Source: https://www.scribd.com/document/129820229/Fallo-Caso-Lucchetti
Timestamp: 2018-08-18 11:39:10
Document Index: 313612781

Matched Legal Cases: ['Artículo 36', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 8', 'ARTÍCULO 8', 'Artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 25', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

Fallo Caso Lucchetti
Uploaded by Fern León
Fecha de envío a las partes: 7 de febrero de 2005
CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES CASO No. ARB/03/4 EMPRESAS LUCCHETTI, S.A. Y LUCCHETTI PERÚ, S.A. (Demandantes) c. LA REPÚBLICA DEL PERÚ (Demandada)
Miembros del Tribunal: Juez Thomas Buergenthal, Presidente Dr. Bernardo M. Cremades, Árbitro Sr. Jan Paulsson, Árbitro Secretaria del Tribunal: Sra. Gabriela Alvarez-Avila
EL TRIBUNAL Integrado en la forma antes señalada, Habiendo completado sus deliberaciones, Dicta por la presente el laudo siguiente: I. INTRODUCCIÓN
1. Las Demandantes, Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. (Demandantes o Lucchetti), compañías constituidas conforme a la legislación de Chile y del Perú, respectivamente, están representadas en estas actuaciones por las siguientes personas: Sres. Edmundo Eluchans Urenda Gastón Gómez B. y Gonzalo Molina A. Edmundo Eluchans y Cía. Miraflores 178, Piso 16 Santiago de Chile, Chile y Sres. Robert Volterra Alejandro Escobar y Sra. Francesca Albert Herbert Smith, Primrose Street London EC2A 2IIS Reino Unido 2. La Demandada es la República del Perú (Demandada o Perú), representada en estas actuaciones por: Excelentísimo Señor Embajador Eduardo Ferrero Costa Embajada del Perú
1700 Massachusetts Avenue N.W. Washington, D.C. 20036 Juez Stephen M. Schwebel Sres. Daniel M. Price y Stanimir A. Alexandrov Sidley Austin Brown & Wood LLP 1501 K Street N.W. Washington, D.C. 20005 II. HISTORIA PROCESAL
3. El 24 de diciembre de 2002 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI o el Centro) recibió de Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. una solicitud de arbitraje contra la República del Perú. La controversia se refería a una fábrica de pastas en la Municipalidad de Lima, y fue planteada al CIADI en el marco del Convenio del CIADI. Las Demandantes invocan las disposiciones sobre solución de controversias del Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (el BIT). 4. El Secretario General Adjunto registró la solicitud el 23 de marzo de 2003, conforme al Artículo 36(3) del Convenio del CIADI, y conforme a la Regla de Iniciación 7 e hizo saber a las partes que se había registrado la solicitud, y las invitó a constituir cuanto antes un Tribunal de Arbitraje. 5. Según lo convenido por las partes, el Tribunal estaría formado por tres miembros, uno designado por cada parte, y un tercero, designado como Presidente del Tribunal por acuerdo de las partes o, a falta de acuerdo, designado por el Secretario General. Las Demandantes designaron como árbitro al Sr. Jan Paulsson, de nacionalidad francesa. La Demandada designó al Dr. Bernardo M. Cremades, de nacionalidad española. Como las partes no se pusieron de acuerdo en la designación del Presidente del Tribunal, el Secretario General Adjunto, después de consultar con las partes, designó como Presidente del Tribunal al Juez Thomas Buergenthal, de nacionalidad estadounidense. 6. El 1 de agosto de 2003, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6(1) de las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje (Reglas de Arbitraje) del CIADI, el Secretario General Adjunto del Centro informó a las
En virtud de una decisión comunicada a través del Secretariado el 16 de septiembre de 2003. Tras mantener consultas con las partes. Durante la sesión se produjo un intercambio de opiniones con respecto al lugar del arbitraje y a las objeciones a la jurisdicción planteadas por la Demandada.. 9. y que se suspenderían las actuaciones sobre el fondo del asunto conforme a la Regla 41(3) de las Reglas de Arbitraje. Gabriela Alvarez Avila. la Demandada presentó su memorial sobre la jurisdicción el 15 de diciembre de 2003 y las Demandantes presentaron su memorial de contestación el 15 de marzo de 2004. El 7 de agosto de 2003. Se decidió que el lugar del arbitraje sería la sede del Centro en la ciudad de Washington. respectivamente. La réplica y la dúplica sobre la jurisdicción se presentaron los días 17 de mayo de 2004 y 16 de julio de 2004. En virtud de ese cronograma. En la primera sesión el Tribunal escuchó también argumentos orales referentes a la solicitud de suspensión formulada por la Demandada el 7 de agosto de 2003.392 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL partes que todos los árbitros habían aceptado sus nombramientos y podía considerarse constituido el Tribunal e iniciados los procedimientos en dicha fecha. A través de la misma carta se informó a las partes que la Sra.) siendo objeto de una controversia concurrente entre Estados. el 11 de septiembre de 2003 las partes presentaron sus escritos sobre la solicitud de suspensión formulada por la Demandada. Siguiendo las instrucciones del Tribunal. y manifestaron que no tenían objeciones que formular a ese respecto. actuaría como Secretaria del Tribunal.. en observancia de las disposiciones pertinentes del Convenio del CIADI y de las Reglas de Arbitraje. el Tribunal concluyó que no se habían cumplido las condiciones de suspensión de las actuaciones y confirmó el cronograma de presentación de escritos referentes a las objeciones a la jurisdicción. El Tribunal también invitó a las partes a presentar argumentos orales sobre este tema durante la primera sesión. 7. entre la República del Perú y la República de Chile”. la primera sesión del Tribunal con las partes. el Tribunal estableció los plazos de presentación de escritos sobre la jurisdicción. la Demandada presentó una solicitud de suspensión de los procedimientos en virtud del hecho de que la “solicitud de arbitraje de las Demandantes [estaba] (. 8. 10. El 15 de septiembre de 2003 se celebró en La Haya (Holanda). . consejero jurídico principal del CIADI. Éstas coincidieron en que el Tribunal había sido constituido en debida forma.
Robert Volterra. El 2 de noviembre de 2004. Alexandrov y Alejandro Riveros. Schwebel y a los Sres. Se prepararon y distribuyeron a las partes y a los miembros del Tribunal transcripciones en inglés y español de la audiencia sobre la jurisdicción. a la que adjuntaron una deci- . Herbert Smith Comparecieron en nombre de la Demandada: Roberto Rodríguez. en nombre de la parte demandante. los días 2 y 3 de septiembre de 2004. En el curso de la audiencia las partes respondieron a preguntas del Tribunal. Consejero. 13. Procuraduría General de la República del Perú Stephen M. Sidley Austin Brown & Wood LLP Stanimir A. Sidley Austin Brown & Wood LLP Carlos Carpio. el Tribunal impartió directrices referentes a la organización de la audiencia sobre la jurisdicción. El 24 de agosto de 2004. conforme a las cuales las partes presentaron documentos que habían de considerarse durante la audiencia sobre jurisdicción el 26 de agosto de 2004. Gonzalo Molina Ariztía. Sidley Austin Brown & Wood LLP Nicolás Lloreda. Edmundo Eluchans y Cía. Crosby. Embajada del Perú Álvaro Rey de Castro. Alejandro Escobar y Edmundo Eluchans Urenda. en la ciudad de Washington. Embajada del Perú Alejandro Riveros. Stanimir A. en nombre de la parte demandada. Robert Volterra. tras haber recibido una comunicación de las Demandantes fechada el 27 de octubre de 2004. Consejero. Sidley Austin Brown & Wood LLP Lisa A. Estudio Jurídico Rodrigo. Price. 14. Alexandrov. Price. Edmundo Eluchans y Cía. y a los Sres. Daniel M. Las partes estuvieron representadas del modo siguiente: Comparecieron en nombre de las Demandantes: Edmundo Eluchans Urenda. El Tribunal se reunió en la sede del Banco Mundial. Ministro de Relaciones Exteriores del Perú César Julio Pantoja Carrera. El Tribunal escuchó al Juez Stephen M.CASES 393 11. Schwebel Daniel M. Herbert Smith Alejandro Escobar. para escuchar los argumentos orales de las partes sobre jurisdicción. Elías & Medrano 12.
