Source: http://www.tribunalagroambiental.bo/revista/
Timestamp: 2019-05-23 11:40:42
Document Index: 218626365

Matched Legal Cases: ['artículo 186', 'artículo 186', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 78', 'artículo 76', 'artículo 393', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 82', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 86', 'artículo 78']

﻿﻿ T-Agroambiental
DR. GREGORIO ARO RASGUIDO
REVISTA JURIDICA AGROAMBIENTAL I
El Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales son responsables de impartir justicia especializada en materia agraria, forestal, pecuaria, ambiental, aguas y biodiversidad, sobre la base de los principios de función social, integralidad, oralidad, inmediatez, sustentabilidad, e interculturalidad. Este sistema judicial, dentro de sus institutos jurídicos, tramita el proceso oral agroambiental, comprendido en dos etapas: la primera que es una etapa escrita, incorpora la presentación de demanda, contestación y reconvención cuando corresponde y la segunda, es una etapa que se ampara en el principio de oralidad establecida en el art. 76 de la Ley 1715 y comprende la audiencia principal y la audiencia complementaria con sus diferentes pasos procesales orales. Dentro de este marco jurídico único, tengo el honor de presentarles la “REVISTA JURÍDICA AGROAMBIENTAL” correspondiente al primer semestre de la gestión 2018, que recopila trabajos en función a la oralidad agroambiental, que estoy seguro les servirá como un documento de consulta.
seccion dedicado a todos los Artículos
Mgda. María Tereza Garrón Yucra
EL DEBIDO PROCESO Y LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA PROCESAL EN EL JUICIO ORAL AGRARIO, EN EL MARCO DEL CARÁCTER SOCIAL DE LA MATERIA
Se ha hablado bastante acerca del alcance del debido proceso, entendido éste no sólo como garantía constitucional, sino también como principio; bien lo precisa de esta manera el jurista alemán
Mgda. Angela Sánchez Panozo
LA INFLUENCIA DEL PROCEDIMIENTO ORAL AGRARIO EN EL SISTEMA PROCESAL BOLIVIANO
Introducción La palabra como medio de comunicación ha sido y es esencial, así como definitoria entre los seres humanos. Previa a la escritura, las destrezas de modo verbal y corporal, han sido los
Mgdo. Gregorio Aro Rasguido
LA MATERIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA AGROAMBIENTAL
La primera revolución agraria en América Latina se dio el año 1910 en los Estados Unidos Mexicanos, la segunda revolución agraria fue en la República de Bolivia el año 1952, la cual se
Dr. Antonio Peñaranda
EL JUICIO ORAL EN EL MODERNO PROCESO ORAL AGROAMBIENTAL
1. La Audiencia En el proceso oral agroambiental, se desarrollan en una o dos audiencias. La audiencia es la instancia donde se efectivizan y materializan los principios de oralidad, inmediación,
Dr. Gonzalo Albarado Jaldín
JUICIOS ORALES EN LOS JUZGADOS AGROAMBIENTALES. EL PRINCIPIO DE ORALIDAD
La implementación del sistema oral, en los juicios agrarios, ha sido muy prometedora para superar las deficiencias del sistema escriturado de otras materias. Sin embargo, en la Ley especial agraria,
Mgda. Elva Terceros Cuellar
La Jurisdicción Agroambiental ha sido instaurada por la Constitución Política del Estado del año 2009, como una “jurisdicción especializada e independiente” (artículo 186), siendo que
La Jurisdicción Agroambiental ha sido instaurada por la Constitución Política del Estado del año 2009, como una “jurisdicción especializada e independiente” (artículo 186), siendo que actualmente el Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de esta jurisdicción, con competencias en: materia agraria, ambiental y de recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad. Es importante precisar que la Jurisdicción Agroambiental, se inició como Judicatura Agraria y como parte del Órgano Judicial con la Ley 1715 del 18 de octubre de 1996 (Capítulo III, Título II). Esta Jurisdicción se conformó por el Tribunal Agrario Nacional y 50 Juzgados Agrarios, que iniciaron sus actividades el año 2000. El Tribunal Agroambiental, como tribunal de cierre, ejerce sus funciones atendiendo las causas que recibe directamente como las Demandas de Nulidad y Anulabilidad de Títulos Ejecutoriales y procesos que fueron atendidos en los juzgados agroambientales o autoridades administrativas, como procesos contencioso administrativos; que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales; recursos de casación y nulidad en las acciones reales, agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables; las demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. La Gestión de la Magistratura Agroambiental 2018 – 2023 inició con cambios relacionados al redimensionamiento de su modelo de gestión, a objeto que este permita operar e implementar una gestión de justicia más eficiente en estos seis años. El Modelo de Gestión está previsto para mejorar los mecanismos de acceso a la información, y consecuentemente una mayor transparencia. En este sentido, se espera que la revista que publica el Tribunal Agroambiental se constituya en uno de los instrumentos que facilite el relacionamiento con la sociedad en temas agroambientales, especialmente con los profesionales abogados del área. Como parte del modelo, se busca implementar un servicio de justicia, que sea más accesible a la población de las áreas rurales, mejorando el acceso a la justicia a través de la profundización de las itinerancias, que está a cargo cada uno de los jueces y juezas de los juzgados agroambientales; facilitando mecanismos de conciliación y tramitación de causas. En estos espacios, la facilitación de las conciliaciones se constituye en la primera actividad a desarrollar. En el marco de la pluralidad, la obligación de los funcionarios de la jurisdicción, de hablar al menos un idioma nativo, facilita la inmediación con las partes; asimismo, se puede recurrir a intérpretes culturales, provistos por las comunidades, para la cooperación y coordinación interjurisdiccional con la jurisdicción indígena originaria campesina, para que nos faciliten el procesamiento de un caso. La Constitución Política del Estado, la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria modificada por la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la Ley 025 del Órgano Judicial, la Ley 477, contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, la Ley 439, Nuevo Código Procesal Civil; establecen el marco bajo el cual los juzgados agroambientales además de atender conflictos referidos a los derechos sobre la propiedad rural y todo lo relacionado con la producción agropecuaria, atienden conflictos sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad, a objeto de precautelar y prevenir la responsabilidad por la contaminación de aguas, aire, suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural. En esta edición desarrollamos el proceso oral, que es sustanciado por los juzgados agroambientales, bajo principios de oralidad, inmediación, concentración, dirección, gratuidad, publicidad, especialidad, competencia, responsabilidad, servicio a la sociedad, celeridad, defensa, integridad, eventualidad y función social y económico social. Partiendo de la experiencia y la academia, proporcionada por los analistas a magistrados, jueces y docentes universitarios involucrados en la gestión de los procesos; en este primer avance, se presentan los análisis desde una visión interna. Como contenidos, se presenta el análisis e información actual sobre aspectos relacionados con la cotidianidad en la tramitación del proceso Oral Agroambiental, que ocupa la atención del profesional en Derecho, procurándole un instrumento de utilidad en su diario que hacer. Se pretende difundir información, opinión y análisis, así como un flujograma del “Proceso Oral Agrario” y la jurisprudencia más relevante, correspondiente a la gestión 2018. Se ofrece también información sobre la ubicación de los diferentes juzgados agroambientales y los jueces que lo presiden, e información que visibiliza algunas de las decisiones más importantes asumidas por el Tribunal Agroambiental, como fue la aprobación del Reglamento del Programa de Justicia Itinerante. En este marco, esperamos que la información proporcionada, le permita en principio una reflexión teórica y práctica, así como datos útiles para el desarrollo de sus actividades profesionales, trascendiendo a conclusión mucho más acertadas frente a las posibles soluciones de un caso y muy especialmente ante las resoluciones judiciales contradictorias, que tanto perturban el valor superior de la justicia.
La primera revolución agraria en América Latina se dio el año 1910 en los Estados Unidos Mexicanos, la segunda revolución agraria fue en la República de Bolivia el año 1952, la cual se materializó con la promulgación del Decreto Ley 3464 de fecha 2 de agosto de 1953 y finalmente la tercera revolución agraria se dio en Cuba el año 1959. Emergente de esta revolución se generaron muchos conflictos vinculados al tema de tierras en el área rural, aspectos que fueron resueltos en el caso de la República de Bolivia por la jurisdicción ordinaria, sin embargo, dada la particularidad de esta clase de controversias, en las cuales si bien se discute un derecho real, el mismo no se asemeja al ámbito civil o comercial, toda vez que la tierra en el campo tiene otros matices, es de carácter social, por consiguiente se maneja entre otros componentes la función económica social, muchas veces los sujetos pasivos o activos a diferencia de la jurisdicción ordinaria, donde están personas particulares, son conglomerados sociales, identificados como comunidades campesinas o pueblos indígena originario campesinos, etc. Estos elementos hicieron que se vea la necesidad de crear una jurisdicción especializada que deba resolver dichas controversias, lo que ocurrió con la Reforma Constitucional de 1994 y que se llegó a desarrollar mediante la Ley 1715 el año 1996, norma legal que dispuso que dicha jurisdicción este conformada por un Tribunal Agrario Nacional con sede en Sucre y Juzgados Agrarios. Adviértase que en la Jurisdicción Ordinaria existen tres niveles organizativos en la base están los Juzgados y Tribunales, luego los Tribunales Departamentales, conformados por Vocales en sus diferentes Salas y finalmente el Tribunal Supremo de Justicia, en cambio en la judicatura agroambiental la que se mantiene hasta la fecha solo existen dos niveles, careciendo de un nivel intermedio. La Constitucionalización de la Judicatura Agroambiental La Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero de 2009, establece claramente que la Judicatura Agroambiental reemplazará a la Judicatura Agraria, logrando que Bolivia ingrese a una lista de pocos países en los cuales se habría creado una estructura jurisdiccional que sea competente para resolver controversias emergentes de: “…acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales” (art. 189.1 CPE). En enero del año 2012, se cambió la denominación de esta jurisdicción, de Judicatura Agraria a Judicatura Agroambiental; sin embargo, ello no fue suficiente, dado que es necesaria la promulgación de una Ley que desarrolle las competencias agroambientales a nivel sustantivo y adjetivo. Es por ello que, en la presente gestión, se ha impulsado la elaboración de un proyecto de ley, que reiteramos permita viabilizar la transición jurisdiccional de lo agrario a lo agroambiental. Consideramos debe ser una Ley Corta transitoria, toda vez que al ser esta una temática nueva en el contexto jurídico nacional, en el desarrollo de su implementación generará nuevas necesidades que en gabinete no se advirtió, lo que es lógico porqué la única manera de poder conocer si una norma legal es buena o mala, no es leyendo su contenido, sino implementando la misma. La implementación de la referida Ley Corta, generará nuevos insumos para que posteriormente se redacte un Código Agroambiental definitivo. En conclusión diríamos que la Jurisdicción Agroambiental está en crisis y que en términos de Gramci, ello implica “lo viejo que no puede morir y lo nuevo que no puede nacer”, consiguientemente, desde la Presidencia del Tribunal Agroambiental, se ha establecido encarar en forma paralela dos escenarios: Por un lado, fortalecer las competencias agrarias, mismas que actualmente están vigentes, con tecnología y espacios de socialización, las itinerancias, la capacitación de los diferentes a las Jueces y Juezas, en este nuevo paradigma denominado Estado Constitucional Plurinacional de Derecho, su vinculación natural con la JIOC, entre otros aspectos. Por el otro, impulsar la discusión, socialización y por ende promulgación de la referida Ley Corta, para finalmente iniciar su implementación, lo que requerirá obviamente de un nivel de coordinación con diferentes entes del aparato público, como ser Universidades, Gobernaciones, Gobiernos Autónomos Municipales y los diferentes Órganos del Estado. Finalmente, todo este esfuerzo tendrá como objetivo central, el de concluir nuestra gestión como Magistrados, donde dejaremos una Jurisdicción Agroambiental, materialmente fortalecida en todos los niveles de acción.
Se ha hablado bastante acerca del alcance del debido proceso, entendido éste no sólo como garantía constitucional, sino también como principio; bien lo precisa de esta manera el jurista alemán Robert Alexy, quien señala los principios son un tipo de normas más complejas “a menudo, no se contrapone norma y principio o norma y máxima. Aquí las reglas y los principios serán resumidos bajo los conceptos de normas. Tanto las reglas como los principios son normas porque ambos dicen lo que debe ser, ambos pueden ser formulados con la ayuda de las expresiones deónticas básicas del mandato, la permisión y la prohibición. Los principios, al igual que las reglas, son razones para el juicio concreto de debe ser, aun cuando sean razones de tipo muy diferente, la distinción entre regla y principio es pues una distinción entre dos tipos de normas”. Por las razones señaladas, los principios forman parte estructural de la definición del debido proceso. En el proceso oral agroambiental por el principio de inmediación, y el carácter social de la materia, resulta fundamental el respeto y la garantía a un debido proceso, donde prima la efectiva participación de los sujetos con amplias facultades para demostrar la verdad material de los hechos; así el debido proceso no se aparta de los lineamientos ya establecidos, en cuanto a su ámbito garantista; sin embargo, adquiere nuevos y renovados matices que responden justamente a la naturaleza especializada de ésta jurisdicción y básicamente a sus principios como es su eminente carácter social y es justamente en el desarrollo de esta temática que se aborda la presente publicación, resaltando la importancia de la aplicación de éste principio en el desarrollo del Proceso Oral Agroambiental, resultando pertinente puntualizar al efecto. Del Debido Proceso.- La uniforme jurisprudencia constitucional ha señalado: “…que el debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, la cual reiteró el entendimiento asumido por la SC 0418/2008-R de 2 de mayo, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. Por su parte la SC 0486/2010-R de 5 de julio, estableció que: “La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, (…) y reconoce al debido proceso como: 1) Derecho fundamental: para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, (…) 2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, (…)”. Y concluye señalando “Pues el Estado Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, en la medida en la cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido proceso; por tanto, estos aspectos inequívocamente se encuentran directamente vinculados con la seguridad jurídica, que no solamente debe ser concebida como un principio, sino también como un valor de rango supremo, postulado a partir del cual, el Estado, en la medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social y cumplirá con este fin esencial plasmado en el art. 10 de la CPE”. Así tenemos que el debido proceso no solo es un principio, sino también es una garantía constitucional tendiente a asegurar un resultado que sea justo y equitativo, que permite la oportunidad de ser oído y hacer valer las pretensiones e implica que tanto jueces como cualquier otra autoridad sea esta jurisdiccional o administrativa deban someterse al cumplimiento de las leyes y los procedimientos legales establecidos. En los procesos orales agrarios, actualmente agroambientales, desarrollados normativamente en la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 1996 e implementados efectivamente a partir del año 2000, constituyen hoy en día, uno de los mejores procedimientos ejecutados en la administración de justica; en más de 17 años de su implementación, han convertido a éste proceso en un juicio ágil, participativo y moderno, donde la intervención del Juez Agroambiental garantiza el principio de inmediación, entendido éste como el contacto directo y personal del titular del órgano jurisdiccional con las partes y el manejo del proceso como condición esencial de la oralidad que excluye cualquier medio de conocimiento indirecto del proceso1. El Carácter Social de la Materia.- Demanda e implica que la administración de justicia es un medio de servicio y no un fin en sí mismo, busca restablecer los desequilibrios causados por el conflicto y en este contexto la tramitación del proceso oral agroambiental debe sin duda desarrollarse en el marco del debido proceso, porque sólo así se garantiza a su vez el carácter social de la materia, y si bien se aplica actualmente por el régimen de supletoriedad las disposiciones contenidas en la Ley 439, Código Procesal Civil en todo lo que fuere pertinente; este procedimiento, si bien aún está revestido de las formalidades esenciales del proceso; adquiere por la naturaleza de la jurisdicción agroambiental prácticas más flexibles e informales, orientadas no solo a la solución del conflicto sino la verdad material de los hechos y en este contexto se debe garantizar en lo posible que las partes participen de la audiencia principal del proceso, salvo motivo fundado que justifique la incomparecencia, y resulta trascendente que las actuaciones de notificación se realicen adecuadamente, de otra parte el Juicio Oral Agroambiental debe estar revestido de un orden que permita a las partes incidir en las actuaciones procesales más relevantes, sin que estas resultan determinantes, siguiendo en lo pertinente las siguientes etapas: 1) Alegación de hechos nuevos; 2) Contestación a las excepciones opuestas y recepción de pruebas; 3) Resolución de excepciones; 4) Tentativa de Conciliación; 5) Fijación del objeto de la prueba; 6) Emisión de Sentencia. Otro momento importante que vincula el debido proceso, con el carácter social de la materia agroambiental, constituye la recepción y valoración de prueba, donde el Juez tiene un papel preponderante no sólo a momento de su recepción sino también al admitirla e incluso al valorarla, porque tiene que discernir de acuerdo a prácticas, usos y costumbres el valor probatorio de cada una de ellas, para finalmente a través de una valoración integral establecer la verdad material, estos elementos facultan al Juez Agroambiental a requerir de otras instituciones informes y certificaciones según sea el caso, a objeto de mejor discernir respecto al proceso en curso. El debido proceso establecido de manera transversal en toda la tramitación del proceso oral agroambiental, adquiere también particular relevancia en la audiencia de inspección judicial, donde el Juez Agroambiental como director del proceso, debe garantizar de manera equitativa la participación de las partes, la intervención de peritos, traductores insertando en el proceso cuanto factor sea relevante para que en el marco del respeto de los usos y costumbres de los sectores sociales involucrados en el proceso se puedan emitir sentencias legítimas que respondan a las pretensiones de las partes. Para concluir debemos señalar que el debido proceso constituye en sí: a) El derecho que tiene toda persona a una correcta administración de justicia, el cual particularmente en la jurisdicción agroambiental, debe garantizar que el proceso se desarrolle en lo posible en el marco de los usos y costumbres de los usuarios de esta jurisdicción. b) Se debe garantizar que toda persona que participe de un proceso agroambiental no tenga negación a sus derechos o vulneración a los mismos que les hubieran sido otorgados jurídicamente, atribuidos o reconocidos. c) Se debe buscar que todo aquel que participe de un proceso encuentre satisfechas sus pretensiones, así las mismas no les hubieran sido concedidas; sin embargo, se le debe brindar una respuesta motivada y debidamente fundamentada. En este contexto, constituye una obligación del buen Juez estudiar profunda y creativamente los principios del Debido Proceso, no como una abstracción teórica, o un conjunto de ideales garantistas, sino como una condición fundamental y concreta que pueda llevar a la práctica para lograr una efectiva y verdadera administración de justicia.
