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Timestamp: 2017-02-27 18:55:37
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1_9788491193947 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
LA FEMINIZACIÓN DEL
CARMONA III
©	Teodora Torres García y otros
ISBN: 978-84-9119-394-4
no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro Procedimiento de quejas.
Dedicado a la memoria de Rosario Valpuesta Fernรกndez
“La igualdad es una cuestión de democracia y cuando se produce un déficit al respecto no estamos cumpliendo las exigencias democráticas”
El libro que tenemos la satisfacción de presentar recoge las aportaciones que, en forma de ponencias invitadas y comunicaciones, se incluyeron
en el Congreso celebrado los días 13 y 14 de marzo de 2014, en las ciudades
de Valladolid y Palencia bajo el título de “Feminización del Derecho privado. Carmona III. Homenaje a Rosi Valpuesta”. Pensando, sobre todo, en
el lector menos avisado sobre sus orígenes, conviene comenzar explicando
brevemente la razón de ser de esta denominación con el objeto de situar
correctamente la obra en su contexto y de permitirle calibrar su exacto
Necesariamente hemos de comenzar por la referencia a Carmona, ciudad histórica y monumental de la provincia de Sevilla, para identificar un
congreso que tuvo su sede en el corazón de Castilla. Pues bien, con la
citada mención se trata de rendir tributo al lugar donde arrancó un movimiento académico, dedicado a la reflexión y el estudio sobre un campo
hasta entonces relativamente yermo en nuestra literatura jurídica, que se
identificó en su día con el nombre de “Feminización del Derecho privado”.
Corrían los inicios del mes mayo de 2009 cuando tuvo lugar precisamente en Carmona el primer Congreso sobre la Feminización del Derecho
privado, fruto de la inquietud intelectual de un conjunto de profesoras,
lideradas por la Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pablo de
Olavide, Rosario Valpuesta Fernández, que pretendía profundizar en lo
que consideraban uno de los temas pendientes de la ciencia iusprivatista
española del siglo XXI: los problemas de las mujeres en el contexto social
contemporáneo y, más en concreto, en su tratamiento en el ámbito del
Derecho privado, poniendo especial énfasis en la virtualidad de este sector
del ordenamiento para la realización efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres, más allá de las declaraciones normativas puramente formales bajo las que, no pocas veces, se siguen encubriendo situaciones
más o menos discriminatorias. Los resultados de ese primer Congreso, que
marcó un hito por la notable asistencia de público, por la calidad de la
reflexión teórica que allí se realizó y por los vínculos personales que se
Teodora F. Torres García - María Paz García Rubio - Francisco Oliva Blázquez
entablaron entre los participantes, fueron publicados en una voluminosa
obra que apareció bajo el sugerente título de “El levantamiento del velo: las
mujeres en el Derecho Privado”, dirigido por R. Valpuesta y M. P. García Rubio,
Ed. Tirant lo Blanch, 2011. Transcurrido más de un lustro, podemos afirmar, sin ningún temor a equivocarnos, que aquel encuentro de Carmona
se ha convertido en un punto de referencia ineludible en los estudios con
perspectiva de género desde los métodos y los conceptos más propios del
Buen indicativo del éxito de la iniciativa y de su valor seminal fue el
hecho de que, apenas un año y medio después de la reunión de Carmona, se celebrara el Congreso “Carmona II”, los días 2 y 3 de diciembre de
2010, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, lo que venía a significar una auténtica declaración de
intenciones acerca de que la reflexión jurídica sobre la feminización del
Derecho privado no iba a ser una moda pasajera. Este segundo Congreso,
como su antecedente, fue de nuevo un triunfo que ni siquiera una inoportuna y bien conocida huelga de controladores aéreos pudo empañar; sus
resultados fueron igualmente publicados en una excelente obra titulada
“Mujeres, Contratos y Empresa desde la Igualdad de Género”, dirigida por la Profesora Carolina Mesa Marrero, también publicado por la editorial Tirant
lo Blanch, en 2014.
