Source: https://www.scribd.com/document/17620025/Ley-No-78-03-que-aprueba-el-Estatuto-del-Ministerio-Publico
Timestamp: 2017-07-26 15:34:25
Document Index: 360491077

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 41', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 24', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 26', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 55']

Ley No. 78-03 que aprueba el Estatuto del Ministerio Público
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G.O. 10221
Ley No. 78-03
CONSIDERANDO: Que siendo el Ministerio Público uno de los actores principales del proceso penal, desde la etapa de la investigación hasta la ejecución de la sentencia, tiene una responsabilidad de primer orden en este proceso, lo que demanda su fortalecimiento institucional, para que le sea posible asumir, mediante una organización sólida y funcional, las delicadas tareas de dirigir la investigación de los hechos punibles, formular la acusación o requerir la absolución, ejercer la acción pública, defender los intereses sociales, ofrecer adecuada asistencia a la víctima y testigos, garantizar la paz pública y promover la protección de los derechos humanos;
CONSIDERANDO: Que la evolución de los sistemas penales propende a asignar al Ministerio Público las funciones de dirigir las investigaciones, lo que demanda su fortalecimiento en variados aspectos institucionales, una formación y capacitación adecuadas, así como la uniformidad de las reglas que gobiernan la institución, de tal modo que sean determinadas sus verdaderas funciones, desde una perspectiva de carrera;
CONSIDERANDO: Que el rol que corresponde al Ministerio Público como resultado del proceso de reforma requiere su independencia funcional y presupuestaria, la definición de sus atribuciones, el establecimiento de jerarquías y la delimitación de su responsabilidad penal, civil y disciplinaria,
CONSIDERANDO: Que, como garantía del fortalecimiento del Ministerio Público, se impone consagrar la inamovilidad de sus miembros, un sistema de reclutamiento, ascensos,
capacitación permanente y la estructuración de sus diferentes órganos de expresión;
CONSIDERANDO: Que el Ministerio Público, como órgano multidisciplinario, encargado de la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado, ejerce sus funciones en las jurisdicciones ordinarias y de excepción de los tribunales que conforman el sistema judicial de la República Dominicana, lo que hace impostergable formar y capacitar a sus miembros en todas las áreas de las ciencias jurídicas, razones por las cuales se requiere el establecimiento de un centro de formación especializado para alcanzar estos fines;
CONSIDERANDO: Que, en el orden administrativo, es pertinente disponer una redistribución de responsabilidades entre los distintos órganos y miembros del Ministerio Público, que asegure la identificación de los servicios auxiliares eficientes y necesarios para hacer posible una mejor administración de justicia
Artículo 1.- La presente ley y sus reglamentos constituyen el Estatuto del Ministerio Público y tienen por objeto garantizar la idoneidad, estabilidad e independencia de sus miembros en el ejercicio de sus respectivas funciones, y constituyen, junto a la ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento de aplicación No.81-94, las normas reguladoras de las relaciones de trabajo entre éstos y el Estado.
Artículo 2.- En consecuencia, en virtud de la presente ley, queda consagrado el Estatuto del Ministerio Público, cuyas disposiciones regularán las características y tipificaciones propias de los representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Artículo 3.- A partir de la publicación de la presente ley, los miembros del Ministerio Público quedan incorporados a la Carrera Especial del Ministerio Público, y, como tales, sus respectivos cargos son instituidos como de carrera. A estos fines deberán cursar los estudios que se establecerán en virtud del reglamento que se dictará para el funcionamiento de la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Artículo 4.- La Procuraduría General de la República, como el órgano de máxima autoridad dentro del Ministerio Público, tendrá a su cargo la dirección del sistema de carrera de la institución.
Artículo 5.- En cuanto a su ingreso, permanencia, ascenso y cualquiera otra situación, el personal administrativo y de apoyo técnico al Ministerio Público está sujeto a las normas establecidas a tales fines por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento de aplicación.
DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 6.- El Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia, garante del estado de derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad; de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública, proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes.
Artículo 7.- Principio de legalidad.- El Ministerio Público deberá someter sus actuaciones a los dictados de la Constitución, de las leyes y a lo establecido en los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana
Artículo 8.- Principio de unidad de actuaciones.- El Ministerio Público, como institución que ejerce la función requirente de justicia ante los tribunales de la República, es único para todo el territorio nacional. El Procurador General de la República es el máximo representante del organismo. Tiene la dirección, orientación y supervisión de todos los funcionarios del mismo, los cuales le están subordinados y actúan siempre por su delegación y bajo su dependencia
Artículo 9.- Principio de indivisibilidad.- Cada oficial del Ministerio Público deberá cumplir su cometido en forma coordinada, de manera que uno cualquiera de sus miembros pueda continuarlas y ejecutarlas con la virtualidad de surtir los mismos efectos.
Artículo 10.- Principio de jerarquía.- Dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, las autoridades del Ministerio Público deben ejercer el control jerárquico de funcionamiento de la institución. Este control comprende tanto la legalidad y oportunidad de las actuaciones procesales, como la eficiencia y eficacia administrativa del órgano.
Artículo- 11.- Principio de objetividad.- Los representantes del Ministerio Público desarrollarán las tareas que son de su incumbencia con criterios que permitan investigar, tanto los hechos y circunstancias que fundamenten y agraven, como los que eximan, extingan o atenúen la responsabilidad de quien es imputado o acusado de una infracción penal, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley.
Artículo 12.- Principio de responsabilidad.- Los representantes del Ministerio Público serán sujetos de responsabilidad penal, civil y disciplinaria de conformidad con las normas legales correspondientes.
Artículo 13.- Principio de independencia.- En el ejercicio de la acción pública, el Ministerio Público desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos de los poderes del Estado. Sin embargo, sin menoscabo de su independencia, prestará su colaboración al ejercicio de la facultad de investigar que corresponda a los cuerpos legislativos nacionales o sus comisiones, en relación con los derechos y garantías constitucionales.
