Source: http://www.galeon.com/piuraylarepublica/cap06.htm
Timestamp: 2018-01-18 23:11:48
Document Index: 96986873

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 35', 'Artículo 1', 'Artículo 37', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 62', 'Artículo 29', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 167', 'artículo 122']

Ø El ingeniero Amico deja la Prefectura
Ø Otra vez crean la Escuela Náutica de Paita
Ø Reglamento de la CORPIURA
Ø Se crea el Parque Industrial de Sullana
Ø Se declara como propiedad del Estado, yacimientos de La Brea y Pariñas
Ø Construyen puente Bolognesi
Ø Creación de colegios
Ø Sucesos diversos en 1967
Ø Plan Director de Desarrollo
Ø Proyecto Temoche-Alberdi
Ø Se adquiere terreno para Centro Cívico
Ø Piden crear provincia de Catacaos
Ø Inauguración del local de correos
Ø Creación de la Universidad de Piura
Ø Contrabando en la Marina
Ø Otros contrabandos. Graves implicancias
Ø Sequía de 1968
Ø Piuranos piden el Canal al ministro de Fomento
Ø Oposición en Sullana
El ingeniero Amico deja la Prefectura
El ingeniero Amador Amico Ramos, que había ejercido la prefectura del departamento de Piura durante el año de 1966, dejó el cargo para asumir la presidencia de CORPIURA.
El ingeniero Amico era un prestigioso profesional, dirigente de Acción Popular, casado con la pedagoga Cielo Benvenuto, directora propietaria del Colegio Mater Admirabilis.
Amico sería luego rector de la Universidad Nacional de Piura y diputado nacional en 1980.
El ingeniero Amico es reemplazado por don Pacífico Oviedo.
Otra vez crean la Escuela Náutica de Paita
Por la ley 16600 de fecha 20 de junio de 1967, se creó la Escuela Náutica de Paita como una dependencia de la Universidad Técnica de Piura, por gestión del senador Juan Taboada.
Lo cierto es que la ley 13531 del 3 de marzo de 1961 que creó la Universidad Técnica de Piura, en su artículo 5° al tratar sobre las Escuelas Profesionales que la comprendían, mencionaba a la “Escuela Náutica y de Pesquería”.
Pero el tiempo pasó y eso hasta se olvidó, y por eso nace la ley 16600.
En el siglo anterior la Escuela Náutica se había abierto, cerrado y reabierto varias veces.
Al iniciarse el siglo XX, se dio la ley 252 de fecha 20 de octubre de 1906, declarando en reorganización a la Escuela Náutica de Paita, con el personal y dotación siguiente:
- Para un director, capitán de fragata, al mes veinte libras L.P. 240.0.00
- Para dos profesores tenientes ° a once libras, cincuenta
centavos cada uno, al mes veintidós libras 1 sol 265.2.00
- Para útiles de enseñanza, agua, gastos de escritorio y
alumbrado, al mes tres libras, 7 soles, 20 centavos 44.6.40
549.8.40
El 13 de diciembre de 1911 se daba la ley 1509, que disponía:
Artículo 1°.- Créase una escuela náutica en el puerto de Paita, autorizando al Poder Ejecutivo, para que la organice en forma que llene cumplidamente el objeto de su creación.
Artículo 2°.- Los gastos que ocasionen la instalación y funcionamiento de la escuela náutica de Paita, se aplicarán en el primer año, a la partida de extraordinarios del ramo de Guerra y Marina del presupuesto general y en los años siguientes a la partida que para el efecto se consigne en el mismo presupuesto.
El 25 de noviembre de 1935 se promulga la ley 8134 que decía:
Artículo 1°.- Reábrase a partir del año escolar de 1935 la Escuela Náutica de Paita, con el nombre de Escuela Náutica “Miguel Grau”.
Artículo 2°.- La organización, planes de estudio y vigilancia de la Escuela correrán a cargo del Ministerio de Marina, el que determinará las secciones que deben de funcionar de conformidad con las necesidades de la marina nacional, así como un departamento anexo de instrucción media, de acuerdo a los planes generales vigentes.
Artículo 3°.- Se consignará anualmente en el presupuesto a partir de 1935, la partida necesaria para el sostenimiento de la Escuela, teniendo como base el tanto por ciento que se le ha asignado por la Ley 7806 sobre practicaje y pilotaje.
Artículo 4°.- El tanto por ciento señalado por la Ley 7806 que se haya reclamado durante el presente año, se destinará para la construcción del edificio de la Escuela y adquisición de materiales de enseñanza.
La ley 7806 había sido dada desde el 28 de septiembre de 1933, la que disponía que el Gobierno debía de fijar la tarifa sobre pilotaje y practicaje y que la renta que produzca ese tributo se aplicará en primer término para pagar a los prácticos que nombrase el Ministerio de Marina y que el 15% se aplicaría en le funcionamiento de una Escuela Náutica.
Un poco antes, al darse el 1° de septiembre de 1933 la ley 7796 que creaba la Junta de Obras Públicas de Piura, en su artículo 5° disponía que entre las obras prioritarias a construirse en Paita, se debía dar preferencia a la construcción de un puente sobre el Chira y a la construcción de un local apropiado para el funcionamiento de una Escuela Náutica o Colegio de Instrucción Media.
Por Decreto Supremo N° 3 del 8 de enero de 1948, se volvía a disponer la creación de una Escuela Náutica “Miguel Grau” en Paita, para presentar oficiales en el ramo de cubiertas y de máquinas con el fin de que presten servicios en los buques de la Marina Mercante Nacional. También tenía a su cargo la formación del cuerpo de Capitanía y Guardacostas.
Durante el Gobierno de Don José Luís Bustamante y Rivero, se establece la Escuela Náutica en el local de la estación naval de entrenamiento, en la isla San Lorenzo, bajo la dirección de un oficial superior de la Armada Nacional y dependiente del Estado Mayor General de la Marina.
Contaba para entonces, con doce alumnos que estudiaban por un período de cuatro años y en tres etapas: preparatoria, estudios y profesionales y prácticas a bordo. Al término de los estudios se les otorgaba el título de tercer piloto o tercer oficial de la Marina Mercante, nombramientos otorgados por el Ministerio de Marina, siendo el Supremo Gobierno quien expedía el despacho de Reserva Naval.. Los estudios eran gratuitos.
El 4 de febrero de 1948, se aprobó el Reglamento Orgánico de la Escuela Náutica Almirante Miguel Grau, el 22 de Junio del mismo año, fue nombrado director de la Marina Mercante Nacional el capitán de navío, Félix Vargas Prada.
Durante el Gobierno del General Manuel A. Odría, y siendo ministro el almirante Roque A. Saldías, se dictó la Resolución Suprema Nº 622, por la cual se establecía la Escuela Naútica "Miguel Grau" funcionase a bordo del B.A.P. "CELENDON", cuyas labores quedarían suspendidas más tarde.
Al correr de los años, en 1956, se dispone la iniciación de las labores de la Escuela Náutica "Miguel Grau". Teniendo en cuenta el progresivo incremento de la Marina Mercante Nacional que exigía mayor número de Oficiales técnicamente preparados para adoptar las unidades de estas flotas y siendo necesario robustecer las filas de la Reserva Naval, llamada proporcional a la Marina de Guerra los recursos del potencial humano, se le asigna a la Escuela un local, anexo a la Escuela Naval del Perú bajo la dirección del mismo director.
La primera promoción de Oficiales Náuticos, egresados de la Escuela Naval del Perú, se produjo el 18 de diciembre de 1958.
El 3 de abril del año siguiente, se crea una Ley Orgánica, por la cual los oficiales egresados de la Escuela Náutica estarían bajo servicio o permanecerían en la Reserva Naval organizada.
