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Timestamp: 2020-02-21 00:56:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 200', 'artículo 201', 'artículo 198', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 22', 'artículo 18', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 31', 'artículo 33']

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Son aquellos tipos penales que protegen el derecho a la intimidad, en su dimensión negativa de exclusión del conocimiento o presencia de terceros en aquellas parcelas de la vida privada que quieren mantenerse secretas o reservadas al sujeto mismo, o en su dimensión positiva en cuanto a que determinados aspectos de la vida privada se reservan a un determinado círculo de personas.
Bien jurídico protegido y elementos comunes
Revelación de datos que afectan directamente a la intimidad personal. Tipos básicos
Delito de descubrimiento de secretos documentales
Delito de interceptación de comunicaciones
Delito de descubrimiento de secretos en soporte electrónico
Revelación de datos que afectan directamente a la intimidad personal. Tipos agravados
Tipo específico: Difusión de imágenes o grabaciones obtenidas con anuencia (sexting)
Acceso a otros datos o informaciones que pueden afectar a la privacidad pero no a la intimidad
El acceso sin autorización a un sistema de información.
Interceptación de transmisiones entre sistemas.
Facilitación de programas o contraseñas para interceptar o acceder a un sistema de información.
Subtipos agravados comunes a todos los delitos de descubrimiento y revelación de secretos
El bien jurídico protegido, que es la intimidad, es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española cuando dispone, en su primer apartado, "se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Este derecho fundamental tiene dos dimensiones, una dimensión que se denomina derecho a la intimidad corporal, y otra denominada derecho a la intimidad personal. Es un aspecto de la intimidad con un contenido más amplio que el relativo a la intimidad corporal. Según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, el derecho a la intimidad personal, en cuanto derivación de la dignidad de la persona (artículo 10.1 de la Constitución Española) implica "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana" (Sentencias del Tribunal Constitucional números 231/1988, 197/1991, 20/1992, 219/1992, 142/1993, 117/1994 y 143/1994), y referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo (Sentencias del Tribunal Constitucional número 142/1993 y 143/1994).
El sujeto pasivo en estos delitos puede ser cualquier persona física, es decir, las personas individuales, y además, conforme al artículo 200 del Código Penal, también las personas jurídicas, es decir las sociedades, asociaciones, comunidades de bienes y cualquier otra organización pluripersonal a la que el ordenamiento jurídico le confiere una existencia jurídica independiente a la de sus componentes.
• Por secreto en estos delitos ha de entenderse lo concerniente a la esfera de la intimidad que es sólo conocido por su titular o por quien él determine. Para diferenciar la conducta típica de la mera indiscreción es necesario que lo comunicado afecte a la esfera de la intimidad que el titular quiere defender. Por ello se ha tratado de reducir el contenido del secreto a aquellos extremos afectantes a la intimidad que tengan cierta relevancia jurídica, siendo así cuando se lesiona la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario -según las pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad mínima de vida humana.
• Desde el punto de vista procesal, el artículo 201 del Código Penal prevé que para poder incoarse un proceso penal para perseguir estos delitos será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Es lo que se denomina procesalmente un delito semiprivado pues para que la Administración de Justicia pueda intervenir tiene que estar "autorizada" por la víctima mediante su denuncia. Se basa en que no existe un interés público relevante en la persecución de los hechos por afectar a derechos privados. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el ministerio fiscal. En estos casos el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal o la pena impuesta, salvo en los delitos contra menores o incapacitados, en que los jueces o tribunales, oído el ministerio fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del ministerio fiscal, o el cumplimiento de la condena.
No se exige denuncia previa en el caso de los hechos descritos en el artículo 198 del Código Penal, o cuando el sujeto activo sea autoridad o funcionario público o cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, en cuyo caso el procedimiento se podrá poner en marcha de oficio.
Se recogen en el Título X del Libro II, Capítulo I, arts. 197 a201 CP. Tras la reforma operada por la LO 1/2015 en estos delitos, el esquema queda como sigue:
1. Revelación de datos que afectan directamente a la intimidad personal.
A) Tipos básicos:
• Apoderamiento para descubrir los secretos o interceptación de las comunicaciones art. 197.1 CP
• Descubrimiento de secretos en soporte electrónico. Art. 197.2 CP
B) Subtipos agravados:
• Cuando los tipos básicos se cometan (art. 197.4 CP) :
- Por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros;
- Mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima.
