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Timestamp: 2017-12-11 13:27:43
Document Index: 291198962

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 27', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 27', 'artículo 117', 'artículo 48', 'artículo 27', 'Artículo 117', 'artículo 26', 'artículo 117', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'artículo 116', 'Artículo 2', 'Artículo 27', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 116', 'artículo 130', 'Artículo 27']

Reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 27 de febrero
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Reseña Legislativa 952
Boletín 6918-14
REFERENCIA : Modifica disposiciones legales en materia de vivienda y urbanismo con el objeto de favorecer la reconstrucción
MINISTERIO : De Vivienda y Urbanismo y del Interior
INGRESO : 4 de mayo de 2010
ARTICULADO : Cuatro artículos, el 1º modifica el artículo 116 bis d) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), el 2º modifica el artículo 27 de la Ley de Sismos y Catástrofes y dos artículos nuevos sobre permisos de construcción y certificado de inhabitabilidad respectivamente.
II. OPINIÓN EJECUTIVA DE LyD
En general, las proposiciones del proyecto son innecesarias pues se trata de facultades hoy existentes para evitar convocar a la ciudadanía a pronunciarse sobre una modificación de los planos reguladores, para suspender el otorgamiento de permisos de edificación u otorgar certificados de inhabitabilidad (si bien estos últimos no existían, porque lo que se otorga son permisos de demolición).
El proyecto se funda en la necesidad de actuar prontamente en presencia de la catástrofe de 27 de febrero de 2010, pero las normas generales y especiales de la Ley de Sismos y catástrofes (Ley Nº 16.282) solucionan los casos a que se quiere abocar la iniciativa.
Se propone modificar disposiciones legales en materia de vivienda y urbanismo, con el objeto de:
i) ampliar la facultad de establecer normas especiales y procedimientos simplificados de aprobación y recepción, para la regularización de construcciones existentes, abarcando además de las obras de edificación (norma vigente) las de urbanización que se realicen en las zonas que hubieren sido decretadas como afectadas por catástrofe.
ii) Establecer un procedimiento simplificado de modificación de planes reguladores aprobados por Municipalidades afectadas por un sismo o catástrofe, que excluye instancias de participación ciudadana.
iii) Suspender el otorgamiento de permisos de edificación en terrenos inundados por tsunami por un plazo de doce meses, con excepción de las obras de urbanización y defensas ejecutadas por el Estado y aquellas cuyas medidas de seguridad hayan sido calificadas de suficientes por las Direcciones de Obras Municipales y autorizadas por las Seremi respectiva.
iv) Facultar a las Direcciones de Obras Municipales, para otorgar declaraciones de daño e inhabitabilidad de viviendas a los damnificados para los efectos de permitir su postulación a los programas habitacionales del Ministerio
Para mayor información véase el Proyecto de Ley en el ANEXO
IV. COMENTARIOS DE MÉRITO
Procedimientos simplificados de aprobación y recepción de construcciones.
El proyecto trata de agilizar el proceso de reconstrucción simplificando el procedimiento para otorgar los permisos de edificación y las recepciones por parte de las direcciones de obras municipales. Para ello incluye dentro del procedimiento vigente, las obras de urbanización. Ello no es estrictamente necesario, como se va a explicar.
En efecto, la Ley Nº 20.251 de 4 de marzo de 2008, incorporó al DFL 458, LGUC, entre otros, el artículo 116 bis d) el cual establece que la OGUC podrá establecer normas especiales y procedimientos simplificados de aprobación y recepción, para la regularización de construcciones existentes y la aprobación de nuevas construcciones que se realicen en áreas que hubieren sido decretadas zona afectada por catástrofe.
La Ordenanza General deberá establecer los plazos en que se aplicarán las disposiciones que se establecen en el inciso primero de este artículo. Con motivo de favorecer la reconstrucción se propone modificar el artículo 116 bis d) del DFL 458 de Vivienda, en el sentido que el procedimiento simplificado se extienda a la aprobación de “obras de edificación y urbanización” que se realicen en las zonas que hubieren sido decretadas como afectadas por catástrofe y no solo a las nuevas construcciones.
