Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/245/2
Timestamp: 2016-12-04 20:54:06
Document Index: 50318462

Matched Legal Cases: ['artículo\n172', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'artículo 26', 'artículo 7', 'artículo 172', 'artículo 53', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 172', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51']

Por su parte, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, de modificación de determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, que estableció la competencia de las Administraciones Públicas en materia de tutela y guarda, supuso un decisivo avance en el sistema de la protección jurídica de los menores, introduciendo el novedoso concepto de desamparo, mediante la proclamación de la primacía del interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo. En la reforma que introdujo dicha Ley del artículo
172 del Código Civil, aparece la figura del internamiento en centro de protección, como una alternativa al acogimiento familiar del menor, en los supuestos de asunción de la guarda y tutela por la Administración.
La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, que marca un hito histórico de especial relevancia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aglutina en una norma de carácter general, todos aquellos principios que han inspirado la legislación estatal e internacional en materia de protección de menores, con una clara vocación de cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo de nuestra Carta Magna, que obliga a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos y de la familia. Nace esta norma, como se recoge en su exposición de motivos, para actualizar y concretar el ejercicio de las competencias respecto de la protección de los derechos de los menores y los procedimientos necesarios para la aplicación de las medidas adecuadas.
Ambos elementos deberán traducirse en una adecuada combinación de condiciones materiales, profesionalidad, relaciones
afectivas y convivencia, que sustituya lo más adecuadamente posible a la familia de la que el menor carece, para que hasta tanto dicha situación sea resuelta o el menor se emancipe, este participe de una experiencia normalizadora e integradora semejante a un hogar familiar de calidad.
Sobre esta base, que unifique calidad técnica y entorno afectivo, teniendo en cuenta todo el compendio legislativo existente, se hace necesario dictar las líneas maestras que regulen el acogimiento residencial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que sea inspiradora de las funciones
correspondientes de los servicios de protección y de la organización y funcionamiento de cada uno de los Centros de Menores.
Artículo 52. Reglamento de Organización y funcionamiento de Centro.
1. Una vez aprobado el Proyecto Educativo de Centro, la dirección y los profesionales de los equipos educativos y técnico deberán definir el Reglamento de Organización y funcionamiento del Centro. Dicho Reglamento deberá concretar los instrumentos y procedimientos materiales, personales y relacionales de la intervención con los menores acogidos en el centro, en función a los elementos básicos recogidos en el presente Decreto.
3. Una vez elaborado el Reglamento de Organización y
funcionamiento del Centro será tramitado para su informe al Servicio especializado de protección de menores, que a su vez lo remitirá a la Dirección General competente en materia de protección de menores para su aprobación, debiendo adecuarse al Reglamento Marco y a las disposiciones legales vigentes.
4. Una vez aprobado el Reglamento de organización y
funcionamiento de Centro será revisado cada cinco años con el fin de evaluar su validez. No obstante, a iniciativa del servicio especializado de protección de menores o a petición del Centro mediando razones justificadas y una vez pasados dos años desde su aprobación, podrá interesarse su revisión.
Artículo 53. Programación Anual.
1. Todos los centros deberán contar con una Programación Anual, entendida como un conjunto de objetivos, procedimientos y técnicas que ordenan las acciones educativas necesarias que vayan a desarrollarse durante un año. Se incluirá el
presupuesto económico previsto para su desarrollo.
2. La Programación Anual deberá ser elaborada por los
profesionales de los equipos educativo y técnico y la dirección del centro, teniendo como referencia para su formulación el Proyecto Educativo y el Currículum Educativo de Centro.
3. La Programación Anual será entregada al Servicio
especializado de protección de menores correspondiente en el primer trimestre de cada año, teniendo en cuenta Memoria Anual del Centro del año anterior.
Artículo 54. Memoria Anual.
1. Los centros deberán remitir al Servicio especializado de protección de menores correspondiente en el primer trimestre de cada año una Memoria donde se describan todas las actuaciones que se hayan realizado en el centro durante el año
Artículo 55. Instrumentos individuales.
Los Centros de protección de menores deberán disponer de los siguientes instrumentos de planificación, ejecución y
evaluación de la acción educativa a desarrollar con cada menor:
Artículo 56. Informe de Observación Inicial.
El tutor de cada menor, teniendo en cuenta las aportaciones de todo el equipo de profesionales cumplimentará durante el primer mes de estancia, un Informe de Observación Inicial donde se recojan las observaciones realizadas y la evolución inicial del menor en el centro de protección, que deberá ser remitido al Servicio especializado de protección de menores.
Artículo 57. Proyecto Educativo Individualizado.
1. Cada menor acogido en un Centro deberá contar con su Proyecto Educativo Individualizado. Será elaborado por el tutor teniendo en cuenta las indicaciones del resto de los
profesionales del equipo, en el primer cuatrimestre de estancia del menor en el centro y será remitido al Servicio
especializado de protección de menores a fin de que valore su adecuación al Plan de Intervención.
2. En función de la edad y grado de madurez, el menor tendrá participación en la elaboración de su propio Proyecto
Artículo 58. Informe de Seguimiento Educativo.
Con independencia del período de estancia del menor en el centro su tutor elaborará semestralmente un informe de
seguimiento educativo, que será remitido por el director del centro al Servicio especializado de protección de menores.
Artículo 59. Informe Propuesta.
1. El Informe Propuesta tiene la finalidad de fundamentar técnicamente los cambios necesarios que desde el centro se planteen para la mejor evolución y bienestar del menor.
2. Los profesionales del equipo técnico del centro y el tutor del menor serán los responsables de elaborar el Informe Propuesta, que deberá ser ratificado por la dirección del centro. Posteriormente será remitido al Servicio especializado de protección de menores para que valore la conveniencia o no de la propuesta.
Artículo 60. Obligatoriedad de la evaluación.
1. Los Centros deberán evaluar la organización de la acción educativa, en función de los objetivos, criterios y forma de participación que se establecerán en el Proyecto Educativo Marco de la Junta de Andalucía. No obstante, cada Centro hará uso de los instrumentos de evaluación que considere más adecuados.
Artículo 61. Seguimiento de los centros.
1. Los profesionales del Servicio especializado de protección de menores realizarán al menos dos visitas anuales a los centros, al objeto de efectuar el seguimiento del
funcionamiento y organización de los mismos, supervisar la acción educativa, y ofrecer el apoyo técnico en la elaboración de los instrumentos técnicos exigidos en el presente Decreto. De dichas visitas se realizará un informe, que además se deberá remitir al director del centro.
2. El director del centro deberá comunicar al Servicio
especializado de protección de menores cualquier cambio o innovación que se produzca en la dinámica de funcionamiento y organización del centro.
Artículo 62. Estructura organizativa.
Los Centros de protección, tanto públicos como privados, estarán dotados, en el ámbito de los recursos humanos, de la siguiente estructura organizativa:
Artículo 63. Dirección.
1. La Dirección ejercerá la máxima autoridad del Centro, asumiendo directamente la responsabilidad sobre los menores acogidos y sobre la organización y coordinación del
c) Velar por el cumplimiento de las normas contempladas en el Reglamento de Organización y funcionamiento, de las
disposiciones vigentes y de las instrucciones efectuadas por la Dirección General competente en protección de menores.
e) Dirigir la administración del Centro y gestionar su
3. En caso de ausencia, enfermedad o vacante en la Dirección del Centro, su titular vendrá obligado a establecer la
correspondiente delegación de funciones para evitar situaciones de vacío de responsabilidad, salvo que dicha suplencia sea ejercida por la subdirección.
Artículo 64. Subdirección.
Los centros de protección podrán dotarse de la figura de la subdirección que colaborará directamente con la dirección en el ejercicio de sus funciones y le sustituirá en casos de
ausencia, vacante, enfermedad o por expresa delegación.
Artículo 65. Equipo educativo.
1. Los profesionales del equipo educativo son aquellos que ejercen la labor tutorial básica: atención directa, cuidados, tratamiento, orientación y acompañamiento del menor.
b) Elaborar y evaluar los instrumentos para la acción educativa individualizada de cada menor, con el apoyo de los
profesionales del equipo técnico, y la orientación del Servicio especializado de protección de menores.
i) Cuantas le vengan atribuidas legal o reglamentariamente, y en concreto aquéllas que se especifiquen en el Proyecto Educativo de Centro y el Reglamento de Organización y
Artículo 66. Equipo Técnico.
1. Los Centros de protección deberán contar con los servicios de un Equipo Técnico de referencia, que estará compuesto por profesionales de distintas especialidades, según las
necesidades de los menores acogidos, y en todo caso,
profesionales de la Psicología y del Trabajo Social.
c) Participar en la elaboración, y evaluación de los
instrumentos de la acción educativa de los menores.
d) Servir de puente entre la familia y el menor, en
coordinación con los Servicios Sociales y con el Servicio especializado de protección de menores.
Artículo 67. Administración y servicios generales.
Cada centro contará con el personal de administración y servicios generales, que resulte necesario, en función de su tipología y de los programas que desarrolle. Dicho personal realizará sus funciones teniendo en cuenta el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.
Artículo 68. Voluntariado.
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá acordar la actuación de voluntarios en centros de protección para la atención de menores, a través de las Entidades de Voluntariado con las que previamente se hayan celebrado convenios para el desarrollo de un determinado programa. En ningún caso se admitirán colaboraciones a título individual.
Artículo 69. Prácticas académicas o profesionales y estudios de investigación.
Sólo se realizarán, con carácter excepcional, prácticas académicas, profesionales o trabajos de investigación en centros de protección, cuando así lo autorice la Dirección General competente en materia de protección de menores, de acuerdo con la entidad titular del mismo, porque sea
conveniente para el sistema de protección de menores.
Artículo 70. Funciones generales.
Sin perjuicio de las funciones específicas, para el buen funcionamiento de centro, el personal ejercerá, en la atención a los menores, las siguientes funciones:
a) Acceder a toda aquella información necesaria del expediente del menor para poder ejercer correctamente su tarea
i) Comunicar de forma inmediata al Director del centro y/o al tutor legal del menor cualquier incidente, que pudiera
constituir infracción, falta o delito, cometido o sufrido por un menor del centro.
Artículo 71. Mecanismos de coordinación de los distintos equipos.
1. Con el objetivo de que exista una información fluida de todos los aspectos que afectan a la dinámica del centro y con el fin de que se produzca una buena coordinación entre las distintas personas que se relacionan con los menores acogidos, se realizarán reuniones con la periodicidad que desde la dirección del centro se establezca.
2. A fin de intercambiar información y novedades sobre la situación de los menores, los profesionales del equipo
educativo solaparán sus turnos, con una duración de al menos quince minutos.
Artículo 72. Dirección y planificación.
La Dirección General competente en materia de protección de menores desarrollará, a través de sus correspondientes
Servicios, las siguientes funciones en materia de acogimiento residencial:
Artículo 73. Competencias de las Delegaciones Provinciales.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de protección de menores asumirán, a través de los Servicios correspondientes las siguientes funciones:
a) Instrucción y propuesta de resolución en materia de
b) Ejecución, seguimiento y evaluación de la medida de
Artículo 74. Comisiones Provinciales de Medidas de Protección.
Disposición adicional única. Reglamentos Marco.
La Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor del presente Decreto, aprobará el Proyecto Educativo Marco, el Reglamento de Organización y funcionamiento Marco y el Documento Técnico Marco del
Currículum de Centro.
Mientras se aprueba el Reglamento de Organización y
funcionamiento Marco, los Centros se regirán por las normas de carácter general recogidas en este Decreto y las instrucciones que dimanen de la Dirección General competente en materia de protección de menores o de la Delegación Provincial de la Consejería correspondiente.
Se autoriza al titular de la Consejería de Asuntos Sociales para dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y aplicación de lo establecido en este Decreto.
Sevilla, 16 de diciembre de 2003
Consejero de Asuntos Sociales Unos Centros, cuya organización y funcionamiento será cada vez más parecida a la de pequeñas unidades cuasifamiliares, exigen una reglamentación acorde con dicho modelo. Debe ser una regulación que en sí misma combine de forma adecuada la salvaguarda de los derechos de todos aquellos que intervienen en el acogimiento residencial, particularmente de los propios menores, con una concepción dinámica y progresiva de estos derechos en la que, por encima de cualquier otra consideración prime el derecho del menor a recibir una educación que le permita vivir y desarrollarse en plenitud, con al menos las mismas o parecidas condiciones que la mayoría de la población.
Desde esta doble perspectiva de calidad y calidez, el
acogimiento residencial es considerado como una alternativa válida, a cuidar y mejorar permanentemente, que se utilizará cuando resulte más beneficiosa para el menor. El acogimiento residencial constituye una de las vías para el desarrollo de la medida de tutela o guarda, junto con las distintas fórmulas de adopción y acogimiento familiar, al mismo tiempo que desarrolla una labor de complemento de las mismas.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de diciembre de 2003.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación del
acogimiento residencial de menores, el marco de actuación de la Administración de la Junta Andalucía y establecer las bases reguladoras del régimen de organización y funcionamiento de los centros de protección de menores.
Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación al acogimiento residencial de los menores que se hallen bajo la guarda de la Administración de la Junta de Andalucía en Centros dependientes de la misma y de sus Entidades colaboradoras.
1. La finalidad del acogimiento residencial será promover el pleno desarrollo de la personalidad de los menores y su integración social, garantizando las condiciones para el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce. El interés de los menores presidirá todas las decisiones que se adopten en relación con su acogimiento residencial.
3. El acogimiento residencial se mantendrá el tiempo
estrictamente necesario, conforme al plan de intervención individualizado del menor previsto en el artículo 7 de este Decreto.
1. El acogimiento residencial de un menor sólo podrá ser acordado por la autoridad judicial o por el órgano
administrativo competente, de conformidad con lo que dispone el artículo 172 del Código Civil.
2. El órgano administrativo competente para acordar el
acogimiento residencial de un menor será la Comisión Provincial de Medidas de Protección, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53.d) del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desamparo, tutela y guarda administrativa.
DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES Y SUS GARANTIAS
Artículo 6. Seguridad y confidencialidad.
1. Los menores tendrán derecho a ser atendidos por personal cualificado profesionalmente y con una formación apropiada, que deberá respetar en todo caso la confidencialidad de los datos que conozca.
Artículo 7. Trato personalizado.
1. La atención prestada a los menores acogidos estará
organizada en un plan de intervención individualizado, que se elaborará en función de la evaluación de sus necesidades y que será revisado al menos semestralmente.
3. Los menores tendrán derecho a ser atendidos en el centro de protección a través del programa más adecuado a sus
Artículo 8. Intimidad y libertad de expresión.
1. Los menores tendrán derecho a su privacidad. A tal efecto, dispondrán de un espacio y de un tiempo propios y podrán mantener consigo sus pertenencias.
3. No obstante, los menores deberán ser orientados
adecuadamente por el Centro cuando el ejercicio de estos derechos vaya en contra de su propio interés.
Los menores dispondrán en los Centros de protección de una información adecuada, para el ejercicio legítimo de los siguientes derechos:
c) A conocer su propia historia personal y familiar y a que sean respetados sus antecedentes y valores culturales,
religiosos y étnicos.
Artículo 10. Relaciones personales.
1. Los menores acogidos en los Centros podrán mantener
relaciones con sus familiares y allegados, y conocer el régimen de visitas acordado.
Artículo 11. Salud.
1. Los Centros velarán por que se proporcione a los menores acogidos una protección integral de su salud, recibiendo la atención sanitaria y los tratamientos especializados que requieran según sus necesidades.
1. Los Centros proporcionarán a los menores acogidos una formación integral que procure el desarrollo de su personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
El centro de protección informará a los menores y a sus familias, desde el momento de su ingreso, de sus derechos, así como de las garantías existentes para su correcto ejercicio.
Artículo 14. Irrenunciabilidad.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico, los menores acogidos en los Centros de protección no podrán renunciar a los derechos que la Constitución y las leyes les reconocen.
Artículo 15. Efectividad.
1. Los Centros de protección garantizarán que los menores puedan ejercer sus derechos sin más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico, facilitándoles para ello la asistencia adecuada.
Artículo 16. Reclamaciones, quejas y sugerencias.
1. Los menores acogidos en los Centros de protección y sus familiares tendrán derecho a expresar su disconformidad acerca de cualquier aspecto de la atención residencial, incluido el trato recibido del personal, así como a recibir una
contestación expresa al caso planteado.
3. La Dirección del Centro remitirá la reclamación formulada, en el plazo máximo de diez días, a la Dirección General competente en materia de protección de menores, adjuntando un informe en el que contestará a todas y cada una de las
cuestiones planteadas, aportando los documentos que estime necesarios.
4. Recibida la documentación, la Dirección General acusará recibo al interesado, y en el plazo de quince días notificará las actuaciones realizadas y las medidas, en su caso,
DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE MENORES
1. A los efectos de este Decreto, se considerarán Centros de protección los establecimientos destinados al acogimiento residencial de los menores sobre los que se haya adoptado alguna de las medidas contempladas en el artículo 172 del Código Civil.
Artículo 18. Finalidades.
La atención a los menores acogidos, conforme al programa residencial a desarrollar, responderá a los siguientes fines:
f) Promover alternativas al acogimiento residencial,
preferentemente de tipo familiar, ya sea con su propia familia o con familia ajena.
g) Fomentar la solidaridad y la sensibilidad hacia los
problemas de la infancia, con la realización de actividades promovidas por el propio Centro y la participación en otras externas, buscando la implicación de otras instituciones, entidades y colectivos de la comunidad.
1. Los Centros de protección se clasificarán en casas y residencias.
Artículo 20. Condiciones mínimas.
1. Los Centros de protección deberán cumplir las condiciones mínimas establecidas en la normativa reguladora de los
requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales.
2. En todo caso, la estructura y el equipamiento de los Centros posibilitará el funcionamiento de pequeñas unidades, con sus propios espacios independientes, que respondan a una
organización de carácter familiar.
Artículo 21. Programas de atención residencial.
1. La acción protectora de los Centros responderá a las necesidades específicas de cada uno de los menores acogidos, desarrollándose mediante la ejecución de diversos programas de atención residencial.
Los Centros de protección deberán tener un Reglamento de organización y funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el Título V de este Decreto, en el que se reflejen los derechos de los menores, las normas de convivencia y los criterios para el ejercicio de la potestad de corrección, con sujeción en todo caso a las disposiciones del presente Decreto.
1. La Comisión Provincial de Medidas de Protección, a través del Servicio correspondiente, comunicará a los Centros el ingreso de los menores respecto de los que se haya acordado el acogimiento residencial. En la comunicación se indicará la fecha prevista de incorporación y se adjuntará la documentación relativa a los menores que resulte necesaria para la aplicación de dicha medida.
Artículo 24. Plan de Intervención.
1. En el plazo de un mes desde que se hubiera acordado el acogimiento residencial, el Servicio especializado de
protección de menores remitirá al centro el Plan de
Intervención del menor.
2. El Plan de Intervención tendrá carácter personalizado y definirá los objetivos de la actuación protectora, su
temporalidad, recursos, régimen de relaciones personales, incorporará el plan de integración familiar y social y la propuesta sobre el menor, llevando a cabo las intervenciones necesarias para su ejecución.
Durante la estancia de los menores en los Centros, se les deberá tramitar la documentación pertinente en función de su edad y circunstancias: partida de nacimiento, empadronamiento, cartilla de vacunaciones, Tarjeta Sanitaria Individual, Documento Nacional de Identidad, prestaciones de las que sea beneficiario, Certificado de minusvalía, en su caso,
documentación acreditativa de la situación de los menores extranjeros y cualquier otra que proceda.
Artículo 26. Intervenciones sanitarias.
1. En los supuestos en que los menores hayan de ser sometidos a una intervención quirúrgica o a un tratamiento médico de relevancia, la Dirección del Centro deberá presentar la solicitud de autorización, junto con el correspondiente informe facultativo, ante la Comisión Provincial de Medidas de
Protección con al menos cinco días de antelación a la fecha prevista para la realización de la intervención o el inicio del tratamiento.
2. Cuando los menores acogidos no se encuentren bajo la tutela de la Administración de la Junta de Andalucía, deberá
solicitarse la autorización de las personas que ostenten la patria potestad o la tutela.
Cualquier accidente que puedan sufrir los menores acogidos en un centro de protección deberá ser comunicado inmediatamente a la Dirección del centro, quien dará traslado al Servicio especializado de protección de menores. Todo ello sin perjuicio de dispensar la atención inmediata que el caso requiera.
Artículo 28. Administración y gestión del patrimonio.
La Administración de la Junta de Andalucía asumirá, respecto al patrimonio e ingresos de los menores acogidos, las siguientes obligaciones:
Artículo 29. Programación y ordenación del tiempo de los menores.
1. Los Centros organizarán el tiempo de los menores en función de la edad y las necesidades de los mismos, siempre con criterios educativos y velando por su bienestar.
Artículo 30. Participación de los menores.
1. Los menores participarán, según su edad, en las decisiones que les afecten personalmente y en las relativas a las
actividades desarrolladas por el Centro.
Artículo 31. Ausencias.
1. Cuando un menor se ausente sin autorización del Centro o no regrese al mismo tras un permiso o actividad exterior
programada, la Dirección y los profesionales del equipo educativo deberán llevar a cabo las actuaciones necesarias a fin de procurar su localización y retorno.
2. Si la ausencia durase más de veinticuatro horas, la
Dirección del Centro deberá ponerlo en conocimiento de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Servicio especializado de protección de menores, sin perjuicio de su comunicación al Ministerio Fiscal.
4. Cuando se tenga constancia que existe grave riesgo para el menor ausente o los profesionales que procuren su retorno, el Centro recabará el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de
Artículo 32. Cambios de Centro.
1. Los cambios de Centro de los menores sólo podrán ser propuestos cuando sean absolutamente necesarios para su proceso educativo.
e) Toma de contacto entre los profesionales de los Centros objeto de cambio para la transmisión de la información
g) El cambio definitivo de centro se realizará con el
acompañamiento del menor por parte de un educador del centro de protección.
3. En el supuesto de traslado por cambio de Centro de menores con conductas agresivas y que pueden entrañar riesgo tanto para su integridad física como para la de sus acompañantes, se solicitará la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Artículo 33. Cancelación y archivo de expedientes.
Transcurrido un año desde la baja, por cualquier causa, en el Centro, el expediente completo de los menores se cancelará y será remitido para su archivo al Servicio especializado de protección de menores correspondiente.
Artículo 34. Modelo de convivencia.
Los Centros de protección desarrollarán un modelo de
convivencia sobre las siguientes bases:
b) Ayudar a los menores a expresar sus sentimientos y
c) Favorecer el desarrollo de valores de tolerancia,
solidaridad, respeto, igualdad y en general los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución.
j) Promover la salud física y el bienestar de los menores, potenciando la adquisición de hábitos y habilidades de
Artículo 35. Pautas de conducta.
Los menores serán educados orientándoles sobre las siguientes pautas de conducta:
Artículo 36. Normas de convivencia.
1. Los centros de protección definirán en su Reglamento de Organización y funcionamiento las normas de convivencia y su régimen de corrección, entendiendo la acción correctiva como parte de un proceso educativo por el que las personas adultas enseñan a los menores a comportarse de acuerdo con las normas sociales y con los valores éticos.
2. Las normas de convivencia concretarán los derechos y responsabilidades de los menores en el centro y precisarán las medidas preventivas y las acciones correctivas que
correspondan, con sujeción, en todo caso, a lo establecido en el presente Decreto.
Artículo 37. Refuerzo de conductas adecuadas.
1. El personal de los Centros de protección promoverá y reforzará las conductas de los menores que sean conformes con el modelo de convivencia.
Artículo 38. Conductas contrarias a las normas de convivencia.
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan al modelo convivencial establecido en el presente Decreto y, que a su tenor, serán desarrolladas en los
Reglamentos de Organización y funcionamiento de los Centros.
Artículo 39. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Entre las conductas contrarias a las normas de convivencia se considerarán gravemente perjudiciales las siguientes:
Artículo 40. Delitos y faltas.
Las conductas realizadas por los menores que puedan constituir delitos y faltas de acuerdo con el Código Penal deberán comunicarse por la Dirección del Centro al Servicio
especializado de protección de menores y denunciarse ante el Ministerio Fiscal.
Artículo 41. Criterios para el ejercicio de la corrección.
1. La corrección de las conductas contrarias a la convivencia habrá de tener siempre un carácter educativo, como instrumento de aprendizaje para los menores, y no podrá atentar contra su dignidad.
2. La corrección deberá ejercerse de forma inmediata y
proporcionada a la conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de éstos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento.
Artículo 42. Formas de corrección.
1. La corrección de la conducta de los menores se efectuará inicialmente indicándoles la improcedencia de su comportamiento y dialogando con ellos a fin de hacerles reflexionar sobre lo sucedido, sus causas y consecuencias. Asimismo, se les mostrará alternativas a su conducta, como forma de ayudarles en su progresión hacia el autocontrol, y se les ofrecerá la
oportunidad de rectificar su conducta.
Artículo 43. Restricción física.
Artículo 44. Separación del grupo.
1. La separación del grupo, que tendrá carácter excepcional, se utilizará cuando los menores hubieran perdido el control de su conducta de forma prolongada, no atendieran a las indicaciones del equipo educativo del Centro y persistiera el peligro para la integridad física de aquéllos o de otras personas.
Artículo 45. Aplicación de la acción correctiva.
A efectos de la aplicación de las correcciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Artículo 46. Facultad de corrección.
1. La acción de corrección ante las conductas contrarias a las normas de convivencia será aplicada por los educadores que estén presentes en ese momento, informando posteriormente de lo ocurrido al resto del equipo educativo y a la dirección del centro.
2. En el caso de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, la acción correctiva será acordada por la
dirección del centro, oído los equipos educativo y técnico, dándose cuenta al Servicio especializado de protección de menores de la acción correctiva aplicada.
3. La restricción física sólo podrá decidirse o realizarse por los miembros del equipo educativo del centro, que podrán recabar el apoyo de otro personal del mismo, si fuera
necesario, informándose a la Dirección del centro y, en función de su gravedad, al Servicio especializado de protección de menores.
4. La aplicación de la separación del grupo requerirá la autorización del director del centro. Si dada la urgencia no es posible contar con el acuerdo del director, se le deberá notificar lo antes posible. Todos los incidentes de la
separación del grupo deberán ser registrados, documentados y comunicados al Servicio especializado de protección de menores en el plazo de 24 horas.
Artículo 47. Relaciones de los menores con su familia.
1. Los Centros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho de los menores a establecer y mantener una relación fluida con sus familiares, conforme al régimen de relaciones personales establecido judicialmente o por la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, conforme a lo previsto en el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, así como facilitar las llamadas telefónicas y demás comunicaciones.
3. El Centro destinará un espacio adecuado para que los familiares de los menores puedan efectuar las visitas
autorizadas, conforme a lo previsto, con carácter general, en el Reglamento de Organización y funcionamiento del Centro, que regulará el horario y el régimen de las visitas de acuerdo con lo establecido administrativa o judicialmente.
Artículo 48. Relaciones de los menores con su entorno.
1. Los Centros deberán potenciar las relaciones sociales de los menores. Con este fin, promoverán los contactos de los menores con su entorno y las visitas de amigos y compañeros al propio Centro.
3. Las comunicaciones podrán ser suspendidas cuando
concurrieran las circunstancias expresadas en el apartado 5 del artículo 47.
DE LA ORGANIZACION DE LA ACCION EDUCATIVA
Artículo 49. Instrumentos generales.
Los Centros de protección de menores deberán disponer de los siguientes instrumentos generales de planificación, ejecución y evaluación de la acción educativa:
Artículo 50. Proyecto Educativo de Centro.
1. El Proyecto Educativo de Centro es el instrumento básico sobre la identidad del mismo que define los objetivos generales que persigue y su estructura organizativa. Establece un marco de referencia de los planteamientos educativos, de carácter general, que describe y distingue al Centro, en función de los programas residenciales institucionales encomendados.
4. Una vez aprobados los Proyectos Educativos de Centros serán revisados cada cinco años con el fin de evaluar su validez. No obstante, a iniciativa del Servicio especializado de protección de menores o a petición del Centro mediando razones
justificadas, y una vez pasado dos años desde su aprobación, podrá interesarse su revisión.
Artículo 51. Currículum Educativo de Centro.
1. La Dirección y los profesionales de los equipos educativo y técnico de los Centros deberán definir el Currículum Educativo de Centro, en base al Documento Técnico Marco que a tal fin elaborará la Dirección General competente en materia de protección de menores y que contará con todos los contenidos necesarios para atender y educar a los menores.
4. Una vez aprobado el Currículum Educativo de Centro será revisado cada cinco años con el fin de evaluar su validez. No obstante, a iniciativa del servicio especializado de protección de menores o a petición del Centro mediando razones
justificadas y una vez pasados dos años desde su aprobación, podrá interesarse su revisión.