Source: http://justiciabol.blogspot.com/2017/
Timestamp: 2019-10-16 10:35:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 177', 'artículo 34', 'artículo 193', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 117']

Justicia en Bolivia: 2017
Código del Sistema Penal Juristas de La Paz anuncian recurso contra artículo 205
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, anunció ayer que preparan un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 205 y varios otros que fueron identificados como contrarios a la Constitución Política del Estado.
La segunda es que ese artículo “no tiene el sujeto activo determinado” y por eso no se sabe quiénes son los afectados, si son los abogados o choferes; y la tercera que es genera inseguridad jurídica, atentando al artículo 177 de la Constitución Política del Estado.
Adicionalmente identificaron al artículo 34 sobre decomiso de bienes y dinero a favor del Estado; artículo 193 sobre violación de comunicación privada o difusión indebida y 194 en torno a la revelación de secretos que establece sanciones con prestación de servicios de utilidad pública e inhabilitación.
Advirtió que esta es una señal que como Colegio de Abogados busca una solución consensuada y si observan que no hay respuesta proactiva de parte de las autoridades de Gobierno, asumirán acciones de protesta en respaldo a la huelga médica y de otros sectores, que mantienen observaciones de fondo al contenido de algunos artículos del Código de Sistemas Penales.
Comienzo del año judicial Evo Morales posesionará a nuevos tribunos
Los 52 nuevos magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional serán posesionados por el presidente Evo Morales el 3 de enero en la ciudad de Sucre, informó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.
“En un solo acto de manera conjunta el próximo miércoles 3 de enero a las 10 de la mañana. El presidente Evo Morales, en cumplimiento a las normas, tomará posesión a todas las autoridades judiciales que han sido elegidas el pasado 3 de diciembre”, afirmó la autoridad desde la ciudad de Sucre.
Los nuevos magistrados del Órgano Judicial fueron electos el pasado 3 de diciembre en las urnas en medio de observaciones por ser allegados al Gobierno y con un promedio de 30 por ciento de respaldo de la población en edad de votar. La mayoría votó nulo y blanco mostrando su descontento.
Arce informó que ese día, en el mismo acto el Mandatario boliviano será el encargado de inaugurar el año judicial tal cual establece la normativa. Dicho evento se realizará en instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia en la Capital del país. El receso judicial se dio a partir del pasado 13 de diciembre.
El pasado 20 del mes en curso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales de habilitación a las altas autoridades del Órgano Judicial, en medio de ovaciones de sectores sociales vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Estas nuevas autoridades fueron observadas por la oposición, puesto que la mayoría eran funcionarios públicos del Órgano Judicial y del Ejecutivo, por lo que adujeron que la administración de la justicia en el país no cambiará y continuará bajo la manipulación del partido gobernante, tal como lo hicieron anteriormente.
En las elecciones los tribunos no obtuvieron el 50% más uno de la votación del electorado, la mayor parte obtuvo un promedio del 30% de aceptación de la ciudadanía, debido a estos antecedentes. Los votos blancos y nulos llegaron por encima del 60% según los datos del Órgano Electoral.
Otra de las observaciones que se hizo es que la preselección de los postulantes a estos cargos no fue realizado por una comisión imparcial que debió estar conformada por el ente colegiado y el sistema universitario. Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa estaban a cargo del proceso de evaluación.
Además de las modificaciones que se realizó a la convocatoria de inscripción para los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia, porque no cumplía con los criterios de paridad y representación del sector indígena.
Ese día, serán posesionados 18 magistrados del tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nueve titulares y nueve suplentes; la misma cantidad será para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); el Tribunal Agroambiental (TA) contará con 10 magistrados, cinco titulares y cinco suplentes, mientras que en el Consejo de la Magistratura (CM) serán seis concejeros, tres titulares y tres suplentes.
Por otra parte, Arce aprovechó para exhortar a las autoridades electas y las salientes a realizar un proceso de transición coordinado para evitar perjuicios a la ciudadanía.
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Video William Bascope Abogado Constitucionalista: Los referendums no pueden ser anulados
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A menos de un mes de la promulgación del nuevo Código de Sistema Penal, médicos, profesionales de otras áreas y la Central Obrera Boliviana (COB) observaron varios artículos de la norma, porque consideran que atenta contra el ejercicio profesional en varios ámbitos.
“Lo que quieren imponer es la criminalización y la penalización no sólo de las actividades de los médicos sino de todos los profesionales, lo único que quiere el gobierno del MAS es someter a la población para eternizarse en el poder (…) Esto puede generar persecución política y penalización a todos los sectores en general, incluso a dirigentes sindicales porque protestan por un determinado hecho”, afirmó Gonzalo Barrientos, diputado de Unidad Demócrata (UD).
La Federación de Profesionales de La Paz se declaró en Estado de Emergencia en contra del Código de Sistema Penal. Los médicos llevan 34 días de paro indefinido en rechazo al artículo 205 de la norma cuestionada. Durante la pasada semana se registraron enfrentamientos entre médicos- estudiantes universitarios y policías.
SE SUMAN DESCONTENTOS
En ampliado nacional que se llevó acabo ayer en Cochabamba, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos, y Trabajadores por Cuenta Propia, establecen que los artículos 174, 209, 293 y 294 atentan contra los derechos constitucionales.
En rechazo a esta normativa dieron un plazo de 10 días al Gobierno para que derogue el Código del Sistema Penal, además convocaron a una movilización para el próximo 8 de enero de 2018 en la ciudad de La Paz.
Por su parte, la Confederación del Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal) también objetó la norma penal, porque “fue aprobada sin consenso con el sector”.
En su sector, citan por ejemplo, el articulo 137 que aplica triple sanción para casos de accidente de tránsito con muerte, el cual pone en riesgo la seguridad laboral de los trabajadores, en franca violación a los derechos y garantías de la Constitución Política del Estado.
Coincidieron con los gremiales en los enunciados 293 y 294 donde se sancionan las movilizaciones, al oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, este sector también pide la derogatoria del nuevo Código.
Para Barrientos, estas imposiciones legales, más la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el que la mayoría fueron funcionarios públicos del Estado, es una parte del aparato represor que el Gobierno pretende instaurar en contra de los sectores sociales y profesionales que no comparten las políticas del partido oficialista.
Por otra parte, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió apoyar la movilización de los médicos a partir de los primeros días de enero de 2018.
