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Timestamp: 2017-08-22 04:23:42
Document Index: 60080351

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 90', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 149']

Ley 5/1995 de 23 de marzo, de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas
Vigencia desde 26 de Marzo de 1995. Revisión vigente desde 26 de Marzo de 1995 hasta 31 de Diciembre de 2003
Artículo 2 Presupuesto de aplicación
Artículo 3 Autorización administrativa previa
Artículo 4 Régimen de la autorización administrativa
Artículo 5 Procedimiento para otorgar la autorización administrativa
Artículo 6 Consecuencias de la falta de autorización administrativa
Primera Acceso al Registro Mercantil
Segunda Sector público de las entidades locales
Primera Determinación del carácter exclusivo o básico de esta Ley
Artículo 1 redactado por el número uno de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Párrafo introductorio del artículo 2 redactado por el número dos de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Artículo 4 redactado por el número cuatro de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Artículo 5 redactado por el número cinco de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Artículo 6 redactado por el número seis de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Disposición adicional primera redactada por el número siete de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Artículo 3 redactado por el número tres de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Número 2 de la disposición adicional primera redactado por el número ocho de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Número 3 de la disposición adicional primera redactado por el número ocho de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Disposiciones transitorias primera a sexta introducidas por los números nueve a catorce, respectivamente, de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre). Disposición final cuarta introducida por el número quince de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores y de erratas «B.O.E.» 1 abril 2004). Téngase en cuenta que la disposición adicional vigésima sexta de Ley 62/2003, de 30 de diciembre, establece que se sustituyen las referencias al régimen de autorización que se establezcan en la normativa vigente que resulte de aplicación por el régimen de notificación previsto en la presente Ley.
TJUE, Pleno, S, 13 May. 2003 ( C-463/2000)
La Sentencia TJCE (Sala Pleno) de 13 mayo 2003 declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE, al haber mantenido en vigor los artículos 2 y 3, apartados 1 y 2, de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, el Real Decreto 3/1996, de 15 de enero, relativo a Repsol, S.A., el Real Decreto 8/1997, de 10 de enero, relativo a Telefónica de España, S.A., y a Telefónica Servicios Móviles, S.A., el Real Decreto 40/1998, de 16 de enero, relativo a Corporación Bancaria de España, S.A. (Argentaria), el Real Decreto 552/1998, de 2 de abril, relativo a Tabacalera, S.A., y el Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, relativo a Endesa, S.A., en la medida en que establecen la aplicación de un régimen de autorización administrativa previa. La Sentencia TJCE (Sala Pleno) de 13 mayo 2003 declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE, al haber mantenido en vigor los artículos 2 y 3, apartados 1 y 2, de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, el Real Decreto 3/1996, de 15 de enero, relativo a Repsol, S.A., el Real Decreto 8/1997, de 10 de enero, relativo a Telefónica de España, S.A., y a Telefónica Servicios Móviles, S.A., el Real Decreto 40/1998, de 16 de enero, relativo a Corporación Bancaria de España, S.A. (Argentaria), el Real Decreto 552/1998, de 2 de abril, relativo a Tabacalera, S.A., y el Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, relativo a Endesa, S.A., en la medida en que establecen la aplicación de un régimen de autorización administrativa previa. La Sentencia TJCE (Sala Pleno) de 13 mayo 2003 declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE, al haber mantenido en vigor los artículos 2 y 3, apartados 1 y 2, de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, el Real Decreto 3/1996, de 15 de enero, relativo a Repsol, S.A., el Real Decreto 8/1997, de 10 de enero, relativo a Telefónica de España, S.A., y a Telefónica Servicios Móviles, S.A., el Real Decreto 40/1998, de 16 de enero, relativo a Corporación Bancaria de España, S.A. (Argentaria), el Real Decreto 552/1998, de 2 de abril, relativo a Tabacalera, S.A., y el Real Decreto 929/1998, de 14 de mayo, relativo a Endesa, S.A., en la medida en que establecen la aplicación de un régimen de autorización administrativa previa.
Ley 5/1995, 23 marzo, derogado por Letra a) del número 1 del artículo único de Ley 13/2006, de 26 de mayo, por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo y ejecución. («B.O.E.» 27 mayo) el 27 de mayo de 2006
Dando lugar la autorización administrativa previa a un procedimiento que incide en una actividad de régimen jurídico-privado de contenido económico, la regulación de dicho procedimiento procura también limitar al mínimo la inevitable perturbación de éstas. De ahí, de un lado, la brevedad del plazo máximo para resolver expresamente, compatibilizada con la diversidad que -en su grado de complejidad y dificultad- van a presentar los supuestos objeto de intervención, y la previsión de que en caso de incumplimiento de la obligación de resolución expresa en plazo, se pueda entender estimada la solicitud, es decir, autorizada; y, de otro lado, la aplicación al caso de la novedosa posibilidad arbitrada con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de terminar el procedimiento mediante acuerdo entre la Administración y el o los interesados. Acorde con las anteriores previsiones es la ordenación de los supuestos de interrupción del cómputo del plazo legal para resolver, que incluye obligadamente la que puede resultar de la intervención del órgano comunitario-europeo competente, a iniciativa propia o del órgano estatal competente por razón de lo dispuesto en el Reglamento CEE 4064/89, de 21 de diciembre.
