Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-35350-de-enero-23-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d71c47d37f9b0146e0430a0101510146&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 22:06:54
Document Index: 82821844

Matched Legal Cases: ['artículo 208', 'artículo 211', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 211', 'artículo 55', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 211', 'artículo 184', 'artículo 52', 'artículo 52']

﻿ Sentencia 35350 de enero 23 de 2013
SENTENCIA 35350 DE 23 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN O ATENUACIÓN PUNITIVA. LAS CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN O ATENUACIÓN PUNITIVA LLAMADAS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL CUARTO O CUARTOS DENTRO DE LOS CUALES DEBE FIJARSE LA PENA SON LAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 55 Y 58 DEL CÓDIGO PENAL, Y NO LAS CONSAGRADAS EN SU PARTE GENERAL O ESPECIAL. ESTAS ÚLTIMAS IMPLICAN VARIACIÓN DE LOS EXTREMOS PUNITIVOS, PUESTO QUE YA HAN SIDO TENIDAS PREVIAMENTE EN CUENTA EN LA FIJACIÓN DE LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PENA APLICABLE PARA EL DELITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO CARNAL ABUSIVO, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA, CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN PUNITIVA
Sentencia 35350 de enero 23 de 2013
Casación 35350
Actor: Willinton José Vallejo Ch.
El procesado Willinton José Vallejo Charris fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad, que tipifica el artículo 208 del Código Penal (modificado por el art. 4º de la L. 1236/2008), con la circunstancia de agravación específica prevista en el numeral 5º del artículo 211 ejusdem (modificado por el art. 30 de la L. 1257/2008), por ser la víctima del delito su hija.
La primera de estas normas establece para el referido delito una pena privativa de la libertad de doce (12) a veinte (20) años de prisión, y la segunda prevé un incremento de una tercera parte a la mitad de estos montos, lo cual, frente a las directrices consagradas por la regla cuarta del artículo 60 ejusdem, determina que la pena sea de 16 a 30 años de prisión, o lo que es igual, de 192 a 360 meses.
El juez de primera instancia, al dosificar la pena, seleccionó correctamente estos extremos punitivos, al igual que los cuartos de movilidad, los que quedaron delimitados así: cuarto mínimo: 192 a 234 meses. Primer cuarto medio: 234 a 276 meses. Segundo cuarto medio: 276 a 318 meses. Y cuarto máximo: 318 a 360 meses(1).
El artículo 61 del Código Penal, en su inciso segundo, establece que el sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes, o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva. Dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva. Y en el cuarto máximo cuando solo concurran circunstancias de agravación.
Al determinar el cuarto dentro del cual debía dosificarse la pena, el juez seleccionó los medios, por estimar que concurría la circunstancia de agravación punitiva prevista en el numeral 5º del artículo 211 del Código Penal y la atenuante de ausencia de antecedentes penales del numeral 1º del artículo 55 ejusdem, consideración con fundamento en la cual fijó la pena en la mitad de los cuartos medios, es decir, en doscientos setenta y seis (276) meses de prisión(2).
La doctrina de la Corte tiene dicho que las circunstancias de agravación o atenuación punitiva llamadas a tener en cuenta en el proceso de determinación del cuarto o cuartos dentro de los cuales debe fijarse la pena, son las previstas en los artículos 55 y 58 del Código Penal, y no las consagradas en la parte general o especial del código que implican variación de los extremos punitivos, puesto que estas ya han sido tenidas previamente en cuenta en la fijación de los límites mínimo y máximo de la pena aplicable para el delito(3).
Oportuno es recordar que el proceso dosimétrico comprende cuatro fases, claramente diferenciadas por el código, que se cumplen progresivamente. La primera, de determinación de los extremos o límites punitivos del delito, reglamentada en el artículo 60 del Código Penal, en la que el juez debe establecer la pena mínima y máxima aplicable, teniendo en cuenta las circunstancias de agravación o atenuación concurrentes, que modifiquen estos límites.
La segunda, de división del ámbito punitivo de movilidad en cuartos, proceso que reglamenta el inciso primero del artículo 61 ejusdem y que implica dividir la pena comprendida entre los límites mínimo y máximo en cuatro partes iguales, llamados cuartos (uno mínimo, dos medios y uno máximo), y en fijar cuantitativamente los montos que delimitan cada uno de ellos.
La tercera, de selección del cuarto de movilidad dentro del cual el juez tasará la pena, labor que el juez debe realizar siguiendo las directrices establecidas en el inciso segundo ejusdem, que ordena hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, entendidas por tales las de menor o mayor punibilidad previstas en los artículos 55 y 58 del Código.