El 20 de Agosto de 1961, se gradúan de Alfereces de la Reserva Naval, 23 cadetes náuticos de un total de 25 que ingresaron el 2 de Febrero de 1959. A partir de los años 1962 y 1963, se produce el ingreso de cadetes en la Escuela Náutica de la Punta, la cual pasaría a funcionar en la Escuela Naval del Perú, a partir de 1964, con doce vacantes.
Por Resolución Suprema del 27 de Noviembre de 1965, se consideró como aspirantes a la Escuela Naval a los alumnos de la Escuela Náutica "Miguel Grau".. Los egresados, .solían igualmente, prestar sus servicios como contratados, de acuerdo a las necesidades de la Armada Nacional.
Ya en 1967, se convoca a concurso a los residentes de otros departamentos, concurriendo postulantes de Tumbes, Iquitos y Piura. Modificase también el título de los Cadetes Náuticos egresados de la especialidad de Ingeniería por el de Tercer Ingeniero.
En el año 1970, se crea la Escuela Nacional de Marina Mercante "Almirante Miguel Grau", por Decreto Ley Nº 18711, del 29 de Diciembre de 1970Así quedó derogado el Decreto Supremo Nº 3 del 8 de Enero de 1948.
La Escuela funcionó desde sus inicios hasta el mes de julio de 1975, en el local de la Compañía Peruana de Vapores, situada en Chuchito, luego pasó provisionalmente a la Casona situada en La Punta hasta inicios del año 1978, actualmente la Escuela cuenta con una infraestructura propia en la que funciona las oficinas administrativas, académicas, de disciplina y aulas con laboratorios, en el distrito de Chuchito.
REGLAMENTO DE LA CORPIURA
El 8 de setiembre de 1966 se había promulgado la ley 16227 que creaba la Corporación de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Piura o CORPIURA, que reemplazó a la Junta Departamental de Obras Públicas cuyo último gerente fue el Ingeniero Mauricio Barbis, que actuó hasta el 22 de junio.
En setiembre del mismo año se nombraron los delegados que debían integrar el d0.0irectorio de CORPIUA.
Con Decreto Supremo de fecha 21 de abril de 1967, se reglamentó el funcionamiento de la CORPIURA con 73 artículos contenidos en 8 títulos.
El reglamento establece que CORPIURA tendrá autonomía económica y administrativa. Dispone que todos los organismos estatales creados o por crearse, quedaban obligados a proporcionar a la corporación la colaboración e informaciones que les sean requeridas.
Disponía que la corporación fomentara económica y técnicamente la construcción de albergues y postas hoteleras en los sitios de atracción turística del departamento, coordinando con COTURPERU. Se autorizaba a la corporación a promover la implantación de nuevas industrias en el departamento y asociarse a ellas mediante requisitos que puntualizaba. Las obras ejecutadas por CORPIURA que produjeran plusvalía en los predios particulares, obligaría a sus propietarios a pagar una contribución por mejoras. EL reglamento normaba la concertación de las operaciones de endeudamiento. Reglamentaba la designación de delegados ante el Concejo de Delegados, así como los impedimentos para su nombramiento, la forma de renovarlos por tercios, las causales de vacancia, la facultad de emitir opiniones por escrito, las atribuciones del Presidente. Al referirse a la composición del Comité Ejecutivo, establece, que uno será el Presidente elegido de entre los miembros del Concejo de Delegados y los otros cuatro serán, el delegado del Ministerio de Fomento, el de la Liga Agrícola, de las Cámaras de Comercio y de las instituciones laborales. Así la ciudad de Piura se aseguraba la mayoría de 3 delegados residentes en la capital del departamento.
La corporación, reemplazaba a la Junta Departamental de Obras Públicas y recibía de esta sus bienes, fondos y obras en ejecución.
SE CREA EL PARQUE INDUSTRIAL DE SULLANA
El 5 de junio de 1964 por Decreto Supremo 95-H se había creado el Parque Industrial en Arequipa y el 14 de agosto del mismo año con Decreto Supremo 172-H se había creado el Parque Industrial en Tacna.
En cuanto al Parque Industrial de Arequipa, durante 15 años las industrias nuevas que allí se establecieran, estarían exoneradas de los siguientes impuestos: exportación y adicionales, alcabala y plusvalía, al impuesto, a los giros, a la herencia y a las transferencias a título gratuito, patente, a la constitución de sociedades, a la emisión de acciones, al aumento de capital, a los timbres, a las letras y otros documentos de crédito, timbres a la adquisición de materias primas, maquinaria y equipo y el impuesto a los timbres por venta de manufacturas producidas.
Los mismos beneficios se otorgaban al Parque Industrial de Tacna.
El 7 de enero de 1966, se promulgó la Ley 15923, por la cual se daba fuerza de ley a los dos decretos anteriores y además se creaban los Parques Industriales de Cuzco y Puno.
Esto sirvió de base al diputado Luis Carnero Checa, para proponer la creación de un Parque Industrial en Sullana.
El 3 de julio de 1967 se promulgó la ley 16642, aprobada por el Congreso el 5 de junio, por la cual se creaba el Parque Industrial de Sullana.
Artículo 1°.- Crease un Parque Industrial en la provincia de Sullana, del departamento de Piura, y encárguese a la Corporación de Desarrollo Económico y Social del departamento de Piura, su ubicación e instalación.
Artículo 2°.- Hágase extensiva a la provincia de Sullana, del departamento de Piura, los alcances de la Ley 15923 y su reglamentación.
Artículo 3°.- Las industrias manufactureras que se acojan a lo dispuesto en la presente ley, demostrarán que tienen por objeto cualquiera de las siguientes finalidades:
a) Aprovechamiento como materia prima básica, algunos recursos naturales del departamento de Piura o de cualquier otro departamento del norte del país.
b) La elaboración de productos alimenticios.
c) El procesamiento o elaboración de materiales empleados en la industria de la construcción; y
d) La sustitución de importaciones.
Artículo 4°.- Los beneficios y exoneraciones que se establecen en la presente ley tendrán una duración de 15 años a partir de la fecha ley.
Artículo 5°.- Las exoneraciones de impuestos que concede la presente ley, en ningún caso comprenderán las contribuciones para las Cajas del Seguro Social, Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social y otros que corresponden a empleados y obreros, conformarse a la leyes vigentes.
Artículo 6°.- Para los efectos de la presente ley, se reputarán como industrias nuevas a las que se establezcan y no sean iguales o similares a cualquier otra que en la fecha de la promulgación de la ley esté instalada y produciendo en el departamento de Piura.
El autor del Proyecto, el diputado Carnero Checa, no había considerado a CORPIURA como el ente encargado de ubicar e instalar el Parque Industrial, sino que eso se agregó en la Cámara de Senadores.
Para los sullaneros, el artículo 1° se refería al recinto físico del Parque Industrial que era lo que quedaba encargado a CORPIURA y el artículo 2°, extendía a toda la provincia de Sullana los beneficios de exoneración de impuestos, de tal manera que sin estar construido en el recinto del Parque Industrial, se suponía que si una industria deseaba instalarse en cualquier punto de la provincia de Sullana, podía hacerse con ventaja. Este no era sin embargo el criterio de CORPIURA, no obstante que el autor de la ley, el diputado Luis Carnero consideraba también, que toda la provincia de Sullana gozaba de las exoneraciones.
Bien pronto una gran cantidad de empresas se presentaron ante CORPIURA pidiendo su instalación en la provincia de Sullana. Entre otras Textil Piura S.A., Molinos Ernesto Nicolini e Hijos S.A. (HIERNISA), Motores del Norte S.A., Consyl S.A., Juan Pizzoni D’ Brost S.A., Manuel Sogandares Arbulú y otros.
CORPIURA desvió hacia otros lugares, como Piura y Paita, la atención de los empresarios, la mayoría de los cuales optó por retirarse.
