Source: http://www.slideshare.net/Coljuristas/anotaciones-sobre-la-ley-de-justicia-y-paz
Timestamp: 2015-09-01 05:36:41
Document Index: 219811005

Matched Legal Cases: ['artículo37', 'artículo 30', 'artículo 37', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 72', 'artículo 21', 'artículo 243', 'artículo 21', 'artículo 241', 'artículo 175', 'artículo 243', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 36', 'artículo 34', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 51', 'artículo 36', 'artículo 15']

Anotaciones sobre la ley de justicia y paz
Human Rights Watch pide retirar pro...
by PedroBCarrillo - ...
Retroactividad penal de crímenes in...
ENSAYO LEY DE JUSTICIA Y PAZ
by diegodiaz001
Derecho a la Vida en Colombia
140908 views
Cortón Colombiana de Turistas Anotaciones sobre la ley de justicia y paz Una mirada desde los derechos de las víctimas 2.
Comisión Colombiana de JuristasAnotaciones sobre la ley de "justicia y paz" Una mirada desde los derechos de las víctimas 3.
© 2007 Comisión Colombiana de JuristasCalle 72 No. 12-65 Piso 7A.A. 58533Bogotá, ColombiaTeléfonos: (571) 376 8200 - (571) 343 4710Fax: (571) 376 8230ccj@coljuristas.orgwww.coljuristas.orgISBN: 978-958-9348-41-3Bogotá, ColombiaMarzo de 2007Edición:Gustavo Gallón GiraldoMichael Reed HurtadoCatalina Lleras CruzPortada:Stephan AcuñaArmada electrónica e impresión:Opciones Gráficas Editores Ltda.Carrera 73A No. 64A-42Bogotá, ColombiaTeléfonos: (571) 224 1823 - (571) 482 7071Este libro ha sido elaborado con el financiamiento de la UniónEuropea, dentro del proyecto: Acciones en apoyo de una aplicacióntransparente y efectiva de la ley de justicia y paz en Colombia.Las opiniones aqui expresadas no comprometen a la entidadfinanciadora. 4.
ContenidoPresentación 71. Un procedimiento penal especial basado en incentivos para los victimarios: apro- ximación a una caracterización de la ley 975 de 2005 112. Efectos de la sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional y la aplicación de la ley 975 293. Los derechos de las víctimas y la ley 975 de 2005 394. El derecho a la verdad y la ley 975 de 2005 495. Algunos factores de carácter psicosocial relacionados con la aplicación de la ley 957 de 2005 616. Requisitos de elegibilidad y garantía de una efectiva transición 737. El derecho a la reparación en el decreto 3391 de 2006 y la excepción de inconsti- tucionalidad 858. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación: un órgano ambiguo que debería redefinirse 979. CCJ, Demanda contra decretos reglamen- tarios de la ley 975 111 5.
10. Solicitud de suspensión provisional correspondiente a la demanda contra decretos reglamentarios de la Ley 975 357Anexos1. Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, Diario Oficial No. 45.980, con control de constitucionalidad 3972. Resumen de la sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional 4413. Documento informativo: "Decreto 3391 de 2006: Modifica la ley 975, incumple la sentencia C-370 e impide el ejercicio de los derechos de las víctimas" 475 6.
PresentaciónEl proceso de negociación, desmovilización y reinserciónde las estructuras paramilitares ha tenido como marcoun panorama de zozobra e incertidumbre, con manifes-taciones tan preocupantes como la ausencia de trans-parencia en las negociaciones, las continuas amenazasde ruptura por parte de los paramilitares, el evidenteincumplimiento al cese de hostilidades, la eliminaciónfísica de varios de los mandos paramilitares y larecomposición de sus estructuras de poder y coerciónen las regiones colombianas.El marco jurídico que fue expedido para la reinserciónde los paramilitares no es ajeno a ese panorama deirregularidad y de transacción. Las normas fueron dise-ñadas para favorecer la legalización de los paramilitaresy su aplicación continúa inclinándose por favorecer laimpunidad.El primer paso se dio con la expedición del decreto 128de 2003. Con base en la ineficacia del aparato judicialpara individualizar a los responsables de crímenesatroces, el decreto 128 permitió que el gobierno nacionalextendiera un perdón y olvido a la gran mayoría de losparamilitares, contrariando lo establecido en la ley 782de 2002. Al no estar vinculados a un proceso concretodistinto al delito de concierto para delinquir o porte ilegalde armas, el gobierno procedió a conceder el indulto, lasuspensión condicional de la ejecución penal, la cesaciónde procedimiento, la preclusión de la instrucción o laresolución inhibitoria, aparentemente, a cerca de 30.000personas que participaron en las ceremonias colectivasde entrega de armas. Este beneficio judicial se hatransformado en una carta blanca para estas personascomo resultado de la ineficacia del Estado para probar 7.
8 Comisión Colombiana de Juristassu participación en violaciones de derechos humanos.Ese decreto se encuentra demandado por ilegal einconstitucional, por acción de la Comisión Colombianade Juristas, ante el Consejo de Estado y se solicitó lasuspensión provisional del mismo hasta que el ente sepronuncie sobre el fondo, pero la suspensión provisionalno se decretó. La decisión del Consejo de Estado puedetardar varios años, lo cual significa que, aun si lasentencia anula el decreto, como se espera que suceda,se creó ya una situación de hecho por virtud de la cualse ha dejado en la impunidad a una enorme cantidadde perpetradores de violaciones de derechos humanos,situación que será muy difícil revertir en la práctica.El segundo paso se dio con la expedición de la ley 975,dos años y medio más tarde de la iniciación del procesode concertación con los paramilitares para su entrega.El sentido común indica la impertinencia de diseñar elmarco jurídico para su sometimiento mientras sedesarrollaba el proceso de negociación de su entrega.El debate legislativo estuvo minado de coacción ycoerción. La ley 975 fue aprobada en julio de 2005 conmúltiples promesas, incluyendo: el fin delparamilitarismo, la superación de la impunidad, larevelación de la verdad y la consolidación de la paz enel país. En la actualidad, nos enfrentamos a una realidadque demuestra la impracticabilidad de esas promesas.La ley 975 se caracteriza por ser una norma de aplicaciónresidual a todos aquellos paramilitares que no puedanincluirse en los beneficios de la ley 782 y de su decretoreglamentario 128. Además, está diseñada para procesarde manera excepcional a los paramilitares que tenganprocesos abiertos o puedan ser procesados por delitosgraves constitutivos de violaciones de derechos humanose infracciones al derecho internacional humanitario.A partir de una serie de demandas a la ley 975, la CorteConstitucional ejerció el control constitucional de la ley 8.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 9975 y, consecuentemente, declaró la inconstitu-cionalidad de varias normas clave de la ley y laconstitucionalidad condicionada de otras disposicionesigualmente relevantes, y estableció importantes pautaspara su aplicación. Al hacer el análisis de lasdisposiciones demandadas, la Corte dio particularprioridad a garantizar la protección de los derechos delas víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Lasentencia de la Corte, aunque no resuelve todos losproblemas de la ley 975, es un referente fundamentalpara la debida aplicación de esta ley.Al encontrarse el país frente a la aplicación de la ley975, la Comisión Colombiana de Juristas quiere aportarunas reflexiones sobre la ley denominada de “justicia ypaz” desde una perspectiva de defensa de los derechosde las víctimas. Esta publicación reúne una serie deartículos de doctrina jurídica producidos por la CCJsobre distintos aspectos de la aplicación de la ley 975.Los artículos no agotan todos los temas de aplicaciónde esa ley; son sólo una contribución inicial, orientadosa poner de relieve los retos que existen en la concreciónde los derechos de las víctimas, en el marco de laaplicación de esta ley. Se incluye también la copia de lademanda que fue presentada en marzo de 2007 por laCCJ contra los decretos reglamentarios de la ley 975,así como la solicitud de suspensión provisional de lasnormas demandadas. Dado que la demanda no seráfallada por el Consejo de Estado durante mucho tiempo,el texto de la misma puede servir de guía para garantizarque la aplicación de la ley y la reglamentación se dérespetando parámetros constitucionales.Además de los artículos, la publicación contiene tresanexos que resultan de utilidad como material dereferencia constante. El primero es la ley 975 del 25 dejulio de 2005, con los cambios introducidos por lasentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional. Elsegundo documento de referencia es un resumen de esa 9.
10 Comisión Colombiana de Juristassentencia elaborado por la CCJ. El tercero es undocumento informativo sobre el decreto 3391 de 2006que reglamenta en parte la ley 975. Este documentodestaca el incumplimiento de la sentencia C-370 de 2006por parte del ejecutivo al expedir esta norma regla-mentaria.Mediante esta publicación, la CCJ deja plasmadasalgunas anotaciones que buscan promover el respetode los derechos de las víctimas. Este es un libro dirigidoa todas las personas que tengan algún interés en laaplicación de la ley “de justicia y paz”. El desafío al quese enfrenta el operador jurídico que tiene a su cargo laaplicación de la ley 975 se extiende más allá de laejecución de los procedimientos establecidos. Enmar-cada en la Constitución y en la protección de losderechos humanos, la tarea del operador jurídico sedeberá orientar a garantizar que los derechos subjetivosde las víctimas y de la sociedad sean protegidos yrespetados en todas las etapas del proceso. La CCJespera que esta publicación sea una contribuciónpráctica a la materialización de los derechos a la verdad,la justicia y la reparación.Esta publicación es posible gracias al apoyo que recibióla CCJ de la Unión Europea en un proyecto orientado agarantizar los derechos de las víctimas en el marco dela aplicación de la ley 975 de 2005. A ella y a todas laspersonas que contribuyeron a hacer realidad esta obraextendemos nuestro agradecimiento.Comisión Colombiana de JuristasBogotá, marzo de 2007 10.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 11Un procedimiento penal especialbasado en incentivos para losvictimarios:aproximación a una caracterizaciónde la ley 975 de 2005 11.
