Source: http://www.readbag.com/cedhj-mx-recomendaciones-emitidas-2011-rec11-01
Timestamp: 2020-07-06 02:20:37
Document Index: 214865790

Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 62', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 21', 'Artículo 113', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 16', 'Artículo 26', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 24', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 99', 'Artículo 144', 'artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 154', 'Artículo 125', 'Artículo 133', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 113', 'artículo 47', 'artículo 21', 'artículo 133', 'Artículo 21', 'Artículo 133', 'artículo 125', 'Artículo 125', 'Artículo 146', 'Artículo 154', 'Artículo 1', 'Artículo 11', 'artículo 133', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 113', 'Artículo 113', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 5', 'artículo 97', 'artículo 73', 'artículo 1391', 'artículo 41', 'artículo 72']

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Recomendación 01/2011 Queja 8724/2009/II Asunto: violación de derechos a la legalidad y seguridad jurídica, por ejercicio indebido de la función pública, negativa de atención a víctimas del delito e incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. Guadalajara, Jalisco, 6 de enero de 2011 Licenciado Tomás Coronado Olmos Procurador general de Justicia del Estado Licenciado Claudio Isaías Lemus Fortoul Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Licenciado en administración de empresas Diego Monraz Villaseñor Secretario de Vialidad y Transporte del Estado Síntesis El 18 de noviembre de 2009, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) inició de oficio queja por la nota periodística titulada &quot;Madre de [agraviado 1] denuncia irregularidades en averiguación previa&quot;, en la que se asentaban actos y omisiones que se consideran violatorios de sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a dos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a dos fiscales que integraron la averiguación previa [...] en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y a un elemento de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado (SVTE). De la investigación se concluyó que los dos fiscales que tomaron conocimiento de los hechos en los que perdió la vida [agraviado 1] por la imprudencia del conductor David [...], los elementos de vialidad y los dos peritos involucrados, con su actuar omitieron asentar datos y practicar dictámenes que permitieron que el responsable obtuviera su libertad provisional bajo caución, cuando conducía su camioneta a exceso de velocidad en evidente estado de embriaguez y bajo los efectos de la droga.
Esta Comisión Estatal, con base en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, fracciones XXV y XXVI; 8°, 28, fracción III; 72, 73, 76 y 79 de la Ley de la CEDHJ, y 119 de su Reglamento Interior, examinó la queja 8724/2009/II que de manera oficiosa inició por actos atribuidos a los servidores públicos Virginia González Rivas y Gustavo Rivera Rivera, agentes del Ministerio Público adscritos a la agencia 29/C de la Cruz Verde Zapopan; Eduardo Gabriel Magaña Córdoba y Carlos Loza Sahagún, agentes de la SVTE; y de los peritos Raymundo Flores Pérez y Osvaldo Rodríguez Quintero, del IJCF; a quienes considera que con sus actos y omisiones incurrieron en violaciones de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por ejercicio indebido de la función pública, negativa de atención a víctimas de delito e incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, cometidos en agravio de la [agraviada 2], de su finado hijo [agraviado 1], así como de [agraviado 3], siendo éste quien conducía el automotor en el que por imprudencia del conductor inculpado David [...], perdió la vida el [agraviado 1]. I. ANTECEDENTES Y HECHOS 1. El 18 de noviembre de 2009, esta Comisión inició queja de manera oficiosa por la publicación de la nota periodística cuyo encabezado fue: &quot;Madre de [agraviado 1] denuncia irregularidades en averiguación previa&quot;, quien a la postre compareció a esta institución y se quejó en contra de los servidores públicos que tomaron conocimiento de los hechos en los que perdió la vida su hijo [agraviado 1], por la imprudencia del señor David [...], quien conducía una camioneta en evidente estado de ebriedad y bajo los efectos de la droga, reclamando que los elementos de Vialidad y Transporte del Estado, así como los agentes del Ministerio Público, en especial la fiscal Virginia González Rivas, con su mal actuar omitieron datos y dictámenes y con ello permitieron que el responsable obtuviera su libertad provisional bajo caución. 2. El 18 de noviembre de 2009 se requirió su informe de ley a los fiscales involucrados. Asimismo, se solicitó al jefe de División de Averiguaciones Previas y Coordinación Metropolitana de la PGJE, que remitiera copia certificada de la averiguación previa relacionada con los hechos en que perdió la vida [agraviado 1]. También se solicitó al director del IJCF que girara instrucciones a los peritos
Raymundo Flores Pérez y Oswaldo Rodríguez Quintero, que realizaron los exámenes de alcoholemia y toxicológico a David [...], para que rindieran su informe. Además, se solicitó la colaboración del secretario de Vialidad y Transporte del Estado para que proporcionara el nombre y cargo de los agentes viales que conocieron y realizaron el dictamen de velocidad y para que rindieran un informe. Finalmente, se solicitó al juez cuarto de lo Criminal el Estado que remitiera copia certificada del expediente [...] instruido en contra de David [...]. 3. El 15 de diciembre de 2009 se recibieron los escritos mediante los que Carlos Loza Sahagún y Eduardo Gabriel Magaña Córdova, agentes de la SVTE, rindieron sus informes y en ellos narraron que el 1 de noviembre de 2009 les fue asignado al turno de velada, a bordo de la unidad V-510, por lo que iniciaron sus labores aproximadamente a las 21:00 horas. Agregaron que aproximadamente a las 3:25 horas del 2 de noviembre, por medio de cabina recibieron la orden de acudir a un accidente que ocurrió en el anillo Periférico, en el cruce con la entrada al fraccionamiento Tabachines. En el lugar observaron que se encontraban unidades de la Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan (DGSPZ), bomberos del mismo municipio, así como la Cruz Verde zapopana atendiendo el siniestro, dado que resultaron cinco heridos ocupantes de uno de los vehículos siniestrados. Observaron que estaban tres automotores impactados, una camioneta pick-up marca Toyota tipo Tacoma un automóvil marca Mazda, así como una camioneta pick-up marca Nissan, y de la posición en la que quedaron se deducía que fue un alcance con proyección; es decir, la camioneta Toyota colisiona con el carro Mazda y con el impulso este se proyectó contra la camioneta Nissan. En ese alcance resultaron lesionados cinco ocupantes del Mazda, varios de gravedad, tan es así que uno de ellos murió al recibir las primeras atenciones médicas en la Cruz Verde &quot;La Curva&quot; en Zapopan. Expusieron que de conformidad con lo señalado en el articulo 50 del Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, su función consistió en el aseguramiento de los automotores involucrados, preservar el área del siniestro y levantar el acta del accidente vial, que en este caso fue la número 0438060, y poner a disposición el agente del Ministerio Público tanto los automotores accidentados como a los lesionados, máxime que ya había reporte de una persona fallecida a causa del accidente. Aclararon que dado que se encontraba la representante social, no era su función ordenar y aplicar el examen de alcoholemia, por lo tanto ignoraban si alguno de los conductores o pasajeros se encontraban en estado de ebriedad, por lo que se asentó
en el acta del accidente que el estado de los choferes era &quot;normal&quot;, salvo prueba en contrario. Finalmente, el oficial Gabriel Magaña asentó que él elaboró y suscribió el acta de accidente vial en virtud de ser el elemento de más alto rango, y por ende, de más experiencia, en tanto su compañero acordonó el área, recabó datos y controló el flujo vehicular derivado del accidente. Los oficiales de vialidad involucrados agregaron a sus informes el acta de accidente vial número 0438060 elaborada a las 03:30 horas del 2 de noviembre de 2009 el percance ocurrió en la avenida Tabachines y Manuel Gómez Morín en la colonia Tabachines; del municipio de Zapopan, donde hubo tres vehículos involucrados. Dicha acta fue firmada por el agente vial Eduardo Gabriel Magaña Córdova. A ella adjuntó anexos donde se plasma que el conductor David [...] no presentó aliento alcohólico ni al parecer presencia de alguna droga. De igual forma, [agraviado 3] no presentó aliento alcohólico ni presencia de droga, y por último, el conductor [testigo 1] no presentó aliento alcohólico ni presencia de drogas. 4. Acuerdo del 18 de diciembre de 2009, donde se amplió la queja en contra del perito Osvaldo Rodríguez Quintero del IJCF y se le requirió por el informe de ley. Además, se solicitó el auxilio y la colaboración de los jefes de información de TV Azteca y Televisa Guadalajara, para que remitieran copia del video tomado de los hechos aquí indagados. 5. El 5 de enero de 2010 se recibió el informe rendido por el perito involucrado Raymundo Flores Pérez, que se transcribe respetando la ortografía del original, quien en atención a los actos reclamados, expuso lo siguiente: [...] I.- Que tal como consta en las notas periodísticas de Notisistemas en donde se establece que la Sra. [agraviada 2] &quot;extrañamente&quot; tiene muchas influencias en la Procuraduría e incluso los datos de la alcoholemia han desaparecido del expediente&quot;; así como de las notas del periódico el Informador &quot;y es que el accidente ocurrió a las 03:00 de la mañana, pero el examen para detectar el alcohol en la sangre se le aplicó a David [...] hasta las 08:30 de la mañana, prueba que según el perito Raymundo Flores Pérez salió negativa&quot;.
Por este medio quiero informar a Usted que el día 02 de noviembre del 2009 doy inicio a mi guardia que es de sábados y días festivos a las 08:00 horas, siendo cuando el compañero químico Osvaldo Rodríguez Quintero me informa de una alcoholemia que había solicitado la agencia del ministerio Público adscrito a la Cruz Verde Zapopan Norte, con el oficio No. 1146/2009 correspondiente al acta [...] signado por la Licenciada Virginia González Rivas para que se le practique un EXAMEN DE ALCOHOLEMIA E INVESTIGACIÓN DE Metabolitos DE DROGAS DE ABUSO a quien dice llamarse DAVID [...] (adjunto copia certificada como prueba No. 1 el cual doy respuesta con el oficio IJCF/109428/12CE/ML/01 COMO INFORME QUE LA PERSONA DE NOMBRE DAVID [...] NO PERMITIO SE LE REALIZARA LA REVISIÓN FÍSICO CLÍNICA ASÍ COMO LA TOMA DE MUESTRA siendo esto a las 08:30 horas y el cual fue recibido por personal de la propia agencia ignorando el nombre de la persona y el cual pone J26 que según las claves internas que utilizamos le corresponde a dicha agencia del ministerio público lo cual se puede constatar en la copia certificada que me permito adjuntar como prueba No. 2 con lo cual se demuestra que es falso que yo haya informado a esa hora que la persona de DAVID [...] como aparece en la nota del Periódico el INFORMADOR &quot;salió negativa&quot;. Posteriormente a esto continuamos con la guardia normalmente cubriendo los servicios que nos fueron solicitados, y siendo las 19:00 horas del mismo día 02:00 de noviembre recibo un nuevo oficio por parte de la compañera química Barbarita Martínez Delgadillo numero 1151/2009 de la Agencia del Ministerio Público adscrito al puesto de socorros Zapopan Norte en el cual se solicita sea practicado examen químico de ALCOHOLEMIA DROGAS DE ABUSO Y GRUPO SANGUÍNEO al ciudadano DAVID [...]. este signado por el licenciado Gustavo Rivera Rivera el cual adjunto como prueba número 03 PARA LO CUAL DOY RESPUESTO CON EL DICTAMEN EMITIDO CON número de oficio IJCF/109434/09/12CE/ML/01 el cual adjunto como prueba número 04, con lo cual demuestro que en ningún momento hubiera algún acto de omisión en cuanto al cumplimento de las solicitudes realizadas por ambos ministerios Públicos. El perito Raymundo Flores acompañó los siguientes documentos en copia certificada:
a) Oficio IJCF/109428/09/12CE/ML01, firmado por Raymundo Flores Pérez, dirigido a la fiscal Virginia González Rivas, en el que informa que el 2 de noviembre de 2009, a las 8:30 horas estaba en las oficinas del Ministerio Público, ahí tuvo a la vista una persona de sexo masculino el cual no permitió que se le realizara la revisión físico clínica así como la toma de muestra, motivo por el cual no fue posible dar cumplimiento a su petición. b) Oficio 1151/2009, firmado por el fiscal Gustavo Rivera Rivera, dirigido al director del IJCF, mediante el cual solicita que se realice un examen químico de alcoholemia, drogas de abuso y grupo sanguíneo a David [...], cuyo acuse es del 2 de noviembre de 2009, a las 17:24 horas. c) Oficio IJCF/109434/09/12CE/ML/01, consistente en el dictamen de alcoholemia suscrito por el perito Raymundo Flores, cuya conclusión fue que David [...] presentaba un estado de sobriedad y no representaba un peligro inminente en la conducción de vehículos de motor. 6. El 8 de enero de 2010 se recibió el oficio IJCF/007/10/12CE/37LQ, signado por el químico farmacobiólogo Osvaldo Rodríguez Quintero, mediante el cual rindió su informe, en el que dijo que efectivamente se encontraba de guardia ese día realizando las pruebas de alcoholemia, y se dirigió a practicar la del señor David [...], pero que éste se negó a darle la muestra a las 8:30 horas, como ya lo había manifestado mediante oficio IJCF/113537/09/12CE/37LQ, del 2 de noviembre de 2009. 7. El 29 de enero de 2010 se recibió el oficio DGJ/1509/2010, signado por la licenciada Hilda Maricela Sandoval González, encargada del área de derechos humanos de la SVTE, al que acompañó los dictámenes emitidos respecto al accidente materia de esta Recomendación, en los que se describe lo siguiente: a) Oficio DGV/470/DEP/370/DC/292/005/AV/2010, signado por el director de Infraestructura Vial, dirigido al titular de la Unidad de Transparencia de la SVTE, al que anexa copia certificada del dictamen que se realizó del accidente vial, materia de esta Recomendación.
