Source: https://www.lexureditorial.com/legislacion/20130607/ley-42013-de-21-de-mayo-de-gobierno-abierto-de-extremadura/
Timestamp: 2018-07-19 01:59:38
Document Index: 370348254

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 15', 'Artículo 38', 'Artículo 43']

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. | Lexur Editorial
Título preliminar. Ámbito y principios generales.
Título I. Administración abierta.
Capítulo I. Transparencia en la actividad administrativa.
Artículo 5. Actividad organizativa.
Artículo 6. Programación.
Artículo 7. Elaboración de disposiciones de carácter general.
Artículo 8. Contratos públicos.
Artículo 9. Concesión de servicios.
Artículo 11. Subvenciones y ayudas.
Artículo 12. Ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 14. Transparencia en el gasto público.
Artículo 15. Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 16. Límites al derecho de acceso a la información pública.
Artículo 17. Protección de datos personales.
Artículo 18. Acceso parcial.
Artículo 19. Solicitud.
Artículo 20. Solicitudes imprecisas.
Artículo 21. Causas de inadmisión.
Artículo 22. Intervención de terceros y otros órganos y entidades.
Artículo 23. Plazo para resolver.
Artículo 25. Régimen de impugnaciones.
Artículo 26. Formalización del acceso y costes.
Sección 3.ª Reutilización de la información administrativa.
Artículo 27. Reutilización de la información administrativa.
Artículo 28. Condiciones para la reutilización.
Sección 4.ª Información estadística.
Artículo 29. Información estadística.
Título II. Del buen gobierno.
Artículo 31. Principios éticos y de actuación.
Artículo 32. Conflictos de intereses.
Artículo 33. Declaraciones de actividades, bienes, derechos e intereses.
Artículo 34. Gobierno en funciones.
Artículo 35. Transparencia en la acción de gobierno y rendición de cuentas.
Título III. Participación y colaboración ciudadanas.
Capítulo I. Condiciones básicas.
Artículo 36. Concepto y ámbito de aplicación.
Artículo 37. Principios e instrumentos.
Artículo 38. Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas.
Artículo 39. Debate público.
Capítulo II. Derechos específicos de participación y colaboración.
Artículo 40. Derecho a la participación en la programación y en la elaboración de disposiciones generales.
Artículo 41. Iniciativas normativas.
Artículo 42. Proceso de racionalización administrativa y modelos de gestión.
Título IV. Régimen de garantías.
Artículo 43. Reclamación de acceso.
Disposición adicional primera. Plan de Simplificación Administrativa.
Disposición adicional segunda. Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
Disposición adicional cuarta. Plan de Formación.
Disposición adicional quinta. De las responsabilidades en el ejercicio del gobierno abierto.
Disposición adicional sexta. Regulaciones especiales para las obligaciones de transparencia y el derecho de acceso.
Disposición adicional séptima. Igualdad de género en el lenguaje.
Gobernar hoy en cualquier ciudad, pueblo, provincia o región de España requiere asumir más interdependencias entre actores y niveles de gobierno. Las administraciones públicas deben ser facilitadoras, desde su responsabilidad, del gobierno compartido al nivel que les corresponda. La acción pública es la acción conjunta de público y privado en el gobierno de la ciudad, pueblo, provincia o región…
El 19 de junio de 2012, la Mesa de la Asamblea de Extremadura acordó, a solicitud conjunta de los Grupos Parlamentarios Popular-Extremadura Unida (PP-EU), Socialista (PSOE-Regionalistas) e Izquierda Unida (IU-Verdes-SIEx) la creación de una Comisión No Permanente de Estudio para la Elaboración de una Propuesta de Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, como futuro instrumento que posibilitara una nueva forma de relación entre la Administración pública y la ciudadanía.
