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Timestamp: 2018-08-14 10:24:50
Document Index: 256635221

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Segunda Instancia No. 17. 891 Jose m. Posada muñOZ
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Segunda Instancia No. 17.891
JOSE M. POSADA MUÑOZ
Proceso No 17891
Aprobado Acta No. 024
Bogotá D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil cuatro (2.004).
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por un Fiscal Delegado ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, en contra de la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la cual absolvió al Dr. JOSE MARIA POSADA MUÑOZ, para ese entonces Fiscal Regional No. 2 destacado en la SIJIN MEVAL de Medellín, por los delitos de favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
HECHOS Y ACTUACION PROCESAL
La Fiscalía 2 Regional destacada ante la Unidad Investigativa de Policía Judicial SIJIN MEVAL, de Medellín, cuyo titular en encargo era el Dr. JOSE MARIA POSADA MUÑOZ, recibió el 21 de junio de 1.996 de la Estación “Candelaria” un informe dejando a disposición al capturado JOHN JAIRO SAÑUDO GONZALEZ junto con 48 cartuchos calibre 45m.m., a él incautados.
El fiscal abrió investigación el mismo día, indagó al sindicado el siguiente día, el 24 solicitó al Jefe del laboratorio de Criminalística de la misma SIJIN MEVAL determinara a qué “tipo pertenecía la munición” y sus generalidades, dictamen rendido el 27 del mismo mes y año que permitió detectar el cambio de la munición por otra de calibre 38m.m..
El Fiscal Regional a quien correspondió resolver la situación jurídica del sindicado SAÑUDO GONZALEZ, dispuso compulsar copias de la actuación para la investigación penal correspondiente por el cambio de los proyectiles.
2.1. Recibidas las fotocopias para adelantar la investigación penal, en contra del Dr. POSADA MUÑOZ, un Fiscal Delegado ante el entonces Tribunal Nacional abrió formal investigación, lo vinculó mediante indagatoria y le resolvió la situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento de conminación como presunto autor responsable del delito de favorecimiento, la que modificó posteriormente por detención preventiva sustituida por domiciliaria, como posible autor, además, de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
2.2. Cerrada la investigación un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá (Sala Especial de Descongestión), con providencia del 4 de febrero de 2.000, decidió acusar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, al Dr. JOSE MARIA POSADA MUÑOZ, como autor responsable del concurso de delitos de falsedad ideológica agravada por el uso, peculado por apropiación y favorecimiento.
Decisión que al ser apelada por la defensora del procesado fue confirmada en todas sus partes por la Unidad Nacional de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el 24 de marzo de 2.000.
Síntesis de los cargos imputados en la acusación y su fundamentación:
Da por demostrado la Fiscalía que los proyectiles que portaba JOHN JAIRO SAÑUDO GONZALEZ fueron cambiados por otros de calibre 38m.m., con el propósito de favorecerlo por cuanto los primeros tipificaban el delito de porte de municiones de uso privativo de las fuerzas armadas sancionado con prisión de 3 a 10 años al tenor de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto 3664/86, en tanto que los segundos se adecuaban al injusto de porte de municiones de defensa personal, penados con prisión de 1 a 4 años, según el artículo 1º del mismo decreto.
Acarreando como consecuencia el desplazamiento de la competencia de los jueces regionales a los penales del circuito y la posibilidad de acceder a los institutos de la detención domiciliaria, detención parcial en el lugar de trabajo o en el domicilio y disponer de mayores causales de excarcelación, todo ello con arreglo a lo preceptuado por los artículos 388, 396, 409 y 415 del Código de Procedimiento Penal, que regía para esa época.
Conducta que encasilló en el delito de favorecimiento (artículo 176 del anterior Código Penal), por ayudar a entorpecer la investigación creando una situación irreal con el cambio de munición, de la que derivaría, afirma, un tratamiento ilegalmente benévolo para el sindicado.
En el peculado por apropiación - artículo 133 del Código Penal derogado, modificado por el artículo 19 de la ley 190 de 1.995 -, debido a la apropiación de los proyectiles incautados que tenía bajo su administración. Ilícito que atenuó con arreglo a lo dispuesto por el inciso 2º del mismo precepto, porque el objeto material no alcanzó el valor de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, y por reintegrarlo antes del inicio de la investigación – artículo 139 ibídem -, pues en lugar de los incautados dejó igual cantidad de proyectiles calibre 38m.m..
Y, en el delito de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, artículos 219 y 222 del Código Penal derogado, al omitir registrar en el oficio librado el 24 de junio de 1.996 dejando a disposición del laboratorio de criminalística de la SIJIN los 48 proyectiles para establecer el tipo a que pertenecían y sus generalidades, sus características con el ánimo de demostrar que los proyectiles eran los incautados pese a que habían sido cambiados.
Con el oficio que puso a disposición el capturado y la munición, las declaraciones de los agentes que intervinieron en la aprehensión y en la elaboración del informe, las anotaciones que en ese sentido hizo en el expediente y en el libro radicador la técnico judicial ANGELA MARIA CARDONA y su declaración atinente a que constató el calibre en el culote de los proyectiles; la Fiscalía soporta la demostración que la munición incautada y recibida inicialmente eran calibre 45m.m..
Testigos a quienes ofrece credibilidad por encontrarlos coherentes y espontáneos, amen de estimarlos eficaces para debilitar las atestaciones de ANIBAL OJEDA, referidas a que los cartuchos eran calibre 38m.m..
La responsabilidad del sindicado en el cambio de la munición la ve comprometida por la convergencia de las siguientes circunstancias:
Ordenar la realización del dictamen pericial a través de un oficio y no con una resolución como correspondía, a petición del defensor y no de manera oficiosa como lo ha afirmado, y en términos similares a los de la petición.
Usurpar las funciones de su técnico judicial al elaborar y entregar personalmente el oficio y la munición al laboratorio, con una redacción que pretendía sembrar dudas sobre el calibre de la munición, limitándose a consignar que era 48 cartuchos sin describirlos, justamente para evitar fraudes.
Desecha la excusa consistente en que actúo así por el exceso de trabajo, argumentando que de haber ello sucedido lo lógico era que se ocupara exclusivamente de sus asuntos y no atribuirse funciones que no le correspondían.
Al igual que la ahincada en la supuesta urgencia del envío del expediente al Fiscal que resolvería la situación jurídica, aduciendo que para practicar el dictamen contaba con todo el término de instrucción, y que en el expediente reposaban documentos y declaraciones que demostraban el verdadero calibre de los proyectiles.
De negar haber indagado al sindicado, deriva que el acusado pretendía mostrarse ajeno al conocimiento del calibre de la munición, teniendo en cuenta que en el acta hay constancia de haberla exhibido al capturado, enervando la supuesta urgencia del peritaje y de la elaboración del oficio y el traslado de la munición al laboratorio, por ser evidente que está era calibre 45m.m..
2.3. Ejecutoriada la resolución de acusación, el expediente fue recibido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Corporación que tramitó la fase de la causa y previa realización de audiencia pública de juzgamiento, el 5 de octubre de 2.000, dictó sentencia absolutoria a favor del procesado.
Argumentos de la absolución:
No obstante considerar acreditada la tipicidad del delito de encubrimiento por favorecimiento, el Tribunal no encontró en el caudal probatorio certeza sobre la autoría del procesado.
Conclusión a la que llegó tras refutar los argumentos en que se apoya la Fiscalía para acusar y pedir condena en la audiencia de juzgamiento, de la siguiente manera:
Dice, que las razones esbozadas para exonerar de cualquier responsabilidad en los hechos a la técnico judicial CARDONA ESTARITA, son válidos para pregonar la inocencia del incriminado, como quiera que actuó sin sigilo al elaborar el oficio y entregar personalmente la munición a EDITH GOMEZ en el laboratorio, a quien le sugirió revisara los elementos.
Además, que la Fiscalía no tuvo en cuenta los resultados de la inspección judicial practicada en la Fiscalía y en el laboratorio que demostraron su total inseguridad, como que ni siquiera existían cajillas para guardar los elementos. Y, menos, que para esa fecha ya había ocurrido en otro proceso el cambio de una granada útil por una inservible, encontrándose en curso las investigaciones disciplinaria y penal en contra de los agentes responsables, hecho que pese a su pertinencia, dice el Tribunal, no mereció a la Fiscalía motivo de investigación ni de valoración en sus decisiones.
No encuentra acertado que la Fiscalía deduzca interés desmedido en el endilgado, al elaborar el oficio y llevar personalmente los cartuchos al laboratorio, aseverando, que ello era usual en la Fiscalía como lo admitió el Fiscal ARCHILA SALAZAR.
Que el doctor POSADA negara al comienzo haber recibido la indagatoria, dice, pudo ocurrir por el exceso de trabajo.
Deja notar su inquietud por el hecho de que GUTIERREZ GUAPACHA insista en que los proyectiles eran calibre 38m.m., y porque las diligencias hubiesen llegado directamente a la Fiscalía Regional cuando lo ordinario era que previamente pasaran por la Unidad Investigativa, en donde se practicaba el peritaje.
Todo lo anterior, dice el a quo, despierta el sin sabor de la duda probatoria razonable que no le permite llegar a la convicción de que el Dr. POSADA MUÑOZ fue el autor del encubrimiento.
En lo concerniente al peculado y la falsedad ideológica en documento público, considera, son delitos que no nacieron a la vida jurídica, teniendo en cuenta que la Fiscalía retiró el cargo por el delito contra la administración pública.
Particularizando, manifiesta, que la redacción lacónica y genérica del oficio no conlleva su tipicidad en consideración a que plasmaba su contenido esencial, esto es, pedía se determinara el tipo de munición junto con sus generalidades. De donde deriva que escribir que eran para pistola y que en el culote se leía el calibre, no era necesario porque ello debía ser dilucidado por el experto.
Información que, agrega, importa para identificar los proyectiles según el conocimiento que pueda tener el encargado de la cadena de custodia, pero que no se les puede dar el alcance criminoso que reclama la Fiscalía.
Con base en estos argumentos, absolvió al procesado por todos los delitos que fue acusado.
2.4. El fallo absolutorio fue apelado en tiempo por el Fiscal Delegado ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá y Cundinamarca.
SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION.
Comparte el impugnante el criterio del Tribunal sobre la tipificación del delito de encubrimiento por favorecimiento, más no en lo que concierne a la falsedad ideológica en documento público, la cual estima configurada al omitir el procesado consignar en el oficio las características evidentes de los proyectiles. Datos que a su juicio hubiesen evitado que el perito concluyera que se trataba de munición calibre 38m.m., y puesto en evidencia que el material remitido para estudio era distinto al incautado.
De otro lado, piensa que obra en el proceso prueba que transmite la certeza sobre la responsabilidad del endilgado.
Conclusión a la que arriba aseverando estar demostrado que lo recibido por la Fiscalía Regional fueron proyectiles calibre 45m.m., y los entregados por el Dr. POSADA al laboratorio calibre 38m.m..
Así lo comprueban, asegura, las declaraciones del perito y sus compañeros cuando manifiestan que lo recibido de manos del Fiscal Regional fue una caja con 48 cartuchos calibre 38m.m.; y el inusual trámite que siguió para hacer el oficio y llevar personalmente los proyectiles, ofreciendo explicaciones no pedidas a la recepcionista.
Testimonios a los que brinda credibilidad, fundado en que no hay motivo para pensar en una confabulación por parte de los funcionarios de la Fiscalía y la Unidad Investigativa con el fin de perjudicar al procesado; amen que realizar tareas propias de sus subalternos así lo demuestran.
En este sentido recuerda que ANGELA MARIA CARDONA ESTARITA manifestó que el Fiscal le pidió la munición para enviarla al perito, y que asumiendo las funciones de ella elaboró el oficio y lo llevó junto con la munición al laboratorio; descartó de plano que el cambio se produjera en su oficina por haber verificado los cartuchos antes de entregarlos al procesado.
Así mismo, recuerda, que el Fiscal JOSE OSWALDO ARCHILA SALAZAR aseguró haber leído en los culotes de los proyectiles que eran calibre 45m.m., por solicitud que le hiciera la misma técnico judicial.
Desde el momento en que el procesado recibió los proyectiles incautados de manos de su asistente, aduce el impugnante, mostró un inusitado interés con la actitud que observó inmediatamente después: redactó el oficio – sin número - en similares términos a los usado por el defensor para pedir la prueba, omitió registrar las características importantes de la munición; y llevó personalmente la munición al laboratorio, tarea asignada al personal subalterno.
Agrega que con la sentencia absolutoria, el Tribunal, soslayó los siguientes aspectos trascendentales:
- Olvidó que el acusado negó haber recibido la indagatoria y conocer las características de los proyectiles, no empece que el proceso demostró a través de los testimonios del Fiscal ARCHILA SALAZAR y la técnico judicial que fue él quien presidió y firmó la diligencia, comportamiento que atribuye no a un simple olvido sino al evidente propósito de no contrariar su posición inicial de desconocer los proyectiles, atendiendo a que en el acta se dejó constancia de haberlos exhibido al sindicado, aclarándole que se trataban de proyectiles para pistola, lo que a su juicio, rebela que si los conocía.
Lo cual, añade, corrobora el mismo apoderado que asistió al sindicado en la indagatoria, al afirmar que el Fiscal le dijo al procesado que eran calibre 45m.m..
- Ignoró que con arreglo al material probatorio con que contaba el endilgado, la prueba pericial era innecesaria ya que era evidente que el calibre de los proyectiles era 45m.m. y, en consecuencia, que la competencia para conocer del asunto recaía en la justicia regional; de donde deduce, que el único propósito perseguido con esa decisión era el de propiciar el cambio de la munición.
Era tan clara esta situación, agrega, que enviado el expediente a la justicia regional pese a que obraba el dictamen pericial, nadie se opuso a que conociera de él.
Insiste en que la forma genérica como redactó el oficio limitándose a reproducir el memorial que pedía la prueba, sin resolución que ordenara su práctica, terminan de denotar su responsabilidad en los delitos investigados.
En suma, recaba su petición de revocatoria de la sentencia absolutoria y para que en su lugar se condene al procesado como autor responsable de los delitos de encubrimiento por favorecimiento y falsedad ideológica en documento público, delito para cuya demostración solicita a la Sala tenga en cuenta los argumentos que expuso en las resoluciones a través de las cuales decidió la situación jurídica y acusó al procesado.
Finalmente, retira el cargo de peculado por apropiación, por considerar que la conducta no es antijurídica materialmente.
ARGUMENTOS DE LOS NO RECURRENTES:
1. Del Procurador Delegado.
Acogiendo los argumentos del recurrente, aduce que en el proceso concurren indicios graves que mirados individualmente no transmiten la certeza sobre la responsabilidad del procesado pero sí al ser valorados en conjunto, en lo que atañe al delito de encubrimiento por favorecimiento, más no por la falsedad ideológica en documento público.
Desde esa óptica, asevera, que el oficio ponía a disposición 48 cartuchos para que el perito determinara sus característica y nada más, sin hallar que el procesado haya omitido nada pues en estos casos no hay lugar a escribir o inducir sus características, porque de hacerlo la prueba carecería de objeto.
Con base en lo anterior, pide a la Corte condenar al procesado por encubrimiento y absolverlo por el delito contra la fe pública.
2. De la defensora del procesado.
Critica a la Fiscalía por haber fundamentado la apreciación probatoria en un supuesto falso consistente en que la técnico judicial manifestó que previo a entregar la munición al procesado constató que era la misma recibida, cuando lo que realmente aseveró fue que le entregó la caja puesta a disposición, nunca que hubiese verificado en su interior la presencia de los proyectiles.
A un olvido producto del paso del tiempo y de la gran cantidad de diligencias por practicar, atribuye que el procesado negara haber recibido la indagatoria.
Dice que desde la ampliación de la indagatoria el procesado aceptó conocer los proyectiles y no a partir de la audiencia, como asevera la Fiscalía, estando tan seguro de su calibre que pese a que el dictamen concluyó que era 38m.m., remitió el expediente por competencia a la Fiscalía Regional.
Procedió luego a relacionar las siguientes irregularidades que, en su sentir, incurrieron las personas intervinientes en la cadena de custodia, para evidenciar que las imputadas a su defendido no tenían la entidad suficiente para cimentar sobre ellas la responsabilidad endilgada por la Fiscalía.
La técnico judicial, dice, actúo irregularmente por no poner en conocimiento de su jefe inmediato el cambio de la munición sino al Director Regional de Fiscalías y al Jefe de la Unidad de Policía Judicial, quien presentó un informe, que a su juicio, privó al endilgado de una investigación imparcial ya que descartó a priori hipótesis que pudieron comprometer a agentes de la Policía Nacional o a personas con acceso a la SIJIN, e impidió que el procesado adelantara la investigación con la seguridad que hubiera tomado un rumbo diferente. Y, no elaborar oportunamente el oficio con el que se solicitó el dictamen, siendo que esa era una de sus funciones.
Al procesado, afirma, le es reprochable asumir funciones de su asistente al elaborar el oficio y llevar personalmente la munición al laboratorio.
La recepcionista del laboratorio EDITH GOMEZ, precisa, omitió verificar el material que recibía pese a estar obligada a registrarlo en el libro correspondiente para entregarlo al coordinador de técnicos.
El Dragoneante, GILBERTO MORALES BARRERA, asignó los elementos para estudio de balística sin constatar su contenido.
El técnico, JUAN FELIPE RUIZ RUIZ, llevó el peritaje personalmente a la Fiscalía Regional haciendo las veces de estafeta.
Ante estas circunstancias, asegura la defensa, el cambio pudo suceder en la oficina de la técnico judicial, lugar en donde permaneció por espacio de 3 días; en el Despacho del Fiscal quien la tuvo consigo 15 minutos aproximadamente; o en el laboratorio en el que estuvo cerca de día y medio, sitio que poco antes había sido escenario del cambio de una granada en otra investigación.
De cara a estas posibilidades, asegura, la persona menos indicada para ejecutar la conducta reprochable era el procesado, pues 48 proyectiles que portaba un taxista no tenían la virtud de vulnerar la rectitud de un fiscal y mucho menos la honorabilidad del Dr. POSADA MUÑOZ, si se tiene en cuenta su trayectoria profesional durante 20 años. No entiende, en consecuencia, por qué la Fiscalía restringió la investigación a comprobar la supuesta responsabilidad del procesado, ignorando las demás probabilidades; motivo por el cual, afirma, la acusación dio por sentado que el acriminado ordenó la práctica del dictamen fundado en la solicitud hecha por la defensa sin reflexionar en la explicación por él suministrada, de que la decisión la adoptó al percatarse que en el expediente no obraba, el cual debía remitir al Fiscal facultado para resolver la situación jurídica.
Concretando, expresa, que las pruebas no acreditan la responsabilidad del procesado en el “cambiazo”, afincado en los siguientes argumentos:
Si el propósito perseguido era favorecer al sindicado, considera ilógico que el acusado o cualquier funcionario judicial en una providencia se atreviera a afirmar que los proyectiles eran calibre 38m.m. y no 45m.m., después de registrar en el auto cabeza de proceso el calibre haber recibido las declaraciones de los agentes que realizaron la captura en donde reiteraron esas características, y haberlos exhibido al endilgado en la indagatoria.
Al igual, que enviar las diligencias al Director Regional de Fiscalías por competencia no obstante concluir el dictamen que el calibre de los proyectiles era 38m.m., y ordenar a la técnico judicial expedir las copias a la Procuraduría para que se investigara el supuesto cambio.
