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Timestamp: 2018-10-23 22:42:54
Document Index: 339672571

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 69', 'artículo 45', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 249', 'artículo 5']

V) Instrumentos del Derecho Interno de los Estados:
1)República Argentina:
1.1) Convenciones Internacionales:
1.2) Constitución Nacional:
1.3) Ley 17.319 de 30 de Junio de 1.967 de hidrocarburos líquidos y gaseosos:
1.3.1) Responsabilidad:
1.4) Ley 24.145, de Noviembre de 1.992, de Federalización de los hidrocarburos:
1.5) Pacto Federal de Hidrocarburos, de 1.994:
1.6) Código de Minería de la Nación:
1.6.1) Informe y Declaración de Impacto Ambiental:
1.6.2) Responsabilidad:
2)España:
2.1)Convenciones Internacionales:
2.2) Constitución Española:
2.3) Ley 34/1.998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos:
2.3.1) Facultades del Estado:
2.3.2) Facultades de las Comunidades Autónomas:
2.3.4) Garantía:
2.3.5) Concesión de explotación:
2.3.6) Hidrocarburos líquidos:
2.3.7) Infracciones y sanciones:
2.4) Ley 27/1.992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante:
2.4.1)Régimen de vertidos:
2.4.2)Infracciones:
2.4.3) Responsabilidad:
2.4.4) ndemnización por los daños y perjuicios:
2. 5) Ley 22/1.988, de 28 de Julio, de Costas:
2.5.1) Objeto:
2.5.2) Vertidos:
2.5.3) Terminales de carga y descarga de hidrocarburos en puerto, mar territorial y aguas interiores:
2.5.4)Infracciones:
2.5.5).Responsabilidades:
VI) Regulación en el Derecho Comunitario, Libro blanco sobre Responsabilidad Ambiental:
2) Requisitos para la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva:
3)Circunstancias eximentes y atenuantes:
4) Aplicación del Principio de equidad:
5) Daños:
6) Lugares contaminados:
7) Implantación a través de una Directiva comunitaria:
No se encuentran ratificadas por la República Argentina la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil por contaminación de aguas del mar por hidrocarburos, celebrada en 1.969, ni sus protocolos modificativos, así como tampoco se han ratificado el Convenio de Constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 1.971, ni sus protocolos modificativos.
Por lo tanto en el caso de que se produzcan daños por contaminación por hidrocarburos sería aplicable el derecho interno del Estado.
En el año1.994, se reforma la Constitución Nacional, se incluye por art. 41 como un derecho fundamental, el derecho al medio ambiente. Corresponde a la Nación dictar los presupuestos básicos en materia ambiental. Las provincias pueden ampliar esta protección.
Asimismo, con la reforma constitucional de 1.994, a través del art.124 se reconoció a las provincias el dominio originario respecto de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Con esto se dio punto final a un largo problema, ya que como anteriormente la Constitución Nacional no trataba expresamente este tema, se entendía que era el Congreso de la Nación el que a través de una ley podía asignar las minas a la Nación o a las provincias, debido a que entre las facultades asignadas al Congreso de la Nación por la C.N. se encontraba la de dictar el Código de Minería.
Esta ley establece, que los yacimientos situados en el territorio de la Rca. Arg. y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio del Estado Nacional.
En relación con la atribución de la responsabilidad por daños, en su artículo 5, se establece que serán de exclusiva cuenta de los titulares de los permisos y de las concesiones, los riesgos propios de la actividad minera.
Mientras que en el artículo 69, se determina entre las obligaciones de los permisionarios y concesionarios, la de evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos, y se les atribuye responsabilidad subjetiva, esto es en el caso culpa o negligencia, respecto de los daños causados al Estado o a terceros.
No se puede perder de vista la evolución que ha habido en el campo de la responsabilidad, esta ley del año 1.967, ha quedado obsoleta, la ley que la reemplace debería incluir un sistema de responsabilidad objetiva ante los daños que se produzcan por la contaminación por hidrocarburos.
Por esta ley, se transfiere el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de doce millas marinas medidas desde las líneas de base. Por lo cual desde la milla número 12 hasta las 200 millas marinas es de dominio público del Estado Nacional.
En 1.994 se firmó el Pacto Federal de Hidrocarburos, y se solicitó al Congreso de la Nación la sanción de una nueva ley, modificatoria de la ley 17.319. Esto es necesario, de acuerdo con la ley 24.145, para que se concrete la federalización de los hidrocarburos.
Existe un proyecto de ley, que obtuvo media sanción por la Cámara de Senadores, pero que no tuvo igual suerte en la Cámara de Diputados. Regula protección del ambiente, pero "no aporta nada nuevo en el marco normativo ambiental vigente"[1][5][29].
El Poder Legislativo tiene la obligación de modificar la ley 17.319, no resulta lógico que pasen 6 años y todavía no se halla realizado, estaríamos dentro de lo que el Dr. Bidart Campos denomina Inconstitucionalidad por Omisión.
Regula el régimen de los hidrocarburos sólidos.
La ley 24.585 de 1.995, lo modificó, incorporando la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, en el ámbito de la actividad minera.
Los trabajos mineros causan innumerables efectos sobre el medio ambiente, como la contaminación del aire, las aguas y el suelo, el resecamiento y el agrietamiento de los terrenos, los depósito de los desechos, la destrucción de la superficie y del paisaje por la existencia de tierras minadas, los ruidos. Estas consecuencias pueden ser evitadas, o disminuidos sus perjuicios, con la adopción de mediadas adecuadas de protección del ambiente. Para lo cual se realiza la reforma, que agrega el ambiente como objeto de la protección policial y cuyo desarrollo posterior, corresponde a los reglamentos de policía minera o ambientales[2][6][30].
Se exige un Informe de Impacto Ambiental previo al inicio de cualquiera de las actividades especificadas[3][7][31]. Respecto del cual, las autoridades realizarán una Declaración de Impacto Ambiental para cada una de las etapas del proyecto o de su implementación efectiva. La D.I.A. será actualizada como máximo en forma bianual y cada vez que se produzcan hechos nuevos.
Se establece que las personas comprendidas en las mencionadas actividades especificadas, serán responsables de todo el daño ambiental que se produzca por el incumplimiento de lo establecido, ya sea, que lo ocasionen en forma directa o por las personas que se encuentran bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas, o que lo cause el riesgo o vicio de la cosa. Asimismo se establece la responsabilidad solidaria del titular del derecho minero, en iguales casos, pero que el daño lo ocasionen las personas por él habilitadas para el ejercicio de tal derecho.
En conclusión, para el daño ambiental, se aplica el sistema de responsabilidad subjetiva, es necesario acreditar dolo culpa o negligencia.
Y en el caso de que el daño se produzca por vicio o riesgo de la cosa, se aplica el sistema de responsabilidad objetiva del art. 1.113 del Código Civil.
España ha ratificado la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil por contaminación de aguas del mar por hidrocarburos de 1.969 en Noviembre 15 de 1.975[4][8][32].
A su Protocolo modificativo de 1.976, España se ha adherido por Instrumento de 5 de Octubre de 1.981[5][9][33] .
Al Protocolo modificativo de 1.992, se ha adherido por Instrumento de 6 de Junio de 1.995[6][10][34].
Asimismo, se ha adherido por Instrumento al Convenio de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños causados por la contaminación por hidrocarburos de 1.971, el 22 de Septiembre de 1.981[7][11][35] .
Mientras que por instrumento, se ha adherido a su Protocolo modificativo de 1.992, el 6 de Junio de 1.995.[8][12][36]
Para la aplicación de los Convenios se dictó una Orden de 4 de Marzo de 1.976.[9][13][37]
El artículo 45 establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo.
El artículo 148.1.9, determina que las comunidades autónomas tienen competencia en la gestión en materia de protección del medio ambiente.
Establece en su artículo 149.1.23 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica de medio ambiente, aunque las Comunidades Autónomas tienen facultades para dictar normas adicionales de protección.
