Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-775-03.htm
Timestamp: 2020-02-23 13:09:13
Document Index: 148278148

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 56', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 114', 'artículo 3', 'artículo 114', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 29', 'artículo 250', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 75', 'artículo 28', 'artículo 251', 'artículo 2', 'artículo 251', 'artículo 2', 'artículo 28']

C-775-03
Sentencia C-775/03
COMUNIDAD INTERNACIONAL-Reparación del daño a víctimas de delitos graves
DOCUMENTOS INTERNACIONALES-Reparación por daño
CORTE PENAL INTERNACIONAL-Determina alcance y magnitud de daños y perjuicios causados
ESTADO-Fines esenciales
PROCESO PENAL-Doble misión
DERECHOS FUNDAMENTALES-Restablecimiento por parte de autoridades estatales
DERECHOS FUNDAMENTALES-Medidas para el restablecimiento
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Asegura comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal
FUNCIONARIO JUDICIAL-Imposibilidad de adoptar medidas al margen del orden jurídico
FUNCIONARIO JUDICIAL-Medidas no se restringen a los marcos de la legislación penal
CONSTITUCION POLITICA-Faculta a las autoridades judiciales para adoptar medidas preventivas para cumplir la ley penal
PROCESO PENAL-Medidas cautelares
PRESUNCION DE INOCENCIA-Adopción de medidas preventivas y cautelares en proceso penal
NORMAS RECTORAS PENALES-Naturaleza y alcance
Estas normas están dirigidas a servir de guía y orientación, irradiando las demás disposiciones de los códigos a las que pertenecen, al propio tiempo que señalan su sentido y alcance. Cobrando plena relevancia práctica cuando se las interpreta de manera sistemática con las disposiciones especiales que están llamadas a incidir e influenciar. De ahí que su lectura aislada pueda suscitar comprensiones erróneas. Por el contrario, si se integran a las codificaciones de las cuales hacen parte, brindan total coherencia y sentido.
NORMA ACUSADA-No vulneración del debido proceso, por cuanto las medidas tienen pleno respaldo constitucional
FUNCIONARIO JUDICIAL-Adopción de medidas tendientes a que cesen los efectos de la conducta punible
NORMAS DE JUSTICIA REPARADORA-Subdivisión
AUTORIDAD JUDICIAL-Adopción de medidas se ubica dentro del marco de la justicia reparadora
Las medidas que puede adoptar la autoridad judicial de acuerdo con la norma acusada se ubican dentro del marco de la justicia reparadora. Ellas buscan corregir los perjuicios ocasionados con el delito. Así, el Código de Procedimiento Penal prevé las medidas de aseguramiento que recaen sobre la persona, como la detención preventiva con el lleno de los requisitos fijados por el Legislador en desarrollo del artículo 28 de la Constitución. Igualmente, el mismo Código contempla las medidas sobre los bienes, como el embargo y secuestro, la restitución de los objetos o las autorizaciones especiales.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y MEDIDAS CAUTELARES-Adopción antes de la definición de la responsabilidad del presunto infractor de la ley penal es acorde con la Constitución
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y MEDIDAS CAUTELARES-No vulnera el principio de presunción de inocencia
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y MEDIDAS CAUTELARES-Adopción tiene como fin el restablecimiento y reparación del derecho
FUNCIONARIO JUDICIAL-Poder no se restringe a la legislación penal
Referencia: expediente D-4479
Demanda de inconstitucionalidad contra el del artículo 21 de la Ley 600 de 2000, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
Actor: Ricardo Silva Betancourt
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil tres (2003).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Ricardo Silva Betancourt demandó el artículo 21 de la Ley 600 de 2000, “por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante auto del 5 de marzo de 2003, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda, dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista la norma acusada, así como comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso, al Ministro de Justicia y del Derecho, al Fiscal General de la Nación, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a la Universidad Santo Tomás, a fin de que conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de estimarlo oportuno.
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000:
Artículo 21.- Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible.
A juicio de la demandante, el artículo 21 de la Ley 600 de 2000 desconoce los artículos 1°, 2°, 5°, 13 y 29 de la Constitución Política, de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación.