Teniendo en cuenta que en la cadena de custodia desde la entrega de la munición de la técnico al Fiscal Regional hasta que el perito rindió el dictamen nadie revisó lo que recibía y lo que entregaba, ningún fundamento tiene la Fiscalía, dice la defensa, para atribuir al procesado la autoría del cambio de la munición con el argumento que cometió irregularidades, olvidando que los demás también incurrieron en ellas, sin ser investigadas.
En ese sentido, no comparte la afirmación consistente en que omitir en el oficio escribir el número y el calibre de la munición, tuvieran como propósito evitar que la recepcionista del laboratorio constatara el contenido, cuando ese era un deber que ella no podía dejar de cumplir.
Critica la diligencia observada en el laboratorio para tramitar y rendir el dictamen en 7 minutos, sin actuar de la misma forma para recibir y entregar la munición. Y, que el técnico directamente lo llevara a la Fiscalía, aclarando que así se procedía cuando la peticionaria era la fiscalía destacada en la SIJIN porque de lo contrario lo enviaba con el estafeta sin reparar en que al Dr. POSADA justamente se le cuestiona haber llevado personalmente la munición al laboratorio.
Pasa después a pronunciarse acerca de la valoración probatoria hecha por el Ente Fiscal en la acusación, de la siguiente forma:
Del hecho de trasladar la munición al laboratorio, dice, no se puede concluir sin equívoco que fue él quien la cambió, pues las posibilidades de errar son infinitamente superiores a las de acertar; tampoco que la realización del dictamen surgió de la solicitud hecha en este sentido por la defensa, porque la deducción no es necesariamente cierta, en virtud a que la petición no era determinante ni trascendente.
Como quiera que el hecho de atribuirse funciones de técnico judicial es un indicio que contiene el de elaborar el oficio sin número y de llevar la munición al laboratorio, pervive sólo el de oportunidad para delinquir el cual considera no tiene la vehemencia, ni la envergadura suficiente para soportar una resolución de acusación.
En lo que toca con la confirmación de la resolución de acusación por parte de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, le censura que afirme que el procesado quiso inculpar a la técnico judicial cuando en ningún momento ha querido señalar o insinuar siquiera quien pudo ser el autor.
Que hubiese descartado de plano la posibilidad del cambio en la oficina de la técnico judicial, sin ofrecer argumento alguno de convicción ya que la investigación siquiera albergó esa posibilidad, y en el laboratorio proporcionándole credibilidad a los empleados que participaron de la recepción, reparto y rendición del dictamen, ignorando las pruebas realizadas con posterioridad a la resolución de la situación jurídica, entre ellas la declaración del perito que dijo desconocer quién abrió la caja, y que días antes se había presentado el cambio de una granada en esa oficina.
Que no aceptara la elaboración de oficios y llevar personalmente la munición al laboratorio como actividades normales, a pesar que el mismo fiscal instructor reconoció haber realizado labores de mensajería.
Finaliza diciendo que en el proceso se deducen los contra indicios de ausencia de móvil para delinquir, incapacidad moral para delinquir y la falta de adecuación típica de los comportamientos, que demuestran la falta de responsabilidad del implicado.
En relación con la ausencia de tipicidad de las conductas investigadas, manifiesta que el favorecimiento era imposible, porque para que el cambio de cartuchos fuera eficaz debía hacerse antes de exhibirlos al sindicado en la indagatoria, atendiendo a que no estaba facultado para resolverle situación jurídica.
El peculado por inocuo, ante la falta de antijuridicidad material, por recaer sobre la mínima diferencia de precio entre los proyectiles calibre 45m.m. y los de 38m.m…
Y, la falsedad ideológica porque el oficio no dice nada mendaz en la medida que afirma que se trata de 48 proyectiles de los que pide se determine el calibre, si la Fiscalía consideraba que debía decir algo adicional, afirma, no por ello se puede aseverar que con el oficio pretendía demostrar que se enviaba los elementos incautados.
Complementa, que la falsedad debe recaer en aspectos esenciales y específicos, no suponerse por vía general o abstracta, y en el oficio no encuentra que se haya callado total o parcialmente la verdad, dice lo que debía decir, afirma la defensa.
Por lo anterior, pide sea confirmada la sentencia absolutoria.
1. De conformidad con lo estipulado por el numeral 3º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, compete a la Corte conocer de las apelaciones interpuestas en los procesos de conocimiento en primera instancia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por consiguiente, entrará a resolver la presentada por Fiscal Delegado ante los Tribunales de los Distritos Judiciales de Bogotá y Cundinamarca.
De la valoración conjunta de los medios de prueba que conforman el proceso, frente a los argumentos que soportan la absolución y a los ofrecidos por el apelante y los no recurrentes, la Sala ha llegado a la conclusión que no existe certeza sobre la responsabilidad del acusado en los delitos a él endilgados.
Debido a que los sujetos procesales incluyendo la defensa convergen en dar por acreditado el cambio de la munición, lo que ciertamente ocurre en el proceso, la Sala se ocupará del estudio de la autoría y responsabilidad del acusado.
2. Por el cambio de la munición la Fiscalía le atribuyó el delito de favorecimiento real previsto en el artículo 176 Código Penal anterior, al estimar que con la conducta el incriminado pretendía entorpecer la investigación.
2.1. Comportamiento, que a juicio de la fiscalía, tenía como propósito beneficiar al sindicado JHON JAIRO SAÑUDO GONZALEZ, por cuanto el porte de munición de defensa personal era sancionado con prisión de 1 a 4 años por el artículo 1º del decreto 3664/86, mientras que el porte de munición de uso exclusivo de las fuerzas armadas con prisión de 3 a 10 años – artículo 2º del aludido decreto -. Además, que la competencia para adelantar la investigación pasaría de los fiscales delegados ante los jueces regionales a los delegados ante los jueces penales del circuito, lo que llevaría a que se le impusiera una medida de aseguramiento diferente a la detención preventiva, acceder a la detención domiciliaria y a la detención parcial en el lugar de trabajo o en el domicilio, y a beneficiarse con mayor número de causales de excarcelación; todo ello con arreglo a las previsiones hechas por los artículos 388, 396, 409, y 415 del Código de Procedimiento Penal vigente para ese entonces.
Inferencia que se ofrece equívoca, por las siguientes motivos:
Pese a que el fin perseguido por este delito no incide en su perfección, en este caso es importante su análisis porque descubre una serie de dudas sobre la autoría de la conducta.
Para la época de los hechos, mes de junio de 1.996, los jueces regionales eran los competentes para conocer indistintamente del porte de municiones de defensa personal o de uso exclusivo de las fuerzas armadas, ya que el numeral 4º del artículo 71 del Código de Procedimiento Penal anterior, modificado por el artículo 10 de la ley 81 de 1.993, les atribuía el conocimiento de los delitos previstos en el decreto 2266 de 1.991, el cual convirtió en legislación permanente el Decreto 3664 de 1.986, excepto el simple porte de armas de fuego de defensa personal.
Texto que por su claridad no concitaba dudas en su interpretación y aplicación, con mayor razón si esta Sala ya se había pronunciado sobre su contenido y alcance. En efecto, en decisión del 3 de agosto de 1.995, con ponencia del Mg. Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL, en el radicado No. 10565, había manifestado:
“Ninguna incidencia tiene para la solución del conflicto planteado la precisión de la modalidad conductual imputada a Moreno Méndez, pues cualquiera sea a la que corresponda de entre las varias que trae el artículo 1º del Decreto 3664, la competencia es de la justicia regional.
“El artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 90 de la ley 81 de 1.993, al precisar la competencia en primera instancia de los Jueces Regionales dispone, en su numeral 4º, que conocerán “de los delitos a que se refiere el Decreto 2266 de 1.991, con la excepción del simple porte de armas de fuego de defensa personal, de la interceptación de correspondencia oficial y delitos contra el sufragio.
“Ya se dijo que el Decreto 2266 de 1.991 adoptó como legislación permanente, en su artículo 1º, el Decreto 3664 de 1.986.
“Obsérvese que la única excepción contemplada por la norma que define la competencia de los Jueces Regionales, en relación con las conductas descritas en el artículo 1 del Decreto 3664 de 1.986, es la que se refiere al porte de armas de fuego de defensa personal, cuyo conocimiento quedó en cabeza de los Juzgados del Circuito.
“El error de los Juzgados colisionantes es creer que la excepción comprendía también el porte de municiones y explosivos, pero la norma es bien clara al excluir solamente el de arma de fuego de defensa persona, aparte de que estos conceptos son muy distintos, como se desprende de la definición que de cada uno de ellos trae el Decreto 2535 de 1.993 en sus artículos 6º, 46 y 50, respectivamente, para postular una posible equiparación de los mismos. Por lo demás, la competencia no es posible establecerla, ampliarla o restringirla por vía distinta al mandato legal.
“Esto quiere decir que en tratándose de municiones o explosivos, la competencia de los Juzgado Regionales se extiende a todas las previsiones fácticas del artículo 1º del Decreto 3664 de 1.986, en tanto que cuando son armas de fuego de defensa personal, se excluye de su marco de competencia el simple porte…..”
Posición que reiteró en providencias del 15 de abril y el 17 de junio de 1.997, dictadas en los radicados números 13007 y 13153, con ponencia de los Magistrados, Doctores, JORGE E. CORDOBA POVEDA y RICARDO CALVETE RANGEL.
Frente a este marco jurídico, es evidente que el cambio de munición carecía de potencialidad para variar la competencia la cual permanecía en cabeza de los jueces regionales, por lo tanto, es incierto que el sindicado pudiera acceder a las prerrogativas aludidas, surgiendo la duda sobre cuál fue el propósito de esa conducta.
Empero, si se aceptara a guisa de ejemplo que el procesado entendió erróneamente que con el cambió la competencia variaría y que el sindicado se beneficiaría con alguna de esas prerrogativas, lo cierto es que dicho resultado no podía obtenerlo en ese momento procesal, ni con la participación del procesado.
Ciertamente, el Dr. POSADA MUÑOZ como Fiscal destacado en la SIJIN MEVAL de Medellín sólo estaba facultado para adelantar las primeras pruebas, indagar al sindicado y remitir las diligencias al Fiscal que resolvería la situación jurídica.
De modo que si no podía resolver la situación jurídica el cambio de proyectiles con su autoría asoma ilógico. Y, si el fin trazado era que el fiscal encargado de resolver la situación jurídica tuviera en cuenta el dictamen a efecto de concederle alguno de los beneficios aludidos, también resulta ilógico, porque para ello debía dictar una resolución manifiestamente ilegal puesto que siendo el asunto de competencia de la justicia regional no tenía derecho a ninguno. Además, que era claro que la munición era de uso privativo de las fuerzas armadas, lo que implicaba una mayor sanción.
Así lo acreditan la técnico judicial ANGELA MARIA CARDONA ESTARITA, al registrar en el expediente y en el libro radicador haber recibido 48 cartuchos calibre 45m.m., en armonía con el informe de la policía dejando a disposición del Comandante de la Estación “Candelaria” al retenido y a los elementos, y el oficio librado por éste con destino a la Fiscalía Regional haciendo lo propio; las declaraciones en ese sentido rendidas por los auxiliares policías bachilleres, LUIS ARTURO LOPEZ LUJAN y EFRAIN DE JESUS ROMERO MEJIA, ANDRES SANCHEZ CASTRO y JULIO CORREA GAVIRIA y el patrullero FREINER ALBANY BECERRA quien recibió el informe en la Estación; y la motivación del auto cabeza de proceso calificando provisionalmente la conducta en delito de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.
Ante esa situación el Fiscal Regional a quien correspondió instruir el proceso, con resolución del 4 de septiembre de 1.996, negó remitir las diligencias a la Dirección Seccional pedida por la defensa apoyada en el resultado del dictamen, aduciendo los mismos argumentos de la Corte, es decir, que cualquiera que fuera la munición la competencia radicaba en las Fiscalías Regionales.
Así entonces, subsisten grande lagunas sobre los reales móviles y fines perseguidos con el cambio de la munición que debilita la conclusión de la Fiscalía, referente a que el procesado fue su autor.
2.2. Vistas así las cosas, que el incriminado no ordenara la prueba mediante resolución sino a través de un oficio sin número, con redacción similar a la petición en ese sentido elevada por la defensa –según la Fiscalía -, y procediera a llevar la munición personalmente al laboratorio, no comporta una probabilidad seria de que el cambio lo hubiese realizado él.
En primer lugar, tratándose del Fiscal que adelantaba la investigación ningún obstáculo legal tenía para elaborar el oficio y llevar la munición, así dicha función estuviese atribuida a la técnico judicial.
Labores que por demás también eran realizadas por los Fiscales Regionales destacados en las Unidades Investigativas de Policía Judicial en Medellín, atendiendo su naturaleza jurídica, el exceso de trabajo y las condiciones laborales.
Así lo comprueba el Fiscal que apoyó ese fin de semana al procesado, Dr. LUIS OSWALDO ARCHILA SALAZAR, al expresar que en el turno dispuso la valoración médica de un indagado por Medicina Legal para lo cual elaboró los oficios y los entregó al oficial de servicio, pero como no se pudo llevar a cabo personalmente se desplazó con el capturado a la Clínica de la Policía en donde logró ese cometido.
Y, por el Fiscal, Dr. RAUL CONTRERAS, titular de la Fiscalía en donde ocurrieron los hechos, quien en su declaración al comparar la carga laboral que esas fiscalías tenían con las demás, expresó:
“El Fiscal de la Dirección no se ve tan exigido en las partes operativas en cuanto tiene que ver con allanamientos y registros, con destrucción de elementos procedentes de delitos, con una cantidad de indagatorias inmediatas, con las innumerables peticiones sobre allanamientos realizando las Unidades de Policía Judicial y las consiguientes ratificaciones al respecto, esto para mi criterio implica una sobrecarga de trabajo del Fiscal con sede en una Unidad de Policía Judicial, porque, además de lo anterior, y de otras innumerables actividades como de cumplir comisiones, contestar una cantidad de peticiones de exigencias, también hay que iniciar los procesos que acusan mérito para ello e impulsar las investigaciones previas que actúan en la sede correspondiente……además…realizar labores operativas junto con los integrantes de la Unidad de Policía Judicial en la que se encuentra destacado.
“En este momento en esta sede de la Fiscalía de la SIJIN, recibí doscientos setenta investigaciones previas las cuales debo impulsar, una serie de aspectos colaterales a estas o a los procesos que se abren como es el cuidado y prevención y la cadena de custodia que sobre los elementos de delito que se allegan junto con la investigación se deben de vigilar y de estar atento a cualquier circunstancia sobre ellos, pensar en la destrucción de los mismos, aparte de ello, hay que recibir los detenidos y escucharlos en indagatoria, estar en gracia de Dios para conseguir un abogado de oficio, hasta que el señor abogado le quede tiempo de venir”.
Y, cuando al responder el interrogante de si le había correspondido elaborar oficios dirigidos a los laboratorios para la práctica de pruebas técnicas, dijo:
“Realmente esta es una labor que por su esencia es de corte eminentemente secretarial, porque es precisamente al secretario o asistente a quien corresponde elaborar los oficios en los que se remiten elementos para efectos probatorios o de verificación técnica o profesional, uno como Fiscal también cuando ve recargado de trabajo o con descuido o displicencia al secretario también lo hace.
Y, al añadir al concretar quien trasladaba los elementos para los cotejo:
“Yo no tengo muy claro acá en la SIJIN quien los lleva, entiendo que debe existir un apoyo tal vez de la Unidad Regional para ello, lamentablemente la Fiscalía por lo menos en lo que respecta a estas Unidades de Policía Judicial nunca ha asignado una persona que se encargue de esto, de tal manera que por regla general luego de un ritual de ruegos y de peticiones de favores logra uno que alguien aquí le lleve esas cosas a los laboratorios, en mi caso he optado por llevarlas yo mismo, por qué razón, porque tal vez jocosamente pero sin exagerar en estas fuerzas uniformadas usted le pide el favor al cabo, el cabo le solicita autorización al sargento, el sargento al teniente, el teniente al capitán, el capitán al mayor, hasta que pasa toda la jerarquía de la ordenanza militar entonces a usted ya se le han vencido los términos porque para movilizar un vehículo primero se jerarquiza la orden y luego se cumple, si es posible”.
El exceso de trabajo es corroborado por la Dirección Regional de Fiscalías, al imponer a Fiscales Regionales turnos para apoyar los fines de semana a los destacados en las Unidades de Policía Judicial.
En ese orden de ideas, desatina la Fiscalía al aseverar sin dubitaciones que el cúmulo de trabajo lo que propiciaba era que el acusado se limitara a cumplir sus funciones y no usurpar las de su asistente, habida cuenta que con esa deducción ignora que la razón de ser de estos Despachos Judiciales es la de recaudar las evidencias en el teatro del crimen y escuchar con la mayor prontitud al sindicado, demandando total apersonanamiento del funcionario judicial, rol en donde librar un oficio es normal.
Además, si por vía de hipótesis, se aceptara la autoría en cabeza del procesado lo lógico hubiese sido que realizara la conducta sin dejar mayores evidencias, y no proceder a elaborar el oficio y llevar la munición al laboratorio en donde era conocido.
La falta de número en el oficio no es un indicador inequívoco de responsabilidad, ya que admite la probabilidad fundada que hubiera ocurrido por olvido, teniendo en cuenta la elevada carga laboral y que el endilgado apenas llevaba 6 días al frente del cargo – el cual desempeñó del 18 al 28 de junio de 1.996, y el oficio tiene fecha 24 de los mismos mes y año -.
No es cierto que el contenido del oficio sea similar al del memorial del defensor postulando la prueba, conclusión a la que llega la Corte tras cotejar los dos documentos.
El memorial dice:
“En calidad de defensor del implicado en la presente investigación, comedidamente le solicito decretar inspección con asesoramiento de perito en balística, a fin de precisar el tipo de munición y si es de uso privativo o es de defensa personal.
“Lo anterior a efectos de precisar qué unidad de fiscalía será el competente para conocer de esta investigación.”.
Y el oficio:
“Me permito poner a su disposición 48 municiones, a fin de determinar a que tipo pertenecen, generalidades de las mismas y así tener conocimiento para delimitar la competencia:”
Es palmar que gramaticalmente no ostentan parecido notable, y elemental que su sentido fuera similar si se considera que ambos pretendían obtener un elemento de juicio adicional para determinar el tipo penal transgredido y, según la redacción, fijar la competencia, para lo cual como ya se vio no era eficaz dado que cualquiera que fuera la clase de munición la instrucción correspondía a los fiscales regionales.
En fin, de la valoración individual y conjunta de estos hechos es imposible concluir sin hesitación, como lo afirma la Fiscalía, que el procesado fue el autor del cambio de munición, menos si las ventajas procesales a que alude la Fiscalía no eran factibles de obtener a través del acusado y en ese estadio procesal.
2.3. La falta de necesidad de la prueba pericial por estar demostrado en el proceso el calibre de la munición, que a juicio de la Fiscalía, desvirtúa el argumento de la defensa atinente a que por la urgencia en su realización el procesado libró el oficio y trasladó la munición al laboratorio; es una inferencia que no comprometen seriamente la responsabilidad del endilgado.
En efecto, si bien es cierto que dentro del expediente obraban medios de prueba que acreditaban que los proyectiles eran calibre 45m.m., ello no obstaba para que el funcionario dispusiera la práctica de la diligencia.
Ciertamente, el sistema de libre valoración de la prueba que rige en nuestro Derecho Procesal Penal impone al Funcionario Judicial la valoración conjunta de los medios de convicción que militen en el proceso, por consiguiente, la prueba técnica constituía otro medio de convicción para ser sopesado en conjunto por el Fiscal que resolvería la situación jurídica del sindicado, con el objeto de definir cuál era el tipo penal transgredido.
Por ese motivo, era usual que en estos eventos las diligencias transitaran inicialmente por la Unidad de Policía Judicial, en donde se practicaba la prueba técnica y se enviaban al fiscal competente.
Así pues, es imposible descartar a priori los argumentos del incriminado consistente en que al revisar el expediente y notar la falta del dictamen, que habían transcurrido 3 días de la indagatoria y que era inminente su envío al Fiscal que resolvería la situación jurídica, decidió elaborar el oficio y llevar directamente la munición al laboratorio para su realización inmediata; por asomar lógicos, coherentes y convincentes.
2.4. Igual aseveración se impone hacer en punto al indicio de oportunidad, consistente en que el procesado pudo realizar el cambio de la munición entre el momento en que la recibió de manos de ANGELA MARIA CARDONA y la entregó en el laboratorio, en virtud a que las posibilidades de que la conclusión sea cierta son iguales o inferiores a que hubiese sucedido en la oficina de la técnico judicial o en las dependencias del laboratorio y por personas distintas al acusado.
Efectivamente, los proyectiles estuvieron en poder del Dr. POSADA MUÑOZ solo el tiempo que gastó en elaborar el oficio y llevarlo junto con la munición al laboratorio que quedaba a 15 metros de distancia, amen de que no hay certeza que los recibidos de la técnico fueran los mismos incautados. Veamos.
Se comprobó que los cartuchos permanecieron en la oficina de la asistente, ANGELA MARIA CARDONA, desde el 21 al 24 de junio de 1.996 fecha esta en que los entregó al Fiscal para ordenar el dictamen, según ella en un cajón bajo llave y de acuerdo con el relato del procesado en un armario de madera sin llave debido a que no existían cajas de seguridad, en tanto que las llaves de la oficina permanecían en poder de la asistente; quedando constancia en la inspección judicial que las instalaciones eran altamente inseguras, que existía conexión entre los cubículos de la Unidad Investigativa de Policía Judicial, específicamente con grupos como los de estupefacientes, terrorismo, extorsión y secuestro, pudiendo accederse a ellos fácilmente por la parte superior.
Ahora, el Fiscal LUIS OSWALDO ARCHILA SALAZAR, manifestó que al llegar a la oficina vio la caja con la munición en uno de los escritorios en donde laboraba la técnico judicial, creando duda acerca de si realmente la munición permaneció bajo llave, como lo afirma ANGELA MARIA CARDONA.
Si los cartuchos estuvieron en esa oficina por espacio de 3 días, con medidas se seguridad malas y a donde tenían acceso variedad de personas, surge la posibilidad de que los autores del cambio sean desconocidos, eventualidad que aumenta si se tiene en cuenta que las ventajas procesales del sindicado, supuestamente perseguida con ese hecho, no podían ser obtenidas.
Adicionalmente, en ello tiene razón la defensa, no se demostró que los proyectiles entregados por la Técnico al procesado fuesen los incautados, pues si bien es cierto que en todas sus intervenciones así lo sostiene, también lo es que invariablemente manifestó que el acusado no constató lo recibido, descartándose la existencia de una entrega formal en donde se corroborara lo entregado; solo en la intervención del mes de diciembre de 1.996 es que da a entender que antes de la entrega comprobó su identidad; lo que de haber sucedido obviamente hubiese sido en el momento de recibir, amen que existe la posibilidad que sobre este aspecto la testigo faltara a la verdad para no verse comprometida en el delito.
De lo anterior se infiere que en la entrega no se comprobó la cantidad y la calidad de los proyectiles, por ende, es aventurado aseverar sin lugar a equívocos, como lo hace el impugnante, que los entregados fueron los incautados.
Por otro lado, se descubrió que las medidas de seguridad del laboratorio tampoco era buenas, en ese sentido el técnico JUAN FELIPE RUIZ RUIZ dijo que estaba constituido por cubículos ocupados por los técnicos en dactiloscopia, balística, planimetría y otros, cualquiera de los cuales pudo ejecutar el cambio, en atención a que la munición permaneció allí de un día para otro.
Se comprobó, complementariamente, que la secretaria EDITH SONIA GOMEZ GOMEZ no revisó los elementos recibidos del Dr. POSADA MUÑOZ, ignorándose si eran los mismos. Y, las explicaciones por ella ofrecidas de que no lo hizo porque la caja estaba cerrada, no son atendibles dado que siendo un requisito de la recepción que los elementos llegaran embalados su cumplimiento no podía impedir la verificación de su contenido; además, de que las reglas de la experiencia enseñan que en estos eventos es esencial constatar el material recibido.
El hecho que hubiese sido el Fiscal quien los entregó no la exoneraba del deber de hacerlo, mucho menos si él mismo le sugirió los revisara al preguntarle si no iba a verificar el contenido de la caja, lo que finalmente no hizo.
Omisión en la que inexplicablemente también incurrieron el jefe de balística, Dragoneante activo GILBERTO MORALES BARRERA y el técnico RUIZ RUIZ; el primero, al recibir la caja a la secretaria sin constatar su contenido y entregarla en las mismas circunstancias a este último, aduciendo de manera increíble que actúo así porque el oficio no discriminaba las características de los proyectiles y supo que eran calibre 38m.m., cuando al retirarse del lado del técnico volteó a mirar y notó que se le caían varios cartuchos al intentar destapar la caja; y el segundo, manifestando contradictoriamente que al recibirle al Dragoneante encontraron que eran de ese tipo.
Frente a estas circunstancias, es claro que no existe certeza que los proyectiles entregados por el procesado sean los recibidos de manos de la técnico judicial, y menos los incautados.
Las dudas sobre el comportamiento de estos empleados se acrecientan con el hecho de que poco tiempo antes, según el capitán ELMER BOTIA LONDOÑO, se había presentado el cambio de una granada útil por una inservible en esa Unidad Investigativa de Policía Judicial, cursando las investigaciones penal y disciplinaria en contra de los policías comprometidos, sin que la Fiscalía ahondara sobre estos tópicos y acerca de la eventual conexión que este hecho pudiera tener con los aquí investigados, pues ni siquiera los tuvo en cuenta al ponderar los medios de convicción, ni se ocupó de averiguar los resultados de dichos procesos.
