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Timestamp: 2018-12-14 19:55:54
Document Index: 94149105

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 51', 'artículo 86', 'artículo 27', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 243']

SENTENCIA SU-627 DE 01 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE TUTELA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CUMPLIR CON SU DEBER DE INFORMAR, NOTIFICAR O VINCULAR AL PROCESO DE TUTELA, A LOS TERCEROS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS CON LA DECISIÓN, VULNERA EL DEBIDO PROCESO Y, POR TANTO, CAUSA LA INVALIDEZ DE LO ACTUADO EN EL PROCESO DE TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, DERECHO DE DEFENSA, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
REVISTA TUTELA N°:192 DE DICIEMBRE DE 2015, PÁG.2001
Sentencia SU-627 de octubre 1º de 2015
Ref. Exp.T- 4.496.402
Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 31 de julio de 2014, que confirma parcialmente la Sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 1º de julio de 2014, que concede el amparo solicitado.
Bogotá, D.C., 1º de octubre de 2015
1. Demanda de tutela(1)
1.1.1. Derechos fundamentales invocados(2). Debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración(3). Las actuaciones del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay y del Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay, en el trámite de una acción de tutela promovida contra la accionante por la ciudadana Ana Elisa Vives Pérez, en su nombre y como “agente especial” de sus hijas María Alexandra y Ana Cristina Abello Vives.
1.1.3. Pretensiones(4). Se deje sin efectos las referidas actuaciones; se ordene al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay “oficiar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta y de Pivijay, para que deje (sic.) sin efectos las anotaciones realizadas con ocasión de los oficios proferidos por ese despacho judicial en virtud de la sentencia de fecha 5 de marzo de 2014”; se vincule a la Fiscalía General de la Nación y a los Juzgados Primero y Quinto Penales del Circuito Especializados de Descongestión de Bogotá; se vincule a la Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta y de Pivijay; se “ compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura de Santa Marta, para que investigue la posible existencia de delitos o conductas irregulares” de los autores de las referidas providencias judiciales.
1.2. Fundamentos de la pretensión
1.2.1.1. El 9 de diciembre de 2013, ante la Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta, la ciudadana Ana Elisa Vives Pérez, realizó la diligencia de presentación personal de una demanda de tutela, en la cual obra en su nombre y como “agente especial” de sus hijas María Alexandra y Ana Cristina Abello Vives(5), contra la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación(6). Esta demanda fue radicada ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Pivijay el 11 de diciembre de 2013 a las 5 p.m.(7).
1.2.1.2. Se señala como vulnerados “los derechos fundamentales al debido proceso por una vía de hecho y a la tutela judicial efectiva, por denegación de justicia, al patrimonio, a la posesión, y los que resulten violados por la autoridad accionada”(8).
1.2.1.3. La conducta que causaría la vulneración sería la de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación que, “muy a pesar de conocer la legitimidad de la propiedad de los bienes por ordenes (sic.) judiciales debidamente ejecutoriadas se ha negado a pronunciarse respecto a su devolución y entrega efectiva, incurriendo en una omisión injustificada e ilegal”(9).
1.2.1.4. Las pretensiones(10) son las siguientes:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cumplimiento del fallo judicial, tutela judicial efectiva, y al patrimonio y posesión, a favor de Las (sic.) accionantes Ana Elisa Vives Peres, Maria Alexandra y Ana Cristina Abello Vives.
2. Ordenar a la Dirección Nacional de Estupefacientes que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, haga la devolución de los bienes, en cumplimiento efectivo de Las (sic.) órdenes judiciales emanadas de Las (sic.) tres instancias a saber: Juzgado Único Especializado del Magdalena de fecha 19 de diciembre de 1.990; Juzgado Regional de Barranquilla de 1.995; y Tribunal Nacional de Orden Publico (sic.) de fecha 20 de enero de 1.996; y se inscriban en los respectivos folios de matrícula la devolución definitiva, así:
I. Inmuebie (sic.) rural ubicado en el municipio de Pivijay, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 222.521 denominado Lote Las Bahamas.
II. Inmueble rural ubicado en el Distrito de Santa Marta, identificado con los folios de matrícula inmobiliaria 080-6003, 080-18235 y 080-6902 denominado Santa María del Mar – Aguas Claras.
III. Inmueble urbano ubicado en la calle 9 Nº 2-69 apartamento 400 del edificio El Dorado, El Rodadero, del Distrito de Santa Marta, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 080-16377.
IV. Inmueble urbano ubicado en la Urbanización El Rodadero Reservado del Distrito de Santa Marta, con matriculo (sic.) inmobiliaria 080-9980.
Tercero: En consecuencia, se ordene a los Registradores de Ciénaga y Santa Marta, cancelar la orden de ocupación y suspensión del poder dispositivo y la extinción del dominio de los bienes de matrícula inmobiliaria 222-521 (Ciénaga), 080-6902, 080-16377, 080-6903, 080-18235, 080-9978, 080-9979 y 080-9980 (Santa Marta).
1.2.1.5. En su contestación a la demanda de tutela(11), la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación(12) se centra en cuestionar la legitimidad en la causa por activa, en destacar el estado jurídico de los bienes relacionados en la demanda de tutela y en señalar que el eventual amparo de los derechos de la actora y las órdenes correspondientes vulnerarían los principios de confianza legítima y de cosa juzgada.
La Sociedad Inversiones Agropecuarias Abello Vives Ltda. (Ingravi Ltda.), hoy Agropecuaria Los Campanos (Campagro Ltda.), así como los bienes identificados con FMI 080-6903; 080-18235; 080-6902; 222-2761; 080-2963; 080-9978; 080-9980, entre otros, fueron declarados extintos a favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – Frisco mediante sentencia de fecha 29 de junio de 2004 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá de Descongestión dentro del proceso de extinción de dominio 019 E.D., por ser de propiedad del afectado José Rafael Abello Silva y su núcleo familiar. La citada sentencia fue confirmada mediante providencia de fecha 29 de abril de 2005, proferida por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
En cuanto al bien identificado con el FMI. 222-521 de la ORIP de Ciénaga, Magdalena, que en efecto formaba parte del activo social de la sociedad Inversiones Agropecuarias Abello Vives Ltda. (Ingravi Ltda.), hoy Agropecuaria Los Campanos (Campagro LTDA.) Vives, (sic.) también fue declarado extinto mediante sentencia de fecha 15 de marzo de 2010 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Descongestión y confirmada mediante sentencia del 29 de septiembre de 2010, por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de extinción de dominio 2009-044-01 (3464 E.D.).
