Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl1570-2015-43421-de-febrero-18-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_38fd2fcbf6614e9eaa885bf0e770d246&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 22:12:39
Document Index: 215618961

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2143', 'artículo 269', 'artículo 2143', 'artículo 2143', 'artículo 189', 'artículo 2184', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 393', 'artículo 351', 'artículo 2184', 'artículo 871', 'artículo 1264', 'artículo 2142', 'artículo 2142', 'artículo 1262', 'artículo 1262', 'artículo 61']

﻿ SENTENCIA SL1570-2015/43421 DE FEBRERO 18 DE 2015
SENTENCIA SL1570-2015 DE 18 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:A FALTA DE ESTIPULACIÓN DE HONORARIOS EN EL MANDATO, JUEZ PUEDE TASARLOS. EN VIRTUD DE LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 2143 DEL CÓDIGO CIVIL, LA PROVIDENCIA RECORDÓ QUE LA REMUNERACIÓN PUEDE SER DETERMINADA BIEN POR CONVENCIÓN DE LAS PARTES, POR LA LEY O POR EL JUEZ, SIN QUE DICHA DISPOSICIÓN CONTENGA UNA PRELACIÓN TAXATIVA PARA LLEGAR AL VALOR DE LOS HONORARIOS DE TAL MANERA, SU CUANTIFICACIÓN, AL NO EXISTIR NINGÚN CONVENIO DE LOS CONTRATANTES, ESTÁ SUPEDITADA A ASPECTOS TALES COMO LA NATURALEZA DE ESA GESTIÓN, CANTIDAD, CALIDAD E INTENSIDAD DE LA GESTIÓN. ASÍ MISMO, LA SALA ADVIRTIÓ QUE SE TRATA DE UNA VALORACIÓN SOMETIDA A LOS USOS Y COSTUMBRES, POR LO QUE EL JUEZ PUEDE ACUDIR A LAS TARIFAS FIJADAS POR COLEGIOS DE ABOGADOS Y DIFERENTES FUENTES. EN EL FALLO TAMBIÉN SE RECORDARON LAS DIFERENCIAS ENTRE MANDATO CIVIL Y MERCANTIL, LAS CUALES SE FUNDAN PRINCIPALMENTE EN QUE EL MANDATO CIVIL BIEN PUEDE SER REMUNERADO O GRATUITO Y QUE EL COMERCIAL SOLO ES ONEROSOPERO, FUNDAMENTALMENTE, AGREGÓ, RADICA EN QUE EL MANDATO MERCANTIL SE OTORGA PARA EJECUTAR ACTOS DE COMERCIO Y EL PRIMERO PARA OTRO TIPO DE ACTOS, COMO LOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:MANDATO, HONORARIOS DEL ABOGADO
Sentencia SL1570-2015/43421 de febrero 18 de 2015
SL1570-2015
Rad.: 43421
Bogotá, D. C., dieciocho de febrero de dos mil quince.
EXTRACTOS: “VIII. Consideraciones
Es cierto que existe el defecto que atribuye el opositor al alcance de la impugnación, pues el recurrente no explica qué hacer en sede de instancia, esto es si confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, y en verdad pide que la Corte fije los honorarios, conforme con el Acuerdo 1887 de 2003, y con los parámetros dados por la existencia de unos depósitos judiciales; ello constituye una irregularidad que no puede subsanar la Sala, toda vez que actúa según el alcance que determine el recurrente.
De otra parte, como también lo resalta réplica, el ad quem destacó la imposibilidad de tener en cuenta los convenios que adjuntó la empresa, dado que carecen de validez, en los términos del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, pues no tienen firma del actor.
No obstante, el recurrente estructura los supuestos errores manifiestos de hecho en tales documentos, obrantes de folios 49 a 55, y pretende que sean tenidos en cuenta pero debe decirse que no es la vía de los hechos la idónea para debatir sobre la aducción, autenticidad y validez de las pruebas, en tanto ello amerita un discernimiento eminentemente jurídico; de esa manera lo ha repetido esta Sala, al sostener que “sobre la validez de las pruebas, ha sido uniforme y reiterada la jurisprudencia de esta Sala de la Corte en enseñar que no es asunto que corresponda a la vía indirecta de violación de la ley sino a la directa, por referir tal planteamiento a las normas que gobiernan dichos actos del proceso, es decir, que en los casos en que el sentenciador funda su convicción en pruebas que no han sido legal y regularmente aportadas al proceso, o que carecen de validez, lo que en realidad comete es una infracción de la ley procesal que gobierna la prueba … Y como quiera que la censura orientó el cargo por la vía indirecta, es razón suficiente para su desestimación, en tanto se itera, en esta senda la violación de la ley se origina en la comisión de errores de hecho o de derecho por la equivocada apreciación probatoria o por su falta de valoración, pero nunca en la validez de la prueba, puesto que ello es un problema de estirpe jurídico inatacable en la ruta escogida por el recurrente” (SL13278/2014).
