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Timestamp: 2020-07-05 08:30:53
Document Index: 399047437

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 43', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 14']

El Tribunal Supremo no sabe distinguir el asilo de la protección subsidiaria. Comentario a la STS 3651/2015 | Blog de Borja Fdez. Burgueño
El Tribunal Supremo no sabe distinguir el asilo de la protección subsidiaria. Comentario a la STS 3651/2015
La Sentencia del Tribunal Supremo 3651/2015 de 21 de julio de 2015 es un despropósito de comienzo a fin.
Antes de empezar el análisis, tenemos que tener muy claras las definiciones de Protección Subsidiaria y de Derecho de Asilo.
Protección Subsidiaria Derecho de Asilo
El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los siguientes daños graves
y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate. La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.
¿Cómo llega el caso al TS?
Doña Agueda, natural de Nigeria, impugna en casación la Sentencia dictada el 16 de octubre de 2.014 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional en materia de asilo y protección subsidiaria. La citada Sentencia desestimó el recurso que la referida señora había entablado contra la resolución del Ministro del Interior de 6 de agosto de 2.012, que le denegó el derecho de asilo y le otorgó la protección subsidiaria contemplada en el artículo 4 de la Ley reguladora del derecho de Asilo y de la protección subsidiaria (Ley 12/2009, de 30 de octubre).
¿Qué pide la parte recurrente?
Que le concedan el estatuto de refugiada. En otras palabras, “que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida y, en consecuencia acuerde estimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, concediéndose a la recurrente el estatuto de refugiada, con imposición de las costas a la parte demandada”.
¿En qué se fundamenta la demanda de asilo?
En un temor fundado a regresar su país de origen, Nigeria, debido al hecho de haber sido captada como víctima de trata de personas y no haber saldado íntegramente la deuda contraída con las personas integradas en la red, de nacionalidad nigeriana y cercanos a su familia.
Doña Agueda, nacida en 1995, Nigeria, y siendo aún menor de edad, mediante la intervención de personas allegadas a su familia, fue convencida de abandonar Nigeria para dirigirse a Europa donde le aseguraron que tendría mejores condiciones de vida. Después de una serie de incidentes, de su paso por Paris, y de su huida de un centro de internamiento, llega a España, donde contacta con una persona presuntamente integrante de dicha red, pero a su llegada a Valencia fue detenida e ingresada en un Centro de Menores en Granada, del que, al parecer se escapa, contactando de nuevo con las personas integradas en la referida red, que según manifiesta la forzaron para desplazarse a Elche, siendo explotada sexualmente durante semanas y obligada a entregar todo el dinero que ganaba a una “madame”.
Mediante la utilización de un nombre supuesto y una nacionalidad también falsa, formuló una solicitud de asilo y no es hasta el momento en que es citada en la oficina de Asilo para renovar la documentación, cuando da su verdadero nombre y afirma que es menor de edad, por lo que es ingresada en un centro de Menores de Hortaleza y después tutelada en un piso de la Asociación Paideia.
En el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ponteareas se incoó unas Diligencias Penales en relación a un delito de trata de personas y la recurrente figura en dichas Diligencias como testigo protegido. La solicitante ha sido víctima de trata con fines de explotación sexual y declarada por la Fiscalía como testigo protegido.
¿Qué dice la sentencia que impugna?
La sentencia enumera una serie de disparates que denomina “Fundamentos de Derecho”, si bien deberían de haberse llamado “Desatinos de Derecho”. Entre las joyas literarias de la sentencia cabe destacar:
– PRIMER DESATINO DE DERECHO –
“La cobertura que se otorga mediante la concesión de la protección subsidiaria es la misma que la que corresponde en los supuestos de reconocimiento del derecho de asilo”
Falso. Existen diferencias de cobertura y de concesión de derechos entre una y otra figura. Entre ellas se encuentran:
Para la concesión de la nacionalidad por residencia de una persona que tenga concedida protección subsidiaria se requiere que ésta haya durado diez años. Sin embargo, serán sólo suficientes cinco años para los que se les haya reconocido la condición de refugiado (art. 22 Código Civil).