Introducción La palabra como medio de comunicación ha sido y es esencial, así como definitoria entre los seres humanos. Previa a la escritura, las destrezas de modo verbal y corporal, han sido los medios idóneos de todos los grupos (Castillo, 2004). Así, se ha afirmado que históricamente los procesos en la Roma antigua fueran de naturaleza oral. Algunos estudiosos en el tema refieren que tal forma de interacción fue la manera originaria en la evolución de los sistemas romano-canónicos en los cuales se inspiraron los códigos procesales (Escoto, 2007). En cuanto a Latinoamérica, a mediados del Siglo XX se impulsaron algunos proyectos donde se introducen en el proceso, la oralidad, como el Anteproyecto del Código Procesal Tipo para Iberoamérica de 1988; a partir de esta se han impulsado en la mayoría de los países Latinoamericanos cambios en el Derecho Procesal. En el caso de Bolivia en los años 90, ya se habían iniciado los procesos orales en materia agraria a partir de la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Ley 1715 del 18 de octubre de 1996, que establece en el artículo 82, contemplando una fase de audiencia que constituye la esencia misma del proceso oral. Sin embargo, el proceso oral se ha consolidado con la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), el 7 de febrero de 2009, dándose inicio a una serie de codificaciones y una reestructuración en la normativa procesal del país, principalmente en el Código Procesal Civil, ya que en el procedimiento agroambiental se está adoptado la experiencia existente en materia agraria. Jurisdicción Agroambiental La jurisdicción agroambiental es creada por mandato constitucional según previsiones de los artículos 179 y 186 de la CPE, en consecuencia, le corresponde realizar un análisis del estado situacional del proceso oral agroambiental, así como las mutaciones y modulaciones jurisprudenciales que al respecto han sido pronunciadas por el Tribunal Agroambiental. Conforme se establece en el artículo 82 de la Ley 1715, el proceso oral agroambiental, contempla una fase de audiencia instancia en la que las partes tienen la oportunidad de presentar o acompañar prueba que acredite los extremos de su pretensión o los términos de la respuesta a la demanda. El Juez Agroambiental tiene la obligación de instar a la conciliación respecto a todos o alguno de los aspectos controvertidos, situación que a la luz del cambio de paradigma constitucional, resulta coherente y concordante con los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las parte ante el juez contemplados en el art. 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Procedimiento Agroambiental Considerando como base el procedimiento agrario contemplado en la ley del SNRA, la cual es una norma anterior a la CPE, y que contempla principios procesales que fueron rescatados por el constituyente boliviano al momento de incorporar tales mandatos de optimización que fundamenta la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, es por ello que el proceso oral agroambiental alcanza una justicia pronta, veraz y oportuna que expresa eficazmente el carácter social de la materia agroambiental, siendo pioneros en la práctica de los juicios orales, poniendo en práctica la frase emblemática de Chiovenda precursor de la oralidad, quien señalaba “la libre convicción del juez necesita el aire y la luz de la audiencia oral; en los laberintos del proceso escrito que se corrompe y se muere”, es precisamente ésta frase, la que refleja en última instancia la necesidad de migración del proceso escrito al proceso oral, tal como se vienen haciendo desde el 19 de noviembre de 2013 con la vigencia anticipada del Código Procesal Civil (Ley 439) y las demás leyes de adecuación. En efecto, el régimen de supletoriedad procesal previsto en el artículo 78 de la Ley 1715, en lo aplicable, remite la tramitación de aspectos procesales no contemplados al entonces “Código de Procedimiento Civil”, ahora “Código Procesal Civil”, que entre muchos aspectos, rescata principios procesales previstos en la Ley 1715, como son los principios de oralidad, inmediación, concentración, entre otros, que no estaban contemplados en el antiguo Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se advierte que es el entonces proceso oral agrario, el que marcó las directrices que ahora sustentan la tramitación de los procesos ordinarios cuya base es el principio de oralidad. Experiencias en la Jurisdicción Agroambiental Ahora bien, la experiencia de la Jurisdicción Agroambiental sustentada en la preexistencia del principio de oralidad llevada adelante en la audiencia fijadas por los Jueces Agroambientales, a tiempo de la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, se encuentran sustentadas procesablemente por las previsiones normativas contempladas en los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1715, vale decir, que el principio de oralidad ha sido materializado en el régimen de audiencias llevados a cabo ante los Juzgados Agroambientales de conformidad a la norma especial agraria puesta en vigencia el 18 de octubre de 1996, vale decir, que la experiencia de ésta jurisdicción, consolidada por más de dos décadas, ha motivado e irradiado en la jurisdicción ordinaria, permitiendo la promulgación de códigos procesales que repliquen y mejoren la experiencia desarrollada en la jurisdicción agroambiental. En ese sentido, es preciso señalar que para garantizar el principio de oralidad previsto en el artículo 76 de la Ley 1715, corresponde hacer mención a otros principios como la inmediación, concentración y publicidad que nos permitirán garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de la oralidad, siendo la inmediación el contacto directo entre las partes y el juzgador quien además es el director del proceso oral, actividad central del proceso en la que se sustancian los actos pretendidos por las partes, la concentración permite que el juzgador conozca todos los elementos que constituyen la verdad material, y la continuidad de la misma garantiza a las partes objetividad y certeza de los resultados, consiguientemente el proceso oral agrario materializa y objetiviza un principio rector de la administración de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, contemplado en el art. 180 de la CPE. Así mismo es importante señalar que en el nuevo código Procesal Civil se incorpora en los recursos de casación la posibilidad de solicitar audiencia para aclaraciones que estimaren convenientes, aspecto que ya se tuvo desarrollado en la Ley 1715, en su art. 83 numeral 1, en la que otorga la posibilidad de aclarar los fundamentos de la demanda, lo que significa que el desarrollo de audiencias orales agrarias y agroambientales han sido la base y el sustento para la aprobación de un sistema procedimental en recursos de puro derecho tramitados en la jurisdicción ordinaria. Es así que las partes podrán solicitar audiencia de aclaración la misma que a pesar de que las casaciones sean de puro derecho, existe la posibilidad de que el litigante, bajo el principio de inmediación en una audiencia oral, puede transmitir al juez mediante la aclaración los fundamentos de sus demanda y el juzgador pueda conocer la situación de manera más objetiva, posibilitando escuchar de forma directa al demandante o parte afectada que viene buscando justicia, garantizando el acceso a la justicia art. 115.I de la CPE, que de conformidad a la jurisprudencia constitucional se traduce en la tutela judicial efectiva consiguientemente, se evidencia que la justicia boliviana emana del pueblo tal cual prevé el art. 178 de la CPE. Otro aspecto que cabe destacar, es que al haber mejorado el entendimiento que hace al proceso oral agroambiental la jurisdicción agroambiental ha promovido la emisión de resoluciones con perspectiva de equidad, prueba de ello es el principio de servicio de la sociedad por el que entiende al Juez como parte de la institucionalidad que tienen el deber de ejercitar la potestad que le ha otorgado la ley para brindar una justicia equitativa a las partes. Por otro lado, cumpliendo con los preceptos instituidos en la ley 1715, modificada por la ley 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que incorpora en la disposición final octava la equidad de género cuyo alcance ha sido superado y mejorado en los códigos procesales vigentes como es el caso del art. 214 de la Ley 439 (Código Procesal Civil), que estable: “la posibilidad de que el juez puede fallar por equidad en situaciones en las que mediare acuerdo de partes respeto a derechos de libre disposición discutidos en el proceso”. Limitaciones en el Procedimiento Oral Agroambiental Después de dos décadas de práctica del proceso oral, se puede advertir de la experticia agraria y agroambiental debilidades en cuanto a la suspensión de audiencias por diferentes razones, empero las suspensiones deben ser la excepción y no la regla, es decir que nuestro sistema oral agroambiental deberá respetar en todo caso lo señalado en los art. 83 y 84 de la Ley 1715, donde se establece que el proceso oral agrario contempla dos audiencias (principal y complementaria) que permitan resolver con prontitud y celeridad las causas puestas en conocimiento de los Jueces Agroambientales, consiguientemente cualquier otra audiencia deberá estar justificada motivada y sustentada en derecho a efecto de garantizar la debida transparencia, lealtad procesal y la buena fe de las partes que acuden a la Jurisdicción agroambiental. Otro aspecto a superar es la elaboración de las actas resumidas que son productos de la audiencia oral que prevé el art. 84. III de la Ley 1715, debido a que no establece con precisión los contenidos mínimos que debe contemplar un Acta de audiencia, por lo que se ha tenido que recurrir bajo el régimen de supletoriedad al sistema de elaboración de Actas art. 98 de la Ley 439 (Código Procesal Civil), que en lo sustancial señala que lo obrado en audiencia se documentará en Acta resumida desarrollando los contenidos mínimos y necesarios para que las partes puedan conocer las actuaciones desarrolladas en audiencia rescatando el hecho de la exigencia circunstanciada de lo obrado lo que permitirá que las partes comprendan con claridad los actos procesales que se sustancian y resuelven en audiencia oral En relación a los testigos y peritos, la norma especial señala que se practicará la pericia o se prestará declaración en audiencia complementaria en el lugar que se desarrolla la audiencia donde deberán estar presentes tanto testigos como peritos para garantizar la transparencia en el desarrollo del proceso oral, estos aspectos muchas veces no se cumplen debido a que los lugares donde se desarrolla la audiencia oral es un ambiente pequeño donde no existen las condiciones necesarias como para tener a los peritos o testigos durante la audiencia, ocasionando muchas veces contaminación de la prueba. Es importante que el sistema judicial Boliviano vea este aspecto para garantizar los medios necesarios y suficientes para que los peritajes puedan ser realizados en presencia de las partes y en la audiencia complementaria conforme establece la norma. Conclusiones Por lo expresado, resulta trascendental recordar que ésta jurisdicción ha marcado un hito en el sistema procesal boliviano, por la experiencia aportada y desarrollada a partir de octubre de 1996, momento en que se promulga y entra en vigencia la Ley 1715, habiendo sido la fuente de inspiración de la Comisión “Tierra y Territorio” del proceso constituyente boliviano, que ha plasmado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, principios y conceptos tales como: función social, función económica social, titularidad de las mujeres, acceso a la justicia e igualdad de las partes, distribución y redistribución de la tierra, desarrollo sustentable, interés colectivo, propiedad individual y comunitaria o colectiva, entre otros, vislumbrados desde el artículo 393 al 404 del Constitución Política del Estado; por su parte, el proceso oral agrario contemplado desde el artículo 79 al 87 de la Ley 1715, es también fuente inspiradora del proceso oral civil contemplado en la Ley 439; consiguientemente, resulta ser la jurisdicción agroambiental, el tronco común de la norma fundamental y del Código Procesal Civil, a pesar de ser una norma anterior a las nuevas tendencias constitucionales.
