Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/186/006.html
Timestamp: 2019-11-19 05:21:58
Document Index: 17141280

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2']

BOC - 2019/186. Jueves 26 de septiembre de 2019 - Anuncio 4601
BOC Nº 186. Jueves 26 de septiembre de 2019 - 4601
BOC-A-2019-186-4601. Firma electrónica - Descargar
Visto el preaviso de huelga general presentado el 4 de septiembre de 2019, que afecta al personal funcionario y laboral docente y no docente de los centros públicos de la enseñanza no universitaria de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, extensible a todos los docentes que estén adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la administración autonómica o de otras administraciones, así como al personal integrante de los Cuerpos de Inspección Educativa, por el sindicato Intersindical Canaria, desde las 0:00 horas del día 27 de septiembre de 2019 hasta las 24:00 horas del mismo día, en el ámbito específico de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Primero.- La citada Central Sindical presentó preaviso de huelga general a nivel autonómico el día 4 de septiembre de 2019, ante la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el 27 de septiembre de 2019 desde las 0:00 horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afecta al personal funcionario y laboral docente y no docente de los centros públicos de la enseñanza no universitaria y de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, extensible a todos los docentes que estén adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la administración autonómica o de otras administraciones, así como al personal integrante de los Cuerpos de Inspección Educativa.
Segundo.- La Administración Canaria presta una serie de servicios públicos que deben ser considerados como esenciales para la comunidad encontrándose entre ellos el servicio público educativo, y los que presta este Departamento en el ámbito de la educación, en sus Servicios Centrales porque no pueden quedar paralizados en su funcionamiento por el ejercicio del derecho de huelga.
Primero.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 261, de 31.10.15), en su artículo 15.c), por el que se reconoce a los Empleados Públicos "Derecho al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".
Segundo.- Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo), por el que se establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para que oído el Comité de Huelga, y en su caso, los representantes del personal, determinen los servicios mínimos necesarios y el personal preciso para asegurar la prestación de los mismos en el ámbito de sus respectivos Departamentos.
Tercero.- El Decreto 89/1988, de 13 de mayo, de Declaración de servicios esenciales en el Archipiélago Canario en materia de Educación y en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 66, de 26 de mayo), por el que se adoptan las medidas que aseguren el establecimiento de los servicios mínimos correspondientes.
Cuarto.- Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de enero de 1988, que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, en sentencias de 8 de abril de 1981 y de 24 de abril de 1986 que "el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito", de donde se infiere que al tomarse las medidas de garantía para los ciudadanos, hay que conjugar el interés general y el de los trabajadores, de tal suerte que aquel no haga inane el derecho de estos, ni el de los trabajadores, al ejercitarse, distorsione aquel de la comunidad.
Sexto.- La Sentencia nº 166/2003, de 27 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dispone que en relación a la exigencia de motivación, "ya esta Sala se ha pronunciado en un asunto semejante al aquí enjuiciado en su Sentencia de 15 de septiembre del año 2000, donde se recogía la doctrina jurisprudencial recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 8/1992, de 16 de enero, que estableció que en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, deberá ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, teniendo en cuenta las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes protegidos constitucionalmente sobre los que repercute aquella" (Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981).
Séptimo.- La doctrina del Tribunal Constitucional en relación con las normas reglamentarias que fijen servicios mínimos es recogida en la Sentencia de dicho Alto Tribunal nº 8/1992, de 16 de enero, en la que, entre otros, se expresa el siguiente criterio a tener en cuenta: "la decisión debe estar motivada, debiendo la motivación exteriorizarse de tal manera que los destinatarios conozcan las razones por las cuales su derecho es restringido, en la forma y con el alcance en que lo ha sido, y los intereses que se trata de proteger con ello, exigiéndose, en definitiva, la motivación de los actos de restricción de los derechos y la proporcionalidad de las medidas adoptadas".
De conformidad con la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recoge la más amplia jurisprudencia constitucional, otro de los criterios a tener en cuenta en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, en el ámbito de la educación, tanto en los centros educativos como en los servicios centrales, es el que obliga a ponderar la extensión -territorial y personal- de la misma (en el presente caso, la totalidad del personal docente, con sus más de 900 centros educativos públicos y más de 308.000 alumnos que ven satisfecho su derecho fundamental a la educación en los mismos y la totalidad del Personal de Administración y Servicios tanto de los Centros Educativos como de los Servicios Centrales de este Departamento), debiendo existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos, por cuanto se entiende que el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga solo hasta extremos razonables, sin que el ejercicio del derecho a la huelga ocasione o pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren, y que deba afrontar la comunidad entera, como destinataria de tales servicios esenciales.
