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Timestamp: 2018-09-24 19:00:53
Document Index: 107168364

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 117', 'artículo 1859', 'artículo 27', 'artículo 1859', 'artículo 51', 'artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 80']

BOE.es - Documento BOE-A-2016-7888
Documento BOE-A-2016-7888
«BOE» núm. 196, de 15 de agosto de 2016, páginas 60013 a 60023 (11 págs.)
BOE-A-2016-7888
En el recurso interpuesto por don Gonzalo Largacha Lamela, notario de Valdepeñas, contra la nota de calificación del registrador de Propiedad de Villacarrillo, don Francisco Manuel Galán Quesada, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario.
Dicha escritura fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Visto por Don Francisco Manuel Galán Quesada. Registrador de la Propiedad de Villacarrillo, Providencia de Jaén, el procedimiento registral identificado con los números de entrada 794/2016, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, de los documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción.–En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, resultan los siguientes: Hechos I.–El documento objeto de la presente calificación, una escritura otorgada en Valdepeñas, el día diez de Marzo de dos mil dieciséis, por Doña Don Gonzalo Largacha Lamela, protocolo 221, fue presentado por P. A., Gestión Jurídica S.E.P. presentada telemáticamente a las 14:50 horas el día diez de Marzo de este año, asiento 1438 del Diario 167.–II.–En dicho documento se ha observado la siguiente circunstancia que ha sido objeto de calificación desfavorable: 1.–En la cláusula tercera bis, tipo de interés negativo, se hace constar: «En el supuesto de que en la fecha de revisión del tipo de interés aplicable al préstamo, el tipo de interés de referencia sea inferior a 0, en ningún caso devengaran intereses favorables para la parte prestataria»: y haciendo constar en la cláusula primera que el préstamo se destinara a la adquisición de vivienda habitual, no se inserta a la escritura manuscrito por parte de la parte prestataria e hipotecante.–2.–No se expresará en la inscripción las siguientes cláusulas: Cláusula segunda, apartado 2.2. Cuotas, en su párrafo tercero desde «aplicando la siguiente formula hasta Signo exponencial»: todo el apartado 2.3. Amortización anticipada: cláusula tercera, todo el párrafo tercero, desde «La fórmula utilizada hasta que el año tiene 360 días»: toda la cláusula Cuarta bis.–Tasa anual equivalente y Quinta.–Gastos a cargo de la parte prestataria»: en la cláusula sexta bis en el abantado a), desde «no se inscribiera hasta de esta escritura, o», apartados d), del apartado e). no se expresa impuestos, arbitrios y tasas: y los apartados f), g), j), k), l) m) y n); en la cláusula Décima.–Seguro, en el apartado a), no se expresa desde «la cual, ocurrido hasta la fecha del siniestro»; toda las cláusulas undécima.–Domicilio de pago; decimotercera.–Compensación; decimocuarta.–Otros Pactos; decimoquinta.–Copias, subsanaciones y descalificaciones; decimosexta.–Tratamiento de datos de carácter personal; decimoséptima y decimooctava.–Cesión del Crédito.–Al anterior hecho, es de aplicación lo siguiente: Fundamentos de Derecho 1.–Código Civil: artículos 6, 1255 y 1218; Ley Hipotecaria: artículos 12, 18, 19 bis y 258-2; Ley 1/2013 de 14 de Mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, artículo 6. 2.–Todo lo que se refiere en la cláusula segunda, cuarta bis y quinta, de conformidad con el artículo 51.6 del Reglamento Hipotecario, por lo que se refiere a la cláusula sexta bis, apartados d), k) y n). de conformidad con el artículo 117 de la Ley Hipotecaria y 219 del Reglamento Hipotecario, y el párrafo segundo del apartado d) además de conformidad con el artículo 1859 del Código Civil: apartados e), f), g), j), l) y m) de conformidad con el artículo 27 de la Ley Hipotecaria; en cuanto al párrafo de la cláusula décima, de conformidad con el artículo 1859 del Código Civil: y las cláusulas undécima.–Domicilio de pago; decimotercera.–Compensación; decimocuarta.–Otros Pactos; decimoquinta.–Copias, subsanaciones y descalificaciones; decimosexta.–Tratamiento de datos de carácter personal; decimoséptima y decimooctava.–Cesión del Crédito, conforme al artículo 51.6 del Reglamento Hipotecario.–Acuerdo Suspender, la inscripción de la finca objeto de la presente calificación, en relación con las circunstancias expresamente consignadas en el Hecho II de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente se indican en el Fundamento de Derecho II de la misma nota. Quedando automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones legalmente pertinentes, de conformidad con los artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. No cabe, dado el carácter insubsanable de los defectos apreciados, solicitar que se practique la anotación preventiva prevista en el artículo 42.9 de la Ley Hipotecaria.–Notifíquese al presentante en persona y al Notario autorizante de la escritura telemáticamente calificado en el plazo máximo de diez días naturales contados desde esta fecha.–Contra la presente nota de calificación (…). Villacarrillo, a 12 de mayo de 2.016. El Registrador (firma ilegible).–Fdo. Francisco Manuel Galán Quesada».
