Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2019:201:FULL&from=NL
Timestamp: 2019-12-06 16:58:10
Document Index: 161246608

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 2', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 30', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 908', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 5']

Diario Oficial L 201/2019
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1271 DE LA COMISIÓN
de 25 de julio de 2019
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1848 de la Comisión, relativo al reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio de 2018, en lo referente al importe disponible para Rumanía
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1272 DE LA COMISIÓN
que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078, por la que se autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo
Visto el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1852/2001 de la Comisión (1), y en particular sus artículos 8 y 12,
Con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2015/2283, la Comisión debía establecer, a más tardar el 1 de enero de 2018, la lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados o notificados con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).
La lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados o notificados con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 se estableció mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión (3).
El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión (4) corrigió el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se estableció la lista de la Unión de nuevos alimentos con el objetivo de incluir una serie de nuevos alimentos autorizados o notificados que no se habían incluido en la lista inicial.
El 22 de noviembre de 2018, la autoridad competente italiana solicitó a la Comisión una corrección en la lista de la Unión relativa a la denominación y los requisitos específicos de etiquetado del nuevo alimento «extracto de Echinacea purpurea de cultivos celulares». Este nuevo alimento se autorizó mediante un procedimiento de notificación con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 258/97. La autoridad competente italiana cometió un error al notificar un nombre incorrecto para los cultivos celulares. Por tanto, se solicita que se sustituya el nombre de los cultivos celulares HTN®Vb por EchiPure-PC™ en la designación del nuevo alimento de la lista de la Unión y en los requisitos específicos de etiquetado que lo contengan, así como en las especificaciones del nuevo alimento.
Por tanto, es necesario corregir la designación y el requisito específico de etiquetado que figuran en el cuadro 1 y las especificaciones que figuran en el cuadro 2 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por lo que respecta al nuevo alimento «extracto de Echinacea purpurea de cultivos celulares».
El nuevo alimento «betaglucanos de levadura» fue autorizado por la Decisión de Ejecución 2011/762/UE de la Comisión (5), sujeto a determinadas condiciones de uso. La Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078 de la Comisión (6) autorizó el uso de los betaglucanos de levadura en otras categorías alimentarias. En las especificaciones de los betaglucanos de levadura que figuran en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078, las unidades de medida de los metales pesados están expresadas incorrectamente en mg/g en lugar de mg/kg. Este error se transfirió a la lista de la Unión, establecida por el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. Por tanto, las especificaciones de los betaglucanos de levadura relativas a los metales pesados que figuran en el anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078 y en el cuadro 2 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 se deben corregir en consecuencia.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 y la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078 se deben corregir en consecuencia.
(2) Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (DO L 43 de 14.2.1997, p. 1).
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos (DO L 351 de 30.12.2017, p. 72).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos (DO L 187 de 24.7.2018, p. 1).
(5) Decisión de Ejecución 2011/762/UE de la Comisión, de 24 de noviembre de 2011, relativa a la autorización de comercialización de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 313 de 26.11.2011, p. 41).
(6) Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2017, por la que se autoriza una ampliación de los usos de betaglucanos de levadura como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) n.o 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 295 de 14.11.2017, p. 77).
la entrada correspondiente al extracto de Echinacea purpurea de cultivos celulares del cuadro 1 (Nuevos alimentos autorizados) se sustituye por el texto siguiente:
«Extracto de Echinacea purpurea de cultivos celulares
La denominación del nuevo alimento en el etiquetado de los productos alimenticios que lo contengan será “extracto seco de Echinacea purpurea de cultivos celulares EchiPure-PC™”»;
En consonancia con un uso normal en los complementos alimenticios de un extracto similar de la flor del capítulo de Echinacea purpurea
la entrada correspondiente al extracto de Echinacea purpurea de cultivos celulares del cuadro 2 (Especificaciones) se sustituye por el texto siguiente:
Extracto seco de Echinacea purpurea de cultivos celulares EchiPure-PC™»;
las entradas correspondientes a los betaglucanos de levadura en el cuadro 2 (Especificaciones) que figuran bajo el título «Metales pesados de la forma insoluble en agua, pero dispersable en muchos líquidos matrices» se sustituyen por el texto siguiente:
«Plomo: < 0,2 mg/kg
El anexo I de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/2078 se corrige como sigue:
«Plomo
< 0,1 mg/kg».
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1273 DE LA COMISIÓN
relativa a determinadas medidas provisionales de protección por lo que respecta a la peste porcina africana en Eslovaquia
[notificada con el número C(2019) 5777]
En caso de brote de peste porcina africana, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otras explotaciones porcinas y a los jabalíes. En consecuencia, puede propagarse de un Estado miembro a otro, así como a terceros países, a través del comercio de cerdos vivos o de sus productos.
La Directiva 2002/60/CE del Consejo (3) establece las medidas mínimas que deben aplicarse en la Unión para combatir la peste porcina africana. El artículo 9 de la Directiva 2002/60/CE prevé el establecimiento de zonas de protección y vigilancia, en caso de brotes de la citada enfermedad, en las que han de aplicarse las medidas fijadas en los artículos 10 y 11 de dicha Directiva.
Eslovaquia ha informado a la Comisión sobre la situación actual de la peste porcina africana en su territorio y, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2002/60/CE, ha establecido zonas de protección y vigilancia en las que son aplicables las medidas contempladas en los artículos 10 y 11 de dicha Directiva.
Para prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio interior de la Unión y evitar obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario describir, en la Unión, las zonas que se han establecido como zonas de protección y vigilancia con respecto a la peste porcina africana en Eslovaquia, en colaboración con dicho Estado miembro.
Por tanto, a la espera de la próxima reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, es preciso indicar en el anexo de la presente Decisión las áreas de Eslovaquia identificadas como zonas de protección y vigilancia, así como la duración de la regionalización fijada.
Eslovaquia garantizará que las zonas de protección y vigilancia establecidas de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2002/60/CE abarquen, como mínimo, las zonas de protección y vigilancia indicadas en el anexo de la presente Decisión.
La presente Decisión será aplicable hasta el 30 de octubre de 2019.
Municipio de Strážne
Municipios de Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda n./B., Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, M. Kamenec, V. Kamenec, V. Horeš, M. Horeš, Pribeník
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1274 DE LA COMISIÓN
sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a los índices de referencia en Australia de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Visto el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (1), y en particular su artículo 30,
El Reglamento (UE) 2016/1011 establece un marco común a efectos de garantizar la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión en la Unión.
Dicho Reglamento es aplicable desde el 1 de enero de 2018, y los administradores de terceros países se benefician de un período transitorio que permite el uso de índices de referencia de terceros países en la Unión. Una vez transcurrido el período transitorio, solo podrán utilizarse en la Unión un índice de referencia o una combinación de índices de referencia facilitados por un administrador radicado en un tercer país cuando tanto el índice de referencia como el administrador figuren en el registro mantenido por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en virtud de la adopción de una decisión en materia de equivalencia por parte de la Comisión, o del reconocimiento o validación por las autoridades competentes.
La Comisión está facultada para adoptar decisiones de ejecución por las que se declare que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a administradores concretos o a índices de referencia o familias de índices de referencia concretos es equivalente a los requisitos establecidos en virtud del Reglamento (UE) 2016/1011. Al evaluar dicha equivalencia, la Comisión tiene en cuenta si el marco jurídico y las prácticas de supervisión de un tercer país garantizan el cumplimiento de los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros o, en su caso, los principios de la OICV para las agencias de comunicación de precios del petróleo, y si dichos administradores concretos o índices de referencia o familias de índices de referencia concretos son objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en ese tercer país.
Índices de referencia como el Australian Bank Bill Swap Rate y el S&P/ASX 200 Index son administrados en Australia y utilizados en la Unión por varias entidades supervisadas. A raíz de esto, la Comisión llevó a cabo una evaluación del régimen de índices de referencia en Australia.
El marco legislativo para el establecimiento, la supervisión y la administración de índices de referencia en Australia comprende un sistema de concesión de licencias y confiere competencias a la Australian Securities and Investments Commission (Comisión Australiana de Valores e Inversiones o «ASIC», por sus siglas en inglés). También exige que los administradores de índices de referencia significativos obtengan de la ASIC una licencia de administrador de índices de referencia. En el caso de los índices de referencia que no sean declarados significativos por la ASIC, el marco legislativo de Australia permite a los administradores participar en el marco normativo nacional solicitando una licencia a la ASIC de conformidad con el artículo 908BD de la Corporations Act (Ley de Sociedades), con la cual quedan sujetos a las normas de la ASIC para administradores y contribuidores.
Los licenciatarios de la ASIC están sujetos a las condiciones de la licencia y a una serie de requisitos legislativos. Los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables a los administradores se encuentran recogidos en la Corporations Act 2001 (en adelante, «Corporations Act»), en las ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 y en las ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. La ASIC Regulatory Guide 268 (Guía reguladora 268 de la ASIC), relativa al régimen de concesión de licencias para los administradores de índices de referencia financieros (en lo sucesivo, «RG 268»), ofrece orientaciones adicionales para los administradores de índices de referencia. La parte 7.5B de la Corporations Act (en su versión modificada por la Treasury Laws Amendment [2017 Measures No. 5] Act 2018) implementa el marco legislativo para la regulación de los índices de referencia financieros.
Según lo establecido en el artículo 908AC de la Corporations Act, la ASIC puede declarar, mediante instrumento legislativo, que un índice de referencia financiero es un índice de referencia significativo. Solo podrán ser declarados índices de referencia significativos aquellos índices de referencia que cumplan los criterios establecidos en la Corporations Act. La ASIC debe cerciorarse de que: i) el índice de referencia reviste una importancia sistémica para el sistema financiero australiano; o ii) existe un riesgo significativo de contagio financiero o inestabilidad sistémica en Australia en caso de perturbación de la disponibilidad o la integridad del índice de referencia; o iii) la perturbación de la disponibilidad o la integridad del índice de referencia tendría un impacto significativo en los inversores minoristas o mayoristas en Australia.
La ASIC ha declarado, mediante el ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420, que una serie de índices de referencia financieros constituyen índices de referencia significativos. La presente Decisión se limita a los administradores de aquellos índices de referencia que figuran en la última versión aplicable del ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420. La presente Decisión no se aplica a los administradores de índices de referencia financieros que puedan acogerse a la exención del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1011, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento.
La ASIC puede conceder una licencia a un administrador de índices de referencia en relación con uno o varios índices de referencia financieros. La ASIC debe tener en cuenta los factores indicados en el artículo 908BO(2) de la Corporations Act a la hora de decidir si conceder o no una licencia, imponer condiciones a una licencia o modificar o revocar las condiciones existentes, o modificar, suspender o cancelar una licencia. Se considera que una persona comete un delito si administra (o afirma que administra) un índice de referencia significativo sin ser titular de una licencia de administrador de índices de referencia en la que se especifique el índice de referencia financiero.
La ASIC adoptó las ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 (en lo sucesivo, «normas de administración») en virtud del artículo 908CA de la Corporations Act y las ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018 (en lo sucesivo, «normas vinculantes») en virtud del artículo 908CD de la Corporations Act. Las normas de administración establecen requisitos para los licenciatarios administradores de índices de referencia y los contribuidores, incluidos requisitos de gobernanza y vigilancia, requisitos de externalización, requisitos de protección contra los conflictos de intereses, requisitos metodológicos y relativos al diseño de los índices de referencia y requisitos sobre datos de cálculo. Las normas vinculantes regulan la generación o administración obligatoria de índices de referencia significativos o las aportaciones obligatorias a índices de referencia financieros significativos.
