Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00487-de-mayo-8-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920424ad2f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-18 17:45:48
Document Index: 395987577

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 26', 'artículo 103', 'artículo 2', 'artículo 66', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 189', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 66', 'artículo 175', 'artículo 12', 'artículo 189', 'artículo 5', 'artículo 378', 'artículo 378', 'artículo 378', 'artículo 378', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 216', 'artículo 155']

﻿ SENTENCIA 2003-00487 DE MAYO 8 DE 2008
SENTENCIA 2003-00487 DE 08 DE MAYO DE 2008
CONTENIDO:BENEFICIOS ELECTORALES. SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS EXPRESIONES "TANTO EL 25 DE OCTUBRE DE 2003 EN EL REFERENDO, COMO" Y "25 Y" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 2907 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO ELECTORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:441 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PG.1529
Sentencia 2003-00487 de mayo 8 de 2008
Ref.: Expediente 2003-00487
Actor: Jorge Enrique Robledo Castillo
Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por el ciudadano Jorge Enrique Robledo Castillo contra el artículo primero del Decreto 2907 de 2003 (oct. 14) «Por el cual se modifica el artículo 26 del Decreto 2616 de 2003 por medio del cual se dictan disposiciones relacionadas con la jornada de participación democrática a desarrollarse el 25 y 26 de octubre de 2003» (1) .
• Consideración preliminar
La Corte Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de los beneficios electorales que se conceden a quienes ejerzan su derecho al voto para cargos de elección popular, en el sentido de que el legislador puede crear incentivos con el fin de motivar la participación ciudadana en las decisiones. Dijo la Corte:
“El sufragio viene entonces a constituir, un deber cuyo incumplimiento no puede ser sancionado con una pena o con la privación de derechos adquiridos, aunque es impuesto a los particulares atendiendo a su calidad de miembros de la comunidad política, y como representativo, al menos en parte, de la cuota de solidaridad social que corresponde a cada ciudadano, en contrapartida de lo que recibe —derechos, libertades y servicios—, por la aplicación eficaz del ordenamiento.
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, resultaría paradójico que el legislador, no siendo competente para criminalizar la abstención —conducta no plausible—, tampoco pudiera incentivar la conducta ciudadana —esta sí plausible— que se le opone: soportar la carga que significa ejercer conscientemente el voto.
Es claro que el Congreso de la República tiene competencia para regular las funciones electorales (C.P,. art. 152, lit. c) como ya lo ha hecho; y si bien tal competencia no le habilita para prohibir o sancionar la abstención, nada obsta desde el punto de vista constitucional, para que cree incentivos legales destinados a favorecer a aquellos que cumplan con el deber ciudadano de participar, a través del ejercicio del voto, en la vida política del país (C.P., art. 95), siempre y cuando todas las personas llamadas a sufragar permanezcan iguales ante la ley que cree los incentivos, sea que voten por uno u otro candidato, que voten en blanco y, aun, que no hubieran podido sufragar por fuerza mayor o caso fortuito.
En este sentido se pronunció la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-180 de 1994, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara: “Los artículos 1º y 2l de la Carta relievan[sic] la importancia dada a la participación en el nuevo esquema de organización política en cuanto introducen otro elemento fundamental. En efecto, lejos de concebirla como una práctica deseable dentro del comportamiento político de los colombianos, la erigen en principio fundante del Estado y en fin esencial de su actividad. Lo cual implica para sus autoridades el deber de facilitarla y promoverla en las distintas esferas de la vida y el de fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que conciernan al destino colectivo” (resaltado fuera del texto).
En el marco del Estado social de derecho vigente en el país, los miembros de la comunidad política nacional están llamados a observar el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento les impone como seres libres, partícipes responsables en la determinación de los contenidos de tal ordenamiento, que aceptan las cargas jurídicas como convenientes en cuanto hacen posibles la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pero que el legislador busque que las personas cumplan con su deber de votar, no en razón de ese interés altruista, sino en razón del interés egoísta pero legítimo de obtener una ventaja, ni vicia de inconstitucionalidad la norma del proyecto de ley que aquí se juzga, ni es una medida inequitativa, como inicialmente pudiera pensarse.
