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Timestamp: 2019-10-21 08:29:33
Document Index: 13485005

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 314', 'artículo 314', 'artículo 45', 'artículo 356', 'artículo 50', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 9', 'artículo 98', 'artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 238', 'artículo 153', 'artículo 44', 'artículo 307', 'artículo 314', 'artículo 314', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 307', 'artículo 314', 'artículo 233', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA C-154 DE MARZO 7 DE 2007
SENTENCIA C-154 DE 07 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA. BENEFICIO QUE SE CONCEDE AUTOMÁTICAMENTE A LA MADRE O AL PADRE CABEZA DE FAMILIA DE CUALQUIER MENOR DE 18 AÑOS O QUE SUFRIERE INCAPACIDAD. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES "DE DOCE (12) AÑOS" Y "MENTAL", CONTENIDAS EN EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 314 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSTITUCIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA, PADRE CABEZA DE FAMILIA, PROTECCIÓN A LA MADRE CABEZA DE FAMILIA, MADRE CABEZA DE FAMILIA, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:426 DE JUNIO DE 2007, PG.1059
Sentencia C-154 de marzo 7 de 2007
Sentencia C-154 de 2007
Ref.: Expediente D-6388
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º (parcial) del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
LEY 906 DE 2004 (*)
“En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo disponga el juez”.
3. Derechos fundamentales de los niños.
Igualmente, el artículo 45 involucra a los adolescentes en los proceso de participación ciudadana, cuando se les permite hacer parte de organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Por virtud del artículo 356 de la Carta, el Estado se compromete a destinar los recursos del situado fiscal a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señale, con especial atención a los niños, y el artículo 50 del mismo estatuto prescribe atención gratuita en todas las instituciones de salud para los niños menores de un año.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25-2 que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. La norma se replica en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, en donde se indica que los niños gozarán de una “protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño” (art. 2º ob. cit.)
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —integrado a la legislación interna mediante la Ley 74 de 1968—, establece en su artículo 24 que todos los niños tienen “derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.
En la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Colombia mediante Ley 12 de 1992, al reconocer que, por sus condiciones particulares, el niño es un ser humano en estado de inmadurez física y mental que necesita “protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, y que la familia, “como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”, prescribió que es deber de los Estados Partes (art. 2º) respetar los derechos a que se refiere dicha convención, asegurando su aplicación para cada niño sujeto a la jurisdicción de aquellos, “sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.
A la lista brevemente esbozada se suman el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993 (L. 265/96), la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica aprobado mediante la Ley 16 de 1972, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1) —Ley 74 de 1968— y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “protocolo de San Salvador”, aprobado por Colombia mediante Ley 319 de 1996 (2) .
En ejercicio de su función hermenéutica, la Corte Constitucional ha precisado que el modelo Social de Derecho asigna al Estado el fin esencial de adoptar acciones “que permitan a los menores de edad alcanzar un desarrollo armónico e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, síquico, intelectual, familiar y social. La población infantil es vulnerable y la falta de estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su crecimiento agravan su indefensión” (3) .
‘(...) se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, sicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad (Cfr. Sents. T-408 sep. 14/95 y T-514 sep. 21/98)’” (Sent. C-1064/2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
En efecto, tal como se desprende del artículo 3º de la citada Convención sobre los Derechos del Niño —Ley 12 de 1991—:
A juicio de la Corte, la referida disposición es “una norma que condiciona el actuar de la totalidad del Estado, así como de las instituciones privadas de bienestar social, a la hora de tomar decisiones en las que se vean afectados niñas y niños; siempre se ha de considerar, primordialmente, el interés superior del niño (4) ” (5) . Dicho de otro modo, el interés superior del menor “se revela como un principio, el cual implica una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucra, el cual obtiene reconocimiento en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional como en el nacional” (6) .
Por último, el Congreso de la República aprobó recientemente la Ley 1098 de 2006, por la cual adoptó el Código de la Infancia y la Adolescencia. El citado estatuto consagra desde sus primeros artículos el interés por extender la protección del menor, precisando que la finalidad de dichas normas es la de garantizar “a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna” (art. 1º).
La ley indica que para todos los efectos de su aplicación, “son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad” (art. 2º), y que en la ejecución de sus medidas, que son de orden público y de carácter irrenunciable, “los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes”(art. 5º).
De igual forma, la ley en cita señala la aplicación más favorable de la norma, siempre acorde con el interés superior del menor (art. 6º) y consagra de manera expresa el concepto de Protección integral, definido como aquél reconocimiento como “sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal l con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos” (art. 7º). La Ley 1098 recoge igualmente el concepto de interés superior del menor (art. 8º), al advertir que aquél es “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. En cuanto a la prevalencia de los derechos de los niños, el artículo 9º señala que “En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona” a lo cual agrega que en caso de conflicto “entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
De lo dicho se tiene entonces que los derechos y garantías de los niños son prevalentes, es decir, merecen un tratamiento prioritario respecto de los derechos de los demás. En Colombia, esta prioridad rige hasta los 18 años, pues es el límite en que la Constitución fijó el inicio de la mayoría de edad. Los tratados internacionales autorizan a los Estados para definir la mayoría de edad (7) , y el parágrafo del artículo 98 de la Carta decidió que la misma fuera 18 años.
4. Quiénes son menores de edad. Legitimidad del trato diferencial.
Partiendo de la base de que menor es todo individuo que no ha cumplido 18 años, la Corte Constitucional ha precisado que la vigencia prevalente de los derechos y garantías del menor se extiende hasta el cumplimiento dicha edad. Por ello, toda persona menor de 18 años tiene derecho —sin distinción alguna— a reclamar de las autoridades y la sociedad el tratamiento privilegiado que otorga la Constitución.
El énfasis de la Corte en que se entienda que la protección preeminente de los derechos de los niños es una prerrogativa que dura hasta los 18 años no es inmotivado: la existencia de normas constitucionales que otorgan resguardo especial a los niños menores de un año (C.P., art. 50), que precisan ciertos privilegios a favor de los adolescentes —respecto del acceso a mecanismos de participación política (art. 45 ídem)— y que obligan al Estado, la sociedad y la familia a responsabilizarse de la educación de los niños entre los cinco y los quince años de edad (art. 67 ídem) obligaron a la Corte a puntualizar que dichas singularidades de trato no implican detrimento del esquema prevalente de derechos de los niños, pues todo menor de 18 años goza del mismo estatus de protección. La apreciación natural de que la condición de los infantes no es la misma que la de los jóvenes también condujo a que la Corte recalcara que la protección prevalente de los derechos de los menores rige hasta los 18 años.
“Con base en lo anterior, esta corporación ha sostenido que “en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, “menores” (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)” En consecuencia, la protección constitucional estatuida en el artículo 44 C.P. en favor de los “niños” ha de entenderse referida a todo menor de dieciocho años” (Sent. C-092/2002, M.P. Jaime Araújo Rentería) (subrayas fuera del original).
