperación al desarrollo, y por lo tanto también me parece muy bien el artículo 32. Pero me gustaría preguntarle cómo considera usted que el Cermi puede promover esta cooperación.
Casualmente, personas de mi entorno mantuvieron ayer una entrevista con el presidente de Perú para hablar, en concreto, de un proyecto que promueve una asociación, que es la Asociación de Hemofilia, para mediante esta figura de las asociaciones de los pacientes, mejorar las condiciones de vida de este colectivo, además, no sé si lo conocen los presentes, es una de las asociaciones de mayor tradición, y que con su actividad consiguieron más avances, como todas. Me olvidé al principio de mi intervención de felicitar a las asociaciones, porque estoy segura de que estos avances, el haber conseguido esta convención, en gran medida es mérito al trabajo, a la organización de las personas afectadas. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo consideran ustedes que se puede hacer esto? Porque en concreto esta acción que le comento fue a iniciativa propia.
Vista la situación de un país con el que se tiene algún contacto, fruto del trabajo de las asociaciones en España, se fue organizando un proyecto. Pero no conozco que el Cermi promueva las actividades de cooperación, como está aquí recogida, y me parece, insisto, algo importante y valioso. Me gustaría conocer su opinión y cómo se plantean ustedes, también desde sus actividades, promover el desarrollo del contenido de la convención, y en concreto de este artículo.
En una comparecencia anterior se ligaba de alguna manera los comentarios de la necesidad de cooperar para que otros países mejoren su situación con los fallos que tenemos en nuestro país. Esto me parece que siempre hay que tratarlo con mucha precaución; no es comparable nunca.
Evidentemente, en nuestro país, que es un país desarrollado hay cuestiones en las que tenemos que avanzar mucho, como puede ser en la integración de las personas con discapacidad, pero nunca se puede comparar los fallos que podamos tener en nuestro país con la situación de los países que no han alcanzado el nivel de desarrollo que tenemos. Y únicamente por si quedó alguna preocupación por algunos comentarios de una comparecencia anterior relativos a la situación en Galicia, en concreto del ámbito educativo, me gustaría que todos ustedes conozcan que la Consellería de Educación y el
Cermi de Galicia están colaborando, por la información que yo tengo con plena satisfacción por ambas partes, en la elaboración de un decreto de atención a la diversidad.
El señor PRESIDENTE: Ha solicitado la comparecencia el Grupo de Convergència i Unió, pero no veo a su portavoz, que debe estar ocupada en otra Comisión; por tanto la disculpamos por ese hecho. Si no le importa a la compareciente, como el Grupo Popular quiere intervenir, que lo haga, y luego ya contesta globalmente a ambas. ¿De acuerdo? ¿No hay más grupos presentes? No veo; deben estar todos ocupados en otras actividades; es que hoy hay muchas comisiones y es entendible. Señora Bañuls, tiene usted la palabra.
La señora BAÑULS ROS: Señora Sastre, deseo darle la bienvenida en primer lugar, y agradecerle su tiempo para venir a hablarnos en calidad de experta de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del que casi sin darnos cuenta vamos acercándonos al primer año de vigencia en España.
Al igual que con los expertos en esta materia que le han precedido compareciendo en esta Comisión en la tarea de informar, queremos aprovechar su presencia para formular preguntas sobre aquellos aspectos que más interrogantes nos ofrecen sobre la implementación de la convención en nuestro país. Vaya por delante que nuestro grupo parlamentario, como ustedes creo que ya saben, presentó en rueda de prensa una proposición de ley para su debate en Pleno, para que normativas importantes referidas a la discapacidad, como la Ley de integración social de los minusválidos de 1982, o la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, de 2003, se adapten a las circunstancias actuales y a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como consecuencia de la ratificación por España tanto de la convención como de su protocolo facultativo, tenemos, como usted bien ha dicho, un importante instrumento de derechos humanos que nos obliga a los legisladores a analizar, identificar y modificar todas las posibles incompatibilidades de nuestro ordenamiento jurídico con los principios y valores de la convención. En ese contexto, y como delegada del Cermi para la convención, tengo unas preguntas para usted.
A nuestro grupo parlamentario le interesaría conocer su valoración general sobre el ritmo que está llevando la implantación de la convención en las leyes españolas, habida cuenta de que ya estamos a más de un año de la firma y ratificación por parte de nuestro país. Ya sabíamos entonces, aunque está vigente desde el 3 de mayo, cuando se firmó y se ratificó, que había que ponerse manos a la obra. También es verdad que tenemos pendiente el primer informe de los Estados parte, y supongo que ya estarán trabajando en los términos que se indican en ese informe. Y vuelvo a pedir algo que ya hemos dicho en alguna otra ocasión, nos gustaría que ese primer informe, una vez estuviese redactado, se presentara a la Cámara. También nos gustaría conocer su opinión sobre la propuesta anunciada, es decir, la proposición de ley de nuestro grupo parlamentario.
La segunda cuestión a la que voy a hacer mención tiene que ver con la difícil coyuntura económica actual, a la que usted también ha hecho referencia. Como todos sabemos, España está atravesando una recesión económica de gran calado, cuya manifestación social más preocupante la constituye el acelerado ritmo del número de personas en situación de desempleo. ¿Cómo cree que puede afectar dicha crisis a las personas con discapacidad, y qué se puede hacer para evitar que esta situación dificulte aún más el proceso de integración laboral de las personas con discapacidad y ralentice la puesta en marcha de la estrategia global de empleo tan necesaria para este caso? Me gustaría saber si se están aportando ideas para adoptarlas desde su institución, de la institución de la forma parte, para que este tema no se vea en las dificultades que nosotros ya intuimos.
Otra cuestión que preocupa al Grupo Parlamentario Popular es el nivel de conocimiento de la convención de la ONU por parte de los colectivos de las personas con discapacidad, de sus familias, de los profesionales, de los mediadores sociales y de la sociedad en general. No cabe duda de que una de las principales premisas para que la convención sea efectiva es su difusión y conocimiento. Pensamos que dar a conocer la convención y sus disposiciones es una necesidad para promover la comprensión de las cuestiones relativas a la discapacidad y ayudar a todos a entender los mecanismos y las estructuras necesarias para llevar a la práctica la convención. En este sentido, ¿cómo cree usted que podemos contribuir nosotros, como parlamentarios, a la difusión de la convención? No estaría de más que se presentasen en esta Comisión algunas ideas.
Esos son los puntos que quería plantearle esta mañana. Y para terminar, me gustaría decirle, me gustaría transmitirle lo que hemos manifestado en otras ocasiones, y es que tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración para los nuevos retos que se plantean a la luz de la convención, y que sobre todo debemos ser capaces de trasladar a la sociedad en su conjunto.
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, la señora portavoz de Convergència i Unió tiene la palabra. Ha llegado la señora Tarruella, venía de otra Comisión, y por tanto, aunque hemos alterado el orden, tiene usted ahora la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Señora Sastre, en primer lugar debo disculparme por no haber podido estar aquí escuchando su comparecencia, que había sido también petición de nuestro grupo parlamentario, para escuchar sus opiniones sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero en los grupos pequeños es lo que pasa. En estos momentos tenía que estar en otra Comisión defendiendo otras propuestas
previas. Sin embargo, leeré atentamente toda su comparecencia. He pedido la palabra Ahora para agradecerle su presencia aquí y para manifestarle, por parte de nuestro grupo parlamentario, todo el apoyo al trabajo que se está realizando, que siempre estaremos atentos a todo lo que vaya saliendo respecto a los derechos de la discapacidad, y que contará con el apoyo nuestro.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora ya el turno para la contestación doña Ana Sastre.
La señora DELEGADA DEL CERMI PARA LA CONVENCIÓN DE LA ONU DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Sastre Campo): A ver si soy capaz de acordarme de todo. No es mi intención olvidarme de nada, sino que simplemente contesto a lo que he retenido.
