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Timestamp: 2020-04-07 16:27:52
Document Index: 174064848

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo14', 'Artículo 18', 'Artículo 26', 'Artículo 147', 'Artículo 210', 'Artículo 35', 'Artículo 45', 'Artículo 48', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 66', 'Artículo79', 'Artículo 300', 'Artículo 302', 'Artículo 330', 'Artículo 338', 'Artículo 395', 'Artículo 402', 'Artículo 5', 'Artículo 338', 'Artículo 6', 'Artículo 114', 'Artículo 3', 'Artículo 110', 'artículo 35', 'artículo 78', 'Artículo 8', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'artículo 162', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 20', 'Artículo 28', 'artículo 61', 'Artículo 110', 'artículo 65']

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2000, la Guerra del Gas el 2003, las movilizaciones de los pueblos indígenas .... La presión y movilización de las organizaciones sociales y de mujeres, ...... de los bancos de sangre. .... Proporción de empleados a tiempo parcial, por sexo.
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Informe nacional ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA En el contexto del 20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing División de Asuntos de Género de la CEPAL camino a Beijing+20
INFORME DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PRESENTACION Para el Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno actual, dar cuenta del estado de situación de la igualdad entre mujeres y hombres a partir del proceso de cambio, implica cumplir con el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, avanzando hacia una Bolivia democrática y productiva, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Desde esa perspectiva, el abordaje de la discriminación contra la mujer se encuentra inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo, que define el contenido político y programático del Vivir Bien – Suma Kamaña, desde el reconocimiento de nuestras identidades múltiples, de nuestras cosmovisiones; enfrentando la construcción de la igualdad social de mujeres y hombres a partir de la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en comunidad y en armonía con la madre tierra, a través de la transformación del patrón productivo, del patrón de consumo y de las formas de redistribución del producto social, como una real y efectiva forma de inclusión, y ejercicio del poder “gobernar obedeciendo al pueblo”. Elementos traducidos en estrategias, políticas y programas que promueven y fortalecen la igualdad entre hombres y mujeres de todas las edades, actores políticos del proceso de cambio. Por tanto el informe no responde necesariamente a las solicitudes e indicadores internacionales inconclusos, sino pretende mostrar que la nueva política de desarrollo, ha permitido avanzar sustancialmente, superando las formas tradicionales de pensar y actuar que determinan la discriminación, subordinación de las mujeres, planteando nuevos modos de hacer política pública y de medir sus avances. Los logros alcanzados a la fecha han ido más allá de los postulados e indicadores planteados en las plataformas internacionales. El 2006 condensa un largo proceso de resistencia y construcción de visiones que finalmente se plasman en la Constitución Política del Estado aprobada el 2009, este hito histórico marca una ruptura política y epistemológica que permite convocar, comprometer e incluir tanto a hombres como a mujeres para la transformación profunda de las estructuras que sostenían el sistema capitalista colonial y patriarcal, en la perspectiva del Vivir Bien cimentado en la descolonización y la despatriarcalización del Estado y la sociedad. Este proceso ha dado lugar a avances fundamentales y también a grandes desafíos que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tiene la voluntad política de enfrentar y consolidar. El contexto político Estos 8 años de gobierno nos permiten señalar que en Bolivia, los avances y desafíos que plantea Beijing y Beijing +20, no se explican al margen del contexto histórico político y el proceso de cambio que ha conducido a la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia; tiene sus antecedentes en la profunda crisis política y económica del neoliberalismo y el cuestionamiento popular al modelo dominante capitalista y consumista que tenía como base el concepto de “desarrollo” de libre mercado, iniciativa privada y achicamiento del Estado generando desigualdades, discriminaciones, explotaciones y violencias. El cuestionamiento a este modelo, desató levantamientos urbanos como la Guerra del Agua el año 2000, la Guerra del Gas el 2003, las movilizaciones de los pueblos indígenas originario campesino, que cruzaron el país en multitudinarias marchas exigiendo la instauración de la Asamblea Constituyente para redefinir la visión de país y el rol del Estado; luchas, en las que la participación de las mujeres fue
determinante para modificar el curso de la historia. Estos levantamientos arribaron a lo que se llamó la Agenda de Octubre, caracterizada por ser antineoliberal, antisistémica y anticolonial, es decir, que exigía la transformación profunda del Estado y de la sociedad boliviana. La instalación de la Asamblea Constituyente el año 2006, cuyo carácter Originario Fundacional y Plenipotenciario1 evidenció que la confianza en el cambio y la transformación era posible, esperanza traducida en la participación de 88 mujeres, sobre todo indígenas; aquellas mujeres que apenas habían terminado la primaria, pero que estuvieron en las primeras filas de las movilizaciones y la resistencia al neoliberalismo, quienes se convierten en asambleístas por mandato de su ayllu, de su comunidad y de sus organizaciones, y se instalan en el corazón del Estado oligárquico, la ciudad de Sucre, donde se despliegan las manifestaciones más retrogradas de la sociedad colonial: la discriminación y el racismo. A pesar de ello, las mujeres se nutren de nuevas capacidades de deliberación, de propuesta, haciendo gala de sus trajes multicolores, de sus ponchos, mantas y trenzas, de sus identidades y de su dignidad de pueblos que florecen al calor de la discusión, el diálogo y la claridad ideológica para plasmar su visión de país, y sociedad en el nuevo texto constitucional. La promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) el 7 de febrero del año 2009, marca un hito fundamental en la historia, puesto que incorpora principios y valores de los pueblos indígenas originario campesino y afrobolivianos, reconoce los derechos de las mujeres, incorpora criterios de género en todo el texto constitucional, reconociendo fundamentalmente los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la tierra, igual remuneración por igual trabajo, a vivir libres de violencia, entre otros. Después de un largo proceso de luchas y resistencia, este logro político e ideológico determina que el conjunto de la legislación boliviana deba ser adecuada al texto constitucional. El horizonte de cambio: el Vivir bien El concepto del Vivir Bien se convierte en un paradigma de ruptura y alternativa política2 al desarrollo, a partir del proceso de reconstitución de la memoria, la cosmovisión y las estructuras de autoridad originaria3 en varios núcleos del pensamiento y activismo político que se incorporan en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, misma que en su Capítulo II de Principios, Valores y Fines del Estado señala: Art.8 El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Reglamento General de la Asamblea Constituyente, Artículo 1. Carácter de la Asamblea Constituyente. Usamos el concepto de “alternativa política” a toda propuesta de modificación de las bases económicas, culturales y sociales de un sistema dado, como por ejemplo, el socialismo se planteaba como “alternativa política” al capitalismo. 3 Autoridad originaria refiere al sistema político de las comunidades indígenas que eligen a sus autoridades con orden a su cosmovisión, usos y costumbres. Mantener este tipo de autoridades ha sido y es una resistencia cultural de las comunidades contra el avasallamiento de autoridades promovidas por el Estado moderno, que corresponden a la noción general de democracia (senadores, diputados, presidente, etc.), pero que desconocen la tradición indígena de elección de autoridades. 2
Asimismo, la CPE define la descolonización como el instrumento para la construcción de la nueva sociedad, en su Art 9, se señala: “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. En estos artículos se reflejan los pilares de la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. La Despatriarcalización en horizonte del Vivir Bien El conjunto de cambios profundos que ha vivido la sociedad boliviana, ha permitido no solo cuestionar la categoría de género y la de chacha-warmi4, sino avanzar al cuestionamiento del sistema patriarcal y reconocer el carácter patriarcal del Estado, las políticas, la gestión pública, la redistribución de los recursos. Así, desde distintas visiones se ha avanzado en la identificación de los ejes de la dominación y subordinación de las mujeres, entendiendo que el sistema patriarcal-colonial se sostiene en la naturalización de la dominación y la desigualdad entre hombres y mujeres y la división sexual jerarquizada del trabajo y el trabajo doméstico. Por tanto, los procesos de descolonizacióndespatriarcalización están orientados al desmontaje de las estructuras ideológicas, políticas, económicas y culturales que sostienen y reproducen la desigualdad social, la discriminación, opresión y subordinación de género y generacional. Lo que implica un proceso de transformación estructural de las relaciones de poder (en el sentido del Vivir Bien: convivir en comunidad) y la eliminación de patrones culturales y estereotipos sociales discriminatorios; es un proceso de reconocimiento de la función de reproducción y del trabajo doméstico. La despatriarcalización y las políticas públicas En este proceso, un avance significativo ha sido la construcción de una visión cualitativamente diferente sobre el diseño y concepción de las políticas públicas orientadas a la descolonización y Despatriarcalización del Estado y la sociedad, que se plasma en el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades – Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien, PNIO5. Esta nueva visión se basa en los principios del Vivir Bien, que se orientan a la transformación de las condiciones de subordinación, discriminación y explotación —reflejadas en los niveles de pobreza, desempleo y prácticas sociales y culturales excluyentes que constituyen obstáculos para el adelanto de las mujeres— y la construcción de una sociedad sin jerarquías, con justicia social y armonía con la naturaleza. El PNIO muestra un primer elemento que orienta el marco conceptual y que es un dato incuestionable: las mujeres son la mitad de cada pueblo, por tanto no son “grupos vulnerables” han sido vulnerabilizadas por el sistema neoliberal, que pretendía ignorarlas como fuerza y energía de nuestro pueblo, queriendo desconocer que son parte esencial de los movimientos y organizaciones sociales. De esta forma el PNIO plantea cuatro ideas fuerza: recuperar el concepto de género, descolonizándolo; recuperar el concepto de par complementario, superando su mitificación; la comunidad como espacio de construcción de las relaciones horizontales de género y la mujer como principio de la alteridad. A la par propone una estrategia con cinco campos de acción y lucha para transformar las condiciones materiales de subordinación y explotación de las mujeres, desmontar el patriarcado, el colonialismo y Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, Página 9, 2008. Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29850 de 10 de diciembre de 2008.
el neoliberalismo: i) el CUERPO y su disfrute a plenitud; ii) necesitamos ESPACIO para existir y que nuestros cuerpos se expresen y desarrollen todas sus potencialidades; iii) precisamos recuperar nuestro TIEMPO para disfrutar de la vida y realizar las tareas de nuestro fortalecimiento; iv) recuperar la MEMORIA de las luchas y sabidurías ancestrales6 y v) recuperar y construir MOVIMIENTOS sociales, políticos y culturales desde nuestras experiencias, pensamientos y propuestas. Este análisis del contexto histórico y el marco conceptual en construcción, orientan los avances, desafíos y agenda que el Estado Plurinacional de Bolivia ha identificado para visibilizar en este informe su decisión de cumplir los mandatos constitucionales, profundizando el proceso de cambio para Vivir Bien entre todas y todos, y en armonía con la naturaleza.
Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la nueva Bolivia para vivir bien” pág. 16.
PRIMERA SECCIÓN: ANÁLISIS GENERAL DE LOS LOGROS Y RETOS 1. AVANCES PRINCIPALES 1.1 LA DESPATRIARCALIZACION COMO MARCO DE LAS POLITICAS El proceso constituyente y la aprobación de la Constitución Política del Estado generan el contexto propicio para la construcción de una alternativa despatriarcalizadora que rompe con las visiones occidentales respecto a las mujeres. La presión y movilización de las organizaciones sociales y de mujeres, ha instalado el concepto de despatriarcalización en el marco de las políticas de educación y descentralización (Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez y Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez) En este marco desde las instancias de género y despatriarcalización en el Estado y desde las organizaciones sociales y de mujeres, se están gestando aportes y reflexiones cuya articulación y profundización constituye un desafío importante para continuar construyendo y profundizando los avances conceptuales, el diseño de políticas, su implementación y medición desde estas visiones. 1.2 CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. La Constitución Política del Estado ha sido gestada con la amplia y organizada participación de las mujeres Iindígena Originaria Campesinas, Interculturales y Afrobolivianas; mujeres del campo y las ciudades; que fueron depositarias de la confianza de sus pueblos, transformada en capacidad deliberativa, legitimidad, compromiso y se constituyeron en actoras políticas del Proceso de Cambio, que hizo posible la incorporación de sus principios y valores como guía de la Constitución Política del Estado y la constitucionalidad de los derechos de las mujeres, específicamente en más de 20 artículos:                  
Acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Artículo 9.5. Equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres. Artículo 11.I. Prohibición y sanción a toda forma de discriminación. Artículo14.II. Prevención y sanción de la violencia de género y generacional. Artículo. 15.II y III. Inclusión sin discriminación. Artículo 18.II. Igual participación política. Artículo 26. I, Artículo 147 y Artículo 210 II. Derecho a la salud y seguridad social. Artículo 35.I y II. Derecho a la seguridad social y la maternidad segura. Artículo 45.I, II, III, IV y V. Igual remuneración por trabajo de igual valor. Artículo 48. V y VI. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Artículo 61.I y II. Derechos de la familia. Artículo 63.II, Artículo 64.I y II. Derechos sexuales y reproductivos. Artículo 66. Equidad de género en la educación. Artículo79. Competencias de las autonomías indígenas originaria campesina. Artículo 300, inciso 30. Competencias de los gobiernos municipales. Artículo 302, inciso 30. Política financiera con criterios de igualdad de oportunidades. Artículo 330.I. Reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar. Artículo 338. No discriminación en acceso, tenencia y herencia de la tierra. Artículo 395. I y Artículo 402
1.3 PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN EN CARGOS DE TOMA DE DECISIÓN.
Un primer momento fundamental de irrupción de los pueblos y mujeres indígenas como actoras políticas del proceso, se visibiliza en la Asamblea Constituyente, la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, de 6 de marzo de 2006, plantea en su Artículo 5º, la alternancia entre hombres y mujeres para la elección de constituyentes y con ello abre las puertas para una participación de mujeres, y en especial de mujeres indígenas, un avance sin precedentes en la historia del país y Latinoamérica:  88 de 256 asambleístas electos fueron mujeres, es decir el 35%  31 de las 88 mujeres fueron indígenas, es decir 35.22% representantes de comunidades, sindicatos, ayllus y tentas.  La presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, mujer indígena, con una larga trayectoria de lucha sindical. La paridad y alternancia se consolida a través de dos leyes fundamentales: Ley No. 018 del Órgano Electoral Plurinacional (16 junio de 2010), incluye como principios rectores la naturaleza, organización y funcionamiento del Órgano Electoral; el de equivalencia (art. 4 inciso 6) y entre los postulados electorales los de paridad y alternancia (art. 8). La Ley No. 026 de Régimen Electoral (30 de junio de 2010) consagra en sus principios el acceso a los derechos políticos en la igualdad de condiciones para hombres y mujeres, reglamentando en el Art. 11 la paridad y alternancia para candidaturas por lista (plurinominales), así como el 50% de representación para candidaturas uninominales y para las pueblos indígenas, respetando las diferentes formas y maneras de democracia establecidas en la CPE. Como resultado de su aplicación, entre las elecciones del 2006 y las del 2009, se incrementa la presencia de mujeres rompiendo las barreras sociales, étnicas y raciales que limitaban a estos sectores sociales asumir la conducción y construcción del Estado Plurinacional.   
Senadoras: 44,44% el 2009 Diputadas: 22,3% el 2009 Asambleístas departamentales: 67 (28%) el 2012
Junto a lo señalado, la irrupción de las autonomías en el nuevo marco constitucional a partir de la Constitución Política del Estado y con la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, abre nuevos espacios de participación de las mujeres en las entidades territoriales autónomas.  
Alcaldesas: 26 (6.55%) el 2010. Concejalas titulares: 773 (42.62%) el 2010.
En los espacios autonómicos del Estado, las mujeres participan en los procesos de construcción de estatutos y cartas orgánicas municipales, donde las mujeres indígenas visibilizan la paridad y alternancia como el par político que recoge la visión comunitaria y de complementariedad. En este ámbito, la transferencia de recursos del Tesoro General del Estado a los gobiernos municipales incide en que más mujeres se beneficien de servicios y obras municipales. Al iniciarse la primera gestión de Gobierno del Presidente Evo Morales, se conformó un gabinete ministerial compuesto por un 50% de mujeres. El año 2013, este gabinete alcanza el 35%. En la gestión 2010, el porcentaje de participación de mujeres en las autonomías indígena originario campesinas, alcanza al 62% en La Paz, 46% en Chuquisaca, 40% en Santa Cruz y 20% en Potosí.
