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Timestamp: 2020-08-11 22:44:11
Document Index: 360189384

Matched Legal Cases: ['artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 45', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 19', 'artículo 45', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 45', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 520', 'artículo 520']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 430, de 01/12/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 430
celebrada el martes, 1 de diciembre de 2009
- Proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. (Número de expediente 121/000035.) ... (Página 2)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales. (Número de expediente 121/000036.) ...
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. (Número de expediente 121/000035.) ... (Página 2)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales. (Número de expediente 121/000036.) ...
- PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO. (Número de expediente 121/000035.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES. (Número de expediente 121/000036.)
Quiero comenzar -y creo que con ello me hago eco del sentir de toda la Comisión- expresando la satisfacción por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el día de hoy, que abre una nueva perspectiva para la Unión Europea y especialmente para el espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. Como saben ustedes, en esta legislatura la Comisión ha venido dando cumplimiento a decisiones del Consejo de la Unión Europea. Se han aprobado leyes, como la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la reforma complementaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles entre otras, sin perjuicio de proyectos como la reforma del Código Penal que también están en tramitación. No es extraño, por lo tanto, que en el orden del día de hoy figure la aprobación de dos proyectos de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. Estos proyectos, como otros que ya hemos aprobado, imponen una mejora de la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea y del principio de la confianza mutua y del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Por tanto, con estos proyectos se da cumplimiento a decisiones marco de la Unión Europea, como la decisión 2006/783, del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, potenciando la cooperación judicial de España con el resto de Estados de la Unión Europea.
En este sentido, el orden del día consta, en primer lugar, de la ratificación de la ponencia designada para informar de estas iniciativas legislativas: proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso y proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la comisión de infracciones penales. Una vez ratificada la ponencia se entrará a continuación en la aprobación con competencia legislativa plena, en primer lugar, del proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso y, en segundo lugar, de la consiguiente reforma de la ley orgánica. Por lo que se refiere al primer punto, la ratificación de la ponencia, y a efectos también de su constancia en el "Diario de Sesiones", ambas ponencias han estado integradas por los siguientes diputados y diputadas: doña Concepción Sanz Carrillo, don Guillermo Mariscal Anaya, don Emilio Olabarría Muñoz, don Joan Ridao i Martín, don Alex Sáez Jubero, don Mariano Gallego Barrero, doña Rosa Díez González, don Jordi Jané i Guasch y don Álvaro Cuesta Martínez, en ambos casos.
Quedan ratificadas las dos ponencias.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000035.)
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y COMPLEMENTARIA A LA LEY PARA LA EJECUCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE DECOMISO POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES PENALES. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000036.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, entramos en el debate de los dos proyectos de ley. El proyecto de ley ordinaria, para el que tenemos competencia legislativa plena, y el proyecto de ley orgánica, que no tiene ninguna enmienda. Para ambos, las votaciones se celebrarán no más allá de las 13:45. Por lo tanto, vamos a entrar ya en el debate del punto 3.º del orden del día, que es la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resolucoiens judiciales de decomiso. Por supuesto, en el turno de intervenciones, si lo desean S.S.SS, pueden también argumentar su posición respecto del siguiente proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no tiene ninguna enmienda pero que a estos efectos es instrumental del primer proyecto de ley.
Hay una enmienda transaccional a la enmienda 5 del Grupo Parlamentario Popular, que viene firmada también por el Grupo de Convergència i Unió, por el Grupo Vasco, por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular.
Quedan vivas las enmiendas 1 y 2 del Grupo Parlamentario Catalán y las enmiendas 3, 4 y 5 del Grupo Parlamentario Popular, aunque luego sea transada la 5.
Es decir, la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Popular en su momento quedará retirada a la vista de la transacción, pero tendrán que decirlo ellos en su intervención. Pero ya contamos con esa circunstancia dado que han firmado la transacción.
Para la defensa de sus enmiendas 1 y 2, en primer lugar, le doy la palabra al señor don Jordi Jané del Grupo Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que es la más activa en lo que se refiere a la producción normativa dentro de las Cortes Generales, tiene entre otras funciones la de intentar la adecuación a las normativas europeas. En este momento -lo decía muy bien el propio presidente de la Comisión- estamos consolidando ese espacio europeo de Libertad, Justicia y Seguridad, y la consolidación de ese espacio obliga a aprobar leyes como las que hoy estamos tramitando, leyes que tienen como objetivo regular el procedimiento a través del cual se van a transmitir por parte de las autoridades judiciales españolas aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso a otros Estados miembros de la Unión Europea. Además, establecemos el modo en el que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y ejecutar esas resoluciones cuando les sean transmitidas por otro Estado miembro. Entendemos, señor presidente, señorías, que todos los grupos parlamentarios debemos apoyar estos dos proyectos de ley que hoy estamos debatiendo en la Comisión de Justicia, porque van en la línea necesaria de reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros, una cooperación judicial que se basa evidentemente también en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. En esa línea vamos, en esa línea avanzamos y, por tanto, anuncio el apoyo absoluto de Convergència i Unió a estas dos iniciativas legislativas. Son iniciativas que además incorporan novedades que tratan de remediar problemas derivados de las dudas de localización de los bienes objeto de decomiso, y a través de esta nueva normativa se permite que una autoridad judicial transmita su resolución simultáneamente a varios Estados miembros de la Unión Europea. Es una previsión que entendemos que obliga a que haya una mayor comunicación entre las autoridades judiciales para evitar excesos de ejecución. Repito que va en la línea adecuada y que vamos a dar apoyo tanto al proyecto de ley inicial, el que regula la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones judiciales de decomiso, como al proyecto complementario que obliga a hacer una modificación puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial, simplemente para adaptar una nueva competencia de los jueces de lo Penal para adoptar las medidas previstas en la ejecución de las resoluciones objeto de la regulación del decomiso que estamos haciendo en la ley inicial. Debe hacerse esa adaptación puntual para otorgar esa competencia a los jueces de lo Penal, por tanto estamos también plenamente a favor de esa modificación puntual y técnica -si me lo permiten- de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Como el Pisuerga pasa por Valladolid, todos hemos aprovechado este proyecto de ley en el cual todos estamos de acuerdo para plantear otros temas que -si me lo permiten- nada tienen que ver directamente con el objeto de la normativa, pero que los grupos de manera acertada o no, han considerado que podían ser objeto de discusión, toda vez que el día a día de la aplicación de nuestra normativa -tanto en el ámbito penal como en el ámbito de la nueva oficina judicial a partir de las reformas procesales que ya hemos impulsado y que están publicadas en el BOE- abre nuevos caminos legislativos que los grupos hemos querido aprovechar.
También nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas. Una de carácter más técnico, que es nuestra enmienda número 1, que al no ser objeto de consenso, como la ley busca ese consenso, anuncio que va a ser retirada por nuestro grupo parlamentario. Hay una segunda enmienda, la número 2, que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entendemos que la realidad de las detenciones en plena vigencia de nuestro Estado de derecho hacen reabrir el debate de qué forma se realizan y si con ello estamos o no cumpliendo lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Hemos tenido esta misma semana el caso de esa detención de un padre en Tenerife al que se le acusaba de unos hechos con gran relevancia mediática y que después -y todos debemos alegrarnos de ello- finalmente no ha habido esa inculpación inicial mediática que no jurídica, mediática, que no jurídica, que esos hechos no se han confirmado, nos alegramos. Siempre es positivo alegrarse de que una persona, un padre en este caso, finalmente parece ser que las pruebas demuestran que no era culpable de esos
hechos que de alguna manera se le estaban imputando con gran resonancia mediática. Y hemos visto otros supuestos también con esa gran resonancia mediática en algunas detenciones.
Aquí hay presunción de inocencia. Esto forma parte de las garantías de un Estado de derecho y especialmente en un proceso penal. Hay presunción de inocencia, y nuestro deber como legisladores es preservar esa presunción de inocencia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya está anunciada por parte del Gobierno y que supondrá un trabajo importante de esta Comisión si finalmente el Gobierno presenta un proyecto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy sabia en muchísimos aspectos, ¿debe adecuarse y modernizarse? Sí, pero es una ley importante y tiene un contenido, incluso en aspectos como el de las detenciones, que no siempre se aplica con la diligencia que la propia ley vigente ya prevé. Les voy a leer el artículo 520 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo quiero leer y quiero que se tome constancia escrita del mismo en el "Diario de Sesiones" porque eso va a permitir entender de qué manera todos los que estamos aquí nos pondríamos de acuerdo en afirmar que no siempre se cumple de la forma en que el legislador quiso en su día cuando redactó ese artículo 520. Dice: La detención y prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido -repito: en la forma que menos perjudique al detenido- o preso en su persona, reputación y patrimonio. Cuando se practica una detención debe intentarse que no se perjudique la reputación de la persona detenida, y convendrán conmigo que esto no siempre se hace de esta manera, no siempre se cumple.
