Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-04613-de-agosto-11-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b26887ccb9150012e0430a0101510012&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-20 09:16:31
Document Index: 303522235

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 414', 'IN DUBIO', 'artículo 357', 'artículo 65', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 414', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 172', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 99', 'artículo 115', 'artículo 237', 'artículo 241', 'artículo 99', 'artículo 149']

﻿ Sentencia 1997-04613 de agosto 11 de 2011
SENTENCIA 1997-04613 DE 11 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:CAPTURA INJUSTA. DE ACUERDO A LA POSICIÓN MAYORITARIAMENTE ASUMIDA POR ESTA SECCIÓN, AUN CUANDO LA ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO QUE HA ESTADO PRIVADO DE LA LIBERTAD NO SE PRODUZCA EN APLICACIÓN DE ALGUNO DE LOS TRES SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 414 DEL DECRETO 2700 DE 1991, SINO COMO CONSECUENCIA DE LA OPERATIVIDAD DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO, ESTE NO PUEDE PROVEER DE JUSTO TITULO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA CUAL FUE SOMETIDA UNA PERSONA PENALMENTE PROCESALMENTE.
Sentencia 1997-04613 de agosto 11 de 2011
Expediente: 25000-23-26-000-1997-04613-01 (21801)
Actor: Luis Eduardo Pérez y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Justicia - Consejo Superior de la Judicatura
La Sala es competente desde el punto de vista funcional(14) para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2001, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación.
Debe precisarse que, en vista de que la apelación se formula por la parte actora, frente a un fallo denegatorio de las pretensiones, la Sala no ve limitada su competencia para decidir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(15).
Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal”(16) (destacado fuera del texto)
Con fundamento en lo anterior es dable insistir en que la caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado(17).
Según se dejó visto, en el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la privación de libertad de que fue objeto el señor Luis Eduardo Pérez entre el 5 de diciembre de 1995 y el 18 de diciembre de 1996, fecha en que se declaró su absolución por parte del Tribunal Superior de Cundinamarca - Sala Penal.
Como quiera que la sentencia absolutoria cobró ejecutoria el 30 de enero de 1997(18) y la demanda se interpuso el 2 de julio del mismo año(19), resulta indudable que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.
Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta acertado referirse, en primer término, al régimen de responsabilidad que rige en el caso sub judice, para lo cual se precisa que la detención injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Luis Eduardo Pérez ocurrió entre el 5 de diciembre de 1995 y el 18 de diciembre de 1996, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996(20).
En este sentido, procede comenzar por tener presente el texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:
Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando esta sea ilegal o arbitraria(21), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad. Es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta(22). Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:
“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(23).
Ahora bien, frente a la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, la Sección no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991(24).
En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(25).
Posteriormente, una segunda postura indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(28), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(29), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(30).
En un tercer momento, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se agregó la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(31), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(32).
Finalmente, en una cuarta etapa, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(33).
De acuerdo con la posición mayoritariamente asumida por la Sección, aún cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio “in dubio pro reo”, este no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, como quiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado cautelarmente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre amparó a la víctima directa de tal detención, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento nunca se produce, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y Estos”(34).
En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano está orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y, en consecuencia, se hallen sujetos a aceptar como un beneficio gracioso o una especie de suerte el que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad.
La Sala ha considerado necesario reiterar en estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de la entidad demandada(35).
Obran en el expediente los siguientes elementos probatorios, que fueron aportados en copia auténtica:
— Acta de derechos del capturado de 5 de diciembre de 1995, respecto del señor Luis Eduardo Pérez, retenido a solicitud de la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Fusagasugá(36).
— Boleta de encarcelación 0006 de 5 de diciembre de 1995, dirigida al Director de la Cárcel del Circuito de Fusagasugá, para mantener privado de la libertad a Luis Eduardo Pérez, por orden de la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Fusagasugá(37).
— Resolución de 11 de diciembre de 1995, proferida por la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Fusagasugá, mediante la cual se resolvió la situación jurídica de Luis Eduardo Pérez, imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva(38).
— Resolución de acusación de 12 de marzo de 1996, proferida por la Fiscalía 17 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Fusagasugá. Acusación en contra de Luis Eduardo Pérez, como presunto autor responsable del delito de homicidio, denegó la libertad provisional(39).
