Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-1526-de-agosto-14-de-2017?documento=legcol&contexto=legcol_595e6ee323ca484a82beb3c018bf4939&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 21:39:16
Document Index: 202693727

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 29', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 59', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 72', 'artículo 76', 'artículo 37', 'artículo 87', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 333', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 49']

﻿ RESOLUCIÓN 1526 DE AGOSTO 14 DE 2017
RESOLUCIÓN 1526 DE 14 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. MODIFICA LA RESOLUCIÓN 89 DE 2017, RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA ABIERTA MEDIANTE RESOLUCIÓN 167 DE 2016 PARA LAS IMPORTACIONES DE TUBOS NO INOXIDABLES DE ENTUBACIÓN (“CASING”) Y DE PRODUCCIÓN (“TUBING”), CLASIFICADOS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 7304.29.00.00 ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, Y MANTIENE EL DERECHO ANTIDUMPING DEFINITIVO IMPUESTO MEDIANTE RESOLUCIÓN 26 DE 2012 A LAS IMPORTACIONES DE TUBOS DE ENTUBACIÓN (“CASING”) Y TUBOS DE PRODUCCIÓN (“TUBING”).
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el Decreto-Ley 210 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 2015, el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1750 de 2015, y
Que mediante Resolución 167 del 4 de octubre de 2016, publicada en el Diario Oficial 50.018 del 6 de octubre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante Resolución 26 del 5 de enero de 2012, a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“Casing”) y de Producción (“Tubing”), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del daño y del “dumping” que se pretendía corregir.
Que mediante la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.272 del 22 de junio de 2017, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la terminación del examen quinquenal de carácter administrativo abierto mediante Resolución 167 del 4 de octubre de 2016 a las importaciones de Tubos no inoxidables de Entubación (“Casing”) y de Producción (“Tubing”), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular China, con mantenimiento del derecho antidumping definitivo impuesto mediante Resolución 26 del 5 de enero de 2012, pero modificándolo en la forma de un gravamen ad valórem equivalente al margen de dumping calculado en la investigación, esto es, 15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
A) Solicitudes de revocatoria directa.
Que el representante legal de la empresa Tenaris Tubocaribe Ltda., a través de apoderado especial, mediante escrito número 1-2017-013079 de julio 24 de 2017, presentó solicitud de revocatoria directa respecto de la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, por medio de la cual la Dirección de Comercio Exterior adoptó la determinación final del examen quinquenal en mención.
Adicionalmente, el representante legal suplente de la empresa CSP TUBO360 Ltda., a través de escrito número 1-2017-014251 de agosto 8 de 2017, presentó solicitud de revocatoria directa respecto de la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, por medio de la cual la Dirección de Comercio Exterior adoptó la determinación final del examen quinquenal referida con anterioridad.
Los solicitantes en mención, fundamentan sus solicitudes en las causales y argumentos de hecho y de derecho citados a continuación:
1. Petición de Tenaris Tubocaribe Ltda.
Solicita con base en el artículo 93 del CPACA -en especial, los numerales 1 y 3-, que se revoque directamente la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, por ser manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico superior y causarle un agravio injustificado, por cuanto:
1.1. Manifiesta oposición de la Resolución 89 de 2017 a la Constitución Política y a la ley.
Resulta contrario a la ley que no se haya mantenido el derecho antidumping mediante Resolución 26 de 2012 del 5 de enero de 2012 y por una vigencia de cinco (5) años, por cuanto asegura que contraviene lo establecido en los artículos 42 y 44 del CPACA; como también, lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.
La citada resolución carece de motivación que justifique de forma razonada la decisión adoptada y, va más allá del alcance de la competencia discrecional que le otorga el ordenamiento jurídico en materia de fijación de derechos antidumping a la autoridad competente, lo cual comporta un desconocimiento de principios inherentes al núcleo esencial del derecho al debido proceso, como son los de publicidad y legalidad. Igualmente, sostiene que el derecho al debido proceso se erige en una garantía para todos los ciudadanos en el marco de cualquier actuación judicial y administrativa, cuyo núcleo esencial comprende el respeto de los principios de legalidad, publicidad, irretroactividad, favorabilidad, presunción de inocencia, doble instancia, término razonable, acceso a la administración de justicia, juez natural, defensa, audiencia bilateral y contradicción.
El anterior planteamiento impugnatorio de la presunción de validez del acto administrativo, es desarrollado por la peticionaria a través de los siguientes acápites:
1. Desconocimiento del deber de motivación de la Resolución 89 de junio de 2017.
Resulta imperativo colegir que la Resolución 89 de 2017 desatendió el deber de motivación contemplado en el artículo 42 del CPACA, toda vez que no ofrece ninguna razón o justificación que explique por qué, pese a haber acreditado la muy probable recurrencia del dumping y del daño a la rama de producción nacional de tubos de entubación y de producción en un escenario de supresión de la medida, no prorrogó los derechos antidumping impuestos inicialmente en la Resolución 26 de 2012 en la misma modalidad y por el mismo término.
En efecto, en la parte considerativa de la Resolución 89 de 2017 se remite al informe técnico final de la subdirección de prácticas comerciales y presenta la conclusión del análisis de los dos escenarios en el mercado nacional de tubos de entubación y de producción, uno referido a mantener vigente las medidas antidumping y otro atinente a su eliminación.
En este sentido, no se entiende por qué sin ninguna justificación ni estudio explicativo, se adoptó una medida alternativa, como la adoptada en la correspondiente resolución y se limitó inmotivadamente a una vigencia por el término de tres (3) años. Es decir, lo lógico, razonable y congruente era que, en consecuencia, se decidiera preservar la medida adoptada en la Resolución 26 de 2012, en la misma modalidad y por idéntico período, comoquiera que la misma fundamenta su decisión en la recomendación de la subdirección de prácticas comerciales.
Por otra parte, la Resolución 89 de 2017 también se remite a las recomendaciones del comité de prácticas comerciales, en el sentido de que era procedente la modificación del monto del derecho antidumping impuesto en la Resolución 26 de 2012 “teniendo en cuenta que el comportamiento de los precios de tubos tienen una relación directa con la dinámica de los precios del petróleo”.