1. La Audiencia En el proceso oral agroambiental, se desarrollan en una o dos audiencias. La audiencia es la instancia donde se efectivizan y materializan los principios de oralidad, inmediación, dirección, concentración, publicidad y los otros principios propios de la administración de justicia agroambiental. La audiencia juega un papel fundamental, porque tiene como finalidad evitar el proceso a través de la función conciliadora, limitar su objeto mediante la fijación del objeto de la prueba y depurar el procedimiento a través de la función saneadora. 2. Actividades de la Audiencia (art. 83 de la Ley 17151 ). 2.1. “Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, y aclaración de sus fundamentos si resultaren obscuros o contradictorios” En la primera actividad de la audiencia deberá cumplirse con ratificación de la demanda y de la contestación, y en su caso, de la reconvención y su contestación (art. 336-I-1 de la Ley 9 y 78 de la Ley 1715). Luego y hasta antes de la fijación del objeto de la prueba3 podrán alegarse hechos ocurridos con posterioridad a la demanda y la contestación, siempre y cuando no modifiquen la pretensión o la defensa. La justificación debe hacerse de manera oral, las partes deberán, argumentar la posterioridad en el acaecer o en el conocimiento de tales hechos; una vez alegados, la parte contraria deberá, en la misma audiencia, reconocer el hecho como cierto o negarlo. El juez a continuación deberá admitir o rechazar la alegación del o de los hechos nuevos, teniendo en cuenta la pertinencia de los mismos. 2.2. “Contestación a las Excepciones Opuestas y Recepción de las Pruebas Propuestas para Acreditarlas” Esta actividad se cumple siempre y cuando se opongan excepciones: ¿Cuáles son las excepciones oponibles en materia agraria? De conformidad al art. 81 de la Ley Nº 1715, las admisibles en materia agraria son: 1.Incompetencia; 2. Incapacidad o impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados; 3. Litispendencia. En este caso se acumulará el nuevo proceso al anterior siempre que existiere identidad de objeto; 4. Conciliación; y, 5. Cosa juzgada”. Este artículo regía de manera absoluta, hasta antes de la reforma establecida a la Ley 1715 por la Ley 3545, con la ampliación de las competencias4 a los jueces agroambientales, aparecen nuevas pretensiones agroambientales y como efecto de las mismas otros medios de defensa del demandando o del reconvencionista, buscando dilatar o postergar el proceso, o finalmente destruir o poner fin al mismo; por ejemplo en la acción ejecutiva agroambiental, la excepción típica para destruir dicha acción, es la excepción de pago documentado, como vemos esta excepción no está señalada entre las admisibles en materia agraria por el artículo 81 de la Ley Nº 1715, no obstante es admisible toda vez que es el medio de defensa que tiene el ejecutado para oponerse a la acción del ejecutante. La ampliación de las competencias de los jueces agroambientales se ha consolidado a partir de la creación de la Jurisdicción Agroambiental en la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 y la promulgación de la Ley 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010. 2.2.1. ¿Qué pasa con la audiencia cuando se acoge alguna de las excepciones referidas? Sólo en el caso de la litispendencia la Ley 1715, expresa: “En este caso se acumulará el nuevo proceso al anterior, siempre que existiere identidad de objeto (art. 81, numeral 3). No dice nada respecto de las otras excepciones. El Juez Agroambiental, conforme a la naturaleza del proceso oral agroambiental, consideramos, que deberá observar lo siguiente: Si acoge la excepción de incompetencia deberá anular obrados hasta la admisión de la demanda e inhibiéndose del conocimiento del mismo remitirá el proceso ante Juez llamado por Ley. ¿Qué pasa si al interponerse esta excepción, el Juez advierte que efectivamente es incompetente?, ¿Deberá tramitar la excepción o podrá apartarse inmediatamente del proceso?. El juez agroambiental, advertido de que es incompetente, sin necesidad de tramitar la excepción podrá apartarse del conocimiento del proceso. El Juez, puede inclusive inhibirse del conocimiento del proceso por incompetencia, en cualquier estado del mismo; ya que todo lo actuado por él, se halla viciado de nulidad.Si acoge las excepciones de incapacidad o impersonería, se otorgará un plazo prudencial para subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda5; en este caso el juez agroambiental suspenderá la audiencia a sus efectos. Ahora bien, si durante la recepción de la prueba de la excepción se subsana por ejemplo la deficiente representación del actor o reconviniente, entendemos que no es necesario suspender la audiencia. Probadas las excepciones de conciliación y cosa juzgada, el juez ordenará el archivo de obrados. Esta resolución, al igual que aquellas que cortaren procedimiento ulterior, es suceptible de recurso de casación o nulidad. 2.3. “Resolución de las excepciones y, en su caso, de las nulidades planteadas o las que el juez hubiere advertido y, de todas las cuestiones que correspondan para sanear el proceso”. En esta tercera actividad encontramos la función saneadora o de saneamiento, respecto a ella, Barbosa Moreira, dice: “supone la solución de cualesquiera cuestiones susceptibles de distraer la atención de la materia referente al méritum causae”6. Para Berizonce, la audiencia preliminar tiene por genuina función “purgar” el proceso de obstáculos procedimentales, a través de un mecanismo concentrado, posibilitando que el objeto procesal ingrese a la fase probatoria y decisoria, purificado y exento de irregularidades; sin perjuicio de que se adosen otras actividades (como el intento conciliatorio, la determinación de los hechos y de las pruebas. En cumplimiento de esta función saneadora, le corresponde al juez agroambiental poder resolver todas las cuestiones que no tienen relación con el fondo de la causa, corrigiendo o subsanando los vicios, defectos u omisiones con el propósito de que el proceso pueda avanzar sin riesgos de nulidades posteriores; de esta manera facilitar su propia labor, permitiéndole proseguir con el proceso e ingresar a resolver la cuestión de fondo. En este aspecto, la autoridad agroambiental deberá emitir resolución sobre las excepciones planteadas, como ser la competencia del juez, capacidad de las partes o de sus representantes; proveer sobre acumulación por cuestiones de conexidad, la integración de la litis, resolver las nulidades planteadas por las partes o las advertidas por él, etcétera. En resumen, podemos decir que el juez, en sumisión a la actividad de saneamiento, inmaculación, purificación o expurgación del proceso, deberá dictar todas las medidas necesarias para sanear el proceso y solucionar las cuestiones que impidan la decisión de fondo. 2.4. “Tentativa de conciliación instada por el juez respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos. Si se llegare a un acuerdo total, este será homologado en el acto poniendo fin al proceso; empero, si la conciliación fuere parcial, será aprobado en lo pertinente, debiendo proseguir el proceso sobre los puntos no conciliados”. En esta cuarta actividad de la audiencia, encontramos la función conciliadora o de exclusión del proceso. Si bien hemos estado siguiendo la secuencia que nos da el artículo 83 de la Ley 1715, la pregunta es: ¿Puede modificar el juez, el orden de las actividades establecidas por el mencionado artículo?. La respuesta es sí. Según su criterio, podrá modificar el orden de las actividades exigidas por la norma en examen; así podrá instar al iniciar la audiencia directamente a conciliación a las partes, lo que nos parece más que razonable, pues para qué va tramitar las excepciones, si el litigio puede resolverse mediante la conciliación. Lo recomendable es comenzar, por la alegación de hechos nuevos y luego instar a conciliación a las partes; conforme se ha establecido en la Ley 439, que en su art. 366-I-2, coloca a la función de exclusión, como la segunda actividad de la audiencia preliminar. El juez, a tiempo de la audiencia (primera), tiene el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad. Respecto de la sanción de nulidad no existe una norma en materia agroambiental que señale expresamente dicha sanción, sin embargo entendemos que las normas establecidas por el artículo 83 de la Ley 1715, al ser normas de orden público y de cumplimiento ineludible, deben observarse de manera obligatoria y en caso de no hacerlo, esa omisión debe sancionarse con nulidad. La autoridad jurisdiccional homologará la conciliación que versare sobre derechos disponibles, siempre que recaiga sobre la naturaleza del derecho controvertido, declarando concluido el proceso si la conciliación comprendiere la totalidad de las cuestiones debatidas. Si la conciliación recayere sobre una parte del litigio, será aprobada parcialmente, salvando los derechos para que el proceso continúe respecto de los puntos no conciliados. El juez, en su función de conciliador en la audiencia y dentro del proceso, debe ser totalmente imparcial, al respecto, el procesalista Uruguayo Jorge Marabotto, ha dicho “el Juez, aún actuando como conciliador, debe procurar ser siempre absolutamente imparcial, pues este es uno de los elementos esenciales de la jurisdicción. Y quizás, uno de los que más aprecia el justiciable; pues una justicia que no lo sea, deja de ser tal”. Como vemos la característica esencial del juez conciliador es su imparcialidad. 2.5. “Fijación del objeto de la prueba, admitiendo la pertinente y disponiendo su recepción en la misma audiencia, rechazando la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente” En cumplimiento de esta actividad lo que hace es calificar el objeto del proceso y de la prueba; admitiendo la prueba pertinente9 y rechazando la inamisible, innecesaria o inconducente. Posteriormente procede a recepcionar la prueba que pueda evacuarse en el mismo acto, pudiendo decretar recesos o cuartos intermedios hasta agotar la prueba ofrecida y admitida dentro del plazo de quince días que es el término máximo en el que debe cumplirse la audiencia en materia agroambiental. Cuando no se hubiera agotado toda la prueba en la audiencia (primera audiencia) o debiera practicarse otra que necesita algún plazo, como sucede por ejemplo con la prueba pericial, deberá señalarse audiencia complementaria. Lo que ocurre en la práctica es que en la primera audiencia, al admitirse los medios de prueba, se acepta prueba pericial o se designa perito de oficio que debe elaborar el informe pericial en un tiempo determinado que normalmente excede el plazo de la audiencia, entonces lo práctico es concederle un plazo prudencial, de tal manera que el mismo pueda ser presentado en la audiencia complementaria, lo mismo puede suceder con la inspección judicial, que si bien es cierto lo ideal sería evacuar primeramente esta prueba (tratándose de procesos interdictos o de reivindicación), lo que sucede en los hechos es que las partes deben proporcionar los medios necesarios para la realización de dicha prueba y para ello muchas de las veces necesitan algún tiempo para procurarse los recursos necesarios para ello. De lo dicho anteriormente y lo preceptuado por el artículo analizado, se concluye que las funciones principales del juicio oral o la audiencia del proceso oral agroambiental, son: Evitar el proceso, mediante la conciliación; el saneamiento del proceso, resolviendo los problemas formales; y fijar el objeto de la prueba, ordenando el modo de diligenciamiento de esta última. 3. ¿Quiénes deben concurrir a la audiencia? La audiencia debe ser presidida personalmente por el Juez y a ella deben comparecer las partes de manera obligatoria, bien sea personalmente, o mediante representante en los casos debidamente justificados. Cuando la audiencia se constituye con la presencia personal de las partes o de sus representantes, en los casos que se justifique; la misma se desarrolla normalmente conforme a las reglas del art. 83 de la Ley 1715. Sin embargo puede suceder que alguna o ambas partes no concurran a la audiencia, aquí se presentan una serie de situaciones o supuestos que deben ser analizados detalladamente. La norma que exige la presencia de las partes en la audiencia está contenida en el parágrafo II del artículo 82 de la Ley 1715, que expresa: “II. Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por representante.” El artículo no menciona sanción alguna para el caso de incomparecencia de las partes a la audiencia, como sucede con la Ley 439, que en su art. 365-III, sanciona la inasistencia no justificada de la parte actora o reconviniente, con el desistimiento de la pretensión; y si fuera de la parte demandada, la autoridad judicial podrá dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo contrario, salvo si el objeto de la pretensión fuera de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pudieren ser probados por confesión. La pregunta que se nos viene es: ¿Qué pasa cuando no concurre el actor, o cuando no concurre el demandado, o cuando no comparecen ambas partes, a la audiencia en materia agroambiental? Respecto a los efectos de la incomparecencia de las partes a la audiencia la legislación agroambiental se aparta del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (de donde se originó el proceso oral agroambiental) y de la Ley 439. El legislador ha obviado efectivamente normar la sanción por la inasistencia injustificada tanto del actor como del demandado, entendemos que lo hecho por el carácter social de la materia. ¿Qué pasa en materia agraria, cuándo no comparece a la audiencia el actor y sí concurre el demandado? La audiencia se lleva a cabo, cumpliéndose con las etapas del artículo 83 de la Ley 1715 que puedan realizarse; no podrá, como es lógico instarse a conciliación. Sí deberá cumplirse con la función saneadora o de saneamiento del proceso y se recibe la prueba admitida que corresponda. ¿Qué sucede si el actor concurre y no lo hace el demandado? La audiencia igualmente se lleva a cabo. Se cumple con la función de saneamiento e igualmente deberá evacuarse la prueba admitida, cuya recepción pueda efectuarse. ¿Qué sucede cuando no concurren ambas partes? La Ley Nº 1715, no dice nada al respecto y en vista de la inasistencia de ambas partes, deberá suspender la audiencia y deferirse por una sola vez. Aquí nos encontramos con otra hipótesis, ¿qué pasa si las partes no concurren por segunda vez a la audiencia?. El Juez, deberá decidir por lo más razonable: dispondrá la suspensión de la audiencia hasta que alguna de las partes pida nuevo señalamiento, a lo que dará curso siempre y cuando no se hubiere operado la extinción por inactividad, es decir no hubieran transcurrido seis meses desde la última actuación (Disposición Transitoria Décima de la Ley 439). 4. La Audiencia Complementaria El artículo 84-I de la Ley Nº 1715, regla: “Si la prueba no hubiere sido totalmente recepcionada en la primera audiencia, en la misma se señalará día y hora de audiencia complementaria, que se realizará dentro de los diez (10) días siguientes. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejará de recepcionarse la prueba, ni aún por ausencia de alguna de las partes, excepto en el único caso que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor”. La audiencia complementaria es una consecuencia de la primera audiencia, el juez agroambiental debe señalarla a la conclusión de la misma, siempre y cuando no se hubiere diligenciado en ésta toda la prueba. La finalidad primordial de la audiencia complementaria, es la de recibir la prueba no diligenciada en la primera audiencia: por ejemplo, en esta audiencia se oirá el informe pericial cuando se haya dispuesto esta prueba en la primera audiencia; otra circunstancia que se puede presentar es en el diligenciamiento de la inspección judicial, cuando admitida ésta o señalada de oficio, por ejemplo, sea necesario un tiempo para preparar el traslado de la comisión a lugares distante del asiento del Juzgado. La audiencia complementaria, no debe suspenderse por ningún motivo, ni tampoco dejar de diligenciarse o recepcionarse la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el único caso de que el juez decida prorrogarla por razones de fuerza mayor. No suspende la audiencia complementaria, la ausencia de algún de las partes, está se llevará a cabo con o sin la presencia de las partes. Sin embargo el juez puede prorrogarla varias veces únicamente por razones de fuerza mayor debidamente justificadas. 5. Documentación de la Audiencia El Tribunal Agroambiental, actualmente lleva un plan piloto dirigido a la oralidad plena, que consistente en la videograbación de la audiencia y el acta resumida. 6. Conclusiones o Alegatos. Sentencia El artículo 86 de la Ley 1715, señala que la audiencia concluirá con la dictación de la sentencia, sin necesidad de alegatos de las partes y constará en acta. Conforme al artículo referido, no son necesarios los alegatos de las partes, sin embargo no existe óbice alguno para formular conclusiones. En la primera audiencia, sí en ésta se agota toda la prueba admitida de cara al proceso, antes de la sentencia, las partes podrán exponer sus conclusiones o alegatos de bien probados de forma oral. Si por el contrario se produce la audiencia complementaria, será luego de que se recepciona toda la prueba pendiente, en que las partes deberán exponer sus alegatos; acto seguido el juez pronunciará sentencia.
La implementación del sistema oral, en los juicios agrarios, ha sido muy prometedora para superar las deficiencias del sistema escriturado de otras materias. Sin embargo, en la Ley especial agraria, no se ha regulado todas las instituciones y disposiciones en su vertiente sustantiva ni adjetiva. En defecto de las disposiciones sustantivas que regulan las instituciones del derecho agrario boliviano o ante la insuficiencia de las normas de la materia o al no haberse dispuesto en la Ley especial su remisión expresa a otra Ley, corresponde suplirla con las disposiciones e instituciones del derecho común contenidos en el Código Civil, bajo el régimen de excepción al principio de remisión expresa en la Ley suplida, remitiéndonos a las normas aplicables del Código Civil; y, en su vertiente adjetiva, el trámite del proceso oral agrario -ahora agroambiental- se sujeta al procedimiento previsto en el Título IV, Capitulo II de la Ley 1715 modificado por Ley 3545; y, en los actos procesales y procedimientos no regulados en la referida Ley, se sujeta a la Ley 439 - Código Procesal Civil -que sustituye al Código de procedimiento Civil abrogado-, en todo cuanto fuere aplicable, en sujeción al principio de supletoriedad y el régimen de supletoriedad previsto en el artículo 78 de la citada Ley 1715. Lo expresado, da cuenta que “… la supletoriedad ha creado un hibridismo del proceso agrario” (Gonzales Ramos s.f.) con el proceso civil; ante ello, el Tribunal Agroambiental en su página Web, ha implementado el Árbol Jurisprudencial que conforma la jurisprudencia pertinente a la jurisdicción agroambiental a fin de precisar el principio de coincidencia que debe prevalecer en la supletoriedad. Para que pueda operar efectivamente el sistema de oralidad en el proceso agrario, también se hizo necesario que imperen determinados principios en la impartición de la justicia pronta: principio de inmediación, principio de concentración, principio de dirección, principio de gratuidad, principio de publicidad, principio de especialidad, principio de competencia, principio de responsabilidad, principio de servicio a la sociedad, principio de celeridad, principio de defensa, principio de integralidad y principio de eventualidad; además en las modificaciones a la Ley 1715 por la Ley 3545, se incorpora el principio de la función social y económico social, que permiten resolver las controversias planteadas en breve tiempo, dando los siguientes rasgos principales a la administración de justicia en materia agroambiental: - Una justicia completa, al encontrarse sustentada en el sistema de audiencias orales, donde se aplican de manera simultánea y permanente los principios enunciados, destacando los de oralidad y de inmediación, que permiten a la autoridad jurisdiccional conocer todos y cada uno de los aspectos debatidos por las partes, garantizando al justiciable la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la Ley al caso concreto, se resuelve con certeza si le asiste o no la razón jurídica; y, - Una justicia imparcial, al observarse los principios de igualdad y de contradicción se conserva el equilibrio procesal y se emite una resolución apegada a derecho. Además, al aplicar el principio de publicidad respecto de las actuaciones judiciales, se asegura que la decisión final esté libre de favoritismos o arbitrariedades. La efectividad del juicio oral en materia agroambiental radica en el sistema de audiencias orales y el éxito de las audiencias depende del respeto y aplicación efectiva y simultánea de los principios de inmediación, concentración, dirección, gratuidad, publicidad, especialidad, competencia, responsabilidad, servicio a la sociedad, celeridad, defensa, integralidad, eventualidad, función social y económico social. Estos principios se deben entender e interpretar en su significado más amplio como herramienta indispensable para la impartición de justicia oral agroambiental. Se debe superar la concepción del principio de oralidad, como el simple predominio de la palabra hablada sobre la palabra escrita, para dimensionarlo correctamente, se debe entender como el medio de comunicación procesal efectivo de contenido sustantivo. Pues la oralidad no se limita a la comunicación entre el juzgador, los justiciables y la prueba, sino que esa comunicación además de ser inmediata debe tener el contenido jurídico adecuado que permita a las partes producir convicción respecto de sus pretensiones o defensas y, al juzgador, adquirir convicción para tomar la decisión final que pondrá fin a la controversia. En ese marco de ideas la oralidad proporciona fluidez en los debates y contribuye a la celeridad en el procedimiento, con la consecución de impartición de justicia pronta, expedita y siempre de la calidad que espera la sociedad boliviana. La inmediación no se restringe a la presencia física del juzgador en el mismo lugar en el que se está desarrollando el acto procesal conocido como audiencia. La práctica nos da cuenta que esa presencia debe ser además de material también intelectual y que representa una condición indispensable para cumplir con el principio de oralidad. Siendo así, debemos entender la inmediación como la proximidad o acercamiento físico e intelectual del juzgador con los justiciables y la prueba. En consecuencia, la inmediación permite al Juzgador conocer directamente las actitudes y reacciones de las partes, tanto al participar activamente en la recepción de una prueba o inclusive, cuando éstas sólo ocurren a presenciar la recepción de las que les han sido admitidas; así como el comportamiento de los testigos y de los peritos. El juzgador, en caso de considerarlo necesario y conveniente, puede ejercer su facultad de interrogar a las partes, a los testigos o a los peritos, para obtener todos los elementos objetivos que puedan resultarle útiles y tener conocimiento real de la problemática jurídica que le es sometida a su potestad, lo que posteriormente le permitirá emitir una sentencia apegada al derecho y justa. Al establecerse un sistema de audiencia oral en los