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Timestamp: 2019-12-15 06:09:11
Document Index: 112275090

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 140', 'artículo 34', 'artículo 200', 'artículo 303', 'artículo 208', 'artículo 305', 'artículo 209', 'artículo 44', 'artículo 1', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'ARTÍCULO 217', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 219', 'artículo 4']

C-876 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020042820CC-SENTENCIAC876201122/11/2011CC-SENTENCIA_C_876__2011_22/11/2011200428202011Sentencia C-876/11. (Noviembre 22 de 2011)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.D8520.CONSTITUCIONALIDADIván Santiago Martínez VásquezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 208 (parcial) y 209 (parcial) de la ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".Identificadores20020042821true63513Versión original20042821Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 208 (parcial) y 209 (parcial) de la ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 208 (parcial) y 209 (parcial) de la ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".
El ciudadano Iván Santiago Martínez Vásquez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad[1], demandó la inconstitucionalidad de los artículos 208 (parcial) y 209 (parcial) de la ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal". En consecuencia el texto normativo demandado -subrayado- es el siguiente:
"LEY 599 DE 2000[2]
2.2. Violación del artículo 1° constitucional. Se trasgreden los preceptos normativos de dignidad humana y, mediatamente, de interés general y bien común. Al no incluir entre los elementos del tipo a personas de los catorce a dieciocho años, viola el principio.
2.8. Cargo. Violación del artículo 44 constitucional. El constituyente otorgó frente al sistema jurídico una prelación a los derechos de los niños, entendiendo la expresión niño como lo trata la Convención sobre los derechos de los niños, la cual en su artículo 1° indica que "para los efectos de la convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 de edad, salvo que, en virtud de ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad", siendo dentro de esta convención uno de los pilares esenciales la igualdad de derechos de los niños.
La cosa juzgada material se da "cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos", y la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio. Los contenidos normativos cuya inexequibilidad se reclama han sido objeto de pronunciamientos de la Corte Constitucional, quien ha declarado su constitucionalidad, respecto al límite de edad. En las últimas sentencias[3], la Corte ha declarado la existencia de cosa juzgada material en la medida que la norma censurada y los fundamentos de las solicitudes resultaban idénticos a los previamente analizados, de manera que se entiende superado el juicio de exequibilidad de las mismas. La misma consideración procede ahora, ya que el contenido normativo es idéntico: la modificación introducida por la ley 1236 de 2010 aumentó las penas a imponer, sin modificar la estructura de los tipos penales cuya inexequibilidad se alega. Por tal razón, se considera, la Corte deberá estarse a lo resuelto en las sentencias precitadas.
Al respecto, se presentan tres circunstancias sobrevinientes relevantes: (i) la Sentencia C-507 de 2004, que declaró parcialmente inexequible y condicionó la exequibilidad del inciso segundo del artículo 140 del Código Civil, relativo a la nulidad del matrimonio por razón de la edad, norma determinante en la ratio decidendi de la Sentencia C-146 de 1994; (ii) la promulgación del Código de la Infancia y la Adolescencia; y (iii) la entrada en vigencia de un instrumento internacional pertinente al caso, parte del bloque de constitucionalidad -"Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía" del 25 de mayo de 2000-, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano por la ley 765 de 2002.
