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Timestamp: 2020-07-13 17:07:22
Document Index: 78757924

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 446', 'artículo 251', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 235', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 446', 'artículo 5']

Sentencia de Unificación nº 563/99 de Corte Constitucional, 4 de Agosto de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 43562872
Sentencia de Unificación nº 563/99 de Corte Constitucional, 4 de Agosto de 1999
Debido proceso. Via de hecho. Denuncia extemporanea de irregularidades. Gobernador del choco. Negada.
Sentencia citada en: 204 sentencias, un artículo doctrinal
Acción de tutela incoada por A.C.M.C. contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
La investigación preliminar fue asumida por un fiscal seccional de Medellín, y después por el F. Octavo Delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor J.C.F., quien, mediante providencia del 4 de marzo de 1993, definió la situación jurídica del sindicado y decretó contra él medida de aseguramiento con beneficio de libertad provisional, fijándole una caución.
El 21 de febrero de 1994 dicho F. formuló resolución de acusación en contra de MOSQUERA CORDOBA como probable autor del delito de "falsedad material de empleado oficial en documento público".
El 27 de septiembre de 1994 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la audiencia de juzgamiento, en la cual participó como acusador el F.D.C.F..
El 22 de febrero de 1996 el procesado solicitó a la Corte Suprema de Justicia declarar la nulidad de toda la actuación por violación del principio del juez natural, con fundamento en la providencia de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad parcial del artículo 17 de la Ley 81 de 1993 del C. de P.P. -el cual establecía la posibilidad de que fiscales delegados pudieran investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios que gozan de fuero constitucional-.
El actor afirmó que en el proceso penal seguido en su contra se incurrió "en una vía de hecho por defecto orgánico, ya que el funcionario que abrió, instruyó y calificó la actuación en la etapa instructiva, al igual que el que acusó ante la Corte Suprema de Justicia, carece en forma absoluta de competencia, pues estas actuaciones fueron llevadas a cabo por un F.D. ante la Corte Suprema de Justicia y no por el F. General de la Nación, único funcionario competente...".
Alegó que la Resolución 0-0099 del 30 de julio de 1992, expedida por el F. General de la Nación, y la Ley 81 del 2 de noviembre de 1993 -normas que atribuían competencia a los fiscales delegados para actuar respecto de los servidores con fuero constitucional- desaparecieron del mundo jurídico. La primera, en virtud del fallo de nulidad pronunciado por el Consejo de Estado el 23 de noviembre de 1993; y la segunda, como consecuencia de la Sentencia C-472 del 20 de octubre de 1994, mediante la cual se declaró su inexequibilidad.
Con base en los anteriores fundamentos, el demandante solicitó al juez de tutela que declarara la nulidad de toda la actuación cumplida dentro del proceso penal adelantado en su contra, desde la diligencia de indagatoria que llevó a cabo el F.D. ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, C.E.M.E., ponente de la sentencia que se acusa, explicó que una vez proferida la resolución de acusación por parte de la F.ía, el proceso fue remitido a la Corte Suprema, y que mediante auto del 12 de abril de 1994 se ordenó el traslado previsto en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal por el término de 30 días, el cual tiene como propósitos "que las partes preparen la audiencia pública, soliciten las nulidades que se han originado en la etapa de la instrucción que no se hayan resuelto, y pidan las pruebas que estimen conducentes". (folio 302 del expediente, subrayado original).
Aseveró que, cuando el asunto se encontraba al Despacho para fallo, el 26 de febrero de 1996 el procesado solicitó la declaración de nulidad de lo actuado por haber sido adelantada la investigación por un F.D. y no por el F. General de la Nación, con fundamento en la Sentencia de la Corte Constitucional C-472 del 20 de octubre de 1994, y en la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 21 de febrero de 1996. En consecuencia, solicitó la cancelación de la medida de aseguramiento vigente y la devolución de la caución prestada.
