Source: https://www.animallaw.info/case/sentencia-c-439-2011
Timestamp: 2019-06-18 08:56:38
Document Index: 390284645

Matched Legal Cases: ['Artículo 24', 'artículo 87', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 58', 'artículo 13', 'artículo 189', 'Artículo 24', 'artículo 248', 'artículo 250', 'artículo 226', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 108', 'artículo 87']

Sentencia C-439, 2011 | Animal Legal & Historical Center
Full Case Name: Sentencia C-439/11
Country of Origin: Colombia Court Name: Colombia Constitutional Court Primary Citation: Sentencia C-439, 2011 Date of Decision: Wednesday, May 25, 2011 Judge Name: JUAN CARLOS HENAO PEREZ Judges: JUAN CARLOS HENAO PEREZ MARIA VICTORIA CALLE CORREA MAURICIO GONZALEZ CUERVO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO JORGE IVAN PALACIO PALACIO NILSON PINILLA PINILLA JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Docket Num: Expediente D-8314
Summary: This is an unconstitutionality claim against Article 87 of Ley 769, 2002 (Trafic Code), relating the transportation of animals on vehicles of public transportation. Article 87 of Ley 769, established that only guide dogs could travel in this type of transportation when accompanying a blind person. The Plaintiff argued that this Article, which prohibited the transportation of animals on vehicles like buses and taxis, violated the right to equality, rights to personal and family privacy, right to free development of personality, freedom of locomotion, and private property. The court concluded that there was a violation to the right to free development of personality, freedom to locomotion, and to private property of the owners of domestic animals. The court added domestic animals as an exception to article 87, of Ley 769, meaning that this prohibition still remains for specimens of the wild fauna. Domestic animals now can travel on vehicles of public transportation, so long they are transported in conditions of health, safety, comfort and tranquility according to the applicable rules. The court also considered that a pertinent regulation was necessary to establish the requirements to transport animals on public vehicles.
LaCorte Constitucional en diferentes providencias ha reconocido que la tenencia de animales domésticos es una expresión de los derechos fundamentales, por lo que no hay duda de que ese estrecho vínculo que surge entre el animal y el hombre con ocasión de su convivencia, es una expresión positiva del ejercicio inherente al derecho del libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 de la C.P.), entendido como el derecho a la autodeterminación o libertad general de acción, que se vulnera cuando al individuo se le impide, de forma arbitraria o desproporcionada, alcanzar, ejercer o perseguir aspiraciones legítimas en relación con sus elecciones, y, del derecho a la intimidad (Art. 15 de la C.P.) que se desarrolla en el ámbito de la vida privada personal y familiar, inmune a intromisiones externas, que impidan, por ejemplo, el derecho de convivir con una mascota sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, de manera que no puede negar la Corte que tales derechos deben ser objeto de protección y garantía jurídica.
A partir del Artículo 24 Superior todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, de forma que con fundamento en el mismo la ley define el servicio público de transporte como “… una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica…”. En consecuencia, el servicio público de transporte lleva implícito el derecho de libre locomoción y por tanto de libre acceso, lo cual implica: (i) que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en condiciones de comodidad, calidad y seguridad, (ii) que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos y las formas de su utilización, (iii) que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo, (iv) que el diseño de la infraestructura de transporte, así como la provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, supongan que las autoridades competentes promuevan el establecimiento de las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos.
Según se indica en la demanda, al establecer el artículo 87º de la Ley 769 de 2002 que “en los vehículos de servicio público de pasajeros no deben llevarse…animales”, el legislativo sobrepasó el mandato constitucional estatuido en el artículo 150 de la Constitución Política, excediendo sus facultades, al limitar derechos fundamentales de los particulares.
A juicio de la actora, el que la norma acusada impida transportar animales en el servicio de transporte público como lo es, por ejemplo, el servicio de taxi, genera una discriminación negativa; así, si una persona tiene la imperiosa necesidad de transportar a su mascota y carece de vehículo particular no tiene opción de movilizarlo, mientras que, quien cuente con vehículo privado, sí. La norma, a su juicio, es abiertamente discriminatoria, pues en este país, la gran mayoría de personas no cuentan con vehículo particular. En esos términos, si el dueño de la mascota toma las debidas medidas de seguridad y transporte, no existe razón fundada para crear condiciones de desigualdad en cuanto al libre acceso al servicio público de transporte de pasajeros. De esta forma, la medida restrictiva vulnera sin necesidad el derecho a la igualdad –artículo 13 Superior-.
Expone además la demandante que la expresión cuya inexequibilidad se solicita, limita el derecho de una persona a tener mascota –artículo 58 Superior- si no posee vehículo particular, ya que en el evento en el que tuviera la necesidad de transportarla le sería imposible, lo cual podría determinar la renuncia al derecho de tener una mascota; la demandante afirma que existen múltiples normas que regulan el tratamiento que los dueños deben dar a sus animales, entre ellas, la Ley 84 de 1989 por la cual se establece el Estatuto Nacional de Protección Animal, la cual tiene por objeto, entre otras cosas, promover la salud y el bienestar de los animales asegurando su higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia, así como imponer una serie de deberes a sus propietarios, de forma que si estos deberes se cumplen adecuadamente no hay razón alguna para impedir su movilización en el transporte público.
4.4Alcaldía de Medellín – Secretaría de Transporte y Tránsito.
La Secretaría de Transporte de Medellín solicita que la disposición sea declarada exequible de manera condicionada en el entendido de que la prohibición de llevar animales en vehículos de servicio público es una medida que busca cumplir con los principios rectores del Código Nacional de Tránsito. De esta manera tal restricción debe cobijar el servicio público para transporte colectivo de manera que se exceptúe de ella a los vehículos de servicio público individual como el servicio de “taxi”. Afirma el representante de la Secretaría que uno de los principios transversales del Código Nacional de Tránsito es la seguridad de los usuarios, siendo el transporte de animales sin importar si es doméstico o domesticado, un factor que afecta la seguridad y tranquilidad de los usuarios del transporte público.
VI.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
3. A partir de esta sucinta manifestación se puede deducir que el cargo no resulta de una confrontación directa entre la norma constitucional y la disposición acusada, sino que se produce a partir de una consideración subjetiva de la actora que no alcanza a reunir los requisitos exigidos a un cargo, pues no se especifica de qué forma la norma reprochada lesiona materialmente el derecho a la propiedad. En ese orden, no es posible su trámite por vía de la acción pública que se depreca, por ineptitud sustancial, de conformidad con el Decreto 2067 de 1991 y reiterada jurisprudencia de esta Corporación, que en este evento impide que la Corte se pronuncie de fondo.
La formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, razón por la cual al ciudadano se le impone como carga mínima, que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional.
4. En ese orden de ideas, la Corte ha establecido que un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad sólo si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, los cuales no se reúnen respecto del cargo en análisis, razón por la cual la Sala se declara inhibida para tramitarlo.
5. En consideración a que los cargos propuestos en la demanda de inconstitucionalidad giran en torno a la prohibición de llevar animales en los vehículos de transporte público de pasajeros, el problema constitucional a resolver por la Corte es si dicha restricción resulta ajustada a la Constitución Política –artículos 13, 15, 16 y 24-, en atención a la finalidad perseguida por el servicio público de transporte de pasajeros, que no es otra que asegurar condiciones de seguridad, salubridad y comodidad de los usuarios.
6. Para resolver este interrogante la Corte (i) revisará su jurisprudencia respecto de la tenencia de animales y el ejercicio de derechos fundamentales que ello supone. Reiteración, (ii) para luego establecer a partir de las normas que regulan el servicio público de transporte de pasajeros, la finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la prohibición de llevar animales en el servicio público de transporte de pasajeros, en tantomedida restrictiva de derechos fundamentales de las personas tenedoras de animales. El test de proporcionalidad respecto de la norma en concreto se realizará a partir de una revisión de (ii.i) los modos y clasificación del transporte público de pasajeros, así como del (ii.ii) alcance de la expresión “animal” en el contexto jurídico colombiano.
7. LaCorte Constitucional en diferentes providencias ha reconocido que la tenencia de animales domésticos es una expresión de los derechos fundamentales, por lo que no hay duda de que ese estrecho vínculo que surge entre el animal y el hombre con ocasión de su convivencia, es una expresión positiva del ejercicio inherente al derecho del libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 de la C.P.), entendido como el derecho a la autodeterminación o libertad general de acción, que se vulnera cuando al individuo se le impide, de forma arbitraria o desproporcionada, alcanzar, ejercer o perseguir aspiraciones legítimas en relación con sus elecciones, y, del derecho a la intimidad (Art. 15 de la C.P.) que se desarrolla en el ámbito de la vida privada personal y familiar, inmune a intromisiones externas, que impidan, por ejemplo, el derecho de convivir con una mascota sin más limitaciones que las impuestas por los derechos de los demás y el orden jurídico, de manera que no puede negar la Corte que tales derechos deben ser objeto de protección y garantía jurídica.
8. Sobre el punto, la Corporación también ha reconocido que la convivencia de los seres humanos con los animales domésticos no es ajena a todo tipo de controversias entre quienes construyen lazos de afecto con sus mascotas, aprecian su compañía o sencillamente necesitan de sus animales por razones de discapacidad física o subsistencia económica y, entre aquellos que prefieren mantener distancia de aquellos, al punto extremo de rehusarse a compartir los mínimos espacios que impone la convivencia cotidiana en comunidad.
Desde luego que el desarrollo de los derechos fundamentales como el señalado, implica, a su vez, para el propietario el respeto a las condiciones de protección de los animales durante su tenencia, según el ordenamiento legal vigente - Ley 84 de 1989-, las cuales están encaminadas a garantizar la vida, la promoción de la salud y el bienestar de los animales. Esas hacen referencia al deber de cuidado en cuanto a sus necesidades de movilidad, luminosidad, aireación, aseo e higiene o de abrigo, suministro de bebida y alimento, así como de medicinas y cuidados indispensables para mantener al animal con buena salud y sin enfermedades, a efecto de garantizar su integridad física y mantenerlos en condiciones apropiadas para la convivencia respectiva.”
10. De esta forma, la Corte garantizó la tenencia de animales domésticos en sitios de habitación como un justo ejercicio de los derechos fundamentales del tenedor de la mascota, pero ajustado a límites racionales que fueron posteriormente definidos en la Ley 746 de 2002, por la cual se prescribió que los animales domésticos en las viviendas urbanas requieren que las condiciones de su alojamiento se den en un ambiente higiénico y sanitario, así como que los alimentos y custodia sean los adecuados para que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas y para el bienestar del propio animal. De igual forma, se exigió la compañía del dueño o de un tercero mayor de edad en ascensores o edificaciones; además se estableció que en las zonas comunes de propiedad horizontal o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos debían ir sujetos por una traílla y provistos de bozal cuando se trate de perros potencialmente peligrosos; las anteriores exigencias también aplican, según la misma ley, cuando el animal pasee en vía pública, en algún medio de transporte o en lugares abiertos al público donde sea permitida su estancia.
12. El trato diferenciado que la norma reprochada establece, demanda de la Corte un esfuerzo por establecer si tal limitación se encuentra constitucionalmente justificada o si por el contrario desborda desproporcionadamente los cauces del artículo 13 Superior, lesionando de paso los derechos a la locomoción, libertad y autonomía personal. No se trata en este caso, tan sólo de aplicar el trillado argumento de que el derecho individual y particular debe per se ceder ante el interés colectivo. En efecto, con ello se anularía el mandato contenido en el artículo quinto de la Carta, según el cual el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona. Es por ello que se debe determinar cuál es la racionalidad de la norma, es decir, la finalidad que subyace en la prohibición y, si a partir de otras medidas posibles, ésta se puede garantizar sin necesidad de sacrificar el derecho individual de las minorías que tienen animales y que en ejercicio de esa elección bien por sus necesidades, intereses, afectos o circunstancias particulares, requieren movilizarse con ellos haciendo uso del transporte público de pasajeros.
13. Tal como se indicó en la sentencia C-309 de 1997, los derechos constitucionales no pueden ser disueltos en un cálculo utilitario sobre el bienestar colectivo, ni pueden estar únicamente sometidos al criterio de las mayorías, ya que esos derechos fundamentales e individuales son precisamente limitaciones al principio de mayoría. Sobre el punto ha referido esta Corte que "condicionar la validez de un derecho constitucional a los criterios de las mayorías es quitarle toda su eficacia específica puesto que, en una gran medida, los derechos constitucionales fundamentales son las promesas que formulan las mayorías a las minorías -y a esas minorías radicales que son las personas- de que su dignidad e igualdad serán siempre respetadas". Por ello debe entenderse que el respeto de esos derechos es un componente integrante del interés general.