Es verdad lo que mencionaba del apoyo tan importante que ha tenido el Gobierno y el grupo político al que usted representa a esta cuestión para la aprobación y ratificación de la convención. Estamos muy agradecidos y además hemos sentido ese apoyo, hemos sido partícipes de muchas de las situaciones que en el proceso se han ido dando, y de hecho hay una persona con discapacidad de nuestra entidad que ha sido apoyada para ir incluso a formar parte del comité internacional a Naciones Unidas; con lo cual lo agradecemos y creemos que eso va a ser parte del éxito de esta convención en su implementación aquí en España.
Ha mencionado la apertura o el hecho de que la definición de discapacidad es un concepto abierto. Totalmente de acuerdo. Esto responde a la situación o el lugar en donde se aprueba este concepto, que es Naciones Unidas, un espacio donde el nivel de desarrollo socioeconómico de los países es muy distinto. Quien puede ser discapacitado en un país no lo es en otro si tiene las ayudas y los medios necesarios debido a ese concepto de discapacidad. Eso es lo que nos debe animar a trabajar y a luchar por que esa discapacidad desaparezca.
La capacidad jurídica. He traído el informe completo del análisis que ha hecho la Carlos III a petición de la Fundación ONCE y el Cermi, en donde se tratan, además de estos aspectos, otros. Sin duda, la capacidad jurídica es una de la cuestiones más polémicas o más delicadas y que más trabajo nos va a llevar a todos para encontrar la solución adecuada. Lo que está claro es que la convención no permite la discriminación, es decir, un trato desfavorable a una persona por su discapacidad. Se le puede tratar distinto por otras razones, pero nunca el trato tiene que estar justificado en la razón de su discapacidad. En ese sentido el modelo de apoyo a la toma de decisiones es un modelo que está por construir, que prácticamente no existe ningún país en el que podamos fijarnos. Hay algunos avances en algunos países, pero en realidad es un modelo que está por construir y requiere del esfuerzo y de la imaginación de todos los sectores sociales. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y tiene que partir, qué duda cabe, esa promoción y ese impulso por parte del Gobierno y de las instituciones. Son temas que tiene mucho debate. Lo ha relacionado con el derecho a la sexualidad, con la capacidad de tener hijos o no tener hijos; son temas que requieren un largo debate, que yo en cualquier momento me brindo a tener con ustedes. A modo de ejemplo, hace poco el Cermi ha estado implicado en la llamada de atención del trato que se estaba dando a dos personas con discapacidad intelectual que habían sido padres en la Junta de Andalucía. Se había hecho una intervención cuyo resultado fue retirar el bebé de la madre de la niña por no considerarlos aptos. No nos debe asustar el cambio de modelo.
Nosotros, evidentemente, somos conscientes de las limitaciones personales de todos los hombres y las mujeres, no solamente de las personas con discapacidad; pero tenemos que ser capaces de crear ese sistema de apoyos y llevar a cabo intervenciones que se fundamenten en esa igualdad de capacidad. Es decir, comprendemos las dificultades que puede haber en alguno casos, pero creemos que las intervenciones se debían de mejorar.
El modelo de apoyo en que nosotros pensamos, es un modelo de apoyo que puede ir de cero a cien. Ahora mismo, y tampoco querría profundizar mucho en este tema, a las personas con discapacidad cuando se le pone un tutor, se les sustituye incluso en los derechos personalísimos. Eso significa que su tutor podría decidir que esa persona se casara con otra porque entiende él que es una persona buenísima que lo va a cuidar mucho. Este tipo de cosas que no se dan por sentido común, sí las admitimos en otras circunstancias que a lo mejor deberíamos apoyar para que respondieran a lo que las personas con discapacidad quieren. Nosotros no queremos ser destructivos, sino constructivos, y lo único que yo he pretendido es hacer una llamada de atención en este tema, en cuanto a que debemos cambiar el chip. El modelo que tenemos ahora, el modelo de sustitución, se basa en el modelo rehabilitador; debemos ser capaces de trasladarnos al modelo social y desde ahí empezar a construir esto que pretende el respeto y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y en eso podemos estar todos de acuerdo.
Por lo que se refiere a la cooperación, en el Cermi ya hemos empezado a trabajar. Es una cuestión importante para nosotros, pero debido a nuestros recursos y a nuestro ámbito de actuación, nos es más difícil trabajar en este sentido. Hemos aportado recientemente algunas importantes enmiendas, o nosotros las consideramos importantes, al plan de cooperación al desarrollo que se ha aprobado recientemente o estará a punto de aprobarse, y desde ahí queremos aportar nuestro grano de arena, ponemos a disposición del Gobierno, que es quien tiene la obligación de cumplir la convención, la experiencia y todos los recursos de los que disponemos en este sentido, si alguna vez consideran que podemos serles útiles. Es verdad que estamos intentando crear lazos con ONG que tradicionalmente trabajan en el ámbito de los derecho humanos, que ya tienen una experiencia en cooperación,
y de ahí probablemente puedan salir colaboraciones interesantes en este sentido.
Sobre la intervención de la señora Bañuls y el ritmo de implantación de la convención, podríamos exigir que se hubiera hecho todo ya, pero también entendemos que era necesario el estudio que hemos realizado y llevado a cabo, que es necesaria una reflexión incluso dentro del sector, del movimiento asociativo de personas con discapacidad. Hay cuestiones que son delicadas dentro de nuestro sector y que deben ser construidas sobre una base sólida y teniendo en cuenta la convención. Por ejemplo, lo he manifestado en mi intervención, el tema de la accesibilidad, y sobre todo en cuanto a cuestiones que ya están reguladas desde hace mucho tiempo, deberíamos plantearnos esto como hacer un esfuerzo desde todas las instituciones de Gobierno, políticas. Ya no se puede justificar la falta de accesibilidad ni en los entornos físicos ni en la comunicación, porque es un instrumento habilitante del ejercicio de otros derechos y es un instrumento sobre el que se viene llamando la atención durante mucho tiempo. Aquí deberíamos ser serios y dar avances importantes. En cuanto a otras cosas, todavía tenemos que madurar y seguir avanzando.
Respecto al informe que tiene que presentar el Gobierno en el 2010, vamos a tratar de colaborar, y más si somos reconocidos como organismo formal de seguimiento. El informe tiene que ser transparente y tiene que estar abierto y, por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Como he mencionado, suele ser habitual en otros países en cuanto a otros convenios y tratados, su tramitación parlamentaria como contribución a ese principio de apertura y de transparencia. Con lo cual, todo lo que fuera cumplir ese principio de transparencia nos parecería muy correcto.
He tenido oportunidad de ver la proposición de ley que su grupo ha presentado. En algunos aspectos, por ejemplo, en la definición de discapacidad, ya incluyen los conceptos de la convención, y en ese sentido estamos muy agradecidos y notamos el apoyo y lo soportamos.
En cuanto a la crisis, está afectando sin duda a las personas con discapacidad. En el empleo está afectando. Tengo que decir que una de las obligaciones que la convención establece y que es muy importante, es la de que el Gobierno establezca criterios indicadores que visibilicen a las personas con discapacidad en todas las políticas, para de esta forma llevar a cabo políticas adecuadas a las necesidades y a los resultados de lo que ya está puesto en marcha. Por esa falta de datos en algunos aspectos no puedo decirle cómo está afectando concretamente, pero sí sabemos que está afectando. Están bajando los datos de facturación de centros especiales de empleo, que en este momento emplean a más personas con discapacidad de las que hay en el empleo ordinario, o eso es lo que nos dicen las cifras, porque es probable que haya muchas personas con discapacidad que no están identificadas. En cualquier caso, sí están afectando, y hay una preocupación importante en el sector. Esto es una cosa que nosotros trasladamos con frecuencia al Gobierno, y ahora tenemos la suerte y tenemos las esperanzas puestas en esa mesa que la ministra de Educación, Política Social y Deporte creó recientemente. No me acuerdo de la fecha, pero se la podría decir; es una mesa de diálogo entre el Gobierno, a través de ese ministerio, y el movimiento de las personas con discapacidad, en la que además de otras cuestiones se pretende abordar estos temas y que nos parece, si en esa mesa existe una voluntad, si esa mesa da los resultados que debiere, que puede ser una buena herramienta para trasladar nuestras preocupaciones y combatir algunos de los problemas que tenemos.
