Source: http://iudaimiel.blogspot.com/2014/03/el-poder-judicial-censura-el-proyecto.html
Timestamp: 2017-07-27 18:36:11
Document Index: 226204414

Matched Legal Cases: ['Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 42', 'Artículo 47', 'Artículo 54', 'artículo 22']

IU Ganemos Daimiel: El Poder Judicial censura el proyecto de la ‘ley Fernández’ por “inconstitucional”
Artículo 17. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (...) se podrán establecer controles
en las vías, lugares o establecimientos públicos (...) para identificar
a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales.
Artículo 19. Las diligencias de cacheo e identificación en controles preventivos (...) tendrán la consideración de medidas preventivas policiales de carácter administrativo no sujetas a
las mismas formalidades que la detención.
Artículo 42. Con el fin de apreciar la reincidencia y
valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas (...) se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.
Artículo 47. Los policías podrán efectuar denuncias por la comisión de infracciones (...) teniendo sus manifestaciones valor
probatorio de los hechos denunciados.
Artículo 54. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de responsables de la comisión de
infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas.
El informe aprobado por todos los vocales, sin distinciones ideológicas, ratifica punto por punto el que consensuaron, y este jueves
elevaron al pleno, los dos ponentes: Wenceslao Olea (magistrado del Tribunal Supremo, conservador) y María Victoria Cinto (de la Audiencia de San Sebastián, progresista). Solo una novedad: los dos consejeros nacionalistas del Consejo (Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y Mercè Pigem, por CiU) han ido más allá y han anunciado votos concurrentes. Es decir, han querido dejar más patente su abierta discrepancia con el espíritu del anteproyecto normativo de Interior: tal como está redactado, prioriza la seguridad ciudadana sobre derechos fundamentales individuales. Y debe ser al revés. Este será el sentido de sus escritos.
Tras avanzar este periódico el pasado 25 de febrero el crítico informe elaborado por los ponentes, Interior adelantó su intención de modificar esta norma
(erigida en uno de sus proyectos estrella) y adecuarla a esas observaciones, y también a las que han formulado el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, que también la ven de dudosa constitucionalidad.
Apenas ha suscitado debate el informe de los ponentes en el pleno. Todos los vocales lo conocían ya, y ninguno había formulado alegaciones.
Tampoco este jueves. La única novedad, los votos concurrentes de Pigem y
Cacheos y respeto a la dignidad. El informe del Poder Judicial ve ilegal que se pueda cachear a los ciudadanos para ver si han cometido una “infracción” [se supone que administrativa], y critican la imprecisa redacción del texto, que ni siquiera define la figura del cacheo
ni lo limita al registro externo y superficial, de lo que se infiere que “no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales”. El texto de Interior tampoco especifica cómo ha de realizarse un cacheo y echa en
falta que el proyecto normativo indique expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona que se someta a él. Además, critica que no especifique que el agente encargado del cacheo debe ser del mismo
sexo que el afectado, y con el máximo respeto a su identidad sexual.
Disoluciones de reuniones.
El anteproyecto, en su artículo 22.3, recoge como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. El informe ve inadmisible semejante expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones.
El texto de Interior permite a los vigilantes de seguridad colaborar con la policía. El informe del Consejo recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental,
cuya defensa atribuye la Constitución en exclusiva a las fuerzas del orden estatales.
Fuente: www.politica.elpais.com Publicado por