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Timestamp: 2019-10-16 20:15:56
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 228', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 93', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 221', 'Artículo 225', 'Artículo 227', 'artículo 35', 'artículo 228', 'artículo 321', 'artículo 340', 'artículo 115', 'artículo 215', 'Artículo 137', 'Artículo 140', 'Artículo 127', 'Artículo 407', 'Artículo 122', 'artículo 228', 'Artículo 226', 'artículo 220', 'artículo 228', 'artículo 115', 'artículo 228', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 220', 'Artículo 220', 'artículo 32', 'Artículo 47', 'artículo 29', 'artículo 15', 'Artículo 47', 'artículo 39', 'artículo 50', 'Artículo 50', 'artículo 228', 'artículo 228']

﻿ SENTENCIA C-392 DE MAYO 22 DE 2002
SENTENCIA C-392 DE 22 DE MAYO DE 2002
CONTENIDO:INJURIAS EXPRESADAS POR LITIGANTES. CUÁNDO QUEDAN EXIMIDAS DE SANCIÓN PENAL. DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL ARTÍCULO 228 DE LA LEY 599 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IGUALDAD, DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, DERECHO A LA HONRA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, INJURIA, DERECHO AL BUEN NOMBRE, ABOGADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:368 DE AGOSTO DE 2002, PÁG.1732
Sentencia C-392 de mayo 22 de 2002
Sentencia C-392 de 2002
Ref.: Expediente D-3784.
Actor: Eduardo León Martínez Zárate.
Acción pública de inconstitucionalidad del artículo 228 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.
Bogotá, D.C., veintidós de mayo del año dos mil dos.
INJURIAS EXPRESADAS POR LITIGANTES
CUÁNDO QUEDAN EXIMIDAS DE SANCIÓN PENAL
A continuación, se transcribe el texto demandado conforme a su publicación en el Diario Oficial Año CXXXVI 44097 del 24 de julio del año 2002.
ART. 228.—Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes.
El actor solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo 228 de la Ley 599 de 2000 por considerarlo violatorio del principio de igualdad (C.P., art. 13) al discriminar al ciudadano común y dar un trato preferente a los abogados a quienes se reconoce una causal específica de ausencia de responsabilidad en relación con el delito de injuria. Para el demandante esta disposición viola igualmente la obligación del Estado de hacer respetar el derecho al buen nombre (C.P., art. 15), al tiempo que auspicia el incumplimiento de los deberes ciudadanos y permite el abuso del derecho por los abogados (C.P., art. 95).
El señor Fiscal General de la Nación defiende la constitucionalidad de la norma y explica que el objeto de la misma es ofrecer las mayores garantías posibles para el ejercicio de la defensa técnica del procesado. En su concepto es razonable en este sentido que el legislador haya tomado en cuenta la misión social del abogado y el contexto específico del proceso en que actúa. Aclara que la disposición atacada no debe entenderse en forma absoluta, pues debe existir una relación de causalidad entre las afirmaciones del abogado y la defensa a su cargo, y que en caso de desbordarse el estricto marco del proceso respectivo se tipificará el delito de injuria independientemente de la calidad de litigante, apoderado o defensor de quien profiera dichas afirmaciones, las que en todo caso, cuando se presenten por escrito y sean contrarias a la decencia o a la respetabilidad de las personas, podrán ser rechazadas de plano (CPP, art. 142).
El señor Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la disposición acusada dado que, en su concepto, ésta deja sin sanción todas las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores. Para la vista fiscal la norma parte de un presupuesto que desconoce la naturaleza humana al suponer que los abogados nunca actuarán con ánimo diferente a la defensa legítima de las pretensiones de sus representados. En este sentido estima que el criterio utilizado por el legislador para establecer un trato desigual no tiene justificación objetiva, con lo que se viola el artículo 13 constitucional, al tiempo que se permite que los litigios se transforman en confrontaciones personales ajenas al debate jurídico.
