Source: https://juri-dileyc.com/juridi-news-38/
Timestamp: 2018-05-22 02:27:33
Document Index: 272493176

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 36', 'artículo 56', 'artículo 36']

Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 38 - JURI-DILEYC
Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 38
Posted by Juridi-NEWS | Jun 12, 2017 | Juridi-News | 0 |
EDICIÓN DEL LUNES 12 DE JUNIO DE 2017
En portada: el futuro de la defensa europea
Comunicaciones electrónicas: normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia
Fiscalidad: asimetrías híbridas con terceros países
Nuestra selección del DOUE (semana del 6 al 12 de junio de 2017)
Jurisprudencia TJUE: Ciudadanía de la Unión; Contratación pública; Espacio de libertad, seguridad y justicia; Libre circulación de personas; Libre prestación de servicios; Medio ambiente y consumidores
Lectura: La reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea y el progreso de la integración política (Francisco Balaguer Callejón)
Documento de reflexion sobre el futuro de la defensa europea
El 1 de marzo de 2017, la Comisión Europea presentó un Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Posteriormente se han publicado una serie de documentos de reflexión sobre cuestiones clave para el futuro de una Unión Europea a veintisiete Estados miembros. El documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea es el cuarto de esta serie.
Preocupaciones y exigencias de los ciudadanos
Es imprescindible reforzar la seguridad europea. Los Estados miembros llevarán las riendas del proceso. Ellos definirán y aplicarán el grado de ambición europea, con el apoyo de las instituciones de la UE. Las iniciativas que se encuentran en curso actualmente muestran claramente que los Estados miembros ya han tomado este camino. ¿Pero cuán rápido quieren los Estados miembros crear una auténtica Unión Europea de Seguridad y Defensa? ¿En qué medida están dispuestos a anticiparse al contexto estratégico, en lugar de reaccionar a él? ¿Hasta qué punto consideran que la seguridad europea es una responsabilidad europea?
Las viejas reservas son conocidas y es preciso superarlas. El futuro de la Unión Europea como proyecto de paz para las generaciones venideras reposa ahora también sobre la Unión de Seguridad y Defensa: con vistas a 2025, los Estados miembros decidirán el camino y la celeridad que consideren necesarios para proteger a nuestros ciudadanos.
Los elementos de una Unión Europea de la Seguridad y la Defensa
Reglamento (UE) 2017/920 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 531/2012 en lo que se refiere a las normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia
4. Las normas sobre las tarifas de la itinerancia al por mayor regulada establecidas en los artículos 7, 9 y 12 se aplicarán a la provisión de acceso a todos los elementos del acceso itinerante al por mayor mencionados en el apartado 3, a menos que ambas partes del acuerdo de itinerancia al por mayor acepten expresamente que la tarifa de itinerancia al por mayor media resultante de la aplicación del acuerdo no esté sujeta a la tarifa máxima de la itinerancia al por mayor regulada durante el período de validez del acuerdo.
6. La oferta de referencia a que se refiere el apartado 5 será lo suficientemente detallada e incluirá todos los elementos necesarios para el acceso itinerante al por mayor a los que se hace referencia en el apartado 3, y describirá las ofertas pertinentes para el acceso itinerante directo al por mayor y el acceso a la reventa de itinerancia al por mayor, así como las condiciones asociadas.
Dicha oferta de referencia podrá incluir condiciones destinadas a impedir la itinerancia permanente o un uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por mayor con fines distintos de la prestación de servicios regulados de itinerancia por proveedores de itinerancia a clientes durante los desplazamientos periódicos de estos dentro de la Unión. Cuando se especifiquen en una oferta de referencia, tales condiciones incluirán las medidas concretas que el operador de la red visitada podrá adoptar para impedir la itinerancia permanente o el uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por mayor, y los criterios objetivos sobre cuya base podrán adoptarse dichas medidas. Tales criterios podrán referirse a la información agregada sobre el tráfico itinerante. No se referirán a información específica relativa al tráfico individual de clientes del proveedor de itinerancia.