Por tanto, como lo que abunda no daña, bueno sería que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal precisara de qué estamos hablando, y por eso nuestro grupo planteaba que, de manera expresa, las autoridades públicas y sus agentes deberán preservar en todo momento la imagen y la exposición pública del detenido, tanto en el momento de efectuarse la detención, como en los traslados a dependencias judiciales, cuarteles y centros de internamiento. Esto es lo que ya pretendía la Ley de Enjuiciamiento Criminal e incluso podría ser innecesaria esta redacción si se cumpliese la letra de dicha ley, pero no siempre es así. Por tanto, nosotros defendemos esta enmienda. También estaríamos dispuestos, señor presidente, con el objetivo de conseguir ese consenso, a buscar una vía que nos llevara a la unanimidad en este aspecto, porque creo que todos unánimemente compartiríamos que la regulación planteada actualmente no es la que se cumple siempre. Con el fin de esa unanimidad, si existiera el compromiso por parte del grupo mayoritario de abordar ese aspecto en el nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, y abordarlo en el sentido de dejar englobado claramente lo que esta enmienda persigue, que entendemos que es lo mismo que persigue ya la ley vigente pero que no siempre se cumple, nos daríamos por satisfechos y no someteríamos a votación esta enmienda para evitar que hubiera en un tema sensible un juego de mayorías y minorías cuando el objeto de esta normativa es buscar un consenso. Estaríamos abiertos a escuchar al Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que, si hay ese compromiso de poder abordar este aspecto en la futura regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es donde más encaja, donde debe hacerse, nuestro grupo estaría abierto a buscar esa solución y retiraríamos esta enmienda número 2 si, como me han dicho previamente, el Grupo Parlamentario Socialista va a anunciar ese compromiso. Por tanto, no someteríamos a votación ninguna de esas dos enmiendas, aunque siempre esta segunda condicionada a este compromiso del grupo mayoritario. Creo que está en el sentir de esta Comisión llegar a ese punto de acuerdo.
Quiero terminar felicitando al Grupo Parlamentario Socialista por la suerte que tiene. Incorpora en esta ley un conjunto de enmiendas en ponencia que nada tenían que ver con su objeto inicial y todas ellas son ya incorporadas en el texto. El resultado de esa tramitación por parte del Grupo Parlamentario Socialista es óptimo, porque han incorporado todas las enmiendas que nada tenían que ver con el decomiso, pero era necesario complementar aspectos de la nueva oficina judicial. La nueva oficina judicial es muy reciente y se plantean problemas en el día a día.
El Grupo Socialista ha incorporado este conjunto de enmiendas -enhorabuena-, pero también enhorabuena para el Grupo Parlamentario Popular, que nos trae hoy dos enmiendas más para ver si reciben también esa suerte de la incorporación en el texto final. Las dos enmiendas son de un gran sentido común y, por tanto, adelanto ya que, si se someten a votación, mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, también les dará apoyo. En una de ellas, la que intenta modificar la reforma de la legislación procesal para implantar la nueva oficina judicial, modificando a la vez con ello la Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa, se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 45 y se dice de manera clara que el documento que acredite el cumplimiento de las formalidades que para entablar demandas exigen a las corporaciones o instituciones sus leyes respectivas. Esa nueva redacción, tal y como está planteada por el Grupo Parlamentario Popular, solucionaría un problema práctico que la actual normativa de la jurisdicción Contencioso-administrativa plantea y haríamos una atribución legal de la representación de las corporaciones e instituciones de derecho público, que en este caso es necesario el mantenimiento del requisito relativo a la aportación del documento que acredite el cumplimiento de las formalidades para entablar demandas. La solución que plantea el Grupo Parlamentario Popular nos ayudaría a superar este problema práctico de la nueva normativa y ayudaría también a agilizar la vida de muchos despachos profesionales. Por ello, afirmo de entrada que la vamos a apoyar.
También vamos a apoyar la segunda enmienda que plantea hoy el Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión, la del depósito para recurrir, porque es de sentido común, ya que obliga a no ir a una consignación
bancaria única. A la diputada doña Dolors Montserrat, que ahora entra en la Comisión y no ha podido escuchar mi intervención previa, tengo que decirle que también le doy la enhorabuena a ella en particular porque, desde el ejercicio práctico de la profesión, ve lo absurdo que es el sistema de consignaciones si no llegamos a acuerdos, a transacciones, de manera que ese nuevo depósito para recurrir haga más fácil el ingreso del mismo y evite trabas en el día a día que hacen perder tiempo a los profesionales del derecho. Mucho trabajo tenemos en este país para implementar y conocer la nueva normativa, pero no para perderlo con prácticas que se pueden solventar con una enmienda transaccional que de forma tan brillante ha presentado la diputada doña Dolors Montserrat.
Nuestro grupo va a dar apoyo a estas dos enmiendas, tal y como dimos apoyo a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista incorporó en la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Mariano Gallego Barrero.
El señor GALLEGO BARRERO: En nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ya anuncio de antemano el voto favorable a este proyecto de ley que nos ocupa con competencia legislativa plena y con independencia incluso del resultado de nuestras enmiendas al proyecto, ya que consideramos en principio que se trata de un proyecto de ley razonable y necesario. También anunciamos de antemano, tal como ha pedido el señor presidente, nuestro apoyo a la ley orgánica que resulta afectada como consecuencia de esta ley. Para mí es importante esta intervención por ser la primera en esta materia y me agradaría profundamente contribuir en nombre de mi grupo de manera positiva a cualquier iniciativa que se plantee en esta Comisión de Justicia, pidiendo a todos ustedes que sepan disimular mis carencias, fruto sin duda de mis muchas limitaciones, que no de mi voluntad.