De la jurisprudencia constitucional transcrita resaltan dos aspectos que deben tenerse en cuenta: primero, que la distinción que la Constitución hace entre niños y adolescentes no desvirtúa la prevalencia de los derechos de los menores de 18 años, por lo que el esquema de protección especial cobija a todos los individuos que se encuentran en esa franja cronológica. En otros términos, que el legislador puede establecer diferencias de trato entre sujetos que tienen menos de 18 años, pero que dicha diferencia no puede perjudicar el esquema de protección del menor. El legislador está autorizado para conferir un trato distinto a niños de edades distintas, si dicho trato persigue enfatizar un aspecto de protección necesario para una edad específica o para permitir que el niño, de acuerdo con su nivel de formación, acceda a escenarios jurídicos acordes con su edad. Por esta razón la providencia en cita fue contundente al advertir que “la distinción entre niño y adolescente, no se hizo para efectos de la prevalencia de sus derechos, sino de la participación” (12) .
A la misma conclusión llegó la Corte en la Sentencia C-203 de 2005 (13) , cuando estudió la exequibilidad del artículo 19 de la Ley 782, que regula el tema de la incorporación al conflicto armado de menores de edad, por parte de organismos ilegales armados. La Corte Constitucional precisó que las diferencias de trato conferidas por los instrumentos internacionales a los menores de edad, según su edad de maduración, no reducían el espectro de protección prevalente fijado por la Carta, pues sólo operaban como puntos de referencia para determinar el énfasis y el sentido en que dicha protección tenía que ofrecerse. La Corte admitió que el trato diferenciado a menores de edad no implica necesariamente un rompimiento de su estructura de protección constitucional, por lo que sostuvo lo siguiente:
“... la referencia a diferentes límites de edad (12, 15 o 18 años), así como la referencia a otros términos como adolescentes o menores, no implican que exista una definición específica de “niño” para cada regla individual de Derecho Internacional Humanitario; se trata de criterios incorporados por los redactores de estos textos para indicar distintas condiciones de vulnerabilidad de conformidad con las etapas de desarrollo de las personas, que por lo mismo deben ser interpretados con una adecuada flexibilidad, dependiendo de las condiciones individuales de desarrollo de cada menor (14) , siempre aplicando el principio pro infans. Así, no son medidas de protección especial diferenciada en función de la edad, sino criterios para que quienes aplican las normas —con la flexibilidad y la sensibilidad por el interés superior del menor del caso— tengan referentes objetivos a los cuales acudir para establecer el grado específico de protección reforzada a la que tiene derecho un menor de edad” (Sent. C-203/2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) (resaltado fuera del original).
“... el constituyente en uso de su poder soberano, realizó distinciones al interior de los llamados menores de edad. Dicha distinción, corresponde a las diferentes características que hacen parte de un determinado grupo de menores de edad.
“puede aseverar que en concordancia con la Convención de Derecho del Niño, el Estado Colombiano establece la mayoría de edad a los dieciocho (18) años. No obstante, es claro que la Constitución Colombiana hace distinciones al interior de los menores de edad; dichas diferenciaciones se efectúan debido a las particulares condiciones de cada grupo protegido, que además los permite singularizar respecto de los restantes menores de dieciocho (18) años”.
Por esto, la Corte ha dicho que la Constitución reconoce “derechos a los menores en general, pero también a subgrupos de ‘niños’ de acuerdo a su edad y madurez, como por ejemplo los ‘adolescentes’ (C.P., art. 45) y ‘los niños menores de un año’ (C.P., art. 50). Concretamente, la Carta Política reconoce al ‘adolescente’ los derechos (i) ‘a la protección’ y (ii) ‘a la formación integral’ (C.P., art. 45)”, a lo cual agregó:
“Los derechos y garantías reconocidas en convenios internacionales a los “niños” también son aplicables a los “adolescentes” (15) . La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, en especial el artículo 5º, establece que los adolescentes deben ser reconocidos como personas con plenos derechos, que tienen la capacidad de ser ciudadanos responsables con la guía y dirección adecuada. Dentro de las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que Colombia debe adoptar para dar efectividad a los derechos reconocidos a los adolescentes, según el Comité sobre los Derechos del Niño (16) , los estados deben asegurar que estas medidas sean adoptadas en la legislación nacional, incluyendo las edades mínimas para (i) consentir tener relaciones sexuales, (ii) casarse y (iii) recibir un tratamiento médico sin el consentimiento de los padres. El Comité sobre los Derechos del Niño precisa que según el artículo 2º de la Convención estas “edades mínimas” deben ser iguales para los adolescentes y para las adolescentes, y deben ser fijadas de acuerdo a al desarrollo del niño según los criterios de edad y madurez” (Sent. C-507/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Previamente, sobre el mismo tópico, la Corte Constitucional había encontrado ajustado a la carta el señalamiento de una edad mínima de emancipación sexual, al declarar exequibles los delitos de ‘acceso carnal abusivo con menor de catorce años’ (17) y ‘corrupción’ (18) del Código Penal de 1980, en el entendido de que “(...) no se cometen los delitos plasmados en ellos cuando el acceso carnal o los actos sexuales diversos del mismo se tengan con mujer mayor de doce (12) años con la cual se haya contraído previamente matrimonio o se haya conformado con anterioridad una familia por vínculos naturales, según lo previsto en el artículo 42 de la Constitución”.
En similares condiciones, esta corporación declaró ajustado a la Constitución el señalamiento de una edad mínima para acceder al mercado laboral, al declarar exequible el artículo 238 Decreto 2737 de 1989 —Código del Menor—, —Sentencia C-170 de 2004 (19) —. La disposición en cita consigna la prohibición de permitir el trabajo de los menores de 14 años, preceptiva que la Corte consideró acorde con la protección de los derechos de los niños, pese a permitir que los que hubieren pasado dicha edad pudieran ingresar al mercado laboral. Por supuesto, la Corte entendió que la permisión laboral para mayores de 14 años debía entenderse condicionada por el cumplimiento de las condiciones fácticas y jurídicas necesarias para garantizar la protección de los intereses e integridad de los menores, previstas en los artículos 2-4º, y 2-5º, del Convenio 138 de la OIT, en armonía con los artículos 44 y 67 de la Carta (fundamento 33 de la Sentencia).
De igual forma, en Sentencia C-157 de 2002, la Corte Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 153 de la Ley 65 de 1993, que habilita la permanencia de menores de edad en los establecimientos de reclusión en que estuvieren confinadas sus madres. La disposición establece que dicha permanencia puede extenderse hasta los 3 años (20) , tiempo en que, a juicio del tribunal, el niño requería con mayor prioridad de la presencia de su madre. La sentencia avaló la decisión del legislador de impedir que el niño permaneciera en el centro de reclusión después de los 3 años, pues dicha reclusión atentaba contra sus derechos fundamentales en cuanto alteraba su proceso de formación. Del fallo citado se infiere que la Corte admitió la diferencia de trato entre menores y mayores de 3 años, atendiendo a las condiciones de maduración y desarrollo del menor.
