Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-980131-10-05-1999-102181
Timestamp: 2019-09-17 16:55:46
Document Index: 82539827

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 112', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 114']

Resolución de TEAF Navarra, 980131, 10-05-1999 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980131 de 10 de Mayo de 1999
Núm. Resolución: 980131
Solicita el recurrente en reposición ante el Órgano, la declaración de nulidad de las liquidaciones practicadas y la prescripción de las deudas tributarias. Se desestima el recurso ya que no aporta nada nuevo en cuanto al fondo del asunto que sirva para desvirtuar la anterior resolución, y en cuanto que la falta de actividad de la Administración durante seis meses alegada por el recurrente no produce los efectos aducidos tal y como minuciosamente se razona en la motivación.
Plazo de prescripción de las deudas tributarias.
Visto escrito presentado por Don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con anterior Acuerdo de este Organo, de 28 de noviembre de 1997.
PRIMERO.- Mediante Acuerdo de este Organo, de 28 de noviembre de 1997 (expedientes (?)/93 y (?)/93), vinieron a desestimarse pretensiones del interesado en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido y años 1988, 1989 y 1990.
SEGUNDO.- Disconforme con el pronunciamiento contenido en dicho Acuerdo viene ahora el interesado a interponer recurso de reposición mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de 19 de febrero de 1998, señalando que las liquidaciones enviadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido son nulas por cuanto en ellas no consta la fecha de su emisión; que el plazo transcurrido desde la interposición de los recursos de alzada hasta su resolución, superior a seis meses, da lugar a que no se considere interrumpida la prescripción; que se reafirma en todas aquellas alegaciones que en su día formuló al interponer el recurso de alzada, por considerar que se han prestado escasa atención a las mismas. Solicita, pues, la declaración de nulidad de las liquidaciones practicadas y la prescripción de las deudas tributarias.
PRIMERO.- Ha de declararse, en primer lugar, la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de reposición interpuesto, habiendo sido presentado en plazo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.
SEGUNDO.- De acuerdo con las reglas generales de emisión de actos administrativos de liquidación y de notificación de los mismos existen unas menciones que deben figurar en todo acto de estas características. Así, el artículo 124.1 de la Ley General Tributaria establece textualmente que: "Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos con expresión: a) De los elementos esenciales de aquéllas. b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos; y c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria".
Como puede verse, ninguna referencia se contiene en esta norma respecto de la fecha de la liquidación, cosa lógica, por otro lado, porque contra la opinión del interesado, la inclusión de la mención de la fecha de la liquidación no tiene demasiado interés. Lo verdaderamente importante a efectos cronológicos es conocer la fecha en que el sujeto pasivo recibe la liquidación, lo que ha quedado perfectamente acreditado en el expediente, sin que tenga mayor interés a efectos prácticos conocer cuando emitió la Administración el acto liquidatorio. Al no generar tal omisión indefensión al sujeto pasivo, no puede dar lugar a la nulidad de las liquidaciones giradas por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
TERCERO.- Solicita, subsidiariamente, el interesado la declaración de prescripción de las deudas tributarias que son objeto del presente expediente fundándose en que "el artículo 112 de la Ley Foral 6/92 establece un plazo para la resolución de las reclamaciones en vía administrativa, en IRPF, de 6 meses, y por otra parte, la Ley General Tributaria establece un plazo de 6 meses de inactividad por parte de la administración para considerar que no ha quedado paralizado el plazo de prescripción". Vayamos por partes en el análisis de esta alegación. Desconoce, en primer lugar, el interesado cuál es el efecto de la falta de resolución en plazo por parte de la Administración de los recursos en materia tributaria: silencio administrativo negativo. Es decir, marcado un plazo para la resolución de recursos en materia tributaria, si vencido aquél no se ha producido resolución expresa por parte de la Administración, el recurrente puede entender desestimada su pretensión a los efectos de quedar expedito el acceso a la vía administrativa o jurisdiccional subsiguiente; pero nunca ello dará lugar a la privación de los efectos propios de la interrupción de la prescripción. Tampoco el transcurso de los plazos de resolución de recursos en materia tributaria da lugar a la caducidad, como acertadamente ha expuesto la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 31 de diciembre de 1998: "La parte actora basa tal caducidad en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo 43-4º efectivamente establece a tal efecto, a los expedientes cuando transcurren los plazos allí señalados para dictar Resolución. Tal interpretación es más que dudosa a la vista de lo dispuesto en la disposición adicional 5ª de la citada Ley 30/1992 al declarar en su párrafo 1º que los procedimientos administrativos en vía de gestión, liquidación, comprobación, etc., se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de la citada Ley 30/1992.
