Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-461-de-octubre-12-de-1995?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204154dff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-03-29 16:20:52
Document Index: 363044825

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﻿ SENTENCIA C-461 DE OCTUBRE 12 DE 1995
SENTENCIA C-461 DE 12 DE OCTUBRE DE 1995
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLE LA PARTE QUE DICE "ASÍ MISMO, SE EXCEPTÚA A LOS AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, CREADO POR LA LEY 91 DE 1989", DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY 100 DE 1993, SIEMPRE QUE SU APLICACIÓN NO VULNERE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y, EN CONSECUENCIA, SE RECONOZCA A LOS AFILIADOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO QUE NO SEAN ACREEDORES A UN BENEFICIO IGUAL O EQUIVALENTE A LA MESADA PENSIONAL ADICIONAL, UN BENEFICIO SIMILAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:SISTEMA DE PENSIONES, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
Sentencia C-461 de octubre 12 de 1995
Ref.: Expediente D-864
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 279 (parcial) de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones"
Santafé de Bogotá, D.C., Octubre doce de mil novecientos noventa y cinco.
En el proceso de constitucionalidad del inciso segundo, del artículo 279 (parcial) de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”.
I. Texto de la norma demendada
PAR 3º— Las pensiones de que tratan las leyes 126 de 1985 adicionada por la Ley 71 de 1988, continuarán vigentes en los términos y condiciones en ellas contemplados.
El demandante sostiene que la disposición citada viola el artículo 13 de la Carta Política, al discriminar a los pensionados cubiertos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. La aludida discriminación resulta —según el actor— de la no aplicación, a los pensionados del Magisterio, del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, en el que se consagra el derecho de todos los pensionados al reconocimiento y pago de 30 días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos, valor que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año.
El actor cita, como fundamento adicional de sus pretensiones, la sentencia de la Corte Constitucional C-409 de septiembre 15 de 1994, mediante la cual se declararon inexequibles las expresiones “actuales" y “cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º) de enero de 1988”, pertenecientes al mencionado artículo 142 de la Ley 100 de 1993, cuyo tenor es el siguiente:
“ART. 142.—Mesada adicional para pensionados. Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año. a partir de 1994.
PAR.—Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual”.
3. El ciudadano Francisco Ramírez Infante, quien interviene en nombre y representación de la Nación-Ministerio de Educación Nacional, solicita a la Corte que declare exequible la norma acusada.
En su escrito, anota que el artículo demandado no viola el derecho a la igualdad, “pues al hacer excepciones de aplicación a algunos sectores laborales, lo hace con base en sus propios regímenes especiales, los cuales son el resultado de conquistas de dichos sectores”.
El apoderado del Ministerio de Educación Nacional hace referencia al concepto de 6 de septiembre de 1994 rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Rad. Nº 655, M.P. dr. Humberto Mora Osejo) en el que se absuelve la consulta del Ministro de Educación, relacionada con la aplicabilidad de la Ley 100 de 1993 a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Seguridad Social del Magisterio.
Con base en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, como quedó modificado luego de la Sentencia C-409 de 1994, la Sala de Consulta y Servicio Civil estableció que el beneficio de la mesada adicional era aplicable a todo tipo de pensionados, incluidos los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En el mencionado concepto, se dice: “Además la prima semestral, prescrita en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, también rige para los empleados docentes, porque la jubilación comprende, sin excepción, a los ‘pensionados por jubilación, vejez y sobrevivientes’ de los sectores público y privado en ‘todos sus órdenes’. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-409 de septiembre pasado, declaró inconstitucionales las expresiones ‘actuales’ y ‘cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º) de enero de 1988’ de los incisos 1º y 2º del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, por considerar que todos los pensionados, sin ninguna salvedad, tienen derecho a la prima mensual que prescribe”.
En razón de lo anterior, el apoderado del Ministerio de Educación considera que “la acción que se impetra resultará inocua, dado que la supuesta discriminación ya está despejada (gracias al concepto del Consejo de Estado) en favor del derecho a la igualdad”, y señala que dicho Ministerio se atiene, en todas sus partes, al mencionado concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y, por lo tanto, pagará la mesada adicional.
