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Timestamp: 2020-04-02 12:18:45
Document Index: 346254897

Matched Legal Cases: ['artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 97', 'artículo 149', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 176', 'artículo 43']

Insolvency Bites January 2020 | Ashurst
update concursal 03 Feb 2020 Píldoras Concursales Enero
Concurso culpable por irregularidades contables e irregularidades en la documentación: No cabe que un mismo hecho funde la culpabilidad por ambos motivos.
Sentencia 670/2019 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de diciembre de 2019. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.
Se recurre en casación la calificación de un concurso como culpable fundada, entre otras causas, en la comisión de irregularidades relevantes para la comprensión de la situación financiera de la empresa (artículo 164.2.1º de la Ley Concursal) y en inexactitudes graves en los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso (artículo 164.2.2º de la Ley Concursal).
La recurrente alegaba que no podían aplicarse ambas causas porque las dos se referían al mismo documento (el balance de situación de la compañía deudora, integrado en las cuentas). El Tribunal Supremo está de acuerdo en que el desvalor de la conducta en los dos apartados del artículo 164.2 es el mismo y por tanto puede calificarse el concurso como culpable por cualquiera de los dos motivos pero no por los dos al mismo tiempo. En el mismo sentido se menciona la sentencia del Tribunal Supremo 650/2016, de 3 de noviembre.
Sin embargo, es importante reseñar que eso no significa que una misma realidad (por ejemplo, la desaparición de unos activos y su no inclusión en el inventario) no pueda fundar la calificación por dos apartados diferentes del artículo 164.2 de la Ley Concursal. Pero es necesario que el desvalor atribuido a cada una de esas conductas sea distinto (en el ejemplo, en un caso se sanciona el suministro inexacto de información y, en el otro, el alzamiento de activos de la concursada).
No se reconoce el derecho al reembolso de una aseguradora que pagó un seguro de caución después de haberse presentado la lista de acreedores e inventario definitivos.
Sentencia 506/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 25 de octubre de 2019. Ponente: Alberto Arribas Hernández.
En esta sentencia la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el reconocimiento del crédito de una aseguradora que, tras la presentación de los textos definitivos y en virtud de un seguro de caución, había abonado al asegurado (la Tesorería General de la Seguridad Social) una indemnización por el impago de la concursada (que era quien había concertado el seguro en garantía de un aplazamiento de pago).
La compañía aseguradora entendía la modificación de los textos para incluir su derecho de reembolso estaba amparada por el artículo 97.3.4º de la Ley Concursal que incluye, entre otros supuestos, que se cumpla la condición o contingencia. Sin embargo, la audiencia entiende que este apartado sólo permite modificar los textos definitivos si los créditos ya figuraban en la lista como contingentes. Por tanto, la aseguradora debió haber comunicado su crédito como contingente o ir por la vía de la subrogación en los créditos satisfechos de la Tesorería.
Pautas de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con los planes de liquidación que incluyen inmuebles hipotecados
Auto 157/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 18 de septiembre de 2019, Rec. 1107/2019. Ponente: José María Fernández Seijo.
En el plan de liquidación del concurso de dos personas físicas, Bankia, S.A. (en adelante, "Bankia") presentó una serie de observaciones que fueron rechazadas. El activo principal a liquidar era una vivienda gravada con hipoteca a favor de Bankia.
Aprovechando este recurso, la Audiencia Provincial de Barcelona se refiere a unas pautas generales en relación con los planes de liquidación que afectan a bienes sujetos a créditos con privilegio especial (similares a las ya expuestas anteriormente, vid. el auto 48/2017 de 2 de mayo de 2017):
Sobre el procedimiento de venta:
A) La venta en pública subasta: La prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El plan de liquidación no puede diseñar una subasta judicial diferente. Solicitada la subasta deben seguirse todos sus trámites.
B) Otros sistemas: Son admisibles procedimientos de venta no judiciales siempre que se garantice de modo efectivo la concurrencia de ofertas. Para ello, los procedimientos deben ser abiertos, en el sentido de que concurra quien lo desee, y con la publicidad necesaria para asegurar la consecución del mejor precio posible.
La concurrencia de ofertas puede gestionarse previo depósito en la secretaría del juzgado, en el despacho del administrador concursal o ante notario. Es necesario que el plan de liquidación concrete los plazos, lugar y condiciones de recepción de las ofertas, la apertura y, en su caso, la posibilidad de mejora. También debe explicitar los medios de publicidad y la forma en que los interesados pueden acceder a la información necesaria para realizar sus ofertas.
La administración concursal, bien al concluir el procedimiento de venta, bien en el momento de la rendición final de cuentas, ha de poner a disposición de los interesados toda la información referida a las ofertas recibidas, al modo que se recibieron y al cumplimiento de las garantías de publicidad.
C) Venta a través de persona especializada (sea la de la Ley de Enjuiciamiento Civil u otros sistemas similares que permitan recoger ofertas durante un lapso temporal determinado siempre que ofrezcan las garantías mencionadas de concurrencia y transparencia).
El plan de liquidación debe determinar con claridad los plazos para realizar las gestiones que deben estar coordinados con los plazos de duración de la liquidación concursal.
Además, debe establecer expresamente un precio mínimo de venta, ya sea en el plan de liquidación o en la resolución en la que se autorice de modo concreto la gestión de la venta. Si no consta, será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cualquier caso, deben conocerlo todos los acreedores que podrán realizar observaciones.
Finalmente, es especialmente importante que en el plan de liquidación figure el régimen de retribución de la entidad especializada que puede ser un porcentaje sobre el precio de venta o una cantidad fija que, si así se indica, podrá detraerse del precio. Como el artículo 149.1 de la Ley Concursal es norma supletoria, el plan puede establecer que la retribución de los intermediarios no corra por cuenta de la administración concursal.
D) Venta directa: Es admisible que el plan prevea, como primer método de realización, la venta directa, pero es necesario que la administración concursal lo justifique adecuadamente en razones excepcionales, por ejemplo: porque se ha recibido una oferta que supera la valoración de mercado, porque la generación de créditos contra la masa vinculados al mantenimiento del bien son superiores a las expectativas de realización del mismo o porque la situación del concurso no permite prolongar más allá de lo razonable la liquidación.
Lo mismo ocurre, y con más motivo, en el caso de adjudicaciones en pago o para pago (tiene que resultar clara la falta de interés del mercado y debe garantizarse que con la adjudicación queda completamente satisfecho el crédito con privilegio especial).
La venta directa con autorización judicial o la dación en pago o para pago deben respetar las reglas del artículo 155.4 de la Ley Concursal:
(aa) la oferta debe someterse a publicidad antes de su aprobación; y
(bb)	las nuevas ofertas que se presenten deberán tomarse en consideración abriendo una nueva licitación.
No se admiten por tanto las ofertas que pretendan exclusividad o que estén limitadas en el tiempo haciendo imposible la necesaria publicidad.
En principio, el precio de adjudicación será el precio pactado en la escritura de constitución de la garantía real pero el acreedor tiene la posibilidad de adjudicarse el bien por un precio inferior si aporta una tasación actualizada.
Sobre la posición del acreedor privilegiado en el proceso de venta:
A) Consentimiento: No es necesario que sea expreso, puede deducirse de los actos del acreedor. El consentimiento es necesario en todo caso, no sólo cuando las ofertas no superen el valor de tasación. No cabe imponer una dación en pago forzosa.
(aa)	El acreedor privilegiado se opone al plan de liquidación solicitando la aplicación del artículo 155.4 de la Ley Concursal. El juez debe atender su requerimiento.
(bb)	El acreedor privilegiado se opone al plan de liquidación pero no se remite al artículo 155.4 de la Ley Concursal sino a otras formas de realización con su intervención o supervisión. El juez puede optar por modificar el plan de liquidación respetando las garantías y principio del artículo 155.4.
B) Papel del acreedor privilegiado en la subasta: Puede intervenir sin fianza. Cuando no haya postores se puede adjudicar el bien pero respetando los términos y umbrales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando hay postores pero sus ofertas no superan el umbral o precio mínimo también debe poder adjudicarse el bien.
Tras hacer estas consideraciones generales, la audiencia las aplica al caso concreto.
Debe atenderse la solicitud de Bankia de que se establezcan valores mínimos de realización. En el plan analizado había una primera fase de concurrencia de ofertas y después una segunda fase de subasta judicial. Para la primera fase la audiencia dice que como el acreedor tiene que consentir ex artículo 155.4 de la Ley Concursal el importe mínimo será el menor de (a) el valor de tasación o (b) el importe del crédito con privilegio especial. Para la subasta se fija el mínimo de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la venta de inmuebles.
El plazo de 20 días hábiles solicitado por Bankia para la mejora de la oferta realizada es un plazo razonable, especialmente cuando no se había fijado un plazo de traslado de la mejor oferta en el plan.
Debe admitirse la posibilidad de que el acreedor privilegiado concurra a la subasta reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero porque se protege la posición de ese acreedor sin merma de la eficacia de la ejecución.
Calificación del concurso como culpable: No es necesario mencionar el principio o norma contable infringido para que se pueda considerar que existe irregularidad contable relevante
Sentencia 619/2019 de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 5ª, de 23 de julio de 2019. Ponente: Nuria Auxiliadora Orellana Cano.
En relación a la calificación de un concurso como culpable, se discute si concurre el supuesto previsto en el artículo 164.2.1º de la Ley Concursal por no indicarse cuál es la norma contable infringida que daría lugar a la irregularidad contable relevante alegada por el Ministerio Fiscal y la administración concursal.
En el caso, en el ejercicio de 2010 el administrador social había sacado de la caja de la concursada 913.000 euros, contabilizando este movimiento como "ajustes" y registrándose contra la cuenta contable de deterioro del valor de participaciones a largo plazo de entidades vinculadas, quedando saldo en caja de 517,22 euros, que permaneció constante en 2011 y 2012. La sentencia apelada desestimó la concurrencia de irregularidad contable relevante del artículo 164.2.1º de la Ley Concursal porque no se indicó la norma o principio contable infringido ni se llegó a justificar hasta qué punto dicho apunte contable había distorsionado la imagen fiel de la concursada.
La Audiencia Provincial de Cádiz indica que es un principio contable que no cabe compensar cuentas de pasivo contra cuentas de activo directamente, sin pasar por pérdidas y ganancias. Si bien reconoce es cierto que no se menciona el principio contable infringido, esto no es óbice para apreciar que, efectivamente, existe una irregularidad contable. Se estima que existe una irregularidad contable, que es especialmente relevante para comprender la situación patrimonial de la sociedad, por lo que el concurso debe ser declarado culpable por esta causa.
Contenido del incidente de oposición a la rendición de cuentas ¿sirve para cuestionar todo el comportamiento del administrador?
Sentencia 113/2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Vitoria-Gasteiz de 4 de septiembre de 2019. Ponente: María Teresa Trinidad Santos.
Tras la solicitud de conclusión de concurso por parte de la administración concursal de Internacionales Elaborados de Maeztu, S.L. (en adelante, "ITEMA") por insuficiencia de masa y la presentación de su rendición de cuentas, el FOGASA, un acreedor persona física y la propia ITEMA se oponen a esa rendición de cuentas.
El juzgado revisa las tres posturas que actualmente existen en los juzgados y audiencias en relación con el posible contenido de la rendición de cuentas:
Hay una postura que considera que la oposición a la rendición de cuentas debe ser de carácter formal y limitarse a la comprobar que las cuentas se ajustan a las actuaciones efectuadas por la administración.
Otra postura considera que sí se pueden cuestionar aspectos materiales de las actuaciones de la administración concursal (especialmente las relativas a cobros y pagos durante la liquidación), pero sin que por eso quepa una reordenación de los cobros y pagos.
Por último, la postura que defiende que es posible la revisión material de las actuaciones de la administración concursal y también la posibilidad de reordenar pagos, reclamar los pagos indebidamente realizados y establecer el reintegro de los que no recibieron los pagos correspondientes.
En el caso, el juzgado de Vitoria se inclina por aceptar la revisión material pero como en este supuesto concreto rechaza todos los motivos de oposición presentados, no deja claro si, en su caso, establecería o no la reordenación. De su análisis, no obstante, nos parecen interesantes dos cosas más:
Indica que el cauce de la rendición de cuentas no sirve para para analizar la supuesta falta de diligencia de la administración concursal ni para cuestionar el acierto o desacierto de la administración durante la gestión del concurso. Por tanto, no se atiende la queja sobre la escasa rentabilidad obtenida en la subasta de un inmueble.
En opinión del magistrado el déficit de información en la rendición no debe conducir directamente la desaprobación de las cuentas (desaprobación que defendió la Audiencia Provincial de Valladolid en sentencia de 30 de enero de 2017) sino que puede derivar en una solicitud judicial de complemento.
Calificación del concurso: No es administradora de hecho de una cooperativa de viviendas su sociedad gestora
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 7 de Madrid de 23 de julio de 2019, Rec. 119/2013. Ponente: Juan Carlos Picazo Menéndez.
En aplicación de la doctrina que la Audiencia Provincial de Madrid expuso en su sentencia 51/2016 de 9 de febrero, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid no considera administrador de hecho a la sociedad gestora contratada por una sociedad cooperativa de viviendas que luego entró en concurso.
La administración concursal basaba su pretensión, entre otros motivos, en: amplias facultades de gestión, exclusividad del contrato de gestión, coincidencia de personas físicas de la gestora y del consejo rector, otorgamiento de poderes a personas físicas de la gestora y coincidencia de domicilios sociales.
Sin embargo, el juzgado considera que la gestora no es administrador de hecho porque no tenía poder autónomo de decisión. En su opinión, las facultades incluidas en el contrato de gestión eran estándar y el consejo rector se reservaba la supervisión directa y permanente.
En el caso, se habían otorgado a dos de los miembros de la sociedad gestora poderes de actuación de manera mancomunada con dos de los miembros del consejo rector. Unos poderes similares sirvieron a la Audiencia Provincial de Madrid para declarar como persona especialmente relacionada, no como administradora de hecho pero sí como apoderada, a una sociedad gestora y subordinar su crédito en la sentencia 361/2017 de 14 de julio. Sin embargo, en esta sentencia de calificación, el juzgado no los considera relevantes porque al ser mancomunados no suponen una actuación independiente.
Se inscribe la hipoteca concertada en fase de liquidación por la administración concursal del concursado persona física aunque no constase previa autorización judicial si, meses después, se declaró la conclusión del concurso por pago de todos los créditos
Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad accidental de Palma de Mallorca n.º 4 a inscribir una escritura de constitución de hipoteca durante la fase de liquidación del concurso (BOE de 21 de enero de 2020)
La Dirección admite el recurso interpuesto por una persona física que había logrado salir de la situación de concurso concertando un préstamo hipotecario sobre los inmuebles de los que era propietario con uno de sus acreedores. El registrador alegaba que cuando se concertó el préstamo el concurso estaba en fase de liquidación y que, en esa fase, no era posible constituir préstamos con garantía hipotecaria porque excedían la finalidad liquidatoria.
Para alcanzar la conclusión de que la hipoteca debe inscribirse, se toma en consideración lo siguiente:
Que el concursado es una persona física y las normas concursales debe flexibilizarse en esos casos.
Que la hipoteca la constituyo la administración concursal a favor de una entidad bancaria que ostentaba la condición de acreedora concursal, para satisfacer íntegramente un crédito reconocido a su favor en el concurso.
Que gracias a ese pago el juez del concurso dictó, medio año después, auto de conclusión del concurso al amparo del artículo 176.1.4.º de la Ley Concursal. Por tanto, el resto de acreedores no se vio perjudicado puesto que se pagó a todos ellos.
Que aunque la escritura se otorgó en fase de liquidación, no se presentó en el Registro hasta la conclusión del concurso.
No entra la Dirección en si para la constitución de una hipoteca en fase de liquidación se requiere autorización judicial del artículo 43 de la Ley Concursal aunque sí dice que durante la fase de liquidación del concurso cobra especial protagonismo la administración concursal siendo así que la intervención judicial parece circunscrita al plan de liquidación y la autorización de ciertas formas de realización de los bienes.