Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00037-de-febrero-25-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d9f48973895e0144e0430a0101510144&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 11:50:56
Document Index: 87149172

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 39', 'artículo 20', 'artículo 58', 'artículo 20', 'artículo 20', 'e contrario', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 93', 'artículo 20', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 60', 'artículo 95', 'artículo 20', 'artículo 58', 'artículo 95', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 58', 'artículo 7']

﻿ Auto 2012-00037 de febrero 25 de 2013
SENTENCIA 2012-00037 DE 25 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:CARGA DE LA PRUEBA EN CUANTO A LA VERACIDAD DE AFIRMACIONES APARENTEMENTE INJURIOSAS E INCORRECTAS. CUANDO QUIEN PRETENDE INFORMAR REALIZA AFIRMACIONES INJURIOSAS O LA INFORMACIÓN QUE PRETENDE HACER LLEGAR A LA OPINIÓN SE APOYA EN HECHOS FALSOS, INCORRECTOS, TERGIVERSADOS O CARENTES DE DE PRECISIÓN SE INVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA Y, CORRESPONDE AL EMISOR, PROBAR LA VERACIDAD E IMPARCIALIDAD DE SU MENSAJE.
TEMAS ESPECÍFICOS:INJURIA, VERIFICACIÓN DE LAS AFIRMACIONES
Auto 2012-00037 de febrero 25 de 2013
Ref.: 11-001-03-26-000-2012-00037-00 (44.089)
Bogotá D.C., veinticinco de febrero de dos mil trece
Procede la Sala a resolver el trámite de imposición de medidas correccionales que, de conformidad con los arts. 39 del Código de Procedimiento Civil y 58 la Ley 270 de 1996, se le inició al señor Saúl Kattan Cohen, a raíz de las declaraciones efectuadas por el investigado en la emisora “W Radio” el pasado 30 de mayo de 2012.
Correspondió a la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado conocer los recursos de anulación formulados contra tres laudos proferidos por tribunales de arbitramento, convocados por Comcel S.A. contra la ETB S.A. ESP, decisiones respecto de las cuales cursan en la actualidad sendos recursos extraordinarios de revisión ante la Sala Plena de esta corporación.
Estando en curso la actuación, el día 30 de mayo de 2012, el señor Saúl Kattan Cohen, ofreció entrevista a la “W Radio” en la cual sostuvo que —se resalta—“... estamos esperando que el Consejo de Estado, ordene a Comcel el pago, es lo único que estamos esperando. El Consejo de Estado no ha ordenado, se está haciendo los de la vista gorda (sic)... es un problema de justicia internacional que tiene que acatar la ley colombiana como lo está establecido en la constitución y no ha sido así, no ha sido posible, no sabemos si el lobby de Comcel, si la cercanía de los abogados al Consejo de Estado por parte de Comcel, está causando esto, no lo sabemos... Pues no hemos tenido respuesta... pues que la orden del Tribunal Andino es una orden, es un caso juzgado, no sé, es algo inexplicable...”.
El día siguiente el investigado, en entrevista ofrecida a la misma cadena radial sostuvo: “quiero aprovechar para presentar las excusas al Consejo de Estado, al honorable Consejo de Estado por las malas interpretaciones y no quiero que esto lo conviertan en una cortina de humo... no fue nuestra intención hablar mal del Consejo de Estado.... Yo creo que es una mala interpretación del Consejo de Estado”.
En este orden de cosas, el 30 de mayo de 2012, la sección ordenó iniciar “actuación encaminada a determinar si hay lugar a adopción de medidas correccionales en contra del señor Saúl Kattan Cohen, por razón de las afirmaciones que realizó en sus declaraciones públicas a través de la emisora radial “La W”, el día 30 de mayo de 2012 en las horas de la mañana”.
2.1. Faltar al respeto al Consejo de Estado y en particular a los Magistrados de la Sección Tercera de esta corporación, a propósito de las actuaciones que se han surtido, con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales y con ello podría estar incurso en las previsiones del artículo 58-1 de la Ley 270 de 1996(2).
2.2. Asumir comportamientos contrarios a la solemnidad que debe revestir los actos jurisdiccionales, lo cual podría configurar el comportamiento previsto en el artículo 58-3 de la Ley 270 de 1996(3).
2.3. Faltar al respeto debido al Consejo de Estado y en particular a los magistrados de la Sección Tercera de esta corporación en relación con el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, lo cual podría enmarcar el comportamiento del señor Kattan Cohen en las previsiones del numeral 2º del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil(4).
3. La defensa del implicado.
Mediante escritos presentados por conducto de apoderado y en la audiencia pública celebrada para el efecto —fls. 14-16, 78-91 y 96-112—, el implicado inicialmente hizo alusión a que, de manera libre, voluntaria, en las mismas condiciones de tiempo, medio y duración, incluso previo a ser enterado de requerimiento alguno por parte de esta corporación, efectuó una rectificación espontánea, intervención en la cual dejó de presente que su intención nunca fue la de agredir a la Sala.
Advirtió que constituye doble juzgamiento el requerimiento de la Presidencia del Consejo de Estado y el procedimiento correccional adelantado por parte de esta Sección, resaltando que la solicitud de rectificación implícitamente se lo obligó a reconocer la misma falta por la que se le investiga en la Sección Tercera, lo cual vulnera de manera clara la prohibición de autoincriminación.
Señaló reiteradamente que sus opiniones están amparadas constitucionalmente por el artículo 20 superior y se dolió por ser tratado discriminatoriamente, por cuanto diferentes medios de comunicación han publicado opiniones similares en contra de esta corporación, sin que hasta a la fecha se le haya iniciado a esas diferentes personas similares investigaciones como la que a él ahora se le promueve. Como epílogo se recapitula lo siguiente:
3.1. Las manifestaciones no fueron irrespetuosas y constituyen opiniones amparadas constitucionalmente. Alegó el implicado que ninguna de sus afirmaciones fue falsa en lo tocante a la demora en la decisión de los recursos de anulación y la inexistencia de trámite previo; agregó que sus manifestaciones deben leerse en conjunto, en cuanto obedecieron a las preguntas que le estaban siendo formuladas por los periodistas. Sostuvo que sus respuestas no fueron irrespetuosas y destacó que no se dirigieron en concreto contra algún miembro de la corporación.
3.2. El poder correccional es limitado y en el caso concreto resulta improcedente adelantarlo con el propósito de censurar una opinión extra proceso. Argumentó que en el sub lite no operan las medidas correccionales porque el encartado no criticó ninguna decisión judicial, sino precisamente la falta de definición del asunto; por lo mismo, sus opiniones no afectaron acto jurisdiccional alguno, pues lo expresado lo fue por fuera del proceso, aunado a que no formuló acusación contra alguno de los magistrados en particular.
3.3. Las medidas correccionales anunciadas son desproporcionadas, excesivas e innecesarias. Resaltó en este acápite que el poder disciplinario judicial no es procedente para coartar el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a expresar libremente sus opiniones, sobre todo cuando, como sucede en autos, las afirmaciones son ciertas y respetuosas, de lo que concluye que la imposición de sanción personal y/o patrimonial constituiría un exceso y desproporción frente al derecho superior de opinión.
3.4. Inexistencia de dolo y rectificación de las afirmaciones. Señaló que sus afirmaciones no fueron dolosas y tampoco tuvieron la intención de agredir a la corporación o a alguno de sus miembros, tanto es que al día siguiente ofreció excusas si sus opiniones habrían sido mal interpretadas, expresando clara y enfáticamente su respeto y acatamiento a los magistrados y sus decisiones.
En la audiencia celebrada el día 25 de junio de 2012, el investigado aclaró que no fue asesorado para dar la entrevista del 30 de mayo pasado objeto de escrutinio. Seguidamente, insistió en lamentar la situación y resaltó su respeto por la justicia, al tiempo que presentó excusas si fue mal entendido o agredió, sin intención, a alguien. Resaltó que sus declaraciones fueron tomadas de manera equivocada, pues no pretendió insultar, menos aún al Consejo de Estado, atribuyendo el calibre de sus afirmaciones al calor de la entrevista, la acción de los entrevistadores, su afán gerencial por remediar la situación de la empresa estatal que dirigía y su ignorancia jurídica.
El apoderado del investigado, a más de reiterar los planteamientos presentados por escrito, lamentó la situación presentada, descartando que lo expresado podía calificarse de irrespetuoso, en cuanto producto de una entrevista radial en la que la información sobre la demora en adoptar la decisión fue presentada por los periodistas. Señaló el togado que lo expresado por su representado, aunque incómodo, constituye opiniones que merecen respeto y deben entenderse en el universo en el que se expresaron y destacó que, en todo caso, no lesionaron a la administración de justicia.