Respecto a la difusión de la convención, es indispensable que la convención se trasmita no solo a las personas con discapacidad, sino a todos los actores sociales, porque la convención no es una cosa que afecta solamente a las personas con discapacidad, establece obligaciones y establece aspectos que afectan a todos los actores, y es necesario que esos actores y que todos nos veamos reflejados en esa convención para que se cumpla el propósito de la misma. Con lo cual, es importante que desde esta institución se le pida al Gobierno que lleve a cabo las campañas de difusión o que incorpore aspectos en cuanto a la divulgación y los contenidos de la convención en general.
Espero haber respondido a todas sus preguntas. No sé si ha podido quedar algo.
El señor PRESIDENTE: Creo que ha quedado todo perfectamente claro. Si no hay ninguna repregunta de ningún grupo parlamentario, le agradecemos su presencia. Distribuiremos la información que nos ha suministrado muchas gracias por ello, al finalizar la sesión se la entregaremos a todos los grupos parlamentarios. Y gracias; esta es su casa.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA APROBACIÓN DE NUEVOS BAREMOS QUE VALOREN LA DISCAPACIDAD, DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE FUNCIONAMIENTO (CIF). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000404.)
El señor PRESIDENTE: Si les parece, continuamos la Comisión, porque tenemos todavía un orden del día importante. Dado que no se encuentra presente ,por otras obligaciones parlamentarias, el representante del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, vamos a comenzar con la segunda proposición no de ley, esperando que el portavoz de Esquerra Republicana pueda acudir y después defender su iniciativa. En ese sentido, abordamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad, de acuerdo con la clasificación internacional de funcionamiento, a cuyos efectos tiene la palabra doña María José Sánchez, su portavoz.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: En 1999, por real decreto se modificó la norma que regulaba el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Se establecieron entonces nuevos baremos para dicho reconocimiento. Por aquel entonces, y lo toman un poco en tono de broma, las personas que de una u otra forma estábamos vinculadas a los servicios sociales le dimos en llamar a este nuevo baremo el baremo de la Virgen de Lourdes, porque en función de la causa de discapacidad -enfermedades crónicas, degenerativas, VIH-Sida, etcétera- si te tocaba revisión de grado podías entrar con un 80 por ciento de minusvalía y salir con un cero por ciento, es decir, que hubo su trastorno en la aplicación inicial del baremo y ha dado bastantes dolores de cabeza. Se han ido introduciendo algunos elementos correctores del baremo, pero aún sigue siendo un instrumento que precisa una reforma; fundamentalmente, son profundas y necesitan adaptarse a la clasificación internacional de funcionamiento, que fue aprobado por la 54ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2001. En dicha clasificación se contempla el problema de la discapacidad entendida globalmente, no desde la perspectiva individual, sino como una interacción entre la persona y el contexto social y ambiental en que se desenvuelve esta persona. Aplica por tanto el modelo biosicosocial de discapacidad, introduciendo el concepto de universalidad de la discapacidad. La revisión pretendió crear un instrumento que incidía en los elementos positivos de la persona, y no en aquellos elementos que estigmatizan a las personas con discapacidad. Y señorías, algo fundamental: venía a establecer un lenguaje común que fuera aplicable en las diferentes culturas, que nos permitiera describir de manera fiable y objetivable los estados funcionales vinculados a las condiciones de salud y discapacidad de las personas. Esta modificación va a permitir unificar los sistemas de valoración en nuestro país, acercándolo a métodos internacionales; simplificará y optimizará el proceso de valoración, y lo hará más comprensible no solo para las administraciones, sino también para los usuarios y para los profesionales que trabajan en el entorno de la discapacidad. Unificar la terminología es un elemento fundamental. La Organización Mundial de la Salud ha abandonado totalmente el uso del término minusvalía y ha reconvertido el término discapacidad, como describe el experto Miguel Querejeta utilizándolo como término genérico global, tanto para la perspectiva corporal individual como social.
Es importante igualmente hacerlo en el ámbito de lo establecido en la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, que fundamenta las obligaciones del Estado en un nuevo concepto de discapacidad basado en el modelo social, como antes comentaba nuestra compareciente, y que define como personas con discapacidad en su artículo 1 a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. La discapacidad entendida no como una característica individual sino como el resultado de la interacción entre unas personas con unas circunstancias personales concretas y un entorno que limita, obstaculiza o impide el ejercicio de sus derechos.
El Gobierno ha venido trabajando en la modificación de los baremos. En todo este tiempo ocurrió algo importante, que fue la aprobación de la Ley para la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. Se priorizó entonces el trabajo relativo a los baremos para la aplicación de esta ley y se trabajó con los colectivos en este baremo, baremo que, como ustedes saben, será revisable y evaluable a lo largo de su aplicación. Y de hecho, en lo que comentábamos antes, en la modificación de los baremos de discapacidad se está trabajando en la Comisión estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del grado de discapacidad, para lo que se han ido creando diferentes grupos de trabajo: médicos, psicológicos y sociales.
Señorías, el Grupo Socialista entiende que los cambios que introduce la clasificación internacional de funcionamiento, tanto desde el punto de vista conceptual como estructural, son de tal magnitud que se ha configurado como un nuevo sistema. Por lo tanto es importante adaptar nuestra normativa al llamado CIF, y es por ello por lo que presentamos esta proposición no de ley, que insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para aprobar nuevos baremos que valoren la discapacidad de acuerdo con los nuevos criterios introducidos. A mí me consta que todos lo grupos políticos representados en esta Comisión llevamos tiempo preocupados por nuestra vinculación, pues casi todos los miembros de esta Comisión han tenido vinculación con el mundo de la discapacidad dentro y fuera del Congreso, y por lo tanto sabemos la necesidad de la adecuación de dichos baremos. Espero, por tanto, que la proposición no de ley salga adelante.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? Grupo Parlamentario Popular, doña Enriqueta Seller tiene la palabra.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Señorías, la proposición no de ley que el Grupo Socialista viene a presentar hoy es para instar al Gobierno a fin de que adopte las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad. Sin duda, la clasificación internacional de funcionamiento debe ser acogida por los gobiernos, dado que ella misma supone una herramienta importante, una herramienta de trabajo que nos permite proseguir en el avance necesario
que requieren las políticas en materia de discapacidad, a fin de posibilitar el pleno y efectivo desarrollo de los derechos y oportunidades de los ciudadanos. Por tanto, la CIF se nos presenta en primer lugar como una herramienta útil que brinda sin duda un lenguaje unificado y un marco conceptual para la descripción de la salud y de los estados relacionados con ella. A su vez, la CIF ofrece una visión universal de la salud, que huye en todo caso de la consideración monista de la discapacidad y, consecuentemente con ello, se presenta como un modelo integrador e intercultural, pues nace de una concepción pluralista. Tanto es así que la transversalidad en el tratamiento de la discapacidad se presenta como un requisito irrenunciable en el desarrollo armónico de todos y cada uno de los ámbitos secuenciales de la vida humana, transversalidad en la que sin duda hemos ido avanzando. Por ello, señorías, al igual que un cambio terminológico de la discapacidad por sí mismo y aisladamente no ofrece cambios sustanciales, tampoco la adopción de baremos internacionales sin más soporte que ellos mismos puede solucionar poco o a medias si no se ven acompaños de los cambios necesarios de otros órdenes que posibiliten y hagan efectivos el compromiso y la obligación de los poderes públicos, que no son otros que velar, avanzar y garantizar la igualdad efectiva propugnada en el artículo 14 de la Constitución española.