Se trata entonces de cambiar la conducta apática de los ciudadanos frente al voto por un comportamiento positivo, mediante la concesión de estímulos y el reconocimiento por parte del Estado de buen ciudadano.
Tampoco encuentra la Corte que la creación de estímulos distorsione la libertad y el sentido patriótico del voto, pues al ciudadano, como se expuso en párrafos anteriores, no se le coacciona para elegir entre las opciones existentes, puesto que bien puede cumplir su deber mediante el voto en blanco” (6) .
No es este el caso en estudio, pues la norma acusada reglamenta los beneficios electorales para quienes ejerzan su derecho al voto en las elecciones de 25 de octubre de 2003, fecha en la cual se votaría el proyecto de referendo constitucional propuesto por el Presidente de la República.
Este tema fue también objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en Sentencia C-041 de 2003, en la cual analizó la constitucionalidad de los incentivos electorales para los mecanismos de participación ciudadana en los que el porcentaje de la votación es un factor determinante para que lo sometido a consideración de los ciudadanos sea aprobado o no.
«En este orden de ideas, para el caso específico de los referendos constitucionales, la abstención no es vista como un fenómeno negativo, como si sucede con la ausencia de participación de los ciudadanos en las elecciones en una democracia representativa. Todo lo contrario. La abstención es considerada como una decisión política válida, una expresión de rechazo, individual o colectiva de unos ciudadanos libres, acerca de unas propuestas de reforma constitucional que son sometidas a la aprobación del pueblo, que está llamada a producir determinados efectos jurídicos y que goza de una debida protección constitucional. Otro tanto sucede con los demás mecanismos de participación ciudadana.
De lo anterior se colige que el mismo artículo 103 constitucional trae una distinción importante en cuanto a mecanismos de participación se refiere: los que para su ejecución requieren del voto, es decir, el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria directa, y aquellos en los cuales el ciudadano o grupo de ciudadanos participan directamente o interactúan con sus gobernantes sin necesidad de acudir al sufragio, estos son, la iniciativa legislativa y normativa y el cabildo abierto» (7) .
• La excepción de pérdida de fuerza ejecutoria de la norma demandada
La entidad demandada contestó que por Sentencia C-041 de 2004, la Corte Constitucional declaró parcialmente inexequible el artículo 2º de la Ley 403 de 1997 que alude a los beneficios electorales para los votantes, luego esta corporación debía abstenerse de pronunciarse acerca de la legalidad de la norma acusada, por cuanto ha perdido fuerza ejecutoria en los términos del artículo 66 Código Contencioso Administrativo.
La sentencia declaró inexequible la expresión «y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación constitucionalmente autorizados», contenida en el artículo segundo de la Ley 403 de 1997 por estimar que la abstención, para el caso del referendo constitucional, tiene eficacia jurídica y constituye una legítima estrategia de oposición, luego al legislador no le está permitido establecer estímulos para quienes decidan participar a través del voto en este tipo de eventos democráticos. Dijo así:
“La abstención activa, en el referendo derogatorio y aprobatorio, en el plebiscito, en la consulta popular, así como aquella que convoca a asamblea constituyente y la revocatoria del mandato, produce efectos jurídicos, por cuanto los ciudadanos pueden no votar con el fin de que no se cumpla el umbral requerido por la Constitución y la ley para efectos de su validez. La eficacia jurídica de estos mecanismos de participación está condicionada al cumplimiento del porcentaje del censo electoral exigido. Así, para que cualquiera de ellos surta efectos jurídicos es necesario un número determinado de votos válidos. En esta medida, no basta que el texto reformatorio o que se pretende derogar, para el caso del referendo, sea aprobado por la mayoría de los sufragantes, antes debe cumplirse el umbral requerido para efectos de determinar si la mayoría aprobó o improbó la reforma. Lo mismo ocurre para el caso del plebiscito, pues es necesario que concurran a las urnas por lo menos la mayoría del censo electoral, después, si se determinará si fue aprobado o no.