Todos los actos de anulación de los permisos. 16. El Tribunal recibió sus respectivos comentarios. 17. la Segunda Demandante debe también considerarse como inversionista chilena a los efectos de las disposiciones del Convenio Bilateral sobre solución de controversias. Las Demandantes sostienen que esos procesos judicia- . 1277. Las actuaciones judiciales concluyeron con pronunciamientos favorables a la Segunda Demandante. al final de 1997 y a principios de 1998 la Municipalidad Metropolitana de Lima (Municipalidad de Lima) anuló los permisos otorgados a la Segunda Demandante para la construcción de su planta.394 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL sión del Dr. En la solicitud de arbitraje se establece que la Primera Demandante es una compañía constituida conforme a la legislación de Chile y propietaria de más del 98% de las acciones de la Segunda Demandante. El monto agregado de la inversión realizada en el Perú superaba los US$150 millones. La Segunda Demandante es la propietaria de un inmueble ubicado en la Avenida Prolongación de los Defensores del Morro No. ciudad de Lima. 18. en cuyo mercado no tardó en alcanzar posición destacada. quien decidió ampliar sus actividades a otros países y en 1995 se concentró en el Perú. y sus fundamentos. No obstante. en la fecha antes mencionada. estaba destinada al mercado local y al de exportación. en que construyó una planta industrial para la fabricación y venta de pastas. fechada el 31 de agosto de 2004. según lo previsto en el Artículo 8. en Lima. sin excepción. fueron.3 del Convenio Bilateral entre el Perú y Chile. impugnados judicialmente en el Perú. con documentos adicionales. reglamentos y prácticas habituales en el Perú. por lo cual. La Primera Demandante es una de las principales empresas del mercado chileno en el sector de producción de pastas y productos conexos. Las Demandantes sostienen que todas las autorizaciones y permisos administrativos y municipales necesarios para la construcción de la planta industrial los obtuvieron conforme a las leyes. Distrito de Chorrillos. III. Pablo Sánchez Velarde. el Tribunal invitó a las partes a formular comentarios al respecto a más tardar el 16 de noviembre de 2004. invocando problemas ambientales y supuestos vicios de los actos de otorgamiento de los permisos. La producción y operación de la planta de la Segunda Demandante. LA SOLICITUD DE ARBITRAJE 15. fiscal superior anticorrupción.
259 el 16 de agosto de 2001 (publicados oficialmente el 22 de agosto de 2001). En su totalidad la planta goza de certificación internacional ISO 14. 258 (titulado: Disponen que la Alcaldía Metropolitana de Lima solicite al Congreso de la República declarar de necesidad pública la preservación. que pocas fábricas han obtenido en el Perú.001. En su Artículo 3. la Segunda Demandante desarrolló sus actividades sin obstáculos legales. pero no dentro. hasta la revocación de su licencia. la entidad estatal peruana competente en materia ambiental. el mantenimiento y la defensa permanente de la Reserva Ecológica Pantanos de Villa. El Concejo de la Municipalidad de Lima promulgó los Acuerdos de Concejo No. 19. en agosto de 2001. Después de que la Municipalidad de Chorrillos concedió a la Segunda Demandante su licencia operacional. Las Demandantes sostienen que la planta no utiliza agua de los pantanos ni de los humedales. la planta ha sido controlada periódicamente por el INRENA y que en todos los casos se ha comprobado que cumple las normas ambientales previstas por la ley y los reglamentos peruanos. a través de una Resolución Directorial que imponía a la Segunda Demandante la obligación de cumplir diversos requisitos ambientales. La Segunda Demandante había presentado oportunamente dos estudios de impacto ambiental. Las Demandantes sostienen que desde la fecha de aprobación de su estudio de impacto ambiental. la parte operativa del Acuerdo de Concejo No. mantenimiento y defensa de la Reserva Ecológica Pantanos de Villa) encomendaba al Alcalde de Lima presentar al Parlamento peruano proyectos de leyes de expropiación. ni de pozos subterráneos de la zona. El segundo de ellos fue aprobado en debida forma por el INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales. 258 tiene el texto siguiente: «ACUERDO: . Ninguna entidad pública o privada intentó siquiera impugnar esas sentencias judiciales. sino que posee su propio sistema de suministro y eliminación del agua por cañería. y tienen ahora el carácter de cosa juzgada. dependiente del Ministerio de Agricultura). 258 y No. por razones de necesidad pública. 20. Tras un largo preámbulo. comprobándose que eran claramente inferiores a los umbrales previstos en los reglamentos y directrices. Asimismo se midieron los niveles de ruido y luz de la planta. el Acuerdo de Concejo No.CASES 395 les se resolvieron definitiva e irrevocablemente conforme a la legislación peruana. en diciembre de 1999. de todas las áreas necesarias para la preservación. de un humedal protegido denominado Pantanos de Villa. La planta de la Segunda Demandante se construyó cerca.
Artículo 3º. 259 tiene el texto siguiente: «ACORDÓ: Artículo 1º.Disponer que la Alcaldía Metropolitana de Lima... mantenimiento y defensa permanente de la Reserva Ecológica Pantanos de Villa. Artículo 2º.396 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL Artículo 1º.A. publíquese y cúmplase. previo los informes técnicos que considere pertinentes. resoluciones y. ALBERTO ANDRADE CARMONA Alcalde de Lima» 21. todas las decisiones.Encargar a la Alcaldía Metropolitana de Lima para que. en general. 6856-98-MDCH a Lucchetti Perú. S. comuníquese. El Acuerdo de Concejo No. previo los informes técnicos que se realicen mediante concurso público. medidas que sean necesarias para dar solución integral y definitiva a la preservación..Disponer que la Alcaldía Metropolitana de Lima. Tras un largo preámbulo. mantenimiento y defensa permanente de la Reserva Ecológica Pantanos de Villa. Regístrese.A.. actos administrativos. presente al Congreso de la República los proyectos de ley de expropiación por causa de necesidad pública afectando las áreas necesarias que lo integran y las adyacentes que conforman su entorno. para su establecimiento industrial en avenida Prolongación Defensores del Morro s/n.Revocar la licencia municipal de funcionamiento otorgada por Resolución de Alcaldía No. con la participación de las Universidades y los Colegios Profesionales. que sean necesarias para dar solución integral y definitiva a la preservación. altura km 20. en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. S. la parte operativa del Acuerdo de Concejo No. proceda a solicitar al Congreso de la República que declare de necesidad pública la preservación. el mantenimiento y la defensa permanente de la Reserva Ecológica Pantanos de Villa. y disponen la clausura definitiva de su establecimiento) revocó específicamente la licencia de funcionamiento de la Segunda Demandante. proceda a adoptar. en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 259 (titulado: Revocan licencia municipal de funcionamiento a Lucchetti Perú.5 de la carrete- .
. Las Demandantes sostienen que la responsabilidad del Estado del Perú en esta situación es doble. de sus autoridades y de los vecinos de la capital de la República. conforme al derecho interno peruano y al Derecho Internacional por varias razones. ya que transcurrió un período considerable desde la promulgación de esos Acuerdos de Concejo sin que cumpliera la obligación que le impone el Convenio Bilateral entre el Perú y Chile de corregir la situación y proteger la inversión. Panamericana Sur. publíquese y cúmplase.. contado a partir del día siguiente de la publicación del presente acuerdo. porque incurrió en responsabilidad directa. 258 es inconstitucional e ilegal. ALBERTO ANDRADE CARMONA Alcalde de Lima» 22. Artículo 4º. medidas que se harán efectivas en un plazo máximo de doce meses. Artículo 2º. el Acuerdo de Concejo No. Segundo. Las Demandantes sostienen que el Acuerdo de Concejo No. que estudie y recomiende las medidas que sean necesarias para la efectiva ejecución de lo dispuesto en el artículo precedente. Primero. 23. comuníquese.Encargar a la Alcaldía Metropolitana de Lima que constituya una Comisión Técnica Ad Hoc. Las Demandantes sostienen asimismo que la Demandada infringió las obligaciones que le imponen tres diferentes artículos del Convenio Bilateral entre el Perú y Chile: el Artículo 3. porque le son imputables los actos de la Municipalidad de Lima conforme a la jurisprudencia del CIADI y al Derecho Internacional.Disponer se proceda a interponer las acciones civiles y penales que correspondan. Además. para el giro de elaboración de pastas alimenticias y su comercialización.Disponer la clausura definitiva del establecimiento industrial referido en el artículo anterior y su integral erradicación. de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Regístrese.CASES 397 ra.2 (protección conforme a la ley y frente a . Artículo 3º. Chorrillos. en cuya integración deberá incorporarse a representantes de la sociedad civil y de las instituciones dedicadas a la preservación y defensa del medio ambiente y la diversidad biológica. 259 representa una clara amenaza para los derechos del inversionista.. en resguardo de la Reserva Ecológica Pantanos de Villa.
y el Artículo 6. de una inversión.398 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL medidas injustificadas o discriminatorias). discriminatorias o sin compensación). venta y liquidación de dichas inversiones mediante medidas injustificadas o discriminatorias. ARTÍCULO 4 Tratamiento de las Inversiones 1. directa o indirectamente. a un inversionista de la otra Parte Contratante. nacional y de nación más favorecida). usufructo. extensión. las medidas no sean discriminatorias. el Artículo 4. o aquel otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones de inversionistas de la nación más favorecida efectuadas dentro de su territorio. El siguiente es el texto de esos artículos del Convenio Bilateral entre el Perú y Chile: «ARTÍCULO 3 Promoción y Protección de las Inversiones 1…. Ninguna de las Partes Contratantes adoptará medida alguna que prive. 2. Cada Parte Contratante deberá garantizar un tratamiento justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante. mantenimiento. a menos que se cumplan las siguientes condiciones: a) b) las medidas sean adoptadas en virtud de la ley y en conformidad con las normas constitucionales correspondientes. .1 (garantías de un tratamiento justo y equitativo. uso. Este trato no será menos favorable que aquel otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones de sus propios inversionistas efectuadas dentro de su territorio.1 (protección frente a expropiaciones ilegales. Cada Parte Contratante protegerá dentro de su territorio las inversiones efectuadas de conformidad con sus leyes y reglamentos por los inversionistas de la otra Parte Contratante y no perjudicará la administración. si este último tratamiento fuere más favorable. ARTÍCULO 6 Expropiación y Compensación 1.
Que se otorgue a las reclamantes una indemnización por el daño emergente y lucro cesante asociado con la inversión realizada. 258 y No. cuya tasa y método de cálculo se indicarán en la demanda arbitral. a contar de la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha de pago. Que se otorguen a las reclamantes otras formas de indemnización y reparación que se harán presentes». 24. En estas circunstancias las Demandantes solicitan a este Tribunal que dicte lo siguiente: «1. Que se otorguen a las reclamantes los intereses que procedan con anterioridad y con posterioridad a la sentencia. . La legalidad de cualquiera de dichas expropiaciones. incluyendo todos los honorarios profesionales. todas cantidades cuyos montos se indicarán en la demanda arbitral. adecuada y efectiva. Que se otorgue a las reclamantes el reembolso de los costos incurridos en este arbitraje. Ante cualquier atraso en el pago de la compensación se acumularán intereses a una tasa comercial establecida sobre la base del valor de mercado. 5. 2. Que se declare que el Estado Peruano ha violado las obligaciones asumidas en el APPI y los principios aplicables del derecho internacional y que por consiguiente es responsable ante las reclamantes. nacionalizaciones o medidas similares y el monto de la compensación estarán sujetos a revisión según el debido procedimiento legal». 259 y los actos subsiguientes causaron enormes pérdidas y perjuicios a su inversión y violaron sus derechos. 4.CASES 399 c) las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación inmediata. 3. Las Demandantes sostienen que los Acuerdos de Concejo No. Dicha compensación se basará en el valor de mercado de las inversiones afectadas en una fecha inmediatamente anterior a aquella en que la medida llegue a conocimiento público.
ii) iii) iv) Ese escrito se basa en el Artículo 2 del Convenio Bilateral (Ámbito de aplicación). Sin embargo. La Demandada plantea las tres excepciones siguientes con respecto a la jurisdicción del Tribunal: 1. Las Demandantes sostienen que la controversia comenzó después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral y que. en el territorio de esta última. OBJECIONES A LA JURISDICCIÓN PRESENTADAS POR LA DEMANDADA 25.400 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL IV. el Tribunal es competente ratione temporis. cuyo texto es el siguiente: «ARTÍCULO 2 Ámbito de aplicación El presente Convenio se aplicará a las inversiones efectuadas antes o después de la entrada en vigencia del Convenio. no se aplicará a divergencias o controversias que hubieran surgido con anterioridad a su entrada en vigencia». por inversionistas de una Parte Contratante. El Convenio Bilateral entró en vigencia el 3 de agosto de 2001. Por lo tanto. Según las Demandantes. como la controversia surgió antes de que entrara en vigencia el Convenio Bilateral. por lo tanto. la controversia se relaciona con los dos Acuerdos de Concejo dictados por la Municipalidad de Lima en 2001 cuyo texto figura en . conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante. Incompetencia ratione temporis. el Tribunal carece de competencia. La diferencia entre la Demandante y las autoridades peruanas comenzó en 1997-98. No es objeto de debate que el Convenio Bilateral entró en vigencia el 3 de agosto de 2001. i) Las disposiciones del Convenio Bilateral no se aplican a diferencias y controversias surgidas antes de que entrara en vigencia dicho Convenio.
Si mediante dichas consultas no se llegare a una solución dentro de seis meses a contar de la fecha de solicitud de arreglo. Las Demandantes plantearon anteriormente esta controversia ante los tribunales del Perú. 2. ii) iii) El Artículo 8 del Convenio Bilateral dispone lo siguiente: «ARTÍCULO 8 Controversias entre una Parte Contratante y un Inversionista 1. supra. la decisión de un inversionista de plantear una controversia ante los tribunales locales tiene carácter definitivo y vinculante. 2. el inversionista podrá remitir la controversia a: – – el tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión. creado por la Convención para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Las Partes involucradas deberán consultarse con miras a obtener una solución amigable de las controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante. La controversia fue planteada inicialmente por las Demandantes en una carta dirigida al Presidente de la República del Perú fechada el 3 de octubre de 2001. o arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).CASES 401 el párrafo 20. Falta de competencia por presentación previa de la controversia ante los tribunales locales. firmado en Washington con fecha 18 de marzo de 1965. Por lo tanto el Tribunal no es competente para conocer de esta controversia. Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio . i) Conforme al Artículo 8 del Convenio Bilateral.
Por lo tanto. El término “inversión” se refiere a cualquier clase de bien. i) El Convenio Bilateral sólo se aplica a “inversiones” realizadas conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante. previo al surgimiento de la controversia. La decisión arbitral será definitiva y obligará a ambas Partes». será tratada. Las Demandantes violaron numerosas leyes y reglamentos del Perú que rigen la construcción y el funcionamiento de su planta. la elección de uno u otro procedimiento será definitiva. ni está comprendida en el ámbito del Convenio Bilateral en virtud de lo dispuesto por el Artículo 2. ii) iii) iv) El Artículo 1(2) del Convenio Bilateral define en los términos siguientes el término “inversión”: «2. a saber. Para los efectos de este artículo. el Perú. Las Demandantes niegan que esta controversia haya sido planteada anteriormente ante los tribunales peruanos. Incompetencia ratione materiae. se encontraren mayoritariamente en poder de inversionistas de la otra Parte Contratante.402 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL se hubiera efectuado la inversión o al tribunal arbitral. siempre que la inversión se haya efectuado de conformidad con las leyes y regla- . La definición de “inversiones” contenida en el Artículo 1 del Convenio Bilateral limita el significado de ese término a las inversiones efectuadas conforme a las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya efectuado la inversión. como una persona jurídica de la otra Parte Contratante. 3. cualquier persona jurídica que se hubiere constituido de conformidad con la legislación de una de las Partes y cuyas acciones. la planta no es una “inversión” protegida en el sentido del Artículo 1 del Convenio Bilateral. 4. conforme al artículo 25 2) b) de la referida Convención de Washington. 3.
patentes. Derechos de propiedad intelectual e industrial. aunque no exclusivamente: a) Los bienes muebles e inmuebles. nombres comerciales. no se aplicará a divergencias o controversias que hubieran surgido con anterioridad a su entrada en vigencia». derechos de llave y otros derechos similares. prendas.CASES 403 mentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión e incluirá. . marcas comerciales. usufructos. Las Demandantes sostienen que realizaron su inversión en el Perú dando cumplimiento a las leyes y reglamentos de ese país. tales como servidumbres. 26. cultivar. incluidos derechos de autor. Concesiones comerciales otorgadas por la ley o en virtud de un contrato. extraer o explotar recursos naturales». Los créditos. incluidas concesiones para explorar. b) c) d) e) El Artículo 2 define en los términos siguientes el ámbito de aplicación del Convenio Bilateral: «ARTÍCULO 2 Ámbito de aplicación El presente Convenio se aplicará a las inversiones efectuadas antes o después de la entrada en vigencia del Convenio. en el territorio de esta última. así como todos los demás derechos reales. valores. conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante. en particular. Sin embargo. por inversionistas de una Parte Contratante. procesos y conocimientos tecnológicos. hipotecas. Las acciones. Si el Tribunal considera fundada cualquiera de las tres objeciones a la jurisdicción deberá desestimar el caso. derechos sobre dineros y cualquier otra prestación que tenga valor económico. cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación en sociedades.
