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Timestamp: 2020-01-28 02:13:28
Document Index: 307575350

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 154', 'artículo 39']

4. Expediente T-1330627. El caso de Daniel - República de colombia
4.3. Impugnación
4.4. Segunda instancia
5. De las pruebas y el trámite en la Corte Constitucional
4. Expediente T-1330627. El caso de Daniel.
4.1.1. Los padres del estudiante Daniel, accionaron en igual forma, solicitando amparo constitucional para los mismos derechos fundamentales: educación, debido proceso, defensa, igualdad, buen nombre, intimidad y honra.
En este caso, los padres del menor sostuvieron una versión muy similar a la de los tres compañeros restantes, en la cual responsabilizaron al joven Santiago de intentar desvestir a su hijo y de haber incitado a todo el grupo a participar en los “juegos y bromas”, manifestando que fue “uno de sus compañeros” quien “le lanzó una uva” en las nalgas. Los demás argumentos consignados en el documento mantienen bastante semejanza en su forma y fondo con los escritos de tutela anteriores; y dentro de las peticiones incluyeron la de ordenar al Colegio “aclarar en un medio público la verdadera situación ocurrida, ya que el mismo profesorado, junto con el rector difundieron la mala información dando a entender que los menores eran unos delincuentes, violadores (…)”53
4.1.2. El 24 de enero del 2006 el Rector del Colegio, allegó al proceso, sus argumentos de defensa en los mismos términos relatados para el expediente T-1323408. Fundamentó la negativa del colegio a renovar los contratos de matrícula, en la vigencia de los mismos y en los requisitos que en él se estipulan.
En este caso, también el 31 de enero de 2006, el mismo Rector amplió sus explicaciones al responder la petición formulada por el Juez de conocimiento. En su escrito habló de la relación de la familia del señor Mauricio con el Colegio, que se extendía a más de 34 años, de la autorización que obtuvo el señor Mauricio, hijo de la secretaria del Colegio, para asistir a la salida pedagógica e hizo referencia al informe por él presentado en forma espontánea. Defendió la legalidad de la conformación del Consejo Directivo del Colegio con base en el decreto 1860 de 1994 (Art. 19, 20 y 23) reglamentario de la Ley 115 de 1994, de la autonomía de la institución, y del apego a la protección de los derechos fundamentales.
El Juzgado Segundo Civil Municipal, mediante sentencia del 1 de febrero del 2006, decidió amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad del menor Daniel y ordenó al Rector del Colegio renovar su contrato de educación.
El juez, luego de transcribir el artículo 17 del Manual de Convivencia del plantel educativo, estableció que no se había cumplido con el debido proceso, e hizo alusión a los planteamientos efectuados por la Secretaría de Educación al resolver el recurso de apelación. Adicionalmente, sostuvo que no se había garantizado el derecho de defensa del menor, que nunca se le escuchó a él, a sus padres o acudientes en lo que llamó un “seudo-proceso disciplinario” y que si bien, en principio era viable no renovar el contrato de estudio, ello no era dable, dado el pronunciamiento de la segunda instancia administrativa.
Concluyó el pronunciamiento con la misma frase religiosa.
El Colegio impugnó la decisión mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2006. Consideró la acción de tutela improcedente contra hechos superados, como quiera que ésta buscaba proteger el debido proceso disciplinario que concluyó con la sanción de “cancelación de la matrícula”, la cual nunca fue aplicada, habida cuenta que los alumnos involucrados en el proceso terminaron el año lectivo de manera ordinaria y la decisión administrativa que anuló el proceso fue recibida “de manera tardía” cuando ya había terminado el año escolar, de manera que no es posible aplicarla retroactivamente.
Así mismo, se refirió a los principios que rigen las relaciones entre los particulares que prestan el servicio público de educación e insistió en contar con la discrecionalidad para la admisión de los alumnos, debido a la naturaleza de la institución educativa (católica de carácter privado), decisión que dijo no fue “producto de la imposición de la sanción disciplinaria”, sino de la potestad “de la institución” para renovar el contrato y de la autonomía de las instituciones educativas privadas “que encierra no solo la independencia de estas para determinar su ideario y proyecto educativo, el régimen interno de organización y la administración de sus recursos, gestión financiera y curricular de acuerdo con las normas canónicas”.
En general, los planteamientos efectuados, fueron los mismos expuestos para el expediente T-1323408.
Igualmente, el Colegio allegó copia de la orden provisional de matrícula del alumno Daniel efectuada en los términos anotados para el caso anterior.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito del Municipio, confirmó en su integridad el fallo de instancia. Consideró el juez de segunda instancia que una vez declarada la nulidad del procedimiento sancionatorio el alumno Daniel quedaba en igualdad de condiciones y oportunidades a los demás alumnos para ser admitido al plantel educativo y al no renovarle el contrato de matrícula “le está creando una discriminación injustificada” por lo cual estimó violados los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación. Agregó que al no aplicar el numeral 6 del artículo 10 del manual de convivencia sobre el procedimiento previo para que “el alumno” perdiera su permanencia en la institución” se encontraba vulnerado también el derecho fundamental al debido proceso. Manifestó el funcionario que no era posible hablar de un hecho superado, como quiera que habiéndose concedido en efecto suspensivo el recurso administrativo, antes de conocerse su decisión, el Colegio decidió no renovar la matrícula del estudiante.
5.1. Mediante providencia del 2 de mayo de 2006 la Corte Constitucional consideró necesario preguntar al Rector del Colegio cuál fue la razón para dar traslado a la Secretaría de Educación de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones que concluyeron con los procesos disciplinarios 01, 02, 03, 04 y 05, le solicitó remitir copias de dichos procesos. Además le preguntó por la conformación y funciones del Núcleo Educativo, a que se refiere el artículo 21 del Manual de Convivencia.
Así mismo, se interrogó a la Secretaría de Educación, por la conformación del núcleo educativo, su elección, su competencia, sus funciones; y si el Secretario de Educación hacía parte del mismo. Adicionalmente, se preguntó por el fundamento jurídico para que la Secretaría de Educación conociera en segunda instancia de los recursos de apelación antes mencionados.
El 12 de mayo de 2006 se recibió una comunicación del Secretario de Educación del Municipio, en la cual sostuvo que “la Alcaldía Municipal administra la educación a través de la Secretaría de Educación Municipal como máxima autoridad; quien hace parte del Núcleo de Desarrollo Educativo al tenor del artículo 4º. del decreto 1246 de 1990”54, del cual anexó copia. (Negrillas fuera de texto).
De igual forma indicó que “la Dirección de Núcleo de Desarrollo Educativo está conformado por tres funcionarios, nombrados en propiedad e incorporados en la Planta Global de Cargos del Municipio durante el proceso de certificación y que dos de ellos han sido asignados al Área de Gestión, Control y Calidad Educativa y uno al Área de Planeación y Sistemas de Información”; y remitió fotocopia del decreto municipal de creación de los cargos. 55
Finalmente, atribuyó al artículo 21 del Manual de Convivencia del plantel educativo la facultad de responder “los recursos de apelación ante las faltas disciplinarias” y concluyó “Los Directores de Núcleo de Desarrollo Educativo están adscritos a Áreas de la secretaría de Educación Municipal, como máxima autoridad educativa en la entidad territorial certificada del Municipio. 56 (Subrayado por fuera del texto)
5.2. Por su parte el Rector del Colegio, el 15 de mayo de 2006, remitió a esta Corporación vía fax, su correspondiente respuesta, en ella manifestó:
El Núcleo Educativo (...) se refiere a una división que podían hacer los Municipios con el fin de administrar la educación, organizando su jurisdicción en zonas geográficas llamadas Núcleos de Desarrollo Educativo, los cuales podían ser uno o más, según la extensión territorial, densidad de población y complejidad del servicio educativo (...) Un efecto de la norma era que cada establecimiento educativo quedaba incorporado a un Núcleo de Desarrollo Educativo y en dependencia del Director de Núcleo Educativo, en lo relacionado con las atribuciones de ese cargo...”
Más adelante dijo que la Ley 715 de 2001, derogó el artículo 154 de la Ley General de Educación y con él los Núcleos de Desarrollo Educativo, pero que en virtud del artículo 39 de la misma norma a los Directores de Núcleo, quienes conservaron su carácter de directivos docentes, se les podía asignar funciones administrativas, académicas o pedagógicas “Esto significa que hacia futuro esos cargos desaparecerán, pues al desaparecer la figura del Núcleo como unidad operativa no se justifica la subsistencia de este cargo”, y expuso que “se dio traslado a la Secretaría de Educación de los recursos (...) porque a la fecha de ese trámite habían desaparecido los Núcleos (...) indicando que después de la Ley 715 de 2001 el Colegio no hizo la correspondiente modificación en su Manual de Convivencia porque al no presentarse la necesidad de adelantar procesos disciplinarios a estudiantes durante los años 2003, 2004 y hasta mediados del 2005 (...) no se detectó la necesidad de modificar la segunda instancia o de apelación.”
