Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-3139-2006-07-11-2007-45311
Timestamp: 2018-10-19 16:14:06
Document Index: 218900935

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 244', 'artículo 105', 'artículo 220', 'artículo 38']

Resolución de TEAC, 00/3139/2006, 07-11-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3139/2006 de 07 de Noviembre de 2007
Núm. Resolución: 00/3139/2006
La solicitud de revisión por una viuda de la pensión compartida con anterior cónyuge del causante pretende que a dicha pensión, confirmada por una previa resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que no fue recurrida, se aplique la interpretación de la Disposición Adicional Décima de la Ley 30/1981, según la Sentencia de 21 de marzo de 1995 dictada en casación para unificación de doctrina, por lo que el Centro Gestor debió haber entrado a calificar el escrito y resolver la pretensión planteada. Sin embargo, por economía procedimental, se entra a analizar la cuestión de fondo y se desestima la reclamación, pues la sentencia en unificación de doctrina tiene efectos para quienes las interponen y para el futuro pero no modifican las situaciones jurídicas creadas con anterioridad, que permanecen inamovibles.
En la Villa de Madrid, a 7 de noviembre de 2007, en la reclamación económico-administrativa que en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por D.ª A, con domicilio en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 7 de julio de 2006, inadmitiendo solicitud de revisión de haber pasivo de pensión de viudedad.
PRIMERO: D. B, funcionario del Cuerpo de ..., falleció el ... de 1993 y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de ... de 1993, procedió al señalamiento de pensión de viudedad a favor de su primera esposa D.ª C y, posteriormente, en acuerdo de ... de 1994 efectuó un nuevo señalamiento de pensión de viudedad compartida entre D.ª C, como primera esposa (con la que había contraído matrimonio el ... de 1957, se había separado el ... de 1988 y divorciado el ... de 1992) y D.ª A segunda esposa, con la que se había casado el ... de 1992 y con la que convivió hasta su fallecimiento, indicándose en él: "La pensión total resultante debe repartirse entre las beneficiarias proporcionalmente al tiempo de convivencia con el causante, correspondiendo a la primera el 48,75 por ciento por 10.374 días y a D.ª A el 1,24 por ciento por 265 días".
SEGUNDO: Contra dicho segundo acuerdo, D.ª A interpuso reclamación económico-administrativa alegando que únicamente se le había computado el tiempo comprendido entre su matrimonio el ... de 1992 y la muerte del causante, ... de 1993, y, a su juicio, se le debía computar además un tiempo que convivió con el causante antes de su matrimonio desde ... de 1986 hasta el ... de 1992, según acreditaba con certificado del Ayuntamiento de ..., de fecha ... de 1992. Este Tribunal Central por resolución de ... de 1995, R.G. ...; R.S. ..., desestimó la referida reclamación indicado en el Considerando 4º: ".-Que el artículo 38 del Texto Refundido de 1987 prescribe que "tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos siempre en proporción al tiempo que hubieran vivido con el cónyuge fallecido y con independencia de las causas que hubieran determinado la anulación o el divorcio en cada caso", de donde se infiere que las situaciones a tener en cuenta en el cálculo de las pensiones a asignar son exclusivamente las matrimoniales, puesto que la condición de cónyuge sólo es predicable mediante el matrimonio, y basada la pretensión de la reclamante de reconocimiento de un mayor porcentaje en la convivencia extramatrimonial con el causante, no existen términos hábiles para acogerla, por lo que obligada resulta la desestimación de la reclamación planteada". Contra la anterior resolución no se interpuso recurso ante la Audiencia Nacional, por lo que devino firme por consentida.
