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Timestamp: 2019-11-12 22:12:06
Document Index: 245709655

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 68', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 136', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 40', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 68', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 16', 'artículo 63', 'artículo 25', 'artículo 30', 'artículo 34', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 37', 'artículo 90', 'artículo 37', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 16']

Vigencia desde 21 de Octubre de 2018. Revisión vigente desde 21 de Octubre de 2018 hasta 16 de Julio de 2019
Artículo 2 Tipos de actuaciones financiables
Artículo 4 Conceptos de gasto financiable
Artículo 5 Plazo de realización de las actuaciones
Artículo 6 Presupuesto mínimo de inversiones financiables
Artículo 7 Régimen de concesión y características de la financiación
Artículo 8 Importe de la financiación
Artículo 9 Límites de la financiación
Artículo 11 Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de concesión y órgano responsable del seguimiento
Artículo 15 Formalización y presentación de solicitudes
Artículo 18 Instrucción del procedimiento y resolución
Artículo 21 Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones
Artículo 22 Incumplimientos, reintegros y sanciones
Artículo 23 Criterios de graduación de los posibles incumplimientos
ANEXO I . Definiciones a efectos de aplicación de esta orden
ANEXO II . Metodología para la calificación financiera de la empresa
OM ICT/768/2019 de 11 Jul. (modifica OM ICT/1100/2018, bases reguladoras para concesión de apoyo financiero a la inversión industrial, marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial)
Número 1 del artículo 3 redactado por el apartado uno del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 2 del artículo 3 redactado por el apartado uno del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 3 del artículo 3 redactado por el apartado uno del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 2 del artículo 13 redactado por el apartado dos del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 2 del artículo 15 redactado por el apartado tres del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 4 del artículo 15 redactado por el apartado tres del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 4 del artículo 16 redactado por el apartado cuatro del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 5 del artículo 16 redactado por el apartado cuatro del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 1 del artículo 22 redactado por el apartado cinco del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Número 2) del anexo I redactado por el apartado seis del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
Letra d) del número 2) del anexo I redactada por el apartado seis del artículo único de la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial («B.O.E.» 16 julio).
2. Se entenderá que el solicitante desarrolla o va a desarrollar una actividad industrial productiva si las actuaciones para las que solicita financiación se refieren a actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas ( CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. Adicionalmente, se incluirán también las actividades encuadradas en la sección 38.3x, siempre que dispongan en el momento de la solicitud de la correspondiente autorización de gestión de residuos, y el proyecto a realizar se clasifique como perteneciente a las operaciones de valorización: R2, R3, R4, R5 (con exclusión de la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11, según definiciones establecidas en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
4. Los beneficiarios no podrán estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior, ni estar en crisis.
2. Para las inversiones a las que se hace referencia en el artículo 2.1.a) y b) de esta orden, podrá financiarse la adquisición de activos fijos de carácter material, a condición de que sean necesarios para la creación o traslado de dicho establecimiento industrial, y ello en los siguientes términos:
3. Para las inversiones a las que se hace referencia en el artículo 2.1.c) de esta orden, podrán financiarse la adquisición de activos fijos de carácter material, así como los gastos de ingeniería de desarrollo de producción intrínsecamente necesarios para las mejoras y/o modificaciones de líneas de producción, y ello en los siguientes términos:
d) Ingeniería de proceso de producción: gastos de personal propio y colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con los aparatos y equipos que se consignen en el párrafo anterior. Queda expresamente excluida cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y tramitación de la financiación solicitada.
4. Para las inversiones a las que se hace referencia en el artículo 2.1.d) de esta orden, podrán financiarse la adquisición de activos fijos de carácter material, así como los gastos de ingeniería de desarrollo de producción intrínsecamente necesarios para las actuaciones de implementación productiva de la «Industria Conectada 4.0.», y ello en los siguientes términos:
e) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la concesión.
g) Respecto a las subcontrataciones entendidas en los términos que define el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán seguirse las siguientes normas:
1.º Sólo serán admisibles aquellas subcontrataciones que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3.º Las personas o entidades subcontratadas deberán estar al corriente en el momento de la contratación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Dicho cumplimiento deberá acreditarse en el momento de la justificación de inversiones con el correspondiente certificado.
1. El régimen de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, de conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
4. La financiación regulada mediante la presente orden tendrá la forma de préstamos con las características siguientes:
a) Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites establecidos en el artículo 8 de esta orden.
c) Tipo de interés de aplicación: se establecerá en las correspondientes convocatorias, conforme a lo establecido en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio y demás normativa aplicable. En especial, deberá tenerse en cuenta que este tipo de interés no deberá en ningún caso ser inferior al tipo de interés de referencia, que estará calculado con arreglo a la metodología detallada en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de interés de referencia y de actualización COM (2008/C 14/02), o las posibles revisiones de la misma.
2. La financiación pública total de la inversión, computada como suma de los recursos públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 75 por ciento sobre el total del presupuesto del proyecto de inversión que haya sido considerado financiable según el artículo 4.
2.º El importe máximo del préstamo a conceder estará condicionado al riesgo vivo que acumule una empresa con la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, DGIPYME), y con las siguientes limitaciones: el riesgo vivo máximo no podrá superar en 3 veces los últimos fondos propios para empresas sin cuentas históricas significativas según la definición detallada en el anexo I de esta orden, y 5 veces para el resto.
1. Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en las convocatorias de los establecidos en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y por el importe que establece el apartado 2 de este artículo.
2. El importe de las garantías, que será un porcentaje del préstamo concedido más el mismo porcentaje del interés financiero total a devengar, se determinará en función de la clasificación obtenida por el beneficiario según la metodología descrita en el anexo II, y según los siguientes escalones:
3. Las garantías se dividirán en dos tramos: uno que cubrirá el principal del préstamo, y que se cancelará por tramos según se produzcan los reembolsos de principal, una vez que el importe de capital pendiente de devolución sea igual o inferior al importe garantizado; y otro que cubrirá los intereses financieros, y que se cancelará por tramos según se produzcan los reembolsos de interés financiero, una vez que el importe de interés financiero pendiente de devolución sea igual o inferior al importe garantizado.
4. Cada tramo de garantías se incautará desde el momento del primer impago del principal del préstamo o del interés financiero, y se irán incautando según impagos hasta que se agote la garantía constituida de ese tramo.
5. En ningún caso podrá producirse la subrogación de una entidad de crédito en la obligación de devolución del préstamo por parte del beneficiario.
6. El plazo de amortización del préstamo, incluyendo el plazo de carencia, y el método de cálculo de las cuotas, no podrán ser objeto de modificación. En particular, no podrán autorizarse modificaciones del cuadro de amortización del préstamo que supongan retrasos en las devoluciones. Y todo ello sin perjuicio de la eventual eficacia novatoria propia de los convenios concursales judicialmente aprobados, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
1. Será competente para convocar las ayudas reguladas en esta orden y resolver los procedimientos de concesión de los mismos, el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.
2. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sin perjuicio de la coordinación con las Comunidades Autónomas que se arbitrará a través de convenios de colaboración.
3. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, sin perjuicio de los posibles mecanismos de cooperación que se establezcan por convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a este apoyo financiero, serán presentadas en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx).
2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, a dicho Portal de Ayudas, donde podrá consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, la presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a través de dicho registro electrónico accesible a través del Portal de Ayudas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones a través del registro electrónico, se pondrá a disposición del interesado un sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico. En este mismo registro, los interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
3. La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos del procedimiento, tendrán lugar en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx), y surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el los artículos del 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas, de conformidad con lo previsto por el artículo 28.3 y 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndose cumplimentar específicamente en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En cumplimento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglamento General de Protección de Datos), se solicitará el consentimiento expreso para el tratamiento por parte del Ministerio, de los datos incluidos en el cuestionario por el beneficiario. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestara la negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
1. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de apoyo financiero, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El firmante de la solicitud de apoyo financiero deberá acreditar que en el momento de la presentación de la solicitud tiene representación suficiente para el acto. El incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación será como máximo de 2 meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
1. Las solicitudes para la obtención de apoyo financiero se dirigirán a la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, órgano competente para instruir el procedimiento, y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx), donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
2. La solicitud de financiación deberá acompañarse de la siguiente documentación:
d) Las siguientes declaraciones responsables de:
6.º Que el solicitante pertenece o no a un grupo empresarial.
e) En el caso de empresas sin cuentas históricas significativas según la definición detallada en el anexo I de esta orden, documento público acreditativo de los fondos propios y a efectos de comprobación de cuentas, declaraciones trimestrales de IVA presentadas.
f) En el caso de empresas con cuentas históricas significativas según la definición detallada en el anexo I de esta orden, cuentas anuales y los pertinentes informes de auditoría registradas en el Registro Mercantil si procede, correspondientes a la anualidad que se determine en la convocatoria. En el caso de empresas que consoliden cuentas con su grupo empresarial, deberán presentar adicionalmente las cuentas consolidadas.
3. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la documentación en el Portal de Ayudas, con firma electrónica de la persona que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a dicha solicitud, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta orden.
4. De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/649 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016), el solicitante deberá indicar en la solicitud, su consentimiento expreso para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a través de certificados electrónicos. En caso de no concederlo, deberá aportar dicha certificación junto con la solicitud.
5. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado, para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. A esos efectos, se tendrá por subsanada la omisión documental cuando se presenten documentos cuya existencia, antes de expirar el plazo de presentación de las solicitudes, resulte acreditada, pero no así en el supuesto de aportación de documentos de fecha posterior a dicho vencimiento, aunque tiendan a adverar el cumplimiento de dicho requisito.
7. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de los solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
2. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo. La puntuación total de la evaluación estará distribuida en el rango entre 0 y 100 puntos. En los casos en los que se establezcan umbrales de puntuación, será necesario alcanzarlos para poder optar a financiación. En ningún caso se podrá conceder financiación a aquellas inversiones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no alcance los referidos umbrales, o en su caso, el criterio excluyente.
5. En la aplicación de estos criterios se tomará en consideración lo siguiente:
a) El criterio de adecuación a los tipos de proyectos y los beneficiarios establecidos en la orden, determinará el cumplimiento de lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de esta orden. En el caso de no superar el criterio de evaluación A), no se realizará la evaluación del resto de criterios establecidos en este artículo.
b) La experiencia industrial demostrable implicará acreditar una producción industrial equiparable con la inversión planteada dentro de la cadena de valor del beneficiario o sus accionistas, con objeto de determinar que disponen de la capacitación necesaria para la ejecución exitosa de las inversiones.
c) Para valorar la viabilidad técnica, en función de los fundamentos teóricos presentados, se tendrá en cuenta la adecuación del proyecto presentado para la consecución de los objetivos, en función de la validación de la tecnología a escala industrial, la descripción de los insumos, productos, procesos de producción, regulación específica de obligado cumplimiento, inversiones anteriores y posteriores relacionadas con el proyecto solicitado, y la función de cada uno de los conceptos de gasto presentados dentro del proyecto.
d) Para valorar la adecuada programación temporal de la inversión, se evaluará la descripción y adecuación de los medios técnicos y humanos para llevar a cabo la inversión durante las fases de instalación y puesta en marcha, el presupuesto consignado en cada fase o hito, y la justificación realista del impacto de la tramitación de licencias y permisos para llevar a cabo el proyecto.
e) Inversión de implementación de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.». Se valorará la adecuada acreditación de que el proyecto presentado se refiera a la tipología descrita en el artículo 2.1.d) de esta orden.
1. Compete al órgano instructor la evaluación de las solicitudes. Se encomienda a la comisión de evaluación la emisión de informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La comisión de evaluación estará presidida por el Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, órgano instructor del procedimiento.
3. Serán vocales, los representantes con nivel orgánico equivalente al de Subdirector General o nivel inmediatamente inferior en caso de que este no exista, de las Comunidades Autónomas con las que se hayan establecido convenios de colaboración. Asimismo, participarán como vocales, el titular de la Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas, el de la Subdirección General de Áreas y Programas Industriales, el de la Subdirección General de Políticas Sectoriales Industriales, el de la Subdirección General de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos, un representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), así como un representante con nivel orgánico equivalente al de Subdirector General del Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
4. Serán competentes para la designación de los diferentes vocales:
1.º El Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa para el funcionario que actúe como secretario.
2.º El director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría para su representante.
3.º El jefe del Gabinete del Ministro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el representante del CDTI.
4.º El titular del órgano con competencias en materia de apoyo financiero a la inversión industrial de la Comunidad Autónoma para su representante, para aquellas Comunidades Autónomas que hayan suscrito el convenio de colaboración. En caso de que el convenio se suscriba con una entidad dependiente de la Comunidad Autónoma, el competente será el director de la entidad o cargo asimilable.
5. El nombramiento de los miembros de la comisión de evaluación se realizará de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas no sea posible.
6. El régimen jurídico de la citada comisión será el establecido en la sección tercera, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. La Comisión podrá contar con la necesaria asistencia técnica para emitir el informe a que se refiere el apartado 1, y en los casos en los que se haya establecido en el correspondiente convenio de colaboración, la Comunidad Autónoma podrá asumir la elaboración de la propuesta de valoración de los criterios C) y D) descritos en el artículo 16.
3. Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 10 días, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. Transcurrido dicho plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá que el solicitante renuncia a la financiación.
5. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver, éste dictará en el plazo de 15 días la correspondiente resolución, que será motivada y pondrá fin a la vía administrativa, según lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución del procedimiento de concesión de financiación se publicarán en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud.
7. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis meses contados desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior, según establece el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
8. La financiación concedida se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
1. El pago de la financiación quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en esta orden, así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre ellos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y estar al corriente de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15.5 de esta orden.
3. El apoyo financiero regulado en esta orden se realizará en un solo pago, salvo que la convocatoria especifique otra cosa.
b) Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad mejoras del proyecto inicialmente solicitado, que no alteren el objetivo del mismo, y que no fuesen previsibles con anterioridad.
c) Que se justifique la necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad identificadas o aprobadas con posterioridad a la adjudicación del préstamo.
c) Reducciones del presupuesto financiable de la actuación en un porcentaje igual o superior al establecido en el artículo 23 para entender el incumplimiento total de los fines para los que se concedió la financiación.
d) Dar autorización de nuevas condiciones a expedientes cuyos préstamos no estén al corriente de los pagos con este órgano gestor.
b) En el caso de colaboraciones externas, podrá sustituirse el colaborador inicialmente previsto por otro, siempre y cuando las actividades en las que colabore sean las originales, y el nuevo colaborador tenga capacidad técnica y legal de acometerlas.
c) En el caso de los gastos de personal, podrán sustituirse personas por otras con igual categoría profesional y funciones dentro de la empresa.
5. La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx.
6. Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión resultara un exceso de financiación percibida en la concesión inicial, se procederá de manera inmediata a iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del citado exceso.
2. La justificación de la realización de las actuaciones financiadas se realizará según la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto y justificantes de pago. Asimismo, se deberán seguir las instrucciones y formularios indicados en la Guía de Justificación que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/index.aspx).
4. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su Reglamento, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
4. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley General de Subvenciones, se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando dicha devolución voluntaria se produzca por alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los intereses de demora y financieros se calcularán hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.
2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la financiación, se tendrá en cuenta el siguiente criterio: El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la financiación, de la realización del proyecto financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro del pago anticipado más los intereses de demora, en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
d) El incumplimiento parcial que no satisfaga, ni siquiera en parte, los objetivos perseguidos por la concesión del préstamo.
1. Contra la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el titular del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de notificación, conforme lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La interposición de recursos de reposición deberá realizarse ante el Registro Electrónico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
1. Toda referencia en cualquier medio de difusión a inversiones financiadas a partir de las convocatorias que se deriven de esta orden deberán incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tal como establece el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. En todo lo no previsto en esta orden o en las respectivas convocatorias será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007, de 22 de junio, aprobado por Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre y demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los préstamos que se otorguen al amparo de esta orden se regirán por su normativa específica, y, en su defecto, por las prescripciones de la citada ley que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
1) Consideración de empresa en crisis. Se considerará empresa en crisis cuando concurra al menos una de las siguientes circunstancias:
a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una empresa con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una empresa en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de esta disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;
b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una empresa con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una empresa en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de esta disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;
2) Riesgo vivo con la DGIPYME. Se define como el préstamo total relativo a este órgano gestor, menos las devoluciones de principal realizadas, menos la parte de préstamo cubierta por garantías considerados al finalizar el periodo de solicitud. El préstamo total aquí definido, incorpora todos los préstamos concedidos en otras convocatorias y el solicitado total por el beneficiario en la presente convocatoria.
3) Empresa con cuentas históricas significativas. Se define como aquella empresa que simultáneamente cumple:
4) A los efectos de los límites de la financiación establecidos en el artículo 9, de los criterios de valoración establecidos en el artículo 16, así como para la calificación financiera establecida en el anexo II, se aplicarán los siguientes conceptos:
a) Resultado económico bruto: suma del importe neto de la cifra de negocios variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, trabajos realizados por la empresa para su activo, aprovisionamientos, otros ingresos de explotación, gastos de personal, otros gastos de explotación, imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, y otros resultados.
b) Deudores comerciales: deudores comerciales y otras cuentas a cobrar del activo corriente.
c) Acreedores comerciales: acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del pasivo corriente.
d) Fondos propios: suma de capital más prima de emisión, más reservas, más acciones y participaciones en patrimonio propias más resultados de ejercicios anteriores más otras aportaciones de socios más resultado del ejercicio, más dividendo a cuenta más otros instrumentos de patrimonio neto. No se tendrán en cuenta elementos del capital social no dinerarios cuando no exista su correspondiente tasación.
e) Deuda total: deudas a largo plazo más deudas a corto plazo.