El tercer jalón en el camino ha sido el Congreso de Valladolid-Palencia,
“Carmona III”, del cual el volumen que presentamos es el resultado más
tangible. El encuentro fue nuevamente un rotundo éxito desde todos los
puntos de vista: se inscribieron casi cien personas, se impartieron cuatro
conferencias magistrales y se presentaron cincuenta y ocho comunicaciones que abarcaban prácticamente todos los ámbitos del Derecho privado, sin que podamos olvidar, ni dejar de agradecer, la generosidad de los
miembros de la Universidad de Valladolid, incluidos varios de la sede de
Palencia, que contribuyeron a la creación del excelente clima, tan particular del espíritu de Carmona, que sabe combinar como nadie el estudio
serio y riguroso con el ambiente fraternal y el ánimo positivo.
La lectura de los trabajos que se incluyen en este libro, versión escrita
de los presentados en las sedes de Valladolid y Palencia, pone de relieve el
interés del Movimiento Carmona en la apertura y ensanche de nuevas vías
para hacer real y efectiva, desde una perspectiva netamente feminista, la
igualdad entre mujeres y hombres. La calidad de las ponencias y comunicaciones, así como la implicación de sus autores en el espíritu que impregna
la obra, nos excusan de mayores explicaciones.
Pero, como indicábamos en las líneas iniciales de esta presentación, el
subtítulo del Congreso contiene un segundo, y no por ello menos importante, elemento referencial: la mención a la persona de Rosario Valpuesta Fernández, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, cuyo fallecimiento, producido el día 13 de marzo de
2013, abrió un profundo hueco que el tiempo confirma como imposible
de llenar. La celebración del Congreso “Carmona III” se hizo coincidir precisamente con el primer aniversario de su desaparición, convirtiéndose en
un sentido homenaje a su persona y a su trayectoria vital y profesional, así
como en una muestra de reconocimiento a todo lo que hizo y a lo mucho
que aportó, tanto a la civilística española como, en general, al pensamiento
feminista. Quienes allí estuvieron ese 13 de marzo de 2014, pueden dar
buena cuenta de la profundidad y sinceridad del sentimiento de pérdida y
nostalgia por la amiga desaparecida, a la par que se pusieron de manifiesto
las profundas raíces generadas por su espíritu de incansable lucha por los
Este libro es, pues, el resultado más palpable del homenaje que quisimos ofrecer a Rosario Valpuesta Fernández, a nuestra inolvidable Rosi,
sirviendo con ello al objetivo de permanencia del tributo que le rendimos
y del intenso compromiso adquirido por mantener su espíritu y sus inagotables ganas de hacer del mundo un lugar mejor.
Con gran tristeza dejamos aquí también constancia de otra pérdida
irreparable entre los integrantes del Movimiento Carmona. En el tiempo
transcurrido entre la celebración del Congreso de Valladolid-Palencia y la
publicación de esta obra, nos ha desgarrado la noticia del fallecimiento de
Ariadna Aguilera Rull, joven profesora de la Universidad Pompeu Fabra,
quien desde sus primeros escritos se convirtió en un referente necesario
para los interesados en el Derecho privado con perspectiva de género y
cuyo libro, “Contratación y diferencia. La prohibición de discriminación por sexo y
origen étnico en el acceso a bienes y servicios”, publicado por la editorial Tirant
lo Blanch en 2013 es, sin lugar a dudas, una de las obras señeras de esa
misma línea. Con la ilusión y la convicción que bien conocíamos sus compañeros y amigos Ariadna escribió, para que formara parte de esta obra el
que, probablemente y sin que nadie pudiera anticiparlo, ha sido su último
trabajo. Su magnífica aportación “Edad núbil y consentimiento matrimonial” es la mejor muestra del rigor intelectual con el que ella sabía tratar los
temas que más le preocupaban y que tantas veces coincidían con los que
también empeñaban a Rosi.
