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Timestamp: 2019-10-22 14:40:35
Document Index: 200661385

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 368', 'artículo 140', 'artículo 92', 'in fine', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 6894 de febrero 20 de 2002
SENTENCIA 6894 DE 20 DE FEBRERO DE 2002
CONTENIDO:PRUEBA DE LAS RELACIONES SEXUALES. EL TRATO PERMITE INFERIRLAS PERO UN PRETÉRITO AYUNTAMIENTO NO TIENE COMO SIGNIFICAR EL POSTERIOR ACCESO CARNAL.
Sentencia 6894 de febrero 20 de 2002
Ref.: Expediente 6894
Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 13 de agosto de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales —Sala Civil Familia— en el proceso de investigación de paternidad promovido por la Defensora de Familia de Salamina —Caldas— en nombre del menor Diego Andrés Ríos, contra Roberto Grisales Gallego.
1. Por la demanda con que se inició el proceso, se solicitó declarar que el mencionado menor es hijo extramatrimonial de Roberto Grisales Gallego y que, en consecuencia, se disponga lo relativo a “la patria potestad y la guarda”.
2. Como soporte fáctico de las anteriores pretensiones se señala:
María Gladys Ríos Garcés, madre del menor, y el demandado Roberto Grisales, que se conocieron en 1980 en el municipio de Aguadas, se hicieron luego novios y sostuvieron relaciones sexuales, la primera de ellas el 9 de marzo de 1981, relaciones a las que hubo lugar también, entre otras oportunidades, en marzo de 1983 y enero de 1985.
A comienzos de 1985, Roberto, sin explicación alguna dio por terminado el noviazgo; sin embargo a finales del mes invitó a Gladys a Medellín, donde pernoctaron, y allí se comentó que Roberto era nada más que un amigo de la dama de nombre Martha López. No obstante, a los pocos días Gladys vio a Roberto en compañía de la mencionada Martha, “y entonces en esa época empezó la amistad entre la señora María Gladys y el señor Jaime Hernández que duró aproximadamente cinco (5) meses contados de marzo a julio de 1985, en las salidas con el señor Jaime Hernández, el señor Roberto los vio cogidos de la mano”.
“El 15 de junio de 1985 el señor Roberto citó a la señora María Gladys a las 6 p.m. en la cafetería (...) Roberto subió en el camión que en ese entonces manejaba y se fueron (...) en el camino se pusieron de acuerdo para no volver a encontrarse con los señores Jaime Hernández y Martha López, de regreso el señor Roberto inventó una falla en el carro y allí sostuvieron relación sexual, en la cual la señora María Gladys quedó embarazada (...)”.
Al enterarse del embarazo, Roberto ofreció ayuda en un principio, mas luego la negó rotundamente. Diego Andrés nació el 16 de marzo de 1986, y aunque en algunas ocasiones Roberto y María Gladys se citaron para reconocer al menor, él fue postergando el asunto, hasta decir por último que esperaría a que el infante tuviese cinco años de edad “para ver a quien se parecía”, lo cual tampoco cumplió, “agregando comentarios como el que el menor era hijo de Jaime Hernández”.
3. A las aludidas pretensiones se opuso el demandado, negando que entre él y la madre de Diego Andrés hubiesen existido relaciones sexuales.
4. El juez del conocimiento, en su sentencia, declaró que el demandado es el padre de Diego Andrés; dispuso que la patria potestad sea ejercida conjuntamente por ambos padres y que la guarda y cuidado personal del menor continúen a cargo de la madre, fijando como cuota de alimentos al padre, un 30% del salario mínimo mensual vigente.
5. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandado, el tribunal confirmó el fallo del a quo, salvo en lo atinente a la patria potestad, que confirió en forma exclusiva a la madre, y a la condena en costas, que no decretó para la segunda instancia.
