Source: https://www.gonzalezcancino.com/5-analisis-de-constitucionalidad/
Timestamp: 2018-07-21 11:56:22
Document Index: 172268032

Matched Legal Cases: ['Artículo 26', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 26', 'artículo 105', 'artículo 15', 'artículo 22', 'Artículo 379', 'artículo 135', 'artículo 105', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 55', 'Artículo 63', 'artículo 63', 'Artículo 798', 'artículo 798', 'Artículo 2018', 'artículo 50', 'artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 135', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 22', 'Artículo 97', 'artículo 1', 'in dubio', 'artículo 94', 'Artículo 94', 'artículo 133', 'artículo 133', 'ARTÍCULO 133', 'artículo 25', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 72', 'Artículo 72', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 301', 'ARTÍCULO 301', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 301', 'artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 122', 'e contrario', 'artículo 10', 'artículo 16', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 77', 'artículo 107', 'artículo 22', 'artículo 17']

5. Análisis de Constitucionalidad - González Cancino
5. Análisis de ConstitucionalidadGC2018-07-16T23:05:19+00:00
En este capítulo se abordarán algunos de los temas más relevantes propios del análisis de constitucionalidad que realizan los tribunales a la hora de examinar el acto reclamado.
Si bien este tema es demasiado extenso y podría ser materia de un libro completo, los alcances que aquí se le darán son reducidos, pues se limitan a identificar las principales prácticas judiciales que existen al respecto.
En el derecho positivo mexicano existen presunciones de legalidad en materia administrativa, por ejemplo, las que se encuentran en los artículos que a continuación se enuncian.
Artículo 26.- La omisión o irregularidad de los requisitos de validez señalados en el artículo 7º de esta Ley, producirá la anulabilidad del acto administrativo. El acto reconocido anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable por la autoridad competente en el momento de que se percate de este hecho, mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto.
Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las Fracciones XII a XVI del Artículo 3 de esta Ley, producirá la anulabilidad del acto administrativo.
A diferencia de otras presunciones jurídicas que cuentan con fundamento expreso en el derecho positivo, la de constitucionalidad no cuenta con alguna disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permita afirmar que los actos de autoridad gozan de ella.
La presunción de constitucionalidad no tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hay quienes pretenden fundar la presunción de constitucionalidad en la segunda fracción del artículo 105 de la Carta Magna , en la cual se establece el plazo de 30 días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad. Aquí la parte conducente:
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;…
La argumentación de quienes tienen esta postura consiste en afirmar que, una vez fenecido el plazo de 30 días sin que se haya promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma general (leyes y tratados internacionales), se crea la presunción de constitucionalidad, pues las autoridades legitimadas para promover la acción de inconstitucionalidad no detectaron irregularidades y, por esa razón, no ejercieron la mencionada acción.
Las críticas que se pueden formular al respecto son:
Para llevar a cabo las críticas conducentes, lo primero que hay que señalar es que la fracción II del artículo 105 constitucional únicamente establece un plazo procesal y nada más. La redacción del precepto constitucional es clara y no admite otra imputación que pueda derivar en la presunción de constitucionalidad.
Al contrastar la redacción del artículo 105 constitucional con la del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el 7 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo resulta evidente que el constituyente no quiso establecer una presunción en el artículo 105, sino una disposición de carácter adjetivo en la cual se señalara el plazo que las autoridades legitimadas tienen para promover la acción de inconstitucionalidad.
Por otra parte, resulta inverosímil derivar consecuencias sustantivas, tales como la presunción de regularidad material de una disposición adjetiva.
De igual forma, debe mencionarse que la supuesta presunción de constitucionalidad solamente se actualizaría con respecto a leyes generales y tratados internacionales, no así respecto del resto de los actos de autoridad.
En realidad, la presunción de constitucionalidad es una creación jurisprudencial que no tiene soporte en el texto expedido por el constituyente.
Por todo lo anterior, en este apartado se combatirá la presunción de constitucionalidad desde diversas perspectivas: en primer lugar, se criticará desde la teoría general del derecho, es decir, aquella rama de la ciencia jurídica que se encarga de estudiar los aspectos comunes a todo sistema jurídico, entre ellos, los conceptos fundamentales.
El segundo comentario provendrá de la teoría general del proceso, que estudia los aspectos comunes a los distintos procedimientos. En tercer lugar, se abordará esta institución como presunción; se cuestionarán los hechos mismos en que se sustenta para demostrar su ineficacia. Por último, se recurrirá a la teoría constitucional para demostrar la incompatibilidad de dicha presunción con el constitucionalismo.
La teoría general del derecho indica que los problemas jurídicos propios de todo ordenamiento se pueden clasificar de la siguiente manera, de acuerdo con Neil Mac-Cormick:
4. Problemas de calificación, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma; por ejemplo: ¿puede calificarse la alimentación forzada de los presos GRAPO como un caso de <> o <>, según el sentido que tienen estos términos en el artículo 15 de la Constitución?” (Atienza, 2003, p. 129)
Los problemas de relevancia y de interpretación se dan en el mundo jurídico. Debe recordarse que las normas son objetos pertenecientes a la realidad inteligible, en virtud de que no tienen existencia física sino que son ideales.
En contraste, los problemas de prueba se dan en el mundo fáctico y tienen referencia a fenómenos que ocurren en el tiempo y el espacio.
En cuanto a los problemas de calificación, estos versan sobre la unión entre la realidad fáctica y el mundo jurídico, pues aquí se trata de averiguar si un hecho determinado encaja en el concepto empleado en un supuesto normativo.
En ese sentido, queda claro que cada uno de los problemas jurídicos tiene un ámbito propio. Aquí un esquema:
Por otra parte, conviene recordar la clasificación de los actos reclamados en materiales y normativos: los primeros se refieren a conductas de la autoridad, es decir, a las acciones u omisiones; los segundos enmarcan aquellas conductas cuyo efecto consiste en producir, modificar o extinguir una norma jurídica, sin importar si es individual o general. Como ejemplos de actos materiales se encuentran: la construcción de una autopista, actos de tortura, abstenerse de proporcionar servicios públicos, entre otros. Como ejemplos de actos normativos se puede mencionar: el dictado de una sentencia y la expedición de una ley, entre otros.
Ahora bien, con respecto a los actos reclamados de carácter normativo, se puede hacer una distinción, tomando en cuenta que existen dos tipos de irregularidades: formal o material.
La formal se refiere a los vicios de la norma producto del acto normativo, que se dan por aspectos procedimentales, a saber: falta de competencia o capacidad, violaciones al debido proceso e incumplimiento de las mayorías exigidas, entre otros.
La irregularidad material se refiere a los vicios de la norma producto del acto normativo en cuanto a su contenido, como son la sentencia que impone una pena prohibida por el artículo 22 constitucional o la ley que viola un derecho humano, etcétera.
Es importante mencionar que la irregularidad material es un problema que se da en el mundo de lo jurídico y no en el fáctico. En ese sentido, no está demás señalar que los análisis de regularidad son problemas de relevancia, pues tienen como finalidad descartar una determinada norma como derecho aplicable, ya sea en concreto (juicio de amparo) o en abstracto (acción de inconstitucionalidad).
Una vez que se han identificado los distintos tipos de problemas jurídicos y los distintios tipos de actos reclamados, se verá la relación existente entre estos elementos y las presunciones.
El Diccionario de la lengua española define a la palabra presunción como se cita a continuación (Real Academia Española, 2014):
En relación con las presunciones, Pallares (2005) comenta:
PRESUNCIÓN. “La palabra presunción, por sus raices, se compone de la preposición prae y el verbo sunco, que significan tomar anticipadamente, porque por las presunciones se deduce un juicio u opinión de las cosas y de los hechos, antes que éstos se nos demuestren o aparezcan por sí mismos.” (Caravantes) (p. 617)
Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal define a las presunciones de la siguiente forma:
Artículo 379.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana.
A partir de las definiciones presentadas, se plantea el siguiente concepto:
La presunción es la acreditación de ciertos hechos desconocidos, a partir de otros conocidos.
Las presunciones sirven para acreditar hechos; por lo tanto, solamente son útiles para resolver problemas de prueba y no otro tipo de problemas jurídicos.
Así las cosas, se pone de manifiesto que la presunciones no sirven para reconocer, a priori, la regularidad material (constitucionalidad material) de las normas jurídicas (individualizadas o generales) señaladas como actos reclamados en un juicio de amparo, pues la regularidad material no es un problema fáctico o de prueba, sino uno de relevancia, que se da en el mundo jurídico.
Los únicos aspectos de los actos normativos que en un momento dado podrían ser objeto de la llamada presunción de constitucionalidad serían los hechos relativos a vicios formales, los cuales hacen referencia a actos que acontecen en el mundo fáctico, como el hecho de que una reforma constitucional no se haya votado con la mayoría que señala el artículo 135 constitucional.
Aquí se presenta un esquema para ilustrar las diferencias entre las irregularidades materiales (mundo jurídico) y las formales (mundo fáctico):
Quienes postulan la existencia de la presunción de constitucionalidad (principalmente a favor de las leyes y por aspectos materiales) no se dan cuenta que están aplicando técnicas para acreditar hechos a problemas de derecho, que son distintos.
Cuanto más, la presunción de constitucionalidad podría existir con respecto a los actos materiales y a los aspectos formales de los actos normativos, pero no así con relación a la constitucionalidad material de sentencias, leyes, tratados internacionales y reglamentos, pues son normas jurídicas y no hechos.
En conclusión, la presunción de constitucionalidad no sirve para suponer la regularidad material de las leyes, tratados internacionales, sentencias, reglamentos y resoluciones adminsitrativas, entre otros, pues se trata de normas jurídicas y no de hechos. Cabe siempre tener en cuenta que las presunciones son técnicas empleadas para acreditar hechos.
Rubén Sánchez Gil (2008) en relación con la presunción de constitucionalidad señala lo sigu1ente:
[…] en todo caso constitucional es aplicable una presunción de constitucionalidad a favor del acto impugnado en él. El carácter prima facie de tal suposición no es preponderantemente una “deferencia” al “elevado carácter” del legislador, sino un sencillo punto de partida que improbablemente se hubiera establecido en otro lado, atenta la naturaleza dialéctica de la función jurisdiccional.
La presunción de constitucionalidad, por lo tanto, no es más que el comienzo de la argumentación procesal –entendida en términos amplios– que arroja en el actor quien pretende la modificación de un determinado statu quo a través de la nulidad o la inaplicación –en el caso estadounidense- de un determinado acto legislativo ya existente en la realidad. (pp. 393, 394)
Sánchez considera que, desde la perspectiva de la argumentación, la presunción de constitucionalidad es una condición natural y lógica del debate originado con la acción constitucional (acción de amparo, acción de inconstitucionalidad o acción de una controversia constitucional).
Aquí las palabras de Sánchez (2008):
Todo proceso entraña la conformación de un debate relativo a pretensiones contradictorias de sus partes, en el que éstas discursivamente aportan razones para incitar al juzgador a satisfacer su interés. Como cualquier otro, el debate judicial inicia con la proposición (demanda) de cambio de un estado inicial de cosas, un statu quo, al que se integra una negativa (contestatio) que da lugar a la confrontación en la que consiste todo litigio; éste no tiene lugar abstractamente sino insertándose en una determinada situación –el mencionado statu quo– formada por ciertos hechos o presupuestos a considerar como “datos” (del latín datum, lo “dado”) del problema debatido, sobre los cuales incide la proposición a partir de la cual se desarrolla el diálogo argumentativo de las partes; dichos “datos” son un conjunto integrado por ciertos acuerdos implícitos o explícitos de los polemistas –indispensables para la existencia del debate- y posiciones que han de asumirse según la localización del problema debatido y la proposición inicial.
El proceso constitucional evidentemente también participa de las generalidades anteriores. El debate planteado en él versa sobre la conformidad o inconformidad de un acto con las normas de la ley fundamental, basándose el actor en la supuesta existencia de esta última para pretender la nulidad del acto que impugna; la demanda del actor propone así una transformación del statu quo: eliminar del ordenamiento jurídico el acto reclamado previamente existente, tema sobre el cual se “localiza” el problema constitucional. Los datos de la polémica constitucional, aparte de los acuerdo necesarios ente las partes –por ejemplo, que la Constitución es válida y rige la controversia, el sometimiento a la jurisdicción del tribunal, etcétera–, incluyen la adopción de una posición respecto del problema planteado: estimar inicialmente, prima facie, si el acto impugnado debe tenerse por conforme a la Constitución o por irregular.
Proponiendo el actor del proceso constitucional una transformación del statu quo mediante la nulidad del acto que impugna, a él corresponde exponer justificaciones para que se lleve a cabo, en tanto plantea la modificación de la situación actual para la cual no existe –antes de la impugnación- alguna razón para que sea modificada; por eso, el mantenimiento de la situación cuestionada en el proceso constitucional goza de preferencia si no existen razones aportadas por el actor para su transformación; es decir, en principio el acto reclamado debe gozar de una presunción de constitucionalidad que corresponde refutar al promovente. (pp. 377, 378)
Más adelante, Sánchez Gil (2008) señala:
La presunción de constitucionalidad impone al actor constitucional la “carga de argumentación”: el deber procesal de exponer las razones y motivos por los cuales estima inconstitucional el acto que reclama, actividad que requiere desarrollar para comunicar sus razones al tribunal y éste tenga conocimiento de ellas, para la satisfacción de su propio interés. (p. 380)
¿Cuáles son las críticas que habría que formular a las ideas de Sánchez Gil?
En primer lugar, Sánchez no distingue entre la impugnación de un acto material y la de una norma jurídica (general o individual), pues pasa por alto que las presunciones —que sirven para acreditar hechos— son inútiles para suponer la constitucionalidad material de las normas.
En segundo lugar, Sánchez señala que es evidente que el proceso constitucional participa de esa dinámica dialéctica que impone al actor una carga argumentativa para obtener la declaración de nulidad correspondiente, cuando la realidad es que las características propias de los procedimientos jurisdiccionales son incompatibles con la presunción de constitucionalidad. Sánchez olvida la diferencia existente entre los procesos dispositivos y los procesos publicísticos.
En los procesos dispositivos, los derechos, obligaciones e intereses objeto del litigio son privados, de tal suerte que el órgano jurisdiccional asume un rol pasivo limitado a verificar si el actor y el demandado acreditaron sus respectivas pretensiones.
En los procesos publicísticos los derechos, las obligaciones y los intereses objeto del litigio transcienden a las partes, pues se trata de disposiciones de orden público que tienen repercusiones sociales y en algunos casos, como el de los derechos humanos, tienen repercusiones en el plano del derecho internacional, de ahí que el juzgador deba asumir un rol activo y verificar de oficio el cumplimiento de las disposiciones de orden público.
Una vez aclarado lo anterior, es necesario señalar que las ideas de Sánchez resultan incompatibles con el juicio de amparo y con otros procesos constitucionales, como las acciones y controversias, pues estos procedimientos son publicísticos.
Esa es la razón por la cual la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la más amplia de las suplencias de la queja:
ARTICULO 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios.
Parecería que Sánchez pertenece a la facción de quienes consideran que el principio de estricto derecho tiene fundamento constitucional, pero ya se ha demostrado que eso es incorrecto debido a que la Suprema Corte inventó dicho principio a partir del uso productor del argumento a contrario.
Quienes afirman la existencia del principio de estricto derecho recurren a la fracción II del artículo 107 constitucional en lo relativo a la suplencia de la queja, en el cual se señala que “En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.”
Como se puede observar, el artículo 107 no establece la obligación del tribunal de amparo para ceñirse únicamente a los conceptos de violación expresados por el quejoso al momento de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. De ello se deriva que, para crear el principio de estricto derecho, se requiera del argumento a contrario.
En relación con el argumento a contrario, Riccardo Guastini (1999) señala lo siguiente:
Según se aprecia, la norma que indica que la suplencia de la queja no procede en los casos no previstos por la Ley de Amparo, no está contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que es una invención ajena a ese cuerpo normativo. Por lo tanto, es falso afirmar, como lo hace Sánchez, que solamente el actor (en este caso, el quejoso) tiene la carga argumentativa consistente en exponer las justificaciones que denoten la irregularidad del acto reclamado, pues el tribunal de amparo tiene la obligación de analizar de motu proprio la constitucionalidad de dicho acto.
En tercer lugar, Sánchez pasa por alto que las obligaciones generales en materia de derechos humanos, en específico las obligaciones de proteger y garantizar, son incompatibles con el rol pasivo que la dinámica dialéctica otorga al juez de amparo.
Finalmente, Sánchez olvida que tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad se ejercen de oficio, lo cual, para un órgano jurisdiccional, implica que una vez planteada la demanda por el actor, debe asumir un rol activo en la defensa de las disposiciones de orden público relacionadas con el asunto.
Aquí las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, 2009):
Tal como se desprende de la sentencia dictada en contra del Estado Mexicano, los jueces deben revisar el acto reclamado sin que medie petición de parte; por esa razón, la presunción de constitucionalidad, lejos de ser de evidente aplicación al juicio de amparo, es todo lo contrario: resulta evidente su incompatibilidad con el carácter publicístico de todo procedimiento constitucional.
Aun en el terreno de los hechos, la presunción de constitucionalidad que predica Sánchez es inaceptable, pues la investigación de violaciones a derechos humanos no se refiere a una simple gestión de intereses particulares. Así lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador, 2007):
A efecto de demostrar las repercusiones procesales y argumentativas del carácter publicístico del juicio de amparo y otros procesos constitucionales, se cita una sentencia en la que existe allanamiento y, a pesar de ello, el tribunal analiza la regularidad de los actos y normas materia del procedimiento:
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras, “Campo Algodonero” vs México, 2009:
25. En ese sentido, la Corte observa que la frase “la procedencia del allanamiento”, así como el texto íntegro del artículo 55 del Reglamento, indican que estos actos no son, por sí mismos, vinculantes para el Tribunal. Dado que los procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, la Corte debe velar porque tales actos resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea el Tribunal no se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes.
Lo anterior demuestra que, en los procedimientos publicísticos, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de revisar de oficio la constitucionalidad del acto reclamado.
En los procedimientos publicísticos, como el amparo, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de revisar de oficio la constitucionalidad del acto reclamado.
Con base en lo anterior, es necesario afirmar que la presunción de constitucionalidad, aun como dato argumentativo, no tiene cabida en el juicio de amparo. Asimismo, resulta incompatible con la función activa que asumen los órganos jurisdiccionales en los procesos publicísticos.
Como se ha visto, las presunciones parten de ciertos hechos conocidos y, a partir de ellos, se infieren otros. Para que quede más claro, se presentan ejemplos de presunciones del Código Civil para el Distrito Federal:
Artículo 63.- Se presume, salvo prueba en contrario, que un hijo nacido en matrimonio es hijo de los cónyuges.
La presunción prevista en el artículo 63 del Código Civil parte de los siguientes hechos:
1. La existencia de un matrimonio
2. El nacimiento de un hijo durante el matrimonio
Hecho desconocido:
Artículo 798. La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales.
La presunción del artículo 798 se estructura como sigue:
1. Un sujeto tiene un objeto en su poder.
1. La titularidad del derecho de propiedad del objeto en cuestión
Artículo 2018. La pérdida de la cosa en poder del deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario.
1. Una cosa se pierde mientras el deudor la tenía.
Hechos desconocidos:
1. La culpabilidad por la pérdida de la cosa
Por otra parte, tal como lo refiere Sánchez (2008) en los orígenes de la presunción de constitucionalidad, se observa un “temor reverencial al legislador”:
El elemento determinante para la inserción de esta figura en la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, antes y después de las anteriores opiniones de Marshall, indudablemente fue la deferencia de los tribunales hacia el legislador que, en nuestra opinión, tuvo origen en su –digámosle–“pudor democrático” ante la precariedad de sus facultades de anulación de los actos legislativos e interpretación definitiva de la Constitución, apenas afianzadas en la segunda mitad del siglo XX una vez que hizo lo propio el principio stare decisis en los albores de esa centuria, debido a su carencia de fundamento textual expreso por la que de vez en cuando han sido cuestionadas y politizadas –mucho más que las de los tribunales constitucionales europeos, incluyendo al Consejo Constitucional francés, que pudiera esperar más impugnaciones de este orden–. (p. 371)
Más adelante, Sánchez (2008) cita la opinión del justice Washington:
Y más reveladora es la opinión (disidente) del justice Washington en el caso decidido el 13 de marzo de 1827, apenas un día después de rendir Marshall la opinión en Brown vs Maryland que ya referimos:
No es sino un debido respeto a la sabiduría, integridad y patriotismo del cuerpo legislativo, por los cuales pasa toda ley, presumir a favor de su validez hasta que su violación a la Constitución se pruebe más allá de toda duda razonable. Tal ha sido siempre el lenguaje de esta Corte cuando la materia requiere su decisión; y sé que expresa los honestos sentimientos de todos y cada uno de los miembros de esta judicatura (bench). (p. 372)
Del estudio realizado por Sánchez acerca de la presunción de constitucionalidad, se puede afirmar que dicha presunción parte de los siguientes hechos:
a) El carácter democrático del poder legislativo, y
b) “la sabiduría, integridad y patriotismo del cuerpo legislativo”.
