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Timestamp: 2017-10-23 16:47:31
Document Index: 53628399

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 57', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 17']

Sentencia T.C. 117/2010, de 24 de noviembre. Prohibición de aproximación a la víctima. Obligatoriedad de la pena: Constitucionalidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.C. 117/2010, de 24 de noviembre
c) Acto seguido el Juzgado dictó, en ambos procedimientos, providencia de la misma fecha, por la que acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días, para que puedan efectuar alegaciones «sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 57.2 del CP, por vulneración del principio de igualdad -artículo 14 CE-, derecho a la libertad personal -artículo 17.1 CE-, de elección de residencia -artículo 19 CE-, y de formar y mantener una familia -artículos 32 y 39 CE-.»
A continuación alega el Abogado del Estado que toda pena puede ocasionar un efecto sobre terceros, tanto más cuanto más próxima sea su relación o afectos con el culpable y no será difícil en la mayor parte de los delitos traer a colación en apoyo de la inaplicación de las penas -como hace efectivamente el Auto- una larga serie de preceptos constitucionales. Otorgar un papel determinante a la oposición de la víctima colocaría a este tipo de infracciones penales en un lugar próximo a los delitos llamados privados, perseguibles sólo a instancia de parte, siendo así que la víctima del delito enjuiciado, sin dejar de serlo de manera directa y principal, no es la víctima exclusiva, ya que también lo es intensamente toda la comunidad.
Único.-El Juzgado de lo Penal núm. 2 de los de Alcalá de Henares en las cuestiones de inconstitucionalidad 3964-2006 y 3965-2006 plantea sus dudas de constitucionalidad acerca del artículo 57.2 CP, en su vigente redacción, dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por posible infracción del principio de igualdad en la ley -artículo 14 CE-, derecho a la libertad personal -artículo 17.1 CE-, de elección de residencia -artículo 19 CE-, y de formar y mantener una familia -artículos 32 y 39 CE-. El Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado interesan la desestimación íntegra de ambas cuestiones.
Las dudas de constitucionalidad planteadas en los Autos del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Alcalá de Henares, han sido ya resueltas en la STC 60/2010, de 7 de octubre. Bien es cierto que en dicha Sentencia, fue expresamente excluido el examen de la supuesta infracción de los artículos 32 y 39 CE -por incumplirse en aquel procedimiento el preceptivo trámite de audiencia establecido en el artículo 35.2 LOTC-, y que tampoco fueron examinadas la alegada vulneración del derecho a la libertad personal, ni la del principio de igualdad, por no haber sido directamente invocados. Ahora bien pese a que en el Auto de planteamiento se invocan tales preceptos, las quejas se circunscriben, por una parte, a la supuesta lesión del derecho a la libertad «entendida como la capacidad de autodeterminación del hombre en su trayectoria vital», en relación a lo que se denominan «diferentes facetas o ámbitos en que la libertad es ejercida»-destacando la «libertad personal frente al Estado (artículo 17 CE)» y la de «formar una familia, en el sentido de mantenerse en la misma, de la pareja o cónyuge que se pretende proteger»-, así como «la obligación del Estado de proteger a la familia» (artículos 32 y 39 CE) y, por otra parte, a la falta de proporcionalidad de la pena. Por consiguiente, dejando al margen el precepto constitucional que se invoca en cada caso, constatamos que tales cuestiones, así como el resto de las planteadas en estos Autos, han sido ya materialmente abordadas y resueltas en la STC 60/2010, de 7 de octubre, a cuyos razonamientos y conclusiones nos remitimos, por lo que procedente será aquí el mismo pronunciamiento desestimatorio al que llegamos en la citada Sentencia.