juicios orales agrarios, se incluyó también la aplicación obligatoria del principio de concentración, que suprime la práctica incorrecta de separar el procedimiento en etapas distantes en el tiempo que se dieron en otras materias. En materia agraria está conformado únicamente en dos momentos, la audiencia propiamente dicha o la primera audiencia y la audiencia complementaria que concluye con la dictación de la sentencia y solo en razón de fuerza mayor el juez puede decidir prorrogarla. En ambos casos, se ha fijado el término máximo en que debe señalarse la fecha de celebración, 15 días siguientes a la contestación a la demanda o reconvención, en su caso, para la celebración de la primera audiencia y 10 días siguientes para la celebración de la audiencia complementaria. El principio de publicidad, se relaciona con la transparencia que debe existir en la actuación de todas las autoridades judiciales, se manifiesta en las audiencias de los juicios orales por el que cualquier persona tiene libre acceso. Salvo en casos excepcionales, en que se haga de forma privada, por la naturaleza sensible de algún tema jurídico que deba tratarse en la audiencia. Con la publicidad se pretende recuperar la credibilidad de la sociedad en el Órgano judicial, al hacerse posible que cualquier ciudadano presencie el modo en que se sustancia el procedimiento y escuche las razones que tuvo el juzgador para resolver en el sentido que decidió hacerlo. Es menester señalar respecto a éste principio, con relación a las partes, que también se debe realizar todos los ajustes que se requieran al procedimiento para asegurar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas con discapacidad, en los términos que establecen los protocolos de actuación correspondientes, incluyéndose la emisión de la sentencia con formato de lectura fácil, acorde a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque sólo así se puede hablar de una verdadera publicidad de la actuación judicial. Siguiendo el tema que nos atañe, se podría pensar que todas las actuaciones deben ser orales cuando estamos en presencia de un juicio oral, situación que resulta errónea, pues es evidente que todo juicio oral tiene elementos escritos y viceversa, por tanto, se puede establecer que al hablar de “juicios orales en los juzgados agroambientales” en realidad estamos en presencia de un sistema mixto con predominio oral. Al respecto Francisco Puy Muñoz muy acertadamente expresa lo siguiente: “No vamos a volver a la oralidad pura de los procesos aurorales. La comprensión de la oralidad como ausencia total de la escritura en un proceso jurídico se va a dar: pero sólo de forma excepcional. Lo normal va a ser la combinación de las dos especies (…) la oralidad no puede ser entendida ni promovida como ausencia total de escritura en el proceso jurídico, sino como una presencia parcial, aunque imprescindible (…) no debe faltar la oralidad en la fase probatoria (…) lo que hoy día resulta decisivo para atribuir oralidad a un procedimiento, es que éste incluya la oralidad en la fase probatoria, de forma tal que el juez tenga que basar su sentencia en el material probatorio introducido por las partes verbalmente, y bajo su inmediación” (Puy Muñoz 2010). De acuerdo con lo expresado anteriormente, se establece que en todo procedimiento judicial oral es imprescindible la escritura en determinadas diligencias, en materia agroambiental es indispensable la escritura en la presentación de la demanda, contestación de la misma, reconvención, contestación a la reconvención, la oposición de excepciones, las diligencias de citación y notificación, incluso el mismo desarrollo de la Audiencia y todo lo actuado se asienta en acta resumida, así como la sentencia que se dicta en la misma audiencia oral, tiene que ser plasmado en forma escrita. Finalmente, es importante mencionar que el sistema de justicia agroambiental supone una mejor preparación por parte de los abogados y litigantes, ya que están obligados a tener un conocimiento estricto de derecho procesal agroambiental, así como también conocimientos en argumentación y lógica jurídica, mayor preparación discursiva, mejor presentación, habilidades de negociación y manejo de lenguaje corporal, lo que se traduce en mayor certeza para sus representados, todo esto en aras de fortalecer el sistema judicial en el Estado boliviano. Argumentar o razonar jurídicamente es siempre difícil, pero hacerlo por escrito, es menos difícil que hacerlo hablando y eso invita a la mayoría a preferir el camino cómodo que el incómodo. La implementación de los juicios orales en materia agroambiental, como en otras materias, civiles, familiar, penal, etc., es una gran promesa para fortalecer el estado de derecho y que la ciudadanía recobre la confianza perdida en la administración de justicia. La oralidad como característica fundamental de los procesos agroambientales promete una verdadera observancia de los principios que rigen la administración de justicia, ya que gracias a este principio se logra que la justicia sea realmente expedita, pronta, completa e imparcial. Al mismo tiempo es sensato destacar que los juicios orales agroambientales no están exentos de elementos escritos, ya que la escritura resulta imprescindible en determinadas diligencias; sin embargo, la fase probatoria debe ser siempre oral, por tanto, se concluye que debe de existir una verdadera coexistencia entre ambos sistemas, tomando lo mejor de cada uno de ellos. El predominio de la oralidad supone una mejor preparación por parte de los litigantes y juzgadores, lo que se traduce en un sistema judicial más eficiente. Es cierto que el Tribunal Agroambiental, como una política institucional de la jurisdicción agroambiental, ha designado juzgados piloto para la implementación de la oralidad plena en los procesos agroambientales habilitando un sistema de registro digital de las audiencias y un Sistema de Seguimiento de Causas de los Juzgados Agroambientales, denominado “CICERO”; no obstante, la implementación de estas herramientas tardará años en dar frutos, porque la experiencia generada en los juzgados piloto ha dado cuenta que se requiere de inversión de más recursos económicos para la adquisición de los equipos de grabación, la implementación de una infraestructura adecuada, una intensa preparación y actualización de las autoridades judiciales del Estado, sin embargo, vale la pena seguir incursionando en ese paradigma hasta alcanzar su plenitud y se tome como ejemplo en otras materias también, que gracias a la implementación de los juicios orales en materia agroambiental se están logrando otros grandes avances en la administración de justicia frente al el rezago judicial, fomentando la mejor preparación de los juristas y ganando poco a poco la confianza perdida de la ciudadanía. Desde el punto de vista de la ciudadanía o de los justiciables, a lo largo de la tramitación de un juicio y, debido a los procedimientos que éste debe llevar, se presenta un problema, que es la demora en el proceso, esto, aunque involuntario, es perjudicial para la economía de los justiciables. Ahora imaginemos a una persona del campo con escasos recursos, y que en un juicio está en juego el patrimonio de toda su vida, sus tierras. En ocasiones sin dinero para poder pagar el patrocinio de un abogado y un juicio en idioma totalmente desconocido, el español, ¿cómo se enfrentan a estas circunstancias esa persona? En esas circunstancias, el principio de oralidad es un medio para superar esas limitaciones, porque consiste en que las partes verbalmente pueden exponer sus pretensiones y todo lo que ellos tengan que manifestar en audiencia, de ahí su importancia, porque dentro del derecho social agrario, ahora agroambiental, se toma en cuenta la opinión de las personas involucradas en el juicio, integradas principalmente por personas del campo, indígenas, originarios o campesinos, quienes normalmente se sienten ignorados porque tienen algún tipo de temor por no poder expresarse adecuadamente. El justiciable tiene el derecho de ser oído directamente en audiencia y conocer a la autoridad judicial que va a decidir sobre el asunto que está en controversia, que en ocasiones, es lo más importante de su vida. En la audiencia oral, se siente con toda libertad de expresar sus pretensiones y en su idioma que facilita su exposición, de esa manera, el juzgador puede tener la oportunidad de llegar al conocimiento de la verdad de los hechos. En Bolivia, conforme a la Constitución Política del Estado, existen treinta seis idiomas oficiales de los pueblos Indígena Originario Campesinos. Lo importante es que el justiciable, se exprese en su lengua y que esa lengua sea traducida mediante un intérprete al idioma español y que esa expresión de su sentir la podamos tomar en cuenta como ellos la sienten. Que tengan la oportunidad de expresarse libremente, y el traductor sea confiable, y que nos transmita el verdadero sentir de las personas que acuden ante los juzgados agroambientales. Desde el año 1996 cuando se crean los juzgados agrarios, recién a partir del año 2000 se piensa en la oralidad como instituto, con el objetivo de hacerles a los justiciables más accesible la justicia y más inmediata posible, es por eso que, la oralidad no resulta nueva en el ámbito de la justicia agroambiental, día a día, en cada uno de los 57 juzgados agroambientales, se llevan a cabo audiencias orales en donde las partes expresan oralmente sus pretensiones. El juez escucha a las partes sus problemas, inquietudes, sus pretensiones y posteriormente después de escucharlos, levanta un acta resumida de todo lo actuado en la audiencia, en el que se quedan plasmadas todas esas pretensiones e inquietudes que las partes hayan planteado, también realiza una grabación audio visual, porque no se puede quedar solo en la oralidad, y estas también quedan plasmadas en forma escrita en el expediente y en el archivo audiovisual. En esas condiciones, los principios de oralidad e inmediatez van de la mano juntos, se complementan totalmente uno con el otro, no podría surgir uno sin el otro, porque es la autoridad judicial quien va a encarar la solución del problema. No es lo mismo que una autoridad judicial dicte una sentencia cuando le entregan un expediente del proceso en el escritorio, en el que va a ver fríamente lo que puede indicar un documento, un acta, etc., que cuando está en contacto directo con los justiciables, escuchar sus pretensiones, su interés en los agravios, en lo posible, amplia el juicio, el criterio, los puntos del análisis, la evaluación de todas las pruebas y la visión de la autoridad judicial para llegar a la verdad de los hechos. Otra de las bondades de la oralidad en los juicios agroambientales, es la obligación que tiene la autoridad judicial de promover la conciliación como una actividad procesal, para que las partes contendientes en el proceso puedan lograr conciliar sus intereses, a través de un convenio en el mismo acto de audiencia, donde se suscriba, se apruebe y homologue inmediatamente mediante un auto definitivo, como otro mecanismo de solución de la controversia. Así mismo, como una respuesta a la preocupación de la población boliviana en la problemática de administración de justicia sobre el acceso a una justicia pronta, oportuna y exenta de onerosidad, es la implementación progresiva de las labores de Itinerancia, como política institucional del Tribunal Agroambiental, que tiene el interés de acercar la justicia agroambiental a la población del campo alejada de los asientos judiciales, a los lugares donde no existen juzgados agroambientales, en el que también prima el principio de oralidad, principalmente en los procedimientos de conciliación que se promueven ante los juzgados agroambientales itinerantes.
