Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2494
Timestamp: 2020-06-02 09:20:55
Document Index: 51863641

Matched Legal Cases: ['Artículo 195', 'Artículo 94', 'Artículo 94', 'Artículo 23', 'Artículo 103', 'Artículo 47', 'Artículo 34', 'Artículo 34']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 365/1993
SENTENCIA 365/1993, de 13 de diciembre
ECLI:ES:TC:1993:365
En el recurso de amparo 168/91 interpuesto por don Faustino Martínez Fernández, representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistido por el Letrado don José María Paz Sueiro, contra la Sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 5 de noviembre de 1990, recaída en asunto de apelación núm. 1.642/87, desestimatoria del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de la Coruña, de 14 de septiembre de 1987, que a su vez desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Acuerdos de la Diputación Provincial de La Coruña, de 24 de septiembre de 1983. Han sido partes don Juan Pérez Rodríguez, representado y defendido por sí mismo por su condición de Licenciado en Derecho, la Diputación Provincial de La Coruña representada por la Procuradora de los Tribunales doña María de los Angeles Cuevas Martínez, asistida del Letrado don Santiago Muñoz Machado y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente del Tribunal don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Faustino Martínez Hernández, por medio de escrito presentado en este Tribunal en fecha 23 de enero de 1991, interpone recurso de amparo contra los Acuerdos de 24 de septiembre y 26 de noviembre de 1986 de la Diputación Provincial de La Coruña que resolvieron concurso y recurso de reposición, respectivamente, para la provisión de una plaza de Oficial Mayor de la citada Diputación, así como contra las Sentencias de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de La Coruña y del Tribunal Supremo (Sala Tercera) que declararon conforme a Derecho dichos Acuerdos.
a) Convocado concurso para la provisión de una plaza de Oficial Mayor de la Diputación Provincial de La Coruña, el tribunal otorga determinadas puntuaciones, figurando como primero de la lista el actual recurrente en amparo con la mayor puntuación y como segundo don Juan Pérez Rodríguez, proponiendo una terna integrada por el recurrente, en primer lugar, el Sr. Pérez Rodríguez, en segundo, y una tercera persona.
La Comisión Informativa de Personal propone, no obstante, al Pleno que el nombramiento recaiga sobre el segundo integrante de la terna, don Juan Pérez Rodríguez, y así lo acuerda el Pleno Corporativo, tras debatir siete veces consecutivas el asunto.
El actual recurrente en amparo interpuso a su vez recurso contencioso contra la Resolución de nombramiento y la que desestimó el recurso de reposición (de fecha 24 de septiembre y 26 de noviembre, respectivamente), dando lugar al recurso núm. 101/84, que la expresada Sala acumuló al 566/83 antes citado.
Considera el recurrente que el Acuerdo de nombramiento y las Sentencias que lo confirman, al fundamentarse en el sistema de "terna" y en la adjudicación de la plaza según la propuesta de la Comisión Informativa y no en el principio de méritos y capacidades (según el cual, el primero y que obtuvo mayor puntuación es el recurrente), vulneran el invocado precepto constitucional y señala que un supuesto similar fue resuelto por este Tribunal mediante la STC 193/1987, que estimó lesionado tal derecho fundamental por idénticas causas.
5. Por nueva providencia de 2 de diciembre de 1991 se tuvo por personados a don Juan Pérez Rodríguez, en su propio nombre y representación, así como a la Procuradora doña María de los Angeles Cuevas Martínez, en nombre de la Diputación Provincial de La Coruña, y se acordó darle vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal, al recurrente en amparo y a los demás personados para que en plazo de veinte días formularan alegaciones, debiendo presentar la Procuradora citada el poder acreditativo de su personalidad.
El referido Acuerdo del Pleno de la Corporación provincial hizo suya la propuesta de la Comisión Informativa de Personal que, alterando el orden de la terna según la selección llevada a efecto por el Tribunal constituido para juzgar el concurso-oposición, propuso en primer término al candidato que había sido puntuado en segundo lugar por el Tribunal (5.53 puntos quien ahora recurre y 5.33 el que resultó nombrado). El nombramiento, hecho por un órgano de carácter político, conforme propuso otro órgano -la Comisión Informativa de Personal- que tampoco tiene carácter técnico, se apartó de la selección llevada a cabo por el tribunal examinador, único órgano que manejó criterios objetivos de acuerdo con las bases dispuestas en la convocatoria.
La desigualdad que se denuncia y que se sitúa en los arts. 14 y 23.2 C.E. hay que concretarla en este segundo precepto, de acuerdo con una ya inveterada doctrina a este Tribunal de que, en lo referente al acceso y, en su caso, permanencia en la función pública, el precepto que juega es el art. 23.2 que singulariza una aplicación específica de la igualdad. La demanda impugna el Acuerdo por otros motivos, en especial que son legalmente inaplicables a un concurso para proveer una plaza de Oficial Mayor las condiciones previstas para aquellos cuerpos nacionales de la Administración Local (secretario, interventor y depositario); pero, sobre ser una objeción exclusivamente legal, que fue ya rechazada argumentadamente en las instancias judiciales previas, la cuestión hay que reducirla a si el nombramiento de candidato con menos méritos, cuantificados por el tribunal designado al efecto, en perjuicio del mejor derecho del actor, ha sido lesivo del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y conforme a los principios de mérito y capacidad.
Indica el Fiscal que la demanda aduce en apoyo de su pretensión lo resuelto en la STC 193/1987 y, tras referirse al caso de la Sentencia citada, señala su similitud con el caso que nos ocupa: el tribunal o comisión "baremó" objetivamente, con arreglo a lo dispuesto de modo previo, los méritos de los aspirantes, según lo cual quien ahora reclama tenía la más alta puntuación; la Corporación, sin embargo, alteró a su voluntad este orden y nombró a quien objetivamente tenía menos méritos. Y no importa que interviniera la llamada Comisión Informativa que no era el órgano previamente designado al que correspondía la valoración o juicio exclusivamente técnico; este órgano, que no era otro que el tribunal designado en su momento, valoró técnicamente los méritos de los concursantes; la posterior alteración de este resultado, ignorando mérito y capacidad, incurrió en la desigualdad prohibida por el art. 23.2 C.E. Se hace, pues, necesario concluir que ha existido la vulneración constitucional que la demanda denuncia al no respetar el Acuerdo de la Diputación Provincial recurrido las exigencias de igualdad, en relación con los principios de capacidad y mérito, que se disponen en la Constitución para el acceso a las funciones públicas, derecho constitucionalizado en el art. 23.2.
8. Don Juan Pérez Rodríguez, por escrito presentado el 30 de diciembre de 1991, formuló igualmente sus alegaciones expresando, al referirse a los hechos del supuesto, que en 1982 la Diputación Provincial de La Coruña convoca concurso para proveer el puesto de trabajo de Oficial Mayor, entre Secretarios de Administración Local de 1ª Categoría. Las Bases se ajustaron rigurosamente a las que utilizaba la Administración Central para el nombramiento de los Secretarios de Administración Local: méritos idénticos, Tribunal para valorarlos y sistema de terna, sin una sóla modificación que tuviera como finalidad personalizar el concurso. Las Bases son expuestas al público para dar la oportunidad de que se formulen reclamaciones. Todos los participantes las aceptan pacíficamente, mediante el acto consciente y propio de la falta de impugnación. La Diputación Provincial resuelve el concurso seleccionando para la provisión del puesto de trabajo al aspirante que ocupaba el segundo lugar en la terna. Al primero se le había atribuído una puntuación de 5,43 puntos y al segundo de 5,33. El Sr. Martínez formula recurso de reposición, contencioso-administrativo y de apelación contra la Sentencia resolutoria de éste, siendo todos desestimados.
La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece un nuevo sistema que, teniendo en cuenta el desarrollo efectuado por el R.D. 1.174/1987, de 18 de septiembre, presenta las siguientes características: a) los nombramientos se otorgarán por la Administración del Estado; b) el Ministerio para las Administraciones Públicas establecerá el baremo de méritos generales de preceptiva valoración, cuya puntuación alcanzará el 75 por 100 del total posible -30 puntos- conforme al baremo correspondiente; c) las Corporaciones Locales pueden establecer "méritos específicos", distintos a los recogidos en el baremo general, con una valoración de hasta el 25 por 100 del total posible -7,50 puntos-; d) un tribunal, en el seno de cada Corporación, evaluará los méritos de los candidatos y formulará la propuesta de nombramiento. La corta experiencia sufrida con este procedimiento, acredita que el sistema ha sido utilizado por las Corporaciones para predeterminar el resultado del concurso, estableciendo para ello los más ingeniosos méritos específicos.
Interesa destacar la plena aplicación de los principios enunciados de buena fe y confianza legítima, a la actuación de esta parte, que resulta acreditada con una sintética descripción de antecedentes. Participa en el año 1983 en un concurso que se rige por unas Bases-tipo, que vienen siendo utilizadas por la Administración del Estado desde hace más de treinta años años y cuya adecuación a Derecho ha sido proclamada por la Sala de la Audiencia Territorial y por el Tribunal Supremo. Ningún concursante impugna estas Bases. Toma posesión del puesto después de producida la Sentencia de la Audiencia Territorial.
Conviene destacar que, en el supuesto concreto que se plantea, es bien notoria la diferente posición y actitud de las dos partes. La del recurrente pone de manifiesto un peculiar sentido de la justicia y de la buena fe, pues participa en el proceso de selección convocado por la Diputación Provincial de La Coruña para proveer la plaza de Oficial Mayor en 1982, acata sus Bases y cuando la Corporación no le selecciona, con aplicación de las previsiones contenidas en las mismas, al elegir al 2º de la terna, procede a la impugnación del resultado. Sin embargo coetáneamente, el mismo recurrente participa en un concurso convocado por el Ministerio de Administración Territorial por Resolución de 17 de abril de 1984, en el cual resulta nombrado Secretario de la Diputación Provincial de Lugo, por Orden de 10 de julio de 1984. El recurrente -se dice- ha sido capaz de estar cuestionando la recta aplicabilidad del sistema de terna en el concurso convocado por la Excma. Diputación Provincial de La Coruña, al mismo tiempo que se beneficiaba de una desordenada utilización del mismo sistema, que permitió que fuese designado Secretario de la Diputación Provincial de Lugo, siendo el cuarto de la terna.
Tampoco se puede admitir la personación de don Juan Pérez Rodríguez, por carecer de interés, ni directo ni legítimo, ya que, ante la apelación del solicitante, hoy de amparo, don Juan Pérez Rodríguez cesó ( a petición propia o por decisión de la Diputación; no disciplinaria, por supuesto) en su cargo de Oficial Mayor, y se le destinó a otro puesto en la Diputación. En el momento presente, por lo tanto, aunque en su día fue favorecido con el nombramiento, ya no mantiene esa misma condición.
10. La Diputación Provincial de La Coruña, en escrito registrado el 15 de enero de 1992, formuló sus alegaciones argumentando que la plaza de Oficial Mayor de la Diputación fue convocada mediante concurso publicado en el B.O.P. de 16 de septiembre de 1982. Efectuada la convocatoria del concurso, las peticiones de los candidatos siguieron el curso previsto en la normativa entonces de aplicación; de esta forma, el tribunal designado al efecto valoró los méritos de los concursantes y elaboró la correspondiente terna, que después de los respectivos informes fue sometida a la Diputación, que finalmente seleccionó a don Juan Pérez. En la terna confeccionada estaban incluidos el ahora recurrente y don Juan Pérez, por este orden y con una diferencia en la puntuación de 0,10 puntos.
La cuestión planteada en esta sede constitucional fue manejada en el recurso contencioso-administrativo tramitado en primera instancia ante la entonces Audiencia Territorial de La Coruña. Pero el ámbito de la revisión jurisdiccional en segunda instancia resultaba manifiestamente incorrecto para suscitar tales cuestiones, por lo que debió haberse formulado el recurso de amparo frente a la Sentencia de primera instancia. En efecto, la cuestión suscitada inicialmente se integra en lo que la L.J.C.A. denomina como cuestiones de personal al servicio de la Administración Pública; y frente a las Sentencias que resuelvan este tipo de cuestiones el art 94.1 a) L.J.C.A señala que no cabe recurso de apelación. De tal forma que la vía judicial previa se agota con la Sentencia de primera instancia en esta clase de asuntos. En nuestro caso se forzó el recurso de apelación. Pero este recurso no era útil ni apto para invocar la presunta lesión constitucional que ahora se ha suscitado ante el Tribunal; el cauce procesal escogido constituye una excepción a la regla de la inapelabilidad de las Sentencias recaídas en asuntos que versen sobre personal al servicio de la Administración, y posee un ámbito de conocimiento limitado: el que versa sobre desviación de poder, que el entonces y ahora recurrente únicamente cifró en el retraso en la resolución del concurso. Por ello, el recurso de apelación suscitado era un cauce procesal manifiestamente incorrecto para que el ahora recurrente viera satisfechas sus pretensiones. En atención a estas consideraciones se explica la queja del recurrente respecto a que la Sentencia del Tribunal Supremo no incorpora la STC 193/1987; no tenía que incorporar ninguna referencia a las cuestiones suscitadas que no fuesen desviación de poder o la formación del tribunal calificador, como esta parte sostuvo en sus alegaciones ante el Tribunal Supremo.
Solamente en la alegación quinta, al hablar de la "incorrecta aplicación de la base quinta del concurso" formula, por vez primera, una referencia a la vulneración del art 23.2 de la Constitución al no adjudicarse la plaza al primero de los propuestos en la terna. Bien es cierto, no obstante, que en el suplico de su escrito solicita la anulación del nombramiento efectuado en favor de don Juan Pérez "por ser ilegal".
De todo ello resulta que la primera vez en la que el recurrente en amparo suscita su queja por la presunta lesión de un derecho fundamental es en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo; con anterioridad toda su oposición estaba estrictamente referida a motivos de legalidad ordinaria, sobre si es o no aplicable el sistema de terna a un determinado procedimiento de selección cuando está reservado a otro. Sucede, además, que cuando invoca por vez primera la presunta lesión de un derecho fundamental se encuentra, procesalmente, en una fase inidónea para hacerlo. De donde resulta que el Tribunal Supremo no pudo resolver su queja, pues la vía procesal no era idónea, y que ni en el recurso de reposición ni en el recurso contencioso-administrativo invocó derecho fundamental alguno. La conclusión, por lo tanto, es que no invocó los derechos fundamentales que ahora nos ocupan en la vía judicial precedente, y que por ello no ha cumplido con un requisito esencial de admisibilidad del recurso, que en esta fase se torna en causa de desestimación.
Además, su propio comportamiento ilustra suficientemente respecto a cómo consintió en la aplicación del sistema de terna y cómo acertó la legalidad del mismo. Consintió las bases de la convocatoria, en las que constaba (base quinta) el empleo del sistema de terna para proveer la plaza de Oficial Mayor. Conocía el sistema a emplear, no impugnó las bases, y muestra su oposición cuando no es seleccionado precisamente porque el sistema anunciado de terna no era aplicable al supuesto. Es este un punto de referencia de interés, del que difiere sustancialmente el presente recurso del resuelto por la STC 193/1987, en la que el supuesto de hecho era una convocatoria para proveer plaza de Secretario, y el recurrente desde el primer momento se alzó por entender contrario el sistema de terna a los arts 14 y 23.2 C.E..
1. El objeto del presente recurso de amparo consiste en determinar si los Acuerdos de la Diputación Provincial de La Coruña sobre nombramiento de Oficial Mayor han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente reconocidos en los arts. 14 y 23.2 de la Constitución. Para una delimitación precisa del objeto, tarea ésta necesaria incluso para resolver los óbices procesales planteados por las partes en sus alegaciones, debe recordarse que el primero de los Acuerdos impugnados resolvió el concurso convocado para la provisión de la plaza de Oficial Mayor, otorgando dicha plaza a don Juan Pérez Rodríguez, que había obtenido la segunda mejor puntuación en el concurso, en el cual el hoy recurrente obtuvo la primera, limitándose el segundo Acuerdo desestimar el recurso administrativo formulado contra el anterior. Nos encontramos, pues, ante el supuesto del art. 43 LOTC siendo las Sentencias posteriores mera expresión del agotamiento de la vía judicial.
Es indudable que la intervención en el proceso judicial previo y este amparo constitucional de las Administraciones Públicas debe someterse al régimen legal propio de capacidad y postulación de las mismas y que no es irrelevante, en tal sentido, que el ejercicio de acciones judiciales sea acordado por el órgano legalmente competente, en cuanto con ello se viene a exigir que tal decisión venga adoptada por quien pueda expresar válidamente la voluntad de la Corporación titular de los derechos e intereses en juego. Mas el recurrente reprocha la falta de acuerdo del órgano que tiene reservada la competencia para "ejercer acciones", lo que es bien distinto a personarse y ejercer la defensa judicial frente a acciones formuladas por otros, especialmente frente a Acuerdos tomados por el órgano competente; este último es casualmente el caso enjuiciado, en que la personación de la Diputación obedece a Resolución de su Presidente a los efectos de alegaciones y defensa, en esta vía constitucional, frente a la acción ejercida por el recurrente. Como, además, el Presidente ostenta la representación legal de la Corporación [art. 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local] y ha actuado cumpliendo los requisitos de postulación, nada cabe objetar a su personación. Sería dudoso, en todo caso, que en ello hubiera defecto insubsanable, dada la facultad legal para ejercitar acciones judiciales per se por razones de urgencia [art. 34.1 h) de la Ley 7/1985 citada], como la perentoriedad del plazo para la personación, por lo que, en ningún supuesto, sería procedente la inadmisión que el recurrente interesaba.
3. La segunda cuestión procesal afecta a la legitimación de don Juan Pérez Rodríguez, de quien dice el recurrente que, aunque en su día fue favorecido por el nombramiento, hoy ya no mantiene esa condición.
Sin embargo, a los efectos de resolver esta cuestión en sede constitucional, debe recordarse que los arts. 47.1 y 51.2 de la LOTC permiten la personación en este proceso de amparo de quienes hubiesen sido parte en el proceso judicial previo, cualidad indiscutida respecto del Sr. Pérez Rodríguez, por lo que, sin necesidad de estudiar si ello es requisito de legitimación o de otra clase y su afectación por circunstancias sobrevenidas, debe entenderse infundada la objeción al respecto formulada por el demandante de amparo.
Una de tales divergencias radicales se centra en que en el sistema para provisión de plazas enjuiciado por la STC 193/1987 los méritos o la capacidad de los candidatos se hacían depender, en su determinación y valoración, con exclusividad del baremo reglamentario mientras que en el presente caso las bases del concurso expresamente preveían que, de entre los mejores puntuados según tal baremo, la Corporación seleccionaría de entre la terna, según la información que le fuera facilitada sobre la idoneidad de los seleccionados para el puesto a cubrir. No se sometió el concurso, pues, de forma exclusiva al baremo mencionado, haciéndose depender la selección del criterio de "idoneidad" para el puesto, sobre lo que luego habrá de volverse para enjuiciarlo desde la perspectiva constitucional.
La segunda de las divergencias anunciadas consiste, cabalmente, en la motivación de los Acuerdos aquí impugnados sobre la selección del candidato. En este sentido, el Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de 24 de septiembre de 1983, de un lado, indicaba en sus antecedentes que "la propuesta en terna se ha formulado en base a las puntuaciones que se determinan en el Escalafón de Secretarios de primera categoría...,obtenidos en aplicación de la Tabla de valoración de méritos a que se refiere el art. 195 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, en sus términos vigentes..., más aquéllos correspondientes al tiempo transcurrido desde la fecha de publicación del Escalafón, hasta el día de tramitación de presentación de instancias y que, hecho esto, la Excma. Diputación resolverá adjudicando la plaza a favor del concursante de la terna que estime más idóneo para el cargo, teniendo en cuenta, a este objeto, las condiciones personales que en cada uno concurren, de los tres presentados por el tribunal, y que se deducen de sus respectivas documentaciones". En relación con este segundo inciso de los antecedentes del Acuerdo, debe recordarse que la propuesta del tribunal de 23 de marzo de 1983, decía elevar "la siguiente terna de concursantes mejor calificados, para que la Corporación Provincial resuelva este concurso seleccionando, de entre los tres que comprende, a aquél que considere con mayor adecuación e idoneidad para ocupar el cargo de Oficial Mayor..., todo ello de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en las Bases de la Convocatoria del concurso".
Fruto de tales premisas fue el contenido del Acuerdo que forzosamente hemos de transcribir también: "SE DISPONE: Adjudicar la plaza de Oficial Mayor, con destino en la Diputación Provincial de la Coruña, al concursante DON JUAN PEREZ RODRIGUEZ, por estimar que es el que reúne las mejores condiciones para el cargo, teniendo en cuenta su idoneidad, experiencia profesional y capacitación en materias como: Personal, Urbanismo, Organización y Métodos, Ordenación del Territorio, Estructura Orgánica de Corporaciones Locales, y además, como aparece acreditado en las diversas certificaciones aportadas en justificación de su Curriculum vitae, tales como participación en cursos, desempeño de cargos y plazas, así como el hecho de haber desarrollado su labor profesional en el territorio de la Comunidad Autónoma."
Dicho precepto, según hemos dicho en la STC 293/1993, al reconocer a los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas con los requisitos que señalen las Leyes, "no confiere un derecho sustantivo a desempeñar funciones determinadas (SSTC 50/1986 y 200/1991), sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas" y, como antes recordábamos, "interpretado sistemáticamente con el segundo inciso del art. 103.3 C.E., impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de mérito y capacidad" (fundamento jurídico 4º).
Aun más, como la STC 293/1993 advierte, "el precepto actúa no sólo en el momento del acceso a la función pública, sino también durante la vigencia de la relación funcionarial y, por tanto, es aplicable a los actos relativos a la provisión de puestos de trabajo (SSTC 75/1983, 15/1988 y 47/1989)". Sin embargo, "es diferente el rigor e intensidad con que operan los principios de mérito y capacidad según se trate del inicial ingreso en la función pública o del ulterior desarrollo o promoción de la propia carrera administrativa, pues en el supuesto de provisión de puestos de trabajo entre personas que ya han accedido a la función pública y, por ende, acreditado los requisitos de mérito y capacidad, cabe tener en cuenta otros criterios distintos enderezados a lograr una mayor eficacia en la organización y prestación de los servicios públicos o a satisfacer otros bienes constitucionalmente protegidos (SSTC 192/1991 y 200/1991)".
Tal doctrina explica que, en relación con un supuesto de adscripción con libre discrecionalidad del órgano competente, la STC 293/1993 citada dijera que no puede reprocharse la falta de algún sistema objetivo de provisión como el concurso (o la libre designación allí mencionada) pues "en nuestro ordenamiento no existe un sólo sistema o procedimiento para la provisión de puestos de trabajo entre funcionarios, ni existe tampoco homogeneidad entre las situaciones de permanencia y estabilidad correspondientes a los diverso puestos", de forma que "para la provisión de los puestos de trabajo las Administraciones disponen de un cierto margen de actuación", sujeto a los límites jurídicos generales y concretos, entre ellos el de la no arbitrariedad.(fundamento jurídico 5º).
En ese supuesto, por último, se negó la existencia de violación del art. 23.2 C.E.al no deducirse de los datos obrantes que la provisión del puesto se haya guiado por acepciones o pretericiones individuales, produciéndose en definitiva una reserva explícita o encubierta de funciones públicas ad personam constitucionalmente prohibida, pues el perfil profesional de algunos puestos de trabajo requería ciertas cualidades subjetivas, conocimientos o una especial dedicación que pueden ser valorados en la selección del candidato idóneo para desempeñarlos.