De conformidad con la norma vigente el procedimiento simplificado puede ser establecido en uso de la Potestad Reglamentaria de Ejecución y en consecuencia la modificación propuesta es prescindible ya que la expresión “nuevas construcciones” utilizada por el legislador en el artículo 116 bis d) del DFL 458 sería comprensiva tanto de obras de edificación como de urbanización dado que la acepción construcciones según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere a la acción y efecto de construir, arte de construir, o bien a una obra construida o edificada sin distinción de su especie. A mayor abundamiento, la normativa urbanística no distingue jurídicamente los vocablos “obra” “edificación”, “construcción” o “urbanización” por lo cual la distinción jurídica realizada en la ley afectaría la interpretación que hasta esta fecha se ha efectuado de las normas de vivienda y urbanismo, por parte de la doctrina y jurisprudencia, sin distinción de estos términos.
En consecuencia, la incorporación de las denominadas “obras de urbanización” dentro de los procedimientos simplificados de aprobación y recepción vigentes es prescindible ya que estarían comprendidas dentro del concepto de “nuevas construcciones”.
2.- Modificación de Planos Reguladores en comunas afectadas por sismo o catástrofe.
Se propone modificar, asimismo, el artículo 27 del Decreto Supremo número Nº 104 que fija el texto refundido de la Ley Nº 16.282, con el objeto de especificar los requisitos que deben cumplir las modificaciones de los Planos Reguladores Comunales aprobados por las Municipalidades afectadas por un sismo o catástrofe y determinar el procedimiento para su aprobación.
Esta modificación tiende a rigidizar el procedimiento establecido en la Ley de Catástrofes, estableciendo requisitos tales como:
a. Elaboración de la propuesta de modificación del plan regulador, por el Municipio o por la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva. Sobre este punto no se contempla lo que ocurriría en caso que ninguno de los organismos efectúe la modificación en un determinado plazo, se debe considerar que si el Plan Regulador lo realiza la Seremi no tiene costo para el municipio, por lo cual es perfectamente posible que las municipalidades se abstengan de realizar las propuestas.
b. Aprobación del Concejo Municipal de la propuesta de modificación con todos sus antecedentes. Esta nueva facultad otorgada al Concejo es de carácter orgánico constitucional, según el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Además, se debería indicar un plazo para la aprobación y un procedimiento para el caso en que el Concejo Municipal rechazare el proyecto.
c. Envío de la modificación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con todos los antecedentes y el acuerdo del Concejo Municipal, para su pronunciamiento, dentro del plazo establecido en el inciso primero de este artículo. Si fueran aprobadas se dictará de inmediato el Decreto Supremo respectivo. Sobre este punto no se indica qué ocurriría en caso de no aprobarse la propuesta por parte del MINVU.
En relación con este punto, el artículo 48 de la LGUC prescribe que las Municipalidades confeccionarán o reactualizarán sus Planos Reguladores dentro de los plazos que fije la Seremi, y si no cumplieran con esta obligación, la Seremi puede realizarlo por cuenta de ellas. En la práctica, la SEREMI puede obligar a reactualizar un Plan Regulador o bien elaborarlo por sí misma, independiente de la causa que haga necesaria esta modificación (catástrofe, crecimiento urbano, etc.). De aprobarse el texto propuesto, como ley especial, se aplicaría en forma preferente a la LGUC por lo que esta facultad otorgada a la SEREMI estaría siendo restringida.
Conforme a lo indicado en el proyecto de Ley, las modificaciones a los planes reguladores podrán realizarse en las áreas decretadas zona afectada por catástrofe por un plazo de cuatro años, aun cuando no se encuentren vigentes los respectivos decretos.
