Source: http://www.slideshare.net/CINDYLORENA20/el-proyecto-de-reforma-a-la-ley-30-11140463
Timestamp: 2016-07-30 16:07:57
Document Index: 155457838

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 107', 'artículo 118', 'artículo 162', 'artículo 119']

El proyecto de reforma a la ley 30.......
Prehistoria by isaymamen
EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY 30/92: La continuidad de la crisis de la Educación Superior Pública y las prerrogativas al capital privado. Nota del Autor: En este escrito trataré los temas de la financiación y la privatización. Pero hay más implicaciones en el proyecto: su impacto en la democracia, en la autonomía universitaria, en la formación académica y por último en la burocracia y clientelismo que profundizan. En próximos escritos estaré opinando sobre estos temas. Las opiniones aquí expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor.Con bombos y platillos la semana anterior, tanto el Presidente Juan ManuelSantos como la Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo,presentaron a los rectores el proyecto de reforma total a la Ley 30 de 1992. Entresus razones expusieron que se trata de modernizar la educación colombiana paraponerla a tono con las tendencias mundiales y con el desarrollo de las nuevastecnologías. Lo que no dijeron es que la tendencia mundial es el neoliberalismoque predica la venta de cualquier servicio público, entre ellos la educaciónsuperior, y que para modernizar las universidades públicas en las nuevastecnologías y tendencias educativas se requiere mucho dinero para inversión ymodernización. Sobre aumentos de presupuesto para inversión y funcionamientono dijeron nada. Se acomodaron a la tendencia en boga para urgir al capitalprivado nacional e internacional a que se tome el negocio de la educación a todonivel dado que no se les restringe en ninguna cosa. Promovieron elestablecimiento de instituciones de educación superior con ánimo de lucro y lacreación de entidades mixtas público-privadas para sacar al sistema educativocolombiano del notorio atraso en que se encuentra.Y es que evidentemente las universidades públicas se encuentran en una crisisprofunda que el Gobierno Nacional se niega a reconocer y por ende a resolver. Yason dos las cartas que el Consejo Nacional de Rectores del Sistema deUniversidades Estatales, SUE, le han dirigido, una al anterior presidente y otra alactual, donde le demuestran la desfinanciación a la que están siendo sometidosdesde la expedición de la Ley 30/92 y el incumplimiento hasta hoy de la mayoríade los recursos aprobados en el 2009. Las universidades públicas tienen muchasnuevas obligaciones que han tenido que atender en estos 19 años, han triplicadola cobertura estudiantil, se han extendido por las regiones con nuevas sedesregionales, han conformado centenares de grupos de investigación, se hanmodernizado hasta donde ha sido posible, han generado casi la mitad de susgastos en recursos propios y se han endeudado grandemente con el sector
financiero para cubrir sus obligaciones laborales y pensionales. El mayorproblema es la carencia de un presupuesto estatal adecuado.¿Y como responde a esto la propuesta de Santos? Con cero incrementos realesen la base presupuestal y unos ridículos aportes adicionales entre el 2012 y el2019. Se mantiene la base presupuestal del 2011 (art. 103) con los incrementosanuales del IPC, el antiguo artículo 86. Seguirá congelado el presupuesto de lasuniversidades públicas, congelación que ya lleva 19 años. El Gobierno de Santosno aporta ni un peso nuevo en la base presupuestal.Igualmente se definen unos recursos adicionales irrisorios de dos formas. Laprimera forma se determina dependiendo del incremento del PIB: si es menor del5%, si está entre 5 y 7.5% o es mayor del 7.5%, se aportarán adicionalmente el30, 40 o 50% de ese incremento sobre la base presupuestal (art. 105), antiguoartículo 87. Irrisorio a todas luces. En el 2010 el incremento del PIB fue del 0.29%,el 30% es 0,087%. Con una base presupuestal de 2.2 billones en 2010 obtenemos$1914 millones para 32 universidades. Pero eso sí, explícito y claramente quedaestablecido que esos nuevos recursos no incrementan la base presupuestal (art.104 y contradictoriamente el 106). Son $60 millones por universidad. El PIB deColombia en las últimas dos décadas jamás ha crecido más del 6.8%. En el mejorde los casos, asumiendo un crecimiento del PIB del 8%, los aportes adicionalesserían el 4% de 2.2 billones o sea $88.000 millones ($2750 millones poruniversidad).La segunda forma otorga un aporte adicional de 1% en el 2012, 2% en el 2013 y3% del 2014 al 2019 (art. 106). Corresponde a pesos de hoy a $ 22.000 millonespara el 2012 ($ 688 millones por universidad), $44.000 millones en 2013 ($ 1375millones/U), y 66.000 millones entre 2014 y 2019 ($2062 millones /U). En total son$462.000 millones en esos ocho años ($14.438 millones por universidad en ochoaños). Aportes adicionales ridículos ante la grave situación de desfinanciamientoque las mismas universidades, Aspu y la Federación Nacional de ProfesoresUniversitarios han denunciado y estimado, hoy, en más de seiscientos mil millonesde pesos.Otra arbitrariedad que se impone: esos recursos adicionales serán distribuidos porel CESU (art. 105). Tendrán más juego los rectores que hagan parte de esainstitución. Se imponen los criterios de cobertura (quien más matricule másrecibe), productividad y formación de los docentes y la promoción de lainvestigación y la innovación. Los criterios de distribución ya han sido probados enaños anteriores y es mucho el descontento porque los rectores se quejan de que