2. Relación con su país de origen y causas de cesación:
La protección subsidiaria se funda en un riesgo objetivo de sufrir daños graves mientras que el asilo requiere de un temor fundado de ser perseguido. Esta diferencia es fundamental a la hora de analizar las posteriores relaciones con su país de origen una vez se haya concedido la protección internacional. Los 8 supuestos de cesación de la condición de refugiado (art 42 L 12/2009) son mucho más amplios que los 3 supuestos de cesación de la protección subsidiaria (artículo 43 L 12/2009) y, por tanto, un refugiado ha de ser más cauto que el beneficiario de protección subsidiaria en sus relaciones con su país de origen ya que éstas podrían indicar que el temor de ser perseguido ha cesado.
Artículo 42. Cese del estatuto de refugiado. Artículo 43. Cese de la protección subsidiaria
h) no teniendo nacionalidad, puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados. 1. La protección subsidiaria cesará cuando:
3. Protección Internacional
La Protección Subsidiaria se encuentra recogida en instrumentos regionales europeos (ver Directiva 2004/83/CE de 29 de abril de 2004). Sin embargo, no aparece de forma directa en ningún Tratado Internacional de ámbito no-regional. La Protección Subsidiaria es una figura restrictiva del principio de non-refoulement que no posee carácter de Derecho Consuetudinario al englobar supuestos de “daño grave” (como la condena a pena de muerte) que están lejos de ser ius cogens más allá de Europa. Por el contrario, los refugiados cuentan no solo con protección internacional en el ámbito europeo, sino que también se encuentran bajo el amparo de Tratados Internacionales vinculantes como La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, con 147 Estados siendo parte de uno o de los dos instrumentos. Asimismo, los refugiados cuentan con una organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo mandato principal es el de protegerles (la protección del ACNUR a los solicitantes de Protección Subsidiaria responde a una evolución extensiva de sus competencias que no se encontraba en el núcleo original de su mandato).
4. DIRECTIVA 2003/86/CE DEL CONSEJO de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar
La Directiva de reagrupación familiar solo se aplica a los refugiados (cualquier nacional de un tercer país o apátrida que goce de un estatuto de refugiado en los términos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967) y no se aplica cuando el reagrupante esté autorizado a residir en un Estado miembro en virtud de formas subsidiarias de protección de conformidad con las obligaciones internacionales, las legislaciones nacionales o las prácticas de los Estados miembros, o que solicite la autorización de residir por este mismo motivo y se encuentre a la espera de resolución sobre su estatuto. Por tanto, la reunificación familiar de beneficiarios de protección internacional queda en el ámbito de las legislaciones nacionales.
*para más información sobre este punto ver a pie de página la sección de comentarios
La guinda final:
El esperpento de este Desatino de Derecho no termina aquí, sino que se justifica diciendo que <
” El Titulo [errata 1: falta tilde] I dedica todo un Capitulo [errata 2: falta tilde], de manera paralela y con arreglo a parámetros análogos, a la novedosa figura de la protección subsidiaria, que hasta ahora aparecía configurada como una institución carente de entidad propia y, por ende, desprovista de una regulación detallada de sus elementos constitutivos. En esta línea [errata 3: falta tilde], debe destacarse que la ley regula la protección subsidiaria siguiendo las mismas pautas utilizadas con el derecho de asilo.
