Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00567-de-marzo-25-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_13cacec3a4c90268e0530a0101510268&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-18 17:58:48
Document Index: 415175923

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 1625', 'artículo 1617', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 115']

﻿ Sentencia 2003-00567 de marzo 25 de 2015
SENTENCIA 2003-00567 DE 25 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:CONTROVERSIA CONTRACTUAL. CUANDO UNA DISPOSICIÓN CONTRACTUAL VIOLA LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, EL CONTRATO SURGE, TOTAL O PARCIALMENTE, VICIADO DE NULIDAD ABSOLUTA. ASÍ, LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES QUE OBLIGABAN A UN CIUDADANO A CEDER, GRATUITAMENTE Y DE MANERA FORZOSA, PARTE DE SU TERRENO A LA ADMINISTRACIÓN, CONSTITUYE UNA EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN QUE NO TIENE AMPARO EN LA CONSTITUCIÓN NI EN LA LEY, DE MODO QUE LAS ESTIPULACIONES ASÍ CONCEBIDAS ESTÁN VICIADAS DE OBJETO ILÍCITO, POR SER CONTRARIAS A NORMAS IMPERATIVAS DE ORDEN CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD ABSOLUTA, CESIÓN OBLIGATORIA GRATUITA, IMPUESTO PREDIAL, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Sentencia 2003-00567 de marzo 25 de 2015
Rad.: 250002326000200300567-01
Exp.: 30.687
Demandante: Luis Pardo Cárdenas
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de enero de 2005, por cuanto la cuantía del proceso, determinada por la pretensión de mayor valor, asciende a $470’067.000. Para la época de interposición de la demanda(1), eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos promovidos en ejercicio de la acción contractual cuya cuantía excediera la suma de $36’950.000(2), monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.
1. El 25 de octubre de 1999, fue suscrito, entre el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y el señor Luis Pardo Cárdenas, un documento que las partes llamaron “Contrato para la entrega de bienes inmuebles necesarios para la prolongación de la Avenida Boyacá”, a través del cual el primero se obligó a adelantar los trámites para obtener los recursos necesarios con el fin de adquirir el predio de propiedad del segundo (fl. 40, cdno. 2).
El inmueble, en mayor extensión, está ubicado en la “Transv. 66 Nº 148/32, int. 17 (lote A) (sic) Cédula Catastral 145 /53C28 (sic) Área (sic) Requerida (sic) de Terreno (sic) para la obra 8.068,27M2, Área (sic) de Construcción (sic) No existe (sic) Área (sic) Total (sic) del predio 44.768.31 Matrícula (sic) inmobiliaria 50N20019850” (ibídem).
El parágrafo de la cláusula segunda del mencionado documento, dice (se transcribe como aparece a folio 409, cdno. 2):
“Como quiera que las normas que consagran la cesión gratuita del 7% se encuentran vigentes (art. 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990) y por tanto son de obligatorio cumplimiento, el propietario hará cesión gratuita mediante escritura pública al Distrito Capital de un área de 3.133,78M2. Teniendo en cuenta que el área requerida para la obra es de 8.068,27M2, se habrá de adquirir la diferencia, es decir 4.934.49M2. En todo caso se entregará por el(la) propietario(a) la totalidad de las áreas necesarias para la obra en los términos que se señalan en este contrato. La determinación del área correspondiente al 7% se hará al momento de realizar la minuta de compraventa que transfiera la propiedad del inmueble al IDU”.
2. El 14 de julio de 2000 fue entregado el bien objeto de la negociación, con un área afectada de 8.068.27 m², según consta en el acta de recibo STAP-3400-028 (fl. 67, cdno. 2), suscrita por un funcionario del IDU y el señor Luis Pardo Cárdenas.