Advierte que en el presente asunto se invoca “como causal de filiación” la existencia de relaciones sexuales entre María Gladys Ríos y el demandado, por lo que teniendo en cuenta que el menor Diego Andrés nació el 16 de marzo de 1986, la actora debe demostrar que la concepción ocurrió entre el 20 de mayo y el 17 de septiembre de 1985.
Pasando ya al análisis probatorio, se refiere primeramente al interrogatorio de parte rendido por el demandado, quien negó una vez más las relaciones carnales, admitiendo sí una amistad, de unos cuatro años, de 1980 a 1984, con María Gladys, tiempo durante el cual “se encontraban por ahí y tomaban fresco, pero que no tenían día fijo para eso”.
Resume a continuación las declaraciones rendidas por Gloria Elsi Gaviria Giraldo, Libia Valencia Álvarez, Gloria Nelfi Salazar, Luz Elena Quintero Gallego, Jaime Hernández Patiño, Ana Delia Grisales Gallego y Libia Valencia Álvarez; y comenta: “de las declaraciones transcritas podemos deducir que (...) existieron relaciones sexuales, pues de forma franca y concreta comentó ésta (María Gladys) a varias de sus amigas la realización de dichas relaciones y la Señora Libia Valencia Álvarez, quien tenía una fuente de soda en la Mermita nos contó que la pareja iba a su establecimiento a tomar aguardiente y a escuchar música y pasaban la noche juntos, lo cual presenció su familia y el único que la visitaba era Roberto y en el año 85 ya estaba embarazada”.
A continuación, procede a definir si a tales relaciones hubo lugar durante la época en que se presume la concepción, esto es, de 20 de mayo a 16 de septiembre de 1985. Destaca cómo el recurrente (Roberto Grisales) “considera que por haber terminado formalmente el noviazgo de la madre del menor y el demandado en febrero de 1985 y tener amistad María Gladys Ríos con Jaime Hernández, no era posible que entre la pareja se pudiera efectuar relación sexual el 15 de junio de 1985”. Pero, en el punto, la corporación, luego de sostener que “el hecho manifestado por María Gladys es de común ocurrencia”, vuelve al testimonio de Libia Valencia, insistiendo además en la credibilidad que le merecen las versiones de María Gladys y Gloria Nelfi Salazar.
Alude a que, además, la paternidad del demandado es “compatible”, que tal fue el resultado de la “prueba de exclusión de paternidad” practicada, hecho que aprecia como indicio en contra de aquél, carácter que da igualmente al hecho de que éste haya negado la existencia de las relaciones sexuales, lo cual es “contrario a la realidad”, a lo que suma la que tilda de extraña actitud que aquél asumió al tachar algunos testigos tan solo después de que rindieron su versión y no antes.
Anota que únicamente María Gladys da razón del hecho descrito en el numeral 9º de la demanda, estos es, que el 15 de junio de 1985 tuvo lugar la concepción de Diego Andrés. Pero sostiene que esa versión de la madre “recobra fuerza” porque de los testimonios se desprende que la pareja si tuvo relaciones sexuales, cuestión negada por el demandado y que había dicho constituía indicio en su contra, a lo que se suma el resultado del examen de “genética”, amén de las declaraciones de Libia Valencia y Gloria Nelfi Salazar.
En estos términos, confirmó el fallador la declaración de que el padre de Diego Andrés, es hijo del demandado.
Cuatro han sido los cargos formulados. La Corte despachará conjuntamente los dos primeros, dado que no obstante estar encasillados en causales distintas (la primera y la segunda) denuncian idéntica irregularidad; por lo demás, se entiende relevada de estudiar el cuarto que, a despecho de proclamar un yerro in procedendo, tiene un alcance restringido de cara al tercero que sí prospera.
Acusa la sentencia recurrida de inconsonante por “extra facta”, al haberse acogido las pretensiones con base en hechos no determinados en la demanda, no obstante que su referencia es ineludible para acreditar la causal de filiación declarada, particularmente porque no se afirmó que por la época en que se presume la concepción, la madre del menor no hubiera tenido relaciones con hombres distintos al demandado, amén de que si en dicho libelo se dijo que ésta fue novia de otro individuo, se debió aseverar en la demanda y probar en el proceso, que el demandado acogió como hijo suyo por actos positivos de paternidad al demandante.
Denuncia la violación indirecta, por indebida aplicación, de los artículos 1º, 4º numeral 4º, 7º incisos 1º, 12 y 25 de la Ley 45 de 1936; 62, numeral 1º, 92, 250, inciso 2º, 401, 402 403, 411 numeral 5º del Código Civil; 13 y 16 inciso 2º de la Ley 75 de 1968; 11 del Decreto 2272 de 1989; y 155 y 156 del Código del Menor y, por falta de aplicación los artículos 37 numeral 4º, 63, 67, 75 numerales 6º y 12, 77 numerales 5º, 6º y 7º, 333 numeral 4º y 401 de Código de Procedimiento Civil; 4º, 5º, 8º y 10 de la Ley 153 de 1887; y 230 inciso 2º de la Constitución Política, a consecuencia de errores de hecho cometidos al suponer reunido, sin estarlo, el presupuesto procesal de la demanda en forma, por dos aspectos:
a) Porque en la demandada no se precisó que durante la época de la concepción la madre del menor no tuvo relaciones con otros hombres distintos del demandado, ni que, de haberlas tenido, éste lo acogió como su hijo por actos positivos de paternidad;
b) En tanto que la defensora de familia que “apodero” al menor no acreditó la calidad invocada, ni se identificó abogada y ni siquiera afirmó que lo fuera.
Salta a la vista que ninguno de estos cargos puede dar con el quiebre del fallo, pues ni existe modo de sostener fundadamente que a consecuencia de las razones dadas por el recurrente éste sea incongruente, ni hay manera de pensar que el presupuesto procesal de demanda en forma se encuentre en entredicho.
En efecto, sábese que la incongruencia de la sentencia con los hechos de la demanda surge cuando a partir de la consideración objetiva de dicho libelo, el juzgador decide “con hechos esenciales de la misma abiertamente distintos, de tal manera que conduzcan al fallo de una pretensión que, por tal motivo, resulta diferente de la invocada”; eventos en que, según se ha señalado, corresponde de todos modos al censor, “demostrar con exactitud la mencionada inconsonancia con el parangón objetivo pertinente” (Cas. 5, mayo/98).
Y en este caso se sustrajo el censor de demostrar esa divergencia, pero no por omisión fortuita, sino porque difícilmente podía lograr tal cometido, particularmente ante la imposibilidad de efectuar un parangón que siquiera lo insinúe. Recuérdese que aquí el tribunal declaró la paternidad sobre la base de dar por establecido el contacto carnal que con el demandado se señaló en la demanda. Entonces, si lo resuelto por el tribunal cabalga justamente sobre los cimientos fácticos de la demanda, fuerza es admitir que el sentenciador, lejos de la disonancia, habló armoniosamente, y que, por ahí derecho, se toma poco menos que imposible elevar acusaciones dentro de la causal segunda de casación.
Tanto es así, que aquí el censor en su propósito de configurar la causal, constreñido se vio a traer una argumentación complejísima —que la actora ha debido decir que no tuvo contacto carnal con otro hombre— pues de ella resultaría que al demandante no le basta con narrar el supuesto fáctico de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue, como desde tiempos inmemoriales se oye decir, sino que ahora estaría compelido a señalar la inexistencia de tal o cual hecho que pudiera en un momento dado enervar aquellos supuestos. Por mejor decirlo, obligado estaría el actor a señalar tanto lo acontecido como lo no acontecido, en una exigencia tan inútil como draconiana.
