Source: http://sinetiquetas.org/2015/08/03/peru-lgbt-podrian-ser-protegidos-por-proyecto-de-nuevo-codigo-penal/
Timestamp: 2020-05-29 01:36:09
Document Index: 77797391

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Perú: LGBT podrían ser protegidos por proyecto de nuevo Código Penal | Sin Etiquetas
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Perú: LGBT podrían ser protegidos por proyecto de nuevo Código Penal
El Pleno del Congreso de la República de Perú debate un proyecto de Nuevo Código Penal que propone incluir la orientación sexual y la identidad de género como motivos expresos que generen la comisión de los delitos de discriminación e incitación a la discriminación.
En 2011, el congresista Carlos Bruce presentó el proyecto de ley 609/2011-CR, por el cual se proponía la incorporación del artículo 46-D en el Código Penal, el cual establecía que se considere un agravante cuando el que cometiera un delito doloso tenga como motivo la discriminación. A efectos de describirla, la propuesta contenía una lista de motivos que eran constitutivos de este delito como la raza, las creencias religiosas, la orientación sexual y la identidad de género, sin que esta lista sea cerrada.
Dicho proyecto fue agrupado con otros y aprobado por la Comisión de Justicia que en ese entonces era presidida por Marisol Pérez Tello. Sin embargo, cuando el dictamen fue sustentado ante el Pleno, en medio de un pobre debate la propuesta respecto de los tipos de discriminación fue rechazada y se redujo a la “intolerancia o discriminación de cualquier índole” [artículo 46, inciso 2, literal d) del Código Penal vigente].
EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PENAL
Dos años después nos encontramos frente a una situación similar. El 14 de mayo de 2014, el congresista Juan Carlos Eguren presentó el proyecto de ley 3491/2013-CR que plantea un Nuevo Código Penal. El primer delito que contiene la protección a personas por su orientación sexual es el delito de persecución, redactado así desde el proyecto original presentado. Este se encuentra tipificado en los siguientes términos:
“Artículo 152.- El que en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, prive de la libertad personal o lesione gravemente la integridad física o la salud del miembros de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u orientación sexual, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta y cinco años”
No deja de resultar extraño que luego de la presentación de este proyecto el congresista afirmara que su voto en contra de la Unión Civil sea pensando “en el interés general y el bien común”. Sin embargo, es una contradicción que resulta a todas luces positiva, aunque el delito no sea tan común.
Este proyecto ingresó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y luego del debate interno, esta emitió dictamen favorable. Sin embargo, hubo algunas modificaciones al proyecto original. La tipificación del delito de persecución se mantuvo tal como fue presentada, pero se incorporaron dos artículos más que protegen a la comunidad LGTB.
El primero de ellos, el delito de discriminación, que prevé la orientación sexual y la identidad de género como motivos que lo generan. Este se encuentra redactado en los siguientes términos:
Artículo 281. Discriminación
El que arbitrariamente anula o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución Política o en los tratados de los cuales el Perú es parte, basado en motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.
Si la conducta prevista en el numeral 1 se produce en el empleo, público o privado, la pena es privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Si el agente perpetra la conducta establecida en el numeral 1, en su calidad de funcionario o servidor público, la pena es privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 9 del artículo 42.
Si la discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o mental, la pena es privativa de libertad no menor cinco de ni mayor de ocho años.
Como se observa, no solo se prevé expresamente que es delito discriminar a alguien por orientación sexual o identidad de género, sino también se consideran penas mayores cuando esta se dé en el marco de una relación laboral. Las circunstancias agravantes de los incisos 3 y 4 ya se encuentran en la vigente redacción del artículo 323 del Código Penal, el cual tipifica el delito de discriminación.
De acuerdo con el propio dictamen, el texto de este artículo fue elaborado tomando en cuenta las propuestas de los Proyectos de Ley 1615/2012-CR, 1687/2012-CR, 2296/2012-CR, 3306/2013-CR y 3491/2013-CR. Sin embargo, de todos estos proyectos, solo el de 3306, del congresista José Luna, preveía en su redacción la identidad u orientación sexual, aunque este tenía por finalidad incorporarlos como circunstancia agravante de delitos, en el artículo 46 del Código Penal.
El otro artículo incorporado en el Dictamen de la Comisión de Justicia es el que tipifica la incitación a la discriminación. Resulta lógico que si la discriminación prevé determinados supuestos, estos coincidan con los previstos en la redacción del delito de incitación a la discriminación. El tipo penal propuesto es el siguiente:
“Artículo 282. Incitación a la discriminación
El que públicamente incita a la comisión de la conducta prevista en el numeral 1 del artículo 281, a la hostilidad, a la violencia o a cualquier otra acción ilegal de similar naturaleza, contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, tales como, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con prestación de servicios a la comunidad de cuarenta a cien jornadas
Si el agente perpetra la conducta del numeral 1 en su calidad de funcionario o servidor público, la pena es privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 9 del artículo 42.
Si la incitación se ha materializado mediante actos de violencia física o mental, o a través de internet u otro medio análogo, la pena es privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años”.
El dictamen de la Comisión ya ha sido discutido los días 15 de abril y 28 de mayo de este año. El Movimiento Homosexual de Lima hizo seguimiento a este debate y advirtió que en este algunos congresistas habían vertido expresiones contra la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en el proyecto.
El congresista Julio Rosas, expastor evangélico y conocido por sus declaraciones contra los homosexuales en el marco del debate de la Unión Civil, dijo lo siguiente en la sesión del 28 de mayo:
“Quisiera anotar que también hay una nota en el artículo 281.° donde se pone puntos que van contra la Constitución, contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros, agregando términos como orientación sexual e identidad de género, también el artículo 282.°
Yo diría, por su intermedio, Presidente, que la comisión tome en cuenta y lo retire, porque si se considera esto como en otros países, han afectado otros derechos, como por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión”.
Es decir, el congresista Julio Rosas reconoce que hay personas que son discriminadas por su orientación sexual, pero para él tiene mayor relevancia la libertad de expresión de quien discrimina o sus creencias religiosas. El congresista Rosas pide que les permitan seguir discriminando a LGTB.
Pero Julio Rosas no fue el único. El congresista José Urquizo también rechazó esta propuesta:
“[…] se está manteniendo en los artículos 281 y 282 el tema referido a la orientación sexual e identidad de género, cuando este tema fue ampliamente debatido y existe una posición del Pleno del Congreso de la República. Y es más, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado mediante Decreto Supremo, no se incorpora esta tipificación. En ese sentido, yo invocaría que nos aclare el Presidente de la Comisión de Justicia este tema, que está siendo incorporado en el 281 y 282”.
Ante estos comentarios el presidente de la Comisión de Justicia, encargado de sustentar ante el Pleno el dictamen de su Comisión, propuso presentar una alternativa sustitutoria para los delitos de discriminación e incitación a la discriminación. Juan Carlos Eguren señaló:
“El congresista Rosas se refiere al artículo 205° [referido al aborto sentimental y eugenésico], 281.°, vamos a revisarlo para plantear alguna alternativa en el texto sustitutorio que va a incorporar estas materias; y también el 282.°”
Desde el 28 de mayo el Pleno no ha vuelto a discutir el proyecto de Nuevo Código Penal. Con la elección del nuevo presidente del Congreso y el inicio de la legislatura 2015-2016 se debería retomar este debate.
El Pleno tiene dos opciones: aprueba o archiva el dictamen. Sin embargo, en el marco de todo este debate se pueden presentar textos sustitutorios que lleven consigo modificaciones a lo inicialmente presentado.
De archivarse el dictamen este no llegará a ser ley. Si se aprueba, la autógrafa de ley pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Este es el segundo filtro. El presidente tiene tres opciones: promulgarla dentro del plazo de 15 días útiles, observarla dentro del mismo plazo o simplemente no hacer nada.
En caso se observe la autógrafa ley aprobada por el Congreso, esta es devuelta y finalmente es el presidente del Congreso quien la promulga, lo mismo sucede si el presidente no formula observaciones ni la promulga.
Hemos visto que hay voces que intentan borrar la protección a personas LGTB a través de su omisión en los tipos penales. Esta vez no se trata de uniones entre personas o familia, son delitos. La discriminación es uno de los aspectos más duros a los cuales se tiene que enfrentar una persona LGTB, incluso desde la escuela y sobre todo las personas transgénero. Es por ello que resulta necesario mantener esta redacción y no permitir que otra vez estén en el largo etcétera.
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