Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-494-de-septiembre-15-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204187f7f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 05:59:27
Document Index: 237997299

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 13', 'artículo 100', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 336', 'artículo 100', 'artículo 90', 'artículo 6', 'artículo 189', 'artículo 372', 'artículo 9', 'artículo 241', 'artículo 100']

﻿ SENTENCIA C-494 DE SEPTIEMBRE 15 DE 1998
SENTENCIA C-494 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLE EL "ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA" SUSCRITO EN SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., EL 9 DE JUNIO DE 1995", SALVO EL ARTÍCULO V DEL MISMO, ASÍ COMO LA EXPRESIÓN: " LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN ARTÍCULO V" DEL NUMERAL 1 Y LA TOTALIDAD DEL NUMERAL 7, AMBOS DEL ARTÍCULO VII DE ESE ACUERDO, LOS CUALES SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, ACUERDO INTERNACIONAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, INVERSIONISTA
Sentencia C-494 de septiembre 15 de 1998
Ref.: Expediente L.A.T. 117
Revisión constitucional de la Ley 437 del 17 de febrero de 1998 “por medio de la cual se aprueba el “acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el reino de España”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995”, así como del citado acuerdo.
Santafé de Bogotá, D.C., quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
El Gobierno Nacional, por conducto de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación, el día 17 de febrero de 1998, copia auténtica de la Ley 437 del 17 de febrero de 1998 “por medio de la cual se aprueba el “acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el reino de España”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C. el 9 de junio de 1995”.
Para los efectos del ejercicio del control de constitucionalidad, el magistrado ponente, mediante auto del 9 de marzo de 1998, avocó el conocimiento de los mismos actos y, luego de surtidos los trámites requeridos en la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991 para esta clase de procesos, la Corte Constitucional procede a pronunciarse sobre el particular.
Se incluye, a continuación, el texto de la Ley 437 de 1998, tomado del ejemplar cuya copia auténtica remitió el Gobierno:
“LEY NÚMERO 437 DE 1998
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino Unido de España.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad de la Ley 437, del 17 de febrero, de 1998 y del “acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995, y aprobado por esa misma ley.
La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, para la celebración de los mismos, fija la representación de los Estados en sus ministros de relaciones exteriores, en virtud de sus funciones y sin necesidad del otorgamiento de plenos poderes (art. 7º, num. 2º, lit. a).
Del estudio de los documentos que reposan en el expediente, en especial de la constancia suscrita por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, aportada mediante oficio del 19 de marzo del presente año, se desprende que el “acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España” fue suscrito por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Rodrigo Pardo García Peña, el día 9 de junio de 1995, siendo posteriormente objeto de aprobación ejecutiva por el Presidente de la República en ejercicio, doctor Ernesto Samper Pizano, el día 15 de septiembre de 1995, quien ordenó someterlo a la aprobación del Congreso de la República (fls. 185 y 186).
En consecuencia, la Sala observa que no existe reparo alguno frente a la situación relacionada con la facultad de representación legitima del Estado colombiano en la negociación y celebración del mencionado instrumento internacional.
2.1.2. Trámite legislativo para la formación de la Ley 437 de 1998.
Con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, las certificaciones remitidas a la Corte, los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa corporación para la expedición de la Ley 437 de 1998, fue el siguiente:
1. El día 8 de octubre de 1996, el Gobierno Nacional, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, presentó el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo en estudio, ante la secretaría general del Senado de la República, el cual fue radicado bajo el número 113 de 1996-Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 429 del 9 de octubre de 1996.
2. El primer debate del proyecto de ley se surtió ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, con base en la ponencia publicada en la Gaceta 540 del 28 de noviembre de 1996, y se aprobó por unanimidad, con los requisitos constitucionales y legales, el día 11 de diciembre de 1996, según consta en certificación del 8 de julio del presente año, expedida por el secretario general del Senado de la República, en respuesta al requerimiento realizado por el magistrado sustanciador, mediante auto para mejor proveer, de fecha 6 de julio de 1998.
3. Posteriormente, la plenaria del Senado de la República, con base en la ponencia publicada en la Gaceta 180 del 6 de junio de 1997, discutió y aprobó el proyecto de ley, el día 11 de junio de 1997, según consta en el acta 048 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 213 del 18 de junio de 1997, “con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios” según la certificación expedida por el secretario general de esa corporación, el 28 de abril de 1998.