Con el trámite inusual que las diligencias tuvieron puesto que siendo lo normal que pasaran por la Unidad Investigativa en donde se practicaba el experticio y se remitían a la Fiscal competente, en este se enviaron directamente a la Fiscalía Regional.
Conducta que fácilmente puede llevar a pensar, que se pretendía obstaculizar la investigación que surgiera por el cambio de munición al orientarla hacia objetivos equívocos.
Adicionalmente, se detectó que en el libro que se llevaba para registrar el día de salida del dictamen, la página que corresponde al que dan cuenta las diligencias, no se hicieron los registros.
No hay que olvidar que el Fiscal ACHILA SALAZAR manifestó en relación con el técnico que rindió el dictamen “no me atrevo a decir si fue que lo botaron o lo sancionaron, pero alguna medida se tomó frente a él.”, tópico que no fue averiguado por la Fiscalía porque no estableció si cursó investigación disciplinaria al interior de la policía y de ser así cuáles fueron sus resultados.
En suma, este indicio no tiene la virtud de transmitir la certeza de la autoría y responsabilidad del endilgado, pues perviven serias dudas de que el cambio lo hubiese realizado otras personas.
2.5. Del hecho comprobado que el acusado negó en los descargos haber indagado al sindicado, no puede inferir lógicamente la Fiscalía, que con ello pretendía hacer creer que desconocía el calibre de la munición si se tiene en cuenta que los medios de prueba evidenciaban lo contrario. Así lo denotan los informes de la policía, las constancias dejadas en ese sentido por la técnico judicial, el contenido de las declaraciones de los agentes bachilleres recibidas por él y de la resolución de apertura de la instrucción, y que remitiera el proceso al Fiscal Regional correspondiente para que resolviera la situación jurídica pese a que el dictamen afirmaba que eran 38m.m.; asomando, en consecuencia más lógico que ello obedeciera a un olvido.
En fin, al valorar la Sala en conjunto estos hechos no encuentra certeza de que el acusado hubiese sido el autor del cambio de proyectiles, pues persisten dudas sobre los fines perseguidos con la conducta, no se sabe a ciencia cierta si los proyectiles recibidos y entregados al laboratorio fueron los incautados, en qué momento y en cual de los tres lugares se produjo, y qué persona realmente lo llevó a cabo.
3. En lo que tiene que ver con el delito de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, previsto en los artículos 219 y 222 del Código Penal derogado, la Corte confirmará la absolución por atipicidad de la conducta, atendiendo las siguientes razones.
Se acusa al procesado de omitir relacionar en el oficio las características de los proyectiles con la intención de hacer creer que los entregados por él en el laboratorio eran los incautados, y propiciar que el perito rindiera un dictamen contrario a la realidad.
El artículo 219 del Código Penal que regía para esa época, reza:
“Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad incurrirá en prisión de 3 a 10 años”.
La mutación de la verdad en este modelo comportamental debe recaer sobre el contenido esencial del documento, es decir, el antagonismo gravita sobre lo que el autor dijo y lo que debió documentar.
Debe referirse a aspectos sustanciales, o sea, sobre el tema de prueba del documento.. Dicho en otras palabras, comoquiera que los documentos cumplen una función esencialmente probatoria, si la falsedad alude a afirmaciones accesorias que no tienen nexo sustancial con el hecho al que sirve de prueba, el delito no se configura.
Situación que en este caso ocurre ya que la imputación se refiere a que el procesado omitió registrar en el oficio el calibre de la munición, información que sobraba si se tiene en cuenta que el objeto del dictamen justamente era determinar a qué tipo pertenecían los proyectiles y sus características generales, de suerte que incluirla conlleva dejar sin objeto de estudio al perito.
Cosa distinta es que la secretaría del laboratorio estaba compelida a dejar constancia de ello en el recibido, lo que no hizo.
Ahora, si lo pedido al perito era útil para que el funcionario judicial junto con los demás medios de prueba realizara la adecuación típica de la conducta y, según el oficio, erróneamente para determinar la competencia, los datos reclamados por la Fiscalía carecían de relevancia, ya que lo consignado era lo necesario para que el perito cumpliera su labor. Frente a estas circunstancias el procesado no calló total o parcialmente la verdad.
Es más, si la investigación no dilucidó quien fue el autor del cambio de munición, asoma ilógica la aseveración de la Fiscalía, atinente a que el acusado con la omisión perseguía dar a entender que los proyectiles entregados al laboratorio eran los incautados.
En fin, la Sala confirmará la sentencia recurrida en punto a este delito.
4. Acertó el a quo al exonerar al procesado por el delito de peculado por apropiación, relativo a la supuesta apropiación de los 48 proyectiles 45m.m., pero por las siguientes razones.
El artículo 133 del Código Penal derogado, modificado por el artículo 19 de la ley 190 de 1.995, definía el delito así:
“El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o de instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones publicas de seis (6) a quince (15)años.
“Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes.
“Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad (1/2):
Ahora bien, dado que la investigación no comprobó que el acusado fue la persona que cambió la munición, la autoría de la comisión de este delito contra la administración pública tampoco se le puede endilgar. Ello bastaría para sustentar la absolución.
Con todo, es claro que el tipo penal no se configura, debido a que el elemento relativo a la apropiación no concurre, pues con el cambio de la munición por una de menor calibre, según la hipótesis con mayor fuerza en el proceso, el autor tenía como propósito alterar la prueba y entorpecer la investigación que cursaba por esos hechos, no obtener provecho para él o a favor de un tercero, el que por demás no era posible ya que la diferencia de precio entre los dos tipos de municiones, según INDUMIL, era algo menos de mil pesos.
Así las cosas, la conducta hace parte del supuesto de hecho del delito de favorecimiento real atrás estudiado, y no es típica del delito de peculado por apropiación.
En fin, la sentencia será confirmada en su integridad.
Devuélvase al procesado la caución prendaria que prestó para disfrutar de la libertad provisional como consecuencia de la absolución.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
CONFIRMAR la sentencia absolutoria dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en razón a los argumentos atrás expuestos.
Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
Devuélvase al procesado la caución prendaria por él constituida dentro de la actuación.
Devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
HERMAN GALAN CASTELLANOS
JORGE A. GOMEZ GALLEGO ALFREDO GOMEZ QUINTERO
EDGAR LOMBANA TRUJILLO ALVARO O. PEREZ PINZON
MARINA PULIDO DE BARON JORGE A. QUINTERO MILANES
YESID RAMIREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA