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Timestamp: 2019-08-17 23:05:53
Document Index: 209615319

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 26', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 94', 'artículo 9', 'artículo 43', 'artículo 290', 'artículo 105', 'artículo 46', 'artículo 141', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo\n16', 'Artículo 17', 'artículo 97', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo\n36', 'artículo 16', 'artículo\n26', 'artículo 26', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 79', 'artículo 97', 'artículo 68', 'artículo 34']

26_CAPITULO_3 | Administración Pública | Regulación
propuesy¿¿
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CGR - 2015 - Medicion SCI
Gestión en el Sistema Nacional
Este máximo órgano de control, en ejercicio de la competencia
establecida en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Locgrsncf),
emprendió durante el año 2013 diversas actuaciones en los órganos y entes
del Sistema Nacional de Control Fiscal (Sncf) con el fin de lograr los
objetivos generales de los distintos entes y organismos del sector público, y
por ende al óptimo funcionamiento de la Administración Pública, logrando
así la efectividad y transparencia de sus acciones en la salvaguarda del
patrimonio público y en el combate contra la corrupción.
En tal sentido, es de señalar que el fin del Sncf es lograr una moder-
nización a fondo, no sólo de las modalidades de fiscalización y control,
sino de la integración, la redefinición y la transformación de los órganos
externos de control fiscal, incluyendo también, en un esquema sistémico e
integral, a los órganos internos de control fiscal. Este sistema implica una
rectoría permanente por parte de la Contraloría General de la República,
a los fines de mejorar la gestión, eficiencia y eficacia en la Administración
Pública, y por ende la calidad de vida del ciudadano en procura de la sa-
tisfacción de sus necesidades.
Igualmente, se realizaron con los órganos de control fiscal seminarios,
talleres, cursos y facilitaciones con la finalidad de contribuir a elevar el
nivel técnico y profesional de los funcionarios al servicio de los mismos,
además de evaluaciones, seguimientos e intervenciones con el propósito
de unificar criterios, y adecuar la estructura organizativa, a objeto de
coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los procesos de auditoría,
potestad de investigación y determinación de responsabilidades, lo cual
incidió positivamente en el mejoramiento de los organismos y permitió
optimizar la función de control y vigilancia sobre la gestión de los órganos
y entes correspondientes, así como la salvaguarda del patrimonio público,
rol que constitucional y legalmente les corresponde ejercer.
En ese sentido, esta Contraloría General de la República, a fin de
consolidar y fortalecer el Sncf, coordinó la realización de un curso en
la Contraloría del Municipio Campo Elías del estado Mérida, relacionado
con el proceso medular de auditoría, dirigido a la formación tanto de los
funcionarios y funcionarias adscritos a ese órgano de control local, como
a servidores públicos que laboran en la Contraloría del estado Mérida;
en el cual se hizo hincapié en la importancia de unificar criterios vincu-
lados con el proceso de auditoría de los órganos de control fiscal bajo la
rectoría de este máximo órgano de control. En la referida actividad de
capacitación se trataron puntos relacionados con conceptos básicos en
materia de auditoría, fases de la auditoría, control interno, evaluación
de riesgo y hallazgos de auditoría.
Adicionalmente, se efectuaron actividades especiales de coordinación
a través de las cuales se solicitó a las contralorías estadales que remitieran
permanentemente a este organismo contralor información relacionada
con: actividades de seguimiento para constatar los resultados de las
obras inconclusas del período agosto del año 2005 hasta diciembre del
año 2006, reportadas en el Informe de Gestión 2006, respecto a las del
año 2013; actuaciones fiscales practicadas por las contralorías estadales
en consejos comunales cuyos proyectos fueron financiados con recursos
provenientes de las gobernaciones de los estados; cantidad de voceros
de las instancias del poder popular (consejos comunales, federaciones,
frentes sociales y empresas de propiedad social) y servidores públicos,
capacitados en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder
Popular durante el año 2013.
Igualmente, esta entidad fiscalizadora superior enfocó sus acciones
de control a las evaluaciones realizadas al desempeño de los órganos y
entes del sector público, los procedimientos de concursos para la selección
y designación de sus máximas autoridades, así como la designación de
los Contralores provisionales e Interventores en diferentes contralorías
La Contraloría General de la República, a fin de consolidar y for-
talecer el Sncf, viene realizando esfuerzos destinados a formar a los
funcionarios al servicio de los órganos de control fiscal; en tal sentido,
en lo que respecta al ámbito estadal, esta entidad fiscalizadora superior
implementó programas de asesoría, evaluación y seguimiento, lo cual
permitió optimizar su organización y funcionamiento, mejorando la
calidad del proceso de Auditoría de Estado y Determinación de Res-
Por último, atendiendo a los principios de transparencia y rendición
de cuentas, se describen los principales resultados de la gestión contralora
en el Sncf durante el año 2013.
El presente informe constituye un avance de los logros alcanzados
en los últimos diez años, en relación con la evolución y el desarrollo del
Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) como conjunto de órganos,
estructuras, recursos y procesos que interactúan coordinadamente, a fin
de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de
control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos
entes y organismos del sector público, así como al buen funcionamiento
Corresponde a la Contraloría General de la República como órgano
integrante del Poder Ciudadano, ejercer el control, la vigilancia y la
fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales, así
como de las operaciones relativas a los mismos; fomentar la participación
de los ciudadanos y ciudadanas en ejercicio de su derecho a participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus
representantes elegidos o elegidas, así como el rescate de la ética pú-
blica, la moral administrativa y demás principios y valores ciudadanos
inspirados en la doctrina del Libertador Simón Bolívar; por lo que es de
trascendental importancia en la evolución del control fiscal venezolano,
que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el ar-
tículo 290 de su parte orgánica, otorgue rango constitucional al Sistema
Este Sistema ha sido estructurado con el objeto de fortalecer la capa-
cidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, para
lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del
sector público y el establecimiento de responsabilidades administrativas
y/o civiles, por la comisión de irregularidades relacionadas con la gestión
pública, a través de la adecuada interacción del control fiscal, el control
interno y el control social, todos bajo la coordinación de la Contraloría
En ese contexto, forman parte del Sistema Nacional de Control Fiscal
los actores responsables del ejercicio del control fiscal, el control interno y
el control social; de allí que a tenor de la comentada Ley Orgánica integran
este Sistema: i) los órganos de control fiscal tanto internos y externos, como
organismos especializados encargados de ejercer el control fiscal, el cual ha
sido previsto como el control institucional por excelencia sobre el patrimonio
y la gestión pública; ii) la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna,
como órgano a quien corresponde la coordinación, supervisión y orientación
del control interno en los distintos entes y órganos que conforman el Poder
Ejecutivo Nacional; iii) las máximas autoridades, y demás niveles directivos
y gerenciales de los órganos y entidades del sector público, como actores
responsables de la implantación y vigilancia de la eficacia del sistema de
control interno del respectivo ente u organismo, el cual constituye el control
primario o autocontrol que les corresponde ejercer sobre las actividades y
operaciones que les han sido encomendadas, a fin de garantizar su lega-
lidad, veracidad, oportunidad y eficacia, así como para salvaguardar los
recursos que administran, promover la eficiencia, economía y calidad de
sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr
el cumplimiento de la misión, objetivos y metas del respectivo organismo;
y iv) los ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio de su derecho constitucio-
nal a participar en la función de control de la gestión pública, como apoyo
fundamental a los controles institucionales previstos a tal fin.
Cabe señalar que al 31-12-2013, el Sistema Nacional de Control
Fiscal muestra las siguientes dimensiones en atención a lo previsto en el
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal:
FUNCIONARIOS DEL SNCF SEGÚN ART. 26 DE LA LOCGRSNCF
Registrados en el SISROE al 31-12-13
ÓRGANOS FUNCIONARIOS
CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTAL
317 Contralorías Municipales 7.461
23 Contralorías Estadales 2.971
2 Contralorías Distritales y Metropolitanas 145
Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
1 Contraloría General de la República 686
1.084 Unidades de Auditoría Interna (UAI)* 1.084 **
1.428 TOTAL 12.501
* De los órganos y entidades a que se refieren los numerales 1 al 11 del Art. 9 de la LOCGRSNCF.
**Solo los titulares de las UAI.
Desde el año 2000 la Contraloría General de la República (CGR), en el
ejercicio de su papel como órgano rector, ha venido articulando esfuerzos
para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) a
través de acciones y programas que han permitido una mayor cohesión,
tales como: el desarrollo y actualización de la normativa en materia de
control fiscal; programas de carácter preventivo en materia de lucha
contra la corrupción; actividades y actuaciones de control coordinadas en
el SNCF; automatización de la plataforma tecnológica de sistemas y pro-
cedimientos; programas de formación para el fortalecimiento del Poder
Popular en el marco del Sistema; y, los resultados en materia de sanciones.
A continuación se muestran los resultados más representativos en cada
una de esas acciones y programas.
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN
MATERIA DE CONTROL FISCAL
La Contraloría General de la República, durante los últimos 10 años,
ha desarrollado y actualizado las bases normativas relativas al control
fiscal, a saber:
•	Reglamento sobre los Concursos Públicos para la Designación de los
Contralores Distritales y Municipales y los Titulares de las Unidades
de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público Nacional,
Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta
Oficial Nº 39.350 del 20-01-10). El mismo tiene por objeto establecer
las bases que regirán los concursos públicos para la designación de
los titulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismos
indicados en los numerales 1 al 11, del artículo 9 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
•	Reglamento para el Registro, Calificación, Selección y Contratación
de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia
de Control (Gaceta Oficial Nº 39.729 del 05-08-11). Tiene por objeto
regular el registro, calificación, selección y contratación de auditores,
consultores, profesionales independientes y firmas de auditores que
coadyuvarán a los órganos de control fiscal, la Superintendencia
Nacional de Auditoría Interna y las máximas autoridades jerárquicas
de los órganos y entidades a los que se refieren los numerales 1 al
11, del artículo 9 de la LOCGRSNCF, en el ejercicio de sus funcio-
nes de control, mediante la elaboración de informes, dictámenes y
•	Normas para Fomentar la Participación Ciudadana (Gaceta Oficial
Nº 38.750 del 20-08-07). Tiene por objeto fomentar el ejercicio del
derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión
pública a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano y de los
Órganos de Control Fiscal.
•	Normas Generales de Auditoría de Estado (Gaceta Oficial N° 40.172
del 22-05-13). El objeto de estas Normas es optimizar la labor de
Auditoría de Estado y unificar criterios y principios atinentes a su
desarrollo, mediante el establecimiento de un marco técnico nor-
mativo para la evaluación de la gestión pública y el ejercicio de la
actividad del auditor.
•	Normas para la Formación, Rendición y Examen de las Cuentas de
los Órganos del Poder Público Nacional (Gaceta Oficial Nº 38.496
del 09-08-06). Tienen por objeto regular la formación, rendición,
examen, calificación y declaratoria de fenecimiento de las cuentas
de ingresos, gastos y bienes de los órganos a los que incumbe el
ejercicio del Poder Público Nacional.
•	Normas para la Verificación de la Declaración Jurada de Patrimonio
(Gaceta Oficial Nº 38.715 del 28-06-07). El objeto de estas Normas
es facilitar el desarrollo, difusión y alcance del procedimiento de
verificación patrimonial que realiza la Contraloría General de la
República, por órgano de sus dependencias competentes de confor-
midad con su Reglamento Interno y las Resoluciones Organizativas,
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley
Contra la Corrupción en relación con situaciones vinculadas a los
funcionarios públicos o particulares sujetos a verificación.
•	Normas para regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la
Administración Pública y de sus Respectivas Oficinas o Depen-
dencias (Gaceta Oficial Nº 39.229 del 28-07-09). Tienen por objeto
regular la entrega de los órganos y entidades de la Administración
Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias, mediante acta
que se elaborará, presentará, suscribirá y verificará, de acuerdo con
lo dispuesto en este instrumento.
•	Normas para la Ejecución de los Trabajos y Presentación de Resul-
tados por Auditores, Consultores, Profesionales Independientes y
Firmas de Auditores que presten Servicios en Materia de Control
(Gaceta Oficial Nº 39.827 del 23-12-11). Tienen por objeto regular
la ejecución y presentación de resultados de los trabajos realizados
en materia de control por auditores, consultores, profesionales inde-
pendientes y firmas de auditores inscritos y calificados por la CGR,
conforme al Reglamento para el Registro, Calificación, Selección
y Contratación de Auditores, Consultores y Profesionales Indepen-
dientes en Materia de Control.
•	Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Uni-
dades de Auditoría Interna (Gaceta Oficial Nº 39.408 del 22-04-10).
Tienen por objeto servir de guía para definir los aspectos relativos
a la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría
interna de los órganos y entes a que se refieren los numerales 1 al
11, del artículo 9, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en cuanto
al establecimiento de su estructura organizativa y distribución de
competencias entre las dependencias que la componen; así como
servir de insumo para la elaboración de la normativa interna que
los regulan, tales como: reglamentos internos, resoluciones organi-
zativas, manuales de organización, de normas y de procedimientos.
•	Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoría
Interna (Gaceta Oficial Nº 39.827 del 23-12-11). Tiene por objeto
establecer la estructura organizativa de la Unidad (Unidad, Di-
rección, Gerencia u otra nomenclatura utilizada por la institución
para denominar las dependencias del mismo rango) de Auditoría
Interna de la institución a la que pertenece, así como las funciones
de las dependencias que la integran y las atribuciones genéricas y
específicas que ejercerán los responsables.
•	Instructivo en Materia de Denuncias (Gaceta Oficial Nº 36.979 del
23-06-2000). Tiene como objeto direccionar los pasos a seguir por
cualquier ciudadano, que tenga elementos para presentar una denuncia,
cuando el mismo tenga conocimiento de que funcionarios públicos
o particulares se encuentren involucrados en algún hecho irregular
relacionado con el manejo de fondos o bienes públicos pertenecientes
a las entidades sujetas al control de este máximo órgano de control.
•	Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de
Estado (Resolución N° 01-00-000-263 del 22-12-11). Tiene por objeto
desarrollar los aspectos normativos y procedimentales que regulan el
proceso de auditoría, describiendo en forma sistemática y secuencial
cada una de las actividades que deben realizarse durante las distintas
fases de dicho proceso.
•	Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Potestad Investi-
gativa (Resolución Nº 01-00-000157 del 15-09-08). Tiene por objeto
desarrollar los aspectos normativos y procedimentales de la potestad
de investigación, prevista en el Capítulo I, del Título III, de la Ley
Nacional de Control Fiscal, describiendo en forma sistemática y
secuencial cada una de las actividades y tareas que deben realizarse
durante las distintas fases de dicho procedimiento y estableciendo los
sujetos responsables de llevarlas a cabo.
•	Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de la
Responsabilidad Administrativa y la Formulación de Reparos (Re-
solución Nº 01-00-000262 del 22-12-11). Tiene como fin dotar a la
CGR de una herramienta que contribuya a garantizar la eficiencia y
eficacia en la tramitación del Procedimiento Administrativo para la
Determinación de Responsabilidades; que permita delimitar las res-
ponsabilidades y establecer los niveles de autorización en su ejecución;
formalizar las políticas, normas y actos de control que lo regulan; y
dotar a los funcionarios que intervienen en el citado procedimiento
de un instrumento de apoyo para la realización de sus actividades.
•	Manual de Normas y Procedimientos para la Imposición de la
Multa, prevista en el artículo 94 de la LOCGRSNCF (Resolución
N° 01-00-000193 del 15-10-13), cuyo objetivo es dotar a la CGR de un
instrumento de apoyo que sirva de guía a los funcionarios que inter-
vienen en la realización del mencionado procedimiento y establecer
los niveles de autorización en su ejecución, a fin de coadyuvar a su
PROGRAMAS PREVENTIVOS EN MATERIA DE LUCHA
En materia de programas preventivos contra la corrupción, la Con-
traloría General de la República junto con el resto de los integrantes del
Sistema Nacional de Control Fiscal, ha realizado grandes esfuerzos para
la implementación de una serie de programas que exalten los valores éti-
cos y morales, relativos al resguardo del patrimonio público y a sembrar
valores ciudadanos que coadyuven a la lucha contra la corrupción. La
Contraloría va a la escuela; el Abuelo Contralor; el Contralor Indígena;
Haciendo Comunidad, son algunos de los programas que forman parte
de la interacción e integración del SNCF con el poder popular.
Tuvo sus inicios en el año 2003, como una iniciativa de la Contra-
lora del estado Táchira para la fecha, con el fin de que los niños, niñas y
adolescentes se organizaran de manera individual y colectiva para ejer-
cer el control, vigilancia y supervisión de los recursos de su escuela; de
esta forma, se pone en práctica el principio de democracia participativa
y protagónica contemplada en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (CRBV), el cual impulsa a los niños a defender su
Actualmente, el Programa se desarrolla con éxito en los 23 estados
del país a través de las contralorías estadales, utilizando nuevas moda-
lidades y herramientas para que los niños integrantes de las escuelas
puedan, mediante la observación, realizar el seguimiento y control de
los recursos que son asignados para estas casas de estudios, ilustrando y
enseñando de manera pedagógica y educativa los flagelos de la corrup-
ción y como combatirla, inculcando valores y principios para que sigan
formándose como hombres y mujeres de bien en cada uno de sus hogares.
En este programa han participado 1.041 escuelas a nivel nacional y se
ha juramentado como contralores escolares a 12.472 niños y niñas de las
diferentes escuelas de las entidades federales y de los municipios del país.
El 27 de agosto del año 2013 esta entidad fiscalizadora superior
participó como panelista en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo
Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la
Corrupción, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito, en la ciudad de Viena, Austria, en la cual se presentaron
los resultados y el éxito de esta experiencia de formación.
Implementación de la “Valija Didáctica”
Este programa, emprendido inicialmente por el Consejo Moral Re-
publicano en el año 2005, tiene como finalidad contribuir a incentivar
valores ciudadanos, mediante estrategias que permitan la incorporación
permanente de virtudes cívicas y valores democráticos para una efectiva
En la actualidad está constituido como un programa educativo inserto
en el currículum nacional de todos los niveles y modalidades (inicial,
primaria y secundaria) de la educación básica en el ámbito nacional.
Durante el año 2013, las 23 contralorías estadales realizaron la en-
trega de 8.507 libros incluidos en la “Valija Didáctica”, a las zonas edu-
cativas de los diferentes municipios de cada uno de los referidos estados.
Implementación del Programa “Abuelo Contralor”
Este programa fue implementado en el año 2006 por iniciativa
de la Contraloría del estado Guárico. Tiene como finalidad instruir al
ciudadano(a) de la tercera edad, en el principio de la democracia parti-
cipativa y protagónica contemplada en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, incorporándolos a las actividades sociales,
económicas, políticas y culturales.
El mismo les permite a los adultos mayores, ejercer las funciones de
control, supervisión y vigilancia de los recursos que son suministrados por
el Estado, para el buen funcionamiento de los institutos gerontológicos y
Casas de Abuelos a las cuales los referidos ciudadanos asisten, logrando
con ello mejorar y asegurar su condición humana.
“Ciudadano Auditor para la garantía de los derechos
Es un programa que busca fortalecer el ejercicio del control social
como una función para garantizar los derechos humanos y el buen vivir,
aportando a la comunidad organizada herramientas para ejercerlo de
manera eficiente y eficaz, siguiendo los principios establecidos en el
El mismo ha acreditado a más de 600 personas como contralores
sociales en distintos estados del país, con la intención de que supervisen
y controlen los proyectos de sus comunidades, y cumplir así con el lema:
Contralores somos todos.
Programa del “contralor indígena”
Este programa tiene como objetivo enseñar los principios de defen-
sa, salvaguarda, preservación y conservación del patrimonio otorgado a
las comunidades indígenas, para fortalecer la cultura de control social.
El contralor indígena es una persona elegida a través de una asamblea
de ciudadanos por los demás integrantes de su comunidad y debe ejercer
las labores de supervisión, control de los recursos y servicios, convertirse
en el principal garante de la preservación ambiental, así como en guardián
del hábitat que lo circunda.
Implementación del Programa “Haciendo Comunidad”
Este programa busca formar y capacitar a los participantes en los
conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos para realizar la con-
traloría social, con base en la visión crítica de los derechos humanos, a
través de acciones de control, vigilancia, seguimiento y evaluación, de
manera individual, colectiva u orgánica, con el propósito de contribuir
al conocimiento de la gestión pública en el manejo de los recursos pú-
ACTUACIONES DE CONTROL EN EL MARCO DEL SNCF
La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus compe-
tencias, con el carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control
Fiscal (SNCF) realizó de manera coordinada una serie de actuaciones
con los demás órganos de control fiscal, relativas a varios aspectos de
interés para el Estado venezolano.
En este sentido, autorizó a las 23 contralorías estadales, así como a
la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador, a realizar la canti-
dad de 116 actuaciones de control, 88 de ellas dirigidas principalmente
a instancias del poder popular (consejos comunales), durante el periodo
de los años 2003 al 2013. De estas 88 actuaciones, 13 tienen su origen
en las denuncias remitidas por el máximo organismo de control a otros
órganos de control fiscal para su respectiva evaluación, 30 son actua-
ciones coordinadas por esta Contraloría General, y las 45 restantes son
actuaciones de control solicitadas por los órganos de control estadal. De
las 88 auditorías efectuadas a instancias del poder popular, se han emitido
70 informes definitivos.
De las 28 auditorías restantes se emitieron 20 informes definitivos; las
mismas estuvieron dirigidas a evaluar entes u organismos estadales que
percibieron recursos directos por parte del Ejecutivo nacional, así como
entes u organismos municipales, fundaciones, direcciones regionales,
hidrológicas, y zonas educativas, entre otros, las cuales no forman parte
de sus respectivos ámbitos de control.
En este sentido, entre las actuaciones que se han realizado de manera
coordinada con los órganos y entes que conforman el SNCF, destacan
las siguientes, cuyo detalle ha sido publicado por este máximo órgano
de control, y pueden ser consultadas en el portal web de la CGR.
Inventario de Obras Inconclusas
La Contraloría General de la República realizó, con apoyo de las
contralorías estadales, un inventario de las obras inconclusas empren-
didas por los distintos entes u organismos de la Administración Pública
nacional, estadal y municipal. Este inventario contiene información de
las obras de 21 de las 24 entidades federales que comprende la República.
El trabajo estuvo orientado a determinar la cantidad de obras incon-
clusas, identificar los entes u órganos del Poder Público que las iniciaron,
precisar las causas por las cuales no han sido concluidas, la condición en
que se encuentran (paralizada, en ejecución, etc.), el porcentaje de avance
físico alcanzado y edad de la obra, así como los aspectos administrativos,
presupuestarios y financieros relacionados con su ejecución.
Para el logro de los objetivos planteados, la Contraloría General de
República en su condición de órgano rector del Sistema Nacional de
Control Fiscal, acreditó e instruyó a los contralores de las 21 entidades
federales, para que recabaran la información sobre las obras que se en-
cuentran inconclusas en cada uno de los estados.
En el año 2013 este órgano superior de control ordenó una actuación
de control dirigida a precisar la cantidad de obras que se encontraban
inconclusas en todo el territorio nacional, emprendidas por los distintos
órganos y entes que integran el Poder Público Nacional, Estadal y Mu-
nicipal, para lo cual se tomó como punto de partida el “Informe Especial
de Obras Inconclusas” publicado en el Informe de Gestión del año 2006.
Por otro lado, las obras que se presentan como inconclusas al año
2013 se corresponden con aquellas no terminadas en el período com-
prendido entre el año 2007 y el año 2011 (31-12-2011), para lo cual fue
recopilada y suministrada información por las 23 contralorías estadales,
por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Gobierno del Territorio
Insular “Francisco de Miranda” y por la Contraloría del Municipio Bo-
livariano Libertador del Distrito Capital, lo que representa el 100% de
Copa América 2007 y xvii Juegos Deportivos Nacionales Los
A los fines de evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con la contratación y ejecución de
los proyectos de obras, así como las adquisiciones de bienes enmarcados
en los eventos deportivos denominados “Copa América 2007” y “XVII
Juegos Deportivos Nacionales Los Llanos 2007”, la Contraloría General
de la República se propuso ordenar la realización de auditorías por parte
de las contralorías estadales, tutoriadas por personal de este máximo
organismo contralor.
Esta actividad especial ejecutada desde el año 2008 se desarrolló en
3 fases: diagnóstico, coordinación de las actuaciones fiscales y consoli-
dación de los resultados. Durante el año 2009, en el contexto de la tercera
fase, la CGR remitió los respectivos informes definitivos.
Protección y conservación de los recursos naturales en la
región de la amazonia
Vista la importancia de la evaluación y protección de los ecosistemas
en el mundo, este máximo órgano de control en coordinación con las
contralorías de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, realizó
una actuación dirigida a evaluar las gestiones emprendidas por las entida-
des responsables de la conservación y resguardo del patrimonio natural
y cultural de la región de la amazonia durante el año 2009.
La actuación abarcó los planes para el proceso de macrozonificación
económica y ecológica, la vigilancia de áreas naturales protegidas y los
mecanismos de control, seguimiento y monitoreo para el uso del suelo
y defensa de los territorios indígenas de la región amazónica.
Relaciones ecológicas en las cuencas de los ríos más
importantes de cada entidad federal
La actuación comprendió la evaluación de las actividades reali-
zadas por los organismos competentes, para identificar los problemas
ambientales y del deterioro de las relaciones ecológicas en las cuencas
de los ríos más importantes de cada entidad federal, así como la gestión
y estrategias de solución implantadas.
En tal sentido, las contralorías de los estados Amazonas, Anzoátegui,
Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas, Portuguesa,
Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia realizaron actuaciones que abar-
caron el ejercicio fiscal del año 2009; las de los estados Cojedes, Delta
Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda y Nueva Esparta abarcaron
los años 2008 y 2009, y la Contraloría del estado Vargas analizó el pe-
ríodo comprendido entre el año 2007 y el primer semestre del año 2010.
Manejo de los desechos sólidos en los municipios
Este máximo órgano de control fiscal, en ejercicio de sus compe-
tencias para realizar actuaciones coordinadas solicitó a los órganos del
SNCF, la realización de una auditoría de gestión ambiental orientada a
la evaluación de los aspectos legales, administrativos, presupuestarios y
operativos relacionados con las políticas de saneamiento y conservación
ambiental, así como los vinculados con el manejo (generación, transporte,
almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición final) de los dese-
chos sólidos de origen doméstico, comercial e industrial en los municipios
Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, San Fernando y Biruaca del
estado Apure, Bolívar del estado Aragua, José Tadeo Monagas del estado
Guárico, Santa Bárbara del estado Monagas, Villalba del estado Nueva
Esparta, Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, Motatán del estado
Trujillo, Vargas del estado Vargas, Peña del estado Yaracuy, La Cañada
de Urdaneta y Maracaibo del estado Zulia, así como los municipios que
conforman el área metropolitana de Caracas (Baruta, Chacao, El Hatillo,
Libertador, Sucre) y la Alcaldía Metropolitana.
En tal sentido, la actuación arrojó una serie de resultados y recomen-
daciones que pueden ser profundizadas en el informe de gestión del año
2009, publicado en la página web de la CGR.
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
La Contraloría General de la República, en vista de la gran impor-
tancia y la cuantiosa cantidad de recursos asignados al programa de
inversión social por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a
fin de garantizar la atención alimentaria y nutricional de la población de
estudiantes del subsistema de educación básica, practicó en el año 2012
una auditoría dirigida a evaluar los resultados de la gestión del Programa
de Alimentación Escolar (PAE), a cargo del Ministerio del Poder Popular
para la Educación (MPPE), y actuaciones coordinadas con las contralorías
de los estados Falcón, Carabobo, Apure, Guárico y Lara.
En este sentido, se evidenciaron una serie de irregularidades sobre
las cuales este máximo órgano de control fiscal realizó recomendaciones
y observaciones que se reflejan en el informe de gestión del año 2012.
Evaluación de los procesos relacionados con el sistema de
administración de personal, adquisición, registro y control
de bienes muebles, en los cuerpos de policía municipales
Esta máxima entidad fiscalizadora le solicitó a las contralorías mu-
nicipales realizar una auditoría operativa coordinada en los cuerpos de
policía de las entidades municipales, orientada a evaluar los procesos
relacionados con el sistema de administración de personal de los fun-
cionarios policiales, adquisición, registro y control de bienes muebles
(vehículos, motos, esposas, armas, chalecos, equipos antimotín, entre
otros), así como la percepción de las comunidades acerca del servicio
prestado por los cuerpos policiales municipales.
En el mismo quedaron en evidencia una serie de irregularidades
relativas a: déficit en el parque automotor, insuficiente asignación de
armas, e inexistencia de concursos para la admisión e ingreso de los
funcionarios policiales, entre otros.
Asimismo, se hicieron las recomendaciones pertinentes, detalladas
en el informe de gestión correspondiente al año 2012 publicado en la
página web de la CGR.
AUTOMATIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE
Es el sistema implantado por la Contraloría General de la Repúbli-
ca, donde deben registrarse todos los órganos y entes señalados en los
numerales 1 al 11, del artículo 9, de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con
el propósito de simplificar la presentación en formato electrónico de la
Declaración Jurada de Patrimonio por parte de todos los obligados a
presentarla, así como garantizar el control y seguimiento por parte de
las áreas de recursos humanos de los órganos y entes del sector público.
El Sisroe empezó a operar desde el año 2009, y desde esa fecha hasta
la actualidad, reúne a todos los entes y organismos del Estado, además
de sus funcionarios, en una plataforma digital, permitiendo conocer el
dimensionamiento real de la administración pública, cuántos órganos
y entes existen por entidad federal y municipal, y, cómo se clasifican
de acuerdo con su naturaleza jurídica y capacidad operativa. Todo esto
hace del Sisroe una auténtica herramienta de planificación del Estado.
Declaración Jurada De Patrimonio en Línea
El sistema de Declaración Jurada de Patrimonio en Línea es un
mecanismo en formato electrónico que permite a todos los funcionarios
en cualquier ámbito de la Administración Pública cumplir de forma re-
mota, segura, rápida y sencilla con la obligación de declarar su situación
patrimonial en las oportunidades previstas por la ley. Con el desarrollo
de esta tecnología digital fenece un trámite manual, iniciado en el país
desde mediados del siglo pasado.
Con la automatización de la DJP, éste dejó de ser un dificultoso y
arcaico proceso manual para convertirse en un moderno proceso, apoya-
do por las nuevas tecnologías de control, que cuentan con los más altos
estándares de seguridad informática, con lo cual dicho procedimiento
se simplifica y se hace más eficaz, se minimizan riesgos de corrupción
y contribuye con la modernización del Estado.
Durante el ejercicio fiscal del año 2013, este máximo órgano de
control recibió 386.934 declaraciones juradas de patrimonio (DJP), de las
cuales 355.566 corresponden a funcionarios o empleados públicos, por
conceptos que se detallan a continuación: 136.197 por ingreso, 89.391
por cese en el ejercicio del cargo o función, y 129.978 por actualización
patrimonial correspondiente a funcionarios que ejercen cargos de alto
nivel o de confianza, en los órganos y entes del Poder Público. A éstas se
suman 28.845 que corresponden a integrantes de los consejos comunales
y 2.523 a integrantes de las juntas directivas de los sindicatos.
La DJP en línea no está dirigida solo a simplificar un trámite, sino
que es considerada un instrumento en el logro de los objetivos en la lucha
Creación del Registro de Auditores, Consultores y
Profesionales Independientes en materia de Control
La Contraloría General de la República, en atención a las compe-
tencias que le establece el parágrafo único del artículo 43 de la Ley
Nacional de Control Fiscal, conforme al cual los órganos de control
fiscal, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y las máximas
autoridades jerárquicas de los órganos del sector público, podrán ejer-
cer sus facultades de control apoyándose en los informes, dictámenes
y estudios técnicos emitidos por auditores, consultores y profesionales
independientes, calificados y registrados por la Contraloría General de
la República, con sujeción a la normativa que esta dicte, creó el Registro
de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en Materia de
Control, que entró en funcionamiento el primero de septiembre del año
2011, el cual tiene como función recibir las solicitudes de inscripción o
renovación del certificado de inscripción y calificación; acordar o negar
la inscripción en el mencionado Registro o la renovación del certificado
de inscripción y calificación; expedir el certificado de inscripción y cali-
ficación para prestar servicios en materia de control; suspender o excluir,
en los casos que corresponda, a los auditores, consultores, profesionales
independientes y firmas de auditores, entre otras.
