Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24531
Timestamp: 2020-01-22 04:31:47
Document Index: 207880501

Matched Legal Cases: ['Artículo 135', 'Artículo 254', 'Artículo 418', 'Artículo 458', 'Artículo 458', 'Artículo 465', 'Artículo 484', 'Artículo 8', 'Artículo 8']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 149/2015
SENTENCIA 149/2015, de 6 de julio
ECLI:ES:TC:2015:149
En el recurso de amparo núm. 3513-2013, promovido por la entidad Construcciones Ferymer, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Laguna Alonso y defendida por el Abogado don Alexis Godoy Garda, contra el Auto de la Sección décima octava de la Audiencia Provincial de Madrid, de 10 de abril de 2013, que desestimó el recurso de queja núm. 144-2013, formulado contra el Auto dictado el 7 de febrero del mismo año por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Madrid, que declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la citada compañía contra la Sentencia pronunciada por dicho Juzgado en el juicio ordinario núm. 924-2009. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.
“De conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia, y no habiéndose acompañado justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, que se ha de presentar junto a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible del tributo, como es el supuesto presente, se requiere a la parte presentante para que aporte el modelo 696 debidamente relleno y validado, conforme a lo establecido en la Orden 26 HAP/2662/2012 de 13 de diciembre (BOE 15 de diciembre de 2012) bajo apercibimiento de no dar curso al recurso de apelación, a que se refiere esta resolución.
Y queden los autos pendientes de cumplimiento de lo acordado en la presente resolución, y verificado se acordará.”
e) Mediante Auto de 7 de febrero de 2013 el Juzgado declaró no haber lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación de Construcciones Ferymer, S.A. Razonó que el escrito de dicha compañía se había presentado cuando habían transcurrido tres días desde la práctica del requerimiento, que, sumados a los días transcurridos desde la notificación de la Sentencia hasta la formalización del recurso hacían un total de veinticuatro días, “incluyendo el denominado día de gracia”. El art. 8.2 de la Ley 10/2012 exigía que el justificante de pago de la tasa judicial con arreglo al modelo oficial debidamente validado debía acompañar a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible del tributo y que en caso de que no se hiciera el Secretario judicial requeriría al sujeto pasivo para que lo aportara, sin dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada, si bien la falta de presentación del justificante no impediría la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de la deficiencia, tras el requerimiento, podría dar lugar a la preclusión del plazo procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda. En virtud de dicho precepto y del art. 458.1 LEC procedía denegar la interposición de la apelación.
7. El 12 de septiembre de 2014 el Fiscal presentó sus alegaciones. Tras exponer los antecedentes del caso y referirse a la doctrina sobre el derecho de acceso a los recursos, sobre la subsanación de los defectos procesales en la interposición de recursos en el orden civil y sobre la constitucionalidad (declarada en la STC 20/2012, de 16 de febrero) de la previsión de que no se ejerza la potestad jurisdiccional en beneficio del sujeto pasivo de la tasa judicial que no satisface el tributo, aborda su escrito la cuestión del ajuste de la interpretación sostenida por los órganos judiciales en las resoluciones impugnadas con el tenor del art. 8.2 de la Ley 10/2012. A diferencia del art. 35.7.2 de la anterior Ley 53/2002, de 30 de diciembre, el art. 8.2 de la Ley 10/2012, sin excluir la posibilidad de subsanación, no previó un concreto plazo para efectuarla. Este silencio del legislador debe, según el Fiscal, llevar a aplicar los plazos generales de subsanación previstos en las leyes procesales, opción acogida en el art. 12.2 de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, dictada en uso de la habilitación contenida en los arts. 8.1 y 9.2 de la Ley 10/2012 y vigente en el momento de efectuarse el requerimiento a la sociedad recurrente, que establece que si el sujeto pasivo de la tasa no hubiese adjuntado la autoliquidación al escrito procesal que supusiera la realización del hecho imponible el Secretario “dictará la correspondiente resolución acordando requerir al interesado para que subsane la omisión en los plazos previstos en las leyes procesales, apercibiéndole de no dar curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada”. La previsión del art. 8.2 de la Ley 10/2012, de que la falta de presentación del justificante del pago de la tasa “no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal”, tenía como propósito neutralizar la tesis que, en relación con la anterior regulación legal, venía sosteniendo la suspensión del proceso hasta que se produjera el pago, sin que su omisión provocara efectos procesales, esto es, en el caso de recursos, su inadmisión; como declararon las SSTC 116/2012, 164/2012 y 218/2012, tal interpretación dañaba la integridad del proceso, generando que hubiera actuaciones judiciales suspendidas sine die por factores del todo ajenos a la mejor administración de justicia, con grave riesgo para el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y sin beneficio aparente para ningún derecho o interés legítimo. Según el Fiscal, de la doctrina establecida en esas Sentencias resulta que la sanción procesal prevista en el art. 8.2 de la Ley 10/2012, consistente en la preclusión, con el efecto inherente de inadmisión de la demanda o del recurso, exige dos presupuestos: primero, el requerimiento de subsanación; y, segundo, que transcurra el plazo de subsanación concedido sin haberse pagado la tasa judicial y aportado la autoliquidación.