Corresponde a la Corte en consecuencia examinar si la disposición acusada establece un trato discriminatorio en favor de los litigantes apoderados o defensores que vulnera el artículo 13 constitucional, o si por el contrario dicha disposición supera el análisis de igualdad al que debe ser sometida por esta corporación en relación con la legitimidad o no del fin perseguido por la norma y la proporcionalidad o no del medio establecido por el legislador para lograrlo.
Así mismo deberá la Corte determinar si con la disposición atacada se vulnera el mandato constitucional en materia de protección de los derechos a la honra (C.P., art. 21) y al buen nombre (C.P., art. 15), así como si la norma auspicia el incumplimiento por parte de los abogados del deber de toda persona de respetar dichos derechos (C.P., art. 95-1).
Previamente a este análisis la Corte estima necesario hacer algunas precisiones relativas a (i) la protección del derecho a la honra y al buen nombre en el ordenamiento constitucional, (ii) las normas penales aplicables en este campo, (iii) el contenido y alcance de la norma atacada, que resultan necesarias para examinar los cargos planteados en la demanda.
3.1. La protección del derecho a la honra y al buen nombre en el ordenamiento constitucional.
La Constitución Política Colombiana en el segundo inciso de su artículo 2º reconoce que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.
El artículo 21 de la Constitución Política estatuye específicamente que se garantizará el derecho a la honra y que la ley señalará la forma de su protección.
Por su parte, el artículo 15 constitucional señala en su primer inciso que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Así mismo el artículo 42 de la Carta señala que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.
En este mismo sentido, tanto la Declaración americana de derechos y deberes de hombre (art. 5º) (5) , el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 17) (6) y la Convención americana sobre derechos humanos (art. 11) (7) , establecen que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques a su honra y su reputación.
(5) ART. 5º—Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
(6) ART. 17.—1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
(7) ART. 11.—Protección de la honra y de la dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Dichos textos son, de acuerdo con el aparte final del artículo 93 de la Carta criterios necesarios de interpretación de los derechos a la honra y al buen nombre, sólidamente reconocidos como ya se dijo en el texto constitucional (C.P., arts. 2-15, 21).
Cabe recordar además que por estar ligados al respeto de la dignidad humana, principio fundamental del Estado social de derecho (C.P., art. 2º), y valor fundamental de la comunidad internacional (8) , dichos derechos son objeto de una particular protección en nuestro ordenamiento jurídico.
(8) Ver Sentencia C-410 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
En este sentido tomando en cuenta su carácter de derechos fundamentales, esta corporación ha señalado que independientemente de la existencia de mecanismos de protección en materia penal (9) , cuando se presenten violaciones a la honra y al buen nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, afecten estos derechos, será posible invocar la acción de tutela, cuando ello sea necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable (10) .
(9) Título V Código Penal (L. 599/2000).
(10) Ver Sentencia T-263 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
La jurisprudencia de la Corte en este campo ha señalado así mismo que la protección del derecho a la honra, entendida como la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana, es un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad (11) .
(11) Ver Sentencia T-411 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
La corporación ha precisado que no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación deshonrosa. Ésta debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial de derecho. Por esta razón, la labor del juez en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o vulneración del derecho en comento (12) .
(12) Sentencia T-028 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Así mismo esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo con las acciones realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social (13) .
(13) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-063 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
3.2. La protección de los derechos a la honra y al buen nombre en el Código Penal.
En el título V de la Ley 599 de 2000 relativo a los delitos que atentan contra la integridad moral de las personas se tipifican la injuria y la calumnia.
De acuerdo con el artículo 220 del Código Penal, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios legales mensuales vigentes. A la misma pena estará sometido quien profiera injurias por vías de hecho (14) .
(14) ART. 226.—“En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona”.
Según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que el delito de injuria se estructure se requiere (i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona (15) .
(15) Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de septiembre de 1983, M.P. Fabio Calderón Botero.
Es decir, que la legislación colombiana sólo consagra como sancionable el comportamiento doloso, esto es, el realizado sabiendo que la imputación que se hace es deshonrosa para el agraviado, y pese a ello queriendo hacerla (16) .
La misma conducta dolosa se exige en el caso de la calumnia, pero en ese caso se trata específicamente de la imputación falsa de una conducta punible, hecha con la intención de causar daño en el patrimonio moral de una persona.
Al respecto el artículo 221 del Código Penal señala que “el que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Tanto en materia de injuria como de calumnia la conducta típica se podrá dar de manera indirecta (17) . En ambos casos no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe se retracta voluntariamente antes de producirse sentencia de primera o única instancia y no se podrá iniciar la acción penal si la retractación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia (18) . Igualmente en el caso de injurias o calumnias recíprocas se podrá declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos (19) .
(17) ART. 222.—“A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido, quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia, imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante”.
(18) Artículo 225, Código Penal.
(19) Artículo 227, Código Penal.
De acuerdo con el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal para la iniciación de la acción penal por injuria o calumnia se requiere querella, la cual podrá desistirse (CPP, art. 37).
3.3. Contenido y alcance de la norma atacada.
El texto del artículo 228 de la Ley 599 de 2000 (20) , es idéntico al del artículo 321 del Decreto 100 de 1980, que a su vez reproducía el artículo 340 de la Ley 95 de 1936.
(20) ART. 228.—Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes.
En esta disposición que encuentra su equivalente en otros países (21) , el legislador tomó en cuenta que pueden existir casos en los que las afirmaciones de quienes intervienen en los procesos en defensa de sus derechos, dada las características mismas de los litigios configuran injurias para la contraparte o terceros directamente relacionados con el pleito, pero que esta circunstancia no necesariamente debe implicar una sanción penal.
(21) El texto analizado es idéntico al establecido en el artículo 115 del Código Penal Argentino. En el Código Penal Español el artículo 215 establece “(...) Nadie podrá deducir acción de calumnia o injurias causadas en juicio sin previa licencia del juez o tribunal que de él conociere o hubiere conocido (...)”.
La comisión redactora del Código Penal de 1936 señaló al respecto:
“Durante el curso de los procesos judiciales criminales y civiles, es inevitable, en ciertas oportunidades, para probar y sostener la propia razón, darle su nombre propio a la demasía o sinrazón de la contraparte, y de ahí resultan con frecuencias ataque y contraataques que no pueden limitarse por la vía penal, pues harían más difícil la marcha de los litigios y sólo deben ser reprimidos por sanciones disciplinarias” (22) .
(22) Texto citado por Luis Carlos Pérez, Derecho penal, tomo V, Editorial Temis, Bogotá, 1986, pág. 152.
El legislador se refirió exclusivamente a la injuria, por lo que ante falsas imputaciones de hechos delictivos producidas con la intención de causar daño no podrá invocarse el artículo bajo examen.
La norma señala como destinatarios de la misma a los litigantes, apoderados o defensores. En este sentido, cabe precisar que la expresión litigantes se refiere a todo el que disputa en juicio sobre una cosa. Así quedan comprendidas esencialmente las partes en sentido estricto en los juicios no criminales.
Los apoderados son quienes actúan en nombre y representación de los titulares de derecho en que se funda la acción y que les da el carácter de partes.
La expresión defensor se refiere específicamente a quienes asumen la representación del sindicado en el proceso penal.
Debe tenerse en cuenta que en materia penal, dado su carácter de litigantes o apoderados, la norma se aplica igualmente, a los apoderados de la parte civil (23) y del tercero civilmente responsable (24) , al sindicado (25) , al vocero (26) y al Ministerio Público que actúa en representación de la sociedad (27) .
(23) Artículo 137, Código de Procedimiento Penal.
(24) Artículo 140, Código de Procedimiento Penal.
(25) Artículo 127, Código de Procedimiento Penal.
(26) Artículo 407, Código de Procedimiento Penal.
(27) Artículo 122, Código de Procedimiento Penal.
