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Timestamp: 2018-02-20 04:14:34
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Matched Legal Cases: ['Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 39', 'artículo 9', 'e contrario']

Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre,por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General (Vigente hasta el 09 de Abril de 1999).
Vigencia desde 21 de Diciembre de 1978. Esta revisión vigente desde 21 de Diciembre de 1978 hasta 09 de Abril de 1999
Artículo 35 Clases de colegiados
Artículo 36 Incorporación
Artículo 38 Obligaciones de los colegiados
Artículo 39 Derechos de los colegiados
Artículo 40 Atribuciones de los colegiados
Artículo 42 Clasificación
Artículo 44 Competencias y recursos
CAPITULO IX. Tribunales de Honor
Artículo 45 Constitución y organización
Artículo 48 Rehabilitación
CAPITULO X. Del Consejo General
Artículo 50 Relación orgánica y sede
Artículo 64 Tramitación de trabajos
Artículo 65 Relaciones con otros profesionales
Artículo 66 Relaciones entre Colegios
Los Colegios Oficiales de Peritos Agrícolas, constituidos por Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de noviembre de 1947, y a los que por otra Orden del mismo Ministerio de 30 de septiembre de 1967 quedaron integrados los Ingenieros Técnicos Agrícolas, con lo que quedó modificada en la forma actual su denominación como Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas, y conforme a la Ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, serán las únicas Corporaciones de derecho público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
A partir de: 9 abril 1999
Artículo 1 redactado por el apartado 1.º del artículo 1 del R.D. 429/1999, 12 marzo, por el que se modifican los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General, aprobado por Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre («B.O.E.» 8 abril).
De acuerdo con el artículo 3,2, de la Ley, agruparán obligatoriamente a todos los Ingenieros Técnicos en especialidades Agrícolas y Peritos Agrícolas que ejerzan la profesión en cualquiera de sus modalidades, ya sea libremente o en Entidades privadas, y en toda actividad de la misma índole en que sea necesario estar en posesión del título, o siempre que dicha titulación fuera condición o mérito para desempeñarla.
b) Asesoramiento y cooperación, en materia de su competencia, con los Organismos del Estado regionales y provinciales, Administración de Justicia, Corporaciones Locales, Entidades o personas particulares y con los colegiados, y ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración relacionadas con los fines que les son propios.
f) Impulsar y contribuir al progreso de las técnicas propias de la profesión, al desarrollo de las labores científicas, culturales y sociales relacionadas con la agricultura y el establecimiento de cuantas normas tiendan a incrementar la eficacia de los colegiados en el desarrollo de sus fines.
k) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios necesarios.
n) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
ñ) Regular la aplicación de las tarifas de honorarios proponiendo bases, cuando no estuvieran establecidas, para su fijación y reglamentación.
q) Visar toda clase de trabajos profesionales que realicen los colegiados y se ajusten a las normas establecidas, garantizando así la identidad de la firma del autor y la vigencia de su habilitación para el ejercicio profesional.
t) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y los Estatutos generales y particulares, así como las normas y decisiones adoptadas por los Organos colegiales, en materia de su competencia.
u) Formular los presupuestos y elevarlos al Consejo General para su conocimiento, así como el balance y la Memoria de actividades del ejercicio anterior.
a) Los Colegios serán preferentemente de ámbito regional, tendiendo a la agrupación de varias provincias en orden a un equilibrio armónico que facilite su mejor funcionamiento. Las normas para el ejercicio jurisdiccional de sus funciones y la delegación de las mismas se desarrollarán en los Reglamentos de régimen interior que se establezcan.
c) La fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución de los Colegios, será promovida por los propios Colegios o por el Consejo General. Este requerirá la aprobación por Decreto, previa audiencia de los demás colegiados.
Alicante, Almería, Andalucía Occidental (Sevilla, Cádiz y Huelva), Aragón (Zaragoza, Huesca y Teruel), Asturias, Badajoz, Baleares, Cáceres, Castilla La Vieja (Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora) Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona), Centro (Madrid, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia, Toledo, Avila, Soria y Albacete), Córdoba, Coruña (La) (La Coruña, Pontevedra y Orense), Granada, Jaén, León, Levante (Valencia y Castellón), Lugo Málaga, Murcia, Navarra (Navarra y Logroño), Palmas (Las), Santa Cruz de Tenerife, Santander, Vascongadas (Alava, Guipúzcoa y Vizcaya).
Sólo tendrán derecho a voz y voto quienes se encuentren en el disfrute de sus derechos y al corriente de sus obligaciones y estén incorporados físicamente a la Asamblea. A partir de: 9 abril 1999 Párrafo 2.º del artículo 9 redactado por el apartado 6.º del artículo 1 del R.D. 429/1999, 12 marzo, por el que se modifican los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General, aprobado por Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre («B.O.E.» 8 abril).