Todos somos conscientes de la fragilidad de nuestra existencia y de que
la muerte no es sino el último instante de la vida; Rosi y Ariadna vivieron
con intensidad y con pasión, dejándonos a quienes aquí seguimos de modo
necesariamente provisional la sensación de una vida muy vivida y de que
algo hay de verdad en la idea de que, por algún mal capricho del destino,
siempre se van las mejores. Ambas permanecerán siempre en nuestro recuerdo.
I. DERECHO DE LA PERSONA,
SALUD, DERECHOS
Autonomía de la mujer, discapacidad y
derechos reproductivos*
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LOS POSTULADOS DE LA CIDPD. III. LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD A LA LUZ DE LA CIDPD. EN PARTICULAR, EL ABORTO. IV. A
Uno de los pilares básicos en materia de derecho y salud y, en concreto,
en el reconocimiento de derechos a los pacientes y usuarios de servicios
sanitarios, es el principio de autonomía del paciente, siendo una de sus
principales manifestaciones la relativa al consentimiento informado del
mismo. Conforme a dicho principio es el paciente el que, tras recibir completa información de la asistencia médica que se le va a prestar, consiente o
acepta de manera libre y voluntaria su realización (art. 8 LBAP; art. 5.1 del
Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina del Consejo
de Europa, aprobado en Oviedo el 4 de abril de 19971). Esta regla general
puede verse matizada en el caso de que el paciente no sea “competente” o
no goce de capacidad de obrar, ya que si el paciente no dispone de la capacidad de discernimiento necesaria para entender la naturaleza y consecuencias de la asistencia médica que va a recibir, el consentimiento podría
prestarse “por representación” o “sustitución” por un tercero (representante legal u otros; art. 9.3 LBAP).
Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de investigación financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación “Capacidad jurídica, discapacitados e incapacitación. Bases para la adecuación del Derecho español a la Convención de Nueva
York (DER 2010-20873).
Ratificado por España mediante Instrumento de 23 de julio de 1999 (BOE 20
octubre 1999) y vigente desde el 1 de enero del año 2000.
El ámbito de autonomía personal y de autodeterminación incluye las
cuestiones relativas al ejercicio de la sexualidad y la procreación, íntimamente relacionadas con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de
la personalidad y con derechos básicos como la integridad física y moral y
el respeto a la intimidad. La protección de la salud sexual y reproductiva
cobra especial significación en el caso de la mujer, habiendo constituido
un elemento importante en la lucha por los derechos y contra la discriminación de la mujer en las últimas décadas.
Por otro lado, la CIDPD del año 20062 ha supuesto un auténtico cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad y, en especial, en
la autonomía y participación de las personas con discapacidad y en el reconocimiento de su “capacidad jurídica”. La CIDPD incorpora, además,
declaraciones específicas en materia de discriminación de la mujer, salud y
consentimiento informado y del derecho a formar una familia.
Pues bien, la aplicación de la autonomía y de la posible “representación” o “sustitución” de la persona en la toma de decisiones relativas a los
derechos reproductivos y, en particular, en materia de interrupción voluntaria del embarazo ha sido una cuestión polémica y sometida a continuos
cambios legislativos en nuestro país, sobre todo en la última década. En las
siguientes páginas analizaremos la protección de los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad, especialmente a la luz de la CIDPD.
Para ello comenzaremos con unas pinceladas sobre los principios básicos
que incorpora la Convención, especialmente en lo relativo a la autonomía
y toma de decisiones, y las declaraciones que incorpora en materia de salud
y familia. Posteriormente analizaremos la incidencia del modelo la CIDPD
en la regulación existente en nuestro país en materia de salud sexual y reproductiva y en la interrupción voluntaria del embarazo.
II. LOS POSTULADOS DE LA CIDPD
La CIDPD ha supuesto, como se ha señalado, un cambio trascendental en el tratamiento de la discapacidad, incorporando los principios del
denominado modelo social y la perspectiva de los derechos humanos. Se
suele presentar la evolución producida en este ámbito a través de los dos
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados en Nueva York el 16 de diciembre
de 2006 y vigentes desde el 3 de mayo de 2008.
