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Timestamp: 2019-09-23 07:57:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 259', 'in dubio', 'in fine', 'artículo 478', 'artículo 419']

Acuerdo y Sentencia 581/2001 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia N° 581/01
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 584/01
EXPEDIENTE: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERP. POR EL ABOG. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ EN EL INCIDENTE DE SOBRESEIMIENTO LIBRE A FAVOR DE LUÍS A. SACCARELLO DEDUCIDO EN: RAÚL CODAS Y OTROS S/ FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA Y OTROS.".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintsiete días del mes de Setiembre del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO Y CARLOS FERNÁNDEZ GADEA, por inhibición del Doctor FELIPE SANTIAGO PAREDES ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN INTERP. POR EL ABOG. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ, EN EL INCIDENTE DE SOBRESEIMIENTO LIBRE A FAVOR DE LUÍS A. SACCARELLO DEDUCIDO EN LA CAUSA: RAÚL CODAS Y OTROS S/ FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA Y OTROS", a fin de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el A.I. No 216 de fecha 23 de mayo de 2.001, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, 1ra. Sala.
¿Se halla ajustado a derecho el recurso interpuesto?.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: IRALA BURGOS, RIENZI GALEANO Y FERNÁNDEZ GADEA.
A la cuestion planteada, el Doctor IRALA BURGOS, dijo: El Abog. José Miguel Fernández Paganetti, en representación y defensa del señor Luis Antonio Saccarello Morales interpone recurso extraordinario de casación contra el auto interlocutorio No 216, dictado el 23 de mayo de 2.001 por la Primera Sala del Tribunal de Apealciones en lo Criminal en los autos: “INCIDENTE DE SOBRESEIMIENTO LIBRE A FAVOR DE LUIS A. SACCARELLO EN: RAUL CODAS Y OTROS S/ FALSIFICACION IDEOLOGICA Y OTROS”.
Como fundamento señala que “(...) en fecha 13 de marzo de 2.000, esta defensa solicitó el sobreseimiento libre del imputado LUÍS ANTONIO SACCARELLO MORALES por entender que aparece, de modo indudable, exento de responsabilidad criminal en los hechos investigados en autos”, que “(..) el Juez Penal de Liquidación y Sentencia No 01, “secundum allegata et probata”, previo análisis de los argumentos esbozados, hacer lugar al incidente de sobreseimiento libre”, que “(...) habiendo apelado y alegado de nulidad, la Agente Fiscal interviniente fundamentó sus recursos por escrito fechado el 21 de noviembre de 2.000. Insertó en la presentación una serie de afirmaciones, totalmente falsas e irresponsables, no referidas al contestar la incidencia se sobreseimiento ante el inferior, vale decir, PRETENDIO RENOVAR EN APELACION LA INSTRUCCIÓN imputando una serie de operaciones en las que, por cierto, nunca tuvo participación mi defendido”, que “La Excelentísima Cámara arrojase competencia apócrifa excediendo su margen de abocamiento”. Por otro lado, aduciendo falta de suficientes fundamentos en la resolución, manifesta: “El Tribunal de alzada prescindió de ilustrar su motivación, se limitó a rehusar nuestros argumentos mas disquisición pronunciándose sobre asusntos que, dijimos, entendemos fuera de competencia”.
El Señor Fiscal General Adjunto, Doctor Diosnel Rodríguez Sosa, al contestar recurso, sin abocarse al análisis de fondo, se limitó a peticionar no se haga lugar al mismo en razón de que “(..) el recurso de casación no es aplicable a la presente causa, por no estar vigentes las normas respectivas de la ley 1.286/98 para los procesos iniciados bajo las formalidades del Código de Procedimientos Penales de 1.890 (...)
Ciertamente, los supuestos hechos punibles investigados en la causa, ocurrieron bajo la vigencia del anterior ordenamiento procesal. La ley No 1.444/99, dictada con el objeto de reglar el periodo de transición hasta la total transforamción del sistema ritual, sujeta al Código de 1.890 las causas comenzadas bajo su imperio, poniendo además en vigencia algunas instituciones de la Ley No 1.268/98 que, presupone, son más favorables al encausado. A pesar de que el artículo 2do. De aquella no contempla al recurso de casación, debe tenerse presente ya que el artículo 259 (inc.6) de la Constitución Nacional atribuyó a la Corte Suprema de Justicia facultad para conocerlo y resolverlo. No puede obviarse el mandato del Art. 45 de la carta Magna “(...) La falta de ley reglamentaría no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”. Esta Sala sentó precedente, entre otros, en el “RECURSO DE CASACIÓN c/ Sentencia No 54 del 22/junio/2.000, dictado por la Tercera Sala delExcmo. Tribunal de Apelación en lo Criminal en la causa: CARLOS A. MOJOLI Y CARLOS DANIEL MOJOLI S/ SABOTAJE DE COMPUTADORAS”: “Con la Ley de Transición No 1444/99 entraron a regir algunas instituciones del nuevo Código Procesal Penal (Ley 1.68/98). Y a pesar de la norma 2 de la misma, fundado en los arts. 14, 16, 17 inc. 4, 45 y 259 inc. 6 de la Constitución y precedentes obrantes en la misma Sala, se dio trámite a la presentación efectuada” (Acuerdo y Sentencia No 634 de fecha 02/11/2.000).
En sísntesis, las disposiciones de la Ley de Transición no constituyen óbice para el análisis del recurso interpuesto. Las secular y vigente expresión de que la Corte es custiodia e intérprete de la constitución, denotan su vocación irrenunciable a salvaguardar los drechos en ella contenidos, entre los cuales se encuentra el de activar procesalmente la figura sub examine.
El recurso fue interpuesto en tiempo y forma de conformidad a los artículos 480 y 468 del Código Procesal Penal.
Bien califica el Código Procesal al recurso de casación como “extraordinario”. Son recursos extraordinarios, parafraseando al maestro LINO PALACIO “aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales especificamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades, del órgano competente para resolverlos estan limitadas al conocimiento de determiandos aspectos de la resolución impugnada”. El recurso de casación es aquel mediante el cual por motivos de derecho especificamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos de ciertas resoluciones que le resultan perjudiciales, reclamando la correcta aplicación de la norma o la anulación de la resolución, según el caso, con o sin reenvío de nuevo juicio. La competencia de esta Corte se circunscribe entonces a las violaciones del derecho; en materia de hechos de fundarse en los verificados por el Juez de mérito.
Corresponde analizar si la resolución recurrida puede revisarse mediante casación. El auto interlocutorio cuestioando revoca en segunda instancia el sobreseimiento libre parcial del señor Luis Antonio Saccarello Morales concedídole por el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia No 01.
Dice el art. 477 del Código Procesal Penal: “Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del Tribunal de fundarse en lso verificados por el Juez de mérito.
Corresponde analizar si la resolución recurrida puede revisarse mediante casación. El auto interlocutorio cuestionado revoca en segunda instancia el sobreseimiento libre parcial del señor Luis Antonio Saccarello Morales concedídole por el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia No 01. Dice el art. 477 del Código Procesal Penal: “Solo podrá deducirse el recurso extraordinario de casación contra las sentencias definitivas del Tribunal de Apelaciones o contra aquellas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena2. Como criterio general podemos afirmar que, cuando el Código menciona las resoluciones recurribles de casación, refiere, junto a las sentencias de la Cámara de Apelaciones reconocidas como propiamente defitivas, a los autos interlocutorios del mismo órgano que puedan equipararse a ellas. En este orden de ideas, tribunales argentinos han dicho: “ (..) el criterio para determinar el concepto (de las sentencias recurribles por casación) se funda más en el efecto de la resolución con relación al proceso, que su contenido” (Sala I, causa Rima, Boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, No 5, pag. 15).
¿Es, en particular, esta resolución revocatoria de sobreseimiento equiparable a una sentencia definitiva? Decimos con NARCISO J. LUGONES Y SERGIO O. DUGO en “Casación Penal y Recurso Extraordinario”, Págs. 70/71: “Cabe diferenciar dos categorías de sentencias equiparables a definitivas. a) Una comprende las situaciones de reparación imposible, porque aún sin resolver el fondo del asunto, impiden replantearlo (..) b) La otra comprende las de reparación insuficiente o dificil de alcanzar. B.1 INSUFICIENTE ES, POR EJEMPLO, LA REPARACION TARDIA (..)”. En el incidente de Sobreseimiento Libre deducido por Raúl Codas Rivarola Raúl Codas Riera en la misma causa principal a la que corresponde este planteo, se había dicho: “Que, si bien es cierto, nuestra Carta Magna otorga al Ministerio Público la función de ejercer la acción penal pública y de perseguir e investigar los hechos ilícitos no es menos cierto que a lo largo de la presente investigación, es decir más de cuatro años, no se han reunido elementos de juicio que comprometan la responsabilidad de los encausados (..), por lo que no se puede mantener procesadas a las personas en forma indefinida, sisn existir contra las mismas acusaciones concretas, puntuales y fundadas, que ameritan la prosecusión de una causa penal y es ahí precisamente donde deben adquirir plena vigencia las previsiones contenidas por el Art. 14 del Código de Procedimientos Penales y las del Art. 17 de la Constitución Nacional que garantiza la presunción de inocencia y que se aplica perfectamente al hecho que nos ocupa, pues la acusación pública no logró vincular a los incidentistas con los delitos investigados y si bien resultan sumamente graves los ilícitos perpetrados, la incriminación se realizó en forma muy general (..) Es sabido que para la procedencia del Sobreseimiento Libre, que en sus efectos se equipara a una sentencia absolutoria, debe existir la plena certeza de que el procesado se halla exento de responsabilidad creiminal, circunstancia esta que surge de las constancias obrantes en autos y eventualmente debe primar el principio del in dubio pro reo (..) (A.I. No 122 de fecha 28 de febrero de 2.000).
En el caso específico que nos ocupa, si bien es cierto que la revocatoria de sobreseimiento antes que poner fin al pleito, impone su continuación, no es menos cierto que de resultar absuelto el señor Saccarello Morales, la reparación del agravio que le causa el auto recurrido llegaría mucgo más que tarde. Por ende, en el particular analizado, podemos afirmar, bajo el amparo de la autoridad de la doctrina citada, que el A.I. No 216 de fecha 23 de mayo de 2.001 es equivalente a una sentencia definitiva por causar a la parte afectada agravio cuya eventual reparación por la continuidad del proceso podría resultar insuficiente por tardía.
Por otro lado, cabe destacar que aún cuando la resolución que revoca el sobreseimiento deniega la extinción de la “acción y no de la “pena” como prescribe el in fine del Art. 477, recurrente y fiscal coinciden en que una interpretación extensiva del artículo permite el análisis de aquella mediante casación.
Concluimos entonces que la vía electa por el recurrente es idónea y permite a esta Sala revisar el auto de marras.
El recurso de casación no es un medio ordinario para examinar todas las decisiones de los Tribunales de mérito, por lo que la Corte Suprema de Justicia no tiene por función verificar el acierto o error de las providencias de los Tribunales inferiores vinculadas al material fáctico y probatorio. Su competencia queda limitada y circunscripta a resguardar el derecho, substantivo y procesal.
Decimos con JORGE R. MORAS MON en “Manual de Derecho Procesal Penal”, Pág. 363, que la casación “tiene por objeto mantener la fiel, correcta y uniforme aplicación de la ley, tanto de fondo como de forma”. Efectivamente, a este fin están dirigidos los motivos previstos en la ley para su admisión. Dispone al artículo 478 del Código Procesal Penal: “El recurso extraordinario de casación procederá, exclusivamente: 1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor a diez años y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional, 2) cuando la sentencia o el auto apelado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apealciones o de la Corte Suprema de Justicia; o, 3) cuando al sentencia o el auto sean manifiestamente infundados”.
El recurrente entiende verificadas en la resolución elevada a estudio las causales segunda y tercera. Del análisis de las constancias de autos se desprende que la Agente Fiscal Alba M. Delvalle de Ibarra, por escrito presentado el 17 de abril del año 2.000, contestó el incidente de sobreseimiento libre deducido por la represetnación convencional del señor Saccarello Morales atribuyendo a este una serie de supuestas irregularidades que consideró de entidad suficiente para mantenerlo ligado a la causa. Por A.I. No 888 del 28 de julio del 2.000, el Juez Penal competente, previa enunicación de sus razones de hecho y dercho, hizo lugar al sobreseimiento libre parcial bajo el presupuesto del inciso 3º, artículo 419 del Código de Procedimientos Penales de 1.890. La representante del Minsterio Público interpuso recursos de apelación y nulidad fundamentándolos ante el Tribunal de Apealciones en lo Criminal, Primera Sala, el 21 de noviembre de 2.000.
El recurso de apelación abre la posibilidad de un reexamen congruente y limitado a los términos de los agravios. En el proceso penal paraguayo, el recurso de apelación no importa la oportunidad de nuevo juzgamiento en alzada respecto de la relación juridica y las pruebas producidas ante el inferior. “En el derecho romano de la época dioclesiana (cognitio extra ordinem), la vía de apelación, por ejemplo, implicaba un nuevo juicio ante el juez del recurso y, por consiguiente, una holgada apertura de las alegaciones en otra instancia respecto de los hechos y de las pruebas. Este criterio fue receptado después, con ciertas variantes, por los paises auropeos (v. Gr. Francia, Italia, Alemania)” (CARLOS ALBERTO NOGUERA, “Los Recursos Ordinarios en el Código Procesal Penal” Pag. 16). Nuestro sistema procesal penal fue siempre proclive a privar a la instancia superior de la posibilidad de cognición absoluta mediante los recursos. El recurso de apelación es incompatible con la idea de innovación o renovación del proceso anterior; se limita a abrir una isntancia revisora cuyos límites no solo están dados por los agravios y su contestación sino también por el “thema decidendum” fijado en la instancia inferior.
Según puede notarse, la Fiscal Delvalle introdujo ante el Ad quem una serie de imputaciones que omitió mencionar ante el A quo. Justamente, estas nuevas consideraciones fueron las tomadas en cuenta por los Magistrados de la Primera Sala para revocar el sobreseimient libre. Más que una crítica racional el fallo del Juez Penal, el memorial presentado se mostró como una nueva denuncia, un intento de introducir novedades dácticas no alegadas en la oportunidad pertinente.
Resulta patenta entonces que el recurso fue mañ fundado y, como tal, debió incluso, hizo lugar a ella. Si bien queda substraido al recurso de casación el conocimiento de la exactitud de las imputaciones vertidas contra el recurrente, es finalidad suya superar los errores de derecho verificados en el auto arrimado a análisis. Efectivaemnte, el auto interlocutorio No 216 de fecha 23 de mayo de 2.001 se contrapone a varios precedentes jurisprudenciales. A más de los enunciados por el agraviado en su presentación, podemos citar: “El Tribunal de Apealción no puede fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no fue materia de recurso” (Tapel.C.Com.Lab.Crim.Tut.Corr. encarnación, 1era. Sala, “Salustiana Espinola y otros”, Ac. Y Sent. No 22, 19/03/1.998); “cuando los recurrentes no dan cumplimiento a las exigencias para expresar agravios, cabe expresar que estos no han sido expresados y corresponde declarar desierto el recurso” (T.Apel. Crim. 1ra. Sala, “Justo germán Dénis”, 22/09/1.998); “En principio, cuando la expresión de agravios no cumple con los requissitos establecidos ene l recurso debe declararse desierto” (T. Apel. Crim. 1ra. Sala, “José Hermenegildo Galeano”, 21/07/1.998).
