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Timestamp: 2016-05-28 10:08:58
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DECRETO Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Saltar al contenido del Portal
de 24/12/2009
DECRETO Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Atención: La información contenida en estas
Con el fin de mejorar la regulación de las actividades de servicios y lograr la consecución del mercado interior en este sector, el 27 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, la cual establece en su artículo 44 que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma a más tardar antes del 28 de diciembre de 2009. El fin perseguido por la Directiva es eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de quienes presten servicios en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a las personas destinatarias como a las prestadoras de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. En relación con la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, la Directiva establece la eliminación de todo procedimiento de autorización que afecte al acceso o ejercicio de una actividad de servicios, si dicho procedimiento no cumple con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio.
La legislación de los Estados miembros relativa al acceso o ejercicio de una actividad de servicios no podrá contener una serie de requisitos prohibidos, listados en el artículo 14 de la Directiva, y deberá justificarse la exigencia de otros, listados en su artículo 15, atendiendo a los criterios señalados en el párrafo anterior. En cuanto a la libre prestación de servicios, que tiene lugar cuando un prestador o prestadora ya establecido en un Estado miembro se desplaza a otro Estado miembro para prestar temporalmente un servicio, la Directiva establece los principios que deberán respetar los Estados miembros para asegurar el libre ejercicio de la actividad en su territorio.
En el marco de la transposición de la citada Directiva se ha realizado un ejercicio de evaluación de toda la normativa andaluza reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio para adecuarla a los principios que dicha Directiva establece. El resultado de la evaluación de las normas con rango legal en Andalucía ha concluido en la conveniencia de introducir reformas en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo; en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía; en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía; en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía; en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía; en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de espacios naturales Protegidos de Andalucía; en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los incendios forestales; en la Ley 8/1999, de 27 de octubre, de Régimen Jurídico del Espacio Natural de Doñana; en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres; en la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante; en la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales en Andalucía y en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.
El nuevo Título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cambia por completo el régimen jurídico de los establecimientos comerciales en Andalucía, especialmente el de las grandes superficies minoristas. A tal efecto su nuevo Capítulo I procede a delimitar los conceptos y definiciones que van a ser utilizados para lograr una mayor precisión, destacando la definición de las grandes superficies minoristas como cualquier establecimiento minorista con una superficie útil de exposición y venta superior a los 2.500 metros cuadrados. En la sección 2.ª de este Capítulo, se establecen criterios de aplicación general, como el de la cohesión y equilibrio territorial, la defensa de la ciudad compacta, la cercanía y fácil acceso de la oferta comercial para los consumidores, la previsión de la red viaria o la conexión con redes de transporte público, entre otros. Asimismo, se determina el contenido mínimo de la planificación comercial y urbanística. El Capítulo II regula el Plan de Establecimientos Comerciales cuyo objeto es contribuir al emplazamiento eficiente de las grandes superficies minoristas mediante la delimitación de ámbitos aptos para su localización, teniendo carácter preferente para el planeamiento urbanístico. La determinación de los ámbitos potencialmente aptos para las grandes superficies minoristas se lleva a cabo mediante la aplicación de criterios territoriales que den cobertura a todas las exigencias y requisitos físicos y ambientales. El Plan de Establecimientos Comerciales es un plan con incidencia en la Ordenación del Territorio, a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En la Sección 1.ª del Capítulo III se determinan los criterios para el emplazamiento urbanístico de las grandes superficies minoristas, destacando el principio básico de que la planificación urbanística deberá preceder a la instalación, y en su caso autorización, en función de los ámbitos aptos determinados por el Plan de Establecimientos Comerciales. Cualquiera otra previsión deberá ser motivada en el mismo instrumento de planeamiento. A estos efectos, el planeamiento urbanístico deberá definir el uso pormenorizado de grandes superficies minoristas, no pudiendo este tipo de establecimiento instalarse en ningún otro uso de suelo. Igualmente, podrá identificar los espacios comerciales susceptibles de rehabilitación, valorando su accesibilidad, peatonalización, aparcamientos y mobiliario urbano, y programar, en su caso, la rehabilitación mediante actuaciones integradas de reforma. En la Sección 2.ª de este mismo Capítulo se establece una nueva regulación del informe comercial relativo a los instrumentos de planeamiento urbanístico, que deberá pronunciarse en relación con los intereses generales afectados por las previsiones sobre grandes superficies minoristas que contengan.