Por el Colegio se publicarán las vacantes, por lo menos, con un mes de antelación a la celebración de la Asamblea general ordinaria de: último trimestre del año en curso para conocimiento de los colegiados, y se dará un plazo mínimo de quince días hábiles para la presentación de candidatos a cubrir dichas vacantes, ante la Junta de Gobierno.
Deberán estar avaladas por la firma de cinco colegiados, como mínimo constando el previo compromiso escrito de prestar el juramento que marquen las normas vigentes.
La convocatoria se hará por escrito a todos y cada uno de los colegiados con diez días hábiles, como mínimo, antes de la fecha de la celebración de la Asamblea. Desde su recepción, los colegiados podrán ejercer su derecho de voto por escrito y dirigido al Presidente de la Mesa de elecciones, en cuyo interior irá otro sobre en blanco, normalizado y cerrado, conteniendo la papeleta de votación. Los que lo hicieran personalmente depositarán su voto ante la Mesa constituida. Todas las papeletas serán depositadas en una urna, precintada.
Si hubiera empate entre dos candidaturas se procederá a una segunda votación entre los presentes, y si persistiese decidirá el resultado votaciones sucesivas.
Transcurrido dicho plazo y no habiendo impugnación se constituirá la nueva Junta de Gobierno, dando cumplimiento a la Ley en lo estipulado en su artículo 7.º, 6.
Con carácter extraordinario se reunirá, cuantas veces sea necesario, convocada por el Presidente o a petición de tres miembros de la Junta.
Es obligatoria la asistencia de todos los miembros. La falta de asistencia no justificada a tres sesiones consecutivas se estimará como renuncia al cargo e incurrirá en sanción disciplinaria leve. La justificación de la falta de asistencia deberá hacerse por escrito, desde que se recibe la convocatoria hasta ocho días después de celebrada la Junta de Gobierno.
a) Ordinarios.- Serán los necesarios para el sostenimiento normal de su función, con arreglo a los presupuestos aprobados por la Asamblea general.
Para el sostenimiento del Consejo General los Colegios vendrán obligados inexcusablemente al pago de una aportación por cada colegiado censado, a excepción de los que, por norma o resolución de Junta, se encuentren dispensados a la cuota colegial. Dicha aportación será fijada por el Consejo General.
b) Por expulsión del Colegio, previo expediente disciplinario instruido por éste, quedando en dicho momento en suspenso como colegiado, hasta la decisión que sea tomada en Asamblea general, y todo ello en consonancia con lo prescrito en el capítulo VIII de estos Estatutos y de la Ley.
c) Por sentencia judicial firme de incapacidad o inhabilitación, o por sentencia del Tribunal de Honor.
e) Denunciar al Colegio a quienes ejerzan actos propios de la profesión sin poseer el título que para ello les faculte; a los que, aun teniéndolo, no estén colegiados y a los que siendo colegiados faltan a las obligaciones que como tales han contraído.
j) Cumplir con respecto a los Organos directivos del Colegio y del Consejo General y con los colegiados los deberes de disciplina, respeto y armonía profesionales.
Leves.- Faltas de asistencia o de delegación a las Asambleas generales u otras convocatorias del Colegio; incumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno, faltas de asistencia injustificadas a reuniones de la misma; desconsideraciones de escasa trascendencia a los compañeros; incorrecciones de poca trascendencia en la realización de trabajos e intervenciones profesionales; negligencia en el cumplimiento de los preceptos de estos Estatutos y de los Reglamentos que los amplían.
Graves.- La reiteración de las faltas leves; falta de asistencia injustificada al Consejo General; incumplimiento de acuerdos emanados de Asambleas generales del Colegio y del Consejo General; actos de desconsideración ofensiva hacia los componentes de la Junta de Gobierno y demás compañeros; encubrimiento del intrusismo profesional; realización de trabajos o intervenciones profesionales que por su índole atentan al prestigio profesional, o que su ejecución no cumpla las normas establecidas por las leyes o por el colegio.
Muy graves.- La reiteración de faltas graves, hechos constitutivos de delito que afecten al prestigio profesional; desconsideración ofensiva hacia los miembros del Consejo General en razón de su cargo.
b) Para las faltas graves: Amonestación pública, suspensión de derechos colegiales hasta un año, matizándose progresivamente los apartados del artículo 39 que se suspenden en el orden siguiente: b), c) (excepto visados), d), e), f), y a), y las excepciones al c). La suspensión del derecho a) no repercutirá en el desempeño de puestos al servicio de la Administración.
a) Se podrán establecer en los Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas Tribunales de Honor, para conocer y sancionar actos deshonrosos cometidos por los colegiados que les hagan desmerecer gravemente en el concepto público o vayan contra la ética y dignidad profesional.
c) El Tribunal estará integrado por siete colegiados, designados por sorteo entre los que figuran como más antiguos del censo colegial, y que no hayan sido objeto de sanción alguna en su Colegio o cualquier otro Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas. Los colegiados nombrados no podrán abstenerse, pero sí ser recusados por consanguinidad hasta un cuarto grado, amistad íntima o enemistad manifiesta con el inculpado. El Tribunal estará presidido por el más antiguo de los colegiados designados, actuando como Secretario el de más reciente colegiación de los mismos.
