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Timestamp: 2018-02-25 14:35:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'ARTÍCULO 97', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 58', 'artículo 95', 'artículo 79', 'Artículo 95', 'artículo 79', 'Artículo 79', 'artículo 18', 'artículo 29']

FJ 83 agosto 2010 by Foro Jurídico - issuu
AVANZA JUICIO EN LÍNEA FISCAL Y ADMINISTRATIVO GLOBALIZACIÓN DEL DELITO:
AUTONOMÍA PLENA DEL MINISTERIO PÚBLICO:
Oscar J. Jarquín Rodríguez
NECESITAMOS UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO: GENARO GÓNGORA PIMENTEL ISLAS MARÍAS: NUEVO CONCEPTO PENITENCIARIO Jesús A. Liogon Beltrán
No.83 agosto 2010
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2009
K 4 EDITORIAL
ESTANCAMIENTO DEMOCRÁTICO
NECESITAMOS UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO: DR. GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
GLOBALIZACIÓN: INTERNACIONALIZACIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD
INGRESÓ LA DRA. RUTH VILLANUEVA CASTILLEJA A LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES
Dra. Emma Mendoza Bremauntz
EL INTERNET Y LAS REDES SOCIALES HAN SIDO CATALIZADORES DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS
AVANZA IMPLEMENTACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA FISCAL
LA AUTONOMÍA PLENA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Dr. Oscar Javier Jarquín Rodríguez
HOMENAJE A RICARDO FRANCO GUZMÁN
ISLAS MARÍAS:
NUEVO CONCEPTO PENITENCIARIO
CADALSO Robespierre
LIBR OS EN
TIEMPO DE SABER…
ARMAS Y DROGAS: DOS CARAS DE LA VIOLENCIA GLOBALIZADA Mtro. Jorge Antonio Alfaro
K DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL Dr. Elías Huerta Psihas DIRECTOR EDITORIAL Dr. Ruperto Patiño Manffer DIRECTORA DE DIFUSIÓN Lic. Jackeline Huerta Estefan CONSEJO EDITORIAL Dr. Sergio García Ramírez Dr. Raúl Carrancá y Rivas Dr. Juan González Alcántara Dr. Carlos Quintana Roldán Dr. Ricardo Ojeda Bohorquez Dr. Carlos Arellano García Dra. Mireille Roccatti Velázquez Dr. Francisco Bravo Ramírez Dr. Moisés Moreno Hernández Dra. Elena Ruth Guzmán Gómez Dr. Emilio Rabasa Gamboa Dr. Daniel Montero Zendejas Dr. Emilio Zebadua González Dr. Salvador Valencia Carmona Dr. Germán A. Castillo Banuet Dra. Bertha Beatríz Martínez Garza Dr. Sergio E. Casanueva Reguart Dr. David Vega Vera COORDINACIÓN EDITORIAL Janet Huerta Estefan janet@forojuridico.org.mx Victor Hugo Martínez Barrera editorial@forojuridico.org.mx DISEÑO EDITORIAL Arturo Jiménez García artjimgar@hotmail.com Gilda Alcivia Tatiana Ramírez Chanona Vanessa Ballesteros COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Antonio Estevez Celestino FOTOGRAFÍA Carlos Gamboa García e-mail: fotogamboa@prodigy.net.mx Agencia Cuartoscuro FORO JURÍDICO, órgano oficial de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C., con Registro No. F-335 como Colegio de Profesionistas ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Tiene periodicidad mensual y cuenta con la Reserva Exclusiva del Título, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP, número ISSN 1870-1183 transformado al número EAN-13 de fecha 28 de mayo de 2005. Certificado de Licitud del título no. 13058 expediente 1/432”05”/16949 otorgado el 8 de marzo de 2005 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 10631, expediente 1-432 “05” - 16949 de fecha 8 de marzo de 2005 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Redacción: Platón 429 Col. Palmitas CP 11560 México D.F. Tels. 5281-0822. Diseño Editorial: Look & Feel Design. Mérida 170 – 126 Col. Roma. arturo@lookandfeeldesign.com Tél: 5574-8543. Impresa en Grupo CAZ, S.A. de C.V. Marcos Carrillo 157 Col. Asturias. Tel.: 5741-2629 Distribución: Platón 429 Colonia Palmitas. Asesoría Editorial Especializada, S.A. de C.V. Tenayuca 152 oficina 1, Col. Letrán Valle. Tel. 3330-1625. CITEM Foro Jurídico No. 83, agosto 2010.
K EDITORIAL
ESTANCAMIENTO DEMOCRÁTICO Violencia y abstención fueron los símbolos que caracterizaron las pasadas elecciones locales en el país, que pasarán a la historia como un signo de un grave retroceso democrático, a pesar de los esfuerzos que se han venido dando en las últimas décadas por perfeccionar nuestro régimen político-democrático. Un parteaguas que marcó avances en esta materia fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República, el 23 de marzo de 1994 en plena campaña electoral. Parecía que hechos de esta naturaleza habían sido desterrados en México. Sin embargo, el candidato priista a gobernador de Tamaulipas Rodolfo Torres Cantú fue ejecutado a pocos días de la elección. Hoy enfrentamos una realidad democrático-electoral de retroceso: inseguridad galopante, violencia generalizada, escaso crecimiento económico, autoridades electorales locales parciales y manipuladas por los ejecutivos estatales, divisiones políticas y partidistas que impiden un pacto nacional. Estos son elementos poco alentadores para esperar a corto y mediano plazo un buen futuro para el Estado Mexicano. La tan anhelada alternancia en el poder de poco sirvió. El arribo del PAN al Ejecutivo Federal no ha producido los cambios de fondo que la sociedad esperaba para resolver los más graves problemas que le aquejan, y lo único que sucedió es que un nuevo grupo político tomó las riendas del país, con rumbo incierto.
Frente a este escenario, resulta insoslayable insistir en la necesidad de que los legisladores produzcan en el próximo periodo legislativo reformas políticas de fondo, muchas de ellas reclamadas por una sociedad a punto del hartazgo y al borde de la movilidad social. Candidaturas independientes –a las que tanto se oponen los legisladores priistas-, iniciativa popular, revocación de mandato y re-elección legislativa sucesiva, son temas que demanda el electorado a sus representantes populares y que estos insistentemente se niegan a escuchar. Resulta también impostergable adecuar leyes para que sean el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones que se han consolidado en su autonomía y eficacia, y que mucho dinero le han costado al pueblo de México, quienes administren, organicen y califiquen en primera y última instancia, todos los procesos electorales en el país, tanto locales, como federales. Las pasadas elecciones pusieron de manifiesto que muchos de los gobernadores siguen manipulando la voluntad popular en sus estados y solamente con la participación directa del IFE y TEPJF podremos avanzar en nuestro proceso de transición democrática. Tocará a los legisladores encontrar las fórmulas normativas para lograr estas aspiraciónes K
EE N N T T R R EE V V II S S T T A A
NECESITAMOS UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO
FORO JURﾃ好ICO
DR. GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL Con motivo de la reciente publicación de su última obra titulada Crimen Organizado, Realidad Jurídica, Herramientas de Investigación para Estudiarlo, el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. Genaro David Góngora Pimentel, concedió en exclusiva una entrevista a Foro Jurídico en la que aborda los temas principales de esta obra de gran actualidad y expresa su opinión sobre dos puntos que se encuentran en el centro del debate de la actividad de nuestro máximo tribunal de la República, como tribunal constitucional y de legalidad y las polémicas facultades de investigación sobre violaciones graves a garantías individuales, que le otorga al Pleno de Ministros el párrafo segundo del artículo 97 de nuestra ley fundamental. Afirma el Ministro en retiro, Góngora Pimentel que ha llegado el momento de transformar a la Corte en un tribunal constitucional pleno, quitándole la gran gama de facultades que hoy tiene sobre asuntos de legalidad, ya que el gran cúmulo de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales que se le han venido planteando, ha contribuido al rezago de ese tribunal en otras materias. Pero lo que sí debe conservar el pleno es la citada atribución de investigación, sólo que modificándola para que se le otorguen facultades para sancionar e inclusive, para ejercitar directamente acción penal en contra de los probables responsables de estos hechos. En relación con el grave problema que hoy aqueja a todos los mexicanos, como es la inseguridad pública, al referirse en su libro a la criminalidad organizada, el Dr. Góngora afirma que lamentablemente hemos entrado en México a una etapa de narcoterrorismo, que hay que perfeccionar el actual sistema de testigos protegidos, y que es evidente que nos estamos acercando con gran velocidad al escenario que caracteriza al Estado Fallido. Reproducimos para nuestros lectores la parte sustancial de la entrevista.
¿QUÉ LE MOTIVÓ A ESCRIBIR JUNTO CON ALEJANDRO SANTOYO CASTRO ESTE LIBRO SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO? Porque se trata de un tema importante para la sociedad mexicana, y creo que deben allegarse todos los datos posibles e instrumentación necesaria para conocer los diferentes aspectos del crimen organizado, pero sobretodo, para aprender cómo combatirlo. Estas mismas inquietudes me llevaron a escribir, no hace mucho tiempo, un libro sobre otro mal que nos aqueja: el secuestro. Esta obra constituye un siguiente paso para continuar investigando estos temas y para que se estudien, particularmente en los institutos de Derecho Penal y en las facultades de Derecho, enfatizando en su realidad jurídica y en las herramientas de investigación.
EN LA OBRA ABORDA EL TEMA DEL NARCOTERRORISMO. ¿HEMOS LLEGADO A ESTA ETAPA EN MÉXICO? El narcoterrorismo es un desafío para el Estado de Derecho de cualquier país y tiene lugar cuando los narcotraficantes aplican acciones de terror contra la autoridad o contra la propia sociedad civil. Lo que buscan es generar pánico y que frente a la desesperación o ineptitud de las autoridades para proteger a la población, la sociedad se vuelque contra el gobierno y prefiera proteger a los delincuentes, a quienes podrían ver como una opción para la protección inmediata a su seguridad y a la paz social.
Lamentablemente en México ya nos alcanzó el narcoterrorismo. Las granadas en Morelia en la celebración del 15 de septiembre, el asesinato masivo e indiscriminado de 17 jóvenes en una reunión en Torreón, dejando heridos a 18 más y el hacer estallar un camión con explosivos con el objetivo de matar policías, indudablemente es narcoterrorismo.
¿POR QUÉ ANALIZAN EN EL LIBRO EL PROGRAMA DE TESTIGOS PROTEGIDOS? La colaboración de personas que proporcionan información sobre la organización y funcionamiento de las bandas del crimen organizado es fundamental para combatirlo eficazmente, y en México el actual programa de testigos protegidos ha evidenciado fallas graves, y una evidente incapacidad de la autoridad ministerial para proteger testigos que han colaborado con la autoridad. Basta citar el caso de un ex policía que fungía oficialmente como testigo protegido y fue ejecutado en un lugar público a plena luz del día. Cabría preguntarse ¿qué hacía un testigo protegido en un lugar público? Hace falta proteger verdaderamente a los testigos y sancionar a quienes estén encargados de hacerlo y no cumplan con su deber. Es necesario reformar la legislación vigente en esta materia y crear un sistema eficiente que contribuya a combatir la criminalidad organizada, como ha sucedido en otros países como Italia y Colombia.
DR. GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL EN EL LIBRO REFIERE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO COMO COLOMBIA, ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA. ¿QUÉ OPINA DE LA INICIATIVA MÉRIDA? Recientemente platiqué con el ex Fiscal General de Colombia y actual Embajador en México, Dr. Luis Camilo Osorio Isaza, quien me refería lo importante que resultó en su lucha para combatir exitosamente al narcotráfico, el apoyo material y tecnológico de los norteamericanos. Gracias a ellos, me confesaba, incrementamos poderosamente actividades de inteligencia y de operación para detener a los capos de la droga y para mandarlos a las cárceles de ese país mediante extradiciones, que mucho nos ha ayudado. La Iniciativa Mérida representa un importante instrumento de apoyo del gobierno norteamericano en la lucha que se libra en México contra los grupos de narcotraficantes, y me parece que nos pueden ayudar a reducir los elevados índices de violencia que hoy enfrentamos, con una estrategia y una organización bien diseñada. Bienvenidos los esfuerzos que se sumen para erradicar ese cáncer que es el narcotráfico. También considero que es importante observar la experiencia reciente de Colombia por parte de quienes desempeñan labores en la lucha antinarco, pues este país se encontraba hace pocos años en una situación más grave que la de México respecto al fenómeno del narcotráfico y el día de hoy han avanzado significativamente en el combate a la criminalidad organizada y en la recuperación de los espacios públicos, de territorio, de soberanía y de seguridad para la población.
ALGUNOS ESPECIALISTAS HAN SEÑALADO QUE SE ESTÁN PRESENTANDO EN MÉXICO CARACTERÍSTICAS DE UN ESTADO FALLIDO. ¿QUÉ PIENSA AL RESPECTO? Asistí hace poco a una reunión con líderes nacionales de organizaciones de la sociedad civil. Me llamó la atención el líder de los Nañus, una etnia del Estado de Hidalgo, que mencionó que ya estaban cansados de no ser protegidos por el Estado. Que por ello están formando grupos de autoprotección para combatir a la creciente delincuencia en esa zona. También es frecuente escuchar que ciudadanos honestos e indefensos, son asaltados por individuos que impunemente les roban y despojan de sus pertenencias en los microbuses sin que nadie pueda hacer nada. Qué decir de los lamentables acontecimientos de inseguridad que día a día nos enteramos están sucediendo en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán o en cualquier parte del país. Es evidente que nos estamos acercando con gran velocidad al escenario que caracteriza al Estado Fallido, o más bien que ya existen signos de éste.
¿QUÉ OPINA DE LA FACULTAD DE INVESTIGACIÓN QUE EL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL CONFIERE A LA SCJN? Se trata de una facultad polémica en la que no todos los ministros están de acuerdo. Algunos piensan que debe desaparecer el texto constitucional, como Sergio Valls, el propio Mariano Azuela Güitrón, a quien nunca le gustó esa facultad. A mí me parece que
Lo que busca el narcotráfico es generar pánico y que, frente a la desesperación o ineptitud de las autoridades para proteger a la población, la sociedad se vuelque contra el gobierno y prefiera proteger a los delincuentes, a quienes podrían ver como una opción para la protección inmediata a su seguridad y a la paz social.
La colaboración de personas que proporcionan información sobre la organización y funcionamiento de las bandas del crimen organizado es fundamental para combatirlas eficazmente, y en México el actual programa de testigos protegidos ha evidenciado fallas graves.
están equivocados, ya que la sociedad no confía plenamente en su autoridad ministerial y en su capacidad o disposición para realizar investigaciones imparciales de hechos en los que se pudieran haber cometido violaciones graves de alguna garantía individual. Es un error pensar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera realizar este tipo de investigaciones delicadas. Debe ser el más alto tribunal de la República, la Suprema Corte, la que continúe realizando esas investigaciones a petición del Presidente de la República, de algún gobernador o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. Sin embargo, considero que esta facultad se encuentra limitada si no se complementa con una facultad sancionadora para la Corte, como lo ha ya propuesto Don Juventino Castro y Castro, también Ministro en retiro y actual Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
¿QUÉ FACULTAD SANCIONADORA CONSIDERA NECESARIA? Si la Corte, a través de uno o varios de sus ministros, de algún juez de distrito o magistrado, realiza una investigación para averiguar si se han cometido graves violaciones de garantías individuales, y llega a la conclusión de que en efecto éstas existen, y constituyen presumiblemente la comisión de un delito, y de que haya uno o varios probables responsables, no se debe quedar tan sólo en mencionarlo o dar fe de ello sino en ejercitar directamente la acción penal que corresponda, ante el juez competente, como sucede en los casos de incumplimiento de sentencias de amparo que prevé la propia Constitución. Me parece que se debe modificar la Constitución para que la Corte tenga esa facultad sancionadora. Reitero que es la Corte quién debe tener facultad para decir en esos casos quien es responsable. Imagínese la incongruencia de que
DR. GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL la Corte decida que hay violación de garantías individuales y le solicita al Ministerio Público que inicie averiguación previa y que ejercite acción penal, y este diga, pues fíjate Corte que te equivocaste y no ejercito acción penal. ¿Dónde quedaría la Corte?
¿DEBE LA CORTE TRANSFORMARSE O CONTINUAR CON SU ACTUAL ESTRUCTURA? Este es un tema polémico que ha dividido la opinión de los especialistas y que inclusive ha sido motivo de propuestas diversas dentro de la consulta pública que se dio con motivo de la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado. Hay quienes piensan que debemos tener una corte exclusivamente constitucional, como la que existe en otros países europeos como Alemania o latinoamericanos como Colombia, y quienes creen que debemos continuar con el diseño actual de tribunal que no solamente conoce asuntos constitucionales, sino también de legalidad, y de otras materias, como ya hemos mencionado, de investigación. Yo creo que ya es tiempo de que la Corte se divida en un tribunal de constitucionalidad y otro de legalidad. Salí en noviembre del año pasado de la SCJN y a partir del día 30 de ese mes soy ministro en retiro, y mi experiencia es que la mayor parte de los asuntos que se ven en el pleno son o Controversias Constitucionales o Acciones de Inconstitucionalidad y se llevan casi todo el tiempo del pleno. Además, la circunstancia de que ahora es público lleva a todos los ministros a sentir la obligación de decir algo, su punto de vista. Entonces eso contribuye a alargar muchísimo las sesiones. Y como cada vez es mayor el número de este tipo de asuntos que llegan a la Corte, se encuentra saturada con estos temas de conflictos entre los diversos poderes de los tres niveles de gobierno o leyes y reglamentos que contravienen el texto de nuestra Carta Magna. Además, muchos están sujetas a término, sobre todo cuando las promueve un municipio contra un gobernador o el legislativo. Inclusive, hay ocasiones en que, debido al rezago existente, cuando son promovidas por
un Presidente Municipal, que solo están tres años en el encargo, cuando son resueltas las Controversias, ya dejaron de ser Presidentes y llega al cabildo otro con intereses diversos, de grupos políticos antagónicos o de otros partidos, o inclusive, se convierten en gobernadores y ya no hay mucho sentido para que se resuelvan. Así, muchos amparos en revisión se van quedando porque es más urgente resolver los asuntos constitucionales. Hay amparos en revisión que tienen dos años o más de atraso. Es decir, que por estos asuntos se está rezagando la corte. Es común que se manden muchos de estos casos a las Salas, cuando se van a sobreseer, pero también, en muchas ocasiones esto no sucede y se alargan los fallos. En mi opinión -y conste que la estoy cambiando-, porque cuando era Presidente de la Corte sostenía que no se requería esa división porque ya somos un tribunal constitucional. Ahora, con la nueva realidad, considero que sí se requiere de un tribunal constitucional y uno de legalidad para que se vea con más tiempo los asuntos de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad y los amparos en revisión de leyes federales, que son muy importantes. Otros asuntos que también se han venido rezagando, son las contradicción de tesis de jurisprudencia. Viene a mi memoria la Suprema Corte Argentina, que tiene una división, un departamento en donde cuando llega un asunto a la Corte este departamento se encarga de copiar, de reunir todos los precedentes españoles, alemanes, franceses, norteamericanos, etc., y los toman en cuenta para decidir ya que muchos casos similares ya han sido planteados y resueltos en otros países y nosotros no estamos informados de eso; creo que nos haría falta una institución esa. En suma, estimo que ha llegado el momento de transformar a la SCJN en un tribunal solamente que atienda cuestiones de control constitucional.
¿CUÁL ES SU ASPIRACIÓN ACTUAL? Continuar en lo que hago ahora con emoción y pasión: ser maestro de tiempo completo y dar mis clases tanto en licenciatura como en posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM.
SEMBLANZA Nació en Chihuahua, Chih. el 8 de septiembre de 1937. Es Licenciado en Derecho y Doctor en Derecho de la UNAM. Ingresó a la SCJN como Secretario de Estudio y Cuenta en 1969. Fue Juez de Distrito en Materia Administrativa de 1972 a 1978. Ocupó el cargo de Magistrado Colegiado de 1978 a 1995, año en que el Senado lo designó Ministro. En 1996 fue nombrado Presidente de la Segunda Sala de la Corte. De 1999 a 2002 se desempeñó como Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal. Culminó su encargo constitucional como Ministro en noviembre de 2009. Por más de 40 años ha sido maestro de diversas materias en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido Derecho Fiscal en la Universidad Anáhuac y clases en el Instituto de Especialización Judicial. Es autor de más de 15 obras entre las que destacan: “Introducción al Estudio del Juicio de Amparo”; “La Suspensión en Materia Administrativa”; “El Derecho que Tenemos: La Justicia que Esperamos”; “Evolución del Secuestro en México y las decisiones del Poder Judicial de la Federación en la materia”; “El Veto al Presupuesto de Egresos de la Federación”; “La Lucha por el Amparo Fiscal”. Recientemente publicó en coautoria con Alejandro Santoyo Castro “Crimen Organizado, Realidad Jurídica, Herramientas de Investigación para Estudiarlo“. Ha recibido diversas condecoraciones: Medalla al Mérito Docente “Prima de Leyes Instituta”, de la UNAM. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Venera “IUS AMBIENS”. El Gobierno de España le otorgó la “Gran Cruz” de la Orden de Isabel la Católica y el de Rumania la Orden de la “Estrella de Rumania en Grado de Gran Cruz” K
INTERNACIONALIZACIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD K
Dra. Emma Mendoza Bremauntz* Desde luego, hay que comentar que no existe uniformidad en el concepto del fenómeno de globalización, aunque muchos autores la entienden como “una interdependencia cada vez más estrecha entre las economías de todos los países con respecto a la libertad absoluta de circulación de los capitales, la supresión de las barreras aduaneras, la reglamentación y la intensificación del comercio y el libre intercambio.” 1 En cambio otros autores parten de la idea de que se trata de un “proceso que se ha venido desarrollando con una creciente intensidad por mas de 200 años, con la internacionalización de la división del trabajo” 2 o mejor aún, del comercio, mediante el mercado abierto y el libre comercio no sujeto a tratados y acuerdos intergubernamentales sino desarrollado de manera unilateral y espontánea, en una sociedad abierta, dinámica y tolerante. También se maneja este concepto abiertamente como la metamorfosis por la que atraviesa el modo de producción capitalista, usando para referirse a la globalización términos como “cambio civilizatorio, sociedad posindustrial, sociedad posburguesa, sociedad del postrabajo, era tecnocrática, era del vacío, posmodernidad, fin de la historia, mundialización” 3 entre otros. 12
LA GLOBALIZACIÓN EN EL SIGLO XXI En la globalización actual encontramos siempre un trasfondo económico que va aunado a una sorda lucha por el poder.
La globalización como ahora se le denomina, es un fenómeno que se presenta en el mundo desde el instante mismo en que surge la idea de Estado, el reconocimiento de que los grupos sociales deben fijar y respetar fronteras que los separan a la vez que los protegen de otros grupos sociales a los cuales se les entiende como diferentes.Teóricamente se busca en qué radican esas diferencias, pese a saber que todos son seres humanos, se busca justificar la separación y esta se da por cuestiones de idioma, de religión, de raza, de territorio desde luego, de tradiciones e historia, cuando menos. Pero igualmente como se ha dado esta búsqueda de justificación, surge también la idea de los Derechos Humanos, la cual se fundamenta en la igualdad de derechos de todos los hombres en cuanto a algunas cuestiones muy específicas, desarrollándose también ciertas teorías que encuentran su fundamento en aspectos teológicos o en cuestiones propias de la naturaleza humana, por citar las más conocidas. Es así como ambas posturas opuestas en principio, desarrollan infinidad de argumentos para justificarse y con el transcurso del tiempo van adquiriendo inclusive, lenguaje propio. En la globalización actual, al igual que en las anteriores, encontramos siempre un trasfondo económico que va aunado a una sorda lucha por el poder y se presenta con dos tendencias principales, desde luego con todas sus variantes, estas tendencias son, la primera, vinculada con la idea de un sistema de mercado cuya meta única y fundamental es el incremento de las ganancias, especialmente a favor de las empresas transnacionales, cada día más grandes y ambiciosas. La segunda, busca la posibilidad de evitar los efectos negativos de una mundialización que considera a todos los países en igualdad de condiciones, como si en la realidad no hubiera diferencias económicas, políticas, culturales y sociales entre ellos. De esta segunda postura vamos a encontrar una oposición abierta a este rasero y la exigencia de tomar en cuenta las consecuencias de la desnuda búsqueda de ganancias de la primera en cuanto a la miseria que en diversos aspectos genera para el ser humano. Se presenta la propuesta de una regulación legal que contenga los desbordados actos de la primera, tomando en cuenta no sólo la ganancia de las empresas como meta, sino una posible intervención de la autoridad estatal para evitar la destrucción de los recursos naturales, una mejor distribución de la riqueza que permita rescatar a los miles de pobres y miserables que aún subsisten en muchos países y cuya situación parece no importarle a las grandes empresas transnacionales. En esta segunda corriente de globalización existe una gran variedad de niveles, desde el radical extremo hasta el que ofrece una tercera vía de armonía entre los intereses y las desigualdades regionales y políticas. Creo que para nosotros, América Latina y México como país y los demás países que aún cuentan con millones de pobres y miserables, es el aspecto socioeconómico de la globalización el que mayormente debe preocupar, por ser el que, en un sistema de supervivencia del más fuerte, está destinado a sufrir y tolerar que sus pobres quizá mueran en miríadas. 1 Ramonet, I., 1998,9, citado por Mutsaku Kamilamba, Kande, La globalización vista desde la periferia, México, Tec. de Monterrey, 2002. 2, 3 Ebeling, Richard M., en Larsson, Tomas, La carrera hacia la cima. La verdadera historia de la globalización, Suiza, s.e, 2002.
1. La delincuencia internacionalmente organizada de tipo mafioso, cuyo objetivo último es el lucro,
LA TRANSNALIZACIÓN DE LA DELINCUENCIA
2. Los delitos económicos que llevan aparejadas operaciones y transacciones en más de un país y que no se homologan con los llamados delitos patrimoniales que generalmente son de carácter individual, 3. Las actividades terroristas de naturaleza transnacional, 4. El comercio ilícito transnacional con objetos de arte pertenecientes al patrimonio cultural y religioso de una nación, 5. Las actividades que, por contaminación o de otra forma, afectan el equilibrio ecológico y la estabilidad ambiental de más de un país. 5 Además, “las operaciones internacionales de la delincuencia organizada tienen dos consecuencias negativas comunes que requieren especial atención: la corrupción intensiva y generalizada y la infiltración en gran escala de las actividades económicas legales”.6 Actividad esta última reconocida mundialmente como blanqueo o lavado de dinero.
El segundo tema del cual quiero ocuparme, es un fenómeno que ha golpeado a todos los países del mundo y que tiene como punto de partida los mismos mecanismos y los mismos intereses de la globalización, respecto a la cual inclusive algunos autores lo consideran parte esencial y lógica, que es la internacionalización de la delincuencia, lo cual nos 4 obliga de inicio, a hacer referencia a dos conceptos, tanto el de internacionalización como el de transnacionalización, para poder adentrarnos con claridad en el tema que deseamos abordar. Al hacer mención de la internacionalización de la delincuencia, realmente nos estamos refiriendo también a dos fenómenos que son muy semejantes pero no idénticos y que sin embargo han sido tratados casi siempre como equivalentes. Hablamos de los delitos transnacionales y de los delitos internacionales. Los primeros, se presentan cuando la delincuencia actúa en diferentes países iniciándose en uno, desarrollándose en otro y quizá ejecutándose en un tercero, es decir, trasnacionalmente; y los segundos cuando el delito se verifica en lugares que se pueden considerar realmente internacionales, en virtud de no pertenecer a la jurisdicción directa de ningún país en especial, como los mares o los cielos internacionales. En realidad y de manera general, no se hace una división rigurosa de ambos tipos de delito e inclusive, se utiliza indistintamente la terminología de transnacionales e internacionales, ya que el fenómeno de la globalización ha hecho que se reconozca que aún las áreas llamadas así internacionales, afectan los intereses y la economía de todos o de muchos países, como contaminación de aguas, tierras y aire. En alguno de los Congresos sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, organizados por la ONU, se habló de una aceptable clasificación de los delitos internacionales agrupados en cinco clases principales:
Quizá vale señalar lo que comentaremos más adelante en cuanto a que el terrorismo ha pasado a considerarse el más importante de estos delitos, y los demás junto con otros más tradicionales se han agrupado bajo el rubro general de delincuencia organizada. En todo caso, se trata de delitos que rebasan la jurisdicción interna de los países o los intereses afectados por los hechos y se enfrenta la problemática de la impunidad y la dificultad de perseguir y procesar a los autores de estos delitos precisamente por su carácter internacional. Existe otro grupo de delitos que caben en esta clasificación y que por su naturaleza se considera que afectan valores reconocidos por toda la humanidad. Tal es el caso de una serie de hechos delictuosos que se ha considerado reunirlos en tres grupos de delitos internacionales agrupados bajo el nombre de Genocidio, Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Estos tres grupos de delitos están contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 como aquellos frente a los cuales tiene jurisdicción dicha institución para buscar evitar la impunidad en la que quedan ciertos crímenes que horrorizan a toda la humanidad y respecto a los cuales se concede ingerencia a la Corte. No todos los delitos que tienen este carácter internacional o trasnacional están contemplados en el Estatuto que apenas ha sido aprobado con muchas limitaciones y cuyo funcionamiento aún está sujeto a rigurosa observación y no tiene una aprobación absoluta por ejemplo, de todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Estos delitos tienen características especiales y presentan en su normatividad, diferencias importantes que afectan todos los sistemas penales vigentes y la jurisdicción nacional de cada país, por lo que se han manifestado dudas y reservas en cuanto a su aprobación e integración en la legislación de los países, que demandan un análisis profundo y cuidadoso con el fin de no dañar lo que se ha considerado como avances en el funcionamiento del moderno Derecho Penal y de la jurisdicción y soberanía de los países.
Dadas estas circunstancias y diferencias de trato y conceptualización, me parece importante precisar la problemática de los delitos que están afectando gravemente la estabilidad y la economía de los países en donde su impacto es cada vez más notable y que se encuentran, de muchas formas, impedidos para enfrentarlos y que no están contemplados por el momento en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es precisamente a este tipo de delitos a los cuales nos referimos al hablar de la globalización de la delincuencia, sin excluir aquellos que se señalan en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y los demás que históricamente se han practicado entre países y a través de sus fronteras o en zonas internacionales y que en el momento actual han recuperado terreno pese a que parecían haber pasado a la historia, como la piratería marina y fluvial y la esclavitud, entre otros. Hasta hace poco tiempo, los delitos llamados internacionales se encontraban conceptualizados en tratados internacionales o bien derivaban de las leyes internacionales consuetudinarias o se encontraban tipificados en ambos. 7 El Consejo de Seguridad de la ONU, en septiembre de 2001 verificó un cambio radical al afirmar que cualquier acto individual de terrorismo internacional constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional y por ende, todos los Estados tienen la obligación de criminalizar dichos actos así como su financiamiento. Mas aún, se precisa que”los delitos internacionales se pueden definir como todas las formas de conducta de naturaleza criminal que tiene su base u origen en leyes internacionales, directamente o mediante la legislación nacional”, 8 abriéndose la posibilidad de que dichos tipos delictivos se originen tanto en tratados, legislación internacional consuetudinaria o cualquiera otra fuente de legislación internacional como serían las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBALIZACIÓN Pero en el aspecto negativo de la globalización, también se dan facilidades para la comisión de los delitos transnacionales o internacionales y se presentan graves problemas jurídico-penales, procesales, políticos, policíacos, de persecución y de ejecución penal, por mencionar sólo los principales aspectos del problema, para su prevención, persecución y sanción. Estos avances tecnológicos a que hacemos referencia, comprenden los aspectos de transportes, la facilidad que estos ofrecen para trasladarse y trasladar objetos y bienes en general, de un lado al otro del mundo, con la mayor rapidez, lo cual propicia el ocultamiento de personas y bienes hurtados en países diferentes a los del lugar de los hechos, con lo cual se dificultan la persecución de los delincuentes y la recuperación de los bienes hurtados. Es sin duda el delictivo uno de los aspectos que mas inquieta a los gobiernos de los países que forman parte de la sociedad mundial y que si bien han luchado por mantener su independencia jurisdiccional y su soberanía, en lo que se refiere a la persecución de los delincuentes internacionales y la prevención del delito, se han dado ciertas aperturas y se plantea como necesaria una amplia colaboración internacional. El desarrollo de acuerdos de comercio multilaterales y regionales como los de la Organización Mundial de Comercio y los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea o con América del Norte, han reflejado los cambios económicos y técnicos del mundo en los últimos tiempos, propiciando medidas que hace unos años se nos antojaban imposibles, como la disminución de barreras fronterizas, arancelarias o no, e inclusive propiciando o impulsando su desaparición; pero no se ha enfocado a buscar soluciones a esta problemática.
Cuando nos ocupamos de la internacionalización del delito, señalándole características especiales en la época actual, se hace necesario revisar aunque sea a grandes rasgos, la sociedad tal como se encuentra en estos momentos, a escala global, lo que pudiéramos llamar la sociedad mundial. Ello no excluye tampoco apreciar las diferencias claramente existentes entre los diversos grupos o sociedades nacionales que la integran, para comprender como los avances científicos y tecnológicos, especialmente en comunicaciones y transportes, reducen la separación entre países y aún la intercontinental, pero no hacen desaparecer esas diferencias, por encima de todos los tratados y acuerdos bi o multinacionales que se anuncien.
Además, se ha agudizado ostensiblemente la desigualdad social al no alcanzar los beneficios económicos generados por esta mejora, a grandes grupos de la población que se ven cada día en peores condiciones de vida, como obreros, campesinos, indígenas y en general de la clase media hacia abajo. Los movimientos económicos a favor del sistema de mercado han propiciado en Estados Unidos e Inglaterra; países que en el momento de adoptar el sistema económico neoliberal estaban ya muy avanzados económicamente hablando; una situación económica que ha favorecido además la generación de empleo y ha hecho innecesario, por lo mismo, desarrollar medidas como reformas sociales a favor de los pobres.
Comprendiendo la situación de la intercomunicación en el mundo en estos momentos, encontramos que el aspecto de prevención y represión del delito es el meollo del problema en lo que se refiere al interés de este trabajo, ya que es el que se ve más afectado con la trasnacionalización. La sociedad tanto nacional como mundial, se ve beneficiada por todas las mejoras tecnológicas actuales, la cuales permiten un mayor conocimiento entre las poblaciones de los países del mundo, facilitando el turismo y las comunicaciones internacionales y la transmisión de noticias, buenas y malas en el momento en que los hechos están sucediendo, de manera que se conozcan en todos los confines del mundo.
En México, como en la mayoría de los países que aún no alcanzan altos niveles de desarrollo económico o que inclusive permanecen en muy bajos niveles socio-económicos, la riqueza generada por esta política no se ha reflejado en una mejor distribución de ésta ni en una necesaria 4 Mendoza Bremauntz, Emma, “Internacionalización del delito y globalización”, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México, núms. 215-216, septiembre-diciembre, 1998, t. XLVII, pp. 73-102. 5, 6 ONU, A/CONF.144/7, p. 5. 7 Swart, Bert, International crimes: present situation and future development, Association International de Droit Penal, International Criminal Law ¿Quo Vadis?, núm. 19, France, 2004, pp. 201 y ss. 8 Ibidem, p. 202.
