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Timestamp: 2019-09-18 05:36:03
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Momentos decisivos: elecciones, el artículo 155 y su ejecución – Hay Derecho
24 octubre, 2017 /8 Comentarios/en Blog /por Ignacio Gomá Lanzón
El pasado viernes hacía yo un largo hilo de tuits (se puede ver aquí) en el que exponía mi particular visión del problema catalán hasta ese momento y en concreto de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuyo anuncio se preveía para el día siguiente. Señalaba en él que una aplicación del artículo 155 “de mínimos” -expresión que se había usado varias veces como opción deseable- no podía entenderse sino en el sentido de que las medidas tenían que ser proporcionales y adecuadas a la situación que trata de resolver, pero no como algo puramente testimonial o para cubrir el expediente que no solucione nada o incluso sea contraproducente. La fuerza coactiva del Estado debe usarse cuando proceda y sin fallar, porque si no se destruye la propia esencia del poder. Por eso me parecieron un error político -por muy profesionales que fueran- las actuaciones policiales del 1-0: no consiguieron en la práctica parar el referéndum y sirvió a los sediciosos para hacerse propaganda.
La aplicación por el gobierno del artículo 155 no fue, sin embargo, de mínimos en el sentido formal, dado que previó medidas que iban más allá de la simple convocatoria de elecciones para enero, como indiscretamente Carmen Calvo dejó caer. Había mucho más: cese del ejecutivo catalán, limitaciones al Parlament, control de mossos y medios de comunicación públicos, lo que evidencia que el gobierno español ha comprendido que el reto al que nos encontramos no es de índole representativa sino de legalidad, por lo que antes de la convocatoria es preciso restituir mínimamente el Estado de Derecho lo que, en la situación actual, no significa anular leyes inconstitucionales (cosa que se ha hecho) ni sancionar conductas penales (que también se ha hecho y se hará), sino simplemente parar la dinámica de unas estructuras de poder catalanas que han decidido presentar una oposición directa, frontal, colectiva y casi física a la normativa vigente contra la cual ni sentencias ni negociaciones (que no sean capitulaciones) son remedio alguno.
Por eso yo me he manifestado en contra de una aplicación del 155 limitada a la convocatoria de elecciones. Convocar unas nuevas elecciones inmediatamente significaría tanto como mandar un mensaje a la población que dijera: “habéis votado mal, es preciso hacerlo otra vez, hasta que lo hagáis bien”, lo que además de no ser demasiado correcto puede no solucionar problema alguno: si simplemente se repitiera el resultado de las últimas elecciones lo único que habríamos conseguido es aplazar el problema. Por supuesto, si el resultado fuera otro totalmente distinto quizá se mejorara la situación, pero ni eso lo podemos asegurar ni tampoco nos encontramos aquí con un simple problema de gobierno –en el que pueden entrar en juego diferentes intereses políticos a corto plazo- sino ante un verdadero problema de Estado que exigirá soluciones de Estado, con visión a largo plazo. Por supuesto, ha de haber tarde o temprano elecciones -como muy tarde, en seis meses- pero esperemos que sea en otras condiciones.
Por eso mismo me está preocupando una especie que corre por las redes que es la posibilidad de que Puigdemont en estos días que quedan hasta la aprobación por el Senado de las medidas del artículo 155 pudiera convocar elecciones. Elecciones de acuerdo con lo establecido en la ley, que luego oportunamente se podrían convertir en plebiscitarias, constituyentes o cualquier otra cosa vigente o suspendida que permitiera alargar un poco más el culebrón. De hecho, en algunas noticias se señala que ello podría paralizar la aplicación del art. 155 (aquí y aquí) aunque Albiol parece decir lo contrario.
Desde luego, si yo estuviera en el lugar de Puigdemont es lo que haría, porque eso me permitiría tener un mayor plazo para enredar, me liberaría de las garras de la CUP de momento, seguiría en funciones una larga temporada y quizá evitaría la aplicación del artículo 155 si las ganas de que pase de ellos este cáliz impele a nuestro dirigentes a procrastinar un poco y encima quedar como unos grandes negociadores que han logrado resolver el problema acudiendo a las urnas. Por eso creo que aunque se produjera esa convocatoria creo que sería preferible que la aplicación del artículo 155 siguiera adelante anulándola o asumiéndola si se considerara posible.