El marco normativo que establece los procedimientos queconceden legalidad a la situación jurídica de las personasdesmovilizadas, tanto colectiva como individualmente, seconcentra básicamente en dos leyes, la 782 de 2002 y la975 de 2005, y en sus decretos reglamentarios. Laaplicación inadecuada de este marco jurídico ha permitidoformalizar la situación de los paramilitares desmovilizadosy está dando lugar a una situación sostenida deimpunidad para delitos de lesa humanidad.Mediante la reglamentación de la ley 782 de 2002, através del decreto 128 de 2003, el gobierno plasmó unprocedimiento administrativo que facilita el otorgamientode beneficios administrativos y judiciales a losparamilitares desmovilizados procesados o condenadospor delitos amnistiables o indultables. El decreto,contrariando lo que establece la ley 782 de 20021,permite exonerar de responsabilidad penal, sin sometera ninguna clase de juicio, a las personas desmovilizadasque no tengan procesos judiciales abiertos formalmenteen su contra por delitos no indultables o no amnistiables,antes de la desmovilización. Los beneficios judiciales sematerializan a través de mecanismos como el indulto,la cesación de procedimiento, la preclusión de lainstrucción, la resolución inhibitoria y la suspensióncondicional de la ejecución de la pena2. Por lo demás, al1 El decreto 128 de 2003 es abiertamente ilegal e inconstitucional porque contradice la ley que pretende reglamentar, la ley 782 de 2002, expedida un mes antes, en diciembre de 2002, para permitir la negociación con los paramilitares. Dicha ley, que prorrogó la vigencia de la ley 418 de 1997 y que entre otras cosas eliminó como requisito para la desmovilización el reconocimiento del carácter político de los grupos armados al margen de la ley, permite otorgar indultos y beneficios jurídicos semejantes a combatientes con los que se negocie su desmovilización, pero con la salvedad expresa de que dichos beneficios no se pueden conceder a quienes “hayan cometido“ crímenes no indultables o no amnistiables. El decreto 128 dice algo muy parecido, pero sustancialmente distinto, pues establece la salvedad en relación con quienes “hayan sido procesados o condenados“ por tales delitos.2 Decreto 128 del 22 de enero de 2003, art. 13. 12.
14 Comisión Colombiana de Juristasser un procedimiento administrativo no contemplaningún mecanismo idóneo para la participación de lasvíctimas; de tal manera que las desmovilizaciones quese llevaron a cabo amparadas en esta normatividad sehicieron sin contar con el concurso de las víctimas.Por su parte, la ley 975 de 2005 se identifica con unprocedimiento penal especial que busca establecer unnivel de verdad procesal en relación con algunos hechosdelictivos y otorga beneficios judiciales a losresponsables de delitos de lesa humanidad. Elprocedimiento está cimentado en incentivos para elvictimario. El más importante de ellos es la sustituciónde una pena ordina-ria por una pena alternativa quereduce significativa-mente el tiempo de privación de lalibertad. De la pena alternativa podrán ser beneficiadoslos desmovilizados que hayan sido o puedan serimputados, acusados o condenados por delitos que nosean de competencia de la ley 782 de 2002, por lo quenos encontramos ante una ley de aplicación residual3.Pero más allá de enunciar los efectos jurídicos de la leydenominada de “justicia y paz”, el objetivo de esteartículo es realizar una aproximación analítica que nospermita ubicar a la ley 975 en categorías distintivas yatribuirle una condición particular.1. La ley 975: un procedimiento penal (muy) particularCon el interés de establecer el tipo genérico delprocedimiento establecido por la ley 975, a continuación3 De los 30.151 desmovilizados colectivamente de las Autodefensas Unidas de Colombia, solo 2.695 fueron postulados por el Gobierno para ser beneficiarios de la ley 975, lo que equivale a un 8.93%. Es decir que el 92.7% restante, beneficiado por la ley 782 y el decreto 128, no acudirá ante la justicia a rendir versión libre, reduciendo sustancialmente las posibilidades de acceder a una verdad que garantice los derechos de las víctimas. 13.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 15se hace un breve ejercicio de comparación entre la ley975 y las leyes de procedimiento penal ordinarias quese encuentran vigentes (ley 600 de 2000 y ley 906 de2004). Así podremos identificar sus coincidencias ycontrastes, e identificar las características propias dela ley 975.A primera vista, el procedimiento de la ley 975 seríaequiparable al sistema penal acusatorio, implementadopor la ley 906 de 2004, por ser un procedimiento queprivilegia la oralidad, la superioridad del juez como juezconstitucional y que es desarrollado a través deaudiencias públicas.Sin embargo, para alcanzar la clasificación como sistemaacusatorio, las normas deben darle una imprentaadversarial al procedimiento, en el que “dos partes que,representan intereses contrapuestos, luchan por obteneruna construcción de la verdad acorde con esos intereses”4.Esta lógica adversarial es distante a la lógica delprocedimiento de la ley 975, donde el interés no versaen la construcción de una verdad de las partes, sino enla construcción limitada por parte del ente acusador deuna verdad parcial, fundamentada principalmente enla versión libre rendida por el desmovilizado, quienaceptará la integralidad de los cargos propuestos parapoder acceder a los beneficios propuestos. Por lo tanto,no nos encontramos ante un sistema acusatorio de corteadversarial.Aunque el procedimiento de la ley 975 importa algunosrasgos del antiguo régimen procesal penal, tampoco esidéntico al establecido en la ley 600 de 2000. Según laconstitucionalidad condicionada del literal 5 del artículo37 de la ley 975, ordenada por la Corte Constitucionalen la sentencia C-370 de 2006, la ley 975 incorpora4 Alberto Bovino, “Ingeniería de la verdad”, en No hay derecho, Año IV, No. 12, pág. 14. 14.
16 Comisión Colombiana de Juristaselementos de la ley 600. La Corte estableció que cuandola ley 975 definió el derecho de las víctimas “a recibirdesde el primer contacto con las autoridades y en lostérminos establecidos en el Código de ProcedimientoPenal, información pertinente para la protección de susintereses”5, lo hizo en el contexto de su jurisprudenciaanterior relativa al artículo 30 de la Ley 600 de 20006.Sin embargo, de esta extensión de razonamiento poranalogía no se puede concluir que el procedimiento dela ley 975 sea idéntico al de la ley 600.A pesar de la relevancia de la participación de lasvíctimas en los términos expuestos por la Corte bajo elantiguo régimen procesal penal (ley 600), elprocedimiento de la ley 975 discrepa de eseprocedimiento ordinario en elementos sustanciales,como la implementación del sistema oral ejecutado através de un conjunto de audiencias, la concentraciónde la toma de decisiones que involucren derechosfundamentales a los jueces de control de garantías o deconocimiento y la exclusión de la parte civil como sujetoprocesal.De esta manera, la ley 975 importa elementos de ambossistemas procesales penales vigentes (leyes 600 y 906),pero no es reflejo directo de ninguno de estos dossistemas. La ley 975 tiene un carácter particular, tantopor ser un mecanismo diseñado para acompañar elproceso de desmovilización de los paramilitares comopor características inherentes al marco normativo quelo convierten en un procedimiento especial, comoveremos a continuación.5 Ley 975 de 2005, artículo 37, inciso 5.6 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández citando Corte Constitucional, sentencia C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. 15.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 17a. Un procedimiento estructurado sobre la oferta de incentivos para los victimariosLa ley 975 tiene como fundamento el principio dealter natividad 7 , que per mite que las personasdesmovilizadas que hayan sido incluidas en las listaspresentadas por el gobierno y que cumplan con losrequisitos exigidos por la ley reciban una sustituciónpunitiva considerable respecto de delitos graves quehayan cometido durante y en razón a su pertenencia algrupo armado desmovilizado.Así, se dispone el cumplimiento de una pena privativade la libertad de 5 a 8 años y un tiempo de libertad aprueba equivalente a la mitad de la pena privativa delibertad. El reemplazo de una pena ordinaria por unapena alternativa sólo estaría justificado siempre que eldesmovilizado contribuya a la consecución de la paznacional, la colaboración con la justicia, la reparacióna las víctimas y su adecuada resocialización8. Es decir,es un beneficio que está condicionado a la efectivacolaboración para la consecución de la paz, según lodefinido por la Corte Constitucional en su sentencia9.En este sentido, la Corte Constitucional sostuvo que“La alternatividad penal parecería una afectacióndesproporcionada de los derechos de las víctimas si la‘colaboración con la justicia’ no comprendiera laintegralidad de los derechos de tales víctimas, y si noexigiera de parte de quienes aspiran a acceder a talbeneficio acciones concretas encaminadas a asegurar elgoce efectivo de estos derechos”10.7 Ley 975 de 2005, artículo 3.8 Ley 975 de 2005, artículo 3.9 Véase “Requisitos de elegibilidad y garantía de una efectiva transición” en esta publicación que examina más a fondo los requisitos de elegibilidad.10 Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, consideración 6.2.1.5.1. 16.