Otras personas que actúan en los diferentes juicios como los testigos, intérpretes, peritos, no pueden por el contrario invocar la aplicación de la norma.
El artículo 228 atacado señala que las injurias deberán ser expresadas en los escritos, discursos o informes, producidos ante los tribunales. Es decir que quedan excluidas de las disposiciones las injurias que se expresan no por medio de dichos “escritos, discursos o informes” sino a través de gestos o actitudes eficaces para atacar el honor, la reputación o el decoro (28) , o por vías de hecho (29) .
(28) Ver Antonio Vicente Arenas, comentarios al Código Penal Colombiano, Editorial Temis, 1989, pág. 307.
(29) Artículo 226 del Código Penal “en la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona”.
Ahora bien, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, producir en la acepción correspondiente es “exhibir presentar, manifestar uno a la vista y examen aquellas razones o motivos o las pruebas que pueden apoyar su justicia o el derecho que tiene para su pretensión”.
Sobre este último punto la Corte considera necesario hacer énfasis en que existe en consecuencia un elemento finalista o teleológico en la norma para que pueda ser invocada, que se desprende de la expresión utilizada por el legislador.
La conducta del litigante, apoderado o defensor deberá examinarse en concreto para saber si la injuria contenida en un escrito, discurso o informe cabe dentro de aquellas manifestaciones necesarias, útiles y pertinentes para la defensa de la causa que se le ha encomendado. Vale decir, deberá examinarse si se ha producido un escrito, discurso o informe, o si simplemente se ha hecho manifestaciones injuriosas que no guardan ninguna relación con la causa que se defiende.
En este sentido para la Corte no asiste razón al señor procurador cuando afirma que el texto atacado deja sin sanción penal todas las injurias proferidas por los litigantes apoderados o defensores, pues como reiterada y uniformemente lo ha señalado la doctrina (30) , quien presenta un escrito, discurso o informe lleno de improperios que no guardan relación con el objeto del juicio o contra personas que nada tienen que ver con él, no puede invocar la aplicación del artículo 228 del Código Penal.
(30) En este sentido ver Pedro Pacheco Osorio, Derecho Penal Especial, Editorial Temis, Bogotá, 1978, págs. 447-450, Luis Carlos Pérez, Derecho Penal, tomo V, Editorial Temis, Bogotá, 1986, págs. 150-153, Carlos Fontan Balestra, Derecho Penal, Editorial Abeledo–Perrot, Buenos Aires, 1995, págs. 180-183. La doctrina colombiana hace suyos los comentarios del autor argentino José Peco al artículo 115 del Código Penal de ese país según las cuales “las injurias necesarias para el esclarecimiento de los hechos importan el ejercicio legítimo del derecho de defensa, sin cortapisa alguna. Consecuentemente, excluye aquellas consiguientes a hechos ajenos al motivo de controversia o del juicio. El código ampara la ofensa que salvaguarda el derecho, no la que busca el pretexto del juicio para desahogo del odio. Si cualquiera de los litigantes, apoderados o abogados, extemporáneamente, imputa un vicio o befa al adversario, sin guardar relación de causalidad con el juicio, incurre en injurias”. Citado por Antonio Vicente Arenas, Comentarios al Código Penal, Editorial Temis Bogotá 1989, pág. 307.
Tampoco podrá hacerlo el litigante apoderado o defensor que haga público por cualquier medio, el contenido de los escritos, discursos o informes a que se ha hecho referencia. Cabe resaltar que no se trata solamente de la publicidad dada en un medio de comunicación, sino de cualquier difusión hecha por el litigante apoderado o defensor del contenido injurioso que haya producido ante la autoridad judicial.
Finalmente debe señalarse que la norma establece que las injurias a que se refiere el artículo 228 atacado, quedarán sujetas a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes. Es decir que la norma, en la medida en que el comportamiento encaje dentro los presupuestos que vienen de examinarse, exonera de responsabilidad penal al litigante, apoderado o defensor, pero no lo libera de sus deberes profesionales como abogado, por lo que puede ser objeto de las sanciones disciplinarias a las que haya lugar por haber incurrido en una conducta que atenta contra dichos deberes.