Las mujeres en general, y las mujeres indígena originaria campesinas en particular, han ingresado a espacios tradicionalmente masculinos, lo cual constituye un avance fundamental. Sin embargo, estos espacios se caracterizan porque las prácticas y el ejercicio del poder se asientan en modelos coloniales y patriarcales, lo cual plantea la pervivencia de problemas como el acoso y la violencia política, la dificultad de compatibilizar el trabajo entre los ámbitos público y privado, etc. Esta situación ha sido planteada desde las organizaciones de mujeres, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO); como respuesta a la misma se promulgó la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (2012), con fines de prevenir, atender, proteger y sancionar estos delitos, siendo un importante desafío enfrentar esta dimensión (violencia política) cimentada en el sistema patriarcal y colonial. Es importante indicar que las mujeres participan en la gestión pública del nivel nacional, departamental y municipal, en espacios de construcción de políticas y de planificación, y también en la rendición pública de cuentas a las organizaciones sociales, promoviendo acciones de control social. Con todo, un desafío importante es plasmar la paridad y alternancia en otros espacios de estructuras dirigenciales. Asimismo, es importante construir datos sobre la lucha contra el acoso y la violencia política. 1.4 REDISTRIBUCION DE RIQUEZA Y ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA El Estado Plurinacional de Bolivia, inicia el proceso de implementación del nuevo modelo económico en enero de 2006, con una lógica de crecimiento económico distinta a años anteriores, caracterizada por el aprovechamiento de los recursos naturales (hidrocarburos fundamentalmente) y redistribución del ingreso, generando mayor demanda y mayor capacidad de compra entre las y los bolivianos. En ese marco se destacan las políticas gubernamentales de redistribución del ingreso, mediante bonos condicionados que favorecen a la permanencia escolar, al control prenatal y postnatal, así como a la planificación familiar. El 2012, el 33% (3.552.567 personas) de la población boliviana recibió un bono, es decir 33 de cada 100 personas se benefició con un bono social: 1.951.509 niños/as recibieron el Bono Juancito Pinto en 2013, disminuyendo la deserción escolar en el país de 7% a 1.4% en los últimos siete años; 1.040.824 personas recibieron la Renta Dignidad en 2013; 64.726 madres y 544.147 niños/as de dos años, se beneficiaron del Bono Juana Azurduy7. Consecuentemente entre 1996-2012 el porcentaje de población en pobreza extrema ha disminuido de 41.2% a 21,6%, por tanto hemos superado la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio reduciendo a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar al día. EH.INE Asimismo, otras políticas que han contribuido a la disminución de la pobreza han sido la instalación masiva del servicio de gas domiciliario y la reducción de tarifas del servicio de energía eléctrica y agua para las familias de escasos recursos. El país ha experimentado importantes logros como la disminución de la tasa de desempleo (3,8% en 2011), se ha incrementado el PIB per capita (11,2% en 2011). Estos resultados han sido alcanzados en base a un crecimiento económico sostenido desde la gestión 2006 (4,8%) que continuó en 2007 (4,6%), en 2008 (6,1%), en 2009 (3,4), en 2010 (4,1%), en 2011 (5,2%) hasta llegar al 2012 (5,2%). La política
Informe del Ministerio de Salud de Estado Plurinacional de Bolivia. 2013
de austeridad y el crecimiento de los ingresos tributarios permiten a Bolivia ocupar el segundo lugar entre los países con mejor superávit fiscal (1,8%) en 20128. Las brechas de pobreza extrema según área, disminuyeron de 22,5% en 1996 a 10,3% el 2012; sin embargo, este panorama altamente positivo, plantea el desafío de cerrar las brechas de género que se han mantenido en los últimos 20 años, fluctuando entre 1,2% el año 1996, y 1% el año 2012. 1.5. EL ACCESO A LA TIERRA Históricamente, una de las reivindicaciones centrales de los pueblos indígena originario campesinos ha sido el acceso a la tierra y el territorio, y las políticas de Estado se han orientado en diferentes periodos y contextos políticos a responder esta demanda. Sin embargo, el único caso en América Latina de orientación redistributiva no mercantil de la tierra, es el de Bolivia. En ese marco, las reformas legales y las políticas de tierras han incorporado de manera explícita el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra. En 1996, la Ley Nº1715 o Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, establece la aplicación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la tierra a favor de las mujeres, independientemente de su estado civil. Por su parte, la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, reconoce el derecho de las mujeres al acceso y tenencia de la tierra como titulares de la propiedad. Asimismo garantiza y prioriza la participación de las mujeres en los procesos de saneamiento y distribución de la tierra a través de la incorporación de la Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originaria Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, CNMIOC.BS, a la Comisión Agraria Nacional (Art 11)9. En el caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos conyugues o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer lugar; de esta manera se legaliza la propiedad compartida o titulación conjunta y establece la titulación conjunta a la pareja y/o la comunidad, identificando individualmente a sus miembros. Estas bases legales en relación a los derechos de las mujeres, fueron constitucionalizados el año 2009 en los Art 11, 395 y 402 de la CPE, en los que se refleja el reconocimiento equitativo del ejercicio del derecho al acceso y tenencia de la tierra. Aunque el ejercicio de este derecho encuentra aún trabas en el orden patriarcal y dilemas entre los derechos individuales y colectivos, el porcentaje de mujeres que han accedido a la titulación de la tierra se ha incrementado de 9.8% en el periodo de 1953-1993, a 46% en el periodo 1996-2013. Acceso de las mujeres a la tierra (%) 1996-2013 Mujer Varón Jurídico Total
1953-1993 9.8% 89.7% 0.5% 100%
1996-2013 46% 53% 1% 100%
Memoria de la Economía Boliviana 2012. Ministerio de Economía y Finanzas El D.S. Nº 29215 que reglamenta la Ley introducen nuevos elementos i) equidad en el derecho de acceso y tenencia de la tierra de mujeres y hombres, ii) el reconocimiento de la designación de representantes, sean hombres o mujeres de pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, colonias y otras organizaciones, designadas orgánicamente o de manera convencional y, iii) la responsabilidad de las autoridades del sector en garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en los procedimientos agrarios y el ejercicio de sus derechos agrarios, así como establecer mecanismos para promover la participación de hombres y mujeres. 8 9
Fuente: INRA La nueva política de tierras pone énfasis en la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria y en la transformación de las estructuras agrarias sobre la base de la descolonización, equidad en la tenencia de la tierra, soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina y manejo sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad. Asimismo, se han promulgado, la Ley de Revolución Productiva Comunitaria (Ley No. 144), la Ley de la Madre Tierra (Ley No. 300), y se implementa un programa de seguridad y soberanía alimentaria a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El diseño y aprobación de este marco legal, ha contado con la amplia participación de las organizaciones sociales y en especial de la CNMIOC.BS, las que reconocen como un logro de las mujeres indígena originaria campesinas, la incorporación de estos temas en la agenda pública y en la “Agenda Patriótica 2025” del Gobierno del Presidente Evo Morales. Como todo proceso que supone importantes medidas y transformaciones sociales y culturales, el acceso de las mujeres a la titulación de la tierra, plantea desafíos en cuanto a: imposibilidad de otorgar un verdadero control sobre la tierra en favor de las mujeres, tiene sus razones en los usos y costumbres que muchas veces favorece a los hombres y en la propia Ley, siendo que la herencia se configura como la principal forma de acceso a la tierra para la mujer. 1.6. REVOLUCION EDUCATIVA El 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, traduciendo los mandatos de la CPE, en sus principios descolonizadores y despatriarcalizadores. Paralelamente, se implementó el Bono Juancito Pinto, decisión política que ha permitido la equidad y la inclusión, especialmente de las niñas del área rural en el ejercicio de su derecho a la educación. Al 2012, en términos de tasa de cobertura neta del nivel primario se ha alcanzado el 82,2%, la tasa de término a 6º de primaria es de 90%, y la brecha de género en este mismo indicador es favorable a las mujeres en 1.2%. Es decir que el 2011, más niñas terminaban la primaria. Lo mismo sucede con la brecha de género en la tasa de término a 6º de secundaria que es favorable a las mujeres en 5,3%. Estos avances importantes, plantean sin embargo otros desafíos, como la calidad de la educación y las opciones futuras para la población que concluye la secundaria, especialmente en áreas rurales. Los avances en la superación del analfabetismo (según datos del Censo Nacional de Población 2012, la tasa nacional de analfabetismo de personas de 15 años o más es de 5,54% frente al 13% del Censo 2001y la creación del sistema de universidades indígenas (UNIBOLES), constituyen avances significativos en el marco de las reivindicaciones de los pueblos y las mujeres indígena originaria campesinas. También demuestran la voluntad política del Gobierno del Estado Plurinacional para generar las condiciones de transformación hacia la descolonización y despatriarcalización, proceso en el cual la educación en todos sus niveles y formas, tiene un rol fundamental. Con la nueva normativa, se han consolidado los derechos de las niñas y adolescentes mujeres de acceso y permanencia en el sistema educativo. Un ejemplo claro es que las adolescentes y jóvenes embarazadas no pueden ser alejadas de la unidad educativa por ese motivo. Además, se han dado avances importantes en la inclusión de los saberes originarios en general, y de las mujeres en particular; en la currícula educativa, habiéndose implementado un programa para la prevención de la violencia en la escuela. El Programa Nacional de Alfabetización “Yo si puedo” ha alfabetizado 824.101 bolivianas y bolivianos, de los cuales 576.871 son mujeres y el Programa Nacional de Post Alfabetización “Yo si
puedo seguir”, benefician a mujeres indígenas, trabajadoras asalariadas del hogar, amas de casa, y agricultoras convirtiéndose en medios para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Uno de los desafíos más importante en el ámbito educativo es que maestras y maestros profundicen la aplicación de la Ley de Educación a través de metodologías participativas, materiales y acciones en el aula que promuevan la equidad, la igualdad, la interculturalidad, la despatriarcalización en todo el territorio nacional.
2. RETOS PRINCIPALES 2.1 Despatriarcalización como implementación Así como uno de los avances sustanciales en el proceso de cambio ha sido la despatriarcalización que se ha constituido en el marco de las políticas públicas, es fundamental continuar avanzando en este camino, profundizando y construyendo la despatriarcalizacion hasta lograr su completa implementación y lograr cambios desde el Estado y sociedad. La despatriarcalicación como política de cambio, ha permitido identificar los desafíos que el Estado Plurinacional de Bolivia debe enfrentar incidiendo drásticamente en los ejes de la dominación y subordinación de las mujeres en el sistema capitalista-patriarcal: la naturalización de la desigualdad y el dominio sobre el cuerpo de las mujeres que se expresa en la violencia, el débil ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la división sexual del trabajo. Es en este contexto que se plantean los siguientes retos principales. 2.2 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES La CPE promueve la prevención y protección de la violencia contra las mujeres a través de medidas establecidas en varios de sus artículos, consagrando el reconocimiento del derecho de cada persona a la vida y a la integridad física, psicológica, moral y sexual. De manera particular, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad. Artículos 8, 9, 14, 18, 22, 23, 35, 61, 62, 63, 66 y 79. En este marco se evidencian avances normativos y en políticas públicas como la declaración del Día de la No Violencia, la Ley por el Derecho de las mujeres a una vida libre de la violencia, la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, el decreto para la realización de la campaña contra la violencia, entre otros, y una lucha constante contra la violencia pues el Estado Plurinacional asume que sus causas se afincan en patrones patriarcales profundamente enraizados en la sociedad boliviana y por tanto se requiere un conjunto de medidas orientadas a desestructurar estos mecanismos. Como primera expresión de esta voluntad política, se aprobó la Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013” Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”. Esta ley es una de las más avanzadas en América Latina ya que en ella se señala que los actos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos de acción pública, estableciéndose nuevos tipos penales como el feminicidio, el acoso sexual, la violencia intrafamiliar o doméstica, la esterilización forzada, el incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos, incorporándose también como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas familiares, lo que significa que la investigación de estos hechos se efectuará de oficio por el Ministerio Público en coordinación con la fuerza Especial de Lucha contra la Violencia-FELC-V, generando procedimientos penales más agiles. En los delitos de feminicidio ya no aplica la figura de homicidio por emoción violenta, figura penal que se hacía referencia a razones de “honorabilidad” y en el cual los agresores se acogían para atenuar la pena y lograr penas privativas de libertad de 2 a 6 años.
La ley se aplica en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia para la protección principal de las niñas, adolescentes y mujeres contra todo tipo de violencia; a las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la Sociedad Civil, no reconociendo fuero ni privilegio de ninguna clase; siendo su aplicación preferente respecto a cualquier otra norma, así como también a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que la ley sanciona independientemente de su género. A un año de la promulgación de la Ley, se evidencian falencias del sistema judicial, tanto en lo normativo como en lo operativo. De acuerdo a datos del Consejo de la Magistratura, entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 2013, de 12.337 causas ingresadas, solo 121 siguieron un procedimiento abreviado. MOVIMIENTO DE CAUSAS EN EL MARCO DE LA LEY No 348 Desde el momento de su aplicación (15 de marzo 2013), hasta el 31 de diciembre 2013 ESTADO DE LOS PROCESOS CAUSA INIC REC IMPU SOBR ACUS CRITE SUSPE PROCED CONCI OTR S IO HAZ TACI ESEI ACIO RIO DE NSION IMIENT LIACIO OS INGRES O ON MIEN N OPORT CONDI O N ADAS TO UNIDA CIONA ABREVI D L ADO 12.337 9.155 1.236 1.134 35 105 118 206 121 84 143 Fuente: Elaborado en base a datos del Concejo de la Magistratura.2014 Como parte de esta generación de normativa y de políticas públicas dirigida a la equidad e igualdad de género y a la despatriarcalización, el Ministerio de Justicia, a través de un amplio proceso de consultas ha elaborado en diciembre del 2013, una propuesta base de POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES “VIDAS DIGNAS, MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA” que identifica acciones específicas para superar las falencias detectadas en el sistema judicial y ha iniciado la implementación del programa: Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres- SIPPASE, que constituye una herramienta de gestión orientada a la evaluación y resultados con base en los procesos de: i) Monitoreo, ii) Seguimiento; iii) Evaluación por resultados. Siendo la violencia en razón de género un fenómeno estructural de orden patriarcal y una de las formas extremas de discriminación, se ha identificado la necesidad de implementar acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de los mandatos de la Ley 348, entre ellas: un estudio profundo sobre las causas y estado de situación de la violencia; desarrollar políticas sostenidas en comunicación, así como garantizar el cumplimiento de la obligación que tienen los órganos del Estado, instituciones públicas y entidades territoriales autónomas de adoptar medidas y políticas necesarias asignando recursos económicos y humanos suficientes. 2.3 FORTALECER REPRODUCTIVOS MATERNA)
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y (EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, MORTALIDAD
La fecundidad adolescente es un indicador de resultado y seguimiento a la salud sexual y reproductiva de la madre y también a la salud del hijo/a, en tanto que la condición biológica y psicológica de la adolescente supone un embarazo de alto riesgo que podría derivarse en la morbilidad o mortandad de la madre y/o del hijo/a, además que el embarazo adolescente repercute en la vida futura de la adolescente y de su hijo/a, más si vive en un entorno de escasos recursos. Se ha avanzado significativamente en la prevalencia de uso de anticonceptivos (de 30,3 % en 1996 a 60,6 en 2008), y en la cobertura de atención prenatal (31,9% en 1989 a 72,3% en 2008).
