Source: https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62794&legiid=489
Timestamp: 2019-10-20 07:08:17
Document Index: 301687315

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'Artículo 126', 'artículo 76', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 269']

INFORME COMPLEMENTARIO PARA PROYECTO SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE
RECHAZO ANTE NO RENOVACIÓN POR GUATEMALA DE MANDATO DE COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD. PROYECTO DE ACUERDO
ACUERDOS CON JERSEY Y BERMUDAS SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
REGULACIÓN SOBRE USO DE AGUA DE MAR PARA DESALINIZACIÓN
ABANDONO DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN. OFICIOS
DERRUMBES EN RUTA T-470. OFICIOS
REPARACIÓN DE RUTAS PANGUIPULLI-COÑARIPE E ITROPULLI-SAN PEDRO. OFICIO
RECHAZO A ACTUACIÓN DE SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE ATACAMA. OFICIOS
MALA GESTIÓN DE EMPRESA PORTUARIA ARICA. OFICIOS
Concurrieron, además, los Ministros Secretaría General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretaria subrogante, la señora Ximena Belmar Stegmann.
El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 47ª, ordinaria, en 4 de septiembre; 48ª y 49ª, especiales, y 50, ordinaria, todas en 5 de septiembre de 2018, que no han sido observadas.
La señora BELMAR (Prosecretaria subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Con el primero comunica que aprobó en los mismos términos en que lo hizo el Senado el proyecto que modifica el artículo 12 de la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional (boletín N° 10.800-15).
Con el segundo señala que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 20.743 en cuanto al mes de concesión del aporte familiar permanente (boletín N° 11.977-05).
Con el siguiente informa que aprobó el proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín N° 11.621-04) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y a la de Hacienda en su caso.
Con el último expresa que aprobó el proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que señala y establece permisos especiales de colecta de semillas (boletín N° 11.317-21) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y a la de Hacienda en su caso.
-Artículo 126 del Código Sanitario.
Entrega información referida a dos oficios enviados en nombre del Senador señor Navarro: el primero, referido a estadísticas de cesantía e inclusión laboral, y el segundo, relativo a la tasa de rechazo de accidentes laborales por parte de las mutualidades de empleadores.
Remite respuestas a diversos requerimientos de los siguientes señores Senadores:
-Del Honorable señor Elizalde, atinente a la situación del proyecto de agua potable rural de la localidad de San José, comuna de Longaví.
-Del Honorable señor Elizalde, en cuanto al estado de la ruta M-50, sector de acceso a la caleta de Loanco, Región del Maule.
-Del Honorable señor Elizalde, para solicitar información sobre el proyecto de agua potable rural de la localidad de Pahuil, comuna de Chanco.
-Del Honorable señor De Urresti, en cuanto a la reunión binacional Chile-Argentina sobre pasos fronterizos y obras de pasos de Carirriñe y Huahum, Región de Los Ríos.
-Del Honorable señor De Urresti, acerca de estado del camino del sector La Coyunda, en los tramos que se señalan.
-Del Honorable señor De Urresti, relativo a la factibilidad de incorporar el camino Los Colihues a la red de tuición de la Dirección de Vialidad de la Región de Los Ríos.
-Del Honorable señor De Urresti, en lo que atañe al estudio de prefactibilidad para la construcción del parque náutico deportivo de Valdivia.
-Del Honorable señor De Urresti, en relación con proyecto de ampliación del aeródromo Pichoy, en la Región de Los Ríos.
-Del Honorable señor Navarro, en cuanto a la nómina de comunas con plan maestro de aguas lluvia.
-De la Honorable señora Goic, sobre el Plan de Desarrollo Antártico.
-De la Honorable señora Goic, acerca de la política de ejecución de la cartera de proyectos para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Remite información acerca del Sello de Calificación Energética de Viviendas, solicitada en nombre del Senador señor De Urresti.
-Del Senador señor Navarro, sobre la posibilidad de construir una sede universitaria en la comuna de Curanilahue.
-Del Senador señor Navarro, relativa a fondos de emergencia para la reposición de la Escuela Galvarino de Lomas Coloradas, de la comuna de San Pedro.
-Del Senador señor De Urresti, en cuanto a la situación de la escuela rural Andrés Fried Koop, de la localidad de La Plata, comuna de Paillaco.
-Del Senador señor Latorre, referida a la regulación de las funciones de los psicopedagogos en los establecimientos educacionales.
Absuelve inquietud, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre las circunstancias del fallecimiento de la menor que se individualiza, en la comuna de Los Andes.
Adjunta información sobre cifras de accidentes de tránsito en la provincia de Chiloé y medidas de seguridad en las Regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en respuesta a petición formulada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Jefe de Gabinete del señor Contralor General de la República:
Consigna el reporte mensual de informes publicados por el Órgano Contralor en el período que se señala.
De los Senadores señor García; señoras Aravena y Von Baer, y señores Huenchumilla y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que establece el Día Nacional de las Juntas de Vigilancia Rural y Desarrollo (boletín 12.090-01).
De los Senadores señor Elizalde; señoras Órdenes y Provoste, y señor Latorre, con la que inician un proyecto de ley que consagra la paridad de género en los directorios de las empresas y sociedades anónimas (boletín 12.091-03).
De los Senadores señoras Provoste y Von Baer y señores García, Latorre y Quintana, con la que inician un proyecto que modifica la Ley del Deporte para fomentar la participación de los adultos mayores en las federaciones deportivas (boletín 12.094-04).
De los Senadores señoras Provoste, Aravena, Muñoz, Órdenes, Rincón y Von Baer y señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Pérez, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, manifieste el rechazo del Estado de Chile a la decisión del Gobierno de la República de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y adopte otras medidas sobre la materia (boletín N° S 2.014-12).
De los Senadores señor Quinteros; señoras Goic, Muñoz y Provoste, y señores Araya, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens y Soria, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que establezca un examen nacional aplicable a todos los egresados de la carrera de Odontología (boletín N° S 2.015-12).
De la Senadora señora Órdenes, para ausentarse del país a contar del 15 de septiembre de 2018.
Del Senador señor Girardi, para ausentarse del país a contar del 25 del presente mes.
Del Senador señor Navarro, para ausentarse del país a contar de hoy, 12 de septiembre.
--Se accede a las tres solicitudes.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece a la Sala votar de inmediato los dos proyectos de acuerdo de que se dio cuenta?
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, esta Sala acordó recientemente fusionar la moción de las Senadoras señoras Goic y Muñoz y de quien habla destinada a modificar la Ley General de
Pesca y la ley N° 20.657 (boletín N° 10.190-21) con el proyecto del Ejecutivo denominado "Ley Corta" (boletín N° 11.704-21), y facultó a la Comisión para tratarlos también en particular en el primer informe.
Conforme a un acuerdo adoptado hoy por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, le solicito al Senado que resuelva fusionar con las iniciativas antes individualizadas las siguientes mociones, que también inciden en la Ley General de Pesca y Acuicultura, y facultar a dicho órgano técnico para tratarlas de la misma manera en el primer informe, esto es en general y en particular:
-Boletín N° 7.926-03, moción de los Senadores señora Rincón y señores Girardi, Navarro, Gómez y Rossi, y
-Boletín N° 11.642-21, moción del Senador señor Ossandón.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para tales efectos?
El señor QUINTEROS.- ¡Por supuesto!
La señora EBENSPERGER.- Conforme.
La señora GOIC.- Señor Presidente, en cuanto al proyecto sobre prevención y protección del embarazo adolescente, que figura en el segundo lugar del Orden del Día, solicito volverlo a la Comisión de Salud porque, tras revisarlo, detectamos una inconsistencia entre dos artículos.
Nos parece mejor no abrir debate sobre el punto aquí, en la Sala, y resolver el problema en el referido órgano técnico.
No se cambian los contenidos, Su Señoría.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece a la Sala volver la iniciativa a la Comisión de Salud para un informe complementario?
La señora VAN RYSSELBERGHE.- De acuerdo, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Pondré en votación los dos proyectos de acuerdo incluidos en la Cuenta de esta sesión.
La señora RINCÓN.- ¿Juntos?
El señor MONTES (Presidente).- No: por separado, para que se sepa de qué trata cada uno.
Boletín N° S2014-12
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Provoste, Aravena, Muñoz, Órdenes, Rincón y Von Baer y señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.014-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de este proyecto de acuerdo es solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República que manifieste el rechazo del Estado de Chile a la decisión del Gobierno de la República de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y además, adopte otras medidas sobre la materia.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (32 votos afirmativos).
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo de los Senadores señor Quinteros; señoras Goic, Muñoz y Provoste, y señores Araya, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens y Soria.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República que envíe al Parlamento un proyecto de ley que establezca un examen nacional aplicable a todos los egresados de la carrera de Odontología.
El señor COLOMA.- ¿Dónde está el texto, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Acá, Su Señoría.
Se trata de una solicitud al Presidente de la República para exigir un examen nacional a los egresados de Odontología.
Conforme al Reglamento, estos proyectos de acuerdo no se discuten.
Por eso estamos en votación.
El señor COLOMA.- ¿Por qué solo la Mesa tiene el texto?
El señor MONTES (Presidente).- En general, la idea es que los textos no se impriman y figuren únicamente en la pantalla.
No se encuentra en la pantalla, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se halla en la Cuenta de esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).- Si varios Senadores tienen preocupación, podemos dejar pendiente la votación de este proyecto de acuerdo.
El señor COLOMA.- Sí: que quede pendiente.
El señor MONTES (Presidente).- La dejaríamos pendiente hasta que se cuente con la información necesaria.
El señor QUINTEROS.- ¡Hay que pronunciarse, señor Presidente, pues se abrió la votación!
El señor MONTES (Presidente).- El señor Secretario me ratifica que la votación está en curso.
¿Habría acuerdo para anularla ante el requerimiento de mayor información?
El señor MONTES (Presidente).- Ya está anulada la votación, Sus Señorías.
El pronunciamiento sobre el proyecto de acuerdo queda pendiente, pues algunos parlamentarios no pudieron leer su texto.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, independiente de que los proyectos de acuerdo no se discuten, si se trata de una cosa menor y están las firmas de 25 Senadoras y Senadores, por esta vez Su Señoría podría permitir una información del suscriptor principal.
La señora RINCÓN.- Sí: que lo explique.
El señor COLOMA.- ¡Eso puede sentar un mal precedente!
El señor MOREIRA.- Entonces, no. ¡Nada de precedentes! El señor MONTES (Presidente).- En definitiva, ante el requerimiento formulado por un señor Senador, el proyecto de acuerdo se votará en la próxima sesión.
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Letelier; señoras Allende y Rincón, y señores Elizalde y Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias, con informe de la Comisión Especial de Infancia.
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Letelier, señoras Allende y Rincón, y señores Elizalde y Quintana):
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es ofrecer una solución a problemas concretos que afectan a los niños separados de sus familias que se encuentran al cuidado de una institución residencial. Para ello se dispone la revisión periódica de las medidas de internación en audiencias especialmente decretadas al efecto; se establece que los niños siempre sean oídos en los procesos de internación en los que intervengan, y se prescribe que la designación de un curador ad litem en estos casos sea obligatoria.
No obstante tratarse de un proyecto de artículo único, la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes lo discutió solo en general, con el propósito de introducir los perfeccionamientos necesarios durante la discusión particular.
La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Rincón y Von Baer y señores Letelier, Ossandón y Quintana.
Cabe tener presente que ambos numerales del artículo único del proyecto tienen carácter orgánico constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 24 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 33 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor Secretario me informa que el Senador señor Ossandón, Presidente de la Comisión de Infancia, le solicitó al Senador señor Quintana informar el proyecto; y después, la Senadora señora Rincón.
El señor QUINTANA.- Como dijo Su Señoría, el Presidente de la Comisión de Infancia, Senador Ossandón, me pidió informar a la Sala este proyecto, que se originó en una moción del Senador Juan Pablo Letelier y otros colegas.
Mediante él se modifica la Ley de Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias.
Su propósito es ofrecer solución a tres problemas concretos que afectan a los niños separados de sus familias que se encuentran al cuidado de una institución residencial.
En primer lugar, se dispone que las medidas de internación sean revisadas de manera periódica en una audiencia especialmente decretada al efecto, para evitar, de esa forma, que el tribunal solo se imponga de la situación de los niños, tal como ocurre en la actualidad, a través de informes que envían los establecimientos que los tienen bajo su cuidado.
En segundo término, la iniciativa -reitero: impulsada en una moción del Honorable señor Letelier- establece que los menores en residencias, en atención a su especial vulnerabilidad, sean siempre oídos, lo que debe ser instruido de oficio por el tribunal a fin de que no quede sujeto a la presentación de una solicitud de tal naturaleza por parte de ellos.
Por último, se prescribe que la designación de un curador ad litem, en estos casos, sea obligatoria y no facultativa para el juez, en virtud de la necesidad de protección de los derechos de los niños.
Cabe destacar que, durante la discusión general del proyecto, asistieron, especialmente invitados, el Subsecretario de Justicia, señor Juan José Ossa; el Jefe de la División de Reinserción Social, señor Alejandro Fernández, y el asesor de la División de Reinserción Social Juvenil señor Pedro Pacheco, todos ellos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
También lo hizo la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz.
Asimismo, de la Asociación Nacional de Magistrados concurrieron el Presidente, señor Álvaro Flores, y la integrante de la Comisión de Infancia y jueza de familia de Valdivia señora Patricia Lobos.
Igualmente estuvieron presentes la jueza de familia señora Gloria Negroni y la jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares señora Karen Hoyuelos.
Se resalta la aprobación unánime prestada por los miembros de la Comisión a las directrices fundamentales de la iniciativa, sin perjuicio de existir consenso en la necesidad de realizarle mejoras durante la discusión particular, especialmente en lo referente a equilibrar los requerimientos de revisión periódica de las medidas de internación de menores con la eventual sobrecarga tanto en los tribunales de familia como en los profesionales de los centros de la red SENAME que ello pudiera implicar.