A tal efecto, el Grupo Popular presentó el pasado año una proposición de ley que recoge la problemática en cuestión, y solicita los cambios legislativos acordes a las exigencias sociales del momento, emplazando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que, como lo hoy propuesto por el Grupo Socialista, consideramos imprescindibles. Por ello, y aunque la proposición no de ley solicita del Gobierno que lleve a cabo un impulso decidido, aunque sin abordar otras cuestiones conexas necesarias, nuestro grupo va a votar a favor como muestra de corresponsabilidad y de buena voluntad, así como de apoyo a todo aquello que pueda favorecer directa o indirectamente a las personas con discapacidad, un gesto que sin duda esperamos sea apreciado por ustedes cuando llegue el momento de debatir la proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Tarruella en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unión).
La señora TARRUELLA TOMÁS: Quiero felicitar por la presentación de esta proposición no de ley al Grupo Socialista. Es muy importante en el mundo de la discapacidad, tenemos muchas cosas por hacer todavía, pero creo que empezar por la unificación de los criterios internacionales de los nombres y empezar por los baremos de la discapacidad es muy importante y es necesario. Aquí ha dicho la representante del Partido Popular que va a ser una herramienta útil esta clasificación y esta adopción de la clasificación internacional de funcionamiento es necesaria e imprescindible.
Desde nuestro grupo, y aquí, en esta Comisión y en otras comisiones, me han oído SS.SS. muchas veces decir y reivindicar que hay que revisar baremos y que hay que revisar los baremos que actualmente se están llevando a cabo en la Ley de autonomía personal. Me parece que la unificación de estos criterios es importante. Empezar por cambiar el nombre a muchos de esos aspectos importantísimos para este mundo y para este campo pues hasta ahora en el Estado español todavía se está reconocimiento minusvalía. Es una manera de empezar a revisar los baremos, empezar a cambiar el nombre y después empezamos a cambiar los contenidos conforme podamos ir aportando todo lo que sea una mejora en el mundo de la discapacidad. Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario vamos a dar soporte a esta proposición no de ley, y además, vuelvo a repetir, nos felicitamos de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Les indico a SS.SS. que dado el ritmo que llevamos en este momento, las votaciones podrán ser, calculo, a las doce y media, quizá incluso un poquito antes lo digo para que SS.SS. lo tengan en cuenta.
(Número de expediente 161/000470.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5. Proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de auditorías de accesibilidad previas a los proyectos de infraestructuras financiados por la Administración General del Estado, para lo cual tiene la palabra su portavoz, el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Se trata una vez más de seguir avanzando en las políticas en favor de la normalización de las personas con discapacidad.
Y en ese sentido, y de acuerdo con la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, se establece que la accesibilidad es una condición básica a cumplir para poder tener ese disfrute de derechos, de obligaciones y de libertades de todos los españoles en igualdad de condiciones. Por lo tanto, hay que promover esa accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad quiero hacer hincapié en que aunque se confunda accesibilidad en el entorno urbano o en el entorno de edificación, estamos hablando de edificación al entorno, pero a los productos también, a los servicios y a los medios. Es decir, hay que hacer que todos los ámbitos sean comprensibles, practicables y utilizables por cualquier persona, independientemente de sus condiciones, de sus
circunstancias. En sentido contrario, la no accesibilidad implica una sutil discriminación para algunas personas que no pueden acceder, aunque sí tienen el derecho, a disfrutar de ello. Por lo tanto, todo lo que sea simplificar y eliminar cualquier tipo de barreras, como he dicho antes, de entornos, productos, medios y servicios, todo va a ser bienvenido. En este sentido, el artículo 10 de dicha ley, coloquialmente llamada Liondau, o Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, regula las condiciones básicas para garantizar la accesibilidad, esa accesibilidad que permite la igualdad de oportunidades para todas las personas. Acabamos de tener la comparecencia de la representante del Cermi para hablarnos de la convención, y dicha convención en su artículo 9, que fue firmada y ratificada el 3 de diciembre de 2007, y que entró en vigor el 3 mayo de 2008, habla en su artículo 9 sobre las condiciones de accesibilidad, de supresión de cualquier tipo de barrera que impida el goce y disfrute de las condiciones de igualdad a las personas con algún tipo de discapacidad.
Por otro lado, según la Liondau, en sus disposiciones adicionales establece el plazo de dos años para que el Gobierno ponga en marcha las condiciones básicas de accesibilidad en las administraciones públicas. El Gobierno, aunque con un cierto retraso, a finales de la legislatura anterior fue cuando aprobó los reales decretos que permiten ir desarrollando todo lo que sea accesibilidad, y sobre todo en las administraciones públicas, como decía. De acuerdo con esos reales decretos, de acuerdo también con el compromiso de las disposiciones adicionales, desde el artículo 10 se trata de establecer auditorías o una especie de control, no sé cómo llamarlo, en el que se establezca cuáles son las condiciones en las administraciones públicas, y sobre todo de cara a cualquier nuevo proyecto que se lleve a cabo y que esté financiado o que forme parte de la administración pública que lo gestione.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular presenta con esta proposición no de ley un paso más adelante en cuanto a eliminar cualquier tipo de barrera del modo que sea, para hacer efectiva esa igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos españoles, independientemente de sus condiciones. En su textualidad, la proposición habla de instar al Gobierno a establecer la obligación de realizar auditorías de accesibilidad previas a todos los proyectos de infraestructuras que promueva, financie la Administración General del Estado. En este sentido, hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, de modo que yo creo que podemos llegar al acuerdo de votar todos a favor, y conseguir ir eliminando barreras, insisto, y cuando hablo de barreras quiero hacer hincapié en ello, al entorno, a los productos, a los medios y a los servicios.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, como S.S. indicaba, hay un enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que usted indica que ha sido transaccionada. Para su defensa tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA GIL: Fijo la posición del Grupo Socialista en esta Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, desde el principio inspirador que consiga la igualdad para todos y todas. Seguro que el proponente, que conozco bastante, de esta PNL tiene en su mente el reto de romper todo tipo de barrera para lograr la igualdad de oportunidades para todos y todas, que pasa indiscutiblemente, como él refería, por lograr la accesibilidad de los entornos, productos y servicios.
Haciendo un poco de historia, esta Comisión se ha distinguido por llegar a consensos necesarios para que todas las inquietudes de los grupos redunden en beneficio de los ciudadanos y, en concreto, en aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Todo esto puede parecer una glosa de los acuerdos obtenidos en esta Comisión que, vuelvo a insistir, derivan de la voluntad de todos los grupos para luchar a capa y espada y abatir cualquier tipo de barreras para que las personas con discapacidad puedan gozar de la tan añorada igualdad de oportunidades.
Pero hay un cosa que me ha molestado en la exposición de motivos de la PNL, y es la relativa al incumplimiento del plazo de desarrollo de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la conocida por Liondau, publicada el 3 de diciembre de 2003. Esta ley no contaba con la memoria económica para ponerla en marcha ni para el curso presupuestario de 2004, y el Gobierno, cuando se publicó la ley no había establecido los contactos oportunos con los colectivos, corporaciones locales y comunidades autónomas para el desarrollo normativo de la misma. Fue cuando ya tomó posesión el Gobierno, en abril de 2004, cuando se comenzó a arbitrar tanto los recursos económicos como la negociación necesaria con los colectivos, corporaciones locales y comunidades autónomas para desarrollar la ley desde el prisma del consenso, y es en diciembre de 2006 cuando se publica el primer real decreto en desarrollo de la ley, apenas dos años más tarde. De aquí que entienda que hay un poquito de riesgo en esa apreciación -aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid cuando se denuncia el incumplimiento-; además de la sensibilidad que debía presidir este desarrollo normativo.
