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Timestamp: 2019-05-26 04:54:57
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La demolición de viviendas ilegales, el art. 108.3 LJCA y la protección de los derechos fundamentales en la doctrina del TEDH - El Derecho - Administrativo
La demolición de viviendas ilegales, el art. 108.3 LJCA y la protección de los derechos fundamentales en la doctrina del TEDH
Tribuna 11-03-2019
I. La ejecución de sentencias como potestad jurisdiccional y manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva
Desde esa perspectiva, hemos de empezar recordando la conexión entre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE y la ejecución de sentencias, en cuanto el derecho de tutela, no solo alcanza a la fase declarativa, sino que comprende también el derecho a obtener la ejecución de lo resuelto en resolución firme evitando así que se convierta en meras declaraciones sin valor efectivo algo.
Como señala la Sentencia constitucional 58/1983, de 29 junio y, en la misma línea, la 109/1984, de 26 noviembre: “el derecho del artículo 24 se concreta en que el fallo judicial pronunciado se cumpla, de manera que el ciudadano, que ha obtenido la Sentencia, vea satisfecho su derecho y, por consiguiente, en su vertiente negativa es el derecho a que las Sentencias y decisiones judiciales no se conviertan en meras declaraciones sin efectividad, naturalmente, dejando a salvo el caso de las Sentencias meramente declarativas.
Por otra parte, también ha de reconocerse que el Tribunal Constitucional (SSTC 3/1998), ha declarado reiteradamente que el derecho a la ejecución de las sentencias no alcanza a cubrir todas las modalidades con las que la tutela judicial efectiva se pueda satisfacer, ya que tan constitucional resulta una ejecución en la que se observe identidad total entre el contenido del fallo y lo ejecutado finalmente, como aquella en la que, bien por disposición legal bien por razones atendibles, la condena original se sustituya por su equivalente pecuniario u otro tipo de prestación.
No obstante, esta doctrina general, que por reiterada resulta suficientemente conocida, es lo cierto que la ejecución de sentencias en general, y de las sentencias urbanísticas en particular, continúa siendo un importante déficit de nuestra justicia administrativa. No es de extrañar por tanto que, como con ironía señala el Profesor Garberí Llobregat[1], la obligación de ejecutar las sentencias derivada del art. 108 de la Constitución posea “un carácter puramente retórico, ya que, en realidad, se trata de una proclamación carente de toda efectividad práctica porque, ni el constituyente en su momento, ni el legislador ordinario con posterioridad, pueden con sus solemnes declaraciones normativas alcanzar a transformar la propia naturaleza de las cosas. […] Por todo ello, en su estricto significado jurídico, la obligación que comentamos no tiene otro valor que el meramente simbólico. En suma, reformulada la misma una vez atendidos tales condicionantes naturales, sociológicos y jurídicos, la cláusula constitucional podría haber rezado algo así como: «es obligado cumplir con las resoluciones judiciales firmes que efectivamente puedan ser cumplidas y en la medida y en la forma en que razonablemente puedan serlo».
II. La ejecución de las sentencias como parte integrante del art. 6.1 del convenio
En este sentido, y con carácter general, el Tribunal de Estrasburgo recuerda que el Estado está obligado a poner a disposición de los demandantes un sistema que les permita obtener la ejecución correcta de las decisiones dictadas por las jurisdicciones internas, y que corresponde al Tribunal la tarea de examinar si las medidas adoptadas por las autoridades nacionales -en este caso, una autoridad judicial- para la ejecución de las sentencias han sido adecuadas y suficientes (Ruianu contra Rumanía, núm. 34647/1997, ap. 66, 17 junio 2003), puesto que cuando dichas autoridades están obligadas a actuar en ejecución de una decisión judicial y omiten hacerlo -o lo hacen incorrectamente- esta inactividad supone la responsabilidad del Estado en el ámbito del artículo 6.1 del Convenio (Scollo contra Italia, 28 septiembre 1995, ap. 44, serie A núm. 315-C).
Ante esto, habiendo agotado la vía interna, los propietarios acuden ante el TEDH fundamentando su demanda en una violación del artículo 6.1 CEDH (derecho a un proceso equitativo) y alegando, por un lado, la pasividad de las autoridades internas en relación con el cumplimiento de la sentencia y, por otro, la ilegalidad del proceso de expropiación llevado a cabo con la única finalidad de evitar la ejecución de la sentencia.
