Source: http://jovenespt.blogspot.com/2011/01/la-costumbre-juridica.html
Timestamp: 2013-12-11 15:09:09
Document Index: 261942522

Matched Legal Cases: ['Artículo 51', 'Artículo 52', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 308', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 147', 'ARTÍCULO 196', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 105', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 1054', 'artículo 1089', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 2500', 'artículo 2500', 'artículo 36', 'artículo 36', 'Artículo 131', 'artículo 84', 'artículo 87', 'ARTÍCULO 42', 'artículo 42', 'artículo 9', 'artículo 123', 'Artículo 123', 'artículo 9', 'artículo 47', 'artículo 46', 'Artículo 123', 'artículo 784', 'artículo 11', 'Artículo 123', 'artículo 267', 'artículo 271', 'artículo 13', 'artículo 205', 'artículo 2225', 'artículo 77', 'artículo 47', 'ARTÍCULO 282', 'artículo 282', 'artículo 4', 'artículo 282', 'ARTÍCULO 2460', 'artículo 2460', 'artículo 267', 'artículo 21', 'artículo 1939', 'artículo 17', 'artículo\n123', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'artículo 373', 'ARTÍCULO 304', 'artículo 304', 'artículo 14', 'artículo 530', 'artículo 123', 'artículo 536', 'artículo 110', 'artículo 517', 'artículo 6', 'artículo 123', 'artículo 517', 'artículo 10', 'artículo\n91', 'artículo 4', 'artículo 873', 'artículo 123', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 419', 'artículo 26', 'ARTÍCULO 815', 'artículo 841', 'artículo 815', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 123', 'artículo 194', 'artículo 11', 'artículo 1916', 'artículo 1', 'artículo 426', 'artículo 52', 'artículo 103', 'artículo 104', 'artículo 134', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 14', 'artículo 632', 'artículo 80', 'artículo 2248', 'artículo 2', 'artículo 164', 'artículo 124', 'artículo 426', 'artículo 308', 'artículo 267', 'artículo 194', 'artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 123', 'artículo 123']

Spooki kids fans, Marilyn Manson. : Diferencia entre uso y costumbre jurídica.
"Marilyn Manson, el fenómeno". martes, 18 de enero de 2011
Diferencia entre uso y costumbre jurídica.
La costumbre jurídica, en términos simples, es aquella forma espontánea de creación de normas de conducta.
Podemos afirmar que es, en lo particular aquella regulación de la conducta que nace espontáneamente en un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo constituyen, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzosa por la autoridad salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional.
La costumbre en el conjunto de las normas del derecho positivo mexicano, no ocupa un lugar preferente en relación con la ley y los principios generales del derecho.
La formación de la costumbre en nuestro tiempo, dada la existencia de órganos específicos para el servicio de la función legislativa, será siempre tanto más extraordinaria cuanto mas activo y diligente sea el legislado. Sólo la pereza de este y el olvido consiguiente de su función característica puede dar ocasión hoy a la aparición de usos y costumbres.
Corrientemente, la costumbre es definida como un uso implantado por una colectividad. Ésta formula, constantemente repetida entre la comunidad de doctrinarios, deja mucho que desear. Aceptándola, se cierra el paso a la distinción entre usos y costumbres que es necesario establecer. La costumbre y el uso tienen elementos tan comunes que no es tarea fácil formular el concepto preciso de cada una de estas manifestaciones del fenómeno normativo.
Por costumbre ha de entenderse una norma de conducta creada en forma espontánea por una colectividad o un grupo social y aceptada voluntariamente por los individuos que la constituyen como rectora de determinadas relaciones (familiares, contractuales, etc.). La actividad acorde a la costumbre representa, frente a la situación de hecho o a una relación social, la reiteración de comportamiento observado por los miembros de una colectividad o grupo social ante hechos o relaciones iguales aquellos ante los que se encuentran.
Por lo general, la palabra costumbre es entendida corrientemente como expresión del derecho. No obstante debemos dejar bien claro que esta puede o no ser derecho. Lo es cuando el legislador la acepta como tal. Si el legislador mexicano, Por ejemplo, no hubiera dictado preceptos expresos (en la esfera del derecho civil y del derecho mercantil principalmente) en virtud de los cuales la costumbre es aplicable supletoriamente, en defecto de la ley, en aquellos caos en que está señalada como norma de esta naturaleza, no podríamos considerarla ni utilizarla como porción del derecho.
Lo que permite que la costumbre adquiera la calidad de norma jurídica no es la voluntad del grupo social que la ha formulado (que bien puede hacer la costumbre, pero no el derecho) si no la voluntad del órgano legislativo encargado de incorporar expresamente a las fuentes formales o legales del derecho positivo.
Para que la costumbre se convierta en derecho es condición necesaria que sea declarada por el legislador. Ahora bien, el reconocimiento de la costumbre por el poder público no tiene mas forma hábil que la expresa. Los tribunales carecen de la potestad de otorgarles éste reconocimiento por que ello equivaldría a conferirles un poder legislativo de igual rango que el que tiene el propio órgano legislativo, cuestión que resulta< absurda per se.
No se puede confundir, por lo tanto, la costumbre como norma de conducta voluntaria, con la costumbre como norma jurídica supletoria, que tiene la eficacia misma de la ley en los casos para los que resulta aplicable. Por si la anterior distinción resultare poco clara, debemos recordar que solo la costumbre jurídica supletoria es aplicable por la vía del proceso cuando el obligado no la cumple voluntariamente.
El derecho consuetudinario ha sido definido como la parte del derecho que nace espontáneamente de la conciencia colectiva fuera del canal de los poderes constitucional, legislativo y reglamentario. Para nosotros el derecho consuetudinario es el conjunto de las normas creadas espontáneamente por el cuerpo social a las que el órgano legislativo estatal concede la calidad de norma jurídica.
El derecho consuetudinario es una manifestación del derecho positivo. Sin olvidar que el derecho positivo tiene por principio la voluntad del legislador.
La costumbre fue considerada por la Escuela Histórica del Derecho (cuyos principales representantes son Lombrosso y Savigny) como la manifestación mas importante del mismo, pero en nuestros días se encuentra realmente subordinada a la ley. Por éste motivo es capaz de suplir la ausencia de ley pero nunca derogarla.
La ley es una manifestación del derecho más perfecta y segura que la costumbre. La actividad espontánea e irreflexiva como medio de producción del derecho no es equiparable por su perfección a la producción reflexiva, por las garantías que esta ofrece (certeza y seguridad jurídica principalmente).
Lo que distingue a la ley de la costumbre, señala René Dekkers, es el racionalismo. Pues mientras la costumbre es el fruto de una elaboración lenta, ocasional, empírica; la ley es la obra de la razón directa, inmediata, completa, premeditada constantemente corregida.
La confianza ciega en la capacidad de la comunidad como órgano de producción espontánea del derecho es una superstición propia de nuestro tiempo. “La sencillez de la vida en las sociedades primitivas permitía dejar a la costumbre la regulación de las relaciones entre los hombres, pero en una sociedad tan complicada como la actual, la legislación tiene necesariamente que confiarse a un órgano específico que cuente con los elementos precisos para elaborarla, aunque ésta deba tender a traducir en normas jurídicas las aspiraciones del pueblo para el que legisla, en relación con el derecho.”
La costumbre ha sido considerada como la fuente mas antigua del derecho. Esta tesis, generalmente admitida, puede ser inexacta. Sin embargo bien puede afirmarse que la costumbre es una manifestación muy antigua de lo normativo.
Quede bien claro el hecho de que aun cuando la costumbre debe ser reconocida por el derecho positivo para tener validez, es deber de éste último traducir el pensamiento jurídico popular. Por si esto fuera poco, recordemos que en un régimen democrático correctamente guiado, el derecho dictado por el poder legislativo no es menos popular que el surgido espontáneamente del pueblo ya que el órgano de la legislación es, principalmente, representativo de la voluntad nacional.
Los elementos de la costumbre, según la doctrina son la inveterata consuetudo y la oppinio iuris sei necessitatis. El primero de ellos, considerado elemento objetivo, representa la existencia de una larga práctica como origen de la costumbre. El segundo de ellos, o elemento subjetivo, se reconoce como la convicción del que se somete voluntariamente a ella de que está ajustando su conducta a una norma obligatoria.
Para que se de la serie de actos susceptibles de constituir la costumbre se precisa:
1) Que en ellos exista uniformidad, sin resultar posible de manera alguna que desemejantes, deducirse la realidad de una práctica cierta y capaz de servir de fundamento a una norma jurídica.
2) Que la repetición de actos sea constante y no interrumpida, por que solo de una serie de esta naturaleza puede deducirse la existencia de una norma de conducta, mientras que toda otra práctica que no revista tal carácter, no podría , por su condición transitoria, ser base de una regla de derecho.
3) Que la práctica constante y uniforme sea general, no ya en el sentido de un uso extendido para todo el territorio del estado o a toda una región, si no en el que dentro del ámbito mas o menos amplio en que impere la norma consuetudinaria tales actos sean realizados por la generalidad y no por algunos solamente .
Ahora bien, debemos mencionar, en este punto de nuestro estudio de la costumbre jurídica, la manera en que el derecho mexicano concibe tal figura. Dicho esto, los doctrinarios nacionales comúnmente clasifican tal fenómeno de la siguiente manera:
- Costumbre praeter legem. Es aquella que se refiere a una materia que no ha sido objeto de regulación por parte del legislador, y que, por dicha circunstancia, puede ser incorporada por éste al ordenamiento jurídico estatal.
- Costumbre contra legem. Es aquella cuyo contenido se encuentra en contra de una ley vigente
- Costumbre secundum legem. Es aquella que coincide en mayor o menor medida con la legislación vigente.
COSTUMBRE EN MATERIA PENAL
Poco podemos decir acerca de la costumbre en el derecho penal. Resulta evidente que se rige por el antiguo principio del Derecho Romano nullum crimen sine lege (No hay delito si no hay norma). Este principio del derecho penal emana directamente de nuestra carta magna. Sin embargo, habrá que hacer mención de algunos preceptos legales del orden penal Federal que contemplan su aplicación.
Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan.
Artículo 52.- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:
V.- La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;
Cabe mencionar que inclusive existe un Título especial dedicado a los delitos contra la moral pública y las Buenas costumbres
Debo señalar en este apartado, que si bien para la mayor parte del derecho la costumbre puede carecer de importancia o bien ser intrascendente, para el derecho mercantil es una fuente.
Nuestra legislación mercantil hace con referencias frecuentes a la aplicación de normas consuetudinarias. Así, el Código de Comercio vigente, establece esa aplicación en sus artículos 280 y 1132, fracción IV, que se refieren a la costumbre y en los artículos 304 y 333, que se refieren a los usos. Tales artículos son del tenor literal siguiente:
ARTICULO 280.- El comisionista debe desempeñar por sí los encargos que recibe, y no puede delegarlos sin estar autorizado para ello.
Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de su comisión, dependientes en operaciones subalternas, que, según costumbre, se confíen a éstos.
ARTICULO 304.- Salvo pacto en contrario, todo comisionista tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. En caso de no existir estipulación previa, el monto de la remuneración se regulará por el uso de la plaza donde se realice la comisión.
ARTICULO 333.- Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho á exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato, y en su defecto, a los usos de la plaza en que se constituyó el depósito.
ARTICULO 1132.- Todo magistrado, juez o secretario, se tendrá por forzosamente impedido para conocer en los casos siguientes:
IV. Siempre que entre el juez y alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto religioso o civil, sancionado y respetado por la costumbre;
Por otra parte, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que los actos y operaciones que regula se rigen, a falta de disposición expresa de la ley especial o general mercantil, por los usos bancarios y mercantiles (art 2ª fracc III). Así mismo hace referencia a los usos en sus artículos 1 y 308.
ARTÍCULO 1.- Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con estos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2º, cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título , y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil, de tales actos o contratos en los demás casos.
ARTÍCULO 2.- Los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior se rigen:
III.- Por los usos bancarios y mercantiles
ARTÍCULO 308.-Lla clausura de la cuenta para la liquidacion del saldo se opera cada seis meses, salvo pacto o uso en contrario. El crédito por el saldo, es un crédito líquido y exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente. Si el saldo es llevado a cuenta nueva, causa interés al tipo convenido para las otras remesas, y en caso contrario, al tipo legal.
La ley del mercado de Valores en su artículo 7º dispone que serán supletorias de las disposiciones de la misma los usos bursátiles y mercantiles.
ARTÍCULO 7.- La legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación de orden común, serán supletorios de la presente Ley, en el orden citado
Y por último, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos en sus artículos 147 y 196, habla de los usos de comercio y de usos mercantiles.
ARTÍCULO 147.- Si de acuerdo con lo establecido en esta ley se decidiera la ejecución del contrato, y el precio se hubiere fijado a plazo o plazos, el vendedor podrá exigir fianza.
El síndico podrá pagar el precio de una vez, obteniendo el descuento de pago al contado, expreso o implícito en el contrato, y en su defecto, según los usos de comercio; y a falta de ellos, de acuerdo con los dispuesto sobre pago anticipado.
ARTÍCULO 196.- El avalúo de los bienes ocupados se hará, en la medida de lo posible, simultáneamente con la formación del inventario que fijará el juez, incluido el inventario y que no podrá ser superior a dos meses.
La evaluación se hará de acuerdo a los usos mercantiles
Nuestra legislación, como vemos, emplea indistintamente los términos costumbre y usos mercantiles. Conviene pues, determinar si esas expresiones significan lo mismo. La doctrina distingue entre usos normativos y usos contractuales o interpretativos. Los primeros tienen una validez general, independientemente de la voluntad de las partes contratantes. Los usos contractuales o interpretativos, simplemente concretan o aclaran una declaración de voluntad determinada. Así pues el término costumbre tiene el mismo significado que usos normativos. En general, puede decirse que nuestra legislación mercantil, al referirse indistintamente a usos y costumbres, considera a estos términos como equivalentes.
En general, debe considerarse a la costumbre como fuente del derecho mercantil en México, cuando alguna norma mercantil establezca expresamente su aplicación a determinada materia o cuando se refiera a alguna materia no regulada por la ley mercantil.
En los demás casos en que la ley mercantil no establezca expresamente la aplicación de la costumbre y a falta de disposición expresa será aplicable el derecho común, tal como previene con toda claridad el artículo 2ª del Código de Comercio
ARTICULO 2.- A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenido en el Código Civil aplicable en materia federal.
Constituye excepción a ese sistema general de nuestra legislación mercantil en materia de aplicación de los usos comerciales, la regla contenida en el artículo 2º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En efecto, este precepto dispone que los actos y operaciones que regula dicha ley se rigen, a falta de disposición expresa de la legislación mercantil, por los usos bancarios y comerciales, antes que por el derecho común, que solo será aplicable cuando no exista precepto legal mercantil o usos. Igual sistema previene la Ley del Mercado de Valores en su artículo 7º.
En todo caso, no debemos admitir la aplicación de costumbres contrarias a disposiciones expresas de la ley, ni las que se funden en actos ilícitos u contrarios a los principios de orden público.
Desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, los usos mercantiles pueden clasificarse en nacionales y locales.
Por el ámbito material de su vigencia, podemos clasificar a los usos en: generales, propios de toda la actividad mercantil; y especiales, que se refieren a una clase particular de la actividad mercantil.
COSTUMBRE EN EL DERECHO INTERNACIONAL
En esta altura del tema, debemos mencionar al Derecho Internacional. Éste forma jurídica se basa en el criterio que todo derecho deriva su validez específica de nacer de cierta manera, la escuela positiva mantiene que las fuentes admisibles son las que se derivan del consentimiento de los Estados o derecho convencional. Los naturalistas sostienen que existe una fuente supersensorial de todo el derecho y el sólo la descubre.
• Los tratados: Son una fuente muy limitada de derecho internacional, por convenciones internacionales se entiende naturalmente los tratados o cualquier acuerdo.
• La costumbre: Durante largas etapas ha sido derecho consuetudinario. Los clásicos sostenían que bastaba con dos elementos constantes de la costumbre para discernir que tenía significancia jurídica, la inveterata consuetudo y la opinio juris seu necessitatis.
• La prueba de la costumbre: Es problemático llevar a la convicción de un tribunal internacional la existencia de una costumbre legal, existen dos concepciones dispares: A) La escuela histórica considera la costumbre como algo que evidencia una norma ya existente B) La de la mayoría que reitera que la costumbre es una norma jurídica nueva, que surge de la práctica.
• Los principios generales de derecho: El tribunal permanente de justicia internacional y sus jueces los han aplicado como parte integral del derecho internacional.
• Las decisiones judiciales: Son evidencia de reglas de derecho.
• La doctrina: Las tareas principales de la doctrina son: el análisis y la sistematización, la interpretación funcional y la crítica.
JOSEPH AGUILÓ Y LA COSTUMBRE JURÍDICA
En esta parte analizare lo que en México es la costumbre jurídica y lo que Aguiló entiende como tal.
Para Aguiló, la mas importante y distintiva característica del derecho es su dimensión constitutiva. Por dimensión constitutiva entiende la creación de resultados institucionales, es decir cambios en la realidad social. Sin embargo en el caso de la costumbre sucede que en un primer momento se da el cambio institucional y de manera posterior el derecho. De manera que primero acontece una modificación en la conducta de las personas y, tras la reiteración de dicha conducta y la creencia de que dicha conducta es de observancia necesaria en la comunidad, se establece una sanción al incumplimiento. Es de resaltar que tal sanción carece de cualquier fundamento de legalidad pues usualmente es aplicada por los mismos ciudadanos.
El derecho no crea realidades, las Normas constitutivas son un engaño y un artificio doctrinal que se emplea para tratar de establecer criterios clasificatorios de las normas. Lo que en realidad acontece es que la realidad se impone al derecho. Tal acontecimiento en nada resulta negativo para un sistema jurídico. Por el contrario, gracias a que la realidad suele adelantarse al derecho existe el dinamismo de este.
Al desarrollar el tema de la diferencia específica en las normas jurídicas, Aguiló caracteriza a la costumbre como una actividad normativa que incorpora ciertos modelos de conducta, un significante y jerarquía. Al cuestionarnos sobre la veracidad de la aseveración de Aguiló podemos notar que: A) la costumbre no contiene ningún tipo de actividad normativa, toda vez que este acontecimiento no tiene relevancia dentro del mundo del derecho mientras no sea reconocida por el legislador; B) es cierto que incorpora modelos de conducta, pero hay que aclarar que mientras su validez no sea reconocida a nivel legal, tal modelo de conducta será simplemente social y no jurídico y C) es completamente falso que haya jerarquía dentro de las normas de derecho consuetudinario y si en todo caso llegare a existir carecería de validez por ser enteramente subjetiva tal como la naturaleza del propio derecho consuetudinario por hacerse depender del tiempo y de las preferencias de la comunidad.
Con respecto al origen de la costumbre, Aguiló menciona que la costumbre es, mientras sea reconocida por la legislación, fuente de derecho. El punto en que me encuentro en desacuerdo es cuando señala que la sociedad es una autoridad. Para ser mas claro, lo que Aguiló plantea es que la costumbre emana de una autoridad social. Lo cierto es que la sociedad no es ninguna autoridad pues no goza de una facultad natural para imponerse normativa o coactivamente.
Dentro de la clasificación de Aguiló, podríamos decir que la costumbre jurídica en México es un derecho espontáneo, delegado y no prescrito. Lo anterior a razón de que se crea por una serie de reiteraciones de la conducta, por otra parte es reconocida como fuente de derecho y también se encuentra difuso en la conducta de la comunidad sin formar parte de un sistema.
- Aguiló, Joseph. El concepto Fuentes del Derecho. (fotocopias)
- García Maynes, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. Porrúa. México. 1979.
- Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Porrúa. México. 1974
- Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil. Porrúa. México. 1976.
- Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho Mercantil Tomo I. Porrúa. México. 1980.
- De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Porrúa. México. 1980
- CÓDIGO DE COMERCIO
- LEY GENERAL DETITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
- LEY DEL MERCADO DE VALORES
- CÓDIGO PENAL FEDERAL
- LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS
Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Época: 9a. Época
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo:
XIV, Septiembre de 2001 Tesis: P./J. 105/2001 Página: 1098 Materia: Constitucional
HUSOS HORARIOS. LOS ACUERDOS DE LOS QUE EMANAN HAN SIDO RESPETADOS POR MÉXICO CONFORME A LA COSTUMBRE INTERNACIONAL.
En el año de mil ochocientos ochenta y cuatro se celebró en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, la Conferencia Internacional sobre Meridianos, en la que se convino por los países participantes, entre ellos México, adoptar el meridiano de Greenwich como meridiano cero o de origen, a partir del cual se dividió la tierra imaginariamente en veinticuatro partes iguales de polo a polo; así, se mantuvo como referencia el tiempo de dicho meridiano cero, con doce meridianos de quince grados cada uno al este y al oeste de aquél, con la característica de que hay una hora de diferencia entre uno de estos meridianos y otro. México participó y votó los acuerdos de la aludida conferencia, y si bien no existe tratado o convenio alguno que se haya suscrito al respecto, debe señalarse que desde el año de mil novecientos veintidós se han adoptado distintos husos horarios en la República mexicana a través de diversos decretos presidenciales en los que se han observado los acuerdos tomados en la conferencia de mérito, lo que permite establecer que conforme a la costumbre internacional se han respetado en el país, aunque no haya legislado sobre ellos el Congreso de la Unión.
Controversia constitucional 5/2001. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 4 de septiembre de 2001.
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y César de Jesús Molina Suárez. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy cuatro de septiembre en curso, aprobó, con el número 105/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de septiembre de dos mil uno.
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XV, Abril de 2002 Tesis: P./J. 21/2002 Página: 950 Materia: Constitucional Jurisprudencia.
SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO" PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.
El artículo 15 de la ley mencionada establece que la suspensión no podrá concederse cuando se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; sin embargo, no precisa qué debe entenderse por éstas, por lo que debe acudirse a las reglas de la interpretación jurídica. De esta forma, si en su sentido gramatical la palabra "instituciones" significa fundación de una cosa, alude a un sistema u organización, así como al conjunto de formas o estructuras sociales establecidas por la ley o las costumbres; mientras que el término "fundamentales" constituye un adjetivo que denota una característica atribuida a algo que sirve de base, o que posee la máxima importancia, se concluye que por instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano debe entenderse las derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica, principios entre los que se consideran los siguientes: a) régimen federal; b) división de poderes; c) sistema representativo y democrático de gobierno; d) separación Iglesia-Estado; e) garantías individuales; f) justicia constitucional; g) dominio directo y originario de la nación sobre sus recursos; y h) rectoría económica del Estado.
Reclamación 595/2001-PL, deducida del incidente de suspensión del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2001. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de febrero de 2002. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de dos mil dos.
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Julio de 2002 Tesis: P. XXIX/2002 Página: 5 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada.
COMPETENCIA PENAL. LA GARANTÍA QUE OTORGA A LOS INCULPADOS EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN VI, CONSTITUCIONAL, NO SE TRANSGREDE POR LOS NUMERALES 6o., PÁRRAFO PRIMERO, Y 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE PERMITEN CONOCER DE UN DELITO A UN JUEZ DE DISTRITO DISTINTO AL DEL LUGAR EN QUE AQUÉL SE COMETIÓ.
Si bien el citado precepto constitucional garantiza a los inculpados que se les juzgue en audiencia pública por un Juez, o bien por un jurado popular integrado por vecinos residentes en el lugar o en el partido en el que se cometiere el delito, de ello no se sigue que el procesado ineludiblemente deba ser juzgado por el Juez del lugar en el cual se cometió el ilícito que se le imputa, pues la interpretación histórica de aquella norma constitucional, conforme a los trabajos deliberativos del Constituyente de 1916-1917, conduce a considerar que el requisito de vecindad es exigible
únicamente para quienes integren el jurado popular, por entenderse que ellos conocen al acusado, el medio, costumbres y antecedentes, así como las circunstancias fundamentales que les servirán de base para normar su criterio. Por tanto, el requisito de vecindad no es exigible a los Jueces penales, dedicados ordinariamente a la impartición de justicia, lo que no sucede con el jurado indicado, cuyos integrantes sólo eventualmente realizan dicha tarea. Además, cabe resaltar que el cambio de Juez del lugar sólo se da entre los de igual jurisdicción, fuero y categoría, por motivos que se consideran justificados, como son la seguridad en la prisión y las características personales del inculpado; por lo que no se viola la garantía constitucional especificada.
Amparo en revisión 173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo en revisión 444/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticinco de junio en curso, aprobó, con el número XXIX/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil dos.
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVIII, Diciembre de 2003 Tesis: P./J. 78/2003 Página: 5 Materia: Civil Jurisprudencia.
COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBEN APLICARSE SUPLETORIAMENTE LOS MECANISMOS QUE REGULA LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA Y, EN SU DEFECTO, EL JUZGADOR DEBERÁ RESOLVER DISCRECIONALMENTE.
De conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, para determinar el monto de las costas en los juicios mercantiles, se debe acudir de manera supletoria a la legislación local respectiva que regule mecanismos legales para tal cuantificación, en el entendido de que sólo a falta de tales mecanismos, particularmente en la legislación local, el Juez o tribunal deberán fallar discrecionalmente, tomando en cuenta, entre otros aspectos: el acuerdo adoptado entre quien presta el servicio y el cliente, el juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia de los trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de la persona que reciba el servicio, la reputación de quien lo haya prestado, así como la utilidad y relación directa entre los gastos y costas del litigio, con base en la información proveniente de las constancias de autos, elementos todos que se advierten del propio marco legislativo civil local. Lo anterior se corrobora si se atiende al contenido del artículo 1089 del aludido código, en el cual se advierte que la intención del legislador es, por regla general, que las costas se regulen con base en aranceles, y sólo en su defecto se recurra a mecanismos de valoración diferentes.
Contradicción de tesis 30/2003. Entre las sustentadas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 7 de octubre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en curso, aprobó, con el número 78/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil tres.
Instancia: 1a. Sala Época: 9a. Época
Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: V, Junio de 1997 Tesis: 1a./J. 21/97 Página: 195 Materia: Penal
ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO, COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, SE PUEDE PRESUMIR MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.
Mediante la prueba circunstancial se puede inferir el carácter de funcionario o servidor público, como elemento del tipo penal del ilícito de abuso de autoridad, cuando, como en la especie, los ordenamientos adjetivos penales de los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit autorizan al Juez para considerar cierto un hecho si existe prueba de indicios, además de que tienen adoptado el sistema de arbitrio judicial para la libre apreciación de la prueba, puesto que, de acuerdo a este sistema, no se limita taxativamente la prueba, sino que deja a la autoridad judicial la libertad de allegarse toda clase de elementos de convicción, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, lo que implica que el juzgador, ciñéndose a esas amplias facultades, podrá tener por acreditado el mencionado elemento del delito, al tomar en conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma autónoma y aislada no tienen mayor valor, en su conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse lógicamente entre sí para crear absoluta convicción, sin olvidar que la prueba circunstancial precisa para su integración que se encuentren acreditados los hechos indiciarios y que exista un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca, de ahí que la apreciación que de las pruebas haga el Juez en los términos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal porque conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial, sirve para presumir la materialidad del delito de abuso de autoridad.
Contradicción de tesis 48/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 28 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Tesis de jurisprudencia 21/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Tomo: XIV, Agosto de 2001 Tesis: 1a./J. 44/2001 Página: 11 Materia: Civil Jurisprudencia.
ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).
De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social.
Contradicción de tesis 26/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 4 de abril de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa. Tesis de jurisprudencia 44/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.
Tomo: XVIII, Agosto de 2003 Tesis: 1a. XXXVIII/2003 Página: 228 Materia: Constitucional, Penal
Tesis aislada.
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN MATERIA DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN ESTATAL. NO SE VIOLAN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 72, 165 BIS, 171, 183, 269, FRACCIÓN IV, 285, 285 BIS, 290, 296 BIS, 314 Y 426, TODOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, establece que en el acceso a la jurisdicción estatal deberán ser tomadas en cuenta las costumbres y especificidades culturales de las etnias indígenas, con el derecho de ser asistidos en los juicios y procedimientos, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura; derechos que son respetados por los preceptos impugnados, pues en ellos se establecen diversas formalidades que deben cumplirse a favor de dichas etnias, consistentes en: que en los procesos penales instruidos en contra de un miembro de algún grupo étnico, se debe tomar en cuenta el grupo étnico al que pertenezca (72, fracción II); se procurará allegarse dictámenes periciales a fin de que el juzgador ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la cultura media nacional (165 bis); podrán fungir como peritos prácticos, personas que pertenezcan al grupo étnico indígena (171); cuando el inculpado fuere un indígena, que no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los derechos respectivos (269, fracción IV); los servidores públicos asentarán en el acta respectiva, todas las observaciones que acerca del carácter del probable responsable hubieren recogido, ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la detención, o bien durante la práctica de las diligencias en que hubieren intervenido, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenecen, en su caso (285); en la declaración preparatoria deberá incluirse, en su caso, el grupo indígena al que pertenezca el inculpado, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano (290); y durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá tomar en cuenta, entre otras cosas, la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena las prácticas o características que como miembro de dicho grupo pueda tener (296 bis). Por tanto, si los mencionados requisitos contenidos en los preceptos legales combatidos, tienden a garantizar que los indígenas no queden en estado de indefensión en los procesos penales instruidos en su contra, esto refleja que son acordes con la garantía de acceso a la justicia mencionada.
Amparo directo en revisión 1767/2002. 12 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.
Tomo: XVIII, Agosto de 2003 Tesis: 1a. XXXIX/2003 Página: 229 Materia: Constitucional, Penal
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA. LOS
OTORGADOS POR VIRTUD DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTES A PARTIR DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL UNO, NO SON VULNERADOS POR LOS ARTÍCULOS 293, 298 Y 315, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (ABROGADO).
