Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A183-07.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:09:01
Document Index: 125909746

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 48', 'artículo 39', 'artículo 65', 'artículo 65', 'e contrario', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 65', 'e contrario', 'artículo 53', 'e contrario', 'artículo 185', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 17']

A183-07
Auto 183/07
NULIDAD SENTENCIAS DE TUTELA PROFERIDAS POR SALAS DE REVISION-Procedencia excepcional/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Solo podrá ser alegada antes de proferido el fallo y por violación al debido proceso/ NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Requisitos para su procedencia/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por notoria y flagrante vulneración del debido proceso
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos formales de procedencia/SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Presupuestos materiales de procedencia
INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No es un recurso ni oportunidad para reabrir el debate definido
Referencia: solicitud de nulidad de la Sentencia T-120/2007
A continuación se presenta un resumen de los hechos y argumentos de derecho presentados en la demanda de tutela incoada por el señor José Joaquín Vecino Calderón en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta, en la cual solicitó que se protegieran sus derechos fundamentales de acceso a la Administración de Justicia, debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por dicho Tribunal, al proferir el fallo de 18 de octubre de 2005, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por él en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
1. Desde el 16 de marzo de 1987, el actor trabajó en la Dirección General de Prisiones, hoy Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y fue inscrito en el escalafón de la carrera penitenciaria en el cargo de inspector.
2. Por Resolución 01303 de 7 de mayo de 2001, el Director General del INPEC, sin darle la oportunidad de defenderse y sin formularle cargos, lo retiró del servicio por razones de inconveniencia institucional, con base en las facultades conferidas por el artículo 49 del Decreto 407 de 1994, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 65 y 83 del mismo Decreto.
3. Demandó la nulidad y reestablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual, mediante Sentencia de 18 de octubre de 2005, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el acto acusado se ajustaba a derecho.
1. La Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia constituía una vía de hecho y desconocía el debido proceso, puesto que le había dado al demandante el tratamiento de empleado público de libre nombramiento y remoción, que en tal virtud podía ser desvinculado sin adelantar ningún proceso, a pesar de que él era funcionario de carrera penitenciaria.
2. La Sentencia del Tribunal desconocía el principio de favorabilidad, porque había omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de su hoja de vida intachable. Principio de favorabilidad que sí se ha respetado en otros fallos proferidos dentro de acciones en las cuales la situación fáctica era la misma. Por todo lo anterior, había sido desconocido también su derecho a la igualdad.
3. El Director General del INPEC, al retirarlo del servicio, había dicho que contaba con el concepto favorable de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria exigido por la ley, “pero lo que emitió el citado cuerpo colegiado fue un acta donde nunca se manifestó SI SE CONCEDIA CONCEPTO FAVORABLE O NO PARA EL RETIRO”.
4. Las Sentencia del Tribunal de Antioquia contra la que se dirigía la acción de tutela hacia una interpretación errónea de la Sentencia C-108 de 1995; en éste último fallo se establece que para el retiro por inconveniencia es necesario adelantar un debido proceso que le permita al funcionario ejercer su derecho de defensa ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, cosa que no había sucedido en su caso, lo cual no había sido tenido en cuenta por el Tribunal. Además, el Tribunal había desconocido la decisión contenida en la Sentencia T-012 de 2003.
Respecto del Tribunal Administrativo de Antioquia, el término del traslado venció en silencio.
El INPEC compareció al proceso como tercero interesado y sostuvo que por la vía de la acción de tutela no era posible revivir los términos y la discusión jurídica decidida mediante un fallo ejecutoriado. En todo caso, puso de presente que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 407 de 1994, los servidores de esa institución era empleados públicos con régimen especial, lo que implicaba que, respecto de los dragoneantes, fuera permitido a la autoridad nominadora separarlos de su empleo en circunstancias y por motivos excepcionales, en razón a las funciones que realizaban.
Mediante Sentencia proferida el 6 de julio de 2006, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, decidió rechazar por improcedente la acción de tutela. En sustento de esa posición, argumentó que “la acción de tutela contra providencia judicial es improcedente, desde antes de la Sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992, que declaró la inexequibilidad de los Artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.” Lo anterior, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de dicha acción, y en respeto de los principios de autonomía funcional del juez y de cosa juzgada.
La anterior decisión fue oportunamente impugnada por el demandante, con fundamento en los mismos argumentos de derecho expuestos inicialmente en la demanda.
Mediante Sentencia proferida el 31 de agosto de 2006, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió confirmar la Sentencia proferida por la Sección Cuarta de la misma Corporación. Sostuvo que mediante la Sentencia C-543 de 1992 esta Corporación había declarado la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1992, que permitían el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales. Agregó que a pesar de que esta Corporación había introducido posteriormente la posibilidad de ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales consideradas “vías de hecho”, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mantenía su posición de la improcedencia de dicha acción, por lo cual confirmaba la sentencia impugnada.
6. Trámite frente a la Corte Constitucional. Sentencia T- 120/07
Por existir relación de conexidad material, la misma Sala decidió acumular el expediente al distinguido con el número T-1450847
No obstante lo anterior, al verificar el trámite procesal de instancia surtido dentro del proceso radicado bajo el número T-1450847, la Sala Quinta de Revisión encontró que esa acción de tutela no había sido notificada al INPEC, tercero directamente interesado en las resultas del proceso. Por tal razón, decidió poner en comunicación suya tal proceso, y desacumularlo del radicado bajo el número T-1450897, a fin de no dilatar innecesariamente la decisión.[1]
Mediante Sentencia T-120/07 de febrero veintidós (22) de dos mil siete (2007), la Sala Quinta de la Corte Constitucional decidió confirmar la Sentencia proferida el día 31 de agosto de 2006 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. En sustento de esta decisión, la Sala Quinta de la Corte Constitucional expuso las consideraciones que a continuación se resumen:
6.1 En un acápite inicial, la Sala Quinta recordó la jurisprudencia vertida por esta Corporación relativa a los requisitos de procedencia y los motivos de procedibilidad de la acción de tutela intentada contra providencias judiciales, de manera especial la contenida en la Sentencia C-590 de 2005[2].
4.1 La primera oportunidad se dio con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad intentada en contra del artículo 65 del Decreto ley 407 de 1994, “por el cual se establece el régimen de personal del instituto nacional penitenciario y carcelario”. Conforme a esta disposición, “(l)os oficiales, suboficiales, dragoneantes y distinguidos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, podrán ser retirados del servicio a voluntad del Director General del Instituto en cualquier tiempo cuando su permanencia se considere inconveniente, previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria.”(Negrillas y subrayas fuera del original).
En la Sentencia C-108 de 1995[3], al estudiar la constitucionalidad de la norma anterior, la Corte consideró que se trataba de una disposición que buscaba responder a la peculiar naturaleza y función que le correspondía cumplir al INPEC, y a la crisis por corrupción evidenciada en esa entidad. Por tales razones, el artículo en comento le daba un margen razonable de flexibilidad al Director General del INPEC para que pudiera remover de su cargo a los subalternos en cualquier tiempo, cuando su permanencia en la Institución se considerara inconveniente. En tal medida, la disposición a todas luces facilitaba la depuración y la moralización administrativa y funcional de los establecimientos penitenciarios.
Con base en las anteriores consideraciones, en el fallo en cita la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 65 del Decreto ley 407 de 1994, condicionada a que se respetara el derecho de defensa de los funcionarios mencionados en la norma; por lo cual la Junta de Carrera Penitenciaria debería oír sus descargos, de forma tal que su separación del servicio resultara plenamente justificada.
4.2 Posteriormente, en sede de tutela, la Corte conoció el caso de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que participó en un cese de actividades que posteriormente fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo. Por tal razón, previo concepto de la junta asesora del INPEC, fue retirado del servicio por inconveniencia, en uso de la facultad prevista en el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994. En contra de esa decisión, el actor instauró ante la jurisdicción laboral una acción de reintegro por fuero sindical, que fue decidida desfavorablemente a sus intereses tanto en primera como en segunda instancia. El actor instauró entonces acción de tutela contra la decisión de segunda instancia de la Jurisdicción laboral, adoptada por el Tribunal Superior de Pereira, alegando que dicha sentencia había incurrido en vía de hecho por defecto sustancial y había vulnerado sus derechos al debido proceso, a la asociación sindical, al trabajo y a la igualdad de trato.
Para adoptar la decisión, la Corte en ese caso estudió, entre otras cosas, si se había agotado el procedimiento necesario para retirar por inconveniencia a un trabajador del INPEC. Al respecto, recordando la jurisprudencia vertida por la Corporación en la Sentencia C-108 de 1995[4], antes citada, consideró que “el Director General del INPEC debe adelantar el procedimiento necesario para garantizar el derecho de defensa del trabajador. Este procedimiento busca que (i) el trabajador pueda contradecir las razones por las cuales la dirección del INPEC, o la Junta de Asesores de Carrera Penitenciaria consideran que debe ser retirado de su cargo, (ii) la decisión acerca del retiro sea “plenamente justificada”, y (iii) el eventual retiro sea valorado por un cuerpo colegiado de manera previa.”[5]
Ahora bien, al estudiar concretamente si la sentencia de la jurisdicción laboral que no había resultado favorable al dragoneante constituía o no vía de hecho, la Corte observó que en ella el Tribunal Superior de Pereira no se había pronunciado acerca de los actos administrativos con que el INPEC había retirado del servicio a Díaz Baquero, en los cuales faltaban las razones por las cuales se había decidido el retiro del actor. Por tal razón, sostuvo que la providencia judicial se apartaba de la doctrina constitucional recogida en la Sentencia C-108 de 1995[6], por lo que adolecía de un defecto sustancial y por lo tanto constituía una vía de hecho. En tal virtud, declaró su nulidad y ordenó al Tribunal Superior de Pereira dictar un nuevo fallo acorde a los parámetros fijados en la jurisprudencia y de conformidad con las normas vigentes.
4.3 En conclusión, tanto de la jurisprudencia sentada por la Corte en sede de constitucionalidad, como de aquella otra vertida con ocasión de la acción de tutela que se acaba de reseñar, se tiene que esta Corporación ha entendido que, debido a la naturaleza peculiar de la función que le corresponde cumplir al INPEC, es constitucionalmente aceptable reconocer un margen razonable de flexibilidad al Director General de esta institución para remover de su cargo a los subalternos en cualquier tiempo, cuando su permanencia en la Institución se llegue a considerar inconveniente. No obstante, lo anterior no exime a dicho funcionario justificar las razones del retiro, ni de adelantar un procedimiento dentro del cual el servidor público pueda contradecir dichas razones. Adicionalmente, conforme a la ley, la Junta de Asesores de Carrera Penitenciaria debe evaluar previamente tales razones del retiro.”
6.4 Entrando en el estudio del caso concreto sometido a su revisión, la Sala Quinta inicialmente analizó si la demanda cumplía los requisitos de procedencia de la acción de tutela intentada contra providencias judiciales, definidos en la mencionada Sentencia C-590 de 2005[8], concluyendo que efectivamente los cumplía, pues: (i) el asunto planteado por el demandante era de evidente relevancia constitucional, en cuanto se alegaba que el Tribunal demandando había desconocido precedentes sentados por esta Corporación en materia de constitucionalidad y también de tutela, relativos al alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del personal de carrera penitenciaria retirado del INPEC por razones de inconveniencia; además, (ii) estaba acreditado dentro del expediente que contra la Sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia atacada mediante la acción de tutela se habían agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del demandante; (iii) se cumplía el requisito de la inmediatez, (iv) la parte actora había identificado de manera razonable tanto los hechos que supuestamente generaban la vulneración, como los derechos presuntamente desconocidos, en cuanto había explicado con toda claridad que tal desconocimiento de derechos provenía de la circunstancia de que el fallo contra el que dirigía la acción había interpretado erradamente la doctrina constitucional recogida en la Sentencia C-108 de 1995 que había fijado el alcance del derecho al debido proceso administrativo de los funcionarios del INPEC que fueran desvinculados del servicio por razones de inconveniencia; y por último, (v) la acción de tutela no se dirigía contra otra sentencia de tutela, ni denunciaba simples irregularidades de trámite carentes de relevancia constitucional.
6.5 Definida la procedencia de la acción de tutela, la Sala Quinta entró a estudiar en el fondo el problema jurídico planteado en la demanda. Para esos efectos consideró que el análisis de la Sala debía centrarse en verificar si el fallo bajo cuestionamiento había aplicado o no los criterios que la Corte Constitucional había sentado para la desvinculación del servicio, por razones de inconveniencia, de funcionarios de carrera penitenciaria del INPEC. Concretamente, estimó que debía estudiarse si tal Sentencia había respetado o no los precedentes jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional que establecían el alcance del derecho fundamental al debido proceso de los servidores del INPEC retirados del servicio por razones de inconveniencia. Adicionalmente, dijo que era menester verificar si otra decisión adoptada por el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2005[9], fallo en el cual se había accedido a la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplaba unos supuestos fácticos idénticos a los que habían dado origen a la Sentencia acusada de vía de hecho, de manera que la diferencia de las dos decisiones consumara una violación ostensible del derecho a la igualdad.
a) El Acta N° 396 de mayo 4 de 2001, mediante la cual la Junta Asesora del INPEC había recibido la declaración del actor; y
b) La Resolución 01303 de 7 de mayo de 2001, mediante la cual el Director General del INPEC había retirado del servicio por inconveniencia al aquí demandante.
Así mismo, la Sala examinó (i) la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, (ii) otras pruebas relevantes recaudadas dentro del proceso contencioso, y (iii) el fallo atacado mediante la acción de tutela.
“7.2.1 El Acta N° 396 de mayo 4 de 2001.
“El texto del acta No 396 de mayo 4 de 2001 expresa que en dicha fecha se reunieron en la Dirección de la Penitenciaria Nacional de Itagüí los miembros de la Junta Asesora, “con el propósito de recibir versión a un funcionario del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y emitir el respectivo concepto previo, sobre el retiro o no, del servicio por inconveniencia del señor JOSÉ JOAQUÍN VECINO CALDERÓN, quien actualmente ocupa el cargo de Inspector de la Planta Global del Instituto…”
“Me parece injusta la solicitud de retiro, puesto que llevo 4 años al servicio del Instituto y he sido una persona honesta y recta en la prestación de mi servicio, como lo puede demostrar mi hoja de vida. Igualmente considero que es una decisión precipitada porque hasta el momento no se me ha investigado sobre la situación del pasado 2 de mayo, ocurrida en la Penitenciaria. Debo aclarar que me encontraba de servicio en el control principal, sitio donde se manejan las diferentes cámaras y el circuito cerrado del bloque de seguridad no tengo acceso a ninguna requisa desde ese sitio de vigilancia.” (Negrillas fuera del original)
6.6.2. Con respecto a la Resolución 01303 de 7 de mayo de 2001, mediante la cual el Director General del INPEC había retirado del servicio por inconveniencia al aquí demandante, la Sala encontró esto:
En la parte considerativa de la Resolución 01303 de 7 de mayo de 2001, el Director General del INPEC afirma (i) que el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994, en concordancia con el artículo 48 numeral 4° del Decreto Ley 1890 de 1999, prevén el “retiro por inconveniencia en el servicio”, en cualquier tiempo, de los dragoneantes del INPEC, a voluntad del Director del instituto, previo concepto de la Junta Asesora; (ii) que existe solicitud escrita del superior jerárquico del señor Vecino Calderón para proceder a su retiro por inconveniencia; (iii) que el señor Vecino Calderón fue citado a la Junta Asesora, con el objeto de ser oído y garantizar plenamente es derecho a la defensa; (iv) que mediante Acta N° 396-1 del 4 de mayo de 2001, la Junta Asesora, previa aplicación del procedimiento estipulado en la Resolución N° 0969 de marzo 9 de 2000, emitió concepto favorable para retirar por inconveniencia en el servicio al señor Vecino Calderón; y (v) que el citado Director General del INPEC acoge dicho concepto de la Junta Asesora.
6.6.3. Respecto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en contra de la Resolución 01303 de 7 de mayo de 2001, la Sala Quinta observó que en ella se afirmaba que en este tipo de actuaciones, para garantizar el debido proceso, se hacía necesaria “la entrega de un pliego de cargos claros y con la oportunidad procesal para su publicidad y contradicción para obtener de la Junta Asesora un concepto determinado, que en el caso que nos ocupa no se realiza.” Agregaba tal demanda de nulidad que en el caso objeto de litigio nunca se había llevado a cabo una investigación previa a la desvinculación que justificara el retiro, de manera que estuvieran claros los hechos que se imputaban, por lo cual no había sido posible controvertirlos. En este sentido, la demanda de nulidad sostenía que existía “una falta de motivación en el acto al cual se le solicita su nulidad, por cuanto el mismo no goza de ciertas exigencias de ley como es la motivación, decisiones que deben obedecer a un motivo o una situación de hecho existente al momento de tomar la decisión.” Por todo lo anterior, el actor de la nulidad afirmaba que no había tenido oportunidad procesal de que la Junta Asesora de Carrera Penitenciaria respetara sus derechos a la defensa, ya que había carecido de la posibilidad material de controvertir los hechos que habían fundamentado la decisión de retiro, dado que no los había conocido. Afirmaba que había sido citado a una reunión de la Junta Asesora, pero allí no se le habían formulado cargos específicos ni se le había dado oportunidad de responderlos.
6.6.4. Ahora bien, refiriéndose a otras pruebas relevantes que obraban dentro del proceso de nulidad, la Sala Quinta destacó que en el expediente se encontraba la copia del acta de la diligencia de recepción de testimonios decretados como prueba dentro de tal proceso. En dicha acta se leían los testimonios de dos personas, ex compañeros de labores del actor de la nulidad, los cuales, interrogados a cerca de los motivos por los cuales había sido desvinculado de la institución el señor Vecino Calderón, habían contestado uniformemente que se había debido a un único motivo, cual era la fuga de un interno solicitado en extradición, de nombre Ever Villafañe, ocurrida el 2 de mayo, y que por esa misma causa, de público conocimiento, habían sido desvinculados del servicio varios dragoneantes más.
La Sala Quinta de Revisión observó también que, dentro de las pruebas obrantes dentro del proceso de nulidad, se encontraba la Sentencia N° 327 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí, Antioquia, el día 24 de noviembre de 2003. Sentencia mediante la cual se absolvía, entre otras personas, al señor José Joaquín Vecino Calderón, acusado del ilícito contemplado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 (favorecimiento de fuga). Acusación de la que había sido objeto con motivo de la fuga del señor Ever Villafañe Martínez, quien se encontraba legalmente privado de la libertad con fines de extradición en la Penitenciaría Nacional de Itagüí, pabellón de alta seguridad.
6.6.5. Finalmente la Sala estudió la Sentencia de 18 de octubre de 2005, contra la cual se dirigía la acción de tutela. Al respecto observó que en dicha sentencia inicialmente se recordaba el texto de varias disposiciones legales, principalmente el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994, conforme al cual “(l)os oficiales, suboficiales, dragoneantes y distinguidos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, podrán ser retirados del servicio a voluntad del Director General del Instituto en cualquier tiempo cuando su permanencia se considere inconveniente, previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria.” Posteriormente la Sentencia de nulidad recordaba también las consideraciones vertidas por esta Corporación en la Sentencia C-108 de 1995[10], que estudió la exequibilidad del citado artículo 65 y declaró su constitucionalidad condicionada a que se respetara el derecho de defensa de los funcionarios mencionados en la norma, por lo cual la Junta de Carrera Penitenciaria debería oír sus descargos, de forma tal que su separación del servicio resultara plenamente justificada. Finalmente, la Sentencia del Tribunal llevaba a acabo un estudio de la forma en la que en el caso concreto se había dado al demandante la oportunidad de ejercer su derecho de defensa al momento de ser retirado del servicio, asunto sobre el cual había vertido las siguientes consideraciones:
“En consecuencia, no se le vulneró el derecho de defensa al actor con la expedición de la Resolución 01303 de mayo de 2001.” (Subrayas fuera del original)
La Sala Quinta también observó que la Sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia había tenido en cuenta que en la parte de consideraciones de la Resolución de retiro se decía expresamente que el señor Vecino Calderón conocía las circunstancias por las cuales había sido retirado del servicio; y que con fundamento en ello y en todo el estudio anterior, el Tribunal había denegado las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas en la demanda.
6.6.6. Tras examinar en los términos anteriores la Sentencia del Tribunal de Antioquia, la Sala Quinta de la Corte Constitucional prosiguió su escrutinio deteniéndose a verificar si respecto de ella se podía predicar la presencia de alguno de los vicios que determinan la procedibilidad de la acción de tutela intentada en contra de providencias judiciales.[11] Al respecto encontró que ninguno de tales vicios se configuraba en ese caso.
a) En cuanto al reproche conforme al cual el Tribunal habría dado al demandante el tratamiento de empleado público de libre nombramiento y remoción, ignorando que se trataba de un funcionario de carrera, la Sala estimó que contrario a lo afirmado por el tutelante, el Tribunal Administrativo de Antioquia expresamente había considerado y tenido en cuenta que el demandante de la nulidad era un funcionario “inscrito en el Escalafón de la Carrera Penitenciaria y Carcelaria”.
b) En lo concerniente al cuestionamiento que se hacía a la Sentencia por haber omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de la hoja de vida intachable del demandante, en desconocimiento del principio constitucional de favorabilidad, la Sala observó que efectivamente la Sentencia no vertía consideración alguna sobre este tópico; empero no estimó que ello configurara una vía de hecho.[12]
c) En lo concerniente al ataque que se formulaba en contra del fallo del Tribunal por haber incurrido en una interpretación errónea de la Sentencia C-108 de 1995, que establece que para el retiro por inconveniencia es necesario adelantar un debido proceso y llevar a cabo una investigación previa que le permita al funcionario de carrera del INPEC ejercer su derecho de defensa ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, cosa que no habría sucedido en el caso del demandante, la Sala dijo lo siguiente:
“En la Sentencia reprochada de configurar “vía de hecho”, el Tribunal Administrativo de Antioquia estudia el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994, que autoriza al Director del INPEC para desvincular discrecionalmente a los dragoneantes por motivo de inconveniencia, previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria. Al respecto transcribe los apartes pertinentes de la Sentencia C-108 de 1995, que explican que esa norma confiere margen razonable de flexibilidad al Director General del INPEC para remover de su cargo a los subalternos en cualquier tiempo, cuando su permanencia en la Institución se considerara inconveniente, pero que a continuación indican lo siguiente:
“Pero se advierte que no se trata de una potestad absoluta para el Director del INPEC, ya que cualquier decisión a este respecto debe contar con el previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria. Con ello se busca el objetivo esencial de que no se desvirtúen los principios de estabilidad que busca amparar la Carrera y que tienen consagración constitucional, a través de decisiones arbitrarias por parte del superior jerárquico. Para que ello sea efectivamente así, es necesario que el empleado cuyo retiro se disponga cuente con un debido proceso y se le permita, por consiguiente, ejercer su derecho de defensa ante la Junta.”[13]
“A continuación, el Tribunal explica que “si bien es cierto, la Corte Constitucional señala que el funcionario del cuerpo de vigilancia y custodia escrito en el escalafón de la carrera penitenciaria tiene derecho a ser oído en descargos por parte de la junta asesora, tal requisito no corresponde a un proceso disciplinario, el cual tiene un procedimiento diferente…” (Subrayas fuera del original). De esta manera la Sentencia respondió a los cargos de la demanda de nulidad y restablecimiento que acusaban al INPEC de haber desconocido el debido proceso por no haber entregado formalmente un pliego de cargos y no haber realizado una investigación previa a la desvinculación, que justificara el retiro, dentro de la cual estuvieran claros los hechos que se imputaban al demandante. Es decir, el Tribunal quiso explicar que el proceso de desvinculación por inconveniencia no se asimilaba a un proceso disciplinario, por lo cual no exigía adelantar una investigación previa ni la presentación formal de un pliego de cargos.
“Para la Sala, la interpretación de la Sentencia C-108 de 1995 hecha por el Tribunal de Antioquia no es errónea; en tal virtud, no estima que se haya configurado una causal de procedibilidad de la acción de tutela por desconocimiento del precedente jurisprudencial recogido en dicho fallo, en el cual la Corte Constitucional estableció, con efectos erga omnes, el alcance del derecho fundamental al debido proceso de los funcionarios de carrera penitenciaria cuando son objeto de retiro del servicio por razones de inconveniencia.
“Ciertamente, en dicho fallo se destacó con particular énfasis que dicho proceso de desvinculación de funcionarios de carrera se revestía de ciertas connotaciones de flexibilidad, dada la naturaleza de la función cumplida por dichos servidores. Se afirmó que no obstante lo anterior, debía darse una oportunidad real de ejercer su derecho de defensa ante la Junta de la Carrera Penitenciaria. Empero, no se indicó que lo anterior implicara llevar a cabo una investigación previa, ni cumplir los trámites propios de un proceso disciplinario. Esto es justamente lo que explica la Sentencia del Tribunal que ahora se ataca mediante la acción de tutela, por lo cual la Sala descarta que en ella se consigne la interpretación errónea que denuncia el actor.
“La Sala entiende que para poder ejercer el derecho de defensa, aun dentro de las consideraciones de flexibilidad que se indican en la Sentencia C-108 de 1995, es menester que el funcionario que va a ser desvinculado conozca los motivos por los cuales va a ser retirado del servicio y tenga una oportunidad real de ejercer respecto de ellos el derecho de defensa. Obviamente, sin ese conocimiento sobre los motivos mal puede oponerse a la decisión administrativa, ejerciendo su derecho de defensa.
“Ahora bien, en el presente caso, del material probatorio obrante en el expediente del proceso contencioso administrativo emergía con toda nitidez que el servidor desvinculado conocía tales motivos. De manera particular, el Acta de la reunión de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria dentro de la cual se dio oportunidad al dragoneante para presentar sus descargos, y los testimonios recogidos dentro del proceso de nulidad, demuestran fehacientemente que el funcionario retirado conocía perfectamente los motivos que daban lugar a su retiro por inconveniencia, relativos a la fuga masiva que se presentó pocos días antes de la desvinculación del servicio, cuando el actor prestaba el servicio de vigilancia. Hechos a los cuáles él mismo hace referencia en la diligencia de descargos. Por lo anterior, la Sentencia del Consejo de Estado mal podía acoger las acusaciones de la demanda de nulidad que alegaban la violación del derecho al debido proceso por el supuesto desconocimiento por parte del actor respecto de los motivos de su retiro.”
Agregó la Sala Quinta en la Sentencia cuya nulidad ahora se pide, que la decisión administrativa, aun la de naturaleza discrecional, debía obedecer a motivos jurídicos racionales y proporcionados. Ello implicaba que, como regla general, “aun este tipo de actos administrativos discrecionales deben ser motivados aunque sea de manera sumaria, en garantía del principio de publicidad, del cual depende naturalmente la posibilidad de ejercer el derecho de defensa[14]:” No obstante, aclaró que la jurisprudencia también había aceptado que en ciertos casos existían excepciones al deber de motivar los actos administrativos.[15] En particular, tratándose de servidores públicos de carrera de los sectores de defensa o de seguridad del Estado, esta Corporación había admitido que, debido a la naturaleza peculiar de la función que cumplían, era constitucionalmente aceptable reconocer un margen razonable de discrecionalidad a los superiores para remover a los subalternos de su cargo en cualquier tiempo. No obstante, lo anterior no eximía a dicho funcionario justificar las razones del retiro, ni de adelantar un procedimiento aunque fuera sumario dentro del cual el servidor público tuviera oportunidad de contradecir dichas razones, aunque no había exigido que los actos administrativos respectivos fueran formalmente motivados.[16]
“…en el caso concreto de los servidores de carrera penitenciaria al servicio del INPEC, aunque en principio los motivos de la desvinculación deben constar en el acto administrativo que la ordena, la flexibilidad del proceso de desvinculación por razones de inconveniencia, a la cual se refirió la Corte en la C-108 de 1995[17], permite aceptar que, cuando de las circunstancias y el contexto que rodean la expedición de dicho acto administrativo, debidamente probadas en el proceso de nulidad, se infiere con toda claridad que el servidor público desvinculado sí conocía las razones por la cuales estaba siendo llamado a rendir descargos ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, no es de recibo alegar seriamente dicho desconocimiento. En esta ocasión, el mismo servidor desvinculado, demandante de la nulidad, reconoció ante ella que conocía las razones del retiro y se opuso a ellas, y también los testigos citados al proceso contencioso administrativo manifestaron que la única razón de la determinación radicaba en dicha fuga, y que así lo entendían todos los compañeros de trabajo del dragoneante. Por lo anterior, no resulta ahora de recibo alegar que, por desconocimiento de los motivos del retiro, no pudo ejercer el derecho de defensa en la diligencia de descargos.”
d) La Sentencia cuya nulidad ahora se pide también estudió la acusación según la cual el director del INPEC habría retirado al demandante sin el concepto previo de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria. Al respecto, la Sala Quinta observó que, contrario a lo anterior, la Sentencia del Tribunal de Antioquia expresamente había tomado en consideración que dicho concepto favorable estaba contenido en el Acta N° 396-1 del 4 de mayo de 2001.
e) También estudió la Sala Quinta la acusación formulada en la demanda de tutela según la cual el Tribunal de Antioquia, en la Sentencia que constituiría vía de hecho, había proferido una decisión contraria a la adoptada dentro de otro proceso de la misma naturaleza, en el cual se presentaban los mismos supuestos fácticos, lo cual implicaría el desconocimiento directo de la Carta por violación del derecho a la igualdad. Al respecto, el estudio adelantado por la Sala Quinta concluyó que la situación de hecho motivante del despido examinada dentro de aquel otro proceso difería sustancialmente de la decidida por el Tribunal de Antioquia en la Sentencia que se atacaba de construir vía de hecho, por lo que no podía aducirse una violación del derecho a la igualdad.[18]
f) Por último, la Sala Quinta aclaró que la Sentencia de nulidad contra la cual se dirigía la acción de tutela difería, por su naturaleza y por los asuntos tratados, de la Sentencia laboral que se había revisado dentro del proceso que había sido decidido por esta Corporación mediante la Sentencia T-012 de 2003.[19]
g) Finalmente, la Sala Quinta puso de manifiesto que no desconocía que estando el expediente en trámite ante la Corte Constitucional, había sido expedida la Sentencia T-1023 de 2006[20], en la que la Sala Cuarta de Revisión había estudiado las acciones de tutela acumuladas presentadas por varios funcionarios inscritos en la carrera penitenciaria que habían sido retirados del servicio por razones de inconveniencia, y que habían demandado ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las respectivas resoluciones de desvinculación. En este pronunciamiento, la Sala Cuarta había estimado que para aplicar la facultad prevista en le artículo 65 del Decreto 407 de 1994 era necesario garantizar el derecho de defensa del servidor público que fuera a ser retirado, lo cual exigía ponerlo en conocimiento del contenido de la solicitud de retiro formulada por el superior, contenido que correspondía “a los motivos que originan la solicitud de retiro, que se constituyen a su vez en los cargos o razones de la inconveniencia, respecto de los cuales el compareciente debe ser “oído en descargos”[21]. Este fallo exigió también que los motivos del retiro fueran expresos en la respectiva resolución de desvinculación.
Sin embargo, la Sala Quinta consideró que la Sentencia T-1023 de 2006 no impedía al Tribunal de Antioquia optar por la interpretación que había acogido, relativa al derecho de defensa de los funcionarios del INPEC retirados del servicio por razones de inconveniencia; lo anterior por la potísima razón de que para la fecha en que dicho Tribunal había proferido la sentencia enjuiciada (18 de octubre de 2005), la Sentencia T-1023 de 2006 proferida por la Sala Cuarta de Decisión no había sido expedida.
En cualquier caso, la Sala Quinta explicó que la interpretación jurisprudencial del derecho de defensa de los funcionarios del INPEC retirados por razones de inconveniencia acogida por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia era una exégesis plausible de dicho derecho, que como se había explicado en la providencia no irrespetaba lo decidido por esta Corporación en la Sentencia C-108 de 1995[22]. En tal virtud, no podía considerarse que tal Sentencia del Tribunal de Antioquia constituyera una flagrante vía de hecho, en el sentido en que dicha expresión había sido entendida por la jurisprudencia de esta Corporación, es decir como una “violación flagrante y grosera de la Constitución” que determine la procedibilidad de la acción de tutela.
Mediante escrito radicado en la Secretaría de esta Corporación el día veintiocho (28) de marzo de dos mil siete (2007), el señor José Joaquín Vecino Calderón solicitó la declaración de nulidad de la Sentencia T- 120/07. Para fundamentar la anterior petición expuso los siguientes hechos:
1. Que desde 1987 laboró para la Dirección General de Prisiones, hoy INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, siendo inscrito en el escalafón de la carrera penitenciaria en el cargo de inspector, cuando en mayo de 2001 fue retirado por inconveniencia , con violación del derecho a la defensa.
3. Que inició la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue decidida por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia denegando las pretensiones de la demanda, al estimar que no se había vulnerado el derecho de defensa; pues el despido por inconveniencia de un funcionario de carrera penitenciaria del INPEC, a pesar de que implicaba otorgar la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, no equivalía a un proceso disciplinario.
4. Que con el fallo anterior el Tribunal desconoció que él no era un funcionario de libre nombramiento y remoción sino uno de carrera penitenciara. Además desconoció el principio de favorabilidad, que si había sido observado en otras sentencias proferidas respecto de situaciones de hecho similares a las suyas.
5. Que en contra de la decisión del Tribunal interpuso el recurso de apelación, el cual fue denegado por razón de la cuantía.
6. Que dentro del expediente existían pruebas de que él era un trabajador escalafonado en la carrera penitenciaria, pues fue retirado por inconveniencia y no por declaratoria de insubsistencia.
7. Que el Director del INPEC al proferir la resolución de retiro sostuvo contar con el concepto favorable de la junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, pero que dicha junta nunca emitido dicho concepto.
8. Que en la acción de tutela incoada en contra de la Sentencia del Tribunal alegó que no se le había dado la oportunidad de ser representado por un abogado, pero que esta alegación no había sido tenida en cuenta al momento de emitir la Sentencia T-120 de 2007, cuya nulidad ahora depreca.
Como argumentos adicionales que fundamentan su solicitud de nulidad, el señor Vecino Calderón expone lo siguiente:
1. Que en la acción de tutela adujo que el Director del INPEC, a la hora de desvincularlo por razones de inconveniencia, no sólo no le informó los cargos que pesaban en contra de él, sino que tampoco le reconoció el derecho que le asistía de estar acompañado por un abogado (defensa técnica). Al respecto, arguye que de la Sentencia C-108 de 1995[23], que examinó la constitucionalidad del artículo 65 del Decreto 407 de 1994, se deduciría que el derecho al debido proceso implica, para los funcionarios del INPEC retirados por razones de inconveniencia, el derecho de estar asistidos por un abogado.[24]
2. Que dentro de la investigación disciplinaria adelantada en el año 1999 por la Procuraduría General de la Nación en contra del exdirector general del INPEC, coronel Rafael Pardo Cortés, se había reconocido que este funcionario había desconocido el derecho de defensa de dos dragoneantes llamados a ser retirados por razones de inconveniencia, al no haberles permitido asistir a la Junta de la Carrera Penitenciaria asistidos por un abogado.[25]
3. Que así mismo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de la Sentencia de tutela de 17 de octubre de 2000 había considerado que los dragoneantes del INPEC llamados a ser retirados por razones de inconveniencia, tenían derecho de ser citados a la Junta Asesora del INPEC acompañados por profesionales del derecho.
5. Que en el caso del dragoneante Garay Bernal, la Junta de carrera si le había permitido acudir a la citación en compañía de un abogado.
Con fundamento en todo lo anterior, solicita a la Sala Plena de la Corte Constitucional anular la sentencia T-120 de 2007, y determinar si a los funcionarios del INPEC escalafonados en la carrera penitenciara, cuando son retirados por razones de inconveniencia, les asiste el derecho de comparecer ante la Junta de Carrera asistidos por un abogado (defensa técnica), aspecto que no fue tenido en cuenta por la Sala Quinta al proferir la mencionada sentencia cuya nulidad depreca.
La Corte pone de presente que, según la constancia de la Secretaría General de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que obra en el expediente, la Sentencia T-120 de 2007 fue notificada al señor José Joaquín Vecino Calderón el día 27 de marzo de 2007; por su parte la solicitud de nulidad fue interpuesta por él mismo el día 28 de marzo siguiente, es decir, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación.