CORPIURA expresaba que ante todo se necesitaban hacer estudios y luego buscar financiación para la construcción del recinto del Parque Industrial.
Nuevamente la Junta Cívica y el diario “El Norte” iniciaron una campaña contra los planteamientos de CORPIURA, y las instituciones sullaneras empezaron a pronunciarse y pedir la intervención del Gobierno.. Se realizó un gran mitin en la plaza de armas de Sullana.
El 16 de julio de 1968, cediendo aparentemente CORPIURA a la presión de las instituciones de Sullana, anunció que el Camal Regional cuyos estudios realizaba una firma francesa, se construiría en Sullana. Sin embargo, posteriormente un funcionario de la Corporación, el economista Sixto Castro Pacheco, emitió un informe en el sentido de que dicho camal debía construirse en Piura. Todo quedó paralizado.
En el mismo año de 1968, CORPIURA celebraba convenio con la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo del Instituto de Planificación de Lima, para que se formulase el Plan Regulador de Sullana hasta 1990 y los estudios sobre la ubicación y funcionamiento del Parque Industrial. Como toda la población e instituciones de Sullana estaban pendientes de todo lo que fuera Parque Industrial, los técnicos de la ONPU realizaron sondeos, consultas y forums en Sullana. Los estudios fueron terminados en diciembre de 1968 y el 24 de enero de 1969, en una reunión conjunta de CORPIURA y el Concejo de Sullana, fueron aprobados los estudios.
Sin embargo, poco tiempo más tarde CORPIURA contando con el asesoramiento de la misma ONPU, inició en forma muy reservada gestiones para la modificación de la Ley de Creación del Parque Industrial, en el sentido de que también funcionase en Piura un Parque Industrial y Polígonos Industriales en otros lugares.
Al conocerse esto en Sullana, se produjo una gran indignación. Nuevamente la Junta Cívica, con su presidente Baca y el diario “El Norte” salieron a la palestra organizando la protesta. Contando con la amplia colaboración del Municipio, cuyo alcalde era el paiteño Oscar Herrera Rambla, se realizó un nutrido mitin de protesta en el parque principal..
A continuación, se elaboró en Sullana un proyecto de ampliación de la Ley de Creación del Parque Industrial, considerando un Polígono para industrias hidrobiológicas en Paita, otro para procesamiento de limón y frutales para Chulucanas y otros para Huancabamba y Ayabaca. Con estos documentos miembros de la Junta Cívica y el alcalde Oscar Herrera Rambla, viajaron a las capitales de provincias haciendo exposiciones y ganando la adhesión de todas.
El 27 de julio de 1970, el Gobierno Militar, que regía el país desde el 3 de octubre de 1970, derogó las exoneraciones tributarias de Parques Industriales al dar la Ley General de Industrias, con Decreto Ley 18350, según el Artículo 35°.
El Parque Industrial de Sullana, que se sustentaba en las exoneraciones tributarias, quedóen nada
SE DECLARA COMO PROPIEDAD DEL ESTADO, YACIMIENTOS DE LA BREA Y PARIÑAS
La llamada Cuestión de La Brea y Pariñas representó un largo litigio entre la empresa petrolera IPC y el país. Ante todo se tenía el gran problema legal de la existencia del Laudo de París, que era un trabajo internacional, problema que fue zanjado definitivamente con la ey 14696 de noviembre de 1963, que declaraba nulo ipso jure los acuerdos, convenios y laudo, que reconocían la propiedad plena del suelo y del subsuelo de la IPC en La Brea y Pariñas.
La ley 14696, preparaba por lo tanto, el camino para la recuperación de los yacimientos, pero surgió un problema antes no previsto. Se trataba de la situación de miles de trabajadores que habían estado trabajando para la International. Por otra parte, el Partido Aprista que con al Unión Odriista dominaban en el Parlamento, eran de opinión de la nacionalización progresiva.
En el Partido Acción Popular, se había formado dos alas con tendencias opuestas bien definidas. Eso, desde los momentos en que se aprobó la Ley de Reforma Agraria, que en criterio de connotados líderes de Acción Popular, como Edgardo SeoaneCorrales, era demasiado tibia. Edgardo Seoane, que era primer vicepresidente de la República y Secretario General de Acción Popular, se constituyó en líder del grupo radical de su partido, a los que llamaban “termocéfalos” que criticaban el temperamento contemporizador de Belaúnde. Se puede asegurar, que la opinión pública entonces era también partidaria de medidas radicales contra la IPC.
La Ley de Reforma Agraria que propugnaba Belaúnde, no contentaba a nadie. Los agriculturas la consideraban muy radical y no se resignaban a tener que limitar el hectareaje de sus haciendas. Muy lejos estaban de imaginar que un poco tiempo mas tarde un gobierno militar les iba a quitar todo. También en el parlamento la Coalición ARA-UNO bloqueó la reforma y otro opositor, como ya hemos dicho era Edgard Seoane, el cual desde muchos años antes había escrito “Surcos de Paz” en el cual hacia planteamientos de una posible reforma en la tenencia de la tierra agrícola. Era Edgardo hermano del lider aprista Manuel Seoane..
Fue dentro de ese clima que se dio la Ley 16674 que dejaba de lado el planteamiento de la nacionalización progresiva. La ley decía lo siguiente:
Artículo 1°.- Los yacimientos de La Brea y Pariñas, cuyo dominio para el Estado reivindicó la Ley 14696, que declaró nulos ipso jure los denominados acuerdos, convenios y laudo sobre dichos yacimientos, de conformidad con el Artículo 37° de la Constitución Política del Perú, pertenecen al Estado y son de su propiedad.
Artículo 2°.- Los yacimientos de La Brea y Pariñas, constituyen áreas de reserva nacional.
El Poder Ejecutivo procederá a inscribir a nombre del estado, en los registros pertinentes, por ser nulas y sin efecto cualquier otra inscripción, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales respectivas.
Artículo 3°.- Para los efectos de la explotación de los yacimientos de La Brea y Pariñas, el Poder Ejecutivo establecerá el régimen más conveniente para el interés nacional, adoptando alguno de los señalados en el Artículo 62° de la Ley 11780 u otros más favorables para el país.
En aplicación de los dispuesto en el presente artículo, el Poder Ejecutivo queda autorizado para realizar expropiaciones, las que podrán incluir, en todo o en parte, los equipos, instalaciones y bienes en general, necesarios dentro del proceso de extracción, manufactura, refinación, almacenamiento, transporte y venta, teniendo en cuenta el Artículo 29° de la Constitución, así como los adeudos de la International Petroleum Company al Estado.
Artículo 4°.- El Estado garantiza, a todos los servidores de la International Petroleum Company, administrativos, profesionales, técnicos, empleados y obreros, que en el nuevo régimen que se establezca y en cualquier modificación del mismo, se mantendrán:
a) El derecho de libre sindicalización.
b) La aplicación de la negociación colectiva y el cumplimiento de los pactos colectivos, y
c) Los derechos sobre sueldos, salarios, vivienda, categorías, bonificaciones, jubilación, pensiones de gracia, indemnizaciones, utilidades, estabilidad en el trabajo y todo otro derecho adquirido.
El Ministerio de Trabajo y Comunidades, establecerá el modo, forma y garantías para que la International Petroleum Company de cumplimiento a sus obligaciones sociales y en particular a la jubilación, en cautela de los derechos de los trabajadores y el interés del Estado.
Asimismo, el Estado garantizará, de acuerdo con las leyes vigentes, los beneficios y derechos a los que se refiere el párrafo anterior, cualquiera que sea la entidad que continúe la explotación de los yacimientos.
En el nuevo régimen de explotación de La Brea y Pariñas, los empleados y obreros sindicalmente organizados tendrán intervención en la gestión y conducción de la empresa.
Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo dará cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3° en un plazo que no debe exceder de treinta días desde la fecha de la promulgación de la presente ley.
Artículo 6°.- Derogase la Ley 14863 y todas las leyes y disposiciones en cuanto se opongan a esta ley.
Esta ley, que ponía fin a la llamada Cuestión de La Brea y Pariñas, que en otras circunstancias hubiera causado el júbilo multitudinario del pueblo, pasó desapercibido al igual de lo que había sucedido con la Ley 14696 de noviembre de 1963.
Desde el punto de vista legal, ya los yacimientos habían sido recuperados. Ahora faltaba determinar quién iba a operar los yacimientos, ya rescatados. Habían 3 caminos: a) la Empresa Petrolera Fiscal, b) la misma IPC con nuevo contrato de adjudicación de la explotación c) otra empresa.
Pero aparte de los yacimientos, la IPC era propietaria de la refinería de Talara, de bienes inmuebles y de toda una red de transporte y comercialización en grifos del petróleo y derivados en todo el país.
Para resolver todos esos problemas, la ley dada por un Parlamento opuesto al Ejecutivo, daba a éste sólo 30 días de plazo, a todas luces muy corto.
El artículo 3° de la ley facultaba al Ejecutivo, para en caso necesario expropiar la refinería, instalaciones, bienes vehículo, grifos, etc. Eso sería en caso de decidir que la IPC saliera del país.
La ley 16674 se había promulgado el 26 de julio y cinco días más tarde, es decir el 31 de julio se daba el Decreto Supremo, que disponía:
- Que la Dirección de Petróleo del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, proceda a inscribir como áreas de reserva nacional, los yacimientos de La Brea y Pariñas, tanto en el Registro de Concesiones Petroleras, como en el Registro de la Propiedad Inmueble de Piura.
- Se encarga el Ministerio de Fomento, por intermedio de la Dirección de Energía, que valorizara las inversiones existentes y en funcionamiento de los mencionados yacimientos, para determinar su justiprecio en caso de tener que recurrirse a la expropiación.
- Mientras el Ministerio de Fomento cumplía esa tarea y se determinaba en forma definitiva el régimen de explotación que se adoptará para los yacimientos, se encargaba a la misma IPC para que en forma provisional y bajo vigilancia de ese Ministerio, siguiera procesando el petróleo.
Para establecer los adeudos que tenía la IPC por impuestos no pagados y cumplir de ese modo con el artículo 3° de la Ley 16674, el 25 de agosto se expide un Decreto Supremo, disponiendo que el Tribunal Fiscal señale las normas a seguirse para establecer los adeudos que por tributos debía la IPC, luego con Resolución Suprema 1069-H de fecha 10 de noviembre de 1967, autorizaba al Procurador General de la República para interponer acción judicial contra la IPC, destinada al logro del pago de la deuda de la empresa con el Estado.
El sábado 26 de agosto, el Ejecutivo publica un comunicado dando cuenta de todo lo hecho hasta ese momento relevando que el problema principal en el caso de La Brea y Pariñas, que era la reivindicación de los yacimientos, ya se había logrado y que en esos momentos se estaba negociando para determinar la forma cómo se iba a operar en el futuro, en cuanto a las operaciones de refinación, venta y comercialización del petróleo. Quedaba una puerta abierta a la posibilidad de que fuera la misma IPC la que con nuevo convenio siguiera operando.
El Partido Acción Popular que había entrado en franca contradicción con su fundador y jefe, el presidente Belaúnde, sacó después un comunicado que conmovió a la opinión pública, porque en el más que discrepancias entre el Partido y Belaúnde, se vislumbraba una ruptura. Se basaba el Partido en los acuerdos tomados en 1960 cuando durante el gobierno de Prado, presentó Acción Popular un proyecto de ley para la solución del problema de La Brea y Pariñas. Por lo tanto el partido propugnaba romper todo trato con la IPC, entregar los yacimientos a la Empresa Petrolera Fiscal para que los operase y cobrar los adeudos que la IPC tenía. Sin embargo esta posición, que parecía radical, no trataba sobre las instalaciones y la refinería, que también eran de la IPC, así como de toda la red de comercialización. El diario “El Comercio” apoyó ese punto de vista.
Pese a todo la IPC no estaba de acuerdo con todas las disposiciones legales dadas y se oponía a ellas considerándolas confiscatorias. En concreto mostró su disconformidad con la inscripción de los yacimientos en los Registros de Propiedad Inmueble de Piura y de Concesiones Petroleras, con el procedimiento licitación de los yacimientos, con el pago de adeudos que no reconocía y al pago de impuesto a la renta.
CONSTRUYEN PUENTE BOLOGNESI
Cuando el 28 de julio de 1967, el presidente Belaúnde dio cuenta al Congreso de su gestión realizada en el curso de un año, informó que en Piura se había terminado de construir el llamado puente Bolognesi, de 130 metros de largo, cuatro tramos de concreto y que se había invertido la suma de S/. 5 450 000,00. El puente entró en
funcionamiento el 21 de julio.
El citado puente era el tercero de la ciudad de Piura, pues tenía al Puente “Viejo” y al puente “Sánchez Cerro”.El puente Bolognesi estaba en la prolongación de la avenida del mismo nombre y unía Piura a Castilla, facilitando el acceso al aeropuerto.
El 16 de marzo de 1998, cuando el río Piura arrastraba un buen caudal de 2,400 metros cúbicos por segundo, a las 10 de la mañana los dos tramos centrales se derrumbaron en momentos en que pasaban dos microbuses y un motocar, así como un buen número de personas. De los accidentados 20 lograron salvar la vida y un número entre 16 ó 20 fueron declarados muertos o desparecidos.
El suceso que sumió a la población en un estado de congoja y angustia tremenda, fue presenciado por cientos de personas que estaban en sus alrededores.
Días antes el río Piura había tenido una creciente que se había considerado histórica, de 4,500 metros cúbicos por segundo, y había barrido con el puente “Viejo” a las 5 de la mañana del día 12, en momentos en que pasaba un automóvil con dos personas, de las cuales sólo una se salvó.
CREACIÓN DE COLEGIOS
- El 13 de enero de 1967, con ley 16379 se crea en Canchaque el Colegio Nacional de Mujeres “Emilio Espinoza”.
- En febrero, con ley 16551 se nacionaliza el Colegio Particular “San Ramón” de Chulucanas.
- En agosto, con ley 16678 se crea un Colegio Nacional Mixto en el distrito de Buenos Aires, Morropón.
- También en agosto, con ley 16679 se crea el Colegio Nacional de Santa Catalina de Mossa, en la provincia de Morropón.
- Igualmente en agosto, con ley 16681 es creado el Instituto Nacional Agropecuario, en la localidad de Bernal, provincia de Piura.
SUCESOS DIVERSOS EN 1967
- En enero se la ley 16407 que modifica la ley 12140 de creación del distrito de Bellavista, en Sullana. De acuerdo a la misma, se precisan los límites con el distrito de Sullana, quedando los AA.HH. “Santa Teresita” y “Nueve de Octubre” en el distrito de Sullana.
- Con ley 16579 del 6 de junio, se dispone el mejoramiento de la red de agua y desagüe de Piura y Castilla, ampliación de las redes en nuevos barrios, perforación de pozos tubulares, construcción de plantas de bombeo para los pozos y ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento. Se autoriza al Poder Ejecutivo a concertar un préstamo por 130 millones de soles para ejecutar las obras.
- El 21 de julio con ley 16608, se declara feriado no laborable en todo el departamento de Piura, el día 8 de octubre de cada año en homenaje al sacrificio de Miguel Grau y con ley 16730 del 17 de noviembre, se reconoce a don Miguel Grau el título de Gran Almirante del Perú.
El 12 de junio de 1967, el Ejecutivo presentó ante el Senado un proyecto denominado “Plan Director de Desarrollo del Departamento de Piura”, en el cual proponía la ejecución de obras de irrigación y electrificación.
