Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20150815/ley-162015-de-21-de-julio-de-simplificacion-de-la-actividad-administrativa-de-la-administracion-de-la-generalidad-y-de-los-gobiernos-locales-de-cataluna-y-de-impulso-de-la-actividad-economica/
Timestamp: 2018-06-20 07:36:08
Document Index: 408889

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 23', 'Artículo 50', 'Artículo 19', 'Artículo 69', 'artículo 67', 'artículo 17', 'Artículo 19', 'artículo 79', 'artículo 82', 'artículo 121', 'Artículo 209', 'artículo 47', 'Artículo 216', 'Artículo 236', 'Artículo 249', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'artículo 9', 'Artículo 187', 'artículo 187', 'Artículo 187', 'Artículo 187', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 21']

Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. | Lexur Editorial
Esta ley incide expresamente en los trámites para poner en funcionamiento los negocios, así como para realizar cambios y modificaciones posteriores en los mismos, que afectan a un conjunto de actividades consideradas inocuas o de bajo riesgo y que tienen una repercusión especial en sectores empresariales que actualmente representan un 74 % de la actividad económica de Cataluña y afectan a más de un 51 % de la población empleada. En concreto, las actuaciones normativas establecidas por la presente ley pretenden clarificar los regímenes de intervención de las administraciones, relacionados con la ubicación del negocio o el establecimiento empresarial introduciendo una importante reducción de las cargas administrativas bajo el principio de la mínima intervención posible y la reducción de plazos.
El objeto de la presente ley es el establecimiento de los principios y criterios que deben seguir las administraciones públicas de Cataluña al efecto de:
La presente ley es aplicable a las siguientes administraciones públicas de Cataluña:
Simplificación administrativa en el ejercicio de la actividad económica
Son principios de actuación relativos a la intervención administrativa en el ejercicio de la actividad económica:
Artículo 5. Régimen general de la intervención administrativa en el ejercicio de la actividad económica.
Artículo 6. Verificación del cumplimiento de requisitos legales.
Artículo 7. Procedimiento administrativo de enmienda de defectos o carencias de requisitos legales.
5. La resolución del procedimiento administrativo debe determinar:
Artículo 9. Mecanismos alternativos a la intervención administrativa.
Artículo 10. Mecanismos de información para la reducción de obstáculos.
Artículo 11. Mecanismos de colaboración.
Las administraciones públicas a las que se aplica la presente ley deben establecer entre ellas mecanismos de colaboración para el ejercicio de las facultades de intervención, especialmente en los ámbitos de la inspección y la sanción. Los convenios son los instrumentos habituales en los que deben concretarse los servicios y recursos para realizar la actividad de intervención, inspección o control, y deben complementar los mecanismos de financiación establecidos por la legislación sectorial.
Actividades económicas inocuas y actividades económicas de bajo riesgo
Artículo 12. Actividades económicas reguladas en este capítulo.
2. A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Actividad económica inocua: la actividad que, con carácter general, por sus características no produce molestias significativas ni ninguna afectación considerable al medio ambiente, la seguridad de las personas ni los bienes. Las actividades económicas inocuas son las incluidas en el anexo I.
Artículo 13. Regímenes de intervención aplicable a las actividades económicas inocuas y a las actividades económicas de bajo riesgo que se desarrollan en un establecimiento.
1. Los regímenes de intervención de las actividades económicas objetos de la presente ley son los siguientes:
b) Las actividades económicas de bajo riesgo están sujetas al régimen de comunicación previa. El titular, o la persona que le represente, debe poner en conocimiento de la Administración pública competente el inicio de la actividad mediante una comunicación previa, en los términos establecidos por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que debe ir acompañada por el proyecto técnico justificativo del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder al ejercicio de la actividad firmado por un técnico competente, y por el certificado del técnico competente que sea responsable de la puesta en funcionamiento de la actividad.
6. En caso de que las obras de acondicionamiento de los locales para realizar una actividad económica descrita en los anexos I y II estén sujetas al régimen de comunicación previa establecido por la legislación urbanística, dicha comunicación habilita al titular para iniciar la actividad si cumple los requisitos exigidos por el apartado 1.
Artículo 14. Cambios de titularidad y modificaciones.
Instrumentos para facilitar la actividad económica
Artículo 15. Ventanilla única empresarial.
Artículo 16. Portal electrónico único para las empresas.
2. Las administraciones tienen la obligación de incluir en el portal electrónico único la información sobre los textos normativos, regímenes de intervención administrativa y requisitos necesarios para habilitar para cada una de las actividades económicas.
Artículo 17. Comisión para la Facilitación de la Actividad Económica.
3. La Comisión tiene las siguientes funciones:
Modificación de normas con rango de ley
Modificación en materia de régimen jurídico y de procedimiento administrativo
Artículo 18. Modificación de la Ley 26/2010.
1. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 50 bis. Informes.
«1. Los informes deben ser facultativos y no vinculantes, sin perjuicio de lo que establezca la legislación sectorial.
7. No obstante lo establecido por el apartado 6, el procedimiento debe continuar necesariamente y en todo caso si la persona interesada lo solicita expresamente, excepto cuando se trate de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento, supuesto en que puede interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos. La continuación del procedimiento produce efectos una vez transcurridos diez días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para tramitarla, la cual debe ser comunicada al interesado.»
«Disposición adicional decimosexta. Identificación y autentificación de los ciudadanos para acceder a la firma electrónica no avanzada.
3. El sistema de identificación, autentificación y firma electrónica no avanzada es válido en el ámbito de la Administración de la Generalidad y aplicable en sus relaciones y actuaciones con los ciudadanos, las entidades, fundaciones y asociaciones inscritas en los registros públicos, las empresas y otros organismos públicos. Los términos, condiciones y supuestos de utilización de este sistema de firma electrónica y su ámbito subjetivo de aplicación deben ser determinados por orden del consejero competente en materia de atención ciudadana.»
«Disposición adicional decimoséptima. Desarrollo reglamentario de las leyes.
En caso de que sea necesario desarrollar las leyes por reglamento y de que no se haya establecido en qué plazo, este debe ser de seis meses.»
Modificación en materia de régimen local
Artículo 19. Modificación del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
1. Se añade un nuevo artículo, el 69 bis, al texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, con el siguiente texto:
«Artículo 69 bis. Procedimiento voluntario para la suspensión temporal de la prestación de determinados servicios por parte de los municipios.
2. Los municipios pueden suspender, excepcionalmente y de forma temporal, la prestación de actividades y servicios públicos que les atribuye una ley sectorial de Cataluña si se encuentran en una situación de insuficiencia de recursos en términos de capacidad fiscal. La suspensión en ningún caso puede afectar los servicios mínimos establecidos por el artículo 67.
3. El procedimiento para suspender la prestación de los servicios públicos a los que se refiere el presente artículo tiene carácter voluntario y solamente se puede adoptar a iniciativa de la entidad local. La suspensión debe justificarse por razones de interés general, y debe basarse en la acreditación de la situación de insuficiencia de recursos en términos de capacidad fiscal, de acuerdo con lo establecido por reglamento.
4. La tramitación del expediente, en los términos establecidos por reglamento, requiere un trámite de información pública en el municipio y el informe preceptivo de los departamentos de la Administración de la Generalidad competentes por razón de la materia, y debe resolverse por resolución del consejero o consejera competente en materia de Administración local, previo informe de la Comisión de Gobierno Local de Cataluña. En caso de que existan informes desfavorables, debe resolver el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de Administración local.
5. La suspensión temporal del servicio no puede ser superior a dos años. No obstante, puede prorrogarse por períodos sucesivos, en los términos establecidos por reglamento, si persisten las causas que la motivaron. El levantamiento de la suspensión y la recuperación por parte del ayuntamiento, a iniciativa propia, de la prestación del servicio se producen en los términos establecidos por reglamento.