3. Para concretar parte de lo pactado en el documento al cual se hizo alusión en los párrafos anteriores, el 26 de diciembre de 2000 el IDU y el señor Luis Pardo Cárdenas otorgaron en la Notaría 59 del Círculo de Bogotá la escritura pública 2685, en la cual el segundo de los mencionados manifestó (se transcribe como aparece consignado en la cláusula primera —objeto—, fl. 14, vto., cdno. 2):
“Que transfiere al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, a título de venta, con destino a la obra Prolongación de la Avenida Boyacá entre calle 138 y 170 – Av. San José, a favor del Instituto de Desarrollo Urbano,el derecho de dominio que ejerce sobre una zona de terreno de ocho mil doscientos cuarenta y seis punto setenta y seis metros cuadrados (8.246.76M2) del inmueble ubicado en la Transversal 66 Nº 148-32 Interior 17 (lote A) identificado con la cédula catastral número 145/53 C 28 y folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20019850 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., zona norte...”.
El parágrafo primero de la cláusula segunda señala, en lo pertinente (se transcribe como aparece a folio 16, cdno. 2):
“El vendedor en cumplimiento del Acuerdo 6 de 1990, del Consejo Distrital de Bogotá, hará cesión gratuita al Distrito Capital de un área de tres mil ciento treinta y tres punto setenta y ocho metros cuadrados (3.133.78 mts 2), correspondiente al 7% del área total del predio de mayor extensión, distinguido en la nomenclatura urbana como la Transversal 66 Nº 148-32. El área de cesión gratuita y obligatoria debe ser transferida por la vendedora a la Defensoría del Espacio Público del Distrito Capital, por medio de Escritura Pública que se otorgará en un plazo que no podrá exceder de seis (6) meses contados a partir de la fecha de protocolización del presente instrumento público”.
El precio total y único del bien que se obligó a transferir el vendedor, a título de venta, fue de $766’947.000, según quedó estipulado en la cláusula tercera de la citada escritura (ver folio 17, vto., cdno. 2).
En la cláusula séptima quedó expresa constancia de que “...la zona de terreno fue entregada por El Vendedor al Instituto de Desarrollo Urbano, según consta en el Acta (sic) de Recibo (sic) SATP 3400–028 del 14 de julio de 2.000, cuya copia se protocoliza con el presente instrumento público” (fl. 18, vto., cdno. 2).
4. La compraventa, así concebida, fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20019850 (lote en mayor extensión), según consta en la anotación 2, del 9 de enero de 2001 (fls. 46 y 47, cdno. 2).
5. En la misma fecha, se dio apertura al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20347785, en cuya anotación 1 figura la venta hecha por Luis Pardo Cárdenas al Instituto de Desarrollo Urbano.
6. Posteriormente, el 8 de octubre de 2001, ante el Notario 59 del Círculo de Bogotá, el demandante y el demandado otorgaron la escritura pública 2221, con el objeto de ACLARAR la escritura pública 2685 del 26 de diciembre de 2000 transcrita, parcialmente, párrafos atrás (fls. 22 a 26, cdno. 2).
Las aclaraciones que resultan más importantes son (se transcribe como obra a folios 22 vto. y 23, cdno. 2):
“En la citada escritura pública se presentaron las siguientes inconsistencias:
“1. Que en la cláusula Primera correspondientes al Objeto se dijo que se transfería a título de venta el derecho real de dominio sobre una zona de terreno de ocho mil doscientos cuarenta y seis punto setenta y seis metros cuadrados (8.246.76 M2), siendo lo correcto que se transfiere cinco mil ciento doce punto noventa y ocho metros cuadrados (5.112.98 M2) a título de venta y tres mil ciento treinta y tres punto setenta y ocho metros cuadrados (3.133.78 M2) deben ser transferidos a título de cesión gratuita y obligatoria, por parte del propietario del inmueble al Distrito Capital, quedando por consiguiente mal determinado el objeto del contrato en la escritura objeto de aclaración.
“5. Que en la cláusula séptima relativa a la entrega se menciona que la zona de terreno se recibió mediante Acta STAP-3400-028. En dicha acta se señala como área recibida 8068.27 M2 siendo la correcta 8.246.76 M2.
“Por lo anterior y con el fin de subsanar dichas inconsistencias, las partes acuerdan por medio del presente instrumento público aclarar las Cláusulas Primera —objeto, Segunda— Determinación del Objeto excepto el parágrafo primero y tercero, Cuarta – Forma de Pago, Sexta— Tradición y Séptima— Entrega, de la escritura pública número 2685 del 26 de diciembre de 2000 de la Notaría 59 del Círculo de Bogotá, las cuales quedarán así: Primero. Objeto: Que transfiere a título de venta, con destino a la obra prolongación de la Avenida Boyacá entre calle 138 y 170 Av san José, a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, el derecho de dominio que ejerce sobre una zona de terreno de cinco mil ciento doce punto noventa y ocho metros cuadrados (5.112.98 m2) que se segrega del inmueble ubicado en la Transversal 66 Nº 148-32 Interior 17 identificado con la cedula catastral número 145/53 C 28 y folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N 20019850 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. zona norte, cuyos linderos generales … son …
“2. Determinación del objeto: Que la zona de terreno objeto de esta compraventa, de acuerdo con el registro topográfico 10953C, levantado por la Subdirección Técnica de Adquisición de Predios, Dirección Técnica de Construcciones, cuya copia se protocoliza con el presente instrumento público tiene un área de cinco mil ciento doce punto noventa y ocho metros cuadrados (5.112.98 M2) y se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos específicos:
“PAR. 2º—Sumadas el área objeto de la presente compraventa que es de cinco mil ciento doce punto noventa y ocho metros cuadrados (5.112.98 M2) y el área de cesión obligatoria que es de tres mil ciento treinta y tres punto setenta y ocho (3.133.78 m2) resulta un área total de afectación de ocho mil doscientos cuarenta y seis punto setenta y seis (8.246.76 M2) requeridos para la vía cuyos linderos específicos son:
“7. ENTREGA: Que la zona de terreno fue entregada por EL VENDEDOR al Instituto de Desarrollo Urbano, según consta en el Acta de recibo SATP 3400-028 del 14 de julio de 2000, cuya copia se protocoliza con el presente instrumento público. PAR.—Las partes aclaran que el área realmente recibida fue de ocho mil doscientos cuarenta y seis punto setenta y seis metros cuadrados (8.246.76 m2) y que el registro topográfico con base en el cual se realizó la presente compraventa fue el 10953C. “Las demás cláusulas de la escritura pública número 2685 del 26 de diciembre de 2000 de la notaria 59 del Circulo de Santafé de Bogotá, quedan vigentes en todas y cada una de sus partes”.
7. Esta última escritura fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del predio en mayor extensión 50N-20019850, tal como consta en la anotación 3 del certificado de tradición y libertad aportado al proceso (fl. 46, vto., cdno. 2).
8. Mediante fallo del 30 de agosto de 2001, el Consejo de Estado —Sección Primera— confirmó, en segunda instancia, la sentencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los artículos 418 (incisos segundo y cuarto) y 419 (nums. 1 y 2 —inc. 2—) la expresión “a título gratuito” que aparece en ellos, del Acuerdo 6 de 1990, expedido por el Concejo de Bogotá.
Tanto el tribunal como el Consejo de Estado estimaron que el aparte de las normas acusadas, declarado nulo, era contrario a lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Constitución Política, pues, en verdad, contemplaban una expropiación sin indemnización previa y tal figura sólo puede ser autorizada por el legislador, por razones de equidad, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara o por parte del Gobierno Nacional, en caso de guerra, y sólo para atender a sus requerimientos (fls. 28 a 54 y 80 a 104, cdno. 2).
Varios aspectos merecen ser destacados, para desatar la apelación.
Contrario a lo que sostuvieron la parte demandada y el tribunal de primera instancia, la cesión a título gratuito y obligatorio del área de 3.133.78 m², a favor del Distrito Capital, jamás se consolidó o, por lo menos, no fue acreditada dentro del presente proceso.