En el artículo 3° planteaba la concertación de un empréstito por 4 500 millones de soles, equivalentes a 163 millones 945 mil dólares. También se consignaba que el Poder Ejecutivo consignaría en el Presupuesto de la República, la suma de 100 millones de soles como contrapartida para iniciar gradualmente el proyecto integral de embalse y derivación
Del río Chira.. El Ejecutivo cumplió con consignar en el Presupuesto de 1968, la partida de 100 millones de soles, pero se inició el nuevo año y el proyecto no se había aún aprobado y seguía en estudio de comisiones parlamentarias que no eran adictas al Gobierno.
La obra se haría en cuatro etapas y su costo por etapas, sin considerar intereses, ni gastos de administración llegaba a 130 millones 500 mil dólares, que al cambio de 45 soles por dólar, daba 3,872 millones 500 mil soles.
- Reservorio de Poechos 31 000 000,00 1 395 000 000,00
- Canal de derivación 17 000 000,00 765 000 000,00
- Canal de Parales 2 000 000,00 90 000 000,00
50 000 000,00 2 250 000 000,00
- Drenaje del Medio y Bajo Piura.
Defensas en el río Piura.
Bocatoma en la margen derecha
del Chira. Canales Norte y Sur
en el Chira 35 000 000,00 1 575 000 000,00
- Canales en el Medio y bajo Piura.
Drenajes en el Chira. Defensa
Contra inundaciones en el Chira 26 800 000,00 1 206 000 000,00
- Ampliación de los canales y plantas
de bombeo en el Chira.Ampliación
del reservorio de San Lorenzo.
Ampliación del Canal de Malingas
en el Alto Piura 5 300 000,00 238 500 000,00
- Planta de transmisión Sullana y
Paita. Planta de Gas-Hidroeléctrica
de Poechos (11,500 kW).
Hidroeléctrica en Los Altos. 13 400 000,00 603 000 000,00
130 500 000,00 3 872 500 000,00
La Junta Cívica de Sullana tuvo total conocimiento de este proyecto y los respaldó. Se pudo apreciar también que de acuerdo a los estudios de International Engineering, el canal de derivación al valle de Piura costaba 765 millones de soles. Es pues con Belaúnde que se inicia lo que después se llamó Proyecto Chira-Piura.
PROYECTO TEMOCHE-ALBERDI
El 3 de julio, los diputados Ricardo Temoche y Alejandro Alberdi presentaron en su Cámara un proyecto para la ejecución de obras integrales en 4 artículos. En primer término declaraba de utilidad y necesidad pública el uso eficiente de las aguas de las cuencas de los ríos Chira y Piura, para irrigar 170,000 hectáreas. El estado, debería de acelerar la ejecución de los estudios que estaban en marcha, para establecer un sistema de reservorios en el Chira, Quiroz y Piura, así como los canales de derivación, drenamiento y distribución. Se autorizaba al ejecutivo para concertar préstamos por 3 mil millones de soles para su ejecución. CORPIURA debía de considerar en su presupuesto 50 millones de soles y el Gobierno en el Presupuesto General otra suma.
En Sullana se consideró que este proyecto era coincidente con el del Ejecutivo y no hubo oposición al mismo.
SE ADQUIERE TERRENO PARA CENTRO CÍVICO
Hacía ya bastante tiempo que la Municipalidad de Piura tenía en proyecto construir su local, en el terreno que tenía frente a la plaza de armas haciendo esquina con la calle Tacna, el mismo que estaba cercado y al cual se le daban otros usos. Con el tiempo se consideró que el terreno resultaba pequeño para las necesidades de un moderno local municipal.
Las gestiones para adquirir el terreno necesario para el Centro Cívico ante la representación parlamentaria piurana culminaron con éxito cuando el 3 de enero de 1968, se dio la ley 16774 autorizando a la Municipalidad de Piura a expropiar, toda la manzana ubicada entre la calle Ayacucho (plaza de armas), calle Apurímac por el respaldo, calle Libertad a la izquierda y calle Tacna a la derecha.
Frente a la plaza de armas, además del terreno de propiedad municipal, había otros ocupando por una casona y por un inmueble que en cierta época fue el cine “Félix”, otro local que ocupó el diario “El Tiempo” y más tarde “Ecos y Noticias”.
Los inmuebles a expropiarse eran:
a) Inmueble de propiedad de los herederos de César Cortez, con un área de 969.07 metros cuadrados.
b) Inmueble de propiedad de don Eloy Alvarado Távara, con un área de 681.47 metros cuadrados.
c) Inmueble de propiedad de don Juan Seminario Vinces, con un área de 790 metros cuadrados.
El terreno municipal medía 273,21 metros cuadrados, todo lo cual hacía un total de 2 713,89 metros cuadrados. En la parte posterior, con frente a la calle Apurímac había 3230,18 metros cuadrados que eran de propiedad fiscal, del Municipio y del Banco Hipotecario. En total hacían 5 944,07 metros cuadrados.
El monto para las expropiaciones provenía del Fondo de Empleados del Banco de la Nación en un 69% y por la Caja Nacional del Seguro Social en 31%.
El área expropiada se dividiría en 4 lotes, para levantar en ellos 4 edificios que serían:
a) Un lote de 490 metros cuadrados destinados al local de Correos y Telecomunicaciones, con una frontera de 15 metros en la calle Ayacucho (plaza de armas) haciendo esquina con la calle Libertad 30 metros.
b) Un lote de 1 176 metros cuadrados para levantar a la izquierda el edificio del Banco Hipotecario y a la derecha el Palacio Municipal haciendo esquina con al calle Tacna.
c) Por el frente de la calle Apurímac con un área de 840 metros cuadrados con frente de 43 metros, para el edificio de la Caja Nacional del Seguro Social.
d) El lote que hace esquina con las calles Tacna y Apurímac, de 375 metros cuadrados para levantar el edificio del Banco de la Nación.
En la parte que da frente a la calle Apurímac, el Banco Hipotecario debía de construir una playa de estacionamiento y entre los edificios habría pasajes de circulación peatonal.
Se establecía el Derecho de Mejoras a ser pagado por los propietarios próximos a la construcción que se beneficiarían con un plusvalor de sus terrenos.
El Banco Hipotecario desde marzo de 1966 había convocado un concurso para el diseño arquitectónico de su local, habiendo estado el jurado presidido por el ingeniero querecotillano Santiago Agurto Calvo, Rector de la Universidad de Ingeniería. El ganador del concurso fue el arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré.
Cuando el doctor piurano Arturo Seminario García asumió la presidencia del directorio del Banco Hipotecario, se hizo realidad la construcción de su local.
El espacio del Banco Hipotecario, fue ocupado después por la Caja Municipal de Crédito y Ahorro.
Los edificios de la calle Apurímac, después fueron ocupados por otras dependencias.
En la plaza que daba a dicha calle Apurímac, el escultor piurano Víctor Delfín, esculpió la Paloma de la Paz.
La Municipalidad de Piura, había ocupado ante un vetusto edificio en la calle Lima, com respaldar al río Piura.
PIDEN CREAR PROVINCIA DE CATACAOS
Desde 1866 el Prefecto de Piura, el coronel Mariano Díaz, solicitó a la Municipalidad Provincial, iniciara gestiones para que el distrito de Catacaos fuera elevado a la categoría de Provincia. Por ese tiempo, Catacaos tenía una elevada población y numerosas escuelas.
En 1905 siendo prefecto de Piura, don Germán Leguía y Martínez, vuelve a hacer gestiones y no obstante la gran influencia que tenía en los círculos del poder, no pudo lograr nada.
En 1919, vuelven los cataquenses a mover cielo y tierra para alcanzar la ansiada categoría política y el prefecto, don Julio Rodríguez, da un informe favorable al memorial que el 12 de noviembre enviaron a Lima las fuerzas vivas. Pero una vez más las justas expectativas de los cataquenses se vieron frustradas.
