Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-administrativo-n-170-2013-tsj-madrid-sala-contencioso-sec-5-rec-901-2010-21-02-2013-13361301
Timestamp: 2017-09-24 01:34:03
Document Index: 217515682

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 164', 'artículo 165', 'artículo 134', 'artículo 100', 'artículo 114', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 153', 'artículo 188', 'artículo 54', 'artículo 43', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 103', 'artículo 106', 'artículo 54', 'artículo 63', 'artículo 248']

Sentencia Administrativo Nº 170/2013, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 901/2010, 21-02-2013 | Iberley
Sentencia Administrativo Nº 170/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 901/2010 de 21 de Febrero de 2013
Materia IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO : BASE IMPONIBLE MODIFICACIÓNPreguntaCon posterioridad al devengo de una operación, y con independencia del plazo transcurrido desde que aquél tuvo lugar, el proveedor acuerda con sus clientes una modifica...
Núm. Resolución: V2395-07
Núm. Sentencia: 170/2013
Núm. Recurso: 901/2010
Núm. Cendoj: 28079330052013100163
NIG:28.079.33.3-2010/0158106
Procedimiento Ordinario 901/2010
Demandante:HORMIGONES ARGANDA, S.A.
PROCURADOR D./Dña. VIRGINIA ROSA LOBO RUIZ
SENTENCIA 170
RECURSO NÚM.: 901-2010
PROCURADOR D./DÑA.: VIRGINIA LOBO RUIZ
En la Villa de Madrid a 21 de febrero de 2013
Visto por la Sala del margen el recurso núm. 901-2010 interpuesto por HORMIGONES ARGANDA S.A. representado por la procuradora DÑA. VIRGINIA LOBO RUIZ contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 29.6.2010 reclamación nº 28/08706/2007, 13215/2007 interpuesta por el concepto de IVA habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
TERCERO:No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se emplazó a las partes para que evacuaran el trámite de conclusiones, lo que llevaron a efecto en tiempo y forma, señalándose para la votación y fallo, la audiencia del día 19-2-2013 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
PRIMEROSe recurre por la parte actora, Hormigones Arganda, S.A. la resolución desestimatoria del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 29 de junio de 2010, en las reclamaciones 28/08706/07 y 13215/07, en la cual se desestimó la reclamación correspondiente a la liquidación derivada del acta de disconformidad 71276573 relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2002 a 2004, por importe de 64.515,35 €, y acuerdo sancionador derivado de la liquidación por importe de 27.328,40 €.
La parte actora alega en la demanda que la resolución del TEAR no motiva en absoluto lo alegado en la reclamación económico administrativa respecto a todas las facturas de gastos rechazadas por la AEAT que aportó de nuevo en la citada reclamación y que el TEAR no analiza en ningún momento aduciendo que se sustrajo a la administración el conocimiento de esas facturas, lo cual no es cierto ya que las mismas sí que fueron aportadas a la AEAT. Además también entiende que en la liquidación se ha incumplido lo previsto en el art. 153 LGT por cuanto no se hace referencia en el acta en disconformidad ni en el informe ampliatorio al motivo por el que se rechazan las facturas justificativas de los gastos. Por último señala que a la vista de lo alegado con anterioridad es evidente que no puede imponerse ninguna sanción a la entidad actora al no haber cometido infracción alguna.
La defensa de la Administración General del Estado critica el tono en el que está redactada la demanda y se refiere a un error padecido en cuanto a los ejercicios objeto del recurso. Señala, en relación al fondo, que no se ha acreditado por la entidad actora la autenticidad de las facturas aportadas ya que adolecen de defectos de forma y que el acta de inspección es correcta y se atiene a los requisitos legalmente exigibles. De ahí que entienda también la corrección del acuerdo sancionador y solicite la confirmación de la Resolución recaída.
SEGUNDOLa Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre idéntica cuestión en la reciente sentencia número 81 de 31 de enero de 2013, recaída en el recurso 902/2010 , de la que fue ponente Doña Maria Rosario Ornosa Fernández, promovido por la parte recurrente contra el resultado de la regularización practicada por la Inspección de los Tributos por el mismo concepto tributario correspondiente a los ejercicios posteriores de 2003 y 2004 con otra facturación pero del mismo contenido y de los mismos proveedores y que fue rechazada por la Inspección y por el TEAR en sede económico administrativa, así como de la sentencia de esta misma ponencia recaída en el recurso 900/2010 , por lo que pasamos a reproducir su fundamentación jurídica en la parte que resulta de aplicación, teniendo en cuenta que se trata de otro impuesto en relación a la misma facturación, del Impuesto sobre el Valor Añadido y de las cuotas soportadas.
En primer término no se aprecia defecto alguno en la liquidación mes a mes practicada por la Inspección en cuanto a los periodos impositivos aplicables y por tanto no pueden tener acogida las alegaciones de las partes. aunque fue la Sala la que a la vista del acuerdo directamente recurrido dio traslado a las mismas sobre esta cuestión.
