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Timestamp: 2017-09-24 03:01:06
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Políticas y Planificación de la Comunicación - UNIDAD 3 - desde 1983 a 2007 - Cátedra Mastrini - Ciencias de la Comunicación
Materia: Políticas y Planificación de la Comunicación
Cátedra: Mastrini
Unidad 3 (desde 1983 a 2007)
El Alfonsinismo
Se puede apreciar desde los primeros momentos de gestión el predominio del doble discurso y la incoherencia.
Impotencia para romper con los parámetros de la economía pautados durante la dictadura militar.
La política y la ley de Radiodifusión
Tres puntos centrales en la plataforma política de 1983: a) la creación de tres sistemas para la explotación de la radio y la tv: uno reservado al estado, uno a la gestión privada y otro al ente autónomo de derecho público no gubernamental; b) la creación de una comisión bicameral permanente de radio y tv; c) la integración de programas de educación a distancia al sistema de radio y tv.
Alfonsín intervino el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) y nombró un delegado.
Decreto 1154/84: Alfonsín suspende la aplicación del PLANARA hasta que se modificase la Ley de Radiodifusión.
Si bien legalmente no era posible expandir el sistema de radiodifusión, se generó un proceso de demanda social de más espacios de expresión.
La UCR estableció una comisión para el estudio de la legislación y el ordenamiento de los medios a través del mismo decreto 1154/84. Se reveló insuficiente.
Una injerencia más activa del Poder Ejecutivo Nacional. Las políticas de comunicación fueron diseñadas a través de la Secretaría de Información Pública (SIP), que luego se transforma en Subsecretaría cuando se fusiona con el área de cultura.
Un anteproyecto de ley de la SIP se ocupaba centralmente de los canales de Bs As que estaban en manos del Estado. Lo conflictivo que resultaba sostener que los canales debían estar en manos del Estado. Proponía tres alternativas: ATC bajo la estricta dependencia del PEN, un ente público no gubernamental, la posibilidad de privatizar. El anteproyecto además creaba el instituto de investigación y promoción audiovisual.
Desde diciembre de 1983 se configuraron en el gobierno dos grandes tendencias respecto de las políticas audiovisuales. 1) Privatista, centralista y comercial, liderada por el delegado normalizador del COMFER. 2) Con base en la SIP, pretendía impulsar un régimen con mayor participación estatal, estimular la participación de organizaciones intermedias y promover la descentralización de la autoridad de aplicación. Reafirma el carácter ambivalente del gobierno radical también en materia de comunicación.
La posición oficial se dividió entre el proyecto elaborado por la SIP y el remitido al presidente por el COMFER.
El proyecto sale a la luz
A fines de 1987 se da a conocer el proyecto del COCODE (Consejo de Consolidación de la Democracia).
Pese a que muchos de los conceptos ya estaban incluidos en la propuesta de la SIP, aquí toman una dimensión mayor por estar avalados por un organismo pluripartidario y multisectorial.
COCODE 1988: “Derecho a la información. Autoridad de aplicación asesorada por una junta. Juntas regionales de aplicación local. Descentralización en el otorgamiento de frecuencias. Sistema audiovisual gubernamental y otro estatal. Cualquier persona jurídica pueda acceder. Instituto de investigación y promoción audiovisual. Defensor público. Limitación a los medios gráficos. Redes que no abarquen más de 5 emisoras. Porcentajes obligatorios de producción”.
Fue abandonado por el PEN.
Los cambios que se producen en el proyecto enviado al Congreso conforman un guiño a la actividad privada. Se restringió el papel del Estado y se elimina el canal público no gubernamental. Se eliminaron las juntas asesoras y las juntas regionales; se aumentó el tiempo de publicidad. Se permitía el funcionamiento de cadenas de hasta 8 emisoras, como primer paso hacia una mayor concentración.
El proyecto del COCODE quedó sin estado parlamentario y la cámara de diputados recibió el del PEN para su estudio.
Vuelve a cambiar en forma significativa el proyecto enviado por el PEN.
Nunca llegó a ser tratado en la Cámara de Diputados en sesión plenaria.
Breves comentarios sobre el Cable
En 1981 se instalaron los primeros cables de la capital, Cablevisión y Video Cable Comunicación (VCC). Decreto 1613/86 posibilitaba el acceso restringido a la recepción satelital. La llave que posibilitó el fuerte y sostenido crecimiento de la tv por cable en la Argentina. Desde un comienzo la lógica de la competencia entre ambas empresas quedó eliminada, ya que realizaron acuerdos para dividirse el territorio.
Los decretos y resoluciones que se implementaron en relación a la política de medios después de 1984 beneficiaron la concentración, el negociado y la manipulación de los medios masivos de comunicación en favor de empresas privadas, y en detrimento de lo que pudo haber sido una comunicación con sentido comunitario.
La eliminación de decretos de la dictadura (suspensión del PLANARA) trajo como resultado la imposibilidad de pensar la comunicación alternativa surgida al calor de la demanda social de pluralidad de voces. Su iniciativa política quedó librada finalmente a resolver cuestiones económicas de los propietarios de medios. El proyecto del COCODE no fue más que un compendio de buenas intenciones.
Canales 11 y 13: la primera privatización de la década menemista
Una vez concretado el pasaje de los medios, previa autorización al ingreso de medios nacionales vinculados a la gráfica, sumado a la mayoría automática de la Corte Suprema, no hubo oposición consistente a las políticas neoliberales de privatizaciones y desmantelamiento del aparato estatal. En términos de sistemas de comunicación, fue el puntapié inicial para la concentración mediática.
La cuestión es privatizar
En 1998, los candidatos presidenciales con más posibilidades de ganar (Menem, Angeloz y Alzogaray) proclamaron su voluntad de privatizar tanto los canales como las radios bajo administración estatal.
El proyecto de Dumón no prosperó, pero contemplaba la modificación del artículo 45 en términos similares a la Ley 23.696/89, Ley Dromi, Ley de Reforma del Estado. En su artículo 65 dirá “sustituyese el inciso e del artículo 45 (de la 22.285/80) por el siguiente: no tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras”.
Con el proyecto de Dumón se iniciaba el proceso que acabaría con el impedimento para que las empresas periodísticas nacionales pudiesen tener licencias de radiodifusión.
El gobierno radical no logró la aprobación de una nueva ley de radiodifusión que derogara la Ley 22.285/80. Sin embargo, terminó de instalar como cuestión de Estado la necesidad de privatizar los medios.
El gobierno de Menem estimó necesario contar con dos apoyos centrales: a) una opinión pública dócil (connivencia entre gobierno y medios); b) una Corte Suprema afín.
De la privatización al no cierre de los canales: cambios en el eje de la cuestión
La privatización de los canales 11 y 13 se transformó en una cuestión social. El grueso de la prensa escrita apoyó el proceso y la derogación de la prohibición para participar en las futuras licitaciones.
