Source: https://es.scribd.com/document/107995316/Proyecto-de-Ley-de-Participacion-Ciudadana
Timestamp: 2019-10-19 02:51:20
Document Index: 207075802

Matched Legal Cases: ['IN FINE', 'IN FINE', 'IN FINE', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'IN FINE', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Proyecto de Ley de Participación Ciudadana | Iniciativa | Presupuesto
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002 Exp. Indice Descrip Conava
ParticipaciÃ³n vespertino
Elementos para el fortalecimiento de las atribuciones y capacidades técnicas del Poder Legislativo Federal en el sistema presupuestario
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Congreso Nacional Honorable Cmara de Diputados
Asuncin, 21 de agosto de 2006 Seor: Presidente de la Cmara de Diputado Dip. Vctor Alcides Bogado De nuestra consideracin: Los abajo firmantes, proponentes y adherentes nos dirigimos a Ud. a fin de presentar el Anteproyecto de Ley de Participacin Ciudadana, que tiene por objeto establecer y regular los medios de participacin ciudadana en los asuntos pblicos, de conformidad con los principios y normas establecida en la Constitucin. La Participacin ciudadana que proponemos se sustenta fundamentalmente en el Artculo 117 de la Constitucin que establece que todos los ciudadanos, sin distincin de sexo, tienen el derecho a participar en los asuntos pblicos directamente o por medio de representantes en la forma que determine la Constitucin y las leyes. Asimismo, cabe mencionar como fundamento el Artculo 1 de la Constitucin que dispone que la Repblica del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. El Anteproyecto aborda temas como las audiencias pblicas, la iniciativa popular, los referendos, los periodos de informacin pblica, y diversos mecanismos de consulta y control ciudadano. Asimismo, se contempla infracciones y sanciones a quienes incumplen con la norma, y se regula el rol de la Defensora del Pueblo como rgano garante y defensor de los derechos ciudadanos a la participacin. La regulacin de estos mecanismos constituye una tarea necesaria para promover y facilitar participacin ciudadana en la gestin pblica. Ello se puede lograr estableciendo espacios formales que permitan a la ciudadana controlar la gestin, recibir informacin y expresar sus demandas, sin depender para ello del arbitrio de la autoridades. Para la elaboracin del Anteproyecto se han considerado diversas fuentes, adems de la Constitucin. Entre estas fuentes puede citarse: (i) la Convencin Interamericana contra la corrupcin y las leyes modelo de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) sobre mecanismos de participacin de la sociedad civil en la prevencin de la corrupcin, y sobre mecanismos de acceso a la informacin administrativa para la prevencin de la corrupcin; (ii) la legislacin de otros pases sobre participacin ciudadana, tales como la Ley de procedimiento de Participacin Ciudadana y la Ley de Acciones Populares de Colombia, la Constitucin de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, la Ley de participacin ciudadana de Nicaragua, las Leyes de participacin ciudadana de diversos estados mexicanos, entre otras;(iii) otros anteproyectos y proyectos, tales como el Ante proyecto de Ley de General de Participacin, Santo Domingo, Repblica Dominicana, el Anteproyecto de Ley de Descentralizacin de Ciudadanos por la Reforma de Paraguay, Proyecto de Ley Orgnica de Participacin Ciudadana de Venezuela, entre otros; (iv) la legislacin paraguaya, como el Cdigo Electoral, ordenanzas municipales.
El anteproyecto fue elaborado de manera participativa, con lo asesoramiento tcnico del Abogado Enrique Sosa Arra y de otros profesionales abogados que contribuyeron con aporte y sugerencias puntuales. En efecto, durante un periodo estimativo de tres aos, se han realizados eventos y talleres de discusin en la capital y en el interior del pas para discutir los borradores del Anteproyecto, recibiendo diversos aportes y comentarios de los participantes, que enriquecieron el proceso de elaboracin. Adems, se han recibido sugerencias y comentarios de diversas organizaciones no gubernamentales, as como de profesionales abogados. Dichos aportes han contribuido para concretar esta propuesta. El proceso de Trabajo desarrollado por el Grupo Impulsor de Participacin Ciudadana (GIPC) se inicio en el ao 2002 y est integrado por el Acuerdo Ciudadano (AC), Ciudadanos por la Reforma (CPR), Red de Contralora Ciudadana del Paraguay (RCCP), y el Concejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI), cuyos propsitos de articulacin fueron formalizados a travs de un acuerdo interinstitucional. El GIPC haba surgido ante la necesidad de promover la articulacin y el fortalecimiento de la sociedad civil como una manera de profundizar la democracia y la participacin ciudadana en las decisiones pblicas. Desde el 2002 se realizaron conjuntamente diversas actividades relativas a la difusin de los mecanismos de Participacin Ciudadana, tales como el acceso a la informacin y mecanismos de consultas, as como normativas existentes en la legislacin nacional acerca de la Participacin Ciudadana. Igualmente se haba realizado un debate televisivo en abril del 2003, a propsito de las elecciones presidenciales, evento en la cual se presento a la ciudadana el programa de lucha anticorrupcin de 4 partidos polticos. Como resultados de todas estas actividades de difusin hoy se tiene el Anteproyecto a ser presentado ente el parlamento. ltimamente se han sumado al Grupo Impulsor: El Instituto de Derecho y Economa Ambiental (IDEA), Trasparencia Paraguay (TP), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penal y Sociales (INECIP). Esperamos que la Comisin de Legislacin lo trate en la brevedad posible y estamos a su disposicin para cualquier consulta. Atentamente
Alegre, Pedro Efran Manuel Diputado Nacional Nacional Del Puerto, Juana Diputada Nacional Del Puerto Juan Diputado
Diputada Nacional Nacional
Maciel,Norma
Ferreira,Olga Diputada Nacional
Mercado,Oscar Diputado
Merlo, Rosa Esperanza
Mussi, Gustavo
Neri Huerta, Eduardo
Diputado Nacional Nacional Soler, Carlos Mara Diputado Nacional Diputado Nacional Diputado
Torres, Miguel ngel Diputado Nacional
ANTEPROYECTO DE LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA TITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. TITULO SEGUNDO: OBLIGACION DE INFORMAR. ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS. TITULO TERCERO: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. CAPITULO I. AUDIENCIAS PBLICAS CAPITULO II. PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS SESIONES PLENARIAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y DEPERTAMENTALES CAPITULO III. INICIATIVA POPULAR CAPITULO IV. REFERENDUM LEGISLATIVO. CAPITULO V. REFERRENDUM DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. CAPITULO VI. PLEBISCITO TITULO CUARTO. PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS SIN FINES DE LUCRO EN EL CONTROL DE LA GESTIONE PUBLICA. TITULO QUINTO. APORTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS SIN FINES DE LUCRO. TITULO SEXTO. ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA. TITULO SEPTIMO. DERECHO A LA DEFENZA DE INTERESES DIFUSOS. ACCIONES POPULARES. TITULO OCTAVO. INFRACIONES Y SANCIONES. TITULO NOVENO. DISPOSIOCIONES FINALES Y TRANSITORIAS.
ANTEPROYECTO DE LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artculo 1.- Esta ley tiene por objeto establecer y regular los medios de participacin ciudadana en los asuntos pblicos. Artculo 2.- Ninguna norma de esta ley debe interpretarse como concluyente o incompatible respecto de derechos reconocidos o acordados por tratados internacionales, leyes y decretos u otras normas administrativas que faciliten la participacin ciudadana. Artculo 3.- Los procedimientos, instancias y mecanismos regulados de la presente ley no son limitativos y no pueden impedir o restringir el desarrollo de otras formas de participacin ciudadana en los asuntos pblicos. Artculo 4.- A los efectos de la presente ley, el termino administracin publica incluye a los ministerios, secretarias y otras dependencias del Poder Ejecutivo, a las entidades descentralizadas; a los gobiernos departamentales y municipales; y a todo rgano publico que desempee funciones administrativas en cualquiera de los Poderes del Estado. TITULO SEGUNDO OBLIGACION DE INFORMAR ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS Artculo 5.- Sin perjuicio de lo previsto en las leyes que regularan el acceso a la informacin pblica, cada administracin pblica tiene la obligacin de elaborar y difundir al pblico, como mnimo, los siguientes informes: aspectos, los datos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y el monto de los recursos pblicos ejecutados. Estos informes debern ser actualizados anualmente.
b) Informes sobre los tramites que se gestionan ante sus dependencias, los costos oficiales para la realizacin de dichos tramites, los procedimientos que deben seguirse, las autoridades y oficinas responsables, los medios y plazos para impugnar las decisiones adoptadas, as como las dependencias ante las que se pueden acudir para solicitar orientacin o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestacin del servicio o sobre el ejercicio de las funciones a cargo de la administracin publica de que se trate. Estos informes debern ser actualizados cuando exista alguna modificacin de los procedimientos o trmites, o algn cambio de autoridades u oficinas responsables. a) Informe anuales de desempeo, en los cuales se incluirn, entre otros
Artculo 6.- La difusin al pblico de la informacin referida en este Titulo se realizara a travs de medios idneos, adecuados y accesibles a los ciudadanos, conforme con los siguientes criterios: 1. Difusin a travs de medios impresos.
Cada administracin pblica deber tener a disposicin del publico los documentos impresos en los cuales coste la informacin referida en este titulo. Adems, cada administracin pblica deber contar con resmenes explicativos de la informacin indicada en el Articulo5 de esta Ley, en trminos sencillos y accesibles. Estos resmenes debern estar expuestos en murales ubicados en sitios visibles de acceso pblico, y en las oficinas de alienacin al pblico. 2. Difusin a travs de Internet. Los ministerios y secretarias del Poder Ejecutivo debern difundir la informacin referida a este titulo a travs de los portales oficiales de Internet de Gobierno Nacional o de sus propias pginas web. Las entidades descentralizadas del Estado, los Gobiernos Departamentales y las Municipalidades que cuenten con portales propios de Internet debern difundir la informacin a travs de dichos portales. Las oficinas administrativas del Congreso y del Poder Judicial debern difundir la informacin a travs de sus respectivas pginas web. Las entidades descentralizadas, los Gobiernos Departamentales y Municipales que no cuenten con portales propios en Internet o con acceso a dicho medio, debern coordinar mecanismos de difusin en Internet a travs de los otros portales oficiales o de otros portales en los cuales puedan tener acceso en virtud de convenios de cooperacin. 3. Publicaciones en los diarios de la repblica y en la gaceta oficial. Cuando legalmente corresponda, cada administracin pblica deber publicar los anuncios y edictos en la gaceta oficial y en los diarios de la repblica. La publicacin deber efectuarse en la forma y durante el trmino establecidos en las leyes pertinentes. 4. Difusin complementaria a travs de otros medios idneos. Complementariamente a la utilizacin de los medios sealados precedentemente, cada administracin pblica podr utilizar adems otros medios impresos, digitales y electrnicos adecuados para informar al pblico. Artculo 7.- Los medios de difusin propios de la administracin pblica debern ser rigurosos, veraces, objetivos y respetuosos hacia la pluralidad existente en la sociedad. Artculo 8.- Cada administracin pblica implementara espacios adecuados y suficientes que permitan la expresin de la opinin ciudadana sobre los temas que consideren oportunos en los diversos medios disponibles Artculo 9.- Cada administracin pblica podr establecer periodos de Informacin Publica antes de la aprobacin de proyectos normativos y de planificacin. El periodo de informacin pblica consistir en: a) La difusin del proyecto en medios idneos, adecuados y accesibles al pblico, conforme con los criterios establecidos en el Artculo 6 de esta Ley. El proyecto deber ir acompaado de un resumen explicativo con un lenguaje sencillo y accesible al ciudadano comn.
b) La invitacin al pblico observaciones y sugerencias. para la presentacin de opiniones,
La difusin se har con una antelacin no inferior a 45 (cuarenta y cinco) das de la fecha prevista para su tratamiento y aprobacin. Las propuestas y objeciones que formulen las personas no son vinculantes pero la administracin pblica competente estar obligada a responderlas fundadamente. La autoridad convocante indicara el plazo mnimo para la presentacin de las opiniones. Artculo 10.- Ser obligatoria la apertura de periodos de Informacin Pblica con anterioridad a la aprobacin de proyectos normativos y de planificacin susceptibles de afectar el ambiente, la integridad del hbitat, la salubridad pblica, el acervo cultural nacional, los intereses del consumidor y otros que, por su naturaleza jurdica, pertenezcan a la comunidad y hagan relacin con la calidad de vida y el patrimonio colectivo, salvo casos de urgencias impostergable debidamente justificados que hagan imposible esperar el tramite de informacin. Artculo 11.- En los expedientes administrativos iniciados para el otorgamiento o modificacin de permisos, autorizaciones o licencias, la administracin pblica competente podr disponer la apertura de un periodo de Informacin Pblica antes de la decisin definitiva, cuando esta sea susceptible de afectar los intereses colectivos sealados en el artculo anterior. Artculo 12.- En cada administracin pblica, deber designarse a un responsable para el asesoramiento al pblico, y para la recepcin y tramitacin de sugerencias, quejas y reclamos. El responsable deber proporcionar y difundir informacin sobre el estado del trmite y decisiones que se adopten respecto a dichas sugerencias, quejas o reclamos, as como otros datos que le sean solicitados por el pblico. TITULO TERCERO INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA CAPITULO I AUDIENCIAS PUBLICAS Artculo 13.- Cada administracin pblica podr convocar a audiencias pblicas para brindar informacin al pblico, recabar la opinin de la ciudadana, evaluar la calidad de los servicios, o debatir otros asuntos de inters pblico. Podrn participar en las audiencias pblicas los interesados que se inscriban oportunamente dentro de los plazos establecidos en la convocatoria. Los participantes tendrn el derecho de opinar, debatir, formular observaciones y sugerencias en el acto de la audiencia sobre el tema objeto de la convocatoria. Tendrn derecho a recibir una respuesta fundada a sus observaciones y sugerencias. Artculo 14.- Las audiencias pblicas tendrn carcter consultivo. Las opiniones y propuestas presentadas en ellas no son vinculantes, pero la autoridad administrativa deber considerarlas y dar las razones en virtud de las cuales las adopte o deseche, en un plazo no mayor de 90 (noventa) das. En el
caso que la autoridad administrativa adopte una decisin favorable a la propuesta presentada, deber informar pblicamente sobre el grado de avance en la implementacin por lo menos dos veces al ao o hasta el trmino de su implementacin si ocurriere en un plazo ms breve. Artculo 15.- Las administraciones pblicas competentes estarn obligadas a convocar a audiencias pblicas, con anterioridad a la adopcin de la decisin, en los siguientes casos:
Congreso Nacional Honorable Cmara de Diputados a) Para la contratacin o concesin de obras y servicios pblicos por licitacin pblica, cuyo monto exceda el equivalente a 50.000.- jornales mnimos para actividades diversas no especificadas de la capital de la Repblica. La convocatoria y organizacin de la audiencia correspondern a la autoridad competente para el llamado a licitacin. b) Para el estudio del incremento de tarifas del transporte pblico del rea metropolitana de Asuncin. La convocatoria y la organizacin de la audiencia correspondern al Presidente del consejo de la Secretara de Transporte del Area Metropolitana (SETAMA).
c) Para el estudio del incremento de tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. La convocatoria y organizacin de la audiencia correspondern al Presidente del Comit de Administracin del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN).
d) Para el estudio del incremento de tarifas de energa elctrica. La convocatoria y organizacin de la audiencia correspondern al Presidente de la Administracin Nacional de Electricidad (ANDE).
Artculo 16.- Cada Municipalidad estar obligada a convocar a audiencias pblicas en los siguientes casos:
a) Para la presentacin y discusin del proyecto de presupuesto municipal y del proyecto de inversin de las transferencias recibidas en conceptos de Royalties y compensaciones provenientes de Itaipu y Yacyreta. Sern convocadas y organizadas por el Intendente, una vez al ao, con anterioridad a la presentacin del proyecto de presupuesto a la Junta Municipal; b) Para la presentacin y discusin de proyectos de ordenanza de aprobacin del Plan Regulador de la ciudad y de ordenamiento territorial y sus modificaciones. Sern convocadas y organizadas por de Presidente de la Junta Municipal, con anterioridad a la aprobacin de los proyectos en el plenario. c) Para informar y evaluar los resultados de la gestin del presupuesto municipal. El informe deber presentar el desempeo de cada programa municipal con la correspondiente informacin de ejecucin presupuestaria y de costo, incluyendo la informacin que sirva para comparar y contextualizar los resultados de la gestin. Tambin se presentara un informe general de la situacin econmica, financiera y presupuestaria de la Municipalidad. As mismo deber informarse del estado de ejecucin de las decisiones y compromisos adoptados en las audiencias pblicas realizadas durante el ao anterior. Sern convocadas y organizadas por el Intendente, dentro de los cuatros primeros meses de cada ao.
Cada Municipalidad tambin estar obligada a convocar a audiencias pblicas cuando la solicitud sea formulada a propuesta de por lo menos el porcentaje de electores inscripto en el padrn electoral del distrito municipal, indicado en el Artculo 18. En este caso, la convocatoria y organizacin de la audiencia pblica correspondern al Intendente Municipal. No ser obligatoria la convocatoria cuando la solicitud de los electores sea presentada dentro de los 90 (noventa) das anteriores o posteriores a la fecha de las elecciones generales o municipales.
Artculo 17.- Cada Gobierno Departamental estar obligado a convocar a audiencias pblicas en los siguientes casos: a) Para la presentacin y discusin del plan de desarrollo departamental. La Convocatoria ser competencia del Gobernador Departamental. Sern convocadas como mnimo cada dos aos.
b) Para informar y evaluar los resultados de la ejecucin del plan de desarrollo departamental y la gestin de servicios de salud y educacin en el departamento. La convocatoria y la organizacin de la audiencia correspondern al Gobernador Departamental. A esta audiencia debern asistir los Directores Regionales de los Ministerios de Salud y de Educacin del Departamento. Sern convocadas durante los cuatro primeros meses de cada ao.
Cada Gobierno Departamental tambin estar obligado a convocar a audiencias pblicas cuando la solicitud sea presentada a propuesta de por lo menos el porcentaje de electores inscriptos en el padrn electoral del departamento, indicado en el Artculo 18. En ese caso, la convocatoria y organizacin de la audiencia pblica correspondern al Gobernador Departamental. No ser obligatoria la convocatoria de los electores sea presentada dentro de los 90 (noventa) das anteriores o posteriores a la fecha de las elecciones generales o municipales. Artculo 18.- El porcentaje mnimo de electores necesario para solicitar la convocatoria obligatoria a audiencia pblica ser el siguiente: a) Del cinco por ciento, en distritos electorales de 1 a 20.000 electores b) Del cuatro por ciento, en distritos electorales de 20.001 a 50.000 electores c) Del tres por ciento, en distritos electorales de 50.001 a 100.000 electores d) Del dos por ciento, en distritos electorales de ms de 100.000 electores. La verificacin de la autenticidad de las firmas de los solicitantes y del hecho de haber alcanzado el porcentaje de electores requerido, estar a cargo de la jurisdiccin electoral competente. Una vez verificadas las firmas y el porcentaje, la audiencia pblica deber efectuarse como mnimo dentro de los 90 (noventa) das, salvo que la solicitud haya sido presentada dentro del periodo electoral establecido en el ltimo prrafo de los Artculos 16 y 17 de esta ley. Artculo 19.- La convocatoria deber realizarse a travs de la publicacin en un diario de amplia circulacin con por lo menos 15 (quince) das antes de la fecha de audiencia. Asimismo, con la misma antelacin deber difundirse a travs de otros medios idneos, adecuados y accesibles conforme con los criterios establecidos en el Artculo 6 de la presenta Ley. Artculo 20.- La convocatoria deber indicar:
a) Organo que efecta la convocatoria
b) Temas a tratar c) Da, lugar y hora de celebracin
Congreso Nacional Honorable Cmara de Diputados d) Oficina y horario donde pueden consultarse los antecedentes e inscribirse los interesados en participar y presentar observaciones o propuestas e) Tiempo acordado a cada participante para su exposicin oral, para las preguntas y para sus respuestas.
Artculo 21.- Para cada audiencia pblica se formar un expediente en el que constarn: a) El Pedido de convocatoria
b) La decisin que convoca a audiencia pblica
c) La nmina de las personas o entidades registradas para participar
d) El acta de la audiencia.
e) La decisin de la autoridad convocante respecto del tema de la audiencia. Artculo 22.- El acta de la audiencia pblica deber ser difundida a travs de medios idneos, adecuados y accesibles al pblico conforme con los criterios establecidos en el Artculo 6 de la Ley. Adems copias de las actas debern estar disponibles en las oficinas de atencin al pblico de la administracin para cualquier persona. Artculo 23.- Quienes no estn inscriptos no podrn intervenir ni formular preguntas en el acto de audiencia. Podr no obstante, enviar sus inquietudes o propuestas por escrito a las autoridades competentes a travs de los medios establecidos para el efecto. La inscripcin podr realizarse antes o durante el desarrollo de la audiencia pblica. Artculo 24.- Las audiencias pblicas sern presididas por la autoridad de ms alto nivel jerrquico de la administracin competente. Artculo 25.- El Presidente de la audiencia pblica tiene las atribuciones inherentes al ordenamiento del debate, y en particular para: a) Designar a un secretario, a cuyo cargo estar la lista de oradores, la formacin del expediente, el registro de los debates y la elaboracin del acta. b) Dirigir y ordenar el debate. c) Disponer, por razones fundadas, prrroga o postergacin de la audiencia. la interrupcin, suspensin,
d) Solicitar el auxilio de la fuerza pblica si ello fuere necesario para garantizar el normal funcionamiento de la audiencia. CAPITULO II PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS SESIONES PLENARIAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES. Artculo 26.- Sern pblicas las sesiones plenarias de las Juntas Municipales y Departamentales, salvo cuando se traten aquellos casos en los cuales el debate o la votacin deban permanecer en reserva por expresas disposiciones legales.
No podr limitarse el acceso de las personas interesadas en presenciarlas por otros motivos que no sean el espacio de los lugares habilitados a tal efecto y el normal desenvolvimiento del debate de las respectivas Juntas. Para facilitar la participacin, las municipalidades y gobernaciones debern contar con espacios amplios que posibiliten el acceso normal de personas interesadas. Artculo 27.- Las Presidencias de las Juntas Departamentales y Municipales debern hacer pblicos sus rdenes del da como mnimo un da hbil anterior antes de la celebracin de la sesin plenaria salvo en los casos de sesiones extraordinarias urgentes. La publicidad se realizar a travs de murales que debern estar colocados al acceso del pblico en el local de la Junta Departamental o Municipal. Adems, deber estar disponible en las oficinas de atencin al pblico de la Gobernacin o Intendencia respectivas. Artculo 28.- Las organizaciones ciudanas podrn solicitar a una Junta Municipal o Departamental un espacio para efectuar alguna exposicin verbal ante el Plenario de la Junta Municipal o Departamental que guarde relacin con algn punto del orden del da o bien tenga un inters relevante para su organizacin y para la poblacin en general. Artculo 29.- La participacin de las organizaciones ciudadanas en la sesin plenaria se regir por el reglamento aprobado por la respectiva Junta Departamental o Municipal. El reglamento deber determinar el nmero mximo de solicitudes que podrn ser admitidas en cada sesin plenaria, el tiempo de duracin de la exposicin, el momento de la intervencin y otros aspectos necesarios para asegurar una adecuada participacin. Los representantes de las organizaciones ciudadanas que participen en las sesiones plenarias no tendrn derecho a voto en las decisiones del plenario. Artculo 30.- La solicitud podr ser presentada por los interesados a la Presidencia de la Junta hasta la finalizacin del horario normal de atencin al pblico del da anterior al previsto para la sesin plenaria. En la presentacin, los interesados debern especificar los motivos de la solicitud e indicar el representante designado para intervenir en la sesin plenaria. La admisin de la solicitud compete al plenario de la Junta Departamental o Municipal, segn el caso. Sin embargo, cuando el tema propuesto se haya acompaado, con minino, de la adhesin del porcentaje de electores indicado en el Artculo 21 de esta Ley, se incorporar obligatoriamente al orden del da de la primera sesin plenaria ordinaria que acontezca, trascurrido un mes de haber presentado la peticin. CAPITULO III LA INICIATIVA POPULAR Artculo 31.- Los electores pueden ejercer la iniciativa popular en las condiciones establecidas en esta ley y en el cdigo electoral. El derecho reconocido por la Constitucin a favor de los electores para proponer, como iniciativa popular, proyecto de ley, requiere la presentacin de una propuesta legislativa, que deber contener lo siguiente: a) Texto articulado del proyecto de ley, precedido de una exposicin de motivo;
b) La firma de por lo menos el 0,5% (medio por ciento) de los electos inscriptos en el Registro Cvico Permanente, identificados con su nombre, apellido y numero de documento de identidad civil.
Corresponda a la justicia electoral verificar si los promotores han alcanzado el porcentaje de electores requerido en este artculo.
Artculo 32.- La iniciativa popular para la presentacin de proyectos de ley se regir por lo dispuesto en el artculo anterior y por las disposiciones pertinentes de Cdigo Electoral 1. Artculo 33.- Los electores de un municipio tendrn derecho a proponer y presentar proyecto de ordenanzas municipales en los trminos establecidos en esta ley. Similares derechos tendrn los electores de un departamento para proponer y presentar proyecto de ordenanzas departamentales. Artculo 34.- Los proyectos de ordenanzas presentados por medio de iniciativa popular debern contener lo siguiente: a) Texto articulado del proyecto de ordenanza, precedido de una exposicin de motivos.
b) La firma de por lo menos el porcentaje de los electores indicado en el Artculo 18 de la ley, que se encuentra inscriptos en el Registro Cvico Permanente correspondiente al municipio o al departamento segn se trate de una iniciativa popular de ordenanza municipal o departamental. Los electores debern estar identificados con su nombre, apellido y nmero de documento de identidad. c) Designacin de la comisin promotora de la iniciativa, con expresin de sus datos personales y la constitucin del domicilio de la comisin. Esta comisin actuar en representacin de los firmantes a los efectos de la tramitacin del proyecto y estar integrada como mnimo por tres electores. d) Corresponde a la Justicia Electoral competente verificar si los promotores han alcanzado el porcentaje de electores requeridos en este artculo.
Artculo 35.- Admitido el proyecto de ordenanza por iniciativa popular, el mismo seguir el procedimiento establecido para el tratamiento de un proyecto presentado por el Intendente o el Gobernador o cualquier concejal municipal o departamental. El estudio correspondiente se iniciar sin demora Articulo 36.- Con 5 (cinco) das hbiles de antelacin a la fecha del plenario para el tratamiento de la iniciativa, se notificar a la comisin promotora para que asista a travs de su integrante a la sesin, con derecho a voz, pero sin voto. Los representantes de la Comisin podrn solicitar el uso de la palabra, exponer los fundamentos de la iniciativa y responder las objeciones y observaciones que se hubiera planteado, conforme con los reglamentos de las respectivas Juntas. CAPITULO IV EL REFERENDUN LEGISLATIVO Artculo 37.- El referndum legislativo es una forma de consulta popular, mediante la cual se convoca al electorado para que manifieste su aprobacin o rechazo sobre un tema especficamente determinado en la Ley de convocatoria. Artculo 38.- El referndum legislativo se regir por las disposiciones establecidas en la Constitucin y en el Cdigo Electoral 2 .
Alternativa 1 : transcribir en esta Ley los Artculo pertinente del Cdigo Electoral (Artculos 267 al 275) Alternativa 2: transcribir en esta Ley los Artculo pertinente del Cdigo Electoral (Artculos 267 al 275)
CAPITULO V EL REFERENDUM DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Artculo 39.- Mediante el referndum departamental o municipal, podr convocarse al electorado inscripto en el departamento o municipio para que exprese su aprobacin o rechazo sobre un proyecto de ordenanza. Artculo 40.- La autorizacin para la convocatoria del electorado a los efectos de la realizacin del referndum departamental o municipal deber ser exclusivamente otorgada por la Junta Departamental o por la Junta Municipal correspondiente, segn se trate de una consulta atinente a norma de ndole departamental o municipal. Artculo 41.- La iniciativa para realizar el referndum a nivel departamental o municipal corresponder al Gobernador o al Intendente, o cuanto menos cinco concejales departamentales o municipales, segn fuere el caso. Tambin tendr iniciativa el porcentaje de electores indicado en el Artculo 18 de la Ley, inscriptos en el padrn electoral correspondiente, segn se trate de un referndum en el mbito municipal o departamental. Los electores debern anexar a su solicitud un listado con su nombre, firma y nmero de su cdula de identidad civil, cuyo cotejo realizara la jurisdiccin electoral competente. La decisin final sobre la realizacin de la consulta ciudadana por esta va ser atribucin exclusiva de la Junta Departamental o Municipal pertinentemente. Artculo 42.- No podrn celebrarse consultas populares departamentales ni municipales va referndum durante el periodo comprendido entre los noventa das anteriores y noventas das posteriores al de la fecha de realizacin de elecciones de autoridades departamentales y municipales, o de la votacin de otro referndum. Artculo 43.- El referndum departamental o municipal se decidir por sufragio universal, libre, directo y secreto, por mayora simple de votos. El objeto de la consulta deber establecer con claridad la pregunta que debern contestar los sufragantes simplemente con un s o con un no. Artculo 44.- Una vez aceptado por ordenanza departamental o municipal el pedido de referndum, el Presidente de la Junta Departamental o Municipal de la que se trate remitir copia de la resolucin correspondiente al Tribunal Superior de Justicia Electoral a los efectos de la convocatoria para la votacin, que deber realizarse entre los 60 (sesenta) y 120 (ciento veinte) das luego de haber sido recibida la copia de la aludida resolucin. Artculo 45.- A los efectos de la realizacin de referndum departamental o municipal, el Tribunal Superior de Justicia Electoral solo convocar al cuerpo de electores inscriptos en los distritos correspondientes al departamento o al municipio del que se trate. El procedimiento quedar sometido al rgimen electoral general en lo que sea de aplicacin. Artculo 46.- Si el resultado electoral del referndum no fuera favorable a la aprobacin de la cuestin consultada, no podr reiterarse la iniciativa hasta
transcurrido tres aos del mismo. Si el pedido para realizar el referndum fuese rechazado por la Junta Departamental o Municipal, no podr promoverse otra peticin que guarde relacin con el mismo asunto hasta trascurrido un ao. Artculo 47.- La convocatoria al referndum deber publicarse por tres veces dentro de los diez das siguientes a su comunicacin al Tribunal Superior de Justicia Electoral, en un peridico de gran circulacin dentro del departamento o del municipio. Tambin deber difundirse la convocatoria al referndum por otros medios idneos y accesibles al pblico, conforme con los criterios establecidos en Artculo 6 de la Ley. Los resultados del referndum debern difundirse, como mnimo, a travs de los mismos medios utilizados para publicidad de la convocatoria. Dichos resultados no tendrn carcter vinculante, pero el Gobernador o el Intendente estar obligado a valorar la opinin del electorado y en su caso a responder pblica y fundadamente las razones de sus decisiones. La Junta Departamental o Municipal estar obligada a valorar la opinin del electorado y, en caso de desecharla, a responder pblica y fundadamente las razones de su rechazo. CAPITULO VI EL PLEBISCITO Artculo 48.- Los Intendentes y Gobernadores podrn consultar a los electores del municipio o del departamento para que expresen su aprobacin o rechazo sobre un asunto determinado. Para la convocatoria al plebiscito se requerir la aprobacin de la mayora simple de las respectivas Juntas. Artculo 49.- Podrn solicitar al Intendente o al Gobernador respectivo que convoque a plebiscito, como mnimo el porcentaje de electores indicado en el Artculo 18, inscripto en el padrn electoral correspondiente segn se trate de un plebiscito en el mbito municipal o departamental. Los electores debern anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y nmeros de cdula de identidad civil, cuyo cotejo realizar la jurisdiccin electoral competente. La decisin de la convocatoria corresponder al Intendente o al Gobernador respectivo, con aprobacin de la mayora simple de las respectivas Juntas. Artculo 50.- Toda solicitud de plebiscito deber contener cuanto menos:
a) El acto o decisin de gobierno que se pretende someter a plebiscito; b) La exposicin de los motivos o razones por las cuales el acto o decisin se considera de importancia someterse a plebiscito; y, c) Cuando se presenta por los ciudadanos, sus respectivos nombres, nmero de cdula de identidad civil y firma de cada uno de los solicitantes.
Artculo 51.- No podrn someterse a plebiscito los actos administrativos que el Intendente o el Gobernador deba adoptar en uso de sus atribuciones regladas. Artculo 52.- Una vez dictado el acto administrativo del Gobernador o del Intendente que dispone la realizacin de plebiscito, y emitida la aprobacin de las respectivas Juntas, se solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral la convocatoria para la votacin, que deber realizarse entre los 60 (sesenta) y 120
(ciento veinte) das luego de haber sido recibida la copia de la resolucin correspondiente.
Artculo 53.- A los efectos de la realizacin del plebiscito departamental o municipal, el Tribunal Superior de Justicia Electoral slo convocar al cuerpo de electores inscripto en los distritos correspondiente al departamento o al municipio del que se trate. El procedimiento quedar sometido al rgimen electoral general en lo que sea de aplicacin. Artculo 54.- La convocatoria a plebiscito deber publicarse por tres veces dentro de los diez das siguientes a su comunicacin al Tribunal Superior de Justicia Electoral, en peridico de gran circulacin dentro del departamento o del municipio. Tambin deber difundirse la convocatoria al plebiscito por otros medios idneos y accesibles al pblico, conforme con los criterios establecidos en el Artculo 6 de la Ley. La publicacin contendr como mnimo:
a) La explicacin clara y precisa de los efectos de la aprobacin o rechazo del acto o decisin sometidos a plebiscito; b) La fecha en que habr de realizarse la votacin; y,
La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresaran su aprobacin o rechazo.
Artculo 55.- Para la elaboracin de las preguntas que se sometern a consulta, se podr solicitar la asistencia y asesoramiento de las dems rganos del gobierno, instituciones de educacin superior, o de organismos sociales y civiles relacionado con la materia de que se trate el plebiscito. Artculo 56.- No podrn celebrarse consultas populares departamentales ni municipales va plebiscito durante el periodo comprendido entre los noventa das anteriores y los noventa das posteriores al de la fecha de realizacin de elecciones de autoridades departamentales o municipales, o de la votacin de otro plebiscito. Artculo 57.- Los resultados oficiales del plebiscito sern difundidos, como mnimo, a travs de los mismos medios utilizado para la publicidad de su convocatoria. Dicho resultados no tendrn carcter vinculante, pero el Gobernador o Intendente estar obligado a valorar la opinin del electorado y en su caso responder pblicamente y fundamente las razones de sus decisiones. TITULO CUARTO PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS SIN FINES DE LUCRO EN EL CONTROL DE LA GESTION PUBLICA Artculo 58.- Se reconoce en las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro el derecho de participar en el control de la actividad de las administraciones pblicas, en especial en lo referido a:
a) La utilizacin de los recursos pblicos segn los procedimientos y finalidades prevista en las normas respectivas;
La asignacin de los recursos pblicos de acuerdo con la finalidad y el espritu de las normas que la regulen;
b) c) El cumplimientos de las misiones, programas, compromisos y metas asignadas o asumidas por las administraciones pblicas d) La eficiencia y eficacia en la labor de la administraciones pblicas;
El asesoramiento y asistencia a las administraciones pblicas de control;
La participacin de las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro en el control de actividades administrativa no podr menoscabar, sustituir u obstaculizar a los rganos y entes pblicos de control en el ejercicio de sus atribuciones. Artculo 59.- Para el cumplimiento de las finalidades enunciadas en el artculo precedente, las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro podrn: observaciones, recomendaciones o peticiones que consideren convenientes y oportunas.
b) Actuar ante los rganos administrativos y ante el Poder Judicial en defensa de intereses directos y difusos; c) Requerir de las administraciones pblicas y a travs de estas ltimas de a) Formular ante las autoridades competentes las denuncias, reclamos,
su contratistas particulares, los presupuestos, precios, fichas tcnicas, estado de ejecucin de los proyectos y dems informacin que les permita verificar si se ha procedido de acuerdo con las normas aplicables y de modo acorde con el inters general;
d) Recibir reclamos, quejas, observaciones o sugerencia de la ciudadana, y transmitirlas a las autoridades competentes; e) Solicitar proteccin a la administracin pblica, en caso de que una denuncia requiera de mecanismo especiales de proteccin a denunciantes y testigos, en especial de aquellos actos y casos de corrupcin que afecten la credibilidad de los procedimientos idneos y legales en el manejo de los bienes pblicos, de conformidad a la Constitucin, Tratados Internacionales y dems leyes vigentes.
Artculo 60.- Las administraciones Pblicas podrn celebrar convenio con organizaciones ciudadanas sin fines de lucro en virtud de los cuales se asignen a esta ltima tareas de colaboracin para verificar y controlar la correcta aplicacin de los recursos pblicas, el desarrollo de los planes de labor y el cumplimiento de sus metas por parte de administraciones pblicas o de la empresas concesionarias de servicios pblicos. TITULO QUINTO APORTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS SIN FINES DE LUCRO Artculo 61.- Las administraciones pblicas podrn brindar apoyo tcnico, material y econmico3 a las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro que colabore con la satisfaccin de los intereses pblico. Artculo 62.- Los aportes o subsidios que brinden las administraciones pblicas a las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro sern efectuados bajo procedimiento que garanticen la mxima trasparencia y publicidad.
3. El aporte a entidades sin fines de lucro est previsto como un rubro especifico dentro del clasificador presupuestario aprobado anualmente en las respectivas leyes del presupuesto. A simple modo informativo, se destaca que la Comisin Bicameral de Presupuesto aprob la inclusin, en el Proyecto de Presupuesto para el ao 2005, de Gs. 15.559 millones en concepto de aporte del Estado para 57 entidades educativas e instituciones sin fines de lucro (Ultima Hora Asuncin, Martes 16 de Octubre de 2005 Pg. 19 seccin econmico MP
Los proyectos beneficiarios de los aportes sern definidos, previo dictamen tcnico fundado, conforme con los siguientes criterios: a) Cantidad aproximada de personas o sector social que ser beneficiado directa o indirectamente con el proyecto, si llegare a ser aprobado y ejecutado; b) Justificacin de la ejecucin del proyecto;
c) Contribucin del proyecto al mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios directa e indirectas; d) Impacto ambiental, cultural, econmico o social; e) Posibilidad de continuidad y de auto-sustentabilidad del proyecto al trmino de sus fuentes de financiamiento; f) Aplicabilidad del proyecto como modelo para otros proyectos similares; g) Otros elementos de juicio y de ponderacin que fueren considerados
Artculo 63.- La administracin pblica que realicen estos aportes a difundir al pblico como mnimo, el nombre de las organizaciones destinatarias, el objeto y el monto total de las ayudas, y el nombre de los responsables. La difusin deber hacerse en forma oportuna, a travs de medios idneos y accesibles, y conforme con los criterios especificados en el Artculo 6 de esta Ley. El presupuesto, los datos sobre el origen de sus fondos y el balance de las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro que perciban aportes del Presupuesto General de la Nacin o de los presupuestos municipales tendrn carcter pblico. Artculo 64.- Las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro que perciban subsidio u aportes del presupuesto pblico estarn sujetas a los controles que las normas especficas establezcan para su aplicacin. Estarn obligados a rendir cuenta documentada de su gestin, conforma con las normas de administracin financiera aplicables. La administracin pblica de que se trate suspender el desembolso de cualquier fondo en caso de encontrarse pendiente la rendicin de cuenta o que sta presente irregularidades graves. Artculo 65.- Las organizaciones ciudadanas sin fines de lucro estarn inhabilitadas para percibir aportes del presupuesto pblico, cuando se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Que la organizacin o quienes se desempeen en sus rganos directivos tengan o hayan tenido inters patrimonial en la obra, contrato, programas o proyecto en cuestin. b) Que se hayan detectado irregularidades administrativas en el manejo de los fondos recibidos con cargo a rendir o en la ejecucin del proyecto. c) Que existan vnculos de cualquier naturaleza que implique conflicto de intereses.
d) Que quienes se desempeen en sus rganos directivos hayan sido
condenados por hecho punible, se encuentra inhabilitado para el ejercicio de una profesin u oficio o hayan sido pasible de sanciones fiscales, hasta que se extinga su efecto. TITULO SEXTO ORGANO DE PARTICIPACION CIUDADANA Artculo 66.- Las administraciones pblicas podrn establecer rganos de participacin ciudadana con el objeto de:
a) Facilitar el acceso a la informacin pblica, la consulta y el dialogo entre
representantes de las organizaciones ciudadanas y los funcionarios pblicos;
b)Canalizar las demanda de la ciudadana; c) Coordinar actividades y;
d) Promover la participacin de las organizaciones ciudadanas en el control de la gestin pblica.
Artculo 67.- Los rganos de la participacin estarn integrados por representantes de organizaciones ciudadanas en funcin de las necesidades y posibilidades tanto de la ciudadana como de la propia administracin pblica, buscando siempre la simplicidad y agilidad funcional que evite la repeticin de temas como la multiplicidad de reuniones con agentes sociales. Artculo 68.- El carcter de los rganos de participacin es consultivo y sus opiniones y recomendaciones no sern vinculantes. No obstante, la autoridad y funcionarios debern considerar dichas opiniones y recomendaciones en los procesos de tomas de decisiones. Artculo 69.- Quien actu en representacin de las ciudadanas en los rganos de participacin ciudadana remuneracin alguna por su participacin en dicho rganos. funcionarios pblicos ni estar incursos en la incompatibilidad Artculo 65. organizaciones no percibirn No podr ser prevista en el
Artculo 70.- La creacin, modificacin o extincin de un rgano de participacin sern aprobadas por acto administrativo de la autoridad competente. El acto administrativo de creacin deber establecer, como mnimo, la composicin del rgano y sus funciones. Cada rgano creado, si lo estimare conveniente, podr dotarse de un reglamento de funcionamiento interno. Artculo 71.- Los rganos de participacin podrn crear grupos de trabajo para realizar determinadas tareas de las cuales tendrn que dar cuenta al propio rgano La coordinacin de cada grupo de trabajo podr recaer en cualquiera de sus miembros. Artculo 72.- Las resoluciones de los rganos de participacin sern adoptadas preferentemente por consenso. Si este no fuera posible, dicha resoluciones se tomarn por mayora. TITULO SEPTIMO
DERECHO A LA DEFENSA DE INTERESES DIFUSOS, ACCIONES POPULARES Artculo 73.- Cualquier persona, individual o colectiva, tendr legitimacin para actuar en procedimientos administrativos y entablar acciones judiciales antes los rganos jurisdiccionales competentes, en defensa de intereses difusos o colectivos, sin necesidad de acreditar un inters directo. De conformidad con la Constitucin, son derechos e intereses difusos, entre otros, los relacionados con: a) El ambiente y la integridad del hbitat; b)La salubridad pblica; c) El acervo cultural nacional; d)Los intereses del consumidor. Tambin son derechos e intereses difusos otros que, por su naturaleza jurdica, pertenezcan a la comunidad y hagan relaciones con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo, tales como el acceso a la fuente pblica de informacin, as como los derechos a la participacin ciudadana establecidos en la presente ley. Artculo 74.- El amparo ser de accin popular en los casos establecidos en el artculo anterior. TITULO OCTAVO INFRACCIONES Y SANCIONES Artculo 75.- Las autoridades y funcionarios pblicos que contravengan las obligaciones establecidas en esta ley incurrirn en faltas y sern posibles de multa de 50 a 300 jornales mnimos para actividades diversas no especificadas de la capital de la Repblica. Artculo 76.- Las sanciones se aplicarn tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes y agravantes que rodeen el hecho. Artculo 77.- Las multas establecidas en esta ley sern impuestas por el juez electoral de la circunscripcin judicial correspondiente al domicilio de la autoridad o funcionario pblico imputado. Sern aplicables las reglas del procedimiento para la investigacin y sancin de las faltas electorales. Los fiscales electorales actuarn de oficio o a instancia de parte en las faltas previstas en esta ley. Artculo 78.- Las autoridades y funcionarios que resulten responsables de las faltas previstas en esta ley debern abonar las multas con cargos a sus patrimonios personales. En ningn caso, las multas sern abonadas con fondos provenientes del erario pblico. Artculo 79.- El importe de la multa cobrado a autoridades y funcionarios municipales y departamentales ser destinado a financiar actividades que promuevan la participacin de la ciudadana en la gestin pblica en sus respectivos municipios y departamentos. A tales efectos, cada
municipalidad o gobierno departamental deber habilitar una cuenta especial, donde sern depositados dichos importes. El importe de la multa cobrado a autoridades nacionales ser destinado a financiar actividades que promueven la participacin de la ciudadana en la gestin pblica nacional. A tales efectos, el Ministerio de Hacienda deber habilitar una cuenta especial, donde sern depositados dichos importes. Artculo 80.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otros rganos competentes, es deber de la Defensora del Pueblo:
a) Recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, pudiendo requerir informes a las autoridades en sus diversos niveles; b) Elaborar y divulgar informes sobre el grado de cumplimiento de la ley. Estos informes debern estar elaborados y difundidos por medios idneos, adecuados y accesibles al pblico, conforme con los criterios establecido en el Artculo 6 de esta ley, como mnimo cada ao;
c) Remitir las denuncias recibidas a los rganos competentes y realizar un seguimiento de las mismas, informando oportunamente al pblico sobre el tramite realizado y sobre la resolucin definitiva en el procedimiento sancionador;
d) Promover las acciones populares para la defensa de los derechos a la participacin ciudadana, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
TITULO NOVENO DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIA Artculo 81.- Los organismos y entidades del Estado, los Gobiernos Departamentales, la Municipalidad de Asuncin y las municipalidades del primer grupo tendrn un plazo de un ao para adecuarse a las obligaciones establecidas en los Artculo 5, 6 pargrafo 1 y 2, y 12 del ttulo segundo de esta ley. Los Gobiernos Departamentales y las municipales del primer grupo que no cuente con la infraestructura indicada en el ltimo prrafo del Artculo 26 de esta ley, debern dar cumplimiento a esta obligacin en un plazo mximo de 3 (tres) aos. Las municipalidades del segundo, tercer y cuarto grupo tendrn un plazo de 2 (dos) aos para adecuarse a las obligaciones establecidas en los Artculos 5, 6 pargrafo 1 y 2, y 12 del ttulo segundo de esta ley. Las municipalidades del segundo, tercer y cuarto grupo que no cuente con la infraestructura indicada en el ltimo prrafo de Artculo 26 de esta ley, debern dar cumplimiento a esta obligacin en un plazo mximo de 5 (cinco) aos. Artculo 82.- Trascurridos los plazos indicados en el artculo anterior, las autoridades y funcionarios competentes de dicha administraciones pblicas sern responsables personalmente del incumplimiento de sus obligaciones en los trminos establecidos en el ttulo octavo de esta ley y en otras leyes pertinentes. El grado de cumplimiento de estas obligaciones estar contenido con el informe del Defensor del Pueblo referido en el Artculo 80 incisos b) de esta ley.
ley. Artculo 83.- Derogase todas las disposiciones contrarias a la presente Artculo 84.- De forma.
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