Source: http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2010_02_17_archive.html
Timestamp: 2020-02-24 05:52:58
Document Index: 35104850

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 20', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 12', 'Artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 18', 'artículo 2', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 17', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 17', 'Artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86']

MEMORIA ORAL ANCESTRAL AUTOBIOGRÁFICA KUPAL LONCÓN MELLADO, NACIÓN MAPUCE Temuko.: 02/17/10
AFDD: “Deuda del Estado con víctimas aún no se ha saldado”--17-0210
AFDD: “Deuda del Estado con víctimas aún no se ha saldado”
Tras la reapertura de la Comisión Valech, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó este miércoles que la “deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas durante el régimen militar aún no se ha saldado”.
Esto respecto al período que dura la instancia encargada de recibir los testimonios de quienes padecieron vejámenes durante la dictadura y que reanudó sus funciones para garantizar que ninguna víctima quede sin reparación.
La dirigente expresó que “el Estado debería evidenciar estas intenciones con una responsabilidad política permanente en un ministerio, en la que se generará un espacio donde cualquier víctima o familiar pueda hacer la denuncia y ser reconocido como tal”.
Pizarro estimó que la Comisión Valech es una buena oportunidad para los que aún no han sido reconocidos como víctimas, pero para que funcione eficientemente, el Estado debe entregar orientación e información para que las personas puedan hacer sus denuncias sin problemas.
Además la presidenta de la AFDD, comentó que si bien se viene un “difícil” escenario a los Derechos Humanos debido al ingreso a la Presidencia “del mismo sector político que apoyó a la dictadura”, la organización no va a dejar de luchar por sus derechos, independiente de la llegada de Sebastián Piñera al poder.
Garantizan continuidad del Programa de DDHH
Comisión Valech “no debe tener problemas”
Comisión Valech reanuda labor reparatoria
Comisión Valech AFDD reafirma que ‘la deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas aún no se aún no se ha saldado’-17-02-10
FDD reafirma que ‘la deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas aún no se ha saldado’
Lorena Pizarro estimó que la instancia es una buena oportunidad para los que aún no han sido reconocidos como víctimas, pero cree que para que funcione eficientemente, el Estado debe entregar orientación e información para que las personas puedan hacer sus denuncias sin problemas.
18 de Febrero de 2010, a las 00:46 LONCON MELLADO LORENZO dijo:
BICENTENARIO DD.HH:CONTRA GENOCIDIO, ECOCIDIO,CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, TERRORISMO DE ESTADO, GBI ETC.
-DEMANDAMOS DE LOS ESTADOS COLONIALISTAS OCCIDENTALES EL ESTABLECIMIENTO DE:
-TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL- TPI -TRIBUNAL CIVIL INTERNACIONAL – TCI
GULU MAPU:KUPAL LONCÓN MELLADO LORENZO – PREPARACIÓN TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS TEMUKO- 08 –TEMUKO CRIMENES DE LESA HUMANIDAD = TERRORISMO ESTADO= INAMNISTIABLE E IMPRESCRIPTIBLE – PETU MONGUELEYIN – ¡¡MARICHI WEU!!
Responder a LONCON MELLADO LORENZO
18 de Febrero de 2010, a las 00:49 LONCON MELLADO LORENZO dijo:
Los mapuches tienen apoyo de las FARC y relaciones con la ETA”, acusa Carlos Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, y enciende la mecha-18-10-09
18 de Febrero de 2010, a las 00:50 LONCON MELLADO LORENZO dijo:
Tras reapertura de la Comisión Valech
Tras la reapertura este miércoles de la Comisión Valech, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó este miércoles que la deuda que tiene el Estado con las víctimas de torturas durante el régimen militar aún no se ha saldado.
Con respecto al período que dura la comisión, la dirigente expresó que “el Estado debería evidenciar estas intenciones con una responsabilidad política permanente en un ministerio, en la que se generará un espacio donde cualquier víctima o familiar pueda hacer la denuncia y ser reconocido como tal”.
Lorena Pizarro estimó que la Comisión Valech es una buena oportunidad para los que aún no han sido reconocidos como víctimas, pero para que funcione eficientemente, el Estado debe entregar orientación e información para que las personas puedan hacer sus denuncias sin problemas.
Chile:Decreto y Ficha + Instructivo para presentar ante Comisión Prisión Política y Tortura
Remito decreto de creación recientemente promulgado, instructivo, ficha para completar y presentar antecedentes ante la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que recientemente se ha constituido y que tiene un plazo de 6 meses para recepcionar antecedentes de personas que declaren haber sido objeto de torturas por razones políticas y prisión política durante los años que duró la dictadura (11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de1991).
Es importante que las personas llenen la ficha y realicen el trámite personalmente sea en Gobernaciones, Embajadas, Consulados o en el local donde sesionarán los comisionados en Santiago, ubicado la Galería Los Presidentes, Pasaje Philips N° 451, Piso 3, Metro Plaza de Armas, previo toma de hora al fono 800 411 400.
Se solicita dar la máxima difusión.
Juana Aguilera- Equipo de trabajo de la Comisión Etica Contra la Tortura
Transcripción texto del Diario Oficial de la República de Chile
ESTABLECE COMISIÓN ASESORA PARA LA CALIFICACIÓN DE DETENIDOS DESAPARECIDOS, EJECUTADOS POLÍTICOS Y VÍCTIMAS DE PRISIÓN
POLÍTICA Y TORTURA ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y EL 10 DE MARZO DE 1990
Núm. 43.- Vistos:Lo dispuesto en los artículos 6, 7, 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; el DFL N°1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales dela Administración del Estado; la ley N° 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y el decreto supremo N° 1.040 del Ministerio del Interior, de fecha 26 de septiembre de 2003;
Que, la Ley Nº 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, establece en su artículo 3° transitorio que el Presidente de la República establecerá una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, en adelante “la Comisión”.
Artículo 1°.- Créase, como un órgano asesor del Presidente de la República, una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en adelante “la Comisión”.
Artículo 2°.- El objetivo exclusivo de la Comisión será calificar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, a las siguientes personas:
a) Aquellas que, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas. En ningún caso la Comisión podrá calificar la situación de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos. Las personas que hubiesen presentado sus antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, que no hubieren sido calificadas favorablemente, podrán presentar su postulación nuevamente, si acompañan nuevos antecedentes.
b) Aquellas que, en el período señalado precedentemente, hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Estas personas no podrán haber sido individualizadas en el Volumen Segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo Nº 355, de 1990, del Ministerio del Interior, ni por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, a menos que acompañen nuevos antecedentes.
Artículo 3°.- En el cumplimiento de su objetivo, la Comisión no podrá, de manera alguna, asumir funciones de carácter jurisdiccional y, en consecuencia, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.
DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, SU
De los integrantes de la Comisión y su conformación.
Artículo 4°.- La Comisión estará conformada por los mismos integrantes señalados en el decreto supremo Nº 1.040 de 2003, del Ministerio del Interior, esto es, por:
Artículo 5°.- En caso que una de las personas señaladas en el artículo anterior no quisiere o no pudiere asumir, su reemplazante será designado por el resto de los integrantes que hayan asumido sus funciones, con un quórum de dos tercios. La persona que no quiera o no pueda asumir como integrante de la Comisión deberá manifestar tal hecho por escrito, sin que sea necesaria expresión de causa. Se entenderá que la persona no quiere o no puede asumir como integrante de la Comisión si no se presenta a la primera sesión de conformación de la Comisión. Deberá dejarse constancia de este hecho en el acta de conformación.
Artículo 6°.- La Comisión deberá reunirse dentro de los 5 días siguientes contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. Se entenderá conformada la Comisión una vez reunidos los integrantes señalados en el artículo 4° o sus reemplazantes,
según el caso. La Comisión deberá dejar constancia en un acta de la conformación de la Comisión.
Artículo 7°.- Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a percibir una dieta de cuatro unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, con un máximo por cada mes calendario de cinco sesiones mensuales.
Artículo 8°.- La Comisión tendrá una Vicepresidencia Ejecutiva, a cargo de María Luisa Sepúlveda Edwards. Corresponderá a la Presidencia de la República apoyar las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva, para lo cual pondrá a su disposición el personal y los medios necesarios para el desarrollo de sus tareas. El Ministerio del Interior otorgará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el desarrollo de sus funciones.
De las funciones de la Comisión
Artículo 9°.- La Comisión sesionará en forma ordinaria y extraordinaria. Son sesiones ordinarias aquellas que determine la Comisión para días y horas determinadas, en las cuales se tratarán todas las materias que el Presidente fije en la tabla respectiva, la que deberá ser comunicada a los miembros de la Comisión por lo menos con 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión. Son sesiones extraordinarias aquellas en que la Comisión es convocada especialmente por su Presidente para conocer exclusivamente de aquellas materias que motivan la convocatoria. Ésta podrá ser a iniciativa del Presidente o a requerimiento escrito de tres miembros de la Comisión, a lo menos. La citación a sesión extraordinaria deberá hacerse con una anticipación no inferior a 48 horas y deberá contener expresamente las materias a tratarse en ella.
Artículo 10.- El Consejo sesionará con la mayoría de sus miembros en ejercicio y adoptará sus decisiones por la mayoría de los miembros presentes. Para los efectos de revocar acuerdos ya adoptados, se requerirá de un quórum mínimo de 5 integrantes. En caso de empate, el voto del Presidente será siempre dirimente. Cualquier miembro que tenga un voto disidente podrá solicitar que se deje constancia de éste en el acta de la respectiva sesión y, llegado el caso, en el informe final de la Comisión.
Artículo 11.- De cada sesión se levantará acta por el Secretario en la que se dejará constancia de los acuerdos adoptados y una somera relación de las materias tratadas. Una vez aprobada el acta, deberá ser firmada por los Consejeros asistentes a la sesión de que ésta trata y deberá ser guardada por el Secretario, con la debida reserva, manteniendo un archivo correlativo de las actas.
Artículo 12.- Será competencia de la Comisión:
1. Calificar la condición de las personas afectadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 2°.
2. Designar un Secretario Ejecutivo de la Comisión de entre el personal que la sirva.
3. Solicitar informes, documentos o antecedentes a las autoridades y servicios del Estado, a menos que genérica o específicamente hubiere delegado esta atribución.
4. Aprobar los comunicados públicos de la Comisión.
5. Encomendar a uno o más de sus miembros el cumplimiento de alguna determinada función o diligencia.
6. Conocer las demás materias que el Presidente incorpore de oficio o a solicitud de uno de sus integrantes a la tabla o a solicitud del Secretario, y ordenar la práctica de las diligencias que la Comisión estime pertinente.
7. Autorizar la constitución de la Comisión en regiones y el traslado y estadía de Comisionados y de profesionales.
8. Elaborar la nómina de calificados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.
De las funciones del Presidente de la Comisión
Artículo 13.- Serán atribuciones del Presidente:
1. Presidir las sesiones que la Comisión celebre y fijar su tabla.
2. Representar oficialmente a la Comisión ante cualquiera autoridad chilena o extranjera.
3. Convocar a la Comisión a sesiones extraordinarias.
4. Suscribir las comunicaciones que despache la Comisión en el cumplimiento de sus funciones a entidades públicas o privadas, pudiendo delegar esta atribución en la Vicepresidenta Ejecutiva o en otro miembro de la Comisión para que lo haga por orden suya.
5. Las demás que le confiera el presente decreto.
Artículo 14.- En caso de ausencia o impedimento temporal, el Presidente será subrogado por la Vicepresidenta Ejecutiva, doña María Luisa Sepúlveda Edwards. En caso de ausencia o impedimento temporal de ella, el orden de subrogación continuará alfabéticamente de acuerdo a los apellidos paternos de los demás integrantes de la Comisión.
De las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva
Artículo 15.- Serán funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva.
1. Organizar y coordinar el trabajo de la Comisión, distribuyendo tareas entre sus miembros.
2. Dirigir al personal.
3. Delegar en quien estime conveniente alguna de sus funciones.
4. Mantener relaciones directas e inmediatas con el Ministerio del Interior y demás Servicios Públicos.
5. Administrar los fondos de la Comisión, sin perjuicio de entregar una cuenta mensual a su Presidente y a quienes se los hubiesen proporcionado.
Del Secretario Ejecutivo y sus funciones
Artículo 16.- Para su funcionamiento, la Comisión nombrará un Secretario Ejecutivo cuyas funciones serán:
1. Redactar las actas de las sesiones de la Comisión.
2. Adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas que estime adecuadas para garantizar el resguardo de la identidad de quienes proporcionen información o colaboren
en las tareas de la Comisión, reserva que, en ningún caso, alcanzará a los miembros de la Comisión.
3. Practicar las diligencias, actuaciones, estudios o informes que le hubieren sido encomendadas expresamente por la Comisión, ya sea en forma genérica o específica,
las que en ningún caso podrán recaer o referirse a las materias señaladas en el artículo 12.
4. Relatar los casos que sean presentados a la Comisión para su calificación, agruparlos y proponer una clasificación de los mismos.
DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN
Artículo 17.- Los interesados dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contado desde la conformación de la Comisión, para presentar a ésta los antecedentes que acrediten su pretensión. La Comisión dispondrá del plazo de seis meses, contado desde el término del plazo a que se refiere el inciso anterior, para calificar a quienes hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas, conforme a lo señalado en la letra a) del artículo 2°. En el mismo plazo, deberá calificar a quienes hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio; como asimismo, los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos, de acuerdo a lo señalado en la letra b) del artículo 2°.
Artículo 18.- La Comisión podrá realizar todas las actuaciones que estime pertinentes para los efectos de calificar a las personas señaladas en el artículo 2°, tales como recibir o
requerir de las agrupaciones de víctimas, de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de asistencia humanitaria, y de organismos gubernamentales o no gubernamentales, los antecedentes que en su oportunidad pudieren haber reunido.
Los órganos de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus atribuciones, toda la colaboración que ésta solicite en el desarrollo de sus
labores, poner a su disposición los antecedentes que se les requieran y facilitar su acceso a todos los lugares que ella estime necesario visitar.
Artículo 19.- Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá, de oficio o a petición de parte, adoptar medidas tendientes a garantizar la reserva de identidad de quienes le proporcionen antecedentes o colaboren en sus tareas.
Artículo 20.- Una vez concluida la labor de calificación, la Comisión deberá elaborar una nómina con los nombres de las personas calificadas de acuerdo a los incisos segundo y final del artículo 17.
Artículo 21.- Los costos de traslado y estadía de los miembros de la Comisión originados por sus viajes a regiones, incluyendo pasajes, otros traslados, alimentación y alojamiento,
y los demás necesarios para realizar sus funciones, serán financiados con los recursos que se consulten en el presupuesto vigente de la Presidencia de la República.
DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA LA CALIFICACIÓN
Artículo 22.- La calificación que efectúe la Comisión otorgará los siguientes beneficios:
a) Las personas individualizadas en la nómina señalada en el artículo 20, referidas a las personas calificadas de acuerdo al inciso segundo del artículo 17, tendrán derecho
a los beneficios otorgados por la ley N° 19.992, en lo que resulte pertinente; y a los demás otorgados por la ley N° 20.405, en lo que resulte pertinente. Asimismo, será aplicable lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley N° 19.992.
b) Los familiares de las víctimas individualizadas en la nómina a que se refiere el artículo 20, respecto de las personas calificadas de acuerdo al inciso final del artículo 17, tendrán derecho, en lo que resulte pertinente, a los beneficios establecidos por el Título II y siguientes de la ley N° 19.123, resultando aplicable, además, lo dispuesto en el artículo quinto de la ley N° 19.980; y a los demás beneficios otorgados por la ley N° 20.405, en lo que resulte pertinente.
DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMISIÓN
Artículo 23.- Transcurrido el plazo indicado en el inciso segundo del artículo 17, la Comisión se disolverá automáticamente.
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.-
Patricio Rosende Lynch, Ministro del Interior (S).- Andrés
Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Pamela Figueroa Rubio, Subsecretaria del Interior Subrogante.
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Hugo Gutiérrez lamentó que reapertura de comisión Valech sea "apéndice" al Instituto de DD.HH.---17-02-10
Hugo Gutiérrez lamentó que reapertura de comisión Valech sea "apéndice" al Instituto de DD.HH.
Pese a celebrar la reapertura de la comisión Valech, que se concreta este miércoles, el abogado y diputado electo Hugo Gutiérrez, lamentó que esta medida vaya ligada a la creación del Instituto de Derechos Humanos.
"Creemos que el Instituto debió haber seguido por su cuerda separada y que aquí en Chile debió haber existido una ley de reparación para la prisión política, la tortura, la desaparición forzada y que no debió haberse puesto como un apéndice a la creación del Instituto", afirmó el jurista.
A pesar de ello, Gutiérrez señaló que "lo significativo de la reapertura es que se va a poder cuantificar de manera correcta el número de personas que fue víctima".
Por su parte, el ministro José Antonio Viera-Gallo destacó que hay beneficios a los cuales optar en caso de calificar dentro de la lista, como lo establece la ley, la que dio creación también al Instituto de Derechos Humanos, el cual "tendrá su primera asamblea la primera quincena de marzo".
La comisión tiene seis meses para recibir los antecedentes y otros seis para analizarlos y estará compuesta, entre otros, por el obispo Sergio Valech, María Luisa Sepúlveda, el abogado Alvaro Varela y el senador y ex ministro de Justicia José Antonio Gómez.
En la práctica, también se abre la comisión Rettig, ya que podría engrosar su lista de nombres, al atender casos de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no aparecen en ella.
08:36 | Asesora de DD.HH. descartó problemas para la comisión Valech por cambio de gobierno
16/02/10 | Conferencia Episcopal y la reapertura de la Comisión Valech: Que se haga verdad y justicia
16/02/10 | Viuda de Parada teme que con Piñera no se siga avanzando en verdad y justicia
Miércoles 17 Febrero 2010 | 14:32
Diputado electo Hugo Gutiérrez confía en que nuevas autoridades asuman relevancia histórica de los DD.HH
Publicado por Gabriela Ulloa • La información es de Agencia UP
El abogado y actual diputado electo Hugo Gutiérrez (PC) se manifestó este miércoles confiado en que el nuevo gobierno asuma la relevancia histórica que implica para el país el tema de los DD.HH, al reanudarse el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial en la recopilación de casos de víctimas del régimen militar que no figuran en los informes de las comisiones Rettig y Valech.
El jurista dijo a Agencia UPI que esta es la oportunidad de poder cuantificar de forma correcta el número de personas que fue víctima de las políticas represivas de la dictadura (1973-1990).
“Espero y confío plenamente en que esta buena noticia, como lo es el trabajo que se emprende para conocer a las victimas de detenciones, políticas represivas, violencia y la tortura durante la dictadura de (Augusto) Pinochet. Es una buena noticia para miles personas que no pudieron calificar cuando estuvieron operando las comisiones Rettig y Valech, incluso victimas fatales recientemente identificadas que dan cuenta de la represión aplicada durante la dictadura”, declaró el futuro legislador.
Gutiérrez expresó su confianza en que las autoridades que asumen el 11 de marzo “no sean una cortapisa para promover y reparar a los afectados por violaciones a los derechos humanos”.
Hasta el 17 de agosto, se recibirán los testimonios, y luego, habrá otros seis meses para calificar los casos.
Durante este proceso, las personas que tengan los requisitos pueden acercarse para dar a conocer su situación, tras lo cual se determinará si pueden o no optar a los beneficios que establece la ley.
Las denuncias se recibirán en el pasaje Phillips 451, a un costado de la Plaza de Armas.
Las FF.AA. = FASCISTAS de Bolivia impiden a un fiscal acceder a los archivos sobre desaparecidos. La Paz, 17 -02-10
Las FF.AA. de Bolivia impiden a un fiscal acceder a los archivos sobre desaparecidos
La Paz, 17 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Bolivia impidieron hoy a un fiscal acceder a sus archivos para esclarecer las desapariciones en la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), pese a que el Gobierno de Evo Morales anticipó esta semana que los militares iban a cooperar en la investigación.
Como estaba anunciado, el fiscal Milton Mendoza ingresó hoy a las 09.30 hora local (13.30 GMT) al archivo del Estado Mayor del Ejército y una hora después salió de las instalaciones castrenses denunciando "una obstaculización al proceso de investigación".
Según Mendoza, la cúpula militar explicó que la documentación desclasificada sobre esos casos de desaparecidos se entregará a un juez a finales de febrero, pero no a la Fiscalía.
El fiscal calificó la decisión de "despropósito" porque existe una orden judicial para que el Ministerio Público reciba esa información.
Ante la imposibilidad de acceder a los archivos militares, el fiscal Mendoza anunció que evaluará si los jefes de las Fuerzas Armadas pueden ser demandados penalmente por incumplir la citada orden judicial.
El propósito de esta investigación es esclarecer la desaparición de varios bolivianos en la dictadura de García Meza, entre ellos, el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, dijo estar "muy molesta" con la actitud de los militares quienes, a su juicio, no tienen por qué negar el acceso del fiscal Mendoza a los archivos de las FF.AA.
"Sabemos que hay una deuda histórica y las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir (...) y no tendrían por qué negar la posibilidad de que el fiscal pueda revisar archivos e identificar elementos que le sirvan para su investigación", dijo Mencias a los periodistas.
Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reiteró hoy, antes de la visita del fiscal a los archivos militares, que las Fuerzas Armadas habían recibido la orden judicial "y con el espíritu democrático" no iban a poner ninguna objeción a que se cumpla la norma.
"En la ley orgánica se prevé que se pueda acceder a información confidencial (...) siempre y cuando exista una orden judicial. En este caso existe la orden judicial", dijo el ministro Saavedra.
Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes de izquierda fueron asesinados y desaparecidos en julio de 1980 cuando se produjo el golpe de Estado de García Meza, quien está preso desde hace trece años en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz con una pena de 30 años por los delitos de la dictadura.
A la misma prisión ingresó en agosto pasado el que fue su ministro de Gobierno (Interior), Luis Arce Gómez, entregado a las autoridades bolivianas por EE.UU.
Los secretos de las dictaduras se abren desde hoy
La Razón (Bolivia) - hace 13 horas
FFAA cierran las puertas a la Fiscalía y evitan abrir archivos de ...
Red Erbol - hace 4 horas
Fiscal abre hoy archivos de dictaduras militares en Bolivia
Noticias Bolivianas - hace 5 horas
DE ZAPALA AL MUNDO-Carlos Natalio Sapag -mapuches ETA -FARC ----07-10-10
Carlos Natalio Sapag, hermano del gobernador y empresario, afirmó en declaraciones reproducidas días atrás por los diarios regionales y algunas emisoras locales, que "los dirigentes que encabezan este tipo de maniobras (por la ocupación de tierras) están respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran ocultos en la Novena Región de Chile"."Sabemos que en la Novena Región de Chile hay gente escondida que pertenece a las FARC y a ETA que se relacionan con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén", expresó. Las repercusiones de esos dichos se sucedieron desde diversos sectores, comenzando por los principales implicados. El dirigente de la Confederación Mapuche de Neuquén, Lorenzo Loncón, le envió una carta documento reclamándole que ratifique o rectifique las denuncias "vinculándonos con grupos armados o guerrilleros". El representante de la Confederación, le expresó que "sus palabras son un incitación a la violencia racial y lo hacemos responsable de cualquier acto de violencia que atente contra miembros o autoridades del pueblo mapuche". “Entendemos su preocupación ante el estado de movilización de las comunidades porque estas han llegado al límite de su capacidad de tolerancia ante la falta de tierras y de condiciones de tener una vida digna que los libere del clientelismo del estado que ha denigrado y manoseado su estado de pobreza", expresó Loncón."Es intolerable que pretenda que el Estado sea administrado como una estancia, donde se reprime al peón que se rebela", le dijeron al hermano del gobernador. "Un sector de la sociedad neuquina se imagina un Neuquén sin demanda social, con mapuches callados y mendigantes que sólo se los descubra en los himnos o el folklore local. A estos se los respeta y reconoce", dice la dura misiva. (Río Negro) Por su parte la delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, informó que elevó un informe al titular de la cartera, Eduardo Luis Duhalde, debido "a la gravedad" de las expresiones del empresario Sapag. "La semana próxima viajaré a Buenos Aires para reunirme con Duhalde porque es un tema serio, son expresiones muy graves", aseguró. Fueron muchos más quienes se expresaron en la región, pero el tema cruzó las fronteras y los dichos de Sapag merecieron notas periodísticas en diarios como El Espectador de Colombia y el prestigioso diario El Mundo de España. Este último dijo que “En el territorio de Neuquén la población está dividida. Mientras que por el pequeño poblado de Alumine marchan los ganaderos y empresarios que acusan a los mapuches de "terroristas", en la capital, Neuquén, las calles centrales han sido ocupadas por grupos en defensa de los derechos aborígenes. La Confederación Mapuche, agrupaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se han unido en un intento por desmentir los rumores acerca de la creación de una organización guerrillera.El último escándalo lo ha desatado el empresario Carlos Sapag, hermano de quien fue durante varios años gobernador de Neuquén, y uno de los mayores propietarios de tierras de dicha provincia, cuando dijo que los Mapuche han instaurado "un régimen de terror e inseguridad" en la provincia”, finaliza diciendo El Mundo, de España.
El Diputado Radical José Luís Saez, presento ante la Honorable Legislatura un Proyecto de Declaración, solicitando al Fiscal Federal en turno, con competencia en la Provincia del Neuquén, inicie con carácter de urgente una minuciosa investigación en relación a las denuncias públicas vinculadas a la toma de tierras y la infiltración de grupos armados desde el país vecino. En el mismo proyecto solicitó al Gobernador instruya al Fiscal de Estado para que se interiorice en el tema y actúe en consecuencia.- Entre los fundamentos del proyecto el legislador sostuvo “...los conflictos de tierras con las comunidades mapuches en la Provincia del Neuquén no son recientes...desde el Poder Ejecutivo Provincial se viene prometiendo la regularización, mediante las mensuras y entrega de títulos de las tierras que ocupan estas comunidades...”; recordó que “...oportunamente presenté un proyecto de declaración para cambiar la dependencia funcional de la Dirección Provincial de Tierras a la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y se comience con la regularización de las mismas...”. Siguiendo con la línea argumental, planteo “...la situación tiene un componente extremo que agrava aún más el problema, nos encontramos con una decisión por parte de algunos sectores de las comunidades aborígenes dispuesta a llevar adelante acciones que atentan con la legalidad...”. Finalmente resaltó “...surge de las denuncias públicas efectuadas, que la toma de tierras responde a un plan y una estrategia con un fuerte componente ideológico y sustentado desde el exterior, con un problema difícil de dimensionar y que atenta contra la soberanía y seguridad nacional por lo que amerita tomar cartas en el asunto y actuar en consecuencia...” El Diputado zapalino, espera que el oficialismo provincial reflexione sobre la gravedad de las denuncias públicas, y permita el tratamiento del proyecto a la mayor brevedad para poder comenzar a buscar una solución antes de que sea demasiado tarde.
elmangrullozapala.blogspot.com
Siguen los asesinatos de miembros de la resistencia en Honduras 16 Febrero 2010
INVESTIGAN LOS PEORES CRIMENES DE LA DICTADURA CHILENA Desaparecidos de Pinochet y casos de prisión política y tortura-17-02-10
CONFESIONES DE LOS PARAMILITARES ANTE LA FISCALIA COLOMBIANA EN EL MARCO DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ- Hubo mil masacres y 2500 desapariciones:17-02-10
Un serio obstáculo, anota el informe, es que los fiscales norteamericanos han puesto de lado los esfuerzos de las víctimas por intervenir en los procesos para obligar a los ex jefes 'paras' a revelar información, a pesar de que en ese país existe la ley de derechos de víctimas de crímenes (Crime Victims Rights Act).
El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos de Berkeley, (IHRLC, por su sigla en inglés), encontró en EE.UU. a 30 hombres extraditados desde Colombia relacionados con el paramilitarismo, de los cuales en 18 casos la información de sus juicios no es pública. El Centro Jurídico recordó la importancia que estos hombres tienen en los delicados procesos de la parapolítica y otros graves crímenes, "cuyos testimonios no han sido enteramente explotados (...) La extradición ha limitado su disponibilidad como testigos potenciales".
El asunto, por supuesto, no se limita a la parapolítica. Los ex jefes 'paras' aún están involucrados en cientos de investigaciones penales por masacres, desplazamientos, robo de tierras, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros delitos. Según el informe, en la Fiscalía colombiana hay abiertos 276 expedientes contra funcionarios públicos que posiblemente conspiraron con los paramilitares, y aunque en un período de cinco meses las autoridades colombianas pidieron 39 audiencias con los ex jefes 'paras', sólo una decena fueron llevadas a cabo.
Luego de 21 meses de la salida de los ex jefes 'paras' de Colombia, ningún ex integrante de las AUC ha recibido una condena. "Las extradiciones pueden haber acabado los nexos de los procesados con el comercio de estupefacientes, pero hicieron poco para desmantelar las estructuras paramilitares responsables del narcotráfico y la violencia generalizada" afirma el documento del IHRLC .
Según el informe, "las investigaciones actuales contra procesados colombianos ofrecen a Estados Unidos una oportunidad única para romper con el ciclo de impunidad (...) Los ex comandantes paramilitares están en capacidad de proveer información crítica en los casos de violaciones a los Derechos Humanos", corrupción y crímenes contra sindicalistas.
teleSUR - AFP / meg - FC
UNA CHICA QUE DENUNCIO HABER SIDO VIOLADA PIDIO UN ABORTO Y EL HOSPITAL NO LO HACE -17-02-10
UNA CHICA QUE DENUNCIO HABER SIDO VIOLADA PIDIO UN ABORTO Y EL HOSPITAL NO LO HACE
Un derecho que terminó en la Justicia
Es un nuevo caso de aborto no punible, esta vez en Comodoro Rivadavia. Una adolescente de 15 años embarazada denunció que fue violada por su padrastro y reclama un aborto. El hospital rechazó hacer la práctica. Ahora debe decidir una jueza.
“Si no me dejan abortar, me mato.” Con esta frase corta y contundente, una adolescente de 15 años, de Comodoro Rivadavia, expresó en los tribunales y en el hospital regional local su decisión de interrumpir un embarazo producto, según denunció, de una violación perpetrada por su padrastro, un agente de la policía provincial con quien su madre y ella convivían desde hacía ya varios años. La joven, acompañada por su madre, pidió en enero una autorización judicial para que le realizaran un aborto no punible. El caso está en manos de la jueza de Familia Nº 3 Verónica Daniela Robert, quien emitirá su veredicto en las próximas horas. “El caso no debió haberse judicializado. Encuadra en las excepciones previstas en el Código Penal y el Estado debe garantizar el derecho que tiene la niña”, señaló a Página/12 Alejandra Tolosa, delegada del Inadi en la provincia de Chubut.
Mientras la adolescente espera una respuesta, el embarazo avanza y el acusado de la violación está en libertad. La denuncia por el ataque sexual fue recibida en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y las Relaciones Familiares de Comodoro Rivadavia, a cargo de la fiscal especializada Liliana Ferrari. La fiscal pidió la detención del padrastro de la adolescente, que se efectivizó pero apenas por 24 horas. Interviene en la causa penal la jueza Margarita Psister. Ferrari solicitó la prisión preventiva del imputado, pero la magistrada rechazó el pedido. “El relato de la niña está validado por psicólogas forenses”, destacó a este diario la fiscal. Ferrari prefirió no tomarle declaración para evitar revictimizarla. Esperará el resultado de un estudio de ADN sobre el producto de la gestación, una vez que se produzca –si se autoriza– la interrupción del embarazo. La fiscal confirmó que la niña expresó su deseo de abortar.
En la Argentina, los abortos permitidos por ley se encuentran regulados en el segundo párrafo del artículo 86 del Código Penal que establece que:
“El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible:
Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”
El pedido del aborto no punible recayó en el Juzgado de Familia Nº 3. Un equipo técnico de psicólogas y una asistente social del tribunal escucharon a la adolescente. Ante ellas, manifestó claramente que si no le permitían interrumpir la gestación se suicidaría. La jueza Robert pidió su opinión al equipo técnico. Las profesionales dieron su aval a la interrupción del embarazo solicitada y consideraron que debe autorizarse. La magistrada solicitó también al hospital regional de Comodoro Rivadavia su visión del caso. Un comité de bioética reunido ad hoc entregó ayer un dictamen al juzgado en el que rechazan la realización de la práctica.
“Nadie está obligado a tener una actitud heroica”, fue la explicación que dio a este diario el director del hospital, Alberto Díaz Legaspe, para fundamentar la negativa del centro de salud de avalar el aborto solicitado por la adolescente. Legaspe dio dos argumentos: por un lado, consideró que dudaban de que el caso encuadrara en los permisos previstos en el Código Penal para abortar y, por otra, tenían temor de ser denunciados penalmente por llevar adelante la práctica. “Por cualquier cosa te hacen un juicio por mala praxis”, agregó en diálogo con Página/12. El comité de bioética fue conformado el viernes por el jefe de Ginecología y Obstetricia del hospital regional, Juan Pires; la jefa de Salud Mental, Susana Martining, y la abogada María Inés Cosentino. Se expidieron después de que la adolescente fuera sometida a una ecografía y a un examen de salud mental. También en ese ámbito, la jovencita manifestó que se mataría si no la dejan abortar. De acuerdo con la ecografía, estaría terminando, por estos días, la 16ª de gestación.
La decisión de la jueza Robert sería inminente. En un caso idéntico, tres años atrás la jueza de menores de Mar del Plata Silvia Darmandrail avaló un aborto no punible pedido por una nena que tenía 14 años y había sido abusada sexualmente por su padrastro. Darmandrail fundamentó su resolución en el inciso 1 del artículo 86 del Código Penal. La jueza marplatense se basó en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud: “La salud es un estado de completo bie-nestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencias”, puntualizó, y autorizó la práctica a fin de evitar el riesgo para la salud psíquica y física de la niña. Su fallo fue confirmado en segunda instancia. Pero además la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mar del Plata consideró que el caso también encuadraba en el inciso 2 del artículo 86 por tratarse de un embarazo producto de una violación.
Aunque los sectores conservadores pretenden darle una interpretación restrictiva, el inciso 2 es para cualquier mujer que ha sido violada y no únicamente para aquellas que tengan una discapacidad mental: ésta es la visión que asume la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión del ex ministro Ginés González García. Y es la misma que incluye un protocolo de atención para estos casos, que la delegación con sede en Puerto Madryn del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recomendó adoptar en los hospitales de Chubut, a través de una presentación a la Secretaría de Salud de la provincia, según informó la representante local del organismo a Página/12. “También presentamos esa recomendación en la Legislatura –apuntó Tolosa–-. Serviría justamente para evitar demoras y que estos casos terminen judicializados”, opinó.
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