Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14029
Timestamp: 2018-01-16 17:28:37
Document Index: 158508322

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 95', 'artículo 17']

Sentencia C-149 de 1993 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 22/04/1993
Fecha de Entrada en Vigencia: 22/04/1993
LUIS CARLOS GOMEZ JARAMILLO
MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de abril de mil novecientos noventa y tres (1993).
Los ciudadanos MAURICIO VALENZUELA GRUESSO, LUIS CARLOS GOMEZ JARAMILLO, MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN y LUIS GUILLERMO NIETO ROA, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241 de la Constitución Política, han presentado a esta Corte sendas demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 6a. de 1992. Una de tales demandas, la de la ciudadana Ocampo de Herrán se extiende, además, a los artículos 16 y 18 del mismo estatuto.
1. Que el total de sus ingresos brutos en 1991 hubieren sido iguales o inferiores a $21'000.000, y
2. Que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año no hubiere sido superior a $30'000.000.
1) Los ciudadanos MAURICIO VALENZUELA GRUESSO y LUIS CARLOS GOMEZ JARAMILLO, quienes demandan la totalidad del artículo 17 transcrito, señalan como violados los artículos 338 y 363 de la Constitución Política.
La naturaleza fiscal de la denominada "inversión forzosa" resulta indiscutible, según una de las demandas -la del ciudadano Valenzuela Gruesso- porque una inversión que no genere rentabilidad y en la que el contribuyente no consiga beneficio distinto de poder redimirla a su valor nominal al vencimiento del plazo establecido es, por esencia, un impuesto.
Por su parte el ciudadano Gómez Jaramillo manifiesta que el Constituyente, al establecer en los artículos citados la prohibición de la retroactividad de los impuestos, quiso poner a los contribuyentes "al abrigo de sorpresas en la voracidad fiscalista o, dicho de otro modo, conseguir que el contribuyente tuviese siempre unas reglas claras e inequívocas a las cuales sujetase su actividad económica" y que cuando una norma que regula una contribución se aplica al resultado de hechos ocurridos en un periodo anterior a su vigencia -como ocurre con la disposición demandada- evidentemente se le está dando un efecto retroactivo que es contrario a la equidad y a la seguridad jurídica.
2) El ciudadano Luis Guillermo Nieto Roa anuncia en la referencia de su demanda que la limita al inciso 2º del artículo 17, aunque transcribe la norma en su totalidad. Construye su argumentación respecto de ella y así lo expresa al final del escrito, razones por las cuales esta Corte entiende que dicho ciudadano ha dirigido su acción contra todo el artículo 17 y no contra una parte del mismo.
3) La Ciudadana María Cristina Ocampo de Herrán extiende su demanda, además del 17, a los artículos 16 y 18 de la Ley 6a. de 1992.
Dentro del término de fijación en lista los ciudadanos Nohora Inés Matiz Santos y Carlos Alberto Castilla Murillo, quienes actúan además como funcionarios de la División de Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, acudieron ante la Corte para presentar un escrito tendiente a defender la constitucionalidad de los artículos materia de las acciones incoadas.
Finalmente el Procurador acoge la tesis expuesta por uno de los demandantes, el ciudadano Luis Guillermo Nieto Roa, en el sentido de que la figura de los BDSI corresponde a un empréstito forzoso.
Citando al profesor Esteban Jaramillo señala el Jefe del Ministerio Público que los empréstitos forzosos son aquellos que se exigen por el Estado coactivamente de los propietarios y capitalistas nacionales o de algunos de ellos, dándoles en cambio títulos negociables con interés.
3. Carácter tributario de las disposiciones acusadas
Así, pues, las normas atacadas crean en realidad un impuesto por cuanto, prescindiendo totalmente de la voluntad de los sujetos pasivos -que sería natural en el caso de celebrarse un contrato de empréstito- establecen a cargo de ellos la obligación de trasladar a favor del Estado una suma de dinero calculada sobre las mismas bases y por el mismo periodo de un tributo, pues "...los obligados (...) aplicarán el veinticinco por ciento (25%) al impuesto de la renta y complementarios que estaban obligados a presentar durante el año de 1992". Lo es, además, porque el traslado de tales recursos al tesoro público es definitivo, ya que, si bien se estipula un término de redención de los bonos, éstos "...se redimirán por su valor con el pago de impuestos, retenciones, sanciones y anticipos (subraya la Corte) durante el año 1998" (artículo 17 de la Ley 6a. de 1992). En virtud de la misma norma, el supuesto "inversionista" no resulta favorecido con ninguna clase de interés -lo cual excluye absolutamente que los fondos se entreguen a título de inversión- y ni siquiera percibe un elemental reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda durante los seis años en que tales recursos permanecen en manos del Estado. Se trata, pues, de una "carga económica exigida a los administrados para atender necesidades del servicio público sin que tenga correspondencia en beneficios o compensaciones particulares y específicas a favor de ellos" y eso es un impuesto si se atiende a la definición que en los precedentes términos ha hecho de esta forma contributiva el Consejo de Estado (Cfr. Sentencia de agosto 29 de 1990. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez).
Repárese, por otro lado, en que las normas acusadas hacen parte de una ley cuyo contenido principal consiste en la expedición de normas en materia tributaria y, específicamente, están incluidas dentro del Título I, denominado "Impuestos y contribuciones" y en el capítulo II de éste, llamado "Contribuciones especiales e inversión forzosa".
Esta referencia se trae apenas como complemento de lo ya indicado sobre el contenido material de las disposiciones sub-examine, pues ya ha expresado esta Corte que una norma no debe su naturaleza en forma exclusiva a la ubicación que tenga dentro de los títulos o epigrafes de un estatuto (Cfr. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-02, mayo 8 de 1992, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero). Pero, unido ese elemento a los ya subrayados, no queda duda sobre el carácter fiscal de las normas en mención.
4. Inconstitucionalidad del impuesto establecido
Téngase presente el mandato contenido en el artículo 95, numeral 9º de la Constitución, a cuyo tenor es deber de la persona y del ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, pero "dentro de conceptos de justicia y equidad".
2) Ordénase al Ministerio de Hacienda y Crédito Público REINTEGRAR, en un término que no podrá ser superior a seis (6) meses contados a partir de la comunicación de esta sentencia, la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de la aplicación del artículo 17 de la Ley 6a. de 1992.
3) Ordénase al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales- CESAR de manera inmediata todo procedimiento investigativo o sancionatorio iniciado en contra de los contribuyentes que no cancelaron oportunamente el valor de los BDSI.
Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.