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Timestamp: 2019-06-18 09:40:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 46']

Tema 11 - Academia Gallego
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Este debate contiene 8 respuestas, tiene 3 mensajes y lo actualizó isahumi hace 6 meses.
08/02/2018 a las 10:38 #5007
En la página 10 donde habla del órgano ante el que se debe interponer el recurso de alzada, dice que el interesado puede interponer ante el propio órgano que va a resolver el recurso o puede presentarlo ante el órgano que ha dictado la resolución inicial. ¿El recurso del que habla es el potestativo de resolución?
10/02/2018 a las 10:12 #5030
Es admirable su interés por avanzar en el temario y abordar nuevos temas. Gracias por su entrega. Recuerde que también es importante (o quizás más importante) dominar muy bien todos los temas que ya se han visto en un proceso de continuidad. Hay dos recursos administrativos ordinarios: recurso de alzada y recurso potestativo de reposición (creo que usted se refiere a este cuando cita el desconocido recurso potestativo de resolución).
Vamos ya al recurso de alzada. Su propio nombre evoca a la idea de jerarquía. De hecho, a este recurso se le conoce como «de alzada o jerárquico» puesto que el órgano con competencia para resolverlo no es otro que el superior jerárquico de aquel que dictó el acto que mediante él se recurre. Es decir, es una herramienta en manos de la superioridad, por lo pronto, para que lleguen a su conocimiento el contenido de las resoluciones dictadas por el inferior, y después para fiscalizarlas, con posibilidades de anulación y de reforma que, de otro modo, no tendría.
Ahora bien, respondiendo a su concreta pregunta, el recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto o el órgano superior, es decir, el competente para resolverlo. El término «interponer» se utiliza, entonces, como sinónimo de «presentar». Quiere decirse que el órgano que dictó el acto actúa entonces como un simple receptor, como una oficina de registro de presentación de este concreto documento, sin perjuicio, obviamente, de que el recurrente pueda hacerlo ante cualquier otro de los previstos en el artículo 16.4 PACA.
A mayor abundamiento, si el recurrente opta por presentar el recurso ante el órgano que lo dictó cuenta con la desventaja de no saber, ab initio (perdón por el latinajo), la fecha en que éste tiene después entrada en el órgano competente para resolverlo. Habrá que estar para ello a que éste se lo comunique mediante la información a que hacer referencia el artículo 21.4 párrafo segundo (ya estudiado en el tema 9).
21/02/2018 a las 10:20 #5307
Buenos días Alberto soy Isabel comienzo con dudas respecto al tema 11:
Respecto a la ley 29 en el arte 23.3, me surge 3 cuestiones
1. ¿Se entiende x comparecer en propia defensa la no necesidad de abogado y procurador?
2. ¿Se entienden por empleados públicos inamovibles los funcionarios de carrera unicamente o también los interinos?
3. En el supuesto de separación de servicio el órgano competente para resolver ¿es unipersonal o colegiado?
Se que son muchas dudas para 3 líneas, pero gracias por atender las, un saludo.
22/02/2018 a las 21:48 #5360
Yo admiro su entrega. Gracias por su pregunta. Ha dado usted con un artículo que estuvo desde el origen, se suprimió en 2012 (ley 10/2012) y volvió en 2015 con la Ley 42/2015, y actualmente sigue vigente.
El artículo 29 regula la postulación en el orden contencioso-administrativo.
Respecto a la primera de sus preguntas, da usted en el clavo. En efecto, no es necesario ni abogado para defensa ni procurador para representación. El fundamento de esta idea es los conocimientos jurídicos que deben poseer todos los funcionarios públicos para defender sus derechos en el proceso contencioso. Aún así es posible que los funcionarios soliciten la asistencia de un abogado cuando lo requieran.
La segunda todavía no ha sido objeto de estudio, puedo adelantarle que la inamovilidad es una característica actualmente prevista exclusivamente a los «funcionarios de carrera».
Para la tercera, le remito al artículo 11.1.a)
Reciba mis saludos y mi reconocimiento a su esfuerzo. La función pública tendrá mucha suerte cuando usted forme parte de ella.
16/03/2018 a las 08:27 #5769
Buenos días Alberto, de nuevo Isabel:
Estoy intentado llevar para la proxima clase un entendimiento previo del procedimiento contencioso administrativo, pero no se si llego a entender bien el tema de los plazos, me explico.
Me aclaro con los plazos para interponer el recurso (son de 2meses salvo si el acto es presunto que es 6meses y con la excepcion para actuación por via de hecho que son 10 o 20 días si no hubo requerimiento previo).
La distinción comienza con a partir de cuándo se cuentan estos plazos, que dependerá si el recurso versa sobre una prestación concreta de la actuación (3meses desde reclamación), falta de actividad (1mes desde solicitud), via de hecho (10 dias desde requerimiento intimando la cesación) o litigios entre aapp (2meses para reclamción previa + 1mes sin atender).
Bien entonces, creo comprender:
-primero cuento los plazos de las reclamaciones/solicitudes previas al recurso, una vez agotados estos plazos comienzo a contar los plazos para interponerlo.
-segundo el plazo de deduccion de de demanda de 20 dias, se cuenta una vez interpuesto el recurso, por tanto ya dejamos atrás todo lo anterior puesto que se da una vez que el secretario judicial ha recibido el expediente y admite el recurso y lo traslada al demandante para deducir la demanda.
Es un resumen muy escueto pero espero haberme explicado para ver si estoy en lo correcto.
17/03/2018 a las 10:47 #5819
Lo primero que tengo que hacer es felicitarla por su capacidad de esfuerzo, agradecer su pregunta, su atención y su colaboración.
Ciertamente los plazos son importantes lo primero por la preclusión y, en lo que nos interesa, porque son preguntas típicas de pruebas de oposiciones. Así pues, hace bien en dominar este aspecto.
En todos los plazo hay que tener en cuenta que el MES DE AGOSTO es inhábil (art. 128)
El plazo de interposición del recurso contencioso administrativo es, como usted bien indica, de dos meses contra ACTOS EXPRESOS Y DISPOSICIONES, contados a partir de la notificación o publicación; contra ACTOS PRESUNTOS, el plazo es de seis meses, desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que el incumplimiento de este plazo -contra actos presuntos- no afecta a la admisión del recurso; piense que contra el acto presunto se podrá interponer recurso administrativo ordinario «en cualquier momento», y contra la resolución de ese recurso se podrá interponer contencioso-administrativo).
En el PROCESO DE LESIVIDAD, el plazo es de dos meses desde el día siguiente a la declaración de lesividad.
En el supuesto de la VÍA DE HECHO, hay dos posibilidades: la primera interponer el recurso c-a en el plazo de veinte días desde que la administración inició la actuación; la segunda, el interesado puede requerir a la administración para que cese y si la administración no cesa en diez días, el plazo de interposición será de diez días, contados desde el siguiente a la terminación de los primeros diez.
Si se hubiera interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se haya notificado la resolución expresa o deba entenderse desestimado (sin olvidar que sigue presente la obligación de resolver el recurso por parte de la administración, vía el artículo 21 de la ley 39/2015, ya estudiado)
En los LITIGIOS entre administraciones públicas, el plazo es dos meses «salvo ley». Ahora bien, en lugar de interponer directamente el recurso, la administración «podrá» requerir para que derogue, anule o rectifique (ver art. 22.2.a y 39.5 de la ley 39/2015), si utiliza esta vía, el plazo se computa desde el mes siguiente a la recepción del requerimiento.
En caso de INACTIVIDAD, hay dos supuesto impugnables: primero, que la administración no cumpla con las obligaciones de una disposición general, en este caso para poder interponer recurso c-a hay que reclamar previamente a la administración el cumplimiento de dicha obligación, y transcurridos tres meses desde el requerimiento se empieza a computar el plazo de interposición de c-a; segundo, que la administración no ejecute sus actos firmes, en este caso los interesados podrán solicitar su ejecución y, al mes de la petición, se empieza el cómputo del recurso contencioso-administrativo.
Con esto estaría visto la interposición del recurso. Ahora bien, esta interposición se traduce en un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o vía de hecho y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso (ver art. 45). Es decir, todavía no hemos entrado en el fondo de la cuestión. Esta cuestión se resolverá en la «demanda» que, como usted bien indica, habrá que deducirla (interponerla) en veinte días desde que recibamos el expediente administrativo (ver art 70 de la ley 39/2015) consecuencia del acuerdo del secretario judicial para que se entregue.
18/12/2018 a las 15:19 #8814
¿Qué opinas de esta pregunta y que contestarias?
¿Sería válida la constitución del pleno con la asistencia del alcalde-presidente por videoconferencia? Marque la correcta:
Han rectificado la respuesta que dan por buena y me ha costado la plaza.
18/12/2018 a las 18:32 #8815
El Ayuntamiento ha tenido mala suerte al no contar contigo. Es una piedra en tu carrera.
Sobre la pregunta a la que haces referencia, opino que la respuesta no es inmediata por aplicación normativa, por tanto, opino, que es una pregunta poco adecuada a un test de oposición para administrativos.
Sobre la respuesta, que antes de la videoconferencia tiene otra alternativa: la sustitución. Hay que tener en cuenta el párrafo segundo del apartado c) del punto 2 del artículo 46 de la ley 7/1985, que establece que para la válida constitución del pleno se requiere la «asistencia», en lo que aquí interesa, del presidente o quien legalmente le sustituya.
Dicho esto, y para mayor abundamiento (imposible en un examen), podemos tener en cuenta, por ejemplo, el dictamen 8/2001, del Consejo de Navarra, que emite el informe preceptivo en caso de revisión de oficio, al entender un acuerdo del pleno nulo por recaer en el alcalde-presidente causa de abstención. Pues bien, el Consejo dictamina que al darse en él causa de abstención y no haberse designado sustituto, entiende nulo el acuerdo ya que al votarse no contaba con el presidente (ya que debería haberse abstenido) o sustituto (que no se nombró) lo que provoca la falta de quorum y la nulidad de pleno derecho.
Sobre la videoconferencia, citar el Auto 5/2018 del Tribunal Constitucional, que entiende que la investidura (de Puigdemont) debe ser presencial y no por videoconferencia.
Con estos razonamientos, mi respuesta (sin examen de por medio y con uso de bases de datos, y sin saber la respuesta que han dado finalmente por válida), sería la b) NO.
Me alegraré un montón el día que cuentes con tu aprobado, que estoy seguro te mereces.
19/12/2018 a las 22:05 #8822
Buenas noches Alberto, perdona la hora.
En relación a tu respuesta, decirte que conteste el SI.
Se y sabía en el momento del examen que esta pregunta era ambigua y la contesté en este sentido en base a la potestad que el Pleno tiene para aprobar su propio reglamento y en la inexistencia concreta que impida el supuesto.
Me basé en la potestad autorganizativa del municipio y que el el R.O.F habla de asistencia a secas, y por supuesto tenía en mente el Ayhntamiento de Madrid que aprobó esta posibilidad en su reglamento.
La pregunta tiene miga.
El tribunal cambia el criterio del si al no, en base a la disposición 21 de la ley 40, que (corrígeme por favor si me equivoco) no provoca la prohibición del supuesto.