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Timestamp: 2020-05-29 01:10:59
Document Index: 251223018

Matched Legal Cases: ['artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 236', 'artículo 139', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 233', 'artículo 2', 'artículo 335', 'artículo 139', 'artículo 231', 'artículo 237', 'artículo 132', 'artículo 31', 'artículo 233', 'artículo 31', 'Artículo 233']

Sentencia del T.S.J. fija criterio vinculante sobre la causal de abandono del cargo, prevista en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela - Enciclopedia Jurídica Venezolana Temis
Sentencia del T.S.J. fija criterio vinculante sobre la causal de abandono del cargo, prevista en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
N° SENTENCIA: 07
N° EXPEDIENTE: 17-0010
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara la cosa juzgada respecto del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, y fija criterio vinculante sobre la causal de abandono del cargo, prevista en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional el 10 de enero de 2017, el ciudadano HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO, actuando en su carácter de Diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y asistido por el abogado Julio García Zerpa, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 161.089, interpuso recurso de nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, titulado “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”.
El 10 de enero de 2017, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover.
De la revisión del escrito, observa esta Sala que el recurrente señaló que, en sesión de la Asamblea Nacional realizada el 25 de octubre de 2016, por el diputado Julio Borges, quien para ese momento ejercía como jefe de la fracción parlamentaria del partido MUD, declaró desde la tribuna de oradores que la Asamblea Nacional se declaraba en rebelión, ante la supuesta ruptura del orden constitucional, lo cual fue un hecho público, notorio y comunicacional.
Que, el 27 de octubre de 2016, el referido diputado, ciudadano Héctor Rodríguez Castro, en representación del Bloque Parlamentario de la Patria, solicitó ante esta Sala Constitucional la nulidad por inconstitucionalidad de los referidos acuerdos aprobados por la fracción parlamentaria del partido MUD el 25 de octubre de 2016.
6.– Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y la accionante, Procuraduría General de la República, para que ejerzan las actuaciones que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, e informen perentoriamente a esta Sala de las resultas de las mismas.
“Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que admite la acción de protección constitucional, acuerda amparo cautelar y ratifica la sentencia n°. 808 del 2 de septiembre de 2016, según la cual ‘…resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia’.”Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Juzgado de Sustanciación a los fines de su tramitación (Negritas y subrayado propias del escrito).
Asimismo, indicó el recurrente que, aunado a lo anterior, era un hecho público, notorio y comunicacional que la Asamblea Nacional, mediante la acción de diputados y diputadas pertenecientes al denominado Bloque de la Unidad, junto a quienes integraron su Directiva hasta el pasado 04 de enero de 2017, han decidido desacatar con inequívoca contumacia, las sentencias dictadas por las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, en las cuales se ordenó al Poder Legislativo Nacional, desincorporar de su seno a los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, juramentados como diputados del Estado Amazonas en la sesión del día 28 de julio de 2016, pese al amparo cautelar acordado por la Sala Electoral que suspendió los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los mencionados ciudadanos como diputados electos por dicho Estado.
Que, aunado a lo anterior, la Asamblea Nacional, con el voto de la denominada Bancada de la Unidad, en írrita sesión del día 13 de diciembre de 2016, acordó activar un mecanismo manifiestamente inconstitucional y subversivo del orden político y social de la Nación, por el cual pretende la declaratoria de responsabilidad política y juicio político al Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, con sucesivos efectos de destitución, desafiando la soberanía popular y desacatando el mandamiento de amparo de esta Sala Constitucional dictado en sentencia n.° 948 del 15 de noviembre de 2016, mediante la cual se ordenó al parlamento nacional lo siguiente: “ABSTENERSE de continuar con el pretendido juicio político y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales y que, en fin, contraríe el Texto Fundamental, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala Constitucional”.
Que, el 05 de enero de 2017, fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho Cuerpo Legislativo, en cuyo acto de fracción parlamentaria de la denominada Mesa de la Unidad, sin haber acatado previamente los mandamientos de las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
Que, posteriormente, el 09 de enero de 2017, la Asamblea Nacional en desacato aprobó un acto parlamentario de carácter inconstitucional e insurreccional titulado “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”, acuerdo que declara el abandono del cargo del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, tal como se evidencia en el punto segundo del acuerdo, que señala:
(…) Segundo. Declarar, en consecuencia, y de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado su cargo, abandonado el principio de la supremacía constitucional establecido en el artículo 7 del texto fundamental, el principio del Estado Democrático de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución, así como las funciones constitucionales inherentes al cargo del Presidente de la República, especialmente la referida obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento constitucional y las leyes, establecidas en el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución.
Que, es inconstitucional la interpretación de la Constitución que realiza la Asamblea Nacional, porque el supuesto incumplimiento del Presidente de sus funciones no genera falta temporal y mucho menos una falta absoluta, ni constituye el abandono del cargo en los términos como lo establecen los artículos 233 y 234 del texto fundamental. Advierte que no le está dado a la Asamblea Nacional como Poder Legislativo Nacional la interpretación de la normativa constitucional y así lo ha sentado esa Sala en sentencia n° 9 del 01 de marzo de 2016, en la cual estableció:“(…) Permitir tal desviación jurídica y ética implicaría defraudar la máxima expresión de soberanía popular confiada al Texto Constitucional y a este Máximo Tribunal de la República (ver arts. 5, 7, 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); como también lo sería pretender alterar, sin justificación racional y válida alguna …omissis… cualquier acción en ese sentido sería incurrir en el supuesto de desviación de poder contemplado en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Que, el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, no se ha ausentado ni separado en ningún momento del ejercicio de su cargo ni ha dejado de ejercer sus atribuciones constitucionales desde que inició su período, lo cual es un hecho público, notorio y comunicacional inobjetable.
Que, esta gravísima situación implica nada menos que uno de los Poderes del Estado, en este caso, la Asamblea Nacional a través de los diputados y diputadas de la llamada Bancada de la Unidad, conspiran y actúan para subvertir y destruir el orden constitucional y la forma democrática y republicana que se ha dado la nación, delito tipificado en el artículo 132 del Código Penal. Asimismo, indicó que se trata de un “Golpe de Estado”, pues se pretende destituir al Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, electo constitucionalmente y legítimamente por el pueblo venezolano con mandato hasta el año 2019, violentando con ello la Constitución, el Estado de Derecho y la soberanía popular expresada mediante el sufragio universal.
Por último, el recurrente solicitó a esta Sala Constitucional, que se declare la admisión del recurso de nulidad de los efectos del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, titulado “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”, a través del cual se ha pretendido declarar la falta absoluta del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, por supuesto abandono del cargo, así como la nulidad por inconstitucionalidad del referido acuerdo.
Asimismo, solicitó se ordene a los órganos que integran el Consejo Moral Republicano, inicien la investigación que determine la responsabilidad penal individual de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que integran el denominado Bloque de la Unidad, por la comisión del delito de conspiración para destruir la forma republicana que se ha dado la nación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal, así como, por usurpación de funciones, desviación de poder y por violación de la Constitución.
Expuesto lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la admisibilidad de la presente acción, para lo cual observa que el ciudadano Héctor Rodríguez Castro asistido de abogado, solicitó la nulidad del acto parlamentario dictado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, donde aprobó dos actos parlamentarios llamados “ACUERDO PARA LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA” y “ACUERDO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA GRAVE RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO Y LA DEVASTACIÓN DE LAS BASES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA NACIÓN”.
Cabe destacar, que esta Sala en sentencia número 02 del 11 de enero de 2017, caso: Héctor Rodríguez Castro, declaró la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución referidas al acatamiento de las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal de la República y, en consecuencia, anuló el acto parlamentario celebrado el 05 de enero de 2017, así como el acto celebrado el 09 de enero de 2017, por la Asamblea Nacional con ocasión del nombramiento de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y todos los actos parlamentarios subsecuentes que se generen por contrariar las órdenes de acatamiento a las decisiones dictadas por este Máximo Tribunal y hasta tanto no cese la omisión legislativa en la que ha incurrido la Asamblea Nacional y la Junta Directiva de lapso vencido, no puede instalarse formalmente el segundo período anual de sesiones del Parlamento Nacional del año 2017, ni designar o elegir de su seno Junta Directiva alguna.