18 Comisión Colombiana de JuristasAhora bien, los procedimientos judiciales que utilizanincentivos para la construcción de la verdad se oponena los modelos procesales que se concentran en laaveriguación procesal de la verdad y la producción deevidencia como herramientas probatorias elementalesque permiten desvirtuar la presunción de inocencia. Estetipo de proceso, como el de la ley 975, edificado a partirde la concesión de beneficios a los victimarios, seestructura en torno a la versión suministrada por elimputado, aunque esta se aleje de la verdad procesal ehistórica.El peso otorgado a la versión libre en la ley 975, que noes practicada con la intervención de un juez, elimina laposibilidad de ejercer el derecho de contradicción de laprueba. La ausencia de este elemento de contradicciónaleja a la ley 975 de ser un sistema que persigue laverdad por vía probatoria y lo aproxima a un sistema deaveriguación de la verdad basado en incentivosotorgados al victimario. Este es un rasgo absolutamenteparticular del procedimiento contemplado por la ley 975.b. Modelo procesal que se concentra en el victimario y no en el descubrimiento de hechos que responden a un patrón sistemático de actuaciónLa dinámica generalizada de una investigación penaltiene su origen en un hecho delictivo, alrededor del cualse estructuran hipótesis sobre las circunstancias detiempo, modo y lugar de las distintas etapas de comisióndel delito y se identifican los posibles involucrados y losniveles de responsabilidad, con el fin de estructurar unplan metodológico de investigación que permitaesclarecer el hecho y determinar responsabilidades.La ley 975 acoge un modelo particular de averiguaciónde la verdad, que abandona el modelo tradicional deinvestigación, desplazando el interés principal de lainvestigación del hecho a la de un individuo en 17.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 19particular. Esto implica que el descubrimiento de loscrímenes no se entienda en su contexto integral, sinoen función de la participación particular de una personaen el hecho. En consecuencia, se excluyen elementoscruciales de la investigación, como la responsabilidadde otros individuos no incluidos en el proceso dedesmovilización (tales como agentes de la Fuerza Públicao miembros de gobiernos locales), el contexto de laviolación y su inclusión dentro de un patrón sistemáticode violaciones11.El modelo procesal de la ley 975 se diferencia sustan-cialmente del procedimiento penal ordinario, alejándosede una concepción del derecho penal del acto por underecho penal que atribuye responsabilidades, basadoen la narración de los victimarios.c. Un sistema procesal que acoge un modelo eficientista de justiciaAnte la ausencia del desmonte de las circunstancias deviolencia generadas por los grupos al margen de la ley,incluso de las estructuras paramilitares, al derechopenal se le ha otorgado el carácter de pacificador a travésde un modelo eficientista que se traduce principalmenteen sentencias condenatorias y medidas privativas de lalibertad12.11 Alertando sobre esta singularidad del proceso especial establecido en la ley 975, la Corte Constitucional sostuvo que “la ley demandada no establece claramente los mecanismos judiciales necesarios y suficientes para que pueda esclarecerse el fenómeno macrocriminal que se afronta. Tampoco establece mecanismos judiciales que aseguren la revelación de la verdad sobre los delitos concretos cometidos por los integrantes de los grupos específicos que se desmovilicen”. Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, consideración 6.2.2.1.7.14.12 Alejandro Aponte, “El derecho penal en una perspectiva de paz: de la tensión entre “eficientismo” y garantismo en el caso colombiano” En Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Sistemas Judiciales, No. 1, ¿Crisis en la capacitación judicial? junio 2001, págs. 156-161. 18.
20 Comisión Colombiana de JuristasEn el caso particular de la ley 975, la Fiscalía renunciaal mandato de realizar una investigación que permitareconstruir la verdad judicial sobre los hechos delictivos,fundamentada en la producción probatoria que tienelugar en el juicio. Por el contrario, bajo esta ley, sepromueve el cierre de múltiples casos, aglutinados enun proceso abreviado a partir de la confesión de unindividuo en la participación de varios hechos delictivos,que pueden o no tener conexión entre sí. Como se derivadel acápite anterior, la lógica regular del derecho penalse invierte y no se persigue el esclarecimiento de loshechos, sino que sumariamente se busca establecer lasresponsabilidades penales de un individuo a lo largo desu vida como combatiente. Además, se pretende que laley inyecte eficiencia al proceso de establecimiento deresponsabilidades, incentivando la colaboración deldesmovilizado, ante la incapacidad estructural delsistema penal de hacerlo por vía probatoria.Los modelos eficientistas suelen caracterizarse por laflexibilización de las garantías de los acusados con elfin de producir resultados rápidos, es decir, producircondenas o absoluciones prontas para descongestionarel sistema. La ley 975 responde, de manera general, alas intenciones del modelo eficientista. En efecto, la leyse estructuró bajo una pretensión de eficiencia frente alos logros del sistema, aunque, hoy por hoy, laspromesas de eficiencia no parecen ser alcanzables.Por su lado, la flexibilización de las garantías judicialestiene una justificación inherente a la ley 975: el proce-dimiento establecido en esta ley especial es opcional.No se trata de un mecanismo a través del cual se privaa los acusados de su derecho a un debido proceso, sinode una opción a la cual pueden recurrir los desmo-vilizados, si así lo desean, para reclamar el beneficiojudicial de la alternatividad. La ley 975 no es unprocedimiento penal que restrinja las garantías de losprocesados; es un mecanismo a través del cual se 19.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 21pueden beneficiar después de haber cometido crímenesde lesa humanidad.Ante la incapacidad del sistema penal de producirevidencias o pruebas para juzgar y sancionar a loscriminales de lesa humanidad, la ley 975 sustenta unesquema eficientista basado en confesiones incenti-vadas, que busca por vía extraordinaria establecerresponsabilidades personales en la plétora de crímenesque han sido perpetrados de manera sistemática por elparamilitarismo en el país y que han estado cobijadospor el manto de la impunidad.La ley 975 se aleja de un modelo convencional deaveriguación de la verdad judicial y se aproxima a unaaveriguación administrativa de los hechos, que conducea una formulación limitada de la imputación y de laacusación que, a su vez, serán aceptadas con base en elincentivo de beneficiarse de la alternatividad penal.d. Un procedimiento de aplicación limitada, restringida particularmente a los paramilitares desmovilizados colectivamenteLa ley 975 contempla limitaciones de aplicación personal,material y temporal que enfatizan su carácter deprocedimiento especial. La conjunción de estas limita-ciones de aplicación parece indicar que es una ley quesólo se podrá aplicar para beneficiar a los paramilitares,al menos en casos de desmovilizaciones colectivas.En primer lugar, la ley 975 define como marco deaplicación personal a los miembros de grupos armadosal margen de la ley que se hayan desmovilizado, colectivae individualmente13. La definición abstracta de la normacontempla la inclusión de miembros de grupo guerri-lleros como paramilitares.13 Ley 975 de 2005, artículo 1. 20.
22 Comisión Colombiana de JuristasEn lo concerniente a la aplicación material, la ley 975es residual. Está destinada a los desmovilizados que“hayan sido o puedan ser imputados, acusados ocondenados como autores o partícipes de hechosdelictivos cometidos durante y con ocasión de lapertenencia a esos grupos, cuando no puedan serbeneficiarios de algunos de los mecanismos establecidosen la ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en ellistado que el Gobierno Nacional remita a la FiscalíaGeneral de la Nación”14. Esta disposición destaca lanaturaleza residual de la ley 975, en la medida en quesólo será aplicada en casos en los cuales no es suficientela ley 782 para for malizar la situación de losdesmovilizados. Adicionalmente, esta disposiciónintroduce una limitación de carácter formal para laaplicación de la ley, que es la pretensión del Ejecutivo,en procesos de desmovilizaciones colectivas, de controlarquién puede beneficiarse de la ley 975. En efecto, segúnel artículo 10 de la ley, sólo podrán ser beneficiadosquienes hayan sido incluidos dentro del listado que elGobierno nacional entregó a la Fiscalía General de laNación el 15 de agosto de 2006.Finalmente, en materia temporal, la ley 975 estableceque “se aplicará únicamente a hechos ocurridos conanterioridad a su vigencia”15. Es decir, la ley no cobijaningún acto cometido después del 25 de julio de 2005.Esta limitación es impracticable en caso de promoverseun eventual proceso de negociación con los gruposguerrilleros.A pesar de la definición genérica de la aplicación personalde la ley, la limitación material y temporal de la mismarestringe el universo de personas que puedenbeneficiarse de dicha ley. De hecho, las restricciones deaplicación parecen indicar que se trata de un14 Ley 975 de 2005, artículo 10.15 Ley 975 de 2005, artículo 72 21.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 23procedimiento especial diseñado exclusivamente paraotorgar prerrogativas a los miembros de los gruposparamilitares que se desmovilizaron colectivamente.Por todo lo anterior, se destaca que la ley 975 estableceun procedimiento penal especial que no es asimilable aninguno de los procedimientos existentes. Esteprocedimiento especial tiene las siguientes caracte-rísticas: a. es un procedimiento estructurado sobre laoferta de incentivos para los victimarios; b. es un modeloprocesal que se concentra en el victimario y no en eldescubrimiento de hechos que responden a un patrónsistemático; c. es un sistema procesal que acoge unmodelo eficientista de justicia; y d. es un procedimientode aplicación limitada, restringida particularmente a losparamilitares desmovilizados colectivamente.2. El espejismo de la disminución de los índices de impunidad y congestión judicial con la ley 975El bloque nor mativo que soporta el proceso delegalización de los desmovilizados surge como unaválvula de escape ante la ineficacia del poder judicialpara responder al alto nivel de impunidad que cobijalas violaciones de derechos humanos en el país. Así,con base en las confesiones de algunos de losdesmovilizados, muchos de los procesos existentes enla jurisdicción penal ordinaria harían tránsito a lajurisdicción especial conocida como de “justicia y paz”.Sin embargo, este tránsito no es garantía de que se logreesclarecer a fondo la comisión de los crímenes.El espejismo de la descongestión del aparato de justiciadifícilmente se materializará, en parte por laslimitaciones de aplicación que establece la ley 975,anteriormente reseñadas, y por la falta de contenido delas confesiones de los paramilitares para esclarecer 22.
