Source: http://absta.info/tribunal-superior-agrario.html
Timestamp: 2018-09-23 13:44:54
Document Index: 308856408

Matched Legal Cases: ['artículo 215', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 304', 'artículo 203', 'artículo 27', 'artículo 76', 'artículo 189', 'artículo 250', 'artículo 27']

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 3/2010, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado Las Tinajas, Municipio de La Unión, Gro.
Visto para resolver, como autoridad sustituta del Presidente de la República, en cumplimiento de la ejecutoria 1399/2008-I, dictada el veintinueve de septiembre de dos mil nueve, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el juicio agrario número 3/2010, que corresponde al expediente administrativo número 23/29826, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado “Las Tinajas”, Municipio La Unión, Estado de Guerrero; y
PRIMERO.- Por Resolución Presidencial de veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio del mismo año, se concedió por concepto de dotación de tierras al poblado denominado “Las Tinajas”, Municipio la Unión, Estado de Guerrero, una superficie de 1,153-94-40 (mil ciento cincuenta y tres hectáreas, noventa y cuatro áreas, cuarenta centiáreas) de agostadero cerril con porciones laborables las que se tomarían de la siguiente forma: 627-40-00 (seiscientas veintisiete hectáreas, cuarenta áreas) del predio “la Palma Liada”, propiedad de la Asociación de Colonos La Palma Liada A. C.; 45-00-00 (cuarenta y cinco hectáreas) del predio “Pochotes de la Ramada”, propiedad de Arturo Martínez Piña; 100-50-00 (cien hectáreas, cincuenta áreas) del predio sin nombre, propiedad de José María Núñez Rumbo; 190-29-80 (ciento noventa hectáreas, veintinueve áreas, ochenta centiáreas), del predio “Arroyo del Mango”, propiedad de Francisco Maldonado y 190-74-60 (ciento noventa hectáreas, setenta y cuatro áreas, sesenta centiáreas), de terrenos baldíos propiedad de la Nación.
SEGUNDO.- En contra de la resolución referida en el resultando anterior, Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, por escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil ocho, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Guerrero, remitido por cuestión de turno al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, mismo que quedó radicado bajo el número 1399/2008-I, amparo que fue resuelto por sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, amparando y protegiendo a Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, por sí y en su carácter de albacea y ejecutora testamentaria de la sucesión a bienes de José Concepción Sotelo Guillen, razonando lo siguiente:
“ …Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación que se hacen valer y, suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada en atención a las consideraciones siguientes:
En el caso, es incuestionable que la parte quejosa ha acreditado el interés jurídico que le asiste para defender la propiedad y posesión de la finca rústica denominada “Rancho Nuevo”, ubicada al sudeste de la cuadrilla de Chutla, Municipio de La Unión, Guerrero.
La impetrante para justificar la afectación a su interés jurídico exhibió la escritura pública número 4,628 de veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del notario público número dos del Distrito Judicial de José Azueta, relativa a la protocolización de inventario y adjudicación de bienes por herencia de la sucesión testamentaria a bienes de José Concepción Sotelo Guillén, por el que la albacea de la sucesión Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, se adjudicó el cincuenta por ciento que le corresponde de la citada finca (fojas cuarenta y uno a cuarenta y cuatro de autos).
Sobre la identidad y posesión de la tierra, la impetrante ofreció la prueba pericial con cargo al perito oficial Javier Morales Flores quien el diecinueve de junio de dos mil nueve, emitió el dictamen (fojas doscientas cuarenta y seis a doscientos cincuenta y dos), al que agregó los croquis de identificación de la tierra que pertenece a la parte quejosa, el experto determinó que el predio que inspeccionó es el mismo que resultó afectado con la dotación Presidencial.
Al respecto debe decirse que, la intervención de peritos tiene lugar siempre que en un procedimiento judicial se presenten ciertas cuestiones importantes, cuya solución, para poder producir con vencimiento en el ánimo del juez, requiere del examen de hombres provistos de aptitud y de conocimientos facultativos especiales, es pues necesaria cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos cuya averiguación para que sea bien hecha exige necesariamente los conocimientos técnicos especiales.
El diccionario jurídico mexicano refiere que:
De lo expuesto se advierte que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la cual se suministran al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación.
Así, el perito a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte, ilustra al juez sobre la percepción de hechos o para complementar el conocimiento de los que el juez ignora y para integrar su capacidad y, así mismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exigen cierta aptitud o preparación técnica que el juez no tiene por lo menos para que se haga con seguridad y sin esfuerzo anormal.
Luego, la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juez sobre tales hechos, y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente.
Lo anterior es así, porque el juez es un perito en derecho, sin embargo no necesariamente cuenta con conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de medicina, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia, razón por la cual la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su naturaleza eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional está impedido para dar a conocer por no tener los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que bajo el auxilio que le proporciona el perito a través de su dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión correcta.
El dictamen pericial es, en suma, un auxiliar eficaz para el juzgador que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico y quien debe resolver conflictos que presenten aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece.
Por tanto, para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en este se indique ha de ser accesible o entendible para el órgano jurisdiccional del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano; además de que para que produzca efectos legales, debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga, pues de no cumplirse, será una prueba imperfecta.
En el orden jurídico mexicano, en relación a la valoración de pruebas, se reconocen tres sistemas:
a).- Sistema libre, que se traduce en la facultad otorgada al juez para disponer de los medios de prueba conducentes, y para valorarlos conforme a los dictados de su conciencia y a la responsabilidad que debe tener en el cumplimiento de su función.
b).- Sistema tasado, en el que se dispone solo de los medios probatorios establecidos en la ley, y para su valoración, el juez está sujeto a reglas prefijadas por el legislador en las normas procesales.
c).- Sistema mixto que como lo indica su nombre, es una combinación de los anteriores, en el cual los medios de convicción están señalados en la ley, pero el juez puede aceptar, o incluso buscar, todo elemento probatorio que pueda constituir prueba siempre y cuando respete el camino legal pertinente, existiendo igualmente libertad para su apreciación.
En ese sentido, como ya se ha indicado, la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas con conocimientos especiales en una ciencia o arte, ilustren al juzgador en cuestiones técnicas que existen a su pericia y conocimiento, a efecto de ilustrarle sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia.
Para dar luz no significa, en este contexto, hacer aseveraciones abstractas y generales, enunciar principios y formular enunciados más o menos vagos; ilustrar el criterio del juez implica explicarle en forma detallada, a su alcance, el contenido y significado de aquellos enunciados y principios, y hacer una aplicación concreta, detallada e individual de los mismos a los hechos controvertidos del caso, para que el juzgador, con ese aprendizaje, pueda por si mismo, hasta donde sea posible efectuar los razonamientos técnicos o revisarlos para estar en posibilidad de determinar que peritaje es el que le merece mayor credibilidad.
La función del peritaje, es hacer algo así como una exposición de divulgación científica, para que el jurista pueda formarse una idea de las cuestiones técnicas o científicas involucradas, y elaborar un juicio propio sobre cual de los peritajes es el correcto, cuando no son coincidentes; y en principio, es claro que el juez debe dar mayor valor al peritaje que más luces le dé sobre las cuestiones técnicas involucradas y más elementos le proporciones para formarse un juicio propio, explicando el contenido y modo de aplicación de los principios teóricos, para que esté en posibilidad de escoger entre los dictámenes contradictorios.
Congruente con lo anterior, en términos de los artículos 151, último párrafo de la Ley de Amparo y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se concede pleno valor probatorio al dictamen pericial rendido por el experto en mención, pues, al hacer el levantamiento topográfico, determinó que dicho predio tiene una superficie de 98-87-24.59 Has.-A M2, lo que ilustra con el plano individual que anexa al dictamen; que dicho predio amparado por la escritura pública 4,628 de veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del notario público número dos del Distrito Judicial de José Azueta, se encuentra comprendido dentro de las 1,153-94-40 Hectáreas de terreno con que fue dotado el ejido “Las Tinajas”, Municipio de la Unión de Isidro Montes de Oca, Guerrero, mediante Resolución Presidencial reclamada; que habiendo revisado el plano proyecto que sirvió de base para la Resolución Presidencial, así como la carpeta básica, plano definitivo y acta de posesión y deslinde comprendidos en la Resolución Presidencial, no coincide con la descripción de los terrenos que finalmente resultaron afectados, entre los que se encuentra uno señalado como polígono IV relativo al ejido “Rancho Nuevo”, propiedad de Albino y José Sotelo Guillén; sin embargo, en tal resolución se consideró como predio propiedad de la Nación.
Es aplicable al caso la tesis 4K, consultable en la página 2,745, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, materia común, Novena Epoca, cuyo rubro y texto establece lo siguiente:
PRUEBA PERICIAL. SU NATURALEZA JURIDICA Y ALCANCE.
El dictamen pericial en comento se corrobora con la testimonial con cargo a María de Lourdes Caballero Rodríguez y Juan Luis Sotelo Alemán, quienes refirieron conocer a la impetrante, que esta es propietaria y poseedora del predio denominado ”Rancho Nuevo”, ubicado en el Municipio de la Unión, Isidro Montes de Oca, Guerrero, el que tiene cercado, en el que siembra árboles frutales que dicho predio inicialmente era de su padre; medio de convicción que, efectivamente, acredita que la parte quejosa detenta materialmente la tierra cuya desposesión reclama.
Es oportuno recordar que los medios probatorios tienen una importancia esencial, dado que su función es formar el conocimiento del juzgador sobre la verdad de los hechos objeto del proceso, los cuales se rigen de acuerdo con los principios de pertinencia y de utilidad; el primero de ellos implica que la prueba debe ser idónea para llegar al conocimiento de la verdad, mientras que el segundo significa que su empleo se justifica en la medida que conduzca a lograr lo que se pretende.
En ese sentido, la finalidad de los medios probatorios consiste en la verificación de las afirmaciones de hechos que formulan las partes en un proceso, es decir, que el juzgador se cerciore respecto a los hechos, discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulta necesario para la solución de un conflicto sometido al conocimiento de su jurisdicción.
La prueba testimonial está contemplada dentro de los medios probatorios establecidos en la ley, y ella consiste en una relación de hechos conocidos por quien declara, a través de la cual se ayuda al esclarecimiento de las cuestiones relacionadas con el objeto de la controversia.
Debido a su naturaleza jurídica, la prueba testimonial no persigue como finalidad allegar al juicio datos técnicos o especializados sobre la cuestión a debate, sino que su objetivo es que las personas que de alguna manera conocen o conocieron a través de sus sentidos un hecho que resulta de interés en el juicio, lo expongan ante la autoridad judicial para que esta valore su dicho al emitir el fallo sobre la controversia suscitada entre las partes.
En efecto, la prueba testimonial únicamente puede versar sobre hechos y cosas que pueden caer bajo la acción de los sentidos y no sobre apreciaciones o juicios que requieren conocimientos especiales de los que el sentenciador no puede juzgar sin tener en cuenta la opinión de personas instruidas en la ciencia respectiva.
Es preciso establecer que testigo es la persona que se encontraba presente en el momento en que el hecho tuvo lugar que por la experiencia vivida, cuando se trata de un hecho que se ha perpetuado en el tiempo y en el espacio, le ha constado el acontecer prolongado del mismo, teniendo el carácter de un tercero que informa al juzgador respecto a un acontecimiento percibido sensorialmente por él.
La quejosa señala que la tierra que posee la recibió de su padre José Concepción Sotelo Guillen, quien adquirió por compra junto con el señor Albino Sotelo Deloya hizo con Zaida Inés Indart Martínez, como se advierte de los documentos que exhibió la impetrante en su demanda de garantías; sin embargo, la autoridad responsable no obstante que ha tenido la posesión en concepto de propietaria pública, pácífica, ininterrumpida y de manera personal no le otorgó la garantía de audiencia al determinar hacer la dotación de tierras al ejido Las Tinajas, Municipio de la Unión, Guerrro.
Los testimonios anteriores, al reunir las condiciones del artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga plena valoración, decisión que se adopta en términos del numeral 197, del mismo ordenamiento legal.
Cobra aplicación en este supuesto, la tesis número 24K, que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, localizable en la página 1558 del Tomo XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Epoca que establece:
TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACION SE RIGE POR LA SANA CRITICA. (Se transcribe).
Por lo anterior, al acreditar la quejosa la posesión del predio que detenta, su identidad y que este se encuentra dentro de la superficie de tierra con que fue dotado el ejido “La Tinajas”, Municipio de La Unión, Guerrero, mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de mil novecientos ochenta y siete, es evidente que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado trasgrede la garantía de audiencia a la que tenía derecho la parte quejosa, prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es oportuno mencionar que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado, así pues, la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional; jurídicamente la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución, en abstracto de sus artículos 103 y 107; va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes sino que, va dirigida a hacer y respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites.
Con el amparo los tribunales de la Federación, al conocer de los respectivos juicios, amplían su espera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias, sin que ello implique que puedan sustituirse en funciones propias de estas últimas, sino sólo hasta el límite de analizar las violaciones del procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido, por lo que propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado ante este tipo de autoridad, de acuerdo con las normas que rijan la materia que resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio estableciendo así, el consiguiente control constitucional previsto en los artículos 14 y 16 de nuestro Código Político.
Por ende, del juicio de amparo, además de ser un medio de impugnación constitucional, dicho esto último en amplio sentido, es también un medio de control de legalidad, esto es, debe analizar la legalidad y consecuentemente constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las leyes adjetiva y sustantiva correspondientes por razones de materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.
La parte quejosa toralmente señala que en su perjuicio se ha violentado la garantía de audiencia que señala el artículo 14 Constitucional en la medida que las autoridades responsables sin mediar juicio alguno se ve privado sus derechos de propiedad y posesión que detenta sobre el predio rústico conocido como “Rancho Nuevo”, situado al sureste de la población de Chutla de Nava, del Municipio de la Unión, Guerrero.
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre las garantías que consagra a favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la exigencia de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos que tenga a su alcance o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Carta Magna establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del auto autoritario, en las de legalidad.
El artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, establece la garantía de audiencia, la que dispone:
Artículo 14 (se transcribe).
En efecto, con arreglo a tal imperativo, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.
Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia número 47/95, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, del Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad impone:
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. (se transcribe).
La garantía de audiencia consiste en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la vida, la libertad y sus propiedades o posesiones.
Enseguida, deviene imperante hacer algunas consideraciones en relación a la posesión de inmuebles, con la intención precisamente de dejar establecido cual es la que tutela el artículo 14 constitucional y, por tanto, si puede obtener salvaguarda a través del juicio de garantías.
La posesión se encuentra protegida a través de distintas disposiciones de nuestro sistema jurídico. Esa tutela jurídica se proyecta tanto en las relaciones de carácter horizontal (entre particulares) como en las de tipo vertical (entre particulares y poderes públicos).
De ese modo, la posesión implica deberes de no afectación a cargo de los particulares, así como deberes positivos de protección a cargo de los poderes públicos.
La constitución protege la posesión frente a particulares (dimensión horizontal) y poderes públicos (dimensión vertical), al reconocer en su artículo 14, segundo párrafo, que: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos…”, sino bajo las condiciones que en dicho precepto se prevén, exigiendo así de los particulares un deber de no afectación, garantizado a través de la obligación positiva de los poderes públicos de impedir la violación injustificada del derecho de posesión de otros, si se toma en cuenta que el primer párrafo del artículo 17 de la Norma Suprema señala que: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.”
En esa virtud, por autoridad del Constituyente existe el deber de todos los poderes públicos (autoridades administrativas, legislador, Jueces y tribunales) de proteger la posesión y los derechos que de ella se deriven frente a intromisiones injustificadas de otro particular o con alguna autoridad.
Ese primer acercamiento constitucional a la figura de la posesión, pone de manifiesto la necesidad de que en los conflictos de esa índole, los tribunales del caso examinen si la afectación de la posesión por parte de un particular frente a otro se encuentra o no justificada.
La posesión jurídica como todos los derechos, está protegida por el ordenamiento jurídico a través de acciones procesales tendentes a garantizarla.
En ese mismo ámbito, el titular de la posesión se ha entendido como un contrato o hecho cualquiera que sea conforme al derecho, en consecuencia de la cual ha sido recibida o tomada la posesión con el objeto de adquirir la propiedad. Los principales hechos que producen una justa causa de posesión podrían ser consecuencia de una compraventa, una donación, un pago o del apoderamiento de una cosa abandonada, por ejemplo, en sus respectivos casos.
