Source: https://liderveracruz.com/2019/09/25/breve-panorama-de-los-derechos-de-la-ninez-en-materia-de-migracion-en-mexico/
Timestamp: 2020-08-12 10:13:55
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Breve panorama de los derechos de la niñez en materia de migración en México – Revista Líder Veracruz
Breve panorama de los derechos de la niñez en materia de migración en México
lider2019-09-25T09:18:28-06:00
Mtro. Gustavo Martínez Bello
El fenómeno de la migración es uno de los de mayor importancia dentro de los contextos social y político actuales. El Diccionario de la Real Academia Española, define a la palabra migración como: “Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales”. La migración se ha podido estudiar y documentar históricamente considerando los múltiples factores que han provocado grandes movimientos en distintas épocas y regiones del mundo. Los países han delimitado sus fronteras e intentado con poco o nulo éxito, controlar dichos flujos migratorios.
En nuestra Ley de Migración, se considera al migrante como: “individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.”.
Cuando se habla de la frontera norte de nuestro país, se pueden considerar cinco etapas de reorganización de las fuerzas sociales y políticas a partir de 1900, y que de acuerdo con la maestra Valentina Genova[1], son las siguientes: La primera etapa del “enganche”, hasta 1929, que con la entrada del ferrocarril facilitó el desplazamiento de personas, fue aprovechada por los “enganchadores” quienes con mentiras y falsas promesas engañaron a trabajadores mexicanos.
La segunda etapa se da en la crisis del 29, y hasta 1941, donde se implementó una política agresiva de deportaciones de migrantes con la intención de simular seguridad a los nativos. La tercera, se refiere a la importancia para EEUU de la segunda guerra mundial, teniendo un crecimiento económico importante, donde figuró por primera vez el Programa Bracero, que requería empleados temporales para ocupaciones consideradas “socialmente bajas”.
La cuarta etapa inicia en 1965, donde se siguió cubriendo la creciente demanda de trabajadores de EEUU, mientras, los empleadores se aprovechaban de la mano de obra barata, sin reconocer ni respetar los derechos civiles de los trabajadores. La quinta y última etapa se da a partir de 1986, con la aprobación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, (Immigration Reform and Control), IRCA, por sus siglas en inglés, que resultó fallida para quienes exigían el fin de la inmigración, pues lo único que logró fue incrementar del flujo migratorio y los altos costos para los inmigrantes.
De acuerdo con autores incluidos en el trabajo de Valentina Genova[2]: “(…) la migración no se puede considerar como el efecto de una falta de desarrollo, sino que, al contrario, es una señal del desarrollo mismo, puesto que la mayoría de los migrantes no procede de regiones sumamente pobres (en las cuales las personas no tienen los recursos para salir), sino más bien, de zonas dinámicas que se abren a ciertas formas de desarrollo económico.”[3]
En segundo lugar: “(…) hay que destacar que no se puede entender la migración bajo un mero enfoque económico, sino que hay que tener en cuenta varios factores y procesos amplios de integración que abarcan tanto la esfera social como la política y la cultural, y que pasan a través de las fronteras internacionales.”[4]
En tercer lugar;
“(…) los flujos migratorios no sólo salen de países con escasez de oferta a nivel laboral, sino que también son atraídos por una demanda del mercado interno del país de destino. (…) la mayoría de estas personas no tiene la menor intención de establecerse de forma definitiva en el país de destino, sino, más bien de aprovechar un periodo limitado para maximizar sus ingresos.”[5]
Por último, resulta preciso apuntar que: “…los flujos migratorios tienen un periodo de vida limitado, hecho que los autores explican a partir del ejemplo de la edad de la migración de Europa. La idea es que el “tiempo de emigración” (como lo denominan Hatton y Williamson) se constituye de dos etapas: una rápida aceleración de la tasa de emigración de los países expulsores hasta los años cuarenta, y un sucesivo descenso igualmente rápido hasta los años noventa, cuando la migración masiva se termina.”[6]
Esto significa que, un amplio sector del país destino puede convivir con la inmigración sin sentirse amenazado, viéndose beneficiados por la misma, mientras otro sector se siente amenazado por la competencia que representan los inmigrantes dentro del mercado laboral, siendo el caso el de los trabajadores nativos no calificados.
Entonces, podemos aseverar que, para poder disminuir los flujos de migrantes, se requiere un profundo cambio económico de los países involucrados, y no precisamente el endurecimiento del control en la frontera. Por tal razón, resulta preciso enumerar los distintos tipos de seguridad utilizados so pretexto al momento de aplicar políticas migratorias, y que a veces se pueden llegar a confundir:
“1.La seguridad nacional, para la cual no existen razones por las que se considere la inmigración indocumentada como un delito.
2.La seguridad pública, en nombre de la cual a menudo se discrimina a los inmigrantes (los autores hacen notar cómo en países con total libertad de circulación es imposible establecer relación entre los delincuentes y ciertas nacionalidades); aún más, cuando, por el contrario, son los nativos los que representan una molestia para la seguridad pública por su organización de redes delincuenciales para aprovechar la vulnerabilidad de los migrantes.
3.La seguridad humana, para la cual muchos emigran de su país porque, de lo contrario, su seguridad estaría en riesgo.”[7]
Esto significa que la migración debería entenderse como una manera de consolidación de la seguridad del país destino, y no como forma de perjudicarla, esto, mientras que no signifique mayores riesgos para los migrantes durante su travesía, así, podemos deducir que la implementación de las políticas migratorias por parte de los EEUU, no han resultado eficaces para la contención del flujo migratorio, pero sí han demostrado beneficios en las economías de ambos países.
El pasado 25 de enero, el presidente Donald Trump, tras una campaña electoral agresiva, emitió una orden ejecutiva de “Seguridad Nacional”, para ordenar la planificación, diseño y construcción de un muro físico a todo lo largo de la frontera con México.
Aquí, vale la pena referir algunos antecedentes del muro y la vigilancia fronteriza, que, lamentablemente han traído consecuencias fatales para decenas de miles de migrantes.
Durante el mandato de Clinton, en septiembre de 1993, se inició la “Operación Bloqueo”, que contó con la participación de 400 agentes de la Patrulla Fronteriza, en El Paso, Texas. Dicha acción, necesitó más de 450 millones de dólares, y desplegó a más de 2 mil agentes fronterizos.
En octubre del 1994, se construyó un cerco con una triple barda equipada con luces tipo estadio en Tijuana-San Diego; replicándose el modelo en otros tramos, además de duplicar el número de agentes de supervisión 24/7 apoyada con helicópteros.
Estas acciones sólo tuvieron como consecuencia el incremento en el número de migrantes hacia aquel país, y la muy lamentable muerte de más de 10 mil paisanos provenientes de todo el territorio nacional[8].
En la actualidad se cuenta con 1 mil 046 kilómetros de muros o vallas, esto significa, casi el 33% de los más de 3 mil km totales de frontera; unos 509 km, están destinados a impedir el paso peatonal, el resto, se compone de vallas contra automóviles. Este muro ha tenido un costo aproximado superior a los 7 mil millones de dólares, según información de la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos[9], y la manutención estimada por la misma dependencia, es de 6.5 millones anuales, por lo menos hasta el 2030.
Otras acciones del gobierno de Trump, se refieren a construir y operar instalaciones de detención cerca de la frontera, evaluar solicitudes de asilo, contratar a 5 mil agentes más de la Patrulla Fronteriza, contratar a 10 mil personas para la Fuerza de Aduanas e Inmigración (ICE), acelerar las deportaciones de quienes están en su país ilegalmente, o quienes hayan cometido alguna infracción, entre otras. Además, se ordenó frenar el envío de recursos a las ciudades santuario[10], dando facultades a las autoridades estatales y locales para actuar como oficiales de inmigración.
Con la aplicación de estas políticas, EEUU pretende criminalizar a la migración, vulnerando de manera sistemática los derechos humanos de las personas en situación de migración irregular.
El pasado 16 de noviembre, la SER presentó un programa con 11 medidas[11] para ayudar a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Sin embargo, en ninguna de estas acciones se contempla ofrecer apoyo o atención específica e integral a niños, niñas y adolescentes, en situación de migración irregular, de este y de aquel lugar de la frontera norte.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), indica que en EEUU viven 12 millones de migrantes indocumentados de múltiples nacionalidades, de los cuales 5.7 millones son mexicanos[12].
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi[13] en 2010, había más de 3 millones 292 mil mexicanos de 5 años y más, que emigraron al extranjero, siendo la principal causa: búsqueda de trabajo de acuerdo con el 60% de los encuestados, y con el 15%, la unión o separación matrimoniales, o problemas de inseguridad.
