Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-7142-de-septiembre-30-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041ff47f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-15 12:29:01
Document Index: 28639794

Matched Legal Cases: ['artículo 1077', 'artículo 1053', 'artículo 1077', 'artículo 80', 'artículo 1053', 'artículo 1080', 'artículo 1077', 'artículo 1101', 'artículo 1609', 'artículo 1078', 'artículo 1080', 'artículo 1077', 'artículo 1101', 'artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 1078', 'artículo 375']

﻿ SENTENCIA 7142 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2004
SENTENCIA 7142 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:CONTRATO DE SEGURO. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RECLAMACIÓN Y SUS COMPROBANTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE SEGURO, RECLAMACIÓN DEL SEGURO, CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE SEGURO
Sentencia 7142 de septiembre 30 de 2004
Rad.: Expediente 7142
1. Dado que los cargos que acaban de compendiarse se encuentran perfilados todos por la causal primera de casación y están vanamente encaminados a un mismo fin, o sea, a cuestionar la negativa del tribunal a conceder los perjuicios reclamados por el actor, los despacha la Corte al abrigo de las mismas consideraciones.
a. Naturaleza jurídica de la reclamación y sus comprobantes en el contrato de seguro. Débese comenzar por señalar que a raíz de la celebración del contrato del seguro surgen para el tomador de la póliza obligaciones, deberes y cargas de diverso temperamento. Dentro de las primeras descuella la de pagar la prima (para algunos la única), pues se advierten en ella todos los elementos definidores de la relación obligatoria, esto es, la existencia de un vínculo jurídico en virtud del cual aquel, en calidad de deudor, se encuentra en la necesidad de realizar una prestación en favor de la aseguradora, que, en tal condición, queda facultada para exigir su cumplimiento.
Relativamente a los segundos, esto es, los deberes, algunos de los cuales, valga la pena acotarlo, la ley tilda como obligaciones, cabe destacar el deber genérico de actuar de buena fe durante todas las fases de formación y ejecución del contrato, o el más concreto de evitar la extensión y propagación del siniestro, entre otros, deberes que presuponen un derecho correlativo del asegurador que si bien no es exigible por este judicialmente, ni afectan la relación nacida del contrato, su inobservancia sí despunta en sanciones de diversa índole.
Pero a su vez, por razón del contrato también aflora un conjunto determinado de cargas, esto es, aquellos comportamientos que un sujeto ha de observar con carácter necesario para alcanzar un determinado fin jurídico o una ventaja, sin que, en todo caso, su libertad de obrar sufra mengua, motivo por el cual puede aseverarse sin incurrir en desatino que este es libre de enderezar su conducta en el sentido que mejor le parezca. Es decir, que la carga entraña una acción o una omisión indispensables para la satisfacción de un interés propio del individuo, quien, en ese orden de ideas, no puede considerarse como deudor de una prestación en favor de otro, como tampoco puede concebirse que exista un derecho del tercero a esa prestación, ni menos aún, que este, el tercero, pueda acudir a la ejecución forzada para obtener la ejecución de ese comportamiento específico, o que pueda reclamar cualquier resarcimiento por su incumplimiento, pues es patente que la inejecución de la carga solo perjudica al interesado quien verá frustrado el beneficio que la observancia de la conducta que de él se espera le hubiese aparejado; se trata, en síntesis, como suele subrayarlo la doctrina, de un “tener que” para “poder hacer”, circunstancia que pone de presente la libertad de que dispone el individuo para realizar la conducta que de él se espera, solo que de no efectuarla no podrá ejercer el derecho o facultad que depende de la satisfacción de la carga.
Vistas las cosas de este modo, conviene inferir que en el contrato de seguro la formulación de la reclamación junto con los comprobantes pertinentes destinada a demostrar la ocurrencia del siniestro, constituye una carga que se impone al asegurado para que obtenga la indemnización pactada en el contrato, perspectiva desde la cual puede decirse sin vacilaciones que se trata de un verdadero presupuesto de la mora del asegurador, pero sin que se pueda afirmar que este sufre algún menoscabo por su inejecución, pues el asegurado obra exclusivamente movido por la satisfacción de su propio interés. En síntesis la conducta del asegurado no se corresponde con un derecho del asegurador, sino que se ofrece como una condición indispensable para que se configure su mora.
