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Timestamp: 2016-10-22 17:49:27
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 64', 'artículo 18', 'artículo 14', 'artículo 31', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 80', 'artículo 120', 'artículo 142', 'artículo 29', 'artículo 143', 'artículo 153', 'artículo 222', 'artículo 236', 'artículo 237', 'artículo 242', 'artículo 299', 'artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 11']

Decreto Legislativo 13/1994, de 26 de julio, por el que se aprueba la adecuación a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de las leyes que afectan al Departament de Governació en materia de régimen local, juego,...y el régimen de recursos de sus organismos autónomos.
Vigencia desde 21 de agosto de 1994. Esta revisi�n vigente desde 21 de agosto de 1994.
Artículo 1. Escuela de Policía de Cataluña.
Artículo 2. Escuela de Administración Pública.
Artículo 3. Organización comarcal.
Artículo 4. Municipal y régimen local.
Artículo 5. Plan único de obras y servicios de cataluña.
Artículo 6. Espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Artículo 7. Juego.
Artículo 8. Instituto Catalán de Seguridad Vial.
La Ley 2/1994, de 24 de marzo, de bases de delegación en el Gobierno para la adecuación de las leyes de cataluña a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, autoriza al Gobierno de la generalitat para que dicte Decretos Legislativos aprobatorios de textos articulados, para que, en el ámbito de las competencias de la generalitat y de acuerdo con lo que establece la disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de conformidad con la redacción que le da el Real Decreto Ley 14/1993, de 4 de agosto, adecúe a esta Ley las normas con rango de Ley reguladoras de procedimientos administrativos sectoriales - con mención específica de los efectos estimatorios que la falta de resolución expresa pueda producir- y, en aquellos que sea procedente, los regímenes sancionadores y de recursos que se establecen en estas normas.
La autorización al Gobierno de acuerdo con el artículo 3 de la citada Ley se puede ejercer mediante uno o mas Decretos Legislativos, habiéndose optado por hacer diversos Decretos Legislativos.
Con este Decreto Legislativo se adecúan las leyes que afectan al departament de governacio y a sus organismos autónomos, de acuerdo, con los principios y criterios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El presente Decreto Legislativo se ha sometido en función de la materia, a informe de la comisión de Gobierno local de cataluña y del consejo asesor de espectáculos y actividades recreativas, habiéndose informado favorablemente.
Asimismo, se ha sometido a información pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la administración de la Generalitat de Cataluña.
Por lo tanto, en ejercicio de la mencionada delegación, de acuerdo con el dictamen preceptivo emitido por la comisión jurídica asesora, a propuesta de la Consellera de Governacio y de acuerdo con el Gobierno. Decreto:
Se modifica el artículo 18.1 de la Ley 27/1985, de 27 de diciembre, de la escuela de la policía de cataluña, que queda redactado de la forma siguiente:
1. Todos los actos administrativos de los órganos de la escuela de policía de cataluña pueden ser objeto de recurso ordinario a resolver por la persona titular del departament de governacio.
El recurso extraordinario de revisión se ha de interponer, cuando sea legalmente posible, ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
Se modifica el artículo 14 de la Ley 4/1987, de 24 de marzo, reguladora de la escuela de administración pública de cataluña, en los siguientes términos:
1. Contra los actos administrativos de los órganos de la escuela son procedentes los recursos previstos por la legislación sobre procedimiento administrativo aplicable a cataluña.
2. Todos los actos administrativos de los órganos de la escuela de administración pública de cataluña pueden ser objeto de recurso ordinario a resolver por la persona titular del departament de governacio.
El recurso extraordinario de revisión, cuando sea legalmente posible, se ha de interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
Se modifica el artículo 31.2 de la Ley 6/1987, de 4 de abril, sobre la organización comarcal de cataluña, en los siguientes términos:
2. La conversión de servicios mancomunados o consorciados en los que estén interesados municipios pertenecientes a otra comarca no altera los términos de la relación asociativa preexistente en cuanto a los derechos y obligaciones de dichos municipios. En este caso, se dará audiencia a las demás comarcas afectadas. Si en este trámite no hubiera acuerdo entre las entidades interesadas sobre la utilización del servicio, corresponde a la persona titular del departament de governacio dictar, en el plazo de tres meses, la resolución definitiva sobre la conversión del servicio que, si no se produjere en este plazo, se entenderá emitida con efectos desestimatorios. Esta resolución puede condicionar la conversión a la Constitución de consorcios o al establecimiento de convenios entre las comarcas afectadas.
Se modifican los artículo 61.2, 65.5, 66.3, 69.5, 70.2, 80.3, 120.1, 142, 143.4, 153.2, 153.3, 222.3, 225, 236.3, 237, 242, 299, de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de cataluña.
El artículo 61.2 queda redactado de la manera siguiente:
El ejercicio de las facultades de gestión y ejecución corresponde, en todo caso, al concejal-presidente de acuerdo con las decisiones adoptadas por el órgano de participación.
Se establecerán los sistemas de revisión y control de los actos y acuerdos adoptados por los órganos de participación.
Los órganos desconcentrados ejercerán sus funciones de conformidad con los programas y directrices establecidos por el pleno.
Los actos de los órganos de participación territorial se podrán impugnar ante el órgano correspondiente del ayuntamiento mediante recurso ordinario.
El artículo 65.6 queda redactado de la manera siguiente:
6. La resolución del Gobierno de la generalitat determinará necesariamente:
La adminsitración que deberá asumir el servicio.
La resolución del Gobierno se producira en el plazo de tres meses desde la remisión del expediente. La falta de resolución dentro de este plazo producira efectos desestimatorios.
El artículo 66.3 queda redactado de la manera siguiente:
3. La aplicación de lo establecido por el apartado 2 requerira la aprobación del Gobierno de la generalitat, a propuesta de la correspondiente comarca, y que el municipio interesado no se oponga en el tramite de consulta previa que se le otorgue por el plazo de un mes.
Si el Gobierno de la generalitat no resuelve en el plazo de los tres meses siguientes a la remisión de la solicitud por la comarca, la propuesta se entendera aprobada.
El artículo 69.5 queda redactado de la manera siguiente:
5. El departament de governacio llevará un registro en el que se inscribirán de oficio o a iniciativa municipal, previo informe de la comisión de delimitación territorial y de la comisión jurídica asesora, los municipios de régimen especial.
El plazo del procedimiento para la inscripción, incluidos los informes previos, será de tres meses a contar de la solicitud, y el sentido del acto presunto será estimatorio.
El artículo 70.2 queda redactado de la manera siguiente:
2.2 Podrán asimismo funcionar con este régimen especial los municipios de menos de doscientos cincuenta habitantes que gocen de aprovechamientos comunales de rendimiento, igual o superior a la cuarta parte de los ingresos ordinarios de su presupuesto, o que tengan características especiales que lo hagan aconsejable. La Constitución del concejo abierto requerirá, en estos casos, la petición de la mayoría de dos tercios de los miembros del ayuntamiento y la aprobación del Gobierno de la generalitat.
El artículo 80.3 queda redactado de la manera siguiente:
3. Las entidades municipales descentralizadas, en el ámbito de sus atribuciones, tendrán plena autonomía para la administración del núcleo de población. Sin embargo, los acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa serán ratificados por el ayuntamiento en el plazo de dos meses a contar de su remisión. La falta de acuerdo municipal dentro de este plazo producirá efectos estimatorios.
El artículo 120.1 queda redactado de la manera siguiente:
1. El departament de governacio llevará un registro especial en el que se inscribirán las asociaciones de ámbito territorial catalán.
La inscripción de las asociaciones se efectuará en el plazo de veinte días a contar de la solicitud, y transcurrido aquel sin resolución expresa se entenderán inscritas.
El artículo 142 queda redactado de la manera siguiente:
3. Los requisitos y la tramitación de las peticiones se ajustarán a lo dispuesto por la legislación que desarrolle el artículo 29 de la Constitución y, en su caso, la de procedimiento admisnistrativo.
4. Si la adminsitración no resolviere en el plazo de tres meses, la petición se entenderá desestimada.
El artículo 143.4 queda redactado de la manera siguiente:
4. Sin perjuicio del registro general de asociaciones de la generalitat, los municipios establecerán un registro propio a efectos de los dispuesto en el presente artículo, en el que se inscribirán las asociaciones en el plaza de veinte días desde la petición, y transcurrido este sin resolución expresa se entenderán inscritas.
El artículo 153, apartados 2 y 3, queda redactado de la manera siguiente:
2. A este efecto, se instruirá expediente sancionador de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto, en el que se garantizará la audiencia al miembro de la corporación para que pueda formular las alegaciones.
La resolución adoptada por el presidente de la corporación determinará la cuantía o la duración de la sanción, dentro de los límites señalados por el apartado 1.
El artículo 222.3 queda redactado de la manera siguiente:
2. El procedimiento de concesión de las subvenciones se resolverá en el plazo de tres meses y la falta de resolución dentro de este plazo producirá efectos desestimatorios.
El artículo 236.3 queda redactado de la manera siguiente:
El artículo 237 queda redactado de la manera siguiente:
3. Corresponde al organismo autónomo, en régimen de descentralización, la organización y administración del servicio público, sin perjuicio de las facultades locales de tutela.
El artículo 242 queda redactado de la manera siguiente:
1. La concesión de servicio público se otorgará mediante licitación. En la licitación se determinarán los criterios de adjudicación entre los que figurarán necesariamente las mejores ventajas que de el se desprendan para los usuarios del servicio.
4. Las claúsulas de la concesión contendrán las prescripciones determinadas reglamentariamente y establecerán la reversión de los bienes adquiridos por los concesionarios, que están amortizados el final de la concesión.
El artículo 299.7 queda redactado de la manera siguiente:
Se modifica el artículo 4 de la Ley 23/1987, de 23 de diciembre, por la que se establecen los criterios de financiación del plan único de obras y servicios de cataluña y las bases para la selección, distribución y financiación de las obras y servicios a incluir en el mismo, añadiendo el siguiente apartado.
9. Las peticiones para concurrir a la convocatoria del plan se tramitarán y resolverán en los plazos que establezca la normativa específica. La no-resolución expresa dentro de estos plazos tendrá efectos desestimatorios.
Se modifican los artículo 31 y 32 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos.
El artículo 31 queda redactado de la manera siguiente:
1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ley se regirá por la normativa siguiente en materia de procedimiento sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la generalitat, con las particularidades que se especifican en los apartados siguientes.
2. Son competentes para la incoación de los expedientes los alcaldes y los delegados territoriales del Gobierno de la generalitat y el director general del juego y de espectaculos.
Los alcaldes, en los expedientes incoados por ellos para sancionar infracciones con multas hasta un millón de pesetas y cierres provisionales por un período máximo de quince días.
Los delegados territoriales del Gobierno de la generalitat, en los expedientes incoados por ellos, para sancionar infracciones con multas hasta un millón de pesetas y cierres provisionales por un período máximo de seis meses.
El director general del juego y de espectaculos, para sancionar infracciones con multas hasta dos millones de pesetas y cierres provisionales por un período máximo de doce meses.
La persona titular del departament de governacio, para sancionar infracciones con multas superiores a dos millones de pesetas y el cierre definitivo.
4. Los ayuntamientos y la administración de la generalitat se han de informar reciprocamente de los expedientes incoados para evitar la duplicidad.
El artículo 32 queda redactado de la manera siguiente:
1. Contra las resoluciones de los delegados territoriales se puede interponer recurso ordinario ante el director general del juego y de espectaculos.
2. Contra las resoluciones del director general del juego y de espectaculos se puede interponer recurso ordinario ante la persona titular del departament de governacio.
3. Las resoluciones de la persona titular del departament de governacio, de los alcaldes y de los recursos ordinarios, ponen fin a la vía administrativa.
Se modifican los artículos 15 y 17 de la Ley 1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen sancionador en materia de juego.
El artículo 15 queda redactado de la manera siguiente:
El artículo 17 queda redactado de la manera siguiente:
1. Contra las resoluciones de los delegados territoriales del Gobierno se puede interponer recurso ordinario ante el director general del juego y de espectaculos.
3. Las resoluciones de la persona titular del departament de governacio y del Gobierno, que agotan la vía administrativa, pueden ser impugnadas de acuerdo con lo que establece la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa de 27 de diciembre de 1956.
Se modifica el artículo 11.1 de la Ley 21/1991, de 25 de noviembre, de creación del Instituto Catalán de Seguridad Vial, que queda redactado de la manera siguiente:
1. Los actos administrativos de los órganos del Instituto Catalán de Seguridad Vial pueden ser objeto de recurso ordinario a resolver por la persona titular del departament de governacio.
El recurso extraordinario de revisión se ha de interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna, en los supuestos establecidos legalmente.