Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-910-de-diciembre-6-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b96c138abd4101cae0430a01015101ca&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-23 11:07:41
Document Index: 267053859

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 26', 'artículo 72', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 217', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 36', 'Artículo 217', 'Artículo 3', 'Artículo 4']

﻿ Sentencia T-910 de 2011
SENTENCIA T-910 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:REINTEGRO A MIEMBROS DE LA FUERZA PÙBLICA CON DICAPACIDAD. EL DESPIDO EN RAZÒN DE LA DISMINUCIÒN DE LA CAPACIDAD FÌSICA DE UN TRABAJADOR JUSTIFICA EL USO DE LA TUTELA PARA BUSCAR A TRAVÈS DE ELLA EL REINTEGRO LABORAL. INCLUSO EN LAS FUERZAS MILITARES, CUANDO UN SOLDADO SE HA DISMINUIDO EN SUS CAPACIDADES LABORALES, EL ESTADO A TRAVÈS DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL EJERCITO NACIONAL, ESTA EN LA OBLIGACIÒN DE REHABILITAR Y E INTEGRAR SOCIALMENTE AL SOLDADO QUE EN EJERCICIO DE SU FUNCIÒN SUFRE DISMINUCIÒN EN SU CAPACIDAD LABORAL. ESTA OBLIGACIÒN, TAMBIÈN IMPLICA LA OBLIGACIÒN DE REUBICACIÒN DENTRO DE LA INSTITUCIÒN CASTRENSE EN VIRTUD DE LAS CAPACIDADES FÌSICAS Y MENTALES DEL SOLDADO EN DISCAPACIDAD. TODO LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE LA ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, REINTEGRO LABORAL, DISCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, PROTECCIÓN A PERSONA CON DISCAPACIDAD, REINTEGRO EN LAS FUERZAS MILITARES
Sentencia T-910 de diciembre 6 de 2011
Sentencia T-910 de 2011
Ref.: Expediente T-2.715.906
Demandante: Víctor Manuel Suárez Jaimes
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional
Manifiesta el actor que el 1º de abril de 2001, ingresó a la carrera del Ejército Nacional, el 15 de mayo del mismo año lo asignaron al Batallón de Contra Guerrillas 47 “Héroes de Tacines”, y sus funciones las desarrolló en distintas Unidades del Ejército.
Como consecuencia de lo anterior, el 28 de octubre de 2008, la Junta Médico Laboral de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante Acta 27392, valoró su pérdida de la capacidad laboral en un 24%, por el trauma acústico severo que le produjo la perforación timpánica bilateral; la secuela que le dictaminaron fue perdida neurosensorial leve, irreversible, no progresiva.
Ante el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar solicitó la revisión del porcentaje asignado en el Acta 27392. El tribunal acogió la solicitud y mediante Acta 3841-3951, de 20 de octubre de 2009, le asignó como porcentaje de pérdida de capacidad laboral el 25%.
“Diligencia de notificación. En la fecha, el suscrito teniente coronel comandante del Batallón de ASPC Nº “Mercedes Abrego”, procede a notificar en forma personal al SLP. Suárez Jaimes Víctor Manuel CM. 74185704, que de acuerdo a la OAP 1103 del 28 de febrero de 2010, el Comando del Ejército ordena su retiro del servicio activo de la institución por la disminución de la capacidad psicofísica con novedad fiscal 28-febrero-2010, acta médico laboral 3841 del [20102009] sic”.
2. Pretensiones del actor.
• Fotocopia del dictamen practicado al señor Víctor Manuel Suárez Jaimes, que da cuenta de su pérdida de capacidad laboral del 24%, expedido por la Junta Medico Laboral, mediante Acta 27392, fechada 28 de octubre de 2008(1).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía a nombre del señor Víctor Manuel Suárez Jaimes(2).
• Fotocopia del informe del 25 de julio de 2006, dirigido al comandante del batallón de contraguerrillas 47, enviado por el comandante de la compañía “A”, con ocasión de los hechos que generaron la lesión del señor Víctor Manuel Suárez Jaimes(3).
• Fotocopia del informe administrativo por lesiones 32 de 15 de noviembre de 2006(4).