1.2.1.9. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, por medio de Sentencia del 20 de enero de 2014(13), amparó los “derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva” de la actora y de sus hijas y, en consecuencia, ordenó a la accionada que:
1.2.1.11.1. La actora(14) considera que la sentencia, para no ser ilusoria y resultar eficaz, ha debido ordenar la inscripción de la devolución definitiva de los bienes en las oficinas de registro de instrumentos públicos correspondientes y, además, ha debido referirse “a los bienes cuyo poder dispositivo ya fue entregado a terceras personas”(15).
1.2.1.11.2. La accionada(16) reitera los argumentos de su contestación a la demanda, y agrega otros dos. El primero tiene que ver con la procedibilidad de la acción y cuestiona que la demanda no satisface el requisito de inmediatez, pues se presentó a finales del año 2013, cuando la vulneración de los derechos fundamentales habría ocurrido en el año de 1996. El segundo es el de que el proceso penal, en el cual se puede decomisar bienes, es un proceso diferente del de extinción de dominio, de tal suerte que no se puede asumir, como parece hacerlo el juez de primera instancia, que una persona a la que se ha declarado la extinción de su dominio sobre ciertos bienes pueda exigir luego, como si todavía tuviese dicho dominio, la entrega de los mismos.
1.2.1.12. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay, por medio de Sentencia del 5 de marzo de 2014(17), modificó y adicionó los ordinales tercero, cuarto y quinto de la sentencia impugnada, en los siguientes términos:
3. SE ORDENA LA CANCELACIÓN de las anotaciones que coarten el poder dispositivo de los bienes así como los que le extinguen el dominio a la accionante Ana Elisa Vives Pérez, en los folios de matrícula 222-521 correspondiente al lote Las Bahamas; 080-6003, 080-18235 y 080-6902, correspondiente a Santa María del Mar – Aguas Claras; 080—16377 correspondiente al apartamento 400 del edificio El Dorado ubicado en la calle 9 Nº 2-69; 080-9978, 080-9979 y 080-9980 correspondiente al inmueble ubicado en la urbanización Rodadero Reservado de Santa Marta. Para lo cual se deberá comunicar a los Registradores de Ciénaga y Santa Marta. 4. SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES A LAS OFICINAS DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CIÉNAGA Y SANTA MARTA, respectivamente, conforme fue ordenado en los fallos proferidos por el Juzgado Único Especializado del Magdalena de fecha 19 de diciembre de 1.990; Juzgado Regional de Barranquilla de 1.995; y, Tribunal Nacional de Orden Público de fecha 20 de enero de 1.996; en los folios de matrículas 222-521 correspondiente al lote Las Bahamas; 080-6003, 080-18235 y 080-6902, correspondiente a Santa María del Mar – Aguas Claras; 80—16377 correspondiente al apartamento 400 del edificio El Dorado ubicado en la calle 9 Nº 2-69; 080-9978, 080-9979 y 080-9980 correspondiente al inmueble ubicado en la urbanización Rodadero Reservado de Santa Marta. 5. SE ORDENA LA LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN A FAVOR DE LAS ACCIONANTES, de los bienes cuyo poder dispositivo ya fue entregado a terceras personas, que corresponden a inmueble urbano ubicado en Santa Marta con folio de matrícula Nº 080-2963 denominado Teatro Tayrona; e, inmueble rural ubicado en Pivijay, con folio de matrícula Nº 222-2761, denominado Puerto Arturo y La Tragedia.
1.2.2. Luego de los acontecimientos y actuaciones de los que se acaba de dar cuenta, es necesario ocuparse de la demanda de tutela cuya decisión es objeto de la presente revisión. El 13 de mayo de 2014, la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, al considerar que las actuaciones de los dos juzgados de Pivijay vulneraban sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, demandó su amparo. Dado que se estaría ante un inminente perjuicio irremediable para el patrimonio público, al haberse ordenado levantar las anotaciones correspondientes a las providencias judiciales que extinguieron el dominio de los bienes referidos, solicitó también que el juez de tutela decrete como medida provisional “la suspensión de los efectos de las anotaciones realizadas por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Pivijay y Santa Marta, con ocasión de los oficios enviados”(18). La demanda de tutela se centra en cuatro cuestiones, como pasa a verse.
1.2.2.1. La primera, que se califica como defecto procedimental, se configura por haber aceptado que la ciudadana Ana Elisa Pérez Vives obrase como agente oficiosa de sus hijas y por haberse integrado de manera indebida el contradictorio. Respecto de la figura de agente oficioso argumenta que en este caso las hijas eran mayores de edad y no había ninguna circunstancia que les impidiera presentar la demanda de tutela, pues él no encontrarse en el territorio nacional no es suficiente para ello. Respecto de la integración del contradictorio, advierte que la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación no es el titular del derecho de dominio sobre los bienes referidos, sino su administrador y que el dominio sobre estos bienes fue objeto de pronunciamientos de la justicia, que debe acatar y cumplir. En efecto, señala que el bien con folio de matrícula inmobiliaria 080-2963 le pertenece a la Sociedad Urbe Ltda., a la que le fue vendido (Escritura Pública 1763 del 2 de julio de 2008); que el bien con folio de matrícula inmobiliaria 222-2761 le pertenece al Incoder, entidad a la cual fue destinado (Resolución 0024 del 30 de agosto de 2007); y que los demás bienes le pertenecen a La Nación – Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – Frisco.
