Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20006361
Timestamp: 2019-07-21 06:32:44
Document Index: 294704761

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 478', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 478', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 478', 'Artículo 14', 'artículo 479', 'Artículo 479', 'Artículo 478', 'Artículo 1', 'Artículo 121', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 480', 'artículo 479', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 479', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 479', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 479', 'Artículo 14', 'Artículo 478', 'Artículo 1', 'artículo 467']

C-1050 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020006361CC-SENTENCIAC1050200104/10/2001CC-SENTENCIA_C_1050__2001_04/10/2001200063612001Sentencia C-1050/01 CONVENCION COLECTIVA -Denuncia como institución consagrada en múltiples países CONVENCION COLECTIVA -Finalidad CONVENCION COLECTIVA -Límites CONVENCION COLECTIVA -Definición de la denuncia CONVENCION COLECTIVA -Titularidad de la facultad de denuncia CONVENCION COLECTIVA -Distinción entre revisión y denuncia CONVENCION COLECTIVA -Efectos de la denuncia L os efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son limitados: primero, no le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención continua vigente; segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene término legal fijo; tercero, la continuidad de la convención está supeditada a que se firme una nueva convención, lo cual supone un nuevo acuerdo entre las partes en lugar de la imposición unilateral de condiciones laborales diferentes. DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA -Rango constitucional DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO -Marco constitucional DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO EN EL PRINCIPIO DE ARMONIZACION CONCRETA -Interpretación en las relaciones entre trabajadores y patronos /CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO -Solución pacífica El derecho colectivo del trabajo está llamado a interpretarse a la luz del principio de armonización concreta de derechos e intereses constitucionales en las relaciones entre trabajadores y patronos. El ejercicio de dichos derechos e intereses no puede, en consecuencia, significar la anulación de otros que le sean contrarios, mas aún cuando es finalidad constitucional promover la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo. Este principio de hermenéutica constitucional se aplica en toda su amplitud en el ámbito del derecho colectivo del trabajo. CONVENCION COLECTIVA -Efectos de la denuncia por empleador Los efectos de la denuncia de la convención colectiva por parte del empleador se entienden limitados a la manifestación unilateral de desacuerdo sobre su continuidad, siendo los trabajadores quienes determinan si dan inicio al conflicto colectivo mediante la presentación del respectivo pliego de peticiones. CONVENCION COLECTIVA -Función institucional La definición de la convención colectiva en un contexto nacional depende del ejercicio concreto que se haga de ella. Esto significa que la función institucional que cumplen las convenciones colectivas en las diferentes sociedades depende más de la práctica que de una estructura rígida sugerida o impuesta a la realidad nacional. En este orden de ideas, tan importantes como su estructura legal parecen ser las relaciones sociales que subyacen a la convención colectiva de trabajo. CONVENCION COLECTIVA -Acuerdo bilateral vinculante CONVENCION COLECTIVA -Resultado de la negociación colectiva CONVENCION COLECTIVA -Funciones desde la práctica de los países CONVENCION COLECTIVA -Regulación de oferta de trabajo y protección de trabajadores Como instrumento de regulación de la oferta de trabajo y de protección de los trabajadores ante las presiones que sobre ellos puedan presentarse. Tal enfoque de la convención colectiva surge del reconocimiento del poder del sindicato como entidad que goza de algún control en el establecimiento de las condiciones bajo las cuales se ofrece trabajo, con miras a proteger los intereses de los trabajadores. CONVENCION COLECTIVA -Definición de condiciones generales del trabajo CONVENCION COLECTIVA -Instrumento de cooperación entre partes asociadas CONVENCION COLECTIVA -Código industrial o método de regular salarios y otras condiciones CONVENCION COLECTIVA -Formas /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO -Amplitud Desde el enfoque de su regulación legal, la institución de la convención colectiva de trabajo puede asumir diferentes formas, que van desde su entendimiento como fenómeno social de impacto mayor y como instrumento legislativo hasta su comprensión como acuerdo privado de dimensión colectiva y como consolidación de los términos de trabajo existentes. Resulta entonces manifiesto que las diversas formas que puede adoptar la convención colectiva a nivel legislativo obedecen precisamente al ejercicio de la amplia potestad de configuración legislativa en este campo. DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA -Cooperación y tolerancia NEGOCIACION COLECTIVA -Derecho constitucional DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA -Dimensión bilateral o plurilateral DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA -Voluntariedad DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA -Titularidad /CONVENCION COLECTIVA -Pacto de paz L a titularidad del derecho constitucional a la negociación colectiva radica no sólo en los trabajadores sino también en los empleadores. Ello es una consecuencia no sólo de la bilateralidad de la convención, sino de la concepción de cooperación que inspiró a los constituyentes. La convención colectiva ya no es, por lo tanto, concebida como una tregua transitoria acordada con una perspectiva de corto plazo dentro de la cual cada parte busca derivar el mayor provecho, sino como un pacto de paz con una visión global y de largo plazo dentro del cual ambas partes encuentran propósitos comunes de mutuo beneficio. NORMA ACUSADA -No inclusión de determinada institución no la hace inconstitucional CONSTITUCION POLITICA -No abarca totalmente los aspectos de una materia NORMA ACUSADA -No mención en la Constitución o en convenios internacionales CONVENCION COLECTIVA -Denuncia es manifestación de la negociación colectiva CONVENCION COLECTIVA -Revisión no hace inocua la denuncia La denuncia de la convención colectiva y la revisión de la misma son instituciones que no deben confundirse, sin que pueda afirmarse que el ejercicio de la una haga inocua o peligrosa la utilización de la otra. Mientras que la denuncia tal sólo tiene la virtualidad de comunicar la intención de renegociar la convención colectiva vigente que sigue estándolo hasta tanto no se firme una nueva, la solicitud de revisión responde a "imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica", que ameritan su discusión por las partes o la posterior intervención de la "justicia del trabajo" en caso de no llegarse a un acuerdo. CONVENCION COLECTIVA -Prórroga automática CONSTITUCION POLITICA -Silencio en relación con alguna materia DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE SITIO -Adopción como legislación permanente Referencia: expediente D-3394
Luis Alonso Velasco Parrado | OtroCONSTITUCIONALIDADManuel José Cepeda EspinosaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954, el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1º de la Ley 141 de 1961.D3394Identificadores20020006362true17222Versión original20006362Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954, el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1º de la Ley 141 de 1961.
La denuncia de la convención colectiva y la revisión de la misma son instituciones que no deben confundirse, sin que pueda afirmarse que el ejercicio de la una haga inocua o peligrosa la utilización de la otra. Mientras que la denuncia tal sólo tiene la virtualidad de comunicar la intención de renegociar la convención colectiva vigente que sigue estándolo hasta tanto no se firme una nueva, la solicitud de revisión responde a "imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica", que ameritan su discusión por las partes o la posterior intervención de la "justicia del trabajo" en caso de no llegarse a un acuerdo.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Luis Alonso Velasco Parrado, como persona natural, y Hever Maradiago, como persona natural y en representación de SINALTRABAVARIA, demandaron los artículos 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, "disposiciones que regulan el instituto de la Denuncia a las Convenciones Colectivas de Trabajo y su prórroga automática", así como el artículo 1º de la Ley 141 de 1961 "en cuanto dio carácter legal al artículo 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954 y al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo".
Artículo 14."El artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
Artículo 479.Denuncia. 1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el Inspector de Trabajo del lugar, y en su defecto ante el Alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional del Trabajo y para el denunciante de la convención.
2. Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención."
Artículo 478.-"Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación."
Artículo 1.-"Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del Artículo 121 de la Constitución desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores."
Los demandantes solicitan a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las normas demandadas. Para sustentar su petición esgrimen dos cargos: por un lado, acusan a las normas transcritas de vulnerar los artículos 22, 38, 39, 53 inciso 4º y final y 55 de la Constitución Nacional así como la Ley 32 de 1985 (por medio de la que se aprobó la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados) y la Ley 27 de 1976 (que ratificó el Convenio 98 de la O.I.T.); y, en segundo lugar, aducen que dichas normas vulneran los artículos 212 y 53 de la Constitución Política "en relación con los artículos 9º y 3º de la Ley 153 de 1887".
1. Los actores fundamentan el primer cargo en que los preceptos constitucionales presuntamente vulnerados y el Convenio 98 de la O.I.T en su artículo 4º no consagraron la denuncia de la convención colectiva, por lo que es obvio colegir que las normas demandadas - en cuanto consagran dicha institución - violan normas de rango superior. A su juicio, "el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en la nueva constitución, da el derecho y facultad privativo a los sindicatos de presentar pliegos de peticiones." En su concepto los sindicatos tienen "la vocación y titularidad exclusiva de promover el conflicto mediante la adopción y presentación del pliego de peticiones".
1.1 Sostienen los impugnantes que la denuncia de la Convención Colectiva es una figura extraña y ajena a la negociación colectiva y que ella ha sido un medio de los empleadores para presentar los denominados "contra-pliegos", lo que contraría el deber de paz que reclama la Constitución.
