Source: https://www.enciclopediajuridica.com.ve/sentencia-del-t-s-j-sobre-la-garantia-del-debido-proceso-y-al-derecho-a-la-defensa/
Timestamp: 2020-02-25 17:23:28
Document Index: 139540015

Matched Legal Cases: ['artículo 170', 'artículo 507', 'artículo 231', 'artículo 208', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 272', 'artículo 273', 'artículo 206', 'artículo 508', 'artículo 170', 'artículo 507', 'artículo 231', 'artículo 231', 'artículo 507', 'artículo 231', 'artículo 507', 'artículo 507', 'artículo 126', 'artículo 507', 'artículo 507', 'artículo 231', 'artículo 206', 'artículo 126', 'artículo 507', 'artículo 126', 'artículo 507', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 272', 'artículo 273', 'artículo 1', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 328', 'artículo 126', 'artículo 507', 'artículo 507', 'artículo 77', 'artículo 507', 'artículo 507', 'artículo 126', 'artículo 507', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 257', 'artículo 310', 'Artículo 310', 'artículo 206']

✅ Sentencia del T.S.J. sobre la garantía del debido proceso y al derecho a la defensa ✅ - Enciclopedia Jurídica Venezolana Temis
Exp: 16 –0623 – Sentencia N° 897
Exp: 16 -0623 – Sentencia N° 897 dictada el 13 de diciembre de 2018 por la Sala Constitucional, bajo la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán que, al pronunciarse acerca de la denuncia de fraude procesal imputada a los solicitantes de la revisión, y ante la constatación de que la misma fue ejercida contra una sentencia que no estaba definitivamente firme, en contradicción con el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, AMPLÍA Y CORRIGE DE OFICIO la sentencia N° 41 dictada por esta Sala Constitucional el 23 de febrero de 2017, toda vez que al examinar la sentencia correcta, que si contaba con el carácter definitivamente firme, se verificó que se dio cumplimiento a la garantía del debido proceso y al derecho a la defensa, tanto del demandado como de los terceros interesados, ya que el edicto que se ordena publicar en el artículo 507 del código sustantivo posee la misma finalidad que persigue el que dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
El 1 de marzo de 2017, el abogado Leonardo Augusto Parra Useche, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 27.008, en su carácter de coapoderado judicial de la ciudadana ANA CECILIA USECHE SARDI, solicitó “aclaratoria” de la sentencia N° 41 dictada por esta Sala el 23 de febrero de 2017, que declaró “HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano JORGE GÓMEZ MANTELLINI GARCÍA y, NULA la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 8 de Julio de 2014”, y en la que se ordenó “…la remisión del expediente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que continúe el proceso en la etapa a la cual se ha repuesto la causa y, notifíquese de la presente decisión al Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas”.
El 2 de marzo de 2017, el abogado Francisco Seijas Ruiz en representación del ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, solicitó copia certificada de la decisión dictada por esta Sala el 23 de febrero de 2017 y pidió que se remitiera el expediente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 7 de marzo de 2017, el abogado Leonardo Augusto Parra Useche, antes identificado, consignó escrito en el que insistió en que “…en el presente proceso se ha incurrido en FRAUDE PROCESAL, en razón de las maniobras utilizadas por los solicitantes que han conducido a que esta honorable Sala, incurra en violaciones constitucionales por desconocimiento de la verdad real emanadas (sic) de los hechos traídos a los autos (…) al omitir en forma intencional y dolosa la existencia de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de este alto tribunal (…)”, por lo que solicitó: “…la invalidación de la sentencia y se declare el FRAUDE PROCESAL, por omisión y las sanciones disciplinarias correspondientes a los solicitantes que actuaron en forma dolosa, en perjuicio de [su] representada y en beneficio propio”.
El 7 de marzo de 2017, los abogados Francisco Seijas Ruíz y Gerardo Henríquez Carabaño, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Jorge Gómez Mantellini, consignaron escrito en respuesta a la supuesta solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el 23 de febrero de 2017, en el que aducen que lo pretendido no es una aclaratoria ya que lo que se persigue es revocar la sentencia que declaró ha lugar la solicitud de revisión, siendo que este tipo de solicitudes no deben ir dirigidas a impugnar o recurrir la decisión, ni a lograr la modificación del pronunciamiento de fondo emitido, por lo que piden se desestime la misma.
El 22 de marzo de 2017, el abogado Leonardo Augusto Parra Useche, antes identificado, consignó escrito en el que insistió en que en el presente proceso se habría incurrido en fraude procesal por no haberse intentado la solicitud de revisión constitucional contra la sentencia que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2015, sino en contra de la decisión dictada, el 8 de julio de 2014, por el Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró la existencia de una relación concubinaria entre el causante Jorge Gómez Mantellini y la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi.
El 8 de mayo de 2017, el referido abogado, consignó escrito en el que ratificó los escritos presentados por él con anterioridad.
El 5 de junio de 2017, el abogado Leonardo Augusto Parra Useche, suscribió diligencia en la que consignó copia certificada de la sentencia de fraude procesal proferida por el Juzgado Octavo de Municipio y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 17 de mayo de 2017.
El 22 de noviembre de 2017, el abogado Francisco Seijas Ruiz en representación del ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, insistió en que debe declararse no ha lugar a la solicitud de “aclaratoria” presentada por la representación judicial de la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi, “ya que con la misma, no pretenden de forma alguna aclarar algún punto dudoso en relación con la sentencia de fecha 23 de Febrero de 2017 dictada en el presente expediente, sino que pretende que esta Sala revise y modifique su propia decisión, lo cual históricamente jamás ha sido acordado por esta Sala en ninguna de sus decisiones”.
El 12 de diciembre de 2017, el abogado Leonardo Augusto Parra Useche, suscribió diligencia en la que consignó copia certificada de la sentencia de fraude procesal proferida por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 7 de diciembre de 2017.
El 26 de abril de 2018, el abogado Leonardo Augusto Parra Useche, consignó escrito en el que solicitó al Presidente de esta Sala “…recabar el expediente que cursa por ante esta honorable Sala marcado con el N° 16-0623, en fundamento a la conducta establecida en la Ley Orgánica del tribunal (sic) Supremo de Justicia (…)”.
El 2 de mayo de 2018, el referido profesional del derecho consignó escrito en el que solicitó al Presidente de esta Sala que se reservara la ponencia del presente asunto.
El 9 de mayo de 2018, el abogado Francisco Seijas Ruiz, antes identificado, insistió en que debe declararse no ha lugar la solicitud de “aclaratoria” presentada por la representación judicial de la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi.
El 1 de agosto de 2018, se reasignó la ponencia a la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 8 de agosto de 2018, el abogado Francisco Seijas Ruiz, antes identificado, insistió en que debe declararse no ha lugar la solicitud de “aclaratoria”presentada por la representación judicial de la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi.
El 26 de noviembre de 2018, el abogado Francisco Seijas Ruiz, consignó escrito contentivo de alegatos relacionado con la presente causa.
La solicitud de aclaratoria se fundamentó en:
Que “…el presente Recurso de Revisión (sic) conlleva un FRAUDE PROCESAL, por parte de los solicitantes (…) ya que realmente la última sentencia proferida en el juicio de reconocimiento concubinario ejercido por [su] representada fue la Sentencia Definitivamente Firme (sic) dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14-05-2015, Expediente Nro. AA20-C-2014-000608, en la que declaró ‘SIN LUGAR’ el Recurso de Casación (sic)anunciado por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 08 de julio de 2014 (…). Evidenciándose que no está definitivamente firme como lo pretenden hacer valer (…)”. (Negrillas y subrayado del escrito).
Que la sentencia de la Sala de Casación Civil “…en ningún momento fue mencionada por los recurrentes, quienes actúan de manera TEMERARIA, haciendo emitir un pronunciamiento constitutivo de una tercera instancia a esta Sala Constitucional, como si fuese un recurso ordinario, operando como un medio de defensa ante la presunta configuración de violaciones, sin que la misma Sala tomase en consideración los pronunciamientos de la decisión definitivamente firme, antes mencionada, emitida por la Sala de Casación Civil”. (Negrillas del escrito).
Que “…la solicitud de Revisión Constitucional (sic) objeto del pronunciamiento por el cual solicito Aclaratoria (sic), ha debido ser solicitada por un tercero interesado y no por una de las partes sin representación judicial de algún tercero con interés”. (Subrayado del escrito).
Que “…el nó (sic) acreditado e ilegítimo solicitante de Revisión (sic), participó plenamente, ejerciendo su Derecho a la Defensa (sic) en todo estado y grado del proceso, por lo que carece de sentido la reposición inútil de la causa, de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, para volver a tramitar el juicio por una hipotética participación de terceros, que pudieran tener conocimiento del juicio por las vías regulares, previstas en la ley; y así evitarle un gravísimo daño procesal a [su] representada, quien cuenta actualmente con ochenta y un años de edad (…)”.
Asumida como fue, mediante la sentencia número 41 dictada el 23 de febrero de 2017, la competencia de esta Sala para conocer de la solicitud de revisión de autos, la cual se declaró ha lugar, se observa que, ante las graves acusaciones y señalamientos que se efectuaron ante esta Sala Constitucional, con posterioridad al dictado de la misma, y visto que se acompañaron decisiones posteriores en las cuales se declaró la comisión de fraude procesal por parte de uno de los sujetos de la relación procesal que se formó con ocasión de la solicitud de revisión constitucional, esta Sala estimó necesario y urgente, el empleo de su potestad cautelar y dictó la sentencia N° 803 dictada el 21 de noviembre de 2018, mediante la cual decretó medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la sentencia número 41 dictada el 23 de febrero de 2017 por esta Sala Constitucional.
Ahora bien, señalado lo anterior, la Sala pasa a decidir la solicitud de aclaratoria, para lo cual observa que, el 1 de marzo de 2017, el abogado Leonardo Augusto Parra Useche solicitó ante la Secretaría de esta Sala, la “aclaratoria” y la “invalidación” de dicho fallo aduciendo la existencia de un supuesto “fraude procesal”, de allí que corresponda a esta Sala, en primer término, emitir pronunciamiento sobre la tempestividad de dicha solicitud y al respecto observa que en relación con las aclaratorias o ampliaciones de sentencias dictadas en materia de revisión constitucional, esta Sala en sentencia N° 178 del 2 de marzo de 2018, caso: Juan Carlos Lozada Martínez, estableció lo siguiente:
“(…) considerando que la potestad de revisión se asemeja al ‘right of certiorari’ propio del sistema anglosajón en cuanto le interesa el conocimiento de aquellos casos de relevancia constitucional, y que ello justifica precisamente que no está sometida a lapso preclusivo alguno para su ejercicio, por lo cual puede ser llevada a cabo a solicitud de parte o de oficio, la aclaratoria o ampliación que de la sentencia que la resuelva se solicite puede ser conocida igualmente por la Sala, si así lo amerita; al margen de lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que no ataría en ningún caso a la Sala, por referirse dicha norma a procesos de otra naturaleza (contenciosa), que alude a ‘partes’ inexistentes en una solicitud de carácter extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, como la revisión.
Ahora bien, el instituto de la aclaratoria o ampliación del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo contenido en dicho fallo, orientada a su correcta ejecución, por lo que la ampliación y la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a los fines de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia (Véase sentencia de esta Sala N° 2.025 del 23 de octubre de 2001)”.
Conforme al criterio mencionado, las aclaratorias o ampliaciones solicitadas en materia de revisión, se analizarán al margen de la interpretación literal del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, por referirse dicha norma a procesos de naturaleza contenciosa, y las cuáles serán declaradas no ha lugar, sí lo que se pretende es obtener la modificación o revocatoria del fallo que el solicitante estime le resulta lesivo o contrario a sus intereses.
En el caso que se examina, el coapoderado judicial de la solicitante de aclaratoria ha cuestionado la validez de la sentencia dictada por esta Sala Constitucional, que declaró ha lugar la solicitud de revisión al punto que pretende su invalidación, aduciendo que la misma fue producto de un fraude procesal consistente en habérsele ocultado a esta Sala la sentencia que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2015, contra la cual ha debido ejercerse la solicitud de revisión, por tratarse de la última sentencia definitivamente firme pasada en autoridad de cosa juzgada, y no en contra de la decisión dictada, el 8 de julio de 2014, por el Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra la cual esta Sala decidió ejercer su potestad de revisión de sentencia, cuya aclaratoria se solicita.
Al respecto, esta Sala una vez analizadas cuidadosamente las actas que de manera sobrevenida fueron incorporadas, con motivo de la solicitud de aclaratoria, al expediente contentivo de la revisión constitucional decidida, en razón de lo cual se procede a emitir un pronunciamiento sobre las graves denuncias realizadas en la aclaratoria requerida, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y para ello, es necesario indicar lo siguiente:
Como regla general, debe esta Sala reiterar que “[l]as decisiones dictadas por esta Sala Constitucional adquieren, desde su publicación, el carácter de cosa juzgada formal, consagrado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el artículo 273 eiusdem, que impone que se tenga en cuenta el contenido de la decisión en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, de allí que la Sala, luego de haber sido dictada sentencia definitiva, carece de potestad alguna para conocer nuevamente de sus propias decisiones…”.
No obstante lo anterior, esta Sala ha advertido que el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, establece la obligación que tienen los jueces de corregir las faltas que vicien de manera absoluta e incorregible los actos procesales, la cual debe proceder cuando así lo permita la ley, o cuando el acto no haya cumplido una formalidad esencial para su validez, e incluso, ha señalado que, razones de economía procesal; la responsabilidad, idoneidad y celeridad que debe garantizar el Estado cuando imparte justicia se imponen para permitirle al Juez revocar o corregir una decisión no sólo írrita, desde el punto de vista legal, sino también constitucional. Desde este punto de vista el Juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a la lesión de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo su propio error con el que ha causado un daño y, en consecuencia, haya transgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad de restablecer el agravio causado en aplicación inmediata y directa de los artículos 257 y 334 Constitucionales. (Vid. Sentencia N° 2231 del 18 de agosto de 2003).
Es por ello que, en ejercicio de una interpretación auténtica, esta Sala juzga necesario pronunciarse sobre la denuncia de fraude procesal señalada en la solicitud de aclaratoria, fraude procesal que se le imputa a quienes plantearon la solicitud de revisión, y que consiste en haberle ocultado a esta Sala el contenido de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2015, pues la solicitud de revisión fue hecha únicamente con respecto a la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de julio de 2014, la cual declaró:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 16 de Diciembre de 2013 por el abogado, Francisco Seijas Ruiz, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 10 de Diciembre de 2013. SEGUNDO: CON LUGAR, la acción mero declarativa de reconocimiento de Unión Estable de Hecho o Concubinato, intentada por la ciudadana ANA CECILIA USECHE SARDI contra el ciudadano JORGE GOMEZ MANTELLINI GARCIA, en su carácter de único hijo del de cujus JORGE GÓMEZ MANTELLINI. TERCERO: SE DECLARA LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN CONCUBINARIA entre la ciudadana ANA CECILIA USECHE SARDI y el de cujus JORGE GÓMEZ MANTELLINI, comprendida entre el 22 de febrero de 2003 hasta el 18 de mayo de 2011, y como consecuencia de ello, todos los derechos que de dicha relación se derivan. CUARTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida en el presente juicio.
En tal sentido, debe señalar esta Sala que, al haber sido la referida sentencia, objeto de un recurso de casación a través del cual se analizó su conformidad a derecho, fue contra la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil que debió interponerse la solicitud de revisión constitucional, por ser la que otorga el carácter de firmeza al mérito de lo debatido. De haber tenido conocimiento la Sala que la sentencia en revisión no tenía el carácter definitivamente firme se hubiese declarado inadmisible la solicitud de revisión intentada contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de Julio de 2014.
Ahora bien, siendo la oportunidad para decidir la aclaratoria solicitada, esta Sala Constitucional procede a revisar de oficio el fallo n° 000267 del 14 de mayo de 2015, dictado por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de julio de 2014, que fue revisada en la sentencia de esta Sala Constitucional N° 41/2018.
En tal sentido, al examinar la sentencia N° 000267 del 14 de mayo de 2015, dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, se puede apreciar que, al ser decidida la única denuncia por defecto de actividad, la Sala de Casación Civil, luego de un completo análisis, concluyó que “…al ser inútil la reposición de la causa al estado de tramitación de contradicción de las pruebas libres -fotografías-, esta Sala declara la improcedencia de la presente denuncia”.
De igual forma, al pronunciarse la Sala de Casación Civil sobre la primera de las denuncias por infracción de ley, la Sala de Casación Civil consideró que la tramitación de la referida prueba libre, no era determinante en el dispositivo del fallo “ya que la misma por sí sola no es suficiente para el establecimiento de los hechos por parte del juzgador”, por lo que ratificó la inutilidad de la reposición de la causa.
Continuando con el análisis de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, se aprecia que al ser decidida la segunda denuncia por infracción de ley del recurso de casación interpuesto por la representación judicial del ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, solicitante en revisión, la Sala la declaró improcedente al considerar que no hubo quebrantamiento de normas que regularan la tarifa legal, ni falta de aplicación de normas.
Del mismo modo, al ser denunciado el análisis parcial e incompleto de las declaraciones testimoniales, la Sala de Casación Civil evidenció “la inexistencia del vicio parcial de silencio de pruebas, ya que además de mencionar y analizar la prueba, expresó su mérito probatorio, siendo ello razón suficiente para declarar la improcedencia de la presente denuncia”, y que en definitiva, se había valorado todo el acervo probatorio de manera concordada y bajo las reglas de la sana crítica, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.
De manera pues que, la Sala de Casación Civil al decidir de forma definitiva el proceso iniciado en virtud de la acción mero declarativa de unión concubinaria seguido por la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi contra el ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, y declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de julio de 2014, lo hizo dando cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad que debe contener todo fallo, y sin incurrir en ninguno de los supuestos de procedencia que esta Sala Constitucional ha establecido como requisito para poder declarar ha lugar la revisión de una sentencia.
Es por ello que esta Sala Constitucional considera que los abogados Francisco Seijas Ruiz y Gerardo Henríquez Carabaño, en representación del ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, no actuaron con estricto apego a los parámetros de conducta procesal establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que al solicitar la revisión constitucional, no lo hicieron contra la sentencia de la Sala de Casación Civil que poseía el carácter de definitivamente firme que es la factible de revisión.
El marco anterior, es lo que permite a esta Sala Constitucional ampliar la decisión n° 41 dictada el 23 de febrero de 2017, con base en las siguientes consideraciones:
Esta Sala afirmó en el referido fallo lo siguiente:
En efecto, del extracto antes citado, evidencia esta Sala Constitucional que en el caso de análisis, consta en autos, la falta de intervención de los eventuales interesados en las resultas de la acción incoada; dicha falta obra como consecuencia de la omisión en la publicación del correspondiente edicto, conforme a las previsiones de la ley adjetiva.
De la revisión de las actas, no aprecia esta Sala que la parte recurrente en casación y solicitante en revisión, haya denunciado ante la Sala de Casación Civil el referido vicio, o la violación del artículo 507 del Código Civil, lo cual deviene del hecho de que no existe tal violación; en efecto, las previsiones de la ley adjetiva se encuentran contenidas en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del siguiente tenor:
Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias.
El edicto deberá contener el nombre y apellido del demandante y los del causante
de los sucesores desconocidos, el último domicilio del causante, el objeto de la
demanda y el día y la hora de la comparecencia.
El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los
de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata, que indicará el Juez,
por los menos durante sesenta días, dos veces por semana.
Con respecto a la satisfacción de tal exigencia, puede apreciarse de la revisión de las actas que, al folio 37 del expediente cursa auto de fecha 6 de julio de 2011, mediante el cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la referida demanda de acción mero declarativa de unión concubinaria intentada por la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi contra el ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, y en el cual puede leerse lo siguiente:
Vista la presente demanda que antecede de ACCIÓN MERO DECLARATIVA (CONCUBINATO), interpuesta por los ciudadanos RUBÉN PADILLA y LEONARDO AUGUSTO PARRA USECHE, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos: V 2.994.034 y V-5.969.998, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 6.335 y 27.008, apoderados judiciales de la ciudadana ANA CECILIA USECHE SARDI, venezolana, mayor de edad, divorciada y titular de la Cédula de Identidad N° V-983.164, este Juzgado le da entrada y por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley la ADMITE en cuanto ha lugar en derecho; y a los fines de asegurar el derecho que pudieran tener terceras personas en la presente solicitud ordena librar EDICTO a los sucesores desconocidos del ciudadano JORGE GÓMEZ MANTELLINI quien en vida era Venezolano, mayor de edad, de profesión Abogado, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad N° V- 77.893, quienes deberán comparecer dentro de los sesenta (60) días continuos a la constancia en autos de haberse cumplido todas las formalidades dispuestas en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, a darse por citados en el presente juicio, el referido edicto será publicado en los diarios «ULTIMAS (sic) NOTICIAS» y el “UNIVERSAL” durante sesenta días, dos veces por semana. Así mismos (sic) se ordena la citación personal del ciudadano: JORGE GÓMEZ MANTELLINI GARCIA (sic), venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No: V-4.769.683, quien deberá comparecer por ante la sede de este despacho ubicado en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El Silencio, dentro de los veinte (20) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su citación a los fines de que de contestación a la presente demanda u oponga las defensas que crea pertinente (sic). Compúlsese por secretaría la respectiva orden de comparecencia y entréguense al ciudadano Alguacil quien es la persona encargada de practicar las citaciones encomendadas por este Tribunal. CUMPLASE (sic). (Negrillas del expediente).
Lo anterior permite que esta Sala afirme, sin lugar a dudas, que en el referido procedimiento se dio cumplimiento a la garantía del debido proceso y se garantizó el ejercicio del derecho a la defensa, tanto del demandado como de los terceros interesados.
Con respecto a éstos últimos, es necesario advertir que, por tratarse de sucesores desconocidos son parte potencial en el proceso, y el legislador quiso darles la oportunidad de que acudieran al mismo y afirmen ser titular de algún derecho, sin embargo, ello constituye una potestad exclusiva de ese tercero interesado, por lo que el único legitimado para reclamar la falta de citación, o la falta de publicación del edicto, en caso de que no se le hubiese dado cumplimiento, es el propio interesado, no siendo trasladable en consecuencia, la titularidad de ese reclamo a cualquier otro sujeto procesal, como pretendió hacerlo el solicitante en revisión en el caso sub judice.
Así las cosas, debe advertirse que, el edicto que se ordena publicar en el artículo 507 del código sustantivo posee la misma finalidad que persigue el que dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en el presente caso, esta Sala da por satisfecha tal exigencia.
De igual forma, debe advertir esta Sala que, el propio artículo 507 del Código Civil salvaguarda el derecho de todos aquellos “interesados que no intervinieron en el juicio”, ya que como se encuentra expresamente establecido en su numeral 2°, esos eventuales interesados podrán “demandar a todos los que fueron parte en él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad del estado o de la filiación reconocidos en el fallo impugnado”.
Fue tan cauto el legislador y tan celoso de los derechos de los eventuales interesados que, el aludido recurso puede ser intentado aun después de dictada sentencia definitiva; en efecto, en el último aparte del referido artículo 507 del Código Civil se señala lo siguiente:
A los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la filiación, se producirá en un periódico de la localidad sede del Tribunal que la dictó.
Se aprecia en la presente causa que, no fue ordenada la publicación del mencionado extracto, sin embargo, tal omisión no es requisito esencial para la validez de la sentencia que declara la relación concubinaria, pudiendo en el presente caso, por razones de celeridad, economía procesal y acceso a la justicia, ser suplida tal exigencia con la publicación a la que se refiere el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por ser esta una norma concebida bajo la vigencia del nuevo texto constitucional, y no como el citado artículo 507 del Código Civil, evidentemente de carácter preconstitucional; lo que en nada perjudica a unos terceros que aun no han manifestado interés en este proceso, y que de igual forma, tienen garantizados sus derechos toda vez que, esta Sala estima que el medio idóneo al que hace referencia la norma sustantiva viene dado en el presente caso por la publicación en Gaceta Judicial del presente fallo, oportunidad a partir de la cual se iniciará el cómputo del lapso de caducidad establecido en el referido artículo 507 del Código Civil, motivo por el cual esta Sala Constitucional ordenará su publicación en dicha Gaceta Judicial.
Lo expuesto hasta los momentos permite, en el marco de la aclaratoria que realiza la Sala, afirmar que el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión dictada el 8 de julio de 2014, incumplió una disposición legal, y no infringió norma constitucional alguna, ni lesionó los derechos constitucionales del ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, solicitante de la presente revisión, puesto que no “obvió la debida observancia que corresponde a todo juzgador”, ya que por parte del juez de la causa no hubo ningún tipo de omisión respecto a la publicación del edicto llamando a los eventuales interesados en las resultas de la acción mero declarativa; de hecho, consta al folio 41 del expediente, que por auto dictado el 19 de junio de 2012, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dejó constancia de lo siguiente:
Es claro en el presente caso, que a pesar de haberse citado a los herederos desconocidos del de cujus JORGE GOMEZ (sic) MANTELLINI, por medio del edicto previsto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, el cual fuere debidamente publicado, tal como lo exige la legislación adjetiva, resguardándose en este sentido, el constitucional derecho a la defensa de los herederos desconocidos, no se presentó por ante este juzgado persona alguna manifestando tener interés o derechos en el presente juicio, por lo que en consecuencia, se debió designar defensor judicial para sostener los derechos e intereses de los herederos desconocidos.
Así puede apreciarse, en el presente caso, que se garantizó el derecho a la defensa a los herederos desconocidos, al demandado le fueron concedidas todas las oportunidades procesales posibles, actuando y ejerciendo su defensa en ambas instancias, motivos por los cuales, esta Sala, ampliando el análisis constitucional de lo denunciado, declara la inexistencia de supuesto alguno para la procedencia de la revisión que se solicitó con respecto a la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 8 de julio de 2014.
Por tales razones, y dadas las particularidades del caso en concreto, esta Sala, con fundamento en los artículos 2, 7, 26, 49, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, de manera excepcional, AMPLÍA Y CORRIGE DE OFICIO la sentencia N° 41 dictada por esta Sala Constitucional el 23 de febrero de 2017, en tal virtud, se DECLARA NO HA LUGAR la revisión de la sentencia N° 000267 del 14 de mayo de 2015 dictada por la Sala de Casación Civil; y en consecuencia, SE DECLARA CON PLENOS EFECTOS JURÍDICOS la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2015, así como la decisión dictada, el 8 de julio de 2014, por el Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró CON LUGAR la acción mero declarativa de reconocimiento de Unión Estable de Hecho o Concubinato, intentada por la ciudadana ANA CECILIA USECHE SARDI contra el ciudadano JORGE GOMEZ MANTELLINI GARCIA, en su carácter de único hijo del de cujus JORGE GÓMEZ MANTELLINI, por tal motivo, SE DECLARAN NULOS todos los actos procesales subsiguientes a la sentencia N° 41 del 23 de febrero de 2017, dictada por esta Sala Constitucional, entre ellos, las sentencias N° 383 y 386 dictadas el 3 de agosto de 2018 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, de cuya publicación conoce esta Sala Constitucional por notoriedad judicial. Así se decide.
Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional, la publicación del presente fallo en Gaceta Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que con tal publicación se dé inicio al lapso de caducidad al que se refiere el artículo 507 del Código Civil.
1) AMPLÍA Y CORRIGE DE OFICIO la sentencia N° 41 dictada el 23 de febrero de 2017, en tal virtud, se DECLARA NO HA LUGAR la revisión de la sentencia N° 000267 del 14 de mayo de 2015 dictada por la Sala de Casación Civil; y en consecuencia, SE DECLARA CON PLENOS EFECTOS JURÍDICOS la sentencia N° 000267 dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2015, así como la decisión dictada, el 8 de julio de 2014, por el Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró CON LUGAR la acción mero declarativa de reconocimiento de Unión Estable de Hecho o Concubinato, intentada por la ciudadana ANA CECILIA USECHE SARDI contra el ciudadano JORGE GOMEZ MANTELLINI GARCIA, en su carácter de único hijo del de cujus JORGE GÓMEZ MANTELLINI.
2) SE DECLARAN NULOS todos los actos procesales subsiguientes a la sentencia N° 41 del 23 de febrero de 2017, dictada por esta Sala Constitucional, entre ellos, las sentencias N° 383 y 386 dictadas el 3 de agosto de 2018 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, de cuya publicación conoce esta Sala Constitucional por notoriedad judicial.
3) Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional, la publicación del presente fallo en Gaceta Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que con tal publicación se dé inicio al lapso de caducidad al que se refiere el artículo 507 del Código Civil.
Publíquese y regístrese. Notifíquese a las partes, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil. Archívese el expediente.
Quien suscribe, Magistrado Calixto Ortega Rios, disiente de la decisión contenida en el presente fallo, por lo que expresa su voto salvado en los términos siguientes:
Como se planteó en el voto salvado de quien suscribe, en la oportunidad de dictarse una decisión que suspendió, mediante una medida cautelar un fallo dictado por esta misma Sala Constitucional, contenido en la sentencia n.° 803 del 21 de noviembre de 2018, y que en esta oportunidad se reitera, la materia con relación a la cual debió pronunciarse esta Sala Constitucional en esta oportunidad de igual forma, versaba sobre la solicitud de aclaratoria del fallo n.° 41, dictado por esta Sala el 23 de febrero de 2017, solicitud realizada por el abogado Leonardo Parra Useche, en representación de la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi, ambos identificados ut supra.
En ese sentido, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, supletoriamente aplicado al procedimiento de revisión, establece:
“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”
La Jurisprudencia de este Alto Tribunal, entre otras en sentencias n.° 1599 del 20 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L), n° 695 del 12 de junio de 2013 (caso: Víctor José Colina Arenas) y n° 1694 del 6 de diciembre de 2012 (Caso: Karla Claverie Malpica), ha precisado que en la disposición del artículo 252 del CPC, se regula lo concerniente a las posibles aclaratorias, salvaturas, rectificaciones y ampliaciones que el juez pueda hacer a su sentencia, sin revocarla o reformar en lo esencial en las razones o motivos del juzgamiento, previa solicitud de partes, quedando comprendida dentro de éstas no solo la explicación de puntos dudosos, sino también las omisiones, errores de copia, de referencia o cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que diera lugar. Esta es una potestad del Juez que dictó la sentencia y es la única actividad que le es permitida una vez que es proferida la misma, antes de la pérdida definitiva de jurisdicción sobre el caso. Una vez resuelta la aclaratoria, no se trata de una sentencia distinta, sino forma parte de esta y queda comprendida en la sentencia que fuese su causa. En virtud de ello, las modificaciones permitidas al fallo se encuentran vinculadas un proceso psicológico experimentado por el Juez en su interior durante la elaboración de su sentencia,
Así lo ha dejado establecido esta Sala en sentencia n.° 866 del 8 de mayo de 2002, (caso: Luisa Teresa Flores de Reyes), oportunidad en la que se sostuvo:
“El instituto de la aclaratoria del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquél contenido, orientada a su correcta ejecución, por lo que debe acotarse que, la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a los fines de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia.
