Source: http://suontraj-merida.blogspot.com/2012/01/
Timestamp: 2018-07-17 15:26:56
Document Index: 168588153

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 293', 'artículo 82', 'artículo 84', 'artículo 82', 'artículo 88', 'artículo 104']

SUONTRAJ SECCIONAL MÉRIDA: enero 2012
Consejo Moral admite denuncias contra Magistrado por “otorgar credenciales a Makled”
Durante sesión celebrada el miércoles 25 de enero, los miembros del Consejo Moral Republicano conocieron los fundamentos de la denuncia realizada por Rafael Rodríguez Mudarra, presidente del Partido Político Unión Republicana (URD), contra el magistrado de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la República, por lo que acordaron notificarle la interposición de la citada denuncia ante este órgano colegiado.
Según el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el magistrado Aponte Aponte contará, a partir del momento de la notificación de este acto, con un lapso de ocho días hábiles para presentar sus alegatos en el marco del debido proceso. Seguidamente la Presidenta del Consejo Moral deberá llamar a sesión extraordinaria para que los miembros del Poder Ciudadano conozcan y analicen la documentación del escrito de descargos y los soportes que acompañen la solicitud. Luego deberán deliberar, y por mayoría simple, adoptarán la resolución correspondiente.
La presidenta del Consejo Moral Republicano y Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y la Contralora General de la República, Adelina González, acordaron en la sesión ordinaria librar la notificación para que el denunciado acuda con sus descargos.
En este sentido, Ramírez explicó que “de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano corren los lapsos y en ocho días el magistrado deberá presentar sus escritos de descargos y hacer uso del derecho a la defensa que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”
Además, ratificó que se debe presumir su inocencia y tiene el derecho de ser escuchado. “En esos ocho días puede presentarse y ser oído por el Poder Ciudadano y éste librar algunas notas, informaciones, entrevistas, actuaciones que tiendan a clarificar algún aspecto para tomar la decisión definitiva, la cual estará ajustada al Procedimiento por falta de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia que está previsto en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, enero 30, 2012 Vínculos a esta publicación
Por el arrollamiento de un exjuez fue privada de libertad la coordinadora de la Defensa Pública en Yaracuy
Publicado el 30 de ene de 2012 5:10 pm |
(Caracas, 30 de enero de 2011) El Ministerio Público logró privativa de libertad para la coordinadora de la Defensa Pública en Yaracuy, Wileidil Salas (33), por presuntamente ser responsable del arrollamiento que causó la muerte del exjuez y profesor universitario Hugo Alberto Padilla (75), hecho ocurrido el pasado 18 de enero, en San Felipe.
Los fiscales 4º auxiliares de dicha jurisdicción, Ismervi Riera y Francisco Gramal, respectivamente, imputaron a Salas por la presunta comisión del delito de homicidio intencional simple a título de dolo eventual.
Adicionalmente, Salas fue imputada por el delito de omisión de socorro, pues habría huido del lugar donde fue arrollado Padilla.
En ese sentido, el Tribunal 6º de Control de Yaracuy, con base a los elementos de convicción expuestos por la fiscal, dictó para la mujer medida de arresto domiciliario con apostamiento policial.
De acuerdo con la investigación, la víctima llegaba a una panadería a las 7 de la mañana, cuando fue embestida por una camioneta presuntamente conducida por Salas, por lo que murió en el trasladado a un centro asistencial cercano al lugar del hecho
De esta manera, como resultado de la investigación coordinada por el Ministerio Público y realizada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Dirección de Tránsito Terrestre de San Felipe, los fiscales solicitaron orden de aprehensión contra Salas que fue acordada por la referida instancia judicial y materializada el lunes 23 de enero.
El TSJ aplaza para el 31 de enero el acto de inicio de sus actividades
El Acto de Apertura Judicial, evento en el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los demás juzgados del país inician oficializan sus actividades cada nuevo año, fue pospuesto para el próximo 31 de enero.
En un principio la sesión solemne estaba prevista que se celebrara hoy. Sin embargo, compromisos previos inaplazables del presidente de la República, Hugo Chávez, motivaron a la directiva del organismo rector del Poder Judicial a modificar la fecha con el fin de lograr que él asista.
La información la suministraron fuentes del máximo juzgado, las cuales confirmaron que los 32 magistrados ya fueron convocados al acto de instalación, la cual se realizará como ya es tradición en el auditorio principal del edificio del TSJ a las once de la mañana.
Algunos magistrados consultados expresaron su disgusto por este cambio. "¿Hasta cuándo debemos ajustarnos a la agenda de otro poder? Si alguien no puede venir, pues que no venga. Este cambio implica retrasar audiencias orales y públicas que ya estaban pautadas en algunas salas tanto para el jueves como para el martes", manifestó uno de los interrogados.
El año pasado el TSJ también pospuso en varias ocasiones la celebración de este acto y al final lo fijó para el sábado 5 de febrero, a las cinco de la tarde, todo con ello para lograr que el primer mandatario pudiera acudir.
No obstante, estos cambios el Jefe del Estado se ausentó. ¿La razón? El día antes se trasladó a Valencia (Carabobo) para asistir a una concentración por el 19 aniversario de la intentona golpista que el encabezó el 4 de febrero de 1992, pese a presentar un cuadro de "infección gripal severo". La afección se complicó y le obligó a guardar cama.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, enero 26, 2012 Vínculos a esta publicación
Confirmada muerte del Procurador General de la República, Carlos Escarrá Malavé
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s miércoles, enero 25, 2012 Vínculos a esta publicación
COMITÈ DIRECTIVO SECCIONAL
Los Miembros del Comité Directivo Seccional, Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ
TEODULA ROJAS DE DAVILA
Quien en vida fuese abuela Madre de nuestro compañero Richard Antonio Dávila, Presidente de la Seccional Mérida de esta Organización sindical.
SECRETARIO DE ÓRGANIZACIÓN SECCIONAL
Mérida, 24 de Enero de 2.012
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TSJ obliga a dialogar a partes enfrentadas en PPT
PEDRO PABLO PEÑALOZA , CON INFORMACIÓN DE MIRIAM RIVERO | EL UNIVERSAL
O se sientan o se sientan. A través de una sentencia emitida el miércoles 18 de enero, el magistrado Fernando Vegas Torrealba, miembro de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, obliga a las tres partes enfrentadas por el control de Patria Para Todos a reunirse este lunes.
Vegas Torrealba ordenó a Simón Calzadilla (oposición), Luis Tellería (chavista) y Rafael Uzcátegui (ni-ni) a dialogar con la finalidad de "instalar el órgano temporal que debe estar constituidos por ellos" para llevar las riendas de PPT.
En un fallo anterior, la Sala Electoral del TSJ desconoció los resultados de una asamblea que concluyó con la elección de Calzadilla como nuevo secretario general de los azules, en sustitución de José Albornoz. Igualmente, el organismo rector del Poder Judicial dividió la dirección de PPT entre Calzadilla, Tellería -fundador de PPT-Maneiro- y Uzcátegui.
Calzadilla promueve el acercamiento con la Mesa de la Unidad Democrática e impulsa la candidatura presidencial del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Tellería insiste en apoyar al presidente Hugo Chávez. Uzcátegui rechaza estas tesis y dice defender una política de "despolarización" del país.
La decisión de Vegas Torrealba responde a una solicitud de Tellería, quien también pidió al TSJ que utilizara la fuerza pública para hacer efectiva la primera resolución, argumentando que el grupo de Calzadilla obstaculiza su cumplimiento y no les permite entrar a la sede de PPT, ubicada en Maripérez, Caracas. Este planteamiento fue rechazado por el juez.
En una rueda de prensa ofrecida ayer en Puerto La Cruz, Lisset Sabino y William Rodríguez, leales a la corriente de Uzcátegui, manifestaron que están dispuestos a conversar con las otras partes. Sin embargo, aclararon que no reconocen la autoridad de Tellería, a quien calificaron como "un instrumento del Gobierno para destruir al partido". Por otro lado, exigieron a Calzadilla que facilite el encuentro y "no entregue el PPT" a Miraflores.
"Es una extralimitación del TSJ, que viola derechos constitucionales de manera flagrante", saltó ayer Calzadilla contra la disposición. El exparlamentario enfatizó que "tengo la libertad de reunirme con quien quiera, ningún tribunal me puede obligar a eso".
Atendiendo un recurso de Tellería, Vegas Torrealba repartió la conducción de PPT entre tres sectores. Ahora, dictamina que deben entenderse. A juicio de Calzadilla, la historia demuestra "una evidente parcialidad del magistrado".
Antes de dar el paso definitivo con respecto a lo establecido por el máximo juzgado del país, Calzadilla escuchará este lunes a sus abogados. "Voy a evaluar qué vamos a hacer. ¿Qué sentido tiene reunirse? ¿Cuál es la agenda, quién levanta el acta, quién es el convocante de esta reunión? Ellos (Tellería y Uzcátegui) tienen posturas políticas diferentes y en lo administrativo no hay nada que abordar", sentenció.
El dirigente pepetista sostuvo que la resolución del TSJ es una "locura" que, además, sigue un plan del presidente Hugo Chávez de inhabilitar a Patria Para Todos.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, enero 23, 2012 Vínculos a esta publicación
El capitán del Concordia declaró ante un juez que naviera planificó acercamiento a la costa
Escrito por Mabel Villamayor
Lunes, 23 de Enero de 2012 01:25
Un loco, un fanfarrón, un mentiroso, un cobarde… ¿Qué no se ha dicho ya del capitán del Costa Concordia? Desde las profundidades insondables de su desprestigio profesional y humano, Francesco Schettino pretende subir a la superficie con un cuchillo entre los dientes. Durante su declaración ante el juez, acusa a los dueños del buque, la poderosa naviera Costa Cruceros, de estar en el ajo de la maniobra que, el pasado viernes 13 de enero, provocó el naufragio de 4.200 personas frente a la isla toscana de Giglio.
Indicó que la reverencia (acercamiento del buque a la costa) suele ser una maniobra habitual. “De hecho, había sido planificada para la semana anterior, pero no se pudo llevar a cabo por el mal tiempo. Es una maniobra publicitaria. La hacíamos en Giglio y también en Capri”.
Sus palabras son, de facto, una declaración de guerra, una respuesta de animal herido a las afirmaciones del consejero delegado de Costa Cruceros, Pier Luigi Foschi, quien intenta salvar el prestigio de la compañía atribuyendo a Schettino toda la responsabilidad del naufragio.
“La maniobra”, declaró Foschi a este periódico el pasado viernes, “fue una iniciativa autónoma del capitán. Y no solo eso: actuó de forma contraria a lo que se le comunicó a los turistas. Costa Cruceros distribuye unos folletos con toda la información del día. Si vamos al 13 de enero, pone que la nave iba a pasar a las 21.30 a una distancia de cinco millas de la isla de Giglio y que se podría ver por la izquierda. Pero el capitán hizo otra cosa y no nos informó”.
¿Habrá que esperar entonces a lo que diga la siempre imparcial caja negra? No exactamente… A preguntas del fiscal y del juez que instruyen la causa, el capitán Schettino admitió: “Quiero ser honestos con ustedes, hasta el final. Desde hacía 15 días, nos habíamos dado cuenta a bordo de que se había roto el back-up del sistema VDR y habíamos pedido al inspector que lo arreglara. Pero esto no había sucedido…”.
Las discrepancias entre capitán y naviera también afectan a la evacuación del buque. El consejero delegado de Costa Cruceros admitió que “hubo retrasos importantes en tomar decisiones” pero salvó a la tripulación para culpar, de nuevo, al capitán Schettino: “Hoy sabemos que los miembros de la tripulación dieron informaciones falsas, pero ellos no lo sabían en aquel momento. No dijeron mentiras. Recibieron mentiras…”. Schettino, el villano oficial de esta historia, tiene lógicamente otra versión: “Esperé a dar la orden de evacuación porque primero tenía que saber si el barco podía seguir a flote. Un comandante tiene que manejar los tiempos. Porque si hay un capitán que ordena que todos los tripulantes se tiren al mar y luego la nave sigue a flote, ¿qué hacemos?”.
Ya antes de que el capitán Schettino se sintiera abandonado y les pusiera la proa, la naviera Costa Cruceros sabía que tenía un problema difícil de manejar, más costoso incluso que el económico: el de la credibilidad.
La terrible imagen del barco hundido justo a la isla de Giglio—atracción ya de cientos de turistas que cruzan por 10 euros desde Porto Santo Stefano— es difícil de contrarrestar. Pero también el hecho de que los servicios de rescate siguen recuperando cadáveres —ya van 13—, aún no se sabe a ciencia cierta cuántas personas continúan desaparecidas e incluso un jefe de Protección Civil acaba de insinuar que en el Costa Concordia viajaban inmigrantes sin papeles… La estrategia de culpar al capitán es discutible porque, a fin de cuentas, ¿quién contrató a Schettino y puso en sus manos la vida de 4.000 personas? Ante el juez, el orgulloso marino solo baja la cabeza cuando se pregunta: “Tendré que convivir toda la vida con esos muertos, ¿cómo se hace eso?”. (El País - España)
El jefe de Megaupload pelea ante el juez por la libertad condicional
Escrito por David Ortiz
Lunes, 23 de Enero de 2012 01:03
Los directivos de la web de descargas Megaupload, clausurada por EE UU por piratería, tratan de lograr la libertad condicional ante un juez neozelandés, que aún no ha tomado una decisión.
El principal cerebro de Megaupload, Kim Schmitz, y tres directivos del portal de descargas intervenido por el FBI estadounidense por supuesta piratería informática se sentaron este lunes en el banquillo de un tribunal neozelandés tras permanecer tres días en prisión preventiva. Solicitaron que se les concediese la liberta bajo fianza, a lo que el fiscal objeto que había riesgo de huida, especialmente en el caso de Schmitz. El juez, al final de la jornada, decidió que tomará una decisión mañana o el miércoles, indica el portal del periódico español El País.
Schmitz, más conocido por “Kim Dotcom",y los también alemanes Finn Batato, de 38 años y jefe técnico del portal, y Mathias Ortman, de 40 años y cofundador de Megaupload, y el holandés Bram van del Kolk, de 29 años, fueron trasladados desde el centro de detención hasta el tribunal. La vista se hizo en una sala a rebosar de público, y, sobre todo, de periodistas.
La vista coincidió con un llamamiento de la oposición al Gobierno neozelandés para que investigue y explique el motivo por el que concedió, en 2010, la carta de residencia a “Dotcom” tras invertir ocho millones de dólares en bonos del Tesoro, a pesar de que éste tenía ya antecedentes penales en Alemania. "La reputación de Nueva Zelanda está en la mira", dijo el jefe de la oposición Winston Peters a Radio Nueva Zelanda.
LAS VERDADES DE MIGUEL: SECRETOS DE TRIBUNALES
Ranking judicial 2011. Como todos los años, comenzando este 2012 -año promisorio o de frustraciones, para unos y para otros (pero para el cual deseamos lo mejor a todos- he aquí nuestra humilde opinión sobre las más resaltantes sentencias dictadas en el pasado 2011:
La contraria al Derecho, la del dolo eventual: Y es que este Fallo 490 del 12-4-11, de la Sala Constitucional (que un asistente académicamente calenturiento le hizo a Carrasquero), incumple, nada menos que con los Art. 49.6 de la Constitución y 1 del Código Penal, haciendo que los tribunales y no el legislador, puedan crear delitos que no existen en Código alguno, en este caso el Homicidio por Dolo Eventual. Ello está haciendo que el Ministerio Público, en ese afán ultra punitivo que lo está caracterizando en los últimos años (para quitarse el sambenito de responsable de la inseguridad), a todo aquel que en desgracia haya tenido un accidente de tránsito con muerto o herido, lo mete en el saco del bendito eventual ese, para que pague pena de hasta 20 años. La Sala Constitucional debería, por lo menos, hacer un documental público para que lo pasen en todos los medios, advirtiéndole a la gente lo que le espera por agarrar un volante. Se pasaron.
La que otorga certeza jurídica: Inhibiciones en los Civiles. Bien idónea es la Sentencia 116 del 24-3-11, de la Civil, bajo la pluma de Carlos Oberto Vélez, que impide que el juez sustituto -el que conoce la causa mientras dura la incidencia de inhibición o recusación contra el juez titular- sentencie a fondo, impidiendo con ello la vagabundería de algunos abogados que recusan a los jueces por motivos nimios, solo para que el asunto pase a otros jueces amigos que deciden a su favor, y después tenemos que la recusación era improponible. Felicitaciones.
La evita abusos o cómo deben hacerse las denuncias. Aunque decidida a fines de 2010 se nos había quedado en el tintero reseñarla. Dictó clase la Sala Plena del TSJ, bajo la ponencia del magistrado Fernando Vegas Torrealba, en su decisión 65 del 18-11-10, estableciendo cómo deben hacerse las denuncias penales (no solo frente a los altos funcionarios públicos, como la diputada Machado, si es que la quieren enjuiciar por lo que reclamó).
La que pone a trabajar a las Cortes. No hay desistimiento tácito en las apelaciones. Así lo dijo el magistrado Coronado, de la Penal, en su fallo 139 del 26-4-11, en lo que atañe a las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público. Y es que últimamente, las Cortes de Apelaciones penales del país, habían aceptado la tesis del abandono de las apelaciones por la inacción procesal de los fiscales.
La aborrecible. ¡El delito que no estuvo, pero que está! Muy criticada fue la sentencia 439 del 27-5-11 de la abogada Morales, en la Constitucional, cuando dijo que el delito de apropiación indebida bancaria existió en los primeros tres meses del año pasado, a pesar de que el Art. 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, no lo contenía por "errores" de la Asamblea Nacional, entonces presidida por Cilia Flores. Este fallo, aunado al otro de la yaracuyana, sobre que no existe el delito de invasión a predios agrícolas, dejan muy mal parado al Poder Judicial venezolano. Pena ajena.
La justa. Contra el defenestramiento de jueces. Brillante fue la decisión 1739 del 8-12-11 del magistrado Emiro García, de la Sala Político Administrativa, en el caso de la juez superior de Yaracuy destituida Alicia Figueroa. Es elocuente en muchos aspectos: señala que los únicos entes que pueden sancionar a jueces son los disciplinarios (y por lo tanto, nunca la Comisión Judicial del TSJ) y que "...los órganos disciplinarios no podrán examinar las decisiones de los jueces, sino solo su idoneidad, porque ello constituye una intervención indebida en la actividad judicial". Destellos de buena judicatura en el TSJ.
La abulia se adueño de la Sala de Casación Social, y de la Electoral, en el pasado 2011, siendo que no hay un fallo realmente meritorio que resaltar en su sede: la mayoría de ellos, son ratificación de criterios adoptados anteriormente.
La sancionable. Nos datean fuentes confiables entre los diputados del PSUV que estuvieron allí, en ocasión del rifirrafe que hubo el viernes pasado entre la ingeniero con maestría y doctorado, María Corina Machado, con el comandante, en plena sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Nos dicen que después que ella dijo lo que dijo, y el otro, trastabillando y descompuesto, le respondió lo que le respondió, desde arriba, la presidenta del TSJ, le escribió un mensaje al ex diputado Carlos Escarrá. Le recomendaba se sancionara a la blanca María. Éste se lo susurraría a la diputada León, que intervino después pidiéndolo (diputada ésta, por cierto, y no hay que negarlo, es una honorable luchadora social, y mujer entregada a sus ideas).
La primigenia. Por fin la Corte Disciplinaria Judicial saca una decisión después de tres meses y medio de conformada. Lo hizo el 16 de diciembre pasado y ya empezó con mal pie: sus magistrados no se pusieron de acuerdo, y uno le salvó el voto a las otras. Con lo cual los litigantes en esa jurisdicción se preguntan: que si apelan en esos tribunales y no se tramita la apelación, ¿cuentan o no cuentan con el llamado "recurso de hecho"? Por cierto, se comenta que la presidenta de la Sala Política, Evelyn Marrero, más de dos veces por semana acude a dicha Corte Disciplinaria a girar instrucciones y a que le den cuenta de los casos que tienen los jueces allí.
¿Renovación fiscal? Rumores hay que el zodiaco hace de las suyas también en una importante dependencia pública. Ante esa especie, supimos que una destituida alta funcionaria se enteró del asunto y fue a pedirle ayuda a su gran amigo, el "Presidente". Le diría que si salía la jefa de aquella dependencia, que “esta tigresa oriental” estaba a la orden para el cargo. Y nos preguntamos: "¿Con qué se sienta la cucaracha?". Por lo demás, supimos de renovación fiscal en muchos cargos de la estructura del Ministerio Público, pero el mas resaltante es que en Actuaciones Procesales no está ahorita el abogado Alejandro Castillo, ¿será que vuelve por sus fueros y está solamente vacacionando?
Abogado venezolano ¿negocia? con Gobierno gringo. Como se recordará, el 30 de agosto de 2011 la televisora miamense Univisión emitió la información de que un conocido abogado caraqueño había tenido que salir a toda prisa de territorio norteamericano como consecuencia de una investigación por lavado de dinero que involucraba a altos personeros oficialistas. En aquella oportunidad se dijo que al profesional del derecho a quien endilgaban el calificativo de “testaferro” le habían revocado la visa, que le habían incautado varias empresas y cerrado varias cuentas millonarias en dólares. Luego, el pasado 8 de diciembre Nelson Bocaranda publicó en su columna “Runrunes” un desmentido que le habría suministrado el mismo profesional del derecho quien además le informó que estaba demandando por una alta suma de dinero a la cadena Univisión por haber difundido la mencionada versión que calificó de difamatoria y totalmente falsa, que no le habían revocado la visa ni le habían cerrado sus cuentas, y que por el contrario se encontraba viviendo en Miami dedicado a sus negocios.
Ante tan opuestas versiones a muchos periodistas les ha dado por profundizar en el tema ya que resulta inconcebible que una cadena de televisión haya sido tan temeraria en lanzar semejante mentira y de esta investigación se sabe que el abogado regresó a EEUU, que reside en Miami sin problemas, que el 11 de diciembre, a las 3:10 pm (por cierto 3 días después de la nota de Bocaranda) demandó a Univisión reclamando una indemnización de quince mil dólares por haberlo difamado, demanda que cursa por ante la Corte del 11 Circuito Judicial del condado Miami Dade, caso número 11-41781 CA 15. Se trata de una acción judicial menor por ante un tribunal local, y en medios de prensa de Florida corre la versión de que el abogado habría negociado con las autoridades de inteligencia para dar información sobre actividades de venezolanos relacionados con manejos irregulares de dinero, lo cual, de ser cierto, pondría de carreritas a más de uno en este país.
Lupita. Así le dicen a una joven dama casada con un marine norteamericano, que vive en Miami. Regresó a Venezuela con el cuento a su familia del norte que vendría a ayudar a su hermano en los negocios familiares. Pero aquí lo que tenía era un enredo sentimental con personajillo que fue “mister Venezuela” hace unos años. Llegó al extremo la “Lupita” de falsificar documentos para procurarse dinero de las empresas de su hermano, valiéndose de las buenas relaciones en Notarías de su gigoló y un abogado de influencias en el Cicpc. Ya Lupita tiene privativa, y lo de Lupita definitivamente es por Lupita Ferrer. ¡Qué buena actriz!, en la Audiencia de Presentación casi hace llorar a la juez que dictó la medida.
López: Tenemos que eliminar rosca de jueces y fiscales corruptos
jueves 19 de enero de 2012 02:58 PM
Valencia.- Eliminar la posibilidad de que los homicidios, los robos, los secuestros queden impunes, es otra de las medidas a ejecutar en el corto plazo para reducir la inseguridad en el país, así está desarrollado en el Plan Venezuela Territorio Seguro del precandidato presidencial, Leopoldo López.
Durante una caminata por el centro de Valencia, el aspirante a la primera magistratura del país, nuevamente fue abordado por transeúntes que le contaron la amarga experiencia de perder a un hijo producto de la violencia y vivir con la desesperanza de no haber obtenido justicia.
"No hay razones para que los delincuentes dejen de cometer delitos, porque no hay sanciones. Los jueces y los fiscales forman parte de una rosca corrupta que tenemos que acabar. Muchas veces los policías detienen delincuentes, los privan de libertad y luego los fiscales y los jueces los dejan libres. El que viole la ley tiene que pagar las consecuencias".
López lamentó que las gobernaciones y alcaldías no tengan apoyo del Gobierno Nacional para implementar políticas coordinadas y dirigidas a acabar con la zozobra de los venezolanos que temen salir a las calles.
"Yo propongo convocar un Consejo de Justicia y Seguridad que reúna a todos los Poderes Públicos, pero también a los gobernadores y alcaldes y debe ser el presidente de la república quien lo encabece, porque él como Jefe del Estado es quien tiene la responsabilidad de la seguridad".
Tras más de mil días de recorrido por más de 280 municipios el precandidato ha comprobado que las historias de víctimas de la violencia y la injusticia no cesan.
"Sin duda ese es el principal problema de los venezolanos y se puede resolver en poco tiempo, respetando los Derechos Humanos, mejorando nuestros cuerpos policiales, eliminando esas pistola oxidadas del año que yo nací, sacando esos malandros uniformados que cometen delitos con las armas del Estado".
López también cuestionó el comportamiento de los órganos que deben garantizar la justicia frente a casos en los cuales se ven involucrados funcionarios del Gobierno Nacional que no reciben castigo. "El Estado venezolano actual está comprometido con formas irregulares del delito, está comprometido con el narcotráfico y está comprometido con el crimen organizado".
Seguridad Jurídica para recuperar empleos
El precandidato resaltó la necesidad de recuperar la seguridad jurídica como factor clave para alcanzar el Progreso. "En el estado Carabobo había entre 1.400 y 1.500 industrias en el año 2000, hoy quedan menos de 600, lo que significa que se han perdido 500 mil empleos en los últimos años que se fueron a otros países y no están disponibles para los venezolanos".
En la propuesta de La Mejor Venezuela, López plantea el impulso al sello "Hecho en Venezuela" como mecanismo para desarrollar nuevamente la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. "Lamentablemente hoy sólo consumimos y no producimos, nuestra economía es de puertos".
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s domingo, enero 22, 2012 Vínculos a esta publicación
viernes 20 de enero de 2012 12:29 AM
Caracas.- Sin palabras y sorprendidos. Así recibieron los familiares y abogados de la defensa de María Lourdes Afiuni la noticia de que la profesional del derecho entró en la rotación de jueces que realiza el Poder Judicial y de presidir el Tribunal 31 de Control, ahora pasó a ser juez del 28 de Juicio.
Así lo dio a conocer su abogado, José Amalio Graterol, en entrevista exclusiva a El Universal, a quien le llegó a su despacho un listado donde notifican las rotaciones de los magistrados y entre ellos el de la jueza Afiuni.
"A ella (Afiuni) la sacan esposada del Tribunal 31 de Control en 2009 sin orden de arresto pero seguía siendo juez titular, por lo que correspondía abrirle un proceso disciplinario para suspenderla de su cargo y si existían elementos probatorios, destituirla. Ese proceso nunca se hizo", explicó Graterol, quien a su vez indicó que el hecho de que la magistrada este en la lista de rotaciones "demuestra que el procedimiento que se le sigue a María Lourdes Afiuni está viciado y su detención es arbitraria".
Aseguró el abogado que todas las remuneraciones económicas (sueldos, aguinaldos y fideicomiso) que le corresponden a la magistrada desde diciembre de 2009 hasta la fecha, debe ser cancelado.
Recordó que en noviembre de 2011, la defensa introdujo un amparo constitucional ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia porque no se realizó un procedimiento legal para suspender a la profesional del derecho de su cargo de juez titular y a la fecha no se ha obtenido respuesta.
Según la rotación realizada por el TSJ el pasado 16 de diciembre de 2011 y ratificada este jueves, el juez Alí Fabricio Paredes pasó al Tribunal 20 de Juicio donde se lleva la causa en contra de Walid Makled, mientras que el Tribunal 26 de Juicio pasó a manos de Robinson Vásquez, quien se encargará de juzgar a María Lourdes Afiuni.
"Mi defendida no se presentará a juicio porque este cambio no es garantía de que el juicio sea imparcial y objetivo. Recordemos que Vásquez fue el magistrado que sustituyó a la juez Alicia Torres, quien fue obligada a firmar una decisión en contra de Guillermo Zuloaga, directivo de Globovisión", precisó el abogado.
"Estamos en presencia de un juez escogido con la única finalidad de darle continuidad a la actitud de Alí Paredes y nosotros seguimos en nuestra posición: Queremos un juez imparcial y que decida ajustado a derecho", agregó.
Afiuni Mora fue privada de su libertad el 11 de diciembre de 2009, luego de que otorgara libertad condicional al exbanquero Eligio Cedeño, quien tenía más de dos años detenido sin haber sido enjuiciado.
En febrero de 2010 a la magistrada se le otorgó la medida de arresto domiciliario con presentación cada 15 días ante los tribunales y prohibición de hablar a los medios de comunicación nacionales e internacionales, luego de ser operada de una afección en el útero.
Actualmente permanece en su domicilio en Caracas y el Tribunal 26 de Juicio prorrogó, a petición del Ministerio Público, su detención por dos años más.
Tribunal Supremo desecha demanda contra el CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, para responder por la omisión en la que incurrió al no cumplir con su tarea de convocar los comicios para renovar a los concejos municipales, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desechó la demanda que tres ciudadanos interpusieron contra él en 2010.
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral declaró la perención de la instancia y envió la acción intentada por Analya Belisario, José Rafael Chacón y Miriam Santaella a sus archivos, alegando el incumplimiento de los formalismos previstos en la ley.
En el dictamen se denuncia que los accionantes no retiraron el cartel de emplazamiento a los interesados en este caso ni lo publicaron en el diario Últimas Noticias, dentro del lapso de siete días de despacho.
El Juzgado emitió dicho cartel el pasado 29 de noviembre y los demandantes tenían hasta el 12 de diciembre para acatar el mandato previsto en los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del TSJ.
No obstante, el último artículo mencionado antes autoriza al máximo juzgado, por "razones de orden público", a seguir tramitando casos, aún cuando quienes los interpusieron no hayan cumplido con el requisito del retiro y la publicación del carteles.
Sin embargo, en esta ocasión el Juzgado consideró que no había motivo para seguir conociendo el asunto, pese a que la demanda era una denuncia de violación a la Constitución por parte de una de las ramas del Poder Público.
La Carta Magna establece, en el numeral 5 de su artículo 293, que el CNE es el responsable de la "organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de cargos de representación popular", pero no convocó los comicios para renovar los concejos municipales y juntas parroquiales, pese a que el mandato de sus integrantes expiró en 2009.
El CNE, pospuso en tres ocasiones y por distintos motivos, las elecciones y ahora promete que las mismas se celebrarán en 2013.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s viernes, enero 20, 2012 Vínculos a esta publicación
Advierten que cientos de juicios podrían anularse
Al menos 300 procesados protagonistas de unos 200 juicios que en la actualidad se desarrollan en los tribunales penales caraqueños están en riesgo de ver como sus procesos son anulados y deben repetirse, por la decisión de la Corte de Apelaciones de la capital de ordenar la rotación de todos los jueces de primera instancia.
La denuncia la formuló el abogado penalista y miembro de la organización Justicia y Proceso, José Luis Tamayo, quien ayer acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer una demanda por intereses colectivos, con la cual espera que la medida sea dejada sin efecto.
"El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece ciertamente que los jueces deben rotar anualmente, pero las rotaciones no pueden hacerse causando perjuicio a los procesados y este caso se van a causar", afirmó, al tiempo que agregó: "Los jueces que comenzaron un juicio ahora van a tener que pasar otro tribunal sin terminar el proceso que iniciaron. El Código obliga a que el juez que inicia un juicio sea el que lo termine, pues de lo contrario se debe repetir".
Tamayo también denunció que la rotación, la cual se puso en marcha el lunes, según la información que maneja, está viciada, por cuanto en algunos casos los árbitros simplemente se cambiaron de un despacho a otro similar.
"Estos procedimientos fueron establecidos en Venezuela para la capacitación de los jueces de primera instancia, porque ellos tienen funciones de Juicio, Control y Ejecución, pero resulta aquí que las rotaciones se hacen de manera selectiva. Se ha enviado a un juez de Juicio a otro de Juicio y eso no es una rotación, eso es una movilización", dijo y remató: "Se están rotando a miembros de las salas de la Corte de Apelaciones, lo cual no está previsto en la ley".
Para el penalista esta medida provocará nuevas protestas en las ya conflictivas cárceles, debido a que retrasará aún más sus procesos judiciales; y por ello llamó tanto al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a tomar cartas en el asunto.
"Cuando se interrumpe un juicio hay que repetir todas y cada una de las audiencias y esto representa un costo económico, material y humano muy importante para el Estado", concluyó.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, enero 19, 2012 Vínculos a esta publicación
Sustituyen al Magistrado del caso Afiuni, la jueza asegura que continuará sin presentarse
Caracas, 19 ene (EFE).- La defensa de la magistrada venezolana María Lourdes Afiuni, detenida desde diciembre de 2009 por la supuesta liberación irregular de un empresario, informó hoy del cambio del juez que lleva la causa aunque anunció que la jueza seguirá sin presentarse al inicio de la vista oral.
“Nos nombraron al juez Robinson Vásquez, otro juez nombrado a dedo, parcializado y que recibe órdenes del Ejecutivo nacional, por lo tanto, la jueza Afiuni no se va a someter a un juicio con ese juez”, indicó hoy a Efe el abogado de la magistrada, Jose Amalio Graterol.
El hasta ahora magistrado de la causa, Alí Paredes, fue sustituido el lunes como parte de la rotación habitual de magistrados penales de Caracas, y ahora se encargará de la causa abierta contra el presunto narcotraficante Walid Makled, según Graterol.
“No hubo una rotación al azar, sino que a este juez se le entregó este tribunal encomendándole precisamente la causa de la doctora Afiuni”, consideró el abogado al destacar que la designación de Paredes para el polémico caso Makled demuestra su “lealtad al Gobierno”.
Una fuente judicial confirmó a EFE el cambio del magistrado Alí Paredes al frente de la caso Afiuni.
El hasta ahora magistrado de la causa, Alí Paredes, fue sustituido como parte de la rotación habitual de Magistrados penales de Caracas
Graterol expresó sus reservas sobre Vásquez, un juez provisional que, dijo, firmó en 2009 la prohibición de salida del país del presidente del canal privado Globovisión, Guillermo Zuloaga, actualmente prófugo de la justicia y acusado de usura.
El juicio contra Afiuni se encuentra paralizado desde finales de marzo por la negativa de la magistrada a comparecer ante Paredes por considerar que no era imparcial.
La pasada semana Chávez aseguró que Afiuni no es una presa política y afirmó que si estaba enferma “tiene que estudiarse el caso”, aunque precisó que no está dentro de sus atribuciones la liberación de ningún preso.
Afiuni está detenida desde diciembre de 2009 por presuntamente facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
En un mensaje televisado en diciembre de 2009, Chávez dijo que la liberación de Cedeño fue planificada entre los abogados del empresario, la jueza, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal y pidió la “máxima pena” para Afiuni.
Organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), han solicitado a las autoridades venezolanas la liberación de Afiuni alegando que en este caso hay una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.
El primer juicio a Baltasar Garzón entra en su recta final hoy
Madrid, 19 ene (EFE).- El juicio al magistrado español Baltasar Garzón por intervenir las comunicaciones en la cárcel entre varios de los imputados en un caso de corrupción y sus abogados entra hoy en la recta final con los informes de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa.
Las acusaciones piden entre diez y diecisiete años de inhabilitación para Garzón, que es juzgado por el Tribunal Supremo español.
El primero en intervenir hoy es el abogado Ignacio Peláez, que ejerce la acusación en nombre propio y que fue el autor de la querella que dio origen a la causa después de que sus entrevistas en la prisión de Soto del Real (Madrid) con los supuestos cabecillas de la trama de corrupción, conocida como “caso Gürtel”, Francisco Correa y Pablo Crespo, fueran grabadas por orden de Garzón.
La Fiscalía y la defensa de Garzón, que anunció su intención de hacer uso de su derecho a la última palabra, pedirán la absolución del magistrado al considerar que no cometió delito alguno.
En la sesión de ayer, el comisario de policía José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que dirigió la investigación de caso Gürtel -que implica a cargos del gobernante Partido Popular-, afirmó que, para Garzón, el derecho de defensa de los acusados “prevalecía sobre cualquier cosa”.
El magistrado, que en 1998 dictó una orden internacional de detención del ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, afronta esta semana la primera de las tres causas judiciales que tiene abiertas.
Miranda: "Vacian" telecajero
Banda de robacajeros asaltó equipo de Banesco en los Altos Mirandinos
en sede de tribunal
La mañana de este lunes los tribunales en la capital mirandina no prestaron servicio ya que un grupo delincuentes aprovecharon el fin de semana y violentaron las puertas de los tribunales para robar un cajero electrónico ubicado en el Palacio de Justicia de Miranda.
Vacío,así quedó el telecajero ubicado en la sede del Palacio de Justicia de Miranda, ubicado en la calle Arismendi de la capital mirandina, luego que una banda de robacajeros vaciara su interior durante el fin de semana.
La mañana de este lunes la sede de los tribunales no prestó servicio en razón de que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron a realizar las pesquisas pertinentes al equipo electrónico e iniciaron las investigaciones del caso señalando que no se ha precisado el monto con el que cargaron los hampones.
Al parecer los delincuentes conforman una banda de al menos seis sujetos, quienes se dedican a sustraer dinero de los telecajeros automáticos y que viene operando desde hace unos meses en la capital mirandina.
El principal blanco de los ladrones son telecajeros de la entidad bancaria Banesco, pues en menos de dos meses han hurtado cuatro de estos equipos, el primero en el hospital Victorino Santaella, esa misma noche robaron en el club Paracotos y este pasado fin de semana en los tribunales.
Los delincuente utilizaron el mismo modus operandi de los otros robos, donde con un equipo de oxicorte se dedican a violentar las bóvedas y apropiarse de la fuerte suma de dinero.
La sede del Palacio de Justicia solo tiene custodia policial en horarios laborales, por lo que se presume que los robacajeros tenían conocimiento por lo que atacaron durante el fin de semana.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s martes, enero 17, 2012 Vínculos a esta publicación
Publicado el 15 de ene de 2012 3:52 pm
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, enero 16, 2012 Vínculos a esta publicación
Ortega Díaz remoza el tren directivo de la Fiscalía
Alejandro Castillo sale de la Dirección de Actuación Procesal
La llegada de 2012 supuso para el Ministerio Público algo más que cambiar de calendarios. Ayer se conoció que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, remozó parte del tren directivo del organismo.
Entre los cambios destaca la salida de Alejandro Castillo de la Dirección de Actuación Procesal, despacho encargado de supervisar el desempeño de las distintas áreas de la instancia garante de la legalidad y que es considerado el tercer cargo en importancia dentro del organismo.
A Castillo lo sustituye Joel Espinoza, quien hasta ahora se venía desempeñando como director de Delitos Comunes.
A Espinoza, por su parte, lo reemplazará al frente de la oficina responsables de coordinar la labor de los fiscales que investigan hechos como los robos u homicidios la hasta ahora fiscal superior de Caracas, Neidez Rodríguez.
Entretanto la nueva fiscal superior de Caracas será Marisela Lucena, quien se venía desempeñando como subdirectora de Familia.
Por último, se conoció del regreso del periodista Alexander Duarte a la dirección de Relaciones Institucionales.
Sobre los motivos que impulsaron a la fiscal general a sustituir a Castillo nadie en el Ministerio Público supo dar razones y se limitaron a descartar que el funcionario sea removido. "Castillo está de vacaciones y seguro lo envían a otra dirección", aseguró uno de los informantes. JFA
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s domingo, enero 15, 2012 Vínculos a esta publicación
Chávez justificó las expropiaciones: “No estábamos improvisando”
El presidente de la República, Hugo Chávez, justificó este domingo la serie de expropiaciones que ha realizado en el país, “en el marco de la Constitución Nacional”.
Expresó durante un contacto telefónico con el programa especial “Misión Cumplida 2011″ de VTV, que en el caso de los actos llevados a cabo en la plaza Bolívar de Caracas, por ejemplo, donde salió en un programa ¡Aló Presidente! exclamando: ¡Exprópiese, exprópiese!, ya tenía un plan al respecto. “No estábamos improvisando”, señaló.
Dijo el Jefe de Estado, que hacía tiempo venía observando lugares históricos en el casco central de Caracas, como una estructura que fue la casa de Bolívar, utilizada para otro fines.
“Creo que lo he hecho en una sola ocasión (…) que comencé a preguntar y ¿esto? y ¿esto?. Hacía tiempo que veníamos estudiando esos espacios de la plaza Bolívar“. Se refirió al edificio La Francia y la Casa del Vínculo (antigua casa de Bolívar donde vivió con su esposa).
Añadió que como su equipo de gobierno no tomaba acciones al respecto, “de la recuperación de espacios”, donde había un bar y “una mafia de especuladores y traficantes de oro”, él tenía ya los informes cuando dio la orden pública: ¡Exprópiese!.
Observatorio de Conflictividad Social registró más de 5 mil manifestaciones
El descontento en Venezuela crece como la espuma. Así lo revelan las cifras que maneja el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, organización que contabilizó 5.338 protestas a lo largo de 2011, cifra que representa un incremento de 76% en comparación con la reportada en 2010.
Los números que ayer difundió la agrupación no gubernamental suponen que cada día se produjeron en el país 14,6 manifestaciones, en promedio, todo un record para el Gobierno del presidente Hugo Chávez, pues el total del año pasado supera incluso a lo ocurrido en los primeros cuatro años de la presente administración.
El Observatorio reveló que la mayoría de las acciones de calle (39%) fueron protagonizadas por trabajadores que demandaban mejoras en sus condiciones laborales o el cumplimiento de compromisos contractuales.
Al indagar sobre cuáles fueron los trabajadores que protestaron con mayor frecuencia e insistencia, pues el informe revela que fueron los que están empleados en las empresas básicas de Guayana y que algunos de ellos permanecieron hasta cuatro meses en conflicto.
No obstante, el Observatorio aclaró que el malestar no se circunscribió solo al sur del país, pues en los estados Zulia, Anzoátegui y Distrito Capital también se produjeron decenas de "marchas, concentraciones, cierres de calle, huelgas de hambre, paralizaciones, asambleas permanentes y entregas de volantes".
En las entidades antes mencionadas se ubican el grueso de los ministerios y organismos públicos, así como buena parte del aparato industrial del país.
Las protestas por una vivienda ocuparon el segundo lugar (30%), según el informe, en el cual se afirma que el grueso de quienes reclamaban una casa eran las personas que quedaron damnificadas por las lluvias que azotaron a Venezuela en diciembre de 2010 y a las que el Gobierno ubicó en refugios y hoteles.
El presidente Hugo Chávez prometió que en diciembre de 2011 todos los damnificados tendrían un techo nuevo y para ello se trazó la meta de construir 150 mil casas. Sin embargo, esta promesa no fue cumplida.
Las cárceles volvieron a registrar en 2011 altos niveles de conflictividad y ello hizo que los presos se ubicaran como el tercer grupo que más protestó el año pasado (24%).
El Observatorio atribuyó al motín ocurrido en las cárceles de El Rodeo I y II la responsabilidad en el incremento de las tensiones en el colapsado sistema penitenciario.
La inseguridad personal fue otra de las razones por las cuales grupos ciudadanos salieron a las calles. Cabe recordar que 2011 ha sido el año más violento de todos, con más de 18 mil fallecidos a manos del hampa.
El proceso de radicalización de la protesta continuó en 2011 y demostración de ello es que se contabilizaron 164 huelgas de hambre, siendo febrero, marzo y agosto los meses más conflictivos con 20, 19 y 18 ayunos, respectivamente.
Desde la agrupación atribuyen esta situación a la ausencia de respuestas por parte de las autoridades.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s sábado, enero 14, 2012 Vínculos a esta publicación
Persisten dudas sobre procesos fijados en Ley de Alquileres
La reforma de la Ley de Arrendamientos contempla la conformación de un registro de contratos de alquiler y la oferta de los edificios que tienen más 20 años arrendados, sin embargo, esos procedimientos del marco legal siguen generando dudas.
De acuerdo a la Ley, la Superintendencia de Arrendamientos tiene que crear un registro de contratos en un lapso de 90 días, que vence el próximo 12 de febrero. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, señaló que el registro no se ha podido realizar.
Indicó que ello afecta a los contratos nuevos como a las renovaciones, porque al momento de pactarse un acuerdo con un inquilino el organismo tiene que calcular el canon de arrendamiento.
Por tal motivo, expresó que se solicita la extensión del registro por un año, debido que el organismo no tiene oficinas en todo el país.
Las inquietudes también se extienden al proceso de negociación de los edificios que están alquiler y cuyo plazo venció ayer. El presidente de la organización comentó que la ley fijó un lapso muy corto para la negociación de los edificios y no todos se han presentado. Las autoridades no han señalado por los momentos si el plazo se extendería.
Ley de Trabajo garantizará más poder a las inspectorías laborales
El vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, Francisco Torrealba, indicó que la Ley Orgánica de Trabajo (LOT) otorgará mayores competencias al Estado que le permita hacer de obligatorio cumplimiento las decisiones de las inspectorías en favor de los trabajadores.
Esta inquietud surge por la negativa de los patronos tanto públicos como privados de acatar las decisiones que se emanan por vía de actos administrativos.
Al respecto, Carlos Saínz Muñoz, integrante de la Comisión Presidencial, adelantó en una oportunidad que la propuesta que se maneja es la creación de un inspector laboral de ejecución, que tenga la potestad de actuar en defensa de los intereses de los trabajadores.
El marco legal tiene previsto ampliar los beneficios del bono vacacional y de fin de año.
JUEZ MERIDEÑO EN EL OJO DEL HURACÁN
Mérida (CDS) En esta oportunidad les traemos lo que es una decisión pública del patrono a través de su operador el Juez ALBIO CONTRERAS ZAMBRANO en contra de nuestro apreciado compañero FRANCISCO EFREN CERMEÑO ZAMBRANO. En la misma se observa la vehemencia y el ODIO como la que se trata al dirigente sindical. Se observa como este ciudadano Juez se manifiesta enemigo de nuestro apreciado Secretario de Organización seccional y Secretario de Formación Nacional. Cabe resaltar, que nuestro apreciado compañero FRANCISCO EFREN CERMEÑO ZAMBRANO laboró en ese Tribunal ( El del Juez Albio Contreras) y de allí, por su labor sindical y su trabajo al igual que la defensa de los trabajadores judiciales, este Juez le tomó animadversión y se convirtió en su ENEMIGO PEROSNAL tal y como lo manifiesta en su acta y no por las MENTIRAS QUE SOSTIENE. En estas horas de oprobio para los trabajadores, sirva esta nota para hacerles saber lo que ocurre en el Poder Judicial venezolano. Por cierto este Juez sin contar con los años acumulados para ser Jubilado está pronto a ser Jubilado por la DEM y el TSJ.
la misma la puedes consultar en el siguente link: http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/octubre/962-28-10104-.html
En horas de despacho del día de hoy, veintiocho de octubre de dos mil diez, siendo las tres de la tarde, presente en el despacho de este Tribunal, el Juez Titular ALBIO CONTRERAS ZAMBRANO y expuso: “Por cuanto en la acción judicial de reconocimiento de unión concubinaria signada con el número 10104, se observa al folio 232, diligencia de esta misma fecha, en virtud de la cual el abogado GABRIEL ANTONIO CUBILLÁN BOYERO, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, señaló: “Para que actué conjunta o separadamente SUSTITUYO en el abogado en ejercicio FRANCISCO EFREN CERMEÑO ZAMBRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nov- 10.105.009 e inscrito en el inpreabogado (sic) bajo el No- 103.416, hábil y de este domicilio, el Poder General de Administración y Disposición que me fuera conferido por ante la Notaría Pública Primera del Estado Mérida en fecha 14 de abril de 2,010, bajo el No-48, Tomo 42 de los libros de autenticaciones, por el ciudadano YSMANDU JOSE PALMA NATERA…”, en tal sentido, debo señalar con relación a la incorporación del mencionado profesional del derecho lo siguiente: En primer lugar, que tal incorporación es una sustitución de poder; en segundo lugar, que si bien es cierto que cuando mi amigo personal el fallecido Dr. Gelasio Cermeño Tapia, se encontraba en estado vegetativo como consecuencia de una intervención quirúrgica, fui hasta su casa para ofrecerle al abogado FRANCISCO EFRÉN CERMEÑO ZAMBRANO, un cargo vacante en este Tribunal, circunstancia ésta que lo llenó de alegría tanto a él como a su señora madre Zobeida Zambrano de Cermeño, hoy fallecida, y señora a quien le brindé mi amistad y mi respeto, al igual que a su hermano Fernando Cermeño Zambrano. Al Dr. Gelasio Cermeño Tapia, además de publicar un escrito de mi autoría como reconocimiento al digno Profesor Universitario, también colaboré con él en su lecho de enfermo, también fue igualmente cierto, que el citado abogado Francisco Efrén Cermeño Zambrano, le profirió palabras ofensivas y epítetos desconsiderados en contra de la Secretaria Titular de este Tribunal abogada SULAY QUINTERO QUINTERO, vía Internet por la página Web del Sindicato al que él pertenece. En tercer lugar, su odio hacia mi persona ha sido evidente, al verme durante los últimos cuatro meses, evita a todo trance saludarme, incluso se me ha informado que hace aproximadamente un año estuvo tratando de recolectar firmas y testigos, con el único fin de desprestigiarme, y producir denuncia en mi contra; amén de que, he sido atacado por la referida página Web, por intermedio de su íntimo amigo y Presidente de dicho Sindicato en este estado Mérida, quien también entró a trabajar en este Tribunal por una deferencia especial de mi parte. En cuarto lugar, en los últimos meses, he recibido informaciones de varios abogados, que el referido abogado, ex funcionario del Poder Judicial se expresa en forma despectiva con respecto a mi persona, sin haber tenido yo que ver con su destitución, que fue ordenada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura mediante Resolución número 266, de fecha 24 de agosto de 2.009. En quinto lugar, ignoro cual es el empeño en dañar con su conducta a los jueces del estado Mérida. Por las razones antes indicadas, es por lo que me inhibo de seguir conociendo de la presente acción de conformidad con el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 eiusdem. Tales hechos exceden del límite de la tolerancia, lo que evidencia a todas luces su enemistad manifiesta para conmigo lo que en sana lógica jurídica le pueden permitir sospechar de mi imparcialidad como Juez de esta causa y su conducta despectiva hacia mí, indiscutiblemente produjeron y siguen produciendo en mi fuero interno una natural y evidente animadversión en contra del abogado FRANCISCO EFRÉN CERMEÑO ZAMBRANO, a quien por las razones antes anotadas ahora sí lo considero mi enemigo personal, lo que implica que si yo pretendiera conocer de la presente demanda, podría poner en peligro la imparcialidad que es principio rector, tanto de todo proceso judicial como de la recta administración de justicia. Debo señalar que en los veintidós años en que ejercí la profesión de abogado y en los casi diecinueve años que tengo de ser Juez, siempre he procedido con notoria honestidad y pulcritud, pero conductas como las ya señaladas, con respecto al indicado abogado afectan mi serenidad y objetividad que debo tener como Juez para el ejercicio de la delicada tarea de juzgar, en la búsqueda permanente de una sana y transparente administración de justicia. Es preciso aclarar que al mencionado le otorgaron poder apud acta por vía de sustitución. El Código de Procedimiento Civil, establece las causales de inhibición en el artículo 82, como motivos suficientes y fundados de incompetencia subjetiva o inhabilidad del juez o funcionario judicial para intervenir en determinado juicio, fundadas según la doctrina más acreditada en una presunción “iuris et de iure” de incompetencia subjetiva o de inhabilidad del funcionario judicial, para intervenir en el proceso. En este contexto, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en decisión de fecha 17 de Marzo de 2004, con ponencia del Magistrado Iván Rincón, con respecto a la Inhibición, indico lo siguiente: “Al respecto quien suscribe reitera que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decisor, ya que sólo éste es el único capaz de conocer si, efectivamente, en su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil) no resulta pertinente invadir este poder de apreciación individual….”
La voz de la conciencia del juez, está plasmada en la presente acta de inhibición, sin sombras de duda, ya que he tenido por norte en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, una conducta que siempre ha girado en torno a la imparcialidad, como principio rector de todo proceso judicial, lo que me obliga a excusarme en la presente causa, a los fines de reflejar, como siempre, una transparencia y seguridad jurídica, resguardando así el derecho constitucional de los justiciables a ser juzgados por jueces imparciales, para fortalecer una justicia equitativa y proba, más allá de una apropiada versación en los conocimientos jurídicos sobre los asuntos puestos a mi consideración, para que estos detenten verdadera capacidad subjetiva para hacerlo, la cual consiste, en que al ejercer la actividad encomendada pueda desempeñarme con la independencia y la objetividad necesarias así como la absoluta serenidad de espíritu que se requiere para ocuparse de los cometidos confiados por la sociedad. Por todas las razones y circunstancias antes debidamente señaladas, es por lo que solicito que la presente inhibición sea declarada con lugar, en atención a la previsión legal contenida en el artículo 88 del citado texto procesal.
Es de advertir, que la presente inhibición obra como impedimento en contra de la parte actora, ciudadano YSMANDU JOSÉ PALMA NATERA. Es todo”. Terminó, se leyó y conformes firman.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s viernes, enero 13, 2012 Vínculos a esta publicación
Para Provea el TSJ dio más muestras de sumisión en 2011
Critican declaraciones de algunos de sus integrantes
Provea denuncia que el TSJ se encuentra subordinado a los designios del presidente Hugo Chávez
2011 no fue un buen año para la justicia venezolana, al menos esa es la conclusión a la que arriba el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que considera que en estos doce meses el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio mayores muestras de su subordinación a los designios del Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Para sustentar esta apreciación, la agrupación, en su último informe anual, echó mano de las 88 respuestas que el máximo juzgado dio a las denuncias que recibió contra el primer mandatario, sus ministros y organismos como la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ninguna de las acciones intentadas contra el inquilino del Palacio de Miraflores prosperó y de las 11 que fueron declaradas con lugar; es decir aquellas en las que los denunciantes ganaron, fueron contra organismos como la Contraloría y el Poder Electoral.
Asimismo más de la mitad de los casos (48) interpuestos el TSJ ni siquiera los estudió, sino que los rechazó por aspectos de forma. A juicio de Provea, con esta actitud el máximo juzgado "ha evadido poner límites al ejercicio de los poderes públicos, desnaturalizando así su rol de garante de los derechos de la ciudadanía frente a esos poderes".
Pero si estos datos no fueran suficientes, la organización también recordó las polémicas palabras pronunciadas por el magistrado de la Sala Electoral, Fernando Vegas Torrealba, durante el discurso que pronunció en el acto de apertura de las actividades judiciales, celebrado en febrero pasado.
"El TSJ y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano y democrático", afirmó en esa ocasión el juez.
Para Provea otro de los aspectos que han contribuido a atentar contra la independencia del Poder Judicial son los constante planes de reforma del mismo.
Durante el acto de inicio de las actividades judiciales, la presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, anunció la segunda reestructuración del sistema judicial en menos de dos años.
"Estamos revisando la idoneidad de algunas de nuestras leyes que pueden, en muchas oportunidades, no adaptarse al sistema de justicia y a la estructura eficaz que establece la Constitución, la cual debe garantizar la justicia por encima de cualquier otro formalismo. También se han planteado la propia estructura del Poder Judicial". Estas fueron las escuetas explicaciones que la máxima representante del alto juzgado dio en marzo pasado cuando se le consultó sobre los alcances de dicho cambio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe que publicó en 2010 sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, expresó su preocupación por los constantes cambios en el Poder Judicial y exigió del máximo juzgado que le garantice a los jueces la estabilidad en el cargo.
Durante la reestructuración de 2009 El Universal contabilizó que unos 90 titulares de juzgados habían sido removidos.
Hasta el pasado 16 de septiembre la Comisión Judicial del TSJ había destituido a lo largo de la última década a cientos de jueces provisorios y temporales mediante escuetas resoluciones, muchas de ellas enviadas por fax, en las que no se ofrecía más explicación que "observaciones recibidas".
Durante el año que está por culminar el máximo juzgado no avanzó nada en el proceso de titularización de los árbitros, pese a que la Constitución y las leyes ordenan que dichos funcionarios ingresen por medio de concursos de oposición.
En la actualidad más de la mitad de los más de 1.900 jueces que hay en el país son provisorios o temporales; es decir se hicieron con sus puestos mediante designaciones hechas por el Supremo.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, enero 12, 2012 Vínculos a esta publicación
Medios insisten en “generar angustia” en el sistema penitenciario, dice Iris Valera
Publicado el 12 de ene de 2012 11:22 pm
Una vez más, la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp), Iris Varela, denunció “la campaña malintencionada y de desinformación” que vienen efectuando algunos medios de comunicación social, en torno al sistema penitenciario.
Estas declaraciones las ofreció la titular del Mppsp, luego de haber instalado un equipo multidisciplinario de carácter judicial en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en San Juan de Los Morros, estado Guárico, con la finalidad de atacar el retardo procesal.
“Sabemos muy bien que la idea de esa campaña es la de provocar zozobra y generar angustia tanto a los privados de libertad como a sus familiares”, dijo Varela más adelante, “hemos conversado con los internos y hay tranquilidad, más bien están colaborando con lo que hemos llamado cayapa contra el retardo procesal”, acotó.
Señaló sentirse satisfecha de los resultados obtenidos hasta ahora, destacando la presencia activa de jueces, defensores públicos, fiscales del Ministerio Público y de abogados adscritos a su despacho, refiriéndose al apoyo decidido del TSJ, de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría Pública “y hemos logrado articular esfuerzos”.
Igualmente mencionó el aporte muy efectivo de su equipo de trabajo, que le acompañó en esta oportunidad, integrado entre otros por los viceministros Raúl Álvarez Bracamonte y Ramón Garcías Utrera.
Agregó que esta es la única forma de contrarestar el retardo procesal y que se otorguen los beneficios correspondientes y además que se cumpla con lo establecido en la ley.
Afirmó que se ha logrado efectuar las evaluaciones a toda la población penitenciaria del país “estamos dando respuestas y ya hay compatriotas que han obtenido su libertad”.
Precisó que el lunes regresará a La Planta junto a sus colaboradores y que también en la PGV continuará el trabajo iniciado este jueves reciente.
Instalan mesas de trabajo en cárceles venezolanas para atender retardos procesales
Ciudad Bolivar, 12 Ene. AVN.- El Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios instaló este jueves unas mesas de trabajo en el Internado Judicial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, con el objetivo de revisar los posibles casos de retraso procesal existentes en este recinto.
El director de Regiones del MPSS, Reinaldo Rangel, explicó que en las mesas participan jueces titulares y suplentes del estado Bolívar, fiscales, defensores públicos y funcionarios del ministerio de Asuntos Penitenciarios.
“Esperamos revisar unos 180 casos de presunto retraso procesal y atenderemos varias peticiones y planteamientos que han hecho tanto el Gobierno como la población penal, para mejorar las condiciones de vida en este recinto”, indicó.
Señalo que la ministra Iris Valera ordenó la realización de estas mesas en todas las cárceles del país, como parte de un esfuerzo para reducir la violencia intercarcelaria.
Recordó que el hacinamiento y el retraso procesal son considerados factores claves que alimentan esta violencia.
En el Internado Judicial de Vista Hermosa hay 751 venezolanos y 23 extranjeros sometidos a proceso judicial, así como 293 venezolanos y 10 extranjeros que ya cumplen sentencia por diferentes causas, para una población carcelaria total de 1.077 personas.
En este punto, recalcó que la jornada busca determinar cuáles internos pueden ser objeto de los beneficios previstos en la ley.
“Aquí lo que se quiere es que se apliquen las normas y no saldrán quienes no cumplan los requisitos exigidos en la ley”, señaló.
Una vez concluido el trabajo en este internado, el equipo de jueces, fiscales y defensores públicos se trasladará a la Penitenciaría General de Oriente, ubicada en la población de El Dorado, en el municipio Sifontes, en la zona sur del estado Bolívar. Allí se encuentran unos 110 privados de libertad, la mayoría de los cuales ya cumplen sentencia firme.
“Todos los beneficiados que salgan en libertad podrán incorporarse a los programas que el Gobierno Nacional ha creado para ayudar a estos hombres y mujeres a reinsertarse en la sociedad, a través de la formación para el empleo y la educación”, señaló.
La próxima semana las mesas de trabajo se instalarán en la Penitenciaría General de La Pica, estado Monagas, siguiendo un cronograma que cubrirá todos los reclusorios de la zona oriental del país.
Luis Izquiel: "Desde 1998 homicidios crecieron 400%"
El coordinador de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Luis Izquiel, dijo a El Universal que los 19 mil 336 homicidios con los que cerró el año 2011 en Venezuela, tienen su explicación porque "la carrera del delincuente es fácil, no es castigado y tiene pocas razones para no seguir delinquiendo, producto de los errores del Gobierno nacional que durante 13 años ha fallado en la prevención, la sanción del delito y el tema carcelario".
Izquiel citó al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que ubica la tasa de homicidios en 67 por cada 100 mil habitantes. Afirmó que 2011 "ha sido el año más violento de nuestra historia. Desde 1998 los homicidios crecieron 400%".
"Esa cifra de 19.336 nos ratifica, con distancia, como el país de mayor violencia en Suramérica. Duplicamos a Colombia". Criticó, por ser "de un cinismo gigantesco", la medida del Gobierno de abaratar el costo de las inhumaciones. "El Gobierno no evita que las personas fallezcan por la violencia sino que les dice que el entierro les va a salir más barato".
En materia de prevención, el experto destacó que el desarme es clave. "El grueso de los homicidios se cometen con armas de fuego, así como los robos y secuestros. Eso el Gobierno lo sabe. En 2002 fue aprobada una Ley para el Desarme que no se cumple, su reforma se ofreció para 2011 y la comisión legislativa no la terminó, mientras que la Comisión Presidencial para el Desarme, a mi juicio, se constituyó para postergar la toma de decisiones, alegando que esperaban un supuesto estudio cuando ese estudio ya está hecho. Lo que necesitamos son acciones". Añadió que Venezuela requiere, por lo menos, de 130 mil policías preventivos y hoy hay 80 mil.
"Cuando venga el nuevo gobierno esta situación va a mejorar porque va a haber un Presidente que tendrá como prioridad el problema de la inseguridad. No como ahora, que este problema no está en la agenda de Chávez". Como prueba del desinterés del primer mandatario en el tema de la delincuencia, Izquiel citó lo dicho por Transparencia Venezuela en su análisis del presupuesto fiscal de 2012.
"El Plan Socialista hasta 2013 no contienen ni una palabra sobre inseguridad y contempla un aumento de sólo 30% para seguridad ciudadana y 130% para compra de armas. Ahí uno determina dónde está la prioridad". A la par de que el Gobierno de Chávez mantiene la partidización del Ministerio Público y los tribunales, con su efecto en el retardo procesal y la impunidad, Izquiel recalca que a esto se suma el manejo equivocado de las cárceles.
"Tenemos las cárceles más violentas del continente. El último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, de octubre de 2011, decía que para esa fecha habían ocurrido 487 homicidios contra 476 en 2010. Con esa tendencia, 2011 cerraría con más de 500 homicidios cometidos dentro de las cárceles. La "humanización" de El Aissami fue un rotundo fracaso, sólo sirvió para pintar los autobuses del ministerio del Interior, mientras que la creación del ministerio que dirige Iris Varela para lo que ha servido es para que aumenten los homicidios: en sus primeros 100 días hubo más muertes que en el mismo período cuando no había ese ministerio.
Ocho magistrados dicen adiós este año
enero 8, 2012 8:31 am. La patilla.com
Ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, integrantes del primer grupo de 32 jueces juramentado en diciembre de 2000 por la Asamblea Nacional, tras la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, deberán decir adiós este año. Atrás quedará un controversial período de la historia jurídica venezolana que seguramente será recordado por mucho tiempo, así lo informó Eltiempo.com.ve.