Para cuestionar el carácter democrático del poder legislativo, se recurre a los estudios realizados por Roberto Gargarella, quien analiza el sistema representativo implantado en la Constitución los Estados Unidos de América. Es importante mencionar que el estudio de Gargarella es relevante para muchos de los países latinoamericanos, incluido México, pues muchos de estos países fueron fuertemente influidos por la Constitución de Estados Unidos de América.
Aquí las palabras de Gargarella (2002):
[…] el sistema político representativo, diseñado en los Estados Unidos, no solo resultó sesgada ideológicamente en contra de las mayorías sino que, además, tuvo como objetivo la protección de cierto particular grupo minoritario: el grupo de los socialmente más aventajados. (p. 32)
Gargarella (2002) también asegura que:
Finalmente, los moderados terminaron de convencer a los más conservadores acerca de la necesidad de asegurar más amplio derechos políticos. En este sentido, rechazaron la imposición de severas limitaciones para votar o ser votados (propuestas por los más conservadores) aunque, en definitiva, defendieron un sistema representativo capaz de “filtrar” y “suplantar, así, la voz de la mayoría, tal como se lo establece desde “El Federalista” n.10. Esto es, defendieron un sistema político que dejaba poco espacio a la voz de las mayorías, y a su capacidad de controlar a los representantes electos. (p. 43)
Asimismo, refiere:
[…] la composición de la Convención Constituyente no resultó en absoluto heterogénea. A pesar de (importantes) diferencias en torno a cómo distribuir el poder entre la nación y los distintos estados, todos los convencionales estuvieron unidos por ciertos criterios básicos: En primer lugar, todos ellos defendieron el sistema representativo como un medio óptimo para separar a la ciudadanía del ejercicio directo del poder. La democracia directa, en este sentido, no era simplemente difícil de practicar, sino (fundamentalmente) indeseable. Era opinión de todos los constituyentes, federalistas y antifederalistas, que las mayorías estaban incapacitadas para autogobernarse, y que todas sus deliberaciones, inevitablemente, tendían a la adopción de decisiones facciones (“apasionadas,” “irracionales” en definitiva). De allí que diseñaran un sistema en el que las mayorías quedaban inhabilitadas para deliberar de por sí, y prácticamente incapacitadas para ejercer el control efectivo sobre el gobierno. El sistema diseñado facilitaría (sobre todo a partir de las elecciones indirectas) el arribo al poder de individuos de clase alta; y estaría dirigido, en tal sentido, y especialmente, a la protección de la minoría de aquellos que Hamilton denominara abiertamente “los ricos y los bien nacidos.” (p. 47)
[…] una nota esencial de este sistema fue su carácter eminentemente elitista. Conforme sostuviera más arriba, tal instrumental político fue destinado a promover un sistema deliberativo del cual resultaba totalmente excluida la “ciudadanía común”. (p. 77)
Por último, Gargarella (2002) señala:
Conforme a mi investigación, en efecto, la presente “crisis de representación” tiene mucho que ver con el modo en que las mismas instituciones políticas fueron diseñadas. Según mi trabajo, tales instituciones no fueron diseñadas con el objetivo de promover la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, sino que, por el contrario, fueron más bien pensadas para desalentar dicha participación. Los “padres fundadores” del sistema representativo rechazaban drásticamente todo tipo de democracia directa; desconfiaban de toda intervención activa de la ciudadanía en política; y fundamentalmente, temían a las asambleas y las discusiones mayoritarias. De allí que se procurase separar y dotar de enorme autonomía al cuerpo de representantes. De allí, en buena medida, que hoy contemos con un sistema político más sensible a las presiones de los grupos de interés que a la voluntad de la ciudadanía. (p. 93)
Algunas personas podrían pensar que las palabras de Gargarella son ajenas a la realidad mexicana. Para reforzarlas, se cita a Edgardo Buscaglia. En su libro Vacíos de Poder en México: El camino de México hacia la seguridad humana, aborda el caso mexicano en su investigación:
Uno de los aspectos que propicia la corrupción de la clase política es la existencia de las listas de candidatos plurinominales al Congreso de la Unión y los congresos estatales, es decir, la lista que define cuáles diputados y senadores federales y locales serán electos por el voto indirecto de la población. Estas listas son mecanismos oscuros, ausentes de transparencia, pues los caciques de cada partido deciden de manera totalmente discrecional qué candidatos serán incluidos en las listas y por qué. Este mecanismo es una invitación abierta a grupos criminales y/o empresariales para comprar candidatos[…]
La discrecionalidad en la confección de las listas es un problema grave, porque impide que la democracia mexicana se desarrolle, y así las preferencias sociales no se traducen en acciones de Estado, pues la sociedad no tiene representantes reales en los congresos. Debe entenderse que la democracia no es una etiqueta, sino un proceso de traducción de preferencias sociales y acciones de Estado, y que en la medida que las listas de candidatos a legisladores sólo representen a aquellos que pudieron comprar un legislador o al cacique del partido, esa democracia será, al final del día, sólo simulación y pantalla. Un diputado o senador plurinominal sabe, desde su primer día de trabajo, a quién le debe el favor de ser legislador. ¿Cómo velará por el bienestar de la ciudadanía en estas condiciones?
La compra de legisladores en México es tan evidente que, según publicaciones recientes, algunos grupos de poder ya tienen abiertamente una bancada propia, como las televisoras, con su telebancada, formada durante la LXIII Legislatura (2012-2018) (2013)
Como se puede ver, el carácter democrático de las leyes dista mucho de ser un hecho plenamente acreditado, tal como se requiere para que opere la presunción de constitucionalidad a favor de las leyes.
Por otra parte, los atributos de sabiduría, integridad y patriotismo de los integrantes del Congreso también quedan en entredicho con un sistema de representación política elitista, justo como el que describen Gargarella y Buscaglia.
Con base en lo anterior, es válido afirmar que los hechos que sirven de sustento a la presunción de constitucionalidad (el carácter democrático de las leyes y la “sabiduría, integridad y patriotismo del legislador”) distan mucho de ser una realidad; por ello, es incorrecto operar con dicha presunción al momento de realizar el análisis de constitucionalidad.
Aunque se deje de lado el problema de acreditar el carácter democrático de la ley, todavía existen otras dificultades que la presunción de constitucionalidad debe afrontar. Una de ellas consiste en que una ley producto de un proceso democrático no es necesariamente una ley constitucional, pues democrático y constitucional son atributos distintos que no se implican de forma necesaria.
A continuación se presentan algunos ejemplos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que denotan que democracia y constitucionalidad no se implican:
En términos del artículo 50 de la Constitución, el poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión y, en términos de los artículos 40 y 50 constitucionales, se infiere que los diputados y senadores que ejercen el poder legislativo tienen la calidad de representantes de la nación. Incluso el artículo 51 plantea esta idea en forma expresa. He aquí la transcripción de los tres artículos:
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años.
Por otra parte, también está el artículo 135 constitucional que establece el proceso de reforma constitucional:
Como se puede observar, la representación popular del Congreso de la Unión es insuficiente para hacer que una disposición sea constitucional, pues se requiere cumplir con otros requisitos, tales como respetar el artículo 1° constitucional (aspecto material de la reforma constitucional), y el voto favorable de la mayoría de las legislaturas locales, para que una norma forme parte de la Constitución.
Dicho en otras palabras, si el Congreso de la Unión tiene la representación popular y esta puede hacer que una disposición sea constitucional, bastaría la voluntad del Congreso de la Unión para hacer reformas constitucionales; sin embargo, no es así.
Con lo anterior se puede apreciar que el carácter democrático de una disposición no es suficiente para que dicha disposición sea constitucional.
En el mismo sentido se encuentra el artículo 35 fracción VIII de la Constitución, que prohíbe la restricción de derechos humanos por la vía de la consulta popular:
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las
Cámaras del Congreso de la Unión; o
Ahora bien, supóngase una consulta popular avalada por la totalidad de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (e incluso por toda la población) que tenga por objeto privar a los niños indígenas de sus derechos humanos.
Sin duda, una consulta de tal naturaleza sería democrática, porque estaría avalada por toda la población, pero resultaría anticonstitucional, porque no se ajustaría al párrafo 3° de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De allí que se afirme que los atributos de democrático y constitucional no se impliquen.
Otro caso en el que se puede observar la diferencia entre democracia y constitucionalidad es el relativo a los límites de la autonomía de los pueblos indígenas, quienes forzosamente tienen que respetar los derechos humanos de sus integrantes.
En esta ocasión, suponga que la comunidad indígena determina por votación de todos sus miembros (aspecto democrático), que un individuo en particular debe ser condenado a 30 azotes.
En este caso, la resolución es democrática, pero anticonstitucional, porque viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en lo anterior, se puede concluir que:
La constitucionalidad y el carácter democrático de una disposición son atributos distintos que no se implican de forma necesaria, tal como supone la presunción de constitucionalidad.
Es decir que no se puede inferir la constitucionalidad a partir del carácter democrático de la ley.
Asimismo, no hay que perder de vista que los derechos humanos cumplen una función contra mayoritaria, tal como lo señala Ferrajoli (2006):
Así, los derechos fundamentales se configuran como otros tantos vínculos sustanciales impuestos a la democracia política: vínculos negativos, generados por los derechos de libertad que ninguna mayoría puede violar; vínculos positivos, generados por los derechos sociales que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer. Y la democracia política, como por lo demás el mercado, se identifica con la esfera de lo decidible, delimitada y vinculada por aquellos derechos. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible que y de lo indecidible que no; y actúan como factores no solo de legitimación sino también y, sobre todo, como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no decisiones. (Ferrajoli, 2006, pp. 23, 24)
Otro aspecto que conviene mencionar es que la presunción de constitucionalidad supone un concepto reduccionista de la función jurisdiccional.
En la doctrina se pueden encontrar definiciones de jurisdicción en las cuales se señala que dicha función se refiere a la potestad de aplicar la ley a los casos concretos. Bajo esa perspectiva, se entiende que exista una deferencia hacia el legislador por parte del juez, pues la labor de este se reduce a hacer cumplir la voluntad de aquel, es decir, solo aplica la ley.
El problema con ese concepto de jurisdicción es que pasa por alto que la ley no es la única fuente de derecho, sino que, además, existen otras normas generales dentro de un sistema jurídico, que incluso cuentan con mayor jerarquía y deben ser aplicadas en forma preferencial por el juzgador. Tales son los casos de los tratados internacionales que contienen derechos humanos, así como de la propia Constitución.
En otras palabras, la labor jurisdiccional no se agota al cumplir y ejecutar la voluntad del legislador en el caso concreto, puesto que abarca la aplicación de otras normas, entre ellas la Constitución. Y esta última goza de preferencia respecto de las otras normas del sistema jurídico.
Por último, resulta útil comparar las siguientes definiciones para determinar la naturaleza de la presunción de constitucionalidad.
