Source: http://oas.org/juridico/spanish/cr_res8.htm
Timestamp: 2016-05-26 14:29:32
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 26', 'artículo 121', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 71', 'Artículo 44']

Ley General de Control InternoRecuerde que Control F (si utiliza Explorer) es una opci�n que le permite buscar en la totalidad del textoIr al final del documentoLey General de Control Interno
DE LA REP�BLICA DE COSTA RICA
Art�culo 1�Contenido y �mbito
de aplicaci�n. Esta Ley establece los criterios m�nimos que deber�n observar la
Contralor�a General de la Rep�blica y los entes u �rganos sujetos a su fiscalizaci�n,
en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluaci�n de
sus sistemas de control interno.
Artículo 2��Definiciones.
Artículo 3��Facultad de promulgar normativa técnica sobre control interno. La Contraloría General de la República dictará la normativa técnica de control interno, necesaria para el funcionamiento efectivo del sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a esta Ley. Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de responsabilidad administrativa.
Artículo 4��Aplicabilidad a sujetos de derecho privado. Los sujetos de derecho privado que, por cualquier título, sean custodios o administradores de fondos públicos, deberán aplicar en su gestión los principios y las normas técnicas de control interno que al efecto emita la Contraloría General de la República de conformidad con el artículo tercero.
Aparte de las otras sanciones que el ordenamiento jurídico pueda establecer, los sujetos de derecho privado que custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos o reciban beneficios patrimoniales de entes u órganos estatales, podrán ser sancionados, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N� 7428, de 7 de setiembre de 1994, cuando incumplan lo estipulado en el párrafo anterior.
Artículo 5��Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. La Contraloría General de la República convocará, al menos una vez cada dos años, a un Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, con la participación de los auditores y subauditores internos del Sector Público, y de los demás funcionarios o especialistas que se estime pertinente, con el objeto de estrechar relaciones, propiciar alianzas estratégicas, fomentar la interacción coordinada de competencias, establecer vínculos de cooperación, intercambiar experiencias, propiciar mejoras en los procesos de fiscalización y control, revisar procedimientos y normas de control interno, presentar propuestas que tiendan a mejorar o agilizar la gestión sustantiva en el Sector Público y discutir cualquier tema de interés relativo a los fines de esta Ley.
Artículo 6��Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría General de la República, la administración y las auditorías internas, guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus oficinas.
Artículo 7��Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley.
Artículo 8��Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
Artículo 9��Órganos del sistema de control interno. La administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta Ley, serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Artículo 10.�Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.
Artículo 11.�El sistema de control interno en la desconcentración de competencias y la contratación de servicios de apoyo. El jerarca y los titulares subordinados tendrán la responsabilidad de analizar las implicaciones en el sistema de control interno, cuando se lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, la responsabilidad de tomar las medidas correspondientes para que los controles sean extendidos, modificados y cambiados, cuando resulte necesario.
La Administraci�n Activa
Art�culo 12.Deberes del jerarca y de los titulares
subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al
jerarca y los titulares subordinados les corresponder� cumplir, entre otros, los
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del
�rgano a su cargo.
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia
de desviaciones o irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones,
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditor�a interna, la Contralor�a
General de la Rep�blica, la auditor�a externa y las dem�s instituciones de control y
fiscalizaci�n que correspondan. d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos
con las caracter�sticas definidas en el art�culo 7 de esta Ley.
e) Presentar un informe de fin de gesti�n y realizar la entrega formal
del ente o el �rgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la
Contralor�a General de la Rep�blica y por los entes y �rganos competentes de la
administraci�n activa.
corregido por FE DE ERRATAS publicada en La Gaceta No. 102 de 29 de mayo de 2003)
Artículo 13.�Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
Artículo 14.�Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
Artículo 15.�Actividades de control. Respecto de las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:
Artículo 16.�Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada.
Art�culo 17.Seguimiento del sistema de control interno. Enti�ndese por seguimiento del sistema de control interno las
actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de
control interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la
auditor�a y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud.
En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, ser�n deberes
del jerarca y los titulares subordinados, los siguientes:
a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las
acciones de control y prevenci�n en el curso de las operaciones normales integradas a
c) Que la administraci�n activa realice, por lo menos una vez al a�o,
las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del
cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desv�o que aleje a la
organizaci�n del cumplimiento de sus objetivos.
d) Que sean implantados los resultados de las evaluaciones peri�dicas
que realizan la administraci�n activa, la auditor�a interna, la Contralor�a General de
la Rep�blica, la auditor�a externa y dem�s instituciones de control y fiscalizaci�n
que correspondan, dentro de los diez d�as h�biles siguientes a su notificaci�n.
Artículo 18.�Sistema específico de valoración del riesgo institucional. Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.
Artículo 19.�Responsabilidad por el funcionamiento del sistema. El jerarca y los respectivos titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a esta Ley, en los que la Contraloría General de la República disponga que debe implantarse el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, adoptarán las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema y para ubicarse al menos en un nivel de riesgo institucional aceptable.
Artículo 20.�Obligación de contar con auditoría interna. Todos los entes y órganos sujetos a esta Ley tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General de la República disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su existencia no se justifica, en atención a criterios tales como presupuesto asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. En este caso, la Contraloría General ordenará a la institución establecer los métodos de control o de fiscalización que se definan.
Artículo 21.�Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.
Artículo 22.�Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:
Artículo 23.�Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento obligatorio.
Artículo 24.�Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano.
Artículo 25.�Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.
Artículo 26.�Protección al personal de la auditoría. Cuando el personal de la auditoría interna, en el cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para atender ese proceso hasta su resolución final. Artículo 27.�Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión.
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su plan de trabajo.
Artículo 28.�Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto.
Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan la Autoridad Presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán considerar, en todo momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del funcionamiento del sistema de control interno de la institución. SECCIÓN II
Artículo 29.�Requisitos de los puestos. Los entes y órganos sujetos a esta Ley definirán, en sus respectivos manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y los requisitos correspondientes para cada uno de los cargos, de conformidad con los lineamientos que emita al respecto la Contraloría General de la República. Artículo 30.�Jornada laboral. La jornada laboral del auditor y subauditor internos será de tiempo completo. En casos muy calificados, el jerarca podrá solicitar a la Contraloría General de la República una reducción de la jornada, la cual no podrá ser inferior a medio tiempo.
Las municipalidades cuyo presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos millones de colones (�200.000.000,00), podrán contratar, sin la autorización de la Contraloría General de la República, al auditor y al subauditor internos únicamente por medio tiempo. Para reducir la jornada laboral de la plaza del auditor o del subauditor internos, el jerarca ordenará un estudio técnico, que deberá presentarse a la Contraloría General de la República, la que resolverá en definitiva lo que proceda.
Artículo 31.�Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. El jerarca nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido por cada ente y órgano de la Administración Pública; se asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; todo lo cual deberá constar en el expediente respectivo. El expediente y la terna seleccionada deberán ser comunicados, en forma previa a los nombramientos, a la Contraloría General de la República, la cual analizará el proceso y lo aprobará o lo vetará. En este último caso, girará las disposiciones al ente u órgano respectivo y señalará los elementos objetados para su corrección; la administración deberá repetir el proceso a partir de la etapa donde se inició la objeción respectiva.
Artículo 32.�Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir las competencias asignadas por ley. b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas.
g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y colaborar con dicha información.
i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. Artículo 33.�Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades:
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna.
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. Artículo 34.�Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones:
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley. Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base.
Artículo 35.�Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven recomendaciones sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia.
Artículo 36.�Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:
Artículo 37.�Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.
Artículo 38.�Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas.
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N� 7428, de 7 de setiembre de 1994.
Art�culo 39.Causales de responsabilidad administrativa.
El jerarca y los titulares subordinados incurrir�n en responsabilidad administrativa y
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta
Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el r�gimen aplicable a la respectiva
relaci�n de servicios.
El jerarca, los titulares subordinados y los dem�s funcionarios
p�blicos incurrir�n en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones
el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo,
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, seg�n la normativa t�cnica aplicable.
Asimismo, cabr� responsabilidad administrativa contra el jerarca que
injustificadamente no asigne los recursos a la auditor�a interna en los t�rminos del
art�culo 27 de esta Ley.
Igualmente, cabr� responsabilidad administrativa contra los
funcionarios p�blicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en
materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las
acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditor�a interna, sin
perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente.
p�blicos tambi�n incurrir�n en responsabilidad administrativa y civil, cuando
corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el
subauditor y los dem�s funcionarios de la auditor�a interna, establecidas en esta Ley. Cuando se trate de actos u omisiones de �rganos colegiados, la
responsabilidad ser� atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera
expresa, el voto negativo.
Artículo 40.�Causales de responsabilidad administrativa del auditor y el subauditor internos y los demás funcionarios de la auditoría interna. Incurrirán en responsabilidad administrativa el auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna cuando, por dolo o culpa grave, incumplan sus deberes y funciones, infrinjan la normativa técnica aplicable o el régimen de prohibiciones referido en esta Ley; todo sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. Artículo 41.�Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala esta Ley serán sancionadas así:
Artículo 42.�Competencia para declarar responsabilidades. Las sanciones previstas en esta Ley serán impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en los entes y órganos sujetos a esta Ley, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable.
Artículo 43.�Prescripción de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley, prescribirá según el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N� 7428, de 7 de setiembre de 1994.
Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar prescribir la responsabilidad del infractor, sin causa justificada. CAPÍTULO VI
Artículo 44.�Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en un plazo máximo de tres meses a partir de su publicación. El proyecto de reglamento será remitido en consulta a la Contraloría General de la República. Art�culo 45.Reformas. Modif�case la siguiente normativa:
a) Ref�rmanse el art�culo 26, el p�rrafo primero del art�culo 31 y
el art�culo 71 de la Ley Org�nica de la Contralor�a General de la Rep�blica, N� 7428,
de 7 de setiembre de 1994. Los textos dir�n:
"Art�culo 26.Potestad sobre auditor�as internas. La
Contralor�a General de la Rep�blica fiscalizar� que la auditor�a interna de los entes
y �rganos sujetos a su competencia institucional, cumpla adecuadamente las funciones que
le se�ala el ordenamiento jur�dico que la regula; coordinar�, como m�nimo, una
actividad anual para fortalecer su gesti�n. El resultado de dichas fiscalizaciones
deber� ser informado directamente al jerarca de la instituci�n y al auditor interno,
quienes estar�n obligados a tomar las medidas necesarias para su acatamiento o, en su
defecto, a plantear su oposici�n, dentro de un plazo m�ximo de quince d�as h�biles.
Presentada la oposici�n, la auditor�a interna dispondr� de un plazo
m�ximo de treinta d�as h�biles, contados a partir del recibo del informe de la
Contralor�a, para fundamentar debidamente su oposici�n.
Recibida la fundamentaci�n de la oposici�n, la Contralor�a General
de la Rep�blica tendr� un plazo m�ximo de treinta d�as h�biles para resolver el
conflicto planteado y deber� notificar, de inmediato, al ente u �rgano discrepante, lo
resuelto en este asunto."
"Art�culo 31.Potestad de informar y asesorar. La
Contralor�a General de la Rep�blica rendir�, a los �rganos parlamentarios y a cada uno
de los diputados, los informes que estos le soliciten; lo realizar� de oficio cuando su
participaci�n se haya solicitado de conformidad con el segundo p�rrafo del art�culo 22
de la presente Ley. En raz�n del car�cter de �rgano auxiliar en el control y la
fiscalizaci�n de la Hacienda P�blica, la Contralor�a General de la Rep�blica remitir�
al Plenario Legislativo copia de todos los informes restantes que rinda en el ejercicio de
dichas potestades.
"Art�culo 71.Prescripci�n de la responsabilidad
disciplinaria. La responsabilidad administrativa del funcionario p�blico por las
infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalizaci�n
superiores, prescribir� de acuerdo con las siguientes reglas:
a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la
responsabilidad prescribir� en cinco a�os, contados a partir del acaecimiento del hecho.
b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio
entendido este como aquel hecho que requiere una indagaci�n o un estudio de
auditor�a para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribir� en
cinco a�os, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagaci�n o la
auditor�a respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente
para dar inicio al procedimiento respectivo.
La prescripci�n se interrumpir�, con efectos continuados, por la
notificaci�n al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento
Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezar� a correr
a partir de la fecha en que �l termine su relaci�n de servicio con el ente, la empresa o
el �rgano respectivo.
Se reputar� como falta grave del funcionario competente para iniciar
el procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la
responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada."
b) Ref�rmase el art�culo 18 de la Ley sobre enriquecimiento il�cito
de los servidores p�blicos, N� 6872, de 17 de junio de 1983. El texto dir�:
"Art�culo18.El responsable de la unidad de recursos humanos
de cada entidad o, en su defecto, aquel quien el jerarca defina, deber� informar a la
Contralor�a General de la Rep�blica, dentro de los ocho d�as siguientes a cada
nombramiento, el nombre y las calidades de los servidores que ocupen los cargos para cuyo
desempe�o se requiera la declaraci�n jurada de bienes, con indicaci�n de la fecha en
que esos funcionarios iniciaron sus funciones.
Dentro del mismo plazo citado en el p�rrafo anterior, cada entidad
deber� informar la fecha en que, por cualquier circunstancia, los servidores obligados a
declarar concluyan su relaci�n de servicio. La desobediencia de esta obligaci�n ser�
considerada falta grave, para todos los efectos legales."
c) Ref�rmase el art�culo 4 de la Ley Org�nica de la Procuradur�a
General de la Rep�blica, N� 6815, de 27 de setiembre de 1982. El texto dir�:
"Art�culo 4.Consultas. Los �rganos de la Administraci�n
P�blica, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podr�n
consultar el criterio t�cnico-jur�dico de la Procuradur�a; en cada caso, deber�n
acompa�ar la opini�n de la asesor�a legal respectiva, salvo el caso de los auditores
internos, quienes podr�n realizar la consulta directamente."
d) Adici�nase el inciso 1) al art�culo 5 del Estatuto del Servicio
Civil, Ley N� 1581, de 30 de mayo de 1953. El texto dir�:
"Art�culo 5.Quedan tambi�n exceptuados de este
Estatuto, los siguientes funcionarios y empleados:
l) Los auditores y subauditores internos de los ministerios y
organismos adscritos."
Art�culo 46.Derogaciones.
Der�ganse los art�culos 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la Ley Org�nica de la
Contralor�a General de la Rep�blica, N� 7428, de 7 de setiembre de 1994.
Transitorio I.�Los entes y órganos sujetos a esta Ley cuyo auditor y subauditor internos estén nombrados con una jornada laboral inferior a medio tiempo a la fecha de su publicación, dispondrán de un plazo máximo de doce meses para ajustarse a lo aquí dispuesto.
Transitorio II.�Las instituciones públicas que en sus leyes constitutivas cuenten con un auditor interno sujeto a un plazo legal de nombramiento, una vez que este venza deberán elegir, por tiempo indefinido, a un auditor interno, mediante concurso interno o externo.