En este orden de ideas, la abstención en el caso de los demás mecanismos de participación que se materializan por medio del voto, al igual que sucede con el referendo constitucional aprobatorios, es protegida constitucionalmente. De esta forma, la Sala reconoce que para el caso del referendo, plebiscito, la revocatoria del mandato y consulta popular, la abstención, además de tener eficacia jurídica, es una estrategia legítima de oposición y por ende no le está permitido al legislador establecer estímulos para las personas que mediante el voto participan en estos eventos democráticos no electorales”.
En este caso, la Sala no estima configurada la pérdida de fuerza ejecutoria del acto acusado, porque la Sentencia C-041 de 2004 declaró inexequible el artículo 2º de la Ley 403 de 1997 y no el parágrafo único del artículo 5º, luego esta norma sigue vigente.
En el fundamento normativo del Decreto 2907 de 2003 se lee que el Presidente de la República expidió esta norma «en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el parágrafo del artículo 5º de la Ley 403 de 1997» luego la declaración de inexequibilidad de este parágrafo produjo el decaimiento de los actos cuyo fundamento jurídico fue el artículo 2º de la Ley 403 de 1997 y no de otras normas contenidas en el mismo decreto.
Sin embargo, debe la Sala recordar en este punto que en jurisprudencia anterior se ha definido que la pérdida de ejecutoria de un acto administrativo no releva a la jurisdicción contencioso-administrativa de estudiar su legalidad, porque el hecho de que por ministerio de la ley un acto no esté llamado a producir efectos, por haber perdido su fuerza ejecutoria, no significa per se que no haya desconocido preceptos superiores y, por lo mismo, se haga merecedor de la declaración de nulidad. Ha dicho la Sala:
“Sobre este particular resulta pertinente señalar que el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo contempla los eventos que producen la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo, así:
Sobre el tema de la pérdida de fuerza ejecutoria y la posibilidad de revisar la legalidad de un acto administrativo que ha decaído, la Sala estima ilustrativo traer a colación, por su pertinencia en el presente caso, las consideraciones esbozadas por esta misma sección en torno a la procedencia del estudio de legalidad de un acto administrativo que, para la fecha de adoptar la decisión de mérito, ha desaparecido del mundo jurídico en virtud de operar su decaimiento, así:
«La doctrina ha denominado la causal 2. Decaimiento del acto y sobre la necesidad de proferir fallo de fondo respecto de actos cuyo fundamento de derecho ha sido declarado inexequible por la Corte Constitucional o nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, habría que decir, en primer lugar, que el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo establece, en relación con la declaración de nulidad de ordenanzas y acuerdos municipales, que quedarán sin efecto en lo pertinente, los decretos reglamentarios de aquellos, como una de las consecuencias del principio de la cosa juzgada regulada en la norma citada, norma que modificó, en lo pertinente, el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 “Las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución, a las leyes...” y que a juicio de la Sala solo tiene atinencia a esa especial clase de actos administrativos.
Pero si bien es cierto, como lo ha sostenido esta corporación, que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no puede solicitarse al juez de lo contencioso administrativo, pues no existe una acción autónoma que lo permita, no lo es menos que nada impide que con respecto a los actos administrativos respecto de los cuales se ha producido el fenómeno del decaimiento, se produzca un fallo de nulidad, pues en este evento se ataca la configuración de los elementos del acto administrativo al momento de su nacimiento, y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa, como en el procedimiento para su expedición, mientras que, el fenómeno producido por la desaparición del fundamento de derecho de un acto administrativo, tiene efectos hacia el futuro sin afectar la validez del acto por todo el tiempo de su existencia jurídica.
En efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la expedición de actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas con base en aquel del que se predica el fenómeno del decaimiento, por declaración de inexequibilidad de la ley o por declaración de nulidad de la norma sustento de derecho y, comoquiera que tal fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición.
La nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del acto administrativo y en el evento de prosperar, se remonta hasta el momento de su expedición, mientras que la causal de decaimiento que acaeció estando en trámite este proceso, atañe a circunstancias posteriores al nacimiento del acto administrativo y no atacan la validez del mismo. Pudiera decirse que cuando se produce el fenómeno del decaimiento, el acto administrativo supervive en el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque del mismo, pero ha perdido una de sus caracteres principales, cual es el de ser ejecutorio, lo que implica que la administración no puede hacerlo cumplir” (8) .