En punto a los correos electrónicos que se cruzaron las partes y que obran de folios 58 a 73, respecto de los cuales el opositor dice que “nadie reprochó, no fueron objeto de análisis y de haberlos valorado, ninguna trascendencia tendrían en el fondo del asunto”, no encuentra la Sala que pueda inferirse de modo irrebatible que se hubiese pactado el valor de los honorarios, ni aceptado los términos del contrato de prestación de servicios, pues en general hacen alusiones a los poderes e incluso a las diferencias entre las partes, como que “Adjunto encontrará el último borrador del contrato con las consecuencias que se acordaron el miércoles (valor estimado, gastos de desplazamiento, etc.). Cabe aclarar que en este borrador no se encuentra incluida la modificación de la cláusula de garantías la cual con mucho gusto se incluirá inmediatamente logre hablar con el Dr. Andreis y reciba sus instrucciones al respecto”. Además debe anotarse que algunos carecen de fecha de envío por lo cual no es posible determinar si corresponden al momento de la negociación, y aquellos que sí dan razón de cuando fueron enviados no permiten advertir cosa diferente a los arreglos en punto a la relación de procesos, los poderes e incluso los reclamos del actor sobre la ausencia de definición del contrato (fls. 74 y 75), al indicar el 30 de octubre de 2002, “… en relación con los procesos que precariamente se me encomendaron mientras no se me suministre el anunciado vademécum jurídico y técnico ni se me entreguen los antecedentes de todos los procesos no asumiré responsabilidad patronal alguna, pero con gusto les seguiré colaborando informándoles por este medio las actuaciones procesales que conozca sin responsabilidad de mi parte para que la doctora Aura elabore los memoriales o escritos correspondientes y también les colaboraré suscribiéndolos y presentándolos, pues por instrucciones del doctor Crespo Aponte los poderes a mi otorgados contando con que desde hace muchos días se definiría y firmaría el correspondiente contrato, cosa que hasta la fecha no ha sucedido y de la que además ya no se habla”; de ese modo puede sostenerse que al no existir acuerdo sobre el valor de los honorarios, la decisión del tribunal de tasarlos no constituye ningún desafuero que conlleve al quebrantamiento de la sentencia acusada.
De otro lado el impugnante señala que el actor “confesó” haberse negado a suscribir un contrato de prestación de servicios, según el hecho octavo de la demanda inicial, no obstante, allí se lee: “nunca suscribí contrato de prestación de servicios con la demandada” y en ese sentido la labor de la censura debió dirigirse a demostrar la celebración del convenio en el que se fijaron los honorarios, puesto que el tribunal concluyó precisamente la ausencia del acuerdo, y de ese modo no puede estimarse como confesión aquella negativa, además que queda con soporte la conclusión del ad quem, de haberse demostrado el mandato conferido al abogado y su ejecución, lo cual ameritaba el pago debido, según tasación que reseñó.
En lo relativo a la ausencia de apreciación de los depósitos judiciales que efectuó en los procesos de Aspointeco, José de los Santos Parodi y Tania Rosa Castro, indica el recurrente que debieron ser compensados al momento de emitir condena, no obstante encuentra la Sala que frente a los dos últimos el a quo declaró probada la excepción de pago y ello lo confirmó el ad quem; y del primero, el sentenciador no pudo cometer desatino alguno, como que ello no fue objeto de reparo al interponer el recurso de apelación, de manera que el juez plural no podía incursionar en un aspecto que no fue cuestionado, máxime cuando la alzada se restringió, exclusivamente, a que se establecieran los honorarios de acuerdo con los contratos de prestación de servicios obrantes en el expediente.
Respecto de la falta de valoración del certificado de constitución de la empresa, de haberlo advertido en nada hubiese incidido en la decisión final, pues lo que corroboró el juzgador fue la existencia del contrato de mandato, y el ejercicio de los poderes que para el efecto entregó.