FICCIÓN. Creación más o menos arbitraria que hace la ley con el fin de dar a una persona, cosa o institución una calidad que no le es natural, o para reemplazar una calidad que no se quiere o no se puede constituir. (Pallares, 2005)
De lo anterior se desprende que la presunción de constitucionalidad se parece menos a una presunción y más a una ficción que distorsiona la realidad de las cosas.
En este apartado se verá que la presunción de constitucionalidad es incompatible con el constitucionalismo.
Al estudiar el tema de la presunción de constitucionalidad, Sánchez equipara a la presunción de constitucionalidad con la presunción de inocencia. En sus palabras:
La presunción de constitucionalidad, por lo tanto, no es más que el comienzo de la argumentación procesal —entendida en términos amplios— que arroja en el actor quien pretende la modificación de un determinado statu quo a través de la nulidad o la inaplicación —en el caso estadounidense— de un determinado acto legislativo ya existente en la realidad. Valga la imitación de la nomenclatura, es una manifestación constitucional de una presunción de “inocencia” procesalmente sostenida en forma genérica, es decir, un presupuesto que indica la inexistencia de responsabilidad o de acto ilícito atribuible a todo demandado, salvo prueba en contrario (juris tantum). (Sánchez Gil, 2008, p. 394)
En este caso, la crítica para Sánchez se deriva de que la presunción de constitucionalidad no es análoga a la presunción de inocencia por las siguientes razones:
En primer lugar, la presunción de inocencia no tiene como consecuencia suponer la regularidad de una norma jurídica, como lo hace la presunción de constitucionalidad.
La presunción de inocencia se circunscribe a los problemas jurídicos de prueba, es decir, solamente tiene eficacia sobre los hechos y no sobre el derecho.
En segundo lugar, la presunción de inocencia tiene fundamento expreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que la de constitucionalidad es de origen jurisprudencial.
En tercer lugar, la presunción de inocencia no atenta contra la supremacía constitucional, mientras que la de constitucionalidad, sí. En parte, esto se debe a que la primera cuenta con fundamento expreso en la Constitución, en tanto que la segunda, no.
Para apreciar el efecto negativo que la presunción de constitucionalidad tiene respecto de la supremacía constitucional, habrá que suponer el caso de que una ley anticonstitucional fue combatida por el quejoso mediante conceptos de violación deficientes. ¿Cuál es el resultado? El legislador se hace del “derecho” a violar la Constitución siempre que el quejoso no sepa impugnar una ley anticonstitucional en el juicio de amparo, con lo cual la Carta Magna pierde eficacia.
Como se puede apreciar, la invención jurisprudencial de la presunción de constitucionalidad no es admisible desde el punto de vista constitucional, pues tiene por efecto tolerar normas jurídicas irregulares (anticonstitucionales) en el sistema.
Es necesario aclarar que las constituciones cumplen varias finalidades, pero la primordial consiste en evitar arbitrariedades por parte de los órganos constituidos, es decir, una Constitución tiene el objetivo esencial de salvaguardar a los ciudadanos de abusos de poder.
Al emitir la Constitución, el Poder Constituyente delimitó la esfera de actuación de las autoridades imponiéndoles limitaciones procesales y sustantivas para así proteger a la población.
Sería absurdo pensar que las constituciones fueron creadas para proteger a las autoridades, pues no se encuentran en una situación que amerite protección, sino todo lo contrario. En ese sentido, no es exagerado señalar que el constitucionalismo parte de la desconfianza hacia las autoridades, pues es una realidad humana que quien detenta el poder (militar, económico y político) tiende a abusar de él.
Resulta evidente que la presunción de constitucionalidad no solamente carece de fundamento jurídico constitucional, sino que es incompatible con los presupuestos del constitucionalismo (desconfianza hacia las autoridades), así como con las finalidades de la Constitución (evitar abusos de poder).
Asimismo, conviene señalar que la presunción de constitucionalidad implica equiparar la voluntad del Congreso de la Unión o del Congreso local (órganos constituidos) con la voluntad del Poder Constituyente, lo cual es un error.
Por otro lado, debe recordarse que los tribunales de amparo tienen la obligación de guardar la Constitución y, en el ejercicio de su cumplimiento, deben analizar oficiosamente la constitucionalidad del acto reclamado.
Artículo 97[…]
Presidente:“¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
Adicionalmente, las obligaciones generales en materia de derechos humanos del artículo 1º constitucional hacen que el tribunal de amparo revise oficiosamente la constitucionalidad del acto reclamado.
De lo dicho hasta este punto, resulta que la presunción de constitucionalidad es incompatible con los presupuestos de toda constitución (desconfianza hacia las autoridades constituidas), con la finalidad esencial del constitucionalismo (evitar abusos de poder) y atenta contra la supremacía constitucional, pues la autoridad puede violar la Constitución siempre que el quejoso no sepa impugnar adecuadamente el acto reclamado.
La presunción de constitucionalidad no es más que un pretexto sofisticado para incumplir con las obligaciones generales en materia de derechos humanos y demás disposiciones que conminan al juez de amparo a examinar la constitucionalidad de una ley de forma oficiosa.
Sánchez (2008) señala lo siguiente respecto del origen de la presunción de constitucionalidad:
En forma germinal, la presunción de constitucionalidad de los actos legislativos puede verse en la apología de la judicial review formulada por Hamilton, quien señala como función de los tribunales “declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución”. Esta expresión, aparentemente inocente, en realidad lleva una importante inclinación a favor de la actividad legislativa y se relaciona con la llamada “objeción contramayoritaria” al control judicial de constitucionalidad.
La idea —muy arraigada para los siglos XVIII y XIX— de que la jurisdicción consistía en un simple poder de aplicación de la ley y no de decisión política, hacía indudable la idea de que los tribunales carecían de facultades de anulación en “casos dudosos” y que únicamente la tenían en los que fuera inobjetable la transgresión del legislador a sus límites, porque correspondía a los tribunales sólo “imponer la observancia del significado que pudiera claramente encontrarse (to be found) en [ellas]” y no atribuirles uno a través de su decisión autónoma, pues esto último se pensó atribución exclusiva de las “ramas políticas” del gobierno, con lo que tuvo lugar un “principio de deferencia legislativa” expresado por el aforismo in dubio pro legislatore.
Este respeto al órgano legislativo puede encontrarse desde muy temprano en la jurisprudencia estadounidense. En el clásico caso Calder v. Bull (1798), el justice Chase dijo: “Me encuentro en la necesidad de interpretar, o explicar, las palabras <<ley ex post facto>> porque no llevan consigo un significado determinado. Pero no iré más allá de lo que me siento obligado a hacer; y si alguna vez ejerciera la jurisdicción, a ninguna ley declararé nula sino en caso muy claro”. (pp. 367 – 369)
Ya se ha mencionado que la presunción de constitucionalidad carece de fundamento expreso e implícito en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entonces, ¿de dónde surge esta presunción?
Según la investigación realizada por Sánchez, la presunción de constitucionalidad es de origen jurisprudencial. Aquí sus palabras:
Puede señalarse como fuente de la presunción de constitucionalidad en México a una general presunción de validez de todo acto de autoridad, aunada a la bien cimentada inexistencia de “nulidades de pleno derecho”, según la cual la declaración de esa calidad compete únicamente a la autoridad judicial que desemboca en la proscripción jurisprudencial del “control difuso” de la constitucionalidad, correspondiente sólo a los órganos jurisdiccionales federales a través del juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. (Sánchez Gil, 2008, pp. 394, 395)
En relación con cada uno de los sustentos de la presunción de constitucionalidad, Sánchez cita algunos criterios judiciales en notas a pie de página. A continuación se comentan:
1. Presunción de validez del acto de autoridad
NULIDAD DE UN ACTO DE AUTORIDAD.
A todo acto de autoridad le asiste la presunción de legalidad y la parte que pretenda la nulidad del mismo debe rendir prueba suficiente para justificar su impugnación.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera Sala. Tesis Aislada. Amparo civil directo 1874/51. Chávez Cervantes Andrea Y Coag. 29 de enero de 1954. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXIX, página 737. No. de registro 341166.
Primero, cabe señalar que el criterio es una tesis aislada y no una jurisprudencia. Posteriormente, habría que precisar que el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia es una pretensión legislativa: en el artículo 94 constitucional claramente se establece que la jurisprudencias (y por ende las tesis aisladas que crean jurisprudencia por la vía de la reiteración de criterios) se crean a partir de la interpretación de normas generales, tales como la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, pero ocurre que la tesis de la Tercera Sala no interpreta norma alguna.
Artículo 94 […]
Aquí surge una pregunta: ¿qué precepto constitucional, legal o de un tratado internacional propicia el contenido de la tesis aislada?
Por último, es importante señalar que la legalidad de un acto de autoridad no es lo mismo que su constitucionalidad por lo tanto es absurdo querer encontrar en esta tesis el fundamento a la presunción de constitucionalidad.
2. Inexistencia de las “nulidades de pleno derecho”
LEYES INCONSTITUCIONALES. NO EXISTEN DE PLENO DERECHO.
No existen nulidades ab initio, pues todas las normas jurídicas son válidas mientras no se decrete su nulidad por órgano competente, y no porque los quejosos estimen que la ley viola preceptos constitucionales considerados como parte esencial de la Constitución, es inconstitucional la ley, pues precisamente el órgano estatal competente, en el caso, el Poder Judicial Federal, es quien determinará si existe o no la violación de preceptos constitucionales. En materia de amparo contra leyes no existen leyes inconstitucionales de pleno derecho, y siempre se requiere que un órgano así lo decida, para considerar que la ley no debe producir consecuencias o que no debe aplicarse al caso concreto.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo en revisión 5400/74. Lydia Soto Rodríguez de Lavín. 12 de agosto de 1975. Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 80, Primera Parte, página 47. No. de registro 232839.
Nuevamente, aquí la Suprema Corte de Justicia pretende legislar. Caben aquí las mismas preguntas realizadas respecto de la tesis anterior: ¿Qué precepto constitucional sirve para arribar a la “interpretación” (por llamarla de alguna manera) contenida en la tesis?
Por otra parte, conviene señalar que la Suprema Corte confunde la vigencia con la constitucionalidad siendo que son cosas distintas.
La vigencia implica que una norma jurídica es obligatoria en un determinado momento histórico. En ese sentido, es válido señalar que la vigencia está relacionada con el ámbito temporal de validez de la norma.
La constitucionalidad es una especie de regularidad normativa que consiste en la relación de correspondencia que existe entre la constitución (criterio de regularidad) y una determinada norma (una ley o un tratado por ejemplo) o acto.
La parte en que se aprecia la confusión en la cual incurre la Suprema Corte es la siguiente: “siempre se requiere que un órgano así lo decida, para considerar que la ley no debe producir consecuencias o que no debe aplicarse al caso concreto.”
Sin embargo, la Suprema Corte pasó por alto que la irregularidad (anticonstitucionalidad), al menos en el caso de México, no ocasiona en forma automática e inmediata la pérdida de la vigencia. De allí que puedan, de hecho, existir leyes vigentes (es decir, obligatorias) que son anticonstitucionales.
Así, lo que quiso decir la Suprema Corte era que las leyes no pierden vigencia de forma inmediata por el hecho de que sean anticonstitucionales, pero eso es distinto a presumir su regularidad o constitucionalidad, como pretende la presunción de constitucionalidad, puesto que la vigencia y la regularidad son atributos normativos que no se implican de forma necesaria.
3. La proscripción del control difuso de constitucionalidad
El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia (abrogada). Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto de 1999, página 5. No. de registro 193435.
La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y que por ello coloca a ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto que los tres Poderes de la Unión deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia (abrogada). Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Agosto de 1999, página 18. No. de registro 193558.
Independientemente de la anticonstitucionalidad de las jurisprudencias transcritas, es importante mencionar que, al resolver el la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011 el 25 de octubre de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:
“ÚNICO: Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.” y “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.”, conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.”
Como se puede apreciar, aun los sustentos jurisprudenciales de la presunción de constitucionalidad son anticonstitucionales o han perdido vigencia; por lo tanto, no existe razón alguna para continuar empleándola, pues vulnera la supremacía constitucional, los estándares del juicio de amparo y los derechos humanos.
Ineficacias de los conceptos de violación
En términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juicio de amparo tendría que ser un medio de protección sencillo y eficaz.
Desafortunadamente, gracias al Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo es todo menos sencillo y eficaz.
Algunas de las ocurrencias de nuestros jueces, magistrados y ministros han resultado demasiado caras para nuestros derechos; tales son los casos del principio de estricto derecho que, acorde con lo que se revisó, carece de fundamento constitucional; así también sucede con la presunción de constitucionalidad, que ni siquiera es una presunción sino una ficción cuyos sustentos jurisprudenciales están abrogados, o bien son anticonstitucionales.
En ese sentido, las palabras de Pedraza (2006) son certeras para describir a nuestro juicio de amparo:
[…]la Suprema Corte de Justicia de la Nación convirtió el juicio de amparo en un duelo de intelectualidades donde el quejoso debía demostrar, sin lugar a dudas, que la autoridad violó sus garantías. Con lo que dejó a las autoridades con plena libertad para dictar actos que violaran derechos humanos, pues estos subsistirían siempre que el quejoso no supiera impugnarlos. (p. 91)
Según la práctica judicial que rige hoy en día de forma mayoritaria, en el juicio de amparo no se analiza la constitucionalidad del acto reclamado, sino los conceptos de violación. Tal como lo identifica Pedraza, esto conlleva graves consecuencias para los derechos humanos:
Como la materia del juicio de amparo ya no fue los actos de autoridad, sino las violaciones que alegaban los ciudadanos, se calificaron los conceptos de violación de deficientes, inoperantes e improcedentes. En otras palabras, las violaciones a las garantías individuales [hoy derechos humanos y sus garantías] que alegaban los quejosos realizadas en sus conceptos de violación recibieron calificativos. (Pedraza, 2006, p. 46)
Es por esa razón que toda aquella persona que redacte una demanda de amparo debe conocer al menos de forma general cuáles son las distintas ineficacias de los conceptos de violación, pues de nada sirve evadir las múltiples causales de improcedencia (muchas de ellas anticonstitucionales), si luego se obtendrá una sentencia que niega el amparo.
En relación con los conceptos de violación infundados, Jean Claude Tron Petit (2009) señala lo siguiente:
Satisfacen los requisitos y exigencias de funcionalidad formal pero su eficacia se frustra porque falta solidez en cuanto al contenido de las premisas, tienen problemas de justificación externa o, en lo general, sus planteamientos no son válidos ni demostrativos de la inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado. En estos casos se tiene un problema de argumentación material deficiente o incorrecta.
Las razones pueden ser deficiencias al construir la premisa fáctica o la normativa, no ser fiel y adecuado reflejo del respaldo o fundamento por interpretarlo inadecuadamente o contrariar el sentido y contenido de precedentes jurisprudenciales. (p. 282)
Con respecto a los conceptos de violación inoperantes, Tron Petit (2009) indica que este tipo de conceptos:
En apariencia existen, pro-forma, pero su estructura formal y validez inferencial es tan deficiente que al no reunir los presupuestos básicos mínimos ni contemplar en las premisas las condiciones suficientes para soportar lo que se afirma en la conclusión, no permiten validar la inferencia pretendida y carecen de funcionalidad lo que impide su análisis en cuanto al fondo.
La jurisprudencia añade otras condiciones o presupuestos procesales de carácter preliminar y fácilmente perceptibles, que de no actualizarse frustran su funcionalidad, tales son, esencialmente, las causales de improcedencia.
Algunos de los conceptos de violación son inoperantes por entimemáticos cuando no es clara ni indiscutible como topoi la premisa faltante o se está en casos de estricta formalidad. (p. 282)
Como se puede observar en los conceptos de violación infundados, la deficiencia es material; mientras que, en la inoperancia, la deficiencia es estructural o formal.
En relación con la estructura de los conceptos de violación, Tron Petit propone la siguiente clasificación (2009, p. 283):
De esa forma, existen conceptos de violación que son inoperantes por diversas cuestionas, como se describirá en breve.
Inoperancia por falta de exhaustividad
La inoperancia por falta de exhaustividad se origina porque el quejoso “Deja intocadas consideraciones relevantes o esenciales para la decisión y sentido, equivale a un consentimiento tácito.” (Tron Petit, 2009, p. 283)
Otro aspecto a considerar es que, tal como la plantea Tron Petit, la inoperancia por falta de exhaustividad presupone la posibilidad de un consentimiento tácito; sin embargo, ya se ha visto que los derechos humanos son irrenunciables y en virtud de ello no se pueden consentir sus violaciones. (Véase causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado.)
Por otra parte, sin duda habrá aspectos adjetivos que están sujetos a la preclusión, pero habrá que diferenciar con cuidado esos aspectos de aquellos que implican consentir la violación a un derecho humano.
Aquí se citan algunos criterios judiciales que versan sobre este tipo de inoperancia:
CONCEPTO DE VIOLACIÓN DIRIGIDO CONTRA LA DESESTIMACIÓN DE UN AGRAVIO. RESULTA INOPERANTE POR INSUFICIENTE SI NO ATACA TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESA DETERMINACIÓN.
Si la autoridad responsable se basó en varias consideraciones para desestimar un específico agravio que, por sí solas, cada una por separado sustentan el sentido de esa determinación, y el concepto de violación formulado sobre ese particular sólo controvierte una o algunas de esas consideraciones, sin desvirtuarlas todas, entonces se torna inoperante por insuficiente, pues aun fundado lo aducido no produciría beneficio conceder la protección constitucional por ese solo motivo, ante la subsistencia de la consideración o consideraciones no destruidas que continúan rigiendo esa desestimación.
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. Tesis aislada. Amparo directo 209/2007. Mario Aguirre Orpinel, su sucesión. 14 de junio de 2007. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, Septiembre de 2007, página 2501. No. de registro 171512.
CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.
Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida.
Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo directo 806/91. Félix Balderas Martínez. 5 de diciembre de 1991. Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Gaceta Núm. : 56, Agosto de 1992, página 48. No. de registro 218734.
Por último, habría que señalar que este tipo de inoperancia se da en la impugnación de resoluciones (sean administrativas o jurisdiccionales) y principalmente en el amparo directo.
Inoperancia por intrascendencia o irrelevancia del reclamo
La inoperancia por irrelevancia se origina porque el quejoso…
[…]desatiende la causa que debe cuestionar, o sea, las razones determinantes y torales del contenido y sentido del acto reclamado o bien, combate aspectos secundarios o temas ya superados.
Inoperante en razón de las consecuencias, ya que aún de existir la violación reclamada, el sentido y contenido del acto reclamado no podría ser distinto, es análogo a las irregularidades no invalidantes.
Es el caso de reclamar una ley como inconstitucional si el recurrente no se ubica en los supuestos de la norma, tesis XXIV/2009 Segunda Sala de la SCJN. (Tron Petit, 2009, p. 283)
Aquí un ejemplo de este tipo de inoperancia:
CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO PERO INOPERANTE.
Si del análisis de un concepto de violación se obtiene que es fundado por haberse omitido el estudio de una prueba recibida al quejoso, pero al mismo tiempo se advierte su ineficacia para los fines que propuso, por economía procesal resulta inútil conceder el amparo para que la responsable subsane esa omisión, ya que necesariamente tendría que arribar al mismo resultado, y por tanto el concepto de violación es inoperante.
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis Aislada. Amparo directo 1818/89. Javier García Alvarez. 8 de junio de 1989. Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, página 484. No. de registro 224974.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.
Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Enero de 2007, página 2121. No. de registro 173593.
Como se puede observar, en este tipo de inoperancia el punto crucial no es combatido por el quejoso.
Inoperancia por insuficiencia o superficialidad del argumento
En este tipo de inoperancia, la ineficacia del concepto de violación se produce
Bien sea por falta de razones o de pruebas, se limita a criticar pero sin proponer las razones que lo justifiquen.
Se plantean como dogmáticos, arbitrarios o inconcusos cuando, en realidad, merece ser demostrada y probada la inconstitucionalidad del acto reclamado que, generalmente, goza de una presunción de validez, la cual, invariablemente, ha de ser cuestionada con razones y motivos concluyentes. Puede decirse que falta la ley de paso o en la terminología de Toulmin la garantía y el respaldo. (Tron Petit, 2009, p. 283)
Aquí algunos criterios judiciales que versan sobre este tipo de inoperancia:
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.
Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.
Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo directo 11736/99. Comercializadora Granda, S.A. de C.V. 26 de mayo de 2000. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 1051. No. de registro 191370.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EN ELLOS NO PRECISAN CUÁLES FUERON LOS AGRAVIOS CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ Y LOS RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS TENDENTES A COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.
No se puede considerar como concepto de violación y, por ende, resulta inoperante la simple aseveración del quejoso en la que afirma que no le fueron estudiados los agravios que hizo valer ante el tribunal de apelación, o que éste no hizo un análisis adecuado de los mismos, si no expresa razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a demostrar que haya combatido debidamente las consideraciones de la sentencia recurrida y que no obstante esa situación, la responsable pasó por inadvertidos sus argumentos, toda vez que se debe señalar con precisión cuáles no fueron examinados, porque siendo el amparo en materia civil de estricto derecho, no se puede hacer un estudio general del acto reclamado.
Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo en revisión 1216/2001. María Elena Ruiz Villagrán de Muñoz. 26 de abril de 2001 Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Septiembre de 2001, página 1147. No. de registro 188864.