En efecto, la prueba recaudada dentro del proceso permite afirmar que, a través del documento suscrito el 25 de octubre de 1999 (ver numeral 1 de estas consideraciones) y de la escritura pública de compraventa 2685 del 26 de diciembre de 2000 (ver numeral 3 de estas consideraciones), el demandante no hizo cosa distinta que contraer una obligación de hacer, en lo que se refiere a la cesión gratuita del área afectada conforme a las disposiciones, para entonces vigentes, de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990(3), expedido por el Distrito Capital, en la medida en que, a través de dichos actos solo prometió otorgar, dentro de un plazo, otorgar a favor del Distrito Capital —Defensoría del Espacio Público— la escritura pública que serviría de título para transferir el área afectada por la cesión gratuita (3.133.78 m²); sin embargo, la escritura que formalizaría la cesión no se suscribió o, por lo menos, no se allegó al expediente y la obligación de dar, es decir, de transferir a título gratuito el derecho de dominio de dicha porción de terreno, no se concretó o, por lo menos, ello no está acreditado en el proceso.
Incluso, así lo dejó consignado el señor Luis Pardo Cárdenas en la demanda que dio origen al presente proceso, al señalar, en el acápite de pretensiones, que la cesión estaba “… pendiente de consumarse …”(4) y ello corroboró en los hechos 2 y 6 de la demanda al destacar, especialmente en este último, que “… los efectos de está (sic) nulidad se extienden a obligaciones vigentes y pendientes a partir de esa fecha o sea a la promesa de cesión gratuita obligatoria contenida en los documentos y (sic) instrumentos relacionados anteriormente, cesión está (sic) que no se ha consumado, y se encuentra por tanto pendiente, cuestionándose a fondo por esta demanda ...” (resalta fuera del texto, fl. 3, cdno. 1).
Lo anterior implica que, a partir de la declaración de nulidad parcial respecto de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, expedido por el Concejo de Bogotá, la obligación de dar, es decir, de ceder a título gratuito parte del terreno enajenado no era exigible, pues el fundamento de la imposición había desaparecido y con ello el demandante quedaba relevado de cumplir la obligación, conforme a lo dispuesto por el artículo 1625, numeral 8, del Código Civil según el cual las obligaciones se extinguen “Por la declaración de nulidad o por la rescisión”.
En esa medida, si la administración pretendía adquirir el derecho de dominio sobre los 3.133.78 m² de propiedad del demandante, para desarrollar el plan vial arterial en la zona, debió hacerlo a través de otro modo, pero no por medio de la cesión gratuita.
Ahora, lo cierto es que el demandante pretende, a través de este proceso, por un lado, que se declaren nulas las cláusulas relacionadas con la obligación de hacer, es decir, liberarse de la promesa de otorgar la escritura de cesión gratuita y obligatoria respecto del área de 3.133.78 m², las cuales se hallan contenidas en el documento del 25 de octubre de 1999 y en las escrituras públicas 2685 del 26 de diciembre de 2000 y 2221 del 8 de octubre de 2001 (ver numerales 1, 3 y 6 de estas consideraciones) y, por otro lado, que se pague la parte del terreno que no fue cedido, pero que sí fue entregado a la entidad demandada.
Para la Sala, la nulidad absoluta de las cláusulas mencionadas salta a la vista, pues las estipulaciones atacadas son contrarias a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Constitución Política(5), fundamentalmente, por las mismas razones que en su momento expuso esta jurisdicción, en las sentencias del 3 de agosto de 2000 y del 30 de agosto de 2001 (ver numeral 8 de estas consideraciones), para declarar la nulidad de los apartes de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, que hablaban de la cesión gratuita, es decir, porque tales estipulaciones contractuales obligaban al demandante a ceder, gratuitamente y de manera forzosa, parte de su terreno, lo cual constituye una expropiación sin indemnización que no tiene amparo en la Constitución ni en la ley, de modo que las estipulaciones así concebidas están viciadas de objeto ilícito, por ser contrarias a normas imperativas de orden constitucional (C.C. art. 1519).
Es de anotar que todo el plexo normativo existente en el ordenamiento jurídico interno debe ceñirse a las disposiciones constitucionales que se hallen vigentes en un momento determinado y ello comprende, no solo las leyes, sino todos los actos y negocios jurídicos de los particulares y, desde luego, los del Estado, de tal suerte que, cuando una disposición contractual viola los preceptos constitucionales, el contrato surge, total o parcialmente, viciado de nulidad absoluta, como acá sucede.
