Source: http://absta.info/corte-interamericana-de-derechos-humanos-v9.html
Timestamp: 2019-12-12 15:40:16
Document Index: 378467892

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 45', 'artículo 45']

1. El 5 de septiembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte la demanda en este caso contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”), la cual se originó en la denuncia No. 12.250, recibida en la Secretaría de la Comisión el 6 de octubre de 1999.
2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana, en perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en Mapiripán, indicadas en la demanda. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares. Al momento de presentar la demanda, la Comisión señaló que “entre el 15 y 20 de julio de 1997 […] aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia[, …] con la colaboración y aquiescencia de agentes del […] Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare, en el Municipio de Mapiripán, Departamento del Meta”. Asimismo, señaló que “aproximadamente 49 personas” eran las presuntas víctimas, de las cuales identificó a diez personas y a algunos de sus familiares.
3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, ordenara al Estado que adopte varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos en que hayan incurrido los familiares de las presuntas víctimas tanto a nivel nacional como internacional.
5. El 6 de octubre de 1999 el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana.
6. El 22 de febrero de 2001, en el marco de su 110º período de sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 34/01, mediante el cual decidió “que el caso era admisible, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en relación con la [presunta] violación de los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 de la [misma] en perjuicio de 49 personas [presuntamente] ejecutadas en la localidad de Mapiripán […]”.
7. El 9 de marzo de 2001 la Comisión se puso a disposición de las partes con el fin de intentar alcanzar una solución amistosa, conforme a la Convención Americana y a su propio Reglamento. Las partes no manifestaron interés alguno al respecto.
8. El 8 de febrero de 2002 la Comisión dictó medidas cautelares a favor de Marco Tulio Bustos Ortiz, Jairo Javier Bustos Acuña y María Esneda Bustos, testigos en el proceso judicial por la masacre perpetrada en Mapiripán.
9. El 12 de abril de 2002 la Comisión dictó medidas cautelares a varo del Teniente Coronel Hernán Orozco Castro, quien se desempeñaba como comandante interino del Batallón “Joaquín París” cuando se produjo la alegada masacre.
10. El 4 de marzo de 2003, en el marco del 117º período ordinario de sesiones y de conformidad con el artículo 50 de la Convención, la Comisión aprobó el Informe de fondo No. 38/03, en el cual concluyó que:
[…] la República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales de las víctimas de la masacre perpetrada en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Asimismo, el Estado es responsable de la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de las víctimas y sus familiares, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del incumplimiento de su obligación de asegurar el respeto de los derechos previstos en dicho Tratado, en virtud de su artículo 1(1).
Llevar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la jurisdicción ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todas las personas responsables de la masacre cometida contra aproximadamente 49 víctimas en el municipio de Mapiripán, Departamento del Meta;
Adoptar las medidas necesarias para que los afectados reciban una reparación adecuada por las violaciones cometidas por el Estado;
Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por esta Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria;
11. El 5 de junio de 2003 la Comisión remitió al Estado el Informe de fondo No. 38/03 y le otorgó un plazo de dos meses para que informara sobre “las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas”. Mediante nota de la misma fecha, la Comisión informó a los peticionarios de la adopción del informe y de su transmisión al Estado y solicitó a éstos que informaran su posición respecto del posible sometimiento del caso a la Corte Interamericana en la eventualidad de que el Estado no adoptara las recomendaciones de la Comisión.
12. El 9 de julio de 2003 los peticionarios presentaron su respuesta a la comunicación de la Comisión de 5 de junio de 2003, en la cual indicaron que era pertinente someter el caso a la Corte Interamericana.
13. El 22 de agosto de 2003, después de dos prórrogas otorgadas por la Comisión, el Estado presentó su respuesta en relación con las medidas adoptadas con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones adoptadas en el Informe 38/03.
14. El 5 de septiembre de 2003, después de analizar la respuesta del Estado a las citadas recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana.
15. El 5 de septiembre de 2003 la Comisión presentó la demanda ante la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Robert K. Goldman y Santiago A. Canton, y como asesores legales al señor Ariel Dulitzky y a la señora Verónica Gómez.
16. El 28 de octubre de 2003 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la notificó junto con los anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese mismo día, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado su derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso.
17. El 28 de octubre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d) y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los representantes de algunos de los familiares de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), a saber: el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
18. El 1 de diciembre de 2003 el Estado designó a la señora Luz Marina Gil García como Agente.
19. El 18 de diciembre de 2003 el Estado, luego de otorgada una prórroga, designó al señor Gustavo Zafra Roldan como juez ad hoc. Ese mismo día designó a la señora Claudia Hernández Aguilar como Agente alterna.
20. El 26 de enero de 2004 los representantes, luego de otorgada una prórroga, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en el cual, además de las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana, alegaron la violación de los artículos 19 y 22 de la Convención Americana.
22. El 19 de mayo de 2004 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares.
23. El 28 de mayo de 2004 Colombia presentó un “escrito de réplica a las observaciones presentadas por los representantes en relación con las excepciones preliminares planteadas por el Estado”. Al respecto, el 23 de julio de 2004 el Presidente resolvió valorar oportunamente los alegatos de los representantes expuestos en su escrito de solicitudes y argumentos, así como en sus observaciones a las excepciones preliminares; no aceptar el escrito de 28 de mayo de 2004 del Estado, en virtud de que se trata de un acto procesal escrito no previsto en el Reglamento; y que el Estado tendrá la oportunidad de referirse a los alegatos de las partes al presentar sus alegatos orales y finales escritos.
24. El 26 de enero de 2005 los representantes solicitaron que, “de conformidad con las potestades discrecionales contempladas por el artículo 45 del Reglamento de la Corte, [ésta] ordene [al] Estado [que] suministre toda la información a su disposición relacionada [con varias diligencias probatorias ordenadas el 30 de julio de 2004 por el Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la audiencia pública que se adelanta ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra el General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez”. El 31 de enero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al Estado y a la Comisión Interamericana que presentaran sus observaciones al respecto.
25. El 28 de enero de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual, de conformidad con los artículos 44 y 47.3 del Reglamento, requirió que los testigos propuestos por los representantes Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, Esther Pinzón López, Sara Paola Pinzón López, María Teresa Pinzón López, Yur Mary Herrera Contreras, Zuli Herrera Contreras, Maryuri Caicedo Contreras, Nadia Marina Valencia Sanmiguel, Yinda Adriana Valencia Sanmiguel, Johanna Marina Valencia Sanmiguel, Gustavo Caicedo Contreras, Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras, Roland Andrés Valencia Sanmiguel, Ronald Mayiber Valencia Sanmiguel y Luis Guillermo Pérez, así como las peritos Ana Deutsch y Robin Kirk, prestaran sus testimonios y peritajes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits), las cuales debían ser remitidas por los representantes a más tardar el 15 de febrero de 2005. Asimismo, el Presidente otorgó un plazo improrrogable de 7 días, contado a partir de la recepción de tales declaraciones, para que la Comisión y el Estado presentaran las observaciones que estimaren pertinentes. Además, el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública por celebrarse en la sede de la Corte Interamericana a partir del 7 de marzo de 2005 a las 8:45 horas, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso, así como los testimonios de las señoras Nory Girlado de Jaramillo, Marina Sanmiguel Duarte y Viviana Barrera Cruz, propuestas por la Comisón y por los representantes; Luz Mery Pinzón López y Mariela Contreras Cruz, propuestas por los representantes, y de los señores Manuel José Bonnet Locarno, Harold Bedoya Pizarro y Camilo Osorio Isaza, propuestos por el Estado; así como el peritaje del señor Federico Andreu, propuesto por los representantes. Asimismo, el Presidente informó a las partes que contaban con plazo improrrogable hasta el 8 de abril de 2005 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas.
26. El 2 de febrero de 2005 el Estado presentó un escrito mediante el cual desistió parcialmente de la prueba testimonial ofrecida en cuanto a las señores Manuel José Bonnet Locarno y Harold Bedoya Pizarro, y a la vez solicitó autorización para reemplazar la declaración del señor Camilo Osorio Isaza por la del señor Gustavo Morales Marín.
27. El 9 y 10 de febrero de 2005, en respuesta a una solicitud de la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, los representantes y la Comisión presentaron sus observaciones a dichas solicitudes relacionadas con la prueba testimonial ofrecida por el Estado (supra párr. 26).
28. El 10 de febrero de 2005 el Estado remitió alguna de la información solicitada por los representantes mediante escrito de 26 de enero de 2005 (supra párr. 24).
29. El 15 de febrero de 2005 los representantes remitieron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) y las declaraciones juradas requeridas por el Presidente (supra párr. 25), salvo las de Rusbel Asdrúbal Martínez Contreras y Roland Mayiber Valencia Sanmiguel “por razones de fuerza mayor”.
30. El 18 de febrero de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual aceptó el desistimiento parcial hecho por el Estado respecto de la comparecencia como testigos de los señores Manuel José Bonnet Locarno y Harold Bedoya Pizarro. Asimismo aceptó la sustitución propuesta por el Estado del señor Camilo Osorio Isaza por el señor Gustavo Morales Marín y le requirió a este último que compareciera en calidad de testigo en la audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas que había sido convocada (supra párr. 25). Además, el Presidente requirió al Estado que presentara, a más tardar el 25 de febrero de 2005, toda la información que tuviera a su disposición relacionada con las diligencias probatorias ordenadas el 30 de julio de 2004 por el Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación de Colombia; las diligencias realizadas en Mapiripán y en el Río Guaviare en relación con la identificación de las presuntas víctimas y la recepción de denuncias de los habitantes del pueblo; así como las diligencias referentes al cambio de radicación del proceso y la audiencia que se adelanta ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá contra el General retirado Jaime Humberto Uscátegui por su presunta participación en la supuesta masacre; en particular, la información relativa a la “metodología y los resultados de las diligencias practicadas en el Río Guaviare y Mapiripán.”
31. El 23 de febrero de 2005 el Estado designó al señor Dionisio Araujo como Agente alterno y al señor Héctor Adolfo Sintura Varela y a las señoras Sonia Pereira y Margarita Manjarrez como asesoras.
32. El 4 de marzo de 2005 el Estado presentó sus observaciones a las declaraciones juradas presentadas por los representantes (supra párrs. 25 y 29).
33. El 4 de marzo de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual señaló:
34. El 7 de marzo de 2005 el Estado presentó un escrito, mediante el cual manifestó:
35. El 7 de marzo de 2005 se celebró la audiencia pública sobre excepciones preliminares y sobre el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, en la cual comparecieron los representantes, la Comisión y el Estado. Comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión Interamericana: los señores Víctor H. Madrigal Borloz y Juan Pablo Albán, asesores legales, y la señora Verónica Gómez, asesora legal; b) por los representantes: los señores Rafael Barrios Mendivil y Eduardo Carreño, y la señora Jomary Ortegón, de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”; y las señoras Viviana Krsticevic y Roxana Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y c) por el Estado: la señora Luz Marina Gil García, Agente; el señor Dionisio Araujo, Agente alterno; el señor Héctor Adolfo Sintura Varela, asesor legal; y las señoras Sonia Pereira y Margarita Manjarrez, asesoras legales.
