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Timestamp: 2020-01-28 07:08:12
Document Index: 298595

Matched Legal Cases: ['Artículo 181', 'Artículo 246', 'Artículo 347', 'Artículo 7', 'Artículo 187', 'Artículo 342', 'artículo 236', 'Artículo 74', 'Artículo 204', 'Artículo 293', 'Artículo 71', 'Artículo 71', 'Artículo 71', 'Artículo 293', 'Artículo 246', 'Artículo 181', 'e contrario']

Proyectos | Dr. POLÍTICO
por Luis Enrique Alcalá | Jul 16, 2019 | General, Política, Proyectos | 0 Comentarios
Los caminos existen para ser recorridos
A Jean Pasquali
John Naisbitt – Megatendencias (1982)
Primeramente, algo de historia: están próximos a cumplirse veinte años de la promulgación, por referendo popular, de la Constitución venezolana—15 de diciembre de 1999—que consagra una democracia participativa tras la precursora reforma, el año anterior, de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que introdujo la figura del referendo consultivo en un nuevo Título VI (De los referendos):
Artículo 181 El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, el Congreso de la República por acuerdo adoptado en sesión conjunta de las Cámaras, convocada con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha de su realización, por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes; o un número no menor del diez por ciento (10%) de aquellos electores inscritos en el Registro Electoral, tendrán la iniciativa para convocar la celebración de un referendo, con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional.
Hasta entonces, sólo se había previsto constitucionalmente el referendo requerido para aprobar una “reforma general” de la Constitución de 1961 (Artículo 246, Numeral 4: “El proyecto aprobado se someterá a referéndum en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta, para que el pueblo se pronuncie en favor o en contra de la reforma”). A pesar de eso, el segundo gobierno de Rafael Caldera amenazó con la convocatoria de un referendo—ver Ahora tiene que consultar, 8 de agosto de 1994—que aprobara un segundo decreto de suspensión de garantías en su primer año, ante la negativa a apoyarlo de su antiguo partido, COPEI. (El apoyo que prestara Acción Democrática lo hizo prescindible).
El dictador plebiscitario
En la práctica, existía un precedente: el 15 de diciembre de 1957 se efectuó un plebiscito convocado por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la primera consulta popular de nuestra historia. “En noviembre de 1957 el general Marcos Pérez Jiménez le comunicó al Congreso de la República su intención de no convocar elecciones generales y en su lugar celebrar un referéndum para definir si continuaba al frente del gobierno 5 años más”. (Wikipedia en Español). Esa decisión agravó la opinión nacional en su contra y aceleró su deposición 39 días más tarde, al ser ampliamente tenidos como fraudulentos los resultados plebiscitarios que se anunciara. La denominación escogida por Pérez Jiménez, manchada por el descrédito, sería empleada sesenta años después por la Mesa de la Unidad Democrática, que organizó el “plebiscito” del 16 de julio de 2017.* Antes, Henrique Capriles Radonski, autonombrado jefe de campaña de todos los candidatos opositores en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, intentó vender la errada noción de que ellas debían ser tenidas como ¡un plebiscito sobre el gobierno de Nicolás Maduro! (Lo perdió de calle; ver Las cuentas como son, 11 de diciembre de 2013).
En 1999, los venezolanos fuimos llamados a dos referendos: el primero, del 25 de abril de ese año, nos preguntó si era nuestro deseo convocar una asamblea constituyente “con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una Democracia Social y Participativa”, lo que aprobamos. También se nos preguntó lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.669 de fecha Marzo, 25 de 1999?” Eran las “bases comiciales” que determinaban la forma de elegir los diputados constituyentes; la Asamblea Nacional ha descuidado legislar sobre el asunto, lo que permitió que Nicolás Maduro estableciera las de la elección de la actual constituyente, convocada por él mismo el 1º de mayo de 2017.
“…el vicio fundamental de la convocatoria a constituyente no es que requiera un referendo previo para que sea válida, sino el diseño de las bases comiciales. Es una verdadera aberración eso de los diputados ‘sectoriales’. El Pueblo, el Poder Constituyente Originario, no es un agregado de sectores sino de ciudadanos. (…) La Asamblea Nacional ha pecado por omisión al no legislar sobre las bases comiciales de una asamblea constituyente…” (Película de terror, 3 de julio [de 2017]). Dos meses antes, en ¿Preguntas sin respuestas?: “…la Asamblea Nacional pudiera buscar cómo legislar—recuperando su eficacia si arregla el asunto del fulano desacato—acerca de las bases comiciales para elegir diputados constituyentes [una ley es de rango superior a cualquier decreto del Ejecutivo o reglamento del CNE] (…) Entonces pudiera aprestarse la MUD para dar otra paliza electoral al oficialismo, aunque sea en una constituyente que no necesitamos”.
Imagen borrosa de interlocutores muertos
En aquel entonces, se tenía a la nueva constitución que resultaría de los trabajos constituyentes como el instrumento de transformación del Estado y la concreción del “nuevo ordenamiento jurídico”. La redacción actual, que absorbe ambos propósitos en el Artículo 347, pareciera distinguir entre ellos y la nueva constitución: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, siendo que se transforma el Estado y se crea un nuevo ordenamiento jurídico precisamente en una nueva constitución. Lo que sí estuvo claro desde un principio es que la nueva constitución no entraría en vigencia hasta que el Pueblo la aprobara en referendo, y así el segundo referendo de 1999 sometió el texto producido bajo la presidencia de Luis Miquilena a la aprobación popular el 15 de diciembre de aquel año.** Tal cosa fue explicada por el propio Hugo Chávez a Oscar Yanes, quien asediaba falazmente a su entrevistado el 17 de junio de 1998 en su programa La silla caliente, en plena campaña electoral. He aquí el audio del fragmento pertinente:
Cerrando 1999, el referendo del 15 de diciembre promulgó la nueva Constitución, que aún rige. (No está suspendida mientras la Asamblea Nacional Constituyente esté en funcionamiento).
En 2004, la oposición organizada en la Coordinadora Democrática, madre de la MUD—ver la composición genética de ambas en La torta, 11 de octubre de 2012—, logró superar todos los obstáculos y convocar, con la decisiva logística de Súmate, nuestro tercer referendo, hasta ahora el único causado desde la iniciativa popular: el referendo revocatorio contra Hugo Chávez, quien pudo superarlo. (Bofetada terapéutica, 19 de agosto de 2004). Tres años más tarde, el presidente Chávez, habiendo derrotado abrumadoramente a Manuel Rosales en diciembre de 2006, creyó que podía acelerar la introducción del socialismo en Venezuela mediante un referendo, el cuarto, que se celebró el 2 de diciembre de 2007 para decidir sobre dos proyectos complementarios de reforma constitucional, uno propuesto por la Presidencia de la República y otro por la Asamblea Nacional. Chávez salió en derrota, la única de su carrera si no tomamos en cuenta su fracaso del 4 de febrero de 1992 y la enfermedad que lo venció; su proyecto fue desechado por una mayoría de sólo 1,31%, mientras que el que presentara la Asamblea lo fue por 2,02%. (Entonces presidía ya el Consejo Nacional Electoral la misma Tibisay Lucena de ahora. Es una anomalía inexplicada—por quienes predican que el Consejo Nacional Electoral de mayoría oficialista, aún presidido por ella, es consistentemente fraudulento—que con diferencias tan exiguas se promulgara el resultado adverso de una reforma que era tan importante para la “Revolución Bolivariana” desde el punto de vista estratégico).
Finalmente, el quinto referendo de nuestra historia—si no se considera el plebiscito de Pérez Jiménez—se celebró el 15 de febrero de 2009, con el propósito de instaurar la posibilidad de reelección indefinida de funcionarios electos. Tal cosa estuvo prevista en los proyectos de reforma derrotados en 2007, pero sólo para la Presidencia de la República. Esta vez—”no hay quinto malo”—, la cosa le funcionó al oficialismo.
No se nos ha consultado más.
Aproximadamente mensual
El suscrito ha sido partidario de consultas referendarias desde hace treinta y cinco años. En carta a Arturo Sosa hijo (el padre del padre jesuita) del 7 de septiembre de 1984, ya especificaba sobre un nuevo y necesario tipo de organización política que debía ser “[u]na sociedad que lleve a todas las aulas la revolución de la informática y que al mismo tiempo establezca una comunicación regular con sus miembros que trascienda la esporádica convocatoria a un ‘acto de masas’. Una sociedad que nunca más se refiera a sus miembros como ‘masa’. Una sociedad que haga uso de la inmediata posibilidad tecnológica para dar paso a la participación de la voz del pueblo, que promueva la encuesta, la consulta, el referéndum”. Diez años después, establecía una publicación mensual sobre materia política que se llamó, justamente, referéndum (1994-1998). En el segundo de sus números, escribí:
El propósito de esta entrada no es otro que volver sobre esta idea, luego de registrar que he adelantado otras proposiciones referendarias en el mismo 1994 y, más tarde, en 1998, 2003, 2007, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 y 2018. Más recientemente, reiteré que no puede acordarse—en Noruega, Barbados o Nueva Zelanda—nuevas elecciones sino a partir de un referendo (a menos que se acuerde la renuncia de Nicolás Maduro a su legítimo cargo de Presidente de la República). En Tiempo de Guerra (10 de junio de 2019), se propuso el siguiente grupo de consultas:
a. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Presidente de la República; b. si el Pueblo quiere que se celebre en noventa días una nueva elección de Asamblea Nacional; c. si el Pueblo quiere que se nombre de inmediato cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (“cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, Art. 296) según el siguiente procedimiento—distinto del previsto en ese artículo, que sólo el Poder Constituyente Originario puede sobrepujar—: dos de los nuevos rectores a ser nombrados por la Asamblea Nacional, dos por el Poder Ejecutivo Nacional y uno de mutuo acuerdo de estos dos poderes.
Diseño de mi hija Eugenia en franela que me regaló
Y en el último programa de Dr. Político en RCR (18 de mayo de 2019), expuse que podía introducirse una particular reforma de la Constitución que instituyera el Referendo Anual de la República propuesto hace veinticinco años. Éste es el fragmento de esa emisión postrera que concluye con el asunto:
Más allá de lo propugnado al proponerlo en abril de 1994, creo que debe añadirse al que se celebraría en el primer año de cada período constitucional lo siguiente, que es proposición de agosto de ese mismo año (referéndum #6, 8 de agosto de 1994):
…puede valer la pena considerar la siguiente idea: consultar a los Electores sobre los lineamientos generales del plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo, el que hasta ahora, dicho sea de paso, es desconocido. La Constitución Nacional incluye ahora, gracias al Artículo 7º de su Enmienda Nº 2, la siguiente disposición: “El Ejecutivo Nacional en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación”. En nuestra opinión, debiera ser a los Electores, no a las Cámaras del Congreso de la República, a quienes debiera solicitarse la aprobación de las “líneas generales del plan de desarrollo” del Ejecutivo. Esto, naturalmente, precisaría que la Constitución fuese modificada. No puede crearse de la noche a la mañana un carácter vinculante que colida con uno dispuesto expresamente en el texto constitucional. Pero si, como había argumentado el Gobierno, podía hacerse un referéndum no vinculante para consultar su diferendo con el Congreso, perfectamente puede celebrarse uno para el acto más esencial que puede haber en el ejercicio de la política: obtener la aquiescencia del Pueblo respecto del rumbo general del Estado de cuya soberanía es asiento.
Es decir, pasaría al Pueblo la atribución establecida en el Numeral 8 del Artículo 187 de la Constitución actual como prerrogativa de la Asamblea Nacional: “Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional”.
Tratándose de una proposición de reforma constitucional, la iniciativa popular es exigida en 15% de los electores (Artículo 342 de la Constitución), pero la Asamblea Nacional por mayoría simple y el Presidente de la República en Consejo de Ministros proveen canales de igual eficacia y menor costo. De resto, la puerta debe permanecer abierta a la inclusión de otras cuestiones que convendría que el Pueblo considerase en ese Referendo Anual de la República. Dado que se trata de un referendo periódico preestablecido, creo que debe reducirse muy marcadamente la exigencia a la iniciativa popular para esas consultas adicionales. (Es de 20% de los electores para un referendo revocatorio, de 15% para convocar a constituyente o introducir un proyecto de reforma de la Constitución, de 10% para un referendo consultivo y la abrogación de leyes y de 5% para la abrogación de “los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución”, según estipula el Artículo 74; es decir, cuando ha sido autorizado al efecto mediante ley habilitante). Pienso que puede ser el requisito tan bajo como el de 1% de los electores (algo más de 200.000 ciudadanos en este momento); a fin de cuentas, el Numeral 7 del Artículo 204 de la Constitución prescribe que la iniciativa de las leyes corresponde “A los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral permanente”, o un poco más de veinte mil electores.
La conveniencia de apelaciones al juicio del Pueblo, el Poder Supraconstitucional, no es de índole coyuntural; tal cosa debe ser instituida con carácter periódico, como institución de empleo permanente que no esté sujeta a convocatorias electivas o azarosas. El Pueblo, en una verdadera democracia participativa, debe mandar (ya no sólo elegir) habitualmente.