— Sentencia de 17 de octubre de 1996, proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá, en la cual se condenó a Luis Eduardo Pérez a 26 años de prisión, como autor responsable del delito de homicidio(40).
— Sentencia de 18 de diciembre de 1996, proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la cual se dispuso revocar el fallo de primer grado y en su lugar, absolver a Luis Eduardo Pérez y ordenar su libertad inmediata(41).
En la citada providencia se hizo un riguroso análisis de la prueba obrante en la investigación, para concluir que de su valoración surgían grandes dudas en cuanto a la responsabilidad del sindicado, sin que obraran elementos de juicio demostrativos de la autoría y responsabilidad. Como fundamento de la absolución del procesado se expresó:
“En este momento procesal en el que debe existir ese alto grado de conocimiento, sobre la autoría y culpabilidad, forzoso es para la Sala reconocerlo que se desconocen las circunstancias en que ocurrió el hecho, hay duda sobre la autoría y de ahí que se imponga la absolución, con su libertad inmediata”(42).
— Boleta de libertad 24 de 18 de diciembre de 1996, dirigida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá, al Director de la Cárcel del mencionado Circuito Judicial, solicitando que se pusiera en libertad a Luis Eduardo Pérez, por haberse proferido sentencia absolutoria de segunda instancia de la misma fecha(43).
Valorado en conjunto el material probatorio que antecede se encuentra suficientemente demostrado que en el presente caso el señor Luis Eduardo Pérez fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad entre el 5 de diciembre de 1995 y el 12 de diciembre de 1996, fecha —esta última— en la que recobró su libertad como consecuencia de haber sido proferida en su favor sentencia absolutoria de segunda instancia, al haber encontrado el ad quem que existía duda probatoria en el plenario, la que se resolvió —de conformidad con la ley— en favor del sindicado.
Así las cosas, encuentra la Sala que en el presente caso la absolución se apoyó en la duda sobre la participación y culpabilidad del señor Pérez en los hechos investigados, circunstancia que, al tenor de la actual posición jurisprudencial, constituye uno de los eventos que dan lugar a calificar de injusta la medida de privación de la libertad y, por ende, a indemnizar al afectado con tal detención.
De esta manera, se concluye que la privación de la libertad del señor Luis Eduardo Pérez en esas condiciones configuró para él un verdadero daño antijurídico toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta por la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Fusagasugá y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma localidad, circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad del Estado, por lo que resulta procedente continuar con el estudio de los perjuicios solicitados por la parte actora en la demanda.
5.1. Los perjuicios morales.
El demandante reclama el reconocimiento de 1.000 gramos de oro (equivalente a $11.448.780) por perjuicios morales subjetivos, además de $50.000.000 a título de perjuicios morales objetivados, derivados de la afectación a su buen nombre y prestigio por haber estado privado de la libertad.
Si bien en el plenario no obran pruebas concretas que acrediten directamente la existencia y entidad de sentimientos de tristeza y dolor en el actor, la Sala entiende que, con base en las reglas de la experiencia ampliamente reconocidas por la jurisprudencia(44), ese dolor puede válidamente inferirse en la persona de la víctima del daño antijurídico causado por el Estado, señor Luis Eduardo Pérez, razón por la cual se reconocerá y dispondrá el pago en moneda nacional, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Sección a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001(45), el equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales(46).
Respecto al pedimento resarcitorio por perjuicios morales objetivados, aprovecha la oportunidad la Sala, para recordar que esta abandonada clasificación tuvo su origen en los fallos de la H. Corte Suprema de Justicia, proferidos a partir de la década de 1940, reconociendo la doctrina nacional que la sentencia que fijó inicialmente este criterio estableció dos modalidades para diferenciar entre perjuicios morales subjetivos y objetivados(47).
Así los diferenció la Corte(48):
Esta distinción partía de considerar que la lesión a un bien extrapatrimonial podía traer perjuicios materiales y viceversa, por lo que la Corte Suprema estimó posteriormente que: “el daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio por la pérdida de su crédito causada por la difamación o por su inhibición para el trabajo; dicho daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas”(49), por lo que, en consecuencia, las repercusiones objetivas del daño moral habían de indemnizarse con aplicación de las normas que regulaban la fijación y resarcimiento del perjuicio material(50).
De este breve recuento, se desprende que por sus características el perjuicio moral objetivado es de naturaleza eminentemente patrimonial, identificable con esta última clase de perjuicios en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante, por lo que no hay lugar a su reconocimiento de manera autónoma, pues de hacerse así, se estaría indemnizando dos veces un mismo perjuicio desde dos enfoques diferentes, trasgrediendo el principio del no enriquecimiento sin causa, en tanto la medida del perjuicio es la medida de la reparación.
En este contexto, se tiene que la pretensión elevada no se corresponde con las características del pretérito perjuicio moral objetivado, pues se fundamenta, en esencia, en las repercusiones que, sobre la esfera interna del hoy demandante, tuvo la privación de libertad, afectación que ya fue indemnizada y que impone su denegación.
5.2. Los perjuicios materiales.
Pidió el demandante el reconocimiento de perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, consistente en i) Los dineros dejados de percibir durante su detención, por el ejercicio de labores agropecuarias en fincas de su propiedad; ii) el detrimento del haber patrimonial, al haber vendido 20 semovientes vacunos para atender los gastos familiares y los honorarios profesionales de abogado; iii) El valor de la venta de un vehículo Nissan a la empresa de Helbert Beltrán y Cia Ltda.; iv) el valor de la venta de una finca en Coello a Carlos Julio Jaime Angarita; v) el valor de los préstamos personales que adquirió para atender gastos generales de la familia y honorarios de abogado; vi) los gastos del sepelio de Cristina Sarmiento; vii) los honorarios profesionales cancelados para su defensa penal y la presente acción indemnizatoria; y, viii) los gastos de sostenimiento de su familia.
Previo al estudio correspondiente, debe señalar la Sala que las declaraciones extrajuicio rendidas ante el alcalde del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, por los señores Luis Orlando Lesmes, Jaime Antonio Pedraza, Orlando Reina Peralta y Jorge Eliécer Acosta Chávez(51) carecen de eficacia probatoria, toda vez que están ausentes de ratificación y no cumplen con los requisitos de prueba anticipada o sumaria previstos en los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento Civil(52).
Ahora bien, ha de tenerse presente que para la determinación de los perjuicios, en el presente proceso se decretó la realización de un dictamen pericial que fue rendido el 20 de junio de 2000(53), el cual, a pesar de no haber generado oposición de las partes, merece las siguientes consideraciones frente a sus conclusiones.
En el peritazgo adelantado en este caso se cuantificaron numéricamente, bajo el rubro de lucro cesante, los rendimientos económicos derivados de las labores agrícolas que desempeñaba el demandante por las cosechas de arveja, habichuela y tomate de mesa en predios de su propiedad, cosa que hicieron los expertos con fundamento exclusivo en la comparación con la actividad de otros agricultores de la región, la publicación del Programa de Desarrollo sobre Sustitución de Cultivos que adelantaba la Federación de Cafeteros correspondiente a 1998 y las declaraciones obrantes en el expediente(54).
Sobre este particular debe señalar la Sala que si bien resulta acreditado en el proceso el daño, consistente en la disminución de ingresos por las actividades mencionadas, con ocasión de la detención de su propietario, los valores señalados en el peritazgo y la metodología empleada para su cuantificación no tienen la fuerza de convicción que permita acceder al reconocimiento de las sumas dictaminadas, como quiera que las operaciones aritméticas realizadas carecen de respaldo probatorio en el expediente(55) al edificarse sobre parámetros hipotéticos que no consultan bases ciertas que proyecten el monto real del perjuicio reclamado por el demandante a título de lucro cesante.
Ahora bien, como en el proceso no obran suficientes elementos de juicio que permitan establecer la cuantía del citado perjuicio material, la condena al pago del mismo se hará en abstracto y su liquidación se adelantará mediante trámite incidental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo.
Para tal efecto, a través de los medios de prueba contemplados en el Código de Procedimiento Civil, la parte actora deberá acreditar cuál fue la ganancia neta dejada de percibir por el actor, derivada de los cultivos de arveja, habichuela y tomate de mesa desarrollados en predios de su propiedad, durante el período comprendido entre el 5 de diciembre de 1995 al 18 de diciembre de 1996, tiempo durante el cual estuvo privado de la libertad.
