Source: http://indigenas.bioetica.org/ejerc/caso4.htm
Timestamp: 2018-06-18 11:44:58
Document Index: 361023037

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 98', 'artículo 6', 'artículo 311', 'artículo 48']

En el presente caso hipotético los nombres y referencias utilizadas son producto de la imaginación de sus autores. Cualquier similitud con eventos, hechos o personas existentes es producto de la coincidencia.
El presente caso hipotético fue preparado por la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional “Philip C. Jessup” para ser utilizado en la Competencia Interamericana sobre Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga” del año 1998.
Liste los argumentos normativos - fácticos - socioculturales que cada una de las partes podría esgrimir en su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
1. Santa Catalina es un Estado insular situado en el Océano Pacífico, perteneciente al continente americano. Tiene una extensión de sesenta y un mil kilómetros cuadrados y está dividido políticamente en ocho departamentos y un territorio. Su capital, Nueva Esparta, cuenta con una población de 195.000 mil habitantes y es la ciudad más desarrollada del país. En ella se centra gran parte de los servicios públicos, comunicaciones y organismos estatales catalineses y es el centro económico, cultural y comercial de la nación.
2. Los ocho departamentos de la nación catalinesa (San Pedro, Palmira, Oceana, Beniure, Esparta, Tierra Nueva, Santa Clara y Abisinia) están ubicados al este y norte de la isla. En sus capitales (San Pedro, Puerto Palma, Oceana, Puerto Beniure, Nueva Esparta, Tierra Nueva, Santa Clara y Abisinia, respectivamente) se concentran las instituciones políticas y judiciales de cada departamento.
3. El territorio de lt'shok, al cual se dio este nombre para conmemorar el pasado precolombino de la isla, comprende los terrenos del sur y el este de la isla. Está cubierto por selva tropical primaria y es de difícil acceso. Sus costas están formados por inaccesibles acantilados y llegan hasta ellos fortísimas corrientes que impiden cualquier clase de navegación. Sus selvas no han sido exploradas exhaustivamente. Su capital, la ciudad de Coc‑lac, está ubicada al este de la isla. Sin embargo, existe muy poca comunicación entre ésta y las capitales de departamento, en parte debido a la inexistencia de vías efectivas de comunicación. El Estado catalinés nunca ha incluido al territorio de lt'shok en sus programas de salud y educación, ni ha proporcionado servicios de agua, electricidad o comunicaciones a sus habitantes.
4. Santa Catalina es productora de cacao, coco y banano, que son cultivados principalmente en sus ocho departamentos. En el último producto, Santa Catalina está catalogada como la cuarta productora a nivel mundial. Las industrias del coco y del cacao, por el contrario, han sufrido gran detrimento por el sistema de cuotas establecido por la Comunidad Europea, su principal cliente.
5. Santa Catalina es Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Además, es signataria de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 14 de septiembre de 1992, Santa Catalina reconoció la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos:
El Estado de Santa Catalina acepta como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, de acuerdo con lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este reconocimiento de competencia se hace por plazo indeterminado y bajo condiciones de reciprocidad. El Estado catalinés se reserva lo facultad de retirar el reconocimiento de estas competencias cuando lo estime pertinente. El Estado catalinés formula además la siguiente reserva: la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podrá pronunciarse acerca de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan tenido en consideración al adoptar determinados actuaciones estatales.
Santa Catalina ratificó además el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" el 29 de noviembre de 1995.
Historia y normativa constitucional
6. La isla lt'shok fue conquistada por los españoles en 1640 y "bautizada" con el nombre de Santa Catalina. El territorio fue una colonia marginal del Reino español hasta el año 1844, fecha en que alcanzó su independencia y se proclamó la República de Santa Catalina. Se han alternado en su gobierno regímenes conservadores y liberales y, en dos ocasiones, regímenes militares autoritarios. El último de ellos terminó con la Revolución de Aguilera, en 1963. Un año después, fue proclamada la Tercera República y adoptada la Constitución actualmente vigente.