Ciertamente, dispone el artículo 1077 del Código de Comercio que “corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso...”, imposición esta que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 1053 ejusdem, se cumple de manera extrajudicial mediante la entrega de la “reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077”, y cuyo cumplimiento fluye en dos efectos particularmente trascendentes a saber: de un lado, el previsto en el artículo 80 de la Ley 45 de 1990, reformatorio del citado artículo 1053, en virtud del cual “la póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en lo siguientes casos: ... 3. Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue la reclamación...” sin que esta hubiere sido objetada de “manera seria y fundada”; y, de otra parte, el reglado por el artículo 1080 ibídem, según el cual el asegurador está obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario le acredite, aun extrajudicialmente, su derecho. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, el interés allí previsto o, en su lugar, tendrán derecho a demandar la “indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador”.
Despréndese de lo dicho, entonces, que la aludida carga se erige como un presupuesto imprescindible tanto de la acción ejecutiva como de la mora de la entidad aseguradora, sin que, a su vez, pueda considerarse como una prestación del asegurado o beneficiario en favor de aquella.
No sobra precisar, en todo caso, que si bien el imperativo de conducta que le impone al demandante el ordinal 5º de la cláusula vigésima de la póliza, conforme al cual debe acompañar a la reclamación “el traspaso del vehículo a favor de la compañía (la aseguradora) en el evento de pérdida total”, no guarda estrecha relación con la carga legal que le atribuye el artículo 1077 del Código de Comercio de probar el siniestro, es decir, que en estrictez la aportación de tal documento no está encaminada a satisfacer esa incumbencia del asegurado, pues su naturaleza es de diversa índole, no por ello esa estipulación es ineficaz o irrelevante; por supuesto que nada impide a los contratantes que, en desarrollo de los postulados de la autonomía negocial, ajusten estipulaciones de ese temperamento, siempre y cuando, claro está, ellas no sean abusivas o limiten injustificadamente los derechos y acciones de alguno de ellos, particularmente de quien se adhiere a la articulación contractual que otro somete a su consideración.
En tratándose del contrato de seguro no le sería dado a las aseguradoras, por ejemplo, preestablecer cargas orientadas, malintencionada y abusivamente, al decaimiento del derecho del asegurado a la indemnización de perjuicios, ni imponerle conductas excesivamente gravosas, ni le es permitido desfigurar la función económica del negocio, pues la incumbencia que ha de corresponder al asegurado debe encontrar siempre una plausible justificación. En tratándose de la carga de acompañar junto con la reclamación el “traspaso” que aquí se reclama en caso de pérdida total del vehículo amparado, ella no se ofrece como abusiva, ya que puede obedecer a la necesidad de evitar fraudes o a impedir el enriquecimiento indebido del asegurado en caso de que se recupere el automotor, o con miras a impedir la impunidad de este cuando ese sea el caso o, en fin, para responder ante las exigencias de las reaseguradoras, todo esto, claro está, entendiendo la referida carga en los términos a los que adelante se aludirá.
b. La subrogación real en el contrato de seguro. De otro lado, atendiendo la situación especial que algunos bienes tienen dentro del patrimonio de una persona, o la existencia de ciertos derechos que puedan corresponder a terceros sobre ellos, o reparando en la afectación o destinación que la voluntad individual o contractual le fijen a los mismos, ha previsto el legislador que en circunstancias señaladas de manera específica y puntual por él, sea dable la sustitución de esos bienes por otros que pasan a ocupar el lugar que en la universalidad jurídica ocupaban los sustituidos, institución jurídica conocida como subrogación real cuya función consiste, pues, en “transportar, bajo reserva de los intereses de terceros, de pleno derecho o en virtud de la voluntad de los interesados sobre el bien individualizado adquirido en reemplazo, los derechos que gravan el bien que ha salido del patrimonio”, es decir, en últimas, una realidad jurídica que afecta con una determinada carga los elementos que ingresan a un patrimonio.
