Source: https://www.scribd.com/doc/36421887/Nva-Ley-Proced-Adm-Chilena
Timestamp: 2017-08-19 19:58:06
Document Index: 36213537

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Nva Ley Proced. Adm Chilena
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LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LAS LEYES HISPANOAMERICANAS DE PROCEDIMIENTO ADMI1. El fenómeno de la reglamentación del procedimiento administrativo en los Estados hispanoamericanos. 2. La Ley General de la Administración pública de Costa Rica de 1978. 3. La reglamentación conjunta del procedimiento administrativo y del contencioso-administrativo. 4. La Ley Orgánica de procedimientos administrativos de Venezuela, de 1 de julio de 1981. 5. Las últimas Leyes hispanoamericanas de procedimiento administrativo.—III. LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 1. La Ley 19880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 2. Ámbito de aplicación de la Ley. 3. Sistema.—IV. DISPOSICIONES GENERALES: 1. Principios del procedimiento administrativo. 2. Derechos de las personas.—V. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 1. Normas básicas. 2. Iniciación del procedimiento. 3. Instrucción del procedimiento. 4. Finalización del procedimiento. 5. Silencio administrativo.—VI. PUBLICACIÓN Y EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: 1. Régimen jurídico de los actos administrativos. 2. Notificación y publicación. 3. Ejecución. 4. Eficacia en el tiempo.—VII. REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: 1. Idea general. 2. Revisión sin sujeción a procedimiento formal. 3. Revisión con sujeción a procedimientos formales.
NISTRATIVO:
La sujeción al Ordenamiento jurídico de todos y cada uno de los órganos del Estado y de los demás entes públicos constituye un principio fundamental de todo Estado de Derecho. Para una mejor ejecución de las funciones que realizan y como garantía de los ciudadanos, someten su actuación a los cauces formales del procedimiento. El procedimiento administrativo será, por tanto, el cauce formal de la actuación administrativa, cumpliendo una doble finalidad, la eficacia y las garantías. De aquí que su reglamentación deba cumplir ambas, haciendo realidad la ecuación prerrogativa-garantía que está en la base de todo el Derecho administrativo (1). No obstante el importante papel que una adecuada reglamentación de los procedimientos administrativos puede desempeñar en un Estado de Derecho, no ha sido objeto de especial atención hasta que estuvo muy consolidado el régimen administrativo. Se sitúa en las Leyes austríacas de 1925 el nacimiento de la legislación reguladora del procedimiento admi(1) Me remito a mi trabajo Manual de procedimiento administrativo, 2.ª ed., Cívitas, 2002, págs. 75 y ss.
Revista de Administración Pública Núm. 162. Septiembre-diciembre 2003
nistrativo, ejemplo que fue imitado por Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, que elaboraron sendas Leyes de procedimiento administrativo (2). España había sido la primera nación que había tenido una Ley de procedimiento administrativo, la Ley de 19 de octubre de 1889; pero se trataba de una Ley de bases que había de desarrollarse por los distintos Departamentos ministeriales a través de los correspondientes Reglamentos, que se fueron aprobando en fechas muy distintas, dando lugar a un conjunto heterogéneo de disposiciones, en pugna con la idea directriz que había presidido la promulgación de la Ley. De aquí la necesidad de una Ley que superara el caos normativo existente. A esta necesidad se refería GASCÓN Y MARÍN en un trabajo publicado en el número 48 de la «Revista de Estudios políticos», en estos términos: «Se impone ir a la promulgación de un Código único de procedimiento administrativo. La diversidad de materias sobre que versan las reclamaciones o peticiones formuladas por los particulares no debe llevar a la variedad de plazo, de denominaciones y naturaleza de recursos que se advierten en los Reglamentos en vigor. Partiendo de una Ley de Bases, y realizando, no una mera recopilación o refundición de los diversos Reglamentos, sino una verdadera obra de codificación sistemática y revisora del vario Derecho existente, debe ser publicado un Código de procedimiento administrativo para la Administración central, partiendo de la necesaria separación entre las disposiciones orgánicas de estructuración burocrática de cada Departamento ministerial y las verdaderas de procedimiento administrativo. Derecho procesal administrativo que debe ser uniforme. Cabe, sí, establecer inicialmente una delimitación de los diversos órganos administrativos que existen por igual en los diversos Departamentos ministeriales, dejando la organización interna de cada uno de los servicios a normas singulares de los mismos; debe aparecer determinada concretamente la competencia de cada uno de los órganos de intervención en el proceso administrativo. Señalada y definida también la diversa naturaleza y alcance de las decisiones de trámite y de resolución que puedan adoptar las autoridades administrativas, la posibilidad y casos de adoptar el procedimiento oral y el escrito obligatorio; unificar todo lo relativo a incoación de expedientes, a la condición de interesados en los mismos, a la comparecencia personal o por modo de representantes, a señalar la diferencia entre reclamantes e interesados, los casos de posibilidad de reclamaciones colectivas, simplifican(2) S. ROYO-VILLANOVA, El procedimiento administrativo como garantía jurídica, «Revista de Estudios Políticos», núm. 48, págs. 66 y ss.; GONZÁLEZ PÉREZ, El procedimiento administrativo, El Consultor de los Ayuntamientos, 1964, págs. 80 y ss.
do el procedimiento, tanto en única como en ulterior instancia; unificando lo relativo a plazos, paralización, caducidad de expedientes, incidencias, notificaciones, recursos ordinarios y extraordinarios, potestad correctiva en los casos de anormalidades en la tramitación, diferenciando la acción que pueda ejercitar el interesado, para obtener la normalidad de procedimiento, de la correspondiente a los Jefes jerárquicos de quien dirige el procedimiento para imponer la normalidad en el mismo; significación del silencio administrativo; acción del particular para obtener decisión de la autoridad, incorporando en libros especiales al Código general lo especial de ciertos procedimientos, como el económico administrativo y el sancionador» (3). Fueron varios los intentos de elaboración de una Ley de procedimiento administrativo que con tanta generalidad se venía demandando, hasta que, siendo Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno Laureano López Rodó, se nombró una Comisión que elaboró el proyecto que logró la sanción legislativa. La Ley de procedimiento administrativo no se limitó a regular el procedimiento administrativo en sentido estricto —no podía hacerlo—, sino que reguló el régimen jurídico de la actuación administrativa general. Así lo constataba su Exposición de Motivos (redactada por Manuel BALLBÉ y por mí la Semana Santa de aquel año 1958 por encargo de López Rodó). El impacto de la Ley en España y fuera de España fue impresionante. Como su influencia en otros Ordenamientos, no sólo —como dice GARCÍA DE ENTERRÍA— en los países hispanoamericanos, en alguno de los cuales ha sido transcrita más o menos literalmente, sino también en diversos Estados europeos que afrontaron tras ella intentos codificadores semejantes (Alemania, Italia, Holanda y, muy singularmente, Portugal, cuyo Código de procedimiento administrativo de 29 de octubre de 1991 muestra claramente esa influencia) (4). La influencia de la Ley española de procedimiento administrativo en los Ordenamientos jurídicos americanos ha sido destacada por el profesor BREWER-CARIAS. Esta Ley —dice— «ha tenido una enorme importancia, no sólo en el propio desarrollo del derecho administrativo español, el cual es, precisamente, a partir de finales de la década de los cincuenta que comienza a renovarse y a alcanzar los extraordinarios niveles de excelencia de la actualidad, sino el desarrollo del derecho administrativo contemporáneo de América Latina, pues, puede decirse, que en una u otra forma dichas le(3) Necesidad de un Código de procedimiento administrativo, «REP», núm. 48, págs. 39 y ss. (4) E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho administrativo, 8.ª ed., Cívitas, 2002, II, pág. 454; FREITAS DO AMARAL, «A codifição do procedimento administrativo em Portugal: razao de ser, tradições e enquadramento constitucional», en Procedimiento Administrativo. Ponencias del I Coloquio Hispano-Portugués, Santiago de Compostela, 1994, págs. 19 y ss.
1993. publicada en el «DO» de 11 de abril de 2001. 26111. GARCÍA DE ENTERRÍA. Derecho procesal administrativo. 006-67-56. de 26 de noviembre. así como las modificaciones ulteriores (8). págs. 11 (7) Por ejemplo. de régimen jurídico de las Administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. El fenómeno de la reglamentación del procedimiento administrativo en los Estados hispanoamericanos Hay que esperar hasta 1972 para poder hablar de una Ley hispanoamericana de procedimiento administrativo: la Ley argentina núm. Ara Editores. En términos análogos. Ley 27444. cit. (9) Jorge DANOS ORDÓÑEZ. como asimismo se reconoció en los comentarios que suscitó (7). 1999. de 11 de noviembre de 1967. GONZÁLEZ PÉREZ. Comentarios a la Ley del procedimiento administrativo general. agosto 2001. titulada Ley de procedimiento administrativo general. tal y como se configuraba en la Ley española. 19549. pág. hasta llegar a la Ley núm. la legislación alemana y la italiana. VIDAL PERDOMO. Sustituida la Ley de procedimiento administrativo de 1958 por la nefasta Ley 30/1992.. Lima. 2001. 85. en las últimas cuatro décadas se inspiraron en la española» (5). GONZÁLEZ NAVARRO y GONZÁLEZ RIVAS. de procedimientos administrativos. por PARADA. como reconoce uno de los más relevantes miembros de la Comisión (9). Madrid. unánimemente criticada (6). De aquí las críticas de que fue objeto. 115 y ss.ª ed. pág. (8) Críticas que se reflejan en la obra de MORÓN URBANA. Cívitas. Lima. aparte de los precedentes iberoamericanos —en España ya estaba vigente la Ley 30/1992. no obstante. la influencia de la legislación española de procedimiento administrativo en la hispanoamericana. aprobado por Decreto Supremo núm. Siguió. Comentarios a la Ley 4/1999. que distaba mucho de lo que debía ser una reglamentación básica del procedimiento administrativo. 24. en DANOS y otros. Así. 2. Existieron antecedentes importantes. 1999. en cuya elaboración la Comisión tuvo en cuenta.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ yes reguladoras de la actividad administrativa que se han dictado en nuestros países. de 13 de enero. Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. pág. al que se otorgó fuerza de ley por el Decreto-ley núm. de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común—. como el «Reglamento de Normas Generales de Procedimientos administrativos de Perú». de 1972. Cívitas. 362 . (6) Pocas Leyes han merecido la repulsa que esta Ley. en el estudio preliminar de la primera edición oficial de la Ley. El significado de la Ley queda reflejado en el artículo (5) Principios del procedimiento administrativo. notándose desfavorablemente cuando el modelo ha sido la legislación promulgada a partir de 1992. Madrid. cuyos gravísimos defectos no fueron remediados por la Ley 4/1999. de la que llegó a afirmarse que constituía «una catástrofe sin paliativos». 1990. II LAS LEYES HISPANOAMERICANAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1. 2744.