Autonomía de la mujer, discapacidad y derechos reproductivos
principales modelos explicativos de la discapacidad: el modelo médico,
que es el que tradicionalmente se ha reflejado en nuestros ordenamientos
jurídicos, y el modelo social.
El modelo médico aborda el tema de la discapacidad como una cuestión o problema “individual”, causado por un padecimiento o enfermedad
que produce una serie de deficiencias o limitaciones en el individuo. La
actuación desde este modelo es de carácter rehabilitador y asistencialista.
Y, desde el punto de vista de los derechos, puede implicar que se limite
su ejercicio para las personas con discapacidad si, a través de las medidas
rehabilitadoras, no se alcanza el parámetro de “normalidad” exigido. Todo
ello como un mecanismo de protección de las personas con discapacidad.
En cambio, el modelo social centra su atención, no en las limitaciones que
pueda sufrir una persona, sino en el entorno. La discapacidad deriva así no
(o no solo) de las deficiencias físicas o psíquicas de la persona, sino de las
deficiencias o déficits sociales, que excluyen a las personas con discapacidad impidiendo su participación plena en la sociedad3. En este sentido, la
persona con discapacidad pasa a considerarse como un sujeto con plenos
derechos en todas las esferas de la vida4. El modelo social se centra, por
tanto, no en las limitaciones de la persona, sino en potenciar sus capacidades5.
Hace referencia la CIDPD a las barreras sociales que impiden la participación en
la vida social, además de en el Preámbulo (apdos. e y k), en la propia conceptualización de las personas con discapacidad (art. 1.2).
Destaca al respecto CUENCA GÓMEZ, P., Los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad. Un análisis a la luz de la Convención de la ONU, Universidad de
Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), 2012, p. 36, que no son las personas las que
tienen que adaptarse para poder acceder a los derechos, sino los derechos los que
tienen que rediseñarse para posibilitar el acceso.
Véase ampliamente sobre este tema CUENCA GÓMEZ, P., Los derechos fundamentales... cit., pp. 26 y ss.; PALACIOS, A., El modelo social de la discapacidad: orígenes,
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Cinca, Madrid, 2008, pp. 103 y ss. ÁLVAREZ LATA, N./
SEOANE, J. A., “El proceso de toma de decisiones de la persona con discapacidad.
Una revisión de los modelos de representación y guarda a la luz de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Derecho Privado y Constitución, nº 24, 2010, pp. 14 y ss. Recogen, por otra parte, estos últimos, las críticas a
los diferentes modelos, incluido el “modelo de la diversidad”, que también ha tenido influencia en la CIDPD (y que pone el acento, sobre todo, en la discapacidad
como rasgo de la diversidad humana).
Una de las principales aportaciones de la CIDPD ha sido, precisamente,
el fomento de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad6. El artículo 3 de la Convención establece como el primero de sus
principios básicos “la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de las personas”, y lo hace junto
con el respeto a la dignidad inherente, que es el valor central que impregna toda la CIDPD y que se refleja en los derechos reconocidos en ella. La
autonomía e independencia de las personas con discapacidad se relaciona
íntimamente con otros principios y derechos reconocidos en la CIDPD,
como son la no discriminación y la igualdad de oportunidades, incluida la
obligación de realizar los ajustes razonables (arts. 3.b y e, 5), así como la
accesibilidad (arts. 3.f y 9) y la participación e inclusión plena y efectiva en
la sociedad (arts. 3.c y 19), entre otros.
De los distintos derechos reconocidos en la CIDPD cobra especial significación, por lo que hace al ámbito de autonomía de las personas con discapacidad, el artículo 12 dedicado al igual reconocimiento como persona
ante la ley. Se ha dicho que éste es uno de los preceptos más relevantes de
la Convención, en la medida en que puede suponer un cambio radical en
la concepción de la capacidad de las personas7. En este sentido, se indica
que el derecho al igual reconocimiento ante la ley entraña que la capacidad jurídica (que incluiría tanto la capacidad jurídica como la de obrar)
es un atributo universal inherente a todas las personas, por lo que solo
cabe un reconocimiento pleno de la “capacidad jurídica universal”8. De
esta manera, las personas con discapacidad deberían considerarse como
sujetos capaces de ejercer por sí mismos sus derechos, sin necesidad de
Destacan ÁLVAREZ LATA, N./ SEOANE, J. A., ob. cit., p. 21, que el ideal normativo de la Convención y el modelo de los derechos no se colma con la igualdad
formal, sino con la autonomía de las personas con discapacidad.
