Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-645-12.htm
Timestamp: 2018-11-16 23:59:37
Document Index: 381523322

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C-645-12
Sentencia C-645/12
La Corte Constitucional entonces declara exequible el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue modificado el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la disminución del beneficio punitivo en una cuarta (1/4) parte allí consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos donde se permite la discrecionalidad por parte de los operadores judiciales. Al respecto, es imperativo resaltar que la aplicación en sentido amplio de la norma demandada, respete los parámetros originalmente establecidos en la Ley 906 de 2004, cuando la terminación anticipada del proceso ocurra en una etapa distinta a la formulación de la imputación, y reconozca el margen que le es propio tanto a la Fiscalía para poder negociar, como al juez para fijar discrecional pero razonadamente la pena acorde con la efectividad que para la investigación y la economía procesal brinde el imputado o acusado.
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Examen de los requisitos no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria/ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Rigor en el juicio al examinar demanda no puede convertirse en un método tan estricto que haga nugatorio el derecho de los ciudadanos
A veces los textos legales admiten interpretaciones distintas, y algunas de ellas pueden ser contrarias a la Constitución. Una primera vía por medio de la cual esta Corte se ve obligada a controlar –en forma indirecta- la constitucionalidad de ciertas interpretaciones es entonces cuando uno de esos textos es demandado por un ciudadano, puesto que no puede el juez constitucional expulsarlo del ordenamiento, por cuanto el artículo acusado admite ciertas interpretaciones constitucionales, pero tampoco puede la Corte declararlo exequible en forma pura y simple, por cuanto estaría legitimando ciertos entendimientos del mismo contrarios a la Carta. En esos eventos, la única alternativa es recurrir a una sentencia interpretativa o condicionada, y declarar exequible el texto legal, pero expulsando del ordenamiento el entendimiento de ese texto que resulta contrario a la Carta.
DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE-Jurisprudencia Constitucional/DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE-Alcance
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PENAL EN MATERIA SUSTANTIVA Y PROCEDIMENTAL-Jurisprudencia constitucional/IUS PUNIENDI-Límite
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Contenido y alcance
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Sentido amplio
Se puede afirmar que el principio de legalidad, desde un sentido amplio, conlleva que una medida legislativa, incluso permisiva, protectora o garantizadora, que afecte derechos fundamentales debe estar prevista en una norma jurídica, no sólo emanada del organismo constitucionalmente competente para ello, sino que cumpla con las razonables exigencias de ser clara, expresa y taxativa. Resulta latente que las normas penales, sean de carácter sustancial o procesal, al estar relacionadas con limitaciones de garantías fundamentales, como la libertad, deben ser expedidas por el Congreso, dentro del margen de configuración que le es propio, pero salvaguardando los derechos de los asociados y los demás valores y principios de raigambre constitucional.
TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional/TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL-Modalidades
ACEPTACION DE CARGOS POR EL INDICIADO O IMPUTADO-Formas
LEY PROCESAL PENAL-Estadios procesales que permiten al procesado realizar una aceptación unilateral de cargos
Para determinar la favorabilidad en abstracto, es preciso abordar el tema con una visión sistemática, y de conjunto de los diferentes rangos de descuento punitivo que la nueva normatividad establece, vinculando su magnitud a los estadios en que se produce el allanamiento a los cargos: (i) una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible cuando el evento se produce en la audiencia de formulación de la imputación (Arts. 288.3 en c.c. con el 351); (ii) una rebaja de hasta una tercera parte de la pena a imponer, cuando el mismo evento se produce en desarrollo de la audiencia preparatoria (Art. 356.); (iii) un descuento de una sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (Art. 367 inc. 2°). Cuanto más distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento genera un mayor reconocimiento punitivo.
MECANISMOS DE NEGOCIACION Y PREACUERDOS Y LA ACEPTACION UNILATERAL DE CARGOS O ALLANAMIENTO-Tratamiento diferenciado
CARACTER UNILATERAL DEL ALLANAMIENTO O ACEPTACION DE CARGOS Y LA BILATERALIDAD PROPIA DE LOS ACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALIA Y EL IMPUTADO-Distinción según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
BENEFICIO DE REBAJA DE LA PENA EN CASOS DE FLAGRANCIA-Alcance normativo contenido en el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011
BENEFICIO DE REBAJA DE LA PENA EN CASOS DE FLAGRANCIA-Interpretación del parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011 realizada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LAS REBAJAS-Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
BENEFICIO DE REBAJA DE LA PENA-Interpretaciones que desconocen el principio de igualdad, la seguridad jurídica y la filosofía inherente a las formas de terminación anticipada del proceso
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL-Doctrina sobre prohibición de aplicación analógica en parte especial y general de los Códigos Penales
Tradicionalmente el principio de legalidad en materia penal, como se indicó con antelación, prohíbe la aplicación analógica, esto es, “transportar la aplicación de una norma jurídica que regula una determinada conducta a otro caso cuyos supuestos de hecho son diferentes pero semejantes”, pues se generaría un desconcierto e incertidumbre sobre aquellos comportamientos que están concretamente prohibidos. Con todo, como bien indica Eduardo M. Jauchen, aunque el ideal propuesto por Cesare Beccaria es que “ni siquiera la facultad de interpretar la ley puede atribuirse a los jueces penales, por la sencilla razón de que éstos no son legisladores”, lo cierto es que en la actualidad: “todos los conceptos que integran el tipo penal, como toda norma en general, son susceptibles de varios significados. La problemática lingüística añadida a su vez a la subjetividad del juez que la interpreta pueden conducir inexorablemente a interpretaciones diversas aun ciñéndose el juez a criterios interpretativos objetivos y restrictivos. Al legislador le compete tipificar la conducta delictiva en forma clara, precisa y determinada; luego, dentro de ese marco delimitado por el ‘sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley’, el juez efectuará la interpretación ‘considerando el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico, el contexto sistemático legal, y según el fin de la ley”. Con todo, la doctrina especializada puntualiza que tal restricción se relaciona directamente con las partes general y especial de los Códigos Penales: “La prohibición de la analogía tiene aplicación en la Parte especial de la legislación penal en cuanto a la determinación literal del tipo y también respecto a la pena que se conmina. En cuanto a la Parte general debe prohibirse la analogía a cualquier precepto que amplié la punibilidad más allá de los tipos de la Parte especial.”
INTERPRETACION ANALOGICA IN MALAM PARTEM-Improcedencia en caso concreto
En el presente asunto la Corte Constitucional realiza no una interpretación analógica in malam partem, no sólo porque no es propia para el presente evento, pues no se trata de un tema relacionado con un tipo penal en específico, o un supuesto para ampliar la punibilidad, sino de una hermenéutica que ajusta la norma demandada al texto superior.
Referencia: expediente D-8922
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución, el ciudadano Óscar Alberto Restrepo Acevedo demandó el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2001, mediante el cual se modificó el artículo 301 de la Ley 906 de 2004.
Se invitó además a los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a la entonces Fiscal General de la Nación, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, a la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales, a los Colegios de Jueces y Fiscales de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Huila, Magdalena, Nariño y Putumayo, Quindío, San Gil y Tolima, y a las facultades de derecho en Bogotá de las Universidades Nacional de Colombia, Javeriana, Santo Tomás, Externado de Colombia, del Rosario, de los Andes, al igual que a las de Antioquia e Industrial de Santander, con el objeto de que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre la exequibilidad de la norma demandada.
3.1. El actor afirmó que el parágrafo citado desconoce los principios de igualdad (art. 13 Const.), legalidad (art. 29) y no autoincriminación (art. 33), porque es una “norma mal redactada”, cuya aplicación ha dado lugar a múltiples interpretaciones, sin que exista un consenso incluso en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de citar un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia[1] y de un juzgado[2], aseveró que la norma demandada únicamente “modificó” el artículo 351[3] de la Ley 906 de 2004, relacionado con las modalidades de aceptación de cargos por el indiciado o imputado y los preacuerdos entre aquél y la fiscalía, teniendo en cuenta una “condición personal como la flagrancia” y no una “calificación cronológica procesal”, según la etapa en la cual se realicen[4].
Aseveró que el sistema de rebajas por preacuerdos y allanamientos en materia penal, previsto principalmente en los artículos 351, 352[5] y 367[6] ibídem, se establece sobre el supuesto que al existir una mayor colaboración y economía procesal, más significativa sería la respuesta premial reconocida.
Manifestó que con “el nuevo mecanismo se varió en la ley el esquema de las rebajas o los parámetros para hacerlas efectivas frente a la captura en flagrancia, porque antes –frente a la aceptación de cargos- entre más cercana o lejana a la imputación, la reducción era gradualmente mayor o menor, para cambiarlo ahora, ya no por la gradualidad o avance en la investigación o juzgamiento sino en virtud de una condición personal como la flagrancia. Lo que impera ahora es esa consideración personal y no ya una calificación cronológica procesal, que es lo que a la postre permite diferenciar las rebajas ordinarias (hasta la 1/2, hasta 1/3, 1/6)”[7].
3.2. Acudiendo a lo consignado principalmente en el salvamento de voto del Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, frente al fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de septiembre 6 de 2011, ya referido, explicó que el parágrafo impugnado genera diferentes interpretaciones[8]:
(i) “Una primera interpretación de tipo legal o exegético indicaría que como la rebaja es de: ‘1/4 del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004’, esa cuarta parte de la rebaja de pena sería sobre el monto del beneficio, que oscila entre una tercera parte y un día a la mitad de la pena, y no sobre la pena imponible, así lo manifestó el Dr. Sigifredo Espinosa Pérez en salvamento de voto: ‘…expresa y claramente, sin lugar a equívocos, remite al ‘beneficio’ contemplado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, y éste no es otro diferente a la reducción de ‘hasta de la mitad de la pena imponible’[9].
Acorde con esta interpretación si la pena a imponer es de nueve años ó ciento ocho meses, el monto del beneficio sería de hasta cincuenta y cinco meses y el veinticinco por ciento de este beneficio equivaldría a trece punto cinco meses, lo que quiere decir que la pena definitiva sería de noventa y cuatro meses y quince días de prisión.”[10]
(ii) “Una segunda interpretación consiste en que el monto de la rebaja es del veinticinco porciento de la pena a imponer y si la pena es de nueve años, se le rebaja el veinticinco por ciento, que equivale a veintisiete meses, siendo la pena definitiva ochenta y un meses de prisión.”[11]
(iii) “En las dos interpretaciones expuestas, algunos advierten que el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2007, solo modificó el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, que se refiere a las rebajas por aceptación de cargos en la imputación y por vía de preacuerdos hasta la formulación de la acusación, pero no modificó los artículos 352 y 356 numeral 5, que establecen una rebaja de hasta una tercera parte de la pena si el allanamiento o preacuerdo es en la audiencia preparatoria, así como tampoco modificó el artículo 367 que concede una rebaja de una sexta parte de la pena si esa figura se presenta al inicio del juicio oral.
Interpretación que se basa en que la norma expresamente modificó el beneficio del artículo 351, sin hacer mención a los demás artículos que reglamentan el mismo instituto en etapas procesales diferentes.”[12]
(iv) “Una tercera interpretación es sostenida por la mayoría de los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia[13] quienes consideran que el monto de la rebaja debe ser del veinticinco por ciento de la pena a imponer, en todas las fases procesales: ‘Así las cosas, los verdaderos sentido y alcance de la restricción de 1/4 parte de la rebaja de pena en los casos de flagrancia conduce a concluir que tal guarismo es único y que tiene aplicabilidad con independencia de las etapas del proceso o en cualquiera de los momentos y oportunidades en que el imputado o acusado acepte los cargos, bien sea por allanamiento, o por preacuerdo con el Fiscal’, conclusión que se fundamenta en los siguientes argumentos: ‘Ahora algunos consideran que como no se modificaron otras normas que regulan rebajas posteriores a la imputación, como por ejemplo el 356-5 en audiencia preparatoria, esta reducción quedo incólume y por esa vía el imputado podría abstenerse de aceptar cargos en la audiencia inicial y en cambio sí admitirlos ya en el juzgamiento y de esa forma hacerse acreedor hasta de la 1/3 parte de rebaja. Esta es una tesis inaceptable porque de prohijarse se estaría atentando contra la propia filosofía del instituto jurídico, la cual se edifica en el presupuesto de que a mayor colaboración y mayor economía procesal más significativa ha de ser la respuesta premial y carecería de toda lógica que a un procesado (cuya condición de flagrancia se extiende a lo largo de la actuación) se le considera una reducción más alta frente a unos cargos ya estructurados en la acusación, cuando el Estado tuvo que agotar íntegramente la etapa de investigación, que a aquel que voluntaria y conscientemente desestimó la primera oportunidad para admitir responsabilidad en un momento en que apenas subyacía una imputación. Una tesis así, no sería más que una trampa al querer del legislador.”[14]
Aseveró que el principio de legalidad se desconoce cuando el legislador, como en el presente evento, dicta normas vagas, imprecisas y cuya interpretación es susceptible de entendimientos diversos, máxime cuando se relaciona con “determinar la consecuencia jurídica, el monto de la pena en eventos como los allanamientos a cargos y las negociaciones”[15].
Agregó que aunque el legislador puede proferir normas que fijen beneficios punitivos y establecer diferencias entre los destinatarios de la ley, al aprobar la disposición impugnada desbordó esa facultad, porque “cualquiera sea la forma de interpretación que se ensaye es insostenible, irrazonable y absurda”, permitiendo un “exagerado margen de interpretación, que la convierte en una norma sustancial de carácter indeterminado”[16].
3.4. Sintetizó que la norma conlleva un trato desigual que genera “consecuencias punitivas abismales”, afectando los principios de igualdad, legalidad, justicia y seguridad jurídica, pues los jueces desconocen la interpretación más “coherente” con las máximas constitucionales y no existe certeza para la sociedad sobre la forma como se deben resolver los asuntos[17].
En su sentir, el parágrafo demandado impide una clara determinación de la pena, contrariando los principios de legalidad e igualdad y, por ende, la Constitución, al permitir múltiples interpretaciones que desconocen la “filosofía premial” y generan tratamientos inequitativos para personas que se encuentran en la misma situación[18].
Manifestó también que se “supone que la persona que es capturada en flagrancia le implica al Estado menos esfuerzo investigativo para obtener una condena en su contra, lo que justificaría otorgarle menos rebaja de pena, que a quien el Estado debe demostrarle su culpabilidad, desgastando todo el aparato judicial para ello. Con el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453, está sucediendo lo contrario: promueve los efectos opuestos que pretende la norma, pues la persona que es capturada en flagrancia no es incentivada a allanarse o a preacordar desde la imputación y hasta antes de presentada la acusación, ya que la rebaja que recibiría será siempre menor a la que obtendría si se allanara una vez instalado el juicio oral o preacordando después de presentada la acusación. Esto es lo que está ocurriendo en la práctica judicial, por lo que a raíz de la expedición de esta norma se está congestionando aún más la administración de justicia”[19].
3.5. El ciudadano demandate aseguró además que la norma impugnada vulnera el principio de no autoincriminación, habida cuenta que la capacidad de decisión de la persona capturada en flagrancia se encuentra “alterada”, luego “mal haría el tomar una decisión de allanarse, y menos con la presión de un fiscal; lo anterior, sumado a la posibilidad de hacerlo en una etapa posterior del proceso donde obtiene mayor beneficio y la disminución de la pena se duplica (pasa de un 25% a un 50%)”[20].
Al respecto, sostuvo que la norma demandada “sacrifica excesivamente la presunción de inocencia porque asimila la flagrancia a la prueba de responsabilidad. La naturaleza del criterio diferenciador (rebaja de la pena imponible) parte del supuesto de que la flagrancia equivale a responsabilidad y, en consecuencia, a condena. Pero constitucionalmente la flagrancia no destruye la presunción de inocencia y por lo tanto no se mueve en el terreno de la pena y la responsabilidad. Los casos de flagrancia deben tener igualmente oportunidad de una completa y exhaustiva investigación porque la persona así capturada puede y tiene derecho a defenderse y, quizá, a desvirtuar esa situación inicial”[21].
En febrero 21 de 2012[22], la jefe de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación solicitó proferir un fallo inhibitorio porque la demanda carece de claridad, certeza y especificidad, pues “no señala con coherencia los motivos suficientes que permitan deducir o inferir cómo la norma cuestionada quebranta la Constitución, o en otra forma, porqué la figura de la flagrancia y los beneficios por aceptación de cargos previstos en el precepto desconocen los artículos 13, 29 y 33 superiores, y bajo qué parámetros de análisis”[23].
