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Timestamp: 2017-06-26 13:55:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 61', 'artículo 41', 'artículo 21', 'artículo 28', 'artículo 263', 'artículo 16', 'artículo 81', 'artículo 7', 'artículo 125', 'artículo 105', 'artículo 27', 'artículo 105', 'artículo 101', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 42']

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En nuestra asesoría fiscal en Madrid en Madrid informamos a nuestros clientes de los siguientes aspectos:
Nuestra asesoría fiscal en Madrid ha analizado la Consulta Vinculante de la DGT, Consulta nº V1272/2016 de 29 marzo 2016 sobre la Deducción por Inversiones en Producciones Cinematográficas, así como sobre la imputación a los miembros de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) de las Bases Imponibles Negativas generadas por ésta.
Dicha consulta trata de aclarar a la consultante si las bases imponibles negativas generadas por la AIE son imputables a los socios. La Dirección General de Tributos considera que las bases imponibles y las bases de deducciones deberán ser imputadas a quienes ostenten los derechos económicos inherentes a la condición de socio el día de la conclusión del período impositivo de la AIE, siempre que sean residentes en territorio español, imputación que deberá realizarse a tenor de la proporción que resulte de la escritura de constitución de la agrupación.
En el presente caso, en la medida en la que como consecuencia de la ejecución por parte de la AIE de todo o parte de una producción extranjera en España se generen pérdidas contables que dan lugar a bases imponibles negativas, estas se imputarán a los socios de la AIE en los términos previamente descritos.
Por otro lado, la consultante cuestiona sobre el derecho de la AIE a la deducción establecida en el artículo 36.1 de la LIS “Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al productor a una deducción:
a) Del 20 por ciento respecto del primer millón de base de la deducción.
b) Del 18 por ciento sobre el exceso de dicho importe.
En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este apartado se determinarán, para cada coproductor, en función de su respectivo porcentaje de participación en aquella.…”.
La DGT contesta diciendo que en la medida en la que la AIE cumpla los requisitos para tener la consideración de productor y la producción tenga la consideración de española, la AIE podrá imputar a sus socios la base de la deducción prevista en el artículo 36.1 de la LIS. A estos efectos, al tener la AIE la consideración de coproductor deberá tomarse en consideración su porcentaje de participación en la producción. No obstante, se trataría de circunstancias de hecho que deberían ser probadas por cualquier medio de prueba admitido en Derecho ante los órganos competentes en materia de comprobación de la Administración Tributaria.
Y, por último, si la ejecución en España por la AIE de toda o parte de la coproducción, les dará derecho a obtener los beneficios fiscales establecidos en el artículo 36.2 de la LIS “Los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho una deducción del 15 por ciento de los gastos realizados en territorio español, siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros.
El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción”.
Respondiendo la DGT que para que pueda aplicarse la deducción transcrita, la producción ejecutada en España por el productor inscrito en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debe ser extranjera. Por tanto, en la medida en la que la producción haya recibido la calificación de española en los términos descritos en el apartado 2 de la presente consulta, la misma ya no tendrá la consideración de extranjera, incumpliéndose así uno de los requisitos para generar el derecho a la citada deducción.
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Nuestra asesoría fiscal en Madrid informa a sus clientes sobre los pagos fraccionados y las obligaciones que tienen las Agrupaciones de Interés Económico.
Nuestra asesoría fiscal en Madrid analiza las obligaciones que tienen las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) de realizar pagos fraccionados y de retener.
Las AIE están sujetas al Impuesto sobre Sociedades, por lo tanto, están obligadas a realizar pagos fraccionados, excepto cuando todos sus socios sean residentes en territorio español. En este sentido se define el artículo 43.1 a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, “A las agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, se aplicarán las normas generales de este Impuesto con las siguientes especialidades: a) Estarán sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la aplicación de esta Ley, a excepción del pago de la deuda tributaria por la parte de base imponible imputable a los socios residentes en territorio español”, es decir, estas entidades no deberán realizar pagos fraccionados cuando sólo esté integradas por socios residentes en territorio español.
Ahora bien, si la AIE optase por aplicar la modalidad de pago fraccionado establecida en el artículo 40.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, es decir, calculando el pago fraccionado sobre la base imponible hasta marzo, septiembre y noviembre, no podrá incluirse la parte de la base imponible imputable a los socios residentes en territorio español o no residentes con establecimiento permanente en España.
En cuanto a la obligación de retener o ingresar a cuenta por los rendimientos exigibles entre la Agrupación de Interés Económico española o europea y sus socios, el artículo 61 j) del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, deja claro que no existe obligación de retener ni de ingresar a cuenta.
Según el artículo 41 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, “serán deducibles de la cuota íntegra: a) Las retenciones a cuenta. b) Los ingresos a cuenta. c) Los pagos fraccionados. Cuando dichos conceptos superen la cantidad resultante de practicar en la cuota íntegra del Impuesto las bonificaciones y las deducciones que resulten de aplicación al contribuyente por este Impuesto, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso”. En el caso de las AIE, como éstas no deben tributar por la parte de base imponible de los socios residentes en territorio español, no podrán obtener tampoco devoluciones provenientes de las retenciones e ingresos a cuenta por esa parte de la base imponible.
Así también, la Agrupación de Interés Económico, al finalizar cada ejercicio, deberá establecer qué socios no tienen residencia en territorio español a la hora de calcular el pago fraccionado. Leer más
Nuestra asesoría fiscal en Madrid ha realizado un análisis sobre las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE) dado que se trata de una figura jurídica muy interesante para favorecer las relaciones económicas transfronterizas entre los países de la UE.
Las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE), reguladas por el Reglamento de la UE CEE/2137/85, tratan de favorecer el desarrollo de actividades de entidades de la UE a través de la cooperación entre ellas, creando mediante este mecanismo un marco jurídico apropiado para favorecer sus relaciones. Las reglas que definen sus constitución, organización y amparo de terceros son las siguientes:
El objeto de la AEIE es el de favorecer y potenciar las actividades económicas de los miembros que la componen, a través de la puesta en común de sus conocimientos, experiencia y medios materiales, para alcanzar mejores resultados.
Las AEIE podrán estar formadas por sociedades, entidades privadas o públicas, así como personas físicas, siempre que lleven a cabo actividades en la UE.
Las AEIE no tendrán la obligación de constituirse mediante la aportación de capital social por parte de cada uno de sus miembros.
La AEIE deberá estar compuesta, de dos miembros, por lo menos.
Limitación del número de empleados a 500.
Deberá tener dos órganos, uno conformado por todos sus miembros actuando de forma colegiada y otro formado por sus administradores o administrador, siendo estos últimos los que representarán a la AEIE.
La AEIE no podrá poseer, directa o indirectamente, ninguna participación o acción, en una empresa miembro.
Los beneficios que obtenga la AEIE serán distribuidos entre sus miembros en proporción a su participación.
Las Agrupaciones Europeas de Interés Económico están vinculadas al régimen de transparencia fiscal, según el artículo 21 del Reglamento de la UE CEE/2137/85 del Consejo que regula las Agrupaciones Europeas de Interés Económico, lo que significa que los resultados obtenidos por la AEIE deberán tributar en el país al que pertenezca cada socio, según la normativa tributaria de cada uno.
Ahora bien, los socios personas jurídicas de la AEIE residentes en España, deberán añadir a su base imponible del Impuesto sobre Sociedades, la parte proporcional de la base imponible obtenida por la AEIE, tanto si esta base es positiva, como si resultase negativa. Pero los socios no residentes en España están obligados a tributar por el Impuesto sobre la Renta de No residentes cuando realicen la actividad en España a través de un establecimiento permanente (EP), debiendo estos tributar por todas las rentas que se le puedan atribuir, independientemente del lugar en el que se obtengan. En el caso de que no existiese establecimiento permanente, la base imponible que se atribuirá al socio no residente, no se considerará obtenida en España, independientemente de que exista Convenio de Doble Imposición Internacional con España, debiendo tributar los beneficios distribuidos por la Agrupación Europea de Interés Económico, por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
En nuestra asesoría fiscal en Madrid en Madrid informa a sus clientes sobre el tratamiento contable que da la normativa vigente a las Agrupaciones de Interés Económico.