Se ha verificado entonces, según se advierte, el presupuesto previsto en el inc. 2do., Art. 478 del Código Procesal Penal.
Cabe agregar que los miembros del tribunal de Apealciones tampoco señalaron las razones jurídicas por las cuales excluyeron de toda consideración los fundamentos de la defensa del señor Saccarello Morales. La motivación de la sentencia constituye una garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno. Si falta la fundamentación, la sentencia tiene un vicio. No obstante, se habrá visto que, a veces, como en el caso que nos ocupa, la fundamentación existe, pero resulta insuficiente; el razonamiento de la Cámara no alcanza a mostrar los pasos verificados para arribar a la conclusión.
Respecto a la necesidad o no de reenvío, debe acotarse que nuestra casación, siguiendo las enseñanzas del derecho germánico, es más perfecta que la casación francesa o italiana porque la Corte, una vez apreciada la violación o falsa aplicación de la ley, puede hacer la declaración de derecho que corresponda. En razón de que el recurso de apelación interpuesto por la Agente Fiscal Alba M. Delvalle contra el auto que admitió el sobreseimient libre debe declararse mal fundado, debiendo declararse desiertos los recursos de conformidad al Art. 419 del Código Procesal Civil, no siendo preciso reenviar la cuestión a otro Tribunal. “La casación sin reenvío en estos casos logra una evidente economía procesal” (RICARDO LEVENE Y OTROS, “Código Procesal Penal de la Nación”, Pag. 415).
Corresponde entonces, en mérito a lo expuesto, casar el A.I. No 216 de fecha 23 de mayo de 2.001 dictado por el Tribunal de Apealción en lo Criminal, Primera Sala, declarando mal fundados y, consecuentemente, desiertos los recursos concedidos a la Agente Fiscal en lo Criminal Alba Maria Delvalle contra el A.I. No 888 de fecha 28 de julio de 2.000 dictado por el Juez Penal de Liquidación y Sentencia No 01. ASI VOTO.
A su turno el Doctor FERNÁNDEZ GADEA , se adhiere al voto del preopinante por los mismos fundamentos.
A su turno el Doctor RIENZI GALEANO, manifiesta cuanto sigue: El recurso Extraordinario de Casación, según lo establece el art. 477 del Código Procesal Penal, solo podrá deducirse “contra las sentencias definitivas del tribunal de apelaciones o contra aquellas decisiones de ese Tribunal que pongan fin al procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, determinando así su objeto.
En cuanto a los motivos que la hacen procedente son individualizados, con absoluta claridad, por el Art. 478 del Código ritual citado, al señalar que: “El recurso extraordinarios de casación procederá, exclusivamente: 1) cuando en la sentencia de condena se imponga una pena privativa de libertad mayor de diez años, y se alegue la inobserancia o errónea aplicación de un precepto constitucional; 2) cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia; o 3) cuando la sentencia o el auto sean manifestamente infundados”. Establecido así el marco dentro del cual debe plantearse el Recurso de Casación, veremos si el interpuesto en estos autos caratulados “RAÚL CODAS RIVAROLA Y OTROS S/ FALSEDAD IDEOLÓGICA Y OTROS”, se halla encuadrado dentro de ese marco; pero no sin antes aclarar que siendo extradordinario este recurso, todas las disposiciones que lo reglamentan son de interpretación restrictiva, o sea, restringida o limitada a ellas mismas, sin posibilidad de extenderlas a otras situaciones que no fueran las indicadas en el referido Art. 478.
Pues bien, analizados los autos en mención y los fundamentos del recurso, que corren de fs. 9721 a 9726, de entrada debe descartarse el caso previsto en el inciso 1) del Art. 478 del Código Procesal Penal, dado que no existe sentencia de condena alguna.
El basamento principal de la petición, así como también lo cita el Juez de Primera Instancia interviniente, es el A.I. No 122 de fecha 22 de febrero de 2000, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en mayoría, que confirmó el sobreseimiento libre a favor de RAÚL IGNACIO CODAS RIVAROLA Y RAÚL CODAS RIERA, del cual el recurrente refiere la “contradicción” existente entre lo decidido ahora, por A.I. No 216 de fecha 23 de mayo de 2.001, en Segunda Instancia y lo resuelto entonces, por la Corte Suprema, sin embargo, se distinta la situación jurídica entre los diferentes imputados, por lo que evidentemente no tiene cabida el inciso 2) del artículo mencionado que exige, APRA la procedencia del recurso, que la resolución o auto cuestionado “sea contradictorio don un fallo anterior de un Tribunal de Apealciones o de la Corte Suprema de Justicia”. Por consiguiente, el segundo motivo para la procedencia del recurso tampoco ha sido comprobado en autos.
El tercer motivo que hace procedente el Recurso de Casación, que la sentencia en cuestión sea manifiestamente infundada, tampoco se da pues la resolución, el auto impugnado, tiene motivación válida, está suficientemente fundado.
De este modo, ni de la presentación, ni de la resolución de Segunda Instancia la única recurrible por el recurso de Casación según el art. 477 del Código Procesal Penal, salvo la Casación Directa, surgen los motivos que puedan ocasionar la procedencia de los solicitado por el recurrente. Sus fundamentos no son suficientes. En consecuencia, el Recurso de Casación deducido debe ser rechazado.
En cuanto a lo expresado por el Señor Fiscal General del Estado Adjunto sobre las previsiones de la ley No 1444/99; si bien es verdad que el Recurso de Casación no se encuentra reglado por ella, no debemos olvidar que una disposición constitucional (Art. 259, inc. 6) obliga a la Corte Suprema de Justicia a “conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley”. Anteriormente se han planteado recurso de casación, que fueronr rechazados pese a los señalado en el art. 45 de la Carta Magna, justamente porque ninguna ley establecía “la forma y medida” para conocer y resolver el recurso, es decir, no podía conocerse ni resolverse porque no existía parámetro, un marco legal para ello. Pero, dese la promulgación y entrada en vigencia del Código Procesal Penal –Ley No 1286/98 ya se defició un procedimiento, una regulación legal (Art. 477 al 480), para conocer y resolver el recurso en mención. Y como en la escala de valores tiene la máxima prioridad la constitución Nacional, que se halla por encima de culaquier Tratado o Ley; establecida “la forma y medida” para conocer y resolver el recurso, requisito exigido por la Constitución Nacional, no queda otra opción sino el de dar cumplimiento al Art. 259 de la Carta Fundamental. Siendo ello así, lo dispuesto en el art. 2º de la Ley No 1444/99 no rige para el Recurso de Casación.
En conclusión, en mi opinión, estimo que el recurso de Casación planteado debe sere rechazado porque no se reúnen en este caso, sometido a estudio de esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los requisitos exigidos por el Código Proceal Penal para su procedencia. Es mi voto.
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Carlos Fernández Gadea, Wildo Rienzi Galeano.
SENTENCIA NÚMERO 581
Asunción, 27 de Setiembre de 2.001
HACER LUGAR, al recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abog. José Miguel Fernández Paganetti y, en consecuencia, revocar el A.I. No 216 de fecha 23 de mayo de 2.001 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Primera Sala, conforme al exordio de la presente resolución.
Ministros: Jerónimo Irala Burgos, Carlos Fernández Gadea Wildo Rienzi Galeano.