Del mismo modo, remitió por correo certificado una carpeta con fotocopias de “los folios que forman parte de los procesos disciplinarios” en 366 folios.
5.3 El 21 de marzo de 2006, mediante escrito allegado por el Secretario de Educación del Municipio, la Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación y los padres de familia del menor Jorge, allegaron, fotocopias de dos valoraciones psicológicas, efectuadas a los menores Esteban y Jorge, en las cuales el psicólogo Carlos Humberto Otálora M. Manifiesta:
En Esteban se evidencia la inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como consecuencia del gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él, especialmente después de la expulsión del colegio, que para su comunidad es la confirmación de que todo lo que se habla de él es cierto. Agrava el panorama de Esteban, el hecho de que la trascendencia del chisme (Por el mal manejo que se le hizo al caso, las personas hablan demás: que violó, que es borracho, drogadicto, les dicen “los violadores del seminario”), ha llevado a que haya sido rechazado de dos instituciones a las cuales quiso ingresar y que la sanción social sea ejercida de manera injusta y aplastante (...)
En Jorge el rechazo social le ha llenado de desconfianza hacia los demás, especialmente porque él ha ocupado académicamente los primeros puestos, como también se ha destacado en su deporte, el básquetbol. Ha pasado inesperadamente, de una posición privilegiada al escarnio público...
En Jorge se evidencia la inseguridad y desconfianza en sí mismo, la vergüenza, como consecuencia del gran perjuicio que se posa como una sombra sobre él, especialmente después de la expulsión del colegio, que para su comunidad es la confirmación de que todo lo que se habla de él es cierto. Agrava el panorama de Jorge, el hecho de que la trascendencia del chisme (...)57
5.4. Mediante auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis (2006) se ordenó la suspensión de términos de la presente acción de tutela y se solicitó al Colegio a través de su Rector respondiera el siguiente cuestionario:
1. ¿Si los menores Esteban, Jorge, José y Daniel se encuentran en este momento matriculados en el Colegio?
2. ¿De encontrarse matriculados los menores Esteban, Jorge, José, Daniel cuál es la calidad de su vinculación?
3. De no encontrarse matriculados los menores Esteban, Jorge, José, Daniel cuándo fue cancelada su matrícula y bajo qué circunstancias o atendiendo a qué razones?
También se solicitó a la Secretaría de Educación Municipal respondiera el siguiente cuestionario:
1. ¿En qué institución educativa se encuentran matriculados los menores Esteban, Jorge, José, Daniel?
2. ¿Desde cuando están matriculados en dicha institución y qué calidad tiene dicha matrícula?
Mediante escrito recibido el nueve (9) de agosto de dos mil seis (2006) la Secretaría de Educación del Municipio respondió el cuestionario de la siguiente manera:
Esteban, se encuentra estudiando actualmente en –otro colegio-, a 45 minutos del Municipio, donde se encuentra residiendo su núcleo familiar. Se encuentra en un estado sicológico definido como grave, en razón a la estigmatización que ha hecho la sociedad por la divulgación de los hechos por parte de directivos y profesores del Colegio.
Jorge, se encuentra estudiando en –otro colegio- del Municipio, en razón a una orden emitida por el Alcalde Municipal de esta ciudad, después de haber intentado en varias instituciones educativas de carácter privado y oficial no haber recibido respuesta favorable. También se encuentra en un estado sicológico definido como grave, en razón a la estigmatización que ha hecho la sociedad por la divulgación de los hechos por parte de directivos y profesores del Colegio.
José, se encuentra estudiando en el Colegio en razón a que el fallo de segunda instancia fue favorable al niño y en contra del colegio, en condición de provisionalidad hasta cuando se produzca fallo de revisión de la Corte Constitucional, según lo dicho por el Rector de la Institución en oficio enviado a los padres del menos, igualmente en un estado sicológico moderado y en posición de inferioridad y estigmatización dentro de la institución educativa.
Del menor Daniel, no se pudo establecer ninguna información.
La Secretaría remitió los escritos presentados por los padres de los menores ante los interrogantes realizados por la Corte.
El Colegio no remitió escrito alguno.
5.5. Mediante auto del once (11) de septiembre de 2006 se solicitó al Colegio remitir copia del Acuerdo No. 003 del 20 de mayo de 1999 que establece las funciones del Consejo Directivo de la institución. El 22 de septiembre de 2006 se recibió dicha información en la Secretaría de esta Corporación.