Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-163-15.htm
Timestamp: 2018-12-13 00:40:54
Document Index: 69950854

Matched Legal Cases: ['artículo 154', 'artículo 241', 'artículo 9', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 17', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 160', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 154', 'artículo 241', 'artículo 154', 'artículo 144', 'artículo 157', 'artículo 144', 'artículo 156', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 145', 'artículo 133', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 182', 'artículo 166', 'artículo 241', 'artículo 162', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 226', 'artículo 12', 'artículo 15', 'Artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 226', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 241']

C-163-15
Sentencia C-163/15
LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL QUE APRUEBA ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Resulta ajustada a la Constitución Política
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO-Competencia de quien lo suscribió/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Implica la revisión de la competencia del funcionario que representó los intereses de la Nación, en el proceso de negociación y suscripción del acuerdo
CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Prevé una manifestación del derecho de participación de las comunidades indígenas en el trámite de adopción de medidas legislativas o administrativas que las puedan afectar/CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Fijó como obligatoria la consulta de las comunidades indígenas y tribales que pudieran afectarse con medidas legislativas
CONSULTA PREVIA DE MEDIDAS LEGISLATIVAS O ADMINISTRATIVAS-Parámetro de control constitucional en sentencia C-030/08/CONSULTA PREVIA FRENTE A LA ADOPCION DE MEDIDAS LEGISLATIVAS-No debe realizarse frente a toda medida sino exclusivamente aquellas que puedan afectarlas directamente/CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES ETNICAS EN TRATADO INTERNACIONAL-Oportunidad en que debe efectuarse
Tal y como lo ha señalado esta Corporación, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución tienen el mismo trámite de cualquier ley ordinaria, salvo por dos aspectos específicos: a) el artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República, y b) el Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión constitucional.
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO COMO AREA DE INTEGRACION PROFUNDA-Alcance
REGIMEN CONSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES-Contenido/VOCACION INTEGRACIONISTA EN LA CONSTITUCION POLITICA-Contenido
La Constitución de 1991, amén del Preámbulo, establece tres disposiciones destinadas a orientar el ejercicio de las relaciones internacionales del Estado colombiano. El artículo 9º que prevé que aquéllas se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, ordena que la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. El artículo 226 de la Carta Política, que promueve la internacionalización de las relaciones económicas y sociales, sobre la base de parámetros de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; y el artículo 227 Superior, que ordena la integración con otros países y organizaciones internacionales y la celebración de tratados en condiciones de igualdad, equidad y reciprocidad.
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Democracia y Estado de Derecho como prerrequisitos para participación/ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Cláusula de condicionalidad democrática en el derecho internacional y de integración/CLAUSULA DE CONDICIONALIDAD DEMOCRATICA-Concepto/CLAUSULA DE CONDICIONALIDAD DEMOCRATICA-Antecedentes en tratados de integración regional/CLAUSULA DE CONDICIONALIDAD DEMOCRATICA-Validez
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Estructura orgánica y funcional
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Naturaleza de las decisiones y acuerdos, y su relación con terceros Estados y organizaciones internacionales
ORGANIZACION INTERNACIONAL-Sujeto de derecho internacional/ORGANIZACION INTERNACIONAL-Atribución de competencias normativas
En teoría de las organizaciones internacionales se admite, de vieja data, que los Estados pueden crear mediante la suscripción de acuerdos multilaterales, esta clase de sujetos de derecho internacional y atribuirles, a su vez, competencias normativas, necesarias para poder cumplir con los objetivos para las cuales fueron creadas. Aquéllas, al mismo tiempo, son de dos clases: (i) las destinadas a gestionar el funcionamiento interno de la organización (vgr. sobre temas de personal, presupuesto, etc.); y (ii) las encaminadas a regular las actividades “externas” de la organización. En este último caso, se trata de actos jurídicos cuyos destinatarios son los Estados Partes, e incluso, en ciertos supuestos fácticos, los ciudadanos de éstos.
DERECHO INTERNACIONAL-Medios para establecer si organización internacional posee o no personalidad jurídica
En el Derecho Internacional se han previstos dos medios para establecer si una organización internacional posee o no personalidad jurídica: (i) a través de su instrumento constitutivo que explícitamente indique el reconocimiento de dicha personalidad, caso que en el caso de la Alianza del Pacífico no se presenta pues en ninguna de las disposiciones del Acuerdo Marco se otorga tal prerrogativa; (ii) el segundo modo de determinar la existencia de una personalidad jurídica en cabeza de una organización, es de forma implícita a través de un test funcional, en el que se logre determinar si las funciones que la Organización desempeña ameritan que tenga una personalidad independiente a las de los Estados que la conforman, toda vez que con ello tendrían la capacidad de adquirir derechos y obligaciones necesarios para adelantar sus funciones y alcanzar sus fines.