TERCERO: Con fecha 23 de mayo de 2006, D.ª A presentó en la Delegación de Economía y Hacienda de ... escrito en el que solicitaba: "se le reconozca pensión de viudedad inicial de 24.576 ptas. (147,70 euros) mensuales (14 pagas anuales) más las revalorizaciones procedentes desde 1.993 hasta ahora". Funda su petición en las siguientes alegaciones: "PRIMERA.- Desde el ... 1.986 y sin interrupción he convivido con D. B (Doc. n° 1). En ... 1.992 contrajimos matrimonio. En ... 1.993 D. B falleció en situación de jubilado forzoso por esa Mutualidad. Anteriormente D. B estuvo casado desde ... 1957 con Dña. C con quien convivió hasta ... 1.986. Por sentencia de ... 1.988 del Juzgado de 1ª Instancia n° ... de ... se declaró la separación de D. B y D.ª C. Y por sentencia del mismo juzgado de ... 1.992 se decretó el divorcio (Doc. n° 2). SEGUNDA.- Por Resolución de esa Dirección General de ... 1.994 ( N° Expediente ...) se acordó reconocer pensión de viudedad, con efectos de ... 1.993, del 50 % de una base reguladora de 3.366.613 pts. anuales. Ese 50 % se dividió en la resolución de forma que a la ex-esposa se le aplicó un 48,75 % y a mí, siendo la viuda, un 1,24 %. Así pues se me paga una pensión del 1,24 % de 3.366.613 pts, es decir 41.746 pts año, 2.982 pts mes; a lo que se han ido añadiendo las revalorizaciones oportunas. Para llegar a tal distribución he podido conocer que lo que al parecer se hizo fue computar a la ex esposa Dña. C un periodo de convivencia de ... 1.957 (matrimonio suyo) hasta ... 1.986 fecha en la que habían dejado de convivir según las sentencias dictadas; lo cual resulta correcto. Y en mi caso se computaba convivencia de ... 1.992 (matrimonio mío) hasta ... 93 (fallecimiento); lo cual sí resulta absolutamente un error. Además la distribución se hizo, según parece, tomando los dos periodos de convivencia supuesta, es decir la suma de los antes citados (de ... 1.957 a ... 1.986 y de ... 92 a ... 93), para después aplicar a ello la proporción o porcentaje según la parte que se consideraba de convivencia de cada una; lo cual también supone un error. TERCERA.- El error está, como se ha dicho y en primer lugar, en aplicarme a mí un porcentaje según un periodo de convivencia incorrecto puesto que contrajimos matrimonio en ... 1.992 pero convivíamos desde ... 1.986, luego mi periodo sería mucho mayor al considerado. Pero es que además a mí no debe aplicárseme porcentaje o proporción alguna, ya que soy la viuda, es decir el cónyuge supérstite, y legalmente lo que me corresponde es la pensión de viudedad completa, como a cualquier viuda y con independencia de cuándo haya sido el matrimonio, e incluso del periodo de convivencia. Sólo que de mi pensión de viudedad debe restarse la parte que corresponda a la ex-esposa, que no es en absoluto la viuda, y, en ese caso sí, según la proporción de convivencia real que aquélla haya podido tener, y que en ese caso fue efectivamente, y como ya se consideró en la resolución, de ... 1957 a ... 1986. Es decir que es sólo a la ex-esposa a quien se le tiene que aplicar un porcentaje sobre convivencia, y no a la viuda, a quien corresponde la pensión entera y sólo con la deducción de esa cuantía de la ex-esposa. La cuestión fundamental y donde reside el problema básico y que sin duda ha sido un error, está en que la proporción de la ex-esposa (y la mía también) se ha tomado, como ya se ha dicho, partiendo del periodo de suma de las dos convivencias (que además la mía no es la considerada). Es decir que parecen haberse tomado 10.639 días (10.374 de convivencia de la ex-esposa de ... 1957 a ... 1986 más 265 días que se me computan a mí de ... 92 a ... 1993) y a ello se aplican las proporciones (10.374 días es 97,50% de 10.639 y 265 es 2,49% de dichos 10.639, y como la pensión de viudedad es el 50%, los porcentajes sobre la base reguladora que se han puesto han sido la mitad, o sea 48,75 % la ex-esposa y 1,24% yo, la viuda). No obstante y como se ha repetido el error es evidente porque lo que debe tomarse como referencia no es la suma de esas convivencias supuestas, sino todo el periodo transcurrido del matrimonio primero al fallecimiento, y en tal sentido hallar la proporción para la ex-esposa, y restar esto de la pensión de viudedad total que me corresponde como única viuda. Así, esa proporción de la ex-esposa sería de 10.374 días de convivencia respecto de un total de 13.039 días que van de ... 57 (matrimonio 1°) a ... 93 (fallecimiento). Eso daría un 79,56% cuya mitad, por ser viudedad del 50%, sería 39,78%. En consecuencia la pensión de viudedad sería de 1.683.306 ptas año (50% de 3.366.613), entre 14 pagas 120.236 ptas mensuales. Y de ello habría que deducir 95.660 ptas (79,56 %), con lo que la pensión a abonarme a mi sería la de 24.576 ptas (147,70 euros) en 14 pagas y con las mejoras o revalorizaciones anuales aplicables desde 1.993 hasta hora. CUARTA.