Source: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_numero=047&p_consec=27677
Timestamp: 2018-03-18 12:00:46
Document Index: 249807716

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 50']

< p class=MsoNormal style='margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:14.15pt;line-height:120%; mso-layout-grid-align:none;vertical-align:middle'>Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles¿.
¿La facultad del legislador de imponer condiciones de este tipo para el ejercicio de una profesión, ha sido analizada en reiteradas oportunidades por la Corte Constitucional. A partir de lo establecido en el artículo 26 de la Carta, la Corporación ha establecido que ¿la jurisprudencia constitucional ha identificado los aspectos de que se ocupa, señalando que en ella: (i) se proclama el derecho fundamental de toda persona a escoger libremente profesión u oficio; (ii) se le asigna al legislador la potestad para exigir títulos de idoneidad; (iii) se les otorga a ¿las autoridades competentes¿ la función de inspección y vigilancia sobre el ejercicio de las profesiones con la precisión de que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social; (iv) se establece la reserva de ley respecto de las normas básicas conforme a las cuales se lleve a cabo la función de inspección y vigilancia sobre las profesiones; (v) se contempla la posibilidad de que las profesiones legalmente reconocidas puedan organizarse en Colegios cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos; y (vi) se faculta al legislador para asignarles a las profesiones que se organicen en Colegios el ejercicio de funciones públicas y para establecer sobre ellos los debidos controles¿[1][1].
¿Al estudiar la figura concreta de los títulos de idoneidad, ha sido constante y unánime la posición de la Corte en el sentido de entender que ellos están destinados a probar el hecho de que su dueño cursó unos estudios: ¿Dicho en términos más sencillos: el título legalmente expedido, prueba la formación académica. Y la facultad del legislador para exigirlo no resulta de abs trusos razonamientos, sino del texto inequívoco de la norma constitucional. Es claro que la exigencia de títulos de idoneidad apunta al ejercicio de la profesión, porque es una manera de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica. Y, en general, todo ejercicio de una profesión tiene que ver con los demás, no solamente con quien la ejerce¿¿[2][2]. Así, la Corte ha reconocido un cierto margen de discrecionalidad al legislador en el ejercicio de la facultad de exigir títulos de idoneidad, y ha reconocido como límite genérico el que las condiciones legalmente impuestas no sean ¿exageradas o poco razonables¿, es decir, que anulen el derecho mismo a ejercer una profesión o al trabajo[3][3]. También ha dicho que ¿la regla general es la libertad de ejercicio de las profesiones y oficios y que, por tanto, la exigencia de títulos de idoneidad por parte del legislador es una excepción que, como tal, debe aplicarse en forma estricta, con fundamento en la necesidad de proteger el interés de la comunidad o los derechos fundamentales de otras personas, frente al riesgo derivado de dicho ejercicio¿[4][4]. Y por tanto ha considerado que no le es dable al legislador exigir títulos de idoneidad en los casos en los que la ausencia de formación académica no genera un riesgo social: ¿no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e imponga, como requisito para su ejercicio, un título de idoneidad, si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a una formación, pues, de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e innecesaria. Por ende, sólo puede limitarse el derecho a ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad, cuando la actividad genera (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) que es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica específica¿[5][5].
5. Las Bibliotecas Públicas de los municipios de Colombia, de acuerdo con la categorización territorial de los mismos, vincularan profesionales en Bibliotecología, así: a) Las Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías especial, primera, segunda y tercera serán dirigidas por Profesionales Universitarios en Bibliotecología; b) Las Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías cuarta y quinta serán dirigidas por Profesionales Universitarios, Profesionales Tecnólogos o Profesionales Técnicos; c) Las Redes de Bibliotecas Públicas serán dirigidas por Profesionales Universitarios en Bibliotecología¿.
¿por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones¿.
< p class=MsoNormal align=center style='margin-top:1.4pt;margin-right:0cm; margin-bottom:1.4pt;margin-left:0cm;text-align:center;mso-line-height-alt: 3.0pt;tab-stops:center 25.5pt left 2.0cm;mso-layout-grid-align:none; vertical-align:middle'>DE LA PROFESIÓN DE BIBLIOTECOLOGÍA Y REQUISITOS PARA SU EJERCICIO
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley 11 de 1979, por la cual se reconoce la profesión de bibliotecólogo y se reglamenta su ejercicio, regular la práctica profesional de la Bibliotecología, su codificación ética y otras disposiciones de acuerdo al ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente en el territorio de la República de Colombia.
