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Timestamp: 2020-08-11 00:32:42
Document Index: 248535357

Matched Legal Cases: ['artículo 313', 'artículo 313', 'artículo 215', 'artículo 263', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 215', 'artículo 362', 'artículo 49', 'artículo 335', 'artículo 49', 'artículo 226', 'artículo 180', 'artículo 49']

Sentencia nº RC.000217 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Junio de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 283245159
Número de Expediente: 09-266
Exp. 2009-000266
Ponencia del Magistrado: C.O.V. En el juicio por ejecución de hipoteca intentado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas, por la sociedad mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., representado judicialmente por el abogado en ejercicio de su profesión F.L.R.G., contra las empresas PROYECTO BOLÍVAR A.V.V. patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho A.S.R., Jesuardo Areyán Salazar y Linda E D´agosto Arellano, e INVERSIONES CACHIRÍ C.A., representada judicialmente por el abogado Jesuardo Areyan Salazar; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil Bancario con competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical dictó decisión interlocutoria de fecha 29 de septiembre de 2005, que puso fin al juicio, pues, homologó el desistimiento realizado por el demandante del recurso de apelación que el mismo ejerció contra la sentencia definitiva que dictó el tribunal de la causa el 17 de diciembre de 2004, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra el precitado fallo interlocutorio, el codemandado Inversiones Cachirí C.A., anunció recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala de Casación Civil mediante decisión del 29 de abril de 2009, que declaró con lugar el recurso de hecho intentado contra el auto dictado por el juez de alzada, del 24 de octubre de 2005 que negó la apelación. Fue formalizado y no hubo impugnación.
DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD Del estudio detenido sobre las denuncias presentadas en el escrito de formalización, esta Sala de Casación Civil, considera necesario, con fundamento al principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes irrecuperables en la función jurisdiccional jerárquica vertical que le toca ejercer con relación al recurso anunciado y admitido, invertir el orden de numeración con las cuales la formalizante identificó las denuncias por quebrantamientos de forma, pasando a decidir directamente la identificada como:“TERCERA DENUNCIA”.
Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 206, 208, 211, 212 y 215 eiusdem, y 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por falta de aplicación.
El recurrente afirmó en su delación, lo siguiente:
…también denunciamos, con fundamento en el artículo 313 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, la infracción por falta de aplicación del juez de la recurrida, de los artículos 49 de la Constitución de la República y 15 del citado Código y de los artículos 206, 208, 211 y 212 del mismo Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 215 ejusdem, porque en su decisión se limitó a homologar el desistimiento de la apelación efectuada por la parte actora, asumiendo implícitamente que el defensor ad-litem de las codemandadas se desempeñó correctamente en el ejercicio de los deberes de su cargo (posición que asumió también expresamente en su sentencia definitiva el tribunal a quo), cuando por el contrario, debió declarar la nulidad de todo lo actuado posteriormente en el juicio, a partir de las graves omisiones del abogado J.H.D. que perjudicaron irremediablemente el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de dichas codemandadas, y reponer la causa al estado en que el defensor designado o el que justificadamente se les designare, antes de entenderse con la intimación, entre en contacto personal con sus defendidas y despliegue su actividad en forma apropiada y suficiente para considerar como validamente trabada o constituida la controversia, única manera de reconocer y preservar el verdadero fin de la institución y su trascendencia dentro del juicio…
Afirma el recurrente, que el tribunal superior debió reponer la causa al estado de designar un nuevo defensor ad litem que ejerciera el derecho de defensa de las codemandadas, pues su actuación deficiente perjudicó, al no ejercer las debidas defensas.
...Vista la anterior diligencia presentada en fecha 22 de septiembre del 2005, por el apoderado judicial del BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., mediante la cual desiste de la apelación interpuesta por su persona en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, HOMOLOGA dicho desistimiento y ordena la remisión del Expediente al Tribunal de origen…
En las actas del expediente se constató, lo siguiente:
-El 26 de mayo de 2004, el juzgado a-quo designó defensor ad-litem, quien aceptó el cargo y se juramentó el 10 de junio de 2004.