1. Las entidades de naturaleza mercantil que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley cuenten con una participación directa o indirecta del Estado en su capital social superior al 25 por 100 de éste y estén controladas por el socio estatal por cualquiera de los medios establecidos en la legislación mercantil que resulte aplicable siempre que en la actividad que desarrolle la entidad, por sí o mediante la participación en otras sociedades, concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Prestar servicios esenciales o servicios públicos formalmente declarados como tales.
b) Desarrollar actividades sujetas por Ley y razones de interés público a un específico régimen administrativo de control, especialmente de los sujetos que las realicen.
c) Estar exenta total o parcialmente de la libre competencia en los términos del artículo 90 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.
2. Las entidades de naturaleza mercantil que formen parte de un grupo, determinado conforme al artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el que cualquiera de las entidades contenidas en el apartado 1 anterior tenga una posición dominante, siempre que en aquéllas concurra cualquiera de las circunstancias a que se refieren los párrafos a), b) y c) del referido apartado.
Artículo 1 redactado por el número uno de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
El régimen de autorización administrativa previa definido en los artículos 3 y siguientes de esta Ley será aplicable cuando la participación pública del socio estatal en las entidades a que se refiere el artículo anterior se encuentre en alguno de los supuestos siguientes: A partir de: 1 enero 2004 Párrafo introductorio del artículo 2 redactado por el número dos de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
1. Cuando en un solo acto o en actos sucesivos sea objeto de enajenación, de forma que se reduzca en un porcentaje igual o superior a un 10 por 100 del capital social y siempre que la participación directa o indirecta del Estado en dicho capital quede por debajo del 50 por 100.
2. Cuando como consecuencia directa o indirecta de cualquier acto o negocio quede reducida a un porcentaje inferior al 15 por 100 del capital social.
1. Cuando se haya producido alguno de los presupuestos de aplicación a que se refiere el artículo anterior y así se establezca en el Real Decreto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley, podrán someterse a autorización administrativa previa los siguientes acuerdos adoptados por los órganos sociales de las entidades mercantiles indicadas en el artículo 1 de esta Ley:
a) La disolución voluntaria, la escisión o la fusión de la entidad.
b) La enajenación o el gravamen, en cualquier forma y por cualquier título, de los activos o participaciones sociales necesarias para el cumplimiento del objeto social de la empresa y que a tal efecto se determinen.
c) La sustitución del objeto social.
2. Igualmente cuando se haya producido alguno de los presupuestos de aplicación definidos en el artículo 2 de esta Ley, en los términos que establezca el Real Decreto a que alude el artículo siguiente, podrán someterse a autorización administrativa previa:
a) Las operaciones consistentes en actos de disposición sobre el capital social que determinen, en un solo acto o en varios sucesivos, la reducción de la participación social pública, respecto de la empresa sujeta al régimen especial previsto en esta Ley, en un porcentaje igual o superior al 10 por 100.
b) La adquisición, directa o indirecta, incluso a través de terceros fiduciarios o interpuestos, de participaciones sociales u otros valores que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de aquéllas, cuando tenga por consecuencia la disposición sobre, al menos, el 10 por 100 del capital social.
3. Serán aplicables al supuesto recogido en el párrafo 2.b) anterior las normas reguladoras de las ofertas públicas de adquisición de acciones a efectos de:
a) La calificación como adquisición de las operaciones realizadas por grupos de sociedades o personas físicas o jurídicas que actúen concertadamente
b) El cómputo de participaciones cuando se disponga del derecho a voto por concepto distinto al de la titularidad dominical; y
c) La posesión o adquisición de valores o instrumentos que den derecho a la suscripción o adquisición de participaciones sociales.
Artículo 3 redactado por el número tres de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
1. El régimen de la autorización administrativa previa se establecerá mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro competente por razón de la materia y previo dictamen del Consejo de Estado.
2. El Real Decreto por el que se establezca el régimen a que se refiere este artículo deberá estar en vigor con anterioridad a la realización de los actos de disposición recogidos en el artículo 2 y determinará:
b) Los actos de disposición concretos que quedan sujetos a previa aprobación administrativa de entre los recogidos en el artículo 3.
c) El órgano competente para otorgar la autorización.
d) El plazo de vigencia del régimen de la autorización administrativa.
