Source: https://mercantil.cat/las-sociedades-de-capital/la-sociedad-anonima/
Timestamp: 2019-04-24 12:13:13
Document Index: 99232800

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 56', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 93', 'in fine', 'artículo 144', 'artículo 160', 'artículo 161', 'artículo 11', 'artículo 171', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 104', 'artículo 217', 'artículo 1', 'artículo 145', 'artículo 236', 'artículo 238', 'artículo 241', 'artículo 238', 'artículo 241', 'artículo 316', 'artículo 343', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 33']

La sociedad anónima | mercantil.cat
El artículo 1.3 LSC establece que, “en la sociedad anónima, el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente por las deudas sociales”.
Tradicionalmente, la sociedad anónima se ha considerado la sociedad capitalista por excelencia, por ser, al menos teóricamente, la que menos relevancia da a las relaciones personales entre los socios. Fruto de una larga evolución histórica, sus orígenes se remontan a la Edad Moderna y al ámbito de lo público, cuando, para acometer las grandes empresas marítimas y coloniales, era preciso contar con grandes capitales superando las dificultades económicas y jurídicas que para ello presentaba la sociedad colectiva. Así, las llamadas compañías coloniales surgen en el siglo XVII en Gran Bretaña, Holanda y Francia. En España aparecerán en el siglo XVIII, cuando la Corona de Castilla emprende el comercio con las Indias. El objetivo de lograr grandes capitales se consigue con la división del capital en partes alícuotas, denominadas acciones. El escaso valor de cada acción, unido a la responsabilidad limitada de los socios, hace atractivo este tipo de sociedad para el pequeño inversor, de forma que puede lograrse un capital cuantioso por medio del pequeño ahorro.
El Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, regula en el artículo 5 la constitución de sociedades mercantiles de capital por vía telemática y da nueva redacción al art. 35 de la LSC, que ahora establece: “Una vez inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, el registrador mercantil remitirá para su publicación, de forma telemática y sin coste adicional alguno, al Boletín Oficial del Registro Mercantil, los datos relativos a la escritura de constitución que reglamentariamente se determinen”.
Estas sociedades deben tener un capital mínimo de sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda (art. 4.2 LSC). Con ello se quiere lograr que esta forma social sólo se emplee por sociedades de una cierta entidad. Se constituyen mediante escritura pública e inscripción de la misma en el Registro Mercantil (art 20 LSC). Esta inscripción tiene carácter constitutivo y sin ella no se adquiere la personalidad jurídica de sociedad anónima. Tal inscripción, como es regla en el sistema registral mercantil, se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (art. 35 LSC).
La STS 22.11.2001 da prevalencia a la norma especial cuando existen regímenes especiales dentro de la sociedad de capital (en relación con una S. A.). En cuanto al capital mínimo en ciertas sociedades especiales, la DGRN 25.05.1999 consideró que no había que contar con todo el capital en el caso de una sociedad anónima constituida con un capital de 10 millones de pesetas, y que hacía constar que en caso de obtener la licencia de casino lo elevaría a 200 millones de pesetas.
La STS 24.11.2010 reconoce un cierto grado de personalidad jurídica a las sociedades mercantiles no formalizadas en escritura pública, cuando los socios o los gestores contratan con terceros exteriorizando su existencia, quedan vinculados con esta los que contratan, sabiendo que se encuentra en fase de adquisición de la personalidad, de forma que, una vez inscrita, puede exigir a los terceros el cumplimiento de aquello pactado.
Una vez inscrita la sociedad anónima, la acción de nulidad de la misma sólo puede ejercitarse por una serie de causas que establece el artículo 56 LSC. Aunque la ley habla de nulidad, el régimen de la misma no se corresponde con el de la categoría de nulidad de los negocios jurídicos, dado que la sentencia que declara la nulidad no tiene efectos retroactivos. Tras esa sentencia se liquida la sociedad como si hubiera existido válidamente a todos los efectos hasta ese momento (art. 57 LSC). Con ello se quiere favorecer a los ter-ceros que hayan contratado con la sociedad, dado que la nulidad de los actos celebrados resultaría normalmente mucho más perjudicial, y por eso se les considera subsistentes.
Nota. La no expresión en los estatutos de la cifra del capital social es causa de nulidad de la sociedad (art. 56.f) LSC).
De acuerdo con la STS 23.07.2007, consideró que la nulidad de las aportaciones por su rescisión por fraude no supone nulidad de la sociedad, teniendo que adoptarse las medidas oportunas. En materia de nulidad, resulta de aplicación la teoría de los vicios de la voluntad y la simulación negocial (STS 13.06.1983). La nulidad no tiene efectos retroactivos y técnicamente produce los mismos efectos que los de las causas de disolución (SSTS 25.11.1996 y 10.10.2002).
Las sociedades de capital pueden tener una página web corporativa –en el caso de las sociedades cotizadas es obligatoria, cuya creación se tiene que acordar por la junta general y figurará expresamente en el orden del día de la convocatoria. Este acuerdo se hará constar en el Registro Mercantil y se publicará en el BORME, momento a partir del cual las inserciones que realice la sociedad en dicha página web tendrán efectos jurídicos. Los estatutos sociales pueden exigir que, antes de su constancia en el Registro Mercantil, estos acuerdos se notifiquen individualmente a cada uno de los socios. Salvo disposición estatutaria en contra, la modificación, el traslado o la supresión de la página web es competencia del órgano de administración.
La sociedad tiene que garantizar la seguridad de su página web, la autenticidad de los documentos publicados en ella y el acceso gratuito a la misma con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado. La carga de la prueba del hecho de la inserción y de la fecha en que haya tenido lugar corresponde a la sociedad. Los administradores tienen el deber de mantener lo insertado en la página web durante el plazo exigido por la ley, y responderán solidariamente entre sí y con la sociedad ante los socios, acreedores, trabajadores y terceros de los perjuicios causados por la interrupción temporal del acceso a esta página, salvo que la interrupción se deba a caso fortuito o fuerza mayor.
Las comunicaciones entre la sociedad y los socios, incluida la remisión de documentos, solicitudes e información, se pueden hacer por medios electrónicos siempre que estas comunicaciones hayan sido aceptadas por el socio. La sociedad habilitará, a través de la web corporativa, el correspondiente dispositivo de contacto con la sociedad, que permita acreditar la fecha indudable de la recepción, así como el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados entre socios y sociedad (arts. 11bis, ter y quáter LSC).
En la etapa constitucional hay que distinguir lo que es la escritura social, el pacto constitutivo de las partes que deberá contener las menciones exigidas por el art. 22 LSC y elevarse a escritura pública, y los estatutos, donde se establecen las reglas que regirán el funcionamiento de la sociedad anónima (art. 23 LSC). En la escritura se deben hacer constar los estatutos, pero aquélla excede de éstos tanto en su contenido como en su propio concepto. En la escritura y en los estatutos se pueden incluir, además, todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad anónima (art. 28 LSC).
La publicidad que regula el artículo 5 del Real Decreto 171/2007 es una mera noticia, que da a conocer la existencia de un protocolo familiar pero no su contenido, y que por su propia definición no comporta la calificación de sus cláusulas, no genera un efecto de publicidad material, ni mucho menos garantiza su cumplimiento. Solo estaría amparada por la fe pública registral la modificación estatutaria inscrita como consecuencia de la ejecución de un protocolo familiar publicado (artículo 7 del Real Decreto), y como tal cláusula estatutaria inscrita, obligaría a los socios (RDGRN 30.09.2008).
La verdadera doctrina recogida en las SSTS 24.09.1987 y 10.02.1992 es que la contravención por los órganos sociales de unos pactos privados entre los socios, sobre todo si son todos los socios, puede determinar la nulidad de lo acordado para resultar contrario a la ley, a los estatutos o al interés social (STS 5.03.2009). Estos pactos que no son imputables a la junta general, ni, por lo tanto, a la sociedad, tampoco pueden acceder al Registro Mercantil (RDGRN 24.03.2010).
El hecho de que, con afán de simplificación y agilización en el procedimiento constitutivo se prevea por el legislador la utilización de modelos de estatutos, como los aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, no quiere decir que los socios fundadores queden exonerados de la obligación de incluir en la escritura de constitución estas menciones estatutarias ─necesarias unas y, si se tercia, potestativas otras─, puesto que estos estatutos no tienen el carácter de norma legal a la cual los socios puedan remitir o que entre en juego supletoriamente. Por eso, se tiene que concluir que también en este caso hace falta que los estatutos queden íntegramente contenidos en la escritura de constitución de la sociedad, como materia sobre la cual tiene que recaer el consentimiento de los socios fundadores (RDGRN 18.04.2011).
2. Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, la escritura de constitución determinará el modo concreto en el que inicialmente se organice la administración si los estatutos prevén diferentes alternativas.
3. Si la sociedad fuera anónima, la escritura de constitución expresará, además, la cuantía total, al menos aproximada, de los gastos de constitución, tanto de los ya satisfechos como de los meramente previstos hasta la inscripción (art. 22 LSC).
Nota. Se ha considerado válido, de acuerdo con la autonomía de la voluntad, el pacto de “salida del socio” vendiendo las acciones a la sociedad (RDGRN 2.11.2010, el nombramiento de consejeros de una S. L. mediante el sistema proporcional (STS 6.03.2009) y la sumisión a arbitraje para resolución de conflictos entre socios o del socio con la sociedad (RDGRN 19.02.1998 y SS-TS 18.04.1998 y 9.07.2007). No se ha admitido una cláusula de transmisión de acciones de una S. A. que la con-vierte en sociedad cerrada (STS 10.01.2011), la alteración del esquema legal de atribución del poder de representación al órgano de administración (RDGRN 7.12.1993), ni la atribución de potestad sancionadora a la sociedad (RDGRN 30.03.1999 y STC 21.03.1994).
No cabe que mediante pacto dos entidades se permitan mutuamente la utilización de la misma denominación (STS 2.07.2008).
• Domicilio social. El domicilio social se tiene que situar donde esté el centro de dirección (RRDGRN 16.07.1956, 11.10.1993 y 27.03.2001). El domicilio social determina la localidad de celebración de la junta general (RDGRN 11.10.1993). El cambio de numeración de una calle no implica cambio de domicilio social (RDGRN 2.12.1993). El domicilio fiscal para las personas jurídicas coincide con el concepto de establecimiento (STS 26.03.1992, Cont-Admón.).
• Sucursal. La noción de la sucursal, lejos de ser unívoca, es susceptible de ser configurada de forma diversa, según sea contemplada desde la óptica del derecho comunitario, del derecho registral o del derecho fiscal alegado por el recurrente. En el ámbito registral, la creación de la sucursal y, por lo tanto, la calificación de un estable-cimiento como permanente, supone por parte de la sociedad matriz, exclusivamente, el acuerdo de apertura de un centro negocial secundario, dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, que realice en todo o en parte las actividades propias de la sociedad y en nombre de esta realice la actividad jurídica (RDGRN 7.11.1998 que consideró que la oficina creada en España realizaba operaciones accesorias de recogida de información y por lo tanto no era una sucursal ni un sujeto inscriptible). La creación de una sucursal, al no tratarse de constitución de sociedad nueva, no requiere el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para este acto jurídico, y entre ellos el de acreditar la originalidad de la denominación a través de la correspondiente certificación del Registro General de Sociedades. Basta con que la sociedad extranjera creadora de la sucursal esté constituida válidamente de acuerdo con su propia legislación (RDGRN 11.09.1990).
Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, expresará el número de participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos.
Si la sociedad fuera anónima, expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo, y si las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.
e) La manera o maneras de organizar la administración de la sociedad, el número de ad-ministradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si tienen.
La RDGRN 8.07.1993 ha admitido la cláusula estatutaria que solo prevé el número máximo de administradores (3 en este caso) y no el mínimo. Las RRDGRN 23.03.2011 y 29.06.2011 consideran que el texto de los estatutos-tipo aprobados mediante la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, cuyo artículo 8 prevé como una de las formas de organizar la administración el de: «… b) Varios administradores con facultades solidarias…», se tiene que interpretar como una tipificación necesariamente indicativa y necesitada de concreción, porque no se podría expresar en este modelo un número exacto de administradores o el concreto número máximo y el mínimo.
En las sociedades comanditarias por acciones se tiene que expresar, además, la identidad de los socios colectivos.
f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad (art. 23 LSC).
Existen dos formas de fundación: la simultánea y la sucesiva; pero, de hecho, siempre se procede por la vía de la fundación simultánea. Ésta se caracteriza por que el pacto de todos los fundadores se realiza en sólo un acto, todos ellos se conocen de antemano y constituyen la sociedad porque entre ellos se bastan para cubrir el capital. Es el supuesto más común.
La escritura de constitución de las sociedades de capital deberá ser otorgada por todos los socios fundadores, sean personas físicas o jurídicas, por sí o por medio de representante, quienes habrán de asumir la totalidad de las participaciones sociales o suscribir la totalidad de las acciones (art. 21 LSC).
La fundación sucesiva debe emplearse cuando se proyecte realizar una promoción pública de la suscripción de acciones por cualquier medio de publicidad o mediante la actuación de un intermediario financiero (art. 41 LSC). Los promotores en esta modalidad de fundación buscan los futuros socios que desembolsarán el capital y asumirán las acciones.
“Los fundadores (y promotores en la fundación sucesiva) de la sociedad pueden reservar-se derechos económicos especiales siempre que su valor en conjunto no supere el diez por ciento de los beneficios netos obtenidos según balance, una vez deducida la cuota destinada a la reserva legal y que su duración no exceda de diez años” (art. 27 LSC).
Las acciones de la sociedad anónima se estudian tradicionalmente diferenciando en las mismas tres aspectos o funciones: la acción representa una parte alícuota del capital, confiere a su titular un conjunto de derechos y es un título valor de participación. Siguiendo esta división, vamos a estudiar los aspectos relevantes de la acción. Junto a ello, también nos detendremos en los distintos derechos reales que cabe constituir sobre las acciones y en el régimen de adquisición por la sociedad de sus propias acciones.
Las acciones representan partes alícuotas del capital social, de forma que el resultado de multiplicar el número de acciones por su valor nominal tiene que ser igual a la cifra de capital social. Por ello, el régimen del capital social de la sociedad anónima va unido inseparablemente al de las acciones, y una modificación del capital supone un aumento o reducción del número de acciones o del valor nominal de las mismas.
Se dice que las acciones tienen tres valores distintos que no tienen por qué corresponderse: el valor nominal, el valor de mercado y el valor contable. El valor nominal es el valor fijado como parte del capital social y es siempre el mismo (salvo que se modifique por acuerdo de la junta general en supuestos de modificación del capital). En cambio, el valor de mercado depende de la buena o mala marcha de la sociedad. En cuanto al valor contable, es el resultado de dividir el patrimonio neto contable entre el número de acciones.
El capital social es una cifra que permanece invariable a lo largo de la vida de la sociedad, salvo que, por acuerdo de la junta, se aumente o reduzca.
El valor de mercado de la acción se determina por la ley del mercado. Si la sociedad marcha bien y reparte buenos dividendos, el titular de la acción pedirá por ella un precio superior al valor nominal, pues sabe que se lo van a ofrecer. Las sociedades que cotizan en bolsa a menudo alcanzan un precio de cotización cuarenta o cincuenta veces superior al valor nominal, que, como decimos, permanece inalterable durante la vida de la sociedad (salvo aumento o reducción de capital que afecte al valor nominal). Por la misma razón, cuando se emiten nuevas acciones como consecuencia del aumento del capital, el valor de suscripción es muy superior al valor nominal (se paga la llamada “prima de emisión”). En cuanto al valor contable, no depende, obviamente, del mercado (que a menudo paga por una acción mucho más que el valor que tiene según la contabilidad de la sociedad, porque se espera que el valor va a subir aún más en el futuro).
Los conceptos de capital social y patrimonio obedecen a realidades económicas y jurídicas distintas. La cifra de capital, tal y como hemos señalado, es inalterable (salvo modificación de los estatutos) y supone una cifra teórica. Indica a los terceros cuál es la capacidad económica teórica de la sociedad: los recursos que precisa para llevar a cabo la explotación de su actividad y el patrimonio de que dispone inicialmente. En ese sentido, a mayor capital, la sociedad se muestra más solvente, pues en un principio nace con un patrimonio al menos igual a la cifra de capital. En cambio, el patrimonio lo constituyen los bienes y derechos efectivos de los que es titular la sociedad, una vez deducidas sus deudas. El patrimonio varía conforme la sociedad realiza su actividad y constituye la verdadera y real garantía de los acreedores. Ante ellos no se responde con el capital, que es una cifra teórica, sino con el patrimonio efectivo en ese momento.
De ahí que la ley busque que se igualen las cifras de patrimonio y capital y establece una serie de medidas para ello: la suscripción total de las acciones asegura que, al nacer la sociedad, el patrimonio sea, al menos, igual a la cifra de capital; el régimen de adquisición de acciones propias evita que no ingresen activos en la sociedad al suscribir con cargo al propio patrimonio; se prohíben las aportaciones que consistan en trabajo o servicios; si el patrimonio se reduce a menos de la mitad del capital, es preciso disolver la sociedad, salvo que se reduzca el capital, etc. Con esto se busca que esa cifra teórica de capital, que es la garantía inicial y teórica del acreedor, se corresponda con la garantía real, y se eviten las falsas apariencias de una sociedad con capital elevado pero patrimonio muy disminuido. De todas formas, esta función “clásica” del capital como cifra de garantía y retención está ya bastante criticada, pues no ha logrado cumplir una función de capitalización real de la sociedad.
El capital social de la sociedad anónima ha de estar íntegramente suscrito (distribuido entre todos los socios) y desembolsado en una cuarta parte por lo menos, el valor nominal de cada una de las acciones en el momento de otorgar la escritura de constitución de la sociedad o de ejecución del aumento de capital social (art. 79 LSC).
Las aportaciones que realice el socio a la sociedad, que se entienden hechas a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule otra cosa, pueden ser de dinero (aportaciones dinerarias) o de todo tipo de bienes o derechos patrimoniales valorables económicamente (aportaciones no dinerarias); se excluyen expresamente las prestaciones de trabajo y los servicios (art. 58 LSC).
No obstante, en los estatutos se puede establecer con carácter obligatorio para todos o algunos accionistas prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital sin que puedan formar parte del capital de la sociedad. Las prestaciones accesorias pueden consistir en dar (por ejemplo, bienes, dinero), hacer (por ejemplo realizar determinadas tareas) o no hacer (por ejemplo no hacer competencia). Estas prestaciones pueden ser gratuitas o retribuidas (art. 86 LSC).
Se puede aportar el fondo de comercio no obstante la dificultad de su valoración (STS 25.10.1999), también bienes que no estén enteramente pagados, asumiendo la sociedad su pago y valorando la aportación con un descuento por esta asunción (RDGRN 12.09.1985). Las SSTS 3.10.2007 y 23.07.2007 estimaron la rescisión de aportaciones de inmuebles hechas en fraude de acreedores.
En cuanto a las prestaciones accesorias, se ha admitido la consistente en entrega de dinero (RDGRN 27.07.2001 y STS 9.07.2007) si bien se tiene que determinar la cuantía sin que pueda quedar a la voluntad de la junta general (RRDGRN 24.06.1998 y 7.03.2000). Tampoco se puede dejar a la voluntad de la junta general la exigibilidad ni el plazo (RDGRN 27.07.2001). También se han admitido las retribuciones por el ejercicio de cargos directivos de la sociedad (STS 15.04.1997). No constituye prestación accesoria cuyo incumplimiento permita la expulsión de un socio, un acuerdo entre socios que no consta en los estatutos (STS 9.07.2007). Su régimen tiene que ser objeto de necesaria regulación en los estatutos y su modificación, en la medida en que solo tenga que afectar a una parte de los socios hasta entonces obligados, tiene que traducirse en la regulación de un doble régimen de las prestaciones, el aplicable a los que han aceptado la modificación y el pre-existente, que seguirá siendo el que obligue a los que no hayan aceptado la modificación, así como en la necesaria identificación de las acciones los titulares quedan sujetos a uno u otro (RDGRN 24.10.2005).
De esas aportaciones, se controla la realidad de su desembolso, esto es, que realmente se aporta el dinero o que el bien o derecho que se aporta vale realmente la cantidad que se ha valorado por parte del aportante. Así, cuando se aporta dinero, se debe acompañar la certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito que el notario incorporará a la escritura, o entregárselo a éste para que lo constituya a nombre de la sociedad (art. 62.1 LSC). Las aportaciones no dinerarias deben ser objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes con competencia profesional, designados por el registrador mercantil del domicilio social (art. 67.1 LSC), salvo que la aportación consista en valores mobiliarios que coticen en bolsa u otro mercado regulado o en instrumentos del mercado monetario que se valorarán al precio medio ponderado al que hubieran sido negociados en el último trimestre anterior a la fecha de la realización efectiva de la aportación (art. 69.a LSC) o consista en otros bienes cuyo valor razonable se hubiera determinado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la realización efectiva de la aportación, por experto independiente con competencia profesional no designado por las partes, de conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente reconocidos para esos bienes (art. 69.b LSC) o, cuando en la constitución de una nueva sociedad por fusión o escisión se haya elaborado un informe por experto independiente sobre el proyecto de fusión o escisión, cuando el aumento del capital social se realice con el fin de entregar las nuevas acciones o participaciones sociales a los socios de la sociedad absorbida o escindida y se hubiera elaborado un informe de experto independiente sobre el proyecto de fusión o escisión, o cuando el aumento del capital social se realice con el fin de entregar las nuevas acciones a los accionistas de la sociedad que sea objeto de una oferta pública de adquisición de acciones (art. 69 apartados c, d y e LSC añadidos por la Ley 1/2012).
Moneda de las aportaciones
Las aportaciones dinerarias deben establecerse en euro. Si la aportación fuese en otra moneda, se determinará su equivalencia en euros (art. 61 LSC).
Cuando las aportaciones no dinerarias se efectúen sin el informe de los expertos independientes, los administradores deberán elaborar un informe describiendo la aportación e indicando, entre otros extremos, su valor, el origen de esa valoración y, cuando proceda, el método seguido para determinarla (art. 70 LSC). Cuando el desembolso se efectúe total o parcialmente mediante aportaciones no dinerarias, deberá expresarse, además, su valor y si los futuros des-embolsos se efectuarán en metálico o en nuevas aportaciones no dinerarias (art. 80.1 LSC). El plazo de desembolso con cargo a aportaciones no dinerarias no podrá exceder de cinco años contados desde la constitución de la sociedad o del acuerdo de aumento del capital social (art. 80.2 LSC).
Es posible desembolsar directamente la aportación en la caja social (RDGRN 29.06.1993). El ingreso que se certifica por el banco no tiene que ser muy anterior al momento del desembolso y se ha indicar su finalidad (RRDGRN 3.12.1992, 23.11.1995, 23.01.1997, 26.02.2000 y11.04.2005). La precisión relativa a la forma de los futuros desembolsos en sociedades anónimas también es exigible cuando el desembolso inicial es con aportaciones dinerarias (RDGRN 5.03.1991).
No hay que hacer una descripción detallada de todos los bienes que se aportan, siendo suficiente una relación inventariada que permita su identificación (RDGRN 8.04.1981). En caso de aportación de empresa, hay que describir en la escritura los bienes y derechos registrables, si bien no se requiere la valoración individual de los bienes del activo aportado (RDGRN 23.02.1998). La STS 6.02.1997 consideró admisible el ejercicio de la acción reparatoria del art. 1591 CC en lugar de la de saneamiento para hacer efectiva la responsabilidad por la realidad de estas aportaciones. En cuanto al informe pericial en S. A., puede ser suficiente la auditoría en caso de aumento de capital por compensaciones de créditos (STS 14.09.2007), Se tiene que reiterar el informe si la aportación se realiza mucho después de la suscripción (RDGRN 8.05.1998), y en caso de aportación de empresa, la responsabilidad por evicción no elimina la necesidad del informe (RDGRN 18.06.1998).
Para evitar que se eluda el control de las aportaciones no dinerarias (por ejemplo simulando que se realiza una aportación dineraria, se vende a la sociedad el bien cuyo control se quiere eludir y se cubre con el precio el desembolso correspondiente), la LSC establece que las adquisiciones de bienes a título oneroso que realice la sociedad desde el otorgamiento de la escritura de constitución o de la transformación en este tipo social y hasta dos años de la inscripción de la misma en el Registro Mercantil, deben ser aprobadas por la junta general si el importe de aquéllas fuese, al menos, de la décima parte del capital social, salvo que se trate de adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la sociedad o que se verifiquen en bolsa de valores o en subasta pública (art. 72 LSC).
La RDGRN 13.12.1991 considera «operaciones ordinarias de la sociedad», las que común-mente se puedan entender incluidas en el ámbito ordinario del giro, tráfico o actividad definidos por el objeto social, y en el caso de una sociedad que tenía como objeto social la construcción y reforma de viviendas y locales, consideró que si bien no presupone necesariamente la previa adquisición del piso o local en el que tenga que operar la construcción o reforma (vid. arts. 1588 y siguientes del Código civil), a la práctica se presentan como una conjunción en nombre de una mayor rentabilidad, y que en el caso de una adquisición de vivienda no resultaba pertinente la exigencia de los requisitos establecidos en el art. 41 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Responsabilidad por la realidad de las aportaciones
La STS 14.09.2007 negó la posibilidad de aportación a la sociedad de fincas que no figuraban registralmente a nombre de los aportantes.
Nota. Los fundadores de la sociedad anónima responden solidaria-mente frente a la sociedad, los accionistas y los terceros de la realidad de las aportaciones sociales y de la valoración de las no dinerarias (art. 77 LSC).
Como se ha señalado, la ley exige al socio suscriptor de acciones que desembolse, al menos, una cuarta parte del valor de las mismas. La parte no desembolsada se denomina “dividendos pasivos”, y los estatutos deben establecer el régimen del pago de los mismos. En caso de demora en tal desembolso, el accionista moroso ve suspendidos sus derechos de voto, de participación en dividendos y de suscripción preferente (art. 83 LSC).
Los derechos de los socios no se tienen en proporción al capital desembolsado sino suscrito (RDGRN 13.01.1994). Los desembolsos de dividendos pasivos mediante aportaciones no dinerarias requieren el informe del experto independiente (RDGRN 8.05.1997). La mora en estos desembolsos no impide al socio moroso la capacidad de convocar a la junta general (RDGRN 13.01.1994).
La ley establece una serie de derechos mínimos que debe conferir cada acción.
Siguiendo el orden de la ley (art. 93 LSC) son los siguientes:
a) El derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación cuando ésta se realice. Es el principal atractivo del accionista, junto con la posibilidad de poder enajenar la acción para recuperar (o ganar o perder) lo que por ella pagó.
b) El derecho de suscripción preferente, que supone que, cuando la sociedad emita nuevas acciones (aumentando el capital) u obligaciones convertibles en acciones, el accionista tiene derecho a comprar un número de tales acciones u obligaciones proporcional al valor nominal de las acciones de las que ya sea titular. De esta forma, puede seguir conservando en el nuevo capital la misma proporción de participación que tenía antes de la ampliación.
Este derecho es titularidad tanto de accionistas como de titulares de obligaciones convertibles, pues éstos, en un momento dado, pueden convertirse en accionistas. Por esa misma razón, se tiene derecho de suscripción tanto de acciones como de obligaciones convertibles, ya que éstas, en los momentos fijados, pueden convertirse en acciones a voluntad del obligacionista.
c) El derecho de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales. El derecho de voto debe ser siempre proporcional al valor nominal (si, por ejemplo, una acción de una determinada sociedad tiene 10 euros de valor nominal y otorga un voto, una de 20 euros de valor nominal debe otorgar dos votos). La acción con valor nominal más bajo dará lugar a un voto. No obstante, los estatutos pueden exigir la posesión de un número mínimo de acciones para asistir a la junta general, sin que, en ningún caso, pueda ser superior al uno por mil del capital social. También pueden establecer el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo (art. 188 LSC). El derecho de voto permite la actuación de todos los socios en la formación de la voluntad social.
Existe, no obstante, la figura de las acciones sin voto, que carecen del derecho de voto pero otorgan más derechos económicos (arts. 98 y ss. LSC), y que en la práctica no se ha utilizado.
La cesión de derechos políticos entre socios no es oponible a la sociedad (RDGRN 9.12.1997).
d) Por último, el derecho de información es un derecho relativamente limitado, pues no implica que el socio pueda pedir toda la información que desee. En principio, se ejerce con la posibilidad de consultar hasta el séptimo día antes de la celebración de la junta general los documentos relativos a la misma, y durante la celebración de la junta general podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta (art. 197.1 y 2 LSC).
El derecho de información del artículo 93 d) es de carácter genérico y no justifica una impugnación general (STS 27.03.2009).
Las acciones son de la misma clase cuando otorgan los mismos derechos: ordinarias, privilegiadas, sin voto. Dentro de una clase puede haber distintas series de acciones, y todas las acciones de la misma serie deberán tener igual valor nominal (art. 94.2 LSC).
Las acciones privilegiadas son las que otorgan mayores derechos que las ordinarias. Para su creación, se exigen los mismos requisitos que para la modificación de estatutos. En todo caso, ese privilegio no puede ser un derecho de percibir un interés, ni alterar la proporción entre el valor nominal y el derecho de voto o el derecho de suscripción preferente (art. 96 LSC). Si consiste en el derecho a obtener un dividendo preferente, la sociedad estará obligada a acordar el reparto del dividendo si existieran beneficios distribuibles (art. 95.2 LSC).
La existencia de autocartera no genera una nueva clase de acciones (RDGRN 9.01.1998). En una S. A. con participación estatal, las obligaciones específicas de los socios privados no contradice la existencia de una única clase de acciones (STS 22.11.2001).
Nota. Los administradores están obligados a proporcionar la información solicitada, salvo los casos en los que, según el parecer del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No se podrá denegar la información cuando la solicitud tenga el apoyo de accionistas que representen, al menos, el 25% del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al 5% del capital social (art. 197.3 y 4 LSC).
La acción como valor mobiliario: representación y transmisión
Las acciones pueden estar representadas mediante títulos (títulos-valor de participación social), pero también mediante anotaciones en cuenta y, en ambos casos, tendrán la consideración de valores mobiliarios (art. 92.1 LSC). Los títulos constituyen un representación física mientras que las anotaciones en cuenta son meros asientos informáticos.
En la actualidad, la inmensa mayoría de las grandes sociedades anónimas representan sus acciones mediante anotaciones, y una gran mayoría de las pequeñas y medianas anónimas que optan por los títulos, no los emiten de verdad.
La opción por una u otra representación debe constar en los estatutos (art. 23. LSC apdo. tercero, que obliga a que, en caso de decantarse por los títulos, conste igualmente si son nominativos o al portador.
Si la sociedad decidiera cambiar la forma de representación de las acciones (de títulos a anotaciones, porque lo contrario no se admite, art. 5.2 y 3 LMV) esto supondría una modificación estatutaria.
Los valores de la misma emisión deben estar representados todos en títulos o en anotaciones (art. 5.1 LMV), no cabe conjugar ambas formas en una emisión.
En algunos casos la normativa especial obliga a seguir una determinada forma de representación. Por ejemplo, mediante títulos en las sociedades laborales, (art. 6.2 LSL) o mediante anotaciones en cuenta en las sociedades cotizadas (art. 496.1 LSC).
a) Acciones nominativas y al portador
Las acciones representadas por medio de títulos pueden ser nominativas o al portador (art. 113.1 LSC). Si son nominativas, serán títulos “a la orden”, transmisibles por endoso (arts. 14 a 24 LCCH), y también podrían emitirse con cláusula “no a la orden”, y en tal caso no sería transmisibles como tales títulos, aunque cabría la “cesión ordinaria” de derechos (arts. 347 y 348 CCom y 1526 a 1536 CC).
Existen diversos supuestos de nominatividad obligatoria de las acciones: mientras no haya sido enteramente desembolsado su importe (arts. 79 a 85 LSC); si su transmisibilidad esté sujeta a restricciones (art. 123 LSC); si llevan aparejadas prestaciones accesorias (arts. 86 a 89 LSC); o cuando así lo exija una disposición especial (p. ej., sociedades laborales, art. 5.1 LSL; sociedades profesionales, art. 17.1.a LSP; empresas de servicios de inversión, art. 67.2.b LMV; etc.). En todos estos casos interesa controlar la identidad del titular para conocer a quién se pueden exigir obligaciones (p. ej. desembolsos pendientes o, prestaciones accesorias), para comprobar el cumplimiento de restricciones a la transmisión o requisitos subjetivos en sociedades especiales, etc.
Las acciones nominativas deben constar en un libro-registro que llevará la sociedad, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones, con expresión del nombre, apellidos, razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo reputa accionista a quien se halle inscrito en dicho libro (art. 116 LSC).
Si las acciones se representan mediante títulos al portador, la transmisión precisará de negocio transmisivo válido y de entrega del título. No obstante, la disp. adic. tercera LMV exige que la transmisión se efectúe con la participación o mediación de una sociedad o agencia de valores, o de una entidad de crédito, o de fedatario público. De este modo se tiene constancia acreditada por un tercero imparcial de la transmisión, y también un control a efectos fiscales. Se considera que esta “forma” es necesaria para ejercer los derechos frente a la sociedad, pero que su no observancia no privaría de efectos inter partes al negocio. Puesto que en los títulos al portador no existe un libro de socios el adquirente debe legitimarse para ejercer cada derecho (art. 122 LSC).
b) Transmisión de las acciones
El art. 120 LSC determina el régimen de transmisión de las acciones en función de su forma de representación, aunque no agota todas las posibilidades.
Mientras las acciones no se hallen impresas y entregadas, su transmisión procede “de acuerdo con las normas sobre la cesión de créditos y demás derechos incorporales” (art. 120.1.1 LSC). Dado que la acción no está, aún, incorporada a un título, solo puede transmitirse como una “cesión de derechos” ordinaria, sujeta a los arts. 1526 a 1536 CC y 347 y 348 CCom. Y para que surta efecto frente a tercero deberá realizarse mediante escritura pública (art. 1526 CC), y deberá comunicarse al deudor cedido (sociedad) para que éste sepa que el cumplimiento deberá ser realizado ante el nuevo acreedor (arts. 1527 CC y 347.2 CCom).
En la práctica esta forma de operar es bastante común en las sociedades anónimas pequeñas y familiares, en las que a menudo no se emiten nunca los títulos, y por eso la transmisión se opera por cesión. La regla también se aplicaría a los supuestos de representación mediante anotaciones en cuenta, en el entretanto de que tales acciones se inscriban en el registro correspondiente (art. 118 LSC).
Una vez las acciones están emitidas y representadas mediante títulos, su transmisión operará según la Ley de circulación, esto es:
• Las “al portador”, requerirán un negocio transmisivo y la entrega del título (art. 120.2 LSC, que remite al art. 545 CCom, conforme al cual los títulos al portador serán transmisibles por la tradición del documento, y no estará sujeto a reivindicación el título cuya posesión se adquiera por tercero de buena fe y sin culpa grave). El nuevo socio se legitimará frente a la sociedad con la exhibición del título (art. 122 LSC). Ahora bien, la disp. adic. tercera LMV exige, además para la validez la intervención en la transmisión de fedatario público o la participación o mediación de una sociedad o agencia de valores, o de una entidad de crédito. La doctrina mayoritaria considera que, aunque la norma tiene un sentido eminentemente fiscal, la supeditación de la “validez” del negocio a esa forma es clara, de forma que para que tal negocio sea oponible a la sociedad y a terceros sería preciso cumplirla (en este sentido véase STS 08.02.1988), si bien también se considera que el negocio no formalizado así sería obligatorio inter partes.
• La transmisión de las nominativas se producirá mediante endoso del título y entrega al endosatario. En este caso el art. 120.2.2 LSC establece que serán de aplicación, en la medida en que sean compatibles con la naturaleza del título, los arts. 15, 16, 19 y 20 LCCH (que regulan el endoso cambiario). En estos casos la transmisión se acreditará ante la sociedad mediante la exhibición del título y su endoso, y los administradores comprobarán la regularidad de la cadena de endosos y anotarán la transmisión en el libro registro (art. 120.2.2 in fine LSC).
• Por último, si los títulos están representados mediante anotaciones en cuenta ya no se aplica el art. 120 LSC, sino el 9 LMV, que establece que la transmisión tendrá lugar por transferencia contable.
c) Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones
Señala el art. 123 LSC: “1. Solo serán válidas frente a la sociedad las restricciones o condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones cuando recaigan sobre acciones nominativas y estén expresamente impuestas por los estatutos.
En cualquier caso, transcurrido el plazo de dos meses desde que se presentó la solicitud de autorización sin que la sociedad haya contestado a la misma, se considerará que la autorización ha sido concedida.”
La sociedad anónima es una sociedad en principio abierta, pero no es obliga-torio que ello sea así. El legislador ha optado por crear dos formas sociales intercambiables y con elementos que no responden a características definitorias de una y otra. La sociedad limitada no puede ser totalmente abierta, porque siempre debe existir alguna restricción a la transmisión de participaciones (art. 108.1 LSC), y la sociedad anónima no puede ser totalmente cerrada, porque están prohibidas las cláusulas que hagan prácticamente intransmisible la acción (art. 123.2 LSC); pero dentro de esos límites cabe casi todo. De ahí que la sociedad anónima es esencialmente abierta (nunca puede ser totalmente cerrada), pero con posibilidades de restricción.
Las restricciones, en todo caso, las deben recoger los estatutos (el régimen pre-visto supletoriamente es el de libertad de transmisión de las acciones), con los límites fijados legal y reglamentariamente.
• Tratándose de acciones representadas mediante títulos, las restricciones solo pueden afectar a acciones nominativas (la STS, de 25 de octubre de 1999, señala que pese a la dicción del art. 123.1 RRM puede afectar a todas las acciones nominativas, y no a una clase o subclase dentro de estas).
Las acciones al portador no pueden tener restricciones.
• Las anotaciones en cuenta también podrían quedar sujetas a restricciones a la transmisión, en sociedades no cotizadas, aunque no será lo normal (el art. 118.2 LSC parece inducir a lo contrario, porque no recoge como supuesto de nominatividad obligatoria la existencia de cláusulas restrictivas, pero la doctrina mayoritaria considera que se trata de un olvido del legislador).
• Las restricciones estatutarias también operarán aunque los títulos no estén emitidos, pues su eficacia depende de la previsión estatutaria, no de la existencia ni constancia en el título. Pero una vez emitidos los títulos nominativos, deben constar en ellos las mismas (art. 114.d LSC).
d) Cláusulas restrictivas prohibidas
La LSC precisa poco las posibilidades (o prohibiciones) de restricción. Así, únicamente regula la cláusula de autorización, y prohíbe las que hagan prácticamente intransmisible la acción.
No obstante RRM ha añadido más precisiones, sobre todo en cuanto a prohibiciones, que incluso en algún caso podrían considerarse un exceso respecto de la regulación legal.
• En primer lugar, el apartado 2 del art. 123 LSC establece que “serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción”. Ahora bien, el art. 123.4 RRM admite las cláusulas que prohíban la transmisión voluntaria de las acciones durante un período de tiempo no superior a dos años a contar desde la fecha de constitución de la sociedad (o, cabe entender, de la ampliación de capital). En la sociedad limitada sí cabe prohibir la transmisión, pero reconociendo un derecho de separación, o limitándola a cinco años (art. 108.3 y 4 LSC).
• En segundo lugar, no podrán inscribirse las restricciones por las que el accionista o accionistas que las ofrecieren de modo conjunto queden obligados a transmitir un número de acciones distinto a aquel para el que so-licitan la autorización (art. 123.5 RRM). Esta regla es similar a la establecida para las sociedades limitadas en el art. 108.2 LSC. Pero en este caso el precepto admite claramente las “transmisiones conjuntas”, de forma que si varios socios plantean transmitir el paquete conjunto de sus acciones (normalmente, un “paquete de control” por el que se pagará un precio superior que por acciones separadas) la restricción no puede afectar sólo a algunos socios; debe referirse a todo el paquete.
• Por último, no podrán inscribirse en el registro mercantil las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones; pudiendo los estatutos establecer que el valor real sea fijado por el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no lo tuviere, por el auditor que, a solicitud de cualquier interesado, nombre el registrador mercantil del domicilio social (art. 123.6 y 7 RRM).
El principio del “valor real” (o “valor razonable”, art. 107.2.d.2 LSC) es también muy relevante, y ha sido objeto de mucha atención por la jurisprudencia registral y judicial. El precepto reglamentario admite que el valor lo fije el auditor de cuentas de la sociedad (a diferencia de en las transmisiones mortis causa, véase art. 124.2.2 LSC), y se ha señalado que no basta con el simple valor contable, que no tiene en cuenta el fondo de comercio ni otros valores inmateriales. Algunos autores abogan por que cualquier modo fijado en estatutos de determinación del precio sería válido, como muestra de la voluntad de las partes, sin tener que “compararlo” en cada momento con el “valor de mercado” o con el “valor de liquidación” de la acción.
e) Restricciones a las transmisiones mortis causa
Señala el art 124, tras la reforma operada por la Ley 22/2015: “1. Las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones sólo serán aplicables a las adquisiciones por causa de muerte cuando así lo establezcan expresamente los propios estatutos.
Se entenderá como valor razonable el que determine un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad que, a solicitud de cualquier interesado, nombren a tal efecto los administradores de la sociedad”.
Las transmisiones mortis causa son, en principio y salvo disposición estatutaria, libres. Se parte de que es lógico que heredero o legatario se conviertan en socios, por ser allegados del socio fallecido. Pero la Ley contempla la posibilidad de que, por vía estatutaria, se incluyan restricciones a la transmisión. El art. 124.1 LSC exige que los estatutos establezcan expresamente esas restricciones, de forma que según la doctrina mayoritaria la mera previsión de restricciones a las transmisiones inter vivos no debe interpretarse como que las mismas también se aplicarán a las mortis causa.
La anónima es una sociedad “abierta”, a la que resulta indiferente la personalidad concreta de sus socios. Pero en ciertos casos, sociedades anónimas pequeñas pueden tener interés en que no entre cualquier nueva persona como socio, y por eso imponen restricciones a la transmisión de sus acciones. Las sociedades que cotizan en bolsa no pueden imponer ningún tipo de restricción. De hecho, la realidad enseña que la gran mayoría de las sociedades anónimas españolas –salvo las cotizadas– son sociedades cuyos estatutos contienen cláusulas limitativas de la libre transmisibilidad de las acciones.
1. Acciones nominativas
La indicación en el documento de que las acciones son nominativas satisface la exigencia del modo en que se representan (RDGRN 18.03.1993). Las acciones sujetas estatutariamente a pactos de sindicación que restringen su transmisibilidad no pueden ser al portador (RDGRN 20.06.1992).
El hecho de que el resguardo provisional tenga que ser siempre nominativo (STS 10.01.1973) no implica que la acción a la que provisionalmente sustituye tenga que serlo. En virtud del principio de buena fe, no se puede decir que un socio no ha acreditado esta condición cuando, a pesar de ser el portador de las acciones, los resguardos provisionales de las mismas, que tienen que ser nominativos y producen efectos legitimadores frente a la sociedad, no han sido retirados y se podía conocer la persistencia de la titularidad (STS 9.04.2007).
2. Libro registro
La STS 14.02.1986 reconoció la obligatoriedad del libro-registro contrariamente a aquello que había señalado la STS 1.07.1975, que entendía que se podía sustituir por cualquier otro medio válido y eficaz para acreditar el contenido o la función pretendida.
La anotación de la transmisión en el libro-registro tiene carácter legitimador no constitutivo (SSTS 22.06.1977 que señaló que a los que aparecen como titulares no se les puede impedir la asistencia a la junta general, sin perjuicio del derecho a ejercer las acciones oportunas por parte de los interesados, 28.02.2008 que admite por parte de los administradores la exigencia de exhibición de los títulos y RDGRN 26.11.2007). La STS 24.02.2002, en un supuesto de transmisión de acciones embargadas a su titular que no se hizo constar en el libro-registro, y donde, tanto la masa de la quiebra (fiada en el libro-registro), como el adquirente concurrieron a la junta (siendo este paquete de acciones un paquete de control), va a señalar que estando demostrado que el pago hecho por el adquirente se había integrado en la masa activa de la quiebra, era este quien tenía derecho a actuar como socio. Siendo obligación de los socios transmitente y adquirente comunicar la transmisión a la sociedad y la de la sociedad, hacer la anotación, el incumplimiento por parte de la sociedad de su deber no puede afectar al socio adquirente (SSTS 14.04.1992, 2.12.1998 y 21.02.2000).
3. Anotaciones en cuenta
La inscripción en el registro contable de las acciones representadas mediante anotación en cuenta tiene carácter constitutivo y no es posible la negociación de los valores hasta que no se haya realizado la inscripción (RDGRN 3.02.1999 que hace importantes referencias a la forma de inscribir estas acciones).
La transmisión de acciones no puede ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil, excepto el momento inicial de constitución de la sociedad anónima, y del caso de la unipersonalidad sobrevenida o de cambio de socio único (RDGRN 23.05.2000). Es obligatoria la intervención de fedatario público (STS 8.02.1988). Si se trata de sociedades no cotizadas, también sirve la póliza intervenida (STS 20.03.1988). La transmisión de títulos no impresos opera como cesión, la cual es translativa de dominio (STS 4.02.2009).
Las cláusulas limitativas de la transmisión se tienen que interpretar restrictivamente (SSTS 17.04.1967, 24.11.1978 y 14.061988). No opera en el supuesto de que el cónyuge del accionista casado en régimen de gananciales se adjudique las acciones (RDGRN 15.03.1974). La STS 4.07.1988 interpretó que las acciones adquiridas a título oneroso por un cónyuge casado en gananciales son de titularidad ganancial y, por lo tanto, cuando se adjudiquen al otro cónyuge (en este caso por separación matrimonial), no existe transmisión y no puede operar el derecho de retracto establecido en los estatutos del resto de socios. En contra (en un caso de adjudicación de acciones gananciales por muerte del cónyuge) la STSJ Navarra 4.07.1988. La STS 10.01.2011 consideró nula la cláusula estatutaria por la cual, si las sociedades que se convierten en nuevos socios por transmisión de acciones no están controladas por los socios fundadores, estos pueden ejercitar el “derecho de rescate” de aquellas.
5. Cláusulas de aprobación o de consentimiento
Estas cláusulas comportan más riesgos de obstaculización del tráfico jurídico de acciones que las que reconocen un derecho de adquisición preferente en favor de los accionistas, la sociedad o de un tercero y, por este motivo, hay límites de admisibilidad (RDGRN 17.05.1993 que admitió una por la cual si el vendedor es, además, accionista de una determinada sociedad, tiene la obligación de transmitir al mismo comprador las acciones de ambas sociedades).
6. Derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente
En el ámbito de la autonomía de la voluntad, hace falta tanto la configuración de cláusulas limitadoras de la transmisibilidad de las acciones con naturaleza de verdadero tanteo o retracto convencional, que se tienen que ejercitar mediante el pago del precio libremente pactado por los contratantes, como el establecimiento de un derecho de adquisición preferente, que se caracteriza por la fijación del precio o valor según criterios determinados en los estatutos, dada la exigencia de imparcialidad, objetividad y adecuación al valor real de las acciones (STS 24.11.1978 y RDGRN 9.01.1995 que permite extender el derecho de adquisición preferente a no socios (administradores, trabajadores, etc.).
Sin perjuicio de reconocer la plena validez inter partes de los actos o negocios inter vivos o mortis causa, por los cuales se transmiten las acciones restringidas, ante la sociedad el ejercicio del derecho de adquisición preferente solo se podrá hacer valer cuando la transmisión efectiva les sea fehacientemente notificada, lo cual es un principio básico de coherencia y funcionamiento de la sociedad por acciones (STSJ Navarra 30.03.2002). La falta de fijación específica de un plazo para el ejercicio del derecho de adquisición preferente provoca una importante indeterminación de la restricción que menoscaba los legítimos derechos de los accionistas (RDGRN 22.03.1991). La DGRN 9.01.1995 admitió la cláusula estatutaria por la cual, en caso de que no se ejercite el derecho de adquisición preferente, el socio podrá vender libremente las acciones a terceros siempre que el precio no sea inferior al fijado por el auditor como valor real y que se realice la venta en un plazo de seis meses. En caso de que las acciones estén pignoradas, no es válida la cláusula que permite optar a los accionistas a la adquisición de todas o parte de las acciones ofrecidas (RDGRN 20.08.1993) y no atenta contra esta prohibición la atribución de carácter de oferta irrevocable a la notificación del propósito de transmitir las acciones (RDGRN 9.01.1995).
7. Fijación del precio
No es válido que el precio de transmisión sea el valor contable, si bien cabe establecer que el precio no sea inferior en el valor contable o que sea determinado mediante la actualización y corrección de valoraciones del último balance (RRDGRN 2.02.1995, 30.06.1994 para la S. R. L. 7.06.1994 y 6.06.1990).
El precio se tendrá que fijar por el auditor o un experto independiente (RRDGRN 20.03.2001 y 1.12.2003 que no admite que sea la propia sociedad quien fije el precio dado, lo que no responde a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad, e implícitamente STS 9.01.1995).
No se admite la cláusula de aplazamiento del precio en caso de ejercicio del derecho de adquisición preferente con intereses inferiores a los del mercado, dado que esto no garantiza al accionista el derecho a percibir el valor real de sus acciones (RRDGRN 20.08.1993, 4.07.1995 y 23.05.1998).
8. Transmisión con contravención de las limitaciones estatutarias
La transmisión es ineficaz frente a la sociedad (SSTS 24.11.1978, 25.10.1999 y para la S. R. L. 10.04.2007). El ejercicio de la acción de ineficacia por incumplimiento del ofrecimiento estatutariamente requerido corresponde únicamente a la junta general y a solicitud de cualquier accionista (STS 11.06.1980). La legitimación para la impugnación se puede confirmar o sanar (STS16.02.1996).
9. Transmisiones forzosas
En caso de transmisiones como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo –art. 125 LSC– hay que conjugar las normas legales con las procedimentales imperativas (RRDGRN 6.06.1990 y 2.12.1991). Las RRDGRN 9.10.1992, 23.02.1993 y 23.10.1993 admiten la cláusula que fija como precio de adquisición preferente el precio del remate.
La acción como objeto de derechos reales
Las acciones, pueden ser objeto de derechos reales, que recaen sobre el ejercicio del derecho del accionista. La LSC regula los supuestos de copropiedad de acciones, usufructo de acciones y prenda y embargo de acciones en los artículos 126 y ss.
En el caso de usufructo de acciones, el nudo propietario sigue siendo el socio y sigue ejerciendo los derechos políticos, pero los derechos económicos los disfruta el usufructuario. El derecho a los dividendos del usufructuario se limita a los acordados durante el tiempo del usufructo, aunque se satisfagan con posterioridad.
Para la liquidación del usufructo el art. 128 LSC señala: “1. Finalizado el usufructo, el usufructuario podrá exigir del nudo propietario el incremento de valor experimentado por las participaciones o acciones usufructuadas que corresponda a los beneficios propios de la explotación de la sociedad integrados durante el usufructo en las reservas expresas que figuren en el balance de la sociedad, cualquiera que se la naturaleza o denominación de las mismas.
3. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre el importe a abonar en los supuestos pre-vistos en los dos apartados anteriores, este será fijado, a petición de cualquiera de ellas y a costa de ambas, por un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad, que designe a tal efecto el Registro Mercantil.
4. El título constitutivo del usufructo de participaciones podrá disponer reglas de liquidación distintas a las previstas en este artículo.”
En cuanto a la prenda de acciones, el socio sigue siendo el propietario, y el derecho del acreedor se limita a poder realizar venta forzosa de la acción en caso de impago de la deuda garantizada.
1. Copropiedad de acciones o participaciones
La copropiedad es aplicable a cualquier caso de indivisión, ya se trate de una o una pluralidad de acciones (STS 31.01.2001). La designación de la persona encargada de ejercer los derechos (de acuerdo con el art. 126 LSC) se realiza sin hacer distinciones y, por lo tanto, incluye todos los derechos sin ninguna exclusión (STS 11.06.1982). Esta persona será un copropietario y se aplicarán las normas de la comunidad (RDGRN 17.03.1986 y STS 31.01.2001), siendo socio la propia comunidad (RDGRN 8.02.1996). En caso de designación de un representante diferente a los comuneros, se aplicarán las reglas de representación y, en particular, las de representación a la junta general (STS 17.02.2005).
2. Usufructo de acciones o participaciones
Las relaciones internas del usufructo son ajenas a los estatutos sociales (RRDGRN 22.02.1994 y 13.06.1994). No es posible remitir las relaciones externas en frente la sociedad al establecido al título constitutivo (RDGRN 4.03.1981 y 26.10.1986 y STS 5.11.1987). En caso de modificación restrictiva de los derechos del usufructuario reconocidos en los estatutos, hay que indemnizar a este (STS 30.10.1984). El derecho de usufructo se extiende a los beneficios no repartidos e incorporados a reservas (SSTS “8.05.1998 y 27.07.2010).
3. Prenda de acciones o participaciones
La persona a la que corresponda el ejercicio de los derechos de socio frente a la sociedad no se puede establecer en el título constitutivo en caso de carencia de regulación estatutaria (STS 5.11.1987 y RRDGRN 4.03.1981 y 26.10.1989).
Negocios sobre acciones propias (autocartera)
La sociedad no puede adquirir sus propias acciones, y eso se debe a dos razones fundamentales. La primera es de carácter político: la voluntad de la sociedad no se vería formada por los intereses de los accionistas, sino que en ella influiría la propia sociedad al votar ella misma como titular de acciones. Con ello, en vez de buscarse el interés de los accionistas, podría actuarse en un sentido opuesto. La segunda razón es de carácter económico: al suscribir la sociedad sus propias acciones, no ingresaría dinero efectivo de terceras personas como consecuencia del desembolso del capital, sino dinero de la propia sociedad, con lo que ésta no se enriquecería.
Existen dos tipos de adquisición de acciones propias por parte de una sociedad: la originaria y la derivativa. La originaria se refiere a la suscripción, esto es, a la adquisición de acciones en el momento de constituirse la sociedad, y está prohibida tanto respecto a las acciones propias como a las emitidas por su sociedad dominante (art. 134 LSC).
Las acciones suscritas que infrinjan esta prohibición serán propiedad de la sociedad suscriptora. No obstante, cuando se trate de acciones propias, la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los socios fundadores o los promotores y, en caso de aumento del capital social, sobre los administradores. Si se tratare de suscripción de acciones de la sociedad dominante, la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los administradores de la sociedad adquirente y los administradores de la sociedad dominante (art. 136 LSC).