Cosa muy distinta, por no decir que opuesta, es que el demandado, en lo suyo, aduzca hechos que tiendan a infirmar los del actor. Ese será su cometido. Es decir, no es labor del demandante descartar paso a paso lo que pudiera afectarle, con proposiciones negativas, tarea que naturalmente podría ir hasta el infinito, sino que corresponde al demandado traer los hechos, esos sí concretos, que decoloran, desdibujan a hasta derriban los que de su lado invoca el actor, llegando a suceder incluso que con ello elabore una gestión exceptiva, como en este linaje de procesos sucede con la conocida excepción de confusio sanguinis.
Ahora, cuando a la idoneidad de la demanda, la exigencia que en punto a los hechos establece el numeral 6º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil no señala más que el que estos se determinen, clasifiquen y numeren debidamente; de allí, por tanto, que sea imperativo aceptar que si el defecto que se atribuye en la impugnación al libelo incoactivo no involucra ninguno de estos requisitos de forma, no se puede hablar de un error en la contemplación de la demanda. Puede que la causa petendi resulte en algún evento insuficiente para el despacho favorable de las pretensiones, pero ello no traduce una deficiencia formal que afecte el memorado presupuesto procesal.
De otro lado, es manifiesto que la irregularidad aducida para socavar la legitimación de la defensora de familia, por entrañar un vicio constitutivo de nulidad por falta de representación, no podía denunciarse por la causal primera, sino con base en una causal independiente y autónoma prevista específicamente para este tipo de desviaciones, la contemplada en el numeral quinto del artículo 368 del Código citado, precisión que de todas maneras hace forzoso destacar, que aun así, para invocarla se requiere legitimación, de la que sin lugar a dudas carece el demandado. Todo, desde luego, si no fuese porque encontrándose subsumida dicha irregularidad en la hipótesis contenida en el numeral 7º del artículo 140 ibídem, debió ser alegada en las oportunidades establecidas por la ley para hacerla valer, “bien como excepción previa o ya mediante los recursos procedentes” (1) . De lo contrario, debe irremediablemente concluirse que se encuentra más que saneada.
(1) Cas. 10 de marzo de 2000. Exp. 6188.
Al abrigo de la causal primera de casación, se atribuye a la sentencia el quebranto indirecto de los artículos 1º, 4º, ord. 4º, 7º, inc. 1º, 12 y 25 de la Ley 45 de 1936; 62 – 1º, 92, 250 inc. 2º, 401, 402, 403 y 411 – 5º del Código Civil; 13 y 16 inc. 2º de la Ley 75 de 1968; 11 del Decreto 2272 de 1989 y 155 y 156 del Código del Menor, como consecuencia de manifiestos errores de hecho cometidos al apreciar la prueba.
1. Como errores de hecho en la apreciación de las relaciones sexuales, señala el recurrente los siguientes:
a) Pasar por alto que como en el hecho noveno de la demanda se afirmó que el actor fue concebido en la relación sexual sostenida por su madre con el demandado el 15 de junio de 1985, la prueba debió referirse a la demostración de esa exclusiva relación, sin que pudiera interesar otras relaciones sostenidas en épocas diferentes.
b) Suponer la existencia de prueba que dé certeza de dicha relación, suposición que se verifica con la “confrontación de los testimonios que resumió el ad quem, pero con una aprehensión (sic) que desfasa su contenido fáctico”; aspecto este en lo atinente a lo cual se expresa así sobre la prueba testimonial:
Gloria Elsi Gaviria Giraldo relata lo de esa relación sexual, pero porque se lo contó María Gladys; Libia Valencia Álvarez no recuerda el tiempo en que María Gladys estuvo en La Mermita ni cuando se vino de allá, además de que tampoco relata hecho alguno indicativo de una relación sexual ocurrida el 15 de junio de 1985; Gloria Nelfi Salazar y Luz Elena Quintero Gallego fueron igualmente informadas por la madre de la relación y el embarazo; Jaime Hernández Patiño, quien dijo haber sido novio de Gladys a principios de 1985, no hizo ni siquiera mención al susodicho contacto sexual y, por último, Ana Delia Grisales Gallego nada atestigua en el punto.