En relación con esta remisión, debe señalarse que no resulta válida como mecanismo de motivación del acto administrativo, en la medida en que la aludida recomendación del comité de prácticas comerciales no hace parte del expediente de la actuación administrativa correspondiente al examen quinquenal de los derechos antidumping, de manera que las partes interesadas no conocen el contenido y alcance de esta recomendación. No aparece tampoco en el expediente ningún análisis o estudio que acredite esta aseveración.
Ahora bien, resulta insuficiente y erróneo que se haya justificado la modificación de los derechos antidumping en la relación directa de los precios de los tubos con la dinámica de los precios del petróleo, porque en realidad esta es tan sólo una de las variables que inciden en la determinación del precio de la tubería, de manera que la afirmación contenida en la Resolución 89 de 2017 no tuvo en cuenta todos los elementos necesarios para sustentar la modificación del monto y la modalidad de los derechos antidumping.
No existe, entonces, ninguna razón que justifique la necesidad del cambio en la modalidad de derecho antidumping y la adopción de un derecho del 15%, circunstancia que comporta un claro desconocimiento del deber de motivación de los actos administrativos.
Tampoco se explica en el acto administrativo ni en los actos previos a los que se remite, por qué pese a la acreditación del riesgo de recurrencia en el dumping y en el daño si se suprimía la medida, esta solo se mantuvo por el término de tres (3) años y no por el período de cinco (5) años que faculta el Decreto 1750 de 2015 y que fue el que solicitó mi representado. La ausencia de motivación sobre el plazo de vigencia de la medida, permite colegir que fue un lapso fijado de forma infundada por la autoridad administrativa, sin contar con evidencia técnica y económica sobre la suficiencia de este término restringido, en oposición al máximo legal permitido de cinco (5) años.
2. El ejercicio de la facultad discrecional de definición del monto de los derechos antidumping fue más allá de los límites señalados en el Decreto 1750 de 2015.
En el caso específico de la Resolución 89 de 2017, el comité de prácticas comerciales excedió la facultad discrecional relativa a la determinación del monto y modalidad de los derechos antidumping, toda vez que sin motivación alguna y en clara desatención de los hechos y fundamentos técnicos probados en el marco de la actuación administrativa, varió la forma y monto de los derechos antidumping que habían sido adoptados mediante la Resolución 26 de 2012 y que se habían revelado como idóneos y eficaces, por otros que corresponden a la forma de un gravamen ad valórem del 15% que se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador.
Es decir, la decisión adoptada excede los límites de la facultad discrecional por cuenta de la falta de conexidad entre la medida adoptada y los fines de la potestad discrecional (literal g) del artículo 1º, artículo 2º y el artículo 4º del Decreto 1750 de 2015), así como por su desproporción respecto de los hechos que le sirven de fundamento.
En el mismo sentido, es dado afirmar que el ejercicio de la facultad discrecional de la Administración Pública no se avino al principio de proporcionalidad, en la medida en que no guardó correspondencia con los hechos, pruebas e informes técnicos obrantes en el expediente. Así, sin ningún fundamento técnico ni económico, el comité de prácticas comerciales flexibilizó y disminuyó la rigurosidad de los derechos antidumping, sacrificando por esta vía el interés general y la debida protección de la rama de producción nacional.
La ausencia, entonces, de elementos tácticos y probatorios objetivos que permitieran justificar la adecuación, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de un gravamen ad valórem del 15% del precio FOB de importación por un período limitado de tres años, conduce inexorablemente a concluir que la decisión adoptada desbordó los estrictos límites para el ejercicio de las facultades discrecionales en nuestro Estado de Derecho y, en tal sentido, se revela como una actuación subjetiva que debe ser corregida por la autoridad, con el fin de preservar los principios y fines que subyacen al ejercicio de la función administrativa.
En efecto, es importante señalar que si bien el artículo 59 del Decreto 1750 de 2015 faculta a la autoridad investigadora a variar los derechos antidumping impuestos, para ello hubiera sido necesario que se hubiera realizado durante la investigación el análisis correspondiente que acreditara el respectivo cambio de circunstancias y se le hubiera dado a las partes la oportunidad de controvertirlo y de presentar sus observaciones.
Conforme con lo anterior, se debe colegir que el Comité y el Ministerio no podían, en ejercicio de sus facultades discrecionales, variar inmotivadamente la medida originalmente impuesta, en la medida en que no se analizó el impacto en el mercado y en la industria doméstica que tendría que hacerlo, ni acreditó que se hubiera producido un cambio de las circunstancias que justificara tal determinación.
1.2. Agravio injustificado.
La medida adoptada es absolutamente insuficiente para contrarrestar la práctica de dumping en la que incurren los productores chinos, no sólo en Colombia, sino alrededor del mundo.
Para comenzar, es preciso señalar que durante el periodo de vigencia de la medida antidumping impuesta por la Resolución 26 de 2012, el precio de las exportaciones chinas de tubería OCTG al mundo mantuvo un diferencial en relación con el indicador internacional Pipe Logix que osciló entre el 83 y el 109 por ciento, siendo el precio chino siempre más bajo.
Tal como se observa, durante el último año se ha presentado un incremento constante en el diferencial de precios, lo que lleva a que en la actualidad el precio de la tubería China sea un 109% menor en relación con el precio de referencia internacional.
La evidente ampliación de la brecha entre el precio del indicador internacional y el precio de China obedece principalmente a las circunstancias que se pusieron de presente ante el Ministerio que acreditan que, en ausencia de medidas efectivas, los productores chinos volverán a incurrir en la práctica de dumping en el mercado colombiano.
En efecto, el crecimiento exponencial de la capacidad de producción siderúrgica de China, que en la actualidad representa más del 50% de la capacidad mundial, y la proliferación de las medidas de defensa comercial contra China por parte de los principales importadores de tubería OCTG en el mundo (Canadá, Unión Europea, Rusia, Indonesia, Turquía y Estados Unidos), tienen como consecuencia la acumulación de excedentes de producción chinos en el mercado internacional que se dirigen a países sin medidas (o con medidas insuficientes), para colocar sus productos a precios de dumping.
