Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-23-mayo-2018-direccion-general-registros-notariado-recurso-interpuesto-contra-nota-calificacion-registradora-propiedad-rosario-area-metropolitana-santa-cruz-tenerife-deniega-inscripcion-compraventa-finca-invadir-dominio-publico-maritimo-terrestre-n25885678
Timestamp: 2019-06-17 20:52:08
Document Index: 19128255

Matched Legal Cases: ['Artículo 132', 'artículo 7', 'artículo 132', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 36', 'artículo 21', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 35', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 207', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 18', 'artículo 106']

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, por la que se deniega la inscripción de una compraventa de finca por invadir en parte el dominio público marítimo-terrestre. | Iberley
Mediante escritura autorizada por el notario de San Cristóbal de La Laguna, don Juan Manuel Polo García, el día 13 de septiembre de 2017, con el número 1.600 de protocolo, se formalizó la compraventa de la finca registral número 49.147 del Registro de la Propiedad de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, con la descripción siguiente «Urbana.-Casa de una sola planta en el término municipal El Rosario, en el lugar que se conoce por (…), número (…) de gobierno, en la Calle (…), con una superficie construida de sesenta y tres metros cuadrados (63 m²), que ocupa toda la superficie de solar. Linda: frente, serventía de paso; derecha, con propiedad de Don M. M.; a la izquierda, con Doña A. C. R.; y a la espalda, serventía de paso».
''En el título que se califica don J. L. P. y doña N. E. N. R., venden la finca que en el mismo se describe a don J. G. R., resultando que de la consulta a la sede electrónica del Catastro, la finca pudiera intersectar o colindar con el dominio marítimo-terrestre, con lo que es necesario para proceder a la inscripción de la transmisión de la finca, que se acredite mediante certificación de Costas que la finca no invade el dominio público marítimo terrestre y su situación en relación a las servidumbres de protección y tránsito. Todo ello de conformidad con Artículo 132 de la Constitución, que establece: 'Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y tos recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental', artículos 7, 8 y 9 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estableciendo el citado artículo 7: 'Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en esta Ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables.', y el citado artículo 9: 'No podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo-terrestre, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar o desecados en su ribera'. Artículos 15 y siguientes de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en su redacción dada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estableciendo dicho artículo 15 que: ''1. Cuando se trate de inmatricular en el Registro de la Propiedad fincas situadas en la zona de servidumbre de protección a que se refiere el artículo 23, en la descripción de aquéllas se precisará si lindan o no con el dominio público marítimo-terrestre. En caso afirmativo no podrá practicarse la inmatriculación si no se acompaña al título la certificación de la Administración del Estado que acredite que no se invade el dominio público. 2. Si en la descripción de la finca se expresa que no linda con el dominio público marítimo-terrestre o no se hace declaración alguna a este respecto, el Registrador requerirá al interesado para que Identifique y localice la finca en el plano proporcionado al efecto por la Administración del Estado. Si de dicha identificación resultase la no colindancia, el Registrador practicará la inscripción haciendo constar en ella ese extremo. Si a pesar de esa identificación o por no poder llevarse a efecto, el registrador sospechase una posible invasión del dominio público marítimo-terrestre, pondrá en conocimiento de la Administración del Estado la solicitud de inscripción, dejándola entre tanto en suspenso hasta que aquélla expida certificación favorable. 3. Transcurridos treinta días desde la petición de oficio de la certificación a que se refiere el apartado anterior sin que se haya recibido contestación, podrá procederse a la inscripción. 4. Si no estuviese aprobado el deslinde, se iniciará el correspondiente procedimiento, a costa del interesado, dentro de un plazo que no podrá ser superior a tres meses desde la correspondiente solicitud, quedando entre tanto en suspenso la inscripción solicitada''.
Así según la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, reflejada en sus sentencias de Sentencias de 16 de octubre de 1996 y 27 de mayo de 1998, entre otras, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que entendieron aplicable a las segundas y ulteriores transmisiones de las fincas las mismas exigencias de acreditación de la no invasión de zona de dominio público marítimo-terrestre, que las previstas para las inmatriculaciones. El artículo 36 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, que establece las Normas aplicables a las segundas y posteriores inscripciones, en los siguientes términos: ''En relación con las segundas y posteriores inscripciones sobre fincas que Intersecten o colinden con el dominio público marítimo-terrestre, se aplicarán las siguientes reglas: 1.ª El registrador denegará la práctica de cualquier asiento cuando la finca intersecte con el dominio público marítimo-terrestre a resultas de expediente de deslinde inscrito o anotado en el Registro de la Propiedad sobre otras fincas incluidas en la misma zona deslindada, actuación que será comunicada al Servicio Periférico de Costas, para que proceda a solicitar la rectificación de los asientos contradictorios con el mismo. 2.ª Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, b que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca. 3.ª Cuando de la certificación resulte que la finca intersecte con el dominio público marítimo-terrestre según deslinde ya aprobado por orden ministerial, el registrador denegará la inscripción solicitada y cancelará la anotación de suspensión, debiendo precederse por el Servicio Periférico de Costas a solicitar la anotación de la resolución aprobatoria de deslinde. 4.ª Cuando la finca intersecte o colinde, según la certificación, con zonas de dominio público marítimo-terrestre pendientes de deslinde, el registrador practicará la inscripción solicitada y lo comunicará al Servicio Periférico de Costas, dejando constancia de ello por nota marginal en el folio real, haciendo constar, tanto en el asiento practicado como en la nota de despacho, que el mismo queda supeditado a las resultas del expediente de deslinde. Caso de estar ya iniciado el deslinde, el Servicio Periférico de Costas solicitará del registrador la expedición de certificación de titularidad y cargas y la constancia por nota marginal de todos los extremos recogidos en el artículo 21.3. En otro caso, tales datos se le notificarán una vez se haya acordado la iniciación del expediente. 5.ª Cuando la finca solo intersecte parcialmente con el dominio público marítimo-terrestre, las anteriores limitaciones solo procederán en la parte que resulte afectada, debiendo adecuarse la descripción del título al contenido de la resolución aprobatoria del deslinde, al objeto de proceder a la inscripción o anotación del dominio público marítimo-terrestre en favor del Estado. 6.ª El registrador de la propiedad con ocasión de la emisión de cualquier forma de publicidad registral, informará en todo caso de la situación de la finca en relación con las servidumbres de protección y tránsito conforme a la representación gráfica obrante en el registro, suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar''.
De dicho artículo se infiere que resulta imprescindible la localización de la finca conforme a la representación gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, si bien, en defecto de ésta, será necesario aportar certificación del Servicio Periférico de Costas acreditativa de que la finca no invade el dominio público marítimo terrestre y su situación en relación a las servidumbres de protección y tránsito. Resulta además totalmente aplicable al caso la doctrina que se desprende de la Resolución General de los Registros y del Notariado de 23 de agosto de 2016 al señalar: ''Cabe plantear cuál debe ser el proceder del registrador en los casos en los que las aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas, ya sean las existentes conforme a la normativa anterior a la Ley 13/2015, o ya sean las previstas en dicha Ley en fase de pilotaje o una vez homologadas, no dispongan de la información correspondiente a la representación gráfica georreferenciada de la línea de dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres de tránsito y protección, por no haberse implantado plenamente el sistema informático previsto en las normas expuestas en el punto anterior.
No obstante, esta determinación previa sólo debe ser exigible a aquéllas fincas que, según los datos que consten en el Registro, linden con este dominio público o puedan estar sujetas a tales servidumbres (artículos 15 de la Ley de Costas y 35 y 36 del Reglamento General de Costas)''.
De igual forma la Resolución de la Dirección General de 27 de junio de 2017 señala en sus fundamentos que «como ya señaló este Centro Directivo, en su Resolución de 18 de abril de 2017, 'la necesidad de que previamente a toda transmisión de inmuebles lindantes con el dominio público quede acreditada la no invasión del dominio público marítimo-terrestre ya se establecía en el artículo 35 en relación con los artículos 31 y 33 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, hoy derogado, en los que se exigía aportar certificado expedido por el Servicio Periférico de Costas acreditativo de tal extremo. La legalidad de este precepto fue indiscutida sobre la base de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, a la que esta Dirección General adecuó su doctrina en Resoluciones de fechas 6 de octubre de 2008 y 18 de agosto de 2010. Tras la derogación de la citada norma, la cuestión de la protección registral del dominio público marítimo-terrestre en segundas y posteriores inscripciones de fincas colindantes con el dominio público viene regulada en el artículo 36 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, cuya regla segunda dispone el modo de proceder del registrador: «Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca». Para la debida comprensión de este precepto debe contemplarse conjuntamente con el contenido de toda la Sección Cuarta del Capítulo III del actual Reglamento de Costas, reguladora de las inmatriculaciones y excesos de cabida que puedan afectar a este dominio público. El eje fundamental sobre el que gira la tutela del dominio público marítimo-terrestre en esta regulación es la incorporación al Sistema Informático Registral de la representación gráfica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de dominio público marítimo-terrestre, como de las servidumbres de tránsito y protección, que ha de trasladar en soporte electrónico la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Dirección General de los Registros y del Notariado (apartado 2 del artículo 33). Esta previsión ha de ponerse en necesaria correlación con la aplicación informática para el tratamiento de representaciones gráficas georreferenciadas de que han de disponer todos los Registradores, como elemento auxiliar de calificación, conforme al artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria en su redacción por la Ley 13/2015, de 24 de junio. Dicha aplicación, homologada por Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016, permite relacionar las representaciones gráficas de las fincas con las descripciones contenidas en el folio real, previniendo además la invasión del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan derivarse de la clasificación y calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente. De todas estas normas resulta que con la nueva regulación se pretende que el registrador pueda comprobar directamente, a la vista de las representaciones gráficas, la situación de las fincas en relación al dominio público y las servidumbres legales. Sólo en el caso en el que de tal comprobación resulte invasión o intersección, procedería la solicitud por el registrador de un pronunciamiento al respecto al Servicio Periférico de Costas. Para complementar la interpretación de estos preceptos, las Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de agosto y 14 de septiembre de 2016 consideraron que, en los casos en los que las aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas no dispongan de la información correspondiente a la representación gráfica georreferenciada de la línea de dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres de tránsito y protección, podría determinarse la colindancia o intersección así como si la finca invade o no el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con dichas servidumbres, mediante la previa aportación de certificación del Servicio Periférico de Costas comprensiva de tales extremos y referida a la representación gráfica que obre en tal Administración».
«1.ºQue como bien señala la sra. registradora en la nota de calificación el deslinde vigente fue aprobado por Orden Ministerial de 9 de enero de 2003. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna modificación del mismo.
2.ºQue la vigente Ley de Costas fue promulgada el día 28 de julio de 1988 y entró en vigor el mismo días de su publicación (29 de julio del mismo año) modificada en algunos aspectos en el año 2013.
3.ºQue la escritura calificada documenta una segunda transmisión de una finca. Finca que tuvo por primera vez acceso al registro de la propiedad en virtud del título adquisitivo de los vendedores de fecha uno de septiembre de dos mil seis (1 de septiembre de 2006) y fue inmatriculada el 3 de octubre del mismo año como acertadamente señala el recurrente en su nota. Y que en la descripción literaria de la finca no figura que linde con zona marítimo terrestre o que esté afectada por ningún tipo de servidumbre.
4.ºQue el artículo 15 de la Ley de Costas no ha sufrido variación desde la publicación de la misma conteniendo la regulación de la inmatriculación de las fincas que linden o puedan estar afectadas por el dominio público marítimo terrestre o alguna de sus servidumbres.
