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Timestamp: 2018-10-19 03:27:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 163', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 24', 'artículo 204', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 139', 'artículo 25', 'artículo 200', 'artículo 139', 'artículo 105', 'artículo 44', 'artículo 24', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9']

Medidas de seguridad - locutorios celulares
Tema Derecho a la libertad personal EXP. N.° 0774-2005-HC/TC
SubTema Medidas de seguridad - locutorios celulares
Resolución N. º 00774-2005-HC/TC LIMA
Fecha de publicación 21/04/2006
Caso Víctor Alfredo Polay Campos VÍCTOR ALFREDO
Se precisa que la implementación de los locutorios, es una medida que limita el contacto directo entre el interno y la visita, y su aplicación está relacionada con criterios de seguridad, toda vez que con dicho mecanismo se impide la transmisión de documentos u objetos, que de alguna manera pueden poner en riesgo bienes constitucionales colectivos, tales como la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito, entre otros, a los cuales la sociedad en su conjunto tiene derecho. Asimismo, se sostiene que en la aplicación y uso de locutorios se deben respetar criterios mínimos relacionados con principios y valores constitucionales; y, el test de proporcionalidad (FJ 8-14). POLAY CAMPOS
En torno a ello, este Colegiado debe recordar que, si bien es menester la tutela de los derechos del justiciable, también lo es deber de la administración preservar el orden público, tanto más si, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 163º de la Norma Suprema, es deber del Estado garantizar la seguridad de la Nación y la defensa nacional, de modo integral y permanente, en sus ámbitos interno y externo. En el ámbito interno, que es el que nos ocupa, resulta primordial la tutela de la defensa nacional, que es interés general, a la que toda persona, natural o jurídica, está obligada a colaborar por mandato expreso contenido en el numeral acotado, más aún si el país ha atravesado dramáticas épocas de violencia terrorista, como hoy de inseguridad ciudadana. En consecuencia, la utilización de locutorios en el país respeta los principios y valores constitucionales que en materia de derechos humanos reconoce la Constitución.
En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 2005, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don Hernán Quirós Urteaga, contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 101, su fecha 5 de octubre del 2004, que, revocando la apelada declara infundado la acción de hábeas corpus de autos.
Con fecha 21 de junio del 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus de naturaleza correctiva a favor de su patrocinado, Víctor Alfredo Polay Campos, la que dirige contra el Ministro de Defensa, Gral. E.P. Roberto Chiabra León, y contra el Jefe del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, don Alberto Lozada Frías, por atentar contra su libertad individual, y vulneración de sus derechos de defensa; visita familiar, y de rehabilitación y readaptación del procesado, mediante la imposición de locutorios celulares y la censura de sus documentos de defensa, por lo que solicita que se declaren sin efecto e inexistentes los Decretos Supremos N.º 024-2001-JUS y N.º 02-2004-JUS.
Solicita, asimismo, que se declare inaplicable a su patrocinado el artículo 24º del Decreto Supremo N.º 024-2004-JUS, en cuanto dispone que todas las visitas indicadas en los artículos 16º, 22º y 23º del Reglamento de Reclusión se llevarán a cabo en locutorios acondicionados para tal fin. Finalmente, solicita que no se intervenga o grabe la entrevista directa de su patrocinado con sus familiares y demás visitas, incluyendo a su abogado defensor, ni se censure documentos de su defensa, afectando con ello el secreto y la confidencialidad que constituyen fundamentos de tal derecho.
Afirma que su defendido se encuentra internado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval; que fue irregularmente juzgado por un tribunal conformado por integrantes ocultos y sin rostro, que llegó al extremo de sentenciarlo a cadena perpetua, juzgamiento que fuera declarado nulo. Aduce que el Tribunal Constitucional expidió la sentencia N.º 010-2002-AI-/TC, que declara la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto Ley N.º 25744 (en el que se sustenta el Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS, que, al ser de menor jerarquía, deviene también en inconstitucional e inaplicable, como también resulta inconstitucional e inaplicable el Reglamento del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC) aprobado por dicha norma).
Explica que, no obstante haberse declarado la inconstitucionalidad del decreto ley mencionado, el Gobierno expidió el Decreto Supremo N.º 02-2004-JUS, que modifica el artículo 11º del Reglamento de Seguridad e incorpora el artículo 24º-A, que, arbitrariamente, dispone que todas las visitas indicadas se llevarán a cabo en locutorios acondicionados para tal fin, transgrediendo con ello no sólo el artículo 204º de la Constitución, sino también los derechos constitucionales invocados. Por esta razón, en la Causa Penal N.º 01-93, la Sala Nacional de Terrorismo, a solicitud de su defensa, dispuso la inutilización de los mencionados locutorios para las entrevistas que sostuviera el beneficiario con su abogado. Alega que, a pesar de ello, la restricción se mantiene vigente para las visitas que realiza su señora madre, exceso que constituye un tipo más de tortura y que ha acentuado la afección de su salud, a la par que lesiona su dignidad y atenta contra principios en los que se apoya la rehabilitación y resocialización del interno.
b. Declaración del demandado
Con fecha 23 de junio de 2004, en la investigación sumaria, el Jefe del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval aduce que se está dando cumplimiento a la resolución expedida por la Sala Nacional de Terrorismo, conforme lo acreditan las actas de visita firmadas por los abogados y por las imágenes del sistema de cámaras de seguridad. Finalmente, afirma que es falso el extremo afirmado que se graban las conversaciones de las personas que visitan al favorecido.
c. Sentencia del juez de primer grado
Con fecha 28 de junio del 2004, el juez del Vigésimo Primer Juzgado Penal de Lima, declara fundada la demanda.
Para llegar a tal determinación, considera que se ha violado la libertad individual del favorecido, en el extremo de imposición de locutorios celulares para la visita de los familiares y otros, ya que existe una arbitraria restricción del derecho de visita familiar, sin existir una proporcionalidad entre la medida restrictiva y lo que se pretende proteger que es la seguridad.
Asimismo, declara inaplicable al demandante el artículo 24º-A del Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS, que dispone que las visitas de los familiares del demandante se llevarán a cabo en salas especiales para tal fin.
d. Apersonamiento y apelación por parte del Procurador Público Adjunto del Ministerio de Defensa
Con fecha 30 de septiembre del 2004, el Procurador Público Adjunto del Ministerio de Defensa se apersona al proceso y apela la sentencia expedida, alegando que los decretos supremos cuestionados no son inconstitucionales y que no existe vulneración constitucional alguna, dado que el uso de los locutorios es acorde con lo previsto por el Código de Ejecución Penal y se encuentra reglamentando en caso de internos de alta peligrosidad, como es el caso del demandante.
e. Sentencia del juez de segundo grado
La recurrida revoca la apelada y, reformándola, la declara infundada por considerar que el proceso de hábeas corpus no es vía idónea para cuestionar la constitucionalidad de los decretos supremos invocados, y su aplicación o inaplicación a las visitas del favorecido deben ser resueltas extraproceso, o dentro del proceso penal instaurado en su contra, conforme lo dispone el Reglamento del Código de Ejecución Penal.
III. DATOS DEL PROCESO
El objeto del presente proceso de hábeas corpus es que se declaren sin efecto e inexistentes los Decretos Supremos N.º 024-2001-JUS y N.º 02-2004-JUS, e inaplicable al beneficiario el artículo 24º del Decreto Supremo N.º 024-2004-JUS, en el extremo que dispone que todas las visitas del favorecido se realicen en los locutorios acondicionados para tal fin.
Queda claro que el demandante alega el atentado a la libertad individual de su patrocinado, así como la vulneración de sus derechos de defensa; visita familiar, y de rehabilitación y readaptación, que la Constitución garantiza, mediante la imposición de locutorios celulares y la censura de sus documentos de defensa.