“En Potosí, en la capital, se ingresará a movilizaciones a partir de mediados de enero. Con estas fiestas se hace difícil poder organizar, pero seguro después iniciaremos medidas de apoyo a los médicos y a otros sectores colegiados”, informó Jhonny Llally, presidente de Comcipo,.
La Asociación de Transporte Pesado Nacional e Internacional del Valle Bajo dieron plazo al Gobierno, hasta el 31 del mes en curso, para que se revierta esta norma, caso contrario comenzarán un paro indefinido desde el 2 de enero.
Sin embargo, Franklin Gutiérrez, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), sostuvo que los líderes de oposición, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, están detrás de estas movilizaciones, por lo tanto sus demandas tienen tintes políticos.
Asimismo, el presidente Evo Morales, un día antes de la Navidad, desestimó cualquier reunión con los médicos, a quienes acusó de hacer “daño a la vida” y que su movilización es completamente política, además que es parte de una estrategia estadounidense.
“No podemos reunirnos con la gente que está haciendo mucho daño a la vida y a la salud, eso no va a haber. Ya se hicieron la burla de la Ministra (Ariana Campero), entonces, si quieren diálogo, levanten la huelga, el paro. El diálogo está abierto siempre, está en manos de ellos. No podemos ser cómplices de que sigan cometiendo tantos abuso algunos médicos”, dijo Morales.
ARTÍCULOS OBSERVADOS EN EL CÓDIGO DE SISTEMA PENAL
137.- (HOMICIDIO CULPOSO CON MEDIO DE TRANSPORTE)
La persona que por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia, o inobservancia de los reglamentos o los deberes inherentes a la conducción de vehículos, cause a otra la muerte, con un medio de transporte motorizado, será sancionado con prisión de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación.
II. La sanción será agravada a presión de cuatro a ocho años, reparación económica e inhabilitación, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Si en el momento del hecho la persona autora está debajo la dependencia de alcohol o estupefacientes.
Si la culpa es temeraria.
III. La persona propietaria, gerente o administradora de empresa de transporte que inobserve los deberes a su cargo previsto en la Ley, Código y el Reglamento de Tránsito, resulte una muerte en accidente de tránsito, será sancionada con reparación económica. Si la culpa es temeraria la sanción será agravada a presión de dos a cuatro años y reparación económica.
174.- (DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA) I.
La persona que, no pague o pague de menos un tributo al que está obligada, por un importe superior a doscientos cincuenta mil unidades de fomento a la vivienda (250.000 UFVs)… será sancionada co prisión de cuatro a ocho años y una multa equivalente al 100% del tributo omitido, cuando la persona incurra en las siguientes conductas:
Oculte, altere o no lleve registros contables al que está obligado
Constituya una doble contabilidad
Registre una o varias operaciones sin respaldo documental estando obligado a llevarlo o se consigne el precio o importe falso.
205. (DAÑO A LA SALUD O INTEGRIDAD FÍSICA POR MALA PRÁCTICA)
La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales.
II. La sanción de presión de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se cause lesiones graves o gravísimas; en tanto que, la sanción de prisión será de tres a seis años reparación económica e inhabilitación.
III. Las sanciones previstas en los parágrafos anteriores serán agravadas en un tercio, tanto en el mínimo como en el máximo, si la culpa es temeraria
IV. Quedará exento de responsabilidad penal cuando:
En el caso concreto, hubiera tenido influencia determinante en la producción del resultado la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión.
El resultado sea consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión dentro del campo dela practica de las profesiones de salud, al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento médico.
V. No constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante respecto de la salud o la integridad física.
VI. Las circunstancias descritas en el presente artículo podrán ser acreditadas por las partes, a través de los medios de prueba técnica, científica imparcial, idónea y pertinente previsto en el código o en leyes vigentes y por cualquier otro medio lícitamente obtenido.
Video Dr. Hugo Chavez, Analisis del Nuevo Codigo del Sistema Penal e Ivan Lima Art 205
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Las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, elegidas por voto popular serán posesionadas en enero de 2018.
Asumirán sus cargos con el fantasma de no ser “legítimos”. Son producto de un proceso de preselección en la Asamblea Legislativa cuestionado por la oposición. Un período de “campaña” que, a pesar de que estaba prohibida para los candidatos, se dieron modos para promocionarse.
Paralelamente, los opositores hicieron fuertes llamados para que la ciudadanía dé un castigo a los aspirantes, pero también al Gobierno, porque cuatro días antes a los comicios el Tribunal Constitucional dio vía libre al presidente Evo Morales para repostularse sin límites ni restricciones.
En estas elecciones el voto nulo alcanzó el 51,35%, el válido el 35,02% y el blanco el 14,93%. Por estos resultados que no dan “legitimidad”, Durán sospecha que nuevamente serán subordinados al poder político y avizora que será otro tiempo fracasado en la administración de justicia. (ANF anuario)
Siete de cada 10 privados de libertad no tienen sentencia. El hacinamiento en las cárceles bordea el 300%, lo que muestra la más impactante crisis de la administración de justicia en Bolivia, en medio de profundas críticas a los operadores.
La gestión 2017 termina con similar o mayor inquietud respecto a la situación del sistema judicial y carcelario. Los datos de privados de libertad no se han reducido, porque la detención preventiva es utilizada como una “regla” y no como una “excepción”, sostiene la nota del anuario de la agencia ANF.
Jorge Mostajo, miembro de la Comisión Codificadora del Anteproyecto de Ley de Ejecución Penal, mostró su preocupación por que hasta marzo la población en los centros penitenciarios llegaba a 16.613 detenidos, solo 5.028 con sentencia y 11.585 con detención preventiva.
“Esa es una muestra de cómo está funcionando el sistema de justicia penal. Es la muestra más impactante de la crisis, pero a partir del uso excesivo de la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles”, dijo a ANF la directora de Fundación Construir, Susana Saavedra.
¿En qué medida las autoridades fiscales y jurisdiccionales garantizan el debido proceso y la presunción de inocencia? Ha sido una interrogante después que Reynaldo Ramírez tuvo que pagar el costo de una “ineficiente” administración de justicia.
Pasó más de dos años en la cárcel por un asesinato que no cometió. La Fiscalía sostuvo que era el culpable, basado en semejanzas con el verdadero feminicida. La justicia lo condenó a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
No fue la Fiscalía que resolvió el caso, sino su hermana. Peregrinó y tocó todas las puertas para demostrar su inocencia, hasta que la Policía estableció que las pericias no coincidían y que el asesino era otro.
Saavedra asegura que esta situación continuará si es que no existe “una reforma integral y estructural de la justicia”, cree que se trata de plantear el problema desde una política pública y no un tema normativo.
El Órgano Judicial recibe el 0,42% del Presupuesto General de la Nación. Recursos destinados al Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, Defensa Pública y Defensa de la Víctima. Otro es el presupuesto del Ministerio Público.
El análisis de Omar Durán, excandidato a magistrado, apunta a la desinstitucionalización como la principal causa para la crisis judicial, situación que no cree que cambie con la renovación de las autoridades judiciales que este pasado 3 de diciembre fueron electas.
“Será más de lo mismo o peor, porque la mayoría de los electos fueron funcionarios del Gobierno”, comenta Durán, quien cree que las autoridades en más de una década no supieron mejorar la justicia a pesar de que tenían las posibilidades para hacerlo.
Protesta porque el Consejo de la Magistratura no cumplió su rol disciplinario; el Tribunal Supremo de Justicia por no corregir la justicia ordinaria en las instancias de juzgados; y en el caso del Tribunal Constitucional dice que su papel fue un “desastre mundial”.
Saavedra y Durán coinciden en que la corrupción y la injerencia en el Órgano Judicial son problemas que se han profundizado en esta gestión.
“Ese es el tema, que mientras no existan las condiciones para una independencia judicial e institucional, va a seguir siendo un problema”, añade Saavedra.
En un intento por limpiar su imagen y la del Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura destituyó a 88 jueces del país que tenían procesos penales y disciplinarios.
Se estima que hay 1.082 jueces en todo el país distribuidos en los tribunales departamentales de justicia para atender al menos 800.000 causas que están en trámite.
De acuerdo con un informe del Consejo de la Magistratura el 2016, un juez en materia civil atendía entre 1.500 y 2.000 causas y en materia penal hasta 3.000 casos.
Pero las críticas también se abren al Ministerio Público. Durán manifiesta que operan “roscas” de protección entre fiscales que solo protegen intereses, pero que no ha asumido su papel central que es la persecución penal y la dirección funcional de la investigación. (ANF anuario)
Maltrato y muestras de cariño peligrosa combinación “Justicia que tarda, no es justicia”
Este “Amor” promete mucho pero solo llena de frustración, encadena a las mujeres a seres a los que se les otorga todo el poder sobre ellas, las somete a los roles tradicionales, y las sancionan y maltratan cuando no se ajustan a los cánones establecidos para ellas.
“Por amor” las mujeres aguantan insultos, violencia, desprecio, humillaciones. “Por amor”, se anulan, pierden la libertad e incluso pierden las redes sociales y afectivas.
“VÍCTIMAS DE VIOLENCIA”
Todo este panorama conlleva a muchas mujeres a engrosar las enormes listas de “víctimas de violencia”, las mismas que cuando se quitan el velo de la cara y se animan por fin a denunciar a sus parejas por situaciones de maltrato, abuso y explotación, se encuentran con procesos largos y tediosos que causan el desgaste emocional de la víctima.
Muchos funcionarios de la Policía Nacional y Fiscalía, instancias donde llegan denuncias y procesos respectivamente, traban los trámites de las mujeres haciendo que estas desestimen continuar buscando justicia para lograr pensiones para ellas y sus hijos en algunos casos y en otros, hacer justicia por violencia y abuso y así empezar a reconstruirse física y emocionalmente.
Para el Presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Doctor Israel Hugo Centellas, el país requiere con urgencia una normativa legal que permita disminuir los trámites para que las mujeres logren viabilizar procesos legales.
Según el abogado, uno de los factores que impiden agilizar estos procesos, es la poca factibilidad para la aplicación de las leyes concernientes al respecto.
Existen normas legales muy positivas, pero aplicarlas es otro proceso, es decir en la práctica los trámites que deberían ser rápidos son largos y desgastantes para la denunciante.
¿NUEVO CÓDIGO PENAL BENEFICIA A MUJERES?
Centellas dijo que de acuerdo al Nuevo Código de Procedimiento Penal, el procedimiento podría agilizarse sin embargo será un proceso muy largo en el que se tendrá que analizar la forma de aplicabilidad.
El Código de Procedimiento Penal, señala que las mujeres víctimas de violencia podrán resolver en una sola audiencia, además del hecho penal, la asistencia familiar, custodia de hijos, separación y hasta divorcio.
También para recibir información sobre un caso, las personas podrán ver toda la documentación mediante el internet, incluso podrán ver la audiencia.
Además los tiempos máximos para las sentencias, serán de 15 días para acabar con el procedimiento, entre otros.
Centellas dijo que el Código del Procedimiento Penal en lo que concierne a este tema, es ágil pero eso recién se verá en la práctica.
Explicó que se vivió la misma situación el año 1999, cuando se generó el Código de Procedimiento Penal actual, que prometía ser veloz, sin embargo esto no sucedió en la práctica.
“Vemos que los procesos duran demasiado, ese es el problema la aplicación de las normas”, reiteró.
CAMBIOS QUE HAY QUE EMPEZAR A CONOCERLOS
Dijo que en este momento no existe nada claro, ya que por medio de este Código, se procederá al cambio de jueces, ya no existirán los Tribunales de Sentencia.
“Se utilizarán jueces públicos y todos van a poder llevar adelante la investigación, son cambios que realmente hay que empezar a conocerlos y a partir de eso ver si realmente es viable o no aplicar esta norma”, señaló.
“SERÍA IDEAL”
Manifestó que sería ideal hacer un proceso en un día o en un tiempo reducido, es una idea muy buena, pero operativizarla resulta complejo, ya que existen algunos desfaces.
Dijo que esta normativa será aplicada y entrará en vigencia a partir del año 2019, es decir existe más de un año y medio para analizar los alcances, ventajas y desventajas de la misma.
Nuevo Código de Sistema Penal Constitucionalista advierte ambigüedad en artículo 205
El artículo 205 del Nuevo Código de Sistema Penal fue observado y analizado por el constitucionalista William Bascopé, quien manifestó que es ambiguo, está mal redactado y no solamente sanciona a los profesionales en medicina, sino también a aquellos ciudadanos que tienen un oficio.
“No tiene la coherencia en redacción penal (…) el 205 indica que la persona que en su ejercicio de oficio o actividad, está dirigido no solamente a profesionales sino a cualquiera que tenga un oficio o actividad (carpintero, albañil, chofer) si causa daño en el cumplimiento de su actividad va a ser sancionado en base a este artículo, esto no está dirigido solo profesionales médicos”, explicó el jurista.
Además establece que no se hace una diferencia entre culpa y dolo, puesto que en la redacción del artículo se incluye la palabra “temeridad”, es decir que el daño causado a una cierta persona es realizada con saña, cosa que no pasa en el ejercicio de la profesión u oficio.
Hace más de un mes que los médicos del país están protestando y exigiendo que se derogue el artículo 205 del nuevo Código de Sistema Penal, puesto que los criminaliza y los sanciona penal y económicamente, sin contar con las condiciones pésimas de trabajo en los hospitales.
El artículo 205 de la norma cuestionada establece que la persona que en ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física a otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y el cumplimiento de instrucciones judiciales.
Ante esto, el experto advierte que no solo sanciona a profesionales en medicina, sino a aquellos que tiene un oficio libre, lo cual es una medida política de sometimiento que pretende disciplinar a aquellos que piensen diferente al Gobierno, puesto que en base a este enunciado se pueden levantar falsas denuncias contra cualquier persona.
En el parágrafo III del cuestionado artículo señala que las sanciones se agravarán en un tercio si la culpa es temeraria.
Con relación a esto el jurista indicó que no se hizo una diferencia entre culpa y el dolo, cuando se habla de culpa es en el contexto de un accidente, donde sabía del daño que podía causar pero que no lo quería hacer, lo que generalmente pasa en los accidentes y en algunos casos de negligencia médica.
Por otra parte, el parágrafo II del 205 determina que la sanción es privación de libertad de dos a cuatro años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción se cause lesiones graves en una cierta persona. Además que esta sanción privativa de libertad será elevada de tres a seis años si se causa la muerte.
En este punto Bascopé explicó que ninguna persona puede ser sancionada dos veces por un mismo hecho, el cual está señalado en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, además que no se le da la oportunidad de defenderse
“Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.
Por último el jurista manifestó que la otra sanción que estipula esta norma es la inhabilitación de la profesión de los que serían procesados por este artículo, el cual es inconstitucional porque la carta magna garantiza el derecho al trabajo a la población.
Remarcó que el nuevo Código de Sistema Penal es inconstitucional porque está vulnerando las garantías que la norma fundamental otorga a la población, por lo que debe plantear un recurso de inconstitucional y acudir a instancias internacionales
El ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, fue electo como magistrado suplente para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Mamani fue uno de los postulantes más observados en la etapa preelectoral por su abierta campaña política y en su anterior cargo se declaró “admirador” del presidente Evo Morales.
Según el cómputo oficial que presentó el TSE, el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia y ahora magistrado suplente al Tribunal Constitucional Plurinacional, obtuvo el 30.44% de la votación en el departamento de Potosí, quedó después de Petronilo Flores Condori que tiene el 34.01%.
Durante la etapa de difusión de méritos, Mamani realizó campaña en Potosí, circularon varias fotografías por las redes sociales donde se lo observa con dos personas a quienes les entregó un folleto con su propuesta para mejorar la justicia.
Cuando fue seleccionado por la Asamblea Legislativa, tras culminar con el proceso de preselección y la fase de evaluación, se reunió con varios asambleístas del movimiento al socialismo.
Además fue cuestionado por los asambleístas de oposición en la implementación de la Escuela de Jueces del Estado, del cual era presidente, donde presuntamente se advirtieron algunas irregularidades en el gasto en la formación de jueces, que alcanzaba a Bs 1.4 millones.
Organo Judicial Nuevos tribunos observados recibieron credenciales
Los nuevos magistrados del Órgano Judicial que lograron sus cargos con un tercio de apoyo del electorado y en medio de observaciones de gran parte de la sociedad, recibieron ayer sus credenciales de parte de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Son 52 nuevos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que reemplazarán a las autoridades que culminan su gestión en el Sistema Judicial boliviano tras seis años al mando del Órgano de Justicia.
Las varias denuncias de la oposición contra los ahora magistrados en sentido de que éstos responden a la línea política del MAS, ayer fueron confirmadas por la presencia de las organizaciones sociales afines al MAS quienes presenciaron la entrega de credenciales y ovacionaron a por lo menos siete nuevos tribunos.
Entre ellos, los representantes al Consejo de la Magistratura, el militar en retiro Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán, fueron aplaudidos y aclamados por los asistentes.
En el acto estaban presentes los familiares, amigos de las flamantes autoridades, además de un sector compuesto por representantes de movimientos sociales vinculados con el MAS, la entrega de credenciales se desarrolló en el auditorio del Banco Central de Bolivia.
Antes de la entrega de los documentos de habitación, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona hizo una retrospectiva de todo el proceso electoral, desde cuando la Asamblea Legislativa entregó las listas oficiales de los 96 postulantes a nuevas autoridades.
Los siete vocales del TSE entregaron las credenciales de habilitación a cada uno de los nuevos tribunos. El alto comenzó con los miembros del Tribunal Agroambiental, cinco titulares y cinco suplentes.
Al concluir con esta instancia siguió la entrega a los representantes del Consejo de la Magistratura, los titulares son Dolka Vanessa Gómez, Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán, estos dos últimos fueron aplaudidos por los asistentes en el auditorio.
Michel después de recibir su credencial, fue congratulado con guirnaldas, incluso los sectores campesinos le entregaron un poncho rojo, indicando que lo apoyarán en toda su gestión.
Posteriormente se otorgó los títulos a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los vitoreados en esta instancia fueron José Antonio Revilla Martinez, representante por el departamento de Chuquisaca y Juan Carlos Berrios Albizú por La Paz.
Tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional también fueron elogiados por los sectores sociales, Georgina Amusquivar Moller por el departamento de Oruro, Petronilo Flores Condori de Potosí.
La asambleísta departamental de La Paz, Claudia Bravo, se hizo presente en la entrega de credenciales a los nuevos magistrados y aprovechó su presencia para protestar y recordarles que la mayoría de la población no los apoyó. Les acusó de “serviles al poder”. La policía la sacó del recinto.
“¡Truchos! ¡Vendidos! ¡Ilegítimos! ¡Vendidos al poder! ¡El pueblo no los quiere porque son unos truchos. Les debería dar vergüenza! ¡El pueblo no ha votado por ustedes!”, vociferó desde las graderías la asambleísta Bravo mientras se desarrollaba la entrega de credenciales.
En ese escena, de fondo también se oye una voz femenina que ordena “¡Sáquenla!” y acto seguido policías la agarraron del brazo para obligarla a salir.
En tanto, el magistrado, Juan Carlos Berrios, aseguró que las nuevas autoridades realizarán sus labores de manera independiente, sin la intromisión del poder político, puesto que está enmarcado en la Constitución Política del Estado.
Por su parte la magistrada al Tribunal Constitucional Plurinacional, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, indicó que se debe realizar un diagnóstico de todo el trabajo que realizó a esa instancia y posteriormente se determinarán qué acciones tomar.
Finalmente el magistrado al Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, se refirió el dictamen que emitió el TCP el cual habilita al presidente Evo Morales a una reelección indefinida, señaló que los fallos son de cumplimiento obligatorio y no deben ser cuestionados.
Hurtado fue cuestionado por el fallo que emitió el Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso de los “misiles chinos”. Al momento. el proceso está en la Asamblea Legislativa para determinar el inicio de juicio de responsabilidades.
Según datos proporcionados por el TSE, los tribunos electos para el Consejo de la Magistratura son: Dolka Vanessa Gómez Espada (13,21%), Gonzalo Alcón Aliaga (13,07%) y Omar Michel Durán (11,41%).
Los magistrados electos para el Tribunal Agroambiental son: Gregorio Aro Rasguido (22,55%), Rufo Nivardo Vásquez (9,73%), Elba Terceros Cuellar (9,18%), María Teresa Garrón (8,94%) y Ángela Sánchez Panoso (7,31%).
Los más votados para el Tribunal Supremo de Justicia fueron José Antonio Revilla Martínez (36,80%) en Chuquisaca, Juan Carlos Berríos (32,18%) en La Paz, Esteban Miranda (35,04%) en Cochabamba, Marco Jaimes Molina (38,94%) en Oruro, Edwin Aguayo (43,57%) en Potosí, María Cristina Díaz Sosa (37,85%) Tarija, Olvis Eguez (29,80%) en Santa Cruz, Ricardo Torrez Echalar (47,30%) en Pando, Carlos Alberto Eguez (34.13%) en Beni.
Los magistrados electos para el Tribunal Constitucional Plurinacional son Orlando Zeballos (34,19%) en Chuquisaca, Briggida Vargas (27,19%) en La Paz, Karem Lorena Gallardo, 38,34% en Cochabamba, Giorgina Amusquivar (30,09%) en Oruro, Petronilo Flores (34,12%) en Potosí, Julia Elizabeth Cornejo (32,38%) en Tarija, Carlos Alberto Calderón (35,84%) en Santa Cruz, Gonzalo Miguel Hurtado (48.82%) en Beni y René Espada (39,34%) en Pando.
En relación a la paridad de género, el TSE destacó que resultaron electos nueve mujeres y 17 varones.
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Dentro de la evaluación parcial presentada ayer por la Fiscalía General, se informó que en la presente gestión se destituyó a 25 fiscales, por diferentes faltas y delitos, así como se tiene a otro número funcionarios que están procesados.
“Al margen de estos 25 fiscales destituidos, muchos todavía están siendo procesados en el ámbito disciplinarios, en algunos casos han concluido a nivel sumariante y están para (la revisión) a nivel jerárquico en la Fiscalía General”, informó el fiscal general Ramiro Guerrero.
La autoridad, admitió que existe otro número de fiscales procesados en la vía penal por diferentes delitos como corrupción.
Guerrero puso como ejemplo el caso de un exfiscal departamental de Oruro quien fue destituido e imputado por el delito de consorcio.
Así mismo, señaló que otro número de fiscales fueron alejados del cargo bajo la figura de agradecimiento de servicios porque no cumplían su trabajo con la labor que exige el cargo.
LILIAN CALDERÓN
Otro caso de fiscal destituido que citó Guerrero, fue el del fiscal en Santa Cruz que presentó acusación y ocasionó que un varón sea condenado a 30 años por un feminicidio del cual era inocente y solo logró que el caso sea esclarecido por el trabajo de seguimiento de la Policía.
También se refirió a la fiscal Lilian Calderón quien en el último mes tenía a cargo la investigación del caso de desvió de insumos en el Hospital Obrero.
La autoridad lamentó la actitud de la exfiscal Calderón que fue arrestada por protagonizar una pelea en un juzgado de familia donde agredió a la exnovia de su esposo a quien solicitaba el pago de asistencia familiar.
Guerrero refirió que Calderón ya hubiera sido destituida si no fuera por ella es una fiscal de carrera, además de que se tiene un antecedente de proceso penal donde ya se tiene una resolución de acusación, pero la misma no fue presentada debido al extravió del cuaderno de control jurisdiccional.
157 jueces destituidos en seis años Las nuevas autoridades del Órgano Judicial deben implementar la carrera judicial
Durante seis años de gestión del nuevo sistema del Órgano Judicial se destituyeron a 157 servidores judiciales, por retardación de justicia y corrupción, según el informe del Consejo de la Magistratura.
“Con destitución son 157 servidores judiciales, 11 vocales, 50 jueces que han sido destituidos y ya no podrán ejercer la función jurisdiccional en el Órgano Judicial y en ninguna otra institución, las causas son: retardación de justicia, incumplimiento de llevar audiencias, excusas y otras faltas más”, explicó el presidente del Consejo de la Magistratura saliente, Wilber Choque.
Asimismo informó que esta instancia se constituyó en parte querellante en casos donde jueces y vocales estaban implicados en hechos de corrupción y consorcio de jueces y fiscales.
En el país existen 1.081 servidores judiciales, los cuales tienen presencia en 154 de 327 municipios a nivel nacional. Cada juez debe atender alrededor de 60 mil causas procesales, es decir cada uno de estos funcionarios están a cargo de seis mil procesos.
Por otra parte Choque manifestó que el reto de las nuevas autoridades del Órgano Judicial será la implementación de la carrera judicial, tomando en cuenta que la Escuela de Jueces del Estado se implementó desde el 2015.
“Estamos dejando una institución saneada y el gran reto de las nuevas autoridades es la implementación de la carrera judicial, que fue a partir de puesta en vigencia de la Escuela de Jueces, esto tiene la finalidad de renovar el desempeño de los jueces”, argumentó Choque.
En el PGE 2018, el presupuesto para el Órgano Judicial es de Bs 953.919.671 del cual se designará Bs 6.285.894 para la escuela de jueces. Anteriormente esta instancia emitió una nueva convocatoria para el segundo curso de especialización de jueces.
