Source: http://www.cia.org.ar/aspectos_legales_articulo_ley7014.php
Timestamp: 2013-05-19 10:42:48
Document Index: 373309351

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Ley 7.014 - De la Creación de la Caja de Previsión Social.
PARA MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DE SU CREACION Y OBJETIVO
Artículo 1º.- Créase la "Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos", que funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, dentro de las normas establecidas en la presente ley y las respectivas reglamentaciones.
Artículo 2º.- La Caja es autárquica e independiente y, tiene por objeto la creación de un sistema de previsión social fundado en la solidaridad profesional.
La Provincia de Buenos Aires no contrae responsabilidad alguna que se relacione con las obligaciones emergentes del funcionamiento de la Caja.
Artículo 3º.- El régimen de esta ley comprende:
Artículo 4º.- La Caja otorgará las siguientes prestaciones y beneficios:
1.- Jubilación Ordinaria.
2.- Jubilación Extraordinaria por invalidez.
3.- Pensiones.
4.- Subsidios por fallecimiento.
Asimismo podrá conceder:
1.- Prestamos para vivienda y/u oficina.
2.- Toda otra forma de ayuda social y asistencia médica que resuelva el directorio.
3.- Préstamos ordinarios para iniciación de actividad profesional.
Artículo 5º.- Quedan excluidos de los beneficios de la presente ley:
a) Los que por causa legal o disciplinaria estuviesen privados del ejercicio de su profesión de acuerdo con la ley reglamentaria de las actividades de los martilleros y corredores públicos.
Artículo 6º.- Los beneficios acordados por esta Caja y los derechos correspondientes son intransferibles e inembargables, excepto el caso de mandato judicial por alimentos y litis expensas.
Artículo 7º.- La Caja podrá celebrar acuerdo de reciprocidad con el Instituto Nacional de Previsión Social y otras Cajas de jubilaciones.
Artículo 8º.- El gobierno y administración de la Caja será ejercido por el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, con plenos poderes para proceder en todos los casos de conformidad con lo establecido en las disposiciones de este título y el reglamento interno que se dicte.
Artículo 9º.- Son funciones del Consejo Superior:
a) Ejercer el gobierno de la Caja y la administración de sus bienes
c) Acordar y denegar los beneficios que la misma establece.
f) Establecer anualmente el importe mínimo obligatorio de los colegiados.
Artículo 10º.- La resolución del Consejo Superior que importe multa será recurrible por vía de reposición ante el mismo, dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación. De su decisión se podrá apelar ante el Juez del Crimen en turno dentro de los tres (3) días de notificado.
Artículo 11º.- (mod. Ley 7.903) De las resoluciones del Consejo Superior denegatorias de reconocimiento de derechos jubilatorios o de pensiones, como así también de aquellas que rechacen las solicitudes de los subsidios previstos en el Título VIII de la presente ley, podrá recurriese en reconsideración ante el mismo dentro de los quince (15) días hábiles de notificarse al interesado.
El rechazo del recurso dará lugar a la acción contencioso administrativa de conformidad con lo establecido en el Código de la materia. TITULO IV
Artículo 12º.- (mod. Ley 11.229) Las jubilaciones ordinarias que otorgue la Caja serán uniformes para todos los afiliados que hayan aportado el importe mínimo anual obligatorio a que se refiere el artículo 9º inciso f) de esta ley.
Superado este monto, la jubilación se incrementará proporcionalmente de conformidad con los aportes ingresados, en escalas desde el veinticinco por ciento (25%) hasta el trescientos por ciento (300 %).
Artículo 13º.- (mod. Ley 11.229) La jubilación ordinaria es voluntaria y se acordará a petición del afiliado que reúna los requisitos de sesenta (60) años de edad y treinta (30) de actividad profesional. Se podrá compensar la falta de años de ejercicio profesional con los excedentes de edad en razón de dos (2) años de edad por uno (1) de actividad profesional.