La norma tampoco impide que se haga uso por parte de las autoridades judiciales de los poderes correccionales que la ley les confiere para mantener la dignidad y el decoro de la administración de justicia.
Hechas estas precisiones la Corte procede a efectuar el análisis de los cargos planteados por el actor en la demanda.
4.1. La norma atacada y el principio de igualdad.
Para el actor la norma atacada establece un tratamiento discriminatorio contrario a la Constitución, que favorece a los abogados por el solo hecho de serlo, frente a los demás ciudadanos que sí serán sancionados penalmente por las injurias que hayan proferido, mientras que los destinatarios de la norma, en las mismas circunstancias, serán objeto simplemente de sanciones disciplinarias.
4.1.1. El test de igualdad.
Al respecto la Corte recuerda que para analizar los casos relacionado con el derecho a la igualdad la jurisprudencia de esta corporación ha construido un instrumento metodológico denominado tests de igualdad, destinado a definir en aquellos casos en que el legislador ha dado un trato desigual, si se han respetado los principios señalados en este campo en la Constitución (C.P., art. 13) o si por el contrario se ha establecido un tratamiento discriminatorio que los desconoce.
De acuerdo con las directrices así trazadas, la corporación debe recorrer diferentes etapas encaminadas a determinar si una norma sometida a su examen se ajusta o no a la Constitución en este materia.
La Corte ha señalado reiteradamente al respecto lo siguiente (31) .
(31) En relación con la aplicación del test de igualdad ver entre otras las sentencias C-412 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-586 de 2001 y C-233 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-742 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, con aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería.
Si concurren pues estas cinco circunstancias, el trato diferente será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso contrario, el otorgar un trato desigual será una discriminación contraria a la Constitución” (32) .
(32) Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En relación con el concepto de proporcionalidad a que hace referencia la jurisprudencia citada, la corporación ha igualmente precisado que para que un trato desigual no vulnere el artículo 13 constitucional debe demostrarse que la norma analizada es (1) adecuada para el logro de un fin constitucionalmente válido; (2) necesaria, es decir, que no existe un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) proporcionada en sentido estricto, esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato (33) . De esta forma el principio de proporcionalidad busca que la medida sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo (34) .
(33) Sentencia C-022 de 1996, M.P. Carlos García Díaz.
(34) Sentencia T-422 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Finalmente y sin que con ello la Corte renuncie a sus responsabilidades o permita la supervivencia en el ordenamiento de regulaciones inconstitucionales, ha buscado racionalizar el examen constitucional a fin de respetar la potestad de configuración de los órganos políticos, modulando la intensidad del juicio de proporcionalidad (35) . En este sentido ha concluido que en aquellos campos en donde la Carta confiere a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, una amplia potestad de apreciación y configuración el escrutinio judicial debe ser más dúctil, a fin de no afectar la discrecionalidad legislativa, que la propia Constitución protege. Por el contrario, en aquellos asuntos en que la Carta limita la discrecionalidad del Congreso, la intervención y control del juez constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por la Constitución. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto la Carta así lo exige” (36) .
(35) Ver Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido la Sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(36) Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En el presente caso los sujetos objeto de comparación se encuentran en una situación de hecho diferente. Es en efecto distinta la situación de cualquier persona, a la situación de un abogado en el marco de un proceso en el que actúa como litigante, apoderado o defensor y por tanto está sometido al cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes ligados a su ejercicio profesional. Las circunstancias en que este último puede llegar a proferir una injuria en los términos que señala la norma atacada son bien precisas y se encuentran ligadas a la defensa de la causa que se ha encomendado.
Como la recuerda el señor fiscal, el fin perseguido por la norma es el de garantizar la eficacia de la defensa técnica en materia penal, y en general el de permitir que “el debate sea libre e inmune a las preocupaciones que puedan disminuir su totalidad y eficacia” (37) .