Montevideo. 15. 500/1991. Como afirmaba Tomás HUTCHINSON. 19549. I. después de un Título I en el que. además de organizar recursos contra ciertos actos administrativos. pág. se consagran los principios generales informantes del procedimiento administrativo y los requisitos generales de la actuación administrativa. de 28 de septiembre de (10) Ley nacional de procedimientos administrativos. en el Título III.º. reiteraba el artículo 81. contiene también normas de fondo.1 de la Ley española de 1992. pág. de 1972. con sus 239 artículos. en el Título II.1. se regulan: el régimen de la competencia y de los titulares del órgano administrativo. 1992. Buenos Aires. en el Título IV. en cuanto se «contradigan con la naturaleza de estos procedimientos». puede considerarse que la primera Ley americana en la que tuvo reflejo el procedimiento español fue la Ley de procedimientos argentina núm. a ciertas formas procedimentales que deben observarse por quienes ejercen funciones administrativas. Es un instrumento político-arquitectónico útil para una buena conducción del Estado actual» (10). La parquedad de la Ley nacional argentina contrasta con la extensión de la Ley núm. conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. que sustituyó al D. un trámite interno al margen de todo petitorio del particular y. sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias». 7 disposiciones finales y 5 transitorias) y de las Normas Generales de actuación administrativa en la Administración central de Uruguay. 363 .LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 159. establece normas respecto de la actuación de los funcionarios en lo que atañe a compaginación de expedientes. Ley 19549. 152-87). anotada y concordada con las normas provinciales. Procedimiento administrativo en el D. que.1 de la Ley de 1958. El artículo 159. aprobadas por el D. en general. 500/1991. 27444 de Perú (243 artículos. los requisitos y efectos del acto administrativo y del silencio. que si bien constituye norma básica que modifica los reglamentos sobre procedimientos especiales o técnicos a que se refiere su artículo 1. a su vez. sólo se aplicará supletoriamente a los procedimientos administrativos sometidos a regímenes particulares en razón a la especialidad de las reparticiones en los puntos en que esos regímenes especiales carezcan de regulación (11). y la impugnación de los actos.1 de la Ley peruana dice: «Los actos de instrucción necesarios para la determinación. 640/1973. Comentada. 7 (11) CAJARVILLE. «la ley nacional de procedimientos administrativos es un cuerpo legal que. Como dijimos. La Ley de Honduras (Decreto núm. en la que. Teniendo en cuenta el rango reglamentario y ámbito de la reglamentación peruana de 1967. al comentar la Ley varios años después. además de delimitar el ámbito de aplicación. 1985. serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa. reproducción casi literal del artículo 78.
48. 3. como ponía de manifiesto la norma del artículo 81.. unos meses antes de su muerte. desde la española de 1958. eran. col. más propiamente. No obstante. La Ley General de la Administración pública de Costa Rica de 1978 Las Leyes de procedimiento administrativo. Costa Rica rompió la tradición legislativa con su Ley General de la Administración pública. y así se lo hice ver a Eduardo. pág.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ 1987. (13) Aunque en estricto rigor de técnica legislativa la regulación no encuadra exactamente dentro de un Código contencioso-administrativo. pág. cuando coincidimos en Toledo con motivo de unas Jornadas sobre el Derecho político a finales del siglo. con la incorporación a aquél de un libro (el primero) dedicado a los procedimientos administrativos (13). es. sin duda. Ley elaborada con una tan depurada técnica que al promulgarse me planteé serias dudas sobre su viabilidad. o. Me lo comentaba años después. X. Lo que refleja el alto nivel del funcionariado de aquella nación. en los «que se encuentra explicado el Derecho administrativo como si se tratase del desarrollo de un programa de un curso sobre esta disciplina. no eran Leyes de procedimiento.ª ed. EZQUERRA PORTOCARRERO. Méjico no tuvo una Ley de procedimiento administrativo a nivel fede(12) En Principios del procedimiento administrativo en América Latina. en cuanto no regulaban una serie o sucesión de actos que integraban la tramitación que habría de seguirse en la realización de una función administrativa. La reglamentación conjunta del procedimiento administrativo y del contencioso-administrativo En Colombia se aprovechó la reforma del Código Contencioso-administrativo de 1984 para llenar uno de los más grandes vacíos de su legislación que radicaba en la ausencia casi total de regulación de los procedimientos administrativos. 2. funcionó. la utilidad y la oportunidad de un Ordenamiento jurídico cuya existencia se venía echando de menos de vieja data». como la Ley peruana de 2001. «las críticas que pueden hacerse a dicha inexactitud formal no pueden desmerecer la bondad. Bogotá. una perspectiva iberoamericana. esta Ley constituye casi un «Manual» de Derecho administrativo redactado en forma de artículos. reflejada más tarde en la mayoría de las Leyes americanas. 364 . la que en su estructura y contenido sigue más fielmente el modelo de la española. 1986. Así. Por lo que hasta se llegó a prescindir del nombre. Como dice BREWER-CARIAS. en «El campo de aplicación de los procedimientos administrativos». 2003. 2. en la que se reflejan las genialidades del gran jurista que fue Eduardo ORTIZ ORTIZ. expuesto en un muy hermoso y rico texto» (12). Comentarios al Código contencioso.1 de la Ley española de 1958. Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. algo más que Leyes de procedimiento administrativo. como he señalado. en la ob. El ejemplo ha sido seguido en algunos Estados mejicanos.
Si buen número de los directores de las unidades jurídicas de las Secretarías de Estado poco conocen del Derecho administrativo. Es cierto que hubiera sido mejor que previamente a la promulgación de la ley. México. dice: «De la lectura del articulado de la Ley Federal de Procedimiento administrativo. La Ley federal de procedimiento administrativo de 1994 no fue muy bien recibida por la doctrina (14). (15) ACOSTA ROMERO. sin una mínima apreciación por los legisladores. pero su naturaleza de ley supletoria de las leyes administrativas la hace prácticamente inaplicable y torna vacua su fuerza unificadora». imprecisiones y contradicciones. México. piénsese en el problema con que se enfrentarán los nuevos directores de esas unidades que tomarán posesión con el nuevo Poder Ejecutivo que entrará a gobernar al país el 1. que indican la intervención de numerosas personas —se sostiene que el proyecto fue modificado por el grueso de las Direcciones Generales Jurídicas de las Secretarías de Estado y hasta por la Unidad Jurídica de la Presidencia— que terminaron por desnaturalizar lo que inicialmente redactaron sus autores. GUTIÉRREZ DE VELASCO. volviéndose prácticos de las leyes que corresponden a sus dependencias. pág. etcétera. 1998. y 167 y ss. 105 y ss. que entrará en vigor el 1. las Comisiones legislativas consultaran escuelas y facultades de derecho y asociaciones jurídicas. se observan grandes confusiones. y hasta faltas gramaticales. 2001. 2000. en los últimos 10 años nos tocó conocer tres diversos anteproyectos de Ley de Procedimiento Administra- 365 . sin lograrlo. el ordenamiento en estudio adolece de obscuridad. en la primera edición de su Derecho administrativo mexicano. Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. X. ni positivos los comentarios posteriores. constituyó un paso importante en la estructuración de esta pieza esencial que es el procedimiento administrativo en un sistema de justicia administrativa (16). Porrúa. 290. aclaraciones innecesarias. No obstante. (16) Así. Un importante precedente fue un proyecto elaborado por la Coordinación General Jurídica del D. al decir en su trabajo Ley federal de procedimiento administrativo comentada. que «aunque la promulgación de la Ley Federal de Procedimiento administrativo representa un avance que se había buscado. a las que siguieron unos interesantes coloquios en los que intervinieron los redactores del proyecto y cualificados funcionarios del Distrito Federal. pero como ya había sucedido antes. Y dio lugar (14) Así. XIV y ss. SOBERANES y VÁZQUEZ ALFARO) que pude conocer y comentar en unas conferencias que pronuncié en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. comentadas. En la segunda edición (México. GARCÍA RAMÍREZ.º de julio de 1995. pág. hacer las observaciones correspondientes para depurar lo que ya está hecho. pág. Se aparta en cierto modo de esta opinión general LUCERO ESPINOSA.F. pág. México. Ed. en mi trabajo Procedimiento administrativo federal. En lo particular. Si la ley está promulgada. 6. omisiones. pues fue una ley producida sin debate. octubre de 1994. indudablemente más preocupados por sus futuras posiciones políticas y personales». para lograr un mejor instrumento legal. Despacho de Emilio Margáin y Asociados. al destacar la vaguedad e imprecisión de su articulado y llegarse a dudar de la constitucionalidad para la derogación global y tácita de Leyes anteriores que en ella se contenía y por la violación de las garantías de seguridad jurídica y de legalidad (15).LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ral ni al de las entidades federativas hasta la Ley federal de procedimiento administrativo de 14 de julio de 1994. 366) dice que la ley «tuvo una elaboración olímpica» y reconoce que «fue un paso importante hacia la unitivización. Porrúa y UNAM. profesores de la materia y profesionales del derecho en general. 1996. págs. decía que «debiera revisarse con gran acuciosidad. en «Boletín Jurídico». núm. durante un buen número de años. págs. a fin de lograr una mejor regulación en este ámbito. los integrantes de asociaciones jurídicas.º de diciembre próximo y que se van a encontrar con esta ley que trabajo les costará entenderla». también existía el riesgo de que las buenas intenciones nuevamente se quedaran en el camino. 1995. NAVA NEGRETE. (integrada por FIX-ZAMUDIO. HERRÁN y VENEGAS. 200. OVALLE. con sus fallas y deficiencias: ahora nos toca a nosotros.
Y entró en vigor el 1. después de un Título primero dedicado a las disposiciones comunes al procedimiento administrativo y al proceso administrativo. pues en ellos es que la Ley Orgánica provocará un cambio radical respecto de la situación tivo. 199 a 293). En la introducción. producirá un cambio de carácter jurídico. de 2001. Así. sin duda. Pues bien. 366 . después de que el Distrito Federal promulgara la suya de 14 de diciembre de 1995. de impotencia y sujeción. que promulgó el llamado Código de procedimientos administrativos el 6 de febrero de 1997. producirá un cambio de carácter administrativo. En efecto. de 2002. de 1 de julio de 1981 Del elenco de Leyes de procedimiento administrativo de lengua española merece destacarse la Ley Orgánica de procedimientos administrativos de Venezuela. dedica un Título II al procedimiento administrativo (arts. al transformar la irracionalidad anterior por normas y procedimientos técnicos racionales. y la situación anterior de los administrados. También se sigue el sistema de regulación conjunta en el Código de procedimientos administrativos del Estado de Veracruz. 106 a 198) y otro. Primero fue el Estado de Méjico. 4. que redactó BREWER-CARIAS para la publicación de su texto en la Colección de Textos Legislativos de la Editorial Jurídica venezolana. producirá un impacto fenomenal en el funcionamiento de nuestra Administración Pública. algunos Estados han seguido el ejemplo de Colombia. en el que. al contencioso-administrativo (arts. Hoy el paso está dado. y en segundo lugar. Queremos insistir brevemente en estos dos aspectos en los cuales incidirá la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sobre el funcionamiento de nuestra Administración Pública. y en la Ley de Justicia y procedimientos administrativos del Estado de Nayarit. que sólo lograron alcanzar ese nivel. similar a una revolución administrativa. en una situación colmada de garantías y derechos. decía: «Esta Ley Orgánica. que publicó el núm. pues cambia radicalmente la situación anterior. en primer lugar. promulgando textos legales reguladores del procedimiento administrativo y del contencioso-administrativo. Pero otros Estados han seguido promulgando las de procedimiento administrativo con independencia de las reguladoras del contencioso-administrativo. el Título III.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ a que los Estados de la República fueran promulgando sus Leyes de procedimiento. extraordinario.º de julio de 1981. de la «Gaceta Oficial» de 1. 2818. La Ley Orgánica de procedimientos administrativos de Venezuela.º de enero siguiente. Aguascalientes (Ley de 1999) y Jalisco (Ley de 2000). vayamos adelante con la depuración que nos toca proponer para mejorar esta ley». al transformar la informalidad administrativa anterior en un formalismo procedimental positivizado.
en el que intervinimos los que habíamos colaborado en la elaboración de la Ley española de 1958 y la aplicábamos diariamente. de la ley norteamericana de 1946 y del Código alemán de 1976» (18). a la que asistió como testigo cualificado Manuel García Pelayo. de 15 de noviembre.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO anterior.ª edición. es el inicio de un proceso de transformación que dará sus frutos. La experiencia acumulada durante los más de veinte años de vigencia de nuestra Ley nos permitiría dar a conocer a nuestros colegas venezolanos las dificultades con que nos habíamos encontrado —que serían análogas a las que ellos se encontrarían— y el modo de poder superarlas para que pudieran cumplirse las finalidades de todo Ordenamiento del procedimiento administrativo. (17) (18) Págs. en la que se nota la influencia del Código de procedimiento administrativo portugués aprobado por Decreto-ley núm. 9784/99. 442/91. culminaron en una cena que nos ofreció el Embajador de Venezuela. En Brasil. para que durante unas semanas participaran en un curso intensivo que se organizó en la entonces Escuela Nacional de Administración Pública de Alcalá de Henares. 32. pág...». Aquellos días de gratísima convivencia. Las resoluciones administrativas. La Ley Orgánica. que regula el procedimiento administrativo en el ámbito de la Administración pública federal. los Estados Unidos de América.. siempre que se defina una política adecuada para su aplicación permanente» (17). a fin de facilitar el proceso de transformación. el 29 de enero de 1999 se sancionó la Ley núm. el Gobierno venezolano fletó un avión en el que viajaron a España altos funcionarios cualificados que habrían de tener una intervención decisiva en la aplicación de la nueva Ley. 10 y ss. tan útiles para todos —siempre se aprovecha mucho en los cambios de impresiones entre quienes tienen preocupaciones comunes—. debe iniciarse mediante un acto formal. el cual sin embargo. En «A Codifição. España. que sólo su aplicación sucesiva consolidará. Precisamente por la revolución que suponía. El profesor FREITAS DO AMARAL destacaría después la «marcada influencia de la ley de procedimiento administrativo española de 1958. en este sentido. por citar algunos de los más importantes sobre este punto de vista». no se producen de un plumazo. a la sazón Presidente del Tribunal Constitucional español. de la 8. mereciendo «particular atención la ley de procedimiento administrativo de la República Federal Alemana publicada en 1976». estamos convencidos. en cuya Exposición de Motivos se reconoce que en su elaboración se han tenido en cuenta las enseñanzas del Derecho comparado y la larga experiencia de la aplicación de «leyes de procedimiento administrativo en países con sistemas político-administrativos tan dispares como Argentina. cit. como funcionarios o como abogados de los administrados. Yugoeslavia y Polonia. sino que sólo pueden resultar de un esfuerzo deliberado y consciente de transformación continuada. dentro de algo más que una década. 367 .
con tan extenso título. de 22 de abril de abril de 2002. (20) BREWER-CARIAS. estas Leyes fueron objeto de interés por la doctrina (19). III. XLII. como si fuera a ser inminente su promulgación (21). Cfr. una Ley que rebasa con mucho lo estrictamente procedimental y ofrece una completa regulación del régimen jurídico de la actuación administrativa. de 2000. 2000. Por la novedad que suponían. (19) Cfr. 2000. 5. Y cuando en mis trabajos me refería a la corriente hispanoamericana de legislación sobre procedimiento administrativo. editado en Porrúa y la UNAM. Pues fue hace muchos años cuando tuve noticia de que había tenido entrada en el Congreso Nacional un proyecto de Ley de procedimiento administrativo chileno. me dijo que el proyecto había resucitado y que seguía adelante. siempre aludía al proyecto de Ley chileno en tramitación parlamentaria. LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La Ley 19880. 1. Las últimas Leyes hispanoamericanas de procedimiento administrativo Esta incesante evolución legislativa es de esperar continúe perfeccionando las reglamentaciones. dirigida a la búsqueda de un balance entre los privilegios de la Administración y los derechos de los particulares» (20). en las sucesivas ediciones de mi Procedimiento administrativo federal. conociendo mi interés por estos temas. pág. Processo administrativo.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ Precedente de la Ley federal brasileña 9784/99 fue la paulista número 10177/98..ª ed. São Paulo. (directores ARI SUNDFELD y MUÑOZ). por ejemplo. Culminaba así un larguísimo proceso legislativo. págs. 368 . (21) Así. por ejemplo. y la Ley chilena 19880. La Ley se enmarca en la corriente legislativa que inició la Ley española de 1958. en esa «lucha permanente que ha caracterizado siempre al propio Derecho administrativo. y la ob. mi entrañable y gran amigo Enrique SILVA CINMA.. Las últimas manifestaciones de esta evolución son: la Ley de procedimiento administrativo de Bolivia. Es. cit. que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado En el «Diario Oficial de la República de Chile» de 29 de mayo de 2003 se publicaba la Ley 19880. São Paulo. Principios del procedimiento administrativo. 37 y ss. que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. en la 3. Cuando ya creí que el proyecto había muerto. Cuando recibí el texto ya publicado. por tanto. BOCKMANN MOREIRA. pude adivinar por el estilo y depurada técnica de la Ley la presencia de su mano de gran jurista. Principios constitucionais e a ley 9784/99. col. As leis de processo administrativo: Ley federal 9784/99 e lei pautista 10177/98.
1. 369 . Y cuando las respectivas Leyes prevean un trámite. define los actos de instrucción como «aquellos necesarios para la determinación. al igual que la española de 1958 —y la vigente LRJPA—.º a 16).º).º— «establece y regula las bases del procedimiento administrativo».º parece desprenderse que en ella se regula un procedimiento —que podría calificarse de ordinario—. 3.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La Ley —dice su art. respetando los derechos de los administrados. después de delimitar el ámbito de aplicación y definir el acto administrativo (art. previéndose otros especiales —a los que se aplicaría con carácter supletorio—. no será precisa su regulación. si se establece una información pública. Aunque del artículo 1. La Ley. «a la Contraloría General de la República. no regula propiamente un procedimiento.º. no tendrán por qué regularle. La norma clave para comprender el significado de la Ley es la que contiene el artículo 34. siempre respetando las «bases» de la Ley 19880. conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto». Expresión ésta de las «bases» no en el sentido que tenía en la vieja Ley española del siglo XIX. sino en el sentido de Ley básica. ya que bastará con acudir a la Ley general. Así. de todas las Administraciones públicas. dedicando un artículo (el 17) a determinar los derechos de las personas en su relación con la Administración pública. que. Ámbito de aplicación de la Ley La Ley regula la actuación de las Administraciones públicas. de una de las Leyes en que descansa el Estado de Derecho. 4. en su artículo 2. 2. 3. Las Leyes podrán formalizar procedimientos para realizar las funciones administrativas. a los gobiernos regionales y a las municipalidades». regula los principios del procedimiento (arts. ya que ésta viene en el artículo 39 de la Ley 19880. Sistema La Ley se divide en cinco capítulos: El I. que exigían un ulterior desarrollo reglamentario. Pero en tanto no se formalizan. como lo son las reguladoras de la actuación administrativa. lo cierto es que no se regula un procedimiento formalizado con todos sus trámites.º se dispone expresamente que sus disposiciones se aplicarán. también. a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad pública. en términos casi idénticos a los del artículo 78 de la LRJPA. con el título «Disposiciones generales». Aunque su título se refiere a «los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado». así en su artículo 1. el instructor deberá realizar «de oficio» todos los necesarios para dictar la resolución que proceda en Derecho.
