Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14644
Timestamp: 2020-07-09 19:58:49
Document Index: 127570260

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 53', 'artículo 35', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 55', 'Artículo 219']

BOE.es - Documento BOE-A-2001-14644
Documento BOE-A-2001-14644
Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 179, de 27 de julio de 2001, páginas 27550 a 27565 (16 págs.)
BOE-A-2001-14644
https://www.boe.es/eli/es-md/l/2001/06/21/3
La Constitución atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de la legislación civil, artículo 149.1.8.ª (el libro segundo, título I, capítulo III, del Código Civil, establece los conceptos fundamentales de los bienes de dominio público y patrimoniales), de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre contratos y concesiones administrativas (artículo 149.1.18..ª), que actúan como límites a la competencia que la Comunidad de Madrid ostenta para la regulación, mediante ley, del régimen jurídico de su patrimonio.
Los bienes y derechos que integran el patrimonio de esta Administración se clasifican en las dos categorías tradicionales: bienes de dominio público o demaniales, y bienes de dominio privado o patrimoniales, categorías a las que corresponde un régimen jurídico diferente derivado de la afectación o no de esos bienes a un uso o servicio público. En este sentido, la Ley se estructura en cuatro Capítulos, el Primero recoge las disposiciones generales o comunes a todos los bienes o derechos con independencia de su pertenencia a una categoría u otra; el Segundo establece el régimen jurídico de los bienes de dominio público; el Tercero, el régimen jurídico de los bienes de dominio privado; y el Cuarto contiene el régimen patrimonial de los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho público y demás Entes Públicos.
Desde un punto de vista subjetivo, el patrimonio de la Comunidad de Madrid engloba el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad corresponda, tanto a la Administración General, como a la Administración Institucional. De este modo, quedan fuera del concepto los bienes cuya titularidad corresponda a la Asamblea de Madrid. Por otro lado, el concepto de Administración Institucional, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la misma, integra a los Organismos Autónomos, Entes y Empresas públicas, si bien, quedan fuera del concepto de patrimonio, a los efectos de esta ley, los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a las Empresas públicas constituidas como sociedades mercantiles, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente sobre el patrimonio de las sociedades pertenecientes al Ente Público «Radio Televisión Madrid».
Por lo que respecta a los patrimonios de las Universidades, ha de considerarse que constituyen verdaderos patrimonios separados del patrimonio propio de la Comunidad de Madrid, aunque la administración y disposición de esos bienes y derechos debe ajustarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Ley de Reforma Universitaria, «a las normas generales que rijan en esta materia», es decir, a la normativa básica estatal y a la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad de Madrid.
En relación a las prerrogativas, protección y defensa del patrimonio, se reconoce la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público, se establece la prohibición de dictar providencia de embargo o de despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del patrimonio de la Administración Autonómica, sin perjuicio de lo previsto sobre esta materia en la legislación reguladora de la Hacienda. Respecto del privilegio de la inembargablidad, se ha seguido el criterio mantenido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 166/1998, de modo que aquél se predica tanto de los bienes demaniales como de los patrimoniales materialmente afectados a un uso o servicio público. Asimismo, se regulan las prerrogativas de recuperación posesoria, investigación, inspección y deslinde, y se atribuye a la Consejería de Presidencia y Hacienda la competencia para la inscripción en los correspondientes Registros a nombre de la Comunidad de Madrid; no obstante, la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual de las propiedades y derechos incorporales corresponderá a las Consejerías competentes por razón de la materia.
El capítulo III contiene el régimen jurídico de los bienes de dominio privado o patrimoniales y se estructura en diez secciones que se refieren, respectivamente, a los negocios jurídicos patrimoniales, a la adquisición de bienes y derechos, adjudicación, arrendamientos, adquisición de acciones, participaciones del capi tal social y otros valores, adquisición de propiedades incorporales, enajenación a título oneroso de bienes y derechos, cesiones gratuitas, prescripción y explotación.
Sección 1.ª Objeto, concepto y régimen jurídico
c) Los derechos de propiedad incorporal, sin perjuicio de que la utilización de los mismos quede destinada al uso general o servicio público, en cuyo caso adquirirán la condición de demaniales.
d) Las acciones y participaciones de sociedades mercantiles y otros títulos valores.
Sección 2.ª Prerrogativas, protección y defensa del patrimonio
2. También podrá recuperar, del mismo modo, los bienes de dominio privado, en el plazo de un año, contado a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere producido la usurpación. Pasado ese tiempo, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria, ejercitando la acción correspondiente.
3. Esta prerrogativa de recuperación de los bienes que componen el Patrimonio la ostentarán las Consejerías, organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos, respecto de sus bienes de dominio público y privado adscritos para el cumplimiento de sus fines. No obstante, la Consejería de Presidencia y Hacienda podrá iniciar o continuar el procedimiento de recuperación posesoria a solicitud motivada de aquéllos.
Sección 3.ª Seguros
Sección 4.ª Rendimientos patrimoniales
Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad de Madrid y el producto de las enajenaciones de bienes y derechos de dominio privado se ingresarán en la Tesorería General o, en su caso, en la Tesorería de los organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos, conforme a lo dispuesto en su normativa específica.
Sección 5.ª Responsabilidades y sanciones
Sección 1.ª Afectación, desafectación, adscripción y mutaciones demaniales
1. Las Consejerías, organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos podrán solicitar de la Consejería de Presidencia y Hacienda la adscripción de bienes y derechos demaniales para el cumplimiento de sus fines y la gestión de los servicios de su competencia.
En las adquisiciones, la adscripción se entenderá implícita cuando se haga constar la Consejería, organismo autónomo, entidad de derecho público o ente público al que se destina el bien adquirido.
2. Corresponde al Consejero de Presidencia y Hacienda disponer la adscripción de los bienes y derechos de la Comunidad de Madrid, que llevará implícita, en su caso, la afectación al dominio público del bien o derecho de que se trate.
3. La adscripción transfiere las facultades de uso, administración, conservación y defensa no reservadas por la presente Ley a otros órganos, pero nunca su titularidad.
4. Los bienes muebles se entienden adscritos implícitamente a la Consejería, organismo o entidad, que los hubiera adquirido.
5. El Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, podrá transferir la titularidad de los bienes y derechos reales de dominio público, de la Administración de la Comunidad de Madrid a sus organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos, cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus objetivos. En estos casos, cuando los bienes dejen de ser necesarios para los fines de esas Entidades, revertirá a la Administración de la Comunidad de Madrid la titularidad de los mismos.
Sección 2.ª Utilización de los bienes demaniales y su explotación
c) Los que imponga el Ordenamiento jurídico por razón de su conservación o adscripción, o por motivos de orden público.
1. La utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público prevista en el artículo anterior que requiera la realización de obras de carácter permanente o instalaciones fijas, será otorgada por el titular de la Consejería a la que estén adscritos mediante concesión administrativa y por un tiempo limitado que no podrá exceder de cincuenta años, salvo que la legislación especial señale un plazo distinto.
a) El transcurso del plazo y, cuando proceda, de sus prórrogas.
c) La desaparición del bien público sobre el cual hayan sido otorgadas.
d) La desafectación del bien. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 35.
e) La revocación de la relación concesional. En este caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado anterior.
b) Los derechos y obligaciones de los beneficiarios subsistirán en las mismas condiciones mientras dure el plazo concedido.
d) Se procederá de igual forma, sin esperar al vencimiento de los plazos, cuando la Comunidad se hubiera reservado la facultad de libre revocación.
2. Las autorizaciones y concesiones demaniales, podrán ser objeto de prórroga por motivos de interés público debidamente fundados, sin que en ningún caso, el plazo inicial de duración y su prórroga, excedan de noventa y nueve años.
Sección 1.ª Negocios jurídicos patrimoniales
Sección 2.ª Adquisición de bienes y derechos
a) Reconocida urgencia de la adquisición a efectuar.
b) Escasez de la oferta en el mercado inmobiliario de la localidad o entorno donde estén situados los inmuebles.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 57
de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, podrá diferirse el pago en cualquier modo de adquisición a título oneroso de la propiedad de bienes inmuebles en que se pacten garantías hipotecarias, censales, enfitéuticas o de otra naturaleza. En tales casos, no procederán los límites en las anualidades y porcentajes de los gastos plurianuales. Los inmuebles así adquiridos tendrán carácter patrimonial hasta que sea cancelado el gravamen constituido.
Sección 3.ª Adjudicación de bienes o derechos
Sección 4.ª Arrendamientos de bienes
2. Los arrendamientos rústicos y los no regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos se acordarán y resolverán por el titular de la Consejería interesada, de acuerdo con lo previsto en este artículo, previo informe de la Consejería de Presidencia y Hacienda.
Asimismo, los arrendamientos de espacios o locales para la celebración de ferias o certámenes se acordarán por el titular de la Consejería interesada, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
4. Los arrendamientos de bienes inmuebles cuya renta anual no exceda de 4.991.580 pesetas (30.000 euros), así como los de locales y espacios para la participación en ferias o certámenes sólo exigirán, en su tramitación, la aprobación del gasto y la incorporación al expediente del contrato correspondiente.
Sección 5.ª Adquisición a título oneroso de acciones, participaciones y valores
Sección 6.ª Adquisición de derechos de propiedad incorporal
Sección 7.ª Enajenación a título oneroso de bienes y derechos
3. No podrá promoverse la enajenación de los bienes que se hallaren en litigio. Si se suscitase después de iniciado el procedimiento de enajenación, éste quedará provisionalmente suspendido.
4. La enajenación de los bienes inmuebles y derechos inmobiliarios se realizará, previa tasación pericial, mediante subasta pública. No obstante, el Órgano competente podrá acordar la enajenación directa, cuando el valor del bien o derecho fuera inferior a 49.915.800 pesetas (300.000 euros), la subasta quedare desierta, existieran derechos de adquisición preferente a favor de terceros o, por razones excepcionales debidamente justificadas en el expediente resultara más aconsejable para los intereses patrimoniales de la Comunidad de Madrid.
1. La enajenación de los bienes muebles, cuando no sean necesarios para el ejercicio de las funciones públicas, se acordará por el titular de la Consejería a la que estén adscritos, previa tasación pericial, mediante subasta pública. Si el importe de la tasación superara la cifra de 166.386.000 pesetas (1.000.000 de euros) la competencia para acordar la enajenación será el Gobierno, previo informe de la Consejería de Presidencia y Hacienda.
4. La enajenación de acciones, participaciones y valores se realizará en Bolsa, si se cotizan en la misma. En otro caso, y previa tasación pericial, se realizará en pública subasta, salvo que el Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, acuerde su enajenación directa.
3. No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa sobre el pago del justiprecio en especie, por motivos de interés público debidamente acreditados, podrá excluirse la compensación en metálico en las permutas con otras Administraciones públicas, siempre que la diferencia de valor entre los bienes y derechos permutados no exceda del 50 por 100.
Sección 8.ª Cesiones gratuitas
2. En el acuerdo de cesión, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», se expresará la finalidad a la que se destinarán los bienes cedidos, así como sus condiciones.
Sección 9.ª Prescripción
Sección 10.ª Explotación de bienes patrimoniales
a) Existan motivos de interés público.
b) La contraprestación económica a percibir por la Comunidad de Madrid sea inferior a 4.991.580 pesetas (30.000 euros) anuales.
La prórroga ha de solicitarse antes del vencimiento del plazo contractual y podrá otorgarse por un tiempo no superior al de la mitad del inicial.
Régimen jurídico especial en organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos
Uno. Se modifica el artículo 2, apartado 2, c) 1), que queda redactado con el siguiente tenor literal:
«1. Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos.»
Dos. Se modifica el artículo 15, apartado 1, a) y b), que queda redactado conforme al siguiente tenor literal:
«a) Los derechos y obligaciones cuya titularidad les corresponde.
b) Los productos y rendimientos de su patrimonio.»
De las empresas públicas constituidas como sociedades mercantiles»
3. El Acuerdo de autorización, a que se refieren los apartados anteriores deberá ser comunicado a la Asamblea de Madrid y publicado en el ‘‘Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid’’.
4. Deberán ser comunicadas a la Consejería de Presidencia y Hacienda, para su conocimiento, e informe, en su caso, previo a su aprobación por la Junta General, las propuestas de acuerdos de aumento y reducción del capital y las demás que impliquen la modificación de estatutos sociales de sociedades mercantiles, en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y otros entes públicos.»
2. Las sociedades anónimas en que la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entidades de derecho público o entes públicos ostenten una participación del 100 por 100 en el capital deberán constituirse por el procedimiento de fundación simultánea.»
2. En las sociedades anónimas, en cuyo capital sea mayoritaria la participación de organismos autónomos, entidades de derecho público y entes públicos de la Comunidad de Madrid, la propuesta de nombramiento de los miembros referidos que proporcionalmente les correspondan compete al Consejo de Administración del organismo o entidad.»
La Junta General de las sociedades mercantiles, en que la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entidades de derecho público o entes públicos ostenten una participación del 100 por 100 en el capital, estará constituida, respectivamente, por el Gobierno o por el Consejo de Administración del Organismo o Entidad.»
«1. La Hacienda de la Comunidad de Madrid, a los efectos de esta Ley, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos.»
3. La gestión de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se coordinará con la Administración de la Hacienda de la misma en los términos previstos en esta Ley.»
Los derechos de la Hacienda de la Comunidad de Madrid»
Con carácter excepcional, por Acuerdo del Gobierno, a solicitud de la Consejería, organismo o entidad interesados, y a propuesta del Consejero de Presidencia y Hacienda, previo informe de la Dirección General de Patrimonio, podrá establecerse el pago aplazado en los contratos de suministro de bienes muebles de carácter inventariable cuyo precio sea superior a 249.579.000 pesetas (1.500.000 euros) dentro de las limitaciones temporales y porcentuales reguladas en el artículo 55.»
«4. Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en los apartados anteriores, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiera atribuido a una Consejería u Organismo Autónomo la gestión centralizada de bienes y servicios, para su adqui sición o arrendamiento, serán esa Consejería u organismo los competentes para realizar los actos y operaciones de autorización y disposición del gasto respecto de los contratos cuya forma de adjudicación sea distinta a la de concurso para la adopción de tipo, salvo en el caso de que la autorización para realizar esos gastos y operaciones sea competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de este artículo.»
«Artículo 219. Hecho imponible.
En tales casos, se harán constar dichas circunstancias en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión, autorización o adjudicación.»
4. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 y del 100 por 100, respectivamente, sobre el valor de la base resultante en los casos previstos en los puntos 1 y 2 de este artículo.»
La presente Ley entrará en vigor dos meses después de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», siendo también publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 156, de 3 de julio de 2001)
Fecha de disposición: 21/06/2001
Publicada en el BOCM núm. 156, de 3 de julio de 2001.
el art. 2.3, por Ley 8/2015, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-2871).
el art. 46, por Ley 4/2014, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2015-1956).
el art. 50, por Ley 8/2012, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-2685).
el art. 11, por Ley 10/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-4183).
los arts. 24, 33.1, 49, 50.4, 51.1 y 52.4, por Ley 4/2006, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-9769).
los arts. 46 y 47, por Ley 7/2005, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-3668).
los arts. 11.3 y 6, 24.6, 34.5 y 37.2, por Ley 2/2004, de 31 de mayo de 2004 (Ref. BOE-A-2004-12575).
los arts 38.1 y 46, por la Ley 13/2002, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-4507).
el art. 52 de la Ley 17/2000, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-5583).
los arts. 21 y 22 y MODIFICA los arts. 2, 5, el título del capítulo I del título I, el art. 57 y 69 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-413).
la Ley 7/1986, de 23 de julio (Ref. BOE-A-1987-5873).
los arts. 59 a 61 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-1984-2926).
los arts. 219 y 221 de la Ley 27/1997, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-20605).
los arts. 2, 15, el título del capítulo II del título III y los arts. 64 a 67 de la Ley 1/1984, de 19 de enero (Ref. BOE-A-1984-5399).
DE CONFORMIDAD con el Estatuto aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6317).