Source: http://registromundo.blogspot.com/2011/04/macri-del-comunicado-por-la-defensa-de.html
Timestamp: 2018-01-17 15:17:28
Document Index: 398089285

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 103', 'artículo 80', 'Artículo 30', 'artículo 119', 'artículo 161', 'artículo 13', 'Artículo 103', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 103', 'Artículo 4']

Macri, del comunicado por la defensa de la democracia a un DNU contradictorio ~ registromundo
Sábado, 16 de Abril de 2011 12:45
Días atrás el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri se reunía con sectores de la oposición para firmar una comunicado en defensa de la democracia:
Allí Mauricio Macri acordada:
"La libertad de expresión, la independencia del poder judicial y el efectivo cumplimiento de sus fallos se nos impone por encima de nuestros programas de gobierno, de nuestras coincidencias y de nuestras disidencias. Forma parte de un acuerdo pétreo, inamovible que debe respetarse gobierne quien gobierne la República.
No son cuestiones opinables. La Constitución, de acuerdo a su propia definición en el artículo 36, mantiene su imperio siempre. No hay fuerza, ni derecho evocado que pueda poner en duda la supremacía constitucional. La democracia argentina debe ser cuidada y protegida de acciones de intolerancia, de persecuciones, de señalamientos, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee. Los límites del Estado los define la constitución, no el poder gobernante.
Debemos unir fuerzas diversas en un único eje: no aceptar en silencio la persecución, el uso indiscriminado del poder, o la utilización de organismos del Estado utilizados fuera de su finalidad. Los medios de comunicación, las empresas, los trabajadores, las consultoras privadas que miden la inflación o cualquier ciudadano no deben ser penalizado por sus ideas o por el desarrollo de actividades licitas que el gobierno considera inconvenientes para sus intereses".
Ahora, de la firma de ese comunicado pasaron tan solo 10 días, algo más una semana para que Mauricio Macri firme (el 11 de abril ) un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para modificar el Código Contravencional porteño.
¿Se habrá olvidado al firmar el decreto de necesidad y urgencia 2/11, ese párrafo del comunicado bajo el cual consideraba que los límites del Estado los define la constitución, no el poder gobernante?
El Código Contravencional solo puede ser modificado en la Legislatura.
Y la Constitución de la Cuidad de Buenos establece que el Jefe de Gobierno, "el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo".
Así lo estipula el artículo 103: "El Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en ésta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el Gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Estos decretos son decididos en acuerdo general de Ministros, quienes deben refrendarlos. Son remitidos a la Legislatura para su ratificación dentro de los diez días corridos de su dictado, bajo pena de nulidad".
Es la legislatura la que dicta leyes, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución de la Ciudad.
"La Legislatura de la Ciudad dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la presente y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades".
Macri, a meses de las elecciones toma posición ¿con necesidad y urgencia?
Macri, ¿olvida cuales son sus atribuciones?
Después del bloqueo que protagonizaron los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), que impidió por horas, la salida del diario Clarín el pasado 27 de marzo, y de la Tapa blanca de Clarín, quedó nuevamente en escena y en la mirada de la sociedad el conflicto gremial entre Clarín y sus trabajadores.
A esa escena entra Macri, con su DNU deja por escrito su posición ante ese conflicto: "Que los hechos de público conocimiento ocurridos durante los días 26 y 27 de marzo del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al 27 de marzo de 2011 del Diario Clarín –y demoraron la del Diario La Nación – han configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión"
Macri inclina la balanza. Recordemos el articulo 14 bis de la Constitución Nacional el que contempla derechos de los trabajadores.
Queda a la vista que hay otro punto constitucional a atender y que tampoco se contempla en el DNU 2/11: "Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo". Eso es lo que se sustrae a la mirada de la sociedad con el DNU dictado por Macri.
http://www.lapistaoculta.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:macri-del-comunicado-por-la-defensa-de-la-democracia-a-un-dnu-contradictorio&Itemid=164
"El DNU de Macri es una aberración jurídica"
Así lo calificó el diputado Sergio Abrevaya al Decreto firmado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri que dispone introducir sanciones para quien "afecte" la libertad de prensa.
