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Timestamp: 2017-12-12 10:20:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 24', 'artículo 238', 'artículo 24', 'artículo 283', 'artículo 97', 'artículo 632', 'artículo 191', 'artículo 59', 'artículo 84', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54']

Auto T.S.J. Castilla-La Mancha 165/2007, de 1 de febrero. Nulidad de actuaciones. Desestimación. Inadmisión de prueba - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Auto T.S.J. Castilla-La Mancha 165/2007, de 1 de febrero
Nulidad de actuaciones. Desestimación. Inadmisión de prueba. No causa indefensión. Prueba impertinente o inútil. Despido. Prescripción de falta. No se estima. Dies a quo: conocimiento por la empresa de manera plena, cabal y exacta de los hechos imputados. Despido procedente. Disposición indebida de fondos de clientes.
Primero.-Que en la sentencia recurrida dice en su parte dispositiva:
" Fallo: Que desestimo la demanda de despido de D. Bartolomé contra CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA y declarado convalidada la extinción del contrato de trabajo que aquél produjo, sin derecho a indemnización y salarios de tramitación."
Segundo.-Que, en dicha Sentencia, y como Hechos Probados, se establecen los siguientes:
Primero. D. Bartolomé prestó sus servicios en la demandada desde el 1-6-1984, como Director de la Oficina de Manzanares, Urbana-2, y con salario de 151,68 euros.
Segundo. Como consecuencia de la imposición de un nuevo sistema de control por el departamento de auditoría de la Caja de Ahorros demandada, según manifestó su responsable en el acto de juicio, los días 16 y 17 de noviembre se detectaron algunas operaciones dudosas, como los abonos de intereses a clientes de forma manual, cuando esto se realiza automáticamente, y otras. Ello motivó la apertura de investigación que se plasmó en sucesivos informes de fecha 15-12-2005 (preliminar), 22-12-2005, 25-1-2006 y 10-2-2006, que obran en autos.
Tercero. En el curso de las investigaciones, el actor firmó dos documentos en que reconocía la comisión de irregularidades los días 21-11-2005 y 24-11-2005. En el segundo reconocía disposiciones indebidas de fondos de los 3 clientes que figuran en el mismo (documento 3 de la demandada).
Cuarto. El día 10-1-2006 se notifica mediante burofax entregado a su esposa, pliego de cargos en el que se le imputan las irregularidades reconocidas en el escrito de 24-11-2005, adjuntando copia textual del informe de la auditoría en lo referente a los clientes mencionados en dicho escrito. No consta contestación.
Quinto. El día 19-1-2006 se le comunica carta de despido con el mismo contenido.
Sexto. Como consecuencia de las disposiciones indebidas de fondos imputadas, que efectivamente realizó el actor en las circunstancias que constan en el informe de auditoría, la empleadora, tras el procedimiento de comprobación que estableció al efecto, repuso a su costa a los tres clientes afectados las cantidades que constan el documento 11 del ramo de prueba de la demandada.
Séptimo. El actor no es trabajador aforado, ni consta afiliación sindical.
Octavo. Consta en autos, adjunta a la demanda, el intento de conciliación administrativa previa.
Tercero.-Que, en tiempo y forma, por la parte, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.
Primero.-Frente a la Sentencia de Instancia que desestimó la demanda de la parte actora y declaró ajustado a derecho el cese operado el 19-1-06, declarando extinguido el contrato que unía a las partes, sin derecho a indemnización alguna para el actor, se alza el presente recurso, el cual con correcto amparo procesal en el artículo 191 a,b,c, solicita nulidad, revisión de hechos y denuncia infracción de normas sustantivas.
Segundo.-La cuestión a dilucidar en la presente litis, es determinar si es ajustado a derecho el cese operado el 19-1-06, en cuya carta se imputan al actor, Director de Oficina de Manzanares (Urbana núm. 2) determinadas irregularidades.