Artículo 2°. Definición de la profesión de Bibliotecología. La Bibliotecología es una profesión de nivel de formación técnico, tecnólogo y universitario, con finalidad técnica, científica e investigativa, que desarrolla su campo específico en las áreas relacionadas con la administración, docencia, dirección de bibliotecas y proyección social, en las que el dominio de los procesos de planeación, dirección, control, generación, recolección , procesamiento, almacenamiento, búsqueda y recuperación, conservación, diseminación, y uso de los recursos de información bibliográfica son necesarios para el desempeño y desarrollo efectivo de la sociedad; estudia el sistema formado por la interacción de la información resultante de la configuración del pensamiento y los sentidos, el registro de dicha información en el documento bibliográfico en cualquier tipo de soporte físico, análogo o digital, el usuario y la Institución informativa documental. Concibe la información como resultado de la configuración del pensamiento, las ideas, los conceptos, los significados y los sentidos; considera al documento como la objetivación de la información bibliográfica y documental en algún medio físico o simbólico; comprende al usuario como ser humano que tiene una necesidad de información que puede satisfacerse; y finalmente entiende a la Institución informativa documental como un ente social materializado en sistemas, redes, servicios
Artículo 2°. Del ejercicio de la Bibliotecología. El desempeño de la Bibliotecología se realizará de acuerdo con las competencias propias del campo de formación que a nivel de pregrado de la educación superior corresponda, según se trate de formación Técnica Profesional, Tecnológica o Profesional Universitario, en las áreas relacionadas con la administración, la organización y dirección de bibliotecas y proyección social, en las que el dominio de los procesos de planeación, dirección, control, generación, recolección, procesamiento, almacenamiento, búsqueda y recuperación, conservación, diseminación, y uso de los recursos de información bibliográfica son necesarios para el desempeño y desarrollo efectivo de la sociedad; estudia el sistema formado por la interacción de la información, el registro de dicha información en el documento bibliográfico, el usuario y la Institución informativa documental. Concibe la información como resultado de la configuración del pensamiento y los sentidos, el registro de dicha información en el documento bibliográfico en cualquier tipo de soporte físico, análogo o digital, el usuario y la Institución informativa documental. Concibe la información como resultado de la configuración del pensamiento, las ideas, los conceptos, los significados y los sentidos; considera al documento como la objetivación de la información bibliográfica y documental en algún medio físico o sim-
y unidades de información relacionados con bibliotecas y centro de documentación que proporcionan las condiciones para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.
bólico; comprende al usuario como ser humano que tiene una necesidad de información que puede satisfacerse; y finalmente entiende a la institución informativa documental como un ente social materializado en sistemas, redes, servicios y unidades de información relacionados con bibliotecas y centros de documentación que proporcionan las condiciones para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.
Artículo 2°. De la profesión de Bibliotecología. Se entiende por profesionales de la Bibliotecología y están amparados por la presente ley, los profesionales técnicos, tecnólogos y universitarios que hayan recibido título de formación en Programas de Bibliotecología en Instituciones de Educación Superior, cuyo título corresponda a los niveles señalados en la Ley 30 de 1992 o en las disposiciones legales vigentes en materia de educación superior.
Artículo 3°. El artículo 2º de la Ley 11 de 1979 quedará así:
Artículo 4°. Requisitos para ejercer la profesión de Bibliotecólogo. Para ejercer legalmente la profesión de Bibliotecología en el territorio nacional, se requiere acreditar su formación académica e idoneidad del correspondiente nivel de formación, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, mediante la presentación del título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de ley, la inscripción en el Registro Único Profesional de Bibliotecología y haber obtenido la Tarjeta Profesional expedida por el Colegio Colombiano de Bibliotecología.
Parágrafo. Las tarjetas profesionales, inscripcio nes o registros expedidos a Bibliotecólogos por el Consejo Nacional de Bibliotecología, con anterioridad a la vigencia de la presente ley y antes de su entrada en vigencia, conservarán plena validez y se presumirán auténticos.
Artículo 6°. Entiéndase por ejercicio ilegal de la profesión de Bibliotecología, toda actividad realizada dentro del campo de competencia señalado en la presente ley, por quienes no ostenten la calidad de bibliotecólogos y no estén autorizados debidamente para desempeñarse como tales, según lo previsto en el Código Penal sobre la materia.
A rtículo 7°. Ejercicio ilegal de la profesión de Bibliotecología. Toda actividad realizada dentro del campo de competencia señalado en la Ley 11 de 1979 y la presente ley, por quienes no ostenten la calidad de bibliotecólogos o se les haya cancelado o suspendido su tarjeta profesional y no estén autorizados debidamente para desempeñarse como tales, según lo previsto en las disposiciones legales vigentes, será considerada ejercicio ilegal de la profesión.