24 Comisión Colombiana de Juristashechos con múltiples niveles de responsabilidades,incluyendo la de funcionarios públicos.El procedimiento especial de la ley sólo resulta aplicablea las personas que se hayan desmovilizado colectiva oindividualmente y que hayan sido postuladas para serbeneficiarias de la ley por el Ejecutivo. De la lista inicialde 2.695 personas, el Fiscal General de la Nación, enentrevista con un diario nacional, manifestó que laFiscalía sólo tendría individualizadas un 15 por ciento(aproximadamente 400 personas)16. El resto de laspersonas, junto con su participación en hechosconstitutivos de crímenes bajo el derecho internacional,continúan siendo parte del misterio de la violenciasistemática y generalizada perpetrada por elparamilitarismo en el país.Ante la ausencia de esclarecimiento total de los hechosdelictivos y de la determinación de los distintosresponsables, los procesos deben seguir su curso en lajurisdicción ordinaria. Por ejemplo, un proceso queimplique la presunta responsabilidad de un miembrode la Fuerza Pública no se podrá cerrar hasta que no selleve a término bajo el procedimiento penal ordinario.Así mismo, aquellos cargos que le sean imputados yque el procesado no acepte también serán tramitadospor la justicia ordinaria, según lo dispuesto por elartículo 21 de la ley.Como se observa, la promesa de eficiencia y de luchacontra la impunidad no parece lograr materializaciónmediante la aplicación del procedimiento especialestablecido en la ley 975.16 “Al comisionado le está faltando juego limpio”, El Espectador, 10 al 16 de diciembre de 2006, pág. 12A. 23.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 253. El efecto de la sentencia C-370 de 2006: la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como elemento orientador del procedimiento de la ley 975Al revisar la constitucionalidad de la ley 975, la CorteConstitucional dejó claro que muchos de los artículosprocesales de la ley se oponían a la garantía de losderechos de las víctimas, por lo cual resultó necesarioen algunos de los casos declararlos inexequibles y enotros darles una constitucionalidad condicionada17. Enla tarea de darle un sentido constitucional quegarantizara su vigencia dentro del ordenamiento jurídico,la Corte rescató los derechos de las víctimas comoelemento orientador de la aplicación del procedimientocreado por la ley 975.La actividad de control constitucional desplegada porla Corte en el caso de la ley 975 permite rescatarelementos de protección de derechos de las víctimas quele dan un sentido nuevo a la ley. Esta ya no puede servista como un marco conveniente para la entrega decriminales de guerra “arrepentidos”, sino que tiene queser aplicada como un marco de garantía de los derechosa la verdad, la justicia y la reparación de víctimas dedelitos de lesa humanidad. De igual forma, la ley 975tiene que ser aplicada de tal manera que las autoridadesjudiciales puedan esclarecer las prácticas sistemáticasy los planes criminales que promovieron y facilitaron laviolencia paramilitar en el país.La revisión constitucional que ha hecho la Corte de laley 975 se ha realizado en abstracto. La aplicación de laley –que apenas se inicia– ha dado a conocer situaciones17 Véase, en general, Corte Constitucional, sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. El resumen de esta sentencia se encuentra como anexo en esta publicación. 24.
26 Comisión Colombiana de Juristasfácticas que violan abiertamente lo ordenado por laCorte; por ejemplo, la falta de rigor en la conducción deexhumaciones y en la preservación de las pruebas, laexclusión de representantes de víctimas de las versioneslibres y la actividad pasiva de los fiscales frente a losvictimarios.A pesar del gran esfuerzo hecho por la Corte, la ausenciaen la ley de mecanismos procesales concretos para hacerefectiva la participación de las víctimas es evidente. Laremisión a otras figuras procesales consignadas en loscódigos de procedimiento vigentes no es suficiente, nies la forma adecuada, considerando la naturalezaespecial del proceso consignado en la ley 975 y latrascendencia de los casos que se procesan. Los vacíosnormativos tampoco pueden ser llenados bajo laexpedición de normas reglamentarias18, pues se correel inminente riesgo de administrativizar y devaluar elcontenido de los derechos de las víctimas.En la práctica, debe rescatarse la jerarquía judicial delprocedimiento especial de la ley 975 de 2005. Esprobable que para sanear de fondo las irregularidadesmanifiestas resulte indispensable la expedición de unaley que la reglamente en lo relacionado a cómo se debencomprender los momentos y las figuras procesales paraque al ser implementada no se vulneren los derechosde las víctimas.Para cumplir a cabalidad con los compromisosinternacionales del Estado y lo ordenado por la CorteConstitucional, es necesario rescatar la naturalezajudicial del procedimiento especial señalado por la ley975 y darle contenido formal –y no retórico– a la18 Decreto 4760 de 2005 y decreto 3391 de 2006. De igual forma, la Fiscalía General de la Nación ha intentado reglamentar el ejercicio de derechos fundamentales por vía de una resolución administrativa. Véase Fiscalía General de la Nación, Resolución 3998 de 2006. 25.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 27participación de las víctimas en todas las etapas delproceso.Dentro de este marco, es indispensable rescatar la figuradel juez como figura preponderante que garantiza queel principio de legalidad sea la columna vertebral delproceso, buscando garantizar los derechos de lasvíctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Es tareade todos los operadores de justicia evitar que losprocesos de “justicia y paz” se conviertan en el escenariode los victimarios para justificar sus actos, manifestarsu arrepentimiento, pedir perdón y salir premiados conla pena alternativa. ¡Eso no es justicia! 26.
Efectos de la sentencia C-370 de2006 de la Corte Constitucional yla aplicación de la ley 975 27.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre lano concesión de los efectos retroactivos de las decisionesconsignadas en la sentencia C-370 de 2006 generó variosinterrogantes respecto a los efectos inmediatos de lasmismas. En general, los interrogantes no son tancomplejos y el debate tendió a distorsionar la cuestióncomo resultado de las presiones ejercidas por los gruposparamilitares, que amenazaron una vez más con romperel proceso de negociación, y la falta de compromiso delGobierno nacional con el acatamiento de los fallos de laCorte.La aplicación de las reglas generales sobre el efectoinmediato de la sentencia de la Corte Constitucionalgenera dos tipos de cuestiones. La primera estárelacionada con las normas declaradas inexequibles.Dada la existencia del principio de favorabilidad enmateria penal, surge la cuestión relativa a los efectosfuturos de las normas declaradas inexequibles, siresultaren más favorables para los procesados. Elsegundo tipo de cuestión gira en torno al efecto inme-diato de todas las constitucionalidades condicionadasque estableció la Corte en su sentencia.Con el fin de aclarar el alcance del efecto inmediato dela sentencia C-370 de 2006, a continuación sedesarrollan tres acápites. El primero expone el contenidobásico de las reglas generales sobre el efecto inmediatode las sentencias de constitucionalidad. El segundodesarrolla los efectos de las inexequibilidades,incluyendo la distinción entre normas de derecho penaly de otras ramas del derecho. Y el tercer acápite tiene elpropósito de enfatizar el rol de los funcionarios encar-gados de aplicar la ley 975, acatando las condicionesque impuso la Corte para establecer la exequibilidad delas normas. 28.
32 Comisión Colombiana de Juristas1. El efecto inmediato de las sentencias de constitucionalidad y la obligación de cumplir las decisionesSegún el artículo 243 de la Constitución Política, “losfallos que la Corte dicte en ejercicio del controlconstitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitu-cional”. Por su parte, el artículo 21 del decreto 2067 de1991 dispone que “las sentencias que profiera la CorteConstitucional tendrán el valor de cosa juzgadaconstitucional y son de obligatorio cumplimiento paratodas las autoridades y los particulares”. ¿Qué implica-ciones tiene entonces la “cosa juzgada constitucional”?La Corte ha proferido una respuesta clara y concisa aeste interrogante. La cosa juzgada constitucional tienelas siguientes características: - Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes. - Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso concreto. - Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y seguridad jurídica. - Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no pueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello, porque la Corte debe confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda de la integridad y supremacía de la Carta. Por el contrario, los fallos de la justicia contencioso- administrativa que no anulen una norma la dejan 29.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 33 vigente, pero ella puede ser objeto de futuras nuevas acciones por otros motivos, porque el juez administrativo sólo examina la norma acusada a la luz de los textos invocados en la demanda, sin que le esté dado examinar de oficio otras posibles violaciones, de conformidad con el artículo 175 del código contencioso-administrativo (cosa juzgada con la causa petendi). - Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte Constitu- cional1.2. Efecto inmediato de las normas declara- das inexequibles y la aplicación de la ley 975Ahora bien, ¿qué efecto tiene que la Corte declare lainexequibilidad de las normas? Según la Corte, “la declaración de inexequibilidad de una disposi- ción o de un ordenamiento legal se traduce en su inejecutabilidad. La inexequibilidad equivale al retiro o desaparición del ordenamiento positivo de la disposición o disposiciones violatorias de la Constitución. Dichos fallos al igual que los de exequibilidad son de carácter general, obligatorio, erga omnes y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, la cual puede ser absoluta o relativa, según la decisión que adopte este tribunal”2.1 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.2 Corte Constitucional, sentencia C-1316 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 30.
