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Timestamp: 2020-01-19 06:53:45
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Derechos de los trabajadores. Archivos - Omil & Vergel Asesores
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Derecho a indemnización de funcionario interino tras su cese.
El Juzgado de lo Contencioso nº 2 de A Coruña ha dado la razón a un profesor, funcionario interino, que tras estar un año de docente sustituto en un colegio, reclamó a la propia Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta, su derecho a ser indemnizado. Solicitaba algo más de 1.500 euros, que, ahora, el juzgado le ha reconocido.
La sentencia, de 30 de junio de 2017, solo puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y supone una victoria para un colectivo, que el sindicato CSIF cifra en algo más de 250.000 personas, muy afectada por la inestabilidad laboral.
Un profesor sustituto solicitó una indemnización una vez cesado
La reclamación de indemnización de 20 días por año trabajado se refería al periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2015 y el 14 de septiembre de 2016, periodo en el que el profesor estuvo trabajando como sustituto en el centro docente. El Conseller le negó este derecho mediante resolución, que el profesor impugnó en el orden contencioso.
Tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y señalar la cuantía del recurso en 1581,32 €, solicitaba se dictase sentencia por la que con estimación de la misma se revocara la resolución recurrida y se declarase su derecho al abono de la indemnización reclamada.
Primacía del ordenamiento comunitario y sentencias del TJUE
En su sentencia, el juez acude a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su interpretación de la Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada, y recuerda que la primacía del ordenamiento comunitario, fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquéllos a quienes afectan, que también afecta a los Jueces, que, cuando conocen de un asunto en el marco de su competencia, tienen por misión, en su calidad de órganos de un Estado miembro, la protección de los derechos concedidos a los particulares, por el Derecho comunitario.
La ya famosa sentencia en el caso “de Diego Porras” puso en evidencia nuestra regulación laboral, incidiendo en la necesidad de reconocer iguales derechos indemnizatorios a igualdad de funciones, con independencia de la eventualidad del contrato. Declaró la necesidad de equiparar la indemnización de un trabajador temporal al despido de un trabajador, basándose en su reiterada doctrina de no discriminación o principio de igualdad (igualdad de trato ante el mismo caso).
Consecuencia de esta sentencia, y de las dos resoluciones del tribunal europeo fechadas el mimo día, 14 de septiembre, que reclamaban la persecución de la contratación en fraude de ley sobre todo en el ámbito de la Administración Pública, son la creación de un grupo de expertos que informaran sobre la modificación del Estatuto de los Trabajadores, y las numerosas reclamaciones que han ido llegando en el orden social a los tribunales. La primera de ellas, la que resolvía el asunto sobre «de Diego Porras» del TSJ de Madrid, y posteriormente en la Sala de lo Social del TSJ País Vasco. Una investigadora, ex empleada por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, se convirtió en la primera trabajadora temporal que se beneficiaba de la generalización del alcance de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE que equiparaba los derechos de los trabajadores con contratos temporales a los de los empleados fijos cuando finaliza la relación laboral.
El juez además cita otras sentencias que inciden en la interpretación de los derechos económicos de funcionario interino. Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretó la Directiva europea en el sentido de que se opone a una normativa como la española en materia de «sexenios» que reserva sin ninguna justificación por razones objetivas este complemento salarial a los funcionarios de carrera excluyendo a los funcionarios interinos en general (Sentencias asunto del Cerro Alonso de 13 de septiembre de 2007 y asunto Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres de 22 de diciembre de 2010)
El funcionario interino no puede ser discriminado
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso de A Coruña deja claro que «aparece una manifiesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública al que se reconoce un derecho a la indemnización por cese o finalización de la relación laboral, derecho que nace de la igualación entre las relaciones de empleo en el sector público de naturaleza temporal y las fijas justamente en aplicación de la Directiva y doctrina del TJUE que nos ocupa, y el funcionario interino al que se niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino».
