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Timestamp: 2019-12-08 15:43:33
Document Index: 97434260

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 113', 'artículo 127', 'artículo 28', 'artículo 288', 'artículo 31', 'artículo 12', 'artículo 573', 'artículo 427', 'artículo 431', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 435', 'artículo 149']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 228-5, de 17/12/2018
cve: BOCG-12-B-228-5
Núm. 228-5
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Informe emitido por la Ponencia sobre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional, integrada por los Diputados D.ª María del Mar Blanco Garrido (GP), D.ª María José García-Pelayo Jurado (GP), D. Francisco Molinero Hoyos (GP), D. Juan Carlos Campo Moreno (GS), D.ª María Soraya Rodríguez Ramos (GS), D.ª Sara Carreño Valero (GCUP-EC-EM), D. Eduardo Santos Itoiz (GCUP-EC-EM), D. Francisco Javier Cano Leal (GCs), D. José Ignacio Prendes Prendes (GCs), D.ª Carolina Telechea i Lozano (GER), D. Mikel Legarda Uriarte (GV-EAJ-PNV), D. Enric Bataller i Ruiz (GMx) y D.ª Lourdes Ciuró i Buldó (GMx), ha estudiado detenidamente dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento ha acordado elevar a la Comisión de Justicia el siguiente
La Ponencia propone a la Comisión la aceptación de la enmienda 8 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Asimismo, la Ponencia propone la aceptación de la enmienda transaccional a la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, consistente en introducir una letra a bis) en el apartado 1 del artículo 127 bis, con el siguiente texto:
La Ponencia propone el rechazo del resto de las enmiendas presentadas.
Asimismo, se propone la incorporación de observaciones técnicas formuladas por las Letradas de las Cortes Generales adscritas a la Comisión de Justicia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2018.-María del Mar Blanco Garrido, María José García-Pelayo Jurado, Francisco Molinero Hoyos, Juan Carlos Campo Moreno, María Soraya Rodríguez Ramos, Sara Carreño Valero, Eduardo Santos Itoiz, Francisco Javier Cano Leal, José Ignacio Prendes Prendes, Carolina Telechea i Lozano, Mikel Legarda Uriarte, Enric Bataller i Ruiz y Lourdes Ciuró i Buldó, Diputados.
La referida directiva forma parte del paquete integrado también por el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, el cual ha sido
completado por dos normas derivadas: el Reglamento Delegado (UE) 2016/522 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, en lo que respecta a la exención relativa a determinados bancos centrales y organismos públicos de terceros países, los indicadores de manipulación de mercado, los umbrales de divulgación, la autoridad competente para las notificaciones de retrasos, la autorización de negociación durante periodos limitados y los tipos de operaciones de notificación obligatoria realizadas por los directivos; y el Reglamento Delegado (UE) 2016/957 de la Comisión, de 9 de marzo de 2016, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación aplicables a los mecanismos, sistemas y procedimientos apropiados, así como a las plantillas de notificación, que deben utilizarse para prevenir, detectar y notificar prácticas abusivas u órdenes u operaciones sospechosas.
Por el contrario, el cumplimiento de las demás previsiones contenidas en la directiva no requiere de otras modificaciones del Código Penal. Así, para la punición de los hechos, cuando se realicen en grado de tentativa, se dispone de la expresa previsión de los artículos 16 y 62 de este Código; la sanción de los actos de inducción a cometer aquellas infracciones está también prevista en el artículo 28 del mismo cuerpo legal; y el castigo de los actos de complicidad en tales comportamientos ilícitos se articula igualmente en el sistema legal vigente a través de los artículos 29 y 63 del Código Penal. Del mismo modo, el vigente artículo 288 de esta misma norma también prevé, en el sentido requerido por la directiva, la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de los indicados hechos delictivos, aplicándose, en virtud de las previsiones del artículo 31 bis, a los supuestos requeridos por la norma
europea. No obstante, se ha efectuado una modificación puntual de aquel precepto, para equiparar las sanciones establecidas en los casos previstos en los artículos 284 y 285 del Código Penal.
Del mismo modo, la directiva, en su artículo 12, apartado c) obliga a incluir entre los delitos terroristas la falsedad documental, que no estaba previsto en el artículo 573 del Código Penal. Por otro lado, el viaje con fines terroristas tiene una regulación mucho más amplia en la Directiva 2017/541/UE que el fijado en la Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que inspiró la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, al no exigir que el viaje tenga por destino un territorio controlado por terroristas. Por último, se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo, que sólo se preveía hasta ahora para los delitos de financiación del terrorismo.
Del análisis realizado quedaban dudas sobre si alguna de las conductas de corrupción en el ámbito privado, recogidas en la Sección 4ª del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código Penal, sobre los
delitos de corrupción en los negocios, podría quedar excluida si no se describían en determinados términos. También se consideró que procedía revisar la corrupción de jurados y árbitros para asegurar su incriminación, no sólo cuando actuaran en ejercicio de funciones públicas, sino también cuando operaran como colaboradores para realizar esas funciones o desempeñaran funciones privadas, tanto en el aspecto activo como en el pasivo. Por último, se destacó que la definición de funcionarios públicos extranjeros prevista en el artículo 427 del Código Penal no era aplicable en los casos en que el delito cometido por éstos fuera el de tráfico de influencias, por lo que se hacía necesaria una precisión concreta respecto de la responsabilidad de tales funcionarios extranjeros que pudieran cometer los delitos del Capítulo VI del Título XIX de la parte especial del Código Penal; precisión que ahora se introduce en el artículo 431.
b) ofrecieren o entregaren, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase a personal facultativo, funcionario público o particular con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados con el fin de que se lleve a cabo o se facilite la extracción u obtención ilícitas o la implantación de órganos ilícitamente extraídos.
5. El facultativo, funcionario público o particular que, con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo, realizare en centros públicos o privados las conductas descritas en los apartados 1 y 2, o solicitare o recibiere la dádiva o retribución a que se refiere la letra b) de este último apartado o aceptare el ofrecimiento o promesa de recibirla, incurrirá en la pena en ellos señalada superior en grado y, además, en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados, por el tiempo de la condena. Si concurriere, además, alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4, se impondrán las penas en su mitad superior.
3.º (antes 2.º). Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33."
3 (antes 4). Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.
4 (antes 5). Si la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no superase los cien mil euros pero excediere de diez mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.
5 (antes 3). A los efectos de determinar la cuantía a que se refiere este artículo, se atenderá al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente.
Diecisiete. Se introduce un nuevo ordinal 5º en el artículo 435 con la siguiente redacción:
Esta ley se dicta en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de legislación penal que atribuye al Estado el artículo 149.1.6ª de la Constitución.