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Timestamp: 2014-10-24 18:46:37
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Tema 47, apuntes de Derecho (UMA) | Patatabrava.com
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LECCIÓN 47. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL
2. Resoluciones susceptible de ejecución provisional
5. Suspensión de la ejecución provisional.
6. Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada
Epígrafe 1: Concepto y características
La ejecución provisional se encuentra regulada en los artículos 524 a 537
LEC, esto es, en el Libro III, dedicado a la ejecución forzosa y las
medidas cautelares, lo que nos indica que a la ejecución provisional le
resultan aplicables las normas generales que sobre la ejecución forzosa
prevé dicho Libro III, sin perjuicio, lógicamente, de lo que resulte
incompatible con el carácter provisional de la ejecución.
El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE no sólo
comprende el derecho a una resolución sobre el fondo sino también el
derecho a que se ejecute dicha resolución. Sin embargo, para que dichas
resoluciones sean susceptibles de ejecución requieren, como norma general,
el carácter de firmeza. Como sabemos, el título ejecutivo típico es la
sentencia firme de condena. No obstante, la firmeza no siempre lleva
aparejada ejecución, de tal manera que, como vimos anteriormente, existen
resoluciones firmes que no son susceptibles de ejecución forzosa (las
sentencias meramente declarativas y las sentencias constitutivas) y, por
otro lado, y ahí es donde entra la ejecución provisional, el legislador, en
determinados supuestos, va a permitir la ejecución forzosa de resoluciones
que todavía no han adquirido firmeza. En estos casos en los que sentencias
de condena que están pendientes de recursos pueden ser objeto de ejecución
forzosa, dicha ejecución será, en todo caso, provisional. Y será
provisional porque, al estar pendiente la resolución del recurso, la
sentencia puede ser objeto de modificación. La ejecución provisional, por
tanto, podemos definirla como la ejecución de resoluciones no firmes.
A pesar de la posibilidad que nuestro legislador contempla, en el Titulo II
del Libro III de la LEC, de ejecutar provisionalmente sentencias que no han
adquirido firmeza, no podemos olvidarnos de que tal posibilidad se trata de
simple política legislativa, pues no existe un derecho, constitucionalmente
reconocido, a ejecutar sentencias definitivas. En otras palabras, el
artículo 24.1 CE no incluye en el derecho a la tutela judicial efectiva el
derecho a la ejecución provisional de sentencias definitivas.
* Apuntes de clase:
- Firmeza distinto de ejecutabilidad.
o Todas las sentencias de condena son provisionalmente ejecutables
o Corresponde al ejecutado oponerse.
o La legitimación corresponde a quien tenga un pronunciamiento a
o El solicitante de la ejecución no presta caución.
Epígrafe 2: Resoluciones susceptible de ejecución provisional
La LEC determina qué resoluciones judiciales son susceptibles de ser
provisionalmente ejecutadas, y cuáles no, en los artículos 524.2 y 525,
respectivamente. Así, el artículo 524.2 LEC señala que se pueden ejecutar
provisionalmente las sentencias de condena que no sean firmes, mientras que
el artículo 525 LEC recoge la prohibición de ejecutar provisionalmente una
serie de resoluciones judiciales.
Respecto a las resoluciones que pueden ser objeto de ejecución provisional,
cabe preguntarse si sólo las sentencias de condena no firmes pueden serlo y
si todas las sentencias de condena que no hayan adquirido firmeza pueden
ser ejecutadas provisionalmente. En primer lugar, hay que señalar que, al
hacer referencia el artículo 524.2 LEC expresamente a este tipo de
resoluciones, está excluyendo tal posibilidad a las sentencias meramente
declarativas y a las sentencias constitutivas que, como ya hemos visto, no
son susceptibles, en general, de ejecución forzosa sino de ejecución
impropia, en todo caso. En segundo lugar, aunque la ley diga expresamente
sentencias de condena, hay que entender que también son susceptibles de
ejecución provisional los autos no firmes.
El artículo 525 LEC expresamente determina qué sentencias no son
provisionalmente ejecutables:
1. «Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad,
filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y
estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que
regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con
lo que sea objeto principal del proceso.»