Las normas acusadas parecen ir en contra de lo dispuesto en las expresiones demandadas en los artículos 208 y 209 de la ley 599 de 2000, que protegen del acceso carnal y de los actos sexuales distintos del acceso carnal realizados por personas mayores de edad- a quienes va dirigido el Código Penal-, así como de los actos sexuales que ellas realicen en presencia de menores de edad o de los que induzcan a cometer prácticas sexuales, a las personas menores de catorce años de edad, allí comprendidas como los sujetos pasivos de la conducta delictiva, sancionando estas conductas con penas hasta de 20 años de prisión, pero desamparando a los adolescentes entre los 14 y los 18 años de edad de la misma protección. Aunque las Sentencias C-146 de 1994 y C-013 de 1997 reconocen en los aspectos mencionados libertad de configuración al Legislador, la Constitución Política no define el concepto de niño, ni ordena de manera expresa tratar igual a los niños y a los adolescentes, por lo cual este tema le corresponde a la ley. De otra parte, aunque el art. 34 del Código Civil dice que "el infante o niño [es] todo el que no ha cumplido siete años, impúber, el que no ha cumplido catorce años" y la ley 1098 de 2006 establece que "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescentes las personas entre 12 y 18 años de edad", dichos argumentos no logran desvirtuar los mandatos de la Constitución y los tratados de derechos humanos según los cuales el Estado tiene el deber de proteger a todos los menores de edad, sin excepción, de conductas como las que se encuentran tipificadas en las normas que contienen las expresiones demandadas. Los niños, las niñas, los y las adolescentes tiene derecho a la igualdad ante la ley, a la igualdad de trato y a la igualdad en la protección, y que, al ser sujetos de especial protección constitucional, sus derechos son prevalentes respecto de los derechos de los demás; y la protección de que gozan niños menores y mayores de catorce años no es la misma, pese a que ambas se les considera como niños en los referidos instrumentos internacionales. Esa diferencia revela, que las normas demandadas (i) no respetan los mínimos de protección ordenados constitucionalmente, (ii) desprotegen a un grupo de personas especialmente protegido, las personas que se encuentran entre los 14 y los 18 años de edad, excediendo los márgenes constitucionalmente admitidos, y (iii) privan a este grupo de gozar de la misma protección que las mismas normas dan a las personas que se encuentran entre los 0 y los 14 años , solo por razón de su edad, lo cual implica una evidente discriminación. La diferencia en la protección no favorece al niño, que es sujeto pasivo de la conducta punible y por lo tanto víctima del delito, sino por el contrario al sujeto activo del mismo, valga decir, a su victimario.
Si bien al brindar a las personas entre los 14 y los 18 años de edad la misma protección que se da a las personas que se encuentran entre los 0 y los 14 años de edad, podrían afectarse parcialmente algunos de los derechos de estas personas, como la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, o los llamados "derechos sexuales y reproductivos", así como restringir el principio de libre configuración del legislador en materia penal, tanto la afectación de este principio como la de aquellos derechos es leve y justificable. La Convención de Derechos del Niño (ley 12 de 1991) señala que niño es todo ser humano que no ha alcanzado la mayoría de edad; por lo tanto la protección de sus derechos y su restablecimiento, cuando éstos han sido conculcados o puestos en riesgo, debe ser considerado un mandato de protección máxima, que no permite fraccionar la protección como lo hacen las expresiones demandadas, pues ello implicaría proteger menos y en forma parcial a algunos niños. El interés superior del niño, entendido como toda persona menor de 18 años o que no ha adquirido la mayoría de edad, trae implícito un mandato de igualdad real pero, también, un mandato de igualdad jurídica.
2.2. Los más recientes antecedentes de las normas acusadas se remontan al Decreto 100 de 1980, Código Penal, expedido en uso de sus atribuciones por el Presidente de la República. Dicha normatividad determinó -Título XI- los delitos contra la libertad y el pudor sexuales. El capítulo tercero hacía relación a los actos sexuales abusivos y dentro de éste se encontraba tipificado el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años[7] el cual determinaba una pena[8] para la persona que accediera carnalmente a un menor de 14 años; igualmente se establecía el delito de corrupción[9] el cual sancionaba[10] al que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la indujera a prácticas sexuales. En la Ley 360 de 1997 se cambió[11] el nombre del título mencionado con anterioridad por el de "Delitos contra la libertad sexual y la Dignidad Humana", igualmente se modificó el art. 303 del Decreto 100 de 1980 aumentando la pena[12] para el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, se varió el art. 305 cambiando el nomen iuris del delito de corrupción por el de actos sexuales con menor de catorce años aumentando además la pena[13]. A través de la ley 599 de 2000 se expidió el actual Código Penal, derogando el Decreto 100 de 1980 y cualquier norma que lo modificara o complementara[14], modificando igualmente las penas de estos delitos[15]. Dichas normas fueron modificadas por la ley 679 de 2001 y la ley 890 de 2004[16]. Finalmente la ley 1236 de 2008 mantuvo el contenido normativo de los delitos pero aumentó las penas.[17]
2.4. El artículo 200 de la Ley 1098/06 o Código de la Infancia y la Adolescencia, en relación con los delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas, expresa: "Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y niñas menores de catorce (14) años las respectivas penas se aumentarán en el doble". Esto es, se ordena a su favor una protección punitiva mayor.
