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Timestamp: 2019-03-18 13:46:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 2022', 'artículo 2022', 'artículo 427', 'artículo 367', 'artículo 427', 'artículo 427', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 949', 'artículo 2022', 'artículo 2022', 'artículo 2016', 'artículo 2012', 'artículo 2013', 'artículo 2022', 'artículo 400', 'artículo 396']

No procede tercería si consigna en la compraventa que el bien tiene medida cautelar - Actualidad Civil
CAS. N.º 2998-2016 Lima Norte
Emitida el 24 de julio del 2017
Artículos 949, 1219 y 2022 del Código Civil
Lo señalado, por este Supremo Tribunal guarda estricta concordancia con lo resuelto en el VII Pleno Casatorio Civil, recaído en la Casación N.° 3671-2014-LIMA, que ha fijado como precedente judicial vinculante lo siguiente: 1. En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, debe considerarse, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949 y 1219 inciso 1 del mismo cuerpo legal, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo.
CAS. N.º 2998-2016
SUMILLA. Conforme se ha señalado en el VII Pleno Casatorio Civil, recaído en la Casación número 3671-2014-Lima, si el comprador adquiere un bien inmueble con un gravamen asume los riesgos que implicaba dicha carga.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número dos mil novecientos noventa y ocho - dos mil dieciséis; en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:
En el presente proceso de Tercería Excluyente de Propiedad, el demandado Justiniano Quiliche Huatay, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de Vista de fojas trescientos dos, su fecha once de abril de dos mil dieciséis, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que revoca la Sentencia de fojas doscientos veinticinco, su fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, que declaró infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada; en el proceso seguido por Jaime Estela Díaz contra Hebert Uldarico Bendezú Molina y otros sobre Tercería Excluyente de Propiedad.
DEMANDA. Según escrito de fojas veintidós, Jaime Estela Díaz interpone demanda de tercería excluyente de propiedad, planteando como pretensión se levante la medida cautelar que pesa sobre los derechos y acciones del inmueble de su propiedad, inscrito en la Partida número 44168928 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, que ha sido dispuesta en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil siete, en el Expediente número 2539-2007, por haberlo adquirido por escritura pública, de fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve. El demandante sostiene como soporte principal de su pretensión que: 1. Ante el mismo despacho se tramita el proceso signado con el número 2539-2007, seguido por Justiniano Quiliche Huatay y Mirian Judit Barboza Díaz, contra Hebert Uldarico Bendezú Molina y Gladys Vásquez Salazar, sobre obligación de dar suma de dinero, en el cual la parte demandante, en dicho proceso, ha solicitado trabar medida cautelar sobre el inmueble de su propiedad. 2. Mediante resolución, de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil siete, se ha ordenado trabar medida cautelar en forma de inscripción. 3. No tiene vínculo alguno con la relación jurídica sustantiva de la que derivan los autos, puesto que no tiene obligación alguna con la parte demandante. 4. El inmueble no es propiedad de la parte ejecutada, sino del recurrente, ya que mediante contrato de compra venta de derechos y acciones de fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, adquirió la misma, que se encuentra inscrito en la Partida número 44168928 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
CONTESTACIÓN. Mediante escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, de fojas cuarenta y seis Justiniano Quiliche Huatay y Mirian Judit Barboza Díaz contestan la demanda, negando y contradiciendo lo expuesto por los accionantes.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, se emitió la Sentencia, obrante a fojas doscientos veinticinco, declararon infundada la demanda, al considerar que, revisado el contenido de la escritura pública, de fojas ocho a diez, se encuentra que el demandante Jaime Estela Díaz ha declarado de manera expresa en la Quinta Cláusula que sobre las acciones y derechos del inmueble materia de compra venta pesa un embargo inscrito en el Asiento D0004 de la Partida Registral número 44168928 del Registro de Propiedad Inmueble, que es de aceptación y conocimiento del comprador, ahora demandante.