Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A058-08.htm
Timestamp: 2017-11-25 09:40:11
Document Index: 50067939

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 140', 'artículo 228', 'artículo 140', 'artículo 86', 'artículo 86']

A058-08
Auto 058/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE CONSEJO DE ESTADO Y TRIBUNAL SUPERIOR-Aplicación Decreto 1382 de 2000
JURISDICCION CONSTITUCIONAL-Autoridad que pretenda decretar nulidad de un trámite de tutela deberá justificar su decisión
PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICACIONIS-No puede alterarse la competencia de la acción de tutela pues se afectaría la protección inmediata de los derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADO MUNICIPAL-Asunción por Tribunal Superior del trámite de impugnación
Referencia: expediente ICC-1209
Conflicto de competencia entre la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Acción de tutela promovida por Autoservicio Gabriel Bustos Ltda. contra el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá D.C.
1. Autoservicio Gabriel Bustos Ltda., presentó a través de su gerente, el 29 de octubre de 2007, acción de tutela contra el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, D.C. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa dentro de la diligencia de entrega de un inmueble ubicado en el Distrito Capital en la que actúo como opositor.
2. La acción fue dirigida al Juez Penal del Circuito (Reparto) de Bogotá, correspondiendo por reparto al Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito, que mediante auto del 31 de octubre de 2007 dispuso la remisión del expediente al “Juez Civil del Circuito –Reparto de esta ciudad”, en aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000, en tanto ese juzgado era el superior funcional del tutelado.
3. Sometido a nuevo reparto, el expediente fue asignado al Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual a través de auto del 14 de noviembre de 2007 avocó conocimiento de la acción y le imprimió el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991. En fallo del 28 de noviembre del mismo año negó la tutela solicitada.
4. Inconforme con esa decisión, el accionante presentó oportunamente la impugnación la cual fue concedida por auto del 12 de diciembre de 2007 y en consecuencia, el expediente fue enviado a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.
5. Dicha colegiatura mediante providencia del 17 de enero de 2008, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 14 de noviembre de 2007 por considerar que:
“En el escrito de tutela refirió el accionante que solicitaba se ampararan sus derechos frente a la actuación del Juzgado 16 Civil Municipal comisionado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para la práctica de la diligencia de entrega del inmueble ubicado en la Carrera 24 No.71-49 de la ciudad, ordenada dentro del proceso de Entrega de Carlos Fidolo González y otro en contra de la Beneficencia de Cundinamarca, alegando la existencia de una nulidad en la práctica de la diligencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, “El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue…”, lo que quiere decir que para el caso de la diligencia objeto de la comisión, la actuación de la autoridad comisionada, se concluye realizada como si fuera la del Juez comitente.”[1]
6. Con fundamento en lo expuesto, consideró que en razón a que la acción de tutela se había promovido contra el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, D.C. “como comisionada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el ataque formulado por el mecanismo de tutela se entiende dirigido a la citada corporación, en consecuencia, conforme a las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, su conocimiento corresponde al superior funcional de éste último, esto es, el Consejo de Estado, aunado al hecho de que el proceso en que se acusa la vulneración de los derechos del tutelante, no es uno de los civiles atribuidos a la competencia de la Juez Municipal accionada, ya que la misma –se ítera- actuó simplemente como comisionada para la llevar a cabo la diligencia ordenada en el proceso de marras.”(sic).[2]
7. A juicio de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el Juez 40 Civil del Circuito carecía de competencia “no sólo para recibir a trámite la acción sino para cualquier pronunciamiento de fondo. Al hacerlo, ha dado origen a una nulidad insaneable que afecta toda la actuación, la cual debe declararse, a partir del auto de catorce de noviembre de dos mil siete, para que sea el Consejo de Estado, el que se pronuncie sobre la acción.”[3] Por tanto dispuso la remisión del expediente a la Secretaría General (Reparto) del Consejo de Estado.
8. El 21 de enero de 2008, se efectuó el reparto de la acción correspondiéndole a la Subsección “A” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, despacho que a través de providencia del 31 de enero de 2008, resolvió abstenerse de avocar el conocimiento de la acción de tutela planteando de esa manera una colisión de competencia.
9. Para el Consejo de Estado el alcance dado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá al artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, no es acertado, puesto que si bien dicha disposición “confiere iguales facultades al comitente que al comisionado, es decir, lo inviste de sus potestades incluyendo la de resolver y conceder recursos, no puede concluirse que la actuación de la autoridad comisionada, se da por realizada por el Juez comitente, pues este no es el alcance que quiso darle la norma a la figura”.[4] A su parecer, entonces, a quien le asistía competencia para conocer de la acción de tutela impetrada era al Juzgado Civil del Circuito en los términos del Decreto reglamentario 1382 de 2000.
10. Por lo anterior, ordenó remitir la actuación a la Corte Constitucional para que determine el despacho judicial que debe conocer de la solicitud de protección constitucional.
