Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311358.html
Timestamp: 2019-03-26 06:57:23
Document Index: 255163682

Matched Legal Cases: ['artículo 416', 'artículo 416', 'artículo 419', 'artículo 416', 'artículo 417', 'artículo 416', 'artículo 163', 'artículo 417', 'artículo 416', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 418']

as201311358
AUTO SUPREMO Nº. 358/2013
Sucre, 13 de diciembre de 2013
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Pedro Alejo Cruz (fs. 122 a 124), impugnando el Auto de Vista Nro. 62 emitido el 11 de noviembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 119 a 121), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Sustanciado el caso, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 46/2010 de 24 de diciembre de 2010, declarando al imputado Pedro Alejo Cruz absuelto de culpa y pena de la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inciso m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Contra la citada Sentencia, el representante del Ministerio Público, interpuso apelación restringida (fs. 141), que fue resuelta por Auto de Vista Nro. 62/2013 de 11 de noviembre, que declaró “CON LUGAR” el recurso, disponiendo en consecuencia anular la Sentencia impugnada y la reposición del juicio por el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, originando con ello el recurso de casación que se examina, presentado por el imputado Pedro Alejo Cruz, en fecha 25 de noviembre de 2013.
Que el imputado Pedro Alejo Cruz presenta recurso de casación denunciando que en el “Considerando III.1” del Auto de Vista, el Tribunal de Alzada revalorizó prueba, para lo cual transcribe lo siguiente: “pone énfasis y refiere el Tribunal Supremo es clara en destacar que es atribución privativa del tribunal sentenciador la valoración de la prueba quien la recibe y valora a partir del ejercicio del principio de inmediación, en juicio oral, público y contradictorio; razón por la cual el tribunal de alzada circunscribe su labor a determinar si en dichos razonamientos el ad quo se apega a la lógica y experiencia y si ha existido corrección en el proceso intelectivo correspondiente, situación que no se evidencia en la sentencia impugnada, debiéndose considerar que no obstante se aportó prueba testifical, material y documental por parte del Ministerio Público, quien diera cuenta de una conclusión intelectiva diferente a la arribada por el tribunal (condena) que pronunció una sentencia absolutoria; sin considerar que demostró: que la sustancia encontrada era cocaína que se encontraba en un ambiente a cargo del acusado, que no es creíble la versión del mismo en el que sustenta el tribunal el juicio de absolución, en tanto y en cuanto no es lógico que alguien deje a un lado un bolsón con tres envoltorios de cocaína en consideración al valor que ostenta y por otro lado que el acusado haya decidido guardar el bolsón con los tres envoltorios cubiertos con cinta masquin sin cuestionar a quien supuestamente le dejó que se trata, ni tampoco probó la existencia de dicha persona, vulnerando las reglas de lógica, la experiencia y sentido común, siendo claro que existe en la sentencia impugnada una defectuosa valoración de la prueba. No se describe cual el valor probatorio positivo o negativo que el tribunal otorga a cada uno de los elementos de prueba incorporados a juicio, no se compulsa los medios probatorios entre sí, no existe una valoración integral de la prueba. (transcripción neta del auto de vista).” (sic). Al respecto, el recurrente afirma, que el fundamento jurídico por el cual el Tribunal de Alzada anuló la Sentencia, contradice las diferentes Sentencias Constitucionales (no identifica resolución alguna), además de lo expresado por el propio “T.D.J.” (Sic,) cuando señaló que no se puede revalorizar las pruebas, que sin embargo el Tribunal de Alzada lo hizo en el considerando de referencia, vulnerando el debido proceso al realizar una defectuosa valoración; añade que la decisión de anular la Sentencia debe encontrarse expresamente fundamentada, indicando cuál fue el derecho vulnerado en procedimiento, de qué manera se hizo la defectuosa valoración de la prueba, donde está el error, que se señale cuál fue el artículo que se afectó.
Que no es creíble que el acusado haya decidido guardar el bolsón sin cuestionar de que se trata, ni tampoco probó la existencia de dicha persona” (sic.). Sostiene que los fundamentos del Tribunal de Alzada, son una intromisión (revalorización) en las pruebas, que si bien no manifiesta qué pruebas, -dice- la lógica común permite entender que se refiere al conjunto de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, sumando a ello que indica que no se describió en la Sentencia el valor positivo o negativo a cada medio de prueba incorporado al juicio.
Reiteradamente sostiene que la intención del Tribunal de Alzada fue anular una Sentencia sin que exista motivo alguno, con lo que vulneró Sentencias Constitucionales, por revalorizar la prueba, aspecto que contraviene los principios de inmediación de la prueba y oralidad, infringió los artículos 172, 204, 207, 213, 280, 329, 333, 249 y 359 del Código de Procedimiento Penal; además de los principios de inmediatez y concentración que rigen el juicio oral. Invoca los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004, 635 de 20 de octubre de 2004, 041 de 30 de marzo de 2012, 152/2013 de 14 de mayo de 2013.
De forma incoherente, señala: “3.- Respecto a la vinculación de los precedentes contradictorios también hacer notar los ya mencionados A.S. Nº 722 de 26 de noviembre de 2004 y Nº 635 de 20 de octubre de 2004, mismos que contienen la misma línea jurisprudencial sentada en el precedente contradictorio, como así mismo como ciertamente contraviene el precedente contradictorio contenido en el A.S. Nº 562 de 1 de octubre de 2004, que a la letra señala: “en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva”. (sic).
Bajo el subtitulo de “OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL DE INTERPONER EL PRECEDENTE CONTRADICTORIO”, refiere que invocó los precedentes contradictorios, conforme la SC 1401/03 y los respectivos Autos Supremos que -dice- establecen que se pueden presentar nuevos precedentes contradictorios que surjan después de la interposición de la apelación restringida.
Finaliza solicitando se admita el recurso planteado y se dicte resolución emitiendo doctrina legal aplicable dejando sin efecto el Auto de Vista y se confirme la Sentencia.
Que para la admisibilidad del recurso de casación, resulta menester observar y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, los cuales son: 1) Que el recurso de casación se formule contra los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia o por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia; 2) Que sea interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado; 3) Señalar en el recurso en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el o los precedentes invocados, demostrándose previamente la situación de hecho similar; 4) La invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, siempre y cuando hubiese interpuesto dicho recurso contra la sentencia por causarle agravio, debiendo acompañar como única prueba admisible copia del recurso de apelación restringida en la que se invocó el precedente.
Sin embargo, es menester dejar establecido, en cuanto a la procedencia del recurso casacional, que conforme dispone el artículo 416 concordante con los artículos 50 numeral 1, 51 numeral 2, 407 último párrafo, 394 y 396 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, procede únicamente contra Autos de Vista que resuelven apelaciones restringidas, que al momento de su emisión incurran en contradicción con otros Autos de Vista expedidos por Tribunales homólogos o Autos Supremos emanados de las Salas Penales del Máximo Tribunal de Justicia, son esas las únicas resoluciones que pueden ser invocadas como precedentes contradictorios (artículo 416 primer párrafo del Código de Procedimiento Penal), aspectos que el o los recurrentes deben tener presente al momento de plantear el recurso y dar cumplimiento a los requisitos de admisibilidad; pues para que éste sea efectivo, deben tener presente el objetivo mismo de la casación (artículo 419 del Código de Procedimiento Penal), que es la unificación de la jurisprudencia nacional, partiendo de la diversidad de interpretaciones del derecho realizadas por los distintos Jueces o Tribunales de instancia, orientándolas hacia una interpretación uniforme con la finalidad de brindar seguridad jurídica a las partes, por lo que la invocación de precedente o precedentes contradictorios, en la forma señalada en el primer párrafo de este considerando, constituye la parte esencial del recurso sobre la cual el Tribunal Supremo de Justicia desarrolla su labor unificadora de criterios; es decir, es a partir de la expresión de contradicción en cada caso (precedente), que se debe originar de una situación fáctica análoga entre el precedente invocado y la resolución impugnada, el recurrente debe señalar si el Auto de Vista impugnado, ante una situación de hecho similar, asignó sentido jurídico que no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance (último párrafo del artículo 416 del Código de Procedimiento Penal), por lo que la omisión de invocar precedente contradictorio, o la simple invocación o trascripción de la parte que el impetrante considere pertinente, incumple con la exigencia establecida en el párrafo segundo del artículo 417 relacionado con el párrafo segundo del artículo 416, ambos del Código de Procedimiento Penal, ante cuyo incumplimiento deviene la inadmisibilidad del motivo o del recurso conforme corresponda.
