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Timestamp: 2020-08-14 14:52:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17']

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26 de febrero de 2001. TITULO III. Disposiciones relativas a las prestaciones.
Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a prestaciones por enfermedad o maternidad, al cumplimiento de determinados períodos de seguro, la Institución Competente tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro o equivalentes cumplidos con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de períodos cumplidos con arreglo a su propia legislación, siempre que no se superpongan.
Véase artículo 5 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
1. El trabajador que reúna las condiciones exigidas por la legislación de una Parte para tener derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y cuyo estado de salud las requiera de forma inmediata durante una estancia en su país de procedencia con ocasión de una vacación retribuida o de una ausencia justificada, se beneficiará de las mismas durante el plazo establecido por la legislación que aplique la Institución Competente.
Las prestaciones serán servidas por la Institución del país de estancia, de conformidad con las modalidades y contenidos de su legislación y con cargo a la Institución Competente.
2. Las disposiciones previstas en el apartado anterior se aplicarán a los miembros de la familia del trabajador que tengan derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria, de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.
Véase número 1 del artículo 6 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
1. Los miembros de la familia de un trabajador asegurado en una de las Partes Contratantes que residan en el territorio de la otra Parte, se beneficiarán de las prestaciones sanitarias servidas por la Institución del lugar de residencia conforme al contenido y modalidades previstas por la legislación que ésta aplique, y con cargo a la Institución Competente.
2. Lo dispuesto anteriormente no se aplicará cuando los miembros de la familia del trabajador tengan derecho a estas prestaciones en virtud de la legislación de la Parte en cuyo territorio residen.
Véase artículo 7 de Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
El trabajador asegurado que resida en una de las Partes Contratantes que se halle percibiendo las prestaciones de asistencia sanitaria por un proceso de enfermedad o accidente, cualesquiera que sea su causa, conservará el derecho a las prestaciones cuando se traslade al territorio de la otra Parte, a condición de que su traslado haya sido autorizado previamente por la Institución o Instituciones Competentes de la Parte en la que se halla asegurado. La autorización tendrá la duración que fije la Institución Competente.
Véanse número 2 del artículo 6 y Acuerdo particular relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria anejo, éste último, al Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
1. El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de las legislaciones de ambas Partes Contratantes y con derecho a prestaciones de asistencia sanitaria de acuerdo con la legislación de ambas Partes, se beneficiará de dichas prestaciones de la Institución del lugar de estancia o residencia, conforme a su legislación y a su cargo. Igual norma se aplicará a los miembros de su familia que tengan derecho a estas prestaciones.
2. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, cuando el titular de la pensión o renta se encuentre en estancia o residencia en el territorio de una Parte y los miembros de la familia se encuentren o residan en el territorio de la otra Parte, las prestaciones de asistencia sanitaria serán servidas por la Institución del lugar de estancia o residencia de los beneficiarios, y a su cargo.
3. El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de una sola Parte Contratante y que según dicha legislación tenga derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria, recibirá dichas prestaciones cuando resida en el territorio de la otra Parte Contratante. Las prestaciones les serán servidas al titular y a los miembros de la familia que residan con él, por la Institución del lugar de residencia, de conformidad con su propia legislación y a cargo de la Institución Competente.
Véase artículo 7 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
4. El titular de una pensión o de una renta, debida en virtud de la legislación de una sola de las Partes Contratantes, que tenga derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria en virtud de la legislación de dicha Parte, y que se encuentre en estancia en el territorio de su país de origen, se beneficiará, así como los miembros de la familia, de las prestaciones sanitarias cuando tenga inmediata necesidad de las mismas. Estas prestaciones les serán servidas por la Institución del lugar de estancia, según las disposiciones de su legislación y a cargo de la Institución Competente.
1. El trabajador que deja de tener derecho a las prestaciones en especie durante el período de tramitación de una solicitud de pensión o de renta y cumpla las condiciones para la apertura del derecho a estas prestaciones, conservará el beneficio de las prestaciones en especie durante el mencionado período.