Por otra parte, y ya entrando de lleno en la posición de mi grupo respecto al texto de la PNL, tenemos que hacer algunas consideraciones. El artículo 10 de la Liondau, en el apartado primero cita: El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad. Por otra parte, en desarrollo de la ley se publicaron los reales decretos, el 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, y el 505/2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como el real decreto que fija las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionadas con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Por lo tanto se prefiere un buen desarrollo. Por otra parte, el 31 de octubre de 2007 se publica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, que en su artículo 101 regula el establecimiento de prescripciones técnicas y dice textualmente en su apartado primero: Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2002, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente aplicando criterios de sostenibilidad. En el segundo párrafo del mismo artículo se dice: De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, debería motivarse suficientemente esta circunstancia.
Por tanto, con el desarrollo normativo a través de los reales decretos publicados en 2006 y 2007 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y las especificaciones que aparecen en el artículo 101 de la Ley 30/2007, de contratos del sector público, estamos convencidos que se cubre sobradamente la duda que le asalta al grupo proponente de esta PNL, y solo como se cita en el párrafo segundo del punto primero del citado artículo, y solo en esos casos, podríamos pensar en arbitrar un sistema de control para garantizar el buen desarrollo de esos proyectos. Por todo ello, el grupo proponía una redacción inicial como contrapartida a la posición del Grupo Popular, pero hemos llegado a una transaccional que ahora le paso a la Mesa y, si quiere, se lee.
El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo? (Asentamiento.)
El señor VAÑÓ FERRE: Después del acuerdo, la transaccional dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de acuerdo con el artículo 9 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, a impulsar las medidas necesarias para analizar el impacto de accesibilidad previo a todos los proyectos de infraestructuras que promueva o financie la Administración General del Estado y que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en los contratos del sector público se definan las prescripciones técnicas teniendo el cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de la personas con discapacidad. En este sentido, se establecerán sistemas de control para garantizar que las excepciones previstas en el segundo párrafo del apartado primero del artículo 101 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, respondan a razones de verdadera imposibilidad basadas en causas ciertas, objetivas y contrastadas.
Quería hacer hincapié en una palabra en la transaccional que varía. Cuando nosotros hablábamos de adoptar, se ha recogido aquí como impulsar. Vamos a creer en la buena voluntad en ese cambio de palabra, pero la damos por buena.
El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Vañó, en esos términos se someterá a votación.
- DE PRESTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS ASISTENCIALES DE CARÁCTER SOCIO-SANITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN CONVERGÈNCIA I UNIÓ (Número de expediente 161/000498.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al siguiente punto del orden de día, el número 6: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de prestación de ayudas técnicas y tecnológicas asistenciales de carácter sociosanitario. Tiene la palabra para su defensa la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: De todos es muy conocido ya en esta Comisión la necesidad que tienen muchas personas y familias de ayudas ortoprotésicas para poder desarrollar su vida diaria con normalidad. Este catálogo de prestaciones ortoprotésicas está completamente desfasado. Precisamente hace pocos días, durante este mes de enero, compareció ante la Mesa y portavoces de la Comisión de Sanidad una delegación del Cermi pidiendo, y pidiéndonos, la actualización de estos catálogos de ayudas ortoprotésicas. Además, en esos catálogos, se da muchas veces que, por ejemplo, hay prestaciones por audífonos a los niños hasta los 16 años, y en el momento en que cumplen los 16 años quedan excluidos de esta prestación. Además, cuando una persona tiene discapacidad auditiva, o una disminución auditiva, y ha utilizado un audífono durante toda su infancia, al principio de su adolescencia ese coste tiene que ir a cargo de sus familiares. Además, hoy en día sabemos que en los implantes cocleares, que cada vez se están realizando más y que se están implantando bien a muchos niños y a muchas personas mayores, las baterías externas de estos implantes cocleares no entran tampoco en este catálogo de servicios. Sé que anunció no hace demasiados días el ministro de Sanidad que
incluiría estas baterías, pero aparte del anuncio no hemos oído absolutamente nada más al respecto.
Por este motivo nuestro grupo parlamentario considera importantísimo que se haga un estudio del sobrecoste que implica para los usuarios la carencia de materiales adecuados. Muchas veces hoy en día se da una personas que necesita para su vida diaria una silla de ruedas, pero esa silla no es quizá la más adecuada entonces para acceder a una categoría superior tiene que añadir un dinero, pero muchas veces esas familias no están en condiciones de poderlo hacer. A veces sería bueno que en lugar de cambiar esas ayudas ortoprotésicas tan a menudo, se les diera otras de categoría superior que fueran mucho más adecuadas para la necesidad en cada momento, y quizás se podría distanciar un poquito más en el tiempo su reposición. Por lo tanto, nosotros pedíamos que se hiciera un estudio sobre este sobrecoste que implicaba para los usuarios las carencias de los materiales adecuados, y sobre todo impulsar la modificación de la normativa vigente orientada a establecer a medio plazo una prestación de ayudas técnicas y tecnológicas asistidas de carácter sociosanitario.
Nuestro grupo presentó esta proposición no de ley en el mes de octubre, y todavía no teníamos la respuesta que se ha producido en este período de tiempo a una pregunta que hizo nuestro grupo parlamentario, que hice yo misma, al Gobierno sobre la situación en que se encontraba el estudio de los costes de las personas de discapacidad, estudio que se aprobó en una proposición no de ley en esta Comisión en la anterior legislatura, en el año 2006, y que se aprobó por unanimidad, y que todavía no había sido presentada en esta Cámara. Yo pregunté al Gobierno cómo estaba ese estudio y esa situación, y la verdad es que me siento muy, muy decepcionada con la respuesta que me ha llegado hace unos días. Es por eso que yo ahora, en los estudios que pido aquí que se hagan para las necesidades ortoprotésicas sí que vamos a ser muy exigentes para que se hagan pronto y se cumplan. No puedo por menos que leerles la respuesta a mi escrito al preguntar en qué situación estaba ese estudio. Aparte de decirme que es muy importante que se haga ese estudio y lo que implica, cosa que nosotros pedíamos, y que es resultado de una proposición no de ley, acaban diciendo que en cuanto a la fase en que se encuentra el estudio: Se están definiendo las líneas de trabajo en las que se debe desarrollar, con el fin de cumplir los objetivos reseñados y hacer del mismo un instrumento útil, exhaustivo y práctico. Señorías, después de dos años y dos meses de esa pregunta todavía el Gobierno está poniendo las bases para cumplir los objetivos reseñados. Aun reconociendo que sean útiles, la verdad es que a mí me preocupa, y mucho, el resultado, cuando estamos pidiendo estudios. Pero quiero ser optimista y quiero dar una vez más un voto de confianza, y hoy aquí, en esta Comisión -ya que esta proposición no de ley estaba presentada-, vamos a hacer una transaccional con el Partido Socialista, a la que se ha sumado también el Partido Popular, porque la primera parte de su enmienda también hablaba de un estudio, en cuanto a instar al Gobierno a efectuar en el seno de la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación del Ministerio de Sanidad y Consumo, la realización de un estudio económico acerca de las prestaciones ortoprotésicas que permitan actualizar esta cartera de servicios, y además impulsar la adopción de acuerdos con las comunidades autónomas para las ayudas destinadas a la personas, de todas las ayudas que necesitan para su autonomías personal. Quiero pensar que esta vez esto sí tendrá éxito, que será apoyado por todos los miembros de la Comisión y que este estudio llegará en tiempo y lugar oportuno, y no tendremos dentro de dos años que pedir que empiecen a efectuarlo.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, había presentados dos grupos de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista, o bien para su defensa, aunque ya veo que hay un acuerdo sobre la transaccional, o para fijación de posiciones, voy a conceder la palabra a ambos grupos.