Párrafo II.- Las autoridades de la República le prestarán el concurso que éste requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones. Quienes, al ser requeridos a estos fines, negaren su auxilio a los funcionarios del Ministerio Público serán sancionados disciplinariamente como infractores de los deberes de su cargo.
Artículo 14.- Principio de probidad.- Los funcionarios del Ministerio Público sujetarán sus actuaciones estrictamente a criterios de transparencia, eficiencia y eficacia, así como el uso de recursos que administren. En el ejercicio de la función pública que cumplen, desarrollarán sus potestades y atribuciones, adoptando las medidas administrativas que tiendan a asegurar el adecuado acceso a los funcionarios del Ministerio Público por cualquier interesado, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos que se adopten en el ejercicio de ella
Artículo 15.- Principio de oportunidad.- El Ministerio Público buscará prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto penal mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y demás alternativas provistas en el Código Procesal Penal. Asimismo promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten el interés público.
Artículo 16.- Corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal pública, sin perjuicio de la participación de la víctima o de los ciudadanos en el proceso conforme a lo que establece la ley. Para ello tendrá las siguientes atribuciones:
h) Apoderar directamente al tribunal para el conocimiento del fondo de las diferentes infracciones de acuerdo con sus respectivas competencias. Igualmente, apoderar al juez de instrucción que tendrá a su cargo instruir la sumaria correspondiente;
i) Custodiar y conservar, sin menoscabo alguno, todos los objetos e instrumentos, armas de fuego o de cualquier naturaleza, equipos, bienes muebles e inmuebles en general, dinero en moneda nacional o extranjera, documentos, títulos de propiedad o de cualquier otra clase; en fin, todos los activos calificados como cuerpo de delito que hayan sido ocupados como consecuencia de la investigación y que así figuren en la documentación y en el expediente correspondiente;
m) Trazar y ejecutar la política carcelaria y penitenciaria, administrar y velar por el buen funcionamiento del sistema penitenciario, procurando el correcto cumplimiento de las leyes y garantizando el respeto de los derechos humanos en esos recintos;
n) Vigilar que en los cuarteles y destacamentos policiales, en los institutos de reeducación para menores y cualesquier otros recintos destinados a la detención de personas sean respetados los derechos humanos, y, de igual manera, vigilar las condiciones en que éstos se encuentren recluidos en los mismos; tomar las medidas legales adecuadas para mantener la vigencia de las prerrogativas inherentes al ser humano cuando se compruebe que han sido menoscabadas o violadas. En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios del Ministerio Público tendrán acceso a todos los establecimientos mencionados. Quienes entorpezcan, en alguna forma, este ejercicio incurrirán en responsabilidad disciplinaria;
p) Otorgar a los funcionarios correspondientes el auxilio de la fuerza pública para
garantizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales;
TÍTULO IV COMPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
CAPÍTULO I INTEGRANTES
Artículo 17.- El Ministerio Público está integrado por los siguientes funcionarios:
6) Los Procuradores Adjuntos de Cortes de Apelación, cuyo número no será menor de dos;
7) 8) Los Fiscales Adjuntos, cuyo número será determinado por el Procurador General de la República de acuerdo con las necesidades del servicio; Los Procuradores Fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia;
CAPÍTULO II OTROS INTEGRANTES
Artículo 18.- También integran el Ministerio Público:
CAPÍTULO III DE LOS ADJUNTOS
Artículo 19.- El número de los Adjuntos, en todas las jurisdicciones, podrá ser aumentado por el Presidente de la República, a solicitud del Procurador General de la República, según las necesidades del servicio.
Artículo 20.- Los adjuntos, en cualesquiera jurisdicciones, tendrán las atribuciones siguientes:
TÍTULO V DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 21.- El Procurador General de la República será designado libremente por el Presidente de la República, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en el Artículo 41 del presente Estatuto.
Artículo 22.- El Procurador General de la República tendrá, por lo menos, nueve (9) Procuradores Generales Adjuntos, con las calificaciones y jerarquías que se establecen en el presente Estatuto, que serán designados por el Presidente de la República, previa recomendación del titular de la Procuraduría General de la República Para esto se tendrá en cuenta las evaluaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público, a partir de su entrada en funcionamiento.
Artículo 23.- Estos funcionarios deberán reunir las mismas condiciones que el Procurador General de la República.
Artículo 24.- Los demás integrantes del Ministerio Público serán designados por el Presidente de la República de acuerdo con el listado que le someta el Consejo Nacional de Procuradores de los optantes evaluados por la Escuela Nacional del Ministerio Público, a partir de su entrada en funcionamiento.
TITULO VI DE LOS ÓRGANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 25.- El Ministerio Público tendrá los siguientes organismos:
2) El Consejo Superior Disciplinario y
CAPÍTULO I EL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES
Artículo 26.- El Consejo General de Procuradores estará integrado por:
El Procurador General de la República, quien lo presidirá. En caso de ausencia o imposibilidad lo sustituirá el Adjunto que corresponda;
2) Dos Procuradores Adjuntos del Procurador General de la República, elegidos por mayoría de votos de sus similares, los cuales se integrarán al Consejo en forma rotatoria anualmente.
SECCIÓN I FUNCIONES
Artículo 27.- El Consejo General de Procuradores cumplirá las siguientes funciones:
g) Presentar al Poder Ejecutivo el listado de los demás integrantes del Ministerio Público de acuerdo al Artículo 24;
h) Cumplirlas demás funciones que le asigne ésta o cualquier otra ley.
Artículo 28.- El Consejo General de Procuradores sesionará, de manera ordinaria, cada dos (2) meses, por convocatoria del Procurador General de la República, o de quien lo sustituya, que deberá ser cursada con antelación de diez (10) días.
Artículo 29.- El Consejo General de Procuradores sesionará válidamente, a puertas cerradas o de manera pública, con un quórum de por lo menos tres (3) de sus integrantes. Establecerá soberanamente la modalidad de las votaciones y las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes.
CAPÍTULO II CONSEJO DISCIPLINARIO
SECCIÓN I INTEGRACIÓN
Artículo 30.- El Consejo Superior Disciplinario estará compuesto de la manera siguiente:
5) Un representante de las escuelas jurídicas de las universidades públicas y uno de
las privadas;
6) Un representante independiente a éstas, propuesto por el Colegio de Abogados de la República.
SECCIÓN II ATRIBUCIONES
Artículo 31.- El Consejo Superior Disciplinario tendrá las siguientes atribuciones:
1) Conocer en segundo grado de las quejas, denuncias y querellas de carácter disciplinario que se les imputen a los miembros del Ministerio Público, y en única instancia las quejas, denuncias y querellas que se les imputen al Procurador General de la República y a sus adjuntos, al Procurador General de la Corte de Apelación y a sus adjuntos y a los demás miembros superiores del Ministerio Público;
SECCIÓN III CONVOCATORIA
Artículo 32.- El Consejo Disciplinario Departamental fungirá como Tribunal de primer grado y estará integrado de la siguiente manera:
Párrafo.- El Consejo Departamental Disciplinario no sesionará sin la totalidad de sus
Artículo 33.- El Consejo Disciplinario Departamental tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 34.- El Consejo Superior Disciplinario sesionará por convocatoria hecha por el Procurador General de la República, con quince (15) días de antelación, la cual será tramitada a través de la Secretaría General de la Procuraduría General de la República.
Párrafo.- De igual manera sesionará el Consejo Disciplinario Departamental por convocatoria del Procurador General de la Corte con diez (10) días de antelación tramitada a través de la Secretaría de la Procuraduría General de dicha Corte.
Artículo 35.- Las citaciones a los prevenidos serán notificadas por conducto de la Secretaría de la Procuraduría General de la República y/o de la Secretaría de la Procuraduría General de la Corte de Apelación, según sea el caso, con un plazo no menor de cinco (5) días para comparecer.
Artículo 36.- Las citaciones a los prevenidos serán notificadas por conducto de los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación de los Departamentos Judiciales correspondientes, quienes estarán en la obligación de hacerlas de conocimiento de los interesados y de remitir las constancias, en un plazo no mayor de diez (10) días a la Secretaría General.
Artículo 37.- El Consejo Disciplinario sesionará de acuerdo a los requerimientos del servicio y sus miembros serán convocados a tales fines por el Procurador General de la República, por lo menos con cinco (5) días de antelación. Las sesiones se levarán a cabo en la sede de la Procuraduría General de la República, a puertas cerradas, en los días y horas fijados por la convocatoria, con apego irrestricto a las normas del debido proceso.
Artículo 38.- Se requerirá un quórum no menor de siete (7) de sus integrantes y las decisiones serán adoptadas válidamente por la mayoría simple de los concurrentes.
TÍTULO VII PRESUPUESTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 39.- El Ministerio Público tendrá una partida propia en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, cuyos recursos administrará con total autonomía, sin perjuicio de los controles establecidos en la Constitución y en las leyes.
Artículo 40.- La Procuraduría General de la República preparará cada año su presupuesto de gastos, el cual será remitido al Poder Ejecutivo para su incorporación al correspondiente proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, que someterán a la consideración del Congreso Nacional.
TITULO VIII REQUISITOS PARA SER DESIGNADO PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo 41.- Para ser designado Procurador General de la República deberá cumplirse con los siguientes requisitos:
a) Ser dominicano por nacimiento u origen y tener más de 35 años de edad;
d) Haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de la Suprema Corte de Justicia, de Corte de Apelación, de Primera Instancia, del Tribunal de Tierras, o representante del Ministerio Público ante dichos tribunales como titular o adjunto, o ante aquellas jurisdicciones especiales equivalentes en igual calidad. Los períodos en que se hayan ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse;
Artículo 42.- Los funcionarios del Ministerio Público tendrán, en sentido general, la representación del Procurador General de la República ante la Suprema Corte de Justicia y ante cualesquiera otras jurisdicciones en que sean designados por el titular para desempeñar las funciones de Ministerio Público. Asimismo lo asistirán en los diferentes asuntos y servicios propios de la oficina, así como en aquellos otros que les sean encomendados de manera especial.
Artículo 43.- En caso de ausencia temporal del Procurador General de la República, será sustituido, de pleno derecho y en forma sucesiva, por el Primer y Segundo Sustitutos respectivamente, mientras dure su ausencia En caso de ausencia o imposibilidad de estos últimos, por el Procurador General Adjunto que el titular designe.
Artículo 44.- Duración en el cargo.- Los miembros del Ministerio Público serán inamovibles durante el término de su elección, que tendrá la misma duración del período presidencial en que fueron designados. Podrán ser reelectos por un período igual.
TITULO IX CESACIÓN EN FUNCIONES
Artículo 45.- Todos los miembros del Ministerio Público, titulares y adjuntos cesarán en sus funciones por una de las causas siguientes:
h) Destitución por la comisión de faltas graves;
i) Cualesquiera otras contempladas en el presente estatuto y en las demás leyes.
Artículo 46.- Al cesar en sus funciones por una causa diferente a la destitución por la comisión de faltas graves, y sin haber llegado a la edad del retiro, cualquier representante del
Ministerio Público podrá optar por otras posiciones en los diferentes niveles de la institución, de acuerdo a las previsiones de la Carrera Especial del Ministerio Público.
TÍTULO X ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo 47.- El Procurador General de la República, un ente unitario, con jurisdicción nacional, cuyo asiento estará en la capital de República, además de las funciones que le fueron transmitidas por la Ley No. 485, del 10 de noviembre de 1964, y las que ejerce en virtud de las demás disposiciones legales, tendrá las siguientes atribuciones especificas:
1) Seleccionar entre sus Adjuntos quiénes fungirán como Primer y Segundo Sustitutos;
2) Representar, por si mismo o a través de sus Adjuntos, al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia;
6) Dictar las instrucciones generales sobre la dirección de la investigación de los hechos punibles, en cuanto al ejercicio de la acción penal y su oportunidad, y en cuanto a la protección de víctimas y testigos;
15) Remitir al Congreso Nacional, cuando lo juzgue conveniente, su opinión sobre los proyectos de leyes que tengan relación con el Ministerio Público y la Administración de Justicia y sugerir las reformas legislativas tendentes a mejorarlos;
18) Definir y ejecutar la política penitenciaria del Estado a través de la Dirección General de Prisiones, de acuerdo con los lineamientos trazados para el funcionamiento del régimen penitenciario, previsto o instaurado por la Ley 224, del 26 de junio de 1984 y cualesquier otros instrumentos afines;
19) Intervenir, por sí o por medio de cualquier otro representante de Ministerio Público, en cualquier lugar del territorio nacional en los asuntos propios de su ministerio;
20) Delegar en funcionarios del Ministerio Público de su despachado determinadas atribuciones para el mejor funcionamiento del organismo. También podrá delegar en algunos de esos funcionarios la firma de los asuntos de su incumbencia;
27) Convocar a los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación de los distintos Departamentos Judiciales y a los de jurisdicciones equivalentes para que elijan a su representante ante el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Ministerio Público y para elegir a sus dos representantes ante el Consejo General de Procuradores;
30) Otorgar poder a funcionarios del Ministerio Público y abogados en ejercicio para que asuman la presentación del Estado Dominicano ante la justicia; como demandante o demandado, de conformidad con la Ley No.1486, del 20 de marzo de 1938;
TÍTULO XI UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPENDENCIAS
CAPÍTULO I UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 48.- La Procuraduría General de la República contará con las siguientes unidades administrativas internas:
l) Departamento de Edificaciones y Mantenimiento;
CAPÍTULO II DEPENDENCIAS
Artículo 49.- También estarán bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República, las instituciones siguientes:
TÍTULO XII DE LOS PROCURADORES GENERALES DE CORTES DE APELACIÓN Y SUS EQUIVALENTES
Artículo 50.- Los Procuradores Generales de Cortes de Apelación, así como los que ejercen esas funciones ante las jurisdicciones equivalentes a éstas, representan al Ministerio Público ante dichos órganos y son responsables de su buen funcionamiento en el Departamento Judicial bajo su incumbencia.
Artículo 51.- Los Procuradores Generales de Cortes de Apelación tendrán por lo menos dos adjuntos, quienes deberán reunir las mismas condiciones que el titular, y lo sustituirán en caso de ausencia temporal. Serán designados en la misma forma y por el mismo tiempo que el titular.
Artículo 52.- En todos los casos, el Adjunto representará al titular ante el tribunal en que ejerce sus funciones, cuantas veces este último lo crea necesario, y lo asistirá en los diferentes asuntos y servicios administrativos de la oficina, lo que realizará bajo la dirección inmediata del titular.
CAPÍTULO II REQUISITOS
Artículo 53.- Requisitos: Para ser nombrado Procurador General de Cortes de Apelación o ante tribunales equivalentes, o Adjuntos de éstos, se requiere cumplir los siguientes requisitos:
b) Tener por lo menos treinta (30) años de edad;
e) Haber ejercido durante cuatro años, por lo menos, la profesión de abogado o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de Corte de Apelación, de Primera Instancia, del Tribunal de Tierras o de aquellas jurisdicciones especiales equivalentes a las anteriores, o haberse desempeñado como representante del Ministerio Público ante cualquiera de las mismas por igual período. Los períodos en que se hayan ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse;
CAPÍTULO III ATRIBUCIONES
Artículo 54.- Los Procuradores Generales ante las Cortes de Apelación y los que ejercen dichas funciones ante las jurisdicciones especiales equivalentes, tendrán, dentro del marco de sus respectivas competencias, las siguientes atribuciones:
8) Rendir cuenta de las actividades desarrolladas por el Ministerio Público en el Departamento bajo su jurisdicción, que deberá ser remitida al Procurador General de la República, a más tardar el 15 de octubre de cada año;
CAPÍTULO IV UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 55.- La Procuraduría General de cada Corte de Apelación, o su equivalente, contará con las unidades administrativas de apoyo que sean necesarias para el desempeño de sus labores, previa aprobación del Procurador General de la República.
Artículo 56.- El Procurador General de la Corte de Apelación, o su equivalente ante las jurisdicciones especiales, será sustituido, en caso de ausencia temporal, por el Adjunto que él designe. De lo contrario, será sustituido por el que designe el Procurador General de la República. En estos casos, el Adjunto ejercerá las mismas funciones y atribuciones que el titular.
TÍTULO XIII DE LOS PROCURADORES FISCALES
Artículo 57.- Los Procuradores Fiscales son los representantes del Ministerio Público ante los Juzgados de Primera Instancia de los diferentes Distritos Judiciales del país. Desarrollan sus labores de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal, las leyes que lo complementan y modifican y lo prescrito en el presente Estatuto.
CAPÍTULO I REQUISITOS
Artículo 58.- Para ser designado Procurador Fiscal se requiere reunir las condiciones siguientes:
e) Haber ejercido durante dos años, por los menos, la profesión de abogado o haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de Paz o Fiscalizador ante cualesquiera otras jurisdicciones de orden superior. Los períodos en que se hayan ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse;
CAPÍTULO II DE LOS ADJUNTOS
Artículo 59.- El Procurador Fiscal tendrá el número de Adjuntos que se requiera para el desempeño de sus funciones, los cuales deberán reunir los mismos requisitos que éste y serán designados en la misma forma.
CAPÍTULO III ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR FISCAL
Artículo 60.- El Procurador Fiscal tendrá las siguientes atribuciones:
Colaborar con el Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente cuando le sea solicitado;
CAPÍTULO IV SUSTITUCIÓN DEL PROCURADOR FISCAL
Artículo 61.- En caso de ausencia temporal o definitiva del Procurador Fiscal, o de uno o varios de sus adjuntos, el Procurador General de la Corte de Apelación correspondiente hará las designaciones para cubrir interinamente las vacantes, debiendo designar a uno de los adjuntos del Procurador Fiscal de que se trate, de todo lo cual dará informe inmediato al Procurador General de la República para su ratificación.
TÍTULO XIV DE LOS FISCALIZADORES
Artículo 62.- Los Fiscalizadores representan al Ministerio Público ante los Juzgados de Paz. Dirigen e investigan las infracciones de su competencia, ponen en movimiento la acción pública y ejercen la acción penal ante dichos tribunales. Además, en el marco de su competencia, tienen las atribuciones establecidas en este Estatuto, en el Código Procesal Penal y en las demás leyes.
Artículo 63.- Para ser nombrado Fiscalizador se requieren las condiciones siguientes:
Haber sido evaluado por la Escuela Nacional del Ministerio Público.
Artículo 64.- El Fiscalizador tendrá las siguientes atribuciones:
CAPÍTULO III SUSTITUCIÓN TEMPORAL DEL FISCALIZADOR
Artículo 65.- En caso de ausencia temporal del Fiscalizador, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente designará, mediante auto, un sustituto que reúna las condiciones requeridas para el cargo, de todo lo cual informará al Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente.
TITULO XV CONVOCATORIA PARA CUBRIR CARGOS VACANTES
Artículo 66.- Al producirse una vacante en cualquier nivel del Ministerio Público, el Procurador General de la República hará publicar un aviso en un periódico de circulación nacional, convocando a los interesados en optar por el o los cargos vacantes a depositar sus credenciales en la Escuela Nacional del Ministerio Público, para su correspondiente tramitación conforme a lo especificado en el presente Estatuto.
Párrafo I.- La publicación aludida deberá ser efectuada en dos fechas distintas con un intervalo de cinco (5) días entre cada una las credenciales deberán ser depositadas en un plazo no mayor de quince (15) días, a partir de la última convocatoria.
TÍTULO XVI INHABILITACIONES, INCAPACIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 67.- Ningún miembro del Ministerio Público podrá dirigir las investigaciones ni ejercer la acción pública en relación con determinados hechos delictivos, si a su respecto se configuran una o varias de las causales que se establecen en los párrafos siguientes:
a) Si es parte o tiene interés en el caso bajo su investigación; o si es cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad en línea directa o en cualquier grado, y colateral de algunas de las partes hasta el segundo grado, inclusive, o de sus representes legales;
d) Ser socio de alguna compañía o entidad con algunas de las partes, u ostentar esa calidad su cónyuge, ascendiente, descendiente o colaterales;
e) Tener enemistad capital con algunos de los interesados o con sus abogados; o haber recibido de ellos, sus cónyuges, sus ascendientes, descendientes o colaterales, estos últimos hasta el segundo grado, beneficios de importancia, o cuando el funcionario del Ministerio Público o los parientes señalados hayan aceptado dádivas o servicios de las partes;
Artículo 68.- Los miembros del Ministerio Público estarán afectados de las mismas incompatibilidades e incapacidades que inhabilitan a los jueces para desempeñarse como tales. Además, sus actuaciones estarán regidas por las previsiones del Código de Etica del Servidor Público.
Artículo 69.- Los representantes del Ministerio Público se inhibirán o podrán ser recusados cuando existan motivos graves que afecten la objetividad de su desempeño.
La recusación o inhibición serán planteadas y resueltas de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal.
Artículo 70.- Las funciones del Ministerio Público son de dedicación exclusiva, por tanto, son incompatibles con toda otra función o empleo remunerado, excepto el ejercicio de actividades docentes.
TITULO XVII REMUNERACIONES E INCENTIVOS
Artículo 71.- Los miembros titulares del Ministerio Público percibirán las mismas remuneraciones que corresponda al Presidente del Tribunal ante el que ejerzan sus funciones, incluyendo todas las asignaciones e incentivos que correspondan a dicho cargo.
Artículo 72.- El Primer y Segundo Adjuntos del Procurador General de la Corte de Apelación percibirán un salario igual al del Primer y Segundo sustitutos, respectivamente, del Presidente de la Corte de Apelación ante la cual ejerza sus funciones, incluyendo las asignaciones e incentivos de éstos.
Artículo 73.- Los Adjuntos de los Procuradores Fiscales percibirán un salario equivalente al del Juez de Instrucción del Distrito Judicial en el que ejerzan sus funciones, pero en ningún caso será inferior al que perciben en la actualidad.
TÍTULO XVIII DERECHO DEL MINISTERIO PÚBLICO
CAPÍTULO I DERECHOS GENERALES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 74.- Son derechos generales de los representantes del Ministerio Público:
d) Disfrutar anualmente de vacaciones pagadas de quince (15) días laborables, las cuales aumentarán según la escala establecida en el Artículo 26 de la Ley 14-91, del 20 de mayo de 1991, sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa. Para tales fines, se tomarán las previsiones presupuestarias de lugar. La Procuraduría General de la República elaborará un programa a los fines de procurar que el servicio no sufra demoras ni perjuicios;
CAPÍTULO II DERECHOS ESPECIALES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 75.- Son derechos especiales de los representantes del Ministerio Público, una vez que ingresan a la carrera, los siguientes:
Usar en los vehículos de motor a su servicio las placas oficiales rotuladas correspondientes, de conformidad con las normas que rigen la materia. Para tales fines, la Dirección General de Impuestos Internos, previa solicitud del Procurador General de la República, expedirá las placas correspondientes;
h) Los miembros del Ministerio Público carentes de viviendas adecuadas deberán ser incluidos entre los beneficiarios de las viviendas que construya el Gobierno Central, de conformidad con la relación que le sea presentada al Poder Ejecutivo por el Procurador General de la República.
Artículo 76.- Los beneficios establecidos a favor de los representantes del Ministerio Público en los incisos c) y e) del artículo anterior son totalmente intransferibles.
CAPÍTULO III OTROS DERECHOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 77.- Derecho a la protección contra atentados personales y familiares.- Los representantes del Ministerio Público estarán protegidos contra las amenazas y ataques de cualquier naturaleza de que puedan ser objeto en el ejercicio de sus funciones. El Estado deberá reparar el perjuicio directo que pudiere resultar de ello, en todos los casos no previstos por la legislación de pensiones.
