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Timestamp: 2016-09-28 03:23:01
Document Index: 363603914

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 139']

Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4ª, S 27-6-2012, rec. 65/2012
ROJ: SAN 2893:2012, ECLI: ES:AN:2012:2893
Pte: Martín Valero, Ana Isabel
El TSJ, con estimación del recurso de apelación, revoca la sentencia del Juzgado de instancia y, en su lugar, declara que es conforme a derecho la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se acordó el reintegro parcial de la ayuda concedida para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, correspondiente a la convocatoria del año 2005. Frente al criterio de la sentencia de instancia, la Sala ha declarado que el plazo de ejecución no resulta ajeno a la concesión de la subvención, dado que el beneficiario se compromete a la realización de la obra en un determinado plazo, que se incorpora a la resolución de concesión. Y que los plazos de ejecución se revelan como criterios determinantes de la concesión y otorgamiento de la subvención, razón por la que una eventual modificación de los mismos, comporta una modificación de las condiciones de otorgamiento, al margen del propio acuerdo de concesión. Ello determina un incumplimiento de las condiciones de la subvención, con entidad suficiente para dar lugar al reintegro por incumplimiento de aquellas.
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por el Abogado del Estado se interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado en fecha 23 de diciembre de 2011, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por diligencia de ordenación de fecha 19 de enero de 2012, con traslado del recurso a las demás partes para que pudieran formular oposición. SEGUNDO.- El Letrado de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en representación del Ayuntamiento de Herrera, presentó escrito en fecha 10 de febrero de 2012, formalizando su oposición al mencionado recurso, y solicitando la confirmación de la Sentencia apelada TERCERO.- Por providencia de fecha 23 de febrero de 2012 se tuvo por formalizada la oposición al recurso de apelación, acordándose elevar los autos junto con atento oficio remisorio a esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a fin de que resuelva la procedente. CUARTO.- Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 20 de junio de 2012, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El Abogado del Estado interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo num. 8 de fecha 18 de noviembre de 2012, que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) contra la resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 7 de abril de 2008, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, de fecha 10 de octubre de 2007, por la que se acordó el reintegro parcial de la ayuda concedida para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, correspondiente a la convocatoria del año 2005. SEGUNDO.- Los antecedentes fácticos relevantes para el análisis de la cuestión suscitada, que resultan del expediente administrativo, son los siguientes: La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Granada concedió al Ayuntamiento de Herrera, con fecha 22 de julio de 2005 un total de 100.477,00 euros, para la realización del proyecto "Construcción de 4 módulos de naves para la formación en el empleo", al amparo de lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el INEM en el ámbito de colaboración de las Corporaciones Locales.
El 16 de mayo de 2007 se inicia por esa Dirección Provincial procedimiento de reintegro, siendo el incumplimiento detectado la falta de justificación de las partidas de obra a la terminación del plazo de ejecución de los trabajos del PFEA2005, el 30/06/2006 (Orden TAS/3657/2003, de 22 de diciembre de 2003), según la visita realizada por el técnico correspondiente de la Dirección Provincial el 15 de diciembre de 2006.
Tras la preceptiva tramitación, el procedimiento de reintegro concluyó mediante resolución de la citada Dirección Provincial de fecha 10 de octubre de 2007, por la que se declara la obligación del Ayuntamiento de Herrera de reintegra la cantidad de 44.865,26 euros, correspondiendo 40.798,03 euros a principal y 4.067,23 euros a intereses de demora.
Interpuesto recurso de alzada contra ésta resolución, fue desestimado mediante resolución del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 7 de abril de 2008.
TERCERO.- La Sentencia de instancia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra esta última resolución, acogiendo la alegación del Ayuntamiento recurrente consistente en que el plazo de ejecución no es una condición esencial de la ayuda, por lo que si la subvención se destinó al fin principal para el que fue concedida y fue justificada, resulta improcedente su reintegro parcial. Argumenta que en el artículo 4 de la Orden de 26-10-1998, por la que se establecieron las bases para la concesión de la subvención, se prevé que puedan producirse causas excepcionales que justifiquen el retraso en la ejecución de las obras y servicios subvencionados. Asimismo, en el artículo 13 se contemplan los criterios a tener en cuenta para valorar la eficacia del programa público de empleo que en la misma se regula, sin que sea un criterio determinante la demora en el plazo de ejecución de las acciones subvencionadas.
Y señala que el Ayuntamiento demandante hasta en dos ocasiones aportó en vía administrativa la documentación que acreditaba las causas por las que se había producido el retraso en la ejecución de las obras subvencionadas, referidas a la existencia de una línea eléctrica en la parcela donde se iban a construir las cuatro naves destinadas a la formación en el empleo. Y aunque tal circunstancia pudiera haberse previsto con anterioridad al comienzo del plazo para la ejecución de las obras, sin embargo, debe considerarse que el Ayuntamiento de Herrera actuó prudentemente, y hasta que no le fue notificada la resolución de concesión de la mencionada subvención, no inició los trámites para modificar la ubicación de la referida línea eléctrica, pues no se deben comprometer fondos públicos sin la certeza de que las obras proyectadas van a ser finalmente financiadas. Incluso junto al escrito de demanda se han aportado documentos que acreditan que efectivamente se produjeron las referidas circunstancias que justifican el retraso en la ejecución de las obras.
CUARTO.- El Abogado del Estado opone en el recurso de apelación que la Sentencia olvida la propia dicción de la Orden en virtud de la cual se concedió la subvención, pues, por mucho que pudiera estar justificado el retraso en la realización de las obras, no es posible contravenir lo establecido en la norma que sirve de cobertura a la concesión. Y dicha Orden establece como uno de los requisitos que las obras y servicios a realizar se puedan ejecutar en su totalidad dentro del año natural del ejercicio presupuestario en que se produce la colaboración, salvo que concurran causas excepcionales, debidamente justificadas, que determinen la imposibilidad de ejecución en dicho plazo, en cuyo caso podrán ser aprobadas las obras y servicios que puedan quedar finalizadas dentro de los tres primeros meses del ejercicio presupuestario siguiente. El artículo 8 establece como uno de los elementos que necesariamente deben figurar dentro de la resolución administrativa de concesión "el tiempo de realización". El párrafo segundo del artículo 10 dispone que en casos de fuerza mayor o causas debidamente justificadas, que den lugar a retraso en el comienzo de la obra o servicio, los nuevos plazos de ejecución no podrán superar el señalado en la letra e) del número 1 del art. 4. Y finalmente, conforme al art. 12.3, el incumplimiento de lo establecido en la Orden podrá originar el reintegro, total o parcial, de las cantidades recibidas. En base a ello entiende que la realización de las obras en plazo es un elemento esencial, sin que pueda exceder del ejercicio presupuestario e, incluso en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, de los tres meses siguientes. Y dado que la sentencia no ha tenido en cuenta tales disposiciones, ha de ser revocada.
QUINTO.- El recurso ha de ser estimado, pues, frente al criterio de la Sentencia de instancia, esta Sala ha declarado que el plazo de ejecución no resulta ajeno a la concesión de la subvención, dado que el beneficiario se compromete a la realización de la obra en un determinado plazo, que se incorpora a la resolución de concesión. Y que los plazos de ejecución se revelan como criterios determinantes de la concesión y otorgamiento de la subvención, razón por la que una eventual modificación de los mismos, comporta una modificación de las condiciones de otorgamiento, al margen del propio acuerdo de concesión. Ello determina un incumplimiento de las condiciones de la subvención, con entidad suficiente para dar lugar al reintegro por incumplimiento de aquellas ( artículo 37.1 b) Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones). En este sentido, Sentencias de 29 de diciembre de 2010 ( apel. 106/2005) y 15 de febrero de 2012 (apel. 3/2012) entre otras. Ello resulta del artículo 4 de la Orden de 26 de octubre de 1998 (en la redacción dada por la Orden T de 22 de diciembre, bajo el título "Requisitos y criterios para la selección de las obras y servicios", establece que "1. Las obras y servicios a realizar, en base a la colaboración entre el Instituto Nacional de Empleo y las entidades solicitantes, deberán cumplir los siguientes requisitos:...e) Que las obras y servicios se puedan ejecutar en su totalidad dentro del año natural del ejercicio presupuestario en que se produce la colaboración, salvo que concurran causas excepcionales, debidamente justificadas, que determinen la imposibilidad de ejecución en dicho plazo, en cuyo caso podrán ser aprobadas las obras y servicios siempre que puedan quedar finalizadas dentro de los seis primeros meses del ejercicio presupuestario siguiente".
Asimismo, los artículos 6 y 8 de la Orden de 26 de octubre de 1998, hacen referencia a los plazos de inicio y finalización del proyecto, exigiendo que tanto la Memoria que ha de presentarse con la solicitud de ayuda como el Acuerdo de concesión expresen el plazo de ejecución.
Y el artículo 10 prevé que "La obra o servicio deberá iniciarse, salvo casos de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral competente, o causas debidamente justificadas, en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha inicio prevista en la resolución que concede la subvención. El comienzo de la obra o servicio se acreditará mediante certificación expedida, al efecto, por la entidad solicitante. Si transcurridos los plazos, la obra o servicio no ha comenzado, o no ha podido iniciarse por causa de fuerza mayor o causa debidamente justificada, el Director provincial del Instituto Nacional de Empleo podrá dictar resolución que deje sin efecto la anterior. En los casos de fuerza mayor o causas debidamente justificadas, que den lugar al retraso del comienzo de la obra o servicio, los nuevos plazos de ejecución no podrán superar el señalado en la letra e) del número 1 del artículo 4 de esta Orden".
SEXTO.- En consecuencia, verificado por el SPEE que el beneficiario de la ayuda no solo no llevó a cabo la ejecución dentro del plazo previsto (31 de diciembre de 2005), ni en el prorrogado (30 de junio de 2006), sino que en la fecha en que fue girada la visita de comprobación, el 15 de diciembre de 2006, el proyecto no había sido ejecutado en una parte importante, debe concluirse que no llegó a cumplir con la totalidad de las condiciones establecidas en el acuerdo de concesión, ejecutando solo parcialmente la obra. Tal conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que la causa del retraso pudiera estar justificada por la existencia de una línea eléctrica en la parcela donde se iban a construir las cuatro naves pues, como pone de manifiesto el Abogado del Estado, aún en este caso no podían superarse los plazos de ejecución establecidos en el art. 4.1 a) de la Orden de 28 de octubre de 1998, según establece expresamente su artículo 10.
SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, no procede hacer expresa imposición en costas. FALLO 1) ESTIMAR el recurso de apelación num. 65/2012 interpuesto por el ABOGADO DEL ESTADO contra la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo num. 8 de fecha 18 de noviembre de 2011, que se revoca. 2) DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE HERRERA (SEVILLA), contra la resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 7 de abril de 2008, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, de fecha 10 de octubre de 2007, por la que se acordó el reintegro parcial de la ayuda concedida para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social, correspondiente a la convocatoria del año 2005. Sin imposición en costas.
Así por esta nuestra Sentencia, testimonio de la cual será remitida en su momento a la oficina de origen, a los efectos legales, junto con el expediente -en su caso-, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION : Fue publicada la anterior sentencia en la forma acostumbrada. Madrid a Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079230042012100278