Finalmente, solicita que no se intervenga ni grabe la entrevista directa del favorecido con sus familiares y demás visitas, incluyendo a su abogado defensor.
· ¿Es pertinente el uso del hábeas corpus para criticar la validez de decretos supremos?
· ¿La aplicación e implementación de locutorios respeta los principios y valores constitucionales?
- ¿Su establecimiento es una facultad estatal?
- ¿Cómo se viabiliza su utilización en el CEREC?
· ¿Qué situaciones se pueden considerar controvertidas respecto a los locutorios en el CEREC?
- ¿La aplicación y uso de locutorios para la recepción de las visitas de familiares y amigos lesiona los derechos del interno?
- ¿El uso de locutorios para las entrevistas del interno con su abogado defensor afecta el secreto y la confidencialidad de su derecho de defensa?
- ¿Se intervienen y/o graban las entrevistas que el favorecido sostiene y, de ser así, si al hacerlo se termina por lesionar su derecho al secreto de sus comunicaciones?
- ¿Se ejerce censura sobre los documentos de defensa del favorecido?
C. Cuestión de procedibilidad
El Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre de 2004, exige diversos requisitos de procedibilidad al momento de interponer la demanda, como es el haber agotado las vías dentro del proceso ordinario.
Tomando en consideración que tales requisitos no eran exigibles cuando se postuló el presente proceso, y que una interpretación distinta comportaría una opción restrictiva de derechos procesales, violatoria del artículo 139º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, este Colegiado considera pertinente que, en el caso de autos, la aplicación de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, Ley N.º 23506, y demás modificatorias vigentes al momento de interponerse la demanda.
§1. La delimitación del uso del hábeas corpus
5. El proceso de hábeas corpus no sólo protege la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende también a la libertad de movimiento, a la libertad de tránsito y al derecho a la integridad personal. Su tutela se prolonga ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en establecimientos penales e incluso de personas que, bajo una especial relación de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados.
Por ello, es legítimo que ante la afectación de tales atributos, o ante la lesión de aquellos derechos directamente conexos al de la libertad o ante la lesión de derechos diferentes al de la libertad, cuya afectación se genere como consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual puedan ser protegidos a través del proceso de hábeas corpus, que la tipología elaborada por la doctrina ha denominado como correctivo.
De ahí lo afirmado por este Tribunal en anterior oportunidad (sentencia del Expediente N.º 2663-2003-HC):
“(...) Mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente”.
Este criterio jurisprudencial fue recogido en el inciso 17) del artículo 25º del Código Procesal Constitucional.
6. Entonces, es válido plantear el proceso de hábeas corpus en defensa del derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento contrario a su dignidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena, procurando, de forma preventiva o reparadora, cesar tratos indebidos a personas detenidas legalmente.
Sin embargo, el proceso de hábeas corpus no puede ser utilizado para cuestionar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los Decretos Supremos vigentes, para cuyo efecto la Norma Fundamental ha previsto el proceso de acción popular, al disponer en el artículo 200º, inciso 5), que éste
“(...) procede contra los reglamentos, normas administrativas, y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen”.
La acción popular es uno de los procesos constitucionales orgánicos cuya finalidad es la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa a la cual puede recurrir cualquier persona dentro de los cinco años posteriores a la publicación de la norma.
7. En este sentido, de considerar el demandante que los Decretos Supremos N.º 024-2001-JUS y N.º 02-2004-JUS contravienen la Constitución, puede hacer uso de su derecho con arreglo a ley mediante el proceso constitucional especifico y será la sala respectiva del Poder Judicial la que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia, la existencia o inexistencia, así como sobre los efectos generados por los decretos cuestionados, siendo su pronunciamiento de carácter erga omnes.