b) Oficio 350/PP/2009, del 13 de noviembre de 2009, firmado por el jefe de área de circulación de la SVTE, en el que da respuesta al oficio 2327/2009 de la Subprocuraduría General de Control de Procesos de la PGJE, e informa sobre los límites de velocidad permitidos en las arterias de Periférico Gómez Morín y Tabachines. En dicho oficio se aclaró que la primera de ellas, su sentido es de oriente a poniente y que no se observó señalamiento alguno que indique la velocidad máxima permitida en su tramo de Alcalde a la avenida Tabachines. En su sentido de poniente a oriente existe una señal vertical de velocidad &quot;60 máxima&quot; al llegar al cruce con General Juan Domínguez. Asimismo, una señal vertical de velocidad &quot;40 máxima&quot; justo en el cruce con avenida Tabachines. En avenida Tabachines, en su sentido de norte a sur, existe una señal vertical de velocidad &quot;40 máxima&quot; al llegar a su cruce con Paseo de las Palmas. c) Tres fotografías de los cruces antes señalados. 8. Mediante acuerdo dictado el 24 de febrero de 2010, por conducto del director de Coordinación de Asesores y Apoyo Jurídico del IJCF, se requirió información al médico que expidió el parte de lesiones 63494 a David [...] el 2 de noviembre de 2009. Asimismo, se solicitó al director general de Seguridad Pública de Zapopan que notificara a los elementos Marte Alberto Rodríguez Huerta y Nicolás Fernando Azpeitia Padilla que debían comparecer a esta Comisión para rendir su testimonio sobre los hechos materia de la presente queja. 9. Por acuerdo del 16 de marzo de 2010 se decretó la apertura del periodo probatorio por un término de cinco días hábiles común para las partes. En el mismo acuerdo se dio vista a [testigo 2], [agraviado 3], René [...], Mayra [...] Rocío y la [agraviada 2], con los informes rendidos por los elementos de vialidad a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera. 10. El 12 de marzo de 2010 se recibió el oficio IJCF/1135/2010/12CE/ML/12, en el que la jefa de Medicina Legal del IJCF informó que el perito médico que elaboró el parte al inculpado David [...] fue el doctor Ricardo Tejeda Cueto, a quien se requirió por la información respectiva. 11. El 19 de marzo de 2010 compareció ante este organismo la [agraviada 2], quien dijo que su queja la encausaba en contra de todos los servidores públicos que tomaron conocimiento de los hechos en los que perdió la vida su hijo el [agraviado
1], por la imprudencia de David [...], quien conducía su camioneta en evidente estado de ebriedad, y que sentía que los elementos de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado y los agentes del Ministerio Público, en especial la fiscal Virginia González Rivas y su secretaria Josefina Caro Castañeda, al omitir datos y dictámenes incurrieron en una mala actuación pues permitieron que el responsable obtuviera su libertad provisional bajo, caución lo cual no era justo, ya que era del conocimiento público que el día de los hechos conducía su camioneta a exceso de velocidad y en evidente estado de embriaguez y drogado. Ofreció como pruebas el procedimiento interno seguido ante la Contraloría Interna de la PGJE en contra de dichos servidores públicos, así como el que se instauró ante la Secretaría de Vialidad, número DGJ/DC/15195/2009, y le solicitó a esta Comisión que se encargara de solicitar copia certificada de dicho procedimiento para que se tomara en consideración al momento de resolver la queja. Por otra parte, y en relación con el informe rendido ante esta CEDHJ por el perito Raymundo Flores Pérez del IJCF, dijo que éste manifestó que extrañamente ella tenía muchas influencias en la Procuraduría y que incluso los datos de la alcoholemia habían desaparecido del expediente, a lo que ella contestó que era infundada tal manifestación, y que aquel no sostuvo su dicho con ninguna prueba, además de que eso resulta totalmente falso, amplió su queja por tal manifestación del referido perito al ser totalmente infundada dolosa y de mala fe. 12. Por acuerdo del 24 de marzo de 2010 se requirió su informe a los licenciados Virginia González Rivas, Gustavo Rivera Rivera y Josefina Caro Castañeda, agentes del Ministerio Público y secretario de agencia de la PGJE, respectivamente, quienes integraron el acta ministerial en relación con los hechos aquí indagados. Además se solicitó la colaboración del contralor interno de la PGJE, para que remitiera copia certificada del procedimiento interno iniciado a los dos fiscales aquí involucrados. Asimismo, se solicitó la colaboración del titular de la SVTE para que remitiera copia certificada del procedimiento interno iniciado a los dos oficiales de vialidad aquí involucrados. 13. El 25 de marzo de 2010 se recibió el oficio IJCF/1235/10/12CE/ML/12, mediante el cual el perito Ricardo Tejeda Cueto informó que el contacto único que tuvo con el indiciado David [...] fue para la elaboración del parte médico de ingreso a los separos de la Procuraduría, en el cual suscribió a las 20:45 horas del 2
de noviembre de 2009, o sea, con más de doce horas de ocurridos los hechos, los cuales sucedieron alrededor de las 3:00 horas de ese día. 14. El 26 de marzo de 2010 compareció a esta Comisión el [agraviado 3], quien textualmente reclamó lo siguiente:
... Que siendo aproximadamente los 03:30 horas del lunes 02 de noviembre de 2009, circulaba a bordo de su vehículo marca Mazda-3, modelo 2006, de color gris rata en compañía de sus amigos Mayra [...], René [...], Andrea [...] y su finado amigo [agraviado 1], conduciendo dicho automotor el declarante por el anillo Periférico, del palenque ubicado en el auditorio &quot;Benito Juárez&quot; hacia la avenida Vallarta, cuando a la altura del ingreso a la colonia Tabachines de Zapopan hizo alto total porque el semáforo le marcó el alto, encontrándose al frente de su vehículo una camioneta pick up marca Nissan y entonces de manera inesperada en la parte de atrás de su auto se impactó una camioneta pick up marca Toyota, submarca Tacoma en color gris, al momento salieron el declarante y tres de sus acompañantes a excepción de su extinto amigo [agraviado 1] quien se encontraba grave de salud, mismo que iba en la parte de atrás del conductor, luego, alrededor de un minuto llegaron dos o tres ambulancias, dos patrullas de la Policía Municipal de Zapopan y otra de bomberos, mismas que al parecer salían también del festejo de las fiestas de octubre de Guadalajara, procediendo los paramédicos de las ambulancias a prestar apoyo médico a los cinco tripulantes, llevándose en una de las ambulancias al declarante y a su amigo René [...] y en otra a sus amigas Mayra [...] y Andrea [...], arribando todos a la Cruz Verde de Zapopan conocida como &quot;la curva&quot;, donde como diez minutos después de llegar un médico le informó al declarante que había fallecido su amigo [agraviado 1]. Con la aclaración de que por causa del accidente vial el declarante sufrió lesión de las cervicales y se sometió a un tratamiento de rehabilitación por un mes...
15. El 16 de abril de 2010 se recibió el informe rendido por el fiscal acusado Gustavo Rivera Rivera, en el que dijo que el día de los hechos inició sus labores a las 08:20 horas y que los hechos investigados dieron inicio a las 04:00 horas de la madrugada; aclaró que en ese momento se encontraba presente su superior jerárquico, es decir, el Coordinador de Puestos de Socorros quien dijo que había un asunto pendiente, pero que la fiscal Virginia se estaba haciendo cargo, que sólo estaba esperando los resultados de los dictámenes periciales para remitirlo al área de detenidos, que él se encargara de los demás. Por lo tanto, según Rivera Rivera, era cosa común que una vez que se recaban los dictámenes periciales y diligencias que hay por practicarse en un accidente vial, así como partes médicos pendientes, lo resuelve el mismo agente del Ministerio Público que conoció de los hechos desde su inicio, ya sea remitiéndolo al área de detenidos o fijando una caución cuando se tiene derecho a la ella.
Por el exceso de trabajo que tuvo la licenciada Virginia y su personal, estuvieron en la agencia durante varias horas, dentro del horario del declarante. Después de las 14:00 horas se presentó de nueva cuenta un perito del IJCF a recabar una muestra de sangre y de orina del detenido David [...], dado que a las 8:30 horas se había negado. Una vez que se presentó el segundo perito y ante la presencia del coordinador, este solicitó la presencia de personal del área de Visitaduría de la Procuraduría, tratando además de convencer al indiciado de que permitiera recabar la muestra médica. En ese momento se le ordenó hacerse cargo del asunto; es decir, ayudar al perito a realizar la muestra y una vez hecho lo anterior, cerrara el acta y la remitiera al área de detenidos. Fue así que se entrevistó con el detenido David [...], con su abogado particular, para convencer al primero de obtener la muestra médica. Entonces el perito del IJCF le comentó que era probable que no saliera la alcoholemia, pero sí arrojaría el abuso de drogas, esto, por el tiempo transcurrido desde la hora del accidente víal hasta la hora de la toma de la muestra, cosa que así ocurrió, ya que dio positivo a la cocaína. Una vez que personal de Visitaduría estuvo revisando detenidamente las actuaciones de la licenciada Virginia y que la estuvo requiriendo para algunas correcciones, fechas y horarios, y una vez fotocopiado todo lo que tenía que ver con la intervención de la multicitada licenciada Virginia, le hizo entrega del acta para proceder a cerrarla y enviarla a detenidos de la PGJE; esto, a partir de las 17:00 horas. 16. El 16 de abril de 2010 se recibió el informe de la fiscal señalada en esta queja Virginia González Rivas, quien dijo que el 2 de noviembre de 2009 laboraba en la agencia del Ministerio Público adscrita a la Cruz Verde Zapopan Norte, junto con la secretaria Josefina Caro Castañeda y del policía investigador Christian Alejandro Luna Fregoso, cuando cerca de las 3:15 horas fueron notificados por Base Palomar del choque ocurrido en el cruce de anillo Periférico Manuel Gómez Morín y avenida Tabachines, por lo que procedió a trasladarse al lugar, donde se percató de que se trataba de un choque por alcance en el que estaban involucrados los vehículos marca Toyota tipo Tacoma, placas [...]; Mazda, con placas [...]; y Nissan pick-up con placas [...]. Evento en el que perdió la vida [agraviado 1] y resultaron lesionados René [...], Mayra [...], [agraviado 3] y Andrea [...] y daños a los automotores. En virtud de ello se inició el acta ministerial [...], dentro de la cual
se practicaron las diligencias básicas para su debida integración, consistentes en acuerdo de radicación y traslado; fe ministerial del lugar de los hechos; declaración de los elementos aprehensores; acuerdo de legal detención de David [...], por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño en las cosas, todos a título de culpa; acuerdo por el que se ordena la práctica de los dictámenes periciales de alcoholemia, abuso de drogas y grupo sanguíneo al conductor David [...]; dictamen de causalidad vial y peritaje de valoración de daños e identificación de las unidades automotrices implicadas, los cuales ya habían sido ordenados por medio de radiocomunicaciones en el lugar de los hechos y que el acuerdo recayó para satisfacer los requisitos legales; inspección ministerial de lesiones, relativa a René [...], Mayra [...], [agraviado 3] y Andrea [...]; recepción de los partes médicos, así como la respectiva transcripción de éstos para proteger su literalidad; y acuerdo de recepción de acta del accidente vial. Aclaró que el acta ministerial quedó en trámite y entregada para su conclusión a la guardia subsecuente, de la que era titular el licenciado Gustavo Rivera Rivera y personal a su mando, quienes elevaron el acta al rango de averiguación previa [...], la cual fue remitida al juez cuarto de lo Criminal, quien calificó de legal la detención del sujeto activo del delito. 17. Por acuerdo del 20 de octubre de 2010 se abrió el periodo probatorio por un término de cinco días hábiles común para las partes. En el mismo acuerdo se dio vista a [Testigo 2], [agraviado 3], René [...], Mayra [...] y la [agraviada 2], con los informes proporcionados por los servidores públicos involucrados, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera II. EVIDENCIAS 1. Nota periodística publicada en Notisistema el 4 de noviembre de 2009, la cual describe los hechos materia de la presente Recomendación. En ella se narra que la madre de [agraviado 1] denuncia irregularidades en averiguación previa, debido a que los datos de la alcoholemia del responsable habían desaparecido. 2. Nota periodística publicada en el periódico El Informador del 18 de noviembre de 2009, en la que se narran los hechos materia de la presente reclamación. Se asentó que el responsable de dicho accidente fue liberado, ya que emitió vialidad
dictamen de accidente donde el resultado indica que la velocidad autorizada para circular por el anillo Periférico, cerca de la avenida Tabachines, es de 40 kilómetros por hora y no de 80, como en un principio se dijo. Dicho resultado indica que David [...] rebasó considerablemente los límites de velocidad, ya que los peritajes del IJCF revelaban que viajaba a 100 kilómetros por hora. 3. Copia certificada del proceso penal [...], instruido en el Juzgado Cuarto de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado, del cual por su importancia destacan las siguientes actuaciones: a) A las 3:15 horas del 2 de noviembre de 2009 se asentó que la fiscal Virginia González Rivas, en compañía de su secretaria Josefina Caro Castañeda, fue informada telefónicamente por parte de Base Palomar de que en los cruces de las avenidas Tabachines y Manuel Gómez Morín, en la colonia Tabachines, municipio de Zapopan, se encontraban cinco personas lesionadas a consecuencia de un accidente de tránsito. Por este motivo, la fiscal acordó abrir la correspondiente acta ministerial, trasladarse al lugar de los hechos y practicar todas las diligencias tendentes a su esclarecimiento. b) A las 3:30 horas del 2 de noviembre de 2009, la fiscal González Rivas suscribió la fe ministerial en el lugar de los hechos, en la que se advierte que acompañada de su secretario constató que se encontraba la unidad ZC031 de la DGSPZ con los elementos policiacos Marte Alberto Rodríguez Huerta y Nicolás Fernando Azpeitia Padilla, la unidad V-510 de la SVTE al mando de Eduardo Gabriel Magaña Córdova, y que llegó el perito Édgar Zuno Larios, del IJCF. Asimismo, constató que el vehículo Toyota Tacoma conducido por David [...] había impactado por la parte trasera al Mazda, en donde iban Andrea [...], René [...], Mayra [...], [agraviado 1] y que el conductor era [agraviado 3]. Asimismo, dio fe de la camioneta Toyota tipo Tacoma, del Mazda y de un Nissan tipo pick up, y entrevistó a los elementos de la DGSPZ, quienes dijeron que la camioneta Toyota Tacoma iba a exceso de velocidad y era conducida por David [...], a quien tenían asegurado en la unidad de la policía de Zapopan. También fueron entrevistados los lesionados, quienes coincidieron en
manifestar que el conductor de la camioneta Toyota los impactó en el automotor Mazda. Posteriormente se decretó la detención de David [...] por reunirse los requisitos de la flagrancia a que aluden los artículo 145, fracción I; y 146, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco; una vez que se le hizo saber al detenido los derechos que le concede la ley, entre ellos nombrar un abogado o persona de su confianza, éste lo hizo. A él se le hizo saber el término de 48 horas para resolver su situación jurídica, que se inició a las 7:20 horas del 2 de noviembre de 2009 y feneció a las 7:20 del 4 de noviembre de 2009. En ese momento se le hizo saber a los elementos aprehensores que era necesario que comparecieran ante la representación social para que se les recabara su formal declaración. c) A las 6:30 y 7:50 horas del 2 de noviembre de 2009, se tomó declaración ministerial a los elementos aprehensores de la DGSPZ Marte Alberto Rodríguez Huerta y Nicolás Fernando Azpeitia Padilla, quienes dijeron que aproximadamente a las 03:10 horas del 2 de noviembre de 2009 iban en la unidad ZC031, cuando vieron por el espejo retrovisor que se acercaba una camioneta Tacoma Toyota a alta velocidad, la cual se impactó en la parte trasera de un auto Mazda en el que iban varios jóvenes, quienes resultaron lesionados y uno de ellos perdió la vida. d) Acuerdo de las 8:30 horas del 2 de noviembre de 2009, en el cual se ordenó el desahogo de las pruebas periciales de alcoholemia, drogas de abuso y grupo sanguíneo, peritaje de causalidad vial, valoración de daños e identificación vehicular. e) A las 8:45, 8:50 y 9:00 horas respectivamente, del 2 de noviembre de 2009, se dio fe ministerial de las lesiones de René [...], Mayra [...] y [agraviado 3], quienes se negaron a declarar hasta que no estuviera presente su abogado. f) A las 9:00 horas del 2 de noviembre de 2009 se informó que David [...] no contaba con antecedentes penales.
g) A las 11:40 horas del 2 de noviembre de 2009 se recibió el acta de accidente vial 0438060, suscrito por el agente de crucero Eduardo Gabriel Magaña Córdova, mediante el cual pone a disposición los vehículos participantes. h) A las 17:20 horas del 2 de noviembre de 2009, se levantó la constancia signada por el agente del Ministerio Público visitador Gustavo Rogelio Rivera Delgadillo, en la que hace constar que en compañía de su personal de asistencia se constituyó en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público 29/C, donde se entrevistó con el fiscal involucrado Gustavo Rivera Rivera, quien refiere ser el agente ministerial encargado de la guardia; se agrega que se encontraba presente el licenciado Ricardo Zárate Solís, coordinador de puestos de socorros, y la licenciada Virginia González Rivas, quien refirió ser agente ministerial saliente de la guardia y dijo que le correspondió conocer del choque de vehículos ocurrido ese día, donde resultaron unas personas lesionadas y una finada. Se le preguntó por qué todavía se encontraba en la agencia, y contestó que por haber acudido a realizar unas correcciones en esa y otras actas, sin precisar qué tipo de correcciones. Se asentó en la misma acta que se encontraban en las instalaciones peritos dependientes del IJCF y que en el transcurso de la revisión informó la licenciada Virginia González que momentos antes los peritos habían recabado del detenido David [...] las muestras respectivas de orina y sangre. Se verificó la llegada del perito médico Raymundo Flores Pérez a las 19:40 horas a efecto de practicar el examen clínico del detenido de referencia. Se procedió a entrevistar al detenido David [...], quien en relación con los hechos dijo haber asistido a las Fiestas de Octubre como a las once de la noche, donde se tomó como &quot;cuatro a cinco cervezas modelo&quot;, que al salir subió en su camioneta al conducir, por anillo Periférico, cerca de Tabachines, se impactó con otro vehículo al parecer color rojo que estaba parado, de lo que no se percató por encontrarse distraído maniobrando el estéreo de la camioneta. Se le preguntó si en el transcurso de ese día le fueron practicadas muestras de orina y sangre por alguna persona, y respondió que sí, que hacía unos minutos. Se le preguntó de nuevo si antes de esa ocasión se le tomaron otras muestras de orina y sangre, y respondió que no. Asimismo, se emitió el acuerdo subsecuente, donde se hizo constar que la participación de personal de Visitaduría de la PGJE fue por órdenes del
director de la dependencia, dado que se tuvo conocimiento que la integración del acta ministerial tenía irregularidades, relativas al parecer a un ofrecimiento de dinero a personal de esa Procuraduría, concretamente a la licenciada Virginia González, a fin de no efectuarle al detenido mencionado el examen de alcoholemia correspondiente. i) A las 17:50 horas del 2 de noviembre de 2009 se avocó al conocimiento de los hechos el fiscal Gustavo Rivera Rivera. j). Acuerdo de las 17:40 horas de 2 de noviembre de 2009, en el que se recibió el oficio IJCF/109428/09/12CE/ML/01, por medio del cual el perito Raymundo Flores Pérez informó que el detenido David [...] no permitió que se le realizara revisión clínica ni que se le tomaran muestras de sangre. En el mismo acuerdo se volvió a ordenar que se practicara dicho examen al citado detenido. k) Constancia de las 17:55 horas del 2 de noviembre de 2009, en la que se hace constar que los lesionados no quisieron declarar hasta en tanto no contaran con un abogado. l) Por acuerdo emitido a las 18:00 horas del mismo día, se ordenó elevar el acta de hechos a averiguación previa y remitirse a la coordinación de detenidos. Se acompañó el acta complementaria [...] de la agencia 33/A-Semefo, en la que se da fe ministerial de un cadáver. m) En acuerdo del 2 de noviembre de 2009, a las 23:10, se solicitó que se presentaran a declarar los propietarios de los vehículos agraviados. También, se solicitó a la Policía Investigadora la localización y presentación de [testigo 1], así como de los lesionados Andrea [...], Rene [...], Mayra [...] y el [agraviado 3]. n) Por acuerdo de las 22:30 horas del 2 de noviembre de 2009, se avocó al conocimiento de los hechos el agente del Ministerio Público C especial para detenidos, en el que se transcribe parte médico de David [...].
o) A las 05:40 horas del 3 de noviembre de 2009 se recibió el oficio IJCF/116639/09/12CE/12LQ, en el que informa que al detenido le fueron encontrados metabolitos de cocaína. p) A las 11:03 y 12:00 horas, respectivamente, del 3 de noviembre de 2009, se les tomó declaración a los testigos [testigo 1] y [testigo 2], quienes declararon con relación a los hechos en los que resultaron lesionados. q) A las 18:40 horas del 3 de noviembre de 2009, declaró el ofendido [agraviado 3], quien expresó la forma en que resultaron lesionados el declarante y sus amigos. r) A las 20:25 horas del 3 de noviembre de 2009 declaró el detenido David [...]. Dijo que un día anterior, como a las tres de la madrugada, abordó su camioneta después de salir de las fiestas de octubre, que circulaba por el Periférico de oriente a poniente por el carril del lado izquierdo, pegado al muro de contención. Entonces al llegar al cruce con la avenida Tabachines un bache lo &quot;destanteó&quot; y al pisar el freno se le barrió la camioneta y se impactó contra otro vehículo en su parte trasera, con la aclaración de que el semáforo se encontraba en luz verde y no pudo esquivarlo por el volantazo. s) A las 00:10 horas del 4 de noviembre de 2009 se determinó enviar al juez penal en turno las actuaciones y se puso a disposición al detenido David [...] quien conducía una camioneta Toyota. t) En el contenido del acta vial 043860 y su anexo, se advierte que el elemento de vialidad Eduardo Gabriel Magaña Córdova tomó conocimiento del accidente a las 3:30 horas del 2 de noviembre de 2009, donde dejó en blanco el espacio relativo al estado del conductor David [...], asentando que éste quedó a disposición de la agente del Ministerio Público Virginia González Rivas, del puesto de socorros de la Cruz Verde, ya que en el lugar hubo cinco lesionados y en el puesto de socorros falleció uno de ellos. u) En el contenido del parte médico 63494 realizado a David [...] a las 2:45 horas del 2 de noviembre de 2009, el doctor Raymundo Flores Pérez, del IJCF, anotó:
Ingresó a las 02:45 horas del 2 de noviembre de 2009 [...] Ebriedad: no, Hospitalización NO [...] equimosis al parecer producido por agente contundente localizado sobre ambos antebrazos, codos posterior de aproximadamente tres centímetros de extensión en numero de 4 en codo rojo, edes múltiples al parecer producido por agente contundente localizado sobre región frontal [...] evolución aproximada de 12 horas.
v) Dictamen químico 116639/09/12CE/12LQ, practicado por los peritos Eduardo Reyes Manzo y Virna Lucía Ayón Ledezma, en el que señalan drogas de abuso practicado al ciudadano David [...] con resultado positivo de metabolitos de cocaína. w) Dictamen de intoxicación alcohólica 109434/09/12CE/ML/01, practicado por el médico Raymundo Gómez Pérez, en el que señala que se presentó a la Cruz Verde Zapopan a las 19:40 del 2 de noviembre de 2009 en los separos de la agencia ministerial, que practicó examen físico-clínico a David [...], a quien se le preguntó en forma directa si había consumido bebidas embriagantes y contestó que sí, siendo cerveza en número de 4 a 5 (de las normales); esto, entre las 23:00 horas del 1 de noviembre y las 2:00 horas del 2 de noviembre de 2009, y que sufrió accidente a las 3:00 horas del 2 de noviembre. Que no presentaba aliento alcohólico, por lo que no representaba peligro inminente en la conducción de vehículos de motor. x) Dictamen químico de alcoholemia 113548/09/12CE/06LQ, expedido el 2 de noviembre de 2009 por la química fármacobióloga Barbarita Martínez Delgadillo a David [...], de cuyo contenido se advierte que recabó la muestra a las 17:19 horas del 2 de noviembre de 2009, cuya conclusión fue que la concentración es de: 000 mg de alcohol etílico/100 ml de sangre. y) A las 11:03 horas del 3 de noviembre del 2009 declaró el [testigo 1]. Dijo que como a las 3:00 horas salió del palenque de las Fiestas de Octubre junto con sus amigos [testigo 2] y Marco [...] y abordó el vehículo Nissan tipo pick-up, enfiló por el anillo Periférico de Alcalde hacia Belenes, por el carril de en medio. Al llegar a la avenida Tabachines el semáforo se puso en amarillo y atrás de él iba un vehículo Mazda de color gris, pero cuando se puso el semáforo en verde él inició la marcha de la camioneta, de igual forma el carro Mazda, y que atrás de este iba una camioneta a exceso de velocidad, por
lo que él aceleró, la camioneta se impactó en el carro Mazda y este en la parte trasera de su camioneta. Después del impacto se bajó de la camioneta y se acercó al Mazda; ayudó a un muchacho que se llama René a salir del carro y lo acostó en el asfalto. Este le dijo que ayudara a su amigo, por lo que se acercó al carro y en la parte media del asiento trasero se encontraba un chavo al que trató de ayudar a salir, pero éste se encontraba prensado de sus piernas y solo decía que le dolía. De inmediato se hicieron presentes elementos de Bomberos o de Protección Civil, quienes sacaron al muchacho y lo subieron a la ambulancia, mientras los elementos de la patrulla se dirigieron a la camioneta Tacoma y detuvieron al chofer. Después llegaron policías y elementos de vialidad quienes lo esposaron y lo subieron en la caja de una patrulla que se encontraba a un lado de la camioneta Tacoma que había ocasionado el choque. Luego llegaron con el chofer de dicha camioneta y lo esposaron a la patrulla, pero no quería dejarse subir a la caja de la patrulla, ya que andaba borracho y muy agresivo, tal vez drogado. En la patrulla los llevaron al Ministerio Público de la Cruz Verde de Zapopan, donde al sujeto lo metieron a una celda y al él lo dejaron sentado en una silla. z) A las 14:10 horas del 3 de noviembre de 2009, se recibió el oficio 112655/09/12CE/01, signado por el perito Édgar Joaquín Zuno Larios, del IJCF, mediante el cual rinde un dictamen de causalidad vial y valoración de daños, en el que concluyó que la falta de atención y precaución por la parte del conductor el vehículo número 1, al guiar su unidad a una velocidad inmoderada y sin la debida atención al frente de su circulación, efectuando esta sin guardar una distancia prudente respecto al vehículo que le precedía. aa) El 4 de noviembre de 2009, se dictó acuerdo de radicación y el juez cuarto de lo Criminal del Estado recibió las actuaciones ministeriales. bb) Declaración del policía zapopano Marte Alberto Rodríguez Huerta, realizada ante la Contraloría Interna de la PGJE en calidad de citado. Expuso que ratificaba la declaración vertida el 2 de noviembre de 2009, la cual se le puso a la vista y aclaró que él y su compañero realizaron la retención de David [...] en el lugar de los hechos. Agregó desconocer la razón por la cual la licenciada Virginia González le hubiera tomado su declaración hasta las 6:30
horas del día del evento, ya que tanto él como su compañero se encontraban en la agencia ministerial desde que acontecieron los hechos. cc) Por su parte, Nicolás Fernando Azpeitia Padilla, de la DGSPZ, expuso ante la Contraloría Interna de la PGJE que ratificaba su declaración vertida el 2 de noviembre de 2009, y dijo que desconocía la razón por la que la agente ministerial no quiso recabar su declaración sino hasta las 7:50 del día de los hechos, máxime que él le insistía en que lo hiciera a fin de poner a disposición al señalado David [...], a quien desde las 3:30 horas se le había dejado a disposición. dd) El 6 de enero de 2010 se dictó auto de formal prisión a David [...] por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones, homicidio y daño en las cosas a título de culpa. 4. El 10 de marzo de 2010 compareció ante esta CEDHJ el policía municipal de Zapopan Marte Alberto Rodríguez Huerta y en el acta que con ese motivo de suscribió textualmente se asentó:
... que el día 2 de noviembre de 2009 pasadas las 02:30 horas conducía la unidad policiaca ZS-031 en compañía de Nicolás Fernando Azpeitia Padilla, por el carril central de Periférico, en eso momento por el espejo lateral vi que venia un auto a alta velocidad y le dije a mi compañero deja me hago a un lado por que este nos va a pegar y cambie al carril de alta velocidad mi camioneta, en ese momento nos Rebasa la camioneta color plata, para ello menciono que se encintraba el alto del semáforo por lo que esta camioneta llega y se impacta en contra de los carros que apenas estaban avanzando ya que para este momento ya se encontraba la luz verde del semáforo al impacto los recorre 5 metros y me aproximo al lugar dejando la unidad policiaca atravesada detrás de estos vehículos a efecto de que otros automotores no se impactaran, me bajo de la camioneta, me aproximo al carro para ver cuantos heridos había, bajo a uno de ellos siendo hombre, el cual venía en el honda de color negro, quien nada mas traía algunas excoriaciones, dejo a este masculino y me voy hacia la camioneta Toyota color gris, al bajar este conductor lo aseguro de su mano izquierda con los aros aprehensores ya que lo ví en verdadero estado de ebriedad, además de que interior de la camioneta traía una botella de vino sin recordar la marca de ese licor, y antes de asegurarlo éste realizó una llamada telefónica y luego ya como dije lo asegure, informando a mi superior de que el señor ya había realizado su llamada a la que toda persona tiene derecho, pasados unos diez minutos llega una unidad de la Secretaria de Vialidad y les entregó el servicio, es decir, a los dos conductores el ebrio y otro, en lo personal yo me dedique a elaborar y recabar los datos de los vehículos ya que rendimos novedades a nuestros superiores, casi al mismo momento llegó personal del Ministerio Público, 19
tratándose de un hombre y una mujer, en donde el hombre pide apoyo para que nosotros como elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan, trasladamos a los detenidos a la agencia ministerial, en eso me dirijo hacia el compañero de vialidad y le dijo que vamos a hacer el traslado a la unidad nuestra que me apoyo, en eso yo estaba por bajar al detenido de nombre [...] el de vialidad iba a bajar al de la Toyota recuerdo que es de apellidos [...] quien emprende la huida es decir da un salto y empieza a correr, por lo que al ver esto me voy atrás de él, recuerdo que mi compañero Azpeitia lo estaban entrevistando unos reporteros de TV Azteca y Televisa, pero al yo gritar que se está escapando, me apoya y corremos los dos detrás del señor [...] quien se encontraba muy tomado ya que era visible su estado de ebriedad a quien le dimos alcance y después de alguna distancia cayó al suelo recuerdo que era pasto y fue sometido por mi compañero a quien se esposo y yo lo subí a la unidad policiaca para trasladarlo a la agencia ministerial junto con el otro conducto a quienes trasladamos a la agencia ministerial, quiero señalar que durante el traslado de los detenidos el señor [...] me dijo &quot;te entrego la cantidad de doscientos mil pesos si no declaras en mi contra&quot; yo le conteste &quot;estas loco&quot; posteriormente ya como a las seis de la mañana me fue recabada mi declaración como elemento aprehensor dentro de la averiguación previa en donde resultara muerto un muchacho creo que de nombre [agraviado 1].
5. Al comparecer a declarar ante esta Comisión el policía zapopano Nicolás Fernando Azpeitia Padilla, de manera textual dijo:
... que el día 2 de noviembre de 2009 como a las tres de la mañana aproximadamente tripulaba la unidad policiaca ZS 031, recuerdo que yo iba de copiloto en esa unidad iba como por Periférico a Tabachines sobre el carril central, recuerdo que mi compañero el conductor me comento que se iba a hacer para el carril de a lado ya que venia un vehículo acercándose a mayor velocidad que nosotros, ya en carril izquierdo y recuerdo que delante de nosotros estaban dos automotores en dicho carril dado que estaba la luz roja del semáforo al momento en que este cambia a luz verde empiezan a avanzar los automotores en ese momento vi que la camioneta de color obscuro la cual iba a velocidad, impacto a los automotores que se encontraban en dicho carril ya que estos iniciaban la marcha al impacto mi compañero maniobra a 50 metros y nos detuvimos a prestarles el auxilio en lo personal les preste apoyo a los tripulantes del carrito ya que me imagine que había lesionados pues la camioneta quedo literalmente encima de la cajuela recuerdo que inicie ayudando a salir a las personas que se encontraban en el automotor al mismo tiempo solicitaba apoyo vía radio trasmisor tanto al puesto de socorros como a los compañeros de vialidad, también me di cuenta de que mi compañero Marte Alberto tenia retenido al conductor de la camioneta al parecer causante del choque quien se encontraba alcoholizado, a pregunta expresa de la suscrita en el sentido de que informe qué tanto me dí cuenta de que estaba alcoholizado dicho conductor contesto que la respuesta es: pasado de copas, también estaba agresivo dado que mi compañero me comento que había realizado una llamada telefónica y por ello le dije que no hiciera mas llamadas al decirle yo que ya no hablara el señor me dijo &quot;quien 20
te cree que eres para prohibirme hablar&quot;, le dije que era Policía él me decía &quot;te sientes muy Chingón&quot; en ese momento me retiro uno poco para evitar algún altercado y seguir atendiendo a los lesionados. Quiero señalar que pasados unos veinte minutos y haber llegado servicios médicos se llevaron a cuatro personas lesionadas dos hombres y dos mujeres, para ello en lo económico puse a disposición a los dos conductores tanto el señor tomado de la camioneta como el muchacho conductor de una pick- up blanca que también había participado los deje a disposición del agente de vialidad a quienes se les subió caja de la unidad de vialidad, recuerdo que a ambos conductores se aseguraron con una mano, con un aro aprehensor y éste asegurado hacia la caja. Al llegar el Ministerio Público me dijo apóyame a trasladarlos a la agencia ministerial mientras yo realice el recabo de los datos, recuerdo para ello que se trataba de un hombre quien dijo ser agente del Ministerio Público, por ello le ordeno a mi compañero Marte Alberto que traslade a los detenidos a la unidad de nosotros y a la vez le pido el apoyo al agente de vialidad para que cada elemento se encargara de un detenido, me retiro tantito ya que la prensa me estaba entrevistando y me cuestionaba de cómo habían sucedido los hechos en eso estaba cuando escucho, &quot;se va se va, agárrenlo&quot;, volteo y avisto al chofer de la píck-up negra que iba corriendo, algunas personas de las que se encontraban mirando trataron de alcanzarlo pero al ver yo que no lo lograron yo me di a la tardea de perseguirlo, atrás de mi iba mi compañero y como a 40 metros de distancia le dimos alcance, menciono que puede ser, que no camino mucho o corrió mucho pues las personas que estaban ahí también trataron de alcanzarlo pero quien lo logró fui yo, al alcanzarlo lo derribo al suelo quien cayó cara al piso, lo esposo y se lo entrego a mi compañero Marte para que lo suba a la unidad inmediatamente, al trasladarlos a la agencia ministerial rendí mi declaración ante el agente ministerial ...