La oferta de referencia podrá establecer, entre otros puntos, que, cuando el operador de la red visitada tenga motivos razonables para considerar que se está produciendo la itinerancia permanente de una proporción significativa de los clientes del proveedor de itinerancia o un uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por mayor, el operador de la red visitada podrá exigir al proveedor de itinerancia que facilite, sin perjuicio de los requisitos nacionales y de la Unión en materia de protección de datos, información que permita determinar si una proporción significativa de sus clientes se encuentra en situación de uso permanente de la itinerancia, o si se da un uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por mayor a la red del operador visitado, como información sobre la proporción de clientes respecto de los cuales se haya podido constatar, sobre la base de indicadores objetivos conformes con las normas detalladas adoptadas en virtud del artículo 6 quinquies sobre políticas de utilización razonable, un riesgo de uso anómalo o abusivo de los servicios de itinerancia al por menor regulados prestados a la tarifa minorista nacional aplicable.
La oferta de referencia podrá establecer, como último recurso, cuando no se haya podido corregir la situación con medidas menos drásticas, la posibilidad de rescindir los acuerdos de itinerancia al por mayor, cuando el operador de la red visitada haya constatado según criterios objetivos que se está produciendo la itinerancia permanente de una proporción significativa de los clientes del proveedor de itinerancia o un uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por mayor, y lo haya comunicado al operador de la red de origen.
El operador de una red visitada podrá rescindir unilateralmente un acuerdo de itinerancia al por mayor por el uso permanente de la itinerancia, o por el uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por mayor únicamente previa autorización de la autoridad nacional de reglamentación del operador de la red visitada.
En el plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud presentada por el operador de la red visitada para la autorización de rescisión del acuerdo de itinerancia al por mayor, la autoridad nacional de reglamentación del operador de la red visitada deberá, tras haber consultado con la autoridad nacional de reglamentación del operador de la red de origen, decidir si concede o rechaza dicha autorización e informar a la Comisión en consecuencia.
Las autoridades nacionales de reglamentación del operador de la red visitada y del operador de la red de origen podrán solicitar por separado al ORECE que adopte un dictamen sobre las medidas que deben adoptarse de conformidad con el presente Reglamento. El ORECE adoptará su dictamen en el plazo de un mes a partir de la recepción de dicha solicitud.
Si se ha consultado al ORECE, la autoridad nacional de reglamentación del operador de la red visitada esperará al dictamen del ORECE, y lo tendrá en cuenta en la máxima medida posible antes de decidir, respetando el plazo de tres meses a que se refiere el párrafo sexto, si concede o rechaza la autorización de rescisión del acuerdo de itinerancia al por mayor.
La autoridad nacional de reglamentación del operador de la red visitada hará pública la información relativa a las autorizaciones para rescindir los acuerdos de itinerancia al por mayor respetando el secreto comercial.
Los párrafos quinto a noveno del presente apartado se entenderán sin perjuicio de las facultades de la autoridad nacional de reglamentación de exigir el cese inmediato de las infracciones de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 16, apartado 6, y del derecho del operador de la red visitada a aplicar medidas apropiadas para luchar contra el fraude.
En caso necesario, las autoridades nacionales de reglamentación impondrán modificaciones de las ofertas de referencia, también en lo que se refiere a medidas concretas que el operador de la red visitada podrá adoptar para impedir la itinerancia permanente o el uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por mayor, y los criterios objetivos sobre cuya base el operador de la red visitada podrá adoptar dichas medidas, a fin de dar efecto a las obligaciones establecidas en el presente artículo.
1. Con efectos a partir del 15 de junio de 2017, la tarifa media al por mayor que el operador de una red visitada podrá aplicar al proveedor de itinerancia por el suministro de una llamada itinerante regulada originada en dicha red visitada, incluyendo entre otras cosas los costes de su originación, tránsito y terminación, no sobrepasará un límite de salvaguardia de 0,032 EUR por minuto. Dicha tarifa máxima al por mayor se mantendrá, sin perjuicio del artículo 19, en 0,032 EUR hasta el 30 de junio de 2022.
