Source: https://freepol.es/disposiciones-transitorias-de-la-constitucion-espanola-de-1978.html
Timestamp: 2019-07-20 22:42:46
Document Index: 265519698

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 143', 'artículo 1', 'artículo 144', 'artículo 2', 'artículo 137', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 162', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 115', 'artículo 70', 'artículo 69', 'artículo 93', 'artículo 65', 'artículo 70', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 5']

Disposiciones transitorias de la constitución española de 1978
FUENTE WWW.CONGRESO.ES
La Disposición transitoria primera CE supone una excepción a lo dispuesto en el art. 143.2 CE en cuanto a los titulares de la iniciativa autonómica e implica el reconocimiento constitucional de los entes preautonómicos como titulares de esa iniciativa. Se trataba de entidades constituidas con anterioridad a la aprobación de la Constitución, de carácter administrativo, que ejercían las competencias de gestión transferidas desde la Administración del Estado y las Diputaciones provinciales. Hay que recordar que esos entes preautonómicos se crearon desde el Gobierno de la Nación utilizando la figura del Real Decreto-ley. En concreto, los que se aprobaron fueron los siguientes: Real Decreto-ley 41/1977, de 29 de septiembre, sobre restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña; Real Decreto-ley 1/1978, de 4 de enero, por el que se aprueba el régimen preautonómico para el País Vasco; Real Decreto-ley 7/1978, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Galicia; Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Aragón; Real Decreto-ley 9/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico para el Archipiélago Canario; Real Decreto-ley 10/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico para el País Valenciano; Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Andalucía; Real Decreto-ley 18/1978, de 13 de junio, por el que se aprueba el régimen preautonómico para el Archipiélago Balear; Real Decreto-ley 19/1978, de 13 de junio, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Extremadura; Real Decreto-ley 20/1978, de 13 de junio, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Castilla y León; Real Decreto-ley 29/1978, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Asturias; Real Decreto-ley 30/1978, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Murcia; y Real Decreto 32/1978, de 31 de octubre, por el que se aprueba el régimen preautonómico para la región castellano-manchega. En consecuencia quedaban al margen de este sistema Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. Santander y Logroño quedaron integradas en el Consejo General de Castilla y de León, si bien, como decía el artículo segundo del Real Decreto Ley 20/1978, de 13 de junio, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Castilla y León “ello no prejuzga la futura organización de las once provincias bajo alguna de las modalidades que la Constitución establezca”.
La virtualidad de esta Disposición transitoria era facilitar la iniciativa autonómica y contribuir a la configuración del mapa autonómico, no diseñado en la Constitución.
Ha quedado señalado que en el momento de aprobarse la Constitución la mayoría de territorios (13) disponían de un régimen preautonómico. En consecuencia, lo que la Disposición transitoria primera preveía como una excepción podía, en teoría, haber sido la norma utilizada con carácter general.
Dado el carácter peculiar del contenido de esta Disposición, no se encuentran antecedentes ni en nuestra historia constitucional ni en Derecho Comparado.
En cuanto a la elaboración parlamentaria del precepto, puede considerarse de alguna manera su primer precedente la Disposición transitoria tercera.1 del Anteproyecto de Constitución que decía: “La iniciativa a que se refiere el artículo 129 corresponderá a los órganos ya existentes en los Territorios Autónomos dotados de un régimen provisional antes de la entrada en vigor de la presente Constitución”. Por el contrario, en el Informe de la Ponencia, de 17 de abril de 1978, no aparecía tal Disposición. Será en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso donde se introduzca de nuevo al aceptar una enmienda in voce del Grupo Parlamentario Comunista y se apruebe con el texto que tiene finalmente, aunque en la Comisión de Constitución del Senado se sustituyese la expresión “régimen provisional de autonomía” por la de “régimen provisional de preautonomía”. Mantenida esta modificación por el Pleno del Senado, la Comisión Mixta, sin embargo, recuperó el texto proveniente del Congreso, adaptando su contenido, naturalmente, a la nueva numeración del articulado constitucional.
Como ejemplos de entes preautonómicos cuyos órganos colegiados superiores hicieron uso de esta Disposición para impulsar la iniciativa autonómica podemos citar Murcia (14 de junio de 1980), Extremadura (12 de mayo de 1980), o Castilla y León (16 de octubre de 1979). En el caso de Castilla y León el acuerdo del órgano preautonómico no sustituyó sino que se superpuso al de las correspondientes Diputaciones Provinciales, dado que la Diputación Provincial de Segovia había acordado de modo expreso no sumarse a la iniciativa autonómica.
El Tribunal Constitucional se refiere a esta Disposición en la STC 89/1984, de 28 de septiembre, cuando aclara que la sustitución a la que alude “obviamente sólo opera para las Diputaciones de aquellas provincias que pertenezcan al Ente preautonómico cuyo órgano colegiado adopte el acuerdo a que alude la citada disposición transitoria” (FJ3).
En cuanto a la bibliografía sobre el tema deben destacarse los trabajos de Martín Oviedo y Entrena Cuesta.
Esta Disposición transitoria suponía una excepción a la iniciativa autonómica prevista en el art. 151.1 CE. De esta forma posibilitaba el acceso directo a la autonomía máxima permitida por la Constitución a las entidades territoriales que habían demostrado históricamente voluntad de autogobierno sin esperar el plazo general de 5 años previsto en el art. 148.3 CE ni la necesidad de cumplir los requisitos del art. 151.1 CE. Es importante destacar que en el régimen especial establecido por esta Disposición Transitoria el único titular de la iniciativa autonómica es el órgano colegiado superior del ente preautonómico. No existe, por tanto, participación de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales, como ocurre en virtud del artículo 143.2 de la Constitución.