Jueves, 14 de Abril de 2011 - 08:11 hs
"Por supuesto que desde la Coalición Cívica defendemos el derecho a la información y la libertad de expresión, pero no es con decretos inconstitucionales que esto se consigue", destacó el vicepresidente tercero de la Legislatura.
Finalmente Abrevaya resaltó que "el Código Contravencional solo puede ser modificado en la Legislatura, no por la mera voluntad electoralista del Jefe de Gobierno, que tal parece, no entiende de la división de poderes".
http://www.seccionpolitica.com.ar/dnu-de-macri-es-una-aberracion-juridica-aid10437.html
texto completo abajo fuente Página 12
Constitución Ciudad Buneos Aires,
texto ampliado abajo
Inc. 3. Rigen los principios de legalidad, determinación, inviolabilidad de la defensa en juicio, juez designado por la ley antes del hecho de la causa, proporcionalidad, sistema acusatorio, doble instancia, inmediatez, publicidad e imparcialidad. Son nulos los actos que vulneren garantías procesales y todas las pruebas que se hubieren obtenido como resultado de los
Inc 2. Sanciona los Códigos Contravencional y de Faltas, Contencioso Administrativo, Tributario, Alimentario y los Procesales, las leyes general de educación, básica de salud, sobre la organización del Poder Judicial, de la mediación voluntaria y las que requiere el establecimiento del juicio por jurados.
ARTICULO 103: El Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Estos decretos son decididos en acuerdo general de ministros, quienes deben refrendarlos. Son remitidos a la Legislatura para su ratificación dentro de los diez días corridos de su dictado, bajo pena de nulidad.
Como primera medida y destacable por cierto, hay que tener en cuenta que cuando se habla de Decreto de Necesidad y Urgencia que la “imposibilidad de seguir los trámites legislativos” no puede ser considerada como una imposibilidad política del Poder Ejecutivo de contar con las mayorías necesarias para sancionar una ley en la Legislatura. Ello es desvirtuar el principio republicano de la división de poderes. La imposibilidad debe ser solamente FUNCIONAL y nunca política, por ejemplo cuando no hay legislatura o cuando estuviera cerrada por razones de fuerza mayor por una huelga, ocupación del recinto de la Legislatura o cualquier otra circunstancia equivalente y no fuera posible esperar bajo ninguna forma la regularización de la situación. Ello no ocurre en el receso legislativo ya que cabe perfectamente la convocatoria a extraordinarias.
Los decretos de necesidad de urgencia, que la mayoría de la doctrina constitucional considera inválidos, fueron en desmesurado incremento de esta práctica cuailegislativa, sumada a los vetos realizados por Macri constituye sin lugar a dudas uno de los factores reales de mayor intromisión del poder ejecutivo en funciones propias del poder Legislativo. Es necesario poner límites a esta práctica a los fines de no desvirtuar el verdadero fin de los decretos de necesidad y urgencia y encuadrar las prácticas políticas en el marco de la constitución, tanto mas cuando en la práctica es, nada más ni nada menos, que la formación de la voluntad general al hacer la ley.
Hay que considerar que si al tiempo de la elaboración de los decretos de necesidad y urgencia el Congreso se halla en sesiones ordinarias y no existe una situación de fuerza mayor que impida su reunión, faltan los recaudos que justifican su dictado
“La división de poderes o funciones, elemento esencial de la forma republicana de gobierno adoptada por la Constitución Nacional (art. 1,) debe ser respetada en la Provincia de Córdoba por imperio del art. 5° C.N.; constituyendo tal principio la mejor defensa del ciudadano frente al poder.”
“Que verificado en el sub lite si el Poder Ejecutivo Provincial, al dictar el Decreto N° 2.656/01, ha respetado los límites impuestos por la Constitución a su competencia, se advierte que se han ejercitado facultades legislativas, reconociéndolo así el mismo acto, al disponer su remisión a la Legislatura para su ratificación (art. 25).”
Decreto del Poder Ejecutivo > De necesidad y urgencia: > Requisitos.
