Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Mayo/00763-23507-2007-2007-0411.html
Timestamp: 2017-01-20 07:48:16
Document Index: 88141820

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 588', 'artículo 210', 'artículo 21', 'artículo 588', 'artículo 1', 'artículo 210', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 210', 'artículo 3', 'artículo 210', 'artículo\n1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 36', 'artículo 30', 'artículo 210', 'artículo 21', 'artículo 191', 'artículo 210', 'artículo 21', 'artículo 588', 'artículo 45', 'artículo 5', 'artículo 266', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 156', 'artículo 7', 'artículo 113', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 210', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 21', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'artículo\n21', 'artículo\n107', 'artículo 3', 'artículo 112', 'artículo\n113', 'artículo 107', 'artículo 3', 'artículo 21']

María Alejandra Correa, José Valentín González, Rafael Chavero Gazdik y Alvaro
carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil RADIO CARACAS
TELEVISIÓN RCTV, C.A., inscrita el 2 de junio de 1947 en el Registro
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 621, Tomo 3-A; de los ciudadanos Marcel Granier, Eladio Lárez
Villamizar, Edgardo Mosca, Anani Hernandez, Inés Bacalao, José Escalona, Isabel
mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 1.743.327,
respectivamente, en su condición de accionista el primero y Directivos de RCTV
los restantes; de los ciudadanos Magdi Gutiérrez, Miguel Ángel Rodríguez, Iván Pérez,
Rita Núñez, Álvaro Algarra, Lolymar Viloria, Pedro Guerrero, María Castillo,
Teo Castro, Luis Gómez, Isnardo Bravo, Erika Corrales, Berenice Gómez, Mercedes
París, Tinedo Guía, Jennifer de Santana, Alejandro Silva, Jonnathan Quintero,
Manuel Gago, León Hernández, David de Matteis, Alexys Palmera, Jhenny Chirinos,
Trina Ballesteros, David Pérez, Junior Acosta, Ana Virginia Escobar, Javier
García, Iris García, Violeta Rosas, Deilui Pernalete, Jofrana González, Isabel
Mavarez, Ronald Rojas, Soraya Castellano, Randy Carrero, María Arriaga, Yuly
Belle Youseff, Adriana Terán, Elizabeth Pérez, Elaine Marrero, Melanny
Hernández, Vanesa Vásquez, Tamara Slusnys, Adriana Carrillo, Nayeli Villareal,
Jessica Flores, Jossybell Ávila, Morella Colina, Dioneila Abreu, Maryalejandra
Pastrán, Marialcy Carreño, Jemmy García, Marielysa Castellano, Yamel Rincón,
Pedro Beomón, Adriana Mussett, Adriana Toledo, Mirna Abreu, Eduardo Rivas,
Larissa Patiño, Dayana Vásquez, Esther Gómez, Andrés Mendoza, Morella Giordana,
Guerra, María Baleato, Jenny Do Nascimento, Lourdes Mata, Lama Castellanos,
Carla Betancourt, Verónica Hernández, María González y Francia Sánchez, mayores
de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 14.880.547, 9.205.122,
Solisbella Sánchez, Andreina Rodríguez, Eduardo Torres, Luis Galaviz, Jorge
Ramírez, Juan Ramírez, Manuel Yépez, Buenaventura Briceño, Joffry Castillo,
José López, Jonathan Aular, Yomel Rondón, César Sánchez, Juan Rojas, Ramón
Moreno, Maikel Risquez, Dhennys Arenas, Lae-Ros Escobar, César Díaz, Deyvis
Espinoza, Carolina Guidón, Miguel González, Luciana Peña, Lucyrnar Valladares,
Jesús Ramírez, Juan Duarte, Franklin Luna, Simón Martínez, Francisco Maldonado,
Jóvito Villalba, Ana Primera, Eva Espinoza, Arturo Valbuena, Aura Meza, Oscar Becerra,
Jenny de Araujo, Cristina Valladares, Félix Vivas, María Saja, Jonathan
Acevedo, Alex González, José González, Wilmer Martus, Leonardo Romero, Lennis
Terán, María Arteaga, Luis Mota, Marco Camargo, Ángel Cedeño, Reinaldo
Trujillo, Andrea Quiroga, Adiala Salas, Leonardo Moscoso, José Luna, Desireé
Segovia, Ayaris Prato, Luis Carreño, William Sosa, José Grau, María Sánchez,
Guillermo Piñate, Evelys Flores, Leonay Corso, Ilena Torrealba, Osman Mendoza,
Ismelix Millán, Simón Rodríguez, Luis Martínez, Armando Zambrano, Douglas
Márquez, Jesús Zerpa, Giovanni Mejías, Giovanni Campos, Raúl Medina, Winston
Gutiérrez, Luis Hernández, Jorge Díaz, Ismael García, Wildejhon Azuaje, José
Rengel, Ronald Pérez, Oswaldo García, Marlene Betancourt, María Jacinto, Miguel
Guzmán, Ingrid Hernández, Ximena Planchart, Lia Lezama y Héctor Durán,
venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos.
condición de trabajadores de prensa adscritos a la Vicepresidencia de Información y Opinión de RCTV; interpusieron ante esta Sala “demanda de
anulación con solicitud de amparo cautelar y, subsidiariamente, medida cautelar
innominada” conforme al aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil,
contra la Resolución N° 002 y la Comunicación N° 0424, ambas de fecha 28 de marzo de 2007, emanadas del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS TELECOMUNICACIONES Y
LA INFORMÁTICA, mediante las cuales fue declarado el decaimiento por falta
junio de 2002, para la transformación de su título de concesión otorgado de
acuerdo con la legislación anterior, en los títulos de habilitación para la
prestación de servicios de telecomunicaciones y concesión para el uso y
explotación del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo previsto en el
artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; así como también en los
la renovación o extensión de la concesión para prestar el servicio de televisión
abierta hasta los años 2022 y 2027, respectivamente.
de abril de 2007 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.
escrito de fecha 8 de mayo de 2007, la representación judicial de la parte
recurrente ratificó la solicitud de amparo cautelar y, asimismo, la solicitud
cautelar, y consignó los medios probatorios a los fines de demostrar los
cautelar y, subsidiariamente, medida cautelar innominada, esta Sala Político
Administrativa habida cuenta que, en esta oportunidad, únicamente le
su admisibilidad y del amparo cautelar solicitado, precisa que en esta decisión
no se extenderá en los alegatos expuestos por los recurrentes respecto a la
Margarita Escudero, María Alejandra Correa, José Valentín González, Rafael
Chavero Gazdik y Alvaro Guerrero Hardy, actuando con el carácter de apoderados
judiciales de la empresa Radio Caracas Televisión RCTV, C.A., -en lo
aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil, contra la Resolución N° 002 y la Comunicación N° 0424, ambas de fecha 28 de marzo de 2007, emanadas del Ministro del Poder Popular para
nulidad exponen los apoderados actores que la empresa RCTV, C.A., comenzó a
operar como televisión abierta en el año 1953 y desde el año 1987 es titular de
una concesión otorgada por veinte (20) años, de acuerdo con el artículo 1° del
Decreto N° 1.577 del 27 de mayo de 1987 contentivo del Reglamento sobre
Expresan, que conforme al artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.970 del 12 de junio de 2000, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) mediante la Resolución N° 093 publicada en la Gaceta Oficial N° 37.342 del 10 de diciembre de 2001,
estableció el “Cronograma de Transformación de los Títulos de Concesión o
Permiso otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones”, procedimiento este que debía efectuarse dentro de
los dos años siguientes a la publicación de la prenombrada Ley en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela, y con base al cual la empresa recurrente
procedió, el 5 de junio de 2002, a solicitar dicha transformación.
Señalan, que, posteriormente, dadas las declaraciones públicas rendidas
por el Presidente de la República y otros funcionarios del Ejecutivo Nacional
acerca de la no renovación de la concesión de RCTV, C.A., la referida empresa
solicitó mediante comunicación del 24 de enero de 2007 al Ministro del Poder
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (i) la transformación de su título con un supuesto derecho a operar hasta el 12 de junio de 2022; (ii)
subsidiariamente, la transformación de su título con un supuesto derecho a
operar hasta el 27 de mayo de 2027 y (iii) subsidiariamente, la renovación de
la concesión por un período de veinte (20) años adicionales. Que, el 28 de marzo de 2007 RCTV, C.A., fue notificada de la Resolución N° 002 dictada por el Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, mediante la cual declaró el decaimiento del procedimiento administrativo de
transformación del título de concesión en los títulos de habilitación para la
prestación de servicios de telecomunicaciones (televisión abierta en VHF) y
concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico. Asimismo,
señaló en dicha decisión que la concesión otorgada a la sociedad mercantil
accionante vence el 27 de mayo de 2007. En la misma fecha de la notificación de la Resolución N° 002, el 28 de marzo de 2007, la mencionada empresa fue notificada de la Comunicación N° 0424, por la cual el referido Ministro señaló el vencimiento de la concesión
establecido en el artículo 1° del Decreto N° 1577 contentivo del Reglamento
sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras del 27 de mayo de 1987. Así, expresan los apoderados actores que de acuerdo con las disposiciones
del Decreto N° 1.577, RCTV, C.A. tendría derecho a la extensión del plazo de la
concesión por veinte (20) años más, a partir del 28 de mayo de 2007, día
siguiente a la fecha en la que vence el plazo de veinte (20) años de la
concesión otorgada el 27 de mayo de 1987, en virtud de que la recurrente -según
Señalan, que los actos recurridos constituyen la materialización de
declaraciones rendidas públicamente meses atrás por el Ejecutivo Nacional, las
cuales han sido reseñadas tanto por la prensa nacional como internacional, lo
cual les da el carácter de hecho público y notorio comunicacional.
el objeto de imponer a un medio de comunicación social e independiente su línea
política editorial, opiniones e informaciones. En este sentido, indican que se
habría fomentado y consentido la actuación agresiva de grupos afectos a la ideología
del gobierno y discursos públicos amenazadores e insultantes contra RCTV, C.A.,
sus periodistas y trabajadores de prensa, además de haberse aprobado leyes que
restringen ilegítimamente la libertad de expresión.
protectoras de la libertad de expresión nacionales e internacionales, pero que
decidió cerrar a RCTV, C.A., por la vía de la no renovación de la concesión.
Expresan, que la decisión de desconocer el derecho de preferencia a la
extensión de la concesión otorgada a RCTV, C.A., respondería a un castigo
arbitrario por la línea editorial e informativa de carácter independiente,
crítico y pluralista mantenido con relación a las actuaciones del Ejecutivo
Indican, que la motivación expresada por el Ministro del Poder Popular
para las Telecomunicaciones y la Informática en sus declaraciones públicas incorpora elementos que serían inciertos, como lo es el hecho de que el Estado
sido aprobado ni publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
hay disponibles en las bandas VHF y UHF, por lo cual sería falso que se
requieran frecuencias para implementar nuevas políticas en materia de
telecomunicaciones. Añaden, que si el Estado realmente necesitara esas
frecuencias, tomaría medidas extremas para recuperarlas de los distintos
concesionarios y no sólo de RCTV, C.A.
Arguyen, que otros órganos del Poder Ejecutivo Nacional han desmentido
las motivaciones del Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática para no extender o renovar la concesión de las frecuencias operadas por RCTV,
C.A., evidenciando que la verdadera razón de tal medida es censurar la
información dada por su mandante. Señalan, por otra parte, que también se le ha atribuido a la empresa
recurrente la violación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, del Código Penal y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
expresión, consagrado en los artículos 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues con las decisiones recurridas se impide a
a RCTV, C.A., en todo el territorio nacional, así como también se restringe el
derecho de expresión, la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, lo
que está prohibido en el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ejecutivo Nacional se viola el derecho a la libertad de pensamiento y expresión
Manifiestan, que según lo ha señalado el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) la medida anunciada contra los recurrentes afecta
el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión por el efecto disuasivo
de esa medida sobre el resto de los medios de comunicación en el país.
Alegan, asimismo, la violación del derecho al debido proceso y a ser oído
por una autoridad imparcial, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el
12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habida cuenta que tanto el Ministro del Poder
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática como otros altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, habrían anunciado públicamente antes de la emisión de los
actos recurridos, la desestimación por motivos políticos de las solicitudes
a la defensa, previstos en el artículo 49 de la Constitución venezolana, en concordancia con los artículos 25 eiusdem y 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la negativa de la Administración a evacuar las pruebas promovidas por su representada el 24 de enero de 2007 e
tal sentido, afirman que la empresa RCTV, C.A., promovió pruebas de informes
encaminadas a demostrar (i) Que la concesión de RCTV, C.A, no ha sido
transformada, de conformidad con lo previsto en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y (ii) Que existen otros operadores de servicios de
televisión que habrían sido objeto de sanciones por violación de la Ley y que se les permitiría seguir operando después del 27 de mayo de 2007. Indican, que la impertinencia de las pruebas esgrimida por el Ministro
del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, omitiendo todo procedimiento sobre ese particular es inaceptable, pues dichas
probanzas tenían por objeto demostrar que una eventual negativa a extender o
renovar la concesión de RCTV, C.A., constituirían violaciones a la Constitución, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y a otras disposiciones legales y
reglamentarias. Expresan, haberse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia,
consagrado en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; toda vez que tanto
las declaraciones manifestadas públicamente por autoridades pertenecientes al
sanción por la supuesta comisión de infracciones al Código Penal, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
comisión de dichas infracciones mediante una decisión firme de carácter
la única empresa a la cual se le haya notificado de una supuesta reserva de
frecuencias, de la expiración del término para la concesión y del decaimiento
de su solicitud de transformación de títulos, permitiéndosele a otras
operadoras -con características idénticas a las de RCTV, C.A. según afirman-
continuar transmitiendo su señal después del 27 de mayo de 2007.
Manifiestan, que en el caso planteado se viola la garantía de
irretroactividad prevista en los artículos 24 de la Constitución venezolana y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al desconocerse el derecho de preferencia de la empresa recurrente para la extensión por
otros veinte (20) años de su concesión para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico, como lo establece el artículo 3 del Decreto N° 1.577 contentivo
retroactivamente la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Alegan, que si bien el régimen previsto en el Decreto N° 1.577 fue
sustituido por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, esta última Ley debe
bajo el régimen anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 eiusdem,
entre los cuales se encuentra el derecho de preferencia para la extensión
de la concesión por veinte (20) años adicionales a los previstos en el artículo
1º del Decreto N° 1.577 del 27 de mayo de 1987.
Afirman, que la Resolución N° 002 y la Comunicación N° 0424 incurren en un contrasentido al reconocer, por una parte, que de acuerdo
con el artículo 1° del Decreto N° 1.577 la concesión tiene una duración de
veinte (20) años; y al obviar, por la otra, el contenido del artículo 3 de ese
extensión de la concesión por otro período de veinte (20) años.
Denuncian la violación de los derechos a la propiedad y no confiscación,
consagrados en los artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el contenido del
ordinal 1° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues con la negativa de transformar los títulos otorgados al amparo de la legislación
anterior a las previsiones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, así como la negativa de extender o renovar la concesión, bajo el argumento de que el Estado
se reservará la explotación y uso de la frecuencia utilizada por RCTV, C.A., se
operando esa frecuencia, así como los beneficios económicos que dicha actividad
le reportaría.
Para respaldar su afirmación, sostienen que el equilibrio económico del
contrato constituye una garantía económica para los particulares conforme a las
condiciones generales tomadas en consideración al momento de la celebración del
contrato de concesión, la cual -afirman- asegura al particular que contrata con
la Administración Pública que esa relación se mantendrá a pesar del ejercicio
de las prerrogativas públicas relativas a la potestad de modificar o terminar
afectación de los derechos económicos inherentes a la concesión otorgada a
RCTV, C.A.; y que la Administración ha debido reconocer que con su decisión
unilateral de no renovar o extender la concesión se causa un daño económico a
RCTV, C.A., por lo cual debía otorgársele una indemnización por el lucro
cesante y la no recuperación de la inversión realizada en virtud de la
expectativa legítima de continuar con la concesión.
previstos en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para considerar disponible la frecuencia asignada a la empresa recurrente, por lo que la
negativa de transformar los títulos no podía realizarse sin el previo
la violación del derecho a la libertad económica, en tanto y en cuanto las
decisiones del Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática impiden que RCTV, C.A. ejerza la actividad que venía desarrollando, sin que se hubiese
que el sacrificio particular de RCTV, C.A. se deba a razones de interés
general, pues -según sus dichos- en el espectro radioeléctrico están
disponibles frecuencias suficientes con las características técnicas requeridas
por el Estado para desarrollar su política pública de telecomunicaciones y,
además, porque conforme con lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la frecuencia operada por RCTV, C.A. no puede
que la solicitud de transformación de los títulos de RCTV, C.A. fue presentada a
tiempo, desde el año 2002, sin que exista justificación alguna por parte de la Administración para no dar una oportuna respuesta, lo cual era una obligación irrenunciable y
legalmente impuesta a la autoridad administrativa, que habría tenido que
respetar el objeto, cobertura y lapso de vigencia de la concesión. Señalan,
que la Administración debió respetar el derecho de la sociedad mercantil recurrente
a la extensión de la vigencia de la concesión por otros veinte (20) años,
hubiese verificado el cumplimiento de la normativa aplicable, según lo prevé el
artículo 3 del Decreto Nº 1.577.
los actos recurridos violan el principio de jerarquía de los actos
jerarquía y de carácter general como lo es el Decreto N° 1.577 del 27 de mayo
de 1987, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 33.726 de la misma fecha, contentivo del Reglamento sobre
la extensión de la concesión por veinte (20) años adicionales.
asimismo, la violación del principio de inderogabilidad singular de los
reglamentos, establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues tanto la Resolución N° 002 como la Comunicación N° 0424, ambas del 28 de marzo de 2007, no pueden -a
su decir- vulnerar lo dispuesto por un acto general como el Decreto N° 1.577 el
alegan la violación de los principios generales del derecho los cuales
constituyen un límite “fundamental” al ejercicio de las potestades
administrativas. En este sentido, aluden a la motivación, al objeto y a la
proporcionalidad y adecuación como elementos que deben estar presentes en las
decisiones de la Administración como las ahora impugnadas. Hacen también
referencia a los principios de buena fe y confianza legítima los cuales
debieron ser aplicados en el caso planteado, en relación al derecho de
preferencia que -afirman- tenía la empresa recurrente para la extensión del
lapso de la concesión.
Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática se encontraba incurso en la causal de inhibición prevista en el numeral 3 del
artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y, aun así,
decidió declarar el decaimiento del procedimiento administrativo para la
transformación de los títulos otorgados a RCTV, C.A. contraviniendo lo
previsto en el artículo 30 eiusdem. Alegan, el vicio de falso supuesto de derecho por errónea
interpretación del artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por cuanto la Resolución Nº 002 y la Comunicación Nº 0424 concluyen que con la entrada en vigencia de dicha Ley el derecho a la extensión de la concesión quedó
extinguido. Añaden, que manifestar, como lo hace el Ministro del Poder
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, que las estaciones de televisión abierta no tienen derecho a la renovación de sus títulos, contradice -a juicio de
los recurrentes- lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, conforme al cual existe un derecho a obtener el
otorgamiento de las habilitaciones correspondientes para operar una estación de
televisión abierta, siempre que no se vulnere el derecho de preferencia de los
operadores más antiguos y que la solicitud de renovación se ajuste al Plan Nacional
disponibles para que el Estado establezca una estación de televisión abierta de
“servicio público” con cobertura nacional, pues hay una amplia
disponibilidad de frecuencias para tales fines, según lo demuestra el Informe
Técnico sobre la Disponibilidad de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico,
Afirman, que se configura el vicio de desviación de poder toda vez
carácter reglado, para cuya tutela el ordenamiento jurídico se la otorgó a la Administración Pública. Sobre
este último particular, manifiestan que hay un cúmulo de pruebas que demuestran
que la decisión del Ejecutivo Nacional de rechazar la solicitud de renovación o
extensión de la concesión de RCTV, C.A., se debe a motivos políticos,
totalmente ajenos al interés general.
que el artículo 191 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé que ninguna persona natural o jurídica, podrá controlar más de una estación de
televisión abierta en la misma banda de frecuencia por localidad, por lo que si
el Estado establece una estación de televisión abierta de “servicio público”
en la frecuencia asignada a RCTV, C.A., se estaría controlando más de una
-según afirman- la Administración controla la frecuencia asignada a “VTV”.
Agregan, que si bien el Estado puede reservarse más de una estación de
televisión por localidad y en la misma banda, sólo podrá utilizar una de esas
frecuencias para servicios de televisión abierta. Expresan
legalmente establecido, pues el Ejecutivo Nacional no llevó a cabo el
procedimiento administrativo para la transformación de los títulos otorgados a
establecido en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 1.3 . DEL AMPARO CAUTELAR
para las Telecomunicaciones y la Informática: “…se abstenga de tomar cualquier medida que impida que RCTV siga funcionando como estación de televisión
abierta en VHF en las frecuencias que venía operando en todo el territorio
nacional mientras se decide…” el recurso contencioso administrativo de
nulidad y que “…tome todas las medidas necesaria a los fines de que RCTV
siga funcionando como estación de televisión abierta en VHF en las frecuencias
que venía operando en todo el territorio nacional mientras se decide en forma
definitiva esta demanda de anulación…” por la violación de los derechos
constitucionales al debido proceso, a la defensa, a ser oído por una autoridad
imparcial, a la presunción de inocencia, a la igualdad y la no discriminación y
a las garantías de irretroactividad de la ley y la libertad económica.
grave presunción de violación de los derechos y garantías constitucionales
mencionados. Respecto al periculum in mora señalan que, tal como lo ha
cumple con la sola verificación del fumus boni iuris.
obstante lo anterior, afirman que: “…dejar de operar implicaría, entre otras
cosas, la afectación de todas las relaciones laborales existentes con los cerca
asumidos frente a los proveedores de producciones fílmicas y demás componentes
de la programación; la paralización de todas las producciones de programas
informativos, dramáticos, deportivos y de entretenimiento que actualmente
forman parte de la programación de RCTV; así como la pérdida de operatividad de
una serie de equipos y materiales técnicos de difícil recuperación…”.
que otro daño irreparable vendría dado por las recientes inversiones, tanto en
equipos como en capacitación de recursos humanos, realizadas por RCTV, C.A.,
las cuales han triplicado sus activos fijos. Insisten, que otro daño de difícil reparación sería el efecto persuasivo
de las decisiones recurridas en los distintos medios de comunicación social, al
evidenciarse la disposición de las autoridades gubernamentales de cerrar, no
extender o renovar los títulos jurídicos de aquellos operadores que no sigan
la línea editorial del Ejecutivo Nacional, además de la restricción a la
libertad de expresión en su dimensión social, pues -según sus dichos- se
estaría privando a la colectividad de recibir la información libre y plural que
lo previsto en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, con
y la Informática que: “…(i) se abstenga de tomar cualquier medida que impida
que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta en VHF en las
decide en forma definitiva esta demanda de anulación y (ii) tome todas las
medidas necesarias a los fines de que RCTV siga funcionando como estación de
televisión abierta en VHF en las frecuencias que ha venido operando en todo el
anulación…”.
en el petitorio del escrito del recurso, solicitan se anule la Resolución N° 002 y la Comunicación N° 0424, ambas de fecha 28 de marzo de 2007, dictadas por
el Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, y se ordene al referido Ministro:
“…(ii)
(…) transforme los títulos de RCTV en habilitación administrativa de
radiodifusión sonora y televisión abierta y en concesión de uso y explotación
del espectro radioeléctrico con atributos de televisión abierta VHF
establecimiento y explotación de redes, a nivel nacional, con fines de lucro,
en las frecuencias que venían siendo utilizadas por RCTV, (…) y ORDENE a
Conatel la inscripción de dichos títulos en el Registro que lleva (…).
(…) cuando cumpla con lo solicitado en la sección (ii) (…) proceda a reconocer
la extensión de la habilitación administrativa de radiodifusión sonora y
televisión abierta y la concesión de uso y explotación del espectro
radioeléctrico con atributos de televisión abierta VHF y establecimiento y
explotación de redes, a nivel nacional, con fines de lucro, por veinte (20)
años en las frecuencias que venían siendo utilizadas por RCTV, (…) y ORDENE a
CONATEL la inscripción de esa extensión en el Registro que lleva (…).
Subsidiariamente, si se desestima la solicitud anterior, ORDENE al Ministro (…)
proceda a renovar la habilitación administrativa (…) y ORDENE a CONATEL la
inscripción de esa renovación (…).
ORDENE al ciudadano Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (…), o quien haga sus veces, que adopte todas las medidas necesarias para
permitir que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta (…).
ORDENE al ciudadano Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (…), o quien haga sus veces, que se abstenga de tomar cualquier medida que impida
que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta en VHF (…).
ORDENE al ciudadano Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (…), o quien haga sus veces, que respete plenamente la libertad de pensamiento y
expresión de los Demandantes y de la sociedad venezolana y, en consecuencia, se
abstenga de adoptar cualquier decisión que lesione ese derecho, ya sea directa
o indirectamente, en relación con la actividad que desarrollan los Demandantes
pertinente señalar, de
conformidad con jurisprudencia pacífica de esta Sala, que cuando el recurso
contencioso administrativo de nulidad es ejercido conjuntamente con la acción
de amparo constitucional, esta última, es decir, la acción de amparo, se
convierte en accesoria de la acción principal, en virtud de lo cual la
competencia para conocer de ambos asuntos será determinada por la competencia
para conocer del recurso de nulidad que constituye la acción principal. En este sentido, se observa que, en el caso de autos, el recurso de
nulidad se ha interpuesto contra la Resolución N° 002 y la Comunicación N° 0424, ambas de fecha 28 de marzo de 2007, emanadas del Ministro del Poder Popular para
jurisprudencia pacífica de este Alto Tribunal, aquella conforme a la cual la
competencia de esta Sala Político-Administrativa para conocer de la nulidad de
los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional está circunscrita a los
actos emanados de los órganos superiores de la Administración Pública Central -en aras de la desconcentración de la actividad jurisdiccional
de este Máximo Tribunal- que a tenor de lo pautado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son: el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el Consejo de Ministros, los Ministros o Ministras, los
emanados de las máximas autoridades de los órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, que según la norma citada son: la Procuraduría General de la República,de fechaido siesr dead de
ear ejercida como el a el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, los Gabinetes Sectoriales y Gabinetes Ministeriales.
innominada, contra actos emanados del titular de un órgano de la Administración Pública Central, concretamente el Ministro del Poder Popular para las
Telecomunicaciones y la Informática, la competencia para su conocimiento y
decisión corresponde a esta Sala Político-Administrativa, conforme a lo
dispuesto en el numeral 30 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del
artículo 266 del Texto Constitucionalro del Poder
Popular para las Telecomunicaciones y la Informp. Así se declara.
DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO Determinada como ha sido la
conjuntamente con acción de amparo constitucional, y subsidiariamente,
sobre la admisibilidad de la acción de nulidad con el objeto de examinar la
petición de amparo cautelar, para lo cual corresponde analizar las causales de
inadmisibilidad previstas en el aparte 5 del artículo 19 de Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, sin emitir pronunciamiento alguno con relación a la
caducidad de la acción, en función de lo previsto en el Parágrafo Único del
artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, aspecto que será examinado al momento de la admisión
definitiva que realice el Juzgado de Sustanciación. Dicho lo anterior, observa la Sala que en el presente caso no se verifica ninguna de las restantes causales de
inadmisibilidad enunciadas en el precitado aparte 5 del artículo 19, toda vez
que no se advierte ninguna prohibición legal de admitir la acción propuesta, no
se han acumulado acciones excluyentes y se ha acompañado la documentación
necesaria a los fines de la admisión del recurso.
recurso se observa la existencia de conceptos que podrían ser considerados
ofensivos e irrespetuosos contra personas e instituciones públicas, como los
rechazo contra los medios de comunicación social y los periodistas. No obstante
lo anterior la Sala, en aras de garantizar el acceso a la justicia, no tomará
en cuenta tales conceptos a los fines de la admisión del recurso. Respecto al interés de los
recurrentes en la interposición del recurso, la Sala advierte lo siguiente:
En el caso concreto, la acción ha
sido ejercida por la empresa RCTV, C.A., alegando la violación de derechos
constitucionales y legales, así como los posibles perjuicios económicos que se
contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, aprecia la Sala que solamente serían atinentes a dichos accionantes las denuncias de violación “directa”
del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, así como los perjuicios
económicos que en su esfera personal se derivan de los actos impugnados. Lo anterior hace pertinente un
pronunciamiento de la Sala respecto a la legitimación de los Directivos,
Periodistas y el grupo de Trabajadores de Prensa para acudir al proceso, más
aun cuando los mismos no son sujetos de la relación jurídica existente entre
RCTV, C.A. y la Administración, en virtud de la concesión que le fue otorgada a
legitimación activa cobra especial relevancia en este proceso, toda vez que
sólo es posible acordar el amparo cautelar ante la verificación del fumus
boni iuris, para cuyo fin es indispensable comprobar una presunción grave
de lesión de los derechos constitucionales cuyo goce y ejercicio se pretende,
así como el aparente derecho o interés que tenga el solicitante para que se le
De esta manera, la legitimación activa no sólo corresponde a
especial situación de hecho respecto a la decisión impugnada, como ocurre con los
Directivos, Periodistas y el grupo de Trabajadores de Prensa de RCTV, C.A., quienes alegan que los efectos de dichos actos se extenderían a su esfera
jurídica; por esta razón la Sala estima suficiente considerar, en esta etapa
Trabajadores de Prensa tienen el interés procesal necesario para la
interposición del recurso. (Vid. sentencias de esta Sala Nos. 5.663 del 21 de
sentencia Nº 1.939 del 27 de julio de 2006).
Por lo anterior, esta Máxima
nulidad incoado, cuanto ha lugar en derecho. Así se declara.
DE LA MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO Considera necesario esta Sala señalar, que mediante
sentencia N° 402 de fecha 20 de marzo de 2001 (Caso: Marvin Enrique Sierra
Velasco) esta Sala Político Administrativa, luego de concluir en la necesidad
de reforzar la idea de una tutela judicial efectiva, consideró de obligada
revisión el trámite que se le había venido dando a la acción de amparo ejercida
de forma conjunta, pues resultaba incompatible con la intención del
Por esa razón, se estableció
que el carácter accesorio e instrumental propio del amparo ejercido de manera
conjunta, hace posible asumirlo en idénticos términos que una medida cautelar,
con la diferencia de que el primero alude exclusivamente a la violación de
derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia esta que por su
trascendencia hace más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la
En atención a tales
en virtud de la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la transgresión
de un derecho de naturaleza constitucional, estimó la Sala que en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y
tramitación de esta especial figura, es necesaria la inaplicación del trámite
previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el
mismo es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo
cual no es óbice para que continúen aplicándose las reglas de procedimiento
En su lugar, se acordó
una tramitación similar a la seguida en los casos de otras medidas cautelares,
por lo que una vez admitida la causa principal por la Sala deberá emitirse al mismo tiempo, un pronunciamiento sobre la providencia cautelar de
amparo solicitada con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose con
el propósito previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, afirmó el fallo
en referencia, y así se ratifica en esta oportunidad, que la tramitación
seguida no reviste en modo alguno violación del derecho a la defensa de la
parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente
oposición a la misma una vez ejecutada, siguiendo al efecto el procedimiento
pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión actualmente contenida
en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela este Máximo Tribunal procederá, previo el examen de los
alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la
Concluyó la Sala en dicho fallo, que cuando se proponga la solicitud de amparo conjuntamente con el
recurso de nulidad, una vez decidida la admisibilidad de la acción principal,
deberá resolverse de forma inmediata sobre la medida cautelar requerida y, en
caso de ser acordada, se abrirá un cuaderno separado con el objeto de tramitar
la oposición respectiva, cuya remisión se hará seguidamente al Juzgado de
Sustanciación conjuntamente con la pieza principal contentiva del recurso de
nulidad, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente.
solicitado con ocasión de la emisión y notificación de la Resolución N° 002 y de la Comunicación Nº 0424, ambas de fecha 28 de marzo de 2007, emanadas
del Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, con el objeto de ordenar al mencionado Ministro “…se abstenga de tomar cualquier
medida que impida que RCTV siga funcionando como estación de televisión abierta
en VHF en las frecuencias que venía operando en todo el territorio nacional
mientras se decide…” el recurso contencioso administrativo de nulidad y que “…tome
estación de televisión abierta en VHF en las frecuencias que venía operando en
de anulación…”.
en primer término, el requisito del fumus boni iuris, con el objeto de
constatar la existencia de una presunción grave de violación o amenaza de
violación de los derechos constitucionales invocados por la parte actora, para
lo cual deberá atenderse no a un simple alegato de perjuicio sino a la efectiva
argumentación y acreditación de hechos concretos que lleven a presumir seriamente
la denunciada transgresión. En segundo lugar, corresponderá
verificación del extremo anterior, según jurisprudencia de esta Sala, pues la
circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho o
garantía de orden constitucional, o su limitación fuera de lo permitido por el
Texto Constitucional, habrá de conducir a la preservación, in limine, de
representación judicial de la empresa RCTV, C.A., sus Directivos, Periodistas y
un grupo de Trabajadores de Prensa alegó que los actos administrativos objeto
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, consagrado en los artículos
57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues con las decisiones recurridas se impide a
RCTV, C.A., en todo el territorio nacional, así como también se restringe el
que está -a su decir- prohibido en el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
la libertad de pensamiento y expresión en su dimensión individual, es decir, la
posibilidad de difundir ideas, opiniones e informaciones; y en su dimensión
esas ideas, informaciones y opiniones. Manifiestan, que según ha señalado el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) la medida anunciada contra los recurrentes afecta
el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión, por el efecto disuasivo
promuevan la intolerancia religiosa”.
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya se oralmente, por
la violencia o cualquiera otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
Ahora bien, tal como lo ha afirmado la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal (Vid. entre otras, sentencia Nº 1.381 de fecha
11 de julio de 2006), la libertad de pensamiento y expresión es una
situación jurídica activa o de poder que faculta a los sujetos de derecho a
circunstancias excepcionales que la propia Constitución establece como límites
a su ejercicio. En este sentido, este derecho no tiene carácter absoluto pues su desarrollo tiene como límites el respeto de ciertos valores
a lo anterior, aunque el artículo 57 Constitucional reconoce el signo
individual del derecho a la libertad de expresión, la mencionada norma
un todo armónico, que no admite fractura entre el individuo y su posición
un marco social o económico para su desarrollo, como bien lo indicó la Sala Constitucional en la sentencia N° 1.381 de fecha 11
otra parte, cabe señalar que el numeral 28 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como competencia del Poder
Público Nacional el régimen de las telecomunicaciones que comprende la
sintonía con lo expuesto, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.970 del 12 de junio de 2000, prevé el espectro radioeléctrico
como un bien de dominio público de la República Bolivariana de Venezuela para cuyo uso y explotación deberá contarse con la
respectiva concesión, de conformidad con la ley.
efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 113 de la Constitución, cuando se trate de la explotación de recursos naturales propiedad del Estado,
como lo es el caso del espectro radioeléctrico, o de la prestación de servicios
de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, éste podrá otorgar
De allí que, en principio, será sólo mientras dure la concesión que los
recurrentes podrán ejercer el derecho a la libertad de pensamiento y expresión
empleando la frecuencia radioeléctrica asignada a RCTV, C.A. bajo el título
jurídico que deriva de la concesión; lo cual en modo alguno implica una
presunta violación al referido derecho, toda vez que los recurrentes podrán dentro
de la diversidad de los medios de difusión, exponer sus ideas, opiniones e
través de muchas otras formas de difusión, como lo serían los operadores de
servicios de televisión por suscripción.
Respecto a la presunta violación del aludido derecho en su ámbito social,
informaciones y opiniones; debe señalarse que mediante los actos
administrativos impugnados no se impide de manera alguna que la sociedad venezolana
televisivos y medios de comunicación social de propiedad privada -que son la
mayoría de los existentes en el país- a través de los cuales se transmiten
tales contenidos, dentro del contexto de un Estado democrático y social de
derecho y de justicia, razón por la cual debe desestimarse la presunta
violación alegada sobre este particular. Así se declara.
En el escrito contentivo del recurso ejercido, denuncia la representación
judicial de los recurrentes la violación del derecho al debido proceso de RCTV,
C.A., el derecho a ser oído por una autoridad imparcial; la violación del
procedimiento administrativo, así como la violación del derecho a la presunción
de inocencia, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y
La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y
con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las
derecho a un intérprete…”.
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”. Ahora bien, cabe destacar que el derecho a la defensa, a la presunción de
inocencia y a ser oído por una autoridad imparcial constituyen manifestaciones
mediante sentencia Nº 157 de fecha 17 de febrero de 2000, (caso: Juan Carlos
de 2001 (caso: Hyundai Consorcio), y 1.421 del 6 de junio de 2006 (caso: Ángel
Mendoza Figueroa), esta Sala dejó sentado lo siguiente:
sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para
derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho
independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en
derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución
de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la
jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los
ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.
El artículo 49 del Texto Fundamental
actuaciones judiciales y administrativas, disposición que tiene su fundamento
respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a
acreditarlos”. En
atención a lo expuesto, esta Sala procederá al análisis de las violaciones
esgrimidas, de manera conjunta, por tratarse de la vulneración relativa a
las Telecomunicaciones y la Informática los actos ahora objeto del recurso de nulidad y amparo, se violó el derecho al debido proceso porque tanto el
Ministro como otros altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, habrían
anunciado públicamente con anterioridad a la emisión de los actos recurridos,
la desestimación de la solicitud de “extensión y renovación” de la concesión a
relación a la forma como se presenta esta denuncia, debe la Sala precisar que para evidenciar la supuesta violación a ser oído por una autoridad
imparcial, sería necesario efectuar un estudio minucioso de los actos
administrativos impugnados así como de las actuaciones de las autoridades
y las normas de rango legal referidas por los recurrentes, lo cual sólo podrá
realizarse en la oportunidad de la sentencia definitiva, pues le está vedado al
se desecha la denuncia en referencia. Así se declara.
otra parte, expone la representación judicial de los recurrentes la violación
las Telecomunicaciones y la Informática de evacuar pruebas de informes promovidas por RCTV, C.A., y permitirle el acceso al expediente, con motivo de la
Popular para las Telecomunicaciones y la Informática.
encaminadas a demostrar: (i) Que la concesión de RCTV, C.A, no ha sido
televisión que habrían sido objeto de sanciones por violación de la Ley y que se les permitiría seguir operando después del 27 de mayo de 2007, lo que -a su
decir- se traduciría en una grave violación de la Constitución, de la Ley y otros instrumentos jurídicos.
respecto, esta Sala observa que un pronunciamiento sobre la presunta violación
del derecho a la defensa en este caso, implicaría examinar la Comunicación Nº 0424 a la luz de los argumentos expresados por la parte actora y las normas
de rango legal aplicables, lo cual se verificará con ocasión de la sentencia
definitiva; por tanto, se desecha la denuncia en referencia. Así se declara.
solicitud de fecha 24 de enero de 2007 (Anexo 42 pieza Nº 2), dirigida por
RCTV, C.A., al Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, en la cual se expuso: “…exigimos
que el Ministerio (…) emita los nuevos títulos de RCTV, es decir, la concesión
de uso y explotación del espectro radioeléctrico y la correspondiente habilitación
administrativa, los cuales deben indicar que la extensión de veinte años
contenida en el artículo 3º del Decreto 1.577 se inició el 12 de junio de 2002.
Por consiguiente los nuevos títulos de RCTV expirarán el 12 de junio de 2022
(…). Subsidiariamente,
si ese Ministerio (…) llegase a considerar que la concesión de RCTV vence el 27
de mayo de 2007, exigimos que ese Despacho proceda a emitir los nuevos títulos
de RCTV, es decir, la concesión de uso y explotación del espectro
radioeléctrico y la correspondiente habilitación administrativa, los cuales
deben reconocer el derecho adquirido a la extensión por veinte años adicionales
contenida en el artículo 3º del Decreto Nº 1.577. Por consiguiente, los nuevos
títulos de RCTV expirarían el 27 de mayo de 2027 (…).
si ese Ministerio (…) considera que no es aplicable, por cualquier motivo, el
derecho adquirido a la extensión de los títulos de RCTV por un período
adicional de veinte años, solicitamos que ese Despacho (i) finalice el procedimiento
de transformación de títulos de RCTV y (ii) proceda a renovar los títulos de
RCTV (…)”.
anterior transcripción, advierte la Sala que lo pretendido por la sociedad
mercantil RCTV, C.A., comportaría realizar un estudio de la normativa legal aplicable
cual será decidido en la oportunidad de dictarse sentencia definitiva, por lo
que debe desestimarse la presunta violación alegada al derecho a la defensa.
Así se decide. Igualmente,
arguyen los apoderados judiciales de los recurrentes que se vulneró el derecho
a la presunción de inocencia, toda vez que tanto las declaraciones manifestadas
públicamente por autoridades pertenecientes al Ejecutivo Nacional como los
actos administrativos recurridos, constituyen una sanción por la supuesta
comisión de infracciones al Código Penal, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y
decisión firme de carácter administrativo o judicial que, efectivamente, RCTV,
C.A. incurriera en dichas infracciones. Sobre
encuentra esta Sala señalamiento alguno por parte de la Administración, donde se evidencie que el contenido de los referidos actos comporte una
sanción a la empresa recurrente por el incumplimiento de normas legales.
en la Comunicación Nº 0424 de fecha 28 de marzo de 2007, el Ministro del Poder
Popular de las Telecomunicaciones y la Informática señaló:
vencimiento de un lapso no es una sanción. En efecto, el vencimiento del lapso
por el cual fue otorgada la concesión para uso y explotación de una porción del
espectro radioeléctrico a RCTV no es la consecuencia de una sanción, como lo
hecho natural inexorable como lo es el que transcurra el tiempo y se produzcan como
una determinada norma jurídica…”.
“…Visto
que el Estado Venezolano, en cumplimiento de la obligación que le impone el
artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de garantizar servicios públicos de televisión, con el fin
de permitir el acceso universal a la información, ha decidido como parte de las
nuevas políticas públicas en materia del sector de telecomunicaciones,
de gestión de televisión abierta que coexista con los otros ya existentes en el
país, bajo el esquema de televisión de servicio público, buscando fomentar de
esta manera la democratización del uso del medio radioeléctrico y la pluralidad
frecuencia que le permita contar con una red de televisión abierta con alcance
nacional, como la que quedará disponible al vencimiento de la concesión de
Radio Caracas Televisión RCTV, C.A….”
Así, aprecia la Sala que la Resolución parcialmente transcrita, va referida al cumplimiento por parte del Estado venezolano de la obligación que le impone
el artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de garantizar servicios públicos de televisión para
cuyo propósito ha implementado nuevas políticas públicas en el área de
telecomunicaciones, reservándose a los fines expuestos la explotación y uso de
ciertas porciones del espectro radioeléctrico; no obedeciendo la actuación
administrativa a infracción alguna por parte de RCTV, C.A., de las normas
contenidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión ni en otras disposiciones legales, o
haber incurrido en delitos o faltas previstos en el Código Penal.
demostrada la violación alegada por los recurrentes sobre la presunción de
inocencia de su representada. Así se declara.
igualdad y no discriminación, establecido en los artículos 21 y 24 Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente, al tratar a su poderdante de
forma desigual con respecto a operadores que se encuentran en idéntica
situación que RCTV, C.A. y a los cuales se les ha dado un trato diferente y más
beneficioso. Arguyen, que en la Comunicación N° 0424 del 28 de marzo de 2007, el Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática declaró que la concesión de la mencionada sociedad mercantil expira el 27 de mayo
de la concesión no ha sido notificado a otras operadoras de televisión y radio,
como Venevisión, Venezolana de Televisión y más de cien estaciones de
radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM), que se encuentran en iguales
circunstancias que la empresa recurrente, a las cuales se les extendió su
concesión por veinte (20) años en la misma fecha que a RCTV, C.A., esto es, el
27 de mayo de 1987, con la entrada en vigencia del Decreto Nº 1.577.
representada sea la única empresa a la cual se le haya notificado acerca de una
supuesta reserva de frecuencias, de la expiración del término para la concesión
y del decaimiento de su solicitud de transformación de títulos; permitiéndosele
a otras operadoras -con características idénticas a las de RCTV, C.A.-
Desde este contexto, debe la Sala referirse al artículo 21 de la Constitución, el cual consagra el derecho a la igualdad y no discriminación en los siguientes
No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la
condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o resultado
La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la
sancionará los abusos y maltratos que contra ella se cometan.
Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana salvo las fórmulas
4. No se reconocen títulos
nobiliarios ni distinciones hereditarias”.
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
al derecho a la igualdad y no discriminación, resulta pertinente aludir al
a otros. Asimismo, la discriminación existe cuando situaciones análogas o
justificación. Es por tal razón, que se ha sostenido que para acordarse la
tutela requerida en caso de violación del derecho a la igualdad, resulta
veracidad de sus planteamientos, toda vez que sólo puede advertirse un trato
tratamiento desigual (Vid. sentencia Nº 1.450 de fecha 7 de junio de 2006).
bien, con relación a la referida denuncia de los recurrentes debe señalarse que
Ciertamente, la representación judicial de RCTV, C.A. no demuestra la condición
de igualdad de circunstancias y de discriminación que dice tener frente al
presunta violación del derecho a la igualdad y no discriminación. Así se
La representación judicial de los recurrentes manifiesta que, en el caso
planteado, se viola la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 24
de la Constitución venezolana y el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al desconocerse el pretendido derecho de
preferencia de la empresa recurrente para la extensión por veinte (20) años de
su concesión de televisión abierta en VHF, con base en lo establecido en el
artículo 3 del Decreto N° 1.577 contentivo del Reglamento sobre Concesiones
para Televisoras y Radiodifusoras, y aplicarse retroactivamente la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Alega, que si bien el régimen previsto en el Decreto N° 1.577 fue
sustituido por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, esta Ley debe aplicarse
régimen anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 eiusdem.
(20) años previsto en el artículo 1° del referido Decreto y su pretendido
derecho de preferencia para la extensión de la concesión por el mismo lapso.
en el artículo 24 de la Constitución, de la siguiente manera:
24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando
imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento
en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto
haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
relación a este principio, la Sala también se ha pronunciado, afirmando que se
trata de la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho
nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Así,
en sentencia Nº 1.842 del 20 de julio de 2006, la Sala señaló:
bien, considera necesario esta Sala señalar que el precepto contenido en el
mencionado artículo 24 del Texto Fundamental, constituye la consagración
como tal y que para determinar su conculcación se hace necesario el examen de
las normas legales cuya aplicación retroactiva se alega y su adecuación en el
nulidad es solicitada; examen este que le está vedado al juez constitucional en
la etapa cautelar, toda vez que en estos casos debe bastar la confrontación
del acto o actuación atacada por vía de amparo con el Texto Constitucional para
así determinar la violación denunciada. Por lo tanto, se reitera que cuando
para establecer la existencia de una violación de orden constitucional se hace
corresponderá a la etapa de decisión sobre el recurso de nulidad que es la
acción principal en estos casos….” (Resaltado
Al respecto, advierte la Sala que para determinar si se configura en el caso concreto la violación del principio de irretroactividad,
debe necesariamente examinarse el contenido del Decreto Nº 1.577 a la luz de la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones y otras disposiciones de rango
inferior al mencionado texto legal, tales como el Reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones Sobre Habilitaciones Administrativas y Concesiones de Uso
y Explotación del Espectro Radioeléctrico, publicado en la Gaceta Oficial de la República N° 37.085 del 24 de noviembre de 2000, y la Providencia por la cual se dictan las Condiciones Generales de las Habilitaciones de
Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta, publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 38.520 de fecha 12 de septiembre de 2006.
Por lo anteriormente expuesto, esta situación
no corresponde ser examinada en esta etapa del proceso. Así se declara.
violación de los derechos a la propiedad y no confiscación, consagrados en los
artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues con la negativa de transformar los títulos otorgados al amparo de la legislación
anterior a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, así como la negativa de
extender o renovar la concesión bajo el argumento de que el Estado se reservará
la explotación y uso de la frecuencia utilizada por RCTV, C.A., se desconocen
frecuencia, así como los beneficios económicos que dicha actividad le reporta.
contrato constituye una garantía económica para los particulares conforme a lo
celebración del contrato de concesión, la cual -afirman- asegura al particular
que contrata con la Administración Pública, que esa relación se mantendrá a pesar del ejercicio de las prerrogativas públicas de modificación o terminación del
Señalan, que los actos recurridos omiten pronunciamiento sobre la
afectación de los derechos económicos inherentes a la concesión obtenida por
RCTV, C.A. Añaden, que la Administración ha debido reconocer que con su decisión unilateral de no renovar la concesión, se causa un daño económico a RCTV,
C.A., por lo cual debía otorgársele una indemnización por el lucro cesante y la
no recuperación de la inversión realizada, en virtud de la expectativa legítima
de continuar con la concesión.
contexto, debe aludirse a los artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen el derecho de
propiedad y la prohibición de las confiscaciones:
“Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad.
La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones
que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés social, mediante
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la
expropiación de cualquier clase de bienes”.
“Artículo 116. No se decretarán ni ejecutarán
confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución.
Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia
firme, los bienes personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de
quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los
otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y
Igualmente, el artículo
21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la
propiedad privada en los siguientes términos:
bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad
pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por
explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.
al derecho de propiedad tanto la jurisprudencia como la doctrina, han señalado
encontrarse acordes con determinados fines como lo son la función social, la
utilidad pública y el interés general, dichas limitaciones deben ser
que RCTV, C.A., pretende una indemnización, tanto por el lucro cesante como por
la no recuperación de la inversión que -según afirma- han realizado en virtud
de una expectativa legítima para continuar con la concesión y la no renovación
o extensión de ésta por decisión de la Administración, desconocería su pretendido derecho de preferencia.
Asimismo, la recurrente expresa que “(…) resulta absolutamente
inaceptable señalar que la República es la “Propietaria” del bien del dominio
público denominado espectro radioeléctrico. Semejante concepción
patrimonialista del dominio público que es inaceptable en un Estado Social ya
que la relación entre el Estado y el bien del dominio público no se puede
asimilar a la relación existente entre un particular y un bien de propiedad
Ante este escenario, advierte la Sala que por expresas disposiciones del ordenamiento jurídico venezolano, el espectro
radioeléctrico es un recurso limitado de telecomunicaciones y, lo que es más
trascendente, en cuanto a su naturaleza jurídica se trata de un bien de dominio
público inalienable e imprescriptible, cuyo titular es la República Bolivariana de Venezuela, la cual ejerce sobre dicho bien los atributos propios de
esa titularidad; es decir, su uso, goce y administración, de conformidad con la Ley; por lo que esta Sala estima infundada la denuncia de violación del derecho de propiedad.
Así se declara. Con relación a la supuesta afectación del derecho de propiedad sobre los
bienes utilizados para la explotación de la concesión distintos del espectro
radioeléctrico, esta Sala observa que el vencimiento de la concesión como
mecanismo de extinción natural de la misma con un plazo de duración conocido de
supuesto de lesión del derecho de propiedad sobre dichos bienes, por lo que se
rechaza tal argumento. Así se declara. La Sala observa que a pesar de estar en
presencia del posible vencimiento de una concesión, hasta el presente no se ha
invocado la figura usual de la reversión de los bienes afectos a la concesión
pruebas de que se le haya lesionado el derecho de propiedad ni confiscado porción
alguna de su patrimonio. Adicionalmente, tomando en consideración que RCTV, C.A., alega la pérdida
de ciertos beneficios económicos (lucro cesante y recuperación de la
inversión), debe señalar esta Sala que la determinación de tal pérdida comporta
necesariamente el análisis de la existencia o no de un derecho de preferencia a
favor de la empresa recurrente para obtener la extensión o renovación de la
concesión a partir del 28 de mayo de 2007, día siguiente a aquel en que vence
la concesión otorgada; razón por la cual no puede la Sala en esta etapa cautelar emitir pronunciamiento alguno con fundamento en un pretendido
derecho que constituye parte de lo que debe dilucidarse en la decisión
definitiva, debiéndose desestimar el alegato formulado sobre este punto. Así se
Los apoderados actores denuncian la violación del derecho a la libertad
económica, en tanto y en cuanto las decisiones del Ministro del Poder Popular
para las Telecomunicaciones y la Informática, impedirían que RCTV, C.A. ejerciese la actividad que viene desarrollando, sin que se haya configurado el
dichas decisiones las cuales, según afirman, se encuentran al margen de la ley.
respecto, niegan que el sacrificio particular al que supuestamente se vería
sometida su representada por la no renovación de la concesión se deba a razones
de interés general como las alegadas por la Administración, pues -según los dichos de la parte recurrente- en el espectro radioeléctrico
estarían disponibles frecuencias suficientes con las características técnicas
requeridas por el Estado para desarrollar su política pública de
telecomunicaciones y, además, porque conforme con lo establecido en el artículo
107 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la frecuencia operada por RCTV,
C.A. no podría considerarse disponible.
que la solicitud de transformación de los títulos de RCTV, C.A., fue presentada
a tiempo en el año 2002, sin que exista justificación alguna por parte de la Administración para no dar una oportuna respuesta, lo cual -según lo expuesto por la parte
recurrente- era una obligación irrenunciable y legalmente impuesta a la
de vigencia de la concesión. Señalan,
que según lo previsto en el artículo 3 del Decreto N° 1.577 RCTV C.A., tendría
derecho a una extensión de la concesión por veinte (20) años, por no haber sido
objeto de sanción. Visto lo anterior, estima la Sala necesario realizar las siguientes
El derecho a la libertad económica se encuentra establecido en el
artículo 112 de la Constitución, de la siguiente manera:
racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”.
113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios
que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso
de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de
demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará
demandas concentradas teniendo como finalidad la protección del público
efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la
nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o
sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado,
adecuadas al interés público”. (Resaltado
Como puede observarse, el derecho a la libertad económica encuentra una
limitación de orden constitucional en la disposición contenida en el artículo
113 antes transcrito, cuando el ejercicio del mismo suponga la explotación de
un recurso natural propiedad del Estado, en cuyo caso se requerirá de una
concesión que debe ser otorgada siempre por tiempo determinado, razón por la
cual estima esta Sala que el vencimiento de una concesión en modo alguno puede
ser entendido como una violación del derecho a la libertad económica. Asimismo, resulta pertinente indicar que las concesiones comportan un
privilegio de carácter exclusivo y excluyente, del cual únicamente durante su
vigencia, previamente acordada, el titular puede obtener un beneficio económico
por el uso y explotación del bien público, que con motivo de la concesión se le
108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a
la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio,
los requisitos que establezca la ley”. De acuerdo al texto de la referida norma constitucional, se observa que
la decisión del Ejecutivo Nacional de propiciar la creación de una estación de
televisión de servicio público constituye el cumplimiento de un expreso mandato
lesión al derecho a la libertad económica. Así se declara. Por otra parte, no pasa inadvertido para la Sala lo alegado por la representación judicial de RCTV, C.A., respecto a la existencia de otras
frecuencias televisivas disponibles en el espectro radioeléctrico, con las
características técnicas necesarias para que el Estado desarrolle su política
pública de telecomunicaciones, no pudiendo considerarse disponible -según
artículo 107 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
Sobre este último particular, cabe resaltar que los argumentos expuestos
por los recurrentes están sujetos a las pruebas que se promuevan y evacúen en
el transcurso del proceso de nulidad, razón por la cual su alegato no debe ser
violación del derecho a la libertad económica. Así se declara.
Asimismo, en lo que atañe al alegato referido
a la obligación legalmente impuesta a la autoridad administrativa de respetar
el objeto, cobertura y lapso de vigencia de la concesión otorgada bajo la
normativa legal anterior a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y que por tal motivo ésta debía haber transformado los títulos de RCTV, C.A.; debe indicarse
-sin que ello constituya un señalamiento sobre el fondo de la controversia- que
de las pruebas cursantes en autos no se deduce que la circunstancia de la no transformación de los mencionados títulos, haya impedido que la sociedad
mercantil actora continúe operando la frecuencia radioeléctrica hasta la fecha
del vencimiento de la concesión, lo cual fue expresamente reconocido por la Resolución Nº 002 recurrida. Así se declara.
en cuanto a la denuncia relativa a que la Administración tendría que respetar el pretendido derecho de la sociedad mercantil recurrente
a la extensión por veinte (20) años de la concesión, con base en el artículo 3
del Decreto Nº 1.577, la Sala estima pertinente indicar que tal argumento
al caso de autos, lo que -tal como antes se ha señalado- le está vedado al juez
de la causa en esta etapa cautelar. En tal sentido, reitera la Sala que el amparo es un medio extraordinario de protección de los derechos constitucionales.
De lo expuesto se colige que, en el caso bajo análisis, no se verifica la
presunción de buen derecho exigida a los fines de acordar la pretendida
protección cautelar, por lo que -de acuerdo con el reiterado criterio de la Sala- resulta innecesario verificar el cumplimiento del “periculum in mora” el cual es
determinable por “la sola verificación del requisito anterior”, es decir, el fumus
boni iuris, debiendo esta Sala declarar improcedente la acción de amparo
subsidiariamente, medida cautelar innominada, contra la Resolución Nº 002 y la Comunicación Nº 0424 del 28 de marzo de 2007, ambas emanadas del
Ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática. Así se declara.
expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre
la caducidad de la acción y, de ser el caso, admita el recurso ejercido y abra
recurrentes, debe señalar esta Sala que la concesión es una forma contractual
empleada por la Administración para la gestión de los servicios públicos, la
cual comporta una delegación que efectúa el Estado a otra persona a su propio
delimitación y beneficio económico para el concesionario por el uso y
explotación del bien público que con motivo de la concesión se le haya asignado,
por cuanto una vez expirado el término de vigencia se produce de pleno derecho
la extinción de la relación y, usualmente, la reversión de los bienes afectos a
Así, destaca la Sala que el derecho a la libertad de pensamiento y
expresión de RCTV, C.A. empleando la frecuencia radioeléctrica que le fue
asignada, tiene como límite la duración de la concesión, por lo que en modo
alguno, existe en su caso la violación del referido derecho constitucional. RCTV,
C.A. puede seguir expresando sus ideas, opiniones o informaciones y demás
contenidos a través de muchos otros medios de difusión que se encuentran al
alcance de los particulares, conforme al ordenamiento jurídico venezolano.
precedentes consideraciones, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:
interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y,
la empresa Radio Caracas Televisión, C.A., sus Directivos, Periodistas y un
grupo de Trabajadores de Prensa, antes identificados, contra la Resolución N° 002 y la Comunicación N° 0424, del 28 de marzo de 2007, emanadas del MINISTRO
DEL PODER POPULAR PARA LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA.
2.- ADMITE, sin perjuicio de la verificación
por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala de lo atinente a la caducidad de la acción, el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. De
ser procedente su admisión definitiva, el Juzgado de Sustanciación ordenará
solicitada y la continuación del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21, aparte 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. 3.- IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar interpuesta por Radio Caracas Televisión
a la pretensión de seguir transmitiendo más allá del 27 de mayo de 2007, como
operadora de televisión abierta y sus frecuencias accesorias, mientras se
notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo
de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
HADEL MOSTAFÁ
veintitrés (23) de mayo del año dos mil siete, se publicó y registró la
anterior sentencia bajo el Nº 00763.