Source: http://www.jurisconsultora.com.ar/docyfirmadig.html
Timestamp: 2018-07-18 12:23:08
Document Index: 329425761

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 6', 'artículo 1012', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 562', 'artículo 562', 'artículo 3']

Documento y Firma Digital: Para entrar en tema
DOCUMENTO Y FIRMA DIGITAL: PARA ENTRAR EN TEMA (Versión 4.0, actualizada abril 2011)
Profesor Titular de la asignatura “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”, Adjunto de “Contratos Civiles y Comerciales” y de “Obligaciones Civiles y Comerciales” en la Universidad Abierta Interamericana.
SUMARIO: Aclaración necesaria. 1. Palabras poco conocidas. 2. La vida en la Red. 3. Utilidad de la Firma Digital. 4. Tecnologías. 5. ¿Qué es una firma digital?. 6. La criptografía. 7.Tres conceptos clave. 8. Infraestructura de Firma Digital. 9.¿Qué es un Criptosistema seguro? 10. La transmisión y el almacenamiento de los datos. 11. El impacto de la Ley de Firma Digital en el Derecho Privado. 12. La forma escrita: El instrumento privado. 13. Un nuevo concepto de Documento privado. 14. Diferencia entre firma digital y firma electrónica. 15. Notificaciones judiciales electrónicas en la Provincia de Buenos Aires. 16. Subasta electrónica en la Provincia de Buenos Aires.
El presente trabajo, cuya mayor pretensión es que sirva a la comunidad jurídica para la comprensión de un tema que, día a día, gana en actualidad e importancia, le debe mucho a la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Firma Digital que fuera redactado en 1999, a convocatoria del Ministerio de Justicia de la Nación , por los siguientes profesionales del Derecho y la Informática : Mauricio Devoto, Beatriz García, J. Andrés May, Pablo Palazzi, Patricia Prandini, Alejandro Román, Aldo Rosenberg, Pablo Tiscornia y Julio Tulián.
1. Palabras poco conocidas
En esta materia, uno de los primeros problemas que debemos afrontar es el de una terminología novedosa y un tanto oscura, dada la formación que tenemos la mayoría de los abogados. Trataremos de poner en claro algunos conceptos.
Por empezar puede decirse que un documento digital es una secuencia informática de bits (unos y ceros) que puede representar cualquier tipo de información (actos, hechos o datos), con independencia del soporte utilizado para almacenar o archivar dicha información. Esta representación de la información en base a dígitos implica en el ámbito informático una representación binaria, es decir por medio de unos y ceros.
Corresponde hablar de documento digital y no de documento electrónico, vocablo éste último que se utiliza erróneamente, a pesar de su popularidad. ¿Por qué?. Porque el procesamiento informático consiste en procesar dígitos binarios, no electrones.
Aunque es cierto que, cuando el documento digital se encuentra momentáneamente almacenado en la memoria volátil de una PC (memoria "RAM"), los dígitos de ese documento consisten de magnitudes eléctricas, también es cierto que cuando se encuentra almacenada en el disco duro de la PC , consiste en campos magnéticos (o, con mayor precisión, en imanes moleculares), cuando se encuentra perdurablemente almacenado en un CD-ROM consiste en agujeros perforados en la capa de aluminio del CD y, finalmente, cuando es transmitido por una fibra óptica de telecomunicaciones, consiste en fotones.
Lo que también es cierto es que en todas estas modalidades diferentes de almacenamiento y transmisión, el documento no pierde su cualidad numérica, es decir digital. Por eso, los especialistas consideran que conviene denominarlo como tal.
Uno de los problemas de los documentos digitales, por ejemplo una planilla de cálculos, un mail, un documento de Word, etc, es que son fácilmente alterables, es decir, que pueden ser modificados en su contenido. Otro inconveniente es el de la imposibilidad de conocer con certeza quien fue el autor de dichos documentos. Estos son dos obstáculos importantes a la hora de asignarle valor jurídico a la información digitalizada.
2. La vida en la Red
Es sabido que Internet reviste cada vez mayor importancia para la comunicación mundial, dado su carácter de red abierta de transmisión de datos. Esas redes permiten una comunicación interactiva entre interlocutores. Esto, entre otras cosas, permite nuevas posibilidades empresariales, creando herramientas que mejoran la productividad y reducen los costos, así como nuevas formas de llegar al cliente.
Surgen nuevas relaciones laborales, como el teletrabajo y los entornos virtuales compartidos. Por otra parte, las administraciones públicas pueden usar la red en su gestión interna y en su interacción con empresas y ciudadanos. A su vez, el comercio electrónico brinda al país una excelente oportunidad para avanzar en su integración económica con las naciones del resto del mundo.
En nuestro país, el comercio electrónico ya se está manifestando. Existen supermercados, aerolíneas, agentes bursátiles, cadenas de venta de electrodomésticos y bancos que ofrecen sus productos y servicios directamente por Internet.
Era necesario disponer de un entorno seguro en relación con la autenticación digital, vale decir, con la posibilidad de certificar tanto el contenido como la autoría del documento digital.
En la práctica existen diversos métodos para firmar documentos digitalmente. Algunos son muy sencillos (v. gr., insertar la imagen escaneada de una firma manuscrita en un documento creado con un procesador de texto), pero no permiten otorgarle validez jurídica a esa firma. Otros son muy avanzados, como la firma digital que utiliza la "criptografía de clave pública", que veremos más adelante.
Para tener validez jurídica, las firmas digitales deben permitir verificar tanto la identidad del autor de los datos (autenticación de autoría), como comprobar que dichos datos no han sufrido alteración desde que fueron firmados (autenticación de integridad).
3. Utilidad de la Firma Digital
Desde el sector publico, a los gobiernos les interesa digitalizar la gestión de los Estados, permitiendo reemplazar los documentos y expedientes en papel por similares electrónicos, otorgándoles a estos valor legal y haciéndolos oponibles a terceros.
Desde el ámbito privado la utilidad de una Infraestructura de Firma Digital es inmensa.
1) Posibilitar la firma de formularios en sitios Web y de esta forma poder realizar tramites ante el Estado (vgr. AFIP) por Internet.
2) Permitir el acceso seguro a Intranets, posibilitando el teletrabajo.
3) Permitir realizar transacciones administrativas, financieras y comerciales seguras por Internet.
4) En el ámbito judicial, las posibilidades son enormes:
a) Permitir realizar vía mail todas las notificaciones que deban hacerse a los domicilios constituidos en el proceso y, más aún, presentar los escritos de las partes.
b) Por esa vía, el juzgado podría enviar los oficios y/o testimonios a otros juzgados o a reparticiones estatales como los Registros de Estado Civil, de Propiedad Inmueble, Automotor, etc., y recibir las contestaciones.
c) Lo mismo con los oficios judiciales pidiendo informes a oficinas públicas o privadas, que se contestarían por la misma vía. Cualquier abogado puede apreciar el ahorro de tiempo, costos, esfuerzos y papeleo que eso implica.
5) Multiplicidad de contratos podrían formalizarse por este medio.
La tecnología necesaria para otorgar validez legal a los documentos electrónicos ya existe.
Hoy día se pueden resolver fehacientemente las dos cuestiones fundamentales para la validez de estos documentos, de que hicimos referencia anteriormente:
1) Certificar quien es el autor de la información digital contenida en el documento (Requisito de Certeza).
2) Certificar que la información no fue modificada luego de ser firmada (Requisito de Integridad).
5. ¿Qué es una firma digital?
Restringiendo el termino "firma digital", a aquellas que tienen aptitud para otorgar validez legal a los documentos digitales, podemos definirla como el resultado de la aplicación de un procedimiento criptográfico extremadamente seguro a un documento digital, que permite garantizar su integridad.
La validez legal de la firma digital ha sido reconocida en varios países, asimilándola a la firma ológrafa (Italia, Alemania, Francia, la mayoría de los estados de los EE.UU, etc.) .
En nuestro país. a fines del 2001 se sancionó la ley 25.506 (LFD), que regula el tema en forma integral. Esta ley es complementada por su decreto reglamentario, nº 2628/02. Estas dos normas introdujeron una de las mas profundas reformas en el Derecho Privado Argentino, reforma que todavía no ha sido completamente vivenciada, porque sus efectos todavía no llegan a sentirse en el grueso de nuestra sociedad. Esta normativa trae una nueva conceptualización a un tema clásico del Derecho Civil como es el de la noción del documento privado, cuestión ligada a la de la forma de los actos jurídicos.
La LFD establece en su artículo 2º que " Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma".
6. La criptografía
Para muchos especialistas, el mecanismo de firma digital debe ser criptográfico, pues si lo que se desea es proteger la información, o sea los dígitos, debe entrarse en ese campo.
Comparando al documento digital con aquel confeccionado en "soporte papel", vemos que la firma manuscrita tiene validez jurídica en nuestra sociedad y cultura pues se ha generado una costumbre que la considera aceptable para identificar al autor de un documento y, simultáneamente, asegurar la integridad del contenido de ese documento. Claro que para eso se deben cumplir las siguientes condiciones:
6. Deben existir peritos caligráficos que puedan detectar las falsificaciones con un razonable grado de certeza.
7. Tres conceptos clave
Inalterabilidad significa que la información no se puede alterar. Ya que, en realidad, la información siempre se puede alterar, este concepto no se refiere a la información en sí, sino a su medio de almacenamiento. La firma digital no impide que la información se altere, sino que detecta si ésta lo ha sido. Recordemos que la ley 25.506 dispone que " La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma".
Este mecanismo existe y en el ámbito de la criptografía se denomina criptografía asimétrica o criptografía de clave pública. La criptografía asimétrica utiliza dos claves diferentes pero íntimamente relacionadas, tal que lo que encripta una clave sólo puede ser desencriptado por la correspondiente otra clave, y no por una clave ajena a ese par. El mecanismo matemático utilizado asegura además que conociendo la clave pública no se tiene información alguna sobre la correspondiente clave privada. Este mecanismo contrasta con la más tradicional criptografía simétrica que utiliza una misma clave para encriptar y para desencriptar un texto, por lo que el destinatario del texto para poder leerlo necesariamente debe conocer la clave secreta utilizada para encriptar ese texto con lo que esa clave secreta pierde tal cualidad. Por ello la criptografía simétrica solo sirve para otorgarle privacidad a la información pero no como tecnología de firma digital.
En la criptografía asimétrica, la clave de creación de la firma digital se denomina clave privada y es mantenida secreta por el firmante, mientras que la clave de verificación de la firma digital se denomina clave pública y se da a conocer. Las firmas digitales creadas por el firmante utilizando su clave privada son verificadas por el destinatario del documento con la correspondiente clave pública. El hecho de que una firma digital sea verificable por medio de una cierta clave pública implica necesariamente que esa firma fue creada por la correspondiente clave privada que, por definición, el firmante siempre mantuvo secreta y nunca divulgó.
8. Infraestructura de Firma Digital
El sistema de Firma Digital necesita, para su funcionamiento, de una infraestructura que la haga posible. Una Infraestructura de Firma Digital es un conjunto de hardware, software, bases de datos, redes, procedimientos y obligaciones legales, que permite que las personas físicas y jurídicas se identifiquen entre si al realizar transacciones o intercambiar documentos electrónicos.
A su vez, también estará el certificador de clave publica licenciado será una persona jurídica de carácter publico o privado, cuya función consiste en otorgar los certificados digitales (conf. art 26 LFD).
Concretamente, el art. 17 de la LFD dispone que "Se entiende por certificador licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante".
"La actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al sector público se prestará en régimen de competencia. El arancel de los servicios prestados por los certificadores licenciados será establecido libremente por éstos".
Al respecto, la Decisión Administrativa 6/2007 aprobó los requisitos para el licenciamiento de certificadores , para Políticas de Certificación, los contenidos Mínimos de la Política de Privacidad, el perfil Mínimo de Certificados y Listas de Certificados Revocados, entre otras.
El art. 10 de la nueva norma dispone que “La actividad de los certificadores licenciados se realizará con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación ” y el 12 establece que toda la documentación solicitada en el proceso de licenciamiento “será considerada confidencial”.
Por otra parte, está previsto que también existan certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados por el llamado Ente Administrador de Firma Digital. Estos certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados serán válidos para producir los efectos jurídicos que la ley otorga a la firma electrónica (conf. art. 2º Decreto 2628/02). Dicho de otra manera, no valen para hacer una firma digital. Ya veremos la diferencia entre ambos tipos de firma.
Por último, en la base de la Infraestructura de Firma Digital están los titulares de los certificados digitales, que serán los usuarios del sistema.
De la definición de firma digital que ensaya el art. 2º de la LFD , se desprende que los titulares de los certificados digitales deben poseer una " información de exclusivo conocimiento". Con esta "información de exclusivo conocimiento", el titular podrá firmar digitalmente y precisamente, el hecho de que él sea el único que conozca estos datos, es lo que garantiza la autoría de la firma.
El sistema utilizado internacionalmente para lograr un tipo de firma digital que garantice la autoría, integridad a inalterabilidad del documento es el conocido como de criptografía asimétrica de clave privada y publica. Si bien la LFD no adopta expresamente este sistema, dejando esa decisión al Poder Ejecutivo, la " información de exclusivo conocimiento" que menciona en su art. 2º se corresponde perfectamente con el concepto de clave privada.
Como dijimos, el sistema de Infraestructura de Firma Digital dispone de un certificado digital y de dos tipos de claves:
Clave pública: es aquella que se utiliza para verificar una firma digital, en un criptosistema asimétrico seguro.
Clave privada: es aquella que se utiliza para firmar digitalmente, mediante un dispositivo de creación de firma digital, en un criptosistema asimétrico seguro.
9. ¿Qué es un Criptosistema seguro?
Un criptosistema es seguro si no es posible acceder a la información encriptada o crear una firma digital sin poseer previamente la correspondiente clave secreta (clave privada).
10. La transmisión y el almacenamiento de los datos
A título ejemplificativo, una persona puede crear un documento digital y su respectiva firma digital en una PC para que luego ese documento y su firma permanezcan en esa PC, o para ser copiados a un disquete, o para ser enviados por correo electrónico a cualquier lugar del mundo, sin que se vea afectada de manera alguna la capacidad de esa firma digital de verificar la integridad de ese documento y de establecer la identidad de su creador, preservando así la validez jurídica del mismo.
11. El impacto de la Ley de Firma Digital en el Derecho Privado
Como expresáramos, la normativa en estudio trae una nueva conceptualización a un tema clásico del Derecho Civil como es el de la noción del documento privado, cuestión ligada a la de la forma de los actos jurídicos.
Precisamente, la forma de los contratos, es decir, la manera en que estos se exteriorizan en el mundo jurídico, resulta de fundamental importancia para la prueba (actos formales ad probationem) o para la propia existencia (actos formales ad solemnitatem) del acto jurídico.
Hasta ahora, básicamente nos manejábamos con las disposiciones del Código Civil en la materia.
Por empezar, el art. 973 del Código consagra el principio de libertad de formas, al establecer que "Cuando por este Código, o por las leyes especiales no se designe forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes", principio aplicable a los contratos por la remisión que hace el art. 1182, ( " Lo dispuesto en cuanto a las formas de los actos jurídicos debe observarse en los contratos").
1) Aquellos contratos que requieren una forma impuesta por la ley, como condición para su existencia y/o validez (actos formales ad solemnitatem), como, por ejemplo, la donación de inmuebles, que por imperio del art. 1810 del C. Civil debe ser hecha por instrumento público, "bajo pena de nulidad".
2) Aquellos contratos que requieren una forma impuesta por la ley, como condición para su prueba, (actos formales ad probationem). Al respecto, el art. 1193 establece que " Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos". Esta disposición, en la practica, hace que todos los contratos sean formales ab probationem, dado que los diez mil pesos que se mencionan datan de la década del sesenta, época en que el artículo mencionado fue reformado por la ley 17.711. Con los sucesivos cambios monetarios originados por la inflación que azotó a la República Argentina , este monto es irrisorio hoy en día. Por su parte, el Código de Comercio, contiene una disposición similar, aplicable a la prueba de los contratos comerciales, en su artículo 209, bien que el monto mencionado allí es de "doscientos pesos fuertes"...del siglo XIX.
12. La forma escrita: El instrumento privado
Tradicionalmente, se dice que instrumento privado es todo escrito que da constancia de un hecho u acto con consecuencias jurídicas, que ha sido firmado por particulares sin intervención de un funcionario público competente y que no tiene otro requisito que la firma.
Estrictamente, este concepto así expresado puede hacernos perder de vista la muy necesaria distinción entre el documento, el soporte del documento y lo documentado. Así el documento es la representación que exterioriza el hecho o acto jurídico documentado. El documento no es el contrato, sino su representación, por dar un ejemplo. El soporte, a su vez, será el medio físico que contenga al documento
En la época de Velez Sarsfield, y hasta no hace demasiado tiempo, el soporte de los documentos era, generalmente, el papel. Dicho de otra manera, el hecho o acto jurídico documentado debía escribirse en un papel. Para ser absolutamente precisos, el documento privado debía contenerse o "soportarse" o "almacenarse" en una superficie apta para ser escrita en un lenguaje humano, que contenga dicha escritura, acompañada de una o mas firmas. Académicamente hablando, un testamento ológrafo puede hacerse en una tablilla de madera, aunque el "soporte papel" era el común en los documentos privados.
Lo que caracteriza al documento privado es que cumple el requisito de la firma.
Como dijimos, la firma manuscrita tiene validez jurídica en nuestra sociedad y cultura pues se ha generado una costumbre que la considera aceptable para identificar al autor de un documento y, simultáneamente, asegurar la integridad del contenido de ese documento, siempre que se den las condiciones de las que habláramos en el punto 6.
13. Un nuevo concepto de Documento privado
Pero el documento digital no es un "escrito" , sino un cúmulo de información almacenada en un soporte adecuado, representación en forma informática o electrónica de actos, hechos o datos jurídicamente relevantes.
Expresado de otra manera, tal como dijimos al inicio de este trabajo, un documento digital es una secuencia informática de bits (unos y ceros) que puede representar cualquier tipo de información (actos, hechos o datos), con independencia del soporte utilizado para almacenar o archivar dicha información. Esta representación de la información en base a dígitos implica en el ámbito informático una representación binaria, es decir por medio de unos y ceros.
Precisamente, el artículo 6º de la LFD dice que "Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura".
Atención con esto: " Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura", simplemente quiere decir que el acto este puesto por escrito, pero no que esté firmado. El requisito de firma es distinto al requisito de escritura y solo se alcanza en esta materia con la firma digital o con la firma electrónica, aunque en este ultimo caso, como veremos, corresponde a quien quiere valerse de la firma acreditar su validez.
Al respecto, el artículo 1012 del Código Civil establece que la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada.
Una ultima aclaración en esta materia: un documento digital puede consistir en texto (v gr. un archivo *.txt), imágenes fijas (v gr. un archivo *.gif), imágenes en movimiento (v gr. un archivo *.mg), o audio (v gr. un archivo *.wav).
Una definición de documento privado que incluya tanto a los documentos digitales como a los "clásicos" en soporte papel podría ser la siguiente: Documento privado es la representación que exterioriza un acto o hecho, siempre que resulte inteligible para una persona común, aunque para ello se requiera la intervención de medios técnicos, con total independencia del soporte en que conste y debiendo contener un mecanismo de firma por el que se pueda verificar con un aceptable grado de seguridad su autoria, inalterabilidad e integridad.
Esta definición propuesta está inspirada en el texto de los artículos 263 a 266 del Proyecto de Código Civil y Comercial de 1998.
Unas palabras respecto de esta definición:
Cuando una persona lee las distintas cláusulas de un contrato que aparecen escritas en un papel, no necesita más que saber leer y tener buena vista, por así decirlo. No pasa lo mismo con los documentos digitales. Como ya dijimos, estos son representaciones digitales, es decir, una secuencia informática de bits (unos y ceros). Para que resulte inteligible para una persona común, para que esta pueda leer el documento digital, (si consiste en texto), o verlo (si se trata de imágenes), o escucharlo (puede ser un audio), es necesario utilizar, por ejemplo, una PC. Es por ello que, cuando advertimos que el documento privado debe ser inteligible para una persona común, hicimos la salvedad de que para ello se requiera la intervención de medios técnicos.
De esta manera, podemos sintetizar un aspecto de la cuestión, concluyendo que en la actualidad, en nuestro Derecho, un documento digital firmado digitalmente es un documento privado en igualdad de condiciones con aquellos realizados en soporte papel.
14. Diferencia entre firma digital y firma electrónica
Según el art. 3º de la LFD , la firma digital tiene los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.
En cambio, para la LFD , (art. 5º), la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Una de las principales diferencias practicas con la firma digital se da en materia probatoria, pues se invierte la carga de la prueba, dado que, en caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
Por otra parte, no se aplican las disposiciones de la LFD a:
a) Las disposiciones por causa de muerte;
b) Los actos jurídicos del derecho de familia;
c) Los actos personalísimos en general;
d) Los actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.
Como vemos, una de las ventajas de la firma digital por sobre la firma electrónica es que se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma y que, si dicha verificación es positiva, que ese documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma. Esas son las presunciones de autoría e integridad que establecen los artículos 7 y 8 de la LFD.
Finalmente, para que una firma digital sea valida deben cumplirse los siguientes requisitos, (art. 9º LFD):
* Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante;
* Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente;
* Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, por un certificador licenciado.
Hasta el dictado de la Decisión Administrativa 6/2007, como no se había reglamentado el otorgamiento y revocación de las licencias a los certificadores que así lo soliciten, no podían existir certificadores licenciados y por eso, no existían certificados de firma digital. Solo existían, en la terminología de la LFD , certificados de firma electrónica. De ahí la trascendencia de esta norma.
Actualmente existen solo tres certificadores licenciados (Fuente: https://www.acraiz.gob.ar/?page_id=51 (26/04/11) :
* Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
* Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)
* Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI)
15. Notificaciones judiciales electrónicas en la Provincia de Buenos Aires
La ley provincial 14.142 fue publicada en el suplemento del Boletín Oficial el 26 de julio de 2010 y entrará en vigencia “a partir de los doscientos setenta (270) días contados desde su promulgación” (art. 9). La promulgación fue por el decreto 1065/10 del 8 de julio.
La nueva norma incorpora “el uso del correo electrónico como medio de notificación para litigantes y auxiliares de la justicia” y delega su reglamentación en la Suprema Corte de Justicia (art. 8º).
A su turno, por el Acuerdo N° 3540, del 30 de marzo de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aprobó el "Reglamento para la notificación por medios electrónicos".
Para redactarlo, el Máximo Tribunal bonaerense se basó en una experiencia previa: La prueba piloto de notificaciones electrónicas, que fue puesta en marcha por el Acuerdo N° 3399 del 5 de noviembre de 2008.
Así, en los considerandos del nuevo Acuerdo, destaca la Suprema Corte que "el sistema diseñado como prueba y que por la presente se dispone extender progresivamente con carácter obligatorio, se apoya en la creación de un sitio web seguro, en el que los textos de los proveídos a notificar se firman digitalmente, quedando en condiciones de ser accedidos por las partes. De este modo, se garantiza la seguridad del acto de anoticiamiento, con el uso de la firma digital por parte de funcionarios, partes y auxiliares de justicia.” (la negrita es nuestra)
Volviendo a la ley 14.142, la misma modifica los artículos 40, 143, 144, 148 e introduce el 143 bis en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Además, modifica el artículo 16 de la Ley 11653 (procedimiento ante los tribunales laborales) y dispone que el sistema de notificación por correo electrónico será también de aplicación “a los procesos previstos en la Ley de Concurso y Quiebras, Ley Nº 24522 y sus modificatorias” (art. 7º).
a) “DOMICILIO ELECTRONICO”
En cuanto a la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia , se establece que en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene, toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal, juntamente con una casilla de correo electrónico, que será la asignada oficialmente al letrado que lo asista, donde se le cursarán las notificaciones por cédula que no requieran soporte papel y la intervención del Oficial Notificador (conf. art. 1º ley 14.142).
Por su parte, el "Reglamento para la notificación por medios electrónicos" (en adelante, RNME), dispone en su art. 3º que “…toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio electrónico en el casillero virtual que le será asignado al letrado que la asista o represente en la base de datos del sitio WEB de notificaciones, contando con certificado de firma digital que avalará la autenticidad e intangibilidad de la operatoria. Si fuese asistida o representada por varios profesionales del derecho, deberá precisar cuál de los casilleros virtuales asignados a estos será su domicilio electrónico.” (la negrita es nuestra)
b) MEDIOS DE NOTIFICACION ALTERNATIVOS A LA CÉDULA
Además, en los casos donde el Código Procesal Civil y Comercial establezca la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios:
“1) Correo electrónico oficial.
Esta última fecha se tomará en cuenta en los supuestos que la notificación fuera por medio de correo electrónico, independientemente que se transcriba o no el contenido de las copias en traslado.”(conf. art. 2º ley 14.142).
De todas maneras, el correo electrónico no podrá utilizarse para notificar el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones, la citación de personas extrañas al proceso y las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que resuelvan negligencias en la producción de la prueba. (conf. art. 2º ley 14.142).
Por su parte, el juzgado o tribunal deberá realizar de oficio, por medio de correo electrónico o por cédula las resoluciones que declaran la cuestión de puro derecho, la que ordena la apertura a prueba, las que se dictan entre el llamamiento para la sentencia y ésta, las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento, la providencia que cita a audiencia preliminar y la que provee a la prueba ofrecida. (conf. art. 2º ley 14.142).
Por su parte, el RNME establece en su art. 1º que "Siempre que esté disponible el uso de la notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en formato papel, salvo que existieren razones fundadas en contrario."
c) PROCEDIMIENTO LABORAL
Además, se sustituye el artículo 16 de la Ley 11653, el que quedará redactado de la siguiente forma:
d La citación al acto previsto en el artículo 25.
Esta última fecha se tomará en cuenta en los supuestos que la notificación fuera por medio electrónico, independientemente que se transcriba o no el contenido de las copias en traslado.” (la negrita es nuestra)
d) NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y LEY DE FIRMA DIGITAL
El art. 143 bis, incorporado al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires por la nueva ley, establece:
El envío de un correo electrónico importará la notificación de la parte que lo emita.” (la negrita es nuestra)
La ley no lo menciona expresamente, ni era necesario hacerlo, pero el antecedente normativo del sistema de notificaciones judiciales por correo electrónico es la LFD.
El RNME dispone en su art. 4º que “El abogado, el juez o los funcionarios habilitados confeccionarán la cédula y la signarán con tecnología de firma digital.
El funcionario imprimirá una constancia para ser agregada al expediente,certificando fecha y hora de ingreso al sistema registrada en el servidor.” (la negrita es nuestra)
Momento en que opera la notificación: Según el art. 5º del RNME, "La notificación se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado- a aquél en el que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el sitio web aludido en el artículo 3o." (la negrita es nuestra)
De acuerdo al artículo 6º del RNME los funcionarios judiciales intervinientes en el proceso de notificación contarán con certificado digital, que será otorgado por la autoridad certificante del Poder Judicial. En cuanto a las partes y abogados intervinientes, el mismo artículo establece que estas podrán aportar un certificado digital propio.
En ese sentido, el artículo siguiente precisa que "Los Colegios Profesionales podrán brindar a sus matriculados el servicio de firma digital, obteniendo de las autoridades pertinentes la habilitación respectiva para actuar como certificadores licenciados (artículo 18, Ley 25.506)." (la negrita es nuestra)
Recordemos que en un sistema de Infraestructura de Firma Digital, como venimos diciendo, se emiten certificados digitales. Justamente, como decíamos supra, los certificados son otorgados por los “certificadores licenciados”. Como también dijimos, cada certificado dispone dos tipos de claves:
Imaginando como funcionará el sistema cuando se encuentre completamente implementado, por ejemplo, el letrado de la actora, matriculado en el Colegio de Abogados de Morón, cuando notifique a la demandada por correo electrónico, debe firmarlo digitalmente, utilizando su clave privada.
Dicho letrado tiene un certificado de firma digital, otorgado por el Colegio de Abogados de Morón, en su calidad de “cetificador licenciado”. Este certificado de firma digital cuenta con una clave privada, que solo conoce él, y una clave pública, es decir, una clave a la que puede acceder cualquiera. Por su parte, el letrado de la demandada, al recibir la notificación, verificará la autenticidad de la misma utilizando dicha clave publica.
16. Subasta electrónica en la Provincia de Buenos Aires
La ley 14238, publicada en el Boletín Oficial del 25 de enero de 2011, sustituyó varios artículos del Código Procesal Civil y Comercial provincial, e incorporó la “subasta electrónica”, a través de Internet, en reemplazo de la subasta tradicional.
La nueva norma modificó los artículos 558, 559, 562, 563, 575, 578, 581 y 585 del Código Procesal Civil y Comercial, que integran el capitulo titulado “CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE”.
Con la reforma, el nuevo artículo 562 del Código Procesal Civil y Comercial provincial define a la “subasta electrónica” como un “proceso interactivo de búsqueda de precio, mediante la puja simultánea entre distintos postores, realizada a través de Internet, mediante un programa automatizado revestido de adecuadas condiciones de seguridad, cuya información se transmite y procesa por medios electrónicos de comunicación, en las condiciones que fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda.” (la negrita y el subrayado es nuestro).
El mismo artículo aclara que la subasta se hará en forma “electrónica”, cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar. Además, se deroga el art. 576, referido al “lugar” del remate.
En definitiva, se reemplaza el tradicional remate, donde los que desean participar deben concurrir al lugar donde se desarrolla la subasta, por un mecanismo de subasta por internet.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reglamentará la subasta prevista en el art. 562, estando autorizada a delegar en las Cámaras de Apelaciones la implementación del sistema. “Habilitará una página web con características de seguridad apropiadas y funcionalidad adecuada a la realización de la subasta electrónica, la que podrá ser utilizada en todos los Departamentos Judiciales. También establecerá los criterios y procedimientos para que el público en general pueda inscribirse en un registro de postores, que estará abierto de forma permanente, garantizando la seriedad y eficacia de la subasta, así como la sencillez y economía de recursos.” (conf. art. nuevo art. 562 CPCCPB, la negrita es nuestra)
Obviamente, uno de los objetivos de la reforma es dar una mayor transparencia a las subastas judiciales y “abrir” las mismas al público en general, buscando evitar la formación de “ligas” de compradores.
El artículo 562 también establece que “Se podrá exigir el empleo de firma electrónica o de firma digital para validar las ofertas realizadas y/o para la suscripción del boleto de compraventa.” (la negrita y el subrayado es nuestro)
¿Cuándo empieza el nuevo régimen?
El artículo 3º de la ley 14238 dispone que
“La presente Ley entrará en vigencia a los 180 días a partir de su publicación. En ese plazo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reglamentará e implementará el procedimiento de subasta electrónica, el cual será aplicable a todas las subastas ordenadas con posterioridad a ese plazo. Mientras tanto las subastas judiciales se realizarán mediante el anterior sistema.” (la negrita es nuestra)
Reiteramos que la ley fue publicada en el Boletín Oficial del 25 de enero de 2011.
(c) Dr. Jorge Oscar Rossi. Primera publicación: 19 de mayo de 2000 en www.diariojudicial.com. La presente es una versión actualizada por el autor en abril de 2011.