7. Históricamente, la población descendiente de los españoles y las poblaciones autóctonas han vivido segregados. Durante la colonia, no se desarrolló en Santa Catalina grandes haciendas o latifundios y no se dio ni esclavitud ni servidumbre. los españoles que se asentaron en la isla ocuparon por la fuerza los territorios del este y el norte del país y desarrollaron, en forma predominante, un sistema de explotación familiar de la tierra. Las poblaciones autóctonas que vivían en las costas este y norte pertenecientes a las etnias wuel‑vi y toctoc, fueron expulsados de estos territorios y obligados a concentrarse en los agrestes terrenos del este y el sur de la isla.
8. La Constitución de 1964 contiene, entre otras, las siguientes normas:
Artículo 7: El territorio de la Nación es uno, único, indivisible y soberano.
Artículo 9: Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también el wuel‑vi y las demás lenguas aborígenes, según la Ley.
Artículo 11: Todos los ciudadanos de la República tienen derecho al voto secreto que garantice la libre expresión de su voluntad.
Artículo 15: Las costumbres de la población wuel‑vi son parte integrante del orden jurídico de Santa Catalina y su marco de desenvolvimiento social y económico en tanto no contravengan esta Constitución y las leyes. la ley determinará la compatibilidad estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado.
Artículo 98: En caso de cometer un delito o falta en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las fuerzas de Seguridad Nacional están sometidos al Fuero respectivo y al Código Militar. Las disposiciones de éste no serán aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de Traición a la Patria y de Terrorismo.
9. La legislación de Santa Catalina, de corte romano ‑ germánico, es aplicada por tribunales y juzgados que están localizados únicamente en los capitales de departamento.
Población e Indicadores sociales.
10. Desde lo independencia, existió en Santa Catalina una convicción general de que la población de la República era, en forma predominante, de ascendencia española. Era común encontrar en textos escolares oficiales de la primera mitad del siglo XX citas como la siguiente:
A diferencia de la mayoría de los Estados americanos, Santa Catalina goza de una estrecha cohesión social, que debe atribuirse al hecho de que su población es, casi en su totalidad, blanca de raza y descendiente de españoles. Por esta razón, no ha estado sumida en los agudos conflictos sociales que han desgarrado al continente.
Los pocos indios que existen en el territorio viven aún en la edad de piedra, en las selvas de nuestro país, en la cual mantienen sus extrañas costumbres, su lenguaje y su ley.
11. Como otras economías americanas, la economía catalinesa sufrió grave detrimento durante la década de los ochenta, que se reflejó en un descenso significativo en los Indicadores sociales, particularmente aquéllos referentes a educación y salud pública. Datos oficiales revelan que la tasa de desempleo ronda actualmente el 15% y se considera que un 36% de la población vive bajo el nivel mínimo de pobreza. Sin embargo, se estimó que las cifras reales son mucho mayores, pues dichos indicadores corresponden únicamente a la población criolla.
12. En 1992 se realizó una elección general, en la cual fue electo el Presidente Jacinto Pérez, del Partido Integracionista. La plataforma de su campaña se basó en lo convicción de que el Estado debía sufrir una reestructuración integral y que la economía debía diversificarse y "globalizarse".