En la misma línea se registró un acuerdo transversal para dotar de reglas claras a la curaduría ad litem en este contexto, así como para reforzar el derecho del niño a ser oído en el proceso que lo involucra, a fin de que la judicatura considere su opinión en las medidas que decrete, sin que tal facultad se supedite a una actuación judicial o del centro o residencia en el cual se encuentre.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, el proyecto busca de muy buena manera y con buena intención, sin lugar a dudas -por lo mismo, fue aprobado en forma unánime en la Comisión Especial sobre asuntos de menores-, efectuar una serie de reformas.
Por suerte, hoy día estamos acogiendo simplemente la idea de legislar, porque el texto, independientemente del propósito positivo que lo inspira, requiere claramente una serie de elementos adicionales, como presupuesto y modificaciones administrativas, de lo cual espero que pueda hacerse cargo el Ejecutivo, en su minuto. De lo contrario, la proposición, si se sancionara tal cual se encuentra, podría provocar algunos efectos negativos.
Como entiendo que el Gobierno ha estado disponible para la reforma sobre la infancia que se está llevando a cabo, ojalá muchas de las 94 medidas del Acuerdo Nacional en la materia se puedan incorporar también en la iniciativa.
Por lo mismo, voto a favor, advirtiendo que se necesitan indicaciones que deben ser patrocinadas por el Ejecutivo para que se cumpla con la finalidad a la cual se tiende.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de continuar dando la palabra, hago presente que hubo una solicitud para cambiar el orden de la tabla e incluir el proyecto que moderniza la legislación bancaria, pero no ha llegado la indicación considerada en la Comisión.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, ello será discutido el próximo martes 25.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, qué duda cabe de que la protección a los menores es fundamental. El futuro de toda nación nace en sus niños y jóvenes, y de ellos pende el éxito o el fracaso como país.
El Estado chileno ha fracasado desde hace más de treinta años en el resguardo a los más desvalidos y que no cuentan con alguien más. Cuando padre y madre han fallado, cuando la familia ha abandonado, el Estado no puede incurrir en lo mismo, y, sin embargo, no hemos logrado éxito como sociedad.
El SENAME ha sido realmente un desastre por todo lo ocurrido. El actual Gobierno mantiene una preocupación permanente. Ha dicho que la infancia es uno de los asuntos prioritarios. Esperamos que se marque una diferencia con las administraciones anteriores y que el Presidente Sebastián Piñera deje una huella importante para poder superar lo considerado un verdadero infortunio al referirse a dicha sigla.
El descuido de que el organismo ha sido objeto desde el retorno de la democracia ha significado insatisfacción y frustración en los trabajadores y dolor y muerte en los menores enviados a los hogares.
La falta de fiscalización ha afectado también a los recintos. El Estado no ha cumplido con estos chilenos.
La revisión burocrática y formalista es solo una muestra más de la dejación.
El proyecto en revisión va en la senda correcta, porque, cuando un juez de familia ordena la internación en un centro, no puede ni debe olvidarse lo que sucede con el menor una vez ingresado.
No es suficiente un informe semestral. Se requiere un seguimiento más profesional y presencial.
¿Están preparados los tribunales de familia para esta labor? ¿Está preparado el sistema, en su conjunto?
Efectivamente, la iniciativa presenta problemas que deben ser solucionados durante la discusión, como la carga que las revisiones implican para los tribunales de familia, pero también para los directores o encargados de los centros de integración, quienes podrían pasar la mayor parte de las mañanas en audiencias con jueces en vez de estar en los centros trabajando por los niños.
La citación a uno de estos últimos debe ser un derecho y no una obligación. Su implementación debe respetar la voluntad, pero también proteger la reserva de la comparecencia.
Finalmente, lo que importa es que debemos trabajar, como Congreso y como país, para asegurarnos de que los menores que ingresan a los centros de internación no sean olvidados; sus procesos, controlados; sus derechos, protegidos, y sus progresos, verificados.
El proyecto sigue la dirección correcta y debe ser aprobado. Pero es preciso cambiar muchas cosas...
El señor QUINTANA.- ¿Cuáles?
El señor MOREIRA.- ... y formular una serie de indicaciones, que vamos a presentar cuando corresponda, porque ahora estamos solo en un debate general.
El señor BIANCHI.- ¿Cuáles serían?
El señor MONTES (Presidente).- Ha sido una presentación bastante reflexiva y profunda.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, no sé si quien intervino con anterioridad logró comprender cuál es la idea matriz de la iniciativa.
El señor MOREIRA.- ¿Qué le molestó a Su Señoría?
El señor LETELIER.- La idea matriz es que los responsables de los niños en residencias son los tribunales de familia, los que, en situaciones diversas, tienen que tomar la decisión respectiva y, de acuerdo con el artículo 76 de la ley N° 19.968, hacer un seguimiento, porque esa es su obligación.
Recordemos que la internación de un menor en un lugar que no corresponda a su propia familia o red familiar o a un contexto de acogida distinto de uno institucional debe ser la excepción.
Lo que estamos modificando con la moción es cómo se realiza el seguimiento. Las diferencias esenciales son dos.
La primera de ellas es que no se trate solo de informes escritos de los organismos colaboradores (OCAS), entidades a las que el Estado asigna la responsabilidad de ejecutar un plan de intervención con el niño y que, como institución, tienen que cumplir, además del acompañamiento, un programa específico señalado por el tribunal.
No como en la ley vigente, en virtud de la cual se requiere un reporte del director o de alguien designado por este que es preciso entregar al tribunal -habitualmente, lo lee un consejo técnico-, la enmienda que se plantea respecto del seguimiento de estas decisiones excepcionales es la necesidad de que los responsables sean efectivamente citados al tribunal, para que exista un procedimiento más directo, informado, que podrá llevar a cabo el director de la residencia o su representante. No tiene por qué tratarse del primero.
Muchas veces, en una institución hay personas especializadas a cargo de un niño o un adolescente, las que podrán comparecer a la citación y deberán informar del plan individual de protección diseñado y aplicado, así como evaluar su estado de avance.
Este es el centro del proyecto: la interacción de los tribunales con quienes estén a cargo del menor y que no sea solo algo escrito, por razones más que evidentes.
Lo segundo dice relación con que es preciso garantizar lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el derecho del menor a ser escuchado cuando quiera. Porque no basta con un informe escrito, como tampoco la comparecencia a la citación de la persona a cargo o del director, sino que también se tiene que contar con dicha posibilidad, al menos trimestral. Ello es muy importante dentro del principio básico de la autonomía progresiva del niño, de la niña o del adolescente.
Algunos afirmarán que la iniciativa se puede mejorar. El Senador que intervino después de la exposición del Honorable señor Quintana expresó que se necesitaban muchos cambios presupuestarios e institucionales.
Por cierto, a muchos de nosotros nos gustaría que interviniera un abogado y no simplemente un curador ad litem. Creo que todos los presentes poseedores del título entenderán que, para el tribunal y, en particular, para los niños, es mejor alguien especializado. Pero sabemos que eso implica un costo fiscal, más aún si queremos una representación en todo el territorio.
Hay algunos programas financiados con recursos públicos en regiones donde se desempeñan abogados especializados. El Estado no ha dispuesto todavía de la capacidad para cubrir por completo la situación. Aspiramos a que así ocurra.
En el proyecto que realmente importa, que establece la garantía de los derechos de la infancia -estamos aguardando que nos manden indicaciones y llevamos tiempo en espera de que el debate avance-, tendremos que establecer la representación jurídica respecto de los menores.
Pero en la iniciativa que nos ocupa queremos asegurar que quienes se hallan a cargo de tomar la decisión, los tribunales de familia, mantengan contacto con quienes deben efectuar la ejecución o el seguimiento del plan y que los niños que quieran ser escuchados -porque tienen este derecho- cuenten al menos con un curador ad litem.
Ninguno de los especialistas que escuchamos se opuso a la idea.
Algunos reparos se referirán a si los tribunales van a estar o no recargados. Un juez de familia que se reunió con nosotros en estos días dijo: "¡Para nada! Más bien es nuestra responsabilidad, no solo visitar los lugares donde se hallan los niños, sino también estar dispuestos siempre a ayudar al seguimiento del plan". Ellos mismos efectúan la asignación a las instituciones que acogen a los menores.
Este es el proyecto que puede ayudar a desinstitucionalizarlos.
Para quienes resulta más importante la legislación en estudio es para los más pequeños. Tres meses en la vida de una guagua son determinantes. Los efectos de un año o dos en estas residencias son gravísimos en el apego, en la contención. Está demostrado científicamente que es así.
Queremos pedirles a los jueces de familia, sí, una actitud más proactiva para escuchar a los niños que tienen que estar sometidos a esta situación. Ello significa, no más trabajo -ya tienen mucho-, sino una dedicación especial sobre las decisiones.
No cabe que las instituciones entiendan que su labor se agota con la entrega de un informe escrito, formal. Se trata de comparecer a una cita para asegurar que el niño pueda desinstitucionalizarse cuanto antes y volver a un contexto familiar. Si la familia es demasiado disfuncional para poder recibirlo directamente, puede hacerlo la red familiar extendida o, en su remplazo, alguna familia de acogida.
Este es el sentido de fondo.
En la Comisión hemos sostenido un debate muy transversal entre los miembros. Todos entendemos que el asunto no se resuelve solo con la iniciativa en debate, pero ella constituye un paso, sin duda -al menos, a juicio de quien habla-, en la dirección necesaria y urgente para evitar que tantos menores sigan institucionalizados. Todos deberíamos contribuir a que esto no ocurra.
El señor MONTES (Presidente).- Saludo a la delegación del Centro de Madres Los Mayos, de Recreo Alto, Viña del Mar, que hoy nos visita, invitada por el Senador señor Lagos.
¿Por qué siempre se formula la misma petición?
1) Exigir la realización de audiencias judiciales especialmente decretadas para que el juez de familia revise periódicamente la situación de los niños cuya internación decretó .
2) Obligar a los directores de los establecimientos a dar cuenta directa ante el juez de la situación de cada uno de los niños que tienen a su cuidado .
3) Hacer efectivo el derecho que tienen los niños a ser oídos, estableciendo que el juez de oficio debe llamarlos para que acudan al tribunal a manifestar su opinión en las audiencias trimestrales en las que se revisarán las medidas de internación que los afectan .
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Gracias, señor Presidente...
El señor MONTES (Presidente).- Disculpe, señora Senadora.
El Senador señor Moreira insiste en la posibilidad de abrir la votación...
La señora VON BAER.- Manteniendo los tiempos.
La señora VON BAER.- Entonces, sí.
El señor MONTES (Presidente).- Disculpe, señora Senadora, por haberla interrumpido.
La señora ARAVENA.- No hay problema.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero, primero, felicitar a los autores de la iniciativa.
Todos sabemos que estas tres medidas no representan una solución completa, pero van en el camino correcto tratándose de un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes que, claramente, evidencia problemáticas complejas en el ámbito de las internaciones prolongadas, así como deficiencias en la ejecución de las medidas de protección y en el trabajo de vinculación de los niños, niñas y adolescentes internados con sus familias, a lo que se suman vulneraciones graves a los derechos en el régimen de internación.
Todo esto se corroboró en el último informe de la ONU, que escuchamos en el Senado.
Tenemos que hacernos cargo del problema.
El SENAME se creó en 1979 como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y su responsabilidad clave es la inserción social de los adolescentes en conflicto con la ley y de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos.
En el año 2016 existían 14 mil 245 niños y niñas vinculados a estos centros que hay a nivel nacional.
Es lamentable, pero mi Región, la de La Araucanía, nuevamente hace historia, al igual que la Metropolitana y la del Biobío, al concentrar la mayor cantidad de niños vinculados al SENAME.
| Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento de los niños, el bienestar, la protección y los esfuerzos deberían ir encaminados siempre y principalmente a lograr que el niño permanezca bajo el resguardo de sus padres o, cuando sea el caso, de otros familiares cercanos, o que finalmente regresen a ella.
Es cierto que nuestro país se encuentra realizando esfuerzos legislativos concretos para robustecer el sistema de garantías de la infancia, pero siempre es posible perfeccionar la normativa vigente y complementar el debate que existe en una materia tan delicada, enriqueciéndolo con la presentación de iniciativas como esta.
Claramente, la revisión periódica de la medida, aumentando la frecuencia, el hecho de que efectivamente los niños sean siempre escuchados y de que tengan un curador ad litem va a aliviar muchísimo la terrible y difícil realidad que cada uno de ellos vive y, probablemente, disminuirá la situación en la que actualmente nos encontramos, en la que cada día se vulneran los derechos de cientos de niños en cada uno de los quince recintos que hoy tiene el SENAME.
Por lo anterior, vengo a entregar mi voto favorable al proyecto y reitero mis felicitaciones a los Senadores autores de la iniciativa.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la misma línea que han planteado los distintos miembros de la Comisión de Infancia, y tal como señaló también el autor de la moción, el Senador Juan Pablo Letelier, esta iniciativa tiene la virtud de ser un instrumento que permitirá abordar con urgencia el problema que hoy día enfrentamos en materia de internación de menores. Y eso es algo que poco se ha dicho en esta discusión, que a ratos tiende a llevarnos a una controversia más bien política, en circunstancias de que aquí -por eso destaco el rol del Senador Letelier y de los distintos autores de la iniciativa, de quienes hemos intentado colaborar y de los miembros de la Comisión de Infancia- lo que se busca es ayudar, entre otras cosas, y hacernos cargo de algo que se debatió hace pocos días en esta Sala, a propósito de uno de los numerales explícitamente planteados por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Me refiero a la medida, sobreutilizada -tal como lo indica el informe de dicho Comité-, que se relaciona con el alto número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros residenciales, muchas veces sin que logren enterarse de que los van a llevar a uno de ellos hasta el momento del traslado mismo.