2. Admisión de la demanda de tutela y decreto de la medida provisional solicitada(19)
2.1. La demanda de tutela fue remitida inicialmente al Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, que se abstuvo de conocer de ella por falta de competencia, por medio de providencia del 19 de mayo de 2014(20), y dispuso su remisión al Tribunal Administrativo del Magdalena. Este Tribunal, por medio de providencia del 26 de mayo de 2014(21), decidió remitir el expediente a la oficina de reparto judicial de Santa Marta, para que procediera a repartirlo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
2.2. Por medio de Auto del 18 de junio de 2014(22), la Magistrada Ponente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta admitió la demanda de tutela; ofició a las dependencias accionadas para que rindieran un informe de lo actuado y aportaran copia del expediente; vinculó a las personas que tienen un legítimo interés en este proceso(23); y decretó la medida provisional solicitada, en los siguientes términos:
3. Respuesta e informe de los accionados
3.1. Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay(24). Se opone a la demanda de tutela y señala que la accionante hace una indebida interpretación de la figura de la agencia oficiosa en tutela, de la cosa juzgada y de las normas de extinción de dominio, pues la orden se funda en el Decreto-Ley 100 de 1980, que era la norma aplicable en la época, según el cual la extinción del dominio dependía del proceso penal, en el cual fue exonerada la ciudadana Ana Elisa Vives Pérez.
3.2. Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay(25). Indica que la presente demanda de tutela plantea los mismos argumentos que ya fueron considerados en las decisiones de tutela anteriores. En la providencia del 5 de marzo de 2014, “se endosan criterios serios y responsivos con la actividad constitucional que legalmente me compete”, y que si estos no resultan “ser apropiados para la resolución del amparo, ello deberá ser objeto de pronunciamiento por parte del ente de cierre ante el imperioso control jurisdiccional que ofrece la REVISIÓN, la cual se esta (sic.) surtiendo”, por lo que solicitó denegar la protección reclamada
4. Terceros interesados
4.1. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta(26). Afirma que no le constan algunos hechos de la demanda de tutela y que su obrar se limitó a cumplir las órdenes impartidas por el Juez Promiscuo del Circuito de Pivijay, lo que en algunos casos no fue posible por cuanto los bienes no están registrados en esa oficina. Adjunta a su escrito copias simples de las matrículas inmobiliarias de los bienes registrados en dicha oficina.
4.2. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fundación(27). Señala que las matrículas inmobiliarias que corresponden a los bienes relacionados con el proceso son de los círculos registrales de Santa Marta y de Ciénaga. En estas circunstancias advierte que, por sustracción de materia, no puede inscribir la medida provisional dictada.
4.3. Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga(28). Manifiesta que ha cumplido con la medida provisional dictada, destaca que los registros anteriores que hizo se fundaron en la orden judicial dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay y adjunta a su escrito copias simples de las matrículas inmobiliarias de los bienes registrados en dicha oficina.
4.4. Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá(29). Señala que en el proceso de extinción de dominio seguido por la Fiscalía 13 Especializada y por el Juzgado Primero Penal Especializado de Descongestión, hoy de Extinción de Dominio, la ciudadana Ana Elisa Vives Pérez, que actuó por medio de apoderado, tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Destaca que los juzgados de Pivijay no tuvieron en cuenta ni la falta de inmediatez de la acción de tutela que conocieron y decidieron, ni las diferencias que existen entre el proceso penal y el proceso de extinción de dominio y que, además, omitieron deliberadamente vincular a los juzgados que declararon la extinción de dominio, a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó tales declaraciones. Así, pues, considera que:
4.5. Sociedad Inversiones Agropecuarias Los Campanos –Campagro Ltda.- en liquidación(30). Solicita que se conceda el amparo y que se ordene al de El Retén (Magdalena), que se proceda a la entrega a esta sociedad del predio “Las Bahamas”, del cual fue despojada en un proceso policivo como si fuera un ocupante de hecho, pese a su condición de depositario y administrador del predio, conforme a las Resoluciones 0987 del 18 de junio de 2010 y 1283 del 17 de agosto de 2010, expedidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes. En el proceso policivo se argumentó que, dados los cambios en la matrícula inmobiliaria del inmueble, esta sociedad no tenía ningún fundamento jurídico para ocupar el predio.
4.6. Ana Elisa Vives Pérez(31). Pide que se declare improcedente la acción de tutela, pues,
4.7. Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá(32) Considera que si bien a la luz de la Sentencia SU- 1219 de 2001, es posible sostener que no procedería la acción de tutela, “los fallos adoptados por los Jueces Primero Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena), presentas protuberantes vicios tanto de procedimiento como de fondo, de una magnitud tal, que ameritan dejar sin efecto las consecuencias de esas decisiones”. Entre los vicios de procedimiento está el no haber vinculado a la Nación, titular del derecho de dominio sobre los mencionados bienes, para que compareciera al proceso y pudiera defenderse y no haber vinculado a las autoridades judiciales relacionadas con el proceso de extinción de dominio. Entre los vicios de fondo está el desconocimiento de las decisiones de extinción de dominio, de las cuales ambos jueces tuvieron oportuna noticia. Advierte, con preocupación, que la ciudadana Ana Elisa Vives Pérez no se hubiera referido a la Sentencia del 24 de enero de 2006 (Radicación 23.983) por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Édgar Lombana Trujillo, negó el amparo solicitado por dicha ciudadana, por María Alexandra Abello Vives y por Carmen Elisa Pertuz Pertuz, “cuya pretensión era la de dejar sin efectos los pronunciamientos de fondo emitidos por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Descongestión, el Juzgado 5 Penal del Circuito Especializado en Descongestión y la Fiscalía 13 de la Unidad Nacional para la Extinción del Dominio y el Lavado de Activos, en un trámite extintivo”. Agrega que tampoco se alude a la Sentencia del 11 de noviembre de 2009 (Radicación 44.735), por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Yesid Ramírez Bastidas, negó el amparo solicitado por la referida ciudadana, que solicitaba “dejar sin efecto unas decisiones que se habían adoptado por la Fiscalía Trece Especializada de la Unidad de Extinción del Dominio y el Lavado de Activos y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dentro de un trámite extintivo en el que se hallaba afectado, entre otros, el predio identificado con el folio de matrícula 222-521”. A partir de estas circunstancias, concluye:
Se aprecia entonces que, a través del ejercicio de la acción de tutela la señora Ana Elisa Vives Pérez, ha intentado en varias oportunidades dejar sin efectos las decisiones de extinción de dominio que legalmente se han proferido en relación con varios de sus bienes —obtenidos con recursos espurios provenientes de las actividades ilícitas de su entonces esposo José Rafael Abello Silva— sin que hubiera tenido éxito; sin embargo, logró su cometido omitiendo información procesal relevante, acudiendo a servidores de la judicatura sin atribuciones funcionales necesarias para conocer de los hechos y pretensiones de la demanda, quebrantando la normatividad relativa a las reglas de reparto de las acciones de tutela y valiéndose de unas decisiones adoptadas en un proceso penal que datan de 1996, para obtener la entrega de unas propiedades legítimamente puestas a disposición del Estado.