El Tribunal se reunirá a puerta cerrada en el domicilio del Colegio siendo obligatoria, bajo sanción grave, la asistencia de todos los miembros.
a) El Tribunal se constituirá dentro de los diez días siguientes a la designación de sus miembros; citará al inculpado, quien comparecerá personalmente o por representante, entregándosele pliego de cargos, que deberá contestar en término de diez días hábiles, aportando las pruebas que estime convenientes. Practicadas éstas y las que el Tribunal crea necesarias, se calificará el hecho, y se dictará resolución con arreglo a conciencia y honor. La resolución se adoptará por mayoría, en votación secreta, con asistencia de todos los miembros del Tribunal, sin que se autoricen abstenciones, y respecto al inculpado serán solamente de absolución o separación definitiva y total del Colegio.
b) Los trámites de rehabilitación seguirán los mismos cauces que los señalados para el enjuiciamiento y sanción.
El Consejo General es el máximo Organo representativo y coordinador de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus facultades. Tiene condición de Corporación de derecho público, gozando del rango y preeminencia que le corresponde a todos los efectos civiles y administrativos.
Se relacionará orgánicamente con la Administración a través del Ministerio de Agricultura, y su domicilio radicará en la capital de España.
- Comisión Permanente de Honorarios y Retribuciones. Entenderá en las disposiciones que fijan y regulen los honorarios y aranceles o tasas que pueden aplicar nuestros titulados como remuneración por realización de trabajos profesionales, informando de cualquier proyecto o sugerencia que reciba el Consejo o elaborándolos a instancia, del mismo.
12. Adoptar las medidas que estime convenientes para completar provisionalmente con los colegiados más antiguos las Juntas de Gobierno de los Colegios cuando se produzcan las vacantes de más de la mitad de los cargos de aquéllas. La Junta Provisional, así constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección, que se celebrará conforme a las disposiciones estatutarias.
El Consejo General se reunirá anualmente, en Pleno ordinario y en Pleno extraordinario, tantas veces como sea preciso, por convocatoria fehaciente del Presidente o a petición de tres Consejeros, como mínimo.
En los Plenos cada Consejero dispondrá de un voto, y los acuerdos se tomarán por la mayoría simple de votos, tal como se define en el artículo 9.º, de los Consejeros presentes salvo aquellas que por su trascendencia requieran mayoría absoluta o mayoría cualificada de la base colegial. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente del Consejo.
a) En trabajos de colaboración, la parte realizada por el colegiado deberá responsabilizarla con su firma y efectuar el correspondiente visado en su Colegio aplicándose las tarifas vigentes.
b) En aquellos casos en que, por la complejidad operativa, de organización u otra causa fuera difícil establecer la estimación de la colaboración eventual o permanente de los distintos profesionales que intervengan, el Colegio establecerá convenios sobre los derechos de visado con la Entidad o persona jurídica representativa de los mismos.
En caso de transcurrir más de un año en esta situación, el colegiado deberá darse de alta en el Colegio de residencia, pudiendo elegir entre traslado de colegiación o estar dado de alta en los dos Colegios y cumpliendo con la reglamentación de ambos; así como en el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de los mismos.
Los actos emanados de los Organos de los Colegios y del Consejo General, en cuanto estén sujetos al Derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los recursos corporativos contra los actos a que le refiere el artículo anterior son los de alzada contra los actos de los Organos de los Colegios, y reposición, contra los actos del Consejo General, previo al contencioso-administrativo, y con carácter extraordinario, el de revisión, los cuales se tramitarán de acuerdo con las disposiciones el capítulo II de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Son nulos de pleno derecho los actos de los Organos colegiales en que se den alguno de los siguientes supuestos:
Los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados con notoria incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los Organos colegiados.
Los acuerdos de suspensión deberán adoptarse en el plazo de cinco días por los Presidentes de los Colegios, en el de diez por el Presidente del Consejo General y en el de veinte por la Administración; estos dos últimos plazos a contar desde la fecha en que se tuviese conocimiento del acuerdo. Acordada la suspensión se remitirá seguidamente el expediente a la jurisdicción contenciosa para que resuelva sobre la legalidad del acto.