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Timestamp: 2020-07-11 20:30:09
Document Index: 268508715

Matched Legal Cases: ['artículo 984', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 163', 'Artículo 45', 'artículo 10', 'Artículo 48', 'artículo 33', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 44', 'Artículo 62', 'Artículo 97', 'artículo 984', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 45', 'artículo 464', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 307', 'artículo 121', 'artículo 8']

Código de Procedimiento Agrario. (Decreto 2303 de 1989). - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 336240485
TÍTULO I. La jurisdiccion agraria.
CAPÍTULO I. Creacion, organizacion, jurisdiccion y competencia. - arts. 1 a 12
CAPÍTULO II. Ministerio público. - art. 13
CAPÍTULO I. Interpretacion y aplicacion del derecho. - art. 14
CAPÍTULO Il. Poderes del juez. - arts. 15 y 16
CAPÍTULO III. Controversia sobre la naturaleza del asunto - arts. 17 y 18
CAPÍTULO IV. Amparo de pobreza. - arts. 19 a 25
CAPÍTULO V. Partes, demanda e intervencion de los procuradores agrarios. - arts. 26 a 30
CAPÍTULO VI. Audiencias y diligencias. - arts. 31 a 34
CAPÍTULO VII. Conciliacion. - arts. 35 a 44
CAPÍTULO VIII. Audiencia de conciliacion, saneamiento, decision de excepciones previas y decreto de pruebas. - art. 45
CAPÍTULO IX. Terminos. - arts. 46 y 47
CAPÍTULO X. Pruebas. - art. 48
CAPÍTULO XI. Notificaciones. - art. 49
CAPÍTULO XII. Recurso de casacion. - art. 50
TÍTULO III. Disposiciones generales. - arts. 51 a 53
TÍTULO IV. Proceso ordinario.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales. - arts. 54 a 61
CAPÍTULO II. Disposiciones especiales. - art. 62
TÍTULO V. Proceso verbal. - arts. 63 a 72
TÍTULO VI. Restitucion de precios dados en mera tenencia.
CAPÍTULO I. Lanzamiento de arrendatarios, aparceros y similares. - arts. 73 a 89
CAPÍTULO II. Restitucion del predio a solicitud del arrendatario, aparcero o similar. - arts. 90 a 96
CAPÍTULO III. Otros procesos de restitucion de tenencia. - art. 97
TÍTULO VII. Lanzamiento por ocupacion de hecho. - arts. 98 a 111
TÍTULO VIII. Deslinde y amojonamiento. - arts. 112 a 117
TÍTULO IX. Preservacion del ambiente rural y de los recursos naturales renovables. - arts. 118 a 135
TÍTULO X. - arts. 136 a 140
Norma citada en: 447 sentencias, 29 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 5 formularios
Decreto 2303 de 1989, Código de Procedimiento Agrario
Código derogado, a partir del 01 de enero de 2014, por la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial de Colombia núm. 48489 del 12 de Julio de 2012
PRIMERA PARTE La administración de justicia en el ramo agrario
TÍTULO I La jurisdiccion agraria. Artículos 1 a 13
CAPÍTULO I Creacion, organizacion, jurisdiccion y competencia. Artículos 1 a 12
CREACION DE LA JURISDICCION AGRARIA.
Crease la jurisdicción agraria, la cual tendrá a su cargo el conocimiento y decisión de los conflictos que se originen en las relaciones de naturaleza agraria, especialmente los que deriven de la propiedad, posesión y mera tenencia de predios agrarios, de las actividades agrarias de producción y de las conexas de transformación y enajenación de los productos, en cuanto no constituyan estas dos últimas actos mercantiles, ni tales relaciones emanen de un contrato de trabajo.
Artículo citado en: 21 sentencias, un formulario
ASUNTOS SUJETOS A SU TRAMITE.
La jurisdicción agraria conocerá en especial de los siguientes procesos en cuanto están relacionados con actividades o bienes agrarios:
Reivindicatorios.
De expropiación para fines agrarios distintos de los previstos en las leyes sobre reforma social agraria.
Los originados en contratos agrarios, tales como los de arrendamiento, aparcería y similares, agroindustriales y compraventa de productos.
De lanzamiento por ocupación de hecho.
De saneamiento de la pequeña propiedad agraria.
De deslinde y amojonamiento.
