Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0011419_2019.html
Timestamp: 2020-01-24 14:51:50
Document Index: 294835492

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 10', 'artículo 111', 'artículo 19', 'artículo 257', 'artículo 12', 'artículo 28', 'artículo 1']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0011419_2019]
CONCEPTO 11419 DE 2019
Pues bien, cabe iniciar por señalar que el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006[1] establece que «[c]orresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. // Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley».
Sin embargo, comoquiera que este criterio debe armonizarse con las competencias legalmente asignadas a las dos autoridades disciplinarias[2], en virtud de lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia[3], el Consejo Superior de la Judicatura, a través de sus salas disciplinarias, ejerce la función jurisdiccional disciplinaria respecto de los procesos que se adelanten contra los funcionarios de la Rama Judicial[4].
En adición a ello anterior, resulta del caso destacar que cuando entren en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, esta competencia cobijará a todos los servidores judiciales, según lo dispuesto en el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015[5], que modifica el artículo 257 de la Constitución Política, toda vez que el legislador le atribuyó a dicha corporación el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Por su parte, el ministerio público conocerá de los comportamientos constitutivos de acoso laboral en los que se vean involucrados los demás servidores públicos, de conformidad con lo estatuido en el Código Disciplinario Único.[6] Sobre el particular, se precisa que cuando el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006 emplea, dentro de las autoridades competentes, la locución «Ministerio Público» lo hace desde el punto de vista orgánico, y en esa medida, se refiere exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación.
En este punto, cabe mencionar que aun cuando las personerías [distritales y municipales] no conforman la parte orgánica del ministerio público, la posibilidad de que conozcan de las conductas constitutivas de acoso laboral deviene de lo dispuesto en la Circular 20 de 2007, mediante la cual el Procurador General de la Nación ejerció la potestad atribuida en los artículos 118 de la Constitución Nacional y 7-36 del Decreto 262 de 2000, de expedir directivas y circulares como supremo director del ministerio público.[7]
Resta agregar que esta respuesta expedida a instancia del consultante reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011[8] 1 y 12 de la Resolución 9 de 2017[9].
8. «artículo 28. alcance de los conceptos. <Artículo modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015 ¯Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¯. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución».