Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:194:FULL&from=DE
Timestamp: 2020-03-29 06:55:14
Document Index: 338360617

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 41', 'Artículo 98', 'Artículo 143', 'Artículo 8', 'Artículo 75', 'Artículo 52', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 81', 'artículo 81', 'Artículo 56', 'Artículo 51', 'artículo 56', 'Artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 329', 'Artículo 107', 'Artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 10', 'Artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 236', 'artículo 101', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 107', 'artículo 158', 'artículo 160', 'artículo 119', 'artículo 160', 'artículo 9', 'artículo 75', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 191', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 41', 'Artículo 98', 'Artículo 143', 'Artículo 8', 'Artículo 75', 'Artículo 52', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 118', 'artículo 4', 'artículo 118', 'artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 215', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 75', 'artículo 265', 'artículo 265', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 110', 'artículo 148', 'artículo 110', 'artículo 102', 'artículo 92', 'e contrario', 'Artículo 73', 'artículo 90', 'artículo 73']

Diario Oficial C 194/24 d
Asunto C-26/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt (Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos concluidos entre un profesional y un consumidor — Artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 1 — Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Exclusión de las cláusulas referidas al objeto principal del contrato y a la adecuación del precio o la retribución, siempre que se redacten de manera clara y comprensible — Contratos de crédito al consumo denominados en divisa extranjera — Cláusulas relativas a las cotizaciones de cambio — Diferencia entre la cotización de compra aplicable a la entrega del préstamo y la cotización de venta aplicable a su devolución — Facultades del juez nacional en relación con una cláusula calificada como abusiva — Sustitución de una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional — Procedencia)
Asunto T-468/08: Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Tisza Erőmű/Comisión (Ayudas de Estado — Ayudas concedidas por las autoridades húngaras a determinados productores de electricidad — Acuerdos de compra de electricidad celebrados entre una empresa pública y algunos productores de electricidad — Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Obligación de motivación — Concepto de ayuda de Estado — Ventaja — Carácter selectivo — Recursos del Estado — Imputabilidad al Estado — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Derecho de defensa — Seguridad jurídica — Confianza legítima — Igualdad de trato — Proporcionalidad — Extralimitación en las facultades — Artículo 10 del Tratado sobre la Carta de la Energía)
Asunto T-179/09: Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Dunamenti Erőmű/Comisión (Ayudas de Estado — Ayudas concedidas por las autoridades húngaras a determinados productores de electricidad — Acuerdos de compra de electricidad celebrados entre una empresa pública y algunos productores de electricidad — Decisión por la que se declara la ayuda de Estado incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación — Concepto de ayuda de Estado — Ventaja — Ayuda nueva — Ayuda de funcionamiento — Confianza legítima — Seguridad jurídica)
Asunto T-637/11: Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Euris Consult/Parlamento [Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Prestación de servicios de traducción hacia el maltés — Normas relativas al modo de remisión de las ofertas — Exclusión de la oferta de un licitador — Incumplimiento de las normas de presentación que tienen por objeto garantizar la confidencialidad del contenido de las ofertas antes de la apertura — Excepción de inaplicabilidad — Proporcionalidad — Igualdad de trato — Derecho de defensa — Obligación de motivación — Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 — Artículo 143 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002]
Asunto T-17/12: Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Hagenmeyer y Hahn/Comisión [Protección de los consumidores — Reglamento (CE) no 1924/2006 — Declaraciones de propiedades saludables en los alimentos — Negativa a autorizar una declaración de reducción del riesgo de enfermedad — Designación de un factor de riesgo — Legalidad del procedimiento de autorización de las declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad — Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Afectación directa e individual — Admisibilidad — Proporcionalidad — Obligación de motivación]
Asunto T-170/12: Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Beyond Retro/OAMI — S&K Garments (BEYOND VINTAGE) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea — Marca denominativa BEYOND VINTAGE — Marca comunitaria denominativa anterior BEYOND RETRO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Obligación de motivación — Artículo 75 del Reglamento no 207/2009]
Asunto T-327/12: Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca) [Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa Simca — Concepto de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]
Asunto T-575/12: Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Pyrox/OAMI — Köb Holzheizsysteme (PYROX) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria gráfica PIROX — Marcas nacionales denominativas anteriores PYROT — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]
Asunto T-38/13: Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Pedro Group/OAMI — Cortefiel (PEDRO) [Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa PEDRO — Marca comunitaria figurativa anterior Pedro del Hierro — Denegación parcial de registro — Motivos de denegación relativos — Uso efectivo de la marca anterior — Carácter distintivo elevado de la marca anterior — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009]
Asunto T-263/12: Auto del Tribunal General de 14 de abril de 2014 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consejo (Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear — Congelación de fondos — Fuerza de cosa juzgada — Obligación de motivación — Obligación de comunicación individual — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Derecho de propiedad — Proporcionalidad — Competencia del Consejo — Desviación de poder — Error de Derecho — Concepto de apoyo a la proliferación nuclear — Error de apreciación — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno)
DO C 184 de 16.6.2014
DO C 175 de 10.6.2014
DO C 159 de 26.5.2014
DO C 151 de 19.5.2014
DO C 142 de 12.5.2014
DO C 135 de 5.5.2014
DO C 129 de 28.4.2014
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 30 de abril de 2014 — FLSmidth & Co. A/S/Comisión Europea
(Asunto C-238/12 P) (1)
((Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Sector de los sacos industriales de plástico - Decisión que declara una infracción del artículo 81 CE - Competencia jurisdiccional plena del Tribunal General - Obligación de motivación - Imputación a la sociedad matriz de la infracción cometida por la filial - Responsabilidad de la sociedad matriz en cuanto al pago de la multa impuesta a la filial - Proporcionalidad - Procedimiento ante el Tribunal General - Duración razonable del procedimiento))
Recurrente: FLSmidth & Co. A/S (representante: M. Dittmer, advokat)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y V. Bottka, agentes, asistidos por M. Gray, Barrister)
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 6 de marzo de 2012, FLSmidth/Comisión (T-65/06) mediante la cual el Tribunal General anuló parcialmente la Decisión C(2005) 4634 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2005, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/F/38.354 — Sacos industriales), sobre un acuerdo de fijación de precios y de cuotas de venta por zona geográfica, reparto de pedidos de grandes clientes, presentación de ofertas concertadas en determinadas licitaciones y un mecanismo de intercambio de información sobre los volúmenes de venta en el mercado de los sacos industriales de plástico, y redujo la multa impuesta a la demandante — Imputabilidad del comportamiento infractor.
FLSmidth & Co. A/S cargará con las costas.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (anteriormente Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) — Austria) — procedimientos incoados por Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Hans-Jörg Zehetner
(Asunto C-390/12) (1)
((Artículo 56 TFUE - Libre prestación de servicios - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículos 15 a 17, 47 y 50 - Libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, principio non bis in idem - Artículo 51 - Ámbito de aplicación - Aplicación del Derecho de la Unión - Juegos de azar - Normativa restrictiva de un Estado miembro - Sanciones administrativas y penales - Razones imperiosas de interés general - Proporcionalidad))
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (anteriormente Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)
Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Hans-Jörg Zehetner
Petición de decisión prejudicial — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interpretación de los artículos 56 TFUE y 15 a 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Juegos de azar — Normativa de un Estado miembro que prohíbe, bajo pena de sanciones penales, la explotación de máquinas tragaperras de ganancia limitada («kleines Gücksspiel») a falta de una concesión otorgada por la autoridad competente — Principio de proporcionalidad.
El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, cuando dicha normativa no persiga realmente el objetivo de proteger a los jugadores o de luchar contra la criminalidad y no responda verdaderamente al afán de reducir las oportunidades de juego o de luchar contra la criminalidad vinculada a estos juegos de forma coherente y sistemática.
(1) DO C 343, de 10.11.2012.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de abril de 2014 [petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Hungría] — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
(Asunto C-475/12) (1)
((Sector de las telecomunicaciones - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Libre prestación de servicios - Artículo 56 TFUE - Directiva 2002/21/CE - Prestación transfronteriza de un paquete de programas de radio y de televisión - Acceso condicional - Competencia de las autoridades nacionales de reglamentación - Registro - Obligación de establecimiento))
Demandante: UPC DTH Sàrl
Demandada: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
Petición de decisión prejudicial — Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Interpretación del artículo 56 TFUE y del artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 337, p. 37) — Sociedad establecida en un Estado miembro que se dedica a la comercialización de paquetes de radio y de televisión por satélite y que presta sus servicios a una clientela establecida en otros Estados miembros de la Unión — Normativa nacional del Estado miembro de los destinatarios del servicio que sólo autoriza la prestación a las empresas establecidas en su territorio — Competencia de las autoridades nacionales de reglamentación del Estado miembro de los destinatarios de la prestación.
El artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que un servicio consistente en garantizar, mediante contraprestación, el acceso condicional a un paquete transmitido vía satélite que incluye servicios de difusión de programas radiofónicos y televisivos está comprendido en el concepto de «servicio de comunicaciones electrónicas», en el sentido de dicha disposición.
El hecho de que el referido servicio incluya un sistema de acceso condicional, en el sentido del artículo 2, letras e bis) y f), de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, carece de relevancia a este respecto.
Debe considerarse que el operador que presta un servicio como el controvertido en el litigio principal es un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el sentido de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140.
En circunstancias como las del litigio principal, un servicio consistente en garantizar, mediante contraprestación, el acceso condicional a un paquete transmitido vía satélite que incluye servicios de difusión de programas radiofónicos y audiovisuales constituye una prestación de servicios en el sentido del artículo 56 TFUE.
Los procedimientos de vigilancia relativos a los servicios de comunicaciones electrónicas, como el del litigio principal, son competencia de las autoridades del Estado miembro en el que residan los destinatarios de los citados servicios.
El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que:
no se opone a que los Estados miembros impongan a las empresas que presten en su territorio servicios de comunicaciones electrónicas, como el del litigio principal, la obligación de registrar dichos servicios, siempre que actúen dentro del respeto de las exigencias definidas en el artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización»), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y
en cambio, se opone a que las empresas que deseen prestar servicios de comunicaciones electrónicas, como el del litigio principal, en un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio están establecidas se vean obligadas a crear en él una sucursal o una entidad jurídica distinta de la situada en el Estado miembro de emisión.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 30 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt
(Asunto C-26/13) (1)
((Directiva 93/13/CEE - Cláusulas abusivas en los contratos concluidos entre un profesional y un consumidor - Artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 1 - Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales - Exclusión de las cláusulas referidas al objeto principal del contrato y a la adecuación del precio o la retribución, siempre que se redacten de manera clara y comprensible - Contratos de crédito al consumo denominados en divisa extranjera - Cláusulas relativas a las cotizaciones de cambio - Diferencia entre la cotización de compra aplicable a la entrega del préstamo y la cotización de venta aplicable a su devolución - Facultades del juez nacional en relación con una cláusula calificada como «abusiva» - Sustitución de una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional - Procedencia))
Demandantes: Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai
Demandada: OTP Jelzálogbank Zrt
Petición de decisión prejudicial — Kúria — Interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29) — Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Contrato de crédito, expresado en divisa extranjera, garantizado mediante hipoteca, celebrado entre un particular y un banco, que a su término ha de ser devuelto por el consumidor exclusivamente en la moneda nacional — Deuda calculada, en el momento de concluir el contrato, sobre la base del precio de compra de la divisa extranjera — Cláusula que prevé que las cuotas mensuales se calculen utilizando el pecio de venta actual de la divisa y no el precio de compra.
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que:
los términos «objeto principal del contrato» únicamente abarcan una cláusula, contenida en un contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera concluido entre un profesional y un consumidor, que no ha sido objeto de negociación individual, como la cláusula discutida en el litigio principal, en virtud de la cual la cotización de venta de esa divisa se aplica para el cálculo de las cuotas de devolución del préstamo, si se aprecia, lo que corresponde comprobar al tribunal remitente atendiendo a la naturaleza, el sistema general y las estipulaciones de ese contrato, así como a su contexto jurídico y de hecho, que esa cláusula establece una prestación esencial de ese contrato que como tal lo caracteriza;
tal cláusula, en cuanto estipula la obligación pecuniaria para el consumidor de pagar en devolución del préstamo los importes derivados de la diferencia entre la cotización de venta y la de compra de la divisa extranjera, no puede calificarse como comprensiva de una «retribución» cuya adecuación como contrapartida de una prestación realizada por el prestamista no pueda ser apreciada en relación con su carácter abusivo en virtud del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13.
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo.
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que un contrato concluido entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva, dicha disposición no se opone a una normativa nacional que permite al juez nacional subsanar la nulidad de esa cláusula sustituyéndola por una disposición supletoria del Derecho nacional.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de abril de 2014 — Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte/Consejo de la Unión Europea
(Asunto C-209/13) (1)
((Sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras - Autorización de una cooperación reforzada en virtud del artículo 329 TFUE, apartado 1 - Decisión 2013/52/UE - Recurso de anulación por violación de los artículos 327 TFUE y 332 TFUE y del Derecho internacional consuetudinario))
Demandante: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: E. Jenkinson y S. Behzadi Spencer, agentes, asistidas por M. Hoskins y P. Baker, QC, y V. Wakefield, Barrister)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón y A. de Gregorio Merino, agentes)
Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: Reino de Bélgica (representantes: J.-C. Halleux y M. Jacobs, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze, J. Möller y K. Petersen, agentes), República Francesa (representantes: D. Colas y J.-S. Pilczer, agentes), República de Austria (representante: C. Pesendorfer, agente), República Portuguesa (representantes: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão y A. Cunha, agentes), Parlamento Europeo (representantes: A. Neergaard y R. van de Westelaken, agentes), Comisión Europea (representantes: R. Lyal, B. Smulders y W. Mölls, agentes)
Recurso de anulación — Anulación de la Decisión 2013/52/UE del Consejo, de 22 de enero de 2013, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras (DO L 22, p. 11) — Infracción de los artículos 327 TFUE y 332 TFUE.
El Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Francesa, la República de Austria, la República Portuguesa, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 171, de 15.6.2013.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 30 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg — Alemania) — Birgit Wagener/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Villingen-Schwenningen
(Asunto C-250/13) (1)
([Procedimiento prejudicial - Seguridad social - Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza - Reglamento (CEE) no 574/72 - Artículo 107, apartados 1 y 6 - Reglamento (CE) no 987/2009 - Artículo 90 - Trabajadores migrantes - Conversión de monedas - Cómputo de las prestaciones familiares percibidas en Suiza cuando un Estado miembro calcula los subsidios por hijo a cargo - Complemento diferencial - Fecha que debe tenerse en cuenta para la conversión en euros de las prestaciones familiares suizas])
Finanzgericht Baden- Württemberg
Petición de decisión prejudicial — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretación de los artículos 10, apartado 1, letra a), y 107, apartados 1, 2, 4 y 6, del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), del artículo 90 del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 284, p. 1), y de la Decisión no H3, de 15 de octubre de 2009, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2010, C 106, p. 56) — Nacional de un Estado miembro que reside con su familia en su Estado de origen y trabaja en la Confederación Helvética — Acumulación de derechos a prestaciones familiares — Cómputo de las prestaciones familiares percibidas en Suiza cuando el Estado miembro de residencia («Differenzkindergeld») calcula los subsidios — Tipo de cambio aplicable.
En unas circunstancias como las del litigio principal, la conversión monetaria de subsidios familiares debe efectuarse de conformidad con el artículo 107, apartado 6, del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001.
El artículo 107, apartado 6, del Reglamento no 574/72, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento no 118/97, en su versión modificada por el Reglamento no 1386/2001, debe interpretarse en el sentido de que la conversión monetaria de subsidios familiares, como los controvertidos en el litigio principal, a los efectos del cálculo del complemento diferencial de subsidios familiares con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento debe efectuarse con arreglo al cambio oficial del día en que el Estado miembro en cuyo territorio ejerce una actividad por cuenta ajena el trabajador de que se trate abona esos subsidios.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën
(Asunto C-267/13) (1)
((Nomenclatura Combinada - Partidas arancelarias - Medicamentos en el sentido de la partida 3004 - Concepto - Preparaciones nutritivas destinadas únicamente a ser administradas por vía enteral, bajo supervisión médica, a las personas sometidas a un tratamiento médico - Bebidas en el sentido de la subpartida 2202 - Concepto - Líquidos nutritivos destinados a ser administrados por vía enteral y no a ser bebidos))
Demandante: Nutricia NV
Petición de decisión prejudicial — Hoge Raad der Nederlanden — Nomenclatura Combinada — Partidas arancelarias — Medicamentos en el sentido de la partida 3004 — Concepto — Preparaciones nutritivas destinadas exclusivamente a ser administradas por gavaje, bajo supervisión médica, a las personas sometidas, por enfermedad, a un tratamiento médico — Bebidas en el sentido de la subpartida 2202 — Concepto — Líquidos nutritivos destinados a ser administrados por gavaje y no a ser bebidos.
La partida arancelaria 3004 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «medicamentos», a efectos de esa partida, incluye las preparaciones alimenticias destinadas exclusivamente a ser administradas, bajo supervisión médica y por vía enteral (mediante una sonda gástrica), a personas a las que se dispensan cuidados médicos si, en el marco de la lucha contra la enfermedad o afección que padecen, tal administración persigue prevenir o combatir su desnutrición.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca — España) — Barclays Bank, S.A./Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera
(Asunto C-280/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Directiva 93/13/CEE - Considerando decimotercero - Artículo 1, apartado 2 - Contratos celebrados con los consumidores - Contrato de préstamo hipotecario - Procedimiento de ejecución hipotecaria - Disposiciones legales y reglamentarias nacionales - Equilibrio contractual))
Demandante: Barclays Bank, S.A.
Demandadas: Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera
Petición de decisión prejudicial — Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca — Interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29) — Protección de los consumidores en materia de préstamos inmobiliarios — Equilibrio contractual — Principio «pro consumidor» — Normativa nacional de procedimiento civil aplicable al procedimiento de ejecución hipotecaria.
La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los principios del derecho de la Unión relativos a la protección de los consumidores y al equilibrio contractual deben interpretarse en el sentido de que están excluidas de su ámbito de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro, como las controvertidas en el litigio principal, cuando no existe una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de aplicación de tales disposiciones.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 30 de abril de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — Ordre des architectes/État belge
(Asunto C-365/13) (1)
((Procedimiento prejudicial - Directiva 2005/36/CE - Artículos 21 y 49 - Reconocimiento de las cualificaciones profesionales - Acceso a la profesión de arquitecto - Dispensa de período de prácticas profesionales))
Demandante: Ordre des architectes
Petición de decisión prejudicial — Conseil d’État — Interpretación de los artículos 21, 46 y 49 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22) — Acceso y ejercicio de la profesión de arquitecto — Inscripción en el Colegio de arquitectos — Normativa nacional que supedita la inscripción de los titulares de un título de formación expedido en Bélgica al cumplimiento de prácticas profesionales de dos años — Prohibición de exigir el cumplimiento de tales prácticas o una experiencia equivalente a los titulares de un diploma de arquitecto obtenido en otro Estado miembro.
Los artículos 21 y 49 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, modificada por el Reglamento (CE) no 279/2009 de la Comisión, de 6 de abril de 2009, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el Estado miembro de acogida exija al titular de una cualificación profesional obtenida en el Estado miembro de origen y enumerada en los anexos V, punto 5.7.1, o VI de dicha Directiva que cumpla un período de prácticas o pruebe que posee una experiencia profesional equivalente para ser autorizado a ejercer la profesión de arquitecto.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München (Alemania) el 24 de enero de 2014 — Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg
(Asunto C-34/14)
Demandada: Hauptzollamt Nürnberg
¿Son válidos, en su conjunto, el Reglamento (CE) no 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, (1) por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam, y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1294/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, (2) por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, (3) en la medida que no han sido anulados por las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 2012 y de 15 de noviembre de 2012, recaídas en los asuntos C-249/10 P y C-247/10 P?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión y de que los mencionados Reglamentos no sean inválidos en su conjunto:
¿En relación con qué exportadores y productores de la República Popular China y de Vietnam, de quienes la demandante adquirió productos entre los años 2006 y 2011, son inválidos el Reglamento no 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam, y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1294/2009 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y originario de la República Popular China, y ampliado a las importaciones del mismo producto procedentes de la RAE de Macao, independientemente de que el origen declarado sea o no la RAE de Macao, a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo?
¿Constituye caso fortuito o fuerza mayor, en el sentido del artículo 236, apartado 2, párrafo segundo, del Código Aduanero (CA), la anulación total o parcial de los mencionados Reglamentos?
(1) DO L 275, p. 1.
(2) DO L 352, p. 1.
(3) Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Cuneo (Italia) el 5 de marzo de 2014 — Proceso penal contra Ivo Taricco, y otros
(Asunto C-105/14)
Ivo Taricco, Ivo Taricco
¿Es contraria a la norma de protección de la competencia prevista en el artículo 101 TFUE la modificación, mediante la Ley no 251 de 2005, del artículo 160, último párrafo, del Código Penal italiano, en cuanto prevé, en caso de interrupción del plazo de prescripción, una ampliación de éste de apenas una cuarta parte, permitiendo por tanto que prescriban delitos aunque se haya ejercitado en plazo la acción penal, con la consiguiente impunidad?
¿Al modificar, mediante la Ley no 251 de 2005, el artículo 160, último párrafo, del Código Penal italiano —en cuanto prevé, en caso de interrupción del plazo de prescripción, una ampliación de éste de apenas una cuarta parte, eliminando por tanto las consecuencias penales de los delitos cometidos por operadores económicos sin escrúpulos— ha introducido el Estado italiano una forma de ayuda prohibida por el artículo 107 TFUE?
¿Ha añadido indebidamente el Estado italiano una exención adicional a las previstas taxativamente en el artículo 158 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, (1) al modificar mediante la Ley no 251 de 2005 el artículo 160, último párrafo, del Código Penal italiano, en cuanto prevé, en caso de interrupción del plazo de prescripción, una ampliación de éste de apenas una cuarta parte, creando por tanto un supuesto de impunidad para quienes instrumentalizan la Directiva?
¿Infringe el principio de finanzas públicas sólidas previsto en el artículo 119 TFUE la modificación, mediante la Ley no 251 de 2005, del artículo 160, último párrafo, del Código Penal italiano, en cuanto prevé, en caso de interrupción del plazo de prescripción, una ampliación de éste de apenas una cuarta parte, renunciando por tanto a sancionar conductas que privan al Estado de, entre otros, los recursos necesarios para cumplir obligaciones asumidas frente a la Unión Europea?»
Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 21 de marzo de 2014 — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
(Asunto C-131/14)
Recurrente: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino
Recurridas: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
¿Deben interpretarse los Reglamentos nos 1047/2001 (1) y 2988/95 (2) en el sentido de que está prohibido y constituye un fraude de ley y un comportamiento de elusión el del operador comunitario A (Malvi sas) que, sin disponer de un certificado de importación o habiendo agotado su cuota del contingente, adquiere determinadas partidas de mercancía a otro operador comunitario B (Tonini Roberto & C. sas), que a su vez las adquirió a un proveedor extracomunitario (Bananaservice srl), transmitiéndolas en un Estado extranjero a otro operador comunitario C (L’Olivo Maria) que, al reunir los requisitos correspondientes había obtenido un certificado en el ámbito del contingente y, sin ceder su certificado, las introdujo a libre práctica en la Comunidad Europea para transmitirlas, una vez despachadas de aduanas y a cambio de una remuneración adecuada inferior al derecho específico para importaciones fuera del contingente, a dicho operador B (Tonini Roberto & C. sas), que las vende finalmente al operador A (MALVI sas)?
(1) Reglamento (CE) no 1047/2001 de la Comisión, de 30 de mayo de 2001, por el que se establece un régimen de certificados de importación y de origen y se fija el modo de gestión de los contingentes arancelarios para los ajos importados de terceros países (DO L 145, p. 35).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg (Alemania) el 24 de marzo de 2014 — Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen
(Asunto C-139/14)
Demandante: Mineralquelle Zurzach AG
Demandada: Hauptzollamt Singen
¿Procede clasificar en la subpartida 2202 10 00 de la Nomenclatura Combinada una bebida no alcohólica que se compone principalmente de agua, pero que contiene un 12 % de zumo de frutas y que, además de azúcar, incluye una mezcla de vitaminas que, en relación con su proporción en zumo, supera sustancialmente el contenido vitamínico de los zumos de frutas naturales?
¿Constituye la mencionada bebida un jugo de frutas u otros frutos diluido con agua, comprendido en el código TARIC 2202 90 10 11?
En caso de respuesta negativa a las dos primeras cuestiones:
¿Constituye dicho producto una mercancía comprendida en el código TARIC 2202 90 10 19?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel (Bélgica) el 28 de marzo de 2014 — Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL/AMJ Meatproducts NV y Halalsupply NV
(Asunto C-147/14)
Demandante: Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL
Demandadas: AMJ Meatproducts NV y Halalsupply NV
¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, (1) a la vista de lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (2) en el sentido de que, al examinar el riesgo de confusión entre una marca comunitaria en la que una palabra árabe constituye el elemento predominante y un signo en el que el elemento predominante lo constituye una palabra árabe distinta pero visualmente similar, los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros pueden o incluso deben examinar y tener en cuenta la diferencia en la pronunciación y el significado entre estas dos palabras, aun cuando el árabe no sea una lengua oficial de la Unión ni de los Estados miembros?
(1) DO L 78, p. 1.
(2) DO 2000, C 364, p. 1.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 1 de abril de 2014 — AEEG/Antonella Bertazzi y otros
(Asunto C-152/14)
Recurrente: Autorità per l’energia e il gas (AEEG)
Recurridas: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio
En principio —en relación con funciones inalteradas y exactamente iguales para trabajadores con contrato de duración tanto determinada como indefinida—, ¿puede considerarse que se ajusta a la cláusula 4, apartado 4, de la Directiva 1999/70 (1) la disposición nacional (artículo 75, apartado 2, del Decreto-ley no 112 de 2008) que elimina por completo la antigüedad en el servicio prestado en los organismos autónomos en virtud de contratos de trabajo de duración determinada, en caso de estabilización con carácter excepcional de los trabajadores interesados, sobre la base de pruebas de selección que no son completamente asimilables a una oposición mediante exámenes, más rigurosa, a la que se han sometido otros empleados, pero conformes, en la medida en que están previstas por Ley, con el artículo 97, párrafo tercero, de la Constitución italiana, con objeto de comprobar la idoneidad para el ejercicio de las funciones que proceda asignar?
En caso de que se determine que la citada normativa no se ajusta a los principios comunitarios respecto a los trabajadores con contrato de duración determinada de que se trata, ¿pueden establecerse razones objetivas para establecer excepciones a la igualdad de trato que debe garantizarse a dichos trabajadores respecto a los trabajadores con contrato de duración indefinida, por «objetivos de política social» en supuestos que consisten en la exigencia de evitar la inclusión mediante un sistema paralelo de puntuación de los trabajadores estabilizados respecto a los incorporados a la estructura permanente en virtud de la regla general del oposición de acceso a la función pública (regla establecida —salvo excepción legislativa, como la que, en el caso de autos, prevé que se supere un mero procedimiento de acceso— en virtud del citado artículo 97, párrafo tercero, de la Constitución) y puede considerarse que se dan tales razones —a la luz de las afirmaciones ya formuladas por el Tribunal de Justicia en el [apartado] 47 de su auto de 7 de marzo de 2013— en el plano de la proporcionalidad, con la mera asignación a trabajadores en precario estabilizados por una asignación ad personam, compensable y no sujeta a revisión, con interrupción del desarrollo ordinario de los niveles retributivos alcanzados y del acceso a la selección para cualificaciones superiores?
En caso contrario, una vez que se determine la idoneidad para el desarrollo de determinadas funciones, las valoraciones periódicas de correcto desempeño de las mismas, al objeto de la asignación de niveles retributivos y cualificaciones superiores, con una posterior oposición para promocionar en la carrera, ¿pueden constituir un adecuado reequilibrio de las posiciones de los trabajadores estabilizados respecto a los de los funcionarios que han entrado mediante oposición, sin que deba producirse ninguna privación de efectos de la antigüedad y de los niveles retributivos en detrimento de los primeros (por otro lado, sin ningún tipo de ventaja apreciable a favor de los segundos, en el sistema de promoción, antes descrito, adoptado por la AEEG), con la consiguiente inexistencia, en el caso de autos, de razones objetivas para introducir excepciones a la Directiva 1999/70, en los términos exigidos de objetividad y transparencia, que deban ponerse en relación con las condiciones laborales en cuestión en el particular contexto de referencia?
En cualquier caso —como parece deducirse de los apartados 47 y 54 del auto de 7 de marzo de 2013—, ¿debe admitirse efectivamente el carácter desproporcionado y discriminatorio de la privación total de efectos de la antigüedad adquirida (con la consiguiente y necesaria inaplicación de la normativa nacional [...] establecida a este respecto) —pero sin que se eliminen las exigencias reclamadas de protección de la posición de quienes han superado la oposición, sin perjuicio de la atribución de las medidas que deban adoptarse al respecto a la prudente apreciación de la Administración (en la forma de «gratificación», o bien de la preferencia que deba reconocerse a quienes han superado la oposición, en el marco de la selección para el acceso a cualificaciones superiores, o bien mediante otros medios, comprendidos en la facultad discrecional de los organismos autónomos nacionales para la organización de su propia función pública)?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 3 de abril de 2014 — Minister van Buitenlandse Zaken/K, A
(Asunto C-153/14)
Demandante: Minister van Buitenlandse Zaken
Otras partes: K, A
¿Puede interpretarse el término «medidas de integración» que figura en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251, p. 12), en el sentido de que las autoridades competentes de los Estados miembros pueden exigir que el miembro de la familia de un reagrupante acredite poseer conocimientos de la lengua oficial de ese Estado miembro de un nivel que corresponda al nivel A1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas Extranjeras, y conocimientos básicos de la sociedad de dicho Estado miembro, como requisito para que las mencionadas autoridades concedan al miembro de la familia la autorización de entrada y residencia?
¿Es relevante para responder a esta cuestión, también en el marco del examen de proporcionalidad descrito en el Libro Verde de la Comisión Europea sobre el derecho a la reunificación familiar, de 15 de noviembre de 2011, (1) el hecho de que la legislación nacional que establece el requisito mencionado en la pregunta 1.a, disponga que, salvo en el caso de que el miembro de la familia haya acreditado que, como consecuencia de un impedimento psíquico o físico, está incapacitado con carácter permanente para realizar el examen de integración, la solicitud de autorización de entrada y residencia sólo se desestimará si se da una combinación de circunstancias individuales muy específicas que permitan suponer que el miembro de la familia está incapacitado con carácter permanente para cumplir los requisitos de integración?
Habida cuenta del criterio de proporcionalidad descrito en el Libro Verde ¿se oponen el objetivo de la Directiva 2003/86/CE, y en particular el artículo 7, apartado 2, de ésta a que las tasas del examen mediante el cual se comprueba si el miembro de la familia cumple los requisitos de integración antes citados, asciendan a 350 euros por cada vez que se realice el examen, y que el coste del paquete para la preparación del examen ascienda a 110 euros?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 3 de abril de 2014 — Tamoil Italia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Asunto C-156/14)
Recurrente: Tamoil Italia SpA
Recurrida: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
¿Se oponen los principios de la Unión Europea en materia medioambiental establecidos en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004 (1) (artículos 1 y 8, apartado 3, y considerandos décimo tercero y vigésimo cuarto) —en particular, el principio de «quien contamina paga», el principio de cautela, el principio de acción preventiva y el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma— a una normativa nacional como la establecida en los artículos 244, 245 y 253 del Decreto Legislativo de 3 de abril de 2006, no 152, la cual, en caso de que se compruebe que un sitio ha sido contaminado y sea imposible identificar a la persona responsable de la contaminación o conseguir que esta última realice las actuaciones de reparación, no permite a la autoridad administrativa imponer la ejecución de las medidas de aseguramiento de emergencia y de saneamiento al propietario no responsable de la contaminación, al prever únicamente a cargo de este último una responsabilidad patrimonial limitada al valor del sitio tras la ejecución de las medidas de saneamiento?
(1) Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143, p. 56).
Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 14 de abril de 2014 — A/B
(Asunto C-184/14)
¿Una demanda de manutención de los hijos, presentada en el marco de un procedimiento de separación personal de los cónyuges, con carácter accesorio a dicho procedimiento, puede ser resuelta tanto por el juez del procedimiento de separación como por el juez que conoce del procedimiento de responsabilidad parental, sobre la base del criterio del primer órgano jurisdiccional en conocer, o debe ser resuelta necesariamente por este último, por ser alternativos (en el sentido de que uno excluye necesariamente al otro) los dos criterios distintos previstos en las letras c) y d) [del citado artículo 3 del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (1)]?
(1) DO 2009, L 7, p. 1.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Landsgerichts Aachen (Alemania) el 18 de abril de 2014 — Horst Hoeck/República Helénica
(Asunto C-196/14)
Landsgerichts Aachen
Demandante: Horst Hoeck
¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, (1) en el sentido de que dicha disposición se opone totalmente a una demanda presentada ante el Landgericht Aachen contra la República Helénica, mediante la cual el demandante reclama a la demandada los intereses devengados en los años 2011 y 2012 por los títulos de deuda pública (empréstitos estatales) emitidos por la demandada y adquiridos por el demandante en julio de 2011, los cuales fueron objeto de una oferta de permuta que la demandada formuló, entre otros, al demandante a finales de febrero de 2012 y que, a pesar de haber sido rechazada por este último, condujo a la permuta de los títulos de deuda pública/empréstitos estatales de los que el demandante era titular por otros nuevos?
¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, en el sentido de que dicha disposición se opone totalmente a una demanda interpuesta ante el Landgericht Aachen contra la República Helénica, mediante la cual el demandante reclama, con carácter subsidiario, el pago por parte de la demandada de un importe equivalente al valor nominal de los títulos de deuda pública/empréstitos estatales adquiridos por el demandante más los intereses no satisfechos como consecuencia de la permuta forzosa descrita en la primera cuestión prejudicial?
¿Constituye el litigio principal sustanciado ante el Landgericht Aachen con el no de autos 12 O 177/13 un procedimiento en materia civil o mercantil al que resultan aplicables los artículos 2 y 3 del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil?
O, por el contrario, ¿versa sobre una materia administrativa o de responsabilidad patrimonial del Estado a las que no resultan aplicables las disposiciones mencionadas en las cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera?
(1) DO L 324, p. 79.
Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Tisza Erőmű/Comisión
(Asunto T-468/08) (1)
((«Ayudas de Estado - Ayudas concedidas por las autoridades húngaras a determinados productores de electricidad - Acuerdos de compra de electricidad celebrados entre una empresa pública y algunos productores de electricidad - Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación - Obligación de motivación - Concepto de ayuda de Estado - Ventaja - Carácter selectivo - Recursos del Estado - Imputabilidad al Estado - Perjuicio para el comercio entre Estados miembros - Derecho de defensa - Seguridad jurídica - Confianza legítima - Igualdad de trato - Proporcionalidad - Extralimitación en las facultades - Artículo 10 del Tratado sobre la Carta de la Energía»))
Demandante: Tisza Erőmű kft, anteriormente AES-Tisza Erőmű kft (Tiszaújváros, Hungría) (representantes: inicialmente T. Ottervanger y E. Henny, después T. Ottervanger, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, N. Khan y K. Talabér Ritz, agentes)
Recurso de anulación de la Decisión 2009/609/CE de la Comisión, de 4 de junio de 2008, relativa a la ayuda estatal C 41/05 concedida por Hungría mediante los Contratos de Compra de Electricidad (DO 2009, L 225, p. 53).
Tisza Erőmű kft cargará con las costas, incluidas las relativas al procedimiento sobre medidas provisionales.
(1) DO C 6, de 10.1.2009.
Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Dunamenti Erőmű/Comisión
(Asunto T-179/09) (1)
((«Ayudas de Estado - Ayudas concedidas por las autoridades húngaras a determinados productores de electricidad - Acuerdos de compra de electricidad celebrados entre una empresa pública y algunos productores de electricidad - Decisión por la que se declara la ayuda de Estado incompatible con el mercado común y se ordena su recuperación - Concepto de ayuda de Estado - Ventaja - Ayuda nueva - Ayuda de funcionamiento - Confianza legítima - Seguridad jurídica»))
Demandante: Dunamenti Erőmű Zrt (Százhalombatta, Hungría) (representantes: inicialmente J. Lever, QC, A. Nourry, R. Griffith, y S. Spence, Solicitors, posteriormente J. Philippe y F.-H. Boret, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Flynn y K. Talabér-Ritz, agentes)
Esencialmente, pretensión de anulación de la Decisión 2009/609/CE de la Comisión, de 4 de junio de 2008, relativa a la ayuda estatal C 41/05 concedida por Hungría mediante los Contratos de Compra de Electricidad (DO 2009, L 225, p. 53), y, con carácter subsidiario, pretensión de anulación de los artículos 2 y 5 de dicha Decisión.
Dunamenti Erőmű Zrt cargará con sus propias costas así como con las costas en que incurrió la Comisión Europea.
(1) DO C 167, de 18.7.2009.
Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Euris Consult/Parlamento
(Asunto T-637/11) (1)
([«Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación de servicios de traducción hacia el maltés - Normas relativas al modo de remisión de las ofertas - Exclusión de la oferta de un licitador - Incumplimiento de las normas de presentación que tienen por objeto garantizar la confidencialidad del contenido de las ofertas antes de la apertura - Excepción de inaplicabilidad - Proporcionalidad - Igualdad de trato - Derecho de defensa - Obligación de motivación - Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 - Artículo 143 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002»])
Demandante: Euris Consult Ltd (Floriana, Malta) (representante: F. Moyse, abogado)
Demandada: Parlamento Europeo (representantes: L. Darie y F. Poilvache, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la parte demandada: Comisión Europea (representantes: R. Lyal y F. Dintilhac, agentes)
Recurso de anulación de la resolución del Parlamento de 18 de octubre de 2011 por la que se excluye la oferta presentada por la demandante en el procedimiento de adjudicación del contrato público de servicios interinstitucional MT/2001/UE relativo a la prestación de servicios de traducción hacia el maltés.
(1) DO C 32, de 4.2.2012.
Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Hagenmeyer y Hahn/Comisión
(Asunto T-17/12) (1)
([«Protección de los consumidores - Reglamento (CE) no 1924/2006 - Declaraciones de propiedades saludables en los alimentos - Negativa a autorizar una declaración de reducción del riesgo de enfermedad - Designación de un factor de riesgo - Legalidad del procedimiento de autorización de las declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad - Recurso de anulación - Interés en ejercitar la acción - Afectación directa e individual - Admisibilidad - Proporcionalidad - Obligación de motivación»])
Demandantes: Moritz Hagenmeyer (Hamburgo, Alemania) y Andreas Hahn (Hanóver, Alemania) (representante: T. Teufer, abogado)
Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Pignataro-Nolin y S. Grünheid, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: I. Šulce, Z. Kupčová y M. Simm, agentes)
Pretensión de anulación parcial del Reglamento (UE) no 1170/2011 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2011, por el que se deniega la autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad (DO L 299, p. 1).
Los Sres. Moritz Hagenmeyer y Andreas Hahn cargarán con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.
(1) DO C 89, de 24.3.2012.
Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Beyond Retro/OAMI — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)
(Asunto T-170/12) (1)
([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea - Marca denominativa BEYOND VINTAGE - Marca comunitaria denominativa anterior BEYOND RETRO - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 - Obligación de motivación - Artículo 75 del Reglamento no 207/2009»])
Demandante: Beyond Retro Ltd (Londres, Reino Unido) (representante: S. Malynicz, Barrister)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representante: I. Harrington, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI: S&K Garments, Inc (Nueva York, Nueva York, Estados Unidos)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 30 de enero de 2012 (asuntos acumulados R 493/2011-4 y R 548/2011-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Beyond Retro Ltd y S&K Garments, Inc.
Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 31 de enero de 2012 (asuntos acumulados R 493/2011-4 y R 548/2011-4) en la medida en que afecta a los productos amparados por la marca denominativa BEYOND VINTAGE comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
Beyond Retro Ltd cargará con un tercio de las costas en que hayan incurrido las partes ante el Tribunal General. La OAMI cargará con dos tercios de las citadas costas.
Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca)
(Asunto T-327/12) (1)
([«Marca comunitaria - Procedimiento de nulidad - Marca comunitaria denominativa Simca - Concepto de “mala fe” - Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
Demandante: Simca Europe Ltd (Birmingham, Reino Unido) (representante: N. Haberkamm, abogado)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: GIE PSA Peugeot Citroën (París, Francia) (representante: P. Kotsch, abogado)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 12 de abril de 2012 (asunto R 645/2011-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre GIE PSA Peugeot Citroën y Simca Europe Ltd.
Condenar en costas a Simca Europe Ltd.
(1) DO C 287, de 22.9.2012.
Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Pyrox/OAMI — Köb Holzheizsysteme (PYROX)
(Asunto T-575/12) (1)
([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria gráfica PIROX - Marcas nacionales denominativas anteriores PYROT - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
Demandante: Pyrox GmbH (Oberhausen, Alemania) (representante: T. Eigen, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: G. Marten y G. Schneider, agentes)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Köb Holzheizsysteme GmbH (Wolfurt, Austria)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 4 de octubre de 2012 (asuntos acumulados R 2187/2011-1 y R 2507/2011-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Köb Holzheizsysteme GmbH y Pyrox GmbH.
Condenar en costas a Pyrox GmbH.
Sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2014 — Pedro Group/OAMI — Cortefiel (PEDRO)
(Asunto T-38/13) (1)
([«Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria denominativa PEDRO - Marca comunitaria figurativa anterior Pedro del Hierro - Denegación parcial de registro - Motivos de denegación relativos - Uso efectivo de la marca anterior - Carácter distintivo elevado de la marca anterior - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009»])
Demandante: Pedro Group Pte Ltd (Singapur, Singapur) (representante: B. Brandreth, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (representantes: M. Vuijst y J. Crespo Carillo, agentes)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal General: Cortefiel, S.A. (Madrid) (representantes: inicialmente, H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla y G. Marín Raigal, y posteriormente, P. López Ronda, G. Macias Bonilla y G. Marín Raigal, abogados)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 26 de noviembre de 2012 (asunto R 271/2011-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Cortefiel, S.A. y Pedro Group Pte Ltd.
Condenar en costas a Pedro Group Pte Ltd.
Auto del Tribunal General de 2 de abril de 2014 — CIVR y otros/Comisión
(Asunto T- 303/09) (1)
((Ayudas de Estado - Régimen marco de acciones llevadas a cabo por las organizaciones interprofesionales agrícolas reconocidas en Francia en favor de los miembros de los ramos agrícolas representados - Financiación mediante cotizaciones voluntarias que se convirtieron en obligatorias - Decisión que califica el régimen de ayuda compatible con el mercado común - Revocación de la decisión - Sobreseimiento))
Demandantes: Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d’origine contrôlée (CIVR) (Perpignan, Francia); Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) (París, Francia); e Interprofession nationale porcine (Inaporc) (París) (representantes: H. Calvet, O. Billard e Y. Trifounovitch, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: inicialmente B. Stromsky y C. Urraca Caviedes, a continuación B. Stromsky y S. Thomas, y por último B. Stromsky, agentes)
Recurso de anulación de la Decisión C(2008) 7846 final, de la Comisión, de 10 de diciembre de 2008, relativa a la ayuda de Estado no 561/2008, sobre el régimen marco de acciones llevadas a cabo por las organizaciones interprofesionales agrícolas reconocidas en Francia en favor de los ramos agrícolas representados.
(1) DO C 244, de 10.10.2009.
Auto del Tribunal General de 14 de abril de 2014 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consejo
(Asunto T-263/12) (1)
((«Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el fin de impedir la proliferación nuclear - Congelación de fondos - Fuerza de cosa juzgada - Obligación de motivación - Obligación de comunicación individual - Derecho de defensa - Derecho a la tutela judicial efectiva - Derecho de propiedad - Proporcionalidad - Competencia del Consejo - Desviación de poder - Error de Derecho - Concepto de apoyo a la proliferación nuclear - Error de apreciación - Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»))
Demandante: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teherán, Irán) (representantes: F. Esclatine y S. Perrotet, abogados)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Bishop y R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandada: Comisión Europea (representantes: É. Cujo y M. Konstantinidis, agentes)
Anulación parcial del Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 (DO L 88, p. 1).
Se desestima el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.
(1) DO C 258, de 25.8.2012.
Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2013 — K. Chrysostomides & Co. y otros/Consejo y otros
(Asunto T-680/13)
Demandantes: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosia, Chipre) y otras 50 partes demandantes (representante: P. Tridimas, Barrister)
Demandadas: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Unión Europea representada por la Comisión Europea, Eurogrupo representado por el Consejo de la Unión Europea, Banco Central Europeo
Condene a las partes demandadas a pagar a las partes demandantes las cantidades que figuran en la lista adjunta al escrito de interposición del recurso, más los intereses que se devenguen desde el 26 de marzo de 2013 hasta el día en que el Tribunal General dicte sentencia.