Al elaborar las normas de administración, la ASIC tuvo en cuenta los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros, tal como exige el artículo 908CK de la Corporations Act. Además, la ASIC tuvo presentes los marcos jurídico y de supervisión con respecto a los índices de referencia en terceros países, incluido el Reglamento (UE) 2016/1011, así como otros regímenes australianos de concesión de licencias financieras.
En la exposición de motivos de las normas de administración se describe el modo en que las normas de administración y las normas vinculantes reflejan los principios de la OICV. Más concretamente, las normas de administración establecen que la norma 2.1.2 corresponde a los principios de la OICV sobre los mecanismos de gobernanza para los índices de referencia financieros. La norma 2.1.3 corresponde a los principios de la OICV sobre la vigilancia de terceros que participan en la generación o administración de cada uno de los índices de referencia financieros especificados en la licencia de administrador de índices de referencia del licenciatario. La norma 2.1.4 corresponde a los principios de la OICV sobre los conflictos de intereses de los administradores de índices de referencia financieros. La norma 2.2.1 corresponde a los principios de la OICV sobre el diseño de índices de referencia. La norma 2.2.2 corresponde a los principios de la OICV sobre la suficiencia de datos y los controles internos de la recogida de datos. La norma 2.2.3 corresponde a los principios de la OICV sobre el contenido de la metodología empleada en las determinaciones de índices de referencia financieros. La subnorma 2.2.4(1) corresponde a los principios de la OICV sobre cambios en la metodología empleada en las determinaciones de índices de referencia financieros. La norma 2.3.1 corresponde a los principios de la OICV sobre el marco de control aplicable a los administradores en lo que se refiere a la gestión del riesgo, así como a requisitos básicos de otros regímenes australianos de concesión de licencias. La norma 2.4.1 corresponde a los principios de la OICV sobre la planificación para el traspaso o la cesación de índices de referencia autorizados. La norma 2.5.1 corresponde a los principios de la OICV sobre un «Código de conducta para los transmitentes». Por último, la norma 2.6.1 corresponde a los principios de la OICV sobre la transparencia en las determinaciones de los índices de referencia.
Además, la ASIC ofrece orientación normativa (RG 268) para las entidades sujetas a las normas de administración y las normas vinculantes, explicando cuál es su interpretación de la ley y ofreciendo información práctica sobre la manera en que las entidades pueden cumplir las obligaciones que les incumben con arreglo a la ley.
La Comisión concluye, por tanto, que los requisitos vinculantes relativos a los administradores de índices de referencia significativos que se recogen como tales en el ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 son equivalentes a los requisitos correspondientes establecidos por el Reglamento (UE) 2016/1011.
El artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/1011 exige también que los requisitos sean objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en el tercer país.
Los administradores de índices de referencia con licencia en Australia están sujetos a supervisión y control permanentes por parte de la ASIC. El artículo 908AF de la Corporations Act establece que la ASIC es responsable de la supervisión de los índices de referencia financieros con licencia. Asimismo, corresponde a la ASIC garantizar el cumplimiento por parte de los administradores de índices de referencia de las obligaciones que les incumben en virtud de la Corporations Act, de las normas de administración y de las normas vinculantes y, en este contexto, lleva a cabo evaluaciones periódicas del cumplimiento por parte de los administradores de índices de referencia de las obligaciones que les impone su licencia.
El artículo 908BQ de la Corporations Act y la norma 2.8.1 de las normas de administración obligan a los administradores de índices de referencia a notificar a la ASIC determinadas cuestiones, entre ellas los casos en que el licenciatario ha incumplido alguna de sus obligaciones legales o en que ya no está en condiciones de cumplirlas. La ASIC puede evaluar el cumplimiento por los licenciatarios de la Corporations Act y de las normas de administración, según lo establecido en los artículos 908BR y 908BS de la Corporations Act y las normas 2.8.2 y 2.8.3 de las normas de administración. Asimismo, la ASIC puede solicitar un informe sobre cualquier asunto con arreglo al artículo 908BV de la Corporations Act y solicitar un estado verificado del informe del licenciatario relativo a estos asuntos. El artículo 908BW de la Corporations Act faculta a la ASIC para elaborar informes de evaluación, compartir dichos informes con determinadas agencias públicas del Gobierno australiano en caso necesario y publicar dichos informes.
En caso de que un administrador de índices de referencia incumpla sus obligaciones legales, con arreglo al artículo 908BT de la Corporations Act, la ASIC puede dirigir una instrucción escrita al licenciatario conminándole a adoptar medidas concretas que, en opinión de la ASIC, vayan a garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del licenciatario. Si el licenciatario incumple la instrucción escrita, la ASIC puede someter el asunto a un órgano jurisdiccional, y este podrá, a su vez, ordenar al licenciatario que cumpla las orientaciones de la ASIC. Según lo establecido en los artículos 908CH y 908CI de la Corporations Act, la ASIC puede dictar avisos de infracción o aceptar compromisos de administradores que hayan incumplido los requisitos que les impone la normativa. El artículo 908CG de la Corporations Act establece un marco en virtud del cual un administrador que presuntamente haya incumplido las normas de administración puede, como alternativa a un procedimiento civil, pagar una multa, emprender o aplicar medidas correctoras (incluyendo programas de educación), o aceptar sanciones que no consistan en el pago de una multa. La ASIC también puede suspender o cancelar licencias en determinadas circunstancias en virtud de los artículos 908BI y 908BJ de la Corporations Act.
Las normas vinculantes permiten a la ASIC, si lo considera de interés público, obligar a un licenciatario a seguir generando o administrando un índice de referencia significativo, o a generar o administrar un índice de referencia significativo de una manera determinada, incluso cambiando el método utilizado para generar o administrar un índice de referencia significativo. Las normas vinculantes también permiten a la ASIC obligar a los contribuidores a aportar datos o información a un licenciatario para la generación o administración de un índice de referencia significativo, o a la ASIC para fines relacionados con la generación o administración de un índice de referencia significativo.
La Comisión concluye, por lo tanto, que los requisitos vinculantes relativos a los administradores de cualquier índice de referencia declarado índice de referencia financiero significativo por el ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 son objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.
Los administradores de índices de referencia de la UE no necesitan obtener una licencia para que sus índices de referencia sean utilizados en Australia, salvo en los casos en que se trate de un índice de referencia declarado índice de referencia significativo por la ASIC o en que un administrador de índices de referencia desee voluntariamente obtener una licencia en Australia. La ASIC comunicó a la Comisión que no tiene intención de declarar significativos los índices de referencia de la UE.
La presente Decisión se complementará con acuerdos de cooperación para garantizar el intercambio efectivo de información y la coordinación de las actividades de supervisión entre la AEVM y la ASIC.
La presente Decisión se basa en la evaluación de los requisitos jurídicamente vinculantes aplicables en relación con los índices de referencia en Australia en el momento de la adopción de la presente Decisión. La Comisión seguirá realizando un seguimiento periódico de la evolución del mercado, de la evolución del marco jurídico y de supervisión de los índices de referencia y de la eficacia de la cooperación en materia de supervisión en relación con el seguimiento y el control del cumplimiento de dichos requisitos, a fin de garantizar que se cumplan de forma permanente los requisitos sobre cuya base se ha adoptado la presente Decisión.
La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la facultad de la Comisión de llevar a cabo en cualquier momento una revisión específica en caso de que se produzcan cambios pertinentes que hagan necesario que la Comisión reevalúe la presente Decisión.
A efectos del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/1011, se considerará que el marco jurídico y de supervisión de Australia aplicable a los administradores de índices de referencia financieros declarados índices de referencia significativos por la versión aplicable más reciente del ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420 es equivalente a los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/1011 y está sujeto de forma permanente a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1275 DE LA COMISIÓN
sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a los índices de referencia en Singapur, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Dicho Reglamento es aplicable desde el 1 de enero de 2018, y los administradores de países no miembros de la Unión se benefician de un período transitorio durante el cual está permitido el uso de índices de referencia de terceros países en la Unión. Tras la expiración de ese período transitorio, un índice de referencia o una combinación de índices de referencia elaborados por un administrador radicado en un tercer país solo podrán ser utilizados en la Unión cuando el índice de referencia y el administrador estén incluidos en el registro mantenido por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), previa adopción de una decisión en materia de equivalencia por la Comisión, o una vez que las autoridades competentes los hayan reconocido o validado.
La Comisión está facultada para adoptar decisiones de ejecución en las que declare que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país con respecto a administradores específicos o a índices de referencia o familias de índices de referencia específicos equivale a las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/1011. Al evaluar dicha equivalencia, la Comisión tiene en cuenta si el marco jurídico y las prácticas de supervisión del tercer país garantizan el cumplimiento de los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros, o, cuando proceda, de los principios de la OICV para las agencias de comunicación de precios del petróleo, y si dichos administradores específicos o índices de referencia o familias de índices de referencia específicos son objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en ese tercer país.
En Singapur se administran índices de referencia tales como el Singapore Interbank Offered Rates (SIBOR) y el Singapore Dollar Swap Offer Rate (SOR), que son utilizados en la Unión por diversas entidades supervisadas. Como consecuencia de ello, la Comisión llevó a cabo una evaluación del régimen de índices de referencia vigente en Singapur.
La Ley de Valores y Futuros (Securities and Futures Act, SFA) y los Reglamentos de 2018 de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros (SFA Benchmarks Regulations) establecen el marco jurídico y de supervisión aplicable en Singapur a los administradores de índices de referencia designados y los contribuidores de dichos índices. Para establecer los requisitos de la SFA y de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia, la Autoridad Monetaria de Singapur (Monetary Authority of Singapore, MAS) consideró los regímenes aplicables a los índices de referencia en el extranjero, incluido el Reglamento (UE) 2016/1011.
La parte VIAA de la SFA introduce un régimen regulador con arreglo al cual todos los administradores y contribuidores de índices de referencia designados deben obtener la autorización de la MAS como administradores de índices de referencia autorizados o transmitentes de índices de referencia autorizados. Existen obligaciones específicas para los administradores de índices de referencia autorizados y los transmitentes de índices de referencia autorizados, y requisitos aplicables a la administración obligatoria de un índice de referencia designado y a la transmisión de datos correspondiente. Además, la SFA otorga potestad normativa a la MAS. Las normas que la MAS establece son jurídicamente vinculantes.
En la sección 2 de la SFA se define índice de referencia financiero como cualquier precio, tipo, índice o valor que i) se determina periódicamente mediante la aplicación (directa o indirecta) de una fórmula o de cualquier otro método de cálculo a la información o las opiniones expresadas sobre transacciones en el mercado, o sobre el estado de dicho mercado, con respecto a uno o más elementos subyacentes; ii) se pone a disposición del público (ya sea de forma gratuita o mediante pago); y iii) se utiliza como referencia para determinar los intereses que deban pagarse u otras cantidades debidas por depósitos o líneas de crédito; para determinar el precio o el valor de cualquier producto de inversión; o para medir el rendimiento de un producto ofrecido por una persona según lo establecido por la normativa.
De conformidad con la sección 123B de la SFA, la MAS puede designar, mediante publicación de un decreto en el Boletín Oficial, un índice de referencia financiero como índice de referencia designado. Puede hacerlo si considera que: i) el índice de referencia financiero tiene una importancia sistémica en el sistema financiero de Singapur; ii) una perturbación en la determinación del índice de referencia financiero podría afectar a la confianza del público en dicho índice o en el sistema financiero de Singapur; iii) la determinación del índice de referencia financiero podría ser objeto de manipulación, o iv) la designación repercute de cualquier otro modo en interés del público.