4. El servidor público que, en ejercicio de su cargo, autorice, facilite, pa trocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la Bibliotecología.
Artículo 5°. Suprímase el Consejo Nacional de Bibliotecología. A partir de la vigencia de la presente ley, las funciones del Consejo Nacional de Bibliotecología, serán asignadas y ejercidas por el Colegio Nacional de Bibliotecología Ascolbi, de conformidad con lo previsto en la presente ley y en los reglamentos que se expidan sobre la materia. Para tal efecto, el Colegio Nacional de Bibliotecología Ascolbi, tendrá a su cargo la función de conservar y custodiar la memoria institucional del Consejo Nacional de Bibliotecología, así como todo su acervo documental.
DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DEL COLEGIO NACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA ASCOLBI
f) Denunciar, ante el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología y a las autoridades competentes, las violaciones comprobadas a las disposiciones legales que reglamenten el ejercicio profesional de la Bibliotecología y solicitar las sanciones que la Ley ordinaria fije para los casos de ejercicio ilegal de la misma;
< b>Artículo 9°. El artículo 7° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
Artículo 9°. Los Bibliotecólogos, para todos los efectos del Código de Ética Profesional y del régimen disciplinario, contemplado en esta ley, se denominarán, en adelante, el profesional o los profesionales.
Artículo 10. El presente Código de Ética Profesional está destinado a servir como regla de conducta profesional para el ejercicio de la Bibliotecología, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas en situaciones con las que se enfrenten los profesionales.
Artículo 11. El ejercicio de la profesión de Bibliotecología debe ser guiada por criterios, conceptos y elevados fi nes que busquen enaltecerla. Por lo tanto, los profesionales están obligados a ajustar sus actuaciones a las siguientes disposiciones, que constituyen su Código de Ética Profesional.
Artículo 12. El ejercicio de la profesión de Bibliotecología debe ser guiada por criterios, conceptos y elevados fines que busquen enaltecerla. Por lo tanto, los profesionales están obligados a ajustar sus actuaciones a las siguientes disposiciones, que constituyen su Código de Ética Profesional.
con adecuadas garantías que faciliten el cabal cumplimiento de sus funciones.
j) Tener plena conciencia de la responsabilidad de mantener su idoneidad profesional, mediante la actualización
r) Denunciar ante el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología y ante las autoridades competentes a todas aquellas personas o entidades que violen el Código de Ética Profesional del Bibliotecólogo.
mantener y mejorar la idoneidad profesional a través de la actualización permanente, por el fomento del desarrollo profesional de los colegas, así como de las aspiraciones de los posibles miembros de la profesión.
f) Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología u obstaculizar su ejecución;
Artículo 16. Créase el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, con sede en la ciudad de Bogotá, como autoridad competente para conocer de los procesos disciplinarios, que se presenten, contra los profesionales inscritos, que ejerzan la Bibliotecología en Colombia. El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología tendrá competencia para sancionar las faltas a la ética profesional y para dictar su propio reglamento, en consonancia con los preceptos establecidos en la Constitución Política y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades.
Artículo 18. El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrado por cinco (5) miembros, profesionales en Bibliotecología, de reconocida idoneidad profesional, ética y moral, con no menos de diez (10) años de ejercicio profesional, elegidos para un período de cuatro (4) años. El Tribunal contará con los servicios de un abogado de reconocida idoneidad, ética y moral con no menos de cinco (5) años de experiencia profesional, ex-
Artículo 19. El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrado por cinco (5) miembros, profesionales en Bibliotecología de reconocida idoneidad profesional, ética y moral, con no menos de diez (10) años de ejercicio profesional, elegidos para un período de cuatro (4) años. El Tribunal contará con los servicios de un abogado de reconocida idoneidad, ética y moral con no menos de cinco (5) años de experiencia profesional y< o:p>
Parágrafo. El funcionamiento del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología se financiará con recursos del peculio propio del Colegio Nacional de Bibliotecología Ascolbi.
conocimientos en derecho disciplinario, administrativo o áreas de especialidad afines, quien cumplirá las funciones de Secretario del Tribunal. Su designación será efectuada por el Tribunal para el mismo período de sus miembros.
g) Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el profesional, salvo las excepciones previstas en la ley;
g) La jurisprudencia, la doctrina y la equidad son criterios auxiliares en el juzgamiento.
Artículo 20. Definición de falta disciplinaria. Se entiende por falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia la aplicación del procedimiento aquí establecido, todo acto u omisión intencional o culposo del profesional que implique la violación a las prohibiciones, al régimen de inhabilidades o el incumplimiento de alguno de los deberes profesionales.
d) Cancelación de la tarjeta profesional.
