Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321161L.html
Timestamp: 2019-03-21 11:49:58
Document Index: 19333079

Matched Legal Cases: ['artículo 236', 'artículo 16', 'artículo 247', 'artículo 137', 'artículo 120', 'artículo 128', 'artículo 247', 'artículo 192', 'artículo 1534', 'artículo 9', 'artículo 1284', 'artículo 33', 'artículo 1534', 'artículo 236', 'artículo 247', 'artículo 120', 'artículo 137', 'artículo 247', 'artículo 236', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 237', 'artículo 192', 'artículo 275', 'artículo 254', 'artículo 42', 'artículo 8']

as201321161L
Auto Supremo: Nº 161
Sucre: 29 de abril de 2013
Expediente: LP- 21- 08- S
Proceso: Doble de división y partición de herencia.
Partes: José Castañeta Flores c/ Casimiro, Marcelino y Andrea Castañeta Canaviri y otros.
1.- Los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos por Casimiro Castañeta, de fojas 589 a 591 y por Marcelino Castañeta Canaviri, de fojas 594 a 597 contra el Auto de Vista Nº 299 de 24 de agosto de 2007, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, en el proceso ordinario doble de división y partición de herencia, seguido por José Castañeta Flores, en contra de Casimiro, Marcelino y Andrea Castañeta Canaviri, Elsa Chirinos vda. de Castañeta, Juana, Marco Antonio, Moisés, Javier, Mery y Jhaquelin Castañeta Chirinos herederos de Celestino Castañeta Flores, y también contra Rufino y Antonio Choquehuanca Flores.
2.1. Antecedentes del proceso.-Que, mediante sentencia de fojas 511 a 517, el Juez de Partido Noveno en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz, declaró probada en parte la demanda de fojas 1, subsanada por memorial de fojas 9, modificada y ampliada por memorial de fojas 272 a 274, e improbada las excepciones de incapacidad y falta de personería opuestas por Marcelino Castañeta Canaviri de fojas 318; también improbada la demanda reconvencional de fojas 293 a 295 y probada la negativa solo en cuanto a que el inmueble no admite cómoda división, y en su mérito dispone que se proceda al remate en subasta pública del bien inmueble ubicado en Av. Cristo Vencedor Nº 2242 de la zona de Munaypata de ésta ciudad, previa tasación pericial, cuyo producto se distribuya entre los coherederos en la forma “ya señalada”, en el plazo de 30 días.
Que, en grado de apelación interpuesto por Casimiro Castañeta, de fojas 523 a 525 vuelta, y por Marcelino Castañeta Canaviri, de fojas 543 a 546, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de La Paz, por Auto de Vista Nº 299 de 24 de agosto de 2007, de fojas 584 a 586 vuelta, confirma la sentencia en forma total, con la modificación de que el producto de remate en ejecución de fallos se proceda a su división conforme al quinto considerando de dicho Auto de Vista, con costas.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 589 a 591 vuelta, Casimiro Castañeta Castañeta interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, y por memorial de fojas 594 a 597 vuelta, Marcelino Castañeta Canaviri, también interpone recurso de casación en la forma y en el fondo.
3.1.- Recursos de casación.- Los recurrentes, en sus respectivos recursos de casación, aducen causales de casación en la forma y causales de casación en el fondo, que se los compendia separadamente:
3.1.1.- Sobre la casación de Casimiro Castañeta.-
3.1.1.1.- Casación en la forma.- Con relación a la casación en la forma, dicho recurrente formula las siguientes acusaciones:
1º.- Acusa al Tribunal ad quem de haber violado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en razón a no haber analizado lo relativo a la denuncia de haberse violado el debido proceso legal garantizado por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado (abrogada) por falta de designación de defensor de oficio a los declarados rebeldes.
2º.- Acusa también al Tribunal ad quem de no haberse pronunciado expresamente respecto haberse incurrido en la causal de nulidad prevista por el artículo 247 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) al infringirse el artículo 137 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, por falta de notificación con el auto de calificación del proceso a los codemandados Andrea, Elsa, Juana, Marco, Moisés, Javier, Mery y Jacqueline Castañeta Chirinos, si como a Rufino y Antonio Choquehuanca Flores.
3º.- Denuncia que los demandados Andrea Castañeta Canaviri, Elsa Chirinos Vda. de Castañeta, Juana, Marco Antonio, Moisés, Javier, Mery y Jacqueline Castañeta Chirinos, Rufino y Antonio Choquehuanca Flores, no se les habría notificado con el auto de fojas 270 vuelta, base de la modificación de la demanda, por lo cual existiría violación del artículo 120 con relación al artículo 128 (se infiere que es del Código de Procedimiento Civil) y conforme lo determina el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil.
