Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00341-1993-AA.html
Timestamp: 2017-12-16 22:29:47
Document Index: 183051774

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 14', 'Artículo 37', 'Artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 11']

00341-1993-AA
…este Colegiado considera que los derechos pensionarios adquiridos por los actores al amparo del Decreto Ley Nº 20530, no pueden ser desconocidos en forma unilateral y fuera de los plazos de ley por parte de la demandada, argumentando la aplicación del artículo 6º del Decreto Supremo Nº 005-92-TR y artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 763, sino que contra resoluciones firmes, sólo procede determinar su nulidad mediante un proceso regular en sede judicial.
Exp. Nº 341-93-AA/TC
Julio Miguel Olsen Vargas.
Recurso de casación entendido como extraordinario, que formulan don Julio Miguel Olsen Vargas Machuca y otros, contra la resolución de fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y tres, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró no haber nulidad en la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, su fecha once de marzo de mil novecientos noventa y tres, que revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta contra la Empresa Nacional de Puertos S.A.
Los señores Julio Miguel Olsen Vargas Machuca, Emma Marcos de Azabache, Elizabeth Pino Fiestas, Luis Felipe Herrada Castillo, Zoila Luján Vda. de Alcerraca, Raquel Florentini Vda. de Giraldo, Eduardo León Salas, Otoniel Tello Tenazoa, Abraham Orozco Portal, Víctor Manuel Machado Cabello, interponen acción de amparo contra la Empresa Nacional de Puertos Sociedad Anónima; para que se deje sin efecto las normas administrativas, Acuerdos de Directorio y/o Directivas emitidas por la Gerencia General de Enapu S.A., sobre la abstención de pago de sus pensiones desde el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, por haberlos excluido del régimen pensionario de la Ley N° 20530; así como se declare inaplicable los efectos legales del Decreto Supremo N° 005-92-TR, Decreto Legislativo N° 763 y Decreto Ley N° 25456, que violan preceptos constitucionales referidos al respeto de la persona humana; a la vida su integridad física; igualdad ante la ley; a la seguridad y bienestar familiar; al derecho de petición; al derecho de pago, reajuste y homologación de pensiones; irrenunciabilidad de derechos adquiridos; consagrados en los artículos 1°, 2°, incisos 1)2)15 y 18, así como en los artículos 20°, 60°, 57°, 187° y Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1979.
Sostienen los actores que, tienen la calidad de cesantes y jubilados sujetos al régimen pensionario de la Ley N° 20530, a mérito de lo dispuesto en las Leyes N° 23329, 25066, 24156, 24366 y 25273; y que en conformidad con las normas contenidas en los Decretos Leyes Nos. 18839 y 22867 y Resolución Ministerial N° 68-84-TR, la Empresa Nacional de Puertos S.A., esta obligada a asumir el pago de sus pensiones. Agregan, que el Gerente General de la demandada, ha venido en aplicar una norma derogada, toda vez que el Decreto Supremo N° 005-92-TR, que sirve de base para su proceder, fue dictado para normar o reglamentar a la Ley N° 25400, y que a su vez esta ley es derogada por el Decreto Ley N° 25456, por lo que dicha norma reglamentaria no les resulta aplicable con fecha 29 de mayo de 1992.
Corrido traslado de la demanda, ésta es contestada por la empresa emplazada, quien contradice la misma, deduciendo la caducidad de la acción, por cuanto ha transcurrido en exceso el plazo de 60 días hábiles para interponerla solicitando se declare su improcedencia, por considerar que con la demanda se pretende cuestionar la validez del Decreto Ley N° 25456, el mismo que restituye la vigencia del Decreto Legislativo N° 763, que declara nulas de pleno derecho todas las incorporaciones que contravengan el artículo 14° del Decreto Ley N° 20530, así como por que la acción ha debido interponerse contra el Estado y no contra la Empresa Nacional de Puertos S.A.
Con fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y dos, el Juez del Tercer Juzgado Civil del Callao, expide sentencia declarando fundada la demanda.
Interpuesto recurso de apelación, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y tres, expide resolución que revocó la apelada, declarando improcedente la demanda, por considerar que habían transcurrido mas de sesenta días por lo que opera la caducidad de la acción.
1.- Que, las acciones de garantía tienen por objeto reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional.
2.- Que, el servicio de pago de las pensiones constituye un acto continuado en forma periódica y sucesiva, los mismos que reiteradamente han sido vulnerados en cada nueva oportunidad por la entidad demandada, por lo que mal se puede sostener que ha sido interpuesta fuera del plazo señalado por la ley y que habría operado la caducidad contemplada en el Artículo 37°, de la Ley N° 23506, siendo más bien aplicable la parte final del Artículo 26° de la Ley N° 25398.
3.- Que, mediante resoluciones de Gerencia General de Enapu S.A., que corren a fojas 41 y siguientes de autos, los demandantes fueron incorporados al régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530 consagrado constitucionalmente por la Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución del Perú de 1979, ulteriormente reafirmada por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Carta de 1993.
4.- Que, en consecuencia, conforme se ha expresado en la sentencia recaída en el expediente N° 008-96-I/TC, cuya ratio decidendi formulada en su décimo quinto y trigésimo tercer fundamento, constituyen jurisprudencia de obligatorio cumplimiento, a tenor de lo establecido por la Primera Disposición General de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, éste colegiado considera que los derechos pensionarios adquiridos por los actores al amparo del Decreto Ley N° 20530, no pueden ser desconocidos en forma unilateral y fuera de los plazos de ley por parte de la demandada, argumentando la aplicación del artículo 6°, del Decreto Supremo N° 005-92-TR y artículo 1° del Decreto Legislativo N° 763, sino que contra resoluciones firmes, sólo procede determinar su nulidad mediante un proceso regular en sede judicial.
5.- Que, tratándose de pensiones, que asumen el carácter alimentario del trabajador, que sustituyen al salario, cuyo pago es, de obligatorio cumplimiento.
6.- Que, siendo así, se evidencia la agresión al derecho pensionario de los actores, consagrado constitucionalmente, por lo que resulta amparable la presente acción de garantía.
REVOCANDO la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a fojas seis del cuadernillo su fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y tres, que declara No Haber Nulidad en la resolución de vista del once de marzo de mil novecientos noventa y tres, que confirmó la apelada, y REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la excepción propuesta de caducidad y FUNDADA la acción de amparo; en consecuencia, ordenaron que la Empresa Nacional de Puertos S.A., cumpla con restituir a los demandantes el pago de sus pensiones suspendidas. Asimismo en el presente caso no es de aplicación el artículo 11° de la Ley N° 23506, atendiendo a las circunstancias especiales del proceso; dispusieron su publicación, en el diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; y, los devolvieron.