4. El ciudadano Mauricio Fajardo Gómez intervino para impugnar la demanda de inconstitucionalidad, con base en los siguientes argumentos:
4.1. La demanda no se ajusta a las previsiones del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en el que se señalan los requisitos de forma y contenido que debe tener toda demanda de inconstitucionalidad. En particular, el ciudadano interviniente encuentra que la demanda infringe los numerales tercero y quinto al no establecer, por una parte, las razones por las cuales el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 es discriminatorio y, por ende, violatorio del artículo 13 de la Carta y, por otra parte, el fundamento por medio del cual la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad.
En razón de lo anterior, mediante “excepción previa de no cumplimiento de la demanda de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991”, solicita a la Corte “se declare la nulidad de todo lo actuado hasta el momento”.
4.2. El interviniente defiende la constitucionalidad de la norma demandada ya que la considera ajustada al artículo 13 de la Constitución. En efecto, el impugnante sostiene que el inciso 2º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, comporta “una diferenciación y no una discriminación”. La Corte Constitucional, anota, en repetidas oportunidades, ha establecido que “el artículo 13 de la Carta no prohibe un tratamiento desigual a situaciones de hecho desiguales”.
A continuación, expone las razones que justifican el trato desigual para los pensionados del magisterio, quienes se encuentran en una situación de hecho distinta. En su concepto, “es de todos conocido que los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desde mucho tiempo atrás han estado sometidos a un régimen de Seguridad Social completamente distinto y mucho más ventajoso que el resto de trabajadores y pensionados del país”.
La finalidad de este trato desigual consiste en “mantenerles y mejorarles las ventajas que la ley prevé en materia de seguridad social a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. Según el interviniente, esto no hubiese podido ser de otra forma sin llegar a desconocer los derechos adquiridos de los pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La disparidad de trato resulta razonable. En su virtud, desarrolla y respeta los postulados del artículo 58 de la Carta Política, el cual garantiza “los derechos adquiridos con arreglo a leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.
El trato desigual que el artículo 279, inciso 2º, de la Ley 100 de 1993 otorga a los pensionados del magisterio es racional en la medida en que esta ley —para respetar sus derechos adquiridos y así dar aplicación al artículo 58 de la Constitución—, “optó por excluir del Sistema de Seguridad Social Integral a dichos afiliados, dejando así que las normas que venían rigiendo el tema de Prestaciones Sociales a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mantenga plena aplicabilidad para este gremio”.
Por último, el requisito de la proporcionalidad se cumple en este caso. La exclusión de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del régimen establecido por la Ley 100 de 1993, “tiene como único efecto que estos afiliados, para efectos de la seguridad social, se sigan rigiendo por la normatividad preexistente a la Ley 100 y así se mantienen sus derechos”.
El representante del Ministerio Público señala que, a primera vista, la norma impugnada no vulnera el artículo 13 de la Carta Política. En efecto, para el Viceprocurador el tratamiento exceptivo que contempla la Ley de Seguridad Social está “impregnado de razonabilidad y proporcionalidad” ya que su finalidad es la garantía de “derechos adquiridos tan caros en el campo de las relaciones laborales”.