Un ejemplo adicional y contundente lo ofrece la Sentencia C-534 de 2005 (21) , por la cual la Corte estudió —entre otros— el tema de la capacidad jurídica de los menores. Aunque los argumentos principales de la Corte se refirieron a la diferencia de trato sobre la base de la diferencia de género, la corporación admitió en sus reflexiones la legitimidad de la distinción jurídica entre los menores de edad de acuerdo a su desarrollo cronológico. La Corte, en consecuencia, avala las distinciones hechas por la ley entre infante, impúber y menor adulto, por considerar que la gradación de la regulación según el estadio formativo del niño constituye una garantía de la defensa de sus derechos, al permitir la adecuación de su capacidad jurídica al grado de desarrollo de sus condiciones intelectivas y volitivas. Sobre dicho particular la Corte sostuvo:
“Tal como lo viene exponiendo la Sala y como lo presenta el demandante y el Ministerio Público, la incapacidad por razón de la edad (los infantes, impúberes y menores adultos) resulta ser una institución protectora del estado de minoridad. Esto es, si el tráfico jurídico de los intereses económicos obedece a la lógica de defender los propios, dicho tráfico no puede darse en condiciones desiguales. Y si además, la igualdad de condiciones para su ejercicio depende en gran medida de la suficiencia con la que se reflexione y se valoren las consecuencias jurídicas de participar en estas actividades, se hace necesario que las etapas propias del aprendizaje, formación e instrucción según la edad (entre otras variables), sean tenidas en cuenta por el legislador como criterio para diferenciar a los sujetos que pretenden negociar jurídicamente” (Sent. C-534/2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
Así entonces, de las citas y consideraciones previas se impone que el régimen constitucional colombiano admite la posibilidad de señalar diferencias de trato entre personas menores de edad, siempre y cuando dichas diferencias no reduzcan el marco de protección prevalente dispuesto por la Constitución. Tales diferencias —es claro— deben estar acordes con el grado de formación del individuo. En este aspecto, la corporación reconoce que el legislador tiene un margen amplio de valoración, que, en todo caso, no puede eliminar los estratos mínimos de protección asegurados ya por la Carta.
Al respecto vale la pena reiterar lo dicho por la Corte en la citada Sentencia C-507 de 2004 (22) , al advertir que si bien “el legislador dispone de un margen de apreciación de las circunstancias y de configuración en el diseño de las normas de protección de los menores, los medios que escoja deben ser efectivamente conducentes para alcanzar los fines específicos de protección y no excluir las medidas necesarias e indispensables para lograr tales fines. La Constitución exige que en cualquier circunstancia el Estado adopte las normas que aseguren unos mínimos de protección”.
5. Insuficiencia del análisis constitucional a partir del exclusivo criterio del derecho a la igualdad.
La diferencia de trato a menores que por sus condiciones cronológicas se encuentran en desigualdad de condiciones fácticas, antes que ser contraria al principio constitucional de igualdad, resulta precisamente acorde con su fórmula más elemental de reconocimiento. La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que el principio de igualdad constitucional impone la necesidad de trato desigual a situaciones desiguales, y de trato equivalente a situaciones similares (23) . Dicha obligación no sólo compromete a las autoridades administrativas respecto del tratamiento concreto que debe dar a los individuos (denominada igualdad de trato ante la ley (24) ), sino al legislador, en el diseño de disposiciones generales que identifiquen y asignen consecuencias jurídicas distintas a situaciones diversas, o equivalentes, a supuestos de hecho similares (25) . En tal medida, es en principio justificado que el legislador otorgue un tratamiento diverso a menores de edad que por sus diferencias naturales merecen una regulación particularizada.
Con todo, quedó visto en la jurisprudencia precedente que independientemente de que los menores puedan ser tratados de manera diversa —acorde con su estado de formación— el legislador no puede reducir, quebrantar ni desmejorar el esquema de protección a que se refiere el artículo 44, cuando prescribe que los derechos de los menores prevalecen sobre los demás. Por ello resulta pertinente reiterar que a juicio de la Corte “la distinción entre niños y adolescentes en los artículos 44 y 45 superiores, no fue la de excluir a estos últimos de la protección integral otorgada a la niñez, sino de ofrecerles espacios de participación respecto de las decisiones que los conciernen” (26) ” (27) .
6. Descripción y objetivos de la norma demandada.
De conformidad con el artículo 307 de la Ley 906 de 2004, la detención preventiva es una medida de aseguramiento privativa de la libertad. En primer lugar, la Corte Constitucional ha definido las medidas de aseguramiento como uno de los tipos de medidas cautelares. “es decir, de aquellas disposiciones que por petición de parte o de oficio, dispone la autoridad judicial sobre bienes o personas, cuyo objeto consiste en asegurar el cumplimiento cabal de las decisiones adoptadas en el proceso, garantizar la presencia de los sujetos procesales y afianzar la tranquilidad jurídica y social en la comunidad, bajo la premisa por virtud de la cual, de no proceder a su realización, su propósito puede resultar afectado por la demora en la decisión judicial” (28) .
En concreto, la detención preventiva es una medida cautelar que busca asegurar a las personas sindicadas de haber cometido un delito para evitar su fuga y garantizar la efectiva investigación, juzgamiento e imposición de la pena en caso de llegar a desvirtuarse la presunción de inocencia y determinarse la responsabilidad penal del sindicado (29) .
Con todo, el legislador ha admitido la posibilidad de conmutar la detención preventiva en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria cuandoquiera que concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 314 demandado.
La norma prescribe que la detención provisional en establecimiento carcelario podrá conmutarse por la de detención domiciliaria —en la residencia del investigado— cuando se cumpla alguna de las hipótesis señaladas en los 5 numerales del artículo. Las cuatro primeras hipótesis del artículo 314 admiten la posibilidad de conceder la detención preventiva domiciliaria al individuo cuyas circunstancias no ameriten la imposición de la reclusión en establecimiento carcelario, al individuo mayor de 65 años, siempre que su personalidad admita este tipo de reclusión, a la imputada pendiente del parto y al acusado que se encontrare en estado de gravedad.
Del marco jurídico de la norma se deduce que la medida preventiva de detención domiciliaria está encaminada a obtener un doble resultado: en primer lugar, a garantizar que la mujer cabeza de familia —o el padre que haga sus veces— evada la acción de la justicia, lo cual se logra mediante la reclusión del implicado en un lugar preestablecido —conocido en el proceso— por el tiempo en que las autoridades jurisdiccionales adopten una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal. Esta primera finalidad está vinculada con la realización del fin de garantizar el orden justo, que la Constitución asigna al Estado en su artículo 2º. Igualmente, se vincula con la efectividad de los derechos de los ciudadanos, consagrada en el mismo artículo constitucional, y con la adjudicación a las autoridades públicas del deber de defensa de todas las personas residentes en Colombia. La disposición asegura, adicionalmente, el efectivo cumplimiento del artículo 6º Constitucional, que instaura el principio de responsabilidad personal por quebrantamiento del orden jurídico, y persigue el funcionamiento de la recta administración de justicia.
En cuanto al primer objetivo, esta Corte resalta que el mismo es legítimo y acorde con los fines esenciales del Estado, entre los que se encuentran la ejecución de la recta administración de justicia a partir del deber de colaboración ciudadana (C.P., art. 95-7), la vigencia del orden justo (C.P., art. 2º) y la realización de los derechos de los ciudadanos.
