Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-513-de-julio-31-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ecbd733b4d460014e0430a0101510014&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-24 00:14:56
Document Index: 167959513

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 133', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 1010', 'artículo 1128', 'artículo 1135', 'artículo 26', 'artículo 1134', 'artículo 1076', 'artículo 13', 'artículo 42', 'artículo 1055']

﻿ Sentencia C-513 de julio 31 de 2013
SENTENCIA C-513 DE 31 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:ASIGNACIÓN TESTAMENTARIA CONDICIONAL. LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER COMO CONDICIÓN PARA SER BENEFICIARIO DE UNA ASIGNACIÓN TESTAMENTARIA, EL PERMANECER EN ESTADO DE VIUDEZ, CUANDO SE TENGAN HIJOS DE UN MATRIMONIO ANTERIOR, DESCONOCE EL DERECHO DE AUTONOMÍA PERSONAL, POR ESTA RAZÓN SE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DE LA EXPRESIÓN ‘‘A MENOS QUE EL ASIGNATARIO TENGA UNO O MÁS HIJOS DEL ANTERIOR MATRIMONIO, AL TIEMPO DE DEFERÍRSELE LA ASIGNACIÓN’’ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, MATRIMONIO, ASIGNACIÓN TESTAMENTARIA, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:506 DE FEBRERO DE 2014, PÁG.403
Sentencia C-513 de julio 31 de 2013
Ref.: Expediente D-9422
Bogotá D.C., treinta y uno de julio de dos mil trece.
ART. 1133.—Condición de permanecer en estado de viudez. Se tendrá, así mismo, por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad; a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación”.
3.2.Problema jurídico.
3.3. Cuestión previa: análisis de la ineptitud de la demanda.
3.3.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad(2). Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001,(3) esta corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria(4).
3.4. Concepto y características del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Reiteración de jurisprudencia.
3.4.2. En el marco del derecho internacional, el libre desarrollo de la personalidad tiene origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(5) que en su artículo 22 consagra:
3.4.3. Estrechamente relacionado con el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como el de autonomía personal, que se materializa cuando el individuo conscientemente opta por cualquier alternativa que le ofrece la vida tanto en lo público como lo privado y, en consecuencia, diseña autónomamente el papel que como ser humano pretende desempeñar dentro de la sociedad, pero sin hacer daño a otros y dentro los límites que le imponga el ordenamiento jurídico(6). En este ámbito se destacan, por ejemplo, la “escogencia de estudios, la integración de una familia, las inclinaciones religiosas, políticas, culturales, sexuales, familiares y profesionales, son parte del desarrollo de la personalidad; como son procesos que la determinan, es la persona la única que tiene el derecho a decidir”(7).
3.4.4. Estos aspectos de autodeterminación del individuo son los que caracterizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual la jurisprudencia ha señalado que se trata de un de derecho genérico y omnicomprensivo, en tanto abarca muchos aspectos de la vida del ser humano(8). En tal sentido, la protección de este bien no se limita únicamente a los derechos especiales de libertad que se encuentran en la Constitución, sino que se amplía a “las restantes manifestaciones bajo la forma de derechos subjetivos de autonomía que ingresen en el campo del libre desarrollo de la personalidad”(9).
3.4.5. Como lo señala expresamente el propio artículo 16 constitucional, las limitaciones que pueden imponerse a este derecho provienen únicamente de los derechos de los demás y del ordenamiento jurídico. En la Sentencia T-542 de 1992, esta corporación precisó que las restricciones al ejercicio del derecho no pueden desconocer el núcleo esencial del mismo, es decir, el “ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege” con independencia de la forma en que este se manifieste(10). Allí mismo, la Corte sostuvo que la norma superior permitía inferir que, cuando se presentase un conflicto entre este derecho y otro, es necesario resolverlo de acuerdo con las características del caso concreto, bajo un criterio de razonabilidad que concluya en la protección de ambos derechos.