1. La demandante impugna en amparo la decisión de no admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en un juicio ordinario en el que fue demandada la actora (autos núm. 924-2009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Madrid), por entenderla contraria al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos. Aunque la actora afirme dirigir su queja concretamente contra el Auto de la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de abril de 2013, que desestimó el recurso de queja (núm. 144-2013) interpuesto contra el dictado el 7 de febrero del mismo año por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Madrid, que acordó no haber lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación, el objeto del amparo debe entenderse extendido también a esta segunda resolución. En efecto, como es doctrina reiterada de este Tribunal, “cuando se impugna en el recurso de amparo una resolución judicial confirmatoria de otras que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de entenderse también recurridas esas precedentes resoluciones judiciales confirmadas” (SSTC 97/1999, de 31 de mayo, FJ 2; 178/2003, de 13 de octubre, FJ 2; 139/2007, de 4 de junio, FJ 1; 58/2008, de 28 de abril, FJ 1, y 40/2009, de 9 de febrero, FJ 2). En todo caso, en el cuerpo de su demanda, la actora interesa también la declaración de nulidad del Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Madrid de 7 de febrero de 2013.
3. El objeto del presente recurso se ciñe, en consecuencia, a determinar si la decisión del Juzgado de no admitir el recurso de apelación, confirmada en queja por la Audiencia Provincial, es conforme con el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos o si, por el contrario, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). No nos corresponde enjuiciar aquí, sin embargo, la constitucionalidad de la norma aplicada (cuestión que, en términos generales, excede los límites del recurso de amparo y que no ha sido planteada por la recurrente en su escrito inicial); tampoco forma parte del thema decidendum cómo cohonestar el art. 8.2, párrafo segundo, de la Ley 10/2012, en su redacción original —que fue la aplicada en las resoluciones impugnadas—, con las normas sobre admisión del recurso de apelación, en concreto con la que determina el plazo (art. 458 LEC). A este respecto se debe recordar que, de acuerdo con nuestra doctrina, ya desde la STC 37/1995, de 7 de febrero, “la interpretación de los requisitos procesales y supuestos en que, conforme a la ley, proceden los recursos corresponde a los Tribunales ordinarios, no debiendo este Tribunal Constitucional revisar sus decisiones en la vía de amparo más que cuando se haya producido una denegación de la admisión a trámite del mismo arbitraria, irrazonable, intuitu personae, o incurriendo en error patente” (SSTC 128/1998, de 16 de junio, FJ 4; 65/2002, de 11 de marzo, FJ 3, o 167/2003, de 29 de septiembre, entre otras). No se trata, por tanto, de interpretar las normas procesales en juego, sino de ver si la interpretación dada en el caso es compatible con el derecho fundamental. Precisamente, la especial trascendencia constitucional de este recurso obedece a la problemática surgida desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la interpretación de la cuestión referida a la subsanación contemplada en el art. 8.2 de la Ley 10/2012, Ley que acababa de entrar en vigor pocos días antes de su aplicación a la actora, y que precisó, tres meses después de su publicación, de una modificación introducida por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero (por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita), que estableció el plazo específico de subsanación para la aportación del justificante del abono de la tasa, plazo no previsto en la Ley 10/2012, lo que demuestra que el propio legislador ha sido consciente de los problemas que ha suscitado la aplicación del art. 8.2 de la Ley 10/2012, y que otorga a los mismos un alcance general del que no puede abstraerse este Tribunal.