El actor luego de definir qué se entiende por presunción de inocencia, sostiene que la norma demandada vulnera esta garantía porque permite al funcionario judicial adoptar las medidas necesarias, sin que haya una declaración definitiva sobre la responsabilidad de la persona.
De igual manera, -dice- que el artículo 21 del Código de Procesal penal viola el derecho fundamental al debido proceso, al facultar al funcionario judicial para que sin fórmula de juicio y sin ningún procedimiento específico en forma bien amplia adopte “las medidas necesarias”, que pueden ser contrarias a la ley, al no fijarse límites.
Además señala que nadie puede ser sancionado sin haber sido vencido en juicio, lo que puede suceder con la norma demandada.
Finalmente, manifiesta que dicha disposición es inconstitucional ya que no dice cuáles medidas son las que debe tomar el funcionario judicial. Pero que también adolece de ese vicio porque permite al funcionario judicial tomar dichas medidas sin agotar el debido proceso.
Cabe anotar que el demandante no expresa ninguna razón por la cual estima violados los artículos 1°, 2° y 5° de la Constitución por la norma objeto de censura.
El Ministerio del Interior y de Justicia mediante apoderada intervino en el presente proceso y solicitó a esta Corporación emitir fallo inhibitorio frente a los cargos formulados, o en forma subsidiaria, declarar la exequibilidad de la norma acusada. Sus argumentos fueron los siguientes.
Estima el interviniente, luego de analizar los requisitos que debe reunir la acción pública de inconstitucionalidad, que de la simple lectura de los planteamientos del impugnante se colige que la demanda sub exámine se aparta de los lineamientos mínimos exigidos por la Corte Constitucional para emitir un juicio de constitucionalidad, limitándose a anticipar hipotéticos resultados contrarios a derecho a partir de la eventual distorsión del alcance de la expresión “medidas necesarias”. Lo cual sucede frente al primer y segundo cargos.
En ese sentido considera que la demanda no reúne los requisitos de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia, apartándose ostensiblemente de los criterios reiterados por esta Corporación, y motivando en consecuencia un fallo de carácter inhibitorio.
Por otra parte, estima que si en gracia de discusión llegare a aceptarse la consistencia de los planteamientos invocados, los mismos no estarían llamados a prosperar por las siguientes razones.
En primer lugar, indica que bajo el marco constitucional derivado de los artículos 83 y 250 Superiores es claro que la facultad contenida en la norma objeto de censura no contraviene la presunción de inocencia. Por el contrario, se ajusta al entorno dispuesto por el Constituyente, de acuerdo con el cual es imperante para el funcionario judicial adoptar medidas tendientes a la reparación de los daños ocasionados con la conducta punible, así como propender por la cesación de sus efectos lesivos. En ese sentido -dice- la utilización de esos mecanismos de reparación y restablecimiento en nada desvirtúa la presunción de inocencia, por cuanto no supone un pronunciamiento sustancial frente a la responsabilidad del procesado, que en todo caso debe surtirse atendiendo el debido proceso.
En segundo lugar, aduce que similares consideraciones se hacen extensivas a la presunta vulneración del debido proceso alegada por el demandante, máxime cuando en el artículo 56 y en los artículos 60 y siguientes del mismo cuerpo normativo se establece un detallado procedimiento que debe observar el funcionario judicial para adoptar medidas cautelares sobre bienes de propiedad del sindicado. Manifiesta que tales mecanismos están subordinados al pronunciamiento definitivo acerca de la responsabilidad penal del inculpado, por lo cual fungen como garantía preventiva ante un eventual fallo condenatorio, por lo que no interfieren en el normal desarrollo del proceso, ni en el análisis de culpabilidad efectuado por el funcionario judicial.
Sostiene que el reproche que hace el actor deriva del restringido alcance que otorga a la expresión “medidas necesarias”, sin advertir el amplio desarrollo que en el texto legal se da a la figura, ni en el carácter prevalente que esta Corporación ha reiterado frente a los principios hermenéuticos que rigen la aplicación de la Carta.