6. La Comisión de Gobierno Local de Cataluña, de oficio o a iniciativa de un municipio, puede identificar medidas de suspensión temporal de la prestación de actividades y servicios públicos atribuidos por una ley sectorial de Cataluña y proponer las acciones necesarias para iniciar el procedimiento de suspensión.»
2. Se modifican las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 17 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que quedan redactadas del siguiente modo:
«a) El expediente se inicia por acuerdo del ayuntamiento o ayuntamientos interesados o del consejo o consejos comarcales interesados, o bien lo inicia de oficio el departamento competente en materia de Administración local. Puede iniciarse también a petición de los vecinos, en una mayoría del 50 %, como mínimo, del último censo electoral del municipio o de la parte o partes del mismo en el supuesto de segregación. En este último caso, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un mes, a contar desde la presentación de la petición en el registro municipal.
b) Los acuerdos municipales o comarcales sobre alteración de términos requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y deben someterse a información pública por un período de un mes. Las corporaciones deben enviar los acuerdos al departamento competente en materia de Administración local junto con la resolución de las reclamaciones y alegaciones presentadas, que debe ser adoptada con el mismo quórum requerido para el acuerdo inicial. También debe realizarse el envío cuando el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos para la segregación de parte del municipio, aunque el acuerdo o acuerdos municipales no sean favorables.»
«Artículo 19. Contenido del decreto o la ley de aprobación.
El decreto o la ley deben determinar la delimitación de los términos municipales, el reparto del patrimonio, la asignación del personal, la forma en que deben liquidarse las deudas o los créditos contraídos por los municipios y la fijación de la capitalidad, si procede. Estas determinaciones deben ajustarse a los pactos intermunicipales que pueden establecerse entre los municipios interesados.»
2. El acuerdo municipal debe ser remitido al departamento competente en materia de Administración local.
3. Si la nueva denominación acordada por el ayuntamiento es susceptible de ser confundida con la de otro municipio o contiene incorrecciones lingüísticas o no se ajusta a la toponimia catalana, corresponde al Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de Administración local, la resolución definitiva sobre el cambio de nombre, previa audiencia del municipio interesado. A tales efectos, el departamento puede solicitar el informe del Instituto de Estudios Catalanes.»
6. Se modifican las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 79 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que quedan redactadas del siguiente modo:
c) El acuerdo municipal sobre constitución de la entidad municipal descentralizada debe determinar las competencias que, de acuerdo con el artículo 82, tiene que asumir la entidad, y el sistema de participación en los ingresos del ayuntamiento. El acuerdo debe someterse al trámite de información pública por un plazo de un mes; una vez transcurrido este plazo, debe remitirse al departamento competente en materia de Administración local, junto con la resolución de las alegaciones presentadas, la cual debe adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la corporación. También debe realizarse la remisión cuando el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos, aunque el acuerdo municipal no sea favorable.»
8. Se modifica la letra b) del artículo 121 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, que queda redactada del siguiente modo:
a) El cumplimiento de las normas sobre contratación de bienes y derechos de patrimonio local.
b) En el caso de los bienes inmuebles o de derechos sobre estos bienes, la valoración pericial de un técnico o técnica local. Puede realizarse la adquisición directa de bienes inmuebles si lo requieren las peculiaridades de los bienes, las necesidades del servicio a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario. En tales casos, se requiere el informe previo del departamento competente en materia de Administración local si el valor de los bienes excede los 100.000 euros. El informe debe emitirse en un plazo de veinte días. En los demás casos, debe incorporarse el informe previo del secretario o secretaria de la entidad local. En los municipios de gran población y en el municipio de Barcelona solamente requieren el informe previo del departamento si el valor del bien excede del 25 % de los recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la corporación. Puede realizarse la adquisición directa en el supuesto de extrema urgencia, previo informe del secretario o secretaria de la entidad local, con la acreditación de dicha situación.
c) En el caso de valores mobiliarios, el informe previo del departamento competente en materia de economía y finanzas. El informe debe emitirse en un plazo de veinte días.»
«Artículo 209. Enajenación y gravamen.
1. La enajenación de bienes y derechos patrimoniales a título oneroso requiere el cumplimiento de las normas sobre contratación de bienes y derechos de patrimonio local.
2. Para enajenar o grabar bienes inmuebles patrimoniales, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:
a) La enajenación de bienes inmuebles patrimoniales puede realizarse por concurso, subasta pública o adjudicación directa. El procedimiento ordinario para la enajenación de inmuebles es el concurso.
b) Puede acordarse la subasta de bienes que, por su ubicación, naturaleza y características, sean inadecuados para atender las directrices derivadas de políticas públicas de vivienda.
c) Puede acordarse la adjudicación directa si lo requieren las particularidades del bien, las necesidades a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario.
d) Es necesario el informe previo del departamento competente en materia de Administración local si el valor del bien o del gravamen excede los 100.000 euros. Si no se excede este valor debe incorporarse un informe previo del secretario o secretaria de la entidad local. El informe del departamento debe emitirse en un plazo de veinte días. Si el informe del departamento no es favorable, el pleno debe adoptar el acuerdo de enajenación con los requisitos establecidos por el artículo 47.2 de la Ley del Estado 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. En los municipios de gran población y en el municipio de Barcelona solamente se requiere el informe previo del departamento si el valor del bien o del gravamen excede del 25 % de los recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la corporación.
e) Es necesaria la valoración pericial del técnico o técnica local que acredite la valoración de los bienes o del gravamen.
f) La constitución de cargas y gravámenes sobre bienes patrimoniales debe respetar, en su caso, los requisitos establecidos para la enajenación.
3. Para enajenar valores mobiliarios, es necesario el informe previo del departamento competente en materia de economía y finanzas, que debe emitirse en un plazo de veinte días.
4. En ningún caso pueden enajenarse bienes inmuebles patrimoniales para financiar gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de bienes no utilizables en servicios públicos locales.»
«Artículo 216 bis. Mutación demanial entre administraciones públicas.
1. Las mutaciones demaniales, entendidas como cambios de sujeto o de destino de los bienes de dominio público sin perder su naturaleza jurídica, pueden producirse:
b) Por el cambio del sujeto titular del bien en las alteraciones de términos municipales o en la atribución de competencias a otro ente local o a otra administración.
2. También se produce una mutación demanial si los bienes de dominio público de los entes locales y sus organismos públicos pueden afectarse a servicios de otras administraciones públicas para destinarlos a un uso público o servicio público de su competencia. La mutación demanial entre administraciones públicas no altera el carácter demanial de los bienes.
3. Las mutaciones demaniales requieren el acuerdo del ente local en el que se acredite la oportunidad del cambio.
4. El procedimiento para realizar la mutación demanial debe cumplir los requisitos establecidos por reglamento.»
«Artículo 236. Modalidades de intervención.
1. Los entes locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos por los siguientes medios:
a) La aprobación de ordenanzas y bandos.
b) El sometimiento a licencia y a otros actos de control preventivo. Si se trata del acceso y del ejercicio de actividades, el régimen de intervención debe establecerse de conformidad con la normativa reguladora del libre acceso a las actividades de servicios y al ejercicio de dichas actividades.
c) El sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con la normativa reguladora del procedimiento administrativo.
d) Órdenes individuales de mandato.
2. La actividad de intervención debe ajustarse, en todo caso, a los principios de legalidad, de no discriminación, de necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue, y de respeto a la libertad individual.
3. El ejercicio de actividades no debe someterse a intervención administrativa previa mediante autorización u otros actos de control preventivo. Excepcionalmente, pueden exigirse actos de control preventivo:
a) Si alguna de las imperiosas razones de interés general reconocidas por el derecho comunitario justifica la intervención pública, mediante el mecanismo de la autorización, a fin de preservar determinados bienes e intereses generales.
b) Si el número de operadores económicos del mercado es limitado como consecuencia de la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de impedimentos técnicos o la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.
