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Timestamp: 2018-01-22 07:57:39
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Matched Legal Cases: ['Artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 8', 'Artículo 37']

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CONCURSOS. Proceso de verificación. Artículo 37 de la Ley 24522. Incidente de revisión. AFIP.
Expte. C.S.J. N° 606, año 2006 - “Sociedad Electro Industrial -Concurso Preventivo-Incidente de Revisión promovido por A.F.I.P.- s/recurso de inconstitucionalidad” - CSJ DE SANTA FE - 15/08/2007
CONCURSOS. Proceso de verificación. Artículo 37 de la Ley 24522. Incidente de revisión. AFIP. Crédito por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Causa. Declaración jurada. Falta de causa sobre una determinación de oficio. Sentencia arbitraria
“En el “sub judice”, la recurrente funda principalmente su acusación de arbitrariedad en que el Sentenciante habría interpretado irrazonablemente la prueba e incurrido en notorio desconocimiento de las constancias acompañadas, por haber analizado la “falta de causa sobre una determinación de oficio”, cuando el debate versaba acerca de la “declaración jurada de ganancia mínima presunta” que -según alega la incidentista- había presentado la propia contribuyente. Debo adelantar que asiste razón a la impugnante.”
“Según los términos en que fuera trabada la litis, y más allá de que la sindicatura se haya referido a un “proceso de determinación de oficio” y a un “proceso de inspección”, lo cierto es que la accionante adujo en ambas instancias la existencia de “declaración jurada determinativa” presentada por la contribuyente, de la que se deducía el monto o saldo a pagar en concepto de “Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”, alegando ante la Sala que para confirmar su aseveración bastaba remitirse a la documental acompañada al momento de presentar la demanda de verificación.”
“Siendo ello así, merece reproche constitucional la decisión atacada, toda vez que el A quo sustentó el rechazo del crédito pretendido en el supuesto carácter “oficioso” de la determinación del tributo, sin evaluar la documental acompañada por la entidad recaudadora -impresión del sistema informático “DOS MIL” y demás constancias obrantes a fojas 5/7- que daba cuenta de la presentación de “declaración jurada” por parte de la contribuyente, como sus alegaciones respecto de la validez y suficiencia de dicha prueba que adjuntara en oportunidad de insinuarse en el pasivo concursal.”
“Este déficit del Juzgador, que se traduce en los términos de la doctrina de la arbitrariedad en omitir considerar cuestiones decisivas para la suerte de la litis, inficiona todo el posterior análisis que hace el A quo en torno a la falta de acreditación de los parámetros para la determinación de la acreencia pretendida, en tanto ninguna conexión cuenta con las constancias de la causa y las normas aplicables en la especie.”
En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de agosto del año dos mil siete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SOCIEDAD ELECTRO INDUSTRIAL -Concurso Preventivo-Incidente de Revisión promovido por A.F.I.P.- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. C.S.J. N° 606, año 2006)).//-
Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:
TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler.-
A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:
Mediante resolución registrada en A. y S., T. 217, págs. 413/417, esta Corte admitió parcialmente la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos contra la sentencia del 20 de agosto de 2004, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, por entender que las alegaciones de la recurrente endilgando al Tribunal a quo haber efectuado una valoración errónea de la prueba e incurrido en notorio desconocimiento de las constancias acompañadas, por haber analizado la “falta de causa sobre una determinación de oficio”, cuando el debate versaba acerca de la “declaración jurada de Ganancia Mínima Presunta” presentada por la propia contribuyente, podían configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción.-
El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión de conformidad con lo propiciado por el señor Procurador General (fs. 118/119).-
Voto, pues, por la afirmativa.-
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.-
A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:
1. En la presente causa la Administración Federal de Ingresos Públicos promovió incidente de revisión previsto por el artículo 37 de la ley 24522 contra la resolución del Juez de baja instancia, del 19 de noviembre de 2001, solo en cuanto había declarado admisible el crédito de la citada entidad por un monto inferior al insinuado en el pasivo concursal.-
En lo que aquí concierne, cabe destacar que la acreencia privilegiada pretendida por el Fisco ascendía a $21.912,22, pese a lo cual, en la resolución de verificación y graduación de créditos, el Juez de baja instancia sólo había admitido por tal concepto la suma de $11.857,22.-
En punto a ello la incidentista sostuvo al promover la revisión que, para justificar la causa del crédito por Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, había presentado ante la sindicatura un formulario del que surgía que la intimación despachada a la concursada encontraba fundamento en la “falta de pago de declaración jurada determinativa”;; aclaró que la propia contribuyente había presentado esa declaración jurada el 8.05.2001, consignando un monto de $10.055,80; y citó los artículos 11 y siguientes de la ley 11683 en apoyo de su pretensión (cfr. fs. 8/16).-
Por su parte, la concursada -al contestar la demanda incidental, y en lo que aquí interesa- negó haber presentado la declaración jurada en relación con el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, carga fiscal a la que desconoció la condición de “impuesto” en sentido pleno de la palabra y consideró un artilugio legal y una mera ficción recaudatoria; asimismo, y entre otras alegaciones, aseveró que los elementos de prueba que pretendía introducir la accionante como sustento de su revisión resultaban insuficientes para justificar el crédito insinuado (cfr. fs. 22/23).-
Corrido traslado a la sindicatura, lo contestó remitiendo al informe individual correspondiente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (legajo nro. 1), en el que había analizado la acreencia pretendida, dictaminando que el órgano recaudador no había acreditado en forma alguna los parámetros utilizados para la determinación del tributo (Ganancia Mínima Presunta), ni los procesos de determinación de oficio e inspección; a lo que agregó que la interesada no () acompañaba en la revisión la documental necesaria para acreditar el monto del impuesto pretendido y que la empresa concursada había arrojado resultados negativos en sus últimos ejercicios económicos (cfr. fs. 25/26).-
El Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número 1 de esta ciudad, mediante sentencia del 28.11.2003, rechazó la revisión incoada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, imponiéndole las costas del proceso (fs. 27/29).-
Apelado dicho decisorio (f. 35) y concedido el recurso (f. 38), la entidad fiscal expresó agravios ante la Alzada, señalando que no sólo había indicado la causa del crédito, sino que ella se hallaba totalmente acreditada, pues se había adjuntado como prueba documental fotocopia certificada de la intimación por falta de pago de declaración jurada cursada a la contribuyente e impresión del sistema informático del cual surgía el importe declarado por ésta en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la alícuota que resultaba exigible (ver f. 61).-
Al contestar los agravios, la concursada endilgó al Fisco no haber realizado ninguna actividad probatoria, ni desarrollado una exposición fundamentada para establecer los parámetros de determinación impositiva, la legitimidad del crédito insinuado y, fundamentalmente, el monto que correspondía aplicar en tal sentido (ver f. 69); también cuestionó la documentación acompañada por la accionante, por tratarse de instrumentos emitidos por ella en forma unilateral, que fueron negados por la concursada y de los que no surgía que el importe consignado se ajustara a derecho (ver f. 69vto.).-
La Sala corrió vista a la sindicatura, quien al contestarla y con respecto al crédito privilegiado en cuestión, reiteró simétricamente lo expresado en baja instancia (f. 76).-
Mediante acuerdo del 20 de agosto de 2004 la Cámara desestimó el recurso de apelación y confirmó la resolución impugnada, con costas a la vencida.-
Para así resolver consideró principalmente que el Juez de primera instancia no había incurrido en error cuando concluyó que no se habían acreditado los parámetros utilizados para la determinación del tributo -Ganancia Mínima Presunta-, como así tampoco el procedimiento de determinación de oficio, ni el proceso de inspección para comprobar la real existencia de la deuda invocada por la incidentista;; a lo que añadió que no surgían de los agravios hechos explicativos que permitieran la indagación de la causa (cfr. fs. 78/79).-
