Source: https://odhbsas.wordpress.com/2012/12/17/informe-2012-derecho-a-la-salud/
Timestamp: 2018-06-23 17:32:25
Document Index: 88546733

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INFORME 2012 – DERECHO A LA SALUD | OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS - ODH
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Nos encontramos así frente a la paradoja de que lugares dispuestos para el cuidado de la salud pública son peligrosos.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley básica de Salud, las leyes nacionales 19.587 y 24.557 y el Convenio Colectivo de Trabajo de los profesionales de la salud conforman el marco en el cual deberían cumplirse las normas.
La obligación del Gobierno de la Ciudad es garantizar condiciones y medio ambiente de trabajo sano y seguro.
El 22 de mayo, la vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal visitó en el hospital los pabellones damnificados y aseguró: “En cuanto al pabellón afectado por el siniestro, se prevé que estará totalmente reacondicionado a mediados de junio”.
El 10 de julio, sin cambios significativos en el lugar, y pasado un mes de la promesa oficial, los trabajadores del Hospital Álvarez, legisladores y vecinos realizaron un “abrazo al hospital” y denunciaron que estaba funcionando al 20% de su capacidad, debido al atraso de las obras. Prueba de ello era que los sectores de Odontología, Kinesiología, Oftalmología y Hemoterapia permanecían cerrados desde el incendio (enero 2012). Médicos, enfermeros y trabajadores cortaron la calle Aranguren al 2700, en el barrio de Flores, en reclamo de la finalización de las obras prometidas por el gobierno porteño tras el incendio.
En esa oportunidad se pidió audiencia con el entonces ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, debido a la demora en la iniciación de las obras para la reconstrucción del Pabellón D del hospital. No hubo respuesta al reclamo.
Hasta la fecha (noviembre de 2012) aún se desconocen los motivos del incendio y los resultados de las pericias; tampoco se sabe en qué Juzgado se encuentra abierta la causa. Esto genera incertidumbre y malestar, ya que si fue un desperfecto eléctrico (accidente) sería importante saber si ocurrió por falta de mantenimiento o algún motivo evitable. Y si se debió a un hecho intencional (atentado) también es necesario saber con qué grado de seguridad se cuenta y qué medidas de seguridad se tomaron. Se está trabajando de manera incómoda, insegura e indigna.
El traslado de la Guardia al Pabellón A redujo el número de camas de 10 a 3. Además se comparte el lugar con un Shock Room en un espacio pequeño e inadecuado. Desaparecieron los consultorios de Guardia, debiendo atender en el pasillo de la Clínica Médica. El tráiler y el consultorio de demanda espontánea resultan insuficientes para aliviar el trabajo en el servicio de urgencias.
Esta situación afectó a todo el personal administrativo y profesional, que debió reacomodarse en espacios más pequeños y no acordes con la función.
Los trabajadores del hospital continúan en asamblea y crearon una Comisión para seguimiento y control de las obras que comenzaron en agosto y todavía están en los inicios. En la página web del Hospital Álvarez, con fecha 15 de octubre de 2012 dice: “Continúan sin demoras las tareas de reconstrucción del segundo piso del Pabellón D. Se terminaron los trabajos de demolición total”. Es decir que hasta la fecha no se ha realizado la reconstrucción de Pabellón D.
Además falta seguridad en las entradas de cada pabellón, los cuales en algunos casos ni siquiera tienen puertas de acceso. Esto ha ocasionado que cualquiera pueda entrar a todos y a cualquiera de los lugares, generando inseguridad e incertidumbre entre los profesionales y los pacientes
A casi un año del incendio y sin saber fehacientemente las causas del mismo, los trabajadores y pacientes se encuentran hacinados, los sectores siguen funcionando a menos del 40% y nada hace pensar que al cumplirse el primer aniversario del incendio (10/01/13) la situación sea mejor.
INTENTO DE ABRIR UNA CASA DE MCDONALD’S EN EL HOSPITAL GUTIÉRREZ
El derecho a la salud en la Constitución porteña define en su artículo 21, inciso 13, que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen”. Mientras que el artículo 27 sostiene que “la Ciudad desarrollará en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana”.
En mayo de 2012 se firmó un convenio entre el presidente de la Asociación Civil Casa Ronald McDonald´s y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Luego Macri presentó un proyecto de ley en la Legislatura que le da permiso a esta Asociación para el uso gratuito y precario por 20 años sobre un predio de 400 metros cuadrados dentro del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la finalidad de que se construya allí una casa de descanso para las familias que acompañen a los niños internados en ese centro pediátrico.
El proyecto Nº 1.283/2012 pretende que los legisladores porteños ratifiquen el convenio —ya firmado—, sin que exista la autorización ni habilitación pertinente. Se había dado inicio a las obras con el tendido de la red de gas y la tala de cinco árboles ubicados en el pulmón de manzana. Esto no sólo constituye una alteración de los procedimientos legales fijados por la Carta Magna de la Ciudad en sus artículos 82 inciso 5, 89 inciso 5 y 104 inciso 23, que establecen la obligatoriedad de la aprobación de la Legislatura para este tipo de cesiones y los procedimientos para ello, sino también un avasallamiento al principio de división de poderes.
Por otra parte, en una actitud que demuestra el desprecio del partido gobernante a las instituciones y al bienestar de los ciudadanos, el proyecto sólo iba a ser tratado por la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. A pesar de las implicancias del mismo en el área de salud, el PRO se negó a que fuera girado a esa Comisión.
A pesar de la precariedad y decadencia de las instalaciones de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto para el mejoramiento es subejecutado sistemáticamente. Sin duda, resulta pertinente la construcción de una obra tan necesaria como un lugar para alojar a las familias cuyos hijos se encuentran en tratamiento en el hospital. Aun así, esta obra es una responsabilidad primaria del Estado de la Ciudad, y la iniciativa del jefe comunal de delegarla en el sector privado significa —una vez más— desatender sus obligaciones como administrador de los fondos de los ciudadanos porteños.
Más allá de la reprobación ideológica que merece el proyecto, que pretende “privatizar” un espacio público y un servicio de salud, y las irregularidades en su trámite, el mismo se encuentra en clara violación con las disposiciones sustanciales de la Constitución de la Ciudad.
Asimismo, en lo que termina de convertir una obra totalmente necesaria en algo objetable, se suma el hecho de que la construcción de la Casa no sería con fines simplemente altruistas, sino que el citado proyecto de ley incluye un permiso para que la Casa Ronald McDonald´ s coloque su nombre, logo e insignias. Esta autorización hubiera significado en la práctica canjear una obra benéfica por publicidad, en búsqueda de legitimidad y posicionamiento de una marca relacionada con “comida chatarra”, que resulta dañina para la salud de los niños y contra cuya dominancia en el mercado tienen que batallar diariamente pediatras, especialistas en hipertensión arterial, nefrólogos y nutricionistas infantiles del Hospital.
Afortunadamente, la obra fue suspendida, mediante el dictado de una medida cautelar de no innovar, por la jueza Elena Liberatori en el marco de un recurso de amparo presentado por el legislador Jorge Selser, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura. La orden frena la construcción hasta tanto el permiso de uso sea aprobado por la Legislatura o se dicte sentencia definitiva en el caso.
ESCASA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS)
Es importante aclarar los dos conceptos y prácticas diferentes de la “atención primaria”. Por un lado, la APS como primer nivel de una red de salud, y por otro, la APS como una estrategia comunitaria de salud.
El primero da cobertura de medicina general y de acciones preventivas. Es el acceso a una red asistencial de complejidad creciente. Se considera que el 70% de los problemas de salud pueden solucionarse en este nivel (Ley de Barquín).
Esta visión estudia al paciente como una unidad, ante la fragmentación provocada por las especialidades. Y además ordena la demanda, evitando la autoderivación, que sigue siendo unilateral; ve la salud desde la enfermedad y desde las instituciones profesionales dedicadas a ella.
La estrategia de atención primaria es el derecho a la salud ejercido por y desde la comunidad, a partir de sus necesidades. Allí se ubica al recurso médico, de enfermería, psicólogo, trabajador social; no en una central burocrática sino en la base para intercomunicar con la gente.
Con ese criterio se ha trabajado durante varios años, para demostrar que es factible y viable. El médico de familia y el grupo de apoyo están en contacto regular con los grupos a cargo. Se establece una red horizontal de relaciones. Este sistema rápidamente sobrepasa los límites de la patología tradicional y evidencia la real situación de salud de la población a su cargo.