Actualmente el Ministerio de Vivienda está facultado para pronunciarse dentro de noventa días acerca de las modificaciones de planos reguladores aprobados por las municipalidades afectadas por un sismo o catástrofe y en las comunas que carezcan de planos reguladores definitivos el presidente de la República, dentro de los dos años siguientes al sismo o catástrofe podrá aprobar proyectos parciales o anteproyectos de planes reguladores elaborados, ya sea por la municipalidad respectiva o bien por la Dirección de planificación de Desarrollo Urbano del MINVU.
El proyecto de ley aumenta el plazo para realizar las modificaciones al plan por un período de 4 años, durante el cual estarían sujetos a las normas especiales de esta ley y no a las generales de la LGUC.
Por lo expuesto en este artículo se hace más complejo el procedimiento de modificación de planos reguladores en caso de sismo o catástrofe, toda vez que agrega requisitos de procedimiento y modifica el ámbito de atribuciones de los organismos públicos. El artículo 27 del DS Nº 104, con el objeto de flexibilizar las normas urbanísticas ante un sismo o catástrofe y al ser una norma de carácter excepcional, permite la aprobación de planes reguladores sin el requisito de participación ciudadana, informe del SEREMI, del Gobierno Regional y de la COREMA y CONAMA, por lo cual su amplitud permite concluir que no es necesario modificar dicho cuerpo legal, precisamente porque permite actuar con mayor libertad ante un evento de esta naturaleza.
3.- Suspensión de Permisos de Edificación en zonas inundadas por tsunami.
El proyecto incorpora un artículo tercero, nuevo, que suspende el otorgamiento de los permisos de construcción por un plazo de doce meses, en los terrenos o parte de ellos inundados por el tsunami, con excepción de las obras de urbanización y defensas que se ejecuten por el Estado. No obstante, según el proyecto, los referidos permisos de edificación podrán ser otorgados por las Direcciones de Obras Municipales con autorización de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, previo estudio del proyecto y siempre que se contemplen medidas de seguridad suficientes.
En relación con esta propuesta cabe señalar que el Artículo 117 de la LGUC establece que “los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones podrán postergarse hasta por un plazo de tres meses, cuando el sector de ubicación del terreno esté afectado por estudios sobre modificaciones del Plan Regulador Intercomunal o Comunal, aprobados por resolución del Alcalde. Esta postergación deberá ser informada previa y favorablemente por la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En caso necesario, el citado plazo de tres meses podrá ser prorrogado hasta completar un máximo de doce meses. La prórroga se dispondrá por decreto supremo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictado “por orden del Presidente de la República” o por resolución del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectivo, según se trate de estudios sobre modificaciones de un Plan Regulador Intercomunal o de un Plan Regulador Comunal, en su caso. Tanto el decreto supremo como la resolución se publicarán en el Diario Oficial y en algún diario de los de mayor circulación en la comuna.”
Esta norma autoriza al alcalde, con aprobación previa de la SEREMI, para “postergar” los permisos de edificación emanados del derecho de propiedad sobre un inmueble. Éstos abarcan las facultades básicas de subdividir, lotear y construir. La postergación de permisos puede realizarse de manera selectiva, esto es, tomando en consideración “… cuando el sector de ubicación del terreno esté afectado por estudios sobre modificaciones del Plan Regulador …”.
La aprobación de la norma propuesta traería como consecuencia:
1.- La suspensión por ley de los permisos de edificación.
Esta medida centralizaría la decisión de “congelamiento”, además de omitir el fundamento de ella, al no contemplar como requisito, el estudio de modificación de plan regulador. Asimismo, la existencia simultánea de ambos cuerpos legales podría generar discusiones sobre las competencias de uno u otro organismo respecto de sus facultades de congelar u otorgar permisos.
2.- El otorgamiento de permisos de edificación, de carácter excepcional, aprobado por las DOM y con autorización de la SEREMI, previa calificación de suficiencia de las medidas de seguridad.
El Decreto Nº 104 de 30 de julio de 2003, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley Nº 16.282, “Disposiciones permanentes para casos de Sismos o Catástrofes”, otorga al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su artículo 26, la facultad de establecer las exigencias extraordinarias a que deberán ajustarse la construcción, reconstrucción y reparación de edificios o demolición de ellos, en el plazo de 30 días desde la dictación del Decreto Supremo que la declara zona afectada, ampliable por la DDU hasta 90 días si existe necesidad de realizar estudios que importen técnicas especiales.
Esta norma especial es la que permite al MINVU incorporar requisitos adicionales (v gr. medidas de seguridad) para las nuevas edificaciones. Si bien el plazo que contempla es menor al implícito en el proyecto (un año) es un plazo razonable si se toma en consideración la envergadura de los derechos cuyo ejercicio se suspende. (propiedad y libre ejercicio de una actividad económica, entre otros ya mencionados)
Finalmente cabe señalar que el proyecto no se hace cargo de las acciones procedentes contra la resolución que deniega el permiso, por lo cual resulta necesario, de aprobarse este proyecto, efectuar la correspondiente remisión a la LGUC en lo que se refiere a la procedencia de los recursos contra la negativa de edificación solicitada.
En suma, deberá determinarse si es realmente necesario modificar el régimen existente dado que la propuesta no implica “trasladar” la facultad desde la Alcaldía al Ministerio de Vivienda, sino que eventualmente ambas autoridades tendrían facultades para suspender el otorgamiento de permisos, lo que puede originar conflictos prácticos en la interpretación y aplicación de las normas. De estimarse finalmente como relevante la incorporación de este artículo, además de resolver la superposición de facultades, es necesario señalar la procedencia de recursos contra de la denegación de un permiso de edificación solicitado en las zonas inundadas por tsunami, efectuando la correspondiente remisión a la LGUC.
No obstante lo anterior, cabe señalar que el “congelamiento” o “suspensión” de permisos actualmente vigente, ha sido objeto de análisis por parte de la doctrina, al efecto el profesor Arturo Fermandois V.1 señala que, por su naturaleza, estos congelamientos, al detener el desarrollo urbano en una comuna, afectan por la vía de la privación temporal, al menos dos garantías constitucionales abstractas: el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar actividades económicas. Tanto los propietarios como las empresas inmobiliarias que desarrollan legítimamente actividades económicas que no se oponen a la moral, las buenas costumbres ni a la seguridad nacional, deben resignar su derecho constitucional por completo, al menos temporalmente. Potencialmente, también, se tocan las garantías de la igualdad a la ley y la no discriminación arbitraria en materia económica en el trato que deben dar el Estado y sus organismos (números 2° y 22° del art. 19). El fundamento original de estas postergaciones o congelamientos, para el citado autor, es evitar las especulaciones inmobiliarias sobre sectores de una comuna cuyas normas urbanísticas serán afectadas por una inminente modificación al Plan Regulador Comunal. El legislador ha querido evitar que, ante tal inminente modificación, se obtengan permisos de última hora que resten armonía a las modificaciones urbanísticas a aplicarse. En consecuencia, el único fundamento legal, racional y constitucional para la aplicación de una medida tan excepcional, y que deslegitima el ejercicio de derechos fundamentales por un breve período, es la existencia de estudios que respalden la modificación al Plan Regulador. Finalmente, este autor plantea que el congelamiento del artículo 117 de la LGUC configura un régimen jurídico excepcionalmente gravoso para el propietario de un inmueble, que hay serias dudas sobre su constitucionalidad de fondo, por su intensidad jurídicamente compresora del dominio, ya que cabe legítimamente preguntarse si un mecanismo que autorice para suspender del todo las facultades más importantes del uso del dueño sobre su bien raíz, por plazos que pueden alcanzar hasta un año, sea compatible hoy con el artículo 19, N° 24, incisos primero, segundo y tercero de la Constitución.
Estas observaciones, válidas para la normativa vigente, son también aplicables para las normas de excepción del proyecto, por las mismas razones.
4.- Declaración de daño o inhabitabilidad para efectos de postular a programas habitacionales del MINVU.