Lista de Entrevistas Realizados
Dr. Esteban Miranda Teran
ENTREVISTA CON EX PRESIDENTE DE LA JUDICATURA AGRARIA DR. ESTEBAN MIRANDA, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
1. ¿Qué opinión tiene sobre el juicio oral agroambiental determinado de conformidad al Art. 79, 80, 81 de la Ley 1715? R.- En cuanto al juicio oral agroambiental determinado por la Ley 1715, es un
1. ¿Qué opinión tiene sobre el juicio oral agroambiental determinado de conformidad al Art. 79, 80, 81 de la Ley 1715? R.- En cuanto al juicio oral agroambiental determinado por la Ley 1715, es un sistema procesal que se ha incorporado en las corrientes modernas, para llevar adelante todas las controversias que tienen las personas; sobre todo en materia agraria. Cuando dio inicio o se concibió este sistema procesal, ya hace bastantes años, la razón fue resolver de manera, rápida y urgente, los problemas agrarios, ya que la actividad agraria no puede esperar, es de atención prioritaria la productividad, por lo tanto a mí me parece muy adecuado este sistema procesal; sin embargo, de sostenerlo hay que mejorarlo, crear doctrina, para que todos los usuarios del servicio judicial agroambiental, puedan estar muy compenetrados en la forma como el Tribunal Agroambiental está desarrollando a través de sus numerables juzgados agroambientales, la atención de procesos y sobre todo como el tribunal Agroambiental está creando jurisprudencia. 2. ¿Qué nos puede decir sobre el principio procesal de la oralidad y el principio de inmediación de los juicios agroambientales? R.- Son dos principios muy importantes, en estos sistemas de juicios por audiencia, la oralidad, permite a los sujetos procesales, asistidos por sus abogados, profesionales técnicos, el encaramiento de las controversias, de las pretensiones, de la forma más abierta, más extensa posible, que permita al juez tomar conocimiento en sitio, en el lugar, además directamente con los actores. El principio de inmediación que es consustancial a la oralidad, permite que los sujetos procesales no estén intermediados por ninguna persona, ni por ninguna circunstancia; sino que tengan la relación directa con el juez o el juez con los sujetos justiciables, este es el principio de inmediación de tal manera que en aplicación de este principio se pueden transparentar todos los actos y además que los sujetos procesales, pueden tener la previsibilidad, incluso la seguridad de un resultado dado que participan sin la inmediación de ninguna persona, es decir una participación directa. 3. ¿Qué opinión le merece la concentración de los actos en el juicio oral agroambiental? R.- En el diseño de los sistemas procesales que se llevan por audiencias, todos los actos tienen que ser concentrados, hay un principio que es importante y que está relacionado, como es el principio de la eventualidad y que permite que los actos procesales estén concentrados y que se resuelvan varias peticiones, varias pretensiones, aun siendo contradictorias, de tal manera que entendiendo muy bien este principio de concentración, vamos a evitar que haya dilación en los procesos y en una o dos sesiones de la audiencia oral se pueda resolver toda la controversia. 4. ¿Qué opinión le merece la audiencia preliminar para poder sustanciar el juicio oral? R.- Es una técnica muy interesante, en el sistema escriturado, hemos estado mucho tiempo muy enraizados con plantear muchos incidentes y no entrar en el fondo de la controversia, entonces este sistema con dos audiencias, por decir de alguna manera, una preliminar y una que desarrolla el juicio propiamente, ayudan mucho a despejar todos los incidentes, a despejar todas las aristas, que tienen las controversias; es decir se resuelven los incidentes, se resuelve la posibilidad de una conciliación, se fija el objeto de la prueba, etc., de tal manera que una vez desarrollada esta audiencia preliminar, no hay más que entrar al fondo del asunto y debatir, discutir, analizar, hasta llegar a la sentencia por supuesto, desahogando toda prueba que sea pertinente para el caso que se proponga. 5. ¿La oralidad en los juicios agroambientales se constituye en un instrumento idóneo para efectivizar y garantizar la legalidad y la transparencia en los actos del juzgador? R.- Si, la oralidad a sustituido a lo escriturado aunque en nuestro sistema procesal y en esta materia, que es un procedimiento que a antecedido a los procedimientos que se están aplicando también en materia civil, el sistema permite que los asuntos que se sometan a controversia o más bien las controversias que se sometan a conocimiento de los jueces, ya no sean escriturados, sino solamente hasta la contestación a la demanda y luego el juez tiene que señalar la audiencia y una vez señalada la audiencia y notificadas las partes, el asunto tiene que concluir en la audiencia, con la emisión de la sentencia, entonces los abogados tienen que coadyuvar y compenetrase muy bien en las pretensiones de ambas partes, del demandante, del demandado y tienen que otorgarle todos los insumos a través de la pruebas que se desahogan en la audiencia a la autoridad judicial, para que esta autoridad en conocimiento de aquello tome la convicción y resuelva de la mejor manera la controversia con transparencia. 6. ¿Entonces la oralidad y la publicidad en los juicios agroambientales originan una cultura democrática al servicio de la sociedad? R.- Sin lugar a dudas, es una forma de que la sociedad pueda participar en estos eventos, y ya no existe más que los jueces puedan resolver entre cuatro paredes un asunto, sino están en aplicación del principio de inmediación con este sistema de oralidad, es decir de la expresión verbal de todos los asuntos, de los cuales por supuesto que hay que registrar lo más sustancial o importante en un acta, de manera que esto permite la transparencia, la publicidad y también da la certeza a los ciudadanos, sujetos procesales y sobre todo a los sectores agropecuarios tanto de la empresa, pequeños productores e indígenas campesinos que tienen que confiar en la justicia agroambiental. 7. ¿La oralidad entonces se convierte en una de las estrategias más importantes para hacer frente a la mora judicial? R.-En general la estructura del proceso oral, tiene principios para su desarrollo, el principio de inmediación, el principio de eventualidad, el principio de servicio a la sociedad, el principio de publicidad y el principio de gratuidad, estos principios que son parte del proceso que se lleva adelante en audiencias y procesos de manera verbal, para mí, es el sustento principal que modifica un sistema escriturado a un sistema de juicios con audiencias orales. En consecuencia, el principio de la oralidad para mí, es uno de los principios más importantes en la justicia agroambiental.
Procesos sobre los que se puede interponer Recursos de Casación
AAP S2 Nº 7/2018
“… debido a la carencia de expresión de agravios y técnica recursiva, conforme determina la ley, y a fin de no vulnerar los principios de igualdad y equidad procesal, ésta instancia de cierre se halla impedida de analizar y pronunciarse sobre el fondo del asunto; en consecuencia, corresponde aplicar lo previsto en el art. 220-I-4 del Cód. Procesal Civ. y art. 87-IV de la Ley N° 1715 en relación al art. 274 del adjetivo civil, aplicable a la materia por el régimen supletorio del art. 78 de la Ley N° 1715”. Sentencias confirmadoras de línea: AAP S1 Nª 33/2018 y AAP SA Nª 42/2018.
Sentencia : AAP S2 Nº 7/2018
Procesos Ejecutivos, su Naturaleza Jurídica y Trámite
AAP S1 Nª 46/2018
“… la autoridad jurisdiccional no efectuó el análisis de la demanda como uno de los requisitos indispensables para la tramitación de un proceso ejecutivo agroambiental y teniéndose en cuenta que la tramitación de un proceso ejecutivo no es contradictorio y tiene un procedimiento especial establecido en el Código de Procedimiento Civil y al tramitarlo la a quo como un proceso oral no aplico el art. 78 de la Ley N° 1715 (régimen de Supletoriedad), incumpliéndose de esa forma el rol de directora del proceso consagrado en el art. 87 del Cód. Pdto. Civ. y el deber impuesto a los jueces de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, conforme establece el art. 3 numerales 1) y 3) del citado Código Adjetivo Civil, vulnerando los principios de dirección previsto en el art. 76 de la L. Nº 1715…” Sentencia confirmadora de línea: ANA S2 Nª 30/2015.
Sentencia : AAP S1 Nª 46/2018
Procesos de Competencia en Áreas Urbanas
SAN-S1-0020-2018
“… se verificó que la Comunidad “Camiraya” se encuentra ubicada geográficamente en dos municipios Palca y Mecapaca, sin que exista disputa de límites entre los mismos, aspecto que también es considerado en el Informe en Conclusiones, siendo concluyente la Certificación GAMP/MAE/C/ No. 005/2016 de 17 de marzo de 2016 de fs. 888 de los antecedentes, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, que refiere que la Comunidad de “Camiraya” pertenece a la jurisdicción del municipio de Palca y se encuentra en el área rural del mismo; por lo expuesto, no se advierte que durante el proceso de saneamiento se hubieren evidenciado razones para tener los datos de la unidad político administrativa como información “por definir”, de acuerdo al art. 265-III del D.S. N° 29215, como sostiene el demandante; así también, se constata que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se apersonó a través de su representante al proceso de saneamiento, donde únicamente efectúa consideraciones en relación a que el INRA no debería sanear en área urbana o suburbana, sin expresar sin embargo alguna consideración que denote reivindicar para el municipio de La Paz, algún límite territorial que incluya a la Comunidad “Camiraya” y que por consiguiente tuviere conflicto de límites con el municipio de Palca. Por consiguiente tampoco se advierte que el INRA en el proceso de saneamiento en cuestión hubiere dirimido algún conflicto de límites político administrativos…”. Sentencias confirmadoras de línea: SCP 675/2014 SCP 2140/2012 y D.S. Nº 2960 (art. 11 D.S. 29215).