Debe asimismo recordarse que, con excepción del derecho a la revisión de la sentencia penal de condena por un tribunal superior, que deriva directamente del art. 24.1 CE, el derecho a los recursos es de configuración legal: “es competencia del legislador la configuración del sistema de recursos contra las diversas resoluciones judiciales, arbitrando los medios impugnatorios que estime convenientes con arreglo a los criterios de ordenación que juzgue más oportunos, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que incluso no existan” (STC 120/2009, de 18 de mayo, FJ 2). Lo cual significa que, de acuerdo con la STC 37/1995, de 7 de febrero, “[n]o puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador” (FJ 5).
Ello permite diferenciar el derecho de acceso al recurso, del derecho de acceso a la jurisdicción. Mientras que “el derecho de acceder a la justicia no viene otorgado por la ley, sino por la Constitución misma” (STC 58/1995, de 10 de marzo, FJ 2), el eventual derecho al recurso no es sólo un derecho de configuración legal; es, sobre todo, un derecho de creación legal (STC 181/2001, de 17 de septiembre, FJ 3). Uno y otro derecho son, por consiguiente, “cualitativa y cuantitativamente distintos”, según terminante afirmación del Pleno en la citada STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5, con especial incidencia en el canon de motivación constitucionalmente exigible. Así, el hecho de que una resolución judicial niegue la admisión de un recurso contra una resolución previa no la hace sólo por ello constitucionalmente sospechosa, pues la inadmisión, por sí misma, no supone la negación del ejercicio de ningún derecho constitucional. Se trataría de una resolución que —al igual que la que admitiera el recurso pese a la oposición de la parte recurrida— aplicaría la legislación ordinaria y que, como tal, no podría ser revisada por este Tribunal, cuya jurisdicción en el recurso de amparo sólo le permite conocer de violaciones de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Sección Primera del capítulo segundo del título primero y en el art. 14 de la Constitución [arts. 161.1 b) y 53.2]. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, en cambio, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (art. 117.3 CE), ante quienes se agotan los juicios sobre los demás derechos que reconoce el ordenamiento.
Lo anterior no quiere decir que el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos ex art. 24.1 CE no proteja a los ciudadanos frente a decisiones que rechacen la admisión de los mismos; pero lo hace cuando esas decisiones son arbitrarias en la aplicación del Derecho, irrazonables o incurren en errores fácticos patentes (ATC 271/2008, de 15 de septiembre, FJ 2); una protección que, en los mismos términos, se da también frente a pronunciamientos judiciales de esas características que admitan indebidamente un recurso. Según hemos dicho en alguna ocasión, del mismo modo que “la inadmisión irrazonable o arbitraria de un recurso legalmente previsto … lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva … también la admisión de un recurso que legalmente no procede puede infringir el art. 24.1 de la Constitución” (STC 187/1989, de 13 de noviembre, FJ 2).
4. La cuestión que se nos plantea exige atender, no tanto al sentido del pronunciamiento judicial impugnado —la inadmisión de una apelación civil, que resulta constitucionalmente indiferente—, sino al razonamiento seguido para alcanzarlo. Y ello, además, no con vistas a imponer a los órganos que dictaron las resoluciones impugnadas el criterio interpretativo que resulte más favorecedor del acceso al recurso que reclama la demandante, sino únicamente para verificar si la interpretación legal en que se basa aquel pronunciamiento es arbitraria o irrazonable, “único motivo por el cual … en el ámbito del acceso a los recursos cabría estimar la violación del art. 24.1 CE”, según palabras del Pleno en el fundamento jurídico 4 de la STC 119/1998, de 4 de junio.
Es precisamente en este contexto, el de la motivación de la decisión de inadmisión, atendidas las circunstancias del caso, donde encuentra acomodo la tesis favorable al otorgamiento del amparo. Tal y como se ha relatado, el órgano judicial, en cumplimiento de lo establecido por el art. 8.2 de la Ley 10/2012 en su redacción original, requirió a la apelante y ahora demandante de amparo para que procediera a subsanar la falta de aportación del justificante de abono de la tasa judicial, advirtiendo de que “la falta de presentación del indicado justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal”, lo que podría conducir, en caso de ausencia de subsanación de la deficiencia, tras el requerimiento, a la preclusión del plazo procesal, como así ocurrió finalmente en la resolución impugnada.