Y la cuarta, de determinación de la pena en concreto, dentro de los límites de movilidad del cuarto seleccionado, que reglamenta el inciso tercero del precepto, en la que deben ponderarse factores como la gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena, la función que cumple, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito en las acciones tentadas y el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda en los eventos de complicidad.
En el caso analizado, el juez de primera instancia se ubicó en los cuartos medios para dosificar la pena, por considerar que concurría la circunstancia de agravación del artículo 211.5 y la de atenuación por carencia de antecedentes, ejercicio que resulta incorrecto, si se tiene en cuenta que la primera circunstancia no podía ser tenida en cuenta para estos efectos, por constituir una causal específica de agravación, modificadora de los extremos punitivos, que ya había sido tenida en cuenta por el juzgador para elevar la pena mínima de 12 a 16 años y la máxima de 20 a 30 años, situación que imponía seleccionar el cuarto mínimo, por inexistir circunstancias de mayor punibilidad que hubiesen sido imputadas en la acusación.
Como esta operación condujo al desconocimiento de los principios non bis in ídem y de legalidad de la pena, dado que implicó un doble incremento punitivo por el mismo factor y la selección de un cuarto punitivo distinto del que legalmente correspondía, la Corte, en ejercicio de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, casará parcialmente la sentencia y fijará la pena en el punto medio del ámbito de movilidad del cuarto mínimo, que corresponde a 213 meses, teniendo en cuenta que el juez realizó similar operación al tasar la pena en la mitad del ámbito de movilidad de los cuartos medios.
El juzgador condenó también al procesado a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría, y de prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, o sustancias estupefacientes o psicotrópicas (previstas en el C.P., art. 43, nums. 4º y 8º), por el mismo término de la pena principal, es decir, 276 meses de prisión, con inobservancia del límite máximo previsto para la primera, que es de 15 años, razón por la que la Corte, con el fin de restablecer el principio de legalidad, la fijará en dicho límite, y establecerá para la segunda el mismo término de la condena.
Necesario es precisar que el juzgador omitió condenar al procesado a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la pena de prisión, como lo ordena el artículo 52 del Código Penal, pero en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Nacional y 188 de la Ley 906 de 2004, que prohíben agravar la pena impuesta cuando el procesado es impugnante único, como ocurre en el presente caso, la Corte se abstendrá de introducir enmiendas a la sentencia por este motivo.
CASAR parcialmente, de oficio, la sentencia impugnada, para condenar al procesado Willinton José Vallejo Charris a la pena principal de doscientos trece (213) meses de prisión, y las accesorias de prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas por el mismo término, y de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría por quince (15) años. En lo demás, el fallo se mantiene inmodificable.
Con el respeto que de siempre he profesado por los planteamientos ajenos, procedo a exponer las razones por las cuales salvé parcialmente el voto en este asunto (providencia de ene. 23/2013), en cuanto no estoy de acuerdo con lo afirmado en la providencia al señalar que si bien el procesado fue condenado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado por tratarse de su hija, sin que le fuera impuesta la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, no es viable enmendar tal omisión en virtud del principio de la non reformatio in pejus.
El pensamiento de Beccaria se inspiró en el contractualismo de Hobbes y Rousseau, entre otros. Conforme a esa concepción, los hombres vivían en un estado de naturaleza donde las constantes guerras hacían imposible la convivencia pacífica. Por eso decidieron celebrar un acuerdo en virtud del cual entregaron a un tercero (el Estado) la potestad de regular sus vidas. Sin embargo, no entregaron el poder total, “sino la porción necesaria para «mantener el buen orden”(5). De ahí que “con quien ha realizado un comportamiento que se considera violatorio de las normas impuestas en una determinada sociedad, no se puede hacer lo que se venga en gana”(6).
Conforme a lo expuesto, considero que en este asunto correspondía a la Sala en virtud del principio de legalidad imponer la sanción accesoria omitida en las instancias, máxime si dicha pena se encuentra aparejada con la de prisión, según lo dispone el inciso final del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Nótese que en casos como el de la especie, la posición mayoritaria de la Corte termina por avalar una decisión contraria a la legalidad, pues no hay duda que por mandato del legislador, conforme a la norma citada en precedencia, la imposición de la pena de prisión conlleva la de la sanción accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas, cuya marginación en los fallos de instancia resultó indebidamente amparada por Sala al dar primacía al principio de la non reformatio in pejus sobre el de legalidad.
(1) Folios 19 y 20 de la sentencia de primera instancia.
(2) Página 20 del fallo.
(3) Casación 36692, auto de 26 de octubre de 2011; y segunda instancia 38184, auto de 8 de febrero de 2012, entre otras.
(2) Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Universidad Externado de Colombia, págs. XVII y 18. Beccaria rechazó firmemente la idea de la pena con fines expiatorios.
(6) Beccaria, Cesare, óp. cit., pág. XVII.