Del primer dato no hay duda alguna sobre el hecho de que se trataba de un concurso para la provisión de plaza entre quienes reunían ya la cualidad de funcionarios y, en concreto, de Secretarios de Administración Local de 1ª Categoría.
Número y fecha BOE [Núm, 16 ] 19/01/1994 Corrección 1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 168-1991
Contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimatoria del recurso de apelación interpuesto contra la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña que, a su vez, desestimó recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Acuerdos de la Diputación Provincial de La Coruña.
El art. 23.2 C.E., según hemos dicho en la STC 293/1993, al reconocer a los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas con los requisitos que señalen las Leyes, «no confiere un derecho sustantivo a desempeñar funciones determinadas, sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones públicas» e, «interpretado sistemáticamente con el segundo inciso del art. 103.3 C.E., impone la obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de mérito y capacidad» [F.J. 7].
Con estas premisas, es obligado examinar si en la provisión del puesto aquí discutido, entre personas que ya ostentaban la cualidad de funcionarios y, por ello, acreditados su mérito y capacidad, se tuvieron en cuenta otros criterios constitucionalmente válidos, como son los dirigidos a lograr una mayor eficacia en la organización y prestación de los servicios o a satisfacer otros bienes constitucionalmente protegidos; al mismo tiempo habrá de contrastarse si medió alguna arbitrariedad de la Corporación, que se reservó un margen de calificación de la idoneidad, si ha habido alguna acepción o preterición o si el perfil del puesto exigía conocimientos u otras cualidades subjetivas que se tuvieran en cuenta. Los datos de la estabilidad y funciones del puesto habrán de ser igualmente ponderados, pues es evidente que las diferencias al respecto pueden justificar sistemas de provisión con mayor margen de discrecionalidad aún, como el de la denominada libre designación. Sólo con este examen complejo cabría contar con fundamentos para apreciar o rechazar la alegada vulneración «ex» art. 23.2 C.E. [F.J. 8].
Los argumentos anteriores, en síntesis, nos enfrentan a un supuesto en que se trataba de la provisión de un puesto entre personas con méritos y capacidad ya acreditados, provisión en la que razonada y razonablemente se tuvieron en cuenta otros criterios constitucionalmente válidos, que intentaban garantizar la mejor adecuación al puesto del seleccionado por sus conocimientos específicos y experiencias concretas en materias relacionadas con la actividad a realizar en el puesto. No medió en ello arbitrariedad, acepción ni preterición, sino que se exigían conocimientos y cualidades del sujeto que el seleccionado reunía. En ello consistía su idoneidad concreta, por lo que no se aprecia, en este supuesto, vulneración del art. 23.2 C.E, debiendo desestimarse el amparo [F.J. 11].
Artículo 195, ff. 6, 9, 10
Artículo 94.1 c), f. 4
Artículo 94.2 a), f. 4
Artículo 23.2, ff. 1, 5, 7, 8, 11
Artículo 103.3, ff. 5, 7
Artículo 47.1, f. 3
Artículo 34.1 b), f. 2
Artículo 34.1 h), f. 2
Contenido del derecho a acceder a los cargos públicosContenido del derecho a acceder a los cargos públicos, f. 7
Derecho a acceder a las funciones públicasDerecho a acceder a las funciones públicas, ff. 5, 7
Discrecionalidad administrativaDiscrecionalidad administrativa, f. 7
Potestad de autoorganizaciónPotestad de autoorganización, f. 7
Principios de mérito y capacidadPrincipios de mérito y capacidad, f. 7
Secretarios de ayuntamientoSecretarios de ayuntamiento, f. 5
Acceso a la función públicaAcceso a la función pública, f. 7
Funcionarios de la Administración localFuncionarios de la Administración local, f. 5
Provisión de puestos de trabajoProvisión de puestos de trabajo, ff. 5, 7
Cuestiones de personal al servicio de la Administración públicaCuestiones de personal al servicio de la Administración pública, f. 4
PersonaciónPersonación, ff. 2, 3