En 1925 el diputado Miguel Checa Eguiguren, presentó un proyecto, de provincia de Sechura, con capital Catacaos, porque los sechuranos también deseaban ser provincia.
En 1967, el diputado Ricardo Temoche y el diputado Alberdi, que era de Catacaos, presentaron un proyecto para crear la provincia de Catacaos, con capital Catacaos, pero también Sechura quiso tener el mismo privilegio y en 1994 se creó la provincia de Sechura, con capital Sechura.
INAUGURACIÓN DEL LOCAL DE CORREOS
Por muchos años la Oficina de Correos y Telégrafos, había estado funcionando en un vetusto local ubicado en la calle Arequipa, sector norte.
El domingo 5 de noviembre de 1967, se efectuó la inauguración del moderno y amplio local de Correos y Telecomunicaciones, ubicado en el Centro Cívico, frente a la plaza de armas. La gestión para lograr esta construcción se debió al director de Correos del Perú, el piurano Alejandro Cortés Seminario.
A la solmene inauguración concurrieron delegados postales de 22 países. En un avión de la Compañía Aérea LANSA llegaron a Piura el director de la “Unión Postal” de América y España, el señor René Ocampo, el Subdirector de la misma Félix Sierra, el Subdirector de la “Unión Postal” de Francia Jhain Varín, el de Alemania Clemente Mence, el de España Francisco Canaval, el subdirector de Correos de Argentina Pedro Cavero, de Panamá David Amado, de México Aurelio Aragón, de El Salvador Antonio Andrade, de Nicaragua Germán Sánchez, de Honduras Víctor Cáceres, de República Dominicana Efraín Pérez, de Costa Rica Rodolfo León, de Venezuela Silvestre Zambrano, de Brasil Walter Matens, de Ecuador Hugo Vásquez, de Bolivia Saúl Villarroel, de Colombia dos delegados, de Chile Hernán Gallardo y otros delegados. Llegaron también altos funcionarios peruanos de correos.
El local fue bendecido por le arzobispo de Piura Monseñor Erasmo Hinojosa Hurtado. Hizo uso de la palabra el ingeniero Alejandro Seminario, diciendo que era el sexto edificio que se inauguraba de un proyecto de construcciones en cuanto a correos. Hizo conocer que la obra había costado S/. 3 830 872,00, constaba de cuatro pisos con un área techada de 1 800 metros cuadrados y al cimentación le permitiría la construcción de tres pisos más, aires que advirtió pertenecían al Concejo Provincial de Piura que les cedió el terreno a cambio de una cimentación adecuada y de acuerdo a un convenio, agradeciendo al alcalde Orlando Balarezo Calle. Expresó también que todo el sistema de comunicaciones se había modernizado y tecnificado por estar en la era de los satélites.
Luego habló el administrador de la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de Piura, don Roberto Garay. En nombre del presidente Belaúnde, declaró inaugurado el local, el prefecto Pacífico Oviedo. En el acto de inauguración también estuvieron presentes el general de división Enrique López Velasco, Comandante General de la Primera Región Militar y compañero de promoción del general Juan Velasco. Concurrió igualmente el general de brigada Tomás Berenguer, Jefe de Estado Mayor que en 1938 siendo alférez fue Instructor Militar en el Colegio Salesiano y profesor del que esto escribe.
En el Hotel de Turistas, después Los Portales., se brindó un almuerzo criollo a los visitantes. En esa oportunidad hizo uso de la palabra el prefecto Pacífico Oviedo. Por la noche, el alcalde Orlando Balarezo Calle ofreció una cena en el Centro Piurano.
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA
El 13 de junio de 1968, con ley 17040 se creó la Universidad de Piura, de carácter privado, culminando así una serie de gestiones que había durado varios años.
Elementos representativos piuranos, designaron al obispo de Piura Monseñor Erasmo Hinojosa, para que llevase adelante las gestiones. Fue así como el 9 de noviembre de 1965, escribió a España a Monseñor José María Escrivá, ( que después sería consagrado Santo), pidiéndole su apoyo, para crear en Piura una universidad similar a la que había creado en Navarra. El pedido fue acogido favorablemente y se puso en movimiento la Asociación para Enseñanza Universitaria ADEU, la cual envió a Piura una delegación, en setiembre de 1967, portando un anteproyecto que habían elaborado de universidad para Piura. Convocadas las instituciones, dieron su aprobación unánime y entusiasta.
Cuando ya se tenía la certeza de que iba a darse la ley de creación; el año 1968, inició la firma Graña y Montero la construcción del primer edificio al norte de la ciudad.
Como primer Rector fue elegido el ingeniero Ricardo Rey Poli y como primer Gran Canciller fue designado el Monseñor José María Escrivá de Balaguer.
Hay que resaltar, que las cosas avanzaron rápidamente, porque gran cantidad de piuranos pusieron mucho empeño y desprendimiento. Los propietarios Ramón Romero, Juan Helguero y José Fashbender donaron terrenos. Incluso don Ramón Romero, renunció al proyecto de urbanización que estaba llevando a cabo en ese sector.. Desde Boston, el Cardenal Richard Cushing, que visitó Piura con ocasión del Congreso Eucarístico, donó importante suma de dinero.
El 4 de marzo de 1969 inicia su vida académica la nueva universidad con los exámenes de admisión y en la noche del lunes 7 de abril de 1969, se inician las clases tras la inauguración solemne del campus.
La UDEP nacía así como una obra corporativa del Opus Dei.
Empezó con dos programas: el programa de Ingeniería cuyo director fue el ingeniero Miguel Samper y el programa de Artes Liberales que tuvo como director al doctor César Pacheco Vélez. Los primeros catedráticos fueron: el ingeniero Ricardo Rey Polis, el doctor César Pacheco, el doctor Javier Chessman, el ingeniero Ramón Mugica, el doctor Víctor Morales, el ingeniero Miguel Samper, el ingeniero Juan Antonio Ugarte y el doctor José Ramón de Dolarea que también fue Secretario de la UDEP.
El 18 de febrero de 1969, el Gobierno Militar daba el decreto ley N° 17437 de Ley Orgánica de la Universidad Peruana. En su artículo 167° reconoce a varias universidades estatales y particulares que habían estado funcionando de acuerdo a ley. Entre ellas la Universidad Técnica de Piura y la Universidad de Piura.
CONTRABANDO EN LA MARINA
El 23 de noviembre de 1963, se celebró un contrato entre la Oficina Naviera Comercial, dependencia del Ministerio de Marina y la Empresa Naviera Marítima-fluvial S.A. por el cual se arrendaba el barco BAP “Callao” que estaba bajo control de la marina, para que por un período de 90 días hiciera un viaje que comprendía América Central, Estados Unidos, Canadá, las costas africanas del Pacífico y algunos lugares de Australia.
Hasta comienzos del año 1965 se habían hecho seis viajes y todos habían sido de conocimiento del ministro de Marina, el vice-almirante Florencio Texeira Vela. En el último viaje, el capitán del BAP “Callao”, sospechando irregularidades en la embarcación de bultos destinados al bazar de la Marina, que se remitían desde Holanda, puso el hecho en conocimiento de sus jefes en el Callao. El 22 de septiembre de 1965, la nave ingresaba en el muelle de la Base Naval del Callao.
Por entonces el ministro de Marina Texeira había sido reemplazado por el contralmirante Luis Ponce Arenas. Al final se determinó un contrabando de licores, cigarrillos, telas y artefactos eléctricos por S/. 14 923 829,00 que generaban derechos aduaneros por S/. 54 815 000,00 en 4 785 bultos. Texeira había dejado de ser ministro cuando el Gabinete de Fernando Schwald López Aldana renunció el 8 de septiembre de 1965 y luego Texeira pasó al retiro.