Asimismo el artículo 149.1.25 determina como competencia exclusiva del Estado, las bases del régimen minero y energético.
Esta ley regula los hidrocarburos líquidos y gaseosos, a los cuales considera como bienes de dominio público estatal.
En relación con el tema en estudio, se destacan las de inspeccionar, dentro de su ámbito competencial, el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, el mantenimiento de las exigencias mínimas de seguridad de los operadores al por mayor, así como las de sancionar las infracciones cometidas conforme a la presente ley.
Entre las mismas, se encuentran las de inspeccionar, en el ámbito de las instalaciones de su competencia, las condiciones técnicas, medioambientales y económicas de las empresas titulares de dichas instalaciones, asimismo inspeccionar el mantenimiento de exigencias mínimas de seguridad cuando el mismo corresponda a distribuidores al por menor o a consumidores ubicados en su ámbito territorial, y la de sancionar, según sus competencias las infracciones cometidas.
2.3.3) Los permisos de exploración, investigación, explotación y la atribución de responsabilidades:
En relación con la exploración, investigación y explotación los permisos son individuales o de titularidad compartida que se otorgan a personas jurídicas privadas o públicas.
En al caso de un permiso individual, la persona que lo obtenga será la responsable de todos los efectos que su accionar provoquen.
En el caso del permiso de titularidad compartida, se designa un operador que es el representante del conjunto y el responsable, sin perjuicio de la existencia de responsabilidad solidaria del resto.
El solicitante del permiso de investigación o concesión de explotación, debe ingresar una garantía a favor de la administración para los planes de inversiones y de restauración, se utilizará para cubrir obligaciones fiscales, de seguridad social, de restauración, así como para el pago de multas y sanciones, el valor de la misma se establece reglamentariamente y se actualiza en forma periódica, para los nuevos permisos y concesiones que se otorguen.
Entiendo como obligación de restauración, la de reparar el medio ambiente afectado.
El titular o el operador del permiso o concesión, es el responsable de su presentación y mantenimiento del total de la garantía. Si se deniega, se renuncia, o se extingue el permiso, y en el caso de que el titular haya cumplido con sus obligaciones, la garantía se deja sin efecto y el depósito se devuelve al mismo. En el caso de que se ejecute total o parcialmente la garantía, por incumplimiento de las obligaciones, surge la obligación de reponer la misma, en los plazos establecidos reglamentariamente. Si esto se incumple, el permiso queda anulado.
En la solicitud de la concesión de la explotación, el titular del permiso de investigación, deberá acreditar entre otras cosas, la realización de un estudio de impacto ambiental.
El gobierno, previo informe de la comunidad autónoma afectada, es el que autoriza la concesión de la explotación mediante un Real Decreto, el cual fija, entre otras cosas, un seguro de responsabilidad civil que debe ser suscrito obligatoriamente por el titular de la concesión. Con este seguro quedarían cubiertos los eventuales daños al medio ambiente que se pudieran producir.
La garantía del permiso de investigación se podrá adaptar a la exigible para la concesión de la explotación.
En relación con los hidrocarburos líquidos, la ley establece que la construcción, explotación o cierre de las instalaciones de refino, estarán sometidas a la autorización previa por parte de la administración. Para la obtención de la misma, entre los requisitos que se establecen se encuentra el de acreditar el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
Igual requisito se establece para la solicitud de autorización para la construcción y explotación de las instalaciones de transporte o parques de almacenamiento de productos petrolíferos.
Se establece como una de las infracciones administrativas muy graves, la utilización de instrumentos, aparatos o elementos sujetos a seguridad industrial, sin cumplir con las normas y obligaciones técnicas que por razones de seguridad deban reunir los aparatos e instalaciones afectos a las actividades objeto de esta ley, cuando comporten peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente. La multa por la sanción, se fija desde a 100.000.001 hasta 500.000.000 de pesetas. Para su determinación se tienen en cuenta entre otras cosas, el peligro para la vida y salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
2.4.1) Régimen de vertidos:
Establece la prohibición de vertidos en el dominio público portuario, procedentes de buques o de medios flotantes de cualquier tipo. Los restos de desechos sólidos y líquidos procedentes de sentinas, lastres, lavado de tanques o bodegas, aceites, aguas sucias y demás líquidos contaminantes, deberán descargarse a tierra y depositarse en los recipientes, instalaciones o cisternas que determine la Autoridad Portuaria o previstos en los reglamentos de policía del puerto.