-. El documento con el que acredita su propiedad el tercerista tiene eficacia probatoria a partir del treinta y uno de agosto de dos mil nueve, fecha posterior a la afectación con medida cautelar del citado bien, que fue inscrita con fecha veintinueve de octubre de dos mil siete, por lo que, el derecho real del tercerista no puede ser opuesto ni resulta de prioridad frente a la afectación debidamente inscrita con anterioridad en el Registro Público, pues es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de los demandados; máxime aún si no puede ignorarse el principio de fe registral que confiere la ley a los Registros Públicos respecto a la veracidad y contenido en el momento de la inscripción, por lo que los terceros que actúan de buena fe, teniendo conocimiento del contenido de la inscripción registral, no pueden desconocer la misma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, mediante resolución de fecha once de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos dos, revocaron la resolución apelada, y reformándola declaró fundada la demanda, en consecuencia, ordenó se levante la medida cautelar de embargo en forma de inscripción que recae sobre el inmueble denominado Parcelas número 10235-10245, Fundo Santa Rosa, Distrito de San Martín de Porres, inscrito en la Partida número 44168928 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; medida cautelar ordenada por el Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en el proceso número 2539-2007-35, en mérito a los siguientes fundamentos: 1. En autos no existe concurso de derecho de la misma naturaleza que pudiera permitir la aplicación del artículo 2022 del Código Civil, pues si bien los derechos discutidos se encuentran inscritos, pero, se trata de derechos de naturaleza distinta. 2. Así, la naturaleza jurídica del embargo, como acto procesal de la jurisdicción, es uno personal, donde el acreedor al no ver satisfecho su crédito por el deudor acude ante el Juez solicitando la realización (pago) de la obligación que subyace a la relación jurídica respectiva; proceso en el que —como “futura ejecución forzada”— para garantizar la ejecución de la decisión final, logra obtener esta medida, que tratándose de derechos inscritos en el registro se realiza “en forma de inscripción”, con la indicación del “monto” pertinente. 3. Ese derecho “personal” no puede ser opuesto al derecho de propiedad de los derechos y acciones adquiridos por el demandante, lo que aparece acreditado de modo fehaciente con la escritura pública de fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, lo que fue inscrito en dicha partida registral en fecha dieciocho de setiembre de dos mil nueve. 4. Resulta irrelevante que el referido derecho “personal” (embargo) haya sido inscrito en tiempo anterior (veintinueve de octubre de dos mil siete) a la adquisición del derecho (real) de la demandante (veintiocho de setiembre de dos mil nueve); por cuanto no procede la oposición de derechos por tratarse de “naturaleza distinta”; parecer que tiene el refuerzo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República cuando indica que en este escenario no resultan aplicables las normas (disposiciones) relativas a los Registros Públicos.
RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución dictada por la Sala Superior, la parte demandada, interpuso recurso de casación, el mismo que ha sido calificado mediante resolución de fecha veintidós de setiembre de dos mil dieciséis, que declaró procedente el recurso de casación por las causales de: A). Infracción normativa del artículo 427, inciso 1, del Código Procesal Civil: El colegiado no ha advertido que la demanda incurre en causal de improcedencia porque el accionante al momento de postular la demanda tenían pleno conocimiento del embargo inscrito en la Partida número 44168928. Al postular la demanda el accionante no tenía legitimidad para obrar. B). Infracción de los artículos 366 y 367 del Código Procesal Civil: El colegiado al no haber cumplido con advertir la falta de requisitos para proponer apelación, como lo establece el artículo 367 último párrafo, del Código Procesal Civil, ha afectado el debido proceso, ya que debió evaluar el recurso y si no existía fundamentación y agravio debió declarar nulo el concesorio y la improcedencia de la apelación. C). Infracción normativa de los artículos 2012, 2013 y 2022 del Código Civil: Tal como se aprecia del testimonio de la escritura pública de fojas ocho a trece, en la cláusula quinta de la misma, aparece que el comprador tercerista, tenía pleno conocimiento que el predio se encontraba con una carga; es decir, el embargo que constaba inscrita en el asiento número D00004 de la Partida número 44168928. Es más, el embargo data de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil siete, y la compraventa del tercerista recién con fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve. El embargo, ya se encontraba inscrito antes de la compraventa. En consecuencia, resulta desafortunada la decisión del colegiado de revocar la sentencia de primera instancia. D). La Sala Superior no cumple con el precedente vinculante de la Casación número 3671-14 (Pleno casatorio). E). Infracción normativa de los artículos 949 y 1219 del Código Civil: El derecho de propiedad no es absoluto, sino que tiene limitaciones cuando la ley lo establece. Al momento del embargo el predio pertenecía a los originarios propietarios y no a los terceros, contrato de compra venta que sólo tiene como fin pretender perjudicar el derecho de crédito, dándose colusión entre los originarios propietarios y terceros, que incluso simulan el precio de la compra venta ya que no existe prueba alguna que acredite que pagaron por la adquisición del predio.
