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Timestamp: 2018-10-20 21:07:14
Document Index: 164398775

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 48', 'artículo 122', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 88', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 2']

Primera Objeto y compromiso de las partes
Con fecha 6 de abril de 2015 se ha suscrito el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales
a 6 de abril de 2015.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (n.o 2.º) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 2013).
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, señor don Alfonso Rueda Valenzuela, actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidencia, y con lo dispuesto en el Decreto 230/2012, de 2 de diciembre, por el que es nombrado vicepresidente de la Junta de Galicia, y en el Decreto 229/2012, por el que se nombran los titulares de los departamentos de la Junta de Galicia.
El Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Sr. D. Juan Manuel Viaño Rey, en nombre y representación de ésta, en virtud del Decreto 62/2014, de 28 de mayo (DOG 4/06/2014), de su nombramiento, y por las facultades conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el Decreto 14/2014, de 30 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela.
El Excmo. señor Decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, don José Félix Mondelo Santos, en representación del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, según lo dispuesto en el artículo 48.2 del Estatuto General de la Abogacía española, aprobado por el Real Decreto 658/2001, do 22 de junio, con domicilio en la calle Pascual Veiga, 2, de la mentada ciudad.
Segundo. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el artículo 122.2 de la Constitución Española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio de reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Cuarto. El Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de justicia (funciones asumidas a través del Decreto 394/1994, de 29 de diciembre); el Real Decreto 2397/1996, de 22 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de justicia (funciones asumidas a través del Decreto 438/1996, de 20 de diciembre); y el Real Decreto 233/1998, de 16 de febrero sobre traspaso de las competencias equivalentes relativas a las fiscalías de Galicia y a los institutos de medicina legal (funciones asumidas a través do Decreto 82/1998, de 5 de marzo), que completan el proceso de transferencia de medios en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Quinto. A su vez, el Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, el de la Administración a quién corresponda la titularidad del inmueble y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes, si las hubiere.
Octavo. De Conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, tendrán derecho a obtener el título profesional de abogado o el título profesional de procurador de los tribunales las personas que se encuentren en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su normativa de desarrollo y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta Ley.
Los cursos de formación para abogados podrán ser organizados e impartidos por universidades públicas o privadas, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza universitaria oficial de postgrado y constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos comprendan la realización de un período de prácticas externas, conforme establece el artículo 4 del mencionado texto legal y el artículo 14 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se apruebe el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre.
El artículo 2 del Reglamento, Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, establece como requisitos:
c) Desarrollar un período formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones.
Las prácticas en los juzgados y tribunales de la provincia en Lugo tienen como finalidad la formación y preparación, en el nivel superior de la enseñanza, de profesionales con adecuación a las demandas del entorno social, lo que supone que el alumnado de las distintas titulaciones y especialidades debe adquirir una formación práctica en contacto con la realidad profesional; por lo que resulta de gran interés que las prácticas tengan lugar en el entramado institucional o productivo de la sociedad.
Conforme lo expuesto y en virtud del 4.1c) del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales está suscrito un convenio de colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y el Ilustre Colegio provincial de Abogados de Lugo, de fecha 27 de marzo de 2012, para impartir de forma conjunta el Máster, habiendo sido verificado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia ACSUG, conforme informe favorable emitido en fecha 26 de octubre de 2012.
Décimo. El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (29 de abril de 2014).
Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la Universidad de Santiago de Compostela, pueda realizar prácticas externas en juzgados y tribunales, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con las siguientes,
Constituye el objeto del presente convenio la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado y/o máster que imparte la Universidad de Santiago de Compostela, y siempre de titulaciones relacionadas con profesionales de la Administración de Justicia, en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo únicamente participará en las prácticas académicas externas de los estudios oficiales de máster, conforme lo anteriormente reseñado en el exponendo octavo del presente convenio.
La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, El Ministerio de Justicia y la Junta de Galicia estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el convenio quedará suspendido en tanto persistan estas situaciones o, en su caso, extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación alguna por parte de la Universidad de Santiago de Compostela, o concesión de indemnización o compensación a su favor.
El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la dirección de las prácticas externas de la Universidad de Santiago de Compostela, o, en el caso del máster, por la persona que ejerza la dirección de las prácticas externas en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, y será seleccionado, junto con la persona o personas que ejerce/n la tutoría en el órgano jurisdiccional u oficina judicial donde se realicen las mismas, entre quienes resulten más idóneos/as en función de las características del trabajo a desempeñar.
Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Santiago de Compostela y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo en el programa formativo del master de Acceso a la Profesión de Abogado, realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en ambos casos a establecer por la persona responsable de los mismos, en función del mejor funcionamiento del órgano jurisdiccional.
En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Junta de Galicia, o los juzgados y tribunales afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo en conocimiento de la Universidad, para que adopte las medidas que considere oportunas.
El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Junta de Galicia quedan eximidos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Junta de Galicia no están obligados a devengar contraprestación económica alguna.
La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la realización de las prácticas externas a que se refiere el presente convenio será asumida, exclusivamente, por la Universidad de Santiago de Compostela.
– Mantener contacto con la persona o personas que ejerce/n la tutoría y con la persona que ejerce la dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en que se establezca.
– Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos o de aquellas actuaciones judiciales de las que pudieran tener conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas éstas. Para lo cual deberá suscribir el Anexo del presente convenio.
El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la persona o personas que ejercerá/n la tutoría y que podrá recaer en Magistrado/a, Juez/a o Secretario/a Judicial, y cuya misión será:
– Orientar al alumnado en sus dudas y dificultades.
La Universidad de Santiago de Compostela, y, en su caso, en relación al máster en Abogacía, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, se compromete a destacar en su Memoria anual y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Junta de Galicia y los tribunales y juzgados afectados.
Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y un/a representante de la Delegación el Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia, que forma parte de la representación del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La comisión se reunirá al menos una vez al año y cuando lo determinen las partes.
En el seno de la comisión de seguimiento se valorará la incorporación de nuevos anexos de titulación, de entre las impartidas por la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del Plan Bolonia y según lo establecido en el objeto del convenio, que una vez consensuados por la comisión y firmados por las partes, se incorporarán al convenio.
El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.–El Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela.–El Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan Manuel Viaño Rey.–El Decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Lugo, José Félix Mondelo Santos.