Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/demandas_por_fumigaciones_acciones_colectivas_de_grupo_reparacion_directa.html
Timestamp: 2018-11-19 12:31:25
Document Index: 336677617

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 79', 'artículo 86', 'artículo 79', 'artículo 87', 'artículo 32']

﻿ DEMANDAS POR FUMIGACIONES
DEMANDAS CONTRA FUMIGACIONES
[1979] The National Organization for The Reform Of Marijuana Laws (NORML), Plaintiff, v. United States Department of State et al., Defendants.United States District Court, District of Columbia..Plaintiff, the National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML), an organization dedicated to the decriminalization of marijuana, seeks to enjoin the State Department, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Agency for International Development (AID) and the Department of Health, Education and Welfare (HEW) from providing financial and other assistance to Mexico for the purpose of eradicating marijuana and poppy fields by the use of aerially sprayed herbicides. Plaintiff claims that defendants are supporting the use of the herbicides paraquat and 2,4-D, which destroy marijuana and poppy fields, respectively, in violation of the International Security Assistance Act, Pub.L. 95-384, 92 Stat. 730, 22 U.S.C. § 2291(d) (the "Percy Amendment"), the National Environmental Policy Act, 42 U.S.C. § 4321, et seq., and the Eighth Amendment to the Constitution [...] Section 481(d)(1) is not intended to jeopardize the Mexican poppy eradication program. It demonstrates the concern of the Congress and the people of America about the health risks of paraquat. Unless the law is observed, the spraying of paraquat could spread beyond Mexico to other nations, such as Colombia, that will see paraquat as a viable and U. S. Government-approved means for stopping their marijuana problem. If this takes place the United States will be facing a serious health epidemic, far beyond present circumstances." [November 21, 1979]
[1984] The "Agent Orange" Product Liability Litigation. In the underlying mass toxic tort action, a class of approximately 2.5 million Vietnam veterans and their family members sued the United States and the manufacturers of phenoxy herbicides used in the Vietnam war. The plaintiffs alleged that exposure to the herbicides and the contaminant dioxin resulted in a variety of devastating maladies, including cancers, genetic damage and birth defects, skin diseases, and nervous disorders. The class action was effectively concluded on May 7, 1984 by a settlement in which seven manufacturers agreed to pay the class $180 million. [Case text] /"Veterans diagnosed with these diseases only will have to show they stepped foot in Vietnam sometime from Jan. 9, 1962 through May 7, 1975, to qualify for service-connected disability ratings and compensation.” (in New Agent Orange Presumptons and Retroactive Benefits to 1985, Nehmer v. DVA)
[[1986] La primera demanda conocida contra las fumigaciones estatales en Colombia Referencia: Expediente No. 7719. Actor: Jaime Gonzalez Rubio. - Demandado: la Nación - Policía Nacional. – ante el Tribunal Administrativo del Magdalena. Se radica por daños a cultivos de frutales, hortalizas y potreros ocasionados entre el 1 y 23 de junio de 1986 en el corregimiento de Gaira, Municipio de Santa Marta sector noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta Departamento del Magdalena a raíz de las fumigaciones para erradicar y destruir plantíos de Marihuana; fumigaciones que no fueron realizadas directamente sobre los cultivos que resultaron afectados en la finca ojo de agua sino que el veneno llegó a esa finca por la acción de los vientos y por el efecto de deriva, en consecuencia, sólo cuando se detectó que el cultivo estaba dañado, se pudo concluir que ese daño provenía de las fumigaciones que se estaban realizando en la Sierra Nevada, eso ocurrió en agosto de 1986 cuando se perdieron las cosechas y el suelo dejó de ser óptimo para convertirse en deteriorado terreno incapaz de producir las cosechas acostumbradas, situación que se presentó debido a la, proximidad de los campos fumigados. Los daños fueron constatados por visita efectuada por el Inderena al predio el 7 de agosto de 1986.
El Ministro de Defensa, el Secretario General del Ministerio de Defensa y el Director de la Policía Nacional impugnaron la demanda porque la quema de pastos que presentaba la finca fue en línea de rumbo de vuelo que sólo se presenta en fumigaciones directas sobre una zona y sobre esa finca no se hicieron fumigaciones con glifosato, porque ya se había operado la caducidad de la acción, por cuanto las fumigaciones fueron efectuadas entre el 1 y el 23 de junio de 1986 y la demandada fue presentada el 25 de junio de 1988 … que no hubo falla en el servicio porque el Estado realizó una actividad en beneficio de la colectividad y en caso de que con ella se hubiera causado un daño, éste constituiría el sacrificio que el común de los ciudadanos deben normalmente soportar.” , El 19 de junio 1992, el Tribunal Administrativo del Magdalena declara administrativamente responsable a la Nación - Policía Nacional por los perjuicios materiales causados con el herbicida Glifosato. La parte demandada, la Nación- Ministerio de Defensa y la Policía Nacional apeló la demanda y alegó entre otros que Frente a la falla en el servicio pretendida por la parte actora, la Sala considera que no se demostró la existencia de los elementos que la configuran. Así es, en la demanda se afirma que las fumigaciones ocasionaron perjuicios en los cultivos de la hacienda Ojo de Agua, especialmente en las tomateras y demás hortalizas produciéndose la pérdida de las cosechas.
La Sentencia del Consejo de Estado afirma que La parte actora no probó este aserto en debida forma que permitiera determinar la existencia de tales perjuicios, a folio 10 obra copia de un informe que rindió el Inderena regional Magdalena sobre la visita practicada el 7 de agosto de 1986 a la Hacienda que se dice afectada. En ese informe el funcionario visitador dió cuenta de que observó afectación en potreros y cultivos de hortalizas con síntomas de aplicación de cultivos tóxicos, pero allí no se determinó cual era ese tóxico de tal manera que en esta sentencia pudiera concluirse que fue la fumigación realizada por la Policía la que ocasionó el daño. Tampoco puede determinarse cual fue ese daño, qué terreno de la finca estaba sembrada de tomate o qué parte de esos cultivos se vieron afectados, y ese fue el informe tomado en el momento en que se presentó el hecho. Ahora los dictámenes logrados en el plenario fueron rendidos 4 años después de realizadas las fumigaciones hechas por la primera compañía antinarcóticos de la Policía Nacional, cuya copia obra a folios 59 a 61, cuando las condiciones existentes habían variado de tal manera que los peritos conceptuaran que era imposible determinar si en alguna época se vieron afectados por glifosato. Los peritos realmente se limitaron a exponer sus conclusiones sobre los perjuicios que puede ocasionar el uso inadecuado del herbicida, pero con esos dictámenes no se establece que efectivamente los cultivos de la hacienda Ojo de Agua se vieron afectados, o cuales y en qué extensión fueron los cultivos afectados o que ese deterioro sufrido hubiera sido por elementos tóxicos usados por la Policía Nacional en las fumigaciones. Como no se demostró la falla en el servicio, se revocará la sentencia apelada y en su lugar se negarán las súplicas de la demanda. El hecho es que, en 1993, el Consejo de Estado declara que: “Como no se demostró la falla en el servicio, se revocará la sentencia del 19 de junio de 1992 apelada y en su lugar se negarán las súplicas de la demanda..[hechos 1-13 de junio 1986, radicación de la demada_ 25 de junio de 1988- Fallo 1era instancia 19 de junio 1992] [Sentencia Consejo de Estado 11 de junio de 1993]
[1992] Sentencia SU 67 de 1993 En 1992 Gerardo Ardila actuando en nombre del Ejecutivo Nacional de la Alianza Democrática M-19" (Movimiento recién desmovilizado e impulsor de la Constituyente de 1991, que da forma actual al derecho de Tutela), presentó una tutela el 18 de Febrero de 1992 contra el Consejo Nacional de Estupefacientes: El señor Gerardo Ardila presentó ante el Juez setenta y nueve (79) de Instrucción Criminal Ambulante, en la ciudad de Santafé de Bogotá , un escrito en el que interpone la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, contra "la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes consistente en la orden de utilizar defoliantes prohibidos en especial de fumigar con Glifosato los cultivos de amapola". Pide que se ordene la suspensión inmediata de las fumigaciones con aquel producto. Advierte que en la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes en la que se autorizó el uso del defoliante señalado, "...tres autoridades del Estado mostraron su inconformidad. Tanto el Ministro de Educación y el Procurador General de la Nación, se abstuvieron, y el Ministro de Salud, máxima autoridad en ese campo, se opuso con argumentos demostrativos de los efectos nocivos que esta sustancia causa al ecosistema". Además, en el Senado de la República se aprobó una resolución en la que se pide al Gobierno revisar la decisión tomada por el citado Consejo; lo que significa, en su opinión, que existe una expresión de la voluntad popular que no puede ser ignorada según el alcance del artículo 79 de la Constitución Nacional y que es "obligante para el Gobierno so pena de ser considerado autoritario y violador del Espíritu de una Constitución que se consagró gracias, entre otras, a la participación del actual Gobierno presidido por el Doctor Cesar Gaviria. En Fallo de primera instancia, el Juez 79 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá declara improcedente la acción de tutela del Sr. Ardila del 17 de febrero de 1992 por no encontrarse vulneración a derechos fundamentales y por no proceder para la protección de derechos colectivos. La Sentencia SU 67 de 1993 de la Corte Constitucional aprobada por Acta No. 15 el 24 de febrero 1993 confirma la Sentencia del Juez 79 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá. No obstante, uno de los ponentes, el Magistrado Ciro Angarita, manifiesta un salvamento parcial "por cuanto sólo se reprodujo integralmente una de las diversas sentencias revisadas y las demás merecieron apenas mención incidental, es apenas natural que en estas circunstancias el fallo final sea desequilibrado y exhiba un sesgo que ha llevado a la opinión pública a interpretarlo apresuradamente como aprobatorio del uso del glifosato." Londoño et al. 2007] [Ref.:][ ---tutela 17 de febrero de 1992][sentencia 24 de febrero 1993].mentales y por no proceder para la protección de derechos colectivos. [Londoño et al. 2007] [Ref.: Sentencia SU 67 de 1993][ ---17 de febrero de 1992]
[1992/1993] Sentencia SU 67 de 1993 /Corte Constitucional En 1992 Gerardo Ardila actuando en nombre del Ejecutivo Nacional de la Alianza Democrática M-19" (Movimiento recién desmovilizado e impulsor de la Constituyente de 1991, que da forma actual al derecho de Tutela), presentó una tutela (Expediente No. T- 904) el 18 de Febrero de 1992 contra el Consejo Nacional de Estupefacientes: El señor Gerardo Ardila presentó ante el Juez setenta y nueve (79) de Instrucción Criminal Ambulante, en la ciudad de Santafé de Bogotá , un escrito en el que interpone la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, contra "la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes consistente en la orden de utilizar defoliantes prohibidos en especial de fumigar con Glifosato los cultivos de amapola". Pide que se ordene la suspensión inmediata de las fumigaciones con aquel producto. Advierte que en la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes en la que se autorizó el uso del defoliante señalado, "...tres autoridades del Estado mostraron su inconformidad. Tanto el Ministro de Educación y el Procurador General de la Nación, se abstuvieron, y el Ministro de Salud, máxima autoridad en ese campo, se opuso con argumentos demostrativos de los efectos nocivos que esta sustancia causa al ecosistema". Además, en el Senado de la República se aprobó una resolución en la que se pide al Gobierno revisar la decisión tomada por el citado Consejo; lo que significa, en su opinión, que existe una expresión de la voluntad popular que no puede ser ignorada según el alcance del artículo 79 de la Constitución Nacional y que es "obligante para el Gobierno so pena de ser considerado autoritario y violador del Espíritu de una Constitución que se consagró gracias, entre otras, a la participación del actual Gobierno presidido por el Doctor Cesar Gaviria.
En Fallo de primera instancia, el Juez 79 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá declara improcedente la acción de tutela del Sr. Ardila del 17 de febrero de 1992 por no encontrarse vulneración a derechos fundamentales y por no proceder para la protección de derechos colectivos. La Sentencia SU 67 de 1993 de la Corte Constitucional aprobada por Acta No. 15 el 24 de febrero 1993 confirma la Sentencia del Juez 79 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá. No obstante, uno de los ponentes, el Magistrado Ciro Angarita, manifiesta un salvamento parcial . Londoño et al. 2007] [Ref.:][ ---tutela 17 de febrero de 1992][sentencia 24 de febrero 1993].
[1992/1993] Ciro Angarita Varón: Salvamento Parcial de Voto a la Sentencia No. T-067/93 /ver debate /Sentencia SU 67 de 1993 de la Corte Constitucional en la acción instaurada por el Señor Gerardo Ardila; El Magistrado Ciro Angarita, manifiesta un salvamento parcial "por cuanto sólo se reprodujo integralmente una de las diversas sentencias revisadas y las demás merecieron apenas mención incidental, es apenas natural que en estas circunstancias el fallo final sea desequilibrado y exhiba un sesgo que ha llevado a la opinión pública a interpretarlo apresuradamente como aprobatorio del uso del glifosato." En Defensoria [24 de febrero 1993]
[1994/1995] Radicación No.AC - 2820. Consejo de Estado Acción de Cumplimiento. /DMS Juridica En octubre de 1994 los líderes comunales Omaira Morales Ramírez y Juan Carlos Londoño Gómez radican una demanda solicitando que se ordene al Consejo Nacional de Estupefacientes y la Nación al Ministerio de Justicia y del Derecho el cumplimiento inmediato de los mandatos y requisitos previos contemplados en la normatividad; entre otros, el Acuerdo suscrito con los campesinos del Guaviare y los Accionantes, puntos 3 y 4; resolución 0001 de febrero 11 de 1994 numerales 1, 2, 3.4 y 4 … puesto que , en septiembre de 1994 se inició en el Departamento del Guaviare una campaña masiva de aspersión que no contó con estudios técnicos previos sobre impacto ambiental y socio económico en la región del Guaviare y con las licencias sanitaria y ambientales pues el señor Ministro de Justicia pretende que se apliquen en el Guaviare, estudios efectuados en el municipio de Corinto (Cauca), cuando las condiciones topográficas y ambientales son diferentes. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, los accionantes precisan que en el mes de septiembre de 1994 se inició en el Departamento del Guaviare un proceso masivo de “esparción” (sic) aérea con sustancias herbicidas, que al decir de las autoridades se trata de Glifosato. Que dicha fumigación ha dañado no solamente los cultivos y las fuentes de agua, sino que inclusive se ha vertido sobre personas y varios resguardos indígenas, además que no ha contado con los estudios técnicos previos sobre impacto ambiental y socio económico en la región del Guaviare y con las licencias sanitaria y ambiental, violando claros mandatos constitucionales y legales. Que el citado herbicida está siendo depositado a gran escala sobre cultivos ilícitos de coca, también sobre la selva virgen, cerca de las fuentes de agua y sobre cultivos lícitos de caucho, pastos, yuca, plátano, maíz, árboles frutales, caña de azúcar, huertas caseras, jardines y casas de habitación presumiblemente debido a que las autoridades de antinarcóticos no pueden cumplir los mandatos técnicos referidos a la altura mínima de 10 metros para la aspersión del herbicida por razones topográficas y problemas de orden público.
El 18 de mayo de 1995, Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que "la importancia de la recuperación por todos los medios de las áreas de cultivo ilícito que causan mayor daño al ambiente y la dificultad de su recuperación y resolvió “Abstenerse de librar mandamiento de ejecución contra el Consejo Nacional de Estupefacientes, Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho”..Afirma Omaira que el Tribunal no tuvo en cuenta la petición de pruebas que se hizo en la demanda. El Consejo de Estado confirma la providencia de del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. [radicación septiembre 1994 sentencia 1era instancia 18 de mayo de 1995 -fallo Consejo de Estado 15 de agosto 1995]
[1995] Acción de cumplimiento. Radicación número 3454 DMSJuridica Actor: Javier Roa Salazar contra el señor Alcalde de Neiva y el Comandante de la Policía del Huila. Apelación Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera de la sentencia de julio 17 de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. 27 de octubre de 1995. En enero de 1995 el Sr. Javier Roa instaura una demanda contra el señor Alcalde de Neiva y el Comandante de la Policía del Huila por no cumplimiento de los requisitos exigidos para llevar a cabo actividades que, como las fumigaciones efectuadas entre el 8 de noviembre y 18 de diciembre 1994 con glifosato en las localidades de San Antonio, Piedramarcada, Vegalarga, Balsillas y los Cauchos de Neiva pertenecientes al municipio de Neiva, y cercanas a los afluentes del río Las Ceibas y que, según el actor, afectan el medio ambiente y la vida. Se trata, de que el señor Alcalde de Neiva y el Comandante de la Policía del Huila tramiten la respectiva licencia ambiental y cumplan los demás requisitos exigidos para llevar a cabo actividades que como la fumigación con glifosato. Sostiene el Tribunal Administrativo del Huila que sobre el tema objeto de discusión, ya esta Corporación [tuvo oportunidad de pronunciarse [AC - 2820. Omaira] y al efecto definió que la erradicación de cultivos ilícitos es una actividad que compete al Consejo Nacional de Estupefacientes desde el año de 1986 y que, a dicha actividad que se inició con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993, se le aplica el régimen de transición que fue consagrado en la mencionada ley, según el cual para el ejercicio de dicha actividad no se requiere la licencia ambiental y puede seguirse desarrollando, sin perjuicio de que las autoridades ambientales pueden intervenir con el fin de que se cumplan las normas que regulan el medio ambiente.