El ejercicio del comercio ambulante, por su propia naturaleza, tiene lugar en suelo público, lo que conlleva la necesidad de contar con autorización previa de los Ayuntamientos donde se vaya a llevar a cabo esa actividad. Este régimen de autorización previa que se establece en el Decreto-Ley viene plenamente justificado por razones de orden público, protección de los consumidores, protección civil, salud pública, protección de los destinatarios de los servicios, del medio ambiente y del entorno urbano. Otra novedad importante que introduce este Decreto-Ley es la desaparición, como requisito previo al ejercicio del comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la inscripción obligatoria en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y la obtención del carné profesional, pasando a ser la inscripción voluntaria. Dicha inscripción voluntaria puede suponer una serie de incentivos para el ejercicio de la actividad. También se introducen algunas modificaciones en el régimen sancionador, con el objeto de garantizar de una manera más eficiente el cumplimiento de las disposiciones que se contienen en la ley. De este modo, se introducen criterios de graduación para la imposición de las sanciones y se establece la posibilidad de acordar medidas provisionales, como la incautación de productos objeto de comercio no autorizados, el levantamiento inmediato o la incautación de los puestos.
La Ley 3/1992, de 22 de octubre, ha sentado las bases normativas de las ferias que con carácter oficial se han celebrado en Andalucía. Dicha norma preveía la exclusividad de las Instituciones Feriales como organizadoras de las ferias comerciales oficiales, debiendo tener una determinada personalidad jurídica y un recinto ferial adecuado, limitando su ámbito territorial de actuación a la provincia. La Consejería competente en materia de comercio interior participaba en sus órganos de gobierno, correspondiendo el reconocimiento y la aprobación de sus estatutos al Consejo de Gobierno. En dicha ley, se determinaba que era requisito para la celebración de las ferias comerciales oficiales obtener una autorización previa, valorando la administración, entre otros, el impacto comercial o el resultado y el balance de ediciones anteriores, previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía integrado, entre otros, por los operadores económicos presentes en el mercado.
Es por ello que la modificación de la Ley 3/1992, de 22 de octubre, salvaguarda la libertad para celebrar ferias comerciales en Andalucía, pudiendo cualquier operador ser entidad organizadora, instaurando el reconocimiento oficial de las ferias con vocación de continuidad, garantías, prestigio y calidad mínimos, y estableciendo un registro de oficio con todas las ferias que se planifiquen en un calendario de ferias comerciales oficiales. III
En definitiva, de un control previo de la Administración basado en la autorización previa se pasa a un control a posteriori basado en la actuación inspectora. En este ámbito, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía pierde su carácter autorizatorio para desempeñar un papel necesario como instrumento de información para la actuación inspectora así como de fuente estadística. Ello conlleva una modificación considerable del procedimiento de inscripción en el que ésta se conceptúa como un acto debido de la Administración que trae causa de la mera declaración responsable.
En el segundo de estos procedimientos, relativo a la notificación y autorización de salida de fondos museísticos, se modificará el artículo 36.3 de la Ley 8/2007, en el sentido de establecer un régimen único de control de los movimientos de fondos, desapareciendo la anterior distinción. El procedimiento único consistirá en la notificación previa de los movimientos de los fondos con indicación de las condiciones de seguridad que se establezcan reglamentariamente. Además, se recoge una modificación en relación con la autorización para actividades arqueológicas preventivas, y aun cuando estas actividades están reguladas en el artículo 59 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, se estima que la modificación normativa precisa para que el régimen de autorización no resulte ni directa, ni indirectamente discriminatorio, no implica la modificación del artículo 59, del que por sí mismo no se sigue discriminación alguna, sino del artículo 53, por la remisión que éste efectúa al régimen de autorizaciones previsto en el mismo Título de la citada Ley.
