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Timestamp: 2017-12-17 17:28:53
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Sentencia T.S. 162/1996, (Sala 1) de 5 de marzo. Reclamación de cantidad. Costas. Criterios. Carga de la prueba - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 162/1996, (Sala 1) de 5 de marzo
Reclamación de cantidad: Desestimación. Costas: Criterios. Temeridad. Documentos: Aportación tardía. Carga de la prueba.
En la Villa de Madrid, a cinco de Marzo de mil novecientos noventa y seis.
Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Avila, como consecuencia de juicio de menor cuantía, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad Central Quesera S.A. representada por el procurador de los tribunales Don José Luis Ortiz Cañavate y Puig Mauri, en el que es recurrida la Sociedad Cooperativa Limitada de Ganaderos Ovino y Caprino representada por el procurador de los tribunales Don Emilio García Fernández.
Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Avila, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la entidad Sociedad Cooperativa Limitada Ganaderos Ovino y Caprino, contra la entidad Central Quesera S.A. sobre reclamación de cantidad.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se condenara a la demandada a pagar a la actora la cantidad de veintinueve millones seiscientas veinticuatro mil quinientas cinco pesetas (29.624.505); los intereses legales de ésta cantidad desde el día 1 de julio de 1990 y el pago de las costas.
Admitida a trámite la demanda, la demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó de aplicación al caso y terminó suplicando al juzgado se dictara sentencia desestimatoria de la demanda, con imposición de las costas a la parte actora.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 23 de septiembre de 1991, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando en parte la demanda presentada por la "Sociedad Limitada Ganaderos Ovino y Caprino", contra "La Central Quesera", debo condenar y condeno, a ésta al pago, a la demandante de 12.041.592.- pts., con los intereses legales desde esta fecha. No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes, y, las comunes se abonaran por mitad entre las dos".
Segundo.-Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de apelación por ambas partes que fueron admitidos, y sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Avila, dictó sentencia en fecha 2 de junio de 1992, cuyo fallo es como sigue: "Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto a nombre de la "Central Quesera S.A." y estimando como estimamos, en parte, el entablado a nombre de la "Sociedad Cooperativa Limitada Ganaderos Ovino y Caprino", ambos contra la sentencia dictada el 23 de septiembre de 1991 por el Sr. Juez de 1.ª Instancia n.º 3 de Avila, la revocamos en el sentido que se expresará acogiendo también parcialmente la demanda, debemos condenar y condenamos a la Central Quesera S.A. a que abone a la Cooperativa actora la suma de veintiocho millones seiscientas veinticuatro mil quinientas cinco pesetas (28.624.505), así como los intereses legales de esta cantidad desde la interpelación judicial y las costas de la primera instancia, imponiendo también a la demandada las correspondientes a su recurso, sin hacer expreso pronunciamiento en las relativas al recurso de la Cooperativa citada".
Tercero.-El procurador Don José Luis Ortiz Cañavate y Puig Mauri en representación de la entidad Central Quesera S.A. formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:
Primero.-Al amparo del número 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 241 de la Constitución Española.
Segundo.-Al amparo del artículo 1.692 ordinal tercero, infracción de las normas que rigen las garantías procesales y muy especialmente en los artículos 504 y 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tercero.-Al amparo del número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1.214 del Código civil.
Cuarto.-Admitido el recurso y evacuando el traslado de impugnación conferido, el procurador Don Emilio García Fernández, en representación de la Cooperativa Limitada Ganadera de Ovino y Caprino, presentó escrito impugnando el mismo.
Quinto.-No teniendo solicitadas todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 20 de febrero de 1996 en que ha tenido lugar.
Primero.-Resulta en extremo inapropiada la invocación como primer motivo casacional (artículo 1.692-4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) del artículo 24 de la Constitución Española, que se cita como infringido con el argumento de que la sentencia de segunda instancia es "tremendamente dura para la recurrente", si se considera que el derecho a la tutela efectiva que tal precepto garantiza tiene como basamento la sumisión del Juez al imperio de la Ley. Y es conforme a Ley como se resuelve el asunto debatido. Toma pie la parte para explayar su acusación de "dureza" atribuida a la sentencia en la condena en costas que se le impone como demandada al oponerse a la pretensión actora con temeridad y mala fe, ya que entiende que al no acogerse en su totalidad la demanda no se la puede sancionar con el plus de la imposición de costas en la instancia, en atención a que ello constriñe el derecho de defensa. Pero olvida o soslaya la parte que este criterio resulta plenamente ajustado a Derecho ya que, precisamente, junto al criterio del vencimiento objetivo que establece el párrafo primero del artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el párrafo segundo previene que "si la estimación o desestimación fueren parciales cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad". Y es este último supuesto que excepciona la regla general el aplicable al presente caso, ya que según razona la sentencia "la parte demandada en este litigio ha obrado con temeridad y mala fe al oponerse a una pretensión sin fundamento para ello, amén de que la pretensión de la actora ha prosperado en su mayor parte". Por lo demás como tiene declarado el Tribunal Constitucional (Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 1988) "la imposición de las costas pertenece al campo de la mera legalidad y su decisión corresponde en exclusiva a los tribunales ordinarios". Asimismo este Tribunal Supremo ha declarado que "no es revisable la condena cuando las costas se han impuesto por estimación de la temeridad, ya que esta es una cuestión de hecho que escapa al control de la casación". (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1991). En consecuencia el motivo decae.
Segundo.-Denuncia la parte seguidamente (motivo segundo por el cauce del ordinal 3.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), la infracción de las normas que rigen las garantías procesales y muy especialmente de los artículos 504 y 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Considera la recurrente que no debieran haberse admitido durante la fase probatoria determinados documentos que completaban los aportados con la demanda, razón que motivó el recurso de reposición que formuló (recurso debidamente resuelto en sentido negativo por el Juez de primera instancia). Mas no es cierto que los tales documentos consistentes en facturas, albaranes, letras y cheques y notas contables, fueren de los generativos de la "causa petendi" (Sentencia del Tribunal supremo de 26 de mayo de 1985) y es doctrina reiterada que no se puede obligar a la parte a que aporte inicialmente todos los documentos que guarden relación con el fondo del proceso, cuya relevancia "in limine litis" se desconocerá en muchos casos, según ya ha tenido ocasión de declarar esta Sala en Sentencias de 20 de octubre de 1885, 21 de diciembre de 1905, 5 de abril de 1911, 26 de diciembre de 1924 y 8 de julio de 1940 (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1989). Todo ello, sin tomar en consideración que además, según se refleja en el acta de la comparecencia previa se introdujeron variantes sobre las cuentas, lo que justifica la aplicación de los criterios jurisprudenciales que sostienen que los documentos que sean precisos para desvirtuar las alegaciones de la parte y los que no siendo fundamentales, interesen a la parte, pueden entrar en el periodo probatorio (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1994). Por último, ninguna protesta reproducida en segunda instancia consta acerca de la licitud de la prueba documental en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 1.693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En consecuencia el motivo perece.
Tercero.-Finalmente ha de rehusarse también el motivo tercero que acusa la infracción del artículo 1.214 del Código civil (artículo 1.692-4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque la cita correcta sería n.º 3.º), pues este precepto sólo puede apoyar un motivo de casación, cuando no habiendo pruebas, vengan de donde vengan, se hace pechar con los efectos de la falta de probanza a persona distinta de la obligada a probar (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1993), pero no, como ocurre en este caso, si lo que se intenta es contraponer los resultados a que llegó la sentencia de primera instancia en relación con los establecidos por la sentencia de segunda instancia para inferir de ello un mal uso del reparto de la carga de la prueba, en atención a que la única sentencia objeto de recurso es la del Tribunal "a quo".
Cuarto.-La desestimación de los motivos origina la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de costas a la parte recurrente (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Central Quesera S.A. contra la sentencia de fecha dos de junio de mil novecientos noventa y dos dictada por la Audiencia Provincial de Avila, recaída en autos número 99/91, juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Avila, instados por la entidad Sociedad Cooperativa Limitada de Ganadería Ovina y Caprina, con imposición de costas a la entidad recurrente; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Alfonso Barcala Trillo-Figueroa.- José Almagro Nosete.- Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade.- RUBRICADOS.-