c) Omitir que en el hecho 7º de la demanda se afirmó que el noviazgo entre la madre del menor demandante y el demandado terminó a principios de febrero de 1985, por lo que no puede admitirse que la prueba testimonial que relata hechos indicativos de relaciones sexuales hasta esa fecha, sirva también como prueba de la episódica relación que habría tenido lugar varios meses después, el 16 de junio de 1985.
d) Omitió así mismo la circunstancia de que la única que relata lo del contacto sexual el 16 de junio de 1985, es la propia madre del menor, que, como persona interesada, no puede bastantear el fallo impugnado.
2. Denuncia error de hecho en la apreciación del examen heredobiológico, por que éste se limitó al examen sanguíneo, de manera que la impresión de paternidad compatible que arrojó, no pasa de ser un indicio leve.
3. En lo concerniente a la conducta del demandado, no se advirtió que si bien éste negó las relaciones sexuales con María Gladys, el indicio grave que de allí se puede deducir estaría referido al trato sexual en el tiempo del noviazgo, que terminó en febrero de 1985, pero no a la existencia de relaciones por la época en que se presume la concepción del menor demandante.
Resulta indudable que en el presente caso obran unas circunstancias temporales perfectamente delimitadas, cuya correcta ponderación es imprescindible para un adecuado análisis de la situación probatoria.
Así, contra lo que suele suceder, se cuenta, porque así lo determina la propia demanda incoactiva, con el día en que tuvo lugar la concepción del menor demandante, Diego Andrés: el 15 de junio de 1985, ni un día antes, ni un día después.
Dato que acompasa con otro que igualmente proporciona el escrito introductorio: el de que la relación amorosa entre María Gladys Ríos —madre del menor— y Roberto Grisales —el presunto padre—, terminó en febrero de 1985, concretamente “a finales de mes”, un día en que ellos se alojaron en un hotel de Medellín.
Fue después de esto, terminado el noviazgo y comenzada ya por María Gladys una “relación de amistad” con Jaime Hernández “que duró aproximadamente cinco (5) meses contados de marzo a julio de 1985”, cuando, según lo narrado en la demanda y confirmado por aquella en su interrogatorio, hubo lugar, el 15 de junio de 1985, el contacto sexual en que fue concebido Diego Andrés, nacido el 16 de marzo de 1986.
Y el error del tribunal consistió en no haber otorgado a esa tan singular situación la dimensión que a todas luces tiene. Porque sobre la base de que la causal de paternidad alegada lo fue la existencia de relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre “en la época en que según el artículo 92 pudo tener lugar la concepción”, la corporación pasó a inferirlas del trato personal y social de la pareja; pero sin medir el hecho de que, como lo sostiene la misma madre de Diego Andrés, para el tiempo de la concepción ese particular trato ya no existía.
Es la misma ley la que, oyendo con toda seguridad la voz de la experiencia, autoriza la deducción de que el trato personal y social entre un hombre y una mujer, cuya naturaleza, intimidad, continuidad y demás circunstancias en que se desarrolla sean indicativas, va acompañado en la más de las veces de relaciones sexuales; pero, naturalmente, el concúbito que es deducido y el hecho que lo indica, deben ser coetáneos, desde luego que resultaría absurdo inferir, del trato que hubo entre una pareja, su ayuntamiento carnal en el futuro. En otros términos, sin el hecho indicador, la deducción no es posible, y la que llegare a realizarse sería simplemente caprichosa.
Ahora bien; el juzgador se apoyó básicamente en la prueba testimonial para concluir que las características de la intimidad entre María Gladys y Roberto eran tales, que de allí se podían inferir sus relaciones sexuales durante el tiempo en que se presume la concepción, la que sitúa entonces entre el 20 de mayo y el 16 de septiembre de 1985; pero, claro, toda esa labor deductiva se muestra inútil en la medida en que, según lo informa el escrito introductorio, ese período de intimidad personal y social de la pareja, y con él el ayuntamiento sexual que ello permitía deducir, terminó a comienzos de 1985, varios meses antes del día en que, según también se narra, Diego Andrés fue concebido.
Por supuesto que era este último contacto sexual, el de la concepción, el del 15 de junio, el que había de acreditarse. Y el tribunal no fue ajeno a ello, pero entonces, al confrontar esta realidad con la prueba, su argumentación se descompone, e incurre en los yerros fácticos que se le atribuyen.
En efecto, para referirse a las relaciones sexuales del 15 de junio, comienza por reconocer que “únicamente la madre del menor, da razón de este hecho (9º del escrito de demanda)”; y descarta, como posible prueba de ese suceso, los demás testimonios, por cuanto su conocimiento, de oídas, provino de la misma madre (fl. 12 de la sentencia, in fine).
Mas en el párrafo siguiente asegura que “la versión de la madre del menor, sobre la relación sexual con el demandado el día 15 de julio (sic) de 1985 recobra fuerza”, por cuanto se halla demostrado que entre ella y el demandado existieron relaciones sexuales; a esto le suma “el examen de genética”, el testimonio de Libia Valencia, quien informa de las visitas que “al lugar de trabajo, donde amanecían”, hacía Roberto a Gladys “entre los años 1984 y 1985” y la declaración de Gloria Nelfi Salazar, a quien en 1994 Roberto le dijo que no reconocía al menor por cuanto “no se parecía a él” y la que, además, alguna vez presenció que “se quedaban a dormir juntos”. De aquí, expresó el juzgador, “podemos concluir que el padre extramatrimonial del menor Diego Andrés Ríos es el señor Roberto Grisales Gallego”.
Es el anterior, pues, el material y análisis probatorio con el que el sentenciador tuvo por demostradas las referidas relaciones sexuales para el día 15 de junio, y con ellas la paternidad del demandado. Material que, bien examinado, constituye un conjunto artificial, aparente, pues es solamente la unión de situaciones probatoriamente inocuas, después de desmontadas las cuales apenas queda la versión de la madre del menor.
De allí parte para señalar que las relaciones sexuales anteriores de la pareja —deducidas por cierto de su trato—, son indicativas de que en el futuro continuaron, deducción ilógica en tanto que lo uno de ninguna manera implica lo otro; en verdad, el trato, en tanto existe, permite inferir relaciones sexuales, pero un pretérito ayuntamiento no tiene cómo significar el posterior acceso carnal.
Por ende es que, cuando el fallador invoca en pro de su criterio los testimonios de Libia Valencia y Nelfi Salazar, cae en similar sinrazón, ya que lo único que hace es reiterar lo que antes expuso, a saber, que el trato pasado, que es el de que estas damas dan fe, habida cuenta de la demanda incoactiva, permite imputar al hombre futuros ayuntamientos con la que fue su amante.
Empero, eliminado lo anterior, que constituye la espina dorsal de la argumentación del sentenciador, resulta claro cómo no puede inferirse el concúbito de los pormenores que podrían denominarse complementarios, tales como la bien equívoca circunstancia de que, en diálogo con Gloria Nelfi Salazar, el demandado expresara que no reconocía como hijo suyo a Diego Andrés porque no se le parecía; o la de que el examen sanguíneo hubiese arrojado como resultado paternidad compatible, lo cual, como se sabe, sólo tiene un peso probatorio considerable en el evento de incompatibilidad; o, por último, el que el demandado hubiese negado haber tenido relaciones sexuales con Gladys a pesar de hallarse comprobado que sí las tuvo, negativa que sólo podría predicarse de las relaciones anteriores a febrero de 1985, lo cual desvanece su poder indicativo por supuesto que el acceso carnal de junio de ese año es precisamente el que no se ha logrado acreditar.