generación de empleo. Tal vez lo que se ha ocasionado con el crecimiento del comercio, internacional, es lo que Rangel Couto llamaba precisamente “crecimiento” al aumentar el ingreso nacional sin un correlativo aumento del bienestar de la vida de todos los individuos del país, es decir, sin lograr un verdadero “desenvolvimiento o desarrollo integral” que implique mejoras en lo económico, lo social, lo cultural, lo político, para la mayoría de la población. 9 Más aún, el crecimiento real de la economía se reduce a cifras como las recientemente publicadas respecto al periodo 2000-2003 de 0.63 de crecimiento, el más bajo desde los años 30 del siglo pasado en México, porque los ingresos obtenidos pertenecen a grandes empresas, especialmente transnacionales que no derraman ni invierten en el país una parte de ellos. Sobra señalar que no se ha obtenido una mejoría del nivel de vida general y la distribución del crecimiento comercial sólo ha beneficiado a muy pocos, y en los promedios estadísticos ha producido mejoría simbólicamente, calculando promedios obtenidos de una división de la riqueza de un rico entre mil pobres destinados a morir de hambre en la realidad. En los países que no tienen ese enorme lastre de pobreza e ignorancia y falta de oportunidades histórica, se han generado algunas propuestas de políticas con un sentido socio- económico, dentro de la corriente que supone posibilidades de alternativas no radicales. Tal es el caso de la idea manejada por Al Gore en Estados Unidos, al hablar a favor de “una segunda generación de reformas sociales” que implicaría el incremento del gasto público, por ejemplo para la educación pública, respetando los derechos laborales de manera que las clases populares, cada día más numerosas, puedan ingresar en la economía posmoderna. Ello significa otorgar un mayor apoyo a la intervención estatal en cuanto a la infraestraestructura pública en transportes, comunicaciones, agua y luz, por ejemplo, con una política fiscal debidamente administrada en el sentido de que no se trata de incrementar los impuestos sino de ordenar los gastos debidamente. Sabemos que la posmodernidad requiere personas cada vez mejor capacitadas en cuanto a los aspectos técnicos y profesionales de la globalización, para que puedan insertarse en el mercado de trabajo, ahora cerrado e inmóvil para todos estos grupos que comentamos, miserables, lumpen, sin capacitación ni ingresos, pero las limitaciones económicas, inclusive de los gobiernos, impiden una mayor atención para la capacitación de la población, lo cual acentúa las desigualdades y sigue limitando posibilidades de acceso a un mejor nivel económico. En realidad, las limitaciones económicas no son la única causa de que no se mejore la preparación de la población. Existen cargas burocráticas y de corrupción e ignorancia, además de cierto servilismo
a favor de las decisiones políticas internacionales neoliberales que impiden mejorar la capacidad de las personas de bajos recursos para insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Los problemas que han surgido en la ejecución, interpretación y aplicación de las cuestiones previstas en el Tratado de América del Norte, por ejemplo, no han encontrado la solución equitativa esperada, dejando entrever que la promoción de esta segunda generación de reformas aún está distante y no deja de ser la expresión de buenos deseos de quienes la formulan. Claro que hay autores que coinciden en ver esta Globalización con posibilidades diferentes, como César Verduga Vélez que utiliza un término ciertamente pintoresco para referirse al surgimiento de lo que llama capitalismo global, hablando de “engendrar leones y parir ratones” por la forma como el siglo XXI nos sorprende con lo que llama dos procesos simultáneos que tienen características muy semejantes pero que no sólo no son complementarios ni idénticos, sino totalmente diferentes y en algunas
cuestiones hasta opuestos, aún siendo ambos consecuencia de los mismos fenómenos desarrollados durante siglos. ¿En qué forma? En principio se dice que esos siglos de evolución han proporcionado al que empieza, las premisas necesarias para el surgimiento de una civilización nueva, global, que permitiría una vida mejor para todos, cultural, social y económicamente hablando. Pero por otra parte, existen tendencias acusadas y claras hacia una mundialización parcial, mutilada y caótica, 10 que se proyecta como propiciatoria de un mundo de miseria, desamparo y muerte para los más pobres y una oportunidad inconmensurable para los muy pocos ricos que habrán de concentrar más aún la riqueza. Las condiciones que han ocasionado esta bifurcación del porvenir del mundo, parecen ser los muchos años de acumulación de conocimientos científicos que han propiciado un progreso científico de enormes dimensiones,
impulsando la modificación de criterios y valores en lo cultural, en lo social y en lo político, facilitando asimismo, cambios fundamentales en algunos aspectos que afectan la convivencia humana y de todos los seres, animados e inanimados que lo rodean. En primer término, podemos encontrar una variación en la visión de la naturaleza, ya que si desde sus orígenes el hombre ha sido un depredador que ha progresado y sostenido toda su supervivencia a costa de ésta, no es sino en tiempos muy recientes que surge lo que llaman los autores una conciencia social ecologista que reconoce el daño y el peligro que éste representa para el género humano mismo. Es así como nacen, por ejemplo, los primeros delitos ecológicos en la ley penal queretana en los años cuarenta y se debe entender también el contenido variado del artículo 27 de la Constitución Mexicana con un sentido de protección económica nacionalista y ecológica de sustentabilidad como responsabilidad estatal. Crece la búsqueda internacional de la preservación de los recursos naturales así como la investigación sobre tecnologías que limiten, y de ser posible, supriman el daño a la Naturaleza para detener y tratar de posponer el colapso cada vez más cercano, buscando el equilibrio entre el desarrollo social y económico y la conservación del medio ambiente. En otro aspecto, la creciente interdependencia de las sociedades actuales representa un impacto especialmente importante en cuanto a ecología, finanzas, tecnología, seguridad o migraciones, cuestiones que reclaman una intensa colaboración dadas las enormes diferencias existentes en los países, lo cual reitera que la sociedad humana es una y múltiple a la vez. 11 La recuperación de privilegios de los propietarios, el utendi, fruendi et abutendi de los romanos, vuelve por sus fueros y se pierde la idea de la función social de la propiedad, cuando la trasnacionalización de la economía permite a las empresas dispersar sus inversiones en la búsqueda del abaratamiento del trabajo para seguir pagando, en beneficio propio, salarios infames eludiendo inclusive así, el pago de impuestos, obteniendo mediante presiones económicas y políticas, la flexibilización de los mercados de trabajo, trabajadores desesperados dispuestos a aceptar todas las condiciones impuestas por las empresas, contrarias a un derecho laboral protector. La operación en los mercados desrregulados, la modificación de las políticas impositivas a favor de los impuestos al consumo para repercutir la carga, de manera de evitar que las empresas paguen más, la búsqueda de la privatización de los servicios públicos para reforzar la hegemonía de la propiedad privada y desde luego de sus titulares sobre el resto de la sociedad, han propiciado una mayor concentración de propiedad, riqueza y poder como nunca antes se había visto en la historia del capitalismo. Iguales y desiguales conviviendo y trabajando demandan acciones desiguales y no de rasero como las propuestas neoliberales, protegiendo a los grupos e individuos débiles y no utilizando esta política para una explotación fascista de campos de concentración simbólicos, sobre los más desafortunados. Es quizá la mayor diferencia entre humanos y bestias, la posibilidad del ideal pero también la crueldad innecesaria pues el animal sólo mata por hambre y por defensa de sus crías y su territorio y el ser humano es capaz de las peores crueldades sin motivación real.
OPOSICIÓN ENTRE GLOBALIZACIÓN Y ESTADO. FACTORES DE PODER PREDOMINANTES También el Estado-Nación de la primera modernidad, enfrenta una severa crisis y necesita una redefinición ya que las presiones internacionales apuntan hacia el fin de las economías nacionales y tienden a su mundialización y vemos como estas presiones, en cuanto a sus efectos y tendencias que se hacen ver por sus promotores como ineludibles, nos enseñan un “poder cada vez mayor del derecho internacional en la regulación de la vida jurídica de los ciudadanos de todos los países, la emergencia cada vez más intensa de subnaciones, que estaban subsumidas en los antiguos Estados, el reforzamiento de las identidades particulares étnicas y culturales, la trasnacionalización de las redes de sociedad civil y la radicación del poder ideológico de la sociedad en los grandes medios de comunicación, que provoca una creciente privatización de la conciencia pública. Ese conjunto de tendencias redefine la relación entre lo privado y lo público, en detrimento de lo público.” 12 Por otra parte, el poder político nacional se debilita frente a los poderes político e ideológico al servicio de las organizaciones empresariales y de comunicación transnacionales privadas que se globalizan, se concentran y se integran de manera vertical sustituyendo al Estado nacional cada vez con mayor fuerza y desplazando lo poco que le va quedando, apoyadas por los medios masivos de comunicación y las redes financieras transnacionales. Un aspecto importante del funcionamiento de este capitalismo global resulta el paradigma de la información que ha sido brutalmente impulsado por la electrónica que lo creó y cuatro factores fundamentales del poder: 1. Los estados del grupo de los siete, 2. El capital financiero privado internacional, 3. Las grandes empresas de comunicación social y 4. El crimen globalmente organizado. Es necesario subrayar que los intereses estratégicos de estos cuatro factores clave están plenamente globalizados, especialmente los del grupo de los siete y por las carreteras de la información circulan libremente los flujos de dinero del capital financiero y los de la comunicación de los grandes conglomerados de la comunicación electrónica, además de las actividades ocultas y semiocultas del crimen organizado, infiltrado en muchos de esos movimientos y en el más alto nivel de los poderes de decisión de los estados nacionales para impedir la toma de decisiones que los afecte o los combata y proseguir, los cuatro conjuntamente, estando de acuerdo y amasando sus ganancias millonarias para bloquear y corromper protestas y conciencias. 9 Rangel Couto, Hugo, Teoría económica y derecho, México, Porrúa, 1978. 10 Verduga Vélez, César et al., Las agendas del capitalismo global, México-Buenos Aires, Grupo Editorial Lumen, 2003, p.7. 11 Ibidem, pp. 8 y ss. 12 Ibidem, pp. 10 y 11. La mayoría de los datos manejados en esta parte proceden de dicha obra.
Muchas otras decisiones tomadas en estos países, especialmente en Norteamérica en la búsqueda de mayores ganancias y ahorros, iniciaron la evolución capitalista en busca de mano de obra barata, supresión o inexistencia de controles ecológicos, laborales y financieros, desaparición del patrón oro inclusive, el desarrollo del dólar circulante sin respaldo metálico a criterio de muchos, propiciaron el caos energético y de costos internacionales. La idea de la globalización financiero-especulativa facilitó los enormes préstamos sin respaldo ni control a los países del tercer mundo, generándose la posibilidad de imponer a los deudores condiciones para la formulación de su política económica en los marcos de las decisiones mundiales para el provecho de estos países, manejándose el Fondo Monetario y el Banco Mundial como los personeros del Neoliberalismo obligado para los países deudores, con un tipo de cambio flexible y desregulación de los mercados financieros controlados. Pero me parece muy importante transcribir aquí algunos conceptos utilizados por Manuel López-Rey en relación con la criminalidad y que se imbrican profundamente con los planteamientos que la situación actual de mundialización de las sociedades, está provocando en cuanto a la delincuencia y su manejo. Es interesante hacer notar que, a pesar del tiempo transcurrido y la impresionante movilidad de los conceptos en lo que va del nuevo milenio, especialmente en cuanto a criminalidad y su génesis, represión y globalización, la visión de López- Rey desde 1976 cuando se publica el libro, resulta muy acertada y en algunas cuestiones hasta visionaria. Por ejemplo, subraya la importancia de conocer de la manera más aproximada posible, la extensión de la criminalidad para poder, con sentido realista, planificar la política criminal. Hay que hacer notar que en principio se utiliza el término delincuencia aplicado a dos categorías fundamentales; la de juveniles y la de adultos. En los países de habla inglesa, y los que siguen su modelo jurídico, se aplica en algunos, o en todos los casos, a los hechos cometidos por menores que en el caso de ser cometidos por adultos, serían contemplados como delitos, idea un tanto deshumanizada que tiende a extenderse por los países que aún entendía a los menores de edad como seres necesitados de apoyo y amor, además de guía y oportunidades y educación. El delito ya no es la entidad científica elaborada por destacados criminólogos sino un fenómeno sociopolítico en proceso de rápida expansión, estrechamente relacionado con la estructura global de la sociedad, que no puede identificarse con la imagen de un establishment determinado, sea capitalista o socialista.” 13 Esta aseveración se ha sostenido en cuanto a la desaparición de muchas de las garantías y derechos que protegen a los individuos presos, procesados y sentenciados, con la justificación de la luchas precisamente contra el crimen internacional. No me cansaré de insistir en que es necesario un análisis cuidadoso de las propuestas de modificación de la legislación penal, porque no se puede percibir con claridad qué es más grave, la delincuencia transnacional o el abuso de poder a que se presta la supresión de garantías y derechos. En realidad, nuestra sociedad está evolucionando cada día con mayor velocidad y estos cambios
nos ponen en la tesitura de enfrentar, todos el shock del futuro del que hablara Alvin Toffler en los años setenta en que este autor inicia el análisis del cambio, entendiéndolo como lo que les sucede a las personas cuando toda la sociedad en que viven se transforma de pronto en algo diferente e inesperado, desconocido. Tenemos que admitir que aún cuando la economía siempre ha tenido un importante peso en la vida de los seres humanos y las sociedades, en la etapa actual de la historia es verdaderamente la palanca que está moviendo al mundo; que los intereses económicos de las empresas transnacionales, de los gobiernos que toman las decisiones son los que determinan las medidas y los pasos de la mayoría de los países, muchas veces sin tomar en cuenta la situación de la población a la que se supone deben servir y satisfacer. Precisamente en el tercer volumen de la trilogía que compone el estudio del cambio de Toffler, continuando los planteamientos de La Tercera Ola, como denominó el segundo libro; remarca que la sociedad ha pasado por diversas etapas, la primera de ellas designada por él como la primera ola, compuesta por la revolución agrícola que se inició hace 10,000 años, es decir, tuvo una duración de esos diez mil años. Luego vino la etapa industrial, que arranca a mediados del siglo XVIII, la cual corresponde a la segunda ola, que implicó un inmenso cambio de las culturas rurales a los sistemas de producción con chimeneas, con todas sus consecuencias en la estructura social, al cabo de la cual nos encontramos, ahora con un lapso mucho más corto, ante el inicio de una nueva oleada de acontecimientos diferentes. Debemos enfrentar lo que la nueva etapa social significa, la era de la información, con una economía globalizadora, mundialista, con un importante apoyo en el desarrollo tecnológico, una tercera ola cuyos primeros cambios se suceden a mediados del decenio de 1950, apuntando los nuevos sectores que surgirán con fuerza incontenible: la informática, la electrónica, el manejo de la información, la biotecnología y todas las técnicas que constituyeron las “nuevas alturas dominantes de la economía” “En la nueva economía de la tercera ola, un coche o un ordenador puede ser fabricado en cuatro países montado en un quinto. Los mercados, igualmente, trascienden de las fronteras nacionales al crecer. Dicho en la jerga actual, los negocios se están globalizando. Una vez más, en directo paralelismo, nos encontramos con que los servicios financieros—banca, seguros, valores— han emprendido también la carrera hacia la “mundialización” con objeto de atender a sus clientes transnacionales. La economía de la tercera ola funciona a velocidades súper rápidas. Para “llevar el paso”, las organizaciones financieras están invirtiendo miles de millones en tecnología moderna.
Los nuevos ordenadores y redes de comunicación no sólo posibilitan la variación y la adaptación a las necesidades de los clientes de los productos existentes, y la creación de otros nuevos, sino que también hacen que la velocidad de tramitación de las operaciones las convierta en instantáneas.” 14 El sector financiero se ve claramente afectado por esta aceleración en la ejecución de las operaciones, los servicios financieros están funcionando 24 horas al día, de acuerdo con los múltiples husos horarios, los valores de renta fija o variable, las mercaderías y las divisas se compran y se venden sin parar, por medio de las redes electrónicas que permiten la concentración y la dispersión de millones en lo que resulta milésima de segundo. En todo el mundo los mercados de capitales crecen y se interrelacionan, de Hong Kong y Tokio a Toronto y París, haciendo circular el dinero a velocidades inimaginables y a distancias inconcebibles hace algunos años. Esta velocidad operativa hace incompetente al sistema de la segunda ola para controlar la situación, ya que los mecanismos de seguridad diseñados para mantener la estabilidad en los sistemas nacionales de la etapa industrial, resultan inadecuados para los mismos fines en la era de la información. La producción y comercialización mundializadas demandan que el capital fluya con facilidad a través de las fronteras nacionales, que van relajándose por inoperantes en cuanto a estas cuestiones, pero este relajamiento o eliminación también tiene consecuencias negativas y representa graves peligros para esa economía totalizadora que se enfrenta con riesgos de seguridad interna y genera preocupación de los gobiernos respecto a la nacionalidad misma. Los riesgos a que hacemos referencia no sólo son de tipo económico, aunque pudiéramos considerar sus consecuencias como tales. Nos referimos a las prácticas delictivas, relacionadas o no con cuestiones financieras o comerciales o bien con actividades abierta y puramente delictivas. El delito como fenómeno social aparece casi a un tiempo que la sociedad en la faz de la tierra. Se encuentra en la historia bíblica al nacimiento de la sociedad, con la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, al haber desobedecido las órdenes del Creador, con el delito de homicidio cuando Abel cae bajo los golpes de Caín y desde ahí, encontramos una sucesión infinita de crímenes, de los más leves a los más graves. En el ámbito antropológico, los rastros de los crímenes tribales se han encontrado en los restos prehistóricos analizados por los investigadores y con los hallazgos en las tumbas de culturas arcaicas así como en las tradiciones orales de los pueblos más antiguos. Asesinatos, fraudes, robos, son conductas frecuentes en todos los niveles culturales de la sociedad individual o globalmente considerada. Tal vez la idea de entender al delito como una entidad artificial, creada por los hombres usufructuarios del poder, para mantener la tranquilidad de sus súbditos o para mantenerse en el poder, nos permita explicar su existencia permanente, como medida de control social de acuerdo con alguna postura de la criminología moderna.
LOS DELITOS COMO CONCEPTO MUNDIALMENTE ACEPTADO Y SU IMPACTO REAL EN LA SEGURIDAD INTERNA E INTERNACIONAL. CÓMO ENFRENTARLOS No podemos desentendernos de las consecuencias que para la sociedad representan ciertos hechos que lesionan o impiden la convivencia pacífica y que en la mayoría de las agrupaciones sociales se ha convenido en sancionar con un mayor rigor que otras violaciones a las normas, sociales y jurídicas, desde las etapas de las agrupaciones humanas más primitivas hasta las sociedades más modernas y actuales. Este tipo de sanciones son las penales, respecto a las cuales sabemos que en la actualidad en la mayoría de los países tienen una finalidad, tanto de defensa social como de readaptación. Es decir, proteger a la sociedad frente a la posibilidad de reincidencia del delincuente y a éste del abuso del poder de castigar, son funciones modernas del sistema penal. Al ocuparnos de los llamados delitos internacionales, hemos mencionado que este carácter deriva del hecho de afectar a varios o a todos los países del mundo, de manera indirecta, independientemente de su calidad de transnacional que se precisa cuando los bienes jurídicos afectados pertenecen a dos o mas países y las diversas etapas o aspectos de la comisión del hecho, se desarrollan también en dos o más países. Cuando se habla de delitos internacionales, hay que reconocer que en primer término se encuentran aquellas actividades que ponen en mayor peligro a las sociedades de este planeta y que se recogen bajo el rubro general de crímenes contra la humanidad, juicios a cerca de los cuales, por ejemplo, se verificaron a finales de la II Guerra Mundial los procesos de Tokio y Nuremberg y cerca del fin del Siglo XX, los de Yugoslavia y Ruanda y respecto a los que la ONU ha hecho una cierta clasificación, agregando algunas visiones modernas también: el apartheid, el genocidio, el biocidio, el ecocidio, la discriminación racial, entre otros. Existen además, otros actos dañinos y peligrosos en grado menor proporcionalmente hablando, pero de gravedad por cuanto a la intensidad de su comisión y los daños de todo tipo que ocasionan a la mayoría de los países que afectan. Aún cuando no todas las naciones han aceptado considerarlos como delitos, hay reconocimiento pleno de la necesidad de combatirlos y del daño que ocasionan, como el terrorismo o la contratación de mercenarios, por lo que en algunas convenciones y reuniones internacionales se les ha considerado delitos. También se ha utilizado la opción de no incluirlos como delitos en los códigos penales pero si contemplar como delitos graves la utilización de instrumentos de destrucción masiva en contra de población inerme, actividad que generalmente desarrollan los terroristas. 13 López-Rey y Arrojo, Manuel, La criminalidad. Un estudio analítico, Madrid, Tecnos, 1976, p. 352. 14 Toffler, Alvin, El cambio del poder. Powershift, México, Ed. Diana, 1992, p. 202.
Es pues importante tomar en consideración realidades sociales que nos demuestran que en el ámbito internacional, cada día aparecen más normas de carácter penal, en razón de necesidades objetivas de poner bajo la protección del Derecho Penal ciertos intereses sociales. Bajo la promoción de la ONU, se ha impulsado el reconocimiento de la existencia y estudio del llamado Derecho Penal Internacional el cual sin duda, se ha enfocado al análisis de todo un sistema penal que comprende tanto delitos transnacionales como internacionales, su tipificación y la normatividad relativa, así como las sanciones que le corresponden a cada delito. Asimismo tal vez integrará los aspectos procedimentales que tendrán que ser creados tomando en cuenta por ejemplo las circunstancias especiales y novedosas de su desarrollo, la creación y aceptación por los países del Tribunal penal internacional, la forma de desarrollar el procedimiento ante dicho tribunal y la ejecución de sus determinaciones o sentencias, o quizá su reconocimiento de lugar a la creación de un Derecho Procesal Internacional y un Derecho de Ejecución Penal Internacional. Pero vamos ya demasiado lejos. En un documento de Japón presentado ante Naciones Unidas en el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se hace un interesante estudio del tema de la internacionalización del delito, entendiéndolo como consecuencia de la afectación o la relación entre desarrollo económico y delito o criminalidad, contempladas o mejor dicho, afectados desarrollo y criminalidad a nivel transnacional o internacional. En este aspecto de la internacionalización del delito, muchos autores y países coinciden en reconocer la importancia de la labor de la Organización de las Naciones Unidas en especial a través de sus Congresos quinquenales sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. En estos Congresos se han propuesto importantes soluciones, con la característica de no ofrecer “modelos” conforme a criterios científicos nacionales sino declaraciones, recomendaciones, reglas, códigos de conducta y decisiones suficientemente flexibles para ser adaptadas con las variantes necesarias a lo nacional de cada país miembro. Se sabe que desde el amplio punto de vista mundial, el crimen puede ser observado como un problema serio en la mayoría de los países y preocupa cada vez más a nivel internacional. No es exagerado decir que las estrategias y medidas para enfrentarlo son urgentemente necesitadas como medios para asegurar el bienestar humano y la tranquilidad de la sociedad mundial. La comunidad mundial ha llegado al reconocimiento de que el continuo y firme
desarrollo del género humano y sus sociedades, requiere el establecimiento y mantenimiento del orden público basado en principios democráticos y el aseguramiento de condiciones de vida tranquila, situaciones que se ven afectadas gravemente por los delitos y de manera más acentuada, por los delitos transnacionales. El cambio y el desarrollo socioeconómico integral han compartido el fenómeno concomitante de una importante internacionalización del delito; la frecuencia de delitos propiamente transnacionales y otros delitos de carácter puramente internacional, en gran variedad de formas, ha aumentado. En muchas instancias, la situación del crimen en un país ha influido directa o indirectamente en otros países. Luego entonces, la efectiva formulación de políticas de prevención del delito y justicia criminal requiere no sólo un enfocado esfuerzo a nivel nacional en cada país, sino un constante nivel de cooperación y consenso entre las naciones que conforman la comunidad internacional. Esta situación inclusive hace notar la importancia de los estudios criminológicos vistos con su más amplio espectro, como base para la formulación de políticas criminológicas de prevención y represión de los delitos que se basen en los datos reales que la Criminología aplicada a la realidad puede proporcionar. Me pregunto hasta dónde los intereses de los delincuentes infiltrados tienen que ver con el poco interés en el desarrollo de los estudios criminológicos que existe en muchos países, incluyendo México, porque la Política Criminológica continúa planteándose a base de medidas populistas y represivas, sin fundamentarse en un conocimiento de la realidad delincuencial ni del país ni de la región. La ONU ha ampliado el panorama del papel que desde su fundación se le atribuyó en relación con el control y prevención del delito y el tratamiento del delincuente. Al mismo tiempo, los Estados Miembros de Naciones Unidas han tomado pesadas responsabilidades en relación con la sociedad internacional. El Gobierno de Japón, por ejemplo, financia plenamente las actividades desarrolladas por las Naciones Unidas en el campo de la prevención del delito y el tratamiento del delincuente en su área geográfica y ya ha confirmado su decisión de continuar financiando y colaborando en los años por venir. 16
Sin embargo, es de comentarse que en el momento actual, la Organización de las Naciones Unidas atraviesa por una etapa difícil que la ha forzado a tomar medidas que van en contra de sus posibilidades de actuación, como la reducción de su personal, lo cual limitará sin duda los apoyos que estructuralmente debe y desea prestar a los países miembros. Estas circunstancias obedecen, en mucho a la negativa de algunos países de cumplir con sus compromisos de aportaciones económicas, lo cual ha significado una grave mengua en los ingresos de la Organización, especialmente respecto a las aportaciones de los Estados Unidos de América, país que intenta imponer sus criterios locales a las decisiones y políticas de la ONU y que al parecer ante la negativa de este organismo de aceptar sus determinaciones, ha optado por no cubrir oportuna y totalmente sus cuotas para el sostenimiento de la Organización. En los últimos veinte años, la delincuencia transnacional se ha intensificado hasta alcanzar niveles difícilmente imaginables, circunstancias propiciadas y facilitadas por los medios modernos de comunicación, los viajes a velocidades ultrasónicas y precios accesibles, la facilidad para la transferencia de fondos y de bienes a nivel internacional, por ejemplo, todos estos cambios permiten una actividad económica internacional muy ágil, pero también una profusa actividad delincuencial, convirtiendo las organizaciones criminales nacionales en verdaderas amenazas internacionales, paralizando programas nacionales e internacionales de lucha contra el delito e inclusive los de desarrollo económico. La visión del futuro de los autores que se ocupan de estos temas, tiene dos aspectos que en principios son totalmente opuestos: uno que enfrenta al futuro con una postura optimista, no ignorando lo anunciado por los profetas del desastre, pero contando para sus propias predicciones con los rasgos y las situaciones que se han presentado en nuestro mundo en los tiempos recientes en los que han sucedido cosas que podrían haberse concebido imposibles, casi mágicas como los cambios en lo que fuera la Unión Soviética. La otra es depresiva, plagada de presagios obscuros para la humanidad. Y realmente la globalización tiene las dos vistas. La mencionada ruta hacia la mundialización que se hace sensible a través de las tendencias referidas, tiene como reflejo inmediato esa internacionalización de actividades en general, cuya velocidad está apoyada de manera sobresaliente en la aceleración tecnológica que incide en transportes, comunicaciones, transferencias de fondos, debilitamiento de fronteras. Este conjunto de fenómenos que han reducido el tamaño del mundo cada vez más y que, si bien representa muchas ventajas en cuanto a las posibilidades de acceso a los beneficios del progreso para toda la población mundial, también ha tenido como consecuencia la utilización de estos beneficios por el mundo de la delincuencia. Se ha generado en este aspecto una etapa de internacionalización intensa de las actividades delictivas y de dificultades graves en cuanto a su prevención, detección y represión, en el mejor sentido de esta última.
Podemos fundadamente, hablar de una criminalidad concebida, no como una suma de delitos, no como la expresión o manifestación de comportamientos desviados sino “como un complejo fenoménico que se relaciona estrechamente con el desarrollo integral nacional e internacional,17 que por ello tiene características cambiantes, de acuerdo con la evolución misma de las sociedades en que se presenta y que en el caso en estudio, de la prevención de los delitos transnacionales y de la trasnacionalización misma de ellos, se justifica la referencia a una “criminalidad contemporánea, con características propias.” Uno de los problemas iniciales a enfrentar es el provocado porque los órganos de protección social están mental y técnicamente equipados para combatir una criminalidad en vías de desaparición. Esta frase tan atinada, ya expresada desde 1965 por Szabó, muestra la ineficacia institucional a la que tenemos que enfrentarnos. Nuestras leyes, códigos, instituciones sociales, poder judicial, etc., han ido en el transcurso del tiempo anquilosándose hasta empezar a producir lo mismo que combaten. El precio del progreso y la transformación socio-económica exigidos por la sociedad de consumo que se ha desarrollado es elevado en términos de inadaptación y delincuencia. En la mayoría de los países, el Derecho Penal es un subsistema excesivamente estático del control social. Como todo sistema jurídico, se funda en normas cuya estabilidad asegura ciertamente la seguridad de los justificables, pero puede implicar una discordancia entre los “bienes jurídicos protegidos” y las necesidades e intereses actuales de una vida social que durante los últimos decenios ha sido particularmente móvil. Por eso si analizamos la prevención del crimen y la justicia penal dentro de este contexto, encontramos que posee lacras, ineficacia, corrupción, puesto que se encuentra esencialmente viciada. Es necesario iniciar programas de prevención que contemplen todos los aspectos humanos, tomando en cuenta los factores de cambio; debe ser un plan proyectivo, es decir, que prevea (mediante métodos de evaluación) nuevas necesidades y llevar así a cabo una actualización continua, dentro de un marco económico-social que asegure una auténtica Justicia Social. Ello puede significar una muy cuidadosa revisión de lo que sí se puede cambiar para actualizar y lo que podría significar un peligro para la defensa de la sociedad y de los individuos frente a los posibles excesos del poder estatal. Se debe tener presente, que no por antigua es desactualizada, la frase de Manzini “El Derecho Penal es el termómetro de la libertad política.” 15, 16 ONU, A/CONF. 144/G/JAPAN. 17 López-Rey y Arrojo, Manuel, op. cit., p. 350.
La necesidad de una política criminal coordinada internacionalmente, se hace palpable frente a la delincuencia transnacional contemporánea. Si la Política Criminal aspira a combatir eficazmente el delito, inquiriendo sus causas y proponiendo los remedios oportunos, un tratado amplio y minucioso de ella debería de comenzar por llevar a cabo investigaciones profundas de índole biológica y sociológica y no permitir que las reformas penales se funden en decisiones populistas que ignoran la realidad. Hemos, finalmente, de ocuparnos de la cuestión de la seguridad, específicamente la seguridad pública, la cual forma parte indispensable de las funciones y responsabilidades del Estado en cuanto a ofrecer la protección necesaria mediante los mecanismos y acciones de prevención y represión de las actividades que vulneran la paz social y el orden público.
En este orden de ideas, al enfrentar la necesidad de una cooperación internacional eficaz para atacar los problemas de la delincuencia nacional y transnacional, proporcionando asistencia a través de acuerdos y tratados internacionales y con la intervención frecuente de la ONU que los impulsa, a partir de los ataques terroristas de Nueva York y Madrid se ha buscado una actitud mas radical en cuanto a la defensa de los países frente al fenómeno del terrorismo. Considerándolo ya no como uno más de los muy importantes delitos globalizados sino como una acción que pone en peligro la paz social mundial, los Estados Unidos han reforzado una actividad que no había destacado de manera especial hasta hace poco tiempo, que es la llamada Seguridad Hemisférica considerada como responsabilidad de la OEA.
Esta seguridad pública se debe integrar al orden jurídico al proteger los derechos de los particulares y los de las instituciones y organismos estatales y en esa forma se le debe considerar como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas tendientes a garantizar la paz pública y deberán desarrollarse dentro de los marcos de la seguridad jurídica y no de manera arbitraria, fuera de la ley.
Ante la actitud un tanto crítica y no absolutamente dócil de la ONU de no aceptar todas las propuestas de los países más poderosos y ante las presiones que se han ejercido desde hace algunos años sobre la organización en cuanto a seguir las indicaciones de los países más poderosos especialmente los llamados “siete” , se está intentando reforzar la seguridad hemisférica que parecía presentar una actitud más dócil para obedecer algunas propuestas respecto a la seguridad por ejemplo, en manos de los militares para participar en la lucha contra la delincuencia transnacional.
Es aquí donde se contempla la seguridad jurídica para la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público mediante un sistema de control penal previsto por las leyes aprobadas formalmente y con la participación directa de las autoridades de procuración de justicia como son el Ministerio Público y la policía, las de administración de justicia representadas por jueces y tribunales y las responsables de la ejecución penal.
Este es un fenómeno que se había evitado en México pero que actualmente, con el gobierno panista, ha declarado formalmente la “guerra al narco” lo que entre líneas ha significado la participación muy activa del ejército en el combate a los grupos de narcotraficantes, con criterios no muy claros en cuanto a la supresión de cabecillas de estos grupos pero sin resultados eficaces en cuanto a disminuir su actividad y su violencia en los puntos clave.
Históricamente se ha hecho una división de la seguridad pública y la seguridad exterior del Estado, referida a la situación como potencia nacional y al equilibrio internacional que garantiza a cada país la integridad de su territorio y el ejercicio de sus derechos, en un plano de igualdad con la comunidad de naciones, así se define la seguridad interior del Estado como la situación y sistema político que manifiesta la realidad o el propósito de un orden nacional en el cual los poderes públicos son respetados como instituciones y en las personas que los encarnan, con la adecuada defensa de régimen, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la paz y la tranquilidad pública por parte de las autoridades, agregándose finalmente que la idea de seguridad tiene una connotación activa que significa realizar actos preparatorios que impidan el ataque de cualquier enemigo. En el caso de la seguridad interior, las Fuerzas Armadas del país solo tendrían intervención cuando los cuerpos de seguridad pública hubieran sido rebasados y los conflictos atentaran realmente contra los intereses fundamentales de la nación, como la soberanía, la integridad del territorio, la forma republicana y democrática de gobierno y la organización federal previstas en la Constitución del país. Es de hacer notar que el término de coacción directa se ha concebido como la aplicación de la fuerza por cualquier medio con el fin de conseguir el cumplimiento forzoso de los deberes existentes para con la policía o bien, la fuerza usada sin un acto procedimental, a diferencia de la que se usa como consecuencia de un acto procedimental o ejecución por coacción, recordando que en un Estado de Derecho, el uso de la fuerza está sometido a reglas y límites predeterminados por la ley.
Parece que la supresión de estas cabezas ha propiciado más violencia al dividirse los grupos y luchar por los territorios antes controlados por uno solo de ellos, lo que ha dado como resultado mayor violencia descontrolada que ha afectado cada vez más a personas ajenas a sus actividades delictivas.
Fuera de México, en las más recientes reuniones de la OEA se ha percibido una firme resistencia a los planteamientos de intervención militar extranjera, aunque de facto parece darse, formalmente no se quiere admitir abiertamente y a pesar de existir conciencia respecto a la necesidad de cooperación internacional para enfrentar al delito transnacional, parece que no será fácil el llegar a acuerdos para modificar principios y normas penales internas, cuando menos no de manera irracional, pues las propuestas por ejemplo la de militarización de la seguridad, no derivan de la práctica en los Estados Unidos y por lo tanto no parecen soluciones experimentadas sino impuestas autoritariamente para beneficio de los promotores y no de los países que las han de aplicar. Resulta indudable que tanto globalización como cooperación, son situaciones que se presentan para luchar contra la delincuencia transnacional, pero las decisiones han de tomarse de manera razonada, con un profundo análisis histórico y proyectado hacia el futuro y viendo factibilidad y consecuencias positivas y negativas antes de dar cada paso. Ojalá que así sea K * Catedrática por oposición de la Facultad. de Derecho de la UNAM
El pasado 28 de junio la Dra. Ruth Villanueva Castilleja ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, presentando el trabajo denominado Medidas aplicables a los menores de edad que infringen la ley, acto que fue presidido por el Dr. Sergio García Ramírez, actual presidente de la Academia, quien dio contestación al trabajo recipendiario. Durante su exposición la Dra. Villanueva se refirió al artículo 18 constitucional reformado en 2005, que puntualiza el establecimiento de un sistema integral de justicia para personas mayores de 12 años, pero menores de 18, que realicen una conducta tipificada como delito por las leyes penales, y que establece también un sistema de rehabilitación y de asistencia para los menores de 12 años, señalando que se puede definir como Sistema Integral de Justicia para personas entre 12 y 18 años (los adolecentes) al conjunto de instituciones, tribunales y autoridades especializadas interrelacionadas, para la atención de los menores infractores en materia de prevención, procuración e impartición de justicia, así como la ejecución de las medidas y el seguimiento de las mismas, las cuales conforman una unidad con plena independencia entre ellas, pero con el mismo fin común, sobre los tres principios sustantivos: a) El interés superior del niño; b) La especificidad de la materia y; c) La Protección, explicando a detalle cada uno de estos los conceptos. El Dr. García Ramírez dio respuesta al trabajo de ingreso mencionando que la Dra. Ruth Villanueva asume la verdadera orientación constitucional en el análisis de los tres temas que consigna en su discurso, como lo ha hecho en el estudio de otros muchos que figuran en numerosas publicaciones. Se ocupa en el significado de las medidas de orientación, protección y tratamiento -términos que provienen de la norma constitucional-; de la proporcionalidad en el ámbito del sistema especializado que corresponde a este universo de infractores y en la duración del tratamiento en internamiento.
En la ceremonia estuvieron presentes el Vicepresidente de la Academia, el Dr. Luis de la Barreda Solórzano, la Secretaria, Victoria Adato Green, los Doctores Ricardo Franco Guzmán, Luis Rodríguez Manzanera, Jorge Ojeda Velásquez, Enrique Díaz Aranda, María de la Luz Lima, Olga Islas de González Mariscal, Antonio Sánchez Galindo, Elisa Speckman, Fernando García Cordero, Ricardo Ojeda Bohórquez, Pedro Pablo Carmona, Rafael Moreno González y Julio Hernández Pliego, también miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.
SEMBLANZA Licenciada en Derecho y Doctora en Derecho por la UNAM, en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y en Administración de Justicia por la Pacific Western University, cuenta con Maestría en Educación Familiar por la Universidad Panamericana y en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios por el Instituto de Prevención al Delito e Investigación Penitenciaria, así como Especialista Certificada en Derechos de la niñez por el Instituto Interamericano del Niño de la OEA. En su trayecto profesional, ha ocupado diversos cargos entre los que destacan haber fungido como Presidenta del Consejo de Menores, Directora General de Protección de Derechos Humanos de la P.G.R, Directora General de la Tercera Visitaduría de la C.N.D.H., Directora General de Prevención y Readaptación Social de la S.G. y Directora General de Atención a Víctimas de Delito de la P.G.J.D.F., entre otros K
EL INTERNET Y LAS REDES SOCIALES HAN SIDO CATALIZADORES DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS En los últimos años, las Tecnologías de la Información (TI) han revolucionado nuestras vidas en varios aspectos como lo es la forma en la que trabajamos, estudiamos, compramos, e incluso ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, así como nuestros hábitos de entretenimiento. La principal herramienta que hoy relacionamos con las TI es el Internet que es un medio de comunicación de gran importancia y de vital necesidad para el desarrollo de la economía a nivel global. Su relevancia llega a tal grado que muchas de las dinámicas económicas y sociales que ocurren en el mundo no podrían entenderse sin esta red que es capaz de mandar información de un extremo del orbe a otro en cuestión de segundos. Es tal el alcance de este medio, que muchos países lo consideran como un derecho al que cualquier persona debe tener acceso y facilitan su utilización, inclusive caracterizándola como una herramienta de democratización. Por otro lado, entendiendo esta misma influencia, hay países como Cuba, China, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán, y Vietnam, que han prohibido o limitado el uso del internet ya que es una herramienta que le permite a la ciudadanía alzar la voz y enterarse de los temas “ocultos” de sus gobernantes, lo cual representa obviamente un peligro para éstos. Así como han surgido innumerables cambios virtuosos en nuestras vidas gracias al desarrollo exponencial de las TI, al mismo tiempo, se han presentado personas que usan estas herramientas para obtener beneficios ilícitos. Por esto, es importante saber qué son los delitos informáticos y cómo podemos evitarlos.
¿Qué son los delitos informáticos? Un delito informático, como es comúnmente mencionado, se trata de las conductas que lesionan o dañan bienes, intereses o derechos de las personas físicas o morales, usando como herramienta computadores u otros bienes informáticos. Si hablamos en términos jurídicos, solamente se incurre en un delito si existe una legislación que sancione su existencia, respetando así el concepto de tipicidad del delito, es decir, que esté clasificado en algún tipo penal. Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. Dentro de los principales delitos informáticos se encuentran los siguientes: Fraude: puede ser a través de la manipulación de la información contenida en una computadora o de aquella que insertan los usuarios en la red. Robo, destrucción o falsificación de datos: tiene que ver con acceder sin autorización a sistemas o servicios. Piratería: Reproducción y uso de programas informáticos no originales. Intervención de correo electrónico.