34 Comisión Colombiana de JuristasEn consecuencia, una vez declaradas inexequibles lasnormas no pueden ser aplicadas, pues como lo indicala Corte, la consecuencia inmediata de este pronun-ciamiento es que las normas desaparecen del ordena-miento jurídico.En la sentencia C-370 de 2006, la Corte dispuso que sudecisión no tenía efectos retroactivos. Sin embargo, estadeclaratoria genera la duda de si las normas de carácterpenal declaradas inexequibles se aplican o no deconformidad con el principio de favorabilidad, en virtuddel cual “la ley permisiva o favorable, aún cuando seaposterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a larestrictiva o favorable”3.Para resolver esta cuestión, en primera instancia debehacerse una distinción entre aquellas normas declaradasinexequibles que tienen carácter penal y aquellas decarácter civil. En efecto, frente a estas últimas, es claroque el principio de favorabilidad no es aplicable en virtudde su naturaleza ajena al derecho penal. Enconsecuencia, las siguientes disposiciones salieron delordenamiento jurídico, sin que haya posibilidad de quesean aplicadas o evocadas en virtud del principio defavorabilidad: la entrega de los bienes “cuandodispusieran de ellos” (art. 11 num. 11.5, art. 17 inc. 2,art. 44 y art. 46); las medidas cautelares sobre los bienesde procedencia ilícita (art. 13 num. 4 y art. 18 inc. 2); ylas liquidaciones y pagos de las indemnizaciones dentrode los límites autorizados por el presupuesto nacional(art. 55, num 56.1 sic.).En relación con las normas de naturaleza penal quefueron declaradas inexequibles, la aplicación delprincipio de favorabilidad deberá ser decidida, caso porcaso, por los jueces competentes. El principio de3 Ley 599 de 2000, Código penal, artículo 6. 31.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 35favorabilidad es una garantía propia del derecho penal,cuya determinación es de competencia exclusiva de losjueces y no se puede declarar en abstracto.El principio de favorabilidad no puede invocarse porparte del Ejecutivo para expedir, con posterioridad a ladeclaratoria de inexequibilidad de las normas defundamento, una norma administrativa que contravienedirectamente una sentencia de la Corte Constitucional.Los decretos 3391 de 2006 y 4436 del 11 de diciembrede 2006 fueron expedidos con posterioridad a lasentencia C-370 de 2006. El Ejecutivo estádesconociendo la inexequibilidad declarada por la Cortey pretende, al amparo de sus facultades reglamentarias,revivir normas que fueron extraídas del ordenamientojurídico. Todo esto, con el singular propósito de favorecera los victimarios.La interpretación y la aplicación del principio defavorabilidad son tareas de los jueces, no del Presidentede la República. Una cosa es que, en aras del garantismopenal, los jueces apliquen el principio de favorabilidad,y una muy distinta es que el Ejecutivo manipule esteprincipio para desconocer, por vía administrativa, unasentencia en firme de la Corte Constitucional.Las normas reglamentarias expedidas con posterioridada la sentencia C-370 de 2006 que contravienen lasdeclaratorias de inexequibilidad no tienen piso legal y,además, son inconstitucionales. Los funcionariosencargados de aplicar la ley deben invocar la excepciónde inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4 dela Constitución e inaplicar todas estas disposiciones4.4 En otro artículo de esta publicación, se consigna la posición de la CCJ sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en el contexto de la aplicación de la ley 975. 32.
36 Comisión Colombiana de Juristas3. La irretroactividad de los efectos de la sentencia y la constitucionalidad condicionadaLa Corte condicionó la exequibilidad de las siguientesdisposiciones: - el concepto de “colaboración con la justicia” (art. 3 parcial) - el concepto de “víctima” (art. 5 inc. 2 y 5, art. 47 y art. 48 num. 48.3) - revelar el paradero de las personas desaparecidas, como requisito de elegibilidad (art. 10 num. 10.6) - la confesión (art. 17) - el término de 36 horas para la realización de la audiencia de formulación de imputación (art. 17 inc. 4) - el control de legalidad a la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos (art. 19 inc. 3) - la revocatoria de la libertad a prueba (art. 29 inc. 5) - la participación de las víctimas en las diferentes etapas del proceso (art. 37 num. 37.5) - la integración del Fondo Nacional para la Reparación (art. 54 inc. 2)La aplicación de las disposiciones de la ley 975declaradas constitucionales en sentido condicionado noestá sometida al debate acerca de los efectos retroactivosdel fallo o sobre la procedibilidad o no del principio defavorabilidad en materia penal, pues se trata de unamisma norma cuyo único sentido posible, en virtud dela supremacía constitucional, ha sido declarado. Laconstitucionalidad condicionada implica que la normano contradice la Constitución, siempre y cuando seainterpretada y aplicada en la forma indicada por la CorteConstitucional. En efecto, cuando la Corte toma estadecisión es porque “ha decidido mantener en elordenamiento una norma pero condicionando su perma- 33.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 37nencia a que sólo son válidas unas interpretaciones dela misma, mientras que las otras son inexequibles”5. Esdecir, se trata de la misma norma sometida a unainterpretación concreta y, por lo tanto, no se produceuna modificación del contenido normativo de ladisposición.En consecuencia, la decisión de la Corte de darle a susentencia efectos sólo hacia el futuro no afecta deninguna manera la aplicación futura de las normasdeclaradas constitucionales de una manera condi-cionada. Asegurar lo contrario sería permitir que seaplicaran normas con una interpretación abiertamentecontraria a la Constitución y al derecho internacionalde los derechos humanos. La interpretación señaladapor la Corte es la única interpretación posible en elmomento de aplicación de la ley 975. Como ya se dijo,en este caso no se estaría frente a dos normas, sinoante una misma norma a la que se le debe dar lainterpretación determinada por la Corte.A manera de conclusión: la aplicación de la ley 975requiere observar todas las consideraciones de laCorte ConstitucionalTeniendo en cuenta lo anterior, es dable concluir que lassentencias de la Corte Constitucional son de obligatoriocumplimiento y, en consecuencia, las normas declaradascomo inexequibles deben salir del ordenamiento, mientrasque las que fueron declaradas constitucionales de unamanera condicionada deberán ser aplicadas según lainterpretación dada por la Corte. El debate sobre lafavorabilidad penal debe trasladarse a las cortes dejusticia y el Ejecutivo debe sustraerse del debate y revocarlos decretos reglamentarios de la ley 975 que soncontrarios a lo ordenado por la Corte Constitucional.5 Corte Constitucional, sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 34.
Los derechos de las víctimasy la Ley 975 de 2005 35.
La ley 975 de 2005, al regular la investigación,procesamiento, sanción y beneficios judiciales adesmovilizados, estableció que las víctimas tienenderecho a la verdad, la justicia y la reparación. La CorteConstitucional, por su parte, al revisar la constitu-cionalidad de dicha ley, mediante la sentencia C-370 de2006, desarrolló ampliamente el contenido de estosderechos resaltando el papel primordial de las víctimasen procesos en los que se investigan graves violacionesa los derechos humanos.Por tratarse de una amplia gama de facultadesreconocidas a las víctimas en materia de verdad, justiciay reparación, en el presente artículo sólo se buscaestablecer en qué se traduce el derecho que tienen estasfrente a la administración de justicia. De esta forma, seexaminará quiénes podrán actuar como sus repre-sentantes y en qué etapas del proceso pueden participary con qué facultades cuentan.1. Representación de las víctimasEl artículo 5 de la ley define quiénes son víctimas dentrodel proceso penal especial que regula, estableciendo quetienen tal carácter: - Las personas que, individual o colectivamente consideradas, hayan sufrido un daño directo como consecuencia de acciones ilegales ocasionadas por grupos armados organizados al margen de la ley; - Los familiares más próximos de las víctimas directas, personas a cargo de la víctima directa y aquellas que hayan sufrido daño al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 36.
42 Comisión Colombiana de Juristas victimización, que demuestren haber sufrido un daño real, concreto y específico1; - Los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido daños directos como consecuencia de las acciones ilegales de integrantes de grupos armados al margen de la ley.El carácter de víctima deberá acreditarse sumariamentedentro del proceso, según lo dispuesto en el parágrafodel artículo 11 del Decreto 4760 de 2005. Ahora bien,las víctimas dentro del proceso establecido por la leytienen varias posibilidades para su representación:1. Abogados de confianza, entre los cuales pueden encontrarse organizaciones sociales. En efecto, según el artículo 36 de la ley, la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz deberá impulsar mecanismos para la participación de estas para la asistencia a víctimas.2. La Defensoría del Pueblo tiene el deber de asistir a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la ley, como lo establece el inciso 2 del artículo 34 de la ley 9752.1 El segundo inciso del artículo 5 de la ley 975 de 2005 establecía que “también se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. La Corte Constitucional al examinar este artículo declaró su constitucionalidad condicionada bajo el entendido de que no se excluyen como víctimas a aquellos familiares que hayan sufrido un daño real, concreto y específico, ampliando de esta forma el concepto de víctima establecido en la ley 975.2 El inciso 2 del artículo 34 original establecía que: “La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley”. La Corte declaró inexequible la expresión “presente” al considerar que “las víctimas integran, sin duda, uno de los sectores más vulnerables de la población frente al cual la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, puede desarrollar toda una gama de posibilidades de asesoría, asistencia y protección, en desarrollo de las facultades que le han sido atribuidas por las leyes que se ocupan de esta importante institución. La expresión “presente” del segmento normativo impugnado en efecto introduce una severa restricción a las posibilidades de asistencia a las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo, lo cual riñe con la concepción amplia de los derechos de las víctimas (…)”. 37.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 433. El Ministerio Público, por su parte, deberá intervenir a través de las instituciones que lo conforman, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales (art. 28 de la ley y num. 5 del art. 11 del decreto 4760 de 2005). Respecto a los edictos emplazatorios expedidos por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, el artículo 8 del decreto 3391 de 2006 estableció que en caso de no comparecencia de las víctimas, el Ministerio Público tendrá el deber de garantizar su representación en los procesos.Así mismo, las víctimas tendrán la posibilidad de actuara través de actores populares, según jurisprudencia dela Corte. En efecto, en la sentencia T-219 de 2003, laCorte sostuvo que: “existen circunstancias en las cuales la comisión de un delito activa un interés de la sociedad en su conjunto, por establecer la verdad y lograr que se haga justicia, para lo cual estaría habilitado un actor popular como parte civil. (…) “En este orden de ideas, debe admitirse que en presencia de hechos punibles que impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una grave puesta en peligro de la paz colectiva, valorados por el respectivo juez o fiscal, debe admitirse la participación de la sociedad –a través de un actor popular –, como parte civil en el proceso penal. La Corte Constitucional no duda en incluir dentro de tales graves conductas la comisión de delitos de lesa humanidad, pues la comisión de uno de tales delitos altera de manera significativa el orden mínimo de civilidad e implica el desconocimiento de principios fundantes del orden social imperante”. 38.