Por ello, esta Sala observa que respecto al asunto planteado en esta causa, referido al “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”, ya hubo pronunciamiento como antes se apuntó, lo que produce cosa juzgada sobre dicho asunto, como lo ha declarado en otras oportunidades esta Sala, entre otras, en sentencia número 1344, caso Virginia Yvonne Rojas Nuñez, dictada el 10 de octubre de 2012, en la cual se señaló lo siguiente:
Del análisis del fallo cuya revisión se pretende encuentra esta Sala que el razonamiento que lo informa viola la cosa juzgada y, con ella, la interpretación uniforme que ha hecho como máxime intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del contenido y alcance de los derechos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial eficaz, ya que obvió lo que el propio Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo había ordenado en decisión del 19 de enero de 2006 que quedó definitivamente firme y que fue dictado con acatamiento a las normas de rango constitucional y legal aplicables, como lo ha explicado la jurisprudencia de la Sala de Casación Social sobre la materia, como fue indicado anteriormente (subrayado añadido) (s.S.C. n.° 1277 del 9 de diciembre de 2010, caso: José Elia Holmedo Terán) .
No obstante, la inadmisibilidad antes declarada, dada la trascendencia nacional que tienen los hechos denunciados en el caso examinado y que motivaron la solicitud de autos, los cuales sucedieron con ocasión del acto parlamentario celebrado por la Asamblea Nacional el 09 de enero de 2017, por medio del cual aprobó el “ACUERDO SOBRE EL ABANDONO DE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN QUE HA INCURRIDO EL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS”, que como antes se apunto ya fue declarado nulo de nulidad absoluta por esta Sala, como máximo garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, esta instancia constitucional considera de relevancia para la garantía y resguardo del Estado de Derecho, la soberanía, la independencia, la estabilidad democrática y el orden constitucional del país así como en resguardo de la voluntad del Poder Popular, efectuar unas consideraciones respecto a la figura del abandono del cargo prevista en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dada la grave intención de la mayoría parlamentaria opositora al Gobierno Nacional, de violar la voluntad democrática del pueblo soberano, a través de un procedimiento no previsto en la Constitución, con la única finalidad de cambiar a través de una vía de hecho inconstitucional, en forma abrupta el gobierno legítimamente constituido.
Así pues, observa esta Sala que la Constitución de 1999, trajo consigo profundas transformaciones al haber incorporado como valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social e individual, en la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político en un diseño constitucional que consagra un Estado Federal descentralizado que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad integrando una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que se concurren siendo que de esta manera la acción de gobierno de los municipios, de los estados y del Poder Nacional armonizan de tal forma que garantizan los fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad (artículo 2 de la Constitución).
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.
La doctrina define a este sistema de gobierno presidencial como aquel “(…) basado en el principio de la separación de poderes, …(que)… atribuye la acción de gobierno al Presidente de la República, quien es electo popularmente y para cuyo ejercicio no depende del voto de confianza de la Asamblea Nacional, cuyos miembros también son electos popularmente”. (El Sistema Presidencial de Gobierno en la Constitución de Venezuela de 1999. Allan R. Brewer-Carías) [Resaltado de esta Sala].
Al respecto, el autor Ramón Elejalde Arbeláez, en el libro titulado “Curso de Derecho Constitucional General” en su 10ª Edición 2010, define como la “Función Administrativa” del Presidente como Jefe de Estado, en los siguientes términos:
(…) Para Enrique Sayagués Laso “Es la actividad estatal que tiene por objeto la realización de los cometidos estatales en cuanto requieren ejecución práctica, mediante actos jurídicos –que pueden ser reglamentarios, subjetivos o actos condición- y operaciones materiales”.
