Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-1458-de-1997?documento=legcol&contexto=legcol_75992041699ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-21 01:17:47
Document Index: 130736172

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 30', 'artículo 30', 'artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 25']

﻿ DECRETO 1458 DE 1997
DECRETO 1458 DE 30 DE MAYO DE 1997
CONTENIDO:REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DICTA DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESTINACIÓN DE BIENES.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1073 DE JUNIO 30 DE 1997, PG. 1108
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 1461 DE 2000 ARTÍCULO 30 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO (MINJUSTICIA).
“Por el cual se reglamenta el funcionamiento del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, y se dictan disposiciones en materia de destinación de bienes”.
(Nota: Derogado por el Decreto 1461 de 2000 artículo 30 del Ministerio de Justicia y del Derecho).
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 25 y 26 de la Ley 333 de 1996,
ART. 1º—El fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, creado por la Ley 333 de 1996, funcionará como una cuenta especial, sin personería jurídica, estructura administrativa ni planta de personal, administrada por la dirección nacional de estupefacientes, con sujeción a las disposiciones contenidas en la ley, el presente decreto y de acuerdo con las políticas trazadas por el consejo nacional de estupefacientes.
ART. 2º—Para el buen funcionamiento del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, la dirección nacional de estupefacientes podrá convenir con los demás organismos del Estado y las entidades territoriales, la ejecución de las actividades que le compete desarrollar en todo el territorio nacional.
ART. 3º—Ejecutoriada la providencia que decrete las medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio, los bienes sobre los que recaiga la medida, serán puestos a disposición de la dirección nacional de estupefacientes, para su administración y destinación provisional, con sujeción a la Ley 333 de 1996 y el presente decreto.
ART. 4º—La dirección nacional de estupefacientes, a través del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, será la encargada de administrar en forma provisional los bienes y recursos sobre los cuales esté vigente una medida cautelar, por su presunta vinculación a las actividades de que trata el artículo 2º de la Ley 333 de 1996.
Para la destinación provisional de los bienes muebles e inmuebles que, en desarrollo de la Ley 333 de 1996, compete efectuar a la dirección nacional de estupefacientes se tendrán en cuenta de manera preferencial, las solicitudes que en tal sentido presenten las fuerzas militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, el programa nacional de desarrollo alternativo, Plante, la red de solidaridad social, la consejería para la atención de la población desplazada por la violencia y los órganos de administración de justicia.
ART. 5º—En desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 25 de la Ley 333 de 1996, el cincuenta por ciento (50%) de los rendimientos financieros que produzcan los recursos en efectivo, títulos valores o cualquier otro documento representativo de dinero, durante el lapso en que permanezcan bajo administración provisional, serán destinados a la financiación de planes, programas, proyectos y demás actividades que emprenda el Gobierno Nacional para la atención de la población desplazada por la violencia.
ART. 6º—Una vez se declare la extinción del dominio sobre los bienes y recursos vinculados a las actividades de que trata el artículo 2º de la Ley 333 de 1996, corresponderá al consejo nacional de estupefacientes la asignación definitiva de los mismos, en los términos del artículo 26 de dicha ley y el presente decreto.
PAR.—El cincuenta por ciento (50%) de los recursos financieros, en efectivo, títulos valores o cualquier documento representativo de dinero, que sean objeto de la extinción del dominio a que se refiere la Ley 333 de 1996, se destinarán a la financiación de programas de vivienda de interés social para la población desplazada por la violencia.
El cincuenta por ciento (50%) restante se destinará a las fuerzas militares y a Policía Nacional para financiar la adquisición de equipo y mejoramiento de estructura técnica para la lucha contra el narcotráfico.
ART. 7º—El fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, será administrado por el director nacional de estupefacientes, bajo las directrices que establezca el consejo nacional de estupefacientes.
ART. 8º—El director nacional de estupefacientes representará para todos los efectos legales al fondo para la rehabilitación y la lucha contra el crimen organizado y podrá realizar los actos y operaciones necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley 333 de 1996 y el presente decreto.
ART. 9º—El consejo nacional de estupefacientes en relación con el fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado, ejercerá, además de las previstas en la Ley 333 de 1996, las siguientes funciones:
c) Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de las funciones del fondo y proponer al Gobierno Nacional la expedición de las que fueren de competencia de éste, y
ART. 10.—Los asuntos relacionados con el fondo que sean sometidos a consideración del consejo nacional de estupefacientes se harán constar en actas, las cuales una vez aprobadas, serán autorizadas con la firma de su presidente y secretario.
ART. 11.—Son funciones del director nacional de estupefacientes en relación con el fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado:
8. Reconocer y pagar, con cargo a los recursos del fondo, el precio de los bienes que hayan sido enajenados, de conformidad con el inciso 2º del parágrafo 2º del artículo 25 de la Ley 333 de 1996.
PAR.—El director nacional de estupefacientes solamente podrá delegar en los funcionarios del nivel directivo de la entidad, la realización y ejecución de actos para el cumplimiento de la función de administración del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado.
ART. 12.—Contra las decisiones que adopten el consejo nacional de estupefacientes y el director nacional de estupefacientes en relación con el fondo, sólo procederá el recurso de reposición.
ART. 13.—Los contratos que celebre el representante legal del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, para el cumplimiento de sus funciones, se regirán por las normas previstas en la Ley 80 de 1993.
ART. 14.—El control fiscal de los actos del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, será ejercido por la Contraloría General de la República de conformidad con las disposiciones legales vigentes.