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Timestamp: 2019-05-20 04:45:16
Document Index: 399694144

Matched Legal Cases: ['artículo 305', 'artículo 31', 'artículo 35', 'artículo 305', 'artículo 15', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 305', 'artículo 349', 'artículo 100']

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Abogados Delito FiscalAbogado Penalista Marco Esteban2019-04-12T11:38:30+02:00
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El derecho a no declarar en el delito contra la Hacienda Pública
Sentencia AP IB 753/17
«Se impone aquí de nuevo la prudencia frente a intentos apremiados de trasladar mecánicamente garantías y conceptos propios del orden penal o actuaciones y procedimientos administrativos distintos y alejados del mismo, como es el de gestión tributaria. Desde esta perspectiva el citado art. 83.3 f) no es, en realidad, más que una garantía del cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos que se enuncian en el art. 35 LGT : llevar y conservar los libros de contabilidad, registro y demás documentos que en cada caso se establezca, facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones, y proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.
Y a esta conclusión no cabría oponer como un obstáculo insalvable el tenor del art. 83.3 f) LGT , pues el sustantivo «pruebas» no es utilizado por dicho precepto en un sentido estricto o técnico jurídico, sino más bien como concepto equivalente, redundante y sinónimo de la expresión «documentos contables» que la propia norma emplea. En igual sentido la STS 21-12-1999 (fundamento jurídico 37) rechaza la concepción del que el derecho fundamental a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo pueda configurarse como causa que justifique la defraudación fiscal como se deduce de la STC Pleno de 2-10-1997 ( RTC 1997, 161) , núm. 161/1997 en el análisis de los efectos del derecho a no declarar y del derecho de defensa constitucionalmente garantizados ha de distinguirse una diversidad de perspectivas en el propio seno del art. 24.2 CE mientras la derivada de los derechos a la no declaración y a la no confesión es, desde cierto punto de vista, más restringida, pues puede considerarse que comprende únicamente la interdicción de la compulsión del testimonio contra uno mismo, mayor amplitud tiene la prohibición de compulsión a la aportación de elementos de prueba que tengan o puedan tener en el futuro valor incriminatorio contra el así compelido, derivada del derecho de defensa y del derecho a la presunción de inocencia. Esta amplitud, sin embargo, debe someterse a un doble tamiz: las garantías frente a la autoincriminación se refieren en este contexto solamente a las contribuciones del imputado o de quien pueda razonablemente terminar siéndolo y solamente a las contribuciones que tienen un contenido directamente incriminatorio.
Así, tal garantía no alcanza a integrar en el derecho a la presunción de inocencia la facultad de sustraerse a las diligencias de prevención, de indagación o de prueba que proponga la acusación o que puedan disponer las autoridades judiciales o administrativas. La configuración genérica de un derecho a no soportar ninguna diligencia de este tipo dejaría inermes a los poderes públicos en el desempeña de sus legítimas funciones de protección de la libertad y la convivencia, dañaría el valor de la justicia y las garantías de una tutela judicial efectiva.»
Las excusas absolutorias en la defraudación tributaria
Sentencia AP CU 250/17
«La regulación tributaria exigía, aun con base en la normativa aplicable al momento en el que ocurrieron los hechos, el reconocimiento completo de la deuda y su pago. Lo primero implicaba e implica una declaración completa y veraz; lo segundo venía exigido por nuestra jurisprudencia, la cual entendía ya con anterioridad a la reforma operada por la LO 7/2012 que la regularización supone » convertir en regular, poner en orden; y tratándose de una deuda, de una obligación incumplida, poner en orden significa pagar «; así lo vino a establecer la sentencia del Tribunal Supremo 539/2003 de 30 de abril , precisando que si una persona defrauda a la Hacienda Pública eludiendo el pago de un impuesto, su situación tributaria sólo queda regularizada cuando, reconociendo la defraudación, satisface el impuesto eludido, no pudiendo decirse que ha regularizado su situación por el mero hecho de que, años después de realizarla, reconozca la defraudación -a ello equivale la presentación de la declaración complementaria- cuando la misma, por otra parte, ya ha sido puesta de manifiesto por la actividad inspectora de la Administración.
La sentencia 611/2009 de 23 de septiembre ratifica la anterior doctrina, citando además la Circular 2/2009 de la Fiscalía General del Estado, cuya conclusión tercera establecía lo siguiente: en las excusas absolutorias de los arts. 305.4 y 307.3 del Código Penal , la conducta postdelictiva del imputado debe suponer el reverso del delito consumado, de forma que resulte neutralizado no solo el desvalor de acción (defraudación) sino también el desvalor de resultado (perjuicio patrimonial irrogado a la Hacienda Pública o a las arcas de la Seguridad Social). Ello hace exigible una conducta positiva y eficaz del sujeto pasivo de la obligación contributiva que incluye la autodenuncia (a través del reconocimiento voluntario y veraz de la deuda, previo a las causas de bloqueo temporal legalmente previstas) y el ingreso de la deuda derivada de la defraudación, satisfaciendo ambas exigencias el pleno retorno a la legalidad al que el legislador ha querido anudar la renuncia al ius puniendi respecto del delito principal y sus instrumentales. Finalmente, la sentencia del mismo Tribunal nº 340/2012 de 30 de abril , insistió en que la regularización requiere la autodenuncia y la reparación y, por lo tanto, no es de aplicar cuando el sujeto tributario no ha reparado, ni se ha autodenunciado; y que faltando estos comportamientos, la renuncia a la pena carece de fundamento.»
Presupuestos del delito fiscal
Sentencia AP O 70/16
“Para la adecuada resolución del presente recurso, debemos recordar en primer lugar que el delito fiscal regulado en el artículo 305 del C. Penal , exige los siguientes presupuestos o requisitos para su posible estimación:
a) Conducta típica, realizada bien por acción u omisión y dirigida a alguna de estas finalidades: elusión del pago de tributos, de cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener o de ingresos a cuenta de retribuciones en especie; obtención indebida de devoluciones y disfrute indebido de beneficios fiscales.
b) Un elemento subjetivo consistente en el carácter eminentemente defraudatorio de las modalidades típicas; engaña quien infringe el deber de verdad reconocido y sancionado por el ordenamiento jurídico y falta a la verdad no sólo el que desfigura, tergiversa o manipula los elementos que conforman las bases impositivas para pagar insuficientemente, sino, también quien, sabedor de la obligación de declarar, impuesto por el artículo 31 de la Constitución Española , y artículo 35 de la Ley General Tributaria , y de la Ley Reguladora del Impuesto de que se trate, omite la declaración, detectación del ánimo defraudatorio ha de hacerse mediante juego de inferencias, derivadas de actos anteriores, coetáneos o posteriores que corresponde decidir al Juzgador ( ss. 27/12/90 , 3/12/91 y 24/2/93 ), doctrina ésta que ha sido matizada por la propia jurisprudencia en el sentido de que la conducta típica no requiere el engaño del tipo de la estafa y, en consecuencia, tampoco que el comportamiento del sujeto activo produzca error en el sujeto pasivo, por lo que es indiferente su estado psicológico de error en los responsables de la gestión de tributos. En cuanto al dolo no es necesario para apreciar la comisión de dicho tipo delictivo un especial elemento subjetivo del injusto, un especial ánimo de defraudar, sino que bastará para el dolo, las exigencias generales del deber de tributar, de la capacidad de acción y de la falta de pago de lo debido.
c) Un resultado determinado lesivo para el fisco que ha de superar determinada suma y que opera como condición objetiva de punibilidad, o como consideran otros autores de procebilidad, exigiendo el legislador que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, supere la cifra de 120.000 euros, pues si la cuota defraudada no alcanza ese montante, la infracción cometida queda relegada a un ilícito típicamente administrativo a resolverse en un expediente sancionador incoado por la Administración de Tributos, debiendo de tener presente que, la eficacia que en el ámbito penal cabe conceder a las actas y diligencias extendidas por la inspección tributaria a que hacen referencia los artículos 145 L.G.T . y 49 y ss. del Reglamento General de la Inspección de Tributos ha sido objeto de análisis por el T.C. En su conocida sentencia 76/90 de 26 de abril , que viene a declarar que el acta de inspección contiene la constatación de unos hechos de los cuales se infiere una noticia criminis suficiente para la apertura de un proceso penal, dentro del cual y en la fase de juicio oral tendrá el valor probatorio como prueba documental que el Juez Penal libremente aprecie, pudiendo tales actas de inspección ser objeto de contradicción por la parte a quien su contenido perjudique.”
