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Timestamp: 2019-10-23 09:45:25
Document Index: 391429620

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 576', 'artículo 14']

Tributación en el IRPF. - Cursos Multimedia Online
Con un carácter general, la regulación de las rentas exentas se recoge en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29). De los distintos supuestos que se recogen en el mencionado artículo el único que pudiera tener relación con el caso planteado sería el incluido en su párrafo d), que declara rentas exentas “las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida”.
Respecto a la posible aplicación de la referida exención, procede contestar negativamente ya que las cantidades a pagar por las aseguradoras no se corresponden con la indemnización exenta del artículo 7, d), sino con una indemnización de daños y perjuicios que estas se ven obligadas a abonar como aseguradoras de la responsabilidad civil contractual de los asesores —por los daños producidos por estos por el incorrecto asesoramiento prestado en la transmisión de unas participaciones sociales—, daños que se corresponden con un perjuicio económico causado a los consultantes, es decir, daños patrimoniales pero no los daños personales (físicos, psíquicos o morales) que ampara la exención.
A su vez, al no proceder la ganancia patrimonial de una transmisión, su cuantificación deberá realizarse por el total importe percibido como indemnización, sin minoración alguna, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1, b) de la Ley del Impuesto, donde se determina que “el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será en los demás supuestos (distintos del de transmisión), el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales en su caso”.
En los supuestos de condena en costas este Centro directivo —tomando como base la configuración jurisprudencial de la condena en costas, establecida por el Tribunal Supremo, como generadora de un crédito a favor de la parte vencedora y que, por tanto, no pertenece a quien le representa o asiste— viene manteniendo el criterio (consultas N.º 0154-05, 0172-05, V0588-05, V1265-06, V0343-09, V0268-10, V0974-13 y V2909-14, entre otras) de considerar que al ser beneficiaria la parte vencedora, la parte condenada no está satisfaciendo rendimientos profesionales a los abogados y procuradores de la parte vencedora sino una indemnización a esta última —pues se corresponde con el pago de los honorarios de abogado y procurador en que esta ha incurrido—. Desde esta perspectiva, la incidencia tributaria para la parte vencedora viene dada por su carácter restitutorio de los gastos de defensa y representación realizados, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el ya citado artículo 33.1 de la Ley del Impuesto; ganancia patrimonial que al no proceder de una transmisión se cuantificará por el importe indemnizatorio de la condena en costas —artículo 34.1,b) de la misma ley—, integrándose además en la base imponible general.
Respecto a la tributación de los intereses legales establecidos por sentencia judicial, procede indicar que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los intereses percibidos por el contribuyente tienen diferente calificación, en función de su naturaleza remuneratoria o indemnizatoria. Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributarán en el impuesto como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley del Impuesto, proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o profesional.
Por su parte, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en los artículos 25 y 33.1 del mismo texto legal, los intereses objeto de consulta han de tributar como ganancia patrimonial, ganancia que al no proceder de una transmisión procederá cuantificarla por el importe de los intereses que se perciban.
Este criterio sobre los intereses indemnizatorios resulta aplicable tanto respecto a los intereses legales establecidos (desde la fecha de interpelación judicial) en la sentencia de instancia como a los intereses del artículo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (BOE del día 17) y a los intereses procesales o de mora procesal del artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE del día 8).
Una vez establecida —dado su carácter indemnizatorio— la calificación como ganancia patrimonial de los intereses a percibir por los consultantes por sentencia judicial, el siguiente paso es determinar cómo se realiza su integración en la liquidación del Impuesto.
Finalmente, al cuestionarse en el escrito de consulta la procedencia de la imputación temporal a 2016 de los conceptos analizados, debe indicarse que la falta de firmeza de la sentencia en la fecha de devengo de ese período impositivo comporta que no proceda su imputación al mismo, todo ello en aplicación de lo establecido en el artículo 14.2,a) de la Ley 35/2006: