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Timestamp: 2019-11-17 23:07:31
Document Index: 145387265

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 181', 'artículo 180', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 7']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 526, de 17/05/2018
cve: DSCD-12-CO-526
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 526
- Sobre medidas para la lucha contra la anorexia y la bulimia. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000336) ... (Página2)
- Sobre la prohibición de las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales y amateurs. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000997) ... (Página6)
- Relativa a combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar ataques a la libertad sexual. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002314) ... (Página11)
- Relativa a una asistencia social integral para todas las mujeres víctimas de violencias machistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002543) ... (Página15)
- Relativa a medidas legislativas y de otros tipos necesarias para la erradicación del acoso sexual y por razón de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002544) ... (Página19)
- Relativa a fomentar un uso igualitario del lenguaje. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003031) ... (Página23)
- Relativa a impulsar el liderazgo femenino. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002825) ... (Página26)
- Sobre juguetes por la igualdad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003029) ... (Página30)
- Relativa a la adopción de medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de prevención de riesgos, en las disposiciones legales y en todas las actuaciones que se definan, implementen, evalúen y planifiquen en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002698) ... (Página34)
Votación ... (Página39)
- SOBRE MEDIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA ANOREXIA Y LA BULIMIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000336).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión. Vamos a tramitar el correspondiente orden del día. Tal y como hemos establecido, los tiempos de intervención se distribuyen de la siguiente forma: cinco minutos para el grupo parlamentario autor de la iniciativa, cuatro minutos para los grupos parlamentarios enmendantes, y tres minutos para fijación de posiciones del resto de los grupos parlamentarios.
Abordamos, entonces, la primera proposición no de ley sobre medidas para la lucha contra la anorexia y la bulimia, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. Turno a favor del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín.
Señorías, según diferentes estudios, en España puede haber en torno a 400 000 personas con anorexia nerviosa, el 90 % son mujeres, aunque es verdad que la prevalencia se está incrementando entre los varones. Debemos tener en cuenta que la letalidad de los trastornos de conducta alimentaria es la más alta entre todos los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, la realidad es que estas enfermedades no son más que síntomas de un sistema que propugna cánones de belleza, como mínimo, difíciles de alcanzar, donde la delgadez que roza lo extremo y la juventud eterna son dos pilares fundamentales o cánones de belleza que se nos imponen a las mujeres... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, un momento, señoría. Por favor, hay ruido de fondo en la sala que impide escuchar a la persona que está en el turno de palabra. Ruego silencio.
La señora MARTÍN LLAGUNO: El desplazamiento de valores sociales hacia una cultura del éxito a la que se debe aspirar a cualquier precio y que lleva aparejada la exaltación del culto al cuerpo, quizás sea uno de los factores más importantes que hay que atacar, si no el que más. En España es verdad que la lucha contra los trastornos de la alimentación está siendo transversal, pero a todas luces hoy todavía es insuficiente, y ello pese a la existencia de guías prácticas clínicas sobre los trastornos de las conductas alimentarias elaboradas por el Ministerio de Sanidad, la existencia de acuerdos del Gobierno con la industria textil desde el año 2007 sobre imágenes de la belleza saludable, la inclusión de conocimientos sobre la salud en el currículo escolar, o la vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre las páginas proanorexia y probulimia, que es absolutamente imprescindible.
La publicidad es un elemento común a mejorar en todos los planes. La denuncia sobre la creación de falsas expectativas de determinados productos destinados a la pérdida de peso, bloqueantes, limitadores sustitutivos o de control, es constante. Este tipo de publicidad debe ser clara y no provocar confusión o falsas expectativas sobre la reducción de peso; no debe presentar -ya está prohibido, pero se sigue haciendo en algunos casos- productos como milagrosos y tiene que respetar la limitación de los horarios protegidos. Por ejemplo, el Consejo Audiovisual de Cataluña ha recomendado insistentemente que durante el horario de protección reforzada no se emita ningún tipo de publicidad de intervenciones quirúrgicas o tratamientos estéticos, o que en horarios no protegidos no se emitan
anuncios o servicios destinados a la pérdida de peso que puedan inducir a comportamientos nocivos o perjudiciales para la salud.
Sin embargo, es verdad que la publicidad en televisión es solo parte del problema. Los cánones de belleza que perpetúa la moda y, por tanto, las pasarelas, han sido y son también un elemento controvertido en este ámbito. En ese sentido, Francia ha sido pionera en poner coto a la anorexia y la bulimia en sus pasarelas. La Ley de modernización del sistema de sanidad, que se aprobó el pasado mes de diciembre, introduce una serie de normas que atacan frontalmente cánones de belleza artificiales impuestos a la sociedad; por ejemplo, las fotografías comerciales de modelos cuya apariencia física ha sido alterada por un software de procesamiento de imágenes para afinar la silueta. Es decir, las fotografías que tienen contrafacción deben incluir la leyenda: fotografía retocada. El incumplimiento de este precepto en el país vecino tiene sanciones de hasta 37 000 euros. También la profesión de modelo en el país vecino está sujeta ya a la emisión de un certificado médico que evalúa el estado general de las modelos, especialmente su índice de masa corporal, y multa a aquellas agencias o pasarelas que incumplan utilizando modelos con un índice de masa corporal inferior al establecido. Otros países, como Italia, se están replanteando incluso ir más allá y prohibir cualquier tipo de página web que fomente estos trastornos, las páginas llamadas Pro-Ana y Pro-Mía, con penas de cárcel de hasta dos años y multas de entre 10 000 y 100 000 euros.
Nosotros presentamos una PNL, que estamos transaccionando con el resto de los grupos, donde se proponen algunas de estas medidas porque consideramos imprescindible combatir esta enfermedad que afecta especialmente a mujeres y, en concreto, a mujeres jóvenes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría, también por el uso de su tiempo.
Es el turno ahora de los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista y para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Flórez.
Trastornos alimentarios como la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa son enfermedades consecuencia de múltiples factores del microentorno o factores predisponentes, como son los aspectos individuales psicológicos y personales y los aspectos familiares y educativos, y sobre ellos influyen los factores precipitantes o factores del macroentorno. Los adolescentes y las adolescentes de hoy se ubican dentro de la sociedad en la que les ha tocado nacer, con una cultura enmarcada en el macrocontexto social que está determinado por la moda, las exigencias sociales, la publicidad, la información y las relaciones de amistad, entre otros elementos que conforman nuestra cultura. Estos elementos del macroentorno son los que influyen en los microcontextos sociales, en las personas; todas aquellas personas que deseen adaptarse lo harán para responder a un patrón de conducta al que todas y todos quieren pertenecer y así triunfar en ese macrocontexto. Los factores sociales no influyen por sí mismos en las personas de la misma manera, sino que son sus microcontextos individuales conformados por los aspectos familiares y personales los que hacen que, dependiendo de cómo sea el ambiente interior, desarrollemos una u otra actitud de comportamiento en nuestras vidas y que algunas personas enfermen de TCA, trastornos de la conducta alimentaria. Es en este sentido, desde la multicausalidad de estas enfermedades en el que, sin dejar de valorar su propuesta, estimamos que se han olvidado de dos aspectos trascendentales: la persona o desarrollo personal y la familia, factores predisponentes que pueden y deben volverse factores de protección frente a estas enfermedades, y que hemos introducido en nuestras enmiendas. Faltan estudios de prevalencia y de evolución, propuesta que apoyamos, pero también faltan y son tan necesarios o más estudios empíricos dirigidos a identificar factores de riesgo y de protección; es decir, familiares, psicosociales, culturales, hábitos de alimentación, etcétera, asociados al desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la alimentación, que favorezcan el diagnóstico temprano y la adecuada intervención en los tratamientos.
En cuanto a los factores precipitantes, que ustedes han centrado en los aspectos publicitarios, la legislación española no puede actuar sobre sitios web localizados fuera de nuestro territorio, como habitualmente sucede, por lo cual es necesario avanzar en los acuerdos y reglamentos europeos para regularlo. Respecto a la actividad de modelo o las agencias, más que prohibir dicha actividad o multar a las agencias, los y las socialistas consideramos necesario establecer acuerdos con los profesionales del sector. Su propuesta estigmatiza a las personas, a los y las modelos y se centra en las agencias, pero también hay que implicar a los mandantes, a los anunciantes, al resto del sector. Estos acuerdos deberán servir para cambiar la imagen del cuerpo en la sociedad, con el fin de evitar la promoción de ideales de belleza
excluyentes, incluso inaccesibles, así como para proteger la salud de una categoría y de un grupo poblacional especialmente afectado por estas enfermedades. Hablamos de modelos, adolescentes y preadolescentes.
Desde luego, en lo que se refiere al diagnóstico y tratamiento, los recortes efectuados por el Partido Popular en materia sanitaria, que ustedes, señorías de Ciudadanos, avalan y respaldan con su apoyo a estos presupuestos, tienen como una de sus víctimas principales la salud mental, y sin salud mental no hay salud. Es imprescindible, por tanto, que se dote la la Estrategia en Salud Mental con los recursos necesarios y se potencien sus actuaciones, al enmarcarse dentro de ella las iniciativas de la prevención, detección y atención de los trastornos de la alimentación, entre otros. Dentro de la complejidad de enfermedades como la bulimia o la anorexia, si queremos tratar con contundencia y seriedad un grave problema para la salud como son los TCA, estas propuestas del Grupo Parlamentario Socialista no deben ser obviadas, así que compartiendo su preocupación, esperamos que el grupo proponente las considere.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda tiene la palabra la señora Cortés.
La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Coincidimos y estamos de acuerdo en que bulimia y anorexia son dos enfermedades o trastornos especialmente graves y, además, en pleno proceso de expansión entre niños y adolescentes y a edades cada vez más tempranas. Sin duda, esta expansión preocupa a los familiares, por supuesto, pero también a médicos, psicólogos y a la sociedad en su conjunto. Por eso los poderes públicos tampoco podemos quedar al margen de esta preocupación y debemos afrontar el debate con seriedad y con la máxima responsabilidad. De ahí que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado una enmienda porque, sin despreciar la gravedad de la amenaza, lo cierto es que sabemos que hoy en día no existe a nivel europeo una regulación sobre las páginas web que promueven la anorexia o la bulimia, y tampoco existe una directiva europea que determine la necesidad de reaccionar penalmente ante este tipo de conductas. Es verdad que desde algunos países de nuestro entorno más próximo se han propuesto distintas iniciativas, sin embargo no se han llegado a materializar en leyes debido precisamente a la respuesta o reacción en contra de profesionales de la salud, que han considerado que se trata de una medida contraproducente al constatar que muchas de las personas que fomentan estos desórdenes son a su vez sus víctimas. Por tanto, la criminalización incidiría negativamente en la solución del problema al aumentar la clandestinidad y el secretismo, que ya de por sí son inherentes a este tipo de patologías. Estamos ante un fenómeno que quizá no pueda ser resuelto mediante el recurso al derecho penal sin contar previamente con un análisis riguroso, en el que habría que considerar el principio de intervención mínima y el derecho fundamental a la libertad de expresión. Además, cualquier solución de naturaleza penal exigiría previamente recabar la opinión al respecto de profesionales de la salud y de las asociaciones dedicadas a esta materia, porque de otro modo se corre el riesgo de una criminalización de estas conductas que resultaría ineficaz, incluso contraproducente.
En cuanto a la inclusión en la Estrategia en Salud Mental, en colaboración con el INE y las administraciones competentes, de estudios anuales sobre incidencia, prevalencia y evolución de los trastornos de la conducta alimentaria en España, quizá sería viable introducir en el cuestionario de la próxima encuesta algunas preguntas sobre trastornos de la conducta alimentaria, que permitan obtener la prevalencia de este trastorno. Como todos saben, las estadísticas sobre salud llevadas a cabo por el INE en las que se considera adecuado introducir la información sobre trastornos alimentarios son las de la Encuesta europea de salud en España. Esta encuesta se incluye en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 y está sujeta al reglamento de la Unión Europea, es responsabilidad del INE y tiene una periodicidad quinquenal. La próxima encuesta se llevará a cabo en el 2019, por lo que su inclusión está prevista en el Plan Estadístico Nacional 2017-2020.
Por último, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no tiene competencias en atención sanitaria, corresponde a las comunidades autónomas, al igual que la publicidad y difusión de información sobre salud, tal como reflejan los correspondientes estatutos aprobados por ley orgánica y la diferente legislación sanitaria. Son estas administraciones las que a través de sus departamentos de sanidad y consumo tienen la competencia sobre este tema. En el caso de tratarse de una entidad de ámbito nacional, lógicamente la comunidad autónoma competente es aquella en la que tiene registrada y domiciliada su sede. Con todo y con independencia de lo que acabo de señalar, se están haciendo campañas institucionales sobre trastornos mentales en general, y para la campaña del próximo año se podrían
estudiar y concretar aquellos trastornos de mayor prevalencia. En este sentido va la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al grupo proponente para que la valore.
Turno de fijación de posiciones para el resto de los grupos que no han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella. (Denegación). No hace uso de la palabra.
En primer lugar, vaya por delante que apoyaremos esta iniciativa porque nos parece que incide en algunas cuestiones que ya hemos discutido en otras Comisiones como, por ejemplo, en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, y que tienen que ver sobre todo con la falta de estudios y de activación de políticas públicas concretas en el ámbito de los trastornos de la conducta alimentaria. En este sentido, nos parece una buena iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos, nos gusta la transaccional, que supongo que aún se podrá debatir, pero en este momento apoyamos, pero echamos de menos tanto en el debate como en la iniciativa algunas cuestiones que nos parecen fundamentales en este problema. En primer lugar, nos sorprende bastante que no se hayan escuchado aún la palabra género, la palabra feminismo ni la palabra estereotipo, porque cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria -y efectivamente, entre estos trastornos no solamente están la anorexia y la bulimia, por desgracia hay muchos más trastornos de la conducta alimentaria a día de hoy en nuestra sociedad- existe un gravísimo problema con la construcción de los estereotipos, los cánones de belleza, y con una cuestión que está íntimamente relacionada con las políticas que podemos hacer desde esta Cámara, porque no es solamente qué imágenes aparecen en la publicidad, de qué mujeres o de qué hombres, sino también este círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, que todas hemos vivido en el que, por un lado, se te invita a estar más delgada, por otro solamente se te ofrece de una forma accesible y económica aquella comida que no te hace estar más delgada, y luego tienes que ir a una tienda en la que la única ropa que es barata y te puedes comprar es aquella que no te sirve. Y esto tiene que ver con la precariedad laboral, tiene que ver con una serie de decisiones económicas y con las políticas de consumo y de alimentación. No es normal que enseñemos a nuestros niños y niñas, por ejemplo, que no pueden estar gordos ni comer cierta comida, y luego en los comedores de los coles públicos les den donuts de chocolate para desayunar o merendar, y después vean en la tele modelos con unas tallas que, evidentemente, no se corresponden con haber comido donuts de chocolate. En fin, es un ejemplo muy tonto, pero que refleja perfectamente cuál es el ciclo que está detrás de todo esto.
Creo que es un tema que no solamente tenemos que trabajar desde la Comisión de Igualdad. Ya he dicho que me sorprende que en esta Comisión no se haya incidido en una perspectiva feminista de esta cuestión porque, evidentemente, la prevalencia de estos trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres es escandalosa. Esto tiene un sentido, no se nos exigen las mismas cualidades a las mujeres que a los hombres; las mujeres tenemos que ser guapas, jóvenes y delgadas, y los hombres tienen que ser exitosos, listos, valientes y arrogantes. Creo que esto tiene que ver con los estereotipos de género, evidentemente, con el machismo y, por tanto, para acabar con este tipo de situaciones probablemente tengamos que hacer mejores políticas de igualdad.
En lo que se refiere a las cuestiones de consumo, de salud y de alimentación, nosotras hemos discutido este tema en la Comisión de Sanidad, y lo haremos de nuevo próximamente, como lo hemos hecho en la Comisión de Derechos de la Infancia, porque consideramos que es una cuestión más transversal que, probablemente, incluso necesite ser tratada también en la Comisión de Educación. Así que apoyaremos esta iniciativa de Ciudadanos, aunque pensamos que le hace falta un enfoque más integral, más amplio y, por tanto, lo seguiremos discutiendo en otras Comisiones.
De acuerdo con los portavoces de los grupos o, por lo menos, con aquellos que me lo han planteado, si todos están de acuerdo, señorías, la proposición no de ley que figura como segundo punto del orden del día la trataríamos en tercer lugar y la tercera la trataríamos ahora. (Pausa). ¿No pueden?
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Yo también me tengo que ir.
La señora PRESIDENTA: Entonces, ¿no lo han hablado entre los portavoces?
La señora MARTÍN LLAGUNO: No, solo el cambio de la novena por la sexta.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Nos han dicho que la novena proposición era la sexta.
La señora PRESIDENTA: Pues faltó el cambio de la segunda y la tercera.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: No podemos, estamos en modo on, es decir, dispuestos para saltar. Yo tengo que intervenir en la Comisión de Presupuestos en el debate de la sección 23 que viene ahora y en la siguiente intervendrán Marta y Rodrigo.
- SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS CLÁUSULAS ANTIEMBARAZO EN LOS CONTRATOS DE LAS DEPORTISTAS PROFESIONALES Y AMATEURS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000997).
La señora PRESIDENTA: Entonces, lo dejamos como está. Si no hay acuerdo, mantenemos el orden.
La siguiente es la proposición no de ley sobre la prohibición de las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales y amateurs. La presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se han presentado tres enmiendas, una del Grupo Parlamentario Ciudadanos, una del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Popular.
Turno a favor del grupo proponente, Esquerra Republicana. Tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, senyora presidenta.
Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Yo sustituyo a la portavoz de Esquerra Republicana en esta Comisión, Teresa Jordà, que por motivos de agenda no va a poder estar hoy aquí. En todo caso, lamento no poder permitir que se debata otra proposición antes que la de Esquerra Republicana porque tengo los mismos problemas, seguramente ampliados a la enésima potencia, ya que no poseo el don de la ubicuidad y tengo que estar en la Comisión de Presupuestos y también en la Junta de Portavoces.
A nadie se le escapa que vivimos en una sociedad patriarcal que discrimina al 50 % de la población por el simple hecho de ser mujer; una sociedad en la que las mujeres de forma sistemática somos violentadas, violencia que se ejerce de distintas maneras y formas; en la que nos agreden, nos discriminan y nos matan por ser mujeres. Un sistema patriarcal que lo impregna todo de jerarquías de poder y de estatus, que son la base propia de la violencia machista, y que devalúa todo lo que tiene relación con la feminidad y no reconoce a las mujeres como parte o miembros de esta sociedad. Debemos, por tanto, combatir el machismo imperante en nuestra sociedad en todos los ámbitos de la vida. Hoy con la proposición de Esquerra Republicana nosotras hemos propuesto combatirlo en un ámbito en el que no siempre es fácil, en el deporte. El deporte es un ámbito con un enorme poder transmisor de valores; transmite compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad, esfuerzo, autoconocimiento, perseverancia, convivencia, disciplina, cuidado de la salud; el deporte cohesiona a las sociedades, pero también muy a menudo, por no decir prácticamente a diario, transmite la división sexista de la sociedad y transmite valores machistas.