La Disposición no figuraba en el Anteproyecto de Constitución. Su primer redacción se encuentra en el Informe de la Ponencia de 17 de abril de 1978, en concreto en la Disposición adicional cuarta que se refería a las Comunidades Autónomas “donde hubieran sido aprobados legalmente estatutos de autonomía” y que podían asumir directamente mayores competencias autonómicas por iniciativa de sus organismos preautonómicos. La Disposición adoptó una redacción similar a la definitiva en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso como consecuencia de una enmienda in voce de Unión de Centro Democrático. En el Senado se sustituyó el término “regímenes provisionales de autonomía” por el de “regímenes provisionales de preautonomía” pero la Comisión Mixta volvió al texto aprobado en el Congreso.
El Tribunal Constitucional aclaró en S. 100/1984, de 8 de noviembre, que la facultad que el art. 144.c) CE concede a las Cortes Generales de sustitución de la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del art. 143 se refiere sólo “a las Corporaciones del 143.2 CE, esto es, no respecto a los territorios citados en las Disposiciones transitorias 2ª, 4ª y 5ª…” (FJ3).
Dado el carácter específico del contenido de la Disposición, no se encuentran antecedentes en nuestra historia constitucional ni en Derecho comparado.
Durante la tramitación constitucional, esta Disposición aparece por primera vez en el Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso debido a la aprobación de una enmienda in voce de Virgilio Zapatero en nombre del Grupo Socialista. Durante el resto de la tramitación no sufrió cambios aunque en el Senado se pidiera en alguna enmienda bien su supresión, bien su sustitución por otro texto.
La finalidad de la Disposición era impedir que unas corporaciones locales no democráticas ejercieran el derecho de iniciativa autonómica previsto en el art. 143.2 CE por lo que se difería la aplicación de este último precepto hasta la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas. Estas se convocaron por Real Decreto 117/1979, de 26 de enero en aplicación de la Disposición transitoria séptima de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales. Dichas elecciones se celebraron el 3 de abril de 1979.
En la bibliografía pueden destacarse los trabajos de Entrena y Martín Oviedo.
Jose Antonio Alonso de Antonio. Profesor Titular. Universidad Complutense. Diciembre 2003.
La disposición que comentamos surge como un supuesto de “iniciativa autonómica singular” como declara el Tribunal Constitucional en sentencia 16/1984, de 6 de febrero.
En el año 1978, fecha de aprobación de nuestro texto constitucional vigente, se elabora el Real Decreto-ley 1/1978, de 4 de enero, que aprueba el régimen preautonómico para el País Vasco. Este texto, en su artículo primero, establecía que las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya podrían decidir libremente su plena incorporación al Consejo General del País Vasco a través de sus respectivas Juntas Generales o, en el caso de Navarra, del “Organismo foral competente”. Pero seguía siendo necesario un procedimiento para que Navarra pudiera materializar aquélla decisión y así, ese mismo día, el Real Decreto-ley 2/1978, de 4 de enero, disponía que, “El Gobierno, de acuerdo con la Diputación Foral de Navarra, determinará el Órgano foral competente a quien corresponde la decisión a que se refiere la disposición transitoria primera del Decreto-Ley 1/1978.” Tal determinación se llevaría a cabo mediante el Real Decreto Paccionado de 26 de enero de 1979, núm. 121/1979, que en su artículo primero decía: ” Se constituye el Parlamento Foral de Navarra al amparo de lo que establece el art. 1 del Real Decreto-Ley 2/1978, que será el órgano foral competente a los efectos establecidos en las disposiciones citadas.” Esta Diputación Foral de Navarra, que carecía de capacidad legislativa, debería ser elegida por sufragio universal, así en el año 1979 se celebraron elecciones democráticas para la elección de setenta miembros que constituyeron la Asamblea de Navarra que se reunía por primera vez el día 23 de abril de ese mismo año. Los partidos políticos que concurrieron a tales elecciones fueron, UCD que consiguió 20 escaños; PSOE que obtuvo 15; UPN que obtuvo 13, 9 para HB; Agrupaciones electorales de Merindad, 7; Nacionalistas vascos, 3; Partido carlista, 1; Unión Navarra de Izquierdas, 1 y Agrupación electoral de independientes forales navarros, 1. El Parlamento de Navarra desarrolla en la actualidad su séptima legislatura (2007-2011).
En definitiva, la Disposición Transitoria cuarta constituye una manifestación más, en un largo proceso, del deseo de ciertos sectores de vínculos entre Navarra y País Vasco, que nunca llegaría a cuajar por la vinculación del pueblo navarro a su peculiar régimen foral. La Historia revela los numerosos pasos que se dieron antes de la obtención de la vigente LORAFNA. En la II República se nombró una nueva Diputación o Comisión gestora por el Gobernador civil de Navarra, según prescribía el Decreto de 21 de abril de 1931. La Diputación, designó una comisión encargada de redactar un estatuto para Navarra y presentó tres proyectos de textos de estatutos, uno vasconavarro, otro navarro sólo y otro cuyo título fue, Constitución política interior de Navarra. Aún se sumaría otro proyecto más, el presentado por la sociedad de Estudios vascos en Estella. La Asamblea de Ayuntamientos navarros optó por el texto vasconavarro. El 19 de junio de 1932, se celebró en Pamplona una asamblea de representantes municipales de las cuatro provincias, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra y, ésta última, rechazó el proyecto de texto vasconavarro. El Decreto-Ley de 21 de abril de 1931 establecía, “La Diputación Foral de Navarra conservará, al par de sus peculiares atribuciones, también su número tradicional de siete diputados, designados entre las cinco Merindades…” Tras la República, dicha formulación y reconocimiento se consagró también en disposiciones del franquismo como la Ley 1 de marzo de 1973, o de los primeros momentos de la democracia como la ley 39/1978 de 17 de julio.