Las infracciones administrativas que esta ley establece se clasifican en leves, graves y muy graves, por la trascendencia de los daños causados. Son leves las que no sean consideradas graves o muy graves.
En relación con la contaminación del medio marino, el incumplimiento de las normas o la inobservancia de las prohibiciones contenidas en los reglamentos de policía de puertos o de otras aguas sobre el mantenimiento de la limpieza de las aguas o aprovechamientos comunes del medio marino.
La misma infracción puede ser calificada grave, si supone una lesión a alguna persona que provoque baja por incapacidad laboral no superior a 7 días, o daños o perjuicios superiores a 200.000 pesetas e inferiores a 1 millón de pesetas, las que pongan en peligro la seguridad del buque o de la navegación, la reincidencia de las faltas leves y en relación con el uso del puerto y sus actividades, el vertido no autorizado desde buques o artefactos flotantes y entre otras se destacan las siguientes,
En relación con la contaminación del medio marino, desde buques o plataformas u otras instalaciones en la jurisdicción española, la evacuación negligente, en contra de la legislación vigente:
La introducción negligente, directa o indirectamente, en el medio marino de sustancias, materiales o formas de energía que puedan producir un peligro para la salud humana, perjudicar los recursos paisajísticos, turísticos o biológicos, y la vida marina, reducir posibilidades de otros usos legales de los mares, todo ello en contra de la legislación vigente y sin autorización.
El incumplimiento de normas sobre navegación, manipulación de la carga y seguro obligatorio de buques que transporten hidrocarburos u otras sustancias contaminantes.
Son muy graves las anteriormente mencionadas si provocan lesión a alguna persona que motive su baja por incapacidad laboral superior a siete días o produzca daños superiores a 1 millón de pesetas, las que pongan en peligro la seguridad del buque o navegación, la reincidencia de cualquiera de las tipificadas como graves, y entre otras, se destacan las siguientes:
En relación con el uso del puerto y actividades que se realicen en él, el vertido no autorizado desde buques o artefactos flotantes.
En relación con la contaminación del medio marino, desde buques o plataformas u otras instalaciones en la jurisdicción española:
La evacuación deliberada, desde buques o plataformas fijas u otras construcciones, en zonas sometidas a la jurisdicción española de residuos, desechos, depósitos u otras materias cargadas a bordo o depositadas con tal propósito, salvo cuando se cuente con la debida autorización, o la misma no sea exigible según la ley vigente.
La evacuación deliberada, en zonas sometidas a la jurisdicción española de desechos u otras materias que resulten directa o indirectamente de las operaciones normales de buques o plataformas fijas u otras construcciones, en contravención de la ley vigente.
Llevar a cabo con deliberación la contaminación del medio marino por el hundimiento de buques o la destrucción de plataformas fijas u otras construcciones, en aguas sometidas a la jurisdicción española.
La introducción deliberada, directa o indirectamente, en el medio marino de sustancias, materiales o formas de energía que puedan producir un peligro para la salud humana, perjudicar los recursos paisajísticos, turísticos o biológicos, y la vida marina, reducir posibilidades de otros usos legales de los mares, todo ello en contra de la legislación vigente y sin autorización.
En el caso de la comisión de las infracciones tipificadas en la presente ley, se determina que respecto de las infracciones por contaminación del medio marino producidas por buques, serán solidariamente responsables el naviero, el propietario, el asegurador de la responsabilidad civil y el Capitán del buque.
Si la infracción se cometiera desde plataformas fijas u otras instalaciones, en aguas jurisdiccionales españolas serán solidariamente responsables el propietario de las mismas, el titular de la actividad empresarial, y el asegurador de la actividad.