La MAS ha designado índices de referencia financieros mediante el Decreto de 2018 de Valores y Futuros (índices de referencia designados), dictado de conformidad con la sección 123B de la SFA. La presente Decisión se limita a los administradores de aquellos índices de referencia enumerados en la última versión aplicable del Decreto de Valores y Futuros (índices de referencia designados). La presente Decisión no se aplica a los administradores de índices de referencia que cumplen las condiciones para estar exentos del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1011 conforme a lo establecido en su artículo 2, apartado 2.
De conformidad con la SFA (en particular, sus secciones 123D y 123ZC), se exige que tanto los administradores como los transmitentes de índices de referencia designados estén autorizados, a menos que se beneficien de alguna exención. La MAS puede tener en cuenta los factores expuestos en las secciones 123F(5), 123F(6), 123F(8), 123J(1) y 123J(6) de la SFA, así como la norma reguladora n.o 4(1) de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia, a la hora de decidir si debe concederse una autorización a un administrador de índices de referencia, o si debe suspenderse o revocarse su autorización. Asimismo, con arreglo a las secciones 123F(2) y 123F(3) de la SFA, la MAS puede imponer condiciones o restricciones a un administrador de índices de referencia autorizado, o modificar o revocar las que ya se le apliquen. Una persona comete un delito si administra un índice de referencia designado, o afirma administrarlo, sin haber obtenido autorización, a menos que esté exenta de dicho requisito.
De conformidad con la sección 123O de la SFA, los administradores de índices de referencia deben publicar, con respecto a cada índice de referencia designado, un código que determine las normas que debe observar todo transmitente para el índice de referencia designado. Esto exige también la creación de un comité de supervisión con arreglo a la norma reguladora n.o 8 de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia, que llevará a cabo revisiones periódicas sobre el alcance, el diseño y la metodología del índice de referencia designado y las disposiciones adoptadas para facilitar su administración.
Las secciones 123J(4) y 123ZZB de la SFA facultan a la MAS para obligar a un administrador de índices de referencia autorizado a seguir administrando un índice de referencia designado. Las secciones 123F(2) y 123F(3) de la SFA facultan a la MAS para imponer condiciones a un administrador de índices de referencia autorizado en relación con el proceso para la determinación del índice de referencia designado. Las secciones 123ZI(1) y 123ZJ(1) de la SFA facultan a la MAS para obligar a cualquier persona a ser transmitente de un índice de referencia designado mediante su nombramiento como transmitente del índice de referencia designado («DBS»). La MAS debe considerar los factores expuestos en las secciones 123ZI(2) y 123ZI(3) de la SFA a la hora de decidir el nombramiento de una persona como transmitente del índice de referencia designado o la revocación de dicho nombramiento. El transmitente de un índice de referencia designado está sujeto a las mismas obligaciones permanentes que un transmitente de índices de referencia autorizado.
La parte VIAA de la SFA y los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros incorporan de modo general los principios de la OICV sobre los índices de referencia financieros. El administrador es el principal responsable de todos los aspectos de la administración de un índice de referencia designado, y está sujeto a los requisitos normativos establecidos por la SFA y los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros. Cuando un administrador externaliza cualquiera de sus funciones a un tercero, se le exige que cumpla las directrices sobre externalización publicadas por la MAS. Todo esto se ajusta a los principios de la OICV sobre la responsabilidad general del administrador y la vigilancia de terceros.
La sección 123A de la SFA establece que los objetivos del régimen regulador son promover una determinación equitativa y transparente de los índices de referencia financieros y reducir los riesgos sistémicos. En consonancia con esto, su sección 123P exige el mantenimiento de mecanismos de gobernanza adecuados para que el índice de referencia designado se determine de manera equitativa y eficiente, ajustándose al principio general de evitar los conflictos de intereses de los administradores. Además, debe garantizarse que los sistemas y los controles relativos a la actividad de administración de un índice de referencia designado sean adecuados y proporcionados para el tamaño y la naturaleza de sus operaciones, en consonancia con el principio de la OICV relativo al marco de control para los administradores.
Dado que la SFA exige también un código con respecto a cada índice de referencia designado, cuya aprobación por escrito de la MAS debe obtener el administrador, así como la creación de un comité de vigilancia que debe llevar a cabo revisiones periódicas del alcance y la idoneidad de las definiciones, el diseño y la metodología del índice de referencia designado, se observan también los principios sobre transparencia, metodología, vigilancia interna y revisión periódica, así como sobre el código de conducta del transmitente.
Teniendo en cuenta el principio de la OICV sobre la transición, la sección 123J faculta a la MAS para negarse a retirar la autorización de un administrador de índices de referencia autorizado si ello no redunda en interés público. La sección 123S de la SFA, junto con la norma reguladora n.o 13 de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros y la Comunicación sobre la presentación de informes periódicos para los administradores de índices de referencia, se corresponden con el principio de la OICV sobre las auditorías. La sección 123R de la SFA y la norma reguladora n.o 12 de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros en lo que respecta a los administradores de índices de referencia, así como la sección 123ZN(1) de la SFA y la norma reguladora n.o 20 de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros en lo que respecta a los transmitentes de índices de referencia se corresponden con el principio de la OICV sobre la pista de auditoría. Las secciones 123V y 123ZR de la SFA se corresponden con el principio de la OICV sobre cooperación con las autoridades reguladoras.
Por lo tanto, puede concluirse que las disposiciones vinculantes con respecto a los administradores de los índices de referencia financieros designados como «índices de referencia designados» con arreglo al Decreto de Valores y Futuros (índices de referencia designados) equivalen a las disposiciones correspondientes establecidas en el Reglamento (UE) 2016/1011.
El artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/1011 exige también que las disposiciones vinculantes sean objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos en el tercer país.
Los administradores y los transmitentes regulados están sujetos de forma permanente a la supervisión y la vigilancia de la MAS en Singapur. La MAS es responsable de garantizar que los administradores y los transmitentes regulados cumplen las obligaciones que les incumben en virtud de la SFA y de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros, y con ese fin realiza evaluaciones periódicas del cumplimiento por parte de los administradores y los transmitentes regulados. En su evaluación, la MAS puede tener en cuenta toda la información y los informes que considere adecuados. En las secciones 123O a 123V de la SFA se exponen las obligaciones generales, y en las secciones 123F(4) y 123K(6) de la SFA se establece que los administradores deben cumplir todas las condiciones asociadas a su autorización o a su exención. Las secciones 123ZZA y 123ZZB de la SFA facultan a la MAS para adoptar normas y directrices adicionales que los administradores deben cumplir.
Las secciones 123Q(1) y 123S de la SFA y las normas reguladoras n.o 11, n.o 13(1) y n.o 13(2) de los Reglamentos de Valores y Futuros aplicables a los índices de referencia financieros exigen que los administradores notifiquen a la MAS determinadas cuestiones, en concreto si el administrador ha incumplido alguna de las obligaciones que le impone la normativa. La MAS tiene competencias de recogida de información que la capacitan para evaluar la conformidad de los titulares de las licencias con la SFA.
La sección 123ZZB de la SFA faculta a la MAS para dirigir instrucciones a los administradores, lo que puede incluir ordenar a un administrador que le proporcione un informe sobre cualquier cuestión específica, incluida una declaración de auditoría sobre la información relativa a dicha cuestión. Las secciones 150 y 150A de la SFA facultan a la MAS para inspeccionar a un administrador y compartir el informe con reguladores extranjeros, cuando proceda.
En caso de que un administrador de índices de referencia no cumpla las obligaciones que le impone la normativa, la MAS podrá dictar instrucciones en virtud de la sección 123ZZB de la SFA a fin de que se adopten medidas concretas para corregir la situación. La MAS puede amonestar a un administrador en virtud de la sección 334 de la SFA, o imponer condiciones o restricciones a la actividad profesional o a las operaciones del administrador de índices de referencia con arreglo a las secciones 123F(3) y 123K(4) de la SFA. Asimismo, la MAS puede suspender o revocar una autorización o una exención en determinadas circunstancias [véanse las secciones 123J(1), 123J(2), 123J(6), 123N(1) y 123N(3)]. Además, la MAS puede emitir una orden de prohibición contra un administrador en virtud de la sección 123ZZC(1) de la SFA. De hecho, el incumplimiento de las disposiciones de la SFA es un delito. La SFA establece sanciones para estas infracciones.
Por último, el artículo 4, letra n), del formulario 7, expedido con arreglo a la sección 123E(2) de la SFA, «Solicitud de autorización como administrador de índices de referencia autorizado», exige el cumplimiento de los principios de la OICV como uno de los criterios para obtener dicha autorización. La MAS revisa las políticas y los procedimientos, el marco de actuación y el control del administrador de índices de referencia como parte del proceso de examen de una solicitud de autorización o de exención por un administrador de índices de referencia. La sección 123P(1)(a) de la SFA exige también que el administrador de un índice de referencia designado gestione con prudencia los riesgos asociados a su actividad profesional y sus operaciones.
Por lo tanto, la Comisión concluye que las disposiciones vinculantes con respecto a los administradores de los índices de referencia financieros designados como «índices de referencia designados» con arreglo al Decreto de Valores y Futuros (índices de referencia designados) son objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.
Los administradores de índices de referencia de la UE no necesitan obtener una licencia para que sus índices de referencia puedan utilizarse en Singapur, a menos que un índice de referencia sea designado como índice de referencia designado por la MAS. La MAS ha informado a la Comisión de su evaluación según la cual ningún índice de referencia de la UE cumple los criterios para ser índice de referencia designado en Singapur.
La presente Decisión se complementará con acuerdos de cooperación para garantizar un intercambio de información y una coordinación de las actividades de supervisión efectivos entre la AEVM y la MAS.
La presente Decisión se basa en la evaluación de las disposiciones jurídicamente vinculantes aplicables a los índices de referencia en Singapur en el momento de la adopción de la presente Decisión. La Comisión seguirá supervisando periódicamente las tendencias del mercado, la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a los índices de referencia y la eficacia de la cooperación en materia de supervisión en relación con el seguimiento y la aplicación efectiva de dichas disposiciones, para garantizar el cumplimiento permanente de los requisitos sobre cuya base se ha adoptado la presente Decisión.
La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la facultad de la Comisión para realizar en cualquier momento una revisión específica, si concurren hechos pertinentes que hagan necesaria su reevaluación por la Comisión.
A efectos del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/1011, se considerará que el marco jurídico y de supervisión de Singapur aplicable a los administradores de los índices de referencia financieros designados como índices de referencia designados mediante el Decreto de 2018 de Valores y Futuros (índices de referencia designados), según lo dispuesto en su última versión aplicable, equivale a las disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/1011 y es objeto de forma permanente de una supervisión y un control del cumplimiento efectivos.
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1276 DE LA COMISIÓN
por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2012/627/UE de la Comisión relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Australia como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia
El 5 de octubre de 2012, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2012/627/UE (2), en la que observaba que se cumplían estas tres condiciones y consideraba que el marco jurídico y de supervisión de las ACC de Australia era equivalente a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en vigor en ese momento.
El marco jurídico y de supervisión de Australia sigue cumpliendo las tres condiciones establecidas inicialmente en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. El Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo requisitos adicionales para las ACC registradas en la Unión que endurecieron el régimen jurídico y de supervisión de dichas ACC. Estos requisitos adicionales incluyen normas sobre las perspectivas de calificación crediticia, la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos de confidencialidad, la calidad de los métodos de calificación, y la presentación y divulgación de las calificaciones crediticias.
En este contexto, el 13 de julio de 2017, la Comisión solicitó asesoramiento a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de, entre otros, Australia, con estos requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, y su dictamen sobre la importancia significativa de las posibles diferencias.
En su dictamen técnico, publicado el 17 de noviembre de 2017, la AEVM concluyó que el marco jurídico y de supervisión de Australia no incluye suficientes disposiciones que podrían cumplir los objetivos de los requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013.
El artículo 3, apartado 1, letra w), introduce una definición de «perspectiva de calificación crediticia», y el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 amplía ahora a las perspectivas de calificación crediticia determinados requisitos aplicables a las calificaciones crediticias. El marco jurídico y de supervisión de Australia no reconoce explícitamente las perspectivas de calificación crediticia, pero la Comisión de Valores e Inversión de Australia considera que las perspectivas de calificación crediticia entran en la definición de «asesoramiento en materia de productos financieros», y por tanto están sujetas a los mismos requisitos que las calificaciones crediticias.
Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. El marco jurídico y de supervisión de Australia exige que las ACC dispongan de mecanismos adecuados para gestionar los conflictos de intereses que surjan en el curso de sus actividades. No obstante, no aborda explícitamente los conflictos de intereses en relación con los accionistas. Por consiguiente, no existen requisitos similares que prohíban a una ACC emitir una calificación crediticia sobre una entidad que posea más del 10 % de sus acciones, o de prestar servicios de consultoría o asesoramiento a una entidad que posea más del 5 % de sus acciones.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce nuevas disposiciones para garantizar que la información confidencial se utilice únicamente para fines relacionados con actividades de calificación crediticia y esté protegida contra el fraude, el robo o el uso indebido. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 obliga a las agencias de calificación a tratar todas las calificaciones crediticias, las perspectivas de calificación crediticia y la información relacionada con las mismas como información privilegiada, hasta que se divulguen al público. El marco jurídico y de supervisión de Australia establece requisitos detallados sobre las medidas que deben adoptar las ACC para proteger la información confidencial que posean en relación con los emisores. Así pues, existe un marco fiable de protección contra el uso indebido de información confidencial.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 tiene por objeto aumentar el nivel de transparencia y calidad de los métodos de calificación. Introduce en el anexo I, sección D, parte I, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 la obligación de que las ACC proporcionen a una entidad calificada la oportunidad de indicar cualquier error de hecho antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia o la perspectiva de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión de Australia no contiene el requisito explícito de que las ACC deban informar a las entidades calificadas sobre una calificación crediticia antes de su publicación. En cambio, con arreglo al marco jurídico y de supervisión de Australia, una ACC solo notificará a una entidad calificada cuando «sea factible y adecuado», sin establecer un plazo mínimo de respuesta.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. El marco jurídico y de supervisión de Australia exige que se informe a las entidades calificadas afectadas por cualquier cambio en la metodología. Sin embargo, no se exige a las ACC que consulten con los participantes en el mercado antes de introducir cambios significativos en una metodología, que informen al supervisor o que publiquen en su sitio web cualquier error detectado en un método de calificación.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 refuerza los requisitos relativos a la presentación y a la divulgación de las calificaciones crediticias. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, y el anexo I, sección D, parte I, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia deberán acompañar la divulgación de métodos, modelos e hipótesis fundamentales de calificación con orientaciones que expliquen las hipótesis, los parámetros, los límites y las incertidumbres en relación con los modelos y métodos de calificación utilizados en dichas calificaciones crediticias. Con arreglo al marco jurídico y de supervisión de Australia, aunque las ACC están obligadas a revelar si se ha solicitado una calificación crediticia y si la entidad calificada ha participado, y a proporcionar información sobre cualquier limitación de las calificaciones crediticias, no hay obligación de proporcionar tal información al público sobre la metodología utilizada para realizar una calificación crediticia.
Con el fin de reforzar la competencia y limitar el alcance de los conflictos de intereses en el sector de las ACC, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce un requisito en el anexo I, sección E, parte II, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en el sentido de que los honorarios que cobren las ACC a sus clientes por la prestación de servicios de calificación crediticia y servicios auxiliares no sean discriminatorios y se basen en los costes reales. Exige a las ACC que publiquen determinada información financiera. El régimen jurídico y de supervisión de Australia exige que las ACC divulguen información sobre las fuentes de ingresos al público y determinadas informaciones al supervisor mediante un informe anual, con excepción de las ACC pequeñas. Además, no se exige a las ACC que publiquen calificaciones preliminares ni que informen al supervisor de sus tarifas o de los honorarios cobrados a sus clientes. Además, no se exige que los honorarios cobrados a los clientes se basen en los costes y no sean discriminatorios.
A la vista de los factores examinados, el marco jurídico y de supervisión de Australia no cumple todas las condiciones de equivalencia establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Por tanto, no puede considerarse equivalente al marco jurídico y de supervisión establecido por dicho Reglamento.
Por consiguiente, procede derogar la Decisión de Ejecución 2012/627/UE.
Queda derogada la Decisión de Ejecución 2012/627/UE.
(2) Decisión de Ejecución 2012/627/UE de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Australia como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 274 de 9.10.2012, p. 30).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1277 DE LA COMISIÓN
por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2012/630/UE relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Canadá como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia
El 5 de octubre de 2012, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2012/630/UE (2), en la que observaba que se cumplían estas tres condiciones y consideraba que el marco jurídico y de supervisión de las ACC de Canadá era equivalente a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en vigor en ese momento.
El marco jurídico y de supervisión de Canadá sigue cumpliendo las tres condiciones establecidas inicialmente en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. El Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo requisitos adicionales para las ACC registradas en la Unión que endurecieron el régimen jurídico y de supervisión de dichas ACC. Estos requisitos adicionales incluyen normas jurídicamente vinculantes para las ACC sobre las perspectivas de calificación crediticia, la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos de confidencialidad, la calidad de los métodos de calificación, y la presentación y divulgación de las calificaciones crediticias.
El 6 de julio de 2017, la Autoridad de Supervisión Canadiense publicó una Comunicación con las modificaciones propuestas al Instrumento Nacional 25-101 en relación con las organizaciones de calificación designadas, indicando que dichas modificaciones eran necesarias para reflejar los nuevos requisitos para las ACC en la UE, con el fin de que la Unión siguiese reconociendo el régimen regulador canadiense como equivalente a efectos reglamentarios en la Unión.
El 13 de julio de 2017, la Comisión solicitó asesoramiento a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de, entre otros, Canadá, con estos requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, y su dictamen sobre la importancia significativa de las posibles diferencias.
En su dictamen técnico, publicado el 17 de noviembre de 2017, la AEVM indicó que el marco jurídico y de supervisión de Canadá en relación con las agencias de calificación crediticia incluiría disposiciones suficientes para cumplir los objetivos de los requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, siempre que la propuesta modificación de la norma se tradujese en la legislación antes del 1 de junio de 2018.
El 29 de marzo de 2018, la Autoridad de Supervisión Canadiense publicó en su sitio web que seguía estudiando las observaciones recibidas durante el período de observaciones y que preveía retrasar las modificaciones al Instrumento Nacional 25-101 a una fecha posterior de 2018. Sin embargo, la Autoridad de Supervisión Canadiense informó a los servicios de la Comisión que los planes de modificar el Instrumento Nacional 25-101 en relación con las organizaciones de calificación designadas están actualmente en suspenso, sin dar ninguna nueva indicación en cuanto al tiempo. Por consiguiente, la evaluación en que se basa la presente Decisión no tiene en cuenta ninguna modificación prevista.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce en el artículo 3, apartado 1, letra w), una definición de «perspectiva de calificación crediticia», y el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 amplía ahora a las perspectivas de calificación crediticia determinados requisitos aplicables a las calificaciones crediticias. El marco canadiense no reconoce las perspectivas de calificación crediticia como un elemento separado y distinto de una calificación crediticia, aunque hay ciertas referencias a acciones, opiniones e informes suficientemente amplios como para incluir implícitamente las perspectivas de calificación crediticia.
Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. El marco canadiense no es tan detallado ni preceptivo como el de la Unión. Aunque existe una obligación genérica de diseñar mecanismos internos razonables cuya adecuación y eficacia sean objeto de seguimiento y evaluación para subsanar cualquier deficiencia, no existe ningún requisito detallado y explícito que aborde los conflictos de intereses en relación con accionistas importantes. Asimismo, tampoco existe ninguna prohibición de emitir una calificación crediticia sobre una entidad si un miembro del consejo de administración de la ACC, o un accionista que posea más del 10 % de las acciones o de los derechos de voto de la ACC, posee también más del 10 % de las acciones de la entidad calificada. Tampoco se prohíbe a una persona o entidad que posea más del 5 % de las acciones o los derechos de voto de una ACC facilitar servicios de consultoría o asesoramiento a una entidad calificada por dicha ACC.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce nuevas disposiciones para garantizar que la información confidencial se utilice únicamente para fines relacionados con actividades de calificación crediticia y esté protegida contra el fraude, el robo o el uso indebido. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 obliga a las agencias de calificación a tratar todas las calificaciones crediticias, las perspectivas de calificación crediticia y la información relacionada con las mismas como información privilegiada, hasta que se divulguen al público. El marco jurídico y de supervisión canadiense contiene una definición de información privilegiada, pero las calificaciones crediticias y la información relacionada no se reconocen automáticamente como tal.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 tiene por objeto aumentar el nivel de transparencia y calidad de los métodos de calificación. Introduce en el anexo I, sección D, parte I, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 la obligación de que las ACC proporcionen a una entidad calificada la oportunidad de indicar cualquier error de hecho antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia o la perspectiva de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión canadiense exige que las ACC informen a las entidades calificadas, sin especificar si debe hacerse durante el horario laboral de la entidad calificada, sobre la información crítica y las principales consideraciones en las que se basará la calificación, antes de su publicación, si bien no se establece ningún plazo para que la entidad calificada pueda responder.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. Aunque el marco jurídico y de supervisión canadiense exige que las calificaciones crediticias se emitan de acuerdo con metodologías rigurosas, sistemáticas, continuas y sujetas a validación, no existe ningún requisito explícito de que se emitan de conformidad con metodologías publicadas. Las ACC no están obligadas a consultar a los participantes en el mercado sobre los cambios en sus metodologías ni a corregir posibles errores en las mismas. Tampoco existe ningún requisito explícito de notificar al supervisor, a otras autoridades o a las entidades afectadas cualquier error en una metodología que pueda repercutir en sus calificaciones.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 refuerza los requisitos relativos a la presentación y a la divulgación de las calificaciones crediticias. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, y el anexo I, sección D, parte I, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia deberán acompañar la divulgación de métodos, modelos e hipótesis fundamentales de calificación con orientaciones que expliquen las hipótesis, los parámetros, los límites y las incertidumbres en relación con los modelos y métodos de calificación utilizados en dichas calificaciones crediticias. Con arreglo al marco jurídico y de supervisión de Canadá, no existe una obligación estricta de que las decisiones de calificación crediticia y las metodologías vayan acompañadas de una orientación adecuada. Tampoco se exige explícitamente a las ACC que destaquen en las calificaciones crediticias que la calificación es su dictamen y que solo hay que basarse en ella de forma limitada.
Con el fin de reforzar la competencia y limitar el alcance de los conflictos de intereses en el sector de las ACC, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce un requisito en el anexo I, sección E, parte II, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en el sentido de que los honorarios que cobren las ACC a sus clientes por la prestación de servicios de calificación crediticia y servicios auxiliares no sean discriminatorios y se basen en los costes reales. Exige a las ACC que publiquen determinada información financiera. El marco jurídico y de supervisión de Canadá no establece el requisito sistemático de que las ACC faciliten sus políticas de precios al supervisor o a las entidades calificadas, aunque el supervisor puede solicitar esta información en caso de investigación. Además, no se exige que los honorarios cobrados a los clientes se basen en los costes y no sean discriminatorios.
A la vista de los factores examinados, el marco jurídico y de supervisión de Canadá no cumple todas las condiciones de equivalencia establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Por tanto, no puede considerarse equivalente al marco jurídico y de supervisión establecido por dicho Reglamento.
Por consiguiente, procede derogar la Decisión de Ejecución 2012/630/UE.
Queda derogada la Decisión de Ejecución 2012/630/UE.
(2) Decisión de Ejecución 2012/630/UE de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Canadá como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 278 de 12.10.2012, p. 17).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1279 DE LA COMISIÓN
relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia
La finalidad de esta decisión de equivalencia es permitir a las ACC de los Estados Unidos (EE.UU.), en la medida en que no sean de importancia sistémica para la estabilidad financiera o la integridad de los mercados financieros de uno o más Estados miembros, solicitar la certificación a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Esta decisión de equivalencia ofrece a la AEVM la posibilidad de evaluar las ACC caso por caso y de conceder la exención de algunos requisitos organizativos a las ACC activas en la Unión Europea, incluido el requisito de presencia física en la Unión Europea.
El 5 de octubre de 2012, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2012/628/UE (2), en la que observaba que se cumplían estas tres condiciones y consideraba que el marco jurídico y de supervisión de las ACC de EE.UU. era equivalente a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en vigor en ese momento.
Con arreglo a la primera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia de un tercer país deberán estar sometidas a autorización o registro y a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos de manera continuada. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. exige que las ACC estén registradas como Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSRO) en la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC) a fin de que se permita la utilización de sus calificaciones con fines reglamentarios. Posteriormente son supervisadas por la SEC de forma continuada. Las amplias facultades de supervisión conferidas a la SEC le permiten investigar si las agencias de calificación crediticia cumplen con sus obligaciones legales. La SEC está facultada, entre otras cosas, para acceder a la documentación, llevar a cabo investigaciones y realizar inspecciones in situ, así como exigir acceso a los archivos de grabaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas. La SEC puede ejercer las citadas facultades no solo respecto de las ACC, sino también respecto de otras personas que intervengan en actividades de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. exige que la SEC efectúe un examen de cada NRSRO al menos una vez al año, e informe de los resultados de esos exámenes. En caso de que la SEC determine que una NRSRO ha infringido alguna de las obligaciones que se derivan de las normas pertinentes, puede adoptar un amplio abanico de medidas de supervisión para poner fin a la infracción. Entre estas medidas cabe citar la posibilidad de proceder a la baja registral, de suspender la utilización de las calificaciones con fines reglamentarios y de ordenar a una agencia de calificación crediticia que ponga fin a la infracción. La SEC también puede imponer severas sanciones a las agencias de calificación crediticia que incumplan los requisitos pertinentes. Así pues, las NRSRO están sujetas a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos de manera continuada. El acuerdo de cooperación celebrado entre la AEVM y la SEC prevé el intercambio de información en lo que se refiere a las medidas de supervisión y coercitivas adoptadas contra agencias de calificación crediticia de ámbito transfronterizo.
Con arreglo a la segunda condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las ACC de un tercer país deben estar sometidas a normas jurídicamente vinculantes equivalentes a las establecidas en los artículos 6 a 12 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 y en su anexo I. El marco jurídico y de supervisión estadounidense se considera equivalente al Reglamento sobre las ACC respecto de la gestión de los conflictos de intereses, los procesos y procedimientos organizativos de que deben dotarse las ACC, la calidad de las calificaciones y de los métodos de calificación, la divulgación de las calificaciones y la información general y periódica sobre las actividades de calificación crediticia. Así pues, el citado marco ofrece protección equivalente en cuanto a la integridad, transparencia y buena gobernanza de las ACC, así como a la fiabilidad de las actividades de calificación crediticia.
Con arreglo a la tercera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, el régimen regulador de un tercer país debe impedir la interferencia de las autoridades de supervisión y de otras autoridades públicas de dicho tercer país con el contenido de los métodos y las calificaciones crediticias. En este sentido, cabe señalar que la legislación prohíbe a la SEC y a cualquier otra autoridad pública de los EE.UU. interferir con el contenido de las calificaciones y los métodos de calificación.
El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. sigue cumpliendo las tres condiciones establecidas inicialmente en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo requisitos adicionales para las ACC registradas en la Unión que endurecieron el régimen jurídico y de supervisión de dichas ACC. Estos requisitos adicionales incluyen normas jurídicamente vinculantes para las ACC sobre las perspectivas de calificación crediticia, la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos de confidencialidad, los cambios en los métodos de calificación, y la presentación y divulgación de las calificaciones crediticias.
En este contexto, el 13 de julio de 2017, la Comisión solicitó asesoramiento a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de, entre otros, EE.UU., con estos requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, y su dictamen sobre la importancia significativa de las posibles diferencias.
En su dictamen técnico, publicado el 17 de noviembre de 2017, la AEVM indicó que el marco jurídico y de supervisión de EE.UU. en relación con las ACC incluye provisiones suficientes para cumplir los requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce en el artículo 3, apartado 1, letra w), una definición de «perspectiva de calificación crediticia», y el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 amplía ahora a las perspectivas de calificación crediticia determinados requisitos aplicables a las calificaciones crediticias. El marco jurídico y de supervisión estadounidense reconoce como incluidos en su ámbito de aplicación los rating watches, que son un tipo de perspectiva de calificación crediticia en el sentido del Reglamento (CE) n.o 1060/2009.
Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. Asimismo, el marco jurídico y de supervisión de EE.UU. incluye disposiciones para ofrecer protección en situaciones en que los accionistas de una NRSRO podrían plantear conflictos de intereses para las ACC.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce nuevas disposiciones para garantizar que la información confidencial se utilice únicamente para fines relacionados con actividades de calificación crediticia y esté protegida contra el fraude, el robo o el uso indebido. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 obliga a las agencias de calificación a tratar todas las calificaciones crediticias, las perspectivas de calificación crediticia y la información relacionada con las mismas como información privilegiada, hasta que se divulguen al público. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. reconoce que una acción de calificación no publicada puede constituir información privilegiada. Una NRSRO debe contar con políticas y procedimientos para evitar la divulgación selectiva e inadecuada de información importante no pública obtenida en relación con la prestación de servicios de calificación crediticia. Así pues, existe un marco fiable de protección contra el uso indebido de información confidencial.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 tiene por objeto aumentar el nivel de transparencia y calidad de los métodos de calificación. Introduce en el anexo I, sección D, parte I, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 la obligación de que las ACC proporcionen a una entidad calificada la oportunidad de indicar cualquier error de hecho antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia o la perspectiva de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. no tiene el mismo requisito, pero una NRSRO debe contar con procedimientos para informar a los deudores calificados y a los emisores de valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario sobre las decisiones de calificación crediticia y los recursos frente a las decisiones de calificación crediticia definitivas o en curso.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. exige que cada NRSRO establezca, mantenga, aplique y documente políticas que estén razonablemente diseñadas para garantizar que los cambios significativos de los procedimientos y metodologías se publiquen sin demora en un lugar de fácil acceso del sitio web de la NRSRO. No existe una obligación específica de corregir un error detectado en un método, pero tal obligación se deriva de disposiciones más generales relativas a la calidad de los métodos.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 refuerza los requisitos relativos a la presentación y a la divulgación de las calificaciones crediticias. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, y el anexo I, sección D, parte I, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia deberán acompañar la divulgación de métodos, modelos e hipótesis fundamentales de calificación con orientaciones que expliquen las hipótesis, los parámetros, los límites y las incertidumbres en relación con los modelos y métodos de calificación utilizados en dichas calificaciones crediticias. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. incluye la obligación de garantizar que las decisiones de calificación crediticia y las metodologías vayan acompañadas de una orientación adecuada. También hay requisitos para garantizar que las calificaciones crediticias reflejen toda la información que se considere pertinente.
Con el fin de reforzar la competencia y limitar el alcance de los conflictos de intereses en el sector de las ACC, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce un requisito en el anexo I, sección E, parte II, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en el sentido de que los honorarios que cobren las ACC a sus clientes por la prestación de servicios de calificación crediticia y servicios auxiliares no sean discriminatorios y se basen en los costes reales. Exige a las ACC que publiquen determinada información financiera. El marco jurídico y de supervisión de EE.UU. contiene obligaciones generales para registrar y almacenar información relativa a los honorarios y a la comunicación con los clientes que contribuyen a alcanzar el objetivo de transparencia, competencia y atenuación de los conflictos de intereses, y exige a las NRSRO que presenten anualmente una serie de informes financieros a la SEC.
Para la evaluación del régimen regulador de un tercer país, la Comisión se guía por el principio de proporcionalidad y por un enfoque basado en el riesgo. A la vista de los factores examinados y del asesoramiento técnico proporcionado por la AEVM, el marco jurídico y de supervisión de EE.UU. para las ACC cumple las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 y debe seguir considerándose equivalente al marco jurídico y de supervisión establecido por dicho Reglamento.
Por razones de seguridad jurídica, debe adoptarse una nueva Decisión de Ejecución y, por tanto, debe derogarse la Decisión de Ejecución 2012/628/UE.
La Comisión, asistida por la AEVM, deberá seguir supervisando periódicamente la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ACC, la evolución del mercado y la eficacia de la cooperación en materia de supervisión en relación con el seguimiento y la ejecución en de los Estados Unidos de América, a fin de garantizar el cumplimiento permanente.
A efectos del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, el marco jurídico y de supervisión vigente en EE.UU. para las agencias de calificación crediticia se considerará equivalente a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009.
Queda derogada la Decisión de Ejecución 2012/628/UE.
(2) Decisión de Ejecución 2012/628/UE de la Comisión, relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 274 de 9.10.2012, p. 32).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1280 DE LA COMISIÓN
relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de México como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia
La finalidad de esta decisión de equivalencia es permitir a las ACC de México, en la medida en que no sean de importancia sistémica para la estabilidad financiera o la integridad de los mercados financieros de uno o más Estados miembros, solicitar la certificación a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Esta decisión de equivalencia ofrece a la AEVM la posibilidad de evaluar las ACC caso por caso y de conceder la exención de algunos requisitos organizativos a las ACC activas en la Unión Europea, incluido el requisito de presencia física en la Unión Europea.
El 28 de abril de 2014, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2014/247/UE (2), en la que observaba que se cumplían estas tres condiciones y consideraba que el marco jurídico y de supervisión de las ACC de México era equivalente a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en vigor en ese momento.
Con arreglo a la primera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia de un tercer país deberán estar sometidas a autorización o registro y a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos de manera continuada. El marco mexicano exige que las ACC estén autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para poder operar y prestar servicios de calificación crediticia. La CNBV es competente para investigar cualquier acción o cuestión que pueda constituir una infracción de la legislación. Está facultada para solicitar cualquier tipo de información y documentos, realizar inspecciones in situ y convocar a cualquier persona que pueda contribuir a la investigación. Las agencias de calificación crediticia pueden quedar excluidas de forma permanente o temporal, ser suspendidas o perder su licencia. La CNBV está facultada para imponer multas administrativas. La CNBV ha realizado revisiones anuales de la conformidad de las ACC registradas y, en caso necesario, ha impuesto sanciones. El acuerdo de cooperación celebrado entre la AEVM y la CNBV prevé el intercambio de información en lo que se refiere a las medidas de supervisión y las medidas coercitivas adoptadas en relación con agencias de calificación crediticia de ámbito transfronterizo.
