Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/58233
Timestamp: 2020-02-26 14:12:26
Document Index: 13936157

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 94', 'artículo 183', 'Artículo 183', 'artículo 76', 'artículo 94', 'artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 94', 'artículo 100', 'artículo 111', 'artículo 89', 'artículo 127', 'Artículo 96', 'Artículo 100', 'Artículo 111', 'Artículo 127']

Gaceta: LXIII/1PPO-25/58233
Pretende reformar diversas disposiciones de la Constitución para establecer un mecanismo distinto al actual para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Propone derogar la facultad del Ejecutivo Federal de proponer al Senado de la República la terna para la designación de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, se atribuye a la Cámara de Senadores convocar a los tribunales de justicia de las entidades federativas, colegios de abogados debidamente certificados y facultades de derecho de las Instituciones de educación superior para que presenten sus propuestas.
La comisión de la Cámara de Senadores que dictamine presentará una terna la cual será sometida al Pleno de la Cámara de Senadores la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, será designada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Prohíbe el establecimiento de pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las disposiciones de la Seguridad Social.
Aumenta los requisitos para ser ministro y establece que el candidato no debe haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de prisión o haya sido inhabilitado para el servicio público. Además no haber sido objeto de recomendaciones de los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos.
Las designaciones que se realicen deberán recaer en juristas expertos en derecho constitucional de reconocida competencia y prestigio, o en Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito o de las entidades federativas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, garantizando en todo momento la paridad entre géneros.
Propone que el Senado de la República designe, no solo a dos consejeros de la Judicatura Federal, sino a los siete consejeros, de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, además, determina que ellos elegirán a quien deba presidir el Consejo.
It aims to reform various provisions of the Constitution to establish a mechanism different from today for the appointment of the ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation.
Proposed to repeal the authority of the Federal Executive to propose to the Senate of the Republic the shortlist for the appointment of ministers to the Supreme Court of Justice of the Nation. Therefore, the chambers of the Senators is attributed to summon the courts of the states, duly certified Lawyers associations and law schools of higher education institutions to submit their proposals.
The commission of the Chambers of the Senators to rule present a shortlist which will be submitted to the plenary of the Senate which, following a hearing of the persons proposed shall be designated by the vote of two thirds of the members present.
Prohibits the establishment other than those laid down in the provisions of the Social Security annuities.
Increases the requirements to be a minister and establishes that the candidate must not have been convicted of a felony that merits imprisonment or has been disqualified from public service. Besides not having been the subject of recommendations for public agencies defending and protecting human rights.
The appointments are made shall select experts in constitutional law jurists of recognized competence and prestige, or circuit magistrates, district judges or the states that have distinguished themselves by their integrity, competence and professional background in the exercise of legal activity, while guaranteeing gender parity.
It proposes that the Senate of the Republic designates, not only to two directors of the Federal Judiciary, but the seven board members, and between circuit magistrates and judges of District also determined that they will choose who should preside the advice.
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAL, al tenor de la siguiente:
El Jurista Italiano Piero Calamandrei en 1935 escribió en su obra El Elogio de los Jueces lo siguiente:
“El Estado siente como esencial el problema de la selección de los jueces; porque sabe que les confiere un poder mortíferoque, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a hacerse paladín de la sinrazón…”
Y asimismo señaló:
“No es honesto, cuando se habla de los problemas de la justicia, refugiarse tras la cómoda frase hecha de que la magistratura está por encima de toda crítica y de toda sospecha; como si los magistrados fueran seres sobrehumanos, a quienes no alcanzaran las miserias terrenales y, por tanto, intangibles.El que se conforma con esas necias adulaciones, ofende la seriedad de la magistratura, a la que se honra, no adulándola, sino ayudándola a que se mantenga a la altura de su misión.”