La acción omisiva en el delito fiscal
Sala de lo Penal 810/15
“Que si bien es cierto que con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 1995 se produjeron ciertos pronunciamientos contrarios a la consideración de la conducta omisiva en la declaración de los actos sometidos a tributación como infracción penal (por ej. la STS de 12 de Marzo de 1986 , citada por el Recurso), no lo es menos que otra corriente, más numerosa, de Resoluciones de esta Sala (vid. SsTS de 29 de Junio de 1985 , 12 de Mayo de 1986 , 2 de Marzo de 1988 o 20 de Noviembre de 1992 , entre las anteriores a los hechos que aquí se enjuician) resolvieron en sentido contrario, mencionando no sólo la desfiguración de las bases tributarias con el fin de eludir la obligación de satisfacer los impuestos sino también, y expresamente, la ausencia de presentación de las declaraciones de los hechos sometidos a obligaciones fiscales, puesto que ello constituía igualmente una forma de “eludir” los pagos, que es el término nuclear contenido en la formulación legal del ilícito, sumándose así a la mayor parte de la doctrina científica (Rodríguez Mourullo, Bajo Fernández, Bacigalupo Zapater, Martínez Pérez, Muñoz Conde, Pérez Royo, etc.) frente a una minoría que lo negaba (así, Córdoba Roda o Quintero Olivares). Línea doctrinal la preponderante que ya se había impuesto cuando el Legislador incluye expresamente la acción omisiva en el delito fiscal, en el ulterior artículo 305 del Código de 1995, no tanto porque fuera necesaria su mención para hacer posible su aplicación, como en el Recurso se afirma, cuanto precisamente haciéndose eco, recogiendo y consolidando normativamente la Jurisprudencia existente al respecto. (…)
Por ello no puede decirse que una interpretación del anterior artículo 15 bis que extendiera al administrador de hecho la autoría del delito del artículo 349 cometido en el seno de la persona jurídica o que considerase la omisión de la declaración correspondiente al pago de los impuestos que afectaban a la operación objeto de tributación incursa en dicho tipo penal fuera incorrecta y apartada de la doctrina jurisprudencial interpretativa de dichos preceptos. De forma que, en casos como el presente y por lo que respecta a la calificación de la conducta de quien recurre como autor del delito contra la Hacienda pública, la aplicación del Código Penal coetáneo a los hechos enjuiciados o la del Texto hoy vigente, conduciría a una sola e idéntica conclusión, acorde con la adoptada por la Audiencia. 2) Cosa distinta, no obstante, es la relativa a las consecuencias punitivas derivadas de la aplicación del precepto vigente al tiempo de los hechos, artículo 349 del Código Penal de 1973 que, por resultar como veremos más favorable en este punto para el reo, sí que ha de conducir a su aplicación preferente, excluyendo la del correspondiente al Código de 1995, pues en este caso sí que le asiste plenamente y con toda claridad la razón en su motivo Cuarto a quien recurre.
En efecto, mientras que el texto del artículo 305, en su redacción dada por la LO 15/2003 anterior a la de la LO 5/2010, castigaba el delito objeto de condena con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa del tanto al séxtuplo del importe de la cuota defraudada, el artículo 349 del Código de 1973, cuya aplicación reclama el recurrente, fijaba las penas de prisión menor, es decir de seis meses y un día a seis años, y multa del tanto al séxtuplo del valor de la cuota. Y como quiera que lo relevante, en este caso, ha de ser el mínimo de esa pena abstracta, habida cuenta de que, ante la presencia de una atenuante muy cualificada, debe de partirse del mismo para operar la consiguiente reducción de las penas concretas a imponer, la incorrección en la que, en este punto, incurrió la Audiencia es evidente. Y ello sin olvidar las ventajas contenidas también en aquel Código en orden a la ejecución de las penas privativas de libertad que la anterior norma deparaba, tanto para la posible suspensión de la ejecución de las mismas, al no computar la suma de las distintas penas para acogerse al límite máximo de duración que permitía dicha suspensión como al contemplar la redención prevista en su artículo 100.»
«Se impone aquí de nuevo la prudencia frente a intentos apremiados de trasladar mecánicamente garantías y conceptos propios del orden penal o actuaciones y procedimientos administrativos distintos y alejados del mismo, como es el de gestión tributaria. Desde esta perspectiva el citado art. 83.3 f) no es, en realidad, más que una garantía del cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos que se enuncian en el art. […]
«La regulación tributaria exigía, aun con base en la normativa aplicable al momento en el que ocurrieron los hechos, el reconocimiento completo de la deuda y su pago. Lo primero implicaba e implica una declaración completa y veraz; lo segundo venía exigido por nuestra jurisprudencia, la cual entendía ya con anterioridad a la reforma operada por la LO 7/2012 que la regularización supone » convertir en regular, poner […]
a) Conducta típica, realizada bien por acción u omisión y dirigida a alguna de estas finalidades: elusión del pago de tributos, de cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener o […]
“Que si bien es cierto que con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 1995 se produjeron ciertos pronunciamientos contrarios a la consideración de la conducta omisiva en la declaración de los actos sometidos a tributación como infracción penal (por ej. la STS de 12 de Marzo de 1986 , citada por el Recurso), no lo es menos que otra corriente, más numerosa, de […]