Source: http://www.slideshare.net/weberbol/amparo-constitucional-tipnis-ultimo
Timestamp: 2014-11-28 14:07:27
Document Index: 404857919

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 18', 'Artículo 385', 'artículo 33', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 30', 'Artículo 352', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'Artículo 15', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 256', 'Artículo 30', 'Artículo 403', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 256', 'Artículo 61', 'Artículo 71', 'Artículo 5', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 322', 'artículo 77']

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SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DECHUQUISACA CON PRUEBA DOCUMENTAL ADJUNTA, FUNDAMENTACIONES LEGALES QUE EXPONE Y LEYES QUE INVOCA, INTERPONE ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.- OTROSÍES.- Su contenido.La SUBCENTRAL DEL TERRITORIO INDIGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBOROSECURE (TIPNIS), legalmente representada por FERNANDO VARGAS MOSUA,mayor de edad, hábil por derecho con Cédula de Identidad N° 1713082 -Beni, presentándome ante sus Autoridades con el debido respeto expongo, ypido:I. PERSONERIA Y LEGITIMACIÓN DEL ACCIONANTEEn cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 77 de la Ley Nº 027 del TribunalConstitucional Plurinacional, tengo a bien acreditar mi personería jurídica ylegitimación activa para interponer la presente Acción de AmparoConstitucional, en representación legal y legítima de la Subcentral TIPNIS, através de la copia legalizada de la Personalidad Jurídica de la Subcentral delTerritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, ResoluciónAdministrativa Prefectural y Registro Nº 94 de fecha 06/11/96 queacompañamos, así como las Actas de Elección y Posesión del Directorio dela Subcentral TIPNIS, Acta Notariada del XXX Encuentro Extraordinario deCorregidores del TIPNIS de fecha 17 de marzo de 2012, realizado en lacomunidad Gundonovia que me facultan para representar y accionar endefensa de los derechos y garantías de los pueblos y comunidades indígenastitulares del derecho propietario del TIPNIS, en previsión de lo señalado en el 2.
artículo 14 de la Constitución Política del Estado, artículo 5 inc. d) delConvenio 169 de la O.I.T ratificado por Ley Nº 1257 y artículo 18 de laDeclaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los PueblosIndígenas, ratificada por Ley Nº 3760.II. ANTECEDENTESLas comunidades de los pueblos indígenas Yuracaré, Tsimane y Mojeño-Trinitario representadas legalmente por la Subcentral del Territorio Indígena yParque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), son propietarias colectivas de laTierra Comunitaria de Origen (TCO), como consta en el Titulo EjecutorialTCO08030002 de fecha 13 de febrero de año 2009, otorgado por elPresidente del Servicio Nacional de Reforma Agraria y presidente del EstadoPlurinacional Sr. Juan Evo Morales Aima. El TIPNIS es también Parque Nacional,de conformidad a su decreto de creación Nº 7401 del 22 de noviembre de1965 y su modificación en 1990, a través del D.S. 22610 de 24/09/1990, por elcual y después de la histórica Marcha “Por el Territorio y la Dignidad” esreconocido como Territorio Indígena.Como es de conocimiento de sus autoridades, el Gobierno del EstadoPlurinacional de Bolivia, tomó la decisión unilateral de ejecutar laconstrucción del proyecto carretero Villa Tunari - San Ignacio de Moxos,atravesando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS),para cuyo efecto se diseño el proyecto carretero, se tomaron medidasadministrativas, legislativas y otras incluido el trazado, la contratación de unaempresa constructora y la ejecución de las obras en los tramos I y III, sin quepara ello se hubiera desarrollado un proceso de Consulta Previa Libre eInformada prevista en la norma fundamental como requisito previo para 3.
llevar adelante cualquier proyecto que afecte la vida de los pueblosindígenas y su territorio, tal cual se determina en el Art. 30 numeral 15, el Art.403 parágrafo I, de la Constitución Política del Estado plurinacional, el Art. 6del Convenio 169 de la OIT y el Art. 32 parágrafo II de la Declaración de lasNaciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.Pero además, las acciones del gobierno vulneran contundentemente lasprevisiones contenidas en el Art. 385 de la norma constitucional, respecto alas áreas protegidas, que textualmente señala: “Artículo 385. I. Las Áreas Protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”.Cabe enfatizar que la sola decisión de construir una carretera que atraviesepor este Territorio Indígena y, sobre todo, Área Protegida, constituye unavulneración constitucional y violación del derecho humano fundamentalreconocido en el artículo 33, el cual está garantizado por la mismaConstitución mediante las Acciones de Defensa.Como respuesta a estas violaciones a los derechos individuales y colectivoslos pueblos afectados protagonizaron la VIII Marcha Indígena que culminó el24 de octubre de 2011, con la promulgación de Ley N° 180 de Protección del 4.
TIPNIS, que recoge el planteamiento principal de respeto y protección delTIPNIS, cuyo contenido sobresaliente es el siguiente:“Artículo 1. (DECLARATORIA DE PATRIMONIO DEL TIPNIS).I. Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Tsimane, Yuracaré y Mojeño-trinitario cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.II. En el marco de los artículos 30, 385, 394 y 403 de la Constitución Política del Estado y otras normas vigentes, se ratifica al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS como territorio indígena de los pueblos Tsimane, Yuracaré y Mojeño-trinitario, de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y como área protegida de interés nacional”.“Artículo 2. (TERRITORIO INDÍGENA Y ÁREA PROTEGIDA). Teniendo el TerritorioIndígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS, además de la categoríade territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, engarantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida,la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales enconvivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.”“Artículo 3. (CARRETERAS POR EL TIPNIS). Se dispone que la carretera VillaTunari - San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará elTerritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS.”Concluida la VIII marcha indígena, el gobierno instrumentó una movilizacióncon el denominado “Consejo Indígena del Sur” (CONISUR), organización 5.
ajena al territorio y a las estructuras organizativas del TIPNIS, quienesdemandaron la construcción del ilegal Proyecto Carretero Villa Tunari - SanIgnacio de Moxos, petición promovida y recogida por el Gobierno a travésde la Ley N° 222 de 10 de febrero de 2012, de Consulta a los pueblosindígenas del TIPNIS, en flagrante contradicción a la Ley N° 180. Esta Ley N°222 dispone en sus partes principales lo siguiente:“Articulo 1. (OBJETO).La presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta PreviaLibre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y ParqueNacional Isiboro Sécure - TIPNIS, y establecer el contenido de este proceso ysus procedimientos.”“Artículo 2. (MARCO NORMATIVO).El derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a serconsultados está establecido en el numeral 15, parágrafo II, del Artículo 30 yen el Artículo 352 de la Constitución Política del Estado, en la Ley N° 1257 de11 de julio de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo - OIT y en la Ley N° 3760 de 7 de noviembre de 2007(Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los PueblosIndígenas), modificada por la Ley N° 3897 de 26 de junio de 2008.”“Artículo 3. (ÁMBITO DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE EINFORMADA).La Consulta Previa Libre e Informada se realizará en el ámbito de lascomunidades indígena originario campesinas Mojeño-Trinitarias, Tsimane yYuracarés, que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure- TIPNIS, en su doble categoría de Territorio Indígena y Área Protegida,respetando sus normas y procedimientos propios.” 6.