El Consejo de Estado, confirma la providencia del 17 de julio de 1995, emanada del Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual decidió abstenerse de librar mandamiento ejecutivo y la orden de suspensión incoadas en las pretensiones primera y segunda de la acción de cumplimiento exponiendo que “Si la actividad de erradicación de cultivos ilícitos se rige por el citado régimen de transición y para realizarla el Consejo Nacional de Estupefacientes cumplió con las normas vigentes en su oportunidad, no se da a juicio de la Sala el incumplimiento de la Ley 99 de 1993 y de las normas constitucionales invocadas por los accionantes y por lo tanto no resulta procedente el mandamiento de ejecución solicitado”. [Radicado 15 de enero de 1995, Fallo 1era instancia Tribunal Administrativo del Huila Fallo del 17 de julio 1995, Consejo de Estado fallo 27 de octubre de 1995] /Demanda contra fumigaciones en el Huila.
[1997] Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual: “Declárase que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es administrativamente responsable de la lesión sufrida en el ojo izquierdo por el piloto Juan Eutimio Guerrero Villamil, en hechos ocurridos el 18 de junio de 1993 en el Municipio de Rioblanco, Tolima, lesión que determinó, mediante Junta Médica No. 010 de junio 14 de 1994 de la Aeronáutica Civil, la cancelación de su licencia de piloto comercial fumigador IVA 931. Como consecuencia de lo anterior, condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a Juan Eutimio Guerrero Villamil, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a un mil (1.000) gramos oro fino al valor que éste tenga a la fecha de ejecutoria de la sentencia; y, por concepto de perjuicios materiales, la suma de quinientos veintiún millones cero veintiún mil cuatrocientos cincuenta y ocho mil pesos con 72 ctvs. ($521’021.468,72) moneda corriente, conforme a las pautas trazadas en esta providencia (tomado de). [7 de noviembre de 1997
[1999] Consejo de Estado Acción de reparación directa por José Antonio Cardenas Rojas el 26 de abril , a las 12:30 p.m. la Sección Antinarcótico dela Policía nacional realizó una fumigación con herbicidas químicos sin identificar, lo cual afectó 14 has de cultivo de caucho, 8 has de cultivo de yuca y 3has sembradas de pasto “brachiaria” y 5 has de bosque virgen o reserva. boltines [1999-30 de enero 2013]
[2000-2003] Reseña MamaCoca Tutela Opiac) Sentencia SU-383 de mayo del 2003 /(Actuaciones fallos y sentencias tutela OPIAC -representante legal de los 56 pueblos indígenas que habitan la Amazonía Colombiana-
Beltran Sierra y Calra Inés Vargas Sentencia SU.383/03 Salvamento Voto Fallo Tutela OPIAC: "Sorprende que ante la claridad de las disposiciones constitucionales mencionadas, y haciendo caso omiso de la legislación vigente y de convenios internacionales suscritos por Colombia, en esta acción de tutela no se haya impartido la orden de suspensión inmediata de la fumigación aérea de los denominados cultivos ilícitos en la Amazonía Colombiana, pese a la existencia de abundantes pruebas que en la propia sentencia se mencionan y analizan según las cuales no se encuentra demostrado que el glifosato no causa daño a los seres humanos, ni a la vida animal, ni a la vida vegetal, ni a los recursos hídricos, sino que por el contrario lo que aparece es que existen daños a la salud de la niñez y de la población adulta. Siendo ello así, sólo una decisión era posible: la orden de suspender la aspersión aérea con glifosato". [13 de mayo 20003.
[ 2001 -2005] Reseña Acción Popular Sampedro MamaCoca .
Acción Popular radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ref expediente 2001-0022-02) Actor: Claudia Sampedro Torres, Héctor Suarez y otros. Demandado: Ministerio del Medio Ambiente (y otros y el litisconsorcio necesario con el Consejo Nacional de Estupefacientes, y el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA) para que se protejan los derechos colectivos invocados como vulnerados y amenazados por el uso de agentes químicos por aspersión aérea y el potencial empleo de controladores biológicos, so pretexto de erradicar cultivos ilícitos. Esta acción popular plantea las preguntas que nos hacemos todos los colombianos sobre un programa de experimentación antinarcóticos –las fumigaciones- que causa mucho temor pero sobre el que existe bien poca información oficial hecha pública. [25 de enero 2001]_
Expediente No. 2001-0022-02 Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Actor: Claudia Sampedro Torres, Héctor Suarez y otros
En el proceso se destaca que:
Desde el año de 1.984, se recomendó por parte del comité de expertos, la puesta en práctica de un programa de tóxico – vigilancia, exigencia que fue reiterada en los años 1992 y 1994, por parte el Ministerio de Salud, quien señaló la importancia de contar con dicho plan, que se dirigiría a prevenir y reducir los efectos nocivos del glifosato en la salud humana y en el medio ambiente. Plan que aún no sido puesto en marcha por parte de las entidades encargadas de la coordinación y/o ejecución del programa de erradicación de drogas ilícitas en el país, violándose las disposiciones contenidas en los capítulos XIV, XV, Y XVI del Decreto 1843 de 1.991. El Consejo Nacional de Estupefacientes para tomar la decisión del uso del glifosato por aspersión aérea desconoce las conclusiones del Comité de Expertos conformados por médicos especialistas en toxicología, epidemiología, pediatras, sanidad ambiental, farmacología, medicina interna, neurología, microbiología, química farmacéutica, ingenieros agrónomos, etc.
Igualmente el Consejo Nacional de Estupefacientes al autorizar el glifosato como herbicida para la fumigación aérea a los cultivos ilícitos desconoce el estudio técnico realizado por Ecoforest Ltda.(Consultora de Inderena), donde se señala como desventaja la utilización de aeronaves de alas fijas para la fumigación por aspersión, pues por efecto de la deriva se termina por fumigar áreas no deseables, causando considerable daño a las aéreas anteriores y posteriores a la banda de tratamiento y existiendo mayor peligro de afectación para humanos y formas vivientes de la fauna y la flora y fauna silvestre.
El Ministerio de Salud manifiesta “que no ha realizado estudios experimentales en el país que señalen el impacto del glifosato por aspersión aérea en la salud humana.” Y no dio concepto favorable sobre la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato, de conformidad con lo ordenado por la Ley 30 de1986. En su declaración de fecha septiembre 12/2001, la Ministra de Salud, Sara Ordoñez, manifiesta que “El Ministerio de Salud no ha realizado estudios experimentales en el país que señalen el impacto del Glifosato por aspersión aérea en la salud humana” “El Ministerio de salud no tiene programas específicos relacionados con cultivos ilícitos en el desarrollo del Plan Colombia, no obstante, como se anotó anteriormente se encuentra en desarrollo una propuesta de vigilancia de los riesgos y efectos para la salud humana del uso de plaguicidas dentro del sistema de vigilancia en salud pública SIVIGILA. De igual manera se ha participado en las reuniones de trabajo realizadas por la Dirección Nacional de Estupefacientes para definir los mecanismos y conformación de la auditoria pre y pos aplicación de glifosato”. (Fls. 1074-78) .
El Ministerio de Salud no tiene programas específicos relacionados con el Plan de Salud de Vigilancia Epidemiológica en relación con la erradicación de los cultivos ilícitos con glifosato, pero no obstante, según ese Ministerio se encuentra en desarrollo una propuesta de vigilancia de los riesgos y efectos para la salud humana del uso de plaguicidas dentro del sistema de vigilancia en salud pública SIVIGILA., violando lo estipulado en el Decreto 1843 de 1.991, articulo 188. En respuesta de fecha abril 29 de 2002 el INS manifiesta: “El Instituto Nacional de Salud, no ha llevado a cabo estudios relacionados con el impacto del glifosato en la vida, salud humana y medio ambiente, debido a que no posee la infraestructura tecnológica ni los recursos indispensables para realizar dichos estudios.
Desde 1983 el ICA ha venido prestando su concurso técnico cuando es consultado en programas de erradicación de cultivos ilícitos por la Policía Nacional. Que el ICA no ha efectuado estudios de toxicidad por no ser de su competencia este tipo de análisis, de igual forma no han realizado estudios epidemiológicos ni de tipos zoosanitario y ni fitosanitario, pues la parte ambiental le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y la Parte humana al Ministerio de Salud. El ICA ha aprobado las diferentes formulaciones de glifosato sometidas asu consideración, pero para agricultura. En el rotulado aprobado por el ICA para el glifosato y herbicidas existe una recomendación agronómica, en la cual se alerta que al aplicarlo se debe evitar asperjar sobre especies no objetivo de control, Una sustancia inadecuadamente aplicada puede alterar el ecosistema específicamente refiriéndonos a un herbicida, pues elimina algunas plantas que sirven de elemento de vida para especies tanto vegetales como animales.
El gobierno nacional ha omitido la contratación de una auditoría técnica, ordenada por la Resolución N° 005 de 2000, del Consejo Nacional de Estupefacientes, con carácter independiente, externa y autónoma de los órganos decisorios, ejecutores y operadores del programa cuyo objeto sea, entre otros, garantizar el respeto y cumplimiento de las normas de seguridad, protección de la salud y del ambiente de los colombianos.
El Plan de Manejo Ambiental impuesto a la Dirección Nacional de Estupefacientes por parte del Ministerio del Medio Ambiente es deficiente en los siguientes aspectos: No se da cumplimiento al auto 558ª/96 capitulo 7°, relacionado con los programas para controlar los impactos sobre salud humana; y no da el énfasis requerido al Programa de Gestión Social en lo relacionado con la inclusión de la atención en salud a la población en los zonas fumigadas.
La Clínica Uribe Cualla, Centro de Asesoramiento Toxicológico (CAT) en estudios efectuados en los municipios mencionados a 500 personas, por encargo mediante contratación de la Oficina de Asuntos Narcóticos NAS, de la Embajada de los Estados Unidos, concluyó: Las personas estudiadas estuvieron directa o indirectamente expuestas al glifosato por aspersión aérea en algún momento entre Diciembre de 2000 y Febrero de 2001, es decir tres meses, aunque en diferentes grados.. En su declaración, Camilo Uribe Granja, afirma "En las conclusiones de los estudios realizados por nosotros en los Dpto. de Nariño y Putumayo, se incluye la necesidad de montar por parte de las autoridades sanitarias respectivas lo que se conoce como un sistema de vigilancia epidemiológica intensificada para plaguicidas en general, y no solo para glifosato en aspersión aérea, sistema que incluye la evaluación permanente de efectos tóxicos sobre los seres humanos ya sean agudos, subagudos, tardío o crónicos. Para el caso específico de aspersión con glifosato, una de las recomendaciones de nuestros estudios es la realización de investigaciones que incluyan la evaluación sobre la salud pre y post aspersión, ya que los estudios realizados fueron de tipo retrospectivo, se hace necesario para medir impactos sobre la salud la evaluación del estado de salud antes de una aspersión y la evaluación posterior a la aspersión tanto médica como analítica. Por lo tanto para poder determinar toxicidad tardía o toxicidad crónica inducida por plaguicidas se requiere la realización de un estudio prospectivo (a futuro) complejo que permita en lo posible individualizar efectos tóxicos de la gran cantidad de sustancias empleadas en el mantenimiento de cultivos ilícitos e insumos químicos empleados en el procesamiento de los mismos.
Obran en el expediente múltiples quejas presentadas por la comunidad ante las Personerías Municipales, Inspecciones de Policía, Defensoría del Pueblo, y Direcciones de Salud de los diferentes departamentos, contra la fumigación con glifosato, por violación a los derechos a la vida y a la salud. Se destacan algunas relacionadas con muertes de niños y niños nacidos con malformaciones. Según la Dirección de la Policía de Antinarcóticos (Ejecutora del Proyecto de Fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos ilícitos), el glifosato utilizado en Colombia (Junio 2001) está compuesto de: Glifosato (Roundp Ultra) + POEA + Cosmo Flux (mezcla de aceite mineral y surfactantes especializados no-iónicos, agente de acoplamiento (fl.461 a 464).
Según la Dirección de la Policía de Antinarcóticos (Ejecutora del Proyecto de Fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos ilícitos), el glifosato utilizado en Colombia (Junio 2001) está compuesto de: Glifosato (Roundp Ultra) + POEA + Cosmo Flux (mezcla de aceite mineral y surfactantes especializados no-iónicos, agente de acoplamiento (fl.461 a 464).
Afirma la DNE que, en 1.994, se estableció un convenio de cooperación científica y técnica entre la D.N.E y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y la oficina de Programación NAS de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a fin de realizar ensayos de control, estimación e impacto ambiental de los cultivos ilícitos de coca, surgiendo un informe presentado a la D.N.E, en el cual se establece que de acuerdo a estudios de impacto sanitario y ecológico, la aspersión aérea con glifosato realizada con sujeción a los parámetros técnicos, no representa peligro para la salud humana, ni para el medio ambiente.
Dice la DNE que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. La propiedad es un derecho económico y social a la vez, de tal suerte que para que pueda obtener la protección por parte de la justicia y del Estado requiere que la misma esté destinada al ejercicio de actividades lícitas y ecológicamente benéficas para la comunidad, circunstancia que no ocurre en el caso que nos ocupa por cuanto los predios que son asperjados son utilizados para el cultivo de plantaciones ilícitas, y segundo porque la siembra de dichos cultivos es la causa eficiente del daño ecológico producido en las diferentes regiones del país.
Precisan los demandantes que las medidas de fumigaciones han continuado incrementándose y el Ministerio de Ambiente no ha llevado a cabo el control y seguimiento de la aplicación del glifosato de modo que se garantice la salud de las personas y la conservación del ecosistema. Que, aunque los cultivos ilícitos afectan los frágiles ecosistemas de selvas húmedas tropicales, de bosques de niebla y de páramos, las fumigaciones aéreas con productos químicos aumentan la catástrofe ambiental sumándole la tragedia humana de los desplazados y la guerra. Señalan los demandantes que la lucha contra los cultivos ilícitos a través de fumigaciones aéreas en el pasado ha causado el desplazamiento de cultivos ilícitos a nuevas zonas del país, desencadenando el fenómeno conocido como la “triple deforestación”, se siembra se fumiga y se siembra en otra parte.
Que los programas y proyectos de desarrollo alternativo son el método adecuado para evitar la extensión de cultivos ilícitos a zonas ecológicamente frágiles. Precisan que la opinión pública y los espacios de participación comunitaria han legitimado y respaldan la erradicación de cultivos ilícitos pero el disenso está en la forma, y la única forma legitimada por la democracia participativa es la erradicación manual acompañada con una estrategia de desarrollo alternativo, es decir, desarrollo rural integral, desarrollo de alternativas productivas y sostenibles, reforestación, etc., que garantice una vida digna y un desarrollo sostenible al campesinado inmerso en el problema de los cultivos ilícitos.
En relación con la petición de integración del litisconsorcio necesario con los particulares responsables de la siembra de cultivos ilícitos como actores de los daños al medio ambiente y a los recursos naturales renovables tenemos que el articulo 75 Numeral 2° del C.P.C. exige que en la demanda se determine claramente el nombre, edad, y el domicilio del demandado, por ello al no aportar el Ministerio del Medio Ambiente los nombres y domicilios de los particulares que él considera deberán ser llamados como demandados en este proceso, no es dable legalmente su vinculación, por no cumplir su llamado con los requisitos antes mencionados.
El Tribunal, tras oír los estudios y testimonios, accepta la afirmación del Gobierno en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente (MAM) de que Colombia rechazó categóricamente la propuesta de la UNDCP de desarrollar y utilizar controladores biológicos para erradicar cultivos ilícitos en el territorio nacional. Considera el Tribunal, con base en los testimonios y documentación aportada por la parte demandante, que la nocividad del glifosato queda probada y ordena que se respete et Principio de Precaución y se suspendan provisionalmente las fumigaciones en todo el territorio nacional mientras se cumple con la normatividad y lleven a cabo los estudios de rigor y ordena a la Procuraduría General de la Nación – Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Defensoría del Pueblo – Delegada para los derechos Colectivos y Ambientales, para que velen por el estricto cumplimiento de esta providencia. [fallado 13 de junio 2003]
LA DEMANDA 2001-022-02 SE APOYA EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS:
Documentación de Raplamira en Acción Popular Claudia Sampedro et al. Expediente 2001-022-02 contra el Ministerio de Medio Ambiente y otros para impedir el deterioro de los recursos naturales como consecuencia de la erradicación de cultivos ilícitos [11 de agosto 2001]_
Documento -“ Efectos sobre la salud y el ambiente de herbicidas que contienen glifosato Rapalmira, manifiesta en este documento que dosis subletales de glifosato arrastradas por el viento (deriva) dañan flores silvestres y pueden afectar algunas especies a más de 20 metros del sitio asperjado Que en los pueblos de Albania (Caquetá) y macizo Colombiano en el Cauca, el rozamiento con Glifosato ha deshecho los éxitos de los pequeños granjeros que trabajaban para establecer ecología y economías alternativas viables al cultivo de drogas. Ellos han diseñado jardines de cosechas integradas, de especies nativas con cobertura de árboles y cultivo de peces a menor escala, han sido víctimas del rozamiento indiscriminado, el herbicida está matando los retoños en sus viveros, las cosechas en sus campos, contaminando el agua. [agosto 2001]
Documentos de Rapalmira: “Protección a los animales “El glifosato es toxico a algunos organismos benéficos como avispas parasitoides y otros artrópodos predadores, artrópodos del suelo importantes en su aireación y en la formación de humos; y algunos insectos acuáticos...”
