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Timestamp: 2017-12-16 09:15:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 1713', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 70', 'artículo 139']

Sentencia T.S.J. Cataluña 910/2010 de 8 de octubre. IVA. Sanción. Impugnación. Poder del mandatario. Firma de las actas de conformidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cataluña 910/2010 de 8 de octubre
IVA. Sanción por infracción tributaria grave. Impugnación: Se considera insuficiente la representación otorgada al mandatario para firmar actas de conformidad. Apoderamiento: Se acredita a través de un documento obrante en el expediente administrativo en que conste tal representación, y por cualquiera de los medios admisibles en Derecho. Poder otorgado: Es expreso y bastante, y suficiente al efecto, pues consta que se faculta a la firma de cuantas diligencias y actas extienda la Inspección, debiéndose entender incluidas también las actas de conformidad. Desestimación.
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 411/2007
Partes: Jose María C/ T.E.A.R.C
SENTENCIA N.º 910
En la ciudad de Barcelona, a ocho de octubre de dos mil diez.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n.º 411/2007, interpuesto por Jose María, representado por el Procurador D. JORDI FONTQUERNI BAS, contra T.E.A.R.C, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Primero.-Por el Procurador D. JORDI FONTQUERNI BAS, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
Primero.-Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) de fecha 16 de noviembre de 2006, estimatoria en parte de la reclamación económico-administrativa núm. 17/00477/2003 interpuesta contra acuerdo dictado por la Dependencia Provincial de Inspección de Girona de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el concepto de IVA, años 1998, 1999 y 2000, sanción por infracción tributaria grave y cuantía de 22.107,90 €.
Segundo.-La resolución impugnada confirma la sanción impuesto, pero ordena se sustituya por otra en que se aplique la Ley 58/2003, General Tributaria, por resultar más favorable.
El único motivo de impugnación que se articula en la demanda invoca la insuficiencia de la representación del mandatario para firmar actas de conformidad, motivo ya examinado por nuestra sentencia 188/2009, de 26 de noviembre de 2009, que desestimó el recurso contencioso-administrativo 464/2006 interpuesto por el mismo recurrente contra acuerdos de la misma Dependencia de Inspección de la Delegación de Girona de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 4 de febrero de 2003, que desestiman sendos recursos de reposición interpuestos contra cuatro acuerdos, los cuatro de fecha 5 de diciembre de 2002, de imposición de sanción pecuniaria, de unas cuantías de 25.100,94 €, 29.636,38 €, 1.613,45 € y 7.660,36 €, por la comisión de sendas infracciones graves por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respectivamente, de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, dimanantes de las actas modelo A01, núms. NUM000, NUM001, NUM002 y NUM003, suscritas de conformidad por el representante autorizado del recurrente.
Dijimos al respecto en dicha sentencia lo siguiente:
"CUARTO.- La parte recurrente alegó extemporáneamente en el escrito de interposición del presente recurso que "En el presente caso, no puede considerarse que exista un mandato explicito que cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 43.2 de la Ley General Tributaria, puesto que el poder de representación otorgado a D. Roman no está conferido en un documento público ni tampoco en un documento privado que se haya legitimado ante Notario ni ha existido comparecencia ante órgano administrativo alguno". Tal alegación no se ha mantenido en esos mismos términos en el momento procesal oportuno, esto es, en el escrito de demanda, como no podía ser de otro modo, pues hubiera supuesto una evidente temeridad, ya que obra en los expedientes remitidos a la Sala copia de la escritura notarial de 28 de febrero de 2002 otorgada por el recurrente y su esposa ante la Notaria Dña. Rocio Maestre Cavanna, en que confieren poder especial de representación a D. Roman. Se insiste sin embargo en la demanda en la ausencia de un mandato explícito para que el representante firmara actas de conformidad, en tanto que actos de renuncia de derechos, ya que "el poder otorgado a D. Roman es de carácter genérico e impreciso al autorizar a "representar para poder firmar Diligencias, Actas extienda la Inspección" (sic).
El criterio de esta Sala acerca de la representación para actuar ante la Inspección de Tributos y suscribir actas de conformidad, viene expresado, amén de en la Sentencia invocada por el Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda y la que en ella se cita, entre otras, en nuestras sentencias núms. 1373/2005, 58/2006, 74/2006, 218/2006, 231/2006, 253/2006, 472/2006, 520/2006, 795/2006, 832/2006, 847/2006, 878/2006, 993/2006, 1016/2006, 1134/2006, 878/2006, 1176/2006, 25/2007, 408/2007, 877/2007, 1022/2007 y 564/2008.
