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Timestamp: 2019-07-18 13:25:43
Document Index: 281895267

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 21']

2.22 Derecho a la educación (CDPD, artículo 24) - Elaboracion de informe sombra sobre la convencion de los derechos de las pcds
MINISTERIO DE EDUCACIÓN INVERSIÓN DEL MINEDU EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL – 2010
2.23 Derecho al trabajo (CDPD, artículo 24)
2.24 Habilitación y rehabilitación (CDPD, artículo 26)
2.25 Nivel de vida adecuado y protección social (CDPD, artículo 28)
2.26 Participación en la vida política y pública (CDPD, artículo 29)
2.22 Derecho a la educación (CDPD, artículo 24)
El derecho a la educación representa un aspecto fundamental para el desarrollo de la persona humana. Aunque la Constitución peruana no reconoce explícitamente a la educación como un derecho, en su artículo 13 señala que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, reconoce y garantiza la libertad de enseñanza y que los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Su artículo 15 indica que “el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico”, y el 16 que “es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación sobre la base de la igualdad de oportunidades con un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y la facilitación del acceso a la enseñanza a lo largo de la vida. Para efectivizar este derecho, los Estados deben adoptar medidas para asegurar que todo niño con discapacidad tenga acceso a una educación temprana y a la enseñanza primaria, secundaria y superior obligatorias; que los niños y niñas con discapacidad sean incluidos en programas de educación temprana; que no existan diferencias significativas en la educación de los niños y las niñas en los distintos niveles de enseñanza, y si las hay, adoptar políticas y legislación para eliminar esas diferencias; asegurar que las escuelas y materiales sean accesibles y que se proporcionen ajustes razonables individualizados y el apoyo que requieran las personas con discapacidad para asegurar una educación efectiva y la plena inclusión.
Los Estados deben garantizar la disponibilidad de servicios de capacitación en Braille, lenguaje de signos, formas de comunicación aumentativas y alternativas, movilidad y otros aspectos para los niños, adultos o maestros que así lo requieran; promover la identidad lingüística de las personas sordas; asegurar que la educación se proporcione en las lenguas, modos, medios de comunicación y entornos más apropiados para cada uno; asegurar que los profesionales del sistema educativo estén adecuadamente formados en cuestiones de discapacidad, así como las medidas para incorporar personas con discapacidad en el equipo educativo. Deben cuidar que las y los estudiantes con discapacidad no se vean excluidos de la enseñanza terciaria; que existan ajustes razonables y se implementen otras medidas para garantizar el acceso de estas a la educación para toda la vida, así como identificar tempranamente a las personas con discapacidad y determinar sus necesidades educativas.
De acuerdo con los criterios definidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en materia de educación se debe incluir el derecho de acceso a instituciones y programas educativos públicos con carácter no discriminatorio144. Criterio que ha sido desarrollado por las Normas Uniformes en su artículo 6 al señalar que “los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar porque la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza”.
El año 2003, el Ministerio de Educación adoptó un Plan Estratégico de Educación Especial 2003-2007 contemplando, entre otras cosas, la institución de la Dirección Nacional de Educación Especial (DNEE), para la atención de educandos con necesidades educativas especiales asociadas al talento y a la discapacidad, además de impulsar el desarrollo de políticas educativas inclusivas, que regulen el proceso de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales de todos los niveles y modalidades del sistema. Asimismo, para garantizar la atención educativa de calidad para los niños (as) y jóvenes con necesidades educativas especiales por discapacidad, en todos los niveles y modalidades, mediante el fortalecimiento de los procesos y servicios de educación especial en el ámbito urbano y rural.
No obstante la importancia de estas normas e iniciativas, la distancia entre ellas y la realidad parece ser todavía muy importante. Ejemplos de ello son el que el Ministerio de Educación siga hasta la actualidad sin reportar de manera pública estadísticas sobre inclusión escolar, o, como se dijo preliminarmente, que el último Censo Nacional de Población (2007) no permitiera observar las características de la población con discapacidad existente en el Perú debido a que la encuesta aplicada estuvo centrada en el registro de “hogares” y no de personas. La inexistencia de datos, o el desconocimiento de las particularidades que informan las características de este sector poblacional, dificultan la posibilidad de formular políticas públicas adecuadas y con ellas implementar de manera efectiva los mandatos de la Convención.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las personas con discapacidad en el Perú representan el 8.9% de la población general. De ellas, 325,471 (12.9%) tienen entre 6 y 18 años, es decir, se encuentran dentro de la edad escolar. En ese sentido, teniendo en cuenta que en el año 2006 se matricularon 42,132 personas con discapacidad en las distintas modalidades y niveles del sistema educativo, habría un 87.1% de niños, niñas y jóvenes en edad escolar que se encontraría fuera del sistema. Asimismo, el número de alumnos con discapacidad matriculado en los diferentes niveles de la educación especial es todavía mayor al de estudiantes incluidos en las demás modalidades del sistema.145
El Ministerio de Educación, de conformidad con el principio de inclusión recogido en la Ley General de Educación146, ha declarado la “Década de la Educación Inclusiva 2003–2012” y, dentro de este marco, se ha comprometido a llevar a cabo planes pilotos, programas, proyectos y convenios que garanticen la ejecución de acciones para la realización del derecho a la educación inclusiva de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Por su parte, el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad PIO 2003–2007147, aprobado en mayo del 2003 con el objeto de articular y afianzar las diversas políticas públicas en temas de discapacidad, estableció como objetivo específico en materia de educación “garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad en un marco de carácter inclusivo”. Entre las acciones y medidas propuestas en el referido plan se encuentra la de impulsar el desarrollo de políticas educativas inclusivas que regulen el proceso de aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales de todos los niveles y modalidades del sistema.
Se diseñó para ello un Plan Piloto de Educación Inclusiva con cobertura geográfica, en su primera fase, en cuatro regiones del país: Junín, Lambayeque, Lima y Loreto. El Plan prevé la participación de 632 instituciones de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, ubicadas en dichas regiones. Por otro lado, según lo previsto en la fase de consolidación, la cobertura del Plan Piloto deberá ser ampliada a otras seis regiones entre los años 2007 y 2008148.
El año 2007 la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión en 82 instituciones educativas públicas regulares del nivel primario en todos los departamentos del país. El objetivo de dicha supervisión fue evaluar la implementación de la política educativa inclusiva de niños y niñas con discapacidad, diseñada por el Ministerio de Educación, a fin de determinar el grado de cumplimiento por parte del Estado peruano de las obligaciones referidas a garantizar la realización de su derecho a la educación inclusiva en escuelas regulares públicas.
En base a la investigación realizada, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial Nº 127149 observando el casi nulo avance del Plan Piloto de Educación Inclusiva, proponiendo recomendaciones para su implementación. Entre otras situaciones problemáticas, la Defensoría encontró que las instituciones educativas supervisadas no cumplen con las normas sobre accesibilidad física (urbanística y arquitectónica) para personas con discapacidad, impidiendo a los estudiantes con discapacidad acceder y disfrutar de los ambientes y servicios que en ellas se brindan.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, la ejecución del Plan Piloto requería un presupuesto de S/.14´747,000. No obstante, ha informado que viene siendo ejecutado con cargo al presupuesto institucional de apertura de la Dirección Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación Especial (DINEBE), el mismo que asciende a S/. 2´683,800150. Por otro lado, el Estado no destina los recursos suficientes para garantizar que las instituciones educativas inclusivas cuenten con una infraestructura y mobiliario accesible, con docentes debidamente calificados, con equipos de apoyo al docente de aula y con textos y materiales educativos adecuados.
En la gran mayoría de las instituciones educativas supervisadas por la Defensoría del Pueblo, el proceso de inclusión educativa se ha limitado a una mera integración de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. Y la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad viene siendo ejecutada sin la existencia de un número suficiente de docentes debidamente calificados, cuya capacitación corresponde a las Dirección Regionales de Educación (DRE) y a sus respectivos Servicios de atención a las necesidades especiales (SAANEE). Solamente se han incrementado 10 Centros de Recursos para necesidades especiales (CRANEs), que deben estar a disposición de los docentes, con el consecuente problema de que no se ha garantizado la distribución de materiales para la enseñanza y aprendizaje en la mayoría de las instituciones supervisadas151.
Respecto a los niveles de inversión que el Estado deposita para la educación de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, como puede apreciarse en el siguiente cuadro, para el presente año 2010 esta ascendió a sólo S.2 104,648 de soles, lo que representa apenas el 0.005% del presupuesto total invertido en el sector Educación.
INVERSIÓN DEL MINEDU EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL – 2010
4,111,262,739
2,104,648
Fuente: Cuadro elaborado en base a la información contenida en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)152
En el Presupuesto Nacional del año 2010 no figura cifra alguna para actividades de educación inclusiva; destinándose S/ 2, 104,648.00 para las escuelas de educación especial, lo que representa el 0.05% del presupuesto total del Ministerio de Educación, ascendiente a S/4, 111,262,739.00. Y la poca inversión en la educación de los niños y jóvenes con discapacidad grafica de manera concreta la exclusión del sistema educativo.
El derecho al trabajo es uno de los derechos que mayor demanda de cumplimiento suscita por las personas con discapacidad en nuestro país. Así en efecto lo indican las diversas encuestas, entrevistas y cuestionarios aplicados153.
El artículo 22 de la Constitución peruana reconoce a trabajo como un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de realización de la persona. Su artículo 23, por su parte señala que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan; que el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo; y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Otros artículos constitucionales, como los que van del 24 al 29 se extienden en el reconocimiento de derechos, libertades y garantías que, en el plano constitucional reúnen la condición de fundamentales.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es aún más amplio y generoso al reconocer los derechos y libertades que deben presidir la inserción de las personas con discapacidad en el mundo del Trabajo. Concretamente este artículo reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar y ganarse la vida en un mercado de trabajo y un entorno laboral abiertos, inclusivos y accesibles, incluso en el caso de las personas que adquieran una discapacidad en el desempeño de su empleo.
Para hacer efectivo el derecho, los Estados partes de la Convención se encuentran obligados a adoptar medidas legislativas para proteger contra la discriminación en todas las etapas del empleo y en todo tipo de empleo y para reconocer los derechos de las personas con discapacidad a trabajar sobre la base de la igualdad con los demás, en particular el derecho a igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; implementar programas y políticas especiales de empleo encaminados a lograr el empleo pleno y productivo de las personas con discapacidad; facilitar el reempleo de personas con discapacidad que pasan a ser redundantes como resultado de la privatización, redimensionamiento a la baja y reestructuración económica de empresas públicas y privadas; asegurar la disponibilidad de asistencia técnica y financiera para proporcionar ajustes razonables, incluida la promoción de la creación de cooperativas y empresas embrionarias a fin de alentar el espíritu empresarial; implementar medidas de acción afirmativa y efectiva para el empleo de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, y medidas de acción positiva y efectiva para prevenir el hostigamiento de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Debe asegurar el acceso de las personas con discapacidad al empleo abierto y los servicios de formación profesional, incluidos los que promueven el empleo por cuenta propia; eliminar las diferencias significativas que existan en el empleo de hombres y mujeres con discapacidad y asegurarse de que existan políticas y legislación para eliminarlas a fin de promover el adelanto de la mujer con discapacidad. Deben identificar los grupos más vulnerables entre las personas con discapacidad y adoptar políticas y medidas legislativas para incluirlos en el mercado de trabajo; implementar medidas para promover los derechos sindicales de las personas con discapacidad; y para retener y reciclar a los trabajadores que, como consecuencia de un accidente de trabajo, queden con una discapacidad que les impida continuar realizando sus anteriores tareas.
Los Estados deben velar por el trabajo de las personas con discapacidad en el sector informal de la economía del Estado y adoptar medidas para que puedan salir de ese sector, así como acceder a los servicios básicos y la protección social. Deben, igualmente, proteger a los trabajadores con discapacidad de despidos injustos y de trabajos forzosos u obligatorios; velar por que las personas con discapacidad que tienen conocimientos profesionales y formación técnica sean provistas del apoyo necesario para que puedan ingresar y reingresar en el mercado de trabajo; así como velar para que los estudiantes con discapacidad tengan el mismo acceso al mercado ordinario de trabajo y para garantizar la existencia de distintas modalidades de empleo, como el trabajo presencial, el teletrabajo (fuera de la ubicación o en el hogar) y la subcontrata, y las oportunidades laborales que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación.
El artículo 7 de las Normas Uniformes refiere que “los Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo”. Asimismo la Observación General Nº 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas154 señala que el disfrute efectivo del derecho a trabajar de las personas con discapacidad exige la eliminación de la discriminación “preeminente y persistente” así como las barreras materiales que la sociedad ha erigido en esferas como el transporte, la vivienda y el puesto de trabajo las que se citan como justificación para no emplear a las personas con discapacidad155.
Así pues, de acuerdo con las normas y estándares instituidos para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, no basta con hacer frente a la discriminación, sino que también es imprescindible combatir otras barreras al trabajo, por lo que los Estados deben apoyar activamente la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario y desarrollar también políticas que promuevan y regulen disposiciones laborales flexibles y alternativas que permitan atender razonablemente las necesidades de los trabajadores con discapacidad156.
Aunque en nuestro medio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con los Centros Especializados de Rehabilitación (CER), ha venido desarrollando programas de sensibilización sobre la reincorporación de las personas con discapacidad al sistema laboral a fin de sensibilizar a funcionarios, inspectores y supervisores del trabajo, consultores, liquidadores, conciliadores y personal administrativo sobre la problemática de las personas con discapacidad. Pero ello dista mucho del marco integral de políticas públicas en este campo que se requieren para abordar adecuadamente esta problemática. Carecemos de políticas y normas interrelacionadas entre sí que prevean estrategias concretas para promover el respeto a la diversidad y la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad en el mundo del trabajo tal y como lo señala las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”157.
Del mismo modo que en otros temas relativos al desarrollo humano, en nuestro país no existen aún cifras claras sobre estadísticas de personas con discapacidad empleada. Y aunque se conoce bien que una de las características principales de las personas con discapacidad es la pobreza y pobreza extrema, los programas públicos dirigidos a promover de empleo para el sector son extremadamente precarios, cuando no apenas testimoniales.
La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley No 27050, establece en su artículo 33º (modificado por la Ley No 28164) que “El Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados y descentralizados, las instituciones constitucionalmente autónomas, las empresas del Estado, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, están obligados a contratar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al tres por ciento (3%) de la totalidad de su personal”. Y aunque existen muchas instituciones que efectivamente cumplen lo previsto en la ley, al mismo tiempo muchas otras entidades la incumplen y no son sancionadas por esta conducta tal como lo dispone expresamente la Ley No 29392158 (Infracciones y Sanciones por incumplimiento de algunos artículos de la Ley General de la Persona con Discapacidad). Para empeorar las cosas, el Estado carece de un programa o plan de carácter transversal dirigido a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Según el estudio sobre Trabajo y Discapacidad que llevó a cabo la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso peruano el año 2005159, las condiciones de acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en el Perú son particularmente precarias. En efecto, alrededor del 76% de las PCDs se encuentran en condición de inactivas, y cuando participan en el mercado laboral se enfrentan a una tasa de desempleo que es 70% más alta que para el caso de las personas sin discapacidad.
Un contexto en el que, además, las diferencias de género son particularmente notorias: la brecha en términos de tasa de participación entre la población con y sin discapacidad es cerca del 50% para el caso de los hombres y de 34% para el caso de las mujeres con discapacidad en el año 2002. Para el 2003, dicha brecha era de 44% y 38% respectivamente. Asimismo, la tasa de desempleo de las mujeres con discapacidad es consistentemente más alta que la de las mujeres sin discapacidad, siendo de 17% para el 2002 y 28% para el 2003, tasa 7% y 26% más alta que la de las mujeres sin dicha condición en los mismos años.