3.3. El cargo será claro si permite comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Tendrá certeza el cargo si se refiere a una proposición presente en el ordenamiento jurídico y provienen objetivamente del texto normativo. Será específico si contiene una acusación de inconstitucionalidad contra la disposición atacada, que permita comprobar la existencia de una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley que se acusa y el texto constitucional que resulta vulnerado[22]. La pertinencia del cargo consiste en que los razonamientos sean de orden constitucional, no solamente basados en argumentos legales o doctrinarios y se desprende lógicamente del contenido normativo de la disposición que se acusa[23]. Y es cargo suficiente el que despierta una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a la norma legal[24]. Adicionalmente, cuando se trata de la supuesta vulneración del derecho de igualdad, la argumentación debe: (i) determinar cuál es el criterio de comparación ("patrón de igualdad" o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado.[25]
5.1.1. Esta Corte observa que la sentencia C-146 de 1994 estudió disposiciones jurídicas pertenecientes al Código Penal de 1980, respecto de la constitucionalidad de contenidos normativos similares[26] a los demandados en el presente caso, difiriendo solamente en cuanto al rango de la pena imponible y a la denominación del segundo. En efecto, el supuesto normativo del artículo 303 del DL 100/80 se describe como "El que acceda carnalmente a persona menor de catorce años", siendo idéntico al correspondiente del artículo 208 actualmente demandado de la Ley 599/00; y a su vez, el supuesto normativo del artículo 305 del Código de 1980 "El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales", es el mismo del actual artículo 209 demandado del Código de 1980.
"Por ende, la consagración de las modalidades que reviste el tipo penal y de las condiciones que se harán exigibles para que él se configure, compete al legislador.
Lo dicho sería suficiente para declarar exequibles las disposiciones demandadas."
5.1.3. Luego, en Sentencia C-1095 de 2003, se analizaron los artículos 208 y 209 de la ley 599 de 2000, disposiciones jurídicas y contenidos normativos idénticos a los acá acusados, excepto por el porcentaje de la pena, aspecto que no se discutió en esa ocasión ni se discute en esta. En la providencia mencionada se halló que "el contenido material de las disposiciones acusadas y las declaradas exequibles por la Corte es el mismo, y visto que la protección al menor no ha variado, antes se ha incrementado, bajo el nuevo régimen constitucional de 1991, esta Corporación se estará a lo resuelto en la Sentencia C-146 de 1994 y, por tanto, declarará exequibles los artículos acusados.". Posteriormente, ante una nueva demanda contra los contenido normativos acá acusados, la Sentencia C- 355 de 2004 manifestó que "…visto que sobre los apartes acusados de los artículos 208 y 209 ya existe pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional, esta Corporación se estará a lo resuelto en la Sentencia C-1095 de 2003"
5.1.4. Visto lo anterior, no puede en este caso hablarse de cosa juzgada formal[27], ya que los contenidos normativos que se acusan de inconstitucionales en la presente demanda no son absolutamente iguales a los acusados en las anteriores decisiones, diferenciándose en la consecuencia normativa, esto es, el rango de pena imponible. Con todo, confirma esta Corte que se está en presencia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada material[28], respecto del cargo de incompetencia del Congreso de la República para establecer una protección penal diferenciada a los menores de edad frente a los actos sexuales abusivos de que puedan ser víctimas, por cuanto la Sentencia C- 146 de 1994 examinó los contenidos normativos acusados bajo el contexto de la libertad de configuración legislativa, encontrándolos ajustados a la Constitución. Sin embargo, al centrase el fallo en dicho aspecto respecto de la calificación del sujeto pasivo por razón de su edad, el alcance de esta cosa juzgada material es relativo, esto es, referido a tal cargo específico. Por lo cual, se procederá al examen del supuesto desconocimiento de los artículos 44 y 13 de la Constitución, cargos sobre los cuales no hubo juicio expreso en las sentencias aludidas.
5.1.5. Finalmente, ha de precisarse que la sentencia C-507 de 2004 no puede ser parámetro de comparación en el presente caso, por versar sobre un disposición ajena al Código Penal (inciso segundo del art. 140 del Código Civil relativo a la nulidad del matrimonio y sus efectos). Los lineamientos fijados allí no se constituyen en precedente para el contexto jurídico de los hechos punibles de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y acto sexual con menor de catorce años.