Obsérvese que, en este caso, la nulidad absoluta de las cláusulas contractuales atacadas no surge como efecto de la declaración de nulidad parcial de las citadas disposiciones del Acuerdo 6 de 1990, como lo sostuvieron equivocadamente las partes y el tribunal de primera instancia. El vicio de nulidad absoluta de las estipulaciones surgió desde el mismo momento en que éstas nacieron a la vida jurídica, es decir, desde que fueron pactadas, por ser contrarias a los preceptos constitucionales señalados párrafos atrás, y no a partir de la sentencia que declaró la nulidad parcial de las normas acusadas del Acuerdo 6 de 1990 y de allí que la sentencia tenga efectos declarativos y no constitutivos, ex tunc (desde siempre) y erga omnes (frente a todos).
Cosa distinta es que la posibilidad de acudir a la jurisdicción en procura de obtener con éxito la declaración de nulidad de las cláusulas mencionadas, por violación del ordenamiento jurídico superior, se hiciera más patente luego de la declaración de nulidad de los apartes normativos que imponían la obligación de ceder, a título gratuito, cierta porción de los bienes urbanizables, de propiedad privada; por ende, puede decirse que a partir de la ejecutoria de la sentencia de nulidad comenzaba a correr el término de caducidad de la acción procedente, pero ello no impedía que el juicio de validez de las disposiciones contractuales atacadas pudiera intentarse desde el mismo momento en que fueron pactadas en el respectivo instrumento público.
Así, pues, la Sala declarará absolutamente nulas las siguientes estipulaciones: (i) el parágrafo de la cláusula segunda del documento suscrito entre las partes el 25 de octubre de 1999, referido a la cesión gratuita del 7% del área de terreno que allí se indica, (ii) el parágrafo primero, de la cláusula segunda, de la escritura pública 2685 del 26 de diciembre de 2000 otorgada en la Notaría 59 del Círculo de Bogotá y (iii) el parágrafo segundo de la cláusula segunda de la escritura pública de aclaración otorgada en la Notaría 59 del Círculo Notarial de Bogotá el 8 de octubre de 2001, en los apartes que se refieren al área de cesión gratuita, quedando liberado el demandante de cumplir dicha obligación.
Las pretensiones primera y segunda prosperan y, por consiguiente, no se emitirá pronunciamiento en relación con la pretensión subsidiaria.
IV. El ejercicio oportuno de la acción para reclamar el pago del bien.
La caducidad procesal, como fenómeno jurídico, constituye una sanción para quien omite poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional dentro del lapso dispuesto por el ordenamiento, para reclamar un derecho; por esta razón, el cómputo del lapso debe ser razonado por el juez en cada caso particular, pues aquél sólo debe comenzar cuando el pretendido titular del derecho tiene la aptitud jurídica para exigirlo ante la jurisdicción(6).
En este caso, el señor Luis Pardo Cárdenas sólo tuvo oportunidad de acudir a la jurisdicción para reclamar el pago del bien desde el momento en que desapareció del ordenamiento jurídico la obligación de ceder parte de su terreno, a título gratuito y obligatorio, es decir, desde que fueron declarados parcialmente nulos los artículos 418 y 419 del Acuerdo 6 de 1990, expedido por el Concejo de Bogotá; por ende, a partir de ese momento se deben contar los dos (2) años de caducidad de la acción tendiente a obtener la reparación del perjuicio ocasionado por la ocupación del inmueble (CCA, art. 136, num. 8).
Dentro del expediente no obra constancia de la fecha en la cual cobró fuerza ejecutoria la sentencia proferida por esta Corporación el 30 de agosto de 2001; sin embargo, resulta claro que la demanda fue promovida el 6 de marzo de 2003, es decir, dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de la expedición del citado fallo, de donde se desprende que las pretensiones indemnizatorias fueron formuladas oportunamente.
V. Las pretensiones económicas.
Como se ha venido diciendo, el demandante no alcanzó a transferir el derecho de dominio de los 3.133.78 m², correspondientes a la porción de terreno afectada conforme al Acuerdo 6 de 1990, pues no otorgó la escritura pública de cesión que serviría de título traslaticio a favor del Distrito Capital –Defensoría del Espacio Público-.
No obstante, dentro del proceso aparece probado que el terreno, tanto el área objeto de la compraventa (5.112.98 m²) como el de la prometida cesión gratuita (3.133.78 m²), fue entregado al Instituto de Desarrollo Urbano el 14 de julio de 2000, según consta en el acta SATP-3400-028 (aclarada mediante la escritura pública 221 del 8 de octubre de 2001), lo cual significa que la parte que no fue transferida a título de compraventa, valga decir, la que iba a ser cedida a título gratuito debe ser pagada al demandante, como consecuencia lógica de la extinción de las disposiciones que lo obligaban a efectuar la cesión gratuita.
Dentro del proceso se encuentra plenamente acreditado que el globo de terreno del cual hacía parte la porción cuyo pago reclama el señor Luis Pardo Cárdenas es de su propiedad, tal como se desprende del respectivo certificado de tradición allegado al proceso (fls. 46 y 47, cdno. 2). También se encuentra probado que el área de terreno afectada (3.133.78m²) por causa de los trabajos públicos fue entregada al IDU el 14 de julio de 2000, con miras a que se realizaran las obras de prolongación de la Avenida Boyacá. Tales supuestos no fueron reargüidos por la parte demandada y, por el contrario, fueron aceptados desde la contestación de la demanda; por consiguiente, se condenará a la entidad demandada a pagar la parte del inmueble que no fue objeto de compraventa, pero que fue entregada a dicha entidad para la ejecución de las obras.
Para determinar el monto de la condena, la Sala determinará el valor del área afectada, con base en el mismo precio, por metro cuadrado, que pagó la entidad demandada por la porción que fue objeto de compraventa.
Según se deprende de la prueba que milita en el proceso, el IDU pagó $766’947.000.oo por 5.112.98m² que compró, lo cual significa que el metro cuadrado lo pagó a $150.000.oo.
En consecuencia, el valor del área de terreno entregada al Instituto de Desarrollo Urbano IDU y que faltó por pagar asciende a cuatrocientos setenta millones sesenta y siete mil pesos ($470’067.000), suma que resulta de multiplicar el metraje del terreno ocupado de manera permanente (3.133.78m²) por el valor del metro cuadrado ($150.000) pagado por la entidad pública en relación con el área que fue objeto de compraventa.
La anterior suma será actualizada con base en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE(7), para lo cual se tendrán en cuenta, como índice inicial, el correspondiente a la fecha en que el IDU recibió el bien (14 de julio de 2000, ver numeral 2 de estas consideraciones) y, como índice final, el del mes anterior a la fecha de esta providencia. Para hacer la actualización, se aplicará la siguiente fórmula:
Vf = $927’487.840.55
Sobre la suma histórica sin actualizar se liquidará un interés técnico legal del seis por ciento (6%) anual, entre la fecha en que fue ocupado de manera permanente el bien y la de esta providencia (187.05 meses), conforme a lo dispuesto por el artículo 1617 del C.C., lo cual arroja la suma de $439’606.658.40.
Total suma actualizada más interés técnico: mil trescientos sesenta y siete millones noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con noventa y cuatro centavos ($1.367’094.498,84) m/cte.
Así, las pretensiones del ordinal cuarto (numerales 1 y 2) de la demanda, prosperan.
Por otra parte, el demandante solicita que se condene al IDU a pagar intereses de mora sobre el capital.
La Sala no accederá a la pretensión del ordinal cuarto (num. 3) de la demanda, porque la obligación de pago se estructura, precisamente, con este fallo y, por ende, la demandada, hasta este momento, no se encuentra constituida en mora de pagar suma alguna de dinero.
Asimismo, el demandante solicita que se condene a la demandada al pago de los impuestos y contribuciones que se causaron a partir de la fecha de entrega del bien inmueble al IDU y hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso.
La Sala no accederá a esta pretensión, porque la causación de impuestos y contribuciones no es un daño que tenga origen en la ocupación permanente del bien inmueble; además, el presente proceso no tiene por objeto determinar a quién corresponde el pago del impuesto predial unificado o la contribución por valorización que se causó respecto del terreno que fue ocupado.
Por ende, la pretensión del ordinal cuarto (numeral 4) de la demanda, no prospera.
Finalmente, el demandante solicita que se ordene al demandado pagar las sumas a las que resulte condenado “… quince días después de presentarle la escritura de venta de la zona, materia del litigio, debidamente registrada” (fl. 2, cdno. 1).
A este respecto, se debe aclarar que el título traslaticio de dominio de la zona afectada entregada al IDU no lo constituye un contrato de compraventa, como parece entenderlo el demandante, sino la presente sentencia, de modo que, una vez en firme esta decisión, la entidad demandada debe protocolizarla e inscribirla en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, tal como lo disponen los artículos 219 y 220 de Código Contencioso Administrativo, para que, de esta forma, pase el derecho de dominio del terreno ocupado, a la administración.
1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera – Sala de Descongestión) el 19 de enero de 2005.
2. DECLÁRASE la nulidad absoluta del parágrafo de la cláusula segunda del documento denominado “Contrato para la entrega de bienes inmuebles necesarios para la prolongación de la Avenida Boyacá”, suscito el 25 de octubre de 1999, entre el señor Luis Pardo Cárdenas y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.
3. DECLÁRASE la nulidad absoluta del parágrafo primero de la cláusula segunda de la escritura pública 2685 del 26 de diciembre de 2000, otorgada en la Notaría Cincuenta y Nueve (59) del Círculo de Bogotá, por el señor Luis Pardo Cárdenas y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.
4. DECLÁRASE la nulidad absoluta y parcial del parágrafo segundo, de la cláusula segunda, de la escritura pública de aclaración 2221 del 8 de octubre de 2001 otorgada en la Notaría Cincuenta y Nueve (59) del Círculo de Bogotá, por el señor Luis Pardo Cárdenas y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en lo que se refiere al área de cesión obligatoria y gratuita del área de 3.133.78 m² del predio de propiedad de aquél.
5. CONDÉNASE al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, a pagar al señor Luis Pardo Cárdenas la suma de mil trescientos sesenta y siete millones noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con noventa y cuatro centavos ($1.367’094.498,84) m/cte., correspondiente al valor de 3.133.78 m² del predio ubicado en la Transversal 66 Nº 148-32, interior 17, de la ciudad de Bogotá.
6. Tal como lo disponen los artículos 219 y 220 del Código Contencioso Administrativo, la presente sentencia es constitutiva de título traslaticio de dominio en favor del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, respecto de la franja de terreno 3.133.78m² que fue objeto de ocupación, la cual se halla ubicada en la Transversal 66 Nº 148-32, interior 17, de la ciudad de Bogotá.
8. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, dará cumplimiento a esta sentencia, en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y pagará los intereses previstos en el inciso final del artículo 177 ibídem.
9. EXPÍDANSE copias de esta sentencia, con destino a las partes, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
10. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(1) 6 de marzo de 2003.
(3) “ART. 418.—Origen de las áreas para la conformación del sistema vial arterial. Todo predio ubicado parcial o totalmente sobre una zona de reserva vial del plan vial arterial deberá segregar esta zona del resto del terreno para transferirla a la entidad encargada de la ejecución de la vía. Si se trata de un terreno urbanizable de conformidad con el presente acuerdo, deberá ceder a titulo (sic) gratuito una proporción del área a ceder, tal como se indica más adelante, como requisito para la obtención de licencia de urbanización. “Si es la entidad encargada de la ejecución de la vía la que expresa cl (sic) interés en la adquisición del área antes de que se inicien las gestiones para urbanizar el predio, bien porque el propietario, aunque se trate de un inmueble urbanizable no urbanizado, no se haya propuesto su desarrollo inmediato, o porque el predio no sea urbanizable, la entidad podrá negociar toda el área a segregar conforme lo dispone la Ley 9 de 1989, o proceder a su expropiación.
“En este caso, para obtener después licencia de urbanización o de subdivisión del inmueble, el interesado, sea que se trate del mismo propietario o de un adquirente posterior, deberá restituir en dinero efectivo a la entidad encargada de la ejecución de la vía que hubiere pagado en su totalidad el área objeto de cesión, una suma equivalente a la proporción de cesión obligatoria que le hubiera correspondido ceder para la ejecución de la vía a título gratuito en el evento de urbanizar, suma que será determinada conforme a avalúo actualizado del Departamento Administrativo de Catastro.
“El propietario que desee evitar los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, podrá voluntariamente ceder la proporción desde un principio aunque no esté interesado o no pueda solicitar licencia de urbanización.
“Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio del ordenamiento contenido en el Capítulo VII del Título Segundo de la parte especial, para los efectos allí regulados.
“1. La proporción del área de los predios que deba ser entregada como cesión obligatoria a título gratuito para la ejecución del plan vial arterial en aquellos predios en los que se hayan previsto zonas de reserva vial para dicho plan, proporción que será la siguiente en los distintos tratamientos:
“a. Tratamiento de desarrollo: El 7% del área bruta del terreno.
“b. Tratamiento de incorporación: Entre el 4% y el 12% del área bruta del terreno, de manera que los márgenes más bajos sitúen en los sectores de las áreas suburbanas dentro de los cuales el interés público sea el de contribuir a disminuir los costos de urbanización.
“c) Tratamiento especial de preservación del sistema orográfico: Entre el 10% y el 15% del área bruta del terreno, teniendo en cuenta la variación de los costos de urbanización dadas las características diversas de la topografía. Cuando se trate de zonas de rehabilitación de canteras la proporción podrá disminuir hasta un 5%.
“El cálculo de las áreas a las que se refiere el presente numeral se hará con base en la sección transversal de la vía que incluye calzadas, andenes y separadores en caso de haberlos. Sólo en el evento excepcional regulado en el siguiente numeral, se incluirá la franja de control ambiental como parte de la sección transversal de la vía.
“2. Si la franja de control ambiental forma o no parte de la sección transversal de la vía.
“Como regla general las franjas de control ambiental de la malla vial arterial a las cuales hace referencia el presente artículo, constituyen áreas de cesión obligatoria gratuita, parte de la cual es computable como cesión tipo A, determinable por las normas específicas entre un 3% y un 5% del área neta urbanizable (el texto subrayado fue declarado nulo).
“Excepcionalmente y con el solo objeto de disminuir en sectores específicos los costos de urbanización, podrán tenerse como parte de la sección transversal de la vía, lo cual será materia de definición en los respectivos decretos de asignación de tratamiento.
“3. El ancho de la franja de control ambiental, situada a lo largo de los dos costados de la vía, así:
“a) Tratamiento de desarrollo: Entre 8 y 10 metros.
“b) Tratamiento de incorporación: Entre 5 y 15 metros.
“c) Tratamiento especial de preservación del sistema orográfico: El ancho se determinará teniendo en cuenta las características topográficas de terreno, con un mínimo de 5 metros.
“4. Las obras de adecuación, dotación y equipamiento que deben tener las franjas de control ambiental” (los textos subrayados fueron declarados nulos).
(4) La pretensión subsidiaria de las pretensiones primera y segunda principales dice:
“Subsidiariamente a las anteriores peticiones primera y segunda solicito se declare que la obligación contenida en las cláusulas de que tratan tales instrumentos y en lo relativo a la cesión gratuita del 7%, la cual está pendiente de consumarse, se declare sin valor y efecto en virtud de haberse extinguido dicha obligación”.
(5) “ART. 58.—Modificado por el art. 1º, Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare (sic) en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
“Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.
“ART. 59.—En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.
“En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.
“El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes”.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia del 25 de marzo de 2010, exp. 36.489.
(7) Los índices de precios al consumidor fueron tomados de la página web https://www.dane.gov.co/index.php/precios-e-inflacion/indice-de-precios-al-consumidor. Consulta realizada el 19 de marzo de 2015.