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Timestamp: 2018-06-18 15:00:04
Document Index: 175793294

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 99', 'artículo 1', 'artículo 25', 'Artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 430', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 255', 'artículo 89', 'artículo 76', 'artículo 19']

Versión de la sesión ordinaria del 5 de septiembre de 2017
Publicado: Martes, 05 Septiembre 2017 18:19
CELEBRADA EL MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (12:29 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 85 ciudadanos Senadores y Senadoras.
El acta de la Junta Previa del 31 de agosto se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron las siguientes comunicaciones.
Una, del Instituto Belisario Domínguez con la que remite su Informe de Actividades 2016-2017.
Una, del Senador José María Martínez Martínez, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondientes al Segundo Año de la LXIII Legislatura.
Una, de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, con la que remite el Informe de su participación en la XXVII Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo los pasados días 18 y 19 de agosto de 2017, en Panamá, Panamá.
Una, del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, con la que remite su quinto Informe de Actividades Legislativas.
Una, de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, María Elena Barrera Tapia, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Sonia Mendoza Díaz, con la que remiten informe de participación en las reuniones de trabajo sostenidas en Nueva Zelandia, del 18 al 23 de junio del año en curso.
Una, de la Senadora Andrea García García, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la actual Legislatura.
Una, del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, con la que remite los informes de sus participaciones en la 4ª Cumbre de Líderes Económicos que se celebró en Changchun, China, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2015.
La Reunión del Grupo Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre Asuntos Fiscales, que se llevó a cabo el 19 de octubre de 2015, en París, Francia.
Y la 4ª Reunión de la Red Global Parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se efectúo del 3 al 5 de febrero de 2016, en París, Francia.
Y otra, de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, con la que remite el Informe de su participación en el Encuentro de Presidentes de Parlamentos, realizados el 18 de agosto pasado en Lima, Perú.
Así también se recibieron sendas comunicaciones de los Senadores Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón y Salvador Vega Casillas, por la que solicitan hacer constar su respectiva intención de voto de manera pública e indeclinable en contra de la aprobación de cualquier dictamen basado en la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, mientras dicha aprobación continúe activando la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General; y a favor de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, proponiendo la eliminación de la designación automática del titular de la PGR como primer Fiscal General.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Recibimos de la Mesa Directiva una comunicación suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, por la que informa que se separa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y que se mantendrá como Senadora sin grupo parlamentario.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Asimismo, se recibimos una comunicación de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su incorporación al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comuníquese también a las Secretarías Generales del Senado.
Les informo que el pasado mes de agosto se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con las propuestas de designación de:
El ciudadano Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.
Y del ciudadano Octavio Francisco Pastrana Pastrana, como Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
Ambos expedientes se turnaron de manera directa a la Comisión de Energía el día 16 de ese mismo mes.
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con la siguientes propuestas.
Una terna para designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos:
Norma de la Salud Álvarez Girard, Jimena Marván Santín y Neus Peniche Sala, para cubrir la vacante del ciudadano Noé Navarrete González, quien concluyó su período el 31 de diciembre de 2016.
Otra terna para designar un Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, integrada por los ciudadanos Francisco Granados Rojas, Fernando Ruiz Nasta y Guillermo Zúñiga Martínez, a partir de la vacante que se generará el 31 de diciembre de 2017.
Y otra terna para designar un Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrada por los ciudadanos Néstor Martínez Romero, Ramón Antonio Massieu Arrojo y Alfonso Reyes Pimentel, a partir de la vacante generada por el ciudadano Néstor Martínez Romero, quien concluyó su período el 14 de mayo de 2017.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese la documentación descrita a la Comisión de Energía, para su análisis y dictamen correspondiente.
Informo ahora al Pleno que se recibieron 14 nombramientos de personal diplomático, mismos que se turnaron de manera directa a las comisiones correspondientes el 1° de septiembre pasado.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con dichos nombramientos y los turnos que se les asignaron.
Se recibieron nombramientos a favor de las ciudadanas y los ciudadanos:
Y Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.
Y se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
Asimismo, se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Indonesia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República Democrática de Timor-Leste.
Y Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Comunidad de Austria y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante el Estado Independiente de Papua, Nueva Guinea, Islas Salomón, República Fiji y República de Vanuatu, mismos que se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.
También se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos:
Y Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Islandia.
Ambos se turnaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa.
Igualmente se recibieron los nombramientos a favor de los ciudadanos Federico Salas Lofte, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París, Francia.
Estos tres nombramientos de tunaron a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.
Se recibió el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América, el cual se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte.
Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.
Les informo ahora que el pasado primero de septiembre recibimos de la Secretaría de Gobernación, 128 ejemplares del V Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el estado general que guarda la Administración Pública del país.
Asimismo, recibimos los informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. Todos han sido ya distribuidos a las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Recibimos un oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las fichas de monitoreo y evaluación de diversos programas presupuestarios del sector ambiental.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Desarrollo Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto, correspondiente al segundo trimestre del año 2017.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los siguientes documentos:
Estudio sobre Presupuesto y Derechos Humanos.
Ensayos sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos.
Y por último, el Presupuesto Público y Derechos Humanos: por una Agenda para el rediseño del Gasto Público en México.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Remítase dicha información a la Comisión de Derechos Humanos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo, Presidente, que también se recibió un oficio del Instituto Nacional Electoral, con el que remite copia de la Resolución aprobada por el Consejo General el 20 de julio de 2017, por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral.
Remítase copia de dicha resolución a los integrantes de la Asamblea.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió del Congreso del estado de Guerrero una invitación para asistir a la sesión solemne en conmemoración del 204 Aniversario del Primer Congreso de Anáhuac, a realizarse el próximo miércoles 13 de septiembre, en Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia designa en comisión a los Senadores Sofío Ramírez Hernández, Esteban Albarrán Mendoza y Armando Ríos Piter.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También damos cuenta que se recibieron 11 oficios de diversas dependencias, con respuestas a acuerdos aprobados por la Comisión Permanente y también por la Cámara de Senadores.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo al Pleno que dichas respuestas se han remitido a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta.
Hago ahora de su conocimiento que la Cámara de Diputados nos remitió la siguiente documentación:
59 proyectos de decreto originados en dicha Colegisladora.
Esos 66 expedientes se recibieron después de concluir el período de sesiones en el mes de abril de 2017 y todos ellos fueron turnados de manera directa a las Comisiones correspondientes el 5 de julio pasado.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: La Cámara de los Diputados nos remitió también un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Recibimos de la Comisión Permanente el Inventario de asuntos remitidos a la Cámara de Senadores.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Les informo que dicho inventario contiene 50 proposiciones con punto de acuerdo. El listado correspondiente está publicado en la Gaceta con el turno asignado a cada proposición.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al punto resolutivo del acuerdo.
Único.- Se designa al Senador Miguel Barbosa Huerta como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, en sustitución del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. Firmado el 4 de septiembre de 2017. Y firma la Mesa Directiva en pleno.
De no haber ningún legislador apuntado en participar.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano de igual manera.
Le informo Presidente, que es aprobado el acuerdo.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el acuerdo por el que se designa al Senador Miguel Barbosa Huerta, como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado, el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el mes de septiembre del año en curso. (Leyó. Insértese)
El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias Senadora.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto para el mes de septiembre del año en curso.
Quienes estén por la afirmativa, de la misma forma siempre acostumbrada, favor de manifestarlo levantando su mano.
Quienes estén por la negativa, también favor de manifestarlo levantando su mano.
Le informo, Presidente, que es aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre del año 2017.
El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre del 2017.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibió de la Comisión de Administración el informe de presupuesto ejercido al mes de julio de 2017.
Damos cuenta del presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores al mes de julio del año en curso, 2017. (Leyó. Insértese)
El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en materia de desarrollo sostenible.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, querido Presidente.
Es un gusto para mí aperturar, con la presentación de iniciativas en este último tramo del Senado de la República.
Y esta propuesta que traigo es un decreto de reforma a los artículos 1, 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Como ustedes saben, en el 2000, en Nueva York, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, México y otras 188 naciones nos suscribimos a lo que se le llamó los ODM´s, los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Es innegable que pudimos avanzar. Eran, para este propósito, 8 objetivos, con 21 metas y 48 indicadores. Y en el 2008 se incrementaron 70 más, 70 más indicadores.
Mucho se pudo hacer en este tema que era sobre la pobreza, sobre la enseñanza de educación primaria, los temas de salud materna, pero hubo un nuevo momento, un momento muy importante en el 2011, que fue expedida la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el Ejecutivo, de dotar al Poder Ejecutivo de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación y fomento del desarrollo internacional, México en este contexto.
Pero hay un nuevo momento, y a eso me quiero referir y esa es la búsqueda de esta iniciativa, que los ODS estén incorporados en esta legislación.
Es valioso tenerlo porque esta Agenda 20-30, que ya este Senado de la República ha hecho una serie de actividades, que ya hemos visto cómo más de 16 comisiones la hemos integrado para poder orientar y alinear estos objetivos de acuerdo a la tarea que hace ese país, especialmente en el apartado legislativo.
Hoy la nueva propuesta tiene 17 objetivos con 69 metas. Y hay cosas muy importantes que se han incorporado como la Igualdad de Género, el tema Ambiental, con otra connotación, y la participación activa en este implementación de la Agenda 20-30 por parte de México.