El Presidente de la República expidió el Decreto 2907 de 2003 (oct. 14) a que pertenece la norma acusada con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 403 de 1997 del siguiente tenor literal:
“ART. 5º—Créase el certificado electoral como plena prueba del cumplimiento ciudadano del deber votar, el cual será expedido por los jurados de mesa de votación, o el registrador municipal o distrital del estado civil o el cónsul del lugar donde se encuentre inscrita la cédula.
PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con el certificado electoral, determinará el tiempo y la forma de su expedición, lo mismo que sus refrendaciones sucesivas”.
El actor sostiene que la norma acusada desconoce que la abstención es una forma de participación política, y que el otorgamiento de estímulos o beneficios a quienes participaron en el referendo constitucional del 25 de octubre de 2003 contraría el principio de igualdad, en cuanto priva de estos a quienes se abstuvieron de votar.
Los artículos 377 y 378, en armonía con el 103 (9) C.P., regulan los referendos constitucionales, los cuales pueden ser derogatorios o aprobatorios.
En los primeros, se convoca al pueblo para que con su voto afirmativo o negativo respalde o rechace una reforma constitucional efectuada por el Congreso mediante acto legislativo, el cual genera efectos desde su promulgación, salvo que disponga lo contrario.
El artículo 378 de la Constitución regula el referendo aprobatorio que tiene lugar cuando el Congreso de la República somete a decisión popular un proyecto de reforma constitucional presentado por iniciativa del gobierno o de un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento (5%) del censo electoral existente en la fecha respectiva, proyecto que se debe incorporar a una ley. Para aprobar la reforma a la Constitución por esta vía, se requiere del voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de estos exceda de la cuarta parte del censo electoral. Al pueblo se le debe indagar de forma tal que pueda responder qué vota en forma positiva y qué en forma negativa. En contraste, en el referendo derogatorio simplemente debe decir si está de acuerdo o no con el acto legislativo aprobado por el Congreso. En este caso, la aprobación del pueblo no recae en cada artículo sino sobre la totalidad del acto legislativo (10) .
En Sentencia C-551 de 2003 (jul. 9/2003) la Corte Constitucional se refirió así al alcance del artículo 378 C.P., al revisar la constitucionalidad de la Ley 796 de 2003 “Por la cual se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”:
“[...] La regulación del artículo 378 de la Carta confiere una eficacia específica a la abstención en los referendos constitucionales, puesto que es posible que una reforma obtenga una mayoría de votos afirmativos, pero no sea aprobada, por cuanto el total de los votos no sobrepasó el umbral de participación requerido.
Ahora bien, el Constituyente hubiera podido adoptar una fórmula que garantizara una participación mínima en el referendo, para legitimar democráticamente el pronunciamiento ciudadano, pero sin conferir eficacia jurídica a la abstención. Para ello hubiera podido establecer, como lo hacen otros ordenamientos, que los votos favorables al referendo no solo deben ser la mayoría de los votos depositados sino que esos votos positivos deben representar un determinado porcentaje del censo electoral, pues de esa manera se asegura una participación mínima, pero sin conferir efectos jurídicos a la abstención, ya que únicamente los votos favorables son tenidos en cuenta para determinar si el umbral de participación fue o no sobrepasado(10)(sic).
En tales circunstancias, al establecer como requisito de aprobación de un referendo un umbral mínimo de participación global, en vez de un porcentaje mínimo de votos favorables, la Constitución no solo confirió eficacia jurídica a la abstención sino que la convirtió en una estrategia legítima para oponerse, en ciertos contextos, a la aprobación de una determinada reforma constitucional por medio de referendo. No sería entonces razonable suponer que si la Carta le confiere efectos jurídicos a la abstención, de otro lado la propia Carta considere que esa alternativa política no amerita protección constitucional en este tipo de votaciones. La Corte concluye entonces que en los referendos constitucionales, la abstención es una opción política legítima, que se encuentra reconocida por el Estado, y por ello no puede ser discriminada.