2. Contra tal pronunciamiento deduce el organismo fiscal recurso de inconstitucionalidad, endilgando al Tribunal haber incurrido en arbitrariedad en su decisión, con lesión de derechos y garantías de raigambre constitucional, tales como la propiedad y el debido proceso legal. Cita el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.-
Con relación al tópico que aquí interesa, endilga al Judicante haber efectuado una interpretación irrazonable -errónea y contradictoria- de la prueba, por haber tratado el agravio de falta de causa sobre una determinación de oficio, cuando en autos se discutía acerca de la declaración jurada de Ganancia Mínima Presunta (presentada por la propia contribuyente), documental que fuera adjuntada al recurso de revisión.-
Aduce, además, que el procedimiento de determinación de oficio se inicia cuando no se han presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, pero, según dice, en la especie existe una declaración jurada -importe declarado por la misma contribuyente mediante impresión del sistema “DOS MIL”- que de acuerdo con la normativa tributaria reviste carácter confesorio y obliga a la responsable.-
3. Evacuado el traslado que prescribe el artículo 4 de la ley 7055 (fs. 102/106), y contestada vista por la sindicatura (f. 109), la Sala, mediante auto del 29 de noviembre de 2004, denegó la concesión del recurso interpuesto (fs. 111/112).-
Frente a ello, la impugnante ocurrió en queja ante este Corte, conforme al artículo 8 de la citada ley, obteniendo por esa vía la apertura de la instancia extraordinaria, con los alcances que se expresaran al analizar la primera cuestión.-
4. En el “sub judice”, la recurrente funda principalmente su acusación de arbitrariedad en que el Sentenciante habría interpretado irrazonablemente la prueba e incurrido en notorio desconocimiento de las constancias acompañadas, por haber analizado la “falta de causa sobre una determinación de oficio”, cuando el debate versaba acerca de la “declaración jurada de ganancia mínima presunta” que -según alega la incidentista- había presentado la propia contribuyente.-
Debo adelantar que asiste razón a la impugnante.-
En efecto: según los términos en que fuera trabada la litis, y más allá de que la sindicatura se haya referido a un “proceso de determinación de oficio” y a un “proceso de inspección” (ver fs. 25 y 76), lo cierto es que la accionante adujo en ambas instancias la existencia de “declaración jurada determinativa” presentada por la contribuyente, de la que se deducía el monto o saldo a pagar en concepto de “Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta” (ver fs. 9 y 61), alegando ante la Sala que para confirmar su aseveración bastaba remitirse a la documental acompañada al momento de presentar la demanda de verificación (f. 61).-
Siendo ello así, merece reproche constitucional la decisión atacada, toda vez que el A quo sustentó el rechazo del crédito pretendido en el supuesto carácter “oficioso” de la determinación del tributo, sin evaluar la documental acompañada por la entidad recaudadora -impresión del sistema informático “DOS MIL” y demás constancias obrantes a fojas 5/7- que daba cuenta de la presentación de “declaración jurada” por parte de la contribuyente, como sus alegaciones respecto de la validez y suficiencia de dicha prueba que adjuntara en oportunidad de insinuarse en el pasivo concursal.-
Este déficit del Juzgador, que se traduce en los términos de la doctrina de la arbitrariedad en omitir considerar cuestiones decisivas para la suerte de la litis, inficiona todo el posterior análisis que hace el A quo en torno a la falta de acreditación de los parámetros para la determinación de la acreencia pretendida, en tanto ninguna conexión cuenta con las constancias de la causa y las normas aplicables en la especie.-
Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento de la Alzada, en cuanto ha sido materia de la impugnación concedida por vía de queja, no resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas del caso y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido con el alcance antedicho.-
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.-
A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución de la Alzada en cuanto ha sido materia de la impugnación concedida. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas en el orden causado.-
A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.-
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución de la Alzada en cuanto ha sido materia de la impugnación concedida. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas en el orden causado.-
Registrarlo y hacerlo saber.-
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.//-
Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)
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