“Artículo 4. (FINALIDAD DE LA CONSULTA).Lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblosindígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Tsimane y Yuracaré, sobrelos siguientes asuntos:) Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS debe sera. zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Tsimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.b Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígenab.) y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria del TIPNIS.”“Artículo 5. (SUJETOS DEL DERECHO A SER CONSULTADOS).I. Son sujetos del derecho a ser consultados, en concordancia con el Artículo 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT (Ley No. 1257 de 11 de julio de 1991), todas las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS.II. Los idiomas en el proceso de consulta serán: mojeño-trinitario, mojeño- ignaciano, Tsimane, yuracaré y castellano.”“Artículo 6. (OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADOPLURINACIONAL).I. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en coordinación con las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, respetando sus normas y procedimientos propios, es el encargado de llevar adelante el proceso de Consulta Previa Libre e Informada.II. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, debe garantizar los recursos suficientes para la implementación del proceso de consulta. 7.
III. El Órgano Ejecutivo a través de los Ministerios correspondientes, está obligado a brindar la información detallada de manera oportuna, a fin de garantizar que el proceso de consulta sea de buena fe, libre, informado, participativo y transparente.IV. Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y particularmente, de acuerdo al numeral 2 del Artículo 15 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley No. 3760 de 7 de noviembre de 2007, modificada por la Ley No. 3897 de 26 de junio de 2008), el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas eficaces en consulta, coordinación y cooperación con los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas, y entre ellos y todos los demás sectores de la sociedad.”“Artículo 7. (OBSERVACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO EINFORME).I. El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático - SIFDE, será el encargado de la observación y acompañamiento de la Consulta Previa, Libre e Informada, debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido para la consulta con una anticipación de treinta (30) días.II. Concluido el proceso de observación y acompañamiento a la Consulta Previa Libre e Informada, el SIFDE elaborará el respectivo informe de acompañamiento, señalando los resultados de la consulta.III. El Estado Plurinacional de Bolivia invitará a las organizaciones internacionales, relacionadas con la temática de la consulta, en calidad de veedores internacionales”.“Artículo 9. (ETAPAS DEL PROCESO).El proceso de consulta deberá cumplir, al menos, con las siguientes etapas: 8.
1. Preparación de la consulta: a) Cronograma y protocolo de la consulta. b) Acopio de la información pertinente. c) Notificación previa. d) Publicidad de la consulta. e) Provisión de información pertinente.2. Instalación y desarrollo de la consulta: a) Comunicación a los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré de toda la información necesaria y suficiente, para el desarrollo y cumplimiento de la finalidad de la Consulta. b) Consideración y definición sobre si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS es zona intangible o no, y sobre la Construcción de la carretera Villa Tunan – San Ignacio de Moxos. c) Consideración y decisión sobre las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales, respetando la línea demarcatoria, y determinar si fuera el caso, los mecanismos para mantener la zonificación establecida en el Plan de Manejo del TIPNIS.3. Resultados de la Consulta: a) Suscripción de actas de conclusiones. b) Notificación de las decisiones.”III. RECURSO DIRECTO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY N° 222Dada la inconstitucionalidad flagrante de la Ley N° 222, no siendo previa laconsulta y estando en abierta contradicción con la Ley N° 180, se planteó enfecha 27 de febrero de 2012, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, unaAcción Abstracta de Inconstitucionalidad, al tiempo que los dirigentes ybases indígenas de la Sub Central TIPNIS, la Central Indígena del Oriente 9.
Boliviana (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu(CONAMAQ) junto a las bases y los diputados de las circunscripcionesespeciales indígenas, definimos el inicio de la IX Marcha Indígena, exigiendoentre otras demandas, la derogatoria de la Ley N° 222 por lo anteriormentemencionado, es decir por ser su contenido vulneratorio de la ConstituciónPolítica del Estado y la Ley N° 180.IV. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0300/2012 DE 18 DE JUNIO DE 2012Recibida en el Tribunal Constitucional la Acción de InconstitucionalidadAbstracta planteada respecto a los Arts. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 11 de la Ley N° 222,planteada por dos Asambleístas, tomamos conocimiento que paralelamentese había interpuesto otra Acción Abstracta de Inconstitucionalidad contra laLey N° 180, por otros Asambleístas del Movimiento al Socialismo, expedientesque fueron acumulados por disposición del Acuerdo Jurisdiccional 005/2012de 8 de junio del presente año, debido a la existencia de conexitud deambas acciones en razón al contenido de las demandas, con lo que, segúnel auto aludido, se habría justificado plenamente la unidad de la tramitacióny decisión que posteriormente se emitiría.En fecha 18 de junio de 2012 bajo la Sentencia Constitucional N° 0300/2012AIA, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió su fallo, el mismo que almargen de ser contradictorio y confuso en sus razonamientos, en su parteresolutiva dispone condiciones inexcusables de cumplimiento para que ladenominada “consulta” sea constitucional y, por lo mismo, puedaefectivizarse. En tal sentido, dicha sentencia dispone:“POR TANTO: 10.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de lajurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.1 de la CPE; 12.1, 103y ss. de la LTCP, resuelve: 1. Declarar IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada por Miguel Ángel Ruíz Morales y Zonia Guardia Melgar, Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional contra los arts. 1. III, 3 y 4 de la Ley 180. 2. Declarar la CONSTITUCIONALIDAD del art. 1 de la Ley 222 en cuanto a: “La presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS” y del art. 7 de la Ley 222. 3. Declarar la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del art. 1 en cuanto a la frase “(…) y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos” y de los arts. 3, 4 inc. a), 6 y 9 de la Ley 222, condicionada a su concertación, observando los razonamientos de la presente Sentencia. 4. Declarar IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada respecto al art. 8 de la Ley 222. 5. Instar a los pueblos indígena originario campesinos habitantes del TIPNIS, a que en ejercicio de sus derechos y con el objeto de materializar los mismos, coadyuven con su participación a entablar un diálogo con el Estado, a objeto de asumir los acuerdos necesarios para efectivizar la consulta; propiciando para ello al interior de sus comunidades, un proceso de concertación en el que se establezcan 11.
sus prioridades respecto al proceso en sí de consulta, las cuales se verán reflejadas al momento de desarrollarse el diálogo entre partes. 6. Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a ser coadyuvante en la facilitación de la concertación y en la configuración posterior de los acuerdos asumidos. 7. El Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, y en resguardo de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, debe propiciar y facilitar el diálogo necesario con dichos pueblos, a objeto de que a partir de la concertación, no sólo se desarrolle la consulta, sino que se concreten todos los planes y proyectos no sean únicamente de beneficio de dichos pueblos, sino también los que involucran el interés nacional. 8. Ante el incumplimiento de los términos desarrollados en la presente Sentencia, referidos al proceso de consulta, se tendrán expeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional, en defensa de los derechos fundamentales colectivos inherentes a los pueblos indígenas.”Tal cual se tiene de la parte resolutiva de la Sentencia Constitucional0300/2012, la Ley N° 180 se encuentra plenamente vigente, con todos losefectos jurídicos que ésta impone, es decir, que su cumplimiento esobligatorio, coercitivo e inexcusable.Por su parte, la CONSTITUCIONALIDAD de la Ley N° 222, para su aplicación yvigencia se encuentra CONDICIONADA por el Tribunal ConstitucionalPlurinacional, al estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en losnumerales 2 y 3 de la Sentencia Constitucional 0300/2012, vale decir que la 12.
Ley N° 222 sólo será aplicable y sólo será constitucional, si se cumplen talespresupuestos, de lo contrario, de no cumplirse la Sentencia Constitucional0300/2012, los Arts. 1, 3, 4 a), 6 y 9 de la citada Ley N° 222, soninconstitucionales, quedan abrogados e inexistentes en el ordenamientojurídico nacional.Es necesario acudir a los razonamientos del Tribunal Constitucionalexpresados en la Sentencia 0300/2012 para entender a qué se refiere eltérmino “CONCERTACIÓN” para llevar adelante el proceso de consultaprevia. Entre los “considerandos” de la ratio decidendi expresa: “Este conjunto de normas que se encuentran en la parte dogmática, sustentan la parte orgánica de la Constitución Política del Estado, pues la conformación de los Órganos del poder público tienen carácter plurinacional, con el objetivo no sólo de hacer efectivos los derechos previstos en el art. 30 de la CPE, del Estado, sino, fundamentalmente, de entablar un diálogo intercultural entre diferentes grupos culturales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, con la consiguiente conjunción de lógicas, saberes, valores, principios, derechos, bajo una influencia recíproca entre lo “occidental” y lo indígena originario campesino, para la construcción de una nueva institucionalidad y, claro está, en el ámbito jurídico, de un nuevo Derecho, pero por sobretodo en la construcción de un Estado sólido y progresista en el que prime la unidad en la diversidad.”El diálogo al que nos remite el párrafo transcrito no consiste en imponer unprotocolo cuyo contenido es total y absolutamente desconocido pornosotros, es decir la gran mayoría de los habitantes del TIPNIS, por lo que las 13.
bases mismas de la Constitución Política del Estado y de la SentenciaConstitucional están siendo socavadas al imponer de parte del gobierno unaconsulta cuyo contenido en términos de proceso no ha sido concertadoentre los actores que establece la propia Ley N° 222, desobedeciendo enforma abierta lo expresado en el mismo fallo, que de manera textual dice: “La Constitución Política del Estado, estructuró “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, postulado a partir del cual -entre otros-, debe resaltarse la primacía de los principios de solidaridad y armonía, consagrados taxativamente en el preámbulo, los cuales - interpretados teleológicamente-, están destinados a la consolidación no sólo de una vigencia formal, sino principalmente material del fin primordial del Estado Plurinacional: el vivir bien“La Sentencia Constitucional 0300/2012, reafirma de manera invariable elsistema axiológico que uniforma a nuestra Constitución y es por ello quetextualmente expresa la priorización de lo colectivo sobre lo individual y demanera textual establece lo siguiente: “Asimismo, en este marco de ideas, los valores de igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, armonía, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidades sociales y justicia social, destinados todos ellos a ´vivir bien´, plasman también una visión encausada a esa tan mentada ´construcción colectiva del Estado´, aspectos que además consolidan la vigencia de tres fines plasmados en los parágrafos primero y segundo del art. 9 de la CPE: la construcción de una sociedad justa, armoniosa, sin discriminación; así como el bienestar, protección e igual dignidad de las personas.” 14.
“En el contexto antes señalado y dentro de esa visión axiológica queasegura la ´construcción colectiva del Estado´, debe establecersetambién que el art. 13.1 de la CPE, asegura la inviolabilidad de losderechos reconocidos por ésta; en ese orden y reforzando esta reglaconstitucional, el art. 13.3 de este orden supremo, proclama que noexiste jerarquía entre derechos, garantizando el Estado a las personas ycolectividades, el libre y eficaz ejercicio de los derechosfundamentales, tal como reza el art. 14.3, aspectos, que a la luz de losmodelos constitucionales conocidos en derecho comparado,constituye un eje de ruptura esencial, máxime cuando el art. 109.1 deltexto constitucional, de forma expresa señala: ´Todos los derechosreconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozande iguales garantías para su protección´, aspecto que consolida alnuevo orden constitucional como un verdadero paradigma a la luz delderecho comparado y que además refuerza esa ´construccióncolectiva como se evidencia en modelos constitucionalescontemporáneos, se jerarquizan derechos, garantizándose sujusticiabilidad solamente para algunos -en particular los de primerageneración-, descuidándose una efectiva protección para otros,verbigracia el caso de los derechos colectivos, situación que enmarcaa éstos modelos en una visión proteccionista de derechos individuales,aislados de una visión colectiva y que constituye una esencialcaracterística de diferenciación con el modelo constitucionalboliviano.” 15.
Señores miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, las expresionesvertidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su ratio decidenci, nosconducen en forma incontrastable e indudable, a que la construcción de unEstado de Derecho sólo puede consolidarse a partir del respeto y la inclusiónde sus actores, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa del respeto a locolectivo frente a lo individual, lo cuál debe ser cierto en este y en todos loscasos en los que los derechos colectivos se encuentran en seriodesconocimiento y peor aún si es desde el propio Estado.V. LA IX MARCHA INDÍGENA Y LA OBLIGACIÓN DE CONCERTACIÓNPara dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado, los compromisosinternacionales adquiridos por Bolivia en esta materia y la Ley, es obligacióndel Estado diseñar los mecanismos necesarios para la aplicación cierta yevidente del reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Eneste sentido es deber del Estado constituir los mecanismos eficientesmediante los cuales proceda el proceso de Consulta Previa. De acuerdo a laConstitución Política del Estado, la consulta, si bien es “convocada” y“realizada por el Estado”, se la desarrolla a través de las “instituciones”,“normas y procedimientos propios”. Es decir, son las organizaciones indígenaslas protagonistas del proceso, expresión del respeto de su autonomía. ElEstado acompaña el proceso, verifica su legalidad y que se lleve a cabodentro criterios de transparencia y democracia. Nos encontramos frente auna obligación que debe asumir el Gobierno, en los términos dispuestos porla Sentencia Constitucional 0300/2012, toda vez que el Derecho de Consultaes un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política delEstado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 16.
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No se puede eludir lo dispuestopor el Tribunal Constitucional Plurinacional, que suspendió la consulta“previa” mientras tanto no se concerte con los pueblos indígenas elcontenido del proceso y sus procedimientos, para la construcción de unacarretera por el medio de ese parque nacional. El Tribunal Constitucional, fueclaro al determinar que se logren acuerdos, con todos los dirigentes de losindígenas. El órgano de control constitucional plurinacional al dictar laSentencia 0300/2012 sobre los recursos de inconstitucionalidad presentadosen contra de la Ley No. 222 de consulta “previa” en el TIPNIS y la Ley No. 180de protección y salvaguarda del parque, señaló: “declarar laconstitucionalidad condicionada del artículo primero en cuanto a la frase‘establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos’, y de losartículos 3 y 4, inciso a; 6 y 9 de la Ley No. 222; condicionada a suconcertación, observando los razonamientos de la presente sentencia”.Asimismo indica que “el Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funcionesconstitucionales y en resguardo de los derechos de los pueblos indígenaoriginario campesinos, debe propiciar y facilitar el diálogo necesario condichos pueblos, a objeto de que a partir de la concertación no sólo sedesarrolle la consulta, sino que también se concreten todos los planes yproyectos; no sean únicamente de dichos pueblos, sino también involucren elinterés nacional”. Inclusive el mismo Presidente del Tribunal Constitucional, Dr.Rudy Flores en fecha 20 de junio de 2012 declaró públicamente: “el Estadono puede continuar como lo ha estado haciendo hasta la fecha con eldesarrollo de la consulta. Deben readecuar su accionar a los términos de lasentencia (...) deben entrar en un proceso de diálogo y concertación con los 17.
pueblos indígenas.” (Fuente: Periódico Página 7). Sin embargo nada de lodispuesto, de lo resuelto por una Sentencia Constitucional se ha verificado,ya que el gobierno lo único que ha hecho es continuar con el mismo tipo deacciones autoritarias, excluyentes y discriminatorias, dirigidas a imponer su“consulta” a los pueblos indígenas, sin diálogo ni concertación alguna, almenos con los indígenas que integramos la Subcentral del TIPNIS y que somoslos únicos y legítimos propietarios colectivos del Territorio Indígena, sobre elcual pretende construirse ilegalmente la carretera.VI. ACTOS GUBERNAMENTALES VIOLATORIOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0300/2012 QUE DESCONOCEN LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES INDÍGENASDictada que fue la sentencia Constitucional N° 0300/2012 por el TribunalConstitucional Plurinacional, el gobierno desde el propio Presidente EvoMorales, el Vicepresidente García Linera y sus principales Ministros de Estado,no solo que ha continuado con su accionar unilateral autoritario y prebendaldestinado a imponer su “consulta” a los pueblos indígenas, sino que havenido actuando públicamente en contra de la demanda de diálogo yconcertación reclamadas precisamente por los 34 indígenas del orienteChaco y Amazonia y los pueblos originarios de tierras altas a través de la IXmarcha encabezada por los dirigentes y representantes del TIPNIS, quearribaron a la ciudad de La Paz el pasado 27 de junio, después de 63 días deuna larga y sacrificada caminata que se inicio el mes de abril desde laciudad de Trinidad.Este accionar gubernamental autoritario y represivo, conlleva expresamenteel incumplimiento y violación de la Sentencia Constitucional N° 0300/2012, 18.
tanto en sus fundamentos como en su parte Resolutiva, ya que el gobiernoha rechazado expresamente y de manera pública, todo diálogo yconcertación con la representación indígena de la Sub Central del TIPNISque, reiteramos, es la propietaria directa del territorio indígena y lainterlocutora inexcusable de cualquier proceso de concertación yespecialmente de la CONCERTACION ORDENADA POR LA SENTENCIA N°0300/2012 del Tribunal Constitucional, que es a la vez LA CONDICIONIMPRESCINDIBLE para la vigencia y existencia jurídica de la Ley N° 222 de“consulta”, y por lo mismo para el proceso de consulta como tal. En otrostérminos, según el MANDATO obligatorio del Tribunal Constitucional, si noexiste concertación de parte del gobierno con los pueblos indígenas, la LeyNo. 222 en sus Artículos pertinentes, es inconstitucional, no existejurídicamente y menos puede llevarse a cabo el proceso de consulta quecontiene.El gobierno, reiteramos, desde la propia Presidencia del Estado, en sus actos yen sus declaraciones públicas y notorias, ha reiterado su decisión de NOCUMPLIR LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL No. 0300/2012 y específicamente através de: 1. El rechazo público a todo diálogo y concertación con los dirigentes indígenas, no solo con quienes encabezaron la IX marcha; sino específicamente con los dirigentes de la Sub Central del TIPNIS a la cabeza de su Presidente FERNANDO VARGAS MOSUA. 19.
Esta acción gubernamental vulnera el derecho constitucional consagrado en los Arts. 30, parágrafo II, numerales 14 y 15 y 403 de la Constitución Política del Estado.2. Dicha negativa gubernamental al diálogo y concertación, violatoria de la Sentencia Constitucional N° 0300/2012, se ha efectuado a partir de la acción gubernamental de difamación, desprestigio y descalificación de los dirigentes indígenas, a quienes el gobierno, en actitud infame, ha calificado como “delincuentes”, “traficantes” y “golpistas”. Con gran cinismo el gobierno y sus portavoces primero descalificaron a la dirigencia indígena y a renglón seguido se negaron a dialogar y concertar con ellos haciendo caso omiso al mandato del Tribunal Constitucional contenido en la sentencia N° 0300/2012. Esta acción gubernamental vulnera, además de los derechos antes mencionados, el Art. 11 parágrafo II numeral 3 de la Constitución, el derecho expresamente reconocido en el Art. 6 num. 1 inc. a) del Convenio N° 169 de la OIT, y el Art. 32, num. 2) de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que de acuerdo al Art. 256 de la Constitución Política del Estado, son de aplicación preferente respecto a la propia Constitución, cuando declaren derechos más favorables a los contenidos en ésta.3. Aun más grave , con motivo de la marcha indígena instalada en la sede de gobierno y con motivo de la vigilia pacífica que 20.
instalaron los indígenas exigiendo dialogo al gobierno; éste no solo rechazó el dialogo, sino que desplegó acciones policiaco- represivas en contra de los indígenas y sus dirigentes, con uso de carros lanza aguas, gases lacrimógenos y laques, causando graves daños en la integridad física y moral de los indígenas, con quienes más bien en un contrasentido inaceptable, debía dialogar y concertar. Esta acción gubernamental vulnera los derechos reconocidos en los artículos 15, 21, 22, 24 y 30 de la Constitución Política del Estado.4. Pero junto con la acción represiva, el gobierno siempre en su decisión violatoria de la Sentencia Constitucional de diálogo y concertación con los indígenas, ha llevado al extremo su acción divisionista y prebendal en contra de los pueblos indígenas, tanto por la vía de generar una interlocución unilateral con dirigentes afines al gobierno y ajenos al territorio indígena como es el caso de la organización denominada “CONISUR”; cuanto por la vía de ofrecer y distribuir regalos y prebendas a los pobladores indígenas para “convencerlos” de la realización de su “consulta” al margen de cualquier concertación verdadera dialogada en términos de igualdad, de respuesta a las normas e institucionalidad indígena y especialmente de la BUENA FE QUE EXIGE LA CONSTITUCION, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Sentencia 21.
Constitucional N° 0300/2012, dictada con carácter imperativo por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los derechos vulnerados por esta acción gubernamental son los reconocidos por los Arts. 30 parágrafo II, numeral 15, 403 parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, Arts. 19 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y Art. 6 del Convenio 169 de la OIT, que como se ha mencionado, tienen aplicación preferente conforme al artículo 256 de la Constitución.5. Finalmente, y no en último lugar, la violación gubernamental de la sentencia No 0300/2012 se traduce en la decisión del gobierno de llevar a cabo su consulta a partir de ilegales e inconstitucionales criterios de “mayorías” y “minorías” indígenas, no solo a ser “consultadas” sino emergentes de los resultados de dicha ilegal consulta, en una grosera “interpretación” gubernamental de la CONCERTACION prevista por la Constitución Política y ordenada por la Sentencia Constitucional N° 0300/2012. Esta acción del gobierno vulnera los artículos 2 y 30 parágrafo II numeral 2 de la Constitución. 22.
Todo lo anteriormente descrito, tanto la relación a la marcha indígena y su demanda de diálogo, cuanto a la ilegal conducta gubernamental violatoria de la Sentencia Constitucional, que implican además agravio a los Arts. 1 y 2 de la Constitución Política del Estado, Arts. 18 y 20 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y Art. 7 del Convenio 169 de la OIT, constituye la base fáctica y legal de este Recurso de Amparo. Estos hechos están reflejados en la siguiente relación del registro público de prensa nacional que en originales adjuntamos al presente memorial; y es como sigue: 1. Publicación de “La Razón” lunes 18 de junio de 2012 Pag. A-5. Destaca el avance de la IX marcha hacia La Paz, demandando, anulación de la ley 222 y una verdadera consulta previa. 2. Publicación de “Pagina 7” martes 19 de junio de 2012 Pag. 3. Refiere la negativa gubernamental de aprobar una nueva ley, para el TIPNIS, con motivo de la demanda indígena. 3. Publicación de “Pagina 7” del martes 26 de junio de 2012, Pag. 40. Detalla el pedido de la dirigencia indígena de la IX marcha de DIALOGO CON EL GOBIERNO, sobre la consulta. 4. Publicación de “Pagina 7” del martes 26 de junio de 2012, Pag. 37. Detalla la demanda indígena de Cumplimiento de la Constitución Política expresada en 5 puntos. 5. Publicación de “Pagina 7”, del miércoles 27 de junio de 2012, Pag. 2; refiere la llegada de la IX marcha a La Paz, y el anuncio 23.
gubernamental que el Presidente Evo Morales NO RECIBIRA A LOS MARCHISTAS.6. Publicación de “La Razón” del jueves 28 de junio de 2012, Pag. A-4. Destaca pedido de diálogo con el gobierno de parte de los marchistas indígenas y su rechazo a la injerencia de otras organizaciones ajenas al TIPNIS como el denominado “CONISUR”.7. Publicación de “La Razón” del viernes 29 de junio de 2012, Pag. A-4. Da cuenta de la decisión gubernamental de dialogar solo con algunos “corregidores” y DESCALIFIICA como interlocutores A LOS DIRIGENTES DE LA IX MARCHA INDIGENA.8. Publicación de “Pagina 7”, del viernes 29 de junio de 2012; Pag. 3. Detalla el VETO GUBERNAMENTAL A DIRIGENTES INDIGENAS Y LA NEGATIVA A DIALOGAR CON ELLA. Declaraciones Del Ministerio de Gobierno Carlos Romero.9. Publicación de “Pagina 7”, del sábado 30 de junio de 2012; Pag. 2. Da cuenta del inicio de la vigilia indígena en La Paz que PIDE DIALOGO Y CONCERTACION al gobierno, sobre la temática de consultas sobre el TIPNIS.10. Publicación de “pagina 7” del sábado 30 de junio de 2012; Pag. 3. Gobierno insiste en sumar al CONISUR a la mesa de diálogo.11. Publicación de la “La Razón” del sábado 30 de junio de 2012; Pag. 7. La postura del gobierno: Ejecutivo Reitera que iniciara dialogo con 60 corregidores. 24.
