Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cgpc.html
Timestamp: 2020-07-11 07:37:11
Document Index: 158589735

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6']

Convenio sobre la «plataforma continental» hecho en Ginebra el 29 de abril de 1958.
Publicado en BOE núm. 308 de 25 de Diciembre de 1971
Véase el apartado G.A. de la Res. 19 febrero 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 2 marzo), por el que se publica la sucesión por parte de Montenegro, con efecto desde el 3 de junio de 2006 y con la formulación de reserva.
Los Estados Partes en la Convención han convenido en lo siguiente:
Para los efectos de estos artículos, la expresión «plataforma continental» designa: a)el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o, más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes, permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas: b)el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las costas de islas.
1. El Estado ribereño ejerce derechos de soberana sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales.
2. Los derechos a que se refiere el párr. 1 de este artículo son exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de éste, nadie podrá emprender estas actividades o reivindicar la plataforma continental sin expreso consentimiento de dicho Estado.
3. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa.
4. A los efectos de estos artículos, se entiende por «recursos naturales» los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y del subsuelo. Dicha expresión comprende, asimismo, los organismos vivos, pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo, o sólo pueden moverse en constante contacto físico con dichos lecho y subsuelo.
A reserva de su derecho a tomar medidas razonables para la exploración de la plataforma continental y la explotación de sus recursos naturales, el Estado ribereño no puede impedir el tendido ni la conservación de cables o tuberías submarinos en la plataforma continental.
1. La explotación de la plataforma continental y la explotación de sus recursos naturales no deben causar un entorpecimiento injustificado de la navegación, la pesca o la conservación de los recursos vivos del mar, ni entorpecer las investigaciones oceanográficas fundamentales u otras investigaciones científicas, que se realicen con intención de publicar los resultados.
2. A reserva de lo dispuesto en los párrs. 1 y 6 de este artículo, el Estado ribereño tiene derecho a construir, mantener y hacer funcionar en la plataforma continental las instalaciones y otros dispositivos necesarios para explorarla y para explotar sus recursos naturales, así como a establecer zonas de seguridad alrededor de tales instalaciones y dispositivos, y a adoptar en dichas zonas las disposiciones necesarias para proteger las referidas instalaciones y dispositivos.
3. Las zonas de seguridad mencionadas en el párr. 2 del presente artículo podrán extenderse hasta una distancia de 500 metros alrededor de las instalaciones y otros dispositivos que se hayan construido, medida desde cada uno de los puntos de su limite exterior. Los buques de todas las nacionalidades respetarán estas zonas de seguridad.
4. Aunque dichas instalaciones y dispositivos se hallen bajo la jurisdicción del Estado ribereño, no tendrán la condición jurídica de islas. No tendrán mar territorial propio y su presencia no afectará a la delimitación del mar territorial del Estado ribereño.
5. La construcción de cualquiera de dichas instalaciones será debidamente notificada y se mantendrán medios permanentes para señalar su presencia. Todas las instalaciones abandonadas o en desuso serán completamente suprimidas.
6. Las instalaciones o dispositivos y las zonas de seguridad circundante no se establecerán en lugares donde puedan entorpecer la utilización de rutas marítimas ordinarias que sean indispensables para la navegación internacional,
7. El Estado ribereño está obligado a adoptar, en las zonas de seguridad, todas las medidas adecuadas para proteger los recursos vivos del mar contra agentes nocivos.
8. Para toda investigación que se relacione con la plataforma continental y que se realice allí, deberá obtenerse el consentimiento del Estado ribereño. Sin embargo, el Estado ribereño no negará normalmente su consentimiento cuando la petición sea presentada por una institución competente, en orden a efectuar investigaciones de naturaleza puramente científica referentes a las características físicas o biológicas de la plataforma continental, siempre que el Estado ribereño pueda, si lo desea, tomar parte en esas investigaciones o hacerse representar en ellas y que, de todos modos, se publiquen los resultados.
1. Cuando una misma plataforma continental sea adyacente al territorio de dos o más Estados cuyas costas estén situadas una frente a otra, su delimitación se efectuará por acuerdo entre ellos. A falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra delimitación, ésta se determinará por la línea media cuyos puntos sean todos equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar territorial de cada Estado.
2. Cuando una misma plataforma continental sea adyácente al territorio de dos Estados limítrofes, su delimitación se efectuará por acuerdo entre ellos. A falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra delimitación, ésta se efectuará aplicando el principio de equidistancia de los puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la extensión del mar territorial de cada Estado.
3. Al efectuar la delimitación de la plataforma continental, todas las líneas que se tracen, de conformidad con los principios establecidos en los párrs. 1 y 2 de este artículo se determinarán con arreglo a las cartas marinas y características geográficas existentes en determinada fecha, debiendo mencionarse, como referencia, puntos fijos permanentes e identificables de la tierra firme.
Las disposiciones de estos artículos no menoscabarán el derecho del Estado ribereño a explotar el subsuelo mediante túneles, cualquiera que sea la profundidad de las aguas sobre dicho subsuelo.
Esta Convención quedará abierta hasta el 31 de octubre de 1958 a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a suscribir la Convención.
Esta Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario general de las Naciones Unidas.
Esta Convención estará abierta a la adhesión de los Estados incluidos en cualquier categoría mencionada en el artículo 8. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario general de las Naciones Unidas.
2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después de haberse depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, un Estado podrá formular reservas respecto de los artículos de la Convención, con excepción de los artículos 1 a 3 inclusive.
2. Un Estado contratante que haya formulado reservas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá anularlas en cualquier momento mediante una comunicación a tal efecto dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas.
1. Una vez expirado el plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Convención, las Partes Contratantes podrán pedir en todo momento, mediante una comunicación escrita dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas, que se revise esta Convención.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que corresponde tomar acerca de esta petición.
El Secretario general de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los demás Estados mencionados en el artículo 8:
a) Cuáles son los países que han firmado esta Convención y los que han depositado los instrumentos de ratificación o de adhesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10;
b) En qué fecha entrará en vigor esta Convención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11;
c) Las peticiones de revisión hechas, de conformidad con el artículo 13;
d) Las reservas formuladas respecto de esta Convención, de conformidad con el artículo 12.
El original de esta Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario general de las Naciones Unidas, quien remitirá copias certificadas a todos los Estados mencionados en el artículo 8.
Hecho en Ginebra,
a los veintinueve días del mes de abril de 1958.
El Instrumento de Adhesión de España a la presente Convención fue depositado en poder del Secretario general de las Naciones Unidas el día 25 de febrero de 1971, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 10,
y entró en vigor para España el 27 de marzo de 1971, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 de su artículo 11.
El referido Instrumento de Adhesión de España contiene la siguiente declaración:
«Sin embargo, su adhesión no puede ser interpretada como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las Coronas de España y Gran Bretaña.
Asimismo, declara, en relación con el artículo 1.º de la Convención, que la existencia de un accidente del terreno, tal como una depresión o un canal en una zona sumergida, no ha de ser considerado como constitutiva de una interrupción de la prolongación natural del territorio costero en el mar o bajo él.
Al mismo tiempo declara lo siguiente:
1.º Que reserva su posición sobre la declaración hecha por el Gobierno de la República francesa en relación con el artículo 1.º.
2.º Que no estima aceptable la reserva hecha por el Gobierno de la República francesa al apartado 2 del artículo 6 y especialmente en lo que se refiere al Golfo de Vizcaya. »
7 de diciembre de 1971.-
Jose Aragonés Vila.