Los decretos “de necesidad y urgencia” no deberían dictarse en momentos en que las Cámaras del Congreso se encuentren desarrollando sesiones ordinarias, sin que aparezca demostrada la existencia de una situación de fuerza mayor que hubiese impedido su reunión. Y, a su vez, por el tenor de su contenido, el dictado del decreto no podría -prima facie- justificarse en la necesidad de adoptar medidas súbitas que impidiesen recurrir a los trámites ordinarios previstos en la Carta Magna para la sanción de las leyes. En el caso, una empresa de aviación inició acción de amparo contra el Estado Nacional -Ministerio de Defensa- y la Fuerza Aérea Argentina, con el fin de que se declarase la inconstitucionalidad del decreto que disponía que la totalidad de las tasas aeronáuticas correspondientes a los vuelos internacionales se perciban en dólares estadounidenses y solicitó, como medida cautelar, la suspensión de la fuerza ejecutoria del acto atacado hasta que se dictase la sentencia definitiva. Se modifica la medida cautelar concedida y se dispone que la empresa de aviación abone, hasta la sentencia definitiva y firme en este proceso, las tasas aeronáuticas en pesos; imponiendo a la actora -en carácter de contracautela- la obligación de depositar la diferencia entre lo abonado a las demandadas y lo que hubiere correspondido conforme al decreto cuya inconstitucionalidad se persigue.
Lloyd Aéreo Boliviano vs. Estado Nacional s. Amparo Ley 16986 /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV; 28-03-2006; Rubinzal on line; RC J 6960/07
La CSJN ha establecido que para que sea válido el ejercicio de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo Nacional debe ser imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución Nacional, vale decir que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.
Álvarez, Jorge Miguel vs. Corporación General de Alimentos S.A. s. Despido /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VIII; 25-10-2004; Rubinzal on line; RC J 634/05
No cumpliendo con los requisitos de los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo no está habilitado a ejercer potestades legislativas que modifique por vía reglamentaria una ley hasta entonces vigente.
Lamanna, Rubén Horacio vs. Estado Nacional s. Acción de amparo /// Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala III; 04-11-1996; Rubinzal on line; RC J 1088/0
El art. 99 CN enele inc 3 Establece.- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. … 2. …
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
En consecuencia la Constitución de la ciudad no puede ir en contra de lo establecido por nuestra Carta Magna.
Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 30
Opinión Consultiva N 6 CIDH Republica Oriental del Uruguay.
No parece discutible que el derecho contravencional es una manifestación del poder punitivo del Estado y, en ese sentido, dice por ejemplo, Zaffaroni: “el derecho contravencional es derecho penal y debe respetar todas las garantías constitucionales referidas a éste (las que surgen de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos)”…no existe otra diferencia entre delito y contravención que la puramente cuantitativa” (Zaffaroni-Alagia-Slokar, DPPG, ps. 177, 179 ).
http://www.gonzaloruanova.com.ar/?p=668
Macri salió a jugar fuerte en la disputa Gobierno-Clarín
En una decisión que despertó la ira de sectores kirchneristas, decretó que tales acciones constituyen atentados "contra la libertad de prensa y expresión"
Con un decreto de necesidad y urgencia, el jefe de la Ciudad, Mauricio Macri, incorporó al Código Contravencional porteño penas para quienes bloqueen la salida de los diarios o “intimiden u hostiguen a sus directivos, periodistas u otros trabajadores”, luego de que se produjeran bloqueos a las plantas de Clarín, La Nación y Perfil.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2/11 -uno de los pocos que dictó durante su mandato- intenta modificar el Código Contravencional porteño e imponer penas de hasta 10 días de arresto y multas de hasta 50.000 pesos a quienes obstruyeran "el desenvolvimiento de los medios de comunicación o ataque o amenace a sus directivos, periodistas, trabajadores o distribuidores de diarios".
El reclamo no fue reprimido, a pesar de la orden judicial, porque el gobierno nacional -abiertamente enfrentado con los grupos periodísticos perjudicados- lo interpretó como un conflicto gremial legítimo.
Clarín y La Nación, en cambio, sostuvieron que se trataba de un "ataque a la prensa" y publicó un video de un delegado sindical que fue grabado pidiendo dinero a los directivos de Clarín y admitiendo que se trataba de "una medida política" con vínculos con la Casa Rosada.
El decreto fue remitido a la Legislatura porteña, que debe aprobarlo en los próximos 30 días o perderá vigencia, informó el diario La Nación.
Allí, sólo 26 de los 60 legisladores responden al PRO, pero se estima que el macrismo lograría el conseno necesario para ratificar la norma.
De aprobarse, la ley castigaría con multa de entre 5.000 y 50.000 pesos y arresto de tres a 10 días a quienes obstaculicen la difusión de cualquier medio. La regla aplica también a quien intimide a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa, y la pena se duplica si quienes cometen el ilícito son funcionarios de gobierno, según el matutino.
"Este es un DNU en defensa de la libertad de prensa, un pilar de la democracia. Mientras el gobierno nacional se hizo el distraído frente a los bloqueos, desde la ciudad queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para defender esa libertad", dijo a La Nación el jefe de Gabinete porteño y precandidato a jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
http://www.asteriscos.tv/noticia-34683.html
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó ayer un decreto que amplía los alcances del Código Contravencional de la Ciudad y establece sanciones para quien “intencionalmente impida, obstruya u obstaculice” la producción, impresión o distribución “de ideas”. La norma agrega tres artículos al código vigente en el distrito y cita como antecedente la protesta gremial que obstaculizó la salida del diario Clarín hace diez días.“Quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa, será sancionado”, reza el artículo 119 bis que el macrismo pretende incluir en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la norma deberá ser enviada a la Legislatura local, como máximo en ocho días, para ser aprobada por ese cuerpo deliberativo dentro de los próximos 40. El paso legislativo es imprescindible para que pueda aplicarse.“La norma es muy abarcativa, tanto que podría ir en contra de las libertades sindicales. Si los trabajadores de un medio hicieran un paro podrían ser sancionados, ya que no se refiere solamente a la libre circulación, sino también a la producción. Incluso en el caso de los canillitas. Es un mamarracho”, declaró a Tiempo Argentino el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra.“Es una sobreactuación para quedar bien con Clarín”, dijo un legislador opositor que prefirió no ser identificado. Es que el decreto que ayer salió a la luz, pero que fue firmado el lunes pasado, tiene su correlato en el artículo 161 del Código Penal de la Nación: “Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.”Las multas que prevé la legislación PRO van de los 5000 a 50 mil pesos y de tres a diez días de arresto a quienes infrinjan la ley.“Macri pone la defensa de las corporaciones por encima del derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar mejores condiciones laborales. Es otro capítulo más de la judicialización de la protesta que viene empujando el PRO”, dijo el legislador del Frente para la Victoria, Francisco “Tito” Nenna, en diálogo con Tiempo. “Los hechos de público conocimiento ocurridos durante los días 26 y 27 de marzo –que impidieron la normal circulación de la edición del diario Clarín correspondiente al 27 de marzo de 2011 y demoraron la del diario La Nación– constituyen una manifiesta afectación de las garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión”, rezan los considerando enviados al vicepresidente 1º de la Legislatura, Oscar Moscariello. <
http://tiempo.elargentino.com/notas/lider-del-pro-busca-limitar-protesta-sindical
14 de abril de 2011 • 22:05
El proyecto de declaración que impulsaba el macrismo era para "repudiar enérgicamente la indiferencia del Gobierno Nacional" ante el bloqueo que evitó la circulación de los diarios Clarín Olé y La Nación semanas atrás.
Por su parte, un sector de la oposición porteña buscaba vetar el DNU de Macri, al que calificaron de "inconstitucional" ya que permite arrestar a quienes bloqueen la salida de diarios en el marco de una protesta sindical.
Por decreto, la Ciudad penalizará con arresto y multa a quienes bloqueen la salida
13 de abril de 2011 (infobae-DERF) Hora: 09:27 El jefe de gobierno porteño firmó un DNU que incorpora al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires la penalización para quienes atenten contra la libertad de prensa y expresión
Tras el episodio ocurrido con los diarios Clarín, La Nación y Olé hace algunas semanas, Macri promulgó este nuevo DNU que agrega tres artículos al Código Contravencional y que castiga por "impedir la salida de medios gráficos e intimidar u hostigar a directivos, periodistas y otros trabajadores de la cadena de difusión para tratar de frenar la difusión de ideas y noticias".
El decreto Nø 2/11 lleva la firma de Mauricio Macri y de los todos los ministros del Gabinete porteño.
La norma se fundamenta en la letra de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los fundamentos señala que "los hechos de público conocimiento ocurridos los días 26 y 27 de marzo del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al 27 de marzo de 2011 del Diario Clarín y demoraron la del diario La Nación han configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión".
En ese sentido, el Gobierno porteño consideró que "la situación debe ser evaluada como particularmente grave ante la notoria inacción de las autoridades competentes del Estado nacional".
Del tal forma, se incorpora al Código Contravencional como "Título VI "Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión", los artículos 119 bis, 119 ter y 119 qu ter.
El primero dicta que "quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opioniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva, o por cualquier modo perturbe esta actividad, será sancionado con una multa de 5.000 pesos a 50.000 o con arresto de tres a diez días".
El "ter" señala que "quien intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución será sancionado" con las mismas penas. En caso de que sean funcionarios públicos las sanciones se elevar n al doble.
El último artículo sanciona con multas de 2.000 pesos a 30.000 pesos o con arresto de uno a diez días al que "intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la libre expresión en forma pública de ideas, opiniones o informaciones".
http://derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=413790&ID_Seccion=102&Titular=Por%20decreto,%20la%20Ciudad%20penalizar%E1%20con%20arresto%20y%20multa%20a%20quienes%20bloqueen%20la%20salida.html
Nota correspondiente a la publicación del día Jueves de 14 de Abril de 2011
“El decreto de Macri es inconstitucional”
El ministro de Trabajo y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Carlos Tomada, fustigó ayer el decreto que multa con dinero o días de arresto a quien obstruya la impresión o distribución de medios de prensa. Es “uno de los más claros ataques a la libertad de expresión y la más grave falta a la división de poderes”, consideró.
“Este decreto es inconstitucional y a todas luces pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación”, aseveró Tomada en una conferencia de prensa que dio en la Legislatura para repudiar el decreto 2/11, firmado por el titular del Ejecutivo que incorporó tres artículos al Código Contravencional de la Ciudad con penas “para quienes atenten contra la libertad de prensa y expresión”.
Al respecto, Tomada consideró que “esta norma, con este contenido, es en realidad uno de los más claros ataques a la libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos” e instó a los legisladores porteños a no refrendar este decreto en el que “Macri se arrogó la suma del poder público y se olvidó de la división de poderes”.
Además, remarcó que la medida, difundida el martes oficialmente por la Ciudad, “es antisindical porque cercena los derechos de los trabajadores y crea amenaza inusitada a esos derechos”.
El ministro formuló estas declaraciones acompañado por la diputada Silvia Vásquez; el dirigente de la UTPBA y periodista Raúl Dellatorre; la ex legisladora Kelly Olmos; el director de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Damián Loretti, y los legisladores Gonzalo Ruanova, Gabriela Cerruti, Aníbal Ibarra, María José Lubertino y Francisco Nenna, que adelantaron su rechazo al decreto.
Además, anticiparon una presentación judicial mañana, de la que faltaba definir si era ante el Tribunal Superior de Justicia porteño o un juzgado de primera instancia, para frenar “cuanto antes” la vigencia del decreto.
“Vamos a usar todas las herramientas judiciales necesarias porque no vamos a permitir este intento por violar los derechos de parte de Mauricio Macri, que con ese decreto intenta enviar un mensaje y quedar bien con un grupo de empresarios”, aseguró Ruanova, del bloque Nuevo Encuentro.
Para Ibarra, “una sociedad en donde el Poder Ejecutivo puede establecer figuras penales y contravenciones y además tiene la policía para ejecutarlas es una sociedad autoritaria".
"Eso está expresamente prohibido tanto por la Constitución Nacional, como por las constituciones provinciales y nuestra Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además fue dicho infinidad de veces por la Corte Suprema de Justicia”, agregó.
Loretti, por su parte, consideró que “asistimos a un hecho sin precedentes que, por su procedimiento y sus contenidos, es insostenible y es una amenaza sobre las libertades sindicales”.
Vásquez, en tanto, exhortó a los diputados de la Ciudad a “poner un freno” a la iniciativa macrista y adelantó que impulsará en el Congreso Nacional una declaración de “repudio” al decreto cuestionado.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=218760&id=414790&dis=1&sec=2
El decreto de Necesidad y Urgenia fue publicado en el Boletín Oficial del 13 de Abril
http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/apps/BO/front/documentos/boletines/2011/04/20110413.pdf
Lo dispuesto por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 10 y 12, inciso 2, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Contravencional de la
Que las libertades de prensa y de expresión son garantías constitucionales
expresamente consagradas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en consonancia con las prescripciones de la Constitución Nacional y de la
Que dichas garantías resultan, además, esenciales para la existencia de un sistema
republicano, en tanto constituyen herramientas necesarias para el debido control de los
actos de gobierno, haciendo posible su conocimiento por los ciudadanos;
Que tal como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho prensa
ha recibido protección constitucional como dimensión política de la libertad de
pensamiento y de la libertad de expresión, pasando a ser un elemento integrante del
estado constitucional moderno, con el derecho e incluso el deber de ser independiente
a la vez que responsable ante la justicia de los delitos o daños cometidos mediante su
uso, con la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad;
Que las restricciones a la libertad de prensa no sólo afectan el derecho subjetivo de dar
y recibir información, sino que limitan las posibilidades de un adecuado ejercicio de las
demás libertades constitucionalmente consagradas, en la medida en que impiden el
acceso a información relevante y a argumentos plurales, y se constituyen en un serio
obstáculo a la deliberación pública abierta, no discriminada, vigorosa y deshinibida;
Que los hechos de público conocimiento ocurridos durante los días 26 y 27 de marzo
del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al
27 de marzo de 2011 del Diario Clarín –y demoraron la del Diario La Nación– han
configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión;
Que similar calificación merecen los hechos que impidieron la circulación de las
respectivas ediciones de los diarios La Voz del Interior y Día a Día, de la ciudad de
Córdoba, correspondientes al 3 de abril de 2011;
Que numerosos actores políticos, culturales y sociales han puesto de manifiesto en
forma pública su preocupación por la escalada de agresiones a la libertad de expresión
N° 3643 - 13/04/2011 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°16
y de prensa que se vive en nuestro país, inquietud compartida por diversas
organizaciones internacionales, la Sociedad Interamericana de Prensa entre otras;
Que la situación debe ser evaluada como particularmente grave ante la notoria inacción
de las autoridades competentes del Estado Nacional, sumado el hecho de que en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su sede numerosos medios de comunicación
masiva de orden nacional y local;
Que las manifestaciones públicas posteriormente efectuadas por algunos de los
actores involucrados permiten inferir que, lamentablemente, pueden repetirse en forma
inminente hechos y pasividades similares;
Que obstaculizar o impedir la producción de contenidos periodísticos o su normal
circulación es una conducta social y jurídicamente reprochable, contraria a la libertad
de expresión y, por ello, violatoria de derechos a los que en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha asignado rango constitucional;
Que igual reproche merecen similares conductas que afecten la libre expresión en
forma pública de ideas, opiniones o informaciones;
Que en resguardo de los derechos y garantías constitucionales antedichos deben
adoptarse las previsiones legales necesarias, en pos de su efectiva protección;
Que a esos fines deviene necesario, en forma urgente, incorporar al Código
Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la normativa pertinente en
orden a prevenir conductas como las anteriormente descriptas;
Que se encuentran expuestas y acreditadas las circunstancias excepcionales que
hacen imposible seguir con los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 103 de la Constitución de la
Artículo 1°.- Incorpórase al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como Título VI “Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión”, el texto
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros del Poder
Artículo 3°.- Dése cuenta a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines previstos en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su cumplimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal – Lombardi a/c - Santilli -
Lemus - Montenegro - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
Constitucion Ciudad de Buenos Aires
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/institucional/constbsas/