Esta prohibición es relevante, más que por lo que prohíbe, por lo que
permite. En principio, puesto que se tratan todas ellas de sentencias
meramente declarativas y constitutivas, no pueden ser objeto de ejecución
provisional, dado que no pueden ser objeto de ejecución forzosa en general;
por tanto, aun cuando no existiera esta prohibición expresa, por los
motivos indicados, tampoco podrían ser susceptibles de ser provisionalmente
Lo realmente significativo de esta prohibición es la salvedad que la norma
realiza en cuanto a la posibilidad de ejecutar provisionalmente los
pronunciamientos de condena sobre relaciones patrimoniales relacionadas con
Por último, puesto que estamos ante sentencias susceptibles únicamente de
la llamada ejecución impropia, lo que esta norma estaría prohibiendo sería
la posibilidad de producir eficacia antes de adquirir firmeza, de tal
manera que no sería posible realizar provisionalmente aquellas actuaciones
necesarias para que las mismas tengan eficacia plena, tal como realizar las
correspondientes inscripciones en los Registros públicos, por ejemplo.
Lógicamente, esta prohibición tiene su fundamento en la naturaleza de la
acción que se ejercita, pues cuestiones sobre estado jurídico de las
personas no pueden estar sometidas a la posible revocación de las
actuaciones ejecutivas consecuencia de la resolución de un recurso
2. «Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.»
Las sentencias de este tipo se hallan incluidas entre las sentencias de
condena de hacer y, como tales, tienen un régimen especial de ejecución
previsto por el legislador en el artículo 708 LEC, por lo que, afirma el
profesor DIEZ-PICAZO, no resulta raro que el artículo 525 LEC les niegue la
posibilidad de ser provisionalmente ejecutables. Se trata de un hacer
personalísimo que no admite sustitución provisional por otra actividad.
3. «Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de
propiedad industrial.»
Esta expresa prohibición de ejecutar provisionalmente este tipo de
sentencias parece aconsejable desde el punto de vista de la discutida
naturaleza de las mismas, pues existen dudas acerca de si siempre son
meramente declarativas. En cualquier caso, dejando aparte su discutida
naturaleza jurídica, de lo dispuesto en este precepto cabe entender que, en
tanto en cuanto la sentencia que declare la nulidad o caducidad de títulos
de propiedad industrial no adquiera firmeza, la declaración de nulidad o
caducidad no tendrá eficacia. Asimismo, hay que destacar que, así como en
el primer supuesto previsto en este artículo 525 LEC el legislador permite
expresamente que los pronunciamientos de carácter patrimonial derivadas de
esa clase de procesos sean provisionalmente ejecutables, no hace lo propio
con los pronunciamientos de condena en los procesos sobre propiedad
industrial, por lo que habrá que entender que la prohibición de ejecución
provisional alcanza también a éstos.
4. «Tampoco procederá la ejecución provisional de las sentencias
extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario
en los Tratados internacionales vigentes en España.»
Sin entrar en el análisis de los convenios vigentes en España sobre esta
materia, sólo cabe recordar que el citado Reglamento 44/2001 permite la
ejecución provisional de las decisiones judiciales extranjeras.
5. «No procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de
carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración
de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.»
Esta prohibición ha sido incluida en el artículo 525 LEC por la Disposición
Adicional 12.ª de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La justificación de tal exclusión no es cuestión pacífica en la doctrina,
puesto que favorece al demandado en tanto en cuanto la ejecución
provisional de este tipo de resoluciones afectaría al derecho a la libertad
de expresión en el caso de que el condenado no tenga recursos económicos
para hacerle frente.
Epígrafe 3: Procedimiento
Antes de iniciar el procedimiento de la ejecución provisional resulta
necesario recordar que el artículo 524.2 LEC remite al procedimiento
previsto para la ejecución forzosa ordinaria, de tal modo que el
procedimiento para la ejecución provisional se regirá supletoriamente por
Por otro lado, la ejecución provisional no sólo es posible frente a
sentencias definitivas dictadas en primera instancia, sino también frente a
las dictadas en segunda instancia, por lo que el procedimiento, exceptuando
alguna especialidad, es el mismo, independientemente del recurso que se
encuentre pendien
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