Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00768-20904-de-junio-29-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_43fa779e82704ca88683ed5bf8345a12&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-13 23:39:28
Document Index: 317341707

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 135', 'artículo 29', 'artículo 631', 'artículo 631', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 631', 'artículo 631', 'artículo 1', 'artículo 64', 'artículo 631', 'artículo 135', 'artículo 651', 'artículo 651']

SENTENCIA 2011-00768 DE 29 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:REGLAS PARA RECUPERAR INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DEBEN SER DE CONOCIMIENTO DEL ENTE ECONÓMICO, POR LO QUE SU DESCONOCIMIENTO NO IMPLICA INCUMPLIR OBLIGACIÓN DE REPORTAR INFORMACIÓN EXÓGENA. SE PRECISA QUE ANTE LA PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE LA CONTABILIDAD, ES NECESARIO SEGUIR LAS PAUTAS FIJADAS EN LA LEY, LAS CUALES DEBEN SER CONOCIDAS POR TODAS LAS EMPRESASEN ESE SENTIDO DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL DECRETO 2649 DE 1993, CUANDO SE PRESENTA LA PÉRDIDA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, EL ENTE ECONÓMICO LE CORRESPONDE DENUNCIAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESE HECHO, ASÍ COMO EL EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE LOS LIBROS Y PAPELES, SITUACIÓN QUE DEBE ACREDITARSE EN CASO DE EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE QUE LOS MISMOS SE HALLABAN REGISTRADOS. DE OTRA PARTE, SE ACLARA QUE EL TÉRMINO PARA RECONSTRUIR LOS REGISTROS EN LOS LIBROS ES DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE SU PÉRDIDA, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN, TENIENDO COMO BASE LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD, LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS, INFORMES DE TERCEROS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE PERTINENTES, SIN EMBARGO, EN CASO DE NO OBTENER LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN, EL ENTE ECONÓMICO DEBE HACER UN INVENTARIO GENERAL A LA FECHA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS PARA ELABORAR LOS RESPECTIVOS ESTADOS FINANCIEROS. EN CONSECUENCIA, AL SER UNA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS, CONOCER LAS REGLAS REFERENTES A LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD PERDIDA, SU OMISIÓN CONFIGURA UN INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR LA INFORMACIÓN EXÓGENA, POR LO QUE NO ES POSIBLE ARGÜIR QUE LA DIAN NO ORIENTÓ A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA ACERCA DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA RECUPERAR INFORMACIÓN Y RECONSTRUIR LA CONTABILIDAD PERDIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, LIBROS DE CONTABILIDAD, OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS, RECONSTRUCCIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, PÉRDIDA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
Sentencia 2011-00768 de junio 29 de 2017
Rad.: 08001 23 31 000 2011 00768-01
Nº interno: 20904
Demandante: Cooperativa de Insumos y Productos Agrícolas, Coinpra
La Sala decidirá sobre el recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa de Insumos y Productos Agrícolas, Coinpra Ltda., contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que denegó la pretensión de nulidad de la Resolución Sanción Nº 042412010000164 del 29 de abril de 2010, y su confirmatoria, la Resolución Nº 900070 del 18 de mayo de 2011, mediante las que la Dirección Seccional de Impuestos de Bucaramanga de la UAE DIAN le impuso a la demandante sanción por no presentar información exógena por el año gravable 2006.
Conforme con el recurso de apelación, la Sala debe decidir si la sanción impuesta en los actos acusados vulneró el debido proceso de la demandante.
3.2. Caso concreto. Reiteración de jurisprudencia(6).
En primer lugar, la Sala reitera(7) que el debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía y un derecho fundamental de aplicación inmediata compuesto por tres ejes fundamentales: (i) el derecho de defensa y contradicción, (ii) el impulso y trámite de los procesos conforme con las formas establecidas para cada juicio o procedimiento y (iii) que el asunto sea resuelto por el juez o funcionario competente para ello. La grave violación de cualquiera de esos ejes comporta la vulneración de esa garantía fundamental. De hecho, es la ley, en sentido amplio, la encargada de materializar las reglas derivadas del debido proceso.(8)
El derecho de defensa y de contradicción se garantiza en la medida en que la ley, en sentido amplio, regule (i) los medios de prueba que se pueden utilizar para demostrar determinados hechos, y, (ii) las oportunidades que se deben ofrecer para controvertir los hechos que permiten inferir cierta responsabilidad de determinados sujetos, ora mediante la oportunidad para expresar los motivos o razones de la defensa ora mediante la oportunidad para presentar las pruebas que respalden esos motivos y razones.
Otro de los ejes fundamentales que integra el derecho al debido proceso es el que garantiza que el impulso y trámite de los procesos se efectúe conforme con las formas establecidas para cada juicio o procedimiento administrativo. Este eje se entiende vulnerado cuando las autoridades públicas, en ejercicio de función administrativa, no siguen estrictamente los actos y procedimientos establecidos en la ley para la adopción de sus decisiones y, por contera, desconocen las garantías reconocidas a los administrados.
Y el tercer componente del debido proceso es el que determina que el asunto debe ser resuelto por el juez o funcionario competente para tramitarlo.
Ahora bien, el debido proceso no solo se extiende a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas, en tanto pretende garantizar la correcta producción de los actos administrativos. Comprende “todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que presenten los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”.(9)
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-341 de 2014 sostuvo que “en el marco de las actuaciones que se adelantan ante la administración, el debido proceso se relaciona directamente con el comportamiento que deben observar todas las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto se encuentran obligadas a actuar conforme a los procedimientos previamente definidos por la ley para la creación, modificación o extinción de determinadas situaciones jurídicas de los administrados, como una manera de garantizar los derechos que puedan resultar involucrados por sus decisiones.(10)
En ese entendido, la Corte Constitucional ha dicho que parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, son las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia,(g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso(11).
Sobre el particular, cabe destacar que en la Sentencia C-540 de 1997 se dijo que “el desconocimiento en cualquier forma del derecho al debido proceso en un trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales que lo conforman, sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual son titulares todas las personas naturales y jurídicas (C.P., art. 229), que en calidad de administrados deben someterse a la decisión de la administración, por conducto de sus servidores públicos competentes”. (12)
Ahora bien, en el caso concreto, la Sala considera que de lo expuesto por Coinpra tanto en la demanda como en el recurso de apelación, no se puede establecer la violación del debido proceso de la contribuyente en el trámite tendiente a determinar la sanción por no presentar la información exógena por el año gravable 2006.
Por el contrario, sí se encontró en el expediente que la Administración de Impuestos de Bucaramanga requirió a la contribuyente para que presentara la información exógena e incluso le dio la oportunidad de controvertir las actuaciones. Cabe destacar que la administración no recibió la información solicitada, razón por la que expidió la resolución sanción objeto de esta demanda.
También se advierte que la demandante fue notificada de todas las actuaciones adelantadas por la DIAN y tuvo la oportunidad de controvertir los argumentos y las pruebas presentados en su contra, de presentar sus propias pruebas y, en general, de ejercer los derechos de defensa y contradicción. Sin embargo, los argumentos presentados no fueron suficientes para desvirtuar el dicho de la administración, razón por la que se impuso la sanción.
En efecto, en el expediente está probado que la Administración impuso a la actora la sanción por no suministrar la información de que tratan los literales b, c, d, e, f, h, i y k(13) del artículo 631 del Estatuto Tributario, cuyo texto dice:
e. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior a diecinueve millones cien mil pesos ($ 19.100.000); con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable.
f. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a cuarenta y siete millones setecientos mil pesos ($ 47.700.000) con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso.
La norma transcrita autoriza, además, al director general de la DIAN para requerir información a los administrados con el fin de realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin desconocer las facultades legales de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.
En virtud de esa autorización, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió la Resolución N° 12807 de octubre de 2006, por la cual estableció, para el año gravable 2006, el grupo de obligados a suministrar la información de que tratan los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario. Además, señaló el contenido y características técnicas para la presentación y fijó los plazos para la entrega.
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1° de la mencionada resolución, estaban obligados a presentar información las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas, y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de Ingresos y Patrimonio, cuyos ingresos brutos del año gravable 2005 fueran superiores a mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000). Así mismo, el literal a) del artículo 2º de la resolución mencionada establece que la información a presentar corresponde a los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, como se advirtió.
De acuerdo con la declaración de renta de la demandante correspondiente al año 2005, la Cooperativa de Insumos y Productos Agrícolas, Coinpra Ltda., reportó ingresos brutos por un total de $ 13.709.274.000(14). En consecuencia, está demostrado que la actora declaró ingresos en cuantía superior al tope fijado en la Resolución 12807 de 2006, circunstancia que la ubica en el grupo de obligados a suministrar la información a que se refiere el artículo 631 del Estatuto Tributario, correspondiente al año gravable 2006.
Ahora bien, conforme con la Resolución 12807 de 2006, el plazo para la entrega de dicha información venció el 30 de marzo de 2007. La administración impuso la sanción al constatar que la actora no cumplió con la obligación.
En el proceso, la actora planteó que no presentó la información porque la única persona que tenía acceso a la misma era la gerente Olga Lucía Iguavita, quien falleció el 23 de mayo de 2006. Agregó que se trataba de un caso fortuito o de fuerza mayor y que, por esa razón, no podía imputarse responsabilidad ni imponerse sanción alguna a la cooperativa.
Sobre el concepto de fuerza mayor o caso fortuito la Sala ha indicado(15):
“Para la Sala, si bien es cierto que la fuerza mayor o caso fortuito son hechos eximentes de responsabilidad, para que tengan cabida, debe apreciarse concretamente, si se cumplen con sus dos elementos esenciales: la imprevisibilidad y la irresistibilidad.
El artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil, define la fuerza mayor o caso fortuito, como aquel “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público”.
La imprevisibilidad se presenta cuando el suceso escapa a las previsiones normales, que ante la conducta prudente adoptada por el que alega el caso fortuito, era imposible preverlo, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 27 de 1974: “La misma expresión caso fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento extraño, súbito e inesperado.... Es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto, la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad”.
Para el efecto, el juez debe valorar una serie de elementos, que lo lleven al convencimiento de que el hecho tiene en realidad esas connotaciones, pues un determinado acontecimiento no puede calificarse por sí mismo como fuerza mayor, sino que es indispensable medir todas las circunstancias que lo rodearon. Lo cual debe ser probado por quien alega la fuerza mayor, es decir, que el hecho “fue intempestivo, súbito, emergente, esto es, imprevisible, y que fue insuperable, que ante las medidas tomadas fue imposible evitar que el hecho se presentara, esto es, irresistible...”(16).
Una vez vistas las características del caso, la Sala advierte que las circunstancias que rodearon la omisión de la sociedad demandante de no presentar la información a la que estaba obligada en los términos del artículo 631 del Estatuto Tributario mal pueden considerarse como constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor, en la medida en que no se observa impedimento para el cumplimiento oportuno del deber formal de presentar información.
En efecto, revisado el expediente, se advierte que en el certificado especial Nº 7669428, expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, aparece registrado que la señora Olga Lucía Guavita fue designada representante legal de Coinpra el 1º de noviembre de 2005(17). Posteriormente, mediante acta Nº 16 del 6 de septiembre de 2006 se designó como gerente de la cooperativa a Eunice Gutiérrez de Villamizar, en quien, de acuerdo con el certificado de existencia y representación Nº 7949588, expedido también por la Cámara de Comercio de Bucaramanga(18), recaía la representación legal de la cooperativa. Luego, entonces, si la información debía ser entregada a más tardar el 27 de marzo de 2007, bien pudo ser aportada por la señora Eunice Gutiérrez Villamizar que, para esa fecha, fungía como gerente y representante legal de la sociedad.
La demandante también alega, que la señora Olga Lucía Guavita era la única persona que tenía acceso a la información contable de la empresa y que por el hecho que sufrió una muerte trágica, la empresa demandante no pudo entregar a la DIAN la información exógena. Alegó, además, que la DIAN no orientó a los nuevos directivos de la cooperativa acerca de los mecanismos existentes para la recuperación de la información y la reconstrucción de la contabilidad perdida.
Sobre el particular, la Sala precisa que ante la pérdida o destrucción de la contabilidad, se deben seguir las pautas que fija la ley y que debe conocer toda empresa. Precisamente, sobre el particular, el artículo 135 del Decreto 2649 de 1993 dispone que cuando se presenta la pérdida de los libros de contabilidad, el ente económico debe denunciar ante las autoridades competentes ese hecho, así como el extravío o destrucción de los libros y papeles. Tal circunstancia, dispone la norma, debe acreditarse en caso de exhibición de los libros, junto con la constancia de que los mismos se hallaban registrados, si fuere el caso.
También prevé que los registros en los libros deben reconstruirse dentro de los seis (6) meses siguientes a su pérdida, extravío o destrucción, tomando como base los comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados financieros certificados, informes de terceros y los demás documentos que se consideren pertinentes.
De manera que, no le correspondía a la DIAN orientan sobre unas reglas que bien pueden consultarse en la ley, y que deben ser de pleno conocimiento de las empresas que están obligadas a llevar la contabilidad.
En concordancia con lo anterior y configurado el supuesto de hecho que da lugar a la imposición de la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario, esta debe ser impuesta en los siguientes términos:
a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50’000.000)(19), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios: “— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. “(...)
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente”.
En el presente asunto, como se advirtió, la actora no presentó la información. Hasta aquí la Sala advierte que, en efecto, está demostrado que la demandante no cumplió la obligación de reportar la información exógena por el año gravable 2006, dentro de los plazos fijados en la ley. Esto da lugar a la sanción que le fue impuesta en los actos acusados, conforme con lo dispuesto en el artículo 651 del Estatuto Tributario.
El recurso presentado por Coinpra no prospera.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 22 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas.
2. RECONÓCESE personería a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados para actuar como apoderada de la DIAN, en los términos del poder conferido a folio 118 del expediente.
Consejeros: Stella Jeannette Carvajal Basto, Presidenta de la Sección—Milton Chaves Garcia—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».
6 Sobre el debido proceso, ver sentencia del veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Exp. 16356. Sobre la sanción por no presentar información, ver: sentencia del 5 de febrero de 2015, Exp. 20441, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, sentencia del 29 de septiembre de 2015, Exp. 20440, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sobre la fuerza mayor y el caso fortuito, ver: Sentencia del 3 de junio de 2010, Exp. 16564 M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, Veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Exp. 16356. Demandante: Carlos Nelson Garavito Oviedo, Norman Alexander Aldana c/ Superintendencia Financiera de Colombia. Cit.
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, siete (7) de junio de dos mil once (2011), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Ref.: Exp. 25000-23-15-000-2011-00637-01. Acción: Tutela. Demandante: Los tres Elefantes S.A. Demandado: Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá.
9 Corte Constitucional. Sentencias T-442 de 1992 y C-980 de 2010.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-957 de 2011.
13 Ver folio 65, pliego de cargos, c.a.a.
14 Según fue manifestado por la DIAN. La demandante no controvirtió el hecho ni tampoco aportó al expediente la declaración de renta por el año gravable 2005. Aparece en el expediente el reporte de declaración de renta unificada Año inicial 2004- año final 2006, en la que se registra la suma mencionada. Ver folio 8, renglón 48 del c.a.a.
15 Sección Cuarta Sentencia del 3 de junio de 2010, Exp. 16564, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Cit.
16 Cit.
17 Ver folio 85 c.a.a.
18 Ver folio 86 vuelto c.a.a.
19 Para el año gravable 1992.