13. Como uno de sus primeros actos de Gobierno, el Presidente Perez decidió implementar, con la ayuda del Banco Interoceánico de Desarrollo, un ambicioso proyecto de exploración de los selvas de Santo Catalina y un censo integral de su población. Asimismo, junto con los especialistas encargados del censo, se designó un equipo de antropólogos y juristas internacionales para que hicieron estudios extensivos sobre la composición social de Santa Catalina y documentaran los costumbres wuel‑vis y toctoc. El censo, realizado entre 1993 y 1995 y cuyos resultados fueron ampliamente divulgados por la prensa internacional, brindó información que resultó sorprendente para la opinión pública:
a) primeramente, demostró que era falsa la convicción de que la mayoría de la población catalinesa era de origen europeo: en efecto, la población de Santa Catalina estaba compuesta en ese momento de 822.000 personas. De éstas, un 44% pertenecía o lo etnia wuel‑vi; un 16% a la etnia toctoc y un 40% era criollo;
b) el censo también determinó que una gran mayoría de la población criolla está concentrada en las capitales de departamento y otras ciudades costeras La población wuel‑vi está concentrada en las selvas del interior del país y la población toctoc vive en su mayoría en las faldas del volcán Sarahua'‑toc, en la costa sur del país.
c) de acuerdo con los resultados, la minoría criolla ha ocupado de manera consistente los puestos políticos y administrativos clave en Santa Catalina, Históricamente, más del 95% de los funcionarios públicos de la isla han sido criollos. Nunca ha habido en Santo Catalina un Presidente, Ministro, Concejal o Diputado del Congreso perteneciente a la etnia wuel‑vi o toctoc. Los wuel‑vis y toctoc se han mantenido históricamente al margen de la actividad política de lo República, preocupándose primordialmente de los asuntos de sus propios asentamientos y poblados;
d) debido o su aislamiento geográfico, gran cantidad de ciudadanos wuel‑vis y toctoc no están inscriptos en el Registro Civil de Santo Catalina, requisito indispensable para ejercer el derecho al voto. En las elecciones de 1992, de uno población adulta de cuatrocientos doce mil habitantes, votó un total de ciento ochenta y cinco mil personas;
e) en la era precolombina la isla lt‑shok fue el centro de la civilización wuel‑vi. Su capital y mayor centro de población, Coclac, fue uno de los más importantes centros culturales, económicos y comerciales de la América precolombina;
f) ya desde el año 1.100 a.c. existía un ordenamiento judicial wuel‑vi, que tiene connotaciones religiosas y contiene una detallado normativo en áreas que se pueden clasificar como civil y penal;
g) el sistema judicial wuel‑vi se centra en la actuación de las Tu'‑mas, compuestas por los ancianos de cada tribu, quienes son legalmente competentes para la resolución de conflictos de todo índole. Cada Tu'‑ma está compuesta por las cinco personas mayores de cada tribu. En los albores de la conquista europea, existía en el territorio de lt‑shok entre 35 y 45 tribus, cada una con su propia Tu'‑ma;
h) los tribunales de justicia catalineses se encuentran o gran distancia de los centros de población wuel‑vi. Como consecuencia, la mayoría de los conflictos que se suscitan en dicha comunidad son dirimidos aún por las Tu'‑mas. Además, !os pobladores wuel‑vi prefieren resolver los problemas de sus poblaciones con independencia de la autoridades civiles y militares de Santa Catalina
i) los juicios en las Tu'mas se realizan con grandes formalidades. De acuerdo con la tradición oral que impera en la cultura wuel‑vi, el juicio es oral e inmediato. En el ordenamiento jurídico wuel‑vi no existe la pena de privación de libertad. Por el contrario, las penas en este ordenamiento están encaminados a la reparación social del daño, combinado con penitencia religiosa. El equipo científico responsable del estudio concluyó su dictamen con lo siguiente afirmación preliminar: desde un punto de vista eurocéntrico, podría considerarse que la Tu'‑ma ofrece o¡ procesado los garantías del debido proceso que son establecidas por la Convención Americana, Dicha afirmación generó un intenso debate político y académico, que continúa todavía. En cuanto a la eficacia del sistema, el estudio¡ preliminar realizado determinó que, debido al temor religioso y al sistema de penitencias, en una muestra de 100 casos, el cumplimiento de las reparaciones sociales fue del 93% y en el restante 7%, la tribu asumió como propia la reparación social. En estos últimos casos, a los ofensores que no cumplieron con su condena se les redujo a la categoría de paria y se les excluyó de cualquier trato social.