Con base en lo anterior es que se ha estimado que la tubería China ingresará a Colombia en promedio a 770 USD/Tonelada a nivel FOB, valor calculado a partir del precio al que China exporta a otros mercados del mundo y, en particular, de Latinoamérica, tal como se puso de presente en la solicitud de inicio de examen quinquenal y fue aceptado por la Subdirección —ver página 43 del Informe Técnico Final—.
Ahora bien, si se toma ese valor de 770 USD/tonelada y se le aplica un derecho antidumping del 15% y el arancel vigente en Colombia del 10%, se constataría que el precio del producto nacionalizado correspondería a 960 USD/Ton.
Como se vio más arriba, este valor es sustancialmente inferior a los precios que priman en el mercado internacional, lo que generaría inevitablemente un efecto de supresión y depresión de precios de la industria nacional que, en lugar de determinar sus precios con base en sus costos y en los movimientos del precio internacional, debería dejar caer su precio para poder defender un nivel mínimo de volumen de ventas y participación de mercado. Estas condiciones hacen inviable la operación de Tenaris Tubocaribe Ltda.
Adviértase que, aún con la disminución de precios de la rama de producción nacional, las importaciones chinas recuperarían los niveles de participación de mercado que ostentaban antes de la adopción de la medida inicial y los superarían al mediano plazo.
Así las cosas, en un escenario de creciente participación China en el mercado de tubería colombiano, precios deprimidos y menores volúmenes de ventas, la viabilidad financiera de la compañía se vería seriamente comprometida.
Igualmente, la significativa disminución de las ventas tendría un impacto en la carga productiva de la planta de Tenaris Tubocaribe Ltda., situación que se presentó en el pasado, antes de la adopción de la medida antidumping original. La baja carga productiva repercutiría en el número de empleados directos que la empresa podría mantener, lo que generaría una pérdida de más de 660 empleos calificados durante los próximos años, sin contar los que se perderían por el muy probable cierre de operaciones industriales del otro productor nacional.
Por otro lado, las inversiones que tiene proyectadas, se verían totalmente truncadas, ya que no contaría con los rendimientos para realizarlas.
En conclusión, el análisis económico y financiero muestran que un derecho antidumping del 15% ad valórem comprometería seriamente la viabilidad de la industria nacional, a raíz del daño que se presentaría en los precios, los volúmenes de ventas, la participación de mercado, el uso de la capacidad, el empleo y las inversiones.
De esta manera, queda suficientemente acreditado que la determinación de modificar el derecho a uno ad valórem con una cuantía del 15% generaría un perjuicio claramente injustificado a la rama de producción nacional.
En cuanto al segundo requisito contemplado en la causal de agravio injustificado - i.e., la alteración al equilibrio ante las cargas públicas-, es importante reiterar que la finalidad de las medidas antidumping es en esencia restablecer las condiciones de competencia trastocadas por una práctica desleal del comercio internacional. Por ende, cuando un derecho antidumping no logra su cometido y resulta insuficiente para restablecer las condiciones de competencia, se presentaría una alteración al postulado de igualdad en las cargas públicas, puesto que deja a la rama de producción nacional en un estado de vulnerabilidad que no debería estar obligada a soportar. En otras palabras, la industria nacional no tiene la obligación de ver cómo sus indicadores económicos y financieros se deterioran a raíz del ingreso de importaciones que compiten de manera desleal.
Por lo anterior, la negativa a prorrogar la medida antidumping en la modalidad y cuantía que se fijó inicialmente, ante la acreditada alta probabilidad de recurrencia del dumping, quebrantaría el postulado de igualdad y el equilibrio de las cargas públicas al compeler a la industria colombiana de tubería OCTG a competir en condiciones desiguales con las importaciones distorsionadas originarias de China.
2. Petición de CSP TUBO360 Ltda.
Solicita con base en el artículo 93 del CPACA —en especial, sus numerales 2 y 3— la revocatoria directa de la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, por causar un agravio injustificado y atentar contra el interés público, por cuanto:
2.1. La resolución causa un agravio injustificado a CSP TUBO360 Ltda.
La imposición de derechos establecida en la Resolución 89 de 2017 resulta insuficiente y causa un agravio injustificado a CSP TUBO360 Ltda., como productor nacional en la medida en que se torna inviable continuar produciendo tubería en Colombia y se tornan inviables también los planes de expansión mencionados, para los cuales se hicieron desde el año 2012 cuantiosas inversiones.
Ello se debe a que CSP TUBO360 Ltda., no logrará ganar participación en un mercado que se prevé crecerá en los próximos años, sino que muy posiblemente pierda participación, al entrar a competir con los precios predatorios de China, que en lugar de ser corregidos por los derechos antidumping procederán a caer significativamente, fruto del cambio de los derechos de un precio base de 1913.92 USD/ton a un ad valórem de tan solo el 15%. Es importante recordar que otras autoridades ya han encontrado que el no crecimiento de los productores nacionales al ritmo que habría sido posible en ausencia de prácticas desleales de comercio constituye daño en los términos del acuerdo antidumping. De manera que incluso si CSP TUBO360 Ltda., lograse mantener su participación en el mercado, la imposibilidad de acceder a una mayor participación del mismo dado su crecimiento constituiría un agravio injustificado fruto de la imposición de derechos antidumping insuficientes.
Por otro lado, si incluso CSP TUBO360 Ltda., lograse mantener su volumen de ventas, lo que es de hecho muy poco probable si se reducen sustancialmente los precios del mercado por los precios de dumping de China, la imposibilidad de aumentar su producción y poner en marcha la instalación de la nueva planta de tubería con costura para mantener y/o acceder a una mayor participación del mercado constituiría un agravio injustificado fruto de la imposición de derechos insuficientes.
Es posible que productores con décadas de haberse instalado puedan soportar mantenerse en el mercado a pesar de sufrir daño importante en las diversas variables, como consecuencia de la existencia de precios de dumping que no fueron corregidos por la insuficiencia de los derechos. No obstante, para un productor nacional que está apenas terminando su etapa de establecimiento, que aún no logra recuperar su inversión y que ha tenido que enfrentar condiciones adversas e imprevisibles del mercado desde su inicio, resulta insostenible seguir adelante si desaparece la garantía y seguridad que se tuvo en 2012 de que en Colombia se garantiza la existencia de un mercado con sana competencia, en el que se corrigen las importaciones a precios de dumping.
En razón de lo anterior resulta fundamental que se mantengan los derechos antidumping como precio base y en la magnitud en que fueron determinados en la investigación inicial, en la medida que en el marco de la investigación no se dio la revisión del margen de dumping, y que los mismos se mantengan por el término de cinco años tal como lo autorizan tanto la legislación colombiana como el Acuerdo Antidumping.
2.2. Los derechos antidumping impuestos por la Resolución 89 de 2017 son insuficientes para evitar la repetición del daño a la rama de producción nacional.
Se comparte plenamente la conclusión de la autoridad investigadora en el examen quinquenal en el sentido de que resulta necesario mantener la imposición de derechos antidumping a la tubería OCTG de China a fin de evitar la repetición del daño que se logró corregir con la medida original, a tal punto que permitió la llegada de un nuevo productor a la industria nacional.
No obstante, la modificación de los derechos de un precio base de 1913.92 USD/ Ton a un derecho ad valórem del 15%, por un término de tan solo tres años, es totalmente insuficiente para lograr evitar que se repita el daño a la industria nacional. En consecuencia, la determinación final de la revisión quinquenal al imponer derechos insuficientes ocasiona un daño injustificado a CSP TUBO360 Ltda., como el segundo productor nacional del producto objeto de investigación.
La insuficiencia de estos derechos se hace patente desde tres perspectivas fundamentales. Primero, la medida resulta mínima frente a las medidas de defensa comercial que estarán vigentes durante los próximos años en los principales países importadores de productos clasificados por la subpartida 7304290000. En consecuencia, es muy probable que China con sobreproducción y exceso de capacidad instalada termine por redirigir sus exportaciones hacia los países que no tienen ningún derecho o que tienen derechos tan bajos que en realidad no protejan el mercado.
En segunda instancia, la medida resulta insuficiente e inefectiva para propiciar que los precios chinos se acerquen a los precios actuales y proyectados del precio Pipe Logix, el cual constituyó la base para el cálculo del valor normal en la investigación original, y que constituye el referente internacional de precios justos en el mercado de tubería petrolera.
En particular, es importante resaltar las siguientes medidas cuyos países representan el 35.9% de las importaciones mundiales de la partida 730429, según las cifras de la fuente Trade Map:
— La Unión Europea impuso derechos antidumping equivalentes al 39.2% del precio de importación contra las importaciones de tubos y tuberías de hierro y acero provenientes de China el 30 de noviembre de 2009 por un período de 5 años. Posteriormente el 27 de octubre de 2015, la autoridad decidió mantener los derechos por un periodo adicional de 5 años, de manera que estarán vigentes hasta el 27 de octubre de 2020. De igual forma, en mayo de 2017, impuso derechos antidumping equivalentes al 54.9%, a determinados tubos sin soldadura, de hierro (excepto de fundición), o de acero (excepto de acero inoxidable), de sección circular y de diámetro exterior superior a 406,4 mm, los cuales están vigentes hasta el año 2022.
— En Canadá se impusieron derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos y tuberías de la industria del petróleo el 22 de febrero del 2010 por un periodo de 5 años, revisándose nuevamente el tema a partir del 7 de noviembre de 2011, manteniendo los derechos vigentes durante toda la revisión y concluyendo en diciembre de 2015 con el mantenimiento de los derechos originalmente fijados, que son del 91%, o del 166% dependiendo de la posición arancelaria. Adicionalmente, fruto de una investigación contra subsidios se impusieron a las importaciones chinas derechos específicos de 4,070 Renminbi (aprox. 602,876 USD), por tonelada métrica hasta el año 2020.
— En Estados Unidos se impusieron medidas antidumping definitivas del 99.18%, a las importaciones de tuberías petrolera provenientes de China el 21 de mayo de 2010, por un periodo de 5 años. Más adelante el 18 de mayo de 2015, tras una revisión de las medidas impuestas, la Comisión Internacional de Comercio determinó que en caso tal que no se continuara con la imposición de estas medidas, la industria de Estados Unidos estaría en peligro por lo que se decidió mantener las medidas por otros 5 años más hasta el 18 de mayo de 2020. Adicionalmente existen medidas compensatorias vigentes sobre la tubería OCTG del 12.26% que fueron renovadas por el mismo periodo.
— En India se impuso una medida antidumping provisional. Si bien el informe de la Autoridad que analiza la necesidad de una medida definitiva ratifica lo encontrado para las medidas provisionales, se está en espera de la imposición definitiva de la medida. Como derecho provisional se impone un derecho equivalente a la diferencia entre el precio base y el precio de importación al que llegue el producto. El precio base varía en un rango entre 961.33 USD/MTS - 1610.67 USD/MTS dependiendo del uso de la tubería establecida en el documento oficial. (Existen 8 usos diferentes en la legislación India).
En la medida en que los derechos impuestos por Colombia sean significativamente más bajos que los de los demás países que han optado por imponer derechos correctivos a estas prácticas desleales, es previsible que los exportadores chinos opten por dirigir sus excedentes con precios predatorios a los mercados menos protegidos, como sería el colombiano ante esta decisión de revisión a la baja del derecho antidumping. Por tanto, la existencia y el alcance de estas medidas de defensa comercial en otros países resultan de gran relevancia para evaluar la suficiencia del derecho impuesto en Colombia. Esto puede constatarse al hacer el ejercicio de aplicar los derechos antidumping vigentes a los precios promedio de importación del producto chino a cada uno de estos destinos según fuente Trade Map y comparar el precio final del producto interno en cada uno de esos mercados con el que seguramente tendrá que enfrentarse la industria nacional colombiana luego de que se hayan impuesto derechos equivalentes únicamente al 15% del precio de importación.