4. Intervención del Ministerio Público.
En la audiencia celebrada el 25 de junio de 2012, la delegada del Ministerio Público intervino inicialmente para defender la legalidad y procedencia del trámite adelantado, resaltando el cumplimiento del debido proceso. Concretamente la vista fiscal manifestó estar de acuerdo con la solicitud de explicaciones al implicado, al tiempo que señaló que el ejercicio de derechos fundamentales no es casual eximente para faltarle al respeto a la institucionalidad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 270 de 1996,(5) corresponde a la Sección adelantar procedimiento correccional, cuando quiera que “los particulares” atenten contra “la dignidad” y “la majestad” de la justicia. A este respecto, conviene advertir que la presente actuación se adelanta en contra del señor Saúl Kattan Cohen, quien, como lo revelan los antecedentes, en el marco de una entrevista radial y con el propósito de responder las inquietudes que fueron formuladas sobre una aparente demora en decidir, se expresó de manera que la Sala consideró necesario determinar si se faltó a los deberes para con la administración de justicia.
Vale anotar que habiendo sido separados del trámite adelantado por la Sección para dar cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los señores magistrados Danilo Alfonso Rojas Betancourth y Olga Mélida Valle de De la Hoz, tampoco participaran de esta decisión, pues igual interés les asiste —cfr. auto de oct. 1º/2012, fl. 349—.
Corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si el pasado 30 de mayo el señor Saúl Kattan Cohen dejó de observar sus deberes constitucionales y legales, al responder las preguntas que le estaban siendo formuladas por los periodistas que indagaban sobre el cumplimiento de la orden emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de agosto y el 15 de noviembre de 2011. Para responder este interrogante, recordará la Sala los alcances de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional, su incidencia en el ejercicio del control de la gestión pública y las restricciones constitucionales a las que debe sujetarse el ejercicio de ese derecho.
Si a la luz de las consideraciones hechas resulta que se ha configurado la falta, debe la Sala determinar, en segundo lugar, si cabe imponer medida correccional.
3. Alcances de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional, su incidencia en el ejercicio del control de la gestión pública y las restricciones constitucionales a las que debe sujetarse el ejercicio de ese derecho.
La libertad de expresión tiene reconocimiento internacional a partir de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (art. 4º) y del Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 10), último instrumento frente al cual la Corte Europea(6) se ha detenido para señalar los estándares a los que se debe acudir para su interpretación, debiendo determinar si las expresiones en conflicto: (i) son hechos, opiniones o juicios de valor; (ii) son materias de debate público, de interés público legítimo o de debate político; (iii) afectan la vida privada de alguien y (iv) con qué tono y manera fueron sostenidas(7).
Ahora, en los términos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos —aprobado mediante la Ley 74 de 1968— “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión” (inc. 2º, art. 19), incluyendo dentro de esta garantía “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Empero, la misma normatividad internacional prevé límites y responsabilidades en el ejercicio de este derecho. Puntualmente, el pacto referido señala como limitaciones (art. 20) las propagandas a favor de la guerra, al igual que la apología al odio nacional, racial o religioso; incluso, establece (lits. “a” y “b”, art. 19) que serán legítimas las limitaciones necesarias para asegurar los derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, del orden y de la moral pública.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al tiempo que prohíbe la censura previa (art. 13),(8) consagra el derecho de rectificación (art. 14) en los siguientes términos: “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta”.
De cerca a la reglamentación internacional, nuestra Constitución Política (art. 20) “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. Cabe resaltar que la exclusión de la censura (inc. 2º, art. 20) como garantía a las libertades de expresión, información y opinión, está acompañada de la especial protección (art. 73) que la Constitución le confiere a la actividad periodística y a la inviolabilidad del secreto profesional.
En atención a su importancia en un Estado social de derecho, participativo y pluralista, la Corte Constitucional(9) ha resaltado tres reglas relevantes que gobiernan la libertad de expresión: (i) su primacía frente a otros derechos, valores y principios constitucionales en casos de conflicto, incluso del buen nombre y la honra, según el caso; (ii) el supuesto de inconstitucionalidad de las reglas dirigidas a limitarlo y (iii) finalmente, la prohibición de la censura previa.
Ha indicado la Corte que la interpretación del artículo 20 constitucional, a la luz de los convenios y tratados internacionales, contiene once elementos normativos diferenciables. Siete de los cuales son derechos y libertades fundamentales y cuatro prohibiciones cualificadas en relación con su ejercicio:
(a) La libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión —sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa—, y el derecho a no ser molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de expresión stricto sensu, y tiene una doble dimensión: la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando.
(f) La libertad de prensa, o libertad de funcionamiento de dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente responsabilidad social.
(h) La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
(k) La prohibición de la instigación pública y directa al genocidio.
Vale decir que el mismo tribunal(10) ha señalado la obligación que recae sobre quien difunde de diferenciar claramente la información de sus propias opiniones(11); textualmente dijo la Corte: “distinto de la afirmación sobre hechos que se presentan a través del ejercicio de la libertad de información o prensa, llamados a tener respaldo en la realidad, cumplir con los requisitos constitucionales de la veracidad e imparcialidad o con la responsabilidad social en el caso de los medios, la opinión en cambio es una idea, un parecer o forma de ver el mundo, que de hallarse injusta o impertinente, debe combatirse con otras opiniones o pareceres”.
Ahora bien, reconociendo que estas libertades no revisten la calidad de derechos absolutos, también la Corte(12) se ha pronunciado sobre los límites válidamente oponibles: “[e]n el caso de la libertad de información, se le impele a que sea veraz e imparcial, que respete los demás derechos fundamentales y que cumpla con el ejercicio de la rectificación en caso del acaecimiento de algún yerro en su ejercicio. En el caso de opiniones, se exige que sean diferenciadas de los hechos y que cuando quiera que se sustenten en supuestos fácticos falsos o equivocados, procedan a rectificarlos. Y, en cuanto a la libertad de expresión, halla barreras en la antijuridicidad de apologías al racismo, al odio, a la guerra, o la prohibición de la pornografía infantil” —se destaca—.
Con todo, el precedente constitucional(13) ha advertido que “existe un claro interés constitucional en garantizar el acatamiento pleno de las decisiones judiciales. Por lo mismo, podría sostenerse que imponer restricciones a la libertad de expresión y, en particular a la libertad de opinión, con el objeto de lograr asegurar dicho acatamiento, implica la persecución de un fin constitucionalmente válido, en cuanto definitivamente a una democracia constitucional le resulta determinante la confianza de la población en su administración de justicia”.
Entonces, las libertades de expresión, información y opinión, aunque gozan de una amplia protección, en aras de propender por una participación democrática y la construcción de una sociedad activa, al no ser absolutas, se sujetan a restricciones, aunque excepcionales. Por lo mismo, se reconoce que “el ejercicio de ese poder disciplinario [se refiere a los poderes disciplinarios del juez], que desata decisiones de carácter jurisdiccional, ha de armonizarse con el respeto y cumplimiento estricto de los derechos fundamentales y los principios superiores consagrados en la Carta Política”(14).
A la luz de las consideraciones hechas, debe la Sala establecer si en el caso concreto se configuró falta.
4. Configuración de la falta. Imputación.
En la presente causa está debidamente demostrado que el señor Saúl Kattan Cohen, el 30 de mayo pasado, en diálogo con periodistas de la W Radio, utilizó las siguientes expresiones(15) —se destaca—:
Julio: La noticia del día tiene que ver con 200.000 mil (sic) millones de pesos que COMCEL, le debería devolver a la EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ, hemos querido hablar con COMCEL, ellos han preferido no pronunciarse, pero sí la empresa de teléfonos a través de su presidente don SAUL KATTAN, don Saúl buenos días.
Saúl: Buenos días Julio, Camila, Alberto.
Julio: Yo tengo una sola pregunta antes de las de mis compañeros, una sola ¿SI COMCEL NO PAGA NOS TOCA PAGA (sic) A LOS COLOMBIANOS?
Saúl: Absolutamente, absolutamente el fallo del tribunal andino de quito (sic), es cosa juzgada, estamos esperando que el concejo (sic) de estado (sic) ordene a COMCEL el pago, eso es lo único que estamos esperando, el concejo (sic) de estado (sic) no, no ha ordenado se están haciendo los de la vista gorda y eso llevaría pues a una demanda al Estado colombiano y la plata saldría de todos los colombianos, de los impuestos de todos los colombianos en vez de salir de las arcas de COMCEL como le corresponde.
Camila: Doctor Kattan si le (sic) plazo para que COMCEL les entregara este dinero se venció el 23 de diciembre de 2011 porque (sic) hasta ahora le están solicitando al concejo (sic) que se pronuncie.