Artículo 78.- Derecho a exigir defensa institucional.- Los representantes y funcionarios que se desempeñen en el Ministerio Público tendrán derecho a exigir a la institución que los defienda y que se persiga la responsabilidad civil y criminal de quienes atenten contra su libertad, su vida, su integridad física o síquica, su honra o su patrimonio, con motivo del desempeño de sus funciones.
Artículo 79.- Seguro médico y seguro de vida.- Los representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público tendrán derecho a un seguro médico de la más amplia cobertura nacional para ellos y su familia. Se reglamentará el alcance de los beneficios del cónyuge y los hijos menores o solteros hasta los 21 años y los discapacitados que vivan bajo el mismo techo del beneficiario del seguro médico.
Igualmente, los representantes del Ministerio Público tendrán derecho a un seguro de vida de amplia abertura y gozarán de los beneficios de la previsión y seguridad social que instituirá la Procuraduría General de la República. Para estos fines el Procurador General de la República, por medio de un reglamento, establecerá los beneficios, compensaciones, primas por antigüedad, por capacitación, eficiencia y cualesquiera otras remuneraciones especiales de los miembros del Ministerio Público.
Artículo 80.- Bono navideño.- Los representantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con un año por lo menos en servicio, recibirán un bono equivalente a un mes de su último sueldo, libre de descuento en el mes de diciembre, como bono navideño. Los que tengan menos de un año en el servicio recibirán la parte proporcional a los meses en servicio.
TITULO XIX PROHIBICIONES GENERALES PARA LOS MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 81.- A los representantes del Ministerio Público les está prohibido:
e) Dedicarse, tanto en el servicio como en la vida privada, a actividades que puedan afectar la confianza del público en su condición de representantes del Ministerio Público;
g) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura;
h) Haber sido abogado de cualesquiera de las partes interesadas en el caso que maneje el funcionario, o si el abogado de las partes es cónyuge, hermano, hijo o pariente hasta el tercer grado, inclusive, del funcionario del Ministerio Público actuante;
j) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas
contra las cuales dicho representante del Ministerio Público haya puesto en movimiento la acción pública mediante cualquiera de los mecanismos legales, o que sean o hayan sido objeto o sujeto de denuncias o querellas que en el momento estén sometidas a la consideración del representante del Ministerio Público en razón de su competencia;
l) Dar consultas en asuntos jurídicos, de carácter actualmente contencioso, o que puedan adquirir ese carácter;
TÍTULO XX LICENCIAS Y PERMISOS
Artículo 82.- Las licencias que las autoridades competentes pueden conceder a los miembros del Ministerio Público, son las siguientes:
a) Licencia ordinaria, sin disfrute de sueldo, hasta por sesenta (60) das al año continuos o descontinuos, prorrogables por treinta (30) días más, por causa justificada;
Artículo 83.- Cuando excedan de siete (7) días, las licencias especificadas anteriormente serán otorgadas por el Procurador General de la República. En caso contrario, de acuerdo con la jerarquía del solicitante, tanto por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente como por el Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de que se trate.
Artículo 84.- Los permisos de inasistencia al trabajo, por causa justificada, que no excedan de tres (3) días, serán concedidos por el superior jerárquico inmediato del interesado.
TÍTULO XXI TRASLADOS Y CAMBIOS
Artículo 85.- Los miembros del Ministerio público podrán ser trasladados provisional o definitivamente por el Procurador General de la República, en los casos siguientes:
a) Por solicitud de parte interesada, cuando a juicio del Procurador General de la República el solicitante haya acumulado méritos suficientes en el ejercicio del cargo, siempre que el cargo a que aspire se encuentre vacante y el traslado no constituya ningún inconveniente para el servicio de la administración de justicia;
b) Cuando se considere conveniente al servicio, por resolución motivada, la cual no debe dar lugar a dudas de que no se trata de una sanción;
d) Cuando a juicio del Procurador General de la República dicho traslado sea conveniente al servicio.
Artículo 86.- El Procurador General de la República, a solicitud de los interesados, podrá autorizar cambios entre miembros del Ministerio Público, de la misma jerarquía, aunque pertenezcan a distintos Departamentos o Distritos Judiciales, siempre que la medida no perjudique la naturaleza del servicio que presta el Ministerio Público.
TITULO XXII FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS
Artículo 87.- El poder disciplinario consiste en el control de la observancia de la Constitución, las leyes, reglamentos, instrucciones y demás normas vigentes, así como en la aplicación de sanciones en caso de violación a las mismas.
Artículo 88.- Las sanciones disciplinarias que podrán ser aplicadas conforme a las normas del presente Estatuto son: amonestación, suspensión o destitución.
Artículo 89.- Los representantes del Ministerio Público sujetos a la presente ley, incurren en falta disciplinaria en los casos siguientes:
Por incurrir en cualquiera de las causas de sanción disciplinaria previstas en el presente Estatuto y sus reglamentos o en la violación de otras disposiciones sobre la materia, emanadas de autoridades competentes.
Artículo 90.- Los representantes del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones que cometan faltas o no cumplan con sus deberes y con las normas establecidas serán administrativamente responsables y, en consecuencia, sancionados, sin perjuicio de otras responsabilidades penales, civiles o de otra índole, resultantes de los mismos hechos u omisiones.
Artículo 91.- Según la gravedad de las faltas, las autoridades competentes en los términos de esta ley podrán imponer las siguientes sanciones:
Párrafo I.- Todas las sanciones serán escritas en el historial personal del miembro del Ministerio Público sancionado, y sus documentos básicos anexados a los registros respectivos.
Párrafo II.- No se considerarán sanciones: los consejos, observaciones y advertencias hechas en interés del servicio.
Artículo 92.- Son faltas que dan lugar a amonestación oral, las siguientes:
3) Suspender las laborales sin causas justificadas;
8) Cualesquier otros hechos u omisiones menores, que, a juicio de la autoridad sancionadora, sean similares por naturaleza a las anteriores y que no ameriten sanción mayor.