No contradice este argumento el hecho de que el recurrente no subsanase el defecto hasta pasados cuatro días hábiles desde que lo recibió. Como recuerda el Fiscal en su escrito de alegaciones, el plazo de cuatro días para subsanar un defecto procesal es razonable, considerando que es un período inferior al plazo general de diez días previsto para otros supuestos en la Ley de enjuiciamiento civil (por ejemplo, en los arts. 254.4 II, 418.1, 465.4 II y 484.1). Más aún, aunque la recurrente hubiera subsanado el defecto procesal el mismo día en que fue notificada la diligencia de ordenación de 10 de enero de 2013, lo habría hecho fuera de plazo, a la luz de la interpretación efectuada por el órgano judicial. A mayor abundamiento, cabe señalar que en la modificación llevada a cabo en el art. 8.2 de la Ley 10/2012 por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, se incorporó al precepto un plazo de subsanación de diez días, norma no aplicable retroactivamente al caso, pero que puede operar como criterio orientativo del sentido del precepto en su redacción original
En un caso que mutatis mutandis presenta analogías con el presente —pues se refiere no a la tasa judicial sino al depósito para recurrir que regula la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y no al auto de inadmisión, sino a la sentencia desestimatoria— este Tribunal ha entendido no conforme con el derecho fundamental la decisión en sentencia de una Audiencia Provincial, de desestimar un recurso de apelación por extemporáneo, al no haberse consignado dicho depósito dentro del plazo para recurrir. En ese caso (STC 129/2012, de 18 de junio: “[e]n el ámbito de los recursos civiles, es doctrina de este Tribunal que siempre que el requisito incumplido o defectuosamente formalizado no se configure por ley como un presupuesto procesal ‘de indeclinable cumplimiento en tiempo y forma’ (STC 46/2004, de 23 de marzo, FJ 5), deberá permitirse a la parte subsanar el defecto, favoreciendo el principio de conservación de los actos procesales —art. 243 LOPJ—, y garantizando la realización del derecho a la tutela judicial efectiva (así, SSTC 107/2005, de 9 de mayo, F 4; 79/2006, de 13 de marzo, FFJJ 2 y 3; 23/2009, de 26 de enero, FFJJ 2 y 4; 25/2009, de 26 de enero, FFJJ 3 y 5; y, últimamente, SSTC 79/2012, de 17 de abril, FJ 8, y 85/2012, de 18 de abril, FJ 3)”. Asimismo, se establece, en relación con el depósito para recurrir en el orden civil, que “la inadmisión de un recurso por la falta de constitución de ese depósito, se considerará una decisión irrazonable y contraria al art. 24.1 CE, si la norma aplicable prevé la posibilidad de un trámite de subsanación del que no quede excluido, precisamente, el supuesto de la falta de constitución, y siempre que la parte recurrente cumpla el requisito dentro del plazo otorgado por el órgano judicial” (con cita de las SSTC 217/2002, de 25 de noviembre, FJ 4, y 197/2005, de 18 de julio, FJ 3).
5. En el presente caso, el órgano judicial no concedió un plazo de subsanación, pero sí la posibilidad de subsanar —en las condiciones señaladas— por lo que la decisión judicial debió ser consecuente con la expectativa creada en la apelante, y debió ser favorable a la admisión del recurso devolutivo, al haber sido atendida en tiempo razonable por la parte. No haberlo entendido así ha conducido a una interpretación no razonable de las normas sobre admisión del recurso de apelación en relación con las que regulan la tasa judicial, no compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, lo que conlleva el otorgamiento del amparo solicitado, con la consiguiente nulidad de las resoluciones impugnadas para que se dicte una nueva que resulte respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
1° Reconocer el derecho de la entidad demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2º Restablecerla en el citado derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los Autos de 7 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Madrid, y de 10 de abril de 2013, de la Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid.
3º Retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al dictado del primero de los referidos Autos, para que, en su lugar, se dicte la resolución que sea procedente, con respeto del derecho fundamental vulnerado.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 3513-2013
Promovido por Construcciones Ferymer, S.A., respecto del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto frente a una Sentencia dictada en juicio ordinario de reclamación de cantidad.
Un Juzgado de Primera Instancia requirió al demandante de amparo, sin indicarle plazo alguno, que subsanara la falta de presentación del impreso de autoliquidación de tasas judiciales, para interponer recurso de apelación. El demandante presentó la documentación en el plazo de cuatro días después del apercibimiento, pese a lo cual, el mismo Juzgado inadmitió el recurso por entender que se había superado el plazo máximo de veinte días (desde la fecha de notificación de la sentencia impugnada) para su formalización.