Porque como decía antes, el problema que tenemos no es de gobierno, es de Estado. Es necesario restablecer las condiciones de seguridad jurídica y libertad necesarias para que el voto sea libre y desalojar del poder a personas claramente insumisas. Como dice en un reciente artículo García Domínguez, “sin la máquina de lavar cerebros de las madrasas de la Generalitat, sin los medios de comunicación del Movimiento funcionando a toda máquina durante las veinticuatro horas del día, y sin los centenares de chiringuitos insurreccionales financiados con cargo al Erario, esto volvería a parecer un sitio normal de la Europa civilizada en cuestión de meses. Por eso los que dentro de la sala de máquinas de la asonada todavía conservan la cabeza encima de los hombros, el cínico Mas por ejemplo, son tan sabedores de que perder ahora el control de la Generalitat significaría perder la partida”. Lo transcribo porque lo suscribo. Por supuesto, unos pocos meses no dan para solucionar los problemas de fondo de Cataluña, pero quizá si sirvan para desactivar las redes políticas clientelares que contaminan, entre otras cosas, el libre ejercicio del derecho de voto.
Por tanto, desde mi punto de vista, el control de la Generalitat es estratégicamente la acción más importante para desactivar la operación separatista. No el separatismo, claro. Y, obviamente, ha de hacerse bien y con todas las consecuencias. Eso significa que no se puede decir eso de que “me duele a mí más que a ti” o lo de “preferiría no aplicarlo”, en expresión que ya he usado alguna otra vez en este blog. Lamentablemente el Estado tiene por delante una labor enormemente difícil y arriesgada no sólo porque pueda haber movilizaciones callejeras, que ya se están anunciando, sino por la resistencia que previsiblemente pueda presentarse por parte de funcionarios o todavía peor, por mossos de escuadra, que no desobedezcan pero boicoteen las disposiciones que adopte el nuevo ejecutivo. Por eso, desde mi punto de vista, las personas encargadas del ejecutivo provisional catalán deberían, en primer lugar, estar en Cataluña y también ser de Cataluña. Las medidas que se adopten no pueden tomarse desde Madrid. Sería muy positivo que además se tratara de un órgano colegiado compuesto de personas de diversas tendencias ideológicas o de los diversos partidos constitucionalistas implicados y quizá incluyendo alguno con una mayor sensibilidad nacionalista: esto generaría mayor unidad, corresponsabilidad y daría un claro mensaje de que la cuestión no lo es de gobierno, sino de Estado, y se transmitiría además la sensación de que en este asunto se va a llegar a donde haya que llegar.
Conste que no quiero mano dura. Participo de la opinión de mi hermano Fernando expresada en su post de ayer: no se trata de castigar a Cataluña por sus malas acciones, ni sancionar una región rebelde, por otra parte muy querida para mí. Entre otras cosas porque no es “Cataluña”, sino una parte de su ciudadanía la que se comporta así. Se trata, simplemente, de que impere la ley, pero es imprescindible transmitir a quienes quieren impedirlo la idea de que se va a hacer todo lo que sea necesario y de que no va a ocurrir como con el referéndum que teóricamente no se iba a celebrar pero que finalmente se celebró, aunque fuera de aquella manera. Si el adversario es conocedor de que uno tiene “voluntad de vencer (querer), libertad de acción (poder) y capacidad de ejecución (saber)”, que es lo que se exige en los manuales de estrategia para vencer, tenemos mucho adelantado.
¿Qué precio vamos a pagar por ello? No lo sé, es una incógnita. Quizá, como dice Jabois en “Date un capricho”, se trata de una revolución de ricos que quiere darse el capricho de sentirse bolcheviques durante un mes y que ha arrastrado a mucha gente que cree que no tendrá factura cruzar el río con el escorpión encima y que cuando haya de pagarla los ricos ya habrán trasladado sus sedes. Y ya se ha empezado a pagar, precisamente con el traslado de estas sedes. Quizá si el precio se empieza a mostrar en toda su evidencia la razón vuelva a imponerse. Si no, habrá un precio alto que deberá pagarse si quiere mantenerse el entramado constitucional que tanto nos ha costado conseguir.