Finaliza su intervención haciendo una justificación a partir de tratados y convenios internacionales de la inclusión de la disposición demandada en el Código de Procedimiento Penal.
El Fiscal General de la Nación solicita la declaración de constitucionalidad de la norma acusada, teniendo en cuenta que la misma ha sido objeto de varios pronunciamientos resultando todos ajustados a la Carta Política. Su petición la fundamenta en las siguientes consideraciones.
En primer lugar, advierte que el actor no formula cargos directos en contra de cada una de los artículos constitucionales que considera violados, a pesar de expresar que resultan transgredidos los artículos 1°, 2° 5°, 13 y 29 de la Carta. En su criterio se limita a plantear un ataque global que se centra en la vulneración a la presunción de inocencia como expresión del derecho fundamental al debido proceso.
Manifiesta que la disposición demandada no contraría ningún precepto constitucional como lo afirma el impugnante, y que por el contrario realiza entre otras normas los principios fundamentales consagrados en los artículos 1°, 2° y 4° de la Constitución, así como el 250 – 1 ibídem, donde se señala las funciones que cumple la Fiscalía General de la Nación. De esta manera el artículo 21 censurado desarrolla y reproduce el mandato constitucional últimamente citado, según el cual la Fiscalía “deberá asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”.
En acatamiento de este mandato constitucional, el Congreso de la República previó en el título preliminar de la Ley 600 de 2000 la norma demandada como una norma rectora, entendida ésta como aquella que inspira y sirve de fundamento para una adecuada interpretación y cabal desarrollo de las demás disposiciones jurídicas que integran el compendio procedimental.
Luego de citar apartes de la sentencia C–144 del 19 de marzo de 1997 de esta Corporación, señala que el operador judicial de acuerdo con las pautas constitucionales y legales que al efecto regulan su actuación, debe ser activo y garantista en procura de amparar los derechos que han resultado violados por la comisión de conductas punibles. Cita en apoyo de esta afirmación apartes de la obra comentarios al Código de Procedimiento Penal de Gustavo Gómez Velásquez.
Considera que las medidas previstas en la disposición impugnada buscan el restablecimiento total del derecho afectado, por cuanto el delito encarna una injusta ventaja económica y determina correlativamente un empobrecimiento para el ofendido, motivo por el cual el Legislador penal previó esa situación. La adopción de estas medidas no implica desconocer la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 Superior, si se tiene en cuenta que dichas determinaciones legales son temporales, hasta tanto se determine la responsabilidad del sujeto investigado en la respectiva sentencia, previo seguimiento del debido proceso.
Reproduce el Fiscal General varios apartes de la sentencia T–029 del 16 de febrero de 1998, relativos al restablecimiento eficaz y oportuno del derecho conculcado.
Considera oportuno el interviniente mencionar que la disposición censurada ha sido tipificada en las distintas legislaciones procedimentales, en virtud del mandato contemplado en el artículo 250 numeral 1° de la Constitución Política. Que fue desarrollada por el artículo 114 numeral 3° del Código de Procedimiento Penal y por el artículo 3° numeral 2° del Decreto Ley 261 de 2000, normatividad por la cual se reglamenta la estructura de la Fiscalía General de la Nación.
Indica que el artículo 114 de Ley 600 de 2000, corresponde al 120 numeral 3° de la anterior legislación procesal (Decreto 2700 de 1991), disposición que al ser objeto de revisión constitucional fue declarada exequible mediante sentencia C–150 del 22 de abril de 1993. Por su parte el artículo 21 demandado corresponde al anterior artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, y simplemente le fue adicionada la expresión “y reparación”, la cual fue declarada inexequible por esta Corporación mediante sentencia C–760 de 2001, conservando validez el resto del artículo.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia allegó el concepto correspondiente, cuyo contenido se resume a continuación:
El interviniente considera que no hay cosa juzgada respecto de la norma acusada, toda vez que en la sentencia C–760 de 2001 la Corte Constitucional se refiere a un control de todo el articulado, desde el punto de vista formal y, por otro lado, del artículo objeto de demanda aparentemente se retiró parte de su nomenclatura –y reparación -, por lo cual su contenido se halla en plena vigencia.