Los canales eran deficitarios, y se publicaban sus resultados económicos. En la prensa de 1989, nada se decía de la manera en que se generó dicho déficit durante la dictadura.
En una primera etapa, la divisoria dentro del propio entramado de poder del elenco gobernante fue planteada en torno a permitir o no el ingreso del capital extranjero a la radiodifusión.
El personal de canal 13 difundió una declaración anti-privatizadora. El conflicto se generalizó al sumarse un tercer gremio (de la tv), que debido a los paros de prensa y actores se encontraba sin programas para hacer.
El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Dromi, anunció que hasta tanto se realizara la transferencia total de los canales 11 y 13 a manos privadas, los mismos permanacerían cerrados.
Los habituales agradecimientos de los Martín Fierro se transformaron en tribuna en defensa de la continuidad de las emisiones televisivas.
La privatización no se discutirá más, la lucha pasará por cerrar o no los canales. Nació la Comisión Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social.
Concursos en tiempo récord
Se pactó una coadministración de los canales entre el Estado y los gremios.
Decreto 830/89: llamó a licitación para la privatización de los canales 11 y 13. Se llamaría a concurso público. También se creaba una comisión evaluadora de las propuestas que se presentasen formada por secretarios de Prensa y Difusión, de Comunicaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y el interventor del COMFER. Habilitaba a cada oferente a realizar impugnaciones sobre el resto de las propuestas presentadas.
La única clausula concreta que los trabajadores logran imponer es aquella que cerró la puerta a los despidos durante un año.
Se ofrecieron seis ofertas para adquirir canal 11 y cuatro para canal 13. Para ambos canales: a) ARTEAR S.A. (Clarín, canales de Rosario, Córdoba, San Juan, Mendoza, diarios de Misiones y de Entre Ríos); b) Productora Federal de Comunicaciones (Yanquelevich); c) Televisora Federal (Editorial Atlántida, una sociedad de 10 canales del interior). Para el 13: a) Argentevé (Ámbito Financiero, La Prensa, diario de Mar del Plata, Sofovich, Palito Ortega). Para el 11: a) Tevemac S.A. (Macri, Mestre); b) Video Mundo (Astilleros Alianza); c) Imagen Visión (Vila).
La elección fue realizada a partir del mayor puntaje obtenido en la evaluación de méritos y antecedentes y no de quienes presentaron las ofertas más altas. El orden de méritos organizado para este concurso no se aplicó nunca antes ni se volvió a utilizar.
El decreto declaró disueltas las empresas titulares y subsidiarias de los canales 11 y 13: Dicon, Rio de la Plata y Proartel.
Decreto 1540/89: concedió las licencias de las estaciones Canal 11 a Telefé y de Canal 13 a Artear.
Después de estas primeras adjudicaciones varios de los integrantes de los grupos perdedores se posicionan dentro de alguno de los medios capitalinos.
Coadministrar con el Estado
La coadministración se conformó con los interventores de canal 11 y 13, gerentes que habían sido nombrados por el Estado, y delegados de la Comisión Intersindical de los 4 sindicatos mayoritarios.
Mientras la coadministración en términos de saneamiento de las finanzas era un éxito, las políticas de contenidos seguían funcionando y organizándose en términos de rentabilidad económica.
El canal dependía de la pauta publicitaria y, por ende, los sueldos y la estabilidad laboral de sus trabajadores también.
Las privatizaciones del 11 y el 13 y el alcance que tuvieron desde el punto de vista político: alinear la propia tropa, refrendar el objetivo de su gobierno, dejar en claro que la avanzada privatizadora recién arrancaba.
El discurso neoliberal, aperturista y privatizador circulaba con mayor fuerza al momento que se contaba con “el cuarto poder” para volcar la opinión pública a favor.
La coadministración o la autogestión por parte de los trabajadores difícilmente puedan modificar las políticas de contenidos si no se tocan las lógicas de financiamiento. El Estado junto a los trabajadores pueden dirigir el destino de una empresa, sanear finanzas y hacer una gestión transparente.
La radiodifusión entre 1990 y 1995: exacerbación del modelo privado-comercial.
Desregulación, privatización, desmonopolización fueron los principios consagrados para todas las políticas públicas.
El Ejecutivo se expresó a través de iniciativas sostenidas por las nuevas alianzas de poder y decisiones de hecho luego ratificadas por decretos de necesidad y urgencia.
Privatizar los canales 11 y 13 más las radios Belgrano y Excelsior, que habían permanecido durante al menos 15 años administradas por el Estado.
Modificaciones normativas y nacimiento de los multimedios
Ley 23.696/89 de Reforma del Estado. Fueron flexibilizados puntos clave de la Ley 22.285/80 que imposibilitaban hasta el momento la constitución legal de conglomerados en forma de multimedios y con características de propiedad extendida.
Se eliminó la restricción del artículo 43 inciso c: límite de 3 licencias de tv o radio a una misma persona física o jurídica en distintas áreas de cobertura.
Se eliminó la restricción del artículo 45 inciso e: no podía presentarse al concurso de una nueva licencia un propietario o socio de diferentes sociedades de radiodifusión.
Se eliminó la restricción del artículo 45 inciso h: impedía la presentación al concurso de una persona física o jurídica vinculada a empresas periodísticas (medios gráficos).
Se eliminó la disposición del artículo 46 inciso a: el objeto social de la licenciataria sería exclusivamente la prestación y explotación del servicio de radiodifusión. Se permite que participen como licenciatarias empresas o personas con otras actividades económicas.
Se eliminó la disposición del artículo 46 inciso c: los socios de las licenciatarias serían personas físicas y no excederían el número de veinte. Se permite la constitución de una sociedad integrada por otras sociedades.
Cambios en el mapa de medios
Las modificaciones normativas de 1989 promovieron vinculaciones en la estructura de propiedad privada de los medios radioeléctricos, que desembocaron en un mapa hipercomercial y fuertemente concentrado hacia la segunda mitad de la década de los ’90.
Los principales movimientos de capitales fueron:
Conformación de dos grupos multimedios a partir de las adjudicaciones de los canales 11 y 13. Grupo Telefé (canal 11, Radio Continental, y luego entró al negocio del cable); grupo Clarín (canal 13, diario Clarín, Radio Mitre, Multicanal en el cable).
Cruzamiento de intereses entre las empresas gráficas y el audiovisual, eliminación de las trabas legales para la compra de radioemisoras por parte de empresas periodísticas (Editorial Atlántida, a través de Telefé, en canal 11; La Nación en Radio del Plata; Clarín en canal 13).
Crecimiento de la cantidad de canales de televisión por cable, empresarios independientes (principalmente en ciudades del interior), articulación en pequeños multimedios con empresas o conglomerados de medios zonales. A partir de 1993, la propiedad de los principales circuitos de cable se concentró en cuatro grandes operadores (Multicanal – grupo Clarín, grupo Telefé, VCC y Cablevisión).
Consolidación de algunas emisoras de FM son licencias en el interior, en general vinculadas a otras actividades relacionadas con la comunicación masiva.
Los “necesarios” capitales extranjeros
Desde 1994 se formalizaron relaciones de empresas de producción y distribución de tv por cable con capitales foráneos en lo que se consolidó como la tercera oleada histórica de inversiones extranjeras en los medios masivos, durante la segunda mitad de los ’90. No fue rechazada por los capitales locales.
Un marco de interdependencia de las economías mundiales y de desregulación de las comunicaciones a nivel internacional, un Estado argentino ausente en materia de regulación y control. Los principales medios locales avanzaron en la conformación de alianzas, ventas o fusiones con operadores, programadores y/o bancos o fondos de financiamiento que permitieron afrontar las inversiones en tendido de red y renovación de equipos.
El grupo Clarín, apoyado por el financiamiento del Citicorp, compra diversos cables que conformaron Minticanal y Red Argentina S.A. El 0% de Cablevisión fue comprado por la norteamericana TCI.
En 1994 estas operaciones pudieron blanquearse al entrar en vigencia la Ley 24.124/94: ratificatoria de un Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado con EEUU en 1991.
Actividad legislativa silenciada, competitividad y decisiones prebendarias
Los primeros proyectos integrales para reemplazar la Ley de Radiodifusión presentados en 1990 postulaban una definición explícita de la radiodifusión como servicio público, democratización del COMFER y la adjudicación de licencias, respeto a las emisoras sin fines comerciales, entre otros puntos “progresistas”. El gobierno de Menem ya había comenzado a aplicar un modelo de reducción del gasto público y control político, que en la radiodifusión se tradujo en privatizaciones, comercialización de los medios públicos, fuertes operaciones de prensa y profusión de publicidad oficial en medios privados.
La voluntad política compartida entre algunos legisladores para mantener en agenda el tema de la radiodifusión naufragó ante un PEN que no quiso una modificación integral de la Ley 22.285/80, luego de haber logrado el aval necesario para el cumplimiento de las privatizaciones de 1989. En 1993 el PEN presentó un proyecto de ley al Congreso, pero nunca fue tratado. Apuntaba a reordenar el sistema de medios dentro del paradigma de interés público; incorporación de nuevos actores a la propiedad de medios, manteniendo un control centralizado desde el organismo de aplicación.
Lo que quedó del Estado
Rol subsidiario de la actividad privada. Los medios en manos del Estado durante la gestión Menem no ofrecieron perfiles diferentes a los privados comerciales. A partir de 1990, el subsistema público quedó reducido al Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).
Si bien la Ley de Radiodifusión no permitía la contratación de publicidad por parte de las emisoras oficiales, los decretos 1656/92 y 2355/92 permitieron la contratación de publicidad comercial en forma directa al SOR y a las emisoras de las Universidades Nacionales, provincias y municipalidades.
Nombramiento de Sofovich al frente de ATC. Se profundizó la tendencia comercial de la televisión estatal.
En 1992, un decreto presidencial convirtió a ATC S.E. en S.A., adoptando un modelo de organización interna similar al de la actividad privada.
Un nuevo decreto permitía a Radio Municipal continuar emitiendo, pero desde otra frecuencia con alcance limitado. La privatizada Radio 10 ocupa desde fines de la década del ’90 su frecuencia.
El canal 9 de Romay debió adecuarse a una renovada concepción del negocio televisivo con estilos de programación e integraciones multimedia más competitivas.
La vuelta formal a la redes de programación a comienzos de la década, de la mano del desarrollo de las transmisiones satelitales en América Latina. Los canales del interior mantenían dependencia con los canales de cabecera de Capital Federal a través de la compra de sus principales producciones. Decreto reglamentario 1771/91: modificó el artículo 68 de la 22.285/80 (que prescribe “no podrán constituirse redes privadas permanentes”); permitió “integrar una red de programación” siempre que las estaciones afiliadas originen un 50% de la emisión diaria, entre otras condiciones.
La entrada en cadena por vía satelital fue limitada por una resolución del COMFER en 1993. Pese a la alta penetración del cable, los canales abiertos capitalinos se mantuvieron a la vanguardia del ráting.
La tv directa al hogar (DBS) demoró en desarrollarse debido a la alta tasa de cobertura del cable, sumada a la extensión territorial.
TV por cable: desarrollo y concentración
Argentina fue el país latinoamericano con mayor prestación de servicios de radiodifusión por cable. El Estado nunca garantizó zonas de exclusividad para los distribuidores de señales de tv por cable, lo cual generó el crecimiento en competencia del sector y la multiplicación de ofertas.
Multicanal-Clarín, Produfé (Telefé) y VCC fueron los principales operadores del cable, comprando a los pequeños sistemas de tv por cable en un marco de achicamiento de los márgenes de ganancias y de aumento de la competitividad debido a la superposición de áreas cableadas.
Radios legales y “de las otras”
Existían por fuera del registro del COMFER alrededor de 2000 radios que venían emitiendo sin licencia o permiso oficial. Estas radios al margen de la ley, surgidas a partir de 1986, generaron nuevas alternativas de programación local para poblaciones del interior.
En 1989, dentro de la Ley 23.696/89 se intentó desbloquear la ilegalidad de las nuevas FM. Decreto 1357/89: establecía un registro de emisoras FM en “situación irregular” y se les otorgaba un Permiso Precario Provisorio (PPP). Se dispuso que el COMFER llamaría a concurso para adjudicar licencias en FM de acuerdo a un Plan Técnico a elaborar.
La década del ’90 fue crítica para las radios “legales” en virtud de su pérdida relativa de participación en la torta publicitaria nacional.
En consonancia con los procesos de transnacionalización y privatización de la propiedad de medios, se registraron diversos cambios en la producción y distribución de material audiovisual entre 1990 y 1995: 1) circuitos de cable, distribuyendo nuevas señales satelitales locales, nacionales e internacionales, que promovieron una mayor segmentación de audiencias; 2) otras vías de difusión audiovisual; 3) en 1991 se flexibilizaron las normas de publicidad y contenidos permitidos en radiodifusión. Decreto 1771/91 modificó la reglamentación de la Ley de Radiodifusión, liberando la emisión publicitaria, a la vez que impuso nuevos tiempos mínimos para la producción nacional y la producción propia de programas; 4) eliminó la restricción de “No incluir en los programas, en forma directa o indirecta, promoción o publicidad”.
Tendencias consolidadas durante el período ’90-‘95
La afirmación del modelo hiperprivado-comercial consagra los siguientes aspectos del sistema de medios audiovisuales argentino:
Asunción funcional del régimen legal sancionado por el gobierno militar, centralista, autoritario y discriminatorio, con restricciones en materia de contenidos, pautas fuertemente promotoras de un modelo privado-comercial, sin resolver cuestiones más democratizadoras.