4º.- Acusa también la violación del artículo 192 del Código de Procedimiento Civil al no precisarse en la parte resolutiva los porcentajes y remitir a otra parte del fallo, cuando esa otra parte constituye la fundamentación y no la parte resolutiva que requiere una decisión precisa, extremo que no ocurre ni en la sentencia ni en el Auto de Vista.
3.1.1.2.- Casación en el fondo.- Respecto de la casación en el fondo, el propio recurrente Casimiro Castañeta, efectúa las siguientes denuncias:
1º.- Acusa tanto al Juez a quo como al Tribunal ad quem de haber incurrido en error de hecho al dar por cierto que el certificado de defunción de fojas 58 demostraría que Hilarión Castañeta Quispe haya tenido 5 hijos; tres del primer matrimonio y dos del segundo, y que haya tenido dos matrimonios, pues el certificado de defunción sólo prueba el hecho de la muerte, pero no acredita el nacimiento de hijos tampoco matrimonios, concluyendo que los fallos de grado estarían basados en hechos falsos, sin tomar en cuenta que el artículo 1534 del Código Civil dispone que “ las indicaciones o menciones extrañas al acto objeto de la inscripción no tienen validez” .
2º.- Acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en error de derecho al otorgarle valor probatorio al testimonio de fojas 62 a 69, y con ello haber violado el párrafo II del artículo 9 del Código Civil y por consiguiente de haber infringido los artículos 1296 y 1309 del Código Civil porque el proceso judicial de cambio de nombre, que procede cuando se trata de apellido grosero o burlesco o apellidos en idioma extranjero pero jamás para cambiar el contenido de una expresión Castaños por Castañeta, debió haber sido dirigido contra terceros interesados como son los verdaderos hijos de Hilarión Castañeta Quispe y no contra el Director del Registro Civil.
3º.- Acusa que se habría infringido el artículo 1284 del Código Civil al haberse establecido la inversión de la prueba al pretender que sean ellos (los demandados) quienes acrediten que José Castaños convertido en José Castañeta no era hijo de Hilarión Castañeta Quispe, ya que no existe prueba que demuestre que el actor sea hijo de Hilarión Castañeta Quispe.
4º.- Se acusa de aplicación indebida de la legislación vigente, como los artículos 101, 111 y 113 del Código de Familia y normas del Código Civil vigente a hechos ocurridos durante la vigencia de la legislación abrogada, como son el supuesto matrimonio con Isidora Canaviri Flores que se habría producido el 21 de septiembre de 1939 y la compra venta en fecha 21 de enero de 1959, y que tal aplicación indebida de la norma viola el artículo 33 de la Constitución Política del Estado (abrogada) al otorgarle efecto retroactivo y basar el fallo en normas inaplicables, ya que las normas aplicables eran los artículos 971, 972, 973, 1003, 1004 del Código Civil Abrogado.
5º.- Acusa que inexplicablemente se declara improbada la demanda reconvencional cuando se ha probado la causal ilícita, ya que el certificado de nacimiento es nulo porque atenta contra la ley.
Concluye pidiendo que se anule obrados hasta el vicio más antiguo o en su caso se case el auto de vista revocando y declarando improbada la demanda y probada la demanda reconvencional, consiguientemente nulo y sin valor legal el certificado de nacimiento inscrito bajo el libro Nº 7 de junio de 1941.
3.1.2. Sobre la casación de Marcelino Castañeta Canaviri.-
3.1.2.1. Casación en el fondo.- Con relación a la casación en el fondo, dicho recurrente formula las siguientes acusaciones:
1º.- Se acusa que los jueces de instancia han incurrido en error de hecho en la valoración del certificado de defunción de fojas 58 al aceptarse como verdad incuestionable que dicho certificado demostraría que Hilarión Castañeta Quispe tenía cinco hijos y que el mismo en vida haya tenido dos matrimonios, cuando dicho certificado debía ser valorado al tenor del artículo 1534 del Código Civil.
2º.- Acusa al Tribunal ad quem de haber incurrido en error de derecho al otorgarle valor probatorio al testimonio de fojas 62 a 69, y de haberse infringido los artículos 1296 y 1309 del Código Civil, ya que dentro del proceso judicial de cambio de apellido por el de Castañeta jamás se demandó en contra de Hilarión Castañeta Quispe, de lo que resulta que la sentencia no surte efecto en contra del mismo, no teniendo legitimación pasiva la Dirección Departamental del Registro Civil.
