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Timestamp: 2019-01-20 01:17:39
Document Index: 54541202

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 17', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 31', 'artículo 178', 'artículo 165']

Admisibilidad jorge adolfo freytter romero y otros
INFORME No. 38/13
PETICIÓN 65-04
JORGE ADOLFO FREYTTER ROMERO Y OTROS
11 de julio de 20131
El 30 de enero de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición en la cual se alega la responsabilidad de la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “el Estado colombiano”) por la detención ilegal, desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Jorge Adolfo Freytter Romero (en adelante “la presunta víctima”) ocurrida entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en la ciudad de Barranquilla, así como la falta de esclarecimiento judicial de los hechos. De igual forma, se alegan violaciones al derecho a la integridad personal y de circulación y residencia en perjuicio de sus familiares2. La petición fue presentada por el señor Jorge Enrique Freytter Florián, hijo de la presunta víctima, y posteriormente, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (en adelante “los peticionarios”) se constituyó como peticionaria ante la CIDH.
Los peticionarios sostienen que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4, 5, 7, 8, 13, 17, 22 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) en relación con el artículo 1.1 del mismo Tratado y de los artículos I.b) y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “la Convención sobre Desaparición Forzada”), así como de los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Por su parte, el Estado sostiene que, por los hechos materia del reclamo, existen procesos pendientes en el fuero penal ordinario y bajo la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, por lo que considera que el reclamo es inadmisible en vista de que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna de conformidad con el artículo 46.1.a) de la Convención Americana.
Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión decidió declarar la petición admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 22 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, decidió declarar inadmisible la petición respecto de la presunta violación del artículo 17 de la Convención Americana, notificar el informe a las partes y ordenar su publicación en su informe anual a la Asamblea General de la OEA.
La Comisión recibió la petición y la registró bajo el número 65-04 y, tras efectuar un análisis preliminar, el 17 de agosto de 2005 la CIDH transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición para que presentara sus observaciones. La respuesta del Estado se recibió el 3 de enero de 2006 y fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones.
El 2 de abril de 2009, la CIDH solicitó a los peticionarios remitir información actualizada sobre el asunto. La respuesta de los peticionarios se recibió el 9 de octubre de 2009, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 13 de noviembre de 2009, el Estado solicitó una prórroga para presentar su respuesta, la cual fue otorgada. El Estado presentó su respuesta el 17 de diciembre de 2009, la cual fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones. El 13 de enero y 15 de octubre de 2010, la CIDH reiteró la solicitud de observaciones a los peticionarios. El 8 de febrero de 2011, los peticionarios presentaron su respuesta, la cual fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 17 de marzo, 18 de abril y 3 de junio de 2011, el Estado solicitó prórrogas para presentar su respuesta, las cuales fueron otorgadas. El 26 de julio de 2011, el Estado presentó su respuesta la cual fue trasladada a los peticionarios para su conocimiento.
Como antecedentes, los peticionarios señalan que Jorge Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico ubicada en la ciudad de Barranquilla, por aproximadamente 20 años, tiempo durante el cual habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical. Señalan que para el momento en que ocurrieron los hechos objeto de la presente denuncia, si bien él ya no se desempeñaba como docente, habría permanecido como “miembro activo” de varias organizaciones tales como la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), la Cooperativa de trabajadores, profesores y jubilados de la Universidad del Atlántico (COOTRAUDEA), y la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA). Destacan que para el mes de julio de 2001, se habrían realizado ciertos actos de protesta por la falta de pago de pensiones atrasadas por parte de la Universidad y agregan que, para esa época, la presunta víctima se encargaba de realizar gestiones administrativas en representación de ASOJUA.
Los peticionarios señalan que los hechos de la presente petición se enmarcarían en un contexto de persecución contra dirigentes estudiantiles, sindicalistas y profesores de la Universidad del Atlántico, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC – Bloque Norte) en el Departamento del Atlántico, grupo que para el momento de los hechos (2001), actuaría en connivencia con miembros de la Fuerza Pública pertenecientes al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Barranquilla. Sostienen que la desaparición y ejecución extrajudicial de la presunta víctima se habrían cometido en retaliación a sus actividades como dirigente sindical. En ese sentido, aducen que deben considerarse los elementos de contexto referidos, a los fines de establecer la naturaleza de las violaciones que se alegan y las circunstancias en las que habrían sido cometidas.