El informe semestral, como sostuvo muy bien el Senador Moreira -en ese aspecto estamos de acuerdo-, resulta insuficiente para poder formarse una idea respecto de lo que está ocurriendo con el menor; para conocer cuál es su estado; para saber si las causas que originaron la medida de internación persisten o no, si los planes o estrategias definidos para abordar su situación se han aplicado, si han cambiado las circunstancias que afectan al menor.
Yo creo que el proyecto se hace cargo de esta materia con un sentido de urgencia. Pero, además, varios señores Senadores han planteado que su texto deberá modificarse en la discusión en particular. Desde luego, todos los proyectos son perfectibles, y eso es lo que busca, justamente, el Senado: perfeccionarlos.
Sin embargo, creo que la solución más de fondo a lo que se plantea aquí va a ser la ley de garantías de la niñez, iniciativa que fue presentada por la Presidenta Bachelet en su oportunidad y que -dicho sea de paso- desde el mes de enero en adelante no ha tenido tramitación.
Destaco lo manifestado por el Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, en orden a que pronto -imagino que durante el mes de septiembre- va a llegar una indicación del actual Gobierno al proyecto de garantías de la niñez. A mi juicio, ahí está gran parte de la solución respecto del apoyo que habrá que brindarles a estos menores.
Porque, finalmente, como consecuencia de este proyecto, va a haber menores que serán desinternados. Lo decía también el Senador Letelier: la iniciativa busca la desinstitucionalización. Por supuesto, se trata de encontrar las mejores condiciones. Y esas mejores condiciones, ¡qué duda cabe!, están con las familias: la familia directa, la familia extendida.
También habrá que tener un órgano robusto en lo administrativo. Las OPD en algunos casos funcionan bien; en otros, no del todo bien. Por lo tanto, establecer un conjunto de derechos, que sí los va a proporcionar el proyecto sobre garantías de la niñez, nos parece que avanza en la línea que han planteado el informe de Naciones Unidas y los estudios que existen respecto de los problemas del SENAME que el país conoce, todos muy lamentables.
Poder hacer una revisión con la persona responsable del centro sería ideal. También comparto lo que algunos Senadores han sostenido acerca de que ella puede tener otras mil tareas, aunque uno se pregunta qué tarea puede ser más importante que dar cuenta al tribunal del avance de este menor, de las condiciones en las que se encuentra, de si estas han mejorado o no, como señalaba recién.
Por lo tanto, lo central es esta revisión trimestral. Puede no ser el encargado del centro, sin duda; puede ser algún profesional que conoce de manera directa la situación del menor que está en una residencia. Eso va a ayudar a una mejor decisión del tribunal.
Todo esto pasa, desde luego, por el tribunal.
En segundo término, también se plantea en esta moción la posibilidad de que el menor que se encuentra sujeto a esta medida exponga de manera directa cuál es su condición, qué ha pasado en el proceso de internación, qué avances ha logrado. Y yo siento que este derecho a ser oído resulta fundamental. Por supuesto, es facultativo; a nadie se le puede obligar a asistir a un tribunal. Aquí lo que menos se busca es una revictimización del menor; pero, si él está dispuesto a entregar un testimonio que pueda ayudar a mejorar su misma condición, creo que es bienvenido.
Y, en tercer lugar, el proyecto plantea que el menor que se encuentra en esta situación de vulnerabilidad debe contar siempre con un curador ad litem. Existe la discusión sobre si esto requiere o no recursos. ¡Claro que los requiere! Pero, en rigor, todos los tribunales de familia debieran tener curador ad litem.
Hace pocos días, me correspondió conocer la situación del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, que agrupa a diecinueve comunas de la Región Metropolitana y que depende de la Corte de Apelaciones. Puedo decir que ahí se está haciendo un trabajo bastante serio. Los cuatro tribunales de familia están concentrados en instalaciones pensadas, naturalmente, en las personas que denuncian en temas de infancia, pero también de violencia intrafamiliar. Siento que ahí están las condiciones.
Por supuesto, todos tienen un curador ad litem para hacerse cargo de la situación del menor, para representarlo en el tribunal correspondiente; y, también, consejeros altamente especializados.
En consecuencia, el tema de los recursos es bastante discutible. Ya debiéramos estar avanzando en esa dirección.
Esos son principalmente los tres puntos que considera este proyecto.
Por tanto, señor Presidente, estas disposiciones generan eventualmente un cambio de paradigma en la judicatura. La idea es que la labor de esta se halle ligada a una revisión más concreta del real impacto de la medida de protección resuelta. Se trata de contar con una mirada mucho más concreta e integral de la misma medida que tiene a este menor en un centro residencial, lo que debiera ser siempre transitorio. Ello se traduce en dotar de mayor efectividad el principio del cual tanto se habla -a veces existe mucho eslogan en esta materia; por eso hay que pasar a la acción con iniciativas como estas, que respondan con sentido de urgencia- y que rige toda esta discusión: el interés superior del menor.
Mientras no contemos en esta materia con una política integral como la que se desprende de la esperada ley de garantías de la niñez, que deberá entender realmente a cada menor como un sujeto de derechos, nos parece que el proyecto en discusión aborda una situación que es urgente revisar. Por tanto, lo seguiremos apoyando, como también estaremos disponibles para discutir cualquier adecuación que vaya en el sentido del interés superior del menor.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados y en otras instancias nos ha tocado ver iniciativas vinculadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Los episodios vividos en los últimos tiempos sin duda pusieron de manifiesto la precariedad de la atención de los menores por parte del Estado. No me voy a referir más al cúmulo de acontecimientos y antecedentes que ya son de público conocimiento.
Este proyecto, que respaldaremos, procura entender tres problemas específicos.
Primero, asegura que la medida de internación sea revisada periódicamente -lo que evidentemente apunta en una dirección correcta- y especifica algunos mecanismos para llevarla a cabo.
Segundo, establece que los niños, niñas y adolescentes siempre deben ser oídos, como por lo demás lo consagran las propias convenciones internacionales y la tramitación última de la ley de garantías de derechos de la niñez.
Y, tercero, prescribe que la designación de curadores ad litem, que hoy día es facultativa del juez, sea un acto obligatorio.
En este sentido, nos parece positivo el remplazo que hace la iniciativa, de un simple informe que requiere el juez a los encargados del centro o del hogar, por una citación trimestral con la comparecencia del director, del representante; y, además, que se acompañe el plan individual de protección diseñado y aplicado al niño, niña o adolescente en condición de vulneración.
Asimismo, en sintonía con la Convención y el proyecto sobre garantías de derechos de la niñez, se considera la posibilidad de que el juez invite a comparecer al niño, niña o adolescente en la tramitación de esta consulta trimestral.
Sin duda, son normas que contienen aspectos absolutamente razonables a objeto de restablecer un aspecto que es esencial: cuando un niño, niña o adolescente está en una condición de vulneración de derechos, la última instancia es la medida de internación, y siempre debe tener un carácter excepcionalísimo y, además, transitorio.
La evaluación del proceso, del acompañamiento, de la instancia de desarrollo de esta condición evidentemente requiere ser perfeccionada. Y pasar del requerimiento de un simple informe por parte del tribunal a una citación periódica, trimestral, con informe asumido, y además escuchando al niño, evidentemente representa un cambio respecto de la necesidad urgente de prestar atención siempre al más vulnerable; en este caso, al niño, niña o adolescente.
En seguida, en el inciso quinto que se agrega al artículo 30 de la Ley de Menores, se establece que "el juez siempre designará un curador ad litem", lo que evidentemente representa también un cambio, pues ello es hoy una acción facultativa del juez.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra señaló que esta designación conllevará la necesidad de recursos. Y, en este nuevo esquema que se está plateando de modificación de toda la institucionalidad de protección hacia el niño, niña y adolescente, uno siempre recuerda el caso de la Defensoría de la Niñez, institución que está destinada con la mejor de las intenciones precisamente a realizar una acción sobre ese esquema, pero que es centralizada, tiene su domicilio en Santiago y no debe de contar con más de veintitrés o veintiséis funcionarios. Así se aprobó la Defensoría de la Niñez: una institución en Santiago para atender los requerimientos de los menores a lo largo de todo el país.
Aquí estamos planteando la obligatoriedad del juez de realizar la designación de un curador ad litem. Y uno dice: "Bueno, ¿con qué medios? ¿Con qué recursos?". Yo considero que evidentemente tenemos ahí una arista y espero que en la discusión en particular sea analizada y tratada en su verdadera significación.
Creemos que la iniciativa sobre garantías de los derechos de la niñez establece un paraguas institucional de diversas obligaciones para el Estado. Y todos los hechos y las acciones que han acontecido en el último tiempo nos están obligando a actuar. No nos olvidemos de que hemos sido sancionados por las Naciones Unidas respecto de la vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en una circunstancia absolutamente inédita que ha puesto en el tapete la realidad de nuestro país en relación con un segmento de la población muy importante. Además, estamos hablando no solamente de niñas, niños y adolescentes, sino de un grupo de niñas y niños vulnerados en sus derechos más esenciales.
Por lo tanto, valoramos el sentido de este proyecto. Como bien dijo la Senadora Rincón, significa un grano de arena. Es positivo mejorar en este ámbito, pero, sin duda, aquí todavía tenemos una gran deuda. Espero que el Gobierno, tal como lo anunció, avance lo más rápido posible en la construcción de una nueva institucionalidad y, fundamentalmente, en asegurar el legítimo derecho de los sectores más vulnerables de la población.
Recuerdo que en otra oportunidad se presentó a estudio un proyecto similar, relacionado con la internación obligada de adultos mayores en hogares. En el contexto de los niños, es evidente que resulta del todo razonable una iniciativa como aquella, con la salvedad de que en este caso hay involucradas materias de costo y de eficiencia que habrá que asegurar. Pongo en comparación el solo ejemplo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la cual deberá enfrentar diversas dificultades para llevar adelante sus labores y su legítimo marco de regulación.
Sin embargo, este proyecto, como bien se ha señalado, constituye un avance y lo vamos a votar a favor.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, he querido intervenir en la discusión de este proyecto de ley porque quiero confiar en que él va a contribuir en lo que muchos de quienes me antecedieron pusieron el foco: cómo ser capaces, como Estado, de apoyar a aquellos que enfrentan mayores dificultades, particularmente los niños y las niñas más vulnerables, respecto de los cuales las únicas decisiones que se toman hoy son su internación.
Señalo lo anterior porque considero que esa es no solo una responsabilidad de quienes legislamos, sino también una responsabilidad que debe ir asumiéndose, cada vez, con mayor cuidado hacia los niños y las niñas por parte de los adultos involucrados en acciones destinadas a mejorar su protección y prevenir la vulneración cuando su cuidado está en manos del Estado.
Nuestro mayor interés al apoyar esta iniciativa es que también se imponga, claramente, un mayor grado de responsabilidad a los jueces de familia en el seguimiento de las medidas que se implementan.
En ese sentido, señor Presidente, quiero llamar la atención sobre algunos hechos que han ocurrido en la Región de Atacama y que hablan, ciertamente, de una realidad lacerante.
Solo comentaré dos casos que acontecieron ahí en el último tiempo. Ambos dicen relación con niñas y tienen un común denominador: la pobreza.
El primero se refiere a una menor de la localidad de Domeyko; buena estudiante, con 6,4 de promedio en el establecimiento educacional donde estudiaba; víctima de una vulneración de derechos. Sin embargo, el tribunal decreta su internación en un centro psiquiátrico: primero, en Copiapó, donde, estando allí, nuevamente es víctima de abuso, y luego, en un centro psiquiátrico ubicado a más de 600 kilómetros de donde reside su abuela, con quien vivía.
El segundo caso, señor Presidente, tiene que ver con el mismo tema. Este hecho ocurrió hace pocos días en la ciudad de Chañaral y fue denunciado por una médico general de zona de la comuna, donde, por cierto, no son más de diez los profesionales que desarrollan dicha labor. Sin embargo, el 25 de agosto ella era la única médico general de zona que estaba atendiendo en el servicio de urgencia del hospital local para los más de 13 mil habitantes que conforman la comuna de Chañaral.
Ese día sábado, cerca de las 21 horas, se solicitó por parte del tribunal que una menor del centro de residencia fuera trasladada en ambulancia a un centro psiquiátrico de la ciudad de Copiapó -la verdad es que "centro psiquiátrico" es una forma de denominarlo, señor Presidente, dado que es el mismo hospital que tiene unas camas destinadas a psiquiatría-. Y la doctora no accedió a la solicitud diciendo: "Solo tengo dos ambulancias. Y no puedo destinar una para llevar a una menor hasta la ciudad de Copiapó ya que puede producirse una emergencia y requerirse ese vehículo".
Es más: la doctora, como especialista, atendió a la menor, conversó con ella, y concluyó: "Esta niña no tiene ninguna dificultad. ¿Por qué va a ser llevada a un centro psiquiátrico, cuando lo único que quiere es tener afecto? Su preocupación son sus hermanos, que también están en el centro".
Resumiendo la historia, señor Presidente, la única médico que atendía ese día en el servicio de urgencia del hospital local fue llevada al calabozo, donde permaneció al menos cinco horas, por negarse a disponer de una ambulancia que trasladara a esa menor desde Chañaral hasta la ciudad de Copiapó.
Entonces, señor Presidente, uno tiene puesta la esperanza en que iniciativas como esta permitan imponer un mayor grado de responsabilidad a los jueces de familia en el seguimiento del destino de niños y niñas cuando se decretan ciertas medidas, y en la necesidad de que al tomar decisiones tan importantes cuenten siempre con el apoyo de un especialista, de manera que no se siga generando lo que hoy día se observa como una práctica recurrente: ante cualquier dificultad que enfrenta un niño o una niña en situación de extrema vulnerabilidad, la decisión es enviar al menor a un psiquiátrico.