j) el estudio fue mucho más restringido en lo referente a las poblaciones toctoc: sin embargo, los antropólogos determinaron que éstas son más agresivas que las poblaciones wuel‑vi y cuentan con una estructura social que calificaron como "muy Primitivo". Los conflictos son, dirimidos por un concejo de notables, cuyo número varía para cada tribu, los cuales aplican un sistema de sanciones y penas por conductas antisociales, cuyo propósito está dirigido al castigo del ofensor. En una rara ocasión en que se le permitió presenciar una ceremonia ritual uno de los miembros del equipo presenció, impotente, lo ejecución de la condena contra un hombre acusado de ultrajar sexualmente a dos menores: fue arrojado a las aguas hirvientes de uno de los cráteres del volcán Sarahu'‑ca'‑toc.
14. La exploración de las selvas de Santo Catalina arrojó también sorprendentes resultados: en efecto, en el centro de la isla, en los bosques de Sah‑mak, fueron encontradas casi intactas las ruinas de la ciudad de Coc‑tume, que fuese menor en importancia comercial o Coc‑lac, pero la más importante para la religión wuel‑vi. En el centro de Coc‑tume, fue encontrada intacta una hermosa e imponente estructura piramidal de piedra, conocida por los pobladores wuel‑vi como "eItec‑a-a Syut‑ha" ("Templo de los Estrellas”) en cuyo interior se encontró grabados y frescos que demuestran que en su apogeo, la civilización wuel‑vi llegó a tener amplísimos conocimientos de matemática, astrología y física, muy superiores o los de sus conquistadores españoles del siglo XVII.
15. El descubrimiento de tan extraordinarias manifestaciones de cultura y ciencia precolombina trascendió inmediatamente las fronteras de Santa Catalina. Diversas cadenas noticiosas internacionales hicieron llegar las imágenes de la ciudad perdida de Coc‑tume a todos los rincones del planeta. Durante los meses siguientes, el turismo receptivo creció a un ritmo desmesurado, muy superior a las capacidades de la infraestructura turística catalinesa. Mientras tanto, a través de su Embajador en París, el Estado catalinés logró que la ONUC (Organización de las Naciones Unidos para la Cultura) declarase a Coc‑tume patrimonio de la humanidad.
16. El Presidente Pérez emprendió también un ambicioso proyecto de infraestructura turística, el cual comprende el desarrollo de la red vial en el interior del país y la construcción de varios centros turísticos en toda la isla. Su propósito principal es promover la belleza de los bosques del sur de Santa Catalina, así como la riqueza histórica de sus ruinas precolombinas. Para estos efectos, el Presidente Pérez firmó varios acuerdos con poderosas compañías hoteleras transnacionales, que se comprometieron a construir los hoteles e instalaciones necesarias, a cambio de la garantía estatal de que se desarrollaría la red vial y se haría llegar a ellos los servicios básicos de electricidad, teléfono y agua potable.
17. El Estado ha proyectado construir el más grande de estos centros en los bosques de Sah‑mak. El centro turístico tendrá como atractivo principal los ruinas de la ciudad de Coc‑tume, para lo cual se ha proyectado además la creación de un espectáculo de luces y sonido que culminará con fuegos artificiales en el Templo de los Estrellas, frente al cual se planea construir un anfiteatro con capacidad para dos mil personas.
18. Para dinamitar los montes de la zona y realizar el movimiento de tierras necesario para el trazo de la carretera que unirá Puerto Palma (la capital departamental más próxima) con Coc‑tume, el Estado utilizó maquinaria y mano de obra suministrado por el Ejército Nacional, pues, según manifestó públicamente el Ministro de Obras Públicas de Santa Catalina, no existe entre las compañías constructoras de la isla la suficiente capacidad para emprender una obra de proporciones tan grandes, a un costo razonable.