Estas prestaciones serán servidas por la Institución del Estado de residencia a cargo de la Institución a la que corresponderían dichas prestaciones, una vez reconocida la pensión o la renta.
2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán por analogía a los beneficiarios del solicitante de pensión o renta, siempre que éstos no tengan derecho a prestaciones en especie a título propio por el ejercicio de una actividad profesional.
Véanse artículos 8 y 9 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
El suministro por parte de la Institución del lugar de residencia o de estancia, de prótesis, órtesis y grandes aparatos, u otras prestaciones en especie de gran importancia cuya lista figurará en anexo del Acuerdo Administrativo previsto en el artículo 42 del presente Convenio, así como los tratamientos de rehabilitación, estará subordinado, excepto en los casos de urgencia, a la autorización de la Institución Competente. La autorización no será necesaria cuando el coste de las prestaciones sanitarias se regule sobre la base de cuota global, y cuando el importe de la prestación solicitada no supere la cantidad fijada de común acuerdo entre las Autoridades Competentes de ambas Partes
Véase Acuerdo de Enmienda y Acuerdo anejo al Acuerdo Administrativo de 9 de septiembre de 2004, para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001, hecho el 2 de febrero de 2009 («B.O.E.» 27 octubre). Véase artículo 10 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
Los gastos ocasionados en virtud de las prestaciones de asistencia sanitaria servidas por la Institución de una Parte Contratante por cuenta de la Institución Competente de la otra Parte, en aplicación de los artículos de este Capítulo, serán reembolsados sobre la base de costes reales o cuotas globales en la forma y con el procedimiento que se determinen en los Acuerdos Administrativos previstos en el artículo 42 del presente Convenio.
Véase artículo 11 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
Las prestaciones económicas por enfermedad y maternidad serán concedidas por la Institución Competente según las condiciones y las modalidades previstas por la legislación aplicable de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y estarán a cargo de la Institución Competente de la Parte cuya legislación es aplicable al trabajador.
Véase artículo 12 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
Prestaciones de incapacidad permanente, jubilación y supervivencia
Véase Capítulo 4 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante, así como sus derechohabientes supervivientes, causarán derecho a las prestaciones reguladas en este Capítulo en las condiciones siguientes:
1. La Institución Competente de cada Parte Contratante determinará el derecho y calculará la prestación, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro acreditados bajo la legislación de esa Parte.
2. Asimismo, la Institución Competente de cada Parte, determinará el derecho a prestación, totalizando con los propios los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte. Cuando efectuada la totalización se alcance derecho a la prestación, para el cálculo de su cuantía, se aplicarán las reglas siguientes:
a) Se determinará la cuantía de la prestación a la cual el interesado hubiera tenido derecho como si todos los períodos de seguro totalizados, hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica).
b) El importe de la prestación se establecerá aplicando a la pensión teórica, calculada según la legislación de la Institución Competente, la misma proporción que existe entre el período de seguro cumplido bajo su propia legislación y la totalidad de los períodos de seguro cumplidos en ambas Partes (pensión «prorrata temporis»).
c) Si la legislación de alguna de las Partes exige una duración máxima de períodos de seguro para adquirir una pensión completa, la Institución Competente de esa Parte tendrá en cuenta solamente los períodos de cotización de la otra Parte necesarios para alcanzar derecho a dicha prestación.
3. Determinados los derechos conforme a las reglas establecidas en los apartados precedentes, la Institución Competente de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la Institución Competente de la otra Parte.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, cuando la duración total de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y, con arreglo a la legislación de esa Parte no se adquiere derecho a prestaciones, la Institución de dicha Parte, no reconocerá prestación alguna por el referido periodo.