¡Ese no es el Chile que nosotros queremos! ¡Ese no es el Chile por el que tantos y tantas han luchado! ¡Ese no es el Chile que pone a los niños en el centro de la preocupación!
Por lo tanto, pienso que, junto con la presentación de este tipo de iniciativas, es urgente demandar más recursos que permitan garantizar que los niños y las niñas que enfrentan dificultades podrán superarlas. Pero eso no va a ocurrir escondiendo a los menores en centros residenciales; tampoco enviándolos a centros psiquiátricos, y tampoco enviando a un calabozo a quienes se resisten, como la doctora de Chañaral, generando además en este caso una situación compleja al dejar a más de 13 mil habitantes sin médico y sin atención.
Señor Presidente, votaré a favor de este proyecto de ley, con la esperanza de que signifique una contribución y permita evidenciar la situación compleja que enfrentan sobre todo niños y niñas que tienen una condición común: haber nacido, muchas veces, en un hogar pobre.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, déjeme decirle que comparto absolutamente lo que ha señalado en su intervención.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, simplemente quiero hacer un par de reflexiones, pues creo que el debate ha sido bien interesante.
Cuando uno mira que estamos modificando un decreto con fuerza de ley del 2000, se da cuenta de que la actual normativa ya tiene dieciocho años. Y, si uno mira más atrás aún, estamos hablando de la ley N° 16.618, una normativa bastante antigua. Por tanto, son pocos los momentos en que hay espacio para revisar este tipo de legislación.
Me parece que está bien planteado el tema en lo global, en términos generales. O sea, hay que reflexionar más a fondo sobre si es necesario innovar acerca de cómo se revisan periódicamente ciertas situaciones en que se encuentran niños vulnerados o si hay que seguir con el mismo sistema. Considero correcto plantear: "Aquí se requiere una reflexión más profunda. Es indispensable hacer un esfuerzo para examinar si un menor internado en un lugar determinado puede ser devuelto a su familia, que siempre es lo ideal; ver cómo ha ido evolucionando, hacerle un seguimiento". El hecho de que ya exista un menor internado nos habla de una realidad muy compleja, difícil, extrema.
Estamos revisando, en consecuencia, si es correcto innovar en la materia. Y a mí me parece que sí lo es, aunque quiero aclarar, aun dando pie a que alguien pueda afirmar que estoy relativizando el tema -¡para nada!-, que ello debe ir acompañado de un análisis bastante más completo.
Al igual que seguramente muchos de ustedes, me han pedido concurrir a los tribunales de familia o a los cuales les toca ver estas materias. Y la verdad es que siento que actualmente se hallan en una condición de colapso muy compleja. Uno queda preocupado por la cantidad de decisiones que hoy deben tomar esos jueces, siempre relacionadas con situaciones al límite. Un juez civil o penal puede adoptar decisiones sobre temas muy profundos, pero estas otras son todas al límite: violencia intrafamiliar, estados de abandono, miles de circunstancias que se dan en el entorno familiar.
Entonces, uno no puede decir, sin más: "Innovemos en esta materia y establezcamos una obligación periódica -trimestral, se habla- respecto de la situación de cada menor internado". Obviamente, uno debería tender a que así fuera, pero eso requiere, necesariamente, una reflexión más amplia, en particular en cuanto a los recursos que tal decisión conlleva y a las personas que deberán hacerse cargo de ella.
Considero complejo innovar y generar más obligaciones para una judicatura que actualmente se halla colapsada, posiblemente más en algunos lugares que en otros. En días pasados estuve con funcionarios del tribunal de familia del Maule, quienes me explicaban las dificultades que enfrentan, agudizadas por otro problema interno: el carácter bicéfalo del juzgado.
A lo que voy es a que esto obliga a una reflexión más profunda, que pasa, necesariamente, por innovar en la estructura y las capacidades reales de estos tribunales. Porque, si uno legisla, establece "un antes y un después" y les agrega esta nueva obligación trimestral manteniéndolos en las mismas condiciones, se producirá un colapso total.
Pero la idea es buena. Por eso me alegré mucho -estaba un poco preocupado- de que, aun cuando el proyecto es de artículo único y puede ser despachado en general y en particular, la Comisión haya pedido aprobar solamente la idea de legislar. Me parece correcto, pues sus normas necesariamente requieren una intervención mucho más profunda en materia orgánica. Ahí el Gobierno, el Ejecutivo, tendrá un rol que jugar. Y por eso también hice especial consideración al inicio de mi discurso en cuanto a que estamos modificando una normativa que data de dieciocho años atrás y que, a su vez, se refiere a una ley que, por su número, debe de ser de hace treinta o cuarenta años.
Estamos frente a un tema que hay que instalar. Lo considero conveniente y lo comparto, pero aquí es donde uno tiene que establecer priorizaciones y tiempos para arribar a una normativa mucho más completa, con más cuerpo, que ayude a la idea. En el mundo son fundamentales las ideas, pero estas deben tener músculos y capacidades reales para poder implementarse.
Voy a votar a favor del proyecto, haciendo presente que, para que pueda funcionar bien, necesita una modificación sustancial en las condiciones y las capacidades con que actualmente trabajan los tribunales de familia.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, quisiera poner en contexto de qué estamos hablando acá.
Se trata de niños que fueron separados de sus familias, que muchas veces permanecen demasiado tiempo en residencias, que tienen una vida de sufrimiento y que a menudo se sienten abandonados y olvidados por la sociedad.
En ese sentido, considero que el proyecto está bien inspirado, porque lo que busca es revisar, cada cierto tiempo -en este caso, cada tres meses-, la medida de internación de los niños en residencias y de esa manera evitar una permanencia desmedida en dichos establecimientos.
Ahora, siento que la iniciativa va un poco más allá, que no solo apunta a evitar esas prolongadas permanencias, sino que, además, persigue revisar si las medidas de intervención con los niños están surtiendo efecto. En esa línea, tenemos que preocuparnos no solo de si esta es una buena idea, sino también de revisar cómo se puede llevarla a cabo bien.
Y es en este punto donde quisiera entrar a describir algunas de las problemáticas que veo en el proyecto de ley.
Señor Presidente, hoy día los tribunales de familia deben revisar cada seis meses la medida de internación de los niños. No es que no se revise nunca: se revisa cada seis meses y se hace a través de informes escritos.
Primero, que aquello se realice cada tres meses en lugar de seis. Y lo segundo, que la revisión no se efectúe a través de informes sino mediante una audiencia. Esto último me parece una buena idea, porque eso implica que no solamente habrá un papel que se pueda leer sino que habrá una efectiva interacción entre las personas que están a cargo del niño y el juez.
Sin embargo, debemos ver qué significa este cambio en la carga de trabajo de los tribunales de familia. No podemos permitir que aquella sea una audiencia rápida, donde no haya profundidad, que no se haga realmente cargo de las necesidades del niño y de la situación que está viviendo.
Y hay otro punto relevante, señor Presidente: actualmente, los tribunales de familia que dictan la medida muchas veces no son jurisdiccionalmente los mismos que tienen la obligación de ir a ver a los niños a las residencias. Por eso, tenemos que asegurarnos de que los jueces que hayan dictado la sentencia sean los mismos que revisen su cumplimiento.
En segundo lugar, señor Presidente, desde mi perspectiva, no tiene mucho sentido que quien sea citado a la audiencia sea el director de la residencia, que generalmente cumple tareas más bien administrativas. Y lo que deseamos es saber cómo está el niño. En consecuencia, a quien hay que citar, desde mi punto de vista, es a la dupla psicosocial a cargo del menor en la residencia, de manera que dichos profesionales puedan contar qué se está haciendo, cómo está avanzando el niño, para que el juez pueda tener una percepción real de si se está cumpliendo, en buena medida, la intervención que se está realizando. El objetivo es que se informe "el plan individual de protección diseñado y aplicado al niño", como indica la norma. Y, en ese sentido, parece mucho más lógico que los que deban comparecer a la audiencia sean los profesionales a cargo del menor.
Ahora bien, señor Presidente, existe otro problema, cual es la forma en que está redactada la disposición y que también ha sido observada por la Corte Suprema en su informe. Se dice: "se invitará a comparecer al niño". Y no es posible obligar a un niño a comparecer a una audiencia. Es un derecho que él tiene; no puede ser una obligación. Adicionalmente, si fuera una obligación, podríamos producir un efecto negativo en la posibilidad de ir sanando las heridas del niño. De hecho, esto puede revictimizarlo al hacerle revivir situaciones traumáticas. Por lo tanto, hay que cambiar el texto a fin de que esto se transforme en un derecho permanente del niño a ser escuchado.
Y ahí tenemos otro problema, señor Presidente, porque esta audiencia se tiene que dar en un ambiente donde no se produzca la revictimización del niño. Por lo tanto, se lo debe escuchar en un ambiente con profesionales especializados. No da lo mismo cómo se haga. No es una audiencia cualquiera, pues allí se le preguntará al niño cómo está, cómo lo están tratando en la residencia; se le consultará al profesional; se le preguntará a la familia.
Entonces, no se puede pensar que estas audiencias no importan, que se suman y que en vez de que no se realicen -hoy día no se requieren audiencias para que el juez determine- ahora habrá audiencias cada tres meses. Hay que ver bien cómo hacemos cumplir esto y que efectivamente sea una ayuda para los niños, que no termine revictimizándolos y que no se transforme en una audiencia más que no produzca el efecto que nosotros queremos.
Por otra parte, el texto señala que en la resolución que disponga la medida pertinente se tiene que designar siempre un curador ad litem.
Sería maravilloso si pudiéramos cumplir no solo con el curador ad litem, sino también con el abogado del niño.
El problema es que hoy día no existen en todos los lugares de nuestro país programas que nos permitan contar con un abogado del niño. Entonces, vamos a dictar una norma que, o no se va a cumplir, o -quizás sea peor- la asumirán abogados que no van a defender realmente al niño y, sobre todo, que no estarán preparados para defender a un niño. ¿Qué quiero decir con esto? El abogado del menor debe tener una preparación especial para saber cómo escucharlo, cómo trabajar con él, cómo representar su interés superior, para trabajar incluso con la familia del niño. Y la idea es que no haya un abogado diferente en cada oportunidad, sino que ojalá sea el mismo abogado que lo acompañe en todo el proceso.
En tal sentido, a partir de 2017 tenemos en Chile un programa piloto -recién piloto- que se ha llamado "Abogado del Niño". Este programa partió con la Ley de Presupuestos del año pasado y está abarcando recién a las Regiones de Tarapacá, de Antofagasta, de Valparaíso, Metropolitana y del Biobío. El Gobierno ha anunciado un aporte importante para este programa a fin de irlo ampliando a otros lugares de nuestro país. Sin embargo, recién tendremos la cobertura completa el año 2021. Por lo tanto, mientras ello no ocurra, la pregunta es cómo cumplimos con esto.
Adicionalmente, señor Presidente, tengo algunas dudas respecto a cómo este programa se va a ir instalando, porque estará dentro de las corporaciones de asistencia judicial. Y ahí se puede producir una suerte de conflicto de interés entre los defensores de los padres y de las madres de los niños y los defensores del propio niño. Entonces, debemos ver cómo estructuramos bien el sistema.
Señor Presidente, para ir terminando, creo que el espíritu de esta medida es correcto.
Sin embargo, debemos revisar bien qué significa para los tribunales de familia tener cada tres meses, por toda la cantidad de niños, audiencias de seguimiento.
En segundo término, me parece que no debe ser el director quien comparezca a la audiencia, sino la dupla psicosocial.
En tercer lugar -creo que esto es superclave-, es un derecho y no una obligación del niño comparecer ante el tribunal.
Y considero que el problema más grande lo tenemos en el tema del curador ad litem, porque hoy el programa pertinente no abarca a todo nuestro país. Creo que los abogados del niño deben ser profesionales capacitados que puedan hacerle el seguimiento a su situación y no abogados que lleguen cinco minutos antes de la audiencia tratando de entender de qué se trata. Ello no puede ocurrir. Tiene que ser un abogado que conozca al niño, que haya seguido su caso, que conozca la residencia donde se encuentra, que conozca a la familia y que, por lo tanto, pueda ser de real ayuda.
En consecuencia, el tema del curador ad litem hay que verlo de buena manera y no debe ser un abogado que aparezca en esa audiencia en el caso, sino uno que venga acompañando la situación del niño desde mucho antes.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la Sala del Senado ha conocido diversos informes sobre la situación de los niños vulnerables en nuestro país.
Hace poco tiempo hasta se celebró una sesión especial para conocer el informe de las Naciones Unidas que establecía una violación sistemática de los derechos humanos de los niños en los hogares del SENAME en lo que dice relación con la atención de los menores vulnerables en Chile.
Todos hemos conocido también los informes de la Cámara de Diputados sobre la materia y las diversas situaciones, incluso -lamentablemente-, de carácter político que se han producido.
Todos hemos tenido información de niños que fallecen. En algunos casos no se sabe bien la causa de su muerte; en otros, es conocida.
Nadie puede discutir, entonces, que la situación que viven estos niños es dramática.
Por lo tanto, esta realidad así relatada obliga a que tengamos una respuesta de carácter institucional.
Si no existe una respuesta de carácter institucional, no sacamos nada con ir tomando medidas aisladas para tratar de superar este problema.
Yo he tenido conocimiento en la Región que represento de que en algunas instituciones educacionales que atienden a niños del SENAME muchas veces ellos solo se matriculan, pero nadie vigila, nadie se preocupa de que ese joven o esa joven vaya verdaderamente a ese liceo, a esa escuela. Y mucho menos alguien se preocupa de cuál es el rendimiento, de si verdaderamente el proceso educativo está posibilitando transformar la vida de ese niño vulnerable que, además, vive el drama de no tener grupo familiar o de haber sido sacado de él y mandado a un hogar del SENAME.