“Ha de insistirse en que el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el estatuto fundamental. Por equivocado que parezca el argumento del impugnador, su invocación y desarrollo en el texto de la demanda —si además se reúnen los demás requisitos contemplados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991— es suficiente desde el punto de vista formal para que esta Corte tenga que pronunciarse acerca de si la norma demandada se ajusta a la Constitución o se aparta de ella. Será de su cargo la evaluación de los razonamientos respectivos y la búsqueda de los que sean pertinentes en vez de los expuestos por el actor que sean desechados (Sent. C-143/93, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
“Ciertamente, (...), la demanda, a pesar de cumplir con las exigencias formales a que alude el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, motivo por el cual se admitió, adolece de ciertas fallas de técnica en su estructuración, circunstancia que se presenta con alguna frecuencia en acciones de esta índole, debido a la falta de conocimiento jurídico por parte de quienes las instauran, pues como es sabido, la Constitución no exige al demandante requisito distinto al de demostrar la calidad de ciudadano y, en consecuencia, mal haría esta corporación en señalar limitaciones o condicionamientos diferentes para su ejercicio. De ahí que la Corte, en ejercicio de su misión de guardiana, integral de los preceptos del estatuto supremo, debe en muchas ocasiones, actuar en una forma lo suficientemente amplia para interpretar las demandas de inconstitucionalidad, y algunas veces hacer verdaderos esfuerzos para desentrañar la intención del actor, todo ello con el fin de que no se desvirtúe el propósito para el cual se creó esta acción, que no es otro que permitir a cualquier ciudadano actuar en defensa de la Constitución (Sent. C-467/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
“Frente a estas constataciones, el magistrado sustanciador estimó que, confiriéndole primacía al derecho sustancial, de que tratan los artículos 2º y 228 de la Constitución, se podría admitir la demanda, como en efecto se admitió, puesto que los mecanismos procesales son un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades (Sent. C-063/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
1.2. En el presente caso, el interviniente asegura que el demandante no señaló las razones por las cuales el inciso 2º, del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, viola el artículo 13 de la Carta al establecer una discriminación. Si bien la demanda, en razón de su extensión y redacción, es de carácter casi “telegráfico”, el motivo por el cual, en criterio del actor, vulnera el derecho a la igualdad queda claramente establecido cuando el demandante manifiesta: “Parece que tal artículo 279 debería tener una interpretación extensiva del siguiente tenor: ''Sin embargo todos los pensionados tendrán derecho a la mesada adicional de junio de cada año, conforme al artículo 142 de la Ley 100 de 1993, especialmente conforme a su parágrafo, y al reciente fallo de la Honorable Corte, también en materia discriminatoria''. Así se extendería el beneficio hoy ‘recortado’ a todos los pensionados atendidos por el Fondo Prestacional del Magisterio y otros más”. No cabe duda de que el demandante solicita la inexequibilidad del inciso 2º, del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 como quiera que, a su juicio, en virtud de esta disposición no se extiende a los pensionados del Magisterio los beneficios de dicha ley en punto a la mesada adicional que contempla el artículo 142 de la misma.
1.3. Igualmente, el interviniente señala que la demanda no cumple con el requisito según el cual deben señalarse las razones que acreditan la competencia de la Corte Constitucional para conocer del asunto. Si bien el actor no menciona, de manera explícita, el numeral 4º, del artículo 241 de la Constitución, que faculta a la Corte para conocer de la presente demanda, sí alude, entre uno de los fundamentos jurídicos de su pretensión, a la Sentencia C-409 de septiembre 15 de 1994, en cuya virtud se declararon inexequibles algunos apartes del artículo 142 de la Ley 100 de 1993. El hecho de citar dicha sentencia de la Corte, pone de presente que el ciudadano se dirigía a esta corporación como órgano competente para estudiar y decidir las demandas contra la Ley 100 de 1993.
El cargo de la demanda.
La excepción al régimen general, consagrada en el artículo 279 de la Ley 100, es total. Vale decir, a los afiliados del mencionado Fondo no se les aplica la Ley 100, en ninguna de sus partes, en lo referente al Sistema Integral de Seguridad Social. El artículo 142 —que consagra la mesada adicional para pensionados— tampoco se aplicaría a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dado que tal artículo forma parte del Sistema Integral de Seguridad Social.
El demandante considera que el inciso 2º, del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, es discriminatorio frente a un tema puntual y específico: la excepción que allí se consagra impide que los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, perciban la mesada adicional —pagadera en junio de cada año— correspondiente al reconocimiento y pago de 30 días de la pensión a que cada pensionado tiene derecho. Así, a pesar de que el tenor literal del inciso 2, del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, exceptúa a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la totalidad del Sistema Integral de Seguridad Social, inclusive de la mesada adicional de junio contemplada por el artículo 142 de la Ley 100, el demandante se limita a solicitar la inexequibilidad del inciso 2º del artículo 279, de manera tal que los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puedan recibir la mesada adicional de que trata el artículo 142 de la ley.
Varios aspectos deben previamente precisarse: 1. competencia del Estado para adoptar regímenes pensionales especiales o excepcionales. 2. existencia, en el caso que se estudia, de un régimen especial o de un trato diferenciado en punto al beneficio de la mesada adicional. 3. justificación y razonabilidad del trato diferenciado.
6. La tarea de la Corte se contrae a determinar si la norma demandada da lugar a un tratamiento diferenciado —excluyente—, en lo que concierne al beneficio de la mesada adicional consagrada en el artículo 142 de la Ley 100, y si tal tratamiento se funda en la protección de bienes o derechos adquiridos de igual o superior valor que el beneficio consagrado en el artículo citado.
