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Timestamp: 2018-08-17 20:50:24
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﻿ LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS EN LA UNIÓN EUROPEA POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ARBITRAL
CONTENIDO:ESTE ARTÍCULO HACE REFERENCIA AL HECHO QUE SE PRESENTA CUANDO LAS PARTES DECIDEN INCUMPLIR LA CLÁUSULA ARBITRAL, PREVIAMENTE PACTADA, CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR SU SITUACIÓN JURÍDICA O CON EL INTERÉS DE GANAR TIEMPO ANTE UNA CONTROVERSIA. PARA LO CUAL SE REFERIRÁ A LA REPARACIÓN DE DAÑOS POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ARBITRAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONDENA EN COSTAS PROCESALES, ARBITRAJE INTERNACIONAL, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, REPARACIÓN DE PERJUICIOS
TÍTULO:LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS EN LA UNIÓN EUROPEA POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ARBITRAL
AUTOR:SIEVI, NINO
REVISTA INTERNACIONAL DE ARBITRAJE N°:22, ENE.-JUN./2015, PÁGS. 13-27
La reclamación de daños en la Unión Europea por incumplimiento del acuerdo arbitral
Un problema de gran interés en vista de la no existencia de amparos contra litigios foráneos en la UE
por Nino Sievi
Las cláusulas que establecen que cualquier controversia debe ser sometida a un tribunal arbitral no tienen nada de especial en relación con los contratos mercantiles internacionales. Sin embargo, algunas partes deciden incumplir la cláusula arbitral, tal vez bajo la creencia de que pueden estar en una mejor posición ante sus tribunales locales o que dicho incumplimiento les permite ganar tiempo(1).
Un recurso eficiente para prevenir que estos incumplimientos continúen ocurriendo en la Comunidad Europea —CE— es un amparo contra litigios foráneos, el cual le impide a una parte el que se siga un proceso en una corte extranjera, lo que imposibilita que el arbitraje pueda tener lugar. Sin embargo, en Allianz SpA v. West Tankers(2), la Corte Europea de Justicia —CEJ— sostuvo que para que un tribunal de un Estado miembro de la CE emita una orden que impida a una persona iniciar o continuar un procedimiento ante el tribunal de otro Estado miembro es incompatible con el Reglamento 44 del 2001 —conocido como el Reglamento de Bruselas I— e inconsistente con el acuerdo arbitral. Esto significa que una vez que una parte haya iniciado un procedimiento ante una corte de un Estado miembro de la CE —incluso si se hace incumpliendo un acuerdo arbitral— la parte no incumplida no puede solicitar al tribunal de un Estado miembro de la CE que ordene un amparo contra litigios(3). En consecuencia, esta última parte es forzada a solicitar a la corte extranjera una desestimación o una suspensión del procedimiento basándose en que un acuerdo arbitral es obligatorio y debe ser aplicado forzosamente.
Solo en raras ocasiones la desestimación será negada, como por ejemplo, cuando están involucradas partes distintas a las que suscribieron el acuerdo arbitral. Sin embargo, los procedimientos llevados a cabo en el extranjero pueden demandar mucho tiempo y resultar costosos para la parte no incumplida. En consecuencia, en esta problemática, surge la pregunta de si la parte que incumple el acuerdo arbitral puede resultar responsable de los costos incurridos por la parte no incumplida en virtud de sus actuaciones por hacer valer el acuerdo arbitral ante el tribunal extranjero.
Normas europeas sobre recuperación de costas
A diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, donde la parte ganadora generalmente no puede exigir a la parte que pierde el reembolso de las costas del litigio, en la mayoría de los países europeos la parte perdedora debe correr con las costas. En consecuencia, teóricamente, la parte que gana el litigio no estaría sujeta a daño alguno en virtud de un proceso llevado a cabo en el extranjero. Sin embargo, estudios empíricos han demostrado que las decisiones que ordenan el reembolso de las costas de la parte ganadora rara vez cubren la totalidad de dichas costas(4). Una razón para esto puede ser que la ley de la jurisdicción donde la parte incumplida inició el litigio no permita que el tribunal le conceda la compensación total de las costas. Por ejemplo, en un caso alemán, un tribunal decidió que una parte no podía recuperar todas las costas incurridas en ese procedimiento ya que los honorarios por hora cobrados por los abogados extranjeros eran muy superiores a los permitidos por la ley alemana(5). En consecuencia, una parte ganadora esperaría recuperar en el arbitraje las costas no reconocidas por el tribunal extranjero. La única manera de recuperar estas costas a través de un arbitraje es intentando una demanda por incumplimiento de la cláusula arbitral.
Este artículo analiza la posibilidad de obtener un laudo que reconozca los daños derivados del incumplimiento de una cláusula arbitral, ya que dicho laudo estaría de acuerdo con el Reglamento de Bruselas, y con la observancia de esa decisión arbitral.
Recurso ante el incumplimiento de una cláusula arbitral
Varios tribunales judiciales y arbitrales han otorgado daños por incumplimiento de cláusulas arbitrales. El argumento más sólido para condenar daños por incumplimiento de cláusulas arbitrales es pacta sunt servanda —los contratos deben ser cumplidos—. Este es un principio fundamental del derecho europeo(6).
Una cláusula arbitral es básicamente una promesa contractual de las partes mediante la cual se comprometen a que, en caso de que se presente una controversia, las partes seleccionarán un tribunal arbitral y someterán la controversia a la decisión vinculante de dicho tribunal. Sin embargo, al intentar una demanda ante un tribunal judicial y no ante un tribunal arbitral, una de las partes incumple esta promesa(7). En consecuencia, iniciar una acción legal en un foro distinto al acordado constituye un incumplimiento de contrato, por el cual debe estar disponible la posibilidad de exigir el resarcimiento de daños(8). Un tribunal inglés afirmó: “Sobre la asunción de que intentar una demanda en una jurisdicción extranjera implica un incumplimiento del contrato… la justicia requiere que ella [la parte no incumplida] debe ser resarcida por los daños que ha sufrido por la razón del incumplimiento”(9). El objetivo del resarcimiento de daños es poner a la parte no incumplida en la misma posición en la que hubiese estado en caso de que el contrato hubiese sido correctamente ejecutado(10).
Sin embargo, debe resaltarse que en el sistema de derecho civil, la responsabilidad por incumplimiento contractual es generalmente basada en la culpa(11). La negligencia o la intención son elementos requeridos para reclamar por daños. En consecuencia, si la parte que llevó el conflicto a un tribunal extranjero creía genuinamente que el acuerdo arbitral era nulo, no habría intención si dicha creencia era razonable. Las razones para pensar en la invalidez de un acuerdo arbitral deben ser muy fuertes para justificar su incumplimiento.
Se ha sostenido que la naturaleza procesal del acuerdo arbitral, que es distinta al contrato sustantivo que la contiene, impide que se pueda dar una decisión en donde se condene el resarcimiento de daños por incumplimiento(12). Este argumento se basa en la analogía entre el acuerdo arbitral y la cláusula de elección del derecho aplicable, cuyo incumplimiento no da lugar al resarcimiento por daños(13). Pero el argumento no es muy convincente, pues la analogía entre el acuerdo arbitral y la cláusula de elección del derecho aplicable no es muy sólida. En el caso de la cláusula de elección de derecho aplicable, es difícil acusar a una parte de incumplimiento de un acuerdo contractual, ya que el tribunal es el que decide si aplica o no el derecho escogido en el contrato. Al ser comparados, el incumplimiento de un acuerdo arbitral puede ocurrir únicamente por la acción de una de las partes: aquella que voluntariamente demanda en una corte(14). En consecuencia, la acción puede involucrar la negligencia o la intención de actuar de manera opuesta al contrato. Así, aunque la cláusula arbitral es distinta y separable del contrato principal, su naturaleza no impide una decisión de resarcimiento por daños. Argumentos adicionales que soportan esta posición pueden encontrarse en Northwestern National vs. Donovan, donde se sostiene que a menos que una cláusula de elección de jurisdicción produzca consecuencias adversas, debe ser tratada como cualquier otro acuerdo contractual(15). Este principio fue confirmado en AAR International vs. Nimelias Entreprises(16). Los tribunales ingleses apoyan la posición de que la cláusula de elección de jurisdicción es un término contractual ordinario y en consecuencia es posible ordenar el resarcimiento de daños(17).