Navarra opta por la vía de la continuidad histórica foral y el texto del Real Decreto Paccionado, ya aludido, así lo confirma, “El Gobierno y la Diputación estiman que el contenido de este Real Decreto constituye un “amejoramiento” o actualización del régimen foral de Navarra en su aspecto institucional que habrá de ser completado con las propuestas que en su caso puedan formular en su día el Parlamento Foral y con aquellas otras competencias que, además de las actuales, pueda asumir la Diputación Foral de Navarra.” Por último, en esa larga cadena de intentos de unión de País Vasco y Navarra, no podemos olvidar ciertas previsiones del Estatuto de Guernica antes de la LORAFNA. El Tribunal Constitucional ha sido claro cuando, con motivo de otra pretensión anexionista del País Vasco, esta vez respecto del Condado de Treviño, señala que tales planteamientos carecen de validez pues obran ignorando y desconociendo la competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-León sobre dicho territorio, (sentencia 99/1986, de 11 de julio). Por tanto, el intento de aplicar el Estatuto de Guernica a Navarra, sometiendo a esta Comunidad Foral a los artículos 2, 46 y 47 del referido Estatuto, es completamente inconstitucional.
Por otro lado, se ha planteado también en relación al precepto que nos ocupa su vigencia temporal como disposición “transitoria” que es. Y lo es por varios motivos, lo primero porque Navarra ya ha decidido optar por una de las tres vías posibles que se le ofrecían, y así lo consagra el artículo 1 de la LORAFNA. Y, además, porque Navarra ya no es provincia foral, sino Comunidad Foral, integrándose plenamente en la construcción autonómica y agotando el propósito para el que tal Disposición adicional cuarta fue elaborada. El máximo intérprete constitucional lo confirma en sentencia 24/1985, de 29 de julio cuyo Fundamento Jurídico número 2 de tal sentencia señala, “…la transformación en transitoria de la que originariamente fue disposición adicional, al margen de cuál haya sido la interpretación subjetiva de sus autores, lleva, en todo caso, a asignar a dicha disposición un sentido diferente al pretendido por el Gobierno vasco: el de posibilitar la legitimación de la Diputación Foral y del Parlamento de Navarra, bien con anterioridad a la actualización del régimen foral de este territorio, ya que, una vez realizada la actualización, tal legitimación debería entenderse implícitamente derivada de su propia situación jurídico-constitucional, o bien con anterioridad a la hipotética incorporación de Navarra al País Vasco, en el caso de ésta llegara a realizarse. De lo contrario, dicha legitimación debería haberse sancionado, no en una disposición transitoria, sino en una disposición adicional, que en principio, y a diferencia de aquélla, tiene vocación de vigencia indefinida.”
La Constitución española, a través de este precepto, contempla para las ciudades de Ceuta y Melilla la posibilidad de constituirse en Comunidades Autónomas, si bien con la observancia de los requisitos que en el mismo se prescriben lo cual nos remite, directamente, al artículo 144.
Como precedentes en nuestro Derecho español de esta Disposición transitoria, encontramos el artículo 2 del Título I, del Proyecto de Constitución federal del la República española, presentado a Cortes constituyentes el 17 de julio de 1873. Este precepto señalaba: “Las islas Filipinas, de Fernando Póo, Annobón, Corisco y los establecimientos de Africa, componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos.”
La génesis parlamentaria de este precepto revela su inexistencia en el Anteproyecto que elaboró la Ponencia constitucional. Tampoco se encontraba. entre las enmiendas que se presentaron con posterioridad. Sería el diputado de UCD, García-Margallo Marfil quien la introdujo a través de una enmienda articulada en el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que obtuvo un resultado favorable unánime, 35 votos a favor (DSCD, n. 93, sesión 20 de junio de 1978)
En el Senado no disfrutó de igual suerte. Algunos Senadores, como Ramón Bajo Fanlo o Fidel Carazo Hernández, defendieron su eliminación a través de un voto particular en el dictamen de la Comisión (BOCG, n. 157, de 6 de octubre de 1978). Otros como Luis Mª Xirinachs a través de una enmienda (570) proponían un texto diferente, “Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán optar, en la medida que las circunstancias lo permitan entre entrar a formar parte del Estado de Andalucía con el estatuto que con este Estado pacten, o entrar a formar parte de Marruecos con el estatuto que con dicho Estado se negocie”. Por último, el grupo de UCD a través de la enmienda 776 manifestaba su deseo de añadir a esta disposición un nuevo párrafo, según el cual, “También por la decisión de los respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, podrán incorporarse a otras Comunidades Autónomas con las que las unan lazos de proximidad geográfica, cultural e histórica.” Esta última enmienda no llegó ni siquiera a votarse puesto que se retiró antes de su debate y consiguiente votación (DS, n. 55, de 14 de septiembre de 1978).