-El 28 de junio de ese año, el defensor ad- litem de los codemandados, se opuso a la intimación por ejecución de hipoteca y negó lo alegado por el demandante en el libelo; expresó; que, trató de comunicarse con los codemandados para lo cual envió a cada uno un telegrama al domicilio procesal señalado por el demandante. En tal sentido, el defensor ad litem, se opuso en los términos siguientes:
…En mi carácter de defensor judicial de la firma mercantil PROYECTO BOLIVAR A.V.V., y de la firma mercantil que la representa en Venezuela PROYECTO BOLIVAR C.A., plenamente identificada a los autos y a los ciudadanos M.A.M.L. y E.A.M.I., el primero en su carácter de Presidente de la firma mercantil y el segundo en su carácter de Director de la firma Mercantil (…)a la firma mercantil INVERSIONES CACHIRÍC.A., plenamente identificada a los autos y al ciudadano G.C.R.(…)en el juicio que por ejecución de hipoteca inmobiliaria es seguido por BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.,(…)ante usted ocurro y expongo:
En razón de haber agotado todas las gestiones posibles y pertinentes, a los fines de comunicarme con los ciudadanos M.A.M.L. y/o E.A.M.I. y/o G.C.R.(…)o con cualquier representante de las firmas mercantiles PROYECTO BOLIVAR A.V.V y/o INVERSIONES CACHIRÍC.A., tal como consta de los telegramas con acuse de recibo enviados en fecha 02 de junio de 2004, a través del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), los cuales anexo marcados “A”, lo que ineludiblemente conlleva a la imposibilidad de lograr comunicación con los mismos, todo ello con el objeto de informarles sobre el carácter acreditado en autos y así recibir las instrucciones pertinentes a fin de ejercer una mejor defensa y así resguardar los derechos e intereses de mis representados.
En razón de lo anteriormente expuesto, me resulta imposible pagar en nombre de mis representados o acreditado haber pagado en nombre de ellos las cantidades especificadas en la presente solicitud de ejecución de hipoteca inmobiliaria; Sin embargo, participo al juzgado que seguiré con mis gestiones tendientes a localizar mis representados. A todo evento, y por cuanto es evidente que no hay impedimento legal alguno para ejercer la oposición en este procedimiento especial de Ejecución de Hipoteca, de manera formal y expresamente, RECHAZO, CONTRADIGO Y ME OPONGO, en todas y cada una de sus partes a la presente demanda de ejecución de hipoteca, presentada por la representación de la parte actora, tanto en los hechos narrados como en el derecho invocado en su escrito libelar, solicitando que la misma sea declarada sin lugar en la definitiva…
-En los folios 155 al 158 del tercer cuaderno, corren insertas copias fotostáticas de las facturas de pago de los telegramas, así como copias certificadas del telegrama enviado en fecha 14 de junio de 2004, a las empresas Proyecto Bolívar V.V.A., e Inversiones CachiríC.A., respectivamente, ambos dirigidos al Centro Comercial Tamanaco, Torre “A”, piso 10, Oficina 10-09, Urbanización Chuao, Municipio Chacao, Caracas.
-El 21 de septiembre y 15 de noviembre de 2004 mediante diligencias, el ad-litem solicitó tres (3) juegos de copia certificadas del auto que lo nombra, boleta de notificación, su aceptación y juramentación, contestación a la oposición y copias de las facturas y telegramas enviados a sus representados.
- El tribunal a-quo dictó sentencia de fecha 17 de diciembre de 2004, en la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, pues consideró improcedente la corrección monetaria solicitada por el demandante, declaró sin lugar la oposición del defensor ad litem, quedó firme el decreto de intimación dictado el 25 de agosto de 2003, ordenó el pago a los codemandados de dos millones quinientos mil dólares americanos (US: $2.500.000,00) por concepto de capital recibido en:
a) la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (U.S.$ 2.500.000,OO) por concepto de capital recibido en Préstamo, que a solos los efectos de dar cumplimiento con lo sancionado en el artículo 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela y calculados al tipo referencial de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR DÓLAR AMERICANO (676,85 X 1 U.S.$) existente para la fecha de la documentación del Préstamo, equivalían a la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO NOVENTA Y DOS EXACTOS (Bs. 1.692.125.000,oo), y que para la fecha de presentación de la reforma de la demanda al tipo de cambio referencial de UN MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES POR CADA DÓLAR AMERICANO (1.600x 1 U.S.$) equivalen a la cantidad de CUATRO MIL MILLONES DE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 4.000.000.000,oo), y en este caso de cualquier eventualidad en el pago por este concepto, se estipulará de acuerdo a los establecido en el artículo XI, Punto 11.11 del Contrato de Línea de Crédito Autorizada.