Artículo.14º.- El monto mensual de la jubilación ordinaria será fijado por el Consejo Superior con voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.
EXTRAORDINARIAS POR INVALIDEZ
Artículo 15º.- La Jubilación Extraordinaria por invalidez se concederá al afiliado que al año de vigencia de esta Ley, y encontrándose en actividad con un mínimo de dos (2) años, se incapacite totalmente para el ejercicio profesional por causa de enfermedad o accidente comprobados mientras dure la incapacidad y siempre que no tuviese derecho a la jubilación ordinaria.
Artículo 16º.- El monto de la precedente jubilación será de un sesenta y cinco por ciento (65 %) de la jubilación ordinaria, la que se hará efectiva a partir de la fecha de su invalidez absoluta, sin perjuicio de la disposición del artículo 7º.
Si la incapacidad ocurriera con posterioridad a los diez (10) años del ejercicio de la profesión, el monto se elevará a un setenta y cinco (75 %), y al ochenta y dos por ciento (82%) si fueran más de veinte (20).
Artículo 17º.- Los casos de incapacidad absoluta serán estudiados por el Consejo Superior en base a informes médicos coincidentes.
Los facultativos serán designados por el Consejo Superior o el Ministerio de Salud Pública a su pedido.
La subsistencia del impedimento deberá acreditarse por exámenes anuales, en la misma forma que para la jubilación extraordinaria establecida en el artículo 15º.
Artículo 18º.- (mod. Ley 11.229) Toda jubilación que se conceda implica el retiro absoluto de la actividad profesional en forma directa o indirecta.
El jubilado infractor será pasible de multa que se graduará por el monto correspondiente al momento de su aplicación equivalente al de dos (2) o cinco (5) jubilaciones ordinarias.
Consentida la sanción o notificada la resolución, si ésta hubiese sido apelada, el infractor podrá optar dentro del plazo de tres (3) días por el beneficio jubilatorio o el ejercicio profesional.
En ambos casos reintegrará el importe de las prestaciones jubilatorias percibidas durante la infracción, con sus intereses al tipo establecido para los préstamos ordinarios.
En caso de reincidencia perderá la jubilación concedida.
Artículo 19º.- (mod. Ley 11.229) A los efectos de la jubilación se computarán los años de servicio a partir de la primera operación sobre muebles o inmuebles inherentes a la actividad profesional del afiliado.
El ejercicio continuo y permanente de la profesión fundamentado de este sistema de previsión, se probará por los asientos en los libros de la Caja del monto de los aportes.
El ejercicio profesional anterior se probará mediante la exhibición de los libros de comercio llevados de acuerdo a la ley.
En su defecto, se aceptará como prueba supletoria la documental o instrumental, pública o privada, conjuntamente con el testimonio de dos colegiados del lugar.
En estos casos, por cada año computado, el afiliado deberá abonar un cargo contributivo equivalente al Aporte Mínimo Anual fijado por el artículo 9º inciso f) de esta ley que corresponda al momento de su acreditación.
Artículo 20º.- La inactividad del afiliado por razones de salud u otras causas atendibles durante un año en nada afectará la computación de los servicios, siempre y cuando no sea en perjuicio de terceros y se comunique al Colegio Jurisdiccional dentro de los cinco (5) días de la cesación de actividades.
La inactividad motivada por sanciones disciplinarias, taxativamente expresadas por la ley reglamentaria de las actividades de los martilleros y corredores públicos, no es excluyente de las obligaciones del colegiado, ni aun en el caso de exclusión de la matrícula, pues concurren en su representación los familiares subrogados en el derecho, deberes y obligaciones del mismo.
Artículo 21º.- No serán computables:
b) La inactividad que exceda el año conforme al artículo 15º.
c) Los casos de cancelación de la matricula hasta su reincorporación.
Artículo 22º.- Los aportes no pueden interrumpirse.