44 Comisión Colombiana de Juristas2. Participación de las víctimas dentro del procesoAl analizar los artículos de la ley que regulan las diferentesetapas del proceso, la Corte Constitucional sostuvo quelas víctimas pueden participar en las diligencias de versiónlibre, en la formulación de imputación, en la aceptaciónde cargos, en el incidente de reparación y en el juicio(aun cuando en estricto sentido no hay juicio).La referencia explícita que hace la Corte de la sentenciaC-228 de 2002 y de los estándares internacionales enesta materia permite concluir que las víctimas o susrepresentantes tienen amplias facultades para actuaren todas y cada una de las diligencias que se desarrollenen las diferentes etapas del proceso. En efecto, según laCorte Constitucional, “la adaptación de los derechos de las víctimas a los estándares internacionales a través de la jurispru- dencia, comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva del carácter bilateral del derecho a un recurso judicial efectivo en virtud del cual los derechos de las víctimas no pueden verse menguados en relación con los que asisten al procesado. La consideración contemporánea de la víctima como protagonista activo del proceso, conduce al goce de estándares de protección similares a los de otros intervinientes en el proceso”3.Ahora bien, la posibilidad de participar en cada una delas etapas del proceso se torna inocua si las víctimas3 Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, párr. 6.2.3.2.5.3. 39.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 45no tienen verdaderas facultades procesales paraparticipar en ellas. Entonces, ¿cuáles son las facultadesque tienen las víctimas para participar en esos procesos?Según la Corte Constitucional, “el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal, y el derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa, por ejemplo, en ‘que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se cele- bren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas’”4.En este orden de ideas, la Corte Constitucional haestablecido que el derecho a acceder a la administraciónde justicia se traduce en las siguientes facultadesprocesales: - contar con procedimientos idóneos y efectivos5; - la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas6;4 Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, párr. 6.2.3.2.2.7.5 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T -597/92, MP: Ciro Angarita Barón, SU-067/93, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz; T -451/93, MP: Jorge Arango Mejía; T -268/96, MP: Antonio Barrera Carbonell. Citadas en la sentencia C-228 de 2002.6 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T -399/93, MP: José Gregorio Hernández Galindo; C-544/93, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-502/97, MP: Hernando Herrera Vergara, citadas en la sentencia C-228 de 2002. 40.
46 Comisión Colombiana de Juristas - la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, en el que se incluye el derecho de la persona a ser oída, a tener acceso al expediente, a ser informada acerca de las decisiones que se tomen en el proceso, a presentar y controvertir pruebas y a que se le garantice su participación y seguridad, entre otros aspectos7; - la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias8; - que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a los pobres9; y - que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional10.De lo anterior se desprende claramente un debercorrelativo del Estado de garantizar el ejercicio de estosderechos. Como bien lo anotó la Corte Constitucionalen la sentencia C-228 de 2002, la concepciónconstitucional de los derechos de las víctimas “comprende exigir de las autoridades y de los instrumentos judiciales desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los7 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T -046/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093/93, MP: Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, C-301/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544/93, MP: Antonio Barrera Carbonell, T -268/96, MP: Antonio Barrera Carbonell., C-742/99, MP: José Gregorio Hernández, citadas en la sentencia C-228 de 2002.8 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, SU-067/93, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, T -275/94, MP: Alejandro Martínez Caballero, T -416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell, T -502/97, MP: Hernando Herrera Vergara, C-652/97, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, C-742/ 99, MP: José Gregorio Hernández, citadas en la sentencia C-228 de 2002.9 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T -522/94, MP: Antonio Barrera Carbonell; C-037/96, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; y C- 071/99, MP: Carlos Gaviria Díaz, citadas en la sentencia C-228 de 2002.10 Ver por ejemplo la sentencia C-157/98 MP: Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara, citada en la sentencia C-228 de 2002. 41.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 47 derechos, que éstos sean orientados a su restablecimiento integral y ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos, a lo menos”.Teniendo en cuenta que la ley 975 de 2005 se aplicaráen un contexto de conflicto armado y de fuertescuestionamientos a la desmovilización de los gruposparamilitares, el deber del Estado de garantizar laseguridad a las víctimas cobra una mayor importancia.Las víctimas deben tener todas las garantías en materiade seguridad para la participación en esos procesos.Así mismo, la gran cantidad de víctimas que podríantener interés en participar en los procesos exige delEstado un mayor compromiso para garantizar que todasy cada una de las personas interesadas tengan laposibilidad de contar con abogados cualificados querepresenten sus intereses.Sólo en la medida en que las facultades procesales departicipación sean garantizadas por los funcionariosjudiciales en el curso de los procesos penales sepermitirá el ejercicio pleno de los derechos de lasvíctimas. El derecho a acceder a la justicia cobra sinduda alguna mayor importancia en procesos donde seinvestigan graves violaciones a los derechos humanosdonde el Estado debe respetar y garantizar plenamentelos derechos de las víctimas. 42.
El derecho a la verdad yla ley 975 de 2005 43.
Según el “Conjunto de principios para la protección y lapromoción de los derechos humanos mediante la luchacontra la impunidad”1, el derecho a saber tiene una dobleconnotación, una individual y otra colectiva, en lamedida en que tanto las víctimas directas y susfamiliares como la sociedad en su conjunto tienen elderecho inalienable e imprescriptible a conocer la verdadacerca de las violaciones cometidas en el pasado. Dichoderecho implica, a su vez, un deber correlativo del Estadode adoptar las medidas adecuadas para “preservar losarchivos y otras pruebas relativas a violaciones de losderechos humanos y el derecho humanitario y parafacilitar el conocimiento de tales violaciones”2.De igual forma, según el “Estudio sobre el derecho a laverdad” de la Oficina del Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH), este derecho entraña también el derechoa solicitar y recibir información sobre “las causas que dan lugar al trato injusto que recibe la víctima; las causas y condiciones relativas a las violaciones manifiestas de las normas interna- cionales de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario; los progresos y resultados de la investigación; las1 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, ONU Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005.2 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, ONU Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, principio 3. 44.
52 Comisión Colombiana de Juristas circunstancias y los motivos por los que se perpe- traron los hechos delictivos de la investigación; las circunstancias y los motivos por los que se perpetra- ron los hechos delictivos en el derecho internacional y las violaciones manifiestas a los derechos humanos; las circunstancias en que se produjeron las violaciones; en caso de fallecimiento, desaparición o desaparición forzada, la suerte y el paradero de las víctimas; y la identidad de los autores”3.Así mismo, este estudio establece como característicaspropias de este derecho, las siguientes:- es un derecho autónomo, inalienable e imprescriptible;- está íntimamente relacionado con el deber de protección y garantía a cargo de los Estados, específicamente con la obligación de realizar investigaciones eficaces;- está relacionado con los derechos a un recurso efectivo, a la protección jurídica y judicial, a ser oído, a obtener una reparación y a recibir y difundir información;- tiene un aspecto social, es decir, que no sólo los indivi- duos sino la sociedad en su conjunto son titulares de este derecho;- como derecho fundamental, no debe estar sujeto a restricciones y no puede ser suspendido en ninguna circunstancia;- la participación de todos los lesionados y toda persona u ONG en los procesos penales constituye un importante medio para garantizar este derecho4.3 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Estudio sobre el derecho a la verdad, ONU Doc. E/CN.4/2006/ 91, párr. 38.4 Ibid. 45.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 53El citado estudio de la OACNUDH sobre el derecho a laverdad hace un recorrido metódico por las fuentes delderecho internacional público para establecer el alcancepreciso de las obligaciones estatales en relación con elderecho a la verdad.1. El derecho a la verdad y la ley 975 de 2005La ley 975, en su artículo 7, establece que: “La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad”.Por otra parte, cuando la Corte Constitucional revisó laconstitucionalidad de la ley 975, a través de la sentenciaC-370 de 2006, no sólo condicionó la exequibilidad dela pena alternativa a la efectiva contribución a la paz yla garantía de no repetición de las conductas por partede los beneficiarios de la ley5, sino que destacó el papelfundamental que debe dársele al derecho a la verdad enlos procesos que en desarrollo de ella se adelanten. En5 Véase el artículo sobre requisitos de elegibilidad y garantía de una efectiva transición, contenido en esta publicación. 46.