Se estima el recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos legalmente establecidos. Cuando el Juzgado de Primera Instancia apercibió al recurrente para la presentación del formulario de liquidación de tasas judiciales, ya habían trascurrido los veinte días de plazo para la formalización del recurso de apelación, por lo que le concedió una posibilidad de subsanación de imposible cumplimiento. Al otorgarse al recurrente una opción meramente ilusoria de subsanación de defectos, la Sentencia concluye que la interpretación que realizaron los dos órganos judiciales de la legislación procesal aplicable en materia de plazos fue irrazonable. En su lugar, deberían haber aceptado la subsanación del defecto del recurrente a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como impone el principio de conservación de los actos procesales.
La especial trascendencia constitucional del recurso de amparo reside en la necesidad de un pronunciamiento sobre la legislación de plazos para la presentación de los impresos de autoliquidación de tasas judiciales, a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva.
La aplicación que, del precepto sobre plazos de interposición del recurso de apelación, realizó en el proceso el órgano judicial resulta manifiestamente irrazonable, y no compatible, por consiguiente, con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, porque realiza una interpretación que no permite compatibilizar dicho precepto con la norma que determina el plazo de interposición (art. 458 LEC), haciendo ilusoria, finalmente la posibilidad de subsanación que se ofrece al justiciable (STC 83/2015) [FJ 4].
No puede encontrarse en la Constitución ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos; su establecimiento y regulación pertenece al ámbito de libertad del legislador (STC 37/1995) [FJ 3].
Mientras que “el derecho de acceder a la justicia” no viene otorgado por la ley, sino por la Constitución misma, el eventual “derecho al recurso” no es sólo un derecho de configuración legal; es, sobre todo, un derecho de creación legal, de donde puede concluirse que uno y otro derecho son, por consiguiente, cualitativa y cuantitativamente distintos (SSTC 58/1995, 181/2001) [FJ 3].
No resulta razonable, desde el plano del derecho a la tutela judicial efectiva, que un órgano judicial, en las condiciones que concurren en el caso, requiera a la parte para que subsane el defecto, tal y como le exigía la ley, para, una vez atendido por la parte dicho requerimiento y aportado el justificante de la autoliquidación de la tasa judicial, acordar que esa subsanación se realizó fuera del plazo de interposición del recurso [FJ 4].
Al no tener por debidamente cumplido el requisito y por admitido el recurso de apelación una vez subsanado el defecto apreciado, y manifestada, por tanto, la voluntad favorable al cumplimiento por parte del sujeto pasivo, la decisión judicial de inadmitir la apelación no cumplió con el canon constitucional de razonabilidad exigible en la interpretación de la norma, de acuerdo con las exigencias que derivan del art. 24.1 CE [FJ 4].
En el ámbito de los recursos civiles, es doctrina de este Tribunal que siempre que el requisito incumplido o defectuosamente formalizado no se configure por ley como un presupuesto procesal ‘de indeclinable cumplimiento en tiempo y forma’, deberá permitirse a la parte subsanar el defecto, favoreciendo el principio de conservación de los actos procesales —art. 243 LOPJ—, y garantizando la realización del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 46/2004, 129/2012) [FJ 4].
Disposición adicional decimoquinta, f. 4
Artículo 135.1, ff. 2, 4
Artículo 254.4 párrafo 2, f. 4
Artículo 418.1, f. 4
Artículo 458, ff. 2 a 4
Artículo 458.1, f. 2
Artículo 465.4 párrafo 2, f. 4
Artículo 484.1, f. 4
Artículo 8.2, ff. 1 a 4
Artículo 8.2 párrafo 2, ff. 2 a 4
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, Vulnerado, ff. 3, 4
Irrazonabilidad de las resoluciones judicialesIrrazonabilidad de las resoluciones judiciales, ff. 3, 4
Interpretación razonable de normas procesalesInterpretación razonable de normas procesales, ff. 3 a 5
Acreditación del pago de tasas judicialesAcreditación del pago de tasas judiciales, ff. 1, 3
Inadmisión de recurso de apelación civilInadmisión de recurso de apelación civil, ff. 1, 2, 4
Plazo de subsanación de defectos procesalesPlazo de subsanación de defectos procesales, ff. 2 a 4
Principio de conservación de los actos procesalesPrincipio de conservación de los actos procesales, f. 4
Subsanación de defectos en la interposición de recursoSubsanación de defectos en la interposición de recurso, ff. 2 a 4