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Timestamp: 2019-03-24 17:30:29
Document Index: 53460713

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 9', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 37', 'Artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 2', 'Artículo 17', 'artículo 2', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 3']

BOE.es - Documento BOE-A-1997-3983
Documento BOE-A-1997-3983
Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
«BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 1997, páginas 6279 a 6285 (7 págs.)
BOE-A-1997-3983
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/1996/11/19/2
1. El contenido de esta norma legal es de aplicación al Presidente, al Vicepresidente, en su caso, y a los Consejeros que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, integran el Gobierno como superior órgano colegiado que dirige la política y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
2. Asimismo, se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley, los altos cargos de la Administración autonómica y, a estos efectos, se consideran como altos cargos, o asimilados a ellos, los siguientes:
a) Los Directores generales y los Secretarios generales técnicos.
b) El Interventor general y el Tesorero de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
c) El personal eventual que, en virtud de nombramiento conferido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Ppública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ocupe puestos de trabajo considerados como de confianza o asesoramiento especial del Presidente, Vicepresidente, en su caso, o de los Consejeros del Gobierno.
d) Los Presidentes, Directores y/o asimilados, cualquiera que sea su denominación, de las entidades autónomas de la Administración de la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares.
e) Los Presidentes, Directores, Gerentes y/o asimilados de las empresas públicas, sociedades, entidades y fundaciones en las que el Gobierno de la Comunidad Autónoma sea titular de, como mínimo, más del 50 por 100 del capital social o participe como mínimo en más del 50 por 100 de su patrimonio, cuando los citados cargos sean retribuidos.
3. Las asimilaciones a que se hace referencia en el presente artículo como generadoras de incompatibilidades o de sometimiento a control de intereses, habrán de estar expresamente establecidas por vía legal o reglamentaria.
Artículo 3. Principios de la incompatibilidad.
1. Las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se regirán por los principios de incompatibilidad absoluta, de responsabilidad, de publicidad, de unidad y de competencia.
2. Los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma, los Directores generales, los Secretarios generales técnicos, el Tesorero, el Interventor general, el personal eventual que ocupe puestos de trabajo considerados como de confianza o asesoramiento especial y aquellos que ocupen algún otro de los cargos o de los puestos de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, ejercerán sus funciones en régimen de dedicación absoluta y exclusiva.
3. El fundamento de la incompatibilidad impuesta como principio general por medio de la presente regulación se encuentra en la necesidad de garantizar que la Administración autonómica, a través de las personas que ejercen sus finalidades desde los puestos de más responsabilidad o trascendencia, sirva con objetividad y plena imparcialidad los intereses generales. El reflejo más inmediato de ello se concreta en la incompatibilidad más absoluta que evite el desempeño de cualquier actividad ajena que pudiera impedir, dificultar o menoscabar la disponibilidad para cumplir los deberes y funciones propios del cargo o puesto de trabajo o que pudiera comprometer o poner en entredicho la imparcialidad, objetividad e independencia en el desempeño del mismo.
Artículo 4. Normas comunes sobre el régimen de actividades.
Artículo 6. Compatibilidad con actividades públicas.
e) La realización de funciones docentes para la formación, la selección y el perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración pública.
3. Asimismo, los miembros del Consejo de Gobierno, Directores generales y Secretarios generales técnicos podrán compatibilizar su cargo con el de Concejal y, en su caso, con el de Teniente de Alcalde o Alcalde de cualquier ayuntamiento de las Islas Baleares.
Artículo 7. Compatibilidad con actividades privadas.
c) La asistencia ocasional o no periódica, como ponente, a seminarios, conferencias, congresos, jornadas de trabajo o estudio, o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de ocupación o de prestación de servicio y no supongan un menoscabo del cumplimiento estricto de sus deberes.
d) La participación en actividades de entidades culturales o benéficas sin ánimo de lucro y las de carácter cultural, docente o científico, efectuadas de manera continuada, siempre que no comporten ningún tipo de menoscabo del cumplimiento de los deberes o funciones correspondientes.
Artículo 8. Creación de los Registros.
1. Se crean dos Registros con la finalidad de proveer el control debido de las actividades y de los bienes y derechos de los titulares de cargos o puestos de trabajo afectados por esta Ley:
a) El Registro de Intereses y Actividades.
b) El Registro de Patrimonio.
2. Los Registros establecidos se instalarán en un sistema de gestión documental que garantice la inalterabilidad y la permanencia de los datos, así como la seguridad debida en el acceso a los mismos y en el uso de la información que contienen.
Artículo 9. El Registro de Intereses y Actividades.
1. El Registro de Intereses y Actividades de los cargos o puestos de trabajo incluidos en el artículo 2 de esta Ley tiene por objeto procurar la debida constancia, mediante la inscripción del contenido de las declaraciones que están obligados a realizar los titulares de los cargos y de los puestos de trabajo aludidos, de acuerdo con la Ley.