4. Radicado el proyecto de ley en mención en la Cámara de Representantes, con el número 339 de 1997-Cámara, la Comisión Segunda Constitucional Permanente adelantó el primer debate, con base en la ponencia publicada en la Gaceta 335 del 22 agosto de 1997. El proyecto de ley fue aprobado en sesión ordinaria del día 20 de agosto de 1997 según consta en el acta 004 del 20 de agosto de 1997, en forma unánime y con el quórum requerido, según la certificación expedida por su secretario general, el 11 de marzo de 1998.
5. La publicación de la ponencia para segundo debate se efectuó en la Gaceta 419 del día 8 de octubre de 1997. La plenaria de la Cámara de Representantes discutió el proyecto de ley el día 14 de octubre de 1997, según consta en el acta 161 de la sesión celebrada en la misma fecha, y publicada en la Gaceta 533 del 15 de diciembre del mismo año, y lo aprobó por unanimidad, una vez registrado el quórum reglamentario.
6. El día 17 de febrero de 1998, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del acuerdo objeto de revisión, bajo el número 437 de 1998 y la remitió en esa misma fecha a la Corte Constitucional, dentro del término máximo de 6 días señalados para el efecto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta Política.
Así las cosas, la revisión material normativa de los 12 artículos que hacen parte del texto del acuerdo objeto de examen y de la ley que lo aprueba, se llevará a cabo mediante la presentación y estudio temático de sus preceptos, a fin de determinar su conformidad con la Constitución Política de 1991.
El acuerdo que es materia de revisión constitucional, como lo advirtió el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del presente proceso de constitucionalidad, “fue suscrito en atención a las necesidades de moderación industrial y tecnológica, y de mantener la política de apertura a la inversión extranjera, previstas en el plan nacional de desarrollo, en el cual se destaca la importancia primordial de esta clase de instrumentos”.
Propósito análogo, así como características de orden formal y similar contenido material, consagra el presente acuerdo con anteriores suscritos por Colombia con otros Estados, v.gr., Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Cuba y Perú, sobre promoción y protección de inversiones extranjeras, respecto de los cuales ya existe pronunciamiento constitucional de esta corporación, en las sentencias C-358 y C-379 de 1996 y C-008 de 1997, en el respectivo orden que se mencionan.
Lo anterior, toda vez que, como lo ha venido observado la Corte en dichos proveídos y como lo indica el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su actual intervención, para la elaboración de acuerdos de esa clase, la comunidad internacional ha venido empleando un modelo previamente diseñado, conocido bajo la sigla inglesa “BlT''s” (Bilateral Investment Treaties), contentivos de cláusulas “tipo”, orientadas a regular los distintos aspectos referidos a ese tema, en cuanto a: —la definición de la clase de inversiones y rentas de inversión protegidas, —la obligación de garantizar al inversionista del Estado consignatario un trato justo y equitativo no inferior que el concedido por la legislación interna a sus nacionales o a inversionistas de un tercer Estado, —la prohibición de generar tratos discriminatorios entre los inversionistas extranjeros y nacionales, —la protección de las inversiones limitando su expropiación a motivos de utilidad pública o interés social, relacionados con las necesidades internas de la parte, con la correspondiente compensación por la misma en forma real, oportuna y efectiva, —la libertad de transferencia de las inversiones y de las utilidades, —el señalamiento de mecanismos de resolución de las controversias, entre otros aspectos.
Al respecto, la Corte señala que dicha motivación, en nada contradice los propósitos consagrados constitucionalmente, a fin de garantizar un orden económico y social justo en el país, mediante la internacionalización de las relaciones económicas del Estado y su integración tanto económica, como social y política, con las demás naciones del mundo, en el entendido de que la actividad económica que se promueve redundará en una prosperidad general y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, gracias al impulso que la misma otorga al desarrollo económico y social nacional (preámbulo y arts. 2º, 226 y 227 de la Carta Política de 1991).
A dicho contenido normativo, le suceden una serie de definiciones sobre algunos de los términos que serán empleados en el texto del instrumento internacional, tales como: inversionistas, inversiones, rentas de inversión y territorio, que facilitan la interpretación y aplicación del acuerdo, en concordancia con lo propuesto y esperado por las partes (art. I.), cuyos alcances se sujetan a los mandatos superiores sobre soberanía, autodeterminación de los pueblos y reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (C.P., art. 9º).
2.2.3. Reglas de tratamiento a las inversiones (artículos II y lIl).
En este punto, la negociación versa sobre la promoción, admisión y protección de las inversiones; de manera que, las partes suscriben el compromiso de fomentar y facilitar en sus respectivos territorios, las inversiones provenientes de la otra parte, admitirlas, de conformidad con sus legislaciones e intercambiar la información que facilite el conocimiento de las condiciones y oportunidades para su realización, aclarando que la aplicación del acuerdo incluye a las inversiones efectuadas antes de su entrada en vigor, pero no rige para las controversias originadas en esa misma época (art. II). Así mismo, se consagra la obligación de las partes de brindar protección y seguridad, en su territorio, al trámite de las inversiones efectuadas por inversionistas de la otra parte, de no obstaculizarlas mediante medidas injustificadas y discriminatorias y a sujetar a las legislaciones de cada parte contratante, la expedición de las autorizaciones y permisos necesarios para realizar las inversiones, ejecutar los contratos laborales de licencia de fabricación, asistencia técnica, comercial, financiera y administrativa, reiterándose el deber de cumplir adecuadamente con estas obligaciones (art. lIl).
Sólo resulta necesario precisar que, en relación con la aplicación referida del acuerdo a las inversiones realizadas antes y después de su entrada en vigor, como la Corte lo ha manifestado, dicha disposición no contraría el ejercicio del derecho fundamental a la igualdad, ya que “(...) se trata de garantías otorgadas por los Estados a los inversionistas tanto para iniciar como para mantener la inversión y, además, en términos de seguridad, a idéntico riesgo está sometido el empresario antiguo como el nuevo, de donde resulta que la igualdad real consagrada en el artículo 13 de la Carta se realiza mejor con los términos acordados en la cláusula examinada que con una referencia tajante a las inversiones futuras”(1).
2.2.4. Tratamiento y condiciones más favorables (artículos IV y VlIl).
Las partes contratantes establecen, como presupuesto básico para la ejecución del acuerdo, que las inversiones y rendimientos de inversionistas de cada parte reciban un trato justo, equitativo de la otra, el cual no puede ser menos favorable que el otorgado por cada una de ellas en su territorio a las inversiones y rendimientos de inversionistas de cualquier tercer Estado o del otorgado a sus propios inversionistas. No obstante, dicho tratamiento no puede extenderse a los privilegios que alguna de las partes haya conferido a los inversionistas de terceros Estados, en virtud de su participación actual o futura en una unión aduanera, un mercado común o cualquier otro acuerdo internacional “que se relacione total o parcialmente con tributación” (art. IV). Igualmente, si de las disposiciones legales de una de las partes o de las obligaciones emanadas de instrumentos internacionales, resultare una reglamentación más favorable a los inversionistas de la otra parte, que el previsto en el presente acuerdo, ésta prevalecerá en su aplicación (art. VlIl).
“El principio del trato nacional está dirigido a colocar en condiciones de igualdad jurídica a las inversiones de extranjeros y nacionales. El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones nacionales. En cuanto a la cláusula de la nación más favorecida, esta corporación acoge la doctrina de la Corte Internacional de Justicia, en el asunto relativo a los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos (1952), oportunidad en la que estableció: “Las cláusulas de la nación más favorecida tienen por objeto establecer y mantener en todo tiempo la igualdad fundamental, sin discriminación entre todos los países interesados”. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación más favorecida hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del tratado que consagra la aludida cláusula”(2).
Igualmente, conviene destacar aquí la plena vigencia del mandato constitucional contenido en el artículo 100, referente a la interpretación del presente acuerdo, según el cual “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros (...).” Atribución constitucional legislativa sujeta para su legitimidad a la presencia de las circunstancias previstas por la Constitución, evento en el cual los extranjeros contarán con las debidas garantías que se consagran en el ordenamiento jurídico vigente.
Con respecto a la misma materia que es objeto de análisis constitucional, ya la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse. En efecto, en sentencia C-358 de 1996(3) dijo la corporación:
“1. Violación del artículo 58 de la Constitución. Para la Corte es claro, más allá de toda duda, que el artículo 6º del acuerdo que se revisa, es abiertamente opuesto al artículo 58 de la Constitución, por las razones que en seguida —y sintéticamente— se exponen:
1.1. Desconocimiento de una de las formas de expropiación consagrada en la disposición referida. En efecto: mientras el inciso 6º del artículo 58 de la Constitución establece que “...el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”, el artículo 6º del convenio que se examina, en su parte pertinente dispone:
b) Cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto equivalente, salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria por motivos de utilidad pública o interés social relacionadas con las necesidades internas de esa parte y con una compensación pronta. adecuada y efectiva”. (Subraya la Corte)
1.2. Y no se diga que por ser excepcional la potestad conferida por el Constituyente al legislador para determinar los casos en que por motivos de equidad procede la expropiación sin indemnización, la oposición entre ambas normas no tiene lugar. Porque lo que implica el literal b) del artículo 6º del convenio es la renuncia obligada, por parte del legislador a ejercer una facultad que el constituyente le asigna. El asunto que se debe tratar es, entonces, el de la razón por la cual no es jurídicamente válido ese compromiso.
Pudiera argüírse que la cláusula es válida, puesto que el legislador está sólo facultado (más no obligado) a determinar los casos en que, por motivos de equidad, puede haber expropiación sin indemnización, y precisamente a lo que lo compromete el convenio es a no ejercitar dicha potestad en ese caso (el de las inversiones británicas en Colombia).
Dice Artistóteles: “Donde el legislador no puede hacer distinciones demasiado exquisitas, ya que siempre debe hablar en términos generales, el hombre que soporta las cosas fácilmente y se contenta con lo que el legislador, si hubiera podido discriminar los casos concretos, le hubiera asignado, este tal es un hombre equitativo. No es en realidad el que siempre abandona sus justas pretensiones; no puede él renunciar a lo que es esencialmente justo, sino sólo a las pretensiones legales, que el legislador se vio a la fuerza obligado a no especificar más” (“Gran Ética”, libro segundo, capítulo 1).
Es que obligarse, a priori, el legislador a cerrar los ojos y abstenerse de juzgar si resulta o no equitativa la expropiación en ciertos casos, con el objeto de hacer más provocativas las inversiones extranjeras, en detrimento de los inversionistas nacionales y de los extranjeros distintos a los expresamente favorecidos, es algo que mal puede avenirse con la filosofía de una Carta que desde su artículo 2º asigna, como fin esencial de las autoridades de la República, el de “....asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” (Subraya la Corte).
1.3. De otra parte, se aduce que el artículo 21-2 del Pacto de San José de Costa Rica, vinculante para Colombia, establece claramente la obligación de compensar la expropiación mediante el pago de una indemnización justa, en los siguientes términos: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social en los casos y según las formas establecidas por la ley”.
A propósito de lo anteriormente dicho, resulta ilustrativo, de nuevo, citar a Aristóteles quien, al discurrir sobre este tipo de justicia, escribe en el libro V, capítulo 4, de la Ética Nicomaquea: “Los nombres de pérdidas y provecho, de que nos hemos servido, proceden del lenguaje de las transacciones voluntarias. Se dice que una persona obtiene un provecho cuando tiene más de lo que se debe; que experimenta una pérdida cuando tiene menos de lo que tenía antes; por ejemplo, en las ventas, las compras y todas las transacciones en que la ley deja plena libertad. En cambio, cuando no se obtiene ni más ni menos de lo que se tenía, y la equidad se ha tenido en cuenta (subraya la Corte), se dice que cada uno tiene lo que le corresponde y que no hay allí ni pérdida ni provecho. De esta manera, lo justo se halla a igual distancia del provecho y de la pérdida, en lo que concierne a las transacciones no voluntarias, y resulta de ello que cada uno tiene tanto antes como después”.
1.4. Pero, aún aceptando, sólo en gracia de discusión, que el artículo 58 (inciso 6º) contradice lo dispuesto en el Pacto de San José, tal circunstancia no purgaría el vicio de inconstitucionalidad advertido en el artículo 6º del convenio, en la parte que se ha venido analizando. Es que la tarea de la Corte, en casos como el presente, consiste únicamente en verificar si las normas del tratado, que aún no rige, se ajustan o no a los preceptos constitucionales, con el fin de evitar que surjan conflictos ulteriores entre el deber del Estado colombiano de cumplir lealmente los tratados válidamente celebrados, y el deber del gobierno de cumplir y hacer cumplir los mandatos del constituyente.
La Constitución de 1886 nada decía al respecto y, a la luz de sus normas, en especial las consagradas en el artículo 30, bien habría podido sostenerse que la ley mediante la cual se definían los motivos de utilidad pública o interés social y la decisión que en concreto adoptara el Congreso en torno a una cierta expropiación sin indemnización podían ser objeto de controversia judicial durante la cual se pusiera en tela de juicio la validez de los motivos y razones invocados frente a la normatividad superior, si bien aun entonces habría sido muy discutible la prosperidad de la acción, pues las determinaciones sobre inexequibilidad o nulidad sobre la valoración legislativa de los aludidos elementos, habrían troperado con la indudable discrecionalidad del legislativo, inclusive bajo el texto consagrado en la reforma constitucional de 1936.
La referencia normativa es genérica y, por tanto, cobija tanto los cargos por inconstitucionalidad como los que pudieran invocarse pretendiendo la vulneración de preceptos legales de índole sustancial o procesal en lo referente al concepto de “equidad”.
“El nacional o compañía afectado tendrá derecho, de acuerdo con la ley de la parte contratante que adopta la medida pertinente, a una revisión pronta, por parte de una autoridad judicial u otra autoridad independiente de esa parte, de su caso y de la valoración de su inversión de acuerdo con los principios establecidos en los parágrafos 1º y 2º de éste artículo”.
En la argumentación expuesta anteriormente se hizo referencia, obiter dicta, al tratamiento discriminatorio que se derivaría de convalidar la restricción contenida en el literal b) (número 1) del artículo 6º del convenio. Es oportuno ahora hacer más explícitas dichas razones:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” (subraya la Corte).
Ahora bien, es indudable que de aceptarse como válida la restricción que se viene analizando, contenida en el convenio, se estaría avalando un trato diferente (discriminatorio), preferente para los nacionales y las empresas originarias del Estado que con Colombia suscribe el tratado y, consecuencialmente, más gravoso para las personas y empresas de otros países y, además, específicamente, para los nacionales colombianos.
Porque si se arguye que un nacional colombiano, que si puede ser expropiado en las condiciones previstas en el inciso 5º del artículo 58, puede reivindicar su derecho a la igualdad si resuelve invertir en el Reino Unido, puede ponerse de manifiesto una nueva y protuberante desigualdad: la que se establece entre los nacionales colombianos que tienen capacidad de invertir en la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los que no la tienen. La reciprocidad, pues, tan deseable como principio rector de los pactos internacionales, tiene operancia en un ámbito muy diferente a aquél en que opera el principio de igualdad y por esa poderosa razón tales principios no son intercambiables. Son si, plausibles, ambos, en las respectivas esferas que uno y otro están llamados a regir.
El argumento según el cual la discriminación en favor de los extranjeros se justifica por estar excluidos del ejercicio y control del poder público, esgrimido por los voceros oficiales en este proceso, no es válido, si se recuerda el diáfano texto del artículo 4º de la Constitución, a cuyo tenores “deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” (subraya la Corte). Evidentemente, de este principio no están excluidas las reglas del artículo 58 de la Constitución, particularmente las que hacen posible la expropiación sin indemnización por razones de equidad y por determinación del Congreso, sin distingo alguno por razones de nacionalidad, como se deja expuesto.
3. La prohibición absoluta. en el tratado, de establecer monopolios
Ha centrado la Corte su análisis, hasta ahora, en el literal b), 1, del artículo 6º del convenio, por considerar que en él radican las dificultades mayores y más paradigmáticas del examen de constitucionalidad.
Con más facilidad puede identificarse la transgresión implícita en el literal a) número 1 del mismo artículo 6º, referida al artículo 336 de la Constitución.
Que en un Estado social de derecho deba inhibirse el legislador de perseguir fines de interés público o de utilidad social, que el constituyente le señala, en aras del estimulo a la inversión extranjera, es algo que pugna con la esencia de esa forma de organización política, plasmada en la Carta de 1991. El literal en cuestión es, pues, abiertamente transgresor de la letra y el espíritu de la Constitución.
Juzga la Corte importante subrayar el hecho de que en el numeral 5º de la norma tantas veces citada, se sustraen de la protección de las partes las inversiones hechas por “personas involucradas en actividades criminales graves”. No es pertinente, a juicio de la Sala, distinguir, tratándose de conductas criminales, entre graves y leves para los fines perseguidos en el convenio. El sólo hecho de ser criminales, debe sustraerlas a cualquier tipo de protección derivada de un instrumento internacional”.
2.2.6. Compensación por perdidas (artículo VI).
Con base en esta regulación, se garantiza a los inversionistas de una de las partes contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones o rentas de inversión por situaciones relacionadas con guerra, conflictos armados, estado de emergencia nacional, rebelión motín u otras similares, ocurridos dentro del territorio de la otra parte contratante, el recibo a título de restitución, indemnización o compensación, de un trato no menos favorable que el concedido por ésta a los propios inversionistas o a los de cualquier tercer Estado. El pago que se realice conforme a este pacto, deberá ser pronto, adecuado, efectivo y libremente transferible, según el artículo VlIl del acuerdo.
La Corte estima pertinente declarar la conformidad con el ordenamiento superior de la disposición sub examine, por presentar una íntima relación con las reglas de tratamiento contenidas en los artículos IV y VlIl del acuerdo, ya analizadas y encontradas constitucionales, así como por presentar un claro desarrollo de los principios de trato nacional y de la cláusula de la nación más favorecida, debiéndose resaltar, una vez más, la vigencia que en su aplicación tienen los alcances del artículo 100 de la Constitución, antes mencionados.
Así mismo, cabe agregar que, según lo establecido por la jurisprudencia de esta corporación, consignada en la sentencia C-358 de 1996, la restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, de que trata el presente artículo, deberá efectuarse en los términos señalados en el artículo 90 de la Carta Política, referente a la responsabilidad patrimonial del Estado.
2.2.7. Transferencia (artículo VIl).
Las consideraciones expuestas en la sentencia e 1997 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero) son plenamente aplicables al caso en estudio, por lo cual se transcriben los segmentos pertinentes, como sustento de la decisión a adoptar en el presente fallo. En dicha providencia se dijo:
“11. El presente tratado garantiza la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión, tales como el capital invertido, las reinversiones, las ganancias que la inversión haya producido y el producto de la venta o liquidación de la inversión. Dichas transferencias habrán de realizarse sin demoras irrazonables ni restricciones de cambio, es decir, en moneda libremente convertible. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las limitaciones cambiarias que el artículo 6-3 del tratado autoriza a imponer, por tiempo limitado, de buena fe y sin discriminaciones, cuando quiera que alguna de las partes afronte dificultades graves en su balanza de pagos.
12. Al tenor del artículo 189-2 de la Constitución, al jefe del Estado le corresponde dirigir las relaciones internacionales mediante la celebración de tratados o convenios con otros Estados. Dicha función, sin embargo, no puede comprometer la competencia exclusiva, también de orden constitucional, que el artículo 372 del mismo ordenamiento y la ley marco correspondiente (L. 9ª/91) le otorga a la junta directiva del Banco de la República en materia de regulación de cambios y reservas internacionales.
Para la Corte el tratado respeta esas competencias del banco central pues le otorga a las partes la posibilidad de restringir temporalmente la repatriación de dineros relacionados con las inversiones protegidas por el tratado, cuando existan dificultades graves de la balanza de pagos, con lo cual se respeta la discrecionalidad con que cuenta la junta del banco emisor en la regulación y manejo de las reservas internacionales del país. De otro lado, si bien el presente tratado no excluyó de manera expresa los préstamos de la definición de las inversiones —a diferencia de los convenios suscritos con el Reino Unido y Cuba—, ello no significa que los flujos que se deriven de contratos internacionales de préstamo queden por fuera de la regulación sobre endeudamiento externo que expida la junta directiva del Banco de la República, ya que, conforme a la Carta, ésta es la autoridad cambiara del país. En tal entendido, la Corte considera que el artículo es exequible”.
Por consiguiente, la cláusula bajo estudio será declarada ajustada a la Constitución Política, salvo, en las partes que tiene que ver con la libre transferencia de los pagos relacionados con esas inversiones, por concepto de las “indemnizaciones previstas en el artículo V, y al porcentaje mínimo que de las mismas se garantiza para la libre transferencia, contenido en numeral 7º de este artículo VIl, pues ellas presentan una unidad de materia con las disposiciones del artículo V del acuerdo, sobre nacionalización y expropiación, que, como antes se señaló, contradice los ordenamientos superiores, según jurisprudencia de la corporación, debiendo ser declaradas inexequibles, en la parte resolutiva de esta providencia.
Mediante el artículo enunciado, las partes contratantes se obligan a aceptar que, cuando una parte o la entidad designada por ésta, haya otorgado cualquier garantía sobre riesgos no comerciales, en relación con una inversión efectuada por sus inversionistas en el territorio de la otra parte, ésta última aceptará la subrogación de aquella o de su entidad, en los derechos económicos del inversionista, desde el momento en que la primera parte o su entidad hayan realizado un primer pago con cargo a la garantía concedida. La mencionada figura hará posible que éstas se constituyan en beneficiarias directas de los pagos por compensación a favor del acreedor inversionista; sin embargo, se puntualiza que en lo atinente a derechos reales, la subrogación sólo se producirá previa autorización obtenido conforme a la legislación vigente de la parte donde se realizó la inversión.
Además, el mecanismo de la subrogación no interfiere con ninguna facultad del gobierno nacional relativa a la ejecución o cumplimiento del acuerdo, toda vez que esta figura sólo regula las relaciones del inversionista extranjero con su gobierno o con el organismo de derecho internacional que acuda al mecanismo de garantía correspondiente”(4).
En el segundo evento, se conviene un arreglo amistoso de las diferencias relativas a las inversiones, que de no prosperar a los seis meses de notificadas, a elección del inversionista, serán sometidas a: —los tribunales competentes del Estado parte receptor de la inversión, —el tribunal de arbitraje ad hoc establecido por el reglamento de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas para el derecho comercial internacional, —el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversión, Ciadi, —el mecanismo complementario del Ciadi para la administración de procedimientos de conciliación, arbitraje y comprobación de hechos en caso de que una de las partes no haya adherido al convenio.
En forma general los arbitrajes deben basar su dictamen de acuerdo con lo establecido en el acuerdo, o en otros acuerdos vigentes entre las partes contratantes y en los principios universalmente reconocidos en el derecho internacional, además las sentencias que ellos profieran serán definitivas y vinculantes para las partes en controversia, por lo que éstas se comprometen a ejecutarlas de acuerdo con su legislación nacional.
Además, vale la pena destacar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-442 de 199(sic) (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz) en virtud del examen de la Ley 267 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba el “convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros Estados”, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965”, encontró ajustado a la Carta el convenio que crea el citado centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, Ciadi, en donde se regulan los distintos procedimientos de arbitraje y conciliación; por lo tanto su incorporación al presente acuerdo, confirma la armonía de los artículos analizados, con el ordenamiento constitucional vigente.
2.2.10. Entrada en vigor, prórroga y denuncia (artículo Xll).
3. Decisión de constitucionalidad material del acuerdo de la referencia y de la Ley 437 del 17 de febrero de 1998, que lo aprueba.
Realizado el examen constitucional correspondiente, la Corte declarará exequible el acuerdo sub examine al encontrarlo conforme con la Constitución Política de 1991, salvo el artículo V del mismo, así como la expresión “las indemnizaciones previstas en el artículo V” del numeral 1º y la totalidad del numeral 7º, ambos del artículo VIl.
Respecto de la Ley 437 de 1998 que lo aprueba y ordena que rija a partir del perfeccionamiento del vínculo internacional, obtendrá un pronunciamiento de constitucionalidad en la parte resolutiva de esta providencia, como quiera que no desconoce los principios generales del derecho de los tratados, a los cuales deben someterse las relaciones exteriores del Estado colombiano, según lo dispone el artículo 9º de la ley fundamental, como tampoco los ordenamientos superiores contenidos en ésta.
1. Declarar exequible el “acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España” suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995”, salvo el artículo V del mismo, así como la expresión “las indemnizaciones previstas en el artículo V del numeral 1 y la totalidad del numeral 7, ambos del artículo Vll de ese acuerdo, los cuales se declaran inexequibles.
2. Declarar exequible la Ley 437 del 17 de febrero de 1998 por medio de la cual se aprueba el “acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, el Presidente de la República, al manifestar el consentimiento de Colombia en obligarse por el acuerdo, únicamente podrá ratificar las cláusulas del mismo que, según esta sentencia, se ajustan a la Constitución Política de 1991.
3. De acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia, los artículos IV y VlII del acuerdo bajo examen, quedan sujetos a las restricciones que el artículo 100 de la Constitución Política consagra para el ejercicio de los derechos de los extranjeros y sólo en este sentido podrá manifestar el Gobierno el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por el acuerdo sub examine.
(1) Sentencia C-358 de 1996, con ponencia de los doctores Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.
(3) M.P. Drs. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.