Finalmente, la Ley contiene una disposición derogatoria que dispone la anulación de las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en esta ley, y dos disposiciones finales, la primera referida a la autorización a la Junta de Extremadura para el desarrollo y ejecución de esta ley y la segunda relativa a su entrada en vigor, estableciéndose un periodo de «vacatio legis» de seis meses.
a)	La plena transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de la Administración regional, así como de los organismos y entidades que la integran.
b)	El derecho de los extremeños a acceder a la información que obre en poder de la Administración regional y de los organismos y entidades que la integran.
c)	La veracidad y objetividad de la información referida en el punto anterior.
d)	La participación ciudadana como mecanismo de impulso de la democracia representativa para conseguir una efectiva conectividad de los ciudadanos con sus representantes. Esa participación se fomentará en la definición de las políticas públicas y en la toma de decisiones, que deberán basarse en un proceso de gobierno abierto tal y como define esta Ley.
a)	La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sus organismos públicos, sociedades y empresas públicas, consorcios, fundaciones del sector público autonómico y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la misma.
b)	Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura que, careciendo de personalidad jurídica, estén formalmente integrados en la Administración autonómica.
c)	Las entidades que integran la Administración local en Extremadura y sus entes y organismos vinculados o dependientes.
d)	La Universidad de Extremadura.
e)	La Asamblea de Extremadura, en el ejercicio de aquellas actividades sometidas a derecho administrativo.
f)	Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo.
g)	Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta Ley.
a)	Ciudadano: toda persona que se relaciona con la Administración.
b)	Gobierno abierto: aquel que es capaz de entablar una permanente conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan; que toma sus decisiones centrándose en las necesidades y preferencias de estos; que facilita la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de sus políticas y en el ejercicio de sus funciones; que proporciona información y comunica aquello que decide y hace de forma transparente; que se somete a criterios de calidad y de mejora continua; y que está preparado para rendir cuentas y asumir su responsabilidad ante los ciudadanos a los que ha de servir.
c)	Publicidad: medios de difusión de la información pública más relevante para garantizar la transparencia de la actividad de la Administración pública.
d)	Información pública: aquella que viene definida como de libre acceso a cualquier ciudadano por ser información generada por el propio sector público en el ejercicio de su actividad, funcionamiento y organización.
f)	Entidades ciudadanas: aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro constituidas de conformidad con el ordenamiento jurídico que persigan fines relacionados con el fomento de la participación y de la colaboración ciudadanas.
g)	Solicitante: cualquier persona física o jurídica, así como asociaciones, organizaciones y grupos, que solicite información pública, requisito suficiente para adquirir, a efectos de lo establecido en el título I, la condición de interesado.
h)	Gobernanza: proceso de toma de decisiones basado en la interacción de las instancias públicas tradicionales, los entornos cívicos y económicos y la ciudadanía. Se perseguirá la coordinación y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y en el interior de cada una, para hacer posible el desarrollo de un gobierno multinivel.
i)	Eficacia: la consecución de los objetivos que se persiguen con el máximo de calidad posible, mediante la orientación a objetivos y resultados y la generalización de los sistemas de gestión.
j)	Eficiencia: la utilización óptima de los medios para conseguir la eficacia, con introducción de la perspectiva económica en el análisis de esta.
a)	Principio de gobierno abierto: supone canalizar el intercambio de información a través de procesos de escucha activa y diálogo con la ciudadanía, encaminados a la participación y a la implicación de esta en la toma de decisiones de carácter público, y comprende el derecho de toda persona a que la Administración trate sus asuntos, imparcial y equitativamente, dentro de un plazo razonable, y a acceder a la información en los términos previstos en esta Ley.
b)	Principio de orientación a la ciudadanía: la actuación de la Administración ha de estar dirigida a satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas, ha de perseguir siempre el interés general y se debe caracterizar por su voluntad de servicio a la sociedad.
c)	Principio de transparencia pública: consiste en facilitar de oficio a la ciudadanía información constante, veraz y objetiva sobre la actuación de las entidades que define el artículo 2 de esta Ley, potenciando su accesibilidad en tiempo real y sin tratar para que pueda, además, ser compartida de forma libre y gratuita o reutilizada por la ciudadanía respecto de aquellos datos puestos a disposición en formatos abiertos.
d)	Principio de publicidad: la Administración debe proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz y objetiva, la información que obra en su poder y la relativa a su actuación.
e)	Principio de participación y colaboración ciudadanas: la Administración pública ha de garantizar en el diseño de sus políticas y en la gestión de sus servicios que los ciudadanos y ciudadanas, tanto individual como colectivamente, puedan participar, colaborar e implicarse en los asuntos públicos.
f)	Principio de eficiencia: la Administración pública ha de gestionar de forma óptima los medios de que dispone, posibilitando la consecución directa de los fines públicos perseguidos.
g)	Principio de economía y celeridad: la Administración pública ha de actuar y velar por que la consecución de los fines públicos se alcance con el coste económico más racional y en el menor tiempo posible.
h)	Principio de calidad y mejora continua: la Administración pública ha de instaurar procesos que permitan evaluar los servicios que presta, detectar sus deficiencias y corregirlas, a efectos de poder prestar unos servicios públicos de calidad.
i)	Principio de simplicidad y comprensión: la Administración pública ha de actuar para lograr la disminución progresiva de sus tiempos de respuesta mediante la simplificación de trámites, la eliminación de cargas administrativas y el empleo de procesos y técnicas que fomenten la utilización de un lenguaje accesible.
j)	Principio de calidad normativa: en el ejercicio de su función normativa, la Administración pública actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
k)	Principio de modernización: la Administración pública ha de impulsar el empleo de técnicas informáticas y telemáticas para el desarrollo de su actuación y para instaurar y mejorar la gestión del conocimiento en su propia organización.
l)	Principios de integridad, responsabilidad y rendición de cuentas: la imparcialidad, la objetividad y la observancia de un comportamiento ético ausente de arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas y en la satisfacción de los intereses generales definirán la actuación política y la gestión de los asuntos públicos. Con ello se persigue que el principio de transparencia pública que instaura esta ley permita articular la responsabilidad y la rendición de cuentas a los ciudadanos en la toma de decisiones, asumiéndose, junto con los tradicionales principios de objetividad y legalidad, el de eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos perseguidos.
n)	Principio de accesibilidad: se garantizará la accesibilidad a los servicios y la información públicos, sin que la utilización de los medios tecnológicos y electrónicos impliquen, en ningún caso, merma de derechos de los ciudadanos, ni restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en dicho acceso.
o)	Principio de neutralidad tecnológica: la Administración pública ha de apostar por la utilización y promoción de software de código abierto en su funcionamiento, así como por el uso de estándares abiertos y neutrales en materia tecnológica e informática, y favorecer dichas soluciones abiertas, compatibles y reutilizables en la contratación administrativa de aplicaciones o desarrollos informáticos.
p)	Principio de prevención: la Administración autonómica ha de prevenir situaciones de riesgo que pudieran materializarse en daños y perjuicios para los ciudadanos como consecuencia de la gestión administrativa, especialmente en aquellos sectores en los que el riesgo pueda ser mayor. Asimismo, toda persona tendrá derecho a ser reparada por los daños causados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública.
Serán objeto de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas:
– Órgano de contratación, objeto del contrato, prescripciones técnicas, en su caso, el precio, los licitadores, el plazo de presentación de ofertas y el de formalización del contrato.
– Criterios de adjudicación, tanto los de valoración automática como los sujetos a juicio de valor y su ponderación.
– El cuadro comparativo de las ofertas económicas, de las propuestas técnicas y de las mejoras, si procede.
– Puntuación por cada oferta, con detalle para cada uno de los criterios, y resumen de la motivación.
– El adjudicatario, su solvencia técnica y económica.
– Las modificaciones del contrato que representen un incremento superior o igual al 10% del precio inicial de la licitación.
– Cesión y subcontratación, si procede, con identificación de los cesionarios y subcontratistas, y las condiciones de los acuerdos alcanzados entre estos y los contratistas, siempre que la normativa aplicable lo permita.
c)	A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria en relación con la prestación del servicio.
d)	A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, en su caso, sanción para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.
2. Todos los convenios inscritos en el Registro de Convenios deberán publicarse en el «Diario Oficial de Extremadura».
– Las partes, sus representantes y el carácter de esta representación.
– El objeto del convenio, con indicación de las actividades comprometidas y financiación.
– El plazo y condiciones de vigencia.
– En su caso, el lugar de publicación del convenio o acuerdo.
– Modificaciones operadas y las fechas de las mismas.
– Una relación actualizada de las ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio presupuestario, con indicación de los importes destinados a las mismas, su objetivo o finalidad y las condiciones que deberán reunir los posibles beneficiarios.
– El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones.
– Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones dentro de los quince días siguientes al de su notificación o publicación, con indicación únicamente de la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.
– Las subvenciones concedidas fuera de los procedimientos de concurrencia competitiva.
– Las concesiones de créditos oficiales, cuando se otorguen sin intereses o con intereses inferiores a los de mercado.
– Las concesiones de ayudas en que la Administración asuma la obligación de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses.
– Las condonaciones de créditos.
– Cualquier otro acuerdo o resolución de los cuales resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario.
– Las aportaciones dinerarias realizadas por las administraciones públicas a favor de otras entidades u organismos.
a)	Que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b)	Que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas.
c)	Para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
a)	Para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
b)	Para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
c)	Para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
d)	Para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
e)	Para la demás información protegida por normas con rango de ley, de conformidad con la legislación básica del Estado.
f)	Para la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluidos el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.
– La identidad del solicitante.
– La indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concretos.
– La forma o formato preferido de acceso a la información solicitada, en su caso.
– Una dirección de contacto válida a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud.
a)	Cuyo objeto sea información exceptuada del derecho de acceso en los términos previstos en el artículo 15 de esta ley.
b)	Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.
c)	Que sean manifiestamente repetitivas y tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley.
d)	Que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición, en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución.
3. Serán motivadas las resoluciones que nieguen total o parcialmente el acceso, las que lo concedan cuando haya habido intervención de un tercero afectado y las que prevean una forma o formato de acceso distinto al solicitado, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992.
2. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso dictada de conformidad con el procedimiento regulado en el presente capítulo, así como frente a la resolución de los recursos administrativos que contra aquella sean procedentes, podrá interponerse una reclamación, con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa, en los términos establecidos en la legislación básica del Estado.
a)	El acceso a la información en supuestos en que no se haya dispuesto lo contrario.
b)	El examen de la información solicitada allí donde se encuentre.
Sección 3.ª Reutilización de la información administrativa
a)	Favorecer la creación de productos y servicios de información basados en los datos de libre disposición que obren en poder de los entes públicos.
b)	Facilitar el uso de los datos para que las empresas privadas ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido.
Sección 4.ª Información estadística
a)	Transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la accesibilidad y receptividad de la Administración a todos los ciudadanos.
b)	Plena dedicación, profesionalidad y competencia, observando un comportamiento ético digno de las funciones, los cargos y los intereses que representan.
c)	Ejemplaridad, eficacia, eficiencia, economía, austeridad, transparencia y contención en la ejecución del gasto público.
d)	Plena imparcialidad, responsabilidad y lealtad institucional, velando siempre por la consecución de los intereses generales encomendados y absteniéndose de cualquier actividad que pueda comprometer su independencia o generar conflictos de intereses con el ámbito funcional público en el que actúan.
e)	Trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
f)	Buena fe y diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, fomentando la calidad en la prestación de los servicios públicos y la aplicación del principio de buena administración.
g)	Reserva respecto a los hechos o informaciones de las que tengan conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes sobre difusión de la información de interés público.
a)	Se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público.
b)	Estarán obligados a poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
c)	Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que les fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la imagen que debe tener la sociedad respecto a sus responsables públicos.
d)	No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
e)	No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de mayor importe al determinado en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, de indemnizaciones por razón de servicio para dietas de alojamiento o manutención, en su importe máximo y por día, se incorporarán de oficio al patrimonio de la comunidad autónoma.
f)	Desempeñarán sus funciones con transparencia y accesibilidad respecto de los ciudadanos.
g)	Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
h)	No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
a)	Compartir con la ciudadanía las decisiones de política, logros y dificultades de la gestión e inversión públicas.
c)	Construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de política para adaptarlas a las peticiones ciudadanas.
a)	Derecho a participar en la definición de los programas y políticas públicas.
b)	Derecho a participar en la evaluación de políticas y calidad de los servicios públicos.
c)	Derecho a participar en la elaboración de disposiciones de carácter general.
d)	Derecho a promover iniciativas reglamentarias.
e)	Derecho a formular alegaciones y observaciones en los trámites de exposición pública que se abran para ello.
f)	Derecho a formular propuestas de actuación o sugerencias.
a)	Fomento de la participación individual o colectiva en la vida política, económica, cultural y social, especialmente en los asuntos públicos referidos a la evaluación de las políticas públicas y la tramitación de nuevas leyes. En este sentido, los proyectos de ley tienen que incluir un proceso participativo y de consulta, y cada evaluación de las políticas públicas llevará asociada una acción de escucha de la ciudadanía.
b)	Fortalecimiento del tejido asociativo y la sociedad civil, impulsándose la generación de la cultura y de los hábitos participativos entre la ciudadanía, y se favorecerá la reflexión colectiva sobre los asuntos que sean objeto de los procesos participativos, garantizando la pluralidad, el rigor, la transparencia informativa y la veracidad.
c)	Promoción del diálogo social como factor de cohesión y de progreso económico y el fomento del asociacionismo, del voluntariado y de la participación social.
d)	Establecimiento de vías de relación directa con la ciudadanía que posibiliten la adecuación de las políticas públicas a las demandas, necesidades e inquietudes de la ciudadanía.
e)	Favorecimiento de los mecanismos de participación y de cultura democrática mediante las nuevas tecnologías, entre otros medios, e implementación progresiva de procesos de participación a través de medios electrónicos como foros de consulta, paneles ciudadanos o el propio Portal de Transparencia y Participación Ciudadana, como punto de enlace para acceder a las acciones y mecanismos que en esta materia se promueven en cada momento por cada Administración y sus entes dependientes en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
f)	Participación en la elaboración de los Presupuestos, sobre los que la ciudadanía opine y proponga alternativas en cuanto al orden de prioridades en los distintos capítulos del mismo, mediante mecanismos de democracia directa debidamente estructurados u otros procesos e instrumentos participativos. En este sentido, se deberá dar publicidad por vía electrónica al anteproyecto de Presupuestos junto con el estado de ejecución del presupuesto del ejercicio corriente, para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho en un plazo concreto.
Artículo 38. Consejo Extremeño de Ciudadanos.
Artículo 43. Reclamaciones de acceso.
3. El órgano competente deberá dictar y notificar la resolución correspondiente, la cual agotará la vía administrativa y será directamente ejecutiva, en el plazo de tres meses desde que entró la reclamación en su registro, de acuerdo con la Ley 30/1992.
3. La aprobación del plan se hará por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y su contenido se publicará en el «Diario Oficial de Extremadura» y en la web de la Junta de Extremadura.
Disposición adicional segunda. Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana.
Mérida, 21 de mayo de 2013.–El Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza.
(Publicada en el «Diario Oficial de Extremadura» número 99, de 24 de mayo de 2013.)