En cuanto a sus condiciones de empleo, el artículo 31 de la Ley General de la Persona con Discapacidad establece que la persona con discapacidad gozará de todos los beneficios y derechos que dispone la legislación laboral para los trabajadores y que nadie puede ser discriminado por ser persona con discapacidad, agregando que “es nulo el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el acceso, la permanencia y/o en general las condiciones en el empleo de la persona con discapacidad”.
No obstante, además de que esta protección no siempre opera en la realidad, las propias autoridades judiciales carecen de criterios uniformes a la hora de aplicar la ley, lo que incrementa aun más los niveles de incertidumbre e inseguridad que las personas con discapacidad deben sufrir respecto al goce (y protección) de sus derechos. Esto es consecuencia de que, en lo relativo al derecho al trabajo, nuestros tribunales vienen pronunciándose en sentidos contradictorios. Un ejemplo de ello es el caso Vilma Palma Calle160, mediante la cual – de manera positiva - se sancionó que no puede negarse un trabajo a una persona en razón de su discapacidad. Vilma Palma Calle era una persona con discapacidad que estudiaba la carrera de industrias alimentarias y comenzó a trabajar en los laboratorios de su institución. Sin embargo, los profesores que trabajaban con ella se opusieron a su designación, aduciendo que su discapacidad (motora y en el habla) no la hacía apta para ocupar tal puesto. La sentencia proferida en este caso resultó histórica, en la medida en que es el primer caso que se juzga por discriminación en el trabajo respecto de una persona con discapacidad. Los profesores fueron condenados a tres años de cárcel suspendida y al pago de 10 mil nuevos soles a favor de la víctima.
En sentido contrario, un caso desafortunado que demuestra que los jueces peruanos carecen de un criterio interpretativo uniforme, acorde con los estándares en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, fue el seguido por el señor Carlos Guerrero Quiroz161, quien interpuso una acción de cumplimiento para que se le otorgara un puesto de trabajo acorde con sus capacidades y las necesidades de la Municipalidad a la que aspiraba, como lo regula la ley. El Tribunal Constitucional rechazó en última instancia el pedido formulado por el señor Guerrero, argumentando que el mandato cuyo cumplimiento se solicitaba no cumplía con el requisito de ser ineludible y de obligatorio cumplimiento, por lo que en específico no se podía obligar a la Municipalidad a contratar al demandante, interpretando que la ley sólo establece que la persona con discapacidad puede ser potencialmente contratada por el Estado, pero no que necesariamente deba ser contratada. Con base a este criterio, el Tribunal Constitucional se limitó a exhortar a la Municipalidad en cuestión para que realizara gestiones en orden a abrir plazas para personas con discapacidad, sin imponerle un mandato imperativo dirigido a que cumpliera con lo previsto por la ley.
A pesar de la existencia de un marco legal – siempre perfectible - dirigido a promover y proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a un empleo en condiciones adecuadas y dignas, la realidad, como hemos visto, dista mucho de reflejar estos avances normativos en la práctica. Y todo ello ocurre en un contexto en el que el incumplimiento de las leyes que favorecen a las PCDs no parece responder sólo a la existencia de limitaciones en las normas sino a defectos de enfoque en su implementación. Muestra de ello es el hecho de que las políticas de promoción laboral de las personas con discapacidad no cubran siquiera al 1% de este colectivo laboral.
Un estudio recientemente elaborado el año 2010 por la Fundación Trust for the Americas y el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)162 sobre la situación laboral de las personas con discapacidad en el Perú, refiere que resta aún mucho por hacer para asegurar que las políticas públicas sirvan al objetivo de asegurar, en la práctica y no sólo en las normas, que todas las personas con discapacidad pueden hacer efectivo su derecho a trabajar y ganarse la vida en un mercado de trabajo y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible, tal como señala el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Existen serias barreras de accesibilidad física y de movilidad, especialmente en el ámbito del transporte, pero también en los propios establecimientos laborales que limitan la libre circulación de las personas con discapacidad y, por ende, constriñen severamente sus oportunidades de accesibilidad a los puestos de trabajo y las oportunidades laborales de las que, de otro modo, podrían perfectamente beneficiarse.