Explicó además que los argumentos adolecen de falta de pertinencia, habida cuenta que “las divergencias interpretativas surgidas entre los operadores judiciales, sobre el alcance del texto acusado, no constituyen un argumento de rigor en los juicios de constitucionalidad”[24].
En escrito de febrero 23 de 2012[25], el Presidente de dicha Sala indicó que el parágrafo demandado no resulta inexequible, porque es “susceptible de un entendimiento ajustado a los postulados constitucionales y en particular a los que orientan el sistema con tendencia acusatoria en materia penal”[26].
Explicó que si bien la confusa redacción de la norma impugnada ha dado lugar a “pluralidad de interpretaciones por parte de jueces unipersonales y colegiados”, ello no constituye una razón suficiente para que sea excluida del ordenamiento jurídico. “Si así fuera, pocos artículos de la Ley 906 de 2004 reguladora del actual sistema acusatorio en nuestro país, e incluso muchos de los que componen la Ley 1453 de 2011 objeto de la presente censura, quedarían en pie, porque ha sido un común denominador la falta de coherencia de nuestro legislador en esta materia[27]”[28].
Explicó que el parágrafo demandado fue analizado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en el fallo de septiembre 5 de 2011 ya reseñado, cuyo salvamento de voto presentado por el Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, conllevo a que los jueces y magistrados de los Tribunales se vieran “precisados a encontrar alternativas de solución para que la aplicación del parágrafo 57 de la Ley 1453 de 2011 no trasgrediera los esenciales principios que orientan el sistema acusatorio”[29].
Agregó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira en fallo de octubre 21 de 2011[30], fijó pautas sobre la interpretación de la norma censurada atendiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-091 de febrero 10 de 2006[31], acerca de las rebajas de penas por aceptación de cargos.
Nótese hasta aquí, que según lo mencionamos en un comienzo, el legislador buscó acoplar las normas a la jurisprudencia que indicaba que para los casos de captura en flagrancia no se debía reconocer el máximo del 50% sino un poco menos, motivo por el cual es comprensible que se quisiera precisar en una regla el porcentaje concreto que marcara esa forzosa diferencia, debido principalmente a que las posiciones asumidas por los jueces en todo el territorio nacional comenzaron a divagar entre un 35%, un 40%, o un 45%.”[32]
En escrito de febrero 23 de 2012[33], el coordinador del área de penal del consultorio jurídico de la referida Universidad solicitó declarar exequible el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, porque no vulnera la Constitución Política.
Agregó que el legislador “previó que las personas capturadas en flagrancia sólo tendrán 1/4 del beneficio establecido por el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Según este último artículo es ‘1/4 del beneficio establecido por el artículo 351 (la aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena). En otras palabras, que las personas capturadas en flagrancia obtendrían como rebaja hasta un cuarto de la mitad de la pena, es decir, un octavo de la misma”[34].
“Sostener que con la nueva regulación normativa que trae el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 se varió en la ley el esquema de las rebajas o los parámetros para hacerlas efectivas frente a la captura en flagrancia, no hace sino desarrollar dentro del poder configurativo del legislador una restricción aún mayor en la concesión de beneficios sobre personas sorprendidas en flagrancia, frente a una misma persona que no lo es y colabora con la administración de justicia de manera voluntaria para acceder a ello. En otras palabras, lo que se analiza es esa consideración personal y no ya una calificación cronológica procesal.”[35]
Aclaró que la preceptiva demandada no desconoce los principios y normas superiores, porque el legislador en ejercicio de su potestad de configuración puede establecer tratamientos diferentes, ante “situaciones de hecho distintas”, sin que ello conculque el derecho a la igualdad[36].
Señaló entonces que “el trato desigual que adopta la medida tiene fundamento en un supuesto de hecho real y concreto, las personas que son capturadas en flagrancia cometiendo el delito siendo sometidas al procedimiento ante la autoridad judicial con miras a legalizar su situación y afrontando la investigación penal pertinente, frente a aquellas personas que afrontan una investigación demandan mayor exigencia del Estado para establecer su participación o autoría en el delito. Es decir, el principio de igualdad solo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales, de ahí que lo que constitucionalmente es vetado sea otorgarle trato desigual ante situaciones idénticas”[37].
Luego de referir doctrina internacional y jurisprudencia nacional acerca del principio de legalidad, dijo que el parágrafo demandado expresa y claramente remite al beneficio contemplado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, no siendo diferente a la “reducción de ‘hasta la mitad de la pena imponible’”[38].
“Pretender que de las diferentes interpretaciones sobre el alcance del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, supone una indeterminación, es desconocer la literalidad de la norma y el espíritu del legislador, al establecer que las personas capturadas en flagrancia obtendrán como rebaja de un cuarto de la mitad de la pena, es decir, un octavo de la misma”[39].
Sostuvo también que el parágrafo impugnado no vulnera el principio de no autoincriminación, porque la captura en flagrancia “no es prueba de responsabilidad sino, de evidencia procesal”[40].
Señalo además: “Antes de la entrada en vigencia de la norma demandada, lo que se analizaba por parte de nuestros altos tribunales, no era sólo el ahorro en el trámite procesal lo que aparejaba un significativo descuento punitivo, sino el descubrimiento de la realidad material, porque sin duda una oportuna aceptación de cargos facilitaba en grado extremo el juicio de responsabilidad. Pues bien, sobre esos pilares en donde la jurisprudencia de la Corte [Suprema de Justicia] ha sentado su criterio relativo a que en los casos de flagrancia, cuando no iban acompañados de un plus de colaboración, la rebaja de pena no podía alcanzar el 50%, así la economía procesal sea mayúscula, como por ejemplo cuando la aceptación de cargos se produce a escasas horas de cometido el delito. Y un tal planteamiento ha llevado a la Sala Penal de la Corte Suprema a estimar que ese premio punitivo puede ser del orden del 35 o del 40%, en la medida en que debe ser superior –en todo caso- a una tercera parte más un día, dado que el acogimiento a los cargos se ejecuta en la primera oportunidad”[41].
4.4. Intervención de las ciudadanas Jaqueline Barrera García y Sandra Viviana Mesa Bernal.
En escrito de febrero 24 de 2012[42], las referidas ciudadanas pidieron declarar inexequible el parágrafo, al resultar “ineficiente, ya que el legislador omitió por completo manifestarse frente a la rebaja de pena que debe imponerse en las audiencias posteriores a la de formulación de la imputación”[43].
Explicaron: “Lo curioso del legislador es que olvidando el principio de celeridad y economía procesal en los delitos de flagrancia, apenas hace una rebaja de una cuarta parte, pero si el proceso avanza, y llega a la audiencia preparatoria la rebaja es mayor, es decir, de la tercera parte, lo que significa que para la defensa es preferible aceptar los cargos en la audiencia preparatoria, por que otorga mayor beneficio, cuando estamos en la antesala del juicio oral y no en las audiencias preliminares evitando a la justicia surtir en la forma más sencilla posible el proceso y evitar dilaciones innecesarias, generando más trabajo y gasto del sistema penal impidiendo la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo, no sólo frente a los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos implican.”[44]
A renglón seguido ampliaron: “En la práctica, si a una persona la capturan en flagrancia, por porte ilegal de armas, tendrá una pena mínima de 9 años. Si esa persona acepta cargos en el momento de la imputación, tendría derecho a disminuirle la pena en una octava parte, lo que significaría, que en 108 meses que resulta de multiplicar 9 por 12, la rebaja sería de 13 meses y 15 días, pero si esa misma persona acepta cargos en el desarrollo de la audiencia preparatoria, tendrá una rebaja hasta en una tercera parte, que son 36 meses, y la pena definitiva de 72 meses, sin olvidar que si esa aceptación de declararse culpable, se hace en el juicio oral tendrá una rebaja de penas de una sexta parte que son 14 meses.”[45]
Las intervinientes señalaron que la norma demandada desconoce el derecho a la igualdad, sin que exista justificación alguna para ello, al diferenciar dos grupos de sujetos destinatarios, a saber, las personas que se allanan a cargos sin ser capturados en flagrancia y quienes sí lo son. Por tanto: “No es ventajoso para la defensa aceptar cargos en la diligencia de imputación, pero sí es más favorable en la preparatoria, lo que implica un anti tecnicismo jurídico, por parte del legislador y resulta irrazonable y absurdo”[46].