En las reformas introducidas en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía se suprime la exigencia de autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales que revistan, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna, cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice. La supresión de la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de las citadas combinaciones aleatorias, requiere la reforma del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
4. Las personas inspectoras así como las que tengan asignadas las funciones de inspección en los respectivos Ayuntamientos tendrán, en el ejercicio de su cometido, la consideración de autoridad pública, disfrutando como tales de la protección y facultades que a éstos les dispensa la normativa vigente. 5. Las actas de inspección deberán hacer constar: los datos identificativos del establecimiento o actividad de la persona interesada y de las personas inspectoras actuantes; los hechos constatados, con expresión del lugar, fecha y hora, destacando, en su caso, los hechos relevantes a efectos de tipificación de la infracción; la infracción que tales hechos puedan constituir con expresión del precepto infringido, graduación de la sanción y persona presuntamente responsable de aquélla; así como las alegaciones o aclaraciones efectuadas, en su caso, en el acto por la persona interesada.
e) Seis representantes de las organizaciones empresariales más representativas. f) Seis representantes de las organizaciones sindicales más representativas. g) Tres representantes de las asociaciones de consumidores más representativas.
4. Tendrán incidencia territorial los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya implantación tenga impacto de carácter supramunicipal sobre su entorno o alguno de sus elementos significativos. En todo caso, se considerará que tiene incidencia territorial supramunicipal cualquier implantación de gran superficie minorista. 5. Exclusivamente las grandes superficies minoristas estarán sometidas al procedimiento de autorización previsto en el Capítulo IV de este Título.
1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación, todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados. 2. Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo, los mercados municipales de abastos así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales que tengan por finalidad realizar cualquier forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en alguno de los dos supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500 metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público, éste se considerará gran superficie minorista.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por: 1. Implantación de grandes superficies minoristas: Proceso que engloba tanto su planificación como su instalación.
2. El planeamiento comercial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, deberá incorporar a su contenido, información de la estructura comercial existente en su ámbito, parámetros y expectativas de desarrollo local, el derecho de los consumidores y el análisis espacial de los establecimientos comerciales existentes. 3. Igualmente, el planeamiento urbanístico, cuando permita la implantación de una o más grandes superficies minoristas, deberá valorar el suelo comercial previsto y los problemas de accesibilidad, utilización de infraestructuras y servicios públicos derivados de estas implantaciones.
1. El Plan de Establecimientos Comerciales se elaborará por la Consejería competente en materia de comercio interior. Con carácter previo a su aprobación, el Plan de Establecimientos Comerciales será informado preceptivamente por el Consejo Andaluz de Concertación Local y por el órgano competente en ordenación del territorio, además de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 27. Se aprobará mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de comercio interior, oído el Consejo Andaluz de Comercio. 2. La vigencia del Plan de Establecimientos Comerciales será indefinida, actualizándose su contenido cuando se produzca alguna alteración sustancial de naturaleza comercial, territorial o urbanística, y en todo caso, cada cuatro años, mediante orden de la Consejería competente en materia de comercio, oído el Consejo Andaluz de Comercio y previo informe del Consejo Andaluz de Concertación Local y del órgano competente en ordenación del territorio, además de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 27.
1. La previsión de emplazamientos para las grandes superficies minoristas se efectuará por el planeamiento urbanístico de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y en el Plan de Establecimientos Comerciales, así como, en los Planes de Ordenación del Territorio. 2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoristas en función de los ámbitos aptos determinados por el Plan de Establecimientos Comerciales. Cualquiera otra previsión deberá ser motivada en el mismo instrumento de planeamiento, de acuerdo con los criterios territoriales previstos en esta Ley.
h) Ordenación de la movilidad urbana, priorizando el acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público. i) Preservación del paisaje urbano y de sus valores naturales, históricos y artísticos.
8. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada excepto cuando concurra alguno de los supuestos en que la legislación urbanística establece el carácter negativo del silencio o cuando se trate de un procedimiento en el que el informe autonómico tenga la naturaleza de vinculante, por resultar afectadas razones de interés general. En estos casos, la solicitud se entenderá desestimada, sin perjuicio de la obligación del Ayuntamiento de resolver. 9. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento elaborará una memoria sobre la idoneidad de la gran superficie minorista que contenga la superficie útil para la exposición y venta al público, la inversión y empleo previsto, planos de situación del establecimiento y cadena a la que pertenece cuando exista una gran superficie minorista de carácter individual, debiendo pronunciarse sobre: 1. El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada en la que se emplaza la gran superficie minorista, su localización en los ámbitos aptos y la calificación y uso del suelo en que está previsto su emplazamiento.
6. El informe será vinculante cuando la gran superficie minorista se encuentre prevista en un instrumento de planeamiento urbanístico que no haya sido informado por la Consejería competente en materia de comercio interior o haya sido informado desfavorablemente. Excepcionalmente, en ambos casos, el silencio tendrá un carácter desfavorable. 7. Si el informe fuera favorable con especificaciones o condiciones concretas, éstas deberán ser incorporadas a la Resolución municipal.»
Diecinueve. Se renumeran los artículos 63 y 64 que pasan a ser los artículos 56 y 57, respectivamente. Veinte. Se suprime el artículo 65.
Veintiuno. Se renumeran los artículos 66 y 67, que pasan a ser los artículos 58 y 59, respectivamente. Veintidós. Se renumera el artículo 68, que pasa a ser el artículo 60, y se le añade un apartado 3 con la siguiente redacción: «3. Asimismo, las personas consumidoras podrán ejercitar el derecho de desistimiento reconocido en el artículo 10.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y en el Capítulo II del Título I del libro II, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.» Veintitrés. Se renumeran los artículos del 69 al 90, que pasan a ser los artículos del 61 al 82.
La Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante queda modificada como sigue: Uno. Se suprime el párrafo segundo del artículo 1.
«1.a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos». «1.c) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil.»
«Artículo 3. Autorización Municipal. 1. El ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2, al desarrollarse en suelo público, queda sometido a autorización previa. Corresponderá a los Ayuntamientos el otorgamiento de la autorización así como establecer el procedimiento para la concesión de la misma, garantizando la incorporación de los informes preceptivos exigidos por la legislación administrativa especial, la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. La duración de la autorización podrá ser de uno a cuatro años, con el fin de permitir a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. 2. En las autorizaciones expedidas por los Ayuntamientos se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad. b) La duración de la autorización.
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios permitidos. 3. Los Ayuntamientos deberán verificar que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la autorización municipal están dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.
4. Las personas físicas o jurídicas, que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial. Además, en el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos. 5. Los Ayuntamientos habrán de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual de las autorizaciones concedidas en su municipio para el ejercicio del comercio ambulante.
1. Los Municipios donde se lleve a cabo el ejercicio del comercio ambulante deberán contar con una Ordenanza reguladora de la actividad que desarrolle los preceptos recogidos en la presente ley. 2. Las Ordenanzas municipales podrán establecer el régimen interno de funcionamiento de los mercadillos y, en todo caso, habrán de contemplar:
3. Las Ordenanzas Municipales y sus modificaciones, antes de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial correspondiente, habrán de ser informadas por el Consejo Andaluz de Comercio. El informe versará sobre su adecuación a las previsiones recogidas en la presente Ley y su normativa de aplicación y será preceptivo y no vinculante. No obstante, en caso de que la ordenanza se separe del criterio expresado en el informe, el Ayuntamiento deberá, mediante Resolución motivada y notificada al citado Consejo Andaluz de Comercio, indicar las razones de dicha discrepancia». Cinco. Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción:
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquéllos destinados a alimentación humana. b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales y completos (impuestos incluidos). c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
2. Corresponde a los ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos. 3. Por la Consejería competente en materia de comercio interior se podrán adoptar medidas de fomento para la mejora de los Mercadillos de aquellos municipios cuyas Ordenanzas hayan sido objeto de informe favorable por el Consejo Andaluz de Comercio.»
«Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación.
Dos. Se modifica el artículo 2, que queda con la siguiente redacción: «Artículo 2. Concepto.
2. Son Ferias Comerciales Oficiales, las Ferias Comerciales que se celebren con arreglo a esta ley y así sea reconocido por la Consejería competente en materia de comercio interior en orden a asegurar su nivel de calidad y la coordinación de su calendario de celebración. 3. La venta directa que de modo ocasional se realice en una Feria Comercial Oficial, que suponga retirada de la mercancía o conclusión del contrato de servicios, tendrá la consideración de venta especial fuera de establecimiento comercial permanente, conforme a lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, del comercio interior de Andalucía.» Tres. Se modifica la denominación del Capítulo II, que queda con la siguiente redacción:
2. En función de la oferta exhibida, las ferias comerciales oficiales se clasificarán en: a) Generales: Aquéllas en las que se incluyan bienes y servicios pertenecientes a todas o varias ramas de los distintos sectores de la actividad económica.
Cinco. Se modifica el artículo 4, que queda con la siguiente redacción: «Artículo 4. Duración y periodicidad.
La duración de las ferias comerciales oficiales será la que comunique en la declaración responsable la entidad organizadora, sin que pueda exceder de quince días, ni ser su periodicidad inferior a un año, salvo que concurran motivos de especial interés económico o social.» Seis. Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción:
Ocho. Se modifica el artículo 9, que pasa a ser el artículo 6, que queda con la siguiente redacción: «Artículo 6. Obligaciones de la entidad organizadora.
Son obligaciones de la entidad organizadora: 1. Comunicar a la Consejería competente en materia de comercio interior, a través de una declaración responsable, la relación de Ferias Comerciales Oficiales que vaya a organizar, detallándose la clasificación, duración y periodicidad de las mismas en los términos previstos en el artículo 7, así como información sobre dicha entidad organizadora incluyendo NIF, domicilio y datos profesionales, con objeto de garantizar la calidad necesaria del servicio ofrecido así como la seguridad de las personas y bienes presentes en la Feria Comercial Oficial.
4. Celebrar las ferias comerciales oficiales conforme a las condiciones comunicadas. 5. Garantizar dentro del recinto ferial, el mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas, productos, instalaciones, medio ambiente, y protección de las personas consumidoras y usuarias, así como el cumplimiento de la normativa sanitaria que resulte de aplicación. 6. Garantizar la calidad del servicio prestado en las Ferias Comerciales Oficiales
8. Tener a disposición pública las hojas de quejas y reclamaciones de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo I del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía, y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 9. Prestar la colaboración que le sea requerida por la Consejería competente en materia de comercio interior, en el cumplimiento de sus funciones.
Diez. Se modifica el artículo 10, que pasa a ser el artículo 7, con la siguiente redacción: «Artículo 7. Declaración y reconocimiento.
a) La disponibilidad de un recinto adecuado para la celebración de ferias. b) La incidencia en el desarrollo empresarial en el ámbito territorial de la feria.