De restablecimiento de la posesión o de la tenencia en el caso previsto en el artículo 984 del Código Civil.
Sobre servidumbres.
Los que versan sobre los derechos del comunero consagrados en los artículos 2330 a 2333 del Código Civil.
Los atinentes a empresas comunitarias, sociedades y asociaciones agrarias.
Artículo citado en: 27 sentencias, un artículo doctrinal, un formulario
ORGANOS DE LA JURISDICCION AGRARIA.
La jurisdicción agraria, como parte especial de la Rama Jurisdiccional, será ejercida de modo permanente:
Por los juzgados agrarios.
Por los tribunales superiores de distrito judicial, y
REQUISITOS PARA SER JUEZ AGRARIO.
Los jueces agrarios que se crean por este Decreto deberán reunir los mismos requisitos exigidos por la Constitución Nacional a los jueces de circuito.
ESTATUTO DE PERSONAL Y CARRERA JUDICIAL.
Las disposiciones sobre carrera judicial y las demás inherentes al estatuto de personal de la Rama Jurisdiccional, serán aplicables a los funcionarios y empleados de los juzgados agrarios y de las salas agrarias de los tribunales superiores de distrito judicial.
CONOCIMIENTO DEL DERECHO AGRARIO.
Los exámenes de conocimiento en los concursos para proveer cargos de jueces agrarios y magistrados de salas agrarias en los tribunales superiores de distrito judicial, comprenderán, en forma preponderante, temas de derecho agrario.
CURSOS DE DERECHO AGRARIO.
El Gobierno dispondrá lo necesario para que se dicten cursos en materia jurídico agraria a quienes aspiren a desempeñar o desempeñen los cargos mencionados en el artículo anterior.
COMPETENCIA DE LOS JUECES AGRARIOS.
Los jueces asignados a esta jurisdicción conocerán en única instancia de los procesos agrarios entre particulares cuya cuantía sea inferior a quinientos mil pesos ($500.000.00) moneda corriente.
De los que tengan una cuantía igual o superior a quinientos mil pesos ($500.000.00) moneda corriente.
De aquellos en que sea parte la Nación o una entidad territorial, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial del Estado, o una sociedad de economía mixta, cualquiera que sea su cuantía, salvo los que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
De aquellos en que sea posible determinar la cuantía.
CIRCULOS JUDICIALES AGRARIOS.
Para el ejercicio de la jurisdicción agraria, créanse los círculos judiciales agrarios de la siguiente manera:
1 Juez Grado 17 1 Secretario 10 2 Oficiales mayores 09 1 Escribiente 06 1 Escribiente 05 1 Citador 04
1 Juez Grado 7 1 Secretario 10 2 Oficiales mayores 09 1 Escribiente 06 1 Escribiente 05 1 Citador 01
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA.
El Circulo Judicial Agrario de Cúcuta estará integrado por circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
Créanse tres (3) juzgados agrarios, con competencia en el Círculo Judicial de Cúcuta, con la siguiente planta de personal:
Créanse cuatro (4) juzgados agrarios, con competencia en el Círculo Judicial de Sincelejo, con la siguiente planta de personal:
DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE.
El Círculo Judicial Agrario de Ibagué, estará integrado por los circuitos judiciales del respectivo distrito judicial.
REPARTO DE LOS ASUNTOS DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA.
Los jueces agrarios con base en la competencia que les asigna el presente Decreto, conocerán de los negocios que mediante reparto le sean distribuidos por la Sala Agraria o Civil, según el caso, del Tribunal Superior de Distrito Judicial competente, las cuales para el efecto tendrán en cuenta las necesidades del territorio de cada Juzgado.
Los jueces se desplazarán periódicamente y cuando ello fuere necesario, a los municipios que están comprendidos dentro del territorio que se les haya asignado.
PARAGRAFO. Los juzgados civiles y promiscuos municipales y del circuito de los municipios a donde deban desplazarse los jueces agrarios, prestarán a estos la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
SALAS AGRARIAS.
Habrá una sala agraria en los Tribunales Superiores de Antioquia, Cundinamarca, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.
Las Salas Agrarias ejercerán sus funciones en salas de decisión, integradas para cada asunto por el magistrado ponente y los dos que le sigan en orden alfabético de apellidos.
CAPÍTULO II Ministerio público. Artículo 13
QUIENES EJERCER EL MINISTERIO PUBLICO.