3.4.6. Para precisar el alcance de estos límites, en la Sentencia T-067 de 1998,(11)la Corte señaló lo siguiente:
“La Corte Constitucional se ha negado a aceptar que el libre desarrollo de la personalidad, se circunscriba a proteger las acciones del sujeto que no hayan sido previamente limitadas por la ley: “El legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquellas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución”. La condición a la que se sujeta todo límite legal que pretenda restringir válidamente el libre desarrollo de la personalidad, debe en la realidad asegurar un ámbito de autonomía y de posibilidades subjetivas, en términos de competencias y de posiciones jurídicas individuales, adecuado y necesario en “una sociedad personalista, como la que ha pretendido configurar la Carta Política”.
3.4.8. Ejemplo de ello es la Sentencia C-309 de 1996,(12) en donde esta corporación analizó la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la Ley 33 de 1973,(13) cuya parte acusada señalaba como causal de pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes de las mujeres viudas, el hecho de que contrajeran nuevas nupcias o hicieran vida marital(14). La demandante, entre otros argumentos, señalaba que supeditar el goce de la mesada a tales condicionamientos, comporta el cercenamiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, impidiendo a la persona beneficiaria optar libremente por un nuevo estado civil.
3.4.10. En otra ocasión, mediante Sentencia C-182 de 1997,(15) la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990,(16) 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990,(17) 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990 y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990(18). Cada una de estas normas disponen respectivamente como causal de extinción de las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, de un agente de esta institución o de los empleados civiles del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional, en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión, el hecho de que “el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”, siendo esta la expresión acusada. Para el demandante tal frase conllevaba a la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al impedir al cónyuge sobreviviente establecer nuevamente su vida mediante el matrimonio o la convivencia.
3.4.11. Finalmente, en la Sentencia C-464 de 2004,(19) esta corporación estudió la demanda presentada contra las expresiones “para la viuda al contraer nuevas nupcias”, “para la viuda si contrae nuevas nupcias” y “para la cónyuge si contrae nuevas nupcias”, contenidas en varias leyes(20) y decretos(21) referidos a la organización del régimen especial de las Fuerzas Militares. Según el demandante, lo anterior desconocía las normas superiores relativas al derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, “pues se obliga a las viudas a permanecer en estado de viudez y se les impide contraer nuevo matrimonio, dado que si lo hacen se les extingue su derecho como beneficiarias de la pensión de sustitución o de sobreviviente”.
3.5. Alcance de las asignaciones testamentarias condicionales dispuestas en el Código Civil.
3.5.2. De acuerdo al artículo 1010 del Código Civil, una asignación por causa de muerte es aquella que hace la ley o el testamento de una persona difunta, con el objetivo de suceder sus bienes. En este sentido, la persona llamada a recibir los bienes en cualquiera de las modalidades anteriores, se le denomina asignatario.
En concordancia con lo anterior, para el caso del testamento,(22) el mismo Código Civil estipula una clase de asignaciones caracterizadas por estar sometidas a una condición. Estas se denominan asignaciones testamentarias condicionales, que el artículo 1128 ibídem explica así:
3.5.3. Lo anterior significa que el testador, siendo la única persona capaz de disponer de sus bienes a través del testamento, puede condicionar la sucesión de uno de ellos a que el asignatario cumpla, valga la redundancia, la condición que él mismo determine, siempre y cuando sea de aquellas que la ley permite.
3.5.5. En tal sentido, la Sentencia C-660 de 1996(23) analizó la demanda presentada contra el artículo 1135 del Código Civil, según el cual, “La condición de casarse o no casarse con una persona determinada, y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán”. Para el demandante, este precepto imponía límites indebidos a tres derechos fundamentales: (i) libertad e igualdad ante la ley porque la persona beneficiada por esta asignación condicionada no puede elegir libremente sus estado civil y profesión; (ii) el libre desarrollo de la personalidad porque cuando la ley permite que el testador restrinja al asignatario la potestad de elegir libremente, le está imponiendo una barrera y, (iii) el derecho que tiene toda persona a escoger una profesión u oficio conforme al artículo 26 superior.
Ahora bien: teniendo en cuenta que las asignaciones que pertenecen a esta última porción no son forzosas, se explica por qué, como se dijo antes, pueden estar sujetas a condición. La facultad que otorga la ley civil al testador de someter a condición las asignaciones, es un claro reconocimiento de la autonomía de la voluntad, lo que le permite realizar algunos actos que únicamente produzcan efectos en los eventos que él así lo desee. En el caso de este tipo de asignaciones, el testador manifiesta la voluntad de que alguien sea heredero o legatario siempre y cuando se cumpla la condición impuesta. Puede entonces concluirse, que el legislador limita la autonomía de la voluntad del testador, de tal manera que sólo le es posible establecer condiciones para la cuarta de mejoras y la de libre disposición”(24).
“Una vez otorgado el testamento, las decisiones de contraer matrimonio o formar pareja y de escoger profesión u oficio, siguen siendo válidas si y solo si se adoptan libremente; el testador en ningún momento tiene la facultad de elegir por el asignatario. Sin embargo, podría objetarse que al momento de tomar estas decisiones la libertad del asignatario se ve afectada, por cuanto el testador está facultado para alterar significativamente las condiciones bajo las cuales decide aquel. En otras palabras, el de cujus puede inducir o persuadir al asignatario de tomar cierto camino en su elección, al generarle la expectativa patrimonial antes mencionada.
Surge entonces la pregunta: ¿es legítimo, de acuerdo con la Constitución, que el testador altere las condiciones en que el asignatario toma tales decisiones, en ejercicio de su libertad? Para resolver este interrogante, debe tenerse en cuenta que la facultad que el legislador le otorga al testador para condicionar ciertas asignaciones no es ilimitada. Por el contrario, como se dijo antes (3.2.), los límites a la autonomía de la voluntad se han ido acrecentando dentro del sistema cada día más, reduciendo así el ámbito en el cual esta se puede ejercer. De tal forma que si solo es dado condicionar las asignaciones que forman parte de la cuarta de mejoras como de la de libre disposición, y que dichas condiciones a su vez se han de dar dentro de los límites propios de la autonomía de la voluntad, es necesario concluir que las situaciones en las que le será legítimo ejercer “presiones” al testador, son residuales; todos los eventos en que una condición de esta clase afecta a la familia, al orden público o a las buenas costumbres, han sido excluidos por el legislador.
3.5.8. No obstante, en el año 2005 tal posición cambio radicalmente. En efecto, mediante Sentencia C-101 de 2005,(25) esta corporación estudió la demanda de constitucionalidad interpuesta contra el artículo 1134 del Código Civil que señalaba: “Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica”. Al respecto, la demandante consideraba que este precepto vulneraba el derecho a la igualdad (C.P., art. 13) por razones de género, en tanto se condicionaba el goce de un usufructo, uso, o habitación periódica a una mujer a que permanezca soltera o viuda, y no se exige lo mismo del hombre, por tanto, a su parecer, no tenía ningún fin constitucional.
3.5.9. El problema jurídico que se planteó resolver la corporación, consistía en determinar si a la luz del ordenamiento constitucional era posible la subsistencia de normas legales que facultaran al testador para establecer asignaciones testamentarias condicionales tomando como criterio la pertenencia del beneficiario a un determinado género y, además, si era posible que para recibir la asignación pueda exigirse permanecer en estado de soltería o viudedad.
3.5.10. En aquella oportunidad, la Sala consideró necesario entender cuál había sido la finalidad del legislador con la incorporación de estos condicionamientos a la facultad testamentaria del causante. Para ello, se remitió a los comentarios realizados por algunos doctrinantes; por ejemplo, lo señalado por el profesor Luis Claro Solar sobre las asignaciones condicionales contenidas en el Código Civil chileno que, comparativamente, fueron reproducidas en la legislación colombiana:
A este efecto el artículo 1076 dispone que ‘los artículos precedentes no se oponen a que se prevea a la subsistencia de una mujer mientras permanece soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación o una pensión periódica’.
Se reconoce este derecho a la mujer no al hombre, porque es ella la que puede encontrarse en situación de necesitar esta ayuda para su subsistencia si no tiene bienes propios; el hombre generalmente los tendrá dadas nuestras costumbres sociales, especialmente a la época en que fue promulgado el Código Civil en que la mujer no encontraba ocupaciones, ni trabajo personal, y vivía consagrada a los quehaceres domésticos, particularmente si era casada y tenía hijos que criar y cuidar” (negrillas propias).
3.5.11. A partir de lo anterior, y de otros tantos criterios doctrinales, la Sala Plena consideró que las razones concebidas por los legisladores de la época en la cual se expidió la norma que se cuestiona, “resultan constitucionalmente inadmisibles en un ordenamiento constitucional que reconoce la igualdad entre sexos (C.P., arts. 13 y 43), en tanto perpetúan estereotipos de la mujer, afortunadamente superados. La explicación de una medida legislativa como la que se examina, radicaba en el estereotipo social reinante en la época en que fue concebida, de no reconocer a la mujer como sujeto pleno de derechos y de obligaciones, y, eventualmente como fuente ingresos para el sostenimiento de su familia”.
En tal sentido, se remitió a lo indicado por la Corte en Sentencia C-588 de 1992,(26) donde sostuvo:
Esto representa una flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta e implica el desconocimiento del 16 ibídem que garantiza a todo individuo el libre desarrollo de su personalidad”
3.5.13. Partiendo de lo transcrito, adujo la Sala que “cualquier intromisión que, como esa, corresponde al fuero interno del individuo, constituye una injerencia indebida y arbitraria en su libertad de auto determinarse según sus principios y convicciones. ‘La decisión de optar entre el estado civil de casado, separado o divorciado, así como la relativa a la escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente, corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden inferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias’(27)”(28).
“Indiscutiblemente, la condición impuesta en una asignación testamentaria no constituye una obligación o una prohibición y, en ese sentido, el asignatario puede optar por cumplirla o no, dependiendo de su voluntad, pero, en esta oportunidad al parecer de la Corte, esa decisión no resulta completamente libre, ajena de presiones, pues ello puede llevar al asignatario a disuadirlo de contraer matrimonio, en primeras o segundas nupcias, ante la posibilidad del desmedro patrimonial que esa decisión le puede acarrear. Y entonces, surge la pregunta: ¿La decisión así tomada se encuentra libre de coacciones y ajena por completo a la injerencia que post mortem, ejerce el testador en la libertad del asignatario? Considera la Corte que no. El libre desarrollo de la personalidad lo que busca precisamente es que la persona, hombre o mujer, pueda tomar decisiones que permitirán el desarrollo de su vida, libremente, sin interferencias de ninguna índole. La decisión de permanecer soltero o en estado de viudez, solo debe ser tomada por la persona en ejercicio de su derecho a decidir, y esa decisión no podrá ser libre si existe una presión de índole patrimonial que puede determinar el curso de su vida.
La condición de permanecer en estado de soltería o de viudedad, ya sea para la mujer o para el hombre establecida por el testador en la asignación testamentaria, le resta libertad a la decisión del asignatario, pues permite una intromisión en su vida, independientemente de las razones altruistas o no que llevaron al testador a condicionar la asignación en ese sentido, y ello, le quita validez constitucional a una asignación así impuesta. La opción de casarse y conformar una familia, hace parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Es una de esas decisiones trascendentales de las personas, que determinarán su forma de vida, de ahí, que ella no pueda estar sujeta a condiciones que limiten o restrinjan el ejercicio libre y autónomo de esa opción”(29).
3.5.15. En conclusión, la Sala infiere que cualquier intromisión correspondiente al fuero interno del individuo, significa una injerencia indebida en su capacidad para auto determinarse, como por ejemplo, la opción de permanecer en un determinado estado civil. Así, aunque en el caso de las asignaciones condicionales testamentarias éstas no constituyan una obligación o prohibición para el asignatario, en todo caso restringen la libertad del individuo y, por tanto, carecen de validez constitucional.
4.2. Análisis del cargo de igualdad.
Para responder a ello, resulta pertinente recordar primero que la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que “...la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales. En relación con los destinatarios de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador goza de un cierto margen de libertad de configuración normativa para regular de manera diferente una determinada situación jurídica, diferencia que sólo resulta discriminatoria si no se encuentra razonablemente justificada...”(30).
El hecho de que los primeros estén sujetos a una condición testamentaria y los segundos no, hace que no sea comparable la situación de los dos grupos, pues aquellos están cobijados por la norma jurídica acusada y pueden asumir las consecuencias de la misma, mientras que las demás personas no lo están. A esto, debe agregarse que las asignaciones testamentarias en el caso que nos ocupa, no son de obligatorio cumplimiento, por tanto, el asignatario puede optar por aceptarla o no. En caso de hacerlo, se entiende que se somete a la condición allí señalada, es decir, si desea recibir el beneficio sucesoral y tiene uno o más hijos de un anterior matrimonio, debe permanecer en estado de viudez. De lo contrario, no asumiría la carga impuesta por el precepto jurídico, estando en libertad de permanecer en el estado civil que mejor le convenga.
4.3. Análisis de los cargos por vulneración de los artículos 16 y 42 superiores.
De este modo, para el caso de las asignaciones testamentarias condicionadas, la posición actual de este tribunal no admite intromisiones en tal sentido, pues considera que al estipularse una restricción de tales características, la decisión no está del todo libre de coacciones, situación que interfiere en el libre desarrollo de la personalidad del individuo. Así pues, se reitera que ”[l]a decisión de permanecer en estado de viudez, solo debe ser tomada por la persona en ejercicio de su derecho a decidir, y esa decisión no podrá ser libre si existe una presión de índole patrimonial que puede determinar el curso de su vida”(31).
4.3.6. En suma, la Sala concluye entonces que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad es una prerrogativa constitucional que cuenta con una amplia esfera de protección, la cual cobija de manera especial la facultad que tiene todo ciudadano para decidir sobre la forma en que desea constituir una familia, pues tal elección hace parte del núcleo esencial de tal derecho y no puede ceder en aras de garantizar la facultad del causante para imponer condiciones testamentarias, “pues ese derecho se encuentra sujeto a límites, uno de ellos y de gran significación, el derecho a auto determinarse en la vida según sus propias convicciones”(32).
(4) Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
(5) Adaptada y proclamada por la asamblea general en su Resolución 217A (III), del 10 de diciembre de 1948.
(6) Sentencia T-542 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(9) Sentencia T-067 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(10) Esta idea está soportada en dicha sentencia sobre el siguiente postulado: “Para que una limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima, y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria valoración ponderativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. En consecuencia simples invocaciones del interés general, de los deberes sociales (C.P., art. 15), o de los derechos ajenos de rango legal, no son suficientes para limitar el alcance de este derecho”.
(13) “Por la cual se transforman en vitalicias las pensiones de las viudas”
(14) El texto completo de la norma acusada es el siguiente: “ART. 2º—El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo anterior se pierde cuando, por culpa de la viuda, los cónyuges no viven unidos en la época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” (la expresión resaltada fue la demandada).
(16) “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
(18) “Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”.
(20) Ley 2ª de 1945 y 82 de 1947.
(21) Decretos: 3220 de 1953, 3071 de 1968, 2337 de 1971, 612 de 1977, 89 de 1984 y 95 de 1989.
(22) Figura jurídica definida por el artículo 1055 del Código Civil como “un acto más o menos solemne, en el que una persona dispone del todo o una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”.
(27) “Sentencia T-543 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Así mismo, se pueden consultar las sentencias C-588 de 1992, ya citada, C-182 de 1997 y C-480 de 1998”.
(28) Sentencia C-101 de 2005.
(30) Corte Constitucional, Sentencia C-1115 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(31) C-101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.