Condene en costas a las partes demandadas.
Declare que la Unión Europea y/o las instituciones demandadas han incurrido en responsabilidad extracontractual.
Establezca el procedimiento que debe incoarse para determinar el importe del perjuicio indemnizable efectivamente sufrido por las partes demandantes.
Las partes demandantes (51 en total) son depositantes y/o accionistas de Bank of Cyprus Public Company Ltd y/o Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Pretenden un resarcimiento con arreglo a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafos segundo y tercero, relativos a la responsabilidad extracontractual de la UE, por la pérdida que sufrieron como consecuencia de las medidas adoptadas por las instituciones demandadas mediante las que se imponía un régimen de «bail-in» a la República de Chipre.
Las partes demandantes consideran que las instituciones demandadas adoptaron un régimen de «bail-in» para la República de Chipre que dio lugar directamente a la pérdida de sus depósitos y acciones. Según las partes demandantes, las medidas de «bail-in» adoptadas por la República de Chipre se aprobaron únicamente para ejecutar medidas adoptadas por las partes demandadas y también fueron aprobadas por las instituciones demandadas.
Las partes demandantes consideran que el régimen de «bail-in» viola el derecho a la propiedad, tal como se salvaguarda por el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 1 del Protocolo no 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Las partes demandantes arguyen asimismo que el régimen de «bail-in» vulnera los principios de proporcionalidad, de protección de la confianza legítima y de no discriminación.
Recurso interpuesto el 23 de enero de 2014 — USFSPEI/Parlamento y Consejo
(Asunto T-75/14)
Demandante: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (Bruselas, Bélgica) (representantes: J.N. Louis y D. de Abreu Caldas, abogados)
Demandada: Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo
En consecuencia, anule los números 27, 32, 46, 64, letra b), 65, letra b) y 67, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2013.
Condene a las partes demandadas al pago a la USF de un euro simbólico como indemnización del perjuicio moral sufrido y al pago de las costas.
La parte demandante invoca la ilegalidad de los números 27, 32, 46, 64, letra b), 65, letra b) y 67, letra d), del Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013, (1) en la medida en que modifican, en particular, los artículos 5 (creación del grupo de funciones AST/SC), 6 (supresión de la garantía de equivalencia de las carreras), 40, apartado 2, (limitación del período de excedencia voluntaria a 12 años), 43, párrafo segundo (indicación del potencial necesario para desempeñar funciones de administrador a partir del grado AST 5 en vez de AST), 44, apartado 1 (nuevas condiciones para acceder al escalón siguiente), 51 (procedimiento de incompetencia profesional), 52 (jubilación en interés del servicio), 77 (tipo de acumulación de la pensión del 1,8 %) y el anexo VIII, artículo 9, apartado 2 (jubilación anticipada sin reducción) del Estatuto.
En apoyo de su recurso, la demandante invoca la vulneración del acuerdo celebrado entre las OSP y el legislador sobre la reforma de 2004, y en particular sobre la reforma de las carreras, los principios de carrera lineal y de equivalencia de las carreras.
Asimismo, alega la infracción del artículo 27 de la Carta de los Derechos Fundamentales y del artículo 21 de la Carta Social Europea, del principio de los derechos adquiridos, del principio de proporcionalidad y la violación del principio de no discriminación.
(1) Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (DO 287, p. 15).
Recurso interpuesto el 24 de marzo del 2014 — Deza/ECHA
(Asunto T-189/14)
Demandante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, República Checa) (representante: P. Dejl, abogado)
Anule las decisiones de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas de 24 de enero de 2014 en los avisos AFA-C-0000004274-77-09/F, AFA C 0000004280 84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F y AFA C 0000004151-87-08/F.
Primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (1) en relación con el artículo 118 del Reglamento (CE) no 1907/2006 (2) y en la vulneración del derecho a la protección de los intereses comerciales legítimos y del derecho de propiedad intelectual.
La demandante alega, a este respecto, que la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 2, del Reglamento no 1049/2001 en relación con el artículo 118 del Reglamento no 1907/2006, por cuanto la divulgación de la información pertinente a un tercero vulnera la protección de sus intereses comerciales y de los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que no existen intereses públicos superiores que justifiquen la divulgación de la información pertinente y por cuanto la demandada no hizo ninguna referencia en su decisión a la existencia de tal interés público que pudiera anular la necesidad de protección de dichos derechos de la demandante.
Segundo motivo, basado en el incumplimiento de las obligaciones de la Unión Europea derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC (3) y la consiguiente vulneración del derecho a la protección de la información confidencial.
A este respecto, la demandante alega que la decisión impugnada contraviene las obligaciones internacionales de la Unión Europea derivadas del artículo 39, apartado 2, del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual los miembros de este Acuerdo deberán garantizar que las personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información, en primer lugar, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; en segundo lugar, tenga un valor comercial por ser secreta y, en tercer lugar, haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
Tercer motivo, basado en el incumplimiento de las obligaciones de la Unión Europea derivadas del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la infracción del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con la consiguiente vulneración del derecho de propiedad y de la protección de ésta.
A este respecto, se alega que la decisión impugnada infringe el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 1 del Protocolo adicional de dicho Convenio y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cuanto restringe el derecho de la demandante al disfrute pacífico de sus bienes.
Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001.
En opinión de la demandante, la decisión impugnada infringe el artículo 4, apartado 3, del Reglamento no 1049/2001, en la medida en que la divulgación de la información pertinente perjudicaría gravemente el proceso de toma de decisiones de la Comisión Europea y de la demandada para adoptar una decisión sobre la solicitud de utilización de la substancia en cuestión, cuando no existe un interés público superior que justifique la divulgación de dicha información y la demandada, en su decisión, no hizo ninguna referencia a la existencia de tal interés público superior que pudiera anular la necesidad de protección de los derechos de la demandante.
(2) Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, p. 1).
(3) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994 (DO L 336, p. 214).
Recurso interpuesto el 4 de abril de 2014 — Volkswagen/OAMI (EXTRA)
(Asunto T-216/14)
Demandante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Alemania) (representante: U. Sander, abogado)
Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 6 de febrero de 2014, en el asunto R 1788/2013-1.
Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «EXTRA» para productos y servicios de las clases 12, 28, 35 y 37 — Solicitud de marca comunitaria no 1 1 7 69 155
Resolución del examinador: Denegación del registro
Motivos invocados: Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.
Recurso interpuesto el 8 de abril de 2014 — Mabrouk/Consejo
(Asunto T-218/14)
Demandante: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Cartago, Túnez) (representantes: J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, abogados, y S. Crosby, Solicitor)
Anule la Decisión 2014/49/PESC del Consejo, de 30 de enero de 2014 , por la que se modifica la Decisión 2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 28, p. 38) y el Reglamento de Ejecución (UE) no 81/2014 del Consejo, de 30 de enero de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 101/2011 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Túnez (DO L 28, p. 2) en la medida en que sean de aplicación al demandante, tratándose dichas medidas restrictivas de la congelación de activos en la EU.
Imponga al demandado el pago de las costas.
Primer motivo en el que se alega que al adoptar los actos impugnados el demandado presta su colaboración en una investigación de carácter penal en Túnez y, por consiguiente, actúa en ejercicio de una función judicial en un contexto jurídico penal, y que los fundamentos jurídicos invocados por el demandado, artículo 29 TUE y artículo 215 TFUE, apartado 2, no confieren al demandado la competencia para semejante actuación.
Segundo motivo en el que se alega que los actos impugnados se adoptaron para asistir a las autoridades judiciales en Túnez y no por los motivos señalados en apoyo de los fundamentos jurídicos elegidos y, en consecuencia, se ha cometido una infracción de tales fundamentos de Derecho.
Tercer motivo en el que se alega: a) error manifiesto de apreciación en relación con la existencia de una relación entre los bienes del demandante en la UE y el objeto de la investigación judicial en Túnez, b) error manifiesto de apreciación en la afirmación de que las partes dispositivas de los actos impugnados justifican que se mantenga el nombre del demandante en la lista de personas cuyos bienes deben ser congelados, y c) error manifiesto de apreciación de la base fáctica sobre la base de la cual el demandado pretende justificar los actos impugnados.
Cuarto motivo en el que se alega vulneración del derecho de defensa y de derechos fundamentales del demandante, a saber: la presunción de inocencia, el derecho a examinar la prueba en la que se basa la parte demandada en contra del demandante, el derecho a ser oído, el derecho de igualdad de armas, el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad.
Quinto motivo en el que se alega motivación inapropiada.
Recurso interpuesto el 11 de abril de 2014 — Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OAMI — Yorma’s (Yorma Eberl)
(Asunto T-229/14)
Demandante: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Nuremberg, Alemania) (representante: A. Parr, abogada)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Yorma’s AG, Degendorf, Alemania
Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de 11 de febrero de 2014, en el asunto R 532/2013-4.
Solicitante de la marca comunitaria: Yorma’s AG
Marca comunitaria solicitada: La marca denominativa «Yorma Eberl» para productos y servicios de las clases 3, 5, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 y 43 — Solicitud de marca comunitaria no 9 9 40 289
Marca o signo invocado: El nombre comercial y la denominación social utilizados en el tráfico económico, así como las marcas nacional y comunitaria NORMA para productos y servicios de las clases 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42
Infracción de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009/CE.