La adquisición derivativa de acciones propias o de la sociedad dominante es la que tiene lugar respecto a acciones ya suscritas. En los contados supuestos en que se permite, los derechos políticos de las mismas quedan en suspenso, los derechos económicos se atribuyen proporcionalmente a los demás accionistas y debe constituirse una reserva indisponible igual al valor de las acciones propias adquiridas. Al conjunto de acciones propias se llama “autocartera”, y no puede exceder del 20% del capital suscrito (art. 146.2 LSC).
Los supuestos de libre adquisición se establecen en el artículo 144 LSC. Son normalmente supuestos en los que no se presentan los problemas apuntados (p. ej., acciones adquiridas a título gratuito o por consecuencia de la reducción de capital) o se presentan con menor relevancia (acciones ya desembolsadas, acciones que forman parte de un patrimonio adquirido a título universal, etcétera). La LSC también prevé las adquisiciones derivativas condicionadas (art. 146 LSC) permitiendo la adquisición cuando la junta general lo autorice, y no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legalmente o estatutariamente indisponibles.
Cuando la reducción de capital social sea consecuencia de la obligada amortización de participaciones sociales, el importe de la reserva tiene que ser el valor nominal de las participaciones amortizadas y no el valor de lo pagado por ellas o de lo restituido a los socios (RDGRN 16.11.2006 en el caso de una S. R. L.).
La infracción de las reglas de la adquisición derivativa por parte de la sociedad no comporta la nulidad del negocio adquisitivo (STS 26.11.1987 por una SANO), con la excepción del caso que las acciones no estén enteramente desembolsadas, siendo obligatoria la reducción de capital para amortizar las acciones (RDGRN 9.01.1988 y STS 21.04.2001). El régimen de la reducción de capital para amortizar acciones propias es un régimen específico (RDGRN 9.01.1998).
El incumplimiento de la prohibición de asistencia financiera por parte de la sociedad para la adquisición de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante por parte de un tercero (art. 150 LSC) supone la nulidad civil de la operación, que se añade a la sanción prevista al art. 157 TRLDC, con la excepción de que la asistencia tenga como finalidad facilitar al personal de la empresa la mencionada adquisición (RDGRN 1.12.2000 y STS 20.072010).
Los órganos de la sociedad anónima son dos: la junta general, que es el órgano deliberante y de decisión, y los administradores que constituyen el órgano de ejecución. De la comprobación de la veracidad y correcta llevanza de las cuentas se encargan los auditores de cuentas, pero no son en sí un órgano de la sociedad. La idea básica es que la junta general decide y el órgano de administración ejecuta. Pero esta separación de funciones pocas veces se da en la gran sociedad anónima, dominada a menudo por unos pocos socios mayoritarios que controlan la actuación del órgano de administración.
La junta general es la reunión de todos los socios para decidir sobre la actuación de la sociedad. La LSC la regula en los artículos 159 y ss.
El artículo 160 LSC recoge una lista de asuntos que son competencia de la junta: aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social; nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, si procede, de los auditores de cuentas, como también el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos; modificación de los estatutos sociales; aumento y reducción del capital social; supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente; adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales (presumiéndose el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado); transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, y traslado de domicilio al extranjero; disolución de la sociedad; aprobación del balance final de liquidación y cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.
El artículo 161 LSC faculta a la junta general, salvo disposición en contra de los estatutos, para dar instrucciones al órgano de administración o someter a autorización la adopción por parte del órgano mencionado de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión. Esta injerencia de la junta en los asuntos de los administradores no los libera de la responsabilidad que pueda generar la ejecución de las instrucciones.
Las juntas generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y las tienen que convocar los administradores y, en su caso, los liquidadores de la sociedad. La junta general ordinaria se tiene que reunir necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado (art. 164.1 LSC). La junta general se convoca mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si esta ha sido creada, inscrita y publicada en los términos que prevé el artículo 11 bis LSC. En otro caso, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de más circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. Sin embargo, los estatutos pueden establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designa-do a tal efecto o que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos pueden prever que solo serán individualmente convocados si han designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. Los estatutos también pueden establecer mecanismos adicionales de publicidad a los que prevé la ley e imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alerta a los socios de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la sociedad (art. 173 LSC).
La convocatoria tiene que expresar el nombre de la sociedad, la fecha y la hora de la reunión, el orden del día, en el cual figurarán los asuntos a tratar y el cargo de la persona o personas que lleven a cabo la convocatoria (art. 174 LSC). Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión tiene que haber un plazo de, como mínimo, un mes, que en los casos de convocatoria individual a cada socio, se computará a partir de la fecha en la que se haya remitido el anuncio al último de ellos (art. 176 LSC). En el anuncio de la convocatoria de las sociedades anónimas, se puede hacer constar, asimismo, la fecha en la que, si procede, se reunirá la junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión debe haber, al menos, un plazo de veinte horas.
Si la junta general debidamente convocada, sea cual sea la clase de esta, no se pudiera celebrar en primera convocatoria ni se ha previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de esta tendrá que ser anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión (art. 177 LSC).
También pueden celebrarse en cualquier momento juntas extraordinarias (que traten asuntos diferentes a los de la junta ordinaria, art. 165 LSC) para decidir sin esperar a la junta general ordinaria.
Tras la Ley 15/2015, el art. 169 LSC prevé, para el caso de que la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo, que puedan serlo, a solicitud de cualquier socio, previa audiencia de los administradores, por el Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social. Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la junta general efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria, previa audiencia de los administradores, por el Secretario judicial o por el Registrador mercantil del domicilio social.
Y, para el supuesto de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, el art. 171 LSC faculta a cualquier a solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Asimismo, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.
La junta general extraordinaria la convocan los administradores en la fecha que estimen conveniente para los intereses sociales (art. 167 LSC), pero también pueden solicitarla los socios que representen un 5% del capital social. Si no se convoca en plazo la junta ordinaria o no se cumple la petición de los socios, puede acudirse al juez de 1.ª instancia para que sea él quien convoque (arts. 168 y 169 LSC). De esta forma, se quiere evitar que la convocatoria quede en manos de los administradores que puedan así evitar la censura de su gestión.
Nota. La junta general ordinaria será válida aunque se convoque o se celebre fuera de plazo (art. 164.2 LSC).
1. Junta ordinaria y junta extraordinaria
Junto con las cuestiones que imperativamente tiene que tratar la junta ordinaria, esta puede tratar cualquier otra cuestión que no esté específicamente atribuida por la ley o por los estatutos a la competencia exclusiva de la junta extraordinaria o del consejo de administración (STS 31.10.1984).
Se puede convocar a la vez junta general ordinaria y extraordinaria, con un solo orden del día (SSTS 18.10.1985 y 30.10.1985). También se pueden celebrar varias juntas ordinarias en un año si así lo prevén los estatutos (STS 4.05.1961). La validez de la junta ordinaria convocada o celebrada fuera de plazo se aplica tanto a la S. A. como a la S. R. L. (STS 16.03.2010 y tiene carácter retroactivo (STS 18.11.2009). La convocatoria de la junta extraordinaria sigue los mismos requisitos que la de la ordinaria (SSTS 30.11.1963, 31.05.1983 y 14.03.1985).
2. Requisitos y forma de la convocatoria
La convocatoria de la junta la tienen que hacer los administradores y si se trata de un consejo de administración, se requiere el acuerdo de este (STS 8.03.1984 y RDGRN 22.11.1999). El presidente del consejo no puede convocar la junta sin el acuerdo del consejo, de lo contrario, la junta y el acuerdo serán nulos (SSTS 8.03.1984, 13.07.2001, 8.10.2001 y 30.10.2009), siendo necesaria en caso de no ser posible, la convocatoria judicial (RDGRN 25.02.2000 y 30.10.2009). Se admite a todos los efectos la validez de la convocatoria de la junta hecha por consejos de administración que han agotado el plazo de su nombramiento (STS 27.10.1997) o por administradores de hecho (STS 5.07.2007). No se puede delegar la competencia para convocar la junta si bien sí se puede delegar la firma del anuncio de convocatoria (STS 14.03.2005). Tanto las RRDGRN 7.12.1993 y 8.03.2005 admiten la delegación de la convocatoria en favor del consejero-delegado y del presidente del consejo respectivamente.
Los requisitos formales legales tienen carácter necesario (STS 31.05.1983) sin perjuicio de que se puedan añadir otros requisitos con el fin de garantizar al máximo el conocimiento efectivo de la convocatoria por parte de los accionistas (STS 3.04.1986).
La RDGRN de 10 de octubre de 2012 ha considerado que una junta no había sido debidamente convocada mediante publicación del anuncio en el BORME y en la página web de la sociedad, al no constar la adopción del acuerdo social de creación ni la inscripción de la página web en el Registro mercantil, ni la notificación a todos los socios de la existencia de la web a tales efectos.
La falta de publicación en la prensa diaria determina la invalidez del acto (RDGRN 21.04.1987). El requisito de que el diario sea de los de mayor circulación “en” la provincia (y no “de” la provincia) pretende garantizar la difusión de la convocatoria, con independencia de que el diario esté o no editado en la provincia (RRDGRN 5.03.1991 y 13.01.1994). Por eso, exceptuando casos concretos y determinados, se permite la publicación de la convocatoria en un periódico diario presente notoriamente en la práctica totalidad de todos los puntos de distribución de este medio de comunicación social, a pesar de que otros diarios tengan más lectores en la provincia (SSTS 23.05.2001, 19.09.2006 y 16.02.2007). No se cumple este requisito cuando la provincia comprende varias islas y el diario tiene escasa difusión en la isla donde se celebra la junta y tiene la sede la sociedad (STS 1.03.2006). En caso de impugnación de la convocatoria por este motivo, serán los tribunales quienes se pronuncien a propósito de esta cuestión (RDGRN 5.07.2001).
No tiene entidad suficiente el error consistente en la equivocación del año de la convocatoria (1991 en lugar de 1992) si se publica en 1992 y no induce a error a los convocados (RDGRN 29.01.1997). Tampoco el error en la denominación de la sociedad si no tiene entidad suficiente para inducir a error a los convocados (RDGRN 2.08.1993 –“Fundición y Acabados del Cobro, Sociedad Anónima” (FACOSA) en lugar de “Facosa-Fundición y Acabados del Cobro, Sociedad Anónima”). En cambio, sí se consideró relevante la dis-crepancia entre “Yogan, Sociedad Anónima” en lugar de “Yogures Andaluces, Sociedad Anónima” (RDGRN 3.04.1997).
La convocatoria individual que pueden prever los estatutos se puede hacer mediante correo certificado con acuse de recibo (RDGRN 16.05.2005), mediante procedimientos telemáticos haciendo uso de la firma electrónica (RRDGRN 23.03.2011 y 29.06.2011).
“Se tiene que decidir si es o no inscriptible la disposición estatutaria según la cual la junta general de una sociedad de responsabilidad limitada «… será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad o, en el supuesto de que no exista, por el procedimiento de comunicación, individual y escrita de burofax con acuse de recibo, al domicilio designado con este fin por los socios o al que conste en el libro registro de socios». En este caso se ha ejercido esta libertad de configuración estatutaria respecto del sistema facultativo de convocatoria de la junta general en sustitución de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario, en la medida en que se dispone que la convocatoria se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad y solo para el caso de que esta no exista se prevé la comunicación individual y escrita remitida a los socios mediante burofax con acuse de recibo (RDGRN 21.03.2001).
3. Convocatoria a instancia de las minorías
No se puede incrementar vía estatutos el 5% exigido por la ley para la convocatoria hecha a petición de los accionistas ni referirla al capital desembolsado (RDGRN 13.01.1994). En todo caso, hace falta requerimiento notarial (STS 23.10.1987). Si no se convoca en el plazo legalmente previsto (2 meses, de acuerdo con el art. 168 LSC) no significa que la junta resulte inválida (STS 23.05.2001). Es obligatoria la inclusión en el orden del día de los temas solicitados por las minorías (RDGRN 3.11.2010).
4. Convocatoria en casos especiales para efectuar el nombramiento de los administradores
“El artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital distingue entre el supuesto de permanencia de algún administrador, que lo habilita para que directamente pueda convocar la junta, y aquel en que esta circunstancia no se da, en que la legitimación de los socios es para pedir la convocatoria judicial. Todo lo cual les exige una actividad, la siempre costosa promoción de un procedimiento judicial, por más que sea simplificado, con la necesaria anticipación de gastos que, siendo inevitable en el supuesto de que la vacante provenga de la muerte o incapacitación de los administradores o causa parecida, deja de serlo cuando se deba al abandono voluntario del cargo por los mismos. Acreditada en el supuesto objeto de este recurso la convocatoria de junta general por los administradores mancomunados dimisionarios, y admitida esta posibilidad según lo que se ha dicho, no queda sino estimar el recurso ante la calificación registral” (RDGRN 16.05.2011 y también la RDGRN 3.01.2011). Por su parte, la RDGRN 27.11.1995 admitió la inscripción de la renuncia de un consejero que dejaba al consejo con una composición por debajo de la determinada legal o estatutariamente.
5. Contenido de la convocatoria
La fecha de la convocatoria incluye la expresión de la hora (RDGRN 29.04.2005). La discrepancia entre la fecha del anuncio del BORME (8 de mayo de 1992) y la del diario (9 de mayo de 1992) y el haberse celebrado la junta en el domicilio social constante que se celebraba en su finca de Alcalá de Henares, provoca la invalidez de la constitución, siendo irrelevante el alto porcentaje de capital asistente (un 89,25%) (RDGRN 1.12.1994).
Es necesaria la inclusión en el orden del día de todos los asuntos que tengan que tratar-se, no siendo posible tratar los no incluidos (RDGRN 11.02.1993). Los administradores provisionales nombrados por el Banco de España tienen competencia para fijar el orden del día no estando limitados a convocar para adoptar el plan de saneamiento propuesto por aquel (STS 27.03.2009). Varios asuntos contenidos en un solo punto del orden del día no priva de validez a la convocatoria (STS 21.03.1986). Es suficiente que conste “La disolución de la sociedad” a pesar de que no se exprese la causa de la misma (RDGRN 21.06.1995). El punto del orden del día “Renovación del consejo” incluye la aceptación de la renuncia de varios consejeros y el cese como consejero del recurrente, así como el nombramiento de cinco nuevos consejeros para cubrir las vacantes (STS 29.04.1985).
La expresión “Estudio de los estatutos sociales para posible modificación” no cumple los requisitos de claridad que exige la ley especialmente si en la junta no se preparó una modificación, sino que se va a aprobar la misma (STS 25.03.1988). La expresión “Reducción de capital” para una operación acordeón que intentaba evitar la disolución no satisface la exigencia de claridad (RRDGRN 9.05.1991 y 18.05. 2001). En la junta convocada para “Disolución y liquidación” y “Nombramiento de liquidador” no cabe adoptar un acuerdo de exclusión de un socio en una S. R. L. (RDGRN 10.10.1995). No es válido el acuerdo de aprobación de las cuentas elaboradas por los administradores dado que en la convocatoria figuraba la aprobación de las cuentas formuladas por unos auditores y eran diferentes a los de aquellos (STS 12.07.2005).
Es doctrina admitida por el TS (SSTS 30.04.1971, 30.09.1985 y 4.11.1992) y por la DGRN (RRDGRN 16.02.1995 y 26.07.1996) que la posibilidad de destituir a los administradores permite asimismo nombrar a quienes tengan que sustituirlos sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden del día (RDGRN 10.05.2011). El nombramiento del auditor de cuentas exige su constancia en el orden del día, no siendo aplicable por analogía la doctrina establecida por los administradores (RDGRN 19.05.2000).
6. Lugar y tiempo de la celebración
La junta se tiene que reunir en el domicilio social (si los estatutos no dicen otra cosa), en caso contrario será nula (STS 25.11.1967), con la excepción de acuerdo unánime de los socios de reunirse para celebrarla en otro lugar (SSTS 13.10.1961 y 23.11.1970 –que también admite la fuerza mayor). Esta regla se aplica a pesar de que el orden del día sea el cambio de domicilio social al lugar donde se celebró la junta (STS 28.03.1989).
Si se fija otro lugar de reunión distinto al del domicilio social, debe estar dentro del mismo término municipal donde se encuentre el domicilio social (RRDGRN de 6 de septiembre de 2013 y 14 de octubre de 2013). La RDGRN de 19 de diciembre de 2012 ha declarado procedente la cláusula estatutaria en la que se prevé la celebración de la junta general mediante videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente la identidad del sujeto, siempre que se haya fijado igualmente una ubicación física para la celebración de la junta, que permita la asistencia personal.
La expresión “En sede” permite interpretar que el lugar de celebración de la junta es la sede social (RDGRN 17.04.2007). La localidad donde la sociedad tenga su domicilio social no es asimilable a la “provincia” (la junta se celebró en Madrid en lugar de en Pozuelo de Alarcón donde la sociedad tenía el domicilio social) (STS 28.03.1989).
7. Plazo previo de la convocatoria
El plazo legal previo es indispensable a pesar de que se trate de una S. A. con pocos socios (STS 5.03.1987). Y este requerimiento no queda enmendado por el hecho de que la celebración de la junta en segunda convocatoria un día después permita el cómputo del plazo requerido por la primera convocatoria (RRDGRN 6.11.1995 y 21.09.2007).
El día inicial del plazo es el del anuncio y se tiene que incluir el día anterior a la celebración de la junta (SSTS 29.03.1994 y 21.11.1994 y RRDGRN 10.07.1995, 15.07.1998, 9.02.1999 y 15.11.2005, 21.11.2007). Así, si el plazo es de un mes, y el anuncio se publica el día 26 de un mes, la junta podrá celebrarse desde las 00:00 h. del día 26 del mes siguiente en primera convocatoria (RDGRN20.11.2007).
En caso de comunicación individual, el plazo se computa desde el envío, no desde la recepción (RDGRN10.01.2002). Si se hace alguna modificación de alguno de los aspectos de la convocatoria (en este caso, de la hora de la reunión), el anuncio de modificación tiene que cumplir también el plazo legal (RDGRN 29.04.2005). En caso de errores, también la publicación de la corrección tiene que respetar el plazo legal (RDGRN 24.01.2002).
8. Segunda convocatoria
En caso de mayoría, se puede dar por celebrada en primera convocatoria sin que pueda tener lugar la segunda convocatoria (STS 17.11.1972) siendo irrelevante que la segunda estuviera mal convocada (STS 21.11.1969). Los vicios de la primera convocatoria no se pueden enmendar por el hecho de haberse celebrado la junta en segunda convocatoria (RDGRN 6.11.1995).
Siendo necesario el quórum reforzado para adoptar acuerdos de modificación estatutaria, si el mismo no se consigue, hay que esperar la segunda convocatoria sin que pueda celebrarse la primera para tratar solo asuntos que no requieren este quórum (RDGRN 12.05.1978). Si en segunda convocatoria tampoco se consigue este quórum, sí que se podrán tratar los asuntos que no requieran este quórum (RDGRN 11.02.1993).
Existe también la llamada junta universal, que se entiende convocada y válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta. La junta universal puede reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero (art.178 LSC).
1. Requisitos de la junta universal
Para la válida constitución de la junta universal se tienen que cumplir de forma clara los dos requisitos (presencia o representación de todo el capital social y aceptación unánime de la celebración) (SSTS 14.03.1985 y 30.04.1988 que declara inválida su celebración dado que se había opuesto un socio). La infracción de estas reglas de constitución es contraria al orden público y no se aplica el plazo de caducidad de un año del art. 205.1 LSC (STS 19.04.2010).
La junta universal no requiere que se celebre en el domicilio social (SSTS 25.11.1967, 23.11.1970 y 25.04.1978). La falta de firma del acta de la junta universal por todos los socios no afecta a la validez del acta siendo solo un defecto formal sin olvidar que las firmas suponen una garantía de su veracidad (STS 29.12.1999, 18.03.2002 y 9.02.2007). No hay que hacer constar el NIF de los asistentes (RDGRN 15.11.2006). Se necesario para poder inscribir los acuerdos adoptados que se haga constar que se celebró como junta universal (RDGRN 7.04.2011).
La concurrencia de todo el capital social solo se exige en el momento de constitución de la junta, pudiendo después ausentarse algún socio o incluso suspenderse para celebrarse días más tarde (STS 9.02.2007).
En caso de que uno que se presenta como socio resulte no serlo, esto determina la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta, tanto si se trata de socio excluido que no pudo asistir a la junta y obtuvo la revocación del acuerdo de exclusión (RDGRN 26.02.2001), como si se trata de un socio que condicionó la transmisión de parte de los títulos al otorgamiento de la escritura, que no se otorgó y a la junta acudió como socio el supuesto adquirente (STS 9.02.2009).
La celebración de la junta universal convalida los defectos de la convocatoria ordinaria (SSTS 18.03.2002, 18.10.2005 con relación al incumplimiento de los administradores del deber previo de información y 16.03.2010, y RDGRN 13.01.1994 –que señala que este efecto se produce sean cuales sean las modificaciones estatutarias). Se puede adoptar un acuerdo de fusión a pesar de que este no haya sido depositado un mes antes de la junta universal (RDGRN 30.06.1993). En junta universal para adoptar un acuerdo de transformación se pueden adoptar acuerdos de modificación de estatutos que abarquen aspectos no necesariamente exigidos por la transformación (RDGRN 24.04.1999).
2. Asistencia con representante
La STS14.03.1998 consideró mal constituida la junta universal porque no se acreditó el conocimiento previo por el representado de la celebración de la junta y de los temas a tratar. En cualquier caso, no se puede alegar este supuesto defecto si no se puso de manifiesto a la hora de constituirse la junta (STS 30.10.1985).
“La cuestión que se plantea ─la admisibilidad de una cláusula estatutaria en la cual se establece que en los efectos de la constitución de la junta general universal «se computará como presente el capital representado en virtud de poder especial y escrito en que se consignen precisa y concretamente los asuntos sometidos a debate »─ es idéntica a la que fue objeto de la Resolución de 7 de febrero 1996, en la que se distingue entre el derecho de asistencia (y subsiguientemente, de los de deliberación y voto) en junta general ordinaria y extraordinaria, y la previa decisión individual de cada socio de tener por constituida la junta cuando es universal, con la fijación del orden del día correspondiente, de forma que, en vista de las especiales características de la junta universal (en la cual es suficiente con la oposición o el silencio de un solo socio para que aquella no se pueda tener por válidamente constituida), resulta evidente que la cláusula debatida no se puede ver como el establecimiento de restricciones estatutarias a la adopción por medio de representante de la decisión individual de cada socio sobre la oportunidad de tener por válidamente constituida la junta universal, sino a la inversa, como el señalamiento de requisitos el cumplimiento impedirá al socio representado desconocer el hecho en su nombre por el representante, es decir, el establecimiento de cautelas, cuya observancia garantiza la validez de la junta universal así constituida” (RDGRN 5.03.1997 y en el mismo sentido RDGRN 27.10.1998).
Si ante las dudas sobre la validez de la posible junta universal (se cuestiona la validez del título de adquisición de acciones de un socio) se opta por convocar junta ordinaria, no se puede pedir la validez de la junta universal (RDGRN 8.11.2003).
Para poder tomar una decisión en la junta, se requiere la asistencia previa de un mínimo de capital social o quórum. Y esas decisiones se adoptan también por capital social, no por cabezas. El régimen de quórums y mayorías precisos para poder celebrar la junta lo establecen los artículos 193, 194 y 201 LSC. El artículo 193 se aplica cuando las decisiones que se vayan a adoptar en la junta (ordinaria o extraordinaria) no supongan una modificación de los estatutos y así, el quórum en primera convocatoria se logra cuando los accionistas presentes o representados posean al menos el 25% del capital suscrito con derecho de voto. Los estatutos podrán fijar un quórum superior. En segunda convocatoria será válida la constitución de la junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma, salvo que los estatutos fijen un quórum determinado, el cual, necesariamente, habrá de ser inferior al de aquellos que se hayan establecido o que exija la ley para la primera convocatoria. La decisión se adopta por mayoría de votos de los accionistas presentes o representados (más votos a favor que en contra, art. 201.1 LSC).
Las sociedades anónimas pueden prever en los estatutos la posibilidad de asistir a la junta por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto. En tal caso, en la convocatoria deben constar los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas pre-vistos por los administrado-res para permitir el ordenado desarrollo de la junta (art. 182 LSC).
El artículo 194 se aplica para supuestos en los que la decisión implica una modificación de los estatutos. Así, para que la junta general ordinaria o extra-ordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos, el 50% del capital suscrito con derecho de voto (en este caso, la mayoría precisa para adoptar el acuerdo será mayoría absoluta). En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital, pero si concurren accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, esos acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o del representado en la junta. Los estatutos sociales pueden elevar los quórums y mayorías previstas (art. 201 LSC).
En la sociedad anónima no se pueden crear acciones que de manera directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto. Lo que si pueden hacer los estatutos es fijar a todos los efectos el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista, las sociedades pertenecientes a un mismo grupo o las que actúen de manera concertada con los anteriores (art. 188 LSC).
1. Asistencia a la junta
No es válida la cláusula estatutaria que considera obligatoria la asistencia a la junta (RDGRN 30.03.1999).
En relación con la disposición (actual art. 179 LSC) que permite que los estatutos “puedan condicionar el derecho de asistencia a la junta general a la legitimación anticipada del accionista” no se traduce, in actu, en que se haya dado este acondicionamiento con la mera remisión al que dispone la Ley y el Reglamento del Registro Mercantil. El precepto, en efecto, es imperativo cuando señala los supuestos en los que, a pesar de todo, no hay que impedir el ejercicio del derecho de asistencia a los titulares de acciones nominativas o a los tenedores de acciones al portador (que hayan hecho el correspondiente depósito)” (STS 4.06.2009). La DGRN 28.12.1992 no admitió la validez de un acuerdo en el que un accionista tenía en suspenso el derecho de voto a pesar de que el presidente de la junta aceptó la legitimación para asistir y votar en la junta y la STS 2.12.1999 consideró acertado el no reconocimiento de legitimación del socio que había adquirido las acciones en contravención de las normas restrictivas de la transmisión. En ambos casos se reconoce el derecho a acudir a la vía judicial para solucionar la cuestión de fondo.
No se puede negar la representación a quien se le ha reconocido en juntas anteriores (STS 20.04.1987). No se puede simultanear la presencia personal y la representación por otro (STS 28.03.2011).
En materia de representación familiar (art. 187 LSC que exime de cumplir los requisitos de la representación cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendente del representado, o cuando aquel ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional), la norma legal es prevalente a los estatutos o al silencio de estos (RRDGRN 2.06.1994, 9.05.1996 y 12.01.1995). No cabe una interpretación de la norma que la haga extensible a los hermanos (SSTS 14.03.1998 y 1.04.2008).
No se puede otorgar voto dirimente al presidente en caso de empate (RDGRN 5.11.1990).
En caso de conflicto de intereses en la S. R. L., en el acuerdo de exclusión de dos socios, cada uno puede votar respecto de la exclusión del otro (RDGRN 16.10.2000).
El establecimiento de mayorías reforzadas solo es válido si se refleja en los estatutos, no pudiendo ser objeto de un mero acuerdo social (RDGRN 24.03.2010).
En una S. R. L. profesional de dos socios no se puede pactar que cada uno de ellos tenga un voto, el voto se tiene que fijar en proporción a la participación social (RDGRN 17.01.2007).
4. Constitución de la junta
No hay una norma legal que diga que el primer acuerdo de la junta tiene que ser declarar su válida constitución “Por el contrario, la práctica societaria que constituye un uso mercantil atribuye al presidente de la junta la tarea y la responsabilidad de apreciar la concurrencia de las circunstancias que permiten dar por constituida la misma, y emitir un pronunciamiento sobre el particular ante el cual los asistentes pueden hacer las protestas o reservas que estimen pertinentes, que tienen que ser recogidas en el acta, y que son presupuesto de la legitimación para ejercitar la correspondiente acción de impugnación tal como declaró el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de mayo de 1986 (RDGRN 11.10.2005).
La prórroga de la junta se tiene que acordar por esta, no por el presidente (RDGRN 21.09.1984).
El derecho de información requiere una mínima colaboración del socio (SSTS 16.03.2010, 23.07.2010). No enmiendan la carencia de información las contestaciones realizadas en la junta (SSTS 23.07.2010, 8.11.2003 y 23.02.2000).
“El ejercicio del derecho está sometido por la norma a las siguientes limitaciones específicas, puesto que no hay que pedir cualquier información sobre cualquier extremo y en cualquier momento, de forma que:
a) Hace falta que la información que se pida se refiera a asuntos que estén comprendidos en la orden del día de una junta convocada, sin que sea necesaria una relación “directa y estrecha “, habiendo estado por determinar la suficiencia de su conexión entre la información pedida y el orden del día en el juicio de pertinencia en el caso concreto.
b) Las informaciones o aclaraciones que se consideren necesarias, o las preguntas escritas que se estimen pertinentes se tienen que hacer desde la convocatoria de la junta hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la junta general.
c) Si se ejercita por escrito antes de la junta tiene que requerir hasta el séptimo día antes de la celebración de la junta, y durante la misma cuando se ejercite verbalmente.
d) La publicidad de los datos interesados no tiene que perjudicar los intereses sociales, sin perjuicio de que en este caso se tenga que facilitar cuando la solicitud tenga el apoyo de accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital” (STS 21.03.2011, y, en el mismo sentido SSTS 25.02.2002 y 27.03.2009).
El ejercicio de este derecho no puede servir para obstruir el desarrollo de la junta o para perjudicar a la sociedad (SSTS 26.12.1969, 17.05.1995 y 22.07.2005). Niega el carácter abusivo de la información solicitada la STS 21.02.2011 dadas las irregularidades existentes y el volumen de la sociedad.
7. Acta de la junta
“Si los accionistas requieren a los administradores, y estos no obedecen y no requieren al notario, o si, después del requerimiento a este, los administradores no consiguen, a pesar de la realización de las gestiones correspondientes, que vaya a la junta, y se levanta acta ordinaria, no notarial, el efecto es que los acuerdos pueden sufrir un retraso por cierre del Registro Mercantil (artículo 104 del RRM) y, ni que decir tiene, hace falta que sean impugnados, pero cuando transcurre el plazo de cierre registral y los acuerdos no se impugnan, llegarán a ser eficaces, ejecutivos e inscriptibles sin acta notarial” (STS 5.02.2002).
Para las S. R. L. “los acuerdos solo serán eficaces si constan en acta notarial” (STS 5.01.2007).
En las sociedades de capital el socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones cuando se trate de adoptar ciertos acuerdos que le afectan directamente (autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a restricciones legales o estatutarias; excluirle de la sociedad; liberarle de una obligación o concederle un derecho; facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera; dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme lo previsto en el art. 230). El art. 190 LSC, redactado de nuevo por la Ley 31/2014, establece más detalles de esta regla.
Los acuerdos de la junta general son impugnables si van contra la ley, se oponen a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad, o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros (art. 204.1 LSC). Esta materia ha sido muy reformada por la Ley 31/2014, que ha vuelto no impugnables ciertos acuerdos y ha limitado fuertemente la legitimación activa para la impugnación, por lo que aconsejamos una lectura de las novedades introducidas en los arts. 204 a 206 LSC.
Ciertos acuerdos no son impugnables, por haberse producido alguna incorrección o ilegalidad pero que no ha afectado de manera grave al acuerdo: la infracción de requisitos meramente procedimentales para la convocatoria o celebración de la junta (salvo ciertos aspectos, fijados en la ley); la incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación; la participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano, y la invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible.
La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría (se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios).
La acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá (art. 205 LSC).
Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital. Los estatutos podrán reducir los porcentajes de capital indicados y, en todo caso, los socios que no los alcancen tendrán derecho al resarcimiento del daño que les haya ocasionado el acuerdo impugnable.
1. Causas de impugnación
Los supuestos prototípicos de acuerdos nulos para contravenir la ley son los acuerdos adoptados en juntas con infracción de los requisitos legales de convocatoria o celebración (publicidad, plazo, derecho de información etc.) (SSTS 12.07.1983, 13.02.2006 y 9.04.2007). Los defectos de convocatoria se tienen que exponer, de cara a la impugnación, antes del comienzo de la junta (STS 30.04.2010).
El orden público como excepción a la regla de caducidad se tiene que interpretar restrictivamente y se liga a los principios configuradores de la sociedad y tiene que impedir que el acuerdo lesione los derechos y libertades del socio (SSTS 29.11.2007, 19.04.2010 y 28.11.2005). Otras veces se liga a los derechos fundamentales (STS 5.02.2002 y 4.03.2002).
No es contrario a los estatutos que exigían la convocatoria escrita de los consejeros, la convocatoria oral dado que era la práctica habitual y así lo reconoce el recurrente (STS 30.01.2001).
El interés social no es el de los accionistas individualmente considerados, sino el común a todos ellos (STS 12.04.2007). No es suficiente con que el acuerdo sea perjudicial para un grupo de socios (STS 14.09.2007).
Los estatutos pueden exigir, respecto de todas las acciones, sea cual sea la clase o serie, la posesión de un número mínimo para asistir a la junta general sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al 1 por mil del capital social (art. 179.2 LSC).
2. Acuerdos no impugnables por estas causas.
Se tiene que impugnar a través del juicio declarativo ordinario (STS 19.09.1986).
El TS admite el sometimiento a arbitraje de la impugnación de acuerdos (SSTS 18.04.1988 y 9.07.2007)
4. Momento del perjuicio o de la lesión
No tiene que ser en el momento de adoptar el acuerdo ni hay que esperar a que se produzca la lesión (SSTS 11.05.1968, 19.02.1991 y 11.11.2005).
5. Convalidación de los acuerdos
Se pueden convalidar acuerdos nulos con un acuerdo unánime de los socios (entre otros RRDGRN 1.12.1994, 3.04.1997 y 2.09.1998, y STS 23.01.2003). No obstante, el TS ha señalado que los acuerdos nulos no son convalidables (STS 21.10.1994).
La sentencia que resuelve la impugnación tiene eficacia retroactiva (RDGRN 26.02.2001) y procede a la cancelación de la inscripción del acuerdo y de los asientos registrales contradictorios con la nulidad (RDGRN 4.02.2011).
La LSC se basa en el principio democrático de seguir la voluntad de la mayoría. Sin embargo, arbitra una serie de mecanismos que intentan que los derechos fundamentales de los socios no queden impedidos por la voluntad de los socios mayoritarios. Eso se manifiesta, principalmente, en las reglas imperativas (acerca, por ejemplo, del contenido mínimo de los derechos), pero también en ciertos supuestos concretos en que a las minorías se les facilita la participación en la voluntad y en la gestión de la sociedad.
Se puede citar, a título de ejemplo, la posibilidad de que una minoría (5% del capital) pida la convocatoria de junta general; que los miembros del consejo de administración puedan ser elegidos mediante el sistema proporcional (art. 243.1 LSC); la petición de auditor de cuentas (5% del capital) cuando no se precise porque la sociedad presente balance abreviado; la petición de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación (5% del capital), etc.
Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad (art. 209 LSC). Los administradores se eligen por la junta general (art. 214.1 LSC) y su designación es libremente revocable (art. 223.1 LSC). Salvo disposición contraria de los estatutos, no tienen que ser necesariamente accionistas (art. 212.2 LSC), lo que es acorde con el carácter capitalista de la sociedad anónima. Ejercerán el cargo durante el plazo que señalen los estatutos sociales, que deberá ser igual para todos ellos y no podrá exceder de seis años (art. 221.2 LSC). La Ley 31/2014 ha modificado de manera relevante el régimen de los administradores, sobre todo en lo atinente a la retribución y a los deberes, por lo que aconsejamos una lectura detallada de la nueva redacción de los arts. 217 a 219 y 225 a 232 LSC.
“No hay contrato de trabajo por la mera actividad de un consejero. Hace falta «algo más». Pero, aun existiendo «algo más», para llegar a una actividad laboral se requiere alienidad. Cuando los consejeros asumen las funciones de administrador gerente, como sea que estas dos funciones no aparecen diferenciadas en nuestro derecho, se tiene que concluir que las primeras absorben las propias de la gerencia, que, en consecuencia, se considerarán mercantiles” (STS 21.04.2005).
Nota. El cargo de administrador es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario (art. 217.1 TRSLC).
En caso de renuncia o cese de los administradores, la misma junta que admite la renuncia o realiza el cese puede nombrar los nuevos administradores a pesar de que no esté en el orden del día (RDGRN 10.05.2011). Se puede diferir la eficacia de la aceptación a un momento posterior (RDGRN 6.06.2009). La inscripción del nombramiento no es constitutiva (STS 13.04.2000 y 19.07.2006).
La retribución debe fijarse en los estatutos. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de retribución. La Ley 31/2014 ha añadido que el sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes: a) una asignación fija; b) dietas de asistencia; c) participación en beneficios; d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia; e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución; f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador, y g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. La ley establece además unos límites a esa remuneración, acorde con la importancia de la sociedad y su situación económica. Si consiste en una participación en las ganancias, los estatutos sociales determinarán concretamente la participación o el porcentaje máximo de esta (en este último caso, la junta general determinará el porcentaje aplicable dentro del máximo establecido en los estatutos sociales. La norma, reformada en 2014, pone además unos límites cuantitativos y cualitativos a esa retribución). Si consiste en la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas debe recogerse expresamente en los estatutos, y su aplicación requerirá un acuerdo de la junta general (arts. 218.2 y 219.1 LSC).
La retribución la tiene que acordar la junta a pesar de que el derecho a la misma proceda de los estatutos (STS 19.02.2001). Especialmente si se limitan a determinar unos máximos y unos mínimos (RDGRN 15.04.2002). Si se retribuye al administrador como tal administrador y como alto cargo, si la tarea como alto cargo no difiere de la de administrador, se aplica el artículo 217 LSC (STS 27.03.2003 y 24.04.2007, que permite la doble retribución cuando las funciones de alto cargo sobrepasan las de administrador). Y si el administrador presta servicios como abogado, estos se tienen que retribuir (STS 31.10.2007).
“Partiendo de la naturaleza mercantil de la relación de los administradores únicos con la sociedad del capital, hay que distinguir el concepto y ámbito propio del trabajador por cuenta ajena en la Ley de Seguridad Social, artículos 7.1 y 61.1, y el concepto y ámbito propio de trabajador por cuenta ajena con dependencia a lo que se refiere el artículo 1.1. del Estatuto de los trabajadores, y de aquí se concluye que los administradores únicos de sociedades de capital tienen que ser encuadrados en el régimen general, cuando no son partícipes mayoritarios en el capital de la sociedad. La misma sentencia de 29 de enero de 1997 advirtió que la calificación de su trabajo como por cuenta ajena ─por cuenta de la persona jurídica el gobierno le está encomendado─ deriva precisamente de que su participación en la propiedad de la misma no consigue la mayoría de las acciones. En el caso de administradores sociales con participación mayoritaria propiamente dicha (la mitad o más de las acciones), faltaría la nota de alienidad, y nos encontraríamos ante un supuesto de trabajo por cuenta propia. Así lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS 1989.06.27 y 1995.10.05, entre otros)” (STS 2.07.2001, Social).
3. Duración del cargo
En la S. R. L., la junta no puede fijar la duración del cargo (RDGRN 15.09.1999), en la S. A. la junta no puede nombrar administradores por un plazo diferente al previsto a los estatutos (RDGRN 29.09.1999).
4. Administrador de hecho
“El recurrente invoca la doctrina conocida como el Administrador de hecho, que atendiendo al riesgo que para la sociedad implica un riguroso automatismo en el cese de los administradores una vez transcurrido el plazo por el cual fueron nombrados, dando lugar a una situación de acefalia e inoperancia, unido al principio de conservación de la empresa, permitiría la válida actuación de los administradores con cargo caducado. Estos principios, que han inspirado la solución dada por este centro directivo a otros problemas, como el condicionar la renuncia voluntaria de los propios administradores a la previa adopción de determinadas medidas tendentes a evitar aquella situación, la admisión de la figura del administrador suplente a los efectos de convocatoria de la junta general para proceder a nombrar nuevos cargos (cf. la Resolución de 11 junio 1992) o la investigación de otras soluciones que tratarán de evitar el mismo riesgo, de ninguna forma puede llevar a la admisión incondicionada de una prórroga del plazo durante el cual los administradores con cargo caducado pueden seguir actuando válidamente. De entrada, la Resolución de 24 de junio de 1968, que se suele señalar como punto de partida de la mencionada doctrina, en realidad consagra más la figura del administrador reelegido de hecho a la vista de las actuaciones posteriores al cese, algunas inscritas, que la del Administrador de hecho como tal, la posterior Resolución de 12 de mayo de 1978, que vuelve a insistir en las peculiaridades del caso, admitió la válida actuación del órgano de administración caducado solo a los fines de convocar la junta general para proceder a nuevos nombramientos y evitar así la paralización de la sociedad, cosa que, aunque sea obiter dicta, parece seguir admitiendo la Resolución de 7 de diciembre de 1993, pues cuando su actuación excede este concreto objetivo fue rechazada en Resolución de 24 de mayo de 1974. Por su parte, la doctrina del Tribunal Supremo, plasmada entre otros, en Sentencias de 22 de octubre de 1974, 3 marzo 1977 y 1 de abril de 1986, admite igualmente la válida actuación de los administradores con cargo caducado a los mismos fines y con el mismo objetivo, rechazando un automatismo que impida convocar la junta general ordinaria o una extraordinaria previa, pero siempre bajo la idea de una caducidad reciente, una interpretación, en definitiva, en línea con la solución que para el caso de transcurso del plazo ha inspirado el régimen acogido al artículo 145.1 del Reglamento de Registro Mercantil, la subsistencia del nombramiento hasta que se celebre la primera junta, o debería habido de celebrar la junta general en la que hayan podido realizar nuevos nombramientos” (RDGRN 15.02.1999).
5. Libre amovilidad y cláusulas de blindaje
“El recorrido, por voluntad propia al firmar el contrato, consintió su integración en el órgano de dirección y representación de la sociedad, de forma que tiene que aplicar necesariamente la normativa de este tipo de personas jurídicas, que no puede quedar sin efecto por la vía de pactos contractuales. Extinguida la relación entre el recorrido y la sociedad recurrente, se plantea la cuestión de hasta qué punto es lícita la cláusula contractual sexta por la cual la última tiene que pagar al primero la suma reclamada, que asciende la aplicación de los parámetros recogidos en la misma. No hay duda de que esta cláusula condiciona la libre facultad de que disfruta el consejo de administración para regular su propio funcionamiento según el art. 77.1 de la LSA 1951, que se tiene que extender lógicamente al nombramiento o revocación del consejero-delegado de este como señala la doctrina más autorizada. Tal libertad quedaría coaccionada si su ejercicio supusiera para la sociedad el pago de una indemnización. Ciertamente que no se impide al consejo hacer uso de la facultad que le reconoce el precepto mencionado, por el que su actuación revocando al consejero-delegado es válida y eficaz, pero no lo es menos la existencia de aquella coacción a la cual acabamos de hacer referencia. Por otro lado, el pago en razón de su revocación de una indemnización fuera de las previsiones de los estatutos sobre retribución de los administradores vulnera el art. 74 de la mencionada Ley de Sociedades Anónimas de 1951. En consecuencia, y los arts. 77.1 y 74 preceptos de clara naturaleza imperativa, su falta de observancia comporta la nulidad radical de los pactos que los contraríen, por el que puede ser apreciada de oficio por esta Sala según ha mantenido en reiteradas ocasiones en las que se apreció una nulidad de esta naturaleza [SS. 1949.05.27, 1949.10.29, 1966.06.23 y 1983.03.14 ]” (SSTS 30.12.1992 y 21.04.2005). En un supuesto parecido la STS 9.05.2001 declaró la validez de una cláusula indemnizatoria en favor de un consejero-delegado, considerando que se trataba de un supuesto diferente al de la STS 30.12.1995).
Su ámbito de representación es amplio y abarca todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. Ninguna limitación a este ámbito es válida frente a terceros, aun inscrita en el Registro Mercantil (art. 234.1 LSC). Así se favorece a estos terceros.
La sociedad debe responder incluso de los actos que ordinariamente se entiendan comprendidos dentro del objeto social frente a tercero de buena fe que actuó sin culpa grave, aunque estuvieran excluidos por los estatutos. De esta forma, la sociedad siempre queda obligada por la actuación de los administradores en los términos dichos. Se respalda así la seguridad del tráfico en el sentido de que, al apoderar a un administrador, se crea la apariencia de que tendrá todas las facultades propias del objeto social; así, frente a tercero, esa apariencia debe ser hecha efectiva.
Ahora bien, aunque la limitación del poder no perjudica a tercero, si existe tal limitación y el administrador se extralimita, el tercero podrá exigir el cumplimiento del acto a la sociedad, pero luego ésta podrá repetir contra el administrador por haber infringido los límites del poder.
La gestión-representación corresponde al órgano de administración (RDGRN 31.10.1989). Solo a este órgano le compete el otorgamiento de poderes (RDGRN 13.10.1992). No se puede alterar el esquema legal del poder de representación (RDGRN 7.12.1993). El ámbito abarca el objeto social, los actos necesarios para su desarrollo y los actos “neutros” (RRDGRN 31.03.1986, 11.03.1992 y 10.05.1999 entre otros). Los actos realizados ultrapasando este objeto son nulos (STS 8.02.2007).
La reforma operada por la Ley 31/2014 ha realizado una nueva redacción de los arts. 225 a 232 LSC, relativos a los deberes de los administradores. Ahora la ley proclama dos deberes: el general de diligencia (con una regulación especial de cuándo existe diligencia en el ámbito de decisiones estratégicas y de negocio, art. 226) y el de lealtad, el cual incluye otros como el deber de secreto o el de evitar situaciones de conflicto de interés (además, el régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción es imperativo, con ciertos matices, art. 230 LSC). En este contexto, está aprobado un “código de conducta” no obligatorio, pensado sobre todo para sociedades que cotizan, y que busca “moralizar” la actuación de los administradores de las grandes compañías, con lo que favorece además la entrada de administradores expertos ajenos a los distintos grupos de accionistas.
No se puede suprimir el derecho del administrador de acceso a la documentación social (RDGRN 4.05.2005).
Prohibición de competencia: “La normativa legal se inspira en el daño que pueda sufrir la sociedad, el cual tiene que tratarse de un riesgo serio y consistente, que puede ser actual o potencial y no exige la demostración de un beneficio efectivo en otras empresas o en otras personas (STS de 12.06.2008). En consecuencia con esta doctrina, este tribunal ha declarado que el hecho de que en el momento de acordar la exclusión de la sociedad no fuera la administradora la recurrente, no excluye la aplicación del precepto, puesto que no exige la actualidad en el cargo (STS 26.01.2006) y se registran ejemplos en nuestra jurisprudencia que estiman acreditada una actuación de deslealtad cifrada en la prohibición de concurrencia por la constitución de una sociedad con idéntico objeto (SSTS 1.10.1986, 7.11.1986, 19.04.2004) considerada como acto de efectiva concurrencia «a pesar de que desgraciadamente, la sociedad constituida no pudo adjudicar ningún proyecto»(STS 6.03.2000), de donde se infiere que el daño que origina la actividad competitiva no se funda en su carácter actual y efectivo, sino en que sea real y consistente y se origine por una contraposición de intereses, valorada de acuerdo con las circunstancias del caso (STS de 28.06.1982). Hay que estimar que la doctrina recogida en estas sentencias, que responden a la línea jurisprudencial de las que son reflejo las citadas como contradichas por la parte recurrente, está en contradicción con la posición de la sentencia recurrida, en tanto se estima que la mera constitución de una sociedad con idéntico objeto no implica una actitud competitiva si no se demuestra que esta desarrolla una actividad efectiva y se ha disuelto con anterioridad a la presentación de la demanda, y no niega la existencia de la contraposición de intereses que el Juzgado de Primera Instancia estima probada. En resolución, procede fijar como doctrina jurisprudencial que la prohibición de competencia desleal que impone a los administradores el art. 65 LS. R. L. se infringe mediante la creación por parte de estos, sin la autorización expresa de la sociedad, de una sociedad con idéntico objeto, salvo que se demuestre, valorando las circunstancias, que no hay contraposición de intereses”.(STS 5.12.2008).
De acuerdo con el artículo 236 LSC, “los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales”. Esta responsabilidad es solidaria, excepto respecto a los administrado-res que no conocieron la actuación ilícita o hicieron lo posible por evitarla. La acción social de responsabilidad la regula el artículo 238 LSC. Tiene como finalidad que la sociedad no quede perjudicada por los actos negligentes o dolosos de los administradores. Son distintas las acciones que los socios y terceros perjudicados por esa actuación de los administradores pueden ejercitar contra éstos (la llamada acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC).
Los presupuestos de la responsabilidad son, a) una actuación negligente o contraria a la ley o a los estatutos (entre otros, SSTS 6.03.2003, 26.05.2004, 13.12.2004, 14.03.2008 y 14.03.2011), b) la existencia de un daño (SSTS 14.03.2008 y 14.03.2011), y c) la relación de causalidad entre aquella y este (SSTS, entre otros, 20.12.2002, 27.10.2006, 3.05.2007 y 20.07.2010).
La responsabilidad prescribe a los cuatro años (SSTS 11.11.2008 y 14.04.2009).
La responsabilidad es solidaria y no exime de la misma el desconocimiento de los hechos ni la existencia de poderes conferidos (SSTS 15.03.2002, 1.12.2008 y 29.07.2010). Si bien se ha considerado que exonera intentar evitar el daño (SSTS 14.03.2008 y 17.07.2009).
La acción social y la individual son acumulables entre sí y con la del art. 367 LSC (SSTS 22.12. 2006).
El tribunal no puede apreciar de oficio si se reúnen los requisitos del quórum (STS 11.04.2003). La legitimación de los socios es subsidiaria y la legitimación de los socios codemandantes persiste después de la dejación de la sociedad actora (SSTS 29.12.2000 y 30.11.2000).
Participa de la naturaleza de la culpa extracontractual (STS 17.07.2001) y de la norma no se deriva la solidaridad (STS 14.10.2010).
Se requiere un daño directo, no siendo suficiente la mera insolvencia que permitiría la acción del artículo 238 LSC pero no la del artículo 241 LSC (SSTS 27.11.2008, 14.03.2008, 23.10.2009, 1.06.2010 y 4.11.2010).
Se requiere negligencia o actuación contraria a la ley o a los estatutos por parte de los administradores (SSTS 23.07.2008, 4.07.2007, 3.05.2007, 30.12.2002, 23.07.2008, 1.06.2010, 17.07.2001, 9.11.2002, 14.10.2010, 30.03.2001, 7.062002, 30.03.2001, 30.11.2001, 9.06.2006, 11.11.2008 y 26.10.2007).
Relación de causalidad entre la acción de responsabilidad y el daño (SSTS 19.11.2001, 30.12.2002, 26.05.2006, 3.05.2007 y 12.02.2010).
Los administradores de la sociedad anónima pueden ser personas físicas o jurídicas (art. 212.1 LSC).
La estructura del órgano de administración puede consistir en un administrador único o en varios de ellos. Si los administradores son varios, su actuación puede ser de diferentes tipos:
a) cada administrador puede gozar de plenas facultades de gestión y representación (administradores solidarios);
b) pueden actuar por unanimidad (administradores mancomunados, cuyo tope legal es de dos);
c) pueden operar mediante acuerdos (consejo de administración). Si la administración se confía conjuntamente a más de dos personas, éstos obligatoriamente deben constituir el llamado “consejo de administración”, que toma las decisiones por mayoría de sus miembros presentes, siempre que a la reunión acudan, o estén representados, la mitad más uno de los componentes (arts. 247.2 y 248.1 LSC). El consejo puede delegar algunas de sus funciones en “comisiones ejecutivas”, o en uno o más “consejeros delegados”. El consejo adopta las decisiones por mayoría, lo cual facilita la gestión social. La LSC, por ello, impide el nombramiento de más de dos administradores conjuntos (piénsese, por ejemplo, en lo poco ágil que resultaría que siete administradores tuvieran que adoptar acuerdos por unanimidad).
El nuevo art. 249 bis LSC, añadido en la reforma operada por la Ley 31/2014, ha realizado una nueva regulación de qué materias no son delegables, añadiendo varias a las que ya antes contenía la ley.
1. Sistema proporcional
En la S. A. las acciones que voluntariamente se agrupen, hasta constituir una cifra del capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número de componentes del consejo, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. En el supuesto de que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes componentes del consejo (art. 243 LSC).
“El ejercicio del derecho reconocido requiere inequívocamente dos presupuestos para su ejercicio: la determinación precisa del número de miembros que tiene que integrar el consejo de administración y la existencia de vacantes en este consejo. Ahora bien, en el caso debatido no hay ninguna vacante a cubrir. Por un lado, no se ha acordado el cese de los miembros del consejo de administración hasta ahora vigente, los cuales, por lo tan-to, continúan en sus cargos hasta que transcurra el plazo de vigencia de sus respectivos nombramientos o la junta acuerde efectivamente su cese. Por otra, no pueden considerar vacantes las tres plazas de diferencia entre los siete miembros con los que hasta ahora ha funcionado el consejo y los diez que como máximo permiten los estatutos. En este caso, como la determinación del número de administradores corresponde a la junta, cuando los estatutos señalan únicamente el límite mínimo y el máximo, hará falta un acuerdo específico de aquella elevando al límite superior el número de miembros que de ahora en adelante corresponderán del consejo para entender que hay tres vacantes que pueden cubrir por la vía del 137 LSA y sin que nada pueda deducir del hecho de que la ampliación del número de miembros del Consejo ─dentro de los límites estatutarios─ no necesite siempre acuerdo específico previo, sino que pueda resultar igualmente de la designación por la junta de un número superior de consejeros respecto a los que integraban actual-mente el órgano de administración” (RDGRN 7.04.1992).
No se puede crear una clase de participaciones que dé derecho a nombrar un administrador (RDGRN 15.09.2008).
Nota. En caso de ser nombrado ad-ministrador una persona jurídica, esta tiene que designar a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. La revocación de su representan-te por la persona jurídica ad-ministradora no produce efecto hasta que no se designe a la persona que lo sustituya. Esta designación se tiene que inscribir en el Registro Mercantil (art. 212 bis LSC).
No hay ninguna distinción respecto al cese de los consejeros ordinarios y los elegidos por el sistema proporcional (STS 2.07.2008). Este sistema solo rige cuando se trata de designación pluripersonal de más de dos administradores (STS 28.03.2011). Este régimen se puede aplicar a la S. R. L. (RRDGRN 6.03.2009).
2. Cooptación
En la S. A. si durante el plazo para el cual fueron nombrados los administradores se producen vacantes sin que existieran suplentes, el consejo podrá designar entre los accionistas a las personas que las tengan que ocupar hasta que se reúna la primera junta general (art. 244 LSC).
No se puede considerar válidamente efectuada la designación de administradores por el sistema de cooptación cuando el número de los componentes del consejo de administración que quedan y hacen la elección no llega a la mitad más uno (RDGRN 14.02.1997).
“Son diferentes la delegación –que solo cabe dentro del consejo de administración y tiene lugar a favor de miembros del propio órgano administrativo─ y el apoderamiento que se puede conferir a cualquier persona” (RDGRN 16.07.1984). Aquella es una representación orgánica y esta tiene su origen en una relación contractual de mandato (RDGRN 4.03.1985).
La reelección del consejero extingue la delegación de facultades (RDGRN 14.03.1997).
No se puede delegar la retribución de los altos cargos ni de los administradores (RDGRN 15.04.2002 y STS 19.09.1986), ni la modificación de estatutos (STS 19.09.1986).
La posibilidad de delegación de la convocatoria de la junta admitida por las RRDGRN 11.03.1999, 22.11.1999 y recientemente 8.03.2005, que permite la delegación en el presidente del consejo y exige que sea expresa) ha sido negada por la jurisprudencia (STS 14.03.2005).
4. Certificación de los acuerdos del consejo de administración
En la certificación tiene que constar el nombre de los miembros del consejo que concurrieron (RRDGRN 10.06.1991, 12.06.1991 y 17.10.1991).
5. Impugnación de acuerdos del consejo de administración
Los administradores podrán impugnar los acuerdos nulos y anulables del consejo de ad-ministración, o de cualquiera otro órgano colegiado de administración, en el plazo de treinta días desde que se adopten. Igualmente, pueden impugnar estos acuerdos los socios que representen un cinco por ciento del capital social, en el plazo de treinta días desde que tengan conocimiento de los mismos y siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción. La impugnación se tramitará conforme a lo que establece para la impugnación de los acuerdos de la junta general, con la particularidad de que, en este caso, también procederá por infracción del reglamento del consejo de administración (art. 251 LSC).
La impugnación solo se prevé por los acuerdos del consejo, no por los del administrador único (STS 30.11.1999).
La legitimación se refiere al momento en que se presenta la demanda (STS 7.07.2003).
Los administradores tienen la obligación de formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado (art. 253.1 LSC). Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y una memoria. Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad (art. 254 LSC). Las cuentas anuales deben ser aprobadas por la junta general y depositadas en el Registro Mercantil (arts. 272 y 279 LSC).
Nota. Cualquier persona puede obtener información del Registro Mercantil de todos los documentos depositados en él (art. 281 LSC).
El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias deben seguir la estructura y reglas de valoración de las partidas de los artículos 35 y siguientes del Código de comercio.
Las sociedades de menor tamaño pueden presentar balance abreviado, en el que no tienen que desglosar con detalle cada una de las partidas si durante dos años consecutivos a la fecha de cierre del ejercicio concurren, al menos, dos de las circunstancias siguientes: el total de las partidas del activo no supera los 4.000.000 euros; la cifra anual de negocios no supera los 8.000.000 euros; y el número medio de trabajadores empleados no supera los cincuenta (art. 257 LSC). Cuando la sociedad pueda formular balance abreviado: a) el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios (art. 257.3 LSC), b) podrá formular memoria abreviada (art. 261 LSC), y c) no será obligatorio el informe de gestión (art. 262.3 LSC).
Las sociedades pierden esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias señaladas. Y, en el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias.
La verificación de las cuentas anuales corresponde a los auditores de cuentas. El auditor se nombra por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un periodo de tiempo inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar. La junta puede designar a una o varias personas físicas o jurídicas que actuarán conjuntamente. Cuando los designados sean personas físicas, la junta debe nombrar tantos suplentes como auditores titulares y no podrá revocar al auditor antes de que finalice el periodo inicial para el que fue nombrado, o antes de que finalice cada uno de los trabajos para los que fue con-tratado una vez finalizado el periodo inicial, a no ser que medie justa causa. En este contexto, cualquier cláusula contractual que limite el nombramiento de determinadas categorías o listas de auditores legales o sociedades de auditoría, será nula de pleno derecho (art. 264 LSC). Si la junta general no nombra al auditor antes de que finalice el ejercicio a auditar, debiendo hacerlo, o la persona nombrada no acepta el cargo o no puede cumplir sus funciones, los administradores y cualquier socio pueden solicitar del registrador mercantil del domicilio social la designación de la persona o personas que deban realizar la auditoría. En las sociedades anónimas, la solicitud puede hacerla también por el comisario del sindicato de obligacionistas (art. 265 LSC).
Quedan exceptuadas de esta obligación de auditar las cuentas las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de estas circunstancias: el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros; el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros, y el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. En estos casos, los accionistas que representen un 5% del capital pueden pedir al registrador mercantil el nombramiento de auditores para un ejercicio social. De esta forma se permite la claridad en las cuentas incluso en sociedades que, por su escaso volumen, no estén obligadas a ello.
Las funciones de los auditores de cuentas son las de comprobar que las cuentas anuales ofrecen una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio (art. 268 LSC). Para ello realizan un informe que contiene las observaciones sobre las cuentas presentadas por los administradores.
La sociedad anónima está obligada a realizar una reserva legal. Esto significa que una parte de los beneficios del ejercicio (un 10% hasta alcanzar como mínimo el 20% del capital social) debe reservarse obligatoriamente, sin que se pueda disponer de ese dinero más que para compensar pérdidas si no hay otras reservas disponibles (porque las haya constituido voluntariamente la sociedad) suficientes (art. 274 LSC). De esa forma, la sociedad dispone siempre de una cantidad líquida de cara a asegurar mayor solvencia frente a los acreedores, pues ese dinero sólo puede ser utilizado para cubrir pérdidas. Además, la junta puede acordar también destinar otras partes del beneficio a reservas voluntarias.
El reparto de dividendos a los accionistas sólo puede hacerse con cargo al beneficio neto del ejercicio o a reservas de libre disposición, y es preciso que el valor del patrimonio no sea, ni quede con el reparto, inferior al capital social (art. 273.2 LSC).
De forma que sólo una sociedad solvente puede repartir beneficios, pues si no se obligara a ello, una sociedad insolvente podría perjudicar a los acreedores al repartir beneficios del año sin enjugar pérdidas de años anteriores.
La formulación de las cuentas se tiene que efectuar a pesar de que exista disputa sobre la aprobación de ejercicios anteriores (STS 29.11.1983). Esta formulación no supone un acuerdo del Consejo susceptible de impugnación (STS 5.07.2002). El incumplimiento del plazo para la formulación no provoca por sí mismo la nulidad del acuerdo aprobatorio de la junta general (SSTS 16.10.1973, 19.05.1983 y 5.07.1986).
El principio de imagen fiel se aprecia por el juzgador y puede llegar a esta convicción mediante un dictamen pericial (STS 23.10.1999 y 21.07.2010). Se infringe el principio de prudencia valorativa cuando se estiman como irreversibles las pérdidas derivadas del pago de unos arbitrios, cuya validez o legalidad se estaban cuestionando judicialmente (STS 1.07.1996).
No puede sustituirlo un documento de cuenta de resultados (STS 12.05.1982).
3. Balance abreviado
Superando dos de los límites legales para su formulación, la sociedad no lo puede formular, sin perjuicio de que lo pueda hacer si en el siguiente ejercicio cumple los límites legales (RDGRN 1.06.2011).
No sustituye el balance ni es documento contable (STS 30.09.2002), y tiene que contener todas las menciones que prevé el art. 260 LSC (RDGRN 8.07.1994).
El informe de auditoría es obligatorio y su carencia o la omisión de puntos importantes provoca la nulidad del acuerdo de la junta de aprobación de las cuentas anuales (SSTS 11.11.1998).
El derecho al reparto de beneficios y el derecho al dividendo es un derecho abstracto que se concreta con el acuerdo de la junta (SSTS 10.10.1996 y 26.05.2005).
El límite del reparto por la junta es lógico que incluya, junto con el capital, la reserva legal en el porcentaje legalmente exigido a la hora de computar el posible excedente de patrimonio neto que quede de libre disposición. En definitiva, la libre disponibilidad de las reservas (RRDGRN 18.12.2010). Es importante con este fin la exactitud del balance (STS 25.10.2005).
En la S. A. la distribución de dividendos de las acciones ordinarias se hará en proporción al capital desembolsado (art. 275.1 LSC). No supone desigualdad el hecho de que los socios tengan derecho a un descuento en las compras que efectúan en función del volumen de pedidos (STS 10.11.1986).
7. Cierre registral por falta de depósito de las cuentas
Cuando no procede es si se incumple la obligación de depósito, no si las cuentas no se aprobaron o formularon (RRDGRN 13.07.1001). Para enervar el cierre registral solo es necesario que se depositen las cuentas de los tres últimos ejercicios (RDGRN 3.10.2005).
La modificación de los estatutos implica un cambio, de más o menos transcendencia, de las normas que hasta entonces regían la sociedad, y por ello se rodea de una serie de cautelas. Cualquier modificación requiere un informe de los administradores o, en su caso, de los accionistas autores de la propuesta, justificar la modificación y que en la convocatoria de la junta se hagan constar con claridad los extremos que modificar y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (arts. 286 y 287 LSC). Además, los quórums de constitución requeridos son más elevados que los de los acuerdos ordinarios (rige en lo dispuesto en los arts. 194 y 201 LSC). La LSC regula una serie de supuestos especiales de modificación en los artículos 291 y ss. y en otros puntos de su articulado.
La modificación de los estatutos es competencia de la junta general (RDGRN 13.02.1995 y STS 19.09.1986). El informe de los administradores no hace falta que sea detallado pero no puede ser genérico (STS 16.02.2007).
Así, requieren el consentimiento de los interesados las modificaciones que supongan nuevas obligaciones para los accionistas y la creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias. Cuando la modificación consista en restringir o condicionar la transmisibilidad de las acciones nominativas, los accionistas afectados que no hayan votado a favor de tal acuerdo no quedan sometidos a él durante un plazo de tres meses, contados desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Para que sea válida una modificación estatutaria que lesione directa o indirectamente los derechos de una clase de acciones, será preciso que haya sido acordada por la junta general y por la mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada. Cuando sean varias las clases afectadas, será necesario el acuerdo separado de cada una de ellas. Por último, salvo disposición en contra de los estatutos, el cambio de domicilio social, consistente en su traslado dentro del mismo término municipal, no exigirá el acuerdo de la junta general y puede ser acordado por los administradores de la sociedad.
Nota. Cualquier modificación de los estatutos es competencia de la junta general (art. 285 LSC).
Un aumento de capital con nuevas aportaciones por los socios obligados para que la sociedad no caiga en causa de disolución no requiere el consentimiento de los socios (STS 14.09.2007). No es un supuesto de modificación que afecte a una clase de acciones el de elevación del valor nominal de las acciones con relación a los socios que votan en contra (RDGRN 15.11.1995). La autocartera no determina la existencia de dos clases de acciones (RDGRN 9.01.1998). El acuerdo de reducción de capital social con amortización de solo las acciones pertenecientes a tres socios es discriminatorio y afecta a la posición jurídica de los socios que salen (RDGRN 1.1.1999).
En cualquier caso, la modificación más importante corresponde a la del capital, ya que, como hemos señalado, es la garantía teórica de la sociedad; por eso, su cambio incide de manera especial sobre los accionistas y los propios acreedores.
Para aumentar el capital se pueden emitir nuevas acciones, o bien elevar el valor nominal de las ya existentes (art. 295.1 LSC). En cualquier caso, el número de acciones multiplicado por su valor nominal debe ser igual a la cifra de capital.
En el caso de que se emitan nuevas acciones, como ya vimos, los socios tienen preferencia para adquirirlas, y sólo las no adquiridas por ellos pueden ser adquiridas por terceros no socios. Por ello, el socio puede adquirir la acción (desembolsándola) o vender su derecho de suscripción preferente a un tercero no socio o a un socio que quiera adquirir más acciones de las que proporcionalmente le correspondan (serán éstos quienes las desembolsen). De forma que este derecho tiene, en ese sentido, un valor político y un valor económico.
El derecho de suscripción preferente se suprime cuando el aumento de capital se debe a la conversión de obligaciones en acciones, a la absorción por otra sociedad o a la asunción de un patrimonio escindido de otra. También si lo acuerda la junta general por el interés de la sociedad (art. 308.1 LSC; por ejemplo, porque se quiere que entre como socio un empresario importante).
El contravalor de esas acciones puede tener una triple procedencia: nuevas aportaciones, transformación de beneficios, o reservas disponibles, y compensación de créditos. En el primer caso, el aumento de capital supone un correlativo aumento del patrimonio (aumento efectivo). En los otros dos casos, no; por ello se habla de aumento nominal del capital.
En estos casos, el incremento de capital no se corresponde con un incremento real del patrimonio, pues eran cantidades que ya poseía la sociedad (porque las reservó, las ganó o las recibió prestadas), aunque en concepto contable y jurídico distinto al de aportación social. El caso más típico de incremento de capital por compensación de créditos es el que tiene lugar en el supuesto de obligaciones convertibles cuando el titular de tales obligaciones decide convertirlas en acciones.
Los estatutos de la sociedad profesional de capital podrán excluir el derecho de preferencia en determinados casos de aumento de capital pero no pueden excluir per se la posibilidad de aumentar el capital, dado que se trata de una competencia de la junta general (RDGRN 24.07.2009).
La ley permite que la junta general delegue en los administradores la elección de las fechas en que se deba ejecutar un acuerdo de aumento ya tomado por la misma, o bien la posibilidad de que los administradores tomen tal acuerdo. (art. 297 LSC).
No se puede llevar a cabo un acuerdo de aumento inferior al acordado por la junta en caso de suscripción incompleta de las acciones emitidas (RDGRN 4.10.2000).
La supresión del derecho de suscripción preferente está limitado a la suscripción de participaciones a título oneroso, nunca se puede limitar ni estatutariamente ni por acuerdo de la junta el derecho a la asignación gratuita (RRDGRN 23.07.2003, 4.12.2003 y 9.12.2003). La devolución de las aportaciones en el caso de suscripción incompleta no genera la nulidad del acuerdo, es la consecuencia del carácter incompleto (STS 24.01.2008). Los administradores tienen el deber de restituir y el incumplimiento genera responsabilidad (STS 6.03.2006). Un supuesto de devolución del capital aportado al no haberse realizado la ampliación de capital se puede encontrar en la STS 12.04.2006.
El artículo 316 LSC recoge el derecho de restitución de las aportaciones una vez transcurridos seis meses desde la apertura del plazo para ejercer el derecho de preferencia sin que se hubiera presentado en el registro los documentos acreditativos de la ejecución del aumento.
A este segundo supuesto se le llama capital autorizado. Está justificado porque los administradores tienen más libertad para actuar en la ocasión propicia para el aumento, mientras que la actuación de la junta siempre es mucho más lenta (convocatoria, asistencia, deliberación, etc.) y se presta menos a poder aprovechar coyunturas favorables. Como supone permitir a los administradores un cambio importante en la estructura de la sociedad, tiene una serie de límites relativos a la cuantía y al tiempo en que puede ejercerse: el plazo para el ejercicio de esta facultad delegada no podrá exceder de un año, excepto en el caso de conversión de obligaciones en acciones. Los aumentos no podrán ser superiores, en ningún caso, a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años, que se contará desde el día del acuerdo de la junta.
En el caso de que no se suscriban totalmente todas las acciones emitidas para el aumento, éste queda sin efecto, salvo que la junta donde se acordó hubiera decidido que valdría el aumento parcial hasta donde alcanzaran las suscripciones.
Y si queda sin efecto el aumento, los administradores lo publicarán en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y, dentro del mes siguiente a cuando hubiera finalizado el plazo de suscripción, restituirán a los suscriptores o consignarán a su nombre en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos las aportaciones realizadas (art. 311 LSC).
Las razones que pueden motivar una reducción del capital son básicamente dos. La primera, que la sociedad esté sobrecapitalizada, esto es, que no necesite tanto capital para el ejercicio adecuado de su actividad social. Entonces, lo lógico es que lo reduzca, para así devolver aportaciones a los socios que no son necesarias, o para constituir o incrementar con el excedente reservas voluntarias, de modo que se aseguren una mayor liquidez. La segunda, que el patrimonio sea mucho menor que el capital social; en tal caso, la apariencia de solvencia de la sociedad no se corresponde con la realidad de la misma.
“La reducción del capital puede tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias o la devolución del valor de las aportaciones. En las sociedades anónimas, la reducción del capital puede tener también por finalidad la condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes.” (art. 317.1 LSC)
En los anuncios del acuerdo de reducción se tiene que hacer constar la suma que, en su caso, se tiene que abonar a los accionistas (RDGRN 30.10.1998). La publicidad del acuerdo es obligatoria a pesar de no existir derecho de oposición de los acreedores (RRDGRN 8.06.1995, 1.10.2004).
La reducción por pérdidas requiere del quórum especial (RDGRN 8.05.1998), y permite dejar a la sociedad con pérdidas si bien por encima de los dos tercios (RDGRN 3.03.1983). Se puede acordar sin tener que esperar el transcurso de un ejercicio social sin recuperar el patrimonio (STS 23.12.1996). Se necesita un balance que acredite la existencia de pérdidas (RRDGRN 17.04.2000 y 1.03.2007). El único límite de la reducción es el capital social mínimo (STS 9.11.2007).
La LSC obliga a reducir capital cuando el patrimonio haya quedado reducido por debajo de los dos tercios de la cifra de capital y haya pasado un ejercicio social sin recuperarse la diferencia (art. 327).
La reducción puede llevarse a cabo disminuyendo el valor nominal de las acciones amortizando o agrupando el número preciso de ellas (art. 317.2 LSC).
En esta materia, el aspecto más importante es el derecho de oposición de los acreedores. A ellos no les resulta indiferente la reducción, pues puede suponer que la sociedad devuelva cantidades a los socios y, por lo tanto, se empobrezca, con lo cual tiene un patrimonio menor contra el que poder actuar para satisfacer su crédito. Si los acreedores se oponen, para poder realizar la reducción, la sociedad debe garantizarles su deuda.
Pueden oponerse en el plazo de un mes los acreedores cuyo crédito haya nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción y no esté adecuadamente garantizado. (art. 334.1 LSC).
No se puede oponer quien no es actualmente acreedor (STS 26.05.1987) y para poder inscribir el acuerdo, hay que realizar una declaración del ejercicio o falta de ejercicio del derecho de oposición de los acreedores (RDGRN 9.05.1998).
Este derecho de oposición no opera cuando en la reducción no existe el peligro señala-do de devolución de cantidades a los socios. Así, cuando se reduce para restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital (pues el empobrecimiento ya existe; no lo causa la reducción), cuando la reducción tiene como fin constituir o incrementar la reserva legal (pues no supone empobrecimiento; la reserva legal, además es indisponible salvo para enjugar pérdidas) y cuando se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de amortización de acciones adquiridas por la sociedad a título gratuito (art. 335 LSC).
Amortizar la acción significa destruirla reduciendo el capital en proporción.
Nota. Agrupar significa canjear varias acciones por una nueva.
El acuerdo de reducción de capital social a cero o por debajo de la cifra mínima legal solo se podrá adoptar cuando simultáneamente se acuerde la transformación de la sociedad o el aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a esta cifra mínima. En todo caso, se tiene que respetar el derecho de asunción o de suscripción preferente de los socios (art. 343 LSC).
La operación acordeón no exige el consentimiento individual de los socios (RDGRN 19.05.1995). La expresión “en todo caso” del artículo 343 LSC) se circunscribe al supuesto de reducción y aumento simultáneos (STS 27.03.2009). En la convocatoria se tiene que expresar con claridad el alcance del acuerdo (RDGRN 30.07.2001). En caso de reducción y aumento simultáneo, no hay que publicar los anuncios de reducción (RDGRN 28.04.1994). No existe derecho de oposición de los acreedores (RDGRN 16.01.1995). Hay que acompañar un balance acreditativo de las pérdidas excepto que se adopte unánimemente (RRDGRN 23.02.2000 y 2.03.2011).
Régimen especial de la sociedad cotizada
La LSC incorporó en el título XIV la regulación de la sociedad anónima que cotiza en un mercado oficial de valores contenida hasta entonces en el título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores. El régimen de las sociedades cotizadas se halla contenido, por una parte en la LSC, y por la otra en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (TRLMV), que contiene la regulación de la vertiente financiera de este tipo de sociedades, presidida por el principio de transparencia para asegurar el buen funcionamiento de los mercados y la protección al inversor. Las especialidades del régimen de estas sociedades son consecuencia del gran número de socios que tienen y de la importancia económica que supone su actividad, lo que requiere mayor control y mayor información a los socios y al mercado acerca de ellas. Además, los administradores tienen también deberes especiales dirigidos a asegurar su actuación imparcial. La Ley 31/2014 ha modificado en varios aspectos el régimen de la sociedad cotizada. Entre otras cuestiones, para ejercer los derechos de minoría se fija la titularidad del tres por ciento del capital, y el número máximo de acciones que cabe exigir para acudir a la junta es de mil; el plazo para ejercitar el derecho de información se extiende a cinco días antes de la celebración de la junta; se regula la figura y funciones del presidente y del secretario del consejo de administración; se prevé la posibilidad de creación de comisiones especializadas en el consejo, y, por último, se exige la aprobación por la junta general de una política de remuneraciones de los administradores.
La sociedad cotizada debe aprobar un reglamento específico para la junta general, que contemple las materias que atañen a la misma (art. 512 LSC). El consejo de administración también debe dictar un reglamento de normas de régimen interno y funcionamiento del mismo (art. 528 LSC). Estos reglamentos se comunican a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se inscriben en el Registro Mercantil, por lo que son objeto de la publicidad registral. Por otro lado, si un administrador solicita ser representante de los socios para ejercer su derecho de voto en la junta general, no podrá actuar como tal representante en aquellos puntos del orden del día que tengan que ver con el propio administrador (art. 526.1 LSC); y además deben someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas y hacer público y difundir el informe financiero anual y el informe de auditoría de las cuentas anuales (art. 118 TRLMV). Se pretende así dar transparencia a la actuación de la sociedad y hacer públicos los hechos relevantes. A ello se une que toda sociedad cotizada debe disponer de una página web para atender el ejercicio del derecho de información del socio y para difundir información relevante (art. 539.2 LSC).
Por otro lado, desde 1998, las sociedades cotizadas pueden emitir acciones rescatables; que son aquellas que pueden ser rescatadas (esto es, destruidas o amortizadas, con la consiguiente reducción de capital) a voluntad de la sociedad, del titular de las mismas o de ambos (arts. 500 y 501 LSC).
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dio nueva redacción al art. 497 de LSC, precepto que obliga a las entidades que han de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, a comunicar a la sociedad emisora, en cualquier momento que lo solicite, los datos necesarios para la identificación de los accionistas, incluidas las direcciones y medios de contacto de que dispongan, para permitir la comunicación con aquellos.
La sociedad anónima europea, regulada por el Reglamento (CE) número 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre del 2001, es una anónima que opera en varios países comunitarios y se rige por el reglamento comunitario mencionado y por el derecho de sociedades anónimas del país comunitario donde esté domiciliada. La LSC la regula en el Título XIII (arts. 455 a 494) que se complementa con la ley que regula la implicación de los trabajadores en la sociedad europea (Ley 31/2006, de 18 de octubre).
“La sociedad anónima europea (SE) que tenga su domicilio en España se regirá por lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre del 2001, por las disposiciones de este título y por la ley que regula la implicación de los trabajado-res en las sociedades anónimas europeas” (art. 455 LSC). “La sociedad anónima europea deberá fijar su domicilio en España cuando su administración central se halle dentro del territorio español” (art. 458 LSC). “La creación de este tipo social se engloba dentro de la acción de las instituciones comunitarias dirigida a la consecución del mercado interior y a la mejora de la situación económica y social; lo que requiere, además de la eliminación de los obstáculos a los intercambios, una reestructuración de las estructuras de producción en la Unión Europea. Para ello, se considera indispensable que las empresas, cuya actividad no se limite a satisfacer necesidades puramente locales, puedan concebir y llevar a cabo la reorganización de sus actividades a escala comunitaria” (Cdo 1 Reglamento (CE) núm. 2157/2001).
Nota. La mayor peculiaridad, posiblemente, la supone la regulación relativa a los “órganos sociales”. De acuerdo con el reglamento comunitario, la ley permite configurar al órgano administrativo como “monista” (el modelo tradicional español) o “dualista” (diferencia la “dirección” y el “consejo de control”). En el modelo dualista la gestión y la representación de la sociedad corresponde a la dirección; mientras que el consejo de control, que se rige fundamentalmente por las reglas del Consejo de Administración de la LSC (art. 485 LSC) realiza una labor de control o supervisión de la dirección y puede acordar que determinadas operaciones de la dirección se sometan a su autorización previa (art. 489 LSC). En este sistema dual, la convocatoria de la junta general corresponde a la dirección (art. 492.1 LSC).
Sociedad anónima europea constituida mediante holding (art. 471 LSC)
“No obstante, se tiene que entender que la publicación cuestionada ─que es competencia de los respectivos registros nacionales de las sociedades implicadas en el proceso─ tiene que ser previa a la finalización del proceso de constitución de la sociedad holding, como lo demuestra el hecho de que, en el mismo artículo 33 del reglamento comunitario, se establece un plazo adicional de un mes para que los socios no asistentes a las juntas puedan aportar sus acciones o participaciones para recibir a cambio acciones de la S. E. creada. Ni la Ley de Sociedades Anónimas, ni el Reglamento del Registro Mercantil prevén, después de sus respectivas reformas, ningún trámite para dar publicidad al hecho del cumplimiento de los requisitos necesarios para la constitución de la S. E., pero el registrador mercantil no puede condicionar esta publicación a la efectiva constitución e inscripción de la S. E. en el registro del domicilio, puesto que esta inscripción es el corolario o consecuencia del proceso constitutivo llevado a cabo por las sociedades implicadas en sus respectivos registros. Así se desprende de la lectura y exégesis del artículo 3 de la Directiva 68/151/CEE (Primera Directiva de 9 de marzo de 1968), según la cual «todos los actos y todas las indicaciones que se sometan a publicidad en virtud del artículo 2 se incluirán en el expediente o se transcribirán en el registro». Publicado el acuerdo y transcurrido el segundo plazo (un mes desde la discutida publicación, como establece el segundo párrafo del artículo 33.3 del Reglamento comunitario), se podrá inscribir en el Registro Mercantil la S. E. holding, una vez se haya acreditado el otorgamiento del correspondiente título constitutivo. Esta dirección general ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación del registrador” (RDGRN 22.01.2008).
Nota. Las sociedades cotizadas no pueden formular cuentas abreviadas (art. 536 LSC) sea cual sea el Estado miembro de la Unión Europea donde tengan admitidos sus valores en un mercado regulado.
El capital suscrito no podrá ser inferior a 120.000 euros (art. 4.2 Reglamento (CE) núm. 2157/2001).
El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital incorporó la regulación que para la sociedad comanditaria por acciones contenía el Código de Comercio en los artículos 151 a 157. En esta sociedad, el capital está dividido en acciones y se integra por las aportaciones de todos los socios, lo cual la asemeja mucho a la sociedad anónima, pero a diferencia de ésta, uno de los socios, al menos, responde personalmente de las deudas sociales como socio colectivo (art. 1.4 LSC). En la práctica es muy infrecuente utilizar este tipo social.
Podrá utilizarse una razón social con el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno sólo, o bien una denominación objetiva, con la necesaria indicación de sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S. Com. por A. (art. 6.3 LSC). Una denominación objetiva es la que hace referencia al objeto social de la sociedad.
La peculiaridad de este tipo social radica en que a los administradores, por el mero hecho de serlo, se les trata como socios colectivos. Así, deberá figurar su nombre en los estatutos sociales; y, desde que aceptan el nombramiento hasta el momento de la publicación en el BORME de la inscripción de su cese, responden de las deudas sociales de forma personal, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. La separación del cargo de administrador requiere la modificación de los estatutos sociales, y, si ésta tiene lugar sin justa causa, el socio tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios (art. 252.2 LSC). Los socios no gestores son socios comanditarios.
La presencia de los socios gestores (colectivos) supone la aplicación de normas especiales en relación con el régimen general de la sociedad anónima. Así, si bien la modificación de estatutos se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido para la SA, cuando ésta consista en el nombramiento de administradores, la modificación del régimen de administración, el cambio del objeto social o la continuación de la sociedad más allá del término previsto en los estatutos, el acuerdo requiere, además, el consentimiento expreso de todos los socios colectivos (art. 294 LSC). Y cuando el acuerdo tenga por objeto la separación de un administrador, el socio afectado deberá abstenerse de participar en la votación (art. 254.4 LSC).
Nota. La sociedad comanditaria por acciones se rige en lo no previsto para este tipo social, por lo establecido en el propio LSC para las sociedades anónimas (art. 3.2 LSC).
En materia de causas de disolución, además de por las previstas para la SA, la sociedad comanditaria por acciones se disolverá también por fallecimiento, cese, incapacidad o apertura de la fase de liquidación en el concurso de todos los socios colectivos, salvo que, en el plazo de seis meses y mediante modificación de los estatutos, se incorpore algún socio colectivo o se acuerde la transformación de la sociedad en otro tipo social (art. 363.3 LSC).
La sociedad comanditaria por acciones es una figura extraña que hubo que incorporar por el Derecho comunitario. Podría parecer un híbrido entre la comanditaria (coexistencia de socios colectivos —subsidiariamente responsables de las deudas sociales— y comanditarios) y la anónima (división del capital en acciones). No obstante, su configuración legal es la de una “anónima especial”, dado que los administradores responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales. Todo el régimen es el de la anónima, salvo en ese aspecto de la responsabilidad del administrador que condiciona el régimen legal pero sólo en unos aspectos muy concretos. En la realidad societaria española se trata de una figura totalmente excepcional, que aporta muy poca utilidad en el conjunto de formas sociales. Como se ha señalado, en el año 2014 no se constituyó ninguna.
De cara conseguir recursos, las sociedades de capital (art. 401.1 LSC) pueden, en lugar de pedir un préstamo a un banco o aumentar el capital social contra aportaciones de los socios, emitir obligaciones, lo cual no supone sacrificio para los socios. Las obligaciones, también denominadas bonos, son valores emitidos en masa por la sociedad y que representan partes alícuotas de un crédito que sus titulares tienen ante la sociedad. Este crédito se fracciona en tantas partes iguales como obligaciones pertenecientes a la misma emisión haya, y tienen el carácter de valores negociables que otorgan a sus titulares el derecho a recibir los intereses pactados y el reembolso del principal a su vencimiento.
Nota. En la redacción original de la LSC y en la tradición del derecho societario español, las sociedades de responsabilidad limitada no podían emitir obligaciones; pero esta diferencia estructural ha desaparecido con la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, que busca, entre otros objetivos, que las sociedades puedan acudir a financiarse a los mercados de capitales, evitando la excesiva dependencia que en España existe de la financiación bancaria (a diferencia de otros países, como los Estados Unidos).
Las obligaciones constituyen un préstamo o mutuo (SSTS 4.01.1962, y 4.03.1984). La emisión de obligaciones es una oferta negocial única dirigida a una pluralidad de personas, esta es la razón del fraccionamiento en valores homogéneos integrantes de una misma serie (RDGRN 5.11.1990).
Las obligaciones pueden ser de varias clases. Así, en función de su ley de circulación, se puede hablar de obligaciones nominativas y obligaciones al portador (art. 412.2 LSC). También se puede distinguir entre obligaciones con prima y sin prima, en función de si el precio o valor de reembolso coincide con su valor nominal o de emisión, o es superior porque se busca compensar al obligacionista por la pérdida de poder adquisitivo que provoca la aplicación del principio nominalista por el efecto combinado de la inflación y del largo plazo de este tipo de financiación.
En función del grado de prelación del crédito, se puede distinguir entre obligaciones garantizadas, obligaciones ordinarias y obligaciones subordinadas. Las garantizadas cuentan con alguna garantía adicional al patrimonio de la sociedad emisora, siendo las más habituales las garantías reales (hipoteca mobiliaria o inmobiliaria y prenda con o sin desplazamiento) y el aval solidario de la entidad de crédito (art. 404.1 LSC). Las ordinarias son las que solo cuentan con este patrimonio social como cualquier otro acreedor común y las subordinadas son las que, a efectos de prelación de créditos, se sitúan detrás de todos los acreedores comunes, y se suelen emitir principalmente por entidades de crédito.
Teniendo en cuenta que a su vencimiento se prevea sólo su amortización – mediante el reembolso del principal– o también la entrega o suscripción de otro activo financiero, distinguimos entre obligaciones simples y obligaciones convertibles o cambiables. Las simples son las que, como cualquier otro crédito, se prevé su extinción mediante la devolución del principal. Las cambiables son las que prevén su amortización mediante la entrega de acciones ya emitidas por la sociedad emisora de las obligaciones (acciones propias) o por otra diferente con la que tiene algún tipo de vinculación (del mismo grupo, por ejemplo). Las convertibles son aquellas en que, desde su emisión, se prevé la posibilidad de su conversión en acciones que emitirá la misma sociedad y suscribirán los obligacionistas al amortizar sus obligaciones, acordando para ello el correspondiente aumento de capital (art. 414.1 LSC).
Dado que las obligaciones convertibles aproximan mucho la posición del obligacionista a la del accionista, son objeto de regulación detallada en los arts. 414 y ss LSC, especialmente para impedir que la sociedad pueda adoptar acuerdos perjudiciales para los obligacionistas en orden a su posterior conversión en accionistas (dilución mediante aumentos o reducciones de capital) y para poder evitar que se puedan eludir los principios ordenadores del capital social (el art. 415 LSC prohíbe su emisión por una cifra inferior a su valor nominal e impide su conversión en acciones cuando su valor nominal sea inferior al de estas). Es tan cercana su caracterización a la de las acciones que la misma LMV establece que estas obligaciones tendrán, a los efectos de esta Ley, la consideración de valores participativos –como las acciones– y no la de meras obligaciones o valores de renta fija (art. 26.2 y 30 ter TRLMV).
Salvo disposición en contra de los estatutos, y con la excepción de que se trate de emisión de obligaciones convertibles o de obligaciones que atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales (en cuyo caso la competencia corresponde a la junta general), la competencia para acordar la emisión corresponde al órgano de administración (art. 406 LSC, en su nueva redacción por la Ley 5/2015). Con ello se le da el trato de una forma más de endeudamiento que puede llevar a cabo el órgano gestor.
Nota. El volumen total de emisiones es relativamente bajo. De acuerdo con la estadística mercantil del Colegio de registradores, en 2010 se realizaron 66 emisiones por sociedades anónimas y 18 por otras formas sociales (que no son sociedades limitadas); en 2011 y 2012 sólo realizaron emisiones las sociedades anónimas, 64 en 2011 y 77 en 2012. El volumen suscrito fue de 28.479 millones de euros en 2010, 27.541 millones de euros en 2011 y 68.442 millones de euros en 2012. Para 2014 sólo se expresa el número de emisiones, y no el volumen (84 emisiones de anónimas, y 4 de otras formas sociales). Se trata, por tanto, de una figura poco utilizada, y el volumen de fondos que se consigue es relativamente bajo, si lo comparamos con los miles de millones logrados como aportaciones o como préstamos de otro tipo distinto a las obligaciones.
Para la emisión de obligaciones por sociedades limitadas se establece un límite: el importe total de las emisiones no podrá ser superior al doble de sus recursos propios, salvo que la emisión esté garantizada conforme a lo dispuesto en el art. 401.2 LSC.
Antes de la reforma de la Ley 5/2015, existía un límite para las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, pero ahora ha desaparecido, y se establece para la emisión por las SRL.
Inicialmente el contrato de emisión se celebra entre la sociedad y el comisario del sindicato de obligacionistas nombrado por ésta (art. 403 LSC); posteriormente, cuando se haya colocado la emisión, se constituye el sindicato de obligacionistas, que en su primera asamblea aprobará o censurará la gestión del comisario, y lo ratificará en el cargo o nombrará uno nuevo (art. 421 LSC). En determinados supuestos puede no ser obligatorio el sindicato de obligacionistas, ni el comisario (art. 30 quáter TRLMV). Salvo que la emisión esté garantizada, la reducción del capital o del importe de las reservas precisará del consentimiento del sindicato de obligacionistas (art. 411 LSC).