Los sujetos responsables citados quedan solidariamente obligados a reparar el daño. La administración puede ejecutar o encomendar operaciones urgentes a su costa, para la conservación del medio ambiente.
2.4.4) Indemnización por los daños y perjuicios:
Se aplicaría para el caso en que la restitución y reposición al Estado anterior, no fuera posible. Si el beneficio hubiera sido superior a la indemnización, se utiliza, como mínimo, su cuantía.
Radica en la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre y especialmente la ribera de mar.
Esta ley no se aplica a vertidos desde buque y aeronaves, que se rigen por su legislación específica.
Todos los vertidos están sujetos a autorización administrativa. El peticionario debe justificar previamente la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de dichos vertidos.
No pueden verterse sustancias ni formas de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural.
Los vertidos se limitan en función del estado de la técnica, las materias primas y la capacidad de absorción, sin que se produzca una alteración significativa para dicho medio.
No se establece que parámetros se utilizarían para determinar cuando una alteración es significativa para el medio.
Las refinerías de petróleo, factorías químicas y petroquímicas, e instalaciones de abastecimientos de combustibles que las posean, deberán disponer en las cercanías de las terminales, las instalaciones de recepción de residuos de hidrocarburos y los medios establecidos en la legislación vigente para prevenir y combatir los derrames.
También las plataformas e instalaciones de prospección, explotación, o almacenamiento de hidrocarburos en el mar, deberán contar con los medios para prevenir y combatir los posibles derrames.
2.5.4) Infracciones:
Entre las infracciones, se encuentran:
Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimo terrestre o a su uso. La ejecución de vertidos en el dominio público marítimo terrestre.
Se clasifican en graves y leves. Entre las graves se encuentran, las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud o la seguridad de las vidas humanas, siempre que no constituyan delito, y, el vertido no autorizado de aguas residuales; las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación.
2.5.5). Responsabilidades:
Serán responsables, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma.
En el Derecho Comunitario, la regulación existente en relación con la contaminación producida por hidrocarburos, se centra en normas para la protección y la prevención de la misma, pero en relación con la responsabilidad por los daños producidos por dicha contaminación, no existe ningún tipo de regulación específica.
El Libro Blanco, realizado presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas[10], se refiere a la futura implantación de un régimen comunitario de responsabilidad ambiental, sobre la base de los principios quien contamina paga, precaución y prevención, los cuales, constituyen meros principios programáticos, que carecen de operatividad. Sería importante, no utilizarlos como un eslogan y que en la práctica sean aplicables y efectivos.
Se aplicará un sistema de responsabilidad objetiva en relación con los daños producidos por la realización de actividades peligrosas o potencialmente peligrosas, reguladas por la legislación comunitaria y un sistema de responsabilidad subjetiva para los daños originados de actividades no peligrosas.
El responsable será la persona física que ejerza el control de la actividad.
Para el caso, en que el control de la actividad, lo ejerza una persona jurídica, la misma resultaría responsable, no así sus directivos, ni sus empleados, participantes en la actividad.
Esto evidencia una clara ventaja para las empresas multinacionales, un régimen que las favorece plenamente, provoca una atenuación de la responsabilidad, ya que si no recae sobre ninguna persona física en particular, la presión es infinitamente menor.
El Libro establece que las entidades de crédito, que no tengan un control operativo de la actividad no deben responder por los daños.
Lo cual resulta inaceptable, porque si existe una relación jurídica entre las entidades de crédito y quienes posean el control operativo de la actividad dañosa, ambos deben ser igualmente responsables. De otra manera, se estaría fomentando que los daños medioambientales, normalmente muy cuantiosos, queden sin reparación.
El Libro establece que los Estados miembros tendrán el deber de garantizar la reparación de los daños y la descontaminación, utilizando para ello, la indemnización pagada por el responsable.
Los grupos de interés, que reúnan determinadas condiciones, y que promuevan la defensa del medio ambiente, podrán actuar en forma subsidiaria, si el Estado no actúa o no lo hace adecuadamente.
En primer lugar, por lo menos uno de los sujetos que ha contaminado, debe ser identificable.
Asimismo, el daño producido debe ser concreto y cuantificable.
También se tiene que probar la relación de causalidad, entre el daño y el contaminador.
Una vez más, nos enfrentamos con los problemas planteados anteriormente[11]
La regulación resultaría insuficiente, ya que en la práctica, se repiten los casos en los que no se conoce al contaminador, pero a pesar de eso, los daños existen, y deben ser reparados.
Una solución aceptable para estos casos, sería la creación de un fondo común, aunque de todas formas, podría resultar inútil, si la limitación de los montos de indemnización es excesiva.
Se deberían establecer las pautas para determinar cuando un daño es concreto y sobre que bases se cuantifican los daños.
En relación con la relación de causalidad, el libro blanco, nombra como una remota posibilidad, la de prever alguna forma de reducción de la carga de la prueba, pero dice que su definición específica se haría en una fase posterior.
Esto constituye un grave error, ya que la prueba de la relación de causalidad, es el principal problema para la atribución de la responsabilidad objetiva, si esto no se atenúa, todo este sistema de responsabilidad carece de fundamento y se convierte en un conjunto de lindas e inútiles palabras.
Por otro lado, al mencionar que su definición específica se haría en una fase posterior, no solo no se le está restando importancia a algo que es fundamental, sino que cabría la posibilidad de que esto nunca se realizara, o que se hiciera en un largo plazo.
Se debería tener en cuenta el sistema probatorio de la verosimilitud, así como también el de la prueba indiciaria.
Considero que estas ideas son demasiado premeditadas, para provocar que todo el régimen, en la práctica, sea totalmente inútil.
De esta forma, ante la apariencia de una correcta regulación y supuesto interés por el cuidado y preservación del medio ambiente, los únicos beneficiados son quienes realizan la contaminación que ocasiona los daños.
Se incluirán las circunstancias eximentes y atenuantes habitualmente aceptadas, como la fuerza mayor, la contribución a los daños o consentimiento del demandante, la intervención de un tercero, determinados aspectos procesales, como la falta de competencia del tribunal y la prescripción, también se admitirían atenuantes en los casos de daños producidos por vertidos autorizados con arreglo a la regulación comunitaria.
En primer lugar, no se establece la forma de determinar cuales son las circunstancias eximentes y atenuantes habitualmente aceptadas.
En segundo lugar, el medio ambiente se deteriora a pasos agigantados, no pueden aceptarse este tipo de circunstancias, porque el régimen de responsabilidad carecería de relevancia.
Una vez que existe el daño, el contaminador, y la prueba de la relación de causalidad, es obligatorio que exista un responsable. En caso contrario no se puede hablar de un sistema de responsabilidad objetiva.
Pero, para el supuesto caso de que concurriera una circunstancia eximente o atenuante, como mínimo debería existir una forma en que la responsabilidad quede igualmente cubierta.
Es lamentable que en países del primer mundo se plantee esta posibilidad, lo que evidencia que aún en el siglo XXI, los intereses económicos y el impacto sobre las empresas, superan ampliamente el objetivo de salvaguardar el medio ambiente y de lograr un desarrollo sustentable.
Confirmamos que quienes impiden lograr el tan nombrado desarrollo sustentable, son los países desarrollados.
Ante la posibilidad de que los daños hayan sido causados por emisiones explícitamente autorizadas por la administración de un Estado, se reconoce la posibilidad de los tribunales de decidir que una parte de la compensación debida por el contaminador, sea abonada por la autoridad que ha concedido el permiso.
Considero que el contaminador, debe pagar los daños que su accionar provoca, no hay que confundir la responsabilidad ambiental con la responsabilidad administrativa.
En el caso de daños por contaminación, la responsabilidad debe fundamentarse en la protección del medio ambiente, independientemente que según el Derecho Interno de cada Estado, exista la posibilidad de reclamar el monto pagado a la Administración responsable.
Lo que creo fundamental, es que el Estado que haya contribuido a la producción de un daño al medio ambiente, debe ser castigado por incurrir en una responsabilidad por omisión al deber de protección del Medio Ambiente. De esta forma, se incentivaría a los Estados a cumplir con la preservación del mismo.