Lo dicho significa que lo atinente a la regulación de la prestación del servicio público de transporte, los modos y medios en que éste se preste, las condiciones generales para el otorgamiento de las rutas y horarios, así como los requisitos mínimos de seguridad para los usuarios, deben señalarse por el legislador, sin perjuicio de que para la cumplida ejecución de la ley el Gobierno Nacional, en el ámbito de su competencia, ejerza la potestad reglamentaria conforme a lo preceptuado por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución.
18. Ahora bien, a partir del Artículo 24 Superior todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, de forma que con fundamento en el mismo la ley define el servicio público de transporte como “… una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector (aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre), en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica…”. En consecuencia, el servicio público de transporte lleva implícito el derecho de libre locomoción y por tanto de libre acceso, lo cual implica: (i) que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en condiciones de comodidad, calidad y seguridad, (ii) que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos y las formas de su utilización, (iii) que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo, (iv) que el diseño de la infraestructura de transporte, así como la provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, supongan que las autoridades competentes promuevan el establecimiento de las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos.
19. En Colombia, la operación del transporte público resulta inherente a la finalidad social del Estado y, en consecuencia como ya se indicó, tiene por objeto propugnar por el libre acceso de los usuarios en condiciones de seguridad, calidad, salubridad, cubrimiento y libertad de acceso; al punto que de no existir una adecuada regulación de los derechos de los particulares frente al interés colectivo, se generaría una grave descoordinación de las fuerzas que actúan en el escenario del tránsito vehicular. La seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los usuarios, “constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte”, la cual en tanto finalidad se ajusta a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 2°, 11, 24, 365 y 366, que imponen al Estado el deber de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia y garantizar su bienestar general.
‘Esta es una disposición cuyo control debe ejercerse con mayor intensidad en el transporte de pasajeros que se realiza entre las ciudades capitales de los departamentos y municipios aledaños o entre municipios, es allí donde su violación es manifiesta dando lugar no sólo a la incomodidad de los pasajeros, sino que ha sido fuente de muchos accidentes que acontecen en estas localidades y en los cuales los agentes del Estado no han actuado para evitarlos como es su función.”
23. Ahora bien, las normas que integran el Código Nacional de Tránsito tienen relación directa con los derechos de terceros y con el interés público, razón por la cual la ecuación vía – persona – vehículo debe reflejar la dinámica de los asentamientos humanos, de manera tal que la regulación de tránsito evolucione a la par de dichas transformaciones y guarde conexidad con la realidad y necesidad urbana, lo cual no es otra cosa que el reconocimiento del principio de coherencia del derecho.
25.1.2 Precisado el ámbito de aplicación del Código, debe señalarse que en la modalidad de transporte terrestre automotor que involucra el traslado de pasajeros se encuentra: i. El transporte de pasajeros –propiamente dicho-, el cual a su turno comprende: a. el transporte terrestre automotor individual de pasajeros, como el servicio de taxi, el cual no se encuentra sujeto a rutas ni horarios determinados; b. el transporte terrestre automotor de pasajeros colectivo, que se presta mediante vehículos de servicio público tipo bus o de transporte masivo, éstos últimos sujetos a horarios, rutas, carriles exclusivos e infraestructura especial y, c. los servicios de transporte especial como los de servicio escolar, de asalariados y de turismo. ii. El transporte mixto por el cual al tiempo que se autoriza el transporte de pasajeros, también se autoriza la movilización de carga.
25.2.2No obstante, las corrientes globales de protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, derivaron en una actualización normativa según la cual la regulación relativa a animales “fieros”, hoy denominados “fauna silvestre” o “salvaje”, pasó a ser de resorte exclusivo del derecho público por virtud del artículo 248 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables –Decreto 2811 de 1974-, al tenor del cual la fauna silvestre que se encuentre en el territorio nacional pertenece a la Nación, salvo dos excepciones: los zoocriaderos y los cotos de caza de propiedad particular (art. 248). Bajo estas condiciones, es decir, a partir del cambio drástico de los presupuestos que rigen el aprovechamiento racional de estos especímenes, del artículo 250 en adelante se reemplazan las condiciones bajo las que se puede ejercer la caza, dividiéndola en seis especialidades con sus respectivos condicionamientos y, sobre todo, advirtiendo que solamente el Estado es quien puede determinar y autorizar explícitamente qué especies pueden ser objeto de dicha actividad.
Sin embargo, hay que aceptar que a pesar de las trabas enunciadas, de ninguna disposición del Código es posible inferir, por ahora, la facultad de la administración de “decomisar” los animales silvestres que se encuentren en compañía de una persona. No obstante, el Decreto Reglamentario del CRNR número 1608 de 1978 se encargó de desarrollar con mayor rigor los diferentes valores e instrumentos de protección de la fauna silvestre y en su artículo 226 señaló: “Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, la infracción de las disposiciones sobre fauna silvestre dará lugar al decomiso de los individuos, especímenes o productos obtenidos y de los instrumentos y equipos empleados para cometer la infracción. Habrá lugar también al decomiso cuando se movilicen individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto, o cuando se pretenda amparar la movilización con salvoconductos vencidos o incorrectos”, con lo cual se prescribió que el desconocimiento de las condiciones y prohibiciones que rigen el aprovechamiento de la fauna silvestre conlleva, entre otros, al “decomiso” del animal.
25.2.3 Por su parte, la Ley 84 de 1989, por la cual se promulgó el Estatuto Nacional de Protección Animal, se limitó a prescribir que “ …La expresión "animal" utilizada genéricamente en este Estatuto, comprende los silvestres, bravíos o salvajes, y los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio donde se encuentren o vivan en libertad o en cautividad.”, sin efectuar ninguna definición respecto de aquellos, al punto que la ley remite al libro segundo, Título IV del Código Civil y al Código Nacional de Recursos Naturales y sus decretos reglamentarios.
Esta disposición objeta la relación abusiva o cruel del hombre con la naturaleza y llama la atención de todos a partir del siguiente epígrafe: “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre” (art. 1º); enseguida, dentro de sus objetivos, la misma insiste en rechazar el dolor y sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto y cuidado, y propone desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. Como tal, la ley impone un conjunto de obligaciones específicas para lograr su cometido, todas ellas enmarcadas en el compromiso de evitar causar daño o lesión a cualquier especie (art. 4º), y enlista el conjunto de actos que considera perjudiciales y crueles aplicables, en su gran mayoría, a las maniobras de cacería reguladas por el CRNR y su decreto reglamentario.