El TEDH señala, en definitiva, reiterando su doctrina, que la ejecución de una decisión o sentencia, de la jurisdicción que fuere, debe ser considerada como parte integrante del «proceso» en el sentido del artículo 6, por lo que la ejecución de una decisión judicial no puede ser impedida, invalidada o retrasada de manera excesiva, si bien admite que un cambio en la situación de hecho constatada por una decisión judicial puede justificar excepcionalmente la inejecución de una decisión.
La jurisprudencia, con carácter general, ha precisado que solo el concurso de circunstancias sobrevenidas, que alteren los términos en los que la disputa procesal fue planteada y resuelta por el Tribunal sentenciador, puede hacer imposible o dificultar la ejecución de la sentencia (S.TC 41/1993, de 8 de enero); que, por el contrario, la inejecución de la resolución en sus propios términos por conveniencia del ejecutante no supone imposibilidad material ni legal de incumplimiento (S.TC 219/1994, de 18 de julio) y que la existencia de dificultades prácticas no puede excusar la ejecución de las sentencias (S.TC 155/1985, de 12 de noviembre).
En definitiva, como afirma el Auto del Tribunal Supremo de 16 julio 1991, la “imposibilidad debe entenderse en el sentido más restrictivo y estricto, y en términos de imposibilidad absoluta; esto es, absoluta imposibilidad física o clara imposibilidad jurídica de cumplir el fallo. Después de la Constitución no cabe otra interpretación, por ser un básico fundamento del Estado de Derecho instaurado por la misma, el cumplimiento escrupuloso, íntegro y estrecho de las sentencias judiciales en sus propios términos, que no es otra que seguridad jurídica”.
III. La interpretación judicial del art. 108.3 LJCA
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, introdujo una sustancial innovación en el régimen de ejecución de sentencias que declaran la ilegalidad de la construcción de un inmueble y ordenan la demolición.
La primera sentencia que se pronuncia sobre la interpretación de este precepto es la 1409/2017, de 21 de septiembre, RC 477/2016, seguida por las Sentencias 475 y 476/2018, ambas de 21 de marzo, RC 138 y 141/2017, en las que, a falta de algunas matizaciones posteriores, a las que luego haré referencia, se vino a establecer la interpretación y los criterios de aplicación del citado precepto.
La doctrina declarada en las citadas sentencias, de acuerdo con el nuevo modelo del recurso de casación que se fija en el denominado interés casacional objetivo, afirma “que la exigencia de la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, a la que se refiere el precepto como condición previa a la demolición de un inmueble ordenada por un Juez o Tribunal, no precisa la tramitación de un procedimiento contradictorio ni requiere que tales indemnizaciones hayan sido fijadas como debidas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de sentencia en el que se declare y reconozca el derecho del tercero y determine la cantidad líquida que resulte exigible por el mismo, sino que se configura como un trámite integrado en la ejecución de sentencia, que consiste en la adopción por el órgano jurisdiccional de las medidas de aseguramiento que resulten suficientes para responder del pago de las indemnizaciones que puedan reconocerse a terceros de buena fe al margen del proceso, medidas de aseguramiento que han de ser valoradas, en su existencia y alcance, por el órgano judicial atendiendo a los datos y elementos de juicio de que disponga y pueda recabar en el procedimiento, resolviéndose las controversias que puedan surgir al respecto, en el correspondiente incidente de ejecución de sentencia, como dispone el art. 109.1 de la Ley Jurisdiccional.”
c) La finalidad de la exigencia del artículo 108.3 no es impedir la ejecución de la sentencia, ni constituye un supuesto de imposibilidad legal o material de su ejecución prevista en el art. 105.2 LJCA, sino que su finalidad es asegurar que la declaración de responsabilidad, cuando se produzca, resulte efectiva, mediante la adopción por el Juez de la ejecución de las garantías suficientes, para responder del pago, que es el efecto propio de la declaración de la indemnización debida.