Si el ordenamiento comunitario prohíbe discriminación alguna entre trabajadores con un contrato de trabajo indefinido y trabajadores con un contrato de trabajo temporal, no hay razón alguna para discriminar al funcionario interino respecto del personal laboral temporal de la Administración. Es más, la Administración no ha justificado razonablemente una causa por la que tratar de manera distinta estas situaciones.
Así lo expresa en su sentencia el juez cuando dice: «Y en el caso que nos ocupa la Administración no ya es que no acredite es que ni siquiera razona cuales pudieran ser esos criterios objetivos y concretos en los que pudiera ampararse la discriminación entre el empleo público temporal laboral y el empleo público temporal en régimen funcionarial, funcionario interino».
Consecuencia de lo argumentado, principalmente la primacía del derecho comunitario y de la jurisprudencia del TJUE al respecto, el juez admite el recurso del profesor declarando su derecho a percibir una indemnización igual a 20 días por año trabajado, equiparándolo en derechos al que es despedido por causas objetivas.
Expresa de esta manera el juez su decisión: «Por todo lo cual y atendiendo a ese principio de primacía ya suficientemente referido y razonado supra que impone la inaplicación de la norma nacional cuando la misma entra en contradicción con la norma comunitaria y la doctrina que en interpretación del a misma nace del TJUE dicha diferenciación aparece como discriminación contraria al artículo 4.1 de del Acuerdo Marco debiendo estimarse el recurso accionado y sin que la Administración demandada oponga en momento alguno alegación alguna referida al quantum indemnizatorio por extinción del nombramiento procede la íntegra estimación del recurso accionado».
Esta entrada se publicó en Noticias, Sentencias y está etiquetada con Derechos de los trabajadores., Indemnización funcionario interino en 26/07/2017 por Webmaster.
Traspaso de empresa. Derechos de los trabajadores.
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículos 3 a 5 — Traspasos de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Excepciones — Procedimiento de insolvencia — “pre-pack” — Supervivencia de la empresa»
En el asunto Câ€’126/16,
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3 a 5 de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16).
3 La Directiva 2001/23 codifica la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 1977, L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122), en su versión modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO 1998, L 201, p. 88).
«Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso.
«El traspaso de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de éstos no constituirá en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo.
a) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se transfieran al cesionario las obligaciones del cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales, que puedan existir antes de la fecha del traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando dicho procedimiento dé lugar, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a una protección como mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones cubiertas por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario [DO 1980, L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219], y, o alternativamente, que:
9 Las disposiciones de Derecho neerlandés que regulan los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas son los artículos 7 :662 a 7 :666 y el artículo 7 :670, apartado 8, del Burgerlijk Wetboek (Código Civil; en lo sucesivo, «BW»).
10 El artículo 7 :662, apartado 2, letra a), del BW establece lo siguiente:
a) traspaso: el traspaso, como resultado de un acuerdo, una fusión o escisión, de una entidad económica que mantenga su identidad;
11 Más concretamente, en el artículo 7 :663 del BW se dispone lo siguiente:
«El traspaso de una empresa implica el traspaso de oficio, al cesionario, de los derechos y obligaciones que resulten en ese momento para el empresario de dicha empresa del contrato de trabajo celebrado entre él mismo y un trabajador activo en dicha empresa. Sin embargo, el empresario y el cesionario responderán solidariamente durante un año a partir del traspaso de las obligaciones resultantes del contrato de trabajo y nacidas con anterioridad al traspaso.»
12 El artículo 7 :666 del BW establece:
«Los artículos 7 :662 a 7 :665 y el artículo 7 :670, apartado 8, no se aplicarán al traspaso de una empresa cuando:
13 A tenor del artículo 7 :670 del BW:
8. El empresario no podrá rescindir el contrato de trabajo celebrado con un trabajador activo en su empresa como consecuencia del traspaso de dicha empresa en el sentido del artículo 7 :662, apartado 2, letra a);
27 La FNV y las cuatro codemandantes, que trabajaban en centros adquiridos por Smallsteps pero a las que no se ofreció un nuevo contrato de trabajo tras la declaración de quiebra de Estro Groep, interpusieron un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente en el que solicitan, a título principal, que se declare que la Directiva 2001/23 se aplica al pre-pack celebrado entre Estro Groep y Smallsteps y que, por tanto, procede considerar que las cuatro codemandantes son desde entonces trabajadoras de pleno derecho de Smallsteps, con mantenimiento de sus condiciones de trabajo. Con carácter subsidiario, solicitan que se declare que los artículos 7 :662 y siguientes del BW resultan de aplicación, dado que el traspaso de la empresa tuvo lugar con anterioridad a la fecha en que Estro Groep fue declarado en quiebra. Smallsteps se opone a las pretensiones de las demandantes.
«1) En caso de transmisión de una empresa declarada en quiebra, en el contexto de una quiebra precedida de un pre-pack supervisado por un juez y expresamente destinado a la conservación de (partes de) la empresa, ¿es compatible el procedimiento neerlandés de quiebra con el objetivo de la Directiva 2001/23 y, a la luz de lo anterior, es el artículo 7 :666, apartado 1, inicio y letra a), del BW (todavía) conforme con dicha Directiva?
4) En el marco de un pre-pack previo a la declaración de quiebra de una empresa, ¿se determina la fecha de transmisión de la empresa, a efectos de la aplicabilidad de la Directiva 2001/23 y de los artículos 7 :662 y siguientes. del BW, derivados de esta Directiva, por el concurso efectivo de voluntades para la cesión de la empresa producido con anterioridad a la quiebra, o bien se determina tal fecha en función del momento en que se produzca efectivamente la transmisión, del cedente al cesionario, de la condición de empresario responsable de la explotación de la entidad de que se trate?»
30 A este respecto, sin embargo, es preciso recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento contemplan la posibilidad de que las partes mencionadas en el artículo 23 de dicho Estatuto presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (véase, en particular, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Vnuk, Câ€Â’162/13, EU:C:2014:2146, apartado 30).
31 En virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado por estas conclusiones ni por la motivación que el Abogado General desarrolla para llegar a las mismas (sentencia de 3 de diciembre de 2015, Banif Plus Bank, Câ€Â’312/14, EU:C:2015:794, apartado 33).
32 Por consiguiente, el desacuerdo de un interesado con las conclusiones del Abogado General no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, con independencia de cuáles fueran las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión, Câ€Â’33/14 P, EU:C:2015:609, apartado 26).
33 Dicho esto, el Tribunal de Justicia puede ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre los interesados (véase la sentencia de 9 de junio de 2016, Pesce y otros, Câ€Â’78/16 y Câ€Â’79/16, EU:C:2016:428, apartado 27).
36 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 1 de febrero de 2017, Município de Palmela, Câ€Â’144/16, EU:C:2017:76, apartado 20 y jurisprudencia citada).
37 En el presente asunto, debe entenderse que las cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede examinar conjuntamente, pretenden esencialmente que se determine si la Directiva 2001/23, y en particular su artículo 5, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la protección de los trabajadores garantizada por los artículos 3 y 4 de esta Directiva se mantiene en una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que el traspaso de la empresa se produce tras una declaración de quiebra en el contexto de un pre-pack preparado con anterioridad a la declaración de quiebra y ejecutado inmediatamente después de ésta, en el marco del cual un «futuro síndico», nombrado por un tribunal, examina las posibilidades de que un tercero prosiga eventualmente con las actividades de esta empresa y se prepara para celebrar ciertos actos jurídicos inmediatamente después de la declaración de quiebra a fin de lograr la continuidad de las actividades, y, por otra parte, que se determine si resulta pertinente a este respecto el hecho de que la operación de pre-pack persiga tanto la continuidad de las actividades de la empresa de que se trate como la maximización de los ingresos de la cesión para el conjunto de acreedores de dicha empresa.
39 A estos efectos, el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23 establece que los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso de una empresa serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso. El artículo 4, apartado 1, de esta Directiva, por su parte, protege a los trabajadores contra cualquier despido decidido por el cedente o cesionario sin otro motivo que dicho traspaso.