En los próximos días pueden ocurrir muchas cosas. Incluso que Puigdemont comparezca en el Senado y haga alguna propuesta que pudiera modificar los términos del 155. Me encantaría que fuera así, pero lo dudo porque el marco incumplidor en que se ha situado no parece permitirlo. Pero, como decía al final del hilo de tuits que antes enlazaba, creo que, si se resuelve bien, esta crisis puede reforzar nuestras instituciones porque en definitiva, “crisis” no significa otra cosa que “decisión”. Sólo hay que decidir bien. Y estar dispuesto a llevar a cabo la decisión.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2017/10/catalonia-2823509_960_720.jpg 683 960 Ignacio Gomá Lanzón https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Ignacio Gomá Lanzón2017-10-24 00:04:082017-10-24 00:04:08Momentos decisivos: elecciones, el artículo 155 y su ejecución
Jimbo Positrónico Dice:
24 octubre, 2017 en 08:13
Dice usted que los medios de comunicación son clave. Dice usted que los Mossos son clave. ¿Quién, y cambio de qué los ha puesto en manos de los separatistas desde hace cuarenta años?
Un juego de palabras, acudir a la engañosa etimología griega llamando a la supuesta crisis política (¿es crisis, u otra cosa?) «decisión», no nos sacará de esta. Podría haber dicho con el mismo brío «crisistunidad» y haberse quedado más ancho que largo. Qué nos ha traído hasta aquí: las normas que organizan el poder. No sujetan. Qué parece querer usted, por sus elipsis: mantener esas reglas y que las cosas se solucionen mágicamente, o que al menos vuelvan a su cauce un ratito y permitan estar tranquilo. Volver a la situación anterior: cabalmente la que nos ha traído hasta aquí.
Eso sí, que los nuevos virreyes sean catalanes, que hay que guardar las apariencias. Lo importante es el márquetin, el qué dirán.
155 de mínimos, concepto jurídico donde los haya. Cero análisis. El art. 155 es una medida subsidiaria, que es a lo que se refieren, más mal que bien, los que dicen que preferirían no tener que aplicarlo, lo que usted critica. Son mendaces, y hace usted bien en cargar contra ellos, pues en realidad preferirían no hacer nada y sacar rédito de todo esto jugando a mantenerse equidistantes entre el PP, llamándole caca y Franco, y los separatistas, malos malosos pero pobrecicos ellos. Como si se pudiera permanecer neutral cuando la patria está en peligro. Hace no tantos años el llamar «equidistante» a alguien habría sido considerado como un insulto, y hoy parece una virtud.
El art. 155, como sabe, está previsto para los casos en que una Comunidad Autónoma incumpla gravemente la Constitución o las leyes y tal incumplimiento no lleve aparejado una sanción (lex imperfecta). Eso es lo que en Derecho significa ser subsidiario, que sea el único recurso, que no haya otro medio. Además, es notable el error que cometieron los legistas (que no juristas ni abogados, por mucho que se pretenda ahora cubrirlos de loas) que redactaron nuestra Constitución al traducir el art. 37 de la Ley fundamental de Bonn, pues el párrafo segundo, que prevé cómo se han de ejecutar las medidas, no habla de instrucciones al Representante del Gobierno en Cataluña (nuestro Delegado de Gobierno), sino exclusivamente a las autoridades de la Comunidad Autónoma en cuestión. Es de risa. ¡Puchi, compórtate! Es inaplicable. Pero el delito de sedición (art. 544 C.p.) existe, aunque nadie, tampoco usted, se quiera enterar, o prefiera no hacerlo. La solución es aplicarlo. No es un medio alternativo, que permita optar por él o por otro, es la ley penal, la que reprime los ataques a los bienes jurídicos más valiosos de una sociedad. No lo harán. Sólo hay asesores áulicos. Algunos lo hacen incluso gratis.
Por qué nadie lo dice. Guardan la viña.
