Source: http://www.delriolujan.com.ar/causa2843e.html
Timestamp: 2017-05-27 17:33:33
Document Index: 203987641

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 294', 'artículo 248', 'artículo 45', 'artículo 77', 'artículo 277']

Las demandas inconstitucionalidad en SCJPBA pasaron al sitio http://www.hidroensc.com.ar Esta causa 2843 pasó a la Sec. Nº 2 a cargo del Dr Pablo Flores con el Nº 8951/11. SOLICITA AMPLIACION DE CONVOCATORIA
Que atento al tiempo de instrucción transcurrido, a las novedades acaecidas en la presente causa y considerando que existen "motivos bastantes" para ampliar la convocatoria a prestar declaración indagatoria, es que solicitamos a V.S. disponga, en forma urgente, la convocatoria conforme la manda del art. 294 CPPN, (…cuando hubiere motivo bastante para sospechar…), previa vista al Ministerio Público Fiscal. Y ello, porque el Órgano Fiscal debe ser el investigador, que obtiene evidencias para ir a juicio; pero, es en el ejercicio de nuestro derecho a impulsar la causa, que venimos a advertir algunas falencias en la plataforma fáctica de las imputaciones tanto a fs. 1884 y en la de los anteriores requerimientos fiscales de instrucción, por una falta de correspondencia con los motivos y elementos de prueba aportados por la querella en sus denuncias y ampliaciones, en función de las consideraciones de hecho y de derecho seguidamente expuestas.
Conforme lo viene denunciando esta parte, el desarrollo de las megas obras inmobiliarias como Colony Park SA, Parque la Isla, Isla del Este, Santa Mónica, Nordelta I y II y otros, son absolutamente ilícitos, al no tener una declaratoria de impacto ambiental positiva de las Autoridades de Aplicaciónvulnerando el proceso administrativo previo y justo,causando serios perjuicios a todos los que se encuentran bajo su zona de influencia, adulterando las aguas dulces de superficie, obligándolos a recibir las aguas de las crecientes, alterando el flujo de los cursos, causando perjuicio a la libre navegación, libre comercio y al turismo; en más, obligando a los ribereños a soportar los perjuicios que dichas obranzas les irroga, sin poder estos pobladores originarios continuar generando y produciendo su economía de subsistencia por alteración de las aguas y sus recursos naturales que, además de ser una verdadera obra hidráulica clandestina e ilegal, es realizada sobre bienes inmuebles del dominio y uso público natural, por tratarse de zonas inundables sobre vías navegables internacionales.
La cronología histórica, luego de 4 años de iniciados las agresiones contra la población civil y su ambiente, documentadas en las denuncias y sus ampliaciones acreditadas en el expediente a fs. 2/15, 43/5, 72/5,113/22, 177/83, 195/97, 236/41, 249/82, 300, 327/30, 350/51, 352, 363, piezas a cuya lectura remito en honor a la brevedad, son la base de los hechos y conductas lesivos que motivan la presunta comisión de los ilícitos denunciados por la población civil isleña ancestral que ocupa dicho lugar. Creemos que en general, hay un alto grado de cooperación entre los Directivos de los mega emprendimientos inmobiliarios y altos funcionarios de las distintas reparticiones públicas con incumbencia y responsabilidad ambiental señaladas por la querella, que están causando perjuicio a la población civil isleña, además del daño ambiental colectivo agravado al Delta del Paraná; funcionarios que algunos ya han sido convocados a indagatoria y otros fueron excluidos expresamente por el MPF, a pesar de haber sido solicitados por esta querella, por las pruebas fehacientes existentes en su contra. Estos funcionarios del Estado Nacional, Provincial y Municipal habrían violado obligaciones vinculantes, específicamente las obligaciones que surgen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado el 13/05/1986, de Naciones Unidas que en su Observación general Nº 4 y 7 prescribe acerca del derecho a una vivienda digna, incluyendo la protección contra los desalojos forzosos, como lo denunciado por la querella y la población isleña ancestral. Argentina ha ratificado la “Convención Contra La Tortura” (CCT), reconociendo la competencia de la Corte Interamericana de Justicia, según el artículo 2º de la Ley 23.338 por la cual se aprueba la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y como aún no se ha delineado la hipótesis delictiva conforme todos los delitos denunciados que van del crimen majestatis, usurpación de bienes del dominio público, daño agravado, robo, destrucción de viviendas de la población isleña ancestral, usurpación de aguas falsedad ideológica de escritura pública N° 300, alteración de ríos navegables y línea de ribera, y varios otros; es que deviene ineludible recabar sobre todos aquellos elementos de prueba y su confirmación procesal en base a los siguientes argumentos:
En base al análisis y entrecruzamiento de la información que surge de los testimonios, declaraciones indagatorias, pruebas y demás hechos incorporados a lo largo de la causa N° 8951/11, solicitamos a V.S. (previo correr vista en los términos del art. 180 del CPPN, por los sucesos que no han sido incluidos en la plataforma fáctica perfilada por el MPF, para que los circunscriba e integre) se convoque a prestar declaración indagatoria (conforme el artículo 294 del código de forma)alas personas identificadas a continuación, por encontrarse acreditado los siguientes extremos:
Primero: en relación al personal jerárquico de la Prefectura Naval Argentina con asiento en San Isidro, solicitamos se convoque a prestar declaración indagatoria al Prefecto Principal, ex Jefe de la Prefectura de San Isidro NORBERTO NELIO NINI y su sucesor EDUARDO GABRIEL CUTROPIAy al actual titular de la Prefectura Naval de San Isidro, Prefecto Principal ROGELIO PELLEGRINO, atento a los distintos elementos incriminatorios, que demostrarían la presunta comisión de abuso de autoridad incumplimiento a los deberes, abandono de persona, encubrimiento y otros delitos a determinar, endilgados por esta querella.
A fs. 232, con fecha 17/06/99, se encuentra acreditado que faltando a la verdad para encubrir el accionar ilegal de Colony Park SA,el Prefecto Principal, Jefe de la Prefectura de San Isidro NORBERTO NELIO NINI, afirma: "Para mejor proveer informo que las tierras involucradas están cubiertas de monte cerrado, son en gran parte anegables y no hay personas que habiten el lugar".
A fs. 2281/86, en su declaración indagatoria de fecha08/03/12, el Sr. ANTONIO GRANDONI, Secretario de Inversión Pública de la Municipalidad de Tigre manifestó: "Un dato importante a tener en cuenta al momento de valorar el contexto en el cual se desarrollaron los hechos, es que la propia Prefectura Naval Argentina se encontraba custodiando el predio donde se halla emplazado el emprendimiento, y era el propio personal de dicha fuerza quien recibía a los inspectores que se apersonaban y sin cuya autorización no podía ingresar al lugar."
A fs. 2298/306, en la declaración indagatoria de fecha08/03/12, del Sr. Dr. EDUARDO MARIO CERGNUL, que fuera Secretario de Gobierno del Municipio de Tigre, se expreso de igual manera que los dos funcionarios anteriores, afirmando: "…la propia Prefectura Naval Argentina se encontraba custodiando el predio donde se halla emplazado el emprendimiento,… recibía a los inspectores que se apersonaban y sin cuya autorización no podía ingresar al lugar."
Segundo, en relación a la familia SCHWARTZ, si bien fue convocado a indagatoria el Sr. ADRIAN GABRIEL SCHWARTZ y SERGIO ANDRES SCHWARTZ, el MPF omitió convocar a prestar declaración indagatoria, al Sr. HUGO DAMIÁN SCHWARTZ, quien fuera justamente citado para absolver posiciones en la causa N° 54106 del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de San Isidro caratulada como: "COLONY PARK SA c/DERGANZ JUAN ANTONIO, donde dicha persona declaraque: "… es apoderado de la firma COLONY PARK SA desde hace diez años… y también afirma que: "…contrataba isleños para trabajos en otras islas"; en consecuencia advertirá VS que los integrantes de esta familia SCHWARTZ, serían los responsables no solo de Colony Park SA sino también del emprendimiento "Isla del Este", construcción inmobiliaria que actúa perjudicando al ecosistema por su efecto acumulativamente sobre el régimen hidráulico de vías navegables con los demás construcciones inmobiliarias, y que fuera clausurado por el Municipio de Tigre, siendo un emprendimiento residencial premium, que cuenta con laguna salada artificial privada para usos náuticos, helipuerto y canales y fondeaderos exclusivos. Se estima que la inversión total en infraestructura en el predio es de US$ 20 millones. Las inspecciones incluyeron relevamientos fiscales, comerciales, catastrales y de obras, y de movimientos del suelo y de vías navegables, junto con la fiscalización de embarcaciones. Por ello, en aquel operativo participaron múltiples áreas municipales. "Al comprobar que la totalidad de las construcciones levantadas en Isla del Este SA se hicieron de forma irregular, ya que carecen del permiso de factibilidad de uso del suelo, el primer requisito para emprender construcciones, el municipio procedió a su clausura", dijo DANIEL CHILLO, Secretario de Ingresos Públicos de Tigre, responsable del operativo, por lo que esta querella solicita sea indagado. Y agregó el funcionario que el de Isla del Este es un caso único, "ya que no existen emprendimientos de semejante magnitud en el Delta que se hayan lanzado a construir infraestructura, remover el suelo y modificar los cursos de agua sin obtener antes el permiso correspondiente y presentar un estudio de impacto ambiental",
En base a estas pruebas y fundamentos instamos a V.S. que convoque a indagatoria al Sr. HUGO DAMIÁN SCHWARTZ, y tambiénsolicitamos a V.S. que sea citado a indagatoria ROBERTO SUAREZ SILVA, DNI.: 92.515.424, domicilio en Luís María Campos Nº 1409, Piso: 2, Depto. 6, CABA. Presidente de la empresa BETTER SA vendedora a Colony Park SA por escritura Nº 300; según el informante el presidente anterior de Better, era el tío de ellos, o sea esposo de la hermana de su mama, Esther Perla Treschansky. También requerimos a V.S. que debe ser citado a prestar declaración indagatoria ALBERTO URANI, CI.: 13417530, domiciliado en Los Aromos 1310, San Isidro, según fs. 14, Expte 2005/4112/0022629 Cuerpo 1 Municipalidad de Tigre o Los Aromos 1370 o 1310 según fs. 7 Expte 2007/4112/0036286. Apoderado fs. 1 Expte. 02100-0033926/8 OPDS, quien inicio los trámites del emprendimiento. Incluso debe ser citada a indagatoria por V.S. la Sra. MONICA ANDREA GRAMBLICKA, DNI: 21.141.958, domiciliada en la Calle Del Arca y Río Lujan, San Fernando, Directora Suplente de Colony Park SA escritura pública Nº 86y Nº 300 glosada a fs. 1043.