Lobby de las cámaras que agrupan a los empresarios privados del sector, elusión de normas reglamentarias de nuevos servicios.
Reconfiguración de sistemas de producción de materiales y de distribución de señales, generación de expectativas ante una convergencia de servicios. Cobran fuerza los vínculos con el cable, y las empresas telefónicas privatizadas comenzaron a interesarse en el sector.
Control del sistema mediante un organismo de carácter unipersonal, no democrático, intervenido por la Presidencia. Falta de políticas pluralistas y de recursos adecuados para un correcto desempaño de los organismos públicos técnicos y de control del área.
Un modelo de comunicación masiva que restringió las capacidades de acción pública de ciudadanos o grupos sociales, interpelándolos como meros consumidores o espectadores.
La radiodifusión en Argentina entre 1995 y 1999: concentración, desnacionalización y ausencia de control público
Reconversión y transformaciones en la estructura productiva argentina
A partir del Proceso de Reorganización Nacional: un nuevo esquema de acumulación económica y dominación social que alentó una creciente concentración del excedente económico en manos del capital transnacional y consolidó la valorización financiera.
La desarticulación de emprendimientos estatales a través de los programas de privatización se consolidó a la sombra de una nueva fracción hegemónica que combinó capital financiero internacional, operadores internacionales de servicios públicos y capital nacional, y redujo la política a la condición de subsistema de la economía.
El segundo gobierno de Menem
Presencia del capital financiero transnacional, concentración y centralización de capital, incorporación intensiva de nuevas tecnologías y expansión de los servicios ofertados fueron características de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. El sector de las comunicaciones experimentó la transferencia de prácticamente la totalidad de los principales medios de radiodifusión a nuevos agentes vinculados al mercado financiero y a los protagonistas de la convergencia tecnológica.
Se conformaron dos grandes conglomerados mediáticos, el Grupo Clarín y la sociedad Citicorp Equity Investment (CEI)-Telefónica.
Se pueden distinguir dos momentos en el devenir de la radiodifusión en la década del ’90.
Período 89-95. Presencia de agentes nacionales en un mercado oligopólico; grupos multimedia. Agentes nacionales favorecidos por las privatizaciones: Grupo Clarín (canal 13), Telefé (Ed Atlántida, canal 11), otros menores (Eurnekián canal 2; Romay canal 9; García diario Crónica y Crónica TV; Grupo Uno de Vila). En el sector de las telecomunicaciones, ingreso de capitales procedentes de entidades financieras y de operadores internacionales de comunicaciones (alianza Telefónica Internacional con el Citibank-CEI a través de la empresa Telefónica Argentina). Eliminación de restricciones a las inversiones extranjeras directas y a la adquisición de bienes de capital importados; privatización monopólica de la telefonía básica; dolarización de tarifas; permeabilidad del régimen normativo a las demandas empresariales.
Período 95-00. Aumento de la presencia de capitales extranjeros (empresas de telecomunicaciones y transnacionales de la comunicación) al adquirir las principales empresas de radiodifusión del país; gripo español Telefónica como principal agente del sector. (En 1995, TCI adquirió la empresa de tv por cable Cablevisión; CEI-Telefónica compró entre 97-98 los canales 11 y 9 junto con emisoras de tv instaladas en el interior). (HMT&F y la entidad financiera Goldman & Sachs en 99; lanzamiento de la tv directa al hogar de la mano de empresas TDH, DirectTv y Sky Argentina; cadenas radiofónicas de grupos de EEUU y de México).
Se asistió al debilitamiento de los mercados oligopólicos nacionales radiofónico y televisivo, construidos sobre el sistema de alianzas de las burguesías propietarias de los medios de comunicación y el aparato del Estado, y protegidos por barreras de entrada principalmente regulatorias. El traspaso de propiedad a empresas extranjeras en un escenario de convergencia e incremento de servicios, violando o modificando la legislación vigente. En las telecomunicaciones, una presencia caracterizada por la combinación de fondos de inversión y operadores internacionales de gran volumen de capital disponible.
La televisión hertziana: estructura de propiedad y nuevos agentes
La relación entre las cabeceras y los canales asociados se centró en la repetición de la programación originada en BsAs y en la distribución de programas extranjeros.
En 1998, decretos 85 y 86: llamando a licitación para dos nuevos canales de tv abierta en Rosario y Córdoba. Motivo suficiente para que las empresas provinciales se vieran obligadas a vender sus acciones en Telefé: una semana después de ser adquiridas las empresas por CEI-Telefónica, las licitaciones fueron suspendidas.
El panorama televisivo tuvo como protagonistas a grandes capitales de orígenes diversos, integrados en conglomerados multimedia.
En términos de propiedad, los grupos mencionados detentaron las posiciones dominantes en un sistema hiperconcentrado.
Todas las estaciones de tv hertziana estuvieron financiadas por ingresos publicitarios.
Fenómeno que la tv hertziana comparte con la radio FM: la saturación del espectro radioeléctrico a partir de la entrega indiscriminada de licencias a operadores privados. La asignación de casi la totalidad de las frecuencias UHF destinadas a la radiodifusión que fueron utilizadas por los canales codificados. Consolidó la irregularidad de suministrar frecuencias para que empresas comerciales exploten servicios con cargo para el usuario, sin la existencia de un plan estratégico de frecuencias ni una nueva legislación.
La televisión por cable: concentración y transnacionalización
Una nueva organización audiovisual post-fordista: multiplicación de los soportes televisivos, introducción de la digitalización en la producción y distribución de contenidos, desarrollo de técnicas de compresión de señales, crecimiento del número de señales audiovisuales y de servicios ofertados, segmentación de la oferta y de las audiencias, surgimiento de nuevas formas de financiación del medio televisivo.
La concentración en manos de grandes operadores internacionales del servicio de tv por cable, por medio de la propiedad directa y/o el control de las señales.
La televisión vía satélite: un nuevo mercado en manos del sector privado
La digitalización de las emisiones de la tv satelital posibilita ofertar una gama de servicios más amplia.
1996 TDH utilizando el sistema doméstico de satélites.
1998 acuerdo de reciprocidad entre Argentina y EEUU autorizó a los satélites de comunicaciones de EEUU a operar en territorio argentino y a la empresas estadounidenses a contratar satélites de empresas locales para sus emisiones. Grupo Clarín lanzó DirectTv.
La televisión digital terrestre: una polémica resolución
La iniciativa de comenzar las transmisiones experimentales de TDT partió de los operadores privados de tv hertziana. Seguidamente iniciaron gestiones ante el Gobierno nacional para lograr un marco regulatorio acorde con sus intereses.
En el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión de Estudio de Sistemas de Televisión Digital. Resolución SC 433/98: estableció el plazo para adoptar una norma de tv digital hertziana.
