Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A168-00.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:36:01
Document Index: 351578964

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 37']

A168-00
Auto 168/00
Referencia: expediente ICC-181. Conflicto de competencia entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, en la acción de tutela promovida por Leonidas Gamba contra el Seguro Social - Seccional Valle del Cauca -.
El ciudadano Leonidas Gamba presentó, ante El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, acción de tutela contra el Seguro Social, en la que solicita se le amparen los derechos a la salud, a la vida, a la igualdad y la seguridad social, los que considera vulnerados por la omisión de autorizarle la práctica de una cirugía, por parte del accionado.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 10 de noviembre del presente año, se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela, pues consideró que según lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el competente es el Juez del Circuito, toda vez que el demandado es una entidad descentralizada del orden nacional y en consecuencia, ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito – reparto- de la Ciudad de Cali.
El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali, a quien le correspondió por reparto, en providencia del 14 de noviembre de 2000, decidió abstenerse de conocer por incompetencia de la acción de tutela y con fundamento en el auto de la Sala Plena de esta Corporación, de fecha 26 de septiembre de 2000 mediante el cual se resolvió el conflicto de competencia entre el Juez Promiscuo Municipal de Junín (Cundinamarca) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Carta inaplicó por inconstitucional el decreto reglamentario 1382 de 2000 y dispuso el envío del expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quien a su vez, ordenó la remisión del expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, en providencia del 23 de noviembre de 2000 decidió inhibirse de conocer del conflicto planteado, al considerar que según lo establecido por la Corte Constitucional, los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional y dispuso su remisión a esta Corporación.
Esta Corporación, en reiteradas oportunidades, entre ellas en auto de 5 de abril de 1995 y en la sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, ha manifestado que le corresponde dirimir “los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, por ser el superior funcional común, como máximo tribunal en asuntos constitucionales”, lo que ocurre en el presente caso.
Teniendo en cuenta que los despachos judiciales en conflicto, fundan su incompetencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000 “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, cabe anotar que esta Corporación en reiterados pronunciamientos[1], inaplicó, por ser manifiestamente contrario a la Carta Política, el artículo 1 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000 y con fundamento en que: i) La regulación de la acción de tutela corresponde al legislador conforme lo dispone el artículo 150 de la C.P.; ii) El Presidente de la República, al expedir el decreto 1382 de 2000 so pretexto de ejercer la potestad reglamentaria (num. 11 art. 189 de la C.P.), en realidad modificó las reglas de competencia que pretendía reglamentar del decreto ley 2591 de 1991; iii) El decreto en mención desconoce el artículo 86 de la Constitución, al limitar la competencia asignándola a distintos despachos judiciales, teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las que se dirige la acción, pues ya no puede el afectado ejercer la acción "en todo momento y en todo lugar" como lo dispone la norma superior; iv) En consecuencia se hace evidente que el Decreto 1382 de 2000, reformó el artículo 86 de la Carta Política sin ceñirse a ninguno de los procedimientos fijados en los artículos 374 a 379 de la Carta.
En este orden de ideas, en el caso bajo examen y con fundamento en las mismas razones que tuvo la Sala en esa providencia, se procederá a inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y por consiguiente, conforme lo ordena el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se dispone que quien debe conocer, en primera instancia, de la acción de tutela instaurada por Leonidas Gamba, es el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y así se declarará.
Segundo.- Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, para conocer de la acción de tutela promovida por Leonidas Gamba contra el Seguro Social –Seccional Valle del Cauca -, en el sentido de que su conocimiento corresponde al primero de los citados despachos judiciales.
Tercero.- Remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y comunicar lo aquí decidido al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali, para los fines legales pertinentes.