Ante este panorama es evidente que, la eliminación del precio base y su sustitución por un derecho ad valórem del 15%, genere que los precios de importación del producto chino, que durante el período de vigencia de la medida se habían mantenido gracias a la misma en un promedio de 1,858.9 USD/ton, pasen a ser de 770 USD/ton a nivel FOB. Este precio fue el tenido en cuenta por la autoridad en su informe técnico final para el caso en que no se impongan derechos, y surge de tener en cuenta los precios de importación a otros países de Latinoamérica que no tienen derechos vigentes. Igualmente, este precio coincide con los precios promedio de exportación de China al mundo, según fuente Trade Map. Esta caída del precio chino en su ingreso al mercado colombiano resulta previsible en la medida en que no existen motivos que justifiquen que los chinos continúen manteniendo los precios cerca del valor del precio base, puesto que les representaría el pago de un valor mucho mayor en derechos antidumping.
Partiendo de estas premisas, se muestra cómo mientras el producto chino termina con un precio final de 4648.67 USD/ton en Estados Unidos, 3947,4 USD/ton en Canadá y 1,578 USD/ton en la Unión Europea, por ejemplo, al aplicar el 15% de derecho ad valórem a las importaciones chinas en Colombia el precio final o interno en Colombia sería tan solo de 885.5 USD/ton. Incluso si se tiene en cuenta adicionalmente el arancel del 10%, el precio final del producto chino sería de tan solo 962.5 USD/ton, muy por debajo de los precios Pipe Logix y de los precios internos en los países importadores que sí protegen adecuadamente su producción doméstica de los precios anormalmente bajos de China.
Se ve entonces de manera patente cómo la transición de un precio base de 1913.92 USD/ton a un derecho ad valórem de tan solo el 15% no logra eliminar de manera efectiva los efectos adversos de la práctica de dumping. Por el contrario, al eliminar la existencia de un precio base y sustituirla por un derecho ad valórem el Ministerio termina promoviendo que haya una reducción del precio de exportación del más del 100% respecto del precio promedio al que han llegado las importaciones chinas desde la imposición de la medida original.
Siguiendo el anterior contexto, los precios de exportación de China al mundo son significativamente bajos y su tendencia a la caída se vio arreciada de manera importante en 2016 al llegar a un precio de 777 USD/ton al mundo. De hecho es el precio de exportación de China el que baja sustancialmente el precio promedio de las exportaciones del mundo.
Aunado a lo anterior, en el mes de julio de 2017 se reportó que la producción de acero alcanzó volúmenes de producción a primer semestre de 2017 de 419,75 millones de toneladas métricas, un crecimiento de 4,6 por ciento frente al mismo período del año anterior. En contraste con este comportamiento, los precios Pipe Logix vienen presentando una importante tendencia creciente que se espera se mantenga fruto de la recuperación de los precios del petróleo. Así el precio a junio de 2017 fue 1738 USD/ Ton, lo cual representó un incremento del 21% respecto del precio con el que se dio inicio al año en enero.
Así las cosas, al existir diferencias de alrededor del 100% entre los precios de exportación de China al mundo y los precios Pipe Logix, resulta evidente que un derecho ad valórem del 15% no logra de ninguna manera eliminar los efectos adversos en la producción nacional de la práctica de dumping en la que Incurren los productos chinos.
2.3. La resolución atenta contra el interés público.
La Resolución 89 de 2017 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo no impone derechos antidumping suficientes para proteger la industria nacional de las importaciones predatorias chinas, el mismo atenta contra el interés público, en la medida en que al no existir una protección suficiente, probablemente CSP TUBO360 Ltda., tendrá que salir del mercado, y volver a su condición de neto importador, por lo que se afectará la competencia económica al dejar de existir uno de los dos productores nacionales de tubería OCTG. En efecto, la puesta en funcionamiento de la planta CSP TUBO360 Ltda., en el año 2013 introdujo una sana competencia al mercado de tubería petrolera en Colombia, que hasta ese momento estaba en manos de un único productor nacional, y la eventual desaparición de la planta dejaría nuevamente el mercado en manos de un único productor nacional. Si bien el mercado colombiano es un mercado abierto a las importaciones del mundo, que hasta ahora había corregido los precios de importación de los productos originarios de China, esta apertura no es suficiente para garantizar la sana competencia en el mercado, en la medida en que contar con dos productores nacionales permite una disponibilidad en calidad, precios y oportunidad difícilmente comparable a la que se genera simplemente por tener abiertas las importaciones del mundo.
Adicionalmente, es nuestro entendimiento que el gobierno comparte la visión de Planeación Estratégica Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para los años 2015-2018, el cual “establece que para el 2018 el Ministerio habrá liderado una estrategia que genere mayores niveles de productividad y competitividad, mayores exportaciones no minero energéticas que compensen la caída de las tradicionales”, teniendo como pilares fundamentales el compromiso con la industria para “Aumentar la productividad y crecimiento empresarial” y la diversificación de exportaciones al “Aumentar las exportaciones de bienes no minero- energéticos y servicios”. Para ello dentro de las medidas específicas previstas para lograr estos objetivos dentro de la Política Industrial para el Desarrollo Productivo 2014-2018 se prevén unos lineamientos “definidos por el Presidente Santos para promover la competitividad, dentro de los cuales el sector Comercio, Industria y Turismo lidera cuatro: transformación productiva, regionalización, transformación del sector agro, y prácticas desleales de comercio”.
En virtud de todo lo anterior, es evidente que la Resolución 89 de 2017 al reducir sustancialmente la medida antidumping contra las importaciones originarias de China atenta contra el interés público del Estado colombiano.
B) Hechos antecedentes.
1. La empresa Tenaris Tubocaribe Ltda., a través de apoderado especial, mediante escrito número 1-2016-015256 de agosto 10 de 2016, presentó solicitud de examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Tubos no inoxidables de Entubación (“Casing”) y de Producción (“Tubing”), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular China.