Con el pasar de los años, este primer lote poco a poco fue disminuyendo; algunos porque se acogieron al beneficio de la jubilación (como el primer presidente del TSJ, Iván Rincón) y otros porque fueron destituidos de sus funciones (como el entonces vicepresidente Franklin Arrieche). Al final del camino, de esos primeros 32, sólo Yolanda Jaimes, Levis Ignacio Zerpa, Antonio Ramírez Jiménez, Carlos Oberto Vélez, Omar Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo, Alfonso Valbuena y Blanca Rosa Mármol lograron completar el período para el que fueron designados.
Aunque falta poco menos de un año, desde ya el nombramiento de ocho nuevos magistrados se vislumbra como una verdadera prueba de fuego para los diputados y para la capacidad de negociar del bloque oficialista y del opositor, tomando en cuenta que ninguna de las dos fracciones cuenta con la mayoría calificada (110 votos) para realizar los nombramientos por sí solas.
Si no se alcanza un acuerdo siempre queda la posibilidad de que la falta de un juez titular la asuma un suplente, pero la provisionalidad, sobre todo en una institución de tan alto perfil, no puede durar para siempre.
El diputado Juan Carlos Caldera, integrante de la bancada del partido Primero Justicia, insiste en que el Poder Judicial necesita un cambio profundo, el cual, según señala, debe provenir inicialmente de su cabeza: el Tribunal Supremo de Justicia.
“Hoy en día la impunidad ronda cerca del 97%. Cuando hablo del 97% de impunidad es que a una persona la roban, presenta el caso ante el tribunal pero por la puerta de atrás está saliendo el que cometió el delito. No se investiga y no hay verdaderas sanciones. Ya la gente ni siquiera denuncia porque siente que no van a llegar a nada. Estoy hablando de la justicia de a pie, de la que afecta al venezolano, y esa es la justicia que el TSJ debería garantizar pero que lamentablemente no lo hace”.
El parlamentario recalca que con la designación de ocho nuevos magistrados se abre una oportunidad para nombrar a juristas de reconocida trayectoria, que actúen con imparcialidad y autonomía.
El diputado Carlos Sierra, de la bancada del Partido Socialista de Venezuela, asevera que los nuevos magistrados deberán seguir adelante con el compromiso de profundizar los cambios en el sistema judicial y combatir la burocracia, la corrupción y la ineficiencia.
Asegura que es falso que el actual TSJ simplemente cumpla las órdenes del presidente Hugo Chávez.
“Los magistrados que están cumpliendo con su trabajo. Tenemos que separar la actividad partidista de la actividad judicial”.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s miércoles, enero 11, 2012 Vínculos a esta publicación
Aseguran que cuatro leyes afectan independencia judicial
Informe de académicos indica que 50% de jueces no son titulares.
La aprobación de algunos instrumentos legales ha contribuido a menoscabar la independencia judicial en Venezuela, de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
En el documento, que resume las más importantes violaciones a principios que afectan tal independencia cometidas en los últimos cuatro años, la ONG señala que el Código de Ética del Juez y Jueza Venezolanos "pone en peligro la función judicial al someterla a un control disciplinario con amplios poderes discrecionales y sancionatorios y permitir la inhabilitación judicial, incluso, sin que estén claras las causales".
Explica que dicho Código prevé el régimen disciplinario de los jueces y crea un Tribunal Disciplinario y una Corte Disciplinaria Judicial, que conoce en apelación de las causas de aquel y sus jueces son designados por un Consejo Electoral Judicial integrado mayoritariamente por delegados de los consejos comunales, "quienes son apéndices del Poder Ejecutivo".
También se hace referencia a la Ley de Sistema de Justicia y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre la primera, señala el documento que crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia controlada por el Poder Ejecutivo y que tiene competencias muy amplias para formular, hacer seguimiento y ejecutar las políticas judiciales, supervisar la gestión del Tribunal Supremo de Justicia y revisar y aprobar su presupuesto.
En cuanto a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el informe indica que da competencia a la Sala Plena para nombrar a los jueces y no hace referencia al concurso de oposición público consagrado en la Constitución.
Además, se establece que los consejos comunales pueden participar en la formulación de las políticas del TSJ, así como controlar su gestión, con lo que se "abre la puerta a una gran interferencia del Poder Ejecutivo, en virtud de su control sobre aquellos".
Cuestiona además que la Ley da competencia a la Sala Constitucional del máximo Tribunal para cambiar sentencias, de oficio o a petición de parte, incluso las definitivamente firmes o de otras salas del TSJ.
La ONG añade que el instrumento legal "transforma al juez constitucional en un legislador" y "al darle potestades para conocer casos de oficio, da pie a la judicialización de asuntos políticos".
También la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es cuestionada. Asegura Acceso a la Justicia que la misma da "gran discrecionalidad al juez contencioso administrativo en materia de medidas cautelares", cuando por ejemplo, en su artículo 104 señala que el juez para acordar una medida preventiva debe ponderar "los intereses público generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego".
El documento destaca que se ha producido la "captura de la profesión de abogado" y recuerda que la sala Constitucional por una acción de amparo dictó sentencia en 2008 en la que designó la representación gremial del Colegio de Abogados de Caracas, sin que ello fuera solicitado.
Añade que el Gobierno creó en la Universidad Bolivariana la carrera de Derecho, con un pénsum relacionado con el conflicto y la sociedad, mientras los estudios jurídicos son materias electivas.
Indica que en 2010 el presidente Chávez declaró que los puestos públicos serían ocupados solo por "abogados bolivarianos" y cuando el primer grupo se graduó ingresaron al Poder Judicial, por orden del mandatario, más de 700 abogados.
Además, el informe señala la falta de estabilidad de los jueces como uno de los principales asuntos que atenta contra la independencia del Poder Judicial en Venezuela.
Dice el documento que producto de las cuatro reestructuraciones que ha impulsado el Gobierno de Hugo Chávez al Poder Judicial, actualmente aproximadamente el 50% de los jueces no son titulares.
La ONG autora del informe está constituida por investigadores y profesores de la Universidad Metropolitana en el área de Estudios Jurídicos y Políticos. El grupo está dirigido por Laura Louza Scognamiglio y actúan como asesores Rogelio Pérez Perdomo, Carmen Luisa Roche, Roberto Briceño y Humberto Njaim.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, enero 02, 2012 Vínculos a esta publicación
Solicitan a Chávez que deje a los jueces liberar a Afiuni
El abogado defensor dice que jueces no se atreven a contrariar al Presidente
José Amalio Graterol, abogado de la jueza María Lourdes Afiuni, hizo pública una carta dirigida al presidente de la República Hugo Chávez, en la cual le insta a que cumpla "con la doctrina Bolivariana" y "deje que los jueces decidan sin su influencia", en ese proceso penal.
Según Graterol esto "sería una demostración valedera de honestidad intelectual y política que todos sus conciudadanos entenderíamos y sin lisonja alguna lo elevarían como primer magistrado de la nación".
Le señaló que "cientos de miles de homicidios se han cometido durante su mandato" y planteó "la ansiedad de tantas familias víctimas del hampa que observan con preocupación su rigor y diligencia contra Afiuni, mientras los Poderes Públicos no se inmutan ante la epidemia endémica de homicidios que afecta a los más pobres y más jóvenes".
El abogado indicó que relatores de la ONU, personalidades de diversas partes del mundo, jueces, tribunales, parlamentos de diversos países, han solicitado el cese de la detención de la jueza Afiuni y desde distintos sectores a veces adversarios ideológicos entre sí, han solicitado la libertad de María Lourdes Afiuni .
"Posiciones de parlamentarios, por solo citar un ejemplo de Paraguay y Uruguay, coinciden en un todo con un clamor que ya es universal, con personalidades como el filólogo y filósofo Noam Chomsky que no oculta el respaldo a su proyecto político pero que su espíritu se rebela ante semejante injusticia", indicó Graterol.
Recordó que Noam Chomsky, el 21 de diciembre de 2011, se dirigió nuevamente a Chávez y asentó: "El segundo aniversario de la detención de Afiuni coincide con la valiente batalla que el presidente Chávez libra contra el cáncer. Por esta razón, él se encuentra en la posición de entender personalmente la importancia de recibir tratamiento adecuado y fortalecerse internamente para sobrevivir. En una época del año cuando los pueblos del mundo entero predican la hermandad y la reconciliación, me siento muy optimista acerca de una resolución positiva para el caso de la jueza Afiuni. Los indultos y perdones presidenciales otorgados durante las fiestas de navidad son una ocasión para corregir una injusticia y evitar un daño mayor a la salud de la jueza mediante su liberación humanitaria. A través de esta carta al pueblo venezolano, quiero animar al presidente Chávez a actuar de una manera consistente con los valores humanitarios profesados por la Revolución Bolivariana y poner fin a la detención de la jueza María Lourdes Afiuni. Tengo esperanzas de que así lo hará".
El abogado expresó que la defensa de la jueza "ha sido muy difícil por cuanto a pesar de haberse demostrado y constar en autos la plena inocencia de su defendida, los jueces que han conocido del asunto se sienten obligados a continuar en un proceso cuyo resultado, pena máxima de treinta años, "fue solicitado por usted de manera pública y su tipo de reclusión ordenada desde la más alta magistratura nacional en cadena de radio y televisión". Añadió que "jueces provisionales y comprometidos con su persona bajo ninguna condición pueden atreverse a contrariar el mandato presidencial".
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