54 Comisión Colombiana de Juristasefecto, luego de hacer un repaso de los estándaresinternacionales en materia de los derechos de lasvíctimas, entre ellos el derecho a la verdad, la Cortedefinió este derecho como “la posibilidad de conocer loque sucedió e implica la coincidencia entre la verdadprocesal y la verdad real”.Así mismo, con fundamento en el derecho a la verdad,la Corte declaró la inconstitucionalidad de un apartedel artículo 25 y estableció que los beneficios concedidospor la ley se revocarán cuando se pruebe que eldesmovilizado omitió información determinante para elestablecimiento de la verdad. En el mismo sentido, laCorte declaró la constitucionalidad condicionada delartículo 10.6, bajo el entendido de que los desmovili-zados, como requisito de elegibilidad, deben informaren cada caso sobre el paradero de las personasdesaparecidas.2. Deber de establecer la responsabilidad del Estado en la conformación de los grupos paramilitares y de violaciones a los derechos humanosTeniendo en cuenta que la consolidación de la paz es elobjetivo primordial de la ley 975 y que uno de lospresupuestos básicos para su consolidación es el respetoy la garantía del derecho de las víctimas y la sociedad ala verdad, es necesario que los operadores jurídicostengan en cuenta las sentencias dictadas por la CorteInteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y queeste derecho sea respetado y garantizado en cualquierprocedimiento judicial que se aplique con el objetivo deesclarecer graves violaciones a los derechos humanos.En las últimas sentencias sobre Colombia, la Corte IDHestableció como hecho probado la responsabilidad delEstado en la creación de los grupos paramilitares tras 47.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 55haber adoptado una serie de medidas legislativas queincentivaron a la población civil a armarse con el fin deauxiliar a la Fuerza Pública en su lucha contrague-rrillera. En efecto, en la sentencia sobre el caso de 19comerciantes, la Corte IDH sostuvo que: “Los ‘grupos de autodefensa’ se conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de las autoridades estatales. El Estado impulsó su creación entre la población civil, con los fines principales de auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y de defenderse de los grupos guerrilleros, es decir, en su concepción inicial no tenían fines delictivos. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico. Sin embargo, muchos ‘grupos de autodefensa’ cambia- ron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados ‘parami- litares’”6.Con fundamento en lo anterior, la Corte IDH concluyóque: “A pesar que Colombia alega que no tenía la política de incentivar la constitución de tales grupos delincuenciales, ello no libera al Estado de la responsabilidad por la interpretación que durante años se le dio al marco legal que amparó a tales grupos ‘paramilitares’, por el uso desproporcionado dado al armamento que les entregó y por no adoptar las medidas necesarias para prohibir, prevenir y castigar adecuadamente las referidas actividades delincuenciales, aunado a que las propias autoridades militares de Puerto Boyacá incentivaron al grupo de ‘autodefensa’ que tenía control en dicha6 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 118. 48.
56 Comisión Colombiana de Juristas zona a desarrollar una actitud ofensiva ante los guerrilleros, tal y como sucedió en este caso, pues se consideraba que los comerciantes brindaban colaboración a los grupos guerrilleros”7.En una sentencia posterior, la Corte IDH fue muchomás allá. Al analizar el caso de la masacre de PuebloBello perpetrada por grupos paramilitares, la Corte IDHdeclaró la responsabilidad del Estado por el riesgo quecreó al adoptar medidas legislativas que propiciaron lacreación de estos grupos. En dicha sentencia sostuvo: “En el presente caso, la Corte reconoce que el Estado adoptó varias medidas legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de autodefensa o paramilitares (supra párrs. 95.8 a 95.20) y, en atención a la situación particular del Urabá antioqueño, región donde está ubicado el corregimiento de Pueblo Bello, el conocimiento de la situación de riesgo y de la necesidad de controlar la zona se materializó en la adopción de una serie de medidas en este sentido (…). Sin embargo, esas medidas no se vieron traducidas en la desactivación concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear. Con la interpretación que durante años se le dio al marco legal, el Estado propició la creación de grupos de autodefensas con fines específicos, pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley. De este modo, al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del7 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 124. 49.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 57 presente caso. La declaratoria de ilegalidad de éstos debía traducirse en la adopción de medidas suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación de riesgo, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos parami- litares, así como la obligación de investigar con toda diligencia actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población civil”8Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que en todoslos procesos judiciales que se desarrollen por violacionesa los derechos humanos perpetradas por los gruposparamilitares se busque establecer la identidad de todoslos responsables, así como la responsabilidad del Estadoen la conformación de estos grupos. El deber deinvestigar y sancionar a los agentes del Estadoresponsables de las violaciones a los derechos humanossigue en cabeza del Estado, así como el deber deesclarecer la verdad acerca de los reales vínculos quehan existido entre estos y los grupos paramilitares.3. Deber de esclarecer las violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de los grupos paramilitaresAhora bien, específicamente en lo que tiene que ver conlos procesos judiciales que se desarrollen en el marcode la ley, el derecho a la verdad de las víctimas debe sergarantizado plenamente. En esa medida, es necesarioen primera instancia que se garantice la participaciónde las víctimas en los procesos, como lo sostiene el8 Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 125 y 126. 50.
58 Comisión Colombiana de Juristasestudio de la OACNUDH. Una de las formas de hacerefectivo este derecho es hacer públicas las diligenciasde versión libre, de tal forma que tanto las víctimasdirectas y sus familiares, como la sociedad en suconjunto, puedan escuchar las declaraciones de losprocesados y conocer la verdad acerca de las violacionescometidas.Por otra parte, en las diligencias de versión libre esimportante que los fiscales contrainterroguen alprocesado. El beneficio de la pena alternativa sólo puedeser otorgado a aquellos que estén dispuestos a colaborareficazmente con la justicia y dicha colaboración, segúnla Corte Constitucional, “debe estar encaminada al logroefectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, lajusticia, la reparación y la no repetición”9. El Estado tieneel deber de hacer investigaciones eficaces y de dotar derecursos a quienes buscan esclarecer las violaciones alos derechos humanos. La ley de “justicia y paz” sólopuede considerarse como un recurso eficaz en la medidaen que permita el esclarecimiento de las violaciones alos derechos humanos y sirva como instrumento parala consecución de la paz. En este sentido, la Corte IDHha sido muy clara al afirmar que: “la investigación debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”10.9 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.10 Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr.144. 51.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 59De igual forma, en aquellos casos en los que se dé laruptura de la unidad procesal por la no aceptación decargos en los términos del artículo 21 de la ley o enaquellos en que las víctimas pretendan demostrar através de la justicia ordinaria que las confesiones fueronincompletas, el Estado deberá garantizar no sólo elesclarecimiento de la verdad, sino que deberá hacerloen un tiempo razonable. Esto cobra una mayorimportancia en lo que tiene que ver con las confesionesincompletas que implicarían la pérdida de los beneficiosconcedidos por la ley, pues según la sentencia de laCorte, para que opere la revocatoria del beneficio, no essuficiente que se alegue el ocultamiento de la verdaddurante la versión libre, sino que es necesario que existauna sentencia judicial que dé la certeza sobre la comisióndel delito ocultado. En este sentido, es necesario que lasentencia judicial que se dicte en la justicia ordinaria yque establezca que la confesión fue incompleta seproduzca antes de que ya se haya hecho efectivo elbeneficio concedido por la ley, es decir, antes de que setermine el período de libertad a prueba. 52.
Algunos factores de carácterpsicosocial relacionados conla aplicación de la ley 975 de 2005 53.
La dimensión psíquica y psicosocial debe serconsiderada de manera especial en cualquier procesojudicial en el que tomen parte víctimas de violenciasociopolítica, debido a los efectos que causan lasviolaciones a los derechos humanos y a los que sedesprenden del mismo proceso judicial. Por lo tanto, sedebe garantizar que los distintos agentes del Estado queparticipan en los procesos judiciales: a) sean sensiblesa la situación de vulnerabilidad de las víctimas; b)cuenten con conocimientos y recursos básicos parabrindar asistencia especializada; y c) puedan identificarlos daños psíquicos y psicosociales generados por laviolación y establecer medidas de reparación idóneas.En el marco de los procesos que se desarrollen bajo laley 975 de 2005, las anteriores consideraciones sonparticularmente importantes. La misma ley establecióen el artículo 37 que las víctimas tienen derecho a:1. Recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno; (…)3. Una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o participe del delito; (…) y8. Recibir asistencia integral para su recuperación (énfasis fuera del texto).Con el fin de promover la materialización de los derechosde las víctimas, a continuación se exponen treselementos. La exposición de estos temas está asociadaal reconocimiento de las implicaciones de carácterpsicosocial que tienen las violaciones a los derechoshumanos, sin pasar por alto que cada forma devictimización supone implicaciones subjetivas y que sus 54.
64 Comisión Colombiana de Juristasefectos dependerán tanto de las características mismasdel hecho violento, como de distintos factores asociadosa la historia, el entorno y la cultura de los afectados.1. Los funcionarios deben estar preparados para comprender y responder adecuada- mente a las necesidades psicosociales de las víctimasAl acudir a la administración de justicia, las víctimas debenrecibir un tratamiento especializado correspondiente a susituación de vulnerabilidad y de riesgo. Los funcionariosencargados de aplicar justicia deben estar preparados paraidentificar las distintas aflicciones que puedan estarexperimentando las víctimas y evitar generar un dañoadicional. Factores tales como el tipo y la forma devictimización, la identidad del agresor, y la edad, género ycultura de las víctimas – entre otros aspectos– se relacionanestrechamente con los efectos psíquicos y psicosocialesque pueden padecer las personas1 y que los funcionariosdeben reconocer y atender.El artículo 38 de la ley 975 dispone que los distintosfuncionarios con competencia en su aplicación“adoptarán medidas adecuadas y todas las accionespertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físicoy psicológico (…) de las víctimas y testigos”. Esta mismanorma establece además que en su tratamiento a lasvíctimas “tendrán en cuenta todos los factorespertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así1 Por ejemplo, BERISTAIN detalla cómo la violencia sexual genera un impacto y consecuencias psicológicas particulares en las víctimas: “La violación supone una vivencia individual (y muchas veces colectiva) profundamente traumática, con independencia del entorno cultural, añadiendo a las secuelas físicas de la violencia, dolor, humillación y vergüenza”. Carlos Beristain, Justicia y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Contextos de Conflicto Armado Inter no, Lima, 2006, pág. 8, disponible en: www.pcslatin.org/eventos/2006/justicia_reparacion/seminario.pdf 55.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 65como la índole del delito, en particular cuando se tratede violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género oviolencia contra los niños y niñas”2.De estas disposiciones se desprende el deber del Estadode asegurar que los funcionarios encargados de aplicarla ley 975 cuenten con las capacidades pertinentes para:a. comprender la problemática psicosocial de las víctimas que concurrirán a los procesos;b. adecuar los procedimientos a las necesidades, posibilidades y características socioculturales de las víctimas;c. crear un clima adecuado durante las audiencias;d. ajustar el contenido de los interrogatorios a las particularidades de cada caso;e. identificar si las víctimas requieren protección especial o asistencia profesional; yf. dar respuesta apropiada y oportuna a otras necesidades que, por su condición de vulnerabilidad, las víctimas puedan requerir (respetando, en todo caso, el principio de voluntariedad).Que los funcionarios brinden durante todo el procedi-miento judicial un trato humano y digno a las víctimasdepende tanto de su voluntad de proteger de maneraefectiva los derechos de las mismas, como de la posibi-lidad de contar con una preparación adecuada que lespermita comprender las implicaciones subjetivas,emocionales y relacionales de las distintas formas de2 Vale recordar que el conjunto de Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las nor mas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ha definido que: “El Estado debe velar porque, en la medida de lo posible su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma”. ONU Doc. A/Res/60/147, 16 de diciembre de 2005, num. 10. 56.
66 Comisión Colombiana de Juristasvictimización, particular mente en un contextosociopolítico como el colombiano, en el cual las víctimasde violaciones a los derechos humanos han sidoconstantemente invisibilizadas, discriminadas,estigmatizadas y perseguidas.En este sentido, el artículo 38 de la ley tambiénestableció que “se dará capacitación especial a losfuncionarios que trabajen con este tipo de víctimas”. Enconsecuencia, los fiscales, magistrados, defensorespúblicos, procuradores y demás funcionarios deberándisponer de condiciones para que los procedimientosjudiciales se constituyan en escenarios reparadores,propicios para la recuperación integral de las víctimas.2. Las víctimas tienen derecho a contar con asistencia psicosocial durante el tiempo que dure el proceso judicialLa posibilidad de participar en un proceso para judicia-lizar a los responsables de las violaciones a sus derechosse constituye para las víctimas en una oportunidadimportante para legitimar su dolor, recobrar la confianzaen la justicia estatal y encontrar la reparación de losdaños sufridos.Sin embargo, los principios procesales dispuestos porla ley 975 pueden significar una carga emocionaladicional para las víctimas. En estos procesos lasvíctimas pueden verse obligadas a confrontar a suagresor, relatar en presencia del mismo los padeci-mientos sufridos e, incluso, escucharle narrar detallesdolorosos sobre las motivaciones y circunstancias enlas que ocurrieron los hechos de violencia.La sobrecarga emocional puede manifestarse a travésde respuestas comportamentales, cognitivas o 57.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 67emocionales que resulten inesperadas e inmanejablespara los operadores de justicia, si no están debidamentepreparados. Algunas de estas respuestas pueden ser:llanto, ansiedad, pérdida del hilo del relato, evitación ypérdida de la memoria frente a acontecimientoscruciales. Este tipo de reacciones no podrán serplenamente evitadas, pero podrían atenuarse de maneraapropiada si las víctimas cuentan con apoyo psicosocial(o de otro tipo, de acuerdo a las tradiciones y creenciaspropias de la cultura de las víctimas) durante el tiempoque dure su participación el proceso.La asistencia psicosocial puede abarcar prácticasprofesionales, tales como:a. escuchar atentamente a las víctimas respecto de sus temores y preguntas con relación al procedimiento judicial;b. brindar orientación e información oportuna sobre las características y retos de cada etapa del proceso;c. apoyar anticipadamente la preparación de su intervención en diligencias, audiencias y en el incidente de reparación integral;d. contribuir en la evaluación de situaciones de riesgo o amenaza para que se adopten medidas al respecto; ye. brindar primeros auxilios psicológicos o atención en crisis cuando sea necesario.Estas acciones pueden favorecer que las víctimasprevean su reacción en momentos críticos, manejenmejor sus emociones y participen adecuadamente en ladefensa de sus derechos.Las instituciones encargadas de ejecutar la ley 975, enparticular la Defensoría del Pueblo, la ProcuraduríaGeneral de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y lajudicatura, deben implementar programas especiales quematerialicen la asistencia social y psicológica a las víctimas. 58.
68 Comisión Colombiana de JuristasConsiderando que el artículo 51 de la misma leyestableció como función de la Comisión Nacional deReparación y Reconciliación “garantizar a las víctimassu participación en procesos de esclarecimiento judicialy la realización de sus derechos”, la misma podrá brindarpautas y evaluar que los mecanismos y programas delas distintas instituciones cuenten con un enfoquecomún y se caractericen por su pertinencia, efectividady celeridad.Adicionalmente, según el artículo 36 de la ley 975, laProcuraduría General de la Nación debe impulsar meca-nismos para la participación de las organizacionessociales para la asistencia a las víctimas. Estos progra-mas de asistencia deben contemplar los elementospsicosociales de la atención.3. Las víctimas tienen derecho a que se reco- nozcan y reparen los daños psicosociales ocasionados por las violaciones a sus derechosDe acuerdo al Conjunto de principios actualizado parala protección y la promoción de los derechos humanosmediante la lucha contra la impunidad, el cual fuereconocido por la Corte Constitucional en la sentenciaC-370 de 2006 como estándar internacional en materiade verdad, justicia y reparación, “el derecho a obtenerreparación deberá abarcar todos los daños y perjuiciossufridos por las víctimas; comprenderá medidas derestitución, indemnización, rehabilitación y satisfacciónsegún lo establece el derecho internacional”3 (negrillasfuera de texto).3 Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. ONU, E/CN.4/ 2005/102/Add.1, principio 34. 59.
Anotaciones sobre la ley de “Justicia y paz” 69En Colombia las violaciones a los derechos humanoshan estado acompañadas de la implementación deestrategias de sometimiento y control tanto de indivi-duos, como de poblaciones enteras. Muchas de estasviolaciones han sido cometidas con gran sevicia y horror,menoscabando, en consecuencia, la dignidad y lascapacidades de afrontamiento y recuperación de quieneslas padecen.Por lo anterior, es imperioso reconocer que talesviolaciones han generado diversos daños psicosocialesen el plano individual, familiar y comunitario, los cualesdeben ser identificados y estudiados en cada casoparticular, para proceder a su plena reparación en losprocesos de la ley 975.Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos (Corte IDH) ha reconocido que es propio de lanaturaleza humana que toda persona sometida aagresiones y vejámenes semejantes experimente“sufrimiento moral” 4, estableciendo como objeto deindemnización lo que ha denominado daño moral.En criterio de la Corte IDH, “‘el daño moral puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria’ 5. Adicional- mente, ha dicho que este daño es evidente y no requiere ser probado, aunque no descarta la posibilidad de ‘acreditarse un daño mayor al4 Claudio NASH, Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Santiago de Chile, LOM Ediciones (2004), pág. 35.5 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) c. Guatemala,Reparaciones, sentencia del 26 de mayo de 2001, Serie C, No. 77. Jurisprudencia resaltada por NASH (2004), pág. 35. 60.
70 Comisión Colombiana de Juristas evidente por medios de prueba particulares, por ejemplo, mediante peritajes médicos, testigos u otros’”6.De igual manera, la Corte IDH introdujo un conceptomuy importante que se relaciona directamente con losdaños psicosociales asociados a las violaciones de losderechos humanos. Se trata del concepto de daño alproyecto de vida. En términos de la propia Corte, “eldenominado proyecto de vida atiende a la realizaciónintegral de la persona afectada, considerando suvocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades yaspiraciones, que le permita fijarse razonablementedeterminadas expectativas y acceder a ellas”7.Otros daños psicosociales que es preciso considerarpueden hacer referencia a:a. duelos individuales y colectivos no resueltos,b. la estigmatización y desprestigio de las víctimas,c. la transformación en la naturaleza de los lazos afectivos de las familias y las comunidades,d. el cambio forzado de roles dentro de las familias,e. la ruptura de lazos y redes sociales,f. la afectación de procesos organizativos yg. la interrupción de prácticas culturales.En el marco de la ley 975, la responsabilidad de lainvestigación y el establecimiento de daños como losanteriormente descritos corresponde a la Unidad deFiscalía para la Justicia y la Paz. El artículo 15 de dichaley establece que esta institución debe identificar, entreotros, los daños que individual o colectivamente se hayancausado de manera directa a las víctimas.6 NASH (2004) pág. 35.7 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo c. Perú,Reparaciones, sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C, No. 42, párr. 147. Jurisprudencia resaltada por NASH (2004), pág. 39. Recommended
Human Rights Watch pide retirar proyecto de Ley sobre 'falsos positivos'
Retroactividad penal de crímenes internacionales
diegodiaz001
Intervention during the General Debate, 11th Session of the Assembly of States ……
Intervención en el Debate General, 11° período de sesiones de la Asamblea de Es……
Justicia penal militar conocería de violaciones de DDHH que ya estén siendo inv……
Informe sobre la implementación de las medidas de restitución de tierras de la ……
Tema: puntos 3 & 5, Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueb……
Tema 2 de la agenda, Discurso de apertura presentado por la Alta Comisionada de……
Es hora de defender el Sistema Interamericano de Derechos Humanos - Declaración……