Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-140-01.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:21:19
Document Index: 281505737

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6']

C-140-01
Actor: José Alfredo Salamanca Ávila.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano José Alfredo Salamanca Ávila demanda el artículo 2º literal b) y parágrafo 2º, y el artículo 6º literales d) y e) del decreto 254 de 2000. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
El Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 7º de la Ley 573 del 2000.
d. cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la vigencia del decreto que ordena la disolución y liquidación de la entidad y que afecten los bienes de la misma, con la finalidad de integrar la masa de liquidación.
d. Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador.
Para el accionante, las normas demandadas transgreden lo preceptuado en los artículo 29 y 150 de la Constitución Política. En su concepto, Sólo el congreso tiene competencia para expedir códigos y dicha función no es transferible al Ejecutivo a través de las facultades extraordinarias. Por esta razón no se permite al Presidente de la República bajo ninguna forma, realizar de manera directa modificaciones a tales disposiciones, hecho que es desconocido en los preceptos demandados, pues hacen adiciones y reformas al procedimiento civil, tales como establecer una nueva causal para dar por terminado el proceso ejecutivo por medio de aviso dado por el liquidador de la entidad, y realizar el levantamiento de embargos y secuestros en los procesos ejecutivos iniciados con anterioridad a la liquidación de las entidades públicas del orden nacional o seccional.
La ciudadana Marta Teresa Durán Trujillo, actuando como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
Según su criterio, no puede confundirse la expedición de un código con la modificación específica y parcial de alguna de sus partes. Debido a que en nuestro sistema jurídico no existe ningún tipo de distinción que asigne una jerarquía superior entre los diversos tipos de códigos o las leyes mediante las cuales se los expide, y debido a que en ellos se confunden reglas básicas y principios fundamentales con “impredecibles disposiciones especiales” se hace necesario que en cada caso se defina el alcance de la modificación que se le ha hecho, para determinar si bajo el desarrollo de facultades extraordinarias se ha vulnerado la estructura del código con un cambio de tal magnitud que afecte su esencia y estructura anterior, momento en el cual existiría vulneración de la prohibición constitucional. Establecido lo anterior, considera el interviniente que las disposiciones acusadas no implican una modificación sustancial del Código de Procedimiento Civil ni de ningún otro código, porque éstas “se limitan a establecer reglas precisas sobre lo que ocurre con los procesos ejecutivos en curso cuando sobreviene la liquidación administrativa forzosa”. Por esa razón, el ciudadano concluye que las disposiciones acusadas no vulneran lo previsto en el numeral 10º del artículo 150 de la Carta al no haberse realizado, como arriba se dijo, reformas estructurales del código.
El ciudadano Juan Bautista Parada Caicedo, en representación del Instituto de Derecho Procesal, interviene en el proceso y defiende la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
Señala el interviniente que las normas acusadas se ajustan a la Constitución y, en consecuencia, deben ser declaradas exequibles, primero porque el presidente obró conforme a las facultades que le fueron conferidas para expedir el decreto ley, pues se le otorgó la potestad de suprimir o reformar las regulaciones, procedimientos o trámites del decreto 1122 de 1999 y para dictar el régimen para la liquidación y disolución de las entidades públicas del orden nacional. Y segundo, porque “las normas dictadas dentro del marco de las facultades señaladas en la ley regulan el procedimiento liquidatorio, de carácter administrativo, de las entidades a las cuales les es aplicable el mismo.” Así, por medio de esta ley se desarrolla el principio de la “par conditio creditorum” fundamento del proceso liquidatorio, jurisdiccional o administrativo, el cual predica la condición de igualdad de los acreedores. Según el ciudadano, para hacer realidad este principio se hace necesaria la consagración del fuero de atracción sobre los procesos ejecutivos, a fin de solucionar por medio de la liquidación, las pretensiones demandadas ejecutivamente conforme a las reglas que regulan la prelación de créditos, razón por la cual desaparece la finalidad de la cautela del proceso ejecutivo, el cual sí se rige por el principio “primero en el tiempo primero en el derecho”, y por medio del cual se tendía a asegurar los resultados del proceso ejecutivo y a garantizar el ejercicio de la acción a través de pretensiones ejecutivas individuales. De esta manera, en todo proceso liquidatorio se debe buscar la consolidación de la masa patrimonial (activa y pasiva) para lograr entre otras cosas el pago de los pasivos; lo que hizo la ley demandada no fue otra cosa que apuntar al cumplimiento de los principios orientadores en materia de procedimientos administrativos. En este sentido la prohibición del artículo 150-10 debe interpretarse, a juicio del interviniente, como de “expedición de códigos” y no con un criterio amplio que descarte “la necesaria colaboración de la rama ejecutiva en la creación de derecho legislado e impida otorgar facultades extraordinarias para casos que jamás tuvo en cuenta el constituyente.”
El Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, en concepto No 2305, recibido el 8 de septiembre de 2000, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. Según su criterio, las normas demandadas no implican una modificación al Código de Procedimiento Civil porque, por un lado, dichas normas establecieron una causal especial de terminación anormal de los procesos ejecutivos adelantados contra entidades de orden nacional sobre las cuales se ha decretado su supresión o disolución, la cual sólo opera en esos eventos. Además, explica la Vista Fiscal, una consecuencia de la terminación de dichos procesos consiste en decretar el levantamiento de los embargos y secuestros para facilitar el proceso de liquidación y permitir cuantificar los activos y poder pagar los pasivos. Dichas normas erigen una circunstancia especial que no modifica el Código de Procedimiento Civil, estatuto que establece las reglas generales a las cuales se someten los procesos que se tramitan en la jurisdicción ordinaria y en otras jurisdicciones, y al cual habría que acudir en caso de que exista vacío normativo.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 2º literal b) y parágrafo 2º, y del artículo 6º literales d) y e) del decreto 254 de 2000, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de un decreto expedido en uso de facultades extraordinarias.
Así, la sentencia C-296 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, tuvo que estudiar un cargo dirigido contra los artículos 95 a 99 del decreto 2535 de 1993, que regulan lo que sucede con las armas y explosivos vinculados a un proceso penal o civil, pues el actor consideraba que esas disposiciones no podían ser expedidas en ejercicio de las facultades extraordinarias, ya que modificaban los códigos procesales penal y civil. La Corte no acogió los argumentos del demandante pues consideró que esas disposiciones no habían alterado esos estatutos procesales pero la sentencia agregó que incluso sí hubieran modificado parcialmente esos códigos, “tampoco se habría incurrido en inconstitucionalidad por este motivo, debido a que se trataría simplemente de una reforma parcial que no afecta la estructura general del Código, ni establece la regulación sistemática e integral de una materia y, por lo tanto, no vulnera el principio democrático que el Constituyente quiso proteger con la prohibición de que trata el tercer inciso del numeral décimo del artículo 150 de la Carta”.
“Como quedó definido en las sentencias C-252/94 y C-296/95, no toda reforma a la legislación que toque de algún modo con una materia regulada en un código, se encuentra limitada por el precepto del art. 150-10 de la Constitución que prohibe el otorgamiento de facultades extraordinarias para la expedición de códigos, dentro de las cuales se comprenden los cambios esenciales o las modificaciones de cierta envergadura o magnitud que comprometen su estructura normativa. Por lo tanto, no están cobijadas por la prohibición las reformas por la vía de las facultades extraordinarias que no afectan la estructura general de un código ni establecen la regulación sistemática e integral de una materia. (subrayas no originales)”
Conforme a lo anterior, para determinar si una disposición expedida en uso de facultades extraordinarias desconoce la prohibición del artículo 150 ord 10 de la Carta, es necesario examinar si los contenidos normativos así promulgados implican o no una modificación sustantiva de la estructura de un código. Con ese criterio, entra la Corte a examinar los artículos acusados, para lo cual, y teniendo en cuenta que esas disposiciones hacen parte de un decreto promulgado en uso de facultades extraordinarias, la Corte comenzará por examinar si al Gobierno le fueron o no conferidas atribuciones para expedir o no un código, y si hubo o no exceso en el ejercicio de esas atribuciones por el Presidente.
4- El decreto 254 de 2000, del cual hacen parte las disposiciones impugnadas, fue expedido el 21 de febrero “en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 7º de la Ley 573 del 2000”. Por su parte, el artículo 1º, numeral 7º de la Ley 573 del 2000, conforme a su publicación en el Diario Oficial No 43.885 del 8 de febrero de 2000, establece:
Es pues claro que la ley habilitante no confirió facultades extraordinarias para modificar ningún código, pues el régimen para la liquidación y disolución de las entidades públicas del orden nacional no es un tema que sea propio de los códigos sino que ha estado contenido en leyes específicas. Así, en particular, es claro que este tipo de materias no es propia del Código de Procedimiento Civil, que regula ante todo los conflictos y controversias entre particulares, ni tampoco hace parte del Código Contencioso Administrativo, que expresamente establece en su artículo 1º que “los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas.”
De otro lado, un breve examen muestra que el Gobierno ejerció las facultades extraordinarias en forma correcta, pues el decreto fue expedido dentro de los quince días previstos por la norma habilitante, y el contenido de las disposiciones acusadas corresponde a la materia de las atribuciones que le fueron conferidas al Presidente. En efecto, el Gobierno tenía facultades extraordinarias para “dictar el régimen para la liquidación y disolución de las entidades públicas del orden nacional”, y efectivamente el decreto 254 de 2000 se refiere a esa materia, pues el artículo 1º señala su ámbito de aplicación, en los siguientes términos:
“Artículo 1º. Ambito de aplicación. El presente decreto se aplica a las entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o liquidación.
Parágrafo: Aquellas entidades del Estado que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, incluyendo las sociedades, continuarán rigiéndose por ellas”.
5- El examen precedente muestra no sólo que el Presidente no se excedió en el ejercicio de las facultades al expedir las normas acusadas sino que además, y contrariamente a lo afirmado por el actor, la materia regulada no es propia del Código de Procedimiento Civil, ya que ese decreto se refiere a un tema específico, como es la liquidación administrativa forzosa de una entidad pública del orden nacional. En efecto, los artículos impugnados se limitan a establecer reglas precisas sobre lo que ocurre con los procesos ejecutivos en curso cuando sobreviene esta liquidación. Así, las normas señalan que, con el fin de preservar la igualdad entre los acreedores en estos procedimientos, el acto de liquidación implica la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la vigencia del decreto que ordena la disolución y liquidación de la entidad y que afecten los bienes de la misma, para de esa manera poder integrar la masa de liquidación. Por ello, dicen esas disposiciones, los jueces correspondientes, a solicitud del liquidador, deberán oficiar a los registradores de instrumentos públicos para que éstos procedan a cancelar los correspondientes registros. Y para tal efecto, el liquidador debe dar los correspondientes avisos a los jueces y a los registradores de instrumentos públicos del inicio del proceso de liquidación.
7- Como hemos visto, las acusaciones del demandante contra las normas acusadas no han prosperado. En tales circunstancias, como el actor formula dos cargos generales contra esas disposiciones pero no cuestiona en concreto el contenido material de las mismas, y la Corte ha encontrado que esos ataques generales no tienen fundamento, entonces lo procedente en el presente caso es limitar el alcance de la cosa juzgada. En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia, no corresponde a la Corte estudiar oficiosamente la constitucionalidad de las leyes ordinarias sino examinar las normas específicas que sean demandadas por los ciudadanos (CP art. 241). Por ello, cuando existe una acusación general, por razones materiales o de procedimiento, contra un cuerpo normativo, pero no un ataque individualizado contra cada uno de los apartes que lo integran, la vía procedente es limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional, en caso de que la acusación no prospere. En tales eventos, debe la Corte declarar la constitucionalidad de la disposición pero precisando que la cosa juzgada es relativa, por cuanto sólo opera por los cargos analizados en la sentencia[1]. Por tal motivo, los artículos acusados serán declarados exequibles, pero únicamente en relación con los temas específicamente estudiados en esta sentencia.
“Declarar EXEQUIBLES el artículo 2º literal d) y parágrafo 2º, y el artículo 6º literales d) y e) del decreto 254 de 2000, pero únicamente por los cargos estudiados en esta sentencia.”
[1]Ver, entre otras, C-527/94, C-055/94, C-318 de 1995 y C-126 de 1998.