36. Al iniciar la audiencia pública, las partes manifestaron sus posiciones y observaciones respecto del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y las excepciones preliminares. Al respecto, la Comisión resaltó la voluntad manifestada por el Estado y valoró la importancia de su pronunciamiento, ya que representa un paso hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Asimismo, valoró particularmente las palabras expresadas para evocar la memoria de las presuntas víctimas y para pedir perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana. Por otra parte, manifestó que se debía mantener abierta la etapa sobre el fondo, para ventilar todos los alegatos de hecho y de derecho formulados por los representantes y por la Comisión, y la responsabilidad del Estado en perjuicio de todas las personas identificadas y no identificadas, señaladas como presuntas víctimas en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos. Por su parte, los representantes valoraron la evocación de la memoria de las presuntas víctimas y el pedido de perdón a sus familiares y a la sociedad colombiana. Agregaron que aunque la declaratoria expresaba una voluntad del Estado de avanzar en el esclarecimiento del caso, ésta era “insatisfactoria” respecto de las cuestiones fundamentales de hecho y derecho relevantes para la solución del caso. Por último, solicitaron que continuara la etapa del proceso de manera amplia, tratando tanto cuestiones de hecho y de derecho, y de reparaciones. Por otro lado, la Comisión y los representantes manifestaron que existía una contradicción fundamental en reconocer la responsabilidad sobre ciertos derechos y mantener ciertas excepciones preliminares. Por su parte, el Estado consideró y reconoció la autonomía de la Corte para la valoración de los efectos jurídicos que tiene la declaración de responsabilidad del Estado y ratificó la solicitud que hizo en su declaración, en relación con esos efectos jurídicos. Asimismo, manifestó que en caso de que la Corte aceptara la procedencia de la excepción preliminar, la Corte perdería su competencia para decidir sobre las indemnizaciones, pero el Estado estaría en posibilidad de determinar esas reparaciones con fundamento en su derecho interno.
37. El 7 de marzo de 2005 la Corte dictó Sentencia sobre Excepciones Preliminares y Reconocimiento de Responsabilidad1, en la cual hizo las siguientes consideraciones:
26. A su vez, el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los hechos señalados en el literal B del Capítulo VI de la demanda presentada por la Comisión. […]
38. Una vez dictada dicha Sentencia, la Corte continuó con la audiencia pública en relación con el fondo, las reparaciones y costas, y escuchó los testimonios y peritaje de las personas que habían sido convocadas a comparecer ante el Tribunal (supra párrs. 25 y 30).
39. El 23 de marzo de 2005 el señor Federico Andreu presentó un resumen escrito del peritaje rendido durante la audiencia pública.
40. El 8 de abril de 2005 el Estado, la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos finales escritos.
41. El 9 de mayo de 2005 la Fundación “Manuel Cepeda Vargas” presentó un amicus curiae en el presente caso.
42. El 15 de mayo de 2005 el Centro Internacional por la Jusicia Transicional presentó un amicus curiae elaborado por los señores Paul van Zyl, Lisa Magarrel y Leonardo Filippini, para ser considerado en el presente caso.
43. El 5 de agosto de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte y en los términos del artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, solicitó a los representantes y al Estado la remisión, a más tardar el 19 de agosto de 2005, de determinada información y de varios documentos como prueba para mejor resolver en el caso. Específicamente, se solicitó información concerniente al proceso penal en curso ante la jurisdicción penal ordinaria y a procesos contencioso administrativos iniciados por familiares de presuntas víctimas; información de posibles nuevas necropsias; nombres de los familiares de presuntas víctimas que habrían sido presuntamente desplazados y si se encontraban o fueron inscritos como tales y/o si habían recibido ayuda o apoyo de cualquier naturaleza por parte del Estado en razón de dicha situación; así como actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción.
44. El 22 de agosto de 2005 los representantes presentaron un escrito mediante el cual solicitaron que “la aprobación de la Ley 975 de 2005 […] por el Congreso Nacional de Colombia […] y su sanción por el Presidente de la República” fuera considerado como un hecho superviniente en el presente caso, y que la Corte se pronunciara al respecto en la Sentencia. El 23 de agosto de 2005, siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría otorgó un plazo de cinco días a la Comisión Interamericana y al Estado para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes al respecto.
45. El 22 y 24 de agosto de 2005 los representantes y el Estado remitieron, respectivamente, determinada información y una serie de documentos, en respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver (supra párr. 43).
46. El 30 de agosto de 2005 la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme presentó un amicus curiae.
47. El 2 y 7 de septiembre de 2005 la Comisión y el Estado presentaron, respectivamente, y luego de otorgada una prórroga, sus observaciones a la solicitud de los representantes en relación con la aprobación de la Ley 975 de 2005 (supra párr. 44).