Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11948
Timestamp: 2019-06-20 15:25:22
Document Index: 314527169

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'Artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 288', 'artículo 2']

Sentencia: C-040-2000
Sometimiento a las cooperativas y a las asociaciones que conforman las entidades territoriales al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL PARÁGRAFO ÚNICO DEL ARTÍCULO 2º. DE LA LEY 80 DE 1993
"Artículo 2º.- De la definición de entidades, servidores y servicios públicos.- Para los solos efectos de esta ley:
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, LA Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
2º Se denominan servidores públicos:
3º Se denominan servicios públicos:
Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y contínua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquéllos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.
PARAGRAFO.- Para los solos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades.
Cuando en la práctica se da una aplicación ilegal de la norma por parte de los responsables de la contratación pública de las entidades estatales, quienes se valen de la celebración de contratos interadministrativos para eludir el régimen de escogencia objetiva del contratista. ¿Puede el Congreso de la República someter a las cooperativas y a las asociaciones que conforman las entidades territoriales al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin violar los principios de la función administrativa, especialmente los de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad en la contratación pública?
Regulación específica en los negocios jurídicos denominados "encargos fiduciarios y fiducia pública «(…)Ahora bien, la Ley 80 de 1993 introdujo en el numeral 5o. del artículo 32, una regulación específica de una serie de negocios jurídicos denominados "encargos fiduciarios y fiducia pública". Sin entrar a definirlos, señaló que dichos contratos de fiducia pública sólo podrán ser celebrados previa autorización de ley, de la ordenanza o del acuerdo, según el caso. De igual forma, determinó que los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán únicamente por objeto la administración y manejo de recursos vinculados a contratos que tales entidades celebren. Asimismo, como se advirtió, esa normatividad prohibió pactar la remuneración con cargo a rendimientos del fideicomiso, así como la posibilidad de delegar en las sociedades fiduciarias los contratos que las entidades estatales celebren. No sobra reiterar que la Ley 80 estableció también que la escogencia de la sociedad fiduciaria debería hacerse por licitación o concurso y que ese contrato de fiducia "nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo de la respectiva entidad oficial". (…)»
«(…) Ciertamente, en sentir de la Corte, los esquemas contractuales que vinculen cooperativas formadas por las entidades territoriales o a las asociaciones conformadas por las entidades territoriales, son prístina expresión de la autonomía de gestión que les es propia dentro del esquema definido por el artículo 1º. de la Constitución Política. Ciertamente, unas y otras constituyen manifestaciones claras de las acciones conjuntas que deben acometer en desarrollo de los principios de coordinación y concurrencia, que al tenor de lo preceptuado por el artículo 288 de la misma, han de guiar las relaciones entre los distintos niveles territoriales.
Para ello, existen y se han fortalecido las instancias de fiscalización y de control, y el ordenamiento jurídico ha previsto otras herramientas y acciones que deben adelantarse ante los organismos de control, que son los llamados a investigar y recriminar anomalías como las que refiere el demandante. (…)»
A pesar que en la práctica se da una aplicación ilegal de la norma por parte de los responsables de la contratación pública de las entidades estatales, quienes se valen de la celebración de contratos interadministrativos para eludir el régimen de escogencia objetiva del contratista, el Congreso de la República puede someter a las cooperativas y a las asociaciones que conforman las entidades territoriales al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin violar los principios de la función administrativa, especialmente los de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad en la contratación pública, porque:
Este tipo de contratación están dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política, que confiere autonomía de gestión, coordinación y concurrencia entre los distintos niveles territoriales.
Las entidades estatales no pueden desconocer los principios de la función administrativa que deben regir los procesos de selección objetiva.
No es la acción pública de inconstitucionalidad el mecanismo apropiado para referirse a las distorsiones que sufra una norma en su aplicación. Las instancias de fiscalización y control son las apropiadas para debatir aquellas conductas que afecten el patrimonio público.
Declárese EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 2º de la Ley 80 de 1993.
Artículos 1, 13, 209, 286 y 288 de la Constitución Política.
Documento: C-040-2000