Saúl: no, venimos solicitándole hace mucho tiempo, de hecho, este caso se remonta al 2006 donde ETB perdió unos tres laudos arbitrales, en ese momento, ETB incluso interpuso un recurso de anulación ante el concejo (sic) de estado (sic) la sección tercera (sic), para poder llevar esto al tribunal andino y ellos lo negaron y nos hicieron pagar en ese momento 137.000 mil (sic) millones de pesos que salieron de la ETB, salió un cheque de la ETB por ese valor para pagarle a COMCEL, nosotros fuimos al tribunal andino, hicimos la apelación directamente mostrando todas las pruebas todo el caso y el tribunal andino nos dio la razón y desde entonces, estamos pidiendo al consejo de estado (sic) que se pronuncie y no se ha logrado, no se ha logado no entendemos las causas, esto no es un tema de interpretación, no es un tema de pruebas, no es un tema de absolutamente nada, es un tema de la justicia internacional que tiene que acatar la ley colombiana como está establecido en la constitución, y no ha sido así, no ha sido posible no sabemos si el lobby de COMCEL, si la cercanía de los abogados al concejo (sic) de estado (sic) por parte de COMCEL está causando, esto no lo sabemos, pero lo cierto es que ETB no ha recibido la plata y el que va tener (sic) que paga la plata, son todos los colombianos a través de los impuestos, que me parece patético.
Camila: Precisamente doctor KATTAN que esta es una corte internacional este desacato afectaría el tratado que tiene Colombia_____ (sic).
Saúl: Pues esto traería muchísimos problemas para el país, adicional a lo que ya hablamos de que habría que pagar por parte del Estado colombiano, más de 200.000 mil (sic) millones, pues esto traería problemas administrativos con los acuerdos de Cartagena, podría generar bloqueos comerciales por parte de países del pacto andino, por incumplimiento de estas firmas, ósea (sic) le podría traer, un sinnúmero de problemas al país, por una decisión increíble del Consejo de Estado.
De las declaraciones transcritas es dable afirmar que, como para entonces, la Sala adelantaba un trámite con el fin de dar cumplimiento a una decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, bien podía el encartado expresar opiniones al respecto protegido, en todo caso, por su derecho a la información y a la libertad de expresión, no así la afirmación —carente de veracidad y de imparcialidad— según la cual la corporación se hacía la de “la vista gorda”, pues, esta expresión, en su entendimiento coloquial,(16) indica que la Sala intencionalmente estaba incumpliendo sus deberes al disimular deliberadamente no ver algo, frase esta denigrante de la labor que cumplen los magistrados de esta Sección, obligados a resolver los conflictos que se sujetan a su conocimiento. Es claro entonces que, afirmar en relación con la definición de un caso, como efectivamente sucedió, que los jueces se están haciendo los de la vista gorda, desborda el derecho a informar a la opinión sobre un trámite judicial en curso, pues, se repite, no se observan mínimamente las exigencias de imparcialidad y de veracidad a las que, de conformidad con el artículo 20 superior, deben sujetarse las afirmaciones sobre hechos respecto de los cuales se pretende informar.
Otra materia de lo afirmado por el encartado el día señalado que preocupa a la Sala, se relaciona con la explicación que él mismo resolvió darle a la omisión, ya de por sí censurable, mayormente degradante, si se considera que al ser interrogado por la periodista sobre la demora que la misma parece atribuir a la ETB, el encartado, aparte de falta de conocimiento sobre lo realmente acontecido y el trámite que se adelantaba, puso de presente, sin observar las exigencias constitucionales de veracidad e imparcialidad, el hecho atinente al supuesto “lobby” de Comcel —contraparte de la entidad pública— relacionado, a su turno, con la supuesta cercanía de los abogados de dicha empresa a esta corporación. Circunstancias estas que, como se verá más adelante, tampoco pudo comprobar el encartado en el sub lite.
Ahora, aunque quien de esa forma actuó también sostuvo no saber si lo afirmado era así, lo cierto tiene que ver con que tejió un manto de duda sobre la corporación, pues sabido es que los jueces únicamente sujetan sus decisiones al imperio del derecho y que de esta sujeción pende la credibilidad que la sociedad les reclama, al punto que el Código Penal tipifica la conducta de quien no actúa con la sujeción indicada, así(17): (i) “[e]l servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión...” y (ii) “El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión...”.
Entonces, que el señor Saúl Kattan Cohen informara que la Sección Tercera no había definido la cuestión, no es afirmación que sea pasible de medidas de corrección; tampoco lo es que el declarante no estuviera de acuerdo con los trámites previos; esta última es una opinión que no puede ser censurada; de allí que ningún reproche merezca el adjetivo de “increíble” que le adjudicó al proceder de la Sala.
No así, pretender informar a la opinión —faltando a exigencias mínimas de veracidad e imparcialidad—, sobre un hecho respecto del cual carecía de todo sustento probatorio, a saber, que el trámite adelantado por la Sección Tercera respondía al “lobby”, lo que constituye un abuso de la libertad de informar al paso que representa una falta de respeto a la justicia y un atentado a la dignidad de la misma, pues el trámite que resolvió agotar la Sala para darle acatamiento a la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tuvo como único objetivo y justificación, como se colige de las mismas decisiones, sin medio de conocimiento que lo desvirtúe, la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción y defensa de los afectados. Y si al antes nombrado así no le pareció, bien podría haberlo manifestado, sin pretender informar a la opinión sobre un hecho en relación con el cual carecía por entero de pruebas, esto es, respecto de actuaciones indebidas que si se consideraba ocurrieron, lo conducente tenía que ver con formular la denuncia ante los organismos competentes, pues solo es dable poner en tela de juicio la presunción de inocencia cuando se cuenta con pruebas de la falta.
En este sentido, deben descartarse los lineamientos de la defensa dirigidos a plantear que (i) no hubo señalamiento directo a los miembros de la Sección, (ii) la respuesta debe contextualizarse en la pregunta, pues fue el periodista quien efectuó las insinuaciones y (iii) ninguna palabra descortés se utilizó en la intervención.
Para la Sala es claro que el señor Saúl Kattan Cohen se refirió puntualmente ante el medio de comunicación a la Sección Tercera, a la que relacionó con el pago de $ 137 mil millones a Comcel, al tiempo que señaló insistentemente al propio Consejo de Estado afirmando que se estaría haciendo el de “la vista gorda”. De esta suerte el encartado puso en tela de juicio la imparcialidad de quienes integran la corporación y la sujeción a la Constitución y a la ley del trámite que se adelantaba.
Tampoco cabe duda que fue el entrevistado, señor Saúl Kattan Cohen quien, de modo libre y espontáneo, sin contar con el mínimo sustento fáctico o probatorio faltando, en consecuencia, a las exigencias constitucionales de imparcialidad y de veracidad, trajo a colación el hecho de que Comcel estaría haciendo “lobby”, al igual que el hecho de la cercanía de sus abogados con la corporación. Ahora, si bien el declarante no utilizó términos por sí solos irrespetuosos para referirse a estas circunstancias, lo cierto es que expuso ante la opinión, de manera injustificada, la imparcialidad de sus magistrados con ocasión del cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y por razón de las mismas, afirmando que Comcel estaría haciendo “lobby”, es decir, gestionando a favor de sus intereses al paso que relacionando ese actuar y la cercanía de sus abogados al trámite.
Vale reconocer que si bien explícitamente el señor Saúl Kattan Cohen en ningún momento afirmó que la Sala hubiera basado su actuar dilatorio —según él— en el “lobby”, no queda duda sobre que el discurso del entrevistado, sin que nadie le preguntara, relacionó actuaciones de una de las partes, con la omisión en resolver que él mismo demandaba. Es que, en el desarrollo de la entrevista la periodista no mencionó lobby o cercanía, fue el entrevistado quien motu proprio lo hizo. Se insiste, libre y espontáneamente el declarante se refirió a esos elementos, tejiendo un manto de duda en cuanto a la imparcialidad de esta colegiatura.
Por tanto, lo menudo de la afirmación no quita el alcance parcializado de la misma, pues del contexto de la entrevista se desprende sin hesitación que, esta corporación, en particular la Sección Tercera, podría estar cediendo a presiones, insinuación, se repite, sin asidero fáctico alguno, empero sí apta para mancillar de manera profunda la dignidad de la justicia.
Así las cosas, para la Sala está claro que la intervención del señor Saúl Kattan Cohen el pasado 30 de mayo en la W Radio, configuró una “falta de respeto al Consejo de Estado y en particular a los magistrados de la Sección Tercera de esta corporación, a propósito de las actuaciones que se han surtido, con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales”, tal como quedó expuesto en el auto de 30 de mayo de 2012, proferido para dar inicio a esta actuación.
Queda descartado, eso sí, que el implicado, con las declaraciones escrutadas, haya incurrido en “comportamientos contrarios a la solemnidad que debe revestir los actos jurisdiccionales” en los términos del numeral 3º ibídem, pues los mismos se presentaron extra proceso, sin afectar per se la actuación judicial; de suerte que por este cargo será absuelto.
Finalmente, en este aparte vale aclarar que, tal como lo tiene consagrado la regulación internacional(18) y la interna,(19) “la facultad del funcionario judicial de adoptar medidas correccionales frente a los particulares que incurran en alguna de las causales que justifican la adopción de medidas sancionatorias, tiene fundamento en el respeto que se le debe a la administración de justicia, eso sí sin perjuicio de otras determinaciones que puedan adoptar las demás autoridades competentes. Lo anterior —valga anotarlo— tampoco significa sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, esto es, contrariar al principio “non bis in ídem” toda vez que se trata de determinaciones de naturaleza particular tomadas para cada caso por autoridades de competencia también diferente”(20).
En este punto, resulta del caso asimismo advertir que no le corresponde a la Sala pronunciarse sobre las opiniones y notas periodísticas que el encartado anexó en su defensa, con miras a dejar sentado que otras personas y no solo él, habrían formulado iguales cuestionamientos contra esta corporación y sus integrantes; empero serán consideradas con el valor probatorio que corresponde, en orden a determinar si, porque otros lo hicieron, en otros espacios y oportunidad, resulta posible emitir información no veraz y parcializada.
5. De la medida correccional en el sub lite.
Una vez comprobada la falta en el asunto bajo examen, debe la Sala examinar la necesidad de imponer medida correccional. Lo anterior toda vez que (i) el señor Kattan Cohen, incluso previo a ser enterado de requerimiento alguno por parte de esta corporación, efectuó una rectificación espontánea, intervención en la cual dejó de presente que si bien concedió la entrevista, no tuvo la intención de agredir a la Sala, (ii) posteriormente solicitó ante esta corporación disculpas porque sus declaraciones fueron malinterpretadas y (iii) teniendo presente, por otro lado, la importancia que adquiere en nuestro ordenamiento constitucional el ejercicio de la libertad de expresión —en su modalidad de libertad de opinión, con las exigencias de imparcialidad y veracidad a las que, por mandato superior, debe ajustarse la libertad de información—, para ejercer el control sobre la gestión pública, requerimientos sin el cumplimiento de los cuales resulta poco plausible e, incluso, imposible disponer del conocimiento indispensable para materializarlo de modo consciente, razonado y ajustado a lo efectivamente ocurrido.
Para responder los anteriores interrogantes resulta preciso considerar previamente si, atendiendo a las circunstancias del caso en concreto, puede sostenerse que al haber rectificado el señor Saúl Kattan Cohen ante el medio de comunicación y presentado sus excusas ante esta corporación estas, rectificación y presentación de excusas, resultan suficientes y no es necesario imponer medida correccional. Con ese fin debe traerse a colación el sentido y alcance de la rectificación en equidad prevista por el artículo 20 superior.
(Sic) 4.1. El derecho a la rectificación en equidad.
La rectificación en condiciones de equidad es una garantía de orden constitucional cuyo objeto consiste, por un lado, en asegurar que la información emitida se ajuste a los mandatos de veracidad e imparcialidad establecidos en el artículo 20 superior y, por el otro, en atenuar la afectación de los derechos que resultan lesionados con la inobservancia de esas exigencias(21).
El derecho a la rectificación se vincula así con dos dimensiones, una individual o personal y otra colectiva o social. La primera tiene que ver con la facultad de exigir a quien exteriorizó en los medios de comunicación —orales o escritos— informaciones falsas, erróneas, incompletas o inexactas, mediante las cuales vulneró derechos constitucionales fundamentales, “la expresión de la versión diferente del afectado”(22). La dimensión social se relaciona con la garantía de que quienes integran la comunidad recibirán una información distinta a la emitida por el agraviante apta para contrastar, contradecir o confrontar las declaraciones objeto de rectificación. Ahora bien, si en un principio la titularidad del derecho de rectificación se predica de las personas naturales, también se hace extensivo a las personas jurídicas cuando está de por medio el desconocimiento del derecho al buen nombre.
La rectificación debe efectuarse, como su nombre lo indica, en equidad, esto es, ha de asegurarse “un despliegue informativo equivalente”,(23) de modo que el receptor del mensaje falso, erróneo, incompleto o inexacto esté en posibilidad de identificar que en efecto resultó “pertinente para subsanar el perjuicio generado y/o para contrarrestar el ejercicio abusivo de la libertad de expresión”.
Según lo dispuesto por el artículo 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos:
El derecho de rectificación, en términos del precepto citado, faculta a cualquier persona, afectada por cuenta de informaciones inexactas o agraviantes, emitidas por medios de difusión reglamentados y dirigidos al público en general, para exigir que, en el mismo medio de difusión y con arreglo a lo dispuesto por la ley, se rectifique o se le permita dar respuesta a los agravios ocasionados. La norma arriba transcrita también prescribe claramente que, así haya tenido lugar la rectificación, ello no exime de otras responsabilidades legales en las que se hubiere incurrido —se destaca—.
Cabe resaltar asimismo que el derecho de rectificación se ejerce en relación con hechos inexactos, falsos, incompletos que infunden agravios en los derechos o en la dignidad de las personas o de las autoridades públicas. Tanto la jurisprudencia como la doctrina ratifican que son los hechos y no las opiniones los que deben ser rectificados, dado el carácter subjetivo de estas últimas. En efecto, se ha reconocido que mientras las opiniones se encuentran relacionadas con la exteriorización de juicios de valor, la información atañe a la comunicación de un conocimiento sobre determinada situación o hecho.
Y, si en varias ocasiones se ha llamado la atención acerca de que en la acción de comunicar estas dos operaciones suelen presentarse con frecuencia combinadas, por cuanto sucede que el hecho se presenta evaluado, ello no resulta óbice para exigir que quien informa sobre hechos y situaciones actúe “de manera prudente y diligente” respecto de la comprobación de los mismos(24). No se requiere que “la información sea estrictamente verdadera, sino que comporta la necesidad de haber agotado un razonable proceso de verificación, aunque la total exactitud sea controvertible o se incurra en errores siempre y cuando no se afecte la esencia de lo informado”.
Se ha sostenido asimismo que la información debe emitirse de modo que se ciña a los hechos y tenga como fin orientar a la opinión pública; de darse el caso, debe alertarla, pero no puede encaminarse a manipularla con el propósito de “imponer [las] propias convicciones o hacerla útil a sus intereses, pues con ello no solo vulneraría los derechos fundamentales de terceros, sino que [se] atentaría contra los fundamentos mismos del Estado democrático”(25). Adicionalmente se ha recordado que quien solicita la rectificación debe probar prima facie que el mensaje emitido es falso, erróneo inexacto o incompleto. No obstante, cuando el mensaje difundido es injurioso y se refiere a personas identificables, pero se encuentra sustentado en hechos carentes de precisión, entonces se invierte la carga de la prueba(26).
La jurisprudencia constitucional más reciente reitera el sentido y alcance del derecho a la rectificación en tanto remedio para cumplir con “la función social de la libertad de prensa”(27). Sostiene la Corte —se mantienen las citas a pie de página en el texto transcrito—:
“La posibilidad de acudir ante un medio de comunicación para solicitar que se corrija la información en condiciones de equidad, es un derecho constitucional fundamental de la misma entidad que el derecho constitucional fundamental a la libertad de expresión y que el derecho constitucional fundamental a la libertad de información. El ordenamiento jurídico colombiano diseñó así un instrumento que sin valerse del ius puniendi del Estado, constituye una forma de defensa eficaz de la honra y del buen nombre como derechos constitucionales fundamentales que pueden, en ocasiones, verse vulnerados por los medios de comunicación. Entre las ventajas que se desprenden del derecho a la rectificación en equidad se pueden mencionar, principalmente, las siguientes:
(i) constituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y más cercano en el tiempo a la concreción del daño; (ii) garantiza la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad de expresión y de información; (iii) no presupone para su ejercicio que se declare, previamente, la existencia de responsabilidad civil o penal del comunicador o que se establezca la intención de dañar o la negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o parcial; (iv) basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla; (v) ofrece una reparación distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna ‘impide que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales’(28). (vi) no persigue imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del agresor por cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la reputación de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer —con igual despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión— un espacio destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad. Así, ‘según los términos del acto comunicativo vulnerador, a los sujetos pasivos deberá aclarárseles que las aseveraciones son realmente sus valoraciones, que los hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus denuncias no son arbitrarias sino que tienen unos hechos que lo sustentan’(29). (vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial —penal y moral—, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico”(30).