"(L)a denuncia ejercida por el empleador resulta siendo un medio tendiente a desconocer y eliminar derechos adquiridos por los trabajadores en la mesa de negociación, se debilita entonces el escenario natural de la negociación, cuando la misma legislación ofrece otro escenario igual o mejor, a saber: la Revisión por operancia de la Teoría del Imprevisión mediada o articulada por la intervención inicial de los sujetos naturales de la controversia y, a falta de desacuerdo (sic), la jurisdicción del trabajo."
1.3 A juicio de los actores, la institución de la denuncia - regulada por las normas acusadas - fue derogada por la entrada en vigor del Convenio 98 de la O.I.T. y los artículos 53 inciso 4º, 22, 38 y 39 de la Constitución, ya que aquella es contraria al proceso de la negociación colectiva y al deber de mantenimiento de la paz.
Segundo cargo: vulneración de los artículos 212 y 53 de la Constitución Política "en relación con los artículos 9º y 3º de la Ley 153 de 1887"
La figura de la denuncia - dice el interviniente - no merece reparo alguno desde el punto de vista constitucional, en apoyo de lo cual cita algunas sentencias de homologación de la Corte Suprema de Justicia, en las cuales se ha reconocido dicha facultad, así como las sentencias de la Corte Constitucional T-597 de 1992 y C-009 de 1994 sobre la negociación colectiva.
En cuanto a la presunta inconstitucionalidad porque ni la Constitución ni los Convenios de la OIT mencionan la institución de la denuncia, manifiesta que la demanda no plantea controversia real alguna en el plano constitucional. Considera que la argumentación presentada por los actores resulta improcedente pues pretenden que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones legales sobre la denuncia por el solo hecho de no estar contenidas expresamente en el texto constitucional. Con ello ignoran - sostiene - que la Constitución sólo se limita a enunciar los principios y deja al legislador la tarea de desarrollarlos específicamente. Opina que la Convención Colectiva es "una forma de Negociación Colectiva y por tanto se encuentra reconocida en el Art. 55 de la Constitución", pero la legislación que desarrolla ese derecho no tiene porque formar parte de la misma. Lo mismo puede predicarse del Convenio 98 de la OIT; el solo hecho de no contemplar expresamente el procedimiento de la denuncia, no quiere decir que lo excluya.
De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de Homologación de 27 de mayo de 1993) - sostiene el Jefe del Ministerio Público - los efectos de la denuncia de la convención colectiva, difieren según la denuncia sea presentada por cada una de las partes vinculadas a la convención o solamente por una de ellas. Si únicamente es formulada por el empleador, la convención continúa vigente, pues éste no está facultado para iniciar el conflicto laboral. Si la presentan los trabajadores, seguida del pliego de peticiones, la negociación se circunscribe a las demandas del sindicato, pues son los trabajadores los únicos legitimados para promover el conflicto. Pero si la denuncia la presentan ambas partes, la discusión no debe limitarse al pliego de peticiones presentado por el sindicato, sino que también debe comprender los temas propuestos por el empleador en su denuncia.
Considera finalmente el Procurador que resulta razonable, proporcional y justificado que la denuncia de la convención colectiva pueda hacerse tanto por los trabajadores como por los empresarios, pues los dos son partes de la negociación colectiva y la Constitución así lo reconoce. Lo contrario - afirma - vulneraría el derecho a la igualdad y convertiría las convenciones en instrumentos irredimibles y, por ende, generadores de conflictos. No obstante, el Procurador comparte el concepto de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta al alcance de la denuncia de la convención colectiva por parte del patrono, cuando los trabajadores no se pronuncian sobre ella. Sobre el particular la Sala de Casación Laboral ha sostenido:
"Cuando la convención vigente es denunciada por el empleador, aquellas obligaciones a su cargo de las cuales pretende liberarse serán materia de decisión arbitral siempre que la organización sindical de trabajadores haya admitido discutirlas, en el entendimiento de que resulta inadmisible, frente a nuestro régimen legal, que el empleador dentro del proceso de la negociación colectiva pueda por sí solo y de manera unilateral 'hacer conflictivos aspectos sobre los cuales el sindicato o el grupo de trabajadores coligados no quiere disputar' (Sentencia de homologación de 24 de septiembre de 1990)".[1]
a. ¿Viola la Constitución la institución de la denuncia de la convención colectiva de trabajo (art. 479 del C.S.T.)
b. ¿Viola la Constitución el establecimiento de la prórroga automática de las convenciones colectivas de trabajo (art. 478 del C.S.T.)
c. ¿Existe cosa juzgada absoluta respecto del artículo 1º de la Ley 141 de 1961, norma que le confirió carácter permanente a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo demandados y sobre la cual ya se pronunció esta Corte
La Ley General del Trabajo en México dispone sobre la institución que nos interesa, denominada en el derecho mexicano "revisión de la convención colectiva" - y que no debe confundirse con la revisión establecida en el artículo 480 del C.S.T colombiano -, que el contrato colectivo de trabajo es revisable por solicitud del sindicato de trabajadores o por el patrono dentro de los plazos establecidos por la ley según la modalidad del contrato.[2]
Para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la denuncia de la convención colectiva de trabajo consagrada en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo - subrogado por el artículo 14 del Decreto 616 de 1954 - procede la Corte a referirse brevemente a la institución jurídica de la convención colectiva, así como la titularidad, la finalidad y los efectos de su denuncia.
El legislador define la convención colectiva de trabajo como "la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia" (art. 467 del C.S.T.).
"La finalidad de la convención colectiva de trabajo, según la norma transcrita, es la de "fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo", lo cual revela el carácter normativo que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen.
Finalmente se destacan en la convención, las regulaciones de orden económico, que atañen a las cargas económicas que para la empresa representan las diferentes estipulaciones de la convención, frente a los trabajadores en particular o ante la organización sindical."[6]
En cuanto a los límites de la convención colectiva de trabajo es claro que ella no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores (art. 53 inc. final C.P.). La ley - con sujeción a los principios fundamentales que debe contener el Estatuto del Trabajo - regula lo concerniente a su ejercicio, en especial, a la forma en que debe celebrarse, a quiénes se aplica, a su extensión a otros trabajadores por ley o acto gubernamental, a su plazo, revisión, denuncia y prórroga automática (arts. 467 y ss. C.S.T.).[7] Aspecto central del presente proceso lo constituyen estos dos últimos puntos: la denuncia de la convención y su prórroga automática.
La denuncia de la convención colectiva de trabajo es definida por ley como la manifestación escrita, procedente de cualquiera de las partes o de ambas, que expresa la voluntad de dar por terminada la convención colectiva de trabajo (art. 479 C.S.T). Esta manifestación debe ser presentada dentro de los sesenta (60) días anteriores a la expiración del término de la convención colectiva (art. 478 C.S.T), por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar, y en su defecto ante el alcalde. El respectivo funcionario debe posteriormente cumplir con el procedimiento legal dispuesto para el trámite de la denuncia, i.e colocar la nota de presentación que señala el lugar, fecha y hora de la misma y luego entregar el original de la denuncia al destinatario y sus copias destinadas a la instancia pública de trabajo y al propio denunciante de la convención. El artículo 14 del Decreto 616 de 1954 - que modificó el artículo 479 C.S.T - vino a garantizar la vigencia de la convención colectiva denunciada hasta tanto se firme una nueva, dando así estabilidad al acuerdo colectivo entre patrono y trabajadores.
La legislación y la doctrina diferencian entre las instituciones de la revisión y la denuncia de la convención colectiva de trabajo. Con la primera se introduce la teoría de la imprevisión al ámbito laboral, con lo que se permite a las partes pedir la revisión de la convención colectiva cuando sobrevienen "imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica" (art. 480 C.S.T) que hacen excesivamente oneroso e incluso imposible continuar con la operación de la empresa. En este evento, se ha entendido que la revisión no puede afectar toda la convención sino sólo las cláusulas de contenido económico que dieron lugar al desequilibro que se pretende corregir, bien sea mediante el acuerdo de las partes o mediante la intervención del juez laboral. La denuncia de la convención, por el contrario, no responde a condiciones imprevisibles; es regulada legalmente como una facultad que pueden ejercer las partes contratantes para manifestar su inconformidad con la convención colectiva vigente, sin que aquélla sea suficiente para afectar la continuidad de la misma mientras se firma una nueva.
Es precisamente el aspecto de los efectos de la denuncia de la convención colectiva el que en buena parte suscita el cuestionamiento de inconstitucionalidad planteado contra esta institución por parte de los accionantes. Dado que la legislación laboral no regula detalladamente los efectos de la denuncia - y éstos pueden versar, entre otros aspectos, sobre la modificación del plazo de la convención, sobre las facultades de las partes en la etapa de arreglo directo o sobre las competencias de los árbitros según se trate del arbitramento obligatorio o el voluntario - la Corte procederá a estudiar este tema exclusivamente a la luz de los cargos de la demanda, sin entrar a pronunciarse sobre normas laborales no demandadas en esta oportunidad.
"Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención."
"El derecho colectivo de trabajo se presenta en el ámbito constitucional, como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de los patronos y los trabajadores, originada especialmente en el reconocimiento constitucional de los derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, para que unos y otros, en forma organizada, contribuyan a la solución pacífica de los conflictos laborales, y promuevan y realicen la defensa de los derechos e intereses que le son comunes, según la particular situación que ocupan en la empresa, y las relaciones que surgen de sus condiciones de dadores o prestadores de trabajo.
c) El derecho a la "negociación colectiva para regular las relaciones laborales", que se hace efectivo y adquiere vigencia y operatividad, a través de la celebración de los "acuerdos y convenios de trabajo", denominados en nuestra legislaciónPactos Colectivoso Convenciones Colectivas de Trabajo, que constituyen los mecanismos ideados, además de la concertación, para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (art. 53, inciso final, 55 y 56, inciso final C.P.)."
Considera la Corte que la anterior perspectiva institucional responde a una visión que se toma en serio los derechos, libertades, intereses, pero también los deberes y las obligaciones de las personas. A partir de esta perspectiva, además del respeto de las competencias públicas y de las facultades privadas en la regulación de las relaciones de trabajo - tema neurálgico para cualquier sociedad constituida en Estado democrático y social de derecho -, es necesario armonizar los derechos en pugna, de forma que se maximice su realización sin con ello sacrificar unos u otros como precio de la lucha ideológica, sin duda legítima en una democracia pluralista, pero que no determina el significado de una Constitución nacida del consenso sobre las decisiones políticas fundamentales que deben ser respetadas por todos, cualquiera sea su postura ideológica, mientras la Constitución no sea modificada por los procedimientos en ella establecidos. El derecho colectivo del trabajo está llamado a interpretarse a la luz del principio de armonización concreta[9] de derechos e intereses constitucionales en las relaciones entre trabajadores y patronos. El ejercicio de dichos derechos e intereses no puede, en consecuencia, significar la anulación de otros que le sean contrarios, mas aún cuando es finalidad constitucional promover la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo (art. 55 inc. 2º C.P.). Este principio de hermenéutica constitucional se aplica en toda su amplitud en el ámbito del derecho colectivo del trabajo y guía el análisis de constitucionalidad de las normas demandadas.
Por lo general se entiende la convención colectiva como un acuerdo entre dos partes que lo consideran vinculante. Este último aspecto es determinante para garantizar la estabilidad laboral. Sólo en la medida de que las partes que suscriben una convención colectiva de trabajo tengan el genuino propósito, y actúen en consecuencia, de respetar los acuerdos logrados, es posible asegurar que las relaciones entre empresarios y trabajadores constituyan el entorno de cooperación necesario para el mantenimiento de paz laboral. Desde esta perspectiva, la convención colectiva es descrita como un acuerdo bilateral, donde existen elementos de intercambio - quid pro quo - y que establece las reglas que regulan, entre otras cosas, los derechos y las obligaciones de las partes de la relación, las normas sobre el inicio, desarrollo y terminación de la relación laboral y las normas referidas al negocio entre las que se incluyen normas de organización y de solidaridad.[11]
La convención colectiva de trabajo es, además, resultado de la negociación colectiva, derecho éste consagrado en los convenios internacionales de la O.I.T así como a nivel de gran número de constitucionales nacionales. Por lo demás, la doctrina internacional diferencia básicamente entre dos tipos de convenciones colectivas: procedurales o sustantivas, lo que depende de si las reglas en ellas contenidas regulan únicamente aspectos formales de la convención o, además de esto, aspectos de su contenido. En lo relativo al alcance de la convención, éste depende del tipo de organizaciones sindicales existentes en cada país - p. ej. sindicatos de base, gremiales, de industria, sectoriales.
2.- Como instrumento de regulación de la oferta de trabajo y de protección de los trabajadores ante las presiones que sobre ellos puedan presentarse. Tal enfoque de la convención colectiva surge del reconocimiento del poder del sindicato como entidad que goza de algún control en el establecimiento de las condiciones bajo las cuales se ofrece trabajo - p.ej. en decisiones sobre si se aumenta el personal, se reducen las calidades exigidas, etc. -, con miras a proteger los intereses de los trabajadores.[13]
"ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.
"Artículo 4.- Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo."