Por tanto, uno de los temas fundamentales para la vida democrática del país es no sólo la calidad de las y los jueces, sino también de las instituciones encargadas de impartir la justicia, particularmente nuestro máximo tribunal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante muchos años el Poder Judicial de la Federación (PJF) fue un poder prácticamente intocado, sin embargo, a través del fortalecimiento de nuestra democracia la SCJNha tomado un papel de relevancia fundamental en la vida política nacional, de ahí la importancia en su integración. Al respecto algunos autores han aventurado una serie de cuestionamientos al respecto tales como:
¿Qué personas integran la Corte y cómo son nombradas?; ¿Qué pautas ideológicas están presentes en las sentencias de la Corte, si es que tales pautas existen?; ¿Cómo fundamentan sus sentencias los ministros, qué razones dan para tomar una y no otra decisión acerca de los problemas que deben resolver?; ¿Qué grado de impacto es deseable que tengan las sentencias de la Corte sobre decisiones de relevancia individual (en materia de derechos fundamentales) e institucional (en materia de división de poderes)?; ¿Cómo deben relacionarse los jueces con la opinión pública y los medios de comunicación?; ¿Cómo deben relacionarse los jueces con los demás poderesdel Estado? y ¿Qué tipo de asuntos deben tener preponderancia en la conformación de la agenda judicial? .
Recientemente existe un debate relativo a los próximos nombramientos que el Senado de la República habrá de hacer respecto a la sustitución de dos integrantes de la SCJN donde se prefiguran acuerdos políticos y con ello la designación de dos ministros de la Corte con una clara militancia partidista, con lo que se corre el riesgo de una eventual fractura de uno de los poderes de la Unión.
Esta situación resulta preocupante en momentos en el que nuestro país atraviesa por una grave situación de violencia, inseguridad, desconfianza de las instituciones y una grave inestabilidad política. “En este contexto, lo que necesitamos es un poder judicial que no sólo sea autónomo sino que lo parezca, que sea visto como capaz de fungir como árbitro independiente en los conflictos que revisa. Para ello es indispensable una Corte plural, constituida por profesionales del derecho que cuenten con conocimientos profundos de los diversos temas que se deben resolver. La Corte necesita ser integrada por individuos que aporten a la legitimidad institucional y sin claros conflictos de interés. El nombramiento de un ministro de la Suprema Corte de Justicia es de enorme trascendencia para el país porque al final del día los miembros que la constituyen dotan o restan legitimidad al máximo órgano del sistema judicial. En consecuencia, le dotan o restan la capacidad de resolver conflictos sociales y políticos por la vía legal y pacífica” .
Porque al margen de la propuesta y de los procedimientos parlamentarios, lo importante para el país es contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente que permita consolidar nuestra incipiente democracia, que se establezca como vigilante del Estado de derecho, que sea un contrapeso al Poder Ejecutivo y a los poderes fácticos; que se constituya en una instancia facilitadora de la transparencia y la rendición de cuentas, garante de la justicia frente a la política y el abuso de poder, es decir una función de equilibrio entre los poderes del Estado.
La independencia de los ministros de la Suprema Corte se constituye como una condición sine qua non para que el poder judicial ejerza sus funciones con un mínimo de objetividad, transparencia e imparcialidad y contribuya así a la consolidación y calidad de un Estado democrático de derecho, para ello es fundamental contar con ministros independientes e idóneos.
Pero habría que añadir un asunto fundamental para la vida del PJF y es que a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 11 de junio de 2008, donde se da un cambio de paradigma en materia de protección de derechos, que amplió al máximo el reconocimiento y los mecanismos de protección de los derechos de todas las personas, redefiniendo estructuralmente el modelo de relación existente entre el derecho nacional y las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos, con lo que se coloca a nuestro país a la vanguardia de las tendencias jurídicas internacionales, destacando de manera relevante el mandato para que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y consagrando como criterios fundamentales la interpretación conforme y el principio pro persona.
Esto significa que se consolida una nueva visión en materia de derechos humanos sustentada en el llamado control de convencionalidad, ya que las y los jueces en funciones de control constitucional deberán conocer y aplicar las normas de derecho internacional, para que cuando existan distintas interpretaciones de una norma, se elija siempre la que más beneficie a la persona.