En cuanto a los hechos, los peticionarios alegan que el 28 de agosto de 2001, al mediodía y en momentos en que Jorge Freytter llegaba a su residencia ubicada en la ciudad de Barranquilla, fue retenido por un grupo de hombres “fuertemente armados”, quienes lo habrían introducido de forma violenta en un vehículo con rumbo desconocido. Alegan que luego de haber sido retenido, Jorge Freytter fue trasladado a una “bodega sin aire”, donde permaneció esposado y habría sido sometido a actos de tortura, hasta que finalmente falleció a causa de asfixia provocada por una “bolsa” que se habría utilizado para cubrir su cabeza.
De acuerdo a la información aportada por los peticionarios, se desprende que la alegada ejecución extrajudicial habría sido cometida por un agente estatal, y que este hecho correspondería a una práctica conforme a la cual la actuación de grupos armados ilegales en conjunto con miembros de la Fuerza Pública en el Departamento del Atlántico, se regía bajo un “acuerdo en [el] que en los operativos en que [agentes estatales] participaran [,] las personas tenían que ser ejecutadas”. Los peticionarios aducen que, tal como habría sido declarado por un ex miembro de las AUC implicado en los hechos, el lugar donde habría estado retenida la presunta víctima antes de su muerte, era un sitio destinado a este tipo de operativos donde se “guarda[ba] a la gente […] mientras se le sacaba la información”.
Los peticionarios señalan que el mismo día de la desaparición, los familiares de la presunta víctima pusieron en conocimiento de las autoridades los hechos ocurridos. Indican que presentaron una denuncia ante el GAULA del Departamento del Atlántico, a raíz de la cual funcionarios de dicho organismo se dirigieron a su residencia para indagar sobre lo ocurrido. Según relatan, las autoridades habrían iniciado un operativo de búsqueda por el sector y mantuvieron comunicación permanente con algunos miembros de la familia de la presunta víctima. Los peticionarios alegan que pese a que agentes del Estado tenían conocimiento del paradero de la presunta víctima, sus familiares no habrían contado con información oportuna sobre su ubicación. Señalan que el 29 de agosto de 2001, en horas de la madrugada, Jorge Freytter fue hallado sin vida con un impacto de bala y signos de tortura en una “cuneta” a la altura del kilómetro 12 de la vía Ciénaga – Barranquilla, corregimiento de Palermo, Departamento de Magdalena3.
En cuanto al esclarecimiento de los hechos, los peticionarios indican que el 29 de agosto de 2001 se inició una investigación en la jurisdicción penal ordinaria. Aducen que los familiares de la presunta víctima se constituyeron como parte civil dentro de dicho proceso penal y habrían rendido diversas declaraciones ante las autoridades competentes para contribuir con el esclarecimiento de los hechos. Arguyen que en la primera etapa de la investigación –aproximadamente durante los primeros cinco años desde que ésta fuera iniciada- se habría mantenido en fase preliminar sin que se adelantaran actuaciones pertinentes destinadas a lograr el esclarecimiento de los hechos. Destacan que, a pesar de existir indicios de la relación entre los hechos denunciados y el carácter de líder sindical de la presunta víctima, aunado a la situación de contexto descrita supra, desde el inicio del proceso se descartaron líneas investigativas que tuvieran especialmente en cuenta la participación de la presunta víctima en actividades relacionadas con la Universidad del Atlántico y su carácter de activista sindical.
Los peticionarios indican que con posterioridad se habría establecido la participación en los hechos de miembros del Bloque Norte de las AUC y agentes de la Policía Nacional y del Ejército adscritos al GAULA de Barranquilla. Señalan que existen sentencias de condena en contra de un ex miembro de las AUC (Carlos Arturo Cuartas, alias “Montería”) y de dos funcionarios estatales, proferida por el Juzgado Único Penal de Barranquilla en junio de 2010, respecto de la la cual señalan que no se encontraría firme ya que habría sido apelada y desde el 9 de agosto de 2010 se encontraría en conocimiento del Tribunal Superior de Barranquilla. Agregan que otros dos miembros de la Fuerza Pública habrían sido vinculados al proceso mediante decisión de 28 de mayo de 2008 de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, los peticionarios reiteran que en el presente caso, el proceso penal en la jurisdicción ordinaria no habría sido un recurso efectivo para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.
Alegan que por el tiempo que la investigación habría permanecido en fase preliminar, se dificultó la identificación de forma oportuna de otras personas involucradas y que algunas de éstas habrían fallecido o habrían sido extraditadas fuera de Colombia, sin que se pudieran establecer los distintos niveles de responsabilidad por su participación en los hechos objeto de la petición. Alegan por ejemplo que, pese a que se habría establecido la participación del Bloque Norte de las AUC en los hechos, el líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” habría sido extraditado a EEUU en el año 2008, sin que fuese vinculado a la investigación.
Los peticionarios alegan que en el marco del proceso penal interno tampoco habrían sido debidamente investigados ni sancionados los delitos de tortura y desaparición forzada del que alegan fue víctima el señor Jorge Freytter. Sostienen que ésta no habría sido una línea de investigación abordada por la Fiscalía de forma “autónoma” y que, pese a contar con acervo probatorio para establecer la comisión de dichos delitos, éstos tampoco fueron incluidos en la decisión de condena emitida por el Juzgado Único Penal de Barranquilla indicada supra. Así, aducen que estos hechos no habrían sido tratados en los términos requeridos por la Convención Americana ni por los instrumentos interamericanos relativos a la prevención y sanción de la tortura y sobre desaparición forzada4, lo que consideran configuraría un “factor estructural de impunidad” en el presente caso.
Adicionalmente, los peticionarios sostienen que tras la muerte del señor Jorge Freytter, sus familiares habrían sido víctimas de actos de hostigamiento y persecución por las acciones destinadas a la obtención de justicia. En particular, alegan que por las amenazas recibidas, dos de los hijos del señor Freytter, Jorge Freytter Franco y Jorge Freytter Florián, habrían tenido que desplazarse inicialmente dentro del territorio colombiano y finalmente solicitar asilo y trasladarse fuera del país como medida de aseguramiento a su vida e integridad personal. Alegan que estos hechos no fueron debidamente investigados y que el Estado falló en su deber de brindarles las garantías necesarias para que pudieran permanecer y transitar libremente dentro de su país. Agregan que tras la desaparición y posterior muerte de Jorge Freytter, aunado al alegado retardo injustificado en el esclarecimiento judicial de los hechos, los familiares de la presunta víctima “han padecido un profundo pesar y angustia”.
En cuanto al cumplimiento con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención Americana, los peticionarios alegan que resulta aplicable la excepción prevista en los artículos 46.2.c) relativa al retardo injustificado en la resolución de los recursos. Al respecto, los peticionarios alegan que transcurridos más de diez años de los hechos, no existiría una decisión definitiva en el proceso a nivel interno y aún no habrían sido superadas las deficiencias alegadas en la conducción de las investigaciones destinadas al esclarecimiento de los hechos de forma diligente.
En respuesta al reclamo presentado, el Estado sostiene que la petición no cumple con el requisito del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna ya que existen procesos iniciados a nivel interno que aún no han concluido, por lo que en virtud del carácter subsidiario del Sistema Interamericano, la petición debe ser declarada inadmisible.
De forma preliminar, el Estado sostiene que los alegatos de los peticionarios relacionados con el contexto en el cual se enmarcaría la ocurrencia de los hechos denunciados, no deben hacer parte del “objeto de la petición”, respecto a lo cual aduce que: i) no es posible atribuir responsabilidad internacional al Estado por la situación de contexto; ii) los elementos de contexto alegados en el presente asunto no han sido debidamente probados por los peticionarios, siendo éste un requisito de especial relevancia en casos como en el presente, en el que se alega que ha existido una tolerancia estatal frente a prácticas generalizadas de violaciones a los derechos humanos; y iii) tampoco ha sido probado el nexo causal entre los hechos denunciados y el alegado “contexto de violaciones a los derechos humanos de los profesores y sindicalistas de la Universidad del Atlántico”. Sobre este último punto, el Estado alega que, de acuerdo a la información recabada en el proceso a nivel interno, al momento de su muerte la presunta víctima no habría estado “vinculad[a] de manera activa [a] actividades de orden sindical”.