19. Los bosques de Sah‑mak son considerados tierra sagrada por los wuel‑vis, pues es ahí que realizan sus penitencias religiosas. Tan pronto como la población wuel‑vi de la zona tuvo noticia de la llegado de los primeros destacamentos de ingeniería militar, movilizó a los integrantes de las Tu'‑mas a la ciudad de Puerto Palma, en la cual éstos se reunieron con líderes estatales y manifestaron su oposición absoluta a la continuación del proyecto, alegando su derecho a la autodeterminación en su territorio y la imposibilidad "absoluta" de que se realizase obra alguno en el mismo.
20. La delegación wuel‑vi permaneció) en Puerto Palma durante dos meses. Sin embargo, no logró su propósito. De acuerdo con la minuta de la última reunión sostenida, el Presidente de la República que se había desplazado hasta esto ciudad para dar atención personal al asunto, manifestó lo siguiente:
“La población wuel‑vi, como todo la población catalinesa, se verá beneficiada enormemente por las acciones que ha llevado a cabo este Gobierno para llevar hasta ella los servicios de salud, educación, justicia, seguridad pública y comunicaciones. Es necesario que esta población comprenda que debe contribuir con su respaldo las obras que realiza el Estado para su beneficio y que representan en la actualidad un compromiso internacional de nuestro Estado. Tal vez esto requiera de algún sacrificio, pero el progreso y el bienestar público son objetivos más altos, que no deben de verse menoscabados por egoísmos tribales. El descubrimiento de las riquezas del sur de Santa Catalina representa una bendición divina para nuestra población.
En todo caso, si los compatriotas pobladores del territorio de lt‑shok se sienten lesionados en sus derechos, pueden acudir a los tribunales de justicia para hacer valer sus pretensiones, como es su derecho constitucional.”
Al finalizar la reunión, miembros de la prensa catalinesa entrevistaron al Presidente y le preguntaron si la presencia de destacamentos militares tenía ulteriores propósitos, dada la oposición que presentaron los wuel‑vis al proyecto turístico. En sus manifestaciones, el Presidente recalcó que las cuadrillas de ingeniería militar estaban en la zona únicamente para realizar labores civiles y no militares.
21. Los miembros de las Tu'‑mas regresaron entonces a sus poblados y advirtieron a los pobladores wuel‑vis que habían fracasado sus intentos por solucionar el problema con las autoridades catalinesas. Llamaron también a la resistencia civil.
22. Poco tiempo después, los militares a cargo de la maquinaria destinada a la construcción de la carretera Puerto Palma ‑ Coc‑lac empezaron a detectar fallas mecánicas en sus equipos. A juicio de los militares, dichos fallas parecían haber sido hechos deliberadamente durante lo noche. La guardia nocturna fue entonces reforzada en todos los campamentos
23. El 31 de julio de 1995, en el campamento militar denominado Avance, tres soldados murieron mientras trataban de controlar el incendio de una bodega. La bodega contenía grandes cantidades de dinamita (hecho desconocido por la mayoría de los trabajadores), necesaria para lo construcción de la carretera. El Ejército determinó que el incendio fue provocado deliberadamente por un ciudadano wuel‑vi, el cual fue capturado y enviado a Puerto Palma para su consignación al Tribunal Cuarto de lo Penal de Palmira, a pesar de la oposición de la Tu'-ma, que se consideraba competente para juzgarlo. Ese mismo día, el Presidente emitió el decreto 195‑95, mediante el cual declaró nula y contrario al interés público toda actuación de las Tu'‑mas.