Tercero: Conforme lo fundamentado anteriormente, pedimos a V.S. sea convocado a prestar declaraciónindagatoria el Sr. DANIEL CHILLO, Secretario de Ingresos Públicos de Tigre, ante la omisión de haber actuado contra Colony Park SA, Parque la Isla y tardíamente ante la construcción avanzada en Isla del Este SA; donde además el Municipio de Tigre por medio de la Lic. LETICIA VILLALBA Subsecretaria de Gestión Ambiental informa el 4 de diciembre de 2009 a fs. 306 (causa 13925 Municipalidad de Tigre) manifiesta que tiene conocimiento que las mega obras constructoras identificadas como "Colony Park SA", "Parque de la Isla", "Isla del Este" y "Santa Mónica" no cuentan con Declaración de Impacto Ambiental; y estos motivos, que fundan el llamado a indagatoria, se acrecientan también, por lo expresado por la Sra. ANA MARIA CORBI a fs. 2246/48, quien argumentó sobre la competencia del Municipio de Tigre para controlar esta clase de emprendimientos, como el de Isla del Este, Parque la Isla, Santa Mónica Colony Park SA, Nordelta I y II y otros.
A fs. 2298/306 declara EDUARDO MARIO CERGNUL, inculpando a los funcionarios que firmaron la factibilidad de uso del suelo iniciado el 16/11/2005 del Expte. 22629/2005, donde se puede corroborar que ERNESTO G. CASARETTO como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tigre, y el Arquitecto EDUARDO BARBIERI Director Ejecutivo de Obras Particulares de la Municipalidad de Tigre, junto al Ctor. HUGO LEBER Secretario de Economía y Hacienda otorgan prefactibilidad del uso de la tierra en litigio, el 19 de diciembre del 2005, documentado a fs. 17 y102 del expediente del Expte. 22629/2005, como integrantes de la Comisión Municipal de Interpretación y Análisis del Código de Zonificación, personas que estarían imputadas por la presunta comisión de incumplimiento a los deberes, abuso de autoridad y fraude procesal.
Asimismo a fs. 25 del Expte. 22629/2005 se encuentra acreditada la prefactibilidad para la ubicación de la Base de Transbordador sobre el internacional Canal Costanero Río Luján, firmando la autorización el Lic. RAMON ALBERTO ESTEBAN como Secretario de Planificación e Ingresos y Financiamiento Público de la Municipalidad de San Fernando, mediante la RESOLUCION N° 1017/06 del Municipio de San Fernando de fecha 6 de septiembre del 2006. Los que habrían usurpado bienes del dominio público, daño agravado sobre la línea de ribera perjudicando la libre navegación sobre el Canal Costanero Lujan y puesto en peligro la seguridad en la navegación en la zona; en consecuencia, además, se encontrarían endilgados de la presunta comisión de incumplimiento a sus deberes y abuso de autoridad. Y a fs. 131 el Arq. EDUARDO BARBIERI como Director Ejecutivo de Obras Particulares, junto al Ctor. HUGO LEBER Secretario de Economía y Hacienda ambos del Municipio de Tigre certifican que es factible desarrollar Colony Park SA de 1.155 unidades de vivienda en la 1ra. Sección de Islas.
En consecuencia, solicitamos a V.S. incorporar el "Acta de Constatación" labrada por el Oficial de JusticiaLUIS E: TOLOZA, como prueba fehaciente contra los dichos en su defensa efectuados en su "FORMULA DESCARGO" del Sr. EDUARDO HECTOR CARRASCO obrante a fs. 2190/93 y contra los funcionarios del Municipio de Tigre con incumbencia en habilitación de obras.
Dichas personas se encuentran debidamente identificadas en el marco del "INCIDENTE DE SOLICITUD DE CESE DE OBRA"atento a lo cual solicitamos se convoque a prestar declaración indagatoria a las siguientes personas:
3°.- MARIO ALBERTO BALOSSINO, DNI: 8.585.770, domiciliado en Dr. DE Dominicis N° 1072 Campana,Prov. Bs. As.
4°.- Se solicita a VS que mediante oficio a la PNA se identifique a los responsables de los daños agravados, robo y perjuicios contra esta parte querellante, que habrían cometido los delitos como propietarios de los buques dragas y retroexcavadora en la modificación del ecosistema y agresión contra la población civil, a fin de hacerlos comparecer para que presten declaración indagatoria; entre las personas que faltarían citar serian los propietarios y responsables de las empresas siguientes: El Solar de Victoria SA por el Buque DragaGOIZECO, Matrícula 01831, Draga HENONDE A Matricula 01318, Draga CARAPACHAY Matrícula 0230 , Draga BADESA Matrícula 02039, Draga ELEPELE VI Matrícula 0223, Draga VICTORY I Matrícula 0629, y treinta (30) retroexcavadoras HYDROMAC, HYUNDAI, JBC y BUCYRUS.
Sexto: Además, se reitera a V.S. que, conforme los nuevos elementos de prueba que se van incorporando a la causa con las indagatorias, se investigue la presunta comisión de los ilícitos detallados por la querella, como el delito tipificado en el art. 293 Código Penal denominado falsedad ideológica o intelectual de documento público, de la Escritura Pública Nº 300, rubricada por ROBERTO SUAREZ SILVA, ADRIAN GABRIEL SCHWARTZ y el Escribano Luis Fernando MACAYA.; mediante la cual la Empresa Colony Park SA seria la titular registral; de la zona donde se estarían produciendo los delitos federales denunciados, los crímenes de lesa humanidad contra la población isleña y por ser bienes inmuebles que se encuentran fuera del comercio,al ser bienes del uso y dominio público natural.
Como recién referimos, no puede dejar de considerarse la predominante participación de las personas jurídicas en el mundo de la economía moderna y más precisamente en el ámbito de los delitos de contenido económico, como de las empresas inmobiliarias que prima lo económico sobre las funciones ecológicas, en una zona de exclusión como lo son las islas de la 1ª Sección del Delta del Paraná, por lo establecido en el art. 2340 del Código Civil (línea de ribera, deslinde entre el ámbito público y el privado); el Decreto Nacional1513/73, la Resolución 535/67 y Decreto s/n del 31/12/09 que regula obras de margen en cursos de agua y el trámite de permisos para obras en cauces y costas de jurisdicción nacional; Decreto Reglamentario 776/92, SAyDSN Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.051; la Ley 25675 y por aplicación de la Ley Provincial Nº 6253 Ley de Conservación de Desagües Naturales,hace que dicha zona sea del dominio público. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Se trata de caracteres inherentes a los bienes públicos, pertenecientes a la esencia del régimen del dominio público; simultáneamente con la distinción entre dominio público y dominio privado, apareció como una regla no escrita de origen consuetudinario y jurisprudencial.
La Inalienabilidad halla fundamento legal en la aplicación armónica de los arts. 953, 2336 y 2604 del Código Civil. Art. 953 CC. “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio”
El embargo, no implica ni requiere desapropio ni enajenación, pues puede responder a una simple medida de seguridad, en el sentido de evitar que el titular de la cosa disponga de ella, enajenándola; no obstante, el embargo apareja también la idea de una eventual enajenación, ya que esa medida cautelar, tiende a asegurar la ejecución forzada del bien. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: “Los jueces carecen por lo mismo de autoridad y jurisdicción para cambiar su destino y no pueden por consiguiente ordenar el embargo ni proceder a su ejecución". (Fallos, tomo 48, página 200).
Los bienes de dominio público no pueden ser objetos de ejecución judicial, por las mismas razones que no pueden ser objeto de una compraventa art. 953 del Código Civil, 1167 y 1327 del mismo Código. La doctrina señala que la inalienabilidad sólo es incompatible con el comercio jurídico del derecho privado, pero en modo alguno con el de derecho público. Las cosas de dominio público pueden ser objeto de actos jurídicos de derecho público compatibles con el régimen que las disciplina y con el fin que motiva su afectación. Verbigracia: concesión o permiso de uso mediante los medios reconocidos en el derecho administrativo y expropiación.
Por estos fundamentos, es que solicitamos también a V.S. sean convocados a prestar declaración indagatoria al "Director Provincial de Islas" FRANCISCO RODRIGUEZ SERRANO, al "Director de Planeamiento y Desarrollo de Obras de la Dirección Provincial deIslas "HORACIO FABEIRO y al Delegado de IslasSr. DARWIN SANCHEZ. Séptimo: Conforme surge del ACTA DE PROCEDIMIENTO, obrante a fs. 461 del principal N° 8951, solicitamos a VS convoque a indagatoria, al Arquitecto DANIEL MARTINEZ, por ser el "Encargado de la Construcción" en el predio de Colony Park SA, y además porque de dicha acta se infiere varios hechos lesivos contra los integrantes de esta querella, y bienes del dominio público natural a saber:
En consecuencia, les cabría a todos estos funcionarios públicos y personal privado identificado anteriormente, la presunta comisión de los delitos de incumplimiento a los deberes,abuso de autoridad, y encubrimiento, perjuicio en la navegación y su seguridad usurpación de bienes del dominio público natural, alteración del régimen hidráulico de ríos y canales navegables internacionales, como el Lujan y el Vinculación, además de usurpación de aguas como bien inmueble por las laguna interiores mediante el dragado profundo de las mismas para obtener relleno y poder aumentar la cota,integrado, como lo sostiene esta querella, en el crimen majestatis, por la agresión continua sistemática y generalizada contra la población civil autóctona del Delta.
Dr. CARLOS LASTA Director Provincial de Recursos Naturales OPDS y Licenciado NICOLAS SCIOLI, Coordinador Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible Planificación Económica Ambiental y Desarrollo de Energías Alternativas.
Presidente Autoridad del Agua: Ing.DARIO GONZALEZ CEUNINCK, Vicepresidente:Lic. ADRIAN OSCAR BIGLIERI
Director Dr. JOSE BENI, Director Nacional de Vías Navegables. Director Ing. JUAN J. MORELLI, Dirección de Estudio y Programación DNVN.
