Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95093
Timestamp: 2019-09-22 00:14:43
Document Index: 117830333

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 73', 'artículo 30', 'artículo 142', 'artículo 30', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 60', 'artículo 50', 'artículo 75', 'artículo 50', 'artículo 74', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'artículo 33', 'Artículo 49', 'artículo 75', 'Artículo 60', 'Artículo 60', 'Artículo 142', 'artículo 30', 'artículo 48', 'Artículo 31', 'artículo 142']

Gaceta: LXIV/1SPO-130/95093
SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164, párrafo 3 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, de acuerdo a lo siguiente:
El Congreso de la Unión es competente para legislar en materia de responsabilidades administrativas, en función del dispositivo constitucional consagrado en la fracción XXIX-V del artículo 73 de nuestra carta magna que expresamente establece que el Congreso tiene facultad:
“XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.”
No es ocioso mencionar que si bien el régimen de responsabilidades administrativas fue incorporado a la ley fundamental a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1982, también lo es, que el actual texto es de reciente cuño, de hecho, data apenas, de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2015. Esta reforma, estableció la facultad del Congreso para expedir una ley general en la materia, de suerte tal, que ya no solo podría emitir una ley federal, sino que se arrogaba la atribución de distribuir competencias en materia de responsabilidades administrativas entre los distintos órdenes de gobierno del Estado mexicano, es decir, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Derivado de lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de Julio de 2016 para entrar en vigor el pasado día 19 de julio de 2017 en términos de los artículos transitorios primero y tercero del “Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.
La expedición de la mencionada Ley General de Responsabilidades Administrativas, se inscribió en el contexto de la puesta en marcha del llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema, implicó la expedición tanto de la ley que hoy nos ocupa, como de la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la reforma a diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que por cierto, recientemente fue abrogada para dar paso a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
El Sistema pretende constituir un andamiaje institucional sólido en materia de combate a la corrupción y con ello, satisfacer la demanda ciudadana de poner un freno al lastre de la corrupción mediante mecanismos de prevención, de transparencia y de sanción, que garanticen que no haya impunidad en la materia y que se inhiban las malas prácticas en el servicio público.
En ese contexto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue la pieza principal. El proyecto original, fue construido desde la sociedad civil, con la participación de múltiples organizaciones no gubernamentales y especialistas en la materia, y presentada al Congreso de la Unión echando mano de la nueva figura de la iniciativa ciudadana, que permite a un grupo determinado de ciudadanos que alcance al menos el 0.13% de la lista nominal de electores, presentar iniciativas de ley ante el parlamento. Así las cosas, organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se dieron a la tarea de liderar la construcción de esta ley, a la que, para efectos de opinión pública denominaron “Ley 3de3”, y recabar las firmas suficientes de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que les permitiera presentar formalmente el proyecto de ley a consideración de los legisladores.
El esfuerzo de recabar firmas ciudadanas tuvo un enorme éxito, ya que, si bien se requerían aproximadamente 116 mil, este proyecto contó con el apoyo de 634,143 personas. Con este respaldo ciudadano, se activó el proceso legislativo en el Senado de la República como cámara de origen. Durante el transcurso del proceso legislativo en esta cámara sin embargo, el proyecto sufrió algunos cambios respecto de la iniciativa ciudadana, que resultaron fuertemente cuestionados tanto por las organizaciones de la sociedad civil, como por diversos especialistas, comunicadores, actores políticos y ciudadanos, que percibieron en dichos cambios, un efecto de debilitamiento del proyecto. Los cambios realizados, en vez de robustecer o mejorar la propuesta, pusieron en entredicho su fortaleza.
En este tenor es que hoy, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, viene a proponer modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas justamente en la intención de robustecer y fortalecer tanto la ley en comento, como el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto.
Consideraciones de fondo.
Fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, es fortalecer el andamiaje institucional y legal en materia de prevención y combate a la corrupción.
La propuesta aquí expuesta, pretende incorporar a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, algunos aspectos cruciales que en su momento fueron dejados de lado en el proceso parlamentario que dio vida a la Ley.
1. Uno de esos aspectos cruciales tiene que ver con el hecho de que la ley se limitó a exigir de los servidores públicos, que en materia de información fiscal, bastare aportar al Sistema Nacional Anticorrupción la constancia de presentación de su declaración fiscal, mas no la información en ella contenida.
Tomando en consideración que la iniciativa ciudadana que dio vida a la ley, fue socializada bajo la lógica de exigir a los servidores públicos la presentación de tres declaraciones, cosa que por cierto, fue lo que dio nombre popular a la ley, que por entonces se conoció precisamente como la Ley 3de3, en alusión a esas tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, no podemos aceptar que una de esas tres declaraciones siga siendo confidencial y que no forme parte de los insumos con los que cuenten las autoridades del sistema para dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Contar con la información contenida en la declaración anual de impuestos es de enorme relevancia para poder dar puntual seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos y eventualmente, detectar las inconsistencias y anomalías que obliguen a la realización de las pesquisas que puedan llevar a detectar hechos de corrupción. Ocultar esa información, implica debilitar el sistema de manera muy importante. Pretendemos con nuestra propuesta, que los servidores públicos queden obligados a presentar al sistema, a través de la Secretaría o de los Órganos internos de control correspondientes, copia de la declaración fiscal, cuando estuvieren obligados a presentarla en términos de las leyes de la materia, o bien, en caso diverso, copia de su respectiva constancia de percepciones y retenciones. Con esto, el cúmulo de información con la que cuente el sistema, permitirá un trabajo mucho más sólido de prevención y combate a la corrupción, y será congruente con la que en su momento fue una muy justa y sentida exigencia ciudadana.
2. En concordancia con lo anterior, es menester dotar con toda claridad a las autoridades investigadoras y substanciadoras de responsabilidad administrativa, de las facultades y atribuciones necesarias para realizar estas investigaciones sin que para la realización de su trabajo sean impedimento y óbice los secretos fiscal, bancario y fiduciario.
En este sentido, estamos proponiendo que en el artículo 30 de la ley, se señale con toda claridad que en la realización de verificaciones sobre la situación o evolución patrimonial, de intereses y fiscal, las Secretarías y Órganos internos de control que correspondan, podrán solicitar tanto a las autoridades hacendarias como a las instituciones de crédito, la información que requieran para la realización de sus indagatorias. Para estos efectos, estamos proponiendo también, ajustar la fracción VIII del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de secreto bancario.
Si bien, el artículo 30 ya señala la obligación de las Secretarías y Órganos internos de control, de realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones y evolución patrimonial y de intereses de los servidores públicos, nos parece pertinente establecer la obligación por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción de hacer un plan anual de verificaciones, mismo que podrá a disposición de las Secretarías y Órganos internos de control, mismas que quedarán obligadas a ejecutarlo sin menoscabo de otras verificaciones que ellos aleatoriamente también determinen.
3. Por otra parte, en el artículo 49, estamos proponiendo agregar la obligación de los servidores públicos de presentar en tiempo y forma sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pero con información veraz. Esto que pareciera obvio, no resulta tal en la redacción actual de la ley, ya que por una parte, la fracción IV del artículo 49 establece la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones, y de no hacerlo, el servidor incurrirá en falta no grave. Por otro lado, en caso de que se detectare falta de veracidad en las declaraciones, esta solo se sancionaría como falta (grave) si dicha falsedad va acompañada de ocultamiento de un enriquecimiento o conflicto de interés. Es decir, si el servidor público presenta en tiempo y forma sus declaraciones, habrá cumplido con la ley, aun y cuando sus declaraciones sean falsas, ya que para que esto último sea sancionable, además de probarle la falsedad, debe probarse un enriquecimiento oculto en los términos del artículo 60 de la propia ley.
Con la redacción que proponemos, ya no sería necesario demostrar un enriquecimiento oculto o conflicto de interés oculto para poder sancionar, bastaría con encontrar que el servidor público incurrió en falsedad de declaraciones para aplicar una sanción no grave.
4. Otro aspecto abordado en la presente propuesta, es el de derogar el cuarto párrafo del artículo 50 de la ley, que establece que: “La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.”
La razón para proponer la desaparición de este dispositivo nos parece obvia, la de evitar que las autoridades resolutorias de los procedimientos de responsabilidad administrativa cuenten con la facultad de indultar las sanciones que les correspondan a determinados servidores públicos. Uno de los propósitos de la ley es justamente inhibir los hechos de corrupción mediante sanciones que resulten justas y ejemplares. Nada mas distante de este propósito que dotar a las autoridades resolutorias de facultades tales como la del indulto discrecional, que les permita a los Órganos internos de control, a libre arbitrio, determinar la no aplicación de una sanción. Por estas razones, se propone simplemente eliminar ese párrafo.