Finalmente, en cuanto a las denuncias por vulneración a derechos y/o garantías constitucionales, son admitidas de manera excepcional para su consideración previo cumplimiento de ciertos requisitos que hacen viable la petición: Las denuncias deben estar vinculadas a defectos absolutos cometidos en el trámite del proceso; deben estar formuladas en apego a las exigencias contenidas en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, es decir, el recurrente debe cumplir con la obligación de exponer los hechos que dieron origen al motivo del recurso con detalle preciso del agravio, la restricción o disminución del derecho o garantía debidamente identificada, explicitando la forma en que la resolución transgredió el derecho, garantía o norma legal, de forma tal que el resultado dañoso emergente del defecto sea explicitado por el recurrente con claridad y permita su identificación como defecto absoluto inconvalidable, debiendo quedar así acreditadas las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; por tanto, no es suficiente la simple mención del defecto o la vulneración de un derecho fundamental, tampoco la cita de innumerable normativa legal, doctrina o jurisprudencia, sino fundar y motivar el defecto en la forma señalada. El incumplimiento de los requisitos señalados, tiene como efecto la inadmisibilidad del motivo de casación o de la totalidad del recurso.
I. El recurso de casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 62/2013 de 11 de noviembre emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Por otra parte se advierte que no existe constancia de notificación realizada al recurrente en la forma dispuesta por el artículo 163 numeral 2) del Código de Procedimiento Penal, sin embargo, a pesar del incumplimiento del Tribunal de Alzada de notificar PERSONALMENTE a las partes correspondientes con la resolución final, fecha a partir de la cual corren legalmente los plazos para recurrir, el impetrante presentó recurso de casación el 25 de noviembre de 2013, por lo que se tiene cumplido el requisito de plazo establecido en el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
II. En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, se tiene que el recurrente para respaldar su denuncia referente a revalorización de la prueba, invocó los Autos Supremos Nros. 317 de 13 de junio de 2003, 722 de 26 de noviembre de 2004, 635 de 20 de octubre de 2004, 41/2012 de 30 de marzo y 152/2013 de 14 de mayo, los cuales al haber sido favorecido con la Sentencia y no haber recurrido en alzada, se entienden que van dirigidos a reprochar las contradicciones surgidas con la emisión del Auto de Vista, por lo que corresponde su invocación en esta etapa casacional, sin embargo, la simple cita de las resoluciones, ni la redacción del recurso resultan suficientes para identificar la contradicción en que supuestamente incurrió el Auto de Vista respecto a cada precedente invocado, no se puede detectar la situación de hecho similar en los fundamentos, mucho menos si el sentido jurídico asignado por el Auto de Vista no coincide con las resoluciones en análisis, no existe mención sobre si se aplicó una o más normas distintas, o una misma norma con diverso alcance (artículo 416 último párrafo del Código de Procedimiento Penal), razón por la cual no se admiten en calidad de precedentes para la verificación del contradictorio.
Respecto al Auto Supremo Nro. 562 de 1 de octubre de 204, aparentemente relacionados con los Autos Supremos Nros. 722 de 26 de noviembre de 2004 y 635 de 20 de octubre de 2004, por la redacción incoherente y general, no es posible delimitar la pretensión del recurrente, máxime si la parte transcrita del Auto Supremo Nro. 562 de 1 de octubre de 204, está referida a la fundamentación y congruencia de los fallos judiciales, aspectos no denunciados en casación, por lo que dicha resolución tampoco puede ser considerada precedente contradictorio.
Sin embargo, el recurrente, de forma reiterada alega que el Auto de Vista revalorizó prueba, que los fundamentos expresados por el Tribunal de Alzada, implican revalorización del conjunto de la prueba aportada por el Ministerio Público cuando expresa: “que no es creíble la versión del imputado que alguien le dejó el bolsón con cocaína, en consideración al valor comercial; que no es creíble que el acusado haya decidido guardar el bolsón sin cuestionar de que se trata, ni tampoco probó la existencia de dicha persona”; argumento que sirvió para dejar sin efecto la Sentencia, que a decir del recurrente es justa, y que con ello vulneró los principios de inmediación de la prueba, oralidad, inmediatez y concentración que rigen el juicio oral, infringiendo además los artículos 172, 204, 207, 213, 280, 329, 333, 249 y 359 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, corresponde su admisión por la vía excepcional para verificar si efectivamente hubo revalorización conjunta de la prueba aportada por el Ministerio Público y si con ello se afectaron los principios y la normativa señalada por el recurrente.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación (en la forma establecida en la última parte del CONSIDERANDO IV de la presente resolución), interpuesto por Pedro Alejo Cruz (fs. 122 a 124), impugnando el Auto de Vista Nro. 62 emitido el 11 de noviembre de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 119 a 121), en el proceso penal a instancia del Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por los artículos 48 y 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Por Secretaría de Sala, remítase copia legalizada de la Sentencia, el Auto de Vista y el presente Auto Supremo a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que se inhiban de dictar resoluciones en las que se debaten las mismas cuestiones de derecho, hasta que se les haga conocer la resolución emergente de este recurso de casación, todo conforme prevé el citado artículo 418 del Código de Procedimiento Penal.