El tema de ‘res judicata’
Una orden de reembolso de costas del tribunal al que se sometió el asunto en primer lugar —p. ej., el tribunal donde la parte incumplida presentó la demanda— tendrá el carácter vinculante de res judicata en un tribunal de un segundo país y evita una demanda por daños si la orden cumple con las condiciones de reconocimiento en el segundo país(18). Si ambos tribunales están en un país miembro de la Comunidad Europea, el Reglamento de Bruselas I resultaría aplicable y no permitiría al segundo tribunal revisar la decisión del primer tribunal, la cual tendrá automáticamente efecto res judicata(19).
Aunque un tribunal arbitral privado no es una corte nacional y, en consecuencia, no está sujeto al Reglamento de Bruselas I, puede estar obligado por una decisión de una corte extranjera, en virtud del res judicata, si:
1. Las partes son las mismas en ambos procesos,
2. El asunto sujeto a arbitraje “ha sido definitiva y conclusivamente decidido por una corte o tribunal con jurisdicción para conocer el caso…”(20), y
3. El asunto es idéntico al decido en la primera corte(21).
En el caso de decisiones de tribunales nacionales sobre costas y de un arbitraje para determinar daños, el último requisito no podría cumplirse. Cuando un tribunal primero decide que un acuerdo arbitral ha sido incumplido, lo hace para determinar si tiene jurisdicción para conocer el caso. En el arbitraje, el tribunal arbitral conoce sobre el incumplimiento contractual como un asunto de derecho contractual. De acuerdo con un autor, “los asuntos jurisdiccionales y contractuales están sujetos a principios distintos y una decisión sobre uno de estos asuntos no obliga necesariamente a la misma conclusión en otro asunto”(22). Además, las costas que pueden ser recuperadas por la parte ganadora están sujetas al derecho procesal del Estado respectivo. Esto es fundamentalmente diferente a una demanda por daños, incluso cuando la reclamación consiste en costas incurridas en un procedimiento legal(23). Adicionalmente, los términos daños y costas no son exactamente lo mismo. El término costas está definido por cada jurisdicción, mientras que daños incluye cualquier pérdida derivada del incumplimiento del acuerdo arbitral. En consecuencia, la reclamación en el arbitraje es mucho más amplia y no debe ser considerada como decidida por el tribunal nacional.
La reparación de daños por incumplimiento del acuerdo arbitral
Hay dos clases de cláusulas de elección del foro. Una es la cláusula arbitral y la otra es un acuerdo de elección de cortes. No hay diferencias fundamentales entre las dos, por lo que se pueden sacar conclusiones para ambas categorías de casos.
Existen pocos casos sobre el resarcimiento de daños por incumplimiento de una cláusula arbitral, probablemente porque son raros los casos de arbitraje apelados y la mayoría de los laudos arbitrales no son publicados(24). En 1980, en uno de los pocos casos de este tipo, la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales sostuvo que, en principio, el resarcimiento de daños puede ser ordenando en caso de incumplimiento de un acuerdo arbitral(25). Esta decisión fue ratificada en 1983 por la Corte de Apelaciones en un caso en el que una compañía suiza había incumplido el acuerdo de someter cualquier controversia a un arbitraje en Londres(26). En 1990, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI —Cámara de Comercio Internacional— llegó a la misma conclusión(27). Sin embargo, el tribunal de la CCI no sentenció los daños ya que la parte demandante había sido totalmente compensada por las costas incurridas en el procedimiento judicial nacional.
En CMA CGM vs. Hyundai MIPO Dockyard Co., el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales sostuvo explícitamente que la parte ganadora “tenía derecho al resarcimiento de los daños por el incumplimiento de cláusulas arbitrales, sujeto a que pueda demostrarse que ha sufrido pérdidas”(28).
Hay numerosos casos alrededor del mundo que incluyen demandas por daños derivados del incumplimiento en los acuerdos de elección de cortes(29). Estos casos confirman que tales acciones por daños son posibles. Por ejemplo, en Svendborg vs. Ali Hussein Akar, la corte inglesa dictaminó: “No debe haber duda alguna sobre el hecho de que son reembolsables las costas incurridas en virtud de procedimientos realizados en el extranjero llevados a cabo en incumplimiento de una cláusula de jurisdicción exclusiva en tanto que los daños causados por ese incumplimiento han sido reconocidos por la Corte de Apelaciones en Union Discount vs. Zoller... Este caso confirma el principio de que el demandante tiene derecho a recuperar sus gastos razonables derivados del litigio a instancia del demandado en la jurisdicción escogida por el demandado en el caso de un incumplimiento de la cláusula de jurisdicción exclusiva...”(30).
En consecuencia, es bastante viable obtener un laudo ordenando el resarcimiento de daños por incumplimiento de una cláusula arbitral debido al inicio de una demanda en una corte nacional.
West Tankers y el Régimen de Bruselas
La decisión de la CEJ en West Tankers se basó en el Reglamento de Bruselas I cuando sostuvo que una corte de un Estado miembro de la CE no puede revisar la decisión de un primer foro, si este foro también está ubicado en un Estado miembro de la CE. En consecuencia, el segundo tribunal no puede emitir un amparo contra litigios foráneos suspendiendo el procedimiento en el primer tribunal. Sin embargo, el artículo 27 solo obliga a los tribunales de Estados miembros de la CE a suspender sus procedimientos y abstenerse de decidir hasta tanto la primera corte tome su decisión(31). El artículo 27 no afecta la capacidad de la segunda corte de ordenar el resarcimiento de daños una vez que la primera corte haya decidido.
Adicionalmente, el artículo 1(2) (d) del Reglamento de Bruselas I establece que no es aplicable a los tribunales arbitrales. Esta exclusión se debe a la relación entre el régimen de Bruselas y la Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras —Convención de Nueva York—(32). Cuando se negoció la convención relacionada con el reconocimiento de sentencias extranjeras, los Estados miembros estuvieron de acuerdo en que el reconocimiento de sentencias arbitrales funcionaba eficientemente bajo la Convención de Nueva York. En consecuencia, el arbitraje no debía ser incluido en la legislación europea(33).
Por lo tanto, ni el régimen de Bruselas ni la opinión de la CEJ en West Tankers deben obstaculizar que se produzca un laudo de daños por incumplimiento del acuerdo arbitral, ya que los tribunales arbitrales están excluidos de dicho régimen.
Ejecución de un laudo por daños
La ejecución de un laudo arbitral usualmente depende por completo del cumplimiento de la Convención de Nueva York. Las únicas razones para rechazar la ejecución de un laudo están previstas en su artículo 5º. “Es una interpretación generalmente aceptada de la Convención que el tribunal ante el cual se solicita la ejecución del laudo arbitral no puede revisar el fondo del laudo”(34). La principal razón de esto es que un error de hecho o de derecho de los árbitros no es una de las causales previstas en el artículo 5º para rechazar la ejecución del laudo(35). En consecuencia, el cuestionamiento sobre si el laudo arbitral ha sido incumplido no puede ser presentado como una causal para rechazar el laudo.
La única causal en el artículo 5º que podría ser un problema es la excepción de orden público prevista en el artículo 5(2)(b). Esta disposición permite que un tribunal, de oficio, rechace la ejecución de un laudo si es contrario al orden público del país receptor(36).