b) La cantidad de QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (U.S.$ 522,883.10) por concepto de intereses compensatorios o correspectivos hasta el 31 de marzo de 2003, inclusive, que a los efectos de dar cumplimiento con lo sancionado en el artículo 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela y calculados al tipo de cambio referencial de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR DÓLAR AMERICANO (676,85 X 1 U.S.$) existente para la fecha de la documentación del Préstamo, equivalían a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 353.913.426,20) y que para la fecha de presentación de la reforma de la demanda al tipo de cambio referencial actual de UN MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES POR CADA DÓLAR AMERICANO (1.600x 1 U.S.$) equivalen a la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVENCIENOS SESENTA BOLÍVARES (Bs. 836.612.960,oo), así como el pago de los intereses compensatorios o correspectivos en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que se sigan causando desde el 01 de abril de 2003, inclusive, hasta la fecha en que se produzca el pago total y definitivo de la misma, por la parte demandada a favor de la parte actora. Para lo cual se acuerda Experticia Complementaria.
c) La cantidad de CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (U.S.$ 41,154.19) por concepto de intereses de mora hasta el 31 de marzo de 2003, inclusive, que sólo a los efectos de dar cumplimiento con lo sancionado en el artículo 95 de la Ley del Banco central de Venezuela y calculados al tipo de cambio referencial de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS POR DÓLAR AMERICANO (676,85 X 1 U.S.$) existente para la fecha de la documentación del préstamo, equivalían a la cantidad de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNNTIMOS (Bs. 27.855.213,50) y que para la fecha de presentación de la reforma de la demanda al tipo de cambio referencial es de UN MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES POR CADA DÓLAR AMERICANO (1.600 X 1 U.S.$) equivalen a la cantidad de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHICENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO BOLÍVARES (Bs. 65.846.704,oo), así como el pago de los intereses demora, en Dólares de los estados Unidos de Norteamérica, que se sigan causando desde el primero de abril de 2003, inclusive, hasta la fecha en que se produzca el pago total y definitivo de la misma, por la parte demandada a favor de la parte actora_ Para lo cual se acuerda Experticia Complementaria.
En virtud de las características del fallo dictado, no hay especial condenatoria en Costas.
PÚBLIQUESE, REGÍSTRESE Y NOTÍFIUQESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y mercantil bancario con competencia Nacional y sede en la Ciudad de caracas, (en transición), en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil cuatro (2004). Años: 194° de la Independencia y 145° de la federación…
- El 10 de enero de 2005, el defensor ad litem se da por notificado de la sentencia definitiva dictada por el tribunal de la causa, y el 17 de ese mes y año, el demandante se dio por notificado y apeló de la decisión, el 17 de diciembre de 2004, sólo y exclusivamente en lo referido a la condenatoria en costas. Lo que significa que el defensor ad litem no ejerció el recurso procesal de apelación.
El tribunal de la causa oyó la apelación del accionante en ambos efectos y remitió el expediente al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, el cual lo recibió y fijó el lapso para los informes de las partes.
- El 15 de marzo de 2005, el representante del demandante presentó el escrito de informes. El ad-quem dio cuenta y fijó un término de ocho días para presentar las respectivas observaciones a los informes.
-El 22 de junio de ese año, el abogado L.F.M., en representación de la codemandada Inversiones Cachirí C.A., consignó poder en el que consta dicho mandato. Y el 27 de junio de 2005, introdujo escrito alegando la violación del debido proceso y derecho a la defensa, pues, no fue citado, de conformidad con lo pautado en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, pues, no se citó al apoderado de la empresa R.E.C., y que el defensor ad-litem no representó debidamente a la referida sociedad, ya que se dio por notificada de la sentencia definitiva y no apeló de la misma, quedando firme.
-El 7 de julio de 2005, Inversiones Cachirí, solicitó se dicte sentencia. El 13 de ese mismo mes y año, el demandante refutó los argumentos presentados por el codemandado Inversiones Cachirí, por ser extemporáneos y falsos.
-El 20 de septiembre de 2005, la abogada A.S.R. en representación de la codemandada Proyecto B.V.., solicitó copias certificadas.
-El 22 de septiembre de 2005, el apoderado de la demandante mediante diligencia desistió del recurso ejercido por él contra la decisión definitiva dictada por el tribunal de la causa. A tal efecto señaló:
“…siguiendo instrucciones expresas de mi poderdante –según se desprende de comunicación que en original acompaño a la presente diligencia marcada “A” –ocurro ante este juzgado a los fines de DEJAR SIN EFECTO LA APELACIÓN interpuesta por mi persona contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas…”.
- El 29 de septiembre de 2005, el tribunal superior homologó el desistimiento del recurso de apelación realizado por el demandante.
- El 6 y 14 de octubre de 2005, el representante judicial de Inversiones Cachirí, C.A., anunció recurso de casación contra el auto que homologó el desistimiento, el cual negó el ad quem y que fue recurrido de hecho y declarado con lugar por esta Sala de Casación Civil el 29 de abril de 2009.