Desde el punto de vista formal, consiste en realizar actos necesarios para el cumplimiento de las leyes y lograr el bien común de los asociados. La función primordial del poder ejecutivo –escribe Juan B. Alberdi, citado por Linares Quintana- consiste en hacer que las decisiones legislativas y judiciales se conviertan en hechos reales, por medio de órdenes y mandatos, sueltos o colectivos, que se llaman reglamentos, ordenanzas, decretos o mandatos. Se distinguen de la ley en que no estatuyen, como ésta, de un modo permanente y general, sino para casos eventuales y aislados. Hacer cumplir los mandatos de las autoridades constituidas y las disposiciones de las leyes, es vigilar y guardar el orden público, que consiste justamente en la observancia de esas leyes y mandatos. Mantener y defender el orden es, pues, el primer atributo del poder ejecutivo. Para hacer ejecutar son necesarios los medios de ejecución. De ahí las facultades dadas al Gobierno político de presidir y mandar las fuerzas militares y de disponer de los fondos destinados por la ley de presupuesto para gastos de la administración y del servicio público. El ejército y el tesoro son los grandes medios de ejecución”. Claro que la labor del ejecutivo no se agota con la simple ejecución de las leyes.
“En realidad, dice Javier Pérez Royo, la función ejecutiva ocupa casi todo el espacio de lo que los ciudadanos entienden que es la acción del Estado. Prácticamente la totalidad de los recursos que el Estado obtiene de la sociedad a través de impuestos son absorbidos por la función ejecutiva. La participación de la legislativa y judicial es insignificante en comparación con la de aquélla…Quiere decirse que en la función ejecutiva se combina la acción política y la administrativa, desenvolviéndose ambas además de una manera continua, incesante. A través de ellas se exterioriza de manera tangible la presencia del Estado en la sociedad. Se trata, por tanto de una función que exige acción y energía tanto para tomar decisiones políticas, de dirección general de la actividad del Estado, como para ejecutar las decisiones alcanzadas a través de las otras dos funciones estatales: ejecución de las leyes y las sentencias.
Si la función legislativa exigía un órgano numeroso que expresara el pluralismo de la sociedad en la creación de la voluntad del Estado, la función ejecutiva exige un órgano unipersonal de iure o de facto que garantice de entrada la coherencia en la toma de decisiones y en la ejecución de la voluntad del legislador y del juez…Dirección política, administración civil y administración militar son los tres elementos fundamentales de la función ejecutiva, confiada al Gobierno, bajo el control político del parlamento y jurídico del poder judicial”. Concluye el profesor español.
De allí que en la República Bolivariana de Venezuela rige la Constitución de 1999, donde claramente están establecidas las competencias de los órganos del Poder Público Nacional, no le está atribuida a la Asamblea Nacional como Poder Legislativo Nacional la interpretación de la normativa constitucional, pues ello corresponde en forma exclusiva y excluyente a esta Sala Constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 335 del Texto Fundamental, y según se desprende del análisis sobre cada uno de los órganos del Poder Público Nacional, contenido en la sentencia número 9 del 01 de marzo de 2016, caso: Gabriela Flores Ynserny y otros).
Dicho lo anterior esta Sala observa que en el presente caso la mayoría opositora al Gobierno Nacional en la Asamblea Nacional acordó activar un mecanismo manifiestamente inconstitucional y subversivo del orden político y social de la Nación, por el cual pretende la declaratoria de responsabilidad política y entablar un juicio político al Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, con sucesivos efectos de destitución, por inducir un presunto ABANDONO DEL CARGO desafiando la soberanía popular, desacatando decisiones de este Máximo Tribunal con especial énfasis en el caso concreto de autos al mandamiento de amparo de esta Sala Constitucional dictado en sentencia n.° 948 del 15 de noviembre de 2016, e incurriendo en la desviación de poder como vicio que apareja la nulidad absoluta de las actuaciones, conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El autor Emilio CALVO BACA, en su obra Terminología Jurídica Venezolana (Caracas. Ediciones Libra C.A. 2011; pág. 5), afirma que el abandono del cargo consiste “en la dejación voluntaria, injustificada y definitiva del cargo cuya titularidad se posee. Este abandono suele reputarse como una renuncia tácita o sobreentendida” (subrayado propio).
a)La salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las horas laborales del sitio de trabajo, sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a éste represente.
b)La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley. No se considerará abandono del trabajo, la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud.
c)La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. (subrayado propio).
Asimismo, el autor Manuel OSSORIO en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 1981, pág. 5), aclara que el abandono del empleo “lo comete el empleado o funcionario de la Administración Pública estatal, provincial o municipal que deja de concurrir sin causa justificada al desempeño de sus labores, aunque lo haga después de haber presentado su renuncia o dimisión y antes de que la misma le haya sido aceptada. Quienes proceden en esa forma incurren en sanciones que pueden ser, según los casos, de origen disciplinario, civil o penal. El abandono del empleo se encuentra vinculado penalmente con el delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos” (subrayado propio).
De allí que, en otra oportunidad, esta Sala haya analizado sobre ausencia en el cargo e interpretado el artículo 231 de la Constitución, en sentencia número 02 del 09 de enero de 2013, caso: Marelys Darpino,dispuso -entre otras cosas- que: “…vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, esta Sala observa que el Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, una vez que se juramentó el 19 de abril de 2013, y tomó posesión del cargo ha dado pleno ejercicio de sus funciones constitucionales, destacando en su gestión las decisiones implementadas para atender los aspectos sociales, económicos, políticos y administrativos tanto en la política interna como en el exterior de la República, manifestándose entre otras el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en la declaración del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, lo cual entre otros puntos trajo consigo el aumento al salario mínimo, el cual fue ajustado cuatro (04) veces el último año 2016; en rechazo de condiciones externas, entre otras medidas indispensables para el mantenimiento del orden público, la designación de un nuevo vice-presidente ejecutivo y once ministros, el aumento decretado al salario mínimo el 08 de enero de 2017, del cincuenta por ciento de sueldos y pensiones, así como los acuerdos celebrados con ocasión del aumento en los precios del petróleo, llevando de manera simultánea la Presidencia del MERCOSUR, de UNASUR y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
(…) Ahora bien, por enésima vez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de un “mega-recontra-plan” para “hacer el milagro” de una Venezuela segura.
La actividad también contó con la participación del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, entre otras autoridades del Estado.
1.- Expansión de planes deportivos, culturales y de creación de valores de movimientos por la Paz y la Vida.
2.- A la calle toda la Fuerza Policial con apoyo de la FANB y la PNB (Reactivación del Plan Patria Segura)
3.-Instalación de Cuadrantes de Paz con todas las capacidades en el territorio nacional
4.- Fortalecimiento del Sistema del SP3 (Sistema de Inteligencia Popular)
5.- Reformular y hacer más “eficientes” las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) Cuyo nuevo nombre será “Operaciones Humanistas de Liberación al Pueblo” y contemplan seis fases.
6.- Aplicación efectiva de la justicia local (…).
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), centro de Caracas, para ofrecer este domingo su mensaje anual a la nación.
“Estamos preparando todas las líneas de acción porque yo quiero que el diálogo procese y conduzca de manera positiva este conflicto”, acotó.
“Solo el pueblo salva al pueblo (…). Llamo a todo nuestro pueblo, con toda la fuerza del Estado venezolano, con todas las capacidades del Estado venezolano, a activarse”, dijo el gobernante socialista en una cadena de radio y televisión transmitida desde el palacio presidencial de Miraflores. (…)
Sin embargo, estando en ejercicio del período constitucional para el cual fue electo democráticamente (2013-2019), el Poder Legislativo Nacional ha dado por medio de actos parlamentarios írritos un atentado al orden democrático y constitucional, al estar al margen de la Carta Magna, de las decisiones del Máximo Tribunal de la República, al iniciar un supuesto juicio político y ahora bajo el velo de un supuesto abandono del cargo del Jefe de Estado, con el fin último de deslegitimar y por último “destituir” al Presidente de la República pese a las órdenes de cese dictaminadas por éste Máximo Tribunal.