En la presente oportunidad el solicitante afirma que la Sentencia T- 120 de 2007 sería nula por varias razones. No obstante, como se verá adelante, tales razones son prácticamente las mismas por las cuales, al formular la demanda de tutela, adujo que sus derechos fundamentales de acceso a la Administración de Justicia, debido proceso e igualdad habían sido vulnerados. En efecto, salvo la alegación referente a que en la Sentencia cuya nulidad depreca no se estudió el asunto relativo a si los funcionarios de carrera penitenciara llamados a ser retirados del INPEC por razones de inconveniencia tenían o no derecho a la defensa técnica, las demás argumentaciones expuestas en la solicitud de nulidad coinciden con las que sirvieron de base a la demanda de tutela.
Así las cosas, se tiene que los problemas jurídicos que ahora tiene que resolver la Corte son los siguientes: (i) si la solicitud de nulidad de una sentencia de una sala de revisión puede fundamentarse en los mismos argumentos que sirvieron de base a la acción de tutela, y que fueron estudiados en la Sentencia cuya nulidad se impetra; (ii) si particularmente se origina la nulidad de la Sentencia T-120 de 2007, por el hecho de que en ella no se definió de manera concreta si el derecho de defensa de los funcionarios de carrera penitenciaria del INPEC retirados por inconveniencia, incluía o no la posibilidad de contar con defensa técnica.
3.1 En el reciente auto A-223 de 2006[26], esta Corporación tuvo la oportunidad de exponer ordenadamente la jurisprudencia relativa a la procedencia excepcional de la declaratoria de nulidad de las sentencias de revisión de acciones de tutela. Lo hizo en los siguientes términos, que ahora resulta oportuno recordar:
“4. No obstante, la jurisprudencia constitucional, con base en un análisis armónico de la legislación aplicable, ha protegido la posibilidad de solicitar la nulidad de las sentencias de revisión de acciones de tutela con posterioridad al fallo o de manera oficiosa[27]. Para ello, ha fijado una serie de requisitos que se sintetizan a continuación.[28]
“4.1 Naturaleza excepcional. La declaratoria de nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional. A esta decisión sólo puede arribarse cuando concurran “situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar.’[29] (Subrayado fuera de texto)”[30].
“4.2. Presupuestos formales de procedencia. La jurisprudencia constitucional ha señalado que deben concurrir para la admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias de revisión los siguientes requisitos[31]:
(i) La solicitud debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo adoptado por la Corte. Vencido este término, se entiende que toda circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada[32];
(ii) En caso que el vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de que la Sala de Revisión emita la sentencia correspondiente. En caso que las partes que intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la nulidad posteriormente;[33]
(iii) La afectación del debido proceso por parte de la Sala de Revisión tiene naturaleza cualificada. Por tanto, “debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”.[34] Con base en estas características, la jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas características, tales como:
(iv) La jurisprudencia ha contemplado la configuración de una causal de nulidad de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión.[35]” (Subrayas fuera del original)
Ciertamente, la Corte ha explicado que “A través de la solicitud de nulidad no se puede pretender reabrir un debate que ya ha sido cerrado en las discusiones de la Sala de Revisión o la Sala Plena. Una vez proferida la sentencia por parte de la Corte Constitucional, ésta no es recurrible o impugnable, en principio. En reciente providencia (Auto 131/04, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil) esta Corporación señaló clara y enfáticamente que: “cualquier inconformidad con la interpretación dada por la Corte, con la valoración probatoria o con los criterios argumentativos que sustentan la sentencia, no pueden constituir fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, ya que este tipo de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión. Por ello, solamente aquellos vicios que impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[36], pueden conducir a la nulidad de una sentencia proferida por esta Corporación.”[37](Negrillas y subrayas fuera del original)
“Bajo esta óptica, siendo coherente con la interpretación indicada, la jurisprudencia reconoce que el incidente de nulidad puede promoverse no solo respecto de los presuntos defectos en que haya podido incurrir la Corte antes de proferir la decisión de fondo, conforme en principio se deduce del contenido del artículo 49 del decreto antes citado, sino también en relación con aquellas fallas que le son imputables directamente al texto o contenido de la sentencia. Esto último, sin que pueda interpretarse el incidente de nulidad como la configuración de una especie de recurso oponible a los fallos que dicta la Corte, que como se dijo están proscritos por expreso mandato constitucional, ni tampoco como una nueva instancia procesal apta para reabrir debates pasados o para analizar nuevamente las controversias que ya han sido resueltas por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en su Sala Plena o en sus respectivas Salas de Revisión de tutela.”[38] (Negrillas y subrayas fuera del original)
3.3 No obstante lo anterior, para lo que interesa a este caso, debe destacarse que la jurisprudencia arriba examinada admite que una de las causales de nulidad puede configurarse cuando “de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión.[39]”.
Así pues, frente a las argumentaciones que el peticionario de la nulidad esgrime en esta caso, resulta necesario verificar, de una lado, que no se trate de una reapertura del debate definido mediante la Sentencia T-120 de 2007; y de otro, establecer si es cierto o no que en dicha Sentencia de dejó de examinar un asunto de relevancia constitucional, cual era, concretamente, el de si el derecho al debido proceso de los funcionarios de carrera penitenciaria del INPEC retirados por inconveniencia incluía o no la posibilidad de contar con defensa técnica.
4.1 La casi totalidad de los argumentos expuestos en la solicitud de nulidad de la Sentencia T-120 de 2007coinciden con los esgrimidos en la demanda de tutela que fue resuelta mediante esa misma Sentencia.
Argumentos expuestos por él mismo en la presente solicitud, para justificar la nulidad de la Sentencia T-120 de 2007.
1. Que desde 1987, trabajó en la Dirección General de Prisiones, siendo inscrito en el escalafón de la carrera penitenciaria. Que en mayo de 2001, el Director General del INPEC, sin darle la oportunidad de defenderse y sin formularle cargos, lo retiró del servicio por razones de inconveniencia institucional.
1. Que desde 1987 laboró para la Dirección General de Prisiones, siendo inscrito en el escalafón de la carrera penitenciaria, cuando en mayo de 2001 fue retirado por inconveniencia , con violación del derecho a la defensa pues no le fueron formulados cargos concretos frente a los cuales pudiera ejercer el derecho de contradicción y tampoco se le reconoció el derecho de estar asistido por un abogado.
2. Que había demandado la nulidad y reestablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual había negado las pretensiones de la demanda al considerar que el acto acusado se ajustaba a derecho. Había interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia anterior, pero fue considerado improcedente en razón de la cuantía.
2. Que había iniciado a acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue decidida por la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia denegando las pretensiones de la demanda, al estimar que no se había vulnerado el derecho de defensa, pues el despido por inconveniencia de un funcionario de carrera penitenciaria del INPEC, a pesar de que implicaba otorgar la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, no equivalía a un proceso disciplinario. Que en contra de la decisión del Tribunal interpuso el recurso de apelación, el cual fue denegado por razón de la cuantía.
3. Que la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia constituía una vía de hecho, puesto que le había dado el tratamiento de empleado público de libre nombramiento y remoción, a pesar de que era funcionario de carrera penitenciaria. Además, el fallo desconocía el principio de favorabilidad, porque había omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de su hoja de vida intachable; principio de favorabilidad que sí se había respetado en otros fallos dentro de acciones en las cuales la situación fáctica era la misma.
3. que el Tribunal desconoció que él no era un funcionario de libre nombramiento y remoción sino uno de carrera penitenciara. Además desconoció el principio de favorabilidad, que si había sido observado en otras sentencias proferidas respecto de situaciones de hecho similares a las suyas.
4. El Director General del INPEC, al retirarlo del servicio, arguyó contar con el concepto favorable de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, “pero lo que emitió el citado cuerpo colegiado fue un acta donde nunca se manifestó SI SE CONCEDIA CONCEPTO FAVORABLE O NO PARA EL RETIRO”.
5. Que el pronunciamiento judicial cuestionado contenía una interpretación errónea de la Sentencia C-108 de 1995; éste fallo, establecía que para el retiro por inconveniencia era necesario adelantar un debido proceso y le permitiera al funcionario ejercer su derecho de defensa ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, cosa que no había sucedido en su caso. Citaba también como antecedente jurisprudencial desconocido, la decisión contenida en la Sentencia T-012 de 2003.
5. Que de la Sentencia C-108 de 1995[40], que examinó la constitucionalidad del artículo 65 del Decreto 407 de 1994, se deduciría que el derecho al debido proceso implica, para los funcionarios del INPEC retirados por razones de inconveniencia, el derecho de estar asistidos por un abogado,[41] cosa que no sucedió en su caso. Que la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia han estimado que el debido proceso, en tal evento, implica la garantía de la defensa técnica.
Como la Sala Quinta de la Corte Constitucional no se pronunció de manera concreta en lo relativo a si el derecho al debido proceso de los funcionarios de carrera del INPEC retirados por razones de inconveniencia implicaba contar con la asistencia de un abogado (derecho de defensa técnica), debía declararse la nulidad de la Sentencia T-120 de 2007, para que la Sala Plena definiera el asunto.
Como puede apreciarse, los argumentos que sustentaron la interposición de la acción de tutela coinciden con aquellos que se utilizan ahora para solicitar la declaración de nulidad de la Sentencia T-120 de 2007. La única novedad es que en la solicitud de nulidad el peticionario arguye que en dicha Sentencia se dejó de analizar un asunto puntual, cual era el de si los funcionarios de carrera del INPEC retirados por razones de inconveniencia tenían o no derecho a una defensa técnica.
4.2. En la Sentencia T-120 de 2007 se estudiaron todos los argumentos que ahora nuevamente se repiten en sustento de la petición de nulidad de esa misma sentencia, con la pretensión de reabrir un debate jurídico ya surtido:
El cargo central planteado en la demanda de tutela, según se desprende del conjunto de argumentos expuestos en ella, era el relativo a que el Tribunal Administrativo de Antioquia había proferido unas sentencia constitutiva de vía de hecho, por cuanto: (i) había partido de la base de que él era empleado público de libre nombramiento y remoción, a pesar de que era funcionario de carrera penitenciaria; (ii) había desconocido el principio de favorabilidad, porque había omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de su hoja de vida intachable; (iii) había desconocido el mismo principio de favorabilidad y también el de igualdad, porque en otras decisiones judiciales el mismo Tribunal sí había declarado la nulidad del retiro el servicio de dragoneantes del INPEC, en supuestos de hecho similares al del demandante; (iv) el Tribunal no había tenido en cuenta que el Director General del INPEC lo había retirado del servicio por razones de inconveniencia institucional sin darle la oportunidad de defenderse y sin formularle cargos; (v) el Tribunal no había tenido en cuenta que el Director General del INPEC, al retirarlo del servicio, no contaba con el concepto favorable de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria; (vi) la Sentencia del Tribunal contenía una interpretación errónea de la Sentencia C-108 de 1995, en lo relativo al alcance del derecho al debido proceso de los funcionarios de carrera del INPEC retirados del servicio por razones de inconveniencia.
Como se vio ad supra, en la Sentencia T-120 de 2007 todos los anteriores asuntos fueron examinados detenidamente, según pasa a repasarse en seguida:
a. Frente a la acusación según la cual el Tribunal de Antioquia había partido de la base de que el demandante era empleado público de libre nombramiento y remoción, a pesar de que era funcionario de carrera penitenciaria, en tal Sentencia se observó lo siguiente:
a) En cuanto al reproche conforme al cual el Tribunal habría dado al aquí demandante el tratamiento de empleado público de libre nombramiento y remoción, ignorando que se trataba de un funcionario de carrera, lo cual desconocería los artículos 10 y 76 del Decreto 407 de 1994 que definen taxativamente cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción sin incluir el de dragoneante, la Sala estima que contrario a lo afirmado por el tutelante, el Tribunal Administrativo de Antioquia expresamente consideró y tuvo en cuenta que el demandante de la nulidad era un funcionario “inscrito en el Escalafón de la Carrera Penitenciaria y Carcelaria”, es decir que se trataba de un empleado de carrera y no de libre nombramiento y remoción. Además, con fundamento en esa consideración examinó cuál era el régimen legal que regulaba su desvinculación del servicio, encontrando que los artículos 49 y 65 de el Decreto Ley 407 de 1994 resultaban plenamente aplicables, pues regulaban las causales de retiro de los empelados del INPEC, entre ellas el retiro por inconveniencia, por voluntad del Director de ese Instituto”.
b. En cuanto al presunto desconocimiento del principio de favorabilidad por parte del Tribunal de Antioquia, en la Sentencia T-120 de 2007 la Sala Quinta de la Corte Constitucional hizo el siguiente análisis:
b) En lo concerniente al cuestionamiento que se hace a la Sentencia por haber omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de la hoja de vida intachable del demandante, en desconocimiento del principio constitucional de favorabilidad, la Sala observa que efectivamente la Sentencia no vierte consideración alguna sobre este tópico; empero no estima que ello configure ninguna causal que determine la procedibilidad de la presente acción de tutela, toda vez que conforme a la ley (Decreto Ley 407 de 1994, art. 65) la causal de desvinculación por inconveniencia en el servicio opera sin consideración a los antecedentes laborales del funcionario por retirar.
En cualquier caso, el principio constitucional de favorabilidad recogido en el artículo 53 superior ha sido entendido por la jurisprudencia como aquel que indica que “en caso de duda y ante la existencia de dos o más interpretaciones de una disposición jurídica contenida en una fuente formal del derecho (ley, acto administrativo, convención colectiva) debe preferirse aquella interpretación que mejor satisfaga los intereses del trabajador.”[42] Por lo cual, la consideración según la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia habría incurrido en vía de hecho por haber omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de la hoja de vida intachable del demandante, en desconocimiento del principio constitucional de favorabilidad, parece partir de una comprensión errada del alcance jurídico de dicho principio superior.
c. En lo relativo al posible desconocimiento del mismo principio de favorabilidad y también del de igualdad, porque en otras decisiones judiciales el mismo Tribunal sí había declarado la nulidad del retiro el servicio de dragoneantes del INPEC, en supuestos de hecho similares al del demandante, debe observarse que en la Sentencia cuya nulidad ahora se pide se estudió de manera concreta el caso del fallo proferido por la Sección Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia el día 7 de diciembre de 2005, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Gustavo Ordóñez Cardona en contra del INPEC, concluyéndose que la situación de hecho difería sustancialmente de aquella que había dado origen a la Sentencia del Tribunal de Antioquia atacada mediante la acción de tutela. Así mismo, la Sentencia T-120 de 2007 tuvo en cuenta que con la demanda de tutela también se presentaban múltiples copias de sentencias proferidas por diversos tribunales administrativos distintos del de Antioquia, dentro procesos de nulidad y reestablecimiento del derecho seguidos contra el INPEC, motivados en decisiones de desvinculación del servicio por razones de inconveniencia. Al respecto, citando jurisprudencia de esta Corporación, se explicó por qué tales precedentes jurisprudenciales no resultaban vinculantes para la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia.[43]
d. Respecto de la acusación conforme a la cual el Tribunal no había tenido en cuenta que el Director General del INPEC había retirado al demandante del servicio por razones de inconveniencia institucional sin darle la oportunidad de defenderse y sin formularle cargos, la Corte observa que en la Sentencia T-120 de 2007, la Sala Quinta examinó de manera concreta tal asunto, sobre lo cual dijo:
“Ahora bien, en el presente caso, del material probatorio obrante en el expediente del proceso contencioso administrativo emergía con toda nitidez que el servidor desvinculado conocía tales motivos. De manera particular, el Acta de la reunión de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria dentro de la cual se dio oportunidad al dragoneante para presentar sus descargos, y los testimonios recogidos dentro del proceso de nulidad, demuestran fehacientemente que el funcionario retirado conocía perfectamente los motivos que daban lugar a su retiro por inconveniencia, relativos a la fuga masiva que se presentó pocos días antes de la desvinculación del servicio, cuando el actor prestaba el servicio de vigilancia. Hechos a los cuáles él mismo hace referencia en la diligencia de descargos. Por lo anterior, la Sentencia del Consejo de Estado mal podía acoger las acusaciones de la demanda de nulidad que alegaban la violación del derecho al debido proceso por el supuesto desconocimiento por parte del actor respecto de los motivos de su retiro.” (Negrillas y subrayas fuera del original.)
e. En cuanto al argumento según el cual el Tribunal no había tenido en cuenta que el Director General del INPEC, al retirar al demandante del servicio, no contaba con el concepto favorable de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, en la Sentencia T-120 de 2007, se vertieron las siguientes consideraciones:
“d) Conforme a otro cargo, la Sentencia que se ataca mediante la presente acción de tutela no habría tenido en cuenta que el director del INPEC retiró al actor sin el concepto previo de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria. Al respecto, la Sala observa que contrario a lo dicho por el tutelante, la Sentencia expresamente toma en consideración que dicho concepto favorable está contenido en el Acta N° 396-1 del 4 de mayo de 2001.[44] El tutelante no prueba que en dicha Acta no esté incluido tal concepto. En tal virtud, la Sala no puede acoger como cierta la acusación relativa a la inexistencia del susodicho concepto previo.” (Negrillas y subrayas fuera del original.)
f. Frente a la acusación relativa a que el Tribunal de Antioquia, en la Sentencia que constituiría vía de hecho, habría prohijado una interpretación errónea de la Sentencia C-108 de 1995, en lo referente al alcance del derecho al debido proceso de los funcionarios de carrera del INPEC retirados del servicio por razones de inconveniencia, la Corte ahora observa que dicha acusación fue rechazada por la Sala Quinta de la Corte Constitucional en la Sentencia T-120 de 2007, en los siguientes términos:
“…el Tribunal explica que “si bien es cierto, la Corte Constitucional señala que el funcionario del cuerpo de vigilancia y custodia escrito en el escalafón de la carrera penitenciaria tiene derecho a ser oído en descargos por parte de la junta asesora, tal requisito no corresponde a un proceso disciplinario, el cual tiene un procedimiento diferente…” (Subrayas fuera del original). De esta manera la Sentencia respondió a los cargos de la demanda de nulidad y restablecimiento que acusaban al INPEC de haber desconocido el debido proceso por no haber entregado formalmente un pliego de cargos y no haber realizado una investigación previa a la desvinculación, que justificara el retiro, dentro de la cual estuvieran claros los hechos que se imputaban al demandante. Es decir, el Tribunal quiso explicar que el proceso de desvinculación por inconveniencia no se asimilaba a un proceso disciplinario, por lo cual no exigía adelantar una investigación previa ni la presentación formal de un pliego de cargos.