Para establecer este monto deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
a) El área y la clase de cultivo sembrado en los predios El Vergel, La Esperanza, El Robledal y El Caucho, de propiedad del demandante.
b) Los registros contables o comerciales, respecto de las inversiones y costos directos e indirectos en que se incurrió para el desarrollo de cada cultivo en los predios El Vergel, La Esperanza, El Robledal y El Caucho, de propiedad del demandante.
c) El registro histórico de producción y ventas de los cultivos de arveja, habichuela y tomate de mesa, de propiedad del demandante, durante el año anterior a la privación de su libertad (dic. 4/94 a dic. 4/95).
d) El volumen de las cosechas obtenidas de los cultivos de arveja, habichuela y tomate de mesa, de propiedad del demandante, producción recolectada entre el 5 de diciembre de 1995 y el 5 de diciembre de 1996.
e) Las ventas realizadas entre el 5 de diciembre de 1995 y el 5 de diciembre de 1996, por concepto de los productos arveja, habichuela y tomate de mesa, cosechados en los predios de propiedad del demandante.
f) El promedio de producción de cultivos de arveja, habichuela y tomate de mesa, en la zona del Municipio San Bernardo Cundinamarca, área de localización de los predios El Vergel, La Esperanza, El Robledal y El Caucho, de propiedad del demandante.
Como se dijo, la liquidación del perjuicio señalado en precedencia deberá efectuarse mediante trámite incidental, el cual deberá ser promovido por el demandante dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del a quo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, según las previsiones contenidas en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo y 135 a 137 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto a los demás perjuicios que se pide indemnizar, al verificar el acervo probatorio con que cuenta el proceso se concluye que no existe medio de convicción que permita establecer el alegado detrimento patrimonial que hace consistir la demanda en la venta de ganado para atender los gastos familiares y los honorarios de abogado, toda vez que no existe prueba de la mencionada venta, como tampoco del supuesto destino de los dineros obtenidos con esa transacción comercial y mucho menos de la existencia cierta de los animales, aspecto frente al cual los peritos tomaron por cierto el dicho del demandante, razón por la que la Sala concluye que no se acreditó la causación del daño reclamado.
Debe destacar la Sala en este punto, que en el expediente solo existe en copia auténtica un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado(56), documento que solo permite establecer la suma pactada como honorarios, más no que efectivamente se hubiera cancelado, por lo que el daño emergente reclamado por este concepto no se encuentra acreditado.
Similares apreciaciones deben hacerse frente a la venta de un vehículo y de una finca en Coello, ya que en el plenario no resultan acreditadas estas negociaciones, en la medida en que solo aparece una promesa de compraventa, en copia auténtica(57), respecto de un lote de terreno de una hectárea y mil metros de extensión, situado en el municipio de Coello, departamento del Tolima, documento que no permite establecer que en efecto se hubiera realizado el contrato prometido, ni que la mencionada negociación haya tenido una relación de causalidad con la detención del propietario.
Sobre los préstamos personales que se dice fueron adquiridos para atender gastos generales de la familia y honorarios de abogado, obran en el expediente las declaraciones de las personas señaladas en la demanda como prestamistas, vale decir, los señores Claudia Vanegas Coca(58), Ricardo Patiño(59) y Stella Osorio de Barrios(60), quienes —en verdad— manifestaron haber prestado dineros a los hijos y esposa del señor Luis Eduardo Pérez, con destino al pago de abogados, sin embargo, como ya se señaló, no existe prueba del pago de tales honorarios y estas declaraciones no demuestran per se el destino que se le hubiera podido dar a los recursos obtenidos bajo tal modalidad, por lo que tampoco tienen la fuerza demostrativa que permita acceder a la indemnización solicitada por este concepto.
Igualmente los señores José James Padilla(61) y Omar Guarnizo Cabezas(62), dijeron haber prestado varios millones de pesos a Luis Eduardo Pérez, para gastos de manutención de la casa, erogaciones que no se originan como consecuencia de la medida privativa de la libertad, sino que surgen de las naturales obligaciones consustanciales a la propia subsistencia y para atender los deberes de manutención de la familia, los cuales, obviamente, son previos y ajenos a la ocurrencia del hecho generador del daño, en tanto no existe relación causal que los sustente(63).
El artículo 1.614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”, mientras que el lucro cesante consiste en “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.
En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho generador del daño.