El proyecto trae un artículo cuarto, en el cual para los efectos de permitir la postulación a los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y urbanismo, en caso de catástrofe los damnificados podrán solicitar a las Direcciones de Obras Municipales respectivas la declaración de daño o inhabitabilidad parcial o total de la vivienda según corresponda.
Esta modificación importa el otorgamiento de una nueva facultad, hasta ahora no expresamente contemplada, para los Directores de Obras Municipales, en la medida que se entregue una nueva facultad a dicho organismo deberá considerarse su rango de Ley Orgánica Constitucional.
En este sentido es preciso señalar que actualmente los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda, a pesar de referirse a subsidios estatales que debiesen regularse por ley, están regidos por decretos y reglamentos, por lo cual en este escenario, esa vía sería la apropiada en miras a obtener una solución expedita para el acceso de los damnificados a los subsidios de vivienda y sin perjuicio de la necesaria reforma legal en materia de subsidios habitacionales conforme lo dispuesto por el artículo 19, número 22, de la Constitución.
Por lo anterior podría requerirse, vía decreto, para la postulación al subsidio, la declaración de daño o inhabitabilidad, firmada por un profesional que tenga el título de Ingeniero Civil Estructural, Constructor Civil, Revisores de Cálculo Estructural, Inspectores Técnicos de Obras. En caso que las facultades económicas del solicitante no le permitan obtener el referido certificado, los profesionales del SERVIU podrán extenderlos, en forma previa al otorgamiento de los permisos de obra o demolición requeridos para la reconstrucción o demolición de viviendas afectadas por el sismo o catástrofe.
Finalmente, encaso de acogerse el artículo como está planteado, es de suma importancia establecer un plazo determinado desde la publicación de la norma para efectuar las solicitudes de daño e inhabitabilidad, de manera de velar porque ellas tengan una relación directa con el terremoto y maremoto de 27 de febrero de 2010 y no con hechos ocurridos con posterioridad a ello. Asimismo, en forma previa al otorgamiento de la referida declaración, deberá acreditarse la propiedad del inmueble cuya certificación de daño o inhabitabilidad se solicita.
Con estos antecedentes, cabe concluir que, dada la actual normativa que regula el otorgamiento de subsidios habitacionales a nivel reglamentario, no se precisa una norma legal para regular el requisito de contar con una certificación de inhabitabilidad o daño de la vivienda.
V. ANEXO
Artículo 1°.- Remplazase, en el inciso primero del artículo 116 bis D), del DFL. N° 458, de 1975, la expresión “nuevas construcciones” por “obras de edificación y urbanización”.2
Artículo 2°.- Modifica el Artículo 27 del DS. N° 104 (interior), de 1977, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Titulo I de a ley 16.282, en lo siguiente:
1. Reemplaza el inciso segundo por el siguiente:
“La modificación de los planes reguladores que acuerde la Municipalidad se regirán sólo por las disposiciones de este artículo y deberán contar con los siguientes antecedentes, Memoria Explicativa, que contendrá los antecedentes técnicos generales que sirvieron de base a las proposiciones y un estudio de riesgos, según el tipo de catástrofe que se trate; Ordenanza Local que contendrá las disposiciones generales reglamentarias pertinentes y Planos, que expresan gráficamente las disposiciones de la Ordenanza Local.”.
2. Agrega los siguientes incisos tercero y cuarto, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser quinto y sexto respectivamente:
“El procedimiento de aprobación de estos planes será el siguiente, no pudiendo hacerse otras exigencias a las contempladas:
a. Elaboración de la propuesta de modificación del plan regulador, por el Municipio o por la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva.
b. Aprobación del Concejo Municipal de la propuesta de modificación con todos sus antecedentes.
c. Envío de la modificación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con todos los antecedentes y el acuerdo del Concejo Municipal, para su pronunciamiento, dentro del plazo establecido en el inciso primero de este artículo. Si fueran aprobadas se dictará de inmediato el Decreto Supremo respectivo.
Las modificaciones a que se refiere el inciso primero de este artículo, podrán realizarse en las zonas decretadas zona afectada por catástrofe por un plazo de cuatro años, aun cuando no se encuentren vigentes los respectivos decretos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la División de Desarrollo Urbano emitirá una Circular indicando las comunas en las será necesario modificar los Instrumentos de Planificación Territorial por haberse generado nuevas áreas de riesgo.”.
3. Agrega en el actual inciso tercero que ha pasado a ser cuarto a continuación de la expresión “aprobación” las expresiones “y contenidos”.
Artículo 3°.- Suspéndase el otorgamiento de permisos de construcción en los terrenos o partes de éstos que fueron inundados por el tsunami, en las áreas informadas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) comprendidas en la zona afectada por catástrofe a que se refiere el DS. N° 150, del Ministerio del Interior, de 2010, con excepción de las obras de urbanización y defensas que se ejecuten por parte del Estado.
La suspensión dispuesta por la presente ley regirá hasta por doce meses desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Con todo, las Direcciones de Obras Municipales con autorización de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo podrán otorgar los permisos a que se refiere este artículo, previo estudio del proyecto respectivo y siempre que se contemplen medidas de seguridad suficientes.3
Artículo 4°.- Para el sólo efecto de permitir la postulación a los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en caso de catástrofe los damnificados podrán solicitar a la Dirección de Obras municipales correspondiente, que certifique en un plazo máximo de treinta días corridos desde presentada la solicitud, la condición de daño, o inhabitabilidad parcial o total de la vivienda, según corresponda. En caso que la inhabitabilidad signifique un peligro para los moradores la citada Dirección deberá informar la situación a las autoridades competentes.”.
1 Revista Chilena de Derecho, volumen 34 nº2 pp 319-343 (2007)
2 Artículo 116 bis D).- La Ordenanza General de esta ley podrá establecer normas especiales y procedimientos simplificados de aprobación y recepción, para la regularización de construcciones existentes y la aprobación de obras de edificación y urbanización que se realicen en zonas que hubieren sido decretadas zona afectada por catástrofe.
La Ordenanza General deberá establecer los plazos en que se aplicarán las disposiciones que se establecen en el inciso primero de este artículo.
Durante dicho período las regularizaciones y permisos de viviendas sociales, y de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estarán exentos del pago de derechos municipales a que se refiere el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y
3 Artículo 27º.- El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá, dentro del plazo de noventa días siguientes a la recepción del acuerdo respectivo, pronunciarse acerca de las modificaciones que aprueben las Municipalidades afectadas por un sismo o catástrofe a sus respectivos planos reguladores, debiendo dictarse de inmediato el decreto supremo correspondiente, si éstas fueren aprobadas.
La modificación de los planes reguladores que acuerde la Municipalidad se regirán sólo por las disposiciones de este artículo y deberán contar con los siguientes antecedentes, Memoria Explicativa, que contendrá los antecedentes técnicos generales que sirvieron de base a las proposiciones y un estudio de riesgos, según el tipo de catástrofe que se trate; Ordenanza Local que contendrá las disposiciones generales reglamentarias pertinentes y Planos, que expresan gráficamente las disposiciones de la Ordenanza Local.
El procedimiento de aprobación de estos planes será el siguiente, no pudiendo hacerse otras exigencias a las contempladas:
Cuando dichas comunas carezcan de planos reguladores definitivos, podrá el Presidente de la República, dentro de los dos años siguientes al sismo o catástrofe, aprobar proyectos parciales o anteproyectos de planos reguladores elaborados por la Municipalidad respectiva o por la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para todos los efectos legales estos proyectos parciales o anteproyectos serán considerados como planos reguladores y, para su aprobación y contenidos, se estará a lo dispuesto en los incisos anteriores. Estos planos se harán sin costo alguno para la respectiva Municipalidad.
Las Municipalidades de las zonas afectadas por el sismo o catástrofe podrán permutar los terrenos e inmuebles que sean necesarios para ejecutar el plan de remodelación.