La AIE deberá cumplir con los preceptos establecidos los artículos 25 al 41 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio, con los del Título VII de la Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como los del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Pan General de Contabilidad, por su condición de entidad con personalidad jurídica y carácter mercantil.
El artículo 28 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico establece la obligación de llevar una contabilidad diferenciada con el objeto de evitar que se produzca una confusión entre el patrimonio de la AIE y sus socios, así como con el objetivo de que quede constancia de las relaciones que mantengan los socios con la AIE a la que pertenecen.
En este sentido, las AIE están obligadas a la llevanza de los libros contables legalizados en el Registro Mercantil, es decir, el libro de inventarios y cuentas anuales y el libro diario. Los citados libros, así como la documentación y justificantes, se deberán conservar durante 6 años, contados desde el último asiento realizado en los libros, llegando incluso a ser de 10 años, el plazo de conservación de los libros, cuando se den la circunstancias establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Estos libros contables podrán examinarse mediante un análisis general cuando se produzca sucesión universal, concurso de acreedores, liquidaciones, expedientes de regulación de empleo, así como cuando los socios o representantes de los trabajadores tengan derecho al examen directo de éstos. El análisis parcial de los libros se llevará a cabo por las personas que tengan interés en el asunto, limitándose sus análisis a los aspectos relacionados con la cuestión planteada.
La obligación de auditoría de las AIE es la misma que la que se aplica en el resto de tipos societarios, en este sentido, según establece el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, la obligación de auditar se produce cuando durante dos ejercicios consecutivos a la fecha de cierre de cada ejercicio se cumplan al menos dos de las circunstancias siguientes:
a. Que el total del activo no sea mayor a los 2.850.000 euros
b. Que el importe neto de la cifra de negocios no sea superior a los 5.700.000 €
c. Que el número medio de trabajadores empleados en el ejercicio no sea superior a 50 trabajadores
LAS AGRUPACIONES DE INTERES ECONÓMICO DESDE EL PUNTO DE VISTA MERCANTIL
Nuestra asesoría fiscal en Madrid informa a sus clientes sobre los aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de constituir una Agrupación de Interés Económico (AIE) desde el punto de vista mercantil.
Las AIE son sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia cuyo objeto es el desarrollo de una actividad económica auxiliar a la que lleven a cabo sus socios, siendo necesario que esta actividad sea empresarial, agrícola o artesanal, no lucrativa de investigación o profesional.
Este tipo de entidades no podrán participar en las sociedades que la integren, no pudiendo ejercer el control directo o indirecto en las actividades de sus socios.
Los socios de las AIE pueden ser personas físicas o jurídicas, requiriéndose que en la escritura de constitución de la AIE se establezca el capital social que posea, pudiendo, incluso constituirse sin capital social, es decir, mediante aportaciones de los socios para llevar a cabo determinadas actividades, es decir, en este caso, el socio está aportando sus experiencia, conocimientos técnicos, etc., aunque sí deberá existir una valoración del porcentaje de su pertenencia a la sociedad, la cual será fundamental a la hora de determinar su participación en los resultados de la AIE, sin que éstas deban ser consideradas capital social. Es decir, se trata de un socio sin una valoración económica, puesto que no ha llevado a cabo ninguna aportación. Cuando la AIE tenga capital social, las aportaciones de sus socios corresponderán a un porcentaje en el capital social y en los intereses de la sociedad. En este sentido, la participación de socios en la AIE se corresponde con la cuota en el capital que le corresponde a éste, la cual se deberá enunciar numéricamente, el porcentaje y la cantidad en euros de dicha participación, en los casos en los que exista capital social. En conclusión, la participación debe ser independiente al número de votos que tenga cada socio, siendo la participación el elemento que se tiene en cuenta a la hora de determinar la responsabilidad frente a la AIE y al resto de los socios, siendo frente a terceros responsable subsidiario de la AIE.