Cabalmente, el artículo 1101 del Código de Comercio consagra una de esas circunstancias al prescribir que “la indemnización a cargo de los aseguradores se subrogará a la cosa hipotecada o dada en prenda para el efecto de radicar sobre ella: los derechos reales del acreedor hipotecario o prendario. Pero el asegurador que, de buena fe, haya efectuado el pago no incurrirá en responsabilidad frente a dicho acreedor... Lo expresado en este artículo se aplicará a los casos en que se ejercite el derecho de retención y aquellos en que la cosa asegurada esté embargada o secuestrada judicialmente”.
Tiénese, entonces, que los derechos de prenda o hipoteca que recaen sobre el bien asegurado, o los gravámenes allí previstos que lo afectan, pasan, por mandato de la ley, a radicarse en la indemnización que debe pagar la aseguradora con ocasión del siniestro, sin que, por supuesto, pueda decirse que el acreedor tenga derecho a recibir la indemnización, sino que, simplemente, la misma se constituye en la garantía del crédito del cual es titular, o en el objeto de la medida cautelar que lo ampara. De igual modo, es patente que la aludida subrogación opera de pleno derecho, esto es, sin que sea menester la anuencia del tercero acreedor, del asegurado o de la aseguradora, pues, inclusive, acaece contra su voluntad. Otra cosa es que, para que la misma pueda ser eficaz, la aseguradora debe ser enterada debida y oportunamente de la garantía o la cautela.
Si, como ha quedado dicho, la indemnización se subroga a la cosa asegurada embargada o secuestrada, colígese que la aseguradora no puede aducir la existencia de la medida cautelar como pretexto para abstenerse de satisfacer la prestación a su cargo pues, por el contrario, ella entra a ocupar el lugar del bien embargado y secuestrado, el cual, a su vez, será desplazado como objeto de la cautela.
c. En consecuencia, independientemente de la connotación que el vocablo “traspaso” pueda tener en lo concerniente a la enajenación de automotores, o los alcances jurídicos que al mismo puedan atribuírsele, lo cierto es que en el asunto de esta especie no es posible entender la cláusula vigésima de las condiciones generales de la póliza, en virtud de la cual se exige del asegurado que efectúe el “traspaso del vehículo” a favor de la aseguradora, en el sentido en el que esta lo toma, y con ella el tribunal que parece secundarla, vale decir, que el demandante solamente ejecutaba en debida forma la carga que era de su incumbencia entregándole la “tarjeta de propiedad” del carro a su nombre, cometido que a su juicio podría lograrse únicamente si se cancelaba el embargo que afectaba el vehículo, pues en su concepto tal gravamen le impedía cumplir eficazmente con tal empresa.
Obviamente que al sustituir la indemnización al vehículo como objeto de la cautela, este quedaría liberado del embargo que lo afectaba, sin que, subsecuentemente, existiese algún impedimento para obtener la aludida “tarjeta de propiedad” a nombre de la aseguradora.
Es decir, dado que la indemnización se subroga a la cosa embargada o secuestrada, a la aseguradora le está vedado aducir la existencia de la medida cautelar como excusa para abstenerse de satisfacer la prestación a su cargo, razón por la cual no le era dado entender que cuando la póliza le impone al asegurado la exigencia de realizar el “traspaso” del vehículo, le está imponiendo la obligación de hacerle la tradición libre de gravámenes; no, por el contrario, debe entenderse que le imponía la carga de entregarle los documentos que fuesen necesarios para que, una vez liberado el vehículo por haber sido sustituido por la indemnización, aquella podría efectuar los trámites necesarios para obtener a su nombre la “tarjeta de propiedad” del mismo.