Tal y como decimos en la exposición de motivos de la proposición no de ley, existe un notable incremento de mujeres que se inician en la práctica deportiva. Tenemos grandes deportistas de élite, pero también deportistas amateurs, un hecho que va en sintonía con el creciente incremento de éxitos deportivos de equipos femeninos del Estado que, sin embargo, de forma sistemática son ninguneadas en los distintos medios de comunicación; la invisibilidad permanente de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. En el deporte femenino tanto profesional como amateur existe una práctica completamente ilegal, en la que la Administración no ha ejercido las funciones de tutela, ha hecho -si se me permite la expresión- dejación, que lleva a una situación de desamparo legal de muchas deportistas profesionales. Tal y como se expresaba en un medio de comunicación, en este caso el diario El Mundo en su edición del 1 de diciembre de 2016, se trata de lo que se ha venido a llamar las cláusulas antiembarazo. Son cláusulas que se incorporan a los contratos que firman las deportistas más jóvenes en el inicio de su carrera, cuando suelen tener una carrera deportiva por delante, y en previsión de que no se vea truncada o interrumpida por el embarazo de la jugadora, se les imponen determinadas cláusulas. Nada nuevo si analizamos todos los ámbitos de la vida,
en el ámbito del trabajo ha sido también una práctica no escrita, pero, efectivamente, muy presente cuando se entrevista a una mujer joven que debe ocupar una determinada función.
Por tanto, desde una sociedad avanzada, una sociedad del siglo XXI, no se puede tolerar que el embarazo se encuentre entre los supuestos que provoquen una resolución unilateral del contrato; no podemos tolerar que quedarse embarazada para una deportista sea equiparable a realizar conductas indecorosas o a dar positivo en un control antidopaje. Es cierto que las cláusulas antiembarazo son nulas de pleno derecho, una obviedad, pero que sean nulas de pleno derecho no quiere decir que no se lleven a cabo en la práctica. Son nulas de pleno derecho porque la propia Constitución lo prohíbe en todo el ideario de derechos fundamentales, el Estatuto de los Trabajadores también, así como los tratados y convenios internacionales. Sin embargo, que no estén prohibidas expresamente hace posible que muchas jóvenes deportistas las estén padeciendo. Por todo ello, instamos al Gobierno español a actuar; erradiquemos el machismo en todos los ámbitos de la vida, también en el deporte.
Turno ahora para los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En el Grupo Parlamentario Ciudadanos apoyaremos la proposición no de ley porque este es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Ya en diciembre de 2016 presentamos una PNL sobre las cláusulas antiembarazo en la Comisión de Educación y Deporte, que fue aprobada por todos los grupos políticos, salvo la abstención del Grupo Parlamentario Popular. Además, hemos formulado diferentes preguntas, incluso hace pocas semanas tuvimos la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, para contarnos qué es lo que está haciendo no solo y exclusivamente con las cláusulas antiembarazo, sino también en todo lo relacionado con la promoción de la mujer y la igualdad real y efectiva de la mujer en el deporte. Por desgracia, vemos cómo al Gobierno le falta liderazgo, le falta iniciativa, como sucede en otros temas, porque se limita a decir que las cláusulas antiembarazo son nulas de pleno derecho. Eso lo sabemos todos, es una obviedad, y lo único que ha hecho es notificar a las federaciones para que hagan algo. Creo que el Gobierno y el consejo deberían tener una actitud más proactiva, estar y hablar con las deportistas y ayudarlas, ya que muchas veces no denuncian por miedo a posibles represalias por parte de los clubes.
No solo nos tenemos que quedar con el tema de las cláusulas antiembarazo, que es importante, hay otras muchas cuestiones relacionadas con la mujer y el deporte que deben tratarse, por ejemplo, los sueldos o las dietas y los premios o las becas que reciben las deportistas. Hay que equiparar las becas y los premios a los de los deportistas masculinos. Hace poco veíamos cómo la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda iba a pagar lo mismo a los hombres que a las mujeres, esto en España sería impensable. Tenemos que hacer que sea una realidad, que las mujeres futbolistas que van a la selección o a un campeonato mundial cobren lo mismo que los hombres. Por ejemplo, vemos cómo en la Copa de España de Ciclismo el primer hombre que llega a la meta gana 300 euros y la primera mujer 100 euros, pero es que, además, los hombres tienen premios hasta la décima posición y las mujeres solamente hasta la quinta cobrando 42 euros. Y esta federación está recibiendo subvenciones del Consejo Superior de Deportes a través del Programa Mujer y Deporte. No sé qué está haciendo el Consejo Superior de Deportes dando dinero a una federación para promocionar a la mujer en el deporte, cuando esa federación realiza prácticas discriminatorias entre la mujer y el hombre. Y también hay diferentes distancias en las pruebas.
Aparte de que los premios, las becas y las dietas sean iguales o equiparables entre hombres y mujeres, tenemos que hablar, por ejemplo, de que las mujeres no tienen convenios colectivos. Hace poco tiempo vimos cómo los sindicatos mayoritarios se manifestaban y posicionaban a favor de la mujer, por supuesto, estamos todos de acuerdo, pero parece que en el deporte los sindicatos no se meten. También hacen falta más mujeres directivas, salvo el caso de Marisol Casado, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y miembro del COI, por desgracia, tenemos pocas mujeres directivas. Además, necesitamos más mujeres entrenadoras y técnicos, necesitamos más mujeres juezas y árbitras. Aquí estamos lejos aún del caso de la Bundesliga, donde hay una jueza o árbitra en Primera División. Por supuesto, también necesitamos más presencia de las mujeres en los medios de comunicación, para eso tenemos un canal público, pero no se está dando un trato igualitario entre mujeres y hombres. El ejemplo reciente lo tenemos con la retransmisión de la final del Campeonato de Europa de Bádminton y de la final
del Torneo Conde de Godó. La final del Torneo Conde de Godó, en la que jugaba Rafa Nadal y, por supuesto, es de interés, se retransmitió por La 1 de Televisión Española.
PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Como decía, el Torneo Conde de Godó se retransmitió por La 1, y la final de Carolina Marín, una de nuestras grandes campeonas, en vez de retransmitirla en directo por el canal Teledeporte o por la otra cadena pública, La 2, se retransmitió por Teledeporte en diferido. Por eso, también Televisión Española, la televisión pública, podría hacer mucho más. Por todo ello, apoyaremos la proposición no de ley. Esperamos que acepten nuestras enmiendas, porque creemos que aportan más a la proposición no de ley que había presentado el Grupo de Esquerra Republicana. Desde el Grupo Ciudadanos seguiremos luchando para que haya una igualdad real y efectiva entre la mujer y el hombre en el deporte.
A continuación por el Grupo Parlamentario Socialista, señora González.
La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días. El deporte femenino en nuestro país en este momento en pleno siglo XXI sigue siendo sinónimo de desigualdad y de discriminación, no solo porque es prácticamente inexistente para los medios de comunicación, que incumplen de forma reiterada lo establecido en la Ley de igualdad limitándose a hacerse eco de los triunfos de primer nivel que logran nuestras deportistas, algo que no hacen siempre y a lo que no dedican ni mucho menos ni el lugar, ni el tiempo, ni el espacio que a los logrados por los equipos masculinos, sino porque la escasa difusión de los calendarios de las ligas y competiciones de deporte practicados por mujeres dificultan enormemente su seguimiento, o por la escasez de ayudas y recursos económicos, por las dificultades para tener patrocinios y por un largo etcétera de cuestiones que hacen que en la práctica el deporte femenino sea una cuestión casi en exclusiva de la voluntad y esfuerzo de las propias deportistas, que deben vencer un montón de obstáculos para poder compatibilizar su vida deportiva, con su vida laboral y profesional.
Sin embargo, esta iniciativa pone sobre la mesa una práctica extendida tanto en el deporte profesional como en el no profesional que supone una vulneración de uno de los derechos más fundamentales de las mujeres: su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su maternidad. Es cierto que dichas cláusulas son nulas de pleno derecho y que, por tanto, en ningún caso podrían prosperar ante un tribunal como causa de rescisión de un contrato, pero eso no es óbice para que debamos tener una legislación adecuada que no solo las prohíba de forma expresa sino que incluya una regulación que de manera específica proteja a las mujeres tanto amateurs como profesionales, tanto durante el embarazo como en la maternidad, facilitando también la conciliación de la vida personal y laboral de las y los deportistas. Algo que pasa, en primer lugar, por profesionalizar las ligas femeninas, para lo que es imprescindible modificar la obsoleta Ley del Deporte y su legislación complementaria, con la finalidad de adaptar los requisitos de las ligas profesionales a las características del deporte femenino, ya que en este momento el número de mujeres deportistas profesionales es casi testimonial.
De hecho, en muchas ocasiones estas dificultades para la profesionalización del deporte femenino hacen que en algunos clubes el alta en la Seguridad Social de las deportistas se haga a través de contactos de trabajo que nada tienen que ver con la práctica del deporte, con las consecuencias que ello tiene para su protección. Avanzar en la profesionalización del deporte femenino supondría que sus relaciones con los clubes serían relaciones laborales, los clubes serían empresas, patronal, lo que conllevaría a la negociación colectiva, a la existencia de convenios colectivos y a una garantía de los derechos de los deportistas enmarcados en el derecho laboral, donde los contratos no son solo una cuestión privada entre el club y la deportista. En este marco es donde podemos entender las actuaciones de la Inspección de Trabajo, aunque poco tendría que hacer en la práctica del deporte amateur ya que no se encuentra bajo el ámbito laboral. De ahí que nuestra enmienda haya ido en esa línea en la que, por otra parte, seguiremos trabajando.
Por otra parte, y con la intención de reforzar lo que ya plantea la proposición no de ley, nos parece que hay que ir un poco más allá y no solo llevar a cabo actuaciones informativas a los clubes, sino también a las propias deportistas que deben conocer sus derechos, ya que sabemos que en algunas ocasiones son sus propias representaciones las que proponen o aceptan este tipo de cláusulas. Ahí sería
fundamental trabajar, incentivar la asociación de estas deportistas y fomentar y ayudar económicamente para que pudieran acceder a los servicios jurídicos que permitieran su rescisión de esas cláusulas a través de los correspondientes tribunales. Estas prácticas deben llevar aparejadas también unas consecuencias que no solo sean en forma de sanción, sino que también supongan un límite a su acceso a ayudas o recursos económicos. Nuestra enmienda se propone con el fin de complementar y hacer más efectiva la propuesta de la proposición inicial, esperando que sea recogida por el grupo proponente aunque en todo caso votaremos a favor porque entendemos que facilitar y trabajar en la igualdad en el deporte, sobre todo de competición, supone crear referentes para nuestras niñas y adolescentes para mejorar el avance de las mujeres en la práctica deportiva, lo cual -como dijo la proponente- supone una mejora en la cohesión social.
A continuación por el Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora González.
Como todos sabemos, la mujer en los últimos años ha ido tomando partido en el mundo del deporte al ritmo de sus éxitos deportivos, ganándose por méritos propios su derecho a participar cada vez en un número mayor de competiciones deportivas. En España hemos pasado de tener una medallista olímpica femenina en los Juegos Olímpicos de Barcelona, a tener más mujeres medallistas que hombre en los últimos Juegos Olímpicos de Río. Vaya pues nuestro reconocimiento hacia unos logros que no son fruto de la casualidad, sino que surgen del deseo de las mujeres de incorporarse al deporte, así como al resto de actividades antes vetadas. También son fruto de unas políticas de ayudas en pro del deporte femenino como el Programa Mujer y Deporte, que incorporó la obligatoriedad de incrementar el cupo de mujeres en las juntas directivas de las federaciones, o las ayudas a deportistas por maternidad y cuidado de hijos, entre otras.
Por nuestra parte, y respecto a su exposición de motivos, quiero decirles que claro que nos adherimos a la condena más rotunda a las cláusulas antiembarazo que denigran, y de qué manera, no solo a las deportistas sino a todas las mujeres llegando a igualar la situación de embarazo con la de dopaje. Por supuesto que todos los organismos nacionales e internacionales se han manifestado en contra de ellas, entre ellos el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Estas cláusulas, como muy bien saben, contravienen la legislación vigente: nuestra Constitución en su artículo 14; la Ley 3/2007, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres; el Real Decreto 1006/1985, que establece las relaciones laborales entre deportistas, profesionales y clubes, y el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 17 establece claramente que el derecho a la no discriminación se considera derecho necesario, absoluto, y por tanto indispensable, para los trabajadores conforme al artículo 3, apartado 5, del citado estatuto, por lo cual cualquier cláusula contractual que contravenga el derecho a no ser discriminado, como pudieran ser aquellas que ligan la válida extinción del contrato con la maternidad, deben entenderse nulas y sin efecto.
Todas ellas dejan en evidencia que estas cláusulas constituyen claramente una discriminación directa por razón de sexo. Las leyes, señorías, ya están ahí, están ahí para ser respetadas. Son determinados clubes los que no las han respetado, mediante contratos que contienen unas cláusulas que todos sabemos son nulas de pleno derecho. Ustedes afirman que en el Consejo Superior de Deportes y en las federaciones revocan estas cláusulas y que por ello ha habido dejación de funciones. Les recordamos que la Ley 10/1990 del Deporte establece que las federaciones están configuradas únicamente como agentes colaboradores, por lo que no les corresponde la calificación de dichas cláusulas.
Del mismo modo quiero decirles que las relaciones laborales jurídicas vinculan exclusivamente al trabajador y al empresario, y en este caso al club deportivo y a la deportista, no teniendo ninguna competencia jurídica en materia de contrato el Consejo Superior de Deportes, como en algunas ocasiones se ha insinuado. Por tanto, es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el responsable de este tema, quien mediante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ostenta la función inspectora. A este respecto he de decirles que las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de igualdad y no discriminación son un área de actuación permanente de la materia de relaciones laborales, dentro de la programación anual de la Inspección de Trabajo de todas las comunidades autónomas, las cuales ostentan la competencia de ejecución en legislación laboral, sin perjuicio de que dentro de estas actuaciones permanentes puedan planificarse campañas sobre áreas en materia de igualdad. En el
ámbito del deporte amateur tienen que saber que, salvo que se apreciara la existencia de relaciones laborales encubiertas, tampoco sería objeto de estas inspecciones.
Señores de Esquerra, consideramos que no es necesario una mayor legislación; no son necesarias más leyes que redunden en las actuales, ya que estas cláusulas son nulas de pleno derecho y las leyes que existen ya las prohíben como lo demuestran las distintas sentencias al respecto. Eso sí, necesitamos que en los clubes haya un firme compromiso por respetarlas.
Por ello, nuestra enmienda va en el sentido de apoyar las actuaciones de los puntos 2 y 3, pero no el punto 1, porque consideramos que ya tenemos suficientes armas legislativas para combatirlas.
A continuación en el turno para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Arévalo.
Desde el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero lo hacemos sabiendo que no servirá para nada. ¿Por qué? Porque ya en diciembre de 2016, como ya se ha comentado, fue aprobada una proposición no de ley en la Comisión de Educación y Deporte que instaba al Gobierno del Partido Popular a tomar medidas, con relación a la cuestión de las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas. Sin embargo, un año y cinco meses después el Gobierno del Partido Popular no ha hecho nada. Díganlo, señorías del Partido Popular, digan la verdad. Digan que esta proposición no de ley va a ir al mismo cajón del olvido que la de diciembre de 2016. No vale, señorías del Partido Popular, con decir que la legislación laboral vigente no ampara en ningún caso el despido por tal motivo, ya lo sabemos. Por cierto, gracias por leernos el artículo, pero ya lo conocíamos. Ya sabemos todos que estas cláusulas son nulas de pleno derecho, pero es que esto está pasando. ¿Y saben por qué? Porque a día de hoy la ley sigue sin reconocer las ligas profesionales femeninas, porque a día de hoy no existen convenios colectivos en el marco del deporte profesional y porque prácticamente el conjunto del deporte femenino profesional en nuestro país se basa en relaciones contractuales no declaradas. El deporte femenino, señorías, nada en el barro de la economía sumergida. Las deportistas firman estos contratos y admiten estas cláusulas, siendo conscientes de que esto no les suena bien. Pero es lo hay, son lentejas. A día de hoy no existen mecanismos ni estructuras que hagan que el deporte femenino sea como las mujeres quieren que sea y su presencia se reduce, la mayoría de las veces, solamente a saltar al terreno de juego y a no protestar porque saben que si lo hacen les indicarán dónde está la puerta de salida.
Cuando en diciembre de 2016 el ministro Méndez de Vigo fue preguntado por las cláusulas antiembarazo respondió que lo que tenían que hacer las deportistas era denunciar. No, señorías del Partido Popular, las deportistas no quieren ser valientes y jugarse así su carrera profesional. Las mujeres deportistas de este país quieren ser iguales y lo que tiene que hacer un Gobierno responsable es legislar para garantizar la igualdad de la mujer también en el deporte, y ustedes no lo están haciendo. De hecho, las cláusulas antiembarazo son solo un ejemplo que ayudan a focalizar la atención y así poder dar a conocer la situación de absoluta discriminación de las mujeres deportistas en nuestro país. Pero podríamos hablar de cómo Televisión Española no aplica el principio de igualdad en el ámbito del deporte, o podríamos hablar de la prima de 54 euros que van a recibir las futbolistas de primera división que han ganado la Liga hace unos días. ¿Saben por qué pasa todo esto? Porque la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto de 1985 no contemplaban siquiera la posibilidad de que las mujeres pudieran ser deportistas.
Por tanto, el Consejo Superior de Deportes, el Gobierno del Partido Popular, no puede seguir alardeando de las políticas públicas a favor de las mujeres deportistas, mientras todo esto siga ocurriendo. El Gobierno del Partido Popular no puede presumir de nada, mientras el deporte siga instalado en las cavernas de la igualdad. Menos fotitos con las deportistas y más políticas públicas que garanticen la igualdad de las mujeres, también en el deporte.
- RELATIVA A COMBATIR EL FENÓMENO DEL INCREMENTO DEL USO DE DROGAS PARA FACILITAR ATAQUES A LA LIBERTAD SEXUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002314).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al punto 3.º del orden del día: proposición no de ley relativa a combatir el fenómeno del incremento de uso de drogas para facilitar ataques a la libertad sexual, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado tres enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Por tanto, por el grupo proponente, tiene la palabra la señora Álvarez.