El profesor Albert van den Berg ha explicado por qué existe la excepción de orden público: “Una disposición de orden público puede ser encontrada en casi cada convención internacional o tratado relacionado con este tema. Su función es básicamente ser el guardián de las convicciones morales o políticas fundamentales del foro”(37). Estas convicciones y políticas están incorporadas en el derecho interno del foro y en los principios aceptados del derecho internacional. Los tribunales de varios países han decidido que una violación al orden público bajo el derecho interno no necesariamente es una violación del orden público a nivel internacional(38). Por ejemplo, la Corte Suprema de Suiza recientemente sostuvo que un laudo de un tribunal arbitral que reconoce daños por el incumplimiento de un acuerdo arbitral no contradice la política pública local Suiza y por lo tanto no viola el artículo 190(2)(e) de la Ley Federal Suiza sobre Derecho Internacional Privado del 18 de diciembre de 1987(39). Esta ley determina cuándo una sentencia extranjera será reconocida y ejecutada en un tribunal suizo.
En consecuencia, aunque un laudo arbitral puede violar una norma de orden público interno de un foro, esto podría no ser suficiente para prevenir su ejecución en relaciones internacionales. La noción de orden público internacional tiende a ser más restringida que el orden público interno(40). Se afirma que “no hay duda” de que la referencia a orden público en el artículo 5(2)(b) es, de hecho, “una referencia al orden público internacional de la jurisdicción receptora”(41). Un árbitro internacional se esforzará por emitir un laudo que cumpla con los principios de derecho público internacional y las normas de orden público de la jurisdicción del país de la sede arbitral. Sin embargo, un árbitro no puede saber el orden público de cada foro. Hay muchas posible razones para esto, entre ellas, debido a que la ley no es clara o está en desarrollo.
Dondequiera que exista comercio global, un laudo de daños por incumplimiento de contrato probablemente no contradiga el orden público internacional. Pero las constituciones nacionales de muchos países establecen que el derecho a acceder a los tribunales es un derecho fundamental(42). Este derecho también está consagrado en el artículo 6º de la Convención europea de derechos humanos. Entonces, en esas jurisdicciones, podría ser contrario al orden público ejecutar un acuerdo arbitral o emitir una decisión en contra de un residente de un país por incumplimiento de un acuerdo arbitral, incluyendo un incumplimiento basado en el hecho de intentar una demanda en una corte.
Sin embargo, no todas las jurisdicciones tratan el derecho de acceder a tribunales como un derecho absoluto. En consecuencia, al acordar voluntariamente someter a un tribunal arbitral una controversia derivada de o relacionada con un contrato, las partes renuncian a su derecho de someter la controversia a una corte nacional. Además, como los tratados internacionales y las leyes de arbitraje autorizan la revisión judicial de laudos arbitrales en circunstancias limitadas, podría argumentarse que las partes no han perdido totalmente el acceso a las cortes, ya que tienen el derecho a solicitar que el laudo sea anulado en una corte(43).
Adicionalmente, la mencionada decisión de la Corte Suprema de Suiza indica que el derecho a tener acceso a un tribunal no es tan fundamental como para que un laudo que reconozca los daños por la violación de un acuerdo arbitral sea considerado una violación al orden público interno.
Como resultado de la decisión de la CEJ en West Tankers, una parte de un acuerdo arbitral no podrá ir a un tribunal de un país de la CE con el propósito de detener una demanda interpuesta por la otra parte en otro país de la CE y obtener una orden para que dicha parte se someta a arbitraje. Habiéndose perdido este poderoso recurso, lo único que puede hacer la parte no incumplida es, en primer lugar, tratar de hacer exigible el acuerdo arbitral en el tribunal que conoce primero y, en caso de que gane, demandar el reconocimiento de las costas.
Iniciar una demanda en un tribunal nacional, a pesar de la obligación contractual de a ir a arbitraje, no es más que un incumplimiento de contrato. La parte no incumplida debe tratar de forzar el arbitraje en el tribunal nacional y, en caso de que gane, recuperar las costas del litigio.
