Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00841-de-agosto-3-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b90594e44ac0002ae0430a010151002a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 03:00:04
Document Index: 400553151

Matched Legal Cases: ['artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 154', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 29', 'artículo 154', 'artículo 209', 'artículo 196', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 154', 'artículo 44', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 154', 'artículo 196', 'artículo 46', 'artículo 229', 'artículo 196', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 2008-00841 de agosto de 2011
SENTENCIA 2008-00841 DE 03 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:MORA EN TRÁMITES JUDICIALES. SI LAS DIFICULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NO PERMITEN HUMANAMENTE CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS PROCESALES, POR LO MENOS, DEBEN DARSE DENTRO DE UNOS TÉRMINOS QUE SEAN RAZONABLES, CONDICIONADO POR LA COMPLEJIDAD DEL CASO, POR LA ACUCIOSA TRAMITACIÓN DEL MISMO Y LA CONDUCTA FUNCIONAL DE QUIEN FUE ASIGNADO POR EL ESTADO PARA ESA TAREA, RAZONES ELLAS QUE IMPLICAN SU VALORACIÓN EN ARAS DE JUSTIFICAR O NO EL RETARDO DE LOS ASUNTOS PROPIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, UN PROCESO LENTO Y RETARDADO SIN JUSTIFICACIONES AVALABLES, SE TORNA ARBITRARIO Y DESEQUILIBRA CARGAS PROCESALES, LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LE EXIGE A LOS SUJETOS PROCESALES EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LEY SO PENA DEL CASTIGO, POR ENDE, EL JUEZ DEBE CUMPLIR CON LOS QUE SON DE SU EXIGENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, FALTAS DISCIPLINARIAS, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBERES DEL JUEZ, MORA JUDICIAL, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sentencia 2008-00841 de agosto de 2011
Rad. 110010102000200800841-00
Registro de proyecto: 2 de agosto de 2011
Aprobado según Acta de Sala 75 de la fecha
Bogotá, D.C., Tres de agosto de dos mi once.
De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256 de la Constitución Política y 3º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le corresponde “Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los tribunales y consejos seccionales de la judicatura, el vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema Justicia y los tribunales”.
La compulsa de copias y consecuente formulación de cargos, previo agotamiento de las fases legales que estructuran el proceso disciplinario, se dio por la mora observada para tramitar 121 expedientes en el lapso comprendido entre el año 2004 y abril de 2009 cuando se retiró del servicio judicial, como magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá el Dr. Baudilio Murcia Guzmán. Es ese el período que se le cuestionó a través de la formulación de cargos para que respondiera en juicio disciplinario, pues en unos procesos existe mora para trámites propios de esos litigios y en su gran mayoría lo fue para registrar y proferir sentencia.
Viene sosteniendo la Sala y así lo previó la preceptiva que recoge el supuesto de hecho endilgable como mora constitutiva de falta, que el tipo disciplinario a imputar, contempla el elemento normativo de la conducta injustificada para poder considerarla contraria al deber funcional, se trata de un elemento subjetivo que forma parte de la tipicidad, en la medida que la Constitución consagra el derecho fundamental a un debido proceso público “sin dilaciones injustificadas”, es decir, que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, en virtud de sus artículos 29 y 228, por ello previó el artículo 154-3 de la Ley 270 de 1996, que está prohibido a los funcionarios judiciales “retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados”.
Por lo tanto, al tenor de las exigencias de tales normas, para sancionar al funcionario judicial que los incumpla no solo será necesario establecer si hubo dilación en despachar el asunto o prestar el servicio, también si fue injustificado su actuar.
Toda vez que la imputación fáctico-jurídica en la formulación de cargos se dio con base en la mora que registra cada expediente, 121 en total, se torna necesario decantar en cada expediente aquellos lapsos que por el paso del tiempo impiden que esos períodos, como fueron endilgados, sean evaluados para juicio de reproche, por cuanto se ha presentado respecto de ellos el fenómeno de la prescripción, lo cual obliga su reconocimiento y declaratoria tal como se reseña a continuación, teniendo en cuenta la relación de ellos presentada en antecedentes, razón por la cual, para efectos de la decisión definitiva sobre las moras no prescritas, solo se traerá a colación aquellos que realmente no estén afectados por dicho fenómeno prescriptivo, en tanto los que sí lo están se resumen como sigue, para su declaratoria.
Radicación 2002-00194-00
Por la mora registrada entre el 26 de agosto de 2003, pero quedó en secretaría hasta el 13 de julio de 2005 cuando le regresó al despacho para fase conciliatoria; de lo cual se dijo debía estar pendiente el funcionario a cargo del expediente.
Radicado 2002-00191-00
Por el lapso de mora registrado entre el 29 de agosto de 2003, para posteriormente regresarle al despacho el 03 de mayo de 2005, del cual se dijo fue tiempo que si bien estuvo el expediente en secretaría igualmente seguía a su cargo, pero dejó pasar desapercibido esa quietud cuando era su deber de diligencia actuar al respecto.
Radicado 2002-00261-00
Lapso comprendido entre el 5 de febrero de 2003, pero solo le regresó el expediente al despacho el 6 de abril de 2005, período que si bien estuvo en secretaría, así mismo el proceso continuaba a su cargo, por lo tanto le asistía el deber de diligencia y vigilancia sobre el mismo, lo cual no hizo.
Radicado 2002-00015-00
Mora dada entre el 27 de noviembre de 2003 que fijó fecha para audiencia pero regresó al despacho solo el 27 de julio de de 2005, del cual se dijo que si bien estuvo en secretaría, así mismo el proceso continuaba a su cargo, por lo tanto le asistía el deber de diligencia y vigilancia sobre el mismo, lo cual no hizo.
Radicado 2001-00295-00
Mora dada entre el 6 de mayo de 2003 y regresó al proceso al despacho el 16 de marzo de 2005, se dijo en los cargos, que si bien estuvo en secretaría, así mismo el proceso continuaba a su cargo, por lo tanto le asistía el deber de diligencia y vigilancia sobre el mismo, lo cual no hizo.
Radicado 2001-00066-00
La mora que se registró del 7 de julio de 2003 cuando fijó fecha de audiencia, para lo cual le regresó el 18 de mayo de 2005, al respecto se dijo que si bien estuvo en secretaría, así mismo el proceso continuaba a su cargo, por lo tanto le asistía el deber de diligencia y vigilancia sobre el mismo, lo cual no hizo.
Radicado 2001-00221-00
Se estableció una mora entre 18 de mayo de 2004 que se realizó una fallida audiencia de conciliación y el proceso pasó al despacho hasta el 4 de agosto de 2005, mora objetiva imputada de más de un año, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, debe recordarse que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-00307-00
Fue concebida la mora en los cargos entre el 7 de mayo de 2003 se decretó la prácticas de pruebas y el expediente volvió al despacho el 18 de mayo de 2005, lo cual implicaba una mora objetiva de un año y diez meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, debe recordarse que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00366-00
Mora dada del 13 de mayo de 2004 cuando dictó auto decretando la práctica de pruebas, regresando el expediente hasta el 10 de agosto de 2005, tiempo que como conducta morosa si bien, estaba el expediente en secretaría, le asistía el deber de control y vigilancia sobre el mismo, lo cual no hizo.
Radicado 2002-00215-00
Nulidad y restablecimiento del derecho de Jairo Carrillo Quintero contra la Nación-Ministerio de Defensa –Ejército Nacional. Proceso que presentó mora del 23 de octubre de 2003 cuando dictó auto decretando la práctica de pruebas, regresó el expediente hasta el 10 de agosto de 2005, siendo evidente una mora objetiva de casi dos años lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, debe recordarse que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00146-00
Registró mora entre el 1º de agosto de 2003 que decretó la práctica de pruebas, regresando al despacho hasta el 22 de junio de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un año y siete meses.
Radicado 2002-00307-00
La mora se registró del 29 de enero de 2004 cuando decretó la práctica de pruebas, regresando al despacho hasta el 18 de mayo de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un año y un mes, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00402-00
Mora contabilizada del 13 de mayo de 2004 cuando decretó la práctica de pruebas, regresó al despacho hasta el 13 de julio de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un once meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2000-00514-00
Se trata del período comprendido entre el 11 de junio de 2003 cuando ordenó requerir y el expediente regresa tan solo el 18 de mayo de 2005 para iniciar etapa conciliatoria siendo evidente una mora objetiva de casi dos años lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00327-00
Mora dada del 18 marzo de 2004, pues el expediente regresó tan solo el 13 de julio de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un año, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00005-00
Lapso de mora del 27 de noviembre de 2003 que fijó nueva fecha para recepcionar testimonio y el expediente regresó tan solo el 4 de mayo de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un año y cuatro meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-00287-00
Mora dada del 5 de noviembre de 2002 cuando dictó el auto ordenado la práctica de pruebas y el expediente regresó tan solo el 15 de mayo de 2005, siendo evidente una mora objetiva de dos años y cuatro meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, debió recordar que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00330-00
La mora se dio del 18 de marzo de 2004 y el expediente regresó tan solo el 23 de noviembre de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un año y cinco meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, debió recordar que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-00199-00
Lapso comprendido del 3 de septiembre de 2003 que se resolvió una petición y el expediente regresó tan solo el 16 de marzo de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un año y seis meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, debió recordar que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2003-00165-00
Lapso comprendido entre el 24 de agosto de 2004 que el expediente pasó al despacho para resolver petición y tan solo el 24 de agosto de 2005 se corrió traslado para alegar siendo evidente una mora objetiva de un año.
Radicado 2001-00161-00
Lapso dado del 13 de mayo de 2004 que resolvió sobre personerías y el expediente regresó tan solo el 9 de marzo de 2005 siendo evidente una mora objetiva de diez meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00385-00
Período comprendido entre el 2 de octubre de 2003 que decretó la práctica de pruebas, volviendo el expediente hasta el 6 de abril de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un (1) año y tres (3) meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-00319-00
Lapso comprendido entre 7 mayo de 2003, el expediente pasó al despacho nuevamente hasta el 9 de marzo de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un año y ocho meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-00321-00
El 8 de julio de 2004 se ordenó agregar un comisorio y el expediente regresó hasta el 15 de junio de 2005 siendo evidente una mora objetiva de nueve meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2004-00392-00
El 21 de julio de 2004 se decretó de oficio la práctica de pruebas y hasta el 21 de julio de 2005 se corrió traslado para alegar siendo evidente una mora objetiva de diez (10) meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, se le recordó que estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
El 10 de febrero de 2003 se decretó la práctica de pruebas y hasta el 4 de junio de 2005 pasó el proceso al despacho siendo evidente una mora objetiva de dos (2) años y dos (2) meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, igual estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00105-00
El 3 de junio de 2004 se concedió el término para que las partes manifestaran su ánimo conciliatorio, regresando el expediente hasta el 3 de agosto de 2005 siendo evidente una mora objetiva de casi dos años, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00050-00
El 9 de octubre de 2003 se reconoció personería a una abogada, regresando el expediente hasta el 27 de julio de 2005 siendo evidente una mora objetiva de casi dos años, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00046-00
El 17 de junio de 2003 se ordenó la práctica de pruebas y hasta el 31 de mayo de 2005 regresó el expediente, siendo evidente una mora objetiva de un año y diez meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00369-00
Una vez se da inicio al período probatorio —abril 3 de 2004—, el expediente pasa al Despacho nuevamente hasta el 24 de agosto de 2005 siendo evidente una mora objetiva de un (1) año y dos (2) meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-078
El 28 de junio de 2004, el expediente pasó al despacho para correr traslado para alegatos y el auto correspondiente se profirió hasta el 2 de junio de 2005, evidenciándose una mora objetiva de casi un (1) año para proferir dicha decisión.
Radicado 2001-0276
El 7 de mayo de 2002 se dio inicio a la etapa probatoria, pero el expediente regresó hasta el 16 de marzo de 2005, siendo evidente una mora objetiva de dos (2) años y ocho (8) meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-0173
El 29 de agosto de 2002 se fijó fecha para la recepción de un testimonio pero el expediente regresó hasta el 4 de mayo de 2005, siendo evidente una mora objetiva de dos (2) años y siete (7) meses, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-00181
El 10 de septiembre de 2003 se reconoció personería pero el expediente regresó hasta el 27 de julio de 2005, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2002-0173
El 11 de marzo de 2004 se aceptó la renuncia al poder y el expediente regresó hasta el 16 de marzo de 2005 con el período probatorio vencido, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Radicado 2001-0312
El 7 de mayo de 2003 se dio inició al período probatorio y el expediente regresó hasta el 15 de junio de 2005, lapso en el que si bien el expediente se encontraba en secretaría, estaba bajo el control y vigilancia del funcionario investigado.
Son esos los lapsos de mora imputados en los cargos al interior de cada expediente reportado en la vigilancia judicial administrativa fuente de este disciplinario que habrá de decretarse la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto el paso del tiempo impide cualquier valoración en contrario, toda vez que una forma de extinguir acción de esta naturaleza, es el reconocimiento de dicho fenómeno, tal como lo preceptúan los artículos 29 y 30 de la Ley 734 de 2002, así las cosas, se resolverá sobre esos períodos en tal sentido.
La mora objeto devaloración diferente a la prescripción
Decantados como están los lapsos de mora que serán objeto de prescripción, se procede en forma subsiguiente a la relación de los períodos que aún no han prescrito, en aras de confrontarlos con las explicaciones dadas por el acusado disciplinariamente, para establecer entonces si el comportamiento encontrado típico en los cargos, amerita como consecuencia jurídica el reproche disciplinario, o por el contrario, justifica el retardo demostrado en cada uno de esos expedientes.
Por lo tanto, en un orden práctico, se relacionan a continuación esos períodos para finalmente hacer la confrontación en punto de las exculaciones genéricas ofrecidas por el Dr. Murcia Guzmán, pues no se detuvo en cada uno de los expedientes para demostrar lo que pretende hacer valer como justificación de la conducta omisiva enrostrada; no obstante, se entra entonces a realizar la descripción individual para detallar el concurso de faltas objeto de juicio disciplinario, respecto de los cuales se reitera lo expuesto en los cargos conforme la consideración de tiempo y deber legal que le asistía:
1. Radicado. 1997-001245-00.
Regresó el expediente a despacho para fallo el 26 de mayo de 2004 y solo registra proyecto para fallo el 13 de junio de 2007, —dictó sentencia el 26 de septiembre de ese año—, siendo esa una mora objetiva, en tanto el tiempo dado por la ley para registrar proyecto es de 40 días siguientes al vencimiento del traslado para alegar (CCA, art. 211), ello implica una mora de aproximados 2 años y 10 meses, pese a que en ese interregno se presentó la renuncia al poder y se aceptó por auto del 10 de mayo de 2005, pero tal actuación no tiene el mérito de justificar la indiligencia de todo ese tiempo o recortar el lapso de mora reseñado.
2. Radicado 2000-00226.
Ingresó el 6 de febrero de 2005 y registró el respetivo proyecto de sentencia el 20 de noviembre de 2007 —se dictó la sentencia el 28 de ese mes y año—, siendo esa una mora objetiva, en tanto el tiempo dado por la ley para registrar proyecto es de 40 días siguientes al vencimiento del traslado para alegar (CCA, art. 211), ello implica una mora de aproximados 2 y ½ años.
3. Radicado 2001-00271-00.
Pasó al despacho el 20 de octubre de 2004 para fallo y tan solo el 31 de agosto de de 2006 emitió auto por el cual ordenó notificar al liquidador de la demandada, ingresó nuevamente a despacho el 25 de septiembre de 2006 para fallo y solo registró proyecto el 31 de julio de 2007, se dictó sentencia el 16 de agosto de ese año. Es decir, pese a que profirió el auto de notificación al liquidador ha de tomarse ese período como uno solo desde el 20 de octubre de 2004 al 31 de julio de 2007, pues en menos de un mes le regresó el expediente y tampoco se trata de una actuación relevante en cuanto al tiempo para su cumplimiento, lo cual implica una mora objetiva de aproximados 2.½ años descontados los 40 días dados por la ley a partir del vencimiento del término para alegar (CCA, art. 211).
4. Radicación 2002-0025-00.
Pasó al despacho para fallo el 13 de julio de 2005 y solo registró proyecto el 19 de febrero de 2008, esto es aproximados 2.½ años después previo descuento del término dado por el Código Contencioso Administrativo, artículo 211, lo cual implica una mora objetiva en tramitar el asunto a su cargo.
5. Radicación 2000-00287.
Ingresó al despacho para fallo el 21 de octubre de 2003, pero tan solo registró proyecto de sentencia el 2 de abril de 2007, sin que se tenga en cuenta el auto de notificación al liquidador, proferido el 29 de septiembre de 2005, pues fue subido al despacho al mes, interregno que no puede tomarse como trascendental en el tiempo para interrumpir esa mora objetiva registrada de 3 años y 4 meses descontados los 40 días dados por el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo.
6. Radicación 2000-00278.
Pasó al despacho para fallo el 12 de febrero de 2004, sin que a la fecha de retiro del servicio (abr. 29/2009) hubiese registrado proyecto de fallo, pues no se tendrá en cuenta interrupción alguna con ocasión del auto que negó la renuncia al poder el 15 de abril de ese año, por cuanto el expediente le regresó el 28 de ese mes y año. Es decir, se tiene mora objetiva registrada de más de cinco (05) años descontados los 40 días dados por el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo.
7. Radicación 1999-00203.
Registra mora entre el 19 de mayo de 2004 cuando entra al despacho para fallo y tan solo registró proyecto para sentencia el 21 de agosto de 2007, lo cual implica que descontados los 40 días de ley (CCA, art. 211) tuvo un retardo de más de tres (3) años en cumplir con la función encargada como administrador de justicia.
8. Radicado 2001-00129-00.
Al despacho para fallo el 16 de noviembre de 2004, sin embargo registró proyecto tan solo el 27 de noviembre de 2007, hecho indicativo de la presencia de una mora objetiva de tres (3) años en el cumplimiento de la función judicial para ese caso, que desconoció los términos previstos para ello, dados precisamente en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo.
9. Radicación 2000-00404-00.
Al despacho para fallo el 2 de junio de 2004 y tan solo se registró proyecto de sentencia el 2 de julio de 2007, ello implica la verificación de una mora judicial para el cumplimiento de ese deber funcional en dos (2) años y diez (10) meses, descontado ya los 40 días de ley previstos en el Código Contencioso Administrativo (art. 211).
10. Radicación 2001-00028-00.
Registra período moroso, del 2 de junio de 2004 que ingresó al despacho para fallo, sin que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) hubiese registrado proyecto, lo cual implica una mora de de aproximados cuatro (4) años y seis (6) meses en cumplir con ese deber funcional de despachar los asuntos dentro de los términos de ley, por lo menos, en uno razonable, circunstancia que redunda, como se dijo, en retardo para asumir lo de su cargo.
11. Radicación 2002-00411-00.
Se registra como morosa la siguiente actuación: el 10 de agosto de 2005 le ingresa al despacho para fallo y solo un año después (ago. 31/2006) profirió auto ordenando notificar al liquidador de Cajanal, le ingresó a los 25 días siguientes —25/09/2006— nuevamente al despacho para resolver un recurso de reposición, lo cual hizo mediante auto del 2 de noviembre de 2006 y a los 12 días siguientes (14/11/2006) le sube al despacho nuevamente para fallo, registrando el proyecto de sentencia el 22 de agosto de 2008, esto es, 1.½ años después del último ingreso, pero dos (2) años y medio con posterioridad a la primera entrada para fallo, mora que se da por no acatar los términos de ley (CCA, art. 211).
12. Radicación 2000-00447-00.
El 6 de julio de 2005 le ingresó al despacho para fallo, registrando tan solo el 12 de abril de 2007 el proyecto de sentencia, situación fáctica indicadora de una mora objetiva aproximada de un (1) año y seis (6) meses, descontados los 40 días reglados del ley (CCA, art. 211).
13. Radicado 1999-00011-00. El 23 de junio de 2004 le ingresó al despacho para fallo, pero con auto del 14 de abril de 2005 reconoce personería y le regresa el expediente el 11 de mayo de 2005 —para fallo—, pero registra proyecto de sentencia el 20 de marzo de 2007, situación fáctica que da cuenta de una mora en registrar el proyecto de 2.½ años, con la advertencia que no se tiene en cuenta como interrupción aquel auto de reconocimiento de personería, pues lo elemental del trámite no tiene porque dar al traste con esos términos de ley (CCA, art. 211), o por lo menos, en tanto exagerado tiempo para cumplir con la función que le competía.
14. Radicado 2000-00136-00.
Le ingresó nuevamente al despacho para fallo el 14 de julio de 2004, pero registró proyecto de sentencia únicamente el 31 de julio de 2007, que aún negado como fue, se aprecia una mora objetiva en cumplir con esa función de registrar en tiempo, de aproximados tres (03) años, pues los 40 días de ley (CCA, art. 211) no solo no se cumplieron, sino que se desbordaron en demasía frente al deber que le asistía como administrador de justicia.
15. Radicación 2002-00024-00.
Ingresó nuevamente al despacho para fallo el 16 de noviembre de 2005, pero registró el proyecto de sentencia el 2 de octubre de 2007, lo cual implica una mora para resolver o tramitar el asunto en esa fase procesal en concreto de un (1) año y nueve (9) meses descontado el término de ley para ello (CCA, art. 211).
16. Radicado 1999-00421-00.
Le regresó el expediente para responder petición el 28 de septiembre de 2005 y acto seguido como actuación procesal figura que el 24 de noviembre de 2008 “Al despacho 3 el expediente por haber sido derrotado en Sala de Decisión”, lo cual implica que hasta entonces lo tuvo en su despacho sin actuación, siendo ello mora objetiva para resolver dentro de los términos lo pertinente al tenor de lo previsto en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo.
17. Radicado 2000-00498-00.
Nuevamente al despacho para fallar desde el 18 de mayo de 2005, registró el proyecto de sentencia 24 de abril de 2007, lo cual implica una mora objetiva de un (01) año y ocho (8) meses en cumplir con esa función a él encargada como administrador de justicia y a cargo de ese asunto, mora tenida en cuenta según los términos de ley para registrar proyecto como reza el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo, obviamente descontados esos 40 días de ley.
18. Radicado 2001-00317-00.
Luego de trámites de ley dentro de términos razonables, pasó al despacho para fallo el 20 de abril de 2005, pero registró proyecto de sentencia el 22 de octubre de 2007, estos, una mora de aproximados dos (2) años y tres (3) meses descontados los 40 día de ley, pues para tal efecto no se tendrá en cuenta como interrupción de la mora el auto del 6 de julio de 2006 por el cual negó una petición, en tanto el expediente le ingresó el mismo mes para cumplir con lo ordenado en citado artículo 211 del Código Contencioso Administrativo.
19. Radicación 2003-00017-00.
Al despacho para fallo el 7 de junio de 2005 solo registró proyecto de sentencia el 19 de febrero de 2009, descripción fáctica demostrativa de una mora objetiva de aproximados tres años y medio, lo cual va en contravía de la previsión legal del artículo 211 del Código Contencioso Administrativo.
20. Radicado 2002-00305-00.
Para fallo el 21 de septiembre de 2005, respecto de lo cual procedió en ese sentido al registrar el proyecto de sentencia el 10 de marzo de 2008, lo cual implica una inactividad y mora de aproximados dos (02) años y seis (6) meses, circunstancia objetiva que demuestra el incumplimiento del deber funcional en ese asunto a su cargo, cuando era sabedor del término previsto para esos menesteres (CCA, art. 211).
21. Radicación 2001-00298-00.
Le pasó al despacho para fallo el 27 de octubre de 2004, en tanto registró proyecto de sentencia el 20 de mayo de mayo de 2008, sin que la Sala avale como interrupción de esa mora el auto proferido el 6 de julio de 2006 por el cual aceptó la renuncia al poder, pues el expediente no fue sustraído de su despacho y la providencia dada no es de tal naturaleza que implique desbordar términos en la magnitud acá demostrada, pues aproximados tres (03) años y cinco (05) meses para cumplir con ese deber funcional, no es lo pretendido con principios como el de celeridad y eficiencia en la administración de justicia.
22. Radicado 2002-00281-00.
El 22 de febrero de 2006 cuando le ingresó al despacho para fallo y solo registra proyecto de sentencia el 17 de abril de 2008, constitutivo ello de una mora objetiva que implica estar incurso en falta disciplinaria como todos los casos anteriores, pues aproximados dos (2) años en cumplir con ese trámite de ley se torna exagerado frente a la celeridad que debe distinguir la función judicial, caso este en el cual tampoco se toma en cuenta interrupción del período de mora, pues el auto de acumulación de expedientes del 21 de noviembre de 2007 no trasciende a esa categoría de obligar el nuevo conteo de términos para establecer la mora, si se tiene en cuenta además que le regresó el expediente el 29 de igual mes y año, es decir, no pueden considerarse esos 8 días como elemento de interrupción.
23. Radicación 2000-00250-00.
Se le tomó como conducta morosa aquella registrada ente el 15 de febrero de 2006 cuando entra nuevamente para fallo y el 11 de marzo de 2008 cuando registró el proyecto de sentencia, la cual sí trasciende al campo del derecho disciplinario, por ser contraria tanto al deber funcional como a los principios de celeridad y eficiencia, en tanto el término de ley fue sobrepasado en sumo grado, pues aproximados dos (2) años de mora implica tal incumplimiento.
24. Radicado 2002-00142-00.
Pasó al despacho el expediente para fallo el 18 de mayo de 2005 y solo el 09 de octubre de 2008 registró proyecto de sentencia, mora de algo más de tres (3) años que da al traste con los términos legales (CCA, art. 211), por ende, constitutivo de falta disciplinaria.
25. Radicado 2001-00205-00.
Al despacho para fallo el 27 de julio de 2005 y tan solo registró proyecto de sentencia el 26 de febrero de 2009, lo cual implica una mora considerable en más de tres (3) años y cuatro (4) meses vencido el término de ley para ello (CCA, art. 211), constitutiva entonces de falta disciplinaria por su contrariedad con el deber funcional.
26. Radicado 2003-00082-00.
Ingresó al despacho para fallo el 21 de septiembre de 2005 y solo el 15 de abril de 2008 registró proyecto de sentencia, siendo ese lapso de tres años conducta morosa a luz de los términos de ley (CCA, art. 211) y constitutiva de falta disciplinaria.
27. Radicación 2002-00194-00.
Le ingresó el expediente al despacho para fallo el 19 de octubre de 2005 pero registró proyecto de sentencia tan solo el 4 de diciembre de 2007, período de tiempo en el cual se dejó de cumplir con los términos de ley (CCA, art. 211), en tanto aproximados dos (2) años sin cumplir con ese deber funcional, constituye falta disciplinaria.
28. Radicado 2003-00047-00.
Pasó al despacho para fallo el 19 de octubre de 2005, pero registró proyecto para sentencia el 15 de abril de 2008, lapso este indicativo de una mora objetiva que da al traste con los términos previstos en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo, siendo su deber funcional proceder en forma célere y eficaz.
29. Radicado 2004-000437-00.
Luego de trámites de ley, pasó al despacho para fallo el 19 de octubre de 2005, pero tan solo se registró proyecto de sentencia el 8 de septiembre de 2008, período este constitutivo de mora en proceder conforme a la ley (CCA, art. 211), pues sobrepasados esos 40 días, se tomó aproximados dos (2) años y nueve (9) meses en cumplir con ese deber funcional.
30. Radicado 2003-00187-00.
Entró al despacho para fallo el 25 de enero de 2006, para lo cual registró proyecto de sentencia el 30 de octubre de 2007, mora de aproximados un (1) año y medio que constituye falta disciplinaria en tanto el deber funcional le informaba unos término de ley (CCA, art. 211) preciso de acatar.
31. Radicado 2002-00191-00.
Al despacho para fallo el 25 de enero de 2006 y registró proyecto de sentencia el 26 de junio de 2007, es decir, hubo una mora objetiva de aproximados un (1) año y tres (3) meses con posterioridad al vencimiento del término de ley (CCA, art. 211), circunstancia contraria al deber funcional que le asistía en el ejercicio de administrar justicia.
32. Radicado 2002-00261-00.
Se establece una mora objetiva en el lapso comprendido entre el 05 de septiembre de 2005 cuando le ingresó el expediente para fallo, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los tres (3) años y seis (06) mese sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
33. Radicado 2002-00015-00.
Se estableció una mora objetiva en el lapso comprendido entre el 31 de agosto de 2005 cuando le ingresó el expediente para fallo, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los tres (3) años y siete (7) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
34. Radicado 2001-00147-00.
Le ingresó el expediente nuevamente al despacho para fallo el 26 de octubre de 2005, sin que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009), hubiese registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso aproximados tres (3) años y cinco (5) meses, sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
35. Radicado 1999-00272-00.
Le ingresó al despacho para fallo el 25 de mayo de 2005, pero a la fecha de su retiro del servicio (abr. 22/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso aproximados los cinco (5) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
36. Radicado 2000-00484-00.
Le ingresó nuevamente al despacho para fallo el 6 de junio de 2004, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso aproximados los cinco (5) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
37. Radicado 2001-00295-00.
Se establece una mora objetiva en el lapso comprendido entre el 21 de septiembre de 2005 cuando le ingresó el expediente para fallo, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los tres (3) años y seis (6) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
38. Radicado 2002-00021-00.
Regresado el expediente para fallo el 09 de noviembre de 2005, a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009), aún no había registrado proyecto de sentencia, lo cual indica que pasados los 40 días previstos en la ley (CCA, art. 211), la mora es de aproximados tres (3) años y cuatro (4) meses contraria al deber funcional que le asiste como administrador de justicia.
39. Radicado 2002-00377-00.
Luego de los trámites de ley dentro de plazos razonables, le regresó el expediente para fallo el 16 de noviembre de 2005, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los cuatro (4) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
40. Radicado 2001-00066-00.
Se establece una mora objetiva en el lapso comprendido entre el 25 de enero de 2006 cuando le ingresó el expediente para fallo, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso más de tres (3) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
41. Radicado 2002-00350.
Se estableció una mora objetiva en el lapso comprendido entre el 16 de noviembre de 2005 cuando le ingresó el expediente para fallo, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso más de tres (3) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
42. Radicado 2001-00108-00.
Regresado el expediente al despacho el 1º de diciembre de 2005, a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los tres (3) años y tres (3) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
43. Radicado 2001-00263-00.
Admitida la demanda y luego de actuaciones procesales de ley, le regresó expediente para fallo el 31 de agosto de 2005, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los tres (3) años y seis (6) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
44. Radicado 2002-00257-00.
Luego de los trámites de ley, le regresó el expediente al despacho para fallo el 22 de febrero de 2006, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso más de tres (3) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
45. Radicado 2001-00220-00.
Le regresó el expediente al despacho para fallo el 15 de marzo de 2006, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los tres (3) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
46. Radicado 2002-00033-00.
Le regresó el expediente al despacho para fallo el 15 de marzo de 2006, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso aproximados tres (3) años sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
47. Radicado 2000-00204.
El expediente al despacho para fallo el 06 de octubre de 2004, a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso aproximados cuatro (4) años y tres (3) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
48. Radicado 2001-00102-00.
Luego de los trámites de ley, le regresó el expediente al despacho para fallo el 25 de agosto de 2004, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cuatro (4) años y ocho (8) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
49. Radicado 2000-00474-00.
Le regresó el expediente al despacho para fallo el 10 de noviembre de 2004, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los cuatro (4) años seis (6) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
50. Radicado 2000-00344-00.
Le regresó el expediente al despacho para fallo el 26 de octubre de 2005, pero que a la fecha de su retiro del servicio (abr. 29/2009) aún no había registrado proyecto de sentencia, es decir, pasados los 40 días de ley (CCA, art. 211) llevaba ese proceso cerca de los tres (3) años y cinco (5) meses sin que el funcionario cumpliera con su deber al respecto.