2. El Registro de Intereses y Actividades tendrá carácter público y, sin perjuicio de lo que dispone expresamente este título de la Ley, se regirá por los preceptos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, por lo que prevé el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por lo que preceptúan las correspondientes normas de desarrollo de las citadas Leyes.
3. La inscripción en el Registro de Intereses y Actividades se practicará de oficio, una vez vistas, en su caso, las declaraciones correspondientes y se efectuará de acuerdo con todos los datos o hechos inscribibles que aquéllas consignen.
Artículo 10. El Registro de Patrimonio.
1. El Registro de Patrimonio a que se refiere el artículo 8 de esta Ley tiene por objeto la inscripción de los bienes y derechos patrimoniales de los cuales sean titulares los que ejercen los cargos o puestos de trabajo incluidos en su ámbito de aplicación.
2. El Registro de Patrimonio tiene carácter reservado y únicamente se podrá acceder a él de la manera que establece este artículo.
El acceso a las declaraciones formuladas e inscritas en este Registro, de acuerdo con lo que dispone el artículo 13, deberá realizarse previa presentación de solicitud al efecto donde, además, deberá especificarse el nombre y apellidos y el cargo o puesto de trabajo de la persona de cuyos datos se quiere tener constancia.
3. Únicamente podrán acceder al Registro de Patrimonio, en relación con los bienes y derechos patrimoniales:
a) El Parlamento de las Islas Baleares, de acuerdo con las condiciones que determine su Reglamento.
b) Los órganos judiciales para la instrucción o la resolución de procesos que requieren el conocimiento de los datos que figuran en el Registro, de conformidad con lo que disponen las Leyes procesales.
c) El «Síndic de Greuges», en los términos que su Ley establezca.
Artículo 11. Obligaciones del personal de los Registros.
1. El personal que preste servicios en cualquiera de los Registros creados por esta Ley tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos y las informaciones que conozca por razón de su trabajo.
2. El incumplimiento de esta obligación se sancionará de acuerdo con lo que regula el capítulo V, Régimen disciplinario, del título V, de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Obligaciones de los titulares de los cargos y puestos de trabajo a los que se aplica esta Ley
Artículo 12. Declaración de actividades.
1. Los titulares de los cargos y puestos de trabajo incluidos en el artículo 2 de esta Ley están obligados a declarar todas las actividades que ejercen por sí o mediante sustitución o apoderamiento y, en su caso, de acuerdo con lo que prevé el artículo 4.4 de esta Ley, aquellas que realicen una vez hubieran cesado en el cargo o puesto de trabajo, ante el Registro de Intereses y Actividades en los términos establecidos reglamentariamente.
2. La declaración deberá realizarse en el plazo improrrogable de un mes a contar desde la fecha de toma de posesión y de cese, respectivamente, en el cargo o puesto de trabajo de que se trate, como también cada vez que el interesado inicie una actividad nueva de aquellas que son objeto de regulación en esta Ley.
Artículo 13. Declaración de bienes y derechos patrimoniales.
1. Las personas titulares de los cargos y puestos de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley están obligadas a formular, en el Registro de Patrimonio, de acuerdo con lo que prevé el artículo 8, una declaración patrimonial que, en los términos que se establezcan reglamentariamente, comprenda la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones.
2. La declaración patrimonial deberá comprender, como mínimo, las siguientes situaciones:
e) Las sociedades participadas, a la vez, por aquéllas en las que se tengan participaciones de acuerdo con lo que expresa la letra c), señalando los objetos sociales respectivos.
3. La declaración deberá realizarse en el plazo improrrogable de un mes a contar desde la fecha de toma de posesión y cese, respectivamente, en el cargo o puesto de trabajo de que se trate.
Asimismo, entre el 1 de julio y el 1 de agosto, se realizará, anualmente, una declaración patrimonial nueva cuando el contenido de la realizada inicialmente hubiera experimentado alguna variación.
4. El Registro de Patrimonio recibirá las declaraciones, y si se aprecian defectos formales, requerirá su rectificación al interesado.
1. El Consejo de Gobierno o el órgano que se designe reglamentariamente, será el encargado de la gestión del régimen de incompatibilidades y del control de intereses establecidos en esta Ley.
Este órgano será el encargado de examinar y, en su caso, de requerir, a aquellos que sean nombrados o cesados en un cargo o puesto de trabajo de los relacionados en el artículo 2 de esta Ley, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley.
2. Reglamentariamente se desarrollará el contenido y el alcance de lo que dispone el apartado precedente.
1. Se considerarán infracciones al régimen de incompatibilidades y de control de intereses establecido por esta Ley los hechos o las conductas siguientes:
a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refieren los artículos 4 y 5 cuando se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
b) La falsedad en los datos y en los documentos que se deban presentar o declarar de acuerdo con lo que establece esta Ley.
d) La omisión o la no aportación de los datos y de los documentos que se deban presentar o declarar de acuerdo con lo que establece esta Ley.
e) La no declaración de actividades y/o bienes patrimoniales en los Registros correspondientes en el plazo establecido cuando, requerido al efecto, se produzca la rectificación correspondiente.