En caso de interrupción de los mismos el afiliado deberá reintegrarlos con más el interés bancario al día del depósito.
Artículo 23º- Producido el fallecimiento del afiliado jubilado o del que se encontrase en condiciones de jubilarse, tendrán derecho a percibir pensión:
a) La viuda, siempre, que no estuviese divorciada por su culpa. En caso de separación de hecho, el Consejo Superior resolverá según las, circunstancias especiales de cada caso.
b) El viudo incapacitado en las condiciones del inciso anterior.
c) Hijos o hijas menores de edad.
d) Los padres, si a la fecha del fallecimiento vivían bajo el amparo del afiliado.
e) Las hijas viudas o divorciadas, menores de veintidós (22) años o mayores de cincuenta (50), que a la fecha del fallecimiento del causante vivían al amparo del afiliado.
Artículo 23º bis.- (mod. Ley 11.229) A todos los efectos de la presente ley, queda equiparada a la viuda o viudo la persona que hubiera vivido públicamente y en aparente matrimonio con él o la causante, cuando se hallase éste separado de hecho, durante un mínimo de cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando hubiera descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo que el causante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos, que estos hubieran sido reclamados fehacientemente en vida, o qué el causante fuere culpable de la separación.
En estos tres casos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales, sin perjuicio de la concurrencia los demás derecho - habientes contemplada en el artículo anterior.
El Directorio determinará los requisitos, para probar el aparente matrimonio y la prueba podrá sustanciarse administrativamente o en sede judicial
El beneficio que consagra este artículo será aplicable a los casos en que el fallecimiento del jubilado o afiliado en actividad se produzca con posterioridad, a la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 24º.- El monto de la pensión será el setenta y cinco por ciento (75%) del importe de la jubilación ordinaria.
Resuelto el aumento del monto jubilatorio, las pensiones acrecerán en la forma proporcional establecida por esta ley.
Artículo 25º.- El derecho a gozar de la pensión comenzará desde el día del fallecimiento del causante y se distribuirá entre los llamados a percibirla, en la proporción que establece el Código Civil.
El derecho de pensión no excluye el subsidio básico por fallecimiento, establecido en el inciso a) del artículo 29º.
Artículo 26º.- Si se extinguiese el derecho a pensión con respecto a alguno de los beneficiarios la parte correspondiente acrecerá a la de los otros.
Artículo 27º.- El derecho a pensión se extingue:
a) Para los hijos cuando lleguen a la mayoría de edad o cuando se emancipen por el matrimonio.
b) Para los padres si cesa el estado de indigencia.
Artículo 28º.- No tendrán derecho a pensión los afectados por las causas de indignidad previstas en el Código Civil.
Artículo 29.- Producido el fallecimiento de un afiliado sin haber alcanzado los límites mínimos de edad y ejercicio profesional que establece el artículo 13º, la Caja otorgará las siguientes prestaciones:
a) Un subsidio básico para sepelio y lutos
b) Un subsidio complementario en relación a los años de ejercicio profesional.
Artículo 30º.- Serán beneficiarios de los subsidios los causahabientes incluidos en el régimen de pensiones que contempla el artículo 23º, salvo el caso de designación de beneficiarios para subsidio básico.
Artículo 31º.- A los efectos de acreditar años de ejercicio profesional en el otorgamiento del subsidio complementario, serán de aplicación las normas establecidas para computar años en el régimen jubilatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 19º.
Artículo 32º.- El monto y régimen de los subsidios lo establecerá el Consejo Superior cada dos años para el bienio siguiente.
La fecha del fallecimiento determinará el monto del subsidio a otorgarse.
Artículo 33º.- Todo afiliado tendrá derecho a designar beneficiario del subsidio básico.
A tal efecto, deberá depositar en la Caja bajo su firma en sobre cerrado, la indicación del nombre y domicilio de la persona de existencia visible favorecida.