Por consiguiente, se declara improcedente este extremo del petitorio. En consecuencia, será materia de análisis constitucional el caso especifico del beneficiario; esto es, si la aplicación e implementación de los locutorios vulnera los derechos constitucionales invocados en la demanda.
§2. La validez de la existencia de locutorios celulares
i. La implementación de locutorios celulares como medida reservada al Estado
8. La base de cualquier análisis al respecto debe comenzar explicando el sentido del artículo 139º, inciso 21), de la Norma Constitucional, según la cual se garantiza
“(...) el derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados”.
Este principio también es recogido por el artículo 105º del Código de Ejecución Penal, al establecer que
“(...) los Establecimientos Penitenciarios cuentan con los servicios necesarios, incluyendo ambientes para enfermería, escuela, biblioteca, talleres, instalaciones deportivas y recreativas, locutorios y salas anexas para relaciones familiares y todo aquello que permita desarrollar a los internos una vida en colectividad organizada y una adecuada clasificación en relación con los fines que, en cada caso, les están atribuidos”.
Es decir, en la normatividad nacional se ha establecido la posibilidad del uso de locutorios en los establecimientos penitenciarios, pero no señala los supuestos en los que estos deben ser implementados.
9. El uso de los locutorios celulares, como medida restrictiva, se encuentra relacionada directamente con criterios de seguridad. Cuando media una razón de este tipo, el uso de locutorios puede estar permitido en un establecimiento.
Es importante, por tanto, resaltar su trascendencia en virtud de la obligación circunscrita al Estado, gracias por el artículo 44º de la Constitución, que le asigna como deber primordial proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y de promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Es así como los locutorios que existen en el país cumplen un propósito primordial dentro del sistema penitenciario, tal como en otros países democráticos sucede.
La implementación de los locutorios es una medida que limita –no elimina– el contacto directo entre el interno y la visita, y su aplicación está relacionada directamente con criterios de seguridad, toda vez que con dicho mecanismo se impide la transmisión de documentos u objetos, que de alguna manera pueden poner en riesgo bienes constitucionales colectivos, tales como la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito, entre otros, a los cuales la sociedad en su conjunto tiene derecho.
10. Debe puntualizarse, por otra parte, que las normas internacionales en materia penitenciaria no contienen regulación clara sobre la materia, las mismas que pueden ser utilizadas en el caso concreto, sobre la base del enunciado normativo previsto en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
En este sentido, la Resolución N.° 663C XXIV-ONU, que contiene las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y la Resolución N.° 43/173.ONU, que reúne el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, no censuran ni prohiben la utilización de locutorios.
En tal sentido, la aplicación e implementación de locutorios como medida de seguridad penitenciaria, destinada a resguardar la seguridad y orden público, puede ser considerada como una limitación prevista en un Estado constitucional de derecho, siendo menester buscar la razonabilidad de su utilización.
ii. Los locutorios celulares en el CEREC
11. El Decreto Supremo N.° 002-2004-JUS, que se cuestiona, adiciona el artículo 24°-A al Reglamento del CEREC, disponiendo que:
“Todas las visitas indicadas en los artículos 16º, 22° y 23° se llevarán cabo en los locutorios especialmente acondicionados para tal fin”.
Los artículos mencionados supra regulan la visita familiar de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (artículo 16º), la visita especial (artículo 22º) y la visita del abogado (artículo 23º).
Esta nueva normatividad sobre la materia permite que el demandante llegue a alegar lo siguiente:
“(...) la imposición de locutorios celulares para la visita de los familiares y otros, constituye una arbitraria restricción a su derecho de visita familiar, por que no existe proporcionalidad entre la medida restrictiva y la seguridad que se pretende proteger”
Por tal motivo, corresponde analizar, prima facie, la pertinencia de la existencia de los locutorios en el CEREC.
12. Este Tribunal considera que en la aplicación y uso de locutorios se deben respetar criterios mínimos relacionados con principios y valores constitucionales, como pueden ser el valor justicia, el principio de legalidad, y el test de proporcionalidad, lo que debe caracterizar a toda medida restrictiva. Todo ello habrá de ser analizado en el caso concreto del CEREC.