La Institución de la otra Parte Contratante tomará en cuenta los períodos mencionados en el apartado 1, si fuera necesario, para el reconocimiento del derecho y determinación de la cuantía de la pensión según su propia legislación. Sin embargo, ésta no aplicará lo establecido en el apartado 2.b) del artículo 17.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los períodos inferiores a un año, acreditados en ambas Partes, podrán ser totalizados por la Parte en la que el asegurado o sus derechohabientes satisfagan los requisitos para tener derecho a prestación. Si tuvieran derecho a la prestación en ambas Partes, ésta sólo se reconocerá en la Parte en la que el asegurado acredite las últimas cotizaciones. En este caso, el contenido del apartado 2.b) del artículo 17 no es aplicable para liquidar la pensión.
2. Si la legislación de una Parte Contratante exige para reconocer la prestación que se hayan cumplido períodos de seguro en un tiempo determinado inmediatamente anterior al hecho causante de la misma, esta condición se considerará cumplida si el interesado los acredita en el período inmediatamente anterior al reconocimiento de la prestación en la otra Parte.
1. Para determinar las bases de cálculo de las pensiones, la Institución Competente de cada Parte aplicará su propia legislación.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando sea de aplicación el artículo 17, apartado 2, cada Institución Competente establecerá el cálculo de la siguiente manera:
a) El cálculo de la pensión teórica se realizará en función de las bases de cotización reales del asegurado, durante los años que precedan inmediatamente al pago de la última cotización a la Seguridad Social española.
b) La cuantía de la pensión así obtenida será incrementada con el importe de las mejoras y revalorizaciones establecidas para cada año posterior para prestaciones de la misma naturaleza.
B) Por Parte tunecina:
a) El cálculo de la pensión teórica tunecina se hará en función de la duración de seguro y de la media de los salarios o de los ingresos declarados a la Seguridad Social tunecina durante el período de referencia previsto por el régimen de pertenencia.
b) La cuantía de la pensión así obtenida se revalorizará en las condiciones previstas por el régimen de pertenencia.
Si la legislación de una de las Partes condiciona el derecho o la concesión de determinados beneficios al cumplimiento de períodos de seguro en una profesión sometida a un Régimen Especial o, en una profesión o empleo determinado, los períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte sólo se tendrán en cuenta, para la concesión de tales prestaciones o beneficios, si hubieran sido acreditados al amparo de un Régimen de igual naturaleza o, a falta de este, en la misma profesión o, en su caso, en un empleo idéntico.
Para determinar el grado de disminución de la capacidad de trabajo del asegurado de origen no profesional, las Instituciones Competentes de cada una de las Partes Contratantes tendrán en cuenta los informes médicos y los datos administrativos emitidos por las Instituciones de la otra Parte. No obstante, cada Institución podrá someter al asegurado a reconocimiento por médicos de su elección.
1. Cuando el interesado solicite la liquidación de sus derechos a pensión, únicamente de acuerdo con la legislación de una Parte Contratante, bien porque desee aplazar su solicitud de conformidad con la legislación de la otra Parte, bien porque no cumple las condiciones para la apertura de derechos en esta última Parte, la pensión a que tenga derecho será abonada de acuerdo con la legislación de la primera Parte y conforme a las disposiciones del artículo 17 del presente Convenio.
2. Una vez que el interesado solicite la liquidación de los derechos que había aplazado, de acuerdo con la legislación de la otra Parte o cuando las condiciones requeridas por dicha legislación se hayan cumplido, se procederá a la liquidación de la pensión a la que tenga derecho de acuerdo con esta legislación y conforme a las disposiciones del artículo 17 del presente Convenio.
En caso de que exista más de una viuda con derecho, la pensión de supervivencia se repartirá entre ellas a partes iguales.
Véase Capítulo 5 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
1. La Institución Competente de una Parte Contratante cuya legislación supedita la adquisición, el mantenimiento o la recuperación del derecho a la prestación por defunción al cumplimiento de períodos de seguro tendrá en cuenta, cuando sea necesario, los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de períodos cumplidos bajo la legislación que ella aplica.