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Secretario: ROMINA PICOLOTTI, hasta diciembre del 2008, HOMERO BIBILONI hasta diciembre del 2010 y el actual Secretario, Dr. JUAN JOSE MUSSI
Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos: Director: JORGE ALBERTO RAMIREZ.Oficina del Agua:Ing. MIGUEL ANGEL GOMEZ
El requerimiento fiscal de instrucción tiene por finalidad esencial poner en movimiento la acción penal atendiendo al principio "ne procedat judex ex oficio", habilitando la instrucción en forma amplia, a contrario sensu de lo obrado por el Sr. Fiscal Pablo Noceti fs. 1884. Al respecto cabe tener presente que al tiempo de formularlo suele existir en el proceso una relativa indeterminación acerca de los aspectos a investigar, ya que se está ante una "hipótesis" sobre la existencia de un delito que se deberá verificar en su fundamento fáctico y jurídico, mediante la investigación, y, en su caso, individualizar al autor o autores, partícipes, etc., completando el elemento subjetivo de la imputación. Entendemos, que no puede exigirse entonces, que en el requerimiento de instrucción se describan en detalle elementos de la imputación que aún no se conocen; pero luego de transcurridos 4 años, de iniciadas las actuaciones, es preciso en este momento señalar, que después del diseño acusatorio organizado por el MPF obrante a fs. 1362/69 y 1500/02, y especialmente el más restringido obrante a fs 1884, es que se estarían confirmado procesalmente, las omisiones graves en las que habría incurrido los integrantes del MPF induciendo a error a la administración de justicia, incumpliendo con los deberes a su cargo, restringiendo el objeto de la causa y limitando la convocatoria a indagatoria, con el agravante que quedarían impunes la comisión de los delitos que fueran indicados en su oportunidad por esta querella, como se lo efectúa en el presente escrito.
Esta parte querellante viene sosteniendo, desde la reapertura misma de la causa, que las indagatorias deben ser efectuados en un marco conjunto, dada la evidente característica de planificación e interrelación en las conductas lesivasque incurren los distintos autores, tanto como integrantes de las empresas constructoras inmobiliarias, como los distintos funcionarios públicos que han intervenido en los gravísimos crímenes federales ambientales, provocando una agresión continua, sistemática y generalizada contra la población civil ancestral del Delta del Paraná, que se debate como el crimen majestatis, conforme el Tratado de Roma. En consecuencia, solicitamos a V.S. que se siga un criterio que permita aunar en un mismo proceso a todos los hechos acontecidos, por existir, un mismo modus operandi lesivo contra el ambiente y la población civil isleña. Y esto es así, por obedecer a la mecánica propia del circuito criminal o iter criminis instaurado por los funcionarios públicos de las distintas reparticiones que les ha tocado intervenir, tanto pertenecientes al estado municipal, provincial y nacional; además por supuesto, en intima interacción con los directivos y responsables de las empresas constructora inmobiliarias como Colony Park SA, Isla del Este, Parque de la Isla, Santa Mónica, Nordelta I, IIy tantos otros, que fueran detallados en autos por esta querella, pero omitidos lesivamente investigar por el MPF interviniente.
Se habría configurando así, un aparato delictivo unificado con elementos de encubrimiento, manejo de la información y tráfico de influencias del que no serían ajenos, además de los funcionarios públicos convocados a declarar por VS, también los identificados en el anterior punto III.- Vulnerando el principio precautorio, las empresas inmobiliarias denunciadas y los funcionarios públicos que incumplieron con sus deberes, intentan justificar que quienes desoigan la ley puedan resultar “a posteriori” beneficiados por dicha conducta. Al permitir este comportamiento, aunque importe la comisión de delito, dejaría prácticamente en manos del agente dañoso la tutela del medio ambiente permitiendo la adulteración de aguas dulces, la alteración de ríos navegables o la destrucción de nuestros bosques nativos o la agresión contra la población civil; en consecuencia, siempre se litigaría sobre la base de los hechos consumados. Así, quedarían habilitados los autores del daño ambiental colectivo, para esgrimir el argumento que: “retrotraer las cosas implicaría un mayor daño”, como lo sostuvo el apoderado de Colony Park SA ante la Sra. Juez Dra. Sandra Arroyo Salgado, dentro del “Incidente de Cese de Obra”, para fundar su apelación.
Existe una diferencia entre la simple participación criminal y la asociación ilícita, la primera consiste en una actividad delictiva limitada por un plan que comprenda un determinado número de hechos, previstos específicamente, por ejemplo asaltar tales o cuales bancos o empresas, en cambio la asociación ilícita constituye un peligro que reside en la variedad y repetición de atentados criminales, por lo tanto si en el primer caso la banda es desbaratada antes de cometer los hechos previstos por la misma, el delito quedará en grado de tentativa, en el caso de la asociación ilícita los delincuentes son castigados sólo por ser miembros de la asociación. Como asociación ilícita que por su omisión o comisión por omisión en sus conductas se encuentra destruyendo el Delta del Paraná, por ventajas económicas y que es causa de intranquilidad colectiva debe citarse a los directivos y responsables de las empresas inmobiliarias denunciadas en autos, con el agravante de generar un daño con efecto acumulativo (caso de Colony Park SA, Parque la Isla, Isla del Este, Santa Mónica, Nordelta) en perjuicio del ecosistema y su población civil cuya ocupación es ancestral. La esencia de la asociación ilícita es que hace temer la repetición del crimen y su propagación. Estimo que obran en el expediente pruebas y distintas conductas lesivas que consisten en falsificar, adulterar, prevaricar, abusar de autoridad, retardar, omitir actos de la función, no imputar determinados delitos, por estar la supuesta banda dedicada a otra cosa, cometer cohecho ya sea recibiendo dinero o dádivas (regalos), destruir o inutilizar registros o documentos, sustraer caudales, solicitar audiencias privadas con los Magistrados, o custodiar como la PNA.
No cabe dudas que en este caso que involucraría a funcionarios públicos identificados en autos, como parte integrante de los estados Municipal, Provincial y Nacional, afecta severamente la confianza social. Si se determina la existencia de la figura de asociación ilícita la pena se aplicará, seguramente, no en razón de los delitos que se propusieron cometer sino en virtud de su integración a la misma, más aún si la persona que forma parte de la asociación ilícita no intervino en ninguno de los hechos dolosos llevados a cabo, debe igualmente ser condenada por el delito de asociación ilícita. Si la asociación llegó a perpetrar otros delitos la ley ha previsto una acumulación de penas, vale decir los integrantes de la asociación ilícita recibirán una condena por el solo hecho de integrarla, pero si se cometieron otros hechos independientes la pena que será, seguramente, la resultante de la suma de las penas correspondientes a la asociación ilícita y las previstas para los otros delitos diversos delitos, hasta un máximo legal.
Mediante esta ilegalidad manifiesta, es agredida la población civil, que junto al desplazamiento forzado de los pobladores locales y el consiguiente avasallamiento de sus derechos, ya ha provocado y continuará provocando modificaciones en los humedales con sus consecuentes impactos a la biodiversidad y la calidad del agua al adulterarse por ruptura del salobre acuífero Querandinense. Cuando los hechos delictivos que se investigan fueren cometidos desde el aparato del Estado, con el apoyo y aquiescencia de éste, valiéndose de su estructura, o en coordinación con el mismo, y se enmarcaren en un plan persistente de destrucción del ecosistema y agresión sistemática y generalizada contra la población civil originaria del Delta del Paraná –como es el caso que aquí se investiga- solamente con fines de obtener grandes ventajas económicas, es importante tener en cuenta que dicho plan conlleva el propósito de encubrimiento y destrucción de prueba, o como lo que ocurre con los análisis de aguas y tierras recolectadas en la inspección realizada el 14 de diciembre del 2010 sobre los que de forma irregular en contra del protocolo, efectuaron los respectivos análisis físico químicos, en cuya responsabilidad no es ajena la Sra. Fiscal Federal recusada Dra. Rita Ester Molina, por la que fuera recusada y denunciada por esta querella, conforme lo acreditado en el Expte. 8958/11 de la Fiscalía Federal 1 de San Isidro.
Asimismo, como lo fundamenta la querella en el presente, se encuentran reunidos en autos las correspondientes responsabilidades también en determinados funcionarios públicos citados a indagatoria, por los hechos calificados legalmente como Incumplimiento de deberes de funcionario público, delito previsto y penado por el artículo 248 del Código Penal, y atribuidos a los imputados en calidad de autores (artículo 45, C.P.). A tal efecto, se ha tenido en cuenta acertadamente que configura dicho ilícito el caso del funcionario público que, designado conforme al artículo 77 del C.P., no ejecuta las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. Contempla supuestos en los que no se hace ni se ejecuta o cumple lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su órbita funcional. El precepto alcanza así al funcionario público que, traicionando la confianza depositada en él por la sociedad o por algunos de los poderes públicos, emplea la autoridad recibida como instrumento para violar la Constitución o las leyes de las que es guardián. (BREGLIA ARIAS, O./ ARIAS, O., Código Penal y leyes complementarias, T. 2, Ed. Astrea, Bs. As., p. 605; D ´ALESSIO, Andrés José, Código Penal Comentado y Anotado, Ed. La Ley, Bs. As., p. 798).
Ahora bien, más allá de dicho encuadramiento legalpropiciado por el Representante del Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que, de la plataforma fáctica de los citados dictámenes fiscales, así como de la denuncia penal originariamente promovida por esta querella, surge que los hechos en cuestión admiten una múltiple subsunción legal, que se irán corporizando a medida que continúe la instrucción, en mas, cuando VS meritúe los motivos y fundamentos del presente. En efecto, en primer lugar cabe señalar que las conductas endilgadas a funcionarios del estado Municipal, Provincial y Nacional llamados a indagatoria, encuadran legalmente en el delito de Encubrimiento (artículo 277, C.P.), el cual concursa de manera ideal con el delito anteriormente citado de Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público (artículos 248 y 54 del C.P.), con el crimen majestatis que sufre la población civil isleña que ocupa la región de forma ancestral.
Con ese fin afirma la jurispruencia: “El encubrimiento consiste en prestar ayuda a los delincuentes, mediante actos posteriores a su delito, y con intención de sustraerlos a la administración de justicia” (BREGLIA ARIAS, O./GAUNA, O., op. cit., p. 734; v. asimismo, BUOMPADRE, JorgeE., Delitos contra la administración pública, Mave, Bs.As., 2001; NUÑEZ, Manual de Derecho Penal - Parte Especial, Ed. Lerner).
En cuanto a las iniciativas de enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad debe citarse en primer lugar la creación, en el mismo año de la finalización de la guerra, del Tribunal Militar Internacional que juzgó en la ciudad de Nüremberg a numerosos responsables de la ejecución del plan nazi de exterminio sistemático. Este tribunal constituyó el primer instrumento de ese tipo que, con los años, lamentablemente habría de replicarse, en atención a otros enclaves conflictivos en los que la virulencia bélica derivó en hechos criminales de similar carácter, tales los casos de la ex Yugoslavia o Ruanda.
En cuanto a los acuerdos internacionales que han venido condenando, conceptualizando y comprometiendo a losEstados en materia de delitos de lesa humanidad, debe mencionarse, en lo que respecta al ámbito continental, la Conferencia Americana sobre Problemas de la Guerra y la Paz llevada a cabo en 1945 en la ciudad de Chapultepec.