24. En la mañana del 1º de agosto de 1995, decenas de ciudadanos wuel‑vi del poblado de Sha‑mak se colocaron en la línea de avance de las obras de la carretera. Los soldados que trabajaban en ellas estaban acompañados por un equipo de filmación de la cadena internacional de noticias "Notinova", que filmaba un documental sobre los tesoros arqueológicos de la isla. El portavoz de la Tu'‑ma, visiblemente molesto, increpó en idioma español al oficial a cargo del destacamento, el Capitán Juan Blanco, exigiéndole retirarse de la tierra sagrado y ordenándole retirar de ésta las máquinas de filmación, que son consideradas por los wuel‑vi como artefactos demoníacos. El Capitán, con la ayuda de un megáfono, ordenó al grupo dispersarse. El portavoz de la Tu'‑ma gritó entonces que el Capitán no tenía la autoridad para dar ese tipo de órdenes, ya que la “Tu'‑ma era la que mandaba en eso zona”. Acto seguido, el Capitán ordenó a varios de sus hombres dispersar a la multitud. Sin embargo, los soldados estaban en minoría numérica y no lograron cumplir la orden. Al empujar a un wuel‑vi, un soldado criollo fue golpeado fuertemente en la cara. El Capitán Blanco ordenó inmediatamente a sus hombres disparar sobre las cabezas de la multitud. De acuerdo con el corresponsal en Jefe de la cadena internacional "Notinova"
“Se desató en ese momento una confusión general... no podría decir cuál de los soldados disparó primero... todo era sangre y gritos...”
25. la Cadena "Notinova" pudo constatar después de algunas horas el trágico saldo de los sucesos: nueve ciudadanos wuel‑vi, entre ellos tres niños y un soldado murieron y cuatro soldados fueron heridos de gravedad.
26. Sin embargo, dada su superioridad numérica, los pobladores de Sha‑mak lograron desarmar, aprehender y llevar al poblado a los ocho soldados que habían dado muerte a los ciudadanos wuel‑vis. Una vez en Sha‑mak, se reunió la Tu'‑ma con el fin de juzgarlos. Un wuel‑vi que hablaba el español con fluidez y fue designado como su intérprete y defensor, les informó de los cargos en su contra. La Tu'‑ma recibió declaraciones de los testigos presenciales, constató además la muerte de los nueve ciudadanos y ofreció a los soldados la oportunidad de que hicieran una declaración. Finalmente, después de tres días de deliberación, la Tu'‑ma condenó a los soldados a trabajar en beneficio de la comunidad por treinta años y a asumir la manutención de los hijos menores de edad de las víctimas fallecidas.
27. Dos días después, una patrulla que buscaba a los soldados desaparecidos se enteró de que estaban siendo retenidos en el poblado. La patrulla procedió a sacarlos por la fuerza del palenque en que estaban y a llevarlos a Puerto Palma.
28. Ese mismo día, el Jefe Militar del Cuartel de Puerto Palma recibió un informe detallado de los graves hechos acaecidos en el interior del país por el mismo Capitán Juan Blanco. A su vez, el Jefe de Militar comunicó lo sucedido por vía telefónica al Ministro de Defensa en Nueva Esparta. El Ministro inmediatamente ordenó se iniciara sumario instruido por el Juez Militar de Instrucción de Puerto Palma, relativo a las actuaciones del Capitán Blanco y sus hombres.
29. El Juez Militar de Instrucción de Puerto Palma, Capitán Andrés Pacheco, remitió dos semanas después su informe final al Ministro de Defensa, el cual disponía, entre otras cosas, lo siguiente:
( ... ) 12.‑ Con base en los anteriores hechos y consideraciones, recomiendo la elevación a juicio por corte marcial del Capitán Juan Blanco Quiñones, quien a pesar de que al momento de los hechos realizaba un operativo de índole civil, estaba de alta en sus funciones, y por lo tanto se mantiene sujeto al fuero y la jurisdicción militar de la República, los cargos que debe enfrentar el Capitán Blanco ante la honorable Corte Marcial son los de nueve homicidios involuntarios y un cargo de lesiones gravísimas en concurso ideal, previstos y sancionados por los artículos 198 y 215 del Código Militar, Se recomienda además el sobreseimiento de los 8 hombres que estuvieron bajo el comando del Capitán Blanco el día de los hechos: Cabo de Armas Manuel Soto, Cabo de Armas Santiago Vindas y soldados rasos Salvador Rodríguez, Luis Pérez, Jacinto Valverde, Rafael Fonseca, Cándido Almonávar y Ernesto Benavidez, por considerar el suscrito que la tropa en esa ocasión actuó bajo órdenes, circunstancia que los exime de responsabilidad criminal, aunque el mandato recibido pueda constituir delito, todo de conformidad con el artículo 6 del citado Código Militar. Se ordeno la prisión preventivo del Capitán Blanco.