Con relación a la reclamación efectuada en el sentido de que le sean reconocidos al señor Pérez los costos de las exequias de Cristina Sarmiento, se observa que no fue el hoy demandante quien canceló los gastos, pues al respecto se tienen los recibos obrantes a folios 84, 84A, 84B, 84C y 85 del cuaderno de pruebas 1(64), los que aparecen pagados por Clara Sarmiento de Pérez, Édgar Eduardo Pérez y Gladis Pérez Sarmiento, quienes no) son parte en el presente proceso.
En vista de lo anterior, es necesario recordar cómo para que el daño sea indemnizable, el mismo debe ser personal, directo y cierto. Que el perjuicio sea sufrido por la persona que solicita reparación es un principio elemental del derecho de la responsabilidad, que tiende precisamente a restablecer la “alteración material de una situación favorable”, que es en lo que consiste propiamente el daño(65), y en el presente caso, no consta que el señor Pérez haya sufrido una disminución patrimonial con ocasión del pago de los referidos servicios funerarios, ni que los mismos tengan una relación de causalidad con la privación de libertad por la que se solicita reparación.
Finalmente, sobre el detrimento patrimonial por el embargo de las fincas de su propiedad, la valoración que hacen los peritos no tiene sustentación ni probatoria ni técnica, que soporte la asignación de los valores enunciados, diciendo que se calcula un “lucro cesante” con base en su explotación, fijando como fecha inicial del cómputo el día en que Luis Eduardo Pérez salió de la cárcel. Sobre el particular, no existe prueba en el expediente que permita tener como demostrado que la actividad desarrollada en las fincas de propiedad del demandante se haya visto truncada por su detención, como tampoco que la medida de embargo que sobre dichos predios se impuso, haya generado el detrimento que se alega por el solo hecho del gravamen, ya que el efecto jurídico de esta clase de cautelas conlleva una limitación al derecho de disposición sobre los bienes, al sacarlos del comercio, la que no hace presumir per se una disminución de su valor comercial y que por ende, requiere ser probada por el interesado en la indemnización.
Las anteriores consideraciones frente a los perjuicios materiales reclamados se ven fortalecidas con los testimonios rendidos ante el a quo por los señores Luis Eduardo Lesmes Ortiz(66), Jorge Eliécer Acosta Chávez(67), Jaime Antonio Pedraza Cortés(68) y Orlando Reina Peralta(69), quienes aparte de manifestar que conocían al señor Luis Eduardo Pérez, son coincidentes en señalar que se dedicaba a las labores agrícolas y ganaderas en predios de su propiedad, en donde tenía ganado vacuno y cultivos varios, igualmente dijeron no saber qué ingreso percibía por tales actividades ni la razón por la cual hubiera vendido un vehículo ni las fincas que tenía. Es decir, no exponen que las actividades generadoras de ingreso hayan terminado con ocasión de su detención ni que la venta de los bienes haya tenido una relación de causalidad necesaria con la vinculación de su dueño al proceso penal adelantado en su contra.
En conclusión, la valoración en conjunto del haz probatorio recaudado en el proceso no genera la convicción que permita reconocer la totalidad de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, sin que el dictamen pericial realizado pueda constituirse en plena prueba de los mismos, cuando incluye las falencias que quedaron anotadas(70), por consiguiente, se impone conceder en abstracto el lucro cesante solicitado, en los precisos términos antes señalados, y denegar los demás pedimentos elevados por concepto de perjuicios materiales.
6. La entidad responsable del pago de la indemnización.
Teniendo en consideración que en el recurso de apelación se solicitó imponer condena al Ministerio de Justicia y del Derecho, así como a la Fiscalía General de la Nación, representada por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Director Ejecutivo de Administración Judicial, debe establecer la Sala cuál es la entidad llamada a responder patrimonialmente por los perjuicios ocasionados al demandante.
En primer lugar, debe recordarse que la demanda fue presentada el 2 de julio de 1997(71), en vigencia de la Ley 270 de 1996, momento para el cual el citado Ministerio ya no ejercía la representación de la Nación en procesos de responsabilidad del Estado por el hecho de los funcionarios judiciales(72), toda vez que en el artículo 99 numeral 8 de la mencionada Ley 270 de 1996 se consagró la representación judicial de la Rama Judicial en los siguientes términos:
“Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:
8. Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales”.
Es así como la demanda fue debidamente notificada a la Directora Ejecutiva de administración Judicial el día 4 de diciembre de 1997(73), funcionaria facultada por la Ley Estatutaria para ejercer la representación de la Fiscalía General de la Nación, como organismo integrante de la Rama Judicial(74).
Lo anterior conlleva que en efecto, exista en el presente caso una falta de legitimación por pasiva, respecto del Ministerio demandado, lo que fue declarado por el a quo en el fallo apelado, aspecto que será objeto de confirmación en esta providencia. Por consiguiente, la responsabilidad administrativa en el sub lite se encuentra radicada en la Nación-Rama Judicial.
1. CONFÍRMASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2001, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A.
2. REVÓCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la mencionada providencia, y en su lugar SE CONDENA a la Nación - Rama Judicial a pagar la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Luis Eduardo Pérez, por concepto de perjuicios morales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. SE CONDENA EN ABSTRACTO a la Nación - Rama Judicial a pagar al demandante Luis Eduardo Pérez, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma que resulte liquidada mediante trámite incidental, por la ganancia neta dejada de percibir por el actor, derivada de los cultivos de arveja, habichuela y tomate de mesa desarrollados en predios de su propiedad, durante el período comprendido entre el 5 de diciembre de 1995 al 18 de diciembre de 1996, con fundamento en las bases expuestas en la parte considerativa de este proveído.
6. Ejecutoriada esta providencia, EXPÍDASE copia conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
(14) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
(15) Al respecto la norma citada consagra: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones…”.
(16) Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(17) Criterio reiterado por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez.
(18) Teniendo en cuenta que fue notificada a través de edicto fijado entre el 15 y el 17 de enero de 1997, además de la suspensión de términos que tuvo lugar del 22 al 29 de enero y su reanudación el 30 de enero del mismo año, tal como se consignó en la constancia secretarial obrante a folio 117 del cuaderno 5, de segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.
(19) Folio 15 del cuaderno principal 1.
(20) Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1996.
(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.
(22) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.
(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734.
(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.
(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.
(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.
(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, expediente 13.606.
(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.
(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial.
(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre ocho (8) de dos mil siete (2007); Expediente: 520012331000199607870 01; Radicado 16.057; Actor: Segundo Nelson Chávez Martínez; Demandado: Fiscalía General de la Nación. En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al Derecho Comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica. Recientemente, la Sala reiteró los argumentos en mención en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, expediente: 25.508.
(35) En similares términos pueden consultarse las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, sentencia de 25 de febrero del 2009, exp. 25.508, sentencia del 15 de abril del 2010, exp. 18.284; sentencia de 25 de marzo de 2010, exp. 17.741; sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 18.902; sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 17.294, entre otras.
(36) Folio 60 del cuaderno de pruebas 2.
(37) Folio 62 del cuaderno de pruebas 2.
(38) Folios 100 a108 del cuaderno de pruebas 2.
(39) Folios 343 a 352 del cuaderno de pruebas 2.
(40) Folios 528 a 555 del cuaderno de pruebas 2.
(41) Folios 61 a 83 del cuaderno de pruebas 3.
(42) Folio 82 del cuaderno de pruebas 3.
(43) Folio 115 del cuaderno de pruebas 3.
(44) Sobre el reconocimiento de perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad, puede consultarse la sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(45) Expedientes acumulados 13.232 y 15.646.
(46) El actor había solicitado —se recuerda—, en el libelo contentivo de la demanda, el equivalente monetario a 800 gramos de oro.
(47) En tal sentido puede consultarse los siguientes autores: Javier Tamayo Jaramillo. Tratado de responsabilidad civil, tomo II, Legis, págs. 531-540; y López Morales Jairo. Perjuicios morales. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 1997, págs. 21 -23.
(48) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, 1971-1972.
(49) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, 1971-1972. En igual sentido la Corte se había manifestado desde 1937: “Ante todo es de observarse que, en la mayor parte de los casos, el perjuicio moral causa un daño patrimonial: por ejemplo, el ataque a la probidad de un comerciante puede ocasionar la ruina de su negocio”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1937 septiembre 28 G.J.T. XLV, Nº 1929, págs. 758-763.
(50) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, 1971-1972.