Es sabido pues que el nacimiento de la Corte Penal Internacional ha reafirmado los principios y propósitos de la Carta de la Naciones Unidas –en especial, en cuanto a la amenaza y al uso de la fuerza pública- buscando garantizar, entre otras cosas, el respeto por los derechos humanos a través del establecimiento permanente de la misma. Sobre esa base, el Estatuto de Roma estipula un sistema procesal jurisdiccional que, en esencia, se sustenta en dos principios básicos: el llamado principio de complementariedad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en relación con las jurisdicciones locales y el llamado principio de cooperación, entendido como un conjunto de normas cuya finalidad es el obrar conjunto de los Estados Partes con la Corte Penal Internacional para que la misma pueda cumplir con eficacia sus funciones.
Respecto del tercer aspecto característico de los delitos de lesa humanidad, el hecho de que el ataque haya sido dirigido contra población civil significa que el delito ha sido perpetrado contra una víctima colectiva. Volviendo a ejemplos concretos, el referido Tribunal Internacional sostuvo (en el caso “Tadic”) que el tipo no requiere que la víctima sea la población entera sino sólo un grupo de ella; del mismo modo, resulta suficiente que su naturaleza civil lo sea de manera predominante, como se lo acredita en el presente legajo. El Tribunal afirmaba que tal carácter, no un accionar individual, o aislado, o fortuito, sino deliberado contra la población civil, es lo que repugna la conciencia de la humanidad en esta clase de delitos y justifica la intervención de este organismo de enjuiciamiento supranacional.
En efecto, de acuerdo con el texto del Estatuto de Roma que en la resolución apelada cita sólo en su art. 7, queda alcanzada toda forma posible de intervención en esta clase de hechos. Así, no sólo quedan incluidas las formas ‘tradicionales’ de participación (art. 25, inc. 3, aps. a, b y c), sino que expresamente menciona el contribuir ‘de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común’ (art. 25, inc. 3°, ap. d), cuando dicha contribución es efectuada ‘con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte’ (ap. d, supuesto i). 12) Que, por otro lado, si lo que estaba en discusión era la imprescriptibilidad de una asociación ilícita cuyo objeto era la comisión de tales crímenes, el instrumento normativo que debía regir la interpretación era la ‘Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad’ (conf. Ley 24.584 y decreto 579/2003), que adquirió jerarquía constitucional por ley 25.778. 13) Que en este sentido no podría sostenerse que si los homicidios, la tortura y los tormentos, la desaparición forzada de personas, son delitos contra la humanidad, el formar parte de una asociación destinada a cometerlos no lo sea, pues constituiría un contrasentido tal afirmación, toda vez que este último sería un acto preparatorio punible de los otros. Así, por ejemplo lo estatuyen los arts. 2, y 3 inc. b de la Convención para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que incluye dentro de los actos castigados la ‘asociación para cometer genocidio’[...] Por otra parte el art. 7.1, inc. h, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considera como crimen de lesa humanidad la ‘Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte...’. Finalmente, luego de definir los crímenes imprescriptibles, el art. II de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, dispone ‘Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración’. 14) Que del plexo normativo internacional transcripto se desprende que dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad, también se incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos, con conocimiento de ello. [...] 28) Que esta Convención (sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad) sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origenconsuetudinario. De esta manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos.” (Fallos, 327: 3312; el resaltado es propio).
Del citado precedente de la Corte Suprema surge que las formas de participación en delitos de lesa humanidad resultan múltiples y diversas, no quedando circunscriptas a la comisión de homicidios, torturas u otros hechos similares, sino que incluso pueden constituir figuras delictivas autónomas. Esta idea arroja por la borda la posibilidad de recurrir a la pena en abstracto, como criterio válido para establecer si la conducta en juego pertenece o no a aquella categoría delictiva, tal como lo ha pretendido la defensa, solicitando la prescripción oponiendo excepción de falta de acción por cosa juzgada, en los términos del art. 1 y 339 inc.2° CPPN, por doble juzgamiento, como también por manifiesta inexistencia de responsabilidad penal (art 339. 2°).
Por ello, mutatis mutandi, habiéndose determinado en los presentes autos el contexto en el que habrían tenido lugar las supuestas conductas endilgadas a los responsables de las empresas inmobiliarias, en conexidad con otras como la presunta comisión de Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, Encubrimiento e Incumplimiento de laobligación de promover la represión por parte de los sujetos investigados; no caben dudas de que las mismas configuran delitos de lesa humanidad y, por ende, no puede declararse la extinción de la acción por prescripción, como pretenden los abogados de confianza de los hermanos SCHWARTZ, BERESTAVOY y RASPOSEIRAS.
Para el improbable caso en que VS no haga lugar a la presente solicitud de rechazar cualquiera de las excepciones planteadas por la defensa, se deja planteado el caso federal a los efectos de recurrir a la CSJN, mediante el recurso extraordinario federal previsto en el art. 14 de la ley 48, mas ante la continua, sistemática y generalizada agresión que sufre la población isleña ancestral, en la 1° Sección de Islas, los que nos permite acreditar la sospecha de encontrarnos ante lapresunta comisión del crimen majestatis endilgado a los autores,tipificado el Tratado de Roma, ratificado por la República Argentina. IV.- PETICIÓN. Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:
1.- Se tenga por presentada en legal tiempo y forma la solicitud de AMPLIACION DE CONVOCATORIA A PRESTAR DECLARACION INDAGATORIA, y además solicitamos ampliación de indagatoria a los que se negaron a declarar. 2.- Se convoque a prestar declaración indagatoria conforme los fundamentos detallados en la presente a: al Prefecto Principal, ex Jefe de la Prefectura de San Isidro NORBERTO NELIO NINI; Prefecto Principal ROGELIO PELLEGRINO y EDUARDO GABRIEL CUTROPIA;ANTONIO GRANDONI;CARLOS ALFREDO VITTOR; EDUARDO MARIO CERGNUL; ADRIAN GABRIEL SCHWARTZ; SERGIO ANDREZ SCHWARTZ; HUGO DAMIÁN SCHWARTZ; DANIEL CHILLO; ROBERTO SUAREZ SILVA;ALBERTO URANI;MONICA ANDREA GRAMBLICKA;Lic. LETICIA VILLALBA; ANA MARIA CORBI; ERNESTO G. CASARETTO; Arq. EDUARDO BARBIERI; Ctor. HUGO LEBER; Lic. RAMON ALBERTO ESTEBAN; NORBERTO JESUS BELLO; FLORENTINO NORBERTO BELLO; MARIO ALBERTO BALOSSINO; Escr. LUIS FERNANDO MACAYA; FRANCISCO RODRIGUEZ SERRANO; HORACIO FABEIRO; DARWIN SANCHEZ; Arq. DANIEL MARTINEZ; Teniente ALEJANDRO CORREA; Teniente AMADEAO NUÑEZ, LUCAS DAVID LOSTRACO; Arq. ROBIROSA BECAR VARELA; Ing. DARIO GONZALEZ CEUNINCK; Lic. ADRIAN OSCAR BIGLIERI; Director NORBERTO DANIEL COROLI; Ing. MARCELO RASTELLI; Ing. JUAN J. MORELLI; Dr. CARLOS LASTA; Licenciado NICOLAS SCIOLI; Director Dr. JOSE BENI, Director Nacional de Vías Navegables. Director Ing. JUAN J. MORELLI, Dirección de Estudio y Programación DNVN.
Dirección de Servicios Hidrológicos: Ing. RAFAEL SEOANE, Hidrogeología Lic. OSCAR CORIALE, Dr. ADRIAN SILVA BUZZO. SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Secretario: ROMINA PICOLOTTI, hasta diciembre del 2008, HOMERO BIBILONI hasta diciembre del 2010 y el actual Secretario, Dr. JUAN JOSE MUSSI, Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos: Director: JORGE ALBERTO RAMIREZ, Oficina del Agua:Ing. MIGUEL ANGEL GOMEZ
3.- Se investigue e indague por la presunta comisión de todos los delitos a los autores identificados en el punto anterior, inculpándolos también en base al delito de abandono de persona y lesa humanidad por la agresión contra la población civil isleña ancestral del Delta del Paraná.Cabe referir que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuya codificación se enuncia claramente el tipo de delitos que quedan bajo su competencia y la exacta definición de los mismos, entró en vigor el 01.07.2002, el Estatuto es aprobado por el Estado Argentino a partir el 23.01.2007, conforme la Ley Nº 25390; donde quedan incluidos los actos serios de violencia que atentan contra aspectos esenciales del ser humano como la vida, la libertad, el bienestar físico, la salud, la dignidad, el ambiente sano y equilibrado, etc. y que, por su gravedad y extensión, resultan intolerables para la comunidad internacional, exigiéndose su persecución judicial.
5.- Se investigue fraude procesal.No queremos confundir el fraude procesal con la estafa procesal. El fraude procesal es un delito contra la administración de justicia, mientras que la estafa procesal es un delito contra el patrimonio de una persona. Lo que se protege con el fraude procesal es la eficacia de la administración pública, para que ésta pueda garantizar una protección legal a los intereses jurídicos que deben ser resueltos, como la agresión continua, sistemática y generalizada a la que está expuesta la población civil, lo que tipifica el crimen de lesa humanidad. Conforme las reglas de la sana crítica y la experiencia, entenderá V.S. que todos los autores identificado y a identificar en autos, habrían transgredido, alterado y restringido al marco jurídico referente a los bienes del dominio y uso público; y ello porque, no han sido desafectados para uso particular por ley del Congreso, al tratarse de bienes del dominio público natural, sobre ríos internacionales, regulados a nivel provincial por la Ley 6253 de Desagües Naturales y su Dec. Reg. Nº 11368, la Ley 6254, art. 59 de la Ley 10128/83, ordenado junto a la Ley 8912/77 por Decreto 3.398/87, convalidado por el art. 4° de la Disposición 984/00 del MOSPBA y refrendado por el Dec. 37/03 del Gobernador (BO 24.900). La ley 25688 de Presupuestos Mínimos sobre el Régimen Ambiental de Aguas, la Ley 12257 Código Aguas Provincia Bs As, la Ley 11723 Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Res 289/08 BO del 15/7/08 Anexos 6 y 7, y Código Civil art. 2340 inc 3º, 2634, 2638, 2642, 2644 y 2648. Y también se desconoció de la CN al art.75.- Corresponde al Congreso: Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.
CPACF Tº 81 Fº 887 MFI Tº 110 Fº 505
JUAN ANTONIO DERGANZ
GERONIMO GADEA
JUAN DOMINGO PRESENTADO
ERNESTO JORGE CASTRO SEBASTIAN RAMON PRESENTADO
ROBERTO GALLORO MARIO MARTIN GADEA
MARIA ADELA PELAYO
JULIO GADEA ORLANDO HECTOR ARROYO
OSVALDO PEDRO ANDINO JORGE ANTONIO PORQUERES
ANGEL ESPINDOLA JUAN CARLOS CASTRO ALBERTO RAMON CASTRO