No obstante, resulta posible que la propia administración de oficio o a instancia del perjudicado haya iniciado ya un procedimiento de responsabilidad patrimonial, en tal caso, como se señala en la sentencia de 25 de mayo de 2018, “[...] ninguna incompatibilidad se advierte entre el hecho de que la administración por mandato judicial, incluso por iniciativa propia, inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial para fijar las indemnizaciones derivadas de una ilegalidad urbanística, con la concreta aplicación del art. 108.3 LJCA, dado que si dicho expediente culmina y se abonan las indemnizaciones fijadas en el mismo, resulta evidente que no será preciso el juego del precepto controvertido, dado que los derechos de los terceros afectados no necesitarán ser garantizados, al haber quedado previamente completamente satisfechos”.
Sin embargo, en la referida sentencia se concluye la aplicación del art. 108.3 a la Administración local, pese al artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Razona la citada sentencia que procede “rechazar también la invocación del Ayuntamiento recurrente relativa a la inaplicación a la administración de la previsión del artículo 108.3 de la ley jurisdiccional con fundamentado en la prerrogativa que le otorga el artículo 173.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, precepto éste que denuncia como infringido en relación con la disposición adicional cuarta, apartado 2, y artículo 12 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre. Y es que parece olvidar el Ayuntamiento, como ya precisa la sentencia recurrida, que el artículo 108.3 no solo es una norma especial referida específicamente al aseguramiento de una orden de demolición acordada en sentencia, y cuya ejecución se pretende, esto es, una norma procesal, sino también una norma posterior al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuya inaplicación a la administración en los términos que se pretende dejaría prácticamente sin contenido la indicada norma”.
IV. Doctrina Tribunal Europeo de Derechos Humanos en supuestos de demolición de viviendas
Introducción: Conexión con el derecho de propiedad
Si bien en el Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, no se llegó a contener mención alguna al derecho de propiedad, en el sucesivo Protocolo Adicional 1.° de ampliación de derechos del Convenio, firmado por España el 23 de febrero de 1978 y ratificado por Instrumento de 27 de noviembre de 1990, se contiene una referencia expresa al mismo en su artículo 1 bajo los siguientes términos:
En razón de ello, y con base en el artículo 10.2 de la Constitución, habrá de concluirse que los pronunciamientos del Tribunal de Estrasburgo tienen que ser tenidos muy en cuenta a la hora de dotar de contenido efectivo a la garantía de la propiedad, en el orden interno, circunstancia que, en consecuencia, exige tener presente la jurisprudencia del TEDH, en los supuestos de injerencias de los poderes públicos en ese derecho, como puede ser considerada la demolición de una construcción ilegal.
Como pone de relieve el Profesor Martínez Pérez[3]: “Habrá que comprobar si la actuación estatal está justificada atendiendo a criterios de legalidad y legitimidad. Lo primero será ver si la interferencia es conforme a derecho, a la ley; consecuentemente si goza de una cobertura normativa o base jurídica. Nos encontramos con una remisión al ordenamiento jurídico de cada Estado Parte, por tanto, a su propio sistema de fuentes, sin exigirse pues un determinado rango normativo (derecho escrito o consuetudinario). Ahora bien, no basta con una previsión normativa fundamentada en el derecho interno, sino que debe gozar también de una suficiente calidad, compatible con el principio de preeminencia del Derecho. Además, la injerencia debe estar recogida en una norma que sea accesible y suficientemente precisa, para que sus destinatarios puedan prever las consecuencias de sus actuaciones”.
En segundo lugar, “La medida nacional deber perseguir un interés legítimo público o general. En este punto los Estados no suelen encontrar grandes obstáculos para justificar sus actuaciones ya que, como suele afirmar en estos casos el Tribunal, los Estados, por su conocimiento directo de su sociedad y sus necesidades, se encuentran mejor situados que el juez internacional para determinar qué es un interés público o general”.
Por último, “las medidas que supongan una regulación del uso de los bienes o una expropiación deben ser conformes al principio de proporcionalidad, lo que exige analizar si existe un justo equilibrio entre las demandas de los intereses generales de la sociedad y la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Debe darse, entonces, una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido. En este sentido, se reconoce una amplia autonomía tanto para elegir los procedimientos o medios de ejecución como para determinar si las consecuencias son legítimas en atención a la finalidad perseguida.”
No obstante, debemos señalar que el Tribunal admite que las privaciones sin indemnización no son por sí mismas, y en todo caso, incompatibles con el artículo 1 del Protocolo Adicional y así lo ha establecido, por ejemplo, en Los santos monasterios (1994, § 71), Pressos Compañía Naviera (1995, § 38) y Ex rey de Grecia (2000, § 90), en supuestos de expropiación forzosa.
Sobre el tema de la indemnización, aclara el Profesor Martínez Pérez[4] que “El artículo 1 del Protocolo núm. 1 no prevé la obligación de indemnizar, pero se deduce de su contenido, y así lo contempla la jurisprudencia, que, como regla general, hay que satisfacer la correspondiente compensación a no ser que medien circunstancias excepcionales.
Por último, el Tribunal exige “Que el demandante que se opone a las medidas de conservación se haya comportado de buena fe es otro de los elementos relevantes que deben examinarse. Es importante indagar, por tanto, si el interesado conocía o debiera tener un conocimiento razonable de las restricciones o posibles futuras restricciones sobre la propiedad o si tenía alguna expectativa legítima respecto al uso de la propiedad o aceptación del riesgo de la compra.”
Las construcciones ilegales se encuentran amparadas por el derecho de propiedad
En la sentencia Oneryildiz (2004), la Gran Sala consideró protegidas por el artículo 1 del Protocolo Adicional unas viviendas abiertamente ilegales (unas chabolas construidas junto a un vertedero que explotó, matando a 39 personas), pero frente a las cuales las autoridades no habían reaccionado a pesar de tener conocimiento de la situación. En el caso pesaba sobremanera la inactividad de la Administración turca, que no hizo nada por evitar la tragedia y toleró la ilegalidad.
El derecho de propiedad cede ante intereses colectivos dignos de protección, como son los valores medioambientales
Como afirma el Profesor Martínez Pérez[5], “el Tribunal ha considerado que había una interferencia en las «posesiones» del demandante ante órdenes de demolición de una construcción ilegal en una zona forestal protegida, aunque había sido tolerada durante cerca de treinta años (asunto Hamer), o de una cantera ubicada en unos terrenos situados en una zona de protección ecológica (asunto Bil inpat Taahhüt Ticaret Limited 5irketi). Afirmó, sin ambages, en ambos litigios, que pese a que el Convenio no contenía disposición alguna destinada a preservar el medio ambiente como tal, su defensa despierta en la sociedad, y, por consiguiente, en los poderes públicos, un interés constante y continuo. También ha defendido igualmente la decisión de las autoridades turcas de anular unos títulos de propiedad después de clasificar unos terrenos como suelo forestal en aras de la protección de la naturaleza y de los bosques (asuntos Nural Vural, Satir y Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A. 5. c. Turquía) o la anulación de la inscripción de un bien inmueble en el Registro destinado a convertirse en un establecimiento turístico para proteger el litoral marítimo (asunto N.A. y otros c. Turquía).”
Llegando a afirmar en STEDH 25-11-2008, nº 41760/2004, Kostić c. Serbia, en sentido contrario a lo que suele ser usual, que se considera una restricción al derecho de propiedad la no demolición de una construcción no autorizada.
En definitiva, los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirman la preeminencia del derecho como uno de los principios fundamentales de una sociedad democrática, lo que implica el deber de las autoridades públicas de someterse a un fallo judicial, lo que exige, entre otras cosas, que la solución dada de forma definitiva a todos los litigios por los Tribunales no sea puesta en discusión (sentencia 6870/2003, Vitiello c. Italia.)
Orden de demolición de viviendas residenciales construidas en la zona de protección del demanio marítimo
Tras analizar los argumentos del Estado y de los demandantes en apoyo a sus posiciones respectivas, el Tribunal sostiene que los Estados tienen competencia para decidir qué tipo de medidas deben imponerse para proteger las áreas costeras. A continuación, el Tribunal añade que la ausencia de indemnización no puede contemplarse como una medida desproporcionada en el control del uso de las posesiones de los demandantes, adoptada para garantizar el interés general y ello porque el principio de no indemnización, en el que se basa la regulación de la propiedad pública, ha sido claramente establecido en cada decisión de autorización temporal de ocupación del dominio público otorgada a los demandantes durante décadas. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal sostuvo que, en el caso de que se ejecutara efectivamente la orden de demolición de sus casas sin indemnización, no sería una carga excesiva. Por ello, el Tribunal concluye que prevalece el interés general de la comunidad sobre el interés individual de los demandantes, por lo que, por trece votos contra cuatro, falla que no ha habido violación del artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio.
La existencia de terceros adquirentes
En esta sentencia el TEDH considera que la medida perseguía el fin legítimo de conservar el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de las normas de urbanismo, con vistas a establecer un desarrollo ordenado de las zonas rurales por ser expresión del interés general de la comunidad. De ahí que, como dice el TEDH en el parágrafo 46 de la sentencia, «el efecto de ordenar el derribo de una construcción totalmente ilegal es volver a poner las cosas en la situación en la que deberían haber estado si se hubieran cumplido los requisitos legales. De este modo, las autoridades garantizan una total protección del medio ambiente, así como disuadir a otros infractores potenciales».
Finalmente, la sentencia, para negar la vulneración del artículo 1 del Protocolo Adicional número 1, concluye en el parágrafo 46 con la siguiente apreciación: «A la vista de todo lo que antecede, el Tribunal concluye que la medida en cuestión no fue desproporcionada al fin legítimo perseguido”, y que “Resolver lo contrario sería equivalente a obligar a las autoridades nacionales a tolerar construcciones ilegales cada vez que su propiedad fuera transferida a un tercero bona fidei».
No obstante, también existe algún pronunciamiento de signo contrario, cuando el Tribunal ha entendido que una protección tardía y la confiscación sin indemnización, se considera vulneración del derecho de propiedad de los constructores, máxime cuando finalmente se ve favorecido el municipio, quien concedió los permisos y posteriormente se convirtió en propietario de los bienes confiscados (SSTEDH 20-1-2009, nº 75909/2001, Sud Fondi SRL y otros c. Italia y 13-1-2009, nº 11522/2003, c. Kliber v. Polonia, ante la duración del proceso sobre orden de demolición).
V. La demolición, el criterio de la proporcionalidad y la conexión con el art. 8 del Convenio
La aplicación de esta disposición, aparece en la sentencia del Caso Yordanova contra Bulgaria. Sentencia de 24 abril 2012, en la que la recurrente, de etnia gitana, se dirigía contra la orden del ayuntamiento de abandonar sus viviendas, en las que había residido durante muchos años, sin autorización, pero bajo un régimen de tolerancia de facto.
El TEDH considera que la vivienda, era el «hogar» de ambos demandantes y que la orden de su demolición implicó una interferencia que era legal ya que tenía una clara base en el derecho interno relevante, la ley de la ordenación territorial. Además, el TEDH observa que la demolición perseguiría un fin legítimo. Teniendo en cuenta en concreto el hecho de que el problema de la construcción ilegal está generalizado en Bulgaria, la finalidad de asegurar la implementación efectiva del requisito de que los edificios no deben construirse sin permiso puede considerarse como una medida de prevención del desorden y de promoción del bienestar económico del país en el sentido del artículo 8 CEDH.
En cambio, el TEDH no considera que la ejecución de la orden de demolición implicaría una violación de los derechos de la Sra. Ivanova, en base al artículo 1 del Protocolo adicional nº 1.
Mientras que la demolición de la casa supondría una interferencia en sus posesiones, la orden tenía una clara base legal y se puede decir que es acorde con el interés general en el sentido del artículo 1 del Protocolo nº 1, que pretende asegurar el cumplimiento de la normativa de edificación. Además, el hecho de que la casa fue construida sin permiso tiene una importancia crucial. La orden de su demolición serviría para disuadir a otros potenciales infractores de la ley, los cuales tuvieron que ser tomados en consideración, habida cuenta del problema generalizado de la construcción ilegal en Bulgaria. A la vista del hecho de que el Estado goza de un amplio margen de maniobra al elegir los medios de ejecución, tales consideraciones no pueden verse sobrepasadas por el interés propietario de la Sra. Ivanova. Por tanto, el TEDH concluye que no ha habido violación del artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio.