Inoperancia por inimpugnabilidad de temas cuestionados
De acuerdo con Tron Petit (2009), este tipo de inoperancia
Obedece a principios legales procesales, donde el contexto de impugnabilidad se contrae a lo discutido y planteado en el procedimiento o antecedentes que originaron el acto reclamado, semejante a lo que sucede con la apelación, no se puede innovar o cambiar la contienda original; hacerse extensivo a actos no reclamables en el amparo; cosa juzgada en amparo anterior. También por consentimiento, si la violación pudo haber sido deducida en otra oportunidad y no se aprovechó. (p. 283)
A continuación se transcribe un criterio judicial sobre esta inoperancia.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE HACEN VALER ARGUMENTOS QUE NO SE HICIERON EN UN AMPARO ANTERIOR.
Es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso hace valer argumentos que debió controvertir en un juicio de amparo promovido anteriormente, porque si no lo hizo, es obvio que aun cuando pudiera tener razón en lo que aduce, ya no es permitido en atención a la técnica del juicio de garantías que lo haga hasta ahora, pues se trata de un aspecto que, por falta de impugnación oportuna, ya no puede ser materia de estudio.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo directo 106/99. Urbano Mota Velasco. 10 mayo de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, Junio de 1999, página 864. No. de registro 193858.
Inoperancia por exceder la litis
Este tipo de inoperancia constituye una “Incoherencia por desbordar la Litis o desatender reglas sobre límites de temas impugnables. Temas novedosos no materia del juicio o del acto que es antecedente.” (Tron Petit, 2009, p. 283)
A partir de ello, se citan algunos criterios judiciales relativos a esta inoperancia.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL.
De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio.
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo directo 495/2004. Ejido San José de Raíces Municipio de Galeana, Nuevo León. 11 de marzo de 2005. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXI, Junio de 2005, página 655. No. de registro 178228.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL.
Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo directo 137/2003. Oficentro Zanella, S.A. de C.V. 12 de junio de 2003. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXI, Abril de 2005, página 1137. No. de registro 178788.
En este apartado se realizarán las críticas pertinentes a algunos criterios judiciales relativos a la constitucionalidad de leyes.
En los siguientes criterios judiciales se afirma de manera errónea que la regularidad de una ley o norma general no depende de su interpretación.
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY NO PUEDE DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD.
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. III/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 10, sostuvo que entre las cuestiones constitucionales materia del recurso de revisión en amparo directo, se encuentra la de fijar el justo alcance de la norma impugnada, por lo que al conocer este Alto Tribunal de dicho recurso, debe partir de su propia interpretación, con independencia de que sea diversa a la del Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del amparo directo. En ese sentido, la inconstitucionalidad de la ley no puede derivar de la interpretación que de ella realizó la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, o el Tribunal Colegiado al resolver las cuestiones de legalidad hechas valer en el amparo directo o en la revisión fiscal, en tanto que la inconstitucionalidad de una norma depende de sus características propias y de circunstancias generales.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo directo en revisión 1994/2005. Sueño Mexicano, S.A. de C.V. 20 de enero de 2006. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 299. No. de registro 174364.
De lo dispuesto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, está facultada para conocer del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que en esa instancia subsistan cuestiones propiamente constitucionales, las cuales no sólo comprenden los argumentos relativos a la confrontación de la norma ordinaria con la Constitución Federal, sino todos aquellos cuyo estudio pueda trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación o en las consideraciones del fallo recurrido. En ese tenor, si en todo análisis de constitucionalidad de una ley se atiende a dos premisas lógicas, esto es, por un lado, al alcance de la norma constitucional cuya transgresión se aduce y, por otro, a la interpretación de lo establecido en la disposición de observancia general controvertida, se concluye que entre las cuestiones propiamente constitucionales que son materia del recurso de revisión en amparo directo, se encuentra la de fijar el justo alcance de lo previsto en la norma impugnada; de ahí que al conocer este Alto Tribunal del referido recurso debe partir de su propia interpretación legal, con independencia de que sea diversa a la realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció en primera instancia del amparo directo o al resolver previamente un recurso de revisión fiscal, pues si este criterio es aplicable respecto de una interpretación sustentada al resolver un medio de control de la constitucionalidad, por mayoría de razón lo es en relación con lo determinado al fallar uno de control de la legalidad. Estimar lo contrario afectaría gravemente el principio de seguridad jurídica, puesto que al vincular y sujetar el análisis que corresponde realizar al órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes a lo considerado por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, podría provocarse que se emitieran determinaciones de inconstitucionalidad de normas que sí se apegan a lo previsto en la Norma Fundamental, así como sentencias contradictorias según lo sostenido por cada Tribunal Colegiado de Circuito y, en su caso, la integración de criterios jurisprudenciales en que se reiteren interpretaciones incorrectas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo directo en revisión 949/2001. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 23 de octubre de 2001. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 10. No. de registro 187691.
En la tesis de jurisprudencia citada en primer lugar, se afirma que “la inconstitucionalidad de la ley no puede derivar de la interpretación que de ella realizó la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, o el Tribunal Colegiado”, lo cual es incorrecto, tal como se demostrará enseguida.
En primer lugar, conviene hacer una distinción entre disposición y norma. La norma es una expresión del deber ser; el instrumento que realiza determinados valores regulando la conducta humana al señalar ciertas conductas como debidas.
Cabe destacar que la norma jurídica como tal es un objeto ideal y, por lo tanto, requiere de objetos propios de la realidad sensible para lograr que otros sujetos capten su sentido. Los medios que sirven para comunicar el sentido de una norma son diversos, entre ellos se encuentran el lenguaje oral, el lenguaje escrito o incluso las señales, como un semáforo. Cuando se emplea el lenguaje escrito para comunicar el sentido de una norma, el texto es la disposición, es decir, el medio que permite a otros sujetos conocer la norma.
De acuerdo con la jurisprudencia citada, en aquellos casos en que el texto de una ley admita varios sentidos o significados, y algunos de ellos sean anticonstitucionales, no puede hablarse de su anticonstitucionalidad.
Al respecto, cabe preguntar: si la autoridad responsable aplicó un significado anticonstitucional derivado del propio texto de la ley, ¿se aplicó la ley?, ¿la autoridad responsable inventó la anticonstitucionalidad en su totalidad o la derivó de la disposición legal?
En este caso, resulta evidente que los significados anticonstitucionales constituyen aplicaciones de una ley. Lo que ocurre es que a la Suprema Corte le dio miedo reconocer la anticonstitucionalidad de uno o varios de los significados que pueden derivarse de una disposición legal, porque implicaría anular una norma general que tiene otras interpretaciones ajustadas a la Constitución.
La situación anterior también saca a relucir la poca capacidad técnica de la Suprema Corte, pues la solución a este problema radica en realizar una declaración parcial de anticonstitucionalidad.
Al respecto, otros países han avanzado más que México y han creado una institución denominada declaración parcial de nulidad sin reducción de texto, que sirve para excluir ciertas interpretaciones que resultan anticonstitucionales y dejar subsistentes aquellas que sí se ajustan a la Constitución.
La declaración parcial de nulidad sin reducción de texto sirve para excluir ciertas interpretaciones de una norma general que resultan anticonstitucionales y dejar subsistentes aquellas que sí se ajustan a la Constitución.
Como se puede observar, la anticonstitucionalidad propia de esta institución no es absoluta, es decir, no se declara como anticonstitucional a todos los significados derivables de la disposición legal (o cualquier otra norma general) objeto del análisis de regularidad; de allí que se le denomine declaración parcial.
La expresión “sin reducción de texto” hace énfasis en el hecho de que la anticonstitucionalidad no se aprecia directamente en la literalidad de la disposición, pues la misma queda intacta, sino que es un significado en específico el que resulta irregular.
Al tomar en cuenta el principio de supremacía constitucional, resulta cuestionable la determinación de la Suprema Corte de Justicia que afirma que la constitucionalidad de una ley no depende de su interpretación, pues se toleran irregularidades normativas que atentan contra la plena eficacia de la Constitución.
En el esquema se muestra cómo opera la declaración parcial de nulidad sin reducción de texto.
El rectángulo representa la disposición legal, y esta queda intacta, al igual que las interpretaciones que se ajustan a la Constitución (I1, I2, I3 e I4).
Es la interpretación I5 (flecha roja) la que se anula porque es contraria a la Constitución.
Sería deseable que la práctica judicial adoptase la declaración parcial de nulidad sin reducción de texto, en virtud de que se evitarían violaciones sistemáticas de derechos humanos, además de violaciones a la supremacía constitucional.
Por lo general, cuando se habla de la interpretación conforme, de inmediato se piensa que dicha técnica ayuda a proteger los derechos humanos; no obstante, esto no siempre sucede así, ya que existen contextos específicos en los que la interpretación conforme está lejos de ser un instrumento garantista.
En este apartado se identificarán las circunstancias en las cuales la interpretación conforme viola derechos humanos.
¿Qué es la interpretación conforme?
La interpretación conforme es una técnica que selecciona los sentidos o significados de dos o más disposiciones (provenientes de distintos cuerpos normativos), que resultan compatibles entre sí con la finalidad de evitar una antinomia.
En palabras de Eduardo Ferrer Mac-Gregor (2011), la interpretación conforme es:
[…] la técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertados [sic] constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por los Estados, así como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales (y en ocasiones otras resoluciones y fuentes internacionales), para lograr su mayor eficacia y protección. (p. 358)
Como ejemplos de artículos que prevén la interpretación conforme, cabe transcribir:
En el caso de México, el artículo 1° constitucional no solamente incorpora la interpretación conforme, sino que además se establece el principio pro personae.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia [interpretación conforme] favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia [principio pro personae].
Para demostrar el efecto violatorio de derechos humanos de la interpretación conforme, en primer lugar se mencionarán algunos aspectos que sirven como contexto y, posteriormente, se analizará un criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte.
La interpretación conforme viola derechos humanos cuando el tribunal de amparo realiza el análisis de constitucionalidad respecto de una ley tildada por el quejoso de anticonstitucional.
Conviene recordar que la interpretación de una ley puede, a grandes rasgos, realizarse en dos momentos: cuando la autoridad responsable aplica la ley al particular dentro de un procedimiento administrativo o judicial, o bien cuando el juez de amparo analiza la constitucionalidad de la ley que fue señalada como acto reclamado.
Ahora véase lo que ha manifestado la Primera Sala de la Suprema Corte en relación con la interpretación conforme y el principio pro personae.
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 530. No. de registro 2005135.
Las críticas que habría que formular al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte se enumeran en los párrafos subsecuentes.
1. En primer lugar, es falso que en la Constitución exista el “principio de conservación de la ley”. El lector puede buscar en nuestra Constitución y no encontrará disposición alguna que sustente tal afirmación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente establece el principio de autoridad formal de la ley en el artículo 72 F, mismo que tiene alcances definidos en cuanto a la interpretación, reforma y derogación de leyes.
Artículo 72[…]
Conviene aclarar que el principio de autoridad formal de la ley no establece una prevalencia de la ley en aquellos casos en los que algunos de los sentidos o interpretaciones sean anticonstitucionales; por lo tanto, no se puede afirmar que el Constituyente haya establecido el “principio de conservación de la ley” en nuestro ordenamiento jurídico.
2. La voluntad popular manifestada por los legisladores no es suficiente para volver más resistentes a las leyes en los análisis de constitucionalidad. Para demostrar lo anterior, basta con recordar que nuestra Constitución se impone aún a la voluntad de los particulares, tal como lo demuestra el artículo 5:
El precepto transcrito deja en claro que una cosa es la voluntad de los particulares (incluso, si se quiere, la voluntad popular) y otra cosa muy distinta es la constitucionalidad de un acto o de una norma. Con lo antedicho, queda evidenciado el error de la Suprema Corte que, en cierta medida, equipara la voluntad popular a la constitucionalidad.
3. El hecho de que los legisladores hayan sido elegidos democráticamente nada tiene que ver con la constitucionalidad del actuar de los legisladores; una cosa es cómo acceden al cargo público y otra muy distinta cómo ejercen la función legislativa.
4. La seguridad jurídica es una institución prevista en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, que está creada a favor de los particulares y no a favor de las autoridades. De allí que sea absurdo crear el principio de “conservación de la ley” (acto proveniente de una autoridad) a partir de derechos humanos cuyos titulares son los particulares.
Con el objeto de apreciar el error cometido por la Suprema Corte en su justa magnitud, se puede sustituir la expresión principio de conservación de la ley por su equivalente principio de conservación del acto reclamado. Lo anterior equivale a ordenarle a los tribunales de amparo a proteger a la ley y no a los derechos humanos, como lo establece el propio artículo 1º constitucional.
5. La Suprema Corte asegura que se debe huir del vacío que se produce cuando una ley es declarada anticonstitucional, pero, ¿ese temor es fundado o se trata de un miedo absurdo?
Se necesita conocer el siguiente contexto para analizar el vacío que aterra a la Suprema Corte:
Existe una ley, con algunos sentidos o interpretaciones inconstitucionales. El efecto de la ley en la esfera jurídica del particular que la impugna es el de restringir un derecho humano. Si se declara la inconstitucionalidad de la ley, el particular será restituido en el goce de su derecho humano y la supremacía constitucional será restablecida. ¿Es esto algo que amerite huir? ¿Un escenario así debería infundir miedo?
Cabe mencionar que el legislador también tiene la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos en términos del art. 1° constitucional; sin embargo, dicha obligación se incumple en el momento mismo en que el legislador emite leyes cuyos preceptos admiten interpretaciones anticonstitucionales.
En consecuencia y contrario a lo manifestado por la Suprema Corte, sí resulta procedente declarar la anticonstitucionalidad de una ley cuando algunas de sus interpretaciones sean contrarias a la Constitución y otras no, en virtud de que el legislador incumplió la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos al expedir una ley de tales características.
Es útil recordar que incluso se puede realizar una declaración parcial de nulidad sin reducción de texto, que dejaría intactas aquellas interpretaciones que sí se ajustan a lo dispuesto por la Constitución.
6. La interpretación conforme, establecida en el artículo 1° constitucional, no abarca todas las normas del ordenamiento, sino única y exclusivamente las relativas a los derechos humanos. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia cambia el objeto de la interpretación conforme y lo amplía al grado de incluir la ley señalada como acto reclamado.
En conclusión, la “interpretación conforme” tal y como la entiende la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en la tesis citada) solamente es conveniente cuando la emplean las autoridades previo a un juicio de amparo, es decir, en los juicios naturales y en los procedimientos administrativos, entre otros, ya que, en esas condiciones, las autoridades que serían señaladas como responsables logran evitar una violación a la Constitución gracias a la interpretación de la ley que resulte compatible con la Carta Magna.
Cosa distinta es cuando se recurre a dicha noción de “interpretación conforme” para analizar la constitucionalidad de una ley, pues en esos casos, las ideas de la Corte equivalen al principio de conservación del acto reclamado que claramente obliga a negar los amparos promovidos en contra de una ley que admita interpretaciones inconstitucionales. Así, el principio de conservación de la ley o normas, que carece de sustento constitucional, se convierte en un criterio interpretativo contrario al principio pro personae, en tanto que el primero de ellos protege a las autoridades y, el segundo, a los particulares.
Como se puede observar, en las ideas expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia subyace la presunción de constitucionalidad que, ya se ha visto, no es una presunción, no tiene fundamento constitucional y es incompatible con el carácter publicístico del juicio de amparo. Es por eso que conviene precisar cuál es el uso garantista de la interpretación conforme, así como identificar cuál es su uso contrario a los derechos humanos.
En términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable:
Esta es la razón por la cual los conceptos de violación que plantean cuestiones novedosas, es decir, no alegadas ante la autoridad responsable, se declaran inoperantes. A continuación se cita un criterio jurisprudencial que refleja estas ideas:
Como se puede observar, si el quejoso plantea argumentos que no se plantearon en el juicio natural, la sanción correspondiente es declarar inoperantes dichos argumentos, pues de lo contrario se modificaría la litis natural.
Ahora bien, cuando el acto reclamado es una ley, curiosamente no acontece lo mismo, es decir que el acto reclamado no se aprecia tal y como aparece en el Diario Oficial, pues aquí, al realizar el análisis de constitucionalidad, los tribunales de amparo suplen la deficiencia del acto reclamado y modifican el acto reclamado de tal forma que dejan al quejoso en estado de indefensión y le niegan el amparo.
Aquí un ejemplo para apreciar lo anterior:
En términos del artículo 301 del Código Fiscal del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estableció en forma expresa una contribución que tiene la naturaleza de un aprovechamiento.
a). Habitacional, por metro cuadrado de construcción ……………………………. $86.69
No obstante que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estableció expresamente un aprovechamiento, el Tribunal de Amparo determinó que esa no era la naturaleza jurídica de la contribución impugnada por el quejoso, sino que se trataba de un impuesto, lo cual implicó suplantarse en la voluntad del Poder Legislativo y alterar el acto reclamado tal y como estaba publicado en la Gaceta Oficial.
A continuación se cita la tesis aislada, en la que se observa cómo el Tribunal Colegiado alteró el acto reclamado:
APROVECHAMIENTOS POR OBRAS O CONSTRUCCIONES DE MÁS DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS. EL ARTÍCULO 301, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO CONSIDERA PARA FIJAR EL VALOR DE LA EDIFICACIÓN INTEGRADOR DE LA BASE DEL IMPUESTO, ÚNICAMENTE SU TAMAÑO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE EN 2011).
El citado precepto establece la obligación de pago de una cuota -cuya naturaleza es de impuesto, no de aprovechamiento-, cuando se realicen en el Distrito Federal obras o construcciones de uso habitacional de más de doscientos metros cuadrados, para que la autoridad competente realice las acciones para prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial, a razón de $77.00 (setenta y siete pesos, moneda nacional), por metro cuadrado, donde, por una parte, el tamaño se introduce como reflejo del valor de la edificación y, por tanto, de disponibilidad económica, y por otra, se atiende a su destino en virtud de la trascendencia de los inmuebles de uso habitacional en el patrimonio de los gobernados, la cual amerita que la imposición sea menos intensa; sin embargo, al fijar el número de metros cuadrados como único parámetro revelador del valor de la construcción, la norma en comento crea una base irreal y ficticia, lo que viola el principio de proporcionalidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que aun cuando el tamaño se constituye como una variable urbana considerable al efecto, no es la única, sino que también debe atenderse a otras, tales como las características estructurales y de acabados, puesto que si varían éstas entre una edificación y otra, aun cuando sean de iguales dimensiones, su valor no será igual.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tesis Aislada. Amparo en revisión 45/2012. Patricio Sanz 234, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2012. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página 1769. No. de registro 2001069.
Del criterio citado se desprende que el Tribunal Colegiado modificó la naturaleza jurídica de la contribución. Afortunadamente para el quejoso, eso no implicó que se le negara el amparo, pero hay que tener en cuenta que no siempre resulta así, ya que, posteriormente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó lo contrario en la contradicción de tesis 460/2012:
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2012).
Los artículos 300 a 302 del Código Fiscal del Distrito Federal, al disponer que las personas físicas y morales que realicen: a) Construcciones (viviendas unifamiliares) de hasta doscientos metros cuadrados; b) Obras o construcciones superiores a doscientos metros cuadrados; y, c) Obras o construyan desarrollos urbanos, edificaciones o ampliaciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje, deben cubrir una cuota fija por cada metro cuadrado de construcción, no violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el objeto del citado impuesto, es decir, el acto o actividad gravada, es la construcción o realización de obras de distintas clases, es dable afirmar que el hecho de que se consideren los metros cuadrados de construcción como parámetro para determinar la cuantía del impuesto es congruente con su objeto. Esto es así, porque los metros cuadrados de construcción constituyen un elemento susceptible de revelar objetivamente la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, máxime si se tiene en cuenta que la actividad gravada es precisamente la construcción, pues resulta lógico presumir que quien construye una obra de mayores dimensiones cuenta con recursos económicos superiores que aquel que realiza una obra pequeña.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Contradicción de tesis 460/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 13 de febrero de 2013. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 712. No. de registro 2003585.
Nuevamente se puede ver cómo la Suprema Corte de Justicia altera el acto reclamado y cambia la naturaleza jurídica de la contribución impugnada. Al respecto, es importante mencionar que esa variación de la litis o alteración del acto reclamado es muy gravosa para el quejoso, ya que ocurre al momento en que se dicta la sentencia o se resuelve el recurso de revisión, lo cual anula por completo la posibilidad de que el quejoso se defienda de dicha modificación o argumento en contra.
Asimismo, resulta fundamental recordar que no es lo mismo argumentar la desproporcionalidad de un impuesto que de un aprovechamiento; por esa razón se estimó que el artículo 301 del Código Fiscal del Distrito Federal citado en este ejemplo se ajustaba a los principios constitucionales del artículo 31.
Un indicio de que el Tribunal de Amparo está alterando el acto reclamado es el empleo de frases como “la verdadera intención del legislador”, “la verdadera naturaleza de” o “lo que la autoridad responsable quiso decir fue”, entre otras.
Siempre que el Tribunal de Amparo se suplante en la voluntad de la autoridad responsable y altere el acto reclamado, se está violando una formalidad esencial del procedimiento, a saber, el principio de litis cerrada y el principio de imparcialidad. Por ello, hay que extremar precauciones al momento de analizar las sentencias dictadas por el Poder Judicial Federal.
La clasificación de los actos reclamados en materiales y normativos, realizada en el apartado correspondiente a la causal de improcedencia relativa a los actos consumados, permitió identificar cómo los efectos del actuar de la autoridad se prolongan en el tiempo.