(37) Carlos Fontan Balestra, Derecho Penal, Editorial Abeledo–Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 180.
En este sentido con la disposición acusada se busca además de la eficacia de los derechos discutidos y el logro de los fines de la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229), ofrece a los destinatarios de la norma las más amplias garantías para el cumplimiento de su misión como litigantes apoderados o defensores y para hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción (C.P., art. 29).
Ahora bien, más allá del carácter legítimo a la luz de los preceptos constitucionales del fin que se acaba de enunciar, dado que el legislador ha establecido una diferencia de trato en beneficio de determinados sujetos, debe la Corte examinar si el medio utilizado guarda relación con el objetivo señalado y particularmente si la solución adoptada por el legislador es proporcionada.
En este punto, la Corte llama la atención sobre el hecho que el artículo 21 constitucional deja claramente en manos de la ley la protección del derecho a la honra que el mismo artículo garantiza. Derecho que constituye el bien jurídico específico que se protege con el delito de injuria que se establece en el artículo 220 del Código Penal (38) .
(38) Artículo 220.—Injuria “el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá (...) (resaltado fuera de texto).
Es decir que el constituyente quiso que el legislador tuviera la posibilidad de establecer los mecanismos de protección de ese derecho y dejó en sus manos la determinación de las formas de hacerlo efectivo. Circunstancia que debe ser tomada en cuenta por la Corte para efectos de determinar las características del juicio de proporcionalidad a que se ha hecho referencia.
En este sentido la Corte constata que la norma atacada resulta adecuada para el logro del fin establecido por el legislador, en la medida en que sólo si las injurias proferidas por los litigantes defensores y apoderados se enmarcan dentro de dicho fin, es decir la eficacia del derecho de defensa y contradicción, no serán sancionadas penalmente.
Así mismo la norma resulta necesaria para alcanzar el fin señalado por el legislador, pues de no existir el artículo atacado, la injuria en que incurre el litigante, apoderado o defensor en este caso sería sancionada penalmente y en consecuencia se limitarían las garantías para el ejercicio del derecho de defensa.
Al respecto cabe señalar entonces, que no asiste razón al señor procurador, cuando afirma que en esta circunstancia resultaría aplicable el artículo 32-5 del Código Penal (39) , por cuanto no cabe alegar que injuriar a otro pueda ser considerado como legítimo ejercicio de una actividad ilícita, en este caso la de la abogacía, aun cuando ello se haga en ejercicio del derecho de defensa. Claramente esta conducta constituye una violación de los deberes del abogado (40) y mal puede afirmarse que la injuria haga parte del ejercicio legítimo de la profesión.
(39) ART. 32.—Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: (...) 5. se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita, o de un cargo público.
(40) Artículo 47 del Decreto 196 de 1971 “son deberes del abogado:
1. Conservar la dignidad y el decoro de la profesión.
2. Colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia.
3. Observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus relaciones con los funcionarios, con los colaboradores de la justicia, con la contraparte y sus abogados, y con las demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión (...).
Téngase en cuenta al respecto que la norma atacada presupone precisamente la existencia de una conducta típica antijurídica y culpable, —la injuria del litigante, apoderado o defensor—, solamente que el legislador como responsable de la política criminal decide no castigar penalmente el ultraje efectuado a la honra y a la reputación de la persona afectada en estas circunstancia, atendiendo la necesidad de garantizar de la más amplia manera otro derecho considerado de particular relevancia constitucional.
En relación finalmente con la proporcionalidad estricto sensu de la norma, esto es, que el trato desigual que ella establece no sacrifique valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato, la Corte hace énfasis en el hecho que los derechos de defensa y de contradicción que busca garantizar la norma atacada son consubstancial al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional y encuentran amplio respaldo en los textos internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad (41) . Así mismo ha de tenerse en cuenta que en los procesos judiciales se discuten igualmente derechos particularmente valiosos y dignos de protección, cuya efectividad depende precisamente en gran medida del pleno respeto del derecho al debido proceso.