el parámetro que más aplica el MEN es la ampliación de cobertura. Pero no cesala arbitrariedad: el artículo 107 establece que para recibir esos escasos dinerosdeben firmar un “Convenio plurianual de desempeño” en cuestiones de calidad yacceso a la educación superior. Grave lesión a la autonomía. El MEN impondrá laformación que quiera y forzará a las universidades a recibir más estudiantes acosta de un mínimo aporte que no aumentará la base presupuestal.Las otras medidas económicas del proyecto en lugar de favorecer a lasuniversidades públicas les resulta sumamente lesivo por las nuevas obligacionesimpuestas: las universidades serán transformadas en entidades prestatarias dadoque el estudiante puede diferir el pago de la matrícula hasta su vinculación almercado laboral y superado un nivel de ingreso aun no definido y que cadainstitución debe reglamentar (art. 99); establecerán una política general de ayudasy créditos con el fin de facilitar el ingreso y la permanencia a las personas de bajosrecursos (art. 117); la acreditación de alta calidad, dada por una entidad privada yposiblemente extranjera de acreditación mediante “convenios de asociación”,deberá ser pagada por las universidades (art. 77); en los ComitésDepartamentales de Educación Superior (sustituye los CRES) deberán lucharcontra el “el uso compartido de los recursos institucionales” (art. 129, literal c.); enlos contratos y convenios con otras instituciones o empresas “se regirán por lasnormas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles ycomerciales” (art. 29), lo que demuestra el abandono de la defensa de lo público;la concurrencia al pasivo pensional, que es una obligación estatal, se extiende atodas las universidades e instituciones de educación superior (art. 110); seestablece el cobro de derechos pecuniarios por supletorios y habilitaciones (art.98, literal c.); las escuelas normales superiores competirán por los recursos de lasuniversidades oficiales pues se las eleva al nivel de IES (arts. 40 y 41); se lasorienta a introducir la educación por ciclos (art. 68), de educación permanente, noextensión solidaria (art. 69); desarrollar procesos de internacionalización (art. 155),de movilidad nacional e internacional de profesores y estudiantes, y promover elemprendimiento y la innovación de los estudiantes (art. 11).Pero si a la Universidad se la trata como a algo indeseable y prescindible al sectorprivado se le extiende la alfombra roja para que se tome la educación superior enColombia. Aquí está el segundo problema que la comunidad universitaria deberáenfrentar: A la manera como se actuó en el sector de la salud, viene laprivatización a fondo de la educación superior.
“Las instituciones de educación superior serán públicas, privadas y mixtas”; lasprivadas conforme a las “personas jurídicas con o sin ánimo de lucro” (art. 13).“Podrán desarrollar programas académicos en cualquier nivel y campos de acción”(art. 8). “Organizadas como corporaciones o fundaciones o como sociedadesanónimas” (art. 32). “A las instituciones de educación superior mixtas les seráaplicable el régimen de una institución de naturaleza privada” (arts. 33 y 37). Paralas de naturaleza privada o mixta, “Disponibilidad de por lo menos la mitad de losrecursos requeridos para que la primera promoción culmine los estudios de cadaprograma propuesto” (art. 14, parágrafo 2, literal c.). “Constituida la sociedadpodrá recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y vender acciones” (art. 32,parágrafo). “Los programas de grado podrán ser técnicos profesionales,tecnológicos, o profesionales universitarios. Los de posgrado podrán ser deespecialización, maestría y doctorado” (art. 56). La legislación que se propone esaltamente favorable al sector privado nacional y extranjero. Más aun cuandoestamos ad portas de la aprobación en el Senado de los Estados Unidos del TLCcon nuestro país. Se exige allí el suministro transfronterizo (Educación virtual y adistancia), el consumo en el extranjero (Movilidad de profesores y estudiantescolombianos (art. 156), la presencia comercial (universidades e institucionesnorteamericanas fundamentalmente privadas) y la presencia física de personas(movilidad gringa), además del trato nacional para que no haya ninguna diferenciaentre las instituciones de educación superior extranjera y las colombianas,incluyendo obviamente, la financiación estatal. Acojo aquí parte del comunicadode la Organización Colombiana de Estudiantes, Oce, del 14 de marzo de 2011: “Esta propuesta (de entidad jurídica) que se presenta como novedosa tiene su origen en el tratado de libre comercio, firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TLCAN o NAFTA, que implicó la entrada de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas: Apollo Global Incorporated y la Laureate Education Inc, entre otras. Esta última que ha comprado universidades en más de 20 países y que ya se alza como una de las dueñas del “mercado” universitario en México, avanza a pasos avasallantes en Brasil, país que como lo señaló Santos, será el ejemplo a seguir y en donde solamente la Laureate Education Inc. se ha hecho al control de 9 Instituciones de Educación Superior. Con esto se abre la compuerta para que juventud colombiana sea formada por las multinacionales ligadas a la producción como las de Motorola, Disney, Malboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft. Este tipo de instituciones ya tienen sus primeras semillas con la universidad de Sanitas y con la Chevrolet para taxistas”.