No omitimos mencionar además, como lo hace el Dr. José Gerardo Chávez Sánchez al referirse a este artículo 50 que, “En el párrafo último se indica una excluyente de sanción […]. No obstante, se advierte un error en la LGRA, toda vez que el artículo que prevé la excluyente de sanción es el 77, no el 75”.
5. Por último, la ley establece que la prescripción se interrumpe con la calificación que la autoridad haga de la falta, para considerarla ya sea grave o no grave. Este proceso sin embargo, puede ser tardado, lo que podría, eventualmente, permitir que un servidor público infractor no recibiera la sanción correspondiente por vía de prescripción de la acción administrativa sancionadora. En tal virtud, hemos propuesto en este proyecto, que la interrupción de la prescripción sea a partir de la denuncia o de la apertura del expediente por parte de la autoridad investigadora. Con esto combatiremos la impunidad, ya que estaremos disminuyendo la probabilidad de que un servidor público infractor deje de ser sancionado aprovechándose del mecanismo de la prescripción.
Con el dispositivo actual, contenido en el artículo 74 de la ley, siempre existirá la posibilidad de que una autoridad investigadora, alargue el proceso de la calificación de la falta hasta alcanzar el tiempo necesario para que la acción prescriba, permitiendo con ello la impunidad en el servidor público. El cambio legal que proponemos, evita este riesgo y fortalece al sistema.
En el cuadro a continuación se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reformas y adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal
Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.
Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos de los Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y copia de la declaración anual de impuestos.
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.
Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.
Artículo 28. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.
Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos.
Sin menoscabo de lo anterior, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, elaborará un plan anual de verificaciones a la situación y evolución patrimonial, de intereses y fiscal, de los servidores públicos, seleccionado aleatoriamente a los mismos, pero en todo caso, priorizando a los de mayor jerarquía y a los servidores públicos que intervengan el procedimientos de contrataciones públicas. El plan anual deberá ser ejecutado por las Secretarías y los Órganos internos de control que correspondan.
Para la realización de las verificaciones, las Secretarías y los Órganos internos de control tendrán, bajo su mas estricta responsabilidad, acceso irrestricto a la información contenida en la plataforma digital nacional y podrán solicitar información adicional a los servidores públicos, a otras autoridades incluidas las hacendarias, así como a las instituciones de crédito, sin que para ello sean impedimento los secretos fiscal y bancario.
De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.
Sección Segunda?
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.
Artículo 33. …
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.
Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal
Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses.
Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal.
Artículo 46. …
Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal.
De la información fiscal
Artículo 48 bis. Se encuentran obligados a presentar copia de la declaración anual de impuestos todos los Servidores Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley.
En los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, los Servidores Públicos presentarán ante la Secretaría o su respectivos Órganos internos de control, copia de la más reciente declaración fiscal que hubieren estado obligados a presentar en los términos de las leyes de la materia.
La Secretaría y los Órganos internos de control se encargarán de que las copias de las declaraciones fiscales, sean integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal.
El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá las normas e instructivos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar la copia de la declaración fiscal.
Los Servidores Públicos que en los términos de las leyes de la materia no estuvieren obligados a presentar declaración fiscal, presentarán constancia de percepciones y retenciones.
En cualquier momento, la Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos en esta Ley;
…	Artículo 49. …
IV. Presentar en tiempo y forma, y con información veraz, las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos establecidos en esta Ley;
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses o fiscal, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.
La prescripción se interrumpirá con la presentación de la denuncia o la apertura del expediente de responsabilidad de la autoridad investigadora.
En el cuadro a continuación se detalla la modificación que dan cuenta de la propuesta de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 142. …
VIII. La Secretaría de la Función Pública o los Órganos internos de control que correspondan, en ejercicio de sus facultades de investigación o de verificación de la evolución patrimonial, de intereses o fiscal de los servidores públicos.
La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del procedimiento de verificación a que se refiere el artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 49 fracción IV, 50, 60 y 74 y se adiciona el artículo 48 bis, de la Ley de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:
Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los entes públicos, según corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de almacenamiento de declaración fiscal, la información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los Servidores Públicos.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción VIII del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Dado en el Senado de la República, el día 28 de marzo del año dos mil diecinueve.