Acreditado el fallecimiento, las autoridades de la Caja procederán a la apertura del sobre, continuando los procedimientos con la intervención del beneficiario indicado.
Artículo 34º. - El reconocimiento al derecho de subsidio deberá ser reclamado por los interesados dentro del término de cinco (5) años, a partir de la fecha del fallecimiento del afiliado.
Transcurrido este plazo, será denegado el derecho, cualesquiera sean las causas que se invoquen.
Artículo 35º.- La Caja responderá directamente por los gastos de sepelio del afiliado hasta cubrir un cincuenta por ciento (50%) del subsidio básico que corresponda.
Si cubiertos esos gastos se presentare alguna de las personas con derecho a subsidio, éste le será liquidado previa deducción de la suma invertida en el sepelio.
Artículo 36º.- Si la persona que solicita el subsidio complementario se encuentra incluida dentro de los beneficiarios de la pensión que determina el artículo 23º, y si de las actuaciones producidas en el trámite del mismo se desprende que el causante había llagado a los límites mínimos de edad y ejercicio profesional establecidos en el artículo 13º, el subsidio será negado, pudiendo el interesado iniciar el trámite de pensión correspondiente.
Artículo 37º.- Si al fallecimiento de un colegiado no hubiese beneficiario designado o este hubiera fallecido con anterioridad, o fuera desconocido, no fuese válida la institución o se ignorase el paradero de los beneficiarios que subsidiariamente instituye esta ley, el Consejo Superior podrá disponer hasta el veinte por ciento (20%) del monto del subsidio por fallecimiento para gastos de entierro y adquisición de sepulcro.
Si abonados estos, gastos se presentara alguno de los beneficiarios con derecho al subsidio, sólo podrá reclamar el saldo restante.
Transcurrido el término del artículo 34º sin mediar reclamación, el saldo ingresará al fondo de la Caja.
Artículo 38º.- (mod. Ley 11.229) Son recursos de la Caja:
a) Los aportes obligatorios de hasta el diez por ciento (10%) a cargo del afiliado sobre toda la remuneración de origen profesional. El aporte básico anual determinado por el artículo 9º inciso f) de esta ley será abonado por los afiliados en duodécimos mensuales. Estos pagos, de no existir verificación por parte de la Caja dentro de los cinco (5) años de ingresados, serán tenidos como acreditación suficiente del ejercicio profesional a los fines indicados en el artículo 19º de la presente ley.
b) La contribución a cargo de las Sociedades legalmente constituidas, que realicen operaciones de remate o corretaje, consistente en hasta el diez por ciento (10 %) de las comisiones u honorarios que en conjunto les ingresen por la totalidad de las operaciones realizadas. Quedan exceptuados de esta contribución las ventas que se realicen de ganado destinado al consumo, exportación e invernada. La Caja queda facultada para determinar el porcentual a fijar para el pago de los aportes y contribución establecidos en el inciso a) y el presente. En todos los casos, se tendrán en cuenta para la determinación del porcentual los cálculos actuariales correspondientes a las distintas modalidades de las actividades específicas de los afiliados. A los efectos de la verificación de los aportes y contribuciones fijadas en la presente ley, la Caja podrá, a falta de los libros que exige la legislación de fondo, o cuando estos fueran llevados irregularmente, estimar de oficio los importes de las comisiones u honorarios devengados, quedando a cargo de los obligados la demostración de lo contrario.
c) La contribución a cargo de los afiliados mediante un bono especial, cuyo valor será el equivalente al uno por ciento (1%) del aporte básico anual del artículo 9º inciso f) de esta ley, por cada primera presentación que realicen en Instituciones Oficiales de cualquier tipo, y en razón de las actividades profesionales, como así también en todo boleto de compra - venta de operaciones inmobiliarias o de muebles registrables, tasaciones o contratos locativos, provengan de subastas públicas o por corretaje en las cuales intervenga el afiliado. En las actuaciones en sede judicial, el pago de esta contribución se efectuará en el momento de presentarse el primer escrito en el expediente respectivo.
Artículo 39º.- (mod. Ley 7.903) A los efectos del contralor de los aportes créanse Registros Especiales Departamentales, donde se considerarán las operaciones que realicen los afiliados, quienes deberán comunicarlas a los mismos dentro de los cinco días de realizadas.
El incumplimiento de lo preceptuado precedentemente se considerará falta grave, pasible de suspensión en el ejercicio de la profesión.
La reincidencia podrá ser causa de cancelación de inscripción en el Registro de Matrículas.
El Colegio Provincial llevará un Registro Central donde se asentarán las declaraciones efectuadas en los distintos registros departamentales.
Facúltase al Consejo Superior a compulsar los libros de comercio de los afiliados a fin de constatar la exactitud de las declaraciones al Registro.
Artículo 39º bis.- Facúltase a la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores a cobrar los aportes adeudados, contribuciones, reintegros, multas e intereses por el procedimiento de apremio vigente, siendo título suficiente para tal fin la liquidación que se expida autorizada, por su Presidente y Tesorero.
Los juicios correspondientes deberán promoverse y tramitarse por ante los Tribunales de Justicia del Departamento Judicial de La Plata.
Artículo 40º.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires abrirá una cuenta especial a nombre de la "Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos", orden Presidente, Secretario y Tesorero, en la que serán depositados los fondos de la misma.
Artículo 41º.- En toda libranza judicial por pago de honorarios se descontará el diez por ciento (10%) como tributo profesional, que deberá ser depositado en cuenta a nombre de la " Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos" del Banco de la Provincia de Buenos Aires con boleta especial.
Artículo 41º bis.- (mod. Ley 10.789) Los Jueces no podrán dar por terminado ningún juicio, disponer de su archivo, aprobar o mandar cumplir transacciones, hacer efectivos los desistimientos, dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, adjudicación o transferencia de bienes de cualquier clase que fueren, ni devolver exhortos, sin antes haberse pagado los honorarios de los Martilleros y Corredores Públicos intervinientes en el juicio, o afianzando su pago con garantía suficiente a criterio del Juzgado previo traslado al interesado.
Asimismo, lo prescripto en el párrafo precedente será, aplicable a los Martilleros y Corredores Públicos cuando se desempeñen como tasadores en juicio.
Artículo 42º.- No podrá darse a los fondos de la Caja otro destino que el fijado en la presente ley.
En caso contrario, quienes hubieren firmado el libramiento serán personal y solidariamente responsables.
Artículo 43º.- Es facultativo del Consejo Superior disponer la inversión de parte de los fondos necesarios a la atención inmediata de los beneficios acordados por esta ley, en operaciones que rindan intereses, a cuyo efecto podrá adquirir bienes raíces, títulos y acciones, enajenarlos o gravarlos, aceptar donaciones o legados de acuerdo con la naturaleza y carácter que se le confiere a la Caja por el artículo 1º.
Artículo 44º.- (mod. Ley 11.229) El Consejo Superior podrá aplicar el equivalente al importe de una (1) a cinco (5) jubilaciones, al afiliado en actividad, pasividad de ejercicio o jubilado, y las sociedades, por infracciones a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 45º.- La Caja estará exenta de todo impuesto y tasa de sellos en su actuación administrativa y judicial.
Artículo 46º.- Los beneficios que se acuerdan por la presente ley serán aplicados transcurridos dos años desde la fecha de su promulgación.
El Consejo Superior queda autorizado para disminuir dicho plazo si las condiciones económicas de la Caja lo permiten no pudiéndose otorgar las prestaciones determinadas en el inciso b) del artículo 4º hasta tanto no quede cubierto el patrimonio, calculado para cumplimentar el inciso a) del mismo artículo.
Artículo 47º.- Derógase toda disposición que se oponga a la presente ley.
Artículo 48º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, a los 28 días del mes de enero de 1965.-