Identificaron que la norma: (i) tiene como fin “remover un obstáculo que está generando impunidad y caos en la administración de justicia”[47]; (ii) dicho objetivo es constitucional, porque busca luchar contra la impunidad; sin embargo, (iii) no es útil o adecuada, porque el capturado en flagrancia no es motivado a allanarse desde la imputación y hasta antes de la acusación, “ya que la rebaja que recibiría en los casos anteriores sería siempre menos a la que obtendría si se allanara en la etapa del juicio oral o realizando el preacuerdo después de la presentación de la acusación. Por lo que se está causando realmente es congestionar la administración de justicia”[48].
En febrero 24 de 2012, el referido Ministerio intervino mediante apoderado quien solicitó a la Corte Constitucional emitir un fallo inhibitorio[49], pues la demanda no censura directamente la validez de la norma, sino su interpretación, la cual no puede ser objeto de control constitucional por parte de la Corte, por carecer de competencia, salvo situaciones excepcionales.
Explicó que en el presente evento no es procedente el excepcional control por parte de esta corporación, como quiera que “el problema de interpretación no se origina directamente en el texto o contenido de la disposición impugnada sino respecto de su relación temática con otras disposiciones también contenidas en el Código de Procedimiento Penal, las cuales no son objeto de demanda o discusión en este proceso y tampoco se impugna la orientación jurisprudencial dominante del texto legal, que dé lugar a un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”[50].
En escrito de febrero 28 de 2012[51], el coordinador del Grupo de Acciones de Interés Público del Consultorio Jurídico solicitó declarar inexequible el parágrafo demandando, “por cuanto impide al juez hacer efectiva la protección de los derechos y garantías que asisten al procesado, y a los principios procesales propios de la institución del allanamiento”[52].
Sintetizó que la demanda reúne los presupuestos para emitir un fallo de fondo, porque (i) acusa en forma concreta una norma legal; (ii) señala que se omitió incluir un ingrediente o condición que impide que armonice con la Constitución; (iii) afecta los derechos a la igualdad, el debido proceso y a la no autoincriminación; (iv) tal exclusión carece de una razón y justificación suficientes; y (v) genera una desigualdad negativa para el procesado, incumpliendo un deber especifico impuesto al legislador[53].
Manifestó que “una u otra vía interpretativa tiene un reproche particular frente a la situación del procesado, pues si se decide hacer una aplicación extensiva de la figura a la etapa del juzgamiento, podría alegarse por el procesado que se vea afectado que se trata de una aplicación desfavorable de la ley procesal penal que es contraria a la letra de la ley violando así, el principio de estricta legalidad en materia procesal penal que constituye una garantía fundamental”[54].
Igualmente, indicó que una aplicación en otro sentido “también puede llevar al procesado que acepta cargos en la formulación de la imputación a alegar que se encuentra en desigualdad frente a otros procesados que ya gozaron del beneficio de la rebaja del 50% poco antes de la entrada en vigencia de la norma acusada, además de que lo lleva a considerar como más beneficioso para su caso el allanarse en la etapa de juzgamiento, con lo que se produce un desgaste en la administración de justicia”[55].
En escrito de marzo 1 de 2012[56], el presidente de la Sala reseñó las posturas de los magistrados de esa corporación acerca de la norma demandada.
Indicó que un grupo de magistrados consideran que la norma debe ser retirada del ordenamiento jurídico[57], pues su interpretación ha de ser restrictiva para no desconocer la prohibición de aplicar la analogía in malam parte.
El interviniente reseñó que otros Magistrados sostienen que la norma no riñe con la Constitución[58], pues el legislador en su potestad de configuración, da un tratamiento diferenciado y más riguroso a personas capturadas en flagrancia, situación que no es ajena al ordenamiento jurídico ni contraria a éste.
En escrito de marzo 1 de 2012[59], las coordinadoras de las áreas de Derecho Penal y de Derecho Público de la referida facultad solicitaron a la Corte Constitucional declarar inexequible el parágrafo demandado, porque las múltiples interpretaciones en su aplicación generan inseguridad jurídica y vulneran los derechos a la igualdad y al debido proceso.
Explicaron que la medida que no supera el test de proporcionalidad al no ser útil ni adecuada para alcanzar la finalidad de acabar con la impunidad y evitar la congestión de la administración de justicia, habida cuenta que su efecto resulta contrario toda vez que el indiciado “no tendría interés alguno de aceptar los cargos imputados sino hasta la audiencia de formulación de acusación, donde el beneficio de la rebaja sería mayor”[60].
Indicaron además que “la medida utilizada por el parágrafo de la ley demandada no es estrictamente proporciona, por cuanto se torna discriminatoria respecto al trato otorgado a dos personas capturadas, pero que de acuerdo a como se llevó a cabo esa diligencia, le brinda mayores beneficios a una de ellas; por lo cual no puede pregonarse la exigencia de un fin imperiosamente constitucional que satisfaga la diferenciación, así como tampoco la necesariedad y la proporcionalidad en la medida; por lo cual la norma demandada afecta sustancialmente el principio de igualdad”[61].
4.9. Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia
En escrito de marzo 2 de 2012[62], la coordinadora del Comité de Estudios Políticos y Legislativos de esa entidad coadyuvó la pretensión de la demanda.
Luego de reseñar algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional acerca de la potestad de configuración del legislador y sus límites en materia penal, sostuvo que la preceptiva demandada desbordó el principio de legalidad, al no efectuar una adecuación razonable del beneficio punitivo en caso de allanamientos, “generando grandes incongruencias”[63].
Al respecto explicó: “La trascendencia probatoria que tienen los casos de captura en flagrancia, para el allanamiento a cargos o en el preacuerdo celebrado con la Fiscalía, debe ser de resorte exclusivo del juez para efectos de imponer la pena dentro del rango ya establecido por los legisladores en cada momento del proceso (artículos 351, 352, 356 y 367 del Código Penal), pero, esta lógica se desquicia cuando la norma demandada, de manera anti técnica, ofrece tan solo una cuarta parte de rebaja, algo bien impreciso, porque refiere al ‘beneficio’ y segundo dice ‘de que trata el artículo 301’”[64].
Sostuvo: “Auspiciar interpretaciones restrictivas en perjuicio del derecho a la libertad personal, del derecho a la igualdad, contrarias a la regla pro homine y con distancia del principio de estricta legalidad, son inconstitucionales a la luz de los principios y las normas que articulan la norma fundamental”[65].
Finalmente indicó: “En efecto, al parecer olvidaron los legisladores que el llamado sistema penal acusatorio tiene su gran virtud, en que la mayoría de las conductas investigadas no deben llegar a juicio, y es precisamente por el camino de los allanamientos y preacuerdos que el Estado puede cumplir con los objetivos de persecución efectiva del crimen, pero esto no se logra si como política criminal contra la impunidad, se acortan los mecanismos de justicia premial y negocial”[66].
En escrito de marzo 5 de 2012[67], el Presidente de la Sala relató que en fallo de febrero 1 de 2012[68], el cual citó ampliamente, esa Tribunal resolvió “aplicar la excepción de inconstitucionalidad a la norma comentada”, al ser incompatible con la carta política, lo cual “torna irrazonable su aplicación”.
Finalmente, sobra advertir que adicionalmente a que la norma en mención no alcanza a superar el test referido, el que hasta ahora coexistan diversas interpretaciones sobre el alcance de la misma, revelan que no se trata de una proposición normativa clara, lo que a la postre, vulnera igualmente el principio de legalidad, puesto que el procesado no puede conocer de manera inequívoca y clara, previo a la realización del ilícito, los descuentos punitivos a que tiene derecho por allanamiento a cargos si es capturado en flagrancia.”[69]
En escrito de marzo 7 de 2012[70], el Presidente de la Sala Penal solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la norma demandada, toda vez que el legislador en su facultad de configuración no desbordó el marco constitucional, al considerar que una persona capturada en flagrancia que se somete a la terminación abreviada del proceso no debe ser beneficiario de una rebaja hasta la mitad de la pena, sino una cuarta parte[71].
Es claro entonces, que si el legislador hubiera pretendido una rebaja fija para todos los eventos en que el procesado capturado en flagrancia se allanara a los cargos, no hubiera hecho mención al ‘beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004’, premio que jamás tuvo un guarismo estático. Luego entonces debe entenderse que la rebaja de la pena, con la reforma introducida, de quien acepta los cargos, siendo capturado en flagrancia, es hasta de una cuarta parte, puesto que resulta razonable que el juez pueda valorar, según cada caso concreto, la mayor o menor colaboración con la justicia[72] ya que el capturado en flagrancia puede, además de aceptar los cargos, informar, por ejemplo: el origen de la droga ilícita que le fue encontrada en su poder; que otras personas son partícipes de los hechos etc. Igualmente el operador judicial tendrá en cuenta el momento procesal en que se produjo el allanamiento a cargos o preacuerdo. Y, según sea el alejamiento desde la imputación de cargos, puede definir el monto de la rebaja. De esta manera, quien se allana al inicio del juicio oral, si fue capturado en flagrancia, no puede tener una rebaja igual o mayor a la sexta parte de la pena, pues ese monto está reservado para quien se allana en ese momento y no fue capturado en flagrancia (Art. 367 de la Ley 906 de 2004).”[73]
“La anterior interpretación garantiza el cumplimiento de los valores y principios constitucionales de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo. Así mismo, se protege razonablemente y con la ponderación que merecen los bienes jurídicos que se pueden encontrar tensionados –el interés general y el debido proceso-, resultando así una pena que garantiza los principios de proporcionalidad y razonabilidad (art. 3° del Código Penal y 27 de la Ley 906 de 2004, normas rectoras); quedando incólume la primacía del derecho sustancial (art. 228 de la carta política) y garantizando un debido proceso (art. 29 de la Constitución Política), sin la violación al derecho a la igualdad frente a la ley (art. 13 constitucional). Cumpliéndose, en últimas, los fines del Estado (art. 2 superior).”[74]
El interviniente sostuvo finalmente que la norma puede ser interpretada acorde con la carta política, sin afectar el principio de legalidad, ni invadir la “órbita del legislador”, no siendo entonces inconstitucional[75].
En concepto 5329 de marzo 14 de 2012, el señor Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda[76].
El Procurador señaló: “Además, las dificultades que puedan tener las interpretaciones de una norma jurídica deben ser asumidas y superadas por los funcionarios y órganos encargados de interpretarlas y aplicarlas. En todo caso, tal misión le corresponde a los jueces penales y, en especial, al órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia penal: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al interior de esta Sala puede haber divergencias en materia hermenéutica, las cuales quedan consignadas en los votos disidentes, como suele ocurrir también en otras corporaciones judiciales, pero ello no impide superar las dificultades que la norma jurídica genera. Por el contrario, pretender que estas divergencias afecten la exequibilidad de la norma en comento, como lo hace el actor, equivale a convertir un problema hermenéutico legal en un problema de validez constitucional de la ley y, es más, equivaldría también a convertir las posturas minoritarias del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en un criterio constitucional obligatorio”[77].
Finalmente, indicó que “si bien es posible advertir que la norma demandada admite varias interpretaciones y que la opción por una u otra puede conllevar diferentes efectos sustanciales en los casos concretos, así como también es posible hacer una crítica a la misma desde el punto de vista de la técnica legislativa o desde la teoría jurídico penal, esto en todo caso es insuficiente para decir que ésta sea contraria al texto constitucional, de manera general, o a los principios de igualdad, legalidad, no autoincriminación y taxatividad de los delitos y de las penas, de manera específica”[78].
3.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos mínimos que razonablemente[79] deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión. Según lo allí indicado, es imperativo señalar con claridad las normas que son censuradas como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de infringida y explicar las razones por los cuales se estima que presuntamente las primeras violan o desconocen la segunda.
Otra parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de inconstitucionalidad contra las normas demandadas, esto es, la sustentación de los distintos argumentos por las cuales el ciudadano demandante advierte que aquéllas contrarían uno o más preceptos superiores. Al respecto, en atención a lo cuestionado por algunos de los intervinientes y el Ministerio Público, recuérdese que la jurisprudencia tiene establecido que las razones presentadas por el actor para sustentar la inconstitucionalidad de la disposición acusada, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[80].
La adecuada presentación del concepto de violación permite a la Corte desarrollar su función de defensa de la Constitución en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez constitucional para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio[81].
Reitérese, en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante[82] en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, porque el reproche se debe fundar en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad; de no atenderse dicho presupuesto podría generarse la inadmisión de la demanda, su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez constitucional, para poder proferir un pronunciamiento de fondo[83].
Sobre este tema, ha expuesto la Corte que[84]: “la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
Al respecto, en la sentencia C-978 de diciembre 1° de 2010[85], M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original):
“No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[86]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[87]; en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.’[88]”
3.5. La demanda cumple los presupuestos para que esta corporación profiera un fallo de fondo. Incluso, contrario a lo expuesto por quienes proponen la inhibición, la Corte es competente excepcionalmente aún en control abstracto de constitucional para “enjuiciar interpretaciones judiciales”[89].
Esta corporación ha indicado que por, regla general, su competencia recae en sede de control constitucionalidad sobre el contenido objetivo de ciertas normas, más no sobre su aplicación, pues se desconocerían en principio (i) la naturaleza abstracta de ese examen y (ii) la protección superior que se da a la autonomía de separación de jurisdicciones y a la autonomía de los jueces[90].
‘Si una disposición legal está sujeta a diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se adecúan a la Carta, debe la Corte limitarse a establecer la exequibilidad de la disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de la norma legal, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios. Pero si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecúan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento’[91].
Bajo esos parámetros, no se desquicia el texto superior al ser válido que la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la carta política (art. 241 ib.), excepcionalmente pueda hacer un control de las interpretaciones que se desprendan de una disposición normativa, siempre que se cuestione su contenido objetivo abstracto[92], como ocurre en este asunto.
En fallo C-842 de octubre 27 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo, este tribunal reseñó ampliamente algunos de los pronunciamientos en los cuales ha asumió el estudio de normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación era objeto de impugnación, por contrariar la carta política[93].
En síntesis, jurisprudencialmente se ha admitido la competencia de la Corte, como guardiana del texto superior, para conocer de forma excepcional demandas de inconstitucionalidad contra interpretaciones que se realicen sobre los textos legales, siempre que la hermenéutica realizada genere un problema de interpretación constitucional[94], impidiendo con ello la inhibición[95]. Distinta hipótesis ocurre, si la discusión carece de tal relevancia, lo que torna inepta la demanda e impidiendo emitir una decisión de fondo[96].
Con todo, este tribunal también ha explicado que en ciertos eventos puede presentarse el evento en que (no está en negrilla en el texto original) “la demanda ataque aparentemente una interpretación y plantee efectivamente un problema constitucional pertinente, pero que en realidad se dirija no contra la interpretación misma sino contra un texto legal específico. En estos casos, el posible problema constitucional de la regla de derecho atacada no derivaría tanto de la interpretación judicial del texto acusado sino del texto mismo, pues el juez, lo único que ha hecho es aplicarlo, por lo que el eventual yerro constitucional sería obra del legislador y no del operador judicial. Por consiguiente, en esos eventos, el juicio constitucional debe entenderse dirigido contra el texto legal, pero en la forma como éste ha sido desarrollado por la jurisprudencia, tal y como lo enseña la doctrina del ‘derecho viviente’, que ha sido ampliamente aceptada por esta Corte”[97].
Tratándose del sistema de enjuiciamiento con tendencia acusatoria contenido en la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el auto de septiembre 21 de 2011 (rad. 37.172, M. P. Sigifredo Espinosa Pérez), indicó:
3.8. Existiendo un cargo debidamente formulado con relación al presunto desconocimiento de los artículos 13 y 29 superiores, procede efectuar el análisis de fondo, sin que ello implique que la solicitud de inexequibilidad invocada esté llamada a prosperar. En consecuencia, corresponde a la Corte establecer si la forma con que el legislador pretende restringir los beneficios punitivos de aquellas personas capturadas en flagrancia, vulnera los artículos referidos, al hacer referencia únicamente al allanamiento que se realiza durante la audiencia de formulación de la imputación.
Desde los primeros pronunciamientos de la Corte, se ha indicado que si bien el legislador posee un amplio espacio de configuración legislativa en materia penal, dicha facultad está sujeta a límites, explícitos o implícitos[98], que se aplican tanto al derecho sustancial como al procesal, atendiendo la marcada constitucionalización de esa rama del derecho.