¿Quiénes son los hackers y los crakers? En el vocablo cotidiano, se uaa indiscriminadamente el término de hacker o cracker para hacer referencia a aquella persona que viola la seguridad de un sistema informático. Sin embargo existe una importante distinción entre ambos. Impulsados por el deseo de dominar las complejidades de los sistemas computacionales y de empujar la tecnología más allá de sus capacidades conocidas, surgieron los primeros hackers en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Éstos no buscaban robar información, sino por el contrario, uno de sus objetivos era romper con las barreras que impedían el desarrollo de la computación, por medio de la creación de nuevas rutas de acceso a los programas informáticos ya conocidos, así como de la manipulación y creación de software. Muchos lo hacían sólo por diversión pero otros, eran personas que lo veían como parte del desarrollo de un invento que permitiría poner en contacto a todo el mundo, al mismo tiempo que se conseguía la descentralización de la información. La World Wide Web y el Internet son creaciones de hackers. Por el otro lado los crackers son mejor conocidos como criminales informáticos. Aunque éstos manejen los sistemas informáticos de una forma similar a los hackers, el objetivo es el contrario ya que utilizan su conocimiento para intervenir en los sistemas con fines de beneficio personal o para hacer daño a un tercero. En la actualidad, estas personas obtienen ilegalmente información de las operaciones de empresas,
movimientos bancarios y del sector financiero e incluso información confidencial de las mismas autoridades. Desafortunadamente, estos avances tecnológicos son utilizados para cometer delitos que, en el mejor de los casos, están tipificados en la ley ya que, al no desarrollarse con la misma velocidad el derecho que la tecnología, se concretan muchos comportamientos ilícitos que permanecen impunes por no existir norma penal que los sancione.
¿Cómo lo hacen? A pesar de que se han creado importantes sistemas de protección de la información, cuando alguien logra vulnerarlos, los titulares de la información sufren graves consecuencias. Los métodos más comunes para el robo de contraseñas, que van dirigidos principalmente a cuentas personales, son los archivos ejecutables que se envían por correo electrónico diciendo que es un salvapantallas, un juego gratuito, etc. En nuestro país cientos de miles de personas acuden a los cibercafés pensando que con tomar medidas básicas de seguridad para proteger su información, como cerrar su correo, no revelar sus claves, etc., están exentos de que un cracker acceda a su información. Por desgracia no es así, ha surgido en el mercado un nuevo dispositivo que guarda todas las contraseñas realizadas en el teclado de una computadora. Es un artefacto que parece una entrada de cable como cualquier otra, pero que está conectado del CPU al teclado. Puede ser usado en cybercafés, exposiciones, hoteles y aeropuertos. Deben tomar muchas precauciones, especialmente quienes utilizan Internet para entrar en cuentas bancarias. El dispositivo almacena todo lo que se teclea, por lo tanto, es recomendable examinar la PC que se utiliza en sitios o lugares públicos, en búsqueda de cualquier artículo sospechoso instalado detrás del mismo antes de utilizarlos. El mercado para obtener contraseñas se ha expandido rápidamente, y está al alcance de cualquiera, inclusive hay organizaciones que se dedican a vender nombres de usuarios y contraseñas par acceder a cualquier cuenta de correo o de redes sociales a un costo no mayor a 100 dólares.
Las redes sociales y el crimen organizado En estos últimos años, se ha agregado a la ecuación de los delitos informáticos y por internet, una variable importantísima que es el surgimiento de las redes sociales. Una red social es una estructura compuesta de personas u organizaciones que usan diversas herramientas para conectarse por uno o varios tipos de relaciones como puede ser la amistad, intereses en común, relaciones laborales, profesionales o de conocimiento entre otros. Con el desarrollo de las TI, las personas usan el internet para armar dichas estructuras. Según la Asociación Mexicana de Internet, en México existen más de 30 millones de internautas y aproximadamente 31% de ellos accede, crea o mantiene sitios de comunidad virtual o de redes sociales siendo las más usadas Facebook, Twitter, Hi5 y MySpace entre otras. Es común escuchar que la delincuencia organizada use las redes sociales para sacar información de sus víctimas o para conseguirlas. Con el afán de comunicarse con sus pares, los usuarios suben a la red información confidencial que muchas veces puede ser usada como referencia por grupos delictivos para secuestros, extorsiones o chantajes. R E C O M E N D A C I Ó N: No aceptes en tus perfiles a gente que no conozcas. No ostentar tus perfiles ni poner tus datos personales como teléfono, dirección, o fotos que revelen datos importantes de tu vida cotidiana. Desactiva en todas las redes que la tengan, la función de localización, aquella que actualiza y muestra constantemente tu ubicación.
Otro grave problema que nos aqueja es la usurpación de identidad. Existen delincuentes que usan la información proporcionada en estas redes virtuales, para extorsionar, cometer fraudes, tener doble o triple credencial de elector, registrarse en algún concurso, o en cualquier situación donde resulte más conveniente poner el nombre de otra persona. Este tipo de actos pueden meter en severos problemas a aquellas personas que sufran el robo de identidad, mientras que el verdadero delincuente sigue en las calles.
El uso de las redes sociales en la lucha contra la delincuencia organizada Así como todo uso de TI, las redes sociales también han ayudado en varios casos en la lucha contra el crimen organizado ya que permiten a la ciudadanía organizarse y comunicarse de una forma que nunca se había visto. Muchos expertos aseguran que las redes sociales pueden ser utilizadas para la prevención de delitos, alertando tanto a la ciudadanía y a las autoridades de las zonas más violentas, así como para organizar movimientos de la sociedad civil en contra de la delincuencia organizada. Así mismo, se han reportado casos en los que los mismos perfiles creados por los delincuentes permiten rastrearlos y capturarlos. Elias Kuri de Iluminemos México dijo que están trabajando para usar Twitter como sistema de alerta “queremos lograr que la persona mande un mensaje donde se está cometiendo el delito y que a su vez pueda ser enviado a las autoridades”. Así mismo destacó que la megamarcha contra la inseguridad que realizó hace 2 años, fue en gran parte convocada por internet. Debemos de saber usar las TI y las redes sociales a nuestro favor ya que nunca el crimen organizado será más poderoso que una sociedad organizada. K
FORO FORO JURÍDICO JURÍDICO
FESTEJAN DÍA DEL Con la presencia del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubond, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Mgdo. Edgar Elías Azar, del Procurador capitalino Miguel Mancera Espinoza, del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República Miguel Alessio Robles, del Procurador Militar Gral. José Luis Chávez García, del Contador Mayor del DF, David Vega Vera, del Abogado General de la UNAM Luis Raúl González Pérez, de los presidentes de los tribunales locales y de los directores de las facultades de derecho de la capital del país, los abogados del Distrito Federal festejaron su día el pasado 12 de julio con un desayuno al que asistieron cerca de dos mil personas, entregando reconocimientos a juristas de diversas actividades que se destacaron en el 2010, recibiendo diplomas, entre otros: 28
ABOGADO K
Victor Hugo Martínez Barrera
RECONOCIMIENTOS JUZGADORES: Dr. José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la SCJN, Mtro. Celso Rodríguez González, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia de Jalisco y los magistrados del TSJDF José Luis Castillo Lavín, Aurora López Aguilar, Esperanza Rico Macías y Antonio Muñoz Cano.
ACADÉMICOS: Dr. Ruperto Patiño Manffer, Dr. Genaro David Góngora Pimentel, Dr. Iván Lagúnes Pérez, Dr. María Elena Mancilla, Dr. Jesús López Monroy, Dra. Sara Bialostosky, Dr. Emilio Rabasa Gamboa y la Dra. Emma Mendoza Bremauntz, todos de la Facultad de Derecho de la UNAM.
LITIGANTES: Ricardo Franco Guzmán, Armando Quirazco Hernández, Elías Zacarias Fadel, y Arturo Elias García Aburto.
PRESIDENTES DE COLEGIOS Y BARRAS DE ABOGADOS: Jesús Cortazar Murphy del Colegio de Abogados de México, Aaron Kirsch Kleiman, de la Barra Nacional de Abogados, Ángel Buendía Buendía, de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, Napoleón Fillat Martínez de la Asociación Democrática de Abogados y Miguel Arroyo Ramírez, del Consejo Nacional de la Abogacía.
EDGAR ELIAS AZAR:
FRENTE AL TRASTOCAMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL, ELEVEMOS LA VOZ PARA SUSTENTAR CON FIRMEZA UN AUTÉNTICO ESTADO DE DERECHO El mensaje central del evento estuvo a cargo del Dr. Edgar Elías, Magistrado Presidente del TSJDF quién afirmó que ha llegado la hora de que los abogados elevemos la voz, claro y fuerte, para sustentar con firmeza un auténtico Estado de Derecho. No podemos, afirmó, dejar la crítica, el descontento, la frustración o llanamente, la irritación que nos conduce al mirar un orden jurídico dispar, injusto, extraviado, siempre montado en los vaivenes de los intereses de grupo y no en su verdadera vocación asumida en el bien común. Los abogados nos reunimos hoy, dijo, en el centro de convulsiones y tumultos; de esa crispación de nervios que muchos invocan – y no sin razón- y de una circunstancia que parece desmantelar toda noción del Estado de Derecho en el país. No caigo en pesimismos y derrotas por anticipado, pero sí advierto que de continuar esta abdicación de los abogados, dudo que mejore en nuestra patria el tratamiento y abordaje de los problemas que nos acosan, eso me genera un escepticismo que podría ser demoledor en muchos de nosotros. Llegó el momento, enfatizó Elias Azar, de demostrar que aquí estamos, pendientes de lo que está sucediendo. No es por ignorancia nuestra ausencia; no es por temor a la represalia de algún poderoso que vea mal nuestras intenciones de corrección y mejora; no es porque volteamos la cara a otro lado y preferimos ya no advertir ¿Cuántos más deben morir; cuántos más serán discriminados; cuántas más serán encarceladas por optar por su modo de vida; cuántos más seguiremos sosteniendo al país con impuestos, mientras otros evaden y eluden sus compromisos fiscales; cuántos más seguirán
Fauzi Handam, Rector de la Escuela Libre de Derecho impuso la medalla Ignacio L. Vallarta al Dr. Miguel Ángel Mancera. sin acceso a la justicia sólo porque ésta se ha desviado, en algunos puntos notables, a la atención de casos renombrados, en olvido de los más débiles; cuántos electores más se verán frustrados ante evidentes o aparentes manipulaciones de la verdad democrática? No es por todo eso, nuestra abdicación a participar en los grandes temas nacionales; uno de ellos, acaso el más importante, la estructuración y despliegue de nuestro novedoso orden jurídico nacional, que en muchos casos ha dado pasos hacia atrás, bajo el pretexto de una lucha que no concluye y no tiene un propósito definido, mezclada con imposiciones de ideologías ajenas al sentir mexicano; se trata, en realidad de una cerrazón de algunos, ante las mentes del jurista que sabe lo que dice y lo que hace. Es muy fácil salvar principios y reglas jurídicos, para conseguir lo que se quiere y sin reparar en los daños a la ley y a las personas, cuando se actúa de manera inconsulta y no se hace valer
la opinión de quien sabe Derecho, para después y ante la evidencia de la justicia, ni siquiera pedir disculpas, pues la arrogancia es más grande que el deber. Es muy fácil inventar medidas intrusivas de gran impacto en los derechos humanos y después sustentarlas en discursos potentes, pero vacíos, que engañan a políticos ávidos de reflectores. Es muy fácil impugnar normas jurídicas de avanzada y verdadero progreso, valiéndose de medios otorgados por nuestra Constitución, con argumentos pueriles y moralitos, que nada tienen que ver con el desarrollo de los derechos y sí con la propaganda política y el apoyo a movimientos retrógradas. Rompamos el cerco: como un abogado más entre todos ustedes, enfatizó, los convoco cordialmente a que digamos la verdad jurídica; a decirla claramente, sin trabazones; a decirla de manera que se escuche donde sea, sin sordinas. No somos ni hemos sido nunca, un gremio que guste de la sumisión, ni de la sujeción a redes
Como un abogado más entre todos ustedes, los convoco cordialmente a que digamos la verdad jurídica; a decirla claramente, sin trabazones; a decirla de manera que se escuche donde sea, sin sordinas. FORO JURÍDICO
que nos inmovilicen. Estamos de cara a una de tantas crisis que nos afectan: la del Derecho mismo, como la ciencia imparcial, correcta, justa, universal y con un fin clarísimo: el bien de la sociedad y no de grupos de interés. En referencia directa a las recientes elecciones realizadas en 15 entidades federativas, en las que se renovaron 12 gobernadores, el magistrado Elías Azar señaló: Nuestros procesos electorales mucho confunden a la ciudadanía y si bien parecen recargarse en legalismos argüidos, se presentan algunos casos, como actos carentes de la más elemental ética política. El derecho debe asumir esos conflictos y resolverlos conforme a principios insoslayables. Ya no son estos tiempos para concebir al derecho como mera estructura lógico-formal, pues es necesario, hoy mismo, hurgar en las subyacentes vías éticas y axiológicas del orden jurídico imperante. Si en alguna plaza jurídica han de trabajar conjuntamente derecho y ética es en ésta de orden comicial que busca no sólo una actitud formal y cuantitativa, si no absolutamente creíble y cualitativa.
Concluyó su mensaje Edgar Elías afirmando que sólo con resultados buenos de nuestra parte, con las advertencias e impedimentos buenos de nuestra parte, con las advertencias e impedimentos que un jurista debe esgrimir; con el señalamiento de vías posibles y válidas de solución de conflictos, porque todo se puede en el marco de un Estado de Derecho; con mostrar a todos que el Derecho es escudo que protege y no espada que lastima, estaremos en condiciones de verdaderamente celebrar el Día del Abogado. Vayamos a trabajar por lo que más nos debe interesar: México K 1 Lic. Miguel Alessio Robles 2 Gral. José Luis Chávez García 3 Lic. Luis Raúl González Pérez 4 Dr. Ruperto Patiño Manffer
5 Dr. David Vega Vera 6 Mtro. José Ramón Cosio Díaz
EL DERECHO SOCIAL En una tendencia tripartita se ha ubicado el denominado Derecho Social como cuña intermedia entre el Derecho Público y el Derecho Privado. Esta postura doctrinal no es acertada pues, todas las normas jurídicas se pueden agrupar, unas en el Derecho Público y otras en el Derecho Privado. En el llamado Derecho Social sus normas jurídicas unas son de Derecho Público y otras de Derecho Privado. Así, por ejemplo, las normas jurídicas del Derecho Laboral, unas son de Derecho Público y otras son de Derecho Privado, por ejemplo, las normas que imponen un salario mínimo, la obligación de pago de jornada extraordinaria, las que establecen vacaciones y días de descanso obligatorio, así como las que obligan al pago de aguinaldo, son normas de Derecho Público, dado que se imponen con, contra o sin el consentimiento del obligado, y otras son de Derecho Privado como fruto del consentimiento equiparable de trabajador y patrón.
jurídica, con abstracción de fines y contenidos, es una noción que atiende a un fin claramente expresado: la protección de los económicamente débiles.
Lo que ocurre es que, la distinción entre el Derecho Público y el Derecho Privado es de carácter ontológico, que atiende a la naturaleza misma de las relaciones jurídicas y de los planos en que los sujetos se colocan, y se hace abstracción de fines y contenidos. En cambio, respecto del Derecho Social, la caracterización de las normas deriva de su finalidad que consiste en la tutela a los económicamente débiles.
El Derecho Social no engendra una nueva categoría de normas que se ubican entre el Derecho Público y el Derecho Privado porque esa clasificación se basa en el ontos, el ser mismo de lo jurídico, su naturaleza, mientras que en el Derecho Social, sus normas jurídicas integrantes son las que propenden a la finalidad de proteger a los económicamente débiles. Lógicamente, no es posible pretender enfrentar una conceptuación ontológica frente a una determinación de carácter teleológico.
Con inspiración en Ehrlich, Gurvitch, Kantarowicz, y Gény, quienes consideraron la existencia de un Derecho paraestatal, que se impone al Estado mismo, y más moderno que el Derecho estatal, el ilustre jurista mexicano Lucio Mendieta y Núñez, en su obra denominada: El Derecho Social, ha definido el Derecho Social como: “El conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente más débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo.” Con base en la anterior definición, cabe destacar que el concepto propuesto de Derecho Social no es ontológico, porque no atiende a la naturaleza propia de la norma
Por tanto, lógicamente no podemos considerar que entre el Derecho Público y el Derecho Privado existan normas de Derecho Social pues, todas las normas jurídicas pueden ser de Derecho Público o de Derecho Privado, independientemente de sus finalidades. Ahora que, si la distinción toma como base la finalidad de proteger a los económicamente débiles, ello no se opone al Derecho Público o al Derecho Privado sino que, esas normas que tutelan a los económicamente débiles, para su logro adecuado deben ser normas de Derecho Público. Si no llevan la intención las normas jurídicas de proteger a los económicamente débiles, entonces podemos hablar de un Derecho no social o no proteccionista o no tutelar.
Los puntos de vista que engloba la definición de Derecho Social que ha producido el destacado jurista mexicano Lucio Mendieta y Núñez, son susceptibles de someterse a un análisis en donde aparecen puntos de vista antagónicos, entre ellos, los siguientes: I.- La denominación: “Derecho Social” puede ser objetable dado que todos los Derechos son sociales. El fenómeno jurídico se da dentro de la sociedad y el Derecho no tiene la categoría de individual. El hombre, como sostenía Aristóteles, es un zoon politikon, es decir, un ente social. II.- Todas las relaciones jurídicas a que se hace referencia en la definición de Lucio Mendieta y Núñez, pueden ser enmarcadas
Dr. Carlos Arellano García dentro del Derecho Público o en el Derecho Privado. Por tanto, no hay motivo para establecer en una postura doctrinal tripartita un Derecho Social entre el Derecho Público y el Derecho Privado dado que, el Derecho Público y Privado se distinguen entre sí por elementos objetivos ontológicos, vinculados con los diversos planos en que se colocan los sujetos, superior o inferior, y las diversas relaciones jurídicas que se entablan entre los sujetos de los diversos planos, mientras que, en el Derecho Social se atiende a la finalidad de tutelar a los económicamente débiles. III.- El Derecho Social no está integrado por disposiciones o leyes autónomas, pues ya forman parte del Derecho Público o del Derecho Privado pues, no existe relación jurídica que no esté comprendida dentro de ellos. Las relaciones jurídicas enfocadas en los diferentes planos y conforme a sujetos distintos, entidades soberanas o no soberanas, están reguladas por el Derecho Público o el Derecho Privado. Esta clasificación comprende todas las normas jurídicas, ya no quedan algunas para ser ubicadas en el Derecho Social. IV.- El concepto de Derecho Social de Lucio Mendieta y Núñez atiende a lo teleológico y no se puede oponer a una clasificación ontológica que hace abstracción de finalidades, y el Derecho Social, según Mendieta y Núñez, tiende a proteger a los económicamente débiles como su característica principal. V.- Por otra parte, los estudiosos del Derecho que sostienen el Derecho Social acuden a elementos metajurídicos para conceptuar su Derecho Social, pues se menciona la protección a los económicamente débiles y esto se apoya en la Economía. VI.- El Derecho Social existe y hay ramas del Derecho Social pero, no es oponible al Derecho Público o al Derecho Privado, simplemente, es oponible a un Derecho no social o a un Derecho no tutelar. El Derecho Social se podría denominar Derecho Tutelar y las normas no comprendidas en él serían de un Derecho No Tutelar K
CARTA ACLARATORIA Con relación al artículo de Arturo Fernández Arrás, intitulado La reforma Laboral: una propuesta legalmente indecorosa, publicado recientemente en esta Revista, se realizan algunas precisiones: Desde el título del texto del artículo referido, podemos desprender la parcialidad y limitación de su análisis, el juicio de valor a priori y subjetivo que realiza el articulista y que se trata de una repetición de lo dicho ya por otros personajes y articulistas; en particular, el caso de Carlos de Buen, quien el 31 de marzo pasado, con prácticamente el mismo título publicó Una Propuesta Indecorosa, en el que hace una crítica de la iniciativa de reforma laboral, presentada en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional el 18 de marzo del presente año. Pero lo grave de las aseveraciones que realiza Fernández Arrás van más allá de la mera repetición: el articulista asegura que la iniciativa es en realidad un “plan maestro” en el que “…se utiliza el método del engaño hasta la evidencia…”. Habría que preguntarle qué quiso decir, o si intenta parafrasear a alguien más. Contrario a lo que afirma, este esfuerzo que incluye el análisis de más de 300 iniciativas de ley, va más allá de cualquier proceso electoral. La propuesta de reforma no se limita al “proceso electoral rumbo al 2010” (sic), ésta es una visión muy corta del articulista, que deja de lado la problemática imperante que hace necesaria una reforma como la planteada. En el afán de que no se modifique el status quo de nuestro anquilosado marco jurídico laboral, para seguir favoreciendo a unos cuantos, Arturo Fernández Arras pretende dividir a la sociedad mexicana con la fórmula simplista de “a favor o en contra”, como si estuviera en un aula de clases. No señor, estamos en la disyuntiva de qué tipo de Reforma Laboral necesita nuestro país, con lo cual nos demuestra que no le importa la opinión de organizaciones de trabajadores y de empresarios, así como de legisladores, expertos y líderes de opinión, que han optado de manera responsable por estar de acuerdo en que se revise cuidadosamente la Iniciativa de ley que se comenta. Incluso, muchos de estos actores que sí revisaron el proyecto de reforma del PAN, han identificado aspectos valiosos en los que prevalecen las coincidencias, lo cual es explicable, porque mucho de su contenido derivó de otras propuestas de diferentes grupos parlamentarios, de ahí que se sostenga que esta Iniciativa sea plural e incluyente con el objetivo de favorecer a amplios sectores de la población y, por ende, la productividad de los centros de trabajo y la competitividad de la economía nacional. Atentamente Álvaro Castro Estrada Subsecretario del Trabajo Secretaría del Trabajo y Previsión Social
AVANZA IMPLEMENTACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA FISCAL K
Francisco Cuevas Godínez, Odette Rivas Romero, Genaro Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro y Flavio Galvan Rivera.
nte juzgadores y académicos de diversas instituciones educativas de la capital del país el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) presentó los avances en la implementación del novedoso juicio en línea en materia fiscal y administrativa federal, explicando la normatividad que prevé el inicio, en el próximo mes de diciembre, de este nuevo sistema que permitirá realizar procedimientos vía Internet, desde la comodidad de la casa o la oficina, sin tener que asistir a las instalaciones de ese tribunal federal, en cualquier parte del país, comentando que será optativo para los justiciables o sus abogados decidir si desean litigar bajo el procedimiento tradicional o el moderno con computadora. Indicó que los artículos 1-A y 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo son básicamente los que permiten esta modalidad judicial, al definir al Sistema de Juicio en Línea como un sistema informático para registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento que se sustancie ante el tribunal.
La iniciativa de crear este sistema informático surgió a principios del 2008 al realizar una encuesta para conocer la percepción de los justiciables acerca de las fortalezas y debilidades de ese Tribunal, evidenciándose el retraso en la atención de los asuntos llevados ante el TFJFA. Frente a este escenario se descartó la opción de crear nuevas salas, básicamente por restricciones presupuéstales, optándose por diseñar una plataforma tecnológica que permitiera sustanciar el Juicio Contencioso Administrativo aprovechando las tecnologías de la información y comunicación existente, que a su vez permitiera reducir los costos para la impartición de justicia en el tribunal. A partir de mes de junio de 2009, explicó Francisco Cuevas, se integraron 3 grupos de trabajo para trabajar sobre la planeación y el diseño del Sistema de Justicia en Línea en tres vertientes: procesos, tecnología y administración del cambio, en el que se involucraron los magistrados de la Sala Superior, de la Junta de Gobierno y Administración y de las Salas Regionales, así como las unidades administrativas, realizándose cerca de 400 reuniones de trabajo.
La implementación de estos juicios promete un futuro alentador para la justicia en México, ya que se busca que este modelo sea reproducido en diferentes tribunales del país, y se extiendan a todas las materias jurídicas, con la excepción que podría darse respecto de los juicios orales que en materia penal la Constitución Federal ha obligado a implementarse. También falta estudiar la posibilidad de que puedan realizarse las impugnaciones a las resoluciones de dicho Tribunal por medio de internet, toda vez que de conformidad con el artículo 58-Q de la citada ley se estableció que no serian aplicables los medios electrónicos para la presentación y tramitación de los medios de impugnación como el recurso de revisión fiscal y juicio de amparo directo, en contra de una sentencia emitida dentro del juicio en línea. Sin soslayar que la entrada en operación del nuevo juicio en línea es todavía un reto de una gran envergadura y que tendremos que ir resolviendo imprevistos sobre la marcha, incorporando todas la medidas de seguridad tecnológicamente posibles, así como venciendo las naturales resistencias al cambio que este tipo de procesos tecnológicos modernos suelen producir,
Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Magistrado Francisco Cuevas Godinez al final de su exposición.
Carlos Arellano García y los Magistrados Victor M. islas Domínguez y Arturo Rivas Iturbe. sin duda que lograremos agilizar la justicia fiscal y administrativa federal atendiendo a los principios de celeridad, economía procesal e impartición de justicia pronta y expedita, enfatizó el magistrado Cuevas. Estamos decididos, dijo a consolidar este nuevo juicio en línea, consciente de que los tribunales fiscales y administrativos contribuyen a la estabilidad económica, política y social del país, al dar a los
ciudadanos y a las empresas la posibilidad de impugnar actos de autoridad, ya que, como es bien sabido, en estos tribunales suelen ventilarse asuntos con montos elevados. Finalmente, luego de presentar el logotipo que identificará al juicio en línea, el Magistrado Presidente del TFJFA manifestó que el uso de la tecnología moderna,
contribuirá a elevar los niveles de eficiencia del tribunal, a abaratar costos para el contribuyente y a agilizar la tramitación de los asuntos que se ventilen en las diferentes salas que se encuentran en todo el país, lo cual implica, al mismo tiempo, una revolución cultural que se debe traducir en dar prioridad a la capacitación e impulso a la carrera jurisdiccional K
Dr. Oscar Javier Jarquìn Rodrìguez* Ante la descomposición social, política, y educativa que aqueja al pueblo de Oaxaca, es innegable reconocer que los valores y principios de respeto a las Instituciones Públicas y Sociales están en franca decadencia; la sociedad en su mayor parte desconfía en las autoridades encargadas de procurar, administrar e impartir justicia, ya que por lo que se refiere a la Procuración de Justicia, no obstante los esfuerzos que se han realizado en capacitar mediante cursos, talleres y diplomados al personal institucional para instruirlos en la investigación y persecución de los delitos, esto ha sido insuficiente, pues el índice delictivo ha ido en aumento en la última década, sobre todo cuando el pueblo ubica a la gran mayoría de estos servidores públicos como negligentes, parciales y corruptos, ante lo cual la ciudadanía prefiere dejar de cumplir con sus obligaciones ciudadanas, como denunciar el delito porque considera que hacerlo es una pérdida de tiempo, en otras por desconfianza y en su mayoría porque los trámites son largos, difíciles y costosos, crítica situación que cada día se va generalizando en todo el Estado, a tal grado que ya se han dado casos en donde lamentablemente se han hecho justicia por su propia mano. 38
ausas hay muchas, no sólo son los años de abandono de las Instituciones de Seguridad y Justicia, ni los raquíticos presupuestos que se les brinda, lo que ha generado esta “dantesca” situación, sino también la miopía política, del Legislador al sostener la falsa idea de que el titular del Poder Ejecutivo Estatal debía tener bajo su control toda institución de Procuración de Justicia o Cuerpo de Seguridad para brindar un mejor servicio, pero cuyo verdadero trasfondo era, como en efecto lo sigue siendo el de preservar su absoluto dominio de las líneas de poder, a perseguir y privar de su libertad a los enemigos políticos y consecuentemente de la población, sin percatarse o peor aún, soslayando que tarde o temprano esa arbitraria situación se volvería en contra de las instituciones ante la apertura política y económica, así como la creciente fuerza de la opinión pública y que todo en su conjunto promoviendo un cambio en la mentalidad social, lo cual conllevó conocer abiertamente la gran corrupción oficial existente ante la complacencia o el contubernio de las Instituciones de Procuración de Justicia y en general de Seguridad Pública, mismas que pese a las protestas de juristas y abogados han venido gozando de impunidad, situación ésta que directamente ha alentado a un sector de la población a aliarse a la delincuencia en cualquiera de sus aspectos, creciendo geométricamente la incidencia delictiva de manera alarmante en todo el país.
Lo anterior ha sido así considerado en el Segundo Foro Político de Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, celebrado el pasado día 24 de mayo, en donde por una parte Alejandro Martí, Presidente de México, SOS, expresara: “El Sistema de Justicia Penal es tan malo que preferimos callar en lugar de denunciar, los ciudadanos lo aborrecemos y desconfiamos de él, al señalar las graves deficiencias del actual sistema de justicia penal; por su parte el Presidente de la República Felipe Calderón afirmó: “Que la reforma al Sistema de Justicia Penal aprobada en junio de 2008, será inútil si persiste la corrupción y la infiltración en los cuerpos policíacos y si la justicia continúa estando sólo al alcance del mejor postor”. Por otra parte, existiendo esta crítica situación y ante la exigencia social respecto de la ineficaz función de la Institución del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y cuya actuación está subordinada a las ordenes del Poder Ejecutivo del Estado, expuesto a recibir consignas para actuar en contra de personas que se opongan a los intereses del poder público, ha existido una importante aportación de destacados juristas que como Miguel Carbonell quien está a favor de la Autonomía del Ministerio Público, y que su obra “Igualdad y Libertad”, con propuestas de renovación constitucional, afirma que “La Autonomía del Ministerio Público respecto al Ejecutivo, es necesario, no solamente en relación con la mejor tutela de las libertades sino también para permitir la eficaz persecución de los delitos cometidos desde el poder público; si se combina la dependencia jerárquica del Ministerio Público con el monopolio del ejercicio de la acción penal en su favor, se tiene casi el peor de los escenarios posibles para combatir la corrupción y se incentivan fenómenos de protección de la clase política partidista en el poder, respecto de actos delictivos cometidos por funcionarios públicos o por militantes de la propia fuerza política, dándose así la impunidad, que tanto daño ha causado a la sociedad entera”. El jurista italiano Luigi Ferrajoli en su teoría garantista, sostiene: “Hay que extender a los
Alejandro Martí, Presidente de México, SOS. órganos de la acusación penal, las mismas garantías de independencia y de sujeción sólo a la ley, reservadas a los órganos judiciales… es también la total autonomía del órgano encargado de su ejercicio frente a cualquier poder o condicionamiento, y además la existencia de una policía eficiente, profesionalizada y a su vez libre de interferencias del Ejecutivo o de otros poderes”. En respaldo a esta corriente doctrinal, encontramos en el ámbito federal, la propuesta respecto de la autonomía del Ministerio Público, presentada por el Ex Presidente Vicente Fox en Abril del año 2004 al Senado de la República, en donde planteó erigir al Ministerio Público en un órgano constitucional autónomo, que pudiera disfrutar de independencia presupuestaria y de gestión, así como de personalidad jurídica y patrimonio propio, planteando así también sobre la autonomía del Ministerio Público en las entidades federativas del país, proponiendo reformas a los artículos 21, 102 apartado A y 116 de la Constitución General de la República.
En apoyo a estas propuestas, se presentaron diferentes iniciativas a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en las cuales se sostiene la necesidad cada vez mayor de que la Institución de Procuración de Justicia, sea independiente del Poder Ejecutivo y que cuente con autonomía funcional, administrativa y económica, con una partida del presupuesto asignada por el Congreso de la Unión y sus recursos los administre en función de sus propios requerimientos, estableciéndose que el procurador sea designado entre una terna que proponga el Presidente de la República ante el Senado, o en sus recesos, ante la Comisión permanente, previniéndose que el procurador pueda ser removido, siempre y cuando medie propuesta del Consejo General ante el Senado y sea plenamente fundada y motivada. En síntesis, tanto legisladores como juristas, a dos años de haber sido aprobada la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia que plantea sustituir el sistema penal inquisitivo por un Sistema Acusatorio Adversarial de corte oral, como el que ya tenemos en el Estado desde el 9 de septiembre de 2006, se inclinan porque el Ministerio Público ya no siga subordinado al titular del Ejecutivo a efecto de no poner en riesgo la viabilidad del propio sistema penal acusatorio y obtenga así su plena autonomía, elemento fundamental para que en este proceso de transición democrática que vive México, se avance en la modernización, de la procuración, administración e impartición de justicia. En este contexto dentro del marco normativo previsto en los artículos 93, 94 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, encontramos a la figura jurídica del Ministerio Público, quien es el órgano del Estado encargado de la investigación y persecución de los delitos, teniendo las facultades siguientes:
Velar por la exacta observancia de las leyes; Perseguir los delitos; Investigar a través de una policía, que estará bajo su autoridad y mando inmediato; Intervenir en los asuntos judiciales que interesen a las personas a quienes la ley concede especial protección en la forma y términos que la misma ley determine. El Ministerio Público será desempeñado por un servidor público que se denominará Procurador General de Justicia y por los agentes que fije la ley. Ahora bien, antes de la reforma al artículo 95 de la constitución local, el Procurador General de Justicia era designado y removido libremente por el Gobernador en turno quien actuaba bajo las ordenes y consignas que recibía de éste en contra de personas que sin cometer delito alguno se les privaba de sus garantías constitucionales y de sus derechos fundamentales; y debido a las corrientes ideológicas de juristas locales y foro en general, el Ejecutivo en turno, en virtud de una iniciativa de reforma, contradictoriamente por un lado, suprime su facultad de nombrar al Procurador General de Justicia, proponiendo una terna al Poder Legislativo para que éste lo designara, y por otra parte sigue interviniendo en su designación; y así emite el decreto número 540 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de noviembre del 2007, reformando el artículo en cuestión, para quedar como sigue: Art. 95.- “El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia que será elegido por el Congreso del Estado de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral que el titular del poder ejecutivo someterá a su consideración. El Congreso elegirá al Procurador General de Justicia del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, por la mayoría de los diputados presentes o, en sus recesos, por la Diputación Permanente en el improrrogable plazo de treinta días. En caso de que la Legislatura no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna designe el Gobernador del Estado. Si el Congreso del Estado rechaza la terna propuesta, el Gobernador del Estado remitirá una segunda terna; de ser rechazada, ocupará
el cargo la persona que dentro de esta terna designe el Gobernador del Estado.
SEGUNDO.- Si el Congreso del Estado rechazara la terna propuesta por el Ejecutivo, éste remitirá una segunda terna que de ser rechazada, ocupará el cargo de Procurador General de Justicia el que designe el Gobernador del Estado. TERCERO.- El Gobernador del Estado sigue teniendo la facultad de remover libremente al Procurador General de Justicia, tal como así lo dispone este numeral que en su parte relativa dice:
El Procurador General de Justicia dejará de ejercer su cargo por renuncia, remoción por parte del Ejecutivo y en los casos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución.
“El Procurador General de Justicia dejará de ejercer su cargo por renuncia, remoción por parte del Ejecutivo y en los casos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución y en el artículo 79 Fracción XXIV del Código Político del Estado.
La ley organizará al Ministerio Público del Estado, que contará con independencia técnica para realizar las funciones de su competencia. El Procurador General de Justicia nombrará a los servidores públicos de la institución.
En resumen, el Gobernador del Estado, sigue teniendo la facultad de nombrar y remover libremente al Procurador General de Justicia.
Los agentes del Ministerio Público y demás servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia realizarán su actividad teniendo como base de su actuación el estricto apego a la legalidad, para garantizar este fin, se establecerá el servicio civil de carrera al interior de la institución”. Del análisis jurídico del precepto constitucional transcrito observamos lo siguiente: PRIMERO.- Si bien el Ejecutivo del Estado en principio ya no nombra al Titular del Ministerio Público, ya que sólo propone una terna al Órgano Legislativo y/o Cámara de Diputados, para que ésta previa comparecencia de las personas propuestas, que deben ser juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral, elijan por mayoría de los diputados presentes o en sus recesos por la diputación permanente en un plazo improrrogable de treinta días al Procurador General de Justicia, también lo es, de que si fenecido dicho plazo y la Cámara de Diputados no lo elige, el Gobernador del Estado, designará al Procurador General de Justicia.
Bajo este elemental diagnóstico es urgente y necesario que los juristas y estudiosos del Derecho comprometidos con el pueblo de Oaxaca pugnemos porque el Estado garantice la efectividad de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Ley Suprema y la particular del Estado pugnando porque en un Estado democrático de Derecho, como se afirma que tenemos en el país, se aplique en primer termino en nuestra entidad federativa para restablecer una convivencia armónica entre gobernantes y gobernados, lo que prevé el artículo segundo de la Constitución Particular del Estado, cuando señala: “El poder público y sus representantes sólo pueden hacer lo que la Ley autoriza, y deben hacer lo que la ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohibe y deben hacer lo que la ley les ordena”.
PROPUESTA DE REFORMA EN OAXACA
Dr. Sergio García Ramírez Considero que para que se recobre la confianza en el pueblo de Oaxaca y exista una real y auténtica procuración de justicia, se independice a la institución del Ministerio Público del Gobernador del Estado, y este obtenga así su plena autonomía; y por lo tanto, es necesario que el próximo Titular del Ejecutivo del Estado congruente con el espíritu del legislador que implantara la reforma del 18 de Junio de 2008 sobre la modernización de la justicia en el nuevo sistema de justicia penal debe presentar al nuevo Congreso del Estado la propuesta para que el Ministerio Público tenga plena autonomía; y por tanto se reformen los artículos correspondientes a la Institución del Ministerio Público; y para éste efecto hago las propuestas siguientes: Artículo 95.- “El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia que será elegido por el Congreso del Estado de una terna de juristas de reconocida capacidad profesional y solvencia moral, propuesta de la manera siguiente: El primero por el Ejecutivo de Estado. El segundo por una Institución de enseñanza superior de solvencia moral acreditada. Por la Comisión Estatal para la defensa de los Derechos Humanos. El Congreso elegirá al Procurador de Justicia del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas por la mayoría de los diputados presentes o, en sus recesos, por la Diputación Permanente en el improrrogable plazo de treinta días.
En caso de que la legislatura no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna haya obtenido la aprobación de la mayoría de diputados. Si el Congreso del Estado rechaza la terna propuesta, los proponentes, remitirán una segunda terna, que de ser rechazada ocupara el cargo la persona que haya obtenido la aprobación de la mayoría de los diputados. El Procurador General de Justicia, dejara de ejercer su cargo por: Renuncia, Remoción por causas graves previstas en la Ley de las responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipales. Suprimir la Fracción XXIV del artículo 79 que establece: Artículo 79.- Son Facultades del Gobernador, Fracción XXIV. presentar a consideración del Congreso del Estado, y en los recesos de éste a la Diputación Permanente, la terna para la elección del Procurador General de Justicia del Estado.