En lugar de aplicarlo preferimos la instauración de una suerte de dictablanda provisional, que de hecho desgastaría (condicional: no se aplicará) más la imagen, de nuevo el márquetin, de los que defienden la unidad de España, con lo que queda invalidado ese feble argumento de las apariencias. Y luego qué. Elecciones con las mismas reglas. Saldrá lo mismo o parecido, transcurra el tiempo que transcurra. Y, aunque por un azar perdiesen ahora los separatistas, aplazaríamos el problema una o dos legislaturas. Hasta que volviesen al poder.
Uno podría pensar que nuestros dueños, qué digo, nuestros legítimos representantes, están conchabados: ellos hacen como que declaran al DUI (dichosas siglas); «nosotros», como que aplicamos el 155. Por qué el marasmo. Por qué las dudas. 1─O: alzamiento público y tumultuario para evitar la aplicación de las leyes (o de una resolución del Tribunal Constitucional). Con los Mossos mirando y casi animando. El nuevo Estado, tienen derecho. Ni el más cobarde dudaría tanto. Sí el interesado y socio secular. No vaya a ser… Nidos y ramas. Això no toca. El separatismo como apéndice del sistema político español, tan querido por y para nosotros. No como accidente, sino como esencia y sustancia misma de lo que tenemos, al contacto con el viejo problema del nacionalismo. Los guiñoles de Aznar y Pujol dándose el lote, hablando catalán en la intimidad. El Isidoro recibiendo a Roca, haciéndose el asombrado por la corrupción del gran prócer y medio hombre. ZP aceptando lo que tengan a bien mandar, en forma de Estatut, desde el Parlament, para mayor gloria del tripartito. Elijamos olvidarlo, ¡haya paz, muchacho, que tú no sabes lo que había antes! Nosotros sí que sapemos.
Y, de momento, sigamos todos clamando al unísono, como aquel negro negrero de Alabama en medio del incendio: ¡amo, amo, que se NOS quema la casa!
MANUEL NOVAL PATO Dice:
24 octubre, 2017 en 13:35
Gracias por su interesante artículo, me ha gustado sobre todo cuando se dice que las personas encargadas del ejecutivo provisional catalán deberían, en primer lugar, estar en Cataluña y también ser de Cataluña. Las medidas que se adopten no pueden tomarse desde Madrid. Sería muy positivo que además se tratara de un órgano colegiado compuesto de personas de diversas tendencias ideológicas o de los diversos partidos constitucionalistas implicados y quizá incluyendo alguno con una mayor sensibilidad nacionalista: esto generaría mayor unidad, corresponsabilidad y daría un claro mensaje de que la cuestión no lo es de gobierno, sino de Estado, y se transmitiría además la sensación de que en este asunto se va a llegar a donde haya que llegar.
Pero en cambio no estoy de acuerdo con la afirmación de que “el referendum se celebró” aunque se diga a continuación “de aquella manera”, pues esto implica ya reconocerle algún valor como se le reconoce en el artículo de permisivismo por el Estado; y lo considero incierto por mucho que se venga repitiendo en los medios de comunicación. Lo celebrado no fue un referendum, -y ello por muchos motivos-, pero sobre todo, porque fue patente que sólo votaron los de una opción y por la fuerza; los demás no pudieron votar porque obedecieron al Estado y a la Ley que les decía que era ilegal hacerlo. Por tanto ningún valor se le puede atribuir, ni siquiera el de considerarlo referendum que ya sería mucho en sí mismo, pues lo mínimo que se debe pedir a un referendum sería que hubieran podido votar los ciudadanos de ambas opciones.
24 octubre, 2017 en 13:56
No le reconozco ningún valor legal como referéndum. Pero no cabe duda de que hubo un simulacro que a efectos propagandísticos ha dado juego. Desde mi punto de vista, o se evita del todo con las fuerzas del orden o no se hace nada y se actúa después. Pero una intervención que deja las cosas a la mitad me parece la peor de las opciones.