Y. El Capítulo III. Cívitas. contiene un artículo sobre el procedimiento de urgencia. gratuidad. incluida la española. como «principio». inexcusabilidad. 5. tan poco recomendable. 370 . 10). 1999. titulado «Revisión de los actos administrativos». aunque algunos de éstos hayan adquirido a veces el valor de aquéllos. imparcialidad (art. conclusivo. 15). bajo la rúbrica «Disposiciones finales». 2003. Eduardo ROCA ROCA. Homenaje al Profesor Dr. contradictoriedad. 1. se mezclan lo que son auténticos principios generales de Derecho con lo que sólo son principios del buen hacer administrativo. de 13 de enero. el V. imparcialidad. «el procedimiento administrativo estará sometido a los principios de escrituración. INAM. llega a regular hasta trece. por ejemplo. cuando en realidad tal deber —y consiguiente derecho de recusación— es una garantía para hacer efectivo el principio de imparcialidad. Y al «jaranero festival de principios» en que nos movemos (23).º llega hasta dieciséis. (22) Francisco GONZÁLEZ NAVARRO. IV. transparencia y publicidad». DISPOSICIONES GENERALES Principios del procedimiento administrativo La Ley chilena no constituye una excepción y ha seguido la moda. la publicación y la ejecución. alguno menos que la Ley de Bolivia de abril de 2002. que nos ha llevado a ver principios jurídicos en los rincones más impensables del Ordenamiento jurídico (22). Madrid. después de una sección dedicada a las disposiciones generales. Comentarios a la Ley 4/1999. regula los recursos —reposición. Y el último Capítulo. págs. dedica tres a regular la iniciación. al igual que en otras Leyes de procedimiento administrativo. para después regular con todo detalle el silencio administrativo. en «De los principios del buen hacer administrativo». celeridad. 84.º). 11) o de impugnabilidad (art. 537 y ss. en GONZÁLEZ PÉREZ. impugnabilidad. GONZÁLEZ NAVARRO y GONZÁLEZ RIVAS.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ El Capítulo II. y el que se denomina de contradictoriedad (art. titulado «Publicidad y ejecutividad de los actos administrativos». abstención. El Capítulo IV. en Panorama jurídico de las Administraciones públicas en el siglo XXI. como el de eficacia. que en su artículo 4. Principios que se regulan en los artículos siguientes. economía procedimental. Es manifiesta la diferente naturaleza entre lo que se llama principio de escrituración (art.º de la Ley. (23) La frase también es de GONZÁLEZ NAVARRO. pág. A continuación haré referencia a algunos aspectos de la Ley que estimo de mayor interés. al haberse consagrado como tales en algunas Constituciones. En el artículo 12 regula el deber de abstención de los titulares de los órganos administrativos. instrucción y finalización. no formalización. jerárquico y extraordinario de revisión— y la revisión de oficio. regula la notificación. titulado «El procedimiento administrativo». Según el artículo 4.
º del Código núm. y el artículo 13 de la Ley Federal de procedimiento administrativo de 1994 (GONZÁLEZ PÉREZ. núm.8. Principios del procedimiento administrativo común. lealtad. 2.º del Código de procedimientos administrativos del Estado de México de 1992. págs. en «Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político». 2. São Paulo. 2000. 2000. artículo 4. de 29 de enero de 1999. págs. como el artículo 83 de la de Colombia.. En Venezuela el principio está detalladamente regulado en la Ley de sim-plificación de trámites administrativos de 1999 (arts. presunción de verdad. Este artículo viene a ser una reproducción casi literal del artículo 35 de la Ley española. Principios del procedimiento administrativo en América Latina.º). Montevideo. artículo 5. pág. Realmente. 1991. São Paulo. 23. La Constitución de Brasil. MUÑOZ). y hasta alguna Constitución.º. IV).º lo explicita estableciendo que «las partes. establece que la Administración pública debe «actuar de acuerdo con los siguientes principios generales… buena fe. Así. pág. los administrados. Processo administrativo. Legis. en su artículo 37.ª ed. México.º de la Ley de procedimiento administrativo del Distrito Federal de 1995. y 277 y ss.—. En las Leyes de Justicia administrativa y procedimientos administrativos de Méjico se consagra también el principio: artículo 3. así enunciado o como de la confianza legítima. 14 de procedimientos administrativos por el Estado de Veracruz. k). el de buena fe. págs. apartado 1. Universidad del Rosario. 9 a 20) (BREWER-CARIAS. al pretender que la nueva Ley venía a poner (24) BREWER-CARIAS. la Ley de procedimiento administrativo general de 2001.º de la Ley de Justicia y procedimientos administrativos del Estado de Nayarit de 2002. Al publicarse la LRJPA se criticó este artículo 35 por la forma grandilocuente con que se presentaba..LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y se observa la omisión de algunos que suelen recogerse en la generalidad de las Leyes de procedimiento. 3. 1992. 5.F. incluye el siguiente «principio de conducta procedimental»: «La autoridad administrativa. y en «El procedimiento administrativo en Uruguay». As leis de processo administrativo. como la Ley núm. Principios del procedimiento administrativo de América Latina. (25) Sorprende que no aparezca este principio en la Ley chilena. pág. 90 y ss. Bogotá. 4. 278). en la obra colectiva (coordinadores ARIS SUNDFELD y Guillermo A. 2000. en Uruguay. que regula el procedimiento administrativo en este Estado (art.). ya que es de los que con más generalidad recogen las Leyes hispanoamericanas. en su artículo 2. artículo 3. y en el artículo 6. págs. Procedimiento administrativo federal. 2003. salvo prueba en contrario». y la Ley del Estado de São Paulo 10177. 9784. Procedimiento administrativo. Serie Congresos y Conferencias. 2003. de 30 de diciembre de 1998. 371 . que regula el procedimiento administrativo en el ámbito de la Administración pública federal (art. en las últimas disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo no suele faltar. y BRITO. sus representantes y abogados patrocinistas. D. todos los partícipes del procedimiento. 14 y ss. como el de legalidad (24) y de buena fe o confianza legítima (25). la colaboración y la buena fe. el Decreto 500/991. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal». los funcionarios públicos y en general todos los partícipes del procedimiento ajustarán su conducta al respeto mutuo y a la lealtad y buena fe» —CAJARVILLE. reiterado en las Leyes reguladoras del procedimiento administrativo. 65 y ss. Principios constitucionais a la Ley 9784. 53). al lado de otros principios de naturaleza heterogénea. sus representantes o abogados y. realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo. que enumera los derechos de los ciudadanos.. Derechos de las personas El artículo 17 enumera los derechos de las personas.º. 4 y ss. en general. establece explícitamente el principio de moralidad pública como regla de observación obligatoria para la Administración pública. en el artículo IV (dedicado a los «Principios del procedimiento administrativo»). considerándose una proyección del mismo el de la buena fe (BOKMANN MOREIRA. En Perú.
al referirse a este artículo. de verdad. hay que distinguir según “la interacción entre los ciudadanos y los empleados públicos” se produzca en espacios singularizados o no. 219) decía: «La LRJPA. voy a reproducir las palabras que dedicó a este artículo 35. olvidando la Ley de 1958 y lo que supuso en la implantación de un sistema de garantías. Entre esos derechos. pues. se hablaba de «la trascendental formulación de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos. 78. Cuando se ha demostrado que esta «trascendental» formulación no añadía ningún derecho a los que antes estaban reconocidos en la legislación anterior. se enuncian distintas reglas. A tal fin se ha dictado ya la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 3 de febrero de 1993.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ fin a una era de arbitrariedad. recordémoslo. que había quedado en nada. En recuerdo de Sebastián MARTÍN-RETORTILLO. merece la pena leerla el del siguiente día 11 del mismo mes. salvo el derecho «a identificar a las autoridades y al personal». que la Exposición de Motivos califica de declaración trascendente. ¿Merece la pena seguir? “En el caso de una relación verbal directa a través de una mesa personalizada en un espacio no singularizado o en un despacho de uso común deben instrumentarse dos medios complementarios para asegurar que la identificación se produce inequívocamente cuando el ciudadano busca a su interlocutor”. si bien la mayor parte de ellos estaban ya reconocidos en nuestro ordenamiento.. En este segundo supuesto. que deberá reflejar. establece los derechos de los ciudadanos. aproximadamente un metro y veinte centímetros”. siendo obligada la referencia al “BOE” en el que se publica. y recibió las críticas más satíricas. En el trabajo titulado Acotaciones escépticas sobre la nueva regulación del procedimiento administrativo («REDA». además de los que reconoce la Constitución». núm. En el segundo. de forma legible a dos metros de distancia. se trate de identificación telefónica o personal. se diferencia según. de M. “en función de la iniciativa del contacto”. el de identificar [art. pese a la detallada regulación reglamentaria de que fue objeto. En la Exposición de Motivos. de la Ley dedicada a él y a unas normas de desarrollo que se dictaron.. En el primer caso. 35. El proceso de identificación del empleado público —término que curiosamente se hace resurgir—. pág. trata de enfrentarse con la llamada opacidad de la Administración. los más “decantados” crite372 . Como puede verse. Y esos dos medios son el “rótulo de Despacho” y el “rótulo de Mesa”. a la parte de la E. el “distintivo personal” irá prendido de la ropa del empleado “de forma que permita al ciudadano [leerlo] a una distancia no inferior a la considerada de respeto.b)] a las autoridades y al personal de las Administraciones públicas.