- La norma aplicable es totalmente clara en el sentido expuesto. Se trata de la Disposición Adicional 10ª apartado 3° de la Ley 30/1981 de Divorcio y que dice: "El derecho a la pensión de viudedad y demás derechos pasivos o prestaciones por razón de fallecimiento corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al tiempo convivido con el cónyuge fallecido con independencia de las causas que hubieren determinado la separación o divorcio". Por otra parte los Tribunales vienen aplicando dicha norma y en el sentido expuesto y por ejemplo desde la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26-4-1.995 (R.J. 1995/3733), que concluye: "El problema que se plantea en el recurso ha sido ya resuelto por la Sala en su Sentencia de 21 de marzo 1.995 (RJ 1.995/2171). En esta Sentencia se establece, como doctrina unificada, que la norma contenida en la regla 3° de la Disposición Adicional 10 de la Ley 30/1.981 (RCL 1981/1700 y ApNDL 2355) no regula «en manera alguna un supuesto de concurrencia de personas con derecho compartido a la misma pensión de viudedad», sino un derecho de participación del anterior cónyuge del causante en el momento del fallecimiento, de forma que en ese caso la participación en la pensión se establece en proporción al tiempo de convivencia matrimonial del cónyuge divorciado en relación a un término de comparación integrado por «tal periodo que se inicia con el matrimonio que después quedó disuelto por el divorcio y que finaliza en la fecha en que muriera el causante»". Dicha doctrina es también seguida por las Salas de lo Contencioso-Administrativo como por ejemplo la sentencia de la Sala de lo C.A. de la Audiencia Nacional de 18-7-2005 (JUR 2005/244033). QUINTA.- Se formula esta reclamación por un lado porque conforme al art° 105 de la Ley 30/92 siempre es posible la rectificación de errores, y más si suponen un gravamen, como es en mi caso, y ello aparte de que, en relación con los artículos 102 de dicha ley, también cabría revisión de lo acordado como acto nulo al afectar a derechos fundamentales de principio de legalidad y no arbitrariedad administrativas (art° 9 C.E.), igualdad (art° 14 C.E. igualdad de trato con las viudas a quienes se aplica una pensión total), protección a la familia (art° 39 C.E., pues estas prestaciones son básicas para la atención familiar) y derecho a las prestaciones (art° 41 C.E.), además de que por aquella resolución se adquirirían derechos por la otra parte sin requisito esencial, cual es la proporción correcta. Es claro que se trata de un error material y aritmético en un cálculo en el que se han tomado parámetros equivocados. En cualquier caso además y tratándose de un derecho imprescriptible mediante este escrito tendría como reiniciación de reclamación de viudedad, que siempre es posible aunque los efectos retroactivos puedan limitarse en el tiempo, y más tratándose de una actuación anterior que ha resultado ser errónea".
CUARTO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 7 de julio de 2006, resolvió inadmitir la solicitud de revisión de haber pasivo al haber sido resuelta idéntica petición en resolución firme del Tribuna Económico-Administrativo Central de fecha ... de 2005. Funda su acuerdo en los siguientes fundamentos: "3) Que, en dicha Resolución, se resolvía idéntica solicitud a la ahora planteada, de que, se tomara un mayor tiempo de convivencia antes del matrimonio con el causante, señalándose, en su CONSIDERANDO 4°: "... Que el artículo 38 del Texto Refundido de 1987 prescribe que "tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos siempre en proporción al tiempo que hubieran vivido con el cónyuge fallecido y con independencia de las causas que hubieran determinado la anulación o el divorcio en cada caso; de donde se infiere que las situaciones a tener en cuenta en el cálculo de las pensiones a asignar son exclusivamente las matrimoniales, puesto que la condición de cónyuge sólo es predicable mediante el matrimonio, y basada la pretensión de la reclamante de reconocimiento de un mayor porcentaje en la convivencia extramatrimonial con el causante, no existen términos hábiles para acogerla, por lo que obligada resulta la desestimación de la reclamación planteada... ". 4) Que, contra la referida Resolución de ... de 1995 del T.E.A.C., no consta que se interpusiera recurso contencioso-administrativo, por lo que, devino en firme y consentida. 5) Que, contra los actos firmes en vía económico administrativa cabe interponer, si se reúnen los requisitos exigidos, únicamente, el recurso extraordinario de revisión (artículo 244 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, -B.O.E. 18-12-2003-)".
QUINTO: Contra la anterior resolución, que consta notificada el 14 de julio de 2006 según aviso de Correos, la interesada interpone la presente reclamación económico-administrativa mediante escrito presentado el 8 de agosto de 2006 en la Delegación de Economía y Hacienda de ... en el que se limitaba a interponerla y concedido plazo para formular alegaciones y proponer pruebas, presentó escrito el 11 de enero de 2007 en el que reitera la solicitud y las alegaciones del escrito presentado el 23 de mayo de 2006, que se describe en el antecedente de hecho tercero, añadiendo además: "SEGUNDA.- Por Resolución de 7-7-2006 de la Directora General se resolvió inadmitir la citada reclamación en base a considerar que ya en Resolución de ese Centro Directivo de ... 94 se me había reconocido una pensión de viudedad de 2.982 ptas, y que se interpuso reclamación económico-administrativa que fue desestimada por Resolución de 7-1-1995. Y en consecuencia se consideraba acto firme y consentido decidiéndose la inadmisibilidad de este recurso. TERCERA: No obstante debe recordarse que ya en el escrito inicial yo adelantaba a tal efecto la siguiente alegación al final del escrito: "QUINTA.- Se formula esta reclamación por un lado porque conforme al art° 105 de la Ley 30/92 siempre es posible la rectificación de errores, y más si suponen un gravamen, como es en mi caso, y ello aparte de que, en relación con los artículos 102 de dicha ley, también cabría revisión de lo acordado como acto nulo al afectar a derechos fundamentales de principio de legalidad y no arbitrariedad administrativas (art° 9 C.E.), igualdad (art° 14 C.E. igualdad de trato con las viudas a quienes se aplica una pensión total), protección a la familia (art° 39 C.E., pues estas prestaciones son básicas para la atención familiar) y derecho a las prestaciones (art° 41 C.E.), además de que por aquella resolución se adquirirían derechos por la otra parte sin requisito esencial, cual es la proporción correcta. Es claro que se trata de un error material y aritmético en un cálculo en el que se han tomado parámetros equivocados. En cualquier caso además y tratándose de un derecho imprescriptible mediante este escrito tendría como reiniciación de reclamación de viudedad, que siempre es posible aunque los efectos retroactivos puedan limitarse en el tiempo, y más tratándose de una actuación anterior que ha resultado ser errónea". En tal sentido debe referir que no es aplicable el criterio del acto firme o consentido, ya que para ello es requisito que se trata de idéntica reclamación y en este caso no resulta tal identidad. En la actual reclamación solicito una proporción y cuantía específica y en razón de unos parámetros concretos, y sobre todo en base además a unas consideraciones y argumentación distinta, lo cual hace inaplicable el supuesto de acto consentido o cuestión ya resulta, pues, como por ejemplo refiere la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Burgos del TSJ de Castilla y León de 6-2-2002 (Recurso 342/2000) "no cabe apreciar inadmisibilidad por acto confirmatorio de otro anterior firme y consentido, si entre las dos reclamaciones, separadas en el tiempo, se produce una diversidad de fundamentación jurídica". Todo ello con independencia de lo ya expuesto en el sentido de que un error es siempre rectificable, y sobre todo que si se trata de acto afectante a derechos fundamentales siempre puede rectificarse. Por lo expuesto, SOLICITA, Que habiendo por presentado este escrito se tenga por cumplido el trámite de alegaciones y previos los trámites oportunos se resuelva revocar la resolución impugnada y reconocerme, conforme se instó, pensión de viudedad inicial de 24.576 ptas (147,70 euros) mensuales (14 pagas anuales) más las revalorizaciones procedentes desde 1.993 hasta ahora".
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si el acuerdo del Centro Gestor que inadmitió la solicitud de revisión de la pensión de viudedad que tiene reconocida se halla, o no, ajustado a derecho.
SEGUNDO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de ... de 1994, señaló a D.ª A pensión de viudedad coparticipada con D.ª C en los términos señalados en el antecedente de hecho primero. Contra el anterior acuerdo la reclamante interpuso reclamación económico-administrativa que fue desestimada por resolución de ... de 1995 de este Tribunal Central, descrita en el antecedente de hecho segundo, que no fue recurrida en tiempo y forma por lo que devino firme por consentida. D.ª A, en su escrito de 23 de mayo de 2006, descrito en el antecedente de hecho tercero, plantea la aplicación a su caso de la doctrina unificada que para aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 10 de la Ley 30/1981 dictó la sentencia de 21 de marzo de 1995 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, describiendo, por una parte, las consecuencias que en su caso concreto se producían en relación con el reparto de la pensión de viudedad compartida y, por otra, argumentando la posibilidad de rectificar errores que conforme al artículo 105 de la Ley 30/1992 tiene la Administración. El Centro Gestor, en su acuerdo de 7 de julio de 2006, declaró inadmisible la revisión del haber pasivo de la interesada al considerar que igual petición había sido resuelta por la reclamación económico-administrativa desestimada por resolución de ... de 1995 (R.G. ...) de este Tribunal Central, que no fue recurrida, por lo que devino firme por consentida, pero en realidad la interesada formulaba una petición al amparo de la doctrina emanada de la sentencia de 21 de marzo de 1995, posterior a la resolución citada de 27 de enero de 1995 y que, por lo mismo, no pudo ser tenida en cuenta. Por ello el Centro Gestor debió haber hecho la calificación previa del escrito de la interesada y haberlo admitido entrando a resolver la pretensión planteada, por lo que procedería anular el acuerdo del Centro Gestor y retrotraer el expediente al momento procedimental anterior al de su resolución para que, entrando en el fondo del asunto, dictase un nuevo acuerdo, pero por razones de economía procedimental este Tribunal Central va a entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada.
TERCERO: En la presente reclamación económico-administrativa la interesada manifiesta que ella no plantea la revisión de un acto firme o consentido "ya que para ello es requisito que se trate de idéntica reclamación y en este caso no resulta tal identidad, para lo cual alega que: "En la actual reclamación solicito una proporción y cuantía específica y en razón de unos parámetros concretos y sobre todo, además, en base a unas consideraciones y argumentación distinta, lo cual hace inaplicable el supuesto de acto consentido o cuestión ya resuelta, pues, como por ejemplo refiere la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos del TSJ de Castilla y León de 6-2-2002 (Recurso 342/2000) "no cabe apreciar inadmisibilidad por acto confirmatorio de otro anterior firme y consentido, si entre las dos reclamaciones, separadas en el tiempo, se produce una diversidad de fundamentación jurídica". Todo ello con independencia de lo ya expuesto en el sentido de que un error es siempre rectificable, y sobre todo que si se trata de acto afectante a derechos fundamentales siempre puede rectificarse". En la presente reclamación económico-administrativa la reclamante alega, esencialmente una diversa fundamentación jurídica de su actual pretensión y la que motivó el acuerdo de 28 de enero de 1994, que señaló la pensión de viudedad compartida entre la primera esposa del causante y la reclamante, que fue confirmado por este Tribunal Central por resolución de ... de 1995, y no fue recurrida.
CUARTO: La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dice en su artículo 220.- Rectificación de errores.- "1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier, momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que se rectifica. 2. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento. El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá los siguientes efectos: a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad. b) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado. 3. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa". En el presente caso, la propia reclamante admite que no se da la existencia de errores rectificables, toda vez que el acuerdo de 28 de enero de 1994, cuya rectificación se solicita, se basa en consideraciones y argumentos distintos de los que ahora hace constar para pedir su revisión, es decir, que ahora hay una fundamentación jurídica distinta a la que sirvió de base para dictar el acuerdo de 28 de enero de 1994, luego no se trata de errores materiales, de hecho o aritméticos que haya que rectificar, sino de unas consecuencias jurídicas distintas que se producen al aplicar a los mismos hechos otros fundamentos de derecho.