El proceso que se entabló contra los responsables siguió por diversas instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, la que el 1° de abril de 1968 puso el caso en manos de la Cámara de Diputados por estar involucrados un ex ministro. Mientras tanto, desde el mes anterior se había ya formado una Comisión Parlamentaria Investigadora. Desde el principio todos los diarios de Lima se ocuparon de lo que se llamó “El Contrabando del Siglo”. La opinión pública de todo el país siguió a paso este sensacional suceso y en Piura los diarios “La Industria”, “Correo” y “El Tiempo” le dedicaron grandes titulares.
Como Paita era un activo centro de contrabando al igual que las fronteras de Tumbes y de las provincias de Sullana y Ayabaca, las autoridades dispusieron medidas muy severas, que se cumplieron sólo por un tiempo, mientras pasó el problema y hasta cuando la atención pública se fijó en otros asuntos.
Al final. el ministro Texeira y otros oficiales de la Marina, fueron encontrados culpables, sentenciados y cumplieron carcelería en un establecimiento militar.
OTROS CONTRABANDOS. GRAVES IMPLICANCIAS
La actividad de la Comisión Parlamentaria, permitió descubrir otros dos casos de contrabandos en donde estaban involucrados los bazares de la Policía y del Ejército.
En febrero de 1964, la firma Dinex con sede en Nueva York, representada por su propietario Carlos Sadovnic, disponía de una mercadería destinada a la Asociación Mutualista Sanitaria del Ministerio de Salud. Para remitirla al Callao, solicitó telefónicamente la autorización del Director General de la Guardia Republicana, el coronel (después general) Gilberto León Molero, piurano, para que dentro del cupo que en el BAP “Chimbote”, le diera un espacio, para enviar la mercadería que había adquirido. Habiendo logrado la autorización, Sadovnic, marcó su mercadería con la sigla BGRS, para diferenciarla de los bultos que venían para el bazar de la Guardia Republicana que tenían sigla BGR.
Cuando el barco llegaba a Lima, logró Sadovnic que la mercadería fuera tomada por el general León Molero para el bazar de la Guardia Republicana. El 31 de mayo de 1964, el ministro de Gobierno, el piurano Juan Languasco, fue informado que en el BAP “Chimbote” llegaba mercadería de contrabando, procediendo a la incautación de 80 fardos que fueron trasladados al sótano del Ministerio de Gobierno. Al día siguiente, es decir el 1° de junio, se presentó una camioneta del Ministerio y en dos viajes efectuados de madrugada, sacaron los 80 fardos, por orden superior y de ellos no se volvió a saber más. En realidad, los bultos de contrabando eran muchos más pues se había ido recogiendo mercadería en el trayecto, sobre todo en Panamá.
La investigación que se abrió, siguió con el Gobierno de Juan Velasco, siendo sentenciado por un Tribunal Militar, el ministro Languasco y su secretario.
La Comisión Parlamentaria fue informada de otro contrabando en marzo de 1968. Se trataba de un cargamento que había llegado con el membrete de “Material de Guerra” (Paracaídas), destinado a la Comandancia General del Ejército. En ese tiempo era titular de dicha Comandancia el general Juan Velasco Alvarado.
El diputado Mario Villarán Rivera se encargó de investigar ese asunto y descubrió que en los fardos había sedas, casimires, nylon y confecciones. El diputado Villarán tuvo que viajar meses más tarde al extranjero por razones de salud. Después vino el golpe militar que depuso al presidente Belaúnde.
Alfonso Baella Tuesta en “El Poder Invisible”, dice que en momentos en que era atacado el Palacio de Gobierno, en la madrugada del 3 de octubre y depuesto Belaúnde, fue sustraída toda la documentación sobre este caso.
El 6 de mayo de 1976, el general Artola que había sido ministro de Gobierno de Velasco, declaró a un diario “La sustracción de los archivos de la Comisión Investigadora del contrabando, se hizo bajo la dirección personal del presidente Velasco. Se me ocultó, adrede, íntegramente todo este proceso”.
Antes del golpe, Velasco había visitado varias veces al presidente de la Cámara de Diputado para presionar y amenazar, a fin de que todo el asunto pasara a la justicia militar.
En la mañana del 3 de octubre, gran parte de la documentación fue quemada.
El 27 de mayo de 1970, elementos de la PIP con camiones y ametralladoras, asaltaron la imprenta “Industria Gráfica” y se llevaron 5,000 ejemplares del libro titulado “Contrabando” del ex-diputado Héctor Vargas Haya. Más tarde diría el general Artola, que esa operación fue dirigida por el presidente Velasco.
En 1968 Artola había sido jefe de la Primera División de Caballería de Sullana. Y con el Gobierno de Velasco, ministro del Interior.
Según el mismo general Artola, el general Velasco precipitó el golpe para evitar ser descubierto.
SEQUÍA DE 1968
El año 1968 fue excepcionalmente seco y llevó a la desesperación a los agricultores del Bajo Piura. El río pasaba por Ñácara con bajísimo volumen de tal modo que no llegaba en febrero al puente de Piura.
También en el valle del Chira, el río tuvo en el mes de febrero las más bajas descargas ocurridas en los meses de febrero de los últimos diez años.
En el mes de marzo la situación mejoró un tanto, pero no lo suficiente como para pensar en faenas agrícolas normales, cuya fecha de iniciación por otra parte ya había pasado.
Por esa época, ya era general la idea de que los problemas de irrigación debían solucionarse en forma integral incluyendo el embalse y el canal de derivación tal como lo había planteado desde el principio la Junta Cívica de Sullana..
Por entonces habían hecho conocer su apoyo a ese proyecto hasta la Liga Departamental Agrícola y Ganadera de Piura, la Asociación de Regantes del Bajo Piura, los de Sechura y los de San Lorenzo .y la prensa de Piura, antes opuesta.
A fines de enero de 1968, el jefe de ORDENORTE, ingeniero Rodulfo Bazán, dio a conocer que los estudios de factibilidad técnica y económica que llevaba a cabo International Engineering Co. con Olazábal León, se terminarían en seis meses. El embalse se construiría en el mismo cauce del Chira a 30 kilómetros al nordeste de la ciudad de Sullana, que tendría una capacidad de 540 millones de metros cúbicos de agua, su longitud sería de 22 kilómetros y su ancho de 7 kilómetros. El canal de derivación tendría una capacidad de 75 metros cúbicos y tras irrigar la margen izquierda del río Chira en una extensión de 56 kilómetros, vertería sus aguas al cauce del río Piura a la altura de la hacienda Curumuy. Hasta ese momento se llevaban gastados 600 000 dólares, en su mayoría pagados con préstamo del Banco Mundial y con aportes de Corpiura y del Gobierno.
Con posterioridad estas medidas fueron modificadas y el reservorio de Poechos tuvo una capacidad de mil millones de metros cúbicos.
PIURANOS PIDEN EL CANAL AL MINISTRO DE FOMENTO
En febrero de 1968 llegó de visita a Piura el ministro de Fomento Pablo Carriquirí y los agricultores piuranos lo rodearon y lo agasajaron haciéndole conocer que todos estaban de acuerdo con las soluciones integrales, pero que se podían iniciar las obras con el canal de derivación, informando al visitante que en el Presupuesto de la República había una partida de cien millones de soles que se podían utilizar para tal fin. También le aseguraron que todos los agricultores piuranos incluidos los del Chira y de San Lorenzo estaban de acuerdo de que las obras se iniciaran con el canal. En efecto, el presidente de la Asociación de Colonos de San Lorenzo, Luis Torres Olave lo confirmó. Era éste, hermano del ingeniero Felipe Torres Olave, ex –alcalde de Sullana, acérrimo defensor de las obras integrales y de su ejecución simultánea. Había también algunos agricultores sullaneros que no se atrevieron a manifestar oposición.