Infracción de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009/CE.
Recurso interpuesto el 22 de abril de 2014 — EEB/Comisión
(Asunto T-250/14)
Demandante: European Environmental Bureau (EEB) (Bruselas, Bélgica) (representantes: C. Stothers, Solicitor, y M. Van Kerckhove y C. Simphal, abogados)
Anule la decisión implícita de la Comisión Europea de 13 de febrero de 2014, considerada una respuesta denegatoria en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (EC) no 1049/2001, (1) por la que se deniega la divulgación de copias completas y no modificadas de la correspondencia con dos Estados miembros sobre sus propuestas de planes nacionales transitorios y que concede una exención a determinadas instalaciones de combustión en cuanto a los nuevos valores límite de emisión entre 2016 y 2020.
Primer motivo, basado en que la demandada se ha basado de manera contraria a Derecho en el artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento (EC) no 1049/2001, en contra de lo específicamente establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006. (2)
Segundo motivo, basado en que la demandada, de manera contraria a Derecho, no ha interpretado las excepciones del artículo 4 del Reglamento (EC) no 1049/2001 de manera restrictiva, según requiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (EC) no 1367/2006 y el artículo 4, apartado 4, del Convenio de Aarhus.
Tercer motivo, basado en que la demandada, de manera contraria a Derecho, ha consultado a terceros en virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1049/2001 en un caso en el que está claro que se debería haber divulgado el documento, basándose en esta consulta, también de manera contraria a Derecho, para prolongar su plazo para contestar.
Cuarto motivo, basado en que la demandada, de manera contraria a Derecho, no ha tenido en cuenta las partes de un documento a las que se puede aplicar una excepción y la divulgación de las restantes conforme al artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001.
Quinto motivo, basado en que al retrasar el acceso, la demandada, de manera contraria a Derecho, no ha proporcionado al público oportunidades tempranas y efectivas de participar durante la preparación, modificación y revisión de los planes nacionales transitorios cuando todas las opciones son aún posibles, como exige el artículo 9 del Reglamento (EC) no 1367/2006.
(2) Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 264, p. 13).
Recurso interpuesto el 18 de abril de 2014 — Warenhandelszentrum/OAMI — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)
(Asunto T-254/14)
Demandante: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Alemania) (representante: F. Hirschel, abogado)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburgo, Alemania)
Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 29 de enero de 2014 en el asunto R 2035/2012-1 y acuerde el registro solicitado de la marca de la demandante.
Marca comunitaria solicitada: Marca gráfica que contiene los elementos denominativos «NEW MAX» para productos y servicios de las clases 3, 5 y 37 — Solicitud de marca comunitaria no 1 0 1 06 474
Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG
Marca o signo invocado: Marca gráfica que contiene el elemento denominativo «MAX» para servicios de la clase 35
Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición y desestimación del registro solicitado de las marcas en su integridad
Motivos invocados: Inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas controvertidas
Recurso interpuesto el 24 de abril de 2014 — Novomatic/OAMI — Berentzen Mally Marketing Plus Services (BLACK JACK TM)
(Asunto T-257/14)
Demandante: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (representante: W. Mosing, abogado)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (Meerbusch, Alemania)
Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de febrero de 2014 en el asunto R 329/2012-4, con la consecuencia de que la OAMI tendrá que desestimar la oposición en su totalidad por inexistencia de similitud entre los productos o servicios, es decir, por inexistencia de riesgo de confusión, y tendrá que autorizar el registro de la marca comunitaria conforme a la solicitud de registro de marca comunitaria no 9 4 56 278.
Condene a la OAMI y, en caso de intervención escrita, al oponente a cargar con sus propias costas y con las de la demandante tanto en el procedimiento de recurso ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) como en el presente procedimiento.
Marca comunitaria solicitada: Marca figurativa, que contiene los elementos denominativos «BLACK JACK TM», para productos y servicios de las clases 9, 28 y 41 — Solicitud de marca comunitaria no 9 4 56 278
Titular de la marca o del signo invocado en el procedimiento de oposición: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH
Marca o signo invocado: Marca denominativa y figurativa «BLACK TRACK» para productos de las clases 18, 25 y 28
Resolución de la Sala de Recurso: Anulación de la resolución de la División de Oposición y denegación parcial de la solicitud de marca
Motivos invocados: Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 75 del Reglamento no 207/2009.
Recurso interpuesto el 22 de abril de 2014 — Hansen/OAMI (WIN365)
(Asunto T-264/14)
Demandante: Robert Hansen (Múnich, Alemania) (representante: M. Pütz-Poulalion)
Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 20 de febrero de 2014 (asunto R 908/2013-4).
Condene en costas a la Oficina.
Marca comunitaria solicitada: marca denominativa «WIN365», para productos y servicios de las clases 9, 35, 36, 38 y 41 — Solicitud de marca comunitaria no 1 1 5 13 851
Resolución del examinador: denegación parcial del registro
Recurso interpuesto el 23 de abril de 2014 — Zehnder Group International/OAMI — Stiebel Eltron (comfotherm)
(Asunto T-267/14)
Demandante: Zehnder Group International AG (Gränichen, Suiza) (representante: J. Krenzel, abogado)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Holzminden, Alemania)
Anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 21 de febrero de 2014 en el asunto R 1318/2013-4.
Marca comunitaria registrada, respecto de la que se interpuso una solicitud de nulidad:«comfotherm» para productos y servicios de las clases 9 y 11 — Solicitud de marca comunitaria no 8 8 59 472
Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Motivación de la solicitud de nulidad: marca denominativa «KOMFOTHERM» para productos de la clase 11
Motivos invocados: la resolución impugnada no se sostiene frente a un examen en relación con la determinación de la similitud de los productos.
Recurso interpuesto el 30 de abril de 2014 — Mabrouk/Consejo
(Asunto T-277/14)
Demandante: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Cartago, Túnez) (representantes: J. Farthouad, J. Mignard, N. Boulay, abogados, y S. Crosby, Solicitor)
Declare que el demandado ha infringido el artículo 265 TFUE al no realizar actuación alguna en méritos de la solicitud del demandante de 17 de enero de 2014, de la que acusó recibo, con el fin de revelar los elementos probatorios en la que se basa para congelar los activos del demandante en la Unión Europea.
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca un motivo.
El demandante alega que el demandado está legalmente obligado a revelar al demandante los elementos probatorios en los que se basa para congelar los activos de éste, y que se requirió formalmente al demandado para que revelara tales elementos probatorios y, por lo tanto, fue plenamente requerido para que actuara. El demandado no ha llevado a cabo actuación alguna ya que no ha revelado los elementos probatorios ni se ha negado a hacerlo y, por consiguiente, ha infringido el artículo 265 TFUE.
Recurso interpuesto el 29 de abril de 2014 — Portnov/Consejo
(Asunto T-290/14)
Demandante: Andriy Portnov (Kiev, Ucrania) (representante: M. Cessieux, abogado)
Declare la admisibilidad del recurso del Sr. Andriy Portnov.
Anule el Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que afecte al demandante.
Anule la Decisión no 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que afecte al demandante.
Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas con arreglo a los artículos 87 y 91 Del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
Primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva garantizados por los principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, según se establece en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Segundo motivo, basado en la insuficiencia de motivación de los actos impugnados.
Tercer motivo, basado en el incumplimiento del criterio sancionador definido en el artículo 1 de la Decisión no 2014/119/PESC y en el cuarto considerando del Reglamento (UE) no 208/2014.
Cuarto motivo, basado en la existencia de un error de hecho, por cuanto en la fecha de adopción de los actos impugnados el Sr. Portnov no era objeto de ninguna investigación penal en Ucrania por hechos como los que establece en su contra el Consejo.
Quinto motivo, basado en la violación del derecho fundamental al respeto de la propiedad, principio fundamental del Derecho comunitario protegido por el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 1 del Protocolo adicional no 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2014 — Seca Benelux y otros/Parlamento
(Asunto T-311/14)
Demandantes: Seca Benelux SPRL (Bruselas, Bélgica); Groupe Seca SA (Valenciennes, Francia); y Seca Ingénierie SAS (Valenciennes) (representante: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, abogado)
Anule la decisión del Parlamento de 21 de febrero de 2014 de no seleccionar su oferta presentada para la adjudicación del contrato de asistencia a la gestión técnica de los edificios del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Licitación no INLO.AO-2013-003-STR-UGIMS-03) y de adjudicar el contrato a otro licitador.
Antes de pronunciarse en Derecho, que se ordene al Parlamento que presente los documentos siguientes:
La lista de los principales servicios similares ejecutados por el otro licitador durante los últimos tres años, indicando su importe, su fecha y su destinatario, público o privado.
El o los documento(s) que acrediten los títulos académicos y profesionales del personal propuesto por el otro licitador para ejecutar el contrato y que incluya los datos exigidos en las páginas 11 a 27 del pliego de las especificaciones técnicas y en el acta de la visita in situ obligatoria y de las respuestas a las preguntas formuladas por los licitadores.