Un último asunto de ingeniería, que me encuentro promoviendo: la constitución de una asociación permanente para facilitar la expresión de la iniciativa popular en las formas contempladas en la Constitución; esto es, en la convocatoria de referendos por esa iniciativa. Ella podría también auxiliar la formación de grupos de electores que puedan postular candidatos a cargos municipales, estadales o nacionales. He aquí dos párrafos del Proyecto SPV (Sociedad Política de Venezuela)—la sociedad que anticipaba a Sosa—, del 8 de febrero de 1985:
…una tercera clase de operación en la que in­tervendrá la Sociedad Política de Venezuela, junto con las ya mencionadas operaciones estatutarias y operaciones pro­gramáticas, está constituida por las operaciones electora­les. Y acá la Sociedad Política de Venezuela introduce una normativa que difiere radicalmente de la habitual partici­pación electoral de los actores políticos tradicionales. La Sociedad Política de Venezuela en ningún caso postulará a persona alguna para un cargo público electivo. Esta norma puede parecer a primera vista la negación de la esencia de lo político. Sin embargo, esto no significa en modo alguno que la Sociedad Política de Venezuela renuncia a toda participación en los procesos electorales del país. Al contra­rio, la Sociedad podrá emplear recursos financieros y téc­nicos en apoyo a la postulación de miembros suyos a cargos electivos, pero siempre y cuando los miembros en cuestión soliciten los recursos descritos luego de que hayan obte­nido el apoyo de un grupo de electores. Este apoyo deberá expresarse en un número de electores aún superior al que determinen las actuales leyes electorales venezolanas como definición de grupo de electores.
Con esta norma quiere consagrarse el principio de la re­presentación real, en sustitución de la representación in­completa e imperfecta que hoy en día supone la práctica partidista de imponerle a los ciudadanos unos representan­tes que menos lo son de la ciudadanía que de las circunstanciales oligarquías partidistas. No debe bastar que al­guien sea miembro de la Sociedad y en ese sentido se en­tienda que en principio tal persona comprenda la política desde un nuevo punto de vista. Ni siquiera debe bastar que los órganos directivos de la Sociedad consideren que uno de sus miembros es además particularmente idóneo para un cierto cargo electivo. La condición verdaderamente impor­tante debe estar dada por la voluntad de los electores mis­mos, por esa voluntad que continúa siendo mediatizada y es­camoteada en beneficio de una soberbia pretensión de los partidos de que son ellos más idóneos que el propio electo­rado para determinar quién debe representarlo. Por esto la norma de la no postulación tiene el más profundo sentido democrático, y la Sociedad Política de Venezuela de ese modo da substancia real y operante al concepto de la demo­cracia factible y verdadera opción para que nuevos actores políticos puedan acceder a la carrera de orientación pú­blica. Y precisamente por tratarse de proveer oportunidades a los nuevos actores, la Sociedad contará asimismo con los mecanismos por los cuales sea posible ayudar a nuevos acto­res políticos a darse a conocer a los electores. Pero serán éstos, en definitiva, quienes tendrán la voz determinante para decir: “queremos que sea éste quien nos represente”.
Deséenme, por favor, la suerte que no he tenido a tal fin en los últimos treinta y cuatro años. LEA
* “La MUD ha escogido llamar a la consulta que organiza para el 16 de este mes un plebiscito en lugar de un referendo, básicamente para escapar a lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 293 de la Constitución: ‘El poder Electoral tiene por función: 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos’. En verdad, se trata de términos sinónimos; El Diccionario de la Lengua Española define como plebiscito: 1. m. Resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos. 2. m. Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. En cambio ofrece para referendo (referéndum): 1. m. Procedimiento por el que se someten al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter decisorio o consultivo. En verdad, la ruta de escape es precaria, puesto que la propia MUD publicó hace tres días una explicación de la iniciativa que comenzaba por decir: ‘…solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un Proceso Nacional de Decisión Soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, y a partir de ese resultado, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la Hora Cero nacional’. El Artículo 71 es, precisamente, el que norma los referendos consultivos, y su terminología no menciona un “proceso nacional de decisión soberana” ni emplea la palabra plebiscito. Como puse el 3 de julio (Película de terror): ‘Si la MUD finca su atropellada idea en la Constitución Nacional al citar el Artículo 71, no puede desatender ninguna otra de sus disposiciones; no se puede (debe) acoger la Constitución a pedacitos’, y la MUD escoge apelar a los Artículos 71, 333 y 350 y desconocer el Numeral 5 del Artículo 293′”. (El tercer plebiscito, 6 de julio de 2017). La Comisión de Garantes de la MUD, presidida por Cecilia García Arocha, reportó la asistencia de 38,5% del registro electoral el 16 de julio de 2017, lo que evidentemente no constituía la mayoría de los electores, ni siquiera el 40%, a pesar de lo cual gente como Ma. Corina Machado insiste en considerar al evento como un “mandato del Pueblo”. (Ver Exégesis crítica, 19 de julio de 2017).
** El Preámbulo de nuestra vigente Constitución, una cláusula castellana compleja, tiene por oración principal la siguiente: “El pueblo de Venezuela… en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente {Constitución]”, y la Disposición Final Única establece: “Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, después de su aprobación por el pueblo mediante referendo”. (La única entre las muchas constituciones venezolanas que ha sido aprobada por el Pueblo, se refiere a él con inicial minúscula, mientras emplea la mayúscula para los poderes constituidos. La ANC en funciones, remolona pero sexodiversa, debiera instituir la mayúscula debida por fundamental respeto).
Para descargar esta entrada como archivo de formato .pdf: Ingeniería de la participación
Postura en tránsito
por Luis Enrique Alcalá | Ago 30, 2015 | Política, Proyectos | 0 Comentarios
Casi todo puede decidirse en referendos
…ante una crisis de la dimensión que padecemos, es insólito que no se procure el pronunciamiento del Pueblo, el Poder Constituyente Originario, en una democracia supuestamente participativa.
La Razón como anfitrión
En febrero de 1985 proponía constituir una nueva asociación política en Venezuela, con el objeto de “llevar a cabo operaciones que transformen la estructura y la dinámica de los procesos políticos nacionales a fin de… [a]crecentar la democracia en dirección de límites que la tecnología política le permite”. En su “documento base” se describía “un primer programa cuyo objetivo sea cambiar de modo significativo el ambiente político del país. (…) Su fase más importante y la que marcará la más significativa diferencia, será la de explicar el proyecto a la ciudadanía y recabar el apoyo de firmas para que ese proyecto sea introducido a las cámaras legislativas por la vía consagrada constitucionalmente de la iniciativa popular. (…) [s]e trata de señalar una conducta diferente: la de creer en una democracia factible más allá de la retórica, al emplear en la práctica los canales que nuestra propia legislación vigente ha dispuesto para la participación popular. Y es más que justicia que un proyecto de ley destinado a incrementar esa participación sea precisamente introducido por iniciativa popular”.
La asociación jamás llegó a constituirse; era época regida por la Constitución de 1961, la que sólo contemplaba la posibilidad de referéndum en su Artículo 246, para el caso de una reforma general de la constitución. Dos meses antes del proyecto de febrero de 1985, había sugerido que la integración política latinoamericana no era una decisión de gobernantes sino de pueblos: “…hay un sentido profundo en el que la tesis, o más que la tesis la causa, puede ser declarada como correcta. En política la corrección final la confiere el entusiasmo del pueblo. ¿Por qué no consultar el asunto con él? ¿Por qué no preguntarle a los habitantes del área?” (Ver Debate Viso-Urbaneja-Alcalá, diciembre de 1984).
En el último número de referéndum (clic amplía)
Entre febrero de 1994 y septiembre de 1998, produje una publicación de frecuencia aproximadamente mensual. Se llamaba referéndum, y el último de sus artículos principales llevó por título Primer Referendo Nacional. En diciembre de 1997, el Congreso de la República había reformado la Ley Orgánica del Sufragio y la Participación Política e introducido en ella un nuevo título—VI. De los referendos—consagrando de ese modo la figura del referendo consultivo: “Artículo 181. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República por acuerdo adoptado en sesión conjunta de las Cámaras, convocada con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha de su realización, por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes; o un número no menor del diez por ciento (10%) de aquellos electores inscritos en el Registro Electoral, tendrán la iniciativa para convocar la celebración de un referendo, con el objetivo de consultar a los electores sobre decisiones de especial transcendencia nacional”. Proponía, pues, en el último artículo de referéndum, que el presidente Caldera promulgara la consulta que luego convocó Hugo Chávez, para preguntarnos si queríamos elegir una asamblea constituyente. Allí decía cosas como ésta:
…es perfectamente sano para la Nación el referendo mismo y la propia Constituyente. Concebidos con serenidad, convocado uno por el actual Presidente de la República y la otra según las reglas que puedan derivarse de la consulta popular o de una no imposible reforma de la Constitución, restituirán en grado apreciable la disminuida seguridad política venezolana. Celebrado el referendo en diciembre de este año, para empezar, junto con las elecciones presidenciales, puede desaguarse por su fundamental cauce buena parte de la angustia ciudadana que hasta ahora sólo disponía de los cauces candidaturales y parece preferir uno entre ellos, el que se prevé más turbulento. Conduciendo buena parte del raudal de inconformes voluntades electorales por un brazo tan primario y portentoso como el de un referendo, es de esperar que la preferencia por lo tumultuoso disminuya, y así llegue a la Presidencia de la República un candidato inviolento.