En una palabra, el tribunal incurrió en yerro fáctico evidente en cuanto que basó su decisión en una inferencia incorrecta desde el punto de vista lógico, cual es la de que el trato de la pareja en el pasado, con su secuela de relaciones sexuales presumidas, permite tener por comprobadas unas relaciones de igual carácter futuras entre quienes conformaron dicha pareja, la que de ser aceptada implicaría condenar caprichosamente a la pareja que ha tenido intimidad a la permanente sospecha de que su ayuntamiento continúa.
De modo que, aparte de algunos hechos equívocos, cuya relación con lo que se pretende probar es más que lejana, como prueba de la relación carnal apenas queda la versión de que la madre del menor, ostensiblemente insuficiente para dar por acreditadas unas relaciones de las que depende la declaración de paternidad.
Desacierto de tal magnitud condujo al tribunal a violar las normas sustanciales señaladas en el cargo, especialmente cuando aplicó indebidamente el numeral 4º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, razón que obliga a casar la sentencia impugnada.
Pero llegando a este punto, hácese indispensable resaltar, como en diversas ocasiones lo ha venido haciendo la jurisprudencia, que gracias al arrollador avance de las investigaciones científicas, es posible hoy día, por exámenes biológicos sobre el ADN, establecer con métodos mucho más seguros que los que brindan las pruebas por grupos sanguíneos, las relaciones de filiación; pruebas cuya confiabilidad alcanza porcentajes cercanos al 100% para afirmarla, a diferencia de cuanto ocurre con las otras, que apenas brindan un índice de probabilidad, lo que explica su escaso valor demostrativo en el propósito de fundar —por sí solas— el grado de certeza que reclama la declaración de paternidad.
Exámenes de tal carácter no se llevaron a cabo en este asunto, donde se utilizó el sistema de grupos sanguíneos en la realización de la prueba genética, de la que se obtuvo una impresión sobre paternidad compatible, lo que es comprensible si se advierte en qué época fueron realizados —junio de 1995— (fl. 30 del cdno. 1 del exp.), en curso la primera instancia.
No obstante, como la Corte, colocada en instancia, no puede desentenderse de tan caros aportes científicos en la búsqueda de una solución certera del asunto, mucho menos después de haber entrado en vigencia la Ley 721 de 2001, antes de dictar la sentencia que reemplace a la del tribunal que hoy ha sido casada, decretará, conforme a lo dispuesto por los artículos 233 y 375 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, la práctica de una nueva pericia para que mediante la utilización de los sistemas indicados por la señalada ley para inclusión de la paternidad, se determine la que aquí se controvierte.
En consonancia con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá pronunció en este juicio de paternidad extramatrimonial en el que es demandante Diego Andrés Ríos y demandado Roberto Grisales Gallego, calendada el 13 de agosto de 1997.
Y antes de dictar la sentencia sustitutiva, de oficio se decreta la práctica de un dictamen pericial que debe rendir el laboratorio de genética médica de la Universidad Nacional, para que se realicen al presunto padre Roberto Grisales Gallego, a María Gladys Ríos Garcés y al menor Diego Andrés Ríos, a quienes se citará para tales efectos, los exámenes científicos a que se refiere el parágrafo 2º del artículo 7º de la Ley 75 de 1968, reformado por el artículo 1º de la Ley 721 de 2001, con el fin de establecer la paternidad respecto del citado menor. Los expertos, a quienes se enviará copia de las pruebas genéticas recogidas en el proceso, al rendir su informe deberán proceder en los términos indicados por la norma citada.
Los gastos de la pericia serán de cargo de las partes, por igual (CPC, art. 179).
Sin costas en el recurso extraordinario ante su prosperidad.