Y es precisamente aquí en donde se encuentra el principal reto de la implementación de la reforma constitucional. ¿Cómo deben traducir, interpretar y aplicar en el día a día el mandato del artículo 1º las y los integrantes de nuestro llamado Tribunal Constitucional?
Desde nuestro punto de vista, una SCJN acorde a nuestros tiempos debe velar no sólo por el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales, sino que al impartir justicia debe establecer una serie de límites a los absolutismos del mercado y los de la política (Luigi Ferrajoli).
Por tanto proponemos una serie de modificaciones a nuestro texto constitucional que desde nuestro punto de vista vendría a fortalecer a la SCJN y la función de las y los jueces que integran el PJF, siendo estos los siguientes:
1. Que el Ejecutivo Federal no participe más en proponer las ternas y sean las escuelas y facultades de derecho, barras y colegios de abogados.
Los Tribunales Constitucionales a diferencia de las jurisdicciones ordinarias, no están integrados por magistrados de carrera que han accedido a su encargo como resultado de una especie de escalafón judicial, es decir, formados en el conocimiento más de legalidad que de verdadera constitucionalidad, por tanto, proponemos que la SCJN tenga una integración mixta entre constitucionalistas de notoria experiencia y con jueces y magistradosdel Poder Judicial de la Federación con amplia experiencia y trayectoria en el Poder Judicial de la Federación.
Para su nombramiento, se propone crear un mecanismo de designación parlamentaria con participación de la sociedad civil y un criterio federalista en su integración, en donde la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, convoque a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades Federativas, organismos no gubernamentales, asociaciones, colegios de abogados y facultades de derecho de las Instituciones de educación superior para que presenten sus propuestas.
La Comisión del Senado, evaluara las propuestas, y emitirá un dictamen el cual será sometido al Pleno de la Cámara de Senadores o, en sus recesos a la Comisión Permanente la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará a los Ministros correspondientes.
2. Que el Presidente de la SCJN no sea quien presida el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano del PJF encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de dicho Poder.
Este órgano permite el debido funcionamiento de Juzgados de Distrito, Tribunales y Plenos de Circuito y asegura la autonomía, la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de las y los integrantes del PJF a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
Originariamente la creación de un Consejo de esta naturaleza obedeció a la necesidad de separar las actividades administrativas de aquellas de carácter jurisdiccional, es decir, dejar en un órgano de autogobierno la facultad de realizar todas aquellas funciones de administración, capacitación, supervisión y sanción de quienes integran el PJF y que éstos puedan dedicarse de manera exclusiva a la labor de impartir la justicia.
Un aspecto que resulta preocupante ha sido la constante subordinación del CJF al pleno de la SCJN. Ello de alguna manera puede entenderse por la estructura rígida y vertical del propio PJF o por cómo se ha concebido la organización judicial, o quizá por el enraizamiento existente en la cultura jurídica que indebidamente ven en las y los ministros de la SCJN atributos de sapiencia, probidad e integridad que les permite influir no sólo al interior del PJF sino también en escuelas de derecho, colegios de abogacía y demás espacios donde se desenvuelven las y los operadores del sistema jurídico.
Actualmente dicho órgano se integra de la manera siguiente:
• Quien preside la SCJN (quien también preside CJF);
• Tres personas consejeras designadas por el Pleno de la SCJN, por mayoría de cuando menos ocho votos, seleccionadas de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito;
• Dos personas consejeras designadas por el Senado de la República; y,
• Una persona consejera designada por el Presidente de la República.
Esta integración plantea por lo menos algunas interrogantes desde el punto de vista de la doctrina constitucional, particularmente en la persona quien preside dicho Consejo sea al mismo tiempo quien presida uno de los Poderes de la Unión.
Esta doble representación implica que las atribuciones de cada uno de los cargos en determinados momentos se contrapongan y crucen entre sí.