24 octubre, 2017 en 14:51
En cuanto al tema de desmontar las redes clientelares de la política catalana , el plazo de 6 meses no da ni para desmontar un 10% del tinglado de medios ´contaminados. Los apartados , simplemente, esperaran 6 meses y luego , en caso de ganar los soberanistas volverán con renovados bríos. Hay que limpiar a fondo todo y eso exige mucho más tiempo. Con 6 meses volverán a ganar las elecciones y entonces , de nuevo, locura independentista. Hasta hoy el mayor obstáculo para el ímpetu independentista , ha sido la deslocalización de empresas . Mucho más que todos los tribunales y sentencias, por eso hay que presionar a las empresas ,que todavía no lo han hecho, para que se decidan , porqué fueran tienen un futuro seguro y mejor. Solo después de ese proceso , las nuevas elecciones traerán nuevos actores en la vida política , esperemos que guiados por el seny.
24 octubre, 2017 en 17:33
Coincido en gran parte con lo aportado por Ignacio en su artículo sobre el esperpento jurídico y administrativo que estamos (y venimos) conociendo desde hace ya décadas. Desde que la llamada ley D’Hont estableció las primera desigualdades (contra lo establecido en la C.E.) en el valor del voto. Desde que los programas políticos de cada formación pueden ser alterados a conveniencia particular. Desde que el sentido de Estado dejó camino a la “partitocracia” (y ni eso) donde los líderes llegan (y ya se sabe cómo) para imponer su poder absoluto (ellos nombran, legislan, quitan y dan sueldos y privilegios, etc.etc.) En el caso de Cataluña asistimos a un espectáculo que Ionesco podría firmar en su “teatro del absurdo”. Unos cargos públicos del Estado, que cobran del Estado y lo deben representar, dicen que no reconocen ese Estado. ¿Porqué pues no renuncian a sus situaciones dentro del Estado para defender con dinero de su bolsillo sus “ideales”? Vamos a ver, se sigue hablando (además en catalán cuando el idioma oficial es el “castellano”) de unas instituciones que han mostrado su deslealtad desde hace años, escondida tras el paliativo de la obtención de beneficios territoriales en unas Cortes Generales que son (o deben ser) el símbolo de la Nación Española y de la solidaridad de sus gentes. “Yo he venido a vender mi libro…” decía Umbral, pues bien, un Parlamento nacional no es el lugar donde “vender” particularismos (que no lo son tanto) sino el lugar donde afrontar los problemas de toda la Nación en su conjunto. El espíritu de reconciliación nacional que inspiraba la Transición se fue al garete hace tiempo cuando empezó el “regateo” competencial y se fueron pagando “favores” con soberanía o cuando se sigue con la “memoria histórica” y otras cuestiones similares en pleno siglo XXI.
El Estado (supuestamente de Derecho) es hoy sólo una acumulación normativa a la que muy pronto se le olvidó la C.E. y se la fue modificando por vía de hecho (un recuerdo para Pedro de Vega) por cada cual que “gobernaba”. Un caos jurídico en el que todavía intentamos sobrevivir quienes identificamos el Derecho como herramienta para el fin último: la Justicia. Esta situación es la que permite el espectáculo del “¿de verdad está Vd. infringiendo la ley? pues deje de hacerlo y todos amigos”. Se está sentando un principio de impunidad social y política muy peligroso, que se debería haber resuelto por vías tan normales como el cese o la destitución hace ya tiempo. Y, sobre todo, se ha estado fracturando una sociedad que, hasta hace poco, estuvo unida y compartía las mismas preocupaciones. Ese daño social es lo más grave de todo. Un saludo.
24 octubre, 2017 en 21:20
Suscribo lo que afirma el Sr. Gomá, pero también lo que añaden algunos comentaristas (incluido Jimbo Positrónico, si bien lo que dice quedaría mejor en otro tono y es muy molesto leer a todas las personas que no tienen el valor de identificarse por sus auténticos nombre y apellido).
Lo que escucho a esta hora del día, lo que me llega de mis amigos catalanes, algunos de ellos de profesiones jurídicas) me inquieta: seguimos con complejos sobre la aplicación de la Ley (de toda la Ley vigente e incluso de una parte tan lógica como el art. 155 CE) mientras de adverso se llama a la desobediencia y se habla de “represión” y se miente a los niños y a los memos, en una espiral revolucionaria y totalitaria amparada en nuestra lenidad de más de cuatro décadas. Lo veo feo. Entre el pasteleo político y elecciones y el estado de excepción y de sitio hay muchos estados posibles, pero pocos suponen el respeto del Estado de Derecho. Siento personalmente amenazadas mis libertades y derechos, como una señora que llamó esta mañana desesperada a una radio por el bloqueo de la A7. Imagino que ninguna autoridad ordenó a los delincuentes que se retiraran y a los Mozos de Escuadra que lo hicieran si no consentían.
25 octubre, 2017 en 02:10
Dentro del acuerdo general de que esto hay que hacerlo con todas las consecuencias, no cabe tampoco duda de que va a ser largo si se quieren resolver los cientos de sorpresas que van a “aparecer” en cuanto los funcionarios de la Generalitat comiencen a levantar las alfombras.
Recordemos el dato ominoso de que 65 Corporaciones Públicas catalanas no dan datos al Tribunal de Cuentas. ¿Qué puede haber ahí? ¿Cuántas Rumasas teniendo en cuenta que al lado de estos profesionales Ruiz Mateos era un becario?
Gestionar esto es posible que sea demasiado para el actual equipo de Rajoy. Quizás haría falta un gobierno de coalición que parece imposible salvo que alguien lo imponga. Razones para exigirlo sobran porque aquí se está jugando el futuro de la UE y creo que se han dado cuenta.
Así las cosas y dando por sentado que a lo mejor ni Puigdemont ni Junqueras saben lo que hay bajo las alfombras tan bien como Artur Mas, tienen tres días para pensar y tampoco lo tienen sencillo.
La posible jugada de Puigdemont de retractarse y convocar es muy difícil porque no basta con que él lo diga. Haría falta que el Parlament revirtiese sus decisiones sobre, al menos, las leyes de desconexión sin esperar a la sentencias del TC. ¿Qué menos?.
Pero ¿Sería posible? Creo que no.
A renglón seguido tendría que cerrar la legislatura y proclamar elecciones autonómicas.
En estas condiciones, y digan las encuestas lo que digan hoy, no creo que el bloque soberanista volviese a gobernar. No puede haber tanto crédulo en Solsona o en Reus.
Si declara la DUI, se vota esta vez en serio y hay elecciones mucha gente irá a la cárcel. No encaja mucho con el carácter de esta generación y por otra parte la gente ya ha podido ver toneladas de basura autóctona.
Y si el Estado no interviene…………………adiós Estado. Esto no es una operación política. Es pura higiene.
26 octubre, 2017 en 22:58
Al hilo del comentario de Manu Oquendo me atrevo a hacer un pronóstico que supondría una salida del laberinto en que está el Sr. Puigdemont y los suyos:
Mañana viernes durante el pleno del parlamento catalán, en el momento de votar, puede haber “bajas” procedentes del propio partido “PdeCat” suficientes para evitar la declaración formal de independencia. Pueden ser en forma de “dimisiones” más o menos disfrazadas, pero también pueden ser simples abstenciones o “ausencias” por enfermedad. Todo ello ante el enfado de sus compañeros de viaje que se tragarán el sapo y lo digerirán como buenamente puedan.
El Sr. Puigdemont y su gobierno habrán salvado la cara, ganado tiempo y, sobre todo, lo que más les preocupa : la pérdida de empleo, sueldo, privilegios, escoltas y saludos marciales.. Por su parte el artº 155 quedará automáticamente desactivado a la espera de elecciones. Todos respirarán aliviados pues nadie “agitará las ramas del árbol” y los “pajaritos” seguirán instalados en ellas con sus “legalidades” personales, su adoctrinamiento escolar, sus medios de propaganda afines, su ejército particular de “mossos y su “popularidad” política (que no es moco de pavo estar copando medios nacionales e internacionales).
Desde el punto de vista de responsabilidades penales, éstas pueden entrar en “hibernación” e incluso entenderlas como cuestión de mera opinión política que no ha fructificado.
Será el regreso del hijo pródigo…..
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