En tanto el locutorio se relaciona con criterios de seguridad; los supuestos deben guardar proporcionalidad con esta medida de seguridad; de ahí que una aplicación injustificada e indeterminada a todos los internos de un establecimiento penitenciario puede terminar por lesionar algunos de sus derechos.
13. También refiriéndose a la misma cuestión, la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial sobre Locutorios del Centro de Reclusión Especial de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, sostiene que
“(...) El uso de locutorios, –sin una reglamentación– colisiona con el valor justicia y afecta derechos de los internos(as)”.
Sin embargo, tal como ya se ha ido explicando, el CEREC sí cuenta con un reglamento que analiza los casos concretos en que se aplica a las personas privadas de libertad, pero, como también fue señalado, no puede ser aceptado a rajatabla, sino a través de un juicio de razonabilidad respecto a la forma en que está funcionando.
Entonces, el informe defensorial, si bien no vincula al Tribunal, sí contribuye a crear convicción sobre el hecho materia de controversia, debiéndose resaltar la convergencia del sentido con el citado informe.
14. Entonces, cuando se dicten medidas destinadas a la restricción o suspensión de derechos en las cuales deba examinarse la razonabilidad del acto restrictivo, deberá ponderarse, en el caso concreto, los derechos individuales del interno y los derechos o bienes constitucionales colectivos, así como la observancia de los principios de necesidad, idoneidad, y proporcionalidad de la medida. Una lógica de este tipo debe aplicarse al CEREC.
Así, resulta necesario que al imponer esta medida de seguridad se fundamente su aplicación (principio dejustificación), señalando las razones que explican su imposición, previa comprobación que su dictado resulte necesario para garantizar la seguridad penitenciaria. Asimismo, es imperioso que se señale la duración de la medida (principio de temporalidad) dado que ésta no puede ser aplicada de manera indeterminada, por lo que debe indicarse claramente su plazo de duración y la posibilidad de revisar periódicamente la imposición de esta medida de seguridad, entre otros.
Es evidente que la necesidad de la medida se relaciona con el hecho que el locutorio debe ser utilizado cuando otras medidas no puedan garantizar la citada seguridad penitenciaria. Por tal razón, a continuación analizaremos las cuestiones más relevantes por las cuales ha sido objeto de controversia el régimen de los locutorios en el CEREC.
§3. Aspectos controversiales respecto a los locutorios del CEREC
i. Las visitas de los familiares, amistades y otras personas
15. El Tribunal Constitucional ha destacado, en reiterada jurisprudencia, la finalidad que la Constitución le asigna a la pena; de ahí la importancia que el régimen penitenciario cumpla su función de reinsertar al penado a la sociedad.
Por ello, este Colegiado, en la sentencia del Expediente N.º 1429-2002-HC/TC, ha precisado que
(...) “la afectación del derecho a la visita familiar puede tener un impacto negativo en la finalidad resocializadora y reeducadora de la pena”.
En este contexto, el demandante considera que
“(...) la implementación de locutorios celulares constituye un tipo más de tortura, que atenta contra su socialización y readaptación”.
Tras el pedido de información realizado por este Colegiado, el Capitán de Navío Luis de la Flor Rivero, Jefe del CEREC, a través del Oficio N.º G500-128, de marzo de este año (fojas 5 del Cuadernillo Especial del Recurso de Agravio Constitucional), ha señalado, respecto a si el interno Víctor Alfredo Polay Campos utiliza el locutorio para reunirse con familia y amigos, lo siguiente:
“Sí, el interno recibe a sus visitas familiares y especiales a través de los locutorios, tal como lo establece la Ley Nº 28420 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2005-JUS, de fecha 31 marzo 2005”.