Efectivamente, la realización material de la justicia —entendida como la sanción del delito y el reclamo de la responsabilidad del infractor— es un fin vinculado directamente con la realización del orden justo, porque garantiza la regularización del escenario social perturbado por el ilícito. La realización de los derechos y deberes consagrados en la Carta Política y en la legislación () no sería posible si el aparato jurisdiccional no contara con los mecanismos necesarios para exigir las responsabilidades pertinentes, uno de los cuales es la detención preventiva del procesado. El artículo 28 de la Carta Política autoriza al Estado a disponer por los motivos previamente señalados en la ley los arrestos y detenciones que considere necesarios. La Corte Constitucional ha dicho al respecto que la libertad personal, en cuanto que no es un derecho absoluto, puede verse restringida por la orden de una autoridad competente, siempre y cuando se cumplan y verifiquen los requisitos señalados en la ley (C.P., art. 29).
La compatibilidad de la detención preventiva con los textos constitucionales ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, por lo que puede inferirse que las disposiciones que tienden a reforzar dicha institución persiguen un fin legítimo. La corporación ha manifestado que tal herramienta es concordante “con la Constitución (30) y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto que, precisamente, tiene un carácter preventivo, no sancionatorio” (31) . Para la corporación, la detención preventiva constituye una alternativa de fuerza que el Estado puede legítimamente aplicar sin quebrantar el principio de libertad personal, pues su “finalidad, evidentemente, no esta en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales…” (32) .
La legitimidad del segundo propósito tampoco se discute: al permitir que la madre cabeza de familia o el padre puesto en similares condiciones soporte la detención preventiva en el lugar de residencia y no en un centro de reclusión se garantiza que los menores de 12 años no sufran la ausencia de sus padres, por lo menos en lo que dura la investigación y juicio penal. El fin de esta medida puede atribuirse a la realización del principio del derecho internacional que aboga por el interés superior del menor (33) , como criterio de interpretación y aplicación de los demás derechos del ordenamiento, y a la ejecución del mandato constitucional consignado en el artículo 44 que reclama el derecho de los niños a no ser separados de su familia y a que sus garantías fundamentales se consideren prevalentes.
La protección al menor se deriva también de la protección que la Constitución y la ley conceden a la madre cabeza de familia. Efectivamente, el inciso final del artículo 43 constitucional prescribe expresamente que “El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”, al tiempo que el artículo 2º de la Ley 82 de 1993 señala para los efectos de dicha ley, una “Mujer Cabeza de Familia”, es aquella mujer que “siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.
Con todo, la disposición en estudio ha dispuesto que el beneficio de la detención domiciliaria no se confiera a los menores de edad que tengan más de 12 años. Ciertamente, respecto de los menores de 12 años, la disposición acusada establece una clara concesión que redunda en beneficio de las condiciones de vida del niño, cuando su madre o padre, de los que dependen para su cuidado, sean retenidos en virtud de una orden de detención preventiva. Sin embargo, en relación con los mayores de 12 años, todavía menores de 18 años, la norma resueltamente inclina la balanza a favor de la recta administración de justicia y de la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos (C.P., preámbulo, art. 2º), dejando al niño por fuera del ámbito de protección implícito que ofrece la detención domiciliaria de su madre o de su padre.
En este escenario de cosas, la Corte debe establecer si la restricción impuesta a los menores de edad que ya cumplieron 12 años es proporcional y justificada a la luz de la satisfacción de los principios constitucionales que por el otro lado pretenden realizarse (34) . Hasta el momento, la Corte ha reconocido que los principios perseguidos por la norma son legítimos. Ahora le corresponde establecer si el sacrificio que la disposición impone respecto de ciertos principios, es razonable y proporcional con el beneficio que obtiene para los otros.
7. Razonabilidad y proporcionalidad de la medida legislativa acusada.
La doctrina constitucional asegura que frente la jerarquía equivalente de los principios constitucionales, los conflictos emanados de su aplicación deben resolverse a partir del balance de sus mutuas implicaciones. Esta alternativa parte del reconocimiento de que la Constitución Política rige como un todo sistemático y armónico, en el que ninguna sección ostenta una primacía formal sobre la otra (35) . El juicio de ponderación obliga así a considerar los elementos circundantes a cada principio en pugna, para determinar, luego de un análisis de alcances y consecuencias, derivado del peso mismo de cada principio, a favor de cual debe resolverse la colisión.
La finalidad del juicio de ponderación es la maximización de los principios involucrados en las normas en disputa —cuando el análisis se hace respecto de normas jurídicas— de manera que ninguno de los extremos resulte anulado, sino meramente atenuado por el que lo enfrenta. En palabras de la Corte, la “Constitución no consagró un sistema jerárquico entre sus normas, sino un modelo de preferencia relativa, condicionada a las circunstancias específicas de cada caso. La tarea de los distintos operadores jurídicos es, entonces, la de armonizar los distintos derechos y cuando ello no resulte posible, la de definir las condiciones de precedencia de un derecho sobre otro” (36) .
“La Corte Constitucional ha precisando que en los casos de enfrentamiento de las normas constitucionales que sirven de respaldo a ciertos derechos, el principio de unidad constitucional exige interpretar la Constitución como un todo armónico y coherente, en tanto que el principio de armonización concreta “impide que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o la restricción de otro. De conformidad con este principio, el intérprete debe resolver las colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice la efectividad de cada uno de ellos. La colisión de derechos no debe, por lo tanto, resolverse mediante una ponderación superficial o una prelación abstracta de uno de los bienes jurídicos en conflicto. Esta ponderación exige tener en cuenta los diversos intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra” (Sent. T-425 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) (37) .
8. Peso abstracto de los derechos de los menores de edad.
Ciertamente, por disposición del artículo 44 de la Constitución, los derechos de los niños, entre los que se incluyen el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, el derecho al cuidado y al amor, a la educación y a la cultura, y el derecho a recibir protección estatal contra cualquier clase de abandono, han sido exaltados con el carácter prevalente que expresamente les confiere la Carta. Adicionalmente, las normas de derecho internacional citadas en esta providencia (38) , que insertan en el régimen jurídico el interés del menor como criterio de interpretación y resolución de conflictos, desdibujan el plano de paridad sobre el que en principio debería adelantarse el juicio de ponderación.
El juez constitucional reconoce, por tanto, que una medida que restrinja el esquema de protección del menor, porque limita el goce de sus derechos fundamentales prevalentes, debe ser sometida a un examen de constitucionalidad de mayor rigor que establezca si el sacrificio al que se someten dichas garantías se justifica necesariamente en aras de la satisfacción de los intereses que se le contraponen. En otros términos, el juicio de ponderación debe dirigirse a establecer si el sacrificio infligido a los derechos de los menores es rigurosamente necesario frente al beneficio perseguido por la norma. En otros términos, el juicio debe certificar que “cuanto mayor es el grado de insatisfacción o afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro” (39) , lo cual impone tener en cuenta que el sacrificio de los derechos de los menores de 18 años que ya cumplieron los 12 sólo se justifica cuando razones decididamente imperiosas impiden conferirles un tratamiento más favorable.