En definitiva, el proceso de desarrollo de la Disposición transitoria quinta observó y tuvo que sortear no pocos obstáculos, que básicamente se articulaban en torno a dos posturas. De un lado, los partidarios de considerar a estas ciudades como auténticas Comunidades Autónomas; y, de otro, aquéllos que defendían su naturaleza como poder local reforzado. Los Acuerdos Autonómicos de 1981 firmados el 31 de julio entre el Gobierno de la Nación y el Partido Socialista Obrero Español, (Servicio Central de Publicaciones de Presidencia del Gobierno, Madrid, 1981, págs. 18 y ss.) Se debían elegir, para Ceuta y Melilla, entre dos posibles opciones, o la constitución en Comunidades Autónomas según lo previsto en la Disposición transitoria quinta de la CE, si bien con la peculiaridad territorial propia de sus respectivas estructuras municipales poco pobladas y de pequeño territorio; o bien que ambas permaneciesen como Corporaciones Locales, con regímenes especiales de Carta.
Finalmente, en el año 1995 se aprobaron sendos Estatutos de Autonomía para Ceuta y Melilla, mediante Leyes Orgánicas, concretamente LO 1/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Ceuta y, LO 2/1995, de 13 de marzo, para el de Melilla. No obstante, y a pesar de ello, hasta llegar a su aprobación el proceso estuvo repleto de problemas, discrepancia de interpretaciones y soluciones y, en definitiva, de divergencias jurídicas y políticas.
Antes de continuar con el examen de esta disposición, cabe reseñar ciertos antecedentes normativos en otros Textos constitucionales que, ya contemplaban similares situaciones. Así por ejemplo, los arts. 72, 73, 74 y 75 de la Constitución de la República Francesa, de 4 de octubre de 1958, hacen referencia a que las colectividades territoriales de la República son los municipios, los departamentos, las regiones, las entidades con Estatuto particular y los territorios de Ultramar. Para estos últimos se prevé la posibilidad de un régimen legislativo y una organización administrativa particulares, que puedan disfrutar de medidas de adaptación requeridas por su situación particular y que, en cualquier caso, deberán tener en cuenta sus propios intereses en el conjunto de los intereses de la República.
Asimismo los arts. 5 y 6 de la Constitución de la República Portuguesa, de 25 de abril de 1976, aluden a los archipiélagos de las Azores y Madeira como regiones autónomas dotadas de estatutos político-administrativos propios. También nos ofrece una referencia interesante el art. 116 de la Constitución de la República italiana, de 1 de enero de 1948. En este precepto, se prevén formas y condiciones especiales de autonomía, así como estatutos especiales elaborados mediante leyes constitucionales para Sicilia, Cerdeña, Trentino-Alto Adigio, Friuli-Venecia Julia y Valle de Aosta.
En cuanto al proceso de desarrollo, por las distintas fuerzas políticas, de la Disposición que nos ocupa, cabe observar que, en primer lugar, en el año 1982 el Gobierno de la UCD aprobaba un Anteproyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía, haciendo expreso reconocimiento de su condición como Comunidades Autónomas. Paralelamente y desde la oposición, el PSOE apostaba, mediante una proposición de ley ordinaria, por defender su regulación como municipios con regímenes especiales.
El 27 de diciembre de 1985 se aprueban en Consejo de Ministros dos proyectos de ley relativos a los Estatutos de las ciudades de Ceuta y Melilla, que se publicarían el 26 de febrero de 1986. Ninguno de los dos textos hacía referencia al término Comunidad Autónomas, prefiriéndose la designación genérica de “entidades públicas territoriales” del artículo 137 de la CE pero sin especificarse cuál de ellas (municipios, provincias o Comunidades Autónomas), exactamente, sería la que se utilizaría para Ceuta y Melilla. En definitiva, se opta por un régimen especial para ambas ciudades que otorga a sus instituciones potestades, competencias y medios para asegurar el ejercicio de su autonomía como entes públicos territoriales. Abiertos tales proyectos y al margen de los problemas que pudieron suscitar, la coyuntura política originó que, el 22 de abril de 1986 se disolvieran las Cámaras y se convocasen elecciones parlamentarias, quedando caducados tales proyectos.
El acuerdo se logra con los Estatutos de Autonomía de 1995, entendiendo que se trataba de un Estatuto de Autonomía “acordado” que no define a Ceuta y Melilla como Comunidades Autónomas, en sentido estricto, aunque sí les otorga y reconoce competencias propias como si lo fueran. Respecto de tal afirmación se fueron alzando muchas voces que no opinaban lo mismo, entendiendo que sí se estaba ante verdaderas Comunidades Autónomas y entre las cuales podemos citar a J.A. Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo I, Madrid 2000; L. Cosculluela Montaner, Manual de Derecho Administrativo, Madrid 2000; C. Nuñez Lozano, “La situación de Ceuta y Melilla tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997”, Administración de Andalucía, n. 32; P. Requejo Rodríguez, “Ceuta y Melilla: ¿ciudades con Estatuto de Autonomía o Comunidades Autónomas con Estatuto de heteroorganización?”, REALA, n.277, 1998.
Paralelamente, defendieron que se trataba de entes territoriales especiales autores como, A. X. López Mira, “Ceuta y Melilla: ¿Ceuta y Melilla, Comunidades Autónomas o peculiares entidades locales?”, Revista de Derecho político, n. 43, 1997;M. Fraile Ortiz, “Alcance del derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros residentes en las Ciudades de Ceuta y Melilla en las elecciones municipales”, Cuadernos de Derecho Público, n. 8, 1999; J. A. Montilla Martos, “La asimetría de las Ciudades Autónomas”, Revista Española de Derecho Constitucional, n. 57, 1999.
Tras la aprobación de ambos Estatutos de Autonomía se celebraron elecciones locales y a la Asamblea en las dos ciudades Autónomas. El 28 de mayo de 1995 fueron las primeras, que dieron 9 concejales al PP; 6 a Progreso y Futuro de Ceuta; 4 a Ceuta Unida; 3 al PSCE-PSOE; 2 al Partido Socialista del Pueblo de Ceuta y 1 al Partido Democrático y Social de Ceuta. El 13 de junio de 1999 se volverían a celebrar elecciones a la Asamblea obteniendo, 12 concejales el GIL; 8 el PP; 3 el PDSC y 2 el PSOE. Las últimas elecciones celebradas en Ceuta el 25 de mayo de 2003 se saldaron con, 19 ediles para el PP; 3 para UDCE; 2 para el PSOE Y 1 para el PDSC.
Por su parte, en Melilla, en el año 1995 se repartieron los concejales del siguientes modo, 14 para el PP; 5 para el PSOE; 4 para el PRCM Y 2 para UPM. En 1999, 7 para el GIL; 5 para el PRCM; 5 para el PP; 3 para el UPM y 3 para el PIM. En el año 2003, 15 fueron para el PP-UPM, 7 para el CPM y 3 para el PSOE.
La polémica doctrinal y jurisprudencial en torno a tales alternativas ha sido constante. La Disposición Transitoria quinta, en ningún caso concretaba qué apartado, de los tres en los que se articula el artículo 144 de nuestra CE, debía ser aplicable para los supuestos de Ceuta y Melilla, pero tampoco quedaba explicitado qué procedimiento formal debía seguirse para la elaboración de sus Estatutos. El Tribunal Constitucional, en sentencia 100/1984, de 8 de noviembre, concretamente en el Fundamento Jurídico cuarto, manifestó la inexistencia de apoyo de la Disposición que nos ocupa en la vía que presenta el art. 144c). Si, por el contrario se optase por un encaje en el apartado a), ya que ni Ceuta ni Melilla exceden territorialmente de una provincia y no poseen entidad regional histórica según recoge el art. 143.1 de la CE, no habría duda razonable alguna de que nos hallaríamos frente a dos Comunidades Autónomas. No olvidemos que el artículo 144 a) empieza diciendo, “Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma…”.
De todo lo expuesto se desprende una remisión clara de la Disposición que nos ocupa al art. 144b) de nuestra Norma Fundamental. Lo que sigue sin aclarar si estamos en presencia de Comunidades Autónomas o de otro tipo de entes regionales especiales.
El propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en múltiples ocasiones, al respecto. Algunos de tales pronunciamientos son el Auto 320/1995, de 4 de diciembre que no admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ayuntamiento de Ceuta contra la Ley Orgánica que aprobaba su Estatuto de Autonomía por entender, en su Fundamento Jurídico Tercero que el Pleno del Ayuntamiento no podía, en virtud de una interpretación analógica, ser el equivalente al órgano autonómico ejecutivo, artículo 162.1 a) de la CE, a la espera de la plena vigencia del Estatuto tras la celebración de las oportunas elecciones.
Por su parte, también son significativos los Autos del Tribunal Constitucional, 201 y 202 ambos de 25 de julio de 2000, negando también la legitimidad de las Asambleas de Ceuta y Melilla para interponer recurso de inconstitucionalidad, de nuevo apoyándose en el 162.1 a) de la CE, entendiendo que no estamos ante Asambleas Legislativas autonómicas tal y como reza el tenor expreso del referido precepto. Un año más tarde, el 16 de enero de 2001 se dicta una Providencia del TC admitiendo el conflicto de la autonomía local suscitado por la Asamblea de Ceuta. Parece evidente que en esta ocasión el TC otorgó a Ceuta la catalogación de municipio. Tal conflicto en defensa de la autonomía local, se introdujo mediante LO 7/1999, de 21 de abril, que modificó la LOTC introduciendo los artículos 75 bis a 75 quinque.
La cuestión queda zanjada por la STC 240/2006, la primera dictada en resolución de un conflicto en defensa de la autonomía local, que señala que si el Estado se organiza territorialmente en Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, y si Ceuta y Melilla no son Comunidades Autónomas, entonces necesariamente serán Entidades Locales, y en concreto Municipios; Ceuta y Melilla son, en definitiva, Ciudades Autónomas con naturaleza municipal.
Dentro de la jurisprudencia constitucional relativa a Ceuta y Melilla también resulta interesante referirse al Auto del Tribunal Constitucional 104/1997, de 8 de abril. Este auto declara la inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta en relación con los artículos 2.5 y 3.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, por su posible contradicción con los arts. 9.3, 141.1, inciso 2., de la C.E.; 4 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía, y 34, 70 y 71 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En este Auto el Tribunal Constitucional concluye que tal y como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en su disposición trigésima, mientras “la legislación de planta y demarcación no disponga otra cosa, las ciudades de Ceuta y Melilla conservarán la adscripción judicial que tienen en la actualidad”. Por lo tanto, a efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, tal y como dispone, el artículos 3.3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, las Ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta y de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, respectivamente.
Disposición sexta
No encontramos en el marco del derecho comparado antecedentes respecto de este precepto. Y, por lo que a la génesis parlamentaria del mismo respecta, cabe observar que el Texto del Anteproyecto de Constitución (BOCG, de 5 de enero de 1978) señalaba, en su disposición transitoria cuarta que, “Cuando se remitieren a la Comisión Constitucional varios proyectos de Estatutos se dictaminarán por el orden de entrada en aquél, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 131.2, empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.” Esta redacción se modificaría con posterioridad en el Informe de la Ponencia (BOCG, de 17 de abril de 1978), en el que se añadía un párrafo nuevo otorgando prioridad a aquellos proyectos de Estatutos de Autonomía provenientes de Comunidades Autónomas que ya gozaban de un régimen de cierta autonomía provisional antes de la vigencia de la Constitución. Fue el Grupo parlamentario Minoría Catalana el que interpuso una enmienda recogiendo el nuevo párrafo, “1. Cuando se remitieran a la Comisión de Constitución del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere la Disposición adicional empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido. 2. Tendrán prioridad los proyectos de Estatuto procedentes de Comunidades Autónomas dotadas de un régimen provisional antes de la entrada en vigor de la presente Constitución y, de entre éstos, aquellos a los que se hubiera conferido dicho régimen con anterioridad.”
Este párrafo no llegó a incorporarse definitivamente y ello debido a la enmienda que presentaría el Grupo parlamentario de UCD, concretamente a cargo del diputado Meilán Gil (DS, n. 93, de 20 de junio de 1978) que estimaba excesivo y reiterativo, así como innecesario el tenor del mismo. Sí resultó interesante, en la votación de la referida enmienda, la abstención del Grupo parlamentario catalán puesto que tal párrafo constituía cierto “refuerzo” a la prioridad de la vía especial en la tramitación de los proyectos estatutarios.
Disposición séptima
La Disposición Transitoria séptima debe entenderse en relación con otros preceptos constitucionales, como los comprendidos en los artículos 2, 137, 143, 144, 146 y 151, así como la Disposición Transitoria primera.
En cuanto al íter parlamentario de este precepto, cabe subrayar que en el Anteproyecto de Constitución (BOC, de 5 de enero de 1978) la Disposición Transitoria tercera decía en su párrafo segundo, “Una vez aprobados los Estatutos de Autonomía conforme a lo establecido en el artículo 131, los órganos provisionales se considerarán disueltos”. Por su parte, el Informe de la Ponencia (BOC, 17 de abril de 1978) declaraba que en la Disposición Transitoria sexta “Los organismos preautonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos: a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a la Disposición Adicional; b) En el supuesto de que el Estatuto de Autonomía no llegara a ser aprobado por los trámites y con los requisitos que establece la Constitución; c) si el Organismo Preautonómico no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la Disposición Adicional en el plazo de un año.
Como se desprende de la referida redacción tan sólo el plazo del tercer apartado y la numeración del artículo recogido en el segundo, fueron objeto de cambio en la vigente redacción. Esta última se alcanzó mediante una enmienda in voce que presentó el Diputado Meilán Gil, desde el Grupo parlamentario de UCD, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados (DSCD, n. 93, de 20 de junio de 1978). Dicha enmienda fue aprobada por los 34 miembros presentes en la Comisión. Posteriormente, la votación en el Pleno obtuvo, 16 abstenciones y 245 votos favorables. En la Cámara alta, la Comisión Constitucional la aprobó con 23 votos a favor y 2 abstenciones, finalmente confirmada su aprobación en el Pleno por 184 votos favorables y una abstención.
A la muerte del General Franco, España se encuentra ante la necesidad de afrontar, entre otros, un grave problema, como es el de la transformación de un Estado centralizado en un Estado autonómico. La afirmación y elaboración de las Autonomías territoriales ha sido una complejísima y delicada operación, que aún hoy suscita problemas y desde sus orígenes de modo especial en Cataluña y País vasco. La urgencia, exigencias y reivindicaciones autonómicas no se produjeron por igual en todos los territorios y ello hizo que los territorios quisieran implantar regímenes preautonómicos, expresión que tuvo que inventarse. Resulta a estos efectos muy significativo el Preámbulo del Real Decreto Ley 41/1977, de 29 de septiembre, sobre el restablecimiento provisional de la Generalidad de Cataluña: “El Gobierno proclamó en su declaración programática la necesidad de la institucionalización de las autonomías, anunciando la posibilidad de acudir a fórmulas de transición desde la legalidad vigente.” Un Decreto de la Presidencia de la Generalidad de 28 de abril de 1931 señalaba que, mientras no se aprobase el Estatuto de Autonomía catalán se crearía para Cataluña un Consejo o Gobierno provisional y una Asamblea de representantes de los municipios, que se llamaría Diputación provisional de la Generalidad y de la que también participarían unos comisarios que actuarían como delegados de tal Consejo en las competencias propias de las Diputaciones provinciales.
En el proceso de elaboración de los regímenes preautonómicos, muchos Reales Decretos Leyes se fueron elaborando, entre ellos cabe mencionar el Real Decreto 382/1977, de 18 de febrero, relativo a la creación de órganos preautonómicos para Cataluña; el Real Decreto Ley 18/1977, de 4 de marzo, de restauración de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Vizcaya, que serían las entidades de participación de esas provincias a través de sus municipios en el Gobierno provincial. También el Real Decreto 1611/1977, de 2 de junio regulador de la organización y funcionamiento de las Juntas Generales de Álava; Real Decreto Ley 7/1978 y Real Decreto 474/1978, de 16 de marzo para Galicia; R.D.-L. 8/1978 y R.D. 475/1978, de 17 de marzo para Aragón; R.D.-L. 9/1978 y Real Decreto de desarrollo 476/1978, de 17 de marzo para Canarias; R.D.-L. 10/1978 y R.D. 477/1978, de 17 de marzo, modificado por R.D.-L. 12/1981, de 20 de agosto; R.D.-L. 11/1978 y R.D. 832/1978, de 27 de abril para Andalucía; R.D.-L. 18/1978 y R.D. 1517/1978, de13 de junio para el Archipiélago Balear; R.D.-L. 19/1978 y R.D. 1518/1978 de 13 de junio para Extremadura; R.D.-L. 20/1978 y R.D. 1519/1978, de 13 de junio para Castilla y León; R.D.-L. 29/1978 y R.D. 2405/1978, de 29 de septiembre para Asturias; R.D.-L. 30/1978, de 27 de septiembre y R.D. 2406/1978, de 29 de septiembre para Murcia y, por último, el 31 de octubre de 1978, mediante el Real Decreto Ley 32/1978 y R.D. 2692/1978, de 31 de octubre, accedía al régimen preautonómico Castilla-La Mancha. En consecuencia quedaban al margen de este sistema Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. Santander y Logroño quedaron integradas en el Consejo General de Castilla y de León, si bien, como decía el artículo segundo del Real Decreto Ley 20/1978, de 13 de junio, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Castilla y León “ello no prejuzga la futura organización de las once provincias bajo alguna de las modalidades que la Constitución establezca”.
La Constitución de 1978 se refiere a las preautonomías con una terminología dispar. Así, la Disposición Transitoria primera habla de “órganos colegiados superiores” de los regímenes provisionales de autonomía; la Disposición Transitoria segunda dice, “órganos preautonómicos” y la séptima utiliza la expresión “organismos provisionales autonómicos”.
Ahora bien, esta última se refiere a las posibles causas de extinción de los regímenes preautonómicos, contemplándolas en los tres sucesivos apartados. No obstante, los Reales Decretos instauradores del sistema preautonómico contemplaban una cuarta causa de extinción que omite nuestra Constitución: por decisión del Gobierno, por razones de seguridad del Estado (art. 8 del R.D.L. 41/1977, de 29 de septiembre; reproducido casi literalmente en los sucesivos Decretos leyes ya mencionados)
En relación a la primera causa de extinción, esto es, la constitución de los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a la Constitución, no se puntualiza el momento exacto en el que debe producirse tal extinción, ni qué órganos concretos debían instituirse para que operase este mecanismo. La experiencia revela que en Cataluña, Asturias, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha, tal extinción operaría al elegirse el Presidente de las respectivas Comunidades y al constituirse, consecuentemente, sus respectivas Asambleas o Parlamentos. Así lo confirman los propios Estatutos de Autonomía, (Disposición Transitoria tercera, apartado cuarto, del Estatuto de Castilla-La Mancha aprobado por LO 9/1982, de 10 de agosto); Disposición Transitoria segunda, apartado quinto del Estatuto de la Región de Murcia aprobado por LO 4/1982, de 4 de junio; Disposición Transitoria segunda, apartado séptimo, del Estatuto de Aragón, aprobado por LO 8/1982, de 10 de agosto; Disposición Transitoria quinta apartado séptimo del Estatuto catalán, aprobado por LO 4/1979, de 18 de diciembre;
En Galicia, Andalucía, Canarias, Extremadura y Castilla-León, los textos estatutarios señalan que la disolución de los órganos preautonómicos se producirá con la elección de los organismos autónomos de naturaleza institucional, esto es, los Parlamentos, Presidentes de Comunidad y Juntas o Gobiernos correspondientes. Así lo confirman, la Disposición Transitoria segunda, apartado segundo del Estatuto gallego, (LO 1/1981, de 6 de abril); la Disposición Transitoria quinta, apartado primero del Estatuto andaluz, (LO 6/1981, de 30 de diciembre); en el caso extremeño, estas Disposiciones Transitorias, referidas a la extinción de los órganos preautonómicos, han sido derogadas, puesto que la LO 1/983, de 25 de febrero, fue reformada por LO 12/1999, de 6 de mayo; el Texto estatutario de Canarias, aprobado por LO 10/1982, de 10 de agosto, se refiere indirectamente a tal extinción en su Disposición Transitoria quinta; La Disposición Transitoria primera en su apartado cuarto, regula lo relativo a extinción preautonómica para Castilla-León, cuyo Texto estatutario se aprobó por LO 4/1983, de 25 de febrero.
En otro orden de cosas, la segunda modalidad de disolución de organismos preautonómicos, esto es, el supuesto de no cumplimiento de los requisitos del 143, en la práctica no se ha producido nunca. Lo mismo puede decirse respecto del supuesto de no ejercicio, por el organismo correspondiente, del derecho reconocido por la Disposición Transitoria primera en un plazo de tres años, que tampoco se ha dado en ningún caso. Es más, la realidad demuestra que antes de la expiración de tal plazo, todos los órganos preautonómicos ya habían ejercido el derecho a iniciar el proceso de transformación.
Disposición Octava
Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.
En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.