Sin embargo, del tenor literal de la norma constitucional, así como del Convenio 98 de la O.I.T., no se puede derivar esta conclusión ya que el derecho a la negociación colectiva fue consagrado sin limitar su titularidad a una de las partes y, además, de las expresiones "negociación" y "relaciones" se deduce que tal derecho carece de una dimensión unilateral. El artículo 4 del Convenio 98 citado también reconoce expresamente que la negociación colectiva y la convención colectiva comprenden necesariamente una dimensión bilateral o plurilateral. También enfatiza que la negociación es voluntaria en la medida en que ninguno de los extremos de la relación puede ser compelido a contraer obligaciones, o sea, a ninguno se le puede imponer unilateralmente unas condiciones de empleo. La negociación entre las partes de una relación colectiva de trabajo abarca diversos aspectos, por lo que no es aceptable la interpretación tendiente a reducirla a la inciación del conflicto colectivo de trabajo. Una cosa es la denuncia de la convención y otra la iniciación de una negociación después de que se ha planteado un conflicto colectivo. La denuncia de la convención colectiva no tiene la virtud, por sí sola, de plantearlo. Ella es manifestación del ejercicio de las facultades emanantes del derecho a la negociación colectiva, sin que deba confundirse con otras instituciones como la iniciación del conflicto colectivo ni atribuírsele efectos que no surgen de la norma demandada.
En efecto, uno de los dirigentes sindicales elegido como delegatario por el movimiento M-19 planteó la necesidad de "sacar las relaciones laborales de la vieja concepción", según sus palabras. A la comisión quinta se presentó por parte del delegatario Angelino Garzón, el proyecto No. 16 con una propuesta laboral para la nueva Constitución. En la exposición de motivos de su propuesta el Constituyente Garzón afirmaba:
"En la concepción global de la democracia, en esa compleja relación de autonomía entre el sindicato y la empresa, entre el capital y el trabajo, es muy importante estimular la educación y la concepción, entre los trabajadores y entre los empresarios, sobre el papel de la empresa y el sindicato como instituciones de la democracia, de su importancia para la sociedad y de la función que debe cumplir el Estado en esa relación, para superar la vieja concepción de dos enemigos, de hacer de las diferencias sociales y de intereses algo totalmente antagónico y en la óptica de cómo uno puede debilitar al otro.
En tal sentido, los conflictos sociales que se lleguen a presentar no los encaramos con el criterio de odios o posiciones irreconciliables, sino como un medio al cual se recurre, en un momento determinado y de manera forzada, como último recurso para buscar solución a los problemas laborales. Eso explica por qué reivindicamos los plenos derechos de asociación, de negociación colectiva y de huelga para todos los trabajadores colombianos. Es un compromiso que el Estado tiene con muchos de los aspectos contemplados en la Declaración de los Derechos Humanos y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También para sacar las relaciones laborales de la vieja concepción del antagonismo, del irrespeto, del conflicto por el conflicto, de la desconfianza y de la intolerancia, que ha llevado en Colombia a la más flagrante violación de elementales derechos sindicales por parte del Estado y de muchos empresarios del sector privado."[19] (subrayado fuera de texto)
"Negociación colectiva y concertación laboral.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el único organismo intergubernamental que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. El secreto radicó en el tripartidismo, en ser un centro del diálogo y entendimiento entre gobiernos, empresarios y trabajadores. Por ello, toda legislación internacional que dicho organismo ha expedido hasta hoy y que se expresa en los centenares de convenios y recomendaciones,deben mirarse como el resultado de la pluralidad, tolerancia, flexibilidad y concertación entre sectores que representando intereses diferentes, llegaron a encontrar los puntos que les eran comunes, no sólo a ellos sino necesarios para el fomento y desarrollo de las relaciones a nivel mundial.
Sin embargo,lo más importante, es cómo generar en todo el país la práctica del diálogo y la concertación que por muchos años nos ha enseñado la OIT. Infortunadamente, como lo hemos afirmado, la actual Constitución Política no dice nada sobre temas tan vitales para las relaciones laborales, como son la negociación colectiva y la concertación laboral. Pero no partimos de cero. En Colombia existen muchas experiencias, positivas y negativas, en materia de negociación y concertación laboral. El derecho a la negociación colectiva está contemplado en la legislación laboral para los trabajadores, a excepción de los empleados públicos. Existe, también, un organismo tripartito de concertación, el Consejo Nacional Laboral, que infelizmente no tiene poder decisorio, se ha reducido a la discusión del salario mínimo y no cuenta para nada como organismo rector en el desarrollo de las relaciones laborales. Esto posiblemente explica, en parte, su debilitamiento y sus fracasos para llegar a acuerdos concertados en los últimos años.