24. Establecida una necesidad específica de protección y asistencia del niño subsumible en un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, los conflictos que genere frente a otros derechos y que no pudieren resolverse de otro modo que apelando a la jerarquización de los intereses, serán decididos según lo ordena el mismo constituyente dándole prelación a los derechos del primero (C.P., art. 44). La especial calidad del niño como sujeto privilegiado de la sociedad se proyecta en esta particular regla de prioridad que modula los ámbitos de los restantes derechos, a partir de la exigencia y condición de que los suyos sean satisfechos o respetados en primer lugar” (40) (negrillas fuera del original).
9. Apoyo constitucional especial del Estado a la mujer cabeza de familia.
Esta norma constitucional ha sido acogida por el legislador en diversas disposiciones, entre las que resalta el artículo 2º de la Ley 82 de 1993, según el cual, una “Mujer Cabeza de Familia”, es aquella mujer que “siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”.
“...la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sostenido, a propósito del compromiso de apoyo a la mujer cabeza de familia, que dicha protección se deriva de las condiciones de discriminación y marginamiento en que tradicionalmente ha vivido la mujer y al hecho de que el desarrollo social contemporáneo ha integrado cada vez con más fuerza a la mujer a la cadena productiva, obligándola a asumir en no pocas ocasiones, y con recursos mínimos, los compromisos de su condición de madre de familia y de fuente de sustento del hogar (41) .
“Al respecto la Corte ha explicado que una mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, el grupo familiar está a su cargo. Aunque en el mismo artículo se incluye un parágrafo en el que se indica que la mujer deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando la adquiera como cuando la pierda, para efectos de prueba, no es una condición que dependa de una formalidad jurídica. Con la categoría “mujer cabeza de familia” se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que por razones, sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos, al tiempo que se busca preservar condiciones dignas de vida a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella” (42) (Sent. C-964/2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
La Corte Constitucional ha reconocido que, en el marco de la Ley 82 de 1993, la protección estatal a la mujer cabeza de familia se cumple en distintos frentes de acción: “[l]as medidas concretas de apoyo a la mujer cabeza de familia establecidas en la Ley 82 de 1993 son de diversa índole. Así además del llamado general al Estado y a la sociedad para que a partir de la vigencia de la misma busquen “mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia” (art. 3º), entre ellas pueden citarse las siguientes: (i) la adopción de reglamentos que garanticen su ingreso a la seguridad social de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo (art. 4º), (ii) la creación de programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una actividad económica rentable (art. 8º y 20); iii) Acceso preferencial a los auxilios educativos así como servicio básico de textos y apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia (art. 9º) iv) la fijación de estímulos para que el sector privado cree programas especiales para las mujeres cabeza de familia (art. 10); v) el establecimiento mediante reglamento de un factor de ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios también con el Estado. Factor que permitirá que se seleccione la oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica “siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes” (art. 11); vi) especial atención de las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen (art. 12); vii) planes especiales de vivienda (art. 13 y 14), viii) programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia, por parte de las entidades oficiales de crédito (art. 15), así como el acceso a líneas de crédito por parte de microempresas, famiempresas y similares que tengan mayoría de mujeres cabeza de familia (art. 20)” (43) .
Adicionalmente, en relación con estas normas de protección especial a la mujer cabeza de familia, la Corte Constitucional ha reconocido que aunque el objetivo de las mismas es evitar la discriminación de la mujer puesta en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P., art. 13), el verdadero propósito de las mismas es garantizar la estabilidad de la célula familiar.
“Así las cosas, la protección otorgada en la norma no es entonces a la mujer por el sólo hecho de ser mujer, sino por el contexto dentro del cual se encuentra, es decir, tener a su cargo la responsabilidad de la familia”. (Sent. C-1039/2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra) (resaltado fuera del original).
Dentro de este contexto, debe entenderse que es indiferente quien asume la condición de cabeza de familia, comoquiera que los sujetos de protección son los menores, cuyos derechos tienen prevalencia sobre los demás conforme al artículo 44 de la Constitución.
Es decir, conforme a lo expuesto, no se protege en situaciones como la que ahora analiza la Corte a la mujer por ser mujer, ni al hombre por ser tal sino, al uno o al otro cuando tengan la calidad de cabeza del hogar, en razón de la protección constitucional a que tiene derecho la familia (art. 5º de la Carta), y de manera especial los niños, conforme a lo preceptuado, se repite, por el artículo 44 de la Constitución pues ellos, por su condición, han de ser especialmente protegidos en todo lo que atañe a sus derechos fundamentales.
En síntesis, puede afirmarse que la madre cabeza de familia es sujeto de una especial protección constitucional en virtud de los artículos 13 y 43 de la Carta Política, los cuales han servido de fundamento al legislador, y en general a las autoridades públicas, para adoptar acciones afirmativas tendientes a brindarle protección, en consideración a sus circunstancias de debilidad manifiesta y a las obligaciones que de manera solitaria debe asumir de manera permanente frente a sus menores hijos, o frente a las personas que dependen directamente de ella (Sent. T-773/2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil).
10. Análisis de constitucionalidad de la norma demandada.
En el caso sometido a estudio, esta Sala encuentra que la medida demandada persigue el aseguramiento de la persona de la cual se infiere razonablemente que puede ser autor o partícipe de una conducta delictiva (L. 906/2004, art. 308).
El fin de la medida es satisfacer la necesidad social de asegurar la comparecencia al juicio de los individuos sobre los que pesa una fundada sospecha de ser responsables de quebrantar el orden jurídico. Igualmente, la disposición penal intenta inmovilizar personas que por sus condiciones particulares, i) requieren ser retenidos para evitar que obstruyan el debido ejercicio de la justicia, ii) constituyen peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y iii) resulta probable que no comparezcan al proceso o no cumplirán la sentencia (L. 906/2004, art. 308). Por esa vía, la sociedad busca que el particular se haga responsable de su conducta criminal; que los derechos de las personas afectadas por el ilícito sean reparados (C.P., art. 4º); que se reestablezca el orden social justo (art. 2º) y se dé protección efectiva a los residentes en Colombia en su vida, honra y bienes (ibídem).
En concreto, la norma acusada persigue incrementar los niveles de aseguramiento que garantizan la presencia del imputado o acusado al proceso penal, pues evita que madres cabeza de familia —o el padre que haga sus veces— de hijos mayores de 12 años, reciban la detención domiciliaria como sustituto de la detención en centro de reclusión. En efecto, como la detención domiciliaria representa una modalidad de detención de menor intensidad que la retención en establecimiento carcelario, los índices de deserción procesal podrían tender al alza si tal medida se concediera indiscriminadamente. En tales condiciones, la eliminación del privilegio debería producir un entendible aumento del número de imputados o acusados que comparecen efectivamente al proceso para asumir las consecuencias atribuidas por la sentencia. La retención en establecimiento carcelario ofrece mayor garantía al sistema y, por supuesto, garantiza con mayor eficiencia la comparecencia del reo al proceso.
La dosis de satisfacción que los citados principios constitucionales reciben por gracia de dicha medida no es entonces despreciable. Por el contrario, las ventajas que reporta al sistema son deseables y el Estado recibe beneficio directo de su implantación. Si el Estado no dispusiera de un mecanismo que le permitiera retener provisionalmente a quienes por estar penalmente investigados podrían evadir la acción de la justicia, el éxito de los juicios penales resultaría improbable. La aplicación de justicia se truncaría a fuerza de no contar el Estado con la presencia del condenado. La conservación misma de la paz como valor supremo del Estado (CPP, preámbulo), pero también como derecho de todo miembro de la sociedad (C.P. art. 22) correría riesgo de malograrse si se privara al Estado de una herramienta preventiva como la que es objeto de estudio.
En primer lugar, las medidas de aseguramiento con privación de la libertad constituyen apenas un subgrupo de las medidas de aseguramiento que el Estado puede aplicar a fin de garantizar la debida y efectiva imposición de la sentencia. El artículo 307 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) ofrece un amplio catálogo de medidas cautelares que pueden ser impuestas con ese fin:
A. Privativas de la libertad.
B. No privativas de la libertad.
En este entendido, puede afirmarse que como la detención residencial no es la única medida de aseguramiento posible para garantizar la comparecencia procesal del investigado, pues el ordenamiento jurídico admite varias alternativas —todas las cuales se reputan idóneas para asegurar la comparecencia del procesado—, la administración de justicia no depende inexorablemente de aquella para garantizar la comparecencia del procesado.
De otro lado, es necesario tener en cuenta que la detención domiciliaria es, en sí misma considerada, una forma atenuada de restricción de la libertad, que se impone cuando concurren algunas de las circunstancias previstas en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. La posibilidad jurídica de que el Estado retenga a un individuo en su lugar de residencia con el fin de garantizar la efectiva imposición de la sanción penal obliga a considerar que la única alternativa para garantizar la comparecencia del imputado al proceso no es la retención en establecimiento carcelario, y que, por tanto, la detención domiciliaria se erige como opción válida para lograr la misma finalidad.
La existencia de otras alternativas atenuadas de privación de la libertad, como las previstas en el inciso segundo de la norma acusada, que le permiten al imputado o acusado desplazarse a recibir controles médicos, atender el parto o, incluso, trabajar, en el caso de las madres cabeza de familia con hijos de menos de 12 años (L. 906/2004, art. 314), constituyen ejemplos adicionales para considerar que la privación radical de la libertad no es la única opción con que cuenta el Estado para garantizar que quienes están implicados en una investigación, comparezcan al proceso para enfrentar su responsabilidad penal.
La consecuencia de la norma se refleja entonces en que dos mujeres, puestas en similares condiciones respecto de la administración de justicia, pueden recibir tratamiento diverso de acuerdo con la edad de los hijos que tengan a cargo y custodia. Ante el caso de dos madres cabeza de familia —o padre en similares condiciones—, una con un hijo menor de 12 años y otra con uno mayor de esa edad, el juez de garantías podrá conceder la protección a la primera, y deberá negarla a la segunda. De hecho, la aplicación estricta de la disposición impondría que la madre cabeza de familia que ha recibido el beneficio de la detención domiciliaria lo perdería el día en que su hijo cumpla los 12 años.
— Vulnerabilidad del adolescente.
Ciertamente, pese a que el proceso de formación del individuo se desarrolla prioritariamente entre los 0 y los 12 años, la consolidación de la personalidad encuentra en la adolescencia uno de sus períodos más críticos (44) . De acuerdo con el informe “Adolescencia, una etapa fundamental”, publicado por la Unicef (45) en el año 2002, el segundo decenio de la vida de un individuo es trascendental para su proceso de integración humana y social. Si bien los primeros años de vida son cruciales para el ser humano en términos de su formación orgánica, el desarrollo de las facultades racionales, sexuales, sociales y psicológicas se consolida en esta segunda etapa.
El informe resalta que durante la adolescencia el individuo se reconoce como ser social, independiente y responsable. La transición de la niñez a la edad adulta no siempre es fácil, por lo que la adolescencia es considerada como una etapa radicalmente sensible en el proceso de formación del ser humano. A lo anterior agrega:
“Durante la adolescencia, los jóvenes establecen su independencia emocional y psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad y a considerar su papel en la sociedad del futuro. El proceso es gradual, emocional y, a veces, perturbador. Un joven puede sentirse desilusionado, decepcionado y herido en un determinado momento y, poco después, eufórico, optimista y enamorado. A la vez que luchan con cambios físicos y emocionales, los adolescentes de hoy deben también hacer frente a fuerzas externas sobre las que carecen prácticamente de control. Los imperativos de la cultura, el género, la mundialización y la pobreza han empujado a millones de adolescentes de forma prematura a asumir funciones y responsabilidades propias de adultos. La guerra y los disturbios civiles, el VIH/SIDA, la industrialización, la urbanización y el creciente desempleo han socavado gravemente la educación y el desarrollo de millones más. A medida que desaparecen las redes sociales tradicionales, la estructura de la familia se remodela y a veces se viene abajo, y la capacidad de los sistemas de apoyo de la familia y la comunidad disminuye. Al ver cómo su mundo pierde seguridad, coherencia y estructuras, los adolescentes se ven abocados con demasiada frecuencia a hacer elecciones difíciles, casi siempre sin nadie que los ayude” (46) .
De lo anterior es posible concluir que la presencia de los padres en la etapa de crecimiento que va desde los 12 a los 18 años es indispensable para el proceso formación del individuo. Por ello, la Corte entiende que privar al menor de la presencia de su madre o de su padre tiene serias repercusiones negativas en el normal desenvolvimiento de su proceso de formación, lo que implica que el sacrificio que impone la norma a los derechos prevalentes de los niños sea más que significativo.
Ciertamente, quedó establecido que el Estado dispuso de un tratamiento menos riguroso en términos de preservación de la libertad a favor de mujeres cabeza de familia, madres de menores de 12 años, pero no existe justificación para negar el privilegio a mujeres puestas en las mismas condiciones, por razón exclusiva de la existencia de un hijo mayor de 12 años —pero todavía menor de edad—, cuando la Constitución ha dicho que la protección prevalente perdura hasta los 18 años.
Sobre dicho particular, valdría la pena resaltar que la Corte Constitucional, en la ya citada providencia C-247 de 2004, declaró inexequible el artículo 233 de inasistencia alimentaria del Código Penal (L. 599/2000), que establecía un agravante de responsabilidad para el delito que se cometiera en contra de los intereses de una persona menor de 14 años.
“Las obligaciones así establecidas no pueden entonces predicarse solamente respecto de determinados menores sino de todos, y en consecuencia de todos los adolescentes en tanto no hayan cumplido 18 años (47) .
“En ese orden de ideas es claro para la Corte que el legislador en ejercicio de su potestad de configuración legislativa en materia penal en cuanto decidió establecer como delito la inasistencia alimentaria y decidió señalar como causal de agravación punitiva el hecho de que dicho delito se cometa contra determinadas personas —en este caso menores de 14 años—, para el efecto no podía establecer diferencias entre los menores, pues es en relación con todos que la Constitución ordenó una protección integral” (C-247/2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
En el caso que ahora es objeto de estudio, la Corte coincide con la posición citada, pues evidencia que por disposición de la norma sub judice, los hijos mayores de 12 años de madre cabeza de familia se verían en la total desprotección si la norma se mantuviera en el escenario jurídico. La disposición acusada despoja de dicha posibilidad a los menores de edad —que ya cumplieron los 12 años— y que estén bajo el cuidado de sus madres o de sus padres. En ese sentido, los argumentos relativos a la protección del menor cobran plena vigencia, pues la imposibilidad de que la madre —o el padre— del mayor de 12 años cumpla la detención domiciliaria en la residencia, impide que éste cumpla con sus obligaciones alimentarias.
“Téngase en cuenta que si bien la potestad de configuración del legislador en materia penal es amplia, ella debe respetar los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales (48) y que en este sentido no puede desconocer los mandatos contenidos en los artículos 44 y 45 superiores, de los que se desprende, en concordancia con las normas internacionales sobre la materia (49) y en particular con la Convención sobre Derechos del Niño, incorporada al derecho interno mediante la Ley 12 de 1991 (50) , la igual protección que se debe a todos los menores en materia de alimentos” (Sent. C-274/2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis).
“Por estas razones la Corte también reconocerá el derecho de prisión domiciliaria en los términos en que está consagrado en la Ley 750 de 2002 a aquellos hombres que se encuentren en la misma situación, de hecho, que una mujer cabeza de familia que esté encargada del cuidado de niños, y cuya presencia en el seno familiar sea necesaria, puesto que efectivamente los menores dependen, no económicamente, sino en cuanto a su salud y su cuidado, de él. De esta manera la Corte asegura la posibilidad de que se cumpla el deber que tienen los padres en las labores de crianza de sus hijos alejándose así del estereotipo según el cual, el cumplimiento de este deber sólo es tarea de mujeres y tan sólo a ellas se les pueden reconocer derechos o beneficios para que cumplan con dichas labores” (Sent. C-184/2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
— Potestad de valoración del juez de control de garantías.
En el análisis respectivo debe considerarse, por supuesto, la definición de madre cabeza de familia consagrada por la Ley 82 de 1993 y que se refiere a aquella mujer que “quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”, así como los criterios identificadores suministrados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en esencia son los establecidos en la Sentencia SU-388 de 2005 (51) , previamente citada.
Así, por ejemplo, el hecho de que el menor esté al cuidado de otro familiar o que en virtud de sus condiciones particulares reciba el sustento de otra fuente o, incluso, habilitado por una edad propicia, se encuentre trabajando y provea lo necesario para su subsistencia, podrían considerarse como circunstancias exceptivas que darían lugar a impedir, según la valoración del juez, que se conceda el sustituto de la detención domiciliaria. En este punto, resulta imposible a la Corte enumerar cuáles son las condiciones concretas en que el cuidado del menor se vería o no perjudicado por la decisión de separarlo de su madre o de su padre, pero es claro que sobre las circunstancias fácticas del juicio, es el juez competente el encargado de valorar —siempre a la luz del interés superior del menor— si dicha separación comporta el abandono real del niño.
De cualquier manera, dado que la finalidad de la norma es garantizar la protección de los derechos de los menores, el juez de control de garantías deberá poner especial énfasis en las condiciones particulares del niño a efectos de verificar que la concesión de la detención domiciliaria realmente y en cada caso preserve el interés superior del menor, evitando con ello que se convierta, como lo dijo la Corte en la Sentencia C-184 de 2003, en una estratagema del procesado para manipular el beneficio y cumplir la detención preventiva en su domicilio (52) .
11. Situación del hijo discapacitado.
En Sentencia C-184 de 2003, previamente citada en esta providencia, se dispuso por parte de la Corte extender la protección especial en caso de detención domiciliaria a los hijos incapaces, independientemente del origen de su incapacidad. Ante el análisis de una disposición que en lo fundamental coincidía con la que ahora es objeto de estudio (53) , la Corte determinó que la protección al hijo no puede limitarse a la del que sufre de una incapacidad mental, pues el espectro de amparo dispuesto por la Carta protege tanto a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, sea cual sea el origen de su deficiencia (C.P., art. 13), como a los hijos incapacitados (C.P., art. 42) (54) .
“Tal como ha ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados han sido objeto constante de marginación social a través de los siglos. La discriminación contra los discapacitados presenta, sin embargo, características que le son propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector de los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o invisible, en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras formas de discriminación, tal como la que causa la segregación racial. En efecto, en muchos casos la discriminación contra los discapacitados no tiene origen en sentimientos de animadversión, y recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta la persona afectada —claro está, haciendo caso omiso de las condiciones especiales de cada discapacidad y de los diferentes grados de limitación que ellas pueden generar. De esta manera, la marginación de los discapacitados frecuentemente no está acompañada de hostilidad, sino que es más bien producto de ignorancia, de prejuicios, de simple negligencia, de lástima, de vergüenza o de la incomodidad que genera el encuentro con personas diferentes” (55) (Sent. T-207/99, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En tales condiciones, las medidas adoptadas por el Estado, además de evitar la inclusión de trato discriminatorio respecto de dichos individuos, deben establecer mecanismos que efectivamente garanticen la protección especial que dicho grupo humano requiere. Así —lo ha dicho la Corte— “el compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas es doble: por una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones positivas” (56) .
En virtud de que la disposición señalada incluye un criterio de diferenciación que no se compadece con el rango de protección que ofrece la Constitución Política —pues, además, la condición de ser incapaz mental no se incluye en la Carta como criterio válido de diferenciación— la Corte considera que el mismo es contrario a los preceptos fundamentales.
No obstante, en lugar de declarar la exequibilidad condicionada de la norma, como lo sugiere el Ministerio Público, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “mental”, contenida en la misma disposición, pues con ello se amplía el espectro de incapacidades que pueden ser amparadas por la ley. De este modo, la remoción de la expresión “mental” permite que hijos con incapacidad física permanente sean considerados para efectos de la concesión del beneficio de detención domiciliaria.
(*) Publicado en la edición del Diario Oficial 45.657 del martes 31 de agosto de 2004.
(1) “ART. 10, num. 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”.
(2) “ART. 16.—Derecho de la niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer el amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo”.
(3) Sentencia C-1064 de 2000.
(4) Este mandato se encuentra contenido en el Código del Menor básicamente en los mismos términos en el artículo 20. Dice la norma: “Las personas y las entidades tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobres toda otra consideración, el interés superior del menor”.
(5) Sentencia C-157 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(7) “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. ART. 1º—Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
(8) Sentencia C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
(9) Ver también las sentencias T-415 y T-727 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(10) Sentencia C-092 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(11) En providencia C-019 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón) la Corte había indicado que en Colombia, los adolescentes poseen garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto, “menores” (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años), para todos los efectos del Código del Menor.
(12) Sentencia C-092 de 2002.
(14) Ver a este respecto Sandoz, Swinarski y Zimmermann, Op. Cit., pág. 1402. En relación con las Convenciones de Ginebra, explica Pictet, Jean S. (ed.), Commentaire aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, vol. IV, 1956, pág. 201, que el límite de edad de quince años se seleccionó por cuanto el desarrollo de las facultades de los menores, a partir de esta edad, es en términos generales de un grado tal que no se impone la misma necesidad de adoptar medidas especiales; y en relación con el límite de edad de doce años (para la adopción de medidas de identificación de los menores), explica que a partir de tal edad se entiende que los niños son generalmente capaces de identificarse a sí mismos. En relación con estas reglas, explican Sandoz, Swinarski y Zimmermann que se requiere un nivel elemental de elasticidad al momento de su aplicación, dado que pueden existir individuos que son niños todavía a pesar de tener más de 15 años, tanto física como mentalmente (“L’de quinze ans correspond, le plus souvent, à un développement des facultés tel que des mesures spéciales ne s’imposent plus avec la même nécessité. Il convient cependant de garder une certaine élasticité, car on peut se trouver en face d’individus qui, même au-delà de 15 ans, sont encore des enfants, aussi bien physiquement que mentalement” (op. cit., pág. 924)).
(15) Según la acerca (sic) del “desarrollo y salud adolescente en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño”, en la medida que toda persona menor de 18 años es considerada “niño” se entiende que los “adolescentes” se encuentran incluidos en este grupo.
(16) Observación General Nº 4 (2003) del Comité sobre los Derechos del Niño.
(17) Decreto 100 de 1980, ART. 303.—Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce años, incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años”.
(18) Decreto 100 de 1980, ART. 303.—Corrupción. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, estará sujeto a la pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión.
(20) Ley 65 de 1993 (por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario) “ART. 153.—Permanencia de menores en establecimientos de reclusión. La dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario permitirá la permanencia en los establecimientos de reclusión a los hijos de las internas, hasta la edad de tres años. //El servicio social penitenciario y carcelario prestará atención especial a los menores que se encuentren en los centros de reclusión. Las reclusiones de mujeres tendrán guardería”.
(23) El derecho a la igualdad no puede aplicarse de manera automática o mecanicista, pues dicho principio no sólo “exige tratar igual a los iguales, sino también desigualmente las situaciones y sujetos desiguales. Comporta además un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias, y otro mandato de trato diferenciado cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes” (Sent. C-106/2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
(24) Sentencia C-534 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto “es el deber de aplicar por igual la protección general que brinda la ley (obligación para la autoridad que aplica la ley)”.
(25) Ibídem ““Todas las personas (...), recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de las mismos derechos y oportunidades…”. En la Sentencia C-673 de 2001 esta Sala presentó la obligación de la igualdad de trato como en el derecho comparado se ha desarrollado. En algunos casos se ha establecido como “el principio de igualdad de trato”. En dicha sentencia se recordó que: “[e]n efecto, en los Estados Unidos desde el año 1920 se menciona explícitamente el test leve aplicable al examen de una medida legislativa para determinar si vulnera el principio de igualdad de trato. (…) La Corte [Europea de Derechos Humanos] adoptó esta metodología por considerar que debía seguir los principios que pueden ser extraídos de la práctica jurídica de un amplio número de estados democráticos según la cual el principio de igualdad de trato es violado si la distinción carece de una justificación objetiva y razonable…” (énfasis fuera de texto). De esta evolución de la obligación de trato igual, como principio de igualdad de trato contenido en el principio general de igualdad, ha hecho parte también esta Corte. Entre otras, en la citada C-504 de 2004: “[en] la segunda dimensión, la igualdad de trato (...) se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables””.
(26) Sentencia C-092 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(27) Sentencia C-247 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(28) Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(29) Sentencia C-425 de 1997.
(30) Sentencias C-301 de 1993, C-106 de 1994, C-689 de 1996, C-327 de 1997 y C-425 de 1997.
(31) Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(32) Sentencia C-634 de 2000.
(33) Convención sobre los Derechos del Niño —Ley 12 de 1991—: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
(34) “[Los] principios constitucionales, a pesar de tener una forma de interpretación y aplicación diversa a las reglas, pues están sujetos a un ejercicio de ponderación, no por ello dejan de ser normas constitucionales, por lo cual deben ser respetados por la ley. Por ende, una disposición legal incompatible con un principio constitucional debe ser declarada inexequible, en caso de que no admita una interpretación conforme a la Carta. Esta corporación ha señalado que la fuerza normativa de los principios y valores constitucionales es tan clara que incluso habría que retirar del ordenamiento aquellas disposiciones que vulneran el Preámbulo, ya que este forma parte de la Carta y goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma —sea de índole legislativa o de otro nivel— que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios” C-126 de 1998.
(35) Consúltense también las sentencias T-612 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-475 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(36) Sentencia T-013 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(37) Sentencia C-575 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(38) Convención sobre los Derechos del Niño —Ley 12 de 1991—: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
(39) Cfr. R. Alexy “Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales” Centro de Estudios, 2004, Madrid, pág. 48.
(40) Sentencia C-041 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(41) Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-414 de 1993, C- 410 de 1994, C-034 de 1999, C-371 de 2000, C-184 de 2003.
(42) Ver la Sentencia C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. A.V. M. Jaime Araújo Rentería.
(43) Sentencia C-964 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(44) “Los especialistas en neurociencias creían antes que casi la mitad de las conexiones cerebrales estaban ya establecidas cuando un niño entraba en el jardín de infancia, y que la única tarea de desarrollo que quedaba era asegurar esas conexiones. Ahora disponemos de estudios recientes que muestran que el cerebro experimenta un ciclo continuo de crecimiento cada pocos años y que, a partir de aproximadamente los 11 años de edad, se produce una explosión de actividad eléctrica y fisiológica, que reorganiza drásticamente miles de millones de redes neuronales que afectan a las aptitudes emocionales y a las habilidades físicas y mentales. La cantidad de materia gris en algunas zonas del cerebro puede casi doblarse en sólo un año. Luego, desde la mitad de la segunda década hasta mediada la tercera, se purgan las células que no se necesitan y el cerebro continúa reorganizándose.
(47) Ibídem Sentencia C-092 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería. Ver también, entre otras, las sentencias C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón, T-415 y T-727 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(48) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(49) Declaración de los Derechos del Niño de 1959; el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993 y aprobado por la Ley 265 de 1996, la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica aprobado mediante la Ley 16 de 1972, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado mediante la Ley 74 de 1968 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
(50) La Convención sobre Derechos del Niño consagra en efecto en su artículo 1º que: “para efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad”.
El artículo 3º por su parte establece lo siguiente:
(51) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(52) “Con esta decisión se asegura a la vez, que los titulares del derecho realmente se lo merezcan, en razón a que es lo mejor en el interés superior del niño, no una medida manipulada estratégicamente en provecho del padre condenado que prefiere cumplir la pena en su residencia. Compete a los jueces penales en cada caso velar porque así sea”. Sentencia C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(53) “Ley 750 de 2002, ART. 1º—La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente”.
(54) Constitución Política, ART. 42—“La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos”.
(55) Sentencia T-207 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta oportunidad se estudió el caso de un médico discapacitado, a quien la Dirección de Salud de Caldas se negó a asignarle una plaza para realizar su servicio social, en razón de su condición física. Por ello, la Corte concedió el amparo al considerar que: “Desde el punto de vista del principio de igualdad, en su especial aplicación a las personas discapacitadas, el Estado debe intentar, en la medida de lo posible, adaptar su estructura a las posibilidades de los discapacitados. La ausencia de acciones en ese sentido supone una vulneración del derecho de igualdad, en su forma especial de aplicación a los asociados discapacitados”.
(56) Sentencia T-1031 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.