Los embarazos en adolescentes, representan otro aspecto de preocupación, ya que los mismos se incrementaron de 14% en 1998 a 18% en el 200810. Sin embargo, la Tasa de fecundidad entre las adolescentes (por mil habitantes entre 15-19 años) se ha reducido solo en 4 puntos porcentuales: de 94,3% en 1989, a 88,8% el 2008. Por ello, el Ministerio de Justicia tiene previsto la firma de convenios intersectoriales con los Ministerios de Educación y Salud, para elaborar un plan integral de prevención del embarazo adolescente con enfoque despatriarcalizador. Un obstáculo a estas políticas son las concepciones de la iglesia católica que limitan la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, siendo Bolivia un Estado laico. En cuanto a salud materna, se ha avanzado notablemente respecto a la atención del parto, según datos del Censo Nacional 2012 de Población y Vivienda, el 67,78 % mujeres de 15 años y más acudieron a un establecimiento de salud para el parto; 28,24% en su domicilio y 2,21% en otro lugar. La cobertura de atención prenatal es de 72,3% al 2008. A pesar de estos avances, el indicador de razón de mortalidad materna continua siendo alto, para el 2003 es de 229 por cien mil nacidos vivos, siendo este el último dato oficial con el que se cuenta. Como respuesta a esta situación el Plan Nacional de Salud 2010–2020, tiene como objetivo eliminar la exclusión social en salud e incluye el Plan Estratégico para mejorar la salud materna perinatal y neonatal en Bolivia 2009 – 2015, este Plan plantea cinco líneas estratégicas de acción: i) Crear un entorno favorable para la promoción de la salud materna, perinatal y neonatal, ii) Promover procesos interculturales con enfoque de los derechos, iii) Promover la aplicación de los cuidados esenciales para la mujer embarazada, la madre y el recién nacido/a en el hogar y la comunidad, iv) Mejorar la atención a la madre y al recién nacido/a en los servicios del sistema de salud y, v) Fortalecer los sistemas de información, vigilancia, monitoreo y evaluación de la salud materna, perinatal y neonatal. Con la Ley Nº 320 de 6 de diciembre de 2005, se amplía la cobertura del SUMI para otorgar prestaciones relacionadas con la maternidad segura en mujeres en edad fértil, así como para garantizar la obligatoriedad en la prevención de cáncer de cuello uterino (Papanicolau anual) y en el tratamiento de lesiones premalignas, contemplando además métodos de anticoncepción voluntaria y libremente consentida. Según el INE (2009), en Bolivia se calculan un total de 660 muertes atribuibles al cáncer cérvico uterino, que determinan una tasa de mortalidad de 22 por 100 mil mujeres. El Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento del Cáncer de Cuello Uterino 2009-2015 identifica los principales problemas e intervenciones para la prevención, detección y tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino (CACU). Incorpora la prueba de Inspección Visual con Ácido Acético, IVAA. La Ley No. 269 del 21 de agosto de 2012, garantiza el derecho lingüístico para el acceso a los servicios públicos, en ejercicio del derecho al ejercicio de la plurinacionalidad. El ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde la perspectiva despatriarcalizadora, constituye uno de los ejes de la subordinación de las mujeres porque habla del control del cuerpo de las mujeres. En este ámbito, las estructuras de poder colonial y patriarcal expresados entre muchos otros en el poder de la iglesia católica en la definición de medidas, aun limitan el ejercicio de estos derechos y constituye un reto central en la agenda del Estado Plurinacional, por lo que es central el diseño e implementación de medidas integrales e intersectoriales en el ámbito 10
5to. y 6to. Informe Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, CEDAW 2008-2012
educativo, de la salud, de la comunicación y laboral. Profundizar el tratamiento de la despatriarcalización curricular en todos los niveles educativos y en especial de los derechos sexuales y derechos reproductivos, mejorar las condiciones de acceso al sistema educativo en general y en especial en el área rural, generar programas de orientación sobre opciones laborales y profesionales futuras, entre otros. El ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde la perspectiva despatriarcalizadora, generan condiciones para el ejercicio de la autonomía del cuerpo de las mujeres, subordinado por el poder colonial y patriarcal con el control de su sexualidad principalmente desde la iglesia, por esto el Estado Plurinacional ha asumido como desafío el diseño e implementación de medidas integrales e intersectoriales en el ámbito educativo, de la salud, de la comunicación y laboral para lograr el ejercicio pleno de estos derechos en las mujeres, principalmente en el área rural. 2.4. LA SUPERACION DE LA DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO El sistema capitalista colonial patriarcal, como ya se señaló, se sostiene en la división sexual y jerarquizada del trabajo y la naturalización de los roles reproductivos y de cuidado como atributos y responsabilidades femeninas, con lo que el trabajo doméstico y de cuidado, ha sido considerado no trabajo. De esta manera, el aporte de las mujeres a la reproducción de la vida, en términos económicos, sociales y culturales, ha sido invisibilizado y desvalorizado. Por otro lado, la carga de trabajo doméstico y de cuidado recae sobre la madre de familia y/o las mujeres en general. Esta visión ha invisibilizado el trabajo no solo reproductivo sino también productivo de las mujeres, catalogadas bajo la categoría de “amas de casa” en los censos nacionales. Sin embargo, la Constitución Política del Estado en su Artículo 338. El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas, sienta las bases para implementar acciones específicas en este sentido. Existen desigualdades de género en el mercado de trabajo que se manifiestan en menores posibilidades de acceso, menores remuneraciones por trabajos similares, mayor participación de la mujer en actividades informales y por tanto en mayor desprotección. Los salarios de las mujeres son menores que los de los hombres, en todas las actividades principales. Usando datos promedio simples a nivel de actividad, los ingresos percibidos por los hombres son 47% mayores que aquellos logrados por las mujeres, independientemente del grado de calificación requerido para el trabajo (INE, 2012). Por tanto, los avances logrados por las mujeres en el campo de la educación no repercuten en la obtención de oportunidades igualitarias en el ámbito laboral. En relación a la población ocupada por rama de actividad, las mayores brechas están en la actividad agrícola y ganadera (21,58%) y la menor en la administración pública, defensa y seguridad social (90,34%). Este último dato muestra un avance importante en el sector público en relación a las brechas de género en el ingreso laboral en el 2007. Es interesante observar que entre 1999 y 2009 las brechas de género en la categoría de trabajador/a por cuenta propia no eran tan altas, incluso menos mujeres se encontraban en esta categoría. Sin embargo, se mantiene un alto porcentaje de mujeres en la categoría trabajador familiar o aprendiz sin remuneración, 32,68% frente al 12,58% de hombres para 2009. (INE 2012) El 2012, 36,4% de trabajadores asalariados en el sector no agrícola eran mujeres. La proporción de mujeres en el empleo remunerado no agrícola se ha incrementado levemente entre 1996 (31,3%) y 2012 (36,4%). Según área de residencia, el porcentaje de mujeres rurales en empleos remunerados no agrícolas se ha incrementado de 20,9% el 2006 a 27,9% el 2012.
Estas tendencias que se repiten a nivel regional dan cuenta de factores estructurales vinculados al modelo de desarrollo capitalista patriarcal y que en nuestro país y en la mayoría de los países de la región se vinculan también a construcciones racistas y coloniales. La segregación en el mercado laboral da cuenta de factores de género y clase. Todo indica que la complejidad de esta problemática requiere medidas para desestructurar los mecanismos y sistemas que reproducen la discriminación y subordinación de las mujeres, y se asientan en la división sexual del trabajo como factor estructurante de las relaciones de género y la naturalización de las desigualdades y jerarquías. Estos datos indican que aún existe una marcada segregación por sexo en los mercados laborales. En este marco se requiere medidas para generar condiciones que permitan compatibilizar el trabajo doméstico y productivo en corresponsabilidad entre y al interior de las familias, la comunidad y el Estado, recuperando los principios de reciprocidad, complementariedad y dignidad. Se han realizado esfuerzos para definir Categorías para la inversión en la igualdad de género, con el fin de orientar la inversión hacia programas de cuidado de personas de la tercera edad, de personas con capacidades diferentes, lugares de recreación para adolescentes y jóvenes en su tiempo libre, guarderías, etc., con el fin de contribuir a este proceso. Sin embargo, aún se requiere profundizar el tratamiento de estos temas. Los desafíos que ha establecido el Estado en este ámbito son: medidas para incentivar la inserción laboral en ámbitos tradicionalmente para mujeres; promover la inserción laboral en la agricultura familiar comunitaria recuperando los saberes originarios y establecer condiciones para incentivar a los/las jóvenes en el sector agropecuario; establecer medidas para compatibilizar trabajo doméstico y de cuidado con el trabajo productivo; establecer medidas para vigilar el cumplimiento de los derechos constitucionalizados y las medidas administrativas existentes que protegen los derechos laborales de las mujeres; generar alianzas público-privadas de espacios para mujeres en los medios de comunicación. Establecer mecanismos para contabilizar el uso del tiempo. Encuestas de uso de tiempo para visibilizar el aporte del trabajo doméstico, generalmente realizado por las mujeres, a la economía. 2.5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Los avances y desafíos que presenta el proceso de cambio requieren de una instancia fortalecida institucionalmente con recursos humanos y económicos para dar continuidad, articular y consolidar los avances y desafíos de manera integral y sostenible. Actualmente se cuenta con dos instancias, por una parte el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades a través de la Dirección de prevención y eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional, dependiente del Ministerio de Justicia y por otra el Viceministerio de Descolonización a través de la Unidad de Despatriarcalización, dependiente del Ministerio de Culturas, instancias con ciertas limitaciones principalmente presupuestarias. El mayor desafío que debe asumir el Estado Plurinacional de Bolivia es avanzar en el proceso de construcción del Vivir Bien, impulsando la despatriarcalización a nivel nacional y subnacional, lo cual significa que se cuente con una instancia con jerarquía que coordine, articule y monitoree la propuesta política de despatriarcalización, las políticas públicas y asignación de recursos en el conjunto del Estado Plurinacional. 3. ACONTECIMIENTOS CONSTITUCIONALES, LEGISLATIVOS
El año 2009, se realiza el Referéndum Constitucional mediante el cual la nueva Constitución Política del Estado es democráticamente aprobada11. Este hecho histórico cierra la primera etapa del Proceso de Cambio e inicia la construcción del Estado Plurinacional. Una de las primeras medidas adoptadas fue la formulación de un Régimen Electoral Transitorio12 y la creación y consolidación del Padrón Electoral Biométrico, mediante la Ley Nº 4021, garantizando transparencia en las elecciones generales que se realizaron a finales del 2009. Como resultado de estas elecciones, Evo Morales es ratificado como primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El 2010 se diseñan y promulgan cinco leyes fundamentales establecidas en la Constitución: Ley N° 18 del Órgano Electoral Plurinacional de16 de junio de 2010 Ley N° 25 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 Ley N° 26 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010 Ley N° 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de julio de 2010 Ley N° 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de Julio de 2010 Estas cinco leyes incorporan la equidad de género, logrando así importantes avances respecto a la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente en lo referido a: i) los principios de equidad de género, paridad y alternancia en los procesos de presentación de candidaturas, preselección y elección de los órganos de poder; ii) el reconocimiento del acoso político como delito electoral; iii) la prohibición de la conciliación en casos de violencia y la creación de juzgados especiales de violencia intrafamiliar y pública; iv) reconocimiento de la importancia de asignar presupuestos públicos suficientes para la implementación de políticas para la equidad de género en las entidades territoriales autónomas, destinando como mínimo un 5% en todos los planes, programas y proyectos a nivel departamental y municipal. Ley N° 045 de 8 de octubre de 2010 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que señala en su Artículo 6: Es deber del Estado Plurinacional de Bolivia definir y adoptar un política pública de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de g{enero y generacional, de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y municipales Ley Nº 181 del 25 de noviembre 2011, declara el 30 de marzo de cada año como “El día de la trabajadora y el trabajador del hogar”, debiendo otorgar a las y los empleados un descanso por la jornada laboral, sin descuento de haberes. Ley Nº 214 del 28 de diciembre de 2011, declara el año 2012 como “Año de la no violencia contra la niñez y adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia”. En este marco se han desarrollado acciones de concientización a través de talleres, campañas, cursos y otras políticas para la erradicación de la violencia. Ley Nº 243 de 28 de mayo de 2012, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, para eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia que afecta de manera directa o indirecta a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticos y públicas.
La Constitución Política del Estado es promulgada el 7 de febrero del 2009. Ley N° 4021 del 14 de abril del 2009 establece la igualdad de oportunidades y la alternancia de género en la elaboración de listas de candidatos/as. 12
Ley Nº 263 de 31 de julio de 2012, Ley integral contra la trata y tráfico de personas, que garantiza los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos. Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. En proceso de construcción, elaboración y promulgación junto a las organizaciones sociales de mujeres propuestas de Ley como: Código de Familias, Código Niña, Niño y Adolescentes, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Civil, Código del Trabajo, entre otras.
4. PRESUPUESTO e) ¿Qué porcentaje aproximado del presupuesto nacional se invierte en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres? Describa los esfuerzos por aumentar y hacer un seguimiento de las asignaciones presupuestarias y la planificación a nivel nacional asociadas al logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, en la elaboración de los presupuestos y planes de desarrollo a nivel nacional, regional/provincial y local. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley No. 031, establece un marco normativo sustancial para la generación de procesos de planificación y presupuestación con enfoque de género. De este modo, varios artículos de la Ley, definen la consideración de la equidad de género en los procesos autonómicos y de descentralización. El Artículo 114 referido a los presupuestos de las entidades territoriales autónomas señala: II. El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda. La Ley 348, Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, cuenta con 100 artículos y 8 disposiciones transitorias que determinan los roles de distintas instancias e instituciones que participan de su implementación, como ser el gobierno central, gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Órgano Judicial, instancias que deben modificar sus presupuestos y destinar fondos específicamente para su aplicación, Artículo 3: II Los órganos del Estado y todas las instituciones públicas, adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. III Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Uno de los temas agendados por el VIO ha sido el desarrollo de mecanismos e instrumentos para avanzar en la consideración de presupuestos para la igualdad de género en las políticas sectoriales y municipales, generando propuestas para la Ley Financial del Estado así como incluir propuestas para transversalizar género en las Directrices y Clasificadores de planificación y presupuestación diseñadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Planificación, con el fin de orientar estos procesos en el sector público. Este conjunto de acciones se ha fortalecido con la introducción del Costeo de Género como herramienta para la planificación y presupuestación de las políticas y acciones de igualdad de género. El primer ejercicio de Costeo del PNIO se ha realizado el 2010 con el Eje económico, productivo y laboral de las acciones que implementa el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Como resultado, se ha identificado que se requiere el 1,3% del Presupuesto General del Estado Plurinacional para las acciones priorizadas en este eje. Las herramientas diseñadas para la transversalización de la igualdad de género en procesos de planificación y presupuestación han sido publicadas por el Ministerio de Justicia y el VIO en la Guía operativa para la transversalización de la igualdad de género en la Planificación Sectorial del Desarrollo. Este material ha sido socializado y transferido a técnicos/as de los ministerios priorizados (Salud, Educación, Trabajo). Los desafíos más importantes en el ámbito presupuestario son:  Consolidar la capacidad presupuestaria de las políticas de género  Establecer la relación permanente con organizaciones de mujeres de la sociedad civil y organizaciones sociales.  Construcción de indicadores de despatriarcalización  Establecer una instancia de seguimiento y monitoreo (rectoría de los derechos de las mujeres) a las políticas públicas. 5. MECANISMOS DE DIALOGO Es de trascendental importancia señalar que las organizaciones sociales, articuladas en la Alianza de Mujeres por la Revolución Cultural y Unidad conformada por más de 16 organizaciones de mujeres, son parte activa del proceso de cambio y la elaboración, implementación y socialización de leyes y políticas públicas. A nivel municipal, participan y son convocadas en una diversidad de espacios de toma de decisión, se reconoce su aporte y presencia política. El Estado Plurinacional de Bolivia ha avanzado mucho más de lo planteado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con la despatriarcalización, proceso al cual las Ong´s y las iglesias poco han contribuido. 6. COOPERACION Es necesario socializar y profundizar sobre la vigencia de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus 12 esferas, a nivel local como regional, considerando que existen muchos avances en los diferentes países que han superado varios de sus indicadores, como es el caso de Bolivia desde el 2006 a la fecha. Sin embargo consideramos que el proceso de más de 20 años de trabajo de Beijing y otras como la CEDAW ha logrado de alguna manera impulsar avances sobre los derechos de las mujeres en los diferentes países. La socialización del presente informe y de otros países permitirá evaluar su aplicación y no solamente responder a los compromisos asumidos por los Estados.
7. RELACION BEIJING ODMS Las instancias como la CEDAW, Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al pertenecer al Sistema de Naciones Unidas, consideramos trabajan en procesos convergentes y se apoyan mutuamente, sin embargo al momento de solicitar los informes país aparecen como instancias separadas, siendo Beijing la menos visibilizada. El Estado Plurinacional de Bolivia presenta informes país, ampliamente detallados sobre los avances de situación de los derechos de las mujeres, estos a su vez son respaldados en los informes de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
SEGUNDA SECCION 1.
Objetivo estratégico A.1. Revisar, adoptar y mantener políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y apoyen sus esfuerzos por superar la pobreza. A partir del 2006, las políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo se centran en los mandatos de la Constitución Política del Estado (CPE), y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo D.S. 29272. Este último establece la adopción de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, basado en la industrialización de los recursos naturales, la redistribución de la riqueza nacional obtenida en beneficio de los sectores sociales que tradicionalmente fueron excluidos del acceso a los medios productivos y al empleo digno, a fin de que ahora estén justamente remunerados. Además establece, la recuperación del mercado interno, mediante la ampliación y diversificación de aparato productivo. El Estado Plurinacional está desplegando diversidad de políticas encaminadas a superar la extrema pobreza que afecta en general a los pueblos indígena originario campesinos y en especial a las mujeres. Los resultados de éstas, se demuestran en la elevación del consumo de electricidad, agua potable y gas domiciliario por parte de segmentos de la población que antes no tenían acceso a estos servicios y que ahora, por tal efecto han mejorado su calidad de vida y salido de los márgenes de la extrema pobreza. Otras políticas económicas han sido la nacionalización de los sectores hidrocarburos y telecomunicaciones y la creación de diversas unidades empresariales de carácter público; esta mayor disponibilidad de recursos financieros, permitió la implementación de políticas sociales de redistribución como son la Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy. Se advierte, asimismo, el aumento del poder adquisitivo y la mejora de los ingresos debido a los bonos sociales, elevaciones salariales, creación de nuevas fuentes de empleo, un clima económico estable para los negocios y otros factores. La redistribución del excedente, también se ejecuta a través de mecanismos como el incremento anual del salario, que entre el año 2006 al 2011 fue de un 66%, porcentaje superior al 22,5% otorgado por gobiernos neoliberales. Y desde el 2013, la asignación del doble aguinaldo, esta distribución más equitativa del ingreso tuvo también el efecto de la inclusión de las mujeres y grandes segmentos poblacionales a esferas laborales de mayor productividad. Siempre en el marco de la consolidación del Nuevo Modelo Económico del Estado, el Presupuesto General del Estado de 2012 incrementó en siete veces la inversión productiva y social (hidrocarburos, agropecuaria, educación, vivienda, etc.) respecto al 2005.
Objetivo estratégico A.2. Revisar las leyes y las prácticas administrativas para asegurar a la mujer igualdad de derechos y de acceso a los recursos económicos. Con relación a los avances normativos se menciona en primer lugar la aprobación de la CPE en 2009, ha generado acciones con la participación activa de las organizaciones de mujeres para la adecuación normativa a esta Constitución, así como para la implementación y/o modificación de normas y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionalizados. Asimismo, se han desarrollado acciones de seguimiento a los avances legislativos sobre los derechos de las mujeres.
