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Timestamp: 2018-04-24 00:47:45
Document Index: 24991106

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 331', 'artículo 175', 'artículo 23', 'artículo 203', 'artículo 192']

ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 1.834/17
EXPEDIENTE: "LINA MERCEDES PEREIRA A. C/ RESOLUCIÓN N° 850/10 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2010, DICTADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANA".
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA y RAÚL TORRES KIRMSER, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver el recurso de apelación y la nulidad interpuesta contra el Acuerdo y Sentencia 520 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
CUESTIONES ¿Es nula la sentencia apelada?
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA y TORRES.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO DIJO: el representante convencional de la despachante apelante, cuestiona la falta de firmeza de la Resolución N° 850 de fecha 06 de diciembre de 2010, dictada por la Dirección Nacional de Aduana, por lo que sostiene, no pudo haber sido dictada ninguna resolución respecto a su representada que en carácter de despachante de aduana intervino en una operación de importación cuya determinación arancelaria resultó posteriormente cuestionada, invocando en su tesis los artículos 23 y 327 del Código Aduanero en ambos casos. Califica de nulo al Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por no haber sido respetada una cuestión prejudicial esencial, que la infracción impuesta al importador de la mercadería haya adquirido previamente firmeza, sin lo cual sostiene, no pudo haberse determinada la responsabilidad de la despachante de aduana, como afirma que lo tiene desarrollado en el punto v) de su expresión de agravios del recurso de apelación.
CONTESTACIÓN DE LA REPRESENTANTE DE LA D.N.A
En el acto de contestar a los fundamentos desarrollados por la parte nulidicente, quien acreditó la representación de la autoridad aduanera en estos autos, contestó señalando la improcedencia del planteamiento de la representación de la actora, por haber tenido la misma activa participación, tras haber sido notificada, del sumario administrativo, en forma conjunta con la empresa de telefonía, con la que resultó sumariada.
ANALISIS DE LA NULIDAD
El acto administrativo por el cual fue calificada de infractora la conducta del importador en oportunidad de la declaración del despacho aduanero a la importación, como lo refirió el mismo nulidicente, no requiere de firmeza previa, para el análisis de la situación del despachante de aduana que intervino en dicha operación.
Se formula dicha aclaración, dado que en dicho argumento, basó su fundamentación quien atacó de nulo al fallo en revisión.
La sola condición de responsable solidario que pesa sobre dicho auxiliar del servicio aduanero, como lo dispone claramente el artículo 23 de la Ley N° 2422/04, no supedita la confirmación de dicha calificación, para la determinación de la responsabilidad del mismo, por la infracción detectada, que puede ser calificada en forma conjunta sin óbice alguno.
Tampoco resulta sostenible la cuestión pre judicial, denunciada en esta instancia por la impetrante, es decir, tratándose de la responsabilidad enteramente administrativa del importador, como del despachante al que había conferido mandato para que opere en su representación en operación aduanera, no sólo es un cuestionamiento falto de fundamento, sino que ante la ausencia de impedimento para que ambas responsabilidades sean calificadas en forma conjunta, la autoridad aduanera debe necesariamente, ante la denuncia de un hecho, proceder a la averiguación y represión, del hecho y su o sus responsables, según sea el caso.
Por las razones expuestas, la nulidad planteada por la parte recurrente, deviene improcedente. Es mi voto.
A SUS TURNOS, LOS MINISTROS PUCHETA de CORREA y TORRES KIRMSER, MANIFESTARON SUS ADHESIONES AL VOTO QUE ANTECEDE POR SUS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO DUO: en labor argumental al recurso, cuestiona la decisión del Tribunal de Cuentas, asumida en estos autos, ya que asegura que no fue discutida la potestad revisora de la autoridad aduanera, con posterioridad al despacho, ya que fue disputada de manera controvertida, la incorrecta aplicación de una sanción administrativa. Sin embargo, dicha conclusión del juzgador inferior, resultó el tema apelado, que la sola facultad de revisión posterior, a criterio del a quem, implica la regularidad del acto administrativo impugnado. Como segunda impugnación a la decisión apelada, resulta la insinuación a diferencias inexistentes, ya que no fue detectada en la declaración cumplida por la despachante de aduana participe diferencia, en la naturaleza, calidad de lo declarado. Negación que sostiene resulta corroborable de los antecedentes administrativos, pese a que resalta que el Tribunal refirió de la detección de una diferencia de lo declarado con lo que correspondía, por parte del personal de Aduana, a base de una exhaustivo análisis de catálogos de las mercaderías en importación. Únicamente fue sostenida en la modificación de la posición arancelaria, efectuada por la propia administración al cumplir una contra liquidación, tras haber venido admitiendo por largo tiempo otra distinta, ha producido dicha variación por parte de la D.N.A, considerada por la apelante resultado de una interpretación sobre la clasificación y no de diferencias reales de mercaderías, insistiendo en la aplicación del artículo 327 de la legislación aduanera a su favor. Otra consideración, calificada errónea por la parte recurrente, resulta que el haber sido oficializada la mercadería objeto de importación por el canal verde, no fue sometida a control alguno, por lo que la verificación posterior a la desaduanización, resultó clave para la detección de la defraudación incurrida. A raíz de la variación de la posición arancelaria, la resolución del Tribunal sostuvo: "se colige una evasión impositiva de gran porte". La no ocultación de dato alguno, como la coincidencia entre lo declarado (peso, cantidad, bien, etc.) con lo importado, conforme constancias obrantes en autos, no puede inferirse que haya existido evasión alguna, no sólo por la falta de competencia al efecto, sino como lo sostiene la apelante, por no cumplirse los presupuestos para la defraudación. También fue pretendido que el importador adivine, lo que la representación impetrante señala variables criterios de aplicación arancelaria, ya que no hubo resolución que publique dicha situación, concluyendo sobre el punto que el administrado no puede quedar sujeto a nuevas obligaciones no difundidas. Ante tal variación, también resultó cuestionado el informe N° 59/10 de los vistas, que no resulta una disposición legal, por lo que no merece valor jurídico y que data de fecha posterior a la liquidación que motivó la sanción discutida en el presente juicio. Reconocer dicho informe implicaría contrariar el principio de irretroactividad. Respecto a la denuncia, proveniente del personal de aduana, que invoca una situación no prevista en reglamentación alguna, resultó el motivo de denuncia de funcionarios, que posteriormente resultarían beneficiados con la participación de la multa resultante de la falta denunciada por los mismos. En el despacho, la posición arancelaria es declarada por el sujeto titular de la mercadería o por quien éste designe, para finalmente resulta la autoridad aduanera la que acepta o no la liquidación del gravamen aduanero, que en el presente caso, tramitado por el canal verde, sujeto a controles ulteriores, en re verificación, fue detectada una supuesta variación en la posición arancelaria. En su último punto de expresión de agravios, en que invoca para la aplicación del artículo 327 del Código Aduanero, deba diferenciarse el canal de selectividad, ni que ninguno de los 3 canales previstos, resulte exento de control aduanero, indicando la falsedad de lo sostenido por el Tribunal de grado respecto a la decisión del Director de la D.N.A. Culmina su fundamentación, peticionando la procedencia de su recurso de apelación.
CONTESTACIÓN DE LA D.N.A
La representación convencional de la entidad aduanera, señala que el Tribunal, con el fallo apelado, ha confirmado la sanción por la infracción de defraudación, cometida por la apelante, en razón que pese a haber tenido conocimiento de la partida arancelaria 8517.62.55.000Y, siempre resultó incorrecta, mencionando al informe de clasificación DV N° 192/09 de fecha 04 de setiembre de 2009, que establece como correcta y vigente a la partida 8517.62.62, sin embargo, la apelante optó por aplicar otra distinta, con una menor alícuota, resultando en una liquidación inferior, generando un perjuicio a la renta fiscal. Afirma que sus dichos han sido demostrados e incluso admitido por la firma importadora, ya que en ocasión del sumario administrativo, la misma procedió al allanamiento, abonando los tributos diferenciales detectados por el Departamento de Control Posterior, resultando único cuestionamiento la aplicación de la multa a raíz de dicha situación, lo que fue analizado y ratificado por el inferior (fs. 270). Niega resulte aplicable al presente caso el artículo 327 del Código Aduanero, como lo sostuvo su adversa, negación basada en que la Aduana interviniente no había ejercido control alguno al despacho, con motivo de haber sido tramitado, como habitualmente lo venía haciendo, por el canal de selectividad verde, dada la alta confianza que representaba la firma importadora. En breves líneas, desarrolla la mecánica de dicho sistema de despacho, exponiendo que por el canal autorizado en la operación que intervino la despachante de aduana sancionada, la autoridad interviniente procede al inmediato libramiento sin análisis documental ni verificación física de la mercadería, limitando la operación a lo declarado en los documentos presentados. Con el mismo argumento hace frente al expuesto por la parte recurrente, respecto al supuesto cambio de criterio de la autoridad aduanera, sin embargo ésta, sostiene no haber tenido conocimiento con anterioridad a dicha práctica irregular en la liquidación al despacho a la importación, dado que no era ejercido control físico ni documental alguno, dada la ausencia de presunción de fraude alguno por parte de la importadora y que la verificación por la cual fue detectada la infracción calificada, resultó de la aplicación del Decreto N° 11537/07, por el cual fue variada la tasa del 2 a 0% para dicha posición arancelaria, sin que ésta última haya sufrido variación. En base a dichos argumentos, solicita el rechazo del recurso de apelación.
De modo previo a la introyección de la resolución propiamente dicha, de lo que hace al recurso de apelación interpuesto por quien fungió de despachante de aduana en operación de importación definitiva, que con posterioridad al libramiento del bien importado, resultó verificada la misma por la dependencia administrativa competente en dicho rol, detectándose la no coincidencia de la alícuota correspondiente para dicha posición arancelaria.
Cabe la correspondiente aclaración, que el mismo acto administrativo impugnado en estos autos - la Resolución N° 850 de fecha 06 de diciembre del 2010, dictado por la Dirección Nacional de Aduana - ya fue objeto de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, por ésta misma Sala Penal, pero con otro sujeto demandante, e idéntico sujeto demando.
Hechas tales aclaraciones, corresponde precisar que el rechazo de la presente acción contencioso administrativa, por parte del Tribunal de Cuentas que entendió en la presente causa, fue fundada magramente en la indiscutible competencia de la autoridad contralora en verificación de operaciones que afecten gravámenes aduaneros y, en la posición arancelaria sostenida por los funcionarios denunciantes, como aplicable a las operaciones de despachos denunciadas como irregulares.
Al respecto, la calificación de defraudación, en los términos del artículo 331 de la Ley N° 2422/04, constituye dicho quebranto fiscal "toda operación que, por acción u omisión, realizada en forma dolosa, con la colaboración de funcionarios o sin ella, viole expresas disposiciones legales de carácter aduanero, y se traduzca o pudiera traducirse si pasase inadvertida, en un perjuicio a la renta fiscal,".
Resulta así el bien jurídico precautelado por el citado articulado, la recaudación fiscal y, para la constitución de la infracción aduanera legislada, son inescindibles la intencionalidad en el actuar del infractor, como el daño en la recaudación tributaria.
Dicha intencionalidad, no fue acreditada, ni en la firma importadora, ni en la despachante que actuó por mandato de ésta, sumado el hecho de cambio en la tasa del gravamen correspondiente a dicho clasificador arancelario, como lo reconoció la representación aduanera.
Dicha alteración cobra relevancia en la determinación impositiva, al momento de la declaración, que conforme al artículo 175 del Decreto N° 4672/05 Reglamentario de la Ley N° 2422/04, que dispone: "Procedimiento de Liquidación. La liquidación de los tributos para una declaración aduanera, se efectuará en forma automática por el Sistema Informático SOFIA, excepto aquellas declaraciones realizadas en forma manual y operaciones no contempladas por el mismo."
En el ámbito de la tributación aduanera, el proceso de la determinación es resultado de una intervención conjunta, constituida por la declaración del contribuyente, con la final valía de la autoridad aduanera, por la vía informática referida en el artículo supra trascripto, emitido por el reglamentador. Dicha operación compleja, dada la intervención del sujeto obligado, declarante de los valores requeridos y, del fisco, que determina el quantum, es lo que la doctrina tributarista conoce como determinación sobre mixta, dada la dualidad subjetiva de sus partícipes.
Varias veces afirmada y no contra restada, fue el hecho de no haber sido objeto de denuncia por parte del personal de aduana, diferencias de valores, origen, cantidad, calidad, ni otro dato sustancial para el accertamento del despacho de importación, sino que todo el thema decidendum, orbitó la tasa aplicada.
Dicha variación sobrevino a la modificación dispuesta por la reglamentación, atendiendo que la determinación a los despachos contra liquidados, fueron tramitados por vía informática y no por la manual, no encuentro justificada la conclusión del Tribunal de Cuentas, que sentenció en contra de la pretensión demandante sosteniendo que "...debido a la mala clasificación arancelaria..." "Esa diferencia resultó luego de un análisis exhaustivo de documentos, catálogos de las mercaderías y muestras de los mismos, por lo que se ha llegado a esa conclusión, por lo que correspondería la aplicación de la clasificación arancelaria arrimada por los funcionarios aduaneros que realizaron el control posterior." (fs. 244/245), todo ello independientemente al canal que le resultó asignado.
La intencionalidad fraudulenta de la despachante de aduana, declarante en tales operaciones, no fue demostrada, por lo que consideró infundada la sentencia en contrario dictada por el Tribunal a quem.
El presente recurso de apelación, debe prosperar, conforme a los fundamentos expuestos y a fin de mantener la coherencia, y con ella, el orden jurídico, dado que el mismo acto administrativo, ya había sido objeto de pronunciamiento por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en juicio en que la firma importadora, contribuyente de derecho y por ende obligado principal en la obligación tributaria emergente, resultó gananciosa en impugnación a la infracción impuesta a la misma, como lo formulará la representación de la parte apelada, al contestar el traslado de los agravios dirigidos a la misma, como también hizo lo propio la parte apelante, en manifiesto obrante a fojas 278/279 del tomo II del presente expediente judicial, debiendo por tanto, correr igual suerte - reitero - conforme a los fundamentos antes expuestos en el presente voto, la despachante de aduana participe en los despachos verificados, parte apelante y demandante en el presente juicio contencioso administrativo, por resultar la misma responsable solidaria de la obligada principal, conforme al artículo 23 de la Ley N° 2422/04 "Código Aduanero", con imposición de costas a la parte vencida, conforme al artículo 203, literal del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA PUCHETA de CORREA SOSTUVO: La accionante UNA PEREIRA, interpuso acción contencioso administrativa contra la resolución N° 850 de fecha 6 de diciembre de 2.010 dictada por la Dirección Nacional de Aduanas, que resolvió: "ART. 1° CALIFICAR Defraudación el hecho investigado en el expediente sumarial A.A.I.S.P N° 103572/10 - DSA N° 30-3/10 caratulado: "ESCLARECIMIENTO DE SUPUESTAS IRREGULARIDADES Y CONTRALIQUIDACION A DESPACHOS DE IMPORTACIÓN CONSIGNADOS A LA FIRMA TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TELECEL S.A.) responsabilizando de tal hecho a la firma TELEFONÍA CELULAR DEL PARGUAY (TELECEL S.A.) y a la Despachante de Aduana LINA MERCEDES PEREIRA AMARILLA; de conformidad a lo previsto en los Artículos 331 y 333 de la Ley N° 2.422/04 "Código Aduanero" y a lo expresado en el considerando de la presente resolución. Art. 2° APLICAR a los responsables al pago de las multas equivalentes a las sumas de Gs. 6.7900.661, Gs. 7.308.419, Gs. 47.582.019, Gs. 33.614.415, Gs. 24.497.575, Gs. 20.412.625 y 14.578.542 conforme a las liquidaciones establecidas en la Contraliquidaciones practicadas por la Dirección de Fiscalización de la DNA y a lo contemplado en el Art. 333 del Código Aduanero.
Art. 3° CONFIRMAR los pagos efectuados en concepto de tributos diferenciales establecidos en las Contraliquidaciones N° 393/09, N° 217/10, N° 218/10, N° 219/10, N° 220/10, N° 221/10 y N° 222/10 correspondientes a los Despachos de Importación N° 09002IC04006518R, 09002IC04007965B, 09002IC04012827R, 09002IC04007058R, 09002IC04011170H, 09002IC04008814S y 09002IC040076625 consignados a la Firma TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TELECEL S.A.). ART. 4a INTIMAR a la firma TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY (TELECEL S.A.) y a la Despachante de Aduanas LINA MERCEDES PEREIRA AMARILLA al pago, en forma solidaria, de los montos establecidos en el Art. 2° de la presente resolución en el términos de 5 días hábiles, conforme al Art. 379 del Código Aduanero. Art. 5a ADJUDICAR del producido de la multa, el 50% a los denunciantes de la infracción y el restante 50 % a la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad a lo previsto en el Art. 334 de la Ley N° 2422/04 "Código Aduanero" Art. 6° NOTIFICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar. Pase a la oficina de Sumarios Administrativos a los efectos pertinentes".
Por Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 10 de julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala se resolvió: "1.NO HACER LUGAR, a la presente demanda promovida por LINA MERCEDES PEREIRA AMARILLA contra la Resolución N° 850/10 de fecha 6 de diciembre de 2.010, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas. 2. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 850 de fecha 06 de diciembre de 2.010 emitida por el Señor DIRECTOR DE ADUANAS. 3. IMPONER las costas a la perdidosa, de conformidad a lo dispuestos en el artículo 192 del C.P.C. 4. ANOTAR...".
Se alza en apelación contra lo resuelto por el Tribunal de Cuentas el Abogado Mario Melgarejo, representante de la parte accionante, el mismo expresa agravios a fojas 251/261, contestando la adversa el traslado que les fuere corrido a fojas 269/273; en cuanto a lo expuesto por cada una de las partes ya ha sido transcripto por el distinguido colega preopinante, por lo que una nueva transcripción de los mismos deviene irrita, en consecuencia me remito a dichas transcripciones.
Entrando al fondo de la cuestión, como primer punto estimo prudente aclarar que el acto administrativo hoy en estudio (RESOLUCION N° 850 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2.010, DICTADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS), ya fue analizada por esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, obteniendo ya un pronunciamiento al respecto, pero con otro sujeto accionante, pero idéntico sujeto demandado.
A los efectos de mantener invariable mi postura sobre la cuestión ya analizada por esta Alta Magistratura traigo a colación el Acuerdo y Sentencia N° 1.034 de fecha 8 de diciembre de 2.015, dictado por esta Sala Penal sobre este mismo debate.
Por las cosas, en el caso de autos la parte actora solicita la revocación de la Resolución N° 850/10 por la cual la Dirección Nacional de Aduanas responsabilizó a la firma Telefónica Celular del Paraguay y a la hoy accionante de un hecho que calificó de Defraudación, el cual se debió a una diferencia en el pago de tributos aduaneros como resultado de la posición arancelaria incorrecta en que fueron declarados las mercaderías importadas por la recurrente.
El Tribunal de Cuentas consideró que la sanción de defraudación se ajustaba a derecho. En este caso en particular estimo que no se dan los presupuestos para la Defraudación ante la conducta desplegada por la accionante, esta tipificación no se encuentra ajustada a Derecho, ya que como se indicó se proporcionó la información correcta a la Dirección Nacional de Aduanas, en cuanto a la Declaración Aduanera, el problema radicó en un mal posicionamiento arancelario. Analizada la falta cometida por la accionante estimo que se enmarca dentro de las previsiones del art. 325 del Código Aduanero, que expresa: "Falta aduanera por diferencia. Concepto. 1. Se considera falta aduanera por diferencia cuando como consecuencia de la verificación física o documental de las mercaderías se compruebe que de seguirse las declaraciones contenidas en el despacho respectivo, el fisco se habría perjudicado en la regular percepción del tributo aduanero y siempre que el hecho no constituya defraudación o contrabando. 2. Estas faltas aduaneras pueden consistir en diferencias de calidad, especie, origen o procedencia, dimensiones, cantidad y peso, toda vez que sobrepase los porcentajes de tolerancias de justificación establecidas en este código y sus reglamentos".
La incorrecta clasificación arancelaria declarada por la accionante en el despacho aduanero debe ser tomada como Falta Aduanera por Diferencia, pues si la Administración no hubiera detectado dicha infracción pasaría inadvertida para el fisco, quien hubiera sido perjudicado con una percepción menor de los tributos. La accionante deberá abonar una multa equivalente al 50 % del monto del Tributo de conformidad a lo establecido en el art. 328 del Código Aduanero.
Por tanto, de conformidad a todo lo expresado a lo largo de los parágrafos que anteceden la presente acción contencioso administrativa debe tener acogida parcial, solo en cuanto a la modificación de la tipificación de Defraudación a Falta Aduanera por Diferencia.
En consecuencia, corresponde HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia Revocar parcialmente el Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 10 de julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, como lógico corolario corresponde modificar parcialmente el acto administrativo recurrido, de conformidad a lo expresado en la presente resolución.
En cuanto a las costas, dado que la presente causa ha requerido la interpretación de varias normas, las particularidades del caso sub examine, y la probable razón que asistió a ambas partes para recurrir hasta esta Instancia Judicial, deben imponerse en ambas instancia en el orden causado por hallarse reunidos los extremos exigidos por el art.193 del C.P.C, en concordancia con lo establecido por el Art. 205 del C.P.C. ES MI VOTO.
A SU TURNO, EL MINISTRO TORRES KIRMSER SOSTUVO: que se adhiere al voto del Ministro preopinante, por sus mismos fundamentos y agregó: Que, en el caso de estudio y conforme a los antecedentes obrantes en autos, quedó probado que tanto el importador como la Despachante, colaboraron con la Administración al momento de que esta solicitó los documentos respectivos de las mercaderías despachadas. Así también, que el Importador - según manifestaciones realizadas en autos, las cuales no fueron desmentidas - procedió - una vez re liquidado los aranceles y tributos - a depositar la diferencia resultante.
Además, tenemos - tal como lo sostuvo el Ministro preopinante - que no quedó demostrado - ni en estos autos - la acción u omisión, en forma dolosa, atribuida a la parte actora, requisito este necesario para que configure la existencia de una Defraudación Aduanera, a tenor de lo dispuesto en el art. 331 de la Ley N° 2.422/04 "Código Aduanero".
En base a lo expuesto, no cabe más que hacer lugar al recurso de apelación, y en consecuencia revocar el Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Con imposición de costas a la parte vencida. Es mi voto.
Asunción, 29 de diciembre del 2017
NO HACER LUGAR A LA NULIDAD, cuyo estudio resultó concedido en instancia de grado, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.
HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el que debe ser revocado en todos sus puntos.
COSTAS del recurso a la parte vencida.