Lo anterior pone de manifiesto que el derecho a poseer, es una cuestión susceptible de ser controvertida y, por ende, materia de prueba.
En materia civil, el legislador ampara la posesión, entre otras razones, porque implica una presunción de propiedad.
Sin embargo, las autoridades responsables, realizaron actos que implicaron una perturbación ilegítima de la posesión del inmueble que detenta la impetrante, sin que previamente se le haya dado la oportunidad de defensa, con lo cual, se violentó en su perjuicio la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 constitucional.
La violación de garantías, en perjuicio de la parte quejosa, quedó demostrada pues en el Diario Oficial de la Federación de catorce de julio de mil novecientos ochenta y siete, se publicó la resolución de dotación de tierras del poblado denominado Las Tinajas, Municipio de La Unión, Guerrero, quien fue beneficiado con 1,153-94-40 hectáreas de agostadero cerril con porciones laborales, en las que de acuerdo al dictamen emitido por el perito oficial, se encuentra comprendido el predio de la ahora quejosa del que le pertenece el cincuenta porciento, sin que las responsables hayan notificado el procedimiento de dotación para que estuviera en aptitud de defender sus derechos, pues las autoridades responsables, dada la consecuencia de afectación de los actos materia de controversia, debieron ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquellas que dadas sus funciones se estime que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle, llevar a cabo una búsqueda y domicilio de las personas propietarias de la tierra que resultarían afectadas con la dotación otorgada, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población, imponen, precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de un sistema adecuado para hacer saber a los gobernados las decisiones de las autoridades acorde con la realidad social, ya que no debe quedar duda de quienes son propietarios o posesionarios de un bien inmueble, que pretende ser afectado por dotación de tierras, máxime que de la lectura de dicha resolución se advierte que al hacer los trabajos técnicos e informativos algunos predios no estaban registrados a nombre de alguna persona, pero los vecinos informaron que al parecer uno de los terrenos era propiedad de Albino Sotelo, por tal motivo al resultar terreno baldío se consideró bien de la nación, lo que resulta incorrecto, pues debió indagarse al respecto para tener la certeza de que todas las personas afectadas fueran debidamente notificadas del procedimiento de dotación, pues la falta de notificación o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables constituye una violación de gran gravedad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo.
Es aplicable por identidad de razón, la Tesis número A.3 A consultable en la página 1344 del Tomo XX, Diciembre De 2004, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
EXPROPIACION. LA GARANTIA DE AUDIENCIA RIGE DESPUES DE DICTADO EL DECRETO Y PERMITE CUESTIONAR TODO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO. (se transcribe).
También, sustenta también lo anterior la Tesis impresa en la página 41 del Tomo 88 Sexta Parte, Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:
“EXPROPIACION. NOTIFICACION PERSONAL DEL DECRETO DE. RECURSO DE REVOCACION. (Se transcribe).
En consecuencia, al haberse acreditado plenamente que en perjuicio de la quejosa se violentó la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal se demanda, para el efecto de que se otorgue a la impetrante la garantía de audiencia a fin de que pueda hacer valer todo en cuanto a su derecho convenga y en su oportunidad se encuentre en posibilidad de interponer el recurso administrativo correspondiente.
Es aplicable al respecto, por identidad de razón, la Tesis consultable en la página 17 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 58 Tercera Parte, Materia Administrativa, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Epoca, del rubro y textos siguientes:
“AGRARIO. NUCLEOS DE POBLACION EJIDAL QUE TIENEN LA POSESION DE LAS TIERRAS QUE SOLICITARON EN DOTACION. DEBE OIRSELES PARA DICTAR UNA RESOLUCION QUE DOTA LAS MISMAS TIERRAS A OTRO POBLADO. (se transcribe).
Sentencia que fue confirmada en el toca en revisión 87/2009, dictado por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región.
TERCERO.- En cumplimiento de la ejecutoria de mérito, este Tribunal Superior Agrario dictó acuerdo el veinte de abril de dos mil diez, mediante el cual declaró parcialmente insubsistencia de la Resolución Presidencial de veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio del mismo año, relativa a la dotación de tierras al poblado “Las Tinajas”, Municipio La Unión, Estado de Guerrero, únicamente por lo que respecta a la superficie defendida por la sucesión quejosa.
CUARTO.- Mediante pieza postal depositada el nueve de agosto de dos mil diez, en las oficinas del Servicio Postal Mexicano, con sede en México Distrito Federal, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Estado de Guerrero, el Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, interpuso recurso de queja en contra del auto dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el cinco de julio de dos mil diez, en los autos del juicio de garantías 1399/2008-I, el que quedó registrado bajo el número 52/2010, mismo que fue resuelto el siete de octubre de dos mil diez, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, desechando por improcedente el recurso de queja.
QUINTO.- De igual forma, en cumplimiento de la ejecutoria de mérito, el Tribunal Superior Agrario dictó acuerdo el dos de diciembre de dos mil diez, ordenando girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, para que:
“…Recabe del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el domicilio que señaló Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, para oir y recibir notificaciones en su demanda de amparo presentada el diecisiete de octubre de dos mil ocho, ante la oficina de correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, y que se registró ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con el número 1399/2008.
Hecho lo anterior, notifique a Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, que en respeto a su garantía de audiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria, cuenta con un término de cuarenta y cinco días naturales, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, para que ofrezca pruebas y formule alegatos que a su derecho e interés convenga, dado que de conformidad con lo previsto en el artículo 203, del ordenamiento legal precedentemente mencionado, existe la posibilidad de que sea afectado el predio rustico denominado “Rancho Nuevo”, ubicado al sureste de la Cuadrilla de Chutla, Municipio de La Unión, Estado de Guerrero.…”.
Proveído que le fue notificado personalmente a Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, el diez de marzo de dos mil once.
SEXTO.- Mediante escrito de diez de marzo de dos mil once, Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, compareció al procedimiento ofreciendo pruebas y formulando alegatos
SEPTIMO.- Este Tribunal Superior Agrario dictó acuerdo el quince de marzo de dos mil once, mediante el cual ordenó girar despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, para que en auxilio de las labores del Tribunal Superior, realizara los trabajos técnicos e informativos en el predio denominado “Rancho Nuevo”, ubicado en el Municipio de La Unión, Estado de Guerrero, defendido por Estela Isabel Sotelo Gutiérrez; para tal efecto se instruyó a el ingeniero Armando Salgado Vega, perito agrario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, quien rindió su informe el diecinueve de mayo de dos mil once, del que se desprende que el predio en cuestión cuenta con una superficie de 66-11-46.96 (sesenta y seis hectáreas once áreas cuarenta y seis centiáreas y noventa y seis miliáreas), que es de riego, y que cuenta con huerta de mango y vestigios de cultivos de siembra de maíz; y
PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Tercero Transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; Tercero Transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o, fracción VIII y Cuarto Transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
SEGUNDO.- La presente resolución se dicta, como autoridad sustituta del Presidente de la República, en cumplimiento de la ejecutoria 1399/2008-I, del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, la que fue confirmada en el toca en revisión 87/2009, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, la que amparó y protegió a Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, por su propio derecho y en su carácter de albacea y ejecutoria testamentaria de la sucesión a bienes de José Concepción Sotelo Guillen, en contra de la Resolución Presidencial de veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete; siendo el efecto de la concesión de la protección constitucional el que le sea respetada a la quejosa, su garantía de audiencia; en cumplimiento de la ejecutoria de mérito, este órgano colegiado, en términos de los artículos 76 y 80 de la Ley de Amparo, por acuerdo de veinte de abril de dos mil diez, resolvió dejar parcialmente insubsistente la Resolución Presidencial impugnada, turnando el expediente del juicio agrario al Magistrado Ponente, para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, se formule el proyecto de sentencia correspondiente.
TERCERO.- Ahora bien, toda vez que la concesión de la protección constitucional, fue otorgada únicamente a Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, por su propio derecho y en su carácter de albacea y ejecutora testamentaria de la sucesión a bienes de José Concepción Sotelo Guillen, en el presente caso tiene aplicación lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, el que establece: “...Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparan de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la Ley o Acto que lo motivare...”. Bajo esa tesitura, en la presente sentencia, únicamente nos ocuparemos, de analizar y estudiar las cuestiones relacionadas con el predio que defiende la quejosa en el amparo que se cumplimenta, por lo que la resolución presidencial de veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio del mismo año queda intocada respecto de todo aquello que no fue materia de estudio Constitucional es incluso respecto de las 627-40-00 (seiscientas veintisiete hectáreas, cuarenta áreas) del predio “la Palma Liada”, propiedad de la Asociación de Colonos La Palma Liada A. C.; 45-00-00 (cuarenta y cinco hectáreas) del predio “Pochotes de la Ramada”, propiedad de Arturo Martínez Piña; 100-50-00 (cien hectáreas, cincuenta áreas) del predio sin nombre, propiedad de José María Núñez Rumbo; 190-29-80 (ciento noventa hectáreas, veintinueve áreas, ochenta centiáreas), del predio “Arroyo del Mango”, propiedad de Francisco Maldonado y 124-63-13.04 (ciento veinticuatro hectáreas, sesenta y tres áreas, trece centiáreas, cuatro miliáreas) de terrenos baldíos propiedad de la Nación, esta última descontando las 66-11-46.96 (sesenta y seis hectáreas, once áreas, cuarenta y seis centiáreas, noventa y seis miliáreas) del predio “Rancho Nuevo”, que defiende Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, lo anterior por lo siguiente:
La resolución presidencial de veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, afectó, entre otras superficies la de 190-74-60 (ciento noventa hectáreas, setenta y cuatro áreas, sesenta centiáreas), de terrenos baldíos propiedad de la Nación; sin embargo, cabe destacar que dentro de dicha superficie se encuentra la que defiende Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, se dice lo anterior, en virtud de que de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta se advierte tal hecho, en la que se expresa: “…que dicho predio amparado por la escritura pública 4,628 de veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, pasada ante la fe del notario público número dos del Distrito Judicial de José Azueta, se encuentra comprendido dentro de las 1,153-94-40 Hectáreas de terreno con que fue dotado el ejido “Las Tinajas”, Municipio de la Unión de Isidro Montes de Oca, Guerrero, mediante Resolución Presidencial reclamada; que habiendo revisado el plano proyecto que sirvió de base para la Resolución Presidencial, así como la carpeta básica, plano definitivo y acta de posesión y deslinde comprendidos en la Resolución Presidencial, no coincide con la descripción de los terrenos que finalmente resultaron afectados, entre los que se encuentra uno señalado como polígono IV relativo al ejido “Rancho Nuevo”, propiedad de Albino y José Sotelo Guillén; sin embargo, en tal resolución se consideró como predio propiedad de la Nación.
Documental publica que se le da valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria para acreditar, además, que el predio que defiende Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, se encuentra dentro de la superficie que le fue dotada al ejido de referencia como terreno baldío propiedad de la Nación.
CUARTO.- Ahora bien, el informe de los trabajos técnicos e informativos rendido por el Ingeniero Armando Salgado Vega, el diecinueve de mayo de dos mil once, hace prueba plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria, para acreditar que el predio denominado “Rancho Nuevo” que defiende Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, cuenta con una superficie de 66-11-46.96 (sesenta y seis hectáreas once áreas cuarenta y seis centiáreas, noventa y seis miliáreas); que son de riego; y que el mismo se observó con una huerta de mango y rastro de cultivo de siembra de maíz.