4. En caso de que concurran autorizaciones de una entidad local y de otra administración, la entidad local debe motivar expresamente la necesidad de la autorización y el interés general concreto a proteger, y justificar que este interés no esté ya cubierto mediante otra autorización ya existente.
5. En caso de que el ejercicio de actividades no requiera autorización habilitante y previa, las entidades locales deben establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios y los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad por parte de los interesados, establecidos por la legislación sectorial.
6. Debe elegirse siempre el medio de control menos intenso, entre los que permitan proteger el interés general del que se trate.»
«Artículo 249. Gestión del servicio público.
1. La facultad de establecer el sistema de gestión de los servicios públicos corresponde a la potestad de autoorganización de los entes locales.
2. Los servicios públicos de competencia local deben gestionarse, de la forma más sostenible y eficiente, directa o indirectamente.
3. La gestión directa de los servicios públicos puede realizarse mediante las siguientes formas:
a) Gestión del propio ente local.
d) Sociedad mercantil local con capital social íntegramente público.
4. Solamente puede hacerse uso de las formas a las que se refieren las letras c y d del apartado 3 si queda acreditado, con una memoria justificativa elaborada a tal efecto, que son más sostenibles y eficientes que las formas establecidas por las letras a y b, teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión, en los términos de la normativa de régimen local.
5. La gestión indirecta de los servicios públicos puede realizarse mediante cualquiera de las formas establecidas por la normativa de contratos del sector público para el contrato de gestión de servicios públicos.
6. Los servicios públicos locales que implican el ejercicio de potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales de las entidades locales no pueden prestarse por gestión indirecta ni tampoco mediante una sociedad mercantil con capital íntegramente público.»
Adaptación de la normativa sectorial a los regímenes de intervención introducidos en el capítulo I
Artículo 20. Modificación de la Ley 20/2009.
1. Se añade un nuevo epígrafe, el 12.59, al anexo II de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, con el siguiente texto:
«12.59. Almacenaje o manipulación de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos forestales, tratamientos silvícolas, restos de jardinería, cultivos energéticos, serrín…) o de productos de esta (leña, pella, astilla, briqueta…) con una capacidad superior a 10.000 m3.»
«12.59. Almacenaje o manipulación de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos forestales, tratamientos silvícolas, restos de jardinería, cultivos energéticos, serrín…) o de productos de esta biomasa (leña, pella, astilla, briquetas…) con una capacidad inferior a 10.000 m3.»
Artículo 21. Modificación de la Ley 3/2010.
1. Se modifica el artículo 20 de la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 20. Intervención municipal.
6. Las administraciones municipales pueden ejercer la acción inspectora y, en su caso, el régimen sancionador que corresponda sobre los establecimientos, las actividades y los edificios posteriormente a su puesta en funcionamiento u ocupación, y pueden establecer planes y programas de inspección. A tales efectos, las administraciones municipales pueden adaptar la organización, en la medida de lo que sea conveniente, a los procedimientos y condiciones establecidos por la sección cuarta, referida a la inspección, y por la sección quinta, referida al régimen sancionador, del capítulo III del título IV, complementariamente a los procedimientos y normas de régimen local.»
«Artículo 22 bis. Informe preceptivo por riesgo de incendio.
3. Los servicios municipales deben remitir la documentación a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, la cual debe analizar la documentación presentada y emitir el informe, que tiene carácter vinculante. La dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, una vez emitido el informe, debe remitirlo al ayuntamiento correspondiente, para que lo notifique al interesado.»