12. Publicación de “Pagina 7” del martes 3 de julio de 2012; ‘Pag. 3. Detalla LA decisión del Presidente Evo Morales, quien afirma que NO NEGOSIARA LA CONSULTA CON LOS INDIGENAS DEL TIPNIS; acusando además a los marchistas indígenas de desestabilizadores y golpistas.13. Publicación de “La Razón” del martes 3 de julio de 2012 portada y pagina a-4. Destaca declaración del Presidente Morales que acusa a la dirigencia indígena del TIPNIS de “CONSPIRACION” contra el gobierno.14. Publicación de la "La Razón” del día martes 3 de julio de 2012 Pag. 5. Carlos Romero. Pone en duda la titularidad del TIPNIS.15. Publicación de “La Razón”, del miércoles 4 de julio de 2012 Pag. A-4. Detalla que gobierno acordó términos de la consulta solo con 45 corregidores excluyendo a los dirigentes de la Sub Central del TIPNIS.16. Publicación de “Pagina 7” del jueves 5 de julio de 2012; Pag. 3. Destaca denuncia de los dirigentes del TIPNIS que el gobierno acordó consulta con solo 20 corregidores excluyendo a la dirigencia verdadera del TIPNIS.17. Publicación de “La Razón” del jueves 5 de julio de 2012; Pag. A-4, refiere que gobierno concertó solo con 45 corregidores el protocolo de la consulta; excluyendo a la dirigencia de la sub central TIPNIS. Acota que los indígenas excluidos intentaran impedir la consulta. 25.
18. Publicación de “Pagina 7” de 9 de julio de 2012; Pag. 2 Refiere la decisión gubernamental de continuar con la consulta, pese a oposición indígena.19. Publicación de “La Razón” del lunes 9 de julio de 2012; Pag. A-4 detalla que el ejecutivo gubernamental incluirá en la “consulta” a 13 comunidades del polígono 7, ajenos al TIPNIS.20. Publicación de “pagina 7” del martes 10 de julio de 2012; Pag. 3 refiere carta del ministerio de la presidencia que condiciona dialogo con marchistas indígenas, a la aceptación de otra dirigencia paralela del CIDOB.21. Publicación de “La Razón” del martes 10 de julio de 2012 Pag. A-4; da cuenta del posible fracaso del dialogo con la dirigencia respecto a la consulta.22. Publicación de “Pagina 7” del miércoles 10 de julio de 2012, portada y Pag. 3 destaca el fracaso del dialogo de los indígenas con el Presidente Evo Morales y el retorno de los marchistas al TIPNIS que anuncian resistencia a la consulta.23. Segunda publicación de Pagina 7 del lunes 16 de julio de 2012 Pag. 4 refiere decisión de los indígenas del TIPNIS para evitar la consulta gubernamental.24. Publicación de “Pagina 7” del miércoles 18 de julio de 2012 Pag. 3 da cuenta de declaraciones del Vicepresidente Álvaro García Linera 26.
sobre restricciones a la libertad de información con motivo de la consulta.25. Publicación de “Pagina 7” del jueves 19 de julio de 2012 Pag. 4 detalla que el protocolo gubernamental para la consulta establece que solo se efectuaran con las comunidades indígenas que lo deseen.26. Publicación de “Pagina 7” del viernes 20 de julio de 2012 Pag. 3. Refiere a que el presidente Evo Morales continúa entregando regalos a los pobladores del TIPNIS 10 días antes de la consulta.27. Publicación de “La Razón” del sábado 21 de julio de 2012 Pag. A-6 da cuenta de la declaración del ministro de obras públicas sobre un sistema de mayorías y minorías para la consulta, como interpretación gubernamental sobre la concertación.28. Publicación de “Pagina 7” del domingo 22 de julio de 2012; Pag. 2 destaca rechazo de indígenas del TIPNIS, al sistema de mayorías propuesto por el gobierno con motivo de la consulta.29. Publicación de “La Razón” del lunes 23 de julio de 2012; Pag. A-4 da cuenta de la declaración de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral sobre el inicio de la consulta en la localidad de Oromomo.30. Publicación de “Pagina 7” del martes 24 de julio de 2012 Pag. 4 y 5 detallan por un lado la declaración del defensor del pueblo que insta al gobierno a cumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional y por el otro la movilización de 120 funcionarios del gobierno para efectivizar la consulta. 27.
31. Publicación de “la Razón” del martes 24 de julio de 2012 Pag. A-4 da cuenta que los indígenas del TIPNIS Organizan comisiones de resistencia para oponerse a la “consulta” gubernamental.Adicionalmente a lo anterior, adjuntamos al menos tres declaraciones yexhortaciones públicas realizadas por el Presidente del Tribunal ConstitucionalPlurinacional, que reclaman del gobierno el cumplimiento de la Sentencia0300/2012 sobre la consulta.1. Publicación de “La Razón” del miércoles 20 de junio de 2012 Pag. a-4 detalla declaración del Dr. Ruddy Flores Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, en sentido que la consulta debe de ser concertada antes de ser realizada.2. Publicación de “Pagina 7” del viernes 6 de julio de 2012 Pag. 4 destaca declaración del Presidente del Tribunal Constitucional Dr. Ruddy Flores en sentido que la concertación debe ser con todos los involucrados.3. Publicación de “La razón” del sábado 14 de julio de 2012 Pag. A-6 refiere a la declaración del Dr. Ruddy Flores Presidente del, Tribunal Constitucional Plurinacional sobre necesidad de consenso indígena para el inicio de la consultaVII. SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONALEl art. 128 de la Constitución Política del Estado, establece que: “La acciónde amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales oindebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 28.
restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidospor la misma Constitución y la ley”. Por su parte, el art. 129.I de la mismanorma constitucional, concordante con el Art. 76 de la Ley del TribunalConstitucional, señala que esta acción procede “(…) siempre que no existaotro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos ygarantías restringidos, suprimidos o amenazados.”Ahora bien, la Sentencia Constitucional No. 0300/2012 de 18 de junio de 2012,de manera expresa reconoce y señala que no existe otro medio o recursolegal para la protección de nuestros derechos, es por ello que ordena queante el incumplimiento de los términos desarrollados en la SentenciaConstitucional No. 0300/2012, referidos al proceso de consulta, se tendránexpeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional, endefensa de los derechos fundamentales colectivos inherentes a los pueblosindígenas.Es decir, señores magistrados, la Acción de Inconstitucionalidad contra la LeyN° 222, ha dado lugar a que la Sentencia Constitucional No. 0300/2012reconozca la vulneración de la Norma Constitucional y del Bloque deConstitucionalidad y por tanto de los derechos fundamentales de los pueblosindígenas, si es que el proceso de consulta no es concertado, reconociendoque la única vía inmediata para la restitución de derechos y garantías, es laAcción de Amparo Constitucional, acción tutelar que debe ser atendida porel Tribunal que se constituye en garante de los derechos fundamentalescolectivos de los accionantes.VIII. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 29.
Como se tiene ampliamente explicitado en la presente Acción de AmparoConstitucional, por mandato de la Sentencia Constitucional N° 0300/2012 de18 de junio de 2012, los Arts. 1, 3, 4 inc. a), 6 y 9 de la Ley N° 222 sonCONSTITUCIONALES, si es que EN SU APLICACIÓN FÁCTICA E INMEDIATA, elÓrgano Ejecutivo encargado de llevar adelante la consulta CONCERTAPREVIAMENTE CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS, observando los razonamientosde dicha Sentencia Constitucional.Para arribar a tal conclusión el Tribunal Constitucional Plurinacional harealizado un examen exhaustivo de la normativa aplicable, y bajo eseentendimiento no sólo se ha amparado en las disposiciones constitucionalesvigentes, sino también en el bloque de constitucionalidad que informa a esteproceso, en tal sentido, fundamenta esta acción la normativa que acontinuación se detalla:Constitución Política del Estado“Artículo 30.II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constituciónlas naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientesderechos: (…)14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a sucosmovisión.15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular através de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas oadministrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará ygarantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 30.
Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursosnaturales no renovables en el territorio que habitan.Artículo 403. I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originariocampesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamientoexclusivo de los recursos naturales renovables en las condicionesdeterminadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participaciónen los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovablesque se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias,administrados por sus estructuras de representación y la definición de sudesarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivenciaarmónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinospodrán estar compuestos por comunidades.Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la formademocrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalenciade condiciones entre hombres y mujeres.II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladaspor la ley:1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativaciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consultaprevia. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme aLey.2. Representativa, por medio de la elección de representantes por votouniversal, directo y secreto, conforme a Ley.3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación deautoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las 31.
naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme aLey.Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos,degradantes o humillantes.II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrirviolencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar ysancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción uomisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causarmuerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbitopúblico como privado.Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquiermedio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual ocolectiva.6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarlalibremente, de manera individual o colectiva.7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorioboliviano, que incluye la salida e ingreso del país.Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlasy protegerlas es deber primordial del Estado.Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual ocolectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. 32.
Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que laidentificación del peticionario.Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de DerechoPlurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en lapluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico,dentro del proceso integrador del país.Artículo 2. Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígenaoriginario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantizasu libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste ensu derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimientode sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales,conforme a esta Constitución y la ley.Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia dederechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que sehubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a loscontenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados deacuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstosprevean normas más favorables.Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en PaísesIndependientesArtículo 61. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 33.
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiadosy en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que seprevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlesdirectamente;Artículo 71. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propiasprioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en queéste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a lastierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medidade lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además,dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación yevaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regionalsusceptibles de afectarles directamente.Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenasArtículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar suspropias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en lavida política, económica, social y cultural del Estado.Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopciónde decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto derepresentantes elegidos por ellos de conformidad con sus propiosprocedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias institucionesde adopción de decisiones.Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe conlos pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 34.
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas oadministrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre,previo e informado.Artículo 20. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollarsus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar deforma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y adedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y deotro tipo.2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia ydesarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.Artículo 322. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con lospueblos indígenas interesados por conducto de sus propias institucionesrepresentativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes deaprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otrosrecursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o laexplotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.Por otra parte, fundamenta la presente Acción de Amparo Constitucional elcontenido de la ratio decidendi de la Sentencia Constitucional N° 0300/2012proferido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyo contenido seconstituye en PRECEDENTE OBLIGATORIO y todas las autoridades públicas,jueces, tribunales y particulares, de conformidad con el Art. 203 de laConstitución Política del Estado, están obligadas a su cumplimiento, ya que elcarácter vinculante del fallo ordena que las decisiones de esta altaMagistratura Constitucional deban ser acatadas sin recurso ulterior alguno. 35.
IX. AUTORIDADES ACCIONADASEn cumplimiento a lo previsto por el artículo 77, numeral 2) de la Ley N° 027del Tribunal Constitucional Plurinacional, y de acuerdo a la parte dispositivade la Sentencia Constitucional N° 0300/2012, las autoridades encargadas dehacer efectivo el precitado fallo y contra quienes se dirige la presente acciónson las siguientes:- ARTURO VLADIMIR SÁNCHEZ ESCOBAR, Ministro de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, con domicilio en la Av. Mariscal Santa Cruz esq. Calle Oruro, Edificio Centro de Comunicaciones, piso 5, ciudad de La Paz.- FELIPE QUISPE QUENTA, Ministro de Medio Ambiente y Agua, con domicilio en la calle Capitán Castrillo N° 434, entre 20 de Octubre y Héroes del Acre, zona San Pedro de la ciudad de La Paz.- LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Ministro de Economía y Finanzas, con domicilio en la Av. Mariscal Santa Cruz esq. Calle Oruro, Edificio Centro de Comunicaciones, piso 19 de la ciudad de La Paz.- AMANDA DÁVILA TORRES, Ministra de Comunicación, con domicilio en la Av. Camacho N° 1485, Edificio La Urbana de la ciudad de La Paz.Todos los dignatarios de Estado que incumplieron sistemáticamente lasdisposiciones obligatorias emanadas de la Sentencia Constitucional N°0300/2012, ya que a la fecha no han posibilitado el proceso de concertaciónpara el establecimiento del contenido de la consulta y mucho menos aún delos procedimientos, habiendo de manera unilateral elaborado el protocolode la consulta sin que éste fuera de nuestro conocimiento.- REBECA DELGADO BURGOA y GABRIELA MONTAÑO VIAÑA, como Presidentas de las Cámaras Legislativas que componen la Asamblea 36.