Lo que quiero decir, señor Presidente, es que aquí uno debe construir una institucionalidad.
El Gobierno del Presidente Piñera ha tomado esto como una de sus prioridades.
Y en materia de los adolescentes infractores de ley eso es lo que se está haciendo, creando una institucionalidad nueva, absolutamente distinta, con recursos, con profesionales, para rehabilitar a quienes hoy día son adolescentes infractores de ley y hay que sacar del crimen.
Una cuestión absolutamente similar se debe hacer respecto de los niños, las niñas y adolescentes vulnerables.
Aquí se relatan casos que son, sin duda, espeluznantes. Pero sabemos de ellos desde hace veinte, treinta años y nunca se ha asumido verdaderamente el tema.
Señor Presidente, yo considero extraordinariamente bien intencionados este proyecto de ley y a los Senadores que lo han asumido. Pero en el propio texto reconocen -yo diría- la falta de esa institucionalidad, porque se trata de modificaciones a la Ley de Menores, particularmente en las atribuciones de los jueces.
Pero hoy día debemos plantearnos diversas preguntas cuando el juez remite a un adolescente, a un niño o a una niña a un hogar de menores del SENAME o colaborador de esa institución. ¿Tiene ese hogar la capacidad de enfrentar el desafío de recuperar a ese adolescente o niño vulnerable? ¿Contamos con los profesionales adecuados en esa residencia para verdaderamente hacer un cambio importante en esta materia? O creemos que vamos a tranquilizar nuestras conciencias estableciendo que un juez tiene que ordenar la medida pertinente y pedir informes. ¿A quién le va a pedir informes si nosotros conocemos la precariedad de las residencias y de los hogares del SENAME?
Así como se está creando la institucionalidad para el adolescente infractor de ley, se debe crear una institucionalidad fuerte y poderosa para el niño vulnerable que tenga los profesionales necesarios; que tenga las residencias adecuadas; que tenga una atención garantizada de calidad; que tenga el seguimiento suficiente para poder decir que gracias a la presencia del Estado, con el paso del tiempo, ese niño, esa niña o adolescente dejará de ser vulnerable.
Pero, si seguimos parchando, sin duda continuaremos conociendo casos dramáticos, como aquellos en materia de infracción a la ley. Por ejemplo, cuando un joven de la Región del Biobío comete un delito en Santa Bárbara, es obligado a permanecer en un lugar cerrado, por lo que se lo envía a Coronel, en circunstancias de que la instancia que hay en Coronel no tiene ninguna capacidad para recuperar a ese joven. Y en los casos de vulnerabilidad sucede exactamente lo mismo.
¿Qué sacamos con pedirle al juez que exija un informe cada tres meses? ¿Quién va a emitir ese informe?
Lo único que puede garantizar lo anterior es la existencia de un servicio robusto, o sea, una decisión robusta del Estado para ir a recuperar a esos niños.
Por lo tanto, aun cuando esta es una iniciativa bien intencionada, solo representa una gota en el mar para enfrentar el drama y el problema que tenemos en ese ámbito.
El Gobierno del Presidente Piñera ha anunciado, para después del mes de septiembre, la presentación de un proyecto a fin de generar este servicio para los niños y niñas vulnerables. Ello, debido a que debemos darle robustez a la acción del Estado en beneficio de la niñez. Y ese es el camino que hemos de elegir porque, de lo contrario, continuaremos teniendo a Lissette, y a cuantos otros niños cuyos nombres hemos aprendido en los últimos años, que mueren en una situación de vulnerabilidad pues son maltratados o no son bien tratados ni atendidos. A ellos, la institucionalidad del Estado no les ha dado ninguna garantía, en definitiva, para poder salir de la pobreza, a fin de dejar de ser vulnerables y avanzar por sí solos en la vida.
Asimismo, no se entrega ninguna atención a la familia para, si es posible, recuperar al grupo familiar. Naciones Unidas ha declarado que no es aceptable separar a un niño de la familia, y de eso no nos preocupamos.
Por ello, señor Presidente, a mi juicio, tenemos que caminar en esa dirección. Y algo se está haciendo respecto a los infractores de ley.
Pienso que el trabajo que se está ejecutando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia terminará en la creación de un servicio de rehabilitación verdaderamente robusto, con profesionalismo para atender en forma individual a cada joven infractor de ley, a fin de recuperarlo de la delincuencia y sacarlo del crimen.
Me parece que, en el caso de la vulnerabilidad, tiene que ser exactamente igual. ¡No hay otra fórmula! ¡No hay otra fórmula!
¿Qué pasa si la institucionalidad descubre que un niño, niña o adolescente requiere tratamiento psiquiátrico?
Aquella debe resolver ese problema. Sin embargo, hoy día se tiene que llamar al hospital local, pero si este carece de profesionales, ¡hasta ahí nomás se llega! Por mucho que el juez solicite informes o tome decisiones jurisdiccionales, la realidad indica que no poseemos una institucionalidad fuerte que permita enfrentar problemas de esa naturaleza.
La iniciativa en comento va en la dirección correcta, es bien intencionada. Sin embargo, la respuesta que tenemos que dar como Estado es generar una institucionalidad con capacidad, organización, profesionalismo y profesionales que rescaten a nuestra niñez y juventud vulnerable.
De no ser así, señor Presidente, vamos a seguir tapando el sol con un dedo, viendo cómo los dramas se suceden. Y estimo que llegó la hora de que, verdaderamente, esto se enfrente.
Estoy seguro de que -así lo espero, por la información que poseo- el Gobierno del Presidente Piñera remitirá a este Congreso Nacional el proyecto de ley que tanto se requiere para generar esa institucionalidad. Y a partir de ese punto podremos decir, por primera vez, que el SENAME es una triste historia para el país, pero que con la institucionalidad que estaremos creando no se volverá a repetir.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más señoras Senadoras ni señores Senadores inscritos para hacer uso de la palabra.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Órdenes, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, fijaremos plazo para presentar indicaciones al proyecto hasta el 11 de octubre próximo.
Comunicación de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, por la que informa que se ha constituido y ha elegido Presidenta a la Senadora señora Adriana Muñoz D'Albora.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Integra algún hombre esa Comisión o son solo mujeres...?
La señora RINCÓN.- Son solo Senadoras.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se trata de cinco de nuestras señoras Senadoras.
¡Vamos a hacer una Comisión de hombres...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En la tabla del Orden del Día de hoy figura, en el N° 3, el proyecto que faculta al Estado para crear plantas desalinizadoras, que es de quorum especial y requiere 22 votos favorables para su aprobación.
Por tanto, podríamos pasar al siguiente, relativo al uso de agua de mar para desalinización. Sin embargo, queremos proponer que analicemos de inmediato los dos proyectos de acuerdo que están a continuación, signados con los números 5 y 6, pronunciándonos sobre ellos sin discusión y en una sola votación.
Boletín N° 11609-10
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Conforme al acuerdo adoptado recién por la Sala, corresponde tratar dos proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional.
El primero aprueba el Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Jersey, suscrito en Santiago de Chile el 24 de junio de 2016, y en Saint Helier, Jersey, el 21 de julio de 2016, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.609-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 13ª, en 8 de mayo de 2018 (se da cuenta).
Relaciones Exteriores: sesión 50ª, en 5 de septiembre de 2018.
Hacienda: sesión 50ª, en 5 de septiembre de 2018.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El segundo proyecto de acuerdo aprueba el Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria entre la República de Chile y Bermudas, suscrito en Santiago de Chile el 24 de junio de 2016, y en Hamilton, Bermudas, el 21 de julio de 2016, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.610-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El señor COLOMA.- Señor Presidente, puedo explicarlos en un minuto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma para informar sobre estos dos proyectos de acuerdo que, repito, votaremos en un solo acto.
El señor COLOMA.- Seré brevísimo, señor Presidente, porque siempre es bueno conocer la historia.
Estos dos Acuerdos son iguales. Uno es con Jersey, una isla del protectorado británico, y el otro con Bermudas.
Lo que básicamente se busca a través de estos dos Acuerdos es permitir el intercambio de información entre las administraciones tributarias de los Estados contratantes -esos dos lugares con Chile- para evitar el fraude y la evasión tributaria en las operaciones internacionales, comercio de bienes, suministro de servicios, transferencia de tecnología e inversiones que, por su naturaleza, son muy difíciles de fiscalizar sin tener la cooperación de las citadas administraciones tributarias de los países involucrados.
Esto es equivalente a los acuerdos suscritos -no me cabe duda de que usted los recuerda bien- en los últimos meses, en cuanto a cumplir normas internacionales de zonas que antiguamente eran denominadas "paraísos tributarios" o "paraísos fiscales", las cuales han ido cambiando su legislación justamente para adentrarla en un criterio común que les permita intercambiar información con los países contratantes.
Los proyectos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la de Hacienda, y no implican mayor costo tributario, pues son muy menores.
Con estos acuerdos se busca avanzar hacia un mayor intercambio de información para prevenir los fraudes y las evasiones.
Por eso sugerimos votar a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación ambos proyectos de acuerdo.
--Por 21 votos a favor, 2 abstenciones y 1 pareo, se aprueban en general y en particular los proyectos de acuerdo, y quedan despachados en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Letelier, Quinteros y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la Senadora señora Goic.
Boletín N° 11608-09
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Según lo acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de las Senadoras señoras Muñoz y Allende y de los Senadores señores Guillier, Harboe y Pizarro, en primer trámite constitucional, sobre el uso de agua de mar para desalinización, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.608-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Muñoz y Allende y señores Guillier, Harboe y Pizarro):
En primer trámite: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018 (se da cuenta).
-Establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público.
-Crear una Estrategia Nacional de Desalinización con la finalidad de determinar las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de las plantas correspondientes.
-Modificar el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.
La Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Ebensperger, Muñoz y Provoste y señor Castro.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en la página 15 del informe de la señalada Comisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz, a quien aprovecho de felicitar por haber sido elegida para presidir la Comisión Especial sobre la Mujer, hecho histórico en el Senado, por lo demás.
Deseo agradecer las felicitaciones recibidas, haciéndolas extensivas a las demás colegas que integran dicho órgano: Senadoras Ena Von Baer, Carmen Gloria Aravena, Yasna Provoste e Isabel Allende.
¡Es un muy buen equipo!
Pondremos al día la legislación en materia de género, porque hay proyectos que llevan diez, quince años sin tramitar.
El señor COLOMA.- ¡Buen equipo de basquetbol...!
La señora MUÑOZ.- Así es.
¡Y si alguno pide paridad para esta Comisión, yo solicitaría lo mismo para esta Sala...! Somos pocas aún.
Señor Presidente, como señaló, el proyecto que figura en el número 3 del Orden del Día también fue tramitado por nuestra Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, pero efectivamente, como requiere quorum especial de aprobación, sería complejo tratarlo hoy día, por lo que pido dejarlo en tabla para una próxima sesión.
La iniciativa que nos ocupa ahora y que paso a informar se originó en una moción de las Senadoras Muñoz y Allende y de los Senadores Guillier, Harboe y Pizarro y tiene como fundamento evitar, en lo que respecta al agua de mar, que se produzcan las mismas falencias que han llevado a la concentración de derechos sobre las aguas superficiales.
Es así que su primer objetivo se refiere al régimen jurídico aplicable al producto de la desalación (esto es, al agua desalada), para lo que se propone conceptuarla como un bien nacional de uso público, de modo que los titulares de la concesión marítima podrán aprovechar esa agua en la cantidad y con la finalidad que fueron requeridas, con la obligación de restituir a uno o más acuíferos cualquier exceso de agua en las condiciones adecuadas para no producir daño al medio ambiente.
Un segundo propósito es consagrar una Estrategia Nacional de Desalinización, que determinará las orientaciones y prioridades para el uso de agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras. Se consigna el uso preferente del agua desalada para el consumo humano, doméstico y el saneamiento, además de propiciar el uso armónico y sustentable del borde costero, evitar daños ambientales, recuperar acuíferos terrestres sobreexplotados y coordinar los esfuerzos públicos y privados en esta materia.
El tercer objetivo del proyecto es la modificación del decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, sobre concesiones marítimas, para comprender en esta normativa que los solicitantes de tales concesiones, para instalar una planta desalinizadora, tendrán la obligación de señalar la cantidad de agua que requieren y justificar su finalidad, además de dejar claramente establecido que siempre prevalecerá el uso de agua desalada para el consumo humano, doméstico y el saneamiento, y para la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.
La Comisión Especial aprobó la iniciativa en general por la unanimidad de sus integrantes presentes, en la idea de introducirle posteriormente las enmiendas que sean necesarias para que el texto legal sea eficaz en su finalidad, teniendo presente que -según los datos aportados por el Ejecutivo- existen desde la Región de Arica y Parinacota hasta la de Atacama veinte plantas desalinizadoras tanto para el sector de agua potable como para el de la minería, y veinte solicitudes se encuentran en trámite, realidad que es un desafío que el Congreso Nacional debe saber regular de la mejor manera.
Por las razones ya explicadas, señor Presidente, solicito a la Sala que apruebe la idea de legislar respecto de este proyecto de ley, que va en directo beneficio de nuestro país.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, debo destacar que esta iniciativa, como manifestó la Senadora Muñoz, busca establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público.
Al respecto, quiero recordar que hoy en día se sostiene que se trata de un uso común y que la abundancia de este elemento permite que de su utilización no resulte merma ni se afecte el uso de otros.
Sin embargo, ello implica la ocupación de un bien inmueble, consistente en el lecho marino y en la zona marítimo-terrestre, que tiene un valor en nuestro país, como todo el mundo sabe.