Por mencionar un caso podemos señalar las decisiones del CJF que se refieren a la designación, adscripción y remoción de las y los magistrados y jueces pueden ser revisadas por la SCJN. Es evidente que quien preside la SCJN interviene en los recursos de revisión sobre un acto en el que participó previamente como Presidente e integrante del CJF.
Lo mismo sucede cuando se tramita un recurso de reclamación en juicio de amparo en revisión, ya que quien preside la SCJN es quien dicta el acuerdo materia de la reclamación y al mismo tiempo interviene en su resolución.
Otro aspecto que consideramos irregular en la integración del Consejo de la Judicatura tiene que ver con la incorporación del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual forma parte de la Comisión del CJF que vigila, administra y supervisa a dicho Tribunal.
De ahí que el CJF al ser un órgano administrativo del PJF, con funciones distintas a las de la SCJN y a las del TEPJF, resulta inconsistente que quien presida dicho órgano administrativo lo sea también de uno de los poderes de la Unión.
El hecho de que el pleno de la SCJN actualmente designe a las tres personas consejeras provenientes del Poder Judicial convierte al CJF en un órgano meramente auxiliar y subordinado a la SCJN, y no en un órgano de relevancia constitucional independiente e imparcial, que tiene entre sus múltiples funciones nada menos que la designación de la totalidad de las y los jueces; así como magistradas y magistrados, pero también las funciones de gobierno y administración de dicho poder.
Por tanto, el objeto de la reforma que proponemos es que quien presida la SCJN, no forme parte y por ende no presida el CJF con la finalidad de que entre éstos dos órganos se establezcan relaciones en forma de coordinación y no de subordinación o dependencia y se modifique la tendencia de otorgarle a la más alta estructura del Poder Judicial la designación de los integrantes del CJF.
Proponemos que sea el Senado de la República quien designe a las y los integrantes del CJF de entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, quienes aunado a las personas consejeras que designa el Senado y el Presidente de la República puedan elegir, de entre ellas, a la persona que presidirá el CJF.
Asimismo proponemos que en el caso de quien preside el TEPJF deje de formar parte de la comisión del Consejo de la Judicatura Federal que administra dicho órgano jurisdiccional. Ello permitirá que el Tribunal Electoral sea administrado en los mismos términos que el resto del Poder Judicial.
“Con un Consejo de la Judicatura aséptico tenemos la certeza de que, sin consignas, realizará su labor de supervisión, control, y sanción de los juzgadores que se aparten de los estándares, normas y costumbres que deben observarse en la organización judicial para hacer prevalecer el Estado de derecho; pero también, el Consejo, con la autonomía restaurada, nombraría a los jueces con base a procedimientos objetivos y transparentes, integrando, como producto de esa delicada labor, una clase especial de servidores profesionales que preserven el sistema de derecho, recatando la confianza comunitaria en las instituciones” .
Al respecto se ha pronunciado Gabriela Knaul, Relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, la cual en el Informe sobre su visita a México del 1 al 15 de octubre de 2010 manifestó:
“Una preocupación expresada por varios interlocutores respecto al CJF concierne a que la Presidencia de la SCJN y del CJF recae en la misma persona, lo cual podría afectar la independencia del Consejo frente a la Corte. Sería oportuno que la presidencia del Consejo recayera en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la Suprema Corte, dedicada a tiempo completo a tan importante encomienda” .
La Relatora en sus conclusiones recomienda que la presidencia del CJF deba recaer en una persona distinta a quien ostenta la Presidencia de la SCJN, para que pueda dedicarse de tiempo completo a sus funciones.
3 Igualdad sustantiva en la carrera judicial.
La propia Gabriela Knaulmanifestó su preocupación en que debe de garantizarse al interior del CJF una representación igualitaria entre hombres y mujeres en el que se establezca el principio de Igualdad Sustantiva como base para la formación, actualización y desarrollo de la carrera judicial, con la finalidad de que la participación igualitaria entre hombres y mujeres se fortalezca al seno del PJF.
Por igualdad sustantiva, en una conceptualización sencilla, debemos entender como el acceso al mismo trato y oportunidades, que den por resultado el reconocimiento igualitario en el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y mujeres.