40 A modo de excepción, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 dispone que el régimen de protección establecido en los artículos 3 y 4 antes mencionados no se aplica a los traspasos de empresas que se efectúen en las circunstancias especificadas en dicha disposición, salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros.
41 Pues bien, en la medida en que el artículo 5, apartado 1, antes mencionado hace inaplicable, en principio, el régimen de protección de los trabajadores en el caso de determinados traspasos de empresas, alejándose así del objetivo principal que subyace a la Directiva 2001/23, esta disposición debe ser objeto necesariamente de una interpretación estricta (véase, en cuanto al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 77/187, en su versión modificada por la Directiva 98/50, la sentencia de 4 de junio de 2002, Beckmann, Câ€Â’164/00, EU:C:2002:330, apartado 29).
47 En segundo lugar, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 exige que el procedimiento de quiebra o el procedimiento de insolvencia análogo se haya abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente. A este respecto, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se entiende que no cumple este requisito un procedimiento que tenga por objeto la prosecución de la actividad de la empresa de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de julio de 1991, d’Urso y otros, Câ€Â’362/89, EU:C:1991:326, apartados 31 y 32, y de 7 de diciembre de 1995, Spano y otros, Câ€Â’472/93, EU:C:1995:421, apartado 25).
50 En estas circunstancias y sin perjuicio de la verificación que corresponde al órgano jurisdiccional remitente, es preciso considerar que como tal operación no tiende, en definitiva, a la liquidación de la empresa, el objetivo económico y social que persigue no puede explicar ni justificar que, cuando la empresa de que se trate sea objeto de una transmisión total o parcial, sus trabajadores se vean privados de los derechos que la Directiva 2001/23 les reconoce (véase, por analogía, la sentencia de 7 de diciembre de 1995, Spano y otros, Câ€Â’472/93, EU:C:1995:421, apartados 28 y 30).
51 Habida cuenta de la constatación efectuada en el apartado 48 de la presente sentencia, la mera circunstancia de que dicha operación de preâ€Â’pack pueda pretender también maximizar la satisfacción de los intereses de los acreedores no basta para transformarla en un procedimiento abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23.
59 A la luz de todas las consideraciones expuestas, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera que la Directiva 2001/23, y en particular su artículo 5, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la protección de los trabajadores garantizada por los artículos 3 y 4 de esta Directiva se mantiene en una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que el traspaso de la empresa se produce tras una declaración de quiebra en el contexto de un pre-pack preparado con anterioridad a la declaración de quiebra y ejecutado inmediatamente después de ésta, en el marco del cual un «futuro síndico», nombrado por un tribunal, examina las posibilidades de que un tercero prosiga eventualmente con las actividades de esta empresa y se prepara para celebrar ciertos actos jurídicos inmediatamente después de la declaración de quiebra a fin de lograr esta continuidad de las actividades. Por otra parte, carece de relevancia a este respecto el hecho de que la operación de pre-pack persiga igualmente la maximización de los ingresos de la cesión para el conjunto de acreedores de la empresa de que se trate.
La Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad,y en particular su artículo 5, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la protección de los trabajadores garantizada por los artículos 3 y 4 de esta Directiva se mantiene en una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que el traspaso de la empresa se produce tras una declaración de quiebra en el contexto de un pre-pack preparado con anterioridad a la declaración de quiebra y ejecutado inmediatamente después de ésta, en el marco del cual un «futuro síndico», nombrado por un tribunal, examina las posibilidades de que un tercero prosiga eventualmente con las actividades de esta empresa y se prepara para celebrar ciertos actos jurídicos inmediatamente después de la declaración de quiebra a fin de lograr esta continuidad de las actividades. Por otra parte, carece de relevancia a este respecto el hecho de que la operación de pre-pack persiga igualmente la maximización de los ingresos de la cesión para el conjunto de acreedores de la empresa de que se trate.
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