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Timestamp: 2019-01-20 15:37:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14']

﻿ Sentencia 2009-00794 de octubre 1º de 2009
TEMAS GENÉRICOS:PROTECCIÓN AL MENOR DE EDADDERECHO A LA SALUD
REVISTA TUTELA N°:120 DE DICIEMBRE DE 2009, PG.2029
Sentencia 2009-00794 de octubre 1º de 2009
Aprobado según Acta noventa y nueve (99) de la fecha
Accionante: Zandra Milena Vera Gelvez
Accionado: dirección sanidad de la Policía Nacional - subsistema de salud
Primera instancia: concede
Decide la corporación la impugnación contra el fallo del 26 de agosto de 2009, a través del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(1), resolvió tutelar los derechos deprecados por la señora Zandra Milena Vera Gelvez como agente oficioso de su hija menor Mary Alejandra García Vera, contra la Policía Nacional - dirección de sanidad - comité técnico de medicamentos de la policía; jefe seccional de sanidad de la Policía Nacional en Bucaramanga y director de la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional.
“Mi hija es beneficiaria de su padre en el subsistema de salud de la Policía Nacional, y tiene 7 años de edad; a los 2 meses de haber nacido le diagnosticaron epilepsia, retardo psicomotor y parálisis cerebral; desde ese entonces el médico tratante le ha ordenado varios medicamentos que en el transcurso de estos años no le ha hecho mayor efecto porque aún así mi hija convulsiona muy seguido. Hace 2 meses su médico tratante especialista en neurología pediatra le ordena un medicamento denominado Levetiracetam Keppra tabletas x 500 mg, # 60.Este medicamento si le ha dado resultados por que las convulsiones ya no son tan frecuentes, quiero decir con esto que de 50 convulsiones diarias a pasado a que dura 8 días sin convulsionar. Por esto fue que el médico tratante le ordena este nuevo medicamento y de uso permanente.
Que teniendo en cuenta el diagnóstico que presenta mi menor hija y con el debido respeto solicito al señor juez de tutela que el fallo contemple una atención integral para que no se le nieguen medicamentos, procedimientos, tratamientos y todo cuanto sea necesario para atender su salud y mejorar su calidad de vida, de conformidad con las prescripciones médicas” (fls. 1 y 2, c. o.).
2. Pretensiones. Con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, solicitó otorgarle la medida de protección provisional consiste en ordenar a la entidad accionada autorice y entregue de manera inmediata el medicamentos Levetiracetam - Keppra tabletas x 500 mg, # 60 de uso permanente y pañales desechables etapa 6 Winny, cantidad 120 mensuales. por no estar contemplados en el POS, teniendo en cuenta que se necesita el mismo para preservar la salud en conexidad con la vida de su hija menor Mary Alejandra García Vera, sin que exista condicionamiento frente a la exigencia de un copago, cuotas moderadoras y demás valores que se generen por la atención brindada; que se de atención médica integral como es la realización de procedimientos médicos, que se le diagnostique por el médico tratante o los especialistas que formulen algún examen especializado, medicamento no POS y que se le exonere de todo pago de copagos, cuota moderadora u otro pago, por cualquier concepto del servicio de salud prestado para atender su condición en materia de salud (fls. 6 y 7,c.o).
3. Pruebas. Adjuntó a la demanda, copia de los documentos que consideró como pruebas para su acción tutelar.
— Fotocopia del documento de identidad de la paciente
Fotocopia de la historia clínica (resumen) y/o órdenes médicas. (fls. 8 al 20, c.o.).
“1) Comunicarle la actora Sandra Milena Vera Gelvez como agente oficioso de Mary Alejandra García Vera, el trámite dado a las presentes diligencias;
4) Oír en declaración a Sandra Milena Vera Gelvez para que deponga sobre los hechos motivo de esta acción. Dirección: calle 56 A Nº 12-45 Robles del Reposo- Floridablanca. Cítesele para el 18 de agosto de 2009 a las 11:30”.
En el mismo auto el magistrado de conocimiento de conformidad con el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 y teniendo en cuenta lo manifestado por la accionante y las pruebas allegadas, por considerarlo necesario y urgente para proteger el derecho de la menor Mary Alejandra García Vera, ordenó como medida provisional al director de sanidad del departamento de Policía de Santander, en esta ciudad, y/o a quien corresponda en dicha entidad se autorice la entrega inmediata del medicamento Levetiracetam 500 mg, y pañales infantiles etapa 6, en la cantidad y calidad ordenadas por el médico tratante, en fórmulas médicas del 2 de junio y el 7 de julio del año en curso, sin condicionamiento alguno hasta que se profiera el respectivo fallo de tutela (fls.23 al 34, c.o.).
Declaración de la señora Zandra Milena Vera Gelvez. Conforme al auto de conocimiento, el día 18 de agosto de 2009, se recibió la declaración de la actora como agente oficiosa de su hija menor Mary Alejandra García Vera, donde precisó que la dirección de sanidad del departamento de policía de Santander le ha entregado el medicamento denominado Levetiracetam, pero no los pañales infantiles etapa 6 ordenados por el médico tratante, señalando que cuando fue a reclamarlos, le dijeron que no los podían conseguir, volviendo luego pero no habían hecho la diligencia, porque era un proceso demorado, reafirmó luego que los pañales no se los habían entregado por que eso no lo manejaba la EPS, pero igual la pediatra le había hecho la orden por la discapacidad de la niña que no hace control de esfínteres y el Levetiracetam se lo entregaron una vez y solamente para 15 días.
Luego indicó que vivía con otra hermana y un hermano quien tiene su familia en la casa (esposa e hija); que sus ingresos mensuales son de $ 650.000 y ocasiones un poco más con trabajos extras, correspondiéndole pagar $ 250.000 de arriendo sin servicios; dijo no sufrir de ninguna enfermedad que le impida laborar por lo que su hija depende económicamente de ella y le ayuda a su padres aunque últimamente no lo hace para responder por los medicamentos de la niña que fue reconocida por el papa´ cuando ésta tenía 5 años, por lo que como afiliada está siendo atendida en la dirección de sanidad, en la Policlínica Regional del Oriente, donde le han dado los medicamentos y pañales desde un principio enviando un formato a Bogotá, aprobándole por 15 días, luego lo volvió a mandar en un formato llamado justificación de medicamentos no pos, siendo rechazado aduciendo mal diligenciamiento.
Indicó que el valor mensual de los medicamentos y pañales era $ 162.000 la caja de 30 pastillas de 500 mg, la duración es de 15 días y de los pañales etapa 6, valen $120.000 mensuales, los más económicos. Cuando se le indagó sobre si recibía algún tipo de colaboración permanente para el cuidado de la menor Mary Alejandra García Vera, afirmó si recibe, $ 127.500 mensuales de parte del padre de la menor y que tiene un retroactivo consignando pero no me lo han entregado. Dijo que la dependencia que supuestamente le ha negado medicamentos y los pañales es una junta de médicos que hay en Bogotá, pero no sé cómo se llama. Asegura no tener la capacidad económica para cubrir el costo de los medicamentos y pañales que reclama por medio de esta acción y que la entidad accionada ha entregado los demás medicamentos y se han realizado los demás tratamientos, diferentes a los que reclama en la acción de tutela, empero ahora le negaron ahora la consulta con el neuropediatra de la Fundación Cardiovascular, remitida por una crisis y de ahí empezó el tratamiento con el Levetiracetam, el ácido valproico como también le ordenaron los pañales por la discapacidad, que se lo ordenó el ácido valproico y el Levetiracetam, precisando que el neuropediatra se llama Ives Villamizar (fls.35 al 37,c.o).
Dice la accionada que en ningún momento se han vulnerado y mucho menos violados los derechos médicos asistenciales a la menor Mary Alejandra y por el contrario se evidencia que se le ha prestado el servicio necesario y atención más allá de lo permitido por la ley, como está corroborado al entregarle el medicamento Levetiracetam 500 mg, que es un medicamento no POS que requiere un trámite especial y autorización del comité técnico de medicamentos ubicado en la dirección de sanidad en la ciudad de Bogotá, para lo cual el médico especialista tratante debe diligenciar el formato de autorización de medicamentos y anexar copia del carnet y cédula que demuestre los derechos de sanidad.