Por lo tanto, vengo a proponer esta reforma al párrafo tercero, del artículo 1º, a la fracción IX, del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para quedar como sigue.
Artículo 1º, en la fracción II. “Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable y sostenible, subrayo sostenible, que es la nueva aportación mediante las acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativos, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo, así como la búsqueda de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, y subrayo la creación de energías limpias y renovables, así como el fortalecimiento a la seguridad pública con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, y subrayo seguridad humana.
El artículo 25 habla de garantizar la coherencia con la consecución de los objetivos del Milenio y la Agenda 20-30 del Desarrollo Sostenible. Esto es muy importante poderlo incorporar a esta Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque marcará la pauta de la Agenda Internacional de nuestro país.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo, para presentar a nombre propio y del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 430 al Código Penal Federal, en materia de robo de identidad.
Primero, me llena de satisfacción el poder presentar esta iniciativa de ley en esta primera sesión, una iniciativa de reforma que pretende solucionar un problema, que desafortunadamente está en crecimiento, y que de manera preocupante está afectando el patrimonio y la tranquilidad de miles de mexicanos.
El robo de identidad o la usurpación de identidad. Es una conducta ilícita que se está extendiendo, una actividad que implica pérdidas por millones de pesos diarios para personas físicas, para familias e instituciones bancarias.
Prácticamente, todos los que estamos aquí, seguramente los que nos están viendo a través del Canal del Congreso, tienen algún conocido, incluso, ellos mismos que han sido víctimas de la falsificación de sus documentos oficiales, que posteriormente son utilizados para cometer algún fraude, contratar irregularmente servicios, realizar compras, adquirir bienes, realizar retiros de efectivo u obtener créditos.
Es importante que veamos el ritmo abrumador de crecimiento de este delito. De acuerdo con el Titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, durante el año 2015, se registraron un poco más de 60 mil casos de robo de identidad, hablando monetariamente, el monto total reclamado por los usuarios afectados ascendió a 118 millones de pesos, el 19 % más de lo reclamado en el año 2014; para 2016, por lo menos 5 millones 376 mil usuarios de la banca sufrieron robo de identidad o fraude, cifra mayor en 33.6 % con relación a la del año 2015.
La iniciativa que presento en este momento, busca tipificar la usurpación de identidad como un delito federal, que este delito pueda ser sancionado con rigor.
Hoy cada identidad federativa sanciona el delito, cada una lo hace de manera distinta, e incluso, hay casos donde no se tiene contemplado en los códigos penales locales.
Lo que no debemos permitir es que esa actividad ilícita siga creciendo fomentada por vacíos legales o por la falta de una adecuada persecución, es común también que hoy los ministerios públicos locales, se laven las manos porque los delitos se cometen en entidades distintas al del lugar de residencia de la víctima.
Es común también que se dé carpetazo a las querellas interpuestas, por la equivocada justificación de que los bancos al ser instituciones de índole nacional, no pueden ser requeridos por las autoridades locales.
Necesitamos poner un alto a esta discrecionalidad, darle soluciones a quienes han sido presas de este delito, y dejar muy claro que no se pueden salir con la suya todos aquellos que roban identidad o usurpan la identidad de alguien más.
Espero contar con el apoyo de más compañeros Senadoras y Senadores para acompañar esta iniciativa de Ley.
El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de radios comunitarios e indígenas.
El Senador David Monreal Ávila: Con venia, Presidente.
Si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado por la opinión de los gobiernos, entonces la pregunta que nos deberíamos replantear, es cómo nace y cómo se forma una opinión pública.
Esta pregunta se la hacía Giovanni Sartori en su libro “Homo Videns”, la sociedad teledirigida, haciendo alusión a la influencia que tienen los medios de comunicación en la construcción de una opinión que se cree propia, la cual está alimentada por contenidos dirigidos especialmente a intervenir en la edificación de un criterio del cómo vemos al gobierno y su actuar.
Dicha influencia es percibida diariamente con información engañosa, alianza de grandes medios de comunicación, bombardeos de spots y contenidos con intención de formar una opinión dirigida a los intereses de quienes tienen controlados los medios de comunicación y alcance masivo.
Pero el mundo ha sufrido una transformación a la hora de llevar información a la población.
En la última década el imperio de las televisoras fue dominado por la dinámica de la interconectividad, las nuevas tecnologías han abierto ventanas de oportunidad para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información.
Lamentablemente, México siempre ha ido en contra de la dinámica, aún y cuando la rebelión de los medios de comunicación alternativos están en su máximo auge.
El gobierno mexicano, llevó a cabo la reforma de telecomunicaciones, la oportunidad que se tenía de democratizar los medios de comunicación se esfumó, los intereses de empresas que aglutinan gran parte de la audiencia hicieron imposible aterrizar las demandas para desaparecer esa concentración monopólica de los medios de comunicación.
Dicha reforma estuvo muy lejos de representar un verdadero cambio y democratización, por el contrario, significó un retroceso nacional, donde se ignoraron los intereses de las audiencias, ejemplo de ello, son las radios comunitarias e indígenas, las cuales fueron sometidas al control presupuestal que puede traducirse en la imposición de contenidos.
El público objetivo de las radios comunitarias e indígenas es muy distinto al de los medios de comunicación de uso comercial.
Esas radios han emprendido la lucha para sobrevivir en un contexto de persecución política, falta de recursos económicos y un espectro radioeléctrico insuficiente.
La trascendencia de las emisoras indígenas o comunitarias está sustentada en ser para la mayoría de las comunidades su único medio de información, haciendo de éstas, un servicio importante para la vida cotidiana de sus pobladores.
En México, las radios comunitarias e indígenas están sujetas a un movimiento de reivindicación social de sectores vulnerables, su misión está relacionada con el ejercicio de los derechos ciudadanos, las radios indígenas de uso comunitario están destinados a hacer espacios que incentiven la recomposición del tejido social, la representación de diferentes identidades y el fortalecimiento de la democracia.
Por tal razón, es necesario un apoyo directo para su desarrollo y consolidación, el uso del espacio público es esencial en el debate interno sobre los retos y formas de comprender la sociedad, cuando el Estado no garantiza los espacios necesarios para el ejercicio de la comunicación social, es prácticamente imposible construir un país democrático con principios republicanos, tal y como lo dice la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental inalienable, inherente a todas las personas, es además, requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática.
Las radios comunitarias e indígenas son pilares fundamentales para la promoción de la cultura.
Actualmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en su artículo 89, fracción VII, que los entes públicos federales pueden asignar el 1 % de sus presupuestos de comunicación social y ser ocupado por la radio de uso social.
De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se han otorgado 31 concesiones hasta el mes de marzo del 2017, de las cuales 15 concesiones son para uso social. Por primera vez, después de 3 años de haber sido aprobada la nueva ley, se les asignó el 1 % del presupuesto de comunicación social y publicidad del ejercicio 2017, del mismo Instituto; este porcentaje correspondió a la paupérrima cantidad de 90 mil pesos, mismos que el Instituto Federal de Telecomunicación asignó a 15 concesiones de uso social para el año 2017; representa una acción insuficiente que no sacará de los problemas económicos en los que se encuentran varias estaciones de radio comunitaria e indígena.
Esto se agravará con el paso de los años, pues el incremento de concesiones de uso social irá en incremento y a la par demandará mayor presupuesto, lo que hace insostenible su subsistencia.
Gracias a la ambigüedad de la ley y para asegurar ese 1 % a las radios comunitarias e indígenas, ninguna entidad pública con excepción del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha otorgado el porcentaje que corresponde a las concesiones de uso social.
No podemos decir que no hay presupuesto cuando el gasto en comunicación del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2016 fue de 8 mil 500 millones de pesos; 9 mil 444 veces más grande que el otorgado a las concesiones de uso social para este año.
El gasto excesivo y discrecional por parte de la Administración Pública Federal enmarca la desigualdad que se vive en el acceso a los medios necesarios para hacer uso del derecho humano a la información y a la libre expresión.
Son por estas razones que se propone reformar el artículo 89, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de obligar a los entes públicos federales a destinar por lo menos el 5 % de su presupuesto a la compra de espacios publicitarios en las radios indígenas o comunitarios, lo que garantizará cada año solvencia económica para la subsistencia y desarrollo pleno.
De aprobarse la presente iniciativa, el Estado cumplirá con el mandato constitucional de garantizar el goce de todos los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna, así como lo estipulado en los tratados internacionales en los que México es parte en relación al acceso de herramientas que permitan mantenernos informados con pleno uso de nuestra libre expresión.
Enseguida tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de diversos Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo décimo sexto transitorio del Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, en materia de procedimiento para la designación del Fiscal General de la República.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Justicia; y Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.
En una segunda ronda de iniciativas tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de igualdad de género.
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes.
Gracias, señor Presidente, por otorgarme el uso de la voz para presentar a ustedes esta iniciativa la cual tiene por objeto reformar la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Esta ley busca la participación activa y constante de las organizaciones basadas en el principio de coparticipación. Una sinergia entre lo público y lo privado.
Así tenemos que la ley fomenta las diversas actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil como son la asistencia social, el apoyo a la alimentación popular, las cívicas, las de asistencia jurídica y las de promoción de la equidad de género, entre muchas otras.
Aquí hago una pausa. El concepto de equidad es un principio ético normativo asociado a la idea de justicia, bajo la idea de equidad, se trata de cubrir las necesidades, intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada.
Mientras que la igualdad es un derecho humano protegida por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte el derecho a la igualdad y a la no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de protección derechos humanos. Se trata de un principio consagrado en distintos instrumentos internacionales.
La igualdad va de la mano con el principio de la no discriminación, el derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unos y otros.
Por lo anterior, propongo que se reformen el texto de la ley, específicamente en el artículo 5 fracción VI para que dentro del objeto de la ley se modifique y sean objeto de fomento aquellas organizaciones promotoras de la igualdad de género.
La importancia estimadas compañeras y compañeros de utilizar un apropiado lenguaje es el fundamento de esta iniciativa, un esfuerzo de armonización legislativa para el uso adecuado de los términos en materia de género.
Agradezco mucho su atención y, sobre todo, su apoyo a la presente iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, estimado, Presidente.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equipamiento con Internet en casillas electorales.
Tiene ahora la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Gobierno de Coalición Reglamentaria de los artículos 76 fracción II; y 89, fracción XVII constitucional y reforma diversas disposiciones en la materia.
Mucho se ha hablado hace ya años en cuanto al cambio de régimen político en México, mucha tinta ha corrido, mucha saliva se ha gastado.
Esta es una propuesta que contempla justamente el qué hacer en caso de que haya un gobierno de coalición.
En el largo camino recorrido desde la reforma constitucional en el año 1963 que incluyó la figura de Diputados de partido a la llamada apertura democrática cuyo resultado fue las reformas constitucionales de 1977 que permitieron otorgar registro condicionado a la formación de nuevos partidos políticos hasta la denominada reforma política con múltiples reformas que han venido ensayándose desde 1996, la transición democrática mexicana ha tenido como eje de atención relevante la transformación del sistema electoral y de partidos, pero sólo recientemente en las reformas constitucionales del año 2014 que permite la reelección legislativa y la posibilidad de conformar gobiernos de coalición, es que se abre la posibilidad de cambio en el régimen de gobierno que no por incipiente debe resultar menos significativo.
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, destacan para este propósito las disposiciones relacionadas con las facultades tanto del Presidente de la República como del Congreso de la Unión para conformar un gobierno de coalición y específicamente la fracción XVII del artículo 89, que faculta al Presidente de la República a determinar en cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
En la exposición de motivos, para justificar la necesidad de esta reforma, se reconoce que, y cito: “la pluralidad política del país es una realidad innegable derivada de un proceso largo inacabado de transición democrática, esta pluralidad demuestra que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario”. Concluye la cita.
Tal consideración reconoce que la experiencia mexicana de transición democrática se sostiene significativamente en un largo camino de consolidación de la pluralidad política, social y cultural como rasgo categórico de la construcción de la democracia en México.
Por esta razón, se consideró necesario un nuevo arreglo institucional del régimen presidencial que permita asumir la corresponsabilidad del gobierno y de la gobernabilidad del país en el contexto de un sistema pluripartidista.
Es evidente que el país enfrenta una crisis que va más allá del régimen de gobierno, vivimos una crisis del Estado mexicano, de efectos progresivos y cada vez más negativos: pobreza, descomposición social, desigualdad económica, inseguridad, corrupción extrema, narcotráfico, espionaje, entre muchos otros graves problemas que reflejan las fallas estructurales de la democracia, que hasta hoy hemos construido, un Estado débil, ineficaz e incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía.
Nunca antes la desconfianza y el malestar social respecto de la élite política alcanzaron los niveles actuales.
Nunca antes los ciudadanos estuvieron tan frustrados y enojados con el Poder Ejecutivo que se percibe abusivo y fuera de control en los tres órdenes gobierno, pues mantienen facultades y atribuciones excesivas tanto de jure como de facto.
La posibilidad de establecer un gobierno de coalición abre la oportunidad de redireccionar la trayectoria de crisis del Estado mexicano y buscar opciones no experimentadas hasta ahora en nuestro país.
La Reforma Constitucional del 2014 es una reforma incipiente del régimen de gobierno que conlleva una gran potencialidad, ya que permite convenir de manera más plural un programa de gobierno y da corresponsabilidad a la gobernabilidad a través de un gabinete convenido de manera pluripartidista.
Con esta posibilidad se abre la oportunidad de iniciar la superación de las limitaciones de las reformas iniciadas en 1996, las cuales dieron cauce a los supuestos de competencia partidaria, buen gobierno, gobernabilidad y participación ciudadana, mismas que facilitaron la alternancia en el poder a partir del año 2000, pero que no han cumplido con las expectativas de un cambio sustancial del sistema político y del régimen de gobierno, cambios necesarios para crear la fortaleza de un Estado democráticamente consolidado.
La reforma vigente que otorga al Titular del Poder Ejecutivo la decisión de conformar o no un gobierno de coalición, mantiene el riesgo de preservar el verticalismo del sistema presidencial por la vía de un presidencialismo de coalición o un neopresidencialismo, esta valoración se sostiene a considerar que la reforma establece que el gobierno de coalición sólo será posible si el Presidente lo decide, independientemente de la correlación de fuerzas resultantes del proceso electoral.
En el proceso de reflexión y debate de la citada reforma fue objetada la propuesta sensata de que el gobierno de coalición sería obligatorio cuando la votación del Presidente electo estuviera por debajo del 40 % del total.
Existe una diferencia sustancial entre que el Presidente electo decida si opta o no por dicha alternativa, a que esté obligado a adoptarla cuando carezca de la confianza del 60 % del electorado, sobre todo cuando es difícil, casi imposible, que en México cualquier candidato a la Presidencia alcance más del 50 % del electorado, como viene ocurriendo ya desde 1994.
Que el Presidente electo decida unilateralmente si considera conveniente un gobierno de coalición, significa confiar en que, sin duda, el Ejecutivo asumirá una visión histórica y dejará de lado una visión patrimonialista del poder que será sensato e invertirá en la democracia, apostando por el interés del Estado nacional y no por los intereses de la clase política; sin embargo, no se trata de confiar, sino de establecer las normas que trasciendan el voluntarismo unipersonal.
El objetivo es claro, México demanda garantías, garantizar una sólida representatividad y gobernabilidad que predominen en el largo plazo, es decir, diseñar un régimen de gobierno que aporte poder real a los ciudadanos electores como solución al problema de mayorías divididas que enfrenta el presidencialismo en un contexto pluripartidista.
Bajo estas consideraciones la posibilidad de establecer un gobierno de coalición, así sea por decisión voluntaria del Presidente de la República, es una oportunidad para iniciar otra etapa en la construcción democrática de nuestro país, la etapa que cierre el largo camino de transición que, iniciado con la apertura democrática y pasado por la alternancia, nos lleve al fin, al rediseño del régimen de gobierno, la transformación del sistema política y la consolidación de un Estado democrático de derecho.
Con fundamento en esa certeza, propongo a esta Legislatura la iniciativa de ley que regula al gobierno de coalición en el entendido de que su contenido diseña normas que proyectan, hasta donde es posible, un cambio de régimen, reiterando el compromiso de pugnar por una reforma constitucional claramente diseñada en ese sentido.
El decreto que pongo a su consideración tiene como cimiento sustantivo el proyecto de iniciativa elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a petición del Centro de Estudios de Derechos de Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados, misma que aparece publicada en el libro “Estudio sobre el sistema presidencial mexicano”, coeditado por la Cámara de Diputados y ese Instituto.
De igual forma, doy cuenta que en la redacción de la misma hago eco de algunas aportaciones consideradas de las diversas iniciativas que abordan la materia en cuestión.
Con ese sustento se proponen las siguientes aportaciones sustantivas.
Crear la jefatura de gabinete del gobierno de coalición, que hace las veces de jefe de gabinete, se trata de la creación de una nueva institución que asumirá las facultades y las atribuciones relacionadas exclusivamente con la conducción del gobierno de coalición; sus atribuciones son: ser la instancia de coordinación, conducción y dirección del gobierno de coalición, encargada de conducir las relaciones de gobierno de coalición con el Congreso y los órdenes de gobierno estatales y municipales.
Convocar y coordinar al gabinete en la elaboración, ejecución, seguimiento, cumplimiento y evaluación del programa de gobierno de coalición, y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Es portavoz del gobierno de coalición y preside el gabinete por mandato, y en ausencia del Presidente de la República.
Respecto de la potestad de nombramiento y ratificación de los integrantes del gabinete del gobierno de coalición, se indica que el Presidente de la República designará al jefe de gabinete del gobierno de coalición y nombrará a los secretarios. El jefe de gabinete del gobierno de coalición entrará en funciones al momento de su designación.
Los demás Secretarios de Estado que integren el gabinete del gobierno de coalición entrarán en funciones al momento de su nombramiento por el Presidente de la República, como encargados de despacho en sus respectivos encargos, en tanto se cumple el proceso de ratificación por parte del Senado de la República, excepto en los casos establecidos expresamente en el artículo 76, fracción II de la Constitución.
También se establece que los subsecretarios y directores generales no estarán sujetos a la distribución de carteras que corresponden al convenio de coalición. La estructura y organización de las dependencias de la Administración Pública Federal se someterán a los principios de profesionalización, servicio civil de carrera, eficiencia y eficacia.
Se busca que en la definición de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal prevalezcan los criterios de profesionalización al servicio civil de carrera y las capacidades y habilidades propias para asumir esas responsabilidades.
Respecto del control y evaluación del gobierno de coalición se establece la participación de la Cámara de Diputados, otorgándole la facultad de emitir el voto de desaprobación en relación con los integrantes del gabinete.
Se establecen los plazos y los procedimientos para conformar el gobierno de coalición, su ratificación por el Senado de la República y las sustituciones en su caso.
Se incluye a los presidentes nacionales de los partidos políticos coaligados en la firma del convenio de coalición y el programa de gobierno.
Y por último, se establece la modalidad de inclusión o ajuste de los contenidos entre el programa del gobierno de coalición y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo al momento de constitución, y fuese al inicio del mandato del Ejecutivo o en el ejercicio mismo.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Sánchez.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Primera.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchísimas gracias, Senador Presidente.
Antes de iniciar mi intervención quiero agradecerle a la Senadora Andrea García, que anda repartiendo los “huesos” en el Senado, agradecerle que me dejó uno ahí en mi escaño.
Déjenme comentarles algunas cosas sobre lo que pasó en la elección del Estado de México, y lo que a su servidor le tocó vivir.
Yo soy de Chiapas, ustedes lo saben, y yo la verdad que pensé que un proceso electoral en el Estado de México iba a ser completamente diferente al que se vive en mi estado, el más pobre, el que tiene menos vías de comunicación, en el que se han vivido recientemente en 2015 en la elección local uno de los peores fraudes electorales de la historia del estado, que terminó incluso con la remoción de los integrantes del órgano electoral local.
Pero al llegar al Estado de México me doy cuenta que no había mucha diferencia.
Déjenme darles algunos datos. En 2015 en Chiapas hubo 721 seccione electorales, con más de 70 % de participación, y más de 80 % de votos a favor de un sólo partido, lo que se conocía antes como una casilla zapato.
La sección 318 de Copainalá, por ejemplo, tuvo 89 % de los votos para el Partido Verde.
La sección 154 de Bochil, tuvo 73 % de los votos para el Partido Verde.
Incluso en Berriozábal, el 94 % de los votos para el Partido Verde.
Yo honestamente pensé que eso sólo pasaba en Chiapas. Pero resulta que en el Estado de México hubo 179 secciones con una participación ciudadana mayor al 60 %, pero con una votación a favor del PRI, mayor también del 60 %, lo cual llama, por lo menos, a ver una anomalía electoral.
¿Qué tienen en común estos dos conjuntos de secciones? Pues están en zonas rurales, están apartadas, es difícil llegar a ellas. Pero hay una condición también que comparten estas secciones atípicas electoralmente en el Estado de México y en Chiapas. En ninguna de ellas hay acceso a internet.
Por eso es que estamos impulsando esta iniciativa llamada “Sin internet hay fraude”.
Son dos cosas muy simples y que creo que estamos en la posibilidad como nación de hacer la realidad en el 2018, y que va a generar certeza para todos los partidos políticos. Aquí no hay un asunto de que sea bueno para uno o malo para uno, es casi, se puede decir así, cancha pareja para absolutamente todos.
Dos cosas simplemente.
Primero. Que el INE fortalezca la capacidad institucional de los funcionarios de casilla, aquellos que van a ser insaculados, aquellos que le van a dar a la nación y a la democracia un domingo del próximo año para ir a contar los votos, a organizar la elección, los secretarios, el Presidente, los suplentes, que los dote de una sola cosa, un teléfono móvil inteligente, un teléfono móvil con conexión a internet.
Somos un país, el único del mundo, que repartió 10 millones de televisiones para hacer la transición digital terrestre. Repartimos 10 millones de televisiones.
¿Y no podríamos dar 150 mil teléfonos celulares a todos y cada uno de los presidentes de las casillas el próximo año?
No es un asunto presupuestal. Hubo lana para los 10 millones de televisiones, puede haber para los 154 mil funcionarios de casilla que harían muchísimo mejor su trabajo si tienen un dispositivo de internet al cual puedan empezar a sumar la votaciones, las incidencias, incluso los casos donde haya amenazas de fraude.
Y lo otro, algo que tampoco escapa de las posibilidades de nación del tamaño como la nuestra, la novena economía del mundo, y es una cosa todavía más simple, que en cada casilla electoral haya una conexión a internet.
Porque de nada servirá que el funcionario tenga el día de la elección su teléfono inteligente con todos los dispositivos que necesita, los programas cargados para ir reportando la elección, si no tiene internet.
¿Cómo se logra eso? De verdad es que es relativamente fácil, también.
Hoy hay 100 mil puntos en todo el país, en escuelas, en bibliotecas, en parques, en plazas públicas, del Programa México Conectado, así lo acaban de reportar en el informe incluso, 100 mil puntos de conexión a internet gratuita, ya está la capacidad instalada.
Hay una cosa muy rara, cuando instalan casillas en poblaciones o secciones donde hay puntos de México Conectado, lo hacen en un lugar distinto, en una escuela sin internet, ¿por qué no hacerlo en la escuela que el Estado Mexicano ya dotó de internet.
Me parece que, o hay un error muy grave, o hay una intencionalidad muy clara de buscar que la oscuridad que representa hoy en día no tener internet, siga ocurriendo en las elecciones. Aún más, todos ustedes como integrantes de partidos políticos o incluso como independientes, van a tener representación electoral el día de la elección.
¿No les parece que sus representantes de casilla o sus representantes generales harían mejor su trabajo si tienen la posibilidad de conectarse a internet? Les facilitaríamos las cosas también a los observadores electorales, a los nacionales y extranjeros. Le facilitaríamos las cosas a la prensa, que muchas veces tiene que levantar sus notas y salir corriendo para poder buscar un sitio de internet para empezar a hacer sus transmisiones. Todos ganan si en las elecciones hay internet.
Yo estoy convencido, de verdad, que sin internet hay fraude, porque estas correlaciones atípicas en las que casillas zapato, que es una de las especies en extinción que hemos logrado revivir, ocurran en lugares donde no hay internet, no puede ser producto de la causalidad. Y les puede pasar a todos, no es un asunto de unos o de otros, nos conviene tener internet, tenemos la capacidad instalada para hacerlo, tenemos la capacidad económica para hacerlo.
Ya el INE tomó una buena decisión, no van a hacer su edificio de mil millones de pesos, esos recursos, que son vastos, los podrían utilizar para 150 mil aparatos, para los funcionarios de casilla, no para los partidos, para los funcionarios.
Esa gente hace su trabajo de manera patriótica, cívica, con una enorme responsabilidad. Démosles las herramientas para que lo hagan bien, démosles las herramientas para que puedan, entonces, de verdad, defender la democracia, que es para lo que van a estar ahí el próximo 1º de julio.
Creo que es una iniciativa que podría, además, reorientar no solamente los recursos del INE, sino la forma como está gastando su dinero y su presupuesto el Instituto.
Le daría certeza, confianza y seguridad de los resultados a todos si tenemos la forma de ver desde antes qué está pasando, no solamente en las casillas donde muchos de nosotros vamos a ir a votar, que están conectadas en centros urbanos, en lugares que no van a tener problema seguramente, no son esas a las que queremos cubrir, son las de las sierras, son las de las rancherías, son las de los ejidos, son de los lugares donde hay crimen organizado, a esas son a las que queremos ayudar.
No creo que halla aquí nadie que no quiera ayudar a la democracia. Esto ayuda a la democracia.
Está comprobado en el mundo, que en el momento en el que hay involucramiento del internet en los procesos electorales, estos mejoran cualitativamente, creo que es hora de hacerlo y dejar que las cosas que podemos hacer como nación las dejemos al último como algo que no es importante.
Les agradezco mucho su atención a todos.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva justificada.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muy buenas tardes, compañeros, compañeras.
Ustedes, en las entidades federativas que representan, se han de haber percatado de la ola delictiva, que sin excepción se expande por el territorio nacional.
Académicos, procuradores de justicia y fiscales, así como algunos servidores públicos de elección popular, todos por igual atribuyen la inseguridad a los juicios orales.
Desde un punto de vista neutral, el súbito incremento delictivo, que se debe, más bien a la inadecuada aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Toca, entonces, al Senado, instancia en donde se deposita el Pacto Federal, tomar medidas legislativas para contener la delincuencia, revertir el incremento criminal y sentar las bases para retomar la paz y la tranquilidad en el corto plazo.
Todos sabemos que la delincuencia se nutre principalmente de los sujetos que se dedican al robo de baja cuantía.
Por las noticias que tenemos nos enteramos de sujetos que son detenidos, que cuentan con numerosos ingresos a los cuerpos de policía, y que casi de inmediato recuperan su libertad.
Estos sujetos, a los cuales la criminología bautizó como “Delincuentes Habituales”, son los que están multiplicando los ilícitos, y que aunados a la lucha entre los grandes grupos de la delincuencia nos han colocado en una situación de notoria inseguridad.
Cuando un delincuente contumaz, a pesar de haber sido detenido en flagrancia, regresa de inmediato a las calles, entonces se disloca el Estado de derecho.
Las víctimas y la comunidad entera no ven sentido alguno en la presentación de denuncias.
La ley y las instituciones encargadas de aplicarlas se desgastan, pierden credibilidad, y lo que es peor, comienzan a proliferar acciones de justicia por propia mano, cuantiosos linchamientos a los cuales tenemos acceso a través de las redes sociales.
Docenas de personas, cientos de personas con un modo honesto de vida, se encuentran en prisión por haber defendido su hogar o su negocio frente a este tipo de malhechores que se dedican al robo de manera habitual.
En algunas entidades de la República, en un esfuerzo desesperado por contener esta ola delictiva, se han expedido decretos que extiende la legítima defensa al sólo hecho de repeler a un intruso en la morada.
En Baja California, estado que me honro en representar en esta Cámara, se han registrado aumentos hasta del 70 % en robos violentos, del 40 % en secuestros, y se registra un número de homicidios nunca antes visto: mil 50 homicidios sólo en lo que va de este 2017, en Baja California.
En Tijuana los asaltos han llegado, inclusive, a zonas que hasta hace poco se consideraban resguardadas.
Un factor determinante para la inseguridad radica en que la prisión preventiva justificada ha quedado en letra muerta.
El artículo 19 de la Constitución General de la República, establece en su párrafo segundo: “Que los jueces podrán decretar la prisión preventiva de los imputados que representen un riesgo para la víctima o el ofendido, los testigos, y lo más importante, que representen un riesgo para la sociedad”.
También este artículo constitucional establece que se deberá poner tras las rejas a los imputados que se encuentren sujetos a otro proceso o hayan recibido una condena, en ambos casos, por delito doloso.
¿En cuántas ocasiones las procuradurías de justicia o las fiscalías generales en los estados y la misma PGR, pregunto, han pedido, para proteger a la sociedad, la prisión preventiva justificada? Casi, y sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que en ningún caso.
La parálisis en las instituciones de Procuración de Justicia se debe a que la prisión preventiva justificada elevada a rango constitucional no se proyecta adecuadamente en la ley secundaria.
Los agentes del ministerio público de la Federación, como del fuero común, la dejan de lado, como si no existiera.
Por ello propongo un paquete de reformas y adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, se trata de facilitar a los fiscales el ejercicio de la facultad que les permita llevar a prisión a los miles de delincuentes que se dedican al robo a casa-habitación, a transeúntes y a establecimientos.
Se trata de levantar una barrera a los grupos criminales para que dejen de reclutar halcones y sicarios entre los delincuentes habituales.
El Código Nacional limita al Ministerio Público, ya que sólo se puede tomar como base, para pedir la prisión preventiva justificada, las circunstancias del hecho punible por el que haya sido detenido el imputado.
Esto implica que el imputado haya llevado a cabo acciones o dirigido amenazas concretas a la víctima de causarle un daño futuro, lo cual es muy difícil de probar, pues, en la dinámica de un robo que dura 2 o 3 minutos, y en ocasiones unos cuántos segundos, este tipo de delincuentes se concentran más en obtener el botín, y una vez sometida la víctima, y no pierden minutos valiosos para ellos, en buscar causar zozobra de los sujetos pasivos.
En pocas palabras, se requiere dar mayor oportunidad en un esquema razonable para que el Ministerio Público pueda aportar pruebas sobre el riesgo que los imputados representan para la sociedad.
Por ello, y haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación, propongo que se cuente con una red informática judicial. Esta red permitiría a los juzgados penales federales y del fuero común conocer si la persona que se presenta a su disposición se encuentra sujeta a procesos penales previos o ha sido condenado por delitos dolosos.
Bastaría el reporte de la red judicial para poner en prisión preventiva al imputado, aun cuando el delito por el que se le acuse no amerite prisión preventiva oficiosa.
En atención a que en muchos lugares todavía no cuentan con recursos electrónicos, se establece en esta iniciativa que el juez deberá solicitar al Ministerio Público, le informe si al menos en la Procuraduría de Justicia o Fiscalía General que esté ejerciendo acción penal, se cuenta con registros de juicios o condenas previas por delitos dolosos.
Propongo también que el Ministerio Público adjunte al pliego consignatario un reporte de las infracciones a bandos de policía y buen gobierno, así como carpetas de investigación en contra del imputado, las cuales serán el detonante para que se practiquen al sujeto tres periciales para dilucidar si representa un riesgo para la sociedad.
Los voy a enumerar:
Primero, en materia de psicología, para verificar la falta de control de impulsos que lo hacen propenso a delinquir.
Otro, en materia de criminología, para determinar si el ambiente en que se desenvuelve el imputado constituye un incentivo permanente para que lleve a cabo conductas antisociales.
Y un tercero, de criminalística para verificar si con base en el modus operandi del hecho por el que ha sido consignado, se pueda identificar un grado de sofisticación que resulte indicativo de una experiencia acumulada en la comisión de delitos.
Pido a mis compañeros Senadores su respaldo para analizar estas iniciativas, no dejemos que una gran reforma que nos ha permitido el acceso a los derechos humanos de reciente generación, no permitamos que esto se siga descomponiendo y que en vez de poner por encima de todo y delante de todo el derecho de la persona, estos criminales utilicen estos derechos para castigar a nuestra maltrecha sociedad.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Senador Blásquez.
Les informo que a solicitud de los grupos parlamentarios, la Mesa Directiva acordó emitir un pronunciamiento referida a la cancelación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia en los Estados Unidos de América.
Antes de la lectura del pronunciamiento, abriremos una ronda de intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios en orden decreciente.
Concluidas las intervenciones, daré lectura al pronunciamiento y lo pondremos a su consideración, en votación económica.
En consecuencia, tiene la palabra la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia.
Bueno, pues el día de hoy recibimos esta noticia, verdaderamente es una mala noticia, la cual lamentamos en nuestro partido el Revolucionario Institucional.
La acción diferida para los llegados en la infancia, los famosos DACA o también conocidos como “dreamers”, por sus siglas en inglés, fue anunciada el 15 de junio del año de 2012 por el Presidente Barack Obama, para evitar que cientos de jóvenes, miles de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, fueran deportados por el presidente de Seguridad Interna, y a partir de esa fecha y mediante procesos individuales, miles de menores han logrado la ampliación de este programa hasta por tres años para tener esa permanencia en Estados Unidos.
Se estima que desde el año 2012, más de 600 mil jóvenes mexicanos han sido beneficiados con este programa.
Exactamente cinco años de haberse creado el programa DACA, y bajo la administración del Presidente Trump, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó en su página web de este programa, que estaría vigente el programa, es decir, que permanecería activo y sin cambios.
De pronto el día de hoy el Fiscal General de Estados Unidos Jeff Sessions, anunció el fin del programa DACA.
Lamentamos esta decisión por la incertidumbre y temor que implica en los jóvenes, éstos no decidieron ser trasladados a otros países que no fueran el suyo y que, por lo tanto, no son culpables de ninguna falta, ni delito.
Por eso, ante esto, ante esta realidad y sabiendo que el Presidente Trump solicitó al Congreso de los Estados Unidos que legisle en torno al futuro de estos jóvenes.
Nos pronunciamos porque en la Secretaría de Relaciones Exteriores intensifique la labor informativa y de protección que lleva a cabo a través de la red consultar en Estados Unidos, exhortamos también a las autoridades mexicanas a redoblar los esfuerzos para atender en forma expedita a todos los jóvenes que permanecerán en una indefinición migratoria en Estados Unidos y que pueden ser sujetos a deportación y a repatriación voluntaria.
Y aquellos que retornen asimismo al país, para ser apoyados de forma voluntaria, como ya lo dije, con programas de créditos para jóvenes, incorporándolos al sistema educativo sin dilación, pero además que se les validen sus estudios; también es necesario diseñar bolsas especiales de trabajo para los jóvenes “dreamers”, y facilitar su acceso al sistema de salud.
Sin embargo, también debemos de reconocer las tareas de sensibilización que ha hecho la embajada nuestra en Estados Unidos, y bueno, para aumentar las capacidades, el talento y las aportaciones de todos estos jóvenes que se les han dado una serie de inducción y han sido atendidos personalmente por nuestros consulados.
Pero también, para que estos sean reconocidos por todas las instancias de Estados Unidos a nivel local y federal.
Hacemos entonces también un llamado a los legisladores de Estados Unidos para que a partir de hoy que regresan, por cierto de su receso legislativo, privilegien este tema y trabajen en beneficio de este grupo de jóvenes que tanto ha apoyado la economía y la sociedad estadounidense.
Recordemos que el Departamento de Seguridad Interna, es decir, Homeland Security, emitido una declaración el día de hoy 5 de septiembre y dice así:
“Juzgará de manera individual, caso por caso, las solicitudes ingresadas para obtener una autorización de empleo”.
También este departamento rechazará todas las solicitudes iniciadas de DACA, y solicitudes asociadas para los documentos de autorización de empleo presentados después de la fecha de este memorándum del día de hoy 5 de septiembre.
Se adjudicará individualmente caso por caso a solicitudes asociadas a documentos de autorización de empleo de beneficios.
Se rechazarán todas las solicitudes de revocación de DACA y las solicitudes asociadas para los documentos de autorización de empleo, presentados fuera de los parámetros específicos anteriormente.
Ustedes pueden ver esta declaratoria en la página de Homeland Security, vale la pena verla, para darle seguimiento a este tema.
Es cuanto, y esperemos, esperemos verdaderamente que nuestros colegas legisladores en Estados Unidos puedan actuar en consecuencia, con justicia por todos estos jóvenes.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Marcela Guerra.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
690 mil jóvenes mexicanos que se encuentran hoy estudiando en los Estados Unidos, de los cuales el 97 % no sólo estudia, también trabaja; el 5 % de estos 690 mil jóvenes mexicanos en Estados Unidos ya emprendieron su propio negocio, y hoy el racista, xenófobo y cruel Donald Trump ha decidido terminar con los sueños de estos 690 mil jóvenes mexicanos que se veían beneficiados por el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia.
El único pecado de estos 690 mil jóvenes mexicanos es que sus padres decidieron llevarlos a los Estados Unidos cuando ellos aún eran muy pequeños. La mayoría no conoce más patria que los Estados Unidos, muchos ni siquiera hablan nuestro idioma; sin embargo, en los próximos meses muchos de ellos pueden enfrentar una deportación, es decir, no solamente Donald Trump termina con las posibilidades de estudiar, de trabajar o de crear algún negocio, sino que también puede regresarlos a una realidad que difícilmente puede darles las mismas oportunidades.
Esta decisión no solamente es cruel y discriminatoria, sino que también evidencia que Donald Trump no solamente es un mal Presidente para nuestra región, es un mal Presidente para el mundo; pero, sobre todo, es un mal Presidente para los Estados Unidos.
Con esta decisión Donald Trump termina con el posible crecimiento de 433.4 mil millones de dólares en el PIB estadounidense por los próximos diez años.
Hace apenas algunos meses Donald Trump reconocía a estos jóvenes, reconocía su talento, su entrega y, sobre todo, la capacidad que han demostrado en estos años bajo el programa DACA creado por el Presidente Barack Obama.
Para nosotros hoy nos tocan distintas tareas. Por supuesto, en primer lugar, condenar y reclamar que nuestros jóvenes no pueden ser utilizados como piñata electoral del xenófobo Donald Trump.
Trump ha utilizado a nuestro país como piñata electoral, nos ha llamado criminales y violadores; nos amenaza día tras día con terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; habla de muros y que nosotros lo pagaremos. Y con esta retórica apela a su electorado, el electorado que aplaude el racismo, la xenofobia y el aislacionismo, justamente tres de las premisas que hoy el planeta si quiere vivir en paz no puede permitirse.
Es inaceptable que en el contexto que hoy estamos viviendo, hoy el último día de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hoy sea Donald Trump quien una vez más ataca a los mexicanos y, en este caso, a aquellos más vulnerables.
Por ello es indispensable, primero, que nosotros como Senadores y Senadoras de la República tengamos la mirada siempre clara en la protección de los más vulnerables, que levantemos la voz en la defensa de sus derechos humanos, que unamos nuestras manos y vayamos más allá de las diferencias y colores partidistas en la defensa de estos 690 mil jóvenes que requieren urgentemente del apoyo del Estado mexicano.
En segundo lugar, es muy importante que apostemos por la diplomacia parlamentaria, que hagamos un trabajo arduo y a conciencia con nuestros pares en Estados Unidos y el cabildeo de la manera más respetuosa, pero también urgente y responsable en favor de una verdadera reforma migratoria.
No se pueden politizar los derechos humanos como hoy pretende hacerlo Donald Trump.
En tercer lugar, también es muy importante hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se refuerce la protección consultar.
Es indispensable que hoy esté todo el personal de nuestros consulados atentos y decididos a la defensa de nuestros connacionales en una promoción activa donde conozcan sus derechos, donde los puedan ejercer y donde también de una forma más activa puedan involucrarse en sus comunidades.
En cuarto lugar, también resulta muy importante que la Secretaría de Gobernación, que ya cuenta con el Programa “Somos Mexicanos”, pueda destinarles más recursos para una oportuna atención ante el posible incremento en los flujos de deportaciones y, por supuesto, asegurar su plena integración y desarrollo en nuestro país.
Quinto, hace apenas algunos meses votamos en este Senado de la República una reforma en materia educativa para buscar la correcta intersección de nuestros jóvenes que pudieran ser deportados.
Hoy es el momento más importante para que la Secretaría de Educación Pública implemente esta reforma, y por ello hacemos un llamado, sí, muy respetuoso, pero también urgente.
Y, sexto, las políticas de repatriación no se pueden implementar únicamente en los albergues de la sociedad civil en la frontera, necesitamos que los estados y los municipios cuenten realmente con políticas de acogida, políticas que le ayuden a estos jóvenes, que muchos no han vivido en nuestro país, a poder encontrar una casa, un empleo, una escuela.
Parece que Donald Trump no se ha dado cuenta que decidió expulsar a los futuros cerebros de Estados Unidos; expulsa a 690 mil jóvenes mexicanos preparados, trabajadores, innovadores, emprendedores.
Por favor, seamos capaces en México, no sólo de abrirles la puerta, sino también de aprovechar su talento, su compromiso y su honestidad que Trump no está aprovechando y que bien nos hacen falta en nuestro país.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
Sin duda que el debate que hoy nos congrega es fundamental para el país, por eso en nombre del grupo parlamentario del PT-Morena en este Senado, quiero exponer lo siguiente:
El debate, compañeras y compañeros, el debate no son los migrantes, el debate es la humanidad.
El golpe de Trump es contra el corazón de la humanidad porque preocupa de verdad el nivel de insensibilidad y cobardía al que ha llegado el gobierno de los Estados Unidos. Porque esta no es sólo una medida administrativa, esta es una medida humanitaria, y no ataca a los migrantes indocumentados, sino a los seres humanos sin etiquetas.
Nosotros decimos que debe haber reciprocidad y empatía, eso es lo que debemos exigir. Hay un principio, aquí lo sabemos, un principio de política internacional, que es el de reciprocidad internacional, debido al cual un Estado concede a otro un trato semejante al que recibe de él.
Por eso digo que yo sería incapaz de pedir un trato semejante a los nacionales estadounidenses en todo el mundo; pero de lo que estoy seguro es que los americanos que hoy se encuentran fuera de su país están a favor y comprenden a los migrantes ofendidos, pues ellos son parte de eso.
México no sólo debe condenar, sino debe liderar la condena internacional. La comunidad internacional debe unirse en estas horas difíciles, necesitamos que los gobiernos y organizaciones de otras partes del orbe se pronuncien con firmeza ante este atentado humanitario.
La migración no es un asunto privativo de Norteamérica, pero este nivel de cobardía sí lo es.
Por eso México debe pasar de la condena a las acciones diplomáticas concretas accionando los mecanismos de política internacional que tenga a la mano, sobre todo los relacionados con garantizar los derechos humanos.
Esta es una advertencia al mundo. Si Trump es capaz de expulsar a gente de bien de su país, entonces, puede ser capaz de todo.
Está cumpliendo los peores pronósticos, el pueblo de los Estados Unidos necesita también escuchar esta advertencia, porque los déspotas pierden la razón muy pronto, y así como reacciona, sin escrúpulos contra los extranjeros, tarde o temprano lo hacen contra sus propios ciudadanos.
Por eso, yo digo que también hay que hacer un llamado al pueblo de los Estados Unidos.
Los ciudadanos estadounidenses necesitan escuchar solidariamente. Llegó la hora de ser congruentes con los valores, de libertad que han pregonado durante tantos años alrededor del mundo.
Una América grande es aquella que respeta a las personas sin importar su raza, pero Trump se empeña en colapsar a América una y otra vez.
Nos hemos enterado con gran preocupación, pero también con gran indignación de la decisión de Donald Trump de poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés.
DACA es un programa lanzado, ya se ha dicho aquí durante la administración de Obama para evitar precisamente la deportación y otorgar permisos de trabajo a inmigrantes llevados a los Estados Unidos, sin autorización, cuando eran niños.
Y se ha hablado ya de las cifras, que este programa benefició a alrededor de 800 mil inmigrantes de los cuales, 800, el 80 % es de origen mexicano.
Por lo tanto es importante subrayar, compañeros y compañeras un aspecto, los beneficiarios de DACA gozan de una importante aceptación de la sociedad norteamericana porque su situación migratoria se deriva de una circunstancia ajena a su voluntad, ya que se trata de gente que fue llevada a este territorio estadounidense desde edad muy corta.
El mensaje de Trump, del gobierno de Trump es claro, y por ello, compañeras y compañeros exigimos una postura firme del gobierno mexicano, una postura distinta a la tibia lamentación que externó ante el anuncio de la cancelación del DACA.
Mientras por otro lado, se pone de rodillas en las mesas de la negociación del TLC o le hace el trabajo sucio en la OEA con el tema de Venezuela, aquí necesitamos una actitud distinta.
El gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto no puede seguir pidiéndole limosna a Trump, y menos ante esta clase de acciones que constituyen verdaderas agresiones en contra de la comunidad migrante y en contra de miles de personas de origen mexicano.
Yo espero, Senador Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros todos, que el pronunciamiento de rechazo contundente de este Senado sea la punta de lanza para una serie de acciones y defender a nuestros paisanos, a los migrantes, a la gente de origen mexicano que se fue allá sin que le pidieran su opinión, que ya tiene una vida hecha, y tiene derechos humanos que hay que hacer respetar.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Senador Benjamín Robles Montoya.
Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Gracias.
Con su permiso señor Presidente, señoras y señores Senadores.
En primer lugar quiero agradecer la generosidad de los compañeros y compañeras Senadores del PRD por permitir incorporarme a su bancada, para la realización de la agenda parlamentaria en la que coincidimos, respetando mi filiación partidista del PT, muchas gracias, compañeros.
DACA o acción diferida para los llegados en la infancia. El programa DACA fue creado en el año 2012 con el fin de ayudar a los jóvenes migrantes que llegaron a los Estados Unidos sin documentos legales, por el presidente Barack Obama.
Este programa fue concebido para evitar las deportaciones de los jóvenes que cumplieran con los requisitos de poder comprobar el haber entrado a los Estados Unidos sin haber cumplido 16 años de edad, no tener antecedentes penales, y haber residido en los Estados Unidos de manera ininterrumpida.
Desde su campaña Trump anunció que echaría abajo los dos programas de la administración Obama que favorecían a inmigrantes ilegales, uno de ellos nunca entró en efecto; mientras que el otro era el DACA.
De acuerdo a un comunicado emitido por el procurador de justicia de los Estados Unidos Jeff Sessions, la administración Trump anunció la terminación del programa, y que dejará de recibir nuevas solicitudes a partir del 5 de septiembre del corriente, a partir de ahora, y a lo largo de 6 meses comenzará la etapa de desarticulación del programa por completo.
Esto deja en la incertidumbre jurídica a los cerca de 800 mil beneficiarios del programa federal.
Alrededor de 800 mil “dreamers”, entre ellos 622 mil170 jóvenes indocumentados mexicanos han podido vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportados, gracias al programa DACA.
Según oficina de ciudadanía y servicios migratorios, los mexicanos representan un 79 % de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA, es decir, al menos 622 mil 170 jóvenes indocumentados mexicanos se verán totalmente afectados por la decisión de Trump de eliminar el DACA.
Tras las declaraciones de Jeff Sessions la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión de la administración Trump, y anunció que por conducto del Embajador Gerónimo Gutiérrez, se han enviado cartas a Senadores y congresistas en donde se expone el valor de los jóvenes beneficiarios del DACA y se les exhorta a encontrar una solución que les brinde certidumbre jurídica.
También se anunció que el gobierno de México redoblará los esfuerzos para ofrecer protección a los jóvenes afectados a través de la embajada y la red consular. Ahí se les otorgará asistencia consular y, legal a todo quien lo solicite, así lo esperamos.
Estas acciones realizadas por Trump fomentarán las violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos que verán truncados no sólo sus sueños de una vida mejor, sino que tendrán que abandonar el país donde han llevado la mayor parte de su vida, simplemente por la visión xenófoba, fascista de una crueldad enfermiza del personaje como es el actual presidente de los Estados Unidos.
Desde el Senado de la República condenamos este acto realizado por Donald Trump y demandamos al gobierno federal otorgar toda la protección necesaria a quienes se verán afectados por la eliminación del DACA.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, Presidente.
En efecto, pues como ya todas mis compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la tribuna.
El día de hoy es un día que lamentamos esta decisión adoptada por la administración del Presidente Trump, pero no hay que perder de vista cuál es el origen de esta decisión, porque es verdad, hay que señalar con toda claridad la postura de la administración del Presidente Trump y, particularmente, del Presidente Donald Trump.
Sin embargo, la decisión que hoy adopta la Casa Blanca está estrechamente relacionada con una amenaza que recibió el gobierno del Presidente Trump, el 29 de junio de 2017, es una amenaza orquestada por el Procurador del estado de Texas, apoyado por otros procuradores de otros nueve estados de los Estados Unidos, básicamente son Texas, Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia del Oeste, todos estos diez estados, estados ganados efectivamente por Donald Trump, en las elecciones de 2016, pero se trató de una amenaza mediante la cual esos estados le exigieron a Donald Trump que diera por terminado el 5 de septiembre, es decir, hoy, el programa conocido como DACA. De lo contrario, la amenaza consistía en que llevarían este programa a un litigio ante una Corte de los Estados Unidos.
Esa es desde luego, creo, la razón central de por qué esa decisión se toma hoy, sin subestimar, desde luego, las posturas esbozadas anteriormente por el Presidente Trump.
De acuerdo con cálculos de algunos especialistas, este programa hacía potencialmente elegibles acerca de 2 millones de jóvenes indocumentados que podrían haber aplicado al beneficio de estar protegidos temporalmente de deportación, sabemos, ya se han dado cifras aquí, de que cerca de 800 mil jóvenes se acogieron a este programa, de los cuales un poco más de 600 mil eran mexicanos.
Ya hoy la Cancillería emitió un comunicado que hoy celebro, en el cual yo destacaría o del cual yo destacaría lo que ya está ofreciendo la Cancillería, la Embajada y la red consular, que es básicamente hacer una labor ante las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, llevar a cabo un diálogo con las autoridades que van a estar involucradas en las posibles medidas que se tengan que implementar en los siguientes seis meses, que es el espacio que dio el Presidente Trump, y una labor de protección básicamente a través de la asistencia consular y legal a los jóvenes que requieran del apoyo de nuestra red consular en los Estados Unidos.
Por eso, yo reconozco la disposición de la Cancillería y su postura para proteger con todos los recursos posibles o disponibles a los jóvenes que estén en situación de riesgo.
Ahora, lo que hizo el Presidente Trump el día de hoy, con la medida que adoptó, es abrir un espacio de seis meses para que el Congreso de los Estados Unidos resuelva esta cuestión, es una cuestión que hay que decirlo también ha estado vigente o en discusión en el Congreso de los Estados Unidos desde 2001, cuando justamente empezó a discutirse lo que hoy se conoce como la Dream Act.
Es una ley o una pieza legislativa que en su momento fue aprobada en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el año 2010, ese es uno de los instrumentos legislativos que hoy están ya aprobados, cuando menos por una de las Cámaras, hay otro que son dos iniciativas presentadas este mismo año, una en la Cámara de Representantes también, que es la conocida como la Ley para Reconocer a los Niños de América, o la Recognizing America’s Children, desde marzo de 2007; y hay otra iniciativa que es la Dream Act de 2017, promovida por dos Senadores, un Senador del Partido Republicado, el Senador Lindsey Graham; y un Senador Demócrata que es el Senador Dick Durbin.
Estos tres instrumentos legislativos es muy importante que podamos nosotros, como ya lo dijo la Senadora Gabriela Cuevas, en esta tribuna, y como también lo dice la Cancillería en su comunicado, es muy importante que trabajemos desde el Congreso de México y, desde luego, la Cancillería para que el Congreso de Estados Unidos solucione pronto este impasse legislativo que ha habido para poder llegar a una solución legislativa para los “dreamers”.
De acuerdo con cifras del Policy Institute de los Estados Unidos, la primera ley, o la iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes en 2010, haría elegibles para residencia permanente, que es una característica que no ofrece el programa que hoy suspende el Presidente Trump la residencia permanente, las tres iniciativas en discusión sí la ofrecen, la que ya está aprobada en la Cámara de Representantes ofrecería residencia permanente para potencialmente 233 mil personas o 233 mil jóvenes.
La otra iniciativa presentada en marzo en la Cámara Baja haría elegibles a 938 mil jóvenes para residencia permanente.
Y la iniciativa presentada en julio en el Senado de los Estados Unidos haría elegibles para residencia permanente a 1 millón 511 mil jóvenes.
Entonces, es muy importante que como legisladores de México, acompañando a la Cancillería, hagamos un trabajo de diálogo, de cabildeo, con el Congreso de los Estados Unidos, para que puedan aprobar en este lapso de seis meses alguna de estas piezas legislativas, yo diría de acuerdo a los números que he expresado, que desde mi punto de vista la más adecuada sería la presentada recientemente en el Senado de los Estados Unidos.
No quiero terminar sin decir que es paradójico que el estado de Texas, un estado que ha vivido en los últimos días en la zozobra, particularmente en la ciudad de Houston, una situación donde hemos conocido dos extremos de la vida humana; uno, el heroísmo, representado a través de Jesús Conteras, un joven DACA, considerado ya un héroe en Estados Unidos por las labores de rescate que lo caracterizaron en estos días; y el otro extremo, el caso de Alonso Guillén, otro joven que decidió emprender labores de rescate, que lamentablemente falleció, es paradójico que Texas que es donde se vive en estos momentos de zozobra, que han conocido momentos de heroísmo de estos jóvenes DACA, sea uno de los estados que haya promovido esta lamentable decisión.
Por eso, yo creo que hay que, por un lado, repudiar la política extremista que está adoptando el estado de Texas, hacer un reconocimiento a los jóvenes DACA mexicanos que participaron en las labores de rescate, destacar el heroísmo que ya señalé de Jesús Contreras, y honrar la memoria de Alonso Guillén, quien fallecido lamentablemente en estos días haciendo labores de rescate.
Agotada la lista de oradores, daré lectura al…
El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Presidente, pedirle respetuosamente la palabra, para hechos, para poder intervenir en este posicionamiento.
Permítame hacer la consulta, usted está registrado como Senador sin partido, ¿es correcto?
¿Es parte de un grupo parlamentario?
Le pediría que nos apegáramos a lo establecido en esta Mesa Directiva de un pronunciamiento por cada uno de los grupos parlamentarios, es el acuerdo que se tomó en la Mesa, es el acuerdo que se tomó con los coordinadores parlamentarios, y le pediría que lo pudiéramos respetar, Senador.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Presidente, yo apelo al derecho que tengo como parlamentario de hacer uso de la palabra, en un asunto tan delicado como este que estamos tratando.
Los acuerdos, es cierto, que tenemos que honrarlos; sin embargo, sí les solicito respetuosamente que me autorice hacer uso de la tribuna en base a eso, soy un parlamentario y quiero fijar mi posición con respecto a este tema.
En virtud de que yo creo que somos muchos los que nos gustaría expresar nuestro desacuerdo y nuestra enérgica protesta por esta decisión unilateral en Estados Unidos que lastima a tantos jóvenes talentosos mexicanos.
Les propongo algo. Que nos entreguen sus participaciones y que se integren al Diario de los Debates y nos permitan y podamos respetar el tema de los posicionamientos pactados con los coordinadores parlamentarios de antemano.
Les pediría que hiciéramos un esfuerzo y me entregaran algo por escrito y lo integramos al Diario de los Debates para que quede constancia, y no sólo a los dos Senadores que han pedido el uso de la voz, sino a cualquier Senador que así desee hacerlo, se integre en el Diario de los Debates el posicionamiento de cada uno de los Senadores.
Adelante, Senador Demédicis.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Perdóneme que insista.
Quiero fijar mi posición, y le ruego que respete mi derecho como parlamentario, de hacer uso de la tribuna
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Delgado.
El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Presidente, una respetuosísima sugerencia.
¿Por qué no consulta si hay más interés por parte de más Senadores, y así poder evaluar cuánto tiempo más nos llevaría esto y atender su propuesta, o que nos dieran la oportunidad de participar tres minutos?
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece una propuesta razonable, Senador Delgado.
Por favor ¿hay alguien más que quiera hacer uso de la tribuna?
Podríamos hacer una excepción al acuerdo que se había establecido, en atención al gran interés que ustedes tienen. Y les pediría si pueden circunscribir su participación a no más de tres minutos.
Senador Demédicis. ¿Seguro?
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Sí.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy amable.
Señor Mario Delgado, por favor haga uso de la tribuna.
Hace poco más de un año, hace menos de una semana que se cumplió un año, de aquella visita de Donald Trump a Los Pinos, que marcó en definitiva la relación del actual Presidente de los Estados Unidos con nuestro país.
La debilidad que percibió en aquella visita nos está costando muy caro. Y estamos ante el puro estilo Trump. Que no se nos olvide, vino a México y se regresó a decir que hacía acordado con el Presidente que iba a pagar el muro.
La primera visita de Videgaray a los Estados Unidos, lo recibe con un tweet, confirmando la construcción del muro.
Lo mismo en la reunión del G20, inician las negociaciones el Tratado de Libre Comercio y los funcionarios americanos reciben a los funcionarios mexicanos con un discurso agresivo.
Y hoy, como lo señalaba la Senadora Gabriela Cuevas, hoy que termina la segunda ronda de negociaciones, que está aquí Robert Lighthizer, nos vuelve a dar una puñalada, Trump, por la espalda.
Lo que no podemos aquí es separar dos realidades. Por un lado el gobierno mexicano en la mejor disposición en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, esta constante del gobierno americano de hacerle daño a México.
En esta ocasión son jóvenes que estudian y trabajan en los Estados Unidos, que lo único que quieren es cumplir su sueño, de tener éxito en la vida, contribuyendo a ese país.
Me parece que es una medida artera, ventajosa y muy lamentable por parte del Presidente Trump. Pero ante la falta de respuesta, ante un gobierno que se ha visto débil, pues se envalentona y hace este tipo de medidas.
Entonces, ¿qué creo que debería ocurrir? Pues que no veamos hoy en la noche, abrazos y felicitaciones y caras felices, al término de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
Debe haber un pronunciamiento fuerte por parte del gobierno, porque ésta es la conclusión de la segunda ronda, es la confirmación de una relación que va a ser muy difícil con este Presidente, y que vuelve a apuñalar a México por la espalda en un momento importante.
Ésta es la conclusión de la segunda ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, la suspensión de DACA por parte del Presidente Trump, tiene que haber una respuesta del gobierno mexicano.
¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que pedirle al Congreso americano que avance en esa ley. Pero también creo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué podemos hacer como país, o qué país somos si no somos capaces de recibir a 690 mil jóvenes que tienen un promedio de educación por encima de los jóvenes mexicanos.
¿Qué acaso no podemos establecer un plan entre el gobierno y las empresas mexicanas para recibirlos? ¿Por qué no aprovechar su talento? Para otros países sería un gran regalo recibir a jóvenes con esta preparación, que hablan inglés y que tienen una carrera.
También volteemos a ver a nosotros mismos. Puede ser ésta el símbolo para que rescatemos a esta generación de jóvenes en México, los que no se ven, los que no tienen empleos, los que están mal pagados, los que no tienen acceso a las comunicaciones, al crédito y son las víctimas de la violencia.
Qué bueno que condenemos a Trump, pero hay que ver lo que nosotros estamos haciendo, y la falta que tiene este país con la mayor generación de jóvenes que hemos tenido en nuestra historia.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Delgado.
Aprovechando el paso del Senador Demédicis a la tribuna, quiero aprovechar para dar la cordial bienvenida a un grupo de regidores de diferentes municipios del estado de Morelos, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, es un gusto para el Senado contar con su presencia.
Senador Demédicis, tiene usted el uso de la palabra, hasta por tres minutos.
En este momento me alegro de haber depositado mi confianza en usted, para hacer valer el derecho sagrado de un parlamentario de decir su palabra.
No estamos discutiendo un tema común y corriente, estamos discutiendo un tema de una provocación de un país a otro país en un momento en que se está discutiendo un Tratado de Libre Comercio, Trump está midiendo el temple del Gobierno de México, depende de la reacción que tenga el Gobierno de México frente a este atentado contra los soñadores que viven en Estados Unidos, pues será el resultado que tengamos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Estos jóvenes que ni la deben, ni la temen, se encuadran dentro de ese lenguaje soez, agresivo, irrespetuoso de toda cortesía del derecho internacional, al tratarlos como delincuentes. Dentro de seis meses serán eso, sólo indocumentados que no van a encontrar refugio donde actualmente tiene su vida hecha.
Vamos a ver si el gobierno del Presidente Peña Nieto da la cara por sus gobernados. O vamos a ver si Peña Nieto nuevamente dobla las manos ante una agresión del Presidente Trump y hasta le da las gracias por lo que hizo. De ese tamaño es lo que Trump está provocando.
Peña Nieto que haga lo que quiera, porque nunca ha dado la cara por los mexicanos.
¿Cuántos muertos hemos tenido?
¿Cuántos deportados?
Pero el Senado no puede convertirse en cómplice de esta felonía. Tenemos no sólo que condenar el hecho, sino señalar que el Senado mexicano no va a aprobar el Tratado de Libre Comercio, si uno sólo de estos jóvenes es expulsado de ese país.
Tenemos que demostrarle al pueblo de México que si no cuenta con un Presidente digno, sí cuenta con un Senado a la altura de las circunstancias, porque finalmente el Tratado de Libre Comercio tendrá que pasar por aquí.
No podemos ser cómplices de esta medida racista de este Presidente fascista.
Tenemos una obligación, y hay que cumplirla. Sacar la cara por este grupo de soñadores que quieren, que quieren tener una vida digna, y este individuo, que todos detestamos, pero que pocos hemos decidido darle la cara, no permitamos que se salga con la suya.
Agotada la lista de oradores, daré lectura al pronunciamiento que la Mesa Directiva presenta a su consideración sobre este asunto.
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Senador Rabindranath Salazar.
Sólo para un recordatorio, si es tan amable, para que quede en acta. Un servidor presentó una iniciativa de ley en abril del año 2013, que se denomina: “Ley de Atención y Protección a Mexicanas y Mexicanos en el Exterior”, y esto tiene que ver mucho con este debate.
Más allá del tema de Trump, que por supuesto es una persona que demuestra su falta de calidad como ser humano y su ignorancia al no reconocer la aportación que han hecho los mexicanos y los latinoamericanos para la construcción de esa nación, fuera de todo esto. ¿Qué estamos haciendo los mexicanos?
Y en ese sentido, recordarles fue turnada a Comisiones de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos para el dictamen y aprobación.
Entonces, un recordatorio muy atento, que quede en actas, para que retomemos esta ley que es, sin duda, un instrumento jurídico para apoyar a los más de 11 millones de compatriotas que lamentablemente por necesidad han tenido que emigrar al hermano país del norte.
Su recordatorio será atendido y traducido en una excitativa de la Mesa Directiva para la dictaminación en las comisiones correspondientes.
Ahora sí vamos con el pronunciamiento.
Primero.- El Senado de la República levanta la voz en defensa de nuestros jóvenes mexicanos en Estados Unidos ante la decisión del gobierno de ese país de dar por terminado el Programa DACA, que durante 5 años ha reconocido el valor de sus aportaciones como personas, estudiantes y contribuyentes.
Segundo.- El Senado de la República hace un llamado a nuestras contrapartes en el Congreso estadounidense para que este sea el momento que conduzca hacia una verdadera solución legislativa que proteja a este importante sector de la población.
Tercero.- Exhortamos, respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de Washington y las 50 representaciones consulares en los Estados Unidos de América, se redoblen los esfuerzos de asistencia y protección consular a favor de nuestros jóvenes.
Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que en el ámbito de sus atribuciones articule la estrategia necesaria para facilitar el retorno de nuestros connacionales y su plena integración y desarrollo en México.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento.
Quienes estén porque se rechace, de igual manera manifestando levantando su mano.
Le informo, Presidente, que ha sido aprobado.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el pronunciamiento sobre la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia.
Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides y de la agenda política se integrarán al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 7 de septiembre, a las 11:00 horas.