Por tal razón, corresponde analizar si las nuevas condiciones en las que se está haciendo funcionar a los locutorios pervierte o atenta contra la función resocializadora o reeducadora de la pena, máxime si a través de tal privación de libertades no se puede llegar a aceptar la existencia de un régimen de tortura.
16. Sobre la base de la protección del derecho fundamental a la integridad, la salvaguardia ante la tortura debe ser plenamente aceptada. Por ello, en la Resolución N.º 3452, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de año 1975, la tortura constituye una forma agravada y deliberada de penas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes; análoga línea de argumentación es reconocida por este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 0726-2002-HC/TC. Por este motivo, no puede aceptarse ningún tipo de tortura en el cumplimiento de una pena.
En este orden de ideas, la afirmación del demandante en tal extremo resulta exagerada, máxime si el uso de locutorios para las visitas de familiares no constituye un acto de tortura infringido contra el interno, dado que no se relaciona con un trato cruel, ni degradante, ni mucho menos la agravación de éstos.
17. De hecho, el ser humano, al ser un ente eminentemente social, necesita de vínculos familiares o amicales para su tranquilidad espiritual y psíquica. De ahí la protección que la Norma Fundamental, eminentemente pro hómine, otorgaen su artículo 4º a la familia, para reconocerla luego como la institución natural y fundamental de la sociedad. Pero toda institución, al igual que los derechos fundamentales de la persona, merece una limitación en el marco de la Norma Fundamental, siempre con el fin de respetar los principios generales que la guían y los valores que la orientan.
Así, el impedir el contacto físico con los familiares directos (padres e hijos) o con los amigos cercanos, podría significar una afectación al vínculo social al restringirse sus materializaciones afectivas; pero ello se ve justificado por la necesidad del Estado de concretar su ius imperium, a la luz de lo desarrollado en el artículo 44º de la Constitución.
Cualquier interpretación constitucional que se intente realizar no puede estar lejana de los condicionamientos fácticos necesarios para su validez. En el caso concreto del régimen penitenciario, se ha visto que en muchas oportunidades han sido los familiares y las amistades de las personas privadas de libertad las que han colaborado con éstas para la consecución de acciones delictivas estando en las cárceles o para una posible fuga. Con relación de la CEREC, la peligrosidad de los internos amerita una intervención de mayor cuidado que con otras personas que se hallan en la misma situación, dada su actuación como líderes de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, entre otras.
Es irrazonable tratar de considerar que la instalación de locutorios implica contravenir la norma que requiere la existencia de establecimientos que se consideren adecuados (Constitución Política del Perú, artículo 139º, inciso 21), pues no tiene relación alguna con ello. La adopción de medidas preventivas como las que se logran a través de los locutorios implican una vigilancia adecuada durante la realización de la visita, así como un control razonable en el momento del ingreso de familiares y amigos y su egreso al establecimiento penal.
18. En todo caso, el interno, por haber cometido el delito de terrorismo, no se está convirtiendo en una persona eliminada de la sociedad por tener un limitado contacto con sus familiares y amigos a través de un locutorio, sino que continúa formando parte de ella como miembro activo, con las únicas cortapisas que le puede imponer la ley. En consecuencia, el hecho que esté restringido su derecho a la libertad, no le impide el pleno goce y ejercicio de los demás atributos que le garantiza la Norma Fundamental, tal como se debe aceptar en el caso de los locutorios.
Las medidas impuestas no pueden considerarse como una lesión implícita de su derecho a mantener la unidad familiar, sino más bien una forma de restricción a su libertad constitucionalmente aceptada, en virtud de su situación y peligrosidad. Con los locutorios no es que se esté prohibiendo las visitas de los seres cercanos a las personas privadas de la libertad, sino que las visitas habrán de realizarse bajo ciertas condiciones que, a entender del Estado, son las adecuadas para que éstas puedan cumplir los objetivos de su pena.