Esa realidad es la que creemos recoge las propuestas que, en materia laboral, surgieron en las mesas de trabajo, lo mismo que varios proyectos de reforma constitucional, cuando insisten enla necesidad del diálogo, de la concertación y de los acuerdos, como forma de evitar los conflictos laborales y de afianzar un clima de tranquilidad social. Es un derecho y una práctica que consideramos debe hacerse extensiva a todos los trabajadores, incluyendo a los empleados públicos, por cuanto es muy negativo que a estos trabajadores se les siga dando un tratamiento de ciudadanos de segunda categoría, con relación a algunos derechos laborales. Fomentar el diálogo, la negociación y la concertación en el campo laboral y social, es una buena práctica y un buen principio, que mucho nos puede contribuir a encontrar formas civilizadas de solución a los graves problemas sociales que hoy se viven en Colombia y a consolidar un clima de tranquilidad y de paz ciudadana."[20] (subrayado fuera de texto)
"La finalidad propia de las asociaciones de trabajadores y empleadores es celebrar negociaciones colectivas sobre las condiciones materiales, económicas y jurídicas en que debe realizarse el trabajo. Por tanto, una vez elevado a categoría suprema el derecho de asociación deviene imperativo establecer por la Constitución el derecho a la negociación colectiva, ya existente en el Código Sustantivo de Trabajo.
Un grupo minoritario de constituyentes considera de gran importancia la creación de un organismo de concertación laboral, que en su opinión mucho contribuiría a evitar conflictos laborales y a generar una nueva concepción de relaciones laborales."[21] (subrayado fuera de texto)
De esta forma, la cooperación se erigió como principio medular de las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores. Diversas disposiciones constitucionales así lo reflejan: el artículo 2º consagra la participación en las decisiones que los afectan, el 55 inc. 2º promueve la concertación, el 56 inc. 3º ordena la creación de una comisión de "buenas relaciones laborales", el 57 autoriza a la ley para crear estímulos a la cogestión y el 340 consagra la participación de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales en el Consejo Nacional de Planeación.
A este respecto la Corte acoge el concepto fiscal cuando sostiene que en este punto "la demanda no plantea controversia real alguna en el plano constitucional". Esto es necesariamente así porque la no inclusión de una determinada institución jurídica - aquí la denuncia de la convención colectiva - en el texto Constitucional o en los tratados o convenios internacionales de derecho al trabajo, no hace, por sí sola, inconstitucional su consagración legal.
El segundo argumento esgrimido por los actores para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la norma aquí demandada consiste en afirmar que la denuncia de la convención colectiva "es una figura extraña y ajena a la negociación colectiva", además de ser empleada como instrumento para la presentación de "contra-pliegos" por parte de los empleadores.
Finalmente, los demandantes afirman que la "denuncia ejercida por el empleador resulta siendo un medio tendiente a desconocer y eliminar los derechos adquiridos por los trabajadores en la mesa de negociación" y debilita "el escenario natural de la negociación, cuando la misma legislación ofrece otro escenario igual o mejor, a saber: la Revisión por operancia de la teoría de la imprevisión ...". Este argumento tampoco es suficiente para configurar un cargo de inconstitucionalidad debidamente fundamentado, ya que los demandantes no sólo igualan erróneamente los alcances de la denuncia y de la revisión, dos figuras jurídicas con diferentes funciones y finalidades, sino que se basan en la apreciación puramente hipotética del abuso que en la práctica el empleador puede hacer de la denuncia. Como ha quedado sentado arriba (ver supra 3.2.3), la denuncia de la convención colectiva y la revisión de la misma son instituciones que no deben confundirse, sin que pueda afirmarse que el ejercicio de la una haga inocua o peligrosa la utilización de la otra. Mientras que la denuncia tal sólo tiene la virtualidad de comunicar la intención de renegociar la convención colectiva vigente que sigue estándolo hasta tanto no se firme una nueva (art. 479 inc. 2º C.S.T.), la solicitud de revisión responde a "imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica", que ameritan su discusión por las partes o la posterior intervención de la "justicia del trabajo" en caso de no llegarse a un acuerdo (art. 480 C.S.T.).
"Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de ellas no hubiere hecho manisfestación escrita de su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación."