Octavo.- Así, el seguimiento de la huelga convocada sin la determinación de una prestación mínima de tal servicio público educativo, podría generar graves perjuicios al interés general, entendido este como el derecho del alumnado a no experimentar interrupciones en la continuidad de su recepción de conocimientos académicos impartidos por el colectivo docente al servicio de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma, convocado en su totalidad a la huelga.
Noveno.- Añadido a lo anterior cabe resaltar que los Institutos de Enseñanza Secundaria, los Centros de Enseñanza Obligatoria, Educación Infantil, Primaria y Colectivo de Escuelas Rurales, afectados por la convocatoria de huelga citada, escolarizan a alumnos de 3 a 5 años en Educación Infantil y de 6 a 12 años en Primaria, y a partir de 12 años en Enseñanza Secundaria, así como a alumnos con necesidades educativas especiales, que varían desde aquellos con necesidades casi normalizadas, pasando por los que necesitan adaptaciones poco significativas, hasta los que están escolarizados en aulas enclave en centros ordinarios o específicos de educación especial.
Por ello, el servicio esencial de la educación no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente, ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos y que tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad. Por lo tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público es responsabilidad ineludible de esta Administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.
Las edades tempranas y/o necesidades educativas especiales de los Centros mencionados en el párrafo anterior, añaden, a las tareas de formación del personal docente, unas especialmente importantes tareas de tutela de especial dedicación, especialmente en el ámbito de la Educación Infantil, residencias escolares o en el área de necesidades educativas especiales, donde la tutela de una única unidad requiere de una constante atención por parte del docente asignado a la misma.
El servicio esencial de la educación no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los alumnos y alumnas, menores de edad en su mayoría, que acuden a los centros docentes públicos. Con carácter general, el artículo 39 de la Constitución depara una protección especial a los menores; de una manera más específica, el capítulo primero del título segundo del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que el alumnado tiene derecho a desarrollar sus actividades académicas en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Por tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público, en cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y de los derechos citados es responsabilidad ineludible de la administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.
Décimo.- Visto lo anteriormente expuesto es obvio que la huelga anunciada incide directamente en la prestación de un servicio público esencial, el educativo, estrechamente vinculado al derecho fundamental a la educación, por lo que se hace necesario determinar los servicios mínimos a cumplir y el personal docente y no docente adscrito a esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que deberá atender los mismos durante la huelga convocada, siendo competencia de esta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en el contexto de la Administración Autonómica, asegurar la tutela, el cuidado, la docencia y la evaluación debidos para con los alumnos de los diferentes Centros educativos.
La convocatoria de huelga anunciada afecta a más de 600 Centros de Educación Infantil y Primaria y a más de 300 Centros de Secundaria. Ello supone que para el ámbito de la Educación Infantil y Primaria puedan verse afectados aproximadamente 161.000 alumnos, siendo el número de alumnos de las restantes enseñanzas de unos 147.000 alumnos.
En este sentido la determinación de servicios mínimos establecida en el anexo no pretende ni se acerca, siquiera, a garantizar el funcionamiento normal del servicio, sino meramente trata de reducir o paliar la lesión que, al servicio público esencial educativo, la huelga convocada inflige, y en relación con unos centros en los que las funciones de la Administración educativa se extienden no solo al ámbito de la enseñanza, sino también al de la tutela y cuidado del alumnado.
Undécimo.- Finalmente señalar que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo, se ha cumplido con el trámite de audiencia a las centrales sindicales STEC-IC, ANPE, INSUCAN, FE-CCOO, FETE-UGT, USPS-SEPCA Y CSIF, el día 24 de septiembre de 2019 para el preaviso de huelga de 24 horas para el día 27 de septiembre de 2019, existiendo conformidad por parte de las centrales sindicales para la propuesta presentada. En el caso del personal no docente dependiente de esta administración educativa, la Dirección General de la Función Pública realizó el prescriptivo trámite de audiencia con las centrales sindicales convocantes el día 23 de septiembre de 2019, existiendo también conformidad por las partes con los servicios mínimos que se plantean. De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las competencias conferidas en los artículos 29.b) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 5 del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 203, de 19.10.16) y el artículo 2 del citado Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Primero.- Determinar los servicios mínimos a cumplir por el personal funcionario y laboral docente y no docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria y de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, por los docentes adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la administración autonómica o de otras administraciones, así como por el personal integrante de los Cuerpos de Inspección Educativa, que deberán atender los mismos, durante la huelga convocada, para el día 27 de septiembre de 2019 en las horas determinadas en el preaviso de huelga según se establece en el Anexo I para personal no docente en Servicios Centrales y Centros Educativos y en Anexo II para personal docente en Centros Educativos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejera, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
Ver anexo en las páginas 33498-33500 del documento Descargar