En cuanto a la actividad que debe desempeñar el defensor ad litem en el proceso para garantizar el derecho a la defensa de su representado, la Sala mediante sentencia Nº 1058, del 19 de diciembre de 2006, caso M.R.G. deS. C/ E.M., señaló:
Respecto a la actividad que debe generar este defensor ad liten para garantizar el derecho de defensa del demandado la Sala en sentencia N° rc-01058, del 19 de diciembre de 2006, expediente 2006-000269, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, expresó lo siguiente:
“…se advierte que en la sentencia N° 531 de fecha 14 de abril de 2005, caso: J.R.G.M., exp. N° 03-2458, la Sala Constitucional dejó establecido lo siguiente:
…la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omissis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomo en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara
. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable.
Vista la transición en cuanto al criterio que había venido sosteniendo la Sala, y dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano J.R.G.M. y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia. Así se decide…”.
La doctrina casacionista, afirma que es deber del juez velar por la debida defensa del demandado ausente o no presente, mediante la vigilancia de las actuaciones realizadas por el defensor ad-litem y de su eficacia en pro de su representado en el proceso, vale decir, al contestar la demanda, interponer las pruebas que considere apropiadas, ejercer los recursos contra las decisiones desfavorables y hacer todo cuanto sea posible para su defensa, lo cual de no cumplirse implica el deber del juez de reponer la causa al estado en que debió producirse la actuación pertinente, de modo de garantizar el derecho de defensa de las partes.
Esta Sala, considera necesario traer a colación la sentencia Nº 33, del 26 de enero de 2004, que dictó la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en el caso L.M.D.F., expediente Nº 2002-1212, en la cual se establecieron los deberes del defensor ad-litem. A tal efecto, señaló, lo siguiente:
…El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones).
La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza civil, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem. Esta última clase de defensoría (ad litem) persigue un doble propósito: 1) Que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obra incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo. 2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente. Debido a ese doble fin, el defensor no obra como un mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el artículo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente (a menos que la ley así lo ordene, como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil), si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante -quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos de los bienes del defendido, si éstos existen.
En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin enviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara…
En el caso de autos, se evidencia que el defensor ad litem: 1) Intentó contactar los codemandados mediante el envió de un sólo telegrama a cada uno de ellos; 2) Presentó escrito mediante el cual se opuso a la intimación de forma genérica, aduciendo que no podía pagar ni conocía si se había pagado, pero que a todo evento se oponía; 3) Se dio por notificado de la sentencia dictada por el a-quo; 4) No apeló de la sentencia definitiva dictada por el tribunal de primera instancia; 5) No presentó informes ni observaciones en el proceso de segunda instancia, es decir, no siguió la causa hasta su final.
De lo antes expuesto, es evidente que los codemandados no fueron defendidos eficazmente por el defensor ad litem, lo cual violó su derecho de defensa, pues, no hubo una iniciativa real para contactar a sus representados al hacerlo sólo mediante el envió de un telegrama a cada uno de ellos; la única actuación que realizó fue la oposición a la intimación mediante un escrito vago y general y no apeló ni siguió el juicio en segunda instancia.
Por otra parte, la Sala observa que hoy los codemandados Inversiones Cachirí C.A., y Proyecto Bolívar A.V.V., se encuentra a derecho en este proceso, pues el recurrente es el abogado Jesuardo Areyan Salazar, apoderado de ambas sociedades según se evidencia de poder original (folio 337 del tercer cuaderno de este expediente) y copia del poder (folio 245), que corren en las actas, respectivamente, por lo que, dada la violación del derecho de defensa de los codemandados, al no ser adecuadamente defendidos por el defensor ad litem, es justo reponer la causa al estado de oposición de la intimación formulada por el demandante, para depurar el proceso y permitir a las partes debatir el asunto en igualdad de condiciones. Por lo que, notificada esta decisión por el tribunal de la cognición a las partes, comenzarán a correr los lapsos previstos en los artículos 662 y 663 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, la Sala declara procedente la presente denuncia por infracción de los artículos denunciados. Así se decide.
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la codemandada Inversiones Cachirí C.A., contra la sentencia dictada en fecha 29 de septiembre de 2005, por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Bancario con Competencia nacional y sede en la Ciudad de Caracas. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE REPONE la causa al estado en que comience a correr los lapsos previstos en los artículos 662 y 663 del Código de Procedimiento Civil, previa notificación de ésta reposición a todos las partes. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de junio dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Exp. AA20-C-2009-000266 Nota: publicada en su fecha a las
Decisión nº MAY-111-2.015 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Carupano), de 21 de Mayo de 2015
Decisión nº 5C-20105-03 de Tribunal Quinto de Control Los Teques de Miranda, de 1 de Abril de 2008