Por todo lo anterior, la Corte concluye que la previsión de la casilla para el voto en blanco es inconstitucional, ya que desconoce la regulación específica del artículo 378 de la Carta, que solo prevé el voto afirmativo y negativo, pues establece que los ciudadanos deben poder escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente” (11) (resaltado fuera de texto).
Asistió razón al actor al afirmar que el artículo 1º del Decreto 2907 de 2003, que concede beneficios a quienes participaran en las votaciones del 25 y 26 de octubre de 2003, es inconstitucional pues en Sentencia C-041 de 2003 la Corte Constitucional manifestó que «al establecer como requisito de aprobación de un referendo un umbral mínimo de participación global, en vez de un porcentaje mínimo de votos favorables, la Constitución no solo confirió eficacia jurídica a la abstención sino que la convirtió en una estrategia legítima para oponerse, en ciertos contextos, a la aprobación de una determinada reforma constitucional por medio de referendo».
Esta sentencia, proferida con posterioridad a la interposición de la demanda objeto de estudio, declaró inexequible la expresión «y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación constitucionalmente autorizados», contenida en el artículo 2º de la Ley 403 de 1997. En dicho pronunciamiento estableció unos lineamientos claros respecto del referendo como mecanismo de participación ciudadana y sobre las implicaciones que en este tiene la abstención en cuanto a los resultados. Sostuvo:
“Se puede concluir que la abstención activa, en el referendo derogatorio y aprobatorio, en el plebiscito, en la consulta popular, así como aquella que convoca a asamblea constituyente y la revocatoria del mandato, produce efectos jurídicos, por cuanto los ciudadanos pueden no votar con el fin de que no se cumpla el umbral requerido por la Constitución y la ley para efectos de su validez. La eficacia jurídica de estos mecanismos de participación está condicionada al cumplimiento del porcentaje del censo electoral exigido. Así, para que cualquiera de ellos surta efectos jurídicos es necesario un número determinado de votos válidos. En esta medida, no basta que el texto reformatorio o que se pretende derogar, para el caso del referendo, sea aprobado por la mayoría de los sufragantes, antes debe cumplirse el umbral requerido para efectos de determinar si la mayoría aprobó o improbó la reforma. Lo mismo ocurre para el caso del plebiscito, pues es necesario que concurran a las urnas por lo menos la mayoría del censo electoral, después, si se determinará si fue aprobado o no.
Fuerza es, entonces, concluir que el artículo 1º, en cuanto confería beneficios electorales a quienes optaran por votar el referendo constitucional del 25 de octubre de 2003 contraría los artículos 40-2 y 378 C.P., y vulnera el principio democrático proclamado en el artículo 1º de la Carta Política pues el ciudadano no sufragaría de manera libre y consciente, sino para hacerse a las prebendas que el legislador estableció como incentivos para quienes participen con su voto.
No podía, pues, el Presidente de la República extender a los votantes del referendo los beneficios electorales concedidos a los votantes en las elecciones del 26 de octubre de 2003 para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, pues en el primero la abstención tiene un efecto directo en su aprobación o improbación.
Fuerza es, entonces, acceder a las pretensiones de la demanda.
DECLÁRASE LA NULIDAD de la expresión «tanto el 25 de octubre de 2003 en el referendo, como» y «25 y» contenidas en el artículo 1º del Decreto 2907 de 2003.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del ocho (8) de mayo de dos mil ocho (2008)».
(1) Diario Oficial 45.342 de octubre 16 de 2003.
(6) Sentencia C-337 de 1997, Expediente: OP-016 objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 002 de 1995 Cámara, 220 de 1996 Senado, “Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”. magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz.
(7) Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º (parcial) de la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes” y el artículo 216 del Decreto 262 de 2000 “por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”. Magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
(8) Expediente: 5722, actor: Luis Fernando Velandia Rodríguez, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
(9) “ART. 103.—Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.
ART. 377.—Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral.
ART. 378 C.P.—Por iniciativa del gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente.
(10) Concepto del Procurador General de la Nación ante la Corte Constitucional sobre el referendo.
(11) Sentencia de revisión de constitucionalidad de la Ley 796 de 2003, Por la cual se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.