CUENCA GÓMEZ, P., Los derechos fundamentales... cit., p. 207, señala que una disposición de este tipo no tiene precedentes en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. BARRIO GALLARDO, A., “La repercusión del artículo 12 de
la Convención de Nueva York sobre el sistema tutelar español”, en DÍEZ-PICAZO,
L. (coord.), Estudios jurídicos en homenaje al profesor José María Miquel, T. I, Thomson
Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 473 y ss., habla del efecto
desestabilizador que una interpretación vanguardista del artículo 12 tiene en los
ordenamientos de base romana e inspiración napoleónica.
Cfr. Observación general nº 1 (2014) sobre el artículo 12 CIDPD, del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (Comité encargado de supervisar la aplicación de la Convención por los Estados parte, conforme a los arts. 34 y
ss. CIDPD).
sustituciones, estableciéndose para ello los apoyos que precisaran y con las
salvaguardas adecuadas (entre ellas, las establecidas en el art. 12.4 CIDPD).
El alcance del artículo 12 CIDPD y su compatibilidad o no con los sistemas de “sustitución” en la toma de decisiones han sido, no obstante, objeto
de una ardua discusión. Además, sus postulados siguen estando pendientes
de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico9, en particular, en la
regulación de la capacidad y del procedimiento de incapacitación previstos
en el CC y LEC, que es precisamente donde se concentra el grueso de la regulación que afecta al ejercicio de los derechos y a la autonomía y toma de
decisiones10. El TS se ha decantado, no sin críticas, por la compatibilidad
de nuestra normativa en materia de “incapacitación” y de los sistemas de
protección en él presentes, siempre que se haga una interpretación acorde
con la CIDPD11. En la doctrina, si bien algunas voces reclaman la eliminación del sistema actualmente vigente por uno de apoyo en la toma de
decisiones12, en general, se admite la pervivencia de dicho sistema, aunque
sea con carácter excepcional, y se reclaman cambios, de mayor o menor
calado, para su adaptación a la Convención13. Frente a ello, el Comité de
La DA 7ª Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, concedió
el plazo de un año para que el Gobierno remitiera un proyecto de ley para dar
cumplimiento al artículo 12 CIDPD. El Comité de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, en sus observaciones finales a España, puso de relieve el incumplimiento de este mandato legal y recomendó al Estado español que tomara las
medidas para remplazar el sistema de sustitución por uno de apoyo en la toma de
decisiones, que respete la autonomía, deseos y preferencias de la persona.
Sobre la impermeabilidad del Derecho privado al modelo de la Convención y al
discurso de los derechos humanos, véase CUENCA GÓMEZ, P., “El sistema de
apoyo en la toma de decisiones desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad: principios generales, aspectos centrales
e implementación en la legislación española”, REDUR 10/2012, pp. 63 y ss. Para
esta autora, la negación de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad
implica que se vean privadas del ejercicio de derechos fundamentales (ej. derecho
al voto, a formar una familia o a otorgar el consentimiento para un tratamiento
STS 29-4-2009 (RJ 2009/2901).
Véase CUENCA GÓMEZ, P., Los derechos fundamentales... cit., pp. 200 y ss. y doctrina allí citada.
Entre otros, PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C., “La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y el sistema español de
modificación de la capacidad de obrar”, Derecho Privado y Constitución, 23, 2009,
pp. 336 y ss.; PEREÑA VICENTE, M., “La Convención de las Naciones Unidas
los derechos de las personas con discapacidad ha insistido en la necesidad
de que los Estados parte tomen medidas para elaborar leyes y políticas por
las que se reemplacen los regímenes basados en la sustitución por otros de
apoyo para la adopción de decisiones. Para el Comité, elaborar sistemas
basados en el apoyo a la adopción de decisiones y mantener paralelamente
regímenes basados en la sustitución no basta para cumplir con lo dispuesto
en el artículo 12 CIDPD14.
Sea como fuere, la apuesta es clara a favor de otorgar a las personas
con discapacidad una mayor participación y, en general, la capacidad para
decidir sobre su propia vida y las cuestiones que les afectan (con los apoyos que precisaran), así como la necesidad de interpretar nuestro ordenamiento en consonancia con los principios establecidos en la CIDPD15. Por
otro lado, se ha destacado también el carácter instrumental del derecho
reconocido en el artículo 12 CIDPD, convirtiéndose de esta manera en un
elemento clave para el disfrute de los restantes derechos reconocidos en la
Convención16.
En este sentido, y por lo que hace al tema objeto de este trabajo, es necesario hacer referencia a los derechos reconocidos en los artículos 23 y 25 de
la Convención, así como al artículo 6. Se refiere este último precepto a las
mujeres con discapacidad, reconociendo el hecho de que se encuentran
sujetas a múltiples formas de discriminación, por motivos de género y de
discapacidad (ocupando aquí un lugar importante las cuestiones relacionadas con la salud reproductiva). De ahí que deban tomarse las medidas
pertinentes para el pleno desarrollo y potenciación de la mujer, de manera
que se asegure el ejercicio de los derechos reconocidos en la CIDPD17.
sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿El inicio del fin de la incapacitación?”, Diario La Ley, nº 7691, 2011, pp. 12 y ss.
Observación general nº 1 (2014) sobre el artículo 12 de la Convención (§ 28).
Señala el Comité que no se ha comprendido en general que el modelo de la
discapacidad basado en los derechos humanos implica pasar del paradigma de la
adopción de decisiones sustitutiva a otro que se base en el apoyo para tomarlas;
de ahí la adopción de la Observación general sobre este artículo (cfr. § 3).
Para el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (cfr. Observación general nº 1, 2014, sobre el artículo 12 CDPD, § 30), los derechos del art. 12
se aplican desde el momento de la ratificación y deben hacerse efectivos inmediatamente.
PALACIOS, A., ob. cit., p. 419; CUENCA GÓMEZ, P., Los derechos fundamentales...
cit., pp. 201 y ss., y doctrina allí citada.
Se destaca en el Preámbulo de la Convención, no solo el mayor riesgo de las
mujeres a violencia, abusos, explotación, etc., sino también la necesidad de incor-
Por su parte, el artículo 23 regula el respeto al hogar y la familia. Se
trata de un precepto amplio, en el que se reconocen diversos derechos en
el ámbito de las relaciones familiares18. Interesa ahora destacar por lo que
se refiere a los derechos reproductivos, lo dispuesto en su apartado 1 sobre
las medidas a adoptar por los Estados de cara a evitar la discriminación de
las personas con discapacidad en relación con la familia y la maternidad o
paternidad. Se establece, en primer lugar, el derecho de todas las personas
con discapacidad a contraer matrimonio y fundar una familia con base en
un consentimiento libre e informado (apdo. a). Se reconoce, por tanto,
la capacidad y autonomía para decidir por sí sola a la persona con discapacidad en este ámbito. En segundo lugar, se menciona específicamente
en relación con la reproducción el “derecho de las personas con discapacidad
a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para
su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”
(apdo. b). Con ello, la Convención recoge específicamente para este ámbito derechos que se habían ido consolidando a nivel general en relación
con la salud sexual y reproductiva de las personas y, en particular, de la
mujer, tal y como se abordará en el siguiente apartado. Por último, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a mantener la fertilidad
en igualdad de condiciones que las demás (apdo. c), previsión de especial
importancia en materia de esterilización, como luego veremos.
El artículo 25 CIDPD se dedica a la salud, estableciéndose el derecho a
disponer del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por moti-
porar la perspectiva de género en las actividades destinadas a promover el goce
de los derechos humanos por las personas con discapacidad (apdos. q y s). Por
otra parte, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en su
Observación general nº 1, 2014, sobre el artículo 12 CIDPD (§ 35), pone como
ejemplos de discriminación de la mujer con discapacidad las tasas elevadas de
esterilización forzada o la privación del control de su salud reproductiva y de la
adopción de decisiones al respecto, al darse por sentado que no son capaces de
otorgar su consentimiento para las relaciones sexuales.
Indica BIEL PORTERO, I., Los derechos humanos de las personas con discapacidad,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 390, que las disposiciones del art. 23 son esencialmente cláusulas de no discriminación y ello, precisamente, por la discriminación histórica que han sufrido las personas con discapacidad respecto de sus derechos familiares. El precepto regula, así, un conjunto amplio de aspectos relativos
al matrimonio, la familia, la procreación, la fertilidad o lo derechos familiares de
vos de discapacidad. Se reconoce la necesidad de tener en cuenta las cuestiones de género en el acceso a los servicios de salud y se incluye dentro
de éstos expresamente los relativos a la salud sexual y reproductiva, que
deberán estar a disposición de las personas con discapacidad en las mismas
condiciones que para las restantes personas (apdo. a). Por otra parte, se
incide también en este ámbito en la autonomía de las personas con discapacidad, al disponerse la necesidad de contar con su consentimiento libre
e informado en la prestación de la atención sanitaria por los profesionales
de la salud, señalando para ello mecanismos como “la sensibilización respecto
de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas
para la atención de la salud en los ámbitos público y privado”. La Convención se
decanta claramente por la prestación del consentimiento por el propio paciente con discapacidad, con los apoyos pertinentes, en consonancia con
el resto de su articulado (y, en particular, con los principios contenidos en
su art. 3 y los criterios establecidos en el art. 12 en materia de capacidad)19.
III. LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER CON
DISCAPACIDAD A LA LUZ DE LA CIDPD. EN PARTICULAR, EL
Como se ha señalado anteriormente, las cuestiones relacionadas con el
desarrollo de la sexualidad y la procreación se encuentran íntimamente
relacionadas con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad, y entran dentro del ámbito de autodeterminación del individuo.
La protección de los derechos en el ámbito sexual y reproductivo cobra
especial significación en el caso de las mujeres. No en vano, la Convención
Señala el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en su Observación general nº 1, 2014, sobre el artículo 12 CIDPD (§ 41), que lo dispuesto
en el art. 25 CIDPD conlleva la obligación de los Estados de no permitir que el
consentimiento sea otorgado por personas que sustituyan a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones en nombre de ellas. Entiende también
que el personal médico y sanitario debe velar por que se consulte directamente
a la persona con discapacidad y garantizar, en la medida de sus posibilidades,
que las personas encargadas de prestar el apoyo no sustituyen a las personas con
discapacidad en la toma de decisiones, ni tengan influencias indebidas. Sobre la
compatibilidad con la CIDPD de normas internas de los Estados que autoricen un
tratamiento o una intervención sin consentimiento de la persona con discapacidad, vid. BIEL PORTERO, I., ob. cit., pp. 472 y ss.
para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer de
1979 ya contenía menciones al respecto; y, con posterioridad, se han ido
sentando las bases en diversos textos internacionales para la protección de
los derechos de la mujer en relación con la sexualidad y la procreación20.