Aseveró el Magistrado MEJIA ESCOBAR que no se desconoció el fuero del Ex-Gobernador, pues aunque la actuación instructiva fue adelantada por un F.D. de la Unidad ante la Corte, lo cierto es que ello tuvo como base normas legales que le otorgaban la competencia para tal efecto.
Importante resulta relievar que en el párrafo final de la sentencia C-472/94 (octubre 20 de 1994), la Corte Constitucional señaló que 'las anteriores consideraciones no obstan para que el F. General de la Nación pueda comisionar -que no delegar- en los F.es Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el ejercicio de algunas de las funciones contenidas en el artículo 251 de la Carta Política. Sin embargo, la decisión final y el compromiso jurídico y político que ella conlleve, debe el señor F. asumirlo, siempre y en todos los casos, en forma personal'.
Posteriormente, en la sentencia C-37/96 (febrero 5 de 1996) que decidió la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, respecto del artículo 23, y en concreto frente al manejo de las investigaciones de los aforados, señaló la Corte Constitucional, al declarar inconstitucional la facultad de delegación que: '(...) las atribuciones en comento revisten el carácter de indelegables, sin perjuicio de que el señor F. pueda comisionar en cada caso o negocio concreto para el ejercicio de alguna de ellas, lo cual incluye la asistencia del comisionado a las audiencias (...)'.
No existe entonces ninguna violación al debido proceso que como aforado le asiste al doctor M.C., por la tramitación del asunto en la F.ía, conclusión que adiciono con la referencia al auto del 6 de noviembre de 1997 (...).
Sobre la alegada irregularidad en la fase instructiva, estimó ese despacho judicial que la totalidad de la etapa instructiva a cargo del F.D. se había llevado a cabo con anterioridad al 20 de octubre de 1994, fecha en la que se declaró la inexequibilidad de la expresión "o por conducto de sus delegados de la Unidad de F.ía ante la Corte Suprema de Justicia", contenida en el numeral primero del artículo 17 de la Ley 81 de 1993.
Agregó que la decisión de la Corte Constitucional no podía aplicarse de manera retroactiva al proceso penal en referencia, toda vez que el fallo de constitucionalidad no hizo alusión alguna acerca de los efectos de éste en el tiempo, de lo cual se debía deducir que aquél sólo los producía hacia el futuro. En consecuencia, la Sentencia de inconstitucionalidad no podía afectar la actuación surtida por el F.D. en su oportunidad, al amparo de una disposición vigente en aquella época.
Estimó, además, que el fallo del 23 de noviembre de 1993, mediante el cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de la resolución de la F.ía General de la Nación que disponía la delegación de funciones, tampoco había viciado la etapa de instrucción, pues el F.D. actuó con base en lo prescrito en la Ley 81 de 1993, la cual empezó a regir el 2 de noviembre de ese año.
Por último, afirmó el Tribunal que si bien era cierto que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había omitido responder la solicitud de nulidad, este factor no podía considerarse como una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, toda vez que el peticionario decidió alegar la nulidad de manera inoportuna (art. 446 del C. de P.P.). Así, "al haber sido solicitada después del término previsto en el Código de Procedimiento Penal, la nulidad era a todas luces improcedente dada la preclusión de dicha oportunidad, lo que hace que su falta de resolución no tenga la incidencia determinante en el debido proceso".
Es decir, que no existió la susodicha competencia funcional del F.D. ante la Corte Suprema entre enero 29 de 1992 y la fecha en que entró a regir el artículo 17 de la Ley 81 de 1993, o sea el 2 de noviembre de ese año". (Mayúsculas originales).