El Ministerio Público será ejercicio, en los procesos que correspondan a esta jurisdicción, por el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y los Procuradores Agrarios.
Ante los Tribunales Superiores por los respectivos fiscales, en coordinación con los Procuradores Agrarios.
Ante los Jueces Agrarios, por los Fiscales de Circuito o por los Personeros Municipales en la forma indicada en el numeral anterior.
TÍTULO II Reglas generales. Artículos 14 a 50
CAPÍTULO I Interpretacion y aplicacion del derecho. Artículo 14
CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION DEL DERECHO.
Los jueces y magistrados aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es conseguir la plena realización de la justicia en el campo, en consonancia con los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección de la parte más débil en las relaciones de tenencia de tierra y de producción agraria.
Los jueces y magistrados interpretarán y aplicarán las disposiciones procesales en armonía con los principios que inspiran y los fines que guían este Decreto y, en cuanto no se opongan a ellos, con los que orientan el sistema procesal colombiano
CAPÍTULO Il Poderes del juez. Artículos 15 y 16
ARTTCULO 15
FALLOS EXTRA Y ULTRA PETITA Y APLICACION OFICIOSA DE NORMAS.
Cuando una de las partes en el proceso agrario goza del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido y probado, aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto de la litis.
OTROS PODERES Y DEBERES DEL JUEZ.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto, conforme a lo establecido en el Título IV del Código de Procedimiento Civil, serán facultades y así mismo deberes del juez:
Procurar que no se desvirtúen los fines y principios a que se refiere el artículo antes citado, en especial los atinentes a la igualdad real de las partes ante la justicia, mediante la tutela de los derechos de la más débil, a la gratuidad de aquélla, la simplicidad, concentración y brevedad de las actuaciones y, por ende, celeridad de los procesos, cuya paralización debe impedir, dándoles el impulso necesario, como también los relativos a la inmediación del juez y sana crítica en la apreciación de la prueba, todo ello sin menoscabo del principio fundamental del debido proceso.
Desechar actuaciones y diligencias inútiles y rechazar solicitudes incidentes y pruebas improcedentes o inconducentes, recursos que no estén legalmente autorizados y todo medio de carácter dilatorio.
Rechazar el allanamiento de la demanda, el desistimiento de ella y la transacción cuando el demandado, en el primer caso, el demandante en el segundo y cualquiera de ellos, en el tercero, gocen del amparo de pobreza.
Precaver, cuando tome medidas con relación a un predio, riesgos consiguientes de paralización de la explotación del mismo y de daños y pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios.
Lo dispuesto en este artículo es aplicable, en lo pertinente, a los magistrados de los tribunales que tramiten procesos salarios.
CAPÍTULO III Controversia sobre la naturaleza del asunto Artículos 17 y 18
PREVALENCIA DE LO AGRARIO.
Si en el asunto de que se trata están involucrados agrarios y de otra clase, prevalecerá la índole de los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso.
DECISION DE LA CONTROVERSIA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR.
Cuando hubiere controversia sobre el carácter agrario de la relación o del bien a que se refiere el proceso, se remitirá el negocio, para su calificación, al correspondiente tribunal superior de distrito judicial. Mientras tanto se suspenderá el procedimiento.
Si la discusión versa sobre la naturaleza de un predio y las pruebas que obran en el expediente no fueren suficientes, el tribunal solicitara al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un informe sobre la ubicación del inmueble con relación al perímetro urbano y sobre la destinación del mismo, dentro del plazo que prudencialmente señale.
CAPÍTULO IV Amparo de pobreza. Artículos 19 a 25
Se concederá el amparo de pobreza a los resguardos o parcialidades indígenas, a sus miembros y a los de comunidades civiles indígenas, así como a todo campesino de escasos recursos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso.
INFORMACION SOBRE EL DERECHO AL AMPARO.
Si el demandante, el demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere un campesino, un indígena o un resguardo, el juez instruirá oportunamente a tales personas o a quien represente a la parcialidad conforme a lo previsto en el Capítulo IV de la Ley 89 de 1890 y en la letra o del artículo 3° de la Ley 81 de 1958, sobre el derecho a solicitar el amparo de pobreza si se da una de las condiciones previstas en el artículo anterior.
CONCESION DEL AMPARO DE POBREZA.
Para la concesión del amparo bastará que el interesado afirme, personalmente o por conducto de su representante, bajo juramento que se considerará prestado por la sola presentación de la solicitud, que se encuentra en una de las condiciones establecidas en el artículo 19 de este Decreto.
NORMAS ESPECIALES SOBRE REPRESENTACION JUDICIAL.
Lo dispuesto en el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil sobre designación de apoderado, se aplicará sin perjuicio de lo previsto en los artículos 4° del Decreto extraordinario 508 de 1974, 24 de la Ley 89 de 1890, 3° letra o de la Ley 81 de 1958, 13 y 30 del presente Decreto.
ACTOS IMPROCEDENTES.
No proceden el allanamiento a la demanda, el desistimiento de ella y la transacción que hagan los amparados por pobres o que se efectúe a nombre de ellos.
IMPROCEDENCIA DE LA PERENCION.
Si el demandante gozaré del amparo de pobreza no habrá lugar a la perención del proceso.
APLICACION DE DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
En lo no previsto en este Decreto se aplicarán los artículos 161 a 167 del Código antes citado.
CAPÍTULO V Partes, demanda e intervencion de los procuradores agrarios. Artículos 26 a 30
LOS RESGUARDOS INDIGENAS COMO PARTES EN EL PROCESO.
De conformidad con lo previsto en los artículos 10, 23, 24 y 25 de la ley 89 de 1890, 3° letra o y 8° de la Ley 81 de 1958, los resguardos o parcialidades indígenas tienen capacidad para ser parte en el proceso.
ARTIULO 27.
Si el juez agrario ante quien se presente la demanda no tiene competencia para conocer del asunto, ordenará enviarla. con sus anexos, a quien fuere competente, dentro de la misma jurisdicción.
CORRECCION DE LA DEMANDA.
Si la demanda no reúne los requisitos formales exigidos por las correspondientes disposiciones legales, el juez, mediante auto, señalará los defectos de que adolezca para que el demandante los corrija en el término de cinco (5) días, y si así no lo hiciere la rechazará.
CITACION DE OFICIO.
El Juez ordenará, de oficio, que se cite a todos los que puedan resultar afectados por la sentencia, de conformidad con la demandada, aunque no hayan sido demandados.
AVISO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
EL juez competente ordenará, en el auto admisorio de la demanda que se libre inmediatamente comunicación a la Procuraduría General de la Nación, por el medio más rápido disponible, a fin de asegurar la oportuna participación del correspondiente Procurador Agrario, si fuere el caso, para lo cual se le darán las informaciones necesarias, especialmente las que conciernen a la clase de negocio y las partes.
Mientras dicha comunicación no se remita, la actuación quedará en suspenso. Esta suspensión en ningún caso afecta la notificación del auto admisorio de la demanda no el término para contestarla.
Artículo citado en: 37 sentencias, 2 formularios
CAPÍTULO VI Audiencias y diligencias. Artículos 31 a 34
CLASES DE AUDIENCIAS.
En los procesos ordinarios y en el especial de deslinde y amojonamiento habrá dos clases de audiencias:
En los demás procesos, salvo disposición en contrario, se celebrará audiencia de conciliación en lugar de la prevista en la letra a de este artículo.
PUBLICIDAD DE LAS AUDIENCIAS.
CONCENTRACION DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS.
Cuando fueren previsibles varias audiencias o diligencias, el juez señalará de una vez fechas continuas para realizarlas. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse o diferirse o suspenderse por más de una vez para día diferente de aquél que fue inicialmente señalado.
CAPÍTULO VII Conciliacion. Artículos 35 a 44
OBLIGATORIEDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONCILIACION.
CONCILIACION ANTES DEL JUICIO.
EFECTOS DE LA CONCILIACION.
CONCILIACION PARCIAL.
FALTA DE ANIMO CONCILIATORIO.
FRACASO DEL INTENTO DE CONCILIACION.
REPRESENTACION DE INCAPACES.
Si el demandante, el demandado o alguno de quienes hayan de figurar como tales en el proceso fuere incapaz, tendrá facultad para celebrar la conciliación su representante legal.
CONCILIACION POR ENTIDADES PUBLICAS.
Los representantes de la Nación, departamentos, intendencias, comisarías, municipios y Distrito Especial de Bogotá, no podrán conciliar controversias de naturaleza agraria sin autorización del Gobierno Nacional, gobernador, intendente, comisario o alcalde, según el caso
IMPROCEDENCIA DE LA CONCILIACION.
No podrá efectuarse la conciliación en los casos en que no sea legalmente procedente la transacción, excepto cuando se trate de beneficiarios del amparo de pobreza.
CAPÍTULO VIII Audiencia de conciliacion, saneamiento, decision de excepciones previas y decreto de pruebas. Artículo 45
PROCEDENCIA, CONTENIDO Y TRAMITE.
En este caso se señalará la fecha disponible más próxima para iniciar o continuar la audiencia, sin que sea admisible otra suspensión o un nuevo aplazamiento, a menos que se dé el caso previsto en el numeral 4° de este artículo.
En la misma providencia a que se refieren los numerales 5° y 7° , el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y las que considere útiles o necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Señalará igualmente las fechas en que deban celebrarse las audiencias necesarias para practicarlas, de conformidad con lo previsto en los artículos 33 y 48 de este Decreto.
CAPÍTULO IX Terminos. Artículos 46 y 47
SUSPENSION POR AUSENCIA DEL JUEZ.
Los desplazamientos del juez previstos en el artículo 10 del presente Decreto, sólo determinarán la suspensión de los términos para las decisiones y demás actuaciones que le correspondan.
TERMINO PARA DICTAR PROVIDENCIA.
Los jueces dictarán los autos de sustanciación en el término de dos (2) días los interlocutorios, en el de ocho (8) y las sentencias en el de treinta (30), contados desde que el expediente pase con tal fin al despacho.
En los mismos términos los magistrados deberán dictar las providencias que les correspondan o presentar los proyectos de las que deba proferir la sala. Esta dispondrá de la mitad del respectivo termino para proferir la decisión, contado desde el día siguiente a aquél en que se registre el proyecto en un cuadro especial que se fijará en lugar visible de la Secretaría.
CAPÍTULO X Pruebas. Artículo 48
Salvo lo dispuesto en norma especial, se aplicarán en materia de pruebas las siguientes reglas:
En el auto en que se decreten pruebas el juez señalará fecha y hora de la audiencia en que habrán de practicarse.
Si el número de pruebas o su naturaleza hiciere necesario que se realicen varias audiencias para practicarlas, el juez, señalará de una vez fecha y hora para realizar cada una de ellas, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 33 de este Decreto.
El juez decretará de oficio las pruebas que considere útiles o necesarias.
Si hubiere hechos que comprobar en un predio, el juez decretará necesariamente una inspección judicial, si ninguna de las partes la hubiere pedido.
CAPÍTULO XI Notificaciones. Artículo 49
NOTIFICACION POR AVISO.
Cuando no hubiere sido posible notificar personalmente a quien habite en zona rural, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de la respectiva providencia, la notificación se hará por medio de aviso que se fijará en la puerta de acceso al lugar donde habita o trabaja la persona que deba ser notificada o de la casa principal o en sitio visible del predio de que se trata.
CAPÍTULO XII Recurso de casacion. Artículo 50
En asuntos agrarios procede el recurso de casación contra las siguientes sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de diez millones de pesos ($ 10.000.000.00) moneda corriente:
Las dictadas en los procesos reivindicatorios y de pertenencia.
Las que aprueben la partición en los procesos divisorios de bienes comunes y de liquidación de sociedades agrarias; y,
Las dictadas en los procesos sobre nulidad de sociedades agrarias.
SEGUNDA PARTE Los procesos
TÍTULO III Disposiciones generales. Artículos 51 a 53
Derogado por la Ley 1395 de 2010, artículo 44.
TÍTULO IV Proceso ordinario. Artículos 54 a 62
CAPÍTULO I Disposiciones generales. Artículos 54 a 61
Artículo citado en: 23 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 formularios
Artículo citado en: 11 sentencias, 2 artículos doctrinales, un formulario
CAPÍTULO II Disposiciones especiales. Artículo 62
TÍTULO V Proceso verbal. Artículos 63 a 72
TÍTULO VI Restitucion de precios dados en mera tenencia. Artículos 73 a 97
CAPÍTULO I Lanzamiento de arrendatarios, aparceros y similares. Artículos 73 a 89
CAPÍTULO II Restitucion del predio a solicitud del arrendatario, aparcero o similar. Artículos 90 a 96
CAPÍTULO III Otros procesos de restitucion de tenencia. Artículo 97
TÍTULO VII Lanzamiento por ocupacion de hecho. Artículos 98 a 111
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2° de la Ley 4ª de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante.
La demanda deberá llenar los siguientes requisitos:
Nombre, domicilio o residencia del demandante.
La persona o personas contra quienes se dirige la demanda y su vecindad o residencia, si fueren conocidas.
Nombre de los representantes de las partes, si fuere el caso.
El inmueble que ha sido ocupado de hecho, su situación, linderos y demás circunstancias que sirvan para identificarlo.
La fecha desde la cual el demandante fue privado de la tenencia material del fundo o de parte de él.
Las razones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento a la pretensión.
Petición de las pruebas que se pretenden hacer valer.
A la demanda deberá acompañarse prueba siquiera sumaria con la que se acredite que el demandante ha venido poseyendo económicamente el predio y que la ocupación se inició dentro de los ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de presentación de la demanda.
Si la demanda no reúne los requisitos indicados en el artículo 99 o no se allegare la prueba que exige el anterior, el juez la devolverá para que el demandante subsane el defecto dentro de los tres (3) días siguientes, y si así no lo hiciere, la rechazará.
ADMISION Y TRASLADO DE LA DEMANDA; PRUEBAS.
El juez admitirá la demanda si llena los requisitos exigidos en los artículos 99 y 100 de este Decreto y ordenará dar traslado al demandado por cinco (5) días. Vencido este término, decretará las pruebas pedidas por las partes, las cuales se practicarán dentro de la inspección judicial que deberá efectuarse tres (3) días después.
Si no hubiere sido posible notificar personalmente al demandado el auto admisorio de la demanda dentro de los tres (3) días siguientes, el juez ordenará, directamente o por intermedio del alcalde del municipio donde estuviere ubicado el inmueble, que se fije en el predio el aviso de que trata el artículo 55, en el que se transcribirá la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda y se indicará, además, los nombres de demandante y demandado, así como los linderos del predio; copia del mismo se entregará a cualquier persona que habite o trabaje allí.
En este proceso especial es improcedente la conciliación.
SUSPENSION DE LA ACTUACION E IMPROCEDENCIA DEL LANZAMIENTO.
Si durante la diligencia de inspección judicial o antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante u ocupantes exhibieren títulos o pruebas que justifiquen legalmente la ocupación, el juez agrario suspenderá la actuación y las partes quedarán en libertad para iniciar las acciones que estimen pertinentes.
Practicada la inspección judicial, si de ésta y demás pruebas producidas por las partes o allegadas de oficio al expediente, resultare que efectivamente se ha realizado una ocupación de hecho, esto es, efectuada sin causa jurídica que la justifique, el juez decreta el lanzamiento, el cual se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia.
Las autoridades competentes aplicarán los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley 200 de 1936, con las modificaciones introducidas por la Ley 100 de 1944.
Declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de febrero de 1991. Exp. 2197. Sala Plena.
DETERMINACION DEL VALOR DE LAS MEJORAS.
Una vez ejecutoriada la sentencia y antes de su ejecución, se fijará el precio de las mejoras que hubiere en el predio mediante el dictamen de un perito.
PAGO DE LAS MEJORAS.
En ningún caso podrá llevarse a cabo el lanzamiento sin que se haya realizado el pago de las mejoras.
INVENTARIO Y DEPOSITO DE BIENES.
Si durante la práctica de la diligencia de lanzamiento no se hallaren los ocupantes de hecho demandados, el juez ordenará levantar un inventario de los bienes que no sean de propiedad del demandante, los cuales se dejarán al cuidado de un depositario que designará el mismo juez.
De las diligencias de inspección judicial y de lanzamiento se levantarán las actas respectivas, que serán firmadas por el juez, su secretario y los interesados que hubieren asistido.
TÍTULO VIII Deslinde y amojonamiento. Artículos 112 a 117
Pueden demandar el deslinde y amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar, lo mismo que el poseedor material con más de un (1) año de posesión.
Quien ejerza posesión con más de un (1) año de antigüedad sobre el predio colindante o sobre la zona afectada por la demanda de deslinde y amojonamiento, o tenga el uno o la otra en calidad de arrendatario, aparcero o similar, podrá en cualquier momento intervenir en el proceso, si no hubiere sido citado; pero antes de que concluya la diligencia de deslinde. Mas, una vez practicadas las pruebas en dicha diligencia, sólo podrá hacer uso del derecho de oponerse al deslinde.
Si no fuere posible la notificación personal de quienes habiten en zona rural, se procederá en la forma indicada en el artículo 55 de este Decreto.
En este proceso podrán proponerse excepciones previas y las de cosa juzgada y transacción, las que se decidirán en la audiencia de que trata el artículo 45 del presente Decreto.
CITACION PARA EL DESLINDE Y DECRETO DE PRUEBAS.
Antes de que finalice la audiencia a que se refiere el artículo anterior, el juez señalará fecha y hora para el deslinde, el cual tendrá lugar dentro de los cinco (5) días siguientes. En la misma providencia el juez prevendrá a las partes para que presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia.
Deberá levantarse un plano o croquis de las áreas delimitadas, el cual hará parte del respectivo expediente.
DILIGENCIA DE DESLINDE.
La diligencia de deslinde se verificará en la forma indicada en el artículo 464 del Código de procedimiento Civil. En lo demás se dará aplicación a los artículos 461, 462, 465 y 466 del mismo estatuto.
TÍTULO IX Preservacion del ambiente rural y de los recursos naturales renovables. Artículos 118 a 135
El ambiente rural y los recursos naturales renovables del dominio público que hacen parte de aquél, podrán ser definidos judicialmente por cualquier ciudadano contra actos o hechos humanos que les causen o puedan causar deterioro, si el asunto no es de competencia de la administración, mediante la acción popular consagrada en los artículos 1005, 2359 del Código Civil, especialmente en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 23 de 1973.
Por lo menos, la demanda deberá expresar:
Nombre, vecindad o residencia del demandado, si fueren conocidos.
Nombre del representante del demandado, si lo tuviere y fuere conocido.
Los hechos en que se fundamenta la demanda, con determinación del lugar donde se realizan o acaecieron.
Pruebas que el demandante pretende hacer valer.
PRESENTACION DE LA DEMANDA.
La demanda podrá ser presentada por escrito o verbalmente ante el secretario del juzgado, caso en el cual se extenderá el acta respectiva, que será firmada por dicho empleado y el demandante.
MEDIDAS PRECAUTELATIVAS.
Desde el momento de la presentación de la demanda y en cualquier etapa del proceso, el juez, de oficio o a petición de parte, si considera que se está causando daño al ambiente o a uno o más recursos naturales renovables, o existe peligro inminente de que se produzca, aunque sea distinto del indicado en la demanda, tomará las medidas del caso, previa realización de una inspección judicial.
NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO Y CONTESTACION DE LA DEMANDA.
Si dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, no hubiere sido posible notificará personalmente el auto admisorio de la demanda al demandado que habita en zona rural, se procederá en la forma indicada en el artículo 55 de este Decreto.
AVISO SOBRE INICIACION DEL PROCESO.
Inmediatamente después de admitida la demanda, el juez dará aviso de la misma a la entidad pública u oficial encargada de ejecutar la política de preservación ambiental o de administrar los recursos naturales renovables, con jurisdicción en el respectivo municipio, a fin de que pueda intervenir en el proceso.
Vencido el término señalado en el inciso final del artículo 122 de este Decreto, el juez decretará las pruebas pedidas por las partes y las que él considere necesarias.
Se ordenará la práctica de una inspección judicial, si no se hubiere realizado la prevista en el artículo anterior, o no hubiere intervenido en ella el demandado o el juez la estimare incompleta para efectos de la decisión del proceso. En el mismo auto se designarán los peritos y se citarán tanto a las partes como a aquéllos y a los testigos para que concurran a la diligencia de inspección judicial.
La inspección judicial se realizará dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que decreta las pruebas, aunque no concurran las partes. Dentro de ella se practicarán, en lo posible, las pruebas pedidas por las partes y las decretadas de oficio por el juez. En la misma diligencia las partes podrán aducir y el juez practicar pruebas no pedidas antes.
Dentro de los dos (2) días siguientes a la finalización de la diligencia de inspección judicial, el juez citará para audiencia, la cual se efectuará dentro de los tres (3) días siguientes, aunque no asistan las partes. Si hubiere dictamen pericial pendiente, este término podrá ser ampliado por cinco (5) días.