Tercero.-En un primer motivo y al amparo del artículo 191 c) solicita nulidad por quebrantamiento de las formas de procedimiento y vulneración del artículo 24 CE, ampara la recurrente dicha petición de nulidad en el hecho de que, después de haber admitido el Juzgador "a quo" la prueba por ella propuesta, éste no ha dictado resolución alguna que haya dejado sin efecto dicha admisión, lo que entiende constituye una vulneración de las garantías del proceso y le genera, al no haberse podido practicar aquélla, indefensión.
Cuarto.-A) Según reiterada jurisprudencia es bien sabido que la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal que constituye una de las metas a cubrir como servicio público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisprudencial se hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda condicionada al cumplimiento de unos estrictos condicionamientos y la indefensión constitucionalmente prohibida es la material, no la formal.
B) Ello nos lleva a la necesidad de delimitar concepto de indefensión a la vista de la doctrina del TC que ha tenido ocasión de pronunciarse con respecto al motivo de quebratamiento de forma previstos en el artículo 238.3 LOPJ. Ciertamente se ha producido un uso abusivo del concepto de indefensión como mecanismo para obtener nulidades de actuaciones, y por ello es conveniente fijar claramente el mismo a los efectos de este incidente. En tal sentido la STC de 2-4-1992 señala expresamente que "Este Tribunal ha repetido en numerosas ocasiones (SsTC 156/1985, 64/1986, 89/1986, 12/1987, 171/1991 y ATC 190/1983), que la indefensión es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estimen pertinente, puedan hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos...". A su vez la STC de 15-2-1993, termina de completar el concepto con la necesidad de la diligencia de la parte, al señalar "que el concepto constitucional de indefensión tiene un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar lesión del artículo 24.1 de la CE cuando, por las circunstancias del caso, pueda deducirse que el afectado tuvo la oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos (STCC 215/1989)...". A la vista de las dos sentencias anteriores se delimita la indefensión sin un contenido general, pues habrá que acudir al concreto y específico supuesto para examinar la existencia o no de la indefensión denunciada, y por otro se exige a la parte una diligencia adecuada en la defensa de sus derechos. Estos parámetros de interpretación constitucional de la indefensión son perfectamente aplicables al presente incidente como delimitadores de la indefensión que constituye una de sus bases.
C) En relación al derecho a la prueba ha de recordarse la doctrina del Tribunal Constitucional recopilada en la reciente sentencia núm. 121/2004 de 12 julio según la cual: "... lo declarado en nuestra STC 165/2001, de 16 de julio, donde se sintetizaban las líneas principales de esta doctrina:
Este derecho fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso en que el ciudadano se vea involucrado, no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada en virtud de la cual las partes estén facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (SSTC 168/1991, de 19 de julio; 211/1991, de 11 de noviembre; 233/1992, de 14 de diciembre; 351/1993, de 29 de noviembre; 131/1995, de 11 de septiembre; 1/1996, de 15 de enero; 116/1997, de 23 de junio; 190/1997, de 10 de noviembre; 198/1997, de 24 de noviembre; 205/1998, de 26 de octubre; 232/1998, de 1 de diciembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2), entendida la pertinencia como la relación entre los hechos probados y el thema decidendi (STC 26/2000, de 31 de enero, FJ 2).
D) Puesto que se trata de un derecho de configuración legal, es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre; 212/1990, de 20 de diciembre; 87/1992, de 8 de junio; 94/1992, de 11 de junio; 1/1996; 190/1997; 52/1998, de 3 de marzo; 26/2000, FJ 2), siendo sólo admisibles los medios de prueba autorizados por el ordenamiento (SSTC 101/1989, de 5 de junio; 233/1992, de 14 de diciembre; 89/1995, de 6 de junio; 131/1995, de 11 de septiembre; 164/1996, de 28 de octubre; 189/1996, de 25 de noviembre; 89/1997, de 10 de noviembre; 190/1997, de 10 de noviembre; 96/2000, de 10 de abril, FJ 2).
E) Corresponde a los Jueces y Tribunales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas, no pudiendo este Tribunal Constitucional sustituir o corregir la actividad desarrollada por los órganos judiciales, como si de una nueva instancia se tratase. Por el contrario, este Tribunal sólo es competente para controlar las decisiones judiciales dictadas en ejercicio de dicha función cuando se hubieran inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable o cuando la falta de práctica de la prueba sea imputable al órgano judicial (SSTC 233/1992, de 14 de diciembre, FJ 2; 351/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2; 35/1997, de 25 de febrero, FJ 5; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 3; 236/1999, de 20 de diciembre, FJ 5; 237/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; 78/2001, de 26 de marzo, FJ 3).
F) Es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea decisiva en términos de defensa'' (SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 219/1998, de 17 de diciembre, FJ 3; 101/1999, de 31 de mayo, FJ 5; 26/2000, de 31 de enero, FJ 2; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2). A tal efecto, hemos señalado que la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente relevante, lejos de poder ser emprendida por este Tribunal mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los solicitantes de amparo (SSTC 1/1996, de 15 de enero; 164/1996, de 28 de octubre; 218/1997, de 4 de diciembre; 45/2000, FJ 2).
H) La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el recurrente ha de razonar en esta sede la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, FJ 3; 131/1995, de 11 de septiembre, FJ 2); y, de otra, quien en la vía de amparo invoque la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia (SSTC 116/1983, de 7 de diciembre, FJ 3; 147/1987, de 25 de septiembre, FJ 2; 50/1988, de 2 de marzo, FJ 3; 357/1993, de 29 de noviembre, FJ 2), ya que sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo (SSTC 30/1986, de 20 de febrero, FJ 8; 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 170/1998, de 21 de julio, FJ 2; 129/1998, de 16 de junio, FJ 2; 45/2000, FJ 2; 69/2001, de 17 de marzo, FJ 28)» (FJ 2)."
I) Contra la providencia mediante la que, inicialmente, el Juzgador de instancia admitió la prueba documental solicitada por la actora (Providencia de fecha 5-4-2006), la empresa interpuso, dentro del plazo legalmente previsto, Recurso de Reposición de fecha coincidente con la de la celebración del juicio (18 de abril de 2006), al entender que la práctica de dicha prueba documental vulneraba la Ley de Protección de Datos. Posteriormente, además, dicho Recurso de Reposición fue impugnado por la parte actora. Es evidente, por tanto, que al haber sido expresamente impugnada, dicha Providencia y, por ende, la admisión de la prueba propuesta, no era ni ha sido una resolución firme ni definitiva en ningún momento del proceso.
Por otro lado no es cierto que el Juzgador de instancia no haya dictado ninguna "otra resolución que deje sin efecto su decisión inicial aceptando la prueba". La propia sentencia recurrida dedica por entero uno de sus Fundamentos de Derecho (concretamente, el Tercero de ellos) a analizar, pormenorizadamente, los motivos de inadmisión de la prueba propuesta por la parte actora en su escrito de 4-4-2006. Todo ello, además, tal como consta al encabezamiento del citado Fundamento de Derecho, con "la convicción indubitada de que la ausencia de práctica de las pruebas propuestas no va a suponer en absoluto ninguna merma en la defensa de las partes". Y la conclusión alcanzada por el Juzgador respecto a la solicitud de prueba de la parte actora no sólo es clara y contundente, sino también fundada en Derecho: "En definitiva, puede concluirse que no procede la práctica de las pruebas solicitadas tanto por aplicación del artículo 283 LECivil al tratarse de pruebas impertinentes o inútiles y que su ausencia de práctica no afecta a la defensa del actor, pues de ellas no podría derivarse exención de responsabilidad alguna, al no existir indicio alguno que las relacionen con las causas de oposición que se alegan en al demandada..." (último párrafo del meritado Fundamento de Derecho Tercero).
J) Hemos de tener en cuenta que no hay infracción al no haberse resuelto con antelación al acto del juicio el recurso de reposición interpuesto por la parte contra la denegación de la prueba, habiéndose resuelto este en sentencia, pues aunque la resolución de un recurso de reposición contra la inadmisión de la prueba en la sentencia es harto irregular no resulta que la parte haya sufrido por este hecho indefensión, sin perjuicio claro está de lo que pudiera derivarse de una denegación de prueba pertinente lo que tampoco es el caso que nos ocupa conforme se ha explicado mas arriba.
Quinto.-En el motivo dedicado a la revisión de hechos se pretende la del ordinal 2.º según el tenor literal propuesto que aquí damos por reproducido.
El motivo debe desestimarse ya que glosando constante doctrina de suplicación, para que pueda apreciarse el error de hecho en la valoración de la prueba, han de concurrir los requisitos siguientes: 1) que se señale con precisión cual sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entiende equivocado, contrario a los acreditados o que conste con evidencia y no se haya incorporado al relato fáctico; 2) se ofrezca un texto alternativo concreto a figurar en la narración tildada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, ya completándolos; 3) se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se estime se desprende la equivocación del Juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica ni plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; 4) que esos documentos o pericias pongan de manifiesto el error de manera clara, evidente, directa y patente, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables; y 5) que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico".
Es doctrina reiterada por esta Sala:
" El artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral y el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil conceden al Juzgador de instancia libertad para apreciar las pericias y los documentos probatorios, llegando a una conclusión que debe prevalecer sobre la opinión interesada del recurrente mientras no aparezca desvirtuada por otra irrefutable".
Es claro que el Juez de instancia ha tenido en cuenta todas y cada una de pruebas practicadas, llegando a la conclusión expuesta en la Sentencia, que debe prevalecer sobre la opinión interesada del recurrente.
Sexto.-En un primer motivo al amparo del artículo 191 c) de la LPL se alega vulneración del artículo 59 del ET y del artículo 84 del Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro, en concreto se alega prescripción.
Esta Sala considera que en el caso de autos no puede entrar en juego el instituto de la prescripción.
Como acertadamente dice la impugnante, siguiendo la reiterada corriente doctrina sobre cuando debe entenderse que la empresa ha tenido conocimiento de los hechos imputados en la carta, en supuestos como el de autos (actividad bancaria) respecto a la fecha en que la demandada tuvo conocimiento de la comisión de faltas sancionadas por parte del actor, los Hechos Probados Segundo y Tercero de la sentencia de instancia no dejan lugar a dudas: si bien "los días 16 y 17 de noviembre se detectaron algunas operaciones dudosas (...) lo que "motivó la apertura de la investigación que se plasmó en sucesivos informes.." (Hecho Probado Segundo), el conocimiento cabal, pleno y exacto de la comisión de tales faltas por parte de la Representada no acontece sino hasta que "en el curso de las investigaciones, el actor firmó los documentos en que reconocía la comisión de irregularidad los días 21-11-2005 y 24-11-2005", habiendo reconocido el actor, en el segundo de ellos, "disposiciones indebidas de fondos de los 3 clientes que figuran en el mismo (documentos 3 de la demandada)" (Hecho Probado Tercero). La carta de despido es de fecha 19-1- 2006 (Hecho Probado Quinto). Por tanto, resulta evidente que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción de 60 días entre las fechas de reconocimiento por parte del actor de las faltas sancionadas (21 y 24-11-2005), y la fecha de efectos del despido (19-1-2006), dichas faltas no pueden entenderse prescritas (prescripción corta). En este sentido, conviene citar, a título meramente enunciativo, la Sentencia del TS d 15-4-1994 (Ar. 1994/3243), que afirma que "la fecha en que se inicia el plazo de prescripción establecido en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores no es aquella en que la empresa tiene un conocimiento superficial genérica o indiciario de las faltas cometidas sino que, cuando la naturaleza de los hechos lo requiera, ésta se debe fijar en el día que la empresa tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los mismos...".
Por otro lado, respecto al denominado "plazo de prescripción larga" (6 meses desde la comisión de la falta), el Tribunal Supremo ha determinado que existen situaciones en las que aplicar la previsión del artículo 60.2 del ET en su literalidad haría imposible la persecución de determinadas infracciones, cual es el caso de las faltas continuadas o faltas ocultadas por el propio trabajador prevaliéndose de las facultades otorgadas por su situación personal en la empresa. Es abundante la jurisprudencia existente en este sentido, pero base recordar la Sentencia del TS de 15-7-2003 (Ar. 2004/5410), que cita otras muchas dictadas por al Alto Tribunal en el mismo sentido.
Sexto.-En el motivo dedicado a la revisión del derecho, se denuncia infracción la jurisprudencia que se cita, censura jurídica que no merece favorable acogida y ello en base a las siguientes consideraciones:
A) Según el artículo 54, "el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador.
Para la adecuada resolución de la cuestión planteada resulta conveniente recordar que no todo incumplimiento del contrato por parte del trabajador es causa de despido, sino que, siendo los efectos de este sobre el contrato de la máxima gravedad -la resolución unilateral del contrato- sólo puede operar como reacción a un incumplimiento cualificado, o, como se deduce del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, de incumplimiento contractual grave y culpable -sentencias de esta Sala de 3 de diciembre de 1990 (dos).
Además, debe ser un acto u omisión culpable, incluso "malicioso", como dijo el Tribunal Supremo en sentencias de 4 de junio de 1969 y 23 de septiembre de 1973, o, en expresión utilizada en su sentencia de 5 de mayo de 1980, "actos voluntarios por malicia o negligencia... por intencionalidad u omisión culpable... (imputable) a una torcida voluntad u omisión culposa". Requisitos de gravedad y culpabilidad para cuya apreciación han de ponderarse todos los aspectos, objetivos y subjetivos, concurrentes en la conducta, teniendo presentes los antecedentes, de haberlos, y las circunstancias coetáneas, para precisar si en la atribuida al trabajador se dan o no esa gravedad y culpabilidad, que como requisitos de imprescindible concurrencia exige el artículo 54 en su núm. 1 del Estatuto de los Trabajadores, según constante doctrina del Tribunal Supremo, entre otras, mantenida en sentencias de 26 de enero (dos, y 27 de febrero de 1987 y 22 de febrero y 31 de octubre de 1988.
En definitiva, es necesario que quede evidenciado que se trata de un incumplimiento grave y culpable, pues el despido, por ser la sanción más grave en el Derecho Laboral, obliga a una interpretación restrictiva, pudiendo, pues, y en su caso, imponerse otras sanciones distintas de la del despido, si del examen de las circunstancias concurrentes resulta que los hechos imputados, si bien pudieran ser merecedores de sanción, no lo son de la más grave, como es el despido, - sentencias del Tribunal Supremo de 21 de enero y 22 de mayo de 1986; 26 de enero de 1987 -. Además, en todo caso, resulta necesario e indispensable que el trabajador y la sanción que la empresa debe imponer, siendo necesario resaltar para la valoración de la falta cometida su entidad, así como las circunstancias personales y de índole profesional de su autor, por el claro matiz subjetivista que la caracteriza -sentencias del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1979 y 30 de enero de 1981; y de esta Sala de 7 de febrero de 1990 y 3 de diciembre de 1990.
B) Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, teniendo en cuenta las pruebas como acertadamente hace el juzgador de instancia, procede la desestimación del recurso, pues las imputaciones tienen entidad suficiente para producir un cese procedente, procediendo en consecuencia previa desestimación del mismo, la confirmación de la sentencia de instancia.
Que, desestimando el recurso interpuesto por D. Bartolomé, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ciudad Real, de fecha veintinueve de junio de 2006, en los autos núm. 151/06, sobre reclamación por despido, siendo recurrido CAJA CASTILLA LA MANCHA, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS en todos sus aspectos la Sentencia de instancia.