Estimó el magistrado de conocimiento, por auto del 18 de agosto de 2009, que conforme a la declaración dada por la señora Zandra Milena Vera Gelvez, en la misma fecha y lo indicado por la mayor Rosa Patricia Rojas Vega, vincular como demandados a la dirección de sanidad de la Policía Nacional y al comité técnico de medicamentos de esa dirección en la ciudad de Bogotá y al director de la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional; así mismo solicitó al comité técnico de medicamentos de la dirección de sanidad de la Policía Nacional, enviar copia de todas las solicitudes del medicamento Levetiracetam 500 mg y de pañales, solicitadas para la menor Mary Alejandra García Vera, desde junio de 2009 y de las decisiones proferidas aprobando o no esa solicitud (fls. 54 al 57, c.o.).
Al requerimiento anterior, acudió la Mayor Rosa Patricia Rojas Vega, jefe seccional sanidad Policía Metropolitana de Bucaramanga, mediante oficio del 24 de agosto de 2009, con el cual envió copia de la fórmula médica y corroborando con ello, según la accionada, la entrega de los pañales infantiles etapa 6, entregados a la señora Zandra Milena Vera Gelvez, en representación de su hija menor Mary Alejandra García Vera (fls. 60 al 62).
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander el día 26 de agosto de 2009 emitió sentencia de primer grado, en la cual resolvió tutelar los derecho deprecados por la señora Zandra Milena Vera Gelvez como agente oficioso de su hija menor Mary Alejandra García Vera, contra la Policía Nacional- dirección de sanidad - comité técnico de medicamentos de la policía; jefe seccional de sanidad de la Policía Nacional en Bucaramanga y director de la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional, así:
“Primero. CONCEDER la tutela a los derechos a la salud en conexidad con el derecho a la vida, y a la dignidad humana, invocado por la señora Zandra Milena Vera Gelvez como agente oficioso de Mary Alejandra García Vera y ordenar al director de sanidad de la Policía Nacional y su comité técnico de medicamentos en Bogotá, a la jefe seccional de sanidad de la Policía Nacional en Bucaramanga y al director de la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional en esta ciudad, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta providencia y con base en las pruebas que obran en el expediente y la historia clínica de la menor García Vera, interactúen e inicien los trámites administrativos necesarios para que a partir de un término no superior a diez (10) días hábiles, le sean suministrados a la precitada paciente todos los medicamentos, pañales desechables, insumos, tratamientos médicos, terapéuticos, quirúrgicos, postquirúrgicos, procedimientos exámenes, hospitalizaciones y demás que sean necesarios para el restablecimiento de su salud afectada por la enfermedad diagnosticada como epilepsia, retardo sicomotor y parálisis cerebral, en la calidad, cantidad y oportunidad en que sean ordenados por el médico tratante, pudiendo repetir contra el Fosyga en cuanto al costo de los mismos, en particular el medicamento Levetiracetam en 500 mg, y los pañales desechables etapa 6, de conformidad con los hechos y razones de la parte motiva”.
Así las cosas, consideró que resultaba procedente conceder el amparo constitucional para proteger el derecho a la salud en conexidad con la vida y a la dignidad humana invocados por la señora Zandra Milena Vera Gelvez como agente oficioso de Mary Alejandra García Vera (fls. 63 al 74 a c.o.).
Por escrito de 1º de septiembre de 2009, fue impugnada la decisión por la jefe seccional sanidad Policía Metropolitana de Bucaramanga, mayor Rosa Patricia Rojas Vega, al considerar que el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se estructura mediante el Decreto 1795 de 2000, en el cual se establecen las políticas, principios, fundamentos, planes, programas del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y del subsistema de salud de la Policía Nacional, siendo el consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional el organismo rector del sistema, aduciendo que los servicios asistenciales que incluyen actividades y el suministro de medicamentos y elementos a nuestros usuarios se encuentra expresamente establecido en el plan de servicios de sanidad militar y policial, contenido en el acuerdo Nº 002 del 27 de abril de 2001 del Consejo Superior de salud de las Fuerzas Militares y que el citado acuerdo no incluye el suministro de elementos de uso, de cuidado personal y de consumo 8cepillos de dientes, las pesas o balanzas, los tensiómetros, las camas de uso hospitalario) y para el caso en particular los pañales desechables, por cuanto si esos elementos estuvieran a cargo de las entidades promotoras de salud, ningún sistema tendía viabilidad financiera ni económica.
