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Timestamp: 2019-11-13 20:19:30
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Matched Legal Cases: ['artículo 238', 'artículo 467', 'artículo 14', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 14']

Casación 42026 Carlos Cecilio Parra González y otros
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Casación 42026
Carlos Cecilio Parra González y otros
Aprobado acta Nº 302
Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil trece (2013).
La Sala se pronuncia sobre los presupuestos de lógica y debida fundamentación de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado Carlos Cecilio Parra González, en contra del fallo del 26 de octubre de 2012, por medio del cual el Tribunal Superior de Villavicencio modificó la condena impuesta en primera instancia al mencionado, y a otros integrantes del grupo armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por el delito de homicidio en persona protegida, en concurso con los de homicidio agravado, terrorismo y rebelión.
Previo a lo anterior, se pronunciará sobre la prescripción de la acción penal derivado del delito de rebelión y los efectos de la muerte de algunos de los procesados.
Hacia las 5:00 p.m. del 20 de febrero de 2005, subversivos integrantes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a través del Frente ‘Joselo Lozada’ detonaron una carga explosiva instalada en el establecimiento Hotel Acapulco, localizado en las casas 9 y 10 de la manzana D de la Inspección de Policía de Puerto Toledo, Municipio de Puerto Rico, Meta, en instantes en que por el lugar circulaba personal del Ejército Nacional.
La explosión causó la muerte del civil Isaac Cruz Ruiz; los menores Joan Smith Rodríguez Medina y Euder Emilio Arcila Jiménez; teniente Juan David Lasso Lopera y soldados Uriel Álvarez Cano y Héctor Andrés Cifuentes Rosero. Así mismo, produjo heridas a los militares capitán Édgar Tovar Rojas y soldados Ángel Cárdenas Zarta, Jorge Riaño Ariza, Adalberto Ruiz González, José Baquero Rojas, Edwin Pinzón Delgado, Óscar Támara Briñez, Orvel González Cuyares, Jorge Vargas López y Luis Cuevas Sepulveda; a los particulares Carlos Carreño Silva, Noel Díaz, Vladimir Cruz, Mary Mina Guzmán, Luis Alberto Ramírez, Gabi Astrid Romero, Apolonio Sánchez, Rosa Pérez, Silvia Cardona, José Omar Sánchez, Mario Lili Trujillo, Giovanni Cruz Sánchez y Parle Rojas Vélez, así como daños al centro de salud y a diez viviendas vecinas.
La información proveniente del Departamento de Inteligencia del Ejército Nacional, pobladores y varios desmovilizados del grupo insurgente, permitió establecer que la orden para realizar el atentado provino del secretariado, comandantes, cabecillas de columna, cuadrilla y compañías del Frente 43 de las FARC, y su ejecución fue materializada por integrantes del mismo grupo ilegal.
1. El informe suscrito por investigadores criminalísticos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y las numerosas pruebas recaudadas en la actuación subsiguiente le permitieron a la Fiscalía 43 Seccional Especializada de Villavicencio, a través de resolución del 22 de enero de 2008, acusar a Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’; Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’; Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Luis Eduardo López Méndez, alias ‘Efrén Arboleda’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’; Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Néstor Pérez Ríos, alias ‘Ernesto Tablas’, como “autores y coautores” de los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio agravado y homicidio en persona protegida, en concurso material, homogéneo, heterogéneo y simultáneo (artículos 467, 343, 104-8-10 y 135 de la Ley 599 de 2000).
Así mismo, precluyó la actuación a favor de Rosemberg Rodríguez Gómez y Rodrigo Roncancio Salinas por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y homicidio en persona protegida, al tiempo que acusó al primero de estos como coautor de rebelión.
Mientras se surtían los trámites de notificación de la resolución de acusación, la Fiscalía, a través de resolución del 5 de febrero de 2008, dispuso la ruptura de la unidad procesal respecto de Rosemberg Rodríguez Gómez y ordenó la compulsa de copias para que la conducta de rebelión que se le atribuyera en esta actuación fuera adelantada por el juez penal del circuito de Granada, Meta.
La resolución de acusación no fue recurrida y cobró ejecutoria el 28 de febrero de 2008.
2. La etapa de la causa le correspondió al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, el cual, tras celebrar las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento, en decisión del 23 de septiembre de 2009 adoptó las siguientes determinaciones:
a) Declaró penalmente responsables a Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’; Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’; Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Néstor Pérez Ríos, alias ‘Ernesto Tablas’, y, en consecuencia, les impuso las penas principales de 695 meses de prisión, multa equivalente al valor de 2263,88 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autores mediatos de las conductas punibles de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y, a la vez, heterogéneo con las de homicidio agravado, terrorismo y rebelión, conforme la imputación normativa fijada en la resolución de acusación.
b) Así mismo, los sentenció a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término de 20 años, al pago solidario de los perjuicios civiles de orden moral, a razón de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada una de las seis víctimas que perdieron la vida, al tiempo que les negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria.
c) Condenó a Luis Eduardo López Méndez y Rosemberg Rodríguez Gómez a las penas principales de 81 meses de prisión y multa por el valor de 112,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autores del delito de rebelión, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por término semejante al de la pena privativa de la libertad.
d) Absolvió a Luis Eduardo López Méndez por los comportamientos punibles de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo.
En la parte motiva de la decisión, el juzgado advirtió la necesidad de cesar procedimiento, por extinción de la acción penal, a favor de Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, por razón de su comprobada muerte. No obstante lo anterior, nada dijo en su parte dispositiva.
3. La decisión del a quo fue apelada por los procesados Fabián Ramos Cruz, Carlos Cecilio Parra González y Luis Eduardo López Méndez, así como por los apoderados de los dos últimos. Así, el Tribunal Superior de Villavicencio modificó parcialmente la providencia recurrida y resolvió lo siguiente:
i) Declaró la nulidad parcial de la sentencia, respecto de Rosemberg Rodríguez Gómez.
ii) Dispuso la extinción de la acción penal por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, terrorismo y rebelión, por razón de la comprobada muerte del procesado Néstor Pérez Ríos.
iii) A los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’; Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Luis Suárez, alias ‘el mono jojoy’ o ’Jorge Briceño Suárez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’ y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ les impuso pena de prisión de 480 meses.
iv) Compulsó copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que, en actuación separada, se investigara la participación de alias ‘Chuki’, ‘Leonidas’, ‘Norbey’, ‘Musaraña’, ‘Valencia’, ‘Duberney’, ‘Boyaco’, ‘Paola’ y ‘Negro Alberto’.
4. En contra de la decisión del ad quem interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario de casación el defensor de Carlos Cecilio Parra González.
A través de un confuso escrito, el defensor del procesado formula un cargo de violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho “en falta de apreciación de la prueba, al ignorar la existencia de identificación de Carlos Cecilio Parra González, correspondiente a su cédula de ciudadanía y contraria a la de la Carta Guerrillera”.
Sostiene que su asistido no fue correctamente identificado, lamenta que no se hubiere practicado un reconocimiento en fila de personas por parte de los testigos y asegura que “nos encontramos constituidos en un claro defecto fáctico, conformándose un requisito de procedibilidad exigido por la jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Cita como norma violada el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, según el cual las pruebas deben ser apreciadas en conjunto conforme con las reglas de la sana crítica y el funcionario judicial tiene el deber de exponer el mérito que le asigne a cada una. Dice que se vulneraron los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, libertad y habeas data de Carlos Cecilio Parra González.
Tras discurrir largamente sobre los conceptos de igualdad, aplicación de la ley, principio de presunción de inocencia, carga de la prueba y los presupuestos del dolo y de la culpa, reprocha que la fiscalía no adoptara todas las medidas necesarias para identificar al procesado y verificar su participación en los hechos, e indica que en este caso no se demostró la culpa ni el dolo de Parra González en la comisión de los delitos.
Critica que el juzgador hubiera admitido los hechos narrados por unos testigos, práctica que califica de extraña y contraria a derecho, pues, asegura, viola el principio de presunción de inocencia. Alega que su argumento se centra en la falta absoluta de material probatorio y en el falso juicio de convicción en que incurrió el juez de instancia.
Luego de citar in extenso la sentencia de tutela T-302 de 2008, concluye que en este caso “nos encontramos frente a una valoración irrazonable de la supuesta prueba de cargo”, pues los hechos no se analizaron de forma precisa y, así mismo, de las atestaciones de los testigos no se puede concluir que el procesado sea miembro de grupo guerrillero. Se cuestiona qué relación puede tener el hecho de que Parra González formara parte de las milicias populares y realizara trabajos para el grupo insurgente con el atentado contra el hotel de Puerto Toledo. Agrega que el fallo adolece de una vía de hecho por defecto fáctico, porque de haber comparado los rasgos fisonómicos de su asistido con los que obran en el proceso habría advertido que no se trata de la misma persona.
Con fundamento en las anteriores reflexiones, el impugnante le pide a la Sala que case la sentencia recurrida, revoque las decisiones de condena que pesan en contra del procesado y “decrete resolución absolutoria a su favor”.
1. Prescripción de la acción penal derivada de la conducta punible de rebelión
En efecto, cuando -como en este caso- el proceso ha superado la etapa de la instrucción, el término de prescripción opera a partir de la firmeza de la resolución de acusación, por un término equivalente a la mitad del máximo de la pena privativa de la libertad legalmente prevista, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco años, ni superior a diez.
Así las cosas, si la conducta punible de rebelión tiene una pena de prisión máxima de 9 años (artículo 467 de la Ley 599 de 2000, sin el incremento punitivo previsto en la artículo 14 de la Ley 890 de 2004), ello significa que el término de prescripción de la acción penal es el mínimo, esto es, de 5 años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, la cual tuvo lugar el 28 de febrero de 20081. Se observa, entonces, sin dificultad, que el lapso extintivo ya fue superado, pues se consolidó en la misma fecha del presente año, esto es después de emitido el fallo del ad quem y aproximadamente seis semanas antes de que empezara a correr el término de 15 días para interponer el recurso extraordinario.
2. Presupuestos de admisibilidad de la demanda de casación
La Corporación anticipa su decisión en el sentido de inadmitir la demanda de
casación, comoquiera que evidentemente incumple con la exigencia de una debida y suficiente fundamentación y, en contraste, se queda en mostrar el desacuerdo del libelista con la apreciación probatoria del fallador, en medio de una ostensible confusión sobre la causal de casación y modalidad alegadas.
Así, en comunicación del 16 de noviembre siguiente, la Registraduría reportó la cancelación por muerte de las cédulas de ciudadanía correspondientes a Luis Suárez (cuyo verdadero nombre es Víctor Julio Suárez Rojas, con cupo numérico de identificación Nº 19.208.210) y Néstor Pérez Ríos; respecto de los restantes, comunicó que “no hay datos de registro civil de defunción”.
El deceso del primero fue divulgado por el Ministerio de Defensa a través de comunicado del 24 de mayo de 20082, al tiempo que la de los dos restantes fue ampliamente conocida en el país y divulgada por los voceros del gobierno nacional, como el resultado de sendos operativos militares. En particular, la de Guillermo Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’ fue reconocida por la Sala en auto del 28 de marzo de 2012 (rad. 36123) y la de Víctor Julio Suárez, alias ‘mono jojoy’ o ‘Jorge Briceño Suárez’ (en este proceso individualizado con el nombre de Luis Suárez), conocida como resultado de la denominada Operación Sodoma, realizada el 22 de septiembre de 2010 en la localidad de La Macarena, Meta.
Por lo tanto, la certeza de la muerte de los subversivos Pedro Antonio Marín, Guillermo León Sáenz Vargas y Víctor Julio Suárez Rojas proviene de su notoriedad y, en tal medida, no requiere prueba3, pues evidentemente no se trató de un rumor indefinido y general, ni es una información que haga parte solamente del conocimiento privado del funcionario o corporación judicial.
1. Redosificación punitiva
A su turno, el Tribunal Superior, advirtió que la pena máxima de prisión no podía superar los 40 años de prisión, pues tal era el límite máximo señalado por el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 599 de 20004 (sin la modificación introducida por el artículo 1º de la artículo 14 de la Ley 890 de 2004) para los casos de concurso de conductas punibles. Por tanto, redujo la sanción corporal a 480 meses para todos los sentenciados por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, terrorismo y rebelión.
2. Acotación final
PRIMERO: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal correspondiente al delito de rebelión por los que fueran sentenciados los procesados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’, Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ y Luis Eduardo López Méndez.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena la CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO respecto del delito mencionado, a favor de los procesados reseñados en precedencia.
TERCERO: CONDENAR a los procesados Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’; Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’ y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’ a las penas principales de 373 meses y 9 días de prisión y multa equivalente al valor de 2151,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo, en concurso homogéneo y heterogéneo.
CUARTO: CASAR DE OFICIO Y PARCIALMENTE la sentencia y, en su lugar, DISPONER la CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO a favor de los procesados Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’
QUINTO: En lo no reformado, el fallo de instancia permanece incólume
SEXTO: INADMITIR la demanda de casación formulada por el defensor del procesado Carlos Cecilio Parra González.
1 La resolución de acusación, proferida el 22 de enero de 2008, fue notificada por estado del 22 de febrero siguente (fl. 121, cuaderno original 6).
2 “El Ministerio de Defensa se permite comunicarle a la opinión pública que, a través de diferentes medios de inteligencia militar, nos enteramos de que Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’, principal cabecilla de las Farc, está muerto. ‘Tirofijo’, según esta información, murió el 26 de marzo pasado, a las 6:30 de tarde. Las causas de la muerte están aún por confirmar”.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de mayo de 2010, rad. 29798. En el mismo sentido, auto del 28 de marzo de 2012, rad. 36123.
4 “En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años”.