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Timestamp: 2020-08-14 14:55:34
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BOE.es - Documento BOE-A-2002-14191
Documento BOE-A-2002-14191
Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones.
«BOE» núm. 170, de 17 de julio de 2002, páginas 26199 a 26208 (10 págs.)
BOE-A-2002-14191
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2002/06/21/5
En el actual concepto de Estado social y democrático de derecho, la concesión de ayudas o de subvenciones es la principal o más importante de las actividades de fomento que desarrollan todas las administraciones públicas. En este sentido, entendemos que las subvenciones son una vertiente del gasto público, cuya regulación se integra dentro de la hacienda, pero con matices diferenciados que han llevado a considerar la actividad subvencional como un área con rasgos propios de la gestión administrativa.
La regulación que ahora se acomete, superando las breves referencias legales contenidas en las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma para los años 1993 y 1996, y las demás disposiciones dispersas en el ordenamiento, supone un nuevo marco normativo de rango legal que ofrece una visión unitaria, integral y homogénea de la actividad subvencional de esta comunidad autónoma. Así, la ley está integrada por 52 artículos, estructurados en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y dos finales.
En el primer título de la ley se regulan, entre otros aspectos, el concepto de subvención, el concepto de beneficiario y sus obligaciones como tal, y la competencia para la concesión de las ayudas públicas. En cuanto a los principios que deben presidir la actividad subvencional, se reafirman los ya conocidos de publicidad, concurrencia y objetividad, estableciéndose claras manifestaciones de los mismos a lo largo del articulado del texto legal. Asimismo, en los primeros artículos de la ley se recoge el amplio ámbito de aplicación fijado, que no sólo se restringe a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las entidades dependientes de la misma, sino que también abarca a los consejos insulares, cuando éstos ejerciten competencias que les hayan sido atribuidas por ley del Parlamento de les Illes Balears. Finalmente, la aplicación de la ley alcanza también a aquellas entidades públicas cualesquiera que sea su naturaleza, cuya financiación corra a cargo de los presupuestos generales de esta comunidad autónoma.
En cuanto al procedimiento para la concesión de las subvenciones, previsto en su título II, resalta el hecho de que esta ley establece con toda claridad un nuevo esquema normativo, que diferencia las bases reguladoras de la subvención de la correspondiente convocatoria.
Así, las bases deben ser dictadas por un consejero, en uso de su potestad reglamentaria, y pueden regir durante un período indeterminado de tiempo, en el que podrán dar origen o derivar en diversas convocatorias. Las convocatorias, como actos administrativos dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios, deberán concretar las fechas, la cuantía y los demás detalles necesarios para la efectiva concesión de la ayuda o subvención.
También en este segundo título se fijan los trámites de la instrucción, tratando de propiciar un procedimiento ágil y sencillo. Un ejemplo claro de ello es que únicamente en determinados supuestos se prevé como preceptiva la constitución de la comisión evaluadora.
También se apuntan los procedimientos de modificación de la resolución de concesión, o de anulación de la misma, así como los efectos desestimatorios del silencio administrativo en este tipo de procedimientos. Por último, se prevé la posibilidad de utilización del mecanismo de la financiación convencional como una clara novedad que abre la puerta hacia procedimientos flexibles y poco explotados aún en el ámbito administrativo.
El título III de la ley fija las directrices básicas del Registro de Subvenciones como instrumento de publicidad, control y transparencia en la gestión de las subvenciones. A su vez, el Registro de Subvenciones está llamado a ser una pieza clave que agilice la tramitación administrativa de las subvenciones, al estar prevista la creación de la Sección de perceptores, que supondrá para aquellos que figuren inscritos en la misma la exención de la obligación de presentar determinada documentación exigida por las diversas convocatorias, y sustituirla por las certificaciones libradas por el propio registro. La organización y el funcionamiento del Registro de Subvenciones requieren un necesario desarrollo reglamentario.
El articulado de la ley se completa con las disposiciones del título IV dedicado a la gestión, la evaluación y el control de las subvenciones. En relación con el control económico-financiero interno, priman los controles posteriores a los anteriores y se hace especial hincapié en los aspectos relativos a la justificación de la aplicación de los fondos obtenidos ; al hilo de ello, se prevé la posible revocación de las subvenciones y el reintegro de aquellas cantidades indebidamente percibidas. Asimismo, la ley impone a la administración la obligación de desarrollar mecanismos de autoevaluación y de análisis de las ayudas concedidas, en aras de constatar su utilidad pública y social, así como la procedencia de su mantenimiento o desaparición.
Para finalizar, el título V de la ley recoge, como no podía ser de otro modo, el régimen sancionador, en el que se establecen sendos elencos de infracciones y sanciones. En relación a estas últimas, destaca el hecho de que se prevén sanciones pecuniarias y no pecuniarias acumulativamente aplicables. Así, al responsable de una infracción, al margen de la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, se le impondrá una multa pecuniaria y otras no pecuniarias, como son la prohibición de contratar con la Administración y la de obtener otras ayudas o subvenciones por parte de ésta.
Por último, las disposiciones adicionales y transitorias contienen las normas que ultiman el ámbito de aplicación del texto analizado, así como aquellas que establecen las normas de transitoriedad y los plazos de adaptación al nuevo texto legal.
En definitiva, la presente ley opta por un régimen general de concesión de ayudas o subvenciones fundamentalmente orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad, que, a su vez, facilite la gestión de la Administración pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, todo ello salvaguardando los principios de interés público y gestión eficaz y eficiente de los recursos destinados a la actividad subvencional.
1. A los efectos de esta ley, tiene la consideración de subvención cualquier disposición gratuita de fondos públicos y, en general, de cualquier recurso público evaluable económicamente, realizada por la Administración a favor de una persona física o jurídica, pública o privada, que se afecta a la realización de una actividad de utilidad pública o de interés social, o a la consecución de una finalidad pública.
c) Las entidades de derecho público de carácter empresarial dependientes de la misma.
1. Esta ley no se aplica a las transferencias hechas a favor de entidades, empresas públicas y consorcios en los que participe cualquiera de las administraciones a las que hace referencia el artículo 3.1 de esta ley, cuando constituyan una simple previsión en los presupuestos de ingresos de éstos como financiación de su actividad.
4. Cuando las ayudas consistan en la entrega o cesión de bienes del patrimonio de la comunidad autónoma, la concesión se regirá por la legislación del patrimonio. No obstante, se aplicará esta ley cuando la ayuda consista en bienes cuya adquisición se haya hecho con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero.
Artículo 5. Ayudas al exterior.
Reglamentariamente, y de acuerdo con las características de este sector, se determinarán las especialidades del régimen de concesión de ayudas y subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación humanitaria, institucional o para el desarrollo, que deban realizarse en el extranjero y tengan como beneficiarios personas o entidades no radicadas en el Estado español.
1. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las entidades públicas dependientes de la misma deben ajustar la actividad de concesión
de subvenciones a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
1. No se exigen los principios de publicidad y concurrencia en los casos siguientes:
2. La imposibilidad de la concurrencia, como también las razones de interés público y los criterios objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, deberán quedar acreditados en el expediente.
Artículo 10. Establecimiento de las bases.
1. No se puede iniciar el procedimiento de concesión de subvenciones sin que el consejero competente haya establecido previamente por orden, en uso de la potestad reglamentaria, sus bases reguladoras correspondientes, salvo en los supuestos excepcionales previstos en el artículo 7 de esta ley.
2. La aprobación de las bases exige el informe previo de los servicios jurídicos y de la Secretaría General Técnica de la consejería correspondiente, que deberá pronunciarse, tanto sobre la legalidad y oportunidad de la norma, como sobre la suficiencia de recursos económicos, previstos o previsibles, al efecto de prever las disponibilidades presupuestarias que permitan dictar, en su caso, el acto de convocatoria regulado en el artículo 13 de esta ley.
Artículo 11. Contenido de las bases.
b) Los requisitos generales que deben cumplir los beneficiarios de la subvención, la forma de acreditarlos
y, si procede, el período durante el cual deben mantenerse.
c) Los criterios genéricos que deben regir, con carácter general, en las convocatorias.
k) La compatibilidad o incompatibilidad de la subvención con las ayudas que pueda obtener el beneficiario de la misma administración o de otra entidad pública o privada. En caso de compatibilidad se estará a los límites dispuestos por el artículo 18 de esta ley.
Artículo 12. Formas de iniciación.
3. El procedimiento se debe iniciar a solicitud de persona interesada, en todo caso, en los supuestos de las letras d), e) y f) del artículo 7.1 de esta ley.
4. El procedimiento de concesión de subvenciones, cuyo otorgamiento y cuantía son exigibles a la Administración en virtud de normas con rango legal, sin delimitación precisa de los beneficiarios, debe iniciarse siempre a solicitud de las personas interesadas, pudiendo ir precedido de un acto de convocatoria informativa que, en este caso, tiene el carácter de mero presupuesto de los procedimientos que se inicien posteriormente en función de las solicitudes presentadas.
1. La convocatoria se aprobará por resolución del órgano competente y deberá publicarse en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears". Será preceptivo el informe previo de la dirección general competente en materia presupuestaria, en los términos en los que reglamentariamente se determine.
2. El acto de convocatoria deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) La indicación de la disposición que establece las bases reguladoras y el "Butlletí Oficial de les Illes Balears" en el que se ha publicado.
d) La composición de la comisión evaluadora, si procede, de acuerdo con las bases reguladoras.
e) En el marco de lo que dispongan las bases, los requisitos específicos que deben cumplir los beneficiarios y el momento de acreditarlos.
f) Los plazos concretos para efectuar la solicitud y cualquier otro que deba determinarse de acuerdo con las bases.
g) La forma, los plazos y las condiciones concretas para el pago y, en su caso, la forma y cuantía específicas de las garantías que se deban exigir a los beneficiarios cuando se prevean anticipos sobre la subvención concedida.
h) La documentación necesaria para la justificación del cumplimiento de la finalidad de la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
i) El importe de las subvenciones, o la forma de determinarlo.
3. De acuerdo con la legislación de finanzas de la comunidad autónoma, es nulo de pleno derecho el acto de convocatoria dictado sin la consignación previa del crédito presupuestario correspondiente.
3. En la propuesta de resolución se debe expresar el beneficiario o la lista ordenada de beneficiarios para los que se propone la subvención y la cuantía de ésta.
Artículo 15. Selección de los beneficiarios.
1. El concurso constituye la vía ordinaria de selección de los beneficiarios. A los efectos de esta ley, se entiende por concurso el procedimiento mediante el cual la concesión de subvenciones se hace a través de la
comparación en un único procedimiento de las solicitudes presentadas, con la finalidad de establecer una prelación entre éstas de acuerdo con los criterios de valoración fijados previamente en las bases reguladoras y en la convocatoria.
3. En los casos previstos en el apartado anterior, las solicitudes de subvención se podrán resolver individualmente, aunque no haya finalizado el plazo de presentación, a medida que éstas entren en el registro del órgano competente. Si se agotan los créditos destinados a la convocatoria antes de la finalización del plazo de presentación, se debe suspender la concesión de nuevas ayudas mediante resolución publicada en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears".
Artículo 16. Comisiones evaluadoras.
Artículo 17. Prorrateo.
Cuando las características de la subvención lo permitan y así lo prevean las bases reguladoras, el órgano competente puede prorratear el importe global máximo destinado a la convocatoria entre los solicitantes que cumplen los requisitos para ser beneficiarios.
Artículo 18. Compatibilidad de subvenciones.
Cuando se trate de subvenciones compatibles, concedidas a un mismo beneficiario para la misma finalidad, el importe no puede alcanzar, en ningún caso, una cuantía que, aislada o conjuntamente con subvenciones o ayudas de la misma administración o de otras entidades públicas o privadas, supere el coste de la actividad que el beneficiario debe realizar.
Artículo 19. Resolución y notificación.
3. En los supuestos exentos de publicidad y de concurrencia que prevén las letras d), e) y f) del artículo 7.1 de esta ley, la resolución debe expresar las condiciones de la concesión, sin perjuicio de la formalización de los convenios en los términos indicados en el apartado anterior.
4. La resolución se debe notificar individualmente o mediante publicación en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears", de acuerdo con lo que disponga la convocatoria.
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención de subvenciones incompatibles, da lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. La modificación de la resolución de concesión implica la revocación de la resolución y el reintegro, si procede, de las cantidades indebidamente percibidas, de acuerdo con lo que disponen los artículos 37 y 38 de esta ley.
Artículo 21. Anulación de la resolución de concesión.
1. Procede la anulación de la resolución cuando el acto de concesión de la subvención no se ajuste a derecho, por haberla otorgado a favor de quien no cumplía los requisitos exigidos para ser beneficiario o por haberse concedido vulnerando lo dispuesto en esta ley, en sus disposiciones generales de desarrollo, o vulnerando las bases reguladoras o el acto de convocatoria correspondiente.
2. La anulación del acto de concesión se articulará de acuerdo con el procedimiento previsto con carácter general para la revisión de oficio y, en su caso, procede el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
1. Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de concesión de las subvenciones reguladas en esta ley son los que fija la norma reguladora del procedimiento correspondiente o, en su caso, los establecidos en las bases reguladoras.
1. Cuando el objeto de la subvención y el número y las circunstancias de los posibles beneficiarios lo permitan, se puede finalizar el procedimiento mediante acuerdo entre la Administración y las personas interesadas.
Artículo 24. Régimen general.
1. Las bases reguladoras y la convocatoria pueden establecer que la distribución y la entrega de los fondos públicos a los beneficiarios de las subvenciones se efectúen por medio de entidades colaboradoras.
2. Pueden tener la condición de entidades colaboradoras:
a) Las entidades autónomas y las entidades de derecho público de carácter empresarial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
b) Los consejos insulares y ayuntamientos del ámbito territorial de las Illes Balears.
c) Las corporaciones de derecho público y las fundaciones que estén bajo el protectorado de un ente de derecho público.
d) Cualquier otra persona jurídica que cumpla las condiciones que se establezcan.
3. Las entidades colaboradoras actuarán por cuenta de la consejería o del organismo que concede las subvenciones, las cuales, en ningún caso, se consideran integrantes de su patrimonio.
4. Cuando la Administración decida que la entrega de los fondos públicos a los beneficiarios se efectúe mediante una entidad colaboradora, ambas partes deberán formalizar un convenio en el cual se concretarán los términos de la colaboración.
Artículo 25. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Artículo 26. Registro de subvenciones.
Artículo 27. Publicidad.
Artículo 28. Funciones básicas del Registro.
Artículo 29. Actos y documentos inscribibles.
b) Las resoluciones de concesión de subvenciones, con indicación del beneficiario, de la cuantía y de la finalidad para la que se han concedido los fondos públicos.
Artículo 30. Información y coordinación del Registro.
Artículo 31. Publicidad de las subvenciones.
Con la periodicidad y en los términos que se determinen reglamentariamente, el "Butlletí Oficial de les Illes Balears" deberá publicar la lista de perceptores de las subvenciones de cuantía igual o superior a 6.000 euros otorgadas por la Administración de la comunidad autónoma y por las entidades públicas que de ella dependen.