En la Ciudad de Buenos Aires no funciona como estrategia de Atención Primaria de la Salud, sino como primer nivel de atención, a pesar de que la ley lo explicita, detalla y otros documentos oficiales lo afirman:
Ley 153, art. 2º, inciso b): La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, como medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con respecto a su vida y su desarrollo, y c): La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud. “La acción siempre es desde las políticas participativas, estimulando la gestión comunitaria y barrial de los vecinos y usuarios de salud.”
Es fundamentalmente asistencial. Las acciones que la exceden son por el esfuerzo de algunos equipos, en algunos Centros de Salud, pero en forma aislada y vocacional; no encarada como una política general que desarrolle la estrategia.
Pero aun así, como mero nivel de atención médica, no funciona adecuadamente.
Integran este primer nivel de atención de la CABA:
– 38 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC)
– 37 Centros médicos barriales (grupos de médicos que alquilan consultorios en un mismo local).
– 286 médicos de cabecera
– 57 odontólogos de cabecera
– Consultorios externos de los hospitales
No existe un funcionamiento aceitado en red y siguen existiendo serios problemas con la referencia/contrarreferencia, la derivación escrita del médico de familia al especialista y su correspondiente respuesta. Los médicos de cabecera realizan acciones estrictamente asistenciales, como cualquier médico privado en una relación individual médico-paciente, sin ningún vínculo con la estrategia de APS.
La APS en la Ciudad de Buenos Aires no funciona como una verdadera estrategia de salud. No configura un referente de atención primaria para los habitantes, sobre todo en los barrios más postergados. La mayoría de los CESAC no convocan a los vecinos para conocer los problemas de salud del barrio, los temas prioritarios a tratar y las posibles soluciones que puedan encontrarse en red.
SALUD MENTAL: SITUACIÓN EN EL HOSPITAL BORDA
El artículo 21 de la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la salud mental, estableciendo en el inciso 12 que las políticas en esa materia deben reconocer la condición de “sujetos de derecho” de los asistidos.
En ese marco, fueron dictadas las leyes Nº 153 (Ley Básica de Salud de la CABA) y Nº 448 (Ley de Salud Mental), que en particular encomienda al Estado local su función “como garante y responsable del derecho a la salud mental individual, familiar, grupal y comunitaria. Evitando políticas, técnicas y prácticas que tengan como fin el control social”. En esa misma sintonía, rige también a nivel nacional la ley Nº 26.657.
Con respecto a las políticas de salud mental, la gestión actual de la Ciudad no ha considerado prioritario realizar inversiones en este sentido.
Ello se vislumbra de manera muy elocuente en la situación alarmante que sufre el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial “José Tiburcio Borda”, emblemático centro de salud mental que funciona en el barrio de Barracas.
Desde el año 2007, con el arribo del PRO a la administración del gobierno de la Ciudad, la situación del Borda se ha visto agravada. Desde los problemas edilicios, ya que no se han realizado las tareas de mantenimiento necesarias, resultando obsoleta la red eléctrica utilizada y suscitándose graves problemas con el suministro de gas. Como ejemplo basta recordar que durante 2011 existió un corte del suministro que se mantuvo durante los meses de la época invernal, condición que tampoco ha sido resuelta en forma definitiva. A todo esto se suman otros problemas, como la falta de personal y las gravísimas denuncias con respecto a altas de pacientes que, utilizando el pretexto de la resocialización, son externados sin contención médica ni emocional. Se dejó así en la calle a personas que no tienen un proyecto de vida, que no pueden sobrevivir solas, ni saben cuidarse. Se intenta vaciar paulatinamente el Hospital Borda y se genera una situación alarmante, ya que en la mayoría de los casos los externados terminarán durmiendo en las calles de la ciudad por las deficientes políticas de salud mental.
Además, cabe señalar que este año se le han sustraído al Hospital Borda terrenos donde se realizaban talleres de rehabilitación y recreación, tendientes justamente a lograr la reinserción social de los internos y cumplir así con el objetivo previsto en la Constitución de la Ciudad de propender a la “desinstitucionalización progresiva” de los asistidos (art. 21, inc. 12, CN CABA).
Específicamente, en el mes de agosto de 2012, efectivos de la Policía Metropolitana irrumpieron por la fuerza durante el horario nocturno. Sin autorización judicial vallaron los terrenos donde funcionaba el Taller Protegido Nº 19 y la cancha de fútbol (único espacio de recreación deportiva de los pacientes).
El violento proceder de la Metropolitana permitió iniciar la demolición y ocupación de esa zona con el fin de emplazar allí el Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires.