4.8. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-(33). Aduce que, dada su falta de legitimación por pasiva, se lo debe desvincular del proceso.
4.9. Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá(34). Reitera los argumentos expuestos por el otro juzgado de extinción de dominio y por la respectiva sala del tribunal y destaca, refiriéndose a los jueces de Pivijay, que:
4.10. Ministerio de Justicia y del Derecho(35). Por medio de escrito del 2 de julio de 2014, es decir, del día siguiente al de la sentencia de primera instancia, solicita su desvinculación del proceso, porque si bien el artículo 30 del Decreto 3183 de 2011 trasladó la función de administrar el fondo para la rehabilitación, inversión y lucha contra el crimen organizado a esta dependencia, el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014 dispuso que dicho fondo “es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE)”, que es una “sociedad de economía mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza única y sometida al régimen del derecho privado, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes o su equivalente, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para tal finalidad”.
4.11. Fiscalía 13 Especializada para la Extinción de Dominio. Por medio de escrito del 3 de julio de 2014, es decir, dos días después del de la sentencia de primera instancia, advierte que la documentación sobre el asunto está en poder de los juzgados ante los cuales se tramitó la extinción de dominio. Señala que, “independiente de las falencias denunciadas por la DNE sobre el tema de notificaciones, sorprende y mortifica que se haya desconocido la existencia de fallos posteriores tramitados ante la jurisdicción especial de extinción de dominio, y dada su característica de acción real, nada tiene que ver con la responsabilidad de las personas, ni de las decisiones que se hayan adoptado en este escenario”. Agrega que, por tanto, el proceso penal “no puede invocarse como asunto prejudicial para que proceda o no la acción de extinción”, pues esta se ejerce de manera independiente al resultado de dicho proceso.
5. Nuevas vinculaciones(36)
6.1. Sentencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, del 1º de julio de 2014(37)
(…) Es necesario precisar aquí que ante la imperiosa concurrencia de los organismos que vienen de ser referidos y la multiplicidad de naturalezas jurídicas que les preceden, se imponía también para los jueces acusados analizar si se encontraban revestidos de competencia para emitir órdenes respecto de ellos o si, por el contrario, debían separarse del adelantamiento del litigio y remitirlo a quien sí estuviera habilitado para ello, porque si lo que impedía la entrega de los bienes a la petente eran las determinaciones que declaraban la extinción de dominio, era menester, como ya se dijo, el estudio de las providencias que así lo habían dispuesto y al emanar estas de los Juzgados Primero y Quinto Penales del Circuito Especializados de Descongestión de Bogotá, del Doce Penal del Circuito Especializado de esa ciudad y de la Sala Penal y la Penal de Descongestión del Tribunal Superior del distrito capital, indudablemente era la Honorable Corte Suprema de Justicia la que tenía que avocar el conocimiento de dicha tutela, tal como lo establece el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.
1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, de acuerdo a lo motivado en esta sentencia; en consecuencia, se le ordena a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Pivijay y Promiscuo del Circuito de esa localidad que dentro de los (sic.) cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído, procedan a adoptar todas las medidas necesarias para hacer cesar todo efecto jurídico de cualquier providencia o decisión que se haya emitido en atención a lo resuelto por estos el veinte (20) de enero y cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), respectivamente, al interior de la acción de tutela impetrada por la señora Ana Elisa Vives Pérez en nombre propio y como agente oficioso de sus hijas María Alexandra y Ana Cristina Abello Vives contra la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación; cumplido lo anterior, y dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores, deberá el primero de los referidos despachos tomar las determinaciones que sean de rigor para rehacer la actuación atendiendo los lineamientos expuestos en la parte considerativa de este proveído.
2. Levantar la medida provisional decretada. Líbrense los oficios necesarios.
3. Compulsar copias de todo lo actuado a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena para que, si lo tienen a bien, adelanten las investigaciones de rigor de cara a determinar si la conducta de los jueces demandados constituye alguna falta a la ley.
6.2. Impugnaciones
6.2.1. Impugnación de la ciudadana Ana Elisa Vives Pérez(38). Por medio de apoderado judicial advierte que la DNE no hizo ninguna solicitud a la Corte Constitucional para que se seleccionara para revisión las decisiones de los jueces de Pivijay, pese a que su número de Radicación (T-4.342.702) era verificable en la página web de ese tribunal, cuya Sala de Selección cinco, por medio de providencia del 15 de mayo de 2014, decidió no seleccionarlas. Por lo tanto, en este caso se habría configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, lo que la lleva a solicitar que se declare la nulidad del fallo de primera instancia. Sostiene que la tutela solo procedería si en la parte resolutiva de la sentencia se profieren órdenes a particulares no vinculados al proceso y que, por lo tanto, no contaron con la oportunidad de intervenir en su defensa, lo que considera no ocurre en este caso. Precisa que los jueces de Pivijay sí son competentes para conocer de la demanda de tutela, en tanto son jueces constitucionales y en tanto las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000 no son reglas de competencia. Con fundamento en la Sentencia SU-1219 de 2001 advierte que no procede la acción de tutela contra sentencias de tutela, lo que ilustra también con las Sentencias T-104 de 2007 y T-353 de 2012. Agrega que los hechos relevantes de este caso son diferentes a los estudiados por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias que trae a cuento el a quo. En este contexto, también solicita una medida provisional para que se mantenga el amparo de sus derechos.
6.2.2. Impugnación del Juez Promiscuo del Circuito de Pivijay(39). Advierte que al no haber sido seleccionadas para su revisión por la Corte Constitucional, las decisiones proferidas en el primer proceso de tutela hicieron tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, no es posible presentar una nueva tutela contra ellas. Así, pues, argumenta que:
6.2.3. Impugnación del Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay(40) Señala que la acción de tutela no es el medio idóneo para atacar una sentencia de tutela, pues cualquier inconformidad que hubiere con ella, debe ponerse de presente ante la Corte Constitucional en el trámite de selección para revisión de dicha sentencia, incluso por medio de la insistencia que pueden presentar el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
6.3. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 31 de julio de 2014(41)
6.3.1. Comienza por reiterar su criterio respecto de la tutela contra providencias judiciales, que es el de que esta no procede, pues “no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados”, para señalar que este criterio “se aplica en medida aún mayor, cuando la determinación atacada fue proferida por un juez constitucional como epílogo del trámite de amparo”. No obstante,
6.3.3. Con fundamento en lo anterior, considera que en este caso sí procede la acción de tutela, para garantizar el derecho de defensa y de contradicción de las personas a las cuales se omitió integrar al contradictorio, a pesar de que tenían un evidente interés jurídico en intervenir, al ser incontrovertible que “las resultas” de la decisión les afectarán y, por tanto, les serán oponibles. Por ser necesario vincular al proceso a la Sala Penal de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, para el ad quem “no cabe duda de a quién corresponde conocer el amparo es a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
(…) no se erige como obstáculo infranqueable para que proceda el amparo solicitado, no solo porque dicho trámite es una eventualidad, como quiera que tiene que someterse al proceso de selección al azar que realiza el máximo Tribunal Constitucional, sino porque a diferencia de lo señalado por los inconformes, el hecho de que las sentencias de tutela hayan sido excluidas de la revisión eventual prevista en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, ello no implica per se que hubiesen hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, pues los efectos del fallo de tutela no pueden oponerse a quienes no hicieron parte en el memorado trámite, en la medida en que, se itera, ciertamente no fueron debidamente vinculados a la acción a quienes les asistía el derecho a intervenir en defensa de sus legítimos intereses.
En lo demás se confirma la sentencia proferida el 1º de julio de 2014 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta.
7. Selección del caso
7.2. Conforme a lo previsto en el tercer inciso del artículo 51 del Acuerdo 5 de 1992, modificado por el Acuerdo 1º del 30 de abril de 2015, se pasa a exponer las cuatro razones de la insistencia, a saber:
7.2.2. La segunda es la de que, conforme a la Sentencia SU-1219 de 2001, cuando se decide no seleccionar para su revisión los fallos de tutela, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. En seguida precisa los efectos que se siguen de la “exclusión de revisión de un expediente de tutela”, en los siguientes términos: “(i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia, (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional que hace la decisión inmutable e inmodificable, salvo la eventualidad de que la sentencia sea anulable por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela(42)”. Sobre esta base señala que “En este caso, la primera sentencia no se seleccionó por la Corte Constitucional, con lo cual se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, regla general que tampoco fue acogida por los jueces de instancia”.
1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política —artículos 86 y 241.9— y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 —artículos 31 a 36—.
2. Actuaciones en el trámite de la revisión
2.1. Informe a la Sala Plena de la Corte Constitucional y decisión de proferir una sentencia de unificación
2.2. Pruebas decretadas y practicadas
2.2.3. Por medio de Oficio SCC-T 2578 del 25 de febrero de 2015, la secretaría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia informó de las diligencias adelantadas por ella y de la remisión del expediente al juez de tutela de primera instancia.
1. Abstenerse de sancionar por desacato a los doctores Juan Carlos Bonett Pérez, Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, y Orlando Antonio Salas Villa, Promiscuo del Circuito de esa localidad, de acuerdo a lo motivado en este auto.
2. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia adiada primero (1º) de julio del año en curso, así como su confirmatoria del treinta y uno (31) de julio siguiente (…)
3. Compulsar copias de ambas actuaciones para ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Seccional de la Judicatura, a efectos de que, si lo tienen a bien, adelanten las investigaciones a que haya lugar.
2.2.5. Por medio de Oficio 339 del 3 de marzo de 2015, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay remite las providencias del 4 de julio de 2014 y 11 de julio de 2014, en las cuales manifiesta estar “en la disyuntiva de cual (sic.) fallo cumplir, si el del Honorable Tribunal Superior del distrito (sic.) Judicial del Magdalena Sala Civil Familia, o el de la Honorable corte (sic.) Constitucional, pues al cumplir uno u otro, frente al que no se cumpla se estaría incurriendo en un presunto prevaricato por omisión”(43). La disyuntiva culmina cuando se le notifica la providencia del 12 de agosto de 2014, por medio de la cual la Sala Civil Familia del referido tribunal decide tramitar el respectivo incidente de desacato y el juzgado dicta el Auto del 19 de agosto de 2014(44), en el que resuelve:
1. Dejase (sic.) sin efecto la sentencia de fecha 20 de enero de 2014, incluyéndose desde el auto admisorio de la misma.
2. En consecuencia, ordénese el envío del expediente a (sic.) Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que conozcan (sic.) de la misma.
3. Procedencia de la demanda de tutela
3.2. Legitimación por activa. La Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación está legitimada para presentar la acción de tutela en su condición de accionada en el proceso de tutela seguido en su contra, en cuyo trámite considera que se incurrió en graves y trascendentes vulneraciones del debido proceso, al no integrar debidamente el contradictorio. Estas vulneraciones afectan los derechos de terceros con interés en el proceso, a los que no se les permitió la oportunidad de defenderse y, por tanto, se les violó su derecho a un debido proceso, y afecta también su derecho de la actora a que el proceso de tutela se tramite con arreglo a lo previsto en el ordenamiento jurídico y no al margen de él(45).
3.6. Subsidiariedad. Sobre las actuaciones del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, que consideran irregulares, ocurridas en el trámite de la primera instancia del proceso de tutela, la actora se manifestó en el recurso de apelación de la sentencia por él proferida, al destacar que en este caso había sido declarada la extinción del dominio sobre bienes que en la actualidad son propiedad o están siendo administrados por otras personas(46), e incluso adjuntó copia de las providencias que declaraban la extinción de dominio.
Dado que en el trámite de la segunda instancia del proceso de tutela no se remedió dichas irregularidades, lo que se supo con certeza al proferirse la sentencia, al no haber ningún recurso contra dichas actuaciones ni contra la propia sentencia —la selección para revisión de las decisiones de tutela por la Corte Constitucional no es un recurso— la actora presentó una nueva demanda de tutela para poner en conocimiento de las autoridades judiciales dichas irregularidades y buscar el amparo de los derechos al debido proceso, a la defensa y a acceder a la administración de justicia, que habrían sido vulnerados por las actuaciones de los dos jueces constitucionales de instancia en el proceso de tutela ya tramitado.