Resolución SC 2357/98: Argentina adopta la norma estadounidense de TDT, sin efectuarse previamente pruebas técnicas. Estuvo orientada por la estrategia de los principales radiodifusores nacionales tendente a mantener sus posiciones en el mercado audiovisual.
El Gobierno otorgó autorizaciones para emitir pruebas de TDT a distintas emisoras del país.
Radios: expansión y adecuación al mercado
La mayoría de las emisoras fue traccionada por la lógica de incorporación que proponían los multimedios.
Las principales radios AM legales, en condiciones de compra-venta similares al resto del sistema. El proceso de concentración y desnacionalización de la propiedad fue desarrollándose en sincronía con el del sector televisivo. Con programaciones elaboradas mayoritariamente en la CABA que se repiten en el interior. En un segundo momento, se produjo la adquisición de las principales radios por parte de capitales extranjeros. Estas conformaciones potenciaron su valorización a partir de una nueva norma legal (Decreto 1005/99) que autorizó el establecimiento de las cadenas permanentes que comenzaron a operar a partir del año 2000.
Los servicios complementarios de FM y nuevas AM, cuya expansión ilegal desde finales de los ’80 generó un complejo entramado de agentes y normativas. La multiplicación en el dial de nuevas emisoras sin la autorización de la autoridad competente. Una serie de regulaciones tendente a la normalización del espectro radioeléctrico. Otorgamiento en 1992 de los PPP; regulaciones de menor jerarquía; fueron consolidándose nuevos grupos de prestadores.
Las organizaciones civiles sin fines de lucro fueron excluidas de la adjudicación de licencias, la excepción fue la Iglesia Católica.
Después de aprobar planes técnicos de frecuencias para emisoras AM y Fm, el COMFER otorgó en ’99 licencias de radio FM. Entre los beneficiarios se encontraron conglomerados multimedia.
El panorama de finales de la década mostraba: a) integración de las principales radios en los grupos nacionales e internacionales, y su organización en cadenas; b) expansión de los servicios y emisoras; c) saturación del espectro de frecuencias destinadas a los servicios complementarios; d) proceso de cooptación de la mayoría de las ex-emisoras alternativas por parte de diferentes expresiones del mercado radiofónico.
El marco regulatorio: su adecuación al régimen de acumulación
Los conglomerados mediáticos y las cadenas de radiodifusión que se fueron organizando hasta el 99 lo hicieron violando lo estipulado por el DL 22.285/80. Las restricciones antimonopólicas, los límites a la publicidad, las responsabilidades del servicio derivadas de la licencia fueron modificadas.
Los tratados internacionales adquirieron estatuto de ley a partir de la reforma de la Constitución del ’94.
Protección Recíproca de inversiones: capitales extranjeros como propios, ingreso de los fondos de inversión y grandes operadores a la radiodifusión. (Telefónica-Telefé, HMT&F-Cablevisión, Goldman&Sachs-Grupo Clarín).
Reciprocidad de servicios satelitales: a partir de 1998, ingreso de las principales plataformas de Tv Directa al Hogar al segmento de los servicios complementarios de tv.
Decreto 1005/99 formalizó una situación de hecho: concentración de la propiedad empresarial en un mercado oligopólico e internacionalizado. Las modificaciones se orientaron a las claves de una economía de escala para la radiodifusión.
Ingreso de capitales extranjeros: países con Tratados de Reciprocidad; se elimina el requisito de diez años de residencia.
Concentración y economía de escala: número de licencias por operador de 4 a 24 en el país, facilitando la concentración en pocos operadores (Telefónica, Clarín, Grupo Uno). Autoriza las cadenas permanentes de transmisión.
Financiamiento: ampliar la pauta publicitaria, reduciendo la publicidad oficial. Elimina la restricción publicitaria horaria de 12 y 14 minutos, distribución en bloques de tres a seis horas de programación. Facilita el manejo del prime time.
Introducción de una dinámica de oferta y demanda: transferencias de licencias, facilitando la compra-venta de medios.
Ley 25.156/99 de Defensa de la Competencia: una década después de haber comenzado a realizar las privatizaciones.
Ley 25.208/99: pretendió crear una empresa estatal no gubernamental, el Ente Radio y Televisión Argentina (RTA). Encargado de la gestión de los medios de radiodifusión públicos; preveía una conformación pluralista de la conducción con control parlamentario.
Un manejo discrecional del poder público que favoreció los intereses privados (conglomerados de poder económico y miembros de los tres poderes del Estado) por sobre el bien general.
Características de la intervención menemista sobre el sistema de medios: ausencia de debate político y público, desnacionalización, concentración económica y expansión del sistema financiero. Expresaron el comportamiento de los principales agentes del mercado en relación con la lógica del proceso de acumulación de ese período, signado por el horizonte de la convergencia multimedia trasnacional.
Proceso de cooptación de las principales fuerzas políticas y los cuadros que ejercían el gobierno, quienes abandonaron cualquier intento por impulsar un debate sobre el sistema. Reducción de las posibilidades democratizadoras de los principales medios de comunicación, fortaleciendo las tendencias jerarquizadoras, difusionistas y masificantes de la radiodifusión.
Las políticas de radiodifusión del gobierno de Fernando de la Rúa
Herencia: supervivencia de un marco legal desactualizado y alterado por numerosos decretos y resoluciones; caos administrativo y técnico en los organismos de aplicación; relaciones entre el corrupto regulador y los poderosos regulados-actores del sector, que profundizaron la concentración y centralización; un sistema de medios públicos poco creíble, reducido a su mínima expresión.
Dos años con políticas y algo de planificación para la radiodifusión
Transparencia para el COMFER
El COMFER, principal organismo de implementación de las políticas para el sector, se comprometió con objetivos mensurables de gestión a través de la Carta de Compromiso con el Ciudadano, elaboró un nuevo proyecto de ley e inició una normalización del espectro radioeléctrico.
A través de decretos, resoluciones y el proyecto de ley, se decidió ordenar el espectro y perseguir la ilegalidad. La Guía de Contenidos (sanciones por infracción al horario de protección al menor) puso en marcha la fiscalización de los contenidos.
El órgano controlador transparentó su accionar, aunque no se democratizó ni se federalizó. Siguió siendo el ejecutor de las decisiones gubernamentales.
La dimensión social de la radiodifusión, aunque reducida a un papel subsidiario y por ello insuficiente. Demostró algún grado de planificación para el sector a través del otorgamiento de licencias de radio y tv.
El Sistema Nacional y los Medios Públicos
Decreto 152/99: veto de la ley conocida como RTA (25.208/99).
Decreto 94/01: crea el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) o “Multimedios Oficial” integrando el SOR, Canal 7 y TELAM. Delega en la Secretaría de Cultura y Comunicación el ejercicio de los derechos societarios que le corresponden al Estado.
La creación del “Multimedios Oficial” tuvo una motivación meramente económica, para reducir la inversión en los mismos.