En la ponencia mi grupo dio evidentes muestras de su deseo de llegar a acuerdos razonables, ya que aceptó y apoyó sin reservas las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, estimando muy especialmente pertinente y apropiada la enmienda número 2, relativa a la forma en que debe practicarse la detención y prisión provisional. Desgraciadamente observamos con frecuencia que personas de toda condición son expuestas públicamente en el momento de la detención a lo que puede considerarse una pena especial, que repercute muy negativamente en la vida social, profesional, familiar, etcétera, para posteriormente salir absueltas del proceso pero vilipendiadas por la forma en que se desarrolla el mismo. No hay que olvidar que se procede a la detención de una persona que, según el derecho, debe ser considerada inocente. Por ello, la enmienda sin duda entra de lleno en la permanente disputa entre los defensores y detractores de la medida y deja la puerta abierta a una discusión cada vez más justificada de los presupuestos para ordenar la misma -peligro de fuga, probabilidad de responsabilidad, peligro de reiteración, etcétera- frente a los límites que significan la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Hoy toma especial relevancia la detención y las consecuencias de la misma por el reciente supuesto de acusación a una persona en Tenerife de las lesiones de una niña de 3 años, posteriormente fallecida, y que fue puesto en libertad sin cargos, si bien socialmente ya había sido culpado, juzgado, sentenciado y acusado nada menos que del asesinato de la pequeña. No obstante lo anterior, respetamos la postura del grupo proponente de la enmienda, que al parecer va a retirar la misma en aras de un mayor consenso. No pretendemos insistir en este tema, ya que nos consta la predisposición del Grupo Parlamentario Socialista a estudiarlo en un momento posterior, buscando que la solución sea consensuada y producto de una profunda reflexión como la institución requiere. Personalmente estoy convencido que de incluso es necesario llegar mucho más lejos de lo que la propuesta de hoy nos plantea.
Apoyamos igualmente las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, aun cuando nuestro apoyo tenga solo carácter testimonial dada la composición de la ponencia, pero pretendemos con ello dejar constancia del deseo de mi grupo de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados con motivo de la Ley de reforma procesal para la implantación de la oficina judicial, hecha excepción de la enmienda número 9, que afecta al Estatuto orgánico del ministerio fiscal y que, según mi grupo, quedó fuera del acuerdo al que antes he hecho referencia.
Por último y respecto a las enmiendas propias del Grupo Parlamentario Popular, quiero lamentar la no aceptación de la enmienda número 3, de contenido puramente terminológico y sin transcendencia alguna respecto al texto original, y de la enmienda número 4, de supresión de un precepto absolutamente inútil que no figura en el texto de la directiva y cuya supresión es aconsejada tanto por el dictamen del Consejo Fiscal como por el del Consejo de Estado. En este momento, en aras de una solución razonable, retiramos ambas enmiendas.
Agradecemos la aceptación -por otra parte lógica- de la enmienda número 6, cuyas expresiones son evidentes: se aplaza algo que no ha comenzado y se suspende algo que se encuentra en ejecución. Por tanto, esta propuesta de modificación está muy en consonancia con el contenido del apartado 1 del artículo 21 del proyecto.
Creemos obligado hacer una referencia a la enmienda número 5, aceptada por el Grupo Socialista con una pequeña matización y que ha sido posteriormente apoyada por todos los grupos, cuyo planteamiento en síntesis es la sustitución de un principio específico, incluido en el genérico de favor rei, el principio de cosa juzgada, que contiene el texto para los supuestos de existencia de una resolución en otro Estado, contra la misma persona y los mismos hechos, por otro principio de características similares pero no idénticas, que es el principio de non
bis in idem. Considerando muy someramente las diferencias entre uno y otro principio, sin duda, merecedores por la entidad de un examen mucho más meticuloso y riguroso, observamos que la cosa juzgada presupone la existencia de una resolución definitiva que no admite impugnación alguna, siendo por tanto bastante más restrictiva que el principio non bis in idem, para el que basta la existencia de un proceso paralelo o posterior por un mismo hecho contra la misma persona. El primero, la cosa juzgada, debe entenderse subsumido dentro del segundo. En todo caso, se trata de una discusión sobre un problema inexistente ya que el ne bis in idem constituye uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos que serán de directa e inmediata aplicación de oficio o a instancia de parte. Por tanto no necesita en absoluto de ninguna ley, auxiliar o secundaria, que le permita su procedibilidad, sino que es de aplicación directa e inmediata. Si ustedes examinan el texto que vamos a aprobar con las enmiendas ya rectificadas, estoy seguro de que a ninguno de nosotros nos llena plenamente porque no coincide efectivamente con los efectos que despliega el principio non bis in idem.