En España no se ha dado cumplimiento a la demanda realizada por Naciones Unidas en su Resolución 53/7 de la Comisión de Estupefacientes para combatir la administración furtiva de sustancias psicoactivas, con la intención de doblegar la voluntad de la víctima para cometer fundamentalmente agresiones sexuales y también otros tipos delictivos. Esta resolución, señorías, reclama a los Estados introducir en sus legislaciones -y cito- "circunstancias agravantes en los casos en que se administren subrepticiamente sustancias psicoactivas para cometer una agresión sexual". Esta proposición quiere avanzar de manera concreta en algunas de las demandas de Naciones Unidas, pero no solo de Naciones Unidas porque también, por ejemplo, el Observatorio Europeo de Drogas y de Toxicomanías en su informe sobre atentados a la libertad sexual facilitadas por las drogas o el alcohol observó que -y cito también- "seguía sin conocerse el alcance real de los atentados a la libertad sexual facilitadas por drogas...". Por tanto, toca primero abordar el problema de la falta de datos.
La otra cuestión importante entronca con la necesidad de invertir y fomentar la investigación científica para dotar de nuevas capacidades a los laboratorios forenses y desarrollar nuevas metodologías para analizar los atentados a la libertad sexual. Hemos tenido recientemente casos que ponen en evidencia la necesidad de hacer estas inversiones, que al final tienen que ver con investigaciones o con la capacidad de tener elementos científicos que nos permitan que los tiempos para identificar esas sustancias psicoactivas en el cuerpo de las víctimas se prolonguen. Eso supone inversión en ciencia, y por tanto hay que hacerlo.
En materia de agresiones sexuales por sumisión química debemos apostar de manera clara por la prevención general, la atención médica temprana y una respuesta desde el sistema judicial acorde con la gravedad de los hechos. Necesitamos también conocer el alcance del fenómeno, descubrir el modus operandi de los que usan estos medios para atentar contra libertad sexual e identificar las sustancias psicoactivas utilizadas. Todo esto lo necesitamos para conocer las pautas seguidas por los agresores y también las sustancias utilizadas para acertar y poder hacer campañas informativas o preventivas que sean eficaces.
Nosotros no queremos rehuir el debate sobre el reproche penal, pero somos conscientes de que nos encontramos en un momento en el que todos los grupos hemos hecho declaraciones públicas en este último mes respecto a la necesidad de revisar la legislación. Cuando nosotros presentamos esta iniciativa el caso de La Manada no había saltado a los medios de comunicación -por cierto, también planteamos por dónde deberían de ir algunas reformas en el Código Penal-, pero dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que tenemos en estos momentos un grupo de profesionales que están haciendo un análisis de por dónde deberían de ir esas reformas no tenemos ningún inconveniente en posponer la propuesta que estamos planteando. Aceptaremos alguna de las enmiendas que se nos ha hecho en este sentido para esperar el posicionamiento de la Comisión de Codificación, sin renunciar, por supuesto, a la línea que estamos planteando.
Nosotros creemos -y lo creemos muy firmemente- que incrementar las penas en el límite inferior puede ser interesante para este tipo de conductas y también apostamos por mantener el límite máximo actual previsto. Nosotros creemos, sin embargo, que el tema de fondo está en la educación sexual y afectiva que este Gobierno tiene abandonado y que no puede suplirse, señorías, por una educación que se hace a través de la pornografía como el elemento educativo sobre la sexualidad.
Si dejamos en manos del porno la educación afectivo sexual estaremos alimentando a todos aquellos que ven a las personas como un objeto, que es lo que nos está enseñando permanentemente la industria pornográfica. La prevención de las agresiones sexuales es también un tema de salud. Por eso no debería de costarle mucho a la ministra Dolors Montserrat dar un impulso, ya que no tendría ni que salir de su despacho porque Igualdad y Sanidad están en el mismo ministerio, a las políticas públicas para la salud
sexual y reproductiva. Se trata solo de que el Gobierno dé cumplimiento a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que en esta materia la tiene absolutamente abandonada.
Permítanme hacer una reflexión para ir terminando. Los expertos hablan de dos elementos clave para la prevención de este tipo de delitos. En primer lugar, hablan de la ética de las relaciones sexuales, es decir, la ética del consentimiento porque cuando hablamos de violación, de lo que estamos hablando es de la negación de la libertad del otro. Y en segundo lugar, hacen referencia al aprendizaje de la regulación de las pulsiones, es decir, también tenemos que trabajar en este caso con los varones que son quienes de forma mayoritaria y aplastante son los agentes activos de ese tipo de delitos para que el deseo no sea una excusa para la imposición de relaciones no libres.
Permítanme que les de tres datos de una macroencuesta: un 7 % de las mujeres de entre dieciséis y veintinueve años ha sufrido alguna agresión sexual en su vida por parte de alguna persona con la que no mantenía relación de ningún tipo; el 8 % de las mujeres residentes en España de más de dieciséis ha sufrido violencia sexual por parte de su propia pareja o expareja; y el 3,5 % sufrieron agresiones antes de los quince años. Esa macroencuesta nos indica que el 97 % de los agresores son varones. Tenemos los elementos perfectamente definidos y claros.
Termino, presidenta. Las agresiones sexuales son el pan de cada día de las mujeres, de las niñas y de los niños en este país. Urge prevenirlas, mejorar el conocimiento sobre ese tipo de violencia, y por supuesto también de las señales de alerta, así como mejorar las herramientas de apoyo a aquellas personas que las han padecido. La tarea es ardua porque no se trata solo de acabar con la impunidad cuando ya se ha cometido el delito. Nosotros creemos que ese no puede ser el único objetivo, ya que la prevención es la clave. Es esencial la educación afectivo sexual para aprender que existe una expresión sana y una expresión placentera de los deseos sexuales, pero tal y como dice la campaña de la Diputación de Pontevedra, esto siempre depende de una decisión consciente y libre y del respeto a esa decisión aunque no coincida con tu deseo. Esa es la tarea principal que tenemos que enseñarles a los jóvenes de este país que hoy se educan sobre sexualidad viendo pornografía.
A continuación por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para defender sus enmiendas, tiene la palabra la señora Ramos.
La señora RAMOS JORDÁN: Buenos días, señorías.
Sin duda es importante destinar todos los recursos posibles para acabar con la cultura de la violación y los últimos acontecimientos han puesto de relieve el gran número de mujeres que han sufrido y sufren agresiones sexuales. Con esta proposición no de ley el Partido Socialista aborda una de tantas manifestaciones de esta cultura de la violación, que es el uso de drogas que facilitan el ataque a la libertad sexual, pero nuestro grupo vuelve a recordar que precisamente lo que debemos hacer es una ley que proteja las libertades sexuales, una ley integral que ponga el énfasis en el consentimiento. Hace falta un sí, en caso contrario estamos hablando de una agresión. También hace falta el desarrollo de unas políticas públicas que entienda la agresión sexual como una consecuencia y causa de la desigualdad de género, como una herida a curar, un crimen y una violación de los derechos humanos.
Centrémonos en el caso concreto que el PSOE nos está planteando. Se pretende regular con esta proposición no de ley la Resolución 53/7 que muestra una preocupación por el abuso cada vez mayor de las llamadas drogas para la violencia en citas, que los delincuentes suelen administrar a sus víctimas. Según se indica no se conoce el alcance real de estas cifras y según el Observatorio de Noctámbulas y otros centros estas agresiones no son mayoritarias, en relación con las agresiones sexuales. Se sospecha por ejemplo que el 29 % de las agresiones sexuales atendidas en el Hospital Clínic de Barcelona sufrieron sumisión química y, sin embargo, el 64 % de estas víctimas habían bebido alcohol. Teniendo en cuenta estos datos, ciertamente consideramos importante que se hagan estadísticas y estudios sobre todo tipo de agresiones sexuales, ya que nos ayudarían a establecer una teoría sobre las causas para evaluar la efectividad de las políticas públicas.
Pero insistimos en que, primero, nunca se debe criminalizar a la víctima ni por el uso del alcohol ni por otras sustancias. El problema es la cultura de la violación y es muy importante este punto. Recordemos las campañas que se han hecho sobre el uso de alcohol y cómo se culpabilizaba no solo a las víctimas, sino también a las madres de las mismas, indicando que las agresiones sexuales se producían porque habían consumido alcohol. Este punto es importante y esperamos además que no se intente en realidad
potenciar dogmas prohibicionistas o de tolerancia cero con determinadas sustancias que no ayudarán tampoco a proteger a las víctimas.
Entendemos, por otra parte, que el aumento de las penas no es una solución. Actualmente se está produciendo un debate sobre la necesidad de reformar los tipos de delitos sexuales, poniendo el énfasis en la teoría del consentimiento y no en la violación o intimidación, entendiendo que si no hay consentimiento hay violencia. Tanto el Convenio de Estambul como la Recomendación 35 de la Cedaw indican que se debe remover cualquier requerimiento de violencia o fuerza para que se considere agresión sexual. Si no hay un acuerdo inequívoco y voluntario por parte de la víctima, hay una agresión. Si aplicamos este criterio, no tiene sentido el aumento de las penas que se está pidiendo y además, al aplicar la teoría del consentimiento, se acabarían produciendo estos agravios comparativos.
Por último, creemos que son necesarias unas políticas públicas que protejan a la víctima y entendemos que los servicios de atención de las víctimas son políticas de prevención también. La prevención tiene mucho más que ver con cambios culturales y actitudes y para ello es necesaria una reforma en la mayor parte de las instituciones públicas. Detener las violencias sexuales requiere una efectiva movilización de estas instituciones, que se tienen que cambiar y transformar y esto se hace a través de una planificación y coordinación de los servicios de salud hasta el sistema judicial. En estos casos el uso de drogas, si se quiere proteger a la víctima, más que un aumento de la pena es necesario invertir en formación de los profesionales que van a tratar a la víctima para ofrecerle un servicio adecuado y evitar una victimización secundaria. En estos casos la víctima sufre lo que se llama una amnesia retrógrada y los forenses, que son los primeros que reconocen a la víctima como posteriormente las Fuerzas de Seguridad y los jueces, deben tener en cuenta estas lagunas para que no se vuelvan en contra de la víctima durante el juicio. Preguntas como ¿sale usted sola de noche?, ¿se emborrachó?, ¿consumió alguna droga?, ¿invitó usted al supuesto agresor a su casa?, tienden a victimizar a la víctima otra vez. Por eso entendemos que para prevenir las agresiones sexuales más que un aumento de pena se debe, sobre todo, proteger a la víctima, nunca culpabilizarla e invertir en formación y en protocolos de actuación que den respuestas a las agresiones sexuales y que las víctimas tengan la mayor protección también en el proceso judicial posterior; protección que actualmente no tienen porque en parte su partido no las quiso incluir en la Ley 1/2004 en agresiones dentro de la pareja.
A continuación comenzamos el turno de fijación de posiciones para el resto de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Martín Llaguno.
Queremos comenzar diciendo que nos parece absolutamente oportuna la iniciativa del Grupo Socialista. Es verdad que las agresiones sexuales son un elemento recurrente en nuestro país sobre las que todavía nos queda muchísimo por hacer -además, el alud de los hechos ha puesto el foco en lo que está pasando- y constituyen un importante tema en la actualidad, aunque es cierto también que su alcance resulta desconocido porque en muchas ocasiones siguen sin ser denunciadas.
A esto hay que añadirle que el empleo de sustancias psicoactivas para facilitar la agresión sexual está planteando problemas adicionales a la hora del diagnóstico, debido a que con frecuencia la víctima no recuerda o recuerda parcialmente los hechos. Como consecuencia de ello transcurre un tiempo hasta que la víctima demanda asistencia y este retraso reduce la probabilidad de encontrar estas sustancias en los análisis toxicológicos. Estas circunstancias ayudan a que los estudios epidemiológicos sobre este tipo de agresiones apenas existan y los pocos estudios que existen señalan que la tendencia es creciente en el uso de sustancias químicas para inhabilitar a la víctima y en el 90 % de los casos sucede con mujeres. Es verdad, pese a lo que ha dicho la portavoz de Podemos, que nosotros sí somos conscientes de que es importante concienciar de las situaciones en las que se producen habitualmente estos hechos. También es cierto que los pocos estudios que se han hecho subrayan que en el 81 % de las ocasiones hay una ingesta de alcohol de manera previa y en el 85 o el 86 % las víctimas de estos estudios alegan además que habían estado en un bar, en una discoteca o en una fiesta previamente a la agresión. Esto no supone victimizar ni culpabilizar a las víctimas, pero es verdad que tenemos que manejar estas circunstancias y que hay que abordar e intervenir en estos casos. La mejora de los datos estadísticos en cualquier caso para nosotros es clave a la hora de conocer la magnitud del problema y la tendencia. En este sentido, es preciso elaborar protocolos claros de atención a este tipo de sucesos para que se recoja una anamnesis exhaustiva sobre el consumo voluntario o no previo, en qué contexto se ha producido, la obtención de
muestras biológicas precozmente, lo antes posible, así como la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios para conocer el alcance de estos tipos de delitos.
En nuestro país en el año 2007 se dictaron un total de 2246 sentencias, de las cuales casi 1500 eran de ciudadanos españoles y 792 agresiones sexuales fueron condenadas en los juzgados y de los 803 casos de abusos sexuales los condenados también eran de aquí. Estas cifras poseen una especial relevancia en torno a una cuestión que no podemos olvidar: la educación y la concienciación es absolutamente esencial y tenemos que trabajarlo transversalmente.
Por tanto, me permito felicitar al Partido Socialista por haber traído esta cuestión. Vaya por delante que por supuesto la vamos a apoyar porque creemos que es importante trabajar en ella.
Ahora corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular, señora González.
El Grupo Socialista presenta esta iniciativa sobre un tema muy serio y muy grave, la denominada sumisión química o utilización activa o pasiva de cualquier tipo de droga para cometer agresiones y abusos sexuales, y comienza su redacción con una rotunda declaración del supuesto incumplimiento de España de la Resolución 53/7 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, de 2008, que, entre otras muchas cosas, recomienda a los Estados miembros considerar la administración de drogas y sustancias psicotrópicas un agravante en las penas con las que se gravan los delitos de carácter sexual. Solicita también una uniformización de la metodología para recabar datos comparables sobre la incidencia de estos delitos.
Señorías, la sumisión química se introdujo en el Código Penal en 2010 no en el apartado de agresiones, como sus señorías están mencionando erróneamente, sino de abusos sexuales, en el artículo 181.2, con una pena que varía de los cuatro a los diez años. Al haberse introducido directamente como un tipo, el Tribunal Supremo en 2016 valoró que no puede añadirse circunstancia agravante de alevosía o abuso de superioridad, porque se estaría valorando dos veces lo mismo, el propio delito -una vez como consecuencia de los fármacos y otra por la aplicación del párrafo tercero del artículo 180 del Código Penal-, es decir, el tipo principal definido impide apreciar la agravante porque ya se define como una conducta alevosa y por ello no puede valorarse una vez más para aplicar la agravante. La reforma supuso el reconocimiento de la realidad de la sumisión química como delito, como abuso en el Código Penal, pero realmente fue un paso atrás para el reconocimiento de la sumisión química como una modalidad agravada de delito. Si el Grupo Socialista considera a través de esta PNL que su modificación del Código Penal del 2010 en lo que se refiere a los delitos de carácter sexual, en general, y, particularmente, a la sumisión química no fue correcta, nos parece el momento adecuado para revisar la propia concepción de la totalidad de los delitos denominados hasta ahora abusos y agresiones sexuales, incluida, evidentemente, la sumisión química, y también la conveniencia o no de incrementar las penas en su límite inferior, en el contexto de la reforma del Código Penal que acaba de iniciarse.
Pero en cuanto a la resolución de Naciones Unidas, España sí cumple el resto de recomendaciones y usted sigue considerando que en la modificación del Código Penal no se tuvo en cuenta esta cuestión. Por ejemplo, tenemos la incorporación de preguntas relativas al uso de drogas en la encuesta armonizada europea sobre violencia de género, que se lleva a cabo a través de un grupo de trabajo de once países de la Unión Europea, entre los que se encuentra el nuestro. Ha sido España precisamente la que más ha incidido en la necesidad de incorporar esas preguntas en la encuesta, que por ahora figuran ya a la encuesta piloto. Pero, además, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género participa en un grupo de trabajo sobre violencia, mujeres y drogas de violación liderado por el llamado Grupo Pompidou del Consejo de Europa, el grupo de cooperación para combatir el abuso y el tráfico ilícito de drogas. La participación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género incidió también en la necesidad de introducir preguntas sobre los delitos sexuales facilitados por drogas en las encuestas de violencia sobre la mujer en todos los países. Y está previsto disponer en 2020 de un indicador estadístico de prevalencia en España de los delitos sexuales facilitados por drogas. Asimismo, es conveniente recordar que desde 2005 existen protocolos en España, que además se vieron reforzados a partir de 2010, en relación a las actuaciones diferentes que tienen que producirse una vez que se constata la existencia de un delito de estas características.
Por todo ello, nuestro voto será favorable a la aprobación de esta proposición no de ley.
- RELATIVA A UNA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL PARA TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS MACHISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002543).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a una asistencia social integral para todas las mujeres víctimas de violencias machistas. La presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Turno a favor, por tanto, del grupo proponente. Tiene la palabra la señora Rodríguez.
En primer lugar, si me permite la presidenta, quería dedicar un minuto a María Victoria Moreno, ya que algunas gallegas tenemos que estar hoy en Madrid y no podemos estar celebrando el día de nuestras letras y particularmente además porque fue una muller loitadora que dijo una cosa tan bonita como que las personas duermen poco, las mujeres particularmente dormimos muy poco, pero soñamos mucho. Creo que esta Comisión está llena de mujeres así, de modo que vaya por delante que estamos pensando en nuestra tierra y, por supuesto, en María Victoria Moreno.
Paso a defender la posición de nuestro grupo respecto de esta proposición no de ley para solicitar una atención social integral -este es el debate, quería señarlarlo desde un principio- que sea pública, y en este sentido nos sorprenden bastante las enmiendas del Grupo Socialista, porque parecen dirigidas a ocultar lo que precisamente nosotros solicitamos en esta iniciativa.
Para defender esta propuesta me he tomado la libertad de entrar en la página del ministerio, ir al apartado de violencia de género y comprobar qué ofrece en este momento el Gobierno de España en lo que tiene que ver con la asistencia social integral, y aparecen tres indicaciones: usted se puede dirigir al 016, al ATENPRO, pero también a la autoprotección. Me centraré ahora en el problema del 016 y el ATENPRO, pero me ha fascinado el punto sobre autoprotección y les invito a todos los diputados y las diputadas que trabajan en estas cuestiones a ver qué es lo que entiende en este momento el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno español que tienen que hacer las mujeres para autootorgarse esta asistencia integral social, algo del tipo como: si crees que te va a agredir, intenta escapar. Creo que es fascinante el consejo y el nivel de protección que te puede dar en este momento el Gobierno del Partido Popular.