Pero en lo que no parece haber duda es en materia de revisión de actos administrativos; estos, según el párrafo 2º de dicha disposición adicional 5ª, se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 de la Ley General Tributaria. Dentro de la Comunidad Foral Navarra la normativa a tener en cuenta es el acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, por el que se crea el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria y se aprueba su Reglamento, así como en el previo acuerdo del Parlamento Foral de 19 de mayo de 1981, cuyo capítulo III establece el procedimiento tributario. A la vista del artículo 40 del mismo en su letra E), es claro que el Organo debe resolver en el plazo de un año y si no lo hace se entiende desestimado por silencio, a efectos de interponer el recurso procedente que no es otro que el Contencioso-Administrativo, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad procedente. Criterio similar al establecido para los Tribunales Económicos Administrativos cuyo Reglamento aprobado por Real Decreto 391/1996 establece un efecto semejante.
En el caso de que pasado un año se dicte la Resolución es válida y produce sus efectos desde la notificación".
Por otra parte, no se sabe de dónde sale esa afirmación de que "la Ley General Tributaria establece un plazo de 6 meses de inactividad por parte de la administración para considerar que no ha quedado paralizado en el plazo de prescripción". Ninguno de los preceptos de la Ley General Tributaria contiene una disposición de ese género. Probablemente, tal afirmación surja de una confusión padecida por el recurrente entre la Ley General Tributaria y el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, cuyo artículo 31.3 establece que "se considerarán interrumpidas las actuaciones inspectoras cuando la suspensión de las mismas se prolongue por más de seis meses", con la consecuencia de que si se diese una interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras de este género, "se entenderá no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones" (artículo 31.4.a). Pues bien: como puede verse, en primer lugar, la aplicabilidad del precepto en cuestión se reduce al procedimiento de inspección y no al procedimiento de revisión de actos administrativos. Y aun en el caso de que hubiese llegado a darse una situación de este género en el ámbito de las actuaciones inspectoras habidas, ha de señalarse lo siguiente. Ciertamente ha venido a señalar el Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de febrero de 1996 (aunque con un muy atendible voto en contra del magistrado Alfonso Gota Losada), que el artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección de régimen común está contemplado no sólo lo que tradicionalmente han sido las actuaciones inspectoras propiamente dichas sino también la subsiguiente actividad de gestión liquidadora llevada a cabo por el Servicio de Inspección en relación con esas actuaciones. Y, según ello, si, iniciada una actuación inspectora antes (obviamente) de haberse producido la prescripción extintiva (o, por mejor decir, caducidad) del derecho (o, mejor, facultad) de la Hacienda Pública para determinar una deuda tributaria mediante correspondiente liquidación, se suspenden durante más de seis meses las actuaciones (en la ya dicha global consideración de las estrictamente inspectoras y de las subsiguientes de liquidación también encomendadas al Servicio), ocurrirá que, si entretanto se ha completado el plazo de cinco años de prescripción extintiva, desaparecerá aquel carácter, interruptor de ésta, que tuvo la iniciación de las actuaciones inspectoras, de suerte que, si no se han dado otros hechos interruptores, el transcurso de aquel plazo se habrá consumado