Los efectos de los fallos de inexequibilidad y de nulidad. La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está condicionada a que el afectado haya hecho uso de los medios de defensa que el sistema jurídico ha previsto. La denuncia extemporánea de las irregularidades procesales descarta la viabilidad de la acción de tutela. El vicio endilgado a la decisión judicial definitiva debe ser de una entidad tal que implique incontrastable transgresión del derecho de defensa o de las mínimas garantías procesales y que, por virtud de él se haya adoptado una decisión sustancialmente distinta de la que se desprendía de una correcta aplicación de la normatividad
En la Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, dijo la S.P. de esta Corte:
La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-079 del 26 de febrero de 1993. M.P.: Dr. E.C.M.).
En tales casos, desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993. M.P.: Dr. J.G.H.G..
Con esta base jurisprudencial, la Corte desarrolló después el concepto de la vía de hecho judicial, que representa una actuación u omisión -en la propia providencia- completamente ajena a los dictados del orden jurídico aplicable, en términos tales que, en vez de realizar el valor de la justicia por su conducto, se satisface la voluntad, el deseo o el interés de quien la profiere, o de otro". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-094 del 27 de febrero de 1997. M.P.: Dr. J.G.H.G..
Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir el accionante". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-007 del 13 de mayo de 1992. M.P.: Dr. J.G.H.G..
En el presente asunto, la Corte debe dilucidar si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió o no en una vía de hecho por haberse abstenido de declarar la nulidad de toda la actuación cumplida dentro del proceso penal seguido contra AUGUSTO CICERON MOSQUERA CORDOBA, desde la diligencia de indagatoria que llevó a cabo el F.D. ante esa Corporación.
Para esclarecer tal interrogante, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: en primer lugar, que MOSQUERA CORDOBA fue investigado y acusado por un F.D. ante la Corte Suprema de Justicia y juzgado por la Sala Penal de dicha Corporación, por el delito de falsedad material de empleado oficial en documento público, a causa de hechos ocurridos cuando el peticionario ocupaba el cargo de Gobernador encargado del Departamento del Chocó. Al respecto, cabe recordar que, según el artículo 235-4 de la Carta, esta los servidores públicos de tal categoría gozan de fuero constitucional; en segundo lugar, que el Consejo de Estado -Sección Primera-, mediante Fallo del 23 de noviembre de 1993, declaró la nulidad de los artículos 1 y 6 de la Resolución 0-00099 del 30 de julio de 1992, expedida por el F. General de la Nación, y en virtud de la cual éste delegaba en la Unidad de F.ías ante la Corte Suprema de Justicia la investigación, calificación y acusación de los funcionarios con fuero constitucional; y, en tercer lugar, que mediante Sentencia C-472 del 20 de octubre de 1994, proferida por la Corte Constitucional, se declaró inexequible el precepto legal (un aparte del artículo 17 de la Ley 81 del 2 de noviembre de 1993) que también permitía a los fiscales delegados ejercer la funciones antes indicadas.
El 6 de noviembre de 1991, ante el Juzgado 10 de Instrucción Criminal de Quibdó, se presentó denuncia penal contra varios funcionarios de la administración departamental (fl. 6 del cuaderno de copias de la F.ía).
El 28 de mayo de 1992, el Juzgado 36 de Instrucción Criminal oyó en indagatoria a MOSQUERA CORDOBA (fl. 247), y el 1 de julio del mismo año, la Corte Suprema ordenó remitir el expediente a los F.es Delegados ante esa Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 transitorio del nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991).
El 11 de agosto de 1992 se asignó el asunto al F.D.J.C.F., adscrito a la Unidad Nacional de F.ía ante la Corte Suprema de Justicia (fl. 292).
El 11 de junio de 1993 se llevó a cabo la ampliación de la indagatoria ante la Unidad de F.ía ante el Tribunal Superior de Quibdó (fls. 454 a 456).
Mediante providencia del 16 de julio de 1993, el F.D. ante la Corte Suprema de Justicia declaró clausurada la investigación, y corrió traslado a los sujetos procesales, por el término de 8 días, para que presentaran sus alegatos (fl. 487).
El 21 de febrero de 1994, el F.C.F. calificó el mérito del sumario, decretando resolución de acusación contra el ex-Gobernador, "como autor probablemente responsable del delito de falsedad material de empleado oficial en documento público", y dejó vigente la medida de aseguramiento y el beneficio excarcelatorio garantizado con caución (fls. 519 a 535, cuaderno 2).
Por auto del 12 de abril de 1994, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia corrió traslado por 30 días a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 446 del C. de P.P. (fl. 11, cuaderno l de la C.S. J.)
El 26 de septiembre de 1994 se celebró la audiencia pública ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual participó el F.D.J.C.F..
Una vez hecha la anterior relación de actos procesales y las fechas en las cuales aquéllos se llevaron a cabo, se hace necesario ahora precisar cuáles son los efectos de las sentencias que declararon la nulidad y la inexequibilidad de las normas que servían de soporte a la actuación del F.D..
No hay que olvidar que, según el artículo 5 de la Constitución, el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona, reconocimiento obligatorio para la Corte Constitucional, como para todas las autoridades pero con mayor fuerza. Por ello, recortar, mediante una norma de inferior jerarquía, la facultad que la Corte tiene de fijar el contenido de sus sentencias, podría impedirle defender los derechos de los súbditos frente a las autoridades".(Cfr. Corte Constitucional. S.P.. Sentencia C-113 del 25 de marzo de 1993. M.P.: Dr. J.A.M..
En primer término, el fallo de nulidad proferido por el Consejo de Estado es de fecha 23 de noviembre de 1993, y sus efectos son los que la ley y la doctrina han asignado a esa clase de providencias, luego, en principio, la nulidad se proyectó hacia la fecha de entrada en vigencia de la norma. Por tal motivo, la actuación del F.D. pudo quedar sin sustento normativo durante el lapso comprendido entre el inicio de su actuación, justamente hasta cuando entró a regir la Ley 81 de 1993, esto es: el 2 de noviembre de ese año. Pero es evidente que, para entonces, la competencia se había radicado en su cabeza y que, además, se pronunció sin que nada a ese respecto se hubiese alegado ante él. Por otro lado, al momento en el cual la posible nulidad procesal fue alegada, ya la etapa investigativa había culminado y el asunto se tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia. Allí cabía un medio ordinario de defensa que ha debido usarse oportunamente, sin pretender después sustituirlo por la acción de tutela.
En efecto, el alegado vicio de nulidad de las actuaciones del F.D. se produjo a partir del fallo del Consejo de Estado, independientemente de que para ese momento ya existiera una norma legal que amparara los actos del F.D. dentro de ese proceso, pues dicha Ley entró a regir el 2 de noviembre de 1993 y no tenía un alcance retroactivo.
Ahora bien, en relación con el Fallo de inexequibilidad, éste se profirió el 20 de octubre de 1994, cuando ya se habían agotado las actuaciones del F.D.. Por ello, la invocada, nulidad supuestamente derivada de la Sentencia C-472 de 1994, no podía prosperar, en la medida en que esta providencia produjo efectos pro futuro.
En conclusión, aunque la actuación del F.D. pudo ser ilegítima durante un lapso, a raíz del Fallo del Juez de lo Contencioso Administrativo, y ello, de ser así, habría constituido una causal de nulidad, ésta no fue oportunamente alegada por el procesado y, como en repetidas ocasiones lo ha sostenido esta Corporación, la acción de tutela no puede utilizarse para revivir términos u oportunidades procesales precluidas, con miras a obtener lo que ha debido solicitarse en su momento y ante el funcionario judicial competente (ver, por ejemplo, sentencias T-01 y T-07, ambas de 1992, de la Sala Tercera de Revisión y C-543 del 1 de octubre del mismo año, proferida por la S.P.).
Con base en las expuestas consideraciones, la S.P. de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Auto nº 272/08 de Corte Constitucional, 22 de Octubre de 2008