1. Se añade un nuevo apartado, el 8, al artículo 9 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, con el siguiente texto:
«Artículo 187. Actos sujetos a licencia urbanística.
n) La instalación de infraestructuras de servicios de suministro de energía, de agua, de saneamiento, de telefonía u otros servicios similares, y la colocación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones, excepto las infraestructuras relativas a las redes públicas de comunicaciones electrónicas que, de acuerdo con la legislación sobre telecomunicaciones, estén sujetos al régimen de declaración responsable establecida.»
c) Los actos relacionados en el artículo 187 bis, salvo los de la letra g, que se realicen en suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado.»
«Artículo 187 bis. Actos sujetos a comunicación previa.
g) Los actos sujetos a intervención que se realicen en suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado y que estén amparados en un proyecto de actuación específica o en un plan urbanístico que ordene con el mismo detalle los terrenos afectados, siempre que no requieran la elaboración de un proyecto técnico de acuerdo con la legislación sobre ordenación de la edificación.»
«Artículo 187 ter. Actos no sujetos a intervención mediante licencia urbanística o comunicación previa.
Primero.–Los movimientos de tierra, la explanación de terrenos, la apertura, la pavimentación y la modificación de caminos rurales y la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que se ejecuten al amparo de un instrumento de ordenación forestal o bajo la intervención de la administración forestal y de la administración competente en materia de medio ambiente.
Segundo.–La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que se ejecute bajo la intervención de una administración competente en materia de protección del dominio público y de la administración competente en materia de medio ambiente.»
Modificación en materia forestal
Artículo 23. Modificación de la Ley 6/1988.
Se añade un nuevo artículo, el 23 bis, a la Ley 6/1988, de 3 de marzo, forestal de Cataluña, con el siguiente texto:
1. No obstante lo establecido por el artículo 23.2, en caso de superficies que en los últimos veinte años se han convertido en forestales por abandono de la actividad agrícola, el cambio de la actividad forestal a la actividad agrícola está sujeto a régimen de comunicación si la superficie es de hasta dos hectáreas y la recuperación de la actividad agrícola se realiza sin alterar la topografía del terreno.
2. Lo establecido por el apartado 1 no es aplicable en superficies que afectan espacios naturales de especial protección, espacios de la Red Naturaleza 2000 o forestas catalogadas de utilidad pública. En este caso, el cambio de la actividad forestal a la actividad agrícola está sujeto a régimen de autorización.»
Disposición adicional primera. Adopción por la Administración del modelo de ventanilla única empresarial.
1. Las administraciones públicas de Cataluña, para hacer efectivo el ejercicio de las funciones establecidas por el artículo 14, deben adoptar el modelo organizativo de la ventanilla única empresarial. Los entes locales, para una eficiente prestación de este servicio, pueden utilizar las soluciones tecnológicas que el Consorcio Administración Abierta de Cataluña les pone a su alcance o bien soluciones propias, siempre que sean interoperables con los sistemas de información de la Generalidad.
Disposición adicional segunda. Medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos.
Disposición adicional tercera. Sustitución de referencias y remisiones en el texto refundido de la Ley de urbanismo.
Disposición adicional cuarta. Impulso e implantación de la ventanilla única empresarial.
Disposición adicional quinta. Medidas para la aplicación efectiva de la presente ley.
Disposición adicional sexta. Contenido del certificado técnico.
Disposición adicional séptima. Documentación necesaria para el inicio de actividades que requieren informe preceptivo favorable por riesgo de incendio.
1. El informe preceptivo favorable por riesgo de incendio, al que se refiere el artículo 21, por sí solo no habilita para el inicio de las actividades que lo requieren. Para poder iniciar la actividad, la persona interesada debe obtener y presentar al ayuntamiento un certificado de acto de comprobación favorable en materia de prevención y seguridad respecto a incendios y acreditar el cumplimiento de los requisitos y las determinaciones ambientales de acuerdo con la normativa sobre prevención y control ambiental de las actividades.
2. El titular puede solicitar una única actuación de control por parte de una entidad colaboradora de la Administración que acredite el cumplimiento de los requisitos exigibles tanto en materia de incendios como en materia de prevención y control ambiental de las actividades.
