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Timestamp: 2020-02-18 23:39:47
Document Index: 354648822

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 192', 'Artículo 193', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'Artículo 197', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 166', 'artículo 167', 'artículo 37', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 18', 'artículo 137', 'Artículo 48', 'artículo 112', 'artículo 116', 'artículo 124', 'Artículo 137', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 5', 'Artículo 157', 'artículo 5', 'Artículo 158', 'artículo 5', 'artículo 162', 'artículo 5', 'Artículo 164', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 190', 'Artículo 190', 'Artículo 190', 'artículo 181', 'artículo 18', 'artículo 166', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149']

Artículo 5 Bienes y derechos de dominio público o demaniales
Artículo 6 Principios relativos a los bienes y derechos de dominio público
Artículo 7 Bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales
Artículo 8 Principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales
Artículo 11 Desconcentración y avocación de competencias
Artículo 12 Actuación frente a terceros
Artículo 13 Coordinación
Artículo 14 Colaboración
Artículo 15 Modos de adquirir
Artículo 16 Carácter patrimonial de los bienes adquiridos
Artículo 17 Inmuebles vacantes
Artículo 18 Saldos y depósitos abandonados
Artículo 19 Adquisiciones a título oneroso
Artículo 20 Normas especiales para las adquisiciones hereditarias
Artículo 20 bis Procedimiento para la declaración de la Administración del Estado como heredera abintestato
Artículo 20 ter Efectos de la declaración de heredero abintestato
Artículo 20 quáter Liquidación del caudal hereditario
Artículo 21 Adquisiciones a título gratuito
Artículo 22 Prescripción adquisitiva
Artículo 23 Ocupación
Artículo 24 Adquisiciones derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria
Artículo 25 Adjudicación de bienes y derechos en procedimientos de ejecución
Artículo 26 Adjudicaciones de bienes y derechos en otros procedimientos judiciales o administrativos
Artículo 27 Toma de posesión de los bienes adjudicados
Artículo 28 Extensión
Artículo 29 Deber de custodia
Artículo 30 Régimen de disponibilidad de los bienes y derechos
Artículo 31 Transacción y sometimiento a arbitraje
Artículo 32 Obligación de formar inventario
Artículo 33 Estructura y organización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
Artículo 34 Formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
Artículo 35 Control de la inscripción en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
Artículo 36 Obligatoriedad de la inscripción
Artículo 37 Título inscribible
Artículo 38 Comunicación de ciertas inscripciones
Artículo 39 Promoción de la inscripción
Artículo 40 Aranceles aplicables por los registradores de la propiedad
Artículo 41 Facultades y prerrogativas
Artículo 42 Adopción de medidas cautelares
Artículo 43 Régimen de control judicial
Artículo 44 Comunicación de hechos punibles
SECCIÓN 2. DE LA INVESTIGACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
Artículo 45 Facultad de investigación
Artículo 46 Órganos competentes
Artículo 47 Procedimiento de investigación
Artículo 48 Premio por denuncia
Artículo 49 Asignación de fincas de reemplazo en procedimientos de concentración parcelaria
SECCIÓN 3. DEL DESLINDE
Artículo 50 Potestad de deslinde
Artículo 51 Órganos competentes
Artículo 52 Procedimiento de deslinde
Artículo 53 Inscripción
Artículo 54 Sobrantes de deslindes de dominio público
SECCIÓN 4. DE LA RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO
Artículo 55 Potestad de recuperación posesoria
Artículo 56 Ejercicio de la potestad de recuperación
SECCIÓN 5. DEL DESAHUCIO ADMINISTRATIVO
Artículo 58 Potestad de desahucio
Artículo 59 Ejercicio de la potestad de desahucio
Artículo 60 Órganos competentes
Artículo 61 Colaboración del personal al servicio de la Administración
Artículo 62 Colaboración ciudadana
Artículo 63 Notificación de determinados actos y contratos
Artículo 64 Facilitación de información
SECCIÓN 2. UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
SECCIÓN 3. UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS DESTINADOS A UN SERVICIO PÚBLICO
SECCIÓN 4. AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DEMANIALES
SECCIÓN 2. ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
SECCIÓN 5. CESIÓN GRATUITA DE BIENES O DERECHOS
SECCIÓN 6. GRAVAMEN DE LOS BIENES Y DERECHOS
Artículo 155 Edificios administrativos
Artículo 156 Principios de la gestión de los edificios administrativos
Artículo 157 Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
Artículo 158 Comisión de Coordinación financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales
Artículo 159 Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno
Artículo 160 Concepto de optimización
Artículo 161 Programas de actuación
Artículo 162 Planes de optimización
Artículo 163 Potestades de la Dirección General del Patrimonio del Estado
Artículo 164 Subordinación de la gestión inmobiliaria a la ejecución de los planes
Artículo 165 Verificación de proyectos de obras
Artículo 192 Infracciones
Artículo 193 Sanciones
Artículo 194 Prescripción
Artículo 195 Órganos competentes
Artículo 196 Procedimiento sancionador
Artículo 197 Ejecución de las sanciones
Disposición adicional primera Régimen patrimonial de los órganos constitucionales del Estado
Disposición adicional segunda Régimen jurídico del Patrimonio Sindical Acumulado
Disposición adicional tercera Régimen jurídico del Patrimonio de la Seguridad Social
Disposición adicional cuarta Régimen jurídico del Patrimonio Nacional
Disposición adicional quinta Régimen patrimonial de determinados organismos públicos
Disposición adicional sexta Régimen patrimonial del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
Disposición adicional séptima Bienes afectados al Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas
Disposición adicional octava Bienes afectados al Ministerio del Interior
Disposición adicional novena Ejecución del programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado
Disposición adicional décima Régimen jurídico de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima
Disposición adicional duodécima Subrogación del usuario a efectos de contratos de seguro y responsabilidad civil
Disposición adicional decimotercera Viviendas oficiales
Disposición adicional decimocuarta Bienes del Patrimonio Histórico Español
Disposición adicional decimoquinta Sistemas especiales de gestión
Disposición adicional decimosexta Informes de la Dirección General del Patrimonio del Estado
Disposición adicional decimoséptima Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados
Disposición adicional decimoctava Gestión de la cartera de inversiones financieras y materiales de determinados organismos públicos
Disposición adicional decimonovena Gestión del Patrimonio de la Vivienda
Disposición adicional vigésima Régimen patrimonial de SEPES
Disposición adicional vigésima primera Bienes de determinadas entidades públicas
Disposición adicional vigésima segunda Régimen de incorporación de bienes en determinados organismos públicos
Disposición adicional vigésima tercera Régimen patrimonial de los Consorcios de Zona Franca
Disposición adicional vigésima cuarta Sucesión abintestato del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza
Disposición adicional vigésima quinta Sucesión abintestato de las Diputaciones forales de los territorios históricos del País Vasco
Disposición adicional vigésima sexta Programa para la Mejora de las Condiciones Educativas de las Personas con Discapacidad
Disposición transitoria primera Régimen transitorio de las concesiones demaniales vigentes
Disposición transitoria segunda Aplicabilidad del artículo 21.4 de esta ley a donaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Disposición transitoria tercera Régimen transitorio de los expedientes patrimoniales
Disposición transitoria cuarta Régimen transitorio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
Disposición transitoria quinta Inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes demaniales
Disposición final primera Modificación de los artículos 48 y 56 y disposición adicional duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
Disposición final cuarta Competencias de gestión de los bienes de dominio público
Letra b) del número 4 del artículo 10 redactada por el apartado uno de la disposición final décima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
Letra f) del número 5 del artículo 10 introducida por el apartado dos de la disposición final décima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
Letra b) del número 6 del artículo 10 redactada por el apartado tres de la disposición final décima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
Número 4 del artículo 30 introducido por el apartado cuatro de la disposición final décima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
Número 5 del artículo 30 introducido por el apartado cuatro de la disposición final décima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 («B.O.E.» 4 julio).
Disposición adicional séptima redactada, con efectos de 1 de enero de 2018, por el apartado uno de la disposición final décima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 («B.O.E.» 28 junio).
Disposición adicional octava redactada, con efectos de 1 de enero de 2018, por el apartado dos de la disposición final décima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 («B.O.E.» 28 junio).
Número 1 del artículo 166 redactado por el apartado uno de la disposición final sexta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («B.O.E.» 2 octubre). Número 2 del artículo 167 redactado por el apartado dos de la disposición final sexta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («B.O.E.» 2 octubre).
L 13/2015 de 24 Jun. (de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por D 8 Feb. 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por RDL 1/2004 de 5 Mar.)
Número 3 del artículo 37 redactado por la disposición final primera de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por D. de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo («B.O.E.» 25 junio).
Número 5 de la disposición final segunda redactado por el número 3 de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana de R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana («B.O.E.» 31 octubre).
R Patrimonio del Estado 27 Jul. 2015 (delegación de competencias relativas al procedimiento de declaración de la Administración General del Estado como heredera abintestato y a la administración y liquidación de la masa hereditaria)
Véase la Res. de 27 de julio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que delegan competencias relativas al procedimiento de declaración de la Administración General del Estado como heredera abintestato y a la administración y liquidación de la masa hereditaria («B.O.E.» 5 agosto).