Así, con el fin de asegurar el acceso a recursos económicos, la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” establece la consideración de categorías de género en los procesos de planificación y presupuestación y autoriza a los gobiernos autónomos departamentales, financiar hasta un cinco por ciento (5%) en programas no recurrentes, de apoyo a la equidad de género e igualdad de oportunidades, en asistencia social, promoción al deporte, promoción a la cultura, gestión ambiental, desarrollo agropecuario, promoción al desarrollo productivo y promoción al turismo con respecto a los principios de equidad de género y plurinacionalidad del Estado. A través del Banco de Desarrollo Productivo que tiene la misión de apoyar el desarrollo productivo del país para generar ingresos, empleo y reducción de desigualdades de los actores de la economía plural, se otorga créditos con bajos intereses para garantizar el acceso de las mujeres a recursos económicos. Si bien debe reconocerse el significativo avance normativo con relación a los derechos de las mujeres, sin embargo en muchos casos se encuentran obstáculos para su implementación efectiva, debido a prácticas administrativas que limitan el ejercicio de sus derechos y principalmente el acceso a recursos económicos para el financiamiento de las políticas. Con lo cual, constituye un desafío importante revisar las prácticas y procedimientos administrativos. Dan cuenta de esta situación; i) los presupuestos públicos que se constituyen en herramientas de redistribución de los ingresos públicos, se elaboran en base a las directrices de planificación y presupuestación, incorporando orientaciones para la inversión en igualdad de género; sin embargo, la falta de decisión política, información y/o manejo técnico, evitan la aplicación de estas orientaciones de redistribución del gasto con igualdad de género. Para el año 2011 solo el 0,55% del total de la inversión pública de los 339 municipios se destinó a la generación de condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; ii) los proyectos de apoyo a la producción financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), generalmente se destinan a infraestructura y actividades económicas de empleo mayoritariamente masculino. Del total de los recursos IDH transferidos a la municipalidades, el 6,4% se destina para la equidad de género, de estos el 0,02 % en proyectos productivos y otros de generación de ingresos13; iii) la Ley de las Organizaciones Económicas Campesinas, establece que los gobiernos municipales deben incorporar productos locales en el desayuno escolar, sin embargo, para que las productoras locales oferten sus productos tienen que cumplir requisitos de carácter administrativo que limitan su participación efectiva en los procesos de adjudicación . Si bien la Ley Marco de Autonomías autoriza a los Gobiernos Autónomos Departamentales, financiar hasta un cinco por ciento (5%) en programas no recurrentes, de apoyo a la equidad de género, el 6,4% resulta ser insuficiente considerando que las mujeres conforman el 50% de la población, y siendo solo el 0,02% el destinado a proyectos productivos. Objetivo estratégico A.3. Dar a la mujer acceso a mecanismos e instituciones de ahorro y crédito El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Banco de Desarrollo Productivo otorga créditos productivos individuales y asociativos en los nueve departamentos del país con una tasa de interés del 6 % anual. Se han canalizado créditos por un monto de Bs. 1.065 millones, generando y manteniendo 128 mil empleos (Autoridad de Supervisión Financiera ASFI 2013). A partir del 2011, ha ampliado su cartera de créditos en beneficio de los productores avícolas, el manejo integral de bosques y mejores oportunidades de acceso a préstamos para mujeres emprendedoras del país.
13Estado
Plurinacional de Bolivia. Ministerio de finanzas. Reportes de ejecución presupuestaria 2011.
Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, en general, el acceso de las mujeres al crédito productivo se ha incrementado considerablemente entre el 2011 y 2013. Sin embargo, las brechas persisten, la mayor brecha de género está en el crédito empresarial, porque si bien se registra un crecimiento de 233% entre 2011 y 2013, del total de personas que acceden a este tipo de crédito, apenas el 2% son mujeres. En general las mujeres acceden en mayor porcentaje al microcrédito, y el crecimiento ha sido de 46% entre 2011 y 2013. Cuadro Nº 1. Bolivia. Acceso a crédito por tipo de crédito y sexo (2011-2013) Tipo de Sexo 2011 2012 2013 Total Brechas crédito de género (%) 3 3 10 16 2% Empresarial femenino masculino 255 229 231 715 98% 100% Total 731 femenino 2487 3239 3584 9310 24% Crédito pyme masculino 8038 10151 11206 29395 76% 100% Total 38705 61966 74623 90168 226757 36% Microcrédito femenino masculino 111080 134781 164379 410240 64% 100% Total 636997 Fuente: ASFI
El Gobierno boliviano en su decisión de proteger al usuario del sistema financiero y fijar tasas de crédito accesibles para vivienda de interés social, para el sector productivo y tasas pasivas para ahorristas, ha promulgado la Ley de Servicios Financieros el 21 de agosto de 2013. Esta última democratiza el acceso al crédito para la vivienda de interés social con el propósito de reducir el déficit de vivienda propia en el país y prevé mecanismos de protección del usuario del sistema financiero nacional a través de la creación de la Defensoría del Consumidor Financiero, en la estructura de la ASFI. El acceso a recursos para financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígena Originario Campesinos Afrobolivianos e Interculturales, se ha concretado a través de la creación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de diciembre 2005, con una fuente de financiamiento regular de recursos provenientes del 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. El Fondo ha financiado proyectos específicamente destinados a organizaciones de mujeres indígena originaria campesinas, Afrobolivianas e interculturales. Entre el 2009 y el 2012, se ha implementado el Programa Semilla (Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía a Mujeres Productoras y Emprendedoras Rurales) como iniciativa estratégica conjunta entre el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), el Fondo para los Objetivos del Milenio, y el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. Al año 2011; 3.753 mujeres han recibido apoyo para lograr su autonomía económica y el ejercicio de sus derechos y los gobiernos municipales han invertido Bs.1.539.000 en infraestructura productiva, maquinaria y equipo, capacitación, promoción, difusión y asistencia técnica. (Fuente Viceministerio de Igualdad de Oportunidades sistematización del Programa Semilla).
2. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER Objetivo estratégico B.1. Asegurar la igualdad de acceso a la educación. El 20 de diciembre de 2010 el Estado Plurinacional de Bolivia promulga la Ley 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, estableciendo una educación descolonizadora y despatriarcalizadora, de acuerdo a los mandatos de la Constitución Política del Estado. Esta Ley incrementa las oportunidades de acceso y permanencia de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en el sistema de la educación formal y alternativa. La nueva currícula que entró en vigencia en la gestión 2013, promueve la cultura de equidad e igualdad sin discriminación desde la niñez, entre otros aspectos. El “Bono Juancito Pinto” es una política pública que ha promovido el incremento de la tasa de asistencia escolar tanto masculina como femenina, siendo la diferencia de 0.38% (INE - Censo Nacional de Población 2012), entre 2006 y 2012 aumentó de 62% a 100% la cobertura del Bono a niñas y niños cursantes de primaria. Asimismo, la política de alimentación escolar complementaria (desayuno escolar) y en algunos casos con la provisión de transporte escolar por parte de los municipios, se constituyen en incentivos para el acceso y permanencia especialmente de niñas indígena originaria campesinas. Mediante convenios con Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, en el marco de la normativa vigente, se efectuaron proyectos de mejoramiento en infraestructura y equipamiento de los establecimientos educativos. Otras políticas públicas que tienen efectos positivos para el ejercicio del derecho a la educación en las mujeres son: la profesionalización de docentes, la implementación de escuelas productivas, la construcción de infraestructura escolar, la dotación de ítems de nueva creación y la dotación de materiales, entre otros. Objetivo estratégico B.2. Eliminar el analfabetismo entre las mujeres. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la alfabetización de bolivianas y bolivianos, desarrollando una cruzada nacional con el Programa Nacional de Alfabetización “Yo si puedo”, orientado a la erradicación del analfabetismo, entre los años 2006 y 2008. Esta propuesta se convierte en una de las principales políticas de Estado y se constituye como una parte importante del Sistema Educativo. Con el Programa Nacional de Alfabetización “Yo si puedo”, se han alfabetizado 824.101 bolivianos y bolivianas, de los cuales 576.871 son mujeres, representando el 70% de la población alfabetizada, el mayor porcentaje procede del área rural (Ministerio de Educación –Viceministerio de Educación Alternativa y Especial – Dirección General de Post Alfabetización 2014). Según informe del Ministerio de Educación a partir de la gestión 2012 se trabaja en procesos de alfabetización de la población residual, incorporándose en este proceso a 124,864 personas mayores de 15 años en situación de analfabetismo. Hasta diciembre del 2013 han aprendido a leer y escribir 98.106 participantes, de los cuales 72.734 son mujeres y representan el 74% de la población beneficiada. En esta gestión se continúa con procesos de alfabetización, en alianza con organizaciones sociales y de mujeres, gobiernos departamentales, gobiernos municipales e instituciones no gubernamentales que desarrollan procesos de alfabetización.
Dando continuidad a la política educativa de Estado iniciado por el Programa Nacional de Alfabetización desde el 2009 se implementa el Programa Nacional de Post-alfabetización “Yo si Puedo Seguir”, con una formación equivalente de primero a sexto de primaria, sentando las bases para la prosecución de estudios en los niveles de educación secundaria y superior. En el período 2009-2013, en 337 municipios de los nueve departamentos del país 170.070 jóvenes y adultas que no habían accedido o no han concluido la educación primaria, participaron en procesos de post-alfabetización, de esa cifra 109.618 son mujeres representando el 65% ((Ministerio de Educación –Viceministerio de Educación Alternativa y Especial – Dirección General de Post Alfabetización 2014). A diciembre de 2013, 66.824 participantes han alcanzado una formación equivalente a tercero de primaria, de los cuales 67% son mujeres (44.651 participantes) y 24.713 participantes de postalfabetización se han graduado de sexto grado de primaria, de los cuales, 16.506 son mujeres que representan el 67%.14 Objetivo estratégico B.3. Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia, la tecnología y la educación permanente. Los avances en la superación del analfabetismo y la creación del sistema de universidades indígenas, UNIBOLES, constituye un avance importante en el marco de las reivindicaciones de los pueblos y las mujeres indígenas originarias. Objetivo estratégico B.4. Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios. El tratamiento del abuso sexual en los ámbitos educativos se encuentra dentro de las sanciones previstas por el Código Penal y la Ley 2033 de Protección a las Víctimas de los Delitos Contra la Libertad Sexual. Sin embargo, el ejercicio de poder de maestros y maestras y el carácter vertical y autoritario de toda la estructura educativa, en oportunidades, impiden que se rompa el silencio, lo cual no permite que se visibilice esta problemática en su dimensión real, aunque el Artículo 110 de la Ley 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente vigente, establece que todo profesional y funcionario/a tienen la obligación de denunciar. El Ministerio de Educación está capacitando a las maestras y maestros a din de incorporar en la currícula contenidos dirigidos a prevenir el maltrato y toda forma de violencia sexual y diseñando herramientas como Carpetas Pedagógicas que contribuirán a implementar la Cultura del Buen Trato y otros contenidos en la currícula de formación escolar. Objetivo estratégico B.5. Asignar recursos suficientes para las reformas de la educación y vigilar la aplicación de esas reformas. Respecto de la inversión en educación, el principal gasto del sector social en la gestión 2012, se orientó al ítem Educación con Bs.11.332 millones, estas cifras son mayores al presupuesto que se otorgó a Defensa, de Bs. 3.214 millones y Policía Nacional, de Bs.2.309 millones. Asimismo, el Gobierno creó en sus seis años de gestión 24.215 ítems para nuevos profesores y profesoras. (Ministerio de Economía y Finanzas – Presupuesto General de la Nación) 14
El salario en educación ha aumentado entre el 2006 al 2011, de 30% a 53%, significa que si antes se percibía un salario de Bs.1204; el 2006 se percibe un salario mínimo de Bs. 2041, sumados a los bonos un maestro de quinta categoría (recién titulado) llega a percibir Bs. 2.288. Objetivo estratégico B.6. Promover la educación y la capacitación permanentes de las niñas y las mujeres. La permanencia en el sistema educativo y la brecha de género en la tasa de término a 6º de primaria durante el período 1992-2011 mejoró sustancialmente: de una diferencia a favor de los hombres registrada en 9,7 puntos porcentuales en 1992, pasó en 2011 a 1,2 puntos porcentuales favorables a las mujeres. Es decir, el 2011, más niñas que niños, terminaron la primaria, lo mismo sucedió con la brecha de género en la tasa de término a 6º de secundaria que es favorable para las mujeres en 5,3%. En el caso de la educación de nivel secundario, entre 2000 y 2011 la cobertura neta creció en 5,7 puntos a 9,3 puntos. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 determinó el valor de 9, 35 los años promedio de estudio de personas de 19 años o más. La desagregación por género indica 9,91 años para hombres y 8,80 años para mujeres. En el área urbana, este grupo de edad tiene un promedio de 10,68 años promedio de estudio. La desagregación por género indica 11,23 para hombres y 10,17 para mujeres. En cambio, en el área rural el promedio es de 6,39 años; 7,24 para hombres y 5,43 para mujeres. Los anteriores datos que señalan que los hombres de 19 años o más, tienen más años de estudio que las mujeres, tanto en el área urbana como rural, contrastan con los datos de abandono del mismo Censo que establece en 2,69 la tasa de abandono de la educación pública y privada. 3. LA MUJER Y LA SALUD Objetivo estratégico C.1. y C.2. Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad. La Constitución Política del Estado marca un avance fundamental al reconocer los derechos a la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos (artículos 58 y 66), quedando así establecido el marco constitucional referencial para el diseño e implementación de toda la normativa y políticas públicas. Asimismo, en el artículo 35 (II) señala que el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena, originario campesinos. Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008) el 18% de las adolescentes de 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas al momento de la realización de la Encuesta. La mayor cantidad de embarazos en adolescentes se producen en contexto de pobreza, más del 31% de las adolescentes del quintil más pobre son madres o se encuentran embarazadas, frente a menos del 8% de las adolescentes del quintil superior, lo cual traduce patrones de inequidad social, dominación, subordinación de género, generacional y violencia. Además está fuertemente relacionado el inicio de las relaciones sexuales y el grado de instrucción: el inicio de la vida sexual es más tarde cuanto mayor es el grado de educación. El Plan Estratégico Nacional de salud sexual y reproductiva en Bolivia 2009-2015, tiene el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres en las diferentes etapas de la vida, con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad, mediante la organización de servicios de salud de calidad, la coordinación interinstitucional, intersectorial e interagencial y la participación protagónica de individuos, familias y comunidades.
En el modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural -SAFCI, se ha iniciado el proceso de implementación de la atención diferenciada para adolescentes, mediante el desarrollo de competencias de los y las prestadores de servicios de salud pública; el abordaje de las redes de salud para que se complementen con las redes sociales favoreciendo así al balance entre oferta y demanda. El Ministerio de Salud ha levantado una Línea Base sobre cuidados obstétricos y neonatales de emergencia, CONE, que se ejecuta dentro del Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna y Neonatal, así como del Plan de Salud Sexual y Reproductiva (2009-2015), donde se plantea mejorar el acceso a los servicios de salud especialmente para la atención del proceso reproductivo y consecuencias de embarazos no deseados, como la información para la utilización de métodos de planificación familiar. Asimismo, el Estado a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades dependiente del Ministerio de Justicia ha promovido un Convenio Interministerial (con Salud y Educación) para la prevención del embarazo en adolescentes y jóvenes, como la atención de adolescentes embarazadas, mismo que facilitará la elaboración e implementación de un Plan intersectorial dirigido a generar condiciones para el ejercicio de los derechos de las adolescentes (antes del embarazo), durante el periodo de gestación, como para las madres adolescentes. En diferentes municipios y departamentos del país se está trabajando para incluir propuestas de derechos de las niñas, niños y adolescentes, su reconocimiento como sujetos de derechos y actores participativos del Vivir Bien en las Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos, así como en la implementación de acciones locales para responder oportunamente a la situación de embarazo en la adolescencia. Salud materna El Plan Nacional de Salud 2010–2020, tiene como objetivo eliminar la exclusión social en salud e incluye el Plan Estratégico para mejorar la salud materna perinatal y neonatal en Bolivia 2009 – 2015, para enfrentar la reducción de la muerte materna y la mortalidad perinatal. Este Plan plantea cinco líneas estratégicas de acción: i) Crear un entorno favorable para la promoción de la salud materna, perinatal y neonatal, ii) Promover procesos interculturales con enfoque de los derechos, iii) Promover la aplicación de los cuidados esenciales para la mujer embarazada, la madre y el recién nacido/a en el hogar y la comunidad, iv) Mejorar la atención a la madre y al recién nacido/a en los servicios del sistema de salud y, v) Fortalecer los sistemas de información, vigilancia, monitoreo y evaluación de la salud materna, perinatal y neonatal. Durante los últimos años, se registraron incrementos importantes en la cobertura de partos institucionales Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2012, el 67,78% de mujeres de 15 años y más acudieron a un establecimiento de salud para el parto; 28,24% en su domicilio y 2,21 en otro lugar. El Bono Juana Azurduy tiene como objetivo coadyuvar a reducir la mortalidad de la madre, la mortalidad infantil y la desnutrición crónica en los menores de dos años, este comenzó a implementarse a mediados de abril de 2009 y desde el inicio del programa hasta finales de la gestión 2012, se han realizado un total de 4.079.814 controles, de los cuales el 74,3% corresponde a controles integrales de niños y niñas menores de 2 años y el 25,7% corresponde a controles prenatales, atención de parto institucional y control postparto (Informe Ministerio de Salud año 2012). Con la Ley Nº 320 de 6 de diciembre de 2005, se amplía la cobertura del SUMI para otorgar prestaciones relacionadas con la maternidad segura en mujeres en edad fértil, así como para garantizar la obligatoriedad en la prevención de cáncer de cuello uterino (Papanicolau anual) y en el tratamiento de lesiones premalignas, contemplando además métodos de anticoncepción voluntaria y libremente
consentida. La Resolución Ministerial 268/11 del Ministerio de Trabajo concede un día de asueto a las trabajadoras de los sectores público y privado para que se efectúen exámenes de Papanicolaou y de mamografía, esta disposición es de carácter obligatorio, las empresas que no cumplan con ese mandato, serán sancionadas con multas. Según el INE (2009), en Bolivia se calculan un total de 660 muertes atribuibles al cáncer cérvico uterino, que determinan una tasa de mortalidad de 22 por 100 mil mujeres. Según reportes de la OPS, esta tasa resulta la tercera más alta de América Latina y El Caribe, solamente por detrás de las reportadas por Haití y Nicaragua (53.5 y 26.1 por 100 ml mujeres, respectivamente). El Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento del Cáncer de Cuello Uterino 2009-2015 identifica los principales problemas e intervenciones para la prevención, detección y tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino (CACU). Incorpora la prueba de Inspección Visual con Ácido Acético, IVAA. Objetivo estratégico C.3. Tomar iniciativas en las que se tenga en cuenta el género para hacer frente a las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y reproductiva. En atención al incremento de casos de VIH/SIDA el 2007 se promulga la Ley 3729 sobre “Prevención del VIH-SIDA, Protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH y SIDA”. En la gestión 2013, a la cabeza del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA se ha desarrollado el Plan Quinquenal Multisectorial de Respuesta a las ITS/VIH/SIDA que prioriza la prevención combinada, mutisectorialidad y sostenibilidad como ejes de intervención. La distribución de casos notificados de VIH/SIDA por sexo y grupos de edad advierten una mayor proporción masculina y joven-adulta. La relación hombre/mujer es de 1,8; es decir, por cada 10 mujeres que tienen VIH/SIDA existen 18 hombres en la misma situación. A través del estudio de Comportamiento, Actitudes y Prácticas (CAP) 2011 y los estudios de vigilancia de segunda generación en las poblaciones vulnerables (hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales), se ha identificado que existe un mayor grado de exposición al riesgo en las poblaciones más jóvenes, en este marco, el Programa Nacional ITS/VIH/SIDA ha ido fortaleciendo un trabajo sostenido con el Ministerio de Educación, unidades militares y trabajos focalizados en los grupos vulnerables para llegar con información adecuada a esta población. 4. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Objetivo estratégico D.1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. La promulgación de la Ley Nº 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, evidencia la decisión del Estado Plurinacional, en el marco de sus obligaciones y responsabilidades, de generar las condiciones adecuadas para transformar la situación de desventaja y discriminación de las mujeres bolivianas, a través de medidas de carácter integral con enfoque intersectorial y de responsabilidad compartida entre Estado y sociedad, que articule diversos servicios y una rectoría clara. La Ley define la violencia como “cualquier acción u omisión, abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento, o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer” en consecuencia, considera como formas de violencia: violencia física, feminicidio,
psicológica, mediática, simbólica y/o encubierta, contra la dignidad, la honra y el nombre, sexual, contra los derechos reproductivos, en servicios de salud, patrimonial y económica, laboral, en el sistema educativo Plurinacional, en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, institucional, en la familia, contra los derechos y la libertad sexual , cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres. En el marco de esta ley se ha generado un proceso participativo entre instancias del ejecutivo, legislativo y sociedad civil, que ha congregado a 2683 mujeres de 588 organizaciones sociales, en 8 cumbres nacionales de mujeres, para la reflexión y análisis de las causas de la violencia, identificando el sistema patriarcal y colonial instalados en la institucionalidad y prácticas sociales, que ha naturalizado, tolerado y reforzado una cultura de violencia hacia las mujeres, provocando discriminación y exclusión en todos los ámbitos que hacen al Vivir bien. Las demandas y propuestas emanadas de este proceso se han traducido en POLITICAS PUBLICAS INTEGRALES: VIDAS DIGNAS, MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA, que configuran una respuesta política, estratégica y operativa a los mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley 348. La política tiene 6 lineamientos estratégicos: i) Consolidación de Redes de servicios Integrales Especializados, ii) Construcción de una cultura de la No Violencia contra las Mujeres y despatriarcalización, iii) Desarrollo Administrativo-Normativo-Jurídico; iv) Desarrollo de conocimientos en el Campo de la Violencia contra las mujeres; v) Coordinación con las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil; y vi) Construcción de institucionalidad. Desarrolla propuestas de políticas y un plan operativo 2014-2010. En este marco, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha iniciado la implementación del programa: Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres- SIPPASE-VRG, que constituye una herramienta de gestión orientada a la evaluación y resultados, con base en procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación por resultados. El sistema de Monitoreo se basa en el seguimiento de indicadores y resultados vinculados con la disminución y/o erradicación de la violencia hacia las mujeres, asumidos por el Estado mediante compromisos internacionales y nacionales. Entre las acciones centrales están; recojo y análisis de información de servicios públicos y privados, generación de un sistema de certificación, generación de convenios, alianzas y otros mecanismos entre los diferentes actores. El Ministerio de Autonomías, a través del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), en cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Art 129 de la Ley Marco de Autonomías y descentralización y en el marco de una Mesa Técnica Interinstitucional establecida por mandato del gabinete de ministras (Ministra de Justicia, Autonomías, Comunicación, Transparencia y Desarrollo Productivo), realizó el costeo de los servicios que son parte integrante de los sistemas de Atención Integral determinados por la Ley No 348 (Servicios Integrales Municipales, SLIM), las Casas Comunitarias (CC) de la mujer y las Casas de Acogida y Refugio (CAR), los dos primeros deben ser financiados e implementados por los gobiernos autónomos municipales y el último por las entidades territoriales autónomas. El costeo de medidas de igualdad tiene como objetivo estimar los costos de la implementación de acciones que permitan cerrar brechas de género, identificando los recursos mínimos necesarios para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, tomando en cuenta la normativa y las competencias de las entidades públicas en torno a los derechos de las mujeres. A la fecha, se cuenta con una metodología, una guía y los costos específicos para la implementación de los servicios de Atención Integral. Considerando que la violencia victimiza a personas de todas las edades, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, ha desarrollado procesos de fortalecimiento a los Servicios Legales Integrales Municipales para evitar esta victimización. Asimismo, han actualizado y validado normas, protocolos y procedimientos de atención integral a la violencia sexual para los Servicios Legales Integrales
Municipales, Policía, Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Salud y Ministerio Público, en todo el país, con el fin de mejorar la atención integral a víctimas de violencia sexual. Objetivo estratégico D.2. Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención. En consideración a las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de prevención, se ha identificado como uno de los desafíos que debe enfrentar el Estado Plurinacional de Bolivia (Sección Primera), la erradicación de la violencia estructural hacia las mujeres, se ha planteado la necesidades de generar estudios profundos y a nivel nacional que permitan identificar las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer que permitan ajustar las políticas diseñadas. La Defensoría del Pueblo ha realizado el 2013 una investigación con el objetivo de evidenciar las limitaciones de las mujeres para el acceso a la justicia identificando las barreras de género que contribuyen a la impunidad, en casos de violencia sexual contra ellas. Estas y otras investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil, dan cuenta de la necesidad de realizar estudios más integrales y a nivel nacional, que den información sobre las causas y consecuencias de la violencia hacia las mujeres desde un enfoque despatriarcalizador y descolonizador. Objetivo estratégico D.3. Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres. En el marco de la Constitución Política del Estado que en su Art. 15 parágrafo V señala: “ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas”, se ha promulgado la Ley Nº 263 de 13 de julio de 2012. Ley integral contra la trata y tráfico de personas, la que marca un hito importante para el tratamiento de este delito de lesa humanidad, en el que ´la violencia sexual comercial (conocida también como explotación sexual) constituye el 80% de sus fines, siendo el 75% de las víctimas niñas y adolescentes. En el marco de la Ley se ha conformado el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas que ha diseñado la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de personas, misma que establece cinco lineamientos que debe contener la lucha contra estos ilícitos en el ámbito de protección, prevención, educación y comunicación; persecución y sanción penal; y la coordinación nacional e internacional. Se trabaja en establecer procedimientos efectivos para identificar a las víctimas de trata y tráfico entre los grupos poblacionales con derechos más vulnerables como son las personas privadas de libertad, mujeres prostituidas (o enfrentando violencia sexual comercial), trabajadores migrantes y esclavitud laboral en la que están incluidos niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se ha contribuido en la construcción de consensos sobre esta temática, siendo el Ministerio de Justicia parte activa en la consulta nacional realizada por el Ministerio de Gobierno, garantizando la participación y opinión de las mujeres ya que como problemática afecta al ejercicio pleno de sus derechos. Así mismo se ha impulsado la consulta a niños/ niñas y redes que trabajan para la protección de los derechos identificando la necesidad de prohibir programas comunicacionales que inciten a la violencia, erradicar la explotación laboral y el trabajo forzoso de niñas, niños y adolescentes (Art. 61 de la CPE) e incluir temas de protección en la currícula escolar, impulsando la creación de escuelas de padres, con fines preventivos.
5. LA MUJER Y LA ECONOMÍA Objetivo estratégico F.1. Promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos. Objetivo estratégico F.2. Facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a los recursos, el empleo, los mercados y el comercio. Objetivo estratégico F.5. Eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo. El proceso de cambio y la constitucionalización de los derechos de las mujeres en la Constitución Política del Estado, ha marcado un avance importante en relación a los derechos laborales de las mujeres. Según el parágrafo VI del Art. 48 de la CPE, “las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”. Según el Art. 46, el Estado boliviano “reconoce el derecho de las mujeres a un trabajo digno garantizándole la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado”. El Estado Plurinacional de Bolivia ha institucionalizado la protección laboral de la mujer mediante diversos decretos supremos que reglamentan y establecen mecanismos con este fin. Sin embrago y como se ha mencionado en la Sección Primera de este informe, a pesar de los avances, persisten importantes brechas de género en los ingresos, en general la inserción laboral de las mujeres se caracteriza por estar mayoritariamente en sectores y ámbitos menos remunerados, reconocidos y protegidos. Así, la proporción de mujeres con empleo remunerado y trabajando en sector no agrícola, ha disminuido de 31,3% en 1999 a 36.4% el 2012. Sin embargo, la proporción de hombres en este sector continua siendo mayor. Las medidas implementadas para avanzar en el marco de los derechos laborales y económicos, se refleja en la definición de una estrategia que articula el desarrollo productivo y el empleo digno articulada en el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo y Empleo Digno. En este marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ha diseñado una propuesta, de Política de Empleo del Estado Plurinacional que contempla cinco pilares, entre ellos, la política de “conciliación de lo laboral con una vida digna” con el objetivo de democratizar el cuidado de la familia con responsabilidad social contribuyendo a la redistribución de tareas entre hombres y mujeres dentro del hogar, entre las familias y el Estado. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social implementa el Programa Mi Primer Empleo Digno mediante acciones de formación técnica laboral a mujeres y hombres, que comenzó en septiembre de 2008 y continúa vigente, y que en su fase piloto logró beneficiar a más de 2.500 jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Asimismo, se ha implementado un bono especial para las mujeres jóvenes embarazadas con el fin de superar las limitaciones sociales y culturales que enfrentan las jóvenes embarazadas para acceder a oportunidades de capacitación y empleo. En cuanto a la seguridad social, con la promulgación de la Ley de Pensiones No. 065 de 10 de diciembre de 2010, se ha generado importantes modificaciones, entre las principales se destaca la incorporación de un modelo social que pretende mejorar las rentas bajas a través de un Fondo Solidario. Asimismo, incluye entre sus principios la Igualdad de Género que es definida como “proveer mecanismos necesarios y suficientes para cerrar brechas de desigualdad, en las prestaciones
y beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo entre hombres y mujeres”. El artículo 78 de la Ley, se refiere a la reducción de edad de jubilación para las mujeres: I. La Asegurada que tenga al menos ciento veinte (120) aportes al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y/o al Sistema Integral de Pensiones, por cada hijo nacido vivo podrá solicitar que se le disminuya un (1) año en la edad de acceso a la Prestación Solidaria de Vejez, hasta un máximo de tres (3) años. Este beneficio es excluyente al determinado en el Artículo precedente. II. Por cada hijo nacido vivo, la Asegurada podrá acceder a la Prestación de Vejez con reducción de edad de un (1) año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres (3) años. Esta reducción aplica a lo dispuesto para los casos establecidos en el inciso C del Artículo 8 de la presente. Los derechos de las personas con discapacidad están protegidos en la Constitución Política del Estado. En este marco, se implementan una serie de medidas destinadas al cumplimiento de estos derechos constitucionalizados. Así, mediante la Ley N° 3925 se crea un Fondo Especial para la atención a personas con discapacidad (con un monto de Bs. 40 millones que anteriormente eran utilizados como un subsidio a los partidos políticos). Este fondo se destina al desarrollo de capacidades de inserción laboral, a través de diversos programas: el Programa de emprendimientos productivos “Produzcamos juntos”; el Programa de construcción y equipamiento de la Escuela Taller de Ortesis y Prótesis en La Paz y El Alto. El D.S. N° 29608 de 18 de junio de 2008 que modifica el D.S. N° 27477, dispone la obligación de instituciones públicas y privadas que prestan servicio público; de contratar el 4% de personas con discapacidad del total de su personal. Asimismo determina la obligatoriedad de los gobiernos municipales de otorgar el 10% de sus licencias de funcionamiento para el comercio informal a personas con discapacidad. Por otra parte, establece la inamovilidad funcionaria de personas con discapacidad lo que ha permitido la inclusión laboral, así como su permanencia. En consecuencia con la decisión de avanzar en el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres, el 20 de noviembre de 2012 el Estado Plurinacional de Bolivia ratificó el Convenio 189 de la OIT por el cual se reconoce a las Trabajadoras Asalariadas del Hogar con todos los derechos y obligaciones establecidas en la Ley General del Trabajo al igual que cualquier otro trabajo. En procura de coadyuvar al cumplimento de la Ley, el Ministerio de Trabajo ha establecido el funcionamiento de una Bolsa de Trabajo, que permite que las trabajadoras del Hogar puedan acceder a contratos en el marco de la mencionada Ley. Objetivos estratégicos F.3. Proporcionar servicios comerciales, capacitación y acceso a los mercados, información y tecnología, particularmente a las mujeres de bajos ingresos. F.4. Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer. Uno de los avances importantes en el marco de las políticas ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural como es el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno, es la institucionalización de la perspectiva de igualdad de género con enfoque despatriarcalizador en los procesos de planificación y en los programas y proyectos que se ejecutan. Mediante el programa de capacitación para mujeres con enfoque de género, parte del programa país Bolivia 2010-2015, se capacitó al 78% del personal de ese Ministerio, en el uso de herramientas de diagnóstico y planificación con enfoque de género y la promoción de la participación tanto de hombres como de mujeres en la identificación, diseño y ejecución de proyectos específicos. En los diferentes programas se ha avanzado en este sentido: se ha implementado un sistema de seguimiento para garantizar que las actividades realizadas sean sensibles al género y promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres. En el área de formación se ha institucionalizado la
programación de talleres de capacitación en horarios adecuados para las mujeres, con el fin de promover mayor participación. A través del programa Insumos Bolivia, se ha fomentado el desarrollo de diversas empresas dirigidas por mujeres emprendedoras contribuyendo a que encuentren un mercado al cual puedan destinar su producción; logrando que estas mejoren sus procesos productivos en virtud de producir mayores cantidades de productos de notable calidad, en esta línea por ejemplo Creaciones Paola ha efectuado exportaciones entre el 2010 y el 2012 por $us76.295. La Planta Procesadora de Palmito de Ivirgarzama, ha generado empleos directos para 43 mujeres que constituyen el 73% del personal de la planta. Se ha promocionado productos agropecuarios con Marca País, en Perú, Japón, China, Italia y Brasil y se apoya en la organización de Talleres de Capacitación y Cursos en temas relacionados a las exportaciones a Centros y Asociaciones de Productoras Las políticas de desarrollo rural y tierras plasmadas en el Plan de Desarrollo Sectorial “Revolución Rural y Agraria”2010-2015 recogen el mandato del PND para poner en marcha y consolidar un cambio estructural agrario de la economía rural y para ello asumen los lineamientos de la REVOLUCION RURAL AGRARIA contemplando 8 Políticas Sectoriales, con el propósito de “contribuir en la transformación del Estado Neoliberal primario exportador a un Estado Plurinacional Social y Comunitario con diversificación productiva para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía y exportación de excedentes”. En la diversidad de programas que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en el marco del Plan, participan las organizaciones sociales, que favorecen a productores y productoras individuales o familias rurales. Si bien este enfoque impide identificar -en la mayoría de los casos- el número de mujeres beneficiarias de estos programas, sin embargo, considerando que las mujeres dedicadas a la actividad agropecuaria juegan un rol fundamental y de generación de ingresos, es pertinente considerar que el conjunto de medidas beneficia a las mujeres indígenas productoras para dotar de mejores condiciones de acceso a tierra crédito, semilla, capacitación técnica, y otros. Uno los logros más importantes en términos de derechos económicos ha sido la constitucionalización del derecho propietario de las mujeres a la tierra, que favorece a mujeres indígena originaria campesinas, consolidando el patrimonio productivo a su nombre. Actualmente, el 46% de titulaciones realizadas por el INRA, favorecen a mujeres. Estos avances se articulan a través de los diferentes programas del mencionado Plan generando mejores condiciones de acceso al agua para riego, tecnología, capacitación, asistencia técnica, mejorando también los ingresos de las familias. Así, se ha incrementado el ingreso de 29,000 familias en un promedio de Bs. 9,935 a 14,406 Bolivianos por año, a través de transferencias de recursos para emprendimientos productivos; habiéndose beneficiado a 34,060 familias que presentaban altos niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria; se ha fortalecido la producción ecológica orgánica de productos agropecuarios, a través de procesos de certificación de semillas con la participación de 2324 varones y 1550 mujeres. El proyecto MI AGUA y otros, ha beneficiado a 55.202 familias con riego y han sido capacitadas 2250 familias en temas de gestión de riego. Se generan condiciones para el incremento de áreas cultivables bajo riego y mejoramiento de la gestión de sistema de riego, habiendo sido beneficiadas 7.855 familias con un total de 31.765 hectáreas. Asimismo se ha capacitado 346 líderes y promotores y promotoras en temas de gestión productiva, agropecuaria y asistencia técnica integral El proyecto tierras y desarrollo agrario (PROTIERRAS), ha mejorado el acceso a tierras para productores que carecen de ellas a través de inversiones productivas beneficiándose a 2394 familias ubicadas en tierras bajas. Se ha generado ingresos promedio mensuales de Bs. 1271 en Tierras Comunitarias de Origen nuevas, donde también figuran las mujeres, quienes cuentan con proyectos productivos demostrativos.