Legislativa Plurinacional, tenían la misión de coadyuvar en la facilitación de la concertación y en la configuración posterior de los acuerdos asumidos, han demostrado en forma pública, contraviniendo lo establecido por la Sentencia Constitucional 0300/2012, la voluntad de ratificar y justificar la cerrada e ilegal decisión del Órgano Ejecutivo en sentido de llevar adelante la consulta sin ningún proceso de concertación y mucho menos la configuración posterior de acuerdos. Asimismo, conociendo y sabiendo que no existe concertación en el contenido de la consulta, han ratificado la fecha de la misma, fijando invariablemente que se inicie el 29 del presente mes y año, vulnerando las normas constitucionales y la obligatoriedad de cumplimiento del fallo constitucional. Dichas autoridades tienen domicilio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Plaza Murillo, ciudad de La Paz.- WILFREDO OVANDO ROJAS, WILMA VELASCO AGUILAR, IRINEO VALENTIN ZUNA RAMIRES, RAMIRO PAREDES ZARATE, FANNY ROSARIO RIVAS ROJAS, MARCO DANIEL AYALA SORIA Y AGUSTINA DINA CHUQUIMIA ALVARADO, Presidente y Vocales del Tribunal Supremo Electoral, todos con domicilio en la Av. Sánchez Lima N° 2482, esq. Pedro Salazar (Plaza Abaroa) de la ciudad de La Paz, quienes desconociendo la obligación del Órgano Ejecutivo de concertar el contenido de la consulta previa así como el establecimiento de su procedimiento, han recibido, admitido y convalidado el “protocolo” de la consulta gubernamental sin que éste sea de nuestro conocimiento.X. PETITORIO 37.
Sobre la base de los antecedentes y fundamentos expuestos, al amparo delo previsto por los artículos 128 y siguientes de la Constitución Política delEstado, concordantes con los artículos 73 y 78 de la Ley N° 027 del TribunalConstitucional Plurinacional, solicito que en forma inmediata se fije día y horade audiencia pública en la que, una vez recibidos los informes de lasautoridades demandadas o, a falta de éstos, sobre la base de la prueba queofrecemos en el presente memorial y que en su caso ampliaremos en laaudiencia pública, se pronuncie resolución fundamentada CONCEDIENDO LATUTELA SOLICITADA.Como efecto de la misma, se determine: 1. Por el cumplimiento de la concertación respecto a “…establecer el contenido del proceso de consulta y sus procedimientos”, solicitamos la nulidad de todos los actos administrativos adoptados e implementados por el Órgano Ejecutivo, en vulneración al punto 3° de la parte resolutiva de la Sentencia Constitucional N° 0300/2012. 2. El reconocimiento, para todo efecto, de las autoridades indígenas legítimamente elegidas por los pueblos que conforman la Subcentral TIPNIS, como titular del derecho propietario del Territorio Indígena Isiboro Sécure. 3. El reconocimiento de las instancias representativas y estructuras organizativas propias de los Pueblos Yuracaré, Mojeño–Trinitario y Tsimane, que conforman la Subcentral TIPNIS. 4. Se garantice a autoridades indígenas originarias legítimamente elegidas y a sus pueblos al ejercicio del derecho a la libre expresión y a difundir información veraz, libre, oportuna y democrática, así como a 38.
desplazarse libremente por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.Todo ello, con el fin de evitar que persista la violación, restricción y supresiónde sus derechos a través de los actos y omisiones del gobierno, que pretendedesconocer los derechos consagrados y protegidos por la ConstituciónPolítica del Estado, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas yTribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobrelos Derechos de los Pueblos Indígenas.OTROSÍ.- Solicita como medidas cautelares a dictarse de inmediato y conmotivo de la audiencia del presente recurso, se ordene la suspensión de la“consulta” gubernamental, de acuerdo a las previsiones establecidas en laSentencia Constitucional Nº 0300/2012 de 18 de junio de 2012.Asimismo se disponga como otra medida cautelar, la suspensión de todaacción e intervención Gubernamental en el territorio, actualmente realizadapor el Ministerio de Gobierno, Agencia para el Desarrollo de lasMacroregiones y Zonas Fronterizas - ADEMAF, las Gobernaciones de losDepartamentos de Beni y Cochabamba, los Gobiernos Municipales de SanIgnacio de Moxos y Loreto, así como el retiro de efectivos militares y policialesque actualmente se encuentran dentro del Territorio.OTROSÍ 2.- Ofrece y adjunta en calidad de prueba la siguiente: 1. Originales de los documentos ya detallados: copia legalizada de la personalidad jurídica de la sub central del TIPNIS, Resolución Administrativa Prefectural y Registro No. 94 de fecha 06/11/96, Actas de elección y posición del Directorio de la Sub Central del TIPNIS, Acta 39.
notariada del XXX encuentro de corregidores de corregidores de fecha 17 de marzo de 2012 realizada en la comunidad de Gundonovia. 2. Registros hemerográfico mencionado. 3. Resoluciones N° 1, 3, 5 y 6 emitidas en el XXX Encuentro extraordinario de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, realizado en Comunidad Gundonovia, de fecha 17 de marzo de 2012. 4. Fotocopia simple y un original de material de difusión utilizado por el Gobierno, la publicación del protocolo elaborado unilateralmente, así como la información de mala fe sobre el proceso de consulta. Los originales de estas fotocopias simples se encuentran en poder de los Ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y de Medio Ambiente y Aguas u otras entidades estatales responsables de su publicación y difusión, y las ofrezco al amparo del Art. 330 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso.OTROSI TERCERO.- (PATROCINIO LETRADO Y HONORARIOS).- Esta Acción deAmparo Constitucional será patrocinada de manera conjunta o indistinta porel abogado Sergio Paita Siles, Waldo Albarracín, Ivan Bascope, RocíoVásquez Noza y/o los abogados contratados a este efecto por FernandoVargas Mosúa, en su calidad de representante procesal, quienes se atienen ala iguala profesional suscrita al efecto.OTROSI CUARTO.- (DOMICILIO PROCESAL).- Señala domicilio la Secretaría delTribunal de Garantías. SERÁ PROCEDER EN DERECHO Sucre, 25 de Julio de 2012 English