Es notoria la ausencia de una política seriamente estructurada y coordinada, al interior del Estado y fuera de él, que contemple una serie de actividades para promover empleo y generación de ingresos a través de otras alternativas como el fomento de negocios y empresas de diverso tipo, que diseñe una política de concertación y comunicación que permita sensibilizar al sector privado para la inclusión laboral; o que prevea formas de promover la accesibilidad física y del transporte de modo que facilite la movilidad hacia el trabajo. Los organismos estatales no cumplen, además, con la obligatoriedad de incluir un 3% de personas con discapacidad en sus planillas de empleo; lo que no los sitúa en una buena condición para sensibilizar al empresariado privado a que también lo realice.
En cuanto a las vulnerabilidades que amenazan la existencia de las PCDs en el mercado de trabajo, alrededor de la mitad de las organizaciones de personas con discapacidad que participaron validando este informe, destacó que todas las personas con discapacidad son vulnerables; es decir, que no existe un grupo en particular de PCDs que sea más vulnerable que los demás en término laborales. No obstante, otro grupo, igualmente significativo de estas organizaciones sostuvo que sí existen grupos que sufren una vulnerabilidad diferencial. La opinión de estos se desagrega de la siguiente manera: un 17.1% considera más vulnerable a los que tienen discapacidad psicosocial163; un 10.8% a los sordo ciegos; un 4.1% a los niños y ancianos con discapacidad; un 1.4% a las mujeres164; un 0.9% a los usuarios de sillas de ruedas; y un 0.5% a los esquizofrénicos (ver Anexo 1).
En general, con respecto a las PCDs y su vínculo con el mercado de trabajo, las organizaciones de personas con discapacidad refieren mayoritariamente que existe una falta de protección contra la discriminación en el trabajo hacia las PCDs. A esto se suma que los ingresos que se remunera por su trabajo no son iguales a los de sus colegas que no presentan discapacidad. Asimismo, se denuncia que se carece de medidas y/o programas públicos que promuevan sistemática y adecuadamente el empleo pleno y productivo de las PCDs, incluyendo el incremento de su empleabilidad.
Por otro lado, de acuerdo con la respuesta de la mayoría de respuestas en la encuesta aplicada a los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, la aplicación de las débiles previsiones existentes para reservar un 3% de la planilla estatal para PCDs es deficiente y, como consecuencia de ello, su cumplimiento casi completamente nulo. Se advierte, asimismo, que no sólo no se provee facilidades, asistencia técnica y/o financiera a los empleadores para promover la contratación de PCDs, sino que tampoco se promociona la creación de cooperativas y empresas entre las PCDs.
La mayoría de los encuestados sostiene, de igual modo, que los sindicatos no defienden adecuadamente sus derechos, lo que se suma a la desprotección estatal. Asimismo, que la mayoría de personas que sufren un accidente en el trabajo y quedan discapacitados son despedidos, careciendo las PCDs de medidas de protección de su estabilidad laboral. Tampoco se implementan medidas para que las PCDs puedan salir de la informalidad, y no se promociona el trabajo de las PCDs a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todo ello hace que las PCDs no pueden ejercer plenamente su derecho a contar con un trabajo y asegurar con ello para sí mismas un mayor margen de igualdad económica y social. La estabilidad de sus empleos se encuentra tan desprotegida como en otros dominios de la vida social; y no sólo son discriminados sino que tampoco cuentan con apoyo para defender sus derechos. Una de las causas que explica porqué la mayoría de las PCDs que trabajan se encuentre inmersa en el sector informal de la economía, en empleos precarios, escasamente reconocidos, peor remunerados y con casi nula protección social.
La rehabilitación es uno de los conceptos esenciales toda política pública en materia de discapacidad. Por este motivo, los Estados deben asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad a fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad. En particular, elaborar programas nacionales de rehabilitación basados en las necesidades reales de ellas y en los principios de plena participación e igualdad.
Como señalan las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad165, esos programas deben incluir una amplia gama de actividades, como la capacitación básica destinada a mejorar el ejercicio de una función afectada a compensar dicha función, el asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus familias, el fomento de la autonomía y la prestación de servicios ocasionales como evaluación y orientación. Y las personas con discapacidad y sus familias deben estar en condiciones de participar en la concepción y organización de los servicios de rehabilitación que les conciernan; los mismos que deben establecerse en la comunidad local en la que viva la persona con discapacidad.
De acuerdo con el artículo 26 de la Convención, todas las personas con discapacidad tienen derecho a lograr y mantener la máxima independencia, plena capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plenas en todos los aspectos de la vida, mediante programas generales de habilitación y rehabilitación, en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales.
Para satisfacer estas obligaciones, los Estados deben implementar programas generales de habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad, en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, incluida la intervención temprana, y sobre la disponibilidad de estos servicios y programas en zonas rurales; asegurar que la participación en servicios y programas de habilitación y rehabilitación sea voluntaria; promover la formación inicial y continua de los profesionales y el personal que trabajen en programas de habilitación y rehabilitación; asegurar la disponibilidad, el conocimiento y uso de dispositivos y tecnologías de apoyo diseñados para las personas con discapacidad, en actividades de habilitación y rehabilitación; así como adoptar medidas para promover la cooperación internacional en el intercambio de tecnologías de apoyo, en particular con países del tercer mundo, como el nuestro.
Empero, contrariando estas obligaciones, en nuestro país los servicios de atención en habilitación y rehabilitación son deficientes y se encuentran altamente centralizados en Lima y las ciudades capitales del interior, lo que excluye de su alcance a un importante número de personas con discapacidad del país que viven en las zonas más alejadas o pobres del país.
En nuestro país, prima un concepto y metodologías de rehabilitación de carácter institucional y, como consecuencia de ello, sólo se provee estos servicios dentro de las instituciones, por lo que la población en condición de pobreza residente en el interior del país no puede acceder a tales servicios por falta de recursos para el transporte hacia los centros de rehabilitación. Una de las causas que genera esta situación es que no se ha asumido oficialmente una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC), lo que permitiría la concertación de todos los servicios públicos y privados existentes en las propias localidades donde se encuentran las personas con discapacidad.
Enfrentadas a servicios de rehabilitación costosos, con cupos escasos y ausencia de equidad en su distribución a nivel nacional, e incluso regional, se torna imperativo desarrollar alternativas que complementen la rehabilitación tradicional desarrollada en centros profesionales y permitir a las personas con discapacidad que viven marginadas en las áreas urbanas, marginales y rurales el acceso a los servicios de rehabilitación que necesitan y hoy no tienen. Una alternativa basada en los parámetros de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)166, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La implementación de medidas de habilitación y rehabilitación demanda que las personas con discapacidad cuenten con procesos simplificados y a su alcance para acceder a estos servicios. Ámbito en el que, en el Perú, existen normas, pero que no siempre se cumplen. Es el caso, por ejemplo, de la Resolución Ministerial Nº 298-2004/MINSA, que establece la obligación de expedir gratuitamente los Certificados de Discapacidad en los diversos establecimientos de salud que cuenten con servicios de salud. O de medidas como las previstas en diversos artículos de la Ley Nº 27050, como su artículo 15 que indica que “en cuanto a la prevención terciaria, [el Ministerio de Salud, en coordinación con el CONADIS] ejecuta y promueve la ampliación de la cobertura de atención de las personas con discapacidad orientándose a la rehabilitación efectiva”; en su artículo 18, conforme al cual “Las prótesis, aparatos ortopédicos, medicinas, drogas y toda ayuda compensatoria para la rehabilitación Física de las personas con discapacidad serán proporcionados por los servicios de medicina física del Ministerio de Salud, con el apoyo y coordinación del CONADIS”; o su artículo 20, según el cual "Las instituciones del Estado en el campo de la salud, en coordinación con CONADIS, brindan atención en todas sus especialidades a las personas con discapacidad, con la finalidad de alcanzar la recuperación de su salud”.
Aunque en términos generales puede afirmarse que los servicios brindados por el Instituto Nacional de rehabilitación (INR) son adecuados, estos no bastan para cubrir a la población con discapacidad a nivel nacional y por ello son insuficientes.
Lo mismo puede decirse de los servicios ofrecidos por ESSALUD, en particular sus Centros Especializados de Rehabilitación Profesional que, operando como unidades operativas de diferentes niveles de complejidad, tienen por objetivo lograr la integración socio laboral de la persona con discapacidad a partir de tres modelos: los Centros Especializados de Rehabilitación Profesional (CERP), los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional (MBRP); y las Unidades Básicas de Rehabilitación Profesional (UBARP). Aunque los Centros Especializados de Rehabilitación Profesional de ESSALUD vienen operando desde 1997, a nivel nacional en la actualidad, trece años después, sólo existen cuatro centros y, como se aprecia en la página web de la institución, carece de ningún tipo de estadística sobre la población atendida por cada uno de estos centros rehabilitación que permita saber si se viene cubriendo en estos centros las demandas de la población con discapacidad en este ámbito a nivel nacional o en sus respectivas regiones.
En opinión de los representantes de las organizaciones con discapacidad que han validado este informe, en general se aprecia que no hay una protección de la voluntad de participar de las PCDs en los programas de rehabilitación de manera voluntaria; es decir, que su libertad está restringida también en este ámbito. Situación que se complica cuando no está asegurada la formación inicial y actualización posterior de los profesionales y personal que trabaja en programas de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad.
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Dispone, asimismo, que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales; y que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por su parte, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado y a la protección social. Para garantizar este derecho, los Estados deben adoptar medidas para asegurar a las personas con discapacidad la disponibilidad y el acceso a agua potable, a una alimentación adecuada, a vestido y a vivienda; asegurar a las personas con discapacidad el acceso a servicios, dispositivos y otro tipo de asistencia adecuada a precios asequibles, incluida la disponibilidad de programas que cubran los gastos extras relacionados con la discapacidad; asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres, las niñas y las personas mayores, a programas de protección social y programas de mitigación de la pobreza; ofrecer programas de vivienda pública y prestaciones y programas de jubilación a las personas con discapacidad; y medidas para reconocer la relación entre pobreza y discapacidad.
Sin embargo, en el Perú estas prescripciones estas todavía muy distantes de poder hacerse realidad. Aunque, como en toda América Latina se han producido en los últimos años avances en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, la situación de las personas con discapacidad sigue siendo mayoritariamente dramática, y no existen estipendios oficiales para las personas con discapacidad en situación de pobreza extrema y abandono.
El artículo 21 de la Ley General de las Personas con Discapacidad dispone que el Estado promueva el ingreso a la Seguridad Social de las personas con discapacidad, mediante regímenes de aportación y afiliación regular o potestativa; y que el CONADIS coordinará un régimen especial de prestaciones de salud asumidas por el Estado para personas con discapacidad severa y en situación de extrema pobreza, lo cual debería ser fijado en el Reglamento.
El Ministerio de Salud, como ha sido mencionado al tratar previamente el derecho a la salud, creó el Seguro Integral de Salud (SIS) para brindar servicios básicos a las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza; programa al que pueden acceder las PCDs de las diversas regiones del Perú. Sin embargo, no existe un programa específico orientado a las PCDs que contemple de manera especializada servicios orientados a tratar su situación de discapacidad en ninguna etapa de la vida de la persona.
La Ley no prevé el otorgamiento de pensiones de gracia a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza extrema. Asimismo, la ley ha establecido una incompatibilidad entre la percepción de las pensiones de invalidez y de orfandad por invalidez, con los ingresos remunerados167, lo que afecta sobre todo a las personas con discapacidad intelectual que requieren ingresar o permanecer en el mercado de trabajo.
No existe apoyo para crear y fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad y su participación a nivel internacional, regional y regional. Las personas con discapacidad no tienen posibilidades materiales para organizarse más sólidamente. Cuando lo hacen es gracias a los apoyos de proyectos sociales privados.