El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, establece respecto de la materia mencionada, por una parte, la garantía de que los pueblos y comunidades indígenas tendrán sus propios sistemas normativos en la regulación de sus conflictos internos y, por otra parte, que en el acceso a la jurisdicción estatal deberán ser tomadas en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Por su parte, los impugnados artículos 293, 298 y 315 del Código Penal para el Distrito Federal (abrogado), definen el tipo penal del delito de lesiones que pongan en peligro la vida, y prevén la pena de prisión que habrá de imponerse a quien cometa tal ilícito, así como sus agravantes. Ahora bien, del estudio comparativo de ambos cuerpos normativos, se advierte que los preceptos impugnados no transgreden los principios que contiene el artículo 2o. constitucional, pues no regulan una conducta que dé lugar a conflictos que deban ser resueltos internamente por los pueblos o comunidades indígenas, conforme sus propios sistemas normativos, ya que prevén el delito de lesiones que ponen en peligro la vida; figura delictiva que es reprochable a todas las personas con capacidad legal, incluidos los indígenas, pues sería constitucionalmente inaceptable el hecho de permitir que se infieran lesiones a las personas, aun cuando dicha práctica forme parte de sus usos y costumbres, además de que el tipo penal mencionado tutela el bien jurídico consistente en la integridad física de las personas, lo que debe ser reprochable a todo aquel que cometa dicho ilícito, a fin de inhibirlo.
Instancia: 2a. Sala Época: 9a. Época
Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XII, Diciembre de 2000 Tesis: 2a. CLI/2000 Página: 441 Materia: Civil Tesis aislada.
HONORARIOS DE LOS ABOGADOS. EL ARTÍCULO 36 DEL ARANCEL DE ABOGADOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE ESTABLECE LOS ASPECTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA EFECTUAR LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CUOTAS O PORCENTAJES PARA EL CÁLCULO DE AQUÉLLOS, DENTRO DE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, GUARDA RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 2500 DEL CÓDIGO CIVIL DE LA MISMA ENTIDAD.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2500 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para fijar el monto de los honorarios del profesional o profesor en el contrato de prestación de servicios, debe atenderse a los siguientes aspectos: 1. Costumbre del lugar, 2. Importancia de los trabajos profesionales prestados, 3. Importancia del asunto o del caso en que se prestaren los servicios, 4. Facultades o posibilidades pecuniarias o económicas del que recibe el servicio y 5. La reputación profesional del que presta el servicio. Por otro lado, el artículo 36 del Arancel de Abogados de la misma entidad federativa establece que para la determinación de cuotas o porcentajes que servirán para calcular los honorarios de los abogados cuando éstas oscilan entre un parámetro mínimo y máximo, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 1. Importancia del asunto, 2.
Calidad y cantidad del trabajo profesional, 3. Resultados obtenidos, 4. Uso de idioma extranjero y 5. Grado académico del abogado que cobra el honorario por sus servicios. De lo anterior se desprende que cuando el legislador del Estado de Nuevo León configuró el contenido del citado artículo 36, lo único que hizo fue particularizar las reglas generales del contrato de prestación de servicios profesionales a los casos en que éstos se prestan por abogados, buscando de este modo, crear una presunción legal de las costumbres del lugar a través de dicha norma arancelaria. Precedentes
Amparo en revisión 97/98. La Ciudad de París, S.A. de C.V. 29 de septiembre del año 2000. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Tomo: XIV, Agosto de 2001 Tesis: 2a. CXXV/2001 Página: 223 Materia: Administrativa Tesis aislada.
CUOTAS COMPENSATORIAS. SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA DEFINITIVA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE ESCUCHE A LOS GOBERNADOS QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS Y A QUE SE ACREDITE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL (CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE HASTA EL 27 DE JULIO DE 1993).
Conforme a lo previsto en los artículos 6o., puntos primero, segundo, quinto, sexto y séptimo, del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; 12, 13 y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior; y, 17, 19, 20, 21, 27 y 28 del Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional, cuando la autoridad nacional competente esté convencida de que existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de un procedimiento antidumping, lo notificará a la parte o partes cuyos productos vayan a ser objeto de investigación, a los exportadores e importadores de cuyo interés se tenga conocimiento y a los reclamantes, y deberá publicarse la respectiva resolución provisional en el Diario Oficial de la Federación, incluso, durante el desarrollo de la investigación todas las partes que hubieren acreditado su interés jurídico en el resultado de la misma, tendrán plena oportunidad de ofrecer cualquier prueba, excepto la confesional o aquellas que se consideren contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, y la autoridad investigadora podrá verificar la información que le haya sido proporcionada, mediante el desarrollo de visitas en el domicilio fiscal de los denunciantes o de los importadores de las mercancías sujetas a investigación, mientras que tratándose de la información y pruebas aportadas en relación con el costo de producción o con la subvención recibida, podrá verificarlas en el país de origen o de procedencia de la misma si la autoridad del gobierno correspondiente acepta que ésta se realice y, en su caso, el productor de la mercancía manifiesta su conformidad con la verificación; en ese tenor, la resolución definitiva que se emita debe sustentarse en las pruebas que hubiesen aportado los productores nacionales, los importadores y exportadores de la mercancía de que se trate, los representantes del gobierno del país de origen o de procedencia de ésta y en los elementos que la autoridad hubiese recabado, todo lo cual lleva a concluir que el establecimiento de cuotas compensatorias definitivas se encuentra condicionado a que la autoridad competente escuche a los gobernados que puedan verse afectados y a que se acredite que las importaciones sujetas a investigación se realizaron en condiciones de discriminación de precios y causaron o amenazaron causar daño a la producción nacional.
Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Tomo: XIV, Noviembre de 2001 Tesis: 2a. CCV/2001 Página: 44 Materia: Administrativa Tesis aislada.
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SU RELACIÓN JURÍDICA CON LOS
PROVEEDORES Y CONSUMIDORES SE UBICA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN.
Si se toma en consideración, por un lado, que de acuerdo con la teoría general del derecho las relaciones de supra a subordinación se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, y por otro, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. y 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, este ordenamiento tiene por objeto promover y proteger los derechos de los consumidores, además de procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, sus normas son irrenunciables y contra su observancia no pueden alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario; así como que la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene funciones de autoridad administrativa y su funcionamiento se rige por lo dispuesto en aquella ley, en sus reglamentos y en su estatuto, es inconcuso que dicho organismo al ejercer sus facultades legalmente señaladas establece una relación de supra a subordinación con los proveedores y consumidores, ya que en un plano superior los subordina, al regular y conciliar, a nombre del Estado, las relaciones derivadas del consumo y, en su caso, resolver sus diferencias e, incluso, al sancionarlos en las hipótesis establecidas en la referida ley.
Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.
Tomo: XV, Mayo de 2002 Tesis: 2a./J. 33/2002 Página: 269 Materia: Laboral Jurisprudencia.
SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.
De lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se sume a la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier otra convención e, incluso, de la costumbre. Ahora bien, si se toma en consideración que, por un lado, ante la necesidad de los trabajadores de hacer frente a los gastos de fin de año, en el artículo 87 de la ley citada se consagró el derecho de los trabajadores a percibir el aguinaldo anual o su parte proporcional, y se fijaron las condiciones mínimas para su otorgamiento, esto es, que se pague antes del veinte de diciembre de cada año una cantidad equivalente cuando menos a quince días de salario, la cual puede ser mayor si así lo acuerdan las partes y, por otro, que al ser una prestación creada por la ley y susceptible de ser aumentada en los contratos, su pago es un derecho de los trabajadores que, como tal, es irrenunciable, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el pago de esta percepción forma parte de las gratificaciones a que se refiere el artículo primeramente invocado y, por tanto, es computable para la integración del salario para efectos indemnizatorios provenientes de un reajuste de personal cuando existe convenio entre las partes. En consecuencia, las cláusulas de los convenios individuales o colectivos de trabajo que no respeten este derecho o cualquier otro beneficio que como mínimo establezca la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, se entenderán sustituidas por lo previsto en este ordenamiento legal, por así disponerlo el primer párrafo de su artículo tercero transitorio, y sólo quedarán vigentes las cláusulas que superen esos mínimos, en términos del segundo párrafo de ese numeral.
Contradicción de tesis 94/2001-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Segundo del Octavo Circuito, Segundo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 19 de abril de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 33/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: 9a. Época
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VII, Abril de 1998 Tesis: XXI.1o.75 L Página: 734 Materia: Laboral
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE SALARIOS CAÍDOS A TRABAJADORES DE LA, CUANDO SE OBTIENE SENTENCIA ABSOLUTORIA EN JUICIO PENAL SEGUIDO POR QUERELLA DE ÉSTA. APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 47 DEL CONTRATO COLECTIVO RESPECTIVO, Y NO DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Si de autos consta que el ahora quejoso fue privado de su libertad a raíz de la querella presentada por la parte patronal, razón por la cual la autoridad responsable, en términos de los artículos 42, fracción III y 43, fracción II, ambos de la Ley Federal del Trabajo, declaró suspendidas temporalmente las relaciones de trabajo, y al dictarse sentencia definitiva en el juicio penal el trabajador es absuelto, legalmente debe condenarse a la comisión a pagar salarios caídos al trabajador, tomando en cuenta que esa privación de libertad se debió precisamente a la querella presentada por aquélla, en la que le atribuyó a éste diversas irregularidades en el desempeño de su trabajo, resulta obvio que esa privación de libertad del obrero y, por ende la suspensión temporal de las relaciones de trabajo, se debió a una causa imputable a la parte patronal y, por tanto, debe sufrir las consecuencias inherentes. Esta determinación encuentra apoyo en la cláusula 47 del contrato colectivo de trabajo vigente en el periodo correspondiente a los años de mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y seis, que norma las relaciones entre ese organismo y sus trabajadores, la que, entre otras cosas, dispone que cuando los trabajadores sean privados de su libertad por cualquier autoridad y esa privación se origine por causas relacionadas con el desempeño de sus labores, dicha comisión hará las gestiones necesarias para que éstos recuperen su libertad y los defenderá efectivamente y les cubrirá sus salarios y prestaciones como si hubieran desempeñado normalmente sus labores. En tales condiciones, como dicha cláusula encierra la voluntad del sindicato representante de los intereses de los trabajadores y la comisión de referencia, además de no ser contraria a derecho ni a las costumbres, debe ser aplicada En casos como el que se analiza, y no el artículo 42, fracción III, de la ley obrera, pues, se reitera, en el caso a estudio el trabajador fue privado de su libertad por una causa imputable al patrón al formular una querella en su contra. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 636/97. Eduardo Herrera Salcido. 28 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: Dionicio O. Ramírez Avilés.
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VII, Marzo de 1998 Tesis: XXI.1o.74 L Página: 833 Materia: Laboral
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS POR FALTAS COMETIDAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
De un análisis integral de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Número 248, se desprende que no establece un procedimiento específico para levantar actas administrativas para hacer constar faltas en que pudieran incurrir los trabajadores de referencia; por tanto, cobra aplicación lo dispuesto por el artículo 9o. de dicho ordenamiento que, entre otras cosas, señala que a falta de disposición expresa de la ley deben tomarse en cuenta disposiciones que regulen casos semejantes y supletoriamente se aplicarán, en su orden: la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley Federal del Trabajo, los principios generales de derecho, las costumbres y el uso. En tales condiciones, para levantar un acta administrativa a un servidor público del Estado de Guerrero, en primer término debe tomarse en cuenta lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución General de la República, por establecerlo así expresamente el numeral antes invocado de la ley local; por tanto, si el ordenamiento de aplicación supletoria, en los artículos 46 y 46 bis, dispone, entre otras cosas, que al levantar actas administrativas por faltas de los trabajadores debe darse intervención al trabajador, al representante del sindicato, nombrar testigos de cargo y de descargo y entregar una copia de dicha acta al trabajador, y del examen de las constancias de autos se advierte que el acta administrativa que sirvió de base o fundamento para el posterior cese del trabajador no reúne los requisitos enumerados, es obvio que el procedimiento seguido para separar a éste de su empleo sin responsabilidad para el patrón resulta viciado y, por ende, violatorio de garantías, máxime que en el caso concreto la parte patronal demandada no se ajustó al orden de aplicación supletoria que exige el artículo 9o. de la ley local invocada, pues para levantar el acta administrativa exhibida invocó como fundamento el artículo 47, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo; bajo esas condiciones, resulta obligado concluir que al no sujetarse el organismo público demandado, para el levantamiento del acta administrativa correspondiente, al orden de aplicación supletoria expresamente determinado en la ley que rige las relaciones laborales entre el Gobierno el Estado de Guerrero y sus trabajadores y al no reunir ese documento los requisitos exigidos por el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución General de la República, violó garantías del quejoso. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 639/97. Adolfo Alcaráz Bello. 17 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Mateo Manuel Baños Baños.
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo: VII, Enero de 1998 Tesis: I.5o.C.70 C Página: 1097 Materia: Civil
FACTURAS. PRUEBAN EL ACTO DE COMERCIO Y LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA POR
De un adecuado y correcto análisis del contenido de los artículos 75, fracciones I y XXIV, 78, 371,
374, 375, 378 y 383 del Código de Comercio, se desprende que aunque el aludido código no
contiene disposición alguna sobre el valor probatorio de las facturas, probablemente por haberse
expedido en una época en que no se había generalizado el uso de esos documentos por los
comerciantes, con la experiencia de las costumbres y las prácticas comerciales, en los que la
adquisición de mercancías por parte de los comerciantes a sus proveedores ordinariamente se ha
venido documentando con facturas o recibos, que se remiten al adquirente para justificar la
recepción y, en su caso, el pago de la mercancía que se recibe, han dado lugar a que esa clase de
documentos pueda servir de base para estimar que la mercancía o mercancías que amparan han
sido objeto de una operación comercial, sobre todo cuando no son objetados debidamente. Lo
anterior se robustece aún más, si se toma en cuenta que de acuerdo con las leyes fiscales, las
facturas que reúnen los requisitos que las mismas señalan, hacen prueba de la compraventa a que
se refieren. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 9855/97. Computadoras, S.A. de C.V. 11 de diciembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXI, página 3791, tesis de rubro: "FACTURAS, VALOR PROBATORIO DE LAS.".
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VI, Octubre de 1997 Tesis: I.6o.T. J/17 Página: 706 Materia: Laboral
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TIEMPO EXTRAORDINARIO. NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NI LA JURISPRUDENCIA QUE DE ELLA SE DERIVA.
No es aplicable en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado la presunción legal
establecida en el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo ni la jurisprudencia número 126, que bajo el título: "HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE LA PRUEBA.", se halla publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, porque tomando en consideración que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado fue promulgada por decreto publicado el 28 de diciembre de 1963, la que en su artículo 11 dispuso que en lo no previsto expresamente por la misma o disposiciones especiales, se aplicaría en su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad, y que el artículo de la comentada ley no ha sido reformado, es de concluirse que en él se expresó la voluntad del legislador de suplir lo no previsto en su ley con las normas de la entonces en vigor Ley Federal del Trabajo, de 18 de agosto de 1931, las que por efecto de la supletoriedad así ordenada quedaron incorporadas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1963; pero esa indicación de supletoriedad no significa propósito legislativo de ligar permanentemente la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional a modificaciones ulteriores que surgieran del desarrollo evolutivo de las normas reglamentarias del apartado A del mismo artículo constitucional, porque ello implicaría desconocer las diferencias específicas entre las fuentes reales de dos ordenamientos jurídicos; uno, para regular las prestaciones de los servicios subordinados a patrones sujetos jurídicos privados para beneficio de sus particulares intereses; otro, para regular las prestaciones de servicios subordinados al patrón, ente público, para beneficio de los intereses sociales generales encomendados a éste. Por lo que la supletoriedad de que se trata sólo puede significar que el legislador, al establecerla, refirió un conjunto de normas ya existentes, como instrumento para completar y explicar la significación del que estaba emitiendo en ese momento, pero no que el conjunto normativo que estructuraba debiese quedar sujeto permanentemente a las modificaciones que, en su propia evolución, sufran las normas de la misma jerarquía legal, cuya existencia y desarrollo ulteriores tienen motivos y fines propios, diversos e independientes de la normatividad específica que formula en un momento dado. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes
Amparo directo 11326/88. Apolinar Suriano López. 16 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Óscar Castañeda Batres. Amparo directo 7296/92. Rafael López Sánchez. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Amparo directo 4556/93. Federico Díaz Márquez. 18 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: Víctor Ruiz Contreras. Amparo directo 8496/93. Martha Muñiz Martínez. 16 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Óscar Castañeda Batres. Amparo directo 12376/96. César Ibarra Sánchez. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretario: José Luis Martínez Luis.
Federación y su Gaceta Tomo: VI, Agosto de 1997 Tesis: XX.1o. J/44 Página: 519 Materia: Común
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO.
La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos
reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la
misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre
señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que
establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de
todas las cuestiones planteadas en la demanda. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 392/95. Carlos Moreno González. 29 de junio de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. Amparo directo
545/95. Marcial Gómez Jiménez. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco
A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López. Amparo directo 898/95. Elsa Damián de
Fong y otros. 8 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago.
Secretario: Stalin Rodríguez López. Amparo en revisión 539/95. José Antonio Sandoval Coutiño.
22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario:
Stalin Rodríguez López. Amparo directo 573/96. Edic Ruiz Vázquez. 24 de enero de 1997.
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Walberto Gordillo Solís.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común,
tesis 741, página 499, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN."
Federación y su Gaceta Tomo: VI, Agosto de 1997 Tesis: II.2o.C.63 C Página: 711 Materia: Civil
DIVORCIO NECESARIO. LA SENTENCIA QUE LO DECRETE DEBE RESOLVER SOBRE
PENSIÓN ALIMENTICIA, ADEMÁS DE LA PATRIA POTESTAD Y CUSTODIA, AUNQUE NO
HAYA SIDO MOTIVO DE RECLAMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
De conformidad con el artículo 267 del Código Civil vigente en el Estado, en la sentencia que
Decrete el divorcio, el tribunal determinará: los derechos y obligaciones derivados de la patria
Potestad que conservará cada uno de los cónyuges, respecto a la persona y bienes de sus hijos,
Teniendo en cuenta el interés particular de los menores, su salud, costumbres, educación y
Conservación de su patrimonio. Pero además, en dicho precepto legal se señala que el Juez podrá,
Discrecionalmente, acordar de oficio cualquier providencia que considere benéfica para los hijos, y
en el artículo 271 del mismo ordenamiento legal se establece que en los casos de divorcio, la
mujer inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva
honestamente. Luego, es evidente que el juzgador debe, en la sentencia, resolver lo referente a la
patria potestad y custodia de los menores y lo relativo a la pensión alimenticia definitiva, aunque no
se haya reclamado expresamente. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 522/97. Norma Silvia Ayanegui Suárez de Ibáñez. 25 de junio de 1997. Unanimidad
de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas.
Federación y su Gaceta Tomo: VI, Agosto de 1997 Tesis: VII.A.T.12 L Página: 784 Materia: Laboral
PRIMA DE ANTIGÜEDAD. NO CABE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA COSTUMBRE A LA
Dado que la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz-Llave no prevé la prima de
antigüedad entre las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores al servicio de las
autoridades públicas, y aun cuando, de acuerdo con su artículo 13, la costumbre es de aplicación
supletoria a la misma, no puede apoyarse en ella la condena a aquella prestación, porque esto
implicaría la creación o integración de una norma acerca de una situación no comprendida en esa
ley. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
Amparo directo 955/96. Patricia y Julia Montiel Alarcón. 19 de junio de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Antonio Uribe García. Secretaria: Josefina del Carmen Mora Dorantes.
Federación y su Gaceta Tomo: V, Febrero de 1997 Tesis: III.2o.P.32 P Página: 725 Materia: Penal
DELITO PREVISTO POR EL ARTICULO 205 DEL CODIGO PENAL FEDERAL. NO EXIGE QUE
EL SUJETO PASIVO SEA MENOR DE EDAD, COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO.
La circunstancia de que el ilícito imputado a los quejosos, previsto por el artículo 205 del Código
Penal Federal, se contemple en el capítulo II, relativo a la corrupción de menores, no implica que la
persona a la que se promueva, facilite, consiga o entregue, para ejercer la prostitución dentro o
fuera del país, necesariamente deba tener la calidad de menor de edad, pues el citado numeral no
exige esta condición; de lo que se concluye que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona sin
distinción de edad, pues no debe perderse de vista que el bien jurídico tutelado por la norma es la
salvaguarda de la moral pública y las buenas costumbres, como lo prevé el título octavo del Código
Penal Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER
Amparo en revisión 234/96. Isamu Fujii o Isamu Fujji y Shuitsu Sato. 24 de octubre de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. Secretario: Ernesto Antonio Martínez Barba.
Federación y su Gaceta Tomo: V, Enero de 1997 Tesis: III.3o.C.37 C Página: 441 Materia: Civil
COMPRAVENTA EFECTUADA POR LA COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA, NULIDAD DE LA, POR ILICITUD EN EL OBJETO. EXISTE SI SE
LLEVA A CABO EN CONTRAVENCION AL DECRETO EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE.
El artículo 2225 del Código Civil Federal prescribe que la nulidad, absoluta o relativa, ocurre por
ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto. Sobre lo primero, el numeral 1830 del
mismo ordenamiento previene que: "Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden
público o a las buenas costumbres." A su vez, los decretos provenientes del Congreso de la Unión
o del presidente de la República, aun cuando tienen efectos particulares, gozan de los mismos
atributos que una ley por compartir las características de esta última. Luego, si el decreto
presidencial respectivo dispone que los terrenos expropiados deben escriturarse a sus poseedores
y sólo cuando los lotes estén desocupados, a terceros y la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra, contraviniendo el mandato de orden público contenido en el decreto citado,
transmite un terreno a persona distinta a su poseedor, es indudable que esa actitud implica la
ilicitud en la transmisión, es decir, la nulidad en el objeto. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 819/96. María de la Inmaculada Concepción Guadalupe García Germán. 10 de
octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Francisco
Olmos Avilez.
Federación y su Gaceta Tomo: VII, Mayo de 1998 Tesis: XVII.1o.2 L Página: 1088 Materia: Laboral
TRABAJADOR MUNICIPAL, AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA O CAUSAS DEL CESE
DE UN. LA PATRONAL ESTÁ OBLIGADA A ENTREGARLO, AL RESULTAR DE APLICACIÓN
SUPLETORIA EN ESE ASPECTO LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA).
Tratándose del cese de un trabajador municipal, en lo no previsto por los ordenamientos legales
correspondientes, resulta procedente aplicar la interpretación de los preceptos relacionados de la
Ley Federal del Trabajo, dado que el artículo 77 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua
dispone en lo conducente, que la relación laboral entre el Municipio y sus trabajadores se sujetará,
en lo no previsto en ese ordenamiento, a lo dispuesto en la primera parte, libro único, título IV, del
Código Administrativo del mismo Estado; mientras que por otro lado, el numeral 77 de este último
cuerpo de leyes, aplicado supletoriamente en los términos con antelación precisados, en lo que
interesa establece que en lo no previsto por ese código o disposiciones especiales, se aplicarán
supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, las leyes de orden común, la costumbre,
el uso, los principios generales de derecho y la equidad. Así pues, si el antepenúltimo párrafo del
artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el patrón tiene obligación de dar al trabajador
aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral, en tratándose de
un despido justificado, es incuestionable que en el caso del cese de un trabajador municipal la
patronal está obligada a entregar a aquél aviso escrito de la fecha y causa o causas del cese, al
equipararse éste a una rescisión sin responsabilidad para el patrón, pues de sostener lo contrario
se estaría en contra del espíritu protector de la señalada legislación laboral, la cual es de aplicación
supletoria en el aspecto que interesa al ser omisos a ese respecto los ordenamientos
anteriormente citados del Municipio y del Estado de Chihuahua. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 624/97. Aracely Silva Fernández. 20 de marzo de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Manuel Vigliante Pérez. Véase: Semanario
Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, diciembre de 1991, página 321, tesis XII.2o.11
L, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA. LA FALTA DE AVISO
DE LAS CAUSAS DE SU CESE, ES SUFICIENTE PARA CONSIDERARLO INJUSTIFICADO.".
Federación y su Gaceta Tomo: VIII, Agosto de 1998 Tesis: I.9o.C.53 C Página: 845 Materia: Civil
CUSTODIA DE MENORES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE LA CONCEDE A LA MADRE RESPECTO DE LOS HIJOS
MENORES DE SIETE AÑOS, ES ACORDE CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO CUARTO
El último párrafo del artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal, establece un principio
general, rector de la decisión de guarda y custodia de los menores de siete años, consistente en
que éstos deben permanecer al lado de su madre "... salvo peligro grave para el normal desarrollo
de los hijos ...". El espíritu de este principio, evidentemente, tuvo como sustento que el legislador
atendiera a la realidad social y a las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional, en el
que en términos generales, corresponde a la madre la atención y cuidado de los menores;
consecuentemente, legalmente la madre tiene a su favor la presunción de ser la más apta para
cuidar a los hijos procreados, a menos que el padre demuestre que la conducta de aquélla puede
ser dañina a la salud e integridad de los hijos. Es pertinente destacar que si bien el artículo 4o. de
la Constitución General de la República, estatuye que el hombre y la mujer son iguales ante la ley,
lo cierto es que la norma constitucional reconoce un régimen propio en lo que se refiere a las
cuestiones familiares, dado que al respecto puntualiza que la ley ordinaria "... protegerá la
organización y el desarrollo de la familia ..."; de lo cual se desprende claramente que en este
aspecto en particular, debe atenderse fundamentalmente a las circunstancias específicas que se
encaminen a proteger el desarrollo de la familia y, dentro de este concepto, por consiguiente, a
proteger el desarrollo de los menores; aspectos que recoge el legislador ordinario y los plasma en
el artículo 282 del Código Civil. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 5689/98. Luis Tovar Zúñiga. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente:
José Castro Aguilar. Secretario: Antonio Rebollo Torres.
Federación y su Gaceta Tomo: VIII, Septiembre de 1998 Tesis: II.2o.C.93 C Página: 1170 Materia:
Civil Tesis aislada.
HONORARIOS PROFESIONALES. DEBE COMPROBARSE SU MONTO SI FUE ALEGADO UN
CONVENIO AL RESPECTO. INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2460 DEL CÓDIGO CIVIL DEL
Como el demandante sostuvo esencialmente que las partes acordaron el pago de una cantidad
determinada por la prestación de servicios profesionales, al abogado correspondió constatar las
circunstancias, condiciones y pormenores, así como el monto por cada uno de los casos que
atendería, todo ello con plenitud. De ahí que, si medió un convenio, como se alegó, es lógico que
no tenga aplicación el artículo 2460 del Código Civil del Estado de México, que trata del caso en
que ante la ausencia de convenio los honorarios se regularán atendiendo justamente a las
costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se
presenten, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que
tenga adquirida el que lo ha prestado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 1313/97. Luis Alberto de la Mora Mejía. 25 de marzo de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González.
Federación y su Gaceta Tomo: VIII, Octubre de 1998 Tesis: II.2o.C.123 C Página: 1126 Materia:
CONVIVENCIA DEL PADRE CON SUS MENORES HIJOS. NO PROCEDE SI EXISTE
PRESUNCIÓN FUNDADA DE QUE EL PROGENITOR COMETIÓ ACTOS LIBIDINOSOS EN
PERJUICIO DE DICHOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
De conformidad con lo que dispone el artículo 267 del Código Civil para el Estado de México, el
juzgador al resolver sobre el divorcio debe determinar lo referente a la guarda y custodia de los
menores hijos, así como lo relativo al derecho de convivencia, pero siempre acorde con lo que
beneficie a tales menores. De consiguiente, si en el juicio respectivo obran las diversas
documentales ofrecidas por las partes, consistentes en copia certificada de la orden de
aprehensión dictada contra el interesado como presunto responsable de haber cometido actos
libidinosos en contra de sus menores hijas, así como un informe en sicología, y ambas pruebas,
concatenadas entre sí, permitieron a la responsable estimar que existe una clara presunción
fundada y lógica de que la convivencia del padre con las menores aludidas pueda producir efectos
dañinos en la salud, costumbres, y sobre todo, temor y alteración respecto de la figura paterna por
parte de sus hijas, ello es concluyente para que el ahora quejoso no tenga derecho a tal
convivencia, previniéndose así posibles daños irreparables en perjuicio de dichas menores, cuya
decisión no es conculcatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica. SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 199/98. Juan Carlos Ruiz Ríos. 1o. de septiembre de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: José Valdés Villegas.
Federación y su Gaceta Tomo: VIII, Octubre de 1998 Tesis: II.2o.C.121 C Página: 1131 Materia:
DAÑO, REPARACIÓN DEL. MATERIA CIVIL. LA DENUNCIA DE UN DELITO NO CONSTITUYE
UN ACTO ILÍCITO QUE ORIGINE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
Cuando una persona tiene motivos suficientes para creer fundadamente que se ha cometido un
delito, máxime si es en su agravio, tiene la facultad de denunciar el hecho relativo y a la persona
ante el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución de los delitos de acuerdo con el
artículo 21 constitucional; sin embargo, la denuncia no puede considerarse en sí como un acto
ilícito o contra las buenas costumbres cometido por el denunciante, pues ese acto constituye un
derecho de los gobernados cuando se refiere a delitos perseguibles por querella necesaria, y una
obligación cuando son perseguibles de oficio. En tal virtud, si una persona denuncia un delito de
querella necesaria, como en algunos casos lo es el fraude, en contra de otra, imputándole tal
delito, está ejercitando un derecho ante el representante social, más aún existiendo la prohibición
de hacerse justicia por propia mano y ello no implica que exista o se dé el acto ilícito a que alude el
artículo 1939 del Código Civil del Estado de México, para poder responder por daños y perjuicios
en caso de ser absuelto el acusado, pues finalmente quien ejercitó la acción en uso de su propio
arbitrio fue el Ministerio Público también cumpliendo con la obligación que al efecto le impone el
precepto constitucional citado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
Amparo directo 390/98. María del Carmen Rossano García. 22 de septiembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín Archundia Ortiz.
Federación y su Gaceta Tomo: VIII, Diciembre de 1998 Tesis: VII.2o.A.T.11 L Página: 1036
Materia: Laboral Tesis aislada.
DEMANDA LABORAL. ES ILEGAL TENERLA POR NO INTERPUESTA, POR NO CUMPLIR EL
ACTOR CON EL APERCIBIMIENTO DE PROPORCIONAR EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA.
El apercibimiento hecho por la Junta, consistente en que de no proporcionar el actor del juicio
laboral el domicilio correcto de la demandada se tendría por no interpuesto el libelo formulado en
contra de ésta, carece de fundamento legal, en virtud de que ningún artículo de la Ley Federal del
Trabajo prevé el apercibimiento en los términos indicados, y si bien es verdad que en el
ordenamiento legal de que se trata no existe disposición expresa que regule ese caso, también lo
es que en términos del artículo 17 de la misma, a falta de disposición expresa en la Constitución,
en dicha ley laboral o en sus reglamentos, la Junta deberá tomar en consideración sus normas que
regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los
principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo
123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; luego entonces, la responsable
debe emplear los medios legales que tenga a su alcance para emplazar a la demandada, pues de
lo contrario se privaría al inconforme del derecho de ejercitar su acción laboral, violando, en
consecuencia, el artículo 14 constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 725/98. Ignacio Flores Carrera. 21 de octubre de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. Véase:
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 175, tesis
XIII.1o.69 L, de rubro: "DEMANDA LABORAL, ADMISIÓN DE LA. ILEGAL APERCIBIMIENTO DE
TENERLA POR NO INTERPUESTA SI NO SE PROPORCIONA EL DOMICILIO DE LA
DEMANDADA.".
Federación y su Gaceta Tomo: IX, Enero de 1999 Tesis: I.6o.T.39 L Página: 842 Materia: Laboral
COSTUMBRE, INTERPRETACIÓN DE LA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY
Para que la costumbre pueda invocarse como tal, y estar en posibilidad de reclamar su
reconocimiento e implantación definitiva, en términos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo,
es necesario que concurran las siguientes circunstancias: a) Que se trate de una práctica reiterada
e ininterrumpida por un tiempo considerable; b) Que dicha práctica se realice con el consentimiento
de las partes; c) Que ese consenso se constituya como norma rectora de determinadas relaciones;
y d) Que tal práctica no contravenga disposiciones legales o contractuales. SEXTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 8486/98. Jorge Arturo Sandoval Covarrubias. 5 de noviembre de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Amparo directo
3016/98. Raymundo Castro Alonso. 30 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina
Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Amparo directo 2416/98. Enrique López de la
Cerda Butanda. 2 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota
Cienfuegos. Secretaria: Alma Leal Treviño.
Federación y su Gaceta Tomo: IX, Abril de 1999 Tesis: VII.1o.C.39 C Página: 583 Materia: Civil
PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA, POR CONDUCTA DEPRAVADA DE UNO DE LOS
PADRES. INSUFICIENCIA DE LA CONFESIONAL FICTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
Tratándose de la pérdida de la patria potestad es necesario que la causal o causales que se
invoquen se acrediten plenamente. Si la que se hace valer consiste en que uno de los padres tiene
costumbres depravadas, prevista en el artículo 373, fracción III, del Código Civil para el Estado de
Veracruz, se debe demostrar de modo fehaciente tal conducta reiterada que pueda comprometer la
salud, la seguridad o la moralidad del hijo menor de edad; por consiguiente, no basta la confesional
ficta de la demandada, por no haber comparecido a absolver posiciones, para dar por
comprobados los hechos que se le atribuyen. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo directo 953/96. Cruz Leopoldo Castillo Grajales. 22 de noviembre de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretario: Alberto Quinto Camacho. Véase: Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 207, tesis 308, de
rubro: "PATRIA POTESTAD, PRUEBAS PARA LA PÉRDIDA DE LA.".
Federación y su Gaceta Tomo: IX, Mayo de 1999 Tesis: X.1o.17 C Página: 988 Materia: Civil Tesis
ALIMENTOS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "CIRCUNSTANCIAS PERSONALES" PREVISTA EN
EL ARTÍCULO 304 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 304 del Código Civil vigente para el Estado de
Tabasco, el concepto de alimentos sobrepasa a la simple acepción de comida, constituyendo un
elemento de tipo económico que permite al ser humano obtener su sustento y sano desarrollo en
los aspectos biológico, social y educacional propios de éste; en consecuencia, los alimentos deben
fijarse de conformidad con el caudal económico del deudor y las circunstancias personales del
acreedor, entendiendo por éstas, entre otras, el nivel económico y social en el que fue procreado,
atendiendo a las costumbres propias de tal nivel, que obviamente es en el que fue procreado y que
debe serle proporcionado por sus progenitores, cumpliendo su obligación de acuerdo a su propia
situación social y económica, siempre y cuando éstos puedan seguir otorgándoselo. PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Amparo directo 253/98. José Gregorio Luna González. 22 de enero de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Luis Alberto Ibarra Navarrete.
Federación y su Gaceta Tomo: X, Julio de 1999 Tesis: XIV.1o.5 C Página: 850 Materia: Civil Tesis
COSTAS. FALTA DE ARANCEL PARA FIJARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO).
Como en el Estado de Quintana Roo no existe arancel que regule la condena en costas, para su
correcta cuantificación y acorde a los lineamientos generales que establece el cuarto párrafo del
artículo 14 constitucional, el juzgador competente deberá recurrir a la costumbre prevaleciente en
el lugar de que se trate, y a efecto de fijar razonablemente su condena deberá ponderar, entre
otros variados aspectos, los siguientes: La suma correspondiente se determinará una sola vez y
regirá para toda la parte a quien deba condenarse, es decir, el monto obtenido tendrá que ser
distribuido entre actores o demandados (según sea el caso), por partes iguales; deberá asimismo
considerar la etapa procesal en que el asunto hubiere concluido, la temeridad o mala fe con que se
haya conducido la parte vencida y, fundamentalmente, si la resolución que puso fin a la
controversia destruyó la acción del demandante o simplemente concluyó la instancia, dado que en
este último caso siempre deberá considerarse la eventualidad de un nuevo litigio. PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 431/98. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, antes
Bancomer, S.A. 29 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
Secretaria: Juliana Martínez Cerda.
Federación y su Gaceta Tomo: X, Julio de 1999 Tesis: VIII.2o.31 L Página: 903 Materia: Laboral
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. NO SE PREVÉ EN EL CÓDIGO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE COAHUILA Y NO PROCEDE LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY FEDERAL DEL
Del contenido del artículo 530 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, ordenamiento
legal que rige las relaciones entre las entidades públicas municipales de dicho Estado y sus
trabajadores, se advierte que el indicado precepto legal no contempla la acción que establecen los
artículos 51 y 52 de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, en favor de los trabajadores
en general, para rescindir la relación de trabajo por causa imputable al patrón, ya que
expresamente determina todo lo concerniente a la forma para dar por concluida la relación de
trabajo, a cuya hipótesis se refieren los artículos 571, 572 y 573 del mencionado Código Municipal,
debiéndose destacar que en el último de los preceptos citados, se establece la única acción que se
otorga a los trabajadores de las entidades públicas municipales en caso de cese injustificado, en el
sentido de que solamente pueden optar por la reinstalación en el cargo o puesto que
desempeñaban o que se les cambie de adscripción con sus mismos derechos; por ello, en esa
hipótesis no cabe la aplicación supletoria de la ley laboral, ya que si bien en su artículo 536, se
establece que en todo lo no previsto en lo relativo a las relaciones laborales entre el Ayuntamiento
y sus trabajadores, se aplicará supletoriamente y en su orden, el Estatuto Jurídico para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, la Ley Federal del Trabajo, el Código de
Procedimientos Civiles de dicho Estado, la costumbre y los principios generales de derecho; sin
embargo, es de destacar que la supletoriedad únicamente debe aplicarse cuando en un
ordenamiento legal, expresamente se contempla la prestación, el derecho o la institución que se va
a complementar, por existir algunos aspectos no comprendidos, ya que no es lógico ni jurídico
acudir a la supletoriedad de la ley para crear instituciones extrañas, que el legislador que formuló el
Código Municipal de referencia, determinó no establecerlas dentro de este cuerpo legal. Por tanto
la institución relativa a la rescisión de la relación de trabajo, no es aplicable supletoriamente a los
trabajadores de las entidades públicas municipales, pues de lo contrario, se integraría al Código
Municipal para el Estado de Coahuila, una institución ajena a este ordenamiento legal, invadiendo
de esa manera las atribuciones que le corresponden al órgano legislativo de dicho Estado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 536/98. Armando García Rivera. 13 de mayo de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla. Véase: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, página 41, tesis P. XXVII/95, de
rubro: "RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSA IMPUTABLE AL ESTADO
PATRÓN. LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO NO
CONCEDE ACCIÓN A LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS.".
Federación y su Gaceta Tomo: X, Agosto de 1999 Tesis: VII.2o.A.T.32 L Página: 747 Materia:
Laboral Tesis aislada.
DESCUENTOS EN EL SALARIO DEL TRABAJADOR JUBILADO POR PRÉSTAMO OTORGADO
POR CAJA DE AHORROS. ES DE NATURALEZA LABORAL Y RESULTA APLICABLE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO PARA EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN.
Si las prestaciones reclamadas por un trabajador jubilado surgen con motivo de descuentos
derivados de un préstamo que le fue otorgado por la Caja de Ahorros y Préstamos de la Sección
30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Asociación Civil, y aquél
autorizó a Petróleos Mexicanos para que efectuara los descuentos de su salario, con fundamento
en la fracción IV del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo y en la cláusula 203 del contrato
colectivo de trabajo relativo, debe decirse que dicho préstamo fue otorgado al referido trabajador
jubilado debido al vínculo de trabajo que lo unió con su patrón y con el sindicato titular del contrato
colectivo, pues de otra manera la caja de ahorros no hubiera estado en aptitud de otorgárselo, y
ello origina la naturaleza laboral del asunto, el cual no es de carácter civil, ya que no se trata de un
préstamo entre particulares, sino de uno otorgado como prestación al trabajador. Partiendo de esa
base, al ser el asunto de naturaleza laboral, a dicho conflicto se tienen que aplicar las normas de la
Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, para determinar el plazo de prescripción para cobrar
el préstamo otorgado es aplicable el artículo 517 de dicha ley laboral, en términos de lo dispuesto
por el numeral 17 de la propia ley, ya que este último precepto establece que: "A falta de
disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que
se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos
semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales
del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la
Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."; por lo que si no existe disposición
expresa en la ley laboral que regule la prescripción de los descuentos que se hagan a un
trabajador jubilado, por una caja de ahorros, con motivo de un préstamo que ésta le haya otorgado,
debe aplicarse la disposición de esa propia ley que establezca un caso similar, y la que más se
asemeja es la establecida en su artículo 517, fracción I, que se refiere al plazo para poder realizar
descuentos a los salarios de los trabajadores, supuesto similar a los descuentos efectuados por
una caja de ahorros, sin que ello implique que se dé a la citada caja de ahorros el carácter de
patrón, ni que el jubilado tenga la calidad de trabajador en relación con esta última. SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
Amparo directo 246/99. Caja de Ahorros y Préstamos de la Sección Número Treinta del Sindicato
de Trabadores Petroleros de la República Mexicana, A.C. 2 de junio de 1999. Unanimidad de
votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: Rosenda Tapia García.
Federación y su Gaceta Tomo: X, Agosto de 1999 Tesis: II.T.84 L Página: 794 Materia: Laboral
RELACIÓN LABORAL. CUÁNDO PUEDE DESPRENDERSE DE UN CONTRATO DE COMISIÓN
La celebración de un contrato denominado de "comisión mercantil", en el que aparece la
demandada como comitente y un tercero como comisionista, en el cual se pacta la contratación de
trabajadores por este último, no debe llevar necesariamente a la consideración de que la invocada
relación laboral entre aquéllos y la demandada sea inexistente, pues, primeramente debe
analizarse la verdadera naturaleza jurídica de ese contrato de comisión, tanto en su clausulado,
como su observancia y operatividad en la realidad, porque de llegar a establecerse de los hechos,
que se generó una verdadera relación de trabajo entre la demandada como empleadora y el
comisionista, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, que dice:
"Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.-Si el
trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el
patrón de aquél, lo será también de éstos.", o bien, si a pesar de la celebración del referido
contrato, existe una verdadera subordinación de los actores hacia la demandada, funge entonces
el comisionista que contrató directamente a los trabajadores, simplemente como intermediario en
tal vínculo contractual, por lo que se tendría por acreditada la citada relación laboral entre actores y
demandada. Máxime si ella resulta beneficiada con los servicios de los empleados y no consta lo
contrario, sino incluso, implícitamente lo aceptó al reseñar la mecánica en que operaba el
establecimiento en el cual laboraban los trabajadores, obteniendo utilidades por las ventas
realizadas en éste. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
Amparo directo 91/99. Venancio Lozano Lozano. 22 de abril de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina. Véase: Semanario Judicial de la
Federación, Séptima Época, Volúmenes 133-138, Sexta Parte, página 140, tesis de rubro:
"RELACIÓN DE TRABAJO A LA QUE SE DENOMINA COMISIÓN MERCANTIL.".
Federación y su Gaceta Tomo: X, Septiembre de 1999 Tesis: XIX.2o. J/13 Página: 747 Materia:
Laboral Jurisprudencia.
REGLAMENTO SOBRE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO
Y SUS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA. SUPLETORIEDAD DE LA LEY LABORAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).
La naturaleza especial del servicio que prestan los elementos de seguridad pública, como
trabajadores de confianza del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encuentra su base legal en los
artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República y en el artículo
91, fracción IX, de la Constitución Local, así como en el artículo 4o., fracción II, inciso A), subinciso
g), de la Ley del Servicio Burocrático del Estado; por tanto, cualquier controversia entre dichos
elementos y el Gobierno Estatal, se rige por el Reglamento sobre las Relaciones Laborales entre el
Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, el cual, si bien no prevé
expresamente que en caso de que la autoridad notare alguna irregularidad en el escrito de
demanda, al admitir ésta, deberá señalar al actor los defectos u omisiones en que haya incurrido,
previniéndolo para que los subsane dentro de un término prudente, a fin de que el demandante
pueda aclarar y precisar sus pretensiones; oportunidad que se da hasta antes de la contestación a
la propia demanda; lo anterior tiene su sustento en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, de
aplicación supletoria, puesto que a través de ésta se reglamentan los principios tutelares del
derecho del trabajo que derivan del propio artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución
General; sin que sea obstáculo para ello el que en el artículo 5o. del Reglamento sobre las
Relaciones Laborales precitado, se establezca que para la supletoriedad, en lo no previsto, es
aplicable sólo la costumbre, el uso y los principios generales del derecho; pues basta que la Ley
Federal del Trabajo sea de observancia general y obligatoria, para que esté por encima de aquella
reglamentación; máxime que en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Burocrático expresamente se
establece que en lo no previsto por dicha ley o sus reglamentos, se aplicará supletoriamente y en
su orden la Ley Federal del Trabajo, el Código de Procedimientos Civiles, la costumbre, el uso, los
principios generales de derecho y la equidad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
NOVENO CIRCUITO.
Amparo en revisión 215/98. Marcos Nava González. 14 de enero de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Olga Iliana Saldaña Durán. Secretario: Lorenzo Ponce Martínez. Amparo en revisión
423/98. Ramiro Montiel Crespo. 14 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Loreto Martínez. Secretario: Rubén González Zamora. Amparo en revisión 322/98. Leonel Sánchez
Lara. 7 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretario:
Rubén González Zamora. Amparo en revisión 442/98. Juan Pedro Cárdenas Amador. 9 de julio de
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretario: Luis Gerardo Uvalle
Loperena. Amparo en revisión 480/98. Leticia Maldonado Herrera. 9 de julio de 1999. Unanimidad
de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretario: Luis Gerardo Uvalle Loperena.
Federación y su Gaceta Tomo: X, Octubre de 1999 Tesis: I.4o.C.29 C Página: 1253 Materia: Civil
CONTRARRECIBOS. SÓLO JUSTIFICAN LA RECEPCIÓN DE CIERTOS DOCUMENTOS PARA
SU REVISIÓN.
Conforme a los usos y costumbres mercantiles, los contrarrecibos son entregados como meros
documentos justificativos de que se recibieron para su revisión ciertos recibos, notas de remisión o
bien facturas de proveedores, a fin de que posteriormente y una vez examinados contablemente,
estos últimos documentos, si se aceptan, sean cubiertos; pero en modo alguno los contrarrecibos
son suficientes para justificar, aun reconocidos, que los servicios o mercancías que amparan tales
recibos, notas de remisión, etcétera, se adeuden. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3674/99. Materias Primas El Rey, S.A. de C.V. 29 de abril de 1999. Unanimidad de
votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Georgina Vega de Jesús. Amparo directo 4494/99.
Grupo Marsal, S.A. de C.V. 6 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle
Álvarez. Secretario: Armando Cruz Espinoza.
Federación y su Gaceta Tomo: XI, Enero del 2000 Tesis: VI.P.19 P Página: 963 Materia: Penal
ABUSO DE AUTORIDAD, EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DEL DELITO DE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
En términos del artículo 419, fracción IV, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, el
delito de abuso de autoridad se actualiza cuando el activo, en ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, ejecuta cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la
Constitución Política de la República o del Estado; en tal circunstancia, si el servidor público privó
de la libertad a miembros de su comunidad bajo el argumento de que "atendió a las costumbres del
pueblo", y que él ignoraba que al hacer esto cometería un delito, debió demostrar, primero que no
tenía la capacidad para comprender el carácter ilícito del hecho típico, para conducirse de acuerdo
a esa comprensión, por alguna de las siguientes hipótesis: a) Por circunstancias particulares del
ofendido, si el acusado las ignoraba sin culpa al tiempo de obrar, o b) Por padecer el agente
trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que él mismo hubiera provocado su
trastorno mental, dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico, siempre
y cuando lo haya previsto o le fuere previsible; pues en tratándose de las excluyentes del delito o
modificativas de la culpabilidad, que prevé el artículo 26 del Código de Defensa Social, éstas
deben quedar debidamente acreditadas, para que el juzgador pueda otorgarles el alcance que
legalmente les corresponde. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO
Amparo directo 198/99. 26 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca
Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores.
Federación y su Gaceta Tomo: XI, Enero del 2000 Tesis: I.6o.T.63 L Página: 982 Materia: Laboral
CONFESIONAL. APLICACIÓN, POR ANALOGÍA, DEL ARTÍCULO 815, FRACCIÓN II, DE LA LEY
El artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo dispone que: "Los laudos se dictarán a verdad sabida,
y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales
en que se apoyen."; la facultad de apreciar los hechos en conciencia, permite a la Junta, en el caso
de la prueba confesional, aplicar por analogía el artículo 815, fracción II, de la Ley Federal del
Trabajo, que dice: "En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes:
... II. El testigo deberá identificarse ante la Junta cuando así lo pidan las partes y si no puede
hacerlo en el momento de la audiencia, la Junta le concederá tres días para ello."; por tanto, si la
Junta requiere a quien va a absolver posiciones o rendir declaración, que se identifique, no incurre
en violación de garantías individuales, acorde con la obligación que tiene la autoridad de identificar
a las partes, en el caso concreto, al que absolverá posiciones, para tener certeza jurídica de
identidad, lo que es acorde a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo que dice:
"A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los
tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que
regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los
123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.". SEXTO TRIBUNAL
Amparo directo 10326/99. Ernesto García Lemus. 12 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos.
Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Leticia C. Sandoval Medina.
Federación y su Gaceta Tomo: XI, Febrero de 2000 Tesis: XX.1o.94 L Página: 1074 Materia:
LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEGISLACIÓN
SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS, LO ES LA LEY FEDERAL DEL
De acuerdo con el catálogo de normas que contempla la Ley del Servicio del Estado y los
Municipios de Chiapas, en ninguno de sus supuestos otorga un título específico del procedimiento
a seguir para el ofrecimiento, admisión, desahogo y perfeccionamiento de pruebas; en esa virtud,
en su artículo noveno transitorio establece: "En lo no previsto y que no se oponga a esta ley es
supletoria la Ley Federal de los Trabajadores del Estado."; sin embargo, la legislación que
conforme al transcrito precepto es supletoria de la ley burocrática del Estado, tampoco consagra
disposiciones específicas que prevean lo relativo. No obstante ello, la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 11 preceptúa: "En lo no previsto por esta ley o
disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo,
el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los
principios generales del derecho y la equidad.", hipótesis que válidamente da la pauta a considerar,
que si para la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, en lo no previsto, es
supletoria la ley reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional, en tanto no exista
conflicto entre ambas legislaciones, y ésta a su vez, contempla la factibilidad de acudir a la
supletoriedad de otras legislaciones, destacando en orden de aplicación preferente, la Ley Federal
del Trabajo, ello conduce a establecer que no existe obstáculo legal para considerar que esta
última, al ser supletoria de aquélla, también pueda serlo de la ley del servicio civil en comento, para
el fin de resolver lo inherente a las formalidades que se deban observar en el procedimiento laboral
burocrático en cuanto al desahogo de pruebas. Por lo anterior, quienes actualmente integran este
órgano colegiado, con fundamento en lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, estiman
procedente interrumpir el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo
Circuito, en la jurisprudencia J/37, visible en la página 402, del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, intitulada: "LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", ya que como se advierte de su contenido, para
rechazar la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo sólo se atiende a lo dispuesto en el
artículo noveno transitorio de la ley burocrática local, sin que se ocupe de mencionar por qué, ante
la falta de disposiciones en una y otra legislación sobre aspectos básicos del proceso burocrático,
como el relativo al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, no pueda acudirse
supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, no obstante lo que establece el artículo 11 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Amparo directo 755/99. Secretaría de Educación del Estado. 1o. de diciembre de 1999.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hinostrosa Rojas. Secretaria: Miriam Marcela Punzo Bravo.
Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia XX. J/37, de rubro:
"LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO NO ES SUPLETORIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).",
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre
de 1996, página 402.
Federación y su Gaceta Tomo: XI, Mayo de 2000 Tesis: I.7o.C.30 C Página: 921 Materia: Civil
DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN.
El artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la
República en Materia Federal, dispone que por daño moral se entiende la alteración profunda que
la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada,
configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás,
producida por un hecho ilícito; por su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita,
establece que es ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.
En ese orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales preceptos
legales, los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar la veracidad de las
notas informativas que pretendan publicar; es decir, deben verificar que aquello que van a hacer
del conocimiento público se apegue a la realidad, para estar en aptitud de publicar una información
objetiva y veraz, y no afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un demérito en su
prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley de Imprenta vigente, constituye un ataque
a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión, prevista en los numerales 6o. y 7o. de
la Constitución Federal; en consecuencia, dichos medios deben ajustar a la verdad sus notas
informativas, cuidando además los términos que emplean al redactarlas, atendiendo a que no debe
ser justificante que quien hace una publicación ignore el significado jurídico del término empleado,
puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de excusa para un medio de
comunicación que se presume cuenta con especialistas y profesionales en la labor informativa.
Amparo directo 11207/99. Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 4 de febrero de 2000. Unanimidad de
votos. Ponente: Anastacio Martínez García. Secretario: Carlos Arturo Rivero Verano.
Federación y su Gaceta Tomo: XI, Junio de 2000 Tesis: I.6o.T. J/31 Página: 492 Materia: Laboral
Amparo directo 2416/98. Enrique López de la Cerda Butanda. 2 de abril de 1998. Unanimidad de
votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Alma Leal Treviño. Amparo directo
Pichardo Blake. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Amparo directo 8486/98. Jorge Arturo Sandoval
Covarrubias. 5 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake.
Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Amparo directo 226/99. Alejandro Velázquez Cabrera. 12 de
febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario:
José Guillermo Cuadra Ramírez. Amparo directo 3956/2000. José Guadalupe Hernández Aldama.
4 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia
Muñoz Illescas.
Federación y su Gaceta Tomo: XII, Septiembre de 2000 Tesis: II.3o.C.9 C Página: 783 Materia:
PATRIA POTESTAD. EL ABANDONO DEL MENOR DESDE SU NACIMIENTO POR PARTE DEL
PADRE, NO CONSTITUYE PRUEBA EFICAZ, PARA QUE PROCEDA SU PÉRDIDA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
La pérdida de la patria potestad es una sanción de notoria excepción, toda vez que lo normal es
que la ejerzan siempre los padres, y por ello, las disposiciones del Código Civil que establecen las
causas que la imponen, deben ser consideradas como de estricta aplicación, de manera que
solamente cuando haya quedado probada una de ellas, de modo indiscutible, se surtirá su
procedencia, sin que puedan aplicarse por analogía ni por mayoría de razón, por su gravedad de
sanción trascendental que repercute tanto en los hijos como en los padres. El artículo 426, fracción
III, del Código Civil para el Estado de México, dispone: "La patria potestad se pierde: ... III. Cuando
por las costumbres depravadas de sus padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes,
pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos
no cayeren bajo la sanción de la ley penal.". De su lectura se desprende que la intención del
legislador no fue simplemente sancionar con la pérdida de la patria potestad a la mera infracción
de los deberes a cargo del padre, sino únicamente cuando tal incumplimiento trascienda, por las
circunstancias particulares en que se produzca, a la integridad física o moral de los hijos, cuando
por tal infracción pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de aquéllos; máxime
que el código sustantivo, en muchos casos, prevé los medios para obligar al cumplimiento de los
deberes contenidos en la patria potestad, lo cual demuestra que la finalidad de la norma no es, en
sí misma, represiva, sino que tiende, por vía de la prevención, a conservar la integridad física y
moral de los hijos. Así, el hecho de que la concepción y el nacimiento de un menor se haya dado
fuera de matrimonio, no trae consigo la inexistencia de la familia dado que la madre y su hijo,
juntos la constituyen, porque la familia es una realidad natural, y en su concepto amplio, llamamos
familia a las personas que descienden unos de otros o que tienen un origen común, al margen del
matrimonio; por lo cual, el abandono de un niño desde su nacimiento, por parte del padre, no es
prueba eficaz, por sí misma, para que proceda la sanción pretendida, si no existe en autos ningún
elemento que permita sostener fundadamente que pudo comprometer la salud, la seguridad o la
moralidad del menor; y tampoco puede considerarse que la conducta del padre sea ejemplo que
pueda dañar al menor en su moralidad, por el incumplimiento y la desatención de sus obligaciones
paternas, pues si el menor vive con la madre, la moralidad, los principios y la educación habrá de
recibirlos de ella, de modo que dichos valores no dependen necesariamente de su progenitor o de
los recursos que él pudiera proporcionarle, sino de la educación integral que la madre le dé.
Consecuentemente, el abandono de un menor por parte de su padre y el ejemplo de éste con esa
actitud, no constituye prueba eficaz para demostrar la causal referida, si en autos no existe medio
probatorio que permita estimar que pudo comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad del
menor. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 612/99. María Juncal Narbaiza Solozabal. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de
votos. Ponente: Ana María Serrano Oseguera de Torres. Secretario: Francisco Banda Jiménez.
Federación y su Gaceta Tomo: XII, Diciembre de 2000 Tesis: I.10o.C.8 C Página: 1405 Materia:
NOTARIO PÚBLICO. AL PROTOCOLIZAR UN ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NO
TIENE FACULTADES PARA ANALIZAR SI ÉSTA SE VERIFICÓ O NO ACORDE A LOS
LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
Si bien es cierto que del contenido de diversos dispositivos de la Ley del Notariado para el Distrito
Federal, como lo son los artículos 1o., 6o., 10, 33, 35, 62, 69, 82, 90, 102, 103 y 104, se pone de
manifiesto que al notario le está prohibido ejercer sus funciones cuando el objeto o fin del acto es
contrario a la ley o a las buenas costumbres, y que un testimonio será nulo cuando faltare algún
otro requisito que, por disposición expresa de la ley produzca su nulidad, ello no puede llevar al
extremo de exigir al notario que ejerza facultades que no son propias de su encargo. En efecto,
previo a la protocolización de un acto, el fedatario tiene el deber de cumplir con determinadas
obligaciones que el ordenamiento legal mencionado le impone, tales como el cercioramiento de las
facultades de quien comparece a solicitar la protocolización de un acta a nombre de una sociedad,
así como su legal constitución y existencia; sin embargo, si el quejoso, apoyado en los artículos
mencionados, pretende se declare la nulidad del instrumento ya protocolizado, basado en que el
notario, según aduce, debió abstenerse de protocolizar un acta de asamblea dado que la
convocatoria respectiva no fue efectuada conforme a los lineamientos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, el interpretar dichos preceptos de esa forma, sería tanto como exigir al
notario que se pronuncie sobre un aspecto no previsto por la ley y por ende, no propio de su
encargo. Lo anterior es así, en virtud de que no puede otorgarse a dichos numerales el alcance
pretendido por el peticionario de garantías, pues de hacerlo, además de lo antes mencionado,
significaría dotar al fedatario de una facultad exclusiva de la autoridad jurisdiccional. Razón por la
cual, de existir alguna irregularidad en la convocatoria para la celebración de la asamblea, cuya
acta fue protocolizada, es menester que ello se deduzca, por quien tenga interés, a través de la vía
y forma adecuada, y no pretender que sea el notario quien efectúe tal declaración y en base a ello
se abstenga de protocolizar un acta de asamblea por no convocarse conforme a derecho. En tales
condiciones, la acción de nulidad del instrumento en contra del notario basado en las razones
invocadas por el quejoso no es procedente, pues el fedatario no es la entidad propia para verificar
y, en su caso, declarar si el acto a protocolizar cumple o no con los requisitos que debe contener la
convocatoria para la asamblea; por tanto, no puede exigírsele que en base a ello, se abstenga de
protocolizar dicho acto; máxime cuando lo que se demanda es la nulidad del testimonio fedatado y
no la celebración de la asamblea misma. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 445/2000. Sucesión de Gustavo Lerdo de Tejada y otros. 12 de septiembre de
2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Fernando Sánchez
Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Mayo de 2001 Tesis: XX.2o.15 P Página: 1155 Materia: Penal
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES
PENALES PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 52 del Código Penal para el Estado de Chiapas,
para fijar las penas al sentenciado, el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración, entre
otros datos, la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido
expuesto, la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla, las
circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado, la forma y grado de
intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido,
la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del sujeto, así
como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, el comportamiento posterior del
acusado con relación al delito cometido, las demás condiciones especiales y personales en que se
encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes
para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, y
cuando el sentenciado sea indígena, se tomarán en cuenta además, sus usos y costumbres; sin
embargo, dicho artículo no alude a la conducta anterior del activo o a las circunstancias exteriores
de ejecución y las peculiares del mismo o alguna otra hipótesis equiparable, en la cual pudieran
ubicarse los antecedentes penales, para ser tomados en cuenta para efecto de individualizar la
pena y fijar el grado de culpabilidad del sentenciado, o bien, determinar si se trata de delincuente
primario o que tenga cualquier proceso instaurado en su contra, porque la legislación local no
contempla esos aspectos, a pesar de que el numeral 51 del citado código sustantivo penal,
establezca que respecto a las demás medidas de seguridad, para su aplicación, el Juez deberá
considerar las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, lo que
pudiera dar lugar a pensar que este supuesto podría aplicarse para el caso, empero, ello no es
posible, porque este precepto se ubica en el capítulo XVI del título segundo, que se refiere a las
medidas de seguridad, mas no a la aplicación de las sanciones contempladas en el título tercero,
capítulo primero, del ordenamiento legal en comento; en consecuencia, la resolución que toma en
cuenta los antecedentes penales para determinar el grado de culpabilidad del sentenciado es
violatoria de garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Amparo directo 798/2000. 24 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga
Álvarez. Secretario: Raúl Mazariegos Aguirre.
Federación y su Gaceta Tomo: XIII, Junio de 2001 Tesis: XI.2o.23 L Página: 746 Materia: Laboral
PRUEBA TESTIMONIAL. NO ES APLICABLE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN FORMA
SUPLETORIA A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN Y SUS MUNICIPIOS, CON RESPECTO A SU OFRECIMIENTO.
La aplicación supletoria de una ley es válida, cuando se encuentra en la ley originaria la prestación,
el derecho o la institución de que se trate, y esta ley no la regule con amplitud necesaria, esto es,
presenta "lagunas", que se pueden subsanar aplicando los preceptos que al caso establezca la ley
supletoria, sin que sea lógico ni jurídico acudir a la supletoriedad de una ley, para introducir a la ley
natural instituciones ajenas a la misma, porque de ser así, se estarían invadiendo atribuciones que
la Constitución Federal tiene reservadas exclusivamente a los órganos legislativos; en
consecuencia, si la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus
Municipios, no contiene precepto legal que obligue al oferente de una prueba testimonial a
proporcionar el domicilio de los testigos que se compromete a presentar el día y hora que se
señalen para su desahogo y, por el contrario, en su artículo 103 establece que la autoridad laboral,
una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las
diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos, para la
audiencia de pruebas, alegatos y resolución, y el artículo 104 del ordenamiento jurídico antes
invocado, dispone que el día y hora de la audiencia se abrirá el periodo de ofrecimiento y recepción
de pruebas, que el tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime necesarias y
desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes, contrarias a la ley o a las buenas
costumbres o que no tengan relación con la litis, es evidente que la ley aplicable al caso es la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, porque no
presenta lagunas sobre ese particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO
Amparo directo 97/2001. Ayuntamiento de Briseñas, Michoacán. 8 de marzo de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Ma. de la Cruz Estrada Flores.
Federación y su Gaceta Tomo: XIV, Octubre de 2001 Tesis: I.2o.C.14 C Página: 1194 Materia: Civil
SOCIEDAD CONYUGAL. LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE SEPARACIÓN
DE BIENES REQUIERE APROBACIÓN JUDICIAL.
De una correcta interpretación de los artículos 187, 197 y 207 del Código Civil del Distrito Federal
se colige que la sociedad conyugal puede terminarse antes de que se disuelva el matrimonio, si así
lo convienen los consortes; sin embargo, es de precisarse que el convenio por el que se da por
terminada dicha sociedad implica el cambio del régimen de sociedad conyugal al régimen de
separación de bienes, y a la vez la modificación en ese punto del acta de matrimonio; por tanto,
tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 134 del Código Civil, la modificación de un acta del
estado civil no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste; en tal
virtud, el convenio sobre el cambio de régimen patrimonial del matrimonio debe ser aprobado
judicialmente mediante sentencia que en su oportunidad cause ejecutoria, constituyendo ese
convenio cosa juzgada o verdad legal; es decir, se requiere la aprobación mediante la actuación
jurisdiccional pues, dada su naturaleza jurídica, el convenio debe analizarse para verificar que el
mismo satisface los elementos reales, personales y formales que la ley exige, que no contravenga
disposiciones de orden público, o sea, se determine si el convenio celebrado entre los cónyuges se
encuentra o no apegado a la ley, si dicho convenio reúne o no la forma precisada por ésta, si las
partes contratantes tienen o no capacidad jurídica para celebrarlo, si está o no apegado a la moral
y a las buenas costumbres, requisitos estos que, bajo ningún concepto, deben quedar sujetos a la
voluntad de las partes, porque dicha autorización judicial tiende a proteger los derechos que
afectan a la familia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
Amparo en revisión 3342/2001. Sergio Jesús Rico Velasco. Unanimidad de votos. Ponente: Luz
Delfina Abitia Gutiérrez. Secretaria: Francisca Cortés Salazar.
Federación y su Gaceta Tomo: XIV, Noviembre de 2001 Tesis: XIX.4o.4 P Página: 525 Materia:
Penal Tesis aislada.
PENAS, APLICACIÓN DE LAS. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL.
Una correcta interpretación de los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal permite señalar que
si bien para la aplicación de las sanciones se deben de tomar en cuenta las circunstancias
exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, lo que implica analizar
tanto la gravedad del ilícito como el "grado de culpabilidad" del agente, ello no significa que éste
deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de culpabilidad del sentenciado
y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, pues para imponer una sanción justa y adecuada al
delito consumado, el tribunal deberá examinar al unísono ambas cuestiones. Así, el juzgador al
momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), debe
realizar un estudio integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al evento
delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene analizando la
magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que éste hubiere sido expuesto, la
naturaleza de la acción u omisión, y los medios empleados para ejecutarla, así como las
circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado (fracciones I a III); pero
también deberá analizar la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, su
calidad y la de la víctima u ofendido; su edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones
sociales y económicas, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, sus usos y
costumbres, según si pertenece a algún grupo étnico o indígena, su comportamiento posterior, así
como las condiciones especiales y personales en que se encontraba al momento de la comisión
del delito (fracciones IV a VII). Lo anterior no implica que el reo merezca una sanción especial por
la gravedad del delito, con independencia del grado de culpabilidad (antes peligrosidad) que
presenta la persona a sentenciar. Por ello, y en estricto cumplimiento al artículo 52 del Código
Penal Federal reformado, el juzgador debe analizar todas y cada una de las circunstancias que se
han señalado líneas arriba, de las cuales obtendrá el real grado de responsabilidad que presenta el
reo, y con base en el cual será sancionado en forma justa y equitativa, acorde al ideal de justicia
que impera en el derecho penal, incluido en dicho grado tanto las circunstancias peculiares del
delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que se cometió, no como aspectos
autónomos, sino complementarios. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO
Amparo directo 325/2001. 10 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto
Martínez. Secretaria: Graciela Robledo Vergara.
Federación y su Gaceta Tomo: XV, Abril de 2002 Tesis: I.12o.A.22 A Página: 1342 Materia:
Administrativa Tesis aislada.
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RELATIVA CONTIENE UNA LAGUNA
EN CUANTO A REGLAS DE DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE DESTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA CUAL
DEBE SER COLMADA ACUDIENDO AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL
La Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal establece el procedimiento relativo a la destitución
de elementos de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal, así como las probanzas que
pueden ofrecerse, el término para realizar el ofrecimiento, el momento de su desahogo, y que
deben ser consideradas al emitir la resolución correspondiente; sin embargo, no fija reglas o el
sistema que debe seguirse para el efecto de desahogar y valorar conforme a derecho las
mencionadas probanzas, omisión que es relevante porque del desahogo y la valoración no
regulados dependerá que se dicte en su caso una resolución de destitución del elemento
implicado. Las mencionadas reglas no pueden válidamente derivarse de las remisiones que se
indican en los artículos 4o., 17 y 48 del mismo ordenamiento, al Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal y su reglamento y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya
que el primero de ellos hace dicha remisión únicamente por lo que se refiere a las funciones
propias de policía judicial dentro del procedimiento penal, mientras que los dos restantes la
realizan solamente en el aspecto sustantivo en relación con las conductas previstas como
sancionables y los castigos a imponer; consecuentemente, en acatamiento al artículo 14
constitucional, debe recurrirse a la integración interpretativa del derecho, que no es otra cosa que
la aplicación supletoria de usos, costumbres y principios generales del derecho contenidos en otros
ordenamientos, que permitan colmar el vacío existente. Conforme a esta integración normativa,
resulta supletoriamente aplicable al caso el Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, por tratarse de un procedimiento administrativo destinado no a resolver un conflicto de
intereses entre particulares sino a determinar la responsabilidad de una persona, por conductas u
omisiones en que hubiese incurrido, y la sanción que por tal motivo deba imponérsele, lo que
conduce a la necesidad de permitir al elemento procesado la mayor oportunidad de defensa
posible, condición que no cumplen la normatividad adjetiva civil ni la administrativa y sí en cambio
la penal y, por otra parte, porque la norma adjetiva que se complementa mediante esta integración,
pertenece al ámbito estrictamente local y no al federal, por lo que no resulta aplicable al caso la
legislación adjetiva penal federal. DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 8392/2001. Eloy Eligio Herrera Carreón. 9 de noviembre de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Alfredo Cid García.
Federación y su Gaceta Tomo: XV, Mayo de 2002 Tesis: I.4o.C.52 C Página: 1174 Materia: Civil
ARBITRAJE. CONVENIO ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR ELEVADO
A LA CATEGORÍA DE LAUDO ARBITRAL. NO NECESITA SER HOMOLOGADO PREVIAMENTE
PARA QUE EL JUEZ ORDENE SU EJECUCIÓN.
La homologación es un reconocimiento que hace un tribunal público de la regularidad de un laudo
pronunciado por un árbitro nacional o extranjero (para poder proceder a su ejecución); es decir, la
homologación implica la aprobación judicial de un acto jurídico que no había adquirido toda su
eficacia jurídica antes de ser homologado. Sin embargo, es doctrina nacional uniforme que los
laudos pronunciados en nuestro país no requieren de la aprobación judicial para que puedan ser
ejecutados. La regla, en consecuencia, es que los laudos pronunciados por los árbitros deben ser
ejecutados por los Jueces ordinarios, sin necesidad de que éstos les otorguen, antes de ordenar la
ejecución, una previa aprobación u homologación, situación que se corrobora con lo dispuesto por
el artículo 632 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que
notificado el laudo se pasarán los autos al Juez ordinario para su ejecución, a no ser que las partes
pidieren aclaración de sentencia. En esa virtud, si la Procuraduría Federal del Consumidor autoriza
un convenio por estar conforme a derecho y no contener cláusulas contrarias al mismo, a la moral
o a las buenas costumbres, lo eleva a la categoría de laudo ejecutoriado, y obliga a las partes a
estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, tal convenio es susceptible de ejecutarse sin necesidad
de previa homologación. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
Amparo en revisión 364/2002. Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V. 22 de febrero de 2002. Unanimidad
de votos. Ponente: Marco A. Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola Surdez López. Véase:
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre
de 1989, página 393, tesis de rubro: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR LAS PARTES EN LA FASE CONCILIATORIA SON DE
PLENO DERECHO Y PARA SU EJECUCIÓN DEBE ACUDIRSE A LOS TRIBUNALES
COMPETENTES.".
Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Julio de 2002 Tesis: VI.3o.A.83 A Página: 1294 Materia:
ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS A TÍTULO GRATUITO. LAS CONDICIONANTES
CONTENIDAS EN ELLA NO NECESARIAMENTE LA CONVIERTEN EN ACTO JURÍDICO DE
TRANSMISIÓN ONEROSA PARA LOS EFECTOS DEL DERECHO DEL TANTO EN MATERIA
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la tesis de la Segunda Sala,
número 78/2000, emitida en contradicción de tesis, con rubro: "DERECHOS PARCELARIOS. EL
DERECHO DEL TANTO SÓLO OPERA CUANDO SU TRANSMISIÓN SE REALIZA A TÍTULO
ONEROSO.", ya interpretó que no se surte el derecho del tanto a favor del cónyuge e hijos del
enajenante señalado por el último párrafo del artículo 80 de la Ley Agraria cuando la transmisión
de los derechos parcelarios sea a título gratuito, el hecho de que en el cuerpo del contrato se
pacten condiciones diversas, como aquella a cargo del adquirente de ayudar a la enajenante "con
un poco de la cosecha", no convierte el acto jurídico en una transmisión a título oneroso, ya que en
los contratos de esa naturaleza, de entre los cuales destaca el de compraventa, la contraprestación
debe ser específicamente señalada en una cantidad cierta y en dinero, tal y como lo dispone el
artículo 2248 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria en términos de su
artículo 2o., pues el contrato a título gratuito se realiza en atención a la persona que recibe el
derecho o prestación, sin exigirle una contraprestación, y en el contrato a título oneroso se
persigue un recíproco beneficio patrimonial, que no se surte con una condicionante, como en el
caso se señala, de ayudar a la cedente con un poco de la cosecha, pues de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 164 de la Ley Agraria, debe entenderse como una obligación de índole
moral a partir de las costumbres que imperan en el campo mexicano, consistente en velar que la
enajenante reciba una ayuda en cada cosecha, pero no como contraprestación, por lo que no
puede decirse que cambie la naturaleza económica de la enajenación, que seguirá siendo a título
gratuito, surtiendo así todos sus efectos inherentes. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 12/2002. Eusebia Guillermina Avilés Contreras. 14 de marzo de 2002. Unanimidad
de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Eduardo Edmundo Rocha Caballero.
Nota: La tesis citada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 72.
Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Julio de 2002 Tesis: I.12o.A.38 A Página: 1416 Materia:
SUSPENSIÓN PROVISIONAL, NEGATIVA DE LA, RESPECTO DE LA CLAUSURA DE
ESTABLECIMIENTOS CON GIRO DE BAILE ERÓTICO.
Según lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensión del acto
reclamado cuando, de concederse, se siga perjuicio al interés social o se contravengan
disposiciones de orden público. Además de los casos expresamente previstos en dicho precepto,
se afecta al orden público y al interés social, según lo ha establecido jurisprudencialmente la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando de concederse la suspensión se prive a la
colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no
resentiría. Por tanto, es válido que el Juez de Distrito considere que se actualizaría tal tipo de
afectación cuando la suspensión se solicita para el efecto de que pueda seguir funcionando un
establecimiento mercantil cuyo giro sea el de espectáculos de baile erótico porque, por propia
definición, éste tiene la finalidad de despertar el apetito sexual y, como tal, puede ser considerado
como atentatorio contra las buenas costumbres y la moralidad pública de la comunidad, en tanto
que puede ubicársele dentro de la categoría de actos impúdicos u obscenos que hieren la
honestidad pública y tienden a excitar, favorecer o facilitar la corrupción y a seducir o pervertir la
imaginación, calificación que queda al prudente arbitrio del juzgador, según lo ha señalado nuestro
Máximo Tribunal, en virtud de que moral pública y buenas costumbres son conceptos que carecen
de una definición o connotación fija e inmanente, por lo que ha considerado conveniente dejar al
juzgador de amparo la tarea de determinarlos conforme a las circunstancias del caso concreto, por
lo que es válida la negativa del Juez respecto de la mencionada medida precautoria, que se base
en tal tipo de razonamiento, especialmente para negar la suspensión provisional, dada la
naturaleza de esta medida y la escasez de elementos de que se dispone al momento de
determinar lo conducente, debiendo considerar, además, que la afectación al interés particular del
quejoso nunca puede prevalecer sobre el interés de la comunidad. DÉCIMO SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 772/2001. Jorge Lugo García. 5 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge
Arturo Camero Ocampo. Secretario: Alfredo Cid García.
Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Agosto de 2002 Tesis: I.4o.C. J/16 Página: 1063 Materia: Civil
Álvarez. Secretario: Armando Cruz Espinosa. Amparo directo 2594/2000. Derilan, S.A de C.V. 19
de enero de 2001. Unanimidad votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Georgina Vega de
Jesús. Amparo directo 4664/2002. Servicios Nacionales Mupa, S.A de C.V. 13 de mayo de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Marco A. Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola Surdez López.
Amparo directo 4784/2002. Builder Marts de México, S.A de C.V. 20 de mayo de 2002. Unanimidad
de votos. Ponente: Marco A. Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola Surdez López.
Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Agosto de 2002 Tesis: I.9o.C.91 C Página: 1271 Materia: Civil
DAÑO MORAL CON MOTIVO DE DENUNCIA DE HECHOS.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil para el Distrito
Federal, para que se produzca la obligación de reparar el daño moral se requiere de la
concurrencia de los siguientes elementos: a) el ocasionamiento de un daño a los bienes de la
personalidad, y b) un hecho u omisión ilícitos imputables a un tercero que haya sido la causa del
efecto indicado. Ahora bien, con la denuncia de hechos que contribuye a la integración de la
averiguación previa y a la sustanciación del proceso penal que culmina con sentencia absolutoria,
sólo se probaría el primero de los elementos de la acción de daño moral, es decir, que hubo un
daño por las implicaciones que produce la eventual privación de la libertad personal y el
sometimiento al proceso penal; sin embargo, con dicha sentencia no se acredita el segundo de los
elementos de la acción, ya que esta resolución por sí misma no constituye una conducta ilícita
susceptible de ocasionar un daño moral, tomando en cuenta que un hecho ilícito se integra de una
conducta positiva o negativa que es contraria a la ley o a las buenas costumbres y que el propio
ordenamiento legal sanciona. Situación diversa acontece cuando se demuestra que la denuncia se
formuló dolosamente y con el claro propósito de involucrar al denunciado en un procedimiento
penal para dañarlo, pues en este caso la sentencia absolutoria evidencia el hecho ilícito que se
integra por la conducta atribuible al denunciante que es contraria a la ley y, por ende, de esta
manera sí se acreditaría el segundo de los elementos de la acción de daño moral y entonces el
denunciante debe responder por ese daño. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2239/2001. Avelino Cruz García. 29 de mayo de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Martha Alicia Velázquez Jiménez.
Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Septiembre de 2002 Tesis: II.1o.C.191 C Página: 1405
Materia: Civil Tesis aislada.
PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES NO
PATRIMONIALES, QUE PONE EN PELIGRO LA MORALIDAD DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE MÉXICO).
El artículo 426, fracción III, del Código Civil para el Estado de México prevé como una de las
causales de pérdida de la patria potestad el abandono de los deberes que pueda comprometer la
salud, seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no puedan ser sancionados
penalmente. De lo anterior se advierte que el titular de la patria potestad tiene, para con el menor,
deberes de carácter patrimonial o económicos y no patrimoniales. Respecto de los primeros se
encuentran básicamente los relativos a satisfacer las necesidades de vestido, alimentación,
educación, habitación, asistencia médica, etcétera, y que regularmente se colman monetariamente,
dado que pueden medirse con dinero; en cuanto a los segundos se pueden citar: la educación
derivada del buen ejemplo, así como la enseñanza de buenas costumbres que permitan contribuir
a formar un ser humano con salud no sólo física sino mental, forjando las raíces de un buen
ciudadano, o sea, los que por su naturaleza abstracta impiden cuantificarse de manera objetiva,
por incluir valores morales. El incumplimiento de alguno de esos deberes se sanciona con la
pérdida de ese derecho cuando tal circunstancia puede poner en peligro la salud, seguridad y
moralidad, circunstancia que debe estar acreditada de manera fehaciente. En ese orden de ideas,
el solo incumplimiento de los deberes económicos no amerita la pérdida de la patria potestad
cuando no se demuestra el peligro físico o moral en que se puso al menor, pero no sucede lo
mismo cuando se suma al abandono patrimonial el de los deberes no económicos o morales.
Ciertamente, el abandono de los deberes no patrimoniales que puede poner en peligro la
moralidad, comprende aquella conducta del padre que: a) Sea contraria a las buenas costumbres
imperantes en la sociedad y en la época en que se suscita su análisis; b) Evidencie un mal ejemplo
en el menor; c) Pueda generar en éste un daño psicológico o trauma que repercuta en su sano
desarrollo mental e intelectual; y, d) Haga necesario evitar la interrelación y convivencia del menor
con el causante de esa conducta. Así pues, si gracias a la intervención de un tercero diferente al
obligado al cumplimiento de los deberes económicos, titular de la patria potestad, se impide la
afectación en la salud y seguridad del menor, tal circunstancia no subsana el incumplimiento a los
deberes no patrimoniales con la posible afectación en la moralidad del menor, al actualizarse el
atentado a las buenas costumbres de la familia que pueden afectar el sano desarrollo mental e
intelectual del menor por el mal ejemplo que involucra, motivo por el cual los Jueces, haciendo uso
de su prudente arbitrio, evaluando las circunstancias que rodean el incumplimiento de los deberes
no patrimoniales, cuando éstos son de tal gravedad que pongan en peligro la moralidad de los
hijos, deben decretar la pérdida de la patria potestad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 611/2001. Felipe Vega Ubaldo. 9 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretario: Pablo Enríquez Rosas.
Federación y su Gaceta Tomo: XVII, Febrero de 2003 Tesis: I.11o.C.59 C Página: 979 Materia:
ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA QUE PROPORCIONA HABITACIÓN, ELLO DEBE
TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.
De lo dispuesto por los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal se
desprenden las bases que el legislador dispuso se tomaran en cuenta para determinar el monto de
la pensión alimenticia, las cuales obedecen a los principios de proporcionalidad y equidad que
debe revestir toda resolución judicial sobre alimentos, sea ésta provisional o definitiva. Ahora bien,
si conforme al artículo 308 del citado Código Civil, en el concepto de alimentos se encuentran
inmersos los rubros de comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, educación,
esparcimiento, etcétera, y el deudor alimentario acredita que proporciona habitación a sus
acreedores alimentarios porque el inmueble en que éstos habitan es propiedad del deudor, dicha
circunstancia debe ser tomada en cuenta para considerar que contribuye con el rubro de habitación
y, por ende, que cumple con parte de su obligación alimentaria al momento de fijar el monto de la
pensión alimenticia, pues, de lo contrario, no se observarían los principios de proporcionalidad y
equidad que rigen la materia de alimentos; sin que ello signifique que se encuentre satisfecha la
totalidad de las necesidades alimentarias, para lo cual habrá que atenderse a los demás rubros y al
estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla; además,
debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y
demás particularidades que presenta la familia a la que pertenecen. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 294/2002. Jorge Smith Mac Donald García. 30 de mayo de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García. Amparo
directo 287/2002. Carlos Serralde Granados. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez Martínez. Amparo directo 355/2002. María
de Lourdes Rojas Tapia. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante
Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García.
Federación y su Gaceta Tomo: XVII, Febrero de 2003 Tesis: II.2o.C.397 C Página: 1088 Materia:
MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL
RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO CONDUCENTE,
DE MODO INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA DE AQUÉLLOS.
Este Tribunal Colegiado ha sostenido ya que en asuntos donde se resuelve respecto de la guarda
y custodia, es obligación de la autoridad responsable ordenar al Juez natural la reposición del
procedimiento a fin de que éste, de manera oficiosa, recabe los medios probatorios encaminados a
obtener mayores elementos para conocer y decidir jurídica y objetivamente lo más benéfico para el
menor o menores hijos de las partes contendientes en relación con las citadas guarda y custodia,
pues evidentemente ello repercutirá en su salud mental y física. Por consiguiente, si bien diversos
tribunales federales han sostenido como criterio preponderante que cuando se trata de menores de
corta edad, lo más benéfico para su desarrollo físico-emocional y su estabilidad psicológica es que
queden bajo el cuidado de la madre, no obstante tal predisposición debe aplicarse en forma
moderada y no indiscriminadamente en todos los casos, porque resulta patente el deber del
juzgador de tomar en cuenta, ante todo, el interés del menor o menores sobre cualquier otro
aspecto. Así, al tener importancia prioritaria lo que más beneficie a los infantes, sólo de manera
secundaria prevalecería el interés de las personas con derecho a reclamar su custodia, a pesar de
existir, como se anotó, la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para tener bajo su
cuidado a dichos menores, precisamente porque si bien ello tiene sustento en la realidad social y
en las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional, en tanto casi siempre corresponde
a la madre su atención y cuidado, lo relevante consiste en que reviste mayor trascendencia el
interés supremo del o de los citados menores involucrados al respecto, en mérito de que las
actividades de ambos padres son complementarias de la atención y cuidado de aquéllos.
Entonces, en orden con lo precedente, deviene innegable la necesidad de recabar oficiosamente
los medios probatorios encaminados a desentrañar lo que resulte más benéfico para el menor de
edad, por lo que si éstos no se aportaron, debe ordenarse a la Sala Familiar que mande reponer el
procedimiento a efecto de que, como se precisa, el Juez natural disponga lo necesario a fin de que
se recabe la opinión de expertos en materia de psicología y de trabajo social, en relación con
ambos padres y, por lo que hace al infante, en materia de psicología, así como cualquier otra
probanza indispensable, como sería escuchar al menor y, a su vez, dar intervención representativa
al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 267 del anterior Código Civil
para el Estado de México, para de esa forma contar con los elementos propicios a fin de estar en
las condiciones básicas que permitan al juzgador primario y a la autoridad de alzada conocer de
manera objetiva su entorno social, salud, sensibilidad motora y de pensar, costumbres y
educación, incluso, en su caso, la conservación de su patrimonio, para resolver lo más benéfico
sobre la guarda y custodia de todo menor, lo que el Estado debe realizar para que la sociedad no
resulte afectada en casos como el indicado, máxime si lo anterior es de orden público. SEGUNDO
Amparo directo 743/2002. Filiberto Pantoja Hernández, por sí y en su calidad de padre del menor
Jesús Osvaldo Pantoja Valencia. 3 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio
A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González.
Federación y su Gaceta Tomo: XVII, Marzo de 2003 Tesis: XIX.5o. J/4 Página: 1571 Materia: Penal
PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA
CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL
Atendiendo a los bienes jurídicos salvaguardados, así como a las repercusiones en la vida social
que emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el legislador tuvo a bien fijar para quien
cometa cada ilícito, varían en proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos,
así como a la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo que la gravedad de
un delito se encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a imponer, ya que precisó
qué delitos deben ser considerados como graves "por afectar de manera importante valores
fundamentales de la sociedad" (artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal federal); de manera
que debe decirse que en todo delito, grave o no, el legislador estableció un parámetro que parte de
una pena mínima a una máxima, lo que es acorde con el principio de adecuada individualización
de la pena; congruente con ello, no es válido afirmar que por el solo hecho de cometer un delito
grave se debe sancionar a una persona severamente (o al menos con una penalidad superior a la
mínima), pues de ser así, no tendría objeto que el legislador hubiese fijado la posibilidad de
sancionar con penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y
52 del Código Penal Federal, para la aplicación de las sanciones se deben tomar en cuenta las
circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, es decir,
que se debe analizar tanto la gravedad del ilícito como el "grado de culpabilidad" del agente,
también lo es que ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el
grado de culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para
imponer una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar ambas
cuestiones, no como aspectos autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, al momento de
aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), debe realizar un estudio
integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al evento delictivo, para lo cual se
atenderá a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene analizando la magnitud del daño causado
al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido expuesto; la naturaleza de las acciones u omisiones
y los medios empleados para ejecutarlas; las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de
los hechos realizados; la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así
como su calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, costumbres,
condiciones sociales y económicas del activo, así como los motivos que le impulsaron a delinquir;
la pertenencia, en su caso, a un grupo étnico indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento
posterior del acusado en relación con el delito cometido; las demás condiciones especiales y
personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, en cuanto
sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de
la norma (artículo 52, fracciones I a la VII, del ordenamiento sustantivo penal federal); estos
factores, esenciales para una adecuada individualización de la pena, son, además, determinantes
para fijar el grado de culpabilidad del activo (verbigracia, la cantidad y especie de narcóticos
poseídos es determinante para fincar el peligro a que se expuso la salud pública, que es el bien
jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, por ende, para fincar el grado de culpabilidad del
poseedor); es obvio que para una idónea individualización de la pena es necesario adminicular
todos estos factores; por tanto, para una correcta individualización de la pena, el juzgador debe
analizar todas y cada una de las circunstancias que se han señalado líneas arriba, de las cuales
obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el reo, en el cual se incluyen tanto las
circunstancias peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que
se cometió. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 291/2002. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Pablo
Hernández Garza. Secretario: Juan David Martínez Rodríguez. Amparo directo 297/2002. 27 de
junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Ciro
Alonso Rabanales Sevilla. Amparo directo 329/2002. 9 de agosto de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Alejandro García Núñez. Amparo directo
705/2002. 11 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Pablo Hernández Garza.
Secretario: Juan David Martínez Rodríguez. Amparo directo 702/2002. 30 de enero de 2003.
Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Alejandro García Núñez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de
2001, página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: "PENAS, APLICACIÓN DE LAS. INTERPRETACIÓN
DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.".
Spooki kids México. en
Ver en línea: la CPEUM aquí Descargar : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf Texto Vigente: ...
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¿A qué se dedica?, ¿Cómo funciona?, ¿Para qué?, son una de las cuantas incógnitas que se tiene del MP, en este vídeo despejaremos muchas dud...
Criminología por Luis Rodriguez Manzanera.
Compañeros y compañeras, para todos los que les interese en algún futuro la criminología, dejo la descarga del libro de criminología del res...
Vida y obra de Benito Juárez.
Traemos un pdf sobre vida y obra de uno de los más controvertidos presidentes de México.Benito Juárez, un indígena que llegó muy lejos a ...
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Introducción a la Historia del Derecho mexicano por Guillermo Floris Margadant s.
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Hijo lleno de cólera.
Ahora sin ti.
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