Artículo 23. Escala de sanciones. Las sanciones disciplinarias se clasifican en leves, graves y gravísimas, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario.
gistre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la tarjeta profesional, hasta por el término de (6) seis meses;
Artículo 24. Elementos de la falta disciplinaria. La configuración de la falta disciplinaria enmarcarse dentro de los siguientes elementos o condiciones:
Artículo . Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del presente régimen disciplinario, prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determina la Constitución Política, el presente Código de Ética Profesional y el Código Contencioso Administrativo.
m) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que la sanción le sea impuesta.
Artículo 27. Concurso de faltas disciplinarias. El profesional que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética Profesional o varias veces la misma disposición, quedará sujeto a la sanción más grave.
Artículo 31. Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente disciplinario, sólo a partir del momento en que sea escuchado en versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso.
Artículo 32. Principio de imparcialidad. En la investigación se deberá investigar y evaluar, tanto los hechos y circunstancias desfavorables, como las favorables a los intereses del profesional.
Parágrafo. No obstante, en los casos de público conocimiento o cuando se tratare de un hecho notorio, cuya gravedad lo amerite, a juicio del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, podrá iniciarse, de oficio, la investigación disciplinaria.
Artículo 34. Iniciación del proceso disciplinario. El proceso disciplinario se iniciará:
Artículo 34. Ratificación de la queja. Recibida la queja, se ordenará su ratificación bajo juramento y mediante auto se dará apertura a la investigación preliminar, con el fin de establecer, si existe mérito para abrir una investigación formal disciplinaria contra el presunto o presuntos profesional(es) infractor(es).
Artículo 35. Investigación preliminar. La investigación preliminar no podrá exceder el término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del auto que ordena la apertura de la investigación preliminar. Durante este período, se decretarán y practicarán las pruebas que el investigador considere pertinentes y que conduzcan a la comprobación de los hechos.
Artículo 37. Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar. Terminada la etapa de investigación preliminar y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, se calificará el mérito de lo actuado y, mediante auto motivado, se determinará si existe o no mérito para adelantar la investigación formal disciplinaria en contra del profesional investigado. En caso afirmativo, se le formulará, en el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se encontrare mérito para seguir la actuación, se ordenará, en la misma providencia, el archivo del expediente y la notificación de la decisión adoptada al quejoso y a los profesionales investigados.
Artículo 38. Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar. Terminada la etapa de investigación preliminar y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, se calificará el mérito de lo actuado y, mediante auto motivado, se determinará si existe o no mérito para adelantar la investigación formal disciplinaria en contra del profesional investigado. En caso afirmativo, se le formulará, en el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se encontrare mérito para seguir la actuación, se ordenará, en la misma providencia, el archivo del expediente y la notificación de la decisión adoptada al quejoso y a los profesionales investigados.
Artículo 38. Notificación del pliego de cargos. La Secretaría del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, notificará personalmente el pliego de cargos al profesional inculpado. En el evento de no ser posible la notificación personal, esta se hará, mediante correo certificado, o por edicto, en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si transcurrido el término de la notificación por correo certificado o por edicto, el inculpado no compareciere, se proveerá el nombramiento de un apoderado de oficio, de la lista de abogados inscritos ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con quien se continuará la actuación. El apoderado de oficio que resulte designado, asumirá plenamente las funciones y responsabilidades que le son propias, según lo previsto en la ley para tal efecto.
Artículo 39. Notificación del pliego de cargos. La Secretaría del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, notificará personalmente el pliego de cargos al profesional inculpado. En el evento de no ser posible la notificación personal, esta se hará, mediante correo certificado, o por edicto, en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si transcurrido el término de la notificación por correo certificado o por edicto, el inculpado no compareciere, se proveerá el nombramiento de un apoderado de of icio, de la lista de abogados inscritos ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con quien se continuará la actuación. El apoderado de oficio que resulte designado, asumirá plenamente las funciones y responsabilidades que le son propias, según lo previsto en la ley para tal efecto.
Artículo 39. Traslado del pliego de cargos. Surtida la notificación, se dará traslado al profesional inculpado, por un término improrrogable de diez (10) días hábiles, para que, en dicho término, presente sus descargos, solicite y aporte pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a su disposición en la Secretaría del Tribunal.
Artículo 40. Etapa probatoria. Vencido el término de traslado, la Secretaría decretará práctica de las pruebas solicitadas por el investigador y por el profesional inculpado. El término dentro del cual se surtirá la etapa de pruebas será de sesenta (60) días.