«Artículo 8. Competencias de la Consejería. Corresponde a la Consejería competente en materia de comercio interior: 1. El otorgamiento de la condición de ferias comerciales oficiales en Andalucía, y su clasificación.
h) La comisión en el término de un año, de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme. i) El incumplimiento de los mandatos o requerimientos realizados por la Consejería competente en materia de comercio interior en el ejercicio de sus funciones. 3. Se considera infracción muy grave la reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
«Artículo 11. Sanciones. 1. Por razón de las infracciones previstas en el artículo anterior, podrán imponerse las siguientes sanciones:
En toda la publicidad, anuncios, documentación, correspondencia y tarifas de precios y facturas, las empresas turísticas y los sujetos no empresariales que presten servicios turísticos deberán hacer constar, de manera legible e inteligible, la clasificación administrativa del establecimiento turístico, con los símbolos acreditativos de la misma que reglamentariamente se determinen.» Cinco. Se incorpora un nuevo artículo 31.bis con la siguiente redacción:
3. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o reforma, el interesado presentará ante la Consejería competente en materia de turismo, la documentación preceptiva y la declaración responsable a la que se refiere el artículo 35.2 de la presente Ley, incluyendo en esta última declaración expresa sobre la adecuación del establecimiento a la normativa reguladora de la clasificación de los establecimientos turísticos, cuyo reconocimiento se solicite. 4. Reglamentariamente podrán eximirse de la obligación contenida en el presente artículo aquellos tipos de establecimientos de alojamiento turístico que así se determinen.» Seis. El apartado 1 del artículo 32 queda con la siguiente redacción:
5. Toda modificación de los presupuestos, requisitos y datos contenidos en la declaración a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, determinantes de la inscripción, incluidas las bajas, deberá ser comunicada al Registro de Turismo de Andalucía. 6. Reglamentariamente se determinará la documentación complementaria que, en su caso, deba acompañarse a la declaración responsable, así como los términos y condiciones procedimentales para la realización de los trámites a los que se refieren los apartados anteriores.» Nueve. El apartado 5 del artículo 36 queda con la siguiente redacción:
5. El retraso en el cumplimiento de las comunicaciones que exija la normativa turística. 9. La inexactitud de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 o en la comunicación prevista en el artículo 49.3 de esta Ley».
- La clausura definitiva del establecimiento o actividad turística.» Dieciocho. El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 67 queda con la siguiente redacción:
«La clausura definitiva del establecimiento procederá en el caso de infracciones muy graves cuando el responsable haya sido sancionado dos o más veces, mediante resolución firme en vía administrativa, por este tipo de infracciones en el transcurso de tres años consecutivos y medien graves perjuicios para los intereses turísticos de Andalucía derivados de la conducta del infractor.» Diecinueve. El apartado c) del artículo 69 queda con la siguiente redacción:
En la citada comunicación, que deberá cursarse con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha prevista de disolución, la persona titular de la institución hará constar la fecha de disolución, el destino de los bienes y las medidas de seguridad para garantizar la protección y conservación de los mismos. 2. La disolución de museos y colecciones museográficas de titularidad de las Entidades Locales se acordará por el órgano al que corresponda autorizar la creación. En este caso, el procedimiento para la disolución se iniciará a petición de su titular, y deberá resolverse y notificarse en el plazo de seis meses, a contar desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, el titular podrá entender estimada la solicitud.
«3. La salida de fondos museísticos pertenecientes a los museos y colecciones museográficas no comprendidos en los apartados anteriores deberá comunicarse previamente a la Consejería competente en materia de museos y colecciones museográficas. En la citada notificación, que deberá cursarse con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha prevista de la salida, se harán constar las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Durante el expresado plazo, la citada Consejería comprobará la documentación presentada a efecto, en su caso, de requerir que se subsane la misma o se completen las condiciones de la salida. En este último caso, no podrá efectuarse la salida hasta que se cumplimente el requerimiento.» Tres. La letra d) del artículo 55 queda con la siguiente redacción:
c) Los museos arqueológicos o que cuenten con sección de Arqueología. d) Los institutos de Prehistoria y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
3. Por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá recabarse de los organismos y autoridades competentes la información precisa para comprobar los datos referentes a titulación y experiencia profesional.» Artículo séptimo. Modificación de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
«2. No se considera publicidad los carteles informativos autorizados por la Administración titular de la vía, o, en su caso, comunicados a ésta, en los términos que establece el apartado 7 de este artículo, y que se adecuen a las prescripciones siguientes: a) Señales de servicio.
«7. Fuera de la zona de dominio público, los interesados podrán colocar los rótulos de establecimientos mercantiles o industriales a que se refiere el apartado 2.d del presente artículo, previa comunicación a la Administración titular de la vía. Reglamentariamente podrá establecerse el régimen de instalación. La citada comunicación deberá cursarse con una antelación al menos de un mes de la fecha prevista para la actuación. En el supuesto de comunicación, la Administración tendrá un plazo preclusivo de un mes para denegar la actuación comunicada por razones de seguridad vial, sin perjuicio de las potestades administrativas de control y de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder.»
«a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones, incluida la colocación de carteles, en el dominio público viario o en las zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, sin las autorizaciones o comunicaciones requeridas o incumpliendo alguna de las condiciones impuestas en las mismas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior y ésta se solicite en el plazo correspondiente.» Cuatro. La letra a) del apartado primero del artículo 72 queda con la siguiente redacción:
«a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas, incluida la colocación de carteles, en el dominio público viario o en las zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, llevadas a cabo sin las autorizaciones o comunicaciones requeridas o incumpliendo alguna de las condiciones impuestas en las mismas, cuando no sean susceptibles de legalización posterior o ésta no se solicite en plazo correspondiente.» Artículo Octavo. Modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
«3. No se requerirá la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales que revistan, incluidos los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice.» Artículo Noveno. Modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Artículo Duodécimo. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de espacios naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Se añaden las letras m), n) y ñ) al apartado 2 del artículo 26, con la siguiente redacción:
Artículo Décimo Tercero. Modificación de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
Artículo Décimo Cuarto. Modificación de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los incendios forestales. Se añaden tres nuevos párrafos al artículo 64, con la siguiente redacción:
Artículo Décimo Quinto. Modificación de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, de Régimen Jurídico del Espacio Natural de Doñana. La Ley 8/1999, de 27 de octubre, de Régimen Jurídico del Espacio Natural de Doñana queda modificada como sigue:
2. La Consejería competente en materia de comercio interior, dictará las normas y desarrollará los mecanismos necesarios para que la comunicación entre ésta y los municipios en relación con el informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico, el informe autonómico para la autorización de grandes superficies minoristas, así como en relación con las personas inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y las autorizaciones municipales para el ejercicio del comercio ambulante, se realice por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el apartado e) del artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 3. La acreditación, autenticidad e integridad de los documentos electrónicos presentados se garantizarán mediante la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la normativa citada en el apartado anterior.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, no podrá concederse licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas en suelo no urbanizable. Disposición adicional sexta. Licencia municipal de obras.
Las personas que se encuentran inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y estén en posesión del carné profesional de comerciante ambulante, podrán obtener los beneficios establecidos en el artículo 6.3 de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, durante el tiempo de vigencia que les reste. Disposición transitoria octava. Ordenanzas Municipales.
Los ayuntamientos deberán adecuar sus Ordenanzas reguladoras del Comercio Ambulante a las previsiones contenidas en el presente Decreto-Ley en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor. Disposición transitoria novena. Instituciones Feriales.
Las Instituciones Feriales existentes en Andalucía, creadas al amparo de la Ley 3/1992 de Ferias Comerciales Oficiales, deberán adaptar su forma jurídica en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto-Ley. Disposición transitoria décima. Ferias Comerciales Oficiales.
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto Ley, las normas que fueron dictadas en desarrollo de las Leyes que son objeto de modificación deberán adaptarse al presente Decreto Ley en lo que contradigan o se opongan a la misma. Disposición final Segunda. Desarrollo.
Disposición final Tercera. Entrada en vigor El presente Decreto Ley entrará en vigor el 27 de diciembre de 2009. Sevilla, 22 de diciembre de 2009
A N E X O Actividades de servicios para las que será necesaria la cobertura de un seguro