Entonces considera la accionada que el costo de los elementos solicitados para el cuidado en casa debe ser asumido por el accionante; en consecuencia, solicita se revoque parcialmente en el entendido de no conceder la entrega de pañales desechables, al considerar que estos no hacen parte del mejoramiento y recuperación de la salud de Mary Alejandra y por el contrario es un insumo utilizado para el cuidado personal (fls. 81 al 90 con anexos).
1. Competencia de la Sala. En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, y en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.
2. Problema jurídico a resolver. En el presente caso el problema jurídico a resolver es la impugnación interpuesta por la jefe seccional sanidad Policía Metropolitana de Bucaramanga, mayor Rosa Patricia Rojas Vega contra el fallo de tutela del 26 de agosto de 2009, proferido por Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a través del cual resolvió tutelar los derecho deprecados por la señora Zandra Milena Vera Gelvez como agente oficioso de su hija menor Mary Alejandra García Vera, contra la Policía Nacional- dirección de sanidad - comité técnico de medicamentos de la policía; jefe seccional de sanidad de la Policía Nacional en Bucaramanga y director de la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional.
3-. Decisión del caso. La sentencia impugnada será confirmada en su integridad, por las razones que a continuación se exponen:
En primer lugar, conforme al infolio tutelar, se halla plenamente demostrada la condición de madre y agente oficiosa de la señora Zandra Milena Vera Gelvez, de su hija menor (7 años) Mary Alejandra García Vera, quien a su vez es descendiente del Agente en retiro de la Policía Nacional, señor Juan Francisco García Ángel, aportante al subsistema de salud de la Policía Nacional, teniendo como beneficiaria a la menor Mary Alejandra García Vera, según constancia de carnet expedida por el grupo de procedimientos de personal, de esa institución policial (fls. 8 y 9, c.o.).
Así las cosas, la señora Zandra Milena Vera Gelvez, madre y agente oficiosa de la menor (7 años) Mary Alejandra García Vera, acudió a la acción de tutela al considerar que le han sido vulnerados los derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas y justas, los derechos de los niños y niñas de su hija, en conexidad con la salud, consagrados como fundamentales en los artículos 1º y 11 de la Constitución Política, por que estando afiliada al subsistema de salud de la Policía Nacional como beneficiaria de su padre, el médico trantante le ordenó el suministro del medicamento Leviteracetam tabletas x 500 mg, cada 12 horas de uso permanente, sin que se le pueda suspender por orden médica; también le ordenaron pañales infantiles etapa 6, toda vez que la paciente no controla esfínteres, por lo que en un primer momento fueron entregados según la solicitud, sin embargo, ante el siguiente pedido fue rechazada informándole que la entrega podía darse de manera interrumpida, un mes si otro no, teniendo en cuenta que no estaban incluido en el POS y en cuanto a los pañales no era asunto de la EPS.
Entonces, para hacer un pronunciamiento ha de indicarse en primer lugar que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, tendiente a proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que la persona carezca de otros medios de defensa judicial.
“En el caso de los menores, el derecho a la salud aparece elevado constitucionalmente a la condición de derecho fundamental porque la Carta así lo establece. Esta decisión del Constituyente obedece, no solo al reconocimiento de las condiciones de debilidad inherentes a todos los seres humanos en esa etapa de la vida, sino a que en ella se concretan los postulados del Estado social, especialmente en cuanto se refiere al desarrollo armónico e integral del niño. Por su carácter de derecho fundamental, el Estado tiene entonces la obligación de garantizar la atención de la salud de los menores, bien porque las prestaciones que ello implica se hagan efectivas en forma directa, a través de entidades oficiales, o bien porque ellas se ofrezcan por intermedio de instituciones privadas o semioficiales. (...) Cuando exista una relación legal o reglamentaria entre el menor, titular del derecho fundamental a la salud, y una entidad encargada de la prestación de ese servicio, aquél puede reclamar a ésta la adecuada, eficiente y oportuna atención que requiera y, en caso de que se vulnere su derecho, podrá ejercer las acciones establecidas en la ley, o recurrir a la acción de tutela cuando se den los presupuestos para ello, y sin que sea necesario acreditar que de la desatención de su salud se derivaron riesgos graves para su vida, pues en el caso de los niños se trata de un derecho fundamental autónomo.
El derecho a la salud de los niños, además de fundamental, es un derecho prevalente. Esto significa que en caso de conflicto entre derechos fundamentales de otros grupos humanos y los de los niños, se prefieren para su defensa y aplicación los de estos últimos, máxime si los que entran en conflicto con los suyos son otros de menor rango”(5) (se resalta fuera de texto).
La misma Corte en el fallo de tutela 1462 de 2000 señaló que: “(...) la propia Constitución ha consagrado un régimen de protección especial a los menores y por ello proclama que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. De igual forma ha resaltado la Corte, (cfr. T-556/98 y T-514/98) que en tratándose de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social tienen reconocidos el carácter de derechos fundamentales, por expresa disposición del artículo 44 de la Carta.
Sentencia T-212 de 2008 “en reciente pronunciamiento, esta corporación realiz6 un desarrollo de la protecci6n que el ordenamiento constitucional e internacional Ie ha dado a las personas con discapacidad, señalando que “[a] partir de estas garantías de protección se desprenden un conjunto de deberes en cabeza de las autoridades públicas y de los particulares quienes en sus actuaciones han de proceder de modo que se considere de manera especial a estas personas y se les respeten sus derechos constitucionales fundamentales” y “en tal contexto, y a partir de la información allegada por el médico tratante de la menor, existe certidumbre de que el estado de la salud de la niña presenta serias dificultades, razón por la cual el suministro del insumo solicitado(pañales desechables) lo que busca en últimas es la protección del derecho fundamental a la vida en condiciones de dignidad” (se resalta fuera de texto).
Por lo que corresponde a las accionadas con su EPS, prestar la atención, tratamientos y procedimientos necesarios para obtener la mejoría de la paciente y en consideración a que se halla demostrado que según el concepto (donde venía siendo tratado la niña) se requiere que una institución asuma y continúe con el tratamiento que requiere la niña, acertada se muestra la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander en torno a ordenarle a la Policía Nacional - dirección de sanidad - comité técnico de medicamentos de la policía; jefe seccional de sanidad de la Policía Nacional en Bucaramanga y director de la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional, para que asuma el costo total que demande la atención médica necesaria.
De igual manera, en relación con la segunda parte de la orden proferida por el a quo, esta se muestra ajustada a derecho otorgándole 10 días para que suministre a la paciente el medicamento Levetiracetam Keppra, tabletas de 500 mg, y pañales desechables, necesarios para la estabilización de su salud afectada por la enfermedad diagnosticada como epilepsia, retardo sicomotor y parálisis cerebral, en la calidad, cantidad y oportunidad en que sean ordenados por el médico tratante.
Ahora bien, mediante Sentencia C-463 de 2008, la Corte Constitucional, al examinar la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”, en punto a la forma en la cual deben asumirse los costos, cuando se obligue a las prestación de servicios médicos mediante acción de tutela, señaló:
Evidencia entonces la Sala, que la disposición acusada entraña una protección deficiente del derecho a la salud, ya que el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007 solo prevé el beneficio contemplado en dicha disposición para los usuarios que se encuentren en la situación fáctica de padecer enfermedades “de alto costo”, de estar afiliados al “régimen contributivo” y solo en relación con “medicamentos” no incluidos en el plan de beneficios de tal régimen, lo cual en forma consecuente excluye de la prestación de servicios no-POS a los usuarios que se encuentren en la situación fáctica de padecer enfermedades no catalogadas como “de alto costo”, de estar afiliados al régimen subsidiado y en relación con todas las clases y tipos posibles de prestaciones en salud, como medicamentos, diagnósticos, procedimientos, tratamientos, cirugías, intervenciones, o cualquier otro tipo de prestación en salud, que de conformidad con el criterio del médico tratante sea necesaria para la promoción, protección o recuperación de la salud, de conformidad con los artículos 48 y 49 superiores.
Adicionalmente, en el último caso, cuando las EPS no estudien oportunamente tales solicitudes ni las tramiten ante el respectivo comité técnico científico y la prestación sea ordenada mediante acción de tutela los costos deberán ser cubiertos por parte iguales entre las EPS y el Fosyga para el régimen contributivo, como lo ordena el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 del 2007. Esto demuestra que de todas maneras no solo el Fosyga para el caso del régimen contributivo, sino también las EPS deben responder económicamente por los servicios de salud que no se encuentren incluidos en el POS cuando éstos sean ordenados por el médico tratante, en cuyo caso como se ha anotado, dichos requerimientos adquieren el estatus de fundamentales para el paciente, razón por la que esta Corte considera falaz el argumento según el cual la medida restrictiva protege especialmente las finanzas del sistema.
De conformidad con lo anterior, y una vez realizada la integración normativa en relación con el aparte “En aquellos casos de enfermedad de alto costo en los que se soliciten medicamentos no incluidos en el plan de beneficios del régimen contributivo, las EPS llevarán a consideración del comité técnico científico dichos requerimientos. Si la EPS no estudia oportunamente tales solicitudes ni las tramita ante el respectivo Comité y se obliga a la prestación de los mismos mediante acción de tutela, los costos serán cubiertos por partes iguales entre las EPS y el Fosyga”, contenida en el literal j) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, esta Sala encuentra que en aras de darle aplicación al principio de “conservación del derecho” y dado que la normatividad bajo estudio al no tener en cuenta sino los casos de enfermedades de alto costo para el suministro de medicamentos no incluidos en el POS y solo para el caso del régimen contributivo, pasará esta Sala a condicionar dicha disposición.
De esta forma, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha indicado(7) que con la adopción de las medidas provisionales se busca evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación del mismo o, habiéndose constatado la existencia de una violación, que ésta se torne más gravosa(8).
En punto a la facultad de la EPS para repetir el valor de los servicios no incluidos en el listado de beneficios del plan obligatorio de salud POS, esta Sala acoge los lineamientos expuestos por la Corte Constitucional en el citado fallo de exequibilidad y en consecuencia, se concede a la demandada dicha facultad de recobro ante el Fosyga por el 50% del costo del medicamento Levetiracetam Keppra, tabletas de 500 mg, y pañales desechables necesarios para la estabilización de la salud de la menor Mary Alejandra García Vera afectada por la enfermedad diagnosticada como epilepsia, retardo sicomotor y parálisis cerebral, en la calidad, cantidad y oportunidad en que sean ordenados por el médico tratante y dentro de los treinta (30) días siguientes a presentarse y formalizarse las cuentas de cobro de la EPS, deberá asumir su pago, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, lo que conlleva desestimar las argumentaciones de la impugnante.
Así las cosas, analizado el infolio de tutela, esta Sala considera que los argumentos de impugnación alegados por la accionada, no están llamados a prosperar y caso contrario le impone a la colegiatura confirmar en su integridad el fallo de primera instancia que protege los derechos deprecados por la señora Zandra Milena Vera Gelvez, madre de la menor Mary Alejandra García Vera.
1. CONFIRMAR en su integridad el fallo de tutela del 26 de agosto de 2009, proferido por Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a través del cual resolvió tutelar los derechos deprecados por la señora Zandra Milena Vera Gelvez como agente oficioso de su hija menor Mary Alejandra García Vera, contra la Policía Nacional - dirección de sanidad - comité técnico de medicamentos de la policía; jefe seccional de sanidad de la Policía Nacional en Bucaramanga y director de la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional.
Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Julia Emma Garzón De Gómez—Nancy Ángel Müller, Vicepresidenta magistrada—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros.
(2) Corte Constitucional Sentencia C-177 de 1998.
(3) Corte Suprema de Justicia. Sentencia T- 9984.
(7) Auto 166 de 2006