El Proyecto de Alianzas Rurales fomenta la conformación de Alianzas Productivas entre pequeños productores organizados de pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas y mujeres con compradores o transformadores, se ofrece financiamiento concursable, a través de convocatorias públicas. Se ha beneficiado a 22.742 familias productoras y se ha comprometido Bs. 232 millones. El Proyecto ofrece además capacitación y asistencia técnica para la gestión e implementación de los financiamientos otorgados. La inversión en la construcción y mantenimiento de caminos y puentes en diferentes regiones del país, constituye una medida estratégica destinada a fortalecer capacidades en los procesos de producción, industrialización y comercialización de productos estratégicos. En el marco de la Ley No. 144 de Revolución Productiva Comunitaria, se ha creado el Consejo Plurinacional Económico Productivo (COPEP) mediante DS 1312, como instancia de coordinación y definición de políticas de desarrollo económico productivo. Objetivo estratégico F.6. Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia. Se cuenta con una normativa que orienta no solo a armonizar las responsabilidades sino a superar la división sexual del trabajo y la naturalización de la desigualdad entre hombres y mujeres. El marco conceptual del Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades del VIO, aprobado mediante Decreto 28950 del 10 de Diciembre del 2008, plantea la implementación de las políticas públicas a favor de las mujeres desde las comunidades, reconociendo que las mujeres son la mitad de cada pueblo. La metodología de 5 campos de acción y lucha: Cuerpo de las mujeres, Espacio de las mujeres, Tiempo de las mujeres, Movimiento organizativo de las mujeres y Memoria de las mujeres, se propone como creativa, más allá de solo indicadores puntuales. El Artículo 62 de la CPE, establece que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. El Parágrafo I del Artículo 64 del Texto Constitucional, dispone que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. En este marco, se ha generado la normativa destinada a avanzar en estos temas y considerando que es necesario incentivar la protección de la madre y la recién nacida o nacido, y asimismo, impulsar la responsabilidad familiar del padre al núcleo familiar en igualdad de condiciones:  El Decreto Supremo Nº.12 de fecha 19 de febrero 2009, reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y el padre progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos o afectarse su nivel salarial, ni su ubicación de puesto de trabajo tanto en el sector público, como privado, lo cual da cuenta del avance en términos de las responsabilidades compartidas en relación a la crianza de las hijas e hijos.  Decreto Supremo N° 1212 otorga Licencia por Paternidad de tres (3) días laborales, a partir del alumbramiento de la cónyuge o conviviente del trabajador del sector público o privado, con el goce del cien por ciento (100%) de su sueldo total ganado.
6. LA MUJER EN EL EJERCICIO DEL PODER Y LA ADOPCION DE DECISIONES Objetivo estratégico G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. El proceso de cambio, se entiende como la construcción de una visión cualitativamente diferente sobre el diseño y concepción de las políticas públicas orientadas a la descolonización y despatriarcalización del Estado y la sociedad, que se manifiesta en la plena participación política de las mujeres. La Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, establece que “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medios de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.” (Art. 26. I). A partir de este precepto se establece el principio de paridad y alternancia del 50% en la representación política, tanto en los ámbitos nacionales y autonómicos, (Artículos 147 y 210) de la CPE y las siguientes Leyes: 
Ley de Régimen Electoral Transitorio (2009) Artículos 4.II y 9, respetando en la participación ciudadana, la relación de equidad y de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
La Ley No. 026 de Régimen Electoral (2010) consagra en sus principios el acceso a los derechos políticos en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, reglamentado en el Art. 11, la paridad y alternancia para candidaturas por lista (plurinominales), así como el 50% de representación para candidaturas uninominales y para los pueblos indígenas, respetando las diferentes formas y maneras de democracia establecidas en la CPE.
El 28 de mayo de 2012 se aprueba la Ley No. 243 contra el Acoso y la violencia política hacia las mujeres que tiene por objeto “…establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos … en todos los niveles de la organización territorial del Estado boliviano…” (Artículos 1 y 4). Esta Ley es emblemática y ha sido aprobada luego de doce años de ser observada por gobiernos neoliberales, siendo un importante precedente frente a la impunidad de delitos como el acoso y la violencia política, el amedrentamiento de la que son objeto las mujeres en ejercicio de representación cuyo fin es la renuncia, especialmente en los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, tal como lo plantea permanentemente la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL: www.acobol.org.bo). Lo que no significa que otras mujeres electas como Magistradas y sobre todo de organizaciones sociales mixtas estén libres de enfrentar el acoso y/o violencia política. Cuadro Nº 3. Bolivia. Elecciones de 2010: resultados con las normas de paridad y alternancia Representación
Asambleístas Nacionales (166) Asambleístas Departamentales (243) Alcaldes/esas (336) Concejalas/es (1830)
27.1 27,57
72.9 72,43
6,55 42,62
93,45 57,38
Cuadro Nº 4. Bolivia. Cargos por titularidad y suplencias en la Asamblea Legislativa 2010 (en porcentaje) Titulares Titulares Suplente Suplentes Mujeres Hombres Mujeres Hombres Senaduría Diputaciones Senaduría Diputaciones Senaduría Diputaciones Senadurías Diputaciones s s s 44 78 55 78 55 22 44 22
Esta información demuestra un importante avance numérico en la representación política de las mujeres y la voluntad política del Estado Plurinacional para hacer cumplir los preceptos constitucionales. Sin embargo, y a pesar de ello, aún no se ha logrado la paridad y alternancia esperadas. Una de las razones es la persistencia de prácticas políticas patriarcales que se niegan a reconocer el derecho de representación de las mujeres, como es el caso de Alcaldesas, Diputaciones uninominales e inexistentes en las gobernaciones departamentales. Uno de los desafíos en este sentido es establecer- desde las instancias de Estado pertinentes, los mecanismos necesarios para la igualdad de género-, procesos de control y seguimiento a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, para que la paridad y alternancia entre mujeres y hombres sea cumplida en concordancia con las normas establecidas. Una forma de despatriarcalizar el Órgano Ejecutivo, es sin duda la presencia de mujeres en carteras ministeriales, en el año 2010 se llegó al 50% y en el 2012 se cuenta con 7 ministras sobre 21 (33,33% del total). Otra forma es que desde el 2010, más de 5 dirigentas y lideresas indígenas han ocupado diferentes cargos Ministeriales, sin embargo falta avanzar y asegurar políticas públicas despatriarcalizadoras. A esto se suma que entre un 30 a 40% del total de los Viceministerios, están ocupados por mujeres. En el caso de las autoridades del Órgano Judicial se cuenta con 33% de mujeres en el Tribunal Supremo de Justicia, 57% en el Constitucional, 43% en el Agroambiental, 40% en el Consejo de la Judicatura, lo cual nos da un promedio de 43% de mujeres en cargos de decisión de este Órgano de Estado. Objetivo estratégico G.2. Aumentar la capacidad de las mujeres de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos Actualmente, de los 339 municipios del país, solo 22 son liderados por mujeres (Alcaldesas), por lo que es del interés del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades coordinar y ejecutar la propuesta “Políticas Públicas Integrales, Vidas Dignas, Mujeres Libres de Violencia”, la implementación de las Leyes No. 348 y No. 243 a través de la ejecución del Proyecto SIPPASE-VRG “Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género con Pertinencia Sociocultural” Por su parte, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, está desarrollando un proyecto piloto con el objetivo de: fortalecer las capacidades de 10 autoridades alcaldesas municipales para una gestión transparente con enfoque de género y el acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción. El artículo 162 de la CPE marca un hito en la historia boliviana al otorgar a las y los ciudadanos facultad de iniciativa legislativa. La aplicación de este derecho marca una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y las/los ciudadanos, al posibilitar la generación de leyes más pertinentes a la diversidad y pluralidad sociocultural y política de las bolivianas y los bolivianos.
El VIO ha respaldado y acompañado la realización de tres espacios de articulación y diálogo entre mujeres que se han denominado Cumbres Sociales de Mujeres; la primera convocada por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, CNMIOCB-BS, luego de los acontecimientos acaecidos en Sucre el 24 de mayo de 2008. Este evento posicionó la unidad de las mujeres frente a las acciones de racismo y discriminación. La Segunda Cumbre Social, realizada el año 2009, dio inicio a la articulación de las diversas organizaciones de mujeres, denominándose Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Cultural y Unidad. El año 2011, con la Tercera Cumbre Social de Mujeres, se terminó de construir una agenda y se adoptaron resoluciones tanto para el fortalecimiento a los niveles organizativos internos como para la vigilancia y control social respecto a la aplicación de la normativa existente, así como el respaldo a una agenda legislativa que contemple iniciativas normativas a favor de las mujeres. 7. MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EL ADELANTO DE LA MUJER Objetivo estratégico H.1. Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales. El Decreto Supremo No 29894 del 7 de febrero 2009, dispone que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia tiene como atribuciones la de formular, dirigir y concertar, políticas, planes, programas y proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin embargo el mecanismo directo es la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional, cuya responsabilidad es implementar políticas públicas y lineamientos generales para todo el sector público, incluido el nivel departamental a través de las Direcciones Departamentales de Género o las Unidades Departamentales de Género y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM´s), de atención a víctimas de violencia y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA´s). En la gestión 2008 el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, como política estatal ha elaborado el “Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades – Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia, para Vivir Bien” aprobado mediante Decreto Supremo 28950 de 10 de diciembre de 2008, producto de un largo proceso de concertación entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales de mujeres que requirió un debate profundo acerca de las orientaciones conceptuales y de diseño de una estrategia de largo plazo orientada a superar y eliminar el sistema patriarcal vigente en seis ejes de desarrollo: ámbito económico, productivo y laboral, ámbito educativo, ámbito salud, ámbito para erradicar la violencia en razón de género, ámbito de participación de las mujeres en espacios de decisión y ámbito de fortalecimiento institucional. El proceso de transformaciones que vive el Estado y la sociedad boliviana, define la descolonización como uno de los ejes del proceso. En este marco, se ha creado el Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas. Entre sus atribuciones está desarrollar políticas para la prevención y erradicación de toda forma de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia cultural. Al interior de este Viceministerio se ha creado la Dirección General de Lucha contra el Racismo, de la que depende la Unidad de Despatriarcalización, la misma tiene como misión “despatriarcalizar el Estado colonial y neoliberal, las familias, la sociedad y la religión”. Entre sus objetivos principales: “visibilizar, desestabilizar, poner en crisis las relaciones patriarcales y transformar las relaciones de poder existentes en el Estado Plurinacional para constituir una sociedad justa y armoniosa”. El Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido el reto de la despatriarcalización no solo como una política en contra de la discriminación, sino en la constitución de las autonomías territoriales como las indígenas.
El fortalecimiento institucional constituye uno de los desafíos que debe asumir el Estado Plurinacional de Bolivia para avanzar y profundizar el proceso de despatriarcalización del Estado y la sociedad (Sección primera). Objetivo estratégico H.2. Integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales. El VIO ha impulsado y liderado en alianza con organizaciones sociales de mujeres y asambleístas, el diseño y aprobación de la Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2012 “Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, Ley No. 243 Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres y la Ley No. 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Tres leyes emblemáticas para avanzar estructuralmente contra un sistema patriarcal que vulnera los derechos de las mujeres. Se ha elaborado la Política Pública Integral “Vidas Dignas, Mujeres Libres de Violencia” la cual tiene como objetivo estratégico: Hasta el año 2020, todos los Órganos del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas e instancias involucradas reducen los índices de la violencia contra las mujeres y la impunidad de los agresores; construyen una cultura de la no violencia y las mujeres se empoderan con el ejercicio de sus derechos. Se ha iniciado la ejecución del proyecto “Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género con Pertinencia Sociocultural” SIPPASE – VRG, cuyo fin es contar con un modelo integral de atención a víctimas de violencia a partir de incrementar la eficiencia en la aplicación de la política pública; reorganizando e integrando los servicios públicos y no públicos de lucha contra la violencia; instalación del Sistema de Registro Único de Violencia (RUV); desarrollo e implementación de protocolos específicos de atención en las instancias involucradas; desarrollo de capacidades de los Servicios Integrales de Atención; generación y seguimiento de información de procesos de prevención, atención, protección y sanción/reparación; fortalecimiento institucional mediante la instalación del modelo piloto en 30 municipios. Se ha logrado incorporar en las Directrices de planificación y presupuestación del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, orientaciones para la inversión en igualdad de género. Y se ha diseñado una guía operativa para la transversalización de la igualdad genero en la planificación del sector de desarrollo productivo, socializada en los Ministerios de Educación, Trabajo, Empleo y Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, contribuyendo en este último caso a la institucionalización de género en los procesos de planificación y capacitación. Se ha elaborado en coordinación con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, desde la gestión 2013 mallas curriculares para un Curso denominado “Diseño del proceso formativo en género y derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia desde la gestión por competencias-Ley Nº 348 Ley Integral para garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia” y Diplomado en Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra la Mujer en aplicación de la Ley 348, para servidoras y servidores públicos. Objetivo estratégico H.3. Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la evaluación desglosados por sexo. El Ministerio de Justicia ha publicado y difundido materiales, entre cartillas en formato amigable, leyes, trípticos:
Ley No 348 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia Ley No 243, Ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres Compendio de leyes y normas de género del Estado Plurinacional de Bolivia Acciones concurrentes para mejorar la situación de las mujeres en ámbito de la educación. 2009 Reporte del análisis y evaluación de género en los presupuestos públicos municipales. 2009 Reportes de datos estadísticos sobre denuncias de violencia doméstica y familiar – Primero y Segundo. 2009 5º y 6º informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia presentado al comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. (CEDAW) Memoria de las Cumbres de Mujeres realizadas a nivel departamental y nacional en la gestión 2013. Foro Nacional de Análisis para la aplicación de la Ley 243 en coordinación con ACOBOL y organizaciones de mujeres, y la elaboración de propuesta de reglamentación para la vía administrativa. Se han realizado talleres de socialización con diferentes actores tanto gubernamentales como de la sociedad civil de las leyes 348 y 243.
8. LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Objetivo estratégico I.1. Promover y proteger los derechos humanos de la mujer, mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado el 3er. y 4to informe complementario sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el año 2008. En diciembre de 2013, se ha presentado el 5to. y 6to. Informe. Ambos informes muestran detalladamente los avances sobre los derechos humanos de las mujeres en Bolivia Objetivo estratégico I.2. Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en la práctica. El marco normativo vigente, da cuenta de la decisión política del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo, y considerando que el proceso de construcción del Vivir Bien, es complejo, se ha identificado los desafíos pendientes para continuar profundizando la despatriarcalización del Estado y la sociedad, como ser la eliminación de la violencia estructural de las mujeres, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la división sexual del trabajo, aspectos ampliamente desarrollados en la Sección Primera. 9. LA MUJER Y EL MEDIO AMBIENTE Bolivia ha desarrollado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, basado en la Ley No. 133 de Medio Ambiente. Por otra parte, se cuenta con una propuesta de políticas que constituyen el marco a partir del cual se desarrollan las actividades del Sistema. Se cuenta con una institución gubernamental a nivel nacional, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) que tiene la misión de garantizar la protección de los Recursos Naturales de Bolivia y por ende el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, además de instrumentos de planificación para la gestión individual de las
Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): Guía Metodológica para la elaboración de Planes Operativos Anuales basada en la planificación estratégica, Guía para la elaboración de Planes de Manejo, así como instrumentos de Seguimiento y Evaluación de la Gestión del SNAP. Objetivo estratégico K.1. Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles. La nueva política de tierras pone énfasis en la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria y la transformación de las estructuras agrarias sobre la base de la descolonización, equidad en la tenencia de la tierra, soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina y manejo sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad. Asimismo, se ha promulgado la ley de Revolución Productiva Comunitaria, Ley de la Madre Tierra y se implementa el Programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El diseño y aprobación de este marco legal, ha contado con la amplia participación de las organizaciones sociales y en especial de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas “Bartolina Sisa”, quienes reconocen como un logro de las mujeres indígenas originarias campesinas la incorporación de estos temas en la agenda pública. El Artículo 1 de la Ley No. 300 de fecha 15 de octubre 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien , tiene por objeto “establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para vivir bien, garantizando la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando, fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas y las Organizaciones Sociales pertenecientes al Pacto de Unidad: CSUTCB, CONAMAQ, CSCIB, CIDOB y CNMCIOB-“BS” firmaron el 2013, un Convenio Marco de Cooperación y Trabajo Conjunto. El Convenio tiene por objeto “contribuir al desarrollo de una gestión integral y concertada de las áreas protegidas de Bolivia, a través de un trabajo coordinado y conjunto entre el Estado y las Organizaciones Sociales de los pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales, en el marco de la Constitución Política del Estado, atribuciones del SERNAP y los derechos de los Pueblos”. Objetivo estratégico K.2. Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible. Respecto a políticas de desarrollo sostenible, se han aprobado dos importantes Leyes que incorporan la perspectiva de género y guían el quehacer del Estado. Ley Nº 144 de Revolución Productiva, Comunitaria Agropecuaria, aprobada el 26 de julio de 2011. Entre sus principios (Art.6.7) determina el principio de alimentación adecuada: “Acceso permanente a una alimentación saludable y suficiente para la población, sin discriminación ni distinción de clase social, credo religioso, opción política, género y generacional”.