En cuanto a los hechos, el Estado indica que “el 28 de agosto de 2001, el señor Jorge Freytter fue retenido por cuatros sujetos armados [quienes lo obligaron] a subir a una camioneta […] con rumbo desconocido”5. Señala que ese mismo día, los organismos de seguridad tuvieron conocimiento de los hechos y de forma “inmediata, se dispusieron los operativos tendientes a lograr [su] ubicación y liberación”. Indica que, un día después, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la presunta víctima, la Fiscalía 37 de la Unidad de Especializada de Vida de Barranquilla ordenó la apertura de investigación previa, la cual fue posteriormente asignada a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolución de la Dirección Nacional de Fiscalías de 9 de octubre de 2001.
El Estado sostiene que la investigación penal es el recurso adecuado y efectivo que ha permitido lograr avances en la “determinación de la responsabilidad penal, individual y colectiva en la muerte de la presunta víctima”, por lo que alega que ha venido cumpliendo con su obligación de tratar estos hechos en los términos requeridos por la Convención. Sostiene que no es admisible el alegato de los peticionarios sobre el presunto retardo injustificado, puesto que deben ser considerados los criterios establecidos para determinar la “razonabilidad del plazo transcurrido”, cuestión que debe atender a la “dinámica propia” del asunto y no solamente al tiempo que ha durado el proceso a nivel interno.
Al respecto, el Estado señala que en el marco del proceso penal, se ha podido establecer la participación de “miembros de grupos al margen de la ley en connivencia con agentes del Estado”, circunstancia que reviste una “complejidad especial” y que habría dificultado la identificación e individualización de los autores de los hechos. No obstante, el Estado remite el detalle de la actuación procesal desplegada desde el inicio de la investigación en el año 2001, con base en la cual aduce que las autoridades internas han impulsado el proceso penal de forma diligente, lo que se demuestra por los importantes avances que se han producido y que han permitido lograr la identificación de los responsables, así como el juzgamiento y sanción a varias de las personas vinculadas a la investigación.
En ese sentido, señala que el 31 de diciembre de 2008 -tras acogerse a sentencia anticipada- Carlos Romero Cuartas fue condenado a 223 meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado. Asimismo, señala que el 18 de junio de 2010, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla condenó a 420 meses de prisión a un ex agente de la Policía Nacional y un miembro del Ejército como coautores de los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado. De igual forma, indica que dos ex agentes de la Policía Nacional se encuentran vinculados a la investigación como “persona[s] ausente[s] con orden de captura y medida de aseguramiento de detención preventiva vigente”. Agrega que el 8 de abril de 2011, Rodrigo Tovar (alias “Jorge 40 o PAPA TOVAR”), líder de las AUC, fue vinculado a la investigación en calidad de autor mediato por los delitos de secuestro y homicidio agravado.
Frente a los alegatos de los peticionarios sobre la falta de investigación y sanción de los responsables por los delitos de tortura y desaparición forzada, el Estado indica que por la naturaleza de estos delitos, “se adelantarán las correspondientes gestiones para que la Fiscalía siga adelantando el proceso respectivo e investigue a profundidad estos hechos”.
Adicionalmente, el Estado señala que el 16 de febrero de 2007, fue admitida la demanda de parte civil interpuesta por los peticionarios, en representación de los familiares de Jorge Freytter. Indica que si bien los familiares de la presunta víctima habrían tenido el “mecanismo disponible a nivel interno para [acceder a] la reparación”, no se han ejercido las facultades legales establecidas en virtud de la “personería jurídica” que les ha sido otorgada dentro del proceso, por lo que no sería procedente plantear este reclamo ante instancias internacionales.
Finalmente, señala que varios de los sindicados en el presente caso, se han postulado a la “[Ley 975, conocida como] Ley de Justicia y Paz”, y que éste es el mecanismo adecuado a través del cual el Estado viene dando cumplimiento a sus obligaciones en materia de verdad y justicia, y que permite ofrecer a los familiares de la presunta víctima, medios de reparación efectivos. En ese sentido, sostiene que el cumplimiento del requisito del plazo razonable también debe ser analizado teniendo en cuenta la naturaleza del proceso por los hechos de la presente petición.
Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de quienes el Estado colombiano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Colombia es un Estado parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 19 de enero de 1999 y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada desde el 4 de abril de 2005, fechas en que depositó su instrumento de ratificación, respectivamente. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ya se encontraban en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. La Comisión observa que la Convención sobre Desaparición Forzada entró en vigencia para Colombia el 4 de abril de 2005. Por lo tanto, la CIDH tiene competencia ratione temporis respecto de la obligación contemplada en su artículo I en virtud de la naturaleza continuada de la falta de esclarecimiento del delito de desaparición forzada6.
La Comisión tiene competencia ratione loci, por cuanto las violaciones alegadas habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana y las disposiciones aplicables de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El artículo 46.1.a) de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana. Por su parte, el artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando (i) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; (ii) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o (iii) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
Según establece el Reglamento de la Comisión, y lo expresado por la Corte Interamericana, toda vez que un Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario, tiene la carga de demostrar que los recursos que no han sido agotados resultan “adecuados” para subsanar la violación alegada, vale decir que la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida7.
En la presente petición el Estado alega que no se satisface el requisito del previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, dado que existen procesos pendientes en el fuero penal ordinario y bajo la aplicación de la Ley de Justicia y Paz sobre los hechos materia del reclamo; y que, por la complejidad del asunto y la actuación desplegada por las autoridades internas, no resultarían aplicables las excepciones contenidas en el artículo 46.2. Por su parte, los peticionarios alegan que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención en vista de que transcurridos más de diez años desde los hechos y el inicio de la investigación penal, no se habrían establecido de forma definitiva las responsabilidades penales correspondientes, ni se habrían investigado ni sancionado todos los delitos, específicamente respecto de la tortura y la desaparición forzada.
En vista de los alegatos de las partes, corresponde en primer término, aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados presenten la presente petición, a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano. La Comisión observa que el objeto de la presente petición se refiere a los hechos relacionados con la alegada desaparición forzada, torturas y muerte de Jorge Adolfo Freytter Romero y a aspectos relacionados con las investigaciones de las circunstancias en que tuvieron lugar dichos hechos. Los precedentes establecidos por la Comisión señalan que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal8 y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario.
La Comisión nota que por las alegadas violaciones materia del reclamo, en el que se alega que éstas habrían sido cometidas conjuntamente por miembros de grupos armados al margen de la ley y agentes de la Fuerza Pública; existiría una condena en el fuero penal ordinario contra un civil desmovilizado del Bloque Norte de las AUC por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado. Por su parte, el líder paramilitar Rodrigo Tovar (alias “Jorge 40”) habría sido vinculado a la investigación en el año 2011.
Asimismo, cuatro agentes del Estado habrían sido vinculados al proceso, de los cuales dos habrían sido condenados mediante decisión de 18 de junio de 2010 del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado. Esta decisión no estaría firme puesto que habría sido apelada en el año 2010. Según se desprende de la información contenida en el expediente, la resolución de acusación en contra de estas dos personas, proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, el 29 de mayo de 2009, consideró como circunstancia agravante del delito de homicidio, que éste fue cometido en contra de una persona que si bien “no gozaba de fuero sindical [al momento de su muerte], sí hacía parte de [una organización] en calidad de líder sindical”. Respecto de los otros dos agentes estatales involucrados, se habrían dictado medidas de aseguramiento y orden de captura en su contra, no obstante, éstos permanecerían como “personas ausentes” en el proceso. Asimismo, no se habría imputado responsabilidad jurídica por los delitos de tortura y desaparición forzada, conductas que se encuentran tipificadas en la legislación penal colombiana9.
De igual forma, algunos de los implicados en el proceso ordinario, estarían además siendo procesados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La CIDH no cuenta con información sobre quiénes serían las personas que se habrían acogido a dicha normativa y cuál sería el estado de las diligencias realizadas en virtud de su aplicación para el esclarecimiento de los hechos de la presente petición. En cuanto a la vinculación de Rodrigo Tovar al proceso, la Comisión tiene en cuenta que esta persona fue extraditada a los Estados Unidos de América en el año 200810.