30. El Ministro de Defensa, recibido el informe, aprobó su contenido, y ordenó lo citación a Juicio Militar. Las autoridades militares de Puerto Palma fijaron el 10 de diciembre de 1995, para la celebración de los audiencias de Corte Marcial.
31. El 19 de noviembre de 1995, el venerable José Sassi, representante de la Tu'‑ma de Sha‑Mak se apersonó en las oficinas del Juzgado Militar de Puerto Palma y presentó un escrito en español en el que solicitó que "se respetara lo decidido por la Tu'‑ma y se entregara los soldados culpables al poblado para la ejecución de sentencia''. Acompañó además una traducción al español de lo decidido por la Tu'‑Ma el 4 de agosto de 1995. El Juzgado Militar de Puerto Palma, encargado de la atención del caso del Capitán Blanco, reservó el escrito para que fuera conocido en sentencia, actuación que sustentó en lo dispuesto en el artículo 311 del Código Militar.
32. El 10 de diciembre de 1995, se celebró el Juicio contra el Capitán Blanco. Todos los miembros de la Corte Marcial fueron oficiales superiores del Ejército Nacional Después de recibida la prueba, el órgano encontró a Juan Blanco culpable de los delitos de homicidio involuntario y lesiones gravísimas que se le habían imputado. Se le fijó como castigo cinco años de prisión, lo cual constituye la pena mínima para el caso particular, y además su degradación al rango de soldado raso.
33. Asimismo, la Corte Marcial se refirió a la gestión realizada por el señor José Sassi, disponiendo su improcedencia porque el pronunciamiento de la Tu'‑ma estaba en conflicto con la Constitución de Santa Catalina, que establece la jurisdicción militar y además era nula en virtud de lo dispuesto en el decreto 195‑95. Como indemnización a los víctimas, la Corte ordenó a Blanco pagar trescientos millones de coronas (equivalentes a 2.000 dólares de los Estados Unidos de América) a cada compañero de los adultos muertos y a los padres de los tres niños fallecidos. Al convicto se le condenó también a pagar la suma de 150 millones de coronas (equivalentes a 1.000 dólares de los Estados Unidos de América) a cada uno de los cuatro soldados que resultaron heridos el día de los hechos. El fallo de la Corte Marcial no incluyó indemnización alguno en favor de la comunidad de Sha‑Mak como un todo.
34. El jefe de la Tu'‑ma se dirigió entonces o la organización DEHUSACA (Derechos Humanos en Santo Catalina), que le recomendó y asesoró en la presentación de un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su petición, alegó que se había violado los siguientes artículos de la Convención Americana:
los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías judiciales), 12 (libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad); 21 (Derecho a la Propiedad Privada); 23 (Derechos Políticos); 24 (Igualdad ante la Ley); 25 (Protección Judicial) y 26 (Desarrollo Progresivo)
35. El caso número 98.765 fue iniciado por la Comisión el 14 de febrero de 1996, como resultado de la denuncia efectuada el 19 de enero del mismo año. El 12 de marzo de 1996 la información pertinente fue remitida a Santo Catalina, a la cual se señaló un plazo de 90 días para que proporcionara cualquier información que considerara relevante. El 14 de julio de 1996, Santa Catalina presentó su respuesta, en la cual alegó que los recursos de la jurisdicción interna no habían sido agotados, porque los familiares de las víctimas no habían hecho uso de su derecho de recurrir la sentencia dictado por la Corte Marcial
36. La respuesta del Estado fue transmitida al portavoz de la Tu’‑ma el 18 de julio de 1996. El 2 de agosto de 1996, la Comisión realizó una audiencia relativa a este caso, en la cual estuvieron presentes el portavoz de la Tu'-ma y un representante del Estado catalinés.
37. El 3 de septiembre de 1996 la Comisión determinó que el caso estaba en situación de iniciar el procedimiento de arreglo amistoso previsto en el artículo 48.1.f. de la Convención y, para estos efectos, se puso a disposición de los partes, aclarando que ésto no prejuzgaba sobre la admisibilidad de la petición.
38. El proceso de arreglo amistoso tomó diez meses. En diversas oportunidades, el Estado catalinés manifestó su disposición de llegar a un arreglo, otorgando una pensión vitalicia a los perjudicados por los eventos de Coc‑tume y estableciendo una comisión tripartita (Estado ‑ Tu'ma‑ DEHUSACA) con el propósito de evaluar las alternativas que podría ofrecer en razón del desarrollo "inminente e innegociable" de la infraestructura turística en el territorio lt‑shok. Los peticionarios negaron enfáticamente que este acuerdo pudiese ser beneficioso pura ellos y alegaron que sus derechos sobre las selvas del territorio no podían ser negociados. Asimismo, añadieron que una pensión vitalicia no proveería a las familias afectadas una protección debida, pues el dinero catalinés tenía poco o ningún significado en la comunidad wuel-vi.
39. El 14 de agosto de 1997, la Comisión aprobó el informe 56/97, en cuyo porte final estableció que lo petición era admisible; que
“Sobre la base de la información presentada y de las observaciones formuladas, el Caso del Templo de las Estrellas el Estado de Santa Catalina violó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías judiciales): 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 19 (Derechos del Niño): 20 (Derecho a la Nacionalidad); 21 (Derecho a la Propiedad Privada): 23 (Derechos Políticos); 24 (Igualdad ante la ley); 25 (Protección Judicial) y 26 (Desarrollo Progresivo)”
y recomendó la toma de medidas específicas para remediar la situación de la población wuel‑vi en Santa Catalina, así como para remediar los perjuicios sufridos en la matanza del templo de Coc‑tume.
40. Este informe fue transmitido al Estado el 18 de agosto de 1997, con la solicitud de que informase a la Comisión sobre las medidas tomadas en un período de 60 días a partir de la fecha de la notificación.
41. El 31 de octubre, a solicitud del Estado, la Comisión otorgó una prórroga extraordinario de 30 días para la presentación de documentos. A pesar de esta prórroga, la Comisión no recibió más comunicaciones del Estado.
42. Durante su siguiente período ordinario de sesiones, lo Comisión decidió presentar la demanda en este caso ante la Corte Interamericana. En la demanda, presentada ante lo Corte el 9 de diciembre de 1997, la Comisión solicitó a la Corte que declarara lo violación de los artículos 4, 5, 8, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
43. El Estado interpuso excepciones preliminares el 8 de febrero de 1998. La Comisión presentó sus observaciones sobre éstas el 14 de marzo del mismo año.
44. El 5 de abril de 1998 el Estado presentó su contestación de la demanda, en la cual solicitó que se declarara que sus actuaciones respecto del presente caso fueron conformes con sus obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
45. La Comisión Interamericana y el Estado de Santa Catalina fueron convocados por el Presidente de la Corte para exponer sus alegatos sobre las excepciones preliminares y el fondo en una audiencia pública que se celebrará en la sede del Tribunal.