En relación con los actos normativos, se dijo que el dictado de las resoluciones o la expedición de las leyes y demás normas generales se consuma en un instante, pero la resolución o la norma general producida tiene una vigencia que va más allá del momento en que se expidió la norma en cuestión.
En la línea del tiempo, el acto reclamado solo ocupa un punto, en virtud de que su realización se ubica en un determinado momento; sin embargo, la norma que resulta como producto de ese acto normativo se prolonga en el tiempo (vigencia).
Si se tiene esto en mente, resulta más fácil identificar el error en el que incurre el Duodécimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Recurso de Revisión 334/2013, al señalar lo siguiente:
Los anteriores argumentos son totalmente infundados, ya que como se precisó en párrafos precedentes, si bien es cierto que las autoridades que pueden expedir leyes o reglamentos no tiene[n] la obligación de fundamentar sus decretos, pues basta que se encuentren facultadas en la constitución, no menos cierto es, que en el caso sí estaban reservadas esas circunstancias para el Congreso de la Unión y al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al momento de la adición del segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asamblea de representantes del Distrito Federal, no tenía facultades de legislación en el Distrito Federal, por lo que no podía existir de forma alguna impedimento para que el Congreso de la Unión adicionara el párrafo mencionado, ya que la facultad de legislativa para la asamblea mencionada, se ejerció hasta el año de mil novecientos noventa y nueve. Efectivamente, conforme a lo dispuesto inicialmente en el artículo décimo primero transitorio del decreto de veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, publicado el día veinticinco siguiente en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformó el artículo 122 de la constitución, entre otros preceptos, la facultad otorgada a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal de expedir los ordenamientos correspondientes a las materias civil y penal del ámbito local, se sujetó, primeramente, a la condición de que el Congreso de la Unión expidiera los códigos de carácter federal en dichas materias y hasta la entrada en vigor de éstos, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal podría legislar al respecto. Posteriormente, por decreto de reformas a la constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se fijó término para la entrada en vigor de la facultad concedida a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para expedir los citados códigos, según su artículo décimo primero que dice: “La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa “del Distrito Federal para legislar en materias civil y penal para el Distrito “Federal entrará en vigor hasta el 1o. de enero de 1999.”. Por lo tanto, si la facultad otorgada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal entró en vigor hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, la expedición de leyes y de tales códigos (civil y penal) por el presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, con anterioridad a esa fecha, no invadía la esfera de competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en dichas materias, así como en cualquier otra de carácter local, ya que esa facultad de legislar en materia civil estaba reservada a la federación todavía, de ahí que contrario a lo alegado por la parte quejosa y hoy recurrente, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y el Secretario de Gobernación, tenían todas las facultades y prerrogativas para legislar de la forma en que lo hicieron. En ese orden de ideas, si el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue expedido y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de junio de mil novecientos noventa y dos, fecha ésta en que se adicionó al mencionado numeral, es claro que de ninguna forma puede hablarse de que dicho numeral se hubiere expedido por autoridades incompetentes, contrario a lo alegado a la parte quejosa y recurrente, ya que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, entro en funciones hasta el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, de ahí que sus argumentos al respecto resulten totalmente infundados y carentes de todo sustento jurídico.
Es importante mencionar que, en este caso, el primer acto de aplicación se realizó en el año 2013, es decir, mucho tiempo después de la modificación competencial.
A continuación se presenta un esquema que permite observar la irregularidad de la ley impugnada.
La línea verde representa la vigencia de la ley, mientras la competencia correspondía a la autoridad que expidió dicha norma; es decir, durante ese tiempo la ley fue constitucional y todos los actos de aplicación se ajustaron al sistema competencial establecido por la Constitución.
Posteriormente, la línea se torna roja, en virtud de la modificación competencial realizada con la reforma a la Constitución. A partir de este punto, la ley creada es anticonstitucional, ya que no respeta el sistema de competencias creado con la reforma constitucional. Por lo tanto, todos los actos de aplicación que surgen después de dicha reforma son anticonstitucionales.
Así las cosas, resulta obvio que el Tribunal Colegiado pasó por alto que el acto reclamado es un acto normativo y que, al tener vigencia, se prolonga a lo largo del tiempo; por ello, el análisis de regularidad debe realizarse tomando en consideración la distribución de competencias existente al momento de que acontece el primer acto de aplicación.
De lo anterior se desprende que siempre que se reclamen leyes, debe considerarse la distribución de competencias existente al momento en que se realiza el primer acto de aplicación, pues ello permite saber si la ley impugnada se ajusta o no a la Constitución.
En ese orden de ideas, resulta que la ley y todos los actos de aplicación acontecidos antes de la modificación competencial son constitucionales, pero una vez realizada dicha modificación, tanto la ley como los actos de aplicación se tornan anticonstitucionales.
El error del Tribunal Colegiado consistió en considerar al acto reclamado (una ley) como un acto material y en pasar por alto que el primer acto de aplicación se originó después de la reforma constitucional que cambió la distribución de competencias legislativas.
Asimismo, cabe destacar la omisión en que incurrió la autoridad responsable, pues debió abrogar la ley expedida tan pronto como se realizó el cambio en las competencias en virtud de que se volvió anticonstitucional y, como se ha mencionado, toda autoridad tiene la obligación de respetar la supremacía constitucional y prevenir violaciones a los derechos humanos.
Conviene mencionar que la anticonstitucionalidad sobrevenida no solamente acontece por cuestiones formales (competencia y vicios procedimentales) sino también operar con respecto a los aspectos materiales. A manera de ejemplo, conviene suponer que el Congreso de la Unión establece la pena de muerte en el Código Penal. Posteriormente, la Constitución se modifica y se prohíbe la pena de muerte.
En este contexto, el quejoso emplea el amparo para impugnar la sentencia definitiva del proceso penal, así como la aplicación del precepto legal que establece la pena de muerte. Cabe señalar que la sentencia (primer acto de aplicación) fue dictada con después de la reforma constitucional.
En tal escenario, el Tribunal Colegiado no puede alegar que los actos reclamados (sentencia y aplicación del precepto legal) son constitucionales, porque estaban autorizados por la Constitución al momento en que se expidió el Código Penal.
Es importante recordar que la Constitución vigente es el criterio de regularidad formal y material de todo el sistema jurídico, razón por la cual las normas generales o particulares señaladas como actos reclamados deben contrastarse con el texto constitucional vigente, y no con el texto constitucional anterior, pues ello implicaría vulnerar la supremacía constitucional.
A continuación se llevará a cabo una breve crítica a un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa sobre la fundamentación de los actos legislativos.
Antes de empezar, conviene definir qué se entiende por competencia:
Competencia: Idoneidad reconocida a un órgano de autoridad para dar vida a determinados actos jurídicos. (De Pina, 2003)
Ahora se cita el criterio judicial emitido por el Pleno:
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.
Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo en revisión 8993/82. Lucrecia Banda Luna. 22 de mayo de 1984. Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Primera Parte, página 239. No. de registro 232351.
Como se desprende del criterio citado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confunde la fundamentación con la competencia.
A continuación se transcribe un criterio judicial que define a la fundamentación y motivación.
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Séptima Época. Fuente: Informes 1973, Parte II, página 18. No. de registro 815374.
De lo anterior se desprende que la competencia es la autorización que realiza la norma para que un determinado órgano pueda realizar un determinado tipo de actos jurídicos; por su parte, la fundamentación es la conducta consistente en señalar la norma jurídica aplicable al caso concreto y la motivación es la conducta mediante la cual se expresan las razones por las que se considera aplicable la norma jurídica citada.
Con todos estos elementos, queda expuesto que, al hablar de la fundamentación de actos legislativos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia confundió la fundamentación con la competencia.
Toda vez que en el Poder Judicial de la Federación impera un concepto reduccionista de la acción de amparo, es decir que se considera que la restitutio in integrum es la única finalidad perseguida con la acción de amparo, se desatienden el resto de los conceptos de violación expresados por el quejoso cuando se declara fundado alguno de los mismos.
Para demostrar lo anterior, se presenta un criterio jurisprudencial:
CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMAS.
Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción.
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterio. Amparo directo 429/91. Sergio Jiménez Estrada y otros. 18 de octubre de 1991. Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, página 99. No. de registro 220693.
Lo que los tribunales de amparo pasan por alto es que la acción de amparo tiene múltiples finalidades; por lo tanto, el hecho de que un concepto de violación sea fundado no impide que otras finalidades se cumplan en el caso concreto.
Aquí una tabla con las distintas finalidades del juicio de amparo y sus fundamentos jurídicos:
1. La determinación de la constitucionalidad del acto reclamado – Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
– Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH
2. La determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables – Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
– Obligación de investigar las violaciones de derechos humanos
– Obligación de sancionar a los responsables de violar los derechos humanos
3. Restitución del derecho violado, siempre que sea material y jurídicamente posible. – Artículo 77 de la Ley de Amparo.
– Obligación de respetar los derechos humanos
– Obligación de proteger los derechos humanos
4. Indemnizar al quejoso cuando:
a) la restitución afecta a la sociedad en mayor proporción que beneficia al quejoso,
c) sea desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. – Fracción XVI del artículo 107 constitucional.
– Obligación de reparar violaciones de derechos humanos
5. Garantizar la no repetición del acto reclamado – Obligación de reparar violaciones de derechos humanos
6. Prevenir violaciones de derechos humanos – Principio de efectividad
Por otra parte, es falso que el Tribunal de Amparo sustituya a la autoridad responsable si analiza el resto de los conceptos de violación que atienden al fondo del asunto, como lo refiere el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.
Para demostrar el error del Tribunal Colegiado, cabe suponer un caso en el que la autoridad responsable (órgano jurisdiccional) cometió violaciones formales, tales como desechar pruebas debidamente ofrecidas; además, condenó al inculpado a 20 azotes.
En este caso, la violación material, es decir, la condena de 20 azotes es independiente de cualquier violación procesal, pues el artículo 22 constitucional establece una prohibición absoluta al respecto.
En otras palabras, los azotes siempre estarán prohibidos independientemente de que se hayan cometido violaciones procesales o no. Por lo tanto, aun cuando el acto reclamado se deje insubsistente por efecto de la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Amparo tiene la obligación de pronunciarse respecto de la constitucionalidad y la culpabilidad de la autoridad responsable que impuso una pena de 20 azotes (derecho a conocer la verdad) y además tiene la obligación de otorgar garantías de no repetición a favor del quejoso.
Como se puede observar, es falso que, una vez que un concepto de violación se declara fundado, resulta innecesario estudiar el resto de los conceptos de violación expresados por el quejoso.
La falta de estudio de todos los conceptos de violación constituye constituye de igual manera una violación al principio de exhaustividad del artículo 17 constitucional, además de que es producto tanto de una visión reduccionista de la acción de amparo, como de la pereza del Poder Judicial de la Federación.