Ello permitiría incorporar los lineamientos derivados de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL realizada del 13 al 17 de julio de 2010 en Brasilia, Brasil (consenso de Brasilia) que recomienda ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas del poder público.
En el caso de la SCJN actualmente son sólo dos mujeres las integrantes del pleno y una de ellas, Olga Sánchez Cordero, dejará su cargo este año.
Resulta por tanto inaceptable que, habiendo muchas juristas destacadas con una vasta experiencia en la función jurisdiccional o en la academia, su participación se vea reducida para su integración al máximo tribunal del país.
4. Eliminar pensiones prebendas y canonjías que no sean más que las de la seguridad social.
Como antecedente de esta perniciosa práctica encontramos que el 19 de febrero de 1951 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que estableció las Causas del Retiro Forzoso o Voluntario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en él se determinó la procedencia, las causas, el monto de la pensión y la forma de pago, así como su transmisión en caso de fallecimiento del Ministro pensionado.
El 30 de diciembre de 1973, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el artículo séptimo mencionado en el párrafo anterior, para establecer que los Ministros de la SCJN que obtuvieran su retiro forzoso o voluntario disfrutarían de una pensión equivalente al cien por ciento de su sueldo básico, que se integraría con el sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación que percibían y que se cubriera con cargo a la partida presupuestal denominada “compensaciones adicionales por servicios especiales” y que al fallecer el Ministro retirado dicha pensión se transmitiría a su esposa e hijos solteros con cuota equivalente al ochenta por ciento del total para el primer año, reduciéndose del segundo año en adelante, sucesivamente, un diez por ciento hasta llegar al cincuenta por ciento del monto de la pensión original.
El 29 de agosto de 1978, el Pleno de la SCJN ratificó el acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración en el que había aprobado el aumento de las percepciones de los Ministros jubilados cuando se incrementaran las de aquellos que se encontraran en funciones y dispuso que a partir del primero de enero de mil novecientos setenta y nueve, cada vez que el sueldo básico y las prestaciones de los Ministros en funciones fueran incrementados, dicho aumento repercutiera en un 80% en la pensión de los Ministros jubilados y de los que se fueran jubilando.
Asimismo, el 18 de febrero de 1988, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó el acuerdo referido en el párrafo anterior para determinar que, a partir del primero de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, los Ministros jubilados y los que se fueran jubilando tendrían derecho al cien por ciento de los aumentos que se decretaran a favor de los Ministros en funciones.
El 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reiterar que la remuneración que percibieran por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte de Justicia no podía ser disminuida durante su encargo y establecer que al vencimiento de su periodo tienen derecho a un haber de retiro.
Actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 183 dispone:
Artículo 183. Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.
Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.
En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro. El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio, al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los menores al cumplir la mayoría de edad.
Como podemos observar se trata en los hechos de una pensión vitalicia con cargo al erario que beneficia a los llamados “ministros en retiro”. Es por ello que la SCJN cuenta con un fondo de jubilación que es creado para garantizarles, aún después de que terminan su periodo como ministros, un elevado ingreso de por vida.
El 24 de agosto de 2009 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho Decreto establece las bases de un criterio que ordene las percepciones de las y los servidores públicos y erradique todo tipo de discreción con la cual se asignan los salarios de funcionarios públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, sin ningún tipo de controles.
No obstante que han pasado seis años sin que se haya aprobado la legislación secundaria que regule y haga efectivo el contenido de dicha reforma, las y los mexicanos seguimos siendo testigos como se violenta la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, que contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población.
De ahí la importancia de establecer que desde la Constitución se elimine el denominado “haber de retiro” de los Ministros de la SCJN que en los hechos es una pensión vitalicia, para ajustarla a las pensiones de la seguridad social.