Con la puesta en funcionamiento del mencionado Registro, la Con-
traloría General de la República, en su condición de órgano rector del
SNCF, implementó mecanismos que permitan garantizar la capacidad
e idoneidad de quienes presten servicios profesionales como auditores,
consultores, profesionales independientes y firmas de auditores, en los
órganos de control fiscal, en los órganos y entidades del sector público
y en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna; así como regu-
lar la contratación de los referidos servicios profesionales y establecer
estándares mínimos de calidad en la ejecución de tales trabajos y en la
presentación de sus resultados.
Desde su creación hasta el año 2013, se han otorgado 662 certificados a
personas naturales y 49 a personas jurídicas. Asimismo, se negó la solicitud
de inscripción de 206 personas, mediante los correspondientes autos moti-
vados, cuyos resultados fueron notificados a los interesados, en los cuales
se expone de manera pormenorizada las razones por las cuales no reúnen
los requisitos para calificar como auditores o profesionales independien-
tes, por cuanto no cumplen con lo establecido en el Reglamento para el
Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores, Consultores
y Profesionales Independientes en Materia de Control.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL PODER POPULAR Y DE LOS INTEGRANTES DEL SNCF
En la carta Magna de 1999 se instauró el modelo democrático y
participativo, en el que los ciudadanos han sido dotados de las más am-
plias facultades para participar activamente en las distintas etapas de la
gestión pública: planificación, ejecución y control, surgiendo entonces
una nueva modalidad de control del gasto público: el control social,
como mecanismo de participación ciudadana, a través del cual todo
ciudadano, de manera individual o colectiva, participa en la vigilancia y
control de la gestión pública, así como en la prevención e investigación
de actos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa,
pudiendo extenderse a aquellas actividades del ámbito privado que por
su naturaleza trasciendan e impacten en el interés general, tales como las
vinculadas con la prestación de servicios públicos o las relacionadas con
la producción, fabricación, comercialización, importación o distribución
de bienes y servicios, entre otras.
Este mecanismo de control ha sido previsto como una herramienta
fundamental en el control de la gestión pública, procurando contribuir
a erradicar la corrupción tanto en el sector público como en el sector
privado, lo cual justifica la amplitud con la cual fue concebido, pues
abarca el control del gasto público y se extiende, a tenor de la Ley Or-
gánica que regula su ejercicio, a la vigilancia de la gestión comunitaria,
las actividades del sector privado que incidan en los intereses colectivos
o sociales, a la corrección de comportamientos, actitudes y acciones que
sean contrarios a los intereses sociales.
En este sentido, la Contraloría General de la República, atendiendo
al referido mandato constitucional y a los objetivos planteados en el Plan
Estratégico 2009-2015 de la institución y en particular a su objetivo Nº 4,
“Consolidar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la
gestión pública”, promueve la formación de los ciudadanos y optimiza los
mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del control sobre
la gestión pública. Es por ello que durante el año 2012, los programas
de formación dirigidos a incentivar el ejercicio para la participación del
poder popular capacitaron 30.391 voceros y voceras de consejos comu-
nales en el territorio nacional, y 572 servidores públicos; mientras que en
el año 2013, la Contraloría General de la República, articuló esfuerzos
para dictar actividades de formación como: jornadas, charlas, cursos,
conferencias y seminarios dirigidas a 368 ciudadanos aproximadamente,
y 631 servidores públicos de distintos entes financiadores del poder po-
pular organizado, teniendo un total de 999 participantes, quienes fungen
como multiplicadores de conocimientos de los mecanismos idóneos para
la lucha contra la corrupción, además de contribuir con el fortalecimiento
La Contraloría General de la República, para llevar adelante esta
importante labor, ha estrechado lazos estratégicos con la Defensoría
del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los
Movimientos Sociales, en atención a la unificación de criterios técnicos
y metodológicos inherentes a las orientaciones brindadas a través de la
capacitación al poder popular.
Asimismo, es importante mencionar los avances en materia de inte-
rrelación con todos los órganos integrantes del Sistema en los distintos
ámbitos de la Administración Pública, a los fines de contribuir al for-
talecimiento de la capacidad de gestión de las instituciones del Estado
e incentivar un frente común en materia del combate a la corrupción,
destacando la ejecución de distintas actividades de capacitación para el
desarrollo del talento humano que presta funciones en los distintos órga-
nos de control fiscal, así como talleres especializados, algunos extendidos
a la ciudadanía en general, en el contexto de su derecho a la participación
en el control de la gestión pública, impartidos por esta institución en los
distintos ámbitos del territorio nacional en forma presencial y a distancia
utilizando las bondades de Internet.
Especial referencia merece el curso e-learning de “Examen de
Cuentas” impartido a personal de los órganos de control fiscal del Poder
Público Nacional, a los fines de formarlos para ejercer con eficacia y
eficiencia el referido examen.
Asimismo se celebraron 12 Simposios Nacionales de Contralores,
y los talleres sobre la potestad investigativa y el proceso de auditoría
impartidos a personal de control de diferentes entidades del país.
RESULTADOS EN MATERIA DE SANCIONES
y reconoce en el artículo 290 la existencia de un Sistema Nacional de
Control Fiscal cuyo propósito es que se logre la unidad de dirección en
el ejercicio de las facultades de vigilancia en la administración del erario
público y el realce de las actividades a desempeñar por los diferentes
órganos de control fiscal, tanto internos como externos.
Esta norma programática se desarrolla en la Ley Orgánica de la
Fiscal, que otorga relevancia a las funciones de control fiscal externo
e interno, que ejercen tanto este máximo órgano de control, como las
contralorías de los estados, municipios, distritos, y distritos metropoli-
tanos, así como las unidades de auditoría interna de los órganos y entes
del sector público, incluida la Contraloría General de la Fuerza Armada
Igualmente es importante destacar que desde el año 2002 hasta el
año 2013, los órganos de control fiscal que integran el Sistema, han
realizado actuaciones fiscales de cuyos resultados detectaron la ocu-
rrencia de actos, hechos u omisiones tipificados en la Ley Orgánica de la
CUADRO N° 32
DECLARADOS RESPONSABLES POR EL SISTEMA NACIONAL DE
Año CGR ocf
2002 75 39 114
2003 97 55 152
2004 200 97 297
2005 109 79 188
2006 103 162 265
2007 41 94 135
2008 96 163 259
2009 60 231 291
2010 58 260 318
2011 41 430 471
2012 77 433 510
2013 65 299 364
Total 1.022 2.342 3.364
FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Fiscal como generadores de responsabilidad administrativa, e iniciaron
procedimientos administrativos a los fines de hacer efectivas las sanciones
correspondientes, imponer las multas y formular los reparos, en aquellos
casos donde se causara perjuicio al patrimonio público, así como las
sanciones accesorias respectivas que ameritó cada caso.
De modo que durante el lapso 2002-2013, el Sistema Nacional de
Control Fiscal declaró la responsabilidad administrativa de 3.364 funcio-
narios y/o particulares, de los cuales 1.022 fueron declarados por la CGR
y 2.342 por los OCF.
Asimismo, se aplicaron multas por la cantidad de Bs. 34.158.066,52,
de las cuales la cantidad de Bs. 4.477.013,15 las aplicó la CGR y
Bs. 29.681.053,37 fueron impuestas por los OCF, como se detalla anual-
mente en el cuadro N° 33.
En materia reparos, desde el año 2002 hasta el 2013, se expresa-
ron reparos en el Sistema Nacional de Control Fiscal por un total de
Bs. 201.154.205,01; del cual Bs. 169.315.668,78 fueron formulados por la
CGR y Bs. 31.838.536,23 por los OCF, como se indica en el cuadro N° 34.
CUADRO N° 33
MONTO TOTAL EN MULTAS DERIVADAS DE LAS DECLARATORIAS
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DICTADAS EN EL
MONTO TOTAL DE MULTAS EN BOLÍVARES
CGR OCF TOTAL SNCF
2002 46.298,80 120.569,21 166.868,01
2003 135.996,30 66.409,11 202.405,41
2004 416.830,00 400.342,66 817.172,66
2005 163.928,80 1.724.337,94 1.888.266,74
2006 148.783,80 950.456,73 1.099.240,53
2007 160.347,30 642.243,01 802.590,31
2008 314.487,40 1.442.290,92 1.756.778,32
2009 174.195,40 1.796.122,13 1.970.317,53
2010 218.289,10 3.771.376,79 3.989.665,89
2011 385.584,30 6.298.738,73 6.684.323,03
2012 1.153.352,40 6.544.700,83 7.698.053,23
2013 1.158.919,55 5.923.465,31 7.082.384,86
TOTAL 4.477.013,15 29.681.053,37 34.158.066,52
FUENTE: Dirección de Determinación de Responsabilidades
CUADRO N° 34
MONTO TOTAL EN REPAROS DERIVADOS DE LAS DECLARATORIAS
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DICTADAS
EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
MONTO TOTAL EN REPAROS EN BOLÍVARES
2002 176.554,74 0,00 176.554,74
2003 67.967,97 0,00 67.967,97
2004 392.758,76 11.249,00 404.007,76
2005 9.153.412,09 43.859,44 9.197.271,53
2006 1.200.365,07 1.498.314,48 2.698.679,55
2007 560.992,21 377.075,86 938.068,07
2008 14.540.156,58 482.072,35 15.022.228,93
2009 78.992.419,44 1.158.311,24 80.150.730,68
2010 8.822.824,79 2.130.159,25 10.952.984,04
2011 2.951.504,02 7.741.504,04 10.693.008,06
2012 8.545.390,11 13.830.837,77 22.376.227,88
2013 43.911.323,00 4.565.152,80 48.476.475,80
TOTAL 169.315.668,78 31.838.536,23 201.154.205,01
Adicionalmente, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacio-
nal de Control Fiscal, se procedió a la imposición de sanciones a 1.361
personas naturales y jurídicas, previa valoración de la entidad del ilícito
cometido o la gravedad de la irregularidad, derivadas de las decisiones
declaratorias de responsabilidad administrativa emanadas de la Contra-
loría General de la República y del resto de los órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal. En relación con lo anteriormente
expuesto, se detalla que del total de las 1.361 sanciones impuestas durante
el período 2002-2013, equivalentes a la misma cantidad de personas
naturales y jurídicas, 307 corresponden a suspensiones para el ejercicio
de cargos públicos, 20 pertenecen a destituciones de cargos públicos, 56
a destituidos e inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos y 978
corresponden a inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos como
se señala en el siguiente cuadro:
CIUDADANOS CON SANCIONES ACCESORIAS A LA
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (ART.105 LOCGRSNCF)
Ciudadanos destitui-
suspendidos Ciudadanos des- inhabilitados
dos e inhabilitados
AÑO para el ejer- tituidos de car- para el ejerci- TOTAL
cicio de car- gos públicos cio de cargos
gos públicos públicos
2002 4 1 8 3 16
2003 4 0 13 16 33
2004 9 0 2 57 68
2005 32 0 17 92 141
2006 62 5 8 94 169
2007 44 5 8 112 169
2008 26 1 0 94 121
2009 18 0 0 148 166
2010 36 2 0 112 150
2011 51 6 0 142 199
2012 15 0 0 7 22
2013 6 0 0 101 107
TOTAL 307 20 56 978 1.361
El detalle correspondiente a las personas declaradas responsables,
sancionadas con multas o reparos, se encuentra en la sección del apéndice
del presente Informe de Gestión.
Obras inconclusas de los entes y organismos del poder
público nacional estadal y municipal
En atención a las competencias de control que constitucional y le-
galmente le han sido asignadas a la Contraloría General de la República
(CGR) con el objetivo de velar por la buena gestión pública, la legalidad
en el uso del patrimonio público y la eficiencia en la inversión de los
recursos públicos, este órgano superior de control ordenó una actuación
de control (estudio) dirigida a precisar la cantidad de obras que se en-
contraban inconclusas en todo el territorio nacional, emprendidas por los
distintos órganos y entes que integran el Poder Público Nacional, Estadal
y Municipal, para lo cual se tomó como punto de partida el “Informe
Especial de Obras Inconclusas” publicado en el Informe de Gestión del
año 2006 por esta entidad fiscalizadora superior, el cual contenía la infor-
mación de las obras inconclusas del año 2006 y de períodos anteriores,
realizándose un análisis respecto a aquellas que fueron reflejadas como
inconclusas en el mencionado Informe, con el fin de verificar su estatus
actual y determinar el avance y/o conclusión de las mismas, así como
establecer la cantidad de obras que se encuentran en la referida condición
desde el año 2007 hasta el 2011.
En relación con las obras reportadas como inconclusas en el “Informe
año 2006 por la CGR, el mismo abarcó información de obras del año
2006 y períodos anteriores, según información recopilada y suministrada
por 21 contralorías estadales, lo cual representó 91,30% del total de los
estados de la República. Por otro lado, las obras que se presentan como
inconclusas al año 2013, se corresponden con aquellas no terminadas en
el período comprendido entre el año 2007 y el año 2011 (31‑12‑2011),
para lo cual fue recopilada y suministrada información por las 23 contra-
lorías estadales, por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Gobierno
del Territorio Insular “Francisco de Miranda” y por la Contraloría del
Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, lo que representa
100% de los estados de la República.
Establecer la cantidad de obras inconclusas existentes en el territorio
nacional, emprendidas por los distintos entes y órganos del Poder Público
Nacional, Estadal y Municipal a la fecha del 31‑12‑2011.
Los objetivos específicos de la actuación son:
a)	Determinar el estatus actual de las obras reportadas como incon-
clusas en el “Informe Especial de Obras Inconclusas”, publicado
en el Informe de Gestión del año 2006 de la CGR.
b)	Precisar la cantidad de obras inconclusas existentes en el terri-
torio nacional, a la fecha del 31‑12‑2011, iniciadas en el período
2007 hasta el 2011.
De acuerdo con las facultades conferidas a este órgano superior de
control, contenidas en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(LOCGRSNCF) el presente estudio se abordó desde el punto de vista del
control posterior, y se enfocó desde la perspectiva conceptual y financiera,
tomando en consideración la importancia que revisten las diferentes obras
que ejecutan los órganos y entes que integran el Poder Público Nacional,
Estadal y Municipal, en el desarrollo armónico del país y en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.
En atención a la rectoría del Sistema Nacional de Control Fiscal que
le corresponde ejercer a esta entidad fiscalizadora superior, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 4, 14 en su numeral 10, y 33 en su
numeral 1 de la LOCGRSNCF, se instruyó a las 23 contralorías estadales,
a la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Ca-
pital y a la UAI del Territorio Insular “Francisco de Miranda” para que
recopilaran y suministraran a este máximo órgano de control, el listado
actualizado contentivo de las obras inconclusas existentes en todo el
territorio nacional, emprendidas por los diferentes órganos y entes que
integran el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, tomando como
referencia las señaladas en el Informe emanado de este máximo órgano
de control en el año 2006. Asimismo, se requirió recopilar información de
las obras inconclusas de los referidos órganos o entes del Poder Público
a la fecha del 31‑12‑2011.
En la procura de la información requerida por esta entidad fiscali-
zadora superior, se estableció comunicación con los citados órganos de
control estadal y municipal, y con la UAI del Territorio Insular “Francis-
co de Miranda”, a través de oficios con sus respectivos anexos (cuadro
modelo para presentar la información requerida), por vía telefónica y
correo electrónico, a objeto de hacer las aclaratorias que se consideraran
En el referido cuadro modelo se tomó en cuenta la identidad y
ubicación de las obras; el número y la fecha de los contratos suscritos
para la consecución de las mismas; el ente que inició la ejecución; los
montos presupuestados (asignación presupuestaria), contratados, y la
inversión realizada (ejecución financiera); la condición en que se en-
cuentran actualmente (sin iniciar, en ejecución, paralizada, entre otros);
el porcentaje de avance físico, y la fecha de comienzo (cronología de la
obra), con la finalidad de que presentaran en un formato único los datos
de las obras inconclusas.