Siguiendo en esta línea, a pesar de que la Ley 1/2004 dice que tiene que haber una protección social integral a las víctimas -como hemos visto en la subcomisión Pacto de Estado, esta protección social integral tiene que adecuarse a todos los tipos de violencia machista que se recogen en el Convenio de Estambul-, nos preocupa muchísimo que sistemáticamente lo que haga el Gobierno del Partido Popular -como también en su momento el Gobierno del Partido Socialista- sea algo permitido por nuestra ley pero que a nosotros no nos parece particularmente bueno y por eso pensamos que habría que cambiarlo, que es dejar a las entidades privadas que gestionen la asistencia social integral. Nosotras pensamos que es muy bueno que el tercer sector esté implicado en este aspecto, como no podría ser de otra forma. Creo que es evidente, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con ATENPRO la Cruz Roja hace un trabajo que hay que valorar, como el de cualquier otra entidad del tercer sector. Pero nos preocupa que sistemáticamente todas o muchas de las medidas de asistencia social integral se desarollen mediante licitaciones a otras empresas, aunque muchas veces ni siquiera aparecen para escoger este servicio, ya que los pliegos de contratación pública que exige el Gobierno para ello son absolutamente incumplibles. Vimos este año cómo se quedaban vacantes varias de estas ofertas, y nos preocupa, porque pensamos que la asistencia social no es una cuestión que haya de ser rentable, puesto que es un servicio público; lo público no tiene que ser rentable, lo público es para la ciudadanía.
Esto es lo que queremos decir con esta proposición no de ley. Iba a volver a decir lo de servicio público casi con la misma ironía y tono con el que una portavoz antes que yo, como si fuese algo morboso a día de hoy, en 2018, decía pornografía. Pues bien, lo digo yo también: servicio público. No pasa nada si es que queremos servicios públicos para las víctimas. Nos preocupa enormemente, muchísimo que esto se quiera quitar del debate. Y por eso nos preocupa también la posición del Partido Socialista en este sentido, porque lo que está sucediendo -por supuesto, la portavoz del Partido Socialista conoce perfectamente esta situación- es que los servicios que correspondientas al 016 o al ATENPRO muchas veces no llegan a las víctimas o no llegan de la mejor manera posible, de modo que nos encontramos con situaciones verdaderamente preocupantes. Y si vamos a las comunidades autónomas y observamos las competencias delegadas, encontramos hechos tan terribles como la gestión de EULEN en Galicia, también con un Gobierno del Partido Popular, que considero especialmente preocupante, sobre todo
atendiendo a las constantes declaraciones de su presidenta, quien, por ejemplo, no cree en las cuotas femeninas, y cosas de este tipo.
Pero bueno, más allá de todo esto y de la gestión del Partido Popular, que también es nefasta en Galicia en este sentido, insistimos en que lo que estamos pidiendo debería ser una cosa muy normal en una democracia que tiene un Estado del bienestar -aunque en este momento flaquito y a nosotros nos gustaría que fuese un poco más gordo- como es la española, que es simplemente que haya una oferta pública para esta asistencia social integral, porque, si no, lo que sucede es que al final depende de la calidad de la contratación de estas empresas, que normalmente tienen a sus trabajadores y a sus trabajadoras precarizadas, la asistencia y la atención que damos a las víctimas. Nosotros queremos lo mejor para las víctimas y pensamos que en una Comisión como esta seguramente estemos de acuerdo en todo ello. Por eso presentamos una iniciativa que creemos que es de sentido común. Insisto en que el debate es sobre si estamos dispuestas o no a hacer una oferta pública para esta asistencia social integral, no sobre cuál es la redacción del pacto de Estado y la Ley 1/2004 en referencia al Convenio de Estambul, acerca de lo que estoy convencida de que nos pondremos de acuerdo, como otras muchas veces antes.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda. Tiene la palabra la señora Álvarez.
Si lo que pretende el grupo proponente es lo que acaba de relatar su portavoz, sería bueno que presentara una iniciativa en el sentido de lo que ha dicho, porque su intervención no tiene nada que ver con la proposición que han presentado. Por tanto, voy a hablar de la PNL que ustedes han presentado, no sin antes manifestar mi apoyo incondicional a las organizaciones del tercer sector que vienen desarrollando esta tarea de apoyo a las víctimas de violencia desde hace décadas, y quiero poner como ejemplo de buena práctica el centro de atención y recuperación para víctimas de violencia que gestiona la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que no solamente da apoyo a las mujeres, sino que ha creado toda una escuela de pensamiento respecto a cómo debe de hacerse esto. Por tanto, me parece muy acertado que el Estado, el Gobierno desde hace muchas décadas venga apoyando estas iniciativas, porque son las que nos han marcado el camino de por dónde debe de ir la asistencia social desde la perspectiva feminista, así que mi apoyo absoluto a esas organizaciones. Y ahora voy a lo que dice la proposición, que no tiene nada que ver con lo que la diputada proponente nos ha explicado en su intervención.
Señorías, lo que ocurre es que ustedes han presentado una iniciativa que prácticamente rompe con los acuerdos del pacto, y llama mucho la atención el hecho de que esta iniciativa sea una propuesta de ruptura de los acuerdos -es cierto que ustedes no lo suscribieron y, por tanto, no se han comprometido y entiendo que no se sienten concernidos por él, pero nosotras nos sentimos concernidas y comprometidas- y resultan sorprendente sus contradicciones. Primero presentan a través de otra proposición una ley específica contra las agresiones sexuales, mientras que en esta tratan de abrir la Ley 1/2004, es decir, otro marco normativo, para desarrollar las acciones contra las agresiones sexuales. Nuestras enmiendas, por tanto, se circunscriben a los acuerdos alcanzados en el marco del pacto, donde está perfectamente definido en qué línea deben ir estas cuestiones. Las modificaciones de la Ley contra la violencia de género -es lo que dice el pacto- deben limitarse a las cuestiones relativas a que las violencias que no están recogidas en la Ley 1/2004 pero sí en el Convenio de Estambul han de recibir -cito- un tratamiento preventivo y estadístico en el marco de aquella, mientras que la respuesta penal en esos casos se regirá por lo dispuesto en el Código Penal y las leyes especiales que el Gobierno debe promover. Por cierto, las debe de promover ya, y ahí sí nos van a encontrar.
Cuando en el pacto se acuerdan fondos finalistas y condicionados se hace precisamente para que la Administración General pueda usar ese instrumento para marcar las políticas prioritarias y garantizar que todo el territorio da cumplimiento a los acuerdos, y es cierto que tenemos un problema terrible en relación a ello, porque solamente tenemos nueve comunidades autónomas que están dando servicios de atención social a las víctimas, y ahí también nos van a encontrar. Pero no es modificando el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004 como se garantiza la formación y especialización en la lucha contra la violencia de género. Ese artículo, señorías, reconoce derechos sociales a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja, derechos adaptados a las necesidades y específicos de esa forma de violencia. Y, ciertamente, el trabajo social como disciplina y como profesión tiene pendiente incorporar la perspectiva de género en
su desarrollo diario. Es urgente que la formación reglada incluya una asignatura de igualdad de género -estoy hablando de los trabajadores y trabajadoras sociales- y que haya grados de especialización en la materia. Pero otra vez yerran en el tiro, porque hay que hacerlo a través de las normas correspondientes al ámbito académico y de competencias de políticas sociales, no modificando la Ley 1/2004; eso no tiene ni pies ni cabeza.
Y, finalmente, en relación al último punto, estamos de acuerdo en que hay que garantizar la atención especializada a problemáticas que están quedando excluidas de los servicios ordinarios de atención. Y aquí quisiera refrescar la memoria de sus señorías, porque ya existió un Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género, y no sé si tienen conocimiento de que entonces ya se promocionaron y financiaron proyectos autonómicos y locales innovadores con el fin de garantizar el derecho a la asistencia social integral y que contemplaban la situación de mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes, mujeres mayores, mujeres rurales o pertenecientes a minorías étnicas. Por tanto, lo que hay que hacer es lo que el pacto dice, que es poner en funcionamiento este Plan nacional de sensibilización, que en estos momentos no está operativo.
Señorías, podemos coincidir en los objetivos que persigue la proposición, pero no pueden pedirnos que votemos propuestas que revientan el pacto, invaden competencias -esta es una otra cuestión de interés- y generan un desorden normativo que jugaría en contra de los intereses de las víctimas y de los profesionales que tienen que afrontar el problema.
La señora PRESIDENTA: Turno ahora para fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí.
Muy brevemente, quiero reafirmar parte del discurso de la portavoz del Grupo Socialista, porque encontramos en esta proposición no de ley algunas invasiones de competencias que si se planteara algún texto transaccionado nos gustaría que se tuvieran en cuenta. Evidentemente, servicios sociales y atención a las víctimas son temas de competencia autonómica y quisiéramos que quedara reflejado. En el fondo de la cuestión estamos de acuerdo, pero nos gustaría que se tuviera en cuenta el tema competencial. Aunque la intervención es un poco diferente de lo que recoge la PNL, si se va a proponer un texto alternativo, querríamos que se tuviera en cuenta esta cuestión.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos es acertada, aunque me gustaría recordar su abstención en la votación del Pacto Nacional contra la Violencia de Género y la insistencia de Ciudadanos en que el pacto se pusiera en marcha, especialmente la comisión de seguimiento en el Congreso, que fue bloqueada tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, para repartirse los cargos de la Mesa. Recuerdo aquellas cartas enviadas a la Presidencia en enero y marzo instándola a poner en marcha la comisión. Y también el voto particular que introdujimos en el pacto sobre la necesidad de que existiera una mayor transparencia sobre el uso de fondos específicos en esta materia, para asegurar que se destinen a la prevención y lucha contra la violencia de género. Los servicios sociales son parte esencial del sistema de protección de las víctimas de la violencia machista tanto para las mujeres afectadas como para sus hijos e hijas. Sin embargo, la falta de un compromiso real de las administraciones ha hecho que los servicios sociales disponibles para las víctimas no siempre hayan sido todo lo intensivos que la situación precisaba, teniendo que asumir las deficiencias del sistema de apoyo público a las víctimas organizaciones del tercer sector o de carácter privado. En este sentido, tiene especial importancia el punto tercero de la iniciativa: realizar en el plazo más breve posible un estudio, análisis y valoración de los obstáculos que impiden la implementación de una atención social integral y estratégica destinada a mujeres víctimas de violencias machistas. El objeto de este análisis será proponer aquellos mecanismos de implementación necesarios para garantizar a dichas mujeres el acceso y disfrute de derechos humanos a través de una asistencia social integral, un análisis que consideramos esencial para saber, primero, qué servicios existen en todo el territorio y, segundo, qué elementos están impidiendo a las víctimas poder acceder a ellos. El resto de puntos que se solicitan en esta iniciativa son elementos que de una u otra
forma están incorporados ya en el Pacto nacional contra la violencia machista y es el Gobierno el principal responsable de impulsar las modificaciones legales que exigen los acuerdos del pacto de Estado. Esperemos que estas modificaciones legales lleguen pronto.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Dueñas.
Señorías, a nuestro juicio, con lo planteado en su iniciativa -que no con lo que han expuesto con esta intervención que acaban de realizar- pretenden abrir de nuevo y sin fundamento la ley integral, y en este caso para introducir una reforma que no la es propia y contraviene lo dispuesto en la norma constitucional, porque no debemos olvidar -algún portavoz lo ha referido- que la Constitución atribuye la competencia exclusiva en materia de asistencia social a las comunidades autónomas. El contenido de su iniciativa no respeta el marco competencial autonómico en materia de servicios sociales, al promover la inclusión en la Ley Orgánica 1/2004 de cuestiones competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, reservadas a las leyes autonómicas. Señorías, en este marco competencial, las comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes y las ciudades autónomas su reglamento en el ámbito de los servicios sociales, en los que se definen sus principios inspiradores, prestaciones y servicios. Y junto a este amplio desarrollo normativo autonómico cierto es que hay determinadas leyes estatales que regulan un común denominador en ámbitos tales como la protección a la infancia, la discapacidad, la dependencia o la violencia de género.
Siendo conscientes de la diversidad existente, fruto de esta distribución competencial, hace ya muchos años el Estado abrió vías de colaboración que posibilitasen una cierta coherencia y consenso en todo el territorio del Estado, un trabajo en el que, desde luego, hay que reconocer, como ya también se ha apuntado en esta Comisión, la enorme labor que han desarrollado las organizaciones del tercer sector. Pero, como digo, para alcanzar coherencia en esta cuestión y a iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, se elaboró, como saben, un catálogo de referencia de servicios sociales, previo acuerdo Estado-comunidades autónomas, que reúne en un único documento las prestaciones a las que podrían acceder las personas en el conjunto del territorio estatal, estableciéndose además unos principios de calidad y de buen uso común. Y le digo más, señoría, los principios inspiradores que orientan estas prestaciones y servicios recogidos en el catálogo reseñado son, entre otros, la universalidad, la responsabilidad pública, la igualdad en el acceso a las prestaciones, sin discriminación por razón de etnia, sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidad, ideología y creencia o cualquier otra condición social o personal, la equidad, la atención personalizada e integral y la calidad, eficacia y eficiencia en las actuaciones, así como la ética de la intervención, con el fin último de la mejora continua del sistema público de servicios sociales. Es un catálogo, señorías, que se reafirma en la información, orientación, asesoramiento y diagnóstico, acogimiento, acompañamiento y seguimiento, entre otras, a las víctimas de violencia de género, mujeres, hijos e hijas e incluye la atención psicosocial a las mismas, a sus hijos y a otras personas que dependan de ellas.
Estas cuestiones ya fueron recogidas en el artículo 2 de la Ley orgánica 1/2004, que las incluye entre sus principios rectores, y en su artículo 19 dispone que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral y que la organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional, a lo que se une la necesidad de fomentar la especialización de los colectivos profesionales, cuestiones estas, señorías, que además hemos remarcado y reseñado en los acuerdos que se recogen en el informe que sustenta el pacto de Estado. Asimismo, el artículo 17 del mismo texto legal garantiza los derechos reconocidos a todas las mujeres víctimas de violencia de género.
En definitiva, son cuestiones, señorías, que están en desarrollo, la Delegación de Gobierno ya ha manifestado que está trabajando intensamente. Tendremos conocimiento en breves fechas sobre la implantación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género y además se está ultimando el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en el sentido que recogimos, como digo, en el informe del pacto, de ahí que estuviéramos de acuerdo en muchos de los puntos recogidos en la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, porque tenía sentido conforme a lo que acordamos, y también hablamos de protección de los menores, y hay una normativa aplicada al efecto. Pero, señorías, concluyo manifestando que -salvo que se llegue a algún acuerdo, que hasta la fecha no me consta- votaremos en contra de esta proposición no de ley, fundamentalmente porque su contenido no respeta el marco competencial autonómico en materia de servicios sociales, al promover la inclusión en la Ley Orgánica 1/2004 de cuestiones de competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, por tanto, reservadas a las leyes autonómicas y además porque algunas de las medidas ya están previstas en la legislación vigente.
Antes de pasar a la siguiente proposición no de ley, les rogaría a los grupos que si tienen algún texto que ya hayan transaccionado nos lo acerquen a la mesa, por favor, porque solamente tenemos uno.
- RELATIVA A MEDIDAS LEGISLATIVAS Y DE OTROS TIPOS NECESARIAS PARA LA ERRADICACIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002544).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley relativa a medidas legislativas y de otros tipos necesarias para la erradicación del acoso sexual y por razón de género. Es del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Ciudadanos y otra del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, turno a favor para el grupo proponente. Tiene la palabra la señora Fernández. (Rumores).
Pediría un poquitín de silencio, si la presidenta...
La señora PRESIDENTA: Pediría a sus señorías que si están transando cualquier propuesta salgan un momento de la sala, porque es muy pequeña y se escucha absolutamente todo. Gracias.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Muchas gracias, presidenta.
"Volviendo a casa quiero ser libre, y no valiente". Me parece que en la exposición, en la defensa de esta proposición no de ley que traemos hoy, que deriva del propio pacto de Estado y del que, por tanto, todas sus señorías ya tienen conocimiento de sobra, merece la pena hacer una mención de uno de los fenómenos más significativamente emancipadores ante un silencio que la mitad de la población, que las mujeres estábamos guardando y cómo ese silencio, ese telón de silencio ha ido cayendo hace pocas semanas. Ha sido el fenómeno "Cuéntalo", a raíz de un artículo publicado por Virginia P. Alonso en Público en el que habla de una experiencia que hasta entonces no había puesto sobre el papel y a la que no había dado voz más allá de espacios de amistad, muy cerrados me imagino, y la escritora y periodista Cristina Fallarás iniciaba un hilo, un hashtag animando a todas las mujeres a que hablasen, a que contaran aquellas situaciones de acoso, agresión, abuso, aquellas situaciones sobre las que quizás habíamos pensado que no era para tanto, pero al mismo tiempo nos producía un enorme pudor, una enorme desazón, un enorme malestar simplemente pensar en ello. Se da una contradicción curiosa sobre para qué voy a alarmar a nadie con esto que creo que es nada y de este nada no quiero hablar, de este nada no quiero decir absolutamente nada, y en esa contradicción de repente se vence ese silencio, creo que precisamente por el momento histórico que estamos viviendo en nuestra sociedad, por esa llamada tercera ola de feminismo, y empezamos a hablar de ello y empezamos a reconocer ese "a mí también", que no sé si recordarán algunas de sus señorías que esta diputada mencionó cuando en julio estábamos en la subcomisión del Pacto de Estado votándolo -y no necesitamos que nos recuerden que nuestro grupo se abstuvo: lo tenemos superpresente y además cada día, tristemente, entendemos por qué lo hicimos, y la realidad nos lo corrobora, así que no hace falta que ustedes nos lo recuerden-. Entonces una de las cosas que decía es que para mí fue absolutamente revelador conocer a través de más de setenta expertas ponentes todo aquello que nos contaban, porque no hacía más que tener en mi cabeza eso de que todo aquello de lo que estábamos hablando me podía haber ocurrido o no pero que no me hubiese sucedido podía ser cuestión de suerte, cuestión de clase, de privilegio, porque, potencialmente, nos puede pasar a todas las mujeres de este país y a todas las mujeres del mundo.
Ese "Cuéntalo" me parece que rompe un silencio difícilmente mantenido y que ese silencio cae. Pero tan interesantes como que ese silencio caiga son también quienes aún no se han atrevido a hablar del acoso, del abuso, de las agresiones que han sufrido pero ya son conscientes de que eso está ahí, de que lo reconocen, de que ya no es algo que simplemente produjera malestar, sino que les estaba pasando por el mero hecho de ser mujeres y, desde luego, les estaba restando ciudadanía. Y creo que esto es lo que hay que decir con esta proposición no de ley, porque lo que tenemos muy claro -pero no solamente nosotras, faltaría más, también figura así en el propio Convenio de Estambul- es reconocer que hay una vulneración de los derechos de las mujeres cuando no podemos estar en el espacio público ni a veces tampoco en el privado sin sentirnos denigradas, vejadas o agredidas simplemente por el hecho de ser mujeres. Ese acoso necesita ser erradicado para poder decir que tenemos una ciudadanía plena, para poder hablar de democracia sin que esto sea una broma de mal gusto. Y ahí me parece importante señalar que el paradigma va cambiando y, según recoge el International Women's Day en el mes de marzo y antes del 8-M, ya el 40 % de los españoles reconoce que el mayor problema de las mujeres es precisamente el acoso sexual que sufre la mitad de la población por el hecho de ser mujeres, por razón de género.