Visto el sentido y el alcance del derecho a la rectificación queda claro que su ejercicio no excluye ni puede descartar acudir a otras vías alternas cuando, dadas las circunstancias en que se presenta el caso concreto, resulta indispensable transitarlas, ajustándose, desde luego, a los preceptos constitucionales y, por la vía establecida en el artículo 93 superior, a las prescripciones derivadas de los textos contemplados en tratados internacionales sobre derechos humanos y a la jurisprudencia encaminada a fijar el sentido y alcance de tales derechos. Lo anterior por cuanto, como también lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional:
“El Estado tiene la obligación de ‘rodear a los medios de comunicación de todas las garantías que sean necesarias para que estos puedan cumplir con la función social que les corresponde, dado que su desarrollo y funcionamiento constituyen base fundamental de un Estado democrático, evitando presiones e interferencias provenientes de los poderes que lo conforman, o de otros poderes o fuerzas de la sociedad, [deber que va paralelo] a la obligación de los medios de ejercer su derecho a informar y cumplir sus funciones con responsabilidad”(31).
Debe recordarse, en este lugar, que la Carta Política marca especial énfasis en la necesidad de garantizar la democracia participativa tanto como el pluralismo y la diversidad cultural, valores estos elevados a la categoría de principios constitucionales fundamentales en los artículos 1º y 7º superiores(32) al paso que consignados en varios preceptos constitucionales (art. 2º,(33) 3º,(34) 4º,(35) 6,(36) 40(37) y 95 superiores,(38) entre otros) y ha de resaltarse asimismo que dicha garantía quedaría convertida en letra muerta de no ser por la posibilidad, asegurada también en el texto constitucional, de ejercer de la manera más amplia posible la libertad de expresión y de impedir cualquier tipo de censura (C.P., art. 20)(39).
Si los términos en que se exteriorizan las críticas —y de estas no puede eximirse a las actuaciones realizadas por las autoridades judiciales—, deben acomodarse a los postulados de veracidad y de imparcialidad establecidos en el artículo 20 superior en el que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial”, lo cierto es que los criterios con que se miden las opiniones disidentes que afectan a las autoridades públicas son más amplios y las sanciones que se imponen para contrarrestar abusos menos severas.
Quiere decir todo lo anterior que, cuando se trate de sancionar excesos o abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, en su modalidad de libertad de información, tan de crucial importancia para la plena realización de la democracia pluralista, la sanción debe “dar prioridad a medidas que no afecten el principio democrático, como puede ser la rectificación o el derecho de réplica”(40) y, en consonancia con lo sostenido por la jurisprudencia europea e interamericana, “que si una disculpa pública ampliamente difundida resulta apta para remediar la afectación del derecho al honor o al buen nombre, debe preferirse y, entonces, no cabría sanción civil”(41) —se destaca—.
En pocas palabras, tanto la jurisprudencia constitucional como la interamericana han sido insistentes en sostener que las sanciones que resulta del caso imponer para resarcir los perjuicios producidos por la exteriorización de información, no veraz y parcializada, han de ser moderadas en razón de la importancia que adquiere la libertad de expresión para el ejercicio del control de la gestión pública.
Dicho lo anterior, también resulta preciso destacar que la realización de los principios democrático y pluralista no solo supone el ejercicio de derechos y libertades, sino también la necesidad de asumir un conjunto de responsabilidades encaminadas, como lo dice el propio texto constitucional, a “engrandecer y dignificar a todos los miembros de la comunidad nacional”.
Cabe recordar en este lugar que la libertad de expresión, en general, y, particularmente, la libertad de información “cumple unas funciones específicas, entre ellas, ser un control del poder (dentro de la idea de una sociedad democrática) y ser depositaria de la confianza pública”(42). En pocas palabras, la libertad de información representa en un Estado democrático “instrumento de libertad y legitimidad democrática”(43).
Aparte de cumplir con la Constitución y con las leyes, en el ejercicio de sus derechos y libertades, en el ejercicio de sus derechos toda persona tiene a su cargo observar los siguientes deberes enlistados en el artículo 95 superior:
(i) “[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”; (ii) “[o]brar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”; (iii) “[r]espetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales”; (iv) “[d]efender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”; (v) “[p]articipar en la vida política, cívica y comunitaria del país”; (vi) “[p]ropender al logro y mantenimiento de la paz”; (vii) “[c]olaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”; (viii) “[p]roteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”; (ix) “[c]ontribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
Para el tema que nos ocupa cobran especial relevancia dos de los deberes arriba transcritos; el que condiciona el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales “al respeto por los derechos ajenos y al no abuso de los propios” y el que hace referencia a la “necesidad de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Estima la Sala que estas dos responsabilidades en cabeza de todas las personas, sin distinción —como lo establece el propio artículo 95—, buscan impedir el ejercicio desproporcionado, abusivo y, por ende, arbitrario de los derechos. Y es que su materialización en un ordenamiento constitucional abierto al pluralismo, no resulta factible sin sujeción a límites y, no es viable, justamente, por cuanto bajo esa característica suelen presentarse ineludiblemente sinnúmero de conflictos entre derechos o bienes jurídicamente tutelados; de ahí que para garantizar su convivencia pluralista sea imprescindible trazar fronteras.
En el contexto atrás presentado, puede concluirse que la imposición de medidas correccionales se sintoniza, en el caso concreto, con el cumplimiento de fines constitucionalmente legítimos, entre los cuales, impedir el ejercicio abusivo y arbitrario de los derechos y libertades, al paso que frenar actuaciones encaminadas a cuestionar —de manera injustificada— la dignidad y respetabilidad institucional de la administración de justicia, ocupan un lugar preeminente.
Siguiendo estas finalidades constitucionalmente legítimas,(44) vale decir que el juez, como supremo director del proceso, tiene la obligación de garantizar el normal desarrollo del juicio y la realización de los derechos de las partes y de la sociedad en general, toda vez que la labor jurisdiccional “trasciende el interés particular de las partes en conflicto”, al punto que el legislador le confiere facultades de mantener, tanto “el orden y la disciplina que son esenciales en espacios en los cuales se controvierten derechos y se dirimen situaciones en las que predominan conflictos de intereses”, como “el principio de autoridad que le es esencial para el cumplimiento de sus funciones”.
Por tanto, quienes “le falten al respeto y mancillen con su comportamiento su autoridad y la majestad de la justicia que él encarna”, serán sujetos de medidas correccionales para hacer “prevalecer y preservar la dignidad de la justicia, pues esto no solo es compromiso de los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama judicial sino que, con igual énfasis, se reclama deferencia y respeto hacia aquellos de parte de los particulares que acceden a los estrados judiciales”(45).
Se resalta, entonces, que las medidas en mención no se dirigen a hacer notar la importancia del juez, sino la majestad de la justicia como institución y asimismo el respeto y la consideración que esta demanda, motivo por el cual los desafueros que adolecen de justificación alguna, así se dirijan en contra de los servidores judiciales, “con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales”, al tenor de lo dispuesto en el artículo 95 superior, habrán de entenderse dirigidos en contra del orden y la consideración por los que la administración de justicia propende.
Tejer un manto de duda respecto de la forma como las instituciones estatales administran justicia, sin ofrecer un mínimo soporte fáctico, constituye un abuso del derecho, implica atentar gravemente contra la propia idea institucional de justicia y abre paso a que, rota injustificadamente la confianza y, por ello mismo, resquebrajada la legitimidad institucional, impere la justicia por propia mano, así que resulte difícil o incluso imposible interrumpir el circulo de la venganza —la ley del talión— que tantos y tan denodados esfuerzos ha costado superar.
En ese horizonte de comprensión, el hecho de que el señor Saúl Kattan Cohen asegure que con sus declaraciones no pretendió o tuvo la intención de afectar la dignidad del Consejo de Estado y lo haya manifestado de inmediato al día siguiente ante el mismo medio de comunicación, incluso antes de que se iniciara la presente investigación y que haya presentado disculpas a esta corporación por sus declaraciones, es un gesto positivo que se abona a la conducta del encartado y se acompasa con lo establecido por el artículo 20 superior en relación con el derecho a la rectificación(46).
Empero, atrás se señaló que, así haya tenido lugar una rectificación, ello no excluye la posibilidad de acudir a otras vías para resarcir el daño ocasionado, si la rectificación resulta insuficiente. En tal eventualidad, no cabe sostener —como erradamente lo afirma el encartado por conducto de su apoderado—, que se configura doble juzgamiento y, menos, autoincriminación. Ya arriba se indicó que la rectificación tiene unos objetivos muy concretos; se mencionó igualmente que con ella no se agota la posibilidad de resarcir el daño ocasionado por el ejercicio abusivo de la libertad de información. De todos modos, la cuestión acerca de si cabe una sanción adicional y, en dado caso, cuál ha de ser, deberá precisarse con arreglo a las circunstancias del caso concreto y de conformidad con la legislación aplicable, leída a la luz de la jurisprudencia constitucional e interamericana.