El artículo 16.1.6º del Código de Comercio establece el Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción de las AIE. Así también, tanto el artículo 81.1.f del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, como el artículo 7 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, regulan la obligatoriedad de inscripción en el Registro Mercantil de las AIE.
Los órganos de la AIE son el de administración, mediante un administrador o mediante un consejo de administración y el de la asamblea de socios. LA AIE debe tener incluir en la escritura de constitución el o los administradores nombrados por los socios, los cuales deberán representar a la AIE. El administrador puede ser una persona física o una persona jurídica, debiendo ser dedignada a una persona natural el representante del administrador persona jurídica. La asamblea de la AIE está habilitada para tomar las medidas necesarias encaminadas a su correcto funcionamiento, la aprobación de las cuentas, el nombramiento y la revocación de los cargos, etc. Así mismo, en la escritura de constitución de la AIE se podrán regular las normas sobre el nombramiento del presidente y el secretario de la asamblea.
Definición y características de la Agrupación de Interés Económico (AIE).
Las Agrupaciones de Interés Económico son entidades asociativas cuyo principal objeto es favorecer la cooperación entre empresas, así como prestar una asistencia auxiliar a los socios que la componen, facilitándoles el desarrollo de su actividad y la mejora de sus resultados, sin que sus socios pierdan su independencia. Es decir, las AIE no tienen ánimo de lucro, aunque si persiguen el interés de sus socios
Se caracterizan por tener personalidad jurídica propia y carácter mercantil, pudiendo ser sus socios tanto personas físicas como jurídicas.
Esta figura jurídica es utilizada, a menudo, por las importantes ventajas, desde el punto de vista tributario, contable y mercantil, que ofrece su constitución.
Las AIE están reguladas por la Ley 12/1991 de Agrupaciones de Interés Económico, por el Reglamento de la UE CEE/2137/85 del Consejo que regula las Agrupaciones Europeas de Interés Económico y supletoriamente por el Reglamento del Registro Mercantil en sus artículos 264 a 269, el artículo 125 y siguientes del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio, así como por la Ley de Sociedades de Capital.
Diferencias entre la AIE y la UTE
Las principales diferencias que presenta la AIE con la UTE (Unión Temporal de Empresas) son las siguientes:
a) La AIE tiene personalidad jurídica, mientras que la UTE no, pues que se trata de un mero pacto asociativo.
b) La AIE posee un administrador designado mediante asamblea, mientras que la UTE un gerente con los poderes que le facilitan sus miembros.
c) La AIE debe tener como objeto una actividad auxiliar a la de sus miembros, mientras que la UTE tiene la misma actividad que los asociados que la crean.
d) La AIE tiene una vida indeterminada, mientras que la UTE de 10 años como máximo.
Imputación a los socios de las agrupaciones de interés económico
Nuestra asesoría fiscal en Madrid informa a sus clientes sobre las partidas que se deberá asignar a los socios de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE).
Las AIE no están obligadas al pago de la deuda tributaria por el Impuesto sobre Sociedades, aunque si estén obligadas a su presentación, es decir, las bases imponibles, las deducciones, las bonificaciones y los pagos a cuenta correspondientes a la AIE, se trasladarán a los socios en función a su participación en la AIE.
Las bases imponibles se trasladarán a los socios que residan en territorio español, así como a los no residentes que cuenten con un establecimiento permanente en nuestro país.
Se deberá atribuir a los socios residentes y a los socios no residentes con establecimiento permanente:
Los gastos financieros netos no deducidos por la AIE, no pudiendo deducirse los gastos financieros netos atribuidos a sus socios.
La reserva de capitalización que no se haya aplicado por la AIE en el periodo impositivo, es decir, la cantidad no aplicada correspondiente a la reducción en la base imponible del 10 % del incremento en los fondos propios, debiendo el importe del incremento de los fondos propios permanecer 5 años, desde que se produjo el cierre del periodo impositivo al que se aplicó la reducción, excepto en el caso de que existiesen pérdidas contables en la AIE, así como dotarse una reserva correspondiente al importe de la reducción, la cual deberá figurar en el balance de forma separada y con su nombre correspondiente. Esta reserva será indisponible durante el plazo de 5 años, no pudiendo ser aplicada por la entidad la cantidad atribuida a los socios, excepto cuando el socio sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En los casos en los que la base imponible sea insuficiente para poder aplicar la reducción correspondiente, los importes pendientes de aplicación se podrán aplicar en los 2 periodos impositivos siguientes al cierre del periodo impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción, añadida a la reducción que pudiese corresponder al periodo impositivo con de derecho a la reducción. En cuanto al cálculo del incremento de los fondos propios, éste se deberá calcular mediante la diferencia positiva entre los fondos propios al cierre del ejercicio, sin considerar el resultado del ejercicio en cuestión y los fondos propios existentes al inicio de dicho ejercicio, sin tener en cuenta los resultados del ejercicio anterior. Este incremento no tendrá en cuenta como fondos propios al principio y al final del periodo impositivo, las aportaciones de los socios, las ampliaciones de capital, los fondos propios por compensación de créditos, las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de reestructuración, las reservas legales o estatutarias, las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, los fondos propios correspondientes a la emisión de instrumentos financieros compuestos, los fondos propios correspondientes a variaciones en activos por impuesto diferido como consecuencia la disminución o aumento del tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades. No se podrán tener en cuentas las anteriores partidas a la hora de establecer el mantenimiento del incremento de los fondos propios de cada periodo.
Las bases imponibles positivas, disminuidas o aumentadas en la reserva de nivelación establecida en el artículo 105 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, “Las entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 101 de esta Ley en el período impositivo y apliquen el tipo de gravamen previsto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 29 de esta Ley, podrán minorar su base imponible positiva hasta el 10 por ciento de su importe. En todo caso, la minoración no podrá superar el importe de 1 millón de euros. Si el período impositivo tuviera una duración inferior a un año, el importe de la minoración no podrá superar el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del año.” o las negativas, no pudiendo se compensables por la entidad que las generó las bases imponibles negativas imputadas a sus socios. La reserva de nivelación de bases se añadirá, a la base imponible de la agrupación de interés económico.
Las bases de las deducciones y de las bonificaciones en la cuota a las que tenga derecho la entidad, se integrarán en la liquidación de los socios, disminuyendo la cuota que corresponda por aplicación de la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
Las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan a la entidad.
Deducibilidad fícal de los gastos financieros
Nuestra asesoría fiscal en Madrid informa a sus clientes de las limitaciones que tienen a la hora de deducir los gastos financieros provenientes de sus operaciones financieras.
En este sentido, el artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades establece esta limitación a la deducibilidad de los gastos financieros netos al 30 % del beneficio operativo (beneficio más ingresos financieros por dividendos o participaciones en entidades participadas al menos en un 5 % o que el valor de la participación sea superior a 20 millones, sin amortizaciones, sin subvenciones de inmovilizado, sin deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado del ejercicio objeto de aplicación).
Se podrán deducir los gastos financieros netos del período impositivo hasta 1 millón de euros, pudiendo deducirse en los periodos impositivos posteriores los gastos financieros netos que no se hayan deducido en el periodo impositivo, junto con los del periodo a liquidar.
Por su lado, el artículo 15 h) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que los gastos financieros de deudas con entidades del grupo devengados en el período impositivo, para la adquisición, las aportaciones en el capital o en los fondos propios de otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier entidad, excepto cuando se acrediten motivos económicos válidos para que se lleven a cabo dichas operaciones, es decir, serían deducibles gastos financieros que se destinasen, por ejemplo, a la restructuración de la situación financiera del grupo con el objetivo de reducir sus ratios de endeudamiento, mediante el fortalecimiento financiero a través de la obtención de nuevos recursos.
En cuanto a los préstamos participativos, el artículo 15 a) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, considera no deducibles fiscalmente aquellos gastos que supongan una retribución de los fondos propios por aquellas entidades que formen parte del grupo, según el artículo 42 del Código de Comercio, teniendo que tributar sus intereses como retribución de los fondos propios, dejando no pudiendo ser considerados gasto deducible.
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