Admitir expresamente esta posibilidad y establecer que la Administración procure proveer de los medios compatibles para ello merece todos los elogios (art. se hubiera fijado una edad mínima —14 años—. no parece tenga que explicar más las razones de mi escepticismo». como ocurre en algunas de las Leyes que regulan derechos fundamentales y libertades públicas. Si éste es el “cambio profundo” que la LRJPA va a operar en la Administración y la declaración trascendente de los derechos de los ciudadanos. de 10 de junio («BOE» 13 de junio). de las que en modo alguno puede hacerse responsables a los padres o tutores. 1. ya que no tiene sentido que. ha hecho en España la Orden de la Presidencia 1551/2003. la Ley chilena se refiere a aspectos tan distintos como los siguientes: a) Utilización de medios electrónicos. se reconozca la titularidad —y el ejercicio— sin límite alguno. según el artículo 18. tal y como. 19). recientemente. b) Capacidad de actuar. promulgada para tratar de superar los problemas que planteaba la norma general —análoga a la chilena— de la Ley. Pero es necesaria una regulación detallada. sobre los que en su día ironizó con acierto Jesús GONZÁLEZ PÉREZ quedan cortos. tal y como se hace en alguna Ley hispanoamericana. Normas básicas EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Después de una definición del procedimiento administrativo —con la exigencia. con objeto de que se cumpla la finalidad perseguida sin merma de las garantías más elementales de los administrados.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO rios de O y M. en este primer «párrafo» del Capítulo II. al no reconocerles potestad para obstaculizar el ejercicio de tales derechos. salvo 373 . de la constancia en un expediente—. quizás demasiado general. es lo cierto que no está de más —y hasta resulta conveniente en una Ley nueva como es la chilena— que en una de sus primeras normas aparezcan enumerados los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Pero. prescindiendo de estas críticas. olvidando las consecuencias a veces gravísimas a que puede dar lugar el mal uso de los derechos. No hubiera estado de más que. V. El artículo 20 de la Ley chilena es reproducción literal del artículo 30 de la LRJPA.
— Que no se determinan los supuestos en que se exige la acreditación formalmente. d) Plazos. c) Interesados. Como ocurrirá. pese a la advertencia de la responsabilidad. a petición del interesado. con las siguientes diferencias: — Que no se presume la representación para actos de gestión y trámite. documento o expediente. contadas desde la recepción de la solicitud. Se establece la obligatoriedad para todos: autoridades y personal al servicio de la Administración. documento o expediente lo haga llegar a la oficina correspondiente.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ que se quiera fundar la responsabilidad. El artículo 21 de la Ley chilena delimita la condición de interesado en los mismos términos que el artículo 31. Norma encomiable. Y el artículo 22 la posibilidad de actuar por apoderado. llegará a hacerse efectiva cuando se compruebe que las demoras obedecen al cúmulo de actuaciones y falta de medios. se certifique que el acto se encuentra en el estado de resolverse. al no haber educado al niño en el ejercicio de las libertades públicas. Y fija unos plazos dentro de los que deben adoptarse determinados actos el artículo 24: • Veinticuatro horas para que el que reciba una solicitud. aunque parece no ofrece duda esta posibilidad. dictámenes o actuaciones similares. las siguientes: — Obligación del cumplimiento de los plazos. sí en culpa in educando. Concretamente. si no en culpa in vigilando. contados desde que.1. en términos análogos al artículo 32 de la Ley española. — Y no se prevé la acreditación apud acta. 2 y 3 de la LRJPA. El problema está en si llegará a cumplirse. Y en si. • Cuarenta y ocho horas para dictar providencias de mero trámite. O como el supuesto responsable dirá que ocurre. y administrados. Son varias las normas que se dedican a los plazos. • Veinte días para dictar resolución. 374 . • Diez días para emitir informes.
— Duración máxima de los procedimientos: salvo caso fortuito o fuerza mayor. se regulan en términos análogos a la Ley española. 36). y a diferencia de España. como antes se indicó.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO — Cómputo de los plazos. se regulan en este apartado: a) La prueba. Interpretando correctamente los principios que informan el procedimiento administrativo. Instrucción del procedimiento Después de la norma general sobre instrucción del artículo 34. el silencio positivo puede ocasionar indefensión al perjudicado por el acto presunto por silencio. 28 a 30). y. deberá comunicárseles con la antelación suficiente el inicio de las actuaciones necesarias para su realización (art. Y tal y como se regula en el artículo 64. El artículo 25. 35). como garantía de los interesados. Solamente un reparo a una norma cuya aplicación puede dar lugar a indefensión: la que establece que los plazos se computarán «desde el día siguiente a aquel… en que se produzca su estimación o desestimación en virtud del silencio administrativo». al igual que la generalidad de las Leyes hispanoamericanas. sino también los sábados. que. 375 . 2. que se admite con carácter general (art. admitiendo cualquier medio de prueba que el instructor deberá admitir salvo que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias (art. 3. seis meses desde la iniciación. 26). define la naturaleza del procedimiento. sobre la iniciación de los plazos para interponer recursos. Iniciación del procedimiento Las formas de iniciación (arts. 32). 31) y las medidas provisionales que puede adoptar el órgano administrativo (art. — Ampliación de los plazos. así como la acumulación (art. 33). con buen criterio. Hay que armonizar esta norma con las de los artículos 64 y 65. considera inhábiles no sólo los domingos y fiestas. la subsanación de los defectos de que adoleciere la solicitud de iniciación (art. Y regula el cómputo con arreglo a los criterios generales. al regular la carga de la prueba impone a la Administración abrir un período de prueba «cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija».
Finalización del procedimiento a) Terminación normal. 10— de ponerlas en conocimiento de los interesados (art. si fuere procedente» (art. únicamente se solicitarán los que señalen las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver (art. y. 90). incluye la expresión de los recursos admisibles contra ella. la Administración no podrá abstenerse de resolver so pretexto de silencio. si no hubiese prescrito el derecho o transcurrido el plazo para ejercer la potestad. El artículo 41. Pero si llega el procedimiento a su fase final y se entra en el fondo. requisito que se cumplirá con la aceptación de informes o dictámenes (art. 37). sino ante una desestimación de la petición. naturalmente. Se podrá ordenar por el órgano al que corresponde la resolución —no por el instructor— cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera. 41. Lo que no es un 376 . no se entra en el fondo. no estaremos ante una inadmisibilidad. Acertadamente. pero es indudable que podrá acordar la inadmisibilidad cuando no se cumpla algún requisito de admisibilidad. Se exige la motivación. por concurrir la falta de un requisito de admisibilidad o defecto formal no subsanado. En aplicación del principio de inexcusabilidad (que consagra el art. dice que «podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento». párrafo sexto). párrafo segundo). 14). regulándose en el artículo 39. 4. 41. c) Información pública. En aplicación de las potestades del órgano competente. «sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento. prohíbe la reformatio in pejus. Congruentemente con el principio de economía procesal (art. párrafo tercero). deberá decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras «conexas» —que deben estar dentro del objeto del procedimiento—. salvo disposición en contrario. párrafo cuarto. cumpliendo la elemental garantía —que impone el principio de contradictoriedad que sanciona el art. al regular el contenido de la resolución. Parece que la terminología de inadmisibilidad debe reservarse para los supuestos en que. oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables. aunque la norma no lo dice. 41. no serán vinculantes.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ b) Informes. El artículo 41. párrafo quinto.
Por voluntad del interesado que incoó el procedimiento administrativo puede terminar por renuncia del derecho. 42. el artículo 42. b’) Transcurso del tiempo. 40. que se limita a decir que «todo interesado podrá desistir de su solicitud o. b) Terminación anormal.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO requisito del acto de terminación del procedimiento.1). párrafo segundo). La Ley chilena sienta como regla general la posibilidad de renunciar al derecho que sirva de fundamento a la petición. No hace salvedad alguna al desistimiento (arts. como dice la Ley española (art. 40 y 42). cuando pueden existir supuestos en que el interés general aconseje seguir la tramitación a fin de que recaiga resolución. La Ley chilena dice que «la resolución que se dicte será fundada en todo caso» (art. en el artículo 14. y. cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento jurídico. y la prescripción (art. Realmente. no parece muy congruente con el principio de impulso de oficio que informa los procedimientos administrativos. 40). en los que la trami377 . por culpa imputable al que lo incoó. El procedimiento puede terminar sin que el órgano administrativo competente llegue a dictar resolución. que se regula en los artículos 45 a 47. acoge la fórmula de la Ley española. que sólo no admite cuando esté prohibido por el Ordenamiento. que es un acto distinto. sino que éste se limitará a constatar las circunstancias que concurran. dedicando un artículo a la «renuncia y desistimiento». Los modos anormales de terminación del procedimiento administrativo que enumera la Ley chilena son el desistimiento. Uno de los modos de terminación del procedimiento administrativo que suelen incluirse en la legislación es la caducidad o perención de la instancia: paralización del procedimiento administrativo por un determinado plazo. sino de la notificación. Lo que no supone que en estos casos el órgano administrativo no deba dictar acto. por lo que parece que el órgano administrativo viene obligado a dictar acto declarando terminado el procedimiento siempre que se manifieste en tal sentido el interesado. 14. párrafo tercero). la declaración de abandono y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud. renunciar a sus derechos». más correctamente. así como «la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevivientes» (art. Pueden producirse ciertos acaecimientos que dejen sin sentido la continuación del procedimiento. a’) Modos voluntarios de terminación. párrafo tercero. desistimiento de la solicitud y abandono del procedimiento.
Hubiera sido conveniente —estimo que es una garantía elemental del ciudadano— que la Ley hubiera recogido norma análoga a la española sobre el incumplimiento por la Administración de los plazos para resolver los procedimientos administrativos incoados de oficio. como las mejicanas del procedimiento administrativo federal (art. que pueda paralizarse el procedimiento por causa imputable al administrado que la inició. su incoación interrumpe la prescripción. Pese a la dicción literal del artículo 40. se paralicen indefinidamente por la Administración. 14. una de las cuales es la que determina el artículo 14 de la Ley chilena: «desaparición sobreviviente del objeto». cuya pendencia tanto puede perjudicar al administrado. la prescripción no constituye un modo anormal de terminación del procedimiento. al igual que en el artículo 42. c’) Otros modos de terminación. párrafo segundo. párrafo tercero. 57) y la del Distrito Federal (art. las que dan lugar a la terminación son las causas que privan al procedimiento de razón de ser. 40 y 43). Expresión esta última que aparece en otras Leyes de procedimiento.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ tación y que siga por sus cauces normales depende de la omnímoda potestad del órgano administrativo. parece indudable que entre las causas sobrevenidas que determinan la conclusión del procedimiento en Chile serán las siguientes: 378 . Y establece una norma que. de forma análoga a la Ley española (art.1 LRJPA. no figura al regular el desistimiento: que la Administración podrá no declarar el abandono cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o fuere conveniente continuarla para su definición y esclarecimiento (art. Por lo que la prescripción operará si ya se hubiera producido al incoarse el procedimiento como un motivo para desestimar la petición en cuanto al fondo. lo contrario. Se incluye. se sigue manteniendo la caducidad. párrafo tercero. 87). El artículo 14. según produzcan o no efectos desfavorables (art. y el artículo 40. En realidad. a «la imposibilidad de continuarlo por causas sobrevivientes». La regula llamándola abandono del procedimiento (arts. Sin embargo. ya que más que causas determinantes de imposibilidad de continuar el procedimiento. 92 LRJPA). 44 LRJPA). 44). no muy propio. por mucho que se establezca que los plazos son imperativos para ella. La Ley chilena no es una excepción. salvo en la generalidad de las leyes mejicanas de procedimiento administrativo en que se excluye expresamente este modo de terminación. si bien reduce drásticamente el plazo. se refiere a «la desaparición sobreviviente del objeto del procedimiento». la prescripción. sin embargo. Ya que si en el momento de incoarse el procedimiento no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. justamente. Al silencio administrativo me refiero después. Lo normal es. Y no es infrecuente —podemos decir que es lo normal— que los procedimientos incoados de oficio.
constituya un modo de terminar el procedimiento —que no lo es—. si lo desea. no siempre la evolución ha supuesto un incremento de las garantías. Y. Un ejemplo expresivo es la utilización del 379 . la muerte de un interesado en un procedimiento de selección de personal. Le dedica tres artículos. procedimiento para obtener una autorización. un modo de poner fin. si se liberara la actividad eliminando la exigencia de autorización). — Reforma legislativa. que titula «Disposiciones finales». • La muerte del administrado. Silencio administrativo. la modificación o derogación de ésta puede privarle de razón de ser (v. si el objeto del procedimiento era obtener una autorización para hacer obras en un inmueble y éste se derriba). El silencio administrativo se regula en la Ley chilena en un capítulo. los 64. Por ejemplo. Mucho se ha escrito desde que surgió el silencio administrativo como «ficción legal» que permitía al interesado considerar desestimada su petición a los únicos efectos —repito. a tal situación... porque se olvida frecuentemente— de poder acudir a las vías procesales en demanda de que su pretensión sea satisfecha. a lo que ha contribuido no poco la demagogia de los políticos. cuando el derecho o interés que confería legitimación fuese de naturaleza personal y no pudiera ser transmitido a los herederos. 65 y 66. • Cuando la muerte de la persona física o extinción o transformación de la persona jurídica priven al procedimiento de razón de ser. determinar la extinción del procedimiento (v.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO — Causas relativas a los sujetos. Incoado un procedimiento sobre la base de una determinada normativa. Si me refiero a él aquí no es porque la inactividad de la Administración. el V.gr. — Causas relativas al objeto. sino por constituir una garantía elemental del particular frente a la pasividad de la Administración. La modificación o desaparición del objeto pueden. asimismo. únicos efectos.gr. que determina los efectos propios del llamado silencio administrativo. o la transformación de una sociedad que hubiese incoado un procedimiento para obtener una subvención para una actividad propia de su objeto social y la modificación de éste. desgraciadamente. 5.
66). como regla general. La Ley chilena sigue la línea de la Ley española y sienta como regla general la presunción estimatoria (art. La realidad acabó imponiéndose y como se preveía que por ley podrían establecerse excepciones y determinar los casos en que el silencio era negativo. como presumirse la desestimación si debe ser estimada. 64). vendiendo al ciudadano la reglamentación como algo positivo. Todas estas razones motivaron una crítica generalizada de la Ley española de 1992. conscientemente. Cuando tan grave es presumirse que se ha estimado una petición cuando según el Ordenamiento debe desestimarse. se insistió en lo mismo. y viceversa. Como estamos ante una Ley ordinaria. cuando en virtud de la presunción legal queda abierta la vía para acudir a los Tribunales. se convierte en acto real. 380 . por tanto. lo que es más grave. otros argumentos en contra del «silencio positivo». al reformar aquella Ley por un Gobierno de distinto signo político. además. dejen que se produzca la presunción estimatoria. con intereses contrapuestos. rectificado por la Ley posterior: la exigencia de certificación de acto presunto para que se produzcan los efectos del silencio. afortunadamente. desde la fecha de la certificación respectiva» (art. por lo que no pasará mucho tiempo sin que vayan produciéndose excepciones. crítica que se reiteró cuando en 1999. Lo que se traducirá en la posición que adoptarán en el proceso que siga. a sabiendas de que es contrario a Derecho. la Administración y el particular que incoa o frente al que se incoa. al sentar como principio el silencio positivo. Existen. con mínimas excepciones en su artículo 65. y. lo que en el supuesto del silencio negativo era una simple ficción legal a los solos efectos de recurrir. Y es que se olvida que los procedimientos administrativos no son un diálogo entre dos sujetos. Sigue también la Ley española de 1992 en otro aspecto. se está en un gravísimo error. ya que —esto es lo que ha ocurrido desde que se implantó el silencio positivo en algunos sectores— para evitarlo se tendrá preparada una respuesta denegatoria estereotipada que lo impida. De este modo. que en su día también fue censurado y. sino que suele aparecer otro particular. se atribuyen a los actos presuntos «los mismos efectos que a aquellos que culminaren con una resolución expresa de la Administración. podrá derogarse o modificarse por otras. se multiplicaron las listas en tal sentido. y. un tercero. que no impedía la resolución expresa. el silencio pasa a ser un modo de terminación del procedimiento.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ «silencio positivo» como conquista definitiva para el ciudadano en sus relaciones con la Administración. Por lo que cuando se presume que se ha dicho sí a uno. evitándose la vergüenza —cuando ésta se conoce— de tener que dictar —y motivar— un acto expreso cuando se carece de argumentos para ello. Como si la panacea consistiera en sentar como regla general la presunción estimatoria. se esté produciendo la denegación a otro. Sólo no se acudirá a esto cuando los titulares del órgano administrativo. Y es que si lo que se pretende es que ante el riesgo de que la inactividad se traduzca en estimación va a suponer que la Administración se apresure a dictar resolución expresa. convirtiendo la excepción en regla general.
recayendo la carga de la prueba de este conocimiento en los que aleguen que el recurso se interpone dentro de plazo. en que ese interesado se apresurará en solicitar la certificación de acto presunto. aun contraviniendo el Ordenamiento jurídico. y los efectos retroactivos favorables. es decir. por lo que siempre podrá. a efectos de su revisión. PUBLICACIÓN Y EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Régimen jurídico de los actos administrativos Las Leyes de procedimiento administrativo suelen contener una regulación completa de los actos administrativos: los elementos o requisitos. supondrá que existe el acto con idénticos efectos que si fuese un acto expreso. esperar y no provocar lo que se traduciría en una terminación del procedimiento sin conocer los motivos de la decisión. sin determinar distintos grados de invalidez. el acto que. Pero esa facultad se está reconociendo al interesado que incoó el procedimiento. y no de modo completo. en los supuestos de silencio positivo —que según la Ley es la regla general—. Por lo que hay que entender —congruentemente con el principio de impugnabilidad que consagra el artículo 15— que la expedición de la certificación de acto presunto estimatorio. y 65. artículo 3. Y. terminando con un párrafo en el que se recogen los principios que informan su régimen jurídico. pero 381 . Existe una diferencia importante en la regulación del silencio positivo (art. 64. 64) y en la del negativo (art.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Es cierto que en la Ley chilena la petición de la certificación es una potestad del interesado (arts. que. 1. La Ley chilena. al regular la revisión de los actos administrativos y. se limita a regular algunos aspectos concretos del régimen jurídico de los actos: la notificación y publicación. en el art. pero sin rigor técnico como grado de invalidez distinto de la anulabilidad. Podrán interponer los recursos admisibles cuando tuvieren conocimiento de haberse producido el acto. 47—. una vez expedido. se refiere genéricamente a «los actos contrarios a derecho». Solamente respecto de éste se dice que desde la fecha en que se ha expedido el certificado «empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan».º. En el Capítulo I. no se contempla el supuesto del llamado acto irregular. párrafo tercero. no determina la iniciación del plazo para interponer recurso por aquellos terceros cuyos derechos o intereses resulten lesionados por la estimación presunta. la ejecución. había definido en términos muy amplios el acto administrativo con algunas precisiones sobre sus distintas clases. es válido —produce los efectos normales—. VI. En algún precepto aislado se habla de «nulidad» —así. párrafo segundo). En el Capítulo IV. lo que denomina «invalidación». por supuesto. los efectos y la invalidez. pese a la norma general del artículo 66. en su Capítulo IV. 65). lo que se traducirá. si tiene esperanzas de que recaiga resolución expresa. más concretamente.
como es el acto de la Administración que se produce transcurridos los plazos legales. y que. 382 . y. Notificación y publicación Existen actos que producen efectos desde que existen —expedición de una certificación— y hasta puede afirmarse que todos producen los efectos favorables al destinatario. ya que la notificación. Lo que impone dejar al órgano judicial un amplio margen de discrecionalidad a la hora de aplicar las normas sobre subsanación de los posibles defectos de la notificación. tal y como se establece para un supuesto concreto por el artículo 24. ha de limitarse a los supuestos en que no se exige la notificación. entorpeciendo la acción administrativa. pero es indudable que también en la Ley chilena se da el supuesto típico de acto irregular. como se dijo. no basta o es conveniente la publicación en el Diario Oficial. y. que la Ley chilena regula en el artículo 47. sin embargo. que será —como lo es en todos los sistemas— la vía general. encontrar el equilibrio entre la eficacia y la garantía. la facilidad con que el administrado de mala fe puede eludirla. párrafo cuarto. opera como garantía que le permite reaccionar por las vías admisibles para hacer valer los posibles vicios de que adolezca el acto de notificación. El artículo 46 de la Ley chilena no regula con suficiente detalle el procedimiento. hoy día. La notificación ha de hacerse a los destinatarios del acto. obviamente. A ello responde la exigencia de que expresen «los recursos que contra la misma procedan. por las dificultades para hallar en el domicilio del destinatario persona a la que entregar la notificación con unas mínimas garantías de que se la hará llegar al destinatario. la responsabilidad administrativa. Debe precisarse que en el supuesto de actos con destinatario indeterminado en ignorado paradero. además. que establece el artículo 41. por medio que permita tener constancia de haberse recibido. que producirán sus efectos. El artículo 49 dice que los actos publicados en el Diario Oficial se tendrán como auténtica y oficialmente notificados. la publicación será uno de los procedimientos de notificación. Se regulan en el artículo 48. Respecto de algunos actos. por otro lado. hay que referirlos al acto de notificación. quizás porque al admitir la «carta certificada». órgano administrativo o judicial ante el que hubiesen de presentarse y plazo para interponerlos». como son los que contengan normas de general aplicación y los que interesen a un número indeterminado de personas (como convocatoria de concursos para ciertas plazas o de licitación). 2. utilizando la expresión de notificación tácita.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ da lugar a otros efectos anormales. prevé que sea la reglamentación del Servicio de Correos la que garantice que la notificación llegue a su destinatario. párrafo cuarto. Norma que. aparte de ser el medio de llegar a conocer su contenido. Resulta muy difícil.
VII. sumamente limitada.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 3. 50). llegándose a hablar de cosa juzgada administrativa. de elemental garantía. Ejecución Sólo dos artículos se refieren a la ejecución. Simplistamente. pueden señalarse tres posibles soluciones: a) Una. «salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros». que conlleva la interdicción de la vía de hecho. otra. 4. El procedimiento de revisión ordinario ante la Administración es el de los recursos administrativos. irrevocabilidad o estabilidad de los actos. la confrontación entre justicia y seguridad jurídica puede conducir a que cuando concurran determinadas circunstancias ceda el principio de seguridad y se abran las posibilidades de revisión de los actos declarativos de derechos. Pero ello siempre que concurran supuestos realmente excepcionales e introduciendo en los procedimientos de revisión garantías asimismo excepcionales. Eficacia en el tiempo El artículo 52 establece como regla general la no retroactividad de los actos administrativos. que recoge el principio de ejecutividad de los actos administrativos. 1. tal y como establece el artículo 57. consagrando normas generales: una. la prevalencia del principio de seguridad ha conducido a que la regla general sea la inmutabilidad. Ahora bien. párrafo séptimo. Se omite un requisito que parece debe concurrir para que sea admisible la eficacia retroactiva: que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga el acto. en Derecho argentino. pese a haber transcurrido los plazos normales de impugnación. el Derecho comparado ofrece soluciones muy distintas. a través de procedimientos extraordinarios. Idea general REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS El principio de seguridad jurídica impone que la Administración únicamente pueda volver sobre sus actos en plazos razonables.3 LRJPA. al prohibir la iniciación de cualquier actuación material que limite derechos subjetivos sin que previamente se haya notificado la resolución que la sirva de fundamento jurídico (art. Sobre esta potestad extraordinaria de revisión de los actos una vez transcurridos los plazos ordinarios de anulación. que ya había consagrado el artículo 3.º. sin que prevea la posibilidad de revisión más 383 . Así.
b) Otra posible solución es la que admite en los supuestos de nulidad la posibilidad de declarar ésta y privar de efectos a los actos que incurran en alguna de las infracciones tasadas que así se sancionan. 1985. tomo 41. Cosa juzgada administrativa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación. cfr. Sobre el problema. Los plazos en el procedimiento administrativo. y se admite que un recurso administrativo interpuesto extemporáneamente pueda tramitarse como denuncia de ilegitimidad. VIII. 897 y ss. (26) Sobre el problema de la revisión de los actos administrativos en Derecho administrativo. 25 y ss. pág.. que tiene su fundamento en el artículo 14 de la Constitución nacional y ha sido admitida en la Ley nacional de procedimientos administrativos —art. — Revisión sujeta a procedimiento formal: • Invalidación (arts. «El Derecho». cuando «por estar excedidas razonables pautas temporales. apartado 6.. 355 y ss. ni siquiera respecto del acto nulo.. págs. La Ley chilena contiene una peculiar regulación de la revisión de los actos en vía administrativa en su Capítulo IV. 59). CASSAGNE. Derecho administrativo. Madrid. cit.. se entienda que medió abandono voluntario del derecho». V. • Recurso extraordinario de revisión (art. Es la solución del Derecho español. págs. págs. 1986. HUTCHINSON. 412 y ss. y Derecho administrativo. «La Ley». 45. Los recursos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación.. 6. 53 a 58). págs. 520. además de cuando por motivos de seguridad se establezca. págs. págs.ª ed. El procedimiento administrativo.. BIELSA. I. mediante la llamada «denuncia de ilegitimidad».º. ARMIENTA HERNÁNDEZ. GORDILLO. Buenos Aires. 1283 y ss. Esta institución. págs.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ allá de los límites temporales normales. Tratado. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. 160 y ss. II. tomo 83. Que es la solución que se adopta en el Código portugués de procedimiento administrativo de 1991 (art. 134). Buenos Aires. 5. ello sólo es posible a través de procedimientos extraordinarios en los que se establecen garantías asimismo excepcionales. cap. siempre que «estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo». está sujeta a importantes límites: no procederá. FIORINI. Así se establece en el artículo 17 de la Ley 19549 de Procedimientos administrativos y en algunas Leyes provinciales (26). 290 y ss. como de revisión de oficio. cit. Se regula en el artículo 61. Ley Nacional. 1.e). por último. 384 . cit. Podrían sintetizarse los procedimientos de revisión así: — Revisión sin sujeción a procedimiento formal. Buenos Aires.. Es posible instar la revisión de un acto administrativo fuera de los límites normales de impugnación. Tratado teórico práctico de los recursos administrativos.º— y en las Leyes provinciales. 60). I. DROMI. quedando reservada la posibilidad de «impedir su subsistencia y la de los efectos aun pendientes mediante declaración judicial de nulidad». cuya naturaleza ha sido discutida (27). (27) LINARES. 1988. • Recursos ordinarios: reposición y jerárquico (art. pág. HUTCHINSON. la que si bien admite la revisión de los actos en circunstancias excepcionales —nulidad de pleno derecho—... Buenos Aires. 1946. 147. c) Y.ª ed. a través del procedimiento ordinario. 1957.
pero. Parece que. Y en los supuestos de nulidad de pleno derecho no tiene sentido fijar plazo. ¿supone que el acto deviene firme? Porque el artículo 60 admite el recurso extraordinario de revisión contra actos firmes —esto es. 2. que deben resolverse congruentemente con el principio de impugnabilidad (art. imposibilidad o acto constitutivo de delito—. la interpretación más racional del sistema normativo del Capítulo IV de la Ley chilena no puede admitir en absoluto que si un acto administrativo no se recurre en reposición en el plazo de cinco días devenga firme e inatacable. en que no existe tampoco la «excepción de acto consentido». no susceptibles de recurso—. Podría entenderse que. sea posible incoar el procedimiento de invalidación por cualquier infracción del Ordenamiento jurídico? Parece que si se amplía el plazo a dos años para «invalidar» es porque debería concurrir alguna causa más excepcional. de cinco días (art. al menos en casos límite —incompetencia manifiesta. quedara abierta la posibilidad de incoar el proceso administrativo. el plazo para que el interesado pueda interponer el recurso ordinario es brevísimo. en el sentido más favorable al posible control judicial ulterior. y 385 . caso de desestimación.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La redacción es confusa y plantea algunos interrogantes. ante la deficiente regulación chilena del proceso administrativo. 15). Y si dentro del año. en los Tratados y Manuales clásicos de Derecho administrativo se incluía entre las notas características del acto administrativo la «revocabilidad». Pues no puede negarse la existencia de actos nulos de pleno derecho. que todavía pervive en la generalidad de las legislaciones de lengua española sobre el contencioso-administrativo. en los supuestos de los apartados a) y b). Revisión sin sujeción a procedimiento formal Tradicionalmente. pero sólo en los supuestos tasados que enumera este artículo 60. en los que hasta se podría hablar de inexistencia. no se ha distinguido entre los dos grados de invalidez. siempre dentro del plazo de dos años. como se ha señalado. La Administración pública podía siempre volver sobre sus propios actos. párrafo primero). residuo de la vieja concepción de la jurisdicción contencioso-administrativa como revisora de la vía administrativa. 53 lo permite— entender que el procedimiento de invalidación es un procedimiento de revisión ordinario. 15). reiterar la petición y. aunque no se hubiese interpuesto el recurso de reposición y subsidiario jerárquico. No obstante. ¿cómo es posible que después. parece preferible —y la redacción literal del art. no recurrir en el plazo de cinco días no impide. en aplicación del principio de impugnabilidad (art. que podrá incoarse dentro de los dos años siguientes a la notificación o publicación del acto. 59. como la de nulidad. En efecto. salvo que hubiere prescrito el derecho que se ejercita. La no interposición del recurso. por razones de legalidad o de oportunidad. sólo cabe el recurso extraordinario de revisión.