Es por ello, que esta Sala Constitucional declara que el procedimiento para determinar las faltas absolutas del Presidente de la República está contemplado en el texto fundamental en los artículos 233 y 234 antes transcritos, siendo uno de los supuestos de hecho, la muerte a la cual se refirió esta Sala en la sentencia citada supra, y otro, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, el cual supone que en forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente, la persona se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo, siendo esto un hecho objetivo, por lo que el pretendido abandono que aprobó el Poder Legislativo Nacional bajo el argumento de encontrarse «al margen del diseño y funciones constitucionales de la presidencia» resulta evidentemente inconstitucional, dado que no se han dado las circunstancias fácticas y elementos que genera el hecho objetivo de abandono del cargo siendo que las consideraciones subjetivas de una parte de los miembros del Poder Legislativo Nacional sobre la gestión presidencial no está prevista en el texto constitucional como falta absoluta para pretender aplicar la consecuencia jurídica que la misma acarrea, mucho menos para considerar que el Presidente Nicolás Maduro Moros ha abandonado el cargo, cuando contrariamente, se encuentra en el ejercicio continuo, permanente, pleno y absoluto de sus funciones en el ámbito nacional e internacional, lo cual se evidencia en los hechos notorios comunicacionales que dan cuenta de su amplio margen de acción ejecutiva y de su apego al texto Constitucional, como lo es incluso el mensaje a que se refiere el artículo 237 constitucional rendido ante este Alto Tribunal, conforme lo decidido en sentencia de esta Sala número 03, dictada el 11 de enero de 2017, caso: Nicolás Maduro Moros; por lo que la actuación de la Asamblea Nacional constituye un desconocimiento expreso y grave del mandato democrático emanado de la soberanía popular. Así se decide.
Establecido lo anterior, para este Máximo Tribunal resulta evidente la clara, manifiesta y abiertamente objetiva rebeldía al mandato de amparo dictado por esta Sala por la actividad parlamentaria contumaz destinada a alterar la estabilidad de la Nación y, por ende, el orden público constitucional, al perpetuar instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, en concreto al pretender declarar un supuesto abandono de cargo del Jefe de Estado, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico constitucional.
Es así como se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 05 de enero de 2017, fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho Cuerpo Legislativo, en cuyo acto la mayoría opositora al gobierno nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, al haberse instaurado al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 02 del 11 de enero de 2017. Así se decide.
Visto lo anterior, y constatado que se mantiene la conducta contumaz e irreverente de los Diputados de la Asamblea Nacional, que conforman la mayoría opositora al Gobierno Nacional, quienes permanecen endesacato a lo ordenado por esta Sala Constitucional en sentencia número 948, del 15 de noviembre de 2016, donde de forma expresa, y clara, declaró:
Y dada la denuncia contenida en este asunto, solicitando se ordene a los órganos que integran el Consejo Moral Republicano, inicien la investigación que determine la responsabilidad penal individual de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que integran el denominado Bloque de la Unidad, por la presunta comisión del delito de conspiración para destruir la forma republicana que se ha dado la nación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal, así como, por la presunta usurpación de funciones, desviación de poder y por violación de la Constitución, esta Sala estima que debe adjuntarse copia certificada del presente fallo a la causa contenida en el expediente 16-1085 donde se dictó la cautelar antes indicada, para que conforme a lo sostenido por esta Sala se conozca y decida sobre el desacato, a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
1.- Se declara COMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano HÉCTOR RODRÍGUEZ CASTRO, actuando en su carácter de Diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, asistido por el abogado Julio García Zerpa en contra del acto parlamentario celebrado el 09 de enero de 2017.
3.- FIJA con carácter vinculante que la figura del abandono del cargo a que se refiere el artículo 233 de la Constitución, se configura con la ocurrencia de tres elementos como lo son la voluntad de dejar el cargo de Presidente de la República, que no haya motivo o justificación, y que esa ausencia sea permanente y definitiva.
4.- Se declara que se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 05 de enero de 2017, fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho Cuerpo Legislativo, en cuyo acto la mayoría parlamentaria opositora al Gobierno Nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las Salas Electoral y Constitucional de este Máximo Tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 02 del 11 de enero de 2017.
5.- Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, para que ejerzan las actuaciones que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, e informen perentoriamente a esta Sala de las resultas de las mismas, sobre el estado y disposición de los bienes nacionales que se encuentran en la sede de la Asamblea Nacional.
6.- ORDENA adjuntar copia certificada del presente fallo a la causa contenida en el expediente 16-1085 donde se dictó la sentencia número 948 del 15 de noviembre de 2016, para que se conozca y decida sobre el desacato, a la luz de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
7.- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyos sumarios deberá indicarse lo siguiente:
Abandono del CargoArtículo 233