Los resultados plasmados en el presente estudio se vieron limitados
por factores externos a este máximo organismo contralor, en el ámbito
de las contralorías estadales, quienes fueron las encargadas de recabar
la información y de los órganos y entes del Poder Público Nacional,
Estadal y Municipal, quienes suministraron la misma, entre los que se
a)	Imprecisiones e inconsistencias en la información suministrada
por los distintos órganos y entes del Poder Público de cada una
de las entidades federales.
b)	Confusión por parte de los distintos órganos y entes del Poder
Público que suministraron la información en relación con lo que
conceptualmente se conoce como “Avance físico” y “Avance
c)	Imprecisiones e inconsistencias respecto a los datos solicitados
a través del cuadro modelo suministrado a tal efecto, con los
datos proporcionados por los órganos y entes del Poder Público
que suministraron la información.
d)	La estrategia o metodología aplicada por algunas contralorías
estadales para la obtención de la información en el ámbito re-
gional se limitó, en algunos casos, a la información suministrada
por los entes ejecutores, sin una verificación in situ de las obras.
Características generales del objeto evaluado
Las obras de infraestructura proyectadas y que fueron emprendidas
por los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal,
que a la fecha del levantamiento de la información, presentaran evidencias
o características que las tipificaran como inconclusas, sin que se haya
alcanzado el objeto para el cual fueron contratadas.
Observaciones derivadas del análisis
Obras inconclusas reportadas en el Informe de Gestión del año
2006 (año 2006 y períodos anteriores) respecto a las determinadas en
De la comparación realizada a la cantidad de obras inconclusas
reportadas por la CGR en el “Informe Especial de Obras Inconclusas”
publicado en el Informe de Gestión del año 2006, cuyo alcance abarcó
aquellas obras no culminadas a la fecha del 31‑12‑2006, respecto a las
determinadas en el año 2013, se observó que de un total de 4.231 obras
que se encontraban inconclusas por Bs. 2.195.147.120,12(*), se con-
cluyeron 3.196 equivalente a 75,54% del total de las mismas, quedando
pendientes por culminar al mes de mayo del año 2013 la cantidad de 1.035
obras, que representa 24,46% del total de obras inconclusas reportadas
en esa oportunidad (año 2007), debiéndose efectuar una inversión no
determinada a la presente fecha, superior a la originalmente contratada
Bs. 435.174.934,77(*), (Cuadro Nº 36), evidenciándose que aun cuando
disminuyó la cantidad de obras por ejecutar, se incrementará significati-
* Monto ajustado según Decreto Nº 5.229 Reconversión Monetaria, publicada en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N°38.638 de fecha 06‑03‑2007.
Consolidado del Inventario de obras inconclusas al 31‑12‑2006,
que continúan sin concluirse al 31‑12‑2011
Ámbito Nacional Estadal Municipal Totales
Estado O C Monto (Bs.) O C Monto (Bs.) O C Monto (Bs.) O C Monto (Bs.)
Amazonas 32 34 6.883.297,50 0 0 0,00 39 41 11.153.059,44 71 75 18.036.356,94
Anzoátegui 30 95 22.067.478,49 11 11 6.163.093,63 65 86 35.032.834,70 106 192 63.263.406,82
Aragua 9 9 2.346.780,15 25 26 11.246.863,31 21 21 3.254.147,64 55 56 16.847.791,10
Barinas 16 16 8.174.990,06 32 32 24.828.161,37 23 33 5.838.262,64 71 81 38.841.414,07
Bolívar 5 5 3.355.289,62 32 32 5.999.071,43 37 37 18.925.662,75 74 74 28.280.023,80
Carabobo 11 11 5.867.321,41 15 15 7.052.157,72 8 8 1.515.869,32 34 34 14.435.348,45
Cojedes 11 11 2.648.443,45 12 30 29.277.942,38 10 10 2.760.023,28 33 51 34.686.409,11
Delta Amacuro 12 12 3.605.815,15 5 5 890.214,06 0 0 0,00 17 17 4.496.029,21
Guárico 5 7 7.295.035,21 36 36 7.800.601,70 6 6 2.043.719,25 47 49 17.139.356,16
Lara 5 5 1.404.458,01 49 49 9.584.983,90 16 17 7.782.678,11 70 71 18.772.120,02
Mérida 20 20 8.661.947,20 2 2 457.559,25 4 4 176.078,74 26 26 9.295.585,19
Miranda 0 0 0,00 2 2 139.000,00 67 67 5.762.853,67 69 69 5.901.853,67
Monagas 13 13 2.315.885,99 25 25 14.468.720,03 0 0 0,00 38 38 16.784.606,02
Nueva Esparta 12 12 6.599.469,66 23 25 1.484.678,63 1 1 300.000,00 36 38 8.384.148,29
Portuguesa 16 16 53.052.395,75 3 3 142.018,97 53 53 2.464.479,49 72 72 55.658.894,21
Sucre 22 22 7.109.460,03 58 58 4.106.041,39 11 11 3.855.222,79 91 91 15.070.724,21
Táchira 30 46 26.178.696,08 20 20 3.299.272,36 11 11 1.466.788,09 61 77 30.944.756,53
Trujillo 26 44 28.156.602,33 0 0 0,00 11 12 2.335.423,72 37 56 30.492.026,05
Vargas 0 0 0,00 1 1 892.658,39 21 21 3.663.261,74 22 22 4.555.920,13
Zulia 1 1 1.788.190,17 4 4 1.499.974,62 0 0 0,00 5 5 3.288.164,79
Totales 276 379 197.511.556,26 355 376 129.333.013,14 404 439 108.330.365,37 1.035 1.194 435.174.934,77
Fuente: Información remitida por las 23 contralorías estadales.
O: Obras / C: Contratos.
NOTA: A la fecha de cierre, la Contraloría del Estado Apure no reportó las cifras del seguimiento, correspondientes a las obras inconclusas del año 2006 y a los períodos anteriores.
vamente el costo para su culminación, en razón del impacto inflacionario
generado en el costo de los insumos en materia de construcción de obras.
Del total de obras inconclusas (1.035) por Bs. 435.174.934,77(*),
correspondientes al período antes señalado, se observó que la mayor
cantidad (53,62%) de las obras inconclusas, se ubican en los estados
Anzoátegui (10,24%), Sucre (8,79%), Bolívar (7,15%), Portuguesa
(6,96%), Amazonas (6,86%), Barinas (6,86%) y Lara (6,76%), repre-
sentando el total de Bs. 237.922.940,07(*), que corresponde al 54,67%,
como se pudo observar:
a)	En el ámbito nacional se contabilizaron 276 obras inconclusas
por Bs. 197.511.556,26(*), ubicándose la mayor cantidad de
éstas (69,57%), en los estados Amazonas (11,59%), Anzoátegui
(10,87%), Táchira (10,87%), Trujillo (9,42%), Sucre (7,97%),
Mérida (7,25%), Barinas (5,80%) y Portuguesa (5,80%).
b)	En el ámbito estadal se determinaron 355 obras inconclusas por
Bs. 129.333.013,14(*), ubicándose la mayor cantidad de éstas
(72,39%) en los estados Sucre (16,34%), Lara (13,80%), Guárico
(10,14%), Barinas (9,01%), Bolívar (9,01%), Aragua (7,04%) y
Monagas (7,04%).
c)	En el ámbito municipal se reflejó una cantidad de 404 obras incon-
clusas por Bs.108.330.365,37(*), encontrándose el mayor número
de ellas (80,69%) en los estados Miranda (16,58%), Anzoátegui
(16,09%), Portuguesa (13,12%); Amazonas (9,65%), Bolívar
(9,16%), Barinas (5,69%), Aragua (5,20%) y Vargas (5,20%).
Obras inconclusas informadas en mayo de 2013, correspondientes
al período comprendido entre el año 2007 y el año 2011
En lo que respecta a la cantidad de obras reportadas como incon-
clusas desde el año 2007 hasta el año 2011 se contabilizó la cantidad de
3.346 obras por Bs. 30.365.311.740,92 (Cuadro Nº 37), en las cuales se
determinó lo siguiente:
a)	En el ámbito nacional, 690 obras por Bs. 12.271.347.155,22,
equivalente a 20,62%, ubicándose la mayor cantidad de éstas
(61,30%) en los estados Aragua (26,96%), Sucre (6,96%),
Táchira (5,80%), Portuguesa (5,65%), Cojedes (5,65%), Lara
(5,22%) y Trujillo (5,07%).
b)	En el ámbito estadal se determinaron 1.662 obras inconclusas por
Bs. 16.626.454.608,79, lo que representa 49,67%, ubicándose
la mayor cantidad de éstas (67,69%) en los estados Carabobo
(20,46%), Trujillo (13,78%), Sucre (8,18%), Aragua (8,12%),
Táchira (6,68%), Barinas (5,35%) y Zulia (5,11%).
c)	En el ámbito municipal se reflejaron 994 obras inconclusas por
Bs. 1.467.509.976,90, equivalentes a 29,71% del total de éstas
(Cuadro N° 37), encontrándose el mayor número de las mismas
(70,52%) en los estados Sucre (19,62%), Aragua (10,46%),
Mérida (10,46%), Distrito Capital (8,45%), Trujillo (8,25%),
Carabobo (7,04%) y Bolívar (6,24%).
d)	A nivel general, los estados con mayor cantidad de obras in-
conclusas (62,64%), fueron los siguientes: Aragua (12,70%),
Carabobo (12,67%), Sucre (11,33%), Trujillo (10,34%),
Táchira (5,56%), Mérida (5,50%) y Barinas (4,54%), los cuales
representan Bs. 11.960.980.270,18, monto que corresponde a
39,39% del monto total de la inversión originalmente realizada
por Bs. 30.365.311.740,92.
Entre las causas indicadas en la información suministrada que conlle-
varon a la paralización o retraso en la ejecución de las obras en comento,
destacan las siguientes: falta de pago, falta de asignación de recursos pre-
supuestarios, modificaciones de los proyectos, atraso en la obtención de
permisologías ante otros organismos públicos, dificultad en la obtención
de los materiales requeridos para la ejecución de las obras, contratación de
obras cuyos proyectos no se adecuan a los requerimientos de las mismas,
incumplimiento por parte de las contratistas, así como la rescisión de
contratos (bien sea de forma unilateral o de mutuo acuerdo), todo lo
cual refleja fallas en la planificación técnica, financiera, y de control, en
la ejecución de las obras. Esta situación conlleva al incumplimiento de
las metas físicas, al encarecimiento de la obra, a la obsolescencia de la
tecnología y las variables demográficas consideradas en la elaboración
del proyecto (dependiendo de la magnitud del atraso de la obra), y conse-
cuencialmente ocasiona un daño patrimonial que incide en el desarrollo
del país. En este sentido, el artículo 141 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario
de fecha 19‑02‑2009) establece lo siguiente: “La Administración Pública
está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los
Consolidado del inventario de obras inconclusas al 31‑12‑2011 (a)
Amazonas 9 9 81.224.336,54 19 19 3.593.119,65 6 6 2.893.491,93 34 34 87.710.948,12
Anzoátegui 15 16 72.107.986,96 81 81 292.751.904,36 30 30 26.153.664,48 126 127 391.013.555,80
Aragua 186 125 268.499.294,86 135 135 396.230.787,76 104 105 484.115.780,81 425 365 1.148.845.863,43
Apure 26 26 70.615.791,60 50 50 110.760.461,77 31 31 25.290.473,44 107 107 206.666.726,81
Barinas 23 23 94.246.617,22 89 89 82.163.837,17 40 49 21.614.612,04 152 161 198.025.066,43
Bolívar 2 2 564.982,89 10 10 3.772.591,81 62 62 16.767.794,83 74 74 21.105.369,53
Carabobo 14 15 110.446.868,71 340 340 257.626.110,70 70 70 34.322.289,14 424 425 402.395.268,55
Cojedes 39 39 106.684.131,72 32 24 35.135.581,55 3 3 82.246.919,67 74 66 224.066.632,94
Delta Amacuro 15 15 102.878.055,39 49 49 36.120.221,68 10 10 2.384.963,92 74 74 141.383.240,99
Distrito Capital 6 6 1.090.617.981,43 0 0 0,00 84 84 77.548.320,02 90 90 1.168.166.301,45
Falcón 13 13 16.157.932,37 16 20 72.965.559,75 42 42 33.812.189,39 71 75 122.935.681,51
Guárico 22 22 20.382.661,74 38 38 50.393.230,91 10 10 7.076.190,00 70 70 77.852.082,65
Lara 36 36 369.700.760,95 65 77 422.649.429,47 38 38 15.127.576,55 139 151 807.477.766,97
Mérida 30 30 131.974.306,76 50 50 161.412.968,74 104 118 97.704.488,57 184 198 391.091.764,07
Miranda 0 0 0,00 55 55 13.756.670.787,17 15 15 451.181.319,42 70 70 14.207.852.106,59
Monagas 29 29 220.206.286,34 31 32 80.761.131,41 2 2 1.519.270,35 62 63 302.486.688,10
Nueva Esparta 14 14 23.658.770,11 7 7 18.703.837,66 10 10 1.812.774,99 31 31 44.175.382,76
Portuguesa 39 39 148.269.339,39 32 32 28.424.816,73 3 3 649.718,60 74 74 177.343.874,72
Sucre 48 48 8.873.974.834,29 136 136 100.762.220,71 195 195 30.503.910,86 379 379 9.005.240.965,86
Táchira 40 42 212.901.029,19 111 111 119.634.477,66 35 35 24.611.849,03 186 188 357.147.355,88
Trujillo 35 35 93.754.017,93 229 229 340.698.576,39 82 82 23.781.391,63 346 346 458.233.985,95
Vargas 10 10 9.753.810,54 2 2 2.897.999,84 3 3 510.137,36 15 15 13.161.947,74
Yaracuy 12 12 28.388.897,69 0 0 0,00 4 4 654.646,24 16 16 29.043.543,93
Zulia 27 27 124.338.460,60 85 87 252.324.955,90 11 11 5.226.203,63 123 125 381.889.620,13
T. Insular 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Totales 690 633 12.271.347.155,22 1.662 1.673 16.626.454.608,79 994 1.018 1.467.509.976,90 3.346 3.324 30.365.311.740,91
Fuente: Información remitida por las 23 contralorías estadales, por el Gobierno del Territorio Insular “Francisco de Miranda” y por la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.
NOTA: a) No incluye lo informado en el Cuadro Nº Consolidado del Inventario de Obras Inconclusas al 31‑12‑2006, y que continúan sin concluirse al 31‑12‑2011.
b) Según la Unidad de Auditoría Interna del Territorio Insular “Francisco de Miranda”, no existen Obras Inconclusas (Oficio TIFM- Nº 00320 de fecha 24‑05‑2013).
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de
la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. En
concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública (Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinaria de
fecha 31‑07‑2008) que indica: “La actividad de la Administración Pú-
blica se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad,
simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad,
oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, acce-
sibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo
de la forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con someti-
miento pleno a la ley y al derecho, y con supresión de las formalidades
no esenciales (…)”. Por otra parte, los artículos 10 literal “b”, 16 y 17 de
las Normas Generales de Control Interno, contenidas en la Resolución
Nº 01‑00‑00-015 de fecha 30‑04‑97, emanada de la Contraloría General
de la República (Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97) establecen:
“Artículo 10: Los niveles directivos y gerenciales de los organismos o
entidades deben: (…) b) Ser diligentes en la adopción de las medidas
necesarias ante cualquier evidencia de desviación de los objetivos y metas
programadas, detección de irregularidades o actuaciones contrarias a los
principios de legalidad, economía, eficiencia y/o eficacia (…)”; “Artículo
16: La planificación debe ser una función institucional permanente, su-
jeta a evaluación periódica”; y, “Artículo 17: Los planes, programas y
proyectos de cada organismo o entidad deben estar en concordancia con
los planes nacionales, estadales y municipales, y formularse con base en
estudios y diagnósticos actualizados, teniendo en cuenta la misión de la
institución, sus competencias legales o estatutarias, el régimen jurídico
aplicable y los recursos humanos, materiales y financieros que permitan
el normal desarrollo de las actividades programadas.”
Se determinó la existencia de un total de 4.381 obras inconclusas que
suman un monto global de Bs. 30.800.486.675,69 a la fecha del 31‑12‑2011,
ubicadas en el territorio nacional, lo cual implica la insatisfacción de las
necesidades del colectivo en las distintas áreas de servicio (salud, edu-
cación, vialidad, cultura, deporte, recreación, y vivienda, entre otros),
función primordial que debe perseguir la administración pública en sus
tres niveles territoriales (nacional, estadal y municipal), lo cual incide de
manera directa en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Entre las causas que llevaron a la condición de inconclusas a las
referidas obras, se considera la existencia de fallas en el control, la
planificación, la supervisión y la ejecución de las mismas, así como a
la falta de adecuadas políticas que conlleven tanto a la finalización de
éstas, como al resarcimiento de los daños patrimoniales que pudieran
determinarse al respecto.
En virtud de la importancia de las observaciones expresadas en el
Informe Especial realizado por esta Contraloría General de la República
en fecha de marzo del año 2006, así como las plasmadas en el presente
Informe y con el ánimo de que se motoricen acciones tendentes a corre-
girlas, en beneficio de una gestión pública más eficiente que redunde en el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población, éste órgano
superior de control recomienda profundizar las acciones a que dé lugar,
con el fin de incrementar los esfuerzos que se han venido adelantando
para concretar la culminación de las obras inconclusas en referencia.
En cuanto a la determinación de las responsabilidades civiles, pena-
les y administrativas a que hubiere lugar, corresponderá determinarlas
a los órganos con competencia, de conformidad con la Constitución y
La Contraloría General de la República, a fin de unificar criterios
y focalizar las acciones de control en aras de optimizar el buen funcio-
namiento de la Administración Pública, realizó durante el año 2013, 2
reuniones de trabajo con los contralores estadales, en las cuales se trataron
entre otros aspectos: el Reglamento de Concurso para contralores esta-
dales; los lineamientos sobre la revisión de actas de entrega de aquellas
gobernaciones donde hubo cambio de autoridades, a solicitud de las
mismas; los lineamientos comunicacionales; el seguimiento al cumpli-
miento de la normativa para la contratación de servicios profesionales
control; las directrices con el fin de orientar a las gobernaciones de los
estados, alcaldías y sus entes descentralizados estadales y municipales,
así como a las unidades de auditoría interna de los órganos y entes
antes señalados, en cuanto al cálculo y a la verificación del monto de
los pasivos laborales a ser cancelados por los mismos; la solicitud de
información a las contralorías estadales de las actuaciones practicadas
en los consejos comunales que recibieron recursos de la gobernación
de los estados, o cualquier ente descentralizado; la información de la
cantidad de denuncias recibidas relacionadas con el manejo de recursos
por los consejos comunales; la remisión de expedientes en atención a
lo previsto en el artículo 97 de la Locgrsncf; la continuación de las
Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular durante el año 2013; las
consideraciones sobre la Tesorería de Seguridad Social; las auditorías
coordinadas con las contralorías estadales en instancias del poder popular,
cuyos proyectos hayan sido financiados con recursos provenientes del
Safonacc, del Consejo Federal de Gobierno y de las gobernaciones de
los estados, durante el período 2010-2012.
De igual forma, se trataron aspectos relacionados con los lineamien-
tos para los contralores de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Ama-
curo y Falcón, relativos a la auditoría en materia ambiental, en la cual
se evaluaran las unidades de conservación más importantes (Biomas) de
las citadas entidades federales; directrices para los contralores estadales
al momento de solicitar ante el Instituto de Altos Estudios de Control
Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” Cofae,
la realización de cursos o talleres que sean requeridos por el despacho
a su cargo, relacionados con la materia de control fiscal; criterios sobre
concursos públicos para las contralorías municipales y unidades de
auditoría interna en órganos y entes del poder municipal; lineamientos
relacionados con la entrega de la “Valija Didáctica 2006” por parte de
las contralorías estadales al representante Regional del Ministerio del
Poder Popular para la Educación; y el II Encuentro Nacional de Oficinas
de Atención al Ciudadano y aportes a la Tesorería de Seguridad Social.
En el marco de los principios de transparencia y rendición de cuen-
tas que caracterizan la gestión contralora, se describen los resultados
relevantes de la gestión cumplida mediante actuaciones de control en
el ejercicio de sus funciones en el Sistema Nacional de Control Fiscal
durante el año 2013, las cuales se practicaron bajo la modalidad de
control posterior, con apego a la normativa legal y sublegal que rige a
esta Institución para la presentación de actas de entrega en atención a
las Normas para Regular la Entrega de los Órganos de la Administración
Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias (NREOAPOD),
Gaceta Oficial N° 39.229 de fecha 28-07-2009, y la rendición del examen
de cuentas, de acuerdo con los artículos 46 y 56 de la LOCGRSNCF, y de
conformidad con las Normas para la Formación, Rendición y Examen de
las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional (NFRECOPPN),
Gaceta Oficial N° 39.592 de fecha 12-02-2011; así como en la organi-
zación y funcionamiento de los órganos de control fiscal; la verificación
de los procedimientos de concursos públicos para la designación de las
máximas autoridades en los órganos de control fiscal, y otras actuaciones
con los pagos de emolumentos a las máximas autoridades. Los objetivos
propuestos en las actuaciones incluyeron la aplicación de métodos y
técnicas para verificar el funcionamiento del control interno.
Los aspectos más relevantes de cada una de las actuaciones en el
contexto de los sectores evaluados pueden ser revisados en el libro de
“Actuaciones”, anexo al Informe de Gestión.
Se verificaron 19 actas de entrega practicadas en las unidades de
auditoría interna de los Ministerios del Poder Popular para: la Salud
(MPPS), el Trabajo y Seguridad Social (MPPTSS), la Mujer y la Igualdad
de Género (MPPMIG), la Agricultura y Tierras (MPPAT), el Ambiente
(MPPA), la Alimentación (MPPA), Ciencia, Tecnología e Innovación
(MPPCTI), el Comercio (MPPC), la Comunicación y la Información
(MPPCI), de Industrias (MPPI), Relaciones Interiores, Justicia y Paz
(MPPRIJP), la Vicepresidencia Ejecutiva y la Contraloría General de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Congefanb).
Como producto de las verificaciones de las actas de entrega se
determinó que éstas fueron elaboradas con exactitud y claridad, tanto
cualitativa como cuantitativamente, y respaldadas con la información
y documentación de soporte relativa a los bienes, los recursos y los
asuntos atribuidos a las citadas dependencias, de conformidad con las
NREOEAPOD. No obstante, se precisaron una serie de debilidades de
control interno que se mencionan a continuación:
Fallas y deficiencias
Como resultado de la evaluación efectuada por este órgano superior
de control, se detectaron las siguientes fallas y deficiencias comunes
y recurrentes que afectan la gestión de los órganos y entes sujetos al
ámbito de control:
•	En las UAI del MPPS, MPPTSS, MPPMIG, MPPAT, MPPA,
MPPCTI, MPPC, MPPCI, la Vicepresidencia Ejecutiva y la
Congefanb, se precisó que el personal contratado participa en la
ejecución de funciones públicas relativas al control fiscal y asuntos
jurídicos, que pudieran derivar en el ejercicio de potestades investi-
gativas y sancionatorias, esto contrario a lo previsto en el artículo 37
de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), Gaceta Oficial
N° 37.522 de fecha 06-09-2002.
•	Las UAI del MPPCTI y el MPPI presentan debilidades de control
interno en lo que respecta al lapso de suscripción y envío de las actas
de entrega, según lo previsto en el artículo 4 de las NREOEAPOD.
•	El acta de entrega de la UAI del MPPS no incluye información acerca
del estatus de ejecución del respectivo plan operativo, en referen-
cia a los objetivos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto
•	Los anexos de las actas de entrega suscritas por los auditores internos
de las UAI de MPPS, MPPTA y MPPMIG, no presentan la fecha de
corte al cese en el ejercicio del cargo del servidor público que entrega.
•	Los auditores internos entrantes del MPPA y MPPMIG no formula-
ron observaciones al contenido de las actas de entrega; a pesar de la
existencia de situaciones determinadas por este máximo organismo
contralor que así lo requerían.
En este sentido, en virtud de la importancia de las observaciones
señaladas, y con la finalidad de que éstas sean subsanadas en beneficio
de una gestión administrativa eficiente y eficaz, esta institución contralora
•	Las máximas autoridades del MPPS, MPPTSS, MPPMIG, MPPAT,
MPPA, MPPCTI, MPPC, MPPCI, la Vicepresidencia Ejecutiva y
la Congefanb deben girar las instrucciones que correspondan a los
fines de evitar la contratación de personal a tiempo determinado
para ejercer funciones de control fiscal y asuntos jurídicos, las cua-
les pudieran derivar en el ejercicio de potestades investigativas y
sancionatorias, siendo que tales funciones competen a funcionarios
de carrera o de libre nombramiento y remoción.
•	Las UAI del MPPCTI y el MPPI deben promover la divulgación
del contenido de las NREOEAPOD, a efectos de que los auditores
internos tengan presente y cumplan con los plazos para suscribir el
acta de entrega, y estén al tanto de ante cual instancia remitir copia
de la misma, así como todos los aspectos que conlleva la entrega de
estos órganos y entidades.
•	Las UAI de los MPPA y el MPPMIG deben remitir a este máximo
órgano contralor las observaciones, si las hubiere, de las actas de
entrega que se suscriban.
•	Considerar las observaciones formuladas por este organismo con-
tralor en los respectivos informes, con la finalidad de dar cabal
cumplimiento a las NREOEAPOD en todo lo concerniente a la
elaboración, suscripción y envío de las futuras actas de entrega.
Se concluyeron 4 auditorías operativas circunscritas a evaluar la
capacidad técnica y operativa, así como determinar si fueron acogidas
las recomendaciones formuladas por esta Contraloría General de la Re-
pública, practicadas en los órganos siguientes: Contraloría del Municipio
Maracaibo del estado Zulia, Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Innovación (MPPCTI), Ministerio del Poder Popular para
el Comercio (MPPC), y Contraloría del Estado Anzoátegui, cuyo alcance
comprende desde el año 2010 hasta el año 2012.
de control, se detectaron una serie de fallas y deficiencias comunes y
recurrentes que afectan la gestión de los órganos y entes sujetos al ámbito
de control, las cuales se mencionan a continuación:
•	En la Contraloría del Municipio Maracaibo del estado Zulia se
evidenciaron debilidades de control interno e inobservancia de ins-
trumentos legales que inciden negativamente en el funcionamiento
de ese Organismo como se detalla de seguidas:
–– De una muestra de 19 contratados, 7 de ellos corresponden
a profesionales del derecho, quienes fueron asignados para
realizar actividades de asesoría jurídica en las diferentes
direcciones y departamentos de ese órgano de control fiscal,
así como la representación de la contraloría municipal en los
procesos judiciales; estás contrataciones no se justifican, por
cuanto este organismo para los períodos evaluados contaba
dentro de su plantilla de personal con 21 abogados que podían
ejercer las mencionadas funciones. Esta situación originó que
se destinaran recursos para el pago de salarios a dicho personal
que pudieron ser utilizados en el ingreso de personal fijo que
permitiera fortalecer las áreas medulares del organismo.
–– De una muestra de 100 auditorías realizadas durante el lapso
bajo fiscalización, en 29 de ellas no se evidenciaron en los
papeles de trabajo que soportan las mismas, documentos tales
como: plan de la auditoría, informe preliminar e informe de-
finitivo, entre otros. Las situaciones antes expuestas denotan
deficiencias en los procesos que deben llevarse a cabo en cada
una de las fases de la auditoría, lo que no permite, por una parte,
obtener una visión de la organización y sus procesos medulares
con el objeto de determinar las posibles áreas críticas, así como
de los objetivos y metas de la actuación fiscal a realizar; y por
la otra, soportar fehacientemente el hallazgo de la auditoría y
que éstos sean considerados elementos probatorios suficientes
para iniciar, de ser procedente, las acciones fiscales a las que
–– De una muestra seleccionada de 30 expedientes de procedi-
mientos de Potestad Investigativa, no se evidenciaron los aspec-
tos siguientes en el auto de proceder de 21 de esos expedientes:
identificación del órgano o ente, alcance de la actuación, y
mención de los elementos probatorios, entre otros. Lo antes
expuesto denota debilidades en el sistema de control interno
relativas a la sustanciación del expediente administrativo con-
formado al respecto, lo que genera como consecuencia la no
adecuación del procedimiento antes transcrito a la normativa
legal que rige la materia, pudiendo ser objeto de declaratorias
de nulidades a posteriori por parte de los órganos jurisdiccio-
nales competentes.
–– No se evidenció la notificación del inicio de la Potestad Investi-
gativa a la Contraloría General de la República. Esta situación
se genera por debilidades de control interno en lo relativo a los
procedimientos llevados a cabo por la contraloría municipal, lo
que trae como consecuencia, que el órgano rector del Sistema
Nacional de Control Fiscal no pueda asumir la investigación,
en caso de juzgarlo conveniente.
–– La contraloría municipal publicó en Gaceta Municipal el
cartel de notificación de los imputados en el expediente admi-
nistrativo, contentivo del procedimiento de determinación de
responsabilidad administrativa sustanciado por el órgano de
control fiscal externo. Lo expuesto anteriormente obedece al
desconocimiento de la normativa correspondiente, lo que trae
como consecuencia que el procedimiento pueda ser declarado
nulo a posteriori por los órganos jurisdiccionales competentes.
–– La Contraloría del Municipio Maracaibo efectuó traspasos
presupuestarios (aumentos) por Bs. 1,19 millones y Bs. 898,33
mil, correspondientes a los años 2010 y 2011, respectivamente,
afectando para ello la partida 4.11.11.04.00, “Compromisos
pendientes de ejercicios anteriores”; no obstante, la misma fue
incrementada mediante créditos adicionales por Bs. 619,33 mil
y Bs. 540,52 mil, respectivamente. Esta situación se genera por
debilidades en el sistema de control interno en lo relativo al
control de las partidas del presupuesto de ese órgano de control,
que no le permitieron detectar que tales créditos no resultaban
necesarios, por cuanto los mismos no fueron utilizados para
pagar los compromisos pendientes, sino que, por el contrario,
fueron traspasados a diferentes partidas de su presupuesto, lo
que evidencia fallas en la elaboración del presupuesto.
–– De una muestra de 48 órdenes de pago, de las cuales 8 pertene-
cen al ejercicio fiscal del año 2010 y 40 al año 2011, se constató
que la contraloría municipal no cuenta con un expediente en el
cual se archiven cada uno de los documentos que se generan en
los procedimientos de selección de contratistas llevados a cabo
por esa institución; sino que la documentación es archivada
conjuntamente con la orden de pago. Asimismo, se determinó
que en la totalidad de las órdenes de pago no se anexan docu-
mentos tales como el documento principal de la contratación
(contrato) y la solicitud de la unidad usuaria o requirente. Lo
expuesto anteriormente no permite llevar un adecuado control
y registro de la documentación que conforma los expedientes,
lo que trae como consecuencia que no se asegure la exactitud
y veracidad de la información financiera y administrativa, a fin
de hacerla útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones.
–– Durante el año 2011 se adquirieron bienes y materiales de con-
sumo tales como: material de oficina, material de computación,
equipos de computación y sillas, entre otros, por la cantidad
total de Bs. 558,78 mil, para lo cual se realizó la modalidad de
consulta de precios, toda vez que el monto de las contrataciones
individualmente consideradas se encontraba dentro de los pará-
metros establecidos en la Ley de la Reforma parcial de la Ley
de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial N° 39.503 de
fecha 06-09-2010, para la aplicación de la referida modalidad.