Lo anterior no debe confundirse con los procesos industriales de transformación artificial del agua marina, lo cual podría generar consecuencias en las zonas donde se instalan las plantas desalinizadoras. Lo señalo porque en el norte, particularmente, están proliferando muchas iniciativas de empresas mineras para contar con sus propios procedimientos de extracción de agua de mar y de desalinización, lo que podría llevar a una multiplicación de efectos en los bordes costeros.
Por lo tanto, estimamos que el Estado debe asumir un rol para cautelar el bien común en el uso de este bien nacional, que es de todos; garantizar el uso eficiente del borde costero, evitar daños ambientales y, al mismo tiempo, maximizar los beneficios para los usuarios.
Por tal razón se presentó este proyecto, que propone la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, para establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras, pero con énfasis en la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano y la obligación de mantener un caudal ecológico en los acuíferos cuando se reemplaza uno por otro.
El proyecto consta de tres disposiciones permanentes.
El artículo 1º establece que el agua salada constituye un bien nacional de uso público.
El artículo 2º crea la Estrategia Nacional de Desalinización, para fijar las condiciones para el uso del agua de mar y la instalación de las plantas, con énfasis en el consumo humano y en el uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero.
Y el artículo 3º modifica la legislación existente sobre concesiones marítimas, en lo que respecta al procedimiento de su solicitud y caducidad.
Por lo tanto, debemos tener presente que esta iniciativa busca regular algo que se nos viene encima de todas maneras. Basta recordar que la larga sequía que afecta a las zonas norte y central del país -y empezamos a notarla también en el área centro sur del país- está provocando una menor disponibilidad de agua dulce producto del cambio climático, pero también una mayor demanda para consumo humano y fines productivos.
En consecuencia, estimamos que la legislación vigente, basada en tres normas, debe ser aclarada. Para ello, será útil comparar las experiencias provechosas en países que están abordando estas materias.
Por las razones anteriormente descritas, presentamos este proyecto y pedimos a la Honorable Sala su aprobación.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, estaba siguiendo el debate del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. Quiero felicitar a sus autores por haberlo impulsado.
En abril de 2015 tuve la oportunidad de publicar una columna en un medio de prensa, fundamentada con bibliografía y antecedentes que revisé. Ahí traté de sintetizar una serie de preocupaciones respecto de las plantas desalinizadoras.
Creo que nadie está en contra de ellas. Por el contrario, es una oportunidad tremenda considerando la gran extensión de costa que tenemos y la cercanía a los centros poblados o de producción. O sea, se conjugan varios aspectos favorables.
Pero nuestra legislación claramente carece de instrumentos legales o normativos que permitan identificar y regular el funcionamiento de dichas plantas.
Hoy día estamos expuestos a la utilización de concesiones marítimas para extraer el agua, cuando su objetivo es absolutamente distinto.
En segundo lugar, debemos preguntarnos desde el punto de vista jurídico qué son las aguas de mar, a efectos de permitir su apropiación y, luego, determinar cómo se devuelve el exceso.
Se consigna un estudio de impacto ambiental. Evidentemente las aguas utilizadas deben tener un tratamiento especial. Es distinto contar con una, dos o cinco plantas desalinizadoras en una zona a tener cincuenta u ochenta. Esto último claramente va a producir un impacto en el ecosistema costero marino.
En otro orden de cosas, es importante establecer el costo de las plantas desalinizadoras. ¿Qué se debe pagar? ¿Es gratuita la extracción de agua de mar? ¿Dónde hay que cancelar? ¿Se paga una patente, un royalty o algún otro ítem por la utilización de tales aguas?
A mi juicio, es justo cobrar si se fija un sistema que permita, a las empresas, a las ciudades o a quienes quieran, buscar la instalación de esas plantas.
La escasez hídrica y el cambio climático constituyen elementos fundamentales para tener en cuenta y van a colocar a Chile en una encrucijada no en los próximos veinte años, sino a partir del presente, pues los efectos ya se están haciendo sentir. La extensión de la escasez de lluvia y la menor acumulación de nieve son evidentes.
Reitero que aquí tenemos una oportunidad.
Sin embargo, es fundamental no solo contar con una mirada técnica del proceso de desalar el agua de mar, sino que también comprender el ciclo ecológico de tales aguas y anticipar cómo este se va a alterar.
Por consiguiente, extraer las aguas marinas, desalarlas y utilizarlas costa arriba para las ciudades, para las faenas mineras o para labores de regadío claramente genera un impacto. En definitiva, la cantidad de litros que se van a sacar en el acumulado marcará una diferencia desde el punto de vista del impacto ambiental.
Creo que es tremendamente relevante la discusión que se abre y el proceso que se desarrolla. Pero resulta imprescindible generar una vinculación, una sintonía desde la mirada ambiental, desde la sostenibilidad, a partir de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y ese tipo de instituciones.
Reitero: estamos comenzando la discusión.
Me permito sugerir, a los autores de la moción y a quienes llevan adelante el proyecto, que se convoque a la mayor cantidad de actores en esta materia; se estudie la legislación comparada, y se entienda que el borde costero y la extracción de las aguas de mar no pueden quedar limitados a la voluntad de las concesiones marítimas que lo facilitan. En definitiva, eso sería entregar a una autoridad, como la DIRECTEMAR, el desarrollo de una función tan importante como la que estamos observando.
Debemos impulsar una legislación que ojalá esté en sintonía con la medidas que se están tomando a propósito del cambio climático.
Insisto en que este debate debe ir más allá de los integrantes de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos. Es necesario que, además, se puedan cruzar diversas miradas (científicas, académicas, de derecho comparado), las cuales permitirán generar una legislación puntera.
Termino señalando que, en materia de energía solar y plantas desalinizadoras, Chile debiera estar a la vanguardia para afrontar el cambio climático. Ahí se debe invertir en más esfuerzos, más estudios, más dedicación y, sobre todo, más discusión relevante en este Parlamento.
Repito: voto a favor.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos hemos concurrido con nuestro voto favorable a esta iniciativa en general.
Durante el tiempo en que se desarrollaron las sesiones en dicho órgano técnico, escuchamos a una diversidad de organizaciones y personas que contribuyeron al debate: organizaciones académicas, el Instituto de Ingenieros de Chile, el Ejecutivo, investigadores de universidades (como el doctor Roberto Pizarro) y tantos otros centros que aportaron a la discusión.
Por cierto, el hecho de que hoy analicemos esta iniciativa, que establece un avance en nuestra legislación respecto a las plantas de desalinización, nos permite centrar el foco en la necesidad de contar con nuevas fuentes de agua dulce, lo cual nos ha llevado al desarrollo de tecnologías en plantas desalinizadoras.
Estamos convencidos de que eso debe ir de la mano de un esfuerzo legislativo importante que ponga, primero que todo, la mirada en el territorio, para que en regiones (como en la de Atacama, que represento y en donde vivo) no ocurra lo que está sucediendo: que en el borde costero se desarrollen proyectos de inversión -particularmente mineros- que solo busquen resolver el problema propio de abastecimiento de agua a partir de la instalación de tales plantas.
Cuando el Gobierno de la Presidenta Bachelet tomó la decisión de construir con recursos públicos una planta de desalinización estatal (ECONSSA), todos valoramos la iniciativa, porque vivimos en una zona en donde el agua es escasa; en particular, el agua dulce.
Sin lugar a dudas, eso nos lleva a otra discusión necesaria: junto con avanzar en el proyecto en examen, es fundamental introducir modificaciones a otros cuerpos legales, como al Código de Aguas, para establecer usos prioritarios del agua.
Si uno mira la cantidad de agua de que disponemos desde la cordillera hasta la costa, perfectamente cabe preguntarse: si hay agua para el abastecimiento de la población, ¿por qué hoy debemos recurrir a la instalación de plantas de desalinización, que tendrán elevados costos de operación y, por tanto, un impacto en las cuentas de los vecinos y las vecinas?
Una de las respuestas a dicha interrogante es porque claramente nuestra legislación -por ejemplo, el Código de Aguas- no establece usos prioritarios. Por lo tanto, hoy día la mayor concentración de agua dulce en la Región de Atacama se encuentra en las actividades productivas.
Se decidió instalar una planta estatal en la comuna de Caldera justamente para contar con nuevas fuentes de agua dulce y, así, garantizar el suministro de agua potable para la comunidad.
Cabe señalar que estos procedimientos de desalinización no son nuevos en nuestro país: hacia el siglo XVI embarcaciones árabes realizaban destilación de agua de mar en Chile; posteriormente, en el siglo XVIII, comenzó el uso de membranas (osmosis a través de membranas naturales) para filtrar las sales del agua de mar.
Por consiguiente, nos parece que esta discusión nos debe llevar a poner la mirada en el territorio, pues iniciativas como la que nos ocupa, que busca garantizar nuevas fuentes de abastecimientos de agua para la producción industrial y el consumo humano -así lo estamos viendo en la Región de Atacama-, deben estar asociadas a otras preocupaciones desde el punto de vista medioambiental.
Por eso es necesario exigir estudios de impacto ambiental para las nuevas plantas de desalinización, así como precisar cuál es su estructura tributaria en los territorios donde se instalan.
Estamos convencidos de que hoy día esta es una alternativa para generar una nueva fuente de agua dulce, pero no es inocua desde el punto de vista ambiental. Y lo digo, entre otras cosas, por la cantidad de energía que se requiere para hacer que opere una planta de tal índole.
Por lo tanto, cuando Chile suscribe acuerdos, como la Convención de París, para reducir las emisiones de CO2, aquello también debiera ser un punto de preocupación en cada territorio. Porque no podemos por una parte realizar un esfuerzo mayor para disminuir las emisiones mientras por otra permitimos en una misma zona una cantidad importante de plantas desaladoras que van a generar una significativa concentración de recursos energéticos.
Ya en el año 1996 la FAO señalaba que las opciones de desalinización eran costosas principalmente por la cantidad de energía involucrada. Pero costosas no solo para el bolsillo de los ciudadanos, sino además desde la perspectiva de sus impactos por las emanaciones de CO2.
Voy a votar a favor en general, señor Presidente, y espero abordar en la discusión particular, a través de indicaciones, algunos aspectos planteados en esta intervención que me preocupan.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que el cambio climático nos va a acompañar durante los próximos años. Por lo tanto, el uso del agua será un desafío no solo para el norte sino también, probablemente, para el centro y el sur de Chile.
En tal sentido, la pregunta que debemos hacernos es si necesitamos más o menos agua.
Yo considero que requerimos más agua.
A partir de ahí, las interrogantes que surgen son, primero, cómo impulsamos la utilización racional del vital elemento, y segundo, de qué manera conseguimos mayor cantidad de él.
Ahora bien, como sin duda el agua dulce de que disponemos no va a dar abasto, necesitaremos el agua del mar.
Por supuesto, la desalinización del agua proveniente de los océanos también es una gran posibilidad para tener agua dulce, pero no solo para el consumo humano, sino asimismo para las actividades productivas, a los efectos de que puedan desarrollarse sin utilizar el resto del agua dulce, que ojalá se reserve para la población.
Señor Presidente, cuando uno lee el proyecto de ley dice: "Es una buena idea, porque tenemos que impulsar la desalinización". Sin embargo, al ver el espíritu de su articulado se da cuenta de que no es necesariamente tener mayor producción de agua dulce a través de la desalinización, sino que se trata de una mirada distinta. Entonces, la pregunta que cabe formularse es si esa mirada provocará que generemos más o menos desalinización.
Desde tal perspectiva, al escuchar a algunos Senadores que dicen "Hay que congelar las concesiones, de modo que no se puedan instalar tantas plantas desalinizadoras en las costas", uno pregunta si es eso lo que queremos lograr.
En mi concepto, si miramos hacia el futuro, deberíamos tener -¡ojalá!- varias plantas desalinizadoras.
¿Y tendrían que cumplir las normas sobre impacto ambiental? ¡Obviamente, como todas las empresas en nuestro país!
¿Y deberían usar eficientemente el borde costero? ¡También!
Hoy día tenemos una institucionalidad -uno podría preguntarse si es la mejor- para garantizar el buen uso de dicho sector. Pero establecer una especificidad en materia de borde costero solo para aquel tipo de plantas me parece que no es el camino correcto.
Ojalá nuestra legislación fuera siempre lo más general posible. O sea, si vamos a legislar sobre el buen uso del borde costero, no lo hagamos en particular solo para las plantas desalinizadoras, sino de manera general, para el conjunto de usuarios del referido espacio. De otra forma tendremos una parte de la normativa para las plantas desaladoras, otra para los pescadores, otra para las caletas, otra para las empresas, en fin.
A decir verdad, pienso que debemos tener una legislación general aplicable a todos y no solo a las plantas desalinizadoras.
En seguida, señor Presidente, la oración que dispone que las "plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren, expresada en litros por segundo y justificar su finalidad" puede parecer bien. Hay que ver qué efectos va a producir la norma pertinente. Pero, más bien, uno visualiza en este proyecto una limitación del agua de mar para desalinizar.
Yo estimo que aquel no es el camino adecuado. Tenemos que impulsar justamente lo contrario: la existencia de más plantas desalinizadoras. Y ojalá dispongamos de mayores posibilidades para generar agua dulce a través de la actividad de ellas.
En tal línea, me parece que no debemos congelar nada, ni tampoco impedir que después las aguas sean utilizadas por quienes las desalinizaron. Porque si decimos "Usted desalinizó pero no tiene libertad para utilizar las aguas generadas" habrá un efecto contrario al que creo que hemos de producir.
Ojalá muchos quieran desalinizar, porque así podremos enfrentar de mejor manera el cambio climático y el hecho real de que cada vez dispondremos de menos agua.
Al decir "Si ustedes desalinizan no pueden usar el agua generada para A, B, C o D propósito sino solo, y con suerte, para el consumo humano", todas las faenas productivas, o van a usar el agua dulce existente hoy -pienso que es una mala idea-, o no estarán en zonas donde también se necesita crear empleo.