3º.- Denuncia deficiente valoración de la prueba y que resulta ilógico que se haya declarado probada la demanda sin que durante la tramitación del proceso se hubiera demostrado por el actor que sea hijo de Hilarión Castañeta Quispe.
3.1.2.2. Casación en la forma.- El recurrente formula las siguientes acusaciones:
1º.- Acusa de haberse violado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse considerado por el Tribunal ad quem sobre el pedido de reposición de obrados por el hecho de no haberse designado defensor de oficio a los demandados que fueron declarados rebeldes.
2º.- Acusa que no se habría citado con la demanda a los codemandados Andrea Castañeta Canaviri, Elsa Chirinos vda. de Castañeta, Juana, Marco Antonio, Moisés, Javier, Mery y Jacqueline Castañeta Chirinos, Rufina Choquehuanca Flores y Antonio Choquehuanca Flores, por lo que correspondería la nulidad de obrados por mandato del artículo 247 de la Ley de Organización Judicial y en cumplimiento al artículo 120 del Código de Procedimiento Civil.
3º.- Acusa que no se notificó a los codemandados Andrea Castañeta Canaviri, Elsa Chirinos vda. de Castañeta, Juana, Marco Antonio, Moisés, Javier, Mery y Jacqueline Castañeta Chirinos, Rufina Choquehuanca Flores y Antonio Choquehuanca Flores, con el auto de calificación del proceso y apertura de término de prueba, infringiéndose lo establecido en el artículo 137 numeral 39 del Código de Procedimiento Civil y con relación a la causal de nulidad prevista por el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente pide que se anule el proceso hasta la citación con la demanda a los codemandados cuya citación observa.
3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado los recursos, corresponde efectuar las siguientes consideraciones, comenzando por la casación en la forma, pues en caso de estimarse dicho recurso ya no correspondería analizar la casación en el fondo.
3.2.1.- Sobre la casación en la forma.- Tenida cuenta que tres de las denuncias formuladas por los recurrentes contienen fundamentos idénticos, se los analiza en forma conjunta:
Sobre la falta de pronunciamiento con relación a la falta de designación de defensor de oficio a los declarados rebeldes.- El Auto de Vista impugnado sí se ha pronunciado con relación a esta denuncia, ciertamente de manera lacónica; empero está claro que no ha estimado esa denuncia con el argumento de que los artículos 68 al 72 del Código de Procedimiento Civil no señalan la designación de dicho defensor; lo cual es evidente, pues en los procesos civiles no procede la designación de defensor de oficio en favor del demandado que habiendo sido citado con la demanda no comparece a asumir defensa.
Respecto a que tampoco el Tribunal ad quem se hubiera pronunciamiento con relación a la falta de notificación con el auto de calificación del proceso y apertura de término de prueba a los codemandados Andrea, Elsa, Juana, Marco, Moisés, Javier, Mery y Jacqueline Castañeta Chirinos, así como a Rufino y Antonio Choquehuanca Flores, corresponde precisar que ello no es evidente, pues el Tribunal ad quem, sí se ha pronunciado también de forma muy concreta señalando que si se les ha notificado con el referido auto a los demandados rebeldes y a quienes asumieron defensa y concluyendo que no existen vicios procedimentales que den lugar a la nulidad reclamada.
Consiguientemente no es verdad que se haya violado el artículo 236 del código de Procedimiento Civil.
En todo caso, cualquier defecto procesal que afecta a una parte en concreto, debe ser denunciado por el afectado y no por las otras partes, por lo que los recurrentes carecen de legitimidad para denunciar defectos de procedimiento que no les afecta directamente en su derecho de defensa en juicio.
Con relación a las citaciones con la demanda y la notificaciones con el auto de calificación del proceso y apertura de término de prueba.- Debe tenerse presente que las formas procesales no tienen finalidad en sí misma, su teleología esta orientada a garantizar el derecho de defensa en juicio, de ahí que el supuesto defecto legal sólo pueda ser invocado por quien resulte afectado con el supuesto error in procedendo. En el caso de autos, los recurrentes no son los afectados directamente con los supuestos errores procedimentales denunciados por ellos mismos, por cuya razón no les asiste derecho a reclamar tales defectos sino que corresponde hacerlo a aquellos demandados que resultaren perjudicados, pues en mérito al principio dispositivo que rige en el proceso civil es la parte afectada la que tiene derecho ya sea a convalidar o reclamar oportunamente cualquier lesión a su derecho de defensa en juicio, por cuya razón no puede acogerse dicha denuncia.
Con relación a la falta de precisión de la parte resolutiva.- El recurrente Casimiro Castañeta, ha denunciado que tanto la sentencia como el Auto de Vista impugnado, en su parte resolutiva no precisan los porcentajes y remiten a los fundamentos del fallo cuando es la parte resolutiva la que requiere una decisión precisa, por lo que acusa que se habría violado el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil.
Ciertamente el artículo 192-3) del Código de Procedimiento Civil se refiere a los requisitos que debe contener la sentencia, entre ellos la parte resolutiva con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda y la reconvención y en su caso sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenado o absolviendo total o parcialmente, ello implica que el decisum debe ser explícito, pues nada se da por sobreentendido ni se obtiene por deducción o inducción, tanto más si la decisión implica ejecución de lo decidido.
El requisito de exhaustividad de los fallos judiciales, exige a los jueces de instancia, tanto someter al tamiz de su consideración todos y cada uno de los extremos litigiosos cuanto consignar cada uno de estos puntos en la parte resolutiva; pues si bien es cierto que, en los casos en los cuales se ha desestimado toda la demanda, no acarrea mayor dificultad el empleo de la expresión genérica de declararse improbada la demanda en todas sus partes y en el fallo de segunda instancia consignar que se confirma la sentencia apelada, sin otra especificación; sin embargo cuando la decisión es estimativa de la pretensión del actor o del reconvencionista, y ello conlleva ejecución, la claridad, concisión y precisión son imprescindibles, no solo para facilitar el trámite de la ejecución sino en propio resguardo de la seguridad jurídica de los justiciables.
Ciertamente el auto de vista debe pronunciarse en alguna de las formas previstas por el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil; empero, en los casos en los cuales la resolución de segundo grado modifica el fallo de primera instancia, corresponde que el Tribunal ad quem también consigne, en la parte resolutiva del auto de vista, decisiones positivas y precisas sobre las pretensiones deducidas por las partes en los actos de constitución del proceso y respecto de las determinaciones modificatorias, cumpliendo escrupulosamente el artículo 192-3) del Código de Procedimiento Civil.
En el caso en examen el Auto de Vista recurrido, que modifica la determinación de primera instancia, omitió consignar en la parte resolutiva decisiones precisas respecto a la forma y quantum de la división, incurriendo en el error de remitir nada menos que a la parte considerativa de la resolución. Empero dicho defecto no es meramente formal, pues el considerando quinto al cual se ha remitido indebidamente en la parte resolutiva no tiene la precisión que corresponde, en primer lugar en cuanto al objeto de la división, pues en la demanda se hace referencia a una casa con una superficie de 120 metros cuadrados, es decir no se trataría solamente de un lote de terreno sino además de una edificación, y si ello es así el hecho de que el Auto de Vista haga alusión a la división siguiendo el criterio de metros cuadrados se entendería que la división es únicamente con relación a la superficie de terreno, lo cual implicaría que no se ha previsto la división de la superficie construida, a menos que dicha construcción este excluida de la división por no ser de propiedad del causante, lo cual tampoco esta aclarado.
En el referido considerando tampoco se precisa cuál es la cuota parte que le corresponde a cada heredero, como corresponde en una decisión relativa a una división, pues inclusive en el último parágrafo del considerando Quinto se incluye entre los herederos del 50 % que correspondía a Hilarión Castañeta al fallecido Celestino Castañeta Flores siendo que en la causa han intervenido los herederos de éste.
El defecto que se advierte es evidentemente trascendente, pues el fallo que en la parte resolutiva omite consignar decisiones claras, positivas y precisas, además de quebrantar las formas de la decisión, no cumple con el deber de contribuir al restablecimiento de la paz y en su lugar la decisión por si misma incrementa el riesgo de la generación de mayor conflictividad durante la fase de ejecución, en desmedro del interés de los justiciables, ya que afecta a la seguridad jurídica de las partes y en su caso acarrearía dificultades en una eventual ejecución.
El referido defecto del acto de decisión, se halla expresamente sancionado con nulidad por el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil, con referencia al artículo 254-4) Ídem, pues la falta de determinación clara, positiva y precisa en la parte resolutiva del fallo, hace de éste citra petita; el defecto que se advierte resulta trascendente, razón por la cual debe anularse el Auto de Vista de fojas 584 a 586 vuelta.
3.2.2. Sobre la casación en el fondo.- Precisamente en razón a que se acogerá el recurso de casación en la forma, en merito a la nulidad que ello acarrea, no corresponde pronunciamiento sobre la casación en el fondo de ambos recursos.
4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 299 de 24 de agosto de 2007, de fojas 584 a 586 vuelta de obrados, disponiendo que el tribunal Ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y exhaustividad en la parte resolutiva.
Libro Tomas de Razón 161/2013