Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/ley-1328-de-julio-15-de-2009?documento=legcol&contexto=legcol_759920426048f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-18 05:07:03
Document Index: 3274202

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 208', 'artículo 52', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 113', 'artículo 208', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 270', 'artículo 270', 'artículo 271', 'artículo 277', 'artículo 279', 'artículo 283', 'artículo 3', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 296', 'artículo 316', 'artículo 317', 'artículo 318', 'artículo 320', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 63', 'artículo 97', 'artículo 100', 'artículo 101', 'artículo 104', 'artículo 62', 'artículo 108', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 31', 'artículo 170', 'artículo 39', 'artículo 208', 'artículo 40', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 39', 'artículo 108', 'artículo 39', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 25', 'artículo 326', 'artículo 326', 'artículo 22', 'artículo 53', 'artículo 98', 'artículo 122', 'artículo 326', 'artículo 118', 'artículo 326', 'artículo 13', 'artículo 111', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 64', 'artículo 32', 'artículo 318', 'artículo 43', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 60', 'artículo 52', 'artículo 56', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 72', 'artículo 98', 'artículo 120', 'artículo 124', 'artículo 148', 'artículo 177', 'artículo 188', 'artículo 53', 'artículo 1230']

﻿ LEY 1328 DE JULIO 15 DE 2009
LEY 1328 DE 15 DE JULIO DE 2009
CONTENIDO:ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO. LEYES 454 DE 1998, 31 DE 1992, 510 Y 546 DE 1999, 795 DE 2003, 964 DE 2005, 100 DE 1993, DECRETO-LEY 656 DE 1994, DECRETO 2206 DE 1998. SE DICTAN NORMAS EN MATERIA FINANCIERA, DE SEGUROS, DEL MERCADO DE VALORES, Y ESTABLECE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS EN LAS RELACIONES ENTRE ESTOS Y LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE LEASING, MERCADO DE VALORES, ESTABLECIMIENTO BANCARIO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN, INTERMEDIARIO DE VALORES, INTERVINIENTES EN EL DERECHO CAMBIARIO, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LEASING HABITACIONAL, SISTEMA FINANCIERO, ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, NEGOCIO FIDUCIARIO, FONDOS DE CESANTÍAS, DERECHO FINANCIERO, INTERVINIENTES EN EL DERECHO FINANCIERO, ORGANISMOS FINANCIEROS, FOGAFIN, CONSUMIDOR FINANCIERO, DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, COOPERATIVA FINANCIERA, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, CONSTITUCIÓN DE LA FIDUCIA COMERCIAL, FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS, CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PENSIONAL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1364 DE AGOSTO 15 DE 2009, PG.150
“Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”.
Del régimen de protección al consumidor financiero
ART. 1º—Objeto y ámbito de aplicación. El presente régimen tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección.
ART. 2º—Definiciones. Para los efectos del presente régimen, se consagran las siguientes definiciones:
ART. 3º—Principios. Se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes:
ART. 4º—Asociación y representación adecuada. Los consumidores financieros podrán apoyarse en grupos u otras organizaciones de consumidores para la defensa de sus derechos de conformidad con la legislación vigente para tales efectos.
PAR.—Los principios que contiene este artículo se aplicarán en todas las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en otras normas, siempre que no pugnen con los aquí contemplados.
ART. 5º—Derechos de los consumidores financieros. Sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, los siguientes derechos:
g) (Nota: Adicionado por la Ley 1555 de 2012 artículo 1°)
(Nota: Véase Ley 1607 de 2012 artículo 189)
ART. 6º—Prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros. Las siguientes constituyen buenas prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros:
PAR. 1º—El no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los consumidores financieros.
PAR. 2º—Los consumidores financieros tendrán el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que estas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran. Del mismo modo, informarán a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las demás autoridades competentes sobre las entidades que suministran productos o servicios financieros sin estar legalmente autorizadas para ello.
ART. 7º—Obligaciones especiales de las entidades vigiladas. Las entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones especiales:
ART. 8º—Sistema de atención al consumidor financiero, SAC. Las entidades vigiladas deberán implementar un sistema de atención al consumidor financiero (SAC) que deberá contener como mínimo:
i) Procurar la educación financiera de sus clientes respecto de las diferentes operaciones, servicios, mercados y tipo de actividad de las entidades vigiladas, así como respecto de los diferentes mecanismos establecidos para la protección de sus derechos.
ii) Capacitar a sus funcionarios, para el ofrecimiento, asesoría y prestación de los servicios o productos a los consumidores financieros.
iii) Instruir a todos sus funcionarios respecto de la figura, funciones, procedimientos y demás aspectos relevantes, relacionados con el defensor del consumidor financiero de la respectiva entidad.
PAR.—La Superintendencia Financiera de Colombia impartirá las instrucciones necesarias para el adecuado funcionamiento del SAC y definirá el plazo máximo en el cual las entidades lo deberán tener implementado.
ART. 9º—Contenido mínimo de la información al consumidor financiero. En desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros, como mínimo, las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato, deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado.
PAR. 1º—Previo a la celebración de cualquier contrato, las entidades vigiladas deberán proveer al potencial cliente una lista detallada, de manera gratuita, de todos los cargos o costos por utilización de los servicios o productos, tales como comisiones de manejo, comisiones por utilización de cajeros electrónicos propios o no, costos por estudios de créditos, seguros, consultas de saldos, entre otros. Así mismo, deberán informarse los demás aspectos que puedan implicar un costo para el consumidor financiero, como sería la exención o no del gravamen a las transacciones financieras, entre otros. Adicionalmente, deberán indicar al cliente los canales a través de los cuales puede conocer y es publicada cualquier modificación de las tarifas o costos, que se pueda efectuar en desarrollo del contrato celebrado con la entidad.
PAR. 2º—Publicidad de los contratos. Las entidades vigiladas deberán publicar en su página de internet el texto de los modelos de los contratos estandarizados que estén empleando con su clientela por los distintos productos que ofrecen, en la forma y condiciones que señale la Superintendencia Financiera de Colombia, para consulta de los consumidores financieros.
PAR. 3º—La Superintendencia Financiera de Colombia, deberá publicar trimestralmente, en periódicos nacionales y regionales de amplia circulación, y en forma comparada, el precio de todos los productos y servicios que las entidades vigiladas ofrezcan de manera masiva.
PAR.—(Nota: Adicionado por la Ley 1748 de 2014 artículo 1°)
(Nota: Adicionado un inciso segundo al presente artículo por la Ley 1748 de 2014 artículo 2°)
ART. 10.—Oportunidad de la información al consumidor financiero. Cualquier modificación a las condiciones del contrato que fueren factibles o procedentes atendiendo el marco normativo específico de cada producto y las disposiciones generales de esta ley así como las específicas de otras normas, deberá ser notificada previamente a los consumidores financieros en los términos que deben establecerse en el contrato. En el evento en que la entidad vigilada incumpla esta obligación, el consumidor financiero tendrá la opción de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir.
ART. 11.—Prohibición de utilización de cláusulas abusivas en contratos. Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que:
PAR.—Cualquier estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no escrita o sin efectos para el consumidor financiero.
ART. 12.—Prácticas abusivas. Se consideran prácticas abusivas por parte de las entidades vigiladas las siguientes:
PAR.—Las prácticas abusivas están prohibidas a partir de la entrada en vigencia de la presente norma y serán sancionables conforme lo dispone la Superintendencia Financiera de Colombia y la ley.
ART. 13.—Funciones de la defensoría del consumidor financiero. Las entidades vigiladas que defina el Gobierno Nacional, deberán contar con un defensor del consumidor financiero. La defensoría del consumidor será una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, y como tal, deberá ejercer con autonomía e independencia las siguientes funciones:
ART. 14.—Asuntos exceptuados del conocimiento del defensor del consumidor financiero. Estarán exceptuados del conocimiento y trámite ante el defensor del consumidor financiero los siguientes asuntos:
ART. 15.—Pronunciamientos del defensor del consumidor financiero. Las decisiones que adopte el defensor del consumidor financiero serán obligatorias cuando, sin perjuicio del trámite conciliatorio que se pueda adelantar de acuerdo con lo señalado en el literal c) del artículo 13 de esta ley, los consumidores y las entidades vigiladas así lo acuerden de manera previa y expresa. Igualmente, serán obligatorias para las entidades vigiladas las decisiones del defensor del consumidor financiero, cuando las entidades así lo hayan previsto en sus reglamentos.
ART. 16.—Atención a los consumidores de todo el país. La defensoría del consumidor financiero y las entidades vigiladas, deberán garantizar que se atienda en forma eficaz, eficiente y oportuna a los consumidores financieros de todas las zonas del país en las cuales la entidad vigilada preste sus servicios. La Superintendencia Financiera de Colombia impartirá las instrucciones para el cumplimiento de este deber.
ART. 17.—Independencia y autonomía de los defensores del consumidor financiero. Los defensores del consumidor financiero actuarán con independencia de la respectiva entidad vigilada, de sus organismos de administración, y con autonomía en cuanto a los criterios a aplicar en el ejercicio de su cargo, obligándose a poner en conocimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia cualquier situación que menoscabe o limite sus facultades de actuación.
PAR.—La Superintendencia Financiera de Colombia podrá determinar la infraestructura necesaria para el adecuado funcionamiento de la defensoría del consumidor financiero.
ART. 18.—Designación y requisitos de los defensores del consumidor financiero. Los defensores del consumidor financiero deberán estar inscritos en el registro de defensores del consumidor financiero que será implementado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma que establezca el Gobierno Nacional. Serán designados por la asamblea general de accionistas de las respectivas entidades vigiladas. Igualmente, antes de ejercer su cargo deberán posesionarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Acreditar conducta idónea y solvencia moral.
PAR. 1º—Los requisitos y calidades previstas en el presente artículo serán exigibles a los defensores del consumidor financiero principales y suplentes.
PAR. 2º—Cada defensor del consumidor financiero podrá desempeñar su función simultáneamente en varias entidades vigiladas, conforme la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
PAR. 3º—La Superintendencia Financiera podrá revocar la inscripción en el registro de defensores del consumidor financiero, cuando establezca que la persona a la cual se le concedió, ha perdido alguno de los requisitos exigidos para tal efecto, en la forma y condiciones que señale el Gobierno Nacional.
PAR. 4º—Los defensores del consumidor financiero de las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida, serán designados por el máximo órgano de administración. Las juntas directivas o consejos de administración de las entidades públicas a que se refiere este artículo, determinarán la manera de fijar el monto de las apropiaciones que se deberán asignar para el adecuado funcionamiento de la defensoría del consumidor.
ART. 19.—Terminación en el ejercicio de las funciones del defensor del consumidor financiero. La terminación definitiva en el ejercicio de las funciones del defensor del consumidor financiero solo podrá ser consecuencia de:
e) Haber incurrido en algunas de las causales señaladas en los incisos 3º y 4º del numeral 5º del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por la Ley 795 de 2003 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
ART. 20.—Procedimientos para la resolución de quejas o reclamaciones por parte de los defensores del consumidor financiero. El Gobierno Nacional, mediante normas de carácter general, señalará el procedimiento para la presentación y resolución de quejas o reclamos ante el defensor del consumidor financiero de las entidades vigiladas.
ART. 21.—Régimen sancionatorio. El incumplimiento de las normas previstas en el presente título, incluidas las obligaciones a cargo del defensor del consumidor financiero y de las entidades vigiladas para con él, así como las demás disposiciones vigentes en materia de protección al consumidor financiero será sancionado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma prevista en la parte séptima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 53 de la Ley 964 de 2005 y demás normas que los modifiquen o sustituyan.
PAR.—Adiciónase el numeral 2º del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 52 de la Ley 964 de 2005, con el siguiente literal:
ART. 22.—Referencias normativas. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las referencias que hagan las disposiciones vigentes al defensor del cliente y a la defensoría del cliente se entenderán efectuadas al defensor del consumidor financiero y a la defensoría del consumidor financiero.
De las facultades de intervención del Gobierno Nacional
ART. 23.—Objetivos de la intervención. Adiciónanse los siguientes literales al artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
ART. 24.—Instrumentos de la intervención. Modifícase el literal i) y adiciónanse los siguientes literales al artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
i) Determinar de manera general relaciones patrimoniales u otros indicadores que permitan inferir un deterioro de la entidad financiera, con el fin de que para subsanarlo se adopten programas de recuperación o se apliquen de manera automática y gradual medidas apropiadas, todo ello en la forma, condiciones, plazos y con las consecuencias que fije el gobierno. Las medidas que se contemplen podrán incluir, entre otras, las previstas por el artículo 113 de este Estatuto, la reducción forzosa de capital a una cifra no inferior al valor del patrimonio neto, la colocación obligatoria de acciones sin sujeción al derecho de preferencia, la enajenación forzosa de activos, la prohibición de distribuir utilidades, la creación de mecanismos temporales de administración con o sin personería jurídica con el objeto de procurar la optimización de la gestión de los activos para responder a los pasivos, la combinación de cualquiera de las mencionadas u otras que se consideren adecuadas en las condiciones que fije el gobierno. Contra los actos administrativos que se adopten en desarrollo de esta facultad solo procederá el recurso de reposición, que no suspenderá el cumplimiento inmediato de las mismas. Respecto de estas medidas aplicará el principio de revelación dirigida contenido en el literal d) del numeral 1º del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
ART. 25.—Compañías de financiamiento. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las compañías de financiamiento comercial pasarán a denominarse “Compañías de financiamiento” y todas las disposiciones vigentes referidas a aquellas, incluidas las previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se entenderán referidas a estas.
ART. 26.—Nuevas operaciones autorizadas a los establecimientos bancarios. Modifícase el literal e) y adiciónese un nuevo literal al artículo 7º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así:
PAR.—Autorízase a los establecimientos bancarios para manejar las cuentas de ahorro programado obligatorio previstas en el literal b) del numeral 4º del artículo 40 de la Ley 1151 de 2007.
ART. 27.—Régimen patrimonial de las sociedades administradoras de inversión. Corresponderá al Gobierno Nacional establecer el capital mínimo para la constitución de sociedades administradoras de inversión y los mecanismos colaterales que podrán complementarlo, sin perjuicio de las facultades previstas en el numeral c) del artículo 4º de la Ley 964 de 2005.
El Gobierno Nacional podrá establecer requisitos de capital mínimo diferentes para las sociedades administradoras de inversión que solo administren fondos de capital privado.
ART. 28.—Adiciónase el numeral 1º del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con los siguientes literales:
ART. 29.—Modifícase el parágrafo del literal b) del numeral 3º del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
PAR.—El Gobierno Nacional podrá autorizar a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, para crear líneas de crédito con tasa compensada, incluidas líneas dirigidas a promover el microcrédito, siempre y cuando los recursos equivalentes al monto del subsidio provengan de la Nación, entidades públicas, entidades territoriales o entidades privadas, previa aprobación y reglamentación de su junta directiva.
ART. 30.—Modifícase el artículo 271 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 271.—La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. —Findeter—, no estará sometida a inversiones forzosas y no distribuirá utilidades en dinero efectivo entre sus socios. Así mismo, estará sujeta al régimen de encaje y de seguro de depósito cuando las captaciones que realice se encuentren bajo las condiciones que para el efecto señale el Gobierno Nacional.
ART. 31.—Modifícase el numeral 2º del artículo 277 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
PAR. 1º—Las emisiones de los títulos a que se refiere el numeral 2º de este artículo requerirán de la autorización de la junta directiva del Icetex y el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PAR. 2º—El monto total de las emisiones a que se refiere el numeral 2º de este artículo podrá ser hasta de una (1) vez el patrimonio neto del Icetex, determinado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
ART. 32.—Modifícase el inciso 2º del numeral 1º del artículo 279 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
El Banco de Comercio Exterior, Bancóldex, estará exento de realizar inversiones forzosas. Así mismo estará sujeto al régimen de encaje y de seguro de depósito cuando las captaciones que realice se encuentren bajo las condiciones que para el efecto señale el Gobierno Nacional.
ART. 33.—Modifícase el tercer inciso del numeral 3º del artículo 283 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual quedará así:
La Nación, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá transferir recursos destinados a la promoción de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo, al patrimonio autónomo fideicomiso de promoción de exportaciones —Proexport— Colombia, para el cumplimiento de sus funciones.
ART. 34.—Modificación de la naturaleza y denominación de las casas de cambio. Autorización de nuevas operaciones. Tres meses después de la entrada en vigencia de esta ley las casas de cambio se denominarán “sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales”.
ART. 35.—Modifícase el artículo 3º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 3º—Sociedades de servicios financieros.
De la promoción de las microfinanzas
ART. 36.—Cooperativas de ahorro y crédito. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 41 de la Ley 454 de 1998:
PAR. 3º—En los términos que señale el Gobierno Nacional y bajo circunstancias excepcionales, las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, podrán extender la prestación de sus servicios a personas jurídicas que por su naturaleza no puedan asociarse en los términos de la ley cooperativa, que se encuentren domiciliadas en una localidad donde la respectiva cooperativa tenga establecida una oficina o un corresponsal.
La prestación de tales servicios requerirá en todos los casos de la aprobación previa y expresa de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que la impartirá únicamente cuando se cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional. En todo caso, solo podrá otorgarse dicha autorización cuando no existan establecimientos de crédito en la respectiva localidad y se verifique que los servicios que prestará la cooperativa contribuirán efectivamente a la canalización de ahorros hacia inversiones productivas y a facilitar las transacciones entre agentes económicos.
ART. 37.—Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 45 de la Ley 454 de 1998:
PAR.—Las cooperativas financieras resultantes de un proceso de especialización, podrán utilizar el logo y los símbolos de la cooperativa que les dio origen, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.
ART. 38.—Línea de redescuento para microcrédito. El Gobierno Nacional creará una línea de crédito de redescuento para operaciones de microcrédito, con las condiciones y características propias del sector al que se dirige, y a través de la entidad financiera que se estime conveniente.
ART. 39.— Destinación parcial de los recursos del fondo de reserva para la estabilización de cartera hipotecaria. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá impartir instrucciones al Banco de la República, en su calidad de administrador del fondo de reserva para la estabilización de cartera hipotecaria —Frech—, para que con los recursos de dicho fondo continúe realizando operaciones de tesorería, incluyendo, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia distintas a los establecimientos de crédito que defina el Gobierno Nacional, así como las carteras colectivas administradas por estas.
Del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
ART. 40.—Modifícase el literal b) del artículo 296 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 41.—Modifícase el inciso 1º del numeral 2º del artículo 316 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 42.—Instituciones afiliadas al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Modifícase el numeral 1º del artículo 317 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 43.—Adiciónase un numeral al artículo 318 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 44.—Adiciónase el literal I) del numeral 1º del artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con un segundo inciso así:
Del régimen financiero de los fondos de pensión obligatoria y cesantía
ART. 45.—Adiciónese el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:
PAR.—El Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos de cobertura que permitan a las aseguradoras cubrir el riesgo del incremento que con base en el aumento del salario mínimo legal mensual vigente, podrían tener las pensiones de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida de que tratan los artículos 80 y 82 de esta ley, en caso de que dicho incremento sea superior a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificada por el DANE para el respectivo año. El Gobierno Nacional determinará los costos que resulten procedentes en la aplicación de estos mecanismos de cobertura.
ART. 46.—Adiciónase el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente parágrafo:
PAR. 3º—El Gobierno Nacional reglamentará la organización y administración de los recursos que conforman el patrimonio autónomo del fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad.
ART. 47.—Adiciónase un inciso 3º al artículo 59 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes fondos de pensiones, esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez informados elijan aquellos que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada conformación de la cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al final del período de acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado, si es del caso.
ART. 48.—Modifícase los literales c) y, d) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, los cuales quedarán así:
ART. 49.—Modifícase el artículo 63 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
ART. 63.—Cuentas individuales de ahorro pensional. Las cotizaciones obligatorias y voluntarias se abonarán a la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado a prorrata del o los fondos de pensiones que este elija o a los que sea asignado de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, de forma que la cuenta estará conformada por las subcuentas que incorporarán lo abonado en cada fondo.
Las sumas existentes en las cuentas individuales de ahorro pensional, solo podrán ser utilizadas para acceder a las pensiones de que trata este título, salvo lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la presente ley.
PAR.—Para todos los efectos, cuando se haga relación al concepto de cuenta individual o cuenta individual de ahorro pensional, tal referencia corresponderá a la suma de las subcuentas individuales que posea el afiliado en cada uno de los fondos.
ART. 50.—Modifícase el artículo 97 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
ART. 97.—fondos de pensiones como patrimonios autónomos. Los fondos de pensiones, conformados por el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional y los que resulten de los planes alternativos de capitalización o de pensiones, así como los intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que los integren, constituyen patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados, independientes del patrimonio de la administradora.
PAR.—Para todos los efectos, cuando en la normatividad se haga mención al concepto de fondo de pensiones, tal referencia se entenderá efectuada a cada uno de los diferentes fondos gestionados por las administradoras en los términos que señale el Gobierno Nacional.
ART. 51.—Inversión de los recursos de pensión obligatoria. Modifícase el artículo 100 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
ART. 100.—Inversión de los recursos. Con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras los invertirán en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, los cuales deberán considerar, entre otros, tipos y porcentaje de activos admisibles según el nivel de riesgo.
ART. 52.—Modifícase el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
ART. 101.—Rentabilidad mínima. La totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los fondos de pensiones, una vez aplicadas las comisiones por mejor desempeño a que haya lugar, será abonada en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados, a prorrata de las sumas acumuladas en cada una de ellas y de la permanencia de las mismas durante el respectivo período.
PAR. 1º—Cuando en cualquier disposición se haga mención a la rentabilidad mínima del fondo o fondos de pensiones, se entenderá que la misma está referida a la rentabilidad de cada uno de los fondos de pensiones cuya gestión se autoriza a las sociedades administradoras.
PAR. 2º—Para todos los efectos, cuando en la normatividad se haga mención a la reserva o cuenta especial de estabilización de rendimientos de los fondos de pensiones, se entenderá que se hace referencia, indistintamente, a la o las reservas de estabilización que determine el Gobierno Nacional al momento de establecer las normas pertinentes para la gestión del esquema de “multifondos”, para todos o cada uno de los fondos de pensiones.
ART. 53.—Modifícase el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
ART. 104.—Comisiones. Las administradoras cobrarán a sus afiliados comisiones de administración, incluida la comisión de administración de cotizaciones voluntarias de que trata el artículo 62 de esta ley, cuyos montos máximos y condiciones serán fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual deberá seguir el procedimiento que señale el Gobierno Nacional para el efecto. Dicho procedimiento deberá contemplar la revisión periódica de tales montos y condiciones con base en estudios técnicos.
No obstante lo establecido en el inciso 1º de este artículo, corresponderá al Gobierno Nacional reglamentar las condiciones y montos del componente de la comisión de administración de aportes obligatorios calculado sobre el mejor desempeño de los fondos de pensiones gestionados.
ART. 54.—Modifícase el inciso 2º del artículo 108 de la Ley 100 de 1993, el cual quedará así:
ART. 55.—Obligaciones de las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Modifícase el literal d) del artículo 14 del Decreto-Ley 656 de 1994, el cual quedará así:
ART. 56.—Operaciones no autorizadas a las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Modifícase los literales b), d) e i) del artículo 25 del Decreto-Ley 656 de 1994, los cuales quedarán así:
Así mismo, solo se podrán efectuar operaciones entre los portafolios de inversión del fondo de cesantía administrado, con el fin de atender traslados de afiliados entre los portafolios en las condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
ART. 57.—Garantía para mantener el poder adquisitivo constante de los aportes efectuados a los fondos de pensiones. Sin perjuicio de las garantías previstas en los artículos 99 y 109 de la Ley 100 de 1993, y en desarrollo de lo previsto por el artículo 48 de la Constitución Política, la Nación garantizará a los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias del régimen de ahorro individual con solidaridad, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, un rendimiento acumulado equivalente a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, de manera que la rentabilidad real de los aportes, calculada al momento del reconocimiento de la pensión de vejez, nunca sea negativa.
Esta garantía solo será aplicable cuando el afiliado que solicite su pensión haya cumplido la edad prevista en la ley para tener acceso a la garantía de pensión mínima de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad.
PAR.—El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras establecerá, con base en criterios técnicos de proporcionalidad respecto del riesgo asumido, el valor que por concepto de primas cobrará para el cubrimiento de la garantía de que trata el presente artículo. El costo de la prima de la garantía de poder adquisitivo constante podrá asumirse con cargo a los recursos fondo de garantía de pensión mínima o al presupuesto general de la Nación, según determine el Gobierno Nacional.
ART. 58.—Régimen de inversión de los recursos de fondos de cesantía. Modifícase el literal d) del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y adiciónese un nuevo literal j) a dicho artículo, los cuales quedarán así:
ART. 59.—Modifícase los literales f) y g) del numeral 1º del artículo 170 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales quedarán así:
ART. 60.—Cuando en cualquier disposición se haga referencia o se remita al régimen de inversión y/o a la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones obligatorias, se entenderá que tal referencia hace relación al régimen de inversión y/o a la rentabilidad mínima del tipo de fondo de pensiones que determine el Gobierno Nacional.
De la liberalización comercial en materia de servicios financieros
ART. 61.—Comercio transfronterizo de seguros. Modifícase el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 39.—Personas no autorizadas. Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda prohibido celebrar en el territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia o hacerlo con agentes o representantes que trabajen para las mismas. Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo quedarán sujetas a las sanciones previstas en el artículo 208 del presente estatuto.
PAR. 1º.—Las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a sus residentes, única y exclusivamente, seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), que amparen los riesgos vinculados a las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos, así como seguros que amparen mercancías en tránsito internacional.
PAR. 2º—Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro, con excepción de los siguientes:
d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. No obstante, el Gobierno Nacional podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en las cuales las entidades estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior.
ART. 62.—Comercio transfronterizo de corretaje de seguros. Adiciónase un numeral al artículo 40 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así:
4. Corredores de seguros del exterior. Los corredores de seguros del exterior podrán realizar labores de intermediación en el territorio colombiano o a sus residentes únicamente en relación con los seguros previstos en el parágrafo 1º del artículo 39 del presente estatuto.
ART. 63.—Adiciónese el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el siguiente numeral:
7. Prohibición de vender, ofrecer, promocionar y hacer publicidad de pólizas de seguros de entidades extranjeras. Los agentes de seguros podrán realizar labores de intermediación de seguros de compañías extranjeras en el territorio colombiano o a sus residentes, únicamente en relación con los seguros previstos en el parágrafo 1º del artículo 39 del presente estatuto.
ART. 64.—Ejercicio ilegal de la actividad aseguradora. Modifícase el numeral 3º del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
3. Autorización estatal para desarrollar la actividad aseguradora. Salvo lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 39 del presente estatuto y en normas especiales, solo las personas previamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la actividad aseguradora.
ART. 65.—Régimen de sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior. Adiciónase un capítulo XIV en la parte primera Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
ART. 45A.—Régimen aplicable a las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior. Las disposiciones del presente estatuto, incluyendo las concernientes al régimen patrimonial, son aplicables a las sucursales de los bancos y compañías de seguros del exterior.
PAR.—La inspección y vigilancia de las sucursales de los bancos y compañías de seguros del exterior se realizará en los mismos términos y condiciones en que se realiza dicha función respecto de los bancos y las compañías de seguros constituidas en el territorio nacional, respectivamente, sin perjuicio de las facultades del Gobierno Nacional en la materia.
ART. 45B.—Régimen de responsabilidad de las sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior.
ART. 45C.—Inscripción ante el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras —Fogafín—. Las sucursales de los bancos y compañías de seguros del exterior que obtengan autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para operar en el país deberán inscribirse ante el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en los mismos términos previstos para los establecimientos bancarios y las compañías de seguros constituidas en Colombia.
ART. 66.—Constitución de sucursales de bancos y compañías de seguros del exterior. Modifícase los numerales 1º, 3º y 6º del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los cuales quedarán así:
e) La información adicional que requiera la Superintendencia Financiera de Colombia para los fines previstos en el numeral 5º del presente artículo;
PAR.—El nombre de los establecimientos bancarios organizados como sociedades anónimas podrá incluir las expresiones “sociedad anónima” o la sigla “S.A.”. Tratándose de sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, deberá emplearse el nombre de la entidad en el exterior con la denominación “sucursal en Colombia”.
La entidad adquirirá existencia legal a partir del otorgamiento de la escritura pública correspondiente o, en el caso de las sucursales, a partir de la protocolización de los documentos mencionados en el literal a) del numeral 3º del presente artículo, aunque solo podrá desarrollar actividades distintas de las relacionadas con su organización una vez obtenga el certificado de autorización.
PAR.—La entidad, cualquiera sea su naturaleza, deberá efectuar la inscripción de la escritura de constitución en el registro mercantil. Para todas las entidades, exceptuando las sucursales de bancos o compañías de seguros del exterior, esta constitución deberá efectuarse en la forma establecida para las sociedades anónimas, sin perjuicio de la inscripción de todos los demás actos, libros y documentos en relación con los cuales se le exija a dichas sociedades tal formalidad.
ART. 67.—Principios para una supervisión eficiente. En adición a los principios que orientan la actuación administrativa, la Superintendencia Financiera de Colombia se sujetará en el ejercicio de sus facultades y funciones de inspección y vigilancia, y control a los siguientes principios:
1. Principio de materialidad. La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá sus funciones y facultades de inspección y vigilancia, así como de control, dando especial relevancia y atención a aquellos hechos que por su naturaleza, cuantía o circunstancias coyunturales, afecten de manera grave la confianza pública en el sistema financiero, asegurador y en el mercado de valores, pongan en peligro la continuidad del servicio, o comporten un riesgo sistémico.
2. Principio de acceso a la información para la protección de la estabilidad y confianza en el sistema financiero. Cuando a juicio del Superintendente Financiero existan elementos que previsiblemente puedan llegar a vulnerar la estabilidad, seguridad y confianza en el sistema financiero, asegurador o en el mercado de valores, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá requerir, en cualquier tiempo, cualquier información de entidades que ordinariamente no se encuentren bajo su inspección y vigilancia o control.
ART. 68.—Autorización para la constitución. Modifícase el inciso 1º del numeral 5º del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:
PAR.—Las Superintendencias Financiera y de Sociedades deberán tener en cuenta para la fijación de las tarifas de las contribuciones que se cobran a las sociedades sometidas a su vigilancia, aquellas situaciones en las cuales el activo de la sociedad vigilada por esta última esté conformado en su totalidad por acciones de entidades vigiladas por la primera.
ART. 69.—Modifícase el primer inciso y adiciónase un parágrafo al artículo 48 de la Ley 454 de 1998, los cuales quedarán así:
ART. 48.—Inversiones de capital autorizadas a las cooperativas financieras. Las cooperativas financieras solo podrán realizar inversiones de capital, en:
PAR. 3º.—Las cooperativas financieras podrán invertir en bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los establecimientos de crédito.
ART. 70.—Modifícase el primer inciso y adiciónase un parágrafo al artículo 50 de la Ley 454 de 1998, los cuales quedarán así:
ART. 50.—Inversiones de capital autorizadas a las cooperativas de ahorro y crédito y a las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales solo podrán realizar inversiones de capital, en:
PAR. 3º.—Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales podrán invertir en bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los establecimientos de crédito.
ART. 71.—Modifícase el artículo 12 de la Ley 546 de 1999, el cual quedará así:
ART. 12.—Titularización de cartera hipotecaria y de los contratos de leasing habitacional. Sin perjuicio de la autorización legal con que cuentan las sociedades fiduciarias, los establecimientos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1º de la presente ley podrán emitir títulos representativos de (i) cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios desembolsados y a créditos hipotecarios futuros en desarrollo de contratos de compraventa de créditos hipotecarios futuros, y (ii) contratos de leasing habitacional, para financiar la construcción y la adquisición de vivienda, incluyendo sus garantías o títulos representativos de derechos sobre los mismos y sobre las garantías que los respaldan y los bienes inmuebles que constituyen su objeto para el caso de contratos de leasing habitacional, cuando tengan como propósito enajenarlos en el mercado de capitales. Dichos títulos solo contarán, de parte de los respectivos emisores, con las garantías o compromisos respecto de la administración y el comportamiento financiero de los activos, que se prevean en los correspondientes reglamentos de emisión.
Los establecimientos de crédito y las entidades descritas en el artículo 1º de la presente ley también podrán transferir su cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios desembolsados y a créditos hipotecarios futuros en desarrollo de contratos de compraventa de créditos hipotecarios futuros, incluyendo las garantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías, así como los contratos de leasing habitacional incluyendo los bienes inmuebles que constituyen su objeto, a sociedades titularizadoras, a sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de patrimonios autónomos o a otras instituciones autorizadas por el Gobierno Nacional, con el fin de que estas emitan títulos hipotecarios con sujeción a la normatividad aplicable a la titularización de tales activos hipotecarios. Los títulos hipotecarios emitidos a partir de contratos de leasing habitacional se sujetarán a las mismas reglas, condiciones y beneficios aplicables a los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización de cartera hipotecaria en los términos definidos en la presente ley y en sus normas reglamentarias pertinentes.
PAR.—La transferencia de cualquier crédito, garantía, contrato o derecho sobre los mismos, que se realice en desarrollo de procesos de movilización de activos hipotecarios de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, no producirá efectos de novación y se entenderá perfeccionada exclusivamente con la transferencia del título representativo de la obligación correspondiente o mediante la cesión del contrato de leasing habitacional. Dicha cesión no generará derechos o gastos notariales ni impuesto de timbre.
En los procesos de titularización de contratos de leasing habitacional, la transferencia de la propiedad de los bienes inmuebles objeto de dichos contratos se perfeccionará en cabeza de las sociedades titularizadoras, de las sociedades fiduciarias o de las otras instituciones que autorice el Gobierno Nacional, mediante la cesión del contrato de leasing habitacional. Para tal efecto, en el documento de cesión correspondiente se deberá dejar constancia de que la misma tiene por fundamento exclusivo el desarrollo de un proceso de titularización del contrato de leasing habitacional. Solo será necesaria la escritura pública cuando se efectúe la transferencia del dominio del inmueble a título de leasing habitacional a favor del locatario, una vez se ejerza la opción de adquisición y se pague su valor.
ART. 72.—Titularización de activos no hipotecarios. Sin perjuicio de la autorización legal con que cuentan las sociedades fiduciarias, los activos vinculados a procesos de titularización distintos a los regulados por la Ley 546 de 1999, desarrollados por sociedades de servicios técnicos y administrativos autorizadas por el Gobierno Nacional para realizar este tipo de operaciones, deberán conformar universalidades separadas y aisladas del patrimonio de tales entidades, cuyo flujo de caja estará destinado exclusivamente al pago de los títulos emitidos y de los demás gastos y garantías inherentes al proceso de titularización correspondiente en la forma en que se establezca en el correspondiente reglamento de emisión. Tales activos en ningún caso se restituirán al patrimonio del originador ni al del emisor, en los casos en que este se encuentre en concordato, liquidación, o cualquier otro proceso de naturaleza concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 964 de 2005 o en la norma que lo sustituya o modifique. Las sociedades de servicios técnicos y administrativos de que trata el presente artículo, estarán sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia.
ART. 73.—Impugnación de las decisiones de organismos autorreguladores. Los procesos de impugnación de las decisiones de los organismos autorreguladores a que se refiere el parágrafo 3º del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 solamente podrán proponerse contra el organismo autorregulador respectivo. El juez rechazará de plano la demanda, cuando se formule contra persona jurídica diferente, o contra una persona natural.
ART. 74.—Compensación de operaciones. Cuando ocurra un proceso de insolvencia o de naturaleza concursal, una toma de posesión para liquidación o acuerdos globales de reestructuración de deudas respecto de cualquiera de las contrapartes en (i) operaciones o posiciones compensadas y liquidadas a través de un sistema de compensación y liquidación o de una cámara de riesgo central de contraparte, (ii) transferencias de fondos y/o divisas realizadas a través de sistemas de pagos, o (iii) en operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados que se realicen o negocien en el mercado mostrador y se registren de conformidad con las reglas que establezca el Gobierno Nacional, siempre y cuando al menos una de las contrapartes sea una entidad sometida a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o un agente del exterior autorizado según la regulación cambiaria vigente, se podrán terminar anticipadamente y compensar y liquidar las obligaciones recíprocas derivadas de las operaciones y posiciones mencionadas, de tal forma que solamente quedará vigente el monto correspondiente al saldo neto de las mismas. En el caso de la cámara de riesgo central de contraparte las posiciones abiertas se cerrarán y se compensarán las obligaciones correspondientes de acuerdo con el reglamento de esta. En el caso de los sistemas de compensación y liquidación y los sistemas de pago, la compensación de las obligaciones se realizará siguiendo la metodología que cada sistema determine en su reglamento.
PAR.—Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan asistir al agente especial, el liquidador, los órganos concursales, a las autoridades pertinentes o a cualquier acreedor para exigir, en su caso, las indemnizaciones que correspondan o las responsabilidades que procedan, por una actuación contraria a derecho o por cualquier otra causa, de quienes hubieran realizado dicha actuación o de los que indebidamente hubieran resultado beneficiarios de las operaciones realizadas.
ART. 75.—Certificado de incentivo forestal. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, señalará las entidades financieras que estarán autorizadas para reembolsar al beneficiario del CIF (Certificado de incentivo forestal) el monto equivalente a los derechos económicos correspondientes a un porcentaje de los costos de plantación mantenimiento y/o financieros inherentes a una producción forestal.
ART. 76.—Garantías. Para cualquiera de las clases de derechos de aprovechamiento forestal con fines comerciales, el volumen aprovechable o vuelo forestal constituye garantía real para transacciones crediticias u otras operaciones financieras; esta norma rige para las plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales.
ART. 77.—Normalización de cartera. Con el fin de rehabilitar la población campesina beneficiaria de reforma agraria y a las asociaciones de usuarios de distritos de riego y sus asociados, ante el sector financiero e incrementar la colocación de créditos destinados a la población dedicada a actividades agropecuarias, autorízase al Incoder o a la entidad que adquiera o administre la cartera, para que efectúe la reestructuración de los créditos (de tierras, producción, maquinaria agrícola, contribución por valorización y recuperación de inversión de los distritos y usuarios de riego) que le adeuden los beneficiarios y usuarios del Incoder o de las entidades liquidadas del sector cuyas funciones asumió dicho instituto.
Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en única instancia o en conocimiento del honorable Consejo de Estado, se podrá conciliar solo el valor total de las sanciones e intereses, siempre que el contribuyente o responsable pague al ciento por ciento (100%) del mayor impuesto en discusión.
PAR.—(Inexequible).* En aquellos procesos en los cuales no se haya aprobado el acuerdo conciliatorio por la jurisdicción contenciosa administrativa bajo la vigencia de la Ley 1111 de 2006 darán aplicación al presente artículo.
(Nota: Declarados inexequibles los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto y el parágrafo del presente artículo por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-333 de 2010, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla)
ART. 78.—Registro único de seguros (RUS). Créase el registro único de seguros (RUS) al cual se podrá acceder mediante internet, con el fin de proveer al público de información concreta, asequible y segura sobre las personas que han adquirido pólizas de seguros, las que están aseguradas por dichas pólizas y las beneficiarias de las mismas.
ART. 79.—Principios del registro único de seguros (RUS). El registro único de seguros (RUS) se regirá por los siguientes principios:
ART. 80.—Remuneración de ahorro programado destinado a la adquisición de vivienda de interés social y prioritario. El ahorro programado destinado a la adquisición de VIS y VIP tendrá una remuneración igual a la UVR. Esta disposición será aplicable a las cuentas que se abran con posterioridad a la promulgación de la presente ley.
ART. 81.—Adiciónase el siguiente inciso al numeral 8º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual quedará, así:
ART. 82.—Adiciónase el siguiente inciso al literal b) del numeral 2º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
ART. 83.—Modifícase el artículo 22 de la Ley 964 de 2005 el cual quedará así:
ART. 22.—Aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En la constitución de las entidades de que trata el presente título se aplicará lo previsto por el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero siempre que no sea contrario a las disposiciones especiales sobre la materia. Igualmente les serán aplicables a dichas entidades los artículos 72, 73, 74, 81, 88 y 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que las modifiquen, sustituyan o complementen.
Adicionalmente, será aplicable a tales entidades lo previsto en el numeral 4º del artículo 98 y en el numeral 1º del artículo 122 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Lo previsto en el numeral 8º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, será aplicable a la Superintendencia Financiera, en cuanto hace a sus vigilados o controlados, con el fin de asegurar que la supervisión pueda desarrollarse de manera consolidada, proteger a los inversionistas y preservar la estabilidad e integridad del mercado. No obstante, la superintendencia podrá promover mecanismos de intercambio de información con organismos de supervisión de otros países y con las organizaciones internacionales que agrupe dichos organismos de supervisión. Cuando la información que se suministre tenga carácter confidencial, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá entregarla con el compromiso de que la misma sea conservada por la autoridad de supervisión o la organización internacional que los agrupe, con tal carácter.
Lo previsto en el numeral 2º del artículo 118 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, será aplicable a las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera en cuanto hace a la posibilidad de realizar nuevas operaciones en el mercado de valores.
Adicionalmente, lo dispuesto en el literal i) del numeral 2º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero será aplicable a la Superintendencia Financiera respecto de las entidades sometidas a su inspección y vigilancia permanente.
ART. 84.—Auditorías. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá ordenar a las entidades vigiladas la contratación de auditorías externas. El Gobierno Nacional deberá, mediante normas de carácter general, establecer los objetivos y eventos de las mencionadas auditorías, así como la forma en que las mismas deberán llevarse a cabo, el contenido de los informes y los demás aspectos relacionados con la manera como se realizarán.
ART. 85.—Modifícase el numeral 1º del artículo 13 del Decreto 2206 de 1998, el cual quedará así:
ART. 86.—Adiciónase un inciso 2º y un parágrafo 3º al artículo 111 de la Ley 795 de 2003, los cuales quedarán así:
PAR. 3º—Las empresas aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, en la explotación del ramo del seguro exequial o cualquiera otro con modalidad de cubrimiento para gastos funerarios, deberán indemnizar únicamente en dinero a favor del tomador o sus beneficiarios, previa comprobación por parte de estos del pago del monto del servicio funerario asegurado, suministrado directamente por entidades legalmente constituidas para prestar este tipo de servicios exequiales; salvo que el servicio funerario se preste con afectación a la póliza de seguro obligatorio en accidentes de tránsito (SOAT).
ART. 87.—Beneficios económicos periódicos. Las personas de escasos recursos que hayan realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos a través del medio o mecanismo de ahorro determinados por el Gobierno Nacional, incluidas aquellas de las que trata el artículo 40 de la Ley 1151 de 2007 podrán recibir beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, de los previstos en el Acto Legislativo 1 de 2005, como parte de los servicios sociales complementarios, una vez cumplan con los siguientes requisitos:
PAR.—Para estimular dicho ahorro a largo plazo el Gobierno Nacional, con cargo a los recursos del fondo de solidaridad pensional y teniendo en cuenta las disponibilidades del mismo, podrá establecer incentivos que se hagan efectivos al finalizar el período de acumulación denominados periódicos que guardarán relación con el ahorro individual, con la fidelidad al programa y con el monto ahorrado e incentivos denominados puntuales y/o aleatorios para quienes ahorren en los períodos respectivos.
En todo caso, el ahorrador solo se podrá beneficiar del incentivo periódico si cumple con los requisitos establecidos en los numerales anteriores y ha mantenido los recursos en el mecanismo a la fecha de obtener un beneficio económico periódico, salvo el caso de los incentivos aleatorios.
ART. 88.—Intereses con cargo a obligaciones de la Nación. En todos los eventos en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar el pago.
ART. 89.—Modifíquese el último inciso del literal a) del artículo 4º de la Ley 964 de 2005, el cual quedará así:
En ejercicio de esta facultad el Gobierno Nacional regulará el comercio transfronterizo de los servicios propios de las actividades previstas en el artículo 3º de la presente ley, incluyendo la posibilidad de homologar o reconocer el cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto.
ART. 90.—Modifíquese el último inciso del parágrafo 2º del literal a) del artículo 7º de la Ley 964 de 2005, el cual quedará así:
ART. 91.—Adiciónase un parágrafo 3º al literal a) del artículo 7º de la Ley 964 de 2005, con el siguiente texto:
PAR. 3º—La Superintendencia Financiera de Colombia no ejercerá funciones de inspección, vigilancia o control sobre mercados de valores del exterior y sus agentes o sobre emisores extranjeros cuyos valores sean listados en sistemas de cotizaciones de valores del extranjero. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de su competencia le correspondan respecto de los sistemas de cotizaciones de valores del extranjero y los respectivos administradores de estos.
ART. 92.—Para los efectos de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 71 de la Ley 964 de 2005, el plazo para enajenar el exceso del tope máximo de participación accionaria permitida en la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. que se encuentre en titularidad de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el último día del mes de diciembre del año 2009. En todo caso, y con excepción a la regla general contenida en el artículo 71 parágrafo 3º de la Ley 964 de 2005, el tope máximo aplicable a la titularidad de las acciones en cabeza de la Nación será del trece por ciento (13%).
ART. 93.—(Modificado).* Los deudores del programa de reactivación agropecuaria nacional, PRAN, agropecuario, de que trata el Decreto 967 de 2000, y los deudores de los programas PRAN cafetero, PRAN alivio deuda cafetera y PRAN arrocero, de que tratan los decretos 1257 de 2001, 931 de 2002, 2795 de 2004, y 2841 de 2006, podrán extinguir las obligaciones a su cargo, mediante el pago de contado dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley del valor que resulte mayor entre el treinta por ciento (30%) del saldo inicial de la obligación a su cargo con el referido programa, y el valor que Finagro pagó al momento de adquisición de la respectiva obligación.
PAR. 5º—Finagro, o el administrador o acreedor de las obligaciones de los programas PRAN, deberá abstenerse de adelantar el cobro judicial contra un deudor, cuando el monto total del respectivo endeudamiento por capital para las distintas obligaciones en los programas de los que sea administrador o acreedor sea igual o inferior a $ 3.500.000 del año de expedición de la presente ley. Para su recuperación solo se adelantará cobro prejudicial.
*(Nota: Modificado por la Ley 1430 de 2010 artículo 64)
ART. 94.—Las sociedades fiduciarias podrán celebrar contratos de fiducia mercantil con la Nación o con sus entidades descentralizadas, cuyo objeto sea la administración, gestión y ejecución de los recursos correspondientes a subsidios familiares de vivienda de interés social asignados en especie mediante la adquisición de soluciones de vivienda.
Las sociedades fiduciarias que administren dichos recursos se seleccionarán a través de licitación pública y su remuneración podrá pactarse con cargo a los rendimientos financieros generados por los recursos administrados los cuales deben encontrarse presupuestados en los términos previstos en el numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
ART. 95.—Autorízase al Fondo Nacional del Ahorro, empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional, para administrar en un fondo separado los recursos provenientes de los subsidios familiares de vivienda de interés social asignados por la Nación y/o sus entidades descentralizadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y en el futuro, sean objeto de revocación o renuncia. Dichos recursos se incorporarán al presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda, para ser transferidos al Fondo Nacional del Ahorro, de acuerdo con las normas aplicables.
ART. 96.—Con el propósito de promover la adopción y el desarrollo voluntario de actividades de responsabilidad social por parte del sistema financiero, asegurador y del mercado de valores, créase el programa de balance social como una herramienta de gestión empresarial que sirva para divulgar el impacto que dichas actividades tienen en la población colombiana.
ART. 97.—Las entidades financieras se abstendrán de cobrar a los pensionados las libretas o talonarios necesarios para los movimientos de sus respectivas cuentas de ahorro.
ART. 98.—La prestación del servicio financiero de giros y transferencias nacionales e internacionales de dinero estará sometida a las reglas y condiciones que para el efecto establezca el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Junta Directiva del Banco de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha regulación deberá contemplar, entre otros, requisitos patrimoniales, de protección al consumidor y de gestión de riesgos, incluidos, los de prevención de lavado de activos y operativo.
ART. 99.—Competencia en tarifas y comisiones de los productos y servicios financieros. Con el propósito de promover una sana competencia en el ofrecimiento y suministro de los productos y servicios financieros prestados masivamente, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deberán establecer un esquema de autorregulación que permita identificar prácticas restrictivas que incidan en la determinación de las tarifas y comisiones de los productos y servicios financieros.
ART. 100.—Corresponsales cambiarios. Podrán ser corresponsales cambiarios para los intermediarios del mercado cambiario y bajo su plena responsabilidad, los profesionales de compra y venta de divisas y las entidades idóneas que mediante contrato de mandato hagan uso de su red para la realización de las operaciones autorizadas, con excepción del envío o recepción de giros en moneda extranjera. El gobierno reglamentará los servicios financieros prestados por los intermediarios del mercado cambiario, a través de sus corresponsales.
PAR.—Los profesionales de compra y venta de divisas que deseen actuar como corresponsales cambiarios, deberán acreditar ante su entidad de control y vigilancia, además de los requisitos vigentes, condiciones éticas, de responsabilidad, carácter e idoneidad profesional de los interesados, y cumplir con los siguientes requisitos:
ART. TRANS. 1º—Hasta tanto se expida la reglamentación especial a que hace referencia el numeral 4º del artículo 318 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionado mediante el artículo 43 de la presente ley, la Superintendencia Financiera ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras bajo la normatividad vigente.
ART. TRANS. 2º—Las disposiciones contenidas en el título VI en los artículos 47 a 51; incisos 1º y 2º, parágrafo 1º e inciso 1º del parágrafo 2º el artículo 52; 53; 55; literales b), d) e, l), inciso 1º, del artículo 56 e inciso 1º del artículo 60, entrarán en vigencia catorce (14) meses después de la promulgación de la presente ley.
Lo establecido en los incisos 3º y 4º e inciso 2º del parágrafo 2º del artículo 52; inciso 2º del literal i) del artículo 56; artículo 58 e inciso 2º del artículo 60, regirán a partir del 1º de enero de 2010.
ART. 101.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación con excepción de las reglas especiales de vigencia en ella contempladas y de los siguientes artículos: 1º a 22, los cuales regirán a partir del 1º de julio de 2010; 35, el cual regirá tres (3) meses después de la promulgación de la presente ley; y 61 a 66, los cuales regirán cuatro (4) años después de la promulgación de la presente ley. Adicionalmente deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el literal c) del artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; los numerales 4.1, 4.2, 4.3, .4.4 y 5º del artículo 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuya derogatoria operará a partir del 1º de julio de 2010; el numeral 1º del artículo 120 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; los numerales 2º y 3º del artículo 124 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el numeral 1º del artículo 148 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el literal d) del artículo 177 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el artículo 188 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuya derogatoria operará cuatro (4) años después de la promulgación de la presente ley; los artículos 12 y 100 de la Ley 510 de 1999; el parágrafo del artículo 53 de la Ley 31 de 1992; el numeral 3º del artículo 1230 del Código de Comercio.