2. Cuando un trabajador o un titular de una pensión o una renta causada en virtud de una sola legislación fallece en el territorio de la Parte Contratante distinta de la Competente, se considera que el fallecimiento ha tenido lugar en el territorio de esta última Parte.
La prestación por defunción será concedida por la Institución Competente de la Parte Contratante cuya legislación es aplicable, aunque el o los beneficiarios residan en el territorio de la Parte Contratante distinta de la Competente.
3. Si fallece el titular de una pensión o una renta causada en virtud de las legislaciones de las dos Partes Contratantes, el derecho a la prestación será reconocido y concedido por la Institución Competente de la Parte en cuyo territorio el titular de pensión o renta residiera en el momento de su fallecimiento.
4. Si el fallecimiento del titular de una pensión o renta causada en virtud de las legislaciones de las dos Partes Contratantes tuviera lugar en el territorio de un tercer país, la prestación por defunción estará a cargo de la Institución Competente en la que estuvo asegurado en último lugar.
Véase Capítulo 6 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
1. Las prestaciones por enfermedad profesional se regularán de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante que fuera aplicable al trabajador durante el tiempo que estuvo ejerciendo la actividad susceptible de provocar una enfermedad profesional, aun cuando ésta se haya diagnosticado por primera vez estando sujeto el trabajador a la legislación de la otra Parte.
2. En los supuestos en que el trabajador haya realizado sucesiva o alternativamente dicha actividad, estando sujeto a la legislación de una y otra Parte, sus derechos serán determinados de acuerdo con la legislación de la Parte a la que esté o haya estado sujeto en último lugar por razón de dicha actividad. Si no alcanzara derecho a la prestación en esa Parte, sería de aplicación lo dispuesto en la legislación de la primera Parte.
1. En caso de que una enfermedad profesional haya originado la concesión de prestaciones por una de las Partes, ésta responderá de cualquier agravación de la enfermedad que pueda tener lugar, aun cuando el trabajador se halle sujeto a la legislación de la otra Parte, siempre que éste no haya realizado una actividad susceptible de provocar o de agravar dicha enfermedad cuando estaba sujeto a la legislación de esta última Parte.
2. Si, después de haber sido reconocidas prestaciones por enfermedad profesional por la Institución de una Parte, el interesado ejerce una actividad susceptible de agravar la enfermedad profesional que padece, estando sujeto a la legislación de la otra Parte, la Institución Competente de la primera Parte continuará abonando la prestación que tenía reconocida sin tener en cuenta la agravación y con arreglo a lo dispuesto en su legislación. La Institución Competente de la segunda Parte, a cuya legislación ha estado sujeto el interesado mientras se producía la agravación, le concederá una prestación cuya cuantía será igual a la diferencia que exista entre la cuantía de la prestación a que el interesado tenga derecho después de la agravación y la cuantía de la prestación a la que hubiera tenido derecho en esa Parte, antes de la agravación.
Véase Capítulo 7 del Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez de 26 de febrero de 2001 y Acuerdo particular anejo al Acuerdo administrativo relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, hecho en Túnez el 9 de septiembre de 2004 («B.O.E.» 28 enero 2005).
1. El trabajador sometido a la legislación de una Parte o el titular de una pensión o renta de una de las Partes, tendrá derecho, para los miembros de su familia que residan en el territorio de la otra Parte, a las prestaciones familiares previstas en la legislación de la Parte en que se halle asegurado o de la que perciba la prestación, como si los familiares residieran en el territorio de la misma.
2. Cuando se cause derecho a las prestaciones familiares durante el mismo periodo y para el mismo miembro de la familia según la legislación de ambas Partes Contratantes, debido al ejercicio de una actividad profesional o a la condición de pensionista de ambas Partes, las prestaciones serán abonadas por la Parte en cuyo territorio residan los miembros de la familia.
Para causar derecho a las prestaciones familiares, la Institución Competente de cada Parte Contratante tendrá en cuenta, cuando sea necesario, los periodos de seguro acreditados en la otra Parte.