En segundo lugar es preciso examinar lo alegado por el recurrente en cuanto a la falta de motivación de la liquidación recurrida, del acta de disconformidad y del informe ampliatorio de la misma. Además, se alega por el recurrente la falta de motivación del la resolución del TEAR y la ausencia de examen de lo alegado respecto a las diferentes facturas justificativas de los gastos de la entidad recurrente que fueron aportadas con la reclamación económico administrativa.
Cabe señalar que, en efecto, tal como señala la recurrente, la resolución del TEAR no hace referencia más que a generalidades y no desciende a examinar todas las facturas aportadas a efectos de determinar si cumplían los requisitos exigibles para justificar los gastos deducidos por la entidad actora. No es de recibo que se razone por el TEAR que las mismas fueron sustraídas del conocimiento de la administración y que por ello no resultaba procedente examinarlas en la reclamación económico administrativa, ya que, tal como señala la parte actora en la demanda, dichas facturas, por cuanto en el Anexo I del informe ampliatorio al acta en disconformidad se hace referencia a ellas, y a que eran incompletas en una gran mayoría, tuvieron que ser presentadas también a la AEAT.
En cuanto a los requisitos formales para la deducción de las cuotas de IVA soportadas el artículo 97 de la Ley 37/1992 establece ' Uno.Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho. A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción: 1.ºLa factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente. 2.ºLa factura original expedida por quien realice una entrega que de lugar a una adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al impuesto, siempre que dicha adquisición esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el número 6.º del apartado uno del artículo 164 de esta 3.º El documento acreditativo del pago del Impuesto a la importación. 4.º La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos previstos en el artículo 165, apartado uno, de esta ley 5.ºEl recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 134, apartado tres, de esta ley .
Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse en el período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento o en los siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de esta ley , sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 114 de la misma.'
La exigencia de factura para justificar formalmente el derecho a deducir las cuotas soportadas se recoge también en el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de facturación de empresarios y profesionales, que dispone: '
4.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido , aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre
d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. Asimismo, será obligatoria la consignación del número de identificación fiscal del destinatario en los siguientes casos:
1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto .
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto , correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
La exigencia de factura completa con los requisitos transcritos para ejercer el derecho a la deducción de las cuotas del IVA soportadas se recoge en el artículo 2 de la Directiva 2001/115/CE del Consejo .
Pero además de los requisitos relativos a la emisión y contenido de las facturas, el carácter deducible de un gasto y de la cuota del IVA soportada viene determinado por la efectiva realización del servicio o actividad que motiva el pago, requisito indispensable para poder afirmar que el gasto ha sido necesario para la obtención del ingreso, es decir, para que exista correlación entre ingresos y gastos.
Además, esta Sala y Sección ha declarado de manera reiterada que recae sobre el sujeto pasivo la carga de probar el carácter deducible de los gastos declarados, tesis que confirma la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que es exponente la sentencia de 21 de junio de 2007 al proclamar: '...con arreglo al antiguo art. 114 de la Ley General Tributaria de 1963 (actual art. 105.1 de la Ley de 2003) cada parte tiene que probar las circunstancias que le favorecen, esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de la cuantificación obligatoria, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, ..., no debiéndose olvidar que en el presente caso se pretendió por la entidad que se apreciase la deducibilidad del gasto controvertido, por lo que a ella le incumbía la carga de acreditar que reunía los requisitos legales'.
De las normas y doctrina expuestas se infiere que para la deducción no es suficiente la expedición de factura completa, su contabilización y la justificación del pago, sino que es preciso además que el obligado tributario demuestre la realidad del servicio que motiva la cuota soportada para evidenciar la correlación con sus ingresos. En definitiva, la existencia de factura es necesaria, pero insuficiente por sí sola para acreditar los hechos que atribuyen carácter deducible.
En el supuesto que nos ocupa en el informe ampliatorio al acta en disconformidad se remite a un Anexo I a efectos de no admitir las cuotas soportadas declaradas en cada uno de los ejercicios porque 'no son necesarios para la obtención de los ingresos'y que no se consideran deducibles en distintas cuantías , 'según relación pormenorizada la cual se adjunta en el Anexo nº 1',señalándose que las facturas no reúnen los requisitos legales exigibles.
En el citado Anexo 1 lo único que consta es un listado de todos los gastos en el que se recoge el emisor de la factura y su importe y al lado se hace constar 'factura incomp'o 'sin fra',pero sin especificar el motivo por el que está incompleta o si consta el gasto porqué la factura no existe.
De hecho la parte actora aportó al TEAR todas las facturas a que hace referencia la relación, tanto las que supuestamente no reunían los requisitos legales exigibles como las que eran inexistentes y de ahí que no puedan realmente conocerse cuales son los motivos que llevaron a la administración a rechazar la totalidad de esas facturas; ni tan siquiera en el acuerdo de liquidación en el que solo se hacen referencias genéricas y se señala que no hay correlación de los gastos con la necesaria obtención de un ingreso, lo cual es otro motivo diferente de la falta de requisitos exigibles en una factura que justifique el gasto.
TERCERO.- El artículo 153 c) de la Ley General Tributaria , establece que las actas deberán contener los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización.
Además, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos establece en su artículo 188 :
'Tramitación de las actas de disconformidad.
También se recogerá en el acta de forma expresa la disconformidad manifestada por el obligado tributario o las circunstancias que determinan su tramitación como acta de disconformidad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar cuanto convenga a su derecho.'
Por su parte al art. 102. 2 c) LGT exige que las liquidaciones contengan la motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho. Lo cual debe entenderse exigible siempre que el acta sea en disconformidad, con independencia de que hubiese o no alegaciones en su contra.
Se trata así del requisito general de la motivación del acto administrativo, recogido en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (antes, en el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 ), que tiene por finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental regulada al efecto.
En este sentido, se ha venido destacando tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, la estrecha conexión entre el requisito de la motivación y el derecho defensa del obligado tributario. Pero la exigencia de motivación no se reduce a esa conexión. La obligación de motivar no está prevista sólo como garantía del derecho a la defensa de los contribuyentes, sino que tiende también a asegurar la imparcialidad de la actuación de la Administración Tributaria así como de la observancia de las reglas que disciplinan el ejercicio de las potestades que le han sido atribuidas. La obligación de notificar los elementos básicos de las liquidaciones tributarias y, en general, de todos los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, es consecuencia, a su vez, de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad enunciados por el apartado 3 del artículo 9 de la Constitución y que también desde otra perspectiva puede considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 de la Constitución sino también por el artículo 103 de la propia Constitución que garantiza el principio de legalidad en la actuación administrativa.
De ahí que la lectura de la argumentación de la administración para efectuar la liquidación aquí combatida permite apreciar, a juicio de esta Sala, que no nos encontramos frente a una liquidación motivada y justificada, ya que la recurrente no ha podido conocer cuáles han sido los motivos por los que la AEAT le ha denegado la deducción de gastos pretendida.
A ello se refiere con claridad la STS 9 de julio de 2010 :
'Con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de este Tribunal Supremo, cuya reiteración excusa cita, de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada --la asignación de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero-- asequible al destinatario de los mismos, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa adoptada. Este conocimiento constituye la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 CE .
El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 54 de la Ley 30/1992 , se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 63.2 de la citada Ley . Ahora bien, esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa.'
Todo ello implica que, la ausencia de motivos de la AEAT en el acta en disconformidad y en el acuerdo de liquidación sobre los motivos por los que las cuotas de IVA soportadas por la entidad actora, relativos a los ejercicios 2002 a 2004, no están debidamente justificados, incrementado con que tampoco el TEAR ni el Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, descienden a tal especificación, necesaria para conocer las razones de tal rechazo, sería suficiente para anular la liquidación girada a la entidad actora pero es que, además, las facturas aportadas reúnen los requisitos exigidos por la legislación y jurisprudencia más arriba citadas.
En efecto, se observa que todas las facturas aportadas para acreditar el gasto se refieren a compra de material o servicios relativos a la actividad de la empresa o para los vehículos de la misma y están correctamente numeradas, fechadas, contabilizadas y con especificación de quien la emite y a quien va dirigida. También consta el NIF de quien la emite las facturas y además no ha quedado probado que relación a Crespo Pérez Ttes (Transporte) el servicio prestado por esta entidad lo fuera siempre por el mismo importe sino que por error se duplico el importe de algunas facturas y se tuvieron en cuenta por la Inspección gastos rechazados por ella que eran ingresos en los mes de diciembre de 2002 contabilizados como tales por la actora, las facturas del citado transportista y De la Torre corresponden al transporte de material de arena y gravilla necesarios para la fabricación del hormigon, las facturas de Papeleria Roncesvalles corresponden a letras de cambio de las que se vale como medios de pago y facturas restantes cumplen los requisitos necesarios para su deducibilidad.
Todo ello conduce a la consecuencia de la estimación del recurso contencioso administrativo y la anulación de la resolución del TEAR así como de la liquidación impugnada por no ser conformes a derecho, ya que es evidente que el acuerdo sancionador derivado de la liquidación impugnada debe correr la misma suerte.
CUARTO.- No se aprecian motivos de temeridad y mala fe a efectos de la expresa imposición de las costas procesales causadas, de acuerdo con lo previsto en el art. 139 LJ .
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por HORMIGONES ARGANDA S.A., representada por la Procurador Dª Virginia Rosa Lobo Ruiz, contra la resolución desestimatoria del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 29 de junio de 2010, en las reclamaciones 28/08706/07 y 13215/07, en la cual se desestimó la reclamación correspondiente a la liquidación derivada del acta de disconformidad 71276573 relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2002 a 2004, por importe de 64.515,35 €, y acuerdo sancionador derivado de la liquidación por importe de 27.328,40 €, acto que anulamos por no ser conforme a derecho así como los acuerdos liquidador y sancionador de los que traía causa, sin expresa imposición de las costas procesales causadas. Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma no cabe recurso.