2. Que mediante Resolución 167 del 4 de octubre de 2016, publicada en el Diario Oficial 50.018 del 6 de octubre de 2016, se ordenó el inicio del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante Resolución 26 del 5 de enero de 2012, a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“Casing”) y de producción (“Tubing”), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir, correspondiéndole el expediente ED-215-37-88.
3. En el marco del citado examen quinquenal, CSP TUBO360 Ltda., presentó su apoyo a la solicitud de prórroga de la medida antidumping en mención, solicitada por Tenaris Tubocaribe Ltda.
4. Que acorde con los artículos 71 y 72 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección de Comercio Exterior convocó al comité de prácticas comerciales para llevar a cabo la sesión número 118 del 4 de abril de 2017, en donde se presentaron los resultados finales del examen quinquenal a los derechos antidumping las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“Casing”) y producción (“Tubing”), originarios de la República Popular China, la cual fue suspendida por cuanto el comité de prácticas comerciales solicitó a la subdirección de prácticas comerciales información adicional sobre precios actualizados del producto objeto de investigación en Estados Unidos como país sustituto, con el fin de tener información actualizada sobre la evaluación de la probabilidad de la repetición o continuación del dumping.
Que los resultados y análisis finales de la investigación a las importaciones de los productos objeto de investigación se encuentran ampliamente detallados en el Informe Técnico Final. Se presentó la conclusión del análisis de los dos escenarios en el mercado nacional de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), considerando que pasaría en un escenario en el que se mantienen vigentes las medidas antidumping y lo que sucedería en un escenario en caso de eliminarse dichas medidas.
5. Que mediante la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.272 del 22 de junio de 2017, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la terminación del examen quinquenal de carácter administrativo abierta mediante Resolución 167 del 4 de octubre de 2016 a las importaciones de Tubos no inoxidables de Entubación (“Casing”) y de Producción (“Tubing”), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00, originarios de la República Popular China, con mantenimiento del derecho antidumping definitivo impuesto mediante Resolución 26 del 5 de enero de 2012, en la forma de un gravamen ad valórem equivalente al margen de dumping calculado en la investigación, esto es 15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
C) Para resolver se considera.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 del CPACA, este despacho es competente para resolver las solicitudes de revocatoria directa a las que se refiere la presente Resolución.
2. Procedencia de la acumulación y oportunidad de la decisión.
De conformidad con los principios de eficacia y economía que orientan la actuación administrativa, y habida cuenta de que las solicitudes de las peticionarias pretenden la revocatoria del mismo acto administrativo por razones de hecho y de derecho similares, el procedimiento administrativo es el mismo, se fundamenta en su mayoría de las mismas pruebas, las dos peticiones fueron radicadas con un término cercano —julio 24 y agosto 8 de 2017— y que al ser un acto administrativo general, la decisión que se tome afectará indistintamente a las dos peticionarias, se considera procedente jurídicamente resolver de manera conjunta las correspondientes solicitudes de revocatoria.
Adicionalmente, la administración se encuentra dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de las citadas solicitudes de revocatoria, cuya presentación resulta procedente por tratarse de un acto administrativo de carácter general conforme lo señala el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. Marco legal de los exámenes quinquenales.
Los exámenes quinquenales de derechos antidumping se desarrollan al amparo de la Ley 170 de 1994 que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Acuerdo Antidumping de la OMC y del Decreto 1750 de 2015, que regula el procedimiento que permite definir la prórroga o modificación de la imposición de derechos antidumping y su término de vigencia. Cabe resaltar que el acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994, conocido por el nombre de Acuerdo Antidumping de la OMC, desarrolla los principios fundamentales establecidos en el artículo citado con miras a su aplicación en la investigación, determinación y adopción de exámenes quinquenales de derechos antidumping.
El Decreto 1750 de 2015, establece que la revisión quinquenal de los derechos, antidumping, debe permitir analizar si la supresión de tales derechos, ocasiona la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. Y que dicho examen puede iniciarse de oficio, a más tardar dos (2) meses antes del quinto año, o a petición de la rama de producción nacional, mínimo cuatro (4) meses antes del vencimiento del quinto año.
Y señala el mismo decreto que para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, los siguientes factores:
Los resultados finales del examen quinquenal deberán ser evaluados por el comité de prácticas comerciales con el fin de emitir recomendación al Director de Comercio Exterior, sobre la prórroga o no de derechos antidumping definitivos y su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 87 del Decreto 1750 de 2015. Asimismo, el artículo 72 del mencionado decreto, que remite a lo dispuesto en el capítulo IV Ibídem, dispone que previo concepto del comité de prácticas comerciales se adoptará la decisión, manteniendo, modificando o eliminando el derecho antidumping definitivo.
Las investigaciones se adelantan en interés general con propósito preventivo y correctivo, frente a la causación del daño importante de la rama de producción nacional en el presente caso, siempre que exista una relación con la práctica desleal, y se aplican de modo general para cualquier importador de los productos sobre los que tales derechos recaen.
Así las cosas y para el caso concreto, se evidenció que la autoridad investigadora con fundamento en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, verificó la presentación oportuna y debidamente fundamentada de la solicitud de examen quinquenal por quien tiene legitimidad para hacerlo y estableció dos (2) escenarios, uno eliminando el derecho antidumping impuesto mediante Resolución 26 de 2012, y otro manteniéndolos, por lo que estableció en la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, dichos escenarios de la siguiente manera:
“Escenario 1: Manteniendo el derecho antidumping
El resultado de la comparación entre el valor normal de USD 2,388,23 / tonelada con el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, muestra que el precio de exportación de USD 1.710,72 / tonelada de las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), clasificadas en la subpartida arancelarias 7304.29.00.00 y 7306.29.00.00 originarias de la República Popular China, arrojó un margen absoluto de dumping de USD 677.5/toneladas, equivalente a un margen relativo de 39,60% con respecto al precio de exportación.
• Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), según su origen, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, las importaciones de la República Popular China disminuirían 25.75 puntos porcentuales, al pasar de 32.16%, a 6.41%, puntos que ganarían los demás países, al pasar de 67.84% a 93,59%, en los mismos periodos.
• El precio FOB promedio semestral de las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), originarias de los demás países, en los mismos periodos, presentaría un decrecimiento de 6.60 %, al pasar de USD 1.796/Tonelada durante el periodo de cifras reales a USD.1.677/Tonelada en el periodo de cifras proyectadas.
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, al comparar el volumen promedio del consumo nacional aparente de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), del periodo primer semestre de 2012 a primero de 2016, cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las proyecciones comprendidas entre el segundo semestre de 2016 y el segundo de 2018, este presentaría un incremento del 9,8%.
• Análisis de las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), - sin prórroga de la medida.
De acuerdo con estimaciones del peticionario fundamentadas en el comportamiento de las importaciones de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), originarias de la República Popular China realizadas en los años previos, para los semestres de las cifras proyectadas por el peticionario, si no se mantienen los derechos antidumping, dichas importaciones aumentarían a 3.438 toneladas en el primer semestre de 2017, volumen superior en 122% al semestre inmediatamente anterior, y registrarían 21.610 toneladas en el primer semestre de 2017, 28.997 en el segundo del mismo año y para el 2018 serian 28.997 y 33.370 en cada uno de los semestres.
De eliminarse la medida antidumping, se estima que los precios FOB de los tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), originarios de la República Popular China, proyectados por el peticionario, alcanzarían un precio de USD 770,70/ Tonelada en el segundo semestre de 2016 y de USD 771,07/Toneladas y USD 770,99 / Toneladas en el primer y segundo semestre de 2018, respectivamente.
En el caso de los precios FOB de tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing), originarios de los demás países, si se elimina el derecho antidumping, se proyecta que en este periodo los precios incrementarían 2.3% en promedio en cada semestre y se subiría a USD 1,459/Tonelada en el segundo semestre de 2016 y a USD 1,503/Tonelada y USD 1,636/Toneladas en el de 2017 respectivamente.
De eliminarse los derechos antidumping, el peticionario estima que al comparar el precio FOB promedio semestral de las importaciones tubos de entubación (Casing) y tubos de producción (Tubing) originarias de la República Popular China, durante el periodo de cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al precio promedio semestral proyectado, presentaría una disminución promedio del 58.63%, al pasar de USD 1.863/Tonelada a USD 771/Tonelada.
Que vencido el término legal dispuesto en el artículo 37 del citado decreto, el peticionario Tenaris Tubocaribe Ltda., expresó por escrito sus comentarios sobre los hechos esenciales de la investigación en referencia, dentro de los 10 días calendario siguientes a su envío, los cuales se encuentran en el expediente ED-215- 37-88.
Que en virtud de las consideraciones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, el comité de prácticas comerciales, por unanimidad, recomendó a la Dirección de Comercio Exterior mantener los derechos antidumping impuesto mediante Resolución 26 del 5 de enero de 2012 a las importaciones de tubos no inoxidables de entubación (“Casing”) y de producción (“Tubing”), clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República Popular China, por un término de tres (3) años más. Así mismo, teniendo en cuenta que el comportamiento de los precios de tubos tienen una relación directa con la dinámica de los precios del petróleo, recomendó modificar el monto del derecho impuesto por la Resolución 26 de 2012, correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado por el importador, por un gravamen ad valorem equivalente al 15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% de arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida”.
Efectuadas las anteriores precisiones, resulta claro que los fundamentos tácticos y jurídicos tenidos en cuenta por la Dirección de Comercio Exterior para adoptar la decisión objeto de la presente solicitud de revocatoria, corresponden a los análisis realizados con cifras obtenidas de autoridades competentes e información allegada por la peticionaria, desarrollados en cumplimiento y con sujeción a las normas contenidas en la Ley 170 de 1994 y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento especial que permite definir el examen quinquenal para el mantenimiento de los derechos antidumping.
Sostienen las peticiones que la resolución cuya revocatoria se solicita, les ocasiona un agravio injustificado porque no lograría contrarrestar la práctica de dumping por parte de la República Popular China, si se tiene en cuenta que según información que aportan, esta medida impuesta por Colombia sería la más baja en comparación con lo impuesto por otros países, lo que daría paso a que China trasladara sus exportaciones hacia Colombia.
En efecto, que la República Popular China traslade gran parte de su producción a países con medidas insuficientes o nulas como Colombia a precios irrisorios, les afectaría directamente, pues no se encontrarían en condiciones de competir en el mercado, lo que perjudicaría las cuantiosas inversiones que ya realizó y las que espera efectuar en un futuro que solo serían posibles en el marco de los derechos antidumping impuestos con anterioridad al examen quinquenal por la autoridad investigadora, con lo que además, se afectaría la capacidad de generar empleo y la competencia pues deberán cerrar la planta y en el mercado solo quedaría un productor nacional.
Al respecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo considera que ni la compañía CSP TUBO360 Ltda., ni Tenaris Tubocaribe Ltda., han logrado demostrar de manera suficiente con las pruebas que resulten pertinentes, conducentes y útiles, la generación de un agravio injustificado debido a la decisión que adoptó la Autoridad Investigadora.
Así pues, no se configura la causal señalada en el numeral 3 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, el contexto táctico, jurídico y probatorio presentado, hacen que la solicitud de revocatoria directa, sea improcedente en lo que a dicho numeral se refiere.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los solicitantes representan al 100% de los productores nacionales registrados y que ambos han coincidido en que se verían seriamente afectados con la continuación de la medida en la forma de un gravamen ad valórem equivalente al margen de dumping calculado en la investigación, esto es 15%, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por el importador, adicional al 10% del arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la subpartida 7304.29.00.00.
En el mismo sentido, la sociedad Tenaris Tubocaribe Ltda., sostuvo que se vería afectado el interés general, al considerar que sin ningún fundamento técnico ni económico, el comité de prácticas comerciales habría flexibilizado y disminuido la rigurosidad de los derechos antidumping.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 2º de la Constitución Política, dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran promover la prosperidad general y asegurar la vigencia de un orden justo, y así mismo, el artículo 333 de la Carta indica que la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones y que el Estado debe propender por el desarrollo empresarial, disposiciones constitucionales que resulta pertinente analizar para el presente caso.
