Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-123-de-marzo-13-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_de6f0f8e8b96013ee0430a010151013e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 00:53:36
Document Index: 169124350

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 123', 'artículo 40', 'artículo 14', 'artículo 14', 'e contrario', 'artículo 14']

SENTENCIA C-123 DE 13 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:ACCESO A CARGOS PÚBLICOS PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS COMO VOLUNTARIOS DE LA DEFENSA CIVIL, CUERPOS DE BOMBEROS Y CRUZ ROJA COLOMBIANA. DESCONOCIMIENTO DEL MÉRITO COMO CRITERIO DE SELECCIÓN Y DEL DERECHO A LA IGUALDAD. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 1505 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEOS PÚBLICOS, CONCURSO DE MÉRITOS, DERECHO A LA IGUALDAD, CUERPO DE BOMBEROS
Sentencia C-123 de marzo 13 de 2013
Ref.: expediente D-9243
Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la Ley 1505 de 2012 “Por medio de la cual se crea el subsistema nacional de voluntarios de primera respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y se dictan otras disposiciones en materia de voluntariado en primera respuesta”.
Diario Oficial 48.303 de 5 de enero de 2012.
ART. 14.—Acceso a cargos públicos. Aquellas personas que presten sus servicios como voluntarios acreditados y activos de las entidades que integren el subsistema nacional de voluntarios en primera respuesta, con un tiempo no inferior a cinco (5) años acreditados por la respectiva entidad o quien determine la ley, se le reconocerá un puntaje dentro del proceso de selección para acceder a cargos públicos en cualquier entidad del Estado. Lo anterior deberá ser reglamentado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en un término no superior a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.
La Ley 1505 de 2012 “crea el subsistema nacional de voluntarios de primera respuesta” y otorga “estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana”. En su artículo 14 estableció que a quienes presten sus servicios como voluntarios acreditados y activos de las entidades que integren el subsistema nacional de voluntarios en primera respuesta, durante un tiempo no inferior a cinco años, “se les reconocerá un puntaje dentro del proceso de selección para acceder a cargos públicos en cualquier entidad del Estado”, lo cual “deberá ser reglamentado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en un término no superior a seis (06) meses”, contados a partir de la promulgación de la ley.
El ciudadano Pedro Alfonso Hernández solicita que se declare inconstitucional el enunciado que reconoce un puntaje a favor de los voluntarios y apunta que, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad que llegara a producirse, el enunciado normativo referente a la competencia asignada a la Comisión Nacional del Servicio Civil debería correr la misma suerte, pues, a falta del primero, quedaría desprovisto de contenido material.
El demandante aduce, en primer lugar, que los sistemas de carrera administrativa y los fundamentos del régimen jurídico de los servidores públicos son expresiones del principio democrático, como, en su criterio, se desprende de lo previsto en los artículos 2º, 40.7, 125, 130 y 209 de la Constitución, de cuyo análisis concluye que la carrera administrativa, los derechos de los ciudadanos para acceder al ejercicio de cargos públicos y los mecanismos de provisión de empleo mediante concursos públicos y objetivos, tienen un vínculo indudable con el mencionado principio, porque “en ambientes de igualdad material de condiciones para todos, el mérito y las calidades de los concursantes son los factores que determinan el ingreso al servicio público”.
En segundo término, el actor enfatiza que el derecho a la igualdad tiene una notable incidencia tratándose del acceso a los cargos públicos y, en especial, a los de carrera, ámbito que no admite que el legislador, o aún el Constituyente, introduzca medidas favorables a la inscripción extraordinaria o automática en carrera o al establecimiento de ventajas, privilegios o beneficios injustificados para algún grupo de concursantes, ya que distinciones de esta clase “constituyen una discriminación injustificada en contra de otros interesados o participantes no cobijados por tales medidas”, lo que se traduce en vulneración de la igualdad y del mérito para el acceso al ejercicio de los empleos públicos.
A su juicio, el artículo demandado introduce un privilegio que vulnera el derecho a la igualdad que debe presidir los procesos de selección y señaladamente los de carrera, por cuanto el puntaje establecido a favor de los voluntarios afecta la igualdad de condiciones y es contrario a “la estructura constitucional para el ejercicio de cargos públicos”, dado que propicia la coexistencia de diferentes mecanismos de calificación en un mismo proceso de selección e incorpora un factor de discriminación desprovisto de toda justificación objetiva y razonable.
El Senado de la República intervino para solicitar la exequibilidad de la disposición demandada, mientras que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad del Sinú lo hicieron para coadyuvar la pretensión del actor, en lo que también coincidió el señor Procurador General de la Nación, al pedirle a la Corte la declaración de inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 1505 de 2012.
3. El acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, el mérito y los procesos de selección
El artículo 40 de la Constitución establece, en su numeral 7º, el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, como manifestación protegida del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mientras que el artículo 123 superior señala que “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.
Así lo ha estimado esta Corporación al enfatizar que “el concurso es el mecanismo adecuado para evaluar tanto los factores objetivos como los subjetivos” y que, “como medio para evaluar el mérito de quienes aspiran a ocupar un cargo público, tiene especial relevancia en el caso de la carrera administrativa, pero no es exclusivo de la carrera”, ya que “es utilizado para determinar el mérito de los aspirantes a empleos que no son de carrera administrativa”(1), debiéndose puntualizar que algunos procesos de selección se valen de medios distintos del concurso para establecer las condiciones de los postulados al ejercicio de cargos públicos.
Siendo así, “el mérito es el criterio que, como regla general, debe presidir el nombramiento o designación de quienes van a desempeñar la función pública”(2) y, por lo tanto, cualquiera sea el método de selección que se utilice, en la decisión acerca del llamado a ocupar un cargo público se impone el reconocimiento de las calidades demostradas en el respectivo proceso, como acontece, por ejemplo, cuando se convoca a concurso y el cargo se provee con el concursante que, por obtener el más alto puntaje, se ubique en el primer lugar de la lista de elegibles, en forma tal que cuando no sea posible designar al mejor calificado, el nominador tenga que nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero(3).
Nótese que los procesos destinados a la apreciación del mérito deben estar orientados a permitir la evaluación de factores objetivos y subjetivos como parte del respectivo proceso, de tal modo que, no quedándole margen a la discrecionalidad del nominador, se evite que “la decisión final acerca de quién va a ocupar un cargo se haga con base en criterios arbitrarios”(4).
En materia de acceso al desempeño de cargos públicos las excepciones vienen señaladas por la Constitución que las plasma directamente o que autoriza al legislador ya para establecerlas, ora para delimitar las constitucionalmente previstas, como se alcanza a percibir, por ejemplo, en el artículo 40-7 superior que, tras enunciar el derecho a acceder a la función pública, excluye a “los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad”, en cuyo caso dispone que “la ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse”.
Ahora bien, el mérito que se requiere para entrar a ejercer la función pública no corresponde al surgido del reconocimiento o de la estima que el conglomerado social suele discernir a quien ha realizado acciones merecedoras de encomio, ni al actuar loable generador de un justo premio o recompensa, sino a las condiciones subjetivas o de formación(5) configuradoras del perfil que el candidato ha de tener para ejercer las competencias o cumplir las labores o actividades propias del empleo que se va a proveer, razón por la cual debe apreciarse en concreto, vale decir en relación con el cargo especifico al que se aspira y con las necesidades del servicio que se deban atender mediante su ejercicio.
Refiriéndose a la carrera administrativa y al concurso público, con palabras aplicables a cualquier proceso, la Corte ha puntualizado que “el proceso de selección entero se dirige a comprobar las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos”, pues solo así tiene sentido que la Constitución o la ley que la desarrolla fijen los requisitos para el acceso a los respectivos cargos o establezcan condiciones “para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”(6).
El proceso de selección se orienta a la “determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades propias del cargo”(7) y no podría ser de otra manera, pues debiendo conducir la actividad de la administración a “resultados concretos”(8), la eficiencia y la eficacia del servicio público “dependerán de la idoneidad de quienes deben prestarlo”(9), de tal forma que en ausencia del mérito difícil será que la función administrativa pueda estar al servicio de los intereses generales o cumplirse con base en los principios de imparcialidad, publicidad, economía o igualdad.
4. El acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y la igualdad
Así las cosas, el derecho a la igualdad está llamado a presidir tanto la convocación dirigida a quienes, teniéndose por aptos, deseen postularse, como el desarrollo del respectivo proceso de selección, porque tratándose de determinar méritos y calidades, los requisitos y condiciones exigidos han de ser los mismos para todos, lo que garantiza que, desde el principio, todas las personas tengan la ocasión “de compartir la misma posibilidad de conseguir un empleo, así luego, por motivos justos, no se obtengan las mismas posiciones o no se logre la aspiración deseada”(10).
De conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional en lo anterior se manifiesta la igualdad de trato y de oportunidades que conduce a asegurar el ingreso al servicio público sin discriminación de ninguna índole, de donde se desprende que ni en la convocación ni durante el proceso que se cumpla con los inscritos resulta viable el establecimiento de “requisitos o condiciones incompatibles y extraños al mérito y la capacidad de los aspirantes”, pues, de ser así, se erigirían “barreras ilegítimas y discriminatorias que obstruirían el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales”(11).
5. El artículo 14 de la Ley 1505 de 2012
En efecto, se trata de una disposición referente a todo proceso de selección destinado a proveer cargos públicos, como, adicionalmente, lo corrobora la expresión “en cualquier entidad del Estado”, lo cual establece una relación entre los beneficiarios del puntaje previamente otorgado y el resto de aspirantes, relación que, de entrada, comporta una diferencia, puesto que los voluntarios entran al respectivo proceso de selección con un puntaje no reconocido a los demás.
La situación que se deja anotada afecta la proyección que el derecho a la igualdad tiene en la evaluación del mérito, ya que si, desde el inicio, un factor de evaluación le confiere puntaje a unos aspirantes y no a otros, poca utilidad presta que a la convocación concurran las personas que satisfagan los requisitos exigidos en función del cargo a proveer, pues en el proceso de selección no se les va a evaluar igual a todas, ni con base en los mismos criterios(12).
Si, conforme lo ha anotado la Corte, la razón de un concurso o de un proceso de selección no es otra que determinar la solvencia de los distintos aspirantes respecto de unas actividades y materias, para establecer cuál es el mejor, carece de sentido que, antes de realizar las pruebas pertinentes o de cumplir las etapas diseñadas, algunos aspirantes ya tengan a su haber la asignación de un puntaje, lo que los hace beneficiarios de una excepción vulneradora del principio de igualdad(13).
Esas excepciones que a veces operan bajo el pretexto de una inscripción extraordinaria dirigida a favorecer con antelación el criterio de experiencia(14) o a propósito del otorgamiento de un puntaje guiado por la finalidad de recompensar la encomiable prestación de un servicio de carácter cívico, desde la perspectiva del derecho a acceder al ejercicio de funciones o cargos públicos y del derecho a la igualdad que le es consustancial, constituyen una ventaja o privilegio para quienes gozan del otorgamiento(15) y, a la vez, un motivo de discriminación para aquellos que resultan excluidos.
En este orden de ideas, la insistencia en el test de igualdad habría apartado el análisis de lo efectivamente pedido en la demanda y, por contera, habría conducido a la reiteración de la jurisprudencia referente a la aludida metodología, pero al costo de dejar de lado el acervo jurisprudencial en que la Corte a(sic) hecho valer los contenidos propios de las disposiciones que el actor invocó como violadas.
Fluye de lo expuesto que la diferenciación establecida en el precepto tachado de inconstitucionalidad es irrazonable y que a la luz de lo establecido en la Carta de 1991 carece de justificación objetiva, puesto que afecta el derecho de las personas que no han cumplido tareas como voluntarios a acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad y con el único aval de sus méritos debidamente apreciados.
En armonía con lo precedente, la manera de restaurar el orden constitucional conculcado consiste en separar del ordenamiento el privilegio conferido por la ley y, por ello, se impone declarar la inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 1505 de 2012, decisión que también cobija a su segunda parte, de acuerdo con la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil debe reglamentar lo concerniente al reconocimiento del puntaje otorgado a los voluntarios, en un término no superior a seis (06) meses”, contados a partir de la promulgación de la ley, dado que este predicado no es autónomo y pierde todo su sentido en razón de la inconstitucionalidad de la primera parte, en la que se establece el puntaje contrario a la Carta.
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 1505 de 2012, “por medio de la cual se crea el subsistema nacional de voluntarios de primera respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y se dictan otras disposiciones en materia de voluntariado de primera respuesta”.
(1) Sentencia C-984 de 2010.
(3) Cfr. Sentencia C-041 de 1995.
(4) Sentencia C-984 de 2010.
(5) Sentencia C-040 de 2005.
(6) Sentencia C-1122 de 2005.
(7) Sentencia C-588 de 2009.
(8) Sentencia C-041 de 1995.
(10) Sentencia C-1381 de 2000.
(11) Sentencia C-041 de 1995.
(12) Cfr. Sentencia C-1265 de 2005.
(14) Sentencia C-901 de 2008.