EL MINISTERIO PUBLICO NO ES CONFIABLE POR NO SER INDEPENDIENTE: SERGIO GARCÍA RAMIREZ Al participar el pasado mes de julio en un Foro sobre justicia, el Dr. Sergio García Ramírez, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ex Procurador General de la República y actual Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que el Ministerio Público es una institución no siempre confiable, no independiente ni persuasiva, por lo que es preciso modificarla en su estructura y competencias, haciéndolo autónomo del Poder Ejecutivo. La reforma constitucional de Seguridad y Justicia aprobada el pasado mes de junio de 2008 no avanzó necesariamente en combate a la impunidad, afirmo el especialista, se debe reelaborar la normatividad concerniente al Ministerio Público para otorgarle plena autonomía frente a los poderes K *Miembro del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C.
El pasado 8 de julio la Asociación Nacional de Doctores en Derecho rindió un homenaje al Dr. Ricardo Franco Guzmán, miembro fundador de la misma, con motivo de su Sexagésimo aniversario como licenciado en derecho y por haber cumplido 56 años de impartir ininterrumpidamente las cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM y en su División de Estudios de Posgrado. 44
articiparon como oradores el Dr. Genaro David Góngora Pimentel, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Magistrado José G. Carrera Domínguez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El Ministro Góngora Pimentel recordó la brillante trayectoria del homenajeado como profesor universitario, con quien ha compartido experiencias docentes, calificando a Franco Guzmán como uno de los más destacados penalistas con que cuenta el país, no solamente en las aulas universitarias, sino en la actividad profesional, significándose como uno de los litigantes más reconocidos en el foro nacional, aludiendo a su jovial carácter, a su sabiduría y a sus Luis Rodríguez Manzanera, Ricardo Franco Guzmán, Ruth Villanueva Castilleja y Moisés Moreno Hernández.
Bruno Ubiarco Maldonado, Oscar Lezama Gamero, Ricardo Franco Guzmán, Reyna Briz Franco, Elias Huerta Psihas, Cesar Prieto Palma, Pedro Hernández Gaona, Adrian Franco Zevada y Román Lazcano Fernández.
Ricardo Franco Guzmán y Carlos Enrique Rueda Dávila.
María Elena Leguízamo Ferrer, Genaro D. Góngora Pimentel y José G. Carrera Domínguez.
El Dr. Franco y su hijo Adrián.
El homenajeado con Juan Saldaña Pérez.
dotes como maestro, quien ha participado en la formación de sesenta generaciones de abogados que han pasado por la facultad de derecho de la universidad pública más importante, no sólo de México, sino de América Latina. Ricardo Franco Guzmán, enfatizó Góngora Pimentel, no sólo ha trasmitido sus conocimientos a miles de abogados mexicanos, sino que les ha imbuido su pasión por el derecho penal, hay muchos jueces y magistrados penales, funcionarios y litigantes que presumen haber sido alumnos de Ricardo Franco Guzmán, concluyó. El Dr. Carrera Domínguez señalo que para él representaba una alta distinción tener la oportunidad y el honor de dirigirse a Ricardo Franco Guzmán. Me siento afortunado, le dijo al Dr. Franco, porque el tiempo me ha permitido ser la voz de muchas generaciones que lo quieren y lo admiran, porque siguen viendo en usted al hombre modesto, humano, franco, leal, sereno, de buen trato y compañero; a un excelente ser humano, hombre de respeto, porque ha sabido con tino y elegancia respetar a los demás. A un
hombre de valores y posturas claras, jurista que nunca ha descuidado el idioma, a la vez que hace gala de la sutil broma. Poco es el papel para plasmar las cualidades y logros que ha alcanzado Franco Guzmán, resaltó el magistrado Carrera, en las diferentes facetas de su carrera profesional, considerándolo uno de los juristas más destacados de nuestro país, que ha conjugado con gran talento el ejercicio de la cátedra con la del abogado. Su prestigio en el medio son de sobra conocidos, afirmó, su nombre no solamente se escucha por los pasillos de escuelas, si no que su nombre ya se inscribe con letras, que lo distinguen en prestigiadas instituciones de enseñanza, de procuración y administración de justicia. Respecto a los premios que ha obtenido Franco Guzmán, mencionó el Doctorado Honoris Causa que le otorgo el INACIPE, el grado de Maestro Emérito de la Universidad de Tamaulipas, profesor huésped de la Wester California Law Scholl de la United States Internacional University
de San Diego California; la Condecoración de la Orden al Mérito en los grados de “Cavaliere” 1969 “Ufficiale” 1972 “Commendatore” 1984 y Grado “Officiale” 1993 del Gobierno de Italia, y diversas condecoraciones de los gobiernos de Portugal, Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Austria y Polonia. También ha recibido Diploma “Honor al Mérito”, “Medalla al Mérito Académico”, “Medalla Alfonso Quiroz Cuarón” y “Medalla Justo Sierra” por la Facultad de Derecho de la UNAM. Mencionó Carrera Domínguez que como servidor público el Dr. Franco Guzmán se destaco al haber ocupado los cargos de primer titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y como Subprocurador de Asuntos Jurídicos y Proceso de la PGR. Finalizó el magistrado Carrera aludiendo al libro del homenajeado denominado “Delito e Injusto”, que inicia con una cita de Hegel: “Sin pasión nada grande puede hacerse”, y no era una epígrafe nada más, dijo, “era el anuncio de una concepción de vida, por eso ahora nos
preguntamos: qué tanto tiempo ha pasado y qué no ha dejado de aprovechar Ricardo Franco Guzmán. Algunos dirán que a sus 82 años, es un consentido de la vida, más bien él ha sabido consentir a la vida, porque nada se le ha regalado que él no haya provocado con su esfuerzo, talento y simpatía. Así podríamos preguntarnos ahora qué nos ha regalado Ricardo, sino amar la vida, a ser mejor hasta nuestros últimos días. Asistieron al evento destacados académicos, juzgadores, servidores públicos y litigantes, señalando entre otros a Carlos Arellano García, Carlos Enrique Rueda Dávila, María Elena Leguízamo Ferrer, Lázaro Tenorio Godínez, Ruth Villanueva Castilleja, Hugo Italo Morales Saldaña, Elena Ruth Guzmán, Carlos Quintana Miranda, Reyna Briz Franco, Moisés Moreno Hernández, Rafael Quintana Miranda, Pedro Hernández Gaona, Octavio Lamadrid, Salvador Valencia Carmona, Gustavo Esquivel Vázquez, Sergio Casanueva Reguart, Claudia Terzi, Juan Saldaña Pérez y Luz María Zarza Delgado K
NUEVO CONCEPTO PENITENCIARIO K
Mtro. Jesús Armando Liogon Beltrán. El Sistema Penitenciario Mexicano tiene más de 100 años de retraso y ha sido objeto de estudios en diversas ocasiones debido a que se encuentra en un periodo de crisis por factores como: un alto índice de corrupción, sobrepoblación, hacinamiento, violación a los derechos humanos, falta de una política de recursos humanos con prerrogativas laborales y profesionalización.
Las Islas Marías son un archipiélago de cuatro islas localizadas en el Océano Pacífico a 112 km de las costas del estado mexicano de Nayarit, del cual forman parte. La mayor de las islas, María Madre (126.4 km²) alberga la Colonia Penal Federal Islas Marías establecida en 1905. Las otras 3 islas son María Magdalena (86.6 km²), María Cleofás (27.3 km²) y San Juanico (12.3 km²), la más pequeña, la superficie total de las islas es de 252.6 km².
ivimos una crisis de valores y consecuentemente de credibilidad hacia las instituciones: ni todos los delincuentes están en prisión ni todos los internos o reclusos son delincuentes. Lamentablemente nueve de cada diez directores de reclusorios en nuestro país son corruptos. En el mismo porcentaje están los jefes de seguridad; además siete de cada diez titulares de: trabajo social, administración laboral, área educativa, psicología y departamento médico son corruptos, por lo que consideran haber encontrado en su empleo “carcelario una mina de oro”, por lo que con éste virus propio de los reclusorios del país se convierten en universidades del delito, imposibilitando el noble objetivo de la readaptación social, violentando así en artículo 18 constitucional. La parcialidad con la que actúa y la autonomía que debería gozar el poder Judicial con respecto
al poder Legislativo y Ejecutivo parece todavía muy lejano. No basta buscar soluciones para la inseguridad mediante el endurecimiento de leyes, es recomendable investigar lo que no funciona en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia, ya que a pesar de las estrategias legislativas para endurecer las penas la delincuencia no disminuye. Con estas reflexiones preliminares, vienen a mi mente la experiencia que tuve como Director General de la colonia penal federal de Islas Marías, único lugar en Latinoamérica donde se posibilita el mayor porcentaje de readaptación social. En Islas Marías se puede orientar al interno para que asuma su responsabilidad en su vida futura por lo que es importante su libre consentimiento y cooperación para participar en los programas asistenciales o de cualquier otro carácter que disponga el sistema penitenciario, en donde el
fenómeno del castigo ya no sea una imposición de la autoridad y se convierta más bien en un programa de autoayuda y de autoestima para su reivindicación personal. La convivencia del interno con su familia en alojamientos dignos como parte de su hogar en plena libertad interior es la característica peculiar del tratamiento. Las oportunidades de una reintegración social también dependen de la clasificación del interno de acuerdo al delito cometido, su dinámica y circunstancia. Por ello la educación como terapia es un factor determinante para la rehabilitación. Hace más de 100 años Islas Marías tuvo su origen como penal para ingresar a los reos por delitos considerados como graves, peligrosos o irrecuperables o a los que merecían un trato severo o bien para aquellos enemigos del gobiernos subversivos, conspiradores o guerrilleros de la época, instaurado en 1905 por el Presidente Porfirio Díaz y tres años después en 1908 se declara oficialmente como colonia penal Federal.
LA COLONIA CUENTA CON 11 CAMPAMENTOS: para las viviendas de la población de la isla, es un área de mucha vegetación y parte montañosa de la isla, también se implementan labores de reforestación.
ISLAS MARÍAS María Madre Cica
Nayarit Rehilete Balleto Hospital Morelos
San Juan Papelillo Laguna del Toro
Balleto, que es el principal centro de población donde se encuentran la mayor parte de la infraestructura inmobiliaria tanto para internos solteros como en convivencia familiar; módulos femeninos con espacios definidos para internas en reclusión también se ubica personal que labora en la isla de diferentes dependencias e instalaciones de la armada de México, oficinas de correos, templos de diferentes grupos religiosos destacando históricamente la iglesia católica asistida por sacerdotes jesuitas así como madres misioneras, teléfono, instalaciones educativas desde jardín de niños, primaria, secundaria, centro de computo, casa de la cultura, administración y dirección de la colonia penal, se destaca de manera importante el muelle de arribo a la colonia por lo que se le ubica en carta de navegación: Puerto Balleto, por tal motivo se le considera la capital de la isla y antesala de la libertad. Nayarit: aquí se encuentra las instalaciones de mayor nivel de autoridad de la colonia de la isla: casa de gobierno, de los subdirectores, casa de visita, aeropuerto o pista de aterrizaje. Aserradero: la mayor actividad en este lugar es la fábrica de muebles, puertas y ventanas
Rehilete: aquí se ubican las instalaciones de la secretaria de agricultura y recursos hidráulicos cuentan con áreas destinadas a hortalizas, programas apícola y avícola, además es un campo técnico experimental de productos agrícolas y viveros para el cultivo de: guanábana, Jamaica, tamarindo, sorgo, sandía, legumbres para garantizar el abasto y la autosuficiencia que la población de la isla demanda.
Bugambilias o CICA (Centro de Investigación y Capacitación Agropecuario): en este modulo habitacional se implementan programas porcino, bovino, vacuno, agrícola (hortalizas, frijol, sorgo forrajero para garantizar el alimento del ganado; también se cuenta con las instalaciones del rastro de la isla, desde donde se abastece la carne a la población de la isla, (interno y empleados); también se promueve en este lugar el programa industrial para la construcción de vivienda tales como: ladrillo, teja procesados en altos hornos que en su momento se promovió la comercialización. Caleras o Venustiano Carranza: en este modulo penitenciario funciono antiguamente el muelle de arribo a la isla maría madre es uno de los lugares mas tranquilos y pintorescos propios para la convivencia familiar donde además es de preferencia como sede de reflexión para grupos religiosos, pastoral penitenciaria, de alcohólicos anónimos, etc; los programas son educativos, artesanías y hortalizas entre otros. Camarón: se ubica al lado opuesto geográficamente de Puerto Balleto y por lo tanto es de los mas lejanos a la capital de la isla, su característica es netamente rural cuyo programa principal es la agricultura y es uno de los lugares destinados de manera gradual a los internos en la fase de inducción.
San Juan Papelillo: su nombre compuesto se debe a un ex interno que cumplió su sentencia y después paso a ser empleado de seguridad su formación como hombre salido de la milicia y de carácter fue ejemplar para implementar la disciplina de la población y papelillo es a la abundancia de plantas que lleva ese nombre y de manera natural se da en ese lugar; ahí promovimos el programa de autoconstrucción con material propio del lugar a base de piedra, teja, madera y cal mezclado con baba de nopal, ceniza y estiércol con excelentes resultados cuya construcción es tipo característico de islas marías; aquí se ingresan a los internos que cometen faltas de disciplina y violan el reglamento de la colonia; la principal actividad en la creación de brigadas para dar mantenimiento de la carretera periférica de la isla, así como la de pulir o picar piedra para la construcción. Laguna del toro o Emiliano Zapata: este centro poblacional lo iniciamos en nuestra administración en 1985 a raíz de un traslado de aproximadamente de 400 internos originarios del estado de Chiapas (por cierto se me hizo injusto ese tipo de traslados ya que eran un 100 % de origen indígena y el 80% no hablaba español) por lo que nos dimos a la tarea de integrar un equipo de trabajo con antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, médicos, dirigentes religiosos creándose un modo de vivir propio de su origen y programas de autoconstrucción al gusto de los hermanos chiapanecos de acuerdo a sus usos y costumbres y respeto a la ecología del lugar; pronto se dio un excelente despegue productivo en hortalizas, programa bovino, forestal y aprovechamos su laguna que nace de un manantial de agua caliente para iniciar por primera vez el programa acuícola para el cultivo de tilapia lo cual fue un éxito para la autosuficiencia de esa población indígena. Las Salinas o José María Morelos: en este histórico lugar funcionó el programa de las salinas, una de las actividades características de la isla pero de las más infrahumanas por las condiciones de falta de equipamiento y extensas jornadas de trabajo las famosas “heras de sal” que tuvimos la satisfacción de cancelarlas para sustituirlo por un programa acuícola, camaronícola; destaco en este lugar el inicio del programa penitenciario donde la evaluación del interno en su fase de ingreso se le hacen sus estudios en el Centro de Observación y Clasificación, donde el Consejo Técnico Interdisciplinario valora e integra el expediente del interno de manera individualizada e iniciar su
programa de rehabilitación de manera progresiva y técnica; aquí los internos de nuevo ingreso permanecen tres meses para iniciar su recorrido en los módulos penitenciarios ubicados en la periferia de la isla. Hospital: aquí se encuentran las instalaciones de los hospital del IMSS solidaridad, la actividad principal es el empleo de las diferentes áreas médicas del hospital: intendencia, farmacia, enfermería, etc., este lugar es también apacible bien urbanizado donde también se encuentra el panteón de la colonia y una de las actividades alternas es la artesanía y el curtido de pieles a base tallo y cáscara de guamúchil para elaboración de cintos y huaraches. Zacatal: se ubica en la parte más boscosa de la Isla María Madre su ruta es rumbo a las instalaciones de la antena de telecomunicaciones; su vegetación es exhuberante, existe un manantial de agua dulce y se cultiva la hortaliza (chile, tomate, zanahoria, lechuga. Como nota importante destaco que en todos los campamentos o unidades habitacionales de la colonia cuenta en nuestra época con instalaciones educativas del CEBAS-INEA, ejercicios de cultos religiosos y por primera vez en este penal federal los programas de grupos de alcohólicos anónimos cuya experiencia obtenida desde el cereso de Los Mochis, Sinaloa nos motivó implementar estos programas como una terapia integral complementaria por su dinámica de grupo, básico para la readaptación. Cada uno de los campamentos, módulos o unidades habitacionales tiene una función específica propia tanto en lo ecológico como en la actividad laboral que permiten de manera planeada la terapia individualizada, progresiva y técnica para su rehabilitación siempre en ejercicio de la libertad reglamentada y en convivencia familiar, acordado por el Consejo Técnico Interdisciplinario. El programa laboral que con mayor énfasis implementamos en la colonia fueron: asesores de educación, deporte, asistentes administrativos, mantenimiento de transporte, panadería, cría de ganado porcino y bovino; cultivo de hortalizas; actividades agropecuarias; reforestación; artesanías; pesca; fibra de vidrio; acuacultura (tilapia y camarón); mantenimiento de la planta de luz; antena repetidora de televisión y destacamos que por primera vez en la isla se dio el servicio de telefonía así como sistema de alumbrado a la pista de aterrizaje, instalamos con equipamiento técnico la planta desaladora
de agua, para consumo de la población de la isla y así conservar los mantos freáticos para equilibrio ecológico del subsuelo de la Isla María Madre. La convivencia de la población en Islas Marías, los programas productivos y educativos como piedra angular de la readaptación y de la autosuficiencia se facilitaron más con la instalación del Consejo de Planeación y Coordinación Interinstitucional en cumplimiento del artículo 29 del reglamento de la colonia. Dicho Consejo es encabezado por la Dirección de Prevención y Readaptación Social, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación y la integraba el Director de la Colonia como Secretario Técnico y como consejeros los representantes de las dependencias federales y de algunos estados del país que contribuían a los programas productivos y de bienestar de la colonia penal; en un evento histórico de instalación el Consejo de Planeación se integró con las siguientes dependencias: Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaria de Educación Pública a nivel federal y por el Estado de Sinaloa, Secretaria de Marina, Instituto Mexicanos del Seguro Social, ISSSTE, CONADE, Secretaria de la Reforma Agraria, Gobierno de Nayarit, UNAM e IPN.
Para control del Complejo Penitenciario, se traslada de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por lo que pierde competencia en materia de jurisdicción el Distrito Federal; por lo que podrá promover y coordinar el desarrollo de la industria penitenciaria y fomentar la participación de los sectores públicos, privados y sociales. El nuevo concepto penitenciario garantiza el modelo de reinserción social basado en la conservación ecológica de área natural protegida para la reserva de la Biosfera decretado por el Gobierno Federal en noviembre de 2000; y de sobremanera la implementación de los programas de rehabilitación con base al trabajo, educación, salud, deporte y capacitación para el trabajo. En la vida se puede perder la libertad de manera temporal, justa o injustamente, mientras no se pierda la dignidad hay alternativa para la readaptación social K jliogonbeltran@hotmail.com
Bienvenido el decreto del Presidente Felipe Calderón Hinojosa que reforma el Estatuto de las Islas Marías (suscrito por Lázaro Cárdenas en 1939), ya que está en consonancia a nuestro esfuerzo generacional al frente de la dirección del penal de Islas Marías en 1995 y sustituye el término de Colonia Penal por el de Complejo Penitenciario. El Consejo de la Judicatura Federal será quien determine el órgano jurisdiccional que conocerá de los asuntos que se susciten en el Complejo Penitenciario. El Instituto Federal de la Defensoría Pública asignará al defensor público federal y al Asesor Jurídico que se requieran, y la PGR establecerá la Agencia del Ministerio Público de la Federación. En el complejo penitenciario de las Islas Marías habitan 2 mil 580 internos de los cuales 76 son mujeres. Las principales actividades de los internos es la construcción del nuevo complejo penitenciario que ampliara su infraestructura.