2. La tarifa media al por mayor mencionada en el apartado 1 se aplicará entre todo par de operadores y se calculará sobre un período de doce meses o cualquier período más breve que pueda quedar antes de que finalice el período de aplicación de una tarifa media máxima al por mayor, según lo previsto en el apartado 1, o antes del 30 de junio de 2022.
3.La tarifa media al por mayor a que se refiere el apartado 1 se calculará dividiendo los ingresos totales de itinerancia al por mayor entre el total de minutos de itinerancia al por mayor realmente utilizados para el suministro de llamadas itinerantes al por mayor dentro de la Unión por el operador interesado en el período de que se trate, agregados por segundos ajustado para tener en cuenta la posibilidad de que los operadores de las redes visitadas apliquen un período mínimo de tarificación inicial no superior a 30 segundos.
1. Con efectos a partir del 15 de junio de 2017, la tarifa media al por mayor que el operador de una red visitada podrá aplicar al proveedor de itinerancia por el suministro de un mensaje SMS itinerante regulado originado en dicha red visitada no sobrepasará un límite de salvaguardia de 0,01 EUR por minuto y, sin perjuicio del artículo 19, se mantendrá en 0,01 EUR hasta el 30 de junio de 2022.
1. Con efectos a partir del 15 de junio de 2017, la tarifa media al por mayor que el operador de una red visitada podrá aplicar al proveedor de itinerancia por el suministro de servicios de datos itinerantes regulados por medio de dicha red visitada no sobrepasará un límite de salvaguardia de 7,70 EUR por gigabyte de datos transmitidos. Dicha tarifa máxima al por mayor se reducirá a 6,00 EUR por gigabyte el 1 de enero de 2018, a 4,50 EUR por gigabyte el 1 de enero de 2019, a 3,50 EUR por gigabyte el 1 de enero de 2020, a 3,00 EUR por gigabyte el 1 de enero de 2021 y a 2,50 EUR por gigabyte el 1 de enero de 2022, y, sin perjuicio del artículo 19, se mantendrá en 2,50 EUR por gigabyte de datos transmitidos hasta el 30 de junio de 2022.
Las autoridades nacionales de reglamentación controlarán y supervisarán estrictamente a los proveedores de itinerancia que se acojan a los artículos 6 ter, 6 quater y 6 sexies, apartado 3.
2. Las autoridades nacionales de reglamentación y, en su caso, el ORECE harán pública la información actualizada relativa a la aplicación del presente Reglamento, en particular de los artículos 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 y 12, de tal manera que las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente.
4 bis. Cuando una autoridad nacional de reglamentación considere confidencial una información, de conformidad con la normativa de la Unión y nacional sobre secreto comercial, la Comisión, el ORECE y cualquier otra autoridad nacional de reglamentación correspondiente garantizarán dicha confidencialidad. El secreto comercial no impedirá el intercambio oportuno de información entre la autoridad nacional de reglamentación, la Comisión, el ORECE y cualquier otra autoridad nacional de reglamentación correspondiente a efectos de revisar, controlar y supervisar la aplicación del presente Reglamento.
Los litigios entre operadores de redes visitadas y otros operadores en relación con las tarifas aplicadas a los insumos necesarios para la prestación de servicios regulados de itinerancia al por mayor podrán remitirse a la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación competentes con arreglo al artículo 20 o 21 de la Directiva marco. En tal caso, la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación competentes podrán consultar al ORECE acerca de las medidas que deben tomarse de conformidad con la Directiva marco, las Directivas específicas, o el presente Reglamento, para resolver el litigio. Cuando se haya consultado al ORECE, la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación competentes esperarán al dictamen del ORECE antes de tomar medidas para resolver el litigio.
3. Además, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 15 de diciembre de 2018, un informe intermedio en el que se resuman los efectos de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, teniendo en cuenta los informes pertinentes del ORECE. La Comisión presentará, previa consulta al ORECE, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo cada dos años, acompañado, si procede, de una propuesta legislativa dirigida a modificar los precios mayoristas aplicables a los servicios regulados de itinerancia establecidos en el presente Reglamento. El primero de esos informes se presentará a más tardar el 15 de diciembre de 2019.