Artículo 32. Sección de perceptores.
1. A los efectos de agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos, el Registro dispondrá de una sección de perceptores, a la que podrán acceder las personas físicas o jurídicas que pretendan obtener subvenciones y ayudas de la Administración de la comunidad autónoma.
Artículo 34. Anticipos de subvenciones.
Artículo 35. Justificación de la aplicación de los fondos.
Artículo 36. Comprobación de las inversiones.
Artículo 37. Revocación.
b) La obtención de la subvención sin que se cumplan las condiciones requeridas para ello, o cuando se hubiesen alterado las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, siempre que sea por causas imputables al beneficiario.
Artículo 39. Autoevaluación de los programas de subvenciones.
Artículo 40. Órganos de evaluación.
1. La evaluación se llevará a cabo por los órganos que tienen atribuida esta función en cada consejería o entidad pública. No obstante, el Gobierno puede crear, por decreto órganos específicos para el ejercicio de las
funciones evaluadoras, con carácter general o en ámbitos materiales determinados.
Artículo 41. Fiscalización y control.
Artículo 42. Deberes de colaboración.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas, cuando intervenga dolo, culpa o simple negligencia, las acciones u omisiones siguientes:
Artículo 44. Calificación de las infracciones.
1. Tienen la condición de infracciones muy graves, para los beneficiarios, las señaladas en las letras a), b) y c) del apartado A) del artículo anterior, y para las entidades colaboradoras, la infracción prevista en la letra a) del apartado B) del artículo anterior. Asimismo, tanto para los beneficiarios como para las entidades colaboradoras, constituye infracción muy grave la reincidencia por comisión, en el plazo de un año, de dos infracciones graves determinadas en resoluciones firmes en vía administrativa.
Artículo 45. Régimen de responsabilidades.
1. Son responsables de las infracciones que prevé este capítulo, los beneficiarios o, en su caso, las entidades colaboradoras que lleven a cabo las conductas que en él se tipifican.
Artículo 46. Prescripción de las infracciones.
La prescripción de las infracciones previstas en esta ley se produce en los plazos establecidos, con carácter general, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
1. Las infracciones administrativas muy graves son objeto de las siguientes sanciones, acumulativamente aplicadas:
2. Las infracciones administrativas graves son objeto de las siguientes sanciones, acumulativamente aplicadas:
3. Las infracciones leves son objeto de las sanciones siguientes:
Las sanciones que prevé este título se deben graduar en consideración a las circunstancias siguientes:
Artículo 49. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los cinco años ; las impuestas por infracciones graves, a los tres años ; y las impuestas por infracciones leves, al año.
Artículo 50. Obligación de reintegro.
Las sanciones a que hace referencia el artículo anterior se entienden sin perjuicio de la obligación de reintegro que prevé esta ley, así como de las indemnizaciones de daños y perjuicios que se pueden exigir.
1. Es competente para la resolución del procedimiento sancionador por la comisión de infracciones leves y graves, el titular de la consejería que concede la ayuda o la subvención, o el de la consejería a la que esté adscrita la entidad que la concede.
Las resoluciones sancionadoras, impuestas por infracciones graves o muy graves, que hayan ganado firmeza en vía judicial se deben publicar en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears". Asimismo, se deben comunicar a los registros de subvenciones y de contratistas de la Administración de la comunidad autónoma.
Esta ley entrará en vigor el primer 1 de enero después de haberse publicado en el "Butlletí Oficial de les Illes Balears".
SE DEROGA, por Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre (Ref. BOIB-i-2005-90013).
determinados preceptos, por Ley 6/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-951).
los arts. 7 y 34, por Ley 10/2003, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1741).
el art. 4.3, por Ley 11/2002, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-1270).
el art. 25 de la Ley 9/1995, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-6337).
el art. 33 de la Ley 6/1992, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-5142).