Artículo 41. Etapa probatoria. Vencido el término de traslado, la Secretaría decretará práctica de las pruebas solicitadas por el investigador y por el profesional inculpado. El término dentro del cual se surtirá la etapa de pruebas será de sesenta (60) días
Artículo 41. Sólo se podrá adoptar una decisión sancionatoria cuando exista certeza, fundamentada en plena prueba, sobre la existencia del hecho violatorio del Código de Ética Profesional y sobre la responsabilidad del profesional.
Artículo 43. Fallo de primera instancia. Vencido el término probatorio previsto, el investigador, elaborará un proyecto de decisión, que será sometida a consideración del resto de la Sala Disciplinaria del Tribunal quien solicitará su aclaración, modificación o revocatoria. En el evento que la mayoría de la Sala Disciplinaria, apruebe el proyecto de decisión, esta se adoptará, mediante resolución motivada.
Artículo 43. Notificación del fallo. La decisión se notificará personalmente al profesional investigado, por intermedio de la Secretaría del Tribunal, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión en la cual esta hubiere sido adoptada y, si ello no fuere posible, se notificará mediante edicto, en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 44. Recurso de apelación. Contra dicha providencia, sólo procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse ante la Sala Plena del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación personal o de desfijación del edicto a través del cual se notificó la decisión. El recurso de apelación deberá presentarse por escrito y con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 45. Cómputo de la sanción. Las sanciones impuestas por violación al presente régimen disciplinario, empezarán a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que notifique personalmente al investigado o se haga la entrega a este del re spectivo correo certificado, a través del cual se le informe de la decisión adoptada por el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología.
Artículo 46. Aviso de la sanción. De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional, se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades relacionadas con el ejercicio profesional, a la entidad que tenga a su cargo llevar el registro de proponentes y contratistas, así como a las demás agremiaciones de profesionales. Lo anterior, con el fin de que estas entidades efectúen, en sus registros, las anotaciones pertinentes y adopten las medidas que permitan hacer efectiva la sanción y se impida el ejercicio de la profesión al sancionado. La anotación respectiva tendrá vigencia y sólo surtirá efectos por el término de la sanción.
Artículo 47. Aviso de la sanción. De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional, se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades relacionadas con el ejercicio profesional, a la entidad que tenga a su cargo llevar el registro de proponentes y contratistas, así como a las demás agremiaciones de profesionales. Lo anterior, con el fin de que estas entidades efectúen, en sus registros, las anotaciones pertinentes y adopten las medidas que permitan hacer efect iva la sanción y se impida el ejercicio de la profesión al sancionado. La anotación respectiva tendrá vigencia y sólo surtirá efectos por el término de la sanción.
Artículo 47. Caducidad de la acción. La acción disciplinaria a que se refiere el presente título caduca en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se cometió el último acto constitutivo de la falta. El auto que ordena la apertura de la investigación preliminar, interrumpe el término de caducidad.
Una vez haya entrado en vigencia la presente ley y con el propósito que el Colegio Nacional de Bibliotecología Ascolbi, asuma en pleno las funciones públicas que le han sido asignadas, el Consejo Nacional de Bibliotecología efectuará la entrega de su memoria institucional y su acervo documental al Colegio Nacional de Bibliotecología Ascolbi.
Artículo 49. Establézcase la fecha del veintitrés (23) de abril de cada año, como Día Nacional del Bibliotecólogo
Artículo 49. Queda igual.
Artículo 50. La presente ley entrará a regir a partir de la f echa de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 - 079/ del 2 de diciembre de 2010, se solicita la publicación en la Gaceta del Congreso de la República.
[1][1] Sentencia C-149/09.
[2][2] Sentencia C-377/94.
[3][3] Sentencia C-964/99. En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-602/92 y C-91/05
[4][4] Sentencia C-038/03.
[5][5] Sentencia C-964/99. En sentido similar, la C-399/09, en la que se dijo: ¿En todo caso, los títulos de idoneidad y las tarjetas y licencias profesionales destinadas a controlar el ejercicio de una profesión por parte del legislador, son elementos de regulación y control que no pueden desconocer los principios consagrados en la Carta de 1991 en lo concerniente a la libertad de profesión u oficio. Una profesión legalmente reconocida en los términos anteriores será aquella que, en virtud de las atribuciones constitucionales y legales, sea definida como `profesión¿ por el legislador y se encuentre estructurada o definida en unas disposiciones normativas ¿o estatuto¿ que determinen su ámbito de aplicación, naturaleza y títulos de idoneidad¿.