También me parece importante una conclusión que sacaba la propia Cristina Fallarás hace tan solo unos días, cuando decía que si cientos de miles de mujeres han reconocido que han sentido situaciones de abuso, de acoso, de agresión, por parte de una persona o personas distintas, significa que cientos de miles de varones han realizado situaciones de abuso, de acoso o de agresión, y esto también nos tiene que llevar a una reflexión. Por la vía de esa reflexión, me gustaría decir que de las enmiendas presentadas vamos a aceptar la totalidad de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos y, también, algunas del Grupo Parlamentario Popular a través de una transaccional que haremos llegar a la Mesa y, aunque aceptamos las enmiendas tal y como están planteadas -de hecho, si quiere el Grupo Parlamentario Ciudadanos lo podemos hablar-, sí que me gustaría hacer una mención a la insistencia en educar a varones y niños, en nuestros planes educativos de todas las franjas de edad, en una cultura del no acoso a las mujeres. Me parece que tan importante es esto, y lo digo como madre de un hijo varón, como tener muy claro que hay que educar a las mujeres y a las niñas en ser dueñas de su propia libertad sexual, que entiendan que esto no se trata de que consientan sobre el deseo del otro, incluso de la otra, sino que sean dueñas de su propio deseo y puedan ejercerlo libremente, y cuando no lo pueden ejercer libremente es cuando se están vulnerando sus derechos y su libertad sexual.
Por último, cuando hablamos de ser víctima de abuso, de acoso o de una agresión, me parece que no estamos usando la palabra adecuada. Y aquí me hago eco de lo dice sobre la condición de víctima una enfermera del departamento de emergencias de un centro médico regional en California, Shannon Cervenka. Mucho se ha escrito sobre esto, pero es muy breve, muy sintético, y creo que nos puede ser útil. Ella dice: Yo no soy la víctima, soy la superviviente, porque la víctima nunca llegó a casa, porque la víctima nunca encontró justicia, porque la víctima nunca pudo hablar y porque la víctima nunca logró sanar. Tengamos presente que todos los relatos de ese "Cuéntalo" no son de víctimas, son de personas que han sobrevivido no solo a ese acoso, a esa agresión, a ese abuso, sino que han sobrevivido también a ese silencio que nos estaba imponiendo la sociedad al no poder hablar de ello. Por lo tanto, son supervivientes y nos van marcando la hoja de ruta que las instituciones debemos seguir.
Turno ahora para la defensa de enmiendas. Por acuerdo entre los grupos, en primer lugar, defiende su enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Valmaña.
El Grupo Parlamentario Popular comparte la preocupación por las víctimas de violencia de género en general y específicamente por aquellas que son víctimas de acoso sexual y por razón de género. Lo hacemos de manera firme y decidida desde el primer momento y hasta el último, como hemos demostrado en la negociación, suscripción, votación, desarrollo y supervisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Precisamente el hecho de que el pacto suscrito sea más ambicioso que los propios planteamientos de la proposición no de ley que nos traen a debate a esta Comisión, es lo que ha suscitado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que entiende necesario completarla y perfilarla en relación con el acuerdo que inicialmente suscribimos todos los grupos parlamentarios, en aquel momento en que se dejaron fuera los tacticismos, el 24 de julio de 2017, día en que mostramos nuestra mejor cara a la
sociedad española, la de la unidad sin fisuras, sin matices, frente a la violencia de género. El Grupo Parlamentario Popular no tiene dudas sobre el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género, y su prioridad para abordar y desarrollar las medidas contenidas en el pacto de Estado, en el que se incluyen de forma concreta algunas para la mayor y mejor protección de las mujeres víctimas de acoso sexual. Es en el marco de dicho pacto de Estado donde se renueva el propósito de proteger los derechos de estas víctimas y donde se incluye el mandato de ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas, protectoras de la ley de 2004, así como del resto del ordenamiento jurídico para abarcar con las adaptaciones necesarias todas las formas de violencia contra las mujeres, tal y como exige la Recomendación General número 19 de la Cedaw y el Convenio de Estambul.
Permítanme que les recuerde que el pacto de Estado culminó tras el acuerdo conseguido con todos los sectores en el seno del Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el pasado día 15 de diciembre de 2017, y el acuerdo final adoptado entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad el 27 de diciembre de 2017. También les recuerdo que el plazo para la ejecución de todas estas medidas es de cinco años, tal como se establece en el informe. Pues bien, ese es el marco que ha impulsado al Gobierno a trabajar para dar cumplimiento a las diferentes medidas. Voy a citar solamente algunas, es el caso de las números 56, 85, 112 o 172. Son muchas las acciones que ya se han puesto en marcha o se van a poner en marcha de manera inmediata, solamente voy a citar una más: el apoyo a las víctimas de violencia sexual, pues en los presupuestos de 2017 ya se incluían, dentro de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las partidas de transferencias a las comunidades autónomas para programas de apoyo a las víctimas de violencia sexual; partidas que se mantienen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año 2018 con un importe de más de dos millones de euros.
Es justo reconocer que es el marco del pacto de Estado el que está propiciando importantes avances en esta materia que no debemos despreciar. Hace apenas tres meses, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial acordó contabilizar como violencia de género cualquier forma de violencia contra la mujer, sea física, psicológica o sexual, incluyendo también el acoso laboral, la violación, la trata o la mutilación genital. Y en estos momentos la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación está dispuesta a comenzar a estudiar la posible reforma del Código Penal en relación con los delitos contra la libertad sexual. Este es el camino que el Grupo Parlamentario Popular les propone que recorramos otra vez juntos, sería la forma más eficaz de erradicar más pronto y mejor el acoso sexual y de género, sin duda, sería el preludio de esos necesarios avances normativos que entre todos debemos impulsar, por lo que solicito de sus señorías que transemos de manera adecuada y apoyen esta enmienda, para reforzar y reafirmar nuestro compromiso común en la erradicación del acoso sexual y de género y hacerlo posible más pronto y de forma más eficaz, pero siempre dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Garaulet, tiene la palabra.
Efectivamente, en el mes de julio del año pasado, cuando estábamos a punto de firmar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recuerdo que salió a colación el tema de cómo definir la violencia de género, qué desarrollo, cómo lo íbamos a trasladar, cómo lo íbamos a poner en el pacto de Estado. Creo que en ese momento para llegar a un acuerdo, efectivamente nos quedamos cojos a la hora de actuar. Por eso hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley, con el fin de revisar y actualizar la normativa existente en materia de prevención y lucha contra la violencia de género en todos los ámbitos, de acuerdo con las obligaciones derivadas del Convenio de Estambul y con las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, algo que es verdad, hay que decirlo, que el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos puso encima de la mesa como una de sus prioridades para votar a favor, y como no se incluyó, por eso se abstuvieron.
Las diferentes formas de violencia de género que sufren las mujeres dentro de nuestro país es un elemento esencial del debate público desde hace años. Por eso en base a esta preocupación, a finales del año 2016 en el Pleno del Congreso de los Diputados se acordó, con un gran consenso, la creación en el seno de la Comisión de Igualdad de una subcomisión con la finalidad de acordar entre todas las fuerzas políticas un pacto de Estado para luchar contra la violencia machista. La preocupación y el compromiso de
las fuerzas políticas en este ámbito, tras meses de intenso trabajo, se tradujo en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contenía cientos de medidas y recomendaciones, que las administraciones deben desarrollar con el fin de prevenir y combatir la violencia de género. Entre esas recomendaciones está revisar los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer y actualizar nuestra normativa con los acuerdos y convenios internacionales firmados en materia de lucha contra la violencia de género.
España es uno de los países que posee una legislación más antigua en este ámbito, la Ley Orgánica 1/2004, una norma bastante anterior a un hito internacional importante en esta materia, como es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul en 2011 y ratificado por nuestro país en 2014. En el convenio se establece que las partes firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, la violencia sexual, incluida la violación, los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales femeninas, el aborto y esterilización forzosos y el acoso sexual. Este convenio ha supuesto un paso hacia adelante en la prevención y protección de las mujeres ante la violencia de género. De hecho, nuestra propia norma se ha modificado posteriormente para ampliar el concepto de víctima y los tipos de violencia que son considerados violencia de género. Otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, con fines únicamente estadísticos clasificará como delitos de violencia machista todos los que se recogen en el Convenio de Estambul.
Hoy por hoy, vista la creciente preocupación de los españoles por esta lacra, consideramos que la normativa y medidas vigentes, la Ley 1/2004 y las distintas leyes autonómicas promulgadas, siguen siendo insuficientes, por lo que es preciso adoptar medidas adicionales prioritarias. A ello estamos obligados por la trasposición del Convenio de Estambul a la legislación estatal española, con el fin de reconocer las distintas formas y los distintos ámbitos de la violencia machista, así como a desarrollar las acciones concretas acordadas en el pacto de Estado. Lo cierto es que esta medida que refuerza la lucha contra la violencia machista, incluida la violencia sexual, no puede esperar más. Por lo tanto, agradecemos que hayan aceptado nuestra enmienda y, por supuesto, si hay que hacer una transaccional o alguna modificación, lo haremos encantados porque creemos que el objeto de esta proposición es algo que necesitamos hacer ya.
Turno para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cuello.
Es importante destacar que cuando se habla de acoso sexual y de acoso por razón de género estamos haciendo referencia a un comportamiento discriminatorio, una forma común de violencia de género que pone de manifiesto la desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Más concretamente, el artículo 7 de la Ley de igualdad define el acoso como todo comportamiento, ya sea físico o verbal, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. En ese mismo artículo se define también el acoso por razón de género, que se diferencia del acoso sexual en que el comportamiento no es de naturaleza sexual, sino que se produce en función del sexo de una persona. En las comparecencias que se sustanciaron en la subcomisión, UGT señaló que el 95 % de los casos de acoso sexual en el trabajo los sufren mujeres, aunque las denuncias sean escasas, y lo mismo sucede cuando hablamos de acoso en la calle, donde se normaliza el papel de las mujeres como objeto sexual. Con la excusa de una aceptación cultural, el acoso, sea en la calle o en el trabajo, no deja de ser una práctica abusiva en la que el hombre hace uso de su conducta machista. Hay un dato preocupante, las denuncias de actos de violencia contra las mujeres son muy escasas. Según el informe denominado La violencia y el acoso laboral en Europa: alcance, repercusiones y políticas, en España se denuncian solo la mitad de los casos de mobbing en comparación con la media europea, y ello a pesar del gran número de supuestos de acoso laboral que se dan en la práctica en nuestro país.
La medida número 77 del pacto de Estado que todos los grupos aprobamos el pasado mes de septiembre -excepto el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, aunque no le guste a la señora Fernández Castañón, pero es una realidad que hay que referenciar porque es importante señalar que, cuando vienen medidas como esta y otras incluidas dentro del pacto de Estado, el resto de las fuerzas políticas nos sentimos obligados a su cumplimiento-, se refiere a la obligación de implantar
medidas y protocolos contra el acoso sexual o por razón de género en las empresas, para mejorar la regulación y los derechos de las trabajadoras víctimas, abordando tal cuestión en la normativa de prevención de riesgos laborales. Esta medida la solicitaron los sindicatos en sus comparecencias, pues día a día trabajan con esta problemática en las empresas y saben que la obligatoriedad de contar con medidas y protocolos, al mismo nivel que las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, es lo más efectivo.
Vamos a apoyar la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos sobre acoso, por supuesto, como hicimos con el voto particular que presentaron al pacto sobre esta materia, pero creo que no era necesario presentar la iniciativa en estos términos, tan genérica y planteando cuestiones que ya vienen recogidas en la Ley 3/2007, porque presentar iniciativas que enriquecen lo que hay está muy bien, pero para decir lo mismo que dice la ley, nos quedamos con la ley. Este grupo parlamentario se siente comprometido con todas las medidas incluidas en el pacto, también con las referidas al acoso sexual. En ese sentido seguiremos trabajando y apoyando todo lo que venga del pacto en materia de acoso. Es importante concienciar a los agentes sociales, a los organismos públicos y a la ciudadanía de que las empresas que previenen el acoso sexual y por razón de sexo colaboran en lograr un mejor futuro para la sociedad. Las empresas tienen que ser sujetos activos en la prevención de conductas discriminatorias y en las políticas para hacer efectivo el principio de igualdad. Y hay que entender que los sindicatos son clave para generar una cultura preventiva que evite el acoso sexual y por razón de sexo en los entornos laborales.
- RELATIVA A FOMENTAR EL USO IGUALITARIO DEL LENGUAJE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003031).
La señora PRESIDENTA: Tal y como han acordado los grupos, vamos a abordar la PNL número nueve y, a continuación, seguiremos con el orden establecido que sería la número seis. Por lo tanto, pasamos a la proposición no de ley relativa a fomentar un uso igualitario del lenguaje, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Es el turno del grupo proponente, tiene la palabra la señora García-Pelayo.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: En primer lugar, quiero agradecer a la señora presidenta y a todos los compañeros y compañeras que hayan permitido alterar el orden del día. Y ahora les doy cuenta del contenido de esta proposición no de ley, en la que el Grupo Parlamentario Popular solicita su apoyo para instar al Gobierno a llevar a cabo las acciones pertinentes con el fin de favorecer un uso igualitario del lenguaje y fomentar, de este modo, una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere. Como ustedes bien saben, a lo largo de los últimos años, gracias al compromiso de todas las fuerzas políticas y fundamentalmente gracias al compromiso de la mujer, pero también de los hombres, se ha conseguido dar pasos importantes a favor de la igualdad de la mujer. Hoy hay muchas más mujeres, un 60,12 %, que terminaron sus estudios universitarios. En el ámbito de la investigación ya son más mujeres que hombres las que inician su carrera como personal investigador. En el ámbito laboral también hay una tendencia más favorable en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, hoy hay más mujeres afiliadas a la Seguridad Social que en el año 2011, el 46,39 % frente al 45,27 %. La tasa de paro de la mujer también ha descendido, ha pasado del 22,92 % en el año 2011 al 18,54 % en el primer trimestre de 2018. La brecha salarial en términos de horas trabajadas también se ha reducido en 2,36 puntos porcentuales. Por otro lado, es más fácil conciliar porque la escolarización infantil es prácticamente plena de los tres a los cinco años; también son más los permisos de paternidad que se solicitan, se han incrementado en un 8,25 %, y el complemento de maternidad ha permitido que más de 350 000 mujeres hayan visto incrementada su pensión hasta un 15 %, según el número de hijos que hayan tenido. Además, respecto a la incorporación de la mujer al ámbito económico y empresarial, como curiosidad o anécdota les diré -porque no solamente son importantes las empresas del IBEX o los consejos de administración del IBEX, sino todas las empresas en general y la iniciativa empresarial de la mujer- que frente al 6 % de mujeres consejeras que había en las empresas del IBEX en el año 2007, hoy son un 22 % las mujeres que se han incorporado a estos consejos de administración. Queda mucho por hacer, por supuesto, pero creo
que con el compromiso de todos conseguiremos que las mujeres sigamos avanzando hasta conseguir la plena igualdad.
Hay un reto que tenemos por delante, y es el de conseguir que el lenguaje también sea un instrumento o herramienta que favorezca y garantice la igualdad entre hombres y mujeres. El lenguaje en sí mismo no es sexista, pero es verdad que puede serlo en su utilización. Sin embargo, entendemos que aplicado correctamente, el lenguaje como herramienta puede contribuir en gran medida a la igualdad entre los sexos y también a una mayor visibilización de las mujeres. A ello tenemos que añadir, y nos podemos sentir todos orgullosos y orgullosas, que el castellano es una lengua extraordinariamente rica en vocablos y acepciones y, por lo tanto, nos abre un inmenso campo de posibilidades que, si lo sabemos utilizar y aprovechar, puede contribuir de una manera importante a solucionar lo que ahora mismo es un problema, es decir, el uso sexista que en muchas ocasiones se hace del lenguaje.
Evidentemente, la Real Academia Española que tiene un papel fundamental, ha dado pasos importantes -no voy a entrar en ello- y ha mostrado su sensibilidad en relación con la corrección de determinadas acepciones arcaicas, pero no todo queda ahí, hay que hacer mucho más; hay que adoptar medidas concretas que permitan que la igualdad, a la que antes hacíamos referencia y de la que nos ocupamos en esta Comisión, sea real y el lenguaje sea un instrumento para ello. No podemos olvidar que la Real Academia Española no forma parte de la Administración General del Estado, sino que es un órgano independiente y autónomo y, por lo tanto, desde el Gobierno no se le pueden dar instrucciones en relación con las acepciones o el significado de las distintas palabras o conceptos, pero es verdad que desde el Gobierno de España y con el acuerdo de todas las fuerzas políticas podemos conseguir dar un paso o un salto importante en ese uso no sexista del lenguaje. También los políticos, los responsables públicos, pueden ser un espejo en el cual toda la sociedad en general, hombres y mujeres, se vean reflejados. Creo que tenemos que asumir un compromiso, que es el de convertirnos en ejemplo en el uso no sexista del lenguaje. Si nosotros y nosotras damos ejemplo de ello, evidentemente, creo que también la sociedad dará un paso y un salto importante en ese uso no sexista del lenguaje.
Turno ahora para la defensa de enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Muchas gracias, presidenta. Moltes gràcies.
Desde el Grupo Confederal nos alegramos mucho de que se hable del lenguaje no sexista en esta Comisión y, por tanto, de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Tal y como dicen en su exposición de motivos, estamos totalmente de acuerdo en que el lenguaje es una construcción social que debe evolucionar como lo hace la sociedad. Sin embargo, nos sorprende que esta iniciativa provenga precisamente del grupo parlamentario que ostenta el Gobierno, puesto que choca total y completamente con el uso que el actual Gobierno hace del lenguaje. Nuestro propio presidente del Gobierno invisibiliza a la mitad de la población de forma sistemática y constante. De hecho, la propia ministra de Igualdad lo hace, poniendo de manifiesto la exánime apuesta por la igualdad de su ministerio. Por todo ello, hemos presentado una enmienda añadiendo una cláusula en la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que los poderes públicos sean ejemplo del uso igualitario del lenguaje, especialmente en lo que se refiere al uso sexista del mismo como forma de discriminación a las mujeres, y a promover los cambios y acciones necesarias en ese sentido. Creemos que es importante que los poderes públicos sean ejemplo de este uso igualitario del lenguaje.