Normalizar el espectro y perseguir la ilegalidad
Primera etapa: suprimiendo a través del COMFER todas las adjudicaciones hechas por la administración anterior. Proceso de análisis de las adjudicaciones.
Segunda etapa: entregar en cada provincia todas las radios que estuvieran en condiciones en las zonas no conflictivas.
Tercera etapa: nunca realizada, pretendía normalizar las restantes zonas del país consideradas conflictivas.
Decreto 883/01: modificatorio del 310/98, con el objetivo de facilitar la normalización de las FM. Resolución del COMFER 1138/01: concursos públicos para la licitación de radios FM que habían sido anuladas.
COMFER solicitó a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) el decomiso de aquellas radios que transmitían sin permiso.
Los propietarios de medios privados hicieron lobby para que a fines de 2001 comenzara a tratarse un proyecto de ley para penalizar las emisoras ilegales de radio y tv, a partir de una reforma del Código Penal.
Decreto 1473/01: levantó la suspensión impuesta en 1984 para la elaboración de un plan técnico.
El Nuevo Plan Nacional de Televisión fue presentado por el presidente en 2001. Implicaba el llamado a concurso público para otorgar licencias para tv abierta.
Un proyecto más, convenios y gravámenes
El proceso para dar lugar a una nueva ley comenzó a principios del 2000.
No desmontaba ni cuestionaba los cambios operados en la última década. Les otorgaba fuerza de ley. Hubiera sancionado cuestiones de hecho y dado estatuto legal formal a las maniobras permitidas.
La iniciativa de construir una propuesta para cambiar la ley de radiodifusión fue erosionada por el contenido final del proyecto y el carácter del resto de las intervenciones en el sector.
Al igual que en este caso, el resto de las políticas del Gobierno también dieron lugar a procesos burocráticos y de lucha de intereses.
Convenio de Competitividad firmado en 2001. ARPA se comprometía a preservar los niveles de empleo. Decreto 1522/01: una reducción de los gravámenes que pagan por ley al Estado los licenciatarios de servicios de radiodifusión, para “incentivar el desarrollo de las empresas”.
Continuismo y control
El ordenamiento del espectro radioeléctrico comenzó a hacerse según la ley 22.285/80 con sus modificaciones. Esto implicó dejar fuera a un número importante de emisores.
El reemplazo de RTA por SNMP ilustra uno de los más importantes rasgos de su intervención en el área: las decisiones unilaterales, sin consenso legislativo ni partidario y con ausencia de debate público. El SNMP es un servicio público pero gubernamental, ya que depende directamente del PEN y no posee instancia plural, colegiada e independiente que lo controle. Tampoco federaliza la radiodifusión pública ni prevé instancias de planificación.
Las decisiones importantes se definieron a puertas cerradas y bajo la influencia de las presiones de los grandes grupos del sector, al tiempo que se continuó el ejercicio controlador con el marco legal vigente. Un continuismo en materia de política comunicacional.
Lo que quedó en pie de esta gestión fue la centralización en el PEN del manejo de la radiodifusión pública, un fallido intento de cambiar la normativa vigente, la normalización del espectro según un criticado marco regulatorio y el otorgamiento de beneficios puntuales como exenciones impositivas a los propietarios.
Una diferenciación establecida entre “el Gobierno” y el COMFER. A partir del accionar de estos dos niveles, puede decirse que las políticas de este período han estado impregnadas de cierta contradicción. Aquellas decisiones que contrarrestan cualquier iniciativa del COMFER que afectara o pudiera afectar los grandes intereses de la radiodifusión, tuvieron origen en el PEN.
Reflexiones finales: regula el regulado
La continuidad del liberalismo comunicacional existente matizado por ciertas dosis de transparencia y prolijidad planificadora. No se promovieron la participación ni el acceso igualitario y universal a la información. Legado histórico caracterizado por la ausencia de políticas públicas claras para el sector. Un ordenamiento de medios donde se privilegia un sistema de interés público motorizado por emisores privados guiados por la lógica del lucro.
Los verdaderos reguladores durante este período: los grupos poderosos de la comunicación encabezados por los hegemónicos Telefónica y Clarín. La exacerbación del modelo neoliberal rentístico-financiero pretendió para la radiodifusión la profundización del modelo de subordinación política y obediencia al mercado.
El fracaso del proyecto de ley: porque no contentaba todas las aspiraciones de los poderosos de la radiodifusión local. Lo esencial del modelo comunicacional no se discutiría al tomar como válido para la gestión del sector un marco legal ilegítimo.
Relación entre un bloque de funcionarios con poder y relativa autonomía y los grandes actores de la radiodifusión que permitió a estos ejercer progresiva presión en función de sus intereses, para finalmente terminar decidiendo los términos de la regulación. La privatización de la función pública implica un retroceso en la autonomía estatal, supone que aquellos que ya tienen el poder económico sumen progresivamente el poder político. Se observa una cierta apertura cultural que no cuestionó sin embargo lo esencial de la política comunicacional existente.
Con el veto de la ley RTA, de la Rúa explicitó su objetivo: conservar los privilegios existentes a cambio de fiscalizar los contenidos y los medios públicos.
Continuar y cristalizar por la vía de la no-regulación o la re-regulación las tendencias más negativas instaladas. Una creciente dependencia del poder político y económico, un recrudecimiento de la centralización y una feroz concentración y extranjerización de la propiedad de los medios.
La política de comunicación del gobierno de transición de Eduardo Duhalde
En un momento de inestabilidad institucional, los intereses empresarios y la importante función social de estos actores del sector generaron una tensión que los convierte en uno de los sectores clave para analizar el período 2002-2003.
El agitado contexto político, económico y social del período 2003-2003
El gobierno de transición buscaba generar cierto consenso en medio de un proceso de movilización política.
Creación de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación. Se reunió nuevamente las funciones ligadas a la comunicación que De la Rúa había dividido.
La práctica ininterrumpida de intervenir el COMFER continuó en 2002.
Discontinuó iniciativas de la anterior gestión como la Carta de Compromiso con el Ciudadano y el Programa Nacional de Radios en Escuelas Rurales y de Frontera.
La actuación del COMFER
Un nuevo régimen de sanciones para la radiodifusión.
Más regulaciones, tanto a nivel de los contenidos como acerca del funcionamiento, instalación y control de emisiones.
Decreto 2362/02: dispuso un régimen de facilidades de pago. Canje de deudas, reduciendo la capacidad de recaudación del COMFER.
En 2002 el COMFER intimó a radios con y sin licencia a que adecuasen sus normas de transmisión.
El proyecto de reforma del Código Penal no prosperó y el interventor del COMFER no contó con la herramienta legal que reclamaba para cumplir con su tarea de normalizar el espectro.
Continuar con la suspensión de la venta de pliegos para nuevos oferentes de tv por cable.
En 2000 se declaró el Estado de Emergencia Administrativa, suspendiendo la posibilidad de instalar nuevos servicios de tv por cable, que se extendió hasta 2003.
La solución privada
Se produjeron intervenciones puntuales para definir la situación legal de algunos medios privados: a) renovación de la licencia de América TV; b) la venta de Canal 9; c) el otorgamiento directo de la última FM categoría A de BsAs para Daniel Hadad.
El proceso de negociación que derivó en la sanción de la Ley de “Preservación de bienes y patrimonios culturales” se inició en 2002.
Se pretendía eliminar el mecanismo de “cram down”. Las empresas de medios que habían especulado tomando créditos para expandirse con las condiciones económicas que les brindó la convertibilidad, no aceptaban luego el riesgo empresario asumido con el cambio de situación. Se exigió la intervención estatal para conservar sus patrimonios.
Las disposiciones de la Ley 25.750
Artículo 2: establece la limitación del 30% para el capital extranjero en la propiedad de los medios de comunicación, exceptuando a los medios que ya estaban en poder de empresas extranjeras o los contratos celebrados con anterioridad a la ley.
Artículo 3: detalla qué se entiende por “medios de comunicación” (coincidiendo en la enumeración con todos los negocios que tiene el Grupo Clarín). Empresas editoriales en general; servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión; productoras; proveedores de acceso a Internet; difusión en vía pública.
Los medios de comunicación fueron el único sector empresario que obtuvo una legislación específica para resguardar su propiedad. Los límites de la protección quedaron restringidos a un tema de propiedad.
La política de Duhalde para los medios de gestión estatal
El papel de los medios públicos está ligado a producir contenidos pluralistas, teniendo como objetivo la diversidad en su pantalla. Sus funciones centrales serían informar, educar y entretener, además de fortalecer la identidad nacional.
En el caso argentino, los medios de gestión estatal con en realidad gubernamentales.
La independencia económica es uno de los aspectos más relevantes para poder encarar con éxito los demás principios de servicio público. El gobierno de Duhalde no garantizó los recursos necesarios para tal fin.
Una de las críticas que reciben los medios públicos se relaciona con los bajos niveles de audiencia, determinada por la imposibilidad de producir ciclos de ficción e incrementar la calidad técnica a las transmisiones.
Decreto 2507/02: la creación de TELAM Sociedad del Estado dio marcha atrás con la incorporación de la agencia pública de noticias y publicidad en el Multimedios Oficial. Las funciones de una agencia de noticias y publicidad reclaman independencia.
La modificación de la ley de radiodifusión respecto al rol subsidiario del Estado hacia el sector privado para la prestación de servicios. Dos decretos para permitirle al Estado tomar a su cargo el servicio en cualquier territorio del país. Uno fue el decreto 2368/02.
Decreto 1214/03: modifica un artículo de la Ley de Radiodifusión que establecía que las provincias y municipalidades podían prestar hasta un servicio de radiodifusión AM y uno FM respectivamente, sólo excepcionalmente y con previa autorización del PEN en los casos donde la actividad privada no prestara servicio.
Posibilidad de que cada provincia tenga un canal de tv abierta y una radio AM y cada municipalidad una FM. Se permite además la venta de espacios publicitarios para el sostenimiento de los medios.
Los principales opositores, las cámaras empresarias, a través del planteo de la crisis del mercado publicitario para mantener a los medios existentes.
En la práctica, el decreto no produjo ningún cambio en el mapa de medios, como consecuencia de la judicialización de la cuestión, un mecanismo que interpuso el sector privado.
Se marcó una diferencia en relación a los gobiernos anteriores de Menem y De la Rúa. Pero estas iniciativas formales no se compensaron con la inversión económica que precisan los medios públicos para desarrollarse. En el plano político: se intervino el SNMP y todos los cambios se realizaron a través de decretos de necesidad y urgencia.
Un balance sobre los cambios de la radiodifusión entre 2002 y 2003
La crisis económica determinó el epicentro de su gobierno, así como el carácter de la política de comunicación. En relación con el sistema privado de medios, existieron dos líneas de acción, ambas con los mismos objetivos: 1) salvaguardar la propiedad de los principales medios privados comerciales y garantizar su posición de mercado; 2) medidas que intentaron ponerse en práctica y no prosperaron (modificación del Código Penal para penalizar la radiodifusión “ilegal” y suspensión del cómputo de las licencias de todos los medios por 10 años), que constituían una política complementaria de la primera línea.
Las medidas relacionadas con los medios de gestión estatal: la política para los medios “públicos” parece haber sido producto de una tibia voluntad política que encontró espacios de intervención.
La radiodifusión bajo el gobierno de Néstor Kirchner
Las promesas de actualización fueron varias, aunque la voluntad política para sancionar una nueva normativa nunca se manifestó.
Regulación de los medios de comunicación privados
Lay 25.750/03: regulaba sobre la “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. Evitó legalmente que los grandes multimedios endeudados en dólares fueran absorbidos por sus acreedores externos, por medio del establecimiento de un tope del 30% a la propiedad extranjera en medios nacionales y del “salto” al “cram down”.
No solo se auxilia desde el Estado a las empresas endeudadas, también se legitima legalmente la participación extranjera en medios de comunicación, algo que hasta entonces estaba prohibido. Una “protección” que se revela falaz, en tanto no regula sobre los contenidos.
Canales 11 y 13: por diez años más
El vencimiento de las licencias del 11 y el 13 eran a principios de 2005.
En 2004 el interventor del COMFER extendió la titularidad de la licencia del 13 (resolución 1326/04) y la del 11 (resolución 1837/04) hasta el 2015.
Decreto 527/05: la suspensión del cómputo de los plazos de las licencias de los servicios sonoros, televisivos y complementarios de radiodifusión por un lapso de 10 años.
Un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos necesarios para recomponer su situación económico-financiera.
El sector privado dirigió una carta al Jefe de Gabinete firmada por las principales sociedades de tele-radiodifusores privados del país (ATCV, ATA, ARPA, CEMSI). Le solicitaron que arbitrase los medios necesarios para efectuar la suspensión del cómputo de las licencias por diez años. La estrecha relación entre el regulador (Estado) y los regulados (privados).
Decreto por razones de necesidad y urgencia (DNU). Obedece a una decisión de tipo política y se enmarca en una tradición de gobiernos argentinos acostumbrados a reglamentar sobre la radiodifusión de este modo: unilateralmente, en connivencia con el sector privado y a puertas cerradas.
Además de consolidar los rasgos del sistema y condicionar el mapa de medios futuro, deja a los sectores privados con un poder cada vez mayor y más concentrado, lo que tornará cada vez más difícil cambiar las reglas del juego.
Desdoblamiento de frecuencias de radio
Decreto 703/05: permitió a Radiodifusora Del Plata S.A. escindir en dos licencias independientes sus frecuencias AM y Fm. Legalmente debían explotarse como una sola licencia y empresa (en la 22.285/80).
No sólo subsana la anomalía sino que abre el camino para la negociación futura de las estaciones AM y Fm de forma separada.