Finalmente rodó la cabeza de Fernando Gómez Mont. Para nadie era ya un secreto que apenas concluyeran las elecciones en las que se renovaron 12 gobernaturas, dejaría la Secretaria de Gobernación, sobre todo si a su archi-enemigo intimo Cesar Nava, le resultaron las alianzas con el PRD -con sus asegunes-, a las que se opuso Gómez Mont. Lo que si resultó sorpresivo fue su relevo José Francisco Blake Mora, quien ocupaba un cargo de tercer nivel en el gobierno de Baja California, precedido del rechazo que tuvo en la Cámara de Senadores en el 2009,
cuando Felipe Calderón intentó proponerlo como Procurador General de la Republica en sustitución de Eduardo Medina Mora –flamante embajador en Inglaterra-, y el Sen. Manlio Fabio Beltrones advirtió que no sería ratificado en ese cargo; así como de la escandalosa derrota electoral en Baja California en la que Blake perdió, como Secretario de Gobierno, los más importantes municipios y la mayoría en el congreso. Hablando en términos futbolísticos es como si el “Vasco” Aguirre hubiera sacado a un jugador de la tercera división para ponerlo como el principal delantero en la selección nacional. Tal parece que no acabamos de desterrar la “cuatachocracia”, pues el único mérito que hasta ahora se le ha encontrado a Blake es su amistad con el titular del Ejecutivo Federal, de quien fue compañero diputado. Aunque Blake se ha lucido en dos acciones: meter al carril de la negociación a los conflictivos miembros del SME y poner al descubierto la peligrosa red de sicarios que venían operando desde el interior de un penal en Durango. Si el secretario Blake Mora logra avanzar, como lo ha venido anunciando, en la lucha contra la delincuencia organizada, demostrará el Presidente Felipe Calderón ser buen estratega. Pero si no da resultados como los anteriores 3 Secretarios de Gobernación, será calificado peor que el “Vasco” Aguirre.
Burda e inverosímil resulta la carta que el ex senador Diego Fernández de Cevallos supuestamente dirige a su hijo, aparecidas recientemente en las redes sociales junto con su foto. Sin desconocer la gravedad personal y familiar de este asunto, que es uno de los que más han captado el interés de la opinión publica, por tratarse de uno de los dirigentes más destacados de la clase política y del partido en el poder, despiertan cuando menos dos reflexiones. La primera está relacionada con la inconcebible actitud del Ejecutivo Federal de abdicar a la investigación y persecución de uno de los delitos más graves que nos aquejan a la sociedad mexicana en todo el país: el secuestro. No es razonable que en un Estado de Derecho el órgano constitucionalmente encargado de perseguir delitos, así como los encargados de brindar seguridad al pueblo, a solicitud de los familiares y amigos de una victima, resuelvan dejar de investigar; es decir, de incumplir con una de sus más elementales responsabilidades legales. Por eso estamos como estamos en materia de seguridad pública. La segunda tiene que ver con la infantil carta en la que el “Jefe” Diego supuestamente pide a su hijo pague por su rescate la cantidad más alta que pueda. Las experiencias internacionales en esta materia aconsejan desestimar ese tipo de mensajes, pero sobre todo reforzar la lucha contra el secuestro y no declinar en las obligaciones del Estado en la materia. Valga recordar la experiencia de Colombia que disminuyó del 2002 a la fecha de 3,500 a 100 secuestros al año, con la premisa de no negociar bajo ningún concepto con ese tipo de delincuentes, que en muchas ocasiones resultan ser algunos de los empleados más cercanos de las victimas.
Muy criticada resultó la remoción de Arely Gómez González, ex-titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, sin explicación alguna, en la víspera de las elecciones en 15 entidades federativas el pasado 4 de julio. El contexto en el que se dio este movimiento ha generado muchas dudas. La más importante es que atenta gravemente en contra de la autonomía de una institución, insignia de nuestra incipiente democracia, recordando que el origen de esa fiscalía se encuentra en la decisión de los partidos políticos para instituirla como un elemento de transparencia, certeza y legalidad en los procesos electorales, lo que no aconteció con la separación de Arely Gómez, quien se ha distinguido por ser una servidora publica proba y competente, pero sobre todo, apartidista. La reacción de la fracción del PRI en el Senado, en voz de su líder Manlio Fabio Beltornes así lo indican, cuando señaló que Arely Gómez fue obligada a renunciar y que esto es una muestra del doble discurso del gobierno, que por un lado convoca al dialogo y por el otro, “toma decisiones electoreras, que buscan desde el gobierno tratar de influir en los resultados de las elecciones”. Sin duda que el perfil profesional de Arely Gómez no convenía a los intereses electoreros del Presidente de la Republica y del Sub Secretario de Gobernación Roberto Gil, ex representante del PAN en el IFE, quien tan solo mencionó que la decisión tomada por el Ejecutivo fue a raíz de “diferencias de criterio”, lo que no resulta congruente con una FEPADE que debe ser técnicamente autónoma, tanto de poderes, como de partidos. Tal vez lo que incomodó al gobierno fue su imposibilidad para manipular a Arely Gómez, quien al frente a la FEPADE siempre sostuvo como prioridad “enraizar la cultura democrática en México, atender con imparcialidad cualquier incidencia relacionada con los comicios e intensificar tareas preventivas para evitar que tanto recursos, como servidores públicos federales, operen a favor de las campañas de algún partido político”, como lo declaró en una entrevista concedida a Foro Jurídico en marzo de 2009. Seguramente que ahora no habrá “diferencias de criterio” con el nuevo titular de la FEPADE, José Luis Vargas Valdez, ex funcionario del CISEN. Las manifestaciones de protesta ciudadana contra la inseguridad toman variadas formas, la más reciente, impulsada por Armonía en la Ciudad, que encabeza Natalia Gil adoptó la modalidad de clase masivas de yoga en la plancha del Zócalo capitalino durante seis domingos, teniendo como lema central un exhorto para recuperar los espacios públicos rescatar la seguridad perdida. Se trata de una novedosa actividad que ha reunido en el corazón de la capital del país, desde el domingo 18 de julio, a más de 300 personas –hombres, mujeres, niños y ancianos-, de las 8:00 a 10:00, para hacer, de manera gratuita, un ejercicio masivo de yoga, bajo la conducción de la instructora Ana Desvignes. Según Natalia
Gil las clases masivas y gratuitas de yoga, realizadas en importantes espacios públicos, constituyen una acción innovadora de concientización y solidaridad ciudadana orientada a manejar las situaciones de violencia y miedo que vivimos en el país y desde luego, en el Distrito Federal, invitando a que este ejercicio se repita en otras partes de la ciudad y del país. Con iniciativas como ésta, los ciudadanos se están colocando por encima de la clase política, demostrando que cuando se trata de un valor superior, se tiene el carácter y la decisión para salir a las calles y a retomar los espacios públicos con actividades positivas y sanas, para rescatar la armonía y paz pública perdidas K
LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE JUSICIA INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Israel Alvarado Martínez. Publicado por INACIPE. 2010 En los últimos 20 años, la delincuencia juvenil ha ido en aumento, siendo nuestro país uno de los más vulnerables a este problemas social, debido a la falta de un sistema educativo con la capacidad de darle cauce a la demanda de lugares en las preparatorias y universidades públicas, así como una ausencia de proyectos que impulsen las actividades deportivas y artísticas entre los jóvenes, que les permita desarrollar sus potenciales en alguna de estas áreas. A cinco años de haber sido aprobado un nuevo modelo de justicia integral para adolescentes cabe preguntarse cual ha sido su proceso y que hace falta para consolidarlo plenamente. El presente libro aborda los problemas que aquejan al modelo vigente de procuración de justicia para menores de 18 años, entre los cuales se encuentran a la instrumentación en las entidades federativas, sus pendientes, las interpretaciones formuladas por el Máximo Tribunal en el ámbito federal y los lineamientos que deberán adoptarse para evaluarlo. El autor, plantea las bases para una discusión sobre adoptar un sistema de justicia minoril concurrente, donde se conceda a la federación las facultades legislativas para sentar las bases normativas primarias y, a las entidades federativas, la competencia en materia de investigación, procesamiento y ejecución de medidas. En la presente obra, Alvarado Martínez analiza las directrices políticocriminales que habrán de seguirse para obtener resultados favorables para el Estado y la sociedad, así como la forma en que el nuevo modelo deberá de operar en materia federal y local. Como resultado de esta investigación, los problemas referentes al nuevo sistema, son abordados principalmente desde una perspectiva práctica, apoyada desde luego en la teoría, respecto a la manera en que se ha instrumentado en las entidades federativas, que falta por hacer, cómo ha interpretado el sistema el Máximo Tribunal del país, y cuáles serían las líneas que deberían ser adoptadas en un trabajo de calibración del modelo.
El Dr. Israel Alvarado Martínez, plantea que aun cuando ya se publicaron las reformas constitucionales que instituyeron el nuevo modelo de sistema integral para adolescentes, su instrumentación aún no se ha consolidado, debido a que algunas entidades federativas no cumplieron con los plazos impuestos por el Constituyente para su implantación, o bien porque no se ha hecho nada para su puesta en marcha como es el caso de la Federación, tanto en la materia común como en la militar, so pretexto del texo del decreto constitucional. Abordando temas perfectamente ubicados en el contexto social actual, como es el caso de la delincuencia organizada cometida por adolescentes, el autor propone un estudio perfectamente actualizado y con un enfoque jurídico-social que permite al lector contar con importantes elementos para profundizar en el análisis del grave problema de la delincuencia juvenil, que por cierto, es considerada por el parlamento europeo como un problema más peligroso comparado con la criminalidad adulta, toda vez que involucra a una parte de la sociedad particularmente vulnerable, en la fase de la construcción de su personalidad, y expone muy rápido a los jóvenes al riesgo de la exclusión y estigmatización social. En síntesis, el presente libro es un estudio concreto de los principales problemas y retos que enfrenta el sistema de justicia minoril, así como las críticas y propuestas específicas sobre las que deberá descansar un modelo político criminológico para este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes.
CUERPO DEL DELITO,PROBABLE RESPONSABILIDAD Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008 ENRIQUE DÍAZ-ARANDA PUBLICADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Gran relevancia tiene el estudio de la Dogmática Jurídico-Penal y su vinculación con el Sistema Procesal Penal Acusatorio. La obra del Doctor Enrique Díaz-Aranda, constituye un importante estudio que debe de tomarse en cuenta en torno a los paradigmas que se presenten en el proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, principalmente respecto al análisis de los conceptos procesales Cuerpo del Delito y Probable Responsabilidad, que a raíz de la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, fueron sustituidos por el concepto “datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”, como lo establecen los artículos 16 y 19 Constitucionales reformados. Con la Reforma de 2008, desaparecen del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las figuras de Cuerpo del Delito y Probable Responsabilidad, pero que con ello se abren muchas interrogantes, ¿Deben desaparecer también de los Códigos de Procedimientos Penales Federal y Estatales?, ¿Es inconstitucional mantenerlos en la Legislación Adjetiva?, ¿Cuáles son los datos que establecen que se ha cometido un delito?, entre otras, que a lo largo de diversos estudios jurídicos, el autor ha tratado de resolver. El cuerpo del delito y la probable responsabilidad han servido de base para el inicio del procedimiento penal en México. Sin embargo, pese a que dichas figuras gozaban de una tradición milenaria, se llegó a confundir el cuerpo del delito con el tipo penal hasta llegar a sustituir en la carta magna al primero por el segundo. La sustitución del cuerpo del delito por los elementos del tipo penal no sólo supuso una confusión de conceptos procesales con sustantivos; sino también la adopción de posturas dogmáticas en la ley, lo cual alimentó la confusión, el debate y, desde el punto de vista práctico, la dificultad para saber exactamente cuáles son las pruebas necesarias para privar de la libertad a un ciudadano que presuntamente ha cometido un delito mientras dura su proceso. La problemática del cuerpo del delito y la probable responsabilidad gira principalmente en torno a las pruebas necesarias para iniciar una investigación penal para detener y mantener privado de su libertad al posible delincuente, y para condenarlo por la comisión del delito.
Todo ello nos lleva a tratar de identificar, primero, cómo están reguladas ambas figuras, segundo, cuál es su interpretación tanto en la jurisprudencia como en la doctrina y, una vez aclarado esto, proceder a resolver los problemas de su aplicación en el proceso penal. En este libro se aclara cuál es la concepción del tipo penal conforme a los sistemas clásico, neoclásico, finalista y funcionalista. Con lo cual se identifica qué sistema adoptó cada uno de los códigos de procedimientos penales estatales y federal. Con todos los elementos dogmáticos, de interpretación jurisprudencial y regulación normativa, se tuvo el sustento necesario para hacer una interpretación correcta de lo que realmente significa el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y, así, poder adecuarlos al nuevo proceso penal acusatorio incorporado en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de junio de 2008. En síntesis, la presente obra que aborda temas como el análisis de diversos sistemas penales, el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, jurisprudencia sobre el tema, entre otros, busca ser una propuesta de reflexión y análisis del acontecer en el Derecho Penal Mexicano, que en este caso, debate sobre los pilares que han servido para dar inicio a los procesos penales en nuestro país K
Mtro. Jorge Antonio Alfaro
ARMAS Y DROGAS: DOS CARAS DE LA VIOLENCIA GLOBALIZADA Entre 1990 y 1991, cuando estalló la llamada Guerra del Golfo Pérsico, fue posible ver a través de la televisión parte de lo que estaba ocurriendo, con apenas unas horas o minutos de diferencia, en países como Irak, Kuwait e Israel. En la memoria de muchos de los que fuimos testigos perduran escenas de aviones disparando cohetes sobre lo que se decía que eran instalaciones militares, de misiles estallando sobre ciudades y de pozos petroleros en llamas. En ese entonces hubo voces que hablaron de la “apología de la violencia en los medios”. No era que la violencia fuera algo nuevo en la televisión, los periódicos o el cine, lo sorprendente era que pudiéramos ver lo que estaba pasando como si fuera parte de un espectáculo más, que se podía mirar a la hora de la cena, en horario estelar y frente a toda la familia. El manejo de la guerra en los medios de comunicación representó un síntoma del proceso de globalización A casi veinte años de la guerra del Pérsico, la violencia que se muestra en los medios sorprende menos, al menos en sociedades como la nuestra, donde las escenas de la guerra en el medio oriente han sido superadas por información sobre asesinatos, secuestros y balaceras en las ciudades, pueblos y carreteras de México. Así como el dolor físico hace al cuerpo generar sustancias analgésicas, en las sociedades el dolor moral genera sus propias anestesias. Es preferible insensibilizarnos o dar la espalda a los que nos duele y nos llena de miedo, que asumirlo como una parte de la realidad ante la que tenemos responsabilidades y acciones a nuestro alcance. Podríamos decir que de alguna manera, la globalización, como proceso acelerado de información, nos ha vuelto más indiferentes ante la violencia. En los medios de comunicación suele decirse que la situación de violencia agravada que vive México en los últimos años es resultado del ataque frontal a las mafias del crimen organizado, en especial las del narcotráfico. También se menciona la dificultad del Estado mexicano para blindarse frente a la capacidad de corrupción que desarrollan dichas mafias. Al mismo tiempo, la venta legal de armas y su entrada ilegal a México
complican la situación, ya que dotan a organizaciones ilegales de una capacidad para poner en jaque la acción coercitiva del gobierno y el sostenimiento del Estado de Derecho. Así, drogas y armas forman una pareja destructiva de la sociedad cuyo vínculo es cada vez más evidente.
despenalizarlas, vale la pena leer al pensador español Antonio Escohotado, quien en su libro “Historia general de las drogas”, analiza el proceso histórico que ha llevado a la prohibición y desmenuza los argumentos para mantenerla. Desde su óptica, los argumentos de salud se diluyen y lo único que se sostiene es la razón económica.
El principal argumento para prohibir la producción y venta de ciertas sustancias calificadas como estupefacientes o drogas, es el peligro que encierran para dañar la mente, el cuerpo y la moral de las personas. Sin embargo, cuando ciertas sustancias, pese a sus riesgos, tienen alguna facultad terapéutica o su consumo es demasiado habitual como para prohibirlo pese a los riesgos de salud que implica, su venta puede ser legalizada con algunas o ninguna restricción. Tal es el caso del tabaco, el alcohol, como los casos más representativos de drogas legales y vendidas sin restricción. En el fondo uno se pregunta, cuál es la razón para prohibir unos estupefacientes y permitir otros. El argumento sobre la capacidad destructiva de las drogas, con otros matices, también podría aplicarse a las armas, pero al igual que en el caso de las drogas, hay una serie de razonamientos a su favor que facilitan su venta legal en pequeña y gran escala: por ejemplo: la garantía de autoprotección de las personas, la paz armada y el equilibrio de poderes.
En el proceso de globalización hemos visto como las armas y las drogas se convierten en el centro de grandes negocios internacionales. El sociólogo alemán Hosrt Kurnistzky apunta en el prefacio de “Globalización de la violencia” que en la medida en la que la sociedad sirve a la economía, en lugar de que la economía sirva a la sociedad, “la política se convierte en un órgano para la realización de intereses económicos particulares, y los mismos políticos se subordinan al soborno o tentadoras ganancias”. Es decir, que mientras armas y drogas sigan representando un negocio de gran escala, la solución a los problemas sociales que implican no se resolverá por la vía política. Entonces cabe preguntarse, ¿será por la vía violenta? Ante la situación que estamos viviendo en México, es tiempo de preguntarnos si la violencia generada en la lucha contra el narcotráfico, no genera males mayores que la adicción a la drogas.
En una lógica un tanto ingenua, cualquiera podría preguntarse, si tanto las armas como las drogas son destructivas, ¿porqué la producción y ventas de armas no se prohíbe en todos y para todos los países? Y si volteamos el razonamiento, nos preguntamos ¿porqué no se despenaliza la producción y venta de drogas en todos y para todos los países? Ninguno de los planteamientos considera el aspecto económico involucrado con ambos productos. Para profundizar la reflexión sobre la conveniencia de mantener las prohibiciones sobre las drogas ilegales o
En conclusión, la venta de armas y de drogas, ya sea de manera legal o ilegal, ha fortalecido un proceso de globalización de la violencia. Es tiempo de pensar en soluciones que van más allá de la mera prohibición y el enfrentamiento armado, se requiere pensar en mecanismos de despenalización y regulación de la producción, venta y consumo de drogas, al mismo tiempo que se restringe y controla con efectividad la producción y venta de las armas de asalto y destrucción masiva que también dañan a la sociedad y sostienen al tráfico ilegal de drogas. K
FJ 83 agosto 2010
forojuridico
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