• Fotocopia de la historia clínica de fecha 17 de junio de 2008, del señor Víctor Manuel Suárez Jaimes y la solicitud de remisión a la Junta Médica Laboral, expedida por especialista en otorrinolaringología(5).
• Fotocopia de la notificación de retiro del servicio activo, del 28 de febrero de 2010(6).
• Fotocopia de recomendación del señor Víctor Manuel Suárez Jaimes, suscrita por el Comandante del batallón ASPC No. 5 “Mercedes Abrego”, el 28 de febrero de 2010(7).
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga —Sala Penal—, el 8 de abril de 2010, admitió la demanda y corrió traslado al Ministro de Defensa Nacional, al Ejército Nacional y al Director de Sanidad del Ejército Nacional, para que se pronunciara sobre los hechos y las pretensiones.
4.1. El Ejército Nacional.
4.2. Ministerio de Defensa.
a) La reubicación laboral depende del criterio de la Junta o tribunal médico legales, dentro de los parámetros laborales y de salud ocupacional; función que se encuentra reglamentada en el numeral 2º del artículo 15 del Decreto 1796 de 2000.
b) Si se opta por sugerir la reubicación laboral se establece si la persona tiene aptitud para ser utilizada en otras actividades, sin desatender la misión institucional a que están llamados los soldados profesionales, que son operaciones militares y actividades de apoyo para el combate, tal como está señalado en el artículo 1º del Decreto 1793 de 2000, que reglamenta el régimen de carrera de soldados profesionales del Ejército.
Por su parte el Ejército Nacional, a través del Batallón de apoyo y servicios para el combate 5 “Mercedes Abrego”, el 26 de noviembre de 2010, dio respuesta informado que la entidad encargada de convocar la junta médico laboral y otorgar la disminución de la capacidad laboral es la dirección de sanidad del Ejército y la dirección de personal, de ahí que está facultada para reubicar o retirar del servicio activo por la causa que en cada caso indique.
El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Ejército Nacional, es una entidad de carácter público, que está legitimada como parte pasiva en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º y 42 del Decreto 2591 de 1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
3.1. La procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral, cuando el actor fue desvinculado a causa de la disminución de su capacidad laboral. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la tutela es un medio preferente y sumario de defensa judicial, cuyo objetivo es la protección de los derechos fundamentales que resulten violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o, excepcionalmente, de los particulares. Acción que se caracteriza por ser subsidiaria y residual, lo que implica que solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo este no sea efectivo, o cuando se promueva como mecanismo transitorio para evitar que ocurra un perjuicio irremediable.
“La jurisprudencia de esta corporación ha establecido que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el reintegro laboral, (...) salvo que se trate de sujetos en condición de debilidad manifiesta, como aquellos a quienes constitucionalmente se les protege con una estabilidad laboral reforzada(8), a saber, los menores de edad, las mujeres en estado de embarazo o durante la lactancia y, como se verá a continuación, el trabajador discapacitado.
Dicho criterio proviene de la necesidad de un mecanismo célere y expedito para dirimir esta clase de conflictos cuando el afectado es un sujeto que amerite la estabilidad laboral reforzada, que es distinto al medio breve y sumario dispuesto para los trabajadores amparados con el fuero sindical o circunstancial, que facilita el inmediato reestablecimiento de sus derechos”.
La Corte ha indicado que se configura un trato discriminatorio, cuando se despide a una persona a causa de su condición física, ello en razón a que no se les puede tratar de igual manera que a aquellas personas sin ningún tipo de limitación. De este modo, se pronunció esta Corporación en la Sentencia T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en los siguientes términos: “Para la Corte, el hecho de que el patrono, pese al conocimiento que tenga del estado de salud del trabajador, y estando en la posibilidad de hacerlo no lo reubica, y por el contrario, lo despide sin justa causa, implica la presunción de que el despido se efectuó como consecuencia de dicho estado, abusando de una facultad legal para legitimar su conducta omisiva”. Teniendo en cuenta que el respeto a la dignidad humana y la solidaridad de las personas que lo integran, son características esenciales del Estado social y democrático de derecho, la igualdad real y efectiva de las personas que tienen algún tipo de limitación, se materializa protegiendo el derecho a la estabilidad laboral reforzada(9).
(...) la estabilidad laboral reforzada y el respeto a la dignidad humana, generan para el trabajador que ha sufrido una mengua en su capacidad laboral, el derecho a la reubicación laboral en un ambiente en el que pueda desarrollar labores que no atenten contra su integridad”.
3.2. Las personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional.
El Estado colombiano, mediante varios tratados internacionales(10) adquirió unas obligaciones para buscar la protección de los sujetos con discapacidades, cuyos objetivos son la prevención, eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, propiciar su plena integración en la sociedad y la protección en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, en la Sentencia T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte citó un listado de tratados internacionales suscritos con el propósito de adoptar medidas de protección para los ciudadanos discapacitados, y al respecto concluye: “En consecuencia, se observa que la normatividad vigente contenida en el derecho interno e internacional sobre la materia propugna [por] una real protección de las personas con limitaciones para que estas permanezcan en su empleo y prosperen gracias a un compromiso real y colectivo de ofrecerles la adecuada reintegración social”.
Lo anterior implica que en nuestra sociedad no debe haber discriminaciones en razón de las limitaciones que tienen algunas personas, por ello, dichos sujetos son titulares de lo que la jurisprudencia de esta corporación ha denominado protección constitucional reforzada, la cual se ha desarrollado en diversas sentencias que han amparado derechos fundamentales que se vieron conculcados(11). Concretamente, en relación con los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional esta protección constitucional tiene una relevancia especial, según lo que la Corte sostuvo en la Sentencia T-1197 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, en la cual señaló que:
“En el ordenamiento jurídico colombiano es evidente entonces que las personas disminuidas en sus condiciones físicas, psíquicas y sensoriales, cuentan no solo con los derechos consagrados en general para todas las personas, sino, además, con una órbita de protección especial que los convierte en titulares de algunos privilegios previstos en el texto de la Carta. De otra parte, es oportuno explicar que esta protección adquiere un matiz particular, cuando la persona afectada en sus condiciones de salud es un agente o servidor del Estado, que en cumplimiento de sus funciones o con ocasión de las mismas, ha sufrido una considerable disminución en sus condiciones físicas, síquicas y sensoriales. Es el caso de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personas que por la naturaleza de sus funciones y debido a las actividades que diariamente ejecutan, afrontan riesgos permanentes para su vida e integridad personal y que frecuentemente sufren lesiones severas, en muchos casos irreversibles. La sociedad y el Estado tienen entonces un compromiso particular, pues se trata de garantizar y prestar el servicio de seguridad social, a quienes de manera directa actúan para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.
Específicamente, la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, indica en su artículo 2º, la obligación del Estado de garantizar y velar por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. De igual forma, en el artículo 4º impone a la administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país la obligación de disponer de los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las personas con limitación. Siendo obligaciones ineludibles del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuada, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral y la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales de esas personas.
De la misma forma, en el artículo 26 ibídem, establece: “En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo”(12).
Finalmente, el artículo 72 señala que: “El Estado garantizará los adecuados mecanismos de concertación en el diseño y ejecución de las políticas que tengan que ver con la población limitada (...)”.
Concretamente, la entidad accionada cuenta con un régimen de carrera y estatuto de personal de los soldados profesionales establecido en el Decreto 1793 de 2000, el cual, en su artículo 8º, clasifica las causales de retiro del servicio activo, así: “literal a) Retiro temporal con pase a la reserva, numeral 2º) Por disminución de la capacidad psicofísica”. En concordancia con lo anterior, el artículo 10, ibídem, dispone: “El soldado profesional que no reúna las condiciones de capacidad y aptitud psicofísica determinadas por las disposiciones legales vigentes, podrá ser retirado del servicio”; de esta manera se concede un margen de discrecionalidad para ordenar el retiro como consecuencia de la disminución de la capacidad psicofísica, en la medida en que, como autoridad pública, le corresponde el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, ¿Quiénes son sujetos de este tipo de protección constitucional? De acuerdo a lo que indican los artículos 13 y 47 de la Constitución Nacional son “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos”.
Se debe resaltar que el término “discapacidad” ha sido estudiado por esta corporación, verbigracia, en la Sentencia C-478 de 2003(13), en la cual examinó el texto de la Resolución 4896 del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre ‘normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad’, texto en el cual se trató de establecer, además, una frontera clara entre los conceptos de discapacidad y minusvalía en los siguientes términos:
Deficiencia: una pérdida o anormalidad permanente o transitoria —psicológica, fisiológica o anatómica— de estructura o función.