El o los documento(s) que acrediten que el Parlamento había comprobado efectivamente si todos los títulos académicos y profesionales del personal asignado al contrato por el otro licitador que había recibido se ajustaban a la documentación de la licitación, en particular, a las páginas 11 a 27 del pliego de especificaciones técnicas y el acta de la visita in situ obligatoria y de las respuestas a las preguntas formuladas por los licitadores.
Primer motivo, basado en la falta de comprobación de los criterios de selección violando las normas del artículo 110, apartado 1, del Reglamento no 966/2012 (1) y del artículo 148 del Reglamento Delegado no 1268/2012, (2) la documentación de la licitación y el principio de buena administración.
Segundo motivo, basado en el error manifiesto en la apreciación de la capacidad técnica de los licitadores, violando el artículo 110, apartado 1, del Reglamento no 966/2012, los artículos 146, apartado 2, y 148 del Reglamento Delegado no 1268/2012 y de las normas fijadas en la documentación de la licitación, así como del principio de buena administración y del principio de igualdad de trato de los licitadores.
(1) Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (DO L 298, p. 1).
(2) Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO L 362, p. 1).
Recurso interpuesto el 28 de abril de 2014 — Federcoopesca y otros/Comisión
(Asunto T-312/14)
Demandantes: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Roma, Italia); Associazione Lega Pesca (Roma), y AGCI AGR IT AL (Roma) (representantes: L. Caroli y S. Ventura, abogados)
Anule la Decisión C (2013) 8635 final de la Comisión Europea, de 6 de diciembre de 2013, por la que se establece un plan de acción para remediar las deficiencias del sistema italiano de control de la pesca (Action plan), concretamente en relación con los puntos 13, 15, 16 y 17 del plan de acción incorporado a la Decisión.
La Decisión impugnada en el presente procedimiento tiene por objeto remediar las deficiencias supuestamente constatadas en la aplicación por parte de las autoridades italianas de las normas de la política pesquera común.
Primer motivo, basado en la falta o insuficiencia de motivación
La parte demandante alega a este respecto que el acto impugnado fue aprobado para dar respuesta a determinadas irregularidades detectadas en la aplicación de algunas normas de la política pesquera común. No obstante, el acto no contiene ninguna indicación relativa a tales irregularidades, de modo que no resulta posible determinar el proceso lógico que llevó a su aprobación. Esta causa de invalidez es especialmente grave, ya que esas medidas representan una excepción respecto de anteriores actos de la Unión.
Segundo motivo, basado en la infracción de los Tratados y de las normas relativas a su aplicación
La parte demandante alega a este respecto que la Decisión impugnada adolece de un vicio por cuanto es contraria a los Tratados y al artículo 102, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1224/2009 y de un vicio de falta de competencia. Considera que la Decisión no tiene por objeto reforzar el sistema de controles sino que impone nuevas obligaciones no contempladas en los actos primarios e, incluso, contrarias a los mismos.
Tercer motivo, basado en la vulneración de los principios de no discriminación, racionalidad y proporcionalidad
La parte demandante alega a este respecto que la Decisión vulnera el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, en la medida en que establece obligaciones nuevas y más onerosas para los pescadores italianos. Considera asimismo que las medidas carecen manifiestamente de una conexión razonable con el fin perseguido y son intrínsecamente irrazonables y desproporcionadas, ya que no es posible identificar la relación que existe entre las obligaciones impuestas a los pescadores y la consecución del fin perseguido por la Decisión.
Cuarto motivo, basado en la ilegitimidad del régimen de las infracciones graves, en la infracción, en particular, del artículo 92 del Reglamento (CE) no 1224/2009, y en la vulneración del principio de graduación y proporcionalidad de la sanción
La parte demandante alega a este respecto que, en contra de lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 1224/2009, el cual establece un sistema de gradación de sanciones, la Decisión impugnada impone la suspensión automática de la autorización de pesca en caso de infracción grave y la retirada definitiva en caso de reincidencia. En consecuencia, la Decisión sustituye las reglas del Reglamento por un sistema diferente y marcadamente más penalizador de sanciones automáticas e irrevocables. Considera igualmente que el sistema de sanciones impuesto por el plan de acción es frontalmente contrario a los principios de gradación de la sanción, de proporcionalidad de la misma respecto de la gravedad de la infracción y del carácter personal de la sanción, ya que ésta recae sobre la persona titular de la autorización con independencia de la identidad de quien cometa la infracción.
Auto del Tribunal General de 9 de abril de 2014 — Al-Aqsa/Consejo
(Asunto T-276/08) (1)
(1) DO C 236, de 13.9.2008.
(Asunto T-503/11) (1)
(1) DO C 347, de 26.11.2011.
Auto del Tribunal General de 7 de mayo de 2014 — Adler Mode/OAMI — Cluett, Peabody (Fairfield)
(Asunto T-139/12) (1)
El Presidente de la Sala Novena ha resuelto archivar el asunto.
(1) DO C 165, de 9.6.2012.
Auto del Tribunal General de 30 de abril de 2014 — Visa Europe/Comisión
(Asunto T-447/12) (1)
Auto del Tribunal General de 28 de abril de 2014 — Deweerdt y otros/Tribunal de Cuentas
(Asunto T-132/13) (1)
Auto del Tribunal General de 28 de abril de 2014 — Omega/OAMI — Omega Engineering (Ω OMEGA)
(Asunto T-175/13) (1)
Auto del Tribunal General de 5 de mayo de 2014 — Vokswagen/OAMI (StartUp)
(Asunto T-156/14) (1)
(1) DO C 135, de 5.5.2014.
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 14 de mayo de 2014 — Alexandrou/Comisión
(Asunto F-140/12) (1)
((Función pública - Oposición general EPSO/AD/231/12 - Acceso a los documentos - Denegación de la solicitud confirmatoria de acceso a las preguntas de respuestas múltiples planteadas en los test de acceso))
(1) DO C 26, de 26.1.2013, p. 76.
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 14 de mayo de 2014 — Delcroix/SEAE
(Asunto F-11/13) (1)
((Función pública - Funcionario - SEAE - Jefe de delegación en un país tercero - Traslado a la sede del SEAE - Cese anticipado de las funciones de jefe de delegación))
Demandantes: Nicola Delcroix (Bruselas, Bélgica) (representantes: inicialmente D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal y S. Orlandi, abogados, posteriormente D. Abreu Caldas, J.-N. Louis y S. Orlandi, abogados)
Demandada: Servicio Europeo de Acción Exterior (representantes: inicialmente R. Metsola y S. Marquardt, agentes, posteriormente S. Marquardt, agente)
Pretensión de anulación de la decisión por la que se traslada al demandante a un puesto en la sede del SEAE y se pone fin a su afectación a la Delegación de la UE en Yibuti.
Anular la decisión, notificada mediante escrito de 8 de marzo de 2012, por la que se traslada al Sr. Delcroix a la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior y se pone, de ese modo, fin anticipadamente a su afectación como Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Yibuti.
El Servicio Europeo de Acción Exterior cargará con sus propias costas y con las costas del Sr. Delcroix.
(1) DO C 123, de 27.4.2013, p. 29.
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 14 de mayo de 2014 — Cocco/Comisión
(Asunto F-17/13) (1)
((Función pública - Agente contractual - Selección - Convocatoria EPSO/CAST/02/2010))
Demandante: Patricia Cocco (Hunting, Francia) (representantes: A. Salerno y B. Cortese, abogados)
Anulación de la decisión desestimatoria de la Comisión de la solicitud de selección de la demandante presentada por la OIL.
Anular la Decisión de la Comisión Europea de 25 de abril de 2012 negándose a contratar a la Sra. Cocco como agente contractual del grupo de funciones III.
La Comisión Europea cargará con sus propias costas y se la condena a cargar con las costas soportadas por la Sra. Cocco.
(1) DO C 123, de 27.4.2013, p. 30.
(Asunto F-34/13) (1)
((Función pública - Oposición general - Anuncio de oposición EPSO/AD/231/12 - No admisión a participar en las pruebas de evaluación - Acceso a los documentos))
Recurso de anulación de la decisión del tribunal calificador de la oposición EPSO/AD/231/12 de no admitir al demandante a las pruebas de evaluación de dicha oposición.
(1) DO C 207, de 27.7.2013, p. 58.
Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 8 de mayo de 2014 — A/Comisión
(Asunto F-50/13) (1)
((Función pública - Seguridad social - Accidente o enfermedad profesional - Artículo 73 del Estatuto - Invalidez permanente parcial - Solicitud de indemnización - Inadmisibilidad manifiesta))
Demandante: A (representantes: B. Cambier y A. Paternostre, abogados)
Demandada: Comisión Europea (representantes: V. Joris, agente, asistido por C. Mélotte, abogado)
Anulación de la decisión de la Comisión sobre la solicitud de indemnización complementaria, presentada por el demandante sobre la base del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, con el fin de obtener el resarcimiento íntegro de los perjuicios materiales y del daño moral que, según alega, sufrió a raíz de su enfermedad profesional y a causa de las múltiples irregularidades que viciaron la tramitación de su solicitud fundada en el artículo 73 del Estatuto.
(1) DO C 207, de 20.7.2013, p. 63.