El señor Vañó en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor VAÑÓ FERRE: Solamente decir que, efectivamente, no queremos romper el espíritu de esta Comisión de tendencia al acuerdo y al pacto en favor del sector de las personas con discapacidad, y es por lo que nos hemos sumado a la iniciativa. Pero sí les queríamos dejar constancia de dos enmiendas, que además van en coherencia con otra iniciativa parlamentaria que hemos presentado en la Comisión de Sanidad, y que me gustaría por lo menos dejar constancia de ella, aunque, insisto, el acuerdo está pactado y sigue adelante, pero presentamos dos enmiendas de adición. Una de ellas en el sentido de que consideramos prioritario impulsar la modificación de la normativa de cartera de servicios ortoprotésicos de nuestro Sistema Nacional de Salud, adecuándolo a las actuales necesidades y demandas de los pacientes y usuarios, pero sobre todo asegurando un mecanismo estable para la actualización permanente mediante la creación de comisiones en el seno del Sistema Nacional de Salud de unificación y actualización de los catálogos de prestaciones en las que, además de las comunidades autónomas, participen los representantes profesionales, representantes de las asociaciones de usuarios y los técnicos, por supuesto. Esta era una de ellas. Y la segunda enmienda, también de adición, va en consonancia con una proposición no de ley similar presentada por nuestro grupo en la Comisión de Sanidad, en la que pedíamos que se realicen las reformas normativas precisas para reducir las cargas fiscales asociadas a la adquisición de productos ortoprotésicos o prestación de servicios y asistencia social para personas con discapacidad. Bien entendido que son, por regla general, de primera necesidad, y por lo tanto debían estar sujetos a una fiscalidad menor. Simplemente dejar constancia de ello, pero insisto en el acuerdo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: En primer lugar, compartimos con el Grupo Parlamentario Catalán esta propuesta en la que subraya la necesidad de que todas las personas con discapacidad puedan utilizar el sistema de salud con garantías de equidad, de calidad y participación social.
Evidentemente estamos en un momento en el que es necesaria una adaptación de la normativa vigente por las coberturas de la cartera de servicios comunes en el Sistema Nacional de Salud. Desde la aprobación del Real Decreto 1030/2006, donde está recogida la cartera de servicios de prestación ortoprotésica, se han producido una serie de acontecimientos con el desarrollo, además, de la orden que regula el procedimiento para la actualización de la cartera de servicios. Durante todo este proceso se han realizado iniciativas que han ido completando y mejorando, si cabe, la cobertura de estas prestaciones. El 29 de enero de 2008, se presentó al comité asesor para la prestación ortoprotésica un listado con más de 30 peticiones en relación al contenido de las prestaciones que ya constaban. Se acordó en el comité que las comunidades autónomas priorizarían esas peticiones y a la vez ese comité, en su reunión del 19 de noviembre de 2008, acordó elevar una serie de peticiones a la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación para que fueran tratadas como solicitudes formuladas, de acuerdo con lo previsto en la orden por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios. Asimismo, también se acordó considerar que los componentes externos del implante coclear forman parte de dicho implante, y por consiguiente estarían ya incluidos en la normativa vigente como integrantes de las prótesis quirúrgicas a las que aludía la señora Tarruella. Finalmente, se propuso además recopilar más información sobre los costes de los diferentes materiales, antes de decidir acerca de su elevación a la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación.
En estos momentos toda esa información se está recopilando, se están revisando y está disponible de cada una de las peticiones, ya que algunos temas ya habían sido abordados en ocasiones anteriores por el comité asesor para la prestación ortoprotésica. En la próxima reunión está previsto analizar toda la información, de modo que pueda decidirse si se pone en marcha el procedimiento previsto en la orden por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, ya existe un mecanismo para la actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y a la vez ya está previsto en la actual normativa hacer el estudio económico propuesto por el Grupo Parlamentario Catalán.
De forma paralela a todo este proceso, con el desarrollo de la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia, se ofrece a las comunidades autónomas la posibilidad de incluir en su cartera de servicios las prestaciones complementarias que consideren oportunas para facilitar la promoción de la autonomía personal y la prevención de situaciones de dependencia. En este momento, son las comunidades autónomas las que están plenamente facultadas para introducir aquellos apoyos que consideren oportunos; así lo están haciendo y lo están complementando como servicios añadidos en la cartera de servicios propia de cada comunidad, como es el caso de la eliminación de barreras o ayudas técnicas en el domicilio, siempre entendidas como productos de apoyo personal para el fomento de la autonomía y como complementarias al catálogo del Sistema Nacional de Salud.
Por este motivo hemos propuesto una enmienda transaccional en los términos que ha llegado a la Mesa, y entendemos que queda mejorada la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere fijar posición en esta proposición no de ley? (Denegación.)
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000067.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al originalmente el punto 1º, porque el señor Tardà estaba atendiendo a otra Comisión, y le vamos a dar la palabra para la defensa de la proposición no de ley sobre accesibilidad en los trenes y demás transportes públicos. Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÁ I COMA: En primer lugar desearía agradecer la buena disposición, como siempre ha sido en esta Comisión, de la Mesa y del presidente para poder adaptarnos a las distintas demandas que hoy tenemos en el orden del día y en esta Cámara.
Ciertamente, la proposición no de ley que hoy presentamos es recurrente.
Creo que todos los grupos parlamentarios hemos presentado en algún momento proposiciones no de ley en este sentido, puesto que el objetivo de la accesibilidad es uno de los objetivos prioritarios que se han venido trabajando desde hace años. En la exposición de motivos creo que hacemos justicia con todos los precedentes a ese trabajo conjunto de todos los grupos parlamentarios preocupados, repito, por la accesibilidad en general, en los medios de transporte, y en concreto respecto a Renfe y las líneas de ferrocarril. Por esto les ahorro mayores explicaciones.
Sí es cierto que aunque nadie puede negar que los avances han sido notables, uno ve a veces la situación con cierta desazón, sobre todo cuando recibe, como todos recibimos, correos electrónicos explicándonos casos francamente penosos, singulares quizás, pero
penosos en definitiva de ciudadanos y ciudadanas que todavía hoy día deben vivir con grandes dificultades para poder acceder a los medios de transporte. Las entidades con las que nos reunimos periódicamente manifiestan también que debemos mantener siempre la máxima presión a fin y efecto de que la Administración, sea del color que sea, alcance aquellos objetivos que se diseñan, puesto que es cierto que una cosa es comulgar y comprometerse con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cosa que por otro lado está garantizada, y otra cosa son las realidades. De manera que nosotros con esta proposición no de ley no les engañamos, lo que deseamos es hacer presión parlamentaria al Ejecutivo, a fin y efecto de que se cumplan los objetivos, a ser posible que los objetivos avancen en sus resultados, etcétera, es decir, aquello que nos preocupa tanto, tanto en esta Comisión. Es por ello que nosotros éramos receptivos, sensibles, repito, a aquellas quejas, a aquellas denuncias de ciudadanos que se quejaban de las grandes dificultades que tienen para acceder a los trenes e incluso a veces una cierta desconsideración por parte del personal, personal que por otro lado tiene argumentos para ello -atendiendo a aquellos argumentos también de peso, como el que evidencia que hay trenes que no están adaptados o estaciones que tampoco están adaptadas-, pues un trabajador de Renfe no tiene porqué asumir responsabilidades que van más allá de las que la empresa o la Administración ponen para hacer cumplir aquello que legislativamente se ha aprobado. Es decir, estamos en un bucle, como se dice en términos populares, estamos en una contradicción permanente. Bien, las leyes no deben ser papel mojado, pero para que no sean papel mojado tiene que haber recursos y tiene que haber la concreción material de adquirir estos recursos.
¿Qué pedíamos? Pues pedíamos precisamente que Renfe y Adif sean más que sensibles, a fin y efecto de hacer posible la adaptación de los trenes y de las estaciones a las personas con discapacidades. Y ciertamente debe haber un protocolo, un protocolo que debería ser prioritario para que el personal de Renfe supiera incluso cómo hacer compatible la atención a las personas discapacitadas, incluso hacerlo compartible con la falta de medios. Yo sé que esto puede parecer un poco heterodoxo, pero lo que no puede ser es que quien pague el pato, permítanme la expresión, sea el usuario. No puede ser que a unas personas se les prohíba acceder a un tren. Esto, francamente, no es solución. Si no existen los medios suficientes, el personal de Renfe debería tener algún protocolo subsidiario para resolver, para al menos amortiguar- amortiguar significa buscar otra solución, quizás inmediata-, pero lo que no puede ser es que una persona tenga alguna respuesta algo brusca. Y les hablo desde el conocimiento, puesto que hemos recibido, como todos, múltiples correos electrónicos de personas muy dolidas por según qué tratos. Bien, ya sé que esto es difícil y difícil de universalizar, pero se dan casos, y esta Comisión siempre ha sido sensible a los casos particulares, y hemos utilizado esos casos precisamente para globalizar las problemáticas.