C) Tipo específico: Difusión de imágenes o grabaciones obtenidas con anuencia. art. 197. 7 CP
2. El acceso a otros datos o informaciones que pueden afectar a la privacidad.
• El acceso sin autorización a un sistema de información art. 197 bis 1 CP
• Interceptación de datos informáticos art. 197 bis 2 CP
• Facilitación de programas o contraseñas para interceptar o acceder a un sistema de información Art. 197 ter CP
3. Subtipos agravados comunes.
• Organización o grupo criminal. Art. 197 quater CP
• Persona jurídica. Art. 197 quinquies CP
Este primer delito básico se contiene en el artículo 197.1 del Código Penal cuando se castiga al que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales.
Sujeto activo puede ser cualquier persona puesto que no se exigen ningún requisito especial en este delito para ser autor.
La conducta castigada es descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, para lo cual el autor se apodera de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales. Se puede desglosar en los siguientes requisitos:
- Los datos en este caso están contenidos en un soporte material como papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales. Hay una cláusula abierta a cualquier otro tipo de documento o efecto. Estos soportes materiales deben pertenecer al sujeto pasivo.
- En todo caso se debe obrar sin el consentimiento del titular de los documentos y datos, que de existir haría los hechos atípicos.
En cuanto al elemento subjetivo, se castiga sólo la conducta dolosa, es decir, intencional, y además se exige una intención especial que es realizar la acción para descubrir los secretos del sujeto pasivo o violar su intimidad. Se debe obrar, pues, de forma claramente maliciosa para conocer él mismo los secretos o intimidad del sujeto activo y/o para transmitir esos datos a terceros.
Las penas previstas son las de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Se contiene en el inciso final del artículo 197.1 Código Penal, cuando castiga al que intercepte las telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.
Sujeto activo también puede ser cualquiera pues no se exigen especiales requisitos.
La acción consiste en interceptar las telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. Se trata, pues, de captar los datos protegidos cuando se transmiten por señal de telecomunicación (una conversación telefónica por ejemplo), o cuando se obtienen por procedimientos subrepticios del lugar en que se está produciendo la manifestación de esos datos, como es grabar una conversación que mantienen unas personas en una habitación o un despacho. No se castiga oír personalmente la conversación sino utilizar medios técnicos de captación y almacenaje de la información.
Se excluye la tipicidad, es decir no es delito, si hay consentimiento, como por ejemplo cuando una persona que conversa telefónicamente con otra graba la conversación en la que participa. Tampoco estará castigado el hecho cuando se realiza en el ejercicio de un derecho, oficio, cargo, como prevé el artículo 22.7 del Código Penal, como, por ejemplo, cuando la conversación es grabada por decisión judicial al amparo de las normas sobre interceptación de las comunicaciones previstas en el artículo 18.3 de la Constitución Española y art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como diligencias de investigación del delito en la instrucción penal.
Se castiga sólo la conducta de propósito, es decir la conducta dolosa; el actuar a sabiendas. No se incluyen grabaciones accidentales o negligentes, si bien de obtenerse de esta manera los secretos, si se revelaren posteriormente podrá dar lugar al tipo penal de revelación.
El artículo 197.2 del Código Penal, prevé el delito de descubrimiento y revelación de secretos cuando los datos descubiertos y revelados se encuentran en un soporte electrónico.
El sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, tratándose de un delito llamado común por no preciarse requisitos o condiciones especiales en el autor de la infracción penal.
La conducta castigada es la de quien, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. Varias cuestiones plantea la acción:
- Se emplean varios verbos de acción: apoderar, utilizar, modificar, acceder o alterar. Apoderar se refiere al soporte en que los datos se encuentren, dado que estos son inmateriales, y en definitiva la esencia de la acción no es el mero apoderamiento del soporte sino la utilización. Como también el acceso, la modificación o la alteración son, en definitiva, utilización de los datos.
- La acción recae, como objeto, sobre los datos reservados de carácter personal o familiar, pudiendo definirse los primeros como aquellos concernientes a personas físicas perfectamente identificadas o identificables. Los datos de carácter familiar serían datos personales de los miembros de una familia, siendo una previsión redundante e innecesaria. Hay que excluir de estos datos del tipo básico los especialmente sensibles que serán objeto de tratamiento en posteriores tipos agravados.
- La acción realizada por el sujeto pasivo es en perjuicio de tercero o del titular de los datos, pareciendo que el tercero al que se refiere el precepto sería el titular del registro que fuera distinto al titular de los datos contenidos en él.
- Los datos tienen que estar alojados en determinados soportes materiales de carácter electrónico como son ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, se entiende que de esa misma naturaleza electrónica.