2. Los hechos o las conductas a que se refieren los apartados a) y b) serán constitutivos de infracciones muy graves, los descritos en los apartados c) y d) serán constitutivos de infracciones graves y, finalmente, la conducta señalada en el apartado e) será constitutiva de infracción leve.
1. Las infracciones muy graves y graves se sancionarán con la declaración de incumplimiento de la ley y la publicación consiguiente de esta declaración en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
3. Con independencia de las sanciones que se les impongan, los infractores deberán restituir las cantidades percibidas indebidamente, en su caso.
4. Lo que dispone esta Ley se entiende sin perjuicio de la exigencia de las otras responsabilidades correspondientes.
Consecuencias de la declaración de incumplimiento
Artículo 17. Imposibilidad de ocupar cargos y puestos de trabajo.
1. Aquellos que hubieran sido objeto de declaración y de publicación de incumplimiento de esta Ley, no podrán ser nombrados para ocupar cargos o puestos de trabajo, de los relacionados en el artículo 2, por un período de entre dos y seis años si el incumplimiento fuera calificado como infracción muy grave o, de hasta dos años si lo fuera como infracción grave.
2. En la graduación de la medida prevista en el apartado anterior, se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los administrados y, la percepción indebida de cantidades por el ejercicio de actividades públicas incompatibles, en su caso.
Artículo 18. Actuaciones previas.
1. El Consejo de Gobierno o el órgano que se designe reglamentariamente, antes de iniciar cualquier expediente sancionador, podrá realizar actuaciones previas de carácter reservado con el objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen o no tal iniciación.
2. El inicio de las actuaciones previas deberá notificarse, en su caso, al interesado.
3. Asimismo, el Consejo de Gobierno o el órgano que se designe reglamentariamente conocerá de las denuncias que se formulen sobre el incumplimiento de esta Ley.
4. Los ficheros, archivos o registros de carácter público dependientes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares proporcionarán al Consejo de Gobierno o al órgano que se designe reglamentariamente, cuando éste así lo requiera, información, datos y colaboración de la manera establecida por la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
5. Una vez acabada la información previa, el Consejo de Gobierno o el órgano que se designe reglamentariamente, decidirá, en su caso, la incoación del procedimiento sancionador o el archivo de las actuaciones.
Artículo 20. Incoación e instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la incoación y la instrucción del procedimiento sancionador será el Consejo de Gobierno o el órgano que se designe reglamentariamente.
2. Cuando se trate de incoar procedimiento a uno de los miembros del Consejo de Gobierno, no asistirá al mismo, en el momento de resolver sobre la incoación del procedimiento, el miembro de que se trate.
Artículo 21. Resolución del procedimiento sancionador.
Artículo 22. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Se considera que el personal eventual al que se refiere el artículo 2.2, c) de esta Ley, es el que, conforme a lo que dispone el Decreto 107/1995, de 21 de septiembre, por el cual se establecen normas de aplicación al personal incluido en el ámbito del artículo 9 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, percibe las retribuciones iguales al 100 por 100 de lo que corresponde a un Director general de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. Asimismo, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley, en su caso, aquellos miembros de Consejo de Gobierno que, de acuerdo con lo que regula el artículo 3.3 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, no tengan responsabilidad ejecutiva.
1. Quedan derogadas todas las normas jurídicas, de igual o inferior rango, que se contradigan con el contenido de esta Ley.
2. Los artículos 9 y 32 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se declaran subsistentes en todo lo que no contradiga lo que dispone esta Ley.
BERASTAÍN DÍEZ,
Consejero de la Función
Pública / CRISTOFOL SOLER
I CLADERA,
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 150, de 5 de diciembre de 1996)
Entrada en vigor: 6 de diciembre de 1996.
Publicada en el BOIB núm. 150, de 5 de diciembre de 1996.
SE MODIFICA el art. 4.1, por Ley 1/2019, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2019-2862).
SE DEROGA los capítulos I y II del título IV y SE MODIFICA los arts. 14 y 15, por Ley 16/2016, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-267).
los arts. 6, 7, 15 y se añade un art. 7.bis, por Ley 4/2011, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2011-7709).
el art. 2.2, por Ley 10/2000, de 30 de noviembre (Ref. BOE-A-2001-476).
los arts. 2.2, 6.3 y la disposición adicional 2, por Ley 9/1997, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-9158).
DECLARA vigentes, en cuanto no se Opongan, los arts. 9 y 32 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-1985-3470).
Ley 2/1989, de 22 de febrero (Ref. BOE-A-1989-16892).