Luego de hacer un recorrido por los instrumentos internacionales de derechos humanos respecto al debido proceso y garantías judiciales, de citar sentencias y de realizar consideraciones generales sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, concluye que la norma acusada no es contraria a la cláusula que contiene la presunción de inocencia, y que por el contrario, permite el cumplimiento de compromisos internacionales para la garantía y tutela de la víctima.
Por tanto, estima que el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal no plantea contrariedad alguna para con el artículo 29 de la Constitución.
Dentro del presente proceso no se presentó ninguna otra intervención.
El Procurador General de la Nación rindió el concepto de rigor en el presente proceso mediante escrito del 7 de abril de 2003, cuyos argumentos centrales se resumen a continuación.
Advierte el Procurador General de la Nación que la disposición impugnada reprodujo como norma rectora una de las obligaciones que expresamente le correspondían a la Fiscalía General de la Nación según el texto original del artículo 250 de la Constitución Política, y que ahora bajo el sistema penal adoptado mediante el acto legislativo No. 3 del 19 de diciembre de 2002 que modificó en el artículo 2° el texto anterior, está a cargo del juez de conocimiento, quien conforme con el texto constitucional en cita, tiene la competencia para adoptar “las medidas necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito”(numeral 6° artículo 2°), siendo por tanto indiscutible el respaldo constitucional de la norma acusada.
Considera que naturalmente el precepto rector en mención no puede aplicarse arbitrariamente, ni así lo pertinente la Ley penal, en la cual se hallan consagrados y regulados los distintos mecanismos a los cuales puede acudir el funcionario judicial en aras de cumplir los objetivos garantistas señalados en la norma acusada, esto es, el cese de los efectos de la conducta punible, la indemnización de los daños y el retorno de las cosas a su estado anterior.
Sostiene que no puede afirmarse, como lo hace el actor, que en virtud de la disposición impugnada los funcionarios judiciales puedan tomar cualquier clase de medida que consideren necesaria incluso aquellas no reguladas por el legislador y vayan contra el ordenamiento constitucional y legal vigente, dado que una interpretación sistemática de la norma acusada conduce a la inequívoca conclusión de que el funcionario debe adoptar la medida que estime necesaria dentro de las posibilidades que el mismo legislador ha definido dentro de las normas penales.
Indica el Procurador que el cargo se fundamenta en la interpretación aislada de la disposición acusada y sin consideración a su carácter de norma rectora, cuya aplicación se materializa a través de diversos mecanismos que el legislador ha previsto en las normas posteriores del ordenamiento procesal penal.
En cuanto a la supuesta violación de la presunción de inocencia aduce que, a pesar de que el cargo no fue expuesto con claridad, la norma en ningún momento está determinando o delimitando el momento procesal en que el funcionario judicial debe adoptar tales medidas, pues de ello se ocupan otras disposiciones del ordenamiento procesal penal, de forma que no es posible afirmar que la imposición de aquellas constituye una declaración previa sobre la responsabilidad del procesado como parece sostenerlo el actor, pues algunas pueden tomarse incluso en el momento de proferirse la sentencia condenatoria.
Finalmente manifiesta que la adopción de medidas preventivas sobre bienes, o de aseguramiento para el sindicado, no lleva implícita una determinación temprana de la responsabilidad de éste en la conducta penal que se está investigando, de modo que se viole la presunción de inocencia que lo ampara. En la resolución que impone la medida de aseguramiento se hace un análisis y se establece la posible responsabilidad del sindicado, mas no es una declaración prematura en el sentido de que el procesado es incuestionablemente responsable del delito imputado, como tuvo la oportunidad de expresarlo esta Corporación en la sentencia C–774 de 2001.
Razones suficientes -dice- para que no prosperen los cargos formulados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de la Ley 600 de 2000, que es una Ley de la República.