y habrá llegado a alcanzarse la real y efectiva prescripción extintiva. Obviamente, todo ello resulta ser una consecuencia del empeño en encomendar a la Inspección funciones y competencias (las de practicar liquidaciones tributarias) que hasta entonces le habían sido ajenas; competencias, en fin, que, atribuidas que le fueron de modo no muy regular en un principio (Real Decreto 412/1982, de 12 de febrero, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo), acabaron siendo definitivamente fijadas por la Ley 10/1985, de modificación parcial de la Ley General Tributaria. Ahora bien: en Navarra no se ha dado una similar atribución de esas funciones liquidadoras al Servicio de Inspección. Es decir, en Navarra se ha optado con absoluta claridad por mantener para la Inspección las estrictas funciones (de investigación y de comprobación) que tradicionalmente ha venido ostentando el Servicio, sin el añadido de funciones liquidadoras; ese designio de la normativa navarra resultaría torcido por vía de una imposible aplicación supletoria (tal como el recurrente pretende) de la específica normativa que en el Estado regula semejante materia. Problemático resultaría, por otra parte, pretender que, ante la falta de señalamiento, en la normativa de Navarra, de un plazo similar al de aquel artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección del Estado, hubiere de traerse al respecto (y también con carácter supletorio) la normativa procedimental general (la de Navarra o, en hipotética segunda supletoriedad, la del Estado) con plazos eventualmente más breves de ultimación de actuaciones, bien entendido que, en todo caso, la pretendida invalidez del acta aquí examinada no tendría apoyo alguno, habida cuenta de que la correspondiente normativa navarra, como se ha dicho, no aglutina en manos de la Inspección las actuaciones inspectoras y las subsiguientes actuaciones liquidadoras. Sí transcurrieron más de seis meses entre la extensión del acta y la adopción, por parte de las Secciones gestoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, de correspondientes Acuerdos fundamentadores de la liquidación a practicar en el caso; pero ello ya no fueron actuaciones inspectoras, que se ultimaron con el acta y el informe adicional, de la misma fecha que aquélla; y, aun en el supuesto de hallarse establecido un plazo para que las Secciones gestoras realizasen sus actuaciones, estaría por ver si un tal plazo hubiere de serlo de caducidad. En fin, principalmente y sobre todo ha de decirse que, aun en el supuesto de que en Navarra se hubiese dictado una normativa del mismo corte que la de régimen fiscal común (por un lado, atribución al Servicio de Inspección de funciones de inspección y comprobación y de práctica de subsiguientes liquidaciones; por otro, plazo máximo para la suspensión injustificada de las actuaciones de la Inspección), tendríamos que ello en modo alguno habría significado la invalidez de actuaciones inspectoras pretendida por el recurrente, pues una tal normativa (que contuviese un precepto de contenido coincidente con el del artículo 31.4.a) del Reglamento de Inspección del Estado) sólo estaría hablando de posible carencia de virtualidad interruptora de la prescripción extintiva por parte de un acta (de su incoación) y no de invalidez o de ineficacia del acta a otros efectos; se estaría hablando simplemente de que el decurso del plazo de prescripción no se vería en absoluto afectado por unas actuaciones inspectoras viciadas por una semejante suspensión, con lo que, en el caso de no darse otros distintos hechos interruptores de la prescripción extintiva, ésta vendría a alcanzarse de modo natural y desconectada del hecho de haberse iniciado tales actuaciones inspectoras.