Quiérese destacar, entonces, que dejando de lado lo que pueda entenderse por “hacer el traspaso” de un vehículo y sus efectos jurídicos, en este caso solo puede entenderse como una carga del mismo consistente en entregarle al asegurador los documentos necesarios para que este obtuviese la “tarjeta de propiedad”, una vez se levante la medida cautelar por haber acaecido la subrogación de la indemnización por el automotor embargado.
d. Subsecuentemente, si el asegurado solo asumía en este caso la aludida carga, no incurre en mora por el retardo en cumplirla, ni es posible calificarla de ese modo, como erróneamente lo tilda el tribunal, pues la mora presupone que exista una obligación cuya inejecución le pueda acarrear perjuicios al acreedor, al paso que el comportamiento que del asegurado aquí se exige no es una obligación, por supuesto que se ha reiterado que es una carga, es decir, una “necesidad práctica” para alcanzar un propósito específico y propio, además que, como igualmente se dijera, su irrealización no apareja un perjuicio al asegurador.
No obstante, la referida imprecisión del sentenciador no pasa de ser meramente terminológica, de modo que no es posible inferir, como lo hace el recurrente, que aquel hubiese aplicado el artículo 1609 del Código Civil, toda vez que ello no se desprende del contenido de la sentencia, amén que cuando en esta se dice que no hay lugar a conceder los perjuicios reclamados por el actor, porque “... en este caso la tardanza de la aseguradora en pagar el siniestro al asegurado, está directamente relacionada con la mora de este en el cumplimiento de obligación suya posterior al siniestro (hacer traspaso del vehículo siniestrado a favor de la aseguradora)...”, solo se está dando a entender —dejando de lado su ambigüedad semántica, se reitera—, que el cabal cumplimiento de la carga de entregar la reclamación con los comprobantes que sean del caso es condición indispensable para que se origine la mora de la sociedad aseguradora, aseveración que, ciertamente, se acompasa con el acertado discernimiento de los preceptos anteriormente citados, motivo por el cual no incurrió en la violación de la ley que se le atribuye en el cargo primero de la demanda.
2. De igual modo, si la presentación de la reclamación y los comprobantes de rigor no puede tenerse como una obligación del asegurado, sino como una carga del mismo, incurre en desatino la censura en cuanto se duele en el cargo segundo de la violación del artículo 1078 del Código de Comercio, según el cual “si el asegurado o el beneficiario incumplieren las obligaciones que les corresponden en caso de siniestro, el asegurador solo podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento”, por supuesto que tal precepto tiene cabida ante el incumplimiento de las “obligaciones” (que bien vistas podrían ser simplemente deberes) del asegurado o del beneficiario en caso de siniestro, lo que no puede predicarse de la presentación de la reclamación y los documentos pertinentes, pues tal exigencia, por ser una mera carga, no se configura como un deber o una obligación del asegurado, cuyo incumplimiento pueda tildarse como un acto ilícito que justifique las consecuencias previstas en el referido precepto, sino como un presupuesto indispensable para la mora del asegurador y para el ejercicio de la acción ejecutiva, como se ha puntualizado.
3. Es patente, en cambio, que el juzgador, no reparó en los testimonios de Jorge Mario Zapata Herrera y Jairo Llano Álvarez, quienes afirmaron que el asegurado estuvo presto a cumplir esa carga, al paso que la aseguradora estuvo renuente a recibir y firmar el documento de traspaso del vehículo. En efecto, testificó el primero que “... en cuanto el conocimiento de la aseguradora lo único que sé decir es que él me mandó como tres veces a Colmena a que le firmaran unos documentos de traspaso lo cual no ocurrió porque ellos decían que no tenían porque (sic) firmar los papeles de ese carro que porque estaba embargado”. Más adelante agrega que le llevaba los documentos “... a un señor Jairo de apellido no me acuerdo, él me decía que no firmaban esos documentos porque el carro estaba embargado”.
Por su parte el segundo de ellos, al ser preguntado sobre si fue cierto que el demandante le envió por intermedio del citado testigo en varias oportunidades los documentos que contenían el traspaso de vehículo, los cuales “le fueron devueltos por Colmena al mencionado señor alegando Colmena que existían (sic) un embargo sobre el vehículo? CONTESTO. Sí porque como habían (sic) un embargo los documentos no se podían legalizar a nombre de la compañía”. Preguntado luego respecto de si “en algún momento el señor Wilson León Arias insistió a la compañía que firmara el traspaso para gestionar dichas diligencias ante el tránsito? CONTESTO. Sí pero no se podía tramitar porque al fin y al cabo el carro tenía su problema de embargo”.
Colígese, pues, de tales testificaciones que la aseguradora demandada rehusó recibir el mencionado documento de traspaso que obra al folio 71 del cuaderno principal debidamente autenticado por el demandante (lo que corrobora su actitud de porfiar en la ejecución de la carga que le incumbía), aduciendo la imposibilidad de obtener la tarjeta de propiedad a su nombre por causa del embargo que afectaba el vehículo.
Empero, no obstante que el sentenciador inadvirtió tales testificaciones que ponen de presente la conducta renuente de la aseguradora, en cuanto no prestó la colaboración necesaria para que el asegurado cumpliera su carga, no por ello habría que casar la sentencia para conceder los perjuicios reclamados por el demandante, toda vez que conforme a las prescripciones del artículo 1080 del Código de Comercio “el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectué el pago”. En todo caso, en lugar de esos intereses tendrán derecho a demandar dispone más adelante la norma, la “indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador”.
Significa lo anterior, que el legislador, atendiendo el carácter prevalentemente dinerario de la prestación del asegurador, acudió a la fórmula de fijar normativamente la indemnización que debe pagar por su incumplimiento en el pago de la prestación a su cargo, imponiéndole, en consecuencia la obligación de pagar la tasa de interés moratorio allí prevista, en cuyo caso el asegurado o el beneficiario, quedan exonerados de probar, tanto la existencia del perjuicio, puesto que la ley lo presume, como su monto, ya que esta lo señala.
Sin embargo, los faculta para reclamar, en lugar de tales intereses moratorios, los perjuicios de otro orden que les cause el incumplimiento del asegurador, supuesto en el cual quedan supeditados a las reglas generales que gobiernan la materia, entre ellas, la de demostrar la existencia del perjuicio, su monto y su calidad de cierto y directo.
Pretende el aquí demandante que se condene a la sociedad encausada a pagarle, además de la suma asegurada, los siguientes perjuicios:
“a) Lucro cesante: el furgón estaba contratado con la empresa Sus Mensajes Limitada durante seis (6) días en la semana por un monto de setenta y cinco mil pesos (75.000.000) diarios, cuatrocientos cincuenta mil (450.000) semanales, un millón ochocientos mil pesos (1.800.000) mensuales, se anexa el respectivo certificado; el contrato era un contrato indefinido y se venía ejecutando desde junio de 1991; es decir que desde junio 7 de 1993 (fecha del hurto) a junio 7 de 1995 (24 meses) mi poderdante ha dejado de percibir la suma de cuarenta y tres millones doscientos mil pesos (43.200.000), esto sin contar los incrementos anuales.
Se suma a este perjuicio la pérdida del valor adquisitivo del dinero, pues el costo asegurado del carro son cinco millones de pesos moneda legal (5.000.000) que se han devaluado y para la época del hurto representaban la posibilidad de adquirir un nuevo vehículo de las mismas características y hoy ese mismo vehículo está costando diez y ocho millones cuatrocientos veintiséis mil seiscientos cincuenta (18.425.650), en Autolarte (se anexa cotización); y la suma de dieciséis millones doscientos mil pesos (16.200.000) en Andar S.A.”.