Documento “Evaluación de la seguridad y el riesgo para humanos del herbicida RoundUp y su ingrediente activo, glifosato”
Documento -ficha de datos de seguridad de Merck, del compuesto químico 1.4 dioxano. “el glifosato es un herbicida sistémico que actúa en post-emergencia, no selectivo, .... además está contaminado con 1-4 dioxano, …”
Memorias del Foro Cultivos Ilícitos en Colombia, Universidad de los Andes 17-18 de agosto 2000 /Entre otros– Magdalena Tavera “cultivos ilícitos, erradicación e impacto ambiental”. Foro sobre cultivos ilícitos universidad de los andes (tomo 23)
Conversaciones de Paz: Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz Mandato Ciudadano por la paz : Ed. Indepaz –junio de 2000
Resoluciones Defensoriales Nos. 4 de febrero 12 de 2001, #026 de 2002. Documento de la Defensoría - “Los cultivos ilícitos, Los Cultivos Ilícitos Política Mundial y Realidad en Colombia”, Efectos del glifosato sobre los alimentos”.
Ministerio de Salud documento “Información sobre glifosato uso y toxicología ” boletín 1 de febrero de 1.992, se afirma: “tampoco se debe desconocer que estos productos no son inocuos para la salud humana”, puesto que, han sido diseñados con fines letales sobre organismos vivos (Insectos, malezas etc), por ello requieren de condiciones de manejo específicas y controladas. Su uso inadecuado e indiscriminado, representa un riesgo real y permanente para la población y para el medio ambiente. “
Documento - Registro de anormalidades congénitas en áreas de influencia de la Sierra Nevada Hospital Central (1992-1996) [1998]
Documento -archivo electrónico del departamento de biología- Universidad del Tolima “existen estudios realizados en Canadá y Suiza que indican que hay residuos de glifosato hasta un año después que se suspenden estas fumigaciones...” (tomo 38).
Estudio técnico realizado por ECOFOREST Ltda.(Consultora de INDERENA), donde se señala como desventaja la utilización de aeronaves de alas fijas para la fumigación por aspersión, pues por efecto de la deriva se termina por fumigar áreas no deseables, causando considerable daño a las aéreas anteriores y posteriores a la banda de tratamiento y existiendo mayor peligro de afectación para humanos y formas vivientes de la fauna y la flora silvestre.
Se presentaron inumerables testimonios de expertos y quejas de las comunidades....
La respuesta del Presidente Uribe a dicha decisión judicial fue: "Me da mucha pena, pero mientras yo sea Presidente, no vamos a suspender las fumigaciones... Ese es un compromiso de Colombia con la comunidad internacional". (FIDH)
[2001/2004] El Ministro Fernando Londoño Hoyos -Ministro del Interior y de Justicia. – Presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes de la Administración Uribe radica la apelación de la sentencia del 13 de junio 2003 del Tribunal de Cundinamarca Expediente 2001-022-02 Sampedro y otro Extractos de la apelación. del memorial de 200 páginas. Consecuente con lo que fueron los 8 años de la Administración Uribe y sus ataques sistemáticos en contra de las organizaciones sociales, señala el memorial (entre otras perlitas) que: …"“A nadie escapa que estamos enfrentados a una tema de altísima sensibilidad política, en el que una izquierda pro marxista podría explicablemente estar defendiendo el brazo armado del marxismo y el negocio del que se nutre, que son las FARC. Igual podría acontecer, para decirlo de una vez, con declarantes interesados en mantener vivas las autodefensas ilegales, que con tan mal lenguaje se califican de Paramilitares. La sana crítica no podría faltar en asunto tan espinoso, pero desgraciadamente brilla por ausente.”
Frente a la apleación varias organizaciones buscaron aportar a las refelxiones a tener en cuenta por el Consejo de Estado al momemto de fallar en el Expediente 2001-022-02 Sampedro y otros . Entre otras:
Carta de Alberto Rueda al Magistrado Alberto Beltran Sierra Revisión de Tutela /fumigación de cultivos ilícitos y contrapropuesta al Ministro Londoño [28 de abril 2003]
AIDA: Carta al Consejo de Estado con el propósito de aportar reflexiones que pueden resultar útiles al momento de resolver el recurso de apelación presentado por el Gobierno en contra de la sentencia de acción popular proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. [13 de junio 2003]
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo_Aplicación del Principio de Precaución al Programa de Fumigación en Colombia _/Consideraciones al Consejo de Estado al momento de descidir Acción Popular -Expediente No. 02-022 Claudia Sampedro y otros_[18 de septiembre 2003]
Conversatorio Defensoría del Pueblo: Sentencia Corte Constitucional sobre Tutela de la OPIAC y Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre suspensión provisional de fumigaciones de cultivos de uso ilícito. [21 de agosto de 2003]
Carta de organizaciones sociales y ciudadanos defensores de los Derechos Humanos al Consejo de Estado en apoyo a la Sentencia del Tribunal de Cundinamarca ordenando la suspensión de las fumigaciones [21 de agosto 2003]
Amicus Curiae Impactos en Ecuador de las fumigaciones a cultivos ilícitos en Colombia de organizaciones ecuatorianas en el proceso 2001-00022-02 Las organizaciones e instituciones ecuatorianas firmantes, debidamente representadas Elizabeth Bravo por Accion Ecologica, Accion Creativa, Aldhu, Asociacion Americana de Juristas, Cedes, Cedhu, Cas, Inredh, Instituto de Estudios Ecologistas Del Tercer Mundo, Plan Pais, Serpaj, ) acudimos ante el Consejo de Estado de Colombia para solicitar se considere los argumentos de derecho y el análisis técnico-fáctico a continuación, bajo la figura de Amicus Curiae (“amigos de la corte) en relación con el expediente N.02-022-Claudia Sampedro y otros, fallado por el Tribuna de Administrativo de Cundinamarca en Bogotá el día 13 de junio de dos mil tres, en contra del accionado Ministerio de Medio Ambiente y otros [agosto 2003]
FIDH Amicus Curiae: La Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme (FIDH) a déposé à Bogota, le 7 novembre 2003, un Amicus Curiae devant le Conseil d'Etat, en faveur de la suspension sur l'ensemble du territoire colombien des fumigations par voie aérienne d'un produit toxique composé de gliphosate, de POEA et de Cosmo flux.[7 de noviembre 2003]
Consejo de Estado -Sala Plena de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera Consejero -ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda Sentencia 25000-23-25-000-2001-0022-02_/doc completo , sentencia en la acción popular Sampedro y otros (2001-022-02) para exigir el cese de las fumigaciones mientras se efecutan los estudios de rigor en cumplimiento de la normatividad nacional, tras fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 13 de junio 2003 ordenando la suspensión temporal de las fumigaciones, y decisón impugnada por el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez en apelación de junio 2003. [19 de octubre 2004]
Proceso en el Consejo de Estado:
Consultada la Procuraduría General de la Nación, ésta acepta que la fumigación a que se refiere la demanda puede lesionar los derechos invocados por la parte actora; precisa que el Ministerio de Ambiente debe exigir la presentación de un plan de manejo, recuperación o restauración ambiental; que la D.N.E. no cumple con las obligaciones que le incumben a fin de mitigar o evitar el impacto de la fumigación aérea a que se contrae el proceso; manifiesta que la fumigación con glifosato con el fin de erradicar los cultivos ilícitos constituye riesgo para la salud humana en razón de las toxicidades aguda y crónica que puede producir, y concluye que, con base en el principio de la precaución, las fumigaciones aéreas con glifosato deben suspenderse por constituir grave riesgo para la salud humana.
En su apelación La D.N.E sostiene que la suspensión decretada por el Tribunal deja al país inerme ante la mafia, la guerrilla y los paramilitares; que con la aspersión del glifosato se ha logrado una disminución considerable de los cultivos ilícitos, pues los terrenos en que estos se realizan han bajado de 102.000 a 30.000 hectáreas [N.E.: Nótese que los estimativos de la ONDCP para 1999 eran de 122,500 cultivada y 43,000 has fumigadas; para el 2000 126,200 cultivada y 58,300 fumigadas y para el 2001 169,800 cultivadas y 94,600 has fumigadas]; que el cultivo de la coca ha destruido 1.700.000 hectáreas de bosque tropical húmedo [N.E.: El informe Dirección de Antinarcóticos de la Policía: “Coca: Deforestación, contaminación y pobreza”, señala que, al 2015 -14 años después de la afirmación del Ministro Londoño Hoyos- Colombia perdió 600,000 has. de bosque en 15 años por la siembra de coca] Señala la DNE que los cultivos ilícitos producen un nocivo impacto ambiental; que las pruebas acreditan que sí se ha cumplido el Plan de Manejo Ambiental -[Nótese que no se allegan pruebas de cumplimiento del Plan ]; que, además, las pruebas obrantes en el expediente no hacen sospechar la inminencia de la transgresión de los derechos ambientales invocados, ni tampoco se ha demostrado que las omisiones en que se ha incurrido sean causa de daño al medio ambiente y la salud.
La Sala circunscribe el caso planteado a si la referida aspersión representa, o no, peligro real o contingente o agravia los derechos señalados en el escrito demandatorio, por una parte; y por la otra, si las autoridades frente a las cuales se instauró la acción, han obrado en armonía con los mandatos constitucionales y legales de modo que se hagan efectivos los fines que son propios de la organización estatal, como servir a la comunidad, garantizar sus derechos, defender su vida y bienes y, en general, que se asegure el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.
De los estudio aportados sobre el uso seguro del Glifosato, concluye la Sala:
“Que no hay prueba fehaciente, pese a la labor científica que se ha cumplido, que haga concluir que los seres humanos corran peligro con la aspersión del glifosato…
Que grupos de campesinos en su labor agrícola utilizan muchos productos químicos diferentes del glifosato en sus distintas formas, algunos de los cuales son extremadamente tóxicos y que pueden ser causa determinante de afecciones.
Que a pesar de haberse encontrado un solo caso de malformaciones no existe elemento persuasivo que pueda relacionarlo directamente con la aspersión aérea a que se refiere la demanda.
Que algunas afecciones que sí produce el glifosato en el aparato digestivo o en la piel, se ha visto que son de corta duración y finalizan inclusive con tratamientos caseros o calmantes.
Que el uso del glifosato para combatir cultivos ilícitos es factible adelantarlo sin detrimento de los grupos humanos, siempre que se observen las correspondientes medidas de precaución. (negrilla en el texto)
Concluye rápidamente la Sala que “De las pruebas reseñadas no se infiere, con certeza, que el glifosato empleado para la erradicación de los cultivos ilícitos produzca daños irreversibles en el medio ambiente; por lo contrario, hay elementos de juicio que permiten concluir que la regeneración de las zonas asperjadas se produce en lapso no muy largo y que, en cambio, numerosas hectáreas de bosques son destruidas por causa de la tala de éstos por los cultivadores ilícitos”. Sostiene la Sala que los planteamientos presentados por los actores son hipotéticos y no obedecen a estudios científicos ni técnicos que permitan determinar la existencia de casos concretos y situaciones reales que demuestren alteraciones sobre el medio ambiente, especialmente sobre las fuentes hídricas, cultivos lícitos, terrenos asperjados, o la salud humana. No obstante, no exige pruebas de lo contrario –los NO daños- a quienes efectúan las fumigaciones y dicen hacer monitoreo ambiental y epidemiológico.
"Claro está que la aspersión debe producirse de conformidad con las pautas que señalen las autoridades ambientales, sin que deba permitirse su más leve transgresión; razón por la cual es necesario que se lleve a cabo un control permanente con evaluaciones continuas de los efectos que puedan ir apreciándose. Sin embargo, esto no puede conducir a la suspensión de las fumigaciones pues tal medida podría llevar al debilitamiento del Estado al tiempo que se fortalecerían los distintos grupos que se financian con el producto del tráfico de drogas, que es, sin duda alguna, flagelo para la sociedad colombiana y para toda la humanidad. No se desconoce, porque así lo evidencian las probanzas, que de todos modos hay afecciones que se causan, pero que no alcanzan la gravedad que señala la parte actora, lo que conduce a un control permanente y rígido de las fumigaciones que se llevan a cabo.”
"Debe resaltarse que en el expediente no obra prueba alguna que acredite el incumplimiento de las medidas impuestas por Minambiente a la D.N.E por resolución No. 341 de 2001; resolución esta por la cual se adoptan decisiones relacionadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, ni, por consiguiente, hay razón alguna para reprochar al Ministerio de Ambiente por no haber sancionado a la D.N.E a causa del referido supuesto incumplimiento."
Concluye la Sala que no es posible aplicar el Principio de Precaución enunciado en la sustentación del recurso de apelación que aquí se desata, pues como se encuentra consagrado en aquél, la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación al medio ambiente se debe llevar a cabo “cuando exista peligro de daño grave e irreversible”, situación que no se presenta en el sub judice.
Ordena La Sala hacer los estudios de impacto …sin más y como todos: en vano. Otra de las tantas posiciones netamente políticas que rodean el tema de las fumigaciones y la falta de información científica y de terreno que las sustentan. Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda [19 de octubre 2004]
Ruth Estella Correa Palacio: Salvamento de Voto ante la Sentencia del Consejo de Estado en el expediente IJ-25000-23-25-000-2001-00022-02 "Con todo respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, me aparté de ella, porque considero que antes de adoptar una decisión de fondo, bien fuera absolutoria o accediendo a las pretensiones del accionante, se debió allanar el camino para despejar las múltiples dudas que sobre los efectos en el medio ambiente, producen o pueden llegar a producir, las fumigaciones aéreas con glifosato." Esta sentencia del 19 de octubre de 2004 del Consejo de Estado que revoca el fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena la suspensión provisional de las fumigaciones en todo el territorio nacional mientras se efectúan los estudios de impacto ambientales y de salud reglamentarios responde a la apelación por el Gobierno Uribe en cabeza de Ministro del Interior y de Justicia. – Presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, Fernando Londoño Hoyos- [22 de noviembre 2004]
Maria Elena Giraldo Gomez Salvamento voto; Maria Nohemi Hernández Pinzon Salvamento voto; Alier E. Hernández Enriquez Salvamento voto; Olga Ines Navarrete Barrero Salvamento voto; Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta Salvamento de voto; Maria Inés Ortiz Barbosa Aclaración voto
En agosto del 2005, Sampedro y Suarez interponen una Acción de Tutela contra la sala plena del Consejo de Estado por vía de hecho en fallo del 19 de octubre 2004, que permite las fumigaciones violando derechos colectivos y conexos. [16 de agosto 2005
.COMPILACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS FUMIGACIONES COLOMBIANAS EN ECUADOR 2000-2015
Según el abogado y Representante a la Cámara [2006-...] por el Departamento del Putumayo Colombia Guillermo Rivera Flórez, “Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo”, “Las fumigaciones en este Departamento (Putumayo) se iniciaron levemente entre julio y agosto de 1997 con la aspersión de 516 hectáreas. Para 1998 se produce una concentración de las acciones en el municipio de Puerto Guzmán, donde se fumigaron 3.950 hectáreas de coca." La fumigación en el Putumayo ha sido intensa, repetitiva y se sigue hoy en día. La extensa fumigación de todo el Putumayo ha desplazado asimismo los cultivos, siempre acompañados de sus propias fumigaciones, al Departamento de Nariño.
En cuanto a Nariño, las fumigaciones en este Departamento han sido tan atroces que, frente a los daños ocasionados por las fumigaciones de junio, julio, agosto y octubre del año 2000, la Organización Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) radica una tutela en la que exige su derecho a la consulta previa y la protección transitoria de sus derechos fundamentales a la vida, existencia comunitaria, medio ambiente sano, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso y derecho a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan, que estarían siendo quebrantados por los accionados al ordenar y autorizar la fumigación de cultivos ilegales, en sus territorios. . La conclusión del Juez Sentencia SU-383 de mayo del 2003 /(en MamaCoca) , palabras más palabras menos, es que no existían pruebas porque no existía con qué tomarlas.
Las fumigaciones directamente producto del Plan Colombia se iniciaron.. "Plan Colombia-related aerial spray operations began on December 19, 2000, in the southern department of Caqueta and moved into neighboring Putumayo on December 22. Operations later shifted to the northern and eastern parts of the country ..."(en Plan Colombia and the Andean Regional Initiative, j28 de junio 2001)
El 23 de marzo 2000, la República de Ecuador expide el Decreto supremo nº 004-2000-AG con el que se prohíbe el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca.
Entretanto, un informe “Intelligence Report: Ecuador Threat of Colombian Drug Spillover de mayo 2000 alerta sobre los invernaderos colombianos de coca en Ecuador y la actividad narcotraficante de la guerrilla colombiana en Sucumbíos, la preocupación por el petróleo ecuatoriano y cómo este ‘spillover’ y las actuaciones de Ecuador para detenerlo son fuente potencial de financiación para Ecuador por parte de los Estados Unidos.
En otro informe de 1985 de la CIA -Select Committee on Narcotics Abuse and Control Latin American Study Missions Concerning International Narcotics Problems: (informe secreto durante años y hecho público por el Freedon of Information Act (FOIA) alertaba sobre la expansión de los cultivos de coca a Ecuador en la región fronteriza con Colombia. Este informe alaba los esfuerzos de Colombia. “Actualmente, Colombia es el único país en Sur América que participa en la investigación para desarrollar un herbicida seguro y efectivo para la erradicación aérea de la coca. Las autoridades colombianas le dijeron al Comité que compartirán los resultados de su investigación con Perú, Bolivia y Ecuador y otros países en los que ocurre el cultivo de la coca.”.[...] Si y cuando se desarrolle un herbicida efectivo, el Comié exhorta (urge) al Departamento de Estado y al Congreso que revise favorablemente las solictudes de Colombia de equipos y otras ayudas...“.
Las mediciones de 1989 (UNODC 1989) estiman que en Ecuador hay potencialmente 400 has de coca. Sin embargo, no es sino hasta el 2006 que la UNODC comienza, para determinar los cultivos en la frontera Norte, a monitorear específicamente el insignificante cultivo de coca en Ecuador, que, para el 2009 (UNODC 2009) se estima en 25 hectáreas. y/o presumiblemente inexistente.; se habla de unas 80,000 matas halladas por el gobierno ecuatoriano. También es cierto que de años atrás se viene hablando de coca en Brasil, Venezuela y norte de Argentina por parte de quienes vienen impulsando las propuestas de erradicación en todos los países de la región, sobre todo la experimentación con erradicación química.
Los países de la región, ante la propuesta de la UNDCP a Colombia de ir más allá de la experimentación química ya implantada en/por Colombia desde finales de los años 1970 y, ante el temor de que Colombia se prestase a la experimentación biológica con el hongo Fusarium Oxysporum para la erradicación de la coca, en reunión el 16 y 17 octubre del año 2000 en la ciudad de Caracas en el marco del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, los Viceministros de Relaciones Exteriores de los cinco Países Miembros de la Comunidad Andina solicitaron a la Secretaría General elaborar un Informe Reservado que contenga el debate suscitado por el quinto punto de la Agenda Provisional que viene del Comité Andino de Autoridades Ambientales (instancia de recomendación que no tiene el poder de adoptar Decisiones vinculantes en el marco del Acuerdo) cual es el desarrollo de un “Mecanismo de Alerta Temprana para la detección de agentes de control biológico en la erradicación de cultivos ilícitos, que afecten los ecosistemas andinos”Informe de la Quinta reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina.
El propio Congreso de Colombia, en sesión del 6 de noviembre 2000, pregunta al Gobierno de Pastrana ¿Qué acciones de tipo bilateral y multilateral ha emprendido Colombia para contrarrestar las preocupaciones regionales acerca de la utilización de micoherbicidas como herramienta para erradicar cultivos ilícitos en zonas de frontera? En su Respuesta al cuestionario el Gobierno Pastrana informa que: "...el gobierno se ha preocupado porque la estrategia integral del Plan Colombia, sus líneas de acción y programas articulados sean conocidos a nivel nacional e internacional. En el anterior sentido y como desarrollo del continuo espíritu de amistad y cooperación entre los países de la región, el Gobierno Nacional ha manifestado su disposición para informar a los países vecinos, en particular el Ecuador sobre las particularidades de todos los aspectos del Plan Colombia y de su puesta en marcha, concentrando el interés, en responder de manera precisa a los interrogantes que puedan tener esos países." .
El único país (del Mundo) cuyos políticos han acogido sin recato, y logrado mantener, durante décadas esta experimentación química es Colombia. A pesar de esto, Colombia no es la única que sufre de sus fumigaciones. Estudios médicos han señalado repercusiones es en Venezuela (Barquisimeto) y Ecuador ha dejado claros los daños. Si bien, Ecuador supo blindar sus gentes y rica biodiversidad contra las fumigaciones en su territorio, esto no impide los daños ocasionados en su suelo y poblaciones por la deriva colombo-estadounidense. Aunque, como reseñamos anteriormente, el Putumayo, toda la Amazonía y zona fronteriza con Ecuador estuvieron en la mira fumigadora desde la segunda mitad de los años 1980, la arremetida dramática viene con el Plan Clinton-Pastrana, el llamado "Plan Colombia" y, para el año 2000, se fumigaba intensamente el Putumayo y Ecuador vivía asimismo las repercusiones.
Como lo revela este testimonio de Peter Gorman recogido en Ecuador, Plan Colombia: The Pentagon's Shell Game–"En los peores días, a veces hay más de 30," dice la Hermana Carmen Rosa Pérez. "Llegan a nuestra Iglesia sin nada más que con sus mochilas. L ohan dejado todo para salir de Colombia. O peor aún, vienen de acá de nuestra propia frontera de Ecuador. Están enfermos. Algunos tienen llagas y brotes de la fumigación. No pueden respirar, se quejan que les duelen las articulaciones o que ya no pueden ver bien. Nadie nos cree, pero eso no significa que no sea cierto.." [....] La Hermana Carmen Rosa Pérez trabaja en la Iglesia Miguel de Sucumbíos en Lago Agrio, un pequeño pueblo en la parte occidental de la Provincia de Ecuador, a unas 10 millas de la frontera con Colombia. Al otro lado de Río Putumayo queda el departamento –estado- colombiano del of Putumayo."., High Times [March 13, 2003]
Ante las quejas de la población de Sucumbíos por las aspersiones con fumigantes lanzados desde aviones, en junio del 2001, e l Dr. Adolfo Maldonado Campos, médico español especializado en medicina tropical que trabajó durante seis años (1987 and 1993) en la región de Sucumbíos familiarizándose con las enfermedades tropicales prevalentes, visitó la región junto con un Parlamentario ecuatoriano para verificar. Después de llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre los impactos de las fumigaciones en la salud en la región, el Dr. Maldonado concluyó: a) Cien por ciento de los habitantes de la región dentro de un radio de cinco kilómetros de la frontera con Colombia donde ocurren las fumigaciones sufren síntomas asociados con intoxicación aguda por la aspersión aérea que les es fumigada por la parte demandada, DynCorp. El porcentaje de residentes que sufren de intoxicación aguda disminuye a un 89% de la población en la franja que queda entre 5 y 10 kilómetros distante de donde ocurren las fumigaciones.”.[traducido de Arias v Dyncorp 2001]
Ante la magnitud de colombianos que llega expulsados de Colombia, Ecuador desarrolla un Registro Ampliado para dar protección a estas personas muchas de las cuales vienen escapando de las fumigaciones.
En el intercambio entre el Gobierno de Ecuador y Colombia sobre el diferendo por las fumigaciones, figura, entre otros, el 18 de enero 2001 en Annex 1 Note N° E-067 from the Colombian Ambassador in Quito to the Presidential Adviser for Coexistence, National Security, and Fight Against Crime, 18 January 2001 (Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Colombia) Embassy of Colombia E- Carta alabando las aclaraciones que brinda el testimonio de Parra Rodriguez sobre la responsabilidad de los medios en la mala prensa "misinformation" y otros documentos que revelan que efectivamente las fumigaciones no estarían al origen de los daños.
El 2 de julio de 2001, el gobierno ecuatoriano, por presión de los afectados, solicitó a su similar de Colombia que las fumigaciones que realice las haga al menos a 10 kilómetros adentro de la frontera con el Ecuador. La aspersión aérea en la zona fronteriza con el Ecuador (provincias de Nariño y Putumayo) prosiguió periódicamente hasta diciembre de 2005, cuando el Gobierno de Colombia convino en suspenderla temporalmente dentro de la franja fronteriza de 10 km. Sin embargo, en el 2007 reanudó sus operaciones en la frontera-.
En octubre del 2002, Acción Ecológica, ALDHU, Asociación Americana de Juristas, CEDHU, Ecociencia, INREDH, Laboratorio de Suelos LABSU, RAPAL, SERPAJ, Acción Creativa, Comité Andino de Servicios, Quito entregan el Informe de la Misión de Verificación “Impactos en Ecuador de las fumigaciones realizadas en el Putumayo dentro del Plan Colombia” Octubre - 2002
En los primeros días de enero 2003, los campesinos ecuatorianos víctimas de las fumigaciones, con apoyo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF - Ecuador) presentaron una Acción de Amparo Constitucional contra el Estado ecuatoriano (bref mamacoca) "a fin de que se observen las omisiones de dichas autoridades, que han permitido la vulneración de los derechos a la vida, salud, integridad personal y un medio ambiente sano, libre de contaminación a que tienen derecho las personas que viven en la frontera con Colombia, concretamente en la ribera del río San Miguel, en los recintos en los cuales se encuentran asentadas las Comunidades de la Vía a Colombia, Puerto Nuevo y Chone II, provincia de Sucumbíos.
El Dr. Maldonado desarrolla una nueva verificación desarrollado los días 23 y 24 de julio de 2003 e informa que, como actividad necesaria dentro del peritaje, se contó con el laboratorio de Genética Molecular y Citogenética Humana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para verificar los daños genéticos sufridos por un grupo de mujeres de la zona.
Mientras tanto, en el año 2003 en Colombia , dentro la apelación por el Gobierno Uribe y revisión por el Consejo de Estado de la Acción Popular (2001-0022), las asociaciones ecuatorianas Acción Ecológica, Acción Creativa, Aldhu, Asociación Americana de Juristas, Cedes, Cedhu, Cas, Inredh, Instituto de Estudios Ecologistas Del Tercer Mundo, Plan País, Serpaj presentan un Amicus Curiae "Impactos en Ecuador de las fumigaciones a cultivos ilícitos en Colombia" en el proceso 2001-00022-02 (Sampedro y otros) . En él acuden ante el Consejo de Estado de Colombia para solicitar se considere los argumentos de derecho y el análisis técnico-fáctico a continuación, bajo la figura de Amicus Curiae (“amigos de la corte).
Interpelada, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES presenta un Amicus Curiae “Fumigación de cultivos de uso ilícito y vulneración de derechos humanos en la frontera colombo –ecuatoriana ante el Tribunal Constitucional del Ecuador durante el desarrollo del I Foro de las Américas realizado en Quito, Ecuador en Julio de 2004. En este reporte, Codhes establece la correlación entre fumigaciones y desplazamiento: a medida que las fumigaciones se intensifican de una departamento a otro, se agudiza el desplazamiento; en el caso del Putumayo y Nariño a Ecuador.
En mayo del 2005 el Comité Interinstitucional sobre Fumigaciones emite el siguiente Comunicado sobre fallo en Ecuador
El 15 de marzo de 2006 en Carta al Embajador Cantón Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los campesinos denuncian la omisión del Estado de velar por sus derechos. --------
El 9 de enero 2007, At OAS, Ecuador Presents Complaint about Colombia’s Aerial Spraying of Herbicides Along Border cuando Colombia reinicia las fumigaciones sobrevolando territorio ecuatoriano.
[2015] La Dyncorp son los contratistas privados –“non-accredited personnel”- contratados y pagados por, informando a y respondiendo únicamente al Gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo las operaciones de "rociado" en Colombia. "Desde 1991, el Dpto de Estado ha asignado dos contratos a DynCorp Aerospace Technology para servicios de aviación para respaldar el programa de aviación de la Oficina Antinarcóticos (the Bureau)-. Entre el momento en el que el contrato inicial de la DynCorp con el DoS estaba programado para expirar en 1996 y se adjudicó el actual contrato a 5 en 1998, el DoS emitió tres extensiones contractuales interinas de fuente única a la DynCorp. [ Drug Control feb2001] Aunque los Estados Unidos comenzó desde 1998 a hablar de colombianizar las operaciones de fumigación, éstas están a cargo de la Dyncorp “…con aviones de rociado y helicópteros de propiedad de los Estados Unidos, al igual que apoyo de contratistas para ayudar a volar, mantener y operar estos activos en los Centros Operativos de Avanzada (FOL) a través de Colombia. [GAO 5nov2009] De las muchas compañías estadounidenses (entre otras la Monsanto) que se beneficiaron con el Plan Colombia [sometido en 1998, efectivo a partir de 1999-tras ser traducido al español], la Dyncorp fue la que recibió el contrato más jugoso por $600 millones de dólares. Las "ayudas" del Plan Colombia estaban sujetas principalmente la intensificación de las aspersiones aéreas pues, como decía la Embajadora Patterson en su momento "si no se cumplen las metas de erradicación (aspersión), los fondos del Plan Colombia corren un serio riesgo" y la "asistencia" estadounidense todavia lo está. Lo cierto es que la Dyncorp, tras demandas por daños, escándalos por tráfico de drogas y asesinatos conexos y prostitución, sigue en Colombia. El 18 de marzo de 2015, Dyncorp International coloca un anuncio de empleo en Colombia para “ Joint Intel and ISR Support Manager para, entre otras “Encargarse de todo el espectro de los requisitos de inteligencia de la erradicación aérea para incluir su recolección, análisis, fusión y distribución”. NO se necesita hablar español.
El Colectivo José Alvear Restrepo señala que: "Gracias a un Acuerdo suscrito el 17 de septiembre de 2003 por Carolina Barco Canciller de Colombia y Stephen Rademaker, subsecretario de Estado, los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y los mercenarios de estas Empresas Transnacionales de Seguridad actúan cubiertos por la más odiosa impunidad; acuerdo según el cual el gobierno de Colombia está comprometido a no someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a los ciudadanos estadounidenses que en Colombia cometan crímenes contra la humanidad.“ [en Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo]
El 11 de septiembre 2001, 2 100 campesinos ecuatorianos de la Provincia de Sucumbíos instauran en una Corte del distrito de Columbia una acción colectiva en la Corte Distrital de Columbia (Washington) contra de la empresa Dyncorp por reparación a razón de USD$100 millones por daños sufridos a causa de las fumigaciones a cargo de Dyncorp. Solicitan asimismo medidas cautelares contra las fumigaciones en la frontera. Afirman que la Dyncop fumigó del lado ecuatoriano de la frontera y sufren las derivas de las fumigaciones efectuadas del lado colombiano de la frontera. En su demanda, las victimas presentaron 12 causas de acción, entre éstas: la violación de la ley internacional y de los tratados firmados por los Estados Unidos (E.E.U.U.), la negligencia culposa, y la intrusión ilegal en Ecuador. Ver la demanda en Acción Ecológica "El cielo llora sangre /doc completo en word ///(Class action /| complaint for equitable relief / damages; jury trial demanded in the United States District Court for the District of Columbia peasants of Sucumbíos Ecuador vs. Dyncorp
La Corte de Primera Instancia (lower court) ordenó a todos los quejosos someter una Lone Pine (Lore v Lone Pine Corp.) orden enumerando todos y cada uno de los daños alegados causados por el herbicida. Muchos de los demandantes no presentaron respuestas completas; después de haber otorgado varios plazos, la corte de 1era instancia deshecho las respuestas incompletas con condena a costas. La solicitud de que los quejosos, sobre todo cuando son múltiples, respondan a un cuestionario sobre los daños alegados es una moción frecuente. Generalmente se les exige que presenten testimonios de expertos.
El 27 de noviembre 2001 Dyncorp radica una Exposicion de Dyncorp International con los argumentos y las autoridades consultadas que apoyan el pedido para rechazar, de conformidad con frcp 12(b) o 56 –normas legales- , la moción de juicio sumario. Con testimonio de Rand Beers, Asesor de Colin Powel, Exsecretario de Relaciones Exteriores de EEUU, quien argumentó que se trataba de la seguridad nacional de los EEUU. De tal forma, lograron dilatar el proceso, sin que el juez se pronunciara hasta el 2007.
El 7 de enero 2002 Dyncorp radica una Moción para desetimar el caso: alegando que las quejas constituyen una amenaza (challenging the) las determinaciones de las ramas Ejecutiva y Legislativa en lo que se refiere a Política Exterior y la Seguridad Nacional y buscan sancionar a la Dyncorp por una conducta expresamente autorizada por el Congreso y específicamente dictada por el Departamento de Estado bajo los términos del contrato gubernamental de la Dyncorp International. El foro adecuado a las quejas de los demandantes son en el Congreso y frente a la rama Ejecutiva, y sus intentos por involucrar a la Rama Judicial en en estos asuntos deben ser rechazados. Como siempre sucede con esta controvertida medida, el que debe responder siempre es “otro”.
El 9 de marzo del 2002 Earthright International radica Amicus Curiae Arias et al vs. Dyncorp : "Los daños ambientales significativos que atraviesan fronteras internacionales violan el Derecho Internacional y son sujetos de demanda bajo el Alien Tort Claims Act, 28 U.S.C. § 1350 (la ley que permite a las víctimas de países extranjeros presentar demandas ante cortes estadounidenses), en particular allí donde los daños son de larga duración , amplios y severos, donde violan a una escala masiva los derechos a la vida, seguridad de la persona y a la salud y donde privan un número considerable de personas de sus medios de subsistencia.
En el 2009 los demandantes piden que se revelen las trayectorias de vuelo para corroborar las quejas de que Dyncorp sí fumigó en Ecuador. "Los demandados se opusieron a esta moción que exigía los documentos (motion to compel) con base en varios argumentos. Primero, informaron haber ya suministrado (produced) miles de documentos que revelan la información sobre cada vuelo de fumigación en el Sur de Colombia entre 1999 y el 2008 [,] incluso los datos sobre latitud y longitud, la cantidad de herbicida asperjado , todos los problemas enfrentados, y otros datos pertinentes sobre las aplicaciones por aspersión.” [...] "En la audiencia, los demandados negaron (disputed) haber omitido (removed) los casos de fumigación no intencionados de los datos de aspersión que reveló a los quejosos, y reiteró que el Departamento de Estado posee/es el dueño de (DoS owns) todos los registros y se opone a su revelación por razones de seguridad. El Magistrado Robinson luego afirmó que: “la Corte no tiene autoridad para ordenar (to direct) al Departamento de Estado a hacer nada en este litigio."
El 27 de julio 2009 La Dyncorp demanda en la Corte Estatal de Delaware (supuesta sede de Dyncorp) a la aseguradora Lloyds de Londres, para que honre el seguro con ella contratado, básicamente para las ‘eventualidades’ aspersiones aéreas. Piden que Lloyds cubra las reparaciones eventuales en el caso Arias y la compilación de casos Quinteros. La Lloyds sostiene que el contrato con Dyncorp tiene una clausula según la cual si Dyncorp es dueña de los aviones el seguro no cubre y que, en el litigio con Sucumbíos, se incluyen daños a los recursos naturales no previstos. Según Dyncorp, la aspersión de herbicidas no constituye “polución” o “contaminación;” Afirma la Corte que no hay evidencia que demuestre que la Dyncorp demandante esperaba o tenía la intención cuando firmó las pólizas AFA1194 and AGA1194 de que su fumigación en Colombia causaría los daños y perjuicios que se alegan en la demanda contra la Dyncorp ni que se ocasionarían perdidas y que de todas maneras existe una obligación a una cobertura potencial. Que la aseguradora tiene que responder aún en caso de que las alegaciones en contra del asegurado que buscan daño personal, daños corporales o daño en bien ajeno sean sin fundamento, falsas y fraudulentas. Finalmente la Corte da razón a Dyncorp.
Loyds de Londres apela, con un expediente que ya va en los cientos de miles documentos, este fallo de una corte de los Estados Unidos que le atribuye a Lloyds la responsabilidad de reparar los costos legales eventuales en la acción colectiva contra DynCorp por daños ocasionas por las fumigaciones en la frontera colombo-ecuatoriana. Dyncorp, por su parte, espera indemnización en caso de que el fallo le sea adverso "En la eventualidad de que la Corte decida en nuestra contra en esta demanda y que no podamos obtener indemnización del gobierno y de la Computer Sciences Corporation, u obtener contribuciones de los otros demandados, podemos incurrir en gastos considerables. Cualquier fallo adverso en este caso podría afectar adversamente nuestra reputación y tener repercusiones materiales sobre nuestra capacidad para obtener futuros contratos gubernamentales. " (en Dyncorp Registration ante el Securities and Exchange Commision)
El 18 de septiembre del 2104, en el caso Dyncorp v Lloyds frente al liigio que comenzó en el 2008, (2007) la Corte de Delaware le impone una condena a costas de $USD$7,500 a la Dyncorp por "discovery abuse” (en Dyncorp v. Lloyds 18sept2014)
El 30 de abril 2010, sostiene la Corte del Distrito de Columbia en el caso Arias v Dyncorp que "lo registros de localización/línea de vuelos pueden tender a corroborar o negar (dispute) las versiones (accounts) de los pilotos o de las víctimas o las de los testigos oculares potenciales sobre la aspersión que acá se alega. De tal forma, el Magistrado sí encuentra que la información que se solicita es relevante, y se acoge la moción que solicita revelar los documentos.[case text] La corte ordena a Dyncorp entregar la información y resuelve la Corte que Dyncorp debe entregar la información así: "Las partes han llegado a un acuerdo (consent agreement) sobre cómo manejar esta información sensible para que no caiga en manos equivocadas. La abogada de la parte actora, Collingsworth, dijo que se alegraba que el juez hubiese estado de acuerdo con los quejosos sobre el hecho de que los datos sobre la no aspersión era potencialmente útil para su caso.
"El 12 de enero 2010 en un Memorandum of Opinion: "Las partes radican un informe de estado conjunto (joint status report) y una moción de desistimiento de un grupo de 425 quejosos que caen dentro de dos categorías específicas: (1) los demandantes que no han suministro suficiente información sobre la(s) fecha(s) alegadas de su exposición a la aspersión del demandado pero que no revelaron suficiente información sobre su ubicación al momento de estar expuestos; y (2) los quejosos que no siniestraron suficiente información sobre los daños alegados."
El 10 de diciembre 2010 Dyncorp radica un memorial /Memorandum Opinion and Order solicitando que se sancione a los quejosos (Arias/Quinteros Plaintiffs) por violar las ordenes de revelación (Violations of Discovery Orders-“Motion for Sanctions”) "Las partes han acordado unos protocolos de seguridad a seguir frente al suministro a los quejosos por parte de los demandados de las lineas de vuelo de no aspersión” . Anteriomentem los demandantes a solictud de la Corte Distrital habían escogido 20 representantes para responder a un cuestionario sobre los hechos y daños y la Dyncorp alega inconsistencias en los testimonios: Los demandantes afirman que en octubre y noviembre 2009, tomaron la deposición de los 20 quejosos de prueba y que durante las deposiciones “cada uno de los quejosos escogidos (repeatedly) no fueron consistentes (departed from their earlier sworn) con las respuestas anteriores sobre los supuestos fundamentos facticios y, en su lugar, se fundaron en nuevas alegaciones de otros nuevos supuestos daños y exposición. La Corte niega esta pretensión de los demandados.
Catorce profesores y litigantes en Derecho Internacional Ambiental detallan, en su calidad de investigadores y escritores abogados que operan en el campo de daños trasfronterizos, el interés que releva este caso para el derecho internacional ambiental y los principios ambientales internacionales fijado por el derecho internacional consuetudinario. Y es en tal calidad que el 7 de octubre del 2011 somenten un Amicus curiae: .Statement of the Issue Addressed by Amici señalando las falacias en ls argumentos de la Dyncorp. Otros Amicus: Amazon Alliancce; John Bonnne; Carl Bruch; Will Burns; Eagle Aviation Servicces and Technology Inc.;
El 28 de marzo 2012 la Corte del District de Columbia en el caso. Arias v. Dyncorp por otra falla que "Los demandados no han probado que se debe reconsiderar la orden del 30 de april del 2010 de revelar los documentos. [case text]
El 18 de abril 2012 con el Consent Motion to Implement The Court’s March 28, 2012 Order la Corte niega la moción de reconsiderar la orden de la Corte de reveler las líneas de vuelos que no efectuaron aspersion. /address the security concerns expressed earlier to the Court by the DynCorp defendants, the amicus EAST Inc (turbo planes)., and the U.S. Department of State.
En enero del 2013 la Corte falla a favor de la Dyncorp con el argumento de que la evidencia presentada no era suficiente para probar la relación de causalidad entre las fumigaciones y las lesiones sufridas. “La Corte distrital concluyó que las Provincias o bien habían sido incapaces de (had either failed to allege an injury-in-fact) de alegar un daño en los hechos o de presentar suficientes hechos para demostrar que estos daños financieros son relativamente atribuibles /rastreables (fairly traceable) a la aspersión de DynCorp. /
La Corte Distrital de Columbia (Washington) desestimo todas las reclamaciones ecuatorianas favoreciendo los argumentos de la Dyncorp así rechazando “todas las demandas individuales por daños a sus cultivos porque no suministraron testimonios de expertos demostrando ‘causalidad general’. En los casos de perjuicios tóxicos, la prueba de causalidad general es prueba de que la sustancia de la que se trata es capaz de causar los perjuicios alegados. [...] La corte del distrito exigió testimonios expertos no para probar que el herbicida mata plantas sino para determinar si el herbicida específico en cuestión era capaz de generar los daños objeto de la demanda.. Por ejemplo, los demandantes alegaron que la aspersión aérea le generó manchas negras a sus cultivos, sin embargo el demandado presentó testimonio experto irrefutable que el glifosato no cauda manchas negras. [...] Un experto en causalidad general también habría podido, presumiblemente, atestiguar sobre: la concentración de herbicida necesaria para producir efectos variados, la susceptibilidad de varios tipos de plantas, y la deriva potencial del herbicida fuera del perímetro inmediato del área de la operación de aspersión.. Estos son todos asuntos que no están dentro del campo de conocimiento de un abogado. ". [...] La Corte del Distrito sujetó la resolución de las demandas de todos los quejosos a la resolucion impuesta a los 20 demadantes que habían sido escogidos
La Corte de Apelación ratifica el fallo de primera instancias salvo que considera que los quejosos individuales sí presentan un argumento de peso. Asegura la Corte de Apelación que la Corte del Distrito se equivocó al desestimar aquellas pretensiones que no requieren testimonios expertos, a decir, invasión (trespass), contacto físico ilegal (battery), interferencia indebida (nuisance), y sufrimiento emocional que no requieren prueba [el testimonio de un experto] del real perjuicio ocasionado por el glifosato. Esta sentencia sienta precedente sobre los casos de reclamaciones por daños en los que se requiere testimonios de expertos y los que no.
"Reenvia a consideración las demandas individuales por contacto físico ilegal (battery), interferencia indebida (nuisance), y sufrimiento emocional infligido de manera intencional y/por negligencia. En todos los demás aspectos -daños a los cultivos e intoxicación- se confirma la sentencia de la corte distrital que niega las pretensiones de la demanda ". La Corte de Apelació en su opinión del 14 de mayo 2014, aceptó la sujeción por la Corte del Distrito de la resolución de las demandas de todos los quejosos a la resolución impuesta a los 20 demandantes que habían sido escogidos para dar testimonio de los daños; confirmó el descarte de las quejas de las 3 Provincias y, de 163 demandas individuales, sólo envió a consideración tres de los miles de demandantes y afirma la Corte de Apelación que estos pueden ser desestimados por otros motivos. United States Court of Appeals For The District of Columbia Circuit Argued April 14, 2014 Decided May 30, 2014:"
Seguimiento en "Docket Alarm" /U.S. Publishing Office
Otros Memriales en Contramemorial de Colombia CIJ Volumen III Anexos 112 -154
SEGUNDO CASO DE SUCUMBÍOS CONTRA DYNCORP /acumulción de demandas
Entre el 4 diciembre de 2006 / 29 de diciembre 2006 / 14 de marzo 2007 y 24 de abril 2007, las tres Provicnias ecuatorianas fronterizas con Colombia y, en el cuarto caso, 1.663 ciudadanos de las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Sucumbios (Acción Quinteros) que no eran parte de la demanda colectiva anterior (Arias v. Dyncorp), presentaron otra demanda en contra de DynCorp en el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Florida. Las tres acciones colectivas (Province of Sucumbios v. DynCorp et al.; Province of Esmeraldas v. DynCorp et al.; Province of Carchi v. DynCorp et al.) fueron acumuladas como la acción Quinteros el 22 de mayo 2007. Estas acciones se conocen la primera en la Corte Distrital de Columbia, como la acción Arias, y la segunda como la acumulación Quinteros.
A fines de la acumulación de demandas somenten los demandantes una First Amended Consolidated Complaint to include the following four actions originally filed in the District Court for the Southern District of Florida: (1) Province of Sucumbios, Republic of Ecuador v. DynCorp Aerospace Operations, LLC, et al.; (2) Province of Esmeraldas, Republic of Ecuador v. DynCorp Aerospace Operations, LLC, et al.; (3) Province of Carchi, Republic of Ecuador v. DynCorp Aerospace Operations, LLC, et al.; and, (4) Nestor Ermogenes Arroyo Quinteros, et al. v. DynCorp Aerospace Operations, LLC, et al.
En el auto de Motions to Consolidate into case number 06-61760, de la Corte del Distrito Sur de la Florida afirma que "Las decisiones importantes relativas a los programas de erradicación aérea se toman bien sea in situ en Columbia (sic) o desde or Washington D.C. bajo la supervisión directa de la Autoridad Contratante, basada en Washington y por autoridades gubernamentales de alto rango hasta e incluso la Secretaria de Estado Condoleeza Rice, el Presidente George W. Bush, y los miembros del Congreso.”
El 7 de octubre del 2011, catorce profesores y litigantes en Derecho Internacional Ambiental detallan, en su calidad de investigadores y escritores abogados que operan en el campo de daños trasfronterizos, el interés que releva este caso para el derecho internacional ambiental y los principios ambientales internacionales fijado por el derecho internacional consuetudinario. Y es en tal calidad que somenten un Amicus curiae: .Statement of the Issue Addressed by Amici señalando las falacias en ls argumentos de la Dyncorp.
El 18 de abril 2012 Dyncorp acoge la orden de la Corte Distrital de Columbia de entregar las líneas de vuelo sobre las zonas de exlcusiôo de fumigaciones. Afirma en Consent Motion to implement the Court’s march 28, 2012 orders
Los recursos que recibe Colombia de Estados Unidos para su guerra son por lo general en especie, entre otras pagando EEUU el trabajo privado de la Dyncorp en Colombia, y, como advierte el Relator Especial de la ONU Enrique Bernales Ballesteros, "La ausencia de una clara, amplia y consistente legislación internacional que prohíba las actividades mercenarias es uno de los principales problemas detectados en relación con los mercenarios. El Relator Especial considera que es necesario estudiar la conexión que parece existir entre el aumento de las actividades mercenarias y los notorios vacíos en este campo que registra la legislación internacional actualmente vigente. Más aún, la evolución del fenómeno mercenario hacia posiciones donde puede enmascararse tras modernas empresas privadas de servicios de seguridad, asesoría y asistencia militar, puede deberse a que esta legislación internacional no ha previsto las nuevas modalidades operativas de la acción de los mercenarios." En el Informe A/54/326 Nota del Secretario General sobre el Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios del 7 de septiembre de 1999, se hace referencia a la empresa británica Defence Systems Limited que cuida las instalaciones y oleoducto de la British Petroleum (BP) y se solicita al gobierno colombiano ".... la más amplia información posible sobre la presencia y marco legal que encuadra a la empresa Defence Systems Limited, y a su filial Defence Systems Colombia (DSC) y en general, a cualquier otra empresa privada internacional de seguridad y asistencia militar que estuviera operando en Colombia. Por último, para solicitarle también información sobre la situación judicial del personal extranjero de esas empresas de seguridad que estarían actuando como mercenarios, y su vinculación con la comisión de crímenes, atentados, sabotajes y cualquier otro tipo de ilícitos.
CASO QUE OPONE ECUADOR CONTRA COLOMBIA EN LA Corte Internacional de Justicia (CIJ)
La Corte Internacional de Justicia(CIJ) fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma (1998) y entró en vigor el 1 de julio de 2002. Para Colombia, la Jurisdicción de la CIJ fue reconocida bajo los principios del Pacto de Bogota -Acuerdo de Soluciones Pacíficas de 1948 y el Acto Legislativo 2 de 2001 que dispuso una autorización para reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y para ratificar el denominado “Estatuto de Roma” (ver en Sentencia C-269/14 ) . La Corte Internacional de Justicia sólo juzga demandas entre Estados, es decir, hechos ilícitos internacionales atribuibles al Estado en su conjunto. No puede juzgar a personas, aunque sean órganos de un Estado y, por lo tanto, tampoco empresas privadas de seguridad así sean contratadas y pagas por un Estado como en el caso de la Dyncorp y el departamento de Estado de EEUU. a no ser que sea un Estado el que interponga la demanda. Impunidad que, con el acuerdo suscrito desde el 2003 por Colombia frente a la jurisdiccón de la Corte Penal Internacional , está garantizada. No obstante, como lo señala Salmon, "..., la CPI se irroga cierto derecho que la doctrina ha denominado facultad de tutela, el cual opera cuando el Estado no ha juzgado un caso de manera adecuada. Esto último significa que la Corte puede tutelar, vigilar y observar que los Estados juzguen de manera correcta en sus fueros internos, ya que en la medida que no lo hagan, los casos serán remitidos a la jurisdicción de la Corte." [Salmon 2003]
Igual como señala el Colectivo José Alvear Restrepo: "Gracias a un Acuerdo suscrito el 17 de septiembre de 2003 por Carolina Barco de Colombia y Stephen Rademaker, subsecretario de Estado, los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y los mercenarios de estas Empresas Transnacionales de Seguridad actúan cubiertos por la más odiosa impunidad; acuerdo según el cual el gobierno de Colombia está comprometido a no someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a los ciudadanos estadounidenses que en Colombia cometan crímenes contra la humanidad.“ [en Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo] No obstante, como lo señala Salmon, "..., la Corte se irroga cierto derecho que la doctrina ha denominado facultad de tutela, el cual opera cuando el Estado no ha juzgado un caso de manera adecuada. Esto último significa que la Corte puede tutelar, vigilar y observar que los Estados juzguen de manera correcta en sus fueros internos, ya que en la medida que no lo hagan, los casos serán remitidos a la jurisdicción de la Corte." [Salmon 2003]
En julio de 2001 el gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, solicitó formalmente a Colombia establecer en ese país una zona de seguridad para las fumigaciones, de 10 Kilómetros a partir de la línea de frontera. Colombia y Ecuador firmaron un convenio violado sistemáticaente por Colombia siendo Presidente Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos su Ministro de Defensa.
En febrero del 2002, el Gobierno de Colombia lleva a cabo el: “Taller sobre “erradicación de cultivos ilícitos” para brindar información al Gobierno de Ecuador "En ese evento participaron funcionarios ecuatorianos de los ministerios de agricultura, salud y ambiente quienes elaboraron un documento con más de 200 citas bibliográficas sobre los riesgos de uso del glifosato. De Colombia no participó ningún miembro de ministerios, pero sí autoridades de la política antidrogas, especialmente policías, pilotos y militares quienes, sin pruebas, negaron los efectos adversos. [Beristain 2010]
Mediante resolución de 22 de enero de 2003, el Tribunal de instancia, acepta la acción constitucional de amparo por considerar que el Estado Ecuatoriano ha faltado al primordial deber de "respetar y hacer respetar" aquellas garantías creadas por la Carta Magna en defensa de todos los habitantes del Ecuador. El amparo fue apelado por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Salud Pública y Agricultura y Ganadería quien, mediante resolución No. 0140-2003-RA, de 11 de julio de 2003 el Tribunal Constitucional, rechaza la acción reconociendo lo acertado y oportuno de las acciones tomadas por Cancillería en el campo internacional.
Entretanto el Gobierno de Lucio Gutierrez expide El Decreto No. 1151 (doc) del 9 de diciembre 2003 mediante el cual la República del Ecuador ratifica la prohibición del uso de productos químicos, bioquímicos o agentes biológicos como herramientas para la erradicación de coca, marihuana o amapola, en todo el territorio nacional respondiendo posiblemente a las alarmas por la propuesta sometida por la UNDCP de seguir experimentando en Colombia, esta vez con el hongo fusarium.
En diciembre del 2005, la misión de observadores internacionales -FIDH, FIAN, RAPAL, OCIM, CEAS & CIF: Defensoría Nacional del Pueblo, INREDH, Acción Ecológica, CEDHU, Acción Creativa, FORCCOFES, PUCE, CAS/AFSC, Plan País, SERPAJ, Comité Provincial de Derechos Humanos del Carchi- que se desplazó a las Provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos el 20, 21 y 22 de Junio del 2005 entrega su informe Observaciones de la misión internacional a la frontera ecuatoriana con Colombia en el que recomienda: “Es necesario el pleno cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional, que por medio de su resolución N. 0371-04 RA, del 15 de marzo de 2005, pide al Estado ecuatoriano la suscripción de un memorando de entendimiento con Colombia para que no se realicen fumigaciones en una franja de 10 km desde la línea de frontera hacia el interior de la República de Colombia y a los Ministerios de Bienestar Social, de Ambiente y otros, cumplir con sus labores de protección, prevención y generación de programas en cada una de sus competencias. [diciembre 2005] /ver preliminar y Ver detallado informe de Global.
En su discurso, el médico Presidente de Ecuador, Dr. Alfredo Palacio, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2005, reitera la solicitud consecutiva de su gobierno a la Secretaría General de las Naciones Unidas, para “Promover un análisis integral y fidedigno que determine el impacto real de dicha aspersión. (en Llacta)
El 7 de diciembre de 2005 los Cancilleres de Ecuador y Colombia, suscriben un acuerdo según en cual : Colombia se comprometió esencialmente a: 1. La suspensión temporal de las fumigaciones aéreas con glifosato; 2. El incremento de sus brigadas de erradicación manual en la zona como procedimiento alternativo de eliminación de cultivos ilícitos; y, 3. La participación con el Ecuador en la elaboración de los términos de referencia de la realización de los estudios científicos para determinar los efectos del glifosato y sus coadyuvantes en la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y los procesos productivos en la zona, recomendados por Naciones Unidas. [ref en discurso de Carrión Mena ante l OEA enero2007]
El 5 de enero 2006, la Cancillería ecuatoriana informa que: "Para este año, existen una serie de proyectos a cumplirse en lo que tiene que ver con las relaciones con el vecino país del norte, los cancilleres de los dos países, Francisco Carrión (Ecuador) y Carolina Barco (Colombia), acordaron que Colombia suspenderá las fumigaciones a partir de este mes de forma temporal. Carrión añadió que en este mes se espera que se concrete la visita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que realicen en la frontera norte el estudio prospectivo sobre la nocividad o no de las fumigaciones. Efectivamente, en enero de 2006 el Gobierno colombiano aceptó respetar una franja de 10 km desde la frontera para las fumigaciones. No obstante, once meses más tarde Colombia reanudaba las aspersiones con uso de glifosato y Ecuador anunciaba que demandaría al país vecino ante el tribunal de La Haya. Pocos días después, el 9 de enero de 2007, Ecuador presentó en la OEA un reclamo a Colombia por las fumigaciones en la frontera.
El 15 de marzo de 2006 en Carta al Embajador Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los campesinos denuncian la omisión del Estado de velar por sus derechos.
El 15 de marzo 2006, en su informe (A/HRC/4/32/Add.1) (bref en mamacoca) Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala el Relator Especial Stavenhagen que, además de los “preocupantes los efectos de las mismas en ambos países. Como consecuencia de las fumigaciones efectuadas, en el contexto del Plan (Colombia), los informes afirmaban que los efectos de las fumigaciones habrían afectado gravemente los incentivos privados de producción y comercialización de alimentos como la fábrica de harina de plátano de Santa Marianita o el proyecto agroindustrial en Puerto Mestaza en el Ecuador. En varias comunidades se habrían dado pérdidas de ganado y se denunciaba un incremento en las malformaciones y abortos del ganado cerca de la frontera durante las fumigaciones y después de ellas. Todo esto parecía haber ocasionado un fuerte estado de inseguridad alimentaria en las poblaciones fronterizas y, en consecuencia, desencadenado una ola de migración al interior del país. Según los informes, la desnutrición, una constante en comunidades empobrecidas, estaría alcanzando niveles preocupantes. [....] En el párrafo #112 el Gobierno de Colombia asevera que: ."En tercer lugar, aunque el Estado colombiano afirmó su plena certeza de que la erradicación de los cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato no implica ningún tipo de riesgo para la salud humana y animal ni el medio ambiente, especificó las medidas especiales que existen para asegurar la correcta ejecución del PECIG. Entre las medidas legislativas se encuentra el artículo 87 del Decreto 1843 de 1991 por el que se reglamenta el uso de plaguicidas en el territorio nacional y que establece una franja de seguridad respecto de los cuerpos de agua y poblaciones, y que dispone que “la aplicación de plaguicidas en zonas rurales no podrá efectuarse a menos de 10 metros en forma terrestre y de 100 metros para la aérea como franja de seguridad en relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial”. /A/HRC/6/15/Add.1 20 de noviembre 2007
El 28 de julio 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le remite un cuestionario al Gobierno de Ecuador: “Foro V IFCS Sesión plenaria de información y deliberación sobre enfoques y herramientas para la aplicación de criterios de precaución en el contexto de la seguridad química -Solicitud de Información para Documento sobre Antecedentes Cuestionario Estructurado "A partir de información disponible en Internet y otras fuentes de información se puede estimar los posibles efectos que una sustancia puede causar. La capacidad económica del gobierno no ha permitido realizar investigaciones; así mismo no se ha podido motivar a que centros de investigación realicen estudios. En algunas ocasiones se ha solicitado a personas interesadas en obtener
certificaciones del Ministerio del Ambiente, información que permita evaluar de manera preliminar los principales efectos de una sustancia." /Solictud de documentos para antecedentes [a remitir 20 /28 de julio de 2006]
En diciembre del 2006, Colombia reincia las fumigaciones sin respetar los 10 kilometros pactados en enero 2006 pues, según el Presidente Álvaro Uribe , “El terrorismo ha abusado de esa decisión y ha fortalecido la siembra en esos 10 kilómetros …Es un desafío al mundo democrático….Lo están cultivando con toda la tecnología, con fertilizantes, parecería que lo que hay allí es zona de impunidad. …lo cultivan como si se tratara de cultivos de alta competitividad en el sector legal de la economía agrícola” Consejo Comunitario, Puerto Asís Putumayo 7 de octubre 2006 [citado "no circulable" , Universidad Militar Mueva Granada 22octubre 2009]
Ministry of Foreign Affairs of Ecuador, Press Release No. 1121, Ecuador Presents Protest Note to Colombia over the Resumption of Fumigations EM, Vol. IV, Annex 179. (15 Dec. 2006).
El 9 de enero 2007, despues de que Colombia reinicia las fumigaciones sobrevolando territorio ecuatoriano, Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos, en su Intervención ante El Consejo Permanente de la OEA presenta la queja de Ecuador en la que se refiere al cuestionado informe de la CICAD sobre la inocuidad del Glifosato y afirma "Por eso, cuando Colombia y la CICAD invitaron al Ecuador a participar en calidad de observador en una segunda fase de ese estudio, mi país señaló que se encontraba a la espera de la respuesta del Gobierno de Colombia para la elaboración conjunta de los términos de referencia de los cinco tipos de estudios propuestos por la Misión Técnica de la ONU, tal como se había acordado en el Comunicado Conjunto de 7 de diciembre de 2005. /At OAS, Ecuador Presents Complaint about Colombia’s Aerial Spraying of Herbicides Along Bord . Posteriormente , Ecuador anuncia que demandaría al país vecino ante el tribunal de La Haya
En marzo del 2007, " El Gobierno del Ecuador cursó una invitación al Relator Especial de la Naciones Unidas Paul Hunt sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental para visitar el país. el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El 11 de mayo se anuncia Relator Especial de las Naciones Unidas visitará Ecuador.; visita cuyo propósito principal es "la investigación de las fumigaciones de cosechas ilegales a lo largo de la frontera de Ecuador con Colombia".
Paul Hunt emprendió su misión al Ecuador del 14 al 18 de mayo de 2007 y visitó Colombia del 20 al 22 de septiembre de 2007 /Special Rapporteur on the Right to Health to anuncia su vista a Colombia . La misión no tomó muestras ni realizó exámenes de laboratorio, porque su objetivo no era científico.
La declaración del Canciller colombiano Fernando Araujo en reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países el 28 de mayo de 2007.: que Colombia “no estaba en posición de hacer compromisos fruente a la cuestión de las fumigaciones” es una de las tantas aseveraciones que revelan el inexistente margen de decisión que tiene Colombia sobre las fumigaciones (citado en Andrés Molano: El acuerdo entre Colombia y Ecuador: glifosato, secretos y contradicciones -La Silla Vacía))
El 20 de septiembre 2007, Diana Murcia -Abogada miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” le dirige una Carta al Señor Paul Hunt. En ella hace una lista de los todos los departamentos e inconmesurable número de municipios y corregimientos fumigados sólo entre al año 2000 y 2005. Y señala: "Entre 2000 y 2006, lapso de duración de la primera etapa del Plan Colombia, fueron fumigadas en Colombia 866.840 hectáreas, que no contribuyeron significativamente a reducir la siembra. Aunque este periodo inicia (año 2000) con 136.200 hectáreas cultivadas con coca, al año 2005 el Departamento de Estado de los Estados Unidos registró la existencia de 144.000 hectáreas sembradas, eso significa que después de fumigar casi novecientas mil hectáreas no solamente no se erradicó ninguna, sino que se sembraron siete mil ochocientas más. "
En Colombia, el 21 de septiembre 2007 Relator Especial hace un Informe Oral de su vista en una rueda de prensa en el que hace referencia al hecho de que "También considero que sería injusto pedir a Ecuador que pruebe que la aspersión causa daños a la salud porque me informaron que Ecuador no tiene acceso a la información esencial que se requiere para hacer dicha evaluación. Se me informa, por ejemplo, que Ecuador desconoce la composición exacta del herbicida utilizado por Colombia. De tal forma, asumí la posición inicial que Colombia tiene la responsabilidad de mostrar que la aspersión no ocasiona daños a la salud ni al medioambiente.” /”I also took the view that it would be unfair to require Ecuador to prove that the spraying damages human health because I was informed that Ecuador does not have access to essential information that is required to make that assessment. I was informed, for example, that Ecuador does not know the precise composition of the herbicide that Colombia is using. Thus, I took the preliminary position that Colombia has the responsibility to show that the spraying damages neither human health nor the environment. "
En febrero 2008, Ecuador , en su Informe del Estado ecuatoriano para el examen periódico universal Consejo De Derechos Humanos Naciones Unidas 2008 señala que: : "Desde el año 2000 hasta diciembre de 2007, 55.700 personas han solicitado refugio, de las cuales se ha concedido este estatus a 14.104, luego de un procedimiento riguroso en todas sus fases. Alrededor de 97% los solicitantes de refugio son originarios de Colombia. Existen aproximadamente de 60.000 personas adicionales con necesidad de protección internacional en la zona fronteriza con Colombia.
2008] Dr. Diego Cordovez Demanda de Introducción de Procedimiento a la Corte Internacional de Justicia, /Carta de demanda, Agente del Gobierno de la República del Ecuador, La Haya, [31 de Marzo de 2008]
El 31 de marzo 2008, Application Institution Proceedings / anuncio de la CIJ sobre la demnanda instaturada por Ecuador contra Colombia por fumigciones.
El 1 de abril 2008, Comunicado de prensa de la CIJ: Ecuador institutes proceedings against Colombia with regard to a dispute concerning the alleged aerial spraying by Colombia of toxic herbicides over Ecuadorian territory / Afirma Ecuador que “the spraying has already caused serious damage to people, to crops, to animals, and to the natural environment on the Ecuadorian side of the frontier, and poses a grave risk of further damage over time”. It further contends that it has made “repeated and sustained efforts to negotiate an end to the fumigations” but that “these negotiations have proved unsuccessful”. / La Haya .
Comunicados de prensa de la Corte Internacional de Justicia en el caso Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia) 1 de abril 2008 al 17 de septiembe 2013.
Este documento de American Model United Nations ICJ: Statement of Fact del Modelo de las Naciones Unidas resume las quejas de Ecuador y repercusiones de la aspersión por Colombia.
El 18 de mayo 2008, Paul Hunt rinde su Informe preliminar sobre la misión al Ecuador y Colombia. (A/HRC/7/11/Add.3) " en el que afirma: "Existe evidencia creíble y fundamentada que la fumigación aérea con glifosato en la frontera colombo ecuatoriano ocasiona daños a la salud física de las personas que viven en Ecuador."[...] "Esta evidencia basta para invocar el Principio de Precaución. Por consiguiente, la fumigación debe cesar hasta que quede claro que no ocasiona daños a la salud humana." /Un Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard Of Health, Paul Hunt, Ends Visit to Ecuador
En su séptimo período de sesiones, celebrado en junio de 2008, el Consejo nombró al Sr. Anand Grover Relator Especial. El Sr. Grover asumió sus funciones el 1º de agosto de 2008, en sustitución del Sr. Paul Hunt. Informe Final Relator Especial Paul Hunt - (pendiente)
Corte Internacional de Justicia Providencia del 30 de mayo 2008 , la CIJ fijó que los términos para entregar los memoriales: el 29 de abril 2009 para Ecuador y 29 de marzo 2010 para la respuesta de Colombia.
En seguimiento de su diferendo que data del año 2000 con la Arremetida al Sur del Plan Colombia e incumplimiento por parte de Colombia de los acuerdos pactados, en su Memorial del 29 de abril 2009 de Ecuador a la CIJ Voumen I ..La República de Ecuador radica una demanda contra la República de Colombia sobre “La aspersión por parte de Colombia de herbicidas tóxicos en vecindad de y a través de su frontera con Ecuador... que ya ha ocasionado serios daños a las personas, cultivos y animales y al entorno natural del lado ecuatoriano de la frontera”. Denuncia a Colombia por permitir el depósito desechos tóxicos en territorio ecuatoriano y solicita indemnización por estos actos que violan la ley internacional y por los daños sanitarios y ambientales ocasionados. Denuncia que Colombia viola ademas el derecho a la información/ deber de informar sobre actividades peligrosas que constiuyen un riesgo a la vida . Igualmente solicita que Colombia corra con los gastos del monitoreo para identificar y evaluar los riesgos a futuro a la Salud Pública, Derechos Humanos y al medioambiente como resultado del uso de herbicidas por Colombia.
Como base para la jurisdicción de la CIJ, Ecuador invoca el artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (conocido como el Pacto de Bogotá) del 30 de abril 1948, firmado por ambos países pero sólo ratificado por Ecuador justo antes de radicar su demanda contra Colombia en el 2008 . Ecuador se refiere asimismo al artículo 32 of de la Convección de 1988 de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas...
El Memorial de Ecuador consta de 10 capítulos: 1-Introducción; 2- Los Hechos/el trasnfondo; 3-La historia de la disputa; 4-La jurisdicción de la Corte; 5-El material técnico y científico que reval los peligros que representan las fumigaciones colombianas y la experiencia de toxicidad en Colombia; 6- Describe los impactos devastadores de las fumigaciones sobre Ecuador; 7-Enfoca la violación de la integridad territorail y soberania ecuatorianas; 8-Enfoca la violación por Colombia de su obligación de impedir daños trasfronterizos y proteger el medio ambiente; 9- Enfoca la violación por Colombia de las reglas del Derecho Internacional en reación con la protección de los Derechos Humanos fumdaentales, la protección de los Pueblos Indígenas y el derecho a un ambiente sano; y 10- Versa sobre la reposabilidad internacional. Los anexos incluyen: (i) los instrumentos internacionales relevantes y otros documentos, (ii) la correspondencia diplomática entre las partes, (iii) los actos legislativos y administrativos de la legislación nacional; (iv) el material científico y técnico relevante y (v) los testimonios de los testigos, informes de las misiones de verificación, informes de los medios y otros documentos contemporáneos.
Charles A. Menzie, PhD, Pieter N. Booth, et al.: Evaluation of Chemicals Used in Colombia's Aerial Spraying Program and Hazards Presented to People, Plants, Animals, and the Environment in Ecuador (hereinafter “Menzie Report” in Memorial Ecuador CIJ ) (Apr. 2009). EM, Vol. III, Annex 158.
El 29 de marzo 2010, Colombia radica su "Countermemorial of the Repulbic of Colombia Volume I (en Cancilleria) Memorial de Colombia a la CIJ Volumen I Anexos 1-19 /----El Volumen I del Memorial de Colombia del 29 de marzo 2010 consta de 10 capítulos y mención a la larga lista de anexos y cita estudios principalmente los de la CICAD I (2005) y CICAD II de agosto 2009 y en los cuales se afirma, grosso modo, que es mayor el daño ocasionado por los agroqiuímicos utilzados por los cultivadores y la desforestación para sembrar coca y amapola.).... Colombia contesta inicialmente que esta disputa no compete a la CIJ pues se puede, y ya ha sido resuelta, por acuerdos entre las partes. Describe las condiciones sociales de las Provincias de Sucumbíos y Esmeralda que estarían al origen de los problemas de salud de las poblaciones . En cuanto a los sobrevuelos no autorizados, Colombia sostiene que la tecnología avanzada impide “la posibilidad de error ocasional – si es que alguna vez existió.” En cuanto a la violación de la soberanía afirma Colombia que “Se puede observar que agentes ecuatorianos parecen haber entrado a territorio colombiano, inter alia, con la intención de tomar declaraciones de testigos colombianos; testimonios que incluyó en su memorial. Colombia no dio su consentimiento a esto. El proceso de recolectar pruebas en territorio extranjero es una violación de la soberanía.”
Colombia centra su defensa en sostener que el Gifosato no hace daño que, “En vista del corpus sustancial de conocimientos sobre el Glifoato como un sustacncia de categroia III (i.e.ligeramente tóxica) que ya existía en el año 2000, Colombia tenía derecho (was entitled) a proceder con el programa de aspersión en el 2000. Afirma Colombia que hay un seguimiento constante a los impactos. Sostiene Colombia que “Upon reaching the area to be sprayed, prior to releasing the spray mix, the spraying aircraft descends to an average flight altitude of 30 meters, with a maximum operational air speed of 165 miles per hour. The Environmental Management Plan foresees a maximum flight altitude of 50 meters when spraying, subject to geographical features or obstacles so as to avoid risks to the pilots.” Que se usan boquillas que “The nozzles have an automatic calibration mechanism that determines the amount of spray mix to be released in order for the number of litres discharged per hectare to be kept constant at 23.65 litres per hectare.” ---- “The spraying personnel – pilots – are provided by DynCorp, Inc., a private company contracted by the United States Department of State. “ Afirma Colombia que “Any given plot affected by illicit crops is normally sprayed once a year. Exceptionally, an area may be sprayed twice in a year. Spraying can occur at any time of the year as long as the weather conditions allow. [...]Starting in the late 1990s, the Colombian Government decided to enhance its aerial eradication program, within a precise domestic legal framework.
Cita una permanente auditoria externa del PECIG (apéndice 1 al anexo 66) que según Ecuador NO presentó Colombia en su “Countermemorial” y menos un estudio pre aspersión. De hecho toda la información /datos generados en vuelo por los aviones de aspersión tuvo que ser obtenida por Ecuador a partir del Departamento de Estado de EEUU. Colombia en su “Countermemorial” habla de su obligación de actuar contra los cultivos ilícitos. No hace mención de la reserva de Colombia a la Convención de Viena 1988 de que Colombia no debe llevar a cabo medidas que pudiesen ocasionar daños ecológicos (".. el Estado colombiano debe reservarse para evaluar el impacto ecológico de las políticas contra el narcotráfico ya que la persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la obligación que tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo para las generaciones presentes sino también para las generaciones futuras” (Sentencia No. C-176/94 ) Dice Colombia en su Contramemorial que el PECIG equivale a una evlaución de impacto y que el precio pagado por Colombia en vidas humanas y recursos económicos ha sido en cumplimiento de su obligación con la Comunidad Internacional.
Countermemorial of Colombia Volume II Annexes 1-111 [29 de marzo 2010]
Contramemorial de Colombia Volumen III Anexos 112 -154 [29 de marzo 2010]
El 25 de junio 2010, la CIJ expide su Providencia de la CIJ del 25 de junio 2010. (Cancillería) Aunque en esta reunión de junio 2010 entre las partes ante la CIJ, Colombia sostuvó que no le parecía necesaria una segunda ronda de memoriales, la CIJ otorgó a Ecuador hasta el 31 de enero 2011 para su memorial de respuesta escrito y a Colombia al 1 de diciembre 2011 para su contra respuesta.
El 32 de enero 2011 Ecuador radica su Respuesta de Ecuador al Memorial de Colombia:
􀀐 Annex 1 is a report by R. John Hansman, Ph.D. (Professor of Aeronautics and Astronautics at the Massachusetts Institute of Technology and an expert in aviation) and Dr. Carlos F. Mena, Ph.D. (Professor of Geography and Ecology in the School of Life and Environmental Sciences at the Universidad San Francisco de Quito and an expert in geographical information systems). The Hansman & Mena Report evaluates the flight data that were recorded by the spray planes’ on-board instruments and obtained by Ecuador from the U.S. Department of State. It shows that, on tens of thousands of occasions, the spray programme violated the operational requirements most relevant to the prevention of spray drift, including, inter alia, aircraft speed, altitude of herbicide dispersion, application rate, and time of day of spraying.
􀀐 Annex 2 is a report by Dr. Durham K. Giles, Ph.D. (Professor of Biological and Agricultural Engineering at the University of California, Davis and an expert in pesticide drift modeling). The Giles Report applies the internationally accepted model for predicting drift of aerially applied pesticides (predicting grams of herbicide deposited per hectare downwind), using data that reflect actual flight conditions as recorded in the Colombian flight data obtained from the U.S. Department of State. Dr. Giles shows that significantly more herbicide is deposited at distances as far as 10 kilometres from the site of application than was appreciated by the modeling commissioned by Colombia, which relied upon inaccurate assumptions regarding compliance with the spray programme’s operational parameters.
􀀐 Annex 3 is a report by Dr. Stephen C. Weller, Ph.D. (Professor of Weed Science at Purdue University in West Lafayette, Indiana and an expert in the dose-response of plants to glyphosate). The Weller Report compares the downwind deposition predictions generated by Dr. Giles’s drift modeling with known toxicity thresholds for plants. Dr. Weller shows that the amount of herbicide deposited at distances at least 10 kilometres from the site of application is enough to cause significant harm to plants, including food crops.
􀀐 Annex 4 is a report by Dr. Henrik Balslev, Ph.D. (Professor of Biological Sciences at Aarhus University in Denmark and an expert in the ecology of Ecuador). Dr. Balslev’s report describes the extraordinary biodiversity of the area around Ecuador’s border with Colombia and explains the vulnerability of its multiple ecosystems to perturbations, including those caused by exposure to chemical herbicides.
􀀐 Annex 5 is a report co-authored by Dr. Norman E. Whitten, Ph.D. (Professor Emeritus of Anthropology and Latin American Studies at the University of Illinois at Urbana-Champaign); Dr. William T. Vickers, Ph.D. (Professor Emeritus of Anthropology at Florida International University); and Dr. Michael Cepek (Assistant Professor of Anthropology at the University of Texas at San Antonio). The three co-authors are experts in the anthropology of northern Ecuador, including the indigenous peoples, Afro-Ecuadorians and nonindigenous farmers that inhabit the region. The Whitten et al. Report explains that these people, many of whom live on the margin of subsistence, are acutely vulnerable to damage to their health and to the plant and animal life upon which they depend.
􀀐 Annex 6 is a report by Charles A. Menzie, Ph.D. and Pieter N. Booth, M.S. The co-authors previously submitted a report that was annexed to the Memorial. The present report responds to criticisms made in the report of Stuart Dobson, Ph.D., which was appended to the Counter-Memorial. The Menzie & Booth Report shows that the conclusions in their original report have been validated by the subsequent flight data evaluation, drift modeling and dose-response analysis that is presented in Annexes 1-3. They further show that the appropriate risk management strategy is to implement a buffer zone of sufficient breadth to protect the vulnerable ecologies and human communities in Ecuador from harm caused by spray drift, and that the 10-kilometre buffer zone sought by Ecuador is consistent with international standards.
􀀐 Annex 7 is a report by Reinhard Joas, Ph.D, who is an expert on chemicals regulation and served as the technical advisor to the European Commission in developing the Directive that prohibits in the European Union aerial spraying as a means for dispersing pesticides. The Joas Report describes the reasoning behind the EU’s decision to ban aerial spraying, and shows that Colombia’s programme would not be permitted in the EU.
􀀐 Annex 8 is a report by Ms. Claudia Rojas Quiñonez, Esq., a Colombian lawyer and Lecturer at the Universidad Externado de Colombia, where she specializes in Colombian environmental law. The Rojas Report shows that Colombia, in carrying out its aerial spraying programme, has breached its municipal law by, among other things, failing to carry out an environmental impact assessment, failing to comply with the terms of its Environmental Management Plan, and failing to comply with applicable laws regulating the use of pesticides.
Volumes III-V contain the remaining Annexes, which are presented in the following order: (i) Regulations and Technical Reports; (ii) Verification and Observation Reports; (iii) United States Government Documents; (iv) News Articles; (v) Multilateral Organisation Documents; (vi) Other Documents; (vii) Colombian Government Documents.
El 1 de febrero 2012 Memorial de Colombia volumen II anexos 1-19 (Cancillería)
/Contramemorial de Colombia volumen IV anexos 34-55 / en anexo los estudios técnicos y análisis de suelos y aguas efectudos en Colombia; auditorías técnicas efectuadas por la DNE; Aunque se sostiene que "Since its inception, the Program has practices and procedures for verification, which have been improved and complemented until arriving to this procedure.procedure", no pareece haber estudios , unicamente referencia a la Ley 30 de 1986, sobre las aspersiones efectuadas experimentalmente entre 1978 y 1984 ni sobre las aspersiones aplicadas "oficialmente" entre 1984 y 1996. Figuran las Certificaciones de Estados Unidos "Department of State Memorandum of Justification Concerning the Secretary of State’s Certification of Conditions Related to Aerial Eradication of Illicit Coca in Colombia"; Los anexos todos provienen o bien de Colombia y/o de Estados Unidos -no hay auditorías externas de otros paíeses a quienes fumigan. (Cancillería) [1 d febrero 2012]
Contramemorial de Colombia volumen VI anexos 60-74 (Cancillería) (1feb2012)]
El 27 noviembre 2012, Colombia, a raíz del fallo de la CIJ que traza nuevos límites territoriales entre Colombia y Nicaragua ocasionando a Colombia la pérdida de la alrededor de 80 mil kilómetros cuadrados de Valiosas áreas marinas y submarinas, Colombia se retira de la jurisdicción de la CIJ y la renuncia entra a regir desde el día 27 de noviembre de 2013 ya "conciliado" en septiembe 2013, con un pacto horizontal entre Estados, la demanda de Ecuador contra Colombia por las fumigaciones sin que medien propiamente los agravios de las Comunidades .
Acuerdo entre partes del 9 de septiembre 2013.......Este acuerdo, por el que la Nación colombiana pagó USD$15 millones, compromete al Gobierno de Colombia a “prevenir a Ecuador” cuándo y dónde se llevarán a cabo las aspersiones cercanas a territorio ecuatoriano e informa que se compromete a que a mezcla “en el área de frontera con Ecuador “sea la contemplada en el PECIG que corresponde a una relación de mezcla de 44% de formulación comercial de ingrediente activo glifosato, 1% de coadyuvante Cosmoflux y 55% de agua. Se compromete adicionalmente a que las descargas por cada hectárea no excederán de 23,5 litros de descarga de mezcla, que está compuesta por 10.4 litros de formulación comercial de ingrediente activo glifosato en una concentración de 480 gramos por litro, 0.24 litros de coadyuvante Cosmoflux y 13.1 litros de agua. Deja abierta la posibilidad de cambiar la mezcla pero, al afirmar que “Colombia “entiende el reclamo de la República del Ecuador que en dichas circunstancias hubieran podido generar un efecto nocivo en su país”, el Estado colombiano estaría reconociendo los efectos nocivos. -
En Carta enviada al Presidente Correa el 10 de septiembre 2013, la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos “FORCCOFES”, conformada por 111 Asociaciones, señala que el 2 de septiembre: “….solicitamos una audiencia para dar a conocer nuestra preocupación respecto a la firma de un acuerdo amistoso con el Estado Colombiano para poner fin a la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por las fumigaciones realizadas por el Estado colombiano en la frontera norte. [….] Considerando que nosotros, los campesinos y campesinas que habitamos en el cordón fronterizo Colombo-Ecuatoriano, siendo los directamente afectados por las fumigaciones de glifosato, no tenemos conocimiento de los términos del Acuerdo Amistoso que se pretende firmar; insistimos en nuestra posición de no renunciar las pretensiones realizadas por el Estado ecuatoriano en la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya en contra del Estado Colombiano.” La reacción de FORCCOFES, reunida en su Sexto Congreso General, el día 31 de Agosto de 2013, ante el anuncio del acuerdo amistoso con el Estado Colombiano para poner fin a la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por las fumigaciones realizadas por el estado colombiano en la frontera norte, como afectados directos.
Por Providencia del 13 de septiembre 2013, la CIJ anuncia que, tras recepción de carta del Gobierno de Ecuador de 12 de septiembre 2013 y confirmación por Colombia, ordena el resiro por Ecuador de su demanda contra Colombia. /[2013] Cour Internationale de Justice Ordonnance: Épandages aériens d’herbicides (Équateur c. Colombie) , Discontinuance, [13 de septiembre 2013]
El 13 de septiembre 2013 la CIJ ordena Discontinuance of the case Ecuador vs Colombia in the International Court of Justice for damages resulting from aerial spraying order September 13, 2013, Whereas, according to the letters received from the Parties, the Agreement of 9 September 2013 establishes, inter alia, an exclusion zone, in which Colombia will not conduct aerial spraying operations, creates a Joint Commission to ensure that spraying operations outside that zone have not caused herbicides to drift into Ecuador and, so long as they have not, provides a mechanism for the gradual reduction in the width of the said zone; and whereas, according to the letters, the Agreement sets out operational parameters for Colombia’s spraying programme, records the agreement of the two Governments to ongoing exchanges of information in that regard, and establishes a dispute settlement mechanism,
El 24 de octubre 2013, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) en carta al Embajador Emilo Alvarez,Secretario Ejecutivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un Informe sobre las condiciones de los pueblos ecuatorianos en la frontera ecuatoriana con Colombia. En el informe señala INREDH que “Sorpresivamente, el gobierno ecuatoriano anunció el pasado mes de septiembre, que había retirado la demanda a Colombia y se había logrado un acuerdo mediante el cual el país vecino entregaba 15 millones de dólares al gobierno ecuatoriano, como una colaboración para el desarrollo fronterizo; el gobierno ecuatoriano, en cambio, lo manejó como un fondo de indemnización para los campesinos afectados, y así lo dio a conocer en reuniones realizadas con FORCCOFES. El convenio además establece que Colombia podrá llegar a fumigar hasta a dos kilómetros de la frontera, dentro de territorio colombiano, con lo que el gobierno ecuatoriano ha destruido la tesis de las organizaciones ecuatorianas al aceptar la tesis colombiana, a pesar de la gran cantidad de pruebas que han proporcionado las organizaciones para demostrar la nocividad del compuesto químico utilizado por Colombia y su incidencia hasta en diez kilómetros de distancia de los sitios de fumigación. colaboración para el desarrollo fronterizo; el gobierno ecuatoriano, en cambio, lo manejó como un fondo de indemnización para los campesinos afectados, y así lo dio a conocer en reuniones realizadas con FORCCOFES. El convenio además establece que Colombia podrá llegar a fumigar hasta a dos kilómetros de la frontera, dentro de territorio colombiano, con lo que el gobierno ecuatoriano ha destruido la tesis de las organizaciones ecuatorianas al aceptar la tesis colombiana, a pesar de la gran cantidad de pruebas que han proporcionado las organizaciones para demostrar la nocividad del compuesto químico utilizado por Colombia y su incidencia hasta en diez kilómetros de distancia de los sitios de fumigación. (Debe observarse que estas rupturas sociales también han sido el resultado en Colombia cuando las indemnizaciones se ha hecho por acuerdos horizontales y sin apego a las demandas de origen).
En un estudio del 2014 publicado en The Lancet, a working group of scientists convened by the World Health Organization reviewed the recent research on glyphosate, the key ingredient in Roundup and the globe's most widely used weed-killing chemical, and found Organización Mundial de la Salud: “El herbicida de Monsanto puede probablemente causar cáncer /In March, 2015, 17 experts from 11 countries met at the International Agency for Research on Cancer (IARC; Lyon, France) to assess the carcinogenicity of the organophosphate pesticides tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate (table). These assessments will be published as volume 112 of the IARC Monographs. [21 de marzo 2015]
DOCUMENTACIÓN SOBRE EL TEMA: (en proceso...)
La enorme cantidad de trabajos alrededor de este litigio revela las expectativas de que por fin alguien logre justicia frente a la impunidad con la que los colombianos y nuestros vecinos nos hemos visto sometidos a tres década de fumigaciones sin el más elemental sentido común y de respeto de la salud y los recursos y por parte de las instituciones; entre otras las Altas Cortes. Lo que revelan las sentencias es que pueden más los tecnicismos de la ley (digamos que es eso) que el sentido común de que no hay químicos inocuos (como la cocaína por ejemplo), menos los que se fumigan a la fuerza, en mezclas de alta concentración, desde alturas muy por encima de las recomendadas, de forma indiscriminada, repetitivamente y sobre poblaciones inermes y desprevenidas, a los cuales, a diferencia de sus exigencias con quienes aplican los químicos, la ley exige pruebas y testimonios de expertos. A Colombia las cortes no le han exigido que pruebe con estudios pre y pos aspersión que la mezcla química (y no el Glifosato sólo), las concentraciones y frecuencias con la que fumiga NO hace daño en ambientes tropicales (y no solamente en laboratorios de Estados Unidos y/o teoricamente).
Anexo 1 demanda de la Republica Del Ecuador1 Al Secretario de la Corte Internacional de Justicia Instrumentos internacionales de derecho ambiental (Ricardo Crespo Plaza) Universidad Técnica Particular de Loja 2009,
El anexo C al caso Ecuado v Colombia por Aspersiones Aéreas es: Laura K. Donohue. The Shadow of State Secrets Georgetown University Law Center, 2010
Ver el Informe Menzie Annex 6 is a report by Charles A. Menzie, Ph.D. and Pieter N. Booth, M.S. The co-authors previously submitted a report that was annexed to the Memorial. The present report responds to criticisms made in the report of Stuart Dobson, Ph.D., which was appended to the Counter-Memorial. The Menzie & Booth Report shows that the conclusions in their original report have been validated by the subsequent flight data evaluation, drift modeling and dose-response analysis that is presented in Annexes 1-3. They further show that the appropriate risk management strategy is to implement a buffer zone of sufficient breadth to protect the vulnerable ecologies and human communities in Ecuador from harm caused by spray drift, and that the 10-kilometre buffer zone sought by Ecuador is consistent with international standards. In Reply of Ecuador Volumen I del 31 de enero 2011
[2002] Lorena Sanchez: Ecuador frente al Plan Colombia: inseguridad en la frontera colombo-ecuatoriana,
[2002/2013] Business and Human Rights: Regulatory lawsuits Dyncorp under Plan Colombia...[2002-2013]
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[2003] Carmen Pérez La situación de refugio y desplazamiento forzado en Ecuador Ponencia presentada en la Conferencia regional "Globalización, migración y derechos humanos", organizada por el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. Quito - Ecuador. Septiembre 16, 17 y 18 de 200
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[2005] Hernán Moreano Urigüen Las implicaciones del conflicto interno colombiano para las fronteras de Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, 2000-2005 FLACSO [octubre 2005]
[2005] Hernán Moreano Urigüen Las implicaciones del conflicto interno colombiano para las fronteras de Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, 2000-2005 FLACSO [octubre 2005
[2005] Marcela Ceballos Universidad Andina Simón Bolivar_Ecuador Fumigación de cultivos de uso ilícito y vulneración de derechos humanos en la frontera colombo-ecuatoriana [2005]
[2005] Ramiro Ávila Santamaría: El recurso judicial de acceso a la información pública segunda parte: Estudio de Caso Universidad Católica del Ecuador_
[2006] Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador): Entrevista de Alexis Ponce a Aura María Puyana sobre fumigaciones [30 de octubre 2006]
[2007] Mission to Ecuador: Implementation of general assembly resolution 60/251 of 15 march 2006 entitled “Human Rights Council” Report (observations and findings) of the Working Group on the question of the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination (en mamacoca) ... On 25 November 1999, the Government of Ecuador and the Government of the United States entered into an “Agreement of Cooperation” (hereinafter “Agreement”). The purpose of the Agreement is “the granting of access to and the use of the Ecuadorian air force base at Manta to conduct detection and surveillance operations to curb illegal aerial drugs trafficking.13 In the Agreement, the “entities of central operations and foreign command” (“entidades del centro operativo de avanzada”, hereinafter COA) are defined as “any individual or juridical person and its employees which have a valid contractual relationship with the United States of America” [...] “The Working Group was further informed by NGOs that on 7 May 2002 a statement of NGOs was published in the Ecuadorian press complaining that DynCorp was carrying out Manta-based counter-insurgency and anti-drug operations, which should be undertaken exclusively by agents of the United States army operating in Manta, and not by private contractors. ....testimonies “before the Commission of International Matters of the Congress [explained] that the activities carried out by DynCorp from the airbase at Manta were only anti-drug activities, with the United States Embassy in Ecuador also having certified that DynCorp carried out exclusively administrative and logistical tasks, i.e. not military tasks.[...] The Working Group focused its visit on five issues: (a) national mechanisms and legislation, including licensing and registration, to ensure that PMSCs in Ecuador operate within a legal framework in accordance with human rights standards; (b) the status of foreign staff and Ecuadorian nationals working in private military and security companies operating in Manta, including concerns of immunity and impunity; (c) the contracting of foreigners by PMSCs based in Manta, possibly subsidiaries of foreign companies, to work abroad, including in countries in conflict; (d) PMSCs and army protection of oil companies and the effects of these activities on local populations; (e) the involvement of PMSCs in the aerial spraying of narcotic crops under the “Plan Colombia” and the impact on the environment and the population. [23 de febrero 2007]
[2007] Cesar Paz y Miño: Glifosato, salud humana y cambio genéticos (tomado de: www.senacyt.gov.ec/files/cpazymino.ppt ) [2007]
[2007] TNI: Ecuador: "daños colaterales" por las fumigaciones en la frontera norte [3 de abril 2007]
[2008] Colectivo PRODH: El glifosato del insensato. Fumigaciones Plan Colombia _Ecuador [20 de febrero 2008]
[2008]Maria Carolina Urigüen: Relaciones colombo-ecuatorianas –Análisis de la crisis diplomáticas años 2006 –año 2008 en su primer trimestre, Universidad de Azuay, Facultad de Ciencias Jurídicas, Estadios Internacionales [2008]
[2008] Documental de tres parte en youtube 1era parte: Agrotóxicos y Plan Colombia /Dr Maldonado Ecuador "... conforme nos distanmocias de la frontera van disminuyendo los síntomas" [18 d mayo 2008]
[2008] Laura González Carranza y Fernanda Jara Cazares Fronteras en el limbo _El Plan Colombia en el Ecuador Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos [diciembre de 2008]
[2008] Ricardo Alvarez Castañeda :Análisis sobre los efectos de la fumigación aérea con glifosato en la región fronteriza, dentro del marco del Plan Colombia, en la relación entre Colombia y Ecuador /cuerpo del documento, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cultad de Relaciones Internacionales, [2008]
[2009] Internal Displacement Monitoring Center: Un conflicto que traspasa fronteras: el impacto humanitario del conflicto colombiano en Ecuador [octubre 2009]
[2009] Miguel Egas et al. : Interdependencia fronteriza entre Ecuador Y Colombia, Quito 2009
[2009] Relief Web: Colombia: Latin America - Efforts to address the refugee crisis in Ecuador and Panama [30 de abril 2009]
[2009] Expose the war profiteers org: Dyncorp and the Plan Colombia –class-action lawsuits [2001-21 de noviembre 2009]
[2010] Desplazamiento forzado: crimen y tragedia "Otra causa del desplazamiento es la presencia de cultivos de uso ilícito en su territorio. Hay personas externas a las comunidades que están introduciendo estos cultivos y después la gente se ve obligada a desplazarse cuando hay fumigación de la coca. Las fumigaciones generan a las personas daños en sus cultivos tradicionales y, como consecuencia, un problema de soberanía alimentaria que trae desnutrición o muerte de niños. Este año en Vichada, en una comunidad que se llama Barranco Minas, registramos la muerte de 41 indígenas por desnutrición." [..] Las fumigaciones en las zonas rurales han motivado el desplazamiento en los últimos dos años de al menos 30.000 personas, Revista Colombia [enero 2010]
[2010] Carlos Martín Beristain El derecho a la en los conflictos socioambientales Experiencias, aprendizajes y desafíos prácticos, Universidad del País Vasco, [2010]
[2010] Margarita Vallejo: Ecuador y Colombia: Una frontera problemática Centro Cultural de la Cooperación (en mamacoca) [2010]
[2010] Carter Center: Experiencia de diálogo binacional Ecuador – Colombia, 2007 – 2009 Informe final [26 de noviembre 2010]
[2010] Diana Fernández Acuña:: Incidencia de la política de defensa y seguridad democrática en las relaciones diplomáticas colombo-ecuatorianas desde agosto de 2002 a marzo de 2008 Universidad del Rosario [2010]
[2010] Robert Esposito, The ICJ and the Future of Transboundary Harm Disputes: A Preliminary Analysis of the Case Concerning Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), Pace Int’l L. Rev. Online Companion,”… this article focuses on the merits of Ecuador’s transboundary pollution claim, and Colombia’s best possible defense. Part II tackles the former, and breaks down Ecuador’s claim by separating the transboundary harms into three categories: harm to humans, harm to animals and crops, and harm to the environment. Part III of this article, recognizing that the ICJ will draw on myriad sources in rendering its opinion in this case, nevertheless limits itself to a brief overview of prior ICJ jurisprudence in the field of international environmental law, drawing largely from the work of Dr. Jorge E. Viñuales.”. ..” Over the past thirty years, the ICJ has played an increasingly important role in contributing to the growing body of international environmental law”. [agosto 2010]
[2011] Crnl Eduardo Álvaro M. Presencia de los grupos ilegales armados colombianos-GIAC como factor de inseguridad nacional en el Ecuador. "En la frontera común entre Colombia (Deptos de Nariño y Putumayo) y Ecuador (Esmeraldas, Carchí y Sucumbíos) “…es posible identificar los cinco aspectos más importantes y en torno a los cuales gira la actual problemática de seguridad fronteriza, como lo son: la presencia de las FARC; el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; los efectos negativos de la aplicación del Plan Colombia y el Plan Patriota; los cultivos ilícitos y las fumigaciones; y el desplazamiento y los refugiados. [mayo 2011] En territorio ecuatoriano, aledaño a la frontera con Colombia, ya empiezan a registrarse plantaciones de coca, asociadas a la presencia de las FARC, quienes promueven el procesamiento de la hoja de coca a la pasta base de coca, para transportarla posteriormente a través de la frontera y convertirla en cocaína en laboratorios ubicados en territorio colombiano ¿Y asociados con las fumigaciones?", Instituto De Altos Estudios Nacionales Escuela Ecuatoriana De Gobierno Y Administración Pública. Maestría En Seguridad Y Desarrollo, [2011]
[2011] Jonathan C. Drimmer y Sarah R. Lamoree: Think Globally, Sue Locally: Trends and Out-of- Court Tactics in Transitional Tort Actions, Berkeley Journal of International Law, [2011]
[2011] FESCOL: "Crimen organizado y gobernanza en la región andina: cooperar o fracasar", Quito (Ecuador), [10 y 11 de octubre de 2011]
[2011] Chicago International Model United Nations International Court of Justice Background Guide Topic 2: Aerial Herbicide Spraying (Ecuador vs. Colombia) "Thailand, along with other former drug producing countries in Asia, proves that aerial spraying is not the only option....) The European Union’s environment committee has endorsed plans by the European Commission for a ban on aerial spraying of pesticides as part of a wideranging strategy to cut down the use of pesticides. ... The EU also wants to have an international monitoring group go into Colombia and see how the herbicidal spraying campaigns are being conducted. The EU believes that internationally backed verification could have more credibility than checks conducted by the US or Colombian governments alone. Verification of the spraying, under the support of the United Nations and the Pan-American Health Organization, would include checks on what chemicals were being used. ..."[December 8-11, 2011]
[2012] ODC: Dinámica de los cultivos de coca y la producción de coca en Colombia con énfasis en a región fronteriza con Ecuador [2012 pub. 2013 ]
[2012] Antoni Pigrau et al: The Interplay of National, Transnational and International Litigation for Environmental Justice: Seeking Effective Means of Redress for Grave Environmental Damage “... DynCorp may be found to have been involved in a violation of the ‘do-no-harm’ obligation established (to the benefit of the US) in the 1941 Trail Smelter arbitral award which should thus be accepted as a ‘cognizable principle of customary international law. “
[2012] Jessica L. Rutledge: The Wake Forest Law Review Comment Wait a Second Is that Rain or Herbicide? The main purpose of this Comment is to analyze the Aerial Herbicide Spraying case—which is still in its preliminary stages—and how the outcome may be based on the Pulp Mills decision. To set the initial framework for this analysis, this Comment will track the development of the customary principles of due diligence and prevention in Part I by dividing their history into two separate “waves.” To do this, the Comment will primarily utilize and add to Dr. Jorge Viñuales’ contemporary assessment of IEL. Additionally, this Comment will consider the impact of the International Law Council’s Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (“Articles on Prevention”) on IEL development. [may 2012]
[2012] Clínica Ambiental: Proyecto de Reparación Socioambiental Diez años de aspersiones en la frontera /Ecuador
[2012] Fernando Vaca Hualpa y Marcelo Jarin Bonilla: Análisis del conflicto interno colombiano y su repercusión en el Ecuador , Universidad Militar Nueva Granada [20 de noviembre 2012
[2012] Sarah, Chantal, Marie and Zakaria Persistent Organic Pollutants - ppt de [2012]
[2012] Edwin Bayardo Gaón Sarmiento Efecto y persistencia de glifosato en el cultivo de cacao en Sucumbíos, “Para generar datos experimentales de los daños que el glifosato causa a plantaciones de cacao por la deriva de las aspersiones del Plan Colombia para eliminar plantaciones de coca en la zona de frontera de Ecuador-Colombia, se realizó la presente investigación la cual determinó que si una plantación de cacao de la variedad CCN-51 recibe el impacto directo o por deriva de fumigación en dosis de 6,25, 4,69, 3,12, 1,57 y 0,63gl RoundupSL + Cosmo-flux/ha, registrarán pérdidasdel 100 a 89,4%y monetarias de 5667,0 y 5066,3 USD/ha.” , Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero en Recursos Naturales, Facultad de Ingenieria en Ciencias Agropecuarias y Ambientales Renovables, Ibarra – Ecuador [7 de mayo 2012]
[2013] The Victoria School: uía Corte Internacional de Justicia Fumigación aérea con herbicidas (Ecuador contra Colombia) “Inmediatamente después de las aspersiones, los residentes de San Francisco Dos y sus alrededores desarrollaron severas reacciones adversasen su salud, incluyendo fiebres, diarrea, sangrado intestinal, náuseas y una variedad de problemas oculares. Los niños fueron afectados con especial severidad. Al menos dos muertes se produjeron en los días inmediatamente posteriores a estas primeras aspersiones, en una comunidad donde no se habían reportado muertes similares en los dos años anteriores.” [junio 2013]
[2013] La República: Contra Ecuador, otra vez ha faltado preparación .."“Colombia podría pagar una indemnización económica de unos 350 millones de dólares, porque ya se probó el daño”..[8 de agosto 2013]
[2013] Vanguardia: Colombia confirma acuerdo con Ecuador para terminar juicio por fumigaciones [25 de agosto 2013][2013] Comité Interinstitucional Contra las Fumigaciones _Ecuador Carta abierta por el tema de las fumigaciones dirigida a la Comisión de Soberanía de la Asamblea /Biodiversidad en América Latina y El Caribe [5 de septiembre 2013]
[2013] Daniel Eduardo Aranguren Casas: Análisis de los efectos del Plan Colombia en la configuración de la agenda de seguridad nacional de Ecuador Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario Facultad De Relaciones Internacionales Bogotá D. [2013]
[2013] Adriana González Gil: Pobladores sitiados entre la violencia y la re-configuración territorial: migración trans-fronteriza Colombia-Ecuador, Si Somos Americanos vol.13 no.1 Santiago jun. 2013
[2013] Semana: Colombia dará US$15 millones a Ecuador por fumigaciones [13 de septiembre 2013]
Peter Benner , Hermann Mena y René Schneider.: Drugs, Herbicides, and Numerical Simulation , “Spray application procedures and general guidelines have been proposed in the context of agriculture in order to maximize the effectiveness of plant protection products and minimize risks to public health and the environment. For the sprays at the Ecuador-Colombia border, some of these guidelines either cannot be followed, e. g., the maximum aircraft spray height due to the topography of 2 the zone, or they were not followed, e. g., the droplet size, see [Bravo. Miño 2007] and references therein. These issues result in demands for a new mathematical model (see section 3) that considers the particular spray procedures at the border and deals with technical difficulties such as the size of the spray zones and the accuracy required. Most of the earlier models like the AgDrift [Teske 2002]] require at least input data representing: the nozzles, c) the droplet size distribution, d) the spray material properties, and e) the meteorology conditions. For the sprays at the Ecuador-Colombia border: a), b) and c) are not known. Moreover, d) and e) are difficult to estimate due to the facts that the exact composition of the herbicide is not known and that there are no weather stations near the zones of interest, i.e., the areas where the sprays took place. These regions were chosen in cooperation with an interdisciplinary team of biologists, engineers, and geophysicists”. Snapshots of modern mathematics from Oberwolfach [noviembre 2013]
[2013] Ameripol: Análisis situacional del narcotráfico «una perspectiva policial» Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, ""Paradójicamente, el relativo éxito de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, donde el área sembrada pasó de 163.000 hectáreas en el año 2000 a 64.000 hectáreas en 2011, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) ha desplazado el problema a los países de la región, incrementado el consumo interno y promovido la búsqueda de nuevas rutas. Al parecer Perú ha recuperado el primer lugar como productor de coca; México y América Central han conocido un crecimiento vertiginoso de la actividad ilegal en su suelo y Brasil es ya el segundo consumidor de cocaína después de los Estados Unido". FIAPP [2013]
[2013] Laura Gil "# Glifosato" HashtagIntl en Canal Capital "Acuerdo Colombia Ecuador del 9 de septiembre ..”Colombia lamenta---daños ambientales y desplazamiento”. A Ecuador se le informa con 10 días de antelación las coordenadas de fumigación -[26 de septiembre 2013]
Luis Ángel Saavedra: Ecuador olvida, Colombia gana, y los habitantes de la frontera norte permanecen en el olvido, Lalineadefuego [15 de agosto 2014]
[2014] Telégrafo Ecuador: Con georeferenciación satelital se localizan sembríos de marihuana -Instituto apoya lucha contra los cultivos ilícitos [24 de agosto 2014]
[2014] A legal guide for communities seeking environmental justice [24 de noviembre 2014]
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