Para contestar al cargo baste remitir a lo expuesto por la Corte más arriba respecto del cargo fundamentado en idéntico razonamiento contra el artículo 479 C.S.T., e insistir en que "del silencio de la Constitución en relación con alguna materia desarrollada a nivel legal no se sigue su inconstitucionalidad". Ahora bien, con respecto a la materia específica del artículo acusado ya se había pronunciado esta Corporación en el pasado cuando se demandó la vigencia limitada de las convenciones colectivas. Dijo la Corte en esa ocasión:
"Sostener la vigencia indefinida de las normas convencionales equivaldría a negar la esencia misma del derecho a la negociación colectiva que consagra nuestra Carta Política, como mecanismo idóneo para regular las relaciones del trabajo, lo que demanda que periódicamente se revisen y se hagan ajustes a las normas convencionales para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores.
El respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores mediante una convención, no se opone a la vigencia temporal de la misma, pues la convención puede ser prorrogada expresamente por voluntad de las partes o en forma automática, cuando las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, a través de su denuncia (art. 478 y 479 del C.S.T.) en cuyo caso los derechos adquiridos por los trabajadores quedan incólumes."
Sobre la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 141 de 1961 se ha pronunciado tanto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia - sentencia 18 de Julio de 1973, M.P. José Gabriel de la Vega - como la Sala Plena de la Corte Constitucional - sentencia C-593 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz -, ambas sentencias con efectos decosa juzgada relativa. Los demandantes parten de la premisa, contraria al texto de las providencias citadas, de que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 1º de la Ley 141 de 1961 por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tuvo efectos absolutos, cuando lo cierto es que ella sólo se predicó de la incorporación de una norma específica diferente a las ahora demandadas, y los efectos del mencionado fallo fueron únicamente relativos.
La Corte comparte los argumentos expuestos por el Procurador General de la Nación en el sentido de que el Legislador de 1961 estaba habilitado para incorporar como legislación permanente los artículos 478 del Código Sustantivo del Trabajo y 14 del Decreto 616 de 1954 que, no obstante haber sido dictados en ejercicio de las facultades de Estado de Sitio, podían convertirse en ley por voluntad legislativa. Esta era una facultad que tenía el Congreso de la República al amparo de la Constitución de 1886. Con ello se le otorgaba carácter permanente a decretos excepcionales cuya vigencia terminaba con el levantamiento del Estado de Sitio. La Corte no encuentra que el contenido de las normas demandadas - prórroga automática de la convención colectiva y denuncia de la misma - sea de tal naturaleza que impidiera la incorporación de dichas normas al ordenamiento jurídico en calidad de normas con fuerza de ley con carácter permanente en virtud de la cláusula general de competencia del Congreso. En consecuencia, se procederá a declarar la exequibilidad del artículo 1º de la Ley 141 de 1961 en cuanto adoptó como ley los artículos 478 del C.S.T y 14 del Decreto Legislativo 616 de 1954, modificatorio del artículo 479 del C.S.T.
Exequible Artículo 14 DECRETO_616_1954_26/02/1954
Exequible Artículo 478 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible Artículo 1 LEY_141_1961_16/12/1961
[6] Corte Constitucional, Sentencia C-009 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Mediante esta decisión la Corte declaró exequible la expresión "durante su vigencia" contenida en el artículo 467 del C.S.T - relativo a la definición de la convención colectiva de trabajo y su función de fijar las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia - para lo cual se ocupó, entre otros, de los alcances del derecho a la negociación colectiva, del derecho a la asociación sindical, de la convención colectiva de trabajo, de la teoría de la imprevisión en materia del derecho laboral colectivo y de los derechos adquiridos de los trabajadores.
[9] Este principio se formuló inicialmente en sentencia T-425 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en un caso en el cual colisionaban los derechos a la vida e integridad personal con los derechos al trabajo y a la libertad de empresa. Si bien en esta oportunidad se está ante un contexto fáctico diferente, el principio de armonización concreta es un principio de interpretación aplicable en general a la resolución de colisiones entre principios, derechos o bienes. Según la Corte, el "principio de armonización concreta implica la mutua delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas normas constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad." El principio de armonización concreta se ha aplicado posteriormente en las siguientes sentencias: T-575 de 1995, T-622 de 1995, T-061 de 1996, T- 198 de 1996, T-200 de 1996, C-075 de 1997 y T-801 de 1998.
[18] Es el caso - por ejemplo - de la experiencia alemana en materia de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas, que fuera establecida primero en 1951 para las empresas mineras y luego en 1976 para las empresas con más de dos mil trabajadores.
[20]Ponencia:Asociación sindical. Ponentes: Angelino Garzón, Guillermo Guerrero, Tulio Cuevas, Iván Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benítez. Gaceta Constitucional N° 45, página 3.