Tales informes bienales abarcarán, entre otros aspectos, la evaluación de:
a) la disponibilidad y calidad de los servicios, incluidos los alternativos a los servicios regulados de itinerancia al por menor de voz, SMS y datos, en particular teniendo en cuenta la evolución de las tecnologías;
b) el grado de competencia tanto en el mercado de itinerancia al por mayor como en el mercado al por menor, en particular la situación competitiva de los operadores pequeños, independientes o nuevos y los operadores de redes móviles virtuales, incluidos los efectos en la competencia de acuerdos comerciales y el nivel de interconexión entre los operadores;
c) la medida en que la aplicación de las medidas estructurales contempladas en los artículos 3 y 4, y, en particular, sobre la base de la información facilitada por las autoridades nacionales de reglamentación, del procedimiento de autorización previa establecido en el artículo 3, apartado 6, ha tenido resultado a la hora de desarrollar la competencia en el mercado interior de servicios regulados de itinerancia;
d) la evolución de los planes de tarifas al por menor ofertados;
e) los cambios en las pautas de consumo tanto de los servicios nacionales como de los servicios itinerantes;
f) la capacidad de los operadores de las redes de origen de mantener su modelo de tarificación nacional y la medida en que se han autorizado recargos excepcionales por itinerancia al por menor de conformidad con el artículo 6 quater;
g) la capacidad de los operadores de las redes visitadas de recuperar los costes, en los que incurran de modo eficiente, en la prestación de servicios de itinerancia al por mayor regulados;
h) el efecto de la aplicación de políticas de uso razonable por parte de los operadores de conformidad con el artículo 6 quinquies, incluida la constatación de incoherencias en la aplicación y ejecución de dichas políticas.
2. El artículo 9 bis también se aplicará a todas las entidades que sean tratadas como transparentes a efectos tributarios por un Estado miembro.
a) una entidad en la que el contribuyente detente directa o indirectamente una participación de al menos un 25 % en los derechos de voto o tenga derecho a percibir al menos un 25 % de los beneficios;
b) una persona física o una entidad que detente directa o indirectamente una participación de al menos un 25 % en los derechos de voto o en la propiedad del capital de un contribuyente o tenga derecho a percibir al menos un 25 % de los beneficios de dicho contribuyente.
A efectos de la aplicación de los artículos 9 y 9 bis:
c) se entenderá asimismo por “empresa asociada” una entidad que forme parte del mismo grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera que el contribuyente, una empresa en cuya gestión el contribuyente tenga una influencia significativa o una empresa que tenga una influencia significativa en la gestión del contribuyente.
a) una entidad de crédito o una empresa de inversión, con arreglo al artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o un gestor de fondos de inversión alternativos con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o una sociedad de gestión de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios, con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;
b) una empresa de seguros, con arreglo al artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;
c) una empresa de reaseguros, con arreglo al artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE;
d) un fondo de pensiones de empleo que se inscriba en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, salvo que un Estado miembro haya optado por no aplicar en parte o en su totalidad a dicho fondo la Directiva en cuestión con arreglo a lo dispuesto en su artículo 5, o el gestor de un fondo de pensiones de empleo contemplado en el artículo 19, apartado 1, de dicha Directiva;
e) un organismo de pensiones que gestione regímenes considerados sistemas de seguridad social contemplados en el Reglamento (CE) n.° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.° 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como cualquier persona jurídica establecida con el objeto de invertir en dichos regímenes;
f) un fondo de inversión alternativo gestionado por un gestor de fondos de inversión alternativos con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE o un fondo de inversión alternativo supervisado con arreglo a la normativa nacional aplicable;
g) los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE;
h) una entidad de contrapartida central con arreglo al artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo;
i) un depositario central de valores con arreglo al artículo 2, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.° 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo;
9) “asimetría híbrida”: una situación en la que esté implicado un contribuyente o, con respecto al artículo 9, apartado 3, una entidad cuando:
ii)pueda preverse razonablemente que el pago será incluido por la jurisdicción del destinatario en un período fiscal futuro y las condiciones del pago sean las que puede preverse que se acuerden entre dos empresas independientes;
n) “establecimiento permanente no computado”: cualquier mecanismo que se considere que da lugar a un establecimiento permanente con arreglo a la legislación de la jurisdicción de su sede de dirección y que no se considere que da lugar a un establecimiento permanente con arreglo a la legislación de la otra jurisdicción.
10) “grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera”: conjunto de entidades que están plenamente incluidas en los estados financieros consolidados elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera o con el sistema de presentación de información financiera de un Estado miembro;
11) “mecanismo estructurado”: mecanismo que implique una asimetría híbrida en la que la asimetría en resultados se tarifique en las condiciones del mecanismo o mecanismo diseñado para producir un resultado de asimetría híbrida, a menos que el contribuyente o una empresa asociada no pudiera haber esperado razonablemente conocer la asimetría híbrida y no compartiera el valor de la ventaja fiscal resultante de la asimetría híbrida.
b) cuando la deducción no se deniegue en la jurisdicción del ordenante, el importe del pago que, de otro modo, daría lugar a una asimetría en resultados se incluirá en concepto de renta en el Estado miembro que sea la jurisdicción del ordenante.
en relación con instrumentos financieros con componentes de conversión, recapitalización interna o de depreciación a nivel de la empresa matriz,
a un nivel necesario para satisfacer los requisitos de capacidad de absorción de pérdidas,
no como parte de un mecanismo estructurado, y
6. En la medida en que una transferencia híbrida esté concebida para producir una compensación por el impuesto retenido en la fuente sobre un pago derivado de un instrumento financiero transferido a más de una de las partes implicadas, el Estado miembro del contribuyente limitará el beneficio de tal compensación en proporción a la renta neta imponible en relación con dicho pago.
En la medida en que la deducción de un pago, unos gastos o unas pérdidas de un contribuyente que sea residente a efectos fiscales en dos o más jurisdicciones sea deducible de la base imponible en ambas jurisdicciones, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción cuando la otra jurisdicción permita que la deducción duplicada se compense con rentas que no son de doble inclusión. Si ambas jurisdicciones son Estados miembros, el Estado miembro en el que el contribuyente no sea considerado residente en virtud de un tratado de doble imposición entre los dos Estados miembros interesados denegará la deducción.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la Comisión evaluará la aplicación de los artículos 9 y 9 ter, y en particular las consecuencias de la exención prevista en el artículo 9, apartado 4, letra b), a más tardar el 1 de enero de 2022, y presentará al Consejo un informe al respecto.
5 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar para el 31 de diciembre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
El objetivo de la presente Directiva es mejorar la resiliencia del mercado interior en su conjunto frente a las asimetrías híbridas. Este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando por separado, dado que los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades son dispares y una acción independiente por parte de los Estados miembros no haría sino perpetuar la actual fragmentación del mercado interior en materia de fiscalidad directa. De este modo, persistirían las ineficiencias y falseamientos en la interacción de las distintas medidas nacionales, lo que a su vez daría lugar a una falta de coordinación. Debido a la naturaleza transfronteriza de las asimetrías híbridas y a la necesidad de adoptar soluciones que sean válidas para el mercado interior en su conjunto, ese objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión.
6 de junio de 2017: C 178
7 de junio de 2017: L 144; C 179
8 de junio de 2017: L 145; C 180; C 181
9 de junio de 2017: L 146; L 147; C 182; C 183; C 184; C 185
10 de junio de 2017: L 148; C 186
Decisión (UE) 2017/955 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2008/376/CE relativa a la aprobación del Programa de Investigación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero y a las directrices técnicas plurianuales de dicho Programa (DOUE L 144, 7 de junio de 2017)
Decisión (Euratom) 2017/956 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se adopta el Programa de Investigación Complementario del Reactor de Alto Flujo 2016-2019 que realizará el Centro Común de Investigación para la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DOUE L 144, 7 de junio de 2017)
Decisión (PESC) 2017/973 del Consejo, de 8 de junio de 2017, por la que se modifica la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX Kosovo) (DOUE L 146, 9 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/980 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la cooperación en las actividades de supervisión, las verificaciones in situ y las investigaciones, y para el intercambio de información entre las autoridades competentes de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 148, 10 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/981 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la consulta a otras autoridades competentes antes de la concesión de una autorización de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 148, 10 de junio de 2017)
Decisión (UE) 2017/971 del Consejo, de 8 de junio de 2017, por la que se determinan las disposiciones de planificación y ejecución de misiones militares no ejecutivas PCSD de la UE y por la que se modifican la Decisión 2010/96/PESC relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes, la Decisión 2013/34/PESC relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) y la Decisión (PESC) 2016/610 relativa a una Misión de Asesoramiento Militar PCSD de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUTM RCA) (DOUE L 146, 9 de junio de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/977 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2017) 3962] (DOUE L 146, 9 de junio de 2017)
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. La Abogado General Sharpston considera que, en las excepcionales circunstancias registradas en la crisis de los refugiados, los primeros Estados miembros ante los que se presentaron solicitudes de protección internacional son los responsables de su examen ( Conclusiones del Abogado General en los asuntos C-490/16,C-646/19, A.S.).
LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS. El Abogado General Tanchev considera que es incompatible con el Derecho de la Unión exigir a un trabajador que disfrute de vacaciones antes de que pueda determinar si tiene derecho a que sean retribuidas (Conclusiones del Abogado general en el asunto C-214/16, King).
MEDIO AMBIENTE Y CONSUMIDORES. El Tribunal de Justicia confirma que no pueden ser autorizadas varias declaraciones de propiedades saludables relativas a la glucosa (TJUE, Dextro Energy/Comisión, 8 de junio de 2017, C-296/16 P).
El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el Registro Civil de un Estado miembro deniegue el reconocimiento y la inscripción del apellido que un nacional de ese mismo Estado miembro haya adquirido legalmente en otro Estado miembro cuya nacionalidad también posea, y que corresponda a su apellido de nacimiento, basándose en una disposición del Derecho nacional que supedite la posibilidad de obtener tal inscripción, mediante declaración ante el Registro Civil, al requisito de que el mencionado apellido haya sido adquirido durante la residencia habitual en ese otro Estado miembro, salvo que existan en el Derecho nacional otras disposiciones que permitan el reconocimiento efectivo de ese apellido (TJUE, Freitag, 8 de junio de 2017, C‑541/15).
El artículo 2 y el artículo 23, apartados 2 y 8, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, y el articulo 34 TFUE, en relación con el artículo 36 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una cláusula del pliego de condiciones de una licitación que, de conformidad con la normativa del Estado miembro al que pertenece el poder adjudicador, exige que los medicamentos derivados del plasma, objeto de la licitación controvertida, sean fabricados a partir de plasma extraído en ese Estado miembro (TJUE, Medisanus, 8 de junio de 2017, C‑296/15).
El artículo 56 TFUE y el artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece un régimen nacional de exención fiscal, en la medida en que éste, si bien se aplica indistintamente a los rendimientos de los depósitos de ahorro constituidos en proveedores de servicios bancarios establecidos en Bélgica o en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, sujeta a condiciones el acceso al mercado bancario belga para prestadores de servicios establecidos en otros Estados miembros, extremo que incumbe comprobar al tribunal remitente (TJUE, Van der Weegen y otros, 8 de junio de 2017, C-580/15).
Resumen del libro: El gobierno económico de la Unión Europea debe ser más funcional desde el punto de vista de los resultados y favorecer el desarrollo del proyecto europeo sobre la base del reforzamiento de la solidaridad. Con ese planteamiento se realizaron los estudios que se incluyen en este libro, que se centran en el análisis de la gobernanza económica de la Unión Europea atendiendo a sus últimas reformas y a las necesidades futuras de revisión, orientadas a una mayor integración política. La relación dialéctica entre funcionalidad económica y solidaridad es habitual en los Estados con pluralismo territorial, en los que se utilizan diversos criterios para conjugar ambas exigencias. Una Europa que aspire al nivel de integración que permita hacer frente a los retos que plantea la globalización, debe promover un gobierno económico que sea compatible con la construcción de un proyecto político democrático y social, coherente con nuestra cultura constitucional.
Editorial Aranzadi, S.A., 2017, 437 p., 62 €
ISBN: 978-84-9152-517-2
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