Con arreglo a la segunda condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia de un tercer país deben estar sometidas a normas jurídicamente vinculantes equivalentes a las establecidas en los artículos 6 a 12 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 y en su anexo I. El marco jurídico y de supervisión mexicano con respecto al gobierno corporativo, impone a las agencias la obligación de disponer de un consejo de administración compuesto por un máximo de 21 consejeros, un 25 % de los cuales, como mínimo, debe cumplir los requisitos de independencia. Los consejeros independientes serán competentes, entre otras cosas, para la elaboración de la estrategia y los métodos de calificación crediticia, la efectividad del sistema de control interno y el control del cumplimiento y los procesos de gobernanza. Se deben detectar y eliminar los conflictos de intereses y, si procede, debe informarse al responsable del cumplimiento de cualquier posible conflicto de intereses que pueda influir en las calificaciones. Cuando una agencia de calificación crediticia detecte conflictos de intereses que puedan influir en sus calificaciones, debe abstenerse de prestar sus servicios. El marco jurídico y de supervisión mexicano comprende numerosos requisitos de organización en materia de conservación de documentos y confidencialidad, y establece que las agencias de calificación crediticia deben seguir siendo plenamente responsables de las actividades que externalicen. Las entidades que presten servicios de externalización a las agencias de calificación también están sujetas a la supervisión de la CNBV. Las agencias de calificación crediticia deben nombrar a un responsable encargado de revisar los métodos y modelos de calificación y el marco mexicano contiene toda una serie de requisitos de información en relación con las calificaciones crediticias y las actividades de calificación. Por tanto, el marco jurídico y de supervisión mexicano se considera equivalente al Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en lo que respecta a la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos organizativos, la calidad de las calificaciones crediticias y de los métodos de calificación, la publicación de las calificaciones crediticias y la publicación general y periódica de las actividades de calificación crediticia. El citado marco ofrece, por tanto, protección equivalente en términos de integridad, transparencia, buena gobernanza de las agencias de calificación crediticia y fiabilidad de las actividades de calificación crediticia.
Con arreglo a la tercera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, el régimen regulador de un tercer país debe impedir la interferencia de las autoridades de supervisión y de otras autoridades públicas de dicho tercer país con el contenido de los métodos y las calificaciones crediticias. La Constitución mexicana establece que las autoridades administrativas solo pueden actuar al amparo de un mandato o poder expreso establecido con arreglo a la legislación aplicable. No existe ninguna disposición jurídica que faculte a la CNBV o a cualquier otra autoridad pública para influir en el contenido de las calificaciones crediticias o en los métodos de calificación.
El marco jurídico y de supervisión mexicano sigue cumpliendo las tres condiciones establecidas inicialmente en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo requisitos adicionales para las ACC registradas en la Unión que endurecieron el régimen jurídico y de supervisión de dichas ACC. Estos requisitos adicionales incluyen normas jurídicamente vinculantes para las ACC sobre las perspectivas de calificación crediticia, la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos de confidencialidad, la calidad de los métodos de calificación, y la presentación y divulgación de las calificaciones crediticias.
En este contexto, el 13 de julio de 2017, la Comisión solicitó asesoramiento a la AEVM sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de, entre otros, México, con estos requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, y su dictamen sobre la importancia significativa de las posibles diferencias.
En su dictamen técnico, publicado el 17 de noviembre de 2017, la AEVM indicó que el marco jurídico y de supervisión mexicano en relación con las ACC incluye provisiones suficientes para cumplir los requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce en el artículo 3, apartado 1, letra w), una definición de «perspectiva de calificación crediticia», y el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 amplía ahora a las perspectivas de calificación crediticia determinados requisitos aplicables a las calificaciones crediticias. El marco jurídico y de supervisión de México no reconoce explícitamente las perspectivas de calificación crediticia como un elemento separado y distinto de una calificación crediticia, pero si una ACC emite perspectivas de calificación crediticia, la CNBV espera que cumpla los mismos requisitos de transparencia, independencia y divulgación de información que las calificaciones crediticias. Además, la CNBV incluye en su supervisión la idoneidad de las perspectivas de calificación crediticia en relación con sus calificaciones crediticias asociadas.
Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. El marco jurídico y de supervisión de México incluye una prohibición general de que los accionistas y los miembros del consejo de administración posean, directa o indirectamente, participación en la entidad calificada. Además, las ACC no pueden prestar ningún servicio a clientes que posean más del 5 % de su capital.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce nuevas disposiciones para garantizar que la información confidencial se utilice únicamente para fines relacionados con actividades de calificación crediticia y esté protegida contra el fraude, el robo o el uso indebido. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 obliga a las agencias de calificación a tratar todas las calificaciones crediticias, las perspectivas de calificación crediticia y la información relacionada con las mismas como información privilegiada, hasta que se divulguen al público. El marco jurídico y de supervisión de México establece requisitos detallados sobre las medidas que deben adoptar las agencias de calificación crediticia para proteger la información confidencial que posean en relación con los emisores. Así pues, existe un marco fiable de protección contra el uso indebido de información confidencial.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 tiene por objeto aumentar el nivel de transparencia y calidad de los métodos de calificación. Introduce en el anexo I, sección D, parte I, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 la obligación de que las ACC proporcionen a una entidad calificada la oportunidad de indicar cualquier error de hecho antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia o la perspectiva de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión de México contiene el requisito de que las ACC deban informar a las entidades calificadas sobre una calificación crediticia antes de su publicación, y permite a la ACC y a la entidad calificada acordar entre sí si la ACC debe notificar previamente al cliente y, en caso afirmativo, el plazo de presentación de observaciones antes de la publicación.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. El marco jurídico y de supervisión de México obliga a las ACC a publicar en su sitio web los métodos y procedimientos utilizados para la investigación, análisis, dictamen, evaluación y consideración de la calidad crediticia, antes de utilizarlos, y a publicar cualquier cambio sustancial de sus metodologías, de modo que el público inversor pueda consultarlos. Del mismo modo, las ACC están obligadas a revisar sus métodos y modelos, aunque no existe un requisito explícito de llevar a cabo una consulta con los participantes en el mercado antes de cambiar su metodología, y a subsanar los errores detectados en sus metodologías. Sin embargo, en caso de que una ACC introduzca cambios significativos en las metodologías de calificación crediticia, deberá notificar a la CNBV las modificaciones y publicarlas sin revelar el motivo de las mismas. En caso de que se realice una modificación de los modelos y métodos de calificación de las ACC, estas deberán revisar todas las calificaciones emitidas con anterioridad.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 refuerza los requisitos relativos a la presentación y a la divulgación de las calificaciones crediticias. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, y el anexo I, sección D, parte I, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia deberán acompañar la divulgación de métodos, modelos e hipótesis fundamentales de calificación con orientaciones que expliquen las hipótesis, los parámetros, los límites y las incertidumbres en relación con los modelos y métodos de calificación utilizados en dichas calificaciones crediticias. El marco jurídico y de supervisión de México exige que las ACC destaquen en las calificaciones crediticias que la calificación es su dictamen, y contiene salvaguardias para garantizar que en las calificaciones crediticias solo se presente la información pertinente para la calificación crediticia. También se incluyen requisitos para garantizar que las ACC ofrezcan orientaciones suficientes para que los usuarios de las calificaciones crediticias puedan comprenderlas.
Con el fin de reforzar la competencia y limitar el alcance de los conflictos de intereses en el sector de las ACC, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce un requisito en el anexo I, sección E, parte II, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en el sentido de que los honorarios que cobren las ACC a sus clientes por la prestación de servicios de calificación crediticia y servicios auxiliares no sean discriminatorios y se basen en los costes reales. Exige a las ACC que publiquen determinada información financiera. El marco jurídico y de supervisión de México exige que las ACC faciliten a la CNBV datos sobre los honorarios cobrados a los clientes, señalando los ingresos procedentes de cada uno de ellos y detallando todos los servicios prestados a cada uno de ellos durante el ejercicio inmediatamente anterior. Las ACC publicarán si han recibido de la misma entidad calificada honorarios en relación con servicios distintos de los servicios de calificación crediticia, y el porcentaje en relación con los honorarios por los servicios de calificación crediticia. Además, existe el requisito general de que la CNBV garantice un trato justo a todos los clientes de las ACC.
Para la evaluación del régimen regulador de un tercer país, la Comisión se guía por el principio de proporcionalidad y por un enfoque basado en el riesgo. A la vista de los factores examinados, el marco jurídico y de supervisión de México para las ACC cumple las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 y debe seguir considerándose equivalente al marco jurídico y de supervisión establecido por dicho Reglamento.
Por razones de seguridad jurídica, debe adoptarse una nueva Decisión de Ejecución y, por tanto, debe derogarse la Decisión de Ejecución 2014/247/UE.
La Comisión, asistida por la AEVM, deberá seguir supervisando periódicamente la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ACC, la evolución del mercado y la eficacia de la cooperación en materia de supervisión en relación con el seguimiento y la ejecución en México, a fin de garantizar el cumplimiento permanente.
A efectos del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, el marco jurídico y de supervisión vigente en México para las agencias de calificación crediticia se considerará equivalente a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009.
Queda derogada la Decisión de Ejecución 2014/247/UE.
(2) Decisión de Ejecución 2014/247/UE de la Comisión, de 28 de abril de 2014, relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de México como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 132 de 3.5.2014, p. 71).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1281 DE LA COMISIÓN
por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2014/245/UE relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Brasil como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia
El 28 de abril de 2014, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2014/245/UE (2), en la que observaba que se cumplían estas tres condiciones y consideraba que el marco jurídico y de supervisión de las ACC de Brasil era equivalente a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en vigor en ese momento.
El marco jurídico y de supervisión de Brasil sigue cumpliendo las tres condiciones establecidas inicialmente en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo requisitos adicionales para las ACC registradas en la Unión que endurecieron el régimen jurídico y de supervisión de dichas ACC. Estos requisitos adicionales incluyen normas jurídicamente vinculantes para las ACC sobre las perspectivas de calificación crediticia, la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos de confidencialidad, la calidad de los métodos de calificación, y la presentación y divulgación de las calificaciones crediticias.
En este contexto, el 13 de julio de 2017, la Comisión solicitó asesoramiento a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de, entre otros, Brasil, con estos requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, y su dictamen sobre la importancia significativa de las posibles diferencias.
En su dictamen técnico, publicado el 17 de noviembre de 2017, la AEVM concluyó que el marco jurídico y de supervisión de Brasil no incluye suficientes disposiciones que podrían cumplir los objetivos de los requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce en el artículo 3, apartado 1, letra w), una definición de «perspectiva de calificación crediticia», y el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 amplía ahora a las perspectivas de calificación crediticia determinados requisitos aplicables a las calificaciones crediticias. El marco brasileño no reconoce explícitamente las perspectivas de calificación crediticia como un elemento separado y distinto de una calificación crediticia, pero la Comisión de Valores y Bolsa («Comissão de Valores Mobiliários») de Brasil espera que la elaboración de perspectivas de calificación crediticia cumpla los mismos requisitos para las correspondientes calificaciones crediticias.
Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. El marco jurídico y de supervisión de Brasil exige a una ACC que establezca procedimientos administrativos y organizativos adecuados y eficaces para prevenir, detectar, eliminar, corregir y revelar todos los conflictos de intereses. No obstante, el marco jurídico y de supervisión de Brasil no exige explícitamente a las ACC que tengan en cuenta los conflictos de intereses en relación con los accionistas. Por consiguiente, no existe ninguna prohibición de emitir una calificación crediticia sobre una entidad si un miembro del consejo de administración de la ACC, o un accionista que posea más del 10 % de las acciones o de los derechos de voto de la ACC, posee más del 10 % de las acciones de la entidad calificada. Tampoco se prohíbe a una persona o entidad que posea más del 5 % de las acciones o los derechos de voto de una ACC facilitar servicios de consultoría o asesoramiento a una entidad calificada por dicha ACC.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce nuevas disposiciones para garantizar que la información confidencial se utilice únicamente para fines relacionados con actividades de calificación crediticia y esté protegida contra el fraude, el robo o el uso indebido. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 obliga a las agencias de calificación a tratar todas las calificaciones crediticias, las perspectivas de calificación crediticia y la información relacionada con las mismas como información privilegiada, hasta que se divulguen al público. Así pues, el marco jurídico y de supervisión de Brasil ofrece protección contra el uso indebido de información confidencial.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 tiene por objeto aumentar el nivel de transparencia y calidad de los métodos de calificación. Introduce en el anexo I, sección D, parte I, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 la obligación de que las ACC proporcionen a una entidad calificada la oportunidad de indicar cualquier error de hecho antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia o la perspectiva de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión de Brasil no exige a las ACC que informen a la entidad calificada antes de la publicación de una calificación crediticia.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. Aunque el marco jurídico y de supervisión de Brasil establece que las ACC deben comunicar a la autoridad reguladora y al mercado todo cambio sustancial en sus metodologías, no dispone de requisitos para que las ACC puedan consultar los cambios en las metodologías o corregir posibles errores en las mismas. Si bien existe el requisito de comunicar las entidades calificadas afectadas por un cambio en la metodología, no hay obligación de explicar la razón de ello ni de informar al supervisor.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 refuerza los requisitos relativos a la presentación y a la divulgación de las calificaciones crediticias. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, y el anexo I, sección D, parte I, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia deberán acompañar la divulgación de métodos, modelos e hipótesis fundamentales de calificación con orientaciones que expliquen las hipótesis, los parámetros, los límites y las incertidumbres en relación con los modelos y métodos de calificación utilizados en dichas calificaciones crediticias. El marco jurídico y de supervisión de Brasil exige que los informes de calificación crediticia incluyan metodologías para determinar la calificación crediticia, a fin de garantizar que las partes interesadas puedan comprender los motivos de una calificación. Por otra parte, no es obligatorio indicar que la calificación crediticia es la opinión de la agencia y que solo puede confiarse en ella de forma limitada.
Con el fin de reforzar la competencia y limitar el alcance de los conflictos de intereses en el sector de las ACC, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce un requisito en el anexo I, sección E, parte II, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en el sentido de que los honorarios que cobren las ACC a sus clientes por la prestación de servicios de calificación crediticia y servicios auxiliares no sean discriminatorios y se basen en los costes reales. Exige a las ACC que publiquen determinada información financiera. Aunque la Comissão de Valores Mobiliários puede solicitar información como parte de sus actividades de supervisión, el marco jurídico y de supervisión de Brasil no exige sistemáticamente a las ACC que faciliten sus precios a los supervisores o al público. Además, no se exige que los honorarios cobrados a los clientes se basen en los costes y no sean discriminatorios.
A la vista de los factores examinados, el marco jurídico y de supervisión de Brasil no cumple todas las condiciones de equivalencia establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Por tanto, no puede considerarse equivalente al marco jurídico y de supervisión establecido por dicho Reglamento.
Por consiguiente, procede derogar la Decisión de Ejecución 2014/245/UE.
Queda derogada la Decisión de Ejecución 2014/245/UE.
(2) Decisión de Ejecución 2014/245/UE de la Comisión, de 28 de abril de 2014, relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Brasil como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 132 de 3.5.2014, p. 65).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1282 DE LA COMISIÓN
por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2014/246/UE relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Argentina como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia
El artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 faculta a la Comisión para adoptar una decisión en materia de equivalencia, por la que declare que el marco jurídico y de supervisión de un tercer país garantiza que las agencias de calificación crediticia (ACC) autorizadas o registradas en dicho país cumplen los requisitos jurídicamente vinculantes que sean equivalentes a los requisitos fijados en dicho Reglamento y están sometidos a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos en dicho tercer país. Para que se considere equivalente, el marco jurídico y de supervisión de un tercer país debe cumplir como mínimo las tres condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009.
El 28 de abril de 2014, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2014/246/UE (2), en la que observaba que se cumplían estas tres condiciones y consideraba que el marco jurídico y de supervisión de las ACC de Argentina era equivalente a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en vigor en ese momento.
El marco jurídico y de supervisión de Argentina sigue cumpliendo las tres condiciones establecidas inicialmente en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo requisitos adicionales para las ACC registradas en la Unión que endurecieron el régimen jurídico y de supervisión de dichas ACC. Estos requisitos adicionales incluyen normas jurídicamente vinculantes para las ACC sobre las perspectivas de calificación crediticia, la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos de confidencialidad, la calidad de los métodos de calificación, y la presentación y divulgación de las calificaciones crediticias.
En este contexto, el 13 de julio de 2017, la Comisión solicitó asesoramiento a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de, entre otros, Argentina, con estos requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, y su dictamen sobre la importancia significativa de las posibles diferencias.
En su dictamen técnico, publicado el 17 de noviembre de 2017, la AEVM concluyó que el marco jurídico y de supervisión de Argentina no incluye suficientes disposiciones que podrían cumplir los objetivos de los requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce en el artículo 3, apartado 1, letra w), del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 una definición de «perspectiva de calificación crediticia», y amplía a las perspectivas de calificación crediticia determinados requisitos aplicables a las calificaciones crediticias. Aunque las perspectivas de calificación crediticia son una característica del mercado de las calificaciones crediticias, el marco jurídico y de supervisión de Argentina no incluye ninguna disposición al efecto. Dado que las perspectivas de calificación crediticia no están incluidas en el ámbito de la supervisión de las ACC por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), esta no puede solicitar ninguna información relacionada con las perspectivas de calificación crediticia.
Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. El marco jurídico y de supervisión de Argentina exige a las ACC que establezcan procedimientos administrativos y organizativos adecuados y eficaces para prevenir, detectar, eliminar, corregir y revelar todos los conflictos de intereses. No obstante, el marco jurídico y de supervisión de Argentina no exige explícitamente a las ACC que tengan en cuenta los conflictos de intereses en relación con los accionistas. Por consiguiente, no existen requisitos que prohíban a una ACC emitir una calificación crediticia sobre una entidad que posea más del 10 % de sus acciones, o de prestar servicios de consultoría o asesoramiento a una entidad que posea más del 5 % de sus acciones.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce nuevas disposiciones para garantizar que la información confidencial se utilice únicamente para fines relacionados con actividades de calificación crediticia y esté protegida contra el fraude, el robo o el uso indebido. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 obliga a las agencias de calificación a tratar todas las calificaciones crediticias, las perspectivas de calificación crediticia y la información relacionada con las mismas como información privilegiada, hasta que se divulguen al público. El marco jurídico y de supervisión de Argentina establece requisitos detallados sobre las medidas que deben adoptar las ACC para proteger la información confidencial que posean en relación con los emisores. Así pues, existe un marco fiable de protección contra el uso indebido de información confidencial.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 tiene por objeto aumentar el nivel de transparencia y calidad de los métodos de calificación. Introduce en el anexo I, sección D, parte I, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 la obligación de que las ACC proporcionen a una entidad calificada la oportunidad de indicar cualquier error de hecho antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia o la perspectiva de calificación crediticia. El marco jurídico y de supervisión de Argentina no obliga a las ACC a proporcionar a una entidad calificada la oportunidad de verificar los datos de una calificación crediticia antes de su publicación. Las calificaciones crediticias deben publicarse tan pronto sean aprobadas por el comité calificador, a fin de proteger a los inversores y garantizar que el mercado sea informado sin demora en cuanto a cualquier modificación de la calificación crediticia.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. Existen algunas diferencias notables entre el marco jurídico y de supervisión de Argentina y el marco de la Unión. Aunque el marco jurídico y de supervisión de Argentina contiene los requisitos de que las calificaciones crediticias solo se emiten de conformidad con las metodologías publicadas y que las metodologías se revisan periódicamente, no existe ningún requisito explícito para que las ACC consulten los cambios o corrijan los errores en sus metodologías. Tampoco se exige informar a todas las entidades calificadas afectadas de los errores en una metodología de calificación.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 refuerza los requisitos relativos a la presentación y a la divulgación de las calificaciones crediticias. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, y el anexo I, sección D, parte I, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia deberán acompañar la divulgación de métodos, modelos e hipótesis fundamentales de calificación con orientaciones que expliquen las hipótesis, los parámetros, los límites y las incertidumbres en relación con los modelos y métodos de calificación utilizados en dichas calificaciones crediticias. El marco jurídico y de supervisión de Argentina contiene disposiciones para garantizar que las ACC ofrezcan orientaciones suficientes para que los usuarios de las calificaciones crediticias puedan comprenderlas. Sin embargo, no existe ningún requisito explícito para que las ACC incluyan en una calificación crediticia únicamente información relacionada con la evaluación crediticia de la entidad. Tampoco se exige a las ACC que destaquen en las calificaciones crediticias que la calificación es su dictamen y que solo hay que basarse en ella de forma limitada.
Con el fin de reforzar la competencia y limitar el alcance de los conflictos de intereses en el sector de las ACC, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce un requisito en el anexo I, sección E, parte II, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en el sentido de que los honorarios que cobren las ACC a sus clientes por la prestación de servicios de calificación crediticia y servicios auxiliares no sean discriminatorios y se basen en los costes reales. Exige a las ACC que publiquen determinada información financiera. El régimen jurídico y de supervisión de Argentina solo exige a las ACC que faciliten información al regulador sobre los honorarios cobrados a cada cliente por sus servicios de calificación, diferenciando la entidad o el instrumento y el título. Las ACC deben publicar en sus sitios web los honorarios mínimos y máximos de sus servicios de calificación crediticia, a fin de garantizar que los clientes reciban un trato equitativo, pero no se exige que los honorarios cobrados a los clientes se basen en los costes y no sean discriminatorios.
A la vista de los factores examinados, el marco jurídico y de supervisión de Argentina no cumple todas las condiciones de equivalencia establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Por tanto, no puede considerarse equivalente al marco jurídico y de supervisión establecido por dicho Reglamento.
Por consiguiente, procede derogar la Decisión de Ejecución 2014/246/UE.
Queda derogada la Decisión de Ejecución 2014/246/UE.
(2) Decisión de Ejecución 2014/246/UE de la Comisión, de 28 de abril de 2014, relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Argentina como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 132 de 3.5.2014, p. 68).
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1284 DE LA COMISIÓN
relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Hong Kong como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia
La finalidad de esta decisión de equivalencia es permitir a las ACC de Hong Kong, en la medida en que no sean de importancia sistémica para la estabilidad financiera o la integridad de los mercados financieros de uno o más Estados miembros, solicitar la certificación a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Esta decisión de equivalencia ofrece a la AEVM la posibilidad de evaluar las ACC caso por caso y de conceder la exención de algunos requisitos organizativos a las ACC activas en la Unión Europea, incluido el requisito de presencia física en la Unión Europea.
El 28 de abril de 2014, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2014/249/UE (2), en la que observaba que se cumplían estas tres condiciones y consideraba que el marco jurídico de supervisión de las ACC de Hong Kong era equivalente a los requisitos del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en vigor en ese momento.
Con arreglo a la primera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia de un tercer país deberán estar sometidas a autorización o registro y a una supervisión y un control de cumplimiento efectivos de manera continuada. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong exige que las ACC y sus analistas que presten servicios de calificación crediticia en Hong Kong estén autorizados para poder prestar servicios de calificación crediticia, y estén sujetos a la supervisión de la Comisión de Valores y Futuros («Securities and Futures Commission», SFC) de Hong Kong. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong confiere a la SFC toda una serie de poderes que le permiten investigar si las agencias de calificación cumplen con sus obligaciones legales. La SFC puede obligar tanto a las personas reguladas como a las no reguladas a presentar información y documentos que sean pertinentes para la investigación, tales como registros comerciales, extractos bancarios, datos telefónicos y de internet e información sobre la titularidad real. El ejercicio de esta facultad se aplica a las personas investigadas y también a aquellas sobre las que la SFC tenga motivos razonables para creer que poseen información pertinente para la investigación. Además, cuando exista el temor de que se destruyan o se eliminen pruebas, de que se evada el sujeto de la investigación u otro tipo de inquietud, la SFC está facultada para acceder a locales privados pertenecientes a personas reguladas o no reguladas al amparo de una orden de registro emitida por una autoridad judicial. Por otra parte, la SFC está facultada para emprender acciones penales, civiles, administrativas y de otro tipo. Por ejemplo, tiene competencia administrativa para imponer sanciones disciplinarias a las personas autorizadas o registradas en la SFC, para imponer restricciones de las actividades comerciales de las personas autorizadas o registradas, para revocar o suspender la autorización o el registro de una persona autorizada o registrada, y para amonestar o imponer a las personas autorizadas o registradas obligaciones o multas. La SFC está facultada para solicitar al órgano jurisdiccional competente medidas cautelares o reparadoras. Además de inspecciones in situ, la SFC lleva a cabo labores de supervisión desde el exterior a través de interacciones con las ACC autorizadas, a fin de comprender sus modelos y planes de negocio y los riesgos inherentes a sus actividades, con objeto de detectar y evaluar los riesgos derivados de sus actividades comerciales. La información sobre las ACC autorizadas se recoge a través de los documentos presentados a la SFC, en particular, pero no exclusivamente, las cuentas anuales auditadas y los informes anuales de control. La SFC realiza un seguimiento de las reclamaciones y las infracciones autodeclaradas. El acuerdo de cooperación celebrado entre la AEVM y la SFC prevé el intercambio de información en lo que se refiere a las medidas de supervisión y las medidas coercitivas adoptadas en relación con agencias de calificación crediticia de ámbito transfronterizo.
Con arreglo a la segunda condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia de un tercer país deben estar sometidas a normas jurídicamente vinculantes equivalentes a las establecidas en los artículos 6 a 12 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 y en su anexo I. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong establece requisitos detallados en materia de gobierno corporativo. Incumbe en primera instancia al consejo de administración y a los directivos responsables de las actividades reguladas velar por que la agencia de calificación mantenga normas de conducta adecuadas y observe los procedimientos correctos. Las ACC deben contar con dos directivos, aprobados por la SFC, y al menos uno de ellos debe ser consejero delegado con arreglo a la SFO. Existen extensas disposiciones con respecto a los conflictos de intereses que obligan a las ACC a detectar y eliminar o gestionar estos conflictos y a organizarse de modo que sus intereses comerciales no menoscaben la independencia y la exactitud de sus calificaciones crediticias, así como requisitos de organización, por ejemplo en materia de externalización, conservación de documentos y confidencialidad. En lo que atañe a los requisitos de organización, las ACC deben cumplir los relativos a las políticas y los procedimientos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y una función permanente y efectiva de verificación del cumplimiento. Las ACC también están obligadas a establecer una función de revisión a la que corresponde examinar periódicamente los métodos y modelos de calificación y sus modificaciones significativas. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong comprende una amplia gama de requisitos de información, como la divulgación de las calificaciones y la declaración pública anual sobre las actividades de calificación y las actividades auxiliares. Por tanto, el marco jurídico y de supervisión de Hong Kong se considera equivalente al Reglamento sobre las ACC en lo que respecta a la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos organizativos, la calidad de las calificaciones crediticias y de los métodos de calificación, la publicación de las calificaciones crediticias y la publicación general y periódica de las actividades de calificación crediticia. El citado marco debe ofrecer, por tanto, protección equivalente en términos de integridad, transparencia, buena gobernanza de las ACC y fiabilidad de las actividades de calificación crediticia.
Con arreglo a la tercera condición establecida en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, el régimen regulador de un tercer país debe impedir la interferencia de las autoridades de supervisión y de otras autoridades públicas de dicho tercer país con el contenido de los métodos y las calificaciones crediticias. No existe ninguna disposición jurídica que faculte a la SFC o a cualquier otra autoridad pública para influir en el contenido de las calificaciones crediticias o en los métodos de calificación.
El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong sigue cumpliendo las tres condiciones establecidas inicialmente en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009. Sin embargo, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo requisitos adicionales para las ACC registradas en la Unión que endurecieron el régimen jurídico y de supervisión de dichas ACC. Estos requisitos adicionales incluyen normas jurídicamente vinculantes para las ACC sobre las perspectivas de calificación crediticia, la gestión de los conflictos de intereses, los requisitos de confidencialidad, la calidad de los métodos de calificación, y la presentación y divulgación de las calificaciones crediticias.
En este contexto, el 13 de julio de 2017, la Comisión solicitó asesoramiento a la AEVM sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de, entre otros, Hong Kong, con estos requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013, y su dictamen sobre la importancia significativa de las posibles diferencias.
En su dictamen técnico, publicado el 17 de noviembre de 2017, la AEVM indicó que el marco jurídico y de supervisión de Hong Kong en relación con las ACC incluye provisiones suficientes para cumplir los requisitos adicionales introducidos por el Reglamento (UE) n.o 462/2013.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce en el artículo 3, apartado 1, letra w), una definición de «perspectiva de calificación crediticia», y el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 amplía ahora a las perspectivas de calificación crediticia determinados requisitos aplicables a las calificaciones crediticias. Aunque el marco jurídico y de supervisión de Hong Kong no reconoce explícitamente las perspectivas de calificación crediticia como un elemento separado y distinto de una calificación crediticia, la SFC espera, teniendo en cuenta el carácter amplio del término «calificación crediticia» en el marco jurídico y de supervisión de Hong Kong, que la elaboración de perspectivas de calificación crediticia cumpla la totalidad de los requisitos previstos para las calificaciones crediticias.
Con el fin de mejorar la percepción de la independencia de las agencias de calificación crediticia con respecto a las entidades calificadas, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 amplía, en su artículo 6, apartado 4, y en los artículos 6 bis y 6 ter del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las normas sobre conflictos de intereses a los causados por los accionistas o socios que ocupen una posición significativa en las ACC. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong exige que las ACC establezcan mecanismos adecuados y eficaces para prevenir, detectar y eliminar o gestionar los conflictos de intereses, así como para garantizar que no se vean afectadas por las relaciones empresariales. Si bien en la legislación de Hong Kong no figura una referencia explícita a los accionistas, en caso de que exista potencialmente un conflicto de intereses se prohíbe a las ACC realizar dicha actividad.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce nuevas disposiciones para garantizar que la información confidencial se utilice únicamente para fines relacionados con actividades de calificación crediticia y esté protegida contra el fraude, el robo o el uso indebido. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 obliga a las agencias de calificación a tratar todas las calificaciones crediticias, las perspectivas de calificación crediticia y la información relacionada con las mismas como información privilegiada, hasta que se divulguen al público. Mediante el establecimiento de requisitos detallados, el marco jurídico y de supervisión de Hong Kong obliga a las ACC a adoptar procedimientos y mecanismos para proteger la información confidencial relativa a los emisores. Así pues, existe un marco fiable de protección contra el uso indebido de información confidencial.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 tiene por objeto aumentar el nivel de transparencia y calidad de los métodos de calificación. Introduce en el anexo I, sección D, parte I, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 la obligación de que las ACC ofrezcan a una entidad calificada la oportunidad de indicar cualquier error de hecho antes de la publicación del resultado de la calificación crediticia o la perspectiva de calificación crediticia. Al conceder una mayor prioridad a la comunicación inmediata al mercado de la calificación crediticia, el marco jurídico y de supervisión de Hong Kong no establece un requisito estricto de que las ACC informen a las entidades calificadas sobre una calificación crediticia antes de su publicación. En cambio, las ACC solo deben comunicar a las entidades calificadas la información crítica y las principales consideraciones en las que se basará la calificación, cuando sea viable y apropiado.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce salvaguardias en el artículo 8, apartado 5 bis; apartado 6, letras a) bis y a) ter; y apartado 7 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, a fin de garantizar que las modificaciones de los métodos de calificación no den lugar a métodos menos rigurosos. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong exige que las ACC publiquen en su totalidad cualquier modificación sustancial de sus métodos. Además, exige que, cuando sea posible y apropiado, las ACC divulguen dichas modificaciones sustanciales antes de su entrada en vigor. En caso de que se produzca algún cambio en los métodos, modelos o hipótesis fundamentales de calificación utilizados en la elaboración de alguna de sus calificaciones crediticias, la ACC deberá comunicar de inmediato las calificaciones crediticias que pueden verse afectadas, utilizando los mismos medios de comunicación utilizados para la distribución de las calificaciones crediticias afectadas.
El Reglamento (UE) n.o 462/2013 refuerza los requisitos relativos a la presentación y a la divulgación de las calificaciones crediticias. De conformidad con el artículo 8, apartado 2, y el anexo I, sección D, parte I, apartado 2 bis, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, las agencias de calificación crediticia deberán acompañar la divulgación de métodos, modelos e hipótesis fundamentales de calificación con orientaciones que expliquen las hipótesis, los parámetros, los límites y las incertidumbres en relación con los modelos y métodos de calificación utilizados en dichas calificaciones crediticias. El régimen jurídico y de supervisión de Hong Kong incluye requisitos para garantizar que las ACC ofrezcan orientaciones suficientes para que los usuarios de las calificaciones crediticias puedan comprenderlas. También es obligatorio proporcionar cada 6 meses al supervisor información relativa a sus actividades comerciales.
Con el fin de reforzar la competencia y limitar el alcance de los conflictos de intereses en el sector de las ACC, el Reglamento (UE) n.o 462/2013 introduce un requisito en el anexo I, sección E, parte II, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 en el sentido de que los honorarios que cobren las ACC a sus clientes por la prestación de servicios de calificación crediticia y servicios auxiliares no sean discriminatorios y se basen en los costes reales. Exige a las ACC que publiquen determinada información financiera. El marco jurídico y de supervisión de Hong Kong obliga a las ACC a mantener registros comerciales en consonancia con todos los requisitos legales durante un período determinado, a revelar públicamente el carácter general de sus acuerdos de compensación con las entidades calificadas, y a comunicar los ingresos agregados derivados de la prestación de servicios de calificación crediticia, facultando al supervisor para solicitar esta información. En cuanto a las medidas para proteger a los clientes y garantizar que reciben un trato equitativo, existe una obligación general de tratar a los clientes de manera equitativa.
Para la evaluación del régimen regulador de un tercer país, la Comisión se guía por el principio de proporcionalidad y por un enfoque basado en el riesgo. A la vista de los factores examinados y del asesoramiento técnico proporcionado por la AEVM, el marco jurídico y de supervisión de Hong Kong para las ACC cumple las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1060/2009 y debe seguir considerándose equivalente al marco jurídico y de supervisión establecido por dicho Reglamento.
Por razones de seguridad jurídica, debe adoptarse una nueva Decisión de Ejecución y, por tanto, debe derogarse la Decisión de Ejecución 2014/249/UE.
La Comisión, asistida por la AEVM, deberá seguir supervisando periódicamente la evolución del marco jurídico y de supervisión aplicable a las ACC, la evolución del mercado y la eficacia de la cooperación en materia de supervisión en relación con el seguimiento y la ejecución en Hong Kong, a fin de garantizar el cumplimiento permanente.
A efectos del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1060/2009, el marco jurídico y de supervisión vigente en Hong Kong para las agencias de calificación crediticia se considerará equivalente a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009.
Queda derogada la Decisión de Ejecución 2014/249/UE.
(2) Decisión de Ejecución 2014/249/UE de la Comisión, de 28 de abril de 2014, relativa al reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Hong Kong como equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 132 de 3.5.2014, p. 76).