En consecuencia, considero que hemos de generar incentivos para que se produzca la desalinización, pero no desincentivos.
A mi entender, el proyecto va en este último sentido, o sea en la dirección contraria.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, al analizar la iniciativa y el informe, en el que se contiene todo lo expuesto en la Comisión que trató la materia, creo -respeto, por cierto, la buena intención de los señores parlamentarios- que aquí se confunden las cosas por confundirlas y, eventualmente, estamos generando una institucionalidad que va en sentido contrario de lo que se busca.
Creo que la confusión nace del hecho de que se intenta desalinizar el agua del mar de la misma manera como se procesa el agua dulce terrestre.
Recordemos que el Código de Aguas hace la distinción entre aguas marítimas y aguas terrestres, y se refiere únicamente a estas últimas, que son naturalmente dulces, bajan por los ríos o están en los acuíferos subterráneos. Y son bienes nacionales de uso público; lo establece el artículo 5° de dicho cuerpo normativo. De eso no hay ninguna duda. Y de ahí nace, entre otras cosas, la circunstancia de que el Estado tenga derecho a cobrar por el uso, por los derechos consuntivos o no consuntivos de tales aguas; a exigir, en caso de que no se usen, su devolución, en fin. Hay un tratamiento específico para ello.
Sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa.
El agua desalinizada nace después de un proceso industrial. O sea, el agua dulce proveniente de la desalación no se halla ahí; no nos fue regalada por la naturaleza o por Dios -como quiera; cada cual escoge-: no estaba ahí, sino que apareció como fruto de un proceso industrial.
Entonces, señor Presidente, aquí hay una rareza conceptual.
Por ejemplo, una empresa interesada en pedir una concesión marítima hace un gran esfuerzo e invierte millones de dólares, probablemente. Y expresa: "Voy a tirar el ducto; compraré un pedazo de tierra o solicitaré una concesión sobre él; voy a construir una planta desalinizadora, la que me costará otro tanto, y voy a desarrollar un proceso industrial completo, el que es más bien caro". Pero después de todo eso, cuando logró generar su proyecto, le dicen: "Señor, lo que usted acaba de producir ahora es un bien nacional de uso público".
¡Qué significa eso...!
A mí me parece una rareza conceptual.
Y no solo se trata de una rareza conceptual.
Hoy día, cuando una empresa quiere construir una planta desalinizadora, por supuesto que tiene que pasar por un trámite ambiental, sea estudio, sea declaración. Y ahí, como en todos los procesos ambientales, debe decir en qué lugar, cuántos litros, para qué, etcétera.
También tiene que señalar dónde va a disponer. Por ejemplo, el descarte de agua salada, que es muy parecido a una salmuera, normalmente lo devuelve al mar.
El resto del otro proceso se lo lleva a la industria, y en el hecho lo realiza sin botar nada; las pérdidas son básicamente por evaporación o por situaciones propias del proceso industrial.
Eso es así. Y quien vaya a una faena lo podrá ver y verificar personalmente.
Por lo tanto, creo que en este proyecto se cae en muchos sinsentidos.
Estoy de acuerdo en que debe haber un ordenamiento territorial, como decía la Senadora Provoste. Pero el ordenamiento territorial de las plantas de tratamiento no es distinto del de cualquier industria. De hecho, las plantas desalinizadoras son poco contaminantes.
La cantidad existente en Chile es mínima. Entre Arica y Coquimbo hay 19, y se están tramitando 20. Es decir, para estos efectos, ¡la nada misma!
El porcentaje de agua marítima que se usa en una planta desalinizadora es mínimo, casi irrelevante con respecto a la superficie del agua de mar existente en el planeta Tierra.
Por consiguiente, estando de acuerdo en que es posible buscar una regulación, un ordenamiento, en fin, pienso que en esta iniciativa se cae en tales sinsentidos que solo se va a conseguir un desincentivo para la construcción de plantas desalinizadoras; que ojalá en Chile existieran en mucha mayor magnitud.
Es por esas razones, y no por otras, que votaré que no, señor Presidente.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, quiero intervenir para, de alguna manera, sacar del debate un equívoco.
Este proyecto no busca limitar, o estancar, o impedir el desarrollo de las plantas desalinizadoras, sino establecer un marco normativo que regule su instalación, su gestión.
Hoy día existen 20 plantas. Hay solicitudes por 20 más. ¿Y qué normativa regula el proceso? ¡Ninguna!
Existe la posibilidad de pedir, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, una concesión que permita usar un espacio en el borde costero.
No hay, pues, ninguna normativa que abarque todo el proceso, desde la solicitud de los permisos hasta la construcción, la instalación, etcétera.
Entonces, lo que se propone es definir una preceptiva específica, pero no para impedir la instalación de las plantas desalinizadoras, sino para regular la materia.
Segundo punto: se trata de que el agua de mar sea un bien nacional de uso público; y eso hay que instalarlo en la ley.
En cuanto al agua dulce, se dispone en el Código Civil y en el Código de Aguas que es un bien nacional de uso público. Y por ello existe una regulación completa al respecto.
El agua de mar no está definida ni conceptualizada como bien nacional de uso público.
Por tanto, en la actualidad, cuando alguien obtiene una concesión para hacer una instalación en el borde costero, se entiende que mediante ella se le entrega el derecho a usar el agua marítima.
Por eso, a través de esta normativa particular y específica para las plantas desaladoras se busca establecer que se necesita una concesión para construir en el borde costero. Pero eso no significa la existencia de un derecho de propiedad sobre el agua marítima.
Si se extrae agua del mar y se procesa, ¿qué estatuto jurídico tiene el elemento desalado? ¿Es propiedad privada?
Eso trata de abordar este proyecto de ley.
Habrá, entonces, un derecho para usar el agua. Sin embargo, ello no puede confundirse con un derecho de propiedad.
Aquello es lo que trata de enmarcar esta iniciativa. Porque, hasta hoy, con el agua dulce se puede crear todo un mercado de agua. Ahora, si tras la desalación el agua marítima pasa a ser bien nacional de uso público, ella se transforma en un elemento de negociación en el mercado.
Eso queremos evitar. Porque, al final, si hay un exceso de agua salada (por eso ponemos énfasis en establecer la cantidad y la finalidad) podrá ocurrir que agua entregada gratuitamente se venda al Estado para consumo humano.
Vale decir, el agua desalinizada, al no tener un estatuto jurídico, puede pasar a ser un elemento que el propio Estado, para satisfacer las necesidades de los habitantes, deberá comprarlo a los desaladores de agua privados sobre la base de que se trata de un bien nacional de uso público.
En definitiva, señor Presidente, se tata de regular a los efectos de definir una legislación particular y específica para las plantas desaladoras.
La señora ARAVENA.- Seré bien breve, señor Presidente. Ya habemos pocos en la Sala. Pero considero importante tocar un punto que tiene que ver -algo dijo acá nuestro colega Galilea- con el costo.
Yo coincido plenamente en que el agua en general es un bien de uso público. Pero eso no está en discusión. El problema reside en que desalar el agua tiene un costo.
Aquí habría que preguntarse quién va a desalar el agua, si va a ser un costo privado o público. Porque a los particulares no podemos pedirles que, motu proprio, realicen una labor de altísimo costo para entregar el producto a la ciudadanía de manera gratuita.
Yo pienso que esto también podría verse en el Código de Aguas -lo estamos trabajando en la Comisión de Agricultura-, para analizar la situación en particular.
Como está redactado el proyecto, la situación es compleja. Porque si la concesión marítima deberá restituir los excesos de uno o más acuíferos, lo más probable es que, desde el punto de vista de la industria, ellos nunca existan. Y se calculará una concesión exacta, muy similar a lo que se va a utilizar, con lo cual no existirá ningún exceso, pues de haberlo eso va a significar un gasto más alto en el sistema de producción, lo que encarecerá el costo final de cualquier proceso industrial.
Entonces, siendo bien objetiva; entendiendo el sentido de la normativa, y considerando que en la zona norte el agua de mar es una alternativa energética vinculada al agua de consumo que hay que evaluar y trabajar, creo que más bien esta materia debiera tener un tratamiento como política pública en cuanto a que el Estado, o propicie incentivos que permitan los excesos vinculados al agua de consumo, o invierta en desalinizadoras fiscales -situación más compleja-, para que esa agua tenga un costo asociado al Estado y no a los privados.
Yo también coincido con algunos de mis antecesores en que, si bien se entiende la urgencia del agua, esta normativa, en la forma como se halla redactada, no es el camino correcto. Porque no hay que perder de vista que la empresa busca rentabilidad: no es un ente social, sino un negocio productivo. Y, en este contexto, lo más probable es que no quiera entregar en forma gratuita -y es lógico- un producto emanado del proceso de desalinización, que generó un costo.
Nos puede parecer bueno o malo. Pero finalmente hay que ser realista y transparente en el sentido de que la actividad productiva privada busca lucro y rentabilidad. Y eso no podemos desconocerlo, aun cuando estemos legislando.
--Se aprueba en general el proyecto (14 votos a favor, 8 en contra y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Letelier, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro y Sandoval.
No votaron, por estar pareados, los señores Allamand y Elizalde.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En la próxima sesión estableceremos el plazo para formular indicaciones.
Al señor Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para, a propósito de respuesta del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, formularle requerimiento en cuanto a NÚMERO DE FORMALIZACIONES DESDE VIGENCIA DE DELITO TIPIFICADO EN INCISO SEGUNDO DE ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO PENAL.
A los señores Ministro del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, para solicitarles pronunciamiento respecto de MANTENCIÓN, A CONTAR DE 2019, DE BONO DE LEY N° 20.883.
Y a los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndoles RECURSOS PRESUPUESTARIOS 2019 PARA ENTREGA DE ASIGNACIÓN Y BONO ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS A TRABAJADORES DE SINDICATO DE REGIONES UNIDAS EMPRESA INSTITUTO DE FOMENTO.
Al señor Director del Hospital Doctor Gustavo Fricke, solicitándole informar acerca de NÚMERO, PROFESIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE UNIDAD PEDIÁTRICA; DESVINCULACIONES DURANTE 2018, Y PROYECCIÓN DE PERSONAL PARA 2019.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los Comités Partido Por la Democracia e Independientes y Partido Renovación Nacional e Independientes no harán uso de sus tiempos.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en la Región de Los Lagos se han realizado importantes inversiones durante los últimos años para mejorar la infraestructura de servicios, especialmente en el área de la salud primaria. Ya sea con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o con financiamiento sectorial, en distintos puntos del territorio se están construyendo centros de salud familiar (CESFAM) y centros comunitarios de salud familiar (CECOSF).
Sin embargo, los retrasos sucesivos en las obras, el abandono por parte de las constructoras o el término anticipado del contrato por incumplimiento se han convertido en situaciones habituales en distintas comunas.
La repetición de este tipo de hechos genera múltiples problemas, no solo en cuanto al perjuicio económico que implica para el Estado la demora en la ejecución de una obra pública, sino también, fundamentalmente, para las comunidades, que esperan -en algunos casos, por años- la concreción de la infraestructura que requieren para mejorar su calidad de vida.
Los propios trabajadores de las constructoras son igualmente víctimas: quedan cesantes de un día para otro o sufren la incertidumbre de no saber cuándo recibirán sus remuneraciones o finiquitos.
Hace pocos días, el Servicio de Salud de Osorno anunció el término anticipado de las obras del CESFAM Chuyaca. El proyecto, de un valor de cinco mil 334 millones de pesos, provenientes del Ministerio de Salud, se adjudicó en marzo recién pasado a INGETAL. Cinco meses después, las faenas no alcanzaban al dos por ciento de avance.
En Quetalmahue, comuna de Ancud, CONSVAL abandonó las obras del Centro Comunitario de Salud Familiar, cuya inversión supera 520 millones de pesos, tres meses después de haber recibido el terreno para iniciar los trabajos. No hago referencia a una obra colosal, sino a un recinto de 286 metros cuadrados, con equipamiento básico. Sin embargo, en el lugar en que se levantaría no hay en este momento más que barro.
Casos similares se han presentado durante los últimos años en las comunas de Dalcahue, donde el edificio del CESFAM quedó por años en obra gruesa, y de Puqueldón, donde la empresa enfrentó problemas para finalizar el centro de salud, que registraba ya más de un noventa por ciento de avance.
A fines del año pasado, las obras del Servicio de Alta Resolución de Alerce, en Puerto Montt, también se vieron detenidas por el retraso de la entidad encargada de los trabajos.
Cada vez que una obra queda abandonada o se tramita el término anticipado de un contrato se registra un retraso evidente y un mayor gasto para el Estado en tanto debe iniciarse un nuevo proceso de licitación para que otra empresa se haga cargo, no solo de continuar la construcción, sino también, muchas veces, de resolver nuevos problemas o, derechamente, empezar todo desde cero.
Son diversos los motivos por los cuales una constructora no cumple con la ejecución de una obra. La mayoría de ellos tiene que ver con la experiencia y la capacidad económica para sostener faenas de determinada envergadura.
El sistema de adjudicación, eficiente en teoría, ha demostrado ser todo lo contrario en la práctica.
Es cierto que existe un mecanismo que asigna puntajes por experiencia y castiga a las empresas de un comportamiento cuestionable, pero ello no ha sido suficiente.
Hoy, una constructora puede adjudicarse varias obras de manera simultánea y, al cabo de un tiempo, abandonar una de ellas para dedicarse a otra, sin arriesgar algún tipo de sanción.
La retención de boletas de garantía tampoco ha sido todo lo efectiva que se esperaba. Del mismo modo que con determinadas multas, las empresas prefieren dar la garantía por perdida antes que asumir los costos totales de cumplir con un contrato que excede sus capacidades.
La tendencia a preferir las ofertas de más bajo costo ha sido decididamente errónea. Como se suele decir, "lo barato cuesta caro". Esta aseveración, llena de sentido común y sabiduría popular, refleja muy bien lo que ocurre con la decisión de elegirlas. A la larga, el Estado termina pagando bastante más y esperando mucho más tiempo que el debido. Los costos sociales también son elevados para la comunidad.
Resulta imprescindible, entonces, la modernización del sistema de adjudicación de obras públicas y profundizar en las variables que permitan garantizar el cumplimiento del contrato.
En razón de esta situación, solicito, por su intermedio, señor Presidente, que se requiera al Ministerio de Salud el listado completo de obras en ejecución que exhiban retraso o abandono en la Región de Los Lagos y una descripción de la solución orientada a los problemas que presentan.
Asimismo, pido que se informe, mediante oficio, si existe un registro de empresas constructoras en el que se detalle el comportamiento histórico de ellas en el cumplimiento de las obras adjudicadas.
Deseo que una copia de mi intervención se envíe a los Honorables Concejos de las comunas a las cuales he hecho referencia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados por el señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores De Urresti y Quintana.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En los tres minutos restantes del Comité Socialista, puede intervenir el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido enviar un oficio a la Dirección de Vialidad, en el Ministerio de Obras Públicas.
El jueves recién pasado, en la localidad de Chaihuín, comuna de Corral, Región de Los Ríos, en una reunión con la comunidad y el municipio, los vecinos nos plantearon la enorme incertidumbre existente por derrumbes en la ruta T-470, en el sector Pastal, lo que se ha repetido ya por varios años. El hecho provocó el corte de la vía y el aislamiento de una gran cantidad de personas.
Queremos que el Ministerio, a través de la Dirección de Vialidad, informe precisamente cuál es el programa de inversión para evitar una situación de esa índole. No me refiero a los planes de emergencia, que claramente se tendrán que ejecutar para despejar el camino, sino a los definitivos para la intervención del cerro, para la construcción de taludes.
Solicito que el oficio se dirija también al SERNAGEOMIN, para que exponga, desde el punto de vista geológico, cuál es el estado del cerro en el sector Pastal, donde se han registrado los últimos derrumbes.
Pido enviar copia de mi intervención al señor alcalde de la comuna y al Honorable Concejo Municipal de Corral.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido que se oficie a la Dirección de Vialidad, en el Ministerio de Obras Públicas, para que informe cuál es el procedimiento para terminar la ruta que une Panguipulli con la localidad de Coñaripe, exactamente en el sector Bocatoma, trabajo que quedó paralizado hace más de un año.
Producto de los antecedentes que nos ha entregado la comunidad y de una visita la semana pasada, deseo consignar que se presentan serios daños y un deterioro progresivo.
Es fundamental que la Dirección de Vialidad dé a conocer cuál es el procedimiento aludido y si se recurrirá a la adjudicación directa, los fondos de emergencia o una nueva licitación para concluir.
La misma situación se plantea en relación con el camino entre Itropulli y San Pedro, comuna de Paillaco, obras que fueron abandonadas hace poco más de cinco meses. Hasta el día de hoy no sabemos de qué manera se van a retomar la construcción y el término de las faenas que se llevan a cabo.
Solicito que se envíe una copia al Honorable Concejo Municipal de Panguipulli, en el primer caso, y al Honorable Concejo Municipal de Paillaco, en el segundo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, intervengo en esta oportunidad para expresar toda mi solidaridad frente a los ataques arteros de que ha sido objeto en el último tiempo el alcalde de Huasco, señor Rodrigo Loyola, originados por la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Atacama.
Lo digo porque me parece preocupante que una funcionaria pública genere acciones para desprestigiar el trabajo y compromiso ambientales que toda la comunidad, por cierto, le reconoce al jefe edilicio.
Quiero pedir el envío de oficios.
Desde que asumió la actual Administración hemos visto que la Secretaria Regional Ministerial ha manifestado una presencia bastante hostil en la comuna, en particular con relación a un basural de larga data, situado prácticamente desde la conformación de la ciudad en un terreno cuyo dominio nunca ha sido municipal y sobre cuyos dueños tampoco ha existido una claridad contundente.
Los cuatro municipios de la provincia de Huasco, con la activa participación del alcalde aludido, cuentan desde hace ya largo tiempo con un relleno sanitario interprovincial, y desde su puesta en marcha, hace ya cinco años, los residuos domiciliarios de la comuna son depositados en ese lugar, no en aquel que cuestiona reiteradamente la Secretaria Regional Ministerial.
Llama la atención que esta última se desempeñara durante largo tiempo como Directora de Salud del municipio huasquino. Por lo tanto, solicito que la municipalidad mande copia de los oficios que, en esa calidad, ella envió a la autoridad respecto del basural por el que hoy día le hace cuestión al alcalde.
Como un dato relevante, deseo consignar que la profesional dejó la Dirección de Salud Municipal a partir del año 2010 para asumir tareas como Secretaria Regional Ministerial de Salud en el primer Gobierno del Presidente Piñera. En esa oportunidad pidió un permiso administrativo sin goce de sueldo. Terminada dicha Administración intentó volver a las labores en el municipio, pero se le informó que al asumir en el cargo que dejaba incurrió en una incompatibilidad que la había hecho cesar en el anterior.
Posteriormente reclamó a la Contraloría, que se pronunció en una forma acorde con el criterio municipal, por lo que no pudo regresar. Claramente, ello no fue de su agrado.
Hoy día advertimos una presencia que se manifiesta en forma permanente, pero no conversando con la autoridad, sino generando directamente multas y comentarios como los que señalé al comienzo, los cuales me parecen muy distantes de lo que corresponde a una autoridad pública.
Es por eso que deseo solicitar a la Contraloría General de la República que revise la actuación de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Atacama y si ello puede implicar un conflicto de interés o una animadversión hacia la administración municipal.
Reitero que el municipio no tiene el dominio del antiguo basural. Hace ya más de cinco años que todo el desecho local se deposita en un vertedero interprovincial en la ciudad de Vallenar, el cual cumple con todos los estándares. Expongo algo que nos consta, porque apoyamos al alcalde de Huasco en gestionar recursos para poder efectuar un cierre conforme a las pautas medioambientales, lo que además requiere la zona, considerada de sacrificio. Los fondos se entregaron. Sin embargo, la inversión no se pudo materializar, porque se carecía de la propiedad del lugar.
Se realizó el trámite de regularización con el Ministerio de Bienes Nacionales, pero la estancia "Cuesta La Arena", en la que son comuneras dos empresas que constituyen las principales fuentes contaminantes en el puerto de Huasco, se opuso al proceso llevado a cabo por el municipio.
Es decir, ha habido una actitud permanente del alcalde en orden a mejorar las condiciones, dado su compromiso medioambiental con la comunidad. Prueba de ello son un conjunto de trabajos de limpieza y compactación del viejo basural. Sin embargo, la estancia, eventual propietaria, ha formulado sistemáticamente una objeción.
Pese a que el municipio intentó alcanzar acuerdos para un comodato con los estancieros, a que se ingresó un proyecto de cierre al Servicio de Evaluación Ambiental -todo ello consta en los procesos formales- y a que se postularon recursos para el cierre, siempre se chocó con los reparos de los privados a los cuales hice referencia, a los que luego se sumó otro.
Si la actual Secretaria Regional Ministerial no pudo volver al cargo en la Dirección de Salud Municipal al término del primer Gobierno del Presidente Piñera, por las razones que he señalado, ratificadas por la Contraloría General de la República, y hoy día ha asumido las funciones que desempeña, habiendo generado un conjunto de infracciones, nos parece que la sola circunstancia expuesta debiera ser una causa suficiente para entender que debiera abstenerse, de buena fe, de emitir pronunciamientos relacionados con la gestión municipal, dado que, claramente -al menos, para nosotros-, no da garantías de imparcialidad en su conducta de funcionaria pública.
Es por eso que solicito que el Intendente de Atacama dé una respuesta frente a las actuaciones de la Secretaria Regional Ministerial y a sus dichos respecto del alcalde de Huasco, señor Rodrigo Loyola, y, además, la extienda a si la funcionaria, a partir del conflicto con el municipio local con posterioridad al año 2014, corresponde al estándar del Gobierno, para que pueda seguir realizando tales conductas, o debiera abstenerse, más bien, de pronunciamientos relacionados con la gestión municipal.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la Honorable señora Provoste, conforme al Reglamento.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Comité Partido País Progresista e Independientes y el Comité Evópoli no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Revolución Democrática, puede intervenir el Senador señor Latorre.
El senador LATORRE.- Señor Presidente, quisiera referirme a las zonas de sacrificio. Tal como lo mencionó mi Honorable colega Provoste, en Chile se han identificado alrededor de cinco. Según un informe reciente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Huasco, Mejillones, Tiltil, Quintero y Puchuncaví son catalogadas como tales, donde las comunidades tienen que sacrificar su derecho a la salud, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de la contaminación provocada por el llamado "crecimiento económico", que pareciera ser algo sagrado en este país.
Ese es un problema de nuestro modelo de desarrollo.
Recientemente, en el mes de agosto, tuvimos más de 300 personas intoxicadas en Quintero y Puchuncaví, entre ellas varios estudiantes, menores de edad que parecieran repetir el ciclo intergeneracional, porque sus padres o sus abuelos también murieron de cáncer, o enfermaron gravemente en forma prematura, tal cual lo hicieron los "hombres verdes" que trabajaron en la ENAMI.
Pues bien, ahora tenemos a las nuevas generaciones intoxicadas y sus familias no saben si de aquí a 10, 15 o 20 años sus hijos también van a desarrollar cáncer.
El Gobierno ha apuntado como responsable a la ENAP, que es una de las grandes empresas del sector, pero resulta que hay diecisiete más, altamente contaminantes, en este cordón industrial.
¿Qué pasa con OXIQUIM? ¿Qué pasa con CODELCO, con la fundición? ¿Qué pasa con AES Gener?
Con relación a muchas de estas empresas ni siquiera sabemos si se las monitorea con tecnología de punta para controlar los niveles de toxicidad que emiten.
Hay contaminación del aire; hay contaminación del agua; hay contaminación del suelo.
Por eso, le vamos a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envíe relatores especialistas en medio ambiente -que tengan que ver con nuestro país y con temas de infancia-, para que visiten la zona y se puedan reunir con la comunidad, con representantes de las empresas, con las organizaciones, con las autoridades locales y hagan recomendaciones al Estado de Chile. Porque vemos que la institucionalidad ambiental de nuestro Estado no da abasto y no cumple los estándares internacionales.
El señor DURANA.- Señor Presidente, hace pocos días nos enteramos por la prensa de que Bolivia y Perú acordaron un régimen especial de tarifas rebajadas para la carga boliviana por el puerto de Ilo, según los acuerdos alcanzados por autoridades de ambos países en el marco de la reunión del IV Gabinete Binacional, que se celebró en la ciudad de Cobija.
Se trata de un 30 por ciento de descuento para el comercio boliviano con destino a ultramar que se embarque por el puerto de Ilo, al sur de Lima. Esto, en base a los acuerdos intergubernamentales de 1992, refrendados en 2010, que sirven de sustento a lo convenido en Cobija. En tal sentido, el IV Gabinete Binacional resolvió la formulación de un documento en aras de elaborar una norma que le permita a la estatal Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) instalar oficinas en Ilo.
Frente a esta noticia, señor Presidente, quiero manifestar que el trato que la Empresa Portuaria Arica (EPA) le ha dado en los últimos días y años a la ciudad ha sido lamentable e indolente y que su gestión no ha estado a la altura del verdadero interés de los ariqueños por desarrollar integralmente la región.
El puerto de Arica está colapsado por el crecimiento de volumen que significan las toneladas de carga, tanto nacionales como extranjeras, particularmente de origen boliviano.
La problemática de acceso al puerto tampoco es nueva. Se produce un atochamiento evidente de varias calles de la ciudad de Arica, cuestión que afecta su normal funcionamiento.
La semana pasada la prensa local recogió la molestia de los camioneros del país altiplánico, quienes denunciaron su desagrado por la prolongación de su estadía en Arica debido a que no podían descargar ni cargar sus mercaderías, teniendo que esperar para ello hasta dos semanas en virtud de un nuevo sistema de operaciones portuarias. Esta situación les generó pérdidas económicas y daños personales.
Como he dicho, la problemática de acceso al puerto no es nueva; se arrastra por años.
La Empresa Portuaria Arica estaba al tanto del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la ciudad, así como del impacto negativo que significaría, principalmente, el flujo de camiones. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo no presentó una iniciativa seria y efectiva para abordar el problema, sino, por el contrario, solo ofreció "calmantes" y algunos anuncios públicos que fueron emitidos por la prensa.
En mi calidad de Senador, soy muy respetuoso de las decisiones que adopta el Ejecutivo, aun cuando con muchas de ellas no esté de acuerdo, pero en este caso no estoy disponible para sacrificar la región y la ciudad. Por ello, hace unos meses entregué un documento en La Moneda indicando que no estaba de acuerdo con que el directorio de la Empresa Portuaria Arica siga contando con ejecutivos foráneos que no conocen la identidad de la región.
Si bien no he obtenido respuesta, pido que se oficie tanto al Ministro de Economía como al Presidente del Sistema de Empresas Públicas para que informen a la Cámara Alta cuáles son los mecanismos de evaluación con que cuentan para mantener por tantos años en su cargo al Presidente de la Empresa Portuaria Arica, quien pese a la poca competitividad del puerto sigue al mando gobierno tras gobierno.
Hoy se ha conocido la fecha en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a conocer el fallo respecto a la demanda marítima de Bolivia. Y vamos a quedar sujetos a lo que decida ese Máximo Tribunal, ya sea por respeto al Derecho Internacional o por respeto a los aspectos emocionales expresados por la parte demandante. En ese escenario, en nada ayuda la actual gestión del puerto de Arica.
--Se levantó a las 19.