El asunto de la referencia versa sobre la aparente colisión que se generó entre la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en consideración al errado entendimiento que se dio al Decreto reglamentario 1382 de 2000.
En efecto, esta Corporación debe reiterar[5] que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a prevención, según lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[6]
Aplicado lo anterior al asunto procedimental que se presenta en esta oportunidad, la Sala Plena considera contrario a los principios que informan el trámite de la acción de tutela (art. 3 Decreto 2591/91) que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá haya declarado la nulidad de lo actuado por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá D.C. en el trámite constitucional de la referencia, sin causal que justificara dicha determinación.
En efecto, no existe en el ordenamiento jurídico colombiano preceptiva que autorice a algún funcionario judicial para decretar de oficio dentro de un trámite de tutela, una nulidad por el desconocimiento de una regla administrativa de reparto como las contenidas en el Decreto reglamentario 1382 de 2000, dado que esta circunstancia no se encuentra prevista en las causales que vician la actuación dentro de una actuación constitucional y que como lo ha sostenido la Corte[7] derivan del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en aquello que no contradiga su finalidad protectora.
Con la determinación adoptada por la citada Sala Civil se desconoció la regla jurisprudencial según la cual “cuando de un lado se encuentra la aplicación a posteriori de un procedimiento administrativo de reparto y, de otro lado, se encuentra el acceso a la justicia, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la celeridad de la acción de tutela y la integridad del proceso judicial, la Constitución ordena que prevalezca el derecho sustancial (artículo 228 C.P.), es decir, que no se anule lo actuado por un juez competente que se pronunció de fondo sobre el amparo de los derechos fundamentales.”[8]
De esta manera, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., o cualquier otra autoridad que en ejercicio de su jurisdicción constitucional pretenda decretar la nulidad de un trámite de tutela, deberá justificar su decisión a partir de la configuración de algunas de las causales del citado artículo 140 del C.P.C. y no simplemente aducir, como ocurrió en el presente caso la existencia de una “nulidad insaneable” que es por demás inexistente dado que desde el mismo momento en que el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá avocó conocimiento de la acción interpuesta mediante auto del 14 de noviembre de 2007, se radicó la competencia (a prevención) en ese despacho judicial, que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis[9] no puede ser alterada ni en primera ni en segunda instancia, dado que si ello ocurriera, se afectaría gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata[10] de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.).
En este orden de ideas, la Corte encuentra que la colisión de competencia entre los despachos judiciales que se han reseñado es aparente, puesto que la controversia procesal planteada y que generó la remisión del expediente a esta Corporación, tuvo origen en la inobservancia de los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial, economía y eficacia que informan el trámite de la acción de tutela (art. 3 del Decreto 2591 de 1991) y en el desconocimiento de las reglas jurisprudenciales que sobre la aplicación de los cánones de reparto ha decantado la Sala Plena de esta Corporación en un sinnúmero de conflictos de competencia que se han suscitado a raíz de la aplicación del Decreto reglamentario 1382 de 2000.
Por lo anterior, y en aplicación de la regla jurisprudencial vigente[11] para este tipo de casos, se dejará sin efecto el auto del 17 de enero de 2008 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., que declaró la nulidad de todo lo actuado, para en su lugar disponer que, de forma inmediata, asuma el trámite de la impugnación que le fuera concedida al accionante desde 12 de diciembre de 2007 y profiera la decisión de segunda instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 17 de enero de 2008.
Segundo.- ORDENAR a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., que de forma inmediata, asuma el trámite de la impugnación que le fuera concedida al accionante dentro del trámite de la referencia y profiera la decisión de segunda instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Por Secretaría General, comuníquese a los despachos judiciales en colisión la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia aparente.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 058 DE 2008
Referencia: ICC-1209
Conflicto de competencia entre la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la Acción de Tutela promovida por Autoservicio Gabriel Bustos Ltda. Contra el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá D.C.
[1] Cfr. Folio 4 del cuaderno de segunda instancia.
[4] Cfr. Folio 30 del cuaderno de segunda instancia.
[5] Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[6] En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “(…) el Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes.”
[7] En la Sentencia T-121 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) la Corte precisó: “Teniendo en consideración que los decretos [2591/91 y 306/92] anteriormente señalados no contemplan reglas acerca de la posible nulidad en los trámites de tutela, se hace imperante remitirse a lo previsto en las normas del procedimiento civil”. En el mismo sentido puede estudiarse la Sentencia T-410 de 1993 M.P. Hernando Herrera Vergara y los Autos 012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería, 089 de 2003 y 052 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra entre otros.
[11] Pueden estudiarse, entre otros, los Autos 160 y 169 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 157 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 68 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 008 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 038 y 059 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 064,123, 161 y 209 de 2007M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 211 de 2007 M.P Catalina Botero Marino, 223 y 257 M.P. Jaime Córdoba Triviño y 264 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.