El documento Niños y adolescentes migrantes en México 1990-2010[14], dice que el sector representa un tercio de la población total, dando cuenta de la importante participación de los menores; la migración interna fue menores de cinco años y más fue de 3.3 millones de 2005 a 2010, de éstas, el 25.5%, fueron niños y adolescentes de entre 5 a 17 años.
El Instituto Nacional de Migración (INM), señala que en 2010 hubo más de 20 mil eventos de repatriación de menores de edad provenientes de Estados Unidos, equivalente al 4.4% del total. La SRE informó que en 2008 se repatriaron más de 17 mil 700 menores no acompañados, siendo el 2.8% indígenas.
La Encuesta de la Comunidad Americana al 2010, estimó que en el periodo 2005-2009 alrededor de 1.4 millones de mexicanos ingresaron a la Unión Americana; 22% de éstos eran menores de 18 años, porcentaje mayor al registrado en el periodo 2000-2004.
El documento Menores migrantes en México, Extranjeros presentados ante las autoridades migratorias y mexicanos devueltos por Estados Unidos, de la Secretaría de Gobernación, señala que:
“Más allá de la migración de menores extranjeros, por su condición de país de origen de migrantes, México experimenta también procesos migratorios en los cuales están involucrados menores de edad mexicanos que se dirigen a Estados Unidos. Entre las principales motivaciones, destacan la reunificación familiar y el deseo a incorporarse en el mercado de trabajo del vecino país. Los más vulnerables son aquellos que migran sin documentos y la compañía de un familiar adulto, pues están más expuestos a la acción de las redes de tráfico de migrantes y de trata de personas.” [15].
De acuerdo con el artículo “Los niños migrantes irregulares y sus derechos humanos en la práctica europea y americana: entre el control y la protección”[16], el término “niños migrantes irregulares” se refiere a menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes, acompañados o no por algún familiar, que se encuentran fuera de su país para trabajar o reunirse con su familia, cambiar de residencia de manera temporal o definitiva, y que su condición migratoria es irregular.
Las acciones y políticas migratorias de EEUU, además de ser restrictivas, carecen de un enfoque compatible con la calidad de los menores, quienes son tratados como adultos, quedando expuestos a violaciones de sus derechos como niños, como migrantes y como personas en situación irregular, y de acuerdo con las siguientes categorías:
“a) Niños que llegan al país de destino para reunirse con sus familias pero que no se inscriben en los esquemas oficiales de reunificación familiar o no consiguen documentación válida a través de estos programas;
b) Niños que entran de forma irregular con uno o varios parientes o no acompañados;
c) Niños que han escapado de sus familias y se encuentran solos;
d) Niños nacidos en el Estado receptor, pero cuyos padres o tutores son irregulares;
e) Niños con estatus regular pero que viven con padres o tutores en situación irregular;
f) Niños sin permiso de residencia o con visados caducados, y
g) Niños que forman parte de familias cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas.”[17]
El pasado marzo, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU consideró, “separar a los padres inmigrantes de sus hijos cuando crucen ilegalmente a Estados Unidos”. Con esta política de miedo y amenaza, se pretende disuadir a muchas familias de migrantes, en su mayoría de mexicanos, para que desistan de intentar ingresar a Estados Unidos. En este contexto, vale la pena subrayar que la separación de las familias quebranta el marco internacional, y que dicha medida sólo refleja la profunda ignorancia en materia de derechos humanos por parte del funcionario de los Estados Unidos y de su presidente, pues no deben considerarse ese tipo de medidas como simples acciones administrativas que pueden aplicarse por encima de los tratados internacionales en materia de derechos de la familia, así como de los niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 17, establece con referencia a la protección de los derechos de las familias, que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.” En este sentido, su artículo 23 señala que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”
El artículo 10 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, señala que: “(…) los Estados Parte reconocen que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo…”
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 17, establece entre otros preceptos que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.”
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, asimismo, establece algunos de los siguientes preceptos, referentes al interés superior del niño:
“Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.” “De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva.” “Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.” “(…) Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”
Aquí es muy importante puntualizar que EEUU ratificó en el año de 1992 la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 12 establece la obligatoriedad por parte de los estados de respetar las garantías y derechos de los extranjeros y de sus familias.
Como ya se ha mencionado, los tratados internacionales obligan a los Estados a velar por el interés superior del niño, para que no sea separado de su familia, hecho que no puede ser justificado ni legal ni humanitariamente.
El interés superior del niño, se contempla en el numeral 1 del artículo 3º. de la Convención sobre los Derechos del Niño: “1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”
De acuerdo con la Opinión Consultiva, del 28 de agosto de 2002, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “…el interés superior del niño implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”
En junio de 2011 fue publicada una reforma importante en materia de derechos humanos, donde se señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado forme parte.
El artículo 4º de la Carta Magna, señala que el Estado velará y cumplirá en su actuar con el principio del interés superior de la niñez, y garantizar plenamente sus derechos. Y considerará el principio para el diseño, aplicación, evaluación de cualquier política orientada hacia la niñez.
Por su parte el artículo 25, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, habla de la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, (SNPINNA), de su competencia, y de la coordinación que debe instrumentarse entre la federación, las entidades y los municipios, junto con los poderes Legislativo, Judicial, así como con los órganos autónomos.
En esa ley se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo enunciativo de derechos; el derecho a la igualdad sustantiva, incluso aquellos con alguna discapacidad. El derecho a la salud, gratuita y de calidad; el derecho a la educación de calidad que garantice su pleno desarrollo; el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; el derecho a la participación, donde sus voces deben ser escuchadas y consideradas en asuntos de su interés.
Además, y aquí debemos hacer énfasis, se amplían los derechos de quienes se encuentran en situación de migración, para brindarles una mayor protección y asegurar su integridad; es así como les corresponde a los sistemas del DIF nacional, y estatales, garantizar alojamiento y atención en tanto se determine su condición y procedimientos migratorios.
El 2 de diciembre de 2015, se instaló el SNPINNA, conformado por el Ejecutivo Federal, gobernadores, representantes de organismos públicos y privados especializados en derechos humanos, e integrantes de ambas cámaras del poder legislativo, entre otros.
De esta manera, gobierno y sociedad civil, en conjunto, están involucrados en el complejo asunto de la migración, y que, en la actual coyuntura política y social derivada de la campaña de miedo impulsada con diversas medidas y políticas intimidatorias implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, nuestro estado y la sociedad en conjunto, son responsables de salvaguardar, respetar y hacer cumplir los derechos de niños, niñas, y adolecentes migrantes irregulares, así como de sus familias.
Por tanto, se sugiere realizar propuestas encaminadas a la aplicación y elaboración de políticas que coadyuven a minimizar las violaciones que sufre este sector tan vulnerable, principalmente en tareas de campañas de difusión de la información de los derechos de la niñez en materia migratoria.
Además de que se debe dar continuidad a las políticas para combatir a la pobreza y el rezago social, y de la misma manera, armonizar y respetar nuestras leyes nacionales en la materia para llevar un mejor control de la migración irregular en un marco de respeto a los derechos y a los estándares internacionales, protegiendo, ante todo, la unidad y el derecho una vida segura de la niñez en familia.
[1] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502012000100009
[7] Genova, V. (2012). Migración entre México y Estados Unidos: historia, problemáticas, teorías y comparación de interpretaciones. Norteamérica, 223-238. Recuperado el 15 de marzo de 2017, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502012000100009&lng=es&tlng=es
[8] http://www.jornada.unam.mx/2008/12/19/index.php?section=politica&article=003n1pol
[9] http://www.nacion321.com/internacional/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-muro-que-ya-existe-entre-eu-y-mexico
[10] Las ciudades “santuario” surgieron como parte de un movimiento iniciado en la década de 1980 en California, y que se extendió a cientos de urbes que tomaron la determinación de no enjuiciar a inmigrantes que cometieron sólo la falta administrativa de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. En los últimos cinco años unas 340 ciudades y municipios, entre ellas varias en los estados de California, Nueva York, Illinois y Connecticut, aprobaron leyes que impiden a las policías locales participar en medidas federales de inmigración que son “voluntarias”. Fuente: El Universal. 17 de noviembre 2016. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/11/17/enterate-que-son-las-ciudades-santuario-en-eu
[11] https://www.gob.mx/sre/articulos/estamos-contigo-conoce-las-11-acciones-para-proteger-a-la-comunidad-mexicana-en-eua?idiom=es
[12] https://www.forbes.com.mx/5-7-millones-mexicanos-indocumentados-eu/#gs.a8GzTCI
[13] http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/
[14] http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825003328
[15] http://www.segob.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/En%20Foco%2024122015.pdf
[16] Ortega Velázquez, Elisa. (2015). Los niños migrantes irregulares y sus derechos humanos en la práctica europea y americana: entre el control y la protección. Boletín mexicano de derecho comparado, 48(142), 185-221. Recuperado en 03 de abril de 2017, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332015000100006&lng=es&tlng=es.
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