1960. Potestad de revisión que tenía límites. que ha pasado a la generalidad de los Ordenamientos hispanoamericanos (29). por el contrario. pág.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ privarles de efecto. México. El proceso administrativo de lesividad. siempre que no incurriere en otra limitación. únicamente podrá revisarse un acto en vía administrativa por los procedimientos formales que se regulan en el Capítulo IV de la Ley: el de invalidación —que puede incoarse de oficio o por los interesados— y los recursos administrativos —sólo a instancia de persona legitimada—. en mis trabajos Derecho procesal administrativo hispano-americano. eliminan(28) Así se ha destacado por COURBE-COURTEMANCHE. no hay razón alguna para que también proceda la revisión a instancia de interesado. 7. En la Ley chilena se admite con carácter general la revocación. que podrá interponer la propia Administración pública contra un acto cuando éste incurriera en infracción del Ordenamiento. 1985. Barcelona. GASCÓN HERNÁNDEZ. «Revista de Estudios Políticos». 386 . 109 y ss. La interposición del recurso contencioso-administrativo por la propia Administración. La configuración del recurso de lesividad. y GARCÍA DE ENTERRÍA. aunque la Administración no venga obligada a acceder a la petición. 15 de esta REVISTA. núm. si no existe ninguno de los límites que el artículo 61 establece. págs. el llamado de lesividad. entre otros. son potestativos. como será el supuesto de que hubiese reconocido ilegítimamente un derecho. ¿Y cuando se han adquirido ilegítimamente? ¿Es posible que la Administración los revoque libremente sin sujeción a procedimiento formal alguno? Si el acto es ilegal. págs. Revisión con sujeción a procedimientos formales a) Reglas generales. GUAITA. como era que del acto derivaran derechos subjetivos. 52 y ss. El supuesto típico es el de los actos de gravamen. sólo podrá hacerse valer el vicio por los cauces formales del procedimiento de invalidación. Aunque la Ley habla de revisión de oficio. 125. el Ordenamiento español estructuró un recurso contencioso-administrativo especial. págs. (con la colaboración de VÁZQUEZ ALFARO). institución típicamente española (28). 3.. Por cierto. Y el primer problema que se plantea es el de si estos medios de revisión en vía administrativa constituyen presupuesto para que ulteriormente sea admisible la pretensión ante los Tribunales con jurisdicción o si. pero no libremente. y Derecho procesal administrativo mexicano. al referirse al supuesto típico introduce una expresión peligrosa. Bogotá. Si concurren los límites del artículo 61. Les recours contre les actes administratifs en Droit espagnol. al decir que no procederá «cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente». (29) Así lo he destacado. como los sancionadores.ª ed. 1953. como lesionar los derechos o intereses de un tercero. con las excepciones que establece el artículo 61. 295 y ss. Y para estos supuestos en que no era posible la revisión en vía administrativa. como se ha defendido que deben ser.. 1997. respecto de los que se ha admitido la revisión. núm. 2.
CANOSA. págs. CAJARVILLE. al establecer que interpuesta una reclamación ante la Administración. «Otro ejemplo del carácter de gravamen de la vía gubernativa para los administrados». GONZÁLEZ PÉREZ. y en Derecho mejicano.. 168. págs. delimita los supuestos de agotamiento de la vía administrativa. 1996. y CAMPO CABAL. núm. 45 y ss. todavía la doctrina suele a veces referirse al «agotamiento de la vía administrativa» o al requisito de «causar estado» como requisitos que ha de reunir el acto frente al que se dirija el recurso contencioso-administrativo. Santiago de Compostela. 306. La protección jurídica del ciudadano... «Vías previas y garantías de los administrados».. el artículo 59. 55). pág. Armando N. 136 de esta REVISTA. 1018 y ss. Cfr. 335. núm. Estudios en homenaje al Profesor Jesús GONZÁLEZ PÉREZ. La aplicación de la Ley de procedimiento al mundo de la ley del suelo. Cfr. se ha dicho que «el juicio ante un tribunal no procede si contra el acto hay defensa ante las autoridades administrativas por virtud del cual pueda ser modificado. pese a la claridad de sus Leyes de procedimiento y de las reguladoras del contencioso-administrativo. Montevideo. — Que las resoluciones que acogieren los recursos interpuestos contra actos que hubiesen sido publicados en el Diario Oficial deberán ser publicados en extracto en el mismo (art. al regular los recursos de reposición y jerárquico. 2000. 387 . 1996. «Revista Española de Derecho Administrativo». revocado o nulificado». en la ob. si bien el órgano competente para resolver podrá acordar la suspensión cuando el cumplimiento del acto pudiera «causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere en caso de acogerse el recurso» (art. 58). Porrúa.ª ed. Ed. Principios generales del derecho procesal administrativo.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO do el requisito de admisibilidad del contencioso-administrativo consistente en haberse agotado los recursos admisibles (30). col. Los recursos administrativos. Son normas generales sobre recursos. El recurso administrativo en México. por ejemplo. No obstante. núm. (30) Y así se establece en algunos Ordenamientos. págs. «La revisión de los actos administrativos». Los recursos administrativos. pág. No obstante. 99. Cívitas. I.. 1994. «Revista Vasca de Administración Pública». MARGAIN MANAUTOU. pág. 37. Me remito a mi trabajo Procedimiento administrativo federal. 3. y que la reclamación interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Madrid. Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas dos años después. el carácter de definitivo». 18. Así. para que en el plazo de cinco días aleguen cuanto estimen procedente en defensa de sus intereses (art. ARAUJO JUÁREZ. las siguientes: — Que se notificará la incoación del procedimiento a todos los interesados. y Procedimiento administrativo y proceso administrativo (ante la modificación de la LRJPA). págs. El artículo 24 de la Ley chilena parece consagrar el carácter potestativo de estas vías administrativas de impugnación. Ponencias al IV Encuentro Hispano-Argentino. 1999. Buenos Aires. 57). 339 y ss. los trabajos de TORNOS MAS. 1993. que parecen aplicables también al procedimiento de invalidación. pues de estar previsto la resolución no tiene.ª ed. Valencia (Venezuela). cit.. pág.. por lo que «es importante precisar si el Ordenamiento conforme al cual se emitió el acto existe algún medio de defensa ante la propia autoridad administrativa. en Procedimiento Administrativo. pág. págs. 13. — Que la incoación del procedimiento no suspenderá la ejecución del acto objeto de revisión. no podrá el reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales. 53.. por ejemplo. 216 y ss. GONZÁLEZ BERENGUER. como el mejicano. pág. para un tribunal. 5. 647 y ss..
53) es cuando ya estaremos ante un acto firme. el de invalidación es un procedimiento de revisión ordinario. Agotan la vía administrativa los actos del Presidente de la República. el interesado podrá interponer directamente el recurso jerárquico ante el órgano superior del que dictó el acto. podrá interponerse con el de reposición subsidiariamente el jerárquico: rechazada total o parcialmente la reposición. o recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el mismo plazo. que pueden clasificarse en dos grupos. Pero si ya hubiera transcurrido el plazo para incoar el procedimiento de invalidación (art. no extraordinario o excepcional. párrafo primero). dado su carácter extraordinario. según agoten o no la vía administrativa. con la consiguiente repercusión en el régimen del plazo. c) Recurso de reposición y jerárquico. Y la sentencia penal reabriría el plazo de un año para impugnar el acto. 53. se elevará el expediente al superior. supuestos típicos de este recurso extraordinario. no tendría sentido acudir a este recurso extraordinario para hacer valer el vicio de que adolece el acto. Si todavía no ha transcurrido el plazo de dos años para el procedimiento de invalidación. únicamente puede fundarse en los motivos tasados que determina el artículo 60. En el recurso jerárquico es preceptivo «oír previamente al órgano recurrido. cuyo objeto es anular total o parcialmente los actos «contrarios a Derecho» (art. 60—. Tal y como se ha interpretado la normativa del Capítulo IV de la Ley. 388 . según que dependa o no de que se dicte sentencia en proceso penal. el plazo de un año se contará desde que la sentencia quede ejecutoriada (salvo que fuese anterior). el que podrá formular sus descargos por cualquier medio. Aquí no quiebra la lógica del sistema de recursos. d) Recurso extraordinario de revisión. escrito o electrónico». en el plazo de cinco días. 59). los Alcaldes y los Jefes Superiores de los servicios públicos descentralizados (art. En este último caso. Contra los actos que agoten la vía administrativa sólo es admisible recurso de reposición. Se parte de la distinción entre dos tipos de actos. Si el acto no agorare la vía administrativa. los Ministros de Estado. dentro de los dos años siguientes. Cuando la admisibilidad del recurso de revisión dependa de que se dicte una sentencia penal —apartados c) y d) del art. Cualquier infracción del Ordenamiento jurídico en que incurra el acto puede hacerse valer en este procedimiento.JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ b) Invalidación. El recurso extraordinario de revisión.
Pero no en los demás casos. 60. lo que es más lógico. 389 . Respecto de este último podría tener sentido si se limitara al supuesto de que aparecieran nuevos documentos y el plazo del año para interponer el recurso se contara no desde que se dictó la resolución —como dice el art. último párrafo—. sino. desde que se tuviera conocimiento de los documentos.LA LEY CHILENA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Pero lo que rompe la lógica del sistema es el recurso extraordinario de revisión por los motivos a) y b).
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