6. El 8 de abril de 2010 se recibió el oficio C.I/1711/2010/-A-I, firmado por un agente del Ministerio Público adscrito a la Contraloría Interna de la PGJE, de cuyas constancias, por su importancia en la presente Recomendación, destacan las siguientes actuaciones:
a) A las 13:00 horas del 6 de noviembre de 2009, se recibió el oficio 245/09 signado por el encargado de la Coordinación General de las Agencias Especiales para Detenidos, quien remitió acta circunstanciada realizada el 4 de noviembre de 2009, en virtud de las irregularidades advertidas en la integración del acta ministerial número [...] iniciada en la agencia 29/C adscrita a la Cruz Verde Zapopan por la fiscal Virginia González Rivas, misma acta que fue remitida al área especial para detenidos radicándose bajo averiguación previa [...], en la cual se ordenó instaurar procedimiento de recepción, atención y seguimiento de quejas y denuncias, con el fin de controlar, evaluar y dar trámite a la queja, ordenándose practicar cuanta diligencia fuera necesaria. b) Acta administrativa iniciada a las 18:30 horas del 4 de noviembre de 2009 por el encargado de la Coordinación de Agencias Especiales para Detenidos, el cual inició acta
circunstanciada con motivo de la averiguación previa [...], en la que hizo constar que al revisar las actuaciones que la integran se encontraron diversas irregularidades.
7. Obra en actuaciones de la queja copia de la inconformidad dirigida al titular de la SVTE, firmado por la aquí [agraviada 2], en el que en forma textual reclamó lo siguiente:
... que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, hago de su conocimiento hechos y omisiones en los que incurrió el servidor público Eduardo Gabriel Magaña Córdova oficial Primero y personal del área de Infraestructura Vial que elaboró dictamen vial sobre la velocidad permitida y señalamientos que se encuentran en la avenida Manuel Gómez Morin en su cruece con la Avenida Tabachines, en relación al accidente que se suscitó en dichas vialidades el día 02 dos de noviembre del año en curso, donde participaron los vehículos con placas de circulación [...], dentro del apartado de &quot;estado presunto del conductor&quot; que era normal, es decir que no reportaba estado de ebriedad o drogas, cuando lo cierto es que resultó positivo en el examen que se menciona en el punto anterior a drogas. De lo anterior, se desprende que el servidor público no elaboró correctamente el parte de accidente vial, en el cual se vio involucrado mi familiar de nombre [agraviado 1] quien perdió la vida en el citado accidente vial. Por otra parte, el agente del ministerio público que conoció del accidente solicitó a esta dependencia el dictamen vial sobre la velocidad permitida en la avenida Manuel Gómez Morín en su cruce con la avenida Tabachines, y mediante oficio personal de la Dirección de Infraestructura Vial de esta dependencia, indicó la citada representación social que la velocidad permitida era de 80 ochenta kilómetros por hora, de lo que se desprenden presuntas irregularidades cometidas por los servidores públicos que elaboraron dicho dictamen. Por lo anterior solicito se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa al C. Eduardo Gabriel Magaña Córdova y a quienes elaboraron el dictamen de velocidad permitida en las avenidas donde se presentó el percance, con el fin de que se sancione a los responsables conforme a derecho.
8. Obra en actuaciones de la queja copia de la comparecencia de la quejosa [agraviada 2] ante la jefa del área de responsabilidades de la SVTE, que a la letra dice:
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 horas del 13 de noviembre de 2009, comparece la [agraviada 2], a efecto de ratificar la queja presentada con fecha 12 doce de noviembre del año en curso, en la Dirección General Jurídica en contra de los servidores 22
públicos Eduardo Gabriel Magaña Córdova, con nombramiento de oficial primero número 2102 y personal del área de Infraestructura Vial que elaboró el dictamen vial sobre la velocidad permitida y señalamientos que se encuentran en el Periférico Manuel Gómez Morín en su cruce de avenida Tabachines, en relación al accidente vial suscita el día 2 de noviembre del año en curso, en donde participaron los vehículos con placas de circulación [...], [...] y [...], por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones, y una vez apercibida la compareciente de las penas en que incurren quienes declaran en falsedad ante una autoridad administrativa en funciones y bien enterado que es, manifiesta ser mexicana estado civil divorciada y que se identifica con licencia de conducir número [...], expedida por la Secretaría de Vialidad y Transporte y que concuerda con los rasgos faciales de quien lo porta, por lo que una vez apercibida en los términos legales, se le concede el uso de la voz y manifiesta lo siguiente: &quot;Que ratifico en todas y cada una de sus partes el contenido de mi escrito de queja, y reconozco como mía la firma estampada al calce de dicho escrito, presentado en la Dirección General Jurídica con fecha 12 doce de noviembre del año en curso, en contra del oficial Eduardo Gabriel Magaña Córdova, oficial primero 2102 y personal de Infraestructura Vial que elaboró el dictamen vial sobre la velocidad permitida y señalamientos que se encuentran en el Periférico Manuel Gómez Morín en su cruce con avenida Tabachines, en relación al accidente vial suscitado el día 2 de noviembre del año en curso, en donde participaron los vehículos con placas de circulación [...], [...] Y [...]. Asimismo, solicito que se recaben los oficios y dictámenes emitidos por Infraestructura Vial, en relación a los hechos que estoy denunciando.
9. Constancia de 2 de julio de 2010, en la que personal de esta CEDHJ revisó el disco compacto hecho llegar por la quejosa [agraviada]. Se hace constar que contenía lo siguiente:
GDL canal 4 transmitido el 4 de noviembre de 2009 a las 7:19 por el reportero Juan Carlos Marcelín, quien refiere el choque de una Toyota con saldo de cuatro personas lesionadas y un joven fallecido. En ese momento entrevistan al comandante de la Dirección General de Seguridad Pública de Zapopan, Nicolás Azpeitia, pasan en ese momento la cámara enfocando al responsable David [...], el reportero le pregunta qué pasó y contesta el entrevistado en evidente estado de ebriedad, &quot;se paró en luz verde, se paró en luz verde&quot;. Continúa el reportero comentando que aunque el causante se encontraba detenido intentó darse a la huida, la víctima fue identificada como [agraviado 1] ... ...GDL... Tres conductores involucrados en un accidente, tres conductores alcoholizados y lamentablemente la muerte de un joven, el conductor David [...] expresa: &quot;Se paró en luz verde, se paró en luz verde&quot;. A las 21:06 horas en el canal 4 el conductor José [...], señaló: &quot;Vamos a ver un lamentable caso donde un joven perdió la vida por causa de un drogadicto. La mamá de [agraviado 1], este joven que murió en un accidente porque le impactó el vehículo donde él viajaba otra 23
persona que venía borracho y drogado y que además este caso ha tenido un sinfín de irregularidades, imprecisiones e inexactitudes por muchas autoridades de vialidad y pide al procurador Justicia y que deslinde responsabilidades y que castigue a las autoridades responsables. En el noticiero Hechos Meridiano en TV Azteca, el conductor [agraviado 1] reporta el accidente automovilístico donde aparece entrevistando a David [...] y le pregunta qué pasó: a lo que el entrevistado contesta y se ve en visible estado de ebriedad: &quot;Se paró en Periférico, se paró en Periférico, pues los aventé&quot;, en ese momento también se ve que se da a la fuga el detenido y corren los elementos policiacos tras él dándole alcance.
10. El 1 de octubre de 2010 se recibió el oficio DGJ/13926/2010, firmado por la encargada de derechos humanos de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, al cual anexó copia del expediente 9906/2010 ventilado en el área de Responsabilidades de esa secretaría en contra del oficial de vialidad aquí acusado Eduardo Gabriel Magaña Córdova, de cuyas constancias, por su importancia en la presente Recomendación, destacan las siguientes actuaciones: a) A las 10:00 horas del 13 de noviembre de 2009 compareció la [agraviada 2] a ratificar su escrito de queja en contra del servidor público que elaboró el dictamen vial sobre la velocidad permitida y señalamientos que se encuentran en el Periférico Manuel Gómez Morín, en su cruce con Tabachines, con relación al accidente vial suscitado el 2 de noviembre de 2009. b) Acuerdo de inicio de responsabilidad firmado por el director general jurídico de la Secretaría de Vialidad, en contra del agente vial aquí señalado. 11. El 4 de noviembre de 2010 se recibió un escrito signado por el coordinador de Puestos de Socorros de la PGJE. Informó que el 2 de noviembre de 2009 entró a la guardia correspondiente desde las ocho horas y checó las novedades, tomó la asistencia por radio a los titulares de los diferentes puestos de socorro, en especifico al fiscal Gustavo Rivera Rivera, adscrito a la agencia de la Cruz Verde Zapopan, mejor conocida como la Curva. Al requerirle las novedades y pendientes de la guardia anterior, correspondiente a la fiscal Virginia González, este le indicó por radio que no había nada pendiente y que no le iban a dejar acta alguna para continuar, por lo que dijo el coordinador que no era cierto lo que mencionaba el licenciado Gustavo Rivera en el punto 1 de los hechos. Agregó que en el transcurso de esa guardia como a las doce horas, escuchó por radio al personal que auxiliaba a
la licenciada Virginia, por lo que se comunicó a la agencia para saber novedades. Entonces Gustavo le comunicó que Virginia estaba terminando un acta sobre un accidente automovilístico en el cual había fallecido una persona, e hizo hincapié de que iba a afianzar al conductor. En ese momento le preguntó por qué no se lo había informado antes y la contestación de Rivera fue que no lo había juzgado conveniente. A la hora siguiente también por radio escuchó a un policía investigador de la guardia anterior que informaba sobre el resultado negativo de una alcoholemia y dopaje. Por ello se trasladó a la agencia del Ministerio Público donde se entrevistó con ambos agentes ministeriales, quienes le comentaron que se encontraban finalizando dicha acta ministerial. En el acta se asentó que el conductor David [...] se había negado a que le practicaran el examen de alcoholemia y dopaje, y por lo tanto iba a resultar negativo; en seguida se procedió a hablar con el conductor y solo entonces aceptó que se le practicaran los exámenes. Aclaró además que en el transcurso de la tarde se hizo presente personal de Visitaduría de la PGJE. III. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION Con base en el análisis de las pruebas y observaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco determina que fueron violados los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por ejercicio indebido de la función pública, negativa de atención a víctimas del delito e incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, en agravio de la [agraviada 2], de su finado hijo [agraviado 1], así como de la [agraviada 3], hechos que fueron cometidos por Virginia González Rivas y Gustavo Rivera Rivera, agentes del Ministerio Público; Eduardo Gabriel Magaña Córdoba, agente de la SVTE, y Raymundo Flores Pérez y Osvaldo Rodríguez Quintero, peritos del IJCF. Ahora bien, esta Comisión, dentro de las actuaciones allegadas a la queja constató que Josefina Caro Castañeda, secretaria de Ministerio Público, no incurrió en irregularidad o responsabilidad dentro de lo actuado en la citada averiguación previa, pues su actuar fue en su calidad de secretaria ministerial y bajo las órdenes de su superior, la fiscal aquí involucrada.
Asimismo, esta CEDHJ llega a la conclusión de que el agente vial Carlos Loza Sahagún, de la SVTE, no incurrió en irregularidades o responsabilidades dentro de lo actuado en los hechos ventilados en la presente inconformidad, pues actuó bajo las órdenes de su superior, el agente de vialidad Eduardo Gabriel Magaña Córdoba, quien fue el que levantó el reporte vial 0438060, que contiene irregularidades que fueron determinantes para que ilegalmente obtuviera su libertad el acusado David [...] (punto 3 de antecedentes y hechos). DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA Este derecho, considerado en la doctrina como parte de los derechos civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la administración pública y de la procuración de justicia se apeguen al orden jurídico, a fin de no perjudicar a los ciudadanos. Este bien jurídico, que tiene que ser preservado por el Estado, debe entenderse como el disfrute permanente de los derechos concebidos en el ordenamiento jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de una deficiente aplicación del derecho. Asimismo, este derecho tiene como sujeto titular a cualquier persona. El derecho a la legalidad compromete todos los actos de la administración pública con lo establecido en el orden jurídico, a fin de evitar un menoscabo de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, en lo referente a las condiciones de vulneración del bien jurídico protegido, encontramos una aplicación incorrecta de la ley, o en su caso la no aplicación de ella, a pesar de la satisfacción del supuesto normativo y, además, un perjuicio contra el derechohabiente que tenga como causa precisamente la inadecuada u omisa aplicación del derecho. Como estructura jurídica, la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa que mantiene el ciudadano de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que traiga como consecuencia un perjuicio para él. En contrapartida, para la autoridad impone la obligación de impedir comportamientos que atenten contra este bien jurídico, sean estos conductas de acción u omisión, y prohibir su ejercicio.
Una característica esencial del derecho a la legalidad es que debe estar debidamente fundado y motivado en una ley previa, y que además el mandato sea emitido por una autoridad competente. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se encuentra consignado en los siguientes artículos:
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Artículo 21 [...] la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.
A su vez, con base en las argumentaciones plasmadas en cuanto a la recepción del derecho internacional en nuestro país, conforme a las fechas de suscripción y ratificación ya citadas, este derecho humano se encuentra fundamentado en los siguientes acuerdos e instrumentos internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos:
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición... Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración .... Artículo XVII. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Artículo 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie será sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 28
Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 3. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Artículo 11.1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
La Constitución Política del Estado de Jalisco establece:
Artículo 90. Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Artículo 91. Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, penal, administrativa y civil, que será determinada a través de: I. El juicio político; II. El procedimiento previsto en la legislación penal, previa declaración de procedencia para los servidores públicos en los casos previstos por esta Constitución; III. El procedimiento administrativo; y IV. El procedimiento ordinario. Artículo 92. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera servidores públicos a los representantes de elección popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado e integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en esta Constitución; a los miembros del Instituto Electoral del Estado; a los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los miembros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; y en general, a toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquiera naturaleza en la administración pública del Estado o de los municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, quienes 29
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran por el desempeño de sus respectivas funciones. Artículo 93. La ley que establezca las bases generales de la administración municipal, precisará el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los municipios. Artículo 99. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal.
Código Penal para el Estado de Jalisco:
Artículo 144. Para los efectos de este título: I. Son servidores públicos: los que se consideran de tal forma en términos de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos; II. Para la individualización de las sanciones previstas en este título, el juez tomará en cuenta, en su caso, si el servidor público es trabajador de base o de confianza; su antigüedad en el empleo; sus antecedentes de servicio; sus percepciones; su grado de instrucción; y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de servidor público de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena; III. Salvo los casos establecidos en el artículo 145, fracción II, excepto que se encuentre suspendido el servidor público, y la V, de este Código, en todos los demás casos, se impondrá al responsable la sanción de destitución de su empleo, cargo o comisión; y IV. A los responsables de alguno de los delitos a que se refiere este título, independientemente de otras sanciones, se les inhabilitará para trabajar como servidores públicos, hasta por seis años, notificando tal resolución al órgano del poder público que corresponda. Artículo 146. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría que incurra en alguno de los casos siguientes: [...] III. Cuando, indebidamente, retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de prestarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; Al que cometa el delito de abuso de autoridad, se le impondrán las siguientes sanciones: 30
[...] Si la comisión del hecho no reporta beneficio económico se impondrán al responsable, de uno a cinco años de prisión. Artículo 154. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión, a los servidores públicos que incurran en alguno de los casos siguientes: VII. Ejecutar actos, o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio, o a cualquier otra persona; VIII. Abstenerse el agente del Ministerio Público, o quien haga sus veces, de practicar las diligencias necesarias para el ejercicio de sus funciones, o de determinar conforme a la ley, sin causa justificada, los asuntos de su competencia;
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco:
Artículo 125. En los casos de los delitos de tránsito, inmediatamente se practicarán al indiciado los exámenes médicos y la prueba de alcoholemia o de aire expirado en alcoholímetro, para determinar si está ebrio o bajo la influencia de enervantes... La autoridad ordenará la práctica de los exámenes que estime pertinentes para determinar el grado de concentración de alcohol que presente el indiciado en la sangre o de la intoxicación, particularmente indicará las alteraciones psíquicas y físicas producidas en dicho indiciado; establecerá la mayor o menor peligrosidad que en su estado represente para la circulación y, particularmente, dictaminará si al tiempo de los hechos estaba ebrio o intoxicado. Del resultado de dichas pruebas se levantará la certificación correspondiente... Artículo 133. Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquellos en que existan huellas del mismo o pudieren tener relación con éste, serán asegurados y, al efecto, se pondrán en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan...
Dentro de las modalidades del derecho humano a la legalidad se encuentra el derecho al debido funcionamiento de la administración pública y algunas modalidades de la violación de este derecho lo constituye el ejercicio indebido de la función pública, falsa acusación, falta de fundamentación o motivación legal y la prestación indebida de servicio, siendo aplicable en estos casos lo que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que en su artículo 61 establece lo siguiente:
Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones: I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuídas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos; V. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con quien tenga relación con motivo de sus funciones; VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato, y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público; XXXII. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.
Al respecto, los tribunales federales han emitido el siguiente criterio jurisprudencial:
SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SUS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS EN UNA NORMA GENERAL, ES INSUFICIENTE PARA EXIMIRLOS DE RESPONSABILIDAD.
El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados del gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los empleados del gobierno y entes del Estado. Por su parte, el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de igual redacción al diverso numeral 8o., fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone como obligación a los empleados del gobierno cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 32
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; así, la circunstancia de que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general, es insuficiente para eximirlos de responsabilidad, pues resulta materialmente imposible emitir una norma general por cada rango, nivel o escalafón que exista en los tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, la autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deberán valorar los elementos de prueba allegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado, fundando y motivando su determinación.
Revisión fiscal 3027/2003. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública encargada de la defensa jurídica. 21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. Tipo de documento: Tesis aislada
Ahora bien, analizados los hechos, evidencias y actuaciones que obran en el expediente de queja, se advierte Virginia González Rivas y Gustavo Rivera Rivera fiscales, y a la secretaria del Ministerio Público Josefina Caro Castañeda, se les reclamó un actuar parcial e irregularidades en la integración del acta de hechos [...], que a la postre fue elevada a averiguación previa [...], para ilegalmente beneficiar al detenido David [...]. Dentro de esas anomalías están el no asentar en la inspección ministerial las distancias que había entre los vehículos involucrados, y si hubo huellas de frenado; no se solicitaron oportunamente los dictámenes de alcoholemia y detección de abuso de drogas y se omitió asentar que el detenido se encontraba ebrio o bajo los influjos de droga. De los peritos forenses Raymundo Flores Pérez y Osvaldo Rodríguez Quintero, y de los agentes de vialidad Eduardo Gabriel Magaña Córdoba y Carlos Loza Sahagún, se reclamó que con su mal actuar omitieron asentar datos y recabar dictámenes que permitieron que el responsable del accidente vial obtuviera su libertad provisional bajo caución, cuando conducía un automotor a exceso de velocidad en evidente estado de embriaguez y drogado. Respecto al actuar del agente de vialidad Eduardo Gabriel Magaña Córdova, queda demostrado que omitió cumplir con sus funciones de forma oportuna y certera, lo
cual a la postre benefició al indiciado David [...], pues de los hechos y evidencias que se allegaron a la queja se advierte que tomó conocimiento de los hechos elaborando el acta vial 0438060 (punto 3 de antecedentes y hechos), en la que en el apartado a que se refiere el estado del conductor señaló &quot;normal&quot;, no obstante el evidente estado de ebriedad y drogadicción en que se encontraba, pues así se desprende de las constancias allegadas a la queja, entre las que se encuentran las declaraciones rendidas por los elementos de la DGSPZ al comparecer a este organismo; lo vertido por los agraviados la [agraviada 2] y [agraviado 3], así como del video allegado a la queja, lo que de esta manera mejoró la situación jurídica de David Bañuelos, independientemente de las irregularidades que omitió asentar en el mismo, pues tampoco asentó sobre la velocidad permitida en el Periférico Manuel Gómez Morín en su cruce con la avenida Tabachines (puntos 3 y 7, incisos a, b, y c, de antecedentes y hechos y puntos 2, 3, incisos b, g, o y t, 7, 8 , 9 y 10 de evidencias), a pesar de que esa es su principal función en accidentes de tránsito. En cuanto al actuar del fiscal involucrado Gustavo Rivera Rivera, de actuaciones de la averiguación previa [...] y del informe que rindió ante esta CEDHJ (punto 15 de antecedentes y hechos), se deduce que mintió y con ello violó los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los aquí agraviados, ya que fue categórico en informar que alrededor de las 8:20 horas del 2 de noviembre de 2009, al entrar a su guardia laboral se encontraba presente en la agencia ministerial el Coordinador de Puestos de Socorro de la PGJE, el cual le ordenó que él no tomara conocimiento de la averiguación previa materia de esta Recomendación, ya que la continuaría integrando la fiscal Virginia González, quien solo esperaba los resultados de dictámenes periciales para remitirla al área de detenidos, que él se encargara de los demás. Además una vez que se presentaron dos peritos y siendo después de las 14:00 horas del citado día, el coordinador solicitó la presencia de personal del área de Visitaduría de la PGJE. Por su parte, el mencionado coordinador de puestos de socorro mediante oficio rindió información a esta CEDHJ (punto 11 de evidencias). En él negó haberle girado dicha instrucción al fiscal Rogelio Rivera. Al contrario, aclaró que alrededor de las 13:00 horas escuchó por radio trasmisor a personal de la guardia de la fiscal Virginia González que hablaba de los hechos aquí indagados y se trasladó a la agencia ministerial, donde ambos agentes ministeriales le comentaron que se encontraban finalizando dicha acta ministerial. En ella se desprendía que el
conductor David [...] se había negado a que le practicaran el examen de alcoholemia y dopaje; y por lo tanto iba a resultar negativo; y que fue hasta el transcurso de la tarde en que se hizo presente personal de Visitaduría de la PGJE, pero que él no los llamó. A su vez, los peritos involucrados del IJCF Raymundo Flores Pérez y Osvaldo Rodríguez Quintero, respectivamente, en sus oficios IJCF/109428/09/12CE/ML01 e IJCF/007/10/12CE/37LQ, fueron categóricos en afirmar que a las 8:30 horas del 2 de noviembre de 2009 acudieron a la agencia ministerial a petición de la fiscal Virginia González a tomar muestras de sangre y orina al detenido David [...], para practicar los correspondientes dictámenes de alcoholemia y drogas de abuso, pero que este no permitió que se le tomaran dichas muestras. (puntos 5, inciso a y 6 de antecedentes y hechos). De lo anterior se advierte claramente que el 2 de noviembre de 2009, el fiscal Gustavo Rivera ingresó a laborar a la agencia ministerial a su cargo alrededor de las 8:20 horas, y que según su dicho y el de la fiscal Virginia González, esta continuó integrando la averiguación previa [...] materia de esta Recomendación dentro de la guardia de aquél; y según el dicho de su superior jerárquico, el coordinador de Puestos de Socorro de la PGJE, después de las 14:00 horas del día antes indicado, &quot;ambos agentes ministeriales le comentaron que se encontraban finalizado dicha acta ministerial&quot;; de la cual se desprendía que el conductor David [...] se había negado a que le practicaran el examen de alcoholemia y dopaje y por lo tanto iba a resultar negativo. Además, el fiscal Gustavo Rivera estuvo presente en la agencia ministerial de su adscripción a las 8:30 horas del día antes señalado, cuando acudieron los peritos del IJCF a recabar muestras al detenido David [...]. Por ello, esta CEDHJ concluye que el fiscal Gustavo Rivera, cuando menos estuvo de las 8:20 a las 14:30 horas del 2 de noviembre de 2009, auxiliando a la fiscal Virginia González a integrar la averiguación previa materia de esta Recomendación, por lo que se presume que debió presenciar la llegada de los peritos del IJCF, pero no hizo nada por auxiliarlos para que el citado detenido proporcionara dichas muestras de sangre y orina, a pesar de que por su experiencia como fiscal y por sus conocimientos jurídicos, sabía que de no tomárselas podrían, con el transcurso del tiempo, variar sus resultados, y en consecuencia, el acusado quedaría exonerado de la responsabilidad penal en que incurrió al provocar la muerte de [agraviado 1].
En lo referente a la reclamación que se hace a los peritos Raymundo Flores Pérez y Osvaldo Rodríguez Quintero, se demandó que omitieron cumplir con sus funciones de forma oportuna, lo cual a la postre benefició al indiciado David [...]. De los hechos y evidencias que se allegaron a la queja se advierte que la fiscal involucrada solicitó por acuerdo emitido a las 8:30 horas del 2 de diciembre de 2009, el apoyo de los citados peritos para que le practicaran a este exámenes de alcoholemia, drogas de abuso y grupo sanguíneo. Al presentarse ambos peritos y &quot;pedirle permiso al detenido&quot; para extraerle las muestras de sangre y orina, dicen en los oficios que le rindieron a la fiscal involucrada que se negó a hacerlo (puntos 5, inciso a, y 6 de antecedentes y hechos). Sin embargo, quedó demostrado que dicha aseveración fue falsa, pues en la constancia realizada a las 17:20 horas del 2 de noviembre de 2009, cuando personal de Visitaduría de la PGJE se entrevistó con David [...] en presencia de los fiscales aquí involucrados y del coordinador de Puestos de Socorro de la PGJE, se asentó que a las 18:30 horas se encontraba presente el perito Raymundo Flores Pérez practicando el examen clínico al detenido de referencia, quien refirió haber asistido a las Fiestas de Octubre donde había ingerido &quot;cuatro o cinco cervezas&quot;, que salió del lugar como a las dos de la mañana, abordó su camioneta y al circular por el anillo Periférico cerca de la avenida Tabachines se impactó con otro vehículo que estaba parado, del que no se percató por encontrarse distraído maniobrando el estéreo de la camioneta que tripulaba. En ese momento se le preguntó si en el transcurso del día le fueron recabadas muestras de orina y de sangre por alguna persona y respondió que sí, y que ello había ocurrido hacía unos minutos, por lo que se le preguntó nuevamente si antes de esa ocasión que refería y en el transcurso de ese día se le tomaron otras muestras, y respondió categóricamente que no, que no se había presentado nadie con él hasta minutos antes (punto 3, inciso h de evidencias). Al respecto, esta Comisión considera que con dicha actitud los peritos incumplieron las funciones que como servidores públicos tienen encomendadas, respecto a que debieron elaborar los dictámenes de alcoholemia y abuso de drogas con prontitud y profesionalismo, en razón de que al dejar transcurrir el tiempo se alteró el resultado de dichas pruebas y las condiciones del detenido cambiaron. Tal razonamiento se ha sostenido cuando se afirma que los peritos, en cuanto a la atención al Ministerio Público, deben cubrir en tiempo y forma lo que se les pide, y que en caso de que surjan problemas o situaciones que pudieran impedir la realización del servicio, deben comunicarse de inmediato con sus superiores a fin
de llegar a resolverlos en tiempo y forma, y nunca dejar de atender peticiones sobre estudios de indicios importantes, como son las alcoholemias y el abuso de drogas. Al no acudir a tomar muestras de sangre y orina al acusado David [...] a las 8:30 horas del 2 de noviembre de 2009 para elaborar los correspondientes dictámenes, faltaron a sus funciones, ya que dentro de sus obligaciones están realizar todas las labores que se le soliciten durante su jornada laboral y al no practicarlos sabían de antemano que afectarían el resultado de los dictámenes, que posteriormente le realizaron, tal como aconteció, pues el propio David Bañuelos aseguró ante personal de Visitaduría de la PGJE que sólo habían acudido a realizarle las muestras después de las 17:30 horas del 2 de noviembre de 2009. (puntos 2, 4, 5, 6 y 15, de antecedentes y hechos; y 3, incisos d, j ,o, r, u, v,w y x de evidencias). En lo que respecta a la reclamación que existe contra la fiscal Virginia González Rivas, aunque ella trató de demostrar que actuó de manera correcta; para desvirtuar los actos contra ella reclamados, pues en el acta ministerial 801/2009, suscribió que a las 3:15 horas del 2 de noviembre de 2009 se trasladó al lugar de los hechos, pero omitió asentar las distancias en que quedaron los automotores involucrados y la distancia de los vehículos con relación a puntos fijos de referencia. Esto era indispensable para establecer las circunstancias en que sucedieron los hechos. Tampoco asentó si hubo huellas de frenado; no ordenó la realización de peritajes tales como el de causalidad vial, valoración de daños, detección de metabolitos de drogas de abuso y de alcoholemia a los conductores involucrados. Fue omisa al plasmar en qué estado encontró a David [...] en el lugar de los hechos, al ponérselo a disposición de los elementos de la DGSPZ. Cuando realizó la inspección ministerial en el interior de la Cruz Verde Zapopan norte y le informaron que [agraviado 1] había fallecido a las 3:15 horas, procedió a su aseguramiento sin razonar ni motivar sus actuaciones. No fue sino hasta las 8:32 horas del 2 de noviembre de 2009 cuando ordenó que se practicaran los exámenes de alcoholemia, drogas de abuso y grupo sanguíneo a David [...]. Estas pruebas ponen en evidencia la forma irregular del actuar de la citada fiscal. Esto es, tardó más de cinco horas en practicar los exámenes, lo cual dio margen para que disminuyera el nivel de alcohol en sangre y orina, con lo cual violó lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, en relación con el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, que señala lo siguiente:
Artículo 21 [...] la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Artículo 133. Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquellos en que existan huellas del mismo o pudieren tener relación con éste, serán asegurados y, al efecto, se pondrán en secuestro judicial o simplemente al cuidado y bajo la responsabilidad de alguna persona, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan... Sobre la tardanza en solicitar el dictamen de alcoholemia y detección de abuso de droga, de acuerdo con el punto 3, inciso d de evidencias, la petición se realizó al IJCF cerca de las 8:30 horas, no obstante que en el informe que rindió ante esta CEDHJ aseguró que había sido en el lugar de los hechos (punto 16 de antecedentes y hechos). Fue omisa en suscribir constancia o certificación que lo avalara dentro del acta ministerial, con lo que queda claro que su petición fue tardada, y no concuerda con lo informado por el perito Raymundo Flores Pérez, al decir que la petición del dictamen se realizó cinco horas después y que al encontrarse frente al detenido éste se negó a que se le practicara dicha prueba, lo que indiscutiblemente varió el resultado de la alcoholemia y, en consecuencia, la situación jurídica del detenido. Con esto queda comprobado que la citada funcionaria incumplió con la obligación impuesta en el artículo 125 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, que a la letra dice:
Artículo 125. En los casos de los delitos de tránsito, inmediatamente se practicarán al indiciado los exámenes médicos y la prueba de alcoholemia o de aire expirado en alcoholímetro, para determinar si está ebrio o bajo la influencia de enervantes... La autoridad ordenará la práctica de los exámenes que estime pertinentes para determinar el grado de concentración de alcohol que presente el indiciado en la sangre o de la intoxicación, particularmente indicará las alteraciones psíquicas y físicas producidas en dicho indiciado; establecerá la mayor o menor peligrosidad que en su estado represente para la circulación y, particularmente, dictaminará si al tiempo de los hechos estaba ebrio o intoxicado. Del resultado de dichas pruebas se levantará la certificación correspondiente...
Asimismo, es importante resaltar que de acuerdo con el punto 3, inciso e, de evidencias, la licenciada Virginia González Rivas, sin considerar las lesiones de los demás ofendidos, hasta las 8:30 horas no había dado dio fe de las lesiones del [agraviado 3] y Andrea [...], lo cual según dijo realizó en la Cruz Verde Las Águilas, siendo que se encontraban dentro de la Cruz Verde Zapopan norte; además de que, si bien es cierto que levantó una constancia en el sentido de que los lesionados no quisieron declarar mientras no estuviera su abogado, también es cierto que como testigos tenían que declarar, y pudo haber utilizado los medios de apremio correspondientes. Por lo anterior, esta CEDHJ concluye que la fiscal involucrada violó con su actuación los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica del ahora occiso [agraviado 1], de la mamá de este, la [agraviada 2] y del quejoso [agraviado 3]. Lo anterior evidencia además que las actuaciones de la fiscal involucrada fueron en contra de las características fundamentales de la institución del Ministerio Público, pues hizo a un lado la buena fe y actuó de forma parcial para beneficiar al indiciado. Asimismo, incurrió en abuso de autoridad conforme a lo dispuesto en los artículos 146 y 154, por delitos cometidos en la administración de justicia previstos en el Código Penal para el Estado de Jalisco, que a continuación se transcriben:
Artículo 146. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría que incurra en alguno de los casos siguientes: III. Cuando, indebidamente, retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de prestarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; IV. Cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado. Al que cometa el delito de abuso de autoridad, se le impondrán las siguientes sanciones: Si la comisión del hecho no reporta beneficio económico se impondrán al responsable, de uno a cinco años de prisión. Artículo 154. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión, a los servidores públicos que incurran en alguno de los casos siguientes: VII. Ejecutar actos, o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio, o a cualquier otra persona; 39
VIII. Abstenerse el agente del Ministerio Público, o quien haga sus veces, de practicar las diligencias necesarias para el ejercicio de sus funciones, o de determinar conforme a la ley, sin causa justificada, los asuntos de su competencia;
Por todo lo anterior, esta CEDHJ concluye que Virginia González Rivas y Gustavo Rivera Rivera, agentes del Ministerio Público, Eduardo Gabriel Magaña Córdoba, agente de la SVTE; y los peritos Raymundo Flores Pérez y Osvaldo Rodríguez Quintero, del IJCF, violaron con su actuar los derechos humanos a legalidad y seguridad jurídica por ejercicio indebido de la función pública, negativa de atención a víctimas de delito e incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, cometidos en agravio de la [agraviada 2], de su finado hijo [agraviado 1], así como de [agraviado 3]. REPARACIÓN DEL DAÑO. Quienes integran las instituciones de administración pública están sujetos al servicio y protección de los titulares de la soberanía nacional, que en un Estado democrático como el nuestro, recae en la población. Por lo tanto, deben cumplir con las funciones que tiene el Estado hacia los individuos que lo forman. De ahí surge la necesidad de rendir cuentas y, en caso de negligencia, abuso de poder o incumplimiento de los deberes señalados, resarcir en la medida de lo posible a quienes hayan sufrido menoscabo en su persona, en sus bienes o en sus derechos, con motivo de la función pública de cualquier entidad de los poderes del Estado. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 40/34, adoptada el 29 de noviembre de 1985, que proclama la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, consagra:
Artículo 1º. Se entenderá por &quot;víctimas&quot; las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente de los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
Artículo 11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasi oficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.
Los preceptos mencionados constituyen una fuente valiosa de consulta y una guía frente a cualquier acto perpetrado por servidores públicos del Estado, en el que existan víctimas del abuso de poder, y corresponden al derecho consuetudinario internacional del que México forma parte. Además existen instrumentos internacionales que prevén la reparación del daño como consecuencia de cualquier violación de derechos humanos por parte del Estado a manos de sus representantes o instituciones. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 22 de noviembre de 1969, ratificada por nuestro país el 24 de marzo de 1981 (que también aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano facultado para interpretar los derechos consagrados en dicho instrumento internacional), es, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, ley suprema para nuestro Estado. Esta convención, en su artículo 63.1, dispone que la víctima de un acto violatorio de derechos humanos, además del derecho a que se declare la existencia de la violación cometida, de acuerdo con los derechos reconocidos en la Convención: &quot;Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada&quot;. En la interpretación de los artículos señalados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una referencia importante para México como Estado miembro de la OEA que además ha reconocido la jurisdicción de la Corte para la resolución de asuntos análogos en los que no hay precedentes. En uso de sus facultades, la Corte ha sentado, entre otros, los siguientes criterios:
Respecto de la obligación de reparar, es un principio de derecho internacional que la jurisprudencia ha considerado &quot;incluso una concepción general de derecho&quot; que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de 41
repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma usual de hacerlo... La reparación del daño ocasionada por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución, lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, e incluir el daño moral.
La indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del artículo 63 de la Convención debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum, de los daños causados por el hecho violatorio de los derechos humanos. El desideratum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente, a menudo es imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados, tal como ocurre en el presente caso. En esos supuestos, es procedente acordar el pago de una &quot;justa indemnización&quot; en términos lo suficientemente amplios para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida... En estos casos, la reparación del daño ha de asumir otras formas sustitutivas como la indemnización pecuniaria. Esta indemnización se refiere primeramente a los perjuicios materiales sufridos. La jurisprudencia arbitral considera que, según el principio general de derecho, éstos comprenden tanto el daño emergente como el lucro cesante [...] también, la indemnización debe incluir el daño moral sufrido por las víctimas. Así lo ha decidido la Corte Permanente de Justicia Internacional... En el presente caso, la Corte ha seguido los precedentes mencionados. Para la indemnización del lucro cesante ha efectuado una apreciación prudente de los daños y para el daño moral ha recurrido a los &quot;principios de equidad&quot;. Otra referencia sobre la necesidad de reparar el daño ante una violación de derechos humanos es la sentencia del 20 de enero de 1999, caso Suárez RoseroReparaciones, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el punto 1 del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
En materia de reparaciones es aplicable el artículo 63.1 de la Convención Americana, el cual recoge uno de los principios fundamentales del derecho internacional general, 42
reiteradamente desarrollado por la jurisprudencia (Factory at Chorzow, Jurisdiction, Judgement núm. 8, 1927, P.C.I.J., series A, núm. 9, pág. 21 y Factory at chorzow, Merits, Judgement núm. 13, 1928, P.C. I. J., series A, núm. 17, pág. 29; Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184). Así lo ha aplicado esta Corte (entre otros, Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones [art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos], sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C. núm. 31, párr. 15º, caso Garrido y Baigorria, reparaciones (art. 63.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C núm. 29, párr. 36; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones [art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos], sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C. núm. 42, párr. 84, y caso Castillo Páez, reparaciones (art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 27 de septiembre de 1998. Serie C núm. 39, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Reparaciones 6[art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos], sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C. núm. 43, párr. 50). Al producirse un hecho ilícito imputable a un estado, surge responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación.
La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado nacional puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras). La obligación de reparación establecida por los tribunales internacionales se rige, como universalmente ha sido aceptado, por el derecho internacional en todos sus aspectos, su alcance, su naturaleza, sus modalidades y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual puede ser modificado por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno. Debe señalarse que en la actualidad los estados democráticos se han preocupado porque exista la obligación de cada institución de responder ante la sociedad y ante los individuos por los actos u omisiones de quienes en nombre de ella actúan y que provocan consecuencias violatorias de derechos humanos, como en este caso, independientemente de su posible responsabilidad administrativa, civil o penal; tan es así que el Congreso de la Unión, el 14 de junio de 2002, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sin número que modificó la denominación del título cuarto, y adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el 1 de enero de 2004 para quedar de la siguiente manera:
Título cuarto: de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. [...] Artículo 113... La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
El Gobierno del Estado de Jalisco, mediante decreto 20089, expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, que en esencia regula la responsabilidad objetiva y directa del Estado con motivo de los daños que su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, quienes en estos casos podrán exigir una indemnización conforme lo establecen las leyes. El artículo 1° refiere: &quot;La presente ley es reglamentaria del artículo 107 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco y sus disposiciones son de orden público e interés general.&quot; En tanto, el párrafo segundo del artículo 5° señala: &quot;Los ayuntamientos y demás entidades a que se refiere la presente Ley, deberán establecer en sus respectivos presupuestos la partida que deberá destinarse para cubrir las responsabilidades patrimoniales que pudieran desprenderse de este ordenamiento&quot;, por lo que para tal efecto se han adecuado los códigos Penal y Civil en el estado; el primero, con la reforma del artículo 97, fracción VII, y el segundo con la derogación de los artículos 1405 y 1431. Conforme a los criterios expuestos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco considera obligada la reparación del daño por parte de la PGJE y del IJCF a favor de los agraviados [agraviada 2] y el [agraviado 3], ello en virtud de que concretamente la agente ministerial Virginia González Rivas y los dos peritos Raymundo Flores Pérez y Oswaldo Rodríguez Quintero, fueron los que realizaron los actos aquí analizados y permitieron al resto de los involucrados las irregularidades ya descritas en la presente resolución. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 73 de la Ley que la rige, el cual en lo que aquí interesa dispone: &quot;... la conclusión que consistirá en las proposiciones concretas que deberán señalar las medidas que procedan para la efectiva restitución de los derechos fundamentales a los afectados y, en su caso, la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado...&quot;
Respecto al daño moral a que se refiere el artículo 1391 del Código Civil del Estado de Jalisco, éste sostiene que debe indemnizarse pecuniariamente, con independencia del daño material, en virtud de que también se transgredieron derechos de personalidad en el presente asunto, tutelados en los artículos 24, 25, 26, 28 y 34 del mismo cuerpo de leyes mencionado, que protegen el disfrute de la existencia digna del ser humano en sus interrelaciones con otras personas frente al Estado. De igual forma, el artículo 41 del precepto legal antes invocado refiere: &quot;El ser humano es titular patrimonial en los aspectos económico, moral y social&quot; y el 43, el cual establece: &quot;El patrimonio moral se constituye por los derechos y deberes no valorables en dinero...&quot; Por ello, se recomienda la indemnización pecuniaria. En el presente caso, sería una manifestación expresa por parte de las instituciones del Estado, de que se ha reconocido la privación de los derechos fundamentales que fueron violados a las víctimas por servidores públicos, en este caso, pertenecientes a la PGJE y al IJCF. De esta forma, ante la imposibilidad de efectuar la restitución plena de los derechos violados, se materializa esa intención al efectuar el pago de la reparación del daño. Para evaluar los daños deberá tomarse en cuenta, entre otras cosas, lo señalado en los artículos del 11 al 15 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios. Como se dijo, el cumplimiento de esta indemnización tiene el significado de una justa reivindicación y el reconocimiento de la injusticia cometida, aunado al de una exigencia ética y política de que el gobierno prevenga tales hechos y combata su impunidad. Porque finalmente, tal actividad irregular no sólo es responsabilidad de los servidores públicos que ejecutaron los hechos reclamados, sino de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que las acciones que realicen no pueden descontextualizarse de su ejercicio como servidores públicos y de quien está obligado a brindarles preparación y todos los elementos necesarios para el correcto desempeño de su encomienda.
Por todo lo anterior, se concluye que la legislación interna e internacional vigente en México prevé la responsabilidad objetiva y directa del Estado para aplicarse en casos como el presente, por lo que esta CEDHJ apela a la vocación democrática del procurador general de justicia del Estado y del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que se les reparen los daños a los agraviados en los términos sugeridos. De lo anterior se concluye que los servidores públicos Virginia González Rivas y Gustavo Rivera Rivera, agentes del Ministerio Público; Eduardo Gabriel Magaña Córdoba, agente de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado; y los peritos Raymundo Flores Pérez y Oswaldo Rodríguez Quintero, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al ejercer sus funciones incumplieron con los principios de legalidad y eficiencia y violaron con ello el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los agraviados. Este organismo considera pertinente recordar que, por situaciones y conductas similares a las aquí analizadas, en que incurrieron servidores públicos adscritos a la PGJE y al IJCF, se emitió la recomendación 30/2009 dirigida a los titulares de esas dependencias públicas, en la que se hizo un firme llamado para que se tomaran las medidas administrativas y operativas necesarias a fin de evitar en lo sucesivo irregularidades como la aquí ocurrida y prevenir que hechos de esta naturaleza no volvieran a suceder. Sin embargo, resulta claro que no han sido suficientes ni eficaces tales disposiciones, Conductas como las aquí señaladas erosionan la confianza de la sociedad en nuestras instituciones de procuración de justicia, ciencias forenses y vialidad; menguan la reputación de los agentes e instancias de la autoridad pública y abonan en gran medida a la impunidad que tanto descrédito nos causa dentro y fuera de nuestras fronteras. Por lo que este organismo reitera de manera enérgica la exigencia de que se de cabal cumplimiento a tales medidas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 7°, fracciones I y XXV; 28, fracción III, 66, 68 72, 73, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de la CEDHJ; 109 y del 119 al 122 de su Reglamento Interior de Trabajo; 61, fracciones I, III, V, VI, XVI y XXVII así como
62, 64, 66, fracciones I, II y III, y 67 y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, esta Comisión emite las siguientes: V. CONCLUSIONES Con base en las constancias descritas, esta Comisión no se pronuncia en contra de Josefina Caro Castañeda, secretaria de agencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni de Carlos Loza Sahagún, agente de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, por no encontrar pruebas que permitan determinar actos u omisiones que hayan constituido violaciones de los derechos humanos de los quejosos. No obstante, este organismo determina que los fiscales de la PGJE Virginia González Rivas y Gustavo Rivera Rivera, los peritos del IJCF Raymundo Flores Pérez y Oswaldo Rodríguez Quintero, así como el agente Eduardo Gabriel Magaña Córdova, de la SVTE, violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los inconformes por su actuación irregular, como lo son el no asentar datos esenciales en las actuaciones ministeriales, no ordenar la práctica de exámenes y diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y omitir asentar el estado de ebriedad en que se encontraba el responsable del delito con lo cual retardó además las muestras y elaboración de dictámenes periciales. Por todo lo anterior, esta Comisión emite las siguientes: Recomendaciones Al licenciado Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del Estado: Primera. Ordene a quien corresponda que, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, continúe, integre y concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa 448/2009 seguido en la Contraloría de la institución a su cargo en contra de la servidora pública Virginia González Rivas, y en su oportunidad se le sancione conforme a derecho corresponda; en este procedimiento deberán valorarse todas las pruebas y demás
actuaciones y evidencias que obran agregadas al expediente de queja, de las cuales se le envían copias. En caso de que la funcionaria pública involucrada ya no preste sus servicios en esa institución, se agregue copia de esta resolución a su expediente administrativo para que quede constancia de la violación de los derechos humanos que cometió. Segunda. Ordene a quien corresponda que inicie, integre y concluya averiguación previa en contra de la servidora pública Virginia González Rivas y quienes más puedan ser responsables, por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten derivados de los hechos analizados en esta Recomendación. Tercera. Ordene a quien corresponda que, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, inicie, integre y concluya un procedimiento de responsabilidad administrativa en la Contraloría de la institución a su cargo en contra del servidor público Gustavo Rivera Rivera, y en su oportunidad se le sancione conforme a derecho corresponda; en ese procedimiento deberán valorarse todas las pruebas y demás actuaciones y evidencias que obran agregadas al expediente de queja, de las cuales se le envían copias. Asimismo, en caso de que el funcionario público involucrado ya no preste sus servicios en esa institución, se agregue copia de esta resolución a su expediente administrativo para que quede constancia de la violación de los derechos humanos que cometió. Cuarta. Se realice la reparación del daño moral y psicológico que sufrieron los agraviados [agraviada 2] y [agraviado 3], en forma objetiva y directa conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Quinta. Ordene a quien corresponda que inicie, integre y concluya averiguación previa en contra de Raymundo Flores Pérez y Oswaldo Rodríguez Quintero, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten derivados de los hechos analizados en esta Recomendación.
Al licenciado Claudio Isaías Lemus Fortoul, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses: Primera. Ordene a quien corresponda que, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, inicie, integre y concluya procedimiento de responsabilidad administrativa en la institución a su cargo en contra de los servidores públicos Raymundo Flores Pérez y Oswaldo Rodríguez Quintero, y en su oportunidad se les sancione conforme a derecho corresponda; en este procedimiento deberán además valorarse todas las pruebas y demás actuaciones y evidencias agregadas al presente expediente de queja, de las cuales se le envían copias. En el caso de que alguno de los servidores públicos implicados ya no preste sus servicios en esa institución, se agregue copia de esta resolución a su expediente administrativo como constancia de que violó derechos humanos. Segunda. Gire memorando a todos los peritos a su cargo, a efecto de que les instruya en el sentido de considerar la prioridad que tiene la emisión de sus diversos dictámenes periciales y la pronta participación en la toma de muestras y entrevistas con las respectivas personas, y en caso de exceso de trabajo, lo hagan del inmediato conocimiento de sus superiores para que se tomen las medidas del caso, con el fin de evitar irregularidades como la aquí ocurrida, pues aunque esta disposición puede ser del conocimiento de todos los peritos, no existe constancia escrita al respecto. Al licenciado Diego Monraz Villaseñor, secretario de Vialidad y Transporte del Estado: Ordene a quien corresponda que, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, continúe, integre y concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa DGIV/3468/2009, seguido en la Contraloría de la institución a su cargo en contra del servidor público Eduardo Gabriel Magaña Córdova, y en su oportunidad se le sancione conforme a derecho corresponda; en este procedimiento deberán valorarse todas las pruebas y demás actuaciones y evidencias que obran agregadas al expediente de queja, de las cuales se le envían copias.
En el caso de que el servidor público implicado ya no preste sus servicios en esa institución, se agregue copia de esta resolución a su expediente administrativo como constancia de que violó derechos humanos. Estas recomendaciones tienen el carácter de públicas, por lo que esta institución deberá darlas a conocer de inmediato a los medios de comunicación, de acuerdo con los artículos 79 de la ley que la rige, y 120 de su Reglamento Interior. Se comunica a las autoridades a las que va dirigida la presente, que, de conformidad con el artículo 72, segundo párrafo, de la ley antes citada, una vez recibidas estas recomendaciones deberán informar sobre su aceptación dentro del término de diez días hábiles y, de ser así, acreditar su cumplimiento dentro de los quince días siguientes. La presente no pretende desacreditar a las autoridades a las que se dirige; al contrario, representa una vía por la que deben transitar los gobiernos de vocación democrática.
Maestro Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente
Esta es la última hoja de la versión pública de la recomendación 1/2011, firmada por el Presidente de la CEDHJ.
Recomendacin 01 2011 pag. web