QUINTO: La interesada lo que realmente pretende es que a los hechos descritos en el antecedente de hecho primero se aplique la interpretación que, acerca del reparto de la pensión entre viuda y ex-cónyuge del causante, al aplicar la Disposición Adicional 10, regla 3ª, de la Ley 30/1981, de 7 de julio (por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio), inició la sentencia de la Sala 4ª (de lo Social) del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1995 (RJ 1995/2171) dictada en unificación de doctrina, seguida por otras similares de la misma Sala y en el ámbito de la Seguridad Social, doctrina que ha sido recogida en la vía administrativa al ser asumida por el Centro Gestor al resolver el reparto de las pensiones de viudedad entre viuda y ex-cónyuge en el Régimen de Clases Pasivas, en aplicación del artículo 38,1, del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. En este sentido señala la interesada que no hay cosa juzgada administrativa pues no pide lo denegado por el acuerdo de 28 de enero de 1994, confirmado por resolución de ... de 1995 de este Tribunal Central, sino que su pretensión es diferente, aunque los hechos coincidan.
SEXTO: La sentencia de la Sala 4ª (de lo Social) del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1995, antes referida, se dictó "para unificación de doctrina" y conforme al Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento laboral, normativa entonces vigente, libro III, capítulo IV, del recurso de casación para unificación de doctrina, artículos 215 y siguientes, "Art. 215. Son recurribles en casación para la unificación de doctrina las sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Art. 216. El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias del Tribunal Supremo. respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos. Art. 225. 1. Los pronunciamientos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo al resolver estos recursos, en ningún caso alcanzarán a las situaciones jurídicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada. 2. Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada. En la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se resolverá lo que proceda sobre consignaciones, aseguramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, derivados del recurso de suplicación de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido depósito para recurrir, se acordará la devolución de su importe. 3. La sentencia desestimatoria por considerar que la sentencia recurrida contiene la doctrina ajustada acarreará la pérdida del depósito para recurrir. El fallo dispondrá la cancelación o el mantenimiento de las consignaciones o aseguramientos prestados de acuerdo con sus pronunciamientos". La misma regulación se repite en la normativa actual, Capítulo IV, del recurso de casación para unificación de doctrina, artículos 216 siguientes, del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Por otra parte, iguales criterios presiden las regulaciones de las sentencias dictadas para unificación de doctrina en el ámbito civil y contencioso administrativo, conforme a sus leyes reguladoras presentes y pasadas.
SÉPTIMO: Conforme ya se ha advertido, las sentencias dictadas para la unificación de doctrina "en ningún caso alcanzarán a las situaciones jurídicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada", lo que, en el presente caso significa que el acuerdo de 28 de enero de 1994, confirmado por resolución de este Tribunal Central de ... de 1995, no puede variarse por la aparición de una doctrina jurisprudencial posterior, que será aplicable a las situaciones jurídicas posteriores a su aparición pero no a las creadas con anterioridad, como es el caso de la interesada, que permanecen inamovibles.
OCTAVO: Por lo expuesto, procede confirmar el acuerdo desestimatorio del Centro Gestor.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por D.ª A, contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 7 de julio de 2006, inadmitiendo solicitud de revisión de haber pasivo de pensión compartida de viudedad, que se confirma por los fundamentos de la presente resolución.
Sentencia Constitucional Nº 39/1998, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 613/1995, 17-02-1998
Orden: Constitucional Fecha: 17/02/1998 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 39/1998 Num. Recurso: Recurso de amparo 613/1995
Sentencia Constitucional Nº 47/2004, TC, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 5513-2003, 10-02-2004
Orden: Constitucional Fecha: 10/02/2004 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 47/2004 Num. Recurso: Cuestión de inconstitucionalidad 5513-2003
Sentencia Constitucional Nº 177/1985, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 858/1984, 18-12-1985
Orden: Constitucional Fecha: 18/12/1985 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 177/1985 Num. Recurso: Recurso de amparo 858/1984
Resolución de TEAC, 00/1088/2006, 01-03-2007
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 01/03/2007 Núm. Resolución: 00/1088/2006