Por último y respecto a las dos enmiendas planteadas in voce -y agradecemos profundamente al señor Jané la defensa ardorosa que ha hecho de las mismas, anunciando además su voto a favor-, nosotros pretendemos presentarlas en este momento. No sabemos si por parte del señor presidente se aceptarán o no, pero de todas formas sí queremos presentarlas porque, como muy bien se ha dicho, tan solo son unas enmiendas que tienden a la necesidad de suprimir trámites burocráticos absolutamente innecesarios y están dentro de ese acuerdo genérico adoptado por el resto de los partidos para la implantación de la oficina judicial. Creo que aquí se ha explicado sobradamente el contenido de las enmiendas y no necesitan una mayor explicación. Por tanto, me queda en estos momentos tan solo reiterarnos en el apoyo a la ley para buscar el mayor consenso a la misma y dar las gracias a todos ustedes. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista en primer lugar tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
EL señor SÁEZ JUBERO: Voy a defender la posición del Grupo Socialista en ambos proyectos y deseo agradecer el clima de consenso en la ponencia de esta ley y también en la Comisión, el tono y las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, especialmente la del señor Gallego, a quien, siendo su primera intervención, le felicito por el contenido y su conocimiento como buen jurista.
Vamos a aprobar hoy un proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso que significa la incorporación a nuestro derecho de la decisión marco 2006/783JAI. Lo hacemos como lo hicimos con anterioridad ya en esta legislatura como ustedes recordarán en esta Comisión, en la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, que también provenía de una decisión marco de la Unión Europea, en la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, que también provenía de una decisión marco de la Unión Europea, y en la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros. En ellos se establece, señorías, el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y significan, sin duda, un gran avance en el espacio europeo de Seguridad, Justicia y Libertad.
El señor presidente de la Comisión y también el señor Jané aludían a ello.
Efectivamente, hoy entra en vigor este Tratado de Lisboa que va a hacer que este espacio JAI pase a convertirse en una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, en el que las medidas legislativas adoptarán la forma de reglamentos, directivas y decisiones, desapareciendo las decisiones marco, y en el que nuestro Parlamento nacional y también nuestros parlamentos autonómicos tendrán la oportunidad de ejercer el control del principio de subsidiariedad en la aplicación de la normativa europea.
La ley que hoy aprobamos en esta Comisión con competencia legislativa plena establece el procedimiento a través del cual las autoridades judiciales españolas y las de los Estados miembros de la Unión Europea van a transmitir las sentencias firmes por las que se imponga un decomiso. Además del principio de reconocimiento mutuo, esta regulación inspira también el principio de no sujeción al control de la doble tipificación y el reconocimiento y ejecución automático de la resolución en el marco de la Unión Europea, excepto en los tipos delictivos establecidos en el artículo 14 de la presente ley. En ponencia y hoy en Comisión, ha habido un amplio consenso del cual nos felicitamos y paso a fijar la posición sobre las enmiendas que quedan vivas para su discusión en esta Comisión.
En primer lugar, me referiré a la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular, que si no hemos entendido mal, se mantendría para la votación. (El señor Gallego Barrero: Se ha retirado. Solamente mantenemos las dos enmiendas in voce.) Agradecemos al Grupo Parlamentario Popular que hayan retirado esta enmienda. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Sáez Jubero.
Ruego que bajen el tono de sus conversaciones para poder seguir escuchando a los intervinientes.
El señor SÁEZ JUBERO: En cuanto a la enmienda número 2, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió -ya que la enmienda número 1, si he entendido bien, ha quedado retirada, por lo que no voy a comentarla, y también quiero agradecer la confianza
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió por haberla retirado-, el diputado señor Jané ha leído exactamente el texto del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y entendemos que este texto -en el que precisamente se establece de modo claro y nítido que la detención y prisión provisional deberán hacerse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio- debería ser suficiente, señorías, para garantizar que ese proceso de detención y prisión provisional pudiera hacerse con las debidas garantías. Se ha apelado aquí también por el Grupo Parlamentario Popular al reciente caso de Tenerife, en el que la falta de respeto a la presunción de inocencia y la exposición pública del detenido ha sido dramática por el resultado, la inocencia del detenido, y por cómo puede haber ocasionado a este un daño irreparable. Hemos visto también recientes detenciones que han afectado a cargos públicos, pero queda claro que con la aplicación de este artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberíamos -así nos comprometemos en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- hacer una nueva reflexión sobre cómo podría ser complementado este texto para garantizar sin ningún género de dudas que el detenido tenga todos los derechos inherentes a su presunción de inocencia y que no sea exhibido como ha ocurrido en los recientes casos. Agradecemos la confianza del diputado señor Jané por la retirada de esta enmienda y nos comprometemos a hacer una reflexión sobre ello. Eventualmente, en esta nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno -el ministerio- presentará en esta legislatura a esta Cámara legislativa, esperamos encontrar una redacción que no deje lugar a dudas y que pueda garantizar precisamente esos derechos que también amparan al detenido y al preso provisional en cuanto a su exposición pública.
En cuanto a la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Popular hemos llegado a una transacción. Esta enmienda tenía que ver con el artículo 19, que hace referencia a la denegación de reconocimiento y ejecución de la resolución. Efectivamente, la alegación de la mejor redacción en cuanto a la aplicación del principio non bis in idem también a este grupo parlamentario le ha parecido correcta, en el sentido de que debe impedirse el doble castigo sancionador por los mismos hechos, por lo que nos alegramos de que ese texto haya podido satisfacer también al Grupo Parlamentario Popular y al resto de grupos basándonos en la enmienda transaccional que hemos presentado.
Agradecemos también al Grupo Parlamentario Popular la retirada de la enmienda número 3 -que por otra parte viene siendo clásica en este tipo de proyectos de ley de trasposición de directivas europeas- en cuanto a la definición de autoridades judiciales en la ley, que ya discutimos también en su día en el proyecto de ley de sanciones pecuniarias, por lo que agradecemos la retirada de esa enmienda.
En cuanto a las enmiendas in voce quería pedirle al señor Gallego, del Grupo Parlamentario Popular, que sean retiradas, en tanto que entendemos que procedimentalmente hubiera venido bien que con arreglo al Reglamento hubieran sido presentados mejor en forma. En cualquier caso, tampoco tendríamos objeción a tomar posición sobre ellas si la Presidencia considerase que deben someterse a votación. En cuanto a la primera de las enmiendas coincidimos en el objeto de las consignaciones. Creemos que tal y como está redactada la ley no es necesaria la presentación de un documento acreditativo. Sí es cierto que en algunos juzgados puede ser necesaria, en aplicación de la ley, la presentación de ese documento. En este proceso de modernización de la Administración de Justicia, cuando los sistemas informáticos sean perfectamente aplicados en todos los juzgados y tribunales no debería existir esta disfunción. En cualquier caso, si persiste y si se somete a votación, en una ulterior modificación de ley nos comprometemos a plantear esa modificación que ustedes proponen, bien entendido que en la redacción actual, que fue objeto también de discusión en el pacto para las reformas procesales, tal y como está el texto debería no ser acreditado ese documento y que por los sistemas telemáticos -como ustedes dicen- fuera ya perfectamente acreditado el pago en la cuenta de consignaciones del juzgado.
En cuanto a la enmienda in voce número 2 mantenemos nuestra discrepancia a pesar de que es una cuestión que ya fue debatida y rechazada en el trámite parlamentario de la Ley de reformas procesales que discutimos ustedes y nosotros. Por lo tanto, no deberíamos volverlo a plantear. En cualquier caso, en la redacción que propone el grupo enmendante, el Grupo Parlamentario Popular, la supresión subrayada podría suponer la desaparición de dos circunstancias hoy previstas, como que algunas personas jurídicas deben cumplir ciertas formalidades para poder entablar acciones judiciales, así como la posibilidad de que conste el cumplimiento de estas formalidades en otros documentos, en concreto, en el previsto en el apartado a) del artículo 45.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, es decir, que se den facultades de representación a quien vaya a intervenir en autos en nombre de aquella persona jurídica. Por todo ello, les solicitamos que hagan esa reflexión con el fin de retirar esas dos enmiendas, y si el criterio de la Presidencia es que se sometan a votación, nuestro grupo parlamentario votará en contra, sin perjuicio de que en la aplicación de ese artículo -especialmente el que hace referencia a las consignaciones- en una ulterior reforma pueda abordarse si vemos que esa aplicación de la ley es insuficiente.
Dejo la palabra a mi compañera de ponencia doña Concepción Sanz para dirigirles unas palabras. Agradezco a todos los ponentes y al presidente el trabajo hecho en la ponencia y hoy en Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la doña Concepción Sanz Carrillo.
La señora SANZ CARRILLO: Señorías, únicamente quiero utilizar un minuto de nuestro preciado tiempo para dar las gracias a mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, por la posibilidad que hoy me ha brindado de poder participar en esta Comisión de Justicia en el debate de aprobación con competencia legislativa plena de este proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
Asimismo quiero manifestar la adecuada sintonía con el resto de los grupos parlamentarios, hecho que se ha puesto claramente de manifiesto con la aceptación de todas nuestras enmiendas, así como algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, incluida una enmienda transaccional, así como con el Grupo Catalán, que ha permitido -creemos- la retirada actual de sus dos enmiendas en aras de un futuro mayor consenso. Espero que esta sintonía persista en las laboriosas negociaciones que nos esperan en las próximas tramitaciones de los nuevos proyectos de ley, alguno de ellos como todos sabemos de enorme transcendencia. Los ciudadanos se lo merecen y nosotros no debemos defraudarlos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar, me hago eco del sentimiento de la Comisión y de la preocupación -y en ese sentido lo expreso en nombre de la Comisión de manera pública- que hay por una defectuosa aplicación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desde el momento en que tanto la voluntad del legislador como hoy también la voluntad de la Comisión de Justicia ha sido la de que las actuaciones procesales o detenciones se realicen, como dice el citado artículo 520 de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la forma que menos perjudique al detenido, en su persona, reputación o patrimonio. Al manifestarlo estoy haciéndome también eco de lo que decía al principio de la sesión. Hoy celebramos la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y una de las mayores preocupaciones del espacio europeo de Libertad, Seguridad y Justicia en el ámbito de la Unión Europea es precisamente el pleno desarrollo de las garantías y los derechos fundamentales y esencialmente los derechos procesales de las personas.
En segundo lugar, quiero felicitar el trabajo de los ponentes y felicitar el trabajo del señor Gallego Barrero en su intervención, que no ha estado de más y le felicito por la misma. También quiero felicitar tanto a la señora Sanz Carrillo, que hoy también ha intervenido por primera vez en la Comisión, como al resto de ponentes, don Àlex Sáez Jubero, don Guillermo Mariscal Anaya, así como el trabajo del señor Jané y del resto de ponentes y de la propia letrada de la Comisión, doña Isabel Revuelta, fruto de cuyas sugerencias se ha incorporado en el propio informe un número amplio de correcciones al proyecto de ley, algunas terminológicas y otras puramente técnicas y, por tanto, constan en esos términos.
En tercer lugar, quiero hacer una consideración en cuanto a las enmiendas in voce que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Estas enmiendas fueron admitidas, y así consta en el informe de la ponencia, para su tramitación. Por tanto, desde el punto de vista procesal y reglamentario, están en su derecho a que no haya posibilidad de veto por ningún grupo a la hora de la tramitación de estas enmiendas en el debate en esta Comisión y a esos efectos se van a tramitar, eso sí, haremos una diversificación en la tramitación. Una de las enmiendas in voce irá referida en su votación al proyecto de ley ordinaria y la otra, por razones de sistemática, tiene que ir referida al proyecto de ley orgánica y por tanto la someteremos a votación en ese momento. Por supuesto, también ilustraré a la Comisión dando lectura de las mismas cuando entremos en ese momento. Por mi parte, hechas estas precisiones, suspenderemos la sesión por tres minutos a los efectos de iniciar la votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a someter a votación las distintas enmiendas. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) había anunciado que retiraba la enmienda número 1 en este trámite y que como resultado de las intervenciones se pronunciaría sobre la enmienda número 2. ¿La retira o la mantiene a efectos de votación?
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, teniendo en cuenta que es un tema que debería abordarse con el máximo consenso, una vez he escuchado con atención la intervención del señor Sáez, nuestro grupo la retira, pero lo hace a la espera de que seamos capaces de abordar con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal el aspecto nuclear que esa enmienda plantea.
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a empezar a verificar las votaciones. En primer lugar, vamos a votar la enmienda transaccional -ruego la máxima atención- a la enmienda 5 del Grupo Parlamentario Popular y que viene firmada por los grupos Parlamentario Socialista, Vasco (EAJ-PNV), Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Parlamentario Popular. La enmienda dice: letra a): Cuando se haya dictado en España o en otro Estado distinto al de emisión una resolución firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos y su ejecución vulnerase el principio non bis in idem en los términos previstos en las leyes y en los convenios o tratados internacionales ratificados por España y aún cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
Votamos esta enmienda transaccional.
A continuación sometemos a votación la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Popular. Esta enmienda
se refiere a la modificación de la letra d) del apartado 2 del artículo 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El texto literal que propone el Grupo Parlamentario Popular es el siguiente: El documento que acredite el cumplimiento de las formalidades que para entablar demandas exijan a las corporaciones o instituciones sus leyes respectivas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha producido un empate y procede la ponderación de la votación.
Vamos a someter a votación esta enmienda in voce por segunda vez, porque el voto ponderado no dirime; nos salen 169 diputados y diputadas contra 169 diputados y diputadas.
El señor PRESIDENTE: De nuevo queda empatada esta votación.
Reglamentariamente procede suspender la sesión y reanudarla de nuevo para efectuar una tercera votación, que será la que definitivamente dirima el desempate. El artículo 88 del reglamento, como saben ustedes, dice: Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda y, si persistiere aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia -el plazo será de un minuto-. Se repetirá la votación y, si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate. En este caso, si persistiere el empate, se daría por desechada la enmienda in voce.
Suspendemos la sesión durante un minuto. (Pausa.)
Señorías, vamos a reanudar la sesión sometiendo de nuevo a votación la enmienda in voce.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: El señor don Emilio Olabarría se abstuvo y en este caso no ha habido que volver a aplicar los otros criterios del artículo 88 del reglamento; y por tanto queda rechazada la enmienda in voce.
Finalmente, vamos a someter a votación el proyecto de ley ordinaria. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben.) Eso es en la orgánica. Si estuvieran atentos, señorías, no procedería interrumpir las votaciones. Votos a favor de este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.) Sí, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No sé si es el momento adecuado para pedir un turno de explicación de voto o hay que posponerlo.
El señor PRESIDENTE: Al final de las votaciones le daré un turno de explicación, señor Olabarría.
Entramos en la votación del proyecto de ley orgánica. Aquí hay una enmienda in voce, como habíamos indicado. Por eso no procedía la advertencia que me hacía el portavoz del Grupo Socialista. El control se lleva siempre con bastante precisión por parte de la Mesa, no de la Presidencia, sino del conjunto de miembros de la Mesa, perfectamente asistida además por los servicios técnicos, a quienes agradecemos siempre su colaboración, y por supuesto a los vicepresidentes, secretarios y secretaria.
Vamos a someter a votación en primer lugar la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Popular. Esta enmienda pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero usa como vehículo la modificación de la Ley orgánica para la reforma de la oficina judicial. Los términos de la enmienda in voce son los siguientes -leo literalmente-: Al notificarse la resolución a las partes se indicará la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo. La admisión del recurso precisará que, al interponerse el mismo, si se trata de resoluciones interlocutorias, a la presentación del recurso de queja, al presentar la demanda de rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión o al anunciarse o prepararse el mismo en los demás casos, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del juzgado del tribunal la cantidad objeto de depósito. La consignación deberá ser acreditada, siendo válidos los sistemas telemáticos y postales, las transferencias e ingresos realizados mediante cajeros automáticos, las transferencias e ingresos presenciales, así como nuevos sistemas que sean seguros. El secretario verificará la constitución del depósito y dejará constancia de ello en los autos. Este es el texto literal, que hemos reproducido para que conste en el "Diario de Sesiones".
Votamos esta enmienda in voce.
Ahora entramos en la votación del proyecto de ley orgánica.
Antes de levantar la sesión, tiene un turno de explicación de voto el señor Olabarría, como lo había solicitado. Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo quiero comentarle, señor presidente, el sentido de la votación que pretendidamente ha resultado poco comprendida por la colectividad que configura esta Comisión. Sé que a veces las votaciones se realizan en un ambiente de alegre camaradería, de alegre biribilketa -sería la expresión euskaldun-; muchas veces se abordan con un ambiente distendido, que es propicio seguramente para recabar consensos pero no para que uno prescinda de sus identidades y de sus posiciones políticas.
La razón de nuestro doble voto a la enmienda es porque la consideramos bien configurada y pertinente. La desafección posterior en forma de abstención es la consecuencia que el presidente ha glosado, después de interpretar el Reglamento, y es porque nos parecía peor el decaimiento, en definitiva, del precepto que hubiese configurado el proyecto de ley importante que estamos debatiendo. En todo caso, quiero hacer dos últimas menciones, señor presidente. En principio, ex ante, no cabe que ningún grupo parlamentario pueda patrimonializar el voto de grupos parlamentarios diferentes a los que ellos mismos representan. Sería una apropiación manifiestamente indebida y contraria a la identidad política y diferencias ideológicas (Risas.) Y aquí uno ha sufrido presiones de diversa naturaleza en todos los ámbitos y por todos los costados de la Comisión, jocosas también y dentro de este ambiente distendido.
Me alegra mucho, y le felicito, señor presidente, por sus invocaciones relativas al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya reforma resulta perentoria, sobre todo al escuchar al presidente de determinada comunidad autónoma decir que a las personas detenidas por pretendidos o presuntos delitos de corrupción no solo hay que mostrarlas ante los medios de comunicación, sino que eso debe formar parte de una especie de requerimiento de legalidad y el sometimiento al escarnio público. Es una comunidad autónoma que no voy a citar, de carácter uniprovincial y con un presidente muy mediático. Lo ha preconizado como elemento necesario para la regeneración democrática poco menos. Todo el mundo sabe a qué presidente me estoy refiriendo y todo el mundo sabe que el artículo 520 se está relativizando hasta límites peligrosos, como bien ha comentado el señor presidente de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vuelvo a expresar mi satisfacción por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la filosofía de ampliación del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia inspira los trabajos de esta Comisión. Quiero felicitarles en el día de hoy a todas y todos ustedes por su trabajo y con mi agradecimiento a los servicios de la Cámara, a los medios de comunicación y a todas y todos ustedes, se levanta la sesión.