(41) Sobre el derecho de defensa y la integración en el bloque de constitucionalidad de los tratados de derechos humanos que lo consagran. Ver entre otras las sentencias C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. A.V. magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-200 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En esta última sentencia se señaló específicamente a este propósito lo siguiente “(...) el derecho al debido proceso consagrado en el artículo octavo de la Convención (americana de derechos del hombre), al no poder ser suspendido durante los estados de excepción y al tratarse de una norma de derechos humanos contenida en un tratado ratificado por Colombia, hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en cuenta por esta corporación para el análisis de constitucionalidad de las disposiciones demandadas. Igual consideración cabe respecto del artículo XXVI de la Declaración americana de derechos y deberes del hombre, en cuanto su contenido se refiere a elementos esenciales del debido proceso, que como acaba de señalarse debe ser respetado en toda circunstancia en el ordenamiento jurídico colombiano.
Si a ello se suma, como se verá en detalle a continuación, que la norma limita la posibilidad de causar daño al patrimonio moral de la persona afectada por la injuria proferida en el proceso respectivo, la Corte no encuentra que exista en este caso desproporción o irracionalidad que comprometa la constitucionalidad de la norma atacada.
4.2. La norma atacada y la protección del derecho a la honra y al buen nombre.
Según el demandante la norma atacada desconoce la obligación del Estado de proteger el derecho al buen nombre de las personas y al propio tiempo estimula el incumplimiento por parte de los abogados de su deber de respetarlo.
Para la Corte, el hecho que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración y en el marco de la fijación de la política criminal en este campo, haya decidido eximir de responsabilidad penal a los litigantes apoderados y defensores que en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales incurran en injurias que no hayan hecho públicas y que no sean ajenas al debate judicial en que participan, no implica el desconocimiento del deber de proteger el derecho invocado por el demandante.
Este deber establecido en particular por el artículo 15 constitucional y que recuerdan diferentes textos internacionales ratificados por Colombia (42) , que aun cuando no forman parte del bloque de constitucionalidad, constituyen criterios necesarios de interpretación de las normas constitucionales que aseguran en nuestro ordenamiento la plena vigencia de los derechos a la honra y el buen nombre, no se abandona por el legislador sino que se adecua en función de la necesidad de proteger otro derecho de gran revelación constitucional como es el derecho de defensa (C.P., art. 29).
(42) Como se señaló en el aparte pertinente de esta sentencia ellos son la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (art. 5º), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 17) y la Convención americana sobre derechos humanos (art. 11).
El legislador en este caso lo que hace es modular la protección a que tiene derecho toda persona frente a los ataques ilegítimos a su honra y a su reputación, sin dejarla desprotegida.
En este sentido cabe recalcar que la norma atacada establece una serie de condicionamientos tendientes a limitar la posibilidad de producir un perjuicio en el patrimonio moral de la persona que resulta afectada con la alegación del litigante, apoderado o defensor. Así (i) la norma se refiere solamente a la injuria no a la calumnia, (ii) las injurias a que se alude son las producidas en los escritos, discursos o informes ante los tribunales lo que excluye las injurias por otros medios y por vía del hecho, (iii) necesariamente debe existir una relación entre la injuria proferida y el objeto del proceso, con lo que no cualquier injuria queda excluida de sanción penal, (iv) la norma exige que éstas no deben hacerse públicas por la persona que las profiere, so pena de no quedar protegido por la norma y en consecuencia ser castigado penalmente, (v) en este sentido cualquier publicación, por cualquier medio, de los escritos aludidos efectuada por el litigante apoderado o defensor o por cualquier otra persona, será sancionada penalmente, (vi) dichas injurias serán en todo caso objeto de sanciones disciplinarias, (vii) los servidores judiciales podrán hacer uso de sus poderes correccionales para evitar que ellas se utilicen en los procesos que dirigen.