259. esperando así presentar un fait accompli a las autoridades municipales y de ese modo presionarlas para que aprobaran el proyecto y otorgaran los permisos necesarios ex post facto. No es necesario que el Tribunal examine los motivos que puedan haber inspirado las medidas administrativas relacionadas con la planta adoptadas entre agosto de 1997 y enero de 1998. sin tener en cuenta las leyes y reglamentos peruanos. haber cumplido criterios más severos que los obligatorios y haber adoptado medidas adicionales. COMPETENCIA RATIONE TEMPORIS 27. Basta señalar que se dictaron una serie de medidas administrativas que afectaron negativamente el avance de la construcción. Alberto Andrade Carmona. haber cooperado con las autoridades y. consistió en construir rápidamente su planta. por ejemplo en relación con las condiciones impuestas por el INRENA. las siguientes: i) 18 de agosto de 1997: La Municipalidad de Chorrillos emitió una notificación de paralización de obras dirigida a las Demandantes. Según las Demandantes. la oposición a la construcción de su planta. 29. y por lo tanto no comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio Bilateral entre el Perú y Chile. 111 que ordenó el cese inmediato de las obras de construcción de la planta. La Demandada sostiene que las Demandantes comenzaron la construcción de su planta sin obtener los actos de aprobación necesarios sobre habilitación urbana y requisitos ambientales. empezó alrededor de agosto de 1997 por el Alcalde de Lima. a lo largo de todo el proceso de construcción. posterior a la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. Las Demandantes manifiestan haber cumplido las leyes y reglamentos del Perú. Esa oposición fue motivada por razones políticas y fue un factor en las interferencias administrativas subsecuentes que se presentaron con la construcción de la planta. El acuerdo también designaba una Comisión Especial (Comisión Ruiz de Somocurcio) encargada de examinar las autorizaciones destinadas a la planta de ii) . en algunos casos. 28. La Demandada sostiene que la solicitud de arbitraje se refiere a una controversia continua iniciada en 1997. por ejemplo. y que su actitud. Según las Demandantes.404 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL V. 258 y No. 25 de septiembre de 1997: El Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó el Acuerdo de Concejo No. la controversia se planteó como consecuencia de la promulgación de los Acuerdos de Concejo No.
. y recomendar al Concejo Metropolitano los criterios y las medidas correctivas a que hubiera lugar. La Comisión Ruiz de Somocurcio emitió su informe el 17 de octubre de 1997. El siguiente es el texto de la parte operativa del Acuerdo de Concejo No. En los procedimientos de habilitación urbana y de otorgamiento de licencia de construcción de la planta industrial Lucchetti Perú. se proceda a disponer a la brevedad y bajo responsabilidad la inmediata paralización de las obras de construcción de la Planta Lucchetti Perú..A.(sic).Declarar que es conveniente y necesario. .Conformar una Comisión Especial constituida por los Regidores: Jorge Ruiz de Somocurcio. S. y la elaboración de un informe legal que precise el alcance de las acciones complementarias y específicas a realizar al respecto. quien la presidirá Santiago Agurto Calvo Ricardo Giesecke Sara Lafosse Luzmila Zapata García Luis Carlos Rodríguez Martínez Olimpia Méndez León Martha Moyano Delgado encargada de revisar los expedientes administrativos seguidos por la Empresa LUCHETTI S. y llegó a las siguientes conclusiones con respecto a la planta de las Demandantes: «Conclusiones y Recomendaciones: 1. 111: «ACORDÓ: 1º.CASES 405 las Demandantes y formular propuestas de mejoramiento del control urbano y ambiental de los Pantanos de Villa. propuestas de prevención y fortalecimiento de medidas de control urbano y ambiental del área natural y del área de influencia de los Pantanos de Villa. comuníquese y cúmplase. Regístrese. formulándose entre otros..A.Solicitar opinión a las Comisiones de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente y de Asuntos Legales. ALBERTO ANDRADE CARMONA Alcalde de Lima». S. 2º.A. 3º.
iii) 21 de octubre de 1997: El Concejo de la Municipalidad de Lima promulgó el Acuerdo de Concejo No. bajo responsabilidad.Establecer la “Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa”… …. S. distrito de Chorrillos y.. licencias de funcionamiento de establecimientos y demás actos administrativos de naturaleza municipal. el Código del Medio Ambiente. es necesario que la Municipalidad Metropolitana de Lima disponga la paralización de las construcciones en vista de que la Municipalidad Distrital de Chorrillos no ha dispuesto la paralización de las mismas y que los órganos competentes. …La edificación de la planta industrial Lucchetti Perú. procedan a anular la correspondiente licencia de construcción provisional y apliquen las más severas sanciones correspondientes. licencias de construcción.. Artículo 4º... 126. normas y convenios sobre protección ambiental y el Reglamento de Licencias de Construcción. distrito de Chorrillos. 2.».Suspender todos los procedimientos de habilitaciones urbanas. habiéndose determinado que en el presente caso se han transgredido las normas de orden público sobre la materia. respecto de solicitudes presentadas para desarrollarse dentro de la “Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa” descrita en los Artículos 1º y 2º del presente Acuerdo. Esta suspensión comprende a los actos de las Municipalidades Distritales que tienen jurisdicción en la zona de amortiguamiento del Área Ecológica Metropolitana Pantanos de Villa».406 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL ubicada en la zona adyacente de los Pantanos de Villa. que estableció la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos de Villa y entre otras cosas disponía lo siguiente: «ACORDÓ: Artículo 1º.A. cualquiera que fuera su estado de tramitación. restableciendo el principio de autoridad. se han transgredido y violentado expresas disposiciones del Reglamento Nacional de Construcciones. . representa un peligro ambiental inminente al Área Natural Protegida de los Pantanos de Villa.
lotes 1A y 2. por silencio administrativo positivo. 01 establece: «ACORDÓ: 1. por no ajustarse a los niveles operacionales de Industria Liviana (I-2) correspondiendo a una Zona de Gran Industria (I-3). en el terreno de 59. de acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento de Zonificación General de Lima Metropolitana y en el Reglamento Nacional de Construcciones.CASES 407 iv) 2 de enero de 1998: La Comisión Técnica Provincial de la Municipalidad de Lima dictó el Acuerdo No.Declarar improcedente la ubicación del proyecto referido en el punto anterior. S. para su inmediato cumplimiento y demás fines pertinentes. S. de la provincia y departamento de Lima.00 m2 de extensión. Tras un largo preámbulo.Transcribir en la fecha el presente acuerdo a la firma LUCCHETTI PERÚ. bajo responsabilidad.Transcribir en la fecha el presente acuerdo a la Municipalidad Distrital de Chorrillos. del distrito de Chorrillos. ubicado entre la avenida Los Héroes de Villa y la antigua carretera Panamericana Sur (avenida Huaylas). de la lotización Villa Baja.A.Declarar nula la aprobación efectuada por la Comisión Técnica Distrital de la Municipalidad Distrital de Chorrillos del Proyecto Arquitectónico presentado por la firma LUCCHETTI PERÚ.. así como los demás actos sucesivos producidos al amparo de dicha irregular aprobación.A. al que se contraen los puntos precedentes.Declarar la nulidad de pleno derecho del supuesto otorgamiento de licencia de construcción definitiva. y de cualquier otro acto administrativo expreso o presunto que autorice la ejecución de obras de construcción. debiéndose informar a la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre las acciones tomadas. 4... 2. 3.A. 01 (Declaran nulos actos administrativos que autoricen ejecución de obras de construcción de planta industrial en terreno ubicado en el distrito de Chorrillos). y a la Inspectoría General de la Municipalidad Metropolitana de Lima.. 2 de enero de 1998» . S.. la parte operativa del Acuerdo No. de la planta industrial cuya edificación pretende la empresa LUCCHETTI PERÚ.943. 5. Lima.
Las Demandantes promovieron las actuaciones judiciales en enero de 1998 a través de una acción de Amparo Constitucional contra el Concejo Provincial de la Municipalidad de Lima.408 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL 30. incluida la suspensión del Acuerdo No. La acción de Amparo Constitucional dio lugar a cuatro sentencias independientes. 111 del Concejo de la Municipalidad de Lima. el dictado de una orden que impusiera al Alcalde la obligación de abstenerse de formular amenazas o realizar o ejecutar. 6 de febrero de 1998: La Demandantes obtuvieron del Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público una sentencia a la acción de Amparo Constitucional en los términos siguientes: FALLA: ii) . las Demandantes solicitaron el dictado inmediato de órdenes de aplicación de medidas cautelares. Como parte de su acción de Amparo Constitucional. 31. así como la notificación de paralización de las obras de construcción de la planta de las Demandantes. 01. y la suspensión y no aplicación de la notificación de paralización de obra dictada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos según lo dispuesto por el Acuerdo de Concejo No. La reacción de la Demandante ante este acuerdo y ante la revocación de su licencia de construcción consistió en acudir a la justicia para que autorizara la continuación de la construcción y operación de la planta. 01 y del Artículo 4 del Acuerdo de Concejo No. A través de la acción de Amparo Constitucional se perseguía la inmediata suspensión de los efectos del Acuerdo No. cualquier acto o hecho de demolición. la no aplicación a las Demandantes del Artículo 4 del Acuerdo de Concejo No. o cualquier acto que implicara transferencia o pérdida. el Alcalde de la Municipalidad de Lima (Alberto Andrade Carmona) y el Concejo de Distrito de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. por sí mismo o a través de sus subordinados. por parte de las Demandantes. 126. todas ellas favorables a las Demandantes: i) 19 de enero de 1998: El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público declaró fundada la solicitud de medidas cautelares formulada por las Demandantes e hizo lugar a las medidas correctivas promovidas a través de la acción de Amparo Constitucional presentada. 32. de sus legítimos derechos de propiedad en su planta. 126. del 21 de octubre de 1997.
conservación y obras de fomento en los . 184 del Concejo de la Municipalidad de Lima. que habían impugnado la Ordenanza No. 18 de mayo de 1998: La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público confirmó. El 9 de diciembre de 1998 el Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público dictó sentencia de primera instancia a favor de las Demandantes. fechada el 4 de septiembre de 1998. el 9 de febrero. en relación con la reglamentación. bajo supervisión policial.CASES 409 Declarando INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado promovida por la emplazada MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. la sentencia dictada en relación con la acción de Amparo Constitucional. que se remitiera la sentencia a la Fiscalía Pública. Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 34. con una pequeña enmienda. y asimismo ordenó la ejecución de esa sentencia el 13 de marzo de 1998. e INFUNDADA la demanda en el extremo que comprende a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS como co-actora de la agresión constitucional aludida y FUNDADA la demanda contra el Concejo Provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima y contra don Alberto Andrade Carmona. La sentencia de segunda instancia dictada el 11 de septiembre de 1998 por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público rechazó las objeciones a la jurisdicción y fallas procesales interpuestas por la Demandada y ordenó a la Municipalidad de Lima que aprobara los planos definitivos y autorizara la construcción de la planta de las Demandantes. iv) 33. iii) 4 de marzo de 1998: La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público confirmó en apelación la orden dictada el 19 de enero de 1998 con respecto a las medidas cautelares. el juez ordenó. El 16 de marzo de 1998 las Demandantes incoaron una Acción Ejecutiva en que promovieron el dictado de una orden judicial en relación con la continuación de las obras en la planta de las Demandantes. Al parecer la sentencia dictada en primera instancia en la Acción Ejecutiva estaba fechada el 23 de abril de 1998. Además de acceder a varias otras solicitudes planteadas por las Demandantes.
la Municipalidad de Chorrillos expidió una licencia de construcción a favor de las Demandantes. se ha declarado INAPLICABLE para la recurrente. y por lo tanto declaró: INAPLICABLE para la empresa recurrente Lucchetti Perú Sociedad Anónima. 184 de la Municipalidad Metropolitana. en ejecución de sentencia. Por lo tanto. “suprimida. lo que excluye una posible continuidad entre esa controversia y la que se suscitó entre las Demandantes y la República del Perú el 22 de agosto de 2001. por resolución del 9 de diciembre de 1996. por las sentencias”. 37. 184 no era aplicable a la planta de las Demandantes en virtud de la orden judicial anterior: Que. 184). en la Acción de Amparo seguida por cual. Las Demandantes sostienen que las arriba mencionadas sentencias dictadas en su favor son definitivas y concluyentes. los efectos de la Ordenanza número 184 expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima con fecha cuatro de Septiembre último y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día once de Noviembre último. las 24 horas del día. 35. El 29 de diciembre de 1998 expidió también una licencia de funcionamiento para la fabricación y venta. También se sostiene que el hecho de que este Tribunal atribuyera “efec- . lo antes expuesto y pese a encontrarse la planta industrial de la recurrente en la Zona de Reglamentación establecida por la Ordenanza No. pero no resuelta. 36. En el preámbulo de la licencia de funcionamiento se establecía específicamente que la Ordenanza No. de productos de pasta en la planta de las Demandantes.410 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL Pantanos de Villa (acción relacionada con la Ordenanza No. en virtud a lo ordenado por el Primer Juzgado de Derecho Público de Lima. 184 impedirían la ejecución de la sentencia del 11 de septiembre de 1998 recaída en la Acción Ejecutiva. Sostiene la Demandada que las sentencias arriba referidas forman parte de una controversia continua. El 23 de diciembre de 1998. los efectos de la Ordenanza No. debiendo continuar la ejecución en el estado en que se encuentra. en esa oportunidad los tribunales resolvieron definitivamente la controversia con la Municipalidad de Lima planteada en 1998. La Demandada sostiene que el Tribunal “debe considerar el contexto de corrupción y las atroces circunstancias bajo las cuales se dictaron las sentencias”. no obstante. 184. En la sentencia se concluye que las disposiciones de la Ordenanza No.
Será competente si se concluye que la controversia se planteó después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. 259. Éste. después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. 39. Las partes adoptan posiciones diametralmente opuestas sobre esta cuestión. y fue suscitada por los Acuerdos de Concejo No. Por lo tanto. A su juicio. en que se sancionaron los Acuerdos de Concejo No. Para respaldar su afirmación de que sólo existió una controversia y que ésta se planteó antes de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral y prosiguió después de esa fecha. en consecuencia. éste se aplica a inversiones realizadas antes o después de la entrada en vigencia del Convenio. 41. a los efectos de permitir que las Demandantes puedan obtener acceso al foro del CIADI constituiría una gruesa desfiguración de la justicia y subvertiría el Estado de Derecho”. Según las Demandantes hubo dos controversias. pues si esa fecha precede a la de entrada en vigencia del Convenio Bilateral el Tribunal carece de competencia para entender en la controversia. 258 y No. Según las Demandantes. la Demandada sostiene que el objeto de la controversia planteada en 1997-98 era idéntico al de 2001. y la primera se resolvió definitivamente en 1998 en virtud de las sentencias dictadas a su favor por los tribunales peruanos. antes de seguir adelante el Tribunal debe establecer cuándo se planteó la presente controversia. los hechos ulteriores no generaron una nueva controversia. y si bien prosiguió después de esa fecha. la controversia que tiene ante sí el Tribunal se planteó en 2001. Conforme al Artículo 2 del Convenio Bilateral.CASES 411 tos preclusivos a esas sentencias ilícitamente obtenidas. 258 y No. sin embargo. establece además que no se aplica a diferencias o controversias surgidas antes de su entrada en vigencia. 40. que determinaron la cancelación de la licencia de producción de las Demandantes y la orden de remoción de su planta. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 38. meramente representaron la continuación de la controversia anterior. el Artículo 2 del Convenio Bilateral impide al Tribunal conocer de esta reclamación. y que el conflicto entre las Demandantes y las autoridades municipales en la totalidad de ese período representó una serie interrelacionada de hechos que en conjunto constituyen . 259. VI. La Demandada sostiene que el Tribunal carece de competencia para conocer de la presente controversia porque ésta estaba plenamente materializada antes de que entrara en vigencia el Convenio Bilateral.
Sostienen asimismo las Demandantes que las medidas adoptadas después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral dan lugar a una nueva controversia. destinado a impedir un nuevo litigio sobre las mismas reclamaciones. A este respecto las Demandantes sostienen que el Acuerdo No. 259. Las Demandantes sostienen que la presente controversia se planteó después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. porque se define en relación con las obligaciones de la Demandada en el marco del Convenio Bilateral. 01 declaró nula ab initio la licencia de construcción otorgada a Lucchetti Perú. También sostienen que las razones aducidas como fundamento del Acuerdo No. de las que suscitaron la controversia anterior. lo que puso fin a la primera controversia. 42. En respuesta a las manifestaciones de las Demandantes de que en 1998 las sentencias dictadas en el Perú habían pasado a ser res judicata.412 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL una única controversia. lo que impide admitir que hayan puesto fin a la controversia entre las partes que comenzó en 1997. la Demandada sostiene que el concepto de res judicata. porque no guarda relación con el hecho de que persista entre las partes la controversia en que se basa el litigio. es ajeno a la cuestión que tiene que decidir el Tribunal. en tanto que las segundas se refieren al incumplimiento de diversas condiciones ambientales sobre cuya base se habría otorgado la licencia. a su juicio. que se promulgaron después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral y dieron lugar a la presente controversia porque violaron los derechos de las Demandantes en el marco de dicho Convenio. La controversia guarda relación con los Acuerdos de Concejo No. aunque se refieran a hechos o situaciones ocurridos con anterioridad. Según las Demandantes. 259. Se trata. 259. las medidas específicas que están en cuestión en la presente controversia tuvieron lugar después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. 259 revocó la licencia de funcionamiento de la planta otorgada a esa compañía. por lo cual difieren. 01 difieren de las esgrimidas con respecto al Acuerdo de Concejo No. en sustancia y contenido. 258 y No. Las Demandantes subrayan asimismo que entre las fechas de adopción de esos dos acuerdos se completó la construcción de la fábrica. Agrega que las sentencias en cuestión fueron obtenidas mediante corrupción. 01 (1998) y el . y ésta fabricó pastas durante un período de dos años y medio antes de que se promulgara el Acuerdo de Concejo No. de una nueva controversia. y que las primeras implican una violación de los requisitos de zonificación aplicables para industrias ligeras. en tanto que el Acuerdo de Concejo No. La Demandada rechaza los argumentos de las Demandantes aduciendo que el conflicto de intereses jurídicos que en el período de 1997-98 había generado una controversia — con la adopción del Acuerdo No. 43.
259 — como prueba de que las propias Demandantes consideraron que las sentencias dictadas en el Perú no habían puesto fin a la controversia anterior. es si el objeto de la controversia de 199798 es idéntico al de la controversia referente a los Acuerdos de Concejo No. si se compara el contenido del Acuerdo No. Lo pertinente. La Demandada considera infundada la manifestación de las Demandantes de que debe considerarse que los actos o medidas legales dictados después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral dieron lugar a una nueva controversia en virtud de lo previsto en el Artículo 2 del Convenio Bilateral. A juicio de la Demandada. 01. 258 y No. resulta evidente que se referían a problemas ambientales y tenían como fin resolverlos. 258 y No. de los reglamentos peruanos pertinentes. con el Acuerdo de Concejo No. También niega la afirmación de las Demandantes de que las sentencias dictadas a favor de éstas por los tribunales peruanos permitieran resolver la controversia anterior. Además. Según la Demandada. hayan puesto fin a la controversia continua y. Si lo es. esas sentencias fraudulentas no podían poner fin a la controversia. ni lo hicieron. sino que representan una serie de medidas legales que guardan relación con la inobservancia. no puede admitirse que las sentencias. 259 (2001). 44. El proceso de regularización recién se completó en 2003. que las sentencias dictadas en el Perú fueran fundadas o infundadas conforme a la legislación peruana.CASES 413 litigio planteado ante los tribunales peruanos— no se convirtió en una nueva controversia por el mero hecho de que las Demandantes hubieran planteado su reclamación como violación del Convenio Bilateral. 259 difiere de la del Acuerdo No. como éstas sostienen. a los efectos de la actividad de este Tribunal. 01 (1998) y de otras medidas adoptadas por las autoridades municipales. según la Demandada. los Acuerdos de Concejo No. sino que fueron un episodio de una controversia continua entre las partes. La Demandada menciona también los esfuerzos realizados por las Demandantes para hacer “regularizar” las obras de construcción de su fábrica en julio de 2001 — a esa fecha no estaban en vigencia el Convenio Bilateral ni los Acuerdos de Concejo No. el Tribunal debe declararse incompetente conforme al Artículo 2 del Convenio Bilateral. La Demandada sostiene que las cuestiones en disputa en 1998 no se referían exclusivamente a la legalidad de la licencia de construcción de las Demandantes. y lo que debe decidir el Tribunal. 259. desde el punto de vista jurídico. 258 y No. 259 son apenas las medidas legales más recientemente impugnadas por las Demandantes en relación con la construcción y operación de su fábrica. La Demandada se refiere a continuación a las manifestaciones de las Demandantes de que la cuestión a la que se refiere el Acuerdo de Concejo No. por parte de las Demandantes. . A este respecto la Demandada considera no pertinente.
pág. Sentencia del 30 de agosto de 1924 (Fondo del Asunto). 1924. 259. Las Demandantes sostienen asimismo que el Artículo 2 del Convenio Bilateral no revoca la norma de derecho internacional aceptada de que los tratados no surten efecto retroactivo. 258 y No. Esa obligación fue infringida por el Acuerdo de Concejo No. 259. 11. sino a establecer si la controversia se planteó antes o después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. Reino Unido). ya que según esa jurisprudencia la fecha en que se planteó la presente controversia debe determinarse en relación con su origen. admitir la posición de las Demandantes haría de la reserva ratione temporis una nulidad jurídica. A su juicio. recién surgió cuando entró en vigencia el Convenio Bilateral. lo que según la Demandada violaría reglas generalmente aceptadas de interpretación de los tratados. la obligación asumida por el Perú. 1 Mavrommatis Palestine Concessions (Grecia vs. cuya sanción marca el comienzo de la controversia que tiene ahora ante sí el Tribunal. Sostienen que el Artículo 2 no impide al Tribunal asumir competencia en una controversia referente a la violación del Convenio Bilateral por el mero hecho de que pueda relacionarse de algún modo con una controversia anterior planteada antes de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. Por lo tanto rechaza el supuesto de las Demandantes de que pueda eludirse la reserva ratione temporis establecida en el Artículo 2 del Convenio Bilateral formulando la reclamación como enmarcada en el Convenio Bilateral. 47. A su juicio. 259 no fue más que un episodio de una controversia continua. Las Demandantes rechazan la afirmación de la Demandada de que el Acuerdo de Concejo No. Consideran insostenible la aseveración de que las sentencias de los tribunales peruanos no hicieron más que suspender la controversia pendiente. promulgado después de la fecha de entrada en vigencia del Convenio Bilateral. . que consistió en la promulgación de los Acuerdos de Concejo No. en el marco del Convenio Bilateral. y resuelta antes de esa fecha. 259. Con respecto a la manifestación de las Demandantes de que la presente controversia es nueva porque se planteó como reclamación en el marco del Convenio Bilateral. de proteger la inversión de las Demandantes en ese país. la Demandada sostiene que el Tribunal no está llamado a pronunciarse sobre la forma en que se planteó la reclamación. ya que no se habría planteado una controversia entre las partes si no se hubiera aprobado ese acuerdo. También sostienen que la jurisprudencia internacional pertinente respalda su conclusión de que la controversia de autos se planteó después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. 2.414 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL 45. Corte Permanente de Justicia Internacional (serie A). No. 46. De ello se deduce. Por lo tanto no puede existir continuidad entre lo ocurrido entre 1998 y la promulgación del Acuerdo de Concejo No.
El Tribunal señala que como noción jurídica. se había planteado una controversia entre las Demandantes y las autoridades municipales de Lima. Excepciones Preliminares. párrafo 109 (2003). 258 y No. y cada una de ellas sostenía opiniones encontradas sobre sus respectivos derechos y obligaciones. y no parece ser objeto de disputa entre las partes. punto 82. 1939. punto 74. CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL 48. Caso No. tratando de establecer. 17 de julio de 2003.CASES 415 según las Demandantes. o cuando “la reclamación de una parte se opone positivamente a la de la otra”. Argentina.2 En resumen. 50. 5 CMS Gas Transmission Co. 4 Véase Electricity Company of Sofia and Bulgaria (Excepción Preliminar). del Acuerdo No. pág. dado que su aplicación se resolvió en los procedimientos de amparo seguidos ante los tribunales peruanos. un conflicto de puntos de vista jurídicos o de intereses entre las partes”. tras la adopción del Acuerdo No. o si ésta continuó y llegó a su fin en 2001 con la adopción de los Acuerdos de Concejo No. Para abordar ese tema el Tribunal debe examinar los hechos que dieron lugar a la controversia de 2001 y los que culminaron con la controversia de 1998. Corte Permanente de Justicia Internacional. vs. Corte Internacional de Justicia. 65.3 49. Opinión Consultiva de marzo de 1950. 64. Hungría y Rumania. Ha sido definida. Reports 1950. Reports 1962.1 o como una “situación en que dos partes sostienen posiciones claramente opuestas con respecto a la cuestión del cumplimiento o incumplimiento” de una obligación jurídica. en 2 Interpretación de los Tratados de Paz entre Bulgaria. El Tribunal concluye que a esa altura se había suscitado una controversia entre las partes. VII. ARB/ 01/ 8. en forma autoritativa. págs. Sentencia. 319. 42 ILM 788. 259. que la adopción. . Por lo tanto el Tribunal debe considerar si a la luz de otros factores aquí pertinentes la controversia de que se trata constituye o no una nueva controversia. las partes discrepan acerca de si las sentencias dictadas por los tribunales peruanos a favor de las Demandantes pusieron fin a la controversia anterior. 01. No obstante. como “un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho. 01 y su impugnación por las Demandantes mediante la acción de amparo. punto 328. pág. Es evidente. no pudo dar origen a la presente controversia. Corte Internacional de Justicia. puede considerarse que existe una controversia cuando las partes mantienen reclamaciones de derecho o de hecho contrapuestas referentes a sus respectivos derechos u obligaciones. en 1998. que en 1998. la expresión controversia tiene un significado comúnmente aceptado. 3 South West Africa.
416 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL cada caso. 259. 01. 126-97-MML. y decretó el cierre y la remoción de la fábrica. declarada de interés ecológico para la municipalidad. desde 1997. y se señala que éste declaró nula y carente de todo valor la licencia de construcción. del 29 de diciembre de 1998. Se hace referencia al litigio entablado por Lucchetti contra las medidas dictadas por la municipalidad para proteger el medio ambiente de la región y se señala que los hechos que surgen de videos recientemente publicados y presentados como prueba ante una comisión parlamentaria revelan la existencia de corrupción para el logro de las sentencias a favor de Lucchetti. que creó la Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa. 126-97 y obtener autorización para la operación de la planta industrial. 6856-98-MDCH.4 Según un caso reciente planteado ante el CIADI. que habiendo sido dictada “en cumplimiento de fraudulentos fallos judiciales dictados en las actuaciones judiciales en cuestión”. el factor clave para determinar la existencia de una o de dos controversias independientes es la identidad de objeto de las mismas. En el largo preámbulo del Acuerdo de Concejo No. con el consiguiente peligro para la reserva ecológica. 258 y No. Además se hace mención a diversas normas legales y reglamentarias. También se invoca la Resolución No. y confirió a las autoridades municipales de Lima la potestad de adoptar las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo. por parte de Lucchetti. tales como el Acuerdo de Concejo No. El Acuerdo de Concejo No. y en qué medida. de las normas jurídicas aplicables a la construcción de la planta cerca de los Pantanos de Villa.5 El Tribunal considera que independientemente de que la atención deba centrarse en las “causas reales” de la controversia o en el “objeto” de la misma. El Acuerdo de Concejo No. que Lucchetti habría logrado en virtud de omisiones administrativas y de la aprobación de sus planos arquitectónicos para la construcción de la fábrica. del 2 de enero de 1998. si. concedió a Lucchetti una licencia municipal de funcionamiento para su fábrica . el objeto o los hechos que fueron la causa real de la controversia difieren entre sí o son idénticos. consistió en la promulgación de los Acuerdos de Concejo No. 258 tenía como fin establecer un marco regulatorio para la protección permanente de los Pantanos de Villa como reserva ecológica. si es que fue una nueva controversia. 01 y el Artículo 4 del Acuerdo de Concejo No. 259 dispuso la revocación de la licencia de funcionamiento concedida a las Demandantes para la producción de pastas. 51. A continuación se menciona la acción de amparo incoada por Lucchetti para dejar sin efecto el Acuerdo No. habrá que determinar en cada caso si los hechos o consideraciones que hayan dado lugar a la controversia anterior han seguido ocupando una posición central en la controversia ulterior. tales como el incumplimiento. y el Acuerdo No. No se debate el hecho de que el objeto o el origen de la controversia de 2001. 259 se mencionan las conclusiones en que se basa la decisión.
54. el Tribunal considera que en 1998 la presente controversia estaba formalizada. En consecuencia. 259 estuvieron. 259 y su impugnación por las Demandantes no representaron más que la continuación de la controversia anterior. legal y judicial de los esfuerzos realizados por las Demandantes para obtener permiso para construir y operar su fábrica de pastas en las vecindades de la reserva ambiental de los Pantanos de Villa. Por lo tanto. que el otorgamiento de la licencia en cuestión estaba condicionado a la plena observancia de las limitaciones y restricciones previstas en el estudio de impacto ambiental pertinente y a que se evitaran otras actividades ambientalmente nocivas como. directamente relacionadas con las consideraciones que dieron lugar a la controversia de 1997-98: el compromiso asumido específicamente por la municipalidad de proteger la integridad del medio ambiente de los Pantanos de Villa y sus repetidos esfuerzos encaminados a obligar a las Demandantes a cumplir los reglamentos aplicables a la construcción de su fábrica en las vecindades de la referida reserva ambiental. 6556-98 establecía.CASES 417 de pastas y para la venta de sus productos. También en ese sentido las controversias tuvieron el mismo origen o fuente: el deseo de la municipalidad de hacer efectivo el cumplimiento de las políticas ambientales. Al enunciar la historia administrativa. por ejemplo. Antes de inferir. el Tribunal cree necesario abordar la cuestión adicional de si otros factores jurídicamente pertinentes imponen el dictado de una decisión conforme a la cual la controversia de 2001 deba conside- . que obligaron a las Demandantes a incoar el presente procedimiento. Las razones que llevaron a la adopción del Acuerdo de Concejo No. que la conclusión que antecede resulte decisiva para la sentencia del presente caso. sin embargo. el objeto de la controversia anterior no difería de las medidas adoptadas por la municipalidad en 2001. 259 estableció una relación directa entre las actividades dispuestas por esa norma con las medidas que las autoridades municipales adoptaron en 1998 para obligar a las Demandantes a cumplir los requisitos ambientales y de zonificación aplicables a la construcción de su fábrica de pastas. y los esfuerzos de las Demandantes para impedir su aplicación a la construcción y producción de la fábrica de pastas. el Acuerdo de Concejo No. la emisión de gases y humos nocivos. en su Artículo 2. 258 y No. Finalmente se señala que la Resolución No. que las obligaron a expedir las licencias que anteriormente habían denegado a las Demandantes. La adopción de los Acuerdos de Concejo No. pues. 52. 53. Señaló también que las autoridades municipales no habían logrado su objetivo en virtud de las sentencias dictadas a favor de las Demandantes en 1998.
01 y el Acuerdo de Concejo No. que sirvieron de base a la acción de amparo resuelta en favor de las Demandantes. 16 ICSID Review 212. el tribunal que entendió en el mismo habría llegado a la misma conclusión que este Tribunal. Por lo tanto resulta evidente que las cues6 Cf. 259. 126. También señalan que su planta había funcionado durante más de dos años antes de que se dictara el Acuerdo de Concejo No. 01 declaró nula la licencia de construcción que se les había concedido. que se refería a cuestiones de construcción. y la Carta Oficial 771-MML-DMDU. y no a los temas ambientales a los que referían los Acuerdos de Concejo No. El Tribunal concluye que las cuestiones en disputa en 1998 no se referían exclusivamente a asuntos previstos en el Acuerdo No. en cuanto les había sido aplicada. y concluyó que los hechos que habían suscitado la controversia habían venido debatiéndose entre las partes durante varios años antes de la entrada en vigencia del acuerdo bilateral que estaba en cuestión. no impidió la controversia cuestionada. las Demandantes sostienen que en su reclamación ante el Tribunal aducen la violación del Convenio Bilateral. que estableció un marco general de regulación ambiental y dispuso que las actividades que se estuvieran realizando en inobservancia del plan se regularizaran dentro de un período de cinco años. según las Demandantes. 259 revocó su licencia de funcionamiento. por lo tanto. párrafos 90 a 98 (2001). En el presente caso. una reclamación enmarcada en el Convenio Bilateral no se rige por las disposiciones de la reserva ratione temporis prevista en el Artículo 2 del Convenio Bilateral.418 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL rarse. la municipalidad sancionó ulteriormente la Ordenanza No. Finalmente. sino a una serie de normas jurídicas referentes a asuntos ambientales. . España (Decisión sobre jurisdicción). Esos debates recién produjeron “el conflicto de puntos de vista jurídicos y de intereses” necesario para que se transformaran en una controversia cuando entró en vigencia el acuerdo bilateral. y que la controversia anterior se refería exclusivamente al Acuerdo No. que. 258 y No. “el conflicto de puntos de vista jurídicos y de intereses” se había formalizado antes de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral. por lo cual puede considerarse como una nueva controversia — un procedimiento tendiente a hacer efectivos derechos y obligaciones previstos en el Convenio Bilateral. ante el mismo tribunal que había resuelto en su favor su acción de amparo. que no existía en 1998. ARB/97/77. 01. A su juicio. 01. que aún no había entrado en vigencia en 1998. Por lo tanto transcurrió un período considerable entre la adopción de ese acuerdo y las sentencias de 1998 que. En virtud de esa sentencia se obligó a las autoridades municipales a conceder a las Demandantes su licencia de construcción y funcionamiento. 259. como el Acuerdo No. como una nueva controversia. en tanto que el Acuerdo No. Las Demandantes impugnaron con éxito esa ordenanza. Maffezini vs. Si ello hubiera ocurrido en el caso Maffezini. pusieron fin a la controversia anterior y habían pasado a ser res judicata. de todos modos. Caso CIADI No. Además. A este respecto las Demandantes mencionan el hecho de que el Acuerdo de Concejo No. En ese caso el Tribunal tuvo ante sí una disposición similar al Artículo 2 del Convenio Bilateral aplicable en el presente caso. Ídem. 55. 184. párrafo 96.
el mismo no basta de por sí para transformar una controversia continua en dos controversias. El hecho de que la municipalidad nunca consideró que su controversia con las Demandantes hubiera finalizado con las sentencias está comprobado asimismo por el texto del preámbulo del Acuerdo de Concejo No. 57. 259 de 2001. 184.CASES 419 tiones que estaban en disputa en 1998 se referían a problemas ambientales idénticos a los que se reflejan en los Acuerdos de Concejo No. que la controversia original persistía. como ya se ha demostrado. 259 que.6 En el presente caso la municipalidad siguió aplicando en todo momento su régimen de regulación ambiental a la planta de las Demandantes. 259 no impone de por sí la conclusión de que la controversia anterior hubiera llegado a su fin y que en 2001 se haya planteado una nueva controversia. el Tribunal opina que el transcurso de dos años y medio entre esas sentencias y la adopción de los Acuerdos de Concejo No. El carácter de cosa juzgada que habían adquirido esas sentencias no obliga de por sí a admitir ese resultado. 258 y No. 259 no generaron una nueva controversia por más que las sentencias de 1998 hubieran pasado a ser res judicata conforme a la legislación peruana. que la municipalidad cuestionó vigorosamente y trató de eludir. Véase. estimulada por las continuas investigaciones judiciales y parlamentarias relacionadas con las mismas. demuestra asimismo que en la práctica no se consideró que el hecho de que las sentencias fueran res judicata hubiera puesto fin a la controversia. El Tribunal considera. 259 no bien llegó a la conclusión de que los hechos comprobados acerca de la manera en que se había logrado el dictado de las sentencias le permitía volver a afirmar su posición anterior y aplicar su régimen de reglamentación ambiental a las operaciones de las Demandantes. En consecuencia. el Tribunal opina que esos vicios. como se vio. Considerando ahora las supuestas ilegalidades que rodearon la obtención de las sentencias de 1998. pero sus esfuerzos se vieron frustrados por las diversas acciones judiciales entabladas por las Demandantes. 56. sino también al funcionamiento de la planta. 259. Además. por ejemplo. a menos que las pruebas recogidas indicaran que la controversia anterior había llegado a su fin o aún no había nacido. la controversia pública referente a esas sentencias. Además. En cuanto al período transcurrido entre las sentencias dictadas a favor de las Demandantes en 1998 y el Acuerdo de Concejo No. . reseña e invoca los esfuerzos anteriores de la municipalidad tendientes a obligar a las Demandantes a cumplir los reglamentos ambientales de esa autoridad. si se probaran. y que esos problemas no sólo se referían a la construcción. 258 y No. asimismo. la Ordenanza No. ya que los hechos que tuvo ante sí el Tribunal indican. 258 y No. 258 y No. la municipalidad adoptó los Acuerdos de Concejo No. que los Acuerdos de Concejo No.
como criterio de interpretación en todos los sistemas de Derecho. No obstante. que tratándose de una reclamación formulada en el marco del Convenio Bilateral. 58. . y por ese motivo ser incompatible con el Artículo 2. Caso CIADI No. También subraya que no se ha aducido (ni mucho menos probado) que para establecerse en el Perú como inversionista se haya valido de medios irregulares. en el caso Lucchetti. Sri Lanka.7 Además. las cuestiones de hecho y de derecho que revisten capital importancia. que esas sentencias no pusieron término a la controversia. como el Tribunal ya concluyó. Regla (E). la presente controversia no es ni puede ser igual a una controversia existente antes de que entrara en vigencia el Convenio Bilateral. ARB/ 87 /3. las Demandantes sostienen que en estas actuaciones invocaron los derechos y obligaciones emanados del Convenio Bilateral. Sostienen además. párrafo 40. 60. no es preciso que aborde esa cuestión. La alegación de una reclamación en el marco del Convenio Bilateral. Ídem. pero sólo si y cuando a través de la reclamación se busque la resolución de una controversia que conforme al Artículo 2 del Convenio Bilateral no hubiera sido planteada antes de la entrada en vigencia de ese convenio. (AAPL) vs. Finalmente. siendo por lo tanto su posición fundamentalmente diferente de la de 7 Véase. Naturalmente. una controversia anterior al Convenio Bilateral puede relacionarse con el mismo asunto que una posterior a dicho convenio. no tiene ni puede tener como resultado la anulación o privación de sentido de la reserva ratione temporis enunciada en el Artículo 2 del Convenio Bilateral. es lo que aquí sucede. 59. por ejemplo. 6 ICSID Review 526 (1991). en que el tribunal señala que “ninguna conclusión es más sólida. lo cual. por lo cual tienen derecho a que el Tribunal se pronuncie sobre la presente reclamación. realizó su inversión en debida forma. Lucchetti sostiene que fue invitada a invertir en el Perú. naturalmente. gastó decenas de millones de dólares en la construcción de las instalaciones industriales más avanzadas del país y estableció un modelo de éxito operacional. como se vio. LTD. Asian Agricultural Products.420 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL constituirían una razón independiente para sostener que las sentencias no pusieron fin a la controversia anterior. por otras razones. desde el punto de vista sustancial. que toda cláusula debe interpretarse en forma que tenga sentido y no que esté desprovista del mismo”. por sólidos que sean sus fundamentos. dando empleo a buen número de trabajadores y fabricando productos buenos y competitivos con potencial de exportación. no se han considerado. las Demandantes tienen derecho a que este Tribunal se pronuncie sobre los derechos y obligaciones establecidos en el Convenio Bilateral. Dado que el presente laudo se pronuncia sobre una objeción a la jurisdicción.
Sostiene. pero esa conclusión no se justifica. ya que Lucchetti carecía de legitimación a priori para acceder a este foro internacional. precisamente. en establecer si la reclamación planteada por Lucchetti está abarcada por el consentimiento del Perú a una jurisdicción internacional enmarcada en el Convenio Bilateral. El Tribunal decide que cada parte deberá pagar la mitad de las costas del arbitraje y cubrirá sus propios gastos legales. VIII. que fue despojada de sus activos en forma puramente arbitraria y con falsos pretextos. 61. por lo cual no cabe concebir que su decisión de invertir se basara en la existencia de dicho instrumento internacional. por la sencilla razón de que éste entró en vigencia años después que hubiera adquirido el sitio. La única cuestión que debe abordar este Tribunal consiste. 62.CASES 421 una entidad a la que se impute haberse establecido mediante fraude o corrupción. sus alegaciones sobre el fondo del asunto permanecen como estaban. construido la fábrica y alcanzado su segundo año de funcionamiento pleno. deben plantearse. la empresa se encuentra en la misma situación en que estaría si no se hubiera sancionado el Convenio Bilateral. lo que Lucchetti no probó al Tribunal. Por lo tanto. Por lo tanto. LAUDO En virtud de todas las consideraciones que anteceden. Lucchetti puede considerarse agraviada por el hecho de que sus esfuerzos tendientes a lograr amparo internacional se frustren sin que siquiera se hayan examinado sus alegaciones sobre el fondo del asunto. principalmente. La empresa no puede aducir que haya realizado su inversión basándose en el Convenio Bilateral. negociarse o resolverse del modo y ante las instancias que puedan estar a disposición de la compañía. En consecuencia. el Tribunal se declara incompetente para conocer sobre el fondo de la presente controversia. THOMAS BUERGENTHAL Presidente BERNARDO CREMADES Árbitro JAN PAULSSON Árbitro .
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