Para el demandante la norma acusada vulnera el artículo 29 de la Constitución por cuanto desconoce la presunción de inocencia y el debido proceso, en tanto autoriza o faculta al funcionario judicial para adoptar cualquier clase de medidas, incluso contra la Constitución y la ley, tendientes a lograr los fines allí señalados, es decir, la cesación de los efectos de la infracción penal, el restablecimiento de las cosas a sus estado anterior y la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible. Asimismo, señala que esa disposición posibilita al funcionario judicial adoptar “las medidas necesarias” sin que haya una declaración definitiva de responsabilidad del procesado.
El Fiscal General de la Nación, el Ministerio del Interior y de Justicia, así como la Vista Fiscal coinciden en afirmar que la disposición censurada desarrolla el numeral 1° del artículo 250 de la Constitución Política, teniendo, por tanto, pleno respaldo constitucional. Además, sostienen que el artículo 21 acusado no puede aplicarse arbitrariamente, porque la ley penal consagra y regula los mecanismos a los que debe sujetarse el funcionario judicial para cumplir los objetivos previstos en dicho artículo. Razón por la cual el cargo se fundamenta en la interpretación aislada de la disposición acusada y sin consideración a su carácter de norma rectora, cuya aplicación se materializa a través de los diversos mecanismos que el Legislador previó en las normas posteriores del ordenamiento procesal penal. Igualmente consideran respecto al quebranto a la presunción de inocencia que la adopción de esas medidas preventivas no implican la determinación temprana de responsabilidad del sindicado. Planteamientos que también son argüidos en lo esencial por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
El Procurador General además indicó que la norma acusada es concreción del mandato general previsto en el artículo 2º de la Carta según el cual las autoridades públicas deben proteger la vida, honra y bines de las personas.
3.1 A juicio de esta Corporación la demanda presentada, en la que se solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo 21 de la Ley 600 de 2000, cumple con los requisitos necesarios para proferir un fallo de fondo. En cuanto en la demanda se señala de forma clara la disposición acusada conforme a su publicación en el diario oficial y se indica las disposiciones constitucionales que considera infringidas.
3.2 La decisión del presente caso requiere de un análisis previo sobre las normas internacionales relativas al derecho de reparación y sobre los fundamentos constitucionales para la adopción de las medidas necesarias, en orden a precaver situaciones que rodean la comisión de conductas punibles, al igual que la relación existente entre las medidas aplicables por el juez y la presunción de inocencia, así como los alcances de las normas rectoras del procedimiento civil.
4. El derecho de reparación en la preceptiva internacional
Los principios adoptados por la comunidad internacional propenden por el respeto hacia los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, que se reconocen a las víctimas de los delitos graves según el derecho internacional. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la reparación sin la justicia.
ARTÍCULO 75. REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS.
INSTRUMENTOS CONVENCIONALES DE ALCANCE GENERAL
5. Fundamento constitucional de las medidas preventivas y cautelares en el proceso penal
5.1 Son fines esenciales del Estado garantizar los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de todas las personas, así como el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo. En esa medida la Corte considera que las labores de investigación, de acusación, y de juzgamiento, deben contribuir a otorgar efectiva vigencia a los derechos fundamentales y a la dignidad de la persona, por ello el proceso penal no agota el conjunto de sus objetivos en la sola satisfacción de un propósito de eficacia, sino que está avocado a cumplir la doble misión de dotar al poder estatal de medios adecuados para establecer la verdad y administrar pronta y cumplida justicia, garantizando, a la vez, el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales.
Cuando quiera que la consecución de la protección y eficacia de los derechos fundamentales se ven obstaculizadas con la comisión de conductas punibles, las autoridades estatales, en particular las judiciales, en cumplimiento de sus facultades, tienen que adoptar las medidas necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de restablecer los derechos quebrantados de las víctimas en la medida de lo posible y aplicar las sanciones previstas a los responsables, ya que sólo así se pueden sentar las bases de la convivencia pacífica entre los individuos y lograr un orden social justo, ambos valores fundamentales de nuestra Régimen constitucional.
