Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=23
Timestamp: 2020-03-30 09:32:03
Document Index: 183511219

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Petición 9168, Informe de solución amistosa No. 29/04, Jorge Alberto Rosal Paz (Guatemala)
Petición 133-04, Informe de solución amistosa No. 99/05, José Miguel Mérida Escobar (Guatemala)
Caso 10.855, Informe de solución amistosa No. 100/05, Pedro García Chuc (Guatemala)
El 11 de marzo de 2004, mediante Informe No. 29/04, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición “Jorge Alberto Rosal Paz”. De acuerdo a los antecedentes de la petición, el 12 de agosto de 1983 el señor Jorge Alberto Rosal Paz fue detenido mientras manejaba entre Teculutan y la ciudad de Guatemala, a la fecha se desconoce el paradero de la víctima. El 18 de agosto de 1983 la CIDH recibió una petición presentada por la señora Blanca Vargas de Rosal denunciando al Estado de Guatemala por la desaparición forzada de su esposo.
El 9 de enero de 2004, las partes acordaron una solución amistosa del caso. En el acuerdo el Estado reconoció su responsabilidad institucional por el incumplimiento impuesto por el artículo 1(1) de la Convención Americana de Derechos Humanos de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana además de los artículos 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19 y 25 de dicha Convención. Asimismo, manifestó el arribo de una solución amistosa tiene como fundamento principal la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, la dignificación de la víctima; la reparación resultante de la violación a los derechos humanos de la víctima, y el fortalecimiento del Sistema Regional de Derechos Humanos.
El 15 de febrero de 2006, la señora Blanca Vargas de Rosal informó que el único compromiso cumplido por el Estado era el referente a reparación económica, quedando pendientes los compromisos relativos a educación, acciones para dignificar el nombre de la víctima, vivienda, investigación y justicia.
El 2 de diciembre de 2011, el Estado informó que se había otorgado un financiamiento a través del FINABECE a María Luisa Rosal Vargas para recibir cursos preparatorios de francés previos a ingresar a una maestría en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Sin embargo, la beneficiaria informó el 26 de octubre de 2011 que no fue aceptada en el programa de maestría y solicitó se mantenga la beca y se cambie el lugar de estudios, hacia la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Sobre el particular, el Estado indicó que no era posible trasladar los fondos aprobados porque habría que realizar un nuevo contrato de becas con el FINABECE. Indicó que para resolver esta situación, se están programando varias reuniones con los peticionarios. Agregó que para Jorge Alberto Rosal, se suscribió el 16 de febrero de 2011 un contrato de financiamiento no reembolsable que consiste en una beca de estudios por US$ 48,382.70. Asimismo, atendiendo a una solicitud de los peticionarios, el 18 de julio de 2011, se realizó una ampliación de la beca, agregando un rubro no reembolsable en concepto de alimentación y hospedaje para el período abril - diciembre de 2011, por US$ 857.50.
Con respecto a la dotación de un terreno a la señora Blanca Elvira Vargas de Rosal, el Estado indicó que hasta el momento dicho compromiso no pudo concretarse, dado que en abril del presente año se remitió a la señora Blanca Vargas el Proyecto de acuerdo de viabilización del compromiso para sus observaciones y no obtuvieron respuesta a pesar de un recordatorio que se le hiciera para continuar con el trámite. Sobre el particular, el Estado había informado anteriormente que requería hacer una modificación al acuerdo amistoso suscrito el 9 de enero de 2004, con el objeto de justificar la erogación del monto equivalente al valor actual del terreno por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. El Estado manifestó que en noviembre de este año los peticionarios se acercaron a retomar el tema de la vivienda y se acordó hacer una reunión el 12 de diciembre de 2011.
El 4 de octubre de 2013,, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo.
El Estado indicó lo siguiente:
Beca de María Luisa Rosal Paz: El Estado señala que aprobó un presupuesto para que María Luisa Rosal Paz realizara estudios de Maestría en la Universidad Mc Gill en Canadá, pero que ella ya había realizado con otros fondos, una maestría en Argentina.
Beca de Jorge Alberto Rosal Vargas: El 18 de abril de 2012 Jorge Alberto Rosal Paz solicitó una ampliación adicional de la beca para que se extendiera un año más su beca de estudio. Sin embargo, en audiencia ante la CIDH realizada el 3 de noviembre de 2012, el Estado indicó que no puede modificar nuevamente el compromiso adquirido y que se limitará a cumplir con lo aprobado en el contrato de financiamiento de fecha 17 de febrero de 2012.
Terreno para vivienda familiar: El Estado reiteró que ha propuesto a la peticionaria entregarle el monto en dinero del valor del inmueble conforme al avalúo realizado por el Registro de Información Catastral, propuesta que ha sido rechazada por la peticionaria por considerar que el dinero ofrecido no es suficiente.
Proceso de investigación: La investigación del caso sigue abierta.
Los peticionarios informaron que María Luisa Rosal y Jorge Alberto Rosal han recibido a la fecha parte de las becas. En el caso de María Luisa indicaron que queda pendiente otorgar el resto de la beca respecto de los estudios universitarios, y solicitaron que quede abierta la posibilidad de realizar los estudios universitarios en cualquier universidad y país. En cuanto al pago de la beca de Jorge Alberto Rosal, está pendiente el pago de US$5,327.05 de los dos primeros años de nivel intermedio y por el atraso de los pagos efectuados no pudo dedicarse a su estudio a tiempo completo, provocando un retraso en los estudios. Señalaron que faltarían dos años de universidad para terminar la licenciatura y dos años de maestría. Respecto de la vivienda familiar, los peticionarios solicitaron que el Estado realice un nuevo avalúo comercial para que el valor del inmueble se ajuste a su valor real. Asimismo indicaron que la investigación sigue pendiente, y que no hay resultados concretos que respalden el cumplimiento del Estado al respecto.
La CIDH considera que el Estado ha dado cumplimiento a varios de los compromisos establecidos, quedando pendientes la resolución entre las partes respecto de la beca de estudios y el acuerdo respecto del valor del inmueble. Asimismo queda pendiente la investigación.
El 27 de octubre de 2005, mediante Informe No. 99/05, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en la petición “José Mérida Escobar”. En resumen, el 19 de febrero de 2004 la CIDH recibió una petición presentada por Amanda Gertrudis Escobar Ruiz, Fernando Nicolás Mérida Fernández, Amparo Antonieta Mérida Escobar, Rosmel Omar Mérida Escobar, Ever Obdulio Mérida Escobar, William Ramírez Fernández, Nadezhda Vásquez Cucho y Helen Mack Chan, denunciando al Estado de Guatemala por la ejecución extrajudicial de José Miguel Mérida Escobar el 5 de agosto de 1991. De acuerdo a la petición, el señor Mérida Escobar se desempeñaba como Jefe de la Sección de Homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional estaba a cargo de la investigación criminal por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack Chang. En el contexto de esta investigación criminal, el 29 de septiembre de 1990 concluyó que el principal sospechoso por el asesinato de Myrna Mack Chang, era miembro del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial del Ejército de Guatemala. El 5 de agosto de 1991, el señor Mérida Escobar fue asesinado con disparos en la cabeza, cuello, torso izquierdo y brazo izquierdo, muriendo instantáneamente.
El 22 de julio de 2005, las partes acordaron una solución amistosa del caso. En el acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 la Convención Americana. Entre los principales compromisos asumidos mediante el acuerdo de solución amistosa No. 99/05 se encuentra:
Impulsar la investigación seria y efectiva de los hechos del Caso.
Instituir una beca para estudios policiales en el extranjero.
Elaborar una carta de reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado de Guatemala de la ejecución extrajudicial de José Miguel Mérida Escobar se hará circular en el Diario Oficial y por Internet a las Agencias Internacionales.
Realizar las gestiones pertinentes para colocar una plaqueta en memoria del investigador policial José Miguel Mérida Escobar en las instalaciones del Palacio de la Policía Nacional Civil.
Promover las gestiones necesarias para determinar la viabilidad del cambio de nombre de la colonia Santa Luisa en el Municipio de San José del Golfo en el departamento de Guatemala por el nombre de José Miguel Mérida Escobar, lugar donde residió con su familia.
Realizar las gestiones para que se proporcione una pensión vitalicia a los padres de José Miguel Mérida Escobar, la señora Amanda Gertrudis Escobar Ruiz y el señor Fernando Nicolás Mérida Hernández, y una pensión a favor de su hijo menor Edilsar Omar Mérida Alvarado hasta que culmine sus estudios técnicos superiores.
Realizar las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Salud Pública, para que se le proporcione tratamiento psicológico a la señora Rosa Amalia López viuda de la víctima y el menor de los hijos Edilsar Omar Mérida Alvarado.
Llevar a cabo las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Educación, para que se le otorgue una beca de estudios de conformidad con el nivel educativo correspondiente, a favor del hijo mejor de la víctima Edilsar Omar Mérida Alvarado.
De acuerdo a la información aportada por las partes durante el seguimiento del Informe de Solución Amistosa, consta lo siguiente:
Está pendiente la investigación de los hechos del caso.
Sobre la institución de la beca “José Miguel Mérida Escobar”, estaría pendiente de aprobación su reglamentación.
La carta de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado fue emitida por el ex Presidente Álvaro Colom y publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 2010. Estaría pendiente su publicación en agencias internacionales.
El Estado cumplió el compromiso de colocar una plaqueta en memoria de José Miguel Mérida Escobar.
El Estado cumplió el compromiso de nombrar José Miguel Mérida Escobar a la calle donde la víctima residió con su familia.
El compromiso de la pensión vitalicia a favor de los padres de José Miguel Mérida Escobar fue sustituido por atención médica y la pensión a favor Edilsar Omar Mérida Alvarado por el pago de una suma en quetzales. Ambos compromisos habrían sido cumplidos por el Estado.
Los beneficiarios de la atención psicológica ofrecida por el Estado manifestaron su interés de no recibirla.
Sobre la beca ofrecida Edilsar Omar Mérida Alvarado, éste manifestó su interés de no recibirla.
El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo. Los peticionarios no presentaron información.
El Estado únicamente se refirió a la investigación de los hechos denunciados, y estableció que se ha establecido que los autores materiales del asesinato del señor José Miguel Mérida Escobar fueron dos individuos, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible identificar de quiénes se trata. Sobre las diligencias realizadas, indicó que está recabando información de distintas fuentes respecto al asesinato del señor Mérida Escobar y que la Fiscalía Especial investiga a los señores Gonzalo Cifuentes Estrada y Guerra Galindo por motivo de la sindicación que se les realizó en relación con el asesinato de José Miguel Mérida Escobar.
La CIDH valora el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 la Convención Americana en el presente caso. Asimismo, valora el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo de solución amistosa suscrito con los peticionarios.
La CIDH observa que estaría pendiente de cumplimiento la investigación de los hechos del caso; la reglamentación de la beca “José Miguel Mérida Escobar” y; la publicación en agencias internacionales de la carta de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado.
En el Informe No. 5/00 de fecha 24 de febrero de 2000, la Comisión concluyó que el Estado de Guatemala había incurrido en responsabilidad internacional por la ejecución arbitraria del señor Pedro García Chuc y la correspondiente violación de los derechos a la vida y protección y garantías judiciales, así como los otros derechos correspondientes consagrados en la Convención Americana. Consta de los antecedentes del caso, que el 5 de marzo de 1991, en el kilómetro 135 de la ruta a Occidente, Departamento de Sololá, varios miembros de las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al señor García Chuc en horas de la madrugada. Dos días después, el cadáver de la víctima fue localizado en el mismo lugar donde fue capturado, presentando varias perforaciones de bala. Se presume que la ejecución extrajudicial se debió a sus labores como Presidente de la Cooperativa San Juan Argueta R.L., así como su participación activa en la obtención de beneficios para su comunidad. La petición fue presentada por los familiares de la víctima y se enmarcó dentro de un total de cuarenta y seis peticiones recibidas por la Comisión entre los años 1990 y 1991 en las que se denunciaba al Estado por la ejecución extrajudicial de un total de 71 hombres, mujeres y niños, entre quienes se encontraba el señor García Chuc. Luego de la tramitación de los casos ante la CIDH, la Comisión decidió, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de su Reglamento, acumular dichos casos y proceder a resolverlos en forma conjunta.
En el referido informe, la CIDH recomendó al Estado de Guatemala:
El 13 de abril de 2000 el Estado guatemalteco emitió una declaración formal en la cual reconoció su responsabilidad internacional por el incumplimiento del artículo 1(1) de la Convención Americana, aceptó el acaecimiento de los hechos constitutivos del Informe No. 5/00 de la Comisión, y se comprometió a reparar a los familiares de las víctimas, con base en los principios y criterios establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además se comprometió a promover las investigaciones de los hechos, y en la medida de lo posible, a enjuiciar a los responsables. Finalmente se comprometió a informar sobre el avance en el cumplimiento de sus obligaciones. En la misma fecha la CIDH publicó el Informe No. 39/00.
El 18 de febrero de 2005 el Estado y los peticionarios suscribieron un “Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones. Caso 10.855. Pedro José García Chuc” y el 19 de julio de 2005 suscribieron un acuerdo sobre indemnización. El 27 de octubre de 2005, la CIDH publicó el Informe Nº 100/05, sobre “Acuerdo de Cumplimiento”, del presente caso.
Durante el seguimiento de cumplimiento, el Estado guatemalteco informó que fueron cumplidos los compromisos referentes al pago de una indemnización económica a los familiares de la víctima; la constitución de la Asociación Indígena para el Desarrollo Empresarial –ASINDE-; las disculpas públicas del Estado y; las medidas de dignificación en memoria de la víctima.
Sobre los compromisos pendientes, el Estado ha informado que: i) respecto del funcionamiento de la Asociación, hubo que modificar el acta de Constitución de ASINDE (Asociación Indígena para el Desarrollo Empresarial) para el nombramiento del nuevo representante. Sin embargo señaló que dicha modificación no ha sido posible debido a que el peticionario no ha presentado la respectiva acta de constitución de la asociación para su modificación, así como la exoneración de impuestos que debe tramitarse ante la SAT. Respecto de la entrega de un inmueble donde se constituya la sede de ASINDE, afirmó que se ha gestionado con el Alcalde Municipal de Quetzaltenango el otorgamiento un terreno en dicho departamento, previo requisito de que los peticionarios hagan una solicitud formal al Concejo Municipal para la debida aprobación, situación que no ha ocurrido, a pesar de haber sido contactados para tal efecto. En lo que se refiere a su compromiso de brindar capacitación técnica a favor de los integrantes de ASINDE, indicó que debido a que el Instituto de Capacitación Técnica –INTECAP- requiere un mínimo de participantes, se coordinó con otra asociación para que se incorpore al proceso de capacitación para dar cumplimiento al acuerdo pero los peticionarios no habrían dado respuesta concreta al respecto.
El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo.
Sobre la recomendación de investigar la ejecución extrajudicial de Pedro García Chuc, juzgar y sancionar a los responsables, el Estado manifestó que se continúa con dicho proceso. Por su parte, los peticionarios indicaron que el Estado no había emprendido acciones para dar cumplimiento a este compromiso.
Respecto a los demás compromisos emanados de los acuerdos suscritos entre las partes, el Estado reiteró que la mayor dificultad para cumplirlos es la ausencia y desinterés manifestado por los peticionarios en asistir a las reuniones convocadas y presentar la documentación requerida para agilitar los trámites y hacer efectivos los compromisos. Asimismo señaló que los familiares del señor Pedro García Chuc han manifestado su negativa en querer continuar con el caso en referencia.
Por su parte, los peticionarios señalaron que el Estado no ha emprendido acciones para cumplir con sus compromisos consistentes en el otorgamiento del inmueble a la ASINDE y en la capacitación técnica a las familias García Yax y García Chuc. Asimismo manifestaron que la falta de avances concretos y significativos en el cumplimiento de los compromisos pendientes, se constata con el hecho de que el Estado sigue reiterando la información enviada a la Comisión desde 2011.
En el Informe No. 69/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala era responsable de: a) la violación del derecho humano a la vida de conformidad con el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento, por la ejecución extrajudicial realizada por agentes del Estado el día 3 de abril de 1993, en perjuicio de Tomas Lares Cipriano; b) La violación de los derechos humanos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, de conformidad con los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento, por los hechos ocurridos el 3 de abril de 1993 y sus consecuencias de impunidad, en perjuicio de Tomas Lares Cipriano y sus familiares; y c) En consecuencia, por el incumplimiento de las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías impuestas por el artículo 1(1) de la Convención Americana. La víctima, Tomás Lares Cipriano, era agricultor de 55 años de edad, miembro del Consejo de Comunidades Étnicas "Runujel Junam" (CERJ), y del Comité de Unidad Campesina (CUC). Como activo dirigente comunitario en su pueblo, Chorraxá Joyabaj, El Quiché, había organizado numerosas manifestaciones contra la presencia del ejército en su zona y contra el servicio aparentemente voluntario, pero de hecho obligatorio, que los campesinos cumplían en las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Asimismo, había formulado numerosas denuncias en relación con las amenazas contra la población local por parte de los Comisionados Militares que actuaban como agentes civiles del ejército, jefes de patrulla y, en ocasiones, como soldados. El 30 de abril del mismo año, Tomas Lares Cipriano fue emboscado y asesinado por Santos Chich Us, Leonel Olgadez, Catarino Juárez, Diego Granillo Juárez, Santos Tzit y Gaspar López Chiquiaj, integrantes de las PAC.
La CIDH formuló al Estado de Guatemala las siguientes recomendaciones:
El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones. Los peticionarios no presentaron información.
El Estado indicó que considera que ha cumplido de manera parcial con la primera recomendación ya que ha sancionado desde 1996 a Santos Chich Us por la muerte de Tomas Lares Cipriano. Sin embargo, queda pendiente la captura de dos sindicados.
En cuanto a la reparación, el Estado nuevamente hizo referencia al desinterés que los familiares de la víctima han manifestado respecto del presente caso, a pesar de los constantes intentos del Estado, siendo el último realizado en diciembre de 2010. Por ello solicita a la CIDH que de por cumplida dicha recomendación ya que son los familiares de la víctimas quienes se oponen.
En cuanto a la recomendación dirigida a evitar el resurgimiento de las PAC, informó que a través del Decreto No. 143-96 de 28 de noviembre de 1996, se derogó el Decreto 19-86 de 17 de enero de 1986, mediante el cual se dio vida a dichas patrullas.
Sobre la recomendación referida a la adopción de medidas de reparación, el Estado indicó que ha implementado medidas de prevención en lo que se refiere a Seguridad y Justicia entre las que destaca: el decreto 40-2010 de fecha 2 de noviembre de 2010 del Congreso de la República de Guatemala mediante el cual se crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el acuerdo gubernativo 197-2012 por el cual se crea el “Gabinete Específico por la Seguridad, la Justicia y la Paz” como parte del Organismo Ejecutivo, que tiene por objetivo coadyuvar en la implementación de propuestas y de políticas públicas, encaminadas a alcanzar mayores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la violencia e impunidad en el país. Asimismo mencionó la aprobación del Decreto 17-2009 Ley de Fortalecimiento a la Persecución Penal, que incluye reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley contra la Delincuencia Organizada y Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición. En materia de fortalecimiento de la investigación de delitos, el Ministerio Público implementó la persecución estratégica en el seguimiento de delitos cometidos por organizaciones criminales, para lograr desarticulación.
La CIDH observa que el Estado cumplió en forma parcial la recomendación sobre los hechos denunciados, juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, toma nota de que los beneficiarios de la reparación económica no tienen interés de recibirla.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente en materia de juzgar y sancionar a los sindicados en la muerte de Tomas Lares Cipriano cuyas órdenes de captura se encuentran pendientes de ejecución.