Número 6 del artículo 20 redactado por el apartado uno de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio). Artículo 20 bis introducido por el apartado dos de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio; Corrección de errores «B.O.E.» 2 septiembre). Artículo 20 ter introducido por el apartado tres de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio). Artículo 20 quáter introducido por el apartado cuatro de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio). Disposición adicional vigésima cuarta introducida por el apartado cinco de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio; Corrección de errores «B.O.E.» 2 septiembre). Disposición adicional vigésima quinta introducida por el apartado seis de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio; Corrección de errores «B.O.E.» 2 septiembre). Número 1 de la disposición final segunda redactado por el apartado siete de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio). Número 2 de la disposición final segunda redactado por el apartado siete de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio). Número 5 de la disposición final segunda redactado por el apartado siete de la disposición final octava de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio).
Artículo 18 redactado por el apartado uno de la disposición final tercera de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público («B.O.E.» 10 julio). Disposición adicional vigésima sexta introducida por el apatado dos de la disposición final tercera de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público («B.O.E.» 10 julio; Corrección de errores «B.O.E.» 2 septiembre).
Disposición adicional vigésima tercera introducida por el número dos de la disposición final primera de la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española («B.O.E.» 23 abril), con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida.
Disposición adicional novena introducida en su actual redacción, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, por la disposición final décima cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre).
R Patrimonio del Estado 9 Sep. 2013 (de delegación de competencias)
Número 6 del artículo 137 redactado por el apartado uno de la disposición final sexta de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas («B.O.E.» 27 junio). Disposición adicional décima redactada por el apartado dos de la disposición final sexta de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas («B.O.E.» 27 junio).
Artículo 48 redactado por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Número 6 del artículo 112 introducido por el apartado dos de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Número 4 del artículo 116 redactado por el apartado tres de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Número 1 del artículo 124 redactado por el apartado cuatro de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Artículo 137 redactado por el apartado cinco de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Número 11 de la disposición adicional décima introducido por el apartado seis de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio). Número 4 de la disposición adicional decimoquinta introducido por el apartado siete de la disposición final cuarta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («B.O.E.» 30 junio).
RDL 12/2012 de 30 Mar. (medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público)
Número 2 del artículo 10 suprimido por el apartado uno del artículo 5 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo). Número 3 del artículo 14 redactado por el apartado dos del artículo 5 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo). Artículo 157 redactado por el apartado tres del artículo 5 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo). Artículo 158 redactado por el apartado cuatro del artículo 5 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo). Número 4 del artículo 162 redactado por el apartado cinco del artículo 5 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo). Artículo 164 redactado por el apartado seis del artículo 5 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo). Disposición adicional novena suprimida por el apartado siete del artículo 5 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo).
Artículo 190 bis introducido, en su actual redacción, por el número 2 de la disposición adicional cuarta del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo («B.O.E.» 26 junio). Se reitera la modificación por la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana («B.O.E.» 31 octubre).
Artículo 190 bis introducido, en su actual redacción, por el número 2 de la disposición adicional cuarta del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo («B.O.E.» 26 junio). Se reitera la modificación por la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana («B.O.E.» 31 octubre). Número 5 de la disposición final segunda redactada por el número 3 de la disposición adicional cuarta del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo («B.O.E.» 26 junio).
Artículo 190 bis introducido por el número 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo). Número 5 de la disposición final segunda redactado por el número 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo).
Número 2 del artículo 181 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado («B.O.E.» 11 abril).
Número 4 del artículo 18 derogado por la letra q) del número 1 de la disposición derogatoria primera de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
Téngase en cuenta que la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre), establece que la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de funciones de cargo público a que se refiere el presente apartado no resultará de aplicación a los Presidentes de las sociedades a que se refiere el artículo 166.2 de esta ley cuando el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de tutela declare la compatibilidad para el ejercicio de las funciones de presidente de una sociedad y de las funciones atribuidas a un alto cargo de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público dependientes de aquella, en el caso que la naturaleza de los fines de la sociedad guarde conexión con las competencias legalmente atribuidas a dicho alto cargo.
Durante las casi cuatro décadas transcurridas desde su promulgación, el contexto político y jurídico en que se insertan estas normas, y aun la misma realidad que pretenden regular, han experimentado cambios trascendentales. Factores destacados de esta evolución han sido, entre otros de menor importancia, la aprobación de la Constitución de 1978 que, por una parte, dedica un artículo específico, el 132, a los bienes públicos demandando leyes para regular «el Patrimonio del Estado» y «el régimen jurídico de los bienes de dominio público» y, por otra, articula territorialmente el Estado sobre la base de comunidades autónomas, competentes, cada una de ellas para regular su patrimonio propio; cabe destacar también el proceso general de renovación normativa que ha afectado a los cuerpos legales básicos que pautan la actividad de la Administración; la proliferación de regímenes especiales de gestión patrimonial, a través de los cuales se canaliza la administración de amplias masas de bienes; y, por último, la notoria ampliación del parque inmobiliario público, especialmente en lo que se refiere a los edificios destinados a usos administrativos, con el correlativo incremento de su participación en el gasto público y la consiguiente necesidad de considerar con mayor detenimiento las implicaciones presupuestarias de su gestión. De igual forma, el sector público empresarial ha experimentado un notable crecimiento y diversificación tipológica, adquiriendo una progresiva complejidad el marco de sus relaciones con la Administración General del Estado.
De igual forma, parece necesario reconducir la fragmentación normativa que aqueja a la legislación aplicable a los patrimonios públicos del sector estatal, especialmente censurable si se considera que tal fragmentación ya fue denunciada por la Ley de Bases del Patrimonio del Estado como el primero de los vicios de nuestro ordenamiento en este ámbito. El «proceso puramente administrativo», de elaboración del sistema de la legislación patrimonial, que veladamente reprobaba aquel texto de 1962, parece haberse impuesto, una vez más, a la racionalidad legislativa y, en el momento actual, el Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado en cuanto disposición reguladora del patrimonio de la Administración General del Estado y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, como norma que recoge el régimen patrimonial general a que deben ajustarse los organismos públicos, se encuentran desbordadas por una multiplicidad de disposiciones que han instaurado regímenes peculiares de administración para ciertas masas integradas en el patrimonio del Estado o reglas especiales para los bienes de ciertos organismos.
Adicionalmente, y con un alcance más sustantivo, la generalidad del enfoque legal encuentra su vehículo de expresión más acabado en el nuevo significado de que se dota al término tradicional «Patrimonio del Estado» que, en la ley, pasa a designar el conjunto de bienes de titularidad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Ha de precisarse, sin embargo, que la reconducción conceptual de estas masas patrimoniales a la nueva categoría así definida no se ha realizado con el propósito de absorber la titularidad separada que corresponde a la Administración General del Estado y a los organismos públicos sobre sus respectivos patrimonios, o erosionar su autonomía de gestión. El concepto no pretende hacer referencia a una relación de titularidad, de difícil construcción jurídica desde el momento en que falta el referente subjetivo, sino que su acuñación tiene una finalidad meramente instrumental, y sirve a los objetivos de permitir un tratamiento conjunto de esos conjuntos de bienes a determinados efectos de regulación, y destacar la afectación global de los patrimonios de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, como organizaciones subordinadas al cumplimiento de los fines del Estado.
En lo que se refiere al ámbito objetivo de regulación, la ley se aparta de la tradición encarnada en el Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, y se inclina por considerar que los bienes demaniales se encuentran plenamente incardinados en el patrimonio de las Administraciones Públicas. El patrimonio público pasa así a definirse como un conjunto de bienes y derechos que pueden estar sujetos a un doble régimen: de carácter jurídico público, los bienes y derechos demaniales, y de carácter jurídico privado, los patrimoniales.
Este régimen tiene su núcleo fundamental en las normas que se declaran básicas en ejercicio de la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución para aprobar las «bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», materia de la que el régimen patrimonial no constituye sino una parcela, y la «legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas».
Además de estas normas básicas, otras disposiciones de la ley serán aplicables a todas las Administraciones públicas por tratarse de normas civiles (artículo 149.1.8.ª), normas procesales (artículo 149.1.6.ª), normas sobre régimen económico de la Seguridad Social (artículo 149.1.17.ª), o legislación sobre expropiación forzosa (artículo 149.1.18.ª).
La gestión patrimonial, cuyo núcleo normativo fundamental se recoge en el título V de la ley, constituye el eje central de su regulación.
Por último, se ha prestado una particular atención a articular un conjunto coherente de procedimientos, instrumentos técnicos y potestades de actuación enderezados a conseguir la máxima eficiencia en la utilización de los espacios destinados a alojar oficinas y dependencias administrativas. A estos efectos, se prevé el desarrollo de diversas actuaciones dirigidas a optimizar su uso sobre la base de planes aprobados por el Consejo de Ministros y ejecutados por el Ministerio de Hacienda Dirección General del Patrimonio del Estado, órgano éste al que se reconocen amplias facultades para supervisar la utilización de edificios por la Administración.