Artículo 93.- Son faltas que dan lugar a amonestación escrita, las siguientes:
4) Cualesquier otros hechos u omisiones, calificables como faltas que, a juicio de autoridad sancionadora, sean similares a las anteriores y que no ameriten sanción mayor.
Artículo 94.- Son faltas que dan lugar a suspensión hasta treinta (30) días, sin disfrute de sueldo, las siguientes:
9) Promover, participar o apoyar actividades contrarias al orden público, en desmedro del buen desempeño de sus funciones o de los deberes de otros empleados y funcionarios;
11) Cualesquier otros hechos u omisiones que, a juicio de la autoridad competente, sean similares o equivalentes a las demás faltas enunciadas en el presente artículo y que no ameriten sanción mayor.
Artículo 95.- Son faltas graves, que dan lugar a destitución, según lo juzgue el Consejo Disciplinario, las siguientes:
1) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie, o solicitar, aceptar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas, como pago por la prestación de los servicios inherentes al cargo que desempeñe. A los efectos de esta falta, se presumen como gratificaciones, dádivas, comisiones, obsequios, recompensas y beneficios ilícitos similares, de contenido económico, sancionables disciplinariamente conforme al presente Estatuto las sumas de dinero o bienes en especie que, por tales conceptos, reciban los parientes del funcionario, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, inclusive, si se obtienen pruebas, evidencias, o testimonios ciertos e inequívocos de los hechos o actuaciones objeto de sanción;
2) Dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las prohibiciones e incompatibilidades constitucionales o legales, cuando el hecho o la omisión tengan grave consecuencia de daños o perjuicio para los ciudadanos o el Estado;
3) Tener participación, por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas, cuando estas relaciones estén vinculadas directamente con algún asunto cuyo conocimiento está a su cargo;
9) Aceptar de un gobierno extranjero cargo, función, honor o distinción de cualquier índole sin previo permiso del Gobierno Nacional;
13) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias narcóticas o estupefacientes;
14) Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza y gravedad, ajuicio de la autoridad sancionadora.
Párrafo I.- las citaciones para comparecer ante el Consejo Disciplinario se harán con un plazo no menor de diez (10) días y harán constar las causas y motivos de la citación, el lugar donde debe comparecer el requerido y la calidad de éste.
Párrafo II.- El procedimiento que seguirá el Consejo Disciplinario para conocer los casos de su incumbencia será fundamentalmente oral y se levantará un acta general de las actuaciones, que firmarán los que hubiesen declarado y los integrantes de dicho Consejo, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que correspondan.
Párrafo III.- La persona destituida por haber cometido cualquiera de las faltas señaladas en este artículo o por otra causa igualmente grave o deshonrosa, a juicio del Procurador General de la República, quedará inhabilitada para prestar servicios al Estado durante los cinco (5) años siguientes, contados desde la fecha de habérsele notificado la destitución.
TÍTULO XXIII DE LA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
Artículo 96.- Se crea la Escuela Nacional del Ministerio Público, adscrita a la Procuraduría General de la República, la cual tendrá a su cargo la capacitación de los miembros del Ministerio Público en servicio y la formación de los aspirantes a ingresar a la carrera.
Artículo 97.- La Escuela Nacional del Ministerio Público tendrá los siguientes objetivos generales y específicos:
Establecer e institucionalizar un Plan Único Nacional de Formación para los funcionarios y empleados del Ministerio Público, que permita su realización en forma integral, sistemática y progresiva y al que se acogerían las instituciones nacionales e internacionales que apoyen los esfuerzos de desarrollo del Ministerio Público.
Artículo 98.- A los fines indicados en el párrafo anterior, la Escuela Nacional del Ministerio Público elaborará y pondrá en ejecución una metodología didáctica científica, fundamentada en los principales avances de la tecnología, que permita a todos los miembros del Ministerio Público y a todos los profesionales del derecho interesados en ingresar a la carrera, no importa el lugar del país en que se encuentren, seguir los estudios y participar de la experiencia docente y de las pruebas previstas por la institución.
Artículo 99.- Asimismo, el equipo docente de facilitadores y formadores contratados por la Escuela Nacional del Ministerio Público se trasladará, con la periodicidad que sea necesaria, a los departamentos y Distritos Judiciales para desarrollar los programas de inducción, capacitación, perfeccionamiento, habilidades y especialización.
Artículo 100.- Conforme a los criterios didácticos científicos precitados, la Escuela Nacional del Ministerio Público reglamentará las normas de medición y evaluación de las
calidades de los docentes facilitadores y formadores, miembros activos del Ministerio Público y optantes para ocupar los diferentes puestos de la función o interesados en ingresar en la carrera.
Artículo 101.- No obstante lo anteriormente establecido, podrán optar por los cargos dentro del Ministerio Público los abogados de reconocida capacidad y solvencia moral, que aunque no hayan ingresado a la carrera, demuestren mediante la evaluación a la que serán sometidos sus expedientes, que reúnen los méritos para desempeñar las referidas funciones.
Artículo 102.- El plan de capacitación se desarrollará dentro de la Escuela Nacional del Ministerio Público sobre la base de las cuatro fases siguientes:
1.La fase de inducción: Tendrá por objeto que el funcionario y empleado que ingrese a la institución o que siendo antiguo no lo haya recibido, sea introducido en el conocimiento de la institución para la cual trabajará.
2.Perfeccionamiento.- Esta fase tendrá por objeto que el funcionario perfeccione sus conocimientos, básicamente en materia constitucional y en Derecho Penal y Procesal, especialmente en aquellos temas que tengan que ver con el ejercicio del cargo.
3.Desarrollo de habilidades.- Esta fase tendrá por objeto que el funcionario desarrolle las habilidades y destrezas que requerirá para cumplir su papel de acuerdo con el perfil del cargo.
4.Especialidades.- Fase dirigida a aquellos funcionarios asignados a dependencias del Ministerio Público de acuerdo con la naturaleza de su función especial.