(51) Folios 75 a 80 del cuaderno de pruebas 1.
(52) Sobre la prueba testimonial recibida extraproceso sin citación y asistencia de la parte contra la cual se aduce, se advierte que ella carece por completo de eficacia probatoria cuando no ha sido ratificada en el proceso en el cual se pretende hacer valer, por el mismo testigo y previo el juramento de ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio, como sucede comúnmente en los procesos civiles como por ejemplo el de deslinde y amojonamiento y el de disolución, nulidad y liquidación de sociedades (CPC, arts. 461, 628). Al respecto, es importante insistir en que la ratificación de las pruebas recaudadas por fuera del proceso contencioso administrativo, es necesaria y obligatoria, ya que así se respeta el derecho de defensa de la contraparte y se garantiza el cumplimiento del principio de contradicción. En este sentido pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 18 de febrero de 2010, radicación: 73001-23-31-000-1995-02976-01(16828), C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 18 de marzo de 2010, Radicación: 52001-23-31-000-1997-08983-01(17492), C.P. Enrique Gil Botero; Sentencia de 28 de abril de 2010, Radicación: 68001-23-15-000-1997-00023-00 (17995), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(53) Folios 106 a 116 del cuaderno de pruebas 1.
(54) Según lo expresaron los peritos a folio 111 del cuaderno de pruebas 1.
(55) Sobre la práctica de la prueba pericial el Código de Procedimiento Civil establece en el artículo 237, que: “El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.
(56) Contrato suscrito entre Edgar Eduardo Pérez Sarmiento, en representación de su padre Luis Eduardo Pérez, y Ana Cecilia Cañón de Castillo, para atender el proceso penal adelantado ante la Fiscalía 14 Delegada de Fusagasugá, en el que se pactó el pago de honorarios por $20.000.000, documento obrante a folios 71 y 72 del cuaderno de pruebas 1.
(57) Folios 81 a 83 del cuaderno de pruebas 1.
(58) Folios 98 y 99 del cuaderno de pruebas 1.
(59) Folio 100 del cuaderno de pruebas 1.
(60) Folio 103 del cuaderno de pruebas 1.
(61) Folio 101 del cuaderno de pruebas 1.
(62) Folio 102 del cuaderno de pruebas 1.
(63) En sentencia de 12 de diciembre de 2005, expediente 13.558 la sección señaló que solo hay lugar a indemnizar los perjuicios que se originen como consecuencia de la medida privativa de la libertad, lo que no ocurre respecto de los gastos y obligaciones ya existentes y que son consustanciales al giro ordinario de la vida familiar. En ese sentido denegó la indemnización solicitadas en la demanda por las cuotas pagadas por un crédito hipotecario de vivienda, las cuotas de administración del apartamento donde residía el procesado, el pago de servicios públicos, los gastos de manutención de uno de los hijos y del hogar, el pago del colegio de otro de los hijos, gastos odontológicos, el salario de la secretaria de la oficina de abogado del procesado y el pago del arrendamiento de la citada oficina, egresos que se dijo, fueron cubiertos con ahorros personales y adquisición de préstamos.
(64) Soportes de pago a Funerales Gámez, Mantenemos y Servimos, y Funerales la Milagrosa.
(65) En tal sentido puede consultarse la sentencia de 12 de febrero de 2004, exp. 13952, C.P. Ramiro Saavedra.
(66) Folios 92 y 93 del cuaderno de pruebas 1.
(67) Folios 94 y 95 del cuaderno de pruebas 1.
(68) Folios 96 y 97 del cuaderno de pruebas 1.
(69) Folios 104 y 105 del cuaderno de pruebas 1.
(70) El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 241 establece que para la apreciación de la prueba pericial “se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. (…)”.
(71) Folio 15 del cuaderno principal 1.
(72) La representación legal de la Nación en procesos de responsabilidad del Estado por el hecho de los funcionarios judiciales —jueces y fiscales—, antes de la vigencia del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, correspondía al Ministerio de Justicia y del Derecho, tal y como lo señaló originalmente el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo.
(73) Folio 26 del cuaderno principal 1.
(74) Este criterio fue reiterado por la Sala en sentencia de 7 de julio de 2011, exp. 20.724. Al respecto puede consultarse igualmente la sentencia de 15 de abril de 2010, Expediente: 18.284.