Precisamente, las sentencias T-437 de 2009(14), T-470 de 2010(15), T-503 de 2010(16) y T-081 de 2011(17), se ordenó la reubicación de los accionantes que habían sufrido disminución de la capacidad laboral durante la prestación del servicio y en razón a ello fueron desvinculados de la institución militar, razón por era necesaria su protección.
3.3. Garantía y continuidad en la prestación de asistencia médica a militares que, al momento de su retiro, padecían de alguna enfermedad que produjo en ellos una merma de la capacidad laboral.
En desarrollo del artículo 217 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 352 de 1997, “Por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, que establece un régimen de salud especial, dadas las condiciones específicas bajo las cuales trabajan las personas que están encargadas de la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional, así como la conservación del orden público(18).
La Ley 352 de 1997 define la sanidad como un servicio público esencial orientado a dar respuesta a las necesidades del personal activo, retirado, pensionado y beneficiario(19). El Sistema de Salud de las fuerzas militares y de policía cuenta con principios orientadores(20), entre los cuales se encuentran, universalidad que es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida y la protección integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educación, información y fomento de la salud, prevención, protección, diagnóstico, recuperación, rehabilitación, en los términos y condiciones que se establece el plan de servicios de sanidad militar y policial.
En Sentencia T-516 de 2009(21), esta corporación indicó las circunstancias bajo las cuales la atención médica se debe extender a los antiguos miembros de las Fuerzas Militares, incluso cuando se hubieren retirado del servicio activo. En dicha providencia se establecieron tres grupos de situaciones excepcionales frente a las cuales la atención integral en salud se debe seguir prestando:
“i) si la enfermedad o lesión preexistente no fue detectada en los exámenes psicofísicos de ingreso, debiendo hacerlo, y (ii) se agravó como consecuencia del servicio militar(22)
El segundo tipo de excepciones se genera en los eventos en que la lesión o enfermedad es producida durante la prestación del servicio. Cuando ello ocurre, las fuerzas militares o de policía deben continuar haciéndose cargo de la atención médica si la lesión o enfermedad (i) es producto directo del servicio(23); (ii) se generó en razón o con ocasión del mismo(24); o (iii) es la causa directa de la desincorporación de las fuerzas militares o de policía(25). Por su parte, el tercer tipo de excepciones lo constituyen los casos en los cuales la lesión o enfermedad tiene unas características que ameritan la práctica de exámenes especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral de la persona o el momento en que esta fue adquirida(26)”
Acorde con lo que obra en el expediente, se puede aseverar que el señor Víctor Manuel Suárez Jaimes, ingresó al Ejército Nacional el 1º de abril de 2001. En el ejercicio de sus funciones, el 25 de julio de 2006, una granada le perforó los tímpanos, perdiendo el 25% de la capacidad laboral, dictaminada por la junta médico laboral y el tribunal médico laboral de Revisión Militar y de Policía. El 28 de febrero de 2010, le notificaron su retiro de la institución por la disminución de la capacidad psicofisica(27), con fundamento en las causales previstas en los artículos 100 del Decreto 1790 de 2000 y el artículo 10 del Decreto 1793 de 2000.
El cumplimiento de los postulados constitucionales y de la jurisprudencia de esta corporación referente a la protección de que gozan los discapacitados no se opone a la función asignada al Ejército Nacional de salvaguardar la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional, debido a que, por el contrario, mucho alentaría el ánimo de los miembros de la institución a cumplir con ahínco, devoción y eficacia su altísima misión si tuviesen la confianza, de que esta los respaldará, si como consecuencia de los altos riesgos a los que continuamente se ven expuestos, resultan víctimas de atentados que le generen lesiones con secuelas que deriven en incapacidades. Es indudable que a las instituciones militares les asiste el deber de proteger a quienes de manera directa, resguardan el orden jurídico y económico de la República de Colombia, en donde los grupos ilegales y la delincuencia común permanentemente atentan contra ellos.