En el sub lite se tiene que, antes de que el señor Saúl Kattan Cohen fuera informado de requerimiento alguno por parte de esta corporación, el día 31 de mayo de 2012, esto es, al otro día de la declaración que viene siendo analizada, pero en todo caso luego de la manifestación pública del presidente de la corporación, el implicado ofreció la siguiente entrevista al mismo medio de comunicación(47) —se destaca—:
JULIO: Las noticias en la W, Saúl Kattan es el gerente de la ETB, hemos intentado hablar con COMCEL, ellos discrecionalmente, prefieren únicamente utilizar comunicados, así es de que nos toca el comunicado de COMCEL y volver a llamar a la ETB, señor Kattan buenos días, señor Kattan, señor Kattan me escucha.
SAÚL: Julio lo oigo.
JULIO: Buenos días como está usted.
SAÚL: Bien muchas gracias.
JULIO: Me han dicho que usted ha considerado como una grosería la respuesta de COMCEL, eso es así.
SAÚL: Pues no, no quiero decir una grosería, pero me parece pues bien curioso el comunicado que sacó COMCEL, donde cuando (sic) tienen que cobrar la plata años anteriores si se aprovechan y cobran la plata ahí si es problema de ellos y cuando tienen que devolver la plata pues ellos no tienen nada que ver, pues eso me parece pues súper curioso.
CAMILA: Y ahora, quiero peguntarle doctor Kattan sobre la respuesta del Consejo de Estado, y el comunicado que leyó el día de ayer su presidente, sobre las declaraciones que tanto usted como el alcalde de Bogotá Gustavo Petro dieron sobre este asunto.
SAÚL: Bueno, quiero aprovechar para presentar excusas, al Consejo de Estado, al honorable Consejo de Estado, por las malas interpretaciones y no quiero que esto lo conviertan en una cortina de humo, para el tema que finalmente nos atañe, nosotros no estamos faltando al respeto al Consejo de Estado, lo respetamos, sin embargo pues tenían un plazo de 90 días que venció en diciembre, estamos a 31 de mayo cinco meses después y no recibimos respuesta, eso es lo que nos parece curioso, necesitamos que COMCEL nos devuelva la plata a ETB, suman más de doscientos mil millones de pesos, es un montón de dinero entonces no queremos que con comunicados que anuncian posibles medidas correctivas cambiemos de tema, pido excusas si se malinterpretó mi declaración, no fue nuestra intención hablar mal del Consejo de Estado, pero pues estamos cinco meses pasados del tiempo establecido pues si eso pues no debería ocurrir de esa manera, pues creo que se ha manifestado el Ministro de justicia, el ministro carrillo (sic), todo el mundo diciendo “señores, tienen que definir la plata es de ETB” pero no recibimos una definición por parte de ellos.
Cierto es que parte de lo manifestado por el señor Kattan Cohen a la “W” Radio el día 30 de mayo del año 2012, puede catalogarse de opiniones y, frente a tales expresiones, como ya se vio, no resulta factible la rectificación; no sucede lo mismo con las expresiones que en forma no veraz y parcializada le atribuyen a la corporación el “hacerse la de la vista gorda” e incluso relacionan el trámite con el “lobby” que estarían realizando los abogados de Comcel. El encartado alega estar siendo víctima de trato discriminatorio, por cuanto otras personas han publicado similares pareceres y, sin embargo, no han sido objeto de un procedimiento como el que se desarrolla en esta sede.
Pero es que el señor Kattan Cohen olvida que la presente investigación se inició no por las declaraciones o las opiniones expresadas por él y otras personas sobre el Consejo de Estado en los medios de comunicación, las que podrían estar enmarcadas en la libertad de expresión. El procedimiento que con esta decisión se resuelve se originó en razón de que él resolvió efectuar imputaciones infundadas respecto de las autoridades encargadas de definir un asunto judicial en curso faltando a los postulados de veracidad e imparcialidad; mancillando, de contera, la dignidad de la justicia así como tejiendo un manto de duda sobre su respetabilidad y credibilidad, indispensables para el buen funcionamiento de las instituciones en una sociedad democrática.
En el presente caso, al tener por objeto la medida correccional de que se trata la protección del respeto y la dignidad de la administración de justicia, para restaurar el daño causado por declaraciones de quien resolvió elevar imputaciones infundadas respecto de las autoridades judiciales encargadas de resolver un asunto en particular, considera la Sala que, aun cuando la rectificación y la presentación de excusas deben valorarse en el sub lite positivamente, no resultan suficientes por cuanto el hecho de manifestar que no se tuvo intención de o no se pretendió afectar y que se obró, más bien, de buena fe, no restablece la dignidad de la administración de justicia mancillada, con las graves imputaciones que, motu proprio, y de manera por entero carente de sustento fáctico o jurídico elevó el encartado.
Debe tenerse en cuenta que las exigencias de veracidad e imparcialidad de la información sobre hechos o situaciones no solo buscan impedir el ejercicio arbitrario del derecho a informar; persiguen asegurar, de la manera más eficaz, el derecho de participación democrática en el ejercicio del control de la gestión pública el cual se vería seriamente entorpecido e, incluso obstaculizado, si la ciudadanía —receptora del mensaje—, no puede confiar en la información emitida, pues ella ha sido exteriorizada de manera que no se ajusta a los hechos y carece, por tanto, de veracidad e imparcialidad con lo cual le resulta poco factible o imposible realizar un juicio consciente y razonado. Vale recordar, en este lugar, lo sostenido recientemente por la Sala —se mantienen las citas en el texto trascrito—:
“El derecho a la información, que, sobra advertir, no solo se reduce a su esfera de protección en el artículo 20 de la Constitución Nacional, sino que comprende, y en esto debe el juez contencioso administrativo operar en virtud del control de convencionalidad, también su consagración y alcance según el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que fue incorporada al derecho colombiano por L. 16/72), tiene por objeto no solo la garantía de la libertad de quienes son los sujetos activos que difunden o emiten una noticia, una investigación, una información en términos generales (...) sino también el derecho de quienes la reciben(48)”.
En el sub lite el actor se abstuvo de comprobar mínimamente si las imputaciones hechas tenían algún asidero fáctico o probatorio. Lo cierto tuvo que ver, más bien, con que, pretendiendo informar sobre hechos cuya ocurrencia no le constaba, las afirmaciones hechas por el encartado desconocieron derechos constitucionales fundamentales de terceras personas, en especial, el derecho a la presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso de los magistrados de la Sección Tercera. Tales afirmaciones carentes de veracidad y de imparcialidad mancillaron asimismo la dignidad de la justicia y atentaron, por consiguiente, contra los fundamentos institucionales del Estado democrático.
Como ya antes se señaló, cuando quien pretende informar realiza afirmaciones injuriosas o la información que pretende hacer llegar a la opinión se apoya en hechos falsos, incorrectos, tergiversados, equívocos o carentes de precisión se invierte la carga de la prueba y, corresponde al emisor, probar la veracidad e imparcialidad de su mensaje. Ello no ocurrió en el sub lite. El encartado no pudo comprobar que las acusaciones elevadas por él contra esta corporación tuvieran algún asidero en la realidad. Aunque insistió en sostener que se había restringido a emitir opiniones sin intención de ofender, lo cierto es que no solo se contrajo a exteriorizar opiniones; así haya sido de manera indirecta o velada pretendió imputar a esta corporación y, más concretamente, a los integrantes de la Sección Tercera hechos que jamás ocurrieron y cuya realización al instante de emitir la información no le costaba; al punto que tampoco pudo probar la existencia de tales imputaciones en el sub lite.
Con todo, la desinformación se difundió y ocasionó daño profundo e irreversible a la dignidad de la justicia. De esta suerte, pretender que la rectificación resulta suficiente, es a todas luces contrario a i) los mandatos legales encaminados a exigir el respeto por la dignidad de la justicia (L. 270/98, art. 58, num. 1º); ii) los imperativos constitucionales encaminados a procurar el ejercicio responsable de los derechos fundamentales y a impedir que se incurra en actuaciones abusivas (C.P., art. 95). Y es que lo que se encuentra acá en juego no es solamente la dignidad y el buen nombre de cada una de las autoridades judiciales integrantes de la Sección Tercera sino, se repite, la respetabilidad y credibilidad institucional que quedó seriamente lesionada por cuenta de tachas infundadamente elevadas, imposibles de recoger una vez esparcidas en la opinión pública.
Puesto en otros términos: puede ser que las expresiones cuestionadas no hayan constituido afirmaciones categóricas. No obstante, la desinformación se difundió y se configuró la falta; correlativamente, para restaurar la dignidad de la administración de justicia era necesaria la rectificación, cuando menos, de la misma categoría a la expresión dañina y, por lo mismo, ante una insinuación, la presentación de excusas. Y, aunque la rectificación en términos generales tuvo lugar, ello no resulta suficiente. Es que de manera alguna puede pasarse por alto la intervención irrespetuosa del señor Saúl Kattan Cohen el pasado 30 de mayo en la W Radio que configuró una “falta de respeto al Consejo de Estado y en particular a los magistrados de la Sección Tercera de esta corporación, a propósito de las actuaciones que se han surtido, con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales”, en los términos señalados en la providencia que imputó cargos y dio lugar al trámite que hoy se resuelve.
Como ya se mostró en las consideraciones de la presente providencia, la libertad de expresión —en su modalidad de información— en nuestro ordenamiento constitucional dista de ser ilimitada; supone un ejercicio responsable, veraz e imparcial dada la importancia de esta libertad para la efectiva concretización de una sociedad democrática abierta al pluralismo en donde resulta factible ejercer de manera informada, consciente y reflexiva el control democrático de la gestión pública. Así y todo, no están cobijados por la libertad de información, ni caen bajo el margen de protección de esta libertad, discursos encaminados a elevar ante los medios de comunicación, incluso veladamente, imputaciones infundadas o injuriosas; menos cuando ellas se emiten en el marco de procesos en curso, en cuanto no queda sino concluir que se direccionan a sembrar dudas injustificadas en la opinión pública sobre las actuaciones y decisiones que se habrán de tomar.
Si, hoy por hoy, el vínculo existente entre las entidades estatales y la ciudadanía se construye sobre unas bases diferentes a las que predominaron tiempo atrás y ya no impera, como antes solía prevalecer, el criterio del soberano legibus solutus, ni la imposición dogmática de la autoridad, ni la prepotencia, ni la inmunidad a la crítica, ni la resistencia a que se ejerza, por los causes formales e informales previstos para el efecto, el control de la gestión pública, lo cierto es que existen unos límites o fronteras que no se pueden trasgredir, pues, si se traspasan, se presentan consecuencias que impiden el debido ejercicio del control democrático de la gestión pública así como resquebrajan la supervivencia misma de la institucionalidad. Y es que resulta de extrema gravedad elevar acusaciones infundadas empero proyectadas negativamente sobre la legitimidad y la credibilidad de la administración de justicia, así hayan sido exteriorizadas a la manera de insinuaciones veladas o indirectas.
En pocas palabras, existe en nuestro ordenamiento un derecho a controvertir de la manera más amplia posible las decisiones y actuaciones judiciales; es factible que ello suceda por canales formales e informales. Lo anterior por cuanto los caminos formales permanecen abiertos únicamente respecto de las partes de los procesos y están sujetos a un conjunto de requerimientos tan exigentes que, si no se garantizan otras vías no formales, el control de la gestión pública en relación con las actuaciones y decisiones de las autoridades judiciales en un Estado de derecho se vería truncado.
Algo muy distinto es lo que tiene que ver o se relaciona con exteriorizar, así sea veladamente, imputaciones delictivas sin sustento fáctico; sin perjuicio de los cauces formales cuya existencia y finalidad no es otra distinta que investigar garantizando, en todo caso, la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso (C.P., art. 29) de lo que se excluye la ventilación de imputaciones delictivas sin sustento ante los medios de comunicación. En este caso agravada, porque además de faltar al deber de un actuar responsable, se causó un daño profundo a la dignidad, credibilidad y legitimidad de la administración de justicia, como institución necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Por consiguiente, estima la Sala que las consideraciones efectuadas resultan suficientes para concluir la necesidad de imponer medida correccional y encuentra que, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 270 de 1998 según el cual “[c]uando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de diez salarios mínimos mensuales”, se sancionará al señor Saúl Kattan Cohen con medida consistente en multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberán ser consignados en la cuenta 3-0070-0000-30-4 DTN Multas y Cauciones Efectivas del Banco Agrario a la orden del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.
Estima la Sala que, aunque el daño se causó y resulta imposible volver las cosas al estado anterior, la medida adoptada se encamina a restablecer la honorabilidad de la administración de justicia y se adecúa a las exigencias derivadas de la jurisprudencia constitucional e interamericana por los motivos que pasan a exponerse enseguida.
La medida correccional se encuentra prevista en la ley —L. 270/98, art. 58— y persigue, como se dejó sentado, un fin constitucional legítimo derivado de las prescripciones contempladas en el artículo 95 de la Constitución Política(49). La imposición de la medida correccional se hace necesaria para preservar la dignidad y credibilidad de la justicia, seriamente cuestionadas por las imputaciones infundadas que hiciere el encartado, el día 30 de mayo de 2012, ante la W Radio.
Las autoridades judiciales son pieza fundamental en un Estado de derecho. Tienen a su cargo garantizar el buen funcionamiento de la justicia institucional edificada sobre la credibilidad y legitimidad de sus actuaciones; sobre la independencia, autonomía y corrección de su proceder. Los ataques destructivos llevados a cabo sin sustento tejen un manto de duda y ponen en entredicho su dignidad y asimismo la pervivencia de las instituciones así ellos hayan sido exteriorizados sin intención de dañar. Se repite, cuando lo que se declara tiene que ver —así sea veladamente—, con imputaciones infundadas respecto de las autoridades judiciales que habrán de decidir el proceso al que se hace relación, de antemano se soslaya la autoridad y el acatamiento de la decisión.
Bajo tales circunstancias, las imputaciones en contra del Consejo de Estado, concretamente, en contra de la Sección Tercera, no le aportaron nada positivo a la institucionalidad; al contrario la desprestigiaron y desacreditaron sin justificación alguna ante la opinión, tejiendo un manto de duda sobre la actuación adelantada y la decisión que habría de tomarse, sin oportunidad alguna para controvertir o desmentir las acusaciones. Los garantes de la justicia son las autoridades judiciales; si su prestigio se viene al piso injustificadamente pierde la institucionalidad y la sociedad democrática que le sirve de sustento.
Lo anterior no significa desconocer la necesidad imperiosa de que los asociados puedan expresarse de sus autoridades, pues ello, ya se dijo, no solo resulta factible sino indispensable para la buena marcha del Estado social, democrático y pluralista de derecho. Pero la crítica extrema, incluso, mordaz, no se equipara ni puede hacerse equivalente a las insinuaciones infundadas manifestadas por el señor Kattan Cohen ante los medios de comunicación contra las autoridades judiciales encargadas de administrar justicia en un caso determinado.
Como lo ha recordado la doctrina “[s]e puede utilizar un tono crítico, polémico [aún] si ofende al Estado incluso aquellas [expresiones] exageradas; pero la judicatura debe estar protegida de ataques destructivos si son infundados, especialmente si contemplamos el hecho de que los jueces están sometidos a un deber de discreción que les impide responder a la crítica”(50) —se destaca—. Lo anterior, que resulta válido en general, cobra mayor alcance en el sub lite. Varias veces se ha mencionado en el presente proveído que ante imputaciones injuriosas infundadas contra las autoridades judiciales competentes se invierte la carga y corresponde a quien las exterioriza verificar la solidez fáctica y jurídica de su incriminación(51). Si ello no ocurre, esto es, si no se logra demostrar el sustento fáctico, jurídico y probatorio de las acusaciones, deben aplicarse los correctivos establecidos en el ordenamiento.
En conclusión, la medida correccional en el sub lite i) no se dirige a sancionar expresiones o juicios de valor críticos contra el Consejo de Estado y, concretamente, contra la Sección Tercera y sus integrantes. Como ya atrás se mencionó imponerle exigencias de veracidad o imparcialidad —incluso de razonabilidad y de proporcionalidad—, a las opiniones está proscrito tanto por la jurisprudencia constitucional como por la interamericana; ii) no se encamina a sancionar la exteriorización de una información sustentada en los postulados de veracidad y de imparcialidad, así ella tenga la potencialidad de impactar negativamente la imagen de las instituciones estatales y iii) no busca tampoco darle un entendimiento a las exigencias de veracidad o imparcialidad previstas en el artículo 20 superior, en orden a manguar la libertad de informar, pues, en concordancia con la jurisprudencia constitucional e interamericana, tales requerimientos se cumplen si se observan requisitos mínimos de razonabilidad.
La sanción en el sub lite se aplicará por cuanto el señor Saúl Kattan Cohen, al referirse a un asunto judicial ante un medio de comunicación, faltó a los postulados de veracidad e imparcialidad respecto de las autoridades judiciales encargadas de tramitar y resolver. Así estas declaraciones hayan sido hechas de manera velada o indirecta, no por ello pueden aceptarse, pues consiguieron tejer injustificadamente un manto de duda sobre la actuación en curso, reflejando por parte de quien las exteriorizó un proceder imprudente, inmoderado y negligente que configuró un irrespeto a la dignidad institucional de la justicia, en los términos del artículo 58 de la Ley 270 de 1996, leído a la luz de lo dispuesto por el artículo 95 superior.