El acceso y uso de la tierra es el elemento central en la relación género y medio ambiente. En ese sentido, la gestión territorial es un espacio de participación de las mujeres indígenas y campesinas. Al respecto, el Art. 28 de la misma Ley indica: “Tendrá el objeto de apoyar los procesos de implementación, ejecución y financiamiento de Programas de Gestión Territorial Indígena – GTI, elaborados y presentados por las organizaciones matrices de los pueblos indígenas y naciones originarias, con el fin de promover y dinamizar el desarrollo organizativo, social, cultural, económico y productivo de los pueblos indígenas en sus territorios, destinados a mejorar su calidad de vida y contribuir a la seguridad con soberanía alimentaria de acuerdo a sus saberes, tecnologías y valores culturales. Esta política es complementaria a las políticas y estrategias establecidas en la presente Ley a las cuales las naciones, pueblos y comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas pueden acceder y participar sin restricción alguna. Por su parte, la Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobada el 15 de octubre de 2012, es el principal mecanismo generado por el Estado, que integra la perspectiva de género en las políticas públicas de desarrollo sostenible. Pero, a la vez, es la norma de protección de la Madre Tierra, patrimonio de los/as ciudadanos/as y que ha estado a cuidado, principalmente de las mujeres indígenas. Estos aspectos se visualizan con claridad en el objetivo de esta Ley (Artículo 1): “La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”. Respecto de la democratización del acceso a los medios y factores de producción, el Artículo 20.5 de la misma Ley establece: “Profundización de la democratización y diversificación del sistema financiero priorizando el desarrollo del sector productivo y la demanda de las productoras y los productores históricamente excluidos, así como la soberanía y seguridad alimentaria, con un enfoque de género y de sustentabilidad”. Del mismo modo, el Artículo 28.2, referido a las bases del Vivir Bien sobre Tierra y Territorio establece: “Las tierras fiscales serán dotadas, distribuidas y redistribuidas de manera equitativa con prioridad a las mujeres, pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas que no las posean, garantizando su uso y aprovechamiento de acuerdo a las características de las zonas y sistemas de vida, según Ley de Tierra y Territorio específica”. Finalmente, respecto de la gestión de los recursos naturales, esta Ley indica que la misma estará sujeta al control social en cumplimiento a lo definido en la Constitución Política del Estado. Esto quiere decir que los movimientos sociales y sus organizaciones deben ser partícipes activos de esta gestión. Es el caso de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” que es parte del control social del Estado y sus políticas.
“Formular e implementar la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien en coordinación y articulación con los ministerios y otras entidades del Órgano Ejecutivo, Entidades Territoriales Autónomas, Organizaciones de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Comunidades Interculturales y Afrobolivianas, organizaciones sociales, económica productiva de la sociedad civil, cooperativas, asociaciones de productores, entidades financieras, entidades públicas y privadas y pueblo boliviano”. Ambas leyes son mecanismos para el manejo y control de los recursos naturales y productivos, pero sobretodo establecen espacios para el control y uso de los derechos de la Madre Tierra y la participación de mujeres indígenas originarias campesinas. Es destacable que esta normativa haga referencia al rescate de los conocimientos particulares y otras variables que hacen a la dinámica de producción agropecuaria y agroforestal. Objetivo estratégico K.3. Fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer. Las luchas reivindicativas de la población boliviana para asegurar el acceso al agua como un derecho humano se han traducido en la Constitución Política del Estado. En este marco, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha asumido explícitamente el reto de considerar la equidad de género en sus programas y normativa; de este modo, el Reglamento Nacional de Presentación de proyectos de Agua y Saneamiento incorpora la equidad de género en el componente de Desarrollo Comunitario (norma de cumplimiento obligatorio y debe ser presupuestado), considerando la educación sanitaria y ambiental, educación en salud e higiene con el objetivo de mejorar la participación de la mujer y lograr la sostenibilidad de las inversiones. En la gestión 2010, se elaboró la Guía de Implementación del Enfoque de Equidad de Género en los Proyectos del Sector de Saneamiento Básico, instrumento que operativiza la transversal de equidad de género a través de métodos y técnicas que se adaptan al ciclo de los proyectos y del desarrollo comunitario, lo cual permitirá a actores públicos, privados y de la sociedad civil, involucrarse en las decisiones e implementación de la estrategia Social Sectorial en Bolivia. De esta manera se ha avanzado en la incorporación de la igualdad de género en el diseño de políticas sectoriales, programas y proyectos, superando la visión asistencial y paternalista que vulnera los derechos de las mujeres y las reduce a sus roles de madre, esposa y ama de casa. Respecto al sector de agua y saneamiento, en los últimos años el país ha encarado una serie de programas orientados a conseguir una profunda reforma. A pesar de ello, aún persisten contrastes relevantes en el país: si bien la brecha entre zonas urbanas y rurales se ha reducido, todavía existe un elevado porcentaje de población sin cobertura en zonas rurales y en zonas periurbanas de algunas ciudades. El año 2012, el 78,9% de la población tenía conexión de agua potable en Bolivia. La brecha entre zonas urbanas y rurales se ha reducido considerablemente, gracias a un acelerado progreso en el área rural entre los años 2011 y 2012, explicado por la implementación del Programa “Mi Agua I”, que el año 2012 concluyó 500 de 629 proyectos con una inversión de 294 millones de Bs. en 190 municipios del país. En el área urbana, alrededor de 9 de cada 10 personas tienen acceso a agua potable, mientras que en el área rural aproximadamente 6 de cada 10 tienen acceso a este servicio. El acceso a saneamiento básico en zonas urbanas y rurales ha mejorado sus niveles de cobertura en los últimos 19 años. Para el 2012, el 49,8% de personas tenía acceso a saneamiento básico. La brecha
entre poblaciones urbanas y rurales prácticamente se ha mantenido debido a que en zonas rurales el avance ha sido más lento. En el área urbana, aproximadamente 6 de 10 personas tienen acceso a saneamiento básico, mientras que en el área rural 4 de cada 10 personas tienen acceso a este servicio. Por otro lado, la expansión constante de los nuevos asentamientos en zonas periurbanas concentran las bajas coberturas de saneamiento en área urbana. De acuerdo a los criterios señalados, el porcentaje de personas que utilizaba una fuente mejorada de agua para beber y cocinar en Bolivia en el año 2012 fue del 87%, lo que equivale a un incremento de más de 20 puntos porcentuales en las últimas dos décadas. Para el año 2012, el 63% de la población en Bolivia utilizaba una instalación mejorada de saneamiento. La brecha entre poblaciones urbanas y rurales ha aumentado; actualmente, 8 de cada 10 personas en el área urbana cuenta con saneamiento mejorado, mientras que apenas 3 de cada 10 personas en el área rural cuenta con este servicio. Por otro lado, la expansión constante de los nuevos asentamientos en zonas peri-urbanas concentran las bajas coberturas de saneamiento en área urbana. El Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico (PSD-SB) vigente hasta el 2015, tiene tres pilares:  El agua para la vida, como principio rector mediante el cual se reafirma el agua “como un derecho a la vida y los servicios básicos como derecho humano” y la “erradicación de la mercantilización del agua y prohibición de la privatización y las concesiones del agua y sus servicios”.  El rol protagónico del Estado como principal agente de las inversiones. El Estado asume el liderazgo de los procesos de Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica y Desarrollo Comunitario (DESCOM).  La Participación Social, que promueve el “fortalecimiento, apoyo y fomento a la articulación de sistemas comunitarios, cooperativas y a las organizaciones asociativas de sistemas comunitarios” además del “reconocimiento jurídico de los usos y costumbres”. 10. LA NIÑA Objetivo estratégico L.4. Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la formación profesional. La implementación del Bono Juancito Pinto, fruto de una decisión política, ha permitido incrementar el porcentaje de la tasa de asistencia escolar femenina a 83.45%, siendo la la tasa masculina de 83.63%. Al 2012, en términos de tasa de cobertura neta del nivel primario ha alcanzado el 82%. Para el 2011, más niñas terminaban la primaria, la implementación de este Bono ha permitido mejorar los indicadores de cobertura neta y tasa de término. Entre los años 2006 y 2012, los beneficiarios del bono Juancito Pinto aumentaron de 62% a 100% de niñas y niños cursantes de primaria. Para lograr la universalización de la educación primaria, es importante, además de incrementar las tasas de acceso a la escuela (cobertura), garantizar que las niñas y niños que ingresan al sistema educativo lo culminen. Entre 2006 y 2011, la tasa de término a 6º de primaria subió en 1,7 puntos porcentuales. Finalmente, es importante señalar los programas dirigidos a incentivar la demanda por educación, aplicados por municipios, instituciones no gubernamentales e instancias de la cooperación internacional, que tienen efectos favorables en eliminar las brechas de género. Dentro de estas acciones, se citan: el bono escolar impulsado por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, el Programa de Hospedaje Estudiantil en Familia de la Fundación Pueblo, el Programa de
“YachayWasis” (Casas del Saber) de Fe y Alegría y los Programas de Niña Trabajadora, Niña Indígena y Escuela Amiga por la Vida de UNICEF. Objetivo estratégico L.5. Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito de la salud y la nutrición. De acuerdo al Informe del Defensor del Pueblo (2012) seis de cada diez niños, niñas y adolescentes sufren necesidades básicas insatisfechas y cinco de cada diez viven por debajo de la línea de la pobreza. Cada año nacen en Bolivia 255 mil niños y niñas, pero ya en el primer mes mueren más de 7 mil y otros 7 mil no llegan a cumplir el primer año de vida, otros 70 mil sufren de desnutrición crónica, lo cual incrementa la posibilidad de que niños y niñas mueran antes de cumplir el mes de vida. El año 2011, la tasa de mortalidad de la niñez fue de 58 por mil nacidos vivos, lo que significa que de 274 mil nacimientos que ocurrieron hace 5 años, aproximadamente 16 mil niños/as murieron antes de cumplir los 5 años de edad. Entre las principales intervenciones del Estado para reducir la tasa de mortalidad infantil y de la niñez se encuentran: 
El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), cuyo número de prestaciones gratuitas para las mujeres embarazadas y los niños menores de cinco años alcanzó a 762 en septiembre de 2012, 592 son prestaciones ambulatorias y de internación, 110 son pruebas de laboratorios y 14 son servicios de los bancos de sangre. Programa Multisectorial Desnutrición (PMDC), que a partir de la gestión 2007 viene realizando diferentes acciones de fortalecimiento a los diferentes ministerios involucrados en la temática alimentaria nutricional (educación, justicia, medio ambiente y agua, salud, entre otros). Su ámbito de acción es nacional, poniendo énfasis en aquellos municipios que presentan un alto grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (VAM). Estrategias de la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud y Deportes (Lactancia Materna, Suplementación con micronutrientes, fortificación de alimentos, Alimentos complementarios, todas operativizadas a nivel local a través de las Unidades de Nutrición Integral), orientadas al abordaje de las determinantes sociales que afectan el estado alimentario nutricional de las personas, familias y comunidades, en el marco de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) extendidas a los 339 municipios del Estado Plurinacional de Bolivia. Bono Juana Azurduy, que incentiva a las madres a utilizar los servicios del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y del Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMDC).
El tema de nutrición es central en el desarrollo del país, por lo que se han venido implementado acciones que combaten la desnutrición en el periodo más importante de la vida de un ser humano, que comprende desde la concepción hasta la edad de dos años. Estas medidas se ven reflejadas en la reducción del porcentaje de población menor de tres años con desnutrición crónica de 41,7% en el año 1989 a 18,5% en el año 2012, siendo el área rural la más desfavorecida con 25,9% niños desnutridos en el año 2012. Se reforzó la alimentación y nutrición de los niños mediante el aumento de alimentación escolar complementaria, y en algunos casos con la provisión de transporte escolar por parte de los municipios. También, mediante convenios con Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, se efectuaron proyectos de mejoramiento en infraestructura y equipamiento de los establecimientos educativos. Objetivo estratégico L.6. Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las niñas que trabajan. En cumplimiento de la Constitución Política del Estado que en su artículo 61 establece la “erradicación de la explotación laboral y el trabajo forzoso de niñas, niños y adolescentes”, el Ministerio de Trabajo,
lidera las políticas destinadas a erradicar esta forma de trabajo que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se conformó un equipo interministerial con los Ministerios de: Justicia, Salud, Educación y Gobierno, para la elaboración del Plan Nacional 2014-2018, con el fin de atender de manera integral esta problemática. Las estrategias implementadas se orientan a niñas y niños, familias, maestros y maestras a través de capacitación técnica, sensibilización y prevención. Acciones más radicales permiten retirar a menores de 14 años especialmente de las peores formas de trabajo infantil. Así por ejemplo, 400 niñas y niños trabajadores menores de 14 años retiradas(os) del trabajo infantil en Santa Cruz - Plan 3000. Objetivo estratégico L.7. Erradicar la violencia contra las niñas. El tratamiento del abuso sexual en los ámbitos educativos se encuentra dentro de las sanciones previstas por el Código Penal y la Ley 2033 de Protección a las Víctimas de los Delitos Contra la Libertad Sexual. Sin embargo, el ejercicio de poder de maestros y maestras y el carácter vertical y autoritario de toda la estructura educativa, en oportunidades, impiden que se rompa el silencio, lo cual no permite que se visibilice esta problemática en su dimensión real, aunque el Artículo 110 de la Ley 2026 o Código del Niño, Niña y Adolescente, establece que todo profesional y funcionario/a tiene la obligación de denunciar. Hay que indicar, que desde el 2008 el Estado Plurinacional de Bolivia ha iniciado el proceso de reforma de este Código. En 2009 se han establecido los lineamientos generales para el Código del Niño, Niña y Adolescente que incorpora principalmente el tema de la interculturalidad, cuyo vacío se evidenciaba en el Código vigente. En 2010 se ha realizado el levantamiento de propuestas de instituciones en capitales de departamento y el 2011 en comunidades indígenas originarias campesinas. Este proceso, liderado por el Ministerio de Justicia concluyó en 2013 con la elaboración de la propuesta del Nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente que fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha generado, además, una propuesta base de Política Pública de la Niñez y Adolescencia, y el Plan Plurinacional de la Niñez y Adolescencia, trabajados con actores públicos y privados de las gobernaciones y municipios, con niñas, niños y adolescentes, quienes han participado activamente en la construcción de dicha Política, haciendo conocer sus necesidades, demandas y propuestas. La Política cuenta con 4 ejes: i) Eje de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, ii) Eje de promoción de una vida libre de violencia, iii) Eje de promoción de la participación y el protagonismo de niñas, niños y adolescentes, iv) Fortalecimiento institucional para la gestión pública enfocada en los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Asimismo este Ministerio ha generado una propuesta de Reglamento de apertura, funcionamiento y cierre de centros de acogida para niñas, niños y adolescentes, dirigido a fortalecer la restitución del Derecho a la Familia a través de los Centros de acogida dependientes de los Servicios Departamentales de Gestión Social. La Ley No. 214 del 28 de diciembre de 2011, declara el año 2012 como “Año de la no violencia contra la niñez y adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia”, en este marco se ha desarrollado acciones de concientización a través de talleres, campañas, cursos, y otras políticas de sensibilización para la erradicación de la violencia. Objetivo estratégico L.8. Fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, económica y política. El Decreto Supremo No. 0269 de fecha 26 de agosto de 2009, reglamenta la obtención gratuita del Certificado de nacimiento y la obtención de certificados duplicados a los beneficiarios y beneficiarias
del Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy y la extensión y renovación de cedulas de identidad a simple fotocopia de la misma. Decreto Supremo Nº 0011 del 19 de febrero de 2009 referido a la Presunción de Filiación. Ahora las mujeres madres podrán señalar al padre del niño o la niña para que lo reconozca. Si el varón lo niega, deberá ser él quien solicite un examen de ADN, en aplicación del artículo 65 de la Constitución Política del Estado. Hasta 2009, el 34% de niños y niñas de Bolivia tenían cédula de identidad y la desagregación por género indica que más niñas (35,4) accedieron a este derecho frente a 32,5 de niños. La Política Pública de la Niñez y Adolescencia (propuesta base), pone énfasis en la necesidad de promover la organización y participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes como actores políticos en la construcción del Vivir Bien, promoviendo entre sus políticas el empoderamiento de sus derechos, y su participación activa en el monitoreo de las políticas públicas. Objetivo estratégico L.9. Fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las niñas. El Decreto Supremo No. 496 que garantiza la inamovilidad de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. El Decreto Supremo No. 1212 de 1º de mayo del 2012 que otorga licencia de paternidad, por el tiempo de dos días de licencia en el objetivo de impulsar la responsabilidad familiar del padre al núcleo familiar en igualdad de condiciones. Por otra parte, el 25 de septiembre del 2013 se promulgó el D.S. N° 1741 que designa al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, como Autoridad Central en materia de Adopciones Internacionales, velando de esta manera los intereses superiores de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran viviendo en Centros de Acogida, sin poder ejercer el derecho a una familia, velando por su interés frente a intereses de lucro y otros. Asimismo la Política Pública de Niñez y Adolescencia promueve la adopción nacional y las familias sustitutas como alternativas para el ejercicio del Derecho a la Familia. Finalmente, se cuenta con una propuesta de Acuerdo Marco para los Organismos Intermediarios de Adopciones Internacionales, trabajada y consensuada por las áreas correspondientes del Ministerio de Justicia, puesta a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de velar por el interés superior de las niñas y niños.
TERCERA SECCIÓN: DATOS Y ESTADÍSTICAS a) ¿Se ha establecido un conjunto básico de indicadores nacionales para supervisar los progresos realizados en materia de igualdad entre los géneros? En caso afirmativo, proporcione los indicadores en un anexo. El Estado Plurinacional de Bolivia, través de diferentes fuentes de información, genera un conjunto básico de indicadores nacionales desagregados por sexo que permiten monitorear los avances en relación a la igualdad de género. Asimismo, esta información en muchos casos puede ser obtenida considerando la variable étnica y por área rural/urbana. Sin embargo, en el actual proceso de cambio se ha identificado como un desafío importante revisar los indicadores actuales para enriquecerlos o construir otros que reflejen los cambios que se pretende lograr, como el Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades, la despatriarcalización y el Vivir Bien, lo cual plantea desafíos no solo conceptuales y metodológicos sino también presupuestarios. El Instituto Nacional de Estadística INE, es la instancia que tiene la responsabilidad de recoger datos y construir estadística nacional, además de construir los indicadores en articulación con los diferentes sectores y en función de las convenciones que el Estado Plurinacional ha ratificado. Por otro lado, todos los sectores generan información a través de registros relacionados a la prestación de servicios que son de su competencia como el caso de Salud (Sistema Nacional de Información en Salud) y Educación (Sistema de Información Educativa). b) ¿Se ha iniciado la recogida y la compilación de datos sobre el Conjunto mínimo de indicadores de género, procesos aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2013? Del Conjunto mínimo de indicadores de género aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2013, que a la fecha son 52, el Estado Plurinacional de Bolivia genera 3615. Los indicadores que faltan generar son: 1, 2, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 37, 38, 40, 4616 . Las fuentes de información son el Censo Nacional de Población y Vivienda que se realiza cada 10 años, la Encuesta Permanente de Hogares, la ENDSA y sistemas de información de Educación y Salud que tienen base en registros administrativos. Describa los planes de mejora de la recogida y la compilación de datos relativos al género que se han desarrollado a escala nacional.
Instituto Nacional de Estadística 1. Promedio de horas dedicadas a tareas domésticas no remuneradas, por sexo 2. Promedio de horas dedicadas a tareas remuneradas y no remuneradas combinadas (volumen de trabajo total), por sexo 7. Porcentaje de empresas de propiedad de mujeres, por tamaño 9. Empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola total, por sexo 11. Proporción de población con acceso a crédito, por sexo 14. Proporción de empleados a tiempo parcial, por sexo 15. Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años que viven en el hogar con un hijo menor de 3 años o sin hijos, por sexo 16. Proporción de niños menores de 3 años a cargo de instituciones 24. Índice de paridad entre los géneros en la tasa de matriculación de los niveles primario, secundario y terciario 25. Porcentaje de mujeres graduadas en ciencias, ingeniería y en los ámbitos de la manufactura y la construcción a nivel terciario 26. Proporción de mujeres en personal docente universitario 27. Tasa neta de admisión en la educación primaria, por sexo 37. Prevalencia del tabaquismo entre las personas de 15 años o más, por sexo 38. Proporción de adultos obesos, por sexo 40. Acceso a tratamiento antirretroviral, por sexo 46. Porcentaje de mujeres policía
La Constitución Política del Estado, establece el reconocimiento y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos, que refleja la voluntad de los pueblos y el Estado Plurinacional como garante de los mismos para avanzar en el ejercicio de estos derechos constitucionalizados. En ese marco y con el objetivo de contar con información para la generación de nuevas políticas públicas en materia de derechos humanos, y dar cumplimiento a recomendaciones emitidas por los diferentes compromisos internacionales contraídos por el Estado, se inició el 2012 el proceso de construcción de indicadores de derechos humanos, en coordinación entre el Ministerio de Justicia el INE, el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos humanos-Bolivia (OACNUDH) y otras instancias públicas. Se priorizo el desarrollo de indicadores relacionados con seis derechos humanos: alimentación, salud, trabajo, vivienda, educación y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, definiendo indicadores estructurales, de proceso y de resultado. En todos los indicadores se ha considerado la CEDAW y en el de derecho a una vida libre de violencia la Convención contra toda forma de discriminación y la plataforma de Beijing. Se cuenta con un total de 77 indicadores relacionados a los atributos que hacen al derecho a la salud sexual y reproductiva, la violencia de pareja o familiar, violencia en espacios institucionales, trata y trafico, violencia en situaciones de emergencia (naturales, sociales y políticos), además de otros 15 indicadores en el ámbito del derecho a la salud (indicadores sobre derechos humanos en salud). 17 La información utilizada en la generación de estadísticas proviene de censos, encuestas y de los registros administrativos del sector público. Sin embargo, los esfuerzos por armonizar la información existente y contar con cifras oficiales al momento enfrenta dificultades como la dispersión y pocos niveles de desagregación, por lo que se ha promovido el fortalecimiento de registros administrativos a través de la conformación d los Comités Temáticos Técnicos, lo que ha permitido generar espacios de análisis y reconocimiento de la situación de los procesos y procedimientos estadísticos, incentivando la capacidad técnica de las instancias productoras de datos y la articulación de esfuerzos para la producción y difusión de estadísticas con enfoque de derechos humanos, proceso institucionalizado en los sectores y el INE18. Esta encuesta depende del Sector salud, Ministerio de Salud y en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, se recoge cada 5 años, actualmente se encuentra en preparación la ENDSA 2014. c) ¿Se ha iniciado la recogida y la compilación de datos sobre los nueve indicadores del uso de aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2013? (La lista de indicadores figura en la Parte III.) En relación a los nueve indicadores del uso de violencia contra la mujer aprobados por la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidad en 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia genera 7 de ellos, (del 1 al 7), bajo las siguientes características19: Indicadores que no cuentan con la característica de gravedad de los actos de violencia (1 al 4)
Proceso de Construcción de indicadores de Derechos Humanos en Bolivia, Ministerio de Justicia-INE,2013 Instituto Nacional de Estadística 19 Instituto Nacional de Estadística 18
1. Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia física en los 12 últimos meses, por gravedad de los actos de violencia, por relación con el autor de esos actos y por frecuencia 2. Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia física a lo largo de su vida, por gravedad de los actos de violencia, por relación con el autor de esos actos y por frecuencia 3. Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia sexual en los 12 últimos meses, por gravedad de los actos de violencia, por relación con el autor de esos actos y por frecuencia 4. Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia sexual a lo largo de su vida, por gravedad de los actos de violencia, por relación con el autor de esos actos y por frecuencia Indicadores que recogen todos sus atributos (5 al 7) 5. Tasa general y por grupo de edad de mujeres que alguna vez han tenido pareja y se han visto sometidas a actos de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o ex pareja en los 12 últimos meses, por frecuencia 6. Tasa general y por grupo de edad de mujeres que alguna vez han tenido pareja y se han visto sometidas a actos de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o ex pareja a lo largo de su vida, por frecuencia 7. Tasa general y por grupo de edad de mujeres sometidas a actos de violencia psicológica por su pareja en los 12 últimos meses El año 2007 se establece una alianza estratégica entre el ente rector, el INE e instituciones no gubernamentales conformándose el Comité Técnico Estadístico de Violencia en Razón de Género a objeto de fortalecer los registros de las entidades prestadoras de servicios públicos y privados de atención a la violencia intrafamiliar. Sobre esta base, en el marco del Programa Nacional de Lucha contra la Violencia en Razón de Género del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y el Programa de Fortalecimiento de Registros Administrativos del INE, se ha implementado un Sistema Único de registros de violencia y protocolo de atención que mejora las diferentes fuentes de información a través de la reformulación de los procesos de producción de la información, unifica los registros administrativos y cualifica la atención. De esta manera se intentó superar los sub registros y la falta de estandarización de criterios a fin de obtener información confiable de las entidades prestadoras de servicios públicos y privados. La construcción participativa del Registro Único de Violencia Intrafamiliar, RUVI, y del Sistema de Información de Violencia Intrafamiliar, SIVIF, fue un salto cuantitativo y cualitativo, resultado del trabajo continuo de aplicación del Cuaderno de transferencia de datos de violencia doméstica y familiar, que permite evaluar los datos, recolección, validación, procesamiento y análisis de la información de 98 SLIM y cinco ONG20 que trabajan en diferentes municipios en el país.
Sayary Warmi de la ciudad de Sucre, Kusisqá Warmi y Sarariy Warmi de la ciudad de Oruro, Sartasin Warmi de El Alto y la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba.
Como resultado de este esfuerzo coordinado se generan tres publicaciones: Reportes de datos estadísticos sobre denuncias de violencia doméstica y familiar – Primero y Segundo y Mujeres y hombres de Bolivia en cifras, todas publicadas el año 2009. Una de las fuentes más importantes de información en salud y nutrición es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDSA 2008, en la cual se ha generado información para indicadores sobre violencia contra la mujer y contra el hombre. Además se genera una gama de indicadores entre los que están la salud materna-infantil incluida la vacunación y el nivel de anemia en mujeres y niños y niñas, así como mortalidad infantil y en la niñez, nutrición incluida lactancia materna, planificación familiar, fecundidad, ITS/VIH/SIDA, y características socioeconómicas de la población entrevistada. La información obtenida en la ENDSA21 2008 también permite estimar el nivel de mortalidad materna, si bien su estimación es bastante imprecisa por tratarse de un evento muy raro. Esta encuesta depende del Ministerio de Salud en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, se recoge cada 5 años, actualmente se encuentra en preparación la ENDSA 2014. Cabe reiterar que el actual proceso de cambio ha identificado como un desafío importante revisar los indicadores actuales para enriquecerlos o construir otros que reflejen los cambios que se pretende lograr, como el Plan Nacional Para la Igualdad de Oportunidades, la despatriarcalización y el Vivir Bien, lo cual plantea desafíos no solo conceptuales y metodológicos que no necesariamente estarán acordes a la compilación de indicadores de la Comisión. c) ¿Qué procesos se han llevado a cabo para recoger datos sobre la situación de grupos concretos de mujeres, como las mujeres rurales, las mujeres de edad, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres que viven con el VIH y el SIDA, y otros grupos? Descríbalos brevemente. Tal como se ha mencionado la ENDSA recoge datos de VIH y SIDA, el Censa Nacional de Población y Vivienda 2012 ha incorporado por primera vez preguntas que permitieron identificar a la población con dificultades permanentes, a nivel de las viviendas particulares, diferenciando por sexo y edad, respecto a las mujeres indígenas, el mismo Censo, permite identificar la población de acuerdo a su pertenencia a algún pueblo indígena: “Como boliviana o boliviano, pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano, Araona, Aymara, Ayoreo, Baure, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chipaya, Chiquitano, Esse Ejja, Guaraní, Guarasugwe, Guarayo, Itonama, Joaquiniano, Kallawaya, Leco, Machinerí, Maropa, Mojeño, Moré, Mosetén, Movima, Murato, Pacahuara, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Tsimane/Chiman, Urus, Weenayek, Yaminagua, Yampara, Yuki, Yuracaré, Yuracaré – Mojeño.”, con lo que además de la identificación de la lengua materna, con estos datos es posible conocer la situación de las mujeres indígenas. Estos datos, dan cuenta de la emergencia de las demandas de los pueblos indígenas que han sido identificadas.
Encuesta Nacional de Demografía y Salud.
CUARTA SECCIÓN: NUEVAS PRIORIDADES Al aplicar la Plataforma de Acción de Beijing, se identificaron prioridades de acción clave, enfrentando oportunidades y contratiempos con relación al fortalecimiento de la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres para el debate de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo después del 2015, priorizados por el Estado Boliviano en la construcción del Vivir Bien como ya se ha mencionado; a continuación se desarrollan estos elementos para la comprensión de las nuevas prioridades del Estado Boliviano. Enfoque de transformación social para la aplicación, de la declaración y plataforma de acción de Beijing Desde una mirada integral de transformación social para consolidar el nuevo Estado que está planteado fundamentalmente desde una ruptura epistemológica con el sistema capitalista-colonial-patriarcal; se recoge la memoria larga invisible y se construye participativamente desde y con, las mujeres y hombres oprimidos y excluidos (por edad, clase, etnia y género) y entendiendo que las mujeres son la mitad de cada pueblo; se ha roto la continuidad de estructuras políticas, sociales, económicas, culturales y de justicia social del sistema capitalista patriarcal, y se está promoviendo la construcción de una nueva vida, una nueva sociedad para Vivir Bien desde las mujeres, entre hombres y mujeres y en armonía con la naturaleza. Esto significa despatriarcalizar el Estado y la sociedad, desde la comunidad, implementando la metodología de los 5 campos de acción: los Cuerpos de la mujeres, los Espacios de las mujeres, las estructuras estatales, nuestros trabajos, los Tiempos; el Movimiento organizado de las mujeres, la Memoria de las mujeres es decir que la mirada y el horizonte de futuro, va más allá de la igualdad o equidad de género y el empoderamiento de la mujeres. Las prioridades clave para los siguientes cinco años en torno a generar un proceso despatriacalizador son:   
Elaborar políticas públicas de despatriarcalización, asignando recursos suficientes para su implementación en la perspectiva de avanzar en el proceso de construcción del Vivir Bien. Fortalecer la institucionalidad (rectoría de despatriarcalización) para desarrollar planes, políticas, programas y proyectos de despatriarcalización. Promover la articulación y coordinación intersectorial a nivel nacional y con entidades territoriales autónomas; a fin de transversalizar, realizar seguimiento y evaluación de la despatriarcalización, en los planes y políticas del Estado que deben incorporar un Plan intersectorial de despatriarcalización.
Prioridades y recomendaciones del Estado Plurinacional de Bolivia para fortalecer la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.El Estado Plurinacional de Bolivia ha considerado prioritario y un requisito indispensable para avanzar en una agenda post 2015, continuar con la transformación del actual modelo económico que genera pobreza, discriminación y subordinación; pues la erradicación de la pobreza, es el mayor desafío al que se enfrentan los pueblos del mundo en la actualidad. Construir propuestas desde y con los pueblos, que busquen la trasformación económica y social con base en el crecimiento económico centrado en la redistribución, la inclusión y la equidad a todos los niveles, incluyendo como un desafío la construcción de nuevas condiciones estructurales dirigidas a que las mujeres y las niñas Vivan Bien.
Los esfuerzos nacionales integrados e inclusivos a este respecto deben ser complementados por un entorno internacional favorable y una genuina cooperación internacional orientada a la ampliación de las oportunidades de los países hacia la realización de sus objetivos y metas establecidos desde su contexto y sus prioridades. Al respecto se recomienda que la agenda post 2015 se centre en el reconocimiento de que la situación de subordinación de las mujeres es producto del sistema capitalista patriarcal, por lo que todos los objetivos post 2015 debieran incorporar acciones orientadas a acabar con la opresión estructural en razón de género. Además se recomienda: 1.
Identificar las raíces estructurales de la pobreza en el sistema internacional, que están obstaculizando los esfuerzos de los países que buscan transformarse a sí mismos y luchar contra la pobreza. Reconocer y diseñar mecanismos (entre ellos de análisis y seguimiento de avances, de indicadores) que den cuenta del desmontaje de las relaciones patriarcales de poder, como un requisito imprescindible para alcanzar la igualdad entre las personas. Se insta a los países miembros a transversalizar, en los objetivos post 2015, los derechos culturales, sociales, políticos y colectivos de las mujeres y los pueblos indígena originario campesinos, Afrobolivianos e interculturales. Considerar que como parte de la reparación de la injusticia histórica, es fundamental realizar esfuerzos para mejorar las oportunidades y condiciones estructurales de la situación específica de las mujeres indígenas que viven una múltiple opresión (de edad, clase, etnia y género). Reflexionar con los países miembros de la Plataforma de Beijing, a reconocer que el orden financiero internacional es una de las principales fuentes de injusticia y desigualdad. Desnaturalizar la asignación desigual y jerarquizada del trabajo doméstico y del cuidado no asalariado, reconociendo que el trabajo doméstico y de cuidado realizado mayoritariamente por las mujeres, es fundamental para sostener la economía y reproducir la vida humana y de la naturaleza. Por tanto, se trata de cuestionar el sistema económico desde el trabajo no pagado como lo es el trabajo doméstico que cuida la vida, que las mujeres realizan cada día, sabiendo que se trata de girar el centro del sistema económico hacia la “reproducción de la vida”. Consideramos importante y sugerimos hacer una re - lectura de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde los aportes epistemológicos descolonizadores y despatriarcalizadores que se están construyendo desde el Estado Plurinacional y el Pueblo en Bolivia. Es importante entonces, reconocer y conocer los procesos de cambio estructurales que se están construyendo desde los movimientos sociales, indígena originario campesinos y movimientos de mujeres en búsqueda de mayor justicia social con base en el paradigma del Vivir Bien, como alternativa al modelo económico social del capitalismo.
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Informe "Bolivia - Cepal"