En segundo lugar, asigna unas funciones específicas a las autoridades judiciales en materia penal. Así, el artículo 28 ibídem contempla que la autoridad judicial competente puede ordenar la detención preventiva de una persona, previo cumplimiento de ciertos requisitos, ellos son: que la detención sea en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, y la obligación de poner a la persona detenida a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
Por su parte, el numeral 1º del artículo 251 original de la Constitución atribuye a la Fiscalía General de la Nación, como órgano encargado de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables ante los juzgados y tribunales competentes, la tarea de “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”. La reforma constitucional introducida por el numeral 6° del artículo 2° del Acto Legislativo No. 3 del 19 de diciembre de 2002 al artículo 251 citado, confiere a los jueces el mismo poder, quienes al efecto adoptarán “las medidas necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”.
Sin lugar a dudas, primeramente el funcionario judicial (fiscal o juez) puede y debe adoptar las medidas pertinentes que estén en la legislación penal, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental. Asimismo, en tanto las circunstancias fácticas y jurídicas lo ameriten, y con estricto cumplimiento del debido proceso, el funcionario judicial puede expedir providencias con fundamento en otras normas del orden jurídico y dentro de él, nunca por fuera de las normas jurídicas preexistentes al momento de dictar el acto jurídico; siendo claro que el funcionario jurídico no podrá adoptar medidas que se hallen al margen del ordenamiento jurídico. Así por ejemplo, en el evento del embargo y secuestro de bienes dentro de un proceso por el delito de hurto en cuantía de $ 1.000.000.00, el decreto y práctica de tales disposiciones cautelares no podría ser por la suma de $10.000.000.00, pues como bien se infiere, habría una desproporción económica ampliamente lesiva de los derechos del sindicado, que ab initio pondría en evidencia la ilegalidad de la medida cautelar, de modo que si el funcionario judicial acude por no existir el ordenamiento penal, dentro del orden jurídico a medidas necesarias, por ejemplo, de naturaleza civil, debe respetar los límites que trae el ordenamiento de esta misma naturaleza, esto es el civil, sin que pueda violar o exceder esos límites.
Ahora bien, nótese como la misma Constitución contempla la posibilidad de que las autoridades judiciales, jueces y fiscales, adopten medidas preventivas a fin de asegurar el cumplimiento de la ley penal, ya sea para lograr la eficacia en la aplicación de las penas y medidas de seguridad, o restablecer el derecho lesionado si fuere del caso y lograr la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. Conclusión que surge, de un lado, del artículo 2º de la Constitución que obliga a todas las autoridades públicas a proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y, de otro lado, de las facultades específicas asignadas a las autoridades judiciales en los artículos 28 y 250 – 1º de la Carta, de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas tanto las sanciones a los infractores de la ley penal como las medidas reparadoras a las víctimas.
6. Presunción de inocencia, medidas preventivas y cautelares
6.1. En reiterada jurisprudencia esta Corporación[1] ha afirmado que la adopción de medidas preventivas y cautelares en el proceso penal no desconoce la presunción de inocencia, puesto que no implican la determinación de responsabilidad alguna al tener un fin preventivo y no sancionatorio, por ello su imposición no requiere de una sentencia condenatoria ni de un juicio previo. Ha dicho la Corte en cuanto a las medidas de aseguramiento que:
“...La presunción de inocencia, en la cual descansa buena parte de las garantías mínimas que un Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe, sin embargo, con la previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de aquellas personas en relación con las cuales, según las normas legales preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso penal, según elementos probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades competentes…
“…La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelante el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal…”[2].
“El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción....”[3]
7. Naturaleza y alcance de las normas rectoras penales
8. El análisis de los cargos
8.1 Considera el actor que la disposición demandada quebranta el debido proceso en tanto autoriza al funcionario judicial para adoptar cualquier clase de medidas, incluso contra la Constitución y la ley, tendientes a lograr los efectos de la infracción penal, el restablecimiento de las cosas a sus estado anterior y la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible.