Hemos de reiterar lo dicho en la sentencia núm. 893/2005, de 21 de julio:
"Como expusimos en nuestra sentencia 705/04 -en la que, como en el caso que nos ocupa, se planteaba la firma de unas actas de conformidad suscritas por persona que aportó un documento en el que resultaba autorizada para, en relación a la comunicación relativa al inicio de las actuaciones inspectoras que concluyeron en tales actas, firmar cuantas diligencias y actas extendiera la Inspección-, que si bien la prestación de conformidad del acta implica una renuncia de derechos en la medida que constituye una aceptación de los hechos propuestos, del artículo 43 de la Ley General Tributaria se desprende que la exigencia de poder articulado en documento público o privado pero con firma legitimada notarialmente no es sino una forma "ad probationen" de la representación, que excluye la prueba de presunciones, falta de la certeza exigible para un acto que excede al mero trámite, y no una forma "ad solemnitatem" o exigida como constitutiva; requiriéndose únicamente que el mandato sea expreso, de conformidad con el artículo 1713 del Código Civil, lo que se ha de entender como habilitante de forma específica para la realización del acto en que se emplea, lo que aparece cumplido en este caso al referirse a la concreta actuación inspectora que concluyó en las actas de conformidad, y congruentes con la amplitud de facultades otorgadas en cuanto aparecía la autorización para firma cuantas actas se extendieran.
No obstante lo dicho, téngase en consideración el art. 27 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, se refiere a la Representación voluntaria en los siguientes términos:
"1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar suficiente podrán actuar por medio de representante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas si no se hace manifestación en contrario.
e) Las firmas del representante y del representado; tratándose de documento público no será precisa la firma del representante.
6. Cuando actúe ante la Inspección persona distinta del obligado tributario se hará constar expresamente esta circunstancia en cuantas diligencias o actas se extiendan, uniéndose al expediente, en su caso, el documento acreditativo del poder otorgado. Si la representación se hubiese otorgado mediante documento público bastará la referencia al mismo, uniéndose al expediente copia simple o fotocopia con diligencia de cotejo realizada por el actuario.
7. Actuando el obligado tributario ante la Inspección por medio de representante, éste deberá acreditar, si fuese preciso, su representación desde el primer momento. Si no lo hiciere así, la Inspección le requerirá para que acompañe el documento correspondiente el próximo día de inspección o, de no haberlo o siendo posterior, dentro del plazo de diez días. Si el representante no acreditara entonces su representación, la Inspección podrá suspender las actuaciones haciéndolo constar en diligencia, en el caso de que carezca de valor la práctica de las mismas con aquél. En tal caso, se tendrá al obligado tributario por no personado a cuantos efectos procedan."
Del precepto citado, se infiere, que sin perjuicio de lo dicho anteriormente, en el sentido de que firmar unas actas de conformidad, constituye una renuncia de derechos, no es menos cierto que desde el punto de vista estrictamente formal, el acto expreso de renuncia de derechos, aparece regulado en el apartado 2.º del artículo 27 del referido precepto, a diferencia de lo que ocurre con la firma de actas, que constituye una regla especial contenida en el apartado 3.º del artículo 27.
A partir de éste último precepto, cabe significar que la representación fue acreditada en la forma, que a los efectos de que se tratan, es decir, para la suscripción de actas de conformidad, se admite expresamente por el artículo 27.3 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, que exige que la representación se acredite "... válidamente...", entendiendo que esa circunstancia se produce, entre otros supuestos, "... cuando la representación conferida resulte concluyentemente de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación directamente con las actuaciones inspectoras..." (apartado b) o cuando "... consta en documento privado el poder otorgado, respondiendo el apoderado con su firma, al aceptar la representación, de la autenticidad de la de su poderdante...", lo que así debe entenderse que ocurre en el presente supuesto en el que además de existir aquel documento privado, de las propias declaraciones contenidas en la demanda así como del propio expediente administrativo, resulta concluyentemente la realidad de la representación".
La modificación del art. 43 LGT/1963 llevada a cabo por la Ley 24/2001, mencionado en la demanda no es sino aclaratoria y no innova el estado anterior de la cuestión".
Por otra parte, en la Sentencia núm. 1373/2005, de 16 de diciembre, hemos añadido a las anteriores las siguientes consideraciones:
"El Tribunal Supremo ha venido señalando de forma reiterada (entre otras, sentencias de 7 y 21 de mayo de 1994, 18 de octubre y 12 de febrero de 1996) que la suscripción de un acta extendida por la Inspección de los Tributos no es un acto de mero trámite y, por tanto, "no es admisible la actuación de un representante que no acredite el apoderamiento". Tal apoderamiento, como señala la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de junio de 2005, dictada en el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 4314/2000, no se acredita únicamente a través de un documento obrante en el expediente administrativo en que conste tal representación, sino que puede ser acreditada por cualquiera de los medios admisibles en Derecho. En este sentido, el art. 27.3) del Reglamento General de Inspección de los Tributos, si bien señala que "para suscribir la actas que extienda la Inspección de los Tributos... la representación deberá acreditarse validamente", añade que, en particular, se entenderá acreditada la representación en los siguientes casos "... b) cuando la representación conferida resulte concluyentemente de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación directamente con las actuaciones inspectoras".
Se trata, por tanto, de determinar si para firmar actas de conformidad es necesario, dada la naturaleza de renuncia de derechos que éstas implican, en los términos del art. 43.2 de la Ley General Tributaria, acreditar la representación con poder expreso bastante al efecto mediante documento público o privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia ante el órgano administrativo competente, todo ello con independencia de lo establecido en el art. 27.3 c) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos de 1986.
El Tribunal Supremo en la reciente sentencia de fecha 10 de junio de 2005 antes citada, dictada en recurso de casación para unificación de doctrina, señala que "la firma de un acta de conformidad no es un acto de trámite, carente de efectos jurídicos distintos de los propiamente procedimentales y no impugnable por sí mismo, sino que es un acto de renuncia de derechos que, en consecuencia, requiere de poder o autorización especial o suficiente al efecto, según resulta del art. 43.2 de la LGT., habida cuenta de que, una vez firmada de conformidad el Acta, el sujeto pasivo ya no puede impugnar los hechos a que dio su conformidad, salvo prueba de haber incurrido en error de hecho".
Concluye dicha sentencia que "resulta evidente así la contradicción con la sentencia impugnada en el presente recurso, que sostiene que las actas de inspección, las de conformidad y las de disconformidad, no pueden considerarse como una renuncia de derechos ni como un desistimiento, por lo que entiende que no puede considerarse, como pretende la entidad recurrente, que sea necesario poder especial".
Dicha sentencia se dicta en casación para unificación de doctrina en relación a una sentencia de fecha 8 de julio de 1999 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recurso número 2316/96, en relación a una liquidación derivada de un acta de conformidad relativa al Impuesto de Sociedades, ejercicio de 1990, en la que el acta de inspección, origen de la reclamación, fue suscrita por D. Francisco...... actuando en nombre y representación de la Sociedad en virtud de poder otorgado por ésta; circunstancias que no son las mismas que las que concurren en el supuesto ahora enjuiciado, en el que consta otorgada la representación pudiendo firmar el representante "cuantas diligencias y actas extienda la Inspección", según consta en la autorización que obra en el expediente administrativo, por lo que, se trata de determinar la suficiencia del poder otorgado, suficiencia que se refiere al alcance del poder y no a la forma del mismo, y el alcance del poder otorgado en el supuesto analizado, incluye las actas de la Inspección, y dicha conclusión no contradice lo señalado por la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005 que declara que la firma de un acta de conformidad requiere de poder o autorización especial o suficiente al efecto, pues en nuestro caso, existe ese "poder o autorización especial al efecto", al constar expresamente en la autorización que pueden ser firmadas cuantas actas y diligencias extienda la Inspección, debiéndose entender incluidas también las actas de conformidad, por lo que procede mantener en relación a la cuestión controvertida -representación en las actuaciones inspectoras- el mismo criterio que venía manteniendo la Sala".
Pues bien, en el caso aquí enjuiciado, consta en los expedientes, como ya anunciábamos, la escritura notarial de 28 de febrero de 2002 otorgada por el recurrente y su esposa en que "confieren poder especial, pero dentro de la especialidad tan amplio y bastante como en derecho se requiera o sea menester, a favor de D. Roman, (con las señas que allí se detallan), para que en nombre y representación de los mismos pueda ejercitar las siguientes facultades: I.- Para que al amparo de lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley 230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria y 27 del R.D. 939/86, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de los Inspección de los Tributos, le sean notificados el inicio de actuaciones generales de comprobación e investigación, realizada por la Inspección de Girona al Sr. Jose María por (...) el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio, referidos ambos a los ejercicios fiscales 1997 a 2000 (...) firmar cuantas diligencias y actas extienda la Inspección (...) II.- Firmar cuantos documentos públicos o privados sean precisos o estime conveniente en el ejercicio de las presentes facultades".
A la vista de lo anterior, no ha de prosperar el motivo de recurso. No cabe cuestionar la validez de las actas de conformidad de las que traen causa las sanciones impugnadas por insuficiencia de poder a favor de quien las suscribió, por cuanto está acreditada tal representación con poder expreso y bastante, mediante documento público, en los términos del art. 43.2 de la Ley General Tributaria. Existe poder o especial y suficiente al efecto, pues consta en el poder notarial que se faculta a la firma de cuantas diligencias y actas extienda la Inspección con relación al IRPF de 1997 a 2000, debiéndose entender pues incluidas también las actas de conformidad, máxime cuando dentro de la especialidad el poder se confiere tan amplio y bastante como en derecho se requiera".
Idéntica conclusión ha de alcanzarse en el presente caso, habida cuenta de que el mismo poder notarial se extendía al tributo y ejercicios sobre los que versa en presente proceso (folio 13 vuelto del segundo expediente de gestión: "[...] Impuesto sobre el Valor Añadido, períodos del 4 trimestre 1997 al 3 trimestre 2.001 [...]", careciendo de fundamento la pretensión de haya de requerirse un poder especial para las actas de conformidad.
Tercero.-En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, por encontrarse ajustada a derecho la resolución a que
se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998.
DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 411/2007, promovido contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) a la que se contrae la presente litis, por hallarse ajustada a derecho; sin hacer especial condena en costas.