5.ºQue sin entrar en la legalidad o no de los artículo 35 y 36 del Reglamento de Costas, éste último ha sido interpretado por la Dirección General de los Registros y del Notariado entre otras en la Resolución de fecha 6 de septiembre de 2012 (BOE 12 de octubre del mismo año) (doctrina que actualmente entendemos pacífica) en el sentido de que no es necesaria la aportación de un nuevo certificado en las segundas transmisiones de finca si ya consta la existencia del mismo en el registro. Es decir sólo es aplicable a aquellas segundas transmisiones de fincas cuya inmatriculación se hubiera producido con anterioridad a la promulgación del artículo 15 de la Ley de Costas porque desde la promulgación de la misma siempre es necesario el certificado para inmatricular.
6.ºQue el citado artículo 15 de la Ley de Costas, como se ha dicho, exige el citado certificado para la inmatriculación de fincas que puedan lindar o invadir el dominio público terrestre. Artículo que estaba vigente (con idéntica redacción) al tiempo practicarse la inmatriculación de la finca.
7.ºQue en la nota simple incorporada a la escritura, no se hace mención alguna a la falta del citado certificado y sí consta claramente, como pendiente de cancelar, la nota de limitación de los efectos de la fe pública registral del artículo 207 de la Ley Hipotecaria.
8.ºQue no se entiende que en el momento de la inmatriculación no existiesen dudas de la invasión del dominio público terrestre para la práctica de la misma y sí existan para una segunda transmisión, no habiéndose alterado ni el deslinde (vigente desde el año 2003) ni las normas que regulan la materia ni la interpretación de las mismas para las segundas transmisiones.
9.ºQue el artículo 1 de la Ley Hipotecaria en su párrafo 3.º señala que los asientos del Registro «están bajo la salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley» (principio de legitimidad).
10.ºY finalmente señalar que de todo ello se infiere que la nota de calificación parece que lo que está realmente calificando no es la escritura de compraventa, si no la primera inscripción de la finca, esto es, su inmatriculación realizada por algún titular anterior, rompiendo la presunción legitimadora que se deriva de la misma.
1.Son hechos relevantes para la resolución del presente recurso los siguientes:
a)Mediante escritura pública autorizada el día 13 de septiembre de 2017 se formalizó una compraventa de la finca urbana sita en el término municipal de El Rosario. Dicha finca consta inscrita en el Registro de la Propiedad del municipio El Rosario siendo la primera inscripción de la finca de fecha 3 de octubre de 2006.
b)Dicha escritura se presentó en el Registro de la Propiedad siendo objeto de una primera calificación con fecha 17 de octubre de 2017 por la que se suspende la inscripción al considerar necesaria la previa aportación de certificación del Servicio Periférico de Costas de la que resulte la determinación de si la finca invade o no el dominio público marítimo-terrestre.
c)Solicitada por el interesado del Servicio Provincial de Costas certificación que acredite la no invasión del dominio público marítimo-terrestre de la referida finca, dicho Servicio contesta mediante escrito de 8 de noviembre de 2017 informando que no es posible emitir el certificado solicitado, por invadir la finca el dominio público marítimo-terrestre, según deslinde vigente aprobado por Orden Ministerial de 9 de enero de 2003.
d)Se presenta de nuevo en el Registro la escritura junto con el citado informe del Servicio de Costas, al que se acompaña igualmente copia del «Boletín Oficial del Estado» en que se publica la Sentencia del Tribunal Constitucional número 57/2016, de 17 de marzo, por la que se resuelve el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, por infracción de los artículos 9.3 y 14 de la Constitución, al excluir del demanio costero a 12 municipios, dándoles un trato privilegiado, con lo que se consagra un trato discriminatorio por no dispensar ese mismo trato a los municipios canarios que están en la misma situación y representan análogos de situaciones en que los terrenos en los que se hayan enclavados resultan «absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre», constituyendo áreas de viviendas consolidadas con anterioridad a la Ley de Costas de 1988, entre las que se encuentra B., en el término municipal de El Rosario en Santa Cruz de Tenerife, en que se ubica la finca objeto de este expediente.
e)En respuesta a nuevas solicitudes presentadas por el recurrente ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en fechas 2 de enero y 24 de enero de 2018, dicha Dirección General contesta mediante escrito de 20 de febrero de 2018 que si bien es cierto que B. es una zona a desafectar, esto no se ha hecho por no haberse iniciado el expediente administrativo necesario para confirmar la desafectación.
2.Como cuestión previa, es preciso poner de relieve, una vez más, que este expediente no puede tener en consideración documentos que se alegan o aportan con el escrito de recurso y que no se pusieron a disposición del registrador al tiempo de la presentación.
3.En cuanto al fondo de la cuestión planteada, hay que señalar, como ha declarado reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 18 de abril y 27 de junio de 2017), que la necesidad de que previamente a toda transmisión de inmuebles lindantes con el dominio público quede acreditada la no invasión del dominio público marítimo-terrestre ya se establecía en el artículo 35 en relación con los artículos 31 y 33 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, hoy derogado, en los que se exigía aportar certificado expedido por el Servicio Periférico de Costas acreditativo de tal extremo.
4.Sin embargo, tal doctrina, basada en la falta de cobertura legal del artículo 35 del Reglamento de Costas, resultó contradicha en cuanto a tal presupuesto por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16 de octubre de 1996, en la que se resolvió un recurso basado precisamente en la misma idea de nulidad del citado artículo 35 del Reglamento.
5.Tras la derogación de la citada norma reglamentaria, la cuestión de la protección registral del dominio público marítimo-terrestre en segundas y posteriores inscripciones de fincas colindantes con el dominio público viene regulada en el artículo 36 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, cuya regla segunda dispone el modo de proceder del registrador en aquellos supuestos en que el dominio público costero no conste inscrito en el Registro de la Propiedad: «Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación gráfica suministrada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio Periférico de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y tránsito. Transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca».
6.Llegados a este punto, cabe plantear cuál debe ser el proceder del registrador en los casos en los que las citadas aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas, no dispongan de la información correspondiente a la representación gráfica georreferenciada de la línea de dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres de tránsito y protección.
7.En el presente caso, el dato de que la finca invade el dominio público marítimo-terrestre resultaba inicialmente de la consulta realizada por la registradora a la Sede Electrónica del Catastro con ocasión de la primera presentación del título en el Registro, de la que se infería que la finca pudiera intersectar o colindar con el dominio marítimo-terrestre, lo que motivó la primera calificación requiriendo la presentación de la certificación administrativa de no invasión. Invasión que quedó confirmada, y no desmentida, por el informe emitido por el Servicio Provincial de Costas de Tenerife con fecha 7 de noviembre de 2017, lo que conduce a la confirmación de la calificación impugnada, que en nada desvirtúan los argumentos alegados por el recurrente.
8.Respecto de la posible eficacia enervante del carácter demanial de la finca derivada de la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad y los efectos que a la misma le reconocen los principios hipotecarios, hay que recordar que nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de la Sala Primera de 26 de abril de 1986, 1 de julio de 1999 y 22 de junio de 2009, excluye el juego del principio de legitimación en relación con el dominio público, pues el carácter de limitación legal que el carácter inalienable del demanio supone, hace oponible dicha limitación al titular registral, de forma que la titularidad de éste no puede oponerse a una titularidad de dominio público, pues éste, como señala la Sentencia citada de 26 de abril de 1986, es «inatacable aunque no figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso frente a la posesión continuada».