“Para la Sala, la interpretación de la Sentencia C-108 de 1995 hecha por el Tribunal de Antioquia no es errónea; en tal virtud, no estima que se haya configurado una causal de procedibilidad de la acción de tutela por desconocimiento del precedente jurisprudencial recogido en dicho fallo, en el cual la Corte Constitucional estableció, con efectos erga omnes, el alcance del derecho fundamental al debido proceso de los funcionarios de carrera penitenciaria cuando son objeto de retiro del servicio por razones de inconveniencia.” (Negrillas fuera del original)[45]
4.2.2 Así pues, visto como la mayoría de los argumentos expuestos para justificar la nulidad de la Sentencia T-120 de 2007 coincidían con los propuestos para justificar la supuesta violación de derechos fundamentales alegada en la demanda de tutela, la Corte concluye que lo que se propone la presente solicitud de nulidad es reabrir el debate que se surtió dentro del proceso que culminó con esa Sentencia.
Como este propósito es ajeno al objetivo perseguido con el incidente de nulidad de las sentencias de esta Corporación, según se vio anteriormente cuando se repasó la jurisprudencia constitucional relativa al tema, la Corte descarta que con base en esta reiteración de argumentos pueda siquiera estudiarse la supuesta nulidad de la Sentencia T-120 de 2007. en este sentido, este tipo de cargos de nulidad se rechazan por improcedentes.
4.2.1 La solicitud de nulidad afirma que la Sentencia T-120 de 2007 es nula por cuanto en ella la Sala Quinta de la Corte Constitucional no se pronunció de manera concreta sobre si el derecho al debido proceso de los funcionarios de carrera del INPEC retirados por razones de inconveniencia implica o no contar con la asistencia de un abogado (derecho de defensa técnica).
Como arriba se vio, dentro de las causales de nulidad de las sentencias de esta Corporación, la jurisprudencia admite aquella que se configura cuando “de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión.[46]”. Ahora bien, explicando cuándo tal omisión de análisis es de relevancia constitucional por sus implicaciones en el “sentido de la decisión”, la Corte ha explicado lo siguiente:
“Es posible que en un determinado caso la omisión del examen de ciertos argumentos y pretensiones de la demanda, o de ciertas defensas propuestas por la parte accionada, llegue a configurar una violación al debido proceso. Eso sucedería si es claro que la omisión condujo a una decisión diferente a aquella que hubiera debido ser tomada si la sentencia hubiera examinado los argumentos, o pruebas o pretensiones que no fueron estudiados. En efecto, en un caso de esa naturaleza, la omisión puede llegar a configurar una violación al debido proceso, pues alguna de las partes es sorprendida, sin posibilidad de defenderse, con una decisión distinta a aquella que debió ser tomada si sus argumentos, pretensiones o pruebas hubieran sido adecuadamente examinados. Pero como no puede perderse de vista que la Corte también está obligada a proteger los derechos fundamentales, es necesario acudir al criterio de trascendencia, según el cual la omisión en el análisis de ciertos aspectos supone violación al debido proceso, si de haber sido analizados esos puntos se hubiese llegado a una decisión o trámite distintos, o si por la importancia que revestía en términos constitucionales para la protección de derechos fundamentales, su estudio no podía dejarse de lado por la respectiva Sala.”[47]
Así pues, la omisión en el estudio de ciertos asuntos puede originar la nulidad de una sentencia de esta Corporación, pero solamente si tales asuntos revestían un carácter trascendental, lo cual puede significar dos cosas: primero, que de haberse analizado el asunto omitido, la decisión judicial hubiera sido diferente a la adoptada; o segundo, que el asunto revestía una importancia significativa en términos constitucionales, por lo cual no podía haberse dejado de lado.
4.2.2 En el presente caso, efectivamente la Sentencia T-120 de 2007 no analiza puntualmente si el derecho al debido proceso de los funcionarios de carrera del INPEC retirados por razones de inconveniencia incluye el derecho de defensa técnica. No obstante, a juicio de la Corte dicha omisión no determina la nulidad de la Sentencia. A esa conclusión llega a partir de las siguientes consideraciones:
a. Lo que en la Sentencia T-120 de 2007 se examinó fue si la Sentencia del Tribunal de Antioquia acusada de constituir vía de hecho había desconocido o no la interpretación hecha en la Sentencia C-108 de 1995, en lo referente al alcance del derecho al debido proceso de los funcionarios de carrera del INPEC retirados del servicio por razones de inconveniencia. Al respecto, en la referida Sentencia de tutela se expuso que, conforme a dicho fallo de constitucionalidad, el proceso de desvinculación de funcionarios de carrera se revestía “de ciertas connotaciones de flexibilidad, dada la naturaleza de la función cumplida por dichos servidores”, no obstante lo cual , “debía darse una oportunidad real de ejercer su derecho de defensa ante la Junta de la Carrera Penitenciaria”. Sin embargo, esta oportunidad de ejercer el derecho de defensa no implicaba “llevar a cabo una investigación previa, ni cumplir los trámites propios de un proceso disciplinario”. Ahora bien, en cuanto la Sentencia del Tribunal de Antioquia acogía esta doctrina, quedaba descartado que en ella se consignara la interpretación errónea que denunciaba el actor.
b. Como puede verse, aunque en la Sentencia de tutela no se examinó puntualmente si los funcionarios del INPEC retirados del servicio por razones de inconveniencia tenían o no derecho a una defensa técnica, sí se hizo explícito que ese proceso de desvinculación, aunque debía dar espacio al derecho de defensa, era un trámite administrativo de carácter flexible, no asimilable a un proceso disciplinario. De lo cual naturalmente se infiere que no necesariamente involucra un derecho específico de defensa técnica, que sí se reconoce en dicho proceso disciplinario[48].
De esta manera, puede concluirse que si la Sala Quinta de revisión de tutelas hubiera estudiado puntualmente si la desvinculación del tutelante exigía formularle un pliego de cargos y citarlo acompañado de un abogado para que ejerciera su derecho de defensa, hubiera llegado a una conclusión negativa, fundada en la naturaleza flexible de dicha actuación administrativa. Por lo cual este asunto no hubiera incidido para determinar la presencia de una vía de hecho en la Sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que tampoco abordó el referido asunto. Máxime si se tiene en cuenta que el tutelante no solicitó que se le permitiera acudir ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, donde ejerció su derecho de formular descargos, acompañado de un abogado. Ciertamente, la Corte observa que esta circunstancia no se menciona en la demanda de tutela en ningún momento.
c. Adicionalmente, el asunto del derecho de defensa técnica dentro del proceso de desvinculación de funcionarios de carrera del INPEC por razones de inconveniencia no puede ser estimado como uno de aquellos de importancia significativa en términos constitucionales, por lo cual haberlo dejado de lado en la Sentencia T-120 de 2007 no implica su nulidad. Ciertamente, como ha sido explicado por esta Corporación, la exigencia constitucional de defensa técnica ha sido circunscrita por el Constituyente al proceso penal y no se ha extendido a otro tipo de procesos[49]. En efecto, sobre el particular la Corte ha vertido las siguientes explicaciones:
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte concluye que la omisión en el estudio del asunto de si al tutelante le asistía o no el derecho constitucional de estar asistido o no por un abogado en la diligencia de descargos previa a su desvinculación, no es una omisión de carácter trascendental, que determine la nulidad de la sentencia T-120 de 2007.
PRIMERO. NEGAR la petición de nulidad formulada por el señor José Joaquín Vecino Calderón en contra de la Sentencia T-120 de 2007.
NILSON PINILLA PINILLA AL AUTO 183 DE 2007
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia T-120 de 2007, expediente T-1450897, en la acción de tutela promovida por José Joaquín Vecino Calderón, contra la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Con el acostumbrado respeto, me he apartado en parte de la motivación del auto de Sala Plena de la Corte Constitucional que negó la petición de nulidad a la sentencia T-120 de 2007, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
[1] Las dos demandas de tutela exponen argumentos prácticamente iguales, lo mismo que las respectivas solicitudes de nulidad de las correspondientes sentencias. Esto explica la similitud de los términos tanto de las sentencias T-118 y T-120 de 2007, como de los autos que resuelven las solicitud de nulidad de las mismas.
[2] M.P. Jaime Córdoba Treviño. La Sentencia C-590/05 encontró contraria a la Constitución la expresión “ni acción” incluida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues implicaba la exclusión de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[3] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[5] Sentencia T-012 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] Sentencia proferida dentro del proceso instaurado por el señor Gustavo Ordóñez Cardona,
[10] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[11] Dichos vicios, en los términos de la Sentencia C-590 de 2005, m.P. Jaime Córdoba Treviño, son los siguientes: (i) el defecto orgánico o falta de competencia del funcionario judicial que produjo la decisión, (ii) el defecto procedimental absoluto, que se configura cuando dicho funcionario actúa completamente al margen de procedimiento establecido, (iii) el defecto fáctico o falta de sustento probatorio adecuado para la adopción de la decisión, (iv) el defecto sustantivo o material que se da cuando la decisión se adopta con base en normas inexistentes o inconstitucionales o se presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, (v) el error inducido, “que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”[11], (vi) la falta de motivación de la providencia, es decir la carencia de fundamentos fácticos y jurídicos que fundamenten la decisión judicial, (vii) El desconocimiento del precedente, “hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11]”[11] , y (viii) la violación directa de la Constitución.
[12] En la Sentencia la Sala quinta explicó que el principio constitucional de favorabilidad recogido en el artículo 53 superior había sido entendido por la jurisprudencia como aquel que indica que “en caso de duda y ante la existencia de dos o más interpretaciones de una disposición jurídica contenida en una fuente formal del derecho (ley, acto administrativo, convención colectiva) debe preferirse aquella interpretación que mejor satisfaga los intereses del trabajador.” Por lo cual, la consideración según la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia habría incurrido en vía de hecho por haber omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de la hoja de vida intachable del demandante, en desconocimiento del principio constitucional de favorabilidad, parecía partir de una comprensión errada del alcance jurídico de dicho principio superior.
[13] Sentencia C-108 de 1995. M.P
[14] Sobre esta posición jurisprudencial puede consultarse la Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este fallo la Corte Constitucional decidió el caso de una notaria que fue desvnculada mediante acto administrativo sin motivación.
[15] A título de ejemplo, la Sala Quinta recordó que en la Sentencia C-371 de 1999, la Corte había reconocido lo siguiente: “Todos los actos administrativos que no sean expresamente excluidos por norma legal deben ser motivados, al menos sumariamente, por lo cual no se entiende que puedan existir actos de tal naturaleza sin motivación alguna. Y, si los hubiere, carecen de validez, según declaración que en cada evento hará la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la sanción aplicable al funcionario, precisamente en los términos de la disposición examinada.” (Negrillas fuera del original). De manera particular recordó también que en la Sentencia C-734 de 2000, se había dejado sentado que tratándose de la desvinculación de funcionarios administrativos del libre nombramiento y remoción, si bien la Corte había admitido que el acto administrativo respectivo podía no hacer expresos los motivos del retiro (es decir había admitido que el acto fuera formalmente inmotivado), había exigido que la autoridad administrativa dejara constancia de las causas que ocasionaron la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en la hoja de vida del funcionario interesado.
[16]La Sala quinta recordó que, por ejemplo, “en la Sentencia C-368 de 1999, la Corte examinó la constitucionalidad del literal j) del artículo 37 de la Ley 443 de 1998. Dicha norma establecía que “el personal no uniformado de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, previo concepto favorable de la Comisión de Personal, podrá ser retirado cuando por informe reservado de inteligencia se considere que es inconveniente su permanencia en el servicio por razones de seguridad nacional. En este caso, la providencia no se motivará.” La Corte declaró la constitucionalidad de la anterior disposición, bajo la condición de que ella solamente se aplicara en relación con funcionarios no uniformados de carrera de esas instituciones, cuyas labores pudieran afectar de manera directa la seguridad ciudadana o la seguridad del Estado.”
[18] Se trataba de la Sentencia proferida por la misma Sección Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia el día 7 de diciembre de 2005, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Gustavo Ordóñez Cardona en contra del INPEC. La pretensión de la demanda consistía en la declaración de nulidad de la resolución mediante la cual el director general de esa institución había ordenado el retiro del demandante por inconveniencia del servicio. La actuación administrativa desplegada por el INPEC previamente a la expedición de la anterior resolución había sido igual a la que se había surtido en el caso del tutelante y lo que se alegaba en la demanda de nulidad consistía en afirmar que al servidor desvinculado no se le había formulado un pliego de cargos concreto que garantizara el debido proceso, ni se le había adelantado un proceso disciplinario que demostrara su responsabilidad. En esta oportunidad la Sentencia había accedido a la solicitud del demandante, después de constatar que el día en que habían ocurrido los hechos motivantes de la desvinculación del servicio, el funcionario despedido no había estado laborando. Situación de hecho que no se presentaba en el caso que motivaba la Sentencia contra la cual se dirigía la acción de tutela, y que explicaba fácilmente la diferencia de la decisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
[19] La Sentencia explicó que en esa oportunidad la Corte Constitucional había conocido el caso de un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que participó en un cese de actividades que posteriormente fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo. El funcionario instauró ante la jurisdicción laboral una acción de reintegro por fuero sindical, que fue decidida desfavorablemente a sus intereses; contra la decisión de segunda instancia presento acción de tutela alegando vía de hecho. La Corte observó que en el acto administrativo de desvinculación del servicio no se había hecho mención explícita de los motivos que justificaban la decisión, que consistían en la participación del dragoneante en el cese ilegal de actividades, por lo cual el servidor público no había podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Observó que la Sentencia de la Jurisdicción laboral no había tenido en cuenta esta circunstancia, por lo cual declaró la nulidad de tal fallo. En cambio, en el caso de la Sentencia del Tribunal de Antioquia que motivaba la tutela, aunque en el acto administrativo de desvinculación tampoco se hacía mención expresa de los motivos que habían llevado a la decisión, de las circunstancias y el contexto en que se había producido el retiro era claro que ellos eran conocidos por el servidor desvinculado, y que él había tenido oportunidad real de defenderse ante la Junta, en relación concreta con los motivos que originaron la desvinculación. Ciertamente, existía en el expediente pruebas que demostraban que él sí conocía los motivos de la decisión administrativa, pues en la diligencia de descargos expresamente se había referido a “la situación del pasado 2 de mayo”, es decir al hecho de la fuga del extraditable acaecida ese día, hecho de público conocimiento y que había constituido el motivo del retiro del servicio. Así pues, tanto de sus palabras, como de las circunstancias que había rodeado la toma de la decisión, era dable decir que la razón del despido era suficientemente conocida. Este hecho permitió a la Sala reiterar la jurisprudencia sentada en la Sentencia T-012 de 2003, conforme a la cual los motivos del desvinculación en principio deben señalase en el acto administrativo de retiro del servicio producido por razones de inconveniencia, acompasando esta postura jurisprudencial con la doctrina sentada por la Corte en sede de constitucionalidad, según la cual el derecho al debido proceso de los servidores del INPEC retirados por razones de inconveniencia quedaba suficientemente satisfecho cuando tuvieran una oportunidad real de defenderse ante la Junta de la Carrera Penitenciaria, sobre la base del conocimiento de los motivos de la decisión, y si la decisión final de retiro contaba con el aval de dicha Junta.
[20] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[21] Ver Sentencia T-1023 de 2006.
[22] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[24] El aparte de la sentencia C-108 de 1995 del cual el solicitante saca la anterior conclusión, es el siguiente, que él mismo cita textualmente:
[25] El solicitante cita la providencia de 12 de noviembre de 1999, proferida dentro de la investigación disciplinaria abierta por el Procurador General de la Nación en contra de el coronel Rafael Pardo Cortes.
[26] M.P. Jaime Córdoba Treviño.
[27] Acerca de la declaratoria oficiosa de nulidad de las sentencias, Cfr. Corte Constitucional, Auto 050/00 y 062/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[28] La doctrina sobre la nulidad de las sentencias de revisión puede consultarse, entre otros, en los Autos 031A de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 002A M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 063 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y 131 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 008 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 042 de 2005 M.P. Humberto Sierra Porto. La clasificación utilizada en esta providencia está contenida en el Auto 063/04.
[29] Corte Constitucional, auto del 22 de junio de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[30] Corte Constitucional, auto de 30 de abril de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-031a de 2002).
[31] Cfr. Corte Constitucional, Autos 031A/02 y 063/04.
[32] El saneamiento de las nulidades no alegadas oportunamente fue sustentado por la Corte al afirmar que “i) en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho[32]; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra las providencias de tutela[32]. Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma”. Cfr. Corte Constitucional, Auto 031 A/02.
[33] Una explicación ampliada de los fundamentos de este requisito puede encontrarse en los Autos del 13 de febrero de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y del 20 de febrero del mismo año, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[34] Cfr. Auto 031 A/02.
[35] Cfr. Corte Constitucional, Auto 031 A/02. Fundamentos jurídicos 13 a 20.
[36] Auto 031A de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[37] Auto 008 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[38] Auto 127A de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[39] Cfr. Corte Constitucional, Auto 031 A/02. Fundamentos jurídicos 13 a 20.
[41] El aparte de la sentencia C-108 de 1995 del cual el solicitante saca la anterior conclusión, es el siguiente, que él mismo cita textualmente:
[43] Sobre este punto en la Sentencia T-118 de 2007 se explicó detalladamente que “las diversas salas de los tribunales están vinculadas por la obligación de aplicar el precedente sentado por el órgano encargado de unificar jurisprudencia en materia contencioso administrativa, en este caso el Consejo de Estado. También, por razones de respeto al principio de igualdad, las distintas salas de decisión de los tribunales están atadas a sus propias decisiones anteriores, y así mismo al precedente sentado en el respectivo tribunal por las diferentes salas de decisión. No así respecto de los precedentes horizontales adoptados por otros tribunales, por falta de relación jerárquica entre ellos.”
[44] La Sala pone de relieve que esta Acta es distinta del Acta N° 396 del 4 de mayo de 2001, que da cuenta de la diligencia de descargos del señor Vecino Calderón ante la junta Asesora.
[45]. A continuación de los párrafos que se acaban de transcribir, en la Sentencia T-118 de 2007 la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional expuso una argumentación más exptensa para demostrar por que el Tribunal de Antioquia había respetado la doctrina expuesta en la Sentencia C- 108 de 1995. Dicha Argumentación aparece citada dentro de esta misma Sentencia en la consideración número 6.6.6.
[46] Cfr. Corte Constitucional, Auto 031 A/02. Fundamentos jurídicos 13 a 20.
[48] Ley 734 de 2002, artículo 17: “Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.” (Negrillas fuera del original)
[49] Ver sentencias C-131/02 M.P. Jaime Córdoba Treviño, y C- 948 de 2002, M.P Álvaro Tafur Gálvis.