A juicio de la Corte el cargo formulado por el actor no está llamado a prosperar, en consideración a que dichas medidas tienen pleno respaldo constitucional, al contemplarlas la misma Carta Política como medios de protección de la vida, bienes y demás derechos y libertades de las personas. También como medio adecuado para hacer comparecer a los presuntos infractores de la ley penal antes las autoridades competentes (Cons. Pol. Art. 28); así como lograr, si fuere del caso, el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito (art. 250 – 1º Ibídem).
Estas medidas tienen como fin hacer efectiva la “justicia reparadora”, que de acuerdo con la presentación que realizan los iusfilósofos Norberto Bobbio y Nicola Matteucci[4] del pensamiento aristotélico sobre la justicia, está relacionada, a diferencia de la distributiva, de una manera más específica con situaciones en que una persona ha sufrido una ofensa de otra persona y exige, por lo tanto, una reparación. Las normas de la justicia reparadora se subdividen, además, en normas de justicia compensativa y normas de justicia correctiva. Las primeras se refieren a transacciones privadas y voluntarias y tienen por objeto restablecer un equilibrio perturbado, mediante la compensación de la parte ofendida; la segunda inflige el castigo al culpable[5].
Las medidas que puede adoptar la autoridad judicial de acuerdo con la norma acusada se ubican dentro del marco de la justicia reparadora. Ellas buscan corregir los perjuicios ocasionados con el delito. Así, el Código de Procedimiento Penal prevé las medidas de aseguramiento que recaen sobre la persona, como la detención preventiva (C. de P.P., artículos 355 y ss.), con el lleno de los requisitos fijados por el Legislador en desarrollo del artículo 28 de la Constitución. Igualmente, el mismo Código contempla las medidas sobre los bienes, como el embargo y secuestro, la restitución de los objetos o las autorizaciones especiales (artículos 60 a 64 C. de P.P.).
En consecuencia, la objeción de inconstitucionalidad que formula el actor parte de una interpretación errada de la norma acusada, porque como lo indica el Procurador General de la Nación, el cargo se fundamenta en la interpretación aislada de la disposición acusada y sin consideración a su carácter de norma rectora, cuya aplicación se materializa a través de diversos mecanismos que el legislador ha previsto en las normas posteriores del ordenamiento procesal penal –sin perjuicio de la aplicación de otros ordenamientos que sean pertinentes -, no pudiendo por ello afirmarse, como lo hace el actor, que en virtud de la disposición impugnada los funcionarios judiciales puedan tomar cualquier clase de medida, dado que una interpretación sistemática de la norma acusada conduce a la inequívoca conclusión de que el funcionario debe adoptar las medidas que estime necesarias dentro de las opciones que el mismo Legislador ha definido en el ámbito de las normas penales, y llegado el caso, dentro del ordenamiento jurídico vigente, que de manera general comprende conjuntos normativos de diversas especialidades.
Para la Corte este cargo está llamado a correr la misma suerte del anterior. En primer lugar, porque la misma Constitución autoriza que se adopten medidas de aseguramiento y cautelares antes de la definición de la responsabilidad del presunto infractor de la ley penal (Cons. Pol. Art. 28 y 250 – 1º).
En síntesis, el poder del funcionario judicial no se restringe a la legislación penal, pues bien puede acudir, cuando sea necesario, a otras normas del orden jurídico, por ejemplo de naturaleza civil, respetando cada uno de esos ordenes jurídicos parciales, y adoptando al efecto las medidas necesarias al restablecimiento y reparación del derecho, siempre que se inscriban en el amplio universo de todo el ordenamiento jurídico, en el cual, la legislación penal es apenas una de sus partes integrantes.
[1] En ese sentido se pueden confrontar las sentencias C – 774 de 2001, C – 634 de 2000, C – 925 de 1999, C – 549 de 1997, C – 412 de 1993, C – 689 de 1996, entre otras.
[2] Sentencia C - 689 de 1996.
[3] Sentencia C - 395 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[4] Diccionario de Política. México, Siglo Veintiuno Editores, 1985, p. 875.
[5] Cfr. Aristóteles. Ética Nicomáquea, Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, 1985, pp. 236 y ss.