Brevemente, la medida correccional en el sub lite es ulterior, se sustenta en el criterio de mínima injerencia y tiene como propósito restablecer la dignidad de la justicia gravemente mancillada. El interés por mantener abiertos los escenarios para debatir sobre la gestión de las autoridades públicas de la manera más informada, consciente, amplia, profunda, sólida y vigorosa no se ve menguado porque se adopten medidas de responsabilidad ulterior, si se ha hecho uso abusivo de los derechos, en los términos en los que ello ocurrió en el asunto bajo examen de esta Sala y que fueron descritos con detalle en las consideraciones de la presente providencia.
1. IMPONER MEDIDA CORRECCIONAL al señor SAÚL KATTAN COHEN, consistente en una multa de cinco (5) salarios mínimos legales vigentes de conformidad con lo establecido por el artículo 60 de la Ley 270 de 1996 y con arreglo a las consideraciones precedentes.
El antes nombrado deberá consignar la suma atrás señalada en la cuenta 3-0070-0000-30-4 DTN multas y cauciones efectivas del Banco Agrario a nombre del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los tres (3) días seguidos a la ejecutoria de esta decisión.
2. Contra la presente providencia procede, según lo dispuesto en el último inciso del artículo 60 de la Ley 270 de 1996, el recurso de reposición que será resuelto de plano.
3. Por secretaría REMÍTASE COPIA a la Dirección ejecutiva de administración judicial para lo de su cargo.
(2) ART. 58.—Medidas correccionales. Los magistrados, los fiscales y los jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos: // 1. Cuando el particular les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales (...).
(3) ART. 58.—Medidas correccionales. Los magistrados, los fiscales y los jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos: // (...) 3. Cuando cualquier persona asuma comportamientos contrarios a la solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, o al decoro que debe imperar en los recintos donde estos se cumplen (...).
(4) ART. 39.—Poderes disciplinarios del juez. El juez tendrá los siguientes poderes disciplinarios: // (...) 2. Sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. // Para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, prueba testimonial o con copia del escrito respectivo. // El arresto se impondrá por medio de resolución motivada que deberá notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de reposición. // Ejecutoria la resolución, se remitirá copia al correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá hacerla cumplir inmediatamente (...).
(5) “El precepto que se revisa busca que magistrados, fiscales y jueces hagan prevalecer y preservar la dignidad de la justicia, pues esto no solo es compromiso de los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama judicial sino que, con igual énfasis, se reclama deferencia y respeto hacia aquellos de parte de los particulares que acceden a los estrados judiciales... Por otra parte, encuentra la Corte que la facultad del funcionario judicial de adoptar medidas correccionales frente a los particulares que incurran en alguna de las causales que justifican la adopción de medidas sancionatorias, tiene fundamento en el respeto que se le debe a la administración de justicia, eso sí sin perjuicio de otras determinaciones que puedan adoptar las demás autoridades competentes” Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(6) Referencia extraída: Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-218 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
(7) [93] Véase, Justicia Penal y Libertad de Prensa. San José de Costa Rica, Ilanud, Comisión de las Comunidades Europeas, 1992. Citado por: Eduardo A. Bertoni, El derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en: Claudia Martín, Diego Rodríguez Pinzón y José A. Guevara, compiladores, en: Derecho internacional de los derechos humanos, Washington Collage of Law, American University, 2004.
(8) Con excepción de los “espectáculos públicos... con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia”.
(9) Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(10) Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-417 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(11) La Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, precisó que una de las diferencias entre las noticias y las opiniones en los medios de comunicación, parte de las divergencias en la aproximación a los hechos entre el periodismo de información, en el que el comunicador asume el rol de transmisor presentando los hechos de manera neutral-, mientras que con el periodismo de opinión, el comunicador toma una posición determinada frente a unos hechos, buscando a través de la presentación persuasiva de los mismos, expresar esa opinión. En estas últimas columnas, los autores escriben sobre los temas de interés, asumiendo la responsabilidad por sus ideas, y basándose en hechos previamente divulgados por los medios o en aquellos sobre los que hayan tenido algún conocimiento por investigación o fuentes.
(12) Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-263 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(13) Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-213 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(14) Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.
(15) De conformidad con el artículo 61 de la Ley 1341 de 2009, el representante legal de Caracol S.A. remitió la siguiente transcripción certificada por el Editor General de la W Radio, señor Yamit Palacio (fls. 63-65).
(16) Según el DRAE, “hacer alguien la vista gorda” (loc. verb. coloq.) significa: “fingir con disimulo que no ha visto algo” http://lema.rae.es/drae/?val=vista%20.
(17) Prevaricatos por acción y por omisión descritos en los artículos 413 y 414 de la Ley 599 de 2000, cuyas penas fueron aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
(18) Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14, inciso 2º: “[e]n ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”.
(19) Ley 270 de 1996, artículo 58, parágrafo único: “[l]as medidas correccionales a que se refiere este artículo, no excluyen la investigación, juzgamiento e imposición de sanciones penales a que los mismos hechos pudieren dar origen”.
(20) Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(21) Cfr. Alejandro Rosas Martínez, ¿Derecho de rectificación, derecho de respuesta o derecho de réplica? Artículo aceptado para su publicación el 3 de junio de 2011 en Derecho Comparado de la Información julio-diciembre de 2011, pp. 67-102. Consultado en la red en el sitio www.juridicas.unam.mx el día 1º de febrero de 2013.
(22) Esta es la tesis defendida por Héctor Gros. Cfr. Cfr. Alejandro Rosas Martínez, ¿Derecho de rectificación, derecho de respuesta o derecho de réplica? Ob. Cit.
(24) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1723 de 2000.
(25) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-350 de 1997.
(26) Cfr. Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005), Rodrigo Uprimny et al., Bogotá, Andiarios, Fundación Konrad Adenauer, Dejusticia, 2006, pp. 24-25.
(27) Ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencias T-080 de 1993; T-472 de 1996; T-602 de 1995; T-206 de 1995; T-094 de 2000; T-131 de 1998; T-1000 de 2000.
(30) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-260 de 2010.
(31) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-350 de 1997.
(32) “ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. El artículo 7º superior establece, por su parte, “ART. 7º—El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” —se destaca—.
(33) “ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” —se destaca—.
(34) “ART. 3º—La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece” —se destaca—.
(35) “ART. 4º—La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. // Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” —se destaca—.
(36) “ART. 6º—Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” —se destaca—.
(37) “ART. 40.—Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: // 1. Elegir y ser elegido. // 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. // 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. // 4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. // 5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. // 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. // 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. // Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”.
(38) “ART. 95.—La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. // Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. // Son deberes de la persona y del ciudadano: // 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; // 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; // 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. // 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; // 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; // 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; // 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; // 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; // 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad” —se destaca—.
(39) “ART. 20.—Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. // Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” —se destaca—.
(40) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera, Subsección “B”—, sentencia del 29 de agosto de 2012, Radicado 199602059 01 (24097), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
(42) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo —Sección Tercera, Subsección “C”—, sentencia de 19 de noviembre de 2012, Expediente 76001-23-31-000-1998-01510-01 (25.506), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Aun cuando el caso tratado en la mencionada providencia es diferente al que está bajo examen de la Sala en la presente ocasión, pues en aquella oportunidad debió pronunciarse la Sala respecto de la difusión y puesta en conocimiento de noticias de carácter judicial o derivadas de investigaciones adelantadas por organismos policiales de inteligencia o de seguridad del Estado y las obligaciones que respecto de tales noticias se encuentran en cabeza de entidades estatales y de los medios de comunicación, deben destacarse los lineamientos establecidos en relación con las exigencias que la Constitución le impone a la libertad de información y que han de ser cumplidas para cumplir con determinadas funciones específicas relacionadas todas ellas con el ejercicio democrático del control de la gestión pública y cuya efectiva materialización depende de que no se defraude la confianza ciudadana garantizando que se emita información veraz e imparcial así como ajustada a la realidad y no dirigida a tergiversar, tejer mantos de duda injustificados o a manipular.
(44) Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.
(46) Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-263 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(47) Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(48) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Tercera, Subsección “C”—, sentencia de 19 de noviembre de 2012, Expediente 76001-23-31-000-1998-01510-01 (25.506), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Ver entre otras, sentencias de la Corte Constitucional T-512 de 1992; T-259 de 1994; T-1225 de 2003; T-209 de 2009. También puede verse decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Ivche Bronstein vs. Perú, 6 de febrero de 2001; Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2 de julio de 2004; caso Kimel vs. Argentina, 2 de mayo de 2008; caso Usón Ramírez vs. Venezuela, 20 de noviembre de 2009.
(49) Cfr. Diego Rodríguez Pinzón, El derecho a la honra y la reputación, artículo consultado en la red en el sitio http://www.wcl.american.edu/pub/humright/red/articulos/honra-peru.htm el 2 de febrero de 2013.
(51) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998.