De igual manera, que el artículo 10 de la Ley 7ª de 1991 dispone:
“ART. 10.—El Gobierno Nacional amparará la producción nacional contra las prácticas desleales y restrictivas de comercio internacional. Para tal efecto regulará la protección de la producción nacional contra esas prácticas y señalará los organismos y procedimientos para hacer aplicables las disposiciones que expida sobre la materia.
En tales disposiciones el Gobierno Nacional fijará los requisitos, procedimientos y factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos provisionales o definitivos que, con el fin de prevenir y contrarrestar dichas prácticas, podrán imponer la autoridad competente”.
A su vez, en relación con el interés público, el artículo 4º del Decreto 1750 de 2015 dispone que “La investigación e imposición de derechos “antidumping” responden al interés público de prevenir y corregir la causación de un daño importante, la amenaza un daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de producción, siempre que exista relación con la práctica desleal de dumping”.
Ahora bien, las altas Cortes han proferido su concepto sobre interés público, pues si bien no hay definición constitucional ni legal sobre dicho término, este es un concepto que conlleva atender el interés general o el bien común, y no solo tener en cuenta consideraciones de interés patrimonial. (Sentencia T-517 de 2006 Corte Constitucional).
Según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 11 de diciembre de 2001, se entiende por interés público:
“Interés público: Es el interés de la colectividad. En el sistema administrativo tradicional la satisfacción del interés público era prerrogativa absoluta del ente público. Con las reformas a la administración en los últimos diez años se ha reconocido a la ciudadanía el derecho a participar en la actividad administrativa, convirtiéndose en parte activa y propositiva en torno a los asuntos públicos.
La ciudadanía individual o colectivamente pueden contribuir al logro del interés público general, orientando con sus sugerencias el comportamiento de la administración”.
Durante la investigación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo buscó propender por el desarrollo empresarial, amparar a la producción nacional contra las prácticas desleales del comercio internacional, así como prevenir y corregir la causación de un daño importante, con el objetivo de proteger el interés general.
No obstante, en la investigación se determinó que al analizar la probabilidad de la continuación o repetición del daño en la rama de producción nacional, en el escenario con los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 26 de 2012, es decir, precio base FOB de USD 1913,92/toneladas se observó una recuperación económica y financiera de los peticionarios en variables tales como volúmenes de producción, de ventas, la productividad, los salarios reales, el precio real implícito, la participación de mercado de los peticionarios, la participación de mercado de los productores nacionales no peticionarios y una disminución de la participación del mercado de las importaciones chinas, tanto así que las sociedades CSP TUBO360 Ltda., y Tenaris Tubocaribe Ltda., en consideración a estas variables habrían realizado cuantiosas inversiones como lo manifestaron en las presentes solicitudes de revocatoria.
Por otra parte, con anterioridad se mencionó que para la imposición de la medida antidumping ad valórem del 15% se consideró la relación directa del precio de los tubos con la dinámica de los precios del petróleo, de acuerdo con la Información adicional sobre precios actualizados del producto objeto de investigación en Estados Unidos como país sustituto, con el fin de tener información actualizada sobre la evaluación de la probabilidad de la repetición o continuación del dumping, lo que en su momento el comité de prácticas comerciales tuvo en cuenta conforme a los precios internacionales del mercado de las importaciones hasta el año 2016. En efecto, en virtud de dichas valoraciones y recomendaciones del Comité, la Dirección de Comercio Exterior impuso las medidas que consideró adecuadas para el mantenimiento de las condiciones de sana competencia distorsionadas por el dumping.
Sin embargo, este despacho considera que debe evaluarse si el monto de la medida resulta adecuado, necesario y suficiente para contrarrestar la continuación del daño causado por las importaciones con dumping a la rama de producción nacional, y considerar que en otras latitudes se impusieron medidas antidumping más drásticas y con plazos superiores que las nacionales como en la Unión Europea (54.9%), Estados Unidos (99.14% + 12.26%) y Canadá (166.9%), lo que podría generar que los exportadores chinos optaran por dirigir sus excedentes con precios inferiores al valor normal hacia el mercado colombiano.
Lo anterior, no demuestra un agravio injustificado hacía las peticionarias, pero si refleja la afectación del interés público de quienes representan el 100% de los productores nacionales, los cuales manifiestan que la modificación de la modalidad de la medida no responde efectivamente al interés de prevenir y corregir la causación de un daño importante, dado que dentro de la Investigación se evidenció la probabilidad de la continuación de la práctica del dumping.
Resulta en consecuencia acorde con el interés público, mantener los derechos antidumping establecidas en la Resolución 26 de 2012, con base en el escenario analizado por la Autoridad investigadora con un precio base de USD 1913.92/tonelada y con una vigencia de cinco años a partir de la vigencia de la presente resolución, con lo cual se da cumplimiento al objetivo del artículo 4º del Decreto 1750 de 2015.
ART. 1º—Revocar parcialmente los artículos 2º y 3º de la Resolución 89 del 20 de junio de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.272 del 22 de junio de 2017.
ART. 2º—Mantener el derecho antidumping definitivo impuesto mediante Resolución 26 del 5 de enero de 2012 a las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) y tubos de producción (“Tubing”), en ambos casos no inoxidables, clasificados por la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 originarias de la República Popular China, consistente en una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de US$1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base.
ART. 3º—El derecho antidumping establecido en el anterior artículo, estará vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución. Estos derechos serán aplicados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, conforme las disposiciones legales del Decreto 1750 de 2015 y a lo previsto en esta resolución, así como a las normas de recaudo, constitución de garantías, procedimientos y demás materias relacionadas con los gravámenes arancelarios que establece el Decreto 390 de 2016 y las normas que lo modifiquen o deroguen.
ART. 4º—Enviar copia de la presente resolución a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1750 de 2015.