- El sujeto activo comete los hechos sin autorización, es decir, habrá que estar a la regulación de acceso a los datos según el supuesto y soporte de que se trate, debiéndose tener en cuenta en todo caso el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La conducta castigada es dolosa, es decir intencional, lo que se pone especialmente de manifiesto en el precepto cuando exige que se obre "en perjuicio" del titular de los datos o de un tercero, que puede ser el titular del soporte, de modo que se obra con conocimiento y voluntad de acceder al secreto o información o datos reservados sin consentimiento legítimo.
Las penas son las de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
1. Difusión, revelación o cesión de los datos reservados a terceros (art. 197.3 CP)
Se contienen dos modalidades:
• El art. 197.3 párrafo 1º, es aplicable a todos los tipos básicos anteriores, y tiene su fundamento en que dichas acciones suponen incrementar la vulneración de la intimidad del sujeto pasivo. Presuponen la comisión de alguna de las modalidades básicas y comprende tres conductas: difusión, revelación y cesión, que en definitiva suponen la comunicación a una o más personas. La significación gramatical de los verbos utilizados parecen abarcar desde la transmisión por medio de comunicación, la comunicación a un número limitado de personas, o a un tercero para que use dicha información, de manera que el legislador equipara difusión, revelación y cesión a terceros, aun cuando la primera suponga una mayor publicidad. La pena en este caso es de prisión de dos a cinco años.
• El art. 197.3 párrafo 2º, se contiene un tipo atenuado en cuanto que el autor no ha cometido ni participado previamente en el delito de descubrir la intimidad, no ha sido autor ni cómplice. Se exige que el sujeto activo conozca la procedencia ilícita, que no necesariamente delictiva, de la información que luego va a difundir. La pena prevista es de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.
2.- Si los hechos se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, la pena es de prisión de 3 a 5 años.(Art. 197.4 a CP)
Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las penas en su mitad superior.
3.- Si los hechos se llevan a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima. la pena es de prisión de 3 a 5 años.(Art. 197.4 b CP)
4.- Datos sensibles o que afecten a menores o incapaces (art. 197.5 CP)
Otro supuesto agravado cuyo fundamento es la especial protección de lo que se denomina el núcleo duro del derecho a la intimidad (núcleo duro de la privacy), además de los casos en que la víctima fuese un menor de edad o discapacitado, por su vulnerabilidad, que agrava la pena que resulte de la aplicación de los preceptos anteriores, imponiéndola en su mitad superior.
Se refieren a la esfera más sensible de la intimidad como «la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual». El art. 9 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, de protección de datos y art. 9 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales se refieren a ellos como categorías especiales de datos.
5.- Ánimo de lucro (art. 197.6 CP)
Si los hechos se realizan con fines lucrativos se impondrán las penas anteriores en su mitad superior. Si además afectan a datos especialmente sensibles de los aludidos arriba, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.
La LO 1/15 de 30 de marzo, tipifica expresamente en el art. 197.7 CP los supuestos en los que las imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero son luego divulgados contra su voluntad, cuando la imagen o grabación se haya producido en un ámbito personal y su difusión, sin el consentimiento de la persona afectada, lesione gravemente su intimidad.
El tipo protege la intimidad personal en relación con materiales fotográficos o audiovisuales cuya difusión puede generar un menoscabo grave. La conducta se construye sobre un primer estadio en el que el material se obtiene con consentimiento del afectado y sobre un segundo estadio en el que la difusión se produce sin tal consentimiento. Se trata de la conducta de sexting.
La descripción típica ofrece una acción típica básica consistente en la «difusión», «revelación» o «cesión» de imágenes o grabaciones audiovisuales, a la que se adiciona un elemento subjetivo del injusto consistente en la necesaria concurrencia de la intención de menoscabar la intimidad ajena.
El delito se configura como de tipo mixto alternativo (difundir, revelar o ceder a terceros), aunque los términos se equiparan en el sentido de que todos ellos exigen la comunicación o transmisión de las grabaciones o vídeos a terceros, aunque, como se señala por la doctrina, difundir supone un número más amplio e indeterminado de destinatarios de esa comunicación. Se configura como un delito especial de propia mano, por cuanto que solo podrá ser cometido por aquél que hubiera obtenido las imágenes o grabaciones audiovisuales difundidas con el consentimiento de la víctima. Resulta ajustada a LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, la precisión de que las imágenes o grabaciones audiovisuales han de haber sido obtenidas en un domicilio o en un lugar excluido del alcance de la mirada de terceros.
Además prevé una agravación cuando la víctima sea el cónyuge o ex cónyuge del sujeto pasivo o persona que conviva o haya convivido con él o mantenga o haya mantenido una relación análoga.
Tales conductas han sido modificadas por la LO 1/15 de 30 de marzo. Se trata del acceso a datos o informaciones que afectan a la privacidad, pero no a la intimidad personal como las conductas anteriores, de acuerdo con el planteamiento recogido en la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, relativa a los ataques contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos, cuando no se trata de una comunicación personal, que transpone.
Se trata de conductas esencialmente dolosas, la Directiva no establece responsabilidades penales cuando se cumplen los criterios objetivos de las infracciones enumeradas en la misma pero los actos se cometen sin propósito delictivo —sin dolo—
Tras la reforma operada por la LO 1/15 de 30 de marzo, el anterior art. 197.3 pasa a 197 bis 1 CP, tipificándose de forma separada el mero acceso a los sistemas informáticos, añadiéndose novedosamente el art. 197 bis 2.
Las conductas consisten en:
• Acceder o mantenerse en un sistema de información sin autorización, o en mantenerse en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho a excluirlo, y ha de realizarse vulnerando las medidas de seguridad establecidas.
• Facilitar a otro el acceso a un sistema de información, vulnerando, igualmente dichas medidas de seguridad sin autorización.
La pena es de prisión de seis meses a dos años.
La LO 1/15 incluye en el art. 197 bis 2 CP la tipificación de la interceptación de transmisiones entre sistemas, cuando no se trata de transmisiones personales, sin autorización.
La pena prevista es la de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses.
Señala la citada Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, que la interceptación abarca, sin limitarse necesariamente a ello, la escucha, el seguimiento y el análisis del contenido de comunicaciones, así como la obtención del contenido de los datos bien directamente, mediante el acceso y recurso a ese sistema de información, o indirectamente, mediante el recurso a sistemas de escucha y grabación electrónicos por medios técnicos.
La LO 1/15 de 30 de marzo, añade un nuevo artículo 197 ter CP, estableciéndose que será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 CP o el artículo 197 bis CP:
• Un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos; o
• Una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.
• Comisión por organización o grupo criminal (art. 197 quater CP): se aplicarán las penas superiores en grado a las recogidas para el delito correspondiente.
• Si es responsable una persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis CP (art. 197 quinquies CP): se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Se podrán imponer, además, las penas recogidas en el artículo 33.7.b) a g) CP, conforme a las reglas del art. 66 bis CP.
• Cuando se cometa por autoridad o funcionario público, fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa por delito y prevaliéndose de su cargo (art. 198 CP): se imponen las penas previstas en su mitad superior y, además la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
Se trata de un delito especial impropio que solo puede ser cometido por la autoridad o funcionario público que ha de actuar fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa por delito, y prevaleciéndose de su cargo. Deben distinguirse de los delitos regulados en los arts. 534 a536 CP, dentro de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad, en que de igual forma que en las detenciones ilegales, actúan mediando causa por delito. Y esa es la diferencia, en el tipo analizado, el funcionario actúa como un particular, por tanto fuera completamente de sus competencias, mientras en los delitos contra las garantías constitucionales lo hacen en el ejercicio de las mismas pero se extralimitan gravemente.
El art. 199 CP se estructura en dos apartados:
• En el primero se castiga a los que revelen secretos ajenos que conozcan por razón de su oficio o sus relaciones laborales.
• El segundo regula el secreto profesional.
El bien jurídico es el mismo en ambos supuestos, la intimidad de un tercero. Y la conducta también, pues consiste en «revelar» o «divulgar» secretos conocidos en el desempeño de un oficio o relación laboral, o en el ejercicio de una profesión. Sirven aquí cuantas observaciones se hicieron al comentar el tipo básico del art. 197. Las diferencias, que se traducen en una mayor pena para el segundo apartado, se sitúan en la distinta naturaleza de la actividad por cuanto los profesionales incumplen el deber de secreto profesional.
Cabe considerar como confidentes necesarios a los Abogados y Procuradores (están obligados a guardar secretos sobre los hechos revelados por sus clientes, EGA, RD 658/2001, y EGP RD 1281/2002), médicos (art. 10.3 de la Ley 14/1986 General de Sanidad), detectives (RD 2364/1994 y Ley 23/1992 de Seguridad Privada), profesionales de banca (RDL 1298/1986 de 28 de junio, de entidades de crédito), informáticos, sacerdotes, periodistas.
• Se regulan en el Título X del Libro II, Capítulo I, arts. 197 a201 CP.
• El bien jurídico protegido es la intimidad, derecho fundamental recogido en la Constitución (art. 18 CE)
• Se distingue entre delitos de descubrimiento y revelación de datos que afectan a la intimidad personal y aquellos que afectan a la privacidad, pero no directamente a la intimidad.
• Se regula expresamente la difusión, sin autorización, de datos obtenidos con consentimiento, el denominado sexting.
• De todos estos delitos puede ser responsable la persona jurídica.