Incluiría los daños al medio ambiente propiamente dichos, que cataloga como los daños causados a la biodiversidad y los daños por contaminación de lugares; así como los daños tradicionales, que son los daños a la salud y los daños materiales, causados por una actividad definida en él régimen comunitario, como peligrosa.
El enfoque basado en la peligrosidad de las actividades se aplicaría a la contaminación de lugares, solo en casos de contaminación significativa.
Y solo se realizará saneamiento, cuando hubiere daños significativos.
El objetivo principal, será la eliminación de toda amenaza seria, para el hombre y el medio ambiente.
No se establece, cuáles serán los parámetros para determinar que una contaminación sea significativa y para determinar que los daños ambientales sean significativos.
Tampoco, como se determina cuándo una amenaza es seria para el hombre y el medio ambiente.
En mi opinión, cualquier contaminación que provoque cualquier tipo daño al medio ambiente resulta significativa. Y cualquier daño al medio ambiente, constituye una amenaza seria para las generaciones futuras.
En el Libro Blanco, se propone como solución, para el caso en el que el saneamiento no fuera viable por razones económicas o técnicas, el confinamiento total o parcial del suelo y aguas.
Esto me parece aberrante, si bien es cierto que la tecnología podría mejorar en un futuro, no se puede dejar en manos de las anteriormente mencionadas, generaciones futuras, la obligación de que encuentren una solución. El planeta tiene una capacidad limitada. Se está violando claramente, la Declaración de Río sobre el Desarrollo Sustentable.
El Libro Blanco, la considera como la mejor opción, para la implantación de un sistema de responsabilidad, ya que según dice, es la forma en la cual, el ámbito de actuación quedará mejor delimitado. Y habrá una mayor seguridad jurídica.
Aunque podría ser más efectiva la implantación del sistema de responsabilidad a través de un Reglamento Comunitario, ya que las directivas requieren expresa transposición, siendo importantes problemas la incorporación tardía y la incorporación defectuosa. La directiva ofrece al Estado Miembro un mayor margen de maniobra que el reglamento.
En mi opinión, la implantación de este régimen no aporta nada nuevo, ni de trascendental importancia para la protección del medio ambiente. Todo lo contrario, considero que las principales beneficiados por el mismo, son las empresas multinacionales, que provocan la contaminación del medio ambiente. Quienes tienen los medios económicos, tienen el poder de incentivar la creación de normas jurídicas que los protejan, beneficien, y les permitan continuar en esa posición e incrementar sus ganancias económicas, perjudicando al medio ambiente, e impidiendo el logro de un desarrollo sustentable.
[1][5][29] Ver, NONA S., LAMAS A., CORIA S., DEVIA L., VILLANUEVA C. El rumbo ambiental en la argentina, Buenos Aires, 1.998.
[1][5][30] Vid, CATALANO, E.F. Código de Minería Comentado, Buenos Aires, 1.999, P.364.
[3][7][31] Según el artículo 249, las actividades comprendidas son: a) las de prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería, incluidas las actividades destinadas al cierre de la mina. b) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado y otros que puedan surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea la naturaleza.
[4][8][32] Vid, B.O.E. núm. 58 de 8 de marzo de 1.976.
[5][9][33] Véase, B.O.E. núm. 30 de 4 de febrero de 1.982.
[6][10][34] Vid, B.O.E. núm. 225 de 20 de septiembre de 1.995.
[7][11][35] Ver, B.O.E. núm. 60 de 11 de marzo de 1.982. Corrección de errores en B.O.E. núm. 94 de 20 de Abril. Enmiendas al artículo 5.3 de 25 de Octubre de 1.996, B.O.E. núm. 255 de 24 de Octubre de 1.997.
[8][12][36] Véase, B.O.E. núm.244, de 11 de Octubre de 1.997.
[9][13][37] Vid, B.O.E. núm. 60 de 10 de marzo de 1.976.
[10] Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental, Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2.000) 66 final, Bruselas, 9 de Febrero, 2.000.
[11] Véase, Introducción.