Cabe recordar además que en el ordenamiento jurídico colombiano más allá de la protección penal, y de las acciones civiles pertinentes (43) , la acción de tutela puede ser ejercida en determinadas circunstancias, para salvaguardar los derechos a la honra y al buen nombre de las personas (44) , lo que ratifica que la existencia de la norma atacada no significa, ni mucho menos, que se deje en un total abandono por parte del Estado su obligación de defender la honra de los ciudadanos involucrados en los procesos judiciales.
(43) Las normas generales del Código Civil, en materia de responsabilidad extracontractual son en efecto igualmente aplicables, en razón de la configuración de un daño causado al patrimonio moral de las personas.
(44) Sentencia T-263 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
4.3. La norma atacada y los deberes de los abogados.
Finalmente la Corte considera necesario hacer énfasis en que la norma impugnada no está otorgando a los destinatarios de la misma una autorización para proferir toda suerte de improperios contra la contraparte o contra los servidores públicos que participan o tienen que ver con el objeto del juicio.
La ley asigna a las partes, al juez y aun a terceros intervinientes imperativos jurídicos de conducta dentro de los distintos procesos, consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales (45) .
(45) Ver Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis con salvamento de voto del magistrado (e) Jairo Charry Rivas.
En materia de deberes, en todos los ámbitos procesales —civil, penal, laboral, contencioso administrativo— se establecen así diferentes disposiciones en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al juez (CPC, art. 37; CPP, art. 142), otras al las partes y apoderados (CPC, art. 71) o a los sujetos procesales (CPP, art. 145).
El hecho de no sancionarse penalmente la alegación injuriosa en que éstos incurran en los términos precisos del artículo atacado, no significa que los procesos puedan convertirse, como lo afirma el señor procurador en simples rencillas personales alejadas de los fines de la administración de justicia. En este sentido, los servidores judiciales cuentan con instrumentos correccionales que les permiten mantener el proceso dentro de los cauces de dignidad y decoro propios del ejercicio de la profesión de abogado (46) , así como exigir la mesura, seriedad y respeto debido entre los sujetos procesales, las partes en los procesos, los terceros que en ellos intervienen y entre todos éstos y los servidores públicos.
(46) Artículo 47-1 del Decreto 196 de 1971.
En este sentido de acuerdo con el numeral 3º del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil dentro de los poderes disciplinarios del juez figura el de “ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros”, mientras que en materia penal (CPP, art. 142-3) será deber de los servidores judiciales “denegar y rechazar de plano, las peticiones maliciosas, los escritos y exposiciones que sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las personas, sin perjuicio de la respectiva sanción”.
Adicionalmente el litigante apoderado o defensor que incurra en estas conductas podrá ser amonestado, censurado o incluso suspendido del ejercicio de la profesión (47) de acuerdo con el artículo 50 del Decreto 196 de 1971, que establece como faltas contra el respeto debido a la administración de justicia las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los procesos.
(47) “Artículo 50 constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas.
El responsable de una de estas faltas incurrirá en amonestación censura o suspensión”.
La norma atacada no puede ser interpretada entonces como un incentivo para atentar contra los deberes propios de la profesión, sino solamente como lo que es, una previsión del legislador, para que en aquellos casos necesariamente excepcionales en los que por las circunstancias propias de los procesos un litigante, apoderado o defensor se pueda ver avocado a incurrir en alegaciones que puedan resultar injuriosas para quienes en ellos intervienen, el derecho de defensa no se vea afectado.
Estando claro que la norma atacada se ajusta a la Constitución en la medida en que se entienda que las injurias eximidas de sanción penal son solamente aquellas que guardan una relación de causalidad con el objeto del proceso, esta corporación declarará la constitucionalidad del artículo 228 de la Ley 599 de 2000, bajo el entendido anotado.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 228 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”, bajo el entendido que las injurias eximidas de sanción penal son solamente aquellas que guardan una relación de causalidad con el objeto del proceso.