Sin embargo, si el primer tribunal reconoce costas a la parte no incumplida por debajo de las efectivamente incurridas, esta podría intentar una demanda arbitral por daños, a menos que el asunto de las costas sea considerado res judicata. Sin embargo, el hecho de que la res judicata resulte aplicable no es una conclusión previsible. Si se cataloga la decisión sobre las costas en la demanda extranjera como un tema procesal, el proceso arbitral que analice la determinación de los daños no conocerá sobre asuntos idénticos al decidido en la primera corte y, en consecuencia, no será considerada res judicata.
Ni la legislación de la CE ni la Convención de Nueva York contradicen la posibilidad de que se profiera un laudo sobre daños por incumplimiento de un acuerdo arbitral. En consecuencia, dicha decisión arbitral debería ser ejecutable. Por lo anterior, un tribunal que presida un subsecuente arbitraje en un país de la CE podría ordenar el resarcimiento de daños por incumplimiento de un acuerdo arbitral, a pesar de que el primer tribunal con jurisdicción para conocer la controversia también esté ubicado en la CE. Al tener la posibilidad de recuperar la totalidad de las costas incurridas en virtud del procedimiento llevado a cabo ante una corte estatal, la parte no incumplida al menos no sufre daños por el incumplimiento del contrato de la otra parte. Este recurso, sin embargo, no representa una herramienta eficiente frente a la presentación de demandas en cortes estatales como una táctica dilatoria. Esta problemática actual debilita fuertemente la eficiencia del arbitraje dentro de los Estados miembros de la CE y debe ser corregida tan pronto como sea posible.
(1) Ver Gross, Peter. “Anti-Suit Injuctions and Arbitration”. En: Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 2005, nº 1, pp. 10-24.
(2) Caso C-185/077, 2009, ECR I-663. Para decisiones expeditas que prohíben un mandato judicial e impiden que a un acusado continuar con acciones legales en otro Estado miembro, ver Turner vs. Grovit, caso C-159/02, 2004 ECR 1-14693; Erich Gasser vs. MISAT srl, caso C 116/02, 2003 ECR I-3565.
(3) Nota del traductor: El texto original se refiere a anti-suit injuction.
(4) Birks, Peter. English Private Law, Oxford: Oxford University Press, 2000, § 19.321; Merret, Louis. “The Enforcement of Jurisdiction Agreements within the Brussels Regime”. En: International and Comparative Law Quarterly, vol. 55 nº 2, 2006, pp. 315-336; BGH, VIII ZB 55/04, 2005 I.L.PR 54 —2005—.
(5) BGH, VIII ZB 55/04, supra nota 4.
(6) Tan, Daniel. “Damages for Breach of Forum Selection Clauses, Principled Remedies, and Control of International Civil Litigation”. En: Texas International Law Journal, vol. 40 nº 4, 2005, pp. 623-637, y “Damages for Breach of Jurisdiction Clauses”. En: Singapore Academy of Law Journal, vol. 14 nº 2, 2002, pp. 342-364. Ver también Peel, Edwin. “Exclusive Jurisdiction Agreements: Purity and Pragmatism in the Conflict of Laws”. En: Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, 1998, pp. 182-217.
(7) Ver Union Discount Co. Ltd. vs. Robert Zoller & ORS, —2001— EWCA Civ 1755; A vs. B and Others, —2007— EWHC 54.
(8) Ver Wessel, Jane y Cohen, North. “In Tune with Mantovani: The ‘Novel’ Case of Damages for Breach on an Arbitration Agreement”. En: International Arbitration Law Review, vol. 4, 2001, pp. 65-68.
(9) Union Discount, supra nota 7, en 38; ver también Wessel y Cohen, supra nota 8, en 68.
(10) Joseph, David. Jurisdiction and Arbitration Agreements and their Enforcement. Londres: Sweet & Maxwell, 2005, §14.03.
(11) Takahashi, Koji. “Damages for Breach of a Choice-of-Court Agreement”. En: Yearbook of Private International Law, vol. 10, 2008, pp. 62-71.