3. Excepto en el caso establecido en el párrafo 2.d) anterior, el régimen de la autorización administrativa será modificado o suprimido por los mismos trámites establecidos en el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 4 redactado por el número cuatro de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
1. El órgano competente para otorgar la autorización administrativa deberá resolver sobre las solicitudes que se le dirijan en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de entrada de éstas en el Registro del Ministerio. No obstante, cuando excepcionalmente la transcendencia y complejidad del objeto de la solicitud así lo justifique, el referido órgano podrá decidir motivadamente dentro de los diez primeros días del plazo anterior ampliar éste por tiempo no superior a la mitad del expresado plazo, comunicándolo así al interesado o interesados. El vencimiento del plazo máximo para resolver sin notificación de resolución expresa autorizará para entender estimada la solicitud en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El procedimiento administrativo a que se refiere el apartado anterior podrá terminarse mediante suscripción de convenio sobre las características del acuerdo o acto social sujetos a aprobación, a propuesta tanto de la Administración actuante como del interesado o interesados.
3. Suspenden en todo caso el cómputo del plazo legal para resolver el procedimiento:
a) El requerimiento de subsanación de las deficiencias o insuficiencias de la solicitud, en particular en los datos sobre las características de los actos o acuerdos sociales de que se trate, hasta su debido cumplimiento. Este requerimiento sólo podrá practicarse una vez.
b) La formulación de propuesta de acuerdo por la Administración y hasta su aceptación o rechazo por el o los interesados.
c) La intervención del órgano comunitario europeo competente en los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento CEE 4064/89, de 21 de diciembre, modificado por el Reglamento CEE 2367/90, de 25 de julio, y para la adopción de alguna de las decisiones previstas en dichas normas.
d) La formulación de consulta al órgano comunitario europeo competente por parte del correspondiente órgano estatal en los casos de fusión, escisión o transmisión de propiedad o de uso de activos empresariales y en aplicación de las normas comunitarias europeas a que se refiere el apartado c) anterior.
Artículo 5 redactado por el número cinco de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
a) Los actos y acuerdos que no cuenten con la aprobación administrativa dispuesta en esta Ley.
b) Los acuerdos adoptados por cualquier órgano social, cuando para la constitución de éste o la adopción de aquéllos hubiera sido necesario computar participaciones sociales cuya adquisición no cuente con la preceptiva autorización administrativa o cuyos derechos políticos no sean ejercitables conforme a este artículo.
2. Sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, en el caso de las adquisiciones de participaciones sociales en las que se rebase el límite fijado al efecto, el adquirente o adquirentes no podrán ejercer en ningún caso los derechos políticos correspondientes al exceso. De producirse una ulterior transmisión de las participaciones correspondientes a tal exceso, subsistirá la prohibición de ejercicio de los derechos políticos hasta tanto el tercer adquirente obtenga la preceptiva autorización administrativa previa, que no podrá ser otorgada en caso de actuación concertada con cualquier adquirente anterior.
3. La Administración competente para otorgar la autorización estará legitimada, en todo caso, para el ejercicio de las acciones de impugnación de los actos y acuerdos a que se refiere el apartado 1 de este artículo, así como para solicitar la suspensión de los mismos, con sujeción, en su caso, al procedimiento previsto en la Sección 2.ª del capítulo V del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Artículo 6 redactado por el número seis de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
Disposición adicional primera redactada por el número siete de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
1. Las competencias atribuidas en esta Ley a los órganos de la Administración del Estado serán ejercidas en sus respectivos casos por los correspondientes órganos de las entidades locales conforme a los siguientes criterios:
a) Corresponderán a los plenos de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y Ayuntamientos plenos las competencias del Consejo de Ministros y deberán ser ejercidas mediante ordenanza y previo dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
b) Corresponde a las Comisiones de gobierno las competencias de los Ministerios respectivos.
2. Las previsiones contenidas en el apartado anterior no serán de aplicación a los territorios históricos del País Vasco que se regirán, a estos efectos, por su normativa específica.
Disposiciones transitorias primera a sexta introducidas por los números nueve a catorce, respectivamente, de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
1. La presente Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1, 6.ª y 13.ª, de la Constitución Española.
2. Son de aplicación directa los artículos 3 y 6, excepto en lo relativo al órgano administrativo competente previsto en el apartado 3, la disposición adicional primera y las disposiciones finales primera, apartado 2, y tercera.
Número 2 de la disposición adicional primera redactado por el número ocho de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
3. Se declaran básicos los artículos 1; 2; 4, salvo en la determinación de los órganos competentes; 5, excepto en cuanto al plazo para resolver del apartado 1; y 6.3 en cuanto al órgano administrativo competente; la disposición adicional segunda y las disposiciones finales primera, apartado 3, y segunda.
Número 3 de la disposición adicional primera redactado por el número ocho de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).
Véase R.D.1525/1995, 15 septiembre, de desarrollo reglamentario de la Ley 5/1995, 23 marzo («B.O.E.» 26 septiembre).
Disposición final cuarta introducida por el número quince de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores y de erratas «B.O.E.» 1 abril 2004).