Vistos los artículos 6, 1218 y 1255 del Código Civil; 12, 18, 19 bis y 258.2 de la Ley Hipotecaria; 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; 317.2.º y 319.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23 y 25 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación; 80, 82, 83, 84, 85 y 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; 1, 17 bis, 24 y 25 de la Ley del Notariado; la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta al ordenamiento español mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007–; la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial; los artículos 7, 9, 51, 127 y 220 del Reglamento Hipotecario; 147, 193 y 194 del Reglamento Notarial; 24, 25, 26 y 30 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios; las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2009 (As. C-243/08), 14 de junio de 2012 (C-618/10), 14 de marzo de 2013 (As. C-415/11) y 21 de enero de 2015 (C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13); las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2001, 4 de julio y 12 de diciembre de 2008, 16 de diciembre de 2009, 10 de marzo de 2010, 18 de junio de 2012, 9 de mayo y 13 de septiembre de 2013, 26 de mayo, 30 de junio y 8 de septiembre de 2014 y 25 de marzo y 22 de abril de 2015, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de octubre de 2010, 18 de enero y 8 de junio de 2011, 23 de enero, 16 y 27 de febrero, 20 y 28 de junio y 18, 26 y 27 de julio de 2012, 2 de enero, 2 de marzo, 1 de junio, 1 y 11 de julio, 6 y 13 de septiembre y 18 de noviembre de 2013, 5 de febrero, 18 de febrero, 23 de julio, 29 de septiembre y 3, 6 y 9 de octubre de 2014, y 22 de enero, 12 marzo, 28 de abril, 22 de julio, 8 y 27 de octubre y 10 de diciembre de 2015.
Esta obligación de claridad y transparencia se controla a través de un doble filtro. El primero es aplicable a todo contrato con condiciones generales de la contratación, con independencia de que en el mismo intervenga o no un consumidor, a través del llamado control de incorporación o inclusión de la cláusula al contrato (vid. artículo 7 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación). El segundo filtro, limitado al caso de los contratos con consumidores, se articula a través del control de transparencia, en relación con el cual la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 es elocuente al afirmar que «el artículo 80.1 TRLCU dispone que «en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente [...], aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa [...]; b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido», lo que permite concluir que el control de transparencia «cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la ‘carga económica’ que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo»». Añadiendo que «en este segundo examen, la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato».
En definitiva, las conclusiones que se extraen de estas sentencias del Tribunal Supremo, en cuanto a lo que ahora nos interesa, se pueden sintetizar señalando que: a) los intereses del préstamo oneroso constituyen el precio que debe pagar el prestatario y, por tanto, si se pactan, son un elemento esencial del contrato, y el mismo carácter tendrán las cláusulas limitativas de los intereses en cuanto que son elementos configuradores de dicho precio e inescindibles del mismo; b) Las cláusulas limitativas de la variabilidad de los intereses, aunque tengan el carácter de condición general de la contratación, al ser definitorias del objeto principal del contrato –el precio–, no admiten un control de abusividad, basado en el posible desequilibrio de las prestaciones, pero sí quedan sometidas al doble control de incorporación y transparencia; c) El cumplimiento de la regulación legal del proceso de concesión de los préstamos hipotecarios (entonces la Orden de 5 de mayo de 1994) satisface los requisitos exigidos por la Ley sobre condiciones generales de la contratación para la incorporación de las condiciones generales de la contratación a los contrato suscritos con consumidores; pero no supera el necesario control de transparencia que implica la existencia de una comprensibilidad real del prestatario acerca de la importancia de la cláusula suelo en el desarrollo razonable del contrato, ya que no se resalta adecuadamente -en los modelos analizados- su transcendencia y efectos, y se insertan de forma conjunta con otras estipulaciones que las enmascaran, y d) Las cláusulas limitativas de la variabilidad de los intereses son lícitas y, por tanto, no abusivas por sí mismas ya que corresponde al profesional fijar al interés al que presta el dinero, pero sí se considerarán abusivas y, por tanto, nulas, si falta el requisito de la transparencia.
Madrid, 15 de julio de 2016.–El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.