7. La mesada adicional consagrada en el artículo 142 de la Ley 100 se concibió como un mecanismo de compensación por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en razón de la inflación369. Este beneficio se otorga a todos los pensionados, salvo las excepciones expresamente consagradas en el artículo 279 de la Ley 100, dentro de las cuales se contempla a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989.
Al examinar la constitucionalidad del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-409 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara), declaró inexequible la expresión “cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º) de enero de 1988”, por considerarla violatoria del derecho a la igualdad. A juicio de la Corte, las disposiciones acusadas incurrían en “una clara violación a la prohibición de consagrar discriminaciones en el mismo sector de pensionados, otorgando privilegios para unos en detrimento de los otros, al restringir el ejercicio del derecho a la misma mesada adicional, sin justificación alguna, para aquellos pensionados jubilados con posterioridad al 1º de enero de 1988”.
“Considera la Corte que la desvalorización constante y progresiva de la moneda, que conlleva la pérdida de poder adquisitivo del salario, originado en el fenómeno inflacionario, es predicable para los efectos de decretar los reajustes anuales a todas las pensiones de jubilación sin distinción alguna. Pero ello no puede constituir fundamento de orden constitucional para privar de un beneficio pensional como es la mesada adicional que se consagra en la norma materia de revisión, en favor de un sector de antiguos pensionados, excluyendo a otros que legítimamente han adquirido con posterioridad el mismo derecho pensional por haber cumplido con los requisitos legales correspondientes”.
8. En materia de pensiones, a la luz de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100, la norma aplicable a los pensionados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es el artículo 15, numeral 2º, de la Ley 91 de 1989, que reza así:
“ART. 15.—A partir de la vigencia de la presente ley el personal docente nacional y nacionalizador. El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 define como personal nacional a aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional y, como personal nacionalizado a aquellos docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981 nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional". (se subraya)
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que cumplan los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913 y demás normas complementarias, tendrán derecho a la pensión de gracia. En la Ley 114 citada se establece que se hacen acreedores a una pensión de jubilación vitalicia (la llamada pensión de gracia), los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años (art. 1º), siempre que cumplan con los siguientes requisitos: haberse desempeñado con honradez y consagración; carecer de medios de subsistencia en armonía con la posición social y costumbres; no haber recibido y recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; observar buena conducta; ser soltera o viuda, en el caso de las mujeres; y, haber cumplido cincuenta años o, estar en incapacidad, por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para el propio sostenimiento (art. 3º). Esta pensión de gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación y será liquidada y pagada por la Caja Nacional de Previsión Social, en los términos del Decreto 081 de 1976. El monto de esta pensión equivale a la mitad del sueldo devengado en los dos últimos años de servicio, o al promedio de éstos en caso de haber sido distintos (art. 2º).
Los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1981. En este punto es necesario tener en cuenta que el tenor literal del artículo 15, numeral 2º, literal B, de la Ley 91 de 1989 establece lo siguiente: “B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquéllos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990 (...).". Esta diferenciación de fechas se explica porque en el literal A, la pensión de gracia sólo se reconocerá hasta el 31 de diciembre de 1980. Otro elemento que puede explicar esta diferenciación se encuentra consignado en el artículo 2º, numeral 3º de la misma Ley 81 en donde se establece: “3. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas en el período correspondiente al proceso de nacionalización (1º de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión o de las entidades que hicieren sus veces (...)”.
(...), tienen derecho, al cumplir los requisitos de ley, a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Adicionalmente tendrán derecho a una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. El pago de estas prestaciones sociales es responsabilidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos del artículo 4 de esa ley, cuyo tenor es el siguiente: “El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2º, y de los que se vinculen con posterioridad a ella (...)”.
Como puede verse, quienes son acreedores a la pensión de gracia y quienes fueron vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1981, cuentan con un beneficio asimilable a la mesada adicional establecida en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.
En efecto, la Corte advierte que el beneficio contemplado en el artículo 15, numeral 2º, literal b, de la Ley 91 de 1989, según el cual los pensionados vinculados al Fondo con posterioridad al 1º de enero de 1981, “gozarán (...) adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”, puede asimilarse a la mesada adicional de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.