Dice que la sentencia viola la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 2143 del Código Civil.
Tras copiar el único precepto que conforma la proposición jurídica, señala que los honorarios son retribución de una gestión encomendada a través del mandato y que deben ser acordados, que a falta de acuerdo es menester que el Juez los fije y para ello existe un orden: primero la ley, esto es el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura y luego la regulación del Colegio Nacional de Abogados la cual, en su criterio, solo puede ser utilizada de manera supletoria; que como en este asunto se invirtió tal regla, se violentó la ley.
Advierte que el tribunal no pudo infringir el precepto legal adecuado, pues fue la base para resolver la controversia; que en todo caso la jurisprudencia de esta Sala ha sido sólida en punto a que el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura no puede servir de soporte para regular los honorarios, dado que corresponde a los valores definidos para las agencias en derecho.
El ad quem no pudo infringir el artículo 2143 del Código Civil pues justamente le sirvió como soporte para indicar que el mandato podía ser gratuito o remunerado, y que la remuneración podía ser determinada bien por convención de las partes, por la ley o por el juez, sin que dicha disposición contenga una prelación taxativa para llegar al valor de los honorarios, y en realidad el propio precepto 2184 numeral 3 del citado Código Civil refiere como obligaciones generales del mandante la de pagar “la remuneración convenida o la usual”, de manera que su tasación, al no existir ningún convenio de los contratantes, está supeditada a aspectos como los que en este asunto tuvo en cuenta el tribunal, esto es, “la naturaleza de esa gestión, cantidad, calidad e intensidad de la misma, más no hacer nugatorio este derecho”.
Así mismo el sentenciador indicó que al tratarse de una prueba de usos y costumbres era menester acudir a lo dispuesto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, y por ello acudió a las tarifas de los Colegios de Abogados, en la medida en que descartó los Acuerdos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto explicó que estos correspondían únicamente para la fijación de agencias en derecho, lo que apoyó en la decisión de esta Sala de la Corte de 10 de diciembre de 1997, radicado 10046, aspecto que no fue mencionado en el cargo y que por tanto permanece incólume.
XII. Recurso de casación parte demandante
Concedido por el tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.
XIII. Alcance de la impugnación
Pide la parte demandante recurrente que la Corte “CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, específicamente en cuanto cuantificó en $ 535.754.130 y no la case en lo demás. En sede de instancia la Sala de casación modificará el segundo ordinal de la sentencia de primera instancia y consecuencialmente señalará que la cuantía de la remuneración debida al actor es una suma de dinero no inferior al 15% del valor de las pretensiones de las demandas atendidas por el actor.
Alcance subsidiario: En todo caso la referida condena por los honorarios adeudados al demandante, por la parte demandada, será al menos el porcentaje señalado por el perito designado en el curso de la segunda instancia… sobre costas dispondrá la Sala lo que sea correspondiente”.
Presenta dos cargos, por la causal primera de casación, que no tuvieron réplica.
XIV. Cargo primero
Sostiene que la sentencia impugnada viola indirectamente la ley, por aplicación indebida del ordinal 3º del artículo 2184 del Código Civil, al cometer los siguientes yerros manifiestos de hecho:
1. Dar por demostrado —sin estarlo— que la remuneración por resultado a que tiene derecho un abogado cuando se trata de procesos civiles ordinarios es de un máximo del 15% de las pretensiones de la demanda.
2. No tener por acreditado que cuando se trata de procesos ordinarios la tarifa usual de remuneración por el sistema de resultado, cuando no hay pacto entre el mandante y el mandatario es de un mínimo del 15% y si la cuantía del proceso atendido supera los 520 salarios mínimos se agrega a dicho porcentaje una suma equivalente al 2% sobre el excedente.
Señala como deficientemente apreciado el documento de tarifas de honorarios profesionales de folios 66 a 97.
Reprocha que el sentenciador de segundo grado, pese a remitirse a las disposiciones idóneas para resolver la controversia, hubiese tergiversado su contenido, dado que no le otorgó al demandante la remuneración usual a los abogados por su gestión y en su lugar dispuso una cifra irrisoria, comparada con el beneficio obtenido por la empresa, la cual se libró de condenas multimillonarias.