(12) Cf. Tan, ob. cit., supra nota 6, en 650.
(13) Dickinson, Andrew. “Restitution and Incapacity: A Choice of Law Solution?”. En: Restitution Law Review, vol. 23, 1997, pp. 66-69.
(14) Cf. Tan, ob. cit., supra nota 6, en 650.
(15) 916 F.2d 372 —7th Cir.1990—.
(16) 250 F.3d 510 —7th Cir. 2001—.
(17) P. ej. Donohue v. Armco, 2001, UKHL 64.
(18) Takahashi, supra nota 11, en 75.
(19) Íd.
(20) Joseph, supra nota 10, en §15.70.
(21) Tan, ob. cit., supra nota 6, en 350.
(22) Ver íd.
(23) Wessel y Cohen, supra nota 8, en 68.
(24) Íd., en 65.
(25) “Mantovani vs. Caparelli SpA”. En: Lloyd’s Law Report, vol. 1, 1980, p. 375.
(26) “Tracomin S.A. vs. Sudan Oil Seeds Co. Ltd. and George Bridge —Nº 2—“. En: Lloyd’s Law Report, vol. 2, 1983, p. 624.
(27) Caso 5946 de 1990, En: Yearbook of Commercial Arbitration, vol. 16, 1991, p. 97.
(28) —2008— EWHC 2791.
(29) Union Discount, supra nota 7; National Westminster Bank Plc vs. Rabobank Nederland, —2007— EWHC 1742; A vs. B., supra nota 7, Sunrock Aircraft Corp. v. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, —2007— EWCA Civ 882; Donohue, supra nota 21; Masiongale Elec.-Mech Inc. vs. Construction One Inc., 102 Ohio St. 3d 1 —Ohio 2004—; Corner-stone Brands, Inc. vs. John O’Steen, 2006 Del Ch. LEXIS 172; Indosuez Int’l Fin. B.V. vs. National Reserve Bank, 758 N.Y.S.2d 308 —N.Y. App. Div. 2003—; Gary Wells, Mtron, Inc. vs. Entre Computer Ctrs., 915 F.2d 1566 —4to Cir. 1990—; Incitec Ltd. vs. Alkinos Shipping Corp., —2004— FCA 698; Commonwealth Bank of Australia vs. White —Nº 2 de 2004—, —2004— VSC 268.
(30) A/S D7S Sevendborg D/S of 1912 A/S Bodies Corporate trading in partnership as “Maersk Sealand” vs. Ali Hussein Akar Lamtex Raja Beydoum Etablissements Raja Beydoun Hussein Ali Akar, —2003— EWHC 797.
(31) Ver Merret, supra nota 4, en 327.
(32) Hess, Burkhard et al., “Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States”. Study JLS/C4/2005/03, 2007, p. 49.
(33) Íd., en 50; ver también, Gross, supra nota 1, en 21; Kronke, Herbert et al. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1994, p. 16.
(34) Van den Berg, Albert Jan. The New Arbitration Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1994, p. 268.
(35) Born, Gary. International Arbitration and Forum Selection Agreements; Drafting and Enforcing. 3a ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, p. 95.
(36) Fouchard, Emmanuel et al. International Commercial Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 1999, §1704; Born, Gary. International Commercial Arbitration, 3a ed., Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009, p. 298; van den Berg, supra nota 34, en 273.
(37) Van den Berg, supra nota 34, en 359.
(38) Íd., en 264.
(39) BGer, 4A_444/2009 —2010—. La Ley de Derecho Internacional suiza es explicada brevemente en www.bj.admin.ch/bj/en/home/themen/wirtschaft/internacionales_privatrecht.html.
(40) Van den Berg, supra nota 34, en 53.
(41) Fouchard, supra nota 36, en §1710.
(42) Ver p. ej., artículo 29 de la Constitución Suiza; Séptima Enmienda del U.S. Bill of Rights.
(43) Cfr. artículo 34 de la Ley Modelo Uncitral sobre Arbitraje Comercial Internacional, www.nccusl.org.