El 3 de diciembre pasado, en Bolivia se desarrollaron las segundas elecciones judiciales calificadas por los observadores internacionales como “inéditas” porque en ningún otro país de la región se eligen tribunos y magistrados por voto popular, a pesar del rechazo de dos tercios del electorado a este proceso, en enero próximo las nuevas autoridades del sistema judicial asumirán sus cargos y esta jornada recibirán sus credenciales de parte del Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni informó ayer que Carlos Alberto Egüez y Gonzalo Miguel Hurtado fueron elegidos como las autoridades esa región para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respectivamente.
Legislativo y Gobierno Formarán comisión por Ley Código del Sistema Penal
Tras la promulgación del nuevo Código de Sistema Penal se conformará una “comisión de seguimiento e implementación” de la nueva norma jurídica y estará integrada por instancias del Órgano Judicial, tres ministerios, el Legislativo y la Contraloría General del Estado, informó el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles.
La autoridad afirmó que dicha comisión se reunirá después del receso parlamentario.
“Tras el receso (de la Asamblea Legislativa) se realizará la primera reunión de coordinación y a partir de esa comisión es que se realice el cronograma y vamos a hacer el seguimiento, para que se cumplan las cuestiones de adecuación física de la justicia, el tema de la digitalización y la formación de los recursos humanos”, explicó Gonzales.
La Comisión de Seguimiento estará conformada por los ministerios de Justicia, Gobierno y Economía; el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Fiscal General del Estado.
El nuevo Código de Sistema Penal entrará en vigencia a partir de julio de 2019, puesto que después de su promulgación se dispuso 18 meses para su implementación.
Según las disposiciones transitorias del Código del Sistema Penal, la Comisión deberá trabajar en un Plan Nacional de Implementación, el cual contará con el diseño de modelos de gestión, elaboración de reglamentos, el reordenamiento de juzgados y fiscalía, la adecuación de herramientas tecnológicas e infraestructura física que garantice la operatividad de la nueva institucionalidad de la justicia penal.
En el plan de formación y especialización, la escuela de jueces y fiscales deberá estar a cargo de la capacitación de los servidores de la justicia, la cual estará constituida sobre la base de la especialización de los profesionales en Derecho.
Por otra parte, la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, manifestó a EL DIARIO que es necesario que en la capacitación de funcionarios al Sistema Judicial sean también tomados en cuenta los abogados, puesto que este tema fue una de las falencias del actual Código de Sistema Penal, por lo que no se ejecuta en su plenitud.
Al menos ocho meses antes de la vigencia de este nuevo Código deben adecuarse las normas orgánicas de la instancia judicial. Se organizarán los colegios de jueces de cada distrito judicial, con al menos 15 miembros; y las salas penales de cada tribunal departamental de justicia se convertirán en el colegio de impugnación de sentencias.
El Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Policía de Investigación tienen que contar con un plan de reorganización de sus oficinas, que antes será aprobado por la Comisión de Seguimiento.
La pasada semana, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2018, los recursos económicos para el Órgano Judicial es de Bs 953.919.671. Los recursos asignados para el 2017 fueron de Bs 796.918.064, para el que hubo el incremento de Bs 157.001.607. El recurso asignado a esta instancia no llega ni al 1% del Presupuesto General del Estado.
Gonzales aseguró que estos recursos garantizarán que la implementación de la nueva norma penal, a su criterio el incremento del presupuesto es significativo, a comparación de la gestión pasada.
La Dra. Salame manifestó que este porcentaje de presupuesto no es suficiente para mejorar las falencias en la justicia, mucho más con la puesta en vigencia de nuevas normas, por lo que el incremento de los recursos debe ser superior al 5%.
“Sin tomar en cuenta estas nuevas implementaciones, se había concluido que por lo menos se proceda al incremento del 5% en el presupuesto general, el Estado sólo asigna el 0.6% (…). Empero, con la aplicación de las nuevas normas el incremento debe ser mayor, porque se han incorporado tareas que no están consignadas en el presupuesto del órgano judicial”, explicó la jurista.
Video Alvaro Garcia promulga la Ley del Codigo del Sistema Penal
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El TCP declara inconstitucional norma municipal que actualiza impuestos en La Paz
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional la Ley Municipal 171, que modifica la Ley 012, para actualizar la Base Imponible (BI) de bienes inmuebles y confrontar el valor catastral con el valor comercial.
La Sentencia Constitucional 0087 de fecha 29 de noviembre y publicada el 13 de diciembre, basa su declaratoria en el “incumplimiento del procedimiento previsto por la Norma Suprema para su elaboración; consiguientemente la inaplicabilidad de la Ley impugnada”.
La demanda contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales fue interpuesta por el exalcalde paceño Omar Rocha Rojo, el concejal Jorge Silva y el dirigente vecinal Eloy Vera en contra de los concejales Pedro Susz y Beatriz Álvarez.
El recurso de inconstitucionalidad ante el TCP demandó la inaplicabilidad de las leyes municipales 171 y 012 de creación de impuestos municipales, aprobadas por el Concejo Municipal de La Paz y promulgadas por el Ejecutivo edil.
El concejal Jorge Silva presentó el recurso en abril de 2016, con el argumento de que la Ley Municipal 171 incrementaba el impuesto a las transferencias de inmuebles y vehículos en 203%.
“Va en contra del espíritu de la Constitución Política del Estado, en ese sentido, en La Paz se han promulgado dos leyes que vulneran la Constitución”, sostuvo Silva, en ese entonces.
Para dictar la inconstitucionalidad de las leyes municipales, los magistrados arguyeron que la política fiscal se trata de una competencia exclusiva del nivel central del Estado. Aclararon que la regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos municipales es una competencia compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales.
El fallo está firmado por los magistrados Macario Lahor Cortez, Zenón Bacarreza, Oswaldo Valencia y Efrén Choque; Ruddy Flores y Neldy Andrade fueron votos disidentes, mientras que la magistrada Mirtha Camacho se excusó de conocer este proceso.
Cuatro consejeros de la Magistratura fueron suspendidos del cargo por un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y antes de que se emitiera la condena, renunciaron.
El Órgano Judicial no logró encauzar la ruta de las reformas y se quedó en la resolución de las más de 5.000 causas pendientes de la extinta Corte Suprema de Justicia y las causas nuevas ingresadas en los últimos casi seis años
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial, prácticamente de vacación y con la tarea pendiente de entregar sus despachos en enero, dejan sus cargos en medio de fuertes cuestionamientos a su gestión en los últimos seis años, sindicados por una supuesta sumisión al poder político y la escasa iniciativa para encarar las reformas judiciales.
En criterio de abogados colegiados, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como cabeza del Órgano Judicial, no logró encauzar la ruta de las reformas y se quedó en la resolución de las más de 5.000 causas pendientes de la extinta Corte Suprema de Justicia y las causas nuevas ingresadas en los últimos casi seis años.
El decano en ejercicio de la presidencia Jorge von Borries, después de la firma del convenio para la implementación de medios tecnológicos en Derechos Reales y otros servicios, admitió que eso permitirá al menos visibilizar otros logros de la actual administración judicial.
Durante su último informe de rendición de cuentas realizado esta semana, ponderó la resolución de causas y las bases que dejan a los futuros magistrados.
Eso sí, no hubo avances en el proceso de institucionalización del Órgano Judicial, excepto las designaciones de los titulares de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) y la Escuela de Jueces que, sin embargo, no se libraron de las críticas. La carrera judicial se quedó estancada en designaciones discrecionales y fuertes cuestionamientos al proceso de designación de vocales porque eligieron a los últimos. En seis años hubo una sola promoción de jueces formados.
El Tribunal Agroambiental termina sumido en un conflicto interno entre sus magistrados que se disputaron la presidencia y no lograron hacer aprobar el Código Procesal Agroambiental para ejercer todas sus competencias en materia ambiental, forestal y otras, tampoco pudo crear más juzgados. Su presidente, Javier Peñafiel, destacó la resolución de causas y el acercamiento de los jueces agroambientales a comunidades alejadas en el país.
El Consejo de la Magistratura termina marcado por las denuncias de presunta corrupción y extorsión a jueces y la supuesta venta de “pegas”; hay demandas en curso, algunas terminaron con condenas mínimas para los autores.
Las pugnas entre consejeros dejaron pendientes varios proyectos y los viajes constantes de sus autoridades fueron cuestionados por una diputada.
Aseguran que está en vigencia la carrera judicial pero ésta carece de un reglamento claro; en el último tiempo destituyeron a 80 jueces y fue el propio Gobierno, a través del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien cuestionó este proceso, denunciando extorsión a los afectados.
Cuatro consejeros fueron suspendidos del cargo por un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa y antes de que se emitiera condena –la máxima puede ser la destitución–, renunciaron.
Punto de vista / Luis Vásquez Villamor
El abogado y ex presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados Luis Vásquez Villamor, al evaluar la gestión de los actuales magistrados, lamentó que se eligiera a profesionales con escasa capacidad técnica para dirigir procesos, probablemente en otras condiciones, estas personas quizá no habrían llegado a ocupar ni las posiciones más bajas del Órgano Judicial al carecer del mínimo de requisitos para enfrentar un proceso meritocrático, según sus palabras.
Aseguró que eso se traduce en la acumulación de causas, la retardación judicial, “el error judicial que se incrementó”. “Si hay en las cárceles que están presas gente inocente y los millonarios enriquecimientos de los altos funcionarios del Gobierno, la justicia se concentra en los más pequeños y no ataca a los grandes corruptos”, enfatizó.
Vásquez ve una justicia “desprestigiada, destruida que simplemente le sirve al Gobierno que la utiliza para sus fines políticos y se ensaña con los que no tienen defensa”.
El abogado constitucionalista sostuvo que el TCP quedó en manos de abogados “incompetentes que no tienen ninguna calidad académica, sin independencia” que no pueden ser comparados con la capacidad de las anteriores autoridades.
Añadió que la independencia se basa en la meritocracia que se expresa en la carrera judicial pero aseguró que el Gobierno la destruyó, no sólo en los máximos niveles sino que fue copando vocales, jueces y hasta funcionarios auxiliares, aseguró. “Todos con carnet del MAS, es el poder del partido que les designó, no la meritocracia”, afirmó.
Recordó algunos nombres de profesionales reconocidos que antes se desempeñaron como magistrados: Pastor Ortiz Mattos, Carlos Tobar, Armando Villafuerte, Eduardo Rodríguez Veltzé, este último ahora agente del Gobierno en La Haya.
En el Tribunal Constitucional a Pablo Dermizaky, Willman Durán, Elizabeth Íñiguez, José Antonio Rivera y Silvia Salame, todos profesores especializados, independientes, por lo que calificó a esa etapa como la mejor del TC.
Piden a los jueces mirar con lupa cesaciones de reincidentes
La Policía considera que este fin de año se están incrementando los pedidos de cesaciones a la detención especialmente de reclusos reicincidentes de la cárcel de Palmasola.
El subcomandante de la Policía, a tiempo de destacar la última captura de una banda de atracadores, entre los que figuraban dos colombianos, cuando vaciaban una vivienda afirmó que la mayoría de estas personas que incurren en delitos penales son exreclusos. Siles aseguró que los detenidos en la cárcel están en su derecho de pedir libertad porque la ley lo permite, pero manifestó que las solicitudes deben ser bien analizadas porque en la mayoría de los hechos violentos se ha detectado que los autores son exinternos del penal. Por sa razón aseguró que la justicia debe analizar muy bien.
“Tenemos los casos de Eurochronos y muchos otros en los que los responsables son reincidentes de la cárcel”, dijo.
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San Julián TDE anula papeletas electorales por estar marcada
El Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Santa Cruz anuló ayer papeletas electorales que según denunció el diputado opositor, Tomás Monasterio, ya estaban marcadas.
En respuesta, el presidente del TED de Santa Cruz, Eulogio Núñez, rechazó las acusaciones de fraude y aseguró que las papeletas encontradas en San Julián forman parte de un lote de material electoral que cayó en el trayecto por accidente. La autoridad dijo que esas papeletas fueron anuladas y reemplazadas por otras. (Agencias)
Según Colegios de Abogados Nuevas autoridades no cambiarán situación de justicia en el país
Gonzalo Hurtado Zamorano Candidatas(os) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
Abogado con experiencia jurídica
Maestría en Derecho Administrativo, Laboral y Tributario.
Diplomado en Derecho Constitucional.
Fue magistrado y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, vocal y presidente de la ex Corte Superior de Justicia.
Puntaje: 72,2
1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
Hemos estado casi 20 años dentro del Órgano Judicial, desde secretario, juez de instrucción, agrario, vocal y presidente del Tribunal Departamental, asimismo magistrado y presidente del Tribunal Supremo, es decir toda mi vida profesional al servicio de la administración de justicia y, en consecuencia, puedo identificar con precisión los problemas de nuestra justicia.
Institucionalizar los cargos jurisdiccionales, que no exista la transitoriedad y crear un mayor número de juzgados por población y por situación geográfica.
Crear la jurisdicción constitucional, una unidad de transparencia autónoma, crear una comisión de unificación de criterios y la institucionalización de los cargos.
Cuando se eligieron las anteriores autoridades (en 2011), no vino acompañado de leyes, eran las mismas normas de siempre, hoy se cuenta con cinco normas y falta una más, pero es una base para la transformación de la justicia.
Con la creación de la jurisdicción constitucional, los jueces ordinarios tendrán mayor tiempo para realizar su trabajo, y con leyes adecuadas a nuestra Constitución Política del Estado (vigente desde el 9 de febrero de 2009) y recursos humanos de excelencia se reducirá la retardación de justicia.
Labels: Elecciones Judiciales, TCP: Tribunal Constitucional Plurinacional
Se elegirá a nueve magistrados para el TSJ
En las elecciones judiciales del 3 de diciembre, las bolivianas y bolivianos elegirán a nueve magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de los 36 preseleccionados por la Asamblea Legislativa.
La lista fue elaborada de acuerdo con los criterios de paridad de género y plurinacionalidad establecidos en las leyes 929 y 960, según Fuente Directa.
Por Chuquisaca los candidatos son: Lourdes Yolanda Barragán Careaga, Marina Durán Miranda, Lilian Paredes Gonzales de Durán y José Antonio Revilla Martínez; por La Paz: Rosmery Aliaga Apaza, Juan Carlos Berríos Albizu, Virginia Patty Torres y José César Villarroel Bustios.
Por Cochabamba están Nuria Gisela Gonzales Romero, Scarlett Carla Gutiérrez Rojas, Esteban Miranda Terán y Juan de la Cruz Vargas Vilte Laslo; de Oruro son Janneth Alarcón Rinaldo, María del Carmen Bejarano Mercado, Virginia Colque Calle y Marco Ernesto Jaimes Molina.
Por Potosí: Edwin Aguayo Arando, Elizabeth Arismendi Chumacero, Jorge Andrés Pérez Maita y Nelma Teresa Tito Araujo.
Tarija: María Cristina Díaz Sosa, Rolando Isidoro Espíndola Manguia, Ernesto Félix Mur y Zacarías Valeriano Rodríguez.
Los postulantes por Santa Cruz son Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Joyce Lizeth Choquerive Sossa, Olvis Eguez Oliva y Willian Tórrez Tordoya.
En tanto que por Pando los preseleccionados son Gonzalo Flores Céspedes, Ponciano Ruiz Quispe, Ricardo Torres Echalar y Rafael Zapata Ustaris; por el Beni Marlene Arteaga Vaca, Ramón Camargo Pedriel, Carlos Alberto Eguez Áñez y Mariana Montenegro Áñez.
El TSJ es una instancia independiente de los cuatro órganos del Estado y está sometido a la Constitución Política del Estado.
Los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz Freddy Cayo y Florencia Laruta informaron, por separado, que se intensificó el trabajo de difusión de méritos de los candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional en el área rural.
“Como Tribunal Electoral Departamental estamos saliendo a las comunidades, personalmente, a socializar los méritos de los postulantes al Órgano Judicial”, declaró la vocal Laruta.
Cayo indicó que el trabajo es intenso a dos semanas de las elecciones judiciales del 3 de diciembre.
Dijo que las ferias son los lugares donde el personal se desplegó para entregar el material impreso que se elaboró para incentivar a la población a participar en los comicios judiciales.
Al igual que en la feria 16 de Julio de El Alto, donde se aprovecha la concentración de mucha gente. “También nos desplegamos en el Teleférico rojo”.
Además informó que el TED de La Paz desarrolla conversatorios informativos con las y los candidatos al TSJ y TCP en coordinación con instituciones públicas, organizaciones, sociales, universidades y la sociedad civil en su conjunto, interesadas en conocer los perfiles, trayectoria y las propuestas de las (os) candidatas (os), en cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Difusión de Méritos de las y los postulantes.
El coordinador del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Yamil Rivas Barrios, informó que la población que acuda a las urnas el 3 de diciembre tendrá tres minutos para ejercer su voto.
“La norma no indica ningún tipo de tiempo dentro del recinto reservado, pero se puede calcular tres minutos como máximo para votar”, señaló el coordinador de la Circunscripción 6.
La jornada de ayer el Tribunal Departamental Electoral (TED) realizó un simulacro de votación, en el que participó el presidente Antonio Condori Huanca.
Rivas explicó que toda persona que acuda a votar el domingo 3 de diciembre debe portar su cédula de identidad, como único documento válido para sufragar de acuerdo a norma.
El documento será verificado por el secretario de mesa y luego en la lista el elector deberá poner su huella; cumplido esto el Presidente de mesa entregará la papeleta que debe ser enseñada a los asistentes en la fila.
En cuanto a los tiempos, se ha establecido que las mesas inicien su trabajo a las 08.00 y se extiendan hasta las 16.00, para después dar paso al conteo de votos.
En cuanto a las maletas electorales, Rivas describió que éstas llevan un sello de seguridad; stikers de identificación, acta electoral, hojas de trabajo, ánforas, marcadores y todo el material administrativo.
Vélez dice que lo torturaron para que se inculpara
Edmundo Vélez, el hombre que estuvo cinco días detenido acusado de un crimen que no cometió, señala que fue golpeado por policías para declararse culpable.
"Me tiraron un manazo, me decían ¡por qué lo has matado!, luego me metieron a un cuarto, me pusieron una bolsa en la cabeza y me golpearon", señaló Edmundo Vélez Andane, sobre la forma en que fue aprehendido y culpado por un crimen que no cometió.
El hombre que trabaja en una hacienda en Pedro Lorenzo, pide resarcimiento de daños, que se limpie su imagen y garantías por su seguridad.
El fiscal que llevaba adelante la investigación, Osman Arias, pidió disculpas a Vélez por lo sucedido y agradeció "a Dios porque no fue llevado a Palmasola".
Indicó también que el verdadero autor de la muerte de Félix Cortez Escóbar fue un ciudadano brasileño identificado como Jefferson Roque Dos Santos Oliveira (20) que confesó su delito.
“El Órgano Judicial es clave si queremos acelerar ...
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