La Comisión ha señalado que como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa11. La Comisión observa que, pese a que se habrían obtenido ciertos avances en atención a la actividad desplegada por la justicia ordinaria, la información aportada por ambas partes indica que la investigación destinada al esclarecimiento de los hechos continúa abierta, sin que se hayan establecido de forma plena todos los niveles de responsabilidad en la autoría material e intelectual por los hechos de la presente petición. Por lo tanto, dadas las características de la presente petición y el lapso transcurrido desde los hechos materia del reclamo, la Comisión considera que resultan aplicables las excepciones previstas en el artículo 46.2.c) de la Convención Americana respecto del retardo injustificado en el desarrollo de los procesos judiciales internos, y el requisito previsto en materia de agotamiento de recursos internos no resulta exigible.
La invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.
La Convención Americana establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. En el reclamo bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46.2.c) de la Convención Americana. Al respecto, el artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En el presente caso, la petición fue recibida el 30 de enero de 2004 y los hechos materia del reclamo se iniciaron entre el 28 y 29 de agosto de 2001 y sus efectos en términos de la alegada falta de resultados de la administración de justicia se extenderían hasta el presente. Por lo tanto, en vista del contexto y las características de la presente petición, así como el hecho de que los procesos penales se encuentran pendientes, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
Duplicación de procedimiento internacional
No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c) y 47.d) de la Convención.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que los alegatos de los peticionarios sobre el alcance de la presunta responsabilidad estatal respecto de los hechos materia del reclamo podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos contenidos en los artículos 4, 5 y 7 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Jorge Adolfo Freytter Romero.
La CIDH encuentra que corresponde establecer que los alegatos de los peticionarios respecto de las presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, circulación y residencia, y a la protección judicial, podrían caracterizar violaciones a los artículos 5, 8, 22 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de la presunta víctima. Asimismo, dada la naturaleza de las alegadas violaciones descritas en esta petición – lo que incluye la alegada desaparición forzada y tortura y su falta de esclarecimiento judicial- la Comisión considera que corresponde analizar en la etapa de fondo la posible responsabilidad del Estado por la presunta violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Si bien en el escrito inicial de petición, se alegó la violación del derecho a la protección a la familia, la Comisión considera que los peticionarios no han presentado elementos suficientes para establecer la caracterización de una posible violación al artículo 17 de la Convención Americana, por lo que corresponde declarar dicha pretensión como inadmisible.
Ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen a los peticionarios identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes.
En relación con la alegada desaparición forzada de la presunta víctima, la CIDH considera que los hechos podrían caracterizar violaciones al artículo 3 de la Convención en conexión con su artículo 1.1 y las disposiciones supra referidas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en virtud de la naturaleza continua de la alegada falta de esclarecimiento judicial de dicho delito12.
De igual forma, la CIDH considera que los alegatos referentes a la posible relación entre la alegada desaparición y ejecución extrajudicial de la presunta víctima y las actividades que ésta realizaba como activista sindical en la Universidad del Atlántico, así como la falta de esclarecimiento judicial sobre estos hechos, de ser probada, podría constituir una violación a los artículos 13 y 16 de la Convención Americana13.
Finalmente, en vista de los alegatos de los peticionarios respecto de la extradición del líder paramilitar Jorge 40, la Comisión también considerará en la etapa de fondo, el posible incumplimiento con las obligaciones establecidas en el artículo 2 de la Convención Americana con relación a la decisión sobre la extradición a la jurisdicción de un tercer Estado de uno de los posibles responsables de los hechos materia de la petición, quien habría estado a disposición de las autoridades judiciales vinculadas a la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz14 y la presunta afectación para la obtención de justicia por los hechos objeto de la presente petición.
La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 22 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana; los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y que éstos son admisibles, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Asimismo, concluye que corresponde declarar inadmisibles los reclamos respecto de la presunta violación del artículo 17 de la Convención Americana.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos.
Declarar admisible la presente petición con relación a los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 22 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana; los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Declarar inadmisible la presente petición con relación al artículo 17 de la Convención Americana
Notificar esta decisión al Estado colombiano y a los peticionarios
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 11 días del mes de julio de 2013. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Rosa María Ortiz, Segunda Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, de nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la decisión de la presente petición.
2 En la petición se señalan como presuntas víctimas a los siguientes familiares del señor Jorge Freytter: Mónica Patricia Florián Restrepo (esposa), Jorge Stalin Freytter Franco (hijo), Jorge Enrique Freytter Florián (hijo), Vanessa Del Carmen Freytter Florián (hija), Mónica Isabel Freytter Florián (hija) y Sebastián Adolfo Freytter Florián (hijo).
3 Agregan que previo a la ocurrencia de estos hechos, el 26 de julio de 2001, la presunta víctima habría sido “abordada” por funcionarios de la “SIJIN [Seccional de Policía Judicial e Investigación]”, y trasladada a las oficinas de dicho organismo donde habría permanecido retenido por varias horas, sin que existiera una orden judicial, y se le habrían hecho ciertas verificaciones a sus “datos judiciales”. Sostienen que estos hechos no habrían sido tenidos en cuenta por las autoridades encargadas de la investigación iniciada posteriormente por la muerte del señor Freytter. Aducen que si bien en el trámite del caso ante la CIDH, el Estado ha negado su ocurrencia (ver Infra III.B), este hecho habría sido establecido en el proceso penal a nivel interno a partir de la declaración rendida por la señora Mónica Florián, esposa de la presunta víctima, ante la Fiscalía General de la Nación.
4 En cuanto a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los peticionarios indican que las violaciones alegadas se refieren a la falta de investigación y sanción de estos hechos, a partir del 4 de abril de 2005, fecha en la que el Estado colombiano ratificó dicho instrumento.
5 Si bien el Estado no controvierte estos hechos, indica que conforme ha sido establecido por la Dirección General de la Policía Nacional, la presunta detención del señor Jorge Freytter por parte de funcionarios de la SIJIN el día 26 de julio de 2001, no habría tenido lugar, por lo que rechaza los alegatos de los peticionarios sobre este punto.
6 CIDH. Informe No. 65/09, Juan Carlos Flores Bedregal, 4 de agosto de 2009, párr. 45; e Informe No 72/07, Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes, 15 de octubre de 2007, párr. 44.
7 Artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión. Ver también Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 64.
8 CIDH, Informe No. 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 96 y 97. Ver también Informe No. 55/97, Caso 11.137, Abella y otros, párr. 392.
9 El delito de tortura se encuentra tipificado en el artículo 178 del Código Penal (expedido por la Ley 599 de 2000), y fue objeto de interpretación por parte de la Corte Constitucional en la decisión C-148/05 de 22 de febrero de 2005. Por su parte, el delito de desaparición forzada, se encuentra tipificado en el artículo 165 del referido Código Penal y también fue objeto de control constitucional en la sentencia C-317/02 de 2 de mayo de 2002.
10 Ver: CIDH. Comunicado de prensa 21/08 de 14 de mayo de 2008. Disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/21.08sp.htm
11 CIDH. Informe No. 151/11, Petición 1077-06, Admisibilidad, Luis Giován Laverde Moreno y Otros (Colombia), 2 de noviembre de 2011, párr. 28..
12 CIDH. Informe No. 72/07, Petición 319-01, Admisibilidad, Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes (Colombia), 15 de octubre de 2007, párr. 60.
13 Ver, mutatis mutandi, CIDH. Informe No. 71/08, Petición 1290-04, Admisibilidad, José Dutra da Costa (Brasil), 16 de octubre de 2008, párr. 47; Informe No. 73/08, Petición 1236-06, Admisibilidad, Gabriel Sales Pimenta (Brasil), 16 de octubre de 2008, párr. 36; y Corte IDH, Caso Fleury y otros vs. Haití, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 23 de noviembre de 2011. Series C No. 236, párrs. 99-102.
14 El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz” la cual entró en vigor tras la sanción presidencial del 22 de julio de 2005. Al revisar la constitucionalidad de esta norma, la Corte Constitucional estableció que los desmovilizados implicados en la comisión de crímenes relacionados con el conflicto armado que quieran obtener los beneficios establecidos por la Ley 975 tendrán que colaborar con la justicia a fin de que se logre el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Corte Constitucional, Expediente D-6032 - Sentencia C-370/06, fundamentos hechos públicos el 13 de julio de 2006. Cfr. CIDH Informe No. 70/09 José Rusbell Lara, párr. 41.