Artículo 103.- Para el logro de los objetivos enunciados precedentemente, y sin que la presente enumeración sea limitativa, la Escuela Nacional del Ministerio Público tendrá concentraciones en Derecho Constitucional, Penal, Procesal, Comparado, de la Familia, Civil, Jurisprudencia, Criminología, Criminalística, Tierra, Administrativos, Tributario, Laboral, y en todas aquellas áreas que enfaticen la metodología de la investigación criminal.
Artículo 104.- La Escuela Nacional del Ministerio Público tiene categoría de centro de educación superior y, en consecuencia, está autorizada a expedir títulos y certificados en la rama de la administración del Ministerio Público con el mismo alcance, fuerza y validez que tienen los expedidos por las instituciones oficiales o autónomas de educación superior.
Artículo 105.- Es requisito esencial para los aspirantes a ingresar a la Escuela Nacional del Ministerio Público haber obtenido en un centro de estudios universitarios, con calidad para expedirlo, el título de Doctor o Licenciado en Derecho, estar provisto de exequátur otorgado por el Poder Ejecutivo y haber prestado el juramento de ley ante la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 106.- La categoría de estudios superiores a que se refiere este artículo no implica sustitución de las escuelas jurídicas universitarias, lo que no obsta para que participe en la evaluación del pénsum de la carrera de Derecho y de las que se relacionen con su ejercicio.
Artículo 107.- La Escuela Nacional del Ministerio Público tendrá a su cargo las funciones y responsabilidades siguientes:
5) Cualesquiera otras tareas que le sean asignadas por la Procuraduría General de la República y su organismo rector.
Artículo 108.- La Escuela Nacional del Ministerio Público estará dirigida por un Consejo Directivo integrado por:
1) El Procurador General de la República, quien lo presidirá, pudiendo delegar sus funciones en el primero y a falta de éste en el segundo Procurador General Adjunto;
3) Por un Procurador General de Corte de Apelación elegido por sus similares, por el período de su ejercicio;
4) Por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo;
6) Por un jurista de reconocida capacidad y solvencia moral, preferiblemente con
experiencia docente, elegido por el Consejo General de Procuradores, por un período de dos (2) años.
Artículo 109.- El Consejo Directivo, mediante un reglamento que será dictado al efecto, formulará, orientará y dictará las políticas académicas generales que normarán la Escuela Nacional del Ministerio Público y determinará la organización, operación y funcionamiento de la misma.
Artículo 110.- De igual manera, el Consejo Directivo, previo concurso de expedientes, someterá una lista al Procurador General de la República, contentiva de los nombres de las personas que aspiran a ocupar las posiciones de Director y Subdirector de la Escuela Nacional del Ministerio Público, con el objeto de que este funcionario convoque al Consejo General de Procuradores que deberá realizar las designaciones definitivas, en atención a las siguientes condiciones y requisitos aplicables a ambos funcionarios:
1) Ser de nacionalidad dominicana, con no menos de treinta y cinco (35) años de edad;
2) Ser licenciado o doctor en derecho y tener doce (12) años de experiencia acumulada en el ejercicio profesional o como juez o representante del Ministerio Público y/o en la docencia universitaria El tiempo de ejercicio en la magistratura, el ejercicio profesional y la docencia pueden acumularse;
Artículo 111.- El Director y Subdirector de la Escuela Nacional del Ministerio Público serán electos por un período igual al ejercicio del Procurador General de la República Su mandato podrá ser renovado por otro período igual.
Artículo 112.- Con el objeto de propiciar la capacitación y formación del personal que requiere el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República proveerá los medios necesarios para institucionalizar, organizar y desarrollar dichas actividades, para lo cual hará los arreglos presupuestarios de lugar.
Artículo 113.- Para la realización de las actividades propias de su naturaleza, la Escuela Nacional del Ministerio Público podrá recibir donaciones en la forma que se señala más adelante. Podrá recomendar al Procurador General de la República la formalización de convenios con centros educativos e instituciones nacionales o extrajeras, públicas o privadas, con el objeto de procurar asesoramiento a los fines de proveer la formación y la capacitación objeto de su creación y acordes con las necesidades del Ministerio Público.
Artículo 114.- La Escuela Nacional del Ministerio Público elaborará los reglamentos de su funcionamiento, los programas sobre los contenidos de sus diferentes temáticas, y cualesquier otros necesarios para el cumplimiento de sus fines, los cuales someterá a la aprobación del Consejo Directivo.
Artículo 115.- La Escuela Nacional del Ministerio Público, además de los recursos que le sean asignados en el presupuesto de la Procuraduría General de la República, podrá recibir donaciones y aportes voluntarios provenientes de personas físicas y morales, instituciones nacionales e internacionales y de gobiernos extranjeros debidamente aprobados por el Consejo Directivo de dicha Escuela.
Artículo 116.- Los programas, proyectos, convenios, documentos, archivos y bibliotecas de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, pasarán a formar parte de la Escuela Nacional del Ministerio Público una vez que la misma entre en operación, a fin de darle continuidad y unidad a la labor realizada por dicho departamento.
TÍTULO XXIV DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 117.- Los miembros del Ministerio Público que se encuentren en funciones a la entrada en vigencia del presente Estatuto permanecerán en sus cargos hasta el término del presente período presidencial, salvo que incurran en algunas de las faltas disciplinarias previstas anteriormente que conlleven su destitución.
TÍTULO XXV DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 118.- La presente ley deroga cualquier otra ley o parte de ley que le sea contraria.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil tres (2003); años 160 de la Independencia y 140 de la Restauración.
Rafaela Alburquerque Presidenta
Julián Elías Nolasco Germán Secretario Arango Carlos José Ramón Martínez Secretario
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil tres (2003); años 160 de la Independencia y 140 de la Restauración.
Andrés Bautista García Presidente
José Alejandro S. Rodríguez Secretario Celeste Gómez Martínez Secretaria
HIPÓLITO MEJIA Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil tres (2003), años 160 de la Independencia y 140 de la Restauración.
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