Sin embargo, si como ha quedado dicho, por virtud de la señalada subrogación real prevista en el artículo 1101 del Código de Comercio la aseguradora se encontraba impedida de pagarle directamente al asegurado la indemnización, debiendo en su lugar consignarla a órdenes del juzgado que había decretado el embargo del vehículo asegurado, es patente que el incumplimiento de esta obligación no pudo aparejarle al actor los perjuicios que reclama; por supuesto que si el dinero quedaba a disposición del juzgado, no podía el demandante adquirir inmediatamente con esa suma otro vehículo, ni mucho menos reanudar con este su actividad comercial.
Subsecuentemente, no está llamada la demandada a asumir el mayor valor del automotor por no haber cumplido prestamente su obligación, ni el lucro cesante derivado de no haber podido explotarlo el actor económicamente, perjuicios estos a los que se contrae la demanda.
5. Finalmente, no incurrió el tribunal en los errores de apreciación probatoria que se le atribuyen en los cargos tercero y cuarto, toda vez que este entendió la cláusula vigésima del contrato en el mismo sentido de la censura. Dijo, en efecto, lo siguiente: “Aunque en este caso está probado el incumplimiento del asegurado Wilson León Arias Peña de su obligación de hacer traspaso del vehículo a favor de la aseguradora Colmena S.A., que es obligación de observancia posterior al siniestro, la inobservancia de esta obligación no faculta a la aseguradora para negarse al pago de la indemnización o prestación asegurada, sino para deducir de esta el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento, conforme a la parte final de la cláusula vigésima de las condiciones generales de la póliza 38755, que es reiteración de lo que al efecto establece el artículo 1078 del Código de Comercio, a cuyo tenor si el asegurado incumpliere las obligaciones que le corresponde con ocasión del siniestro (en este caso la de hacer traspaso del vehículo averiado), el asegurador solo podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause ese incumplimiento.
“Es claro que la facultad que el contrato (póliza 38755) y la ley (art. 1078) confieren a la aseguradora para deducir una cantidad incluso hasta el monto de la indemnización o prestación asegurada, está referida al evento en que la aseguradora se excuse del pago de esta prestación pretextando la existencia de unos perjuicios. Pero como en este caso la aseguradora no alega perjuicios, no debe cuantificarse la indemnización o prestación asegurada en función de la deducción de perjuicios que autorizan la parte final de la cláusula vigésima de las condiciones generales de la póliza 38755 y el artículo 1078 del Código de Comercio”.
Empero, ya se puntualizó anteriormente que si en el asunto de esta especie la presentación de la reclamación y los comprobantes de rigor —entre ellos los que le permitieran a la demandada obtener en su oportunidad la “tarjeta de propiedad” del automotor embargado—, no puede tenerse como una obligación del asegurado, sino como una carga del mismo, es erróneo entender que la referida cláusula vigésima, como el artículo 1078 del Código de Comercio, hubiesen facultado a la aseguradora para deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento”, por supuesto que tal precepto tiene cabida ante el incumplimiento de las “obligaciones” del asegurado o del beneficiario en caso de siniestro, lo que no puede predicarse de la presentación de la reclamación y los documentos pertinentes, pues tal exigencia, por ser una mera carga, no se configura como un deber o una obligación del asegurado, sino como un presupuesto indispensable, fundamentalmente, para la mora del asegurador y para el ejercicio de la acción ejecutiva, como se ha puntualizado. O, para decirlo más concretamente, la referida cláusula vigésima debe entenderse en armonía con lo dispuesto en el artículo 1078 del Código de Comercio, para colegir que la deducción de la indemnización a la que allí se alude, solamente tiene lugar en cuanto el asegurado incumpla las obligaciones que le corresponden, pero no cuando se abstiene de atender una carga, como la de entregar la documentación referida, pues en tal hipótesis son otras las consecuencias que se desgajan en su contra y a las cuales se ha aludido ampliamente en el transcurso de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 25 de febrero de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por Wilson León Arias frente a la compañía de seguros Colmena S.A.
No hay lugar a condenar en costas a la parte recurrente, por virtud de la dispuesto en el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.