En tal sentido, estima esta Sala que la solicitud realizada por la apoderada judicial del ciudadano Newton Mata, desborda la finalidad perseguida por dicha figura procesal, pues, al examinar los términos en que ésta ha sido planteada, se puede constatar que con la misma los solicitantes pretenden que esta Sala se pronuncie nuevamente sobre lo controvertido, hecho que, fue dilucidado por la sentencia cuya aclaratoria se solicita en los términos en ella expuestos.
De manera que, siendo que lo que pretenden los solicitantes, es un reexamen de lo controvertido, esta Sala declara improcedente la solicitud de aclaratoria realizada por éstos. Así se decide”.
En ese sentido, esta Sala ha desarrollado una amplia jurisprudencia con relación al instituto de la aclaratoria precisando sus límites, interpretándola de manera conforme a la Constitución, no solo para aquellos procesos de carácter contencioso sino también, para el caso de la solicitud extraordinaria de revisión, superando la exégesis y complementando la literalidad de la norma, constituyéndose en un criterio pacífico y continuo que ha alcanzado, por tanto, la homogeneidad necesaria para la protección de la Constitución y el bloque de la constitucionalidad, y con ello, ha garantizado la seguridad jurídica que se alcanza a través de la cosa juzgada
Como se ha sostenido en la oportunidad de salvar el voto con relación sentencia n.° 803 del 21 de noviembre de 2018, quien disiente observa que, del análisis realizado al escrito de aclaratoria que fuese presentado por el ciudadano Leonardo Parra Useche, en representación de la ciudadana Ana Cecilia Useche Sardi, lejos de requerir la explicación de puntos dudosos, omisiones, errores de copia, de referencia o cálculos numéricos, lo que evidenció es una disconformidad con lo decidido y lo que pretendió y consiguió fue una sentencia total y absolutamente distinta, con lo cual, estamos en presencia de una revisión completa y amplia de una sentencia de esta misma Sala. En ese sentido, ha sido criterio de esta Sala (Sentencias n.° 3044/2003, n.° 645/2012 y n.° 93/2008), entre otros, lo siguiente:
“Las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional adquieren, desde su publicación, el carácter de cosa juzgada formal, consagrado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el artículo 273 eiusdem, que impone que se tenga en cuenta el contenido de la decisión en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, de allí que la Sala, luego de haber sido dictada sentencia definitiva, carece de potestad alguna para conocer nuevamente de sus propias decisiones, aunado al hecho de que, conforme lo dispone el artículo 1.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- contra sus decisiones no se admite medio de impugnación alguno, por tanto, la sentencia recurrida mediante la invalidación resulta, a todas luces, inimpugnable.
Además, la Sala le recuerda a la recurrente que este mismo órgano judicial tampoco puede pronunciarse de nuevo sobre un asunto ya decidido con carácter definitivo, pues ha perdido jurisdicción para efectuar un nuevo examen del asunto.
Se advierte igualmente a la recurrente que su inconformidad con el fallo dictado por la Sala en ejercicio de una potestad discrecional no la autoriza para pretender, ante este mismo órgano, enervar los efectos de lo que considera como un desacierto de la sentencia dictada. Precisamente, la revisión constitucional en tanto potestad discrecional de carácter judicial, la ejerce la Sala de acuerdo con el artículo 336.10 constitucional, y en razón de ello se entiende autorizada para actuar según su prudente arbitrio, analizando lo más equitativo o racional, en obsequio de la Justicia y de la imparcialidad.
La potestad revisora de la Sala goza de la misma naturaleza que la institución del certiorari (entendido como una potestad discrecional del Tribunal Constitucional o de órganos judiciales de la más Alta jerarquía constitucional, cuyo origen se encuentra en el derecho anglosajón), aunque con una modalidad distinta y, en consecuencia, traduce una facultad para corregir los errores o abusos procesales o para conocer discrecionalmente un caso en atención a su relevancia jurídica o social, cuyo objeto fundamental es hacer perfectible el estado de derecho y de justicia que proclaman los artículos 2, 3, 26, 49 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ello, por cuanto el proceso es el conjunto de fases y mecanismos instrumentales que, con respeto a la defensa y la garantía del debido proceso, se armonizan en atención a una sociedad justa y libre, potestad que tiene como único límite a la justicia.
Por tanto, el juicio emitido por la Sala Constitucional comporta un acto de aplicación del derecho que se caracteriza por su fuerza ejecutiva y coercitiva, sin que sea posible, como quedó expuesto, su cuestionamiento posterior, máxime cuando la sentencia cuyo reexamen se pretende mediante el recurso de invalidación fue dictada en ejercicio de una potestad, la cual se ejerce no porque esté consagrada como un derecho sino porque constituye una atribución de la Sala prevista en el artículo 336.10 de la Carta Magna, reservada para aquellos casos en que se considere pertinente hacer uso de la misma de forma extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional en tanto control objetivo de la constitucionalidad y como máximo garante e intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de allí que el trámite de las solicitudes de revisión constitucional esté despojado de formalismos y reglas, pues, no está concebida, se insiste, como una instancia adicional de conocimiento”.
Así las cosas, la sentencia n.° 41, dictada por esta sala Constitucional el 23 de febrero de 2017, había sido revestida de la cosa juzgada por haber sido dictada por esta Sala y contra ella no procedía, como se dijo en su oportunidad, en derecho, ningún recurso, ni podía ser suspendida cautelarmente y luego sustituida por otra, como en el caso de autos.
En virtud de lo anterior, existen con relación al texto de la sentencia algunos cambios de la jurisprudencia de esta Sala que por su importancia, es necesario destacar y con los cuales se disiente desde un punto de vista ontológico y desde la praxis misma al ser aplicados el cambio de criterio al mismo caso, sin anunciarlo como corresponde.
La sentencia sobre la cual se disiente, expresa lo siguiente:
“Conforme al criterio mencionado, las aclaratorias o ampliaciones solicitadas en materia de revisión, se analizarán al margen de la interpretación literal del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, por referirse dicha norma a procesos de naturaleza contenciosa, y las cuales serán declaradas no ha lugar, si lo que pretende es obtener la modificación o revocatoria del fallo que el solicitante estime lesivo o contrario a sus intereses.
En el caso que se examina, el coapoderado judicial de la solicitante de la aclaratoria ha cuestionado la validez de la sentencia dictada por esta sala Constitucional, que declaró ha lugar la solicitud de revisión al punto que pretende su invalidación, aduciendo que la misma fue producto del fraude procesal consistente en habérsele ocultado a esta Sala la sentencia que dictó la sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 14 de mayo de 2015, contra la cual ha debido ejercerse la solicitud de revisión, por tratarse de la última sentencia definitivamente firme pasada por autoridad de cosa juzgada, y no en contra de la decisión dictada, el 8 de julio de 2014, por el Juzgado Décimo Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del área Metropolitana de Caracas, contra la cual esta sala decisión ejercer su potestad de revisión de sentencia.
Es por ello que, en ejercicio de una interpretación auténtica, esta Sala juzga necesario pronunciarse sobre la denuncia de fraude procesal señaladas en la solicitud de aclaratoria, fraude que se le imputa a quienes plantearon la solicitud de revisión, (…)”
En ese sentido, esta Sala había planteado en la sentencia del 2 de marzo de 2018, (caso: Juan Carlos Lozada Martínez), sobre el instituto de la aclaratoria en el procedimiento de revisión, lo siguiente,
“Además, considerando que la potestad de revisión se asemeja al “right of certiorari” propio del sistema anglosajón en cuanto le interesa el conocimiento de aquellos casos de relevancia constitucional, y que ello justifica precisamente que no está sometida a lapso preclusivo alguno para su ejercicio, por lo cual puede ser llevada a cabo a solicitud de parte o de oficio, la aclaratoria o ampliación que de la sentencia que la resuelva se solicite puede ser conocida igualmente por la Sala, si así lo amerita; al margen de lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que no ataría en ningún caso a la Sala, por referirse dicha norma a procesos de otra naturaleza (contenciosa), que alude a “partes” inexistentes en una solicitud de carácter extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, como la revisión.
Ahora bien, el instituto de la ampliación del fallo persigue principalmente la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquél contenido, orientada a su correcta ejecución, por lo que debe acotarse que, la ampliación o la aclaratoria que pronuncie el juez no puede modificar la decisión de fondo emitida, ni puede implicar un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a los fines de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia. (Véase sentencia de esta Sala N°2.025 del 23 de octubre de 2001).
Así pues, cuando lo que se procure con la solicitud de aclaratoria o ampliación sea cuestionar la sentencia, argumentándose que la decisión debía dictarse en una forma distinta, aquella resultará no ha lugar, ya que lo que se pretende es obtener la modificación o revocatoria del fallo que estima le resulta lesiva o contraria a sus intereses, en contra de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.”
(Subrayado del que disiente)
Como se observa, la Sala modifica su propio criterio y se lo aplica al caso que esta conocimiento y determina que, en caso como el de autos, cuando se cuestiona una sentencia dictada por esta Sala en revisión, esta no solamente no queda sujeta a lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, sino además, puede conocer los cuestionamientos que se le hacen a la sentencia e incluso, puede sustituir su decisión, con lo cual la Sala le otorga los efectos del recurso de invalidación, a la solicitudes de aclaratoria.
En este sentido, con relación a lo anterior, quien se aparta del criterio de la mayoría sentenciadora considera que tal razonamiento atentó contra la cosa juzgada y, como consecuencia, en contra de la seguridad jurídica que representa una decisión definitivamente firme dictada por la Sala Constitucional en su condición de ser el último y más alto interprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo a ello, si la Sala considera necesario la posibilidad extraordinaria de poder revisar sus propias decisiones, en todo caso, debería considerar la eventualidad de permitir el ejercicio del recurso de invalidación contenido en los artículos 327, 328 y 329 del Código de Procedimiento Civil y siempre que concurra alguna de las circunstancias que allí se establecen, pueda revisarse las sentencias ejecutorias, o cualquier otro acto que tenga fuerza de tal dictadas por ella misma, pero, en ningún caso, a través de la aclaratoria.
Así las cosas, en criterio de quien disiente, como quiera que toda obra humana es falible, si la Sala Constitucional considera que existe la riesgo que pudiera decidir en algún caso con base a hechos falsos o con fundamento a fraude imputables a alguna de las partes, que haya conducido a una decisión contraria a la verdad y a la justicia, el medio idóneo y extraordinario es el de invalidación que sería un remedio judicial contra sentencias que tienen autoridad de cosa juzgada, o contra cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, por las causales que en número cerrado se encuentran dispuestas en el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, sin cuestionar el juzgamiento en sí mismo, siendo posible su conocimiento por esta misma Sala de forma que no habría ningún problema de competencia subjetiva al respecto.
En este sentido, se está de acuerdo con considerar perfectamente posible la interposición de una invalidación de las decisiones de esta Sala, claro está, con estricta sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil, en protección a la especial cosa juzgada que reviste a los resoluciones del más alto tribunal de la República y, dentro de él, a las de la Sala contra cuyas sentencias no cabe la interposición de medio alguno.
La sentencia de la cual se disiente expresa:
“Se aprecia en la presente causa que, no fue ordenada la publicación del mencionado extracto, sin embargo, tal omisión no es un requisito esencial para la validez de la sentencia que declara la relación concubinaria, pudiendo en el presente caso, por razones de celeridad. economía procesal y acceso a la justicia, ser suplida tal exigencia con la publicación a la que se refiere el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por ser una norma concebida bajo la vigencia del nuevo texto constitucional, y no como el citado 507 del Código Civil, evidentemente de carácter preconstitucional (…)”
En este sentido, ha sido criterio pacífico y continuo de esta Sala constitucional que la omisión de publicación del edicto que hace referencia el artículo 507 del Código Civil es de orden público en los términos establecidos por la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional y determina la reposición de la causa al estado en que se haga, tal y como se dejó sentado en sentencias n.°s 124 y 1630 de esta Sala Constitucional, del 3 de marzo de 2015 y 19 de septiembre de 2013 (casos: Carmen Cristel Cusnmir Paba y Zulay Josefina Viña, respectivamente) y por la Sala Civil de este mismo Tribunal (fallos n.°s 310 del 15 de julio de 2011, y n.° 419 del 12 de agosto del mismo año).
Tal criterio, no solo fue reiterado en la sentencia n.° 41, dictado por esta Sala el 23 de febrero de 2017, invalidada y sustituida por la que se disiente, sino que de la misma forma, fue ratificada en una sentencia posterior (n.° 807 del 27 de octubre de 2017) en la cual se estableció:
“Sobre la aplicación del artículo 507 del Código Civil en las acciones merodeclarativas de concubinato, esta Sala ya se pronunció en sentencia vinculante N° 1682 del 15 de julio 2005, mediante la cual se interpretó el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que estableció:
‘En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la ´unión estable´ haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca.
Debido a los efectos y alcances señalados, la sentencia que declare la unión, surtirá los efectos de las sentencias a que se refiere el ordinal 2° del artículo 507 del Código Civil, el cual se aplicará en toda su extensión, menos en lo referente a la necesidad de registro de la sentencia, lo cual no está previsto –y por lo tanto carece de procedimiento- en la Ley” (Negrillas y subrayado de esta Sala).
Respecto a la reposición de la causa por la no publicación del edicto contemplado en el artículo 507 del Código Civil, esta Sala en sentencia N° 1630 del 19 de septiembre de 2013, estableció de manera expresa lo siguiente:
‘…visto que se alegó la omisión de publicar el edicto previsto en la referida norma civil, en el momento de dictar el auto de admisión de la acción mero declarativa de concubinato, donde se hiciera saber a los terceros interesados que se había propuesto dicha acción; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, lo cual no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, es por lo que esta Sala Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49 y 257 de la Constitución, entra de oficio a conocer de la presente revisión constitucional, a fin de preservar la seguridad jurídica, por tratar el asunto de una materia relacionada al estado y capacidad de las personas, lo cual es de orden público.
Ello, por cuanto el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, al momento de la admisión de la demanda de declaración concubinaria, no publicó el edicto que contempla el referido artículo, donde se hiciera saber que se había propuesto la acción mero declarativa de concubinato, al cual hace especial referencia la sentencia dictada por esta Sala Constitucional antes transcrita parcialmente [sentencia N° 1682/2005], en el que se llamará a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés directo y manifiesto en el asunto, sin lo cual no puede considerarse que hubiere iniciado el juicio en referencia, por lo que corresponde a esta Sala Constitucional, al ejercer la potestad de revisión, de oficio, anular, tanto el juicio de acción mero declarativa de concubinato como el de partición y liquidación de la comunidad concubinaria que se fundamentó en una sentencia que resulta nula e inexistente.
Por lo tanto, se repone la causa contentiva de la acción mero declarativa de concubinato al estado de la admisión y que se ordene el edicto en el cual se haga saber que se ha propuesto dicha acción, en aras del debido proceso, la seguridad jurídica, y la transparencia en los procesos, en acatamiento de la doctrina de esta Sala Constitucional…’ (Corchetes de esta Sala).
Así lo corroboró esta Sala en sentencia N° 124 del 3 de marzo de 2015, en la que dejó claro que:
‘Así las cosas, se evidencia que la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 9 de marzo de 2011, fue dictada en desconocimiento del criterio señalado supra [sentencia N° 1630/2013], relativo a la publicación de los edictos para el llamado de los terceros que pudieran tener interés en los juicios relativos al estado civil de las personas, omitiendo aplicar lo previsto en la mencionada norma del Código Civil, al igual que lo hizo el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira? (Corchetes de esta Sala).
Como aspecto adicional, en el caso referido líneas arriba, se trató como el de autos, de una solicitud realizada por una persona que, al igual que el ciudadano Jorge Gómez Mantellini García, participó en el juicio como parte y tuvo y ejerció los medios de defensa de los cuales disponía durante el juicio, no obstante, tratándose de una cuestión de estado y capacidad de las personas y, por tanto, donde se encuentra interesado el orden público, se aplicó el criterio continuo y pacífico de esta Sala, anulando y reponiendo la causa, en virtud de que tal requisito no puede ser relajado ni sustituido ni por las partes ni por los operadores de justicia, como se pretende en la sentencia de la cual se disiente, con la publicación de la misma en la Gaceta Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, mal podría decirse que las partes consintieron tácitamente la omisión denunciada en el caso al haber continuado el proceso sin el cumplimiento de tal requisito, pues dicha norma, al proteger intereses de terceros, es de eminente orden público y, en consecuencia, de observancia incondicional que no puede ser derogada por disposición expresa o tácita de aquellas.
En este sentido, para que quien discrepa de la presente decisión, debió la Sala, en aplicación del artículo 507 del Código Civil, mantener lo decidido por ella misma en la sentencia n.° 41 del 23 de febrero de 2017, coherente como era con su propia jurisprudencia.
No obstante los razonamientos anteriores, de las observaciones que pudiera realizarse a la decisión de la cual nos distanciamos y expresamos nuestro desacuerdo, la que mayor preocupación nos infunde, es la interpretación que se hace del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
“Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”
Así las cosas, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil está dirigida a depurar el proceso de errores que el juez evidencia durante el mismo, para garantizar la estabilidad de las partes, siempre que el acto haya dejado de cumplir alguna formalidad esencial y que no haya alcanzado su fin, pero no, como parece sugerirlo la Sala, para que el Juez de la causa, luego de haber pronunciado una sentencia de fondo, pueda modificar su propia decisión.
En este sentido, la decisión sobre la cual se diverge, expresa y citamos:
“Desde un punto de vista el Juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a una lesión de un derecho constitucional que agreda a las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo su propio error con el que ha causado un daño y, en consecuencia, haya trasgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad de restablecer el agravio causado en aplicación inmediata y directa de los artículo 257 y 334 Constitucionales. (Vid. Sentencia n° 2231 del 18 de agosto de 2003) (Destacado nuestro)
No obstante, el artículo 310 del Código Procedimiento Civil establece:
“Artículo 310.-Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo”. (Destacado nuestro)
En ese sentido, si concatenamos las disposiciones ut supra transcritas con el artículo 206 de nuestra norma adjetiva común, se observa que le está prohibido al Juez, luego que dicta una decisión de fondo, modificar su propia actuación, lo cual es uno de las condiciones fundamentales para la inmutabilidad de la cosa juzgada que conlleva a la seguridad jurídica. De acuerdo a ello, la Sala con esta decisión abre las puestas a la posibilidad de una espacie de autotutela de los actos administrativos, a criterio del juez que dicta la sentencia de mérito o fondo, afectando tremendamente la seguridad jurídica, como bien más preciado que ofrece nuestro sistema de justicia.
En estos términos, se resumen las contrariedades que le producen a quien se aparta de la mayoría sentenciadora con relación a la sentencia de la cual se disiente.
En fecha ut supra
CALIXTO ORTEGA RIOS (Disidente)
MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES.
Ver También: Derecho Constitucional
debido procesoderecho a la defensa