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Timestamp: 2020-01-21 17:10:18
Document Index: 318220631

Matched Legal Cases: ['artículo 274', 'artículo 109', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 203', 'artículo 11', 'artículo 26']

Ley 4/1995, de 21 de marzo, de creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. TITULO III. Régimen Económico y de Personal
Los bienes y medios económicos de la Agencia estarán integrados por:
a) Las transferencias que anualmente se le asignen en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.
b) Las subvenciones, aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados que se otorguen a su favor por personas públicas o privadas.
c) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los frutos, rentas o intereses de sus bienes.
d) Los ingresos que se produzcan como consecuencia de sus actividades, así como las retribuciones previstas en el artículo 274 del Código Civil.
e) Cualesquiera otros ingresos o recursos que pudiera percibir o serle atribuido, conforme a las disposiciones legales.
A partir de: 6 mayo 2019
1. La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos elaborará anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá, a través de la Consejería de Integración Social, a la Consejería de Hacienda. Esta lo someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno para su posterior remisión a la Asamblea, integrado en los Presupuestos Generales de la Comunidad.
2. Asimismo, la Agencia deberá elaborar los programas de actuación, inversiones y financiación que establece la Ley 9/1990, de 8 de noviembre.
La Agencia dispondrá de Tesorería propia, gestionándose por la misma todos los fondos generados en favor de aquélla.
El funcionamiento de la Tesorería se ajustará a lo establecido en el artículo 109.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre.
1. La Agencia queda sujeta al régimen de contabilidad pública de la Comunidad de Madrid y dispondrá de un servicio de contabilidad propio que actuará de acuerdo a las directrices que marque la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
2. El control financiero de la Agencia será ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, quien incluirá a aquélla en el plan anual de auditorías que elabore.
3. El control de eficacia será ejercido por la Consejería de Integración Social, en los términos regulados en la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
1. El personal al servicio de la Agencia estará compuesto por personal funcionario y laboral, sometido, respectivamente, a la legislación sobre funcionarios y al derecho laboral.
Véase D [COMUNIDAD DE MADRID] 51/1996, 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento de Personal de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos («B.O.C.M.» 24 abril).
2. El personal al servicio de la Agencia está obligado a guardar secreto sobre el patrimonio de aquellas personas que se encuentren bajo su tutela, prohibiéndose su participación en operaciones mercantiles que directa o indirectamente pudieran ser objeto de informaciones privilegiadas o de tráfico de influencias.
3. Las retribuciones del personal laboral al servicio de la Agencia se fijarán por el Consejo de Administración, siguiendo los criterios que sobre política de personal fije el Consejo de Gobierno y los que se aprueben por las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
4. Corresponde al Director efectuar las convocatorias para la sección de personal laboral, una vez hayan sido aprobadas, de conformidad a lo previsto en el artículo 7.
La extinción y disolución de la Agencia se producirá mediante Ley y llevará aparejada la subrogación de la Comunidad de Madrid en todas las relaciones jurídicas en que fuera parte aquélla.
Los ingresos derivados del artículo 12.d) serán destinados a subvenir a los gastos producidos por los tutelados sin bienes suficientes, relativos al ejercicio de la tutela, curatela y la defensa judicial y, en su defecto, y en cuantía nunca superior a un 25 por 100 de los ingresos habidos en el último ejercicio, a la financiación de los gastos corrientes de la Agencia, con independencia de los restantes recursos de la Agencia que se asignen para tal fin por el Consejo de Administración de la misma.
La Agencia se subrogará en todas la relaciones jurídicas entabladas por la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos.
1. El asesoramiento en derecho y la defensa en juicio de los intereses propios de la Agencia corresponderá a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
2. La defensa de los derechos de los usuarios de la Agencia será ejercida por el personal de ésta.
De acuerdo a lo que se determine respecto a los requisitos para acceder a los puestos de trabajo, los funcionarios de la Comunidad de Madrid podrán integrarse en la Agencia en tal calidad o como personal laboral una vez concedida, en este caso, la excedencia voluntaria.
1. Si la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tuviere conocimiento de alguna guarda de hecho respecto de personas protegidas por la presente Ley, actuará de forma inmediata, de conformidad con las previsiones del Código Civil al respecto.
2. En casos excepcionales y de probada necesidad, la Agencia adoptará las medidas especiales análogas a la institución de la Guarda de Hecho que resulten precisas, actuando en coordinación con los correspondientes órganos especializados de la Comunidad Autónoma y con arreglo a la legislación aplicable a cada caso.
Simultáneamente, se dará cuenta a la autoridad judicial a los efectos legales pertinentes.
1. El Consejo de Gobierno deberá adoptar cuantas medidas sean precisas, incluso de carácter normativo, para asegurar una correcta y eficaz coordinación de las actividades de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos con el Instituto Madrileño para la Atención a la Infancia de manera especial, así como con otros órganos y organismos con lo que dicha coordinación resultara conveniente para mejorar la protección de las personas afectadas.
2. En todo caso, el Instituto Madrileño de Atención a la Infancia pondrá en conocimiento de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos aquellos casos de personas con dieciséis años cumplidos y menores de diecisiete, en las que pudieran concurrir las circunstancias previstas en las leyes para constituir tutela a futuro, al objeto de que la Agencia lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 203 del Código Civil y que permita, tras el proceso judicial oportuno, el ejercicio efectivo de la tutela simultáneamente a la mayoría de edad del menor afectado.
El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley prestara sus servicios en la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos, los seguirá prestando provisionalmente en la Agencia. Reglamentariamente, se regulará el ejercicio de la opción a integrarse en la Agencia.
Hasta que el Consejo de Administración se dote del reglamento a que hace referencia el artículo 11, el régimen de sesiones y de acuerdos del mismo se ajustará a lo indicado en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Consejería de Hacienda aprobará las modificaciones y operaciones presupuestarias que sean necesarias para hacer efectiva la subrogación prevista en la disposición adicional segunda.
Hasta en tanto se constituya el Consejo de Administración de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y, en todo caso, durante un plazo máximo de dos meses, el Presidente y el Secretario de la Comisión de Tutela regulada en el Decreto 93/1990, de 4 de octubre, continuarán ejerciendo transitoriamente las funciones que éste le atribuía.
Queda derogado el Decreto 93/1990, de 4 de octubre, por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos y la Orden 719/1990, de 28 de noviembre, que determinaba la composición y régimen de funcionamiento de la misma y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las disposiciones pertinentes en desarrollo de la presente Ley y, en particular, para determinar la Consejería a la que se adscriba la Agencia y las Direcciones Generales a cuyos titulares les corresponde la condición de Vocales natos, cuando se produjeran cambios en la denominación de la Consejería o de las Direcciones Generales mencionadas.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y deberá ser publicada, asimismo, en el «Boletín Oficial del Estado».