Un tercer punto, trataba de decir que todo no es posible de golpe y porrazo, que ahí hay que jerarquizar por parte de Renfe las actuaciones, cosa comprensible, lógica. Decíamos: hombre, quizá valdría la pena priorizar actuaciones en estaciones que estuvieran ubicadas cerca de centros o, al revés, donde cerca hubiera instalaciones en donde por razones de funcionalidad o por razones logísticas, allí se hubiere localizado un centro, fuera cual fuese su objetivo, donde transitaran personas discapacitadas, llámese escuela, llámese una oficina, llámese una administración concreta, a fin y efecto de que esto posibilitara el uso de las personas discapacitadas. Es un criterio. Nosotros tenemos la voluntad de buscar pequeñas soluciones a veces a grandes problemas, atendiendo al hecho que no todo tiene una actuación inmediata ni se puede actuar con la misma intensidad en todos los frentes.
Esta era nuestra humilde petición. Es cierto que tenemos una enmienda de sustitución que incorpora diversos puntos con lo cuales estamos de acuerdo, es más, estamos de acuerdo, también es cierto, porque hemos podido añadir otro punto a esa transaccional que ha presentado el compañero socialista, en donde se insta al Gobierno a comprometerse a presentar los resultados en el plazo de un año. La buena sintonía que siempre ha existido en los trabajos en esta Comisión, creo que merece que las proposiciones no de ley estén todas o casi todas, calendarizadas. Si el Gobierno se compromete, tal como le hemos solicitado en un punto 4 a los tres puntos que presenta como enmienda de sustitución, a que en el plazo de un año nos va a presentar los resultados, nosotros, atendiendo, repito, a la trayectoria de esta Comisión, que busca siempre los máximos consensos, aceptaríamos la enmienda de sustitución, repito, añadiendo este cuarto punto que compromete al Gobierno a presentar en el plazo de un año un informe de los resultados y de los avances en la aplicación del plan de accesibilidad, a fin y efecto de que podamos ver, a medida que avanza la legislatura, resultados, y al final de la legislatura estemos mínimamente satisfechos del trabajo realizado.
El señor PRESIDENTE: Como había enmiendas previas, aunque ya veo que han sido aceptadas, para fijar posición, tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Simplemente para manifestar nuestro apoyo a esta enmienda transaccional que han hecho entre los otros grupos políticos. Nosotros no habíamos presentado enmienda porque nos parecía la proposición no de ley correcta y adecuada por la necesidad que hay de ir acelerando todo el tema de accesibilidad en temas ferroviarios, en estaciones de trenes y en trenes. Por lo tanto, ya que han llegado, además, a esta mejora con los otros grupos parlamentarios,
nosotros le daremos soporte también mucho más a gusto todavía.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Decía el señor Tardà, proponente de esta iniciativa, que es una PNL recurrente, que más o menos de lo que trata es de meter presión al Gobierno. Yo, estando en parte de acuerdo, quiero decirle que recurrente es posible que sea en algunos sitios, en otros sitios además de recurrente es muy necesaria, y ahora lo digo desde el punto de vista de que hablo en nombre de mi grupo, pero que no me puedo olvidar que pertenezco a una provincia ,como la provincia, de Lugo, que ya -y este no es el foro, están la Comisión de Fomento y otros lugares más idóneos-, ha puesto manifiesto que en el tema de comunicaciones ferroviarias, todavía tenemos necesidades muy importantes por cubrir, y así las venimos demandando y seguiremos trabajando en esa línea.
Pero centrándome en lo que es el objeto de esta proposición no de ley, nuestro grupo había presentado, como se acaba de anunciar, una enmienda, y es fruto un poco de la coherencia en la línea de trabajo que venimos manteniendo. Quiero recordar que fue en septiembre del año 2007 cuando tuve la oportunidad de reunirme en mi provincia una vez más con distintos representantes de colectivos pertenecientes a organizaciones de discapacitados de las diferentes tipologías, y donde todos ellos ponían de manifiesto las dificultades que teníamos en nuestra provincia, y que seguimos teniendo, para desplazarnos no solamente por ferrocarril sino también en las líneas de transporte interurbano, dado que son muy pocas las unidades de vehículos y de ferrocarriles que cuentan con plazas para poder viajar personas con algún tipo de discapacidad. Motivo de aquellas reuniones surgieron iniciativas en plenos municipales, concretamente tuve la ocasión de defender una de ellas en la capital de la provincia, donde se instaba a que en lo que afecta a Renfe y Adif se llevaran a cabo aquellas reformas que son necesarias para adaptar tanto las estaciones de esa provincia como los trenes para que puedan ser utilizadas, como decía hace un momento, por las personas que tienen tremendas dificultades para hacerlo. Hubo iniciativas también igualmente en esta Cámara mediante la presentación de preguntas. De las respuestas a esas preguntas se desprende, no voy ahora a recogerlas aquí, porque están el "Diario de Sesiones" en el lugar que corresponden, que hay todavía muchas líneas de trenes, sobre todo en las de larga distancia o largo recorrido que no cuentan a día de hoy con ninguna plaza para personas con algún tipo de discapacidad o con tipologías diferentes de discapacidad.
Por lo tanto, yo creo que hoy más que una proposición no de ley recurrente es una oportunidad importante, y lo digo, insisto, desde aquella esquina de España, para dar un paso más. Y estoy convencido, porque aquí ya se puesto de manifiesto, que la voluntad y la metodología de esta Comisión camina siempre en esa dirección, de que la demos de forma unánime. Y por eso a nuestra enmienda, que fundamentalmente estaba justificada en acortar plazos, en como decía el señor Tardà, creo que dijo calendarizar es decir tratar de ponerle fecha a las cosas, nosotros proponíamos una serie de plazos, que tras las conversaciones que hemos podido mantener a lo largo de esta reunión con el portavoz del grupo mayoritario, del Grupo Socialista, hemos flexibilizado, hemos de alguna forma asumido como más viable de cara a poderlas sacar con el apoyo de todos los grupos, o al menos de nuestro grupo también. Agradezco en ese sentido que, de las enmiendas presentadas por nuestro grupo, se haya considerado oportuno añadir a esa transaccional, a la que se ha hecho ya referencia, un punto 5.º donde se recoge la necesidad de que todas las capitales de provincia que hay en España cuenten al menos con un tren diario en cada sentido para poder contar, insisto, con plazas que permitan a las distintas tipologías de discapacidad acceder a estos trenes. Se habla en otros puntos de la mejora en las estaciones, etcétera, pero, insisto, nos parece importante que se contemple esta opción que hemos planteado y que quedaría redactada de la manera que procedo a leer: Estudiar la implantación de plazas para personas con discapacidad en al menos un tren diario en cada sentido y trayecto en todas la capitales de provincia españolas, todo ello de acuerdo con la demanda y la disponibilidad de material. Esto es importante, insisto.
En nuestro provincia recientemente se han sustituido algunos de los trenes ya muy viejos por los denominados ahora trenes hoteles, concretamente con Madrid y con Barcelona, pero es curioso que, por ejemplo, el tren con Madrid recientemente sustituido no cuenta con plazas para discapacitados, y por eso creemos que es muy oportuno y muy conveniente que se tenga en cuenta esta enmienda y se pueda proceder, previos los estudios necesarios, a ir incorporando estas plazas. Agradezco esta oportunidad.