En el artículo 15, numeral 2º, literal b), de la Ley 91 de 1989, se dispone que los pensionados del Magisterio tienen derecho a la prima de medio año allí establecida, “adicionalmente" a la pensión de jubilación —pensión ésta que de manera inmediatamente anterior, concede el mismo artículo para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981—.
El monto de la prima de medio año del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es el mismo que el de la mesada adicional contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, ya que existe equivalencia entre “una mesada pensional” (monto de la prima de medio año de la Ley 91) y “30 días de pago de la pensión” (monto de la mesada adicional de la Ley 100), teniendo en cuenta que como mesada pensional se conoce aquel pago mensual (30 días) que recibe un pensionado en virtud de su derecho a la pensión.
Los pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1981 no se encuentran en una situación distinta a la de los pensionados a quienes se aplica el Sistema Integral de Seguridad Social contemplado en la Ley 100 de 1993, en lo referente a la obtención de algún beneficio que compense la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, pues mientras los primeros reciben la prima adicional de medio año (L. 91/89, art. 15), los segundos reciben la mesada adicional (L. 100/93, art. 142), que son prestaciones equivalentes.
Sin embargo, es menester tener en cuenta que la prima adicional de medio año, establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, sólo cobija a los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, mientras que el derecho a la mesada adicional del artículo 142 de la Ley 100, luego de la Sentencia C-409 de 1994, no está condicionado por aspectos temporales.
Ahora bien, los docentes vinculados al fondo de pensiones antes del 1º de enero de 1981 pueden ser “gratificados” con la llamada pensión de gracia. Si bien la pensión de gracia no equivale de manera exacta a una mesada adicional, dado que aquella es una forma especial de pensión de jubilación que no tiene el carácter general de ésta, —tal como claramente se deduce de las condiciones impuestas como requisitos para acceder a ella en la Ley 114 de 1913—, el beneficio económico que reporta, cuando se otorga como complemento de la pensión ordinaria de jubilación, suple los efectos que produce la mesada adicional en la búsqueda del mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión. Ahora bien, su naturaleza es más la de recompensa otorgada a algunos maestros pensionados, que la de un derecho que se adquiere en condiciones de igualdad, pues sólo se otorga a los pensionados que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913.
9. Examinada la legislación en materia pensional anterior a la Ley 100 de 1993, y en especial las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4ª de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y 91 de 1989, no se encuentra un beneficio equivalente o similar a la mesada adicional de la Ley 100 de 1993, o a la prima adicional de medio año contemplada en la Ley 91 de 1989, para aquellos docentes vinculados antes del 1º de enero de 1981 que no sean acreedores a la pensión de gracia.
10. El análisis anterior permite a la Corte verificar la existencia de un tratamiento diferenciado que consiste en la exclusión de un sector de pensionados —aquellos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados con anterioridad al 1º de enero de 1981, que no son acreedores de la pensión de gracia— de un beneficio igual o equivalente a la llamada mesada adicional, al cual tiene derecho el conjunto de los pensionados. Este tratamiento diferenciado, se encuentra configurado en la Ley 91 de 1989, y fue mantenido por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
12. En efecto, la intención del legislador al excluir a los afiliados del Fondo Nacional de Seguridad Social del Magisterio del régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, fue claramente la de proteger los derechos adquiridos de este sector de trabajadores en materia pensional (Cfr. Gaceta del Congreso Nº 87. Jueves 1º de octubre de 1992, Gaceta del Congreso Nº 130. Viernes 14 de mayo de 1993, Gaceta del Congreso Nº 254. Viernes 30 de julio de 1993, Gaceta del Congreso Nº 281. Viernes 19 de agosto de 1993, Gaceta del Congreso Nº 395. Viernes 12 de noviembre de 1993, Gaceta del Congreso Nº 397. Martes 16 de noviembre de 1993, Gaceta del Congreso 434. Viernes 3 de diciembre de 1993).
Sin embargo, a pesar de que ciertamente en el régimen vigente para las personas afiliadas al Fondo Nacional de Seguridad Social del Magisterio, se consagran beneficios pensionales iguales e incluso superiores a aquellos otorgados por el régimen general, constata la Corte que tales beneficios no se aplican en su integridad a quienes se encuentran sujetos a este régimen. En cuanto se refiere al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el régimen especial consagra una diferenciación que consiste en excluir a un grupo determinado de pensionados del beneficio de la pensión de gracia y de la mesada adicional (L. 91, art. 15), beneficios que de otra parte se otorgan a la generalidad del sector a través del artículo 142 de la Ley 100. El efecto del artículo 279 demandado es el de perpetuar este trato diferenciado.
15. El análisis de la legislación existente, teniendo en cuenta los efectos que el beneficio de la mesada pensional adicional busca producir, lleva a la Corte a concluir que no existe, en materia pensional, para aquellos docentes vinculados antes del 1º de enero de 1981 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que no son acreedores de la pensión de gracia, un beneficio sustantivo que produzca los mismos efectos de la mesada adicional consagrada en el artículo 142 de la Ley 100.
En consecuencia, la Corte advierte que la razón constitucional que justifica la consagración de un régimen pensional especial para las personas afiliadas al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio —la protección de derechos adquiridos—, no se hace extensiva a la materia de la mesada adicional que consagra el artículo 142 de la Ley 100. Esto es así dado que el régimen especial (L. 91/89) que se exceptúa del régimen general de la Ley 100, no otorga ningún beneficio que pudiere compensar la mesada adicional de que trata el artículo 142 de aquélla, para las personas que se vincularon al fondo antes del 1º de enero de 1981 y que no son acreedoras a la pensión de gracia.
En este evento opera, en cambio, una triple exclusión. En primer lugar, las personas vinculadas antes del 1º de enero de 1981 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio encuentran un trato diferenciado fundado en criterios plenamente subjetivos. Sólo los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que cumplan los requisitos señalados en la Ley 114 de 1913 y demás normas complementarias, tendrán derecho a la pensión de gracia. Como quedó expuesto tales requisitos son tanto objetivos (generales) como subjetivos. Serán acreedores a la pensión de gracia los maestros de escuelas primarias oficiales que cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de trabajo, siempre que se hayan desempeñado con honradez y consagración, carezcan de medios de subsistencia en armonía con la posición social y costumbres, hayan observado buena conducta, y en caso de las mujeres, que se trate de personas solteras o viudas.
Las únicas circunstancias que permiten diferenciar al grupo de pensionados que no registran en su favor un beneficio análogo al examinado, que les garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones, son, en primer lugar, el hecho de haberse vinculado al fondo de pensiones con anterioridad al 1º de enero de 1980 y en segundo lugar no reunir los requisitos para ser acreedores a la pensión de gracia. Dentro de estos requisitos se encuentran el de ser soltera o viuda en el caso de las mujeres, haberse desempeñado con honradez y consagración, carecer de medios de subsistencia en armonía con la posición social y costumbres y observar buena conducta.
20. Del análisis anterior se deduce la configuración de una discriminación consistente en la consagración de una excepción arbitraria que excluye a los pensionados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados antes del 1º de enero de 1981 que no son acreedores a la pensión de gracia, de algún beneficio similar o equivalente a la mesada adicional de que trata el artículo 142 de la Ley 100, que obre como compensación por el deterioro que causa la inflación sobre el poder adquisitivo de las pensiones.
“En suma, por cuanto concierne a la particular dimensión involucrada en el problema constitucional que en este caso plantea la demanda, es oportuno recordar que la corporación ha sostenido de manera reiterada que la igualdad se traduce en el derecho de los individuos a que no se consagren excepciones o privilegios arbitrarios que los excluyan de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (C. Const., S. Plena. Sent. T-597/93, M.P. Hernando Herrera Vergara) (negrilla fuera de texto)
Así las cosas, en la parte resolutoria de esta sentencia se declarará que el aparte acusado del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 es exequible, siempre y cuando se aplique en consonancia con los artículos 13, 48 y 53 de la Carta y se asegure a los maestros vinculados antes del 1º de enero de 1981 al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que no sean acreedores a la pensión de gracia, un beneficio sustantivo equivalente al pago de la mesada adicional contemplada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.
Declárase EXEQUIBLE la parte que dice “Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989”, del inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, siempre que su aplicación no vulnere el principio de igualdad y, en consecuencia, se reconozca a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que no sean acreedores a un beneficio igual o equivalente a la mesada pensional adicional, un beneficio similar.