Pero no termina la entrega aquí. El gobierno se obliga a transferir recursos a lasinstituciones de educación superior privadas sin ánimo de lucro y a cualquiera queobtenga la acreditación de alta calidad (art. 108). Ya dijimos atrás que laacreditación podrá realizarse por instituciones privadas y extranjeras queinevitablemente vendrán, por medio de contratos de asociación con el MEN (art.77). Indefectiblemente se acreditarán de alta calidad “previo informe de evaluaciónexterna dado por un órgano de evaluación” (art. 78) y el Estado les deberátransferir recursos. Y si se presentan como institutos o centros de investigación,“podrán ofrecer, previo convenio con instituciones de educación superior yconjuntamente con éstas, programas de posgrado” (art. 9).Todavía hay más: se impone el subsidio a la demanda con el crédito estudiantilobligándose el Estado a transferir recursos al Icetex para financiar los créditos alos estudiantes, recursos que terminarán en manos de las instituciones deeducación superior privadas y extranjeras en su mayoría. Anualmente habrá unaporte estatal al Icetex para los “subsidios de matrícula” (art. 115). El Fondo parala Permanencia Estudiantil también recibirá “Aportes del Presupuesto General dela Nación” (art. 116). Findeter “establecerá líneas de crédito especiales para lasInstituciones de Educación Superior, con destino a inversión en infraestructurafísica y tecnológica” (art. 114). “El Fondo Nacional de Garantías, FNG, garantizarálos créditos otorgados a instituciones de educación superior públicas y privadas”(art. 112). El Icetex, “a través de un fondo creado con recursos del PresupuestoNacional, podrá ser garante de los préstamos otorgados por el sector financiero alos estudiantes de Educación Superior de escasos recursos económicos” (art.118). El mister y el criollo trabajando con plata colombiana.Más oprobioso aún es que la obligación de destinar el 2% del presupuesto total abienestar universitario se elimina. (Aparece en un documento (art. 145) ydesaparece en otros dos). Corresponde al artículo 118 de la Ley 30 aun vigente.Ocurre lo mismo con la obligación establecida en el artículo 162 (Similar alanterior; aparece y desaparece) que textualmente dice: “El Ministerio de Hacienday Crédito Público, diseñará instrumentos dentro del estatuto tributario que permitanque un porcentaje de la renta gravable de las Instituciones de Educación Superiorcon ánimo de lucro se destine a fondos de becas y créditos administrados por elIcetex y dirigidos a población vulnerable según reglamentación que expida elGobierno Nacional”. Sumémosle que la obligación del artículo 119 de la Ley 30vigente que establece que “Las Instituciones de Educación Superior garantizaráncampos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas
actividades en forma permanente”, fue eliminada. Todas las garantías al sectorprivado nacional y extranjero y todos los obstáculos para las universidadespúblicas. Esto es privatización a fondo. (Aclaro. Hay tres documentos sobre el proyecto dereforma: 1. En el Proyecto Ley 30 de 1992 de la páginahttp://aplicaciones.contactenoscolombiaaprende.info/ley30/node/1788 aparecen 164 artículos; 2.En el documento Propuesta vs Ley 30 del mismo link ya son 160 artículos; y 3. En el materialentregado a los rectores e integrantes de los consejos directivos también son 160).Las anteriores son las primeras impresiones y análisis de un proyecto de ley quemuestra que el Gobierno de Santos va más allá que el de Uribe Vélez en lo quetrata con la educación superior y particularmente con la pública. Es continuista yprofundizador a ultranza del modelo neoliberal.Jorge Aristizábal OssaSecretarioAsociación de Profesores de la Universidad de AntioquiaMedellín, 16 de marzo de 2011http://estudiantesudea.blogspot.com/2011/03/reforma-la-ley-30-privatizacion.html
El castellano como lengua extranjera