En nuestro país, esta materia se aborda decididamente por la LOSSRIVE, actualizando las políticas en la materia. Conforme a su artículo 1,
constituye el objeto de la Ley garantizar los derechos fundamentales en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, y regular las condiciones para la
interrupción voluntaria del embarazo. La Ley incorpora las definiciones de
La Convención de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 se refiere expresamente a la procreación, como
elemento relacionado con la discriminación de la mujer, pero también al derecho a la mujer a decidir en cuanto a la reproducción, conteniendo menciones
específicas a la planificación familiar. Así, como elemento a incluir en el proceso
educativo (art. 10.h), en relación con el derecho a la salud (art. 12), o con el
matrimonio y la familia (art. 16), disponiendo este último precepto el derecho de
la mujer en igualdad de condiciones a “decidir libre y responsablemente el número de
sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y
los medios que les permitan ejercer estos derechos”. Por su parte, el programa de acción
de la Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo, celebrada en
El Cairo en 1994, refiere en su principio 4 el derecho de la mujer a controlar su
propia fecundidad, dedicando un capítulo específico a los derechos y salud reproductiva (cap. VII). En él se establece que los derechos reproductivos abarcan
ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los
documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan
en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos
y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello
y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva (apdo.
7.3). Se incluye, además, una definición de salud reproductiva (en sentido amplio,
incluyendo la salud sexual, apdo. 7.2). Con ello se sientan las bases sobre las que
luego se cimentarán otras declaraciones que ahondan en estos derechos. De especial significación en la protección de los derechos reproductivos de la mujer es
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la IV Conferencia
de la ONU sobre la mujer, en 1995. En ellas se incorporan la definición de salud
reproductiva y el contenido de los derechos reproductivos de la Declaración de
El Cairo de 1994, señalándose expresamente que “los derechos humanos de la mujer
incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su
salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a
la coerción, la discriminación y la violencia”. A nivel europeo pueden consultarse, por
ej., las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva y
derechos afines (2001/2128 INI; 2013/2040 INI), por citar solo algunos textos.
la Organización Mundial de la Salud sobre salud sexual y salud reproductiva (art. 2), conceptuándose esta última como la “condición de bienestar físico,
psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la
persona, que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener
hijos y de decidir cuándo tenerlos”. Establece los criterios en la materia que deben aplicarse en las políticas públicas de salud, educativas y sociales, recogiendo medidas específicas en el ámbito sanitario y educativo (arts. 5 y ss.).
Se recoge, además, en su artículo 3 el derecho a la maternidad libremente
decidida, que implica, entre otros, el respeto a la decisión inicial sobre su
embarazo tomada por la mujer de manera consciente y responsable.
En relación con la discapacidad, la LOSSRIVE menciona expresamente
en su Preámbulo a la CIDPD, dentro de la normativa internacional de la
que parte. Establece, así, en su artículo 3.3 la prohibición de discriminación, entre otros, por motivos de discapacidad, en el acceso a las prestaciones y servicios que prevé la Ley; aspecto éste que se recoge igualmente en
el artículo 5.1.d (relativo a la actuación de los poderes públicos), en donde
se señala expresamente la garantía para las personas con discapacidad del
derecho a la salud sexual y reproductiva, estableciéndose los apoyos necesarios en función de su discapacidad. Junto a esto, la atención a las necesidades de las personas con discapacidad se incluye en la formación de los
profesionales de la salud (art. 8.d) y en las medidas en el ámbito educativo
(art. 9.f). Por otra parte, se establece que la información previa a la interrupción voluntaria del embarazo se proporcione en formatos adecuados
y accesibles para las personas con discapacidad (art. 17.5). Con ello, la
CIDPD parece haber permeado en la LOSSRIVE, no solo en cuanto a sus
principios básicos (como la igualdad, no discriminación o accesibilidad),
sino también respecto a las previsiones en relación con concretos derechos, como los recogidos en el artículo 23 CIDPD en relación con la familia y, en particular, en su apartado 1.b respecto a la procreación (derecho a
decidir el número de hijos a tener, acceso a la información y educación en
materia de procreación y planificación familiar...).
Ahora bien, no parece que se pueda decir lo mismo respecto de la toma
de decisiones cuando nos encontramos con personas con su capacidad modificada judicialmente, en particular, a propósito de la interrupción voluntaria del embarazo. Establece el artículo 13.3 LOSSRIVE, en relación con
los requisitos comunes para practicar esta intervención, que debe contarse
con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o,
en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en
la LBAP. El artículo 9.3 LBAP indica que se otorgará el consentimiento
por representación cuando el paciente esté incapacitado legalmente. Esta
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