CUARTO.- Y entrando ya en el fondo de las cuestiones planteadas, ha de verse que frente a las afirmaciones del interesado en el sentido de hallarse escasamente fundamentado el Acuerdo impugnado y de haber obrado con ligereza este Organo a la hora de adoptar una decisión, aparte no haber aportado el interesado nuevos argumentos que pudieran venir a trastocar o refutar la opinión sustentada en el dicho Acuerdo, ha de verse, en primer lugar, que acerca de la falta del libro de Inventarios como fundamentadora de la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta existe abundantísima jurisprudencia confirmatoria de la opinión de este Organo. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 28 de enero de 1999 indica con toda claridad que "con relación al libro inventario, no dudamos en otorgarle ese carácter de sustancial a que se hace referencia pues dicho libro es el que permite comprobar que las existencias iniciales, relacionadas con las compras y las ventas, determinan las existencias finales como ya dice el Organo de Informe y Resolución con el que también convenimos en que ningún modo puede suplirse su ausencia con el hecho de que las existencias anotadas en otros registros a primeros de un año coinciden con las existentes a final del anterior, anotación que lo mismo puede ser reflejo de una realidad, como se pretende, que de un mínimo de sentido común que, lógicamente, obliga al sujeto pasivo de un impuesto a concordar uno y otro dato en su contabilidad para evitar que un somero análisis de la misma ponga de manifiesto las irregularidades". Y en el mismo sentido las de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 6 de julio, 3 de septiembre y 10 de noviembre de 1998. Lo mismo puede decirse de la ausencia de tickets o rollos de caja: las Sentencias anteriormente citadas hacen referencia a la importancia que dichos documentos tienen para la comprobación de la situación tributaria del sujeto pasivo. Pues bien: las irregularidades anteriores bastarían ya para justificar la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta, como se indica en las Sentencias citadas; pero en un afán de dejar totalmente zanjadas las cuestiones planteadas pretendió este Organo entrar a examinar aquellas otras alegaciones formuladas por el interesado en relación con otros puntos respecto de los cuales se suscitaba discrepancia, si bien, como ya se ha dicho anteriormente, el examen de los tales puntos resulta ya ocioso, por resultar meridianamente clara la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta. Y lo cierto es que poco podía decir este Organo acerca de estas otras cuestiones (ingresos por ventas de tabaco inferiores a las adquisiciones, saldos acreedores de Caja) ya que el interesado se limitaba en su recurso a ofrecer simples afirmaciones no apoyadas en el debido soporte probatorio, cuando sabido es que el artículo 114.1 de la Ley General Tributaria dice que "tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo".
QUINTO.- Por último, con respecto a las alegaciones formuladas por el interesado acerca de la falta de bondad de los índices empleados, ha de verse que el interesado en su día se limitó a afirmar que los resultados derivados de la aplicación de los índices eran excesivamente variables de unos años a otros, con lo que quedaba demostrada su poca fiabilidad. Pues bien: resulta ésta una alegación inconsistente (no se llega a adivinar por qué en un negocio de hostelería no pueden darse fluctuaciones en el beneficio de unos ejercicios respecto del de otros) frente a la cual ya vino este Organo a argumentar que el índice empleado proviene de un estudio serio y riguroso referido al sector de bares y cafeterías, que no es ni mucho menos incorrecto que en régimen de estimación indirecta se parta para el cálculo de la base imponible de los datos de compras y gastos facilitados por el sujeto pasivo (de algún dato objetivo habrá de partirse para dicho cálculo) y que las oscilaciones observadas no derivan sino de los propios datos de compras y gastos facilitados por el interesado. Por todo ello, no procede sino confirmar el Acuerdo impugnado y con ello las actuaciones inspectoras y liquidatorias llevadas a cabo con anterioridad.
Y, en consecuencia, este Organo, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por Don (?) contra anterior Acuerdo de este Organo, de 28 de noviembre de 1997, relativo a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido y años 1988, 1989 y 1990, confirmándose el contenido de dicho Acuerdo en todos sus extremos.
Sentencia Administrativo Nº 143/2008, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 3749/2006, 31-01-2008
Orden: Administrativo Fecha: 31/01/2008 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Jimena Quesada, Luis Num. Sentencia: 143/2008 Num. Recurso: 3749/2006
Sentencia Administrativo Nº 405/2008, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 213/2003, 22-02-2008
Orden: Administrativo Fecha: 22/02/2008 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Pardo Muñoz, Francisco Javier Num. Sentencia: 405/2008 Num. Recurso: 213/2003