Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506522&fecha=01/12/2017
Timestamp: 2019-11-13 18:30:08
Document Index: 245381305

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 102', 'artículo 1', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 77', 'Artículo 102', 'Artículo 65', 'Artículo 73']

a. Considera que dicho numeral es por una parte inconstitucional, y por otra inconvencional, toda vez que excluye de las facultades del Organismo Estatal de Protección de Derechos Humanos, la de conocer de actos y omisiones de naturaleza administrativa, violatorios de derechos humanos, provenientes del Poder Judicial del Estado, lo que va en contra del artículo 102, apartado B, en relación con el 1 º, ambos de la Constitución Federal.
b. Que el artículo 1 º constitucional establece el reconocimiento que debe darse a las personas el disfrute de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como de las garantías para su protección, mientras que el artículo 102, apartado B, dispone que el Congreso de la Unión y la legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos para la protección de los derechos humanos, los cuales estarán facultados para conocer de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como de asuntos jurisdiccionales y electorales.
j. Que en la mencionada reforma constitucional de dos mil once se incorporó el principio pro personae, como rector de la interpretación y aplicación de normas jurídicas, lo que fue desarrollado en la tesis de la Primera Sala 1 ª.XXVI/2012(10 ª) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL".
19. En la especie, como se advierte a partir de una revisión del escrito inicial, así como de la síntesis visible en el resultando segundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectivamente formuló conceptos de invalidez donde sostuvo que los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo y 77 Bis, párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente lo dispuesto en los artículos 1 °, 17 y 102, apartado B. Entre otras cuestiones, se aduce centralmente que se violan derechos fundamentales porque la exclusión de los actos de naturaleza administrativa del Poder Judicial de la entidad del conocimiento de la garantía de protección no jurisdiccional de los derechos humanos; así como el procedimiento establecido para obtener la comparecencia ante la legislatura local de los funcionarios públicos que no acepten o se nieguen a cumplir con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, privan de efectividad a la citada garantía no jurisdiccional en detrimento de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el Estado de Sinaloa.
26. El accionante aduce que debe declararse la invalidez del precepto, en esencia porque no hace plenamente eficaz al mecanismo protector no jurisdiccional de derechos humanos en el Estado de Sinaloa, porque excluye de su conocimiento a los actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes del Poder Judicial de esa entidad federativa y además, interfiere con las facultades del Organismo Estatal de Protección de Derechos Humanos; lo que en su concepto, violenta el artículo 102, apartado B, en relación con el 1 º, ambos de la Constitución Federal.
29. A fin de realizar dicho análisis debe acudirse, en primer lugar, al texto de los artículos 1 °, párrafo primero y 102, Apartado B, de la Constitución Federal, que el accionante estima vulnerados, los cuales prevén en lo que al caso interesa, lo siguiente:
31. El segundo de los preceptos fundamentales referidos, instituye precisamente una de las garantías a que se refiere el artículo 1 °, consistente en un mecanismo de carácter no jurisdiccional de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, conformado por organismos protectores de carácter autónomo en los ámbitos federal y en el de las entidades federativas. Dicho mecanismo se sustenta en un esquema de facultades y prohibiciones expresas -en este último caso, por autoridad y por materia- derivadas de la propia Constitución para que el ejercicio de las primeras por parte de los organismos creados para ello sea uniforme, de manera tal que ya sea en el ámbito federal o local, puedan conocer de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público, pero que también tengan las mismas restricciones.
35. Finalmente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once se reformó nuevamente el Apartado B del artículo 102 constitucional. En esta reforma tampoco hubo modificación alguna en cuanto a la excepción del Poder Judicial de la Federación, respecto de las autoridades o servidores públicos cuyos actos u omisiones administrativos podrían ser conocidos mediante queja por los organismos de protección de Derechos Humanos; igualmente, en el proceso legislativo correspondiente, no se aludió a que la mencionada excepción abarcaba a los Poderes Judiciales estatales. Lo que se reformó âentre otras cuestionesâ fue la excepción del conocimiento de asuntos laborales, quedando exceptuados en este punto únicamente los asuntos electorales y jurisdiccionales.
39. Efectivamente, si de manera expresa el párrafo primero del artículo 1 ° de la Constitución Federal, prevé la posibilidad de establecer diferentes garantías para la protección de los derechos humanos que reconoce el orden jurídico mexicano y que éstas, solamente podrán restringirse o suspenderse en los casos y bajo las condiciones que el propio ordenamiento supremo establezca, es indudable que una modificación al ámbito de tutela y a las exclusiones del mecanismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos previsto en el artículo 102, Apartado B constitucional corresponde realizarlo de manera exclusiva al Constituyente Permanente y no a las entidades federativas.
55. De los procesos legislativos correspondientes a las reformas al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a que ya se hizo referencia en el apartado anterior, se advierte que los organismos de protección de los Derechos Humanos, tanto a nivel Federal como local, fueron creados con la finalidad de establecer un medio de protección no jurisdiccional de esos derechos âa diferencia de los mecanismos jurisdiccionalesâ, y que para cumplir con ese objetivo se les otorgó, entre otras facultades, conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violaran esos derechos âcon las excepciones señaladas en la propia norma constitucionalâ y formular recomendaciones no vinculatorias para las autoridades correspondientes, cuya eficacia radicaría en que se dieran a conocer públicamente y, por tanto, llevaran consigo el apoyo de la opinión pública, lo que inclinaría a la autoridad a subsanar la falta, so pena del señalamiento social(19).
62. En esa medida, este Tribunal Pleno considera que las disposiciones legales en estudio no son contrarias al artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, pues el hecho de que los organismos de protección de los derechos humanos puedan solicitar a las legislaturas correspondientes que llamen a comparecer a las autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, no implica que el órgano legislativo de que se trate esté obligado a requerir las comparecencias que se les soliciten en automático y sin trámite alguno, como pretende la actora, por lo que válidamente puede establecerse âcomo en el casoâ, que la solicitud de que se trate sea objeto de un dictamen por parte de las Comisiones legislativas y que finalmente sea el Pleno del Congreso de Sinaloa el que determine si ejerce, en cada caso en concreto, la atribución constitucional de mérito.
69. Con base en lo expuesto y al haber resultado infundado el concepto de invalidez en estudio, lo procedente es reconocer la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo y, 77 Bis, párrafos primero âcon la salvedad indicada en el apartado A) de este considerando- y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, segundo párrafo y, 77 Bis, párrafos primero âcon la salvedad precisada en el punto resolutivo tercero de este fallo- y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, contenidos en el Decreto 903, publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil trece.
TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la porción normativa âcon excepción de los del Poder Judicial del Estado,..." de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, contenido en el Decreto número 903, publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de septiembre de dos mil trece.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina
Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto resolutivos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco Gonzáles Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán con precisiones y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su inciso B), denominado "Análisis de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, en relación con el 77 Bis, párrafo tercero de la Constitución Política de Sinaloa", consistente en reconocer la validez de los artículos 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, y 77 Bis, párrafos primero âsalvo su porción normativa "con excepción de los del Poder Judicial del Estado"- y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
legitimación, se señaló expresamente lo siguiente: â[...] y en cuanto a la propuesta modificada del considerando Tercero, en
voto particularâ.
este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.â
âArtículo 102.-...
15 âARTICULO 8o. La Comisión Estatal no podrá conocer de los asuntos relativos a:(...)
II. Resoluciones de carácter jurisdiccional; yâ
17 â(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MARZO DE 1987)
III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.â
21 âArtículo 65. Las Comisiones del Congreso son órganos colegiados que se integran por Diputados, cuyas
24 âArtículo 73.- Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta leyâ.