En el Anteproyecto de Constitución elaborado por la Ponencia no se incluía ningún texto semejante a esta Disposición transitoria. La iniciativa de la que surgió fue la enmienda 779, del Grupo Centrista en el Congreso según la cual “las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado. Su mandato ordinario será el previsto en el texto constitucional para una y otra y se computará desde la fecha de constitución de las mismas. En el caso de disolución anticipada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 59 y 60, serán de aplicación para las elecciones las normas vigentes con anterioridad”. Dicha enmienda fue aprobada por la Ponencia con la oposición comunista que defendía un voto particular por el que “antes del 31 de diciembre del año en curso se procederá a la disolución de las actuales Cortes y se convocarán elecciones generales para constituir el Congreso de los Diputados y el Senado, según lo previsto en la presente Constitución”. En el Informe de la Ponencia de 17 de abril de 1978 aparece la Disposición transitoria séptima con el texto de la enmienda centrista sustituyendo la referencia al art. 93 por el nuevo 107 y la de los arts. 59 y 60 que pasaron a ser los arts. 63 y 64. Hay que decir además que el texto centrista se dividía ahora en dos párrafos, el segundo referido al supuesto de la posible disolución anticipada. En el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso se presentaron al texto varias enmiendas, siendo aprobadas las presentadas por los Grupos Centrista y Socialista del Congreso. La primera trataba de acomodar las normas electorales entonces vigentes a lo dispuesto en la Constitución en el tema de la edad para votar y en la supresión de la incompatibilidad de ciertos cargos para poder presentarse a las elecciones. La segunda pedía la supresión del segundo inciso del párrafo primero. El texto resultante tras su paso por la Comisión fue la supresión del citado segundo inciso del párrafo primero y la introducción al final del segundo párrafo de la frase “con las solas excepciones de que en lo referente a incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el segundo inciso del párrafo b) del número 1 del artículo 65 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto”. El texto es aprobado sin modificaciones en el Pleno del Congreso tras rechazar dos enmiendas de Alianza Popular y del Grupo Comunista. En el Senado se presentaron varias enmiendas, algunas sólo relativas a cuestiones terminológicas. Quedó aprobada en la Comisión de Constitución una presentada por el Grupo de Unión de Centro Democrático incluyendo en el apartado segundo una referencia a las inelegibilidades en relación con el régimen electoral. El Pleno del Senado mantuvo el texto aprobado en la Comisión de Constitución. Por último, la Comisión Mixta, excediéndose de su auténtica labor de conseguir un acuerdo en caso de discrepancias entre los textos aprobados en el Congreso y en el Senado, introdujo en el precepto importantes cambios. Por una parte, modificaría los dos apartados que integraban hasta entonces la Disposición y, en segundo lugar, añadía un nuevo párrafo que sería el segundo del texto definitivo.
El Tribunal Constitucional ha mencionado esta Disposición transitoria en relación a la regulación del régimen electoral. Así, en la STC 72/1984, de 14 de junio, en la que se resuelve el recurso previo de inconstitucionalidad contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores, se dice que “la Ley Electoral está prevista en la Constitución como una de las Leyes necesariamente llamadas a desarrollarla. Se deduce así, sin gran dificultad, de la lectura del artículo 70, y se deduce igualmente de la disposición transitoria 8ª.3” (FJ5). Ya con anterioridad, la STC 45/1983, de 25 de mayo, aludía a la ley electoral prevista en el art. 70.1 CE y que en aquel momento (mayo de 1983) “no ha sido promulgada, cumpliendo, mientras tanto, esta función el Real Decreto-ley 20/1977, en los términos que dice la transitoria octava (regla tres) de la CE” (FJ4).
Disposición Novena
No existen precedentes de rango constitucional para esta disposición, incorporada en el Dictamen de la Comisión Constitucional del Senado, toda vez que, si bien el art. 122 de la Constitución de 1931 establece la composición del Tribunal de Garantías Constitucionales, no se dispone nada sobre el régimen transitorio de su renovación, regulación que se abordó en su Ley Orgánica de 14 de junio de 1933. En cambio, en el derecho comparado la disposición transitoria séptima de la Constitución italiana de 1947, en su párrafo 3º, aborda someramente el problema de la renovación parcial al disponer que los jueces nombrados para la primera composición de la Corte no estuvieran sometidos a la primera renovación y que su cargo no durara doce años. En su desarrollo, la ley constitucional de 11 de marzo de 1953 estableció que, transcurridos nueve años desde el nombramiento de los primeros Magistrados, se sortearía un grupo de seis miembros de los quince totales – dos por cada grupo de procedencia electiva – que serían inmediatamente sustituidos. La renovación parcial en el país trasalpino, se suprimió, sin embargo, por ley constitucional núm. 2, de 22 de noviembre de 1967. En Francia, el art. 91.7 de la Constitución de 1958 regula una Comisión que debía ejercer las funciones del Consejo Constitucional hasta que éste se constituyese. Es la Ordenanza Orgánica 58-1067, de 7 de noviembre de 1958 la que establece el sistema transitorio de las renovaciones parciales, para lo que optó por fijar desde el principio qué miembros iban a ver recortado su mandato.
El artículo 16 de la LOTC ha sido modificado en dos ocasiones. La primera, mediante la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, introdujo un segundo párrafo en el apartado 1 para establecer que los Magistrados propuestos por el Senado fueran elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Además, se modificó la redacción del apartado 2 para establecer la comparecencia previa antes las correspondientes Comisiones del Congreso y del Senado de los candidatos propuestos por cada Cámara. Asimismo, se añadieron los apartados 3 y 4 para regular la elección de Presidente y Vicepresidente señalando que “La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres. A partir de ese momento se producirá la elección del Presidente y Vicepresidente de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. Si el mandato de tres años para el que fueron designados como Presidente y Vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados.” El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse en esta materia en la Sentencia 49/2008, de 9 de abril, en la que desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 6/2007. En esta Sentencia y, en relación con las renovaciones de los miembros del Tribunal Constitucional, se dice que “Por un lado, dicha prórroga sólo se produce si “el mandato de tres años” para el que fue designado el Presidente “no coincidiera con la renovación del Tribunal”, lo cual es algo perfectamente previsible dado el retraso que, desde la primera renovación por tercios del Tribunal, se ha venido produciendo en las renovaciones parciales de sus miembros. Ello, en todo caso, no debe hacer olvidar la obligación de los distintos órganos constitucionales legitimados por el art. 159.1 CE de realizar la correspondiente elección en tiempo y forma”.
En el año 2010 el artículo fue modificado, mediante la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para añadir un artículo 5 que establece que “Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación.”