51. Radicado 2001-00221-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 16 de febrero de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
52. Radicado 2002-00018-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 20 de octubre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
53. Radicado 2001-00192-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 30 de agosto de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y siete (7) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
54. Radicado 2000-00095-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 18 de mayo de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y once (11) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
55. Radicado 2000-00462-00.
Pasó al despacho para fallo desde el 20 de abril de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
56. Radicado 2000-004382-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 27 de octubre de 2004 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
57. Radicado 2001-00062-00.
Pasó al despacho para fallo desde el 27 de octubre de 2004 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
58. Radicado 2000-00168-00.
Le regresó el expediente al despacho para fallo desde el 25 de agosto de 2004 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y seis (6) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
59. Radicado 2001-00144-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 9 de junio de 2004 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y nueve (9) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente período del cual se descontó el citado término legal.
60. Radicado 2001-00137-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 20 de abril de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció a su cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente, período del cual se descontó el citado término legal.
61. Radicado 2001-00290-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 17 de mayo de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia a su cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de aproximados cuatro años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente, período del cual se descontó el citado término legal.
62. Radicado 2000-00292-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 25 de enero de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario investigado presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
63. Radicado 2000-00236-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 3 de agosto de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario investigado presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y nueve (9) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
64. Radicado 2003-00105-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 16 de noviembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario disciplinado renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y dos (2) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
65. Radicado 2004-00606-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 22 de marzo de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos años y once (11) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
66. Radicado 2002-00179-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 15 de marzo de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario investigado presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y diez (10) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
67. Radicado 2002-00366-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 22 de febrero de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y once (11) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
68. Radicado 2002-00215-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 22 de febrero de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y once (11) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
69. Radicado 2002-00099-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 9 de noviembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y dos (2) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
70. Radicado 2002-00116-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y tres (3) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
71. Radicado 2002-00146-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cuatro (4) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
72. Radicado 2002-00307-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y tres (3) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
73. Radicado 2002-00402-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 2 de octubre de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y tres (3) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
74. Radicado 2000-00514-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 19 de octubre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y tres (3) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
75. Radicado 2002-00327-00.
76. Radicado 2002-00005-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 24 de agosto de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario investigado renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de casi tres (3) años y cuatro (4) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
77. Radicado 2004-00113-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 16 de noviembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y dos (2) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
78. Radicado 2001-00287-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario investigado presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y tres (3) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
79. Radicado 2000-00013-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 29 de junio de 2005 y hasta el 11 de diciembre de 2008 se registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y tres (3) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente, obviamente descontando esos 40 días de ley. Período del cual se descontó el citado término legal.
80. Radicado 2003-00394-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 3 de agosto de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y seis (6) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
81. Radicado 2002-00330-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de junio de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y ocho (8) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
82. Radicado 2001-00199-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 10 de agosto de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario disciplinado presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y seis (6) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
83. Radicado 2000-00525-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 27 de octubre de 2004 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y cuatro (4) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
84. Radicado 2003-00165-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
85. Radicado 2000-00005-00.
Pasó al despacho para fallo desde el 7 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
86. Radicado 2000-00006-00.
Pasó al despacho para fallo desde el 6 de octubre de 2004 y hasta el 11 de febrero de 2009 se registra proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
87. Radicado 2002-00300-00.
A despacho para fallo desde el 19 de octubre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y dos (2) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
88. Radicado 2001-00161-00.
A despacho para fallo desde el 15 de febrero de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de aproximados tres (3) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
89. Radicado 2002-00385-00.
A despacho para fallo desde el 9 de noviembre de 2005 y hasta el 19 de octubre de 2007, registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de un (1) año y nueve (9) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
90. Radicado 2001-00319-00.
A despacho para fallo desde el 22 de febrero de 2006 y hasta el 27 de mayo de 2008, registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
91. Radicado 2001-00321-00.
A despacho para fallo desde el 16 de noviembre de 2005 y hasta el 19 de marzo de 2009, se ordenó practicar una prueba de oficio, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y un (1) mes, con sobrepaso en exceso de los 40 días dados por el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo.
92. Radicado 2004-00392-00.
A despacho para fallo desde el 5 de agosto de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario presentó renuncia al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
93. Radicado 2002-00385-00. A despacho para fallo desde el 11 de septiembre de 2005 y hasta el 19 de octubre de 2007, se registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de un año y once (11) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
94. Radicado 2002-00220-00.
A despacho para fallo desde el 11 de septiembre de 2005 y hasta el 25 de octubre de 2007, se registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de un año y once (11) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
95. Radicado 2002-00105-00.
A despacho para fallo desde el 16 de noviembre de 2005 y hasta el 22 de octubre de 2007, registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de casi un año y ocho meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
96. Radicado 2002-00050-00.
A despacho para fallo desde el 16 de noviembre de 2005 y hasta el 9 de diciembre de 2008, registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y diez (10) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
97. Radicado 2002-00046-00.
A despacho para fallo desde el 16 de noviembre de 2005 y hasta el 29 de marzo de 2007, registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de aproximado un (1) año, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
98. Radicado 2002-00211-00.
A despacho para fallo desde el 1º de febrero de 2006 y hasta el 19 de febrero de 2008, registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de un año y nueve meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
99. Radicado 2002-00369-00.
A despacho para fallo desde el 21 de junio de 2006 y hasta el 10 de febrero de 2009, registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos años y cinco meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
100. Radicado 2000-00384-00.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 7 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cuatro (4) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
101. Radicado 2004-00323.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 2 de abril de 2008 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de nueve (9) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
102. Radicado 2001-078.
A despacho para fallo desde el 3 de agosto de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
103. Radicado 2001-0276.
A despacho para fallo desde el 22 de febrero de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de aproximados tres (3) años, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
104. Radicado 2000-0416.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 7 de septiembre de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009 cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cuatro (4) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
105. Radicado 2001-0173.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 3 de agosto de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
106. Radicado 2001-0265.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 16 de febrero de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de aproximados cuatro (4) años y diez (10) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
107. Radicado 2004-0449.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de junio de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y seis (6) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
108. Radicado 2003-00037.
El 30 de mayo de 2003 y después del trámite normal el expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de junio de 2006 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y siete (7) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
109. Radicado 2001-056.
A despacho para fallo desde el 14 de julio de 2004 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
110. Radicado 2002-00181.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 1º de febrero de 2006 y hasta el 18 de marzo de 2009 se registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de dos (2) años y diez (10) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
111. Radicado 2002-0173.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 10 de agosto de 2005 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cuatro (4) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
112. Radicado 2001-0312.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 21 de septiembre de 2005 y hasta el 19 de febrero de 2009, dispuso fijar fecha para celebrar audiencia de conciliación, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y dos (2) meses.
113. Radicado 1999-0109.
Después del trámite normal el expediente pasó al despacho para fallo desde el 14 de junio de 2004 y hasta el 18 de febrero de 2009 se registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de tres (3) años y cinco (5) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
114. Radicado 1999-0167.
Proceso en el cual el expediente pasó al despacho para fallo desde el 26 de mayo de 2004 y hasta el 10 de febrero de 2009 se registró proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y seis (6) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
115. Radicado 1998-0134.
El expediente pasó al despacho para fallo desde el 23 de junio de 2004 y hasta el 29 de abril de 2009, cuando el funcionario renunció al cargo, no se había registrado proyecto de sentencia, lo cual implica una mora objetiva de cuatro (4) años y seis (6) meses, sobrepasando ostensiblemente el término de 40 días consagrado en el artículo 211 del Código Contencioso Administrativo para registrar el proyecto correspondiente. Período del cual se descontó el citado término legal.
Finalmente, tal como se dedujo en los cargos, cuya situación procesal no varió en absoluto, en los otros 5 expedientes identificados con los números 1999-00459-00, 2001000008-00 2000-0455-00, 2002-00225-00 y 2003-00249 si bien no se reportó en la inspección judicial efectuada el 20 de agosto de 2009 dato alguno al respecto, bajo el entendido de encontrarse los expediente en el Consejo de Estado, preciso es tomar lo reportado por la vigilancia judicial administrativa, en la visita y vigilancia que hizo al despacho del Dr. Murcia Guzmán la cual culminó con resolución del 30 de noviembre de 2007, la misma que se tendrá en cuenta como imputación de morosidad para despachar los asuntos a su cargo, tal como se hizo en precedencia.
Se excluye de esa mora el Radicado 1999-000301, que si bien fue reportado no se tiene dato alguno que permita valorar disciplinariamente el comportamiento funcional del magistrado a cargo, es decir, en estos, se reporta indiligencia y descuido, al igual que en los 115 anteriormente relacionados, tal como se reseña:
Radicado 1999-00459-00
Reparación directa de Alba María Chingal Marín, ingresado al despacho desde el 28 de noviembre de 2003 sin que a la fecha de esa visita especial tuviera movimiento alguno, lo cual implicó una mora considerable para despachar el asunto, bien porque fuera con algún auto (10) días —Art. 209 CCA—, ora por registro de proyecto de sentencia (40) días —Art. 211 CCA—.
Radicado 2001-00008-00
Reparación directa de José Yesid Mateus P. y otros. Ingresado desde el 27 de octubre de 2004 al despacho, sin que a la fecha de esa visita especial tuviera movimiento alguno, lo cual implica una mora considerable para despachar el asunto, bien porque fuera con algún auto (10) días —Art. 209 CCA—, ora por registro de proyecto de sentencia (40) días —Art. 211 CCA—.
Radicado 2000-00455
Reparación directa de Miryam Galeano Redondo y otros, proceso que le ingresó el 23 de febrero de 2005 al despacho, sin que a la fecha de esa visita especial tuviera movimiento alguno, lo cual implica una mora considerable para despachar el asunto, bien porque fuera con algún auto (10) días —Art. 209 CCA—, ora por registro de proyecto de sentencia (40) días —Art. 211 CCA—.
Radicado 2002-00225
Nulidad y restablecimiento del derecho de Valerio Téllez. Expediente que le ingresó al despacho el 23 de febrero de 2005, sin que a la fecha de esa visita especial tuviera movimiento alguno, lo cual implica una mora considerable para despachar el asunto, bien porque fuera con algún auto (10) días —Art. 209 CCA—, ora por registro de proyecto de sentencia (40) días —Art. 211 CCA—.
Radicado 2003-00249
Reparación directa de Jorge Toledo Rivas. Expediente que le ingresó al despacho el 26 de septiembre de 2005, sin que a la fecha de esa visita especial tuviera movimiento alguno, lo cual implica una mora considerable para despachar el asunto, bien porque fuera con algún auto (10) días —Art. 209 CCA—, ora por registro de proyecto de sentencia (40) días —Art. 211 CCA—.
Registros estos que no fueron desvirtuados por el funcionario acusado disciplinariamente, pues su defensa no se enfocó en cada proceso, como para intentar desmentir o controvertir las afirmaciones procesales dadas no solo en el pliego de cargos, sino en la compulsa de copias originada de la vigilancia judicial realizada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá conforme la competencia que el asiste.
No son entonces estos lapsos de mora, los que pueda considerar el juez disciplinario como razonables, en tanto la razonabilidad de los términos y su debida medición para tramitar y evacuar los asuntos a cargo conforme al deber funcional, cuyo factor es el que determina el ámbito de aplicación del derecho disciplinario, de medirse bajo varias circunstancias para ser avalada como justificante en una conducta de esta naturaleza.
Debe por tanto tenerse sumo cuidado en establecer esas circunstancias endógenas y exógenas que le son inherentes a la actividad judicial de los funcionarios encargados de administrar justicia, bajo la conocida realidad de que cada caso es diferente, y como tal, conlleva un término legal previsto para su resolución; así mismo debe intentarse la verificación de factores determinantes en la realización de la conducta humana, preciso de considerar y reflexionar sobre ellos cuando se reprocha por faltar al deber funcional.
Al respecto y frente a la supuesta mora, es menester tener en consideración las estimaciones sobre el plazo razonable, que para casos como este donde se sobrepasan aquellos legales, sirven de fundamento para estimar la posibilidad o no de incursión en falta disciplinaria, pues los términos de ley excepcionalmente pueden cumplirse.
Es de presentación legal dentro del Estado social, democrático y constitucional de derecho que los procesos, cualquiera sea su especialidad civil, penal administrativa u otra, deben tramitarse sin dilaciones injustificadas, por ende, vincula al funcionario judicial en una tarea ardua de consagración pese a la inmensas dificultades de tipo logístico y presupuestal para hacer más eficiente la administración de justicia, en aras de no dejar en la mera letra el postulado constitucional previsto como parte integrante del debido proceso dado en el artículo 29 de la C.P., esa tramitación sin dilaciones es lo que la ciencia jurídica desde sus embrionarias manifestaciones ha pretendido enseñar que el proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible, pues la decisión de adscribir el derecho en un litigio entre partes no debe tardar y ello compete a los jueces, claro está, dentro de las limitaciones como las antes aludidas.
Quiere decir lo anterior, que un proceso lento y retardado sin justificaciones avalables, se torna arbitrario y desequilibra cargas procesales, tan solo para nombrar una, la administración de justicia le exige a las partes o sujetos procesales el cumplimiento de los términos de ley so pena del castigo, como el rechazo o declaratoria de extemporaneidad de sus recursos o peticiones, por ende, el juez debe cumplir con los que son de su exigencia. Situación entonces endémica que afecta sentidas expectativas de quienes intervienen en el proceso, pero que además implica desvío de poder, por eso no se abre camino el establecimiento de término judiciales que suplan aquellos legales, preferible el aceptar los razonables que equilibra cargas entre expectativas de los intervinientes, de la administración y del funcionario judicial.
Entonces, si las dificultades propias de la administración de justicia no permiten humanamente cumplir con esos términos, por lo menos, viene insistiendo la Sala, deben darse dentro de unos que sean razonables, condicionado por la complejidad del caso, por la acuciosa tramitación del mismo y la conducta funcional de quien fue asignado por el Estado para esa tarea, razones ellas que implican su valoración en aras de justificar o no el retardo de los asuntos propios de la función judicial.
Lo anterior, por cuanto el acceso a la administración de justicia no se materializa con el solo hecho de presentar la demanda en estos asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativa o con la admisión a trámite, es un derecho fundamental(11) que va más allá, e implica voluntad y patrocinio de las diferentes autoridades que ejercen poder público al igual, entrega y dedicación del funcionario judicial, para determinar en el menor tiempo quién de los trabados en la litis resulta con el derecho dictado por el juez (juris dictio).
Conforme lo anterior, no hay hasta el momento, factor determinante que permitiera al disciplinado tener en quietud permanente los múltiples expedientes en su despacho pendientes de un trámite como requerimiento probatorio, traslado para alegatos o como sucedió en su gran mayoría, a la espera de registrar proyecto para que los compañeros de Sala pudieran como jueces colegiados aportar a la decisión que correspondiera.
Se da en consecuencia un concurso efectivo de conductas disciplinables, caracterizado por la pluralidad de acciones, unidad de sujeto pasivo de esta acción disciplinaria y unidad de omisiones, pues lo demostrado es que la misma persona con varias acciones —comisión por omisión— incurrió en la misma prohibición, que obviamente y como se concibió desde el inicio de este proceso, se resuelve bajo la misma cuerda procesal. Concurso material de conductas disciplinables que permitió identificar las varias veces que infringió la ley disciplinaria en el mismo tipo o hipótesis legal de las prohibiciones (L. 270/96, art. 154-3).
De las disculpas ofrecidas en descargos para justificar la mora endilgada como falta disciplinaria
Lo cierto es que de entrada, puede advertirse la poca novedad o argumentos nuevos presentados con ese fin, pero se remite la Sala a los mismos en aras de la real controversia planteada por el Dr. Murcia Guzmán, en tanto es su pretensión que le tengan en cuenta para lograr un resultado favorable en este disciplinario.
Del término institucionalmente establecido
Teniendo en cuenta las dificultades que merman la actuación del juez en la labor de administrar justicia e imposibilitan el cumplimiento de los términos de ley, como se tiene por reconocido desde hace rato en el sistema judicial colombiano, se requirió como prueba a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, estudio consolidado sobre el estimativo en tiempo que demore un proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, a lo cual respondió la unidad de desarrollo y análisis estadístico(12), para informar que “el tiempo promedio estimado para ser resuelto un proceso judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de 926 días calendario ...”.
A renglón seguido, diseñó el tiempo promedio (días calendario) tipo terminación del proceso según la región geográfica de ubicación del expediente, para ello estimó que en la región oriental —donde se ubica precisamente el Tribunal Administrativo del Caquetá—, la sentencia de primera instancia tiene por promedio 1.337 días calendario y global por región es de 1.248 días.
Esos promedios fueron estimados con basamento en la realidad judicial que atraviesa el país, con los pormenores de congestión y demás dificultades inherentes al ejercicio de la función judicial, pero más allá de esas dificultades, debe precisarse que la situación de mora endilgada en autos, no se compadece siquiera con esa medición, pues en todos los casos, la sola fase de procesal de emitir sentencia absorbió esos términos ponderados por la Sala Administrativa, por cuanto en la mayoría se tiene una mora de tres, cuatro y cinco años para registrar proyecto después de haberle ingresado el expediente al despacho para ese fin.
Los 1.248 días global, en su defecto, 1.337 para sentencia implica menos de cuatro (4) años pero para todo el trámite del proceso desde la admisión de la demanda hasta finiquitar la primera instancia, pero resulta que en los expedientes analizados como períodos morosos a cargo del Dr. Guzmán Murcia (sic) todo el trámite del expediente en más de un 95% de aquellos relacionados y objeto de valoración disciplinaria, el trámite total suma más de siete (7) y ocho (8) años, con el agravante que ese término se le contabilizó hasta la fecha de su renuncia de la magistratura.
Quiere decir entonces, la exagerada mora en tramitar y decir esos casos relacionados, no se compadece siquiera con el estimativo de promedio en tiempo de días calendario estudiado técnicamente por la unidad de desarrollo y análisis estadístico, que como se sabe, es una ponderación mucho más allá de los términos legales, que sin ser un plazo cierto como definitorio de situaciones concretas, por lo menos sí es una medición real que permite acercarse a las justificantes o no de la mora judicial.
Se tiene como se reseñó en los cargos, que el promedio de providencias diarias de fondo en los lapsos de mora asciende a 1.7, pero disiente el ex funcionario criticando el hecho que poca o nada importancia se le dio a la misma. No obstante, se le puso de presente que siendo esa suma dada entre sentencias e interlocutorios, nada se sabía de estos últimos qué definían para establecer su complejidad y posible medición en tiempo para su elaboración, sin embargo, en lugar de aportar explicaciones al respecto y demostrar la complejidad de los mismos, se limitó a la mera crítica en forma especulativa, por lo tanto, se atiene la Sala a lo que muestran las pruebas, estos es, copia de algunos expedientes de los relacionados como morosos para determinar tal situación.
Avistados ellos, con miras a la confrontación, se encuentra que la realidad es otra, los autos interlocutorios que pueden apreciarse en su mayoría son de elemental concepción, que impiden darle la connotación de extenuante y complejo raciocinio jurídico en aras de su materialización como acto procesal vinculante para las partes, téngase como ejemplos.
Entonces, como la situación demostrada y enrostrada desde los cargos en este aspecto puntal, no ha variado desde la formulación de los cargos, bien puede traerse a colación lo que en esa providencia se estimó, esto es, que “no es de recibo el estándar estimado por esta Sala de tiempo antes, al afirmar que basta como suficiente una producción de 1.0 providencias de fondo diario, por ser tema redefinido en esta superioridad, al punto de afirmarse de la mano de la Sentencia C-037 de 1996 que: “... Sin embargo, debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable ...”.
Tal motivación indica que no solo debe tenerse en cuenta la producción laboral, en tanto son múltiples factores los que pueden redundar en una situación a favor o en contra del administrador de justicia, pero hasta el momento, no puede avalarse esa producción de 1.7 como justificante de la conducta para contrarrestar la materialización de la falta y su posible responsabilidad y de paso continuar con la valoración de conducta en fase de gravedad de la falta y culpabilidad de la misma, por cuanto no se trata de un caso aislado que da al traste con la función encargada frente a los interesados directos, el asunto sub-lite trasciende a un hecho social que involucra intereses de toda la comunidad caqueteña”.
La complejidad de los asuntos
Apunta lo alegado en los descargos, al hecho que si bien no en todos los expedientes se trata de asuntos complejos, en su gran mayoría sí lo son, como textualmente lo manifestó en memorial de respuesta a los cargos, donde puntualmente expuso “si bien no todos los asuntos que se estudian como posibles incursos de mora judicial en este radicado comportan grados altos de complejidad si muchos de ellos son de extremo cuidado y estudio ó sino los demás u otros del despacho si han debido requerir extremo cuidado en sus decisiones como se podría llegar a demostrar. Quiere decir ello que el juzgador disciplinario para poder emitir un juicio de valor donde establezca el nivel de complejidad de un despacho tribunal contencioso administrativo, debe basar tal juicio no en lo que ligeramente crea es o no complejo, sino que debería entonces examinar y hacer un juicio de valor no solo respecto de la actividad que se cuestiona comporta niveles de presunta mora, sino sobre la totalidad de los demás asuntos sometidos a conocimiento del funcionario cuestionado y que si se han estado resolviendo, y cuya calificación de rendimiento y calidad para el caso que nos ocupa si ha sido satisfactoria conforme a la legislación pertinente de vigilancia administrativa”.
No obstante, se itera, dejó el disciplinable al juez disciplinario determinar en qué casos son complejos o de difícil determinación judicial, por cuanto en forma genérica y especulativa aseveró sobre esa circunstancia, no discriminó en cada uno de ellos tal situación especial, pero con las copias allegadas de procesos en ciernes, lo único que se determina es que son todos del mismo resorte y naturaleza, pues el mayor porcentaje responde a demandas de nulidad y restablecimiento del derecho —para confrontar la legalidad de la actuación administrativa cuestionada en esa jurisdicción—, le sigue en porcentaje las demandas de reparación directa —determinar el daño antijurídico—, y finalmente en forma exigua, un mínimo de acciones contractuales.
Entonces, si todos son de esa naturaleza, cómo puede afirmarse que son extremadamente complejos muchos de ellos sin señalar cuáles como para entrar en un análisis de ponderación para diferenciar con aquellos que no lo son. Pero lo más insólito, es que para registrar proyecto para sentencia, al retirarse de la función judicial como administrador de justicia —abril de 2009— ninguno tenía registro de proyecto, por ende, no es aceptable la teoría de la complejidad, por cuanto la misma actitud de mora e indiligencia le aplicó a todos esos expedientes. Al igual que lo hizo con aquellos pendientes de un auto de trámite, es decir, la supuesta complejidad según su dicho, le implicaba dejar de tomar determinaciones de impulso?, de ser cierto, se torna inconsecuente con la realidad procesal vertida en esos expedientes.
Sin embargo, en reiteración de lo dicho, ante la no selección de casos especiales por parte del disciplinable para avalar su dicho en defensa de esa teoría disculpante, puede afirmarse sin vacilaciones que todos los expediente pendientes de registrar proyecto de sentencia, incluso aquellos que tenía dicho registro, no ameritaban ese tratamiento especial que le implique apreciarlos con distinción de los demás y de paso sea disculpante de la mora en todos los demás asuntos a cargo y objeto de reproche disciplinario.
De la calificación laboral como excusa como(sic)
En ese deber procesal de demostrar al juez disciplinario su buen comportamiento funcional con esas calificaciones que alega muestran el desempeño laboral, solo aportó al plenario aquellas relativas al años 2005-2006, que da un porcentaje de 40 puntos como excelente, no obstante, nada se supo de aquellas relativas a los años 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, períodos donde más se acentuó la mora judicial registrada en forma sistemática en esos más de 115 expedientes, lo cual significa una de dos alternativas, fue mal calificado o no le interesó mostrar esa calificación para efectos disciplinarios.
La segunda es la más opcional y próxima a la realidad, pues no tiene sentido que contando a su favor una prueba de esta naturaleza, oculte la misma o se desinterese en su presentación, cuando de antemano ha pretendido hacer valer su excelente desempeño laboral —calificado por su superior funcional— como argumento de exculpación tendiente a un fallo disciplinario a favor suyo.
Por lo tanto, la calificación dada por ese período 2005-2006, no es extendible a los años subsiguientes, porque su demostración depende no solo del aporte que se haga de ellas sino de la realmente dada por el órgano competente, pero que a estas instancias del proceso no fue debidamente allegada, pero es más, tampoco se insinuó calificación en ese sentido por el disciplinable durante los períodos siguientes hasta la fecha de su retiro del servicio judicial, razones suficientes para dar por no demostrado la excelente producción alegada.
Otros argumentos de defensa
Presentó adicionalmente como fundamentos defensivos, el hecho de haber sufrido remodelación las instalaciones del Tribunal Administrativo del Caquetá, más no aportó dato exacto en punto de fechas de suspensión el servicio o acto administrativo que así lo dispusiera, por lo tanto, no es dado al juez disciplinario imaginar esa circunstancia o simplemente creer en la buena fe respecto de aquello que necesita demostración, por lo tanto, no es necesario extenderse en el análisis de prueba inexistente en el expediente. Igual situación aplica para el caso puesto de presente de la falta de energía, que alegó en su momento influyó en la mora enrostrada.
Así mismo, puso de presente el que se tenga en cuenta los permisos a que tuvo derecho y disfrutó durante los tiempos de mora endilgados en el auto de cargos, pero estos tal como analizó en el pliego de cargos y como se corroboró con la certificación expedida por la presidencia del Tribunal Administrativo del Caquetá el 04 de octubre de 2010, fueron entre los años 2005 y 2009 un total de 76 días(13), situación que no alcanza significancia de la magnitud que pretende en su defensa darle, por cuanto, el promedio de providencias de fondo diario a que se hizo alusión en procedencia, precisamente se tuvo en cuenta los días hábiles laborados, por ende, aquellos de permiso y licencias fueron debidamente descontados, con el agravante que en algunos períodos no reportó datos estadísticos, como el último trimestre de 2008 y el primero de 2009.
En este caso, precisa la Sala de reiterar lo que demostró y dedujo en el pliego de cargos como exceso de mora e indiligencia en esos expedientes relacionados como susceptibles de reproche disciplinario, al sostenerse que “La carga laboral alegada como justificante tampoco es óbice para dejar de hacer lo que estaba obligado dentro de sus funciones, en tanto se torna inconcebible la superación en demasía de términos en tantos expedientes en forma prácticamente simultánea, pues a manera de ejemplo, como reza a página 275 del cuaderno No. 2, la carga efectiva en el 2004 era de 620 para un egreso efectivo de 185, en el 2005 carga efectiva de 604 y egreso de 69, en el 2006 con carga efectiva de 292 para un egreso efectivo de 75 procesos, deja que desear de la diligencia a que estaba atado en su deber funcional, más si se tiene en cuenta que para el año 2006 está pendiente de registrar el mayor porcentaje de esos expedientes origen de este disciplinario.
Por el contrario, le exigía más esfuerzo y dedicación, por ejemplo, en el año 2006 siendo la carga efectiva de 292, esa cantidad de expedientes sin registrar proyecto tenía la oportunidad de hacerlo, pero ello no se dio pese a que fue el año en que se liberó de muchos otros por la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos”.
Ese promedio indica que los días de permiso y licencias no tienen la potencialidad de ser disculpantes de la conducta morosa en los diferentes períodos que se le endilgaron en los cargos y que ahora se le reprocha en juicio disciplinario. Esa cantidad de moras, que si bien refieren a un mismo tipo disciplinario, naturalísticamente corresponden a conductas que aún similares marcan diferencia en cada expediente, lo cual permite su valoración en forma aislada como se viene decantando en este proceso a través de las varias fases procesales agotadas.
Dentro de las pruebas testimoniales requeridas por el disciplinado, su pertenencia y conducencia la basó en el hecho de querer demostrar las falencias de logística para desempeñar el cargo, como la falta de computadores y herramientas de trabajo, al respecto, rindió declaración el señor Germán Gómez Romero(14), quien en lo pertinente sostuvo que para el año 2004 los despachos contaban con dos equipos —computadores— y una impresora, que prestaban algunas deficiencias, razón por la cual se dieron a la tarea de conseguir en lugar de repuestos, reemplazar los equipos durante los años 2005 y siguientes, al punto de conseguirles a cada despacho 3 computadores en reposición, con lo cual “se mejoró las condiciones de trabajo”. Insistió el declarante que para el año 2004 las condiciones de trabajo no eran muy buenas, pero mejoró ostensiblemente cuando la Unidad de Informática hizo la reposición de equipos a partir del 2005.
Ante la declaración dada, en la misma diligencia se le exigió el soporte documental de lo afirmado, a ello se comprometió y aportó a folio 774(15) la certificación que corrobora lo dicho en la diligencia de declaración.
Como se aprecia en esta prueba pedida por el disciplinable y practicada en legal forma, lo que muestra es una situación contraria a lo que pretende demostrar el ex funcionario judicial, en tanto si bien es cierto al año 2004 se contaban con precarios equipos que permitieran realizar una eficiente labor, también lo es que entre los años 2005 a 2009 cuando se retiró del servicio fue generosa la Unidad de informática en equiparle el despacho con tres (3) computadores que solucionó esos problemas laborales, por lo menos, logísticamente le dio tranquilidad al funcionario para que con la diligencia debida pudiera evacuar y cumplir con el deber funcional.
No es pues esta prueba determinante para excusarlo de la mora que se le endilga desde los cargos mismos, en tanto lo demostrado es una buena y apropiada dotación para el desempeño de la función, por lo menos en lo que quiso poner de presente, como fue el equipamento en materia de computadores para cumplir la función de administrar justicia.
Con lo vertido entonces, se tiene como se dijo desde el principio, unas conductas que resultan típicas a la luz del derecho disciplinario, concretamente en lo preceptuado como prohibición en el artículo 154-3 de la Ley 270 de 1996 por cuanto está prohibido retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados, en consonancia con el artículo 209 y 211(16) del Código Contencioso Administrativo, constitutivo ello de falta disciplinaria al tenor de lo previsto en el artículo 196(17) del Código Disciplinario Único.
Y, como se razonó en los cargos, se concluye que frente a las conductas como tal, las mismas registran un modo comportamental omisivo que a la luz de artículo 27 de la Ley 734 de 2002 constituye una de las formas de realización del comportamiento, máxime cuando la misma Constitución Política en el artículo 6º hace responsable a los servidores públicos por omitir el ejercicio de sus funciones.
La falta si bien se calificó de carácter gravísima sin mayor análisis o argumentación al respecto, en tanto la misma ley disciplinaria en cita reguló taxativamente ese comportamiento en el listado de conductas con tal carácter y por lo tanto, los criterios de gravedad están allí contenidos en el propio tipo disciplinario, al determinar moras superiores a un año como gravísima para la administración de justicia, también lo es que al tenor de lo dispuesto en el artículo 43, numeral 9º del Código Disciplinario Único, la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave.
Es decir, que pese al concurso efectivo de conductas disciplinarias, las mismas se han catalogado como violación al deber objetivo de cuidado, por ende, ha de entenderse como conducta culposa cada una de esas moras, lo que por estipulación legal implica que la calificación de la falta es de carácter grave, degradación que se hace en la fase del juicio conforme a la realidad procesal vertida en el plenario, sin que ello afecte garantías debidas al sujeto procesal, pues situaciones que a favor se conciban y demuestren para ser aplicadas como atributo de lo objetivamente verificado no conlleva vicio ni vulneración de derechos, por el contrario, responde a la naturaleza y razón de ser del Estado social del derecho, donde las garantías deben ser siempre acompañamiento de la función judicial.
En cuanto a los demás aspectos señalados para calificar la gravedad de la falta, la situación consignada en el pliego de cargos no tiene variación alguna, es decir, puede afirmarse, que ha perturbado la función pública de administrar justicia, sin justificación hasta ahora válida que impida continuar con la etapa de juzgamiento, algo inconsecuente con la jerarquía del cargo que ocupaba el funcionario inculpado.
Nótese como la administración de justicia en su naturaleza es un servicio esencial a disposición de los administrados, quienes acuden a la misma con la expectativa de encontrar eco en sus pretensiones, cuyo incumplimiento genera desconcierto precisamente por la trascendencia social que engendra esa función pública, a lo cual se une el grado de culpabilidad a determinar a renglón a seguido, no otro que un actuar culposo.
No es apresurado afirmar, tal como lo exige el numeral 5º del artículo 43 anunciado, que tener tal morosidad e indiligencia en registrar los respectivos proyectos de fallo en cada uno de esos expedientes o dar el impulso procesal correspondiente, trasciende al orden social, pues no debe desconocerse el papel que juegan los administradores de justicia al interior del conglomerado, que como cabeza reconocida y visible del mismo, les está obligado mediar con su ejercicio funcional, en aras de que realmente sea esa función pública que cumple el Estado, la encargada de “hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas —refiere a la Constitución y la ley—, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”(18).
Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, como quedó detallado en precedencia, se debe a la comisión por omisión, en la circunstancia temporal de más de dos, tres, cuatro y cinco años en los expedientes registrados en antecedentes, que permanecieron en quietud absoluta, en un grado de participación directa en esa omisión que no puede ser endilgada a un tercero, ni a circunstancias extrañas a su voluntad.
Así mismo, este estadio o fase en la estructura de la falta disciplinaria, no alcanza variación de ninguna índole, por lo tanto, se puede afirmar como allí se hizo, que su conducta como ha sido reseñada, está encausada en un comportamiento a todas luces culposo, en cuanto descuidó y no previó el sumo cuidado con esos procesos, lo cual significa que fue indiferente al hecho de que tal conducta daba al traste con el debido proceso, justicia material y el valor superior que a la administración de justicia se le ha venido dando(19). Es decir, se trata de una violación al deber objetivo de cuidado que le debe asistir en el ejercicio de la función pública a él encargada, pues se porta con negligencia quien viola un deber de atención que le atañe estando en grado de prever el resultado. Sumado a ello, que el mismo postulado de la justicia en la Ley 270 de 1996, es perentorio en exigir responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla.
Se trata sin más de una culpa grave, en tanto se incurrió en ella por falta de cuidado necesario que debió imprimir a sus actuaciones, tal como lo enlistó el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 al final del inciso, pues no obstante definir culpa gravísima por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento no es este el caso específico, pero sí es lo demostrado en el plenario, que su conducta puede definirse como inobservancia de aquel cuidado necesario respecto de sus actuaciones.
Sostuvo el disciplinable en sus en su descargos que la conducta a reprochar disciplinariamente no trasciende a la ilicitud, por cuanto esta debe ser del orden sustancial, que no es una mera formalidad. No obstante en esta fase dentro de la estructura dogmática y legalmente concebida para la falta disciplinaria, donde debe valorarse lo antijurídico del comportamiento, en otras palabras, el análisis del principio de lesividad de la conducta, en razón del hecho objetivo tratado como típico a la luz del derecho disciplinario, en tanto el art. 154-3 (L. 270/96), concebido como tipo autónomo e independiente, comporta en su estructura componentes normativos que involucran elementos de posible exclusión de responsabilidad, por ende, en esta fase, se rememora, sin necesidad de repetir, aquellos argumentos analizados como justificantes que presentó el disciplinable, los cuales no tuvieron la potencialidad de excusar como allí se explicó en cada aspecto de su defensa.
Los elementos justificantes de la conducta como los ha puesto de presente la defensa en el transcurso de la actuación disciplinaria, para determinar su licitud no tienen aval por parte de la Sala, pues de encontrar estos con vocación disculpante, se estaría en presencia de dispositivos negativos del tipo como enseña el estudio del tipo conglobado.
No es el vencimiento de términos por sí solo, o la mora por la mora, el que conlleva una ilicitud, sino el comportamiento del funcionario en desacato de derroteros y directrices delimitantes de su deber funcional, que siendo conocedor de las reglas a seguir, las omite para actuar en contrario, dejando de lado la búsqueda de los fines perseguidos en el Estado social de derecho.
Como se dijo en el análisis de las razones de defensa presentada en los descargos, no existe justificación en la producción laboral, en los problemas de planta física por remodelación como lo planteó, tampoco en las supuestas deficiencias tecnológicas y demás planteamientos esbozados como argumentos disculpantes de la mora endilgada, lo cual implica estar frente a comportamientos típicos y antijurídicos —o lesividad en grado de ilicitud sustancial—.
No es posible aceptar, mientras no exista una causal demostrativa de circunstancia ajena a su voluntad —que en el asunto sub lite no se demostró—, que recibidos los expedientes tantas veces relacionados al despacho desde cinco, cuatro, tres y menos años atrás, tengan tal quietud, pues sin definir esa fase procesal en la gran mayoría se retiró del servicio activo, pese al largo tiempo que tuvo para finiquitar la primera o única instancia en cada uno de ellos, sin que —como se dijo— existiese circunstancia que le impidiera actuar con mayor celeridad; es decir, no previó ni le interesó tal situación de descuido y diligencia, al punto, que las estadísticas reportadas oficialmente, muestran una merma considerable de los dos últimos años laborales frente aquellos en que no estaba tan próximo su retiro de la función judicial.
Ahora bien, retomando las estadísticas, si bien las mismas arrojan un promedio de producción diaria en providencia de fondo, en número algo significativo, se torna en circunstancia que no tiene la potencialidad de excusar por sí misma.
Lo anterior, porque de la totalidad de los resultados de evacuación que se tienen en cuenta para el promedio, la gran mayoría de providencias producidas en el lapso de mora, tan solo el aproximado 30% responde a sentencias, el resto fueron autos interlocutorios, los cuales corresponden a decreto de perenciones, rechazos de demandada, aceptación de desistimientos, aquellos inherentes a pruebas entre otros.
Tan detallada ilustración sobre la naturaleza de los interlocutorios, innecesarios se(sic) hacer opinar sobre el contenido de los mismos, pues lo rutinario de ellos y la falta de complejidad en cada uno de ellos —como se aprecia en algunas de las copias que integran este expediente—, es demostración que no había justificación para coleccionar en su despacho tantos expedientes para definir sin tomar decisión al respecto; ello desvirtúa la alegada complejidad de la “mayoría de los casos”, al punto que no puso de presente alguno o algunos en especial que revistieran tal grado de dificultad, pues se itera, todos ellos eran de similar naturaleza sin discriminar aspectos relevantes al ellos por parte del disciplinado.
Es decir, de querer ser fiel a la función judicial bajo los principios de eficiencia y eficacia de la administración de justicia, tuvo la posibilidad de adecuar su conducta a ese deber funcional, pero optó por el descuido y la indiferencia sobre esa responsabilidad.
Así las cosas, no existe en el comportamiento del Dr. Murcia Guzmán una justificación que impida continuar con las otras fases en la estructura de la falta disciplinaria, como tampoco se puede avalar lo argumentado y expuesto en el transcurso del proceso conforme se viene explicando, pues si bien es cierto la ilicitud sustancial para poder imputarse en la violación de deberes debe ser trascendente y no cualquier afectación, también lo es que cuando se trata de evaluar disciplinariamente el deber funcional, queda excluido cualquier resultado como condicionante de la existencia o no de la antijuridicidad (ilicitud sustancial), en tanto trata el derecho disciplinario de actos de mera conducta, sin que se esté hablando de responsabilidad objetiva.
Claro que es sustancial la afectación del deber cuando se deja la administración de justicia a la deriva, porque teniendo esa cantidad de expedientes al despacho para decidir mediante sentencia, dejaba a los partes en estado de indecisión e indefinición, lo peor, con la certeza de haber acudido a un juez idóneo para que medie entre sus intereses. Al dejar de cumplirse los fines del Estado y demeritar la loable función de administrar justicia, afecta en grado sumo la confianza pública en el Estado y sus servidores, en fin, no puede buscarse una afectación material cuantificable por otras formas cuando se trata de comportamientos que no exigen la causación de un resultado para su estimación, en tanto el derecho disciplinario está condicionado por actos de mera conducta.
Con lo anterior, desvirtuada la posible justificante que enseña en su estudio la ilicitud prevista en el artículo 5º del Código Disciplinario Único, esto es, la afectación del deber funcional sin justificación como materialización de la antijuridicidad, es posible entonces afirmar, como se advirtió en la tipicidad, que este principio o presupuesto de la falta disciplinaria se configuró en su integridad, pues no existen elementos que permitan afirmar la negación del tipo como lo enseña el artículo 154-3 de la Ley 270 de 1996, lo cual se logró determinar con el desarrollo y estudio del principio de lesividad como se hizo en precedencia.
Siendo esta la consecuencia de haber encontrado una conducta típica, ilícita y culpable, habrá de tasarse la sanción tal como lo regla el Código Disciplinario Único, que el artículo 44 en forma taxativa, previó que para las faltas graves culposas procede la suspensión en el ejercicio de cargo. Y dentro de los límites para imponer la suspensión, se estableció en el art. 46 ibídem, que no puede ser inferior a un (1) mes ni superior a doce (12) meses.
Entonces, teniendo en cuenta criterios de graduación como los previstos en el artículo 47 del Código Disciplinario Único la sanción estará ceñida a dichos parámetro, los que no obstante venirse tratando en el decurso de esta providencia, bien pueden resumirse para fundamentar el juicio de reproche.
— Ante la inexistencia de antecedentes disciplinarios a su haber, indicativo de haber tenido buen comportamiento en su larga carrera judicial, la tasación de sanción debe partir de la mínima legalmente prevista en estos eventos, solo que ha de medirse el caso frente al concurso de faltas demostrado en el asunto sub-lite para partir no del extremo inferior, sino de dos meses conforme se reseñará en forma subsiguiente.
— Si bien es cierto en años anteriores mostró algo de diligencia, en el último año y medio antes de su retiro del servicio, la indiligencia e ineficiencia marcaron la pauta de la labor funcional, por ende, no es este factor determinante para reducir la sanción, por el contrario, sirve de base para aumentar la misma, pues no puede hablarse de diligencia cuando se tiene tal grado de congestión por culpa del funcionario en razón de su indiferencia por el deber funcional.
— Aunque intentó atribuir responsabilidad a un tercero (Unidad de sistemas) por la falta de suministro de equipos, se demostró lo contrario, al punto que se apreció el mayor rendimiento laboral de sus compañeros de tribunal sin que respecto de ellos se hubiese marcado diferencias de apoyo logístico en ese aspecto.
— Pese a la vigilancia administrativa a la cual estuvo expuesto, en momento alguno desde finales de 2007 que se determinó la mora en esos expedientes, procuró normalizar la situación encontrada como irregular, no intentó reparar el bien afectado, no otro que el deber funcional.
— Como se advirtió en precedencia, el daño social es grave, teniendo en cuenta la importancia de la función de administrar justicia, el mal ejemplo de la administración a las partes e intervinientes en los procesos, que de contera, afecta derechos fundamentales como el debido proceso y acceso real y material a la administración de justicia.
— Como funcionario judicial de tanto tiempo, es obvio el conocimiento de la ilicitud de su comportamiento, solo que se dejó en el limbo aquellos expedientes sin interesarse debidamente en la suerte procesal de los mismos, el cargo que ostentaba le permite un grado de conocimiento jurídico respecto de las normas vinculantes en la función judicial, que se torna imposible reconocer ignorancia de los preceptos disciplinarios, ante todo, las faltas previstas para los administradores de justicia, máxime cuando están involucradas en la ley estatutaria, las cuales sirven de marco referencial de obligatorio acatamiento para los funcionarios judiciales.
Lo anterior, sin desconocer el nivel del cargo que ostentaba, pues la magistratura resalta no solo al interior de la administración de justicia, también en la sociedad entera, cuyo buen ejemplo laboral se reclama en todo momento por toda la comunidad.
— Finalmente, —en razón de la proporcionalidad para cuantificar la sanción— siendo la más grave a determinar la suspensión, se partirá de dos meses por lo antes visto, pero ante la existencia de un concurso de faltas en la magnitud de 120 expedientes en mora —descontado aquel que desaparece por la prescripción de declarar— , aunque con ellas haya incursionado en la misma prohibición o tipo disciplinario, el principio de proporcionalidad de la sanción exige que esa proporción se tase en ocho (8) meses de suspensión, pues si la mínima para faltas graves culposas es de un (1) mes, una simple suma aritmética daría más del máximo permitido —12 meses—, lo cual es inconsecuente en derecho sancionador, no obstante, la inexistencia de antecedentes disciplinarios como se dijo, la buena producción laboral hasta antes del año 2007, permiten regular el quantum sancionatorio en ocho (08) meses de suspensión en el ejercicio del cargo.
La razón —razonabilidad— de ser de esta sanción enseña una prevención especial, que no obstante en este caso no darse a cabalidad por tratarse de un ex servidor judicial que goza de pensión de jubilación, la prevención general sí se materializa frente al resto de servidores judiciales, que tienen entre las funciones, el deber de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, reconociendo que los términos judiciales son perentorios, pero por razones ajenas a su voluntad puede darse la consideración de razonables aquellos no descritos o identificados de suma indiligencia o descuido.
Conversión de suspensión en multa
Como se tiene establecido en autos según, el disciplinado ostenta la condición de ex magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá, ello implica la imposibilidad de ejecutar la suspensión impuesta, por lo tanto, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46(20) de la Ley 734 de 2002, se convertirá la misma en salarios conforme la reseña legal.
Sanción que a decir de la misma norma, implica una conversión del término de suspensión en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de acaecer la conducta reprochada, por lo tanto, en obedecimiento a la norma antedicha, la suspensión decretada, queda convertida su equivalente en tiempo a salarios(21) devengados para la época de los hechos.
En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en de la nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Decretar la prescripción de la acción disciplinaria por los lapsos de mora conforme a los radicados que a continuación se enuncian:
Radicado 2002-00194-00. Del 26 de agosto de 2003 al 13 de julio de 2005.
Radicado 2002-00191-00. Del 29 de agosto de 2003 al 03 de mayo de 2005.
Radicado 2002-00261-00. Del 05 de febrero de 2003 al 06 de abril de 2005.
Radicado 2002-00015-00 Del 27 de noviembre de 2003 a 27 de julio de 2005.
Radicado 2001-00295-00. Del 06 de mayo de 2003 al 16 de marzo de 2005
Radicado 2001-00066-00. Del 07 de julio de 2003 al 18 de mayo de 2005.
Radicado 2001-00221-00. Del 18 de mayo de 2004 al 4 de agosto de 2005.
Radicado 2001-00307-00. Del 7 de mayo de 2003 al 18 de mayo de 2005.
Radicado 2002-00366-00. Del 13 de mayo de 2004 al 10 de agosto de 2005.
Radicado 2002-00215-00. Del 23 de octubre de 2003 a 10 de agosto de 2005.
Radicado 2002-00146-00. Del 1º de agosto de al 22 de junio de 2005.
Radicado 2002-00307-00. Del 29 de enero de 2004 al 18 de mayo de 2005.
Radicado 2002-00402-00. Del 13 de mayo de 2004 al 13 de julio de 2005.
Radicado 2000-00514-00. Del 11 de junio de 2003 al 18 de mayo de 2005.
Radicado 2002-00327-00. Del 18 marzo de 2004 al 13 de julio de 2005.
Radicado 2002-00005-00. Del 27 de noviembre de 2003 a 4 de mayo de 2005.
Radicado 2001-00287-00. Del 5 de noviembre de 2002 a 15 de mayo de 2005.
Radicado 2002-330-00. Del 18 de marzo de 2004 a 23 de noviembre de 2005.
Radicado 2001-0199-00. Del 3 de septiembre de 2003 a 16 de marzo de 2005.
Radicado 2003-00165-00. Del 24 de agosto de 2004 al 24 de agosto de 2005.
Radicado 2001-00161-00. Del 13 de mayo de 2004 al 9 de marzo de 2005.
Radicado 2002-00385-00. Del 2 de octubre de 2003 al 6 de abril de 2005.
Radicado 2001-00319-00. Del 7 mayo de 2003 al 9 de marzo de 2005.
Radicado 2001-00321-00. Del 8 de julio de 2004 15 de junio de 2005.
Radicado 2004-00392-00. Del 21 de julio de 2004 21 de julio de 2005.
Radicado 2002-00385-00. Del 10 de febrero de 2003 al 4 de junio de 2005.
Radicado 2002-00105-00. Del 3 de junio de 2004 al 3 de agosto de 2005.
Radicado 2002-00050-00. Del 9 de octubre de 2003 al 27 de julio de 2005.
Radicado 2002-00046-00. Del 17 de junio de 2003 al 31 de mayo de 2005.
Radicado 2002-00369-00. Del 3 de 2004 al 24 de agosto de 2005.
Radicado 2001-078. Del 28 de junio de 2004 al 2 de junio de 2005.
Radicado 2001-0276. Del 7 de mayo de 2002 al 16 de marzo de 2005.
Radicado 2001-0173. Del 29 de agosto de 2002 al 4 de mayo de 2005
Radicado 2002-00181. Del 10 de septiembre de 2003 al 27 de julio de 2005.
Radicado 2002-0173. Del 11 de marzo de 2004 al 16 de marzo de 2005.
Radicado 2001-0312. Del 7 de mayo de 2003 al 15 de junio de 2005.
2. DECLARAR RESPONSABLE al Dr. Baudilio Murcia Guzmán, en su condición de magistrado que fue del Tribunal Administrativo del Caquetá para la época de los hechos, identificado con la cédula de ciudadanía 17.622.346, de incurrir en la falta prevista en el parágrafo segundo del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en consonancia con el artículo 154-3 de la Ley 270 de 1996 —en concordancia con los arts. 209 y 211 de la Código Contencioso Administrativo—, presupuesto legal constitutivo de falta disciplinaria según lo normado en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, y acorde con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
3. Sancionar al Dr. Baudilio Murcia Guzmán con suspensión de ocho (8) meses en el ejercicio del cargo, pero la misma queda convertida en salarios conforme lo estipula el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, siendo entonces esta última la de ejecutar.
4. Para la notificación personal de esta providencia, se comisiona por el término de diez (10) días libres de distancia, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, en su defecto se seguirá el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002, a fin de lograr su debida publicación.
(11) Reza precisamente el artículo 229 de la C.P. que “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
(12) A folios 780 se tiene la respuesta en medición de tiempo por regiones para tramitar proceso en la justicia de lo contencioso administrativa.
(13) Ver a folio 769 el oficio expedido por el presidente del Tribunal Administrativo del Caquetá, que da cuenta de los permisos que le aparecen registrados en la hoja de vida al Dr. Murcia Guzmán entre los años 2005 y 2009 que interesan a estas diligencias.
(14) Leer a folios 772 y 773 el testimonio del Ingeniero de sistemas al servicio de la coordinación administrativa de Florencia.
(15) A folio 774 se tiene la certificación expedida por declarante como integrante del área de informática de la oficina de coordinación administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá.
(16) El tenor literal de la norma preceptúa que practicadas las pruebas o vencido el término probatorio, se ordenará correr traslado común a las partes por el término común de diez (10) días, para que aleguen de conclusión.
(17) Precisamente reza el artículo 196 del Código Disciplinario Único que constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.
(18) Es el tenor literal del artículo 1º de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la administración de justicia—.
(19) Reza ese postulado de la justicia en la Ley 270 de 1996, que es un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, y que dada la trascendencia de su misión debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla.
(20) Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al momento de la comisión de la falta.
(21) La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.