Ya en vigencia de la Constitución Política de 1991 se expide la Ley 99 de 1993 en la cual se incluye la protección de la biodiversidad dentro de sus principios generales (art. 1º num. 2), define cada uno de los ingredientes del Sistema Nacional Ambiental y, entre otros, articula y sistematiza en un solo cuerpo normativo el conjunto de castigos vigentes en la actualidad, aplicables a las infracciones de las “normas de protección ambiental”, por parte del Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales (arts. 83 y 84). De éstos -la Sala destaca- se cuenta como sanción y medida preventiva el decomiso definitivo o preventivo “de individuos o especimenes de fauna y flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción” (art. 85, num. 1, lit “e” y num. 2, lit. “b”).
También dicha concepción se plasmó en la Decisión 391 de 1996 de la –en ese entonces- Comisión del Acuerdo de Cartagena, por la cual se dictaron unas disposiciones para la protección de los recursos genéticos, haciendo énfasis en la conservación de la diversidad biológica (art. 2º lit. “c”) y estableciendo condiciones mínimas para permitir el acceso a los mismos.
Finalmente, la Ley 611 de 2000 por la cual se introdujo la modificación de algunas de las disposiciones del CRNR y, el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 84 de 1989 por el cual se planteó el aprovechamiento comercial de las especies silvestres, regularon la práctica de zoocriaderos (arts. 9 ss), los cuales se convierten en el medio legítimo a través del cual las personas pueden aprovechar y acceder sosteniblemente a la diversidad faunística, siempre bajo la dirección y autorización de las autoridades ambientales.
25.2.4 Lo dicho, sin perjuicio de la tendencia actual de la doctrina y la jurisprudencia dirigida a superar el concepto privatista de “bien” otorgado a los animales para definirlos como “criaturas esencialmente sintientes, capaces de experimentar dolor, manifestar emociones … e incluso desarrollar patrones sociales, que se alejan de ser objetos materiales de los derechos del hombre”, al punto que hoy día se plantea un interesante debate respecto de su protección. En ese orden, resulta pertinente aclarar que en el caso particular que ocupa la atención de la Corte, no se discute o pone en entredicho el derecho de los animales per se, sino la problemática que se concreta en la posible restricción a los derechos de libre locomoción de las personas con sus mascotas y, al libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la igualdad a partir del vínculo particular que éstas crean con aquellas.
26.1 Como de manera acertada lo señaló el Jefe del Ministerio Público en su intervención, en la actualidad no es posible a los particulares ejercer tenencia alguna sobre especies de fauna silvestre, salvo en aquellos especiales casos regulados por la ley; circunstancia que lleva a esta Sala a inferir que la prohibición de transportar estas especies en el servicio público de pasajeros, guarda coherencia no sólo con la finalidad de seguridad y salubridad propia del servicio de transporte público de pasajeros, sino principalmente con el propósito constitucional de proteger la biodiversidad e integridad del ambiente y garantizar su conservación en concordancia con los artículos 79 y 80 de la Carta, en atención a que estas especies forman parte del patrimonio biológico y ecológico del país, lo que de suyo impide su libre tránsito a través de cualquier modo de transporte. De allí que estas potísimas razones de interés social se encuentren suficientes, necesarias y proporcionadas para encontrar exequible la medida que se reprocha en cuanto dice a la fauna silvestre, cuya categoría comprende los animales fieros o salvajes y silvestres señalados en los “Cites” así como los “domesticados”, dada la prohibición expresa de cautiverio de estas especies y la obligación de las autoridades de ordenar el decomiso de las mismas y reintegrarlas a su hábitat.
26.2 No obstante, la misma prohibición no se encuentra necesaria respecto de los animales “domésticos”, especialmente aquellos que tienen la condición de mascotas, no sólo porque esta Corporación ha reconocido que su tenencia supone para el propietario el ejercicio de derechos fundamentales tales como la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad individual y familiar, sino porque, al acudir a las reflexiones efectuadas por la Corte Constitucional a propósito de la sentencia T-035 de 1997, en la medida en que el propietario del animal doméstico observe las reglas que en rigor imponen las normas vigentes, esto es, que las mascotas sean trasladadas utilizando instrumentos adecuados como traíllas, bozales y guacales o contenedores debidamente destinados a su movilización y, que su tenedor porte el “carnet” en el que conste la regularidad y actualidad de las vacunas necesarias para evitar la transmisión de enfermedades como la zoonosis y la rabia, no se encuentra razón fundada para impedir, por razones de seguridad o salubridad, el libre acceso de “mascotas” u otros animales domésticos en el transporte público de pasajeros.
28.1 Desde ese punto de vista, la medida de impedir el acceso de animales domésticos al transporte público mixto, que involucra el transporte de pasajeros, no encuentra ningún fundamento de necesidad o proporcionalidad, en razón a que esta modalidad está destinada no sólo a movilizar personas sino también “cosas” o “bienes”, entre los cuales se encuentran los semovientes según el símil privatista antes mencionado. De allí que el transporte de animales en buses abiertos como chivas o camperos y camiones a nivel metropolitano, distrital, municipal e intermunicipal deben ser excluidos de esta prohibición, pues de hecho sirven en la actualidad de medio de transporte de animales domésticos de tipo rural como cerdos, gallinas, chivos, etc- .
28.3 En cuanto al transporte automotor colectivo de pasajeros, buses y sistemas masivos, considera la Corporación que la comodidad media que hoy día se ofrece a los usuarios del transporte público, no se vería menoscabada por llevar de manera ordinaria animales domésticos tipo “mascota”, de tallas pequeñas a medias, si se tiene en cuenta que al acudir al símil señalado por el Código Civil, nada impide ingresar a estos modos de transporte “paquetes” o “bultos” de tamaño regular. Conviene recordar la sentencia T-508 de 2010, por la cual esta Corporación se pronunció sobre la posibilidad de permitir el ingreso al Sistema de Transmilenio de un “canastito -de ruedas”, concluyendo que la prohibición de acceso al transporte no es desproporcionado al derecho de libre locomoción, en cuanto hace a paquetes “grandes” o que puedan lesionar a los usuarios. En esos términos, no existe razón fundada para prohibir el acceso de carteras, contenedores o guacales de pequeño y mediano tamaño en los cuales se transporten mascotas de talla pequeña o mediana que puedan ser cargados por sus propietarios, caso en el cual serán los propietarios de aquellas quienes asumirán la responsabilidad del estrés que las condiciones de hacinamiento puedan generar a sus mascotas.
En este caso, la Corte mantiene la filosofía contenida en la sentencia T-087 de 2005, según la cual se tutelan unos mínimos de protección integral requeridos para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales. En el caso concreto de la sentencia en cita se privilegió la libertad de movimiento de niños y niñas, en el contexto urbano al autorizar a los menores ‘de brazos’ ingresar al sistema masivo de transporte sin pagar, teniendo en cuenta que su presencia, por decisión del legislador, no cuenta como un cupo que afecte la capacidad autorizada, en el entendido que este es un reconocimiento mínimo, no de máximo y, en consecuencia nada impide que el Estado avance en una política de protección a los menores incluso con mayor cobertura cuando éstos ya son adolescentes, otorgándoles más y mayores beneficios.
En los Estados Unidos de América el “Americans with disabilities act of 1990 (ADA)” permite a las personas con limitaciones utilizar todo transporte público con su animal. De igual forma, la gran mayoría de las compañías de transporte público en las ciudades grandes como New York, San Francisco, Chicago, Washington, Boston, Atlanta, Seattle, Dallas, autorizan el transporte de animales pequeños. En Londres, todos los animales son aceptados en el sistema de transporte público, salvo que exista una razón justificada para restringir su acceso.
En España, en los servicios masivos de tren como RENFE, se lee en sus reglamentos: “Se admitirán para su transporte pequeños animales domésticos, siempre bajo la custodia del viajero que los lleve si no se oponen los otros viajeros o se producen molestias a los mismos. Será responsable el viajero que lleva la mascota de los daños que ésta pudiera ocasionar y podrán acompañar gratuitamente a su titular, siempre que se presenten provistos de cadena y bozal, si fuera necesario…”. Por su parte, el Real Decreto 1428 de 21 de noviembre 2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, señala en su artículo 11 que en el transporte colectivo de personas se prohíbe “ e) Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte”.
Lo anterior, en razón a que como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Constitucional, la igualdad es uno de los pilares sobre los que se funda el Estado colombiano. De un lado, se trata de un principio fundante del orden político que se proyecta en el carácter general y abstracto de las leyes, elemento esencial del Estado de Derecho; y en los deberes públicos para la satisfacción de los derechos constitucionales mediante la garantía de un mínimo de condiciones materiales que faciliten su ejercicio por parte de todas las personas, desde la perspectiva social del Estado. De otro lado, posee una relación inescindible con la dignidad humana, fuente y fin de los derechos fundamentales, como atributo de todos los seres humanos de donde deriva su derecho al goce pleno de los derechos humanos por igual (Artículos 2º y 5º de la Constitución Política).
Ello se hace patente desde la propia construcción normativa del artículo 13 de la Carta, en la que la igualdad se concreta a través de tres tipos de ordenación: en el inciso 1º como principio de igualdad formal o igualdad ante la ley, o en general ante el Derecho, al cual le es consustancial la prohibición de discriminación que veda el establecer un trato desigual frente a algunos sujetos en razón de ciertos rasgos de su identidad, tales como la raza, el sexo, la religión y la filiación política o ideológica. A su vez se establece en los incisos 2º y 3º, una dimensión promocional de la igualdad material o igualdad de trato, destinada a superar las desigualdades que, de hecho, enfrentan ciertos grupos tradicionalmente discriminados o marginados, o las personas que, por diversos motivos, se encuentran en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Esta dimensión de la igualdad permite -y en determinados contextos obliga- al Estado a adoptar medidas positivas en favor de esos colectivos o personas
Un mandato que en pos de la igualdad, proscribe tanto las discriminaciones directas y por las cuales se coarta o excluye a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las discriminaciones indirectas “que se derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado”
En cuanto a lo segundo, se habla de un mandato de intervención, porque para alcanzar los ideales de igualdad, es también necesario que el Estado intervenga y despliegue actuaciones positivas para garantizar condiciones de igualdad real y efectiva, y la igualdad de trato por parte de la ley (art. 13, inc. 2º y 3º CP).
Así, desde sus fallos iniciales, la Corte expresó que la igualdad constituye un concepto relacional en la medida en que su estudio parte de la determinación de una relación, característica o elemento común entre dos situaciones, personas, o grupos poblacionales. Además, desde tempranos fallos, la Sala acogió un concepto de justicia ampliamente difundido, de acuerdo con el cual debe darse un trato igual a lo igual y un trato desigual a situaciones desiguales. Sobre el punto la Corte ha señalado que, dado que ninguna situación, persona o grupo son idénticos a otros, determinar la igualdad y la desigualdad supone siempre un juicio de valor sobre cuál característica o propiedad resulta relevante para establecer el examen de igualdad por parte del juez. En consecuencia, un juicio sobre la eventual violación al derecho a la igualdad, o sobre la mejor forma de aplicar este principio no parte entonces de presupuestos idénticos, ni tampoco de situaciones por completo diferentes, sino que se efectúa en relación con igualdades y desigualdades parciales, a partir de propiedades relevantes desde el punto de vista jurídico-constitucional. En los eventos en que concurren tanto igualdades como desigualdades, debe el juez determinar si existen razones suficientes para mantener un trato igual frente a situaciones en alguna medida disímiles, o si existen razones suficientes para establecer un trato distinto entre situaciones con algún grado de similitud.
“Primero, la libertad de locomoción es de capital importancia por cuanto es una condición para el goce efectivo de otros derechos fundamentales.”
“Segundo, esta libertad se afecta no sólo cuando por acciones positivas directamente se obstruye la circulación de los ciudadanos, sino también se ve limitada cuando se genera ese efecto indirectamente o por omisión en la remoción de barreras o en la creación de una infraestructura adecuada para la circulación.”
“Tercero, el servicio de transporte público es indispensable para el ejercicio de la libertad de locomoción, y de los demás derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de movilizarse, en especial para aquellos sectores marginados de la población urbana que carecen de otra alternativa de transporte.”
“Cuarto, el servicio básico de transporte debe ser accesible para todos los usuarios.”
36. Tampoco tendrá aplicación la limitación contenida en el artículo demandado respecto del servicio de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros tipo bus o transporte masivo en cuanto a mascotas que puedan ser transportadas de la forma señalada en el artículo 108-C de la Ley 746 de 2002, o en carteras, contenedores o guacales de tamaño pequeño a mediano según lo establezcan los operadores y/o autoridades competentes, pues en términos prácticos no se diferencian de otros paquetes ya autorizados por los reglamentos internos de estos servicios, de manera que no afectan el grado de comodidad normal o habitual que estos ofrecen. Para efectos del transporte de mascotas de talla grande, las empresas transportadoras, operadoras o administradoras de transporte automotor colectivo de pasajeros, en aras de garantizar condiciones de comodidad podrán adaptar sus reglamentos a efectos de establecer las condiciones de acceso de éstas, por ejemplo, rutas u horarios en que su ingreso será autorizado, así como el pago de un importe o coste según el tamaño y peso de la mascota hasta tanto el legislador defina de manera integral y definitiva este punto.