Es necesario establecer si corresponde amparar la demanda de tercería excluyente de propiedad, no obstante, que en la escritura pública de compraventa, expresamente se indicó que el bien sub litis pesaba un embargo inscrito a favor de los demandados.
SEGUNDO. Al haberse declarado procedente el recurso de casación por las causales de infracción normativa de carácter procesal y material, corresponde emitir pronunciamiento en primer lugar respecto a la infracción procesal, dado que de ser amparada correspondería declarar la nulidad de los actuados, careciendo de objeto resolver la causa material.
TERCERO. Sobre la infracción del artículo 427, inciso 1, del Código Procesal Civil, según el cual el juez declarará improcedente la demanda cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar, corresponde precisar que legitimidad para obrar o legitimatio ad causam, es una condición de la acción que precisamente limita o condiciona el ejercicio de ésta a su existencia, tan es así que la demanda interpuesta por quien carece de legitimidad para obrar puede ser declarada improcedente de oficio por el Juez, pudiendo incluso ser denunciada a través de la correspondiente excepción. Asimismo, se configura cuando no existe coincidencia entre las personas que la norma le otorga el derecho con la que plantea la acción.
CUARTO. El citado artículo 427, inciso 1, del Código Adjetivo se encuentra íntimamente ligado a lo que la doctrina procesal denomina “condición para el ejercicio válido de la acción” y que luego de verificarse su existencia se hace viable un pronunciamiento lícito sobre el fondo de la controversia discutida durante el proceso, debe recordarse que al igual que la legitimatio ad causam, son condiciones de la acción el interés para obrar y la voluntad de la ley o posibilidad jurídica, sin embargo, su satisfacción no significa el éxito de la pretensión.
QUINTO. En el caso de autos, se aprecia que la presente demanda de tercería excluyente de propiedad ha sido interpuesta por Jaime Estela Díaz en contra de Justiniano Quiliche Huatay, Mirian Judit Bardoza Díaz, Hebert Uldarico Bendezú Molina y Gladys Vásquez Salazar, al considerar que se ha embargado un inmueble de su propiedad que se encuentra inscrito en la Partida número 44168928, en el proceso número 2539-2007, en virtud a un embargo en forma de inscripción.
SEXTO: De la revisión de lo actuado en el proceso número 2539-2007, sobre obligación de dar suma de dinero, se observa que Justiniano Quilche Huatay y Miriam Judit Barboza Díaz han solicitado que Hebert Uldarico Bendezú Molina y Gladys Vásquez Salazar cumplan con pagarle la suma de treinta mil dólares americanos, (US$.30.000.00) habiéndose concedido medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el cero punto ochocientos sesenta y seis por ciento (0.866%) de las acciones y derechos que le corresponde al ejecutado Hebert Uldarico Bendezú Molina sobre el inmueble denominado Parcelas número 10235-10245, Fundo Santa Rosa, Distrito de San Martín de Porres, inscrita en la Partida número 44168928 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
SÉTIMO. La tercería excluyente de propiedad tiene por objeto que el propietario afectado por error por una medida cautelar o ejecución dictada en un proceso en el cual no es parte y en el que se pretende una obligación ajena, pueda recurrir al órgano jurisdiccional solicitando tutela efectiva.
OCTAVO: En el caso de autos, al haberse probado que el bien sub litis de propiedad del actor según se observa de la Partida número 44168928, ha sido afectado con una medida cautelar, es evidente que goza de legitimidad para obrar, por tanto cumple con una de las condiciones de la acción para que se pueda emitir un pronunciamiento respecto al fondo de la controversia.
NOVENO. Que el recurso de apelación es el medio impugnatorio ordinario y vertical de alzada que es formulado por la parte que se considera afectado por una decisión judicial, al considerar que adolece de vicio o error, por lo que su finalidad es lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado la revisa y proceda a anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente. Sin embargo, no obstante que este medio impugnatorio no es uno de naturaleza extraordinaria debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 366 y 367 del Código Procesal Civil, debiendo fundamentarlo indicando el error de hecho o de derecho en el que incurrió el A quo en la resolución impugnada, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatorio.
DÉCIMO. El recurrente al fundamentar la causal bajo análisis sostiene que el colegiado no advirtió la falta de requisitos para proponer el recurso de apelación, afectando el debido proceso, ya que al no existir fundamentación, debió declarar nulo el concesorio e improcedente el recurso de apelación. No obstante lo alegado por el codemandado, de la revisión del recurso de apelación de fojas ciento cuarenta, interpuesto por el demandante Jaime Estela Díaz, se aprecia que denunció como agravios: i) que la sentencia afecta su derecho al debido proceso al no valorar adecuadamente los medios de prueba; y, ii) ha acreditado ser propietario del bien afectado con la medida cautelar, por lo que es oponible a esta medida.
DÉCIMO PRIMERO. En este orden de ideas, este Supremo Tribunal considera que el demandante al interponer el recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia, ha acreditado el agravio personal, concreto y actual, pues dicha decisión declaró infundada su pretensión de tercería excluyente de propiedad con la que pretendía proteger un bien que sostiene es de su propiedad, siendo así su interés está plenamente acreditado, por lo que la Sala Superior se encontraba facultada a examinar la resolución de primera instancia que le causaba agravio, razón por la cual este extremo del recurso de casación también debe ser declarado infundado.
DÉCIMO SEGUNDO. Al haberse desestimado las infracciones normativas de carácter procesal corresponde analizar si se ha incurrido en las infracciones sustantivas alegadas. Al respecto el codemandado Justiniano Quiliche Huatay ha señalado que el demandante, ahora tercerista, tenía pleno conocimiento que el predio objeto de compraventa se encontraba con una carga inscrita, por lo que el derecho de propiedad no es absoluto.
DÉCIMO TERCERO. La definición del derecho de propiedad, establecida en el artículo. Novecientos veintitrés del Código Civil, nos remite a sus atributos, de disfrute, disposición, y reivindicación; sin embargo, por mandato del mencionado artículo 70 de la Constitución Política del Perú, el ejercicio de dicho derecho se encuentra limitado pues indica que el derecho de propiedad debe ser ejercido en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Al respecto el Tribunal Constitucional en la STC número 0008- 2003-AI/TC, sostuvo que: “El derecho a la propiedad establecido en los incisos 8) y 16) del artículo 2 de la Constitución, es concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley; e incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno”. Asimismo señala que “Dicho derecho corresponde, por naturaleza, a todos los seres humanos; quedando estos habilitados para usar y disponer autodeterminativamente de sus bienes y de los frutos de los mismos, así como también transmitirlos por donación o herencia. Como tal, deviene en el atributo más completo que se puede tener sobre una cosa”. Sobre dicho límite, Jorge Avendaño Valdez, refiere que, ante la pregunta elemental de “¿Cómo se puede explicar que la propiedad sea un derecho absoluto y al mismo tiempo admita limitaciones o restricciones? La respuesta es que comparativamente con otros derechos reales, la propiedad es absoluta. Ningún otro derecho real confiere todas las facultades juntas. Pueden estar restringidas pero están todas”[1].
DÉCIMO CUARTO. Conforme al artículo 949 del Código Civil si bien la transferencia del derecho de propiedad sobre inmuebles opera extraregistralmente, es decir, con la sola creación de la relación obligatoria entre las partes, no es menos cierto que dicho acto jurídico debe merecer fe respecto a la fecha de su celebración, a fi n ser opuesto frente a otro derecho real.
DÉCIMO QUINTO. Respecto a la oponibilidad de derechos reales el artículo 2022 del Código Civil, resulta válido invocar el ejemplo consignado en la Exposición de Motivos del Código Civil que plantea lo siguiente: “A” transfiere un inmueble a “B” (derecho real) pero no se inscribe la compra venta y “C” acreedor de “A”, traba embargo sobre el inmueble vendido que aparece inscrito a nombre de “A” (Derecho de crédito). Por lo que, en aplicación de la regla contenida en el artículo antes aludido, tratándose de derechos de diferente naturaleza, sensu, se aplican las disposiciones del derecho común, es decir que si “B” acredita que su título emana de un documento de fecha cierta anterior al embargo, el inmueble adquirido no responde frente al gravamen anotado. Contrario sensu, si la transferencia del inmueble se efectúo con posterioridad a la fecha de anotación del embargo, este prevalece sobre el derecho real”[2].
DÉCIMO SEXTO. En este orden de ideas, cuando se confrontan derechos de distinta naturaleza, se aplica el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, prevalecerá el derecho que surgió en primer lugar, como sería el caso del derecho de propiedad transmitido antes de que se anote un embargo, en cuyo caso prevalecerá aquél aun cuando no se hubiera inscrito, sin embargo, si la medida cautelar se anota antes que se transmita el derecho de propiedad, se aplica lo dispuesto por el artículo 2016 del Código Civil, el cual prescribe que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro, principio que debe ser concordado con el artículo 2012, del acotado texto normativo que consagra el principio de publicidad registral y en virtud del cual, se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
DÉCIMO SÉTIMO. En ese sentido, al haberse declarado de manera expresa en el contrato de compraventa de fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, que el inmueble objeto de compra venta, se encontraba gravado con una medida cautelar, según se observa del Asiento D00004 de la Partida Registral número 44168928 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, no resulta razonable que el demandante pretenda ignorar dicho registro e inicie la presente demanda de tercería excluyente de propiedad, pues al adquirir dicho bien, asumió los riesgos que implicaba que dicho bien se encontraba sujeto a una carga, por lo que tampoco podría invocar la buena fe.
DÉCIMO OCTAVO. Debe precisarse que conforme señala el artículo 2013 del Código Civil el contenido de las inscripciones se presume cierto mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, por lo que la medida cautelar se encuentra surtiendo todos sus efectos, en tanto dicha presunción no se desvirtúe judicialmente.
DÉCIMO NOVENO. Lo señalado, por este Supremo Tribunal guarda estricta concordancia con lo resuelto en el VII Pleno Casatorio Civil, recaído en la Casación N.° 3671-2014-LIMA, que ha fijado como precedente judicial vinculante lo siguiente: 1. En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, debe considerarse, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949 y 1219 inciso 1 del mismo cuerpo legal, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo.
VIGÉSIMO. Debe indicarse que el precedente judicial está conformado por aquellas decisiones jurisdiccionales adoptadas, luego de un examen detenido y sujeto a ciertas formalidades por los magistrados supremos civiles, cuyas líneas directrices son de estricto cumplimiento para todos los órganos jurisdiccionales, siempre que se ajusten al caso particular que se esté ventilando en juicio, conforme lo señala el artículo 400 del Código Procesal Civil.
VIGÉSIMO PRIMERO. Por las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema considera que al expedirse la resolución impugnada se ha incurrido en la causal de infracción normativa denunciada y apartamiento inmotivado del precedente judicial, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de casación planteado en autos.
Por lo tanto, atendiendo a lo expuesto, corresponde amparar el recurso de casación conforme a lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal Civil; por lo que declararon: FUNDADO el recurso de casación de fojas trescientos veintitrés, interpuesto por el demandado Justiniano Quiliche Huatay, en consecuencia; CASARON la Sentencia de Vista de fecha once de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos dos, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, de fojas doscientos veinticinco, que declaró INFUNDADA la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Jaime Estela Díaz con Justiniano Quiliche Huatay y otros sobre Tercería Excluyente de Propiedad; y los devolvieron. Ponente Señor De la Barra Barrera, Juez Supremo.
[1] Jorge Avendaño Valdez en Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, Tercera Edición, 2010, Tomo V, p. 139.
[2] REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. “Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios”. Tomo VI, Lima. 1985, p. 850.