Source: https://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/703/14362
Timestamp: 2020-01-25 12:35:27
Document Index: 126361500

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 13']

Pues, sí, estamos aquí en este momento, en el que sabíamos que en algún momento del día íbamos a llegar, discutiendo, y lo digo entre comillas, el proyecto de dictamen de la Ley General de Comunicación Social, con la que se pretende dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en materia de propaganda gubernamental.
Y esta intención de aplastar, de avanzar, de no entender y de continuar con este proceso, a pesar de todo, tiene como fin, supuestamente, atender la resolución de la Corte. Pero nada más alejado de eso.
El fantasma que hoy ronda en el Senado de la República es que hay que evitar el desacato a la resolución de la Corte, y en ese sentido hay que aprobar cualquier cosa, con tal de dar respuesta a esa resolución.
Pero por eso me parece importante decirles que no con atender en tiempo, lo estamos haciendo en forma, y que el desacato a la Corte puede ir más allá de lo que hoy se pretende legislar.
Y para evitarles el trabajo, porque así sucede en el Legislativo, me he dado a la tarea de leer, cuidadosa y detalladamente la resolución de la Corte para traer hoy acá a los argumentos que demuestran, que con cumplir en tiempo no significa que estaremos acatando ese resolutivo.
Por una parte, es importante decir: que las organizaciones que presentaron un recurso de revisión por un amparo, establecieron dos condiciones en lo que presentaron.
Por una parte, la omisión de la autoridad responsable al violar la libertad de expresión de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución, permite un uso arbitrario y discrecional de la reparación de la publicidad oficial, generando con ello condiciones para que, por un lado, las autoridades utilicen los recursos públicos utilizados, destinados a dicho fin, para beneficiar los medios de comunicación que son complacientes con aquellas; y por otro lado, castigar a los medios de comunicación y periodistas críticos, es decir, generando medios indirectos de censura.
Y por otra parte, lo que se estaba revisando era la parálisis de acciones tendientes a la emisión de la ley reglamentaria, es decir, no solamente basta con tener una ley reglamentaria, sino justamente se tiene que ver con garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, es importante insistir en lo que dice el artículo 134 constitucional. “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
Y además establecía en el artículo tercero transitorio, que se garantizaría que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Como puede observarse, la proposición del artículo 134 establece los principios que deben regir las políticas de comunicación social de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el carácter institucional que debe animar a dicha comunicación social, y los fines informativos, educativos o de orientación social. La legislación que hoy tenemos aquí no cumple con ninguno de esos criterios.
Cuando la Constitución establece el deber de legislar respecto a algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio.
Lo vuelvo a repetir: Deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio.
El que se imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución.
La Corte, lo que nos está diciendo, es que no se puede legislar en cualquier sentido, sino que tenemos que acatar lo que dice el artículo 134 constitucional.
Por otra parte, dice: Que en el caso mexicano, el control de constitucionalidad de omisiones legislativas, es algo que la Corte ya ha realizado con anterioridad en vías procesales distintas al juicio de amparo, y ha obligado al Poder Legislativo a actuar para reparar una omisión legislativa. Es decir, no andemos asustados por no cumplir.
No es la primera vez que nos corrige la Suprema Corte, es la primera vez que lo hace por esta vía, pero es importante además atender, no solamente en tiempo, insisto, también en forma.
Y para que quede también claro quiénes son las autoridades responsables en esta omisión legislativa de no legislar para reglamentar el 134 constitucional, señala claramente que las Cámaras del Congreso de la Unión como únicas autoridades responsables, es decir, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Y dado que la Constitución impuso al Congreso de la Unión el deber de escribir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo ya que ha transcurrido en exceso, y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente con esta obligación, y esta parte es muy importante.
¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien. La omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.
Con lo que hoy tenemos en el dictamen, no estamos atendiendo el derecho a la libertad de expresión ni, por lo tanto, estamos supliendo la omisión legislativa del Congreso de la Unión de legislar en la materia.
La libertad de expresión se encuentra protegida en los artículos 6º y 7º constitucionales, así como en los artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Suprema Corte ha hecho un especial énfasis en mostrar que la libertad de expresión constituya una precondición de la vida democrática.
De esta manera la conexión entre la libertad de expresión y la democracia ha sido destacada en numerosos precedentes.
Todo esto viene en la resolución y le estoy dando las partes sustanciales para que nos demos cuenta lo que la Corte dictaminó, no es tan sencillo de decir “vamos a sacar una legislación que va a cumplir, aparentemente, con la resolución en tiempo, pero no en forma”.
La libertad de expresión tiene una dimensión individual relacionada centralmente con la autonomía de las personas, pero también tiene una dimensión colectiva en el contexto de una sociedad democrática y que resultan indispensables manifestaciones colectivas de la libertad de expresión, tales como el intercambio de ideas, el debate desinhibido e informado sobre cuestiones de interés público, la formación de una opinión política robusta, la eliminación de los obstáculos a la búsqueda y recepción de información, la supresión de mecanismos de censura directa e indirecta, la exigencia de medios de comunicación, profesionales e independientes.
Búsquenle al proyecto de dictamen y nada de esto está considerado.
De acuerdo con lo expuesto, la dimensión colectiva de la libertad de expresión contribuye a la conformación de una ciudadanía informada y crítica, condición indispensable para el adecuado funcionamiento de una democracia representativa como la mexicana.
Los medios de comunicación son una pieza clave para el adecuado funcionamiento de una democracia toda vez que permiten a los ciudadanos recibir información y conocer opiniones de todo tipo al ser, precisamente, el vehículo para expresar ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas entre la sociedad.
Si los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente, una democracia deliberativa.
Voy, Presidente, creo que hemos esperado todo el día para poder discutir este tema y, como le dije, no han leído lo suficiente los legisladores y, por lo menos, les estoy dando un resumen de la sentencia para que se enteren lo que dice.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se lo apreciamos mucho, Senadora, pero apreciamos más si respetara el tiempo de los demás.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Así deberían de respetar los tiempos de los cinco meses que estuvo esperando para legislarse esto.
Estoy por concluir, y siempre soy muy respetuosa del tiempo, pero este es un tema fundamental y le pido que me permita concluir.
Los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente, una democracia deliberativa requiere de medios de comunicación, profesionales e independientes que informen y den a conocer los distintos puntos de vista que existen sobre un problema.
En el caso de México es una realidad innegable que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública realizan cotidianamente actividades de comunicación social para cumplir con fines informativos o educativos o de orientación social.
Así el gobierno compra a los medios de comunicación espacios de publicidad de distinto tipo con el objetivo de que su mensaje llegue al mayor número de destinatarios, en esta lógica los ingresos que obtienen los medios para difundir comunicación social del gobierno pueden ser indispensables para que éstos se mantengan en operación, especialmente en épocas de crisis.
La dependencia de los medios de comunicación, del gasto en comunicación social del gobierno, es una situación que, sin lugar a dudas, supone una amenaza a la libertad de expresión, y esto no se está regulando.
La Primera Sala considera, efectivamente, la ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación social como resultado de la omisión legislativa que reclamó la organización y da lugar a un estado de cosas institucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva, y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de esa organización.
La ausencia de la regulación de cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión claramente prescrita en la Constitución.
La falta de reglas claras, y en esto voy a ser enfática, la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno, es una omisión atribuible al Congreso de la Unión, constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión.
Y si no están de acuerdo con ello vean lo que dijo el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión.
Dice: “Nos preocupa que el proyecto de ley propuesta deja un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales.
Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento de la ley.
La ley debe contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados”.
Tanto la resolución como el Alto Comisionado de Naciones Unidas nos están diciendo que nos estamos equivocando y seguimos en omisión legislativa.
Por esas razones, Presidente, es que someto a consideración del Pleno esta propuesta de moción suspensiva.
Lo ideal es modificarlo, y si tanto les preocupa no cumplir en tiempo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos de aquí al lunes para modificar esta minuta y hacerlo correctamente.
Pido que aprueben esta moción suspensiva para regresarlo a comisiones, modificar el dictamen y realmente cumplir con lo que la sentencia dictaminó.