Afirma que si bien acertó el ad quem al decir que la tarifa de Conalbos era la pertinente para resolver la controversia, el yerro se concretó al considerar que allí estaba incluido un máximo del 15 y un mínimo del 1%, pues según el documento que denuncia, en su artículo 2 se contempla como falta a la ética pagar unos honorarios inferiores a los mínimos de la resolución, y que los procesos ordinarios de derecho civil se dispone que el pago para los de mayor cuantía “el 15% y si el resultado del proceso es mayor de quinientos veinte (520) salarios mínimos legales mensuales vigentes sobre el excedente se cobra el 2%”.
A su juicio la interpretación de tal disposición no puede ser otra que la de empezar con el 15 y no con el 1% que dispuso el ad quem y que incluso si se supera los 520 salarios lo procedente es elevar en un 2% el valor; que “todo el contexto normativo de la tarifa conduce a la misma conclusión: Es una falta a la ética del abogado señalar cualquier porcentaje inferior a los allí establecidos luego necesariamente tiene que ser tales guarismos tarifados los mínimos a los que tiene derecho el abogado. Obvio si no fueran el límite de la base, su violación entonces no podría considerarse una falta al código de buena conducta”.
Asevera que “fijada la cuantía bajo una estimación descaminada de la única prueba documental que le sirvió de base necesariamente esa cuantificación tiene que ser monstruosamente errada como en efecto sucedió, pues tener como MÁXIMO lo que la prueba evidencia como MÍNIMO es ubicarse el juez en el parámetro diametralmente opuesto de la realidad probada. Algo así como tener por blanco lo que es negro o viceversa como en alguna ocasión lo dijo la Corte Suprema para explicar en términos sencillos a los profanos lo que es un error de hecho”.
Que advertida tamaña equivocación lo propio es que por los primeros “$ 27.000.000” se calcule el 15% y por el excedente “es decir $ 51.348.413.000 el 2% adicional al resultado de la operación matemática anterior”.
A más de lo anterior esgrime que esta Sala de la Corte debe ser “ejemplarizante en este caso pues no hay derecho a que una empresa que recibe un beneficio extraordinario por la buena gestión de un profesional del derecho le niegue después la justa retribución y haga hasta lo indecible para evadir su responsabilidad como revocarle los poderes (47 en este evento) como si no existieren reglas que garantizan los honorarios para cuando ello suceda. Es regla legal de la contabilidad nacional e internacional conocida por todos, que todas las empresas públicas o privadas o mixtas tienen que incluir en sus estados financieros y balances las CONTINGENCIAS JUDICIALES es decir los procesos en curso y necesariamente es obligatorio cuantificarlos para hacer lo que se denomina provisiones”.
El documento denunciado de folios 66 a 97 corresponde a la tarifa de honorarios profesionales del Colegio Nacional de Abogados de Colombia de 2007; en el acápite 2, que corresponde a los procesos ordinarios civiles se contempla que:
Se cobrarán los siguientes porcentajes de conformidad con la cuantía:
2.1. Mínima cuantía el 30%; Menor cuantía el 20%; Mayor cuantía el 15% y si el resultado del proceso es mayor de quinientos veinte (520) salarios mínimos legales mensuales vigentes sobre el excedente se cobra el 2%.
Sin duda dicha disposición regula lo relativo al resultado final del proceso, de manera que por ello el juez plural advirtió que el demandante lo que adelantó fueron incidentes de nulidad por falta de jurisdicción, algunos de los cuales no se definieron cuando fungía como apoderado, de manera que acudió a aspectos especiales que le sirvieron de base para fijar un valor acorde con la gestión realizada.
Incluso en ese mismo sentido se ha pronunciado esta Sala de la Corte al resolver idéntica controversia, entre las mismas partes, en decisión CSJ 1, sept, 2009 rad. 34345, en la que se indicó:
La Resolución 02 del 30 de julio de 2002 expedida por el Colegio Nacional de Abogados “Conalbos”, estableció en su artículo 3º, numeral 2.2.1. como honorarios para los procesos civiles los siguientes porcentajes de conformidad con la cuantía así: “Mínima cuantía el 30%; Menor cuantía el 20%; Mayor cuantía el 10% y si el resultado del negocio es mayor de $ 200.000.000 sobre el excedente se cobra el dos por ciento”.
A su turno, el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil, antes de su reforma por la Ley 794 de 2003, contemplaba que “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas establecidas, con aprobación del Ministerio de Justicia, por el colegio de abogados del respectivo distrito, o de otro si allí no existiere. Si aquéllas establecen un mínimo, o éste un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
No se desprende del citado texto legal que deban fijarse las tarifas de honorarios como lo pretende la parte recurrente. En primer lugar, el precepto alude a la fijación de las agencias en derecho y su liquidación, como uno de los factores de las costas, procede para: 1. La parte vencida en el proceso, 2. La parte que pierda el incidente o los trámites especiales que lo sustituyen y que señalaba el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, 3. La parte a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto y 5. En los demás casos que señale el referido (art. 392 ibídem).
Lo cierto es que no puede ser, ni cuantitativa ni cualitativamente, que la pérdida del proceso o la pérdida de un incidente o uno de los recursos mencionados, signifique que para la liquidación de las costas o eventualmente de los honorarios de un abogado, el juez tenga que imponer unos mismos montos.
La tarifa de honorarios fijada por Conalbos comprende, como es lo obvio, la tramitación del proceso en las instancias, de manera que sólo cuando éstas se agotaban, era posible la liquidación de honorarios según las tarifas establecidas, pues había que tener en cuenta otros factores como la calidad de la gestión, la intensidad de la misma, etc.
Pero no puede ocurrir lo mismo cuando el proceso no se agota en su totalidad, como fue lo que ocurrió en el asunto bajo examen, en el que las causas civiles atendidas por el abogado Pacheco Hernández, culminaron como consecuencia de los incidentes de nulidad por él propuestos poco después de haber contestado las respectivas demandas, lo que indica claramente que no hubo terminación normal de las mismas y por ello el juez podía moverse dentro de los criterios razonables de compensación, como lo hizo el ad quem, en el señalamiento de los honorarios que correspondían al citado profesional del derecho.
En ese orden es claro que como lo que efectuó el juzgador en este asunto fue una ponderación de la labor ejecutada en los trámites, no estaba circunscrito a una tarifa única como lo señala el actor, sino que podía señalar los honorarios de acuerdo con la gestión, que a la postre fue lo que ocurrió, por lo que no se configura la violación alegada y el cargo no prospera.
XVI. Cargo segundo
Pide que se estudie únicamente ante la falta de prosperidad de la acusación anterior; denuncia la violación de la ley directamente en la modalidad de infracción directa de los artículos 1º, 2º, 22, 871 y 1264 del Código de Comercio y la interpretación errónea del ordinal 3º del artículo 2184 del Código Civil.
Refiere que el ejercicio de las profesiones liberales no es un acto mercantil, pero que si una de las partes es comerciante deben remitirse a sus normativas; que conforme con el artículo 871 del Código de Comercio las partes deben actuar de buena fe y en equidad, y que ello lo violó el tribunal al desconocer el artículo 1264 ibídem, dado que debió darle plena validez al peritaje realizado.
Acota que “el perito o los peritos tiene como misión establecer cuál es la cuantía de la suma adeudada por el comerciante, y lo más lógico es que ellos acudan al precio del mercado esto es al que usualmente se acostumbra a pactar o es aceptado en el ámbito en que se desplieguen las relaciones contractuales que surgen entre mandante y mandatario. Igualmente es apenas obvio que si el juez encuentra que la prueba pericial contiene un error grave lo debe desechar pero tendrá necesariamente que ordenar una nueva experticia para cumplir con la ley que rige al empresario”, y que al no actuar de esa manera se incumple lo dispuesto en el precepto 2164 del Código Civil; que pese a que el ad quem acudió a esta premisa para resolver el caso tergiversó su contenido al cuantificar de manera discrecional los honorarios y no objetivamente como lo exige la disposición comercial.
XVII. Consideraciones
El recurrente cuestiona que el juez plural desatendiera lo dispuesto en los artículos 871 y 1264 del Código de Comercio aplicables al asunto en atención al giro ordinario de los negocios de la demandada.
Para resolver valga indicar que las regulaciones a las que alude el cargo están relacionadas con la buena fe en los contratos que deben ejecutarse con obligación a lo pactado expresamente y además a lo que corresponda a la ley, costumbre naturaleza y equidad, así como al mandato comercial definido como “un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra” y puede o no conllevar la representación del mandante.
Sin duda en el sub lite no es posible acudir a las disposiciones comerciales en la medida en que los actos encomendados al actor lo fueron para la representación y defensa de intereses jurídicos, en los términos dispuestos por el artículo 2142 del Código Civil, que no como lo exige la legislación comercial para la realización de actos de comercio.