Marginar de la institución castrense a quienes sufren discapacidades que no alcanzan el nivel o el porcentaje que da derecho a la pensión de invalidez y que, por consiguiente, no inhabilitan totalmente para desarrollar labores que bien pueden resultar útiles, provechosas o meritorias dentro del amplio espectro misional de aquella, en el que no todo es guerra, batalla, combate o escaramuza, lo cual supone que también es importante el componente logístico previo que se prepara y desarrolla mediante un variado cúmulo de actividades de formulación, planeación y administración en distintos frentes, sobre todo cuando la baja viene determinada por la disminución física que precisamente ocurre en cumplimiento del deber de proteger la integridad de la nación, al igual que la vida, honra, bienes y creencias de sus habitantes, sin que se adopten medidas apropiadas tendientes a velar por la suerte, y, más específicamente, por la rehabilitación de estas personas, bien puede apreciarse como una manifestación patente de insolidaridad, a todas luces inaceptable, en la medida en que, una práctica generalizada con esas características, contraviene uno de los principios fundamentales de nuestro Estado social de derecho, como lo es el de la solidaridad de que trata, con énfasis, el artículo 1º Constitucional, entre otros.
En las motivaciones del caso concreto quedó claramente explicado que la demandada invocando las normas que pretende aplicarle al demandante (D. 1790/2000 art. 100 y D. 1793/2000 art. 10) ha reintegrado a personas miembros de la fuerza con cierto grado de discapacidad, reubicándolos en labores que puedan desempeñar de acuerdo a su condición, pero que en el caso del demandante nada se indicó, afirmó o explicó en torno al motivo por el cual este no fue favorecido con tal decisión. Si se hubiesen dado razones atendibles con base en dichas normas que justifiquen la inconveniencia del reintegro esta Corte las hubiese ponderado. Pero, como ello, se reitera no ocurrió así esta corporación no tiene como adelantar esa labor.
1. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el auto del 12 de noviembre de 2010.
2. REVOCAR la sentencia del 8 de junio de 2010 proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social, a la salud, a su dignidad humana y a la igualdad real y efectiva en su condición de discapacitado del señor Víctor Manuel Suárez Jaimes, por las razones expuestas en la presente providencia.
3. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional que dispongan las actuaciones que se requieran para que el Tribunal Médico de Revisión Laboral de las Fuerzas Militares de Colombia practique un examen sicofísico al demandante Víctor Manuel Suárez Jaimes, a efectos de establecer, objetivamente la actividad en la que se puede desarrollar, explicando las razones de ser de la conclusión a la que llegue.
4. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional, la reincorporación al servicio dentro de las 48 horas subsiguientes a la notificación de la presente sentencia, en una actividad compatible con su nivel de discapacidad, previa capacitación que al efecto se requiera.
5. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional, suministrar de manera inmediata, al señor Víctor Manuel Suárez Jaimes, toda la atención médica, hospitalaria, farmacéutica y todos los insumos necesarios para la recuperación de su salud, hasta cuando esta se encuentre restablecida.
6. LÍBRAR por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
(1) Ver folios 9 al 10 del cuaderno principal.
(2) Ver folio 11 del cuaderno principal.
(6) Ver folio 15 del cuaderno principal.
(7) Ver folio 17 del cuaderno principal.
(8) Sentencias T-011 de 2008 y T-198 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-661 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(9) Al respecto se señaló en la Sentencia T-288 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “El derecho a la igualdad de oportunidades trasciende la concepción formal de la igualdad ante la ley. Tiene en cuenta las diferencias naturales o sociales como factores relevantes para determinar el trato a que tienen derecho determinadas personas o grupos. En relación con los discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (C.P., art. 2º). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se ‘equipara’ a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos. Los derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una ‘diferenciación positiva justificada’ en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P., art. 13)”.
(12) Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(18) Artículo 217 de la Constitución Política.
(19) Artículo 3º de la Ley 352 de 1997.
(20) Artículo 4º Ibídem.
(22) T-393 de 1999 y T-534 de 1992.
(23) T-366 de 2007 y T-376 de 1997.
(24) T-393 de 1999.
(25) T-824 de 2002.
(26) T-393 de 1999, T-762 de 1998 y T-376 de 1997.
(27) Ver folio 15 del cuaderno principal.