No obstante, del análisis realizado a los comprobantes de pago
se determinó que el objeto de las adquisiciones es similar,
y las partidas presupuestarias son de la misma naturaleza,
razón por la cual tales compras pudieron haberse realizado a
través de una única contratación y efectuar el procedimiento
de concurso cerrado, efectuando en cada caso adjudicaciones
parciales por renglón, en atención a la oferta presentada por
las empresas participantes. Esta situación impide garantizar
el cumplimiento de los principios de economía, transparencia,
igualdad, competencia y publicidad previstos en la Ley que rige
la materia, no garantizando precios justos y razonables, limi-
tando la participación de otras empresas que pudieran ofrecer
mejores opciones de costos y calidad de los bienes adquiridos.
•	Los cargos de los titulares de las unidades de auditoría interna (UAI)
del MPPCTI y el MPPC no han sido provistos mediante concurso
•	Se evidenció en las UAI del MPPCTI y el MPPC el incumplimiento
de las metas previstas en sus POA; por otra parte, esta última no
incluyó la actividad del examen de cuentas de gastos, a pesar de
tener pendientes las que corresponden a los ejercicios económicos
financieros de los años 2005 al 2008.
En la Contraloría del Estado Anzoátegui se evidenció lo siguiente:
•	Para el ejercicio económico financiero del año 2011 se observó la
existencia de un funcionario que ocupaba el cargo de “Jefe de la
División de Informática”, según nombramiento establecido en la
Resolución Nº DC-013/11 de fecha 01-02-2011, el cual se encon-
traba adscrito a la Dirección Técnica de la Contraloría del Estado
Anzoátegui; sin embargo, el referido funcionario poseía la profesión
de “Técnico Superior Universitario en Diseño Gráfico”. No obstante,
en función de la profesión detentada por el referido funcionario, el
mismo debió ser clasificado en el cargo de Asistente Administrativo
I, II o III.
•	Adicionalmente, de la revisión efectuada al Manual Descriptivo de
Cargos de la Contraloría del Estado Anzoátegui, aprobado según
Resolución Nº 011-11 de fecha 14-01-2011, se evidenció que en la Es-
tructura de Cargos establecida, específicamente en la serie del cargo
“Jefes de División”, sólo se señalan como requisitos en cuanto a la
profesión para ejercer los referidos cargos, los siguientes: Serie Jefes
de División (…) III. Requisitos Exigidos: Profesional Universitario
graduado como Abogado con estudios de Postgrado (…).
•	Del total de actuaciones de control practicadas por la Contraloría del
Estado Anzoátegui (según información obtenida de los Informes de
Gestión), a través de las Direcciones de Control de la Administra-
ción Central y Descentralizada, 37 durante el año 2010 y 6 durante
el año 2011, se seleccionó una muestra conformada por 3 informes
preliminares y 3 informes definitivos, correspondientes a cada año
bajo estudio, los cuales representan 8,11% y 50% del universo total,
y de cuyo análisis se evidenció lo siguiente:
–– En los informes producto de las actuaciones fiscales realizadas
en el Instituto de Deportes del Estado Anzoátegui (IDEA), año
2010, cuyos objetivos generales eran evaluar la legalidad, since-
ridad y exactitud de las operaciones administrativas utilizadas
por el IDEA en la selección y contratación de la empresa para
la ejecución del proyecto “Dotación de materiales y uniformes
y equipamiento para la óptima preparación de las selecciones
del estado Anzoátegui”, no se desarrollaron los objetivos espe-
cíficos relativos a la “Verificación de la legalidad y sinceridad
del proceso de selección de contratistas”.
–– En el informe producto de la actuación fiscal realizada en la
Procuraduría General del Estado Anzoátegui, cuyo objetivo
general era determinar la legalidad y sinceridad de los pro-
cedimientos utilizados para el uso correcto de los recursos
asignados a la Procuraduría General del Estado Anzoátegui,
correspondiente a los ejercicios económico financieros de los
años 2008 y 2009, las causas que dieron origen a los hallazgos
del referido informe repiten lo expresado en la condición de
los mismos. Adicionalmente, en el cuerpo del referido informe
no se observó el desarrollo de actividades que permitan deter-
minar que los objetivos específicos hayan sido abordados en
el transcurso de la actuación fiscal.
–– El informe de seguimiento producto de la actuación fiscal prac-
ticada en la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui
(Coranztur), cuyo objetivo general era evaluar el cumplimiento
de las recomendaciones realizadas por ese órgano contralor
en el informe definitivo producto de la auditoría operativa
practicada a la Coranztur, correspondiente a los ejercicios
económico-financieros de los años 2006, 2007 y 2008, los
objetivos específicos no guardaban relación con el objetivo
general planteado (evaluar el cumplimiento de las recomen-
daciones efectuadas en el informe definitivo de la actuación
fiscal practicada). Asimismo, se observó la utilización de cri-
terios y causas que no guardaban relación con las condiciones
planteadas en los hallazgos mencionados.
–– Los informes preliminar y definitivo producto de la actuación
fiscal realizada en el Fondo de Financiamiento para el Desarro-
llo Rural Integral (Fondagro), cuyo objetivo general era evaluar
los procedimientos utilizados para la distribución y adminis-
tración de los recursos asignados a Fondagro, a fin de verificar
la legalidad, razonabilidad y sinceridad en el otorgamiento de
créditos correspondientes a los ejercicios económico-finan-
cieros de los años 2009 y 2010, se evidenció que los hallazgos
plasmados en el informe definitivo no guardan relación con los
expresados en el informe preliminar. Cabe destacar, que en el
informe preliminar se mencionan 5 hallazgos y en el informe
definitivo se plasma sólo uno.
•	Adicionalmente, de la revisión efectuada a los informes correspon-
dientes a la muestra seleccionada, señalados en el punto anterior,
relativos a 2 actuaciones fiscales practicadas en el IDEA, año 2010,
y una en el Fondagro, año 2011, se observó un retraso de 357, 634 y
288 días, respectivamente, en relación con la fecha de notificación
del informe preliminar versus la fecha de notificación del informe
definitivo a los respectivos entes evaluados.
En razón de las observaciones formuladas y con miras a coadyuvar
en el logro de una mejor gestión de los organismos señalados, esta Con-
traloría General de la República recomendó:
A la máxima autoridad de la Contraloría del Municipio Maracaibo:
•	Proceder por la vía del contrato en aquellos casos que se requiera
personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por
tiempo determinado, e indicar en los mismos, de manera concreta
y detallada, las actividades y funciones que deben realizar.
•	Establecer mecanismos de control interno y estrategias que permi-
tan optimizar las etapas de planificación, ejecución y la redacción
de los hallazgos del proceso de auditoría; elevar la calidad de las
actuaciones realizadas, y adecuarse a las disposiciones y criterios
establecidos en cuanto a los procesos que deben llevarse a cabo en
cada una de las fases de la auditoría.
•	Ajustarse a las disposiciones contenidas en las Normas Generales
de Control Interno en cuanto a la conformación de los expedientes
de Potestad Investigativa.
•	Elaborar los autos de proceder de los expedientes de Potestad In-
vestigativa, de conformidad con las disposiciones contenidas en
el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
•	Notificar a la Contraloría General de la República el inicio de los
procedimientos de Potestad Investigativa realizados por el órgano
•	Publicar los Carteles de Notificación de los distintos procedimientos
administrativos sustanciados por ese órgano de control fiscal, de con-
formidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
•	Solicitar créditos adicionales solo para cubrir los gastos necesarios
no previstos, o cuyas partidas resulten insuficientes.
•	Elaborar un expediente único, donde repose la documentación que se
genere por cada procedimiento de selección de contratistas llevados
a cabo por esa contraloría municipal.
•	Preparar cada año, luego de la aprobación del presupuesto de ingre-
sos y gastos, la programación de compras para el próximo ejercicio
fiscal, a fin de asegurarse de que la aplicación de la modalidad de
contratación sea la que corresponda, evitando de esta manera dividir
en varios contratos la adquisición de los referidos bienes.
Al Concejo Municipal de Maracaibo:
•	El Concejo Municipal sólo deberá aprobar créditos adicionales al
presupuesto de egresos para cubrir gastos necesarios no previstos
en la Ordenanza Anual de Presupuesto o créditos presupuestarios
A las UAI del MPPCTI y el MPPC:
•	Realizar las acciones tendentes a la convocatoria del concurso público
para seleccionar al auditor interno titular de los citados ministerios.
•	Incorporar en el POA del MPPC la actividad del examen de cuentas,
e informar a este organismo contralor de conformidad con el artículo
36 de las Normas para la Formación, Rendición de las Cuentas de
los Órganos del Poder Público Nacional.
•	Instaurar en cada UAI un mecanismo de seguimiento y control sobre
las actividades planificadas en los respectivos POA, o bien, para su
reformulación debidamente justificada.
A la Contraloría del Estado Anzoátegui:
•	Designar en los distintos cargos que integran la estructura organiza-
tiva de la Contraloría del Estado Anzoátegui (informática, servicios
administrativos, recursos humanos, servicios jurídicos, etc.), profe-
sionales con carreras afines a dichos cargos.
•	Tomar las acciones pertinentes a que dé lugar, con el fin de corregir
lo plasmado en el Manual Descriptivo de Cargos, según el cual la
serie del cargo “Jefes de División” se encuentra limitada a una sola
profesión (Abogado).
•	Implementar las acciones necesarias que, al momento de elaborar los
informes de auditoría (preliminares y definitivos), permitan presentar
en forma clara, precisa y concreta los hallazgos detectados en las
actuaciones fiscales efectuadas, cerciorándose de que los mismos
posean los 4 elementos que lo integran (condición, criterio, causa y
efecto); así como la realización de las actividades que permitan desa-
rrollar los objetivos específicos planteados en los referidos informes.
•	Establecer mecanismos de control que garanticen la remisión de
forma oportuna a las correspondientes autoridades de los órganos
y/o entes auditados, de los resultados obtenidos a través de las ac-
tuaciones de control realizadas.
Se practicaron 4 exámenes de cuentas realizados en el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat),
al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE),
al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPF),
y a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Congefanb), en los cuales se evidenció que, de las operaciones para
el manejo de los fondos públicos recibidos no surgieron observaciones
que ameriten la objeción de las mismas, en consecuencia se declararon
fenecidas; sin embargo, se evidenció la existencia de debilidades de
control interno (con excepción del MPPEE):
•	En la UAI del Seniat los manuales de normas y procedimientos en
materia de contrataciones públicas, administración, control y sistema
financiero se encuentran desactualizados.
•	La UAI del MPPF no cuenta con manuales de normas y procedi-
mientos en materia de caja chica y fondos de anticipos.
•	En la Congefanb existen fallas administrativas y de control interno,
al evidenciarse deficiencias en la planificación de las actividades,
así como ausencia de registros de control de entrada y salida de
de una gestión administrativa eficiente y eficaz, este máximo organismo
contralor recomienda lo siguiente:
•	El Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y
Tributaria deberá realizar las gestiones pertinentes a los fines de
adecuar los manuales de normas y procedimientos en materia de
contrataciones públicas, administración, control y sistema financiero,
a las disposiciones legales y sublegales vigentes.
•	El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas deberá elabo-
rar los respectivos manuales de normas y procedimientos para el manejo
de caja chica y de los fondos en anticipos, a los fines de unificar criterios.
La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
•	Incorporar en los planes anuales de trabajo la información necesaria
que permita efectuar de manera confiable y oportuna el control y
la evaluación de la gestión de cada una de las dependencias que
conforman la Congefanb.
•	Adecuar el Sistema de Control Interno a los fines de llevar el registro
de materiales y suministros para una efectiva y eficiente adminis-
tración de los mismos.
•	Implementar las acciones correspondientes para que el registro de
los materiales y suministros se realice en atención a lo establecido en
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta Oficial N° 36.229
de fecha 17-06-97), así como en el Manual para el Registro de Ma-
teriales y Suministros del Sistema Integrado de Gestión y Control
de las Finanzas Públicas (Sigecof).
Se realizaron 2 auditorías de cumplimiento relacionadas con: la
evaluación de los resultados derivados del control fiscal interno ejercido
por la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(Congefanb), a través del examen de las cuentas de gastos y bienes de
210 dependencias del Ministerio del Poder Popular para la Defensa
(MPPD); y una en la Contraloría del Estado Falcón, relacionada con la
evaluación de los aspectos administrativos y legales vinculados con los
pagos efectuados por concepto de emolumentos a la máxima autoridad del
órgano de control estadal, cuyos alcances comprendieron los ejercicios
económicos financieros del año 2005 al primer semestre del año 2012.
de control se detectaron una serie de fallas y deficiencias comunes y re-
currentes que afectan la gestión de los órganos y entes sujetos al ámbito
de control, los cuales se mencionan a continuación:
En cuanto a los exámenes de cuenta realizados por la Congefanb,
se observó que de la revisión practicada a los 210 informes definitivos
de los exámenes de cuentas de gastos y bienes, 133 fueron declaradas
fenecidas y 77 objetadas, evidenciándose los particulares siguientes:
En referencia a los informes de exámenes de cuentas calificadas
como fenecidas, se constató que:
•	En 56 se precisaron fallas recurrentes, a saber: ausencia de manua-
les, instructivos o directivas debidamente aprobados que orienten
la ejecución de las actividades propias de las dependencias; omisión
del plan operativo anual; expedientes de adquisiciones y servicios
que no contienen la documentación completa; bienes nacionales
sin la debida identificación y ausencia de registros contables de
los mismos; ausencia de la constitución de la caución por parte de
los cuentadantes de las unidades; así como emisión de cheques a
nombre del cuentadante para el pago de viáticos en efectivo. Por
otra parte, en algunos casos, las recomendaciones formuladas no
guardan correspondencia con los hechos o hallazgos contenidos en
el cuerpo del respectivo informe, o bien con situaciones no obser-
vadas en el mismo.
•	Respecto a los informes de exámenes de cuentas calificadas como
objetadas, se evidenció que: en 73 no hay evidencias de actos, hechos
u omisiones que hubieren producido daño al patrimonio público, sino
que están vinculadas con deficiencias de control interno, las cuales
ameritan la adopción de acciones correctivas; por lo tanto, es factible
impartirles aprobación y otorgar el fenecimiento; y en una cuenta
objetada, se determinó que los resultados expuestos en el informe
fueron insuficientes para tomar una decisión acerca de la calificación.
•	En general los informes revisados presentan: hallazgos que no des-
criben de manera precisa los hechos generadores de las desviaciones,
los efectos que éstos pudieran generar en las actividades objeto de
análisis, ni los montos; falta de manuales de normas y procedimien-
tos, así como de organización; pagos en efectivo, en su mayoría por
viáticos, a funcionarios del MPPD, sin detallar la misión encomen-
dada y los resultados obtenidos, si fuere el caso; falta de resguardo
de los comprobantes y demás documentos que sustentan la cuenta;
inadecuados registros de los movimientos de almacén; bienes sin
identificar, y desactualización de los inventarios; así como del regis-
tro de proveedores y la prescindencia de algunos procedimientos de
la Ley de Licitaciones, actualmente Ley de Contrataciones Públicas,
en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios.
En la Contraloría del Estado Falcón se evidenció lo siguiente:
•	De la revisión efectuada a las nóminas y a las órdenes de pago emi-
tidas por la Contraloría del Estado Falcón, correspondientes al pago
de emolumentos de la máxima autoridad de ese organismo durante
el año 2011 y primer semestre de 2012, así como a la constancia de
los ingresos emitida por la Dirección de Recursos Humanos de este
organismo contralor, de la funcionaria de esta Contraloría General
de la República que se encontraba de comisión de servicio como
Contralora Provisional del Estado Falcón, se constató que la ex-
contralora percibió un excedente de Bs. 42,22 mil, por concepto de
salarios en el período antes señalado, debido a que el monto que le
fue pagado fue mayor al límite establecido según la Ley Orgánica de
Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y
Altas Funcionarias del Poder Público (Gaceta Oficial N° 39.592 de
fecha 12-01-2011), la cual establece que este límite es de 8 salarios
mínimos mensual.