9.Finalmente, en relación con el alcance y eficacia de la sentencia del Tribunal Constitucional número 57/2016, de 17 de marzo, dictada en el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias sobre la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y modificación de la Ley 22/1988, de Costas, por infracción de los artículos 9.3 y 14 de la Constitución, al excluir del demanio costero a doce municipios, dándoles un trato privilegiado respecto de los demás municipios costeros que se hallan en la misma situación en que los terrenos enclavados resultan «absolutamente innecesarios para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre», constituyendo áreas de viviendas consolidadas con anterioridad a la Ley de Costas de 1988, entre las que el Gobierno canario recurrente afirma encontrarse B., en el término municipal de El Rosario en Santa Cruz de Tenerife, es lo cierto que la eficacia sustantiva y registral de dicho pronunciamiento está condicionada a la previa tramitación y aprobación del correspondiente expediente administrativo de desafectación, sin que la alegada pasividad de la Administración Pública responsable del ejercicio de dicha competencia pueda ser suplida por el registrador, prescindiendo de un acto administrativo formal y expreso de desafectación como requisito previo de inscripción, al efecto de desvirtuar la certificación de invasión del dominio púbico emitida por esa misma Administración, pues la revisión de conformidad con el ordenamiento jurídico de la actuación de las Administraciones públicas, por acción u omisión, sin perjuicio de la calificación que a los registradores corresponde respecto a los documentos administrativos presentados que pretendan su inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento, y al margen del cauce de los correspondientes recursos administrativos que procedan, está reservada a los tribunales de justicia (cfr. artículo 106 de la Constitución), a los que podrá acudir el recurrente para alegar ante ellos lo que a su derecho convenga.
10.Pues bien, el Tribunal Constitucional en su citada Sentencia número 57/2016, confrontado al descrito dilema, tras aclarar que «en el eventual supuesto de que una impugnación así se estimase, el modo de reparar que insta el Gobierno de Canarias sea distinto, pues no requiere que se prive del privilegio a los 12 núcleos costeros contenidos en la norma estatal recurrida mediante la declaración de nulidad de dicha norma, sino que se extienda el privilegio a los núcleos costeros canarios que estén en la misma situación, acabando en virtud de su inclusión con la omisión que produciría la discriminación», añade como «ratio decidendi» lo siguiente: «La STC 233/2015, en su fundamento jurídico 14, ha abordado una alegación idéntica (…) En dicha resolución el Tribunal ha declarado que el precepto recurrido es constitucional siempre que se tenga presente que «el recto entendimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 de acuerdo con la Constitución permite considerar que sus consecuencias jurídicas no se extienden a la regulación del completo régimen jurídico que deriva de que los núcleos de población enumerados en el anexo de la Ley han perdido las características naturales que determinaron su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre en virtud de deslindes anteriores. Por el contrario, su virtualidad radica en la identificación, ope legis, de unos terrenos que notoriamente han perdido por obra de la acción del hombre las características de dominio público natural, excluyéndose la necesidad de esa justificación, que según su propio apartado 4 no implica la efectividad inmediata de la exclusión, siendo solo el presupuesto para la iniciación del expediente que, en su caso, puede terminar con su desafectación. Hemos de atender asimismo a lo dispuesto en el art. 18.2 LC, a cuyo tenor tal desafectación deberá ser expresa y, antes de proceder a ella, habrán de practicarse los correspondientes deslindes, que según el art. 26.1 del Reglamento general de costas deben especificar los planos que se aprueban (…) La disposición impugnada no excluye la aplicación, caso por caso, de todos estos requisitos, que constituyen una exigencia previa e imprescindible para que la situación jurídica registral tanto de los bienes de dominio público como de las fincas colindantes no perturbe la seguridad jurídica garantizada por el art. 9.3 CE. (…) Todas estas operaciones, lógicamente, requieren la adopción de las correspondientes resoluciones administrativas, siempre susceptibles como ya hemos dicho de control en vía jurisdiccional, como impone el art. 106.1 CE». Con esta interpretación el precepto impugnado no implica ninguna discriminación entre núcleos costeros. Tanto los doce enunciados en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 como cualesquiera otros omitidos en ella, radiquen en la Comunidad Autónoma de Canarias o no, podrán, a través de los expedientes administrativos legalmente previstos (…) obtener la declaración de que, por las alteraciones sufridas en sus características naturales, no son ya necesarios para la protección o utilización del dominio público y, en consecuencia, la correlativa desafectación».
Madrid, 23 de mayo de 2018.-El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.