En el mismo sentido la sentencia Bagdonavicius y otros c. Rusia, de 11 de octubre de 2016, en la que los demandantes son miembros de seis familias gitanas que viven en un pueblo. Fueron desalojados de sus viviendas, donde habitaban desde hace algunos decenios, pero cuya construcción no había sido autorizada por la Administración. Tras el desalojo se procedió a la demolición. El TEDH observa que la demolición, en ejecución de las decisiones judiciales, constituye una injerencia que estaba prevista por una ley accesible, clara y previsible que tenía como finalidad la protección de los derechos del municipio de recuperar el suelo ocupado por las casas construidas sin autorización. La ocupación de los terrenos en el pueblo por las construcciones no autorizadas de los demandantes se remonta a la época soviética. Los demandantes, por tanto, han podido desarrollar lazos suficientemente estrechos con ese lugar y establecer una vida en comunidad. Las jurisdicciones internas que han ordenado la demolición de las casas de los demandantes no han invocado otros motivos aparte de los referidos a la ilegalidad de la construcción y la ocupación del suelo. Así, las consecuencias eventuales de la demolición de las casas y de la expulsión forzosa de los demandantes no se han tenido en cuenta por las jurisdicciones internas. No se ha demostrado que los demandantes fueran informados adecuadamente de la fecha y modalidad de expulsión, ni de la intervención de los agentes judiciales en cuanto a la demolición. Tampoco se ha probado que la Administración haya consultado con los interesados las posibilidades de realojamiento. Por ello, el TEDH concluye, por unanimidad, que ha habido una violación del art. 8 CEDH.
Y por lo que se refiere al derecho del art. 47 C. E. (que no es de los comprendidos en el art. 53.2 de la Constitución), no se observa en el caso la incidencia de tal derecho en la inviolabilidad domiciliaria, cuando sólo se debate la necesidad y proporcionalidad de la entrada en el domicilio del recurrente, pues la demolición de la vivienda fue ya acordada con carácter de firmeza por la Administración municipal”.
VI. La importancia de la existencia de previa autorización administrativa y las consecuencias indemnizatorias
Este es el supuesto resuelto en la sentencia TUMELIAI v. LITHUANIA de 9 Enero 2018.
No obstante, la orden de demolición, según el Tribunal, tenía una base jurídica en el derecho interno y se confirmó, tras un procedimiento totalmente contradictorio, en dos niveles de jurisdicción, sin que nada demuestre que las disposiciones del derecho interno fueran interpretadas o aplicadas por los tribunales nacionales de manera arbitraria. Por lo que se concluye: «la interferencia era lícita a los efectos del artículo 1 del protocolo núm. 1 del Convenio”, al tiempo que considera que “la injerencia persigue un objetivo legítimo de interés general: proteger el medio ambiente, en este caso, los bosques».
Por su parte en la sentencia ZHIDOV Y OTROS c. RUSIA de 16 octubre 2018, el Tribunal de Justicia recuerda que la proporcionalidad de la interferencia implica la existencia de un justo equilibrio entre los requisitos de interés general de la comunidad y los imperativos de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Este saldo se rompe si el interesado ha tenido que someterse a una "carga especial y exorbitante". También recuerda que la verificación de la existencia de un equilibrio justo requiere un examen general de los diversos intereses implicados y puede requerir un análisis del comportamiento de las partes, los medios empleados por el estado y su aplicación, en particular, la obligación de las autoridades de actuar a tiempo, de una manera correcta y coherente (Bidzhiyeva, supra, § 64, con las referencias citadas). Con respecto a los derechos de propiedad, el Tribunal concede especial importancia al principio de buena gobernanza, y considera que las autoridades deben actuar con la mayor cautela (Moskal c. Polonia, no. 10373/05, § 72, 15 de septiembre de 2009).
En relación con alguno de los demandantes, se constata que contaban con permisos, por lo que el Tribunal estima que podían legítimamente creer que estaban en una situación de seguridad jurídica en cuanto a la legalidad de la construcción de sus edificios, esto es, en este caso, los solicitantes estaban obligados a demoler sus casas debido a la negligencia de las autoridades, pese a su acreditada buena fe y sin poder desempeñar cualquier papel en Procedimientos internos. (South Fonda SRL y otros c. Italia, no. 75909/01, § 121, 20 de enero 2009).
En consecuencia, en este supuesto, se ha producido una infracción del artículo 1 del protocolo núm. 1 del Convenio, resultando de aplicación el art. 41 del Convenio cuando establece que “Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos, y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”
VII. La exigencia de determinadas garantías procesales
Por su parte en el ASUNTO APARICIO NAVARRO REVERTER Y GARCÍA SAN MIGUEL Y ORUETA c. ESPAÑA (Demanda nº 39433/11) 10 de enero de 2017: Se afirma que la efectividad del derecho a la tutela judicial exige que una persona goce de una posibilidad clara y concreta de recurrir un acto que constituya una injerencia en sus derechos (Díaz Ochoa c. España, no 423/03, § 41, 22 de junio de 2006).
Sobre la problemática planteada en esta sentencia, hemos de tener en cuenta que, como señala el art. 45.1 LJCA, “El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa”, por su parte el procedimiento abreviado, pese a iniciarse por demanda, tampoco impone al demandante la carga de determinar los sujetos demandados.
En relación con la falta de litisconsorcio pasivo necesario, ya la Sentencia del Tribunal Constitucional 44/86, de 17 de abril, se encargó de declarar que en materia contenciosa, al contrario de lo que ocurre en el proceso civil, no cabe la excepción de litis consorcio pasivo necesario. Argumenta dicha sentencia que en todos los procesos, como el contencioso-administrativo, en que se deciden derechos o intereses de naturaleza pública, corresponde al juzgador y no a las partes convocar al pleito a todos los que puedan resultar afectados por la sentencia. Y añade que, en los procesos contencioso-administrativos, se considera parte demandada, con independencia de la voluntad del recurrente o demandante, a las partes a cuyo favor deriven derechos del acto recurrido.
Según el art. 49 LJCA “La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días”…tal obligación se ve complementada por las de control que se encomiendan al órgano judicial, en cuanto conforme al citado precepto, “Recibido el expediente, el Juzgado o Tribunal, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.”
Como consecuencia de la obligación que la Ley impone a la Administración, la falta de emplazamiento provoca la nulidad de lo actuado (STS 17.11.94)
En todo caso hay que destacar que la titularidad del derecho o interés legítimo debe darse al tiempo de la iniciación del proceso contencioso-administrativo (SSTC 53/2003, de 24 de marzo, FJ 3; y 102/2003, de 2 de junio,).
b) Que el interesado fuera, en segundo lugar, identificable por el órgano jurisdiccional. El cumplimiento de este requisito depende esencialmente de la información contenida en el escrito de interposición del recurso, en el expediente administrativo o en la demanda (SSTC 53/2003; y 102/2003, FJ 2).
c) Que se haya ocasionado al recurrente, en tercer lugar, una situación de indefensión real y efectiva. No hay indefensión real y efectiva cuando el interesado tiene conocimiento extraprocesal del asunto y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa. A la conclusión del conocimiento extraprocesal de un proceso se debe llegar mediante una prueba suficiente, lo que no excluye las reglas del criterio humano que rigen la prueba de presunciones (SSTC 53/2003; y 102/2003).
A este respecto, hemos de señalar que, sin perjuicio de que cualquiera que ostente la condición de interesado pueda en cualquier momento del procedimiento personarse en defensa de su derecho, sin provocar la retroacción de lo actuado, lo determinante, es que dichos interesados sean conocidos o identificables a partir de los datos que se deduzcan del escrito de interposición, del expediente administrativo, o de la demanda (por todas, STC 36/2001, de 12 de febrero, FJ 3 EDJ 2001/1156 , y las resoluciones allí mencionadas). Debiendo señalarse que, según la antes citada jurisprudencia del TC ha de tenerse en cuenta que, en todo caso, pesa sobre los órganos jurisdiccionales la responsabilidad de "velar por la correcta constitución de la relación jurídico-procesal sin que, claro está, ello signifique exigir al Juez o Tribunal correspondiente el despliegue de una desmedida labor investigadora, lo que llevaría más bien a la indebida restricción de los derechos de defensa de los personados en el proceso" (STC 268/2000, de 13 de noviembre).