Disposición adicional octava. Reglas aplicables hasta que la Ley 6/2009 se adapte a la Ley del Estado 21/2013.
Disposición adicional novena. Presentación al Gobierno de proyectos para el impulso de la actividad económica.
Disposición transitoria primera. Régimen de los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria segunda. Adaptación reglamentaria.
Disposición transitoria tercera. Envío de comunicaciones relativas al inicio de actividades empresariales antes de la adhesión de los ayuntamientos a la ventanilla única empresarial.
Disposición final primera. Adecuación normativa.
Disposición final segunda. Simplificación y racionalización de los registros administrativos.
Disposición final tercera. Obligación de los planes urbanísticos y las ordenanzas de evaluar el cumplimiento de la Directiva de servicios y la normativa de transposición.
Palacio de la Generalidad, 21 de julio de 2015.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas i Gavarró.–La Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Meritxell Borràs i Solé.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 6920, de 24 de julio de 2015)
Actividades sometidas a régimen de declaración responsable
Aplicable a los establecimientos de turismo rural y a las viviendas de uso turístico, y en general a toda modalidad de alojamiento turístico que pueda realizarse en edificios o establecimientos con uso característico residencial de vivienda.
Si disponen del informe emitido por el técnico competente para obtener la cédula de habitabilidad, este puede ser el certificado técnico necesario en estas instalaciones.
No se incluyen las lavanderías industriales.
Se excluyen las pompas fúnebres y actividades relacionadas.
Actividades sometidas a régimen de comunicación
– En establecimientos ubicados bajo edificios de cualquier uso, y de 120 m2 < superficie construida ≤ 750 m2.
– En otros casos, si 120 m2 < superficie construida ≤ 2.000 m2. Si se consideran establecimientos industriales, siempre que no se encuentren incluidos en el anexo 2 de la Ley 3/2010.
– En establecimientos ubicados bajo edificios de cualquier uso, y de 120 m2 < superficie construida ≤750 m2.
Establecimientos ubicados bajo edificios de cualquier uso, y de 120 m2 < superficie construida ≤ 750 m2. En otros casos, si 120 m2 < superficie construida ≤ 2.000 m2.
En el caso de naves de empresas de camiones o furgonetas de logística, campas de estacionamiento de vehículos, etc., siempre que el estacionamiento de vehículos no se encuentre ubicado en una segunda o más plantas bajo rasante, o bien si se encuentra ubicado bajo un edificio, tenga una superficie construida ≤ 750 m2, o bien, en cualquier otro caso, tenga una 500 m2 < superficie construida ≤ 2.000 m2.
En el caso de la explotación de estacionamientos o garajes para vehículos, siempre que el estacionamiento de vehículos no se encuentre ubicado en una segunda o más plantas bajo rasante, o bien si se encuentra ubicado bajo un edificio, tenga una superficie construida ≤ 750 m2, o bien, en cualquier otro caso, tenga una 500 m2 < superficie construida ≤ 2.000 m2.
– En otros casos, si 120 m2 < superficie construida ≤ 2.000 m2.
Si el número de plazas disponibles es inferior a 20.
Si solo se dispone de zonas de uso administrativo cuando la superficie construida > 500 m2. Si disponen de estacionamiento de vehículos, deben cumplir que: – El estacionamiento de vehículos no se encuentre ubicado en una segunda o más plantas bajo rasante, o bien si se encuentra ubicado bajo un edificio, tenga una superficie construida ≤ 750 m2, o bien, en cualquier otro caso, tenga una 500 m2 < superficie construida ≤ 2.000 m2.
Si 120 m2 < superficie construida ≤ 500 m2.
Si se trata de lavandería no industrial: si 120 m2 < superficie construida ≤ 750 m2.
Establecimientos ubicados bajo edificios de cualquier uso, y de 120 m2 < superficie construida ≤ 750 m2. En otros casos, si 120 m2 < superficie total construida < 2.000 m2.
Quedan excluidas las pompas fúnebres y actividades relacionadas.