El ministro al llegar a Lima, informó a los diarios capitalinos que todos los agricultores del departamento de Piura, estaban de acuerdo con la iniciación inmediata del canal de derivación.
OPOSICIÓN EN SULLANA
Tan pronto se conoció en Sullana, las declaraciones del ministro de Lima, surgieron aclaraciones y desmentidos de agricultores sullaneros fijando su posición contra la idea de iniciar primero la construcción del canal solo. El diario “El Norte” y la Junta Cívica así como la Municipalidad de Sullana, hicieron conocer su oposición y tras de eso una gran cantidad de instituciones hizo lo mismo. Pero días más tarde el alcalde, don Jorge Houghton Aguirre, sufre un serio accidente que lo obligó a dejar definitivamente el cargo, reemplazándolo el entonces teniente alcalde, don Oscar Herrera Rambla.
A mediados de abril, se da la Resolución Suprema 043-68 FO/SG, la misma que se apoyaba en la Ley de Presupuesto 16960, en cuyo artículo 122 se autorizaba al Poder Ejecutivo efectuar operaciones de crédito hasta por 100 millones de soles para financiar la ejecución del Proyecto Canal de Derivación de los Sobrantes del Chira al Piura.
El Gobierno sabía ya que en el problema de la derivación había puntos de vista antagónicos y trató de buscar consenso, para lo cual dispuso la constitución de una Comisión que estaría integrada por un funcionario de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento que la presidiría. un funcionario
El Gobierno sabía ya que en el problema de la derivación había puntos de vista antagónicos y trató de buscar consenso, para lo cual dispuso la constitución de una Comisión que estaría integrada por un funcionario de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento que la presidiría. Por un funcionario del Instituto Nacional de Planificación, por el Administrador General de los Ríos del Departamento de Piura, por un funcionario de la Corporación de Desarrollo Económico-Social de Piura, por un delegado de la Liga Departamental Agricultora y Ganadera de Piura, por un delegado de la Asociación de Agricultores de Sullana, por un delegado de la Junta de Regantes del Medio y Bajo Piura.
La Comisión en el plazo de treinta días debía estudiar y recomendar la adopción de las medidas más convenientes para llevar adelante el mencionado proyecto.
Esto como es natural, llenó de júbilo a los agricultores piuranos, porque consideraron que la construcción del canal era un asunto por resolver a corto plazo. El 12 de mayo el diario “Correo”, que por entonces se imprimía en formato grande, decía con grandes titulares “Primero canal” y luego manifestaba que “la solución integral debía de quemarse por etapas”.Es decir que CORREO volvía a los primitivos planteamientos
El día anterior, este diario y los otros que se editaban en la ciudad de Piura publicaron un aviso, titulado “Proyecto Canal de Derivación de los sobrantes del río Chira al río Piura”, citando a los delegados a la reunión que el martes 14 por la noche, se iba a realizar en CORPIURA. La convocatoria la hacía el ingeniero Gastón Barrenechea, recién llegado a Piura como representante del Ministerio de Fomento en la Comisión de los 7, que era como se les llamaba.
CORPIURA se había pronunciado por la solución integral y nombró como su delegado al gerente Humberto Arbulú Galiani. También concurrieron a la reunión el ingeniero Abel Alva, Administrador General de los Ríos del Departamento; Humberto Requena Oliva como representante de la Liga Agrícola y Ganadera de Piura, el ingeniero Julio Gonzáles Prada por la Asociación de Agricultores del Valle del Chira y Javier Arribas por la Junta de Regantes del Medio y Bajo Piura. Por el INP el ingeniero Rodulfo Bazán. Cuatro horas deliberaron los 7 y al final acordaron 6 puntos: el nombramiento de una autoridad única para el control de aguas de Chira-Piura-Chipillico-San Lorenzo, que los pagos que deban hacer los agricultores por la ejecución de las obras sean de acuerdo al consumo de agua de cada uno, que se forme una Comisión Permanente que active la financiación y ejecución de la obra, que se gestione la financiación de 400 millones de soles para atender a las obras programadas por OEDEN para 1968, 600 millones para 1969 y 600 millones para 1970, que los 86 millones de soles destinados a los damnificados por las lluvias e inundaciones producidas en el año 1965 se tomaran para la construcción del canal y solicitar a CORPIURA el máximo de colaboración tanto técnica, como económica.
Aparte de esas 6 conclusiones, la Comisión de los 7, acordó ampliar a dicha Comisión con delegados de los Colonos de San Lorenzo y del Banco de Fomento Agropecuario. No se tuvo en cuenta el pedido de las provincias de Paita y Talara, de estar representadas por ser partes interesadas en las aguas del Chira.
Otros acuerdos fueron: que el canal se ciña a los estudios que estaba haciendo IECO, que se gestionase ante el Banco Mundial el préstamo de los 100 millones, cuyo financiamiento se había autorizado en la Ley de Presupuesto.
Casi simultáneamente a la reunión de la Comisión de los 7, el nuevo alcalde de Sullana, convocaba a los alcaldes de Paita, Talara, de los pueblos del valle y a las instituciones para formar un Frente Unido. El 15 de mayo la Junta Cívica emite un pronunciamiento rechazando cualquier proyecto de construir primero el canal dentro o fuera de cualquier plan integral y daba amplio respaldo a la convocatoria del alcalde Herrera Rambla. En la noche del jueves 17 de mayo se efectuó la asamblea y como la cantidad de público era muy grande, y no cabían en la sala, se apostaron en la plaza principal frente al Municipio para escuchar los debates por medio de alta voces.
Concurrieron el alcalde de Paita Valentín Barrientos, el de Talara Juan Blume García, el de Bellavista Andrés Crisanto, de Marcavelica, Querecotillo, Miguel Checa y La Huaca. A iniciativa del ingeniero Julio Gonzáles Prada, se formó el Bloque del Chira, bajo la presidencia del alcalde de Sullana. Declararon nulo el informe final y conclusiones de la Comisión de los 7. Expresaron su extrañeza por que el ingeniero Bazán de ORDENORTE que había estado apoyando la idea de obras integrales simultáneas, resultase apoyando el plan de canal primero. También se acordó solicitar que Piura fuera declarada Zona de Reforma Agraria para terminar con el abuso que significaba que la propiedad de la tierra agrícola estuviera en pocas manos.
Este último de los pedidos, causó mucha preocupación entre los hacendados piuranos y el 19 de mayo, el diario “Correo” atacaba duramente a los intervenientes de la asamblea, a los que llamaba “demagogos y fabricantes de mitos” que “habían montado un escandaloso show, un espectacular juego de poses y nada más que poses”. El titular del diario a 8 columnas decía: “…Y ahora ¿Qué quieren?”
En Sullana se elaboró y envió un minucioso informe sobre los hechos al ministro de Agricultura Luis Olcese. Hay que hacer hincapié que éste había visitado Piura los primeros días de mayo y en un almuerzo que le ofrecieron los agricultores piuranos les había dicho con toda franqueza, que se había hecho creer al ministro de Fomento Carriquiry, cuando estuvo en Piura en febrero que con 100 millones de soles se podía abrir el canal, lo que no era así, y que las soluciones a corto plazo resultaban un mal mayor.
Todo esto sucedía a fines de mayo de 1968 y por entonces la atención ciudadana fue atraída por otros sucesos como los ajetreos políticos para las próximas elecciones presidenciales, los problemas con la IPC y el otro frente de lucha que tenía Sullana con CORPIURA, por la renuncia de ésta en poner en funcionamiento el Parque Industrial.
Sullana vio cumplidos sus deseos cuando Velasco subió al poder. El 25 de febrero de 1965 se da el Decreto Ley 17463 disponiendo la ejecución de obra integrales y el 15 de octubre declaraban a Piura la primera zona agraria.