Los ingresos totales —contando sueldo, bonos, aportaciones de seguridad social, aportaciones para el retiro y prestaciones en especie— de los ministros de la SCJN y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos analistas señalan que alcanzan los 500 mil pesos mensuales si sumamos todos sus rubros de percepciones estamos hablando de unos 45 mil dólares al mes, ingresos que son superiores a los de cualquier otro funcionario del país y seguramente de toda América Latina? también superan, y por mucho, los ingresos de los jueces supremos de países europeos.
Advertimos entonces que un modo de dignificar no sólo la función jurisdiccional sino también de la función pública es eliminar todo tipo de prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes con el establecimiento de sobresueldos y otro tipo de emolumentos.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSCIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 76; el onceavo párrafo al artículo 94; las fracciones IV, VI y el último párrafo del artículo 95; el artículo 96; el segundo párrafo del artículo 100; los párrafos quinto y séptimo del artículo 100. Se adicionan al doceavo párrafo del artículo 94; las fracciones I a VIII al cuarto párrafo del artículo 100; las fracciones I a VI del artículo 111 y se deroganla fracción XVIII del artículo 89; la fracción III del artículo 127, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I a VIII.
VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.Queda prohibido el establecimiento de pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las disposiciones de la Seguridad Social correspondiente.
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena de prisión o haber sido inhabilitado para el servicio público;
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento y en el ejercicio de su encargo no haber sido objeto de recomendaciones de los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos, y
Las designaciones en todo caso recaerán en juristas expertos en derecho constitucional de reconocida competencia y prestigio o en Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito o de las entidades federativasque se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. En la designación se deberá garantizar en todo momento por la paridad entre los géneros.
Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, convocará a los tribunales de justicia de las entidades federativas, colegios de abogados debidamente certificados y facultades de derecho de las Instituciones de educación superior para que presenten sus propuestas.
La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores presentará al pleno una terna la cual será sometida al Pleno de la Cámara de Senadores la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará por el voto de las dos ter ceras partes de los miembros presentes a las y los Ministros correspondientes.
Artículo 100. …
El Consejo se integrará por siete personas consejeras designadas por el Plenodel Senado de la Repúblicade entrelas y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito; quienes elegirán, de entre ellas, a la persona que presidirá el Consejo en los términos que señala la Ley respectiva.
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación remoción de las y los magistrados y jueces, así como de su suspensión o destitución cuando:
I. Por sentencia se acredite haber cometido delito doloso que amerite pena de prisión;
II. Incurran en violaciones al debido proceso;
III. Incurran en violaciones a los derechos humanos;
IV. Sean omisos en el ejercicio de sus funciones;
V. No abstenerse de participar en aquellos asuntos en las que se encuentren involucrados en conflictos de intereses;
VI. Incurran en dilaciones procesales, y
VII. Los demás asuntos que la Ley determine.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de las y los funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de igualdad sustantiva, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, en los siguientes casos:
I. Cuando causen perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
II. Por cometer violación grave o sistemática a los derechos humanos;
III. En el desempeño de su encargo ataque la forma de gobierno republicano representativo y federal;
IV. En el desempeño de su encargo ataque a las instituciones democráticas;
V. Utilice en beneficio propio o de terceros, la información de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar tal información en términos distintos a los autorizados por las demás leyes correspondientes; y
VI. No excusarse de participar en aquellos asuntos en las que sus intereses personales se encuentren en conflicto, en los términos establecidos en esta Constitución y en las demás disposiciones correspondientes.
Artículo 127…
IV a VI …
SEGUNDO. Los actuales integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, salvo quienes fueron designados por el Senado de la República y por el Presidente de la República, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.
TERCERO. El Senado de la República deberá designar entre las y los Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito a quienes se integraran al Consejo de la Judicatura Federal, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Carbonell Miguel, Debatiendo sobre la Suprema Corte. Revista Reforma Judicial número 12 julio-diciembre de 2008.
Pérez Correa Catalina. Una Corte para la paz social. Revista Nexos 1º de octubre de 2015.
López Pescador, José de la Luz. La democracia de los tribunales y el Consejo de la Judicatura Federal. Editorial Porrúa. México 2011, p XI.
Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados sobre su misión a México. 18 de abril de 2011.