En el fallo C-038 de febrero 9 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero, reseñado recientemente en el C-121 de febrero 22 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, se recordó que los derechos fundamentales orientan y determinan el alcance del derecho penal.
“4- Esto es claro en materia penal, puesto que si bien la Carta de 1991 constitucionalizó, en gran medida, el derecho penal[99], lo cierto es que el Legislador mantiene una libertad relativa para definir de manera específica los tipos penales (CP arts 28 y 29).
La relación de la ley con la Constitución no puede, en consecuencia, ser análoga a la existente entre la ley y el reglamento. El legislador, en estricto rigor, no ejecuta la Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales - que en el tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio básico del pluralismo - y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebrante’[100].”
5.2. En el ordenamiento jurídico colombiano el principio de legalidad se desprende del artículo 29 superior que preceptúa que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes prexistentes al acto que se le imputa, siendo reflejo de múltiples instrumentos internacionales que consagran esa garantía dentro del derecho fundamental al debido proceso[101].
Dicho principio, según explica Eduardo M. Jauchen[102], se deriva además del enunciado proveniente del tradicional nullum crimen sine lege, que implica la reserva legal acorde con la cual, entre otros aspectos: (i) no pueden existir delitos cuya génesis sea distinta a la ley; (ii) se impide su aplicación ex post facto o retroactiva (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia); tampoco puede hacerse analógicamente o en aplicación del derecho consuetudinario (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta).
Se allega a la referida conclusión atendiendo que el principio de legalidad debe ser analizado desde un sentido amplio, como claman algunas voces indicando que esa garantía tiene su génesis en la Constitución, luego se trata de “una constitucionalización normativa de las limitaciones, afectaciones o restricciones de derechos fundamentales u ordinarios”[103].
Acorde con lo consignado, se puede afirmar que el principio de legalidad, desde un sentido amplio, conlleva que una medida legislativa, incluso permisiva, protectora o garantizadora, que afecte derechos fundamentales debe estar prevista en una norma jurídica, no sólo emanada del organismo constitucionalmente competente para ello, sino que cumpla con las razonables exigencias de ser clara, expresa y taxativa[104].
6.2. En la sentencia T-091 de febrero 10 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño[105], la Corte Constitucional realizó un breve análisis de las formas de terminación anticipada del proceso, incluso vigentes antes de la adopción del sistema penal con tendencia acusatoria, contenido en la Ley 906 de 2004.
Allí se indicó que acorde con el artículo 293[106] ibídem, la aceptación unilateral de los cargos por el indiciado o imputado, puede presentarse de dos formas durante la formulación de imputación: “una unilateral y otra preacordada. La primera implica para el investigado ‘allanarse a la imputación y obtener una rebaja de pena’ tal como lo señala el artículo 288[107] numeral 3° del estatuto en cuestión, que remite para efectos de cuantificación al artículo 351 que contempla una rebaja de hasta de la mitad de la pena imponible”[108].
Luego de reseñar las normas de la Ley 906 de 2004 relacionadas con la aceptación de cargos en la audiencia preparatoria[109] o durante el juicio oral[110], en el fallo citado se advirtió que dicho estatuto “contempla los diferentes estadios procesales (audiencia de formulación de imputación, audiencia preparatoria y juicio oral) en que es posible al procesado realizar una aceptación unilateral de cargos –allanamiento-, previendo a su vez la consecuencia punitiva gradual que se deriva de tal actitud procesal, acorde con cada uno de esos momentos. Una rebaja de hasta la mitad de la pena, cuando la aceptación se produce en la diligencia de imputación, de hasta una tercera parte cuando ocurre en la audiencia preparatoria y de una sexta cuando se presenta en la alegación inicial del juicio oral”.
En el fallo de esa corporación de septiembre 15 de 2011 (rad. 36.502, M. P. Alfredo Gómez Quintero) referido ampliamente en los antecedentes de esta providencia, se explicó que en un primer momento la Sala de Casación Penal sostenía que el allanamiento o la aceptación de cargos era una forma de negociación, propia del “derecho penal premial”, por encontrarse en el título de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado.
‘el novedoso sistema está diseñado para que a través de las negociaciones y acuerdos se finiquiten los procesos penales, siendo esta alternativa la que en mayor porcentaje resolverán los conflictos, obviamente sin desconocer los derechos de las víctimas y de los terceros afectados con la comisión de la conducta punible, partes que en este esquema recobran un mayor protagonismo dentro del marco de justicia restaurativa.’[111]
En la sentencia citada se explicó que en una decisión de abril 8 de 2008 (rad. 25.306, M. P. Augusto J. Ibáñez Guzmán), la Sala de Casación Penal indicó que en el allanamiento o aceptación de cargos no existe acuerdo entre el ente instructor y el imputado o acusado.
‘se observa razonable interpretar que si bien los acuerdos y negociaciones son notas singulares del nuevo sistema procesal pero el allanamiento a cargos tiene unos matices respecto de los cuales no es totalmente asertivo decir que se corresponda con la misma filosofía de los primeros, la Sala no casará el fallo impugnado, porque una nueva observación indica que esta institución no es especifica del nuevo procedimiento, a la misma no subyace una relación consensuada entre fiscal e imputado y por tanto puede ser observada como homologable con la sentencia anticipada.’[112]
Mientras que los preacuerdos, además de constituir un acto consensuado entre la fiscalía y el imputado o acusado, según el caso, éste puede recaer sobre la eliminación de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico y la tipificación de una conducta dentro de su alegación conclusiva con el fin de disminuir la pena, según lo reglado en el artículo 350, incisos 1° y 2°, de la Ley 906 de 2004, y acordar también lo referente a los hechos y sus consecuencias y el quantum a imponer en la determinación de la pena (artículo 351, inciso 2°, de la citada ley).’[113]”
“Por el contrario, resulta oportuno recordar que aun cuando el consenso y el derecho premial son características del sistema acusatorio, las distintas formas de terminación anticipada del proceso previstas en la Ley 906 de 2004 tienen origen en una u otra de ella; mientras los preacuerdos son producto de la primera[114], el allanamiento o aceptación de cargos son propios de la segunda.
En ese contexto no hay duda que la proporción extrema no puede operar, en la medida en que –por regla general- de una situación de flagrancia normalmente se derivan sin mayor dificultad los elementos de convicción que permiten –así sea con agotamiento del trámite normal- el proferimiento de un fallo condenatorio. El apoyo que a la sentencia ofrece el allanamiento en un caso de flagrancia no es otro que el de la simple economía procesal y el premio a esa sola consecuencia se refleja justa y proporcionadamente en el 35 ó 40% que viene predicando la Sala[115].”
A continuación, esa corporación explicó que la modificación legislativa “es una inconsistencia más del legislador de los últimos años”[116], al punto que hay voces que consideran que la reforma aprobada por el Congreso al artículo 301 de la Ley 906 de 2004 no modificó otras normas relacionadas con eventuales rebajas punitivas en etapas posteriores a la imputación, dando lugar a que el imputado capturado en flagrancia se abstuviese de aceptar cargos, para esperar una mejor rebaja posteriormente.
Así las cosas, los verdaderos sentido y alcance de la restricción de ¼ parte de la rebaja de pena en los casos de flagrancia conduce a concluir que tal guarismo es único y que tiene aplicabilidad con independencia de las etapas del proceso o en cualquiera de los momentos u oportunidades en que el imputado o acusado acepte los cargos, bien sea por allanamiento, o por preacuerdo con el Fiscal.
8.4. Posteriormente, la Sala de Casación Penal aclaró el sentido del fallo de septiembre 5 de 2011, ampliamente analizado. En decisión de julio 11 de 2012 (Rad. 38.285, M. P. Fernando Alberto Castro Caballero) precisó entonces el alcance del contenido normativo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011.
Art. 356 N. 5
8.33% (1/4 de la tercera parte)
Modelo de rebaja
Tradicionalmente el principio de legalidad en materia penal, como se indicó con antelación, prohíbe la aplicación analógica, esto es, “transportar la aplicación de una norma jurídica que regula una determinada conducta a otro caso cuyos supuestos de hecho son diferentes pero semejantes”[117], pues se generaría un desconcierto e incertidumbre sobre aquellos comportamientos que están concretamente prohibidos.
Con todo, como bien indica Eduardo M. Jauchen, aunque el ideal propuesto por Cesare Beccaria es que “ni siquiera la facultad de interpretar la ley puede atribuirse a los jueces penales, por la sencilla razón de que éstos no son legisladores”, lo cierto es que en la actualidad[118]:
“todos los conceptos que integran el tipo penal, como toda norma en general, son susceptibles de varios significados. La problemática lingüística añadida a su vez a la subjetividad del juez que la interpreta pueden conducir inexorablemente a interpretaciones diversas aun ciñéndose el juez a criterios interpretativos objetivos y restrictivos. Al legislador le compete tipificar la conducta delictiva en forma clara, precisa y determinada; luego, dentro de ese marco delimitado por el ‘sentido literal posible en el lenguaje corriente del texto de la ley’, el juez efectuará la interpretación ‘considerando el significado literal más próximo, la concepción del legislador histórico, el contexto sistemático legal, y según el fin de la ley’[119].”
Con todo, la doctrina especializada puntualiza que tal restricción se relaciona directamente con las partes general y especial de los Códigos Penales: “La prohibición de la analogía tiene aplicación en la Parte especial de la legislación penal en cuanto a la determinación literal del tipo y también respecto a la pena que se conmina. En cuanto a la Parte general debe prohibirse la analogía a cualquier precepto que amplié la punibilidad más allá de los tipos de la Parte especial.”[120]
(i) Si se allana a los cargos en la audiencia de formulación de la imputación solo obtendrá “hasta”[121] una cuarta parte del beneficio allí reglado, esto es, la disminución podrá ser hasta el 12.5%, a saber, el descuento punitivo hipotéticamente sería hasta de 30 meses, teniendo como sanción definitiva 210 meses de prisión, como mínimo.
(ii) Si la aceptación ocurre en la audiencia preparatoria, el sujeto tendrá derecho a una rebaja “hasta”[122] de 1/4 parte del beneficio establecido en el artículo 356 de la Ley 906 de 2004, es decir, la disminución podrá ser hasta el 8.33% de la pena individualizada, es decir, en el presente ejemplo, la rebaja sería hasta de 20 meses, teniendo como sanción definitiva 220 meses como mínimo.
(iii) Finalmente, si el allanamiento a los cargos tiene lugar durante el inicio del juicio oral, el aceptante tendrá derecho a una rebaja equivalente a 1/4 de la 1/6 parte que reconoce el artículo 367[123] ibídem, es decir, una rebaja fija del 4.16%, como quiera que dicha norma no da lugar a la discrecionalidad como acontece en los dos supuestos anteriores ya explicados. Así, en la hipótesis planteada, la rebaja sería de 10 meses, correspondiendo la condena definitiva a 230 meses.
A LA SENTENCIA C-645/12
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 2011“Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones que me llevaron a aclarar el voto en la presente sentencia. Si bien comparto el criterio de la mayoría, considero necesario hacer algunas precisiones sobre la línea argumental seguida en la sentencia.
Una flagrancia aporta valiosos elementos de prueba para establecer responsabilidad penal, sin embargo no por ello se asume que con la flagrancia quedan probados todos los elementos constitutivos de la responsabilidad, de modo tal que siempre resulte inidónea la contribución a la justicia que presta la persona capturada en flagrancia cuando decide aceptar cargos. La ausencia de causales de justificación y de exclusión de la culpabilidad requiere de otros medios de prueba que no se aportan con la circunstancia misma de la captura en flagrancia y suelen ser objeto de un debate que se escenifica en el proceso. Renunciar a que este debate tenga lugar, a que el Estado deba aportar las pruebas de que se verifican, además de la tipicidad objetiva de la conducta, también la tipicidad subjetiva, la antijurídica y la culpabilidad, es lo que el capturado en flagrancia entrega a cambio de obtener una módica rebaja de pena. Incluso renuncia a controvertir la existencia misma de la captura en flagrancia, que dada la ampliación de la figura que llevada a cabo por el art. 351 del Código de Procedimiento Penal, se ha convertido en una cuestión que da lugar a muchas e interesantes discusiones procesales.
En una sentencia reciente la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la aplicación del aumento de penas establecido por el art. 14 de la Ley 890 de 2004 para todos los delitos del Código Penal no estaba justificada, por desproporcionada, en aquellos casos en los que el propio legislador ha prohibido la aplicación de rebajas de penas por confesiones y preacuerdos. Ellos por cuanto la única razón que en su momento adujo el legislador para justificar el incremento general de las penas que se impuso con la Ley 890, fue adecuar el marco punitivo previsto inicialmente en el Código Penal a las nuevas condiciones establecidas por el sistema acusatorio, cuyo funcionamiento eficaz se ha hecho depender de la posibilidad de garantizar que no todos los casos leguen a juicio a través del establecimiento de mecanismos de justicia premial como las rebajas de penas por confesión y preacuerdos.[124]
Una de las consecuencias que se desprende de la tesis de excluir por regla general las rebajas de penas en casos de flagrancia, sería que también para estos casos resultaría injustificado tasar la pena teniendo en cuenta el incremento general de la Ley 890 de 2004, establecido para todos los delitos y supuestos precisamente sobre la base de que ese incremento sería el “plus” con el que el Estado contaba para poder luego rebajarlo en casos de colaboración sin alterar el marco general de penas.
Las consecuencias que se han derivado del progresivo desmonte del sistema premial establecido con la reforma al procedimiento penal, debido a la apropiación de una serie de reformas penales que niegan la posibilidad de ofrecer beneficios por colaboración para una gran cantidad de delitos, han ocasionado una gran congestión para un sistema penal incapaz de procesar todos los casos que recibe. Se ha sostenido la tesis de que en los casos de flagrancia no se justifica apelar a los mecanismos de justicia premial, pero esos asuntos conforman una gran parte de los delitos que hoy debe procesar el sistema penal y, van a quedar sin la posibilidad de terminar anticipadamente por el allanamiento a cargos de los procesados.
[1] El demandante hizo referencia a la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de septiembre 6 de 2011, rad. 36502, M. P. Alfredo Gómez Quintero, en particular al salvamento de voto contra esa decisión presentado por el Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez (cfr. fs. 14 a 16 ib.).
[2] El actor incluyó en sus argumentos un fallo del Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín, rad. C. U. I. 05-001-60-00-206-2011-80396 (cfr. fs. 9, 10 y 14 cd. Corte).
[3] El artículo 351 de la Ley 906 de 2004, preceptúa (no está en negrilla en el texto original): “Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
[4] Cfr. fs. 16 y 17 ib..
[5] “Artículo 352. Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.
Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte.” (No está en negrilla en el texto original)
[6] “Artículo 367. Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.
Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente se procederá a la presentación del caso.” (No está en en negrilla en el texto original)
[7] Fs. 16 y 17 ib..
[8] Cfr. fs. 14 a 16 ib..
[9] “Salvamento de voto, Dr. Sigifredo Espinosa Pérez, del 6 de septiembre de 2011, a sentencia 36.502 del 5 de septiembre (de 2011), Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, M. P. Alfredo Gómez Quintero.”
[10] Fs. 14 y 15 ib..
[11] F. 15 ib..
[12] Íd..
[13] “Sentencia de casación 36.502, del cinco de septiembre de 2011, M. P. Alfredo Gómez Quintero.”
[14] Fs. 15 y 16 ib..
[15] F. 22 ib..
[16] Cfr. f. 23 ib..
[17] Íd..
[18] F. 24 ib..
[19] F. 25 ib..
[20] Íd..
[21] F. 27 ib..
[22] Cfr. fs. 88 a 92 ib..
[23] F. 90 ib..
[24] Fs. 90 y 91 ib..
[25] Cfr. fs. 101 a 113 ib..
[26] F. 113 ib..
[27] “Basta recordar la incesante polémica surgida en las Altas Cortes a raíz de la falta de técnica legislativa en el capítulo de los preacuerdos que contiene la Ley 906 de 2004, porque inicialmente se llegó a sostener por parte de la H. Corte Suprema de Justicia que el allanamiento o la aceptación de los cargos era una subespecie de preacuerdo y que en atención a ello debía seguir el mismo entendimiento de éstos; empero, con posterioridad, la H. Corte Constitucional concluyó que una cosa era la figura de la aceptación unilateral de los cargos y otra la figura del preacuerdo bilateral, razón por la cual no se debían confundir, mezclar o de alguna forma entrelazar como formas de terminación anticipada del proceso (cfr. a ese respecto la sentencia T-091/06).”
