Source: http://alfredoramosmaya.com/?p=120
Timestamp: 2019-05-19 08:46:28
Document Index: 328490014

Matched Legal Cases: ['artículo 375', 'artículo 376', 'artículo 379', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 349', 'artículo 241', 'artículo 241']

GOLPE DE ESTADO COLOMBIANO EN TRES ACTOS: ÚLTIMO ACTO: AL PODER CONSTITUYENTE | Alfredo Ramos Maya
Home » Uncategorized » GOLPE DE ESTADO COLOMBIANO EN TRES ACTOS: ÚLTIMO ACTO: AL PODER CONSTITUYENTE
GOLPE DE ESTADO COLOMBIANO EN TRES ACTOS: ÚLTIMO ACTO: AL PODER CONSTITUYENTE
Y la Corte Constitucional colombiana no se quedó tranquila. Ya dados los golpes de Estado al poder Ejecutivo y al poder Legislativo, solamente le quedaba uno para redondear la faena: el poder constituyente. Y lo hizo con un juego idiomático: la prohibición de la “sustitución” de la Constitución.
La Constitución debe ser lo suficientemente fuerte para trascender los tiempos y, a la vez, suficientemente flexible para acomodarse a nuevas circunstancias políticas, sociales y económicas. Este dilema de permanencia contra capacidad de cambio se convierte en uno de los problemas más difíciles a los que se enfrentan los creadores de cualquier Constitución.
La Constitución Política de Colombia de 1.991 definió un proceso muy claro para su reforma en los artículos 374 a 379, de los que vale la pena resaltar los siguientes aspectos:
La Constitución podrá ser reformada por:
Congreso: a través de acto legislativo, que tiene unos requisitos específicos en el artículo 375 de la Constitución.
Asamblea Constituyente: cuya formalidad está en el artículo 376 de la Constitución. Requiere ser aprobada por ley del Congreso para su convocatoria.
El pueblo mediante referendo: los artículos 377 y 378 tienen toda la regulación sobre el tema. Son dos tipos de referendo:
Por un lado, uno aprobatorio de Actos Legislativos del Congreso, cuando versa sobre algunos temas específicos (derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso) cuando lo solicite un número mínimo de ciudadanos (5% del censo electoral) y en un tiempo determinado (6 meses después de la promulgación del Acto Legislativo)
De otro lado, un referendo reformatorio de la Constitución (que puede ser por iniciativa del Gobierno o de un número mínimo de ciudadanos (5% del censo electoral o 30% de concejales o diputados)), el cual deberá ser tramitado ante el Congreso.
El artículo 379 de la Constitución es sumamente claro: los Actos Legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente, sólo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los requisitos establecidos en el título “De la reforma a la Constitución”.
Existen, por tanto, tres actores principales que pueden reformar la Constitución: Congreso, Asamblea Constituyente y el Pueblo.
Existe una dependencia absoluta en el Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales: el Pueblo nunca podrá directamente hacer reforma alguna, sino que tienen que someterse a la aprobación del cuerpo legislativo. Esto se hace una contradicción clara de la idea de Democracia participativa y pluralista que la propia Constitución en los principios que tanto promulga en sus artículos 1 y 3.
El blindaje constitucional para la reforma es mínimo: se abrió el camino a una gran facilidad de reformas, pues el procedimiento y las mayorías parecen muy simples en la práctica, a diferencia de otras constituciones.
La Constitución no exige mayorías calificadas, no pone límites materiales ni temporales, ni obliga al pueblo a refrendar algunos actos de especial importancia.
La Constitución no establece cláusulas pétreas. En ningún momento hace mención alguna al tema de “sustitución” de la Constitución, siempre habla de “Reforma”.
La Constitución no prohíbe su modificación es estados de excepción, tal como lo hacen la gran mayoría de constituciones europeas, para citar uno de los ejemplos más comunes que existen.
Haciendo la precisión de que la Constitución circunscribe la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional, en los estrictos y precisos términos del artículo 241 (es decir, el control de la Corte tiene ya un control específico y exclusivo emanado del propio texto de la Constitución para evitar abusos del tribunal), para efectos de las funciones que la Constitución le da a la Corte Constitucional en materia de control a la reforma constitucional, es necesario mirar el artículo 241 en concordancia con el antes mencionado artículo 349.
La reiteración constitucional es tan importante, que lo que quiere significar la Constitución es que cualquier órgano competente puede hacer las reformas que considere pertinentes, en cualquier tiempo, sobre cualquier tema, siempre y cuando cumpla los requisitos que la propia Constitución le exige. Si la Constitución hubiese deseado mayores requisitos, así los pudo haber establecido. No corresponde a ningún otro órgano hacer una interpretación de requisitos adicionales. Lo contrario, sería violentar la misma Constitución, atribuyéndose funciones que no le competen y creando un golpe de Estado velado.
La historia de la perpetración del golpe de Estado al poder constituyente será contada a través de diversas sentencias de la Corte, en donde comenzó dándoselo al poder constituyente derivado (el Congreso), para posteriormente rematarlo con el poder constituyente primario (el Pueblo). Y como buen dictador, lo hizo con unas forzadas teorías basándose en supuestas elucubraciones jurídicas que intentan volver más científica la justificación del golpe de Estado, pero que veremos que terminan siendo simple caprichos dictatoriales.
Esa dictadura será desenmascarada por el autor del presente texto en cada uno de los argumentos que la Corte proporciona en las respectivas sentencias.
La sentencia que comienza la historia del golpe de Estado es la C-551 de 2003, en la cual se hacía un estudio sobre la Ley 796 de 2003 “Por la cual se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional”. Este referendo fue propuesto por el Gobierno del momento, y aludía a diversos temas políticos que pretendía reformar constitucionalmente. Es el primer control constitucional que, a la luz de la Constitución de 1.991, la Corte tuvo que hacer de manera oficiosa, al ser la primera convocatoria a referendo y, por lo tanto, la vez que se originaron las bases para el golpe de Estado.
La Corte indicó que la Constitución debe mirarse como un texto y, por lo tanto, cualquier interpretación debe hacerse con base en todo el contenido normativo, y no solamente en los artículos que miran dicha competencia. Nadie se opone a que la Corte debe hacer un análisis de toda la Constitución. Pero para efectos de la reforma constitucional, la competencia es supremamente clara: términos como “estrictos” del artículo 241 o del hecho de que haya creado un capítulo exclusivo para la reforma constitucional demuestran que la interpretación debe hacerse de toda la Constitución pero sí existe especificidad, ésta debe tener prioridad sobre el resto de la Constitución.
La Corte reconoce que solamente puede entrar a decidir sobre los vicios de procedimiento pero nunca sobre el contenido material de la posible reforma constitucional, pues dicho contenido, por su naturaleza, es contrario a la Constitución. La Corte, al enfrentar el tema de los vicios de procedimiento, determina, basado en la doctrina de escritores como Zagrebelsky, que puede existir, además de la infracción de requisitos, un vicio por la no competencia del órgano que establece el acto jurídico, es decir, que lo hace sin tener la facultad para hacerlo. Aquí comienza a fraguarse el golpe de Estado: el requisito de competencia es doctrinal, y nunca aparece en la Constitución, por lo que la Corte está yendo más allá de la competencia definida en el artículo 241.
La Corte había definido en sentencias anteriores que el vicio de competencia es material y no formal, y dice que se sale de esa aparente contradicción argumentando que realmente los vicios de competencia no son únicamente materiales sino que también pueden ser formales, como en este caso. El dictador acomoda a su antojo su propia jurisprudencia, otro paso para fraguar el golpe de Estado.
La Corte, acorde con una gran parte de la doctrina, determina que una Constitución democrática, aunque no contenga expresamente cláusulas pétreas, impone límites materiales al poder de reforma del constituyente derivado, al ser un poder constituido y no el poder constituyente original. Pero es este argumento el que justifica el golpe de Estado al poder constituyente. Pues aunque es cierto que el poder constituyente derivado es constituido pero la propia Constitución lo iguala a los demás poderes en materia de reforma, por lo que, para dichos efectos, tiene la misma capacidad y competencia. Allí donde el texto constitucional no hace diferencia, no lo puede hacer su intérprete. Y la Corte hizo lo que quiso, por encima del propio texto que tanto se ufana de defender, violando su objeto rampantemente.
De otro lado, la Corte define que el poder de reforma es igual al poder constituyente derivado, que es la posibilidad de ciertos órganos del Estado, incluyendo en ocasiones una consulta a los ciudadanos, de modificar una Constitución existente, pero dentro de los requisitos determinados por la Constitución misma. Dice la Corte que el poder de reforma establecido por la Constitución, y que se ejerce en las condiciones que ella fija. Por tanto, ese poder derivado tiene límites y controles. Pero realmente al decir que el poder constituyente derivado se le incluye la consulta popular, se logra el golpe de Estado absoluto. Desconocer la participación del Pueblo, soberano absoluto, en medio del más puro procedimiento de la Democracia participativa, cual es el Referendo, significa jugar con candela. La Corte sabe que está cometiendo el mayor exabrupto jurídico-político democrático del que se tenga conocimiento: negarle al Pueblo la posibilidad de expresarse directamente, rebajándolo a una segunda categoría. Y la Corte sigue impune.
La Corte hace una diferenciación fundamental para dar el golpe de Estado creando la “Teoría de la sustitución”: por un lado, dice que una cosa es que cualquier artículo de la Constitución puede ser reformado, al no existir cláusulas pétreas; y que otra cosa diferente es que, pretendiendo reformar la Constitución, se termine sustituyéndola por otra Constitución totalmente diferente, lo que excedería la competencia del titular.
La Corte determina que se autoriza la reforma pero que la Constitución no autoriza expresamente su sustitución, y las autoridades solamente pueden hacer lo que les está expresamente permitido. Por ello, establece que el poder de reforma, al ser constituido, no tiene autorización para derogar o sustituir de la Constitución de la cual deriva su competencia, quebrantando su propia base de existencia. Aquí es necesario detenerse a mirar lo que dice la Corte: el argumento de la dictadura es tan risible que nadie con conocimiento del castellano podría dar una diferencia absoluta entre los vocablos “reforma” y “sustitución”, pues en ambos casos se refiere a cambio.
La Corte comienza a dar las bases de unas de sus creaciones más importantes para reforzar el golpe de Estado: el juicio de sustitución, según el cual, para determinar si hubo una violación de la competencia del poder derivado, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, y por ello tener en cuenta los principios y valores que contiene la Constitución y los que surgen del bloque de constitucionalidad. Es evidente que con este argumento la Corte empieza a crear supuestas elucubraciones teóricas para enredar su argumento, insustentable en la lógica humana.
La Corte Constitucional se toma una peligrosa competencia, con una modestia increíble, sosteniendo que el dilema y la tensión existentes entre la soberanía popular y la supremacía constitucional se concluye abriendo un procedimiento agravado de reforma al poder constituyente primario que permite sustituir la Constitución de 1.991.
En la sentencia 970 de 2.004, la Corte en su autocomplaciencia, su continua autocitación y su proliferación de elucubraciones para mantener el golpe de Estado, mantiene los argumentos de la sentencia C-551 de 2.003 pero adiciona nuevos argumentos que vale la pena mencionar:
Con el argumento principal de que el poder del constituyente derivado tiene competencia para “reformar” y no la tiene “sustituir” la Constitución, la Corte Constitucional colombiana define que la sustitución es cualitativa y no cuantitativa, es decir, que apunta a diferencias materiales y no solamente formales. Esto genera un argumento claro para que sea el capricho de la dictadora el que defina en qué momento se autoriza la denominada “sustitución”.
En esta sentencia la Corte cae en una tremenda contradicción incomprensible dentro de su argumentación: dice que el poder de reforma permite alterar un principio constitucional, debido a que dicho poder se basa en la necesidad de acomodar la Constitución a nuevas realidades, sin entenderse como una sustitución de la misma, que define como la modificación de “elemento definitorio de la identidad de la Constitución”. Eufemismos de la Corte Constitucional con juegos idiomáticos incomprensibles para cualquier persona con mediana inteligencia.
En la sentencia C-588 de 2.009 se logra el mayor avance golpista pensable: la dictadura jurídico-política de la Corte sigue abriendo la puerta al golpe de Estado con una advertencia en su argumentación: que el juicio de sustitución no está completo definitivamente, no se pueden identificar todas las posibles hipótesis características, y solamente está sentando unas premisas para seguir avanzando en su teoría. Esto significa que la Corte está avisando que seguirá dando el golpe de Estado cuantas veces le antoje, se ríe en nuestra cara y los ciudadanos seguimos con la cabeza escondida en la tierra.
En la sentencia C-1040 de 2.005, la Corte define de manera arbitraria el mayor golpe de Estado al constituyente primario: define que el pueblo puede investir a una Asamblea Constituyente de la competencia para expedir una Constitución nueva, y que sólo por este medio puede ser darse una sustitución de la Constitución. Pero es inaceptable el argumento de la Corte que dice que la institucionalización del Pueblo, como titular de la soberanía, no le permite un ejercicio de su poder ajeno a cualquier límite jurídico y sin control. El hecho de que las decisiones de la propia Corte se tome por mayoría, hacen que el principio democrático impere de manera absoluta en cualquier Estado, en cualquier materia. La propia Corte deriva su existencia del Pueblo, y por lo tanto no lo puede limitar ni en su competencia, ni en su forma, ni en su fondo, ni en su tiempo frente a cualquier cambio en la Constitución. Adicionalmente, es ridículo argumentar que una Asamblea Constituyente, que es representante indirecta del Pueblo que la elige, tenga mayor soberanía para “sustituir” la Constitución que el mismo legitimador que la decide.
Pero como los malos dictadores caen en constante contradicción, la Corte continúa con sus errores de argumentación: reitera que a ella le está vedado controlar reformas constitucionales por vicios de fondo, pues todas las normas constitucionales tienen la misma jerarquía y la Carta no tiene cláusulas pétreas. La contradicción está definida en el hecho de que, de acuerdo con este razonamiento de la propia Corte, cualquier modificación estaría autorizada, pues ninguna jerarquía significa realmente que no existen principios superiores a otros y, por tanto, inmodificables.
En la sentencia C-141 de 2.010, velada y sigilosamente dio el más aberrante golpe de Estado del que se haya tenido noticia, al negar que el Pueblo soberano, a través del mecanismo constitucional autorizado del referendo constitucional, pueda decidir sobre cualquier modificación de la Carta.
La gran aberración: la Corte dice que el referendo es, siempre, manifestación del poder constituyente derivado, y que ni siquiera la intervención del electorado para votar la propuesta, tras tramitarse en el Congreso y controlada por la Corte Constitucional, tiene fuerza jurídica suficiente para convertir el referendo en acto constituyente fundacional primario.
La explicación forzada con la que la Corte explica su aberración está dada en la sentencia C-180 de 2007, diciendo que cuando la ciudadanía participa en la convocatoria de un referendo actúa como órgano constituido, pues el pueblo es convocado para expresar su afirmación o su negación a una propuesta de reforma a la Constitución, pues en el primer caso el pueblo actúa como constituyente primario, en tanto que en el segundo obra en el ámbito de los poderes constituidos.
La Corte esgrime un argumento manido que ataca directamente la Democracia: estima que “la voz del pueblo no puede ser apropiada por un solo grupo de ciudadanos, así sea mayoritario, sino que surge de los procedimientos que garantizan una manifestación de esa pluralidad.”
La Corte, para esta sentencia en la que se enfrenta a un referendo de iniciativa ciudadana, dice que, a pesar de dicha iniciativa, la ley promulgada tenía un poder únicamente de reforma, con límites de competencia. Comentario del autor: suficiente ilustración para argumentos dictatoriales.
La Corte Constitucional se encargó de violar flagrantemente la Constitución Política de Colombia. Una oligarquía de nueve individuos que considera que sabe lo que el Pueblo quiere, por encima de él mismo. Para la Corte, ella y la Constitución son más soberanas que el Pueblo mismo. Es hora de detener el exabrupto: el Pueblo es el soberano, la Constitución siempre es modificable, la Corte Constitucional es un órgano más que debe cumplir el mandato popular, y no viceversa. La Constitución es del Pueblo y para el Pueblo, no de un grupillo de personajes sin legitimación popular como lo es la Corte Constitucional. El Pueblo debe recuperar su papel trascendental en la creación, desarrollo y desaparición de la Constitución. Es tiempo de actuar.