En efecto las diferencias entre uno se fundan principalmente en que el mandato civil bien puede ser remunerado o gratuito y que el comercial solo es oneroso, pero fundamentalmente estriba en que este último se otorga para ejecutar actos de comercio y el primero para otro tipo de actos, como los de representación judicial.
Así lo ha explicado la Sala de casación Civil de esta Corte, entre otras en decisión de 17 de abril de 2011, radicado 00645:
Aun cuando lo usual es que sea el mismo titular de los derechos subjetivos quien disponga de ellos, bien puede suceder, y esto no tiene nada de ocasional, que éste, por razones de diversa estirpe, no quiera o no pueda hacerlo, razón por la cual precise valerse para tal efecto de un intermediario que puede actuar frente a terceros, ora en su nombre (el del titular) y por cuenta de éste, o ya en nombre propio aunque siempre por cuenta y riesgo de aquél.
A esta forma de intermediación se refiere el artículo 2142 del Código Civil, al decir que el mandato “es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera” (se subraya).
A su vez, el artículo 1262 del Código de Comercio para definir dicho negocio jurídico señala que el mandato mercantil “es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra” (destaca la Corte).
Empero, y esto debe recalcarse firmemente, en una y otra hipótesis, es decir, sea que el mandato tenga por objeto la realización de actos mercantiles, o ya la ejecución de actos de cualquier otra especie, lo cierto es que conforme a los principios cardinales que gobiernan en nuestro ordenamiento la materia, bien puede acontecer que el mandatario actúe en representación del mandante, esto es, haciendo explícita ante los terceros con quienes contrata la condición en que actúa, que no es otra que la de procurador del dominus, cuyo patrimonio, subsecuentemente, compromete directamente frente a dichos contratantes, o también puede acontecer que, por razones de disímil temperamento, les oculte esa situación, cual lo prevén los artículos 2177 y 1162 de los códigos Civil y Comercial respectivamente, y contrate con ellos como si el negocio fuese propio, hipótesis en la cual es incontestable que frente a dichos terceros, no implica derechamente al mandante, motivo por el cual a aquellos les está vedado accionar directamente contra éste, y viceversa.
En la primera hipótesis, esto es, cuando el mandatario actúa en nombre del mandante y por cuenta de éste, lo tienen definido la doctrina y la jurisprudencia patrias, el mandato es representativo, y se caracteriza, además de las particularidades ya anotadas, porque el mandatario obra en virtud de un poder que hace conocer a quienes con él contratan, dándoles a entender de manera indubitable que las operaciones que realiza se radicarán directamente en el patrimonio de otro, en cuyo nombre obra, y con quien deberán entenderse a efectos de ejercer los derechos y acciones derivados del contrato realizado.
En cambio, el mandato es no representativo, según terminología ampliamente aceptada en nuestro medio, cuando, como ya ha quedado señalado, no exterioriza a los destinatarios de sus declaraciones que obra por cuenta y riesgo de otro, inadvertencia que, como es apenas obvio, y dado el carácter relativo de los contratos, apareja que entre mandante y terceros no surjan vínculos jurídicos y carezcan, por ende, de legitimación para emprender acciones judiciales entre sí. Es diáfano, por el contrario, que frente a esos terceros con quienes contrata, el mandatario aparece como titular de los derechos que agencia, así como de las acciones derivadas del contrato. No obstante, esto no quiere decir que el sustituido se mantenga totalmente al margen de la situación y que los resultados del negocio no lo alcancen: por supuesto que el intermediario, aunque obra frente a terceros en nombre propio, sigue haciéndolo por cuenta ajena, la del mandante, y a riesgo de éste, cual lo define el reseñado artículo 1262 del Código de Comercio, de modo que sobre su patrimonio habrán de recaer, en últimas, los resultados del acto.
A más de ello debe decirse que bien podía el juzgador descartar el dictamen pericial por encontrarlo incongruente, habilitado por lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dado que aquel es un simple referente que no ata una decisión final, máxime cuando existe un razonamiento del juez en punto a su desestimación.
Por lo visto este cargo tampoco prospera.
En tanto los recursos extraordinarios formulados por las partes no tuvieron éxito, no hay lugar a costas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Óscar Pacheco Hernández contra Corelca S.A. ESP.