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Timestamp: 2020-07-14 02:23:30
Document Index: 358375818

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 23', 'artículo 158', 'artículo 450', 'Artículo 262', 'Artículo 355']

Marco Legislativo – ES | UEFGM
Marco Legislativo – ES
Se refieren de una u otra forma a la erradicación de la MGF. Las principales que España ha ratificado y por tanto obligan a su cumplimiento son:
– La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 1948
– El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), 1950
– La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer – (CEDAW), 1979
– La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984
– La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), 1989. Art.24:” Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias, orientadas a la abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud del niño”
– La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2010/C 83/02), 2007
España también ha firmado el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa. (CETS nº 210) 11/5/2011 y ratificado el Convenio 11/4/2014 que considera delito todas las formas de violencia contra la mujer, entre las que se encuentra la MGF.
El derecho penal español incluye una disposición específica sobre la MGF.
La Ley Orgánica 11/2003 de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros modificó el artículo 149.2 del Código Penal: «El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a doce años. Si la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz».
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en el artículo 23.4 (modificada por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo), consagra el principio de extraterritorialidad, de tal forma que la MGF es punible aunque se practique fuera del país. La jurisdicción española es competente para perseguir la mutilación genital realizada tanto en territorio español, como fuera del territorio nacional (persecución extraterritorial), siempre que haya sido realizada por personas de nacionalidad española o extranjera, pero que sean residentes habituales de España o que hayan realizado una MGF a personas de nacionalidad o residencia en España. El plazo para poder perseguir penalmente este delito es de 15 años desde que se hubiera practicado la mutilación.
El artículo 158 del Código Civil fue modificado por la Ley Orgánica 9/2000, y permite a los jueces adoptar medidas preventivas en caso de riesgo inminente de mutilación genital.
Leyes de Protección de la Infancia
La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil), consagra el “interés superior de los menores”, contempla las situaciones de riesgo o desamparo de la infancia y obliga a las entidades públicas competentes (organismos de protección de menores) a que intervengan con las medidas adecuadas. Las Comunidades Autónomas son las entidades públicas competentes en materia de protección de menores. Dado que la MGF se practica a niñas y adolescentes, esta Ley dispone de mecanismos legales para protegerlas.
Las Comunidades Autónomas cuentan también con leyes de protección de menores, para el desarrollo de sus competencias, algunas incluyen referencias explícitas a la MGF.
Otras Comunidades han incluido la MGF en las Leyes de Igualdad entre hombres y mujeres y Leyes contra la violencia sobre las mujeres.
La Ley Orgánica 12/2009 reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, es la legislación más reciente aplicada para conceder o denegar el asilo, pero no incluye ninguna disposición específica sobre la MGF. Genera controversias en su aplicación a la hora de argumentar los motivos para conceder el Asilo.
Especialmente importante es la Sentencia 4013/2011, de 15 de junio, donde se señala que acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, “se ha estimado en las sentencias de 15 de febrero de 2007 (RC 9036/2003 ) y de 11 de mayo de 2009 (RC 3155/2006), que en aquellos supuestos en que se acredite la existencia de «indicios suficientes», según las circunstancias de cada caso, de que una mujer sufre persecución por su pertenencia al género femenino, que le ha supuesto la imposición de prácticas contrarias a la dignidad humana, como el matrimonio forzoso o la mutilación de un órgano genital, y que el régimen legal del país de origen no ofrece una protección jurídica eficaz, procede la concesión del derecho de asilo a la luz de lo dispuesto en los Arts. 3 y 8 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado”.
Confidencialidad Profesional (Código de conducta y notificación obligatoria)
La MGF está calificada como delito y por tanto es de notificación obligatoria. En el artículo 450 del Código Penal se establece que “toda persona tiene el deber de impedir, siempre que sea posible, la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual e informar de ella a las autoridades”. Se pueden imponer sanciones por incumplimiento de esta obligación.
Además en la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay 2 artículos aplicables al caso de la MGF.
Artículo 262: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratase de un delito flagrante.”
Artículo 355: “Si el hecho criminal que motive la formación de una causa cualquiera consistiese en lesiones, los médicos que asistieran al herido estarán obligados a dar parte de su estado”.
Por último, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor también establece que “toda persona, y especialmente aquellos que, por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas, así como prestar asistencia al menor.”
La notificación ha de ser en exclusiva a las autoridades y profesionales competentes. En todo lo demás es obligatorio mantener el secreto profesional. El conflicto entre obligaciones legales y principios éticos ha de resolverse conforme a las leyes generales y los códigos deontológicos. Se requiere un abordaje profesional que sea respetuoso, cercano y pedagógico, velando por la vida y la salud de niñas y mujeres (principio de beneficencia) minimizando daños (principio de no maleficencia), y todos aquellos principios éticos que rigen el ejercicio profesional.