Entonces, una reglamentación como la realizada ha sido dada en atención a una doble perspectiva: la primera, el derecho del interno a que se respeten sus derechos fundamentales; y la segunda, el derecho de la sociedad a la seguridad ciudadana y a la protección ante los ataques de los responsables de ilícitos penales, todo ello enmarcada perfectamente dentro del ámbito constitucional.
19. Por todo lo expuesto, la demanda debe ser declarada infundada en este extremo, por no haberse demostrado vulneración a derecho alguno.
Sin embargo, a entender de este Colegiado, es de esperarse que las medidas restrictivas a la libertad dentro de un Estado social y democrático de derecho estén plenamente justificadas, según los parámetros explicados supra, motivo por lo cual lo más conveniente es que tales limitaciones sean definidas y establecidas por el juzgador, todo ello con el fin de dar la mejor protección de los derechos fundamentales de las personas.
Es así como se hace necesario que se realicen las coordinaciones respectivas entre los responsables del CEREC y los juzgadores de aquéllos que se encuentren recluidos en tal establecimiento penitenciario para que sean éstos últimos los que determinen cuándo, bajo qué circunstancias y cómo deban ser utilizados los locutorios.
ii. Las visitas del abogado defensor
20. El demandante alega que la aplicación de locutorios para la visita de su abogado defensor afecta el derecho de defensa del favorecido. Entonces, para determinar si existe o no una vulneración de este tipo, se debe comprender, ante todo, cómo ha de entenderse el derecho a la defensa, en el sentido de la comunicación con el defensor.
Conforme al inciso 14) del artículo 139º de la Constitución,
“(...) toda persona tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección”,
enunciado que es concordante con el inciso 2) del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos que, a la letra, señala que
“(...) todo inculpado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor”.
Este precepto ha sido incorporado a nuestra legislación interna por el artículo 17º del Código de Ejecución Penal, que dispone que el interno tiene derecho a entrevistarse y comunicarse con su abogado defensor.
21. El Tribunal Constitucional considera que al realizarse la entrevista con el abogado defensor a través del vidrio del locutorio, no implica transgresión a la comunicación personal que dispone la Norma Suprema, siempre que se garantice la confidencialidad de la entrevista entre el abogado y su defendido, así como la prohibición de todo control sobre algún aspecto de la estrategia legal diseñada para efectos del proceso penal.
Es claro que en un locutorio la comunicación con el abogado defensor no se ve coaccionada, sino simplemente regulada según las condiciones necesarias para el cumplimiento de la pena del interno.
Sin embargo, para la aplicación del uso de locutorios se deberán considerar parámetros mínimos; entre otros, los supuestos en los que procede su aplicación, la necesidad de fundamentar la medida, el procedimiento para su aplicación, o la duración de la medida.
22. Pese a la argumentación realizada, la Sala Nacional de Terrorismo resolvió declarar inaplicable al favorecido el artículo 24º-A del Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS, incorporado por el Decreto Supremo N.º 002-2004-JUS (conforme se acredita de fojas 12 a 14 del Expediente), en cuanto se refiere a las visitas de sus abogados, establecida en el artículo 23º del Reglamento del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, situación que se expone como fundamento de hecho de la demanda.
En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre este extremo el petitorio, toda vez que a la presentación de la demanda había cesado la vulneración constitucional invocada.
iii. El secreto de las comunicaciones
23. El demandante alega la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, materializado presumiblemente
“(...) en la intervención y/o grabación de las entrevistas que sostiene el beneficiario tanto con sus familiares y amigos, como con su abogado defensor”.
Frente a tal argumento, el Capitán de Navío Luis de la Flor Rivero, Jefe del CEREC, en el mencionado Oficio N.º G500-128 (fojas 6 del Cuadernillo Especial del Recurso de Agravio Constitucional), explica lo siguiente:
“(...) los locutorios permiten la fluidez y la confidencialidad de la comunicación oral directa; asimismo, el artículo 4º del Reglamento de la Ley N.º 28420 establece que durante la visita a través del locutorio, el personal de seguridad realizará un control visual de la entrevista, a una distancia prudente, sin que ello implique la escucha o interferencia de las conversaciones”.