Habríamos tenido, creo, una constituyente bastante distinta de la causada por Chávez y tal vez éste no hubiera sido ni siquiera elegido al perder la exclusividad de la marca constituyente, pero Rafael Caldera no quiso convocar el referendo necesario. En octubre de 1998, dos meses antes de la primera elección de Chávez, comenté (en artículo para el diario La Verdad de Maracaibo): “…que el presidente Caldera haya dejado transcurrir su período sin que ninguna transformación constitucional se haya producido no ha hecho otra cosa que posponer esa atractriz ineludible. Con el retraso, a lo sumo, lo que se ha logrado es aumentar la probabilidad de que el cambio sea radical y pueda serlo en exceso. Éste es el destino inexorable del conservatismo: obtener, con su empecinada resistencia, una situación contraria a la que busca, muchas veces con una intensidad recrecida”.
Más aún: cuatro años antes había adelantado en el segundo número de referéndum (Una visión de Venezuela, 4 de abril de 1994):
Lo aconsejable es confiar más en este pueblo. Lo aconsejable es un referéndum anual de la República. (…) Hay que confiar en que el pueblo de Venezuela puede aportar tanto en un referéndum anual como puede aportar a una empresa la asamblea de sus accionistas. Este referéndum debe producirse luego de la presentación de la cuenta ordinaria del Presidente de la República al término de cada año de su mandato. Debe pronunciarse por la aprobación o improbación de su memoria y cuenta y sobre su confirmación en el cargo o su cesantía. Todos los años.
Un jurista pendular
El 25 de febrero de 2002, expuse en el programa Triángulo de Televén un procedimiento para abolir el gobierno de Hugo Chávez desde el pronunciamiento explícito del Poder Constituyente Originario. Después de asegurarme (el 8 de marzo) que tal proposición era, “como decimos en Filosofía del Derecho, ontológicamente correcta”, Hermann Escarrá la despachó sumariamente:
Dos días después de esa conversación, era entrevistado por su colega, Asdrúbal Aguiar, en el programa que éste tenía los domingos por la noche en CMT Canal 51. Ambos habitaban el Olimpo de los juristas, y allí conversaron sobre las opciones para resolver el problema Chávez. Escarrá comentó con escepticismo que había comenzado a hablarse de un procedimiento de abolición: “Su proponente—un sociólogo—lo llama Acta de Abolición”. Y repitió: “¡Un sociólogo!”, en el tono con el que se habría referido despectivamente a un criado de librea.
A los pocos días, y en vista del aparente éxito de la proposición, pensé que yo no tenía la más mínima capacidad para llevar la idea a la práctica y que, por tal razón, tendría que convencer a alguien que pudiera. Rápidamente descarté la posibilidad de interesar a Acción Democrática o COPEI, los desprestigiados partidos, y pensé que quizás Primero Justicia, un partido joven nutrido de abogados, fuera un vehículo adecuado. Solicité entonces una entrevista con Julio Borges. La primera cita fue un embarque. Creo ahora que Borges imaginó que le trataría el asunto que ya era público e hizo un intento por no encontrarse conmigo. Cuando reclamé molesto la desatención, propuso una nueva cita siete días después.
Borges me recibió acompañado por Gerardo Blyde, Liliana Hernández y otra persona de nombre descortésmente olvidado por mí, quien fungiera entonces como Secretario del partido. El grupo escuchó mi planteamiento acerca de un procedimiento de soberana abolición del gobierno de Chávez y no encontró manera de invalidarlo, ni lógica ni jurídicamente. Claro que Borges había equiparado la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de 1999, que establecía la base de mi razonamiento, con un terremoto que habría causado, según él, “la destrucción total de las instituciones”.
Allí sufrió el procedimiento de abolición una primera muerte. Al año siguiente, sería rematado por la Gente del Petróleo. (…) Arturo Castro tenía buenos contactos con la Gente del Petróleo, y al mismo tiempo creía en las bondades del tratamiento de abolición del gobierno. Por esto me propuso contactar a los líderes del paro en PDVSA para hacerles saber de esa avenida. Fuimos en enero de 2003 a una reunión convocada al efecto en un salón del Hotel Eurobuilding, muy cerca de lo que dio en llamarse Plaza de la Meritocracia, en la urbanización Chuao. Ya Horacio Medina había sido informado por Castro, y éste sabía por el primero de una cálida acogida preliminar de la idea. Esta posición de los petroleros fue confirmada al comienzo de la reunión, en la que Eddie Ramírez también manifestó su conformidad. Cuando estábamos ya adentrados en temas logísticos de la abolición, que Medina aseguró estaba en capacidad de resolver y manejar, apareció el muchacho de la película, catire y todo: Juan Fernández, la cara más visible de los petroleros en rebeldía. Este caballero aseguró que no sería necesario aplicar un tratamiento de abolición, puesto que el paro marchaba viento en popa y el gobierno caería irremisiblemente. No convenía, aseguró, complicar las cosas con un curso distinto de la huelga. (En Las élites culposas).
Para el Secretario General de la OEA
En febrero del año siguiente redacté y entregué a César Gaviria el texto Memoria Clínica: Tratamiento de Abolición. Quien entonces fuera Secretario General de la Organización de Estados Americanos venía por aquellos días a mediar—junto con el expresidente de los Estados Unidos, James Carter—entre el gobierno y la oposición en Venezuela, luego de que el golpe de Carmona, la toma de la Plaza Francia por militares en rebeldía y el costosísimo e ineficaz paro petrolero hubieran fracasado como medios de terminar con el gobierno de Chávez. También le entregué una proposición alterna, Gran Referendo Nacional, en la que se lee: “Las heridas venezolanas son tantas y tan lacerantes, que no hay modo de curarlas sin una apelación perentoria al poder fundamental y originario del Pueblo, a través de un Gran Referendo Nacional”. Nunca más volvería a ver a Gaviria.
Visto que los febreros no son tiempo propicio para que proponga nada, y después de un largo período de recuperación, me atreví entonces en julio de 2009 a proponer, una vez más, el llamado a un pronunciamiento de la Corona. Escribí Parada de trote en el #341 de la Carta Semanal de doctorpolítico, donde puse:
Todas las encuestas que ha podido conocer quien escribe han dado recientes datos bastante similares. (…) …la mayoría de los venezolanos rechaza la pretensión de implantar en el país un sistema político-económico socialista… (…) ¿Qué hace uno con una mayoría tan fuerte? Pues procura que se exprese políticamente de modo válido. Pide que el asunto sea votado, pues está seguro de ganar una consulta que lo considera. Es ésa una regla política elemental. Quien tiene la mayoría quiere que se la mida y certifique, porque quien tiene la mayoría puede mandar. La mayoría abundante que no quiere un régimen socialista para Venezuela debiera apoyar la convocatoria, por iniciativa popular, de un referéndum consultivo sobre dicha posibilidad…
Ningún eco resonó de la propuesta en predios de la dirigencia opositora, por lo que, olvidando que el febrerismo no me es favorable, quise desafiar al mismísimo Hugo Chávez en Emplazamiento de Caracas (8 de febrero de 2010):
Al menos comentaron ese artículo, la mayoría favorablemente, varios visitantes del blog, y una serie de entradas sobre el tema pareció culminar en Doctrina del referendo sobre el socialismo (junio de 2010):
La duda más frecuente en las comunicaciones recibidas, todas expresivas de un gran interés en la iniciativa, es si la promoción del referendo no afectará negativamente el desempeño de las campañas (especialmente las de candidatos de oposición) hacia las elecciones de la Asamblea Nacional.
Creo que la respuesta a esa duda es declarar que estas elecciones se afectarían significativamente por la inclusión del referendo en su misma fecha, el 26 de septiembre, pero de un modo totalmente contrario: las afectaría de una manera enteramente positiva. Esto es así por dos razones principales.
Asamblea resultante por miopía estratégica
Primera: porque el debate sobre la materia del referendo—la conveniencia o inconveniencia de instaurar en Venezuela un régimen socialista—contribuirá a clarificar el tema central de esta elección. La Asamblea Nacional en funciones o, más exactamente, su fracción dominante, la del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha asumido una línea de cooperación incondicional y aquiescencia plena a las intenciones y decisiones socializantes del Ejecutivo Nacional. Ahora todos los diputados de esa importante fracción hablan de socialismo como la justificación última de las leyes, investigaciones y acuerdos que aprueban con la mayor celeridad, para facilitar la acción del Presidente de la República en dirección del socialismo. Están con el Presidente en un compromiso de “patria, socialismo o muerte”. Este tema, por tanto, es el verdadero debate nacional, más allá de las muy razonables agendas legislativas de cada candidato a diputado, y de la crucial necesidad de restituir en el país un equilibrio de poderes enteramente extraviado.
Segunda: porque la importancia de la cuestión estimulará una mayor afluencia electoral el 26 de septiembre. Esto, por cierto, debiera ser asunto del mayor interés a los candidatos de oposición especialmente. Más de un estudio de opinión señala que, aun en circuitos donde la propensión a elegir candidatos de oposición es mayoritaria, una mayor tendencia abstencionista en el electorado opositor terminaría dando el triunfo a candidatos del oficialismo.
No es entonces ahora la primera vez que se rechaza la idea porque, antes de cruzar el puente del referendo, habría que cruzar el río de las elecciones de Asamblea. (Argumento reeditado por Jesús Torrealba el 23 de mayo de este año en la edición #145 de Dr. Político en Radio Caracas Radio, reforzado por la profunda noción de que “no vivimos en un cantón suizo”). Más de uno pretendió disuadirme:
NN me escribió el 9 de junio de 2010 para excitarme a que cesara en “esta cruzada”, aduciendo falazmente que las “últimas encuestas”, en particular la de Datos, señalaban la existencia en el país de una mayoría ciudadana a favor del socialismo. XX e YY, del Grupo La Colina, reiteraron la afirmación de NN, aunque no fueron capaces de mostrar la información del Pulso Nacional de Datos que corroboraría esa pretensión. El 27 de enero de 2011, Joseph Saade, quien sustituyó a su padre en la presidencia de Datos, hizo una presentación—Perspectivas del Consumidor y Opinión Pública—, en el foro Perspectivas Económicas de VenAmCham, que incluyó estas afirmaciones: “En cuanto al modelo socialista del Gobierno, 50% de la población está en desacuerdo versus 34% que está a favor. El estudio señala que sólo uno de tres venezolanos apoya el modelo del Presidente Hugo Chávez“. Saade es persona muy cercana al grupo de XX e YY. (En Las élites culposas).
La misma noción, la misma fe en el pueblo, la misma convicción acerca de la corrección del tratamiento del chavoma por apelación al Soberano, ha sido expuesta por mí numerosas veces en Dr. Político en RCR—programa iniciado el 7 de julio de 2012—, ocurriendo la primera en la transmisión del 3 de noviembre de ese mismo año. Una de las versiones radiales del tratamiento fue explicada en El Gran Referendo. (6 de abril de 2014), y ya en junio de 1998 había escrito en referéndum (De héroes y de sabios):
Un posible veredicto acerca de tal periplo—el recuento precedente es sólo una fracción del recorrido—es que se trata de un evidente caso de terquedad. Pero una observación de John C. Maxwell me ofrece refugio: “El fracaso de los planes no debe interpretarse como el fracaso de la visión. Las visiones no cambian, sólo se refinan. Sé terco respecto de tu visión, pero flexible con tu plan”.
Voy a intentar de nuevo. LEA
Acta de Abolición y Estatuto de Transición (versión de mayo de 2003)
por Luis Enrique Alcalá | May 5, 2003 | Política, Proyectos | 2 Comentarios
Cláusula Primera. A la cesación del mandato del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías la Asamblea Nacional se reunirá en sesión plenaria para elegir, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, una Junta de Transición de cinco (5) miembros, la que ejercerá colegiadamente las funciones atribuidas por la Constitución a la Presidencia de la República hasta que la celebración de elecciones presidenciales, en un lapso que no será menor de seis meses ni mayor de un año, determine quién deberá completar el período constitucional como Presidente de la República.
Cláusula Segunda. Los miembros de la Junta de Transición deberán llenar los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de Presidente de la República.
Cláusula Tercera. Ningún miembro de la Junta de Transición podrá postularse en las elecciones presidenciales previstas en la Cláusula Primera.
Cláusula Cuarta. En las elecciones presidenciales que se celebrarán para elegir a quien complete el período constitucional participarán como candidatos quienes hayan presentado un programa de gobierno a los Electores de Venezuela y no se les permitirá propaganda electoral hasta que lo hayan hecho.