Tal situación constituye un retroceso para el estado de salud de los pacientes del Hospital Borda, que en el Taller Protegido —donde ya que se les enseñaba el oficio de carpintería y herrería, entre otros— encontraban una metodología de rehabilitación.
El hecho grafica claramente que el Poder Ejecutivo de la Ciudad, lejos de proponer el inicio de medidas tendientes a revertir la pésima situación del emblemático Hospital Borda para garantizar el derecho a la salud mental, tal como lo manda la Constitución, prioriza la utilización del gasto público en la construcción del Centro Cívico justamente en los terrenos de este hospital, apuntando al desarrollo de negocios inmobiliarios.
El actual interventor del Borda y subsecretario de Planificación Sanitaria de la Ciudad, Néstor Pérez Baliño, afirmó que esos terrenos ya habían sido cedidos por el Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Urbano, demostrándose en los hechos la intención política del Gobierno de la Ciudad de reducir el sistema de salud pública.
Pero claramente podemos ver que la gestión actual no sólo viola el derecho humano a la salud mental por omisión. Particularmente, y en forma alarmante, este año la situación del Borda, viola ese derecho por acción.
El deplorable estado del Hospital Borda agrava los problemas de salud de los pacientes, que ven demorada su resocialización por la inoperancia sistemática de la gestión de gobierno y por el violento avance sobre sus espacios de rehabilitación.
Insistimos, esta situación claramente demuestra que se está privilegiando el negocio inmobiliario por sobre la salud pública, soslayándose lo ordenado por la Constitución de la Ciudad que obliga al Estado a crear una red de servicios de protección social.
Cabe destacar que en el mes de octubre la justicia porteña dictó una medida cautelar ordenando al Gobierno porteño la suspensión de las obras del Centro Cívico, en tanto bajo el lugar de la construcción existen yacimientos arqueológicos urbanos (túneles, sótanos, pasadizos, que conectan el Hospital Borda con el Hospital Braulio Moyano), los que podrían ser destruidos en caso de continuarse las obras sin realizar previamente un estudio del impacto ambiental, ocasionándose así perjuicios irreparables.
Asimismo, la sentencia de la Dra. Patricia López Vergara, del Juzgado Nº 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, señala que se violan varias leyes de protección de patrimonio histórico. Por ejemplo, el pabellón de Investigación en Psicopatología y Neurobiología y los parques aledaños, lugar donde parcialmente se llevará a cabo la construcción, han sido declarados “monumento histórico nacional”. Por tal motivo, se ordenó proteger el terreno donde se emplaza el Hospital Borda, así como los bienes inmuebles y muebles que lo conforman, en razón también del valor paisajístico, social y simbólico del mismo, lo cual se encuentra asimismo reconocido por el propio Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad.
De ese modo, se afectan derechos humanos de un sector de la población sumamente vulnerable, avanzando una vez más la política del PRO sobre aquellos que menos tienen. Se ve con la falta de urbanización de villas, con la persecución de personas en situación de calle, con el hostigamiento hacia vendedores ambulantes. En este caso se hostiga a aquellos que menos tienen posibilidades de salud.
FALTA DE ATENCIÓN A LA SALUD EN LAS VILLAS
Este año, nuevamente, el Gobierno de la Ciudad ha incumplido con la protección del derecho a la salud, y el derecho humano a la vida, en última instancia. Fueron cinco las muertes (entre ellas una mujer embarazada y dos niños) ocurridas en villas de la ciudad en las que el SAME —entidad estatal que se encarga de la atención médica de emergencia— no ingresó a tiempo, por razones de discriminación social, violando a su vez el derecho a la igualdad de los habitantes de estos barrios populares.
En tal sentido, el 2 de marzo de 2012, Gustavo Maldonado, habitante de la Villa 31 bis de Buenos Aires, murió al recibir una descarga eléctrica mientras intentaba reparar un caño en dicho barrio. Maldonado agonizó por espacio de casi una hora, sin que una ambulancia del SAME llegara a asistirlo, a pesar de haber sido notificado fehacientemente de la urgencia.
Los derechos humanos a la salud y a la vida fueron vulnerados en sentido doble: por el pésimo estado de los servicios públicos en la Villa 31, así como por la falta de atención médica oportuna.
Otro caso fue el del herrero Martín Genaro Chipana Flores, de 44 años, vecino de la Villa 31. El 8 de marzo murió por una descarga eléctrica, en otra muestra de la precariedad eléctrica de las villas porteñas, que vulneran derechos humanos esenciales de los habitantes porteños. Ambos casos fueron denunciados por este Observatorio ante la Justicia porteña en el expediente Nº 31.699/5. La denuncia generó una audiencia judicial y diferentes medidas de prueba a fin de poner fin a esta situación oprobiosa.
Un episodio más que ilustra la responsabilidad del gobierno porteño ante el abandono de las personas de menores recursos, ocurrió el 26 de julio de 2012 en la Villa 21. Tras un incendio desatado presuntamente a partir de un cortocircuito eléctrico, fallecieron Leonela Berrioz, embarazada, de 20 años y sus hijos, de uno y siete años, sin que acuda un médico del SAME a su auxilio. En esta ocasión, la ambulancia del sistema metropolitano de emergencias llegó a destiempo e, inexplicablemente, sin un médico a bordo.
Cabe recordar que en 2011 este Observatorio de Derechos Humanos había efectuado denuncia judicial en el expediente Nº 31.699/5 “DI FILIPPO FACUNDO MARTÍN c/ GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, ante el Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 2, a cargo del entonces juez Roberto Andrés Gallardo, ante la muerte de Humberto Ruiz en la Villa 31, cuando empleados del SAME negaron el ingreso de una ambulancia.
A partir de dicha denuncia, tras analizar el hecho y la desgrabación de las llamadas entre la ambulancia y el conmutador —prueba solicitada por este ODH— el magistrado resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada, “ordenando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, que en forma inmediata confeccione un plan estructural de Salud que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de las villas, asentamientos y complejos habitacionales (Soldati, Piedrabuena, Lugano, etc.) de la Ciudad de Buenos Aires, en tiempo oportuno y seguro, y con las medidas de contingencia necesarias para que dicho servicio no se vea interrumpido por la falta eventual de recursos humanos de la Policía Federal Argentina”.
El juez Gallardo ordenó, además, que el Gobierno disponga “un plan de protección que efectivice las garantías en las condiciones de seguridad e integridad psicofísica de los efectores y usuarios de los servicios de atención primaria de salud en los CESACs y hospitales que prestan el servicio público de salud a las comunidades afectadas (villas, asentamientos y barrios pobres de la Ciudad), proveyendo de inmediato los recursos humanos idóneos para prevenir y contener hechos de violencia y conflictividad que pongan en riesgo la integridad psicofísica de los profesionales y usuarios del servicio de salud en las villas”.
Como se ve, el Gobierno de la Ciudad, a través del SAME, ha contrariado —una vez más— la legislación vigente relativa a la vida, la salud y la igualdad de derechos que rige en la Ciudad, así como el fallo mencionado, colocando a las personas con escasos recursos, en particular, a quienes viven en villas de emergencia de la ciudad, en un lugar de mayor vulneración, por el que no gozan de los mismos derechos que el resto de los habitantes.
Queda también demostrado que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires discrimina a sus habitantes, por su condición social, negando instalaciones eléctricas seguras y la atención de urgencias médicas en las villas, hechos que produjeron varias muertes de vecinos.
Además, se desconocieron normas supranacionales, nacionales y locales que ordenaban atender la urgencia, sin discriminación por motivos sociales, un derecho consagrado específicamente en el artículo 11 y 20 de la Constitución de la Ciudad, en la Ley Básica de Salud de la Ciudad Nº 153: “Las disposiciones de la presente ley rigen en el territorio de la Ciudad y alcanzan a todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de Buenos Aires” (artículo 2) y en la ley Nº 664 de la Ciudad: “El acceso a los servicios públicos de salud, educación, justicia, promoción y acción social que brinda la Ciudad es de carácter irrestricto. Ninguna limitación a su ejercicio podrá fundarse en razones de origen, nacionalidad, raza, idioma, religión, condición migratoria o social” (artículo1).
Debe quedar claro que negar la atención médica de una persona so pretexto de prejuicios sociales vinculados a la inseguridad, además de atentar contra el derecho a la salud —y en estos casos a la vida—, es una acción discriminatoria violatoria del derecho a la igualdad.
La actuación del SAME, en estos casos, ha sido deficiente en el deber de garantizar el servicio esencial y universal de salud, soslayando a los sectores de la población que más lo necesitan.