[28] Cfr. fs. 101 y 102 ib..
[29] Cfr. fs. 103 y 104 ib..
[30] Rad. 660016000035201102471, M. P. Jorge Arturo Castaño Duque.
[32] Cfr. fs. 107, 109 y 110 ib..
[33] Cfr. fs. 114 a 126 ib..
[34] F. 117 ib..
[35] Fs. 118 y 119 ib..
[36] Cfr. f. 119 ib..
[37] F. 120 ib..
[38] F. 122 ib..
[39] Íd..
[40] F. 124 ib..
[41] Íd..
[42] Cfr. fs. 127 a 133 ib..
[43] F. 129 ib..
[44] Fs. 129 y 130 ib..
[45] F. 130 ib..
[46] F. 131 ib..
[48] F. 132 ib..
[49] Cfr. fs. 134 a 142 ib..
[50] F. 141 ib..
[51] Cfr. fs. 151 a 160 ib..
[52] F. 160 ib..
[53] Cfr. f. 153 ib..
[54] F. 158 ib..
[55] Fs. 158 y 159 ib..
[56] Cfr. fs. 161 a 164 v. ib..
[57] Cfr. fs. 161 v. y 162 ib..
[58] Cfr. fs. 162 v. a 164 v.
[59] Cfr. fs. 165 a 181 ib..
[60] Cfr. fs. 177 y 178 ib..
[61] F. 178 ib..
[62] Cfr. fs. 200 a 211 ib..
[63] Cfr. fs. 202 y 203 ib..
[64] F. 203 ib..
[65] F. 210 ib..
[66] Fs. 210 y 211 ib..
[67] Cfr. fs. 213 a 240 ib..
[68] Rad. 523566000514201180357-01, M. P. Jesús Ángel Bobadilla Moreno, donde salvó el voto el Magistrado Cristian Gabriel Torres Sáenz (cfr. f. 213 ib.).
[69] F. 230 ib..
[70] Cfr. fs. 241 a 252 ib..
[71] Cfr. f. 245 ib..
[72] “Artículo 95 inciso 3 numeral 7 – Constitución Política de Colombia.”
[73] Cfr. fs. 249 a 251 ib..
[74] F. 251 ib..
[75] Cfr. fs. 251 y 252 ib..
[76] Cfr. fs. 254 a 261 ib..
[77] Fs. 260 y 261 ib..
[78] F. 261 ib..
[79] C-131 de abril 1° de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros.
[80] Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[81] C-1052 de 2001, previamente citada.
[82] Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y sentencias C-1052 de octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas esos fallos con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[83] Sentencias C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
[84] C-1052 de 2001 previamente citada.
[85] Reiterada recientemente en los fallos C-533 de julio 11 y C-589 de julio 25 de 2012, ambos con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla.
[86] “Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.”
[87] “Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.”
[88] “Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.”
[89] Cfr., entre otras, la sentencia C-569 de junio 8 de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[90] Íd..
[91]“Sentencia C-690 de 1996, Fundamento 4. En el mismo sentido, ver sentencias C-496 de 1994. Fundamento Jurídico No 2 y sentencia C-426 de 2002, Fundamento 3.10.”
[92] Cfr. C-569 de 2004, ya citada.
[93] En la sentencia C-842 de 2010, la Corte sintetizó lo consignado en los fallos C-1453 de octubre 25 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán Sierra; C-557 de mayo 31 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-426 de mayo 29 de 2002, y C-207 de marzo 11 de 2003, ambos con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil; C-569 de junio 8 de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes; C-802 de agosto 20 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y C-309 de abril 29 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[94] C-426 de 2002, ya reseñada.
[95] Cfr. C-1436 de 2000, referida en el fallo C-842 de 2010.
[96] Cfr. C-569 de 2004, reiterada en el fallo C-842 de 2010.
[97] C-842 de 2010, recordando lo consignado en la sentencia C-569 de 2004.
[98] En el fallo C-070 de febrero 22 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se explicó: “en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al Legislador le está vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer las penas de muerte (CP art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (CP art. 34), así como someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CP art. 12). Por otra parte, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (CP art. 2). La dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
[99]“Ver, por ejemplo, Sentencia C-127/93. M. P. Alejandro Martínez Caballero.”
[100]“Corte Constitucional. Sentencia C-531/93 del 11 de noviembre de 1993. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[101] Al respecto, véase, entre otros, la Declaración de los Derechos del Hombre (art. 11.2); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXVI); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8).
[102] Cfr. Jauchen, Eduardo M. “Derechos del imputado”. Rubinzal – Culzoni Editores. Buenos Aires, 2005, págs.. 88 y ss.
[103] Londoño Ayala, César Augusto. Principio de proporcionalidad en el derecho procesal penal. Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2009, pág. 165.
[104] En el texto Principio de proporcionalidad en el derecho procesal penal, citando a González - Cuellar Serrano, Nicolás (proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Ed. Colex, 1990, Pág. 69), se afirma: “El principio de legalidad determina que toda medida (incluso las permisivas, protectoras, garantizadoras) limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista por normas jurídicas, atendiendo al principio de Bloque de Constitucionalidad contentivo de la siguiente prescripción: en el caso en que una norma jurídica tenga por objeto limitar, afectar o restringir derechos fundamentales u ordinarios deberá observar los siguientes requisitos: (i) debe ser escrita, expresa, taxativa, clara; (ii) no admite interpretación analógica, extensiva ni deductiva en otras modalidades y (iii) solamente admite interpretación literal. Se suma, que la decisión de limitación, afectación o restricción ha de provenir de un ente constitucionalmente predeterminado para tal efecto.”
[105] En aquella oportunidad la Corte Constitucional confrontó la figura de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, y estatutos procesales anteriores, y el allanamiento a los cargos contenido en la Ley 906 de 2004.
[106] El artículo 293 de la Ley 906 de 2004 inicialmente señalaba:
Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia.”
Parágrafo. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales.”
[107] El artículo 288 de la Ley 906 de 200 preceptúa: “Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:
3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351.”
[108] No está en negrilla en el texto original.
[109] El numeral 5 del artículo 356 de la Ley 906 de 2004 señala que durante el desarrollo de la audiencia preparatoria el juez dispondrá: “Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario.”
[110] El artículo 367 de la Ley 906 de 2004 indica: “Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.
Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente se procederá a la presentación del caso.”
[111] “Casación de agosto 23 de 2005, radicación 21.954.”
[112] “Casación abril 8 de 2008, radicación 25.306.”
[113] “Ídem.”
[114] “Auto de septiembre 13 de 2010, radicación 34.493”
[115] “Al respecto ver providencias: Rad. 30273 (09/12/2010); 27263 (29/07/2008); 33754 (15/06/2011); 29902 (09/12/2010); 28222 (30/06/2010); 31061 (24/03/2010); 30550(24/03/2010).”
[116] Al respecto, en la Sala de Casación Penal señaló en el fallo citado: “Ahora bien, alrededor del novedoso parágrafo del modificado art. 301 de la L 906/04, puede advertirse que es una inconsistencia más del legislador de los últimos años, como cuando previó que para un delito con pena mínima de 4 años eran procedentes tanto la detención preventiva como una medida no privativa de la libertad (cf arts 313-2 y 315), ó como cuando en temas de allanamiento a cargos en la audiencia preparatoria (art 356-5) señaló que la reducción de pena sería de hasta una tercera parte “conforme lo previsto en el art 351”, referencia ésta a una actuación procesal ya agotada para ese momento.”
[117] Jauchen, Eduardo M., “Derechos del imputado”, ob. cit. pág. 91.
[118] Id., pág. 92.
[119] “Roxin, Derecho Penal. Parte general cit., t. I, ps. 148-149.”
[120] Jauchen, Eduardo M., ob. cit. pág. 93.
[121] El inciso inicial del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 preceptúa (no está en negrilla en el texto original): “La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación”.
[122] El numeral 5 del artículo 356 de la Ley 906 de 2004 señala: (no está en negrilla en el texto original): “5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario”.
[123] El inciso segundo del artículo 367 de la Ley 906 de 2004 preceptúa (no está en negrilla en el texto original): “De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados.”
[124] CSJ, Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de febrero de 2013, M.P. José Leónidas Gómez, Rad. 33254.