Ejemplo del modo en que históricamente se ha regulado la radiodifusión en Argentina: siguiendo la política del hecho consumado. Primero manda el mercado y luego aparece el Estado por detrás para regular en favor de los privados.
Modificaciones a la Ley 22.885/80
Las modificaciones que ha sufrido desde su sanción se han realizado por medio de “parches” y sin una política pública que promueva una reforma integral que permita democratizar las comunicaciones.
La reforma del artículo 45
Ley 26.053/05: modificación del artículo 45 de la 22.285/80. Permitir que toda persona física o jurídica pueda acceder a la titularidad de una licencia, posea o no fin de lucro.
Hasta entonces, se limitaba la posibilidad de ser licenciatarios a quienes tuviesen una finalidad comercial. Cuestionamientos y demandas que han llegado al Poder Judicial.
Una normativa legal que desvincula a la comunicación de la actividad comercial es un paso importante para permitir el acceso de sectores sociales históricamente relegados. Las empresas prestadoras de servicios públicos quedan excluidas de la posibilidad de acceder a las licencias, salvo en el supuesto de que no exista otro prestador en el área.
Presiones ejercidas por parte de las grandes corporaciones de medios para determinar la exclusión de las cooperativas de servicios públicos, las únicas entidades sin fines de lucro capaces de competir con los grupos que dominan el mercado de la radiodifusión, alegando que las cooperativas se encuentran sometidas a un régimen de cargas tributarias menor.
Encuadrándose dentro de las normativas que colaboran para el mantenimiento de los niveles de concentración vigentes.
Licencias para asociaciones sin fines de lucro
Resoluciones tendientes a normalizar el espectro radioeléctrico en lo que refiere a las estaciones de radio. Resolución 1572/05 del COMFER: una especie de actualización del censo convocado en 2003.
Resolución 753/06 del COMFER: se les reconoció la titularidad de las licencias a algunas radios comunitarias. Resolución 755/06 del COMFER: se promulgó el pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de AM. Resolución 1244/07 del COMFER: llamado a concurso público para la instalación, funcionamiento y explotación de estaciones AM.
Una serie de artículos de la Ley 22.285/80 no han podido ser modificados ni derogados: a) artículo 96: conformación del directorio del COMFER; b) artículo 72 inciso a: subordinan la prestación de los servicios de radiodifusión a la doctrina de la Seguridad Nacional.
El artículo 96 habilita la intervención del COMFER por parte del PEN, lo que significa en los hechos un control directo de la Presidencia de la Nación sobre la radiodifusión.
Regulación de los medios de comunicación públicos
El SNMP persiste intervenido, controlado por la Secretaría de Medios de la Jefatura de Gabinete según un decreto del 2003. En 2007 se pone fin a la intervención y se nombra un directorio.
Nuevas designaciones de autoridades en el canal y la radio estatales.
Aunque el presupuesto nacional hacia los medios públicos ha ido aumentando desde la asunción de Kirchner, se han necesitado partidas extra para implementar una serie de mejoras. Renovaciones tecnológicas que se produjeron en los equipamientos de Canal 7 y Radio Nacional.
Decreto 84/05: se formuló un plan de instalación de repetidoras en todo el país.
Nuevas propuestas: Encuentro y Telesur
Decreto 533/05: se creó el canal “Encuentro” del Ministerio de Educación de la Nación. Lanzado el 2006. Procura conjurar en su programación contenidos de todas las regiones del país y vincular a la tv con las tecnologías de información y comunicación.
En 2006 se firmó un convenio para incluir a la Argentina en la Nueva Televisión del Sur (Telesur). Un canal multiestatal con financiación pública. El objetivo inicial fue constituirse en una emisora de noticias que promoviese la integración política y cultural de los países de América Latina y que sirviera de contrapeso a la dominación hegemónica de las cadenas internacionales. Argentina, Cuba, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Venezuela.
Publicidad oficial: presión y promoción con el dinero estatal
Decreto 1172/03: acceder a los datos oficiales acerca del gasto público en materia de publicidad oficial.
Rige solo para los organismos, entidades, empresas, sociedades y dependencias bajo la jurisdicción del PEN. Un paso hacia la trasparencia de la gestión de gobierno, en consonancia con lo establecido por tratados internacionales en materia de derechos humanos.
A lo largo del gobierno de Kirchner se han efectuado numerosas asignaciones discriminatorias en materia de publicidad oficial, cuyo telón de fondo es la gran cantidad de lagunas jurídicas en el marco legal.
La utilización de la pauta a la manera de subsidio para ciertos medios.
La distribución de la publicidad oficial constituyó una variable clave para la relación establecida entre el gobierno de Kirchner y las empresas de medios. La coerción económica y la manipulación de la pauta oficial en término de “premios y castigos” se traducen en presiones indirectas.
De cara a la convergencia: digitalización y regulación del cable
Resolución n°4/06 de la Secretaría de Comunicaciones: se creó una Comisión de Estudio y Análisis de los Sistemas de Televisión Digital, encargada de recomendar un estándar técnico.
Desde el gobierno no se comunicó quienes fueron los designados para conformar dicha comisión y qué tareas se llevaron a cabo.
Televisión por cable: suspensión de venta de pliegos y apremiante monopolio
El mantenimiento de la suspensión de venta de los pliegos para servicios complementarios, lo que implica la imposibilidad de entrada de nuevos competidores en la prestación de servicios de tv por cable.
En 2006 el Grupo Clarín, propietario de la empresa Multicanal, junto con el fondo de inversión estadounidense Fintech Advisory adquirieron la mayoría accionaria de la principal competidora en el negocio de la distribución de la tv por cable y servicios de Internet y banda ancha: Cablevisión.
El nuevo grupo concentrará el 55% del mercado de la tv por cable en el país.
Una serie de “contraprestaciones” que las empresas deberán cumplir por un lapso de dos años: garantizar en la grilla la presencia de señales competidoras y viceversa; extender el servicio de tv paga y de acceso a Internet.
Además de legalizar la profundización de la concentración económica en este sector de la rama audiovisual, se trata de una ventaja para el poderoso grupo de cara a la convergencia Info-comunicacional. La pérdida de pluralismo y diversidad de voces que esta operación conlleva.
La preservación y protección de los intereses de los grupos multimedia más concentrados: los objetivos detrás de la “protección de las industrias culturales”, las extensiones de las licencias de radiodifusión, y de la autorización legal para el virtual monopolio en el mercado de la tv por cable.
Algunos avances potencialmente democratizadores: a) modificación del artículo 45, que permite que los sectores sin fines de lucro accedan a licencias; b) implementación de mejoras en la calidad y alcance de os medios públicos, con la señal Encuentro y la instalación de repetidoras de Canal 7. Aun así, muchas son las exclusiones que aún se mantienen en cuanto al acceso como a la participación de todos los sectores sociales.
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