En esta linea [errata 4: falta tilde], debe destacarse que la ley [errata 5: “Ley” aparece en la Exposición de Motivos con mayúscula] regula la protección subsidiaria siguiendo las mismas pautas utilizadas con el derecho de asilo. Ello es consecuencia lógica de la voluntad de unificar en su práctica totalidad ambos regímenes de protección, atendiendo q [errata 6: “a”] que, más allá de las diferencias que puedan existir entre las causas que justifican uno y otro, el propósito común de ambos es que las personas beneficiarias reciban una protección, frenet [errata 7: “frente”] a riesgos para su vida, integridad fisica [errata 8: falta tilde] o libertad, que no pueden encontrar en sus paises [errata 9: falta tilde] de origen”>>
Por su entendimiento del significado de las figuras de asilo y protección subsidiaria dudaba que los jueces de la Audiencia se hubieran leído bien el Preámbulo de la ley 12/2009. Ahora está claro. ¡Lo que no se han leído es su propia sentencia!… y parece que el Supremo tampoco.
– SEGUNDO DESATINO DE DERECHO –
“En definitiva, considera la Sala que la persecución descrita por la recurrente no es incardinable en ninguno de los motivos previstos por la Convención de Ginebra de 1951, que han sido trasladados a la propia Ley de asilo, pues como la propia demanda reconoce, la recurrente no se encuentra perseguida por las autoridades de su pais ni tiene problema alguno con ellas, sino que teme por la persecución a la que ella o su familia se verian sometidas en el caso de retornar a Nigeria, por parte de las personas que integran dicha red, sin que el Estado nigeriano pueda protegerla frente a dicho riesgo.”
Si la recurrente se encuentra perseguida por parte de personas que integran una red de traficantes de mujeres, sin que el Estado nigeriano pueda protegerla frente a dicho riesgo, LA RECURRENTE ES UNA REFUGIADA.
“En definitiva, considera la Sala que la persecución descrita por la recurrente no es incardinable en ninguno de los motivos previstos por la Convención de Ginebra de 1951 (…)”
Los motivos de la Convención de Ginebra son (1) raza, (2) religión, (3) nacionalidad, (4) pertenencia a determinado grupo social y (5) opiniones políticas. A la recurrente la persiguen porque es una mujer (víctima de trata). Es decir, por motivos de género. Por tanto, estaría dentro del motivo (4) pertenencia a determinado grupo social.
“(…) que han sido trasladados a la propia Ley de asilo (…)”
Los motivos para la ley 12/2009 de asilo son: (1) raza, (2) religión, (3) nacionalidad, (4) opiniones políticas, (5) pertenencia a determinado (5.a.) grupo social, (5.b.) de género u (5.c.) orientación sexual. La ley de asilo no solo traslada los motivos de la Convención de Ginebra, sino que desglosa el motivo “pertenencia a determinado grupo social” para dejar claro que también incluye persecución por motivos de género y orientación sexual para que no haya confusión. Aun así, la AN y el TS parecen un poco confundidos.
“(…) pues como la propia demanda reconoce, la recurrente no se encuentra perseguida por las autoridades de su país ni tiene problema alguno con ellas, sino que teme por la persecución a la que ella o su familia se verían sometidas en el caso de retornar a Nigeria, por parte de las personas que integran dicha red, sin que el Estado nigeriano pueda protegerla frente a dicho riesgo.”
El artículo 13 de la L 12/2009 establece que los agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros:
Tal cual como está enunciada la frase, el agente de persecución encaja a la perfección con el apartado c) del artículo 13. Veámoslo…
c) agentes no estatales (“personas que integran dicha red”), cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan (“sin que el Estado nigeriano pueda protegerla frente a dicho riesgo”) o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución (“teme por la persecución a la que ella o su familia se verían sometidas en el caso de retornar a Nigeria”) o los daños graves.
– TERCER DESATINO DE DERECHO –
“Pues bien, dicha eventualidad se encuentra perfectamente asegurada mediante los derechos integrados en la protección subsidiaria que le ha sido concedida, y que como se ha expuesto, abarcan una total protección ya que no solo se impide su devolución sino que se le concede autorización para trabajar, la expedición de la documentación necesaria, el acceso a los servicios públicos de empleo, a la formación, a la educación, a los programas de ayuda e integración de extranjeros y en resumen una total protección que se asimila a las exigencias de la normativa comunitaria. ”
No todo vale y menos en el derecho. Dejando a un lado la inexactitud de la afirmación de que ambas protecciones internacionales tienen igual contenido (ver comentario al PRIMER DESATINO DE DERECHO), la concesión de Protección Subsidiaria implica la denegación del Estatuto de Refugiado. Ambas protecciones no son equivalentes ni en su contenido ni en su tramitación Administrativa. Para reconocer el derecho de asilo basta que así sea declarado. Por el contrario, la concesión de protección subsidiaria tiene que estar necesariamente precedida de la denegación de asilo. El hecho de que sea el mismo órgano el que concede o deniega uno u otro (art. 24.2 Finalizada la instrucción de los expedientes, se elevarán a estudio de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior, quien será el competente para dictar la correspondiente resolución por la que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria) no significa que el Ministro del Interior tenga competencia para conceder protección subsidiaria a una persona que merece el estatuto de refugiada.
La recurrente quiere que se declare nula la resolución del Ministro del Interior de 6 de agosto de 2012 que le denegó el derecho de asilo y le otorgó la protección subsidiaria. ¿Qué problema hay en que se quiera anular una resolución administrativa manifiestamente infundada?
– CUARTO DESATINO DE DERECHO –
“La resolución adoptada, tampoco contradice el sentido de los Informes emitidos por ACNUR, pues en el informe de 18 de mayo de 2012, la conclusión a la que se llega es que, vistas las circunstancias fácticas concurrentes, entiende esta organización que la solicitante tiene un temor fundado de persecución en el caso de tener que regresar a su pais, ya que la situación actual de Nigeria no garantiza su protección, por lo que se encuentra en necesidad de ser protegida por las autoridades españolas bajo el Estatuto de Refugiado.
Pues bien, existiendo constancia de que la solicitante ha obtenido la protección demandada al obtener la concesión de la protección subsidiaria descrita en el artículo 4 de la Ley de Asilo, debe desestimarse la presente demanda, al no haber acreditado la actora que otro tipo de protección está demandando a la Administración”
Tanto la solicitante como el ACNUR dejan bien claro “qué otro tipo de protección está demandando a la Administración”: estatuto de refugiado, no protección subsidiaria. Por tanto, sí que “contradice el sentido de los Informes emitidos por ACNUR” en los que se afirma que “se encuentra en necesidad de ser protegida por las autoridades españolas bajo el Estatuto de Refugiado”.
Me limito a reproducir cuatro citas de las conclusiones a las que llega el Supremo, porque no sabría ni por dónde empezar el comentario:
“En ningún caso se advierte la incongruencia interna entre fundamentación y fallo de la Sentencia recurrida que denuncia la parte o la falta de motivación”.
“Es evidente que la Sala de instancia no considera justificada la solicitud del estatuto de refugiado y que motiva la denegación acordada en el fallo de forma suficiente y razonable”.
“El motivo no puede prosperar. La recurrente no ha sido objeto de persecución por parte de las autoridades públicas de su país, sino por sujetos que actuando al margen de la ley se dedican a la trata de personas, y es de dichos sujetos de quienes teme acciones de represalia en caso de que regrese. Así las cosas, tiene razón la Sala de instancia en que no encaja dentro de los motivos previstos por la Ley de Asilo y la Convención de Ginebra.”
“Ahora bien, la protección subsidiaria que se prevé en el artículo 4 tiene como uno de sus objetivos amparar precisamente a quienes, sin tener derecho a obtener el estatuto de refugiado, sí muestren un temor fundado a sufrir daños de los previstos en el artículo 10 de la Ley, como es el caso respecto a quienes en Nigeria se dedican a la trata de personas, debido a la insuficiencia de la protección otorgada por el Estado nigeriano. Así pues, la resolución administrativa, al conceder la protección subsidiaria y, por tanto, asegurar a la solicitante la permanencia en España, ha neutralizado dicho riesgo. En consecuencia, no hay razón para considerar contraria a derecho dicha resolución, por lo que no cabe estimar el motivo frente a la Sentencia que avala la legalidad de la misma.”
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Dª Agueda contra la sentencia de 16 de octubre de 2.014 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 398/2.013 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente conforme a lo expresado en el fundamento de derecho séptimo.
Afortunadamente el Tribunal Supremo es normalmente más acertado en sus razonamientos en asuntos relacionados con el procedimiento de asilo y protección subsidiaria. Esperemos que no vuelva a cometer los mismos errores que le han llevado a un fallo incongruente en esta sentencia, ya que, si sigue en esta peligrosa línea e incide en los mismos razonamientos forma reiterada, podría sentar jurisprudencia.
TS, ¡que la fuerza te acompañe!
11 comentarios el “El Tribunal Supremo no sabe distinguir el asilo de la protección subsidiaria. Comentario a la STS 3651/2015”
Pingback: ¿Puedo pagar para que un refugiado venga a mi país? | Derecho de los Refugiados - Borja Fernández Burgueño
Análisis muy detallado y pormenorizado! Gracias por las aclaraciones
Buenas noches, según la Ley, la reagrupación familiar se concede tanto a personas refugiadas como a beneficiarias de protección subsidiaria. Entiendo que la única diferencia sería la obtención de la nacionalidad. ¿ Estoy en lo cierto? Estoy estudiando una oposición y me vendría bien aclarar esa duda. Un saludo y muchas gracias.
Hola Iris. Efectivamente, en España tanto los refugiados como los beneficiarios de protección subsidiaria tienen derecho a la reagruapación familiar en las mismas condiciones. Ahora bien, esto es fruto de la ley nacional y no de una obligación emanente (textual y directamente) del derecho comunitario.
La citada Directiva 2003/86/CE excluye de su aplicación a cualquier persona que “esté autorizado a residir en un Estado miembro en virtud de formas subsidiarias de protección de conformidad con las obligaciones internacionales, las legislaciones nacionales o las prácticas de los Estados miembros, o que solicite la autorización de residir por este mismo motivo y se encuentre a la espera de resolución sobre su estatuto.” Es decir, la Directiva excluye de forma expresa a los beneficiarios de protección subsidiaria.
Dicho lo cual, la Comisión Europea ha animado en repetidas ocasiones a los Estados Miembros a aplicar los mismos beneficios a los refugiados y a los beneficiarios de protección subsidiaria. Siguiendo esta recomendación, muchos estados (España entre ellos) han igualado prácticamente a la totalidad los estatutos de ambas figuras y han establecido un único procedimiento de solicitud de protección internacional que incluye tanto el asilo como la protección subsidiaria. Además, algunos tribunales nacionales han llegado a declarar contraria a derecho la diferencia de trato entre los refugiados y los beneficiarios de protección subsidiaria a la hora de aplicar los beneficios de la reagrupación familiar (ver la Sentencia del Tribunal Constitucional de Bélgica núm.121/2013 http://www.const-court.be/public/f/2013/2013-121f.pdf).
Por último, resulta de especial importancia señalar el caso Hode y Abdi c. el Reino Unido. En dicho caso el TEDH afirma que las diferencias de trato entre colectivos tienen que estar justificadas por razones objetivas. Teniendo en cuenta la similar situación entre los beneficiarios de protección subsidiaria y los del estatuto de asilo, resultaría contrario al artículo 14 del CEDH establecer diferentes criterios entre ellos, salvo que existieran razones objetivas. En ocasiones se ha argumentado que la naturaleza “temporal” o “provisional” de la protección subsidiaria constituye una base objetiva para tal discriminación. No obstante, tanto unos como otros tienen similares necesidades de protección internacional que no diferencian substancialmente desde un punto de vista temporal. Por tanto, a efectos prácticos, considero que se ha de entender que los efectos de la Directiva 2003/86/CE se extienden no solo a los refugiados, sino también a los beneficiarios de protección subsidiaria, a pesar de su exclusión expresa.
En conclusión, como bien has entendido, la diferencia más importante en la práctica son los plazos de adquisición de la nacionalidad. No obstante, el resto de las diferencias (reagrupación familiar, protección internacional, la relación con su país de origen y las causas de cesación) a pesar de contener un matiz más teórico que práctico, también han de tenerse en cuenta.
Espero que esta aclaración te haya sido de ayuda. Muchas gracias por comentar el artículo.
Quería agradecerte la explicación al comentario anterior. Yo también ando con una oposición y me habéis aclarado ( usted con su artículo y la mujer con su comentario y su posterior respuesta) mucho la diferencia, prácticamente inexistente, pero con cierto fundamento legal.
igualmente, me encuentro en la misma situación que los que han comentado el artículo y me ha aclarado muchas dudas, y sobre todo, me ha dado más ganas de ser mejor profesional y para ello, estudiar más.
Un saludo y ánimo a esos opositores!!!
La ley que regula el derecho de asilo y de protección subsidiaria no es orgánica, es ley ordinaria 12/2009.
Efectivamente. Gracias por el comentario! Ya he corregido las 2 ocasiones en las que me refiero, por error, a la Ley 12/2009 como LO 12/2009
Buenas tardes, deseo saber a que correo electrónico le puedo escribir para realizar una consulta, referente a las diferencias de cobertura y de concesión de derechos entre el derecho de asilo y la protección subsidiaria, teniendo en cuenta la sentencia analizada. Ya que no soy de la rama del derecho, y al momento de remitirme al articulo 36 de la Ley 12/2009 no encuentro las diferencias señaladas en cuanto:
1. Nacionalidad (¿donde la encuentro?, el estatuto de refugiado la concede?)ya que no lo señala el articulo 36.
2. El mantenimiento de la unidad familiar es igual para los dos estatutos?
3. La autorización de residencia y trabajo permanente (es igual para lo dos regímenes de protección)
En fin, en materia de derechos tengo entendido que se diferencian entre si. ¿Donde puedo encontrar documentación que me permita tener mayor claridad sobre dichas diferencias? ya que como lo mencione el articulo 36 señala los efectos de la concesión seria igual para los dos regímenes de protección, pero se que no es así en realidad.
1. En cuanto a la nacionalidad, como indico en el texto del post, para concesión de la nacionalidad por residencia de una persona que tenga concedida protección subsidiaria se requiere que ésta haya durado diez años. Sin embargo, serán sólo suficientes cinco años para los que se les haya reconocido la condición de refugiado (art. 22 Código Civil).
2. En cuanto al mantenimiento de la unidad familiar, ambas figuras en españa tienen igual alcance (analizo esta cuestión en un comentario a este post de fecha 8 de octubre de 2016). Como verá, el debate es más doctrinal que práctico.
3. Por último, la autorización de residencia y trabajo tiene la misma naturaleza en ambos casos.
Si necesita más información le recomiendo que eche un vistazo al boletín de jurisprudencia de protección internacional de CEAR. En él encontrará ejemplos concretos de cómo han aplicado estos conceptos los tribunales (https://www.cear.es/boletin-juridico-cear/).
Si necesita asistencia jurídica para su caso concreto acuda a un abogado o a una entidad especializada (CEAR, ACCEM, Rescate, Cruz Roja, etc).
Actualmente no puedo ofrecer estos servicios.
Buenos días, que soluciones daría actualmente a la problemática actual en España de la reagrupación familiar, en su aplicación judicial española en materia de asilo?
Esta entrada fue publicada en octubre 29, 2015 por Borja Fernández Burgueño en Derecho, Derecho de los Refugiados, Derecho Internacional, Derechos Humanos y etiquetada con asilo, Proteccion subsidiaria, STS, Tribunal Supremo, TS.
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