Como Magistrada, acompaño con mi voto la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-439 de 2011, en la cual se decidió, entre otras cosas, que el Congreso de la República viola la Constitución Política al prohibir ‘llevar’ ‘animales’ en los ‘vehículos de servicio público’, estableciendo como única excepción, los ‘perros lazarillos’. La sentencia consideró que el criterio escogido por el legislador no es razonable ni proporcional, con base en argumentos que comparto en términos generales. No obstante, considero necesario hacer una serie de aclaraciones con relación a la decisión de constitucionalidad que acompaño.
1. La sentencia sólo da respuesta, con autoridad, al problema jurídico que le fue planteado en la acción de inconstitucionalidad estudiada
“En consideración a que los cargos propuestos en la demanda de inconstitucionalidad giran en torno a la prohibición de llevar animales en los vehículos de transporte público de pasajeros, el problema constitucional a resolver por la Corte es si dicha restricción resulta ajustada a la Constitución Política –artículos 13, 15, 16 y 24–, en atención a la finalidad perseguida por el servicio público de transporte de pasajeros, que no es otra que asegurar condiciones de seguridad, salubridad y comodidad de los usuarios.” (subrayas fuera de texto)
1.1. La primera es que lo que se resuelve es si el Congreso puede resolver mediante ley prohibir ‘llevar’ ‘animales’ en los ‘vehículos de servicio público’, estableciendo como única excepción, los ‘perros lazarillos’. La Corte no está estudiando una regla o parámetro distinto. No está analizando, por ejemplo, una medida concreta de una entidad de transporte, que establezca restricciones o limitaciones diferentes a las usadas por el legislador en la norma acusada. Es cierto que las consideraciones que adopta la Corte en la sentencia C-439 de 2011 sirven para analizar casos futuros similares al planteado por la acción de inconstitucionalidad, pero que sean alternativas. En efecto, en este caso se analizó una regla legal altamente restrictiva, otro caso sería el de una ley permisiva o una decisión de una empresa concreta en una determinada ciudad. Si bien se trata de problemas jurídicos muy relacionados, son distinguibles, y plantean cuestiones y aspectos disímiles que habrán de ser considerados de manera independiente y particular por el juez de constitucionalidad, en el evento en que tales problemas jurídicos llegasen a ser presentados en sede de constitucionalidad (si surgen por la acción del legislador) o en sede de tutela (si surgen de una acción u omisión de otro poder, que no pueda ser cuestionable por otro medio de defensa judicial).
1.2. La segunda precisión, que va en el mismo sentido de la anterior, es que los comentarios de la Corte Constitucional con relación a otros tipos de transporte diferentes al servicio público de pasajeros que no son objeto de la demanda presentada, son análisis de constitucionalidad que sirven de ejemplo para analizar el problema jurídico planteado por la demanda, pero no son decisiones de fondo. En otras palabras, los análisis de constitucionalidad que con relación a tales casos se hace, no son juicios constitucionales con autoridad que den lugar a una declaratoria de exequibilidad al respecto, en tanto no son problemas jurídicos que formen parte del asunto de constitucionalidad que fue planteado por la ciudadana en su acción. Es sobre el problema jurídico que le fue presentado a la Corte Constitucional que le es dado a ésta fijar un precedente jurisprudencial, en virtud de su poder de iuris dicto.
Teniendo en cuenta la importancia de la libertad de locomoción, en especial en el contexto de transporte urbano, debo indicar que suscribo plenamente la afirmación de la sentencia, según la cual, el transporte de animales por esos medios de transporte distintos al analizado, “deberá estar en consonancia con los reglamentos que para el efecto establezcan las empresas operadoras hasta tanto el punto sea regulado por las autoridades competentes.” De acuerdo con el orden constitucional vigente, es claro que no sería admisible que en tales casos se “pudieran establecer obstáculos insalvables o desproporcionados que impidan la movilización efectiva de estos animales con sus propietarios, de forma que las reglas deberán ser objetivas y razonables.”
1.3. Las precisiones anteriores, permiten resaltar que la sentencia C-439 de 2011 no implica un pronunciamiento ex ante, de otras fórmulas legislativas que sean planteadas y diseñadas por el legislador distintas a la juzgada. El Congreso conserva su margen de configuración, para establecer una nueva política legislativa determinada con relación a la materia objeto de debate. De igual manera, las autoridades administrativas conservan su poder para establecer las restricciones razonables y proporcionales, de acuerdo a las condiciones específicas que tengan que ser enfrentadas como, por ejemplo, los daños y el riesgo de que ocurran.
En cualquier caso, lo que sí pueden saber con certeza y plena seguridad jurídica las autoridades encargadas de regular el derecho protegido por la Corte Constitucional, es que no se podrá prohibir ‘llevar’ ‘animales’ en los ‘vehículos de servicio público’, estableciendo como única excepción, los ‘perros lazarillos’.
2. La intensidad del juicio de razonabilidad constitucional
La razonabilidad constitucional de una medida no siempre responde a los mismos criterios. Por ejemplo, cuando lo que se encuentra en juego es un ámbito de protección especial, considerablemente afectado por una medida restrictiva, las consideraciones del juez constitucional tienen que ser estrictas y exigentes. No así, cuando se trata de ámbitos de regulación propia de las autoridades estatales, que no comprometen de manera considerable el ejercicio de derechos constitucionales. En tal sentido, si una medida prohíbe el acceso a un tipo de transporte público a un grupo de personas en razón a sus creencias religiosas, la misma será considerada en principio sospechosa y sólo podrá ser considerada razonable y proporcionada constitucionalmente, bajo condiciones estrictas y precisas. En cambio, una restricción de acceso a personas que transporten líquidos peligrosos, como gasolina, por ejemplo, sería considerada razonable bajo criterios más amplios y deferentes con el ejercicio de las competencias de la autoridad.