Por su parte, Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, ofreció pruebas, mimas que se aprecian en términos de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria, consistentes en las copias certificadas del contrato de compraventa de veintisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, de la resolución dictada en el juicio 12/1962, del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montes de Oca, del instrumento notarial 404, de treinta de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, del instrumento notarial 2831, de la escritura pública 4628, del plano individual del predio en cuestión, la testimonial a cargo de Héctor Gallardo Valenzuela y Rosa María Sotelo Mendoza y la inspección ocular, del título de concesión 04GR0104773/19ALGE99 de la Comisión Nacional del Agua, de la prórroga de la Comisión Nacional del Agua, para la explotación de pozos y de la solicitud y pago de consumo de energía eléctrica, con las que acredita que J.Jesús Inalves Núñez Martínez, vendió el veintisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, a Juan B. Sotelo Pérez, el predio denominado “Rancho Nuevo”, ubicado en el Municipio Unión de Isidoro Montes de Oca, Estado de Guerrero, que Juan Rogelio, Efrén y María Eugenia de apellidos Sotelo Salamanca, se adjudicaron de Juan B. Sotelo Pérez, entre otros, el predio denominado “Rancho Nuevo” de referencia, que estos últimos vendieron el treinta de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, dicha heredad a Zaida Inés Indart Martínez, que el diez de agosto de mil novecientos ochenta y dos, Zaida Inés Indart Martínez, vendió la finca en cuestión a José Concepción Sotelo Guillen, que el veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco, se protocolizó el inventario y la adjudicación de bienes por herencia de la sucesión testamentaria a bienes de José Concepción Sotelo Guillen, las medidas y colindancias del predio “Rancho Nuevo”, que dicho predio se encuentra comprendido dentro de las 1153-94-40 (mil ciento cincuenta y tres hectáreas, noventa y cuatro áreas, cuarenta centiáreas) de terrenos con que fue dotado el ejido “Las Tinajas” de referencia, que le fue otorgada una concesión de la Comisión Nacional del Agua, que le fue concedida una prórroga de diez años para la explotación de los pozos de agua que existen en el predio en cuestión, que cuenta con energía eléctrica, así como que cuenta con diversos recibos de pago por el consumo de la misma, que es Estela Isabel Sotelo Gutiérrez quien posee el predio de referencia, que en el predio en cuestión existe dos casas una rectangular con dos habitaciones y un baño y otra hecha de horcones sin paredes y techo de estructura de madera y lámina de cartón, en buenas condiciones, existen tres pozos profundos de agua, dos tanques de depósito de agua.
De lo anterior se colige que el predio denominado “Rancho Nuevo” ubicado en el Municipio de La Unión, Estado de Guerrero, defendido por Estela Isabel Sotelo Gutiérrez, es de propiedad privada y no un terreno baldío propiedad de la Nación; que dicha heredad no excede el límite de la pequeña propiedad, se dice lo anterior, en virtud de que la calidad de suelo de la finca en cuestión es de riego, siendo que el artículo 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria, permite para la pequeña propiedad, contar hasta con 100-00-00 (cien hectáreas) de riego, y en el caso quedó demostrado que el predio “Rancho Nuevo”, de referencia, cuenta con una superficie de 66-11-46.96 (sesenta y seis hectáreas once áreas cuarenta y seis centiáreas, noventa y seis miliáreas), que el mismo no ha permanecido inexplotado por más de dos años consecutivo, esto es así, ya que del informe de los trabajos técnicos e informativos rendidos por el Ingeniero Armando Salgado Vega, de diecinueve de mayo de dos mil once, se conoce que cuenta con una huerta de mango y que existen vestigios de cultivo de siembra de maíz; bajo esa tesitura, debe decirse que el predio en cuestión resulta ser inafectable en términos de lo dispuesto por los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 76 y 80 de la Ley de Amparo, en cumplimiento de la ejecutoria, como autoridad sustituta del Presidente de la República, 1399/2008-I, dictada el veintinueve de septiembre de dos mil nueve, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero; se
PRIMERO.- Es inafectable el predio denominado “Rancho Nuevo” propiedad de la sucesión de José Concepción Sotelo Guillen, con superficie de 66-11-46.96 (sesenta y seis hectáreas, once áreas, cuarenta y seis centiáreas, noventa seis miliáreas), en términos de lo dispuesto en los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Por consecuencia se niega la dotación respecto de dicha superficie al poblado “Las Tinajas”, Municipio La Unión, Estado de Guerrero.
SEGUNDO.- Queda subsistente la Resolución Presidencial dictada el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio del mismo año, respecto de lo que no fue materia de amparo, tal como se señaló en el considerando tercero de la presente resolución.
TERCERO.- Publíquense: esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, y procédase a hacer la cancelación respectiva. Asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos agrarios correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.
CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Guerrero, y a la Procuraduría Agraria, y con copia certificada de esta sentencia al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, respecto del juicio de amparo 1399/2008-I, ejecútese, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de cuatro votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
México, Distrito Federal, a trece de septiembre de dos mil once.- El Magistrado Presidente, Marco Vinicio Martínez Guerrero.- Rúbrica.- Los Magistrados: Luis Octavio Porte Petit Moreno, Luis Angel López Escutia, Carmen Laura López Almaraz.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, Jesús Anlén López.- Rúbrica.