5.2.1. La Constitución Política, en su artículo 44, ordena que los niños serán protegidos contra toda forma de "abuso sexual", y que el Estado -al igual que la familia y la sociedad- "tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos", derechos que "prevalecen sobre los derechos de los demás". A su vez, la Convención sobre los Derechos de los Niños -artículo 1-, prescribe que "para los efectos de la Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 de edad, salvo que, en virtud de ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad". En síntesis, la Constitución hace de los niños, sujetos de protección especial, y la Convención los define como los menores de 18 años -para los efectos de la misma Convención-.
5.2.2. Los tratados internacionales de derechos humanos en momento alguno desconocen la potestad de los Estados, a través de su órgano legislativo, para regular las materias señaladas por el legislador de 2000. De la definición de edad del menor en 18 años que trae la Convención -para el ámbito de ella misma- no se colige necesariamente que la protección que el orden jurídico brinde a los menores deba ser idéntica para todos los menores, con prescindencia absoluta de la edad. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño[29] -principio No. 9- señala que "no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada"; en consecuencia, existe la posibilidad de que -dentro del rango de edades propias del concepto de niño- se establezca legalmente una edad mínima para trabajar. Y el Convenio 138 de la OIT, muestra la viabilidad de que el Legislador establezca diferenciaciones en relación con la edad del menor. Al respecto la Corte[30] indicó:
A diferencia de los casos de violación de personas y delitos sexuales mediados por actos de coerción, los tipos penales de las disposiciones demandadas (arts. 208 y 209) tipifican conductas que versan sobre acciones en principio consentidas o no resistidas por el menor, en todo caso sin la intervención de coacción alguna. El carácter abusivo de estos actos deriva de la circunstancia de ser realizados con persona que físicamente aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y, especialmente, por tratarse de seres humanos que no han desplegado su madurez volitiva y sexual, prestándose para el aprovechamiento de personas que los aventajan en lo corporal e intelectual y precipitándolos precozmente a unas experiencias para los que no están adecuadamente preparados, con consecuencias indeseadas como el embarazo prematuro y la asunción de responsabilidades que exceden sus capacidades de desempeño social. En efecto, de acuerdo con documentos de la Organización Mundial de la Salud[44], los menores entre 10 y 14 años tienden a ser mucho menos activos sexualmente que aquellos entre los 15 y los 19 años. Los diferentes estudios al respecto[45] , si bien no definen claramente una edad promedio de inicio de la actividad sexual, permiten aseverar que es perfectamente justificable que el Legislador establezca que los menores de 14 años no puedan ser involucrados en el ejercicio de su sexualidad, así medie su voluntad. En tal circunstancia considera el Legislador que los actos sexuales con menores son abusivos, no por la especificidad misma de las conductas como por tratarse de incapaces absolutos ante la ley[46].
5.2.8. Hechas las anteriores precisiones, se declararán exequibles las expresiones "…de catorce (14) años…" contenidas en los artículos 208 y 209 de la ley 599 de 2000.
Primero. Declarar EXEQUIBLES las expresiones "…de catorce (14) años…" contenidas en los artículos 208 y 209 de la ley 599 de 2000.
Exequible parcialmente Artículo 208 LEY_599_2000_24/07/2000
Exequible parcialmente Artículo 209 LEY_599_2000_24/07/2000
[20] ART. 2º-Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:
[32] C.C. ARTICULO 34.<Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES> Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido veintiún* años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. (Sentencia 534 de 2005).
2o) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de doce<catorce>, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad. (Sentencia C-507 de 2004).
[41] Código Penal ARTÍCULO 217-A. DEMANDA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE PERSONA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD.<Artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 1329 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este sólo hecho, en pena de prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años.
[42] Código Penal. ARTÍCULO 219-A. UTILIZACIÓN O FACILITACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA OFRECER ACTIVIDADES SEXUALES CON PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS.<Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1329 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[44] http://www.who.int/hiv/pub/me/napyoungpeople_sp.pdf "Como ya se ha mencionado, es mejor analizar estos indicadores dividiendo los datos por edad, sexo,estado civil y otras características importantes de los jóvenes. El desglose por edad es especialmente importante porque la conducta sexual puede variar ampliamente entre los diferentes grupos de edad.
[45]http://search.who.int/search q=edad+promedio+de+inicio+de+la+actividad+sexual&ie=utf8&site=default_collection&client=_es&proxystylesheet=_es&output=xml_no_dtd&oe=utf8