•	Asimismo, se determinó que se pagó por concepto de bono vacacio-
nal correspondiente al año 2011, la cantidad de Bs. 11,15 mil, siendo
lo correcto el monto de Bs. 8,10 mil, evidenciándose una diferencia
de Bs. 3,05 mil, debido a que el sueldo percibido por la ex contralora
mensualmente en el período evaluado se excedió del límite esta-
blecido según la Ley; y adicionalmente, debido al pago en exceso
por sueldo percibido por la referida ciudadana, se observó que la
contraloría estadal pagó por concepto de bonificación de fin de año,
durante el año 2011, Bs. 33,44 mil, siendo lo correcto Bs. 24,29 mil,
lo que evidencia un excedente en el pago realizado de Bs. 9,15 mil.
•	En lo referente a las prestaciones por antigüedad se pagó para los años
2011 y 2012, el monto de Bs. 27,82 mil, debiendo ser por Bs. 19,66
mil, según lo establecido en la Ley de Emolumentos, arrojando una
diferencia a favor de la ex contralora de Bs. 8,16 mil, por cuanto la
base de cálculo que se utilizó estuvo por arriba de lo permitido por
•	Por otra parte, cabe señalar que la contraloría del estado pagó por
concepto de aportes patronales a la caja de ahorros de los trabaja-
dores, a favor de la ex contralora del estado, durante los ejercicios
fiscales de los años 2011 y 2012, el monto de Bs. 62,02 mil, siendo
lo correcto Bs. 45,38 mil, lo que generó un excedente en el pago
por el referido concepto de Bs.16,64 mil. Igualmente, se evidenció
en la nómina de bono único deportivo, de fecha 29-08-2011, y en la
nómina de asignación única de productividad, de fecha 14-12-2012,
el pago de los referidos conceptos a la ex contralora por Bs.1.500,00
y Bs.8.000,00.
•	Girar las instrucciones tendentes a evitar la contratación de personal
a tiempo determinado para ejercer funciones relativas al control fiscal
y asuntos jurídicos. Del mismo modo, implementar mecanismos que
le permitan a la UAI adecuar los expedientes con la información
completa y exacta del personal de esa dependencia.
•	Implementar acciones que permitan, al elaborar los informes de
auditorías, presentar en forma clara, precisa y concreta los hallazgos
determinados en las actuaciones fiscales efectuadas, cerciorándose
de que los mismos posean los 4 elementos que deben integrarlo
(condición, criterio, causa y efecto), así como la vinculación directa
de la conclusión y las recomendaciones con los objetivos y el alcance
de la actuación, de conformidad con lo establecido en las Normas
Generales de Auditoría de Estado (NGAE).
•	Requerir a las diferentes Unidades Administradoras del MPPD
objeto de examen, la elaboración de los respectivos planes de ac-
ciones correctivas, y planificar el seguimiento del resultado de estas
A la Contraloría del Estado Falcón:
•	Implementar las acciones pertinentes para fortalecer los mecanismos
del control interno dentro de la Dirección de Recursos Humanos
de la Contraloría del Estado Falcón, que garanticen que el proceso
de cálculo de los emolumentos del contralor(a) del estado se hagan
apegados a la Ley que regula la materia.
Concursos para la designación de titulares de Órganos de
Para el ejercicio fiscal del año 2013 se realizó la revisión de los
concursos para la designación de los titulares de los órganos de control
externo y de las unidades de auditoría interna, en los cuales se conside-
raron entre otras, las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal en cuanto a las competencias otorgadas a los
concejos municipales para la designación de los titulares de las contra-
lorías municipales, previo concurso público. En este sentido, se incluyó
en el plan operativo dicho proyecto, para lo cual se practicaron auditorías
de cumplimiento con el fin de verificar el procedimiento llevado a cabo a
tal efecto por la máxima autoridad del ente u órgano, y por los miembros
del jurado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Sobre
los Concursos Públicos para la Designación de los Contralores Distritales
y Municipales, y los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de
los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal
y sus Entes Descentralizados (Resolución N° 01-00-000004 de fecha
14-01-2010, Gaceta Oficial N° 39.350 de fecha 20-01-2010).
Asimismo, fueron recibidas 21 participaciones de convocatorias
de concursos públicos para la designación de titulares de unidades de
auditoría interna de los diferentes entes y organismos que conforman el
poder público estadal, de los cuales uno fue declarado desierto, 2 fueron
suspendidos, 1 fue declarado sin efecto, 13 fueron concluidos y 4 se en-
cuentran en proceso; y en el ámbito del poder público municipal fueron
recibidas 33 participaciones de convocatoria de concursos públicos para
la designación de titulares de las contralorías distritales y municipales,
de las cuales 11 ya fueron concluidos y 22 están en proceso; y 37 parti-
cipaciones de convocatorias corresponden a concursos públicos para la
designación de los titulares de las unidades de auditoría interna, de las
cuales 18 están en proceso y 19 fueron concluidas.
Se practicaron 3 auditorías de cumplimiento en la Unidad de Audito-
ría Interna del Instituto Autónomo de Infraestructura del Estado Yaracuy
(IAI), la Contraloría del Municipio Tubores del estado Nueva Esparta,
y la Contraloría del Municipio Diego Bautista Urbaneja del estado An-
zoátegui, con el objeto de verificar si el procedimiento efectuado para la
designación del titular del órgano local de control fiscal externo se ajustó
a lo previsto en el Reglamento sobre los Concursos Públicos para la
Designación de los Contralores Distritales y Municipales, y los Titulares
de las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del Poder Público
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes Descentralizados
(Gaceta Oficial N° 39.350 de fecha 20-01-2010), vigente.
De la revisión efectuada se evidenciaron deficiencias en la plani-
ficación de las actividades a cumplir para llevar a cabo la selección y
designación del auditor interno; inexistencia de un adecuado sistema de
control interno por parte del Jurado Calificador; inexistencia de la síntesis
curricular y título académico de los miembros del Jurado Calificador;
publicaciones de aviso de prensa sin mencionar las fechas de apertura
y cierre de las inspecciones del concurso público; así como deficiencias
en la evaluación de las credenciales, entre otras.
En el Instituto Autónomo de Infraestructura del estado Yaracuy:
•	Se constató que los documentos contenidos en el expediente de la
designación del auditor interno del IAI no se encuentran insertos en
orden cronológico, ni el expediente debidamente foliado, toda vez
que el mismo carece de numeración en algunas páginas insertas; asi-
mismo, se determinó que no se encuentra certificado en su totalidad.
•	Se constató que la convocatoria del Concurso Público para la De-
signación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto
Autónomo de Infraestructura del estado Yaracuy (IAI), se realizó en
fecha 22-06-2012, no obstante a que el aviso de prensa mediante el
cual se efectuó el llamado a concurso para la designación del titular
del órgano de control interno presenta como fecha de publicación el
día 04-07-2012, siendo el intervalo correcto para haber sido publi-
cado el aviso el comprendido entre el 25-06-2012 y el 29-06-2012.
En la Contraloría del Municipio Tubores del estado Nueva Esparta
y en la Contraloría del Municipio Diego Bautista Urbaneja del estado
•	No se evidenciaron en los expedientes de concursos las síntesis cu-
rriculares y los títulos académicos de los miembros que conforman
el Jurado Calificador; asimismo en el aviso de prensa no informó
la fecha de apertura y de cierre de la inscripción de dicho concurso
•	El Jurado Calificador rechazó a 2 participantes en ambos concursos
públicos por no poseer los 3 años de experiencia laboral en materia
de Control Fiscal establecidos en el numeral 6 del artículo 16 del
Reglamento Sobre los Concursos Públicos.
•	Se evidenciaron fallas y deficiencias en el proceso de verificación
y evaluación de las credenciales llevadas a cabo por el Jurado
Calificador, poniendo en riesgo así la transparencia, objetividad y
El Instituto Autónomo de Infraestructura del Estado Yaracuy deberá
•	Al momento de celebrarse el concurso para la designación del ti-
tular de la Unidad de Auditoría Interna del IAI, el expediente esté
Actividades para el Fortalecimiento
conformado con toda la documentación exigida por el Reglamento
y deberá estar debidamente numerado en forma consecutiva en
números y letras en cada uno de sus folios.
•	El nuevo Jurado Calificador del IAI establezca adecuados controles
internos que permitan adoptar medidas oportunas ante la detección
de irregularidades o vicios en el referido proceso.
La Contraloría del Municipio Tubores del estado Nueva Esparta y
la Contraloría del Municipio Diego Bautista Urbaneja del estado An-
zoátegui deberán:
•	Solicitar a todos los ciudadanos que integraran el Jurado Calificador
en la fase de designación los currículos con sus respectivas creden-
ciales, con el objeto de verificar que reúnan los requisitos mínimos
•	El Concejo Municipal deberá informar a este máximo órgano de
control la fecha, diario y ubicación exacta del aviso de prensa pu-
blicado para el llamado público a concursar.
•	El Jurado Calificador solicitará opinión a la Contraloría General de la
República sobre las situaciones no previstas en el Reglamento Sobre
los Concursos Públicos y las dudas que se presenten en su aplicación.
•	El Jurado Calificador deberá realizar las evaluaciones de las creden-
ciales de los participantes de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos en el Reglamento Sobre los Concursos Públicos.
Actividades para el fortalecimiento del Sistema
En el ámbito de la Administración de los Poderes Públicos Nacionales
y en el marco del Objetivo Institucional Nº 1: Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control Fiscal, contemplado en la planificación estratégica
de los años 2009 al 2015 de la CGR, se realizaron: facilitaciones, mesas
de trabajo y aplicación de cuestionarios para el levantamiento de informa-
ción, con el objetivo de que los auditores de la UAI del Seniat adquieran
conocimientos teóricos y prácticos en materia de examen de la cuenta de
ingresos de la renta aduanera y de tributos internos. Asimismo, se esta-
blecieron actividades coordinadas entre este máximo órgano de control y
la referida dependencia, en las Aduanas Principales Aérea de Maiquetía,
Marítima de La Guaira y en la Gerencia Regional de Tributos Internos
Región Capital, a los efectos de supervisar y monitorear 3 exámenes
de las cuentas de ingresos de la renta aduanera y 8 del Impuesto sobre
Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, correspondientes a los
ejercicios económicos financieros de los años 2005 y 2008.
La Contraloría General de la República, a fin de consolidar y forta-
lecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (Sncf), viene realizando
esfuerzos destinados a la formación de los funcionarios al servicio de
los órganos de control fiscal; en tal sentido, en lo que respecta al ámbito
estadal y municipal, esta entidad fiscalizadora superior implementó pro-
gramas de asesoría, evaluación y seguimiento, los cuales le permitieron
optimizar su organización y funcionamiento, mejorar la calidad del
proceso de Auditoría de Estado y Determinación de Responsabilidades;
optimizar el control sobre el patrimonio público, y promover la auto-
matización de los procesos medulares de los órganos de control fiscal,
para asumir eficazmente el ejercicio del control que constitucional y
legalmente les ha sido atribuidos.
El programa “Haciendo Comunidad” implementado por Instituto
de Altos Estudios de Contro Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación
“Gumersindo Torres”, Cofae, durante el año 2013 en los estados: Tru-
jillo, Yaracuy, Mérida, Falcón, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y
Táchira, se encuentra desarrollado en el curso denominado “Contraloría
Social Comunitaria”, concebido como un deber y un derecho de todo
ciudadano ante la obligación que tienen los servidores públicos de rendir
cuentas, trazando parámetros que logren definir y determinar el alcance de
la contraloría social para crear mayor participación ciudadana, ejercicio
de la corresponsabilidad y protagonismo por parte de las comunidades
en la toma de decisiones contextualizadas en la realidad social nacional,
Busca formar y capacitar a los participantes en los conocimientos
teóricos, prácticos y metodológicos para realizar la contraloría social con
base en la visión crítica de los derechos humanos, a través de acciones
de control, vigilancia, seguimiento y evaluación, de manera individual,
colectiva u orgánica, con el propósito de contribuir al conocimiento
al Sistema Nacional de Control Fiscal
de la gestión pública en el manejo de los recursos públicos o privados,
para que estos sean canalizados y utilizados eficiente y eficazmente en
términos de transparencia, legalidad, sinceridad, honestidad, celeridad
y participación, para velar porque los mismos sean destinados a las ne-
cesidades manifiestas de la voluntad popular, exigiendo la rendición de
cuentas a los responsables de las mismas.
Implementación de la “Valija Didáctica” por parte de las 23
Durante el año 2013, las 23 contralorías estadales, a solicitud de esta
entidad fiscalizadora superior, realizaron la entrega a las zonas educativas
de los diferentes municipios de cada uno de los referidos estados, de 8.507
libros incluidos en la “Valija Didáctica” conformada por: un Manual de
Formación para la Educación Cívica y Ciudadana y el Rescate de los
Valores, un texto de lecturas para descubrir valores, un texto de valores
y juegos cooperativos, y material de apoyo integrado por la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder
Ciudadano, Conducción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, CD con una
presentación en formato digital, y trípticos relativos al Poder Ciudadano.
Actividades de apoyo al Sistema Nacional de
fueron evacuadas consultas formuladas por las UAI de los Ministerios del
Poder Popular para: Agricultura y Tierras (MPPAT), Turismo (MPPT), In-
dustrias (MPPI), Servicio Penitenciario (MPPSP), Relaciones Interiores,
Justicia y Paz (MPPRIJP), Educación Universitaria (MPPEU), Trabajo
y Seguridad Social (MPPTSS), Juventud (MPPJ), Ciencia, Tecnología
e Innovación (MPPCTI); así como del Fondo Especial Ezequiel Zamora
(FEEZ) y del Ministerio Público (MP), entre otros.
•	La UAI del MPPAT solicitó autorización para realizar funciones de
control fiscal en los organismos o entidades que no justifiquen el
funcionamiento de una UAI propia, y en este sentido, se determine
el órgano de control fiscal (OCF) competente para practicar las
verificaciones de las actas de entrega de las Juntas Liquidadoras de
diferentes empresas adscritas al Instituto Autónomo Corporación
Venezolana Agraria (CVA). Atendiendo lo indicado, sin perjuicio
de las funciones de control fiscal externo que en cualquier momento
pueda ejercer esta CGR, se dictaminó que le corresponde a la UAI
de la citada Corporación, la revisión de las actas de entrega.
•	El MPPI solicitó autorización, de acuerdo con lo previsto en el artículo
26 de la LOCGRSNCF, para que su UAI practique la revisión de las actas
de entrega de las empresas adscritas a dicho Ministerio. Al respecto,
esta Contraloría General de la República (CGR) es de la opinión, que
sólo podrá otorgar dicha dispensa previa evaluación de los soportes
documentales previstos en los artículos 49 y 50 del Reglamento de la
LOCGRSNCF (Gaceta Oficial N° 39.240 de fecha 12-08-2009).
•	El FEEZ solicitó autorización, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 26 de la LOCGRSNCF, para que la UAI de su órgano de
adscripción ejerza funciones de control en dicho servicio autóno-
mo, o en su defecto para crear su propia UAI. Este máximo órgano
contralor señaló, que de acuerdo con su estructura, número y tipo de
operaciones, así como con el monto de los recursos administrados, al
FEEZ no le es aplicable el supuesto contenido en el parágrafo único
de la norma señalada, por lo que debe organizar su propio OCF.
•	La UAI del MPPCTI consultó acerca de la eficacia y validez de
las actuaciones fiscales realizadas por un funcionario adscrito a
esa dependencia con cargo de asistente administrativo, al que se le
asignaron labores propias de auditor sin haber sido promovido a esa
función por la oficina de recursos humanos. La CGR resolvió que
los actos señalados se encuentran ajustados a derecho al constituir
instrumentos de mero trámite.
•	Asimismo, la referida UAI del MPPCTI consultó cuáles de los
objetivos de desempeño incluidos en el instrumento de evaluación,
deben tomarse en cuenta para el caso de una funcionaria que ostenta
el cargo de Técnico I y que ejecutó funciones de auditor. Este máxi-
mo órgano contralor se abstuvo de emitir la opinión, visto que la
materia en referencia compete a la Dirección de Recursos Humanos
•	La UAI del MPPT solicitó orientación sobre los requisitos o elemen-
tos que deben contener, para su correspondiente validez legal, las cer-
tificaciones de cargos, con la finalidad de incluirlos en los expedientes
de Potestad Investigativa que sustancia en los actuales momentos esa
UAI. Este organismo contralor señaló que tales documentos deberán
indicar: nombres y apellidos del presunto responsable, número de
cédula de identidad, domicilio, número telefónico, cargos ejercidos
y lapsos; así como mencionar si actualmente se encuentra laborando
en alguna de las dependencias del MPPT o si cesó en sus funciones.
•	La UAI del MPPSP consultó si le corresponde continuar o iniciar
los procedimientos sobre presuntas irregularidades ocurridas en
la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios (DNSP). En tal
sentido, este organismo contralor opinó que dicha competencia le
corresponde a la UAI del MPPRIJP.
•	La UAI del MPPRIJP solicitó orientación en relación con la apli-
cación de los procesos administrativos y legales vinculados con las
Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la
Administración Pública y sus Respectivas Oficinas o Dependencias
(NREOEAPROD), Gaceta Oficial Nº 39.229 de fecha 28-07-2009; en
los puntos siguientes: 1) procedencia de entregar de manera digital las
actas de entrega, con respaldo de un documento señalando la cantidad
de anexos; 2) el deber de certificar los reportes que se generan de
herramientas o sistemas informáticos [Sistema Integrado de Gestión
y Control de las Finanzas Públicas (Sigecof), Sistema Integrado
de Gestión Financiera de Recursos Humanos (Sigefirrhh), entre
otros]; 3) procedencia de realizar actuaciones fiscales por solicitud
de la máxima autoridad, en entes adscritos al Ministerio que poseen
UAI, que en algunos casos están inoperativas. La CGR sostuvo que,
aunque se reconoce que los documentos pueden ser reproducidos a
través de medios electrónicos, informáticos, ópticos o telemáticos
que garanticen la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la
información en ellos contenida, su valor probatorio dependerá del
cumplimiento de los requisitos legales que garanticen su eficiencia.
Asimismo indicó, que de acuerdo con el ámbito de competencia de
las UAI de los organismos de adscripción, no les está permitido
ejercer funciones de control sobre otros órganos y entidades, pues
se estarían extralimitando en el ejercicio de sus competencias.
•	Las UAI del MPPRIJP y el MPPCI solicitaron autorización para
realizar auditorías especiales en entes descentralizados adscritos a
esos despachos. Este organismo contralor señaló que a las UAI de
los ministerios no les está permitido ejercer funciones de control en
esas personas jurídicas, pues son propias de los órganos de control
fiscal externo.
•	La UAI del MP consultó sobre la interpretación y aplicación del
artículo 19 de la Providencia que regula la Liquidación y Cierre del
Ejercicio Económico Financiero 2012, dictada por el Ministerio del
Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF), y su supuesta
colisión con el artículo 13 de las NFRECOPPN, y los artículos 56
de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 39.955 de fecha 29-06-2012, y 115 de
su Reglamento N° 1. En opinión de esta CGR, los citados artículos
se encuentran en armonía y no existe colisión con lo dispuesto en
el artículo 19 de la Providencia in comento.
•	La UAI del MPPEU consultó si es procedente la entrega de los in-
formes definitivos de las actuaciones fiscales realizadas por esa UAI.
Al respecto, esta CGR señaló que la UAI sí puede entregar copias
de los mismos, con base en el marco legal y sublegal en materia de
participación ciudadana, salvo que medie alguna investigación, de
conformidad con el artículo 79 de la LOCGRSNCF.
•	En cuanto a la revisión de proyectos de reglamento interno, manuales
de organización y normas de procedimientos de potestad investiga-
tiva y determinación de responsabilidades de las UAI del MPPTSS,
el MPPJ y el Servicio Nacional Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), este máximo órgano contralor procedió
a formular una serie de recomendaciones, tendentes a unificar los
criterios que en esta materia deben aplicar los órganos que confor-
man el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), tomando como
referencia los instrumentos normativos emanados de esta CGR.
•	La UAI del MPPEU consultó si tiene competencia para efectuar
actuaciones fiscales en la Caja de Ahorros de los Trabajadores y
Empleados del Ministerio, así como para conformar la entrega de
bienes pertenecientes a Institutos Universitarios, una vez que pasa-
ron a ser universidades politécnicas territoriales de los estados. La
CGR indicó que esa UAI no tiene tal competencia, en razón de que
son facultades atribuidas a los órganos de control fiscal externos;
ni tampoco para conformar la entrega de dichos bienes, por tratarse
de una actividad de control perceptivo previo, atribuida a la admi-
nistración activa.
•	Se llevó a cabo la revisión y el análisis de 768 informes de exáme-
nes de cuentas efectuados por las UAI del MPPAT, el MPPCTI,
el MPPPM, el MPPT, el MPPF, el MPPC, el MPPA, el MPPEE,
el Seniat, el MP, el MPPD, el MPPRIJP, y de los Ministerios del
Poder Popular del Despacho de la Presidencia, y Seguimiento de la
Gestión de Gobierno; para las Comunas y Protección Social (MPP-
CPS); para los Pueblos Indígenas (MPPI); la Superintendencia de
Auditoría Interna (Sunai); y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ);
a los efectos de formar un criterio acerca de los resultados de sus
actuaciones y valorar la oportunidad y calidad de los mismos, a los
fines de orientarlos en el ejercicio del control fiscal y en lo que res-
pecta a la formación, rendición, examen, calificación y declaratoria
de fenecimientos de las cuentas de ingresos, gastos y bienes.
•	De los informes revisados, algunos presentan hallazgos u observa-
ciones que no describen de manera precisa los hechos generadores
de las desviaciones; así como, los efectos que éstos pudieran causar
en las actividades objeto de análisis, ni los montos. Asimismo, las
recomendaciones formuladas no guardan correspondencia con los
hechos o hallazgos contenidos en el cuerpo del respectivo informe,
o bien, con situaciones no observadas en el mismo.
•	En otros informes, correspondientes a cuentas calificadas como
objetadas, se constató que no hay evidencias de actos, hechos u
omisiones que hubieren producido daño al patrimonio público, sino
que están vinculados con deficiencias de control interno, las cuales
ameritan la adopción de acciones correctivas. Por lo tanto, es factible
impartirles aprobación y otorgar el fenecimiento.
Igualmente, se efectuaron diferentes actividades en el ámbito de la
Administración Nacional Descentralizada relativas a: la revisión de 153
informes de gestión de las UAI; se enviaron 109 oficios de seguimiento
a denuncias; se revisaron 60 planes operativos de las UAI y se realizaron
30 exhortaciones a llamar a concursos públicos de las UAI, entre otros
aspectos que se relacionan a continuación:
Cuadro N° 38
Actividades en el ámbito de la Administración Nacional
CONCEPTO TOTALES
Análisis de Reglamento Interno de la UAI 16
Exhortación a llamar a concurso público de la UAI 30
Revisión POA de la UAI 60
Revisión de Informes de Gestión de la UAI 153
Revisión de actas de entrega de la UAI 33
Seguimiento de denuncias (Oficios) UAI 109
Revisión de autos de proceder, autos de archivo,
multas remitidas por las UAI
Análisis de información propia de la UAI 8
Además, en el ámbito de la Administración Estadal y Municipal se
generaron diferentes actividades que se detallan a continuación:
Cuadro Nº 39
Actividades en el ámbito de la Administración
Estadal y Municipal
Anuncios de Prensa (Concursos Públicos) 18
Oficios Circulares 48
Se formularon 48 oficios circulares, de los cuales 32 corresponden
al ámbito estadal, dirigidos a los Secretarios Generales de Gobierno de
los estados y a los contralores estadales, mediante los cuales se giraron
lineamientos relacionados con los siguientes aspectos: reunión de tra-
bajo con los contralores estadales; suministro de la Ley de Presupuesto
de Ingresos y Gastos y Distribución Institucional, aprobada para el año
2013; Plan Operativo Anual 2013; remisión de información relacionada
con la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano por parte de la
Gobernación de los estados, por el Consejo Legislativo y por la contra-
loría estadal; y, Auditoría con enfoque Ambiental. Y 16 oficios circulares
restantes pertenecen al ámbito municipal, a través de los cuales se les
solicitó a las alcaldías, concejos municipales y órganos de control fiscal
que remitan a este máximo órgano contralor, resultados de los linea-
mientos relacionados con los siguientes aspectos, entre otros: inclusión
en cada actuación fiscal de un objetivo, en el cual se verifique que los
auditores, consultores, profesionales independientes y firmas de auditores,
que hayan prestado servicios en materia de control a las alcaldías y/o sus
entes descentralizados durante el año 2012, se encontraban inscritos en el
registro que al efecto lleva esta entidad fiscalizadora superior; remisión
los primeros 5 días de cada mes de la data de capacitación del poder
popular (consejos comunales, comunas, federaciones, frentes sociales y
empresas de propiedad social); verificar si las personas involucradas en
los hallazgos detectados en los expedientes que se remiten a esta Entidad
Fiscalizadora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Or-
gánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal, son funcionarios de alto nivel (alcaldes-concejales),
según las instrucciones establecidas en el artículo 68 del Reglamento
de la citada Ley; remitir una relación de los Recursos Contenciosos Ad-
ministrativos de Nulidad interpuestos contra los Actos Administrativos
dictados por la Contraloría Municipal; remitir a esta institución contralora
una relación de los entes y organismos informados sobre la convocatoria
del llamado a concurso, así como, los resultados de los mismos; remitir
data de la gestión trimestral de las contralorías municipales; informar
cualquier solicitud de cursos o talleres que requieran las contralorías
municipales, relacionados con los procesos medulares de auditoría, po-
testad investigativa o determinación de responsabilidades, los cuales se
realizarán en coordinación con el Instituto de Altos Estudios de Control
Fiscal y Auditoría de Estado, Fundación “Gumersindo Torres” (Cofae),
quien será responsable de organizar con la contraloría estadal la reali-
zación de la actividad de capacitación requerida; informar los recursos
entregados por la alcaldía para la ejecución de proyectos en el período
2010-2012; solicitud de remitir data de los Reglamentos y Ordenanzas en
materia de recaudación e ingresos en las entidades locales; exhortación
a las alcaldías a presentar Declaración Jurada de Patrimonio; solicitud
de información a las contralorías municipales relacionadas con la orga-
nización y funcionamiento de las empresas hidrológicas municipales;
remisión de un modelo de aviso del llamado público a participar en los
concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de
control fiscal externo en cada uno de los municipios.
Por otra parte, se le solicitó a las contralorías estadales su cooperación
con las gobernaciones de los estados, alcaldías, así como con los entes
descentralizados estadales y municipales, en el proceso para el cálculo
de los pasivos laborales que se le adeudan a los trabajadores y extraba-
jadores, en atención a la solicitud efectuada por la Vicepresidencia de
la República. De igual forma, se le requirió a las contralorías estadales
la inclusión, dentro de las actuaciones fiscales, de un objetivo en el cual
se verifique que las contrataciones que haya efectuado la gobernación
del estado y/o sus entes descentralizados, relacionadas con auditores,
consultores y profesionales independientes en materia de control, y
las personas naturales o jurídicas que las representan, se encontraban
inscritas en el Registro que lleva la Contraloría General de la Repúbli-
ca; así como solicitud de información referente a actuaciones fiscales
practicadas por los órganos de control estadal en los consejos comunales
cuyos proyectos fueron financiados por la gobernación del estado o sus
entes descentralizados.
De igual forma, se le solicitó a las contralorías estadales la remisión
de la data de capacitación correspondiente al año 2013, a los fines de
conocer las cantidad de voceros y voceras de las instancias del poder
popular capacitados en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento del
Poder Popular; información referente a la creación de un ente descen-
tralizado (fundación) orientado a impartir actividades de capacitación;
lineamientos relacionados con la asistencia del contralor estadal sin
acompañantes ante futuros eventos de tipo institucional; solicitud de
remisión de las auditorías practicadas; potestades de investigación ini-
ciadas y/o concluidas; procesos de determinación de responsabilidades
aperturados y/o concluidos correspondientes a los años 2010, 2011 y
2012; información relacionada con la publicación de los resúmenes
ejecutivos en la página web de las contralorías estadales; solicitud de
comunicaciones mediante las cuales las contralorías estadales hayan
solicitado realizar la verificación de títulos académicos; lineamientos
relacionadas con el criterio en materia de concursos públicos, respecto
a la convocatoria del llamado a participar en concursos públicos para la
designación de auditores internos, así como de contralores municipales.
Asimismo, se informó que cualquier solicitud de actividad de capa-
citación relacionada con los procesos de auditoría, potestad investigativa
o determinación de responsabilidades que requieran las contralorías es-
tadales, deberá efectuarse ante la Contraloría General de la República, a
los fines de realizar la coordinación con Cofae; así como los lineamientos
relacionados con solicitud de información a las gobernaciones de los
estados, relacionada con el monto total de recursos entregados a instan-
cias del poder popular o cualquier otra organización de base del poder
popular, para la ejecución de proyectos durante el período 2010-2012.
Por otra parte, se solicitó a las contralorías estadales información
referente a la implementación de los programas “La Contraloría va a la
Escuela” y “Valija Didáctica 2006”; se solicitó la inclusión en el Poa
2014 de las contralorías de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro
y Falcón, la realización de una auditoría con enfoque ambiental en la cual
esas entidades federales, así como la realización de un curso de audito-
ría ambiental a los fines de desarrollar la metodología a seguir para la
ejecución de la mismas. De igual forma, se convocó a los contralores
estadales a la charla denominada “El Plan de la Patria y su vinculación
con el Sistema Nacional de Control Fiscal”.
A fin de fortalecer el ejercicio de las funciones de control de los
órganos que integran el SNCF y con fundamento en la “Disposición
Transitoria Tercera” de la Reforma de la LOCGRSNCF, respecto a la
facultad de la Contraloría General de la República de designar provi-
sionalmente a los contralores de los estados, hasta tanto se dicte el res-
pectivo Reglamento, la Contralora General de la República (E), durante
el año 2013, designó 7 funcionarios como contralores provisionales de
las contralorías de los estados: Anzoátegui, Carabobo, Miranda, Mérida,
Monagas, Sucre y Vargas. Asimismo, de conformidad con lo previsto en
el artículo 34 de la Locgrsncf, se mantienen las intervenciones en
el ámbito del Poder Público Estadal, de las contralorías de los estados:
Apure, Bolívar, Guárico, Nueva Esparta y Portuguesa. De igual manera,
continúan en su labor los contralores provisionales designados por este
organismo contralor de los estados: Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta
Amacuro, Falcón, Lara, Trujillo, Yaracuy y Zulia. En el ámbito municipal,
este máximo órgano de control designó un funcionario de este organismo,
el cual se encuentra prestando sus servicios en la Contraloría del Estado
Monagas; por otra parte, una funcionaria se encuentra colaborando en
la Contraloría del Estado Anzoátegui.
Así mismo, a los fines de lograr la unidad de dirección de los sis-
temas y procedimientos de control, así como el buen funcionamiento
de la Administración Pública, garantizar la independencia, idoneidad y
capacidad técnica de sus titulares, durante el año 2013 fue intervenida la
Contraloría del Municipio Valencia del estado Carabobo y se mantuvieron
intervenidas 15 contralorías municipales desde años anteriores, para un
total de 16 intervenciones que se detallan a continuación:
Cuadro N° 40
Contralorías municipales intervenidas
Santos Michelena Aragua
Puerto Cabello Carabobo
Bolivariano Libertador Distrito Capital
Francisco de Miranda Guárico
Jiménez Lara
Motatán Trujillo
Así mismo, para el año 2013 fue intervenida la Unidad de Auditoría
Interna del municipio Valencia del estado Carabobo.
En este sentido, esta entidad fiscalizadora superior, a través de las
intervenciones, apunta a lograr unificar los sistemas y procedimientos
para el mejoramiento continuo de los órganos que conforman el SNCF,
implantando, tanto en la organización, como en su recurso humano, una
cultura de cambio como factor de progreso, así como el desarrollo de
actividades que impulsen la autonomía funcional, administrativa, presu-
puestaria y organizativa de los órganos de control fiscal.
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