ACTUACIONES Y MEDIDAS IMPROCEDENTES.
No habrá lugar a la conciliación, anterior ni posterior a la presentación de la demanda, ni a la perención del proceso.
OBLIGACIONES DE DECIDIR LA CONTROVERSIA.
El juez deberá proferir ineludiblemente decisión de fondo.
El juez podrá imponer al demandado, en la sentencia, la suspensión de las obras o trabajos causantes del riesgo o del daño, el retiro o demolición de aquellas, su modificación, la restauración o reposición de lo dañado o destruido, si es posible, el resarcimiento de los perjuicios causados a la comunidad y todas aquellas medidas que sean adecuadas para prevenir el daño o repararlo. Se prevendrá igualmente al demandado que si no realiza los actos ordenados, dentro del término prudencial que se le señale, el juez proveerá para que los ejecute el demandante o la entidad a que se refiere el artículo 123 de este decreto, caso en el cual aquél deberá reembolsar los gastos correspondientes, que se liquidarán como se dispone en el inciso cuarto del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Los autos contra los cuales proceda recurso ante el superior, serán apelables en el efecto devolutivo; la sentencia en el suspensivo, pero si fuere contraria al demandado, el juez tomará todas las medidas necesarias para precaver el daño o hacerlo cesar, si no lo hubiere hecho antes, de conformidad con lo previsto en el artículo 121 del presente Decreto.
En caso de que el juez condene a pagar indemnización conforme a lo previsto en los artículos 16, inciso segundo, de la Ley 23 de 1973, 1005 del Código Civil, tratándose en este caso de recursos naturales renovables de uso público, Y 129 de este Decreto, su valor se entregará a la entidad que corresponda según las normas sustanciales.
Se aplicarán en este proceso, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 1005 y 2360 del Código Civil, sobre recompensa e indemnización al actor.
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS AL DEMANDADO.
Si el demandado sufriere perjuicios por acción temeraria o de mala fe del actor, el resarcimiento de ellos se hará de acuerdo con las dispociones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.
AVISO AL JUEZ PENAL.
Si el hecho causante del daño fuere delictuoso o en su realización se hubiere cometido un delito, el funcionario que tramita el proceso dará de inmediato aviso al juez penal competente.
ACCIONES PRIVADAS O DE CARACTER SUBJETIVO.
La acción que ejerza el propietario de recursos naturales renovables en razón de daños dilectos a ellos, reales o contingentes, o las personas que hubieren sufrido perjuicios como consecuencia de actos o hechos humanos que hayan causado deterioro al ambiente rural o a recursos de dominio público o privado, se sujetarán a las disposiciones del proceso verbal que regula este Decreto, en cuanto el asunto no corresponda a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
TÍTULO X Artículos 136 a 140
PROCESOS SOMETIDOS AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
Los procesos de expropiación de predios para fines distintos de los previstos en las leyes sobre reforma social agraria, los divisorios y los de disolución, nulidad y liquidación de sociedades, en cuanto tenga naturaleza agraria, se someterán a las reglas especiales del código de procedimiento civil y a las generales de este decreto.
Estos procesos se sujetarán, en materia de competencia, a lo dispuesto en el artículo 8° del presente Decreto.
SANEAMIENTO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD AGRARIA.
Los asuntos relativos al saneamiento de la pequeña propiedad agraria se tramitarán y decidirán en proceso ordinario conforme a las disposiciones de este Decreto, con aplicación de las adicionales contenidas en el Decreto extraordinario 508 de 1974.
TERCERA PARTE Disposiciones varias.
DISPOSICIONES EXCEPTUADAS.
No se aplicará lo previsto en este Decreto a los asuntos que conforme a las disposiciones vigentes corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
APLICACION SUPLETORIA.
En los aspectos no contemplados en el presente Decreto se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procesos agrarios, con los objetivos que persigue este estatuto y los principios que lo inspiran.
El presente Decreto rige a partir del 1° de junio de 1990 y derogan las disposiciones que le sean contrarias.
El Ministro de Comunicaciones encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Justicia,
DECRETO 380 RD 3224
Resolución número 272 de 2016, por la cual se autoriza la modificación de precios sobre boletería impresa para entrada a los Parques Arqueológicos administrados por el Icanh