Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-03399-0051-2015-de-marzo-22-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_5953a82ac87546588971cd07c336651b&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-22 16:57:56
Document Index: 87347421

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 146', 'ARTÍCULO 146', 'ARTÍCULO 146', 'artículo 26', 'artículo 279', 'artículo 36', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 150', 'artículo 55', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 36', 'artículo 146', 'artículo 12', 'artículo 55']

﻿ SENTENCIA 2006-03399/0051-2015 DE MARZO 22 DE 2018
SENTENCIA 2006-03399 DE 22 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:NATURALEZA DE LOS EFECTOS HACIA EL FUTURO DE LA SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD. SE ESTIPULO QUE LA SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD TIENE EFECTOS HACIA EL FUTURO Y AL NO HABERSE MODULADO LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN, LAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE EN MATERIA PENSIONAL SE CONSOLIDARON CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 1997 O ANTES DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL EN CADA ENTIDAD TERRITORIAL, QUEDARON AMPARADAS POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993. POR CONSIGUIENTE, EL ARTÍCULO 146 DICHA NORMA, ESTIPULÓ QUE PARA LAS SITUACIONES JURÍDICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL CONSOLIDADAS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA, CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES EN MATERIA DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EXTRALEGALES EN FAVOR DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTINUARÍAN VIGENTESY TENDRÍAN DERECHO A PENSIONARSE BAJO DICHO PRECEPTO, Y EN LAS CONDICIONES ALLÍ ESTABLECIDAS, EN ARAS DE GARANTIZAR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. PARA CONCLUIR, LA CONVALIDACIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS CON FUNDAMENTO EN LAS DISPOSICIONES DEL ORDEN TERRITORIAL, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993, CUANDO SE TRATE DE CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO QUE SE REFIERA A EMPLEADOS PÚBLICOS, NO PUEDE SER TENIDA COMO UN CONTRATO O COMO NORMA. DEBE TENERSE EN CUENTA COMO UNA DISPOSICIÓN EN LA MEDIDA QUE CON ELLA SE BUSCÓ ES PROTEGER Y OTORGARLES PROGRESIVIDAD A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, ES DECIR, LLEVA INMERSA LA VOLUNTAD DEL EMPLEADOR DE OTORGAR UNOS DERECHOS A SUS BENEFICIARIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, ENTIDAD PÚBLICA, ENTIDAD TERRITORIAL, TRABAJADOR, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, EFECTOS DEL FALLO DE EXEQUIBILIDAD, ALCANCE DE LA SENTENCIA
Sentencia 2006-03399/0051-2015 de marzo 22 de 2018
Rad.: 680012331000200603399 01
Num. Interno: 0051-2015
Demandado: Carmen Ortíz Calderón
Segunda Instancia - Decreto 1º de 1984
El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, conforme a los argumentos presentados en el recurso de apelación, es determinar, en primer término, si la jurisdicción contenciosa administrativa es a quien le corresponde el estudio del conflicto suscitado, en el cual se discute la legalidad del acto de reconocimiento de la pensión de jubilación otorgado a la señora Carmen Ortíz Calderón, en su condición de ex servidora pública de la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil en Liquidación, teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida, declaró no probada la excepción de falta de jurisdicción; y por otro lado, establecer si la pensión de jubilación reconocida a la parte demandada se ajusta o no a derecho.
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de la Sentencia del 12 de septiembre de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda.
En el presente asunto se controvierte la legalidad de la Resolución 095 del 18 de febrero de 2000, por medio de la cual el Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander) en Liquidación, le reconoció a la señora Carmen Ortíz Calderón, una pensión plena de jubilación, a partir del 1º de enero de 2000. No obstante lo anterior, como dentro de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se refiere a la falta de jurisdicción para conocer del presente asunto, la Sala procederá a referirse a ello, en los siguientes términos:
De las pruebas allegadas al expediente, se estableció que la señora Ortíz Calderón, ostentaba la condición de empleada pública, por haberse desempeñado como Auxiliar de Enfermería en la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander) desde el 1 agosto de 1974 al 30 de diciembre de 1999 (fl. 106), situación que define la naturaleza jurídica de su vinculación, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990(3).
“(…) Los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, “por tratarse de regímenes patronales de pensiones o prestaciones que no constituyen un conjunto institucional armónico ya que los derechos allí regulados no tienen su fuente en cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad social integral...”, como lo expresó la Sentencia C-1027 de 27 de noviembre de 2002, M.P. Dra. Clara Inés Vargas H.
Además de este régimen exceptivo expreso en criterio de la Sala, también deben excluirse del conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral los regímenes de transición previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ya que tampoco hacen parte del sistema de seguridad social integral por referirse a la aplicación de normas anteriores a su creación (…)”
Así las cosas, se observa que la jurisdicción ordinaria laboral estudia las controversias relacionadas con los contratos de trabajo y el sistema de seguridad social; sin embargo, no es de su jurisdicción el análisis de legalidad de los actos administrativos, como tampoco lo relacionado con la seguridad social de un empelado público, tal y como sucede en el presente caso, en donde lo que se cuestiona es la validez del acto por medio del cual se le reconoció una pensión plena de jubilación a la demandada, presuntamente de manera ilegal.
La Sala manifiesta que las demandas que versan sobre el reconocimiento de pensiones de jubilación, para efectos de establecer sobre quien recae su estudio, lo determina la relación laboral que tenga el empleado al momento en que se produce el retiro, pues como se pudo observar en el sub judice, se constató y no es materia de debate, el carácter de empleada pública de la señora Carmen Ortíz Calderón, por haber prestado sus servicios en una Empresa Social del Estado.
En consideración al contenido del acto administrativo que se controvierte y las pretensiones de la demanda, la jurisdicción contenciosa administrativa es a quien le corresponde estudiar de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad propuesta, por lo que se confirmará la decisión del a quo en no declarar probada la excepción de falta de jurisdicción elevada por la señora Carmen Ortíz Calderón, en su condición de parte demandada y procedió a estudiar el fondo del asunto.
Sentando lo anterior, la Sala procederá a analizar si la pensión de jubilación reconocida a la señora Ortíz Calderón por la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil en Liquidación, con fundamento en la convención colectiva de trabajo, se ajusta o no a derecho.
El Acto Legislativo 1º de 1968, en el ordinal 9 del artículo 76, estableció la competencia del Congreso para hacer las leyes, y por medio de ellas ejercer las siguientes atribuciones:
“Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales” (Resalta la Sala).
“ART. 1º. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
ART. 2º.—Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; (resalta la Sala)”.
PAR.—El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional”(7).
“En vigencia de la Constitución de 1886, el acto legislativo 1º de 1968 modificó el artículo 76, numeral 9º original de ésta, e introdujo para la materia que él regulaba el concepto de las leyes cuadro del derecho francés, al establecer la competencia del legislador para “...fijar las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo”, al tiempo que le asignó al Presidente de la República la facultad de “... fijar sus dotaciones y emolumentos... con sujeción a la leyes a que se refiere el ordinal 9º del artículo 76...”. Al referirse a la competencia del legislador y del Presidente de la República en esta materia, la Corte Suprema de Justicia, en su momento, afirmó que estos artículos tenían que entenderse en el sentido según el cual la Constitución le asignaba al primero la atribución de crear la parte estática y permanente de la administración, mientras el segundo tenía la función de hacerla dinámica, mediante el ejercicio de atribuciones administrativas.
La Constitución de 1991, por su parte, al regular lo relativo a las atribuciones del Congreso de la República, estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que a éste le corresponde dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias “el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.” (Resaltado fuera de texto).
De tal suerte, que las entidades territoriales estaba en la obligación de sujetarse a las normas que regulan el régimen pensional de los empleados del Estado, conforme a la Constitución, y no podía expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos, ordenanzas o convenciones colectivas, en cuanto no poseían la facultad para realizarlo.
Esta preceptiva normativa, fue modificada con los Convenios Internacionales suscritos en la Organización Internacional del Trabajo - OIT 151 sobre “la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, y 154 sobre “el fomento de la negociación colectiva”, que fueron incorporadas a nuestra legislación interna mediante las Leyes 411 de 1997 y 524 de 12 de agosto de 1999, respectivamente.
Por consiguiente, se comparte la solicitud del Ministerio Público en el sentido de que el legislador debe reglamentar el procedimiento encaminado a reglamentar, en un plazo prudencial, y concertando en lo posible con las organizaciones sindicales de empleados públicos, el derecho a la negociación colectiva de estos servidores, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución y con los Convenios 151 y 154 de la OIT debidamente ratificados por el país y que hacen parte de la legislación interna en virtud de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999, respectivamente. (...).”
Obra a folios 2º a 33 del expediente, copia de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 24 de mayo de 1991, por los representantes de los Centros Hospitalarios de Santander y el Sindicato de Trabajadores de dichas entidades, entre las que se encuentra el Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander), mediante la cual “se regirá las relaciones obrero - patronales, entre los Hospitales mencionados y sus trabajadores”. Con ocasión de ello, en la cláusula quinta y sexta, se pactó reconocer como trabajadores oficiales vinculados mediante contrato de trabajo, a las personas que allí se relacionaron:
“(…) Cláusula Quinta.- Categorías y Salarios.
c) Se establecen las siguientes categorías y salarios para los Hospitales
Regionales cobijados por la presente convención colectiva de trabajo.
d). Se establecen las siguientes categorías y salarios para los hospitales locales cobijados por la presente Convención Colectiva de Trabajo, así:
II $73.339.oo Auxiliar de Enfermería (A)
PAR. 2º:—Para los Hospitales Integrado San Juan de Dios de Piedecuesta, Hospital Psiquiátrico San Camilo la presente Convención Colectiva de Trabajo, cobija el personal vinculado a estos hospitales que devenguen asignación permanente, a quienes se les suscribirá contrato individual de trabajo y será la norma que regirá las relaciones obrero patronales en estos hospitales de conformidad y con observancia por lo dispuesto en el código sustantivo del trabajo y procesal del trabajo, con aplicación de todos los derechos laborales y legales que amparan a los trabajadores particulares.
Por su parte, la Ley 100 de 1993, por la cual “se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones” en el artículo 11, estableció el campo de aplicación, norma modificada por la Ley 797 de 2003, en su artículo 1 consagró:
“ART. 11.—Campo de Aplicación. ‘Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:’ El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general.
“ART. 1º.—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
PAR. 2º.—Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.
Por lo tanto, el privilegio establecido en el inciso segundo para quienes cumplan dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la Ley 100 los requisitos para pensionarse, genera un tratamiento inequitativo y desigual frente a los demás empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados que cumplan dichos requisitos con posterioridad. Situación está que quebranta el artículo 13 superior, en cuya virtud todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y se prohíbe cualquier forma de discriminación entre personas o grupos de personas que se encuentren en circunstancias iguales. (...).”
‘Expresión tachada INEXEQUIBLE’ También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas.
(…)”.(10)
De lo anterior se desprende que para la convalidación de las pensiones reconocidas con fundamento en las disposiciones del orden territorial, conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuando se trate de convención colectiva de trabajo que se refiera a empleados públicos, no puede ser tenida como un contrato o como norma; sin embargo debe tomarse como una disposición en la medida que con ella se buscó es proteger y otorgarle progresividad a los derechos de los trabajadores, es decir, “lleva inmersa la voluntad del empleador de otorgar unos derechos a sus beneficiarios(11)“.(12)
Revisado el material probatorio allegado al expediente, se constató que la señora Carmen Ortíz Calderón nació el 13 de junio de 1954 (fl. 105); y se estableció que laboró desde el 1 de agosto de 1974 al 30 de diciembre de 1999, desempeñándose como Auxiliar de Enfermería (fl. 106).
El Gerente del Hospital demandante, por Resolución 95 del 18 de febrero de 2000, le reconoció la pensión plena de jubilación a la demandada, a partir del 1 de enero de 2000, en cuantía equivalente al 100% del salario, en el cual se le incluyeron el sueldo básico, la prima de alimentación, recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extras, bonificación, prima vacacional, prima de servicios y prima de navidad, en consideración a que “se beneficia de acuerdos convencionales pactados entre el Gobierno Departamental y los representantes de ANTHOC Seccional Santander, en Agosto 18 de 1993, para quienes se venían beneficiando de la Convención Colectiva de Trabajo y fueron clasificados como empleados públicos por la Ley 10 de Enero 10/90 en el acápite de Pensión de Jubilación quienes se hubieren vinculado antes del Primero (1º) de Enero de 1976, se jubila bajo las condiciones existentes a 31 de Diciembre de 1992, así: “a) Todos los hospitales reconocerán Pensión Plena de Jubilación, a quienes cumplan veinte (20) años de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad si son hombres y cincuenta (50) si son mujeres. B Todos los hospitales reconocerán Pensión Plena de Jubilación, a quienes cumplan veinticinco (25) años de servicio a la Institución, con cuarenta y cinco (45) de edad si son mujeres y cuarenta y siete (47) si son hombres. (...). (fl. 107)”
En las condiciones anteriores, la Sala procede a estudiar si la señora Carmen Ortíz Calderón, al amparo de la Convención Colectiva de Trabajo, cumple con i) la prestación haya sido consolidada con anterioridad al 30 de junio de 1995, esto es, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para el nivel territorial o del 30 de junio de 1997 conforme a la sentencia de la Corte Constitucional; y, ii) que su prestación de orden convencional, se encuadre dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
De la lectura del acto administrativo acusado — Resolución 95 del 18 de febrero de 2000 —, se observa que a la señora Ortíz Calderón, la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de San Gil, le reconoció la pensión plena de jubilación por acreditar el requisito de los 25 años de servicio y 45 años de edad, conforme a lo términos acordados en la Convención Colectiva de Trabajo.
Es decir, la parte demandada adquirió el derecho pensional con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo, el 13 de junio de 1999, fecha en la que cumplió el requisito de edad (45 años); sin embargo, se advirtió que los 25 años de servicio, los reunió el 7 de septiembre de 1999, teniendo que descontar 46 días de licencia no remunerada. Significa lo anterior, que la demandada obtuvo el derecho a la pensión de jubilación, con posterioridad al 30 de junio de 1997, por ende, su derecho pensional con fundamento en la convención colectiva de trabajo, no quedó convalidado dentro del beneficio consagrado en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
La Sala manifiesta que la señora Ortíz Calderón para el momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se encontraba cobijada por el régimen de transición del artículo 36 ibídem, en cuanto tenía 40 años de edad y más de 20 años de servicio, de tal suerte que era beneficiaria para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en lo establecido en el régimen anterior, esto es, la Ley 33 de 1985.
Así las cosas, la parte demandada cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985 correspondiente a 55 años de edad y 20 años de servicio, para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios, presupuestos que fueron cumplidos para el 13 de junio de 2009, fecha en la cual cumplió los 55 años de edad. Lo anterior quiere indicar, que adquirió el estatus de pensionada, cuando llegó a la edad requerida por la norma, por lo que a la entidad demandante le corresponde a partir de esta fecha, reliquidar la prestación conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985.
Ahora bien, la Sala al revisar la sentencia objeto de apelación, observó que el juez de primera instancia en el numeral primero de la parte resolutiva, dispuso la inaplicación del literal a) de la cláusulas quinta y la cláusula sexta contenidas en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el año 2002, pretensión que a simple vista no guarda correspondencia con la legalidad del acto de reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Carmen Ortíz Calderón, y respecto de la cual no le estaba permitido al juez de primera instancia realizar ninguna consideración al respecto. Conforme con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo, con excepción al numeral primero el cual revocará, teniendo en cuenta que no se afecta la garantía de la no reformatio in pejus de la apelante.
Atendiendo las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la decisión de primera instancia fue acertada, respecto de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer la controversia puesta en consideración; así como en declarar la nulidad de la Resolución 95 del 18 de febrero de 2000, en lo correspondiente a la cuantía de la pensión de jubilación reconocida a la señora Carmen Ortíz Calderón con fundamento en una convención colectiva de trabajo que no quedó convalidada al tenor de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 30 de junio de 1997 la parte demandada, no había cumplido los requisitos convencionales para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
No obstante lo anterior, en defensa de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad, la decisión de primera instancia se confirmará, para que la entidad demandante proceda a reliquidar la pensión de jubilación en los términos del régimen jurídico aplicable a la señora Carmen Ortíz Calderón, diferente al establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, antes mencionada, con excepción del numeral primero que se revocará en su totalidad, conforme a lo anteriormente manifestado.
1. CONFÍRMASE la Sentencia del doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander) en Liquidación en contra de la señora Carmen Ortíz Calderón, con excepción del numeral primero que se revocará, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
3. “ART. 26º.—Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera.
b) Los de Director, Representante Legal de entidad descentralizada y los del primero y segundo nivel jerárquico, inmediatamente siguientes;
c) Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría. Ver art. 6º, Ley 60 de 1993.
NOTA: Texto resaltado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-387 de 1996.
NOTA: Texto resaltado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-432 de 1995.
4. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Sentencia del 30 de abril de 2003 con ponencia del doctor Jesús María Lemos Bustamante, con Radicación Interna 1227-2001
5. “ART. 62.—La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro público.
“ART. 63.—No habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o en reglamento.
6. “(…)
B) A partir del acto legislativo 1º de 1968, el Congreso determinaba las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales (art. 11). Sin embargo, se contempló la posibilidad de revestir “pro tempore” al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para regular la materia (art. 76.12). En todo caso, es claro que para esa época el régimen prestacional de los empleados públicos de todos los niveles —nacional, seccional o local— tenía única y exclusivamente carácter legal, no siendo viable su reconocimiento mediante actos jurídicos de distinto contenido —acuerdos, ordenanzas, actas convenio o convenciones colectivas (…).”
7. El artículo 12 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315 de 1995 siempre que se entienda que las facultades conferidas al Gobierno se confieren en forma exclusiva, a la fijación del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.
8. Tal restricción se fundamenta en el artículo 55 de la Constitución, conforme así lo estableció la Corte Constitucional mediante Sentencia C-110 de 1994.
9. Declara exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-201 de 2002
10. Referente al tema, también se pueden consultar las Sentencias del 10 de octubre de 2013 con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón, con radicación 68001-23-31-000-2005-02207-01(0200-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga - En Liquidación y la Sentencia del 24 de junio de 2015, con radicación 68001-23-31-000-2005-02293-02 (4597-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga - En Liquidación- con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.
11. Cita de la providencia del 29 de septiembre de 2011 dentro del Expediente 2434-201: La Corte Constitucional en Sentencia C-009 del 20 de enero de 1994, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, que sostuvo: “En conclusión, aun cuando materialmente la convención es por sus efectos un acto regla, creador del derecho objetivo, a semejanza de la ley, según lo admite la doctrina, no puede considerarse como producto de la función legislativa del Estado, desde los puntos de vista orgánico, funcional y formal, en que constitucionalmente aparecen estructurados y se manifiestan las funciones estatales.
12. Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 29 de septiembre de 2011, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado con radicación interna 2434-2010.