24. Con relación al secreto alegado, es importante señalar que la protección a las comunicaciones interpersonales se encuentra plenamente reconocido en el artículo 2º, inciso 10), de la Constitución. A través de esta norma se busca salvaguardar que todo tipo de comunicación entre las personas sea objeto exclusivamente de los intervinientes en el mismo.
El amplio derecho fundamental a la vida privada permite garantizar que la comunicación entre particulares, sea mediante llamada telefónica, correo –clásico o electrónico– o nota entre particulares, no pueda ser objeto de conocimiento de terceros o de la interrupción de su curso.
25. Sin embargo, cualquier derecho fundamental posee límites, los mismos que pueden ser explícitos o implícitos.
En el caso del mencionado supuesto de la vida privada, la Constitución ha creído conveniente circunscribir su reconocimiento en el mismo artículo 2º, inciso 10), estableciendo con claridad cuáles son las excepciones en las que se suspende esta garantía, precisando que
(...) “las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen”.
En tal sentido, resulta necesario, de una parte, tomar las precauciones que garanticen la confidencialidad de las entrevistas con criterios técnicos específicos (realización de barridos electrónicos, infraestructura penitenciaria, entre otros) y de otra, que la aplicación de locutorios –como toda medida restrictiva de derechos– sea dictada por el órgano jurisdiccional sobre la base de los criterios de razonabilidad y prorporcionalidad expuestos en los fundamentos precedentes. Es decir, que esta aseveración no impide que la emplazada opte por realizar, adicionalmente, un control razonable de los documentos de naturaleza legal que portan las visitas en el momento de su ingreso y egreso al establecimiento penal.
Sin embargo, no se ha demostrado fehacientemente que haya vulnerado este derecho en el caso concreto. Por tal razón, este Colegiado declara que este extremo de la demanda también debe ser declarado improcedente.
iv. La censura a los documentos de defensa
26. Finalmente, con respecto a la supuesta censura impuesta a los documentos de defensa, cabe mencionar que, como toda medida restrictiva de derechos, ésta deberá ser dictada por el órgano jurisdiccional.
Para analizar tal aseveración, se debe tomar en cuenta los ya enunciados criterios de razonabilidad y proporcionalidad expuestos en los fundamentos que anteceden, con el fin de determinar si el alegado reparo a los medios probatorios constituye o no materia de análisis en sede constitucional.
27. En tal sentido, en el caso concreto del beneficiario, de autos se advierte que en la demanda no se recaudan elementos de juicio suficientes que permitan al juez constitucional determinar la violación del derecho fundamental alegado para que, consecuentemente, se proceda a materilizar la tutela del derecho sustantivo, toda vez que la violación de un derecho constitucional requiere no sólo de su invocación en el escrito de demanda, sino de la acreditación del acto lesivo mediante los recaudos anexados.
Tanto más, si dada la ausencia de etapa probatoria en los procesos constitucionales, el artículo 9º del Código Procesal Constitucional exige para su procedencia que los medios probatorios presentados no requieran actuación. Esto motiva que se declare improcedencia la demanda en este extremo.
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus, en cuanto solicita que se declaren sin efecto e inexistentes los Decretos Supremos N.º 024-2001-JUS y N.º 02-2004-JUS, en el extremo de la censura de los documentos probatorios presentados por el favorecido y en el extremo de la violación del secreto de las comunicaciones.
2. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus en el extremo que resulta inaplicable al favorecido el uso de los locutorios para las visitas de familiares y amigos.
3. Declarar que carece de objeto pronunciarse con respecto al uso de locutorios para las entrevistas que sostiene el favorecido con su abogado defensor, por existir una resolución firme en el proceso penal que ya resuelve la cuestión.