4. Cuestión previa: procedencia de tutela contra sentencias de tutela y actuaciones del proceso de tutela
4.1. El caso decidido por los jueces constitucionales de instancia
4.1.1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta, al conocer de este asunto procedió a decretar, como medida provisional, la suspensión de los efectos de las sentencias de los jueces de Pivijay, a solicitar los informes correspondientes y a vincular al proceso a las personas que tienen interés legítimo en él(47).
4.1.2. Luego de tener noticia completa del caso y de sus circunstancias, el a quo no pasa a revisar la sentencia de tutela dictada por el Juez Promiscuo del Circuito de Pivijay, que había confirmado parcialmente la proferida por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, sino que se detiene a analizar lo que acaeció antes de ella, esto es, el procedimiento seguido por los jueces de tutela(48). Y al hacerlo, constata que ha habido una vulneración del debido proceso, pues estos jueces no vincularon en su debida oportunidad a personas que tienen interés legítimo en el proceso, pues sus derechos sobre bienes inmuebles se verían afectados, como a la postre lo fueron, con la decisión que se llegare a tomar en dichos procesos(49).
4.1.3. Al haber examinado las actuaciones de los jueces en el proceso de tutela, pero no la sentencia por ellos proferida, la decisión del a quo no se refiere a esta última, aunque ordene tomar todas las medidas necesarias para hacer cesar los efectos jurídicos de cualquier providencia o decisión adoptada, pues en realidad lo que hace es constatar la violación del debido proceso en dichas actuaciones, razón por la cual ordena rehacer la actuación(50). Como ya se destacó atrás, esta decisión se funda en dos bases: (i) la acción constitucional “se adelantó por juzgadores incompetentes” y (ii) “a espaldas de los sujetos mencionados in extenso en esta providencia, a quienes no se convocó como era obligatorio hacerlo”(51).
4.1.4. El criterio de procedencia excepcional, que había sostenido el a quo, es también planteado por el ad quem, a partir de dos circunstancias: (i) “cuando en el trámite de la acción se ha incurrido en una vulneración clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con interés en el resultado”, o (ii) “cuando la decisión afecta de manera grave una garantía fundamental en sujetos considerados de especial protección”(52).
4.1.5. En este caso el ad quem encuentra que los jueces de Pivijay, en el trámite del proceso de tutela, “omitieron cumplir con uno de sus deberes como juez constitucional, cual es el conformar debidamente el contradictorio, vinculando a los presuntos transgresores y a los terceros eventualmente perjudicados por la decisión”(53).
4.1.6. Al analizar el alcance de la omisión de los jueces frente a la circunstancia de que la sentencia de tutela no haya sido seleccionada para su eventual revisión, el ad quem destaca que “los efectos del fallo de tutela no pueden oponerse a quienes no hicieron parte en el memorado trámite, en la medida en que, se itera, ciertamente no fueron debidamente vinculados a la acción a quienes les asistía el derecho a intervenir en defensa de sus legítimos intereses”(54). Por ello, confirma el fallo del a quo, “a efectos de restablecer el orden de cosas que habría existido de no incurrir en la vulneración evidenciada, precisando lo relativo al juez constitucional competente para conocer de la acción de tutela debatida”(55).
4.2. De lo que se trata en el caso sub examine
4.3. No procedencia de la acción de tutela contra sentencia de tutela. Reiteración de Jurisprudencia
6.1 La Corte ha admitido en el pasado la posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de tutela. En efecto, en Sentencia T-162 de 1997,(56) la Corte concedió una tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en negarse a conceder la impugnación del fallo de tutela de primera instancia con el argumento de que el poder presentado para impugnar no era auténtico, pese a que el Decreto 2591 de 1991 establece al respecto una presunción de autenticidad que no fue desvirtuada en el proceso. Por otra parte, en Sentencia T-1009 de 1999(57), se concedió una acción de tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en no vincular al correspondiente proceso a un tercero potencialmente afectado por la decisión. En ese caso, la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela.
4.3.2. En este contexto, que es imprescindible para comprender la Sentencia SU-1219, este tribunal fija la regla de la no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela(58), que se funda en la consideración de que es importante evitar que la sentencia de tutela pueda ser objeto de la acción de tutela, pues con ello “la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales”. Así, pues, admitir una nueva acción de tutela “sería como instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido”, lo que es contrario a la Constitución y a las normas reglamentarias en la materia. Y lo es, porque una vez ha concluido el proceso de selección “opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”, que tiene un trato diferente respecto de la cosa juzgada no constitucional, respecto de la procedencia de la tutela, que:
4.3.5. Cuando se trata de sentencias de tutela proferidas por la Sala Plena o por las Salas de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional la regla de improcedencia de la acción de tutela no admite ninguna excepción, es decir, en ningún caso procede la acción de tutela contra estas sentencias. Lo que procede, si se cumple con los requisitos previstos para ello(59), es el incidente de nulidad de las mismas, que debe promoverse ante este tribunal conforme a lo previsto en el artículo 86 A del reglamento interno de la corporación (Acuerdo 5 de 1992, modificado por el Acuerdo 1 del 30 de abril de 2015, que entró en vigencia el 1 de julio de 2015).
4.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela en casos de fraude
Esta medida —dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006)—, para este caso particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión. Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de revisión de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de selección para revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que la legislación permite para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia sobre una causa específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece que el fraude lo corrompe todo.
4.4.2. En la sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias(60), bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta”. Por ello, en la Sentencia T-951 de 2013, al identificar la ratio decidendi de la Sentencia T-218 de 2012, precisa que la acción de tutela procede excepcionalmente contra una sentencia de tutela, cuando se satisfacen los siguientes requisitos:
(…) es posible interpretar y modular los efectos de una decisión en firme, en un escenario complejo e irregular que, de continuar, terminaría por afectar derechos fundamentales de otras personas, poner en riesgo la vigencia misma de la Constitución, y, como ocurre en los casos bajo estudio, trastornar la finalidad central de la acción de tutela —a saber la protección de los derechos fundamentales—, todo lo cual encuentra fundamento en el deber de la Corte de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución Política.
La Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente por tratarse de una tutela contra una sentencia de tutela. No obstante, la situación compleja advertida durante la revisión del presente asunto, la cual evidencia un conjunto de irregularidades serias en el uso de la acción de tutela para la obtención de prestaciones económicas que han debido ventilarse en primer lugar ante el juez natural y una posible afectación de los derechos de terceros beneficiarios y afiliados a Cajanal EICE, en liquidación, exige que la Corte module los efectos de la acción de tutela cuestionada. Como se explicará a continuación, el remedio constitucional más adecuado para dar respuesta a esta situación compleja consiste en dar aplicación al precedente establecido en la Sentencia T-218 de 2012 y, en consecuencia, dejar sin efectos la orden impartida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal en la sentencia de tutela proferida el 19 de diciembre de 2007, y en consecuencia, ordenar a Cajanal EICE en liquidación que inaplique la orden impartida en tal decisión, dejando en todo caso abierta a las partes la posibilidad de que acudan a la jurisdicción contenciosa administrativa para que sea el juez natural quien decida de manera definitiva sobre sus derechos.
4.5. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones realizadas en el trámite de la acción de tutela
4.5.2. La principal y la más repetida irregularidad en la que incurre el juez de tutela en las actuaciones previas a la sentencia es el no vincular a un tercero interesado en la acción de tutela. En efecto, esta hipótesis ha sido estudiada por este tribunal, entre otras, en las sentencias T-162 de 1997, T-1009 de 1999, T-414 de 2011 y T-205 de 2014. A las dos primeras se refiere expresamente la Sentencia SU-1219 de 2001, al precisar el sentido y alcance de la unificación de jurisprudencia en ella hecha(61) y las dos restantes son posteriores a ella. Por su especial relevancia para el caso sub examine es menester dar cuenta en detalle de estas sentencias, como se hace enseguida.
4.5.2.3. En la Sentencia T-414 de 2011 se reconoce, como ya se advirtió(62) que la tutela sí procede frente a actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela. En este caso la tutela se declara improcedente, porque
Resulta evidente para la Sala, en el presente caso, (i) que al haberse declarado la improcedencia del recurso de nulidad mediante auto del 26 de julio de 2010 emitido por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica,(63) el accionante mediante la acción de tutela contra tutela pretende reabrir el debate constitucional; (ii) que conforme con la jurisprudencia constitucional la acción de tutela contra sentencias de tutela, resulta del todo improcedente; (iii) que el mecanismo que debió emplear el actor para atacar la decisión que considera violatoria del derecho de defensa y del debido proceso era solicitar su eventual revisión ante la Corte Constitucional; (iv) que por medio de la Resolución 654 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispuso que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999 es obligatorio(64) y no requiere autorización previa y escrita del Ministerio ni del promotor ni del nominador del promotor;(65) (v) que la Corte mediante Auto del 22 de septiembre de 2010 decidió no seleccionar el fallo cuestionado, sin que el actor, el Defensor del Pueblo o un magistrado de la Corte Constitucional, hubieren insistido oportunamente en su selección para revisión por parte de la corporación; y (vi) que una vez terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,(66) de manera que al quedar definitivamente en firme la sentencia de tutela por decisión judicial de esta Corte, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.
4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse actuaciones. Una de las hipótesis posibles, como ya se vio(67) es la de que el juez niegue la impugnación del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia pero antes de que pueda darse el de segunda. Sin embargo, las actuaciones más frecuentes que ocurren con posterioridad a la sentencia de única o de segunda instancia, son las que tienen que ver con el cumplimiento de las órdenes dadas. Como este tribunal lo precisó en la Sentencia C-367 de 2014, el mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento de una orden de tutela es la solicitud al juez de primera instancia ejerza las competencias previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, por lo tanto, como lo advierte la Sentencia T-956 de 2010, la acción de tutela no procede para lograr el cumplimiento de las órdenes de tutela. En el contexto de las medidas necesarias para lograr dicho cumplimiento, es posible tramitar un incidente de desacato, en el cual, como es obvio, se debe respetar el debido proceso. De no ser así y, por el contrario, darse una actuación contraria al ordenamiento jurídico, respecto de la cual no existe otro medio eficaz de defensa, de manera excepcional procede la acción de tutela. Así lo ha reconocido este tribunal en las sentencias T-088 de 1999, T-086 y T-553 de 2003, T-368 de 2005 y T-474 de 2011.
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional(68).
6.1. Conclusión del análisis de procedibilidad de la presente acción de tutela
6.1.2. En efecto hay legitimación por activa(69), por pasiva(70) y por los terceros interesados en el proceso(71), que fueron debidamente vinculados a este por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Así mismo, el requisito de inmediatez(72).
6.1.3. También se satisface el requisito subsidiariedad(73). Tanto en la contestación a la demanda de tutela ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay(74) como en la impugnación del fallo proferido por este ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay(75), que fueron las dos oportunidades que la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación tuvo dentro del proceso de tutela anterior, alegó que los bienes que resultarían afectados por la sentencia de tutela tenían otros propietarios y administradores y, además, habían sido objeto de extinción de dominio. Por último, conforme a la unificación jurisprudencial que se acaba de hacer, con motivo de este caso, al dirigirse contra una actuación del proceso de tutela previa a la sentencia, como es la omisión de informar, notificar o vincular a los terceros que podrían verse afectados por ella, como lo comprendieron los jueces de instancia(76) y como lo comprende este tribunal, la acción de tutela sí procede.
6.2. Terceros interesados
6.2.2. Basta leer el respectivo escrito de demanda para salir de cualquier duda, pues en él es evidente que la sentencia de tutela afectará a varios terceros, que tienen interés legítimo en él. Este aserto se funda en la tercera y en la cuarta de las pretensiones de la demanda(77).
6.2.2.1. En efecto, la tercera pretensión es la de que se ordene a los Registradores de Ciénaga y de Santa Marta cancelar inscripciones en la matrícula inmobiliaria de algunos bienes y, de manera explícita, se indica que estas inscripciones son las relativas a la orden de ocupación y suspensión del poder dispositivo y a la extinción de dominio de los mismos. Esto indica que la propia actora conoce de la extinción de dominio de los bienes, que pide se ordene cancelar; incluso si el juez tuviere dudas sobre el particular, podría haberlas superado con la mínima diligencia de revisar los certificados expedidos por dichos registradores sobre tales bienes. Por lo tanto, era evidente que el proceso de tutela podría afectar la extinción de dominio sobre tales bienes, que había sido ordenada por otras autoridades judiciales, a las que no se enteró de la iniciación de este proceso y a las que se privó de defender sus providencias que ya hicieron tránsito a cosa juzgada y contra las cuales se promovió en otro momento, con resultados adversos a la actora, otros procesos de tutela(78).
6.3. Omisión de vinculación a terceros
1. Síntesis del caso. Se revisó la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 31 de julio de 2014, que había confirmado parcialmente la Sentencia del 1º de julio de 2014, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, por medio de la cual se le ordena a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Pivijay y Promiscuo del Circuito de Pivijay que adopten todas las medidas para hacer cesar cualquier efecto jurídico de las providencias o decisiones por ellos emitidas en la acción de tutela contra la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación y, al primero de ellos, rehacer la actuación.
1. LEVANTAR la suspensión de los términos en este proceso.
2. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó parcialmente la sentencia dictada el 1º de julio de 2014 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, Presidente (E) con aclaración de voto— Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortíz Delgado, Magistrada Con aclaración de voto—Jorge Iván Palacio Palacio, Magistrado Con aclaración de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Magistrado con aclaración de voto—Alberto Rojas Ríos, Magistrado con salvamento de voto—Luis Ernesto Vargas Silva.
(1) Fl. 2 a 13, cdno. 1.
(2) (Fl. 2, cdno. 1.
(3) Fl. 2, cdno. 1.
(4) Fl. 13, cdno. 1.
(5) Esta demanda de tutela obra a Fl. 18 a 29, cdno. 1 y también aparece a Fl. 1 a 22, cdno. 2.
(6) Fl. 18, cdno. 1.
(7) Fl. 29, cdno. 1.
(8) Fl. 18, cdno. 1.
(9) Fl. 19, cdno. 1.
(10) Fl. 27, cdno. 1.
(11) Este escrito tiene fecha del 20 de diciembre de 2013 pero fue radicado el 23 de diciembre de 2013.
(12) Fl. 30 a 33, cdno. 1.
(13) Fl. 181 a 196, cdno. 1.
(14) Fl. 201 a 203, cdno. 2.
(15) Las subrayas no aparecen en el original y han sido agregadas para destacar esta cita.
(16) Fl. 189 a 200, cdno. 2.
(17) Fl. 199 a 211, cdno. 1.
(18) Fl. 7, cdno. 1.
(19) Fl. 216 a 231, cdno. 1.
(20) Fl. 216 y 217, cdno. 1.
(21) Fl. 218 y 219, cdno. 1.
(22) Fl. 230 y 231, cdno. 1.
(23) Las personas y autoridades vinculadas a la actuación fueron: las ciudadanas Ana Elisa Vives Pérez y sus hijas María Alexandra y Ana Cristina, la Sociedad Agropecuaria Los Campanos (Campagro Ltda.), La Nación – Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), la Sociedad Urbe Ltda., el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Primero y Quinto Penales del Circuito Especializados de Descongestión de Bogotá, el Juzgado Doce Penal del Circuito Especializado de Bogotá, la Sala Penal y la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, Ciénaga y Fundación.
(24) Fl. 383 a 402, cdno. 1.
(25) Fl. 317 a 320, cdno. 1.
(26) Fl. 284 a 286, cdno. 1.
(27) Fl. 307 a 311, cdno. 1.
(28) Fl. 323, cdno. 1.
(29) Fl. 370 a 381, cdno. 1.
(30) Fl. 424 a 432, cdno. 1.
(31) Fl. 476 a 494, cdno. 1.
(32) Fl. 498 a 507, cdno. 1.
(33) Fl. 508 a 512, cdno. 1.
(34) Fl. 621 a 625, cdno. 1.
(35) Fl. 600 a 608, cdno. 1.
(36) Fl. 532, cdno. 1.
(37) Fl. 578 a 599, cdno. 1.
(38) Fl. 832 a 866, cdno. 1.
(39) Fl. 867 a 870, cdno. 1.
(40) Fl. 792 a 797, cdno. 1.
(41) Fl. 19 a 39, cdno. 3.
(42) Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-754 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(43) Cuando se alude al fallo de la Corte Constitucional, el juez se refiere al “auto de fecha 15 de mayo del año en curso”, que no seleccionó el asunto, lo cual, a su juicio, “quiere decir que esa sentencia [la del Juez Promiscuo del Circuito de Pivijay] se encuentra en firme dándose una cosa juzgada constitucional”.
(44) Este auto se corregirá por Auto del 8 de septiembre de 2014, para “oficiar al Alcalde Municipal del Retén Magdalena, a efecto de que revoque todo procedimiento que hayan iniciado basado en la sentencia de fecha 20 de enero de 2014”.
(45) Supra I, 1.2.2.1.
(46) Supra 1.2.1.11.2.
(47) Supra I, 2.2.
(48) Supra I, 6.1.1.
(49) Supra I, 6.1.2.
(50) Supra I, 6.1.3.
(51) Supra I, 6.1.2.
(52) Supra I, 6.3.1.
(53) Supra I, 6.3.2.
(54) Supra I, 6.3.4.
(55) Fl. 37, cdno. 3.
(58) Esta regla se reitera en las sentencias T-021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623, T- de 2002
(59) Ver, entre otros, los autos 188, 325 y 326 de 2014; 021, 331, 346 y 402 de 2015.
(60) Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
(61) Supra II, 3.6.3.1.
(62) Supra II, 3.6.3.4.
(63) Folio 275 del cuaderno principal.
(64) Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución 654 de del 11 de abril de 2001. “Artículo 1°. Señalar que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1.999 es obligatorio.”
(65) Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución 654 de del 11 de abril de 2001. “Artículo 2°. Señalar que en el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1.999 no requiere de autorización previa y escrita del Ministerio de hacienda y Crédito Público, ni del Promotor ni del Nominador del Promotor.”
(66) Artículo 243, numeral 1º, de la Constitución.
(67) Supra II, 3.6.4.2.1.
(68) Supra II, 4.3.5.
(69) Supra II, 3.2.
(70) Supra II, 3.3.
(71) Supra II, 3.4.
(72) Supra II, 3.5.
(73) Supra II, 3.6.
(74) Supra I, 1.2.1.5. a 1.2.1.8.
(75)Supra I, 1.2.11.2.
(76) Supra II, 3.6.1.
(77 Supra I, 1.2.1.4.
(78) Supra I, 4.7.