Sentencia : SAN-S1-0020-2018
Prevalencia del Título Ejecutorial
AAP S1 Nª 21/2018
“… se tiene que la Jueza de instancia identifica al Título Ejecutorial PPD-NAL-392199 de 10 de diciembre de 2014, debidamente registrado en Derecho Reales que acredita el derecho propietario del demandante y por su parte también identifica la Escritura Pública de transferencia de un lote de terreno sub urbano que realiza en su oportunidad el entonces Alcalde Municipal de Rurrenabaque a favor de la Cooperativa Eléctrica de Rurrenabaque, el mismo que también se encuentra registrado en Derechos Reales, concluyendo textualmente lo siguiente: “2.- Que los demandados realizaron actos de perturbación dentro de la propiedad San Jerónimo, presupuesto que ha sido demostrado por audiencia de inspección ocular del lugar, donde los demandados cuentan con documentación que respalde su invasión u ocupación de hecho demandado de avasallamiento. Medios probatorios que no demuestran los extremos referidos, conforme lo determinan los arts. 147, 148, 157 parag. II del C.P.C. y 1296 del C.C., No cumpliéndose así con el presupuesto exigido por el art. 5 de la Ley 477 que no reserva el derecho de propiedad del fundo San Jerónimo solo al propietario, que derive su derecho por la documentación presentada por la parte demandada que en su documentación demuestra y presenta transferencia, plano de propiedad urbana, derecho registrado en Derechos Reales”, sobre el particular llama la atención que por una parte se establezca con certeza quienes habrían realizado actos de perturbación, invasión u ocupación de hecho en el predio San Jerónimo para luego señalar que dicha actuación irregular estaría respaldada documentalmente, lo cual constituye una incongruencia, por lo que se procedió a la revisión exhaustiva de la prueba documental aparejada al proceso, de donde se tiene que el demandante cuenta efectivamente con el reconocimiento estatal y público del derecho de propiedad agraria sobre el predio “San Jerónimo” (fs. 17 a 19) consistente en el Título Ejecutorial PPD-NAL-392199 de 10 de diciembre de 2014 …”
Sentencia : AAP S1 Nª 21/2018
Interpretación de los artículos 398 y 99 de la Constitución Política del Estado, 5.000 has.
SAP-S1-0008/2018
“Se considera que al existir en Saneamiento, una valoración independiente para el derecho de posesión y para el derecho de propiedad, corresponde que el art. 399-I de la CPE sea aplicado en sentido de que los límites de la propiedad agraria zonificada no se aplican de ninguna manera para los predios adquiridos en propiedad o con antecedente agrario anteriores a la CPE y que respecto a la posesión, entendida ésta como aquella ejercida antes de la actual CPE y por tanto anterior a 1996, conforme a la ley agraria, corresponde que sea reconocida hasta un límite de 5000 ha, independientemente del que corresponde por propiedad; razonamiento que se halla acorde a una valoración integral de la Norma Constitucional, ya que ésta se fundamenta en el reconocimiento del derecho de propiedad sobre la tierra, siempre que cumpla la Función Social y Económico Social, en los términos del Art. 397 de la CPE.” Aspecto jurisprudencial, concordante con lo previsto en los parágrafos III y IV de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Nº 477. Sentencia confirmadora de línea SAP-S2-0017/2018.
Sentencia : SAP-S1-0008/2018
Nulidad de Documentos de Transferencia y Teoría de los Actos Propios
AAP S1ª Nº 20/2018
“… al actor no le asiste de ninguna manera, el derecho para demandar una nulidad provocada por sí mismo, no siendo óbice para sustraerse de su responsabilidad el “desconocimiento de la ley”, que en un Estado de Derecho es inadmisible, ya que se presume de pleno derecho el conocimiento de la ley, sin lugar a poder demostrar lo contrario, estando todo ciudadano obligado a su pleno acatamiento conforme lo establecen los arts. 14-V y 108 de la CPE. Auto confirmador de línea (AAP S1ª Nº 037/2018).
Sentencia : AAP S1ª Nº 20/2018
Legitimación Activa y la Irretroactividad de la Norma
SAN S1ª Nº 06/2018
“El instituto jurídico de la perpetuatio legitimationis o perpetuación de la legitimación, por medio del cual las partes que están legitimadas en el proceso mantienen esa legitimación, no obstante se produzcan cambios posteriormente que, de haberse dado antes de que se iniciara el proceso, habrían impedido que se presentara la demanda por falta de legitimación, es decir que, en el caso de sub lite, la resolución de la problemática planteada ha de efectuarse conforme a la situación de hecho y derecho en que estaban las partes y el objeto del proceso en el momento en que se constituyó la relación jurídica procesal, ello en virtud a que la falta de legitimidad activa en el Viceministerio de Tierras para la interposición de demandas contencioso administrativas y nulidad de Títulos Ejecutoriales, producto de la promulgación del D.S. N° 3467 de 24 de enero de 2018, no le priva del interés legítimo de su pretensión como parte actora, es decir que, se mantienen incólumes las condiciones objetivas y subjetivas existentes al momento en que se trabó la relación procesal entre partes, de manera que no son válidas las condiciones que modifican, en el caso la legitimidad activa del demandante Viceministerio de Tierras, que se produzcan con posterioridad a la constitución de la relación jurídica procesal conforme ya se tiene anotado, pues la circunstancia de la promulgación y vigencia del D.S. N° 3467 sólo afecta la legitimidad del demandante desde ese momento y no lo priva del interés legítimo de su pretensión. Sentencia hita.
Sentencia : SAN S1ª Nº 06/2018
Prevalencia del Título Ejecutorial en Demandas de Desalojo por Avasallamiento
AAP S1a Nº 11/2018
“… El Art. 213.I de la Ley Nº 439 que establece: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, y recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso”, por lo que la verdad material es un principio estructural, que debe ser observado por la autoridad judicial, según la previsión de los Arts. 134, 136.III de la Ley Nº 439, donde la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la facultad de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso. Por consiguiente, la autoridad judicial tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, aspecto que fue soslayado por los Jueces Agroambientales que ante los hechos denunciados y las pruebas aportadas tenía la obligación de requerir a las instancias llamadas por ley toda documentación necesaria que permita identificar o no, el posible avasallamiento, más cuando de por medio se advierte un Título Ejecutorial o un proceso de saneamiento suspendido y/o una Ordenanza Municipal que aprueba una urbanización”.. Auto confirmatorio de línea AAP S1a Nº 21/2018
Sentencia : AAP S1a Nº 11/2018
TIPOS DE MISCELANEA
ACTIVIDADES DE MAGISTRADOS
ACTIVIDADES JUZGADOS
MONITOREO DE JUZGADOS
Los magistrados del Tribunal Agroambiental rinde honores en el día del Mar, con fervor por un pronto retorno al océano pacífico.
Los magistrados del Tribunal Agroambiental compartiendo las costumbres ancestrales junto con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.
Compartiendo costumbres ancestrales con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en el Frontis del Tribunal Agroambiental
Rendición pública de cuentas del Tribunal Agroambiental, informe realizado por el Dr. Gregorio Aro Rasguido.
Firma de convenios interinstitucionales que favorecerán el desarrollo y mejor servicio del Tribunal Agroambiental.
El personal de los juzgados realizan las inspecciones y audiencias orales en el lugar del conflicto para acelerar la conclusión de los procesos
Monitoreo de los juzgados Agroambientales con presencia de los usuarios.
Monitoreo del trabajo del personal de los juzgados Agroambientales, labor realizada por magistrados en todos los distritos de Bolivia.
Monitoreo del trabajo jurisdiccional en los juzgados agroambientales, labor desarrollado por los magistrados del Tribunal Agroambiental a todos los distritos judiciales de Bolivia.
Trabajo de monitoreo de juzgados agroambientales en coordinación con delegados departamentales de cada distrito para mejorar de forma eficiente las labores de los juzgados.
Magistrada Dra. Terceros haciendo una presentación en audiencia publica de la competencia y labores de los juzgados Agroambientales.
Capacitación de personal de la jurisdicción Agroambiental, servicio desarrollado para el mejoramiento de los servicios para una mejor atención al usuario final.
Participación en las capacitaciones de otras instituciones para hacer conocer las competencias de la Jurisdicción Agroambiental.
Cursos de capacitación para jueces de la Jurisdicción Agroambiental.
Participación de los magistrados en los cursos de capacitación.
Visita de Universitarios a las instalaciones del Tribunal Agroambiental.
Funcionarios del Tribunal Agroambiental expresan su felicidad por la visita de los universitarios quienes reciben explicación de las competencias de la jurisdicción Agroambiental.
Funcionarios del Tribunal Agroambiental realizan la explicación de las funciones de la unidades funcionales de la Institución y la manera de tramitar a través de ventanilla única las causas de los litigantes.
Secretaria de Sala Segunda explica el papel de cumple esta oficina en la tramitación de las causas que conoce este Tribunal.
Los universitarios en su visita reciben una explicación de las competencias de la Jurisdicción Agroambiental, así mismo material que identifica al Tribunal Agroambiental
Juzgado : Punata
Juzgado : Quillacollo
Juzgado : Sacaba
Juzgado : Aiquile
Juzgado : Ivirgazama
Juzgado : Villatunari
Juzgado : Entre Rios
Juzgado : Cobija
Juzgado : San Borja
Juzgado : San Ignacio de Moxos
Juzgado : Santa Ana del Yacuma
Juzgado : Riberalta
Juzgado : San Joaquin
Juzgado : Magdalena
Juzgado : Tarija
Juzgado : San Lorenzo
Juzgado : Bermejo
Juzgado : La Paz
Juzgado : El Alto
Juzgado : Viacha
Juzgado : Caranavi
Juzgado : Inquisivi
Juzgado : Apolo
Juzgado : Sica Sica
Juzgado : Pucarani
Juzgado : Sucre
Juzgado : Azurduy
Juzgado : Padilla
Juzgado : Muyupampa
Juzgado : Machareti
Juzgado : Camargo
Juzgado : Camiri
Juzgado : Santa Cruz de la Sierra
Juzgado : Montero
Juzgado : Concepción
Juzgado : Samaipata
Juzgado : San Ignacio de Velasco
Juzgado : Vallegrande
Juzgado : Yapacani
Juzgado : Oruro
Juzgado : Huachacalla
Juzgado : Challapata
Juzgado : Curahuara de Carangas
Juzgado : Potosí
Juzgado : Uncia
Juzgado : Cotagaita
Juzgado : Colquechaca
Juzgado : San Pedro de Buena Vista
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Mgdo. Rufo Nivardo Vasquez Mercado
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