Insisto, será recurrente, pero es muy oportuna en este momento para nuestra provincia y creo que para muchos otros puntos de España.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Muñoz Gómez.
El señor MUÑOZ GÓMEZ: El esfuerzo del Gobierno de España en infraestructuras ferroviarias se está notando en todo el país, también lógicamente en Lugo y en Galicia; por tanto, bienvenido sea.
Quería decir esta iniciativa parlamentaria se produce en un momento en el que se está aplicando la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal de la personas con discapacidad.
En su disposición final octava, dicha ley recoge que el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte por personas con discapacidad. Pues bien, señorías, de acuerdo con ello se aprobó el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de esa accesibilidad
y no discriminación. Este real decreto fija, en los artículo del 1 al 9, y para los distintos modos de transporte, unos plazos para que se adapten las condiciones de accesibilidad que el propio real decreto regula. Estos plazos aún no han concluido, por lo que la propuesta de sanciones que se hacía en los apartados 1 y 2 de la propuesta del señor Tardà no se podría aplicar, ya que no es exigible su cumplimiento. Por tanto, tampoco es posible, como es lógico, iniciar los procedimientos de infracciones y sanciones previstos en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre.
Déjenme que les diga que Renfe-Operadora solo recomienda la presencia de un acompañante durante el viaje cuando la persona discapacitada que viaja carezca de autonomía suficiente que le permita ir al aseo, comer solo o no alcance a comprender las instrucciones del personal de abordo de los trenes. De otra parte, Renfe Operadora está desarrollando el plan de accesibilidad 2007-2010, que tiene como objeto principal hacer accesible prácticamente la totalidad de los servicios ferroviarios en el horizonte de 2010. La inversión prevista es del orden de los 300 millones de euros, sin considerar el esfuerzo inversor en nuevos trenes. El objetivo es la adecuación del material rodante. Así, se plantea la adaptación del 92 por ciento de todo el material de circulación, por lo que debemos de entender que el 8 por ciento restante se encontraría en los servicios prestados con material no adaptado todavía, pero que está a punto de finalizar su vida útil.
Señorías, en octubre de 2007 partíamos de un parque móvil compuesto por 272 trenes equipados, entiéndase equipados como accesibles; 112 parcialmente equipados y 674 no accesibles. En diciembre de 2010 se prevé un parque de 1.037 trenes equipados, por tanto, accesibles: 23 parcialmente equipados, por tanto, accesibles también; y no accesibles 77, por tanto, a punto de acabar su vida útil. Se está actuando en todas las modalidades de trenes, en la alta velocidad, en la larga distancia, en la media distancia y también en cercanías. Es en este apartado, en el de cercanías, en el que alcanzar la plena accesibilidad obligará a importantes reformas estructurales de muy alto impacto inversor y operacional. Es en el de cercanías donde la brevedad de las paradas y la alta frecuencia de los servicios requerirán garantizar la accesibilidad de las estaciones y de los trenes. Por ello a lo largo de los años 2007 y 2010 se incorporarán un total de 237 trenes Civia, autoaccesibles, que conjuntamente con los 350 trenes a adaptar constituirán una flota de 587 trenes accesibles en cercanías. En la actualidad, también se está avanzado en los servicios de ayuda puntual en estaciones para clientes con discapacidad. Así, en lo trenes de media distancia, larga distancia y alta velocidad se están prestando servicios que consisten en garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los trenes, ayudándoles a subir y a bajar mediante medios mecánicos que se encuentran en las mismas estaciones.
Señorías, a modo de apunte, les diré que las mejoras que se están produciendo en los últimos meses son producto del compromiso político del Gobierno y del cumplimiento de las leyes y normas que emanan de esta Cámara. Así, en el año 2007 teníamos en España solamente 100 estaciones accesibles; en abril de 2008 tenemos ya 126. De circulaciones accesibles, por tanto trayectos accesibles, había en torno a 1.026; en 2008 ya hay 1.707. De estaciones con ayuda inmediata en 2007 no teníamos ninguna, y al día de hoy tenemos ya 16. En los tiempos de ayuda antes de la salida de los trenes en las estaciones se ha pasado de un plazo, que ustedes conocen bien, de 48 horas de antelación a tan solo 12 en la actualidad.
Este servicio entró en vigor en mayo del año pasado. Sin embargo, señorías, el reto está en los servicios de atención permanente, para lo cual el 1 de junio pasado se inició el despliegue escalonado de 33 centros de atención especializada en las grandes estaciones; 62 asistentes de movilidad en el resto de estaciones de alto volumen de viajeros, cubriendo así el 82 por ciento de los viajeros totales de Renfe Operadora en media distancia, alta velocidad y larga distancia. Se está trabajando también en la ampliación de asistentes de accesibilidad en cercanías y de asistentes de movilidad puntual para prestar ayudas puntuales en otras estaciones de la red, y también en un servicio importante, que es el de coordinación, en la oficina central de atención en Madrid, en Puerta de Atocha, que será el centro operativo de todos los servicios prestados en los puntos de atención distribuidos por todo el territorio.
Para acabar, señorías, no menos importante por ser el último, una de las líneas de actuación importantes desde el punto de vista de la acción política del Gobierno, por tanto de Renfe-Operadora, es todo lo relacionado con la participación de los diferentes sectores ciudadanos en el área de la discapacidad. En relación a los proyectos de futuro inmediato se mantienen líneas de participación directa y constante con el Cermi y la ONCE, organizaciones representativas de las asociaciones de personas con discapacidad en España. Es voluntad por tanto de Renfe y de ADIF avanzar en la participación en los objetivos de trabajo y en el desarrollo de la accesibilidad; y en ese sentido se ha propuesto la creación de grupos de trabajo para el diseño de las siguientes mejoras: estudiar la implantación de un servicio puerta a puerta a clientes con discapacidad, que sea intermodal, entre ferrocarriles y otros medios; la implantación de un servicio de atención telefónica urgente y la atención telefónica a clientes discapacitados en sus viajes en Renfe-Operadora.
Todo esto, además, con el diseño de itinerarios universalmente accesibles en los trenes y estaciones.
Por todo ello nos propusimos, lógicamente, proponer, valga la redundancia, al grupo y a su portavoz, señor Tardà, la enmienda a la que ya se ha hecho mención en esta sesión, atendiendo a las negociaciones que hemos establecido entre Esquerra Republicana y el propio Partido Popular -los propios ponentes del Partido Popular y de Esquerra Republicana, las han leído-, y la propuesta del
Partido Socialista que lo que busca, lógicamente, y aquí se ha dicho, es la unanimidad y el trabajo bien hecho.
El señor PRESIDENTE: Les ruego que pasen esta última enmienda transaccional, que creo que es la única que no tenemos. Si les parece, dada la hora, como ya son la doce y media, podemos proceder a las votaciones. ¿Están ustedes dispuestos? ¿Esperamos un poco? (Pausa.) Pues entonces procedemos a las votaciones, si no les parece mal.
Empezamos por la votación de la proposición no de ley 1, sobre accesibilidad en los trenes y demás transportes públicos, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido acordada por todos los grupos parlamentarios.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, punto 4 del orden del día, por la que insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos que valoren la discapacidad de acuerdo con la clasificación internacional de funcionamiento, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. No tiene enmiendas. Se vota, por tanto, en los términos previstos.
Punto 5 del orden del día, proposición no de ley sobre el establecimiento de auditorías de accesibilidad previas a los proyectos de infraestructuras financiados por la Administración General de Estado, cuyo autor en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se vota en los términos de la enmienda transaccional que ha sido pactada por todos lo grupos parlamentarios.
Y punto 6 del orden del día, proposición no de ley de prestación de ayudas técnicas y tecnológicas asistenciales de carácter sociosanitario, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que también se vota en los términos de la enmienda transaccional que ha sido acordada por todos los grupos parlamentarios.
Les ruego a los portavoces y a los miembros de la Mesa que permanezcan un momento, en un segundo acabamos, para celebrar una rápida reunión de Mesa y portavoces.