Pero no basta con elaborar proposiciones no de ley, no basta ni siquiera con ser ejemplo; está en la mano del Gobierno llevar a cabo políticas culturales capaces de romper con la invisibilización de las mujeres y que hagan que la cultura sea realmente inclusiva. Y aquí me gustaría hacer mención a la Real Academia Española porque, como comentaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aunque es un órgano independiente, sí tiene determinados lazos con las instituciones públicas y su configuración, su espíritu, son consecuencia de las políticas culturales que se aplican desde las instituciones. En su PNL dicen que la Real Academia ha mostrado sensibilidad en relación al lenguaje no sexista, permítame que difiera totalmente y, de hecho, la ponga como un ejemplo precisamente del tipo de institución cultural que nos ignora, que nos da la espalda a las mujeres; una institución que anda muy por detrás de la sociedad, y que es un ejemplo de cómo las políticas culturales del Gobierno perpetúan este tipo de dinámicas institucionales. De entrada, la Real Academia muestra una fuerte resistencia a la presencia de mujeres,
pues si bien las mujeres escritoras son mayoría, de un total de 44 miembros solamente ocho son mujeres. Como lingüista me gustaría hacer una pequeña nota y recordar que la Real Academia ha ignorado reiteradamente los más de cuarenta años de lingüística feminista y sus ricas aportaciones. Una lingüística feminista que existe tanto desde la Real Academia como desde el activismo. En realidad los pasos que ha dado la Real Academia han sido como respuesta al activismo feminista, que ha ido presionando para corregir determinadas acepciones. Incluso, yo diría que la Real Academia incurre en una negación de la lingüística general del último siglo, y se olvida en sus debates de citar las teorías lingüísticas posteriores al estructuralismo que han mostrado cómo el lenguaje no solo refleja, sino que desempeña un papel protagonista en la creación y perpetuación del sistema social. Y aquí me gustaría citar al filósofo británico John L. Austin cuando afirma: Se hacen cosas con las palabras. Pues bien, hago un llamamiento al Gobierno a ser consciente de que las palabras hacen cosas y a realizar un cambio de políticas culturales, a que sea consciente de esta "performatividad" del lenguaje.
Por último, también quería hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que nos unamos y cambiemos de una vez el Reglamento de esta casa en lo que se refiere a lenguaje no sexista. Recordemos que esta casa, el Congreso de los Diputados, nos invisibiliza desde el propio nombre que da la bienvenida a los diputados, pero se olvida de nosotras.
Turno ahora para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí.
Quiero sumarme a las palabras de la compañera, Mar García, y recordar que tenemos una proposición no de ley aprobada que conseguimos transaccionar, después de casi dos años de intentar boicotear esa votación por mil temas. Mediante la burocracia se intentó paralizar esta proposición no de ley que presentamos a través de Compromís y que transaccionamos con otros grupos políticos, que no solo cambia el nombre del Congreso -incluyéndonos a todas en ese nombre con algo tan fácil como eliminar la coletilla "de los diputados", que además por economía lingüística debería ser algo razonable y aceptado por todos los grupos, cosa que no sucedió en la votación-, sino que, además, insta a esta Cámara a ser parte de ese cambio. Efectivamente, nos parece un poco falaz que por parte del Grupo Parlamentario Popular se inste al Gobierno a utilizar un lenguaje no sexista, a utilizar lenguaje inclusivo, cuando en otras ocasiones cuando hay que votar proposiciones no de ley que van justamente en esa dirección, ese mismo grupo no las apoya. Por tanto, nos parece perfecto que quieran instar al Gobierno de su propio partido a asumir este cambio que ya se les viene encima, pero nos gustaría que ese cambio realmente fuera de verdad y no simplemente un postureo, una PNL para votar aquí y poder decir que se ha hecho algo por el lenguaje inclusivo, sino que realmente fuera algo que se intentara aplicar. Eso empieza por el discurso diario de todos los diputados y diputadas que estamos en esta Comisión y en esta Cámara, empieza por una concienciación real, y empieza por querer hacer realmente del lenguaje una herramienta de cambio social y político.
Señorías, el lenguaje que utilizamos a diario conforma nuestra realidad, la manera en que nombramos a las personas y a las cosas que nos rodean crea una percepción determinada de nuestra vida diaria. El lenguaje inclusivo lleva años siendo una de las herramientas en las que se está trabajando desde diferentes frentes para mejorar la igualdad y el empoderamiento femenino. A día de hoy, académicos y activistas políticos en este ámbito mantienen una intensa discusión sobre las mejores formas de conseguir que el lenguaje que utilizamos a diario sea lo más inclusivo posible. Es cierto que, si bien existe una importante controversia sobre si el lenguaje inclusivo debe fundamentarse en utilizar la acepción femenina y masculina cada vez que estén presentes miembros de ambos sexos, hay personas que abogan por utilizar acepciones neutras. Desde Ciudadanos consideramos que la igualdad entre hombres y mujeres también supone dejar de utilizar expresiones que poseen claras connotaciones machistas y un lenguaje excluyente. Existen numerosos ejemplos de discriminación en el lenguaje de la Administración, por
ejemplo, con las personas transexuales, cuando no se les reconoce el nombre o la identidad que ellas sienten, ya sea en los centros escolares o en la Administración sanitaria.
Voy a leer un párrafo de la intervención de Marta Martín Llaguno en el debate de la PNL sobre lenguaje inclusivo del Grupo Compromís. Intentaré llegar a su nivel, cosa que dudo. La señora Martín dijo: "Señorías, el lenguaje es algo vivo y consideramos positivo el debate que estamos abordando aquí. Hablamos de cuestionar los términos, palabras, frases o expresiones que hemos dado durante mucho tiempo como neutralizadas, cuando en realidad no lo son o no deberían serlo, pero de esta forma la polémica sobre si algo está bien o mal nos hace reflexionar y eso siempre es necesario. A nuestro modo de ver, es importante borrar del diccionario toda herencia misógina, tal y como señaló en su momento la académica Soledad Puértolas. Existen muchos usos del lenguaje que, a nuestro juicio, se deberían cambiar, pero estos usos afectan más al léxico que a la gramática. Creemos que es muy importante hacer esta distinción y debemos adecuarnos a las reglas gramaticales y sintácticas principalmente por razones de inteligibilidad y de claridad". Por lo tanto, votaremos a favor de esta proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente para fijar la posición de mi grupo, que será favorable a la iniciativa, no sin dejar de sorprendernos que sea el propio Partido Popular, que sustenta al Gobierno, el que inste al Gobierno a que realmente cumpla la ley, a que no haga otra cosa que no sea cumplir la Ley de igualdad. Quiero dar la bienvenida al Partido Popular a este tema, a un uso no sexista del lenguaje y al lenguaje incluso. Aunque nos tememos que esta proposición no de ley no vaya tan lejos adonde nosotros quisiéramos ir y se limite ex profeso a ese uso igualitario del lenguaje o a fomentar la imagen igualitaria y no estereotipada, y no a un uso realmente inclusivo como nos gustaría, porque la parte propositiva no utiliza las palabras "lenguaje inclusivo" ni tampoco las palabras "lenguaje no sexista". Como muchas veces se ha dicho en esta Comisión en diferentes debates, aquello que no se nombra no existe. Nos gustaría que con la proposición se fuera un poco más allá, que realmente esto sirviera para un uso no sexista del lenguaje porque, como muy bien ya han dicho aquí otras compañeras, con el lenguaje ayudamos a construir una sociedad más igualitaria.
- RELATIVA A IMPULSAR EL LIDERAZGO FEMENINO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002825).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al 7.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a impulsar el liderazgo femenino, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y otra del Grupo Socialista. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Bastidas.
Somos conscientes que abordar una cuestión como la del liderazgo femenino, con todo lo que afecta a las políticas de igualdad, en una sola proposición no de ley es muy difícil porque estamos hablando de una materia que abarca otros muchos temas, que es transversal y que requiere una mirada, por tanto, lo más amplia posible. Pero entendemos que es necesaria tratarla específicamente y remarcar la posición desde el Congreso de los Diputados. Desde el Grupo Popular consideramos, como sucede en otras materias, que debemos ofrecer a la ciudadanía mensajes claros, el mayor de los consensos y la voluntad política de sus representantes con el objetivo de lograr una participación equilibrada de hombres y mujeres en los ámbitos de decisión.
No creo que sea necesario reiterar a sus señorías los beneficios que de estos equilibrios se derivan. De hecho se está trabajando en ello desde los diferentes ámbitos gubernamentales, ya sea desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidad, como también desde el Ministerio de Educación. Se han puesto en marcha proyectos específicos como proyectos de mentoring contando con la colaboración de empresas. Se están desarrollando programas para visibilizar el elevado número de
mujeres altamente cualificadas e interesadas en acceder a puestos de alta responsabilidad y también proyectos de empoderamiento y liderazgo femenino, como también se están realizando en el ámbito educativo. Es cierto que se está trabajando en ese sentido. Es tan cierto como que se debe todavía profundizar aún más y perseverar, impulsando en colaboración con las comunidades autónomas más políticas que ayuden a la promoción profesional de las mujeres y a combatir los sesgos de género. En ese sentido precisamente va nuestra proposición no de ley.
Señorías, aquí con toda seguridad si nos ponemos a hilar muy fino podríamos tener diferentes puntos de vista, incluso sobre lo que significa en sí mismo la palabra liderazgo, como también lo que entendemos por éxito, no solo como grupos políticos, sino también con toda probabilidad de manera individual, como podríamos entrar en matices, por ejemplo, en la regulación por ley de cuotas, o en disensos sobre las fórmulas de intervención de los Gobiernos en las empresas. Pero sí estaremos de acuerdo en que, desde la libertad individual de cada mujer a decidir sus parámetros de éxito, es nuestra responsabilidad articular las acciones que permitan un equilibrio en los puestos de responsabilidad y en medidas que profundicen en la igualdad de oportunidades en todos los sectores y en todos los escalafones.
Señorías, impulsar el liderazgo femenino, en definitiva, nos une a todos los grupos políticos. Quiero agradecer a los grupos que han presentado enmiendas, al Grupo Socialista y al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la generosidad tanto en el trámite como en el consenso de las distintas enmiendas presentadas, porque mi grupo cree profundamente en nuestras capacidades, pero sobre todo hay que resaltar un factor esencial que es muy importante: poder revertir esas estadísticas negativas en muchas empresas, en muchos sectores profesionales, instituciones o entidades, que también está en nuestra responsabilidad y depende de nosotras.
Trabajemos también desde la educación para poder romper con la influencia de los estereotipos de género en la efectividad del liderazgo femenino, porque todavía existen creencias arraigadas en una parte de la sociedad relacionadas con cuál es o cuál debería ser el rol de los hombres y de las mujeres. Esos que cuestionan aún la capacidad de la mujer para ocupar ciertos puestos, o que consideran que la maternidad nos impide la dedicación necesaria para asumir algunas responsabilidades. Desarrollemos programas transversales que contribuyan a diluir esas barreras ordinacionales, interpersonales y personales que impiden avanzar. Contribuyamos desde las políticas públicas a que se visualice y se promueva el liderazgo de mujeres. No es solo una cuestión de cuotas, podríamos hablar del precipicio de cristal, mujeres que son promovidas al frente de sus organizaciones en un momento de crisis prácticamente irreversible, o de otras discriminaciones laborales por razones de género. Hablar de mujer y liderazgo merece un debate extenso, eso sí, mucho más amplio.
En definitiva, mi grupo quiere con esta proposición no de ley lanzar un mensaje claro a la sociedad en su conjunto, que ha de implicarse para avanzar en ese sentido. Queremos profundizar en los mecanismos que construyen esa igualdad de oportunidades que todas y todos los que estamos aquí queremos y que desde luego la inmensa mayoría de los que representamos quieren. Sumamos, por tanto, voluntades para impulsar junto con todas las administraciones públicas, aunque en este tema esté en la agenda de nuestra sociedad como un objetivo colectivo. Solo así vamos a lograr que cale y solo así vamos a lograr que se interiorice para poder corregir finalmente esos datos negativos que nos preocupan y que nos ocupan.
Una vez más, solicito y agradezco el voto favorable, el acuerdo entre los enmendantes a esta proposición no de ley para poder ir avanzando, porque como decía la madre Teresa de Calcuta, una mujer que por cierto basó su liderazgo en el servicio a los demás, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de poner aceite.
Para defender las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bosaho.
Vamos a defender nuestra postura en esta proposición no de ley, con la que vamos a ser muy críticos porque estamos de acuerdo en impulsar el liderazgo femenino en las empresas, cómo no, pero estamos hablando como así ha dicho la compañera del Partido Popular de una cuestión que abarca muchos campos y yo me voy a centrar solamente en el de la conciliación.
Señorías, estamos ante una proposición no de ley del Partido Popular interpelándose a sí mismo a cumplir medidas que vayan dirigidas a cuestiones que en la práctica este mismo partido en el Gobierno
incumple constantemente. En este caso el Partido Popular nos señala su preocupación por el liderazgo femenino en las grandes empresas y para ello nos muestra las cifras de Eurostat y nos explica algunos planes que se han llevado a cabo para fomentar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos laborales, con lo que estamos de acuerdo. Más allá de los datos que conocemos y los beneficios propios que obtendrían las empresas si tuvieran al frente de las mismas mujeres, hay un problema estructural que no parece importarle al Gobierno del Partido Popular, de lo contrario no estaríamos aquí recordándoselo continuamente.
El séptimo y octavo informe periódicos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigido a informar sobre la situación de las mujeres en España nos dice lo siguiente: La austeridad ha relegado a muchas mujeres a los tradicionales roles de subordinación y ha empeorado su situación. Las medidas de austeridad introducidas en respuestas a las crisis económicas han tenido un impacto grave y desproporcionado sobre las mujeres en este país y lo estamos viviendo. La Cedaw también llama la atención a España por la reforma laboral aprobada en 2012 y que ha dado lugar a un mercado deteriorado y cada vez más precario. Bien sabemos que esta precarización afecta de una manera mucho más dura a las mujeres de nuestro país. La Cedaw nos alerta de la alta concentración de mujeres a tiempo parcial que suponen un 70 %, según las cifras que se han recopilado. Además, nos recuerda que la brecha salarial de género sigue siendo superior a la media de la Unión Europea. Las trabajadoras cobran un 23,9 % en España, cuando son la cifra más alta de universitarias en nuestro país. ¿Cómo se van a implementar políticas para que estén las mujeres en grandes empresas como el Ibex 35 si no se fomentan en otras escalas? Por citar algún ejemplo también hablaremos de los permisos de maternidad y paternidad. Quiero decirle al Partido Popular que el Tribunal Constitucional ha admitido nuestro recurso de amparo sobre esos permisos igualitarios. Esa es una buena forma para llegar a estas empresas.
Finalmente, hemos presentado dos enmiendas que creemos que mejorarán la proposición no de ley. Votaremos a favor, por supuesto, si nos las aceptan.
A continuación para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señora Guinart.
La señora GUINART MORENO: Gracias, señora presidenta.
No podemos estar más de acuerdo con el título de la proposición no de ley del Partido Popular, con el título -insisto-. Otra vez nos presentan una iniciativa sin contenido, y sobre todo sin compromiso. El estudio "Women in Business 2018: ¿cumplir o liderar?" de 2018 elaborado por la consultora Grant Thornton pone de manifiesto que en España en los dos últimos años hay un estancamiento del número de mujeres en altos cargos. Las mujeres en la dirección de las organizaciones son el 20 %, frente al 22 % en 2016, pero las que cuentan con mujeres en altos cargos son el 27 %, las mismas que el año pasado. Esa organización reclama acción para alcanzar un verdadero impulso de la presencia de mujeres en cargos directivos para conseguir el liderazgo femenino. Los datos sugieren que las empresas podrían estar centrándose en cubrir el expediente, lejos de alcanzar el objetivo de una alta dirección diversa. El acceso de las mujeres a los liderazgos, sean políticos, profesionales, sociales o económicos es siempre difícil y además tenemos que justificar y explicar continuamente el porqué y para qué queremos ese liderazgo, algo que a los hombres nunca se les reclama. No se acepta algo tan sencillo como que se trata de una cuestión meramente de justicia.
Digo esto porque -insisto- nos parece muy bien su proposición no de ley, pero convendrán que le falta empuje y compromiso. Por eso, hemos presentado algunas enmiendas que van en la línea de concretar acciones, porque promover actuaciones a combatir sesgos de género que dificultan el acceso y promoción profesional de las mujeres es algo tan obvio que incluso sobra. Bastaría con hacer cumplir la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ustedes recurrieron al Tribunal Constitucional. En su título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, con medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, formación y promoción profesional y en las condiciones de trabajo. En este sentido, presentamos una enmienda para incluir la creación de una oficina estatal de lucha contra la discriminación por razón de sexo, en el empleo y en la ocupación integrada en el organismo estatal Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. Un órgano que se encargue del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra esa discriminación de la que se ocupa la
ley de 2007. Es algo que hemos recogido en nuestra enmienda para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación registrada hace un par de meses.
A su vez sería bueno que cundiera el ejemplo y que el Gobierno cumpliera con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les corresponden, tanto en los consejos como órganos, comités o comisiones con competencias o funciones en materia de empleo y ocupación. Que no ocurra lo mismo que ha acontecido recientemente en la Comisión General de Codificación encargada de revisar los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal, en la que el 90 % de sus miembros son hombres y el cien por cien en la sección de Derecho Penal a la que el Ministerio de Justicia le hizo el encargo. Tuvo que ser el Grupo Parlamentario Socialista el que exigiera en una proposición no de ley esa paridad porque ustedes querían como siempre, una vez más, maquillarlo con una invitación a algunas mujeres a formar parte de la comisión de manera temporal, una vez más incumpliendo la Ley de igualdad. Dejen de querer aparentar, cumplan la ley y apoyen nuestras propuestas, solo entonces les vamos a creer. Como se está elaborando una transaccional, vamos a apoyar esta propuesta. (Aplausos).
A continuación pasamos al turno de fijación de posiciones del resto de los portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí.
Bienvenidas sean todas las propuestas que quieran impulsar el liderazgo femenino, pero una vez más consejo doy y para mí no tengo. El Gobierno de España está formado por nueve hombres y cinco mujeres. Por tanto, ¿dónde está ahí el liderazgo femenino? Tenemos más presencia en las universidades, estamos más formados, por tanto, tenemos más que demostrado que podemos hacerlo. Nos parece muy bien que empecemos a actuar para aplicar la ley, sin ir más lejos. Pero como decía antes con el tema del lenguaje hay que empezar a lanzar esos mensajes vía proposición no de ley -por cierto, la mayor parte de la sociedad no sabe ni qué es una proposición no de ley-, hay que mandar de verdad mensajes claros sobre el compromiso que tenemos a la hora de aplicar todas estas cosas. Liderazgo femenino, sí. ¿Fomentarlo? Por supuesto. Pero también cuando nombramos equipos de Gobierno, cuando nombramos cargos públicos e incluso cuando nombramos dentro de nuestros partidos o ejecutivas a los portavoces de grupos los parlamentarios tenemos que empezar a pensar que ese liderazgo femenino también hay que fomentarlo y hacerlo visible. El mensaje en una PNL que quedará publicada en el Diario de Sesiones es importante, pero es sabido que una imagen vale más que mil palabras, y una foto donde nosotras estemos representadas en igualdad de condiciones en todos los organismos es mucho más potente que una proposición no de ley, que por cierto dudo mucho que vaya a leer la mayor parte de la sociedad.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet.
La incorporación de la mujer al ámbito laboral ha conllevado un cambio radical de este, aportando una nueva visión y cualidades a numerosos sectores que hasta el momento eran primordialmente dirigidos por hombres. Sin embargo, pese a que la mujer lleva incorporándose al mercado laboral desde hace años, a fecha de hoy todavía encontramos numerosas barreras para que las mujeres lleguen a puestos de dirección. Me alegra que el Partido Popular se apunte a este reto, porque creo que entre todos tenemos que hacer todas las acciones posibles para impulsar el liderazgo femenino. Iba a decir yo también lo del Gobierno, pero la señora Sorlí me ha robado la frase.
En cuanto a la presencia de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas hay que decir que ha habido avances en los últimos años, pero todavía no se han conseguido los objetivos acordados con Europa. En la Unión Europea de los veintiocho se ha doblado la presencia de la mujer en los consejos de administración desde el 10 % que estaba en 2015, hasta el 22 % en 2015. Sin embargo, estamos muy lejos de aquella propuesta de la directiva que elaboró la Comisión Europea, que finalmente no prosperó para que al menos el 40 % de los puestos no ejecutivos de los consejos de administración de las empresas cotizadas estén ocupadas por mujeres en el año 2020. Faltan tres años, señorías, para que se cumpla el plazo y de momento España está lejos de cumplirlo. La Comisión declaró que su intención
era mejorar el gobierno corporativo de las empresas a las que iba dirigida la medida. En España la Ley de igualdad de 2007 introdujo el mandato específico para que las empresas del Ibex 35 alcanzaran el 40 % de mujeres en sus consejos de administración en el año 2015. Sin embargo, la norma no preveía sanciones por incumplimiento y como consecuencia nuestro país llegó a la fecha señalada con apenas un 11,8 % de mujeres en puestos directivos y un 19,4 % en los consejos de administración, muy lejos del objetivo marcado por la ley y por la Unión Europea. El código de buen gobierno de las sociedades cotizadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores recomienda la presencia de mujeres y que al menos represente el 30 %, rebajando diez puntos la recomendación de la Comisión, pero aun así llegamos al 21,8 %, también lejos de la cifra definida.
Hay seis países de la Unión Europea -Alemania, Francia, Holanda, Italia, Eslovenia y Bélgica- que han aprobado leyes que imponen una cuota mínima de género en los órganos de decisión en las empresas públicas. Países como Portugal y Austria están en negociaciones sobre este asunto en sus respectivos parlamentos.
Señoría, la problemática de que no haya tantas mujeres en los consejos de administración no es un problema de la mujer, no es un problema de la capacitación de la mujer, es un problema del miedo que tienen los hombres a que la mujer por ser más competitiva y por estar mejor preparada les quiten sus puestos de trabajo.
- SOBRE JUGUETES POR LA IGUALDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003029).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al 8.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre juguetes por la igualdad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, una del Grupo Ciudadanos y otra del Grupo Socialista. Por tanto, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí.
Que con el juego y los juguetes los niños y las niñas aprenden una representación de la sociedad y de sí mismos, todo el mundo estará de acuerdo. El juego en general y los juguetes en particular ejercen un papel fundamental en el desarrollo infantil y, por tanto, la industria juguetera tiene un papel fundamente en cuál será el desarrollo y la percepción que tengan los niños y niñas en un futuro de sí mismos y de la sociedad en la que viven. Esta industria juguetera además es muy heterogénea y, por tanto, tenemos que atenderla como tal. Los juguetes son un instrumento educativo y sumamente relevante que vehiculizan una serie de valores socioculturales. Por eso es importante cómo los presentamos a nivel de publicidad y cómo acceden los niños y niñas a estos juguetes.
Esta PNL está registrada desde hace unos meses, pero hace muy poco fue el cumpleaños de mi sobrina y me encontré con esta muñeca Barbie. (Muestra una fotografía). Este es un regalo a una niña de seis años y esta es la imagen que estamos dando a nuestras niñas de cuál tiene que ser su cuerpo. Esta es la imagen que mi sobrina recibió el día de su cumpleaños de cómo tenía que ser su cuerpo. Por supuesto, a nosotros nos alarmó y así se lo hicimos saber, pero seguimos teniendo estas imágenes no solo en las estanterías de las jugueterías sino también en los anuncios publicitarios. Por eso queríamos traer aquí una iniciativa que mostrara otra realidad, ya que cada vez más se incrementan los anuncios y los juguetes que animan, sobre todo a las niñas, a cuidar su aspecto físico, a ponerse mechas, a pintarse las uñas, cosas que están totalmente fuera de lo que tendrían que hacer a su edad.
También en el pacto de Estado -hablamos mucho de esto- aprobamos llevar a cabo iniciativas para impedir la publicidad sexista a todos los niveles, pero cuando hablamos de publicidad que llega directamente a niños y niñas es todavía más alarmante. Por eso frente a esta Barbie, frente a esta muñeca totalmente alejada de la realidad del cuerpo de una mujer, entendemos que es mucho mejor hacer campañas o imágenes que alienten a las niñas a ser lo que quieran ser. Estas campañas ya se están haciendo en el Ayuntamiento de Valencia, donde gobierna Compromís. Pensamos que es importante que esta sea la imagen que se les transmita a las niñas, pero también que pueden jugar a lo que les dé la gana y no solo con muñecas Barbie, sino también a fútbol, ¿por qué no?
Esta es la finalidad de esta proposición no de ley, que a través de ella instemos al Gobierno a hacer publicidad y a hacer campañas que intenten preservar la imagen pública, que intenten eliminar todas esas imágenes estereotipadas, sexistas u homófobas que nos encontramos muchísimas veces en la publicidad, que además instemos a las instituciones europeas a modificar la normativa y a controlar la publicidad sexista, sobre todo en el sector del juguete porque entendemos que a través de los niños y niñas realmente es donde podemos impulsar un mayor cambio social hacia la igualdad y que realicemos estudios territorializados que garanticen que esto se esté aplicando también a través de los Gobiernos autonómicos, no solo en los Gobiernos que ya nos los creemos y así lo hacemos, sino también en aquellos que no lo ven una prioridad.
Además, se han presentado varias enmiendas, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo de Unidos Podemos. (Rumores).
Por favor, les ruego a sus señorías que bajen el tono de voz. Si tienen alguna cuestión que comentar, salgan un momento de la sala. Es imposible escuchar nada, yo creo que ni se escucha a sí misma la persona que está interviniendo.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta. La verdad es muy difícil seguir el hilo del discurso cuando está habiendo conversaciones paralelas.
Decía que han presentados dos enmiendas, tanto del Grupo Socialista como por parte del Grupo de Unidos Podemos, que van encaminadas a añadir más actividades concretas y más proposiciones concretas que puedan ayudar a la finalidad de la proposición no de ley. Por tanto, entendemos que suman a nuestra propuesta y las aceptaremos.
Por otra parte, el Grupo Ciudadanos ha presentado una enmienda, pero entendemos que su parte de centros educativos invade competencias autonómicas y por tanto no la vamos a aceptar, y además invade la libertad de las empresas intentando que sean las empresas y no las instituciones las que nos comprometamos en que la publicidad no sexista y, sobre todo, en que la publicidad igualitaria en juguetes sea una realidad. Por tanto, aceptaremos las enmiendas del PSOE y Unidos Podemos, pero no la de Ciudadanos. Ya hemos hecho llegar un texto transaccional a la Mesa.
Antes de pasar a debatir las enmiendas que han presentado los distintos grupos, permítanme recordarles señorías, que si tienen algún texto transaccional lo hagan llegar a la Mesa, porque si no, nos veríamos obligados a suspender por lo menos la sesión durante cinco minutos para poder hacer después las fotocopias correspondientes. Como al llegar al final de la sesión todo el mundo está deseando terminar, les recuerdo esto para que podamos agilizar el trabajo previo.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para defender su enmienda tiene la palabra la señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Gracias, señora presidenta.
Desde nuestro Grupo de Unidos Podemos vamos a apoyar esta proposición no de ley. Voy a ser breve porque compartimos totalmente la argumentación que hace unos momentos se ha dado.
Hemos presentado una enmienda que plantea hacer una campaña institucional amplia en el mes de septiembre sobre juguetes no sexistas, de cara a la campaña de Navidad. Será una campaña más, seguramente lo sabemos, pero es una campaña necesaria aunque no sea suficiente. Decimos que es necesaria porque los medios de comunicación ejercen un gran papel a la hora de perpetuar roles sexista, pero no es suficiente porque hay que poner en marcha también otras iniciativas en el mundo empresarial, porque argumentan que el mercado de los juguetes está condicionado por las preferencias naturales -entrecomillas- de niños y niñas, cosa que hoy en día no se sostiene científicamente ni se lo cree prácticamente nadie, porque son los juguetes los que contribuyen al desarrollo de los niños y de las niñas que se inician y consolidan su aprendizaje. Por tanto, en la actualidad los juguetes siguen siendo una forma más de contribuir a perpetuar la desigualdad en el reparto de funciones. Estamos hablando de que son una herramienta muy importante, una herramienta poderosa. Así que desde la compra del primer juguete ya estamos estableciendo la discriminación de género y orientándoles a sus futuras vidas profesionales, a sus vidas públicas y también a sus vidas privadas. Por eso los Gobiernos tienen la
obligación de trabajar intensamente en este ámbito del juguete, porque de eso dependerá cambiar roles y dependerá también que consigamos un gran avance hacia la igualdad real. Por la importancia que tiene este tema para nuestro Grupo Confederal esperamos que no sea esta una nueva proposición no de ley que se quede guardada en el cajón sin cumplir. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Garaulet.
A día de hoy en pleno siglo XXI vamos a seguir asociando acciones como el cuidado familiar, las labores del hogar a juguetes y actividades de rol femenino o, por el contrario, a actividades deportivas, de construcción o mecánica, a juguetes y acciones de rol masculino. En este enfoque tradicional de los juguetes y del ocio contribuye a asignar e imponer determinados roles injustos a nuestros menores, inculcándoles principios y valores que en ocasiones pueden frustrarlos y condicionarlos a tomar decisiones que pueden ser equivocadas, como puede ser su profesión en el futuro o sin dejarles indagar en su verdadera vocación y curiosidad por el mundo.
Esta diferenciación por género induce a los niños a descartar juguetes y actividades de ocio y tiempo libre afines a sus gustos por una imposición tradicional de la sociedad. Esto conlleva que algunos niños rechacen actividades que les motiven y que les enriquecen e incluso aquellas que les pueden resultar exitosas en su vida adulta, generando en ocasiones incluso una pérdida de talento en ese sector en contra.
Para este asunto también es precisa la implicación de las empresas del sector porque una imagen vale más que mil palabras. Por eso, las compañías de publicidad deben tener constancia de la impronta que los juguetes desarrollan en la igualdad de género y en el desarrollo de roles en la vida adolescente y adulta. Consideramos que la publicidad en este tipo de productos debería de fomentar una proyección de los juguetes más neutral, centrada más en el producto que en la persona que debe utilizarlo o la estimulación conductual que debe producir. Fomentar la igualdad de género y no limitar el desarrollo de nuestros menores es una tarea compartida por todos, señorías, especialmente de todos aquellos que tienen una influencia en los niños y niñas desde edades tempranas, por eso no entiendo que la señora Sorlí diga que incidimos en las acciones competenciales, lo único que decimos es promover en colaboración con las comunidades autónomas una campaña de concienciación efectiva en los centros educativos contra los roles asignados a juguetes y actividades de ocio por género, a la que poder asistir también los progenitores y que sirviera de impulso para normalizar la libre elección de juguetes y actividades de ocio de nuestros menores, contribuyendo a romper el estereotipo establecido por sexo, potenciar el talento de cualquier profesión y favorecer la felicidad y la libre elección de los menores, y además trasladar, por supuesto, trasladar a la industria juguetera la necesidad de que los anuncios y promociones de juguetes, especialmente de cara a la campaña navideña, eviten la discriminación por género y fomentar la igualdad entre niños y niñas.
Yo tuve la suerte, a diferencia de la señora Sorlí, que el regalo de comunión que me pidió mi sobrina fueran unas botas de fútbol de Ronaldo y eso es gracias a que mis cuñados han fomentado que se aperturara y el talento de la niña e hiciera que tuviera lo que ella siguiera en función de sus gustos. Eso es lo que tenemos que potenciar, eso es lo que tenemos que trabajar todas sus señorías y eso es lo que tenemos que conseguir, que tanto el Estado como las comunidades autónomas como los ayuntamientos, así como las industrias de los juguetes, tengan claro que es la mejor forma de generar y de cuidar y educar a nuestros hijos.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda. Señora Guinart.
Más de un tercio de los anuncios de juguetes que se ven por televisión y que ven por televisión los menores y las menores de edad, contienen estereotipos de género. Un estudio del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, así lo revelaba. El CAC también puso de manifiesto a principios de este año que en la pasada campaña de Navidad se registró por vez primera desde 2012 un repunte de la publicidad sexista. Es algo contra lo que luchamos las madres y los padres, que somos conscientes de la influencia de los
medios de comunicación y la publicidad en la formación de nuestros hijos e hijas como ciudadanos y ciudadanas. Sabemos que los estereotipos que transmiten los medios, especialmente las pantallas, graban a fuego construcciones patriarcales machistas y sexistas que luego cuesta mucho de combatir y eliminar.
Como poderes públicos, en este caso como Legislativo, tenemos la obligación de atajar esas prácticas, lo hicimos recientemente en el pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Pleno de esta Cámara el 28 de septiembre pasado, un buen número de medidas hacían referencia a esa responsabilidad de los medios y algunas se referían en concreto a la publicidad.
Como ha ocurrido con otras medidas del pacto, el Gobierno no las está llevando a cabo ni ha puesto los recursos personales orgánicos y presupuestarios para que se hagan realidad. Entre esas medidas, una de las más urgentes es sin duda la referida a la recuperación de la figura del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad audiovisual independiente, siguiendo el modelo del resto de países y de algunas comunidades autónomas, entre estas últimas Andalucía, cuyo Consejo Audiovisual ha aprobado los criterios e indicadores sobre publicidad discriminatoria para la mujer y estereotipos sexistas.
En este sentido apunta nuestra enmienda a nivel estatal, aunque la modificación en 2004 de la Ley General de Publicidad ha permitido luchar contra la emisión de anuncios degradantes y discriminatorios para la mujer, pero, como señala el Consejo de lo Audiovisual de Andalucía, el análisis de las comunicaciones comerciales encaminado a la identificación de esos mensajes o imágenes, al igual que los estereotipos que fomentan las desigualdades de género, tropieza con la ausencia de criterios universalmente válidos en materia de publicidad discriminatoria por razón de sexo.
Los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que aprobó el Gobierno socialista en 2007, apelan a los medios de comunicación y a su responsabilidad en la no discriminación y transmisión de una imagen no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad.
La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 también explicita la prohibición de toda comunicación comercial que fomente la discriminación por razón de sexo. Leyes haberlas haylas, como se ve, pero hace falta un organismo que vele celosamente por su cumplimiento. Igualmente, nuestra enmienda también añade un aspecto importante como es el de la adopción de acuerdos de autorregulación de los medios de comunicación social que contribuyan al cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad de trato y no discriminación, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen. Es importante e imprescindible que los poderes públicos demos pasos adelante en esta cuestión, como ha hecho recientemente el Ayuntamiento de Segovia, con la alcaldesa socialista Clara Luquero al frente, es la primera ciudad española que se ha sumado a la plataforma del Parlamento Europeo Ciudades contra la publicidad sexista, liderado por los socialdemócratas europeos. Confiemos que cunda el ejemplo.
Votaremos a favor de la iniciativa de Compromís y hemos transaccionado las enmiendas.
Turno ahora para fijación de posiciones del resto de los grupos.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Agirretxea. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señora Capella. (Denegación).
Y por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Clavell.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Todas las niñas y niños tienen la necesidad de jugar y de divertirse, de esta forma satisfacen su necesidad de moverse, curiosear, crear, relacionarse, expresarse, intercambiar vivencias, acciones y pensamientos, en definitiva, su necesidad de estar y de vivir en el mundo. Al mismo tiempo, los juegos y juguetes son instrumentos que socializan, inculcan ideas, creencias, valores sociales, expectativas, necesidades, ofrecen modelos de actuación, enseñan a solucionar conflictos, esbozan un mundo mágico y proporcionan una fuente de imaginación y creación. Todos estos elementos influyen profundamente en la construcción de la personalidad e identidad de las personas en sus primeras etapas de la vida. Por ello debemos ser conscientes del importante papel que desempeñan juegos y juguetes en el desarrollo de niños y niñas, debemos tener presente las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de entretenimiento de nuestros niños y la nueva forma de ocio informatizado provoca mucha polémica en la sociedad, ya que existe la creencia de que pueden crear adicción o que inducen cambios de conducta tendentes al aislamiento y violencia. Lo cierto es que el ordenador y las nuevas tecnologías son herramientas que ya forman parte del panorama laboral y doméstico, por lo que no está de más que niños, niñas y adolescentes vayan familiarizándose con ellos, todo ello haciendo un uso responsable y bajo la supervisión de las
madres y padres respecto a los contenidos y lugares que visitan en la red, una alternativa a todo ese tipo de juegos y puesto que, desgraciadamente, se ha ido perdiendo, con el tiempo es jugar sin juguetes, es decir, juegos de grupo y cooperativos que implican un uso no sexista del espacio y de los objetos, compartiendo niños y niñas el placer de la diversión en grupo, de las relaciones entre iguales, del contacto socio-afectivo y de la cooperación.
Por todo ello desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos fundamentales algunos aspectos a la hora de elegir un juguete, uno de ellos que puedan jugar con él niños y niñas indistintamente, que evite la transmisión de estereotipos sexistas y no potencia la violencia, que facilite poder jugar con las demás personas, la comunicación entre los participantes y que fomente las relaciones entre iguales, que favorezca la ayuda entre iguales y no la rivalidad ni la competitividad, que el juego evite la agresividad y facilite las relaciones entre niños y niñas, que potencie las relaciones cooperativas de ayuda, que se logre alcanzar un mismo objetivo o propósito entre todos, que es, sin lugar a dudas, pasarlo bien, que sea divertido, motivador y que despierte el deseo de jugar, que desarrolle la imaginación y la creatividad, que estimule su curiosidad, su interés por investigar y que permita a la niña o niño descubrir nuevas posibilidades en el juego y, por último, que potencie la capacidad de pensar y la resolución de problemas.
Por estos mismos motivos, desde el Grupo Parlamentario Popular, y vistas las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, votaremos a favor.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODAS LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, EN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE SE DEFINAN, IMPLEMENTEN, EVALÚEN Y PLANIFIQUEN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002698).
La señora PRESIDENTA: Abordamos ahora la proposición no de ley que figuraba en el orden del día inicial con el número 6, relativa a la adopción de medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de prevención de riesgos, en las disposiciones legales y en todas las actuaciones que se definan, implementen, evalúen y planifiquen en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa. La presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Se han presentado nueve enmiendas, ocho del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y una del Grupo Parlamentario Popular.
Turno a favor, por tanto, del grupo proponente. Señora Galovart.
La señora GALOVART CARRERA: Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.
La PNL que presentamos se suma a otra de nuestro grupo y aprobada por la Comisión de Empleo, sobre la necesidad de modificar el catálogo de enfermedades profesionales para evitar la discriminación por razón de género y la presente iniciativa pretende ahora incorporar la perspectiva de género en las medidas de prevención de riesgos laborales de trabajo de las mujeres, no en vano las estrategias españolas y europeas de seguridad y salud en el trabajo destacan la necesidad de adoptar medidas orientadas a integrar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la prevención y es con esta orientación que la PNL que nos ocupa en lo fundamental insta al Gobierno para que realice campañas específicas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en colaboración con las comunidades autónomas, para que incorpore la perspectiva de género en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y para que incida en el marco de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 con actuaciones que garanticen la perspectiva de género tanto en los planes de acción como en las campañas de divulgación.
Señorías, sabemos que el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley y los instrumentos jurídicos diseñados para garantizarla, sobre todo en la Ley de Igualdad, aún habiendo comportado sin duda un paso decisivo, ha resultado insuficiente. La violencia de género, la brecha salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la mayor tasa de temporalidad y parcialidad, la discriminación vinculada a la maternidad y la todavía escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, muestran cómo la igualdad plena y efectiva es todavía hoy entre hombres y mujeres una tarea pendiente que precisa de una acción normativa y de políticas activas dirigidas a combatir toda
discriminación directa o indirecta por razón de sexo y a promover la igualdad real con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.
Así las cosas y por lo que respecta al ámbito laboral, las formas más significativas de discriminación se encuentran en el acceso al empleo, pues es evidente que la tasa de actividad femenina es mucho menor que la masculina y que hay sectores de la producción donde prácticamente no se contrata a mujeres. Otra forma más de discriminación laboral es la parcialidad y la temporalidad de los contratos de las mujeres trabajadoras, y otra discriminación se haya en el veto sistemático a la promoción profesional de las mujeres que se lleva a cabo por las propias empresas y que viene impuesta también por las limitaciones que conlleva el intento frustrado de conciliar el trabajo con el cuidado de las personas a cargo, que recae, como todos sabemos, abrumadoramente y de manera casi exclusiva en las mujeres. La discriminación laboral la encontramos también en el salario pues a iguales características productivas entre un hombre y una mujer, esta en numerosas ocasiones recibe menor salario que aquel. Junto a estas manifestaciones de discriminación se encuentra un aspecto olvidado y de gran relevancia para la integridad de las mujeres, que es la igualdad de género en la protección de la seguridad y salud laboral. El caso es que no se ha incidido en ello ni legislativamente ni en la gestión empresarial de la prevención, ni forma parte tampoco del contenido de los planes de igualdad. El único aspecto desarrollado en nuestra legislación es la incidencia de la maternidad en la prevención de riesgos laborales y es la única referencia que se hace a las mujeres en la Ley de Prevención de Riesgos.
Este enfoque de la prevención neutro, sí, digo neutro, lleva a ignorar la diferencia de género en la gestión de la prevención y a no prevenir aquellos riesgos que afectan a las mujeres con mayor intensidad, aspectos como la mayor incidencia de los riesgos psicosociales debido a la situación de la mujer en el mercado de trabajo y su mayor implicación en el cuidado de la familia y dificultades de conciliación, así como la mayor incidencia de riesgos ergonómicos, poco identificados y planificados por las empresas, que afecta de forma más intensa a las mujeres por el tipo de trabajo que realizan como consecuencia de la segregación ocupacional.
Es así que en las ocupaciones y categorías profesionales en las que las mujeres están más representadas, como las vinculadas a la limpieza, a la sanidad, el comercio, la industria agroalimentaria, el cuidado de personas, camareras de piso, etcétera, en estas categorías profesionales, digo, el elemento determinante de riesgo es la exigencia de movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación de productos, se trata de actividades en las que la mujer está expuesta intensivamente a riesgos musculoesqueléticos que suelen derivar en procesos de enfermedades profesionales y en los que los aspectos de la gestión de la prevención, como son la ergonomía, la organización del trabajo y la evaluación de riesgos psicosociales son los más abandonados y peor desarrollados por la pequeña y mediana empresa, que centra su actuación preventiva en las especialidades de la seguridad y la higiene.
Señorías, finalizo. Avanzar hacia la efectividad y eficacia de las medidas de prevención de riesgos laborales incorporando la perspectiva de género nos permitirá sin lugar a duda dar un paso muy importante para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y por eso, como señalábamos, planteábamos esta PNL que esperamos se apruebe por unanimidad de los grupos, dado que, como decía, esta PNL está orientada a integrar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de la prevención.
Turno ahora para la defensa de enmiendas.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Carracedo.
Quisiera iniciar mi intervención recordando las manifestaciones que el Movimiento Feminista convocó ayer en varias ciudades del Estado español para pedir un compromiso de gasto en los Presupuestos Generales del Estado. 200 millones de gasto es una cifra pírrica, perdón, 200 millones de euros es lo que cuesta por ejemplo la ampliación de 5 kilómetros de la autovía del supersur en Vizcaya, es un compromiso pírrico y es una vergüenza que ni siquiera sean capaces de cumplirlo.
Llegando ahora al tema que nos ocupa, el PSOE nos presenta una PNL para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de prevención de riesgo laborales. En la PNL se recoge que el único aspecto desarrollado en nuestra legislación es la incidencia de la maternidad en la prevención de riesgos laborales. Nosotros hemos propuesto varias enmiendas que tienen como objeto contrarrestar la
visión androcéntrica que domina nuestra sociedad, una visión androcéntrica donde quienes proponen las normativas las hacen pensando en las necesidades de los hombres y donde las mujeres sus necesidades no existen o lo son de forma folclórica. Fruto de eso son actuaciones como las de Catalá cuando crea una comisión solo de hombres para evaluar la tipificación de delitos sexuales.
Bajo esta visión androcéntrica hay multitud de realidades de las mujeres que están invisibilizadas y que al final parece que no existen, y por eso también hemos introducido varias enmiendas para introducir el concepto de interseccionalidad, interseccionalidad es un paradigma alternativo de análisis de las políticas públicas que se centra en los niveles de desigualdad en que se desenvuelven las mujeres.
La intersección entre el grupo étnico, género y clase producen vulnerabilidades, que al unirse con categorías como la ubicación geográfica o la discapacidad generan espacio de discriminación laboral, sin la óptica interseccional hay grupos de trabajadoras cuyas necesidades se mantienen invisibles o negadas y por eso hemos introducido una enmienda para incorporar detrás, cada vez que se nombra la perspectiva de género incorporar, en la que también se tenga en cuenta la óptica interseccional.
También hemos presentado una enmienda de adición al punto 5 de la PNL, donde se pedía que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haga campañas para concienciar a las empresas sobre esta problemática. Sí saben ustedes que no ha habido ningún curso en la Escuela de Inspectores sobre género, ni siquiera en los planes de igualdad, entonces, está muy bien concienciar a las empresas, pero quizás tengamos que concienciar a aquellas personas que se encargan de vigilar la aplicación de la ley en dichas empresas, en este caso los inspectores. Por eso hemos pedido en la enmienda unos cursos de formación sobre perspectiva de género, que incluyan, evidentemente, el enfoque interseccional para inspectores y subinspectores.
Esto nos lleva al punto 4, en el cual nos pedían o piden incentivar las empresas para que tengan en cuenta la perspectiva de género en los planes de prevención de riesgo laboral, por supuesto, también estamos de acuerdo, pero si vamos a la raíz del problema, habría que modificar y revisar también la Ley 5/2000, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que apenas incorpora la perspectiva de género y en nuestro criterio debería incorporar varios tipos y los agravantes que se consideren necesarios. Recordemos que la LISOS, como se conoce a esta ley, es el instrumento básico con el que cuenta la Inspección de Trabajo para garantizar el funcionamiento del mercado, es la principal herramienta y es la salvaguarda pública del respeto a la ley en el día a día en la realidad laboral. Con esta enmienda tratamos de crear instrumentos que permitan verificar y garantizar el cumplimiento de los desarrollos normativos que hoy tratamos de impulsar en materia de género.
Por último, presentamos una última enmienda, puesto que la argumentación de la PNL recoge diversas problemáticas que justifican plenamente la revisión de las leyes, pero el texto que se somete a votación...
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento.
Señorías, por favor, no se escucha a la persona que está interviniendo.
El señor CARRACEDO VERDE: Decía que la argumentación de la PNL recoge múltiples problemáticas que justifican la revisión de las leyes que propone el texto que se somete a votación, pero no figuran las cuestiones particulares.
Con el objetivo de poner el cascabel al gato, hemos presentado una enmienda en la que cual lo que pedimos es que se constituya la mesa de coordinación entre el Instituto de la Mujer y la Subdirección General para la coordinación de la inspección del Sistema de Relaciones Laborales, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que en el plazo de cuatro meses nos remitan un informe con medidas concretas conforme lo que vamos a aprobar, si sale la PNL que está aquí. Que, por cierto, también relativo a esto está sin ratificar todavía por parte del Congreso, y le corresponde la iniciativa al Gobierno, la ratificación del convenio de OIT sobre los derechos laborales del servicio doméstico, mayoritariamente, si no totalmente, femenino. Así que difícil vamos a trabajar en normativas de prevención de riesgos laborales cuando ni siquiera tienen el marco internacional adaptado a la legislación española.
Por último, querría cerrar con una reflexión dirigida al PSOE, y que esta PNL incide sobre aspectos fundamentales de la normativa del Estado español, pero no deja de ser una PNL, es decir que no obliga al Gobierno y el Gobierno hoy por hoy es del PP y el Gobierno es del PP porque no existe la voluntad política por parte del PSOE de intentar conformar una mayoría distinta, que permitiera que esto en vez de ser una PNL fuera una ley y pudiéramos garantizar estos derechos plenamente. Entonces, nos vamos a tener que conformar o tenemos que escuchar ahora al PP con una PNL en la cual nos va a proponer, como siempre, tirar el balón más para adelante, de forma que vamos a crear otro grupo de investigación,
sin tiempo ni forma ni límite para que trabajen y miren cómo dar respuesta a este tema, es decir, el PP, Grupo Parlamentario, siempre pide a su Gobierno, del PP, que siga haciendo lo que está haciendo o que haga lo que tenía que estar haciendo, pero no ha hecho.
Entonces yo creo que esto tiene una fácil solución e invito al PSOE a que intente reconsiderar su solución para que este tipo de iniciativas, brillantes y necesarias, tengan salida.
Turno del Grupo Parlamentario Popular para defender su enmienda. Señora Quintanilla.
Efectivamente, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la enmienda que mi grupo ha presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista nos trae una proposición no de ley que, efectivamente, lo que pretende es redundar y proteger de una mayor ejemplaridad la vida de las trabajadoras, la salud laboral de las trabajadoras, pero es verdad que no podemos olvidar que tenemos una ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece claramente las variables y la garantía de la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras en España y que esa ley posteriormente ha sido modificada y desarrollada por distintos reales decretos, como el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención y la evaluación de los riesgos laborales en el proceso del propio trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y tiene un claro mandato a los empresarios, a las organizaciones empresariales de que, efectivamente, se cumpla todo aquello que sea bueno para la salud laboral de las trabajadoras.
Y no podemos olvidarnos que la normativa de desarrollo reglamentario que integra la legislación básica en España contempla en numerosos preceptos la necesidad de atender las características personales de los trabajadores y además exige desde la normativa legal, normativa imperativa legal, agresión sexual obligaciones preventivas de equipos de trabajo, equipos de protección, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que en estos momentos sabemos que esta proposición no de ley, con el ánimo del Grupo Parlamentario Socialista lo que quiere es una mayor protección y prevención de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, pero es que no podemos olvidar también que hay una estrategia nacional, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, que además es clarísima, promover con la participación de los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a las mujeres, a colectivos y empresas de mayor riesgo. Y, por otra parte, no podemos olvidar también que la propia Inspección de Trabajo establece grandes campañas, lo decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a las campañas de publicidad, a las campañas de sensibilización y de concienciación, que, efectivamente, la Inspección de Trabajo hoy realiza. Y les voy a poner un ejemplo que viene en la propia proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, la campaña relativa a los riesgos musculoesqueléticos, que se ha venido llevando a cabo durante varios años en relación a la actividad de las camareras de piso, con predominio de todo el trabajo que realizan mayoritariamente mujeres, porque sabemos que en España hay una serie de actividades económicas que solamente las realizan las mujeres.
Pero por eso el Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con la PNL del Grupo Parlamentario Socialista de establecer un gran acuerdo en esta Comisión de Igualdad, presentamos no solamente una enmienda que creemos que es buena, porque es que con carácter previo a realizar cualquier modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como su normativa de desarrollo, se analice el estado de la situación desde la perspectiva de género, que no es nuevo, que ya en el año 2003, gobernando el Partido Popular en España, se estableció, se aprobó por unanimidad en el Parlamento Español una ley para que la perspectiva de género se estableciera en toda normativa legislativa que aprobara el Estado, pero sobre todo también dentro de la prevención de riesgos laborales. Pero además nuestra enmienda, dentro de ese gran acuerdo que queremos llevar esta mañana en esta PNL importante que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, pedimos también la constitución de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que lleve a cabo un análisis de la normativa en los términos establecidos en el plan de acción para el periodo 2017-2018, aprobado el pasado mes de junio como desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, en su apartado 2.A.2.
Pero, sin embargo, me encuentro que el Grupo Parlamentario Socialista ha pactado con el Grupo Parlamentario Podemos que en esta constitución de este grupo de trabajo se dé un plazo de 4 meses al Instituto de la Mujer para que también hagan otro grupo de trabajo dentro del Instituto de la Mujer y, claro, ya me parece redundante.
¿Y por qué digo esto? Porque, miren ustedes, acabamos de cerrar el borrador del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades aprobado por las organizaciones sindicales, por los interlocutores sociales empresariales y también con un número mayoritario de organizaciones no gubernamentales del Consejo Nacional de Participación de la Mujer y, claro, ahí también hemos establecido medidas de la salud laboral de las mujeres en España.
Por lo tanto, si planteo desde la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que si quitan el periodo de 4 meses y llegamos a un acuerdo en una transaccional de todos los grupos parlamentarios, mi grupo parlamentario votaría a favor de esta PNL, que creo que es importante, si no quitan el periodo de 4 meses, porque vamos a presentar en el Consejo Nacional de Participación de la Mujer el nuevo periodo que lo establece. Por lo tanto, si quitan ustedes, señores parlamentarios de Podemos, señor portavoz, el periodo de 4 meses, el Grupo Parlamentario Popular votaría a favor, si no lo quitan, el grupo parlamentario se abstendría.
Turno de fijación de posiciones para el resto de los grupos.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Denegación).
Cómo no vamos a decir a la señora Galovart que nuestro grupo parlamentario está totalmente de acuerdo en que se adopten medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de prevención de riesgos. Es importantísimo introducir en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 actuaciones que garanticen la perspectiva de género, adoptar las medidas que permitan su seguimiento y evaluación, incentivar a las empresas, cómo no, a garantizar que se tenga en cuenta, así como planificar con las comunidades autónomas -para que no digan que nos metemos en sus competencias- campañas específicas en la Inspección del Trabajo y Seguridad Social para informar y concienciar a las empresas y a los trabajadores sobre la importancia de la inclusión de la perspectiva de género.
¿Y por qué hacemos esto, señorías? Porque existen numerosas profesiones con tasas de trabajadores altamente feminizadas. Numerosas tareas de manufactura, trabajos domésticos remunerados, servicios de limpieza, cuidado de enfermos o dependientes corresponden a sectores en los que gran parte de los empleados son mujeres. Y la exposición a determinados agentes medioambientales o tareas propias de algunas profesiones hacen que ciertas patologías o riesgos laborales tengan mayor incidencia entre mujeres que entre hombres. Por ello es preciso que desde las administraciones se conozca hasta qué grado las mujeres tienen mayor influencia con respecto a determinados agentes o patologías por el tipo de tareas que desempeñan. En este punto es muy importante la concienciación de los empresarios y empresarias, en tanto que son responsables directos de que los trabajadores alcancen estándares de bienestar y calidad en el desempeño de sus funciones.
Y hay otras medidas sobre las que también es preciso que el Gobierno vigile con relación a las empresas y administraciones en referencia a la mujer, como, por ejemplo, en el desarrollo de la implantación de los planes de igualdad, y solo una pequeña parte de las empresas deben implantar dichos planes. Les recuerdo que solo se obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a tener un plan de igualdad, lo que únicamente afecta a cuatro de los casi veinte millones de personas que actualmente trabajan en España, es decir, hay casi quince millones de empleados en empresas que no cuentan con un plan de igualdad. Y así mal vamos, señorías. Y esto tenemos que arreglarlo entre todos.
Teniendo en cuenta que aún nos falta algún texto de propuesta transaccional, vamos a suspender la sesión cuatro o cinco minutos, para poder hacer las copias correspondientes. (Pausa).
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a las votaciones.
Primera proposición no de ley, sobre medidas para la lucha contra la anorexia y la bulimia. Existe un texto transaccional, que es el que sometemos a votación.
Proposición no de ley sobre la prohibición de las cláusulas antiembarazo en los contratos de las deportistas profesionales y amateurs. Hay un texto transaccional. Procedemos a la votación.
Siguiente proposición no de ley, relativa a combatir el fenómeno del incremento del uso de drogas para facilitar ataques a la libertad sexual. Se vota en sus términos.
Proposición no de ley relativa a una asistencia social integral para todas las mujeres víctimas de violencias machistas. Procedemos a la votación de un texto transaccional.
Proposición no de ley relativa a medidas legislativas y de otros tipos necesarias para la erradicación del acoso sexual y por razón de género. Existe un texto transaccional, que es el que sometemos a votación.
Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas de prevención de riesgos, en las disposiciones legales y en todas las actuaciones que se definan, implementen, evalúen y planifiquen en materia de riesgos laborales en la empresa. Existe un texto transaccional, que es el que sometemos a votación.
Proposición no de ley relativa a impulsar el liderazgo femenino. Existe un texto transaccional, que es el que votamos.
Proposición no de ley sobre juguetes por la igualdad. Hay un texto transaccional, que es el que sometemos a votación.
Proposición no de ley relativa a fomentar un uso igualitario del lenguaje. Se vota en sus términos.