“En la medida que la norma en cuestión es de carácter sancionatorio, en principio tiene la Corte razones para hacer un juicio estricto a la norma en cuestión, sobre todo si se tiene en cuenta que, como lo señala el accionante, en algunos casos la sanción puede afectar considerablemente el goce efectivo de los derechos de las personas. Pero por otra parte, al tratarse de una norma que regula el tránsito de los vehículos, que como se dijo, es una competencia específicamente asignada por la Constitución al legislador, es preciso que el juez constitucional realice un juicio leve a las normas. Efectivamente, ante el enfrentamiento, por un lado, de derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la libertad de locomoción y al mínimo vital, que exigirían un juicio de constitucionalidad estricto, y por el otro, el amplio margen de configuración de que goza el legislador en materia de transporte como garantía del principio democrático y que demandaría la aplicación de un juicio leve, se debe optar de acuerdo con la jurisprudencia constitucional por un juicio intermedio que sopese adecuadamente los intereses en conflicto. Es decir, la Corte considerará que la norma es razonable si propende por fines importantes constitucionalmente, mediante medios que no estén prohibidos y sean conducentes para llegar a los fines propuestos. Como se indicó, tales fueron también los parámetros empleados por la jurisprudencia previamente analizada”.
2.2. No obstante, coincido con la Sala Plena de la Corte en el hecho de que el análisis de razonabilidad debía ser estricto en el presente caso y que, de tal manera, la norma sólo podía considerarse razonable en tanto fuera una medida ‘necesaria’ para lograr un fin ‘imperioso’. Es decir, estimo que la defensa de la medida legal analizada debía cumplir un estándar de razonabilidad que no es usual en materia de reglas de tránsito; a saber, que sea necesaria, es decir, que se trate del único camino con que cuenta el Estado para llegar al fin propuesto. Un fin que, además, ha de ser mandado de forma clara expresa e inequívoca por la Constitución como uno de los fines esenciales del Estado para poder ser considerado imperioso.
3. El derecho constitucional reconocido, hace parte de la libertad de locomoción de las personas
3.1. La Corte Constitucional no protegió los derechos de los animales o de las mascotas. Protegió los derechos de las personas que tienen animales. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de locomoción de aquellas, y no la de éstos. Es la igualdad de las personas las que está en juego, no la del trato entre los diferentes tipos de personas. Son las personas quienes han sido reconocidas como titulares de derechos fundamentales, no los animales.
3.2. Tal como lo señala la sentencia C-439 de 2011 al final, en el apartado 38 de las consideraciones, toda persona tiene derecho constitucional a acceder al servicio de transporte público de pasajeros, con los animales que tenga –de acuerdo con las reglas vigentes para tal efecto–, “libre de obstáculos irrazonables o desproporcionados”.
En tal sentido, las consideraciones establecidas por la Sentencia C-439 de 2011 en el apartado 36 de las consideraciones, no se ha de entender como una orden concreta y específica acerca de cuáles son “las medidas constitucionales” que se pueden tomar. Se trata de indicaciones y ejemplos de casos que, en principio, parecen suponer limitaciones razonables y proporcionales. Pero en modo alguno estos ejemplos o indicaciones privan a las entidades, encargadas de adoptar medidas adecuadas al respecto de su capacidad de ingenio e innovación. Por ello sostiene la sentencia que “[…] en aras de garantizar condiciones de comodidad podrán adaptar sus reglamentos a efectos de establecer las condiciones de acceso a éstas, por ejemplo, rutas u horarios en que su ingreso será autorizado, así como el pago de un importe o coste […]”.
4. El deber de tomar decisiones razonables en cabeza de las autoridades
4.2. No obstante, esta forma ‘racional’ de aplicación del derecho comenzó a ser cuestionada, especialmente después de los sucesos acaecidos durante la segunda guerra mundial, por permitir llegar a conclusiones que si bien eran lógicas, desde la perspectiva del silogismo judicial, eran totalmente ‘irrazonables’ desde un punto de evaluación más amplio. Es decir, se criticaba la posibilidad de tener decisiones racionales, desde una perspectiva de deducción conceptual y lingüística, más no razonables, desde una perspectiva instrumental y valorativa.
4.3. La diferencia entre racionalidad y razonabilidad fue explicada de forma magistral en el contexto iberoamericano por el profesor hispano-guatemalteco Luis Recasen Siches (1903 – 1977), mediante un ejemplo tomado de un gran jurista alemán (Gustav Radbruch) que popularizó en su texto Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho (1956). Dice así,
“[…] En el andén de una estación ferroviaria de Polonia, había un letrero que transcribía un artículo del reglamento de ferrocarriles, cuyo texto rezaba: ‘se prohíbe el paso al andén con perros’. Sucedió una vez que alguien iba a penetrar en el andén acompañado de un oso. El empleado que vigilaba la puerta le impidió el acceso.Protestó la persona que iba acompañada del oso, diciendo que aquel artículo del reglamento prohibía solamente pasar al andén con perros, pero no con otra clase de animales; y de ese modo surgió un conflicto jurídico, que se centró en torno a la interpretación de aquel artículo del reglamento.
Sin embargo, no sólo todo jurista, sino incluso cualquier lego en la materia de Derecho, pero con sentido común, habrá de reputar como descabellada esta interpretación, aunque ella sea incontrovertiblemente correcta, la única absolutamente correcta, desde el punto de la lógica tradicional. Este caso, ciertamente tan sencillo, constituye un impresionante síntoma del hecho de que por lo visto la lógica tradicional es inadecuada, al menos en parte, para iluminarnos en la interpretación de los contenidos de los preceptos jurídicos. La contemplación de este caso nos sugiere irresistiblemente las vehementísimas sospechas de que hay problemas de interpretación jurídica, para los cuales la lógica tradicional no sólo no nos sirve, sino que produce consecuencias disparatadas. ¿Por qué? Porqué la lógica tradicional […] no contiene puntos de vista de valor ni estimaciones sobre la corrección de los fines, ni sobre la congruencia entre medios y fines, ni sobre la eficacia de los medios en relación con un determinado fin.”
4.3.1. A la luz de la aplicación del derecho que demandarían las nociones de subsunción conceptual de la lógica clásica, la solución racional, como sostiene Recasens Siches, es claramente irrazonable. Si bien es imposible deducir de la mera aplicación literal de la regla que los osos quedan excluidos de poder ingresar a la estación de trenes, es claro, de acuerdo al sentido común, que si se considera incompatible el ingreso de perros, con mayor razón la de osos. No tiene sentido que ningún guarda deje entrar al oso, así el cartel hable únicamente de perros. Pero, se insiste, esta inferencia es razonable, no racional.
4.3.2. Además de mostrar que la aplicación del derecho tiene que ver más con la ‘lógica de lo razonable’, que con la ‘lógica de lo racional’, el ejemplo permite desvirtuar la afirmación según la cual, la interpretación de un texto jurídico sólo tiene lugar en aquellos casos en que el mismo no es claro, y su sentido ha de ser precisado. La vieja regla de interpretación según la cual, no es dado al interprete buscar el sentido de una norma cuando su sentido literal es claro.
Si se aplicara esta regla clásica de interpretación al caso de la estación de trenes citada por Recasens Siches, se tendría que concluir necesariamente que el oso sí puede entrar a la estación de trenes. Es decir, nuevamente la solución racional del caso sería irrazonable. El dueño del oso en el ejemplo, podría insistir diciendo lo siguiente: –según una aplicación literal del texto (se prohíbe el paso al andén con perros), mi perro puede entrar; el texto es claro en tal sentido. Y es precisamente esa claridad del texto, la que impide que se trate de dar otra solución al caso, cambiando la regla aplicable con base en una interpretación que apele al ‘espíritu de la norma’–.
Por supuesto, bajo el orden constitucional vigente, ninguna autoridad puede amparar una decisión jurídica que sea irrazonable por el hecho de fundarse en una aplicación racional de los textos. Una lectura de una norma legal que desatienda o desproteja los valores, bienes y principios que son objeto de protección jurídica de la propia norma, por ejemplo, es irrazonable jurídicamente, sin importar cuán racional sean los argumentos que sostengan tal lectura del derecho. Incluso, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, antes del cambio a la Carta Fundamental en el año 1991, el Congreso de la República había excluido de amplias áreas del derecho la centenaria norma de prohibición de interpretación de textos que fueran claros (v. gr., de códigos completos que regían parte importante de la población).
Entender que la norma que prohibía el ingreso de los perros a la estación de trenes se refería únicamente a los perros, ante la posibilidad de permitir el ingreso de un oso, se evidenciaba como claramente irrazonable, por cuanto se consideraba que las razones que llevan a no permitir el ingreso de un perro, exigían con mayor celo que se impidiera el acceso de un oso. La categoría empleada por la regla ‘perro’ es entonces sub-inclusiva, esto es, incluye algunas de las cosas que es razonable que se impidan ingresar, pero deja por fuera algunas de las que deberían estar contempladas por la prohibición.
Pero en cuanto a la segunda parte de la norma ocurre lo contrario. Es decir, si la exclusión de los animales peca de excesiva por lo amplia y general que es, la excepción que de dicha prohibición se había hecho (para los perros lazarillos) peca exactamente de lo contrario: por defecto, por no haber incluido situaciones diversas. No existe criterio que permita razonablemente distinguir en abstracto los casos de animales que acompañan a sujetos de especial protección constitucional. Por ejemplo, ¿por qué se permitiría a un invidente joven y muy hábil pasar con su perro lazarillo, así este sea útil, pero no necesario, y no se permitiría a una persona de la tercera edad, débil de salud, y con fuertes problemas de audición, que cada día depende más para posibilidad de locomoción de un perro acompañante?
Así pues, de acuerdo con la sentencia C-439 de 2011, es inconstitucional aplicar la expresión ‘animal’ de la norma acusada de forma literal, porque ello permitiría incluir en la prohibición casos que no es razonable que estén incluidos, y es inconstitucional aplicar la expresión ‘perros lazarillos’ de la norma de forma literal, por cuanto ello permitiría excluir de la excepción situaciones que no es razonable dejar por fuera.
Aunque de alguna manera se podría pensar que la excepción de los perros lazarillos ya no es necesaria, en la medida que quedaría contemplada dentro de la lectura abierta que hace la sentencia en su parte resolutiva de la expresión ‘animal’. No obstante, la excepción sigue siendo importante y sigue teniendo fuerza normativa. Si se tiene en cuenta que la excepción de los perros lazarillos siempre existió, esto es, incluso cuando la prohibición total y general fue concebida y consignada, es evidente que incluso para el legislador ese caso excepcional debía ser protegido de manera prioritaria. Por tanto, la fuerza normativa que tiene la excepción de los perros lazarillos es indicar a las autoridades competentes que en aquellas oportunidades, las restricciones de modo, tiempo y lugar que se impongan, deben ser estrictamente justificadas para ser consideradas razonables y proporcionadas.
De acuerdo con la sentencia C-439 de 2011, entonces, toda persona tiene derecho constitucional a acceder al servicio de transporte público de pasajeros, con los animales que tenga –de acuerdo con las reglas que estén vigentes para tal efecto–, “libre de obstáculos irrazonables o desproporcionados”. La excepción contemplada por la norma acusada, entonces, significa que este derecho ha de ser protegido especialmente, cuando se trate de la protección de los derechos de una persona que sea sujeto de especial protección constitucional, como ocurre con los perros lazarillos.
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA SENTENCIA C-439/11
PROHIBICION DE LLEVAR ANIMALES EN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS-Excepción de animales domésticos sujeta a condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad (Aclaración de voto)
TRANSPORTE DE ANIMALES DOMESTICOS EN EL SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS-Excepción a la prohibición no constituye una obligación para los operadores del servicio de transporte (Aclaración de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 87 (parcial) de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002
Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la mayoría de los miembros de la Sala Plena de esta Corporación, procedo a aclarar mi voto en el asunto de la referencia debido a que, aunque me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada, deseo hacer algunas precisiones sobre la forma en que debe ser entendida la parte resolutiva de la sentencia específicamente en lo que se refiere a la prohibición de transportar “mascotas de talla pequeña o mediana” o “animales domésticos” en el transporte automotor colectivo de pasajeros como los buses y sistemas masivos.
Tal y como se lee en el texto de la parte resolutiva de la decisión, la Corte decidió declarar exequible la norma demandada, es decir, consideró que, en términos generales, la prohibición de llevar animales – así sean “mascotas de talla pequeña o mediana” – en vehículos de servicio público de pasajeros –incluido el transporte automotor colectivo de pasajeros – se ajusta a la Constitución. El condicionamiento introducido a esta prohibición general en la parte resolutiva debe ser entendido en el sentido de que no está prohibido el transporte de animales domésticos en este tipo de transporte cuando medien condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad. En otras palabras, se pueden introducir excepciones a esta prohibición si se presentan las condiciones anotadas.
No puede ser entendida entonces la decisión en el sentido de que es una obligación de los operadores del servicio de transporte permitir en todo caso y en todo tipo de transporte el ingreso de animales domésticos cuando no se encuentran dadas las condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad. Así, ello dependerá de las condiciones que se presenten en cada caso concreto.