ORGANIZACION INTERNACIONAL-Modalidades de participación según Tratados internacionales/ORGANIZACION INTERNACIONAL-Diferencia entre miembros, asociados y observadores
ORGANIZACION INTERNACIONAL-Diferencia entre Estados originarios y adherentes
ACUERDO MARCO DE ALIANZA DEL PACIFICO ENTRE REPUBLICA DE COLOMBIA, CHILE, ESTADOS UNIDOS DE MEXICO Y PERU-Conformidad con los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional
Referencia: Expediente No. LAT-434
Revisión de constitucionalidad del “ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO” firmado en la ciudad de Paranal, Antofagasta, Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) y la ley 1721 de 2014 que lo aprueba.
En el proceso de revisión automática del “ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO” firmado en la ciudad de Paranal, Antofagasta, Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) y de la Ley 1721 de 2014 que lo aprueba.
Mediante oficio recibido el día 2 de julio de 2014, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica del “ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO” firmado en la ciudad de Paranal, Antofagasta, Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) y la Ley 1721 de 2014 que lo aprueba, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la constitucionalidad del tratado internacional y de su ley aprobatoria.
Mediante auto de 12 de agosto de 2014, la Magistrada (e) Sustanciadora avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Adicionalmente, en dicha providencia, también solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de las votaciones. En el mismo auto, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la presente demanda al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, a la Ministra de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, a la Asociación de Agricultores Colombianos (SAC), a la Asociación de Empresarios Colombianos (ANDI), a PROEXPORT, a la Bolsa de Valores de Colombia, y a las Facultades de Derecho de las Universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Libre, Nacional de Colombia, Santo Tomás, del Rosario, Santiago de Cali, San Buenaventura (Cali), Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, de Nariño, y del Cauca para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en el presente proceso con el propósito de impugnar o defender las disposiciones sometidas a control. Por último, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Aclara la Sala, que el Acuerdo Marco para la Alianza del Pacífico y la ley que lo había aprobado fueron remitidos a la Corte Constitucional en una ocasión anterior, para que se realizara el análisis de constitucionalidad pertinente. Por medio de sentencia C-258 de 2014, y tras encontrar un vicio procedimental insubsanable, la Corte declaró inexequible la Ley 1628 de 2013, por medio de la cual se aprobó inicialmente el “El Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado entre las Repúblicas de Colombia, Chile y Perú y los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, y se declaró inhibida para analizar la constitucionalidad del Acuerdo referido.
En aquella ocasión, el tribunal constitucional constató que se había omitido la publicación integral del mencionado tratado internacional en el órgano de divulgación oficial, lo cual significaba que “a la luz de la jurisprudencia actual ese vicio resulta insubsanable pues requiere la repetición integral del trámite”[1]. En efecto, tanto en el diario oficial No. 48.498 de 22 de mayo de 2013, así como en la Gaceta del Congreso No. 331 de 28 de mayo de 2013, en los cuales aparece publicado el texto de la Ley 1628 de 2013, faltaban los numerales 2 y 3 del artículo 16 “Vigencia y denuncias” y el artículo 17 “Artículo final”, que figuraban en la última página del Tratado. A juicio de la Corte, “lo cierto es que no es lo mismo discutir una exposición de motivos, o escuchar a los órganos del Gobierno y la sociedad civil interesados en el proyecto, que basar la discusión en textos normativos concretos. Todo operador jurídico sabe que los términos efectivamente escogidos por el autor de las disposiciones normativas, el orden de las palabras, los fenómenos ambigüedad y vaguedad del lenguaje natural, o construcción del texto (la sintaxis) afectan directamente su sentido y que ello solo puede evidenciarse tras la lectura efectiva de ese documento. En caso de disposiciones normativas, su sentido o significado determina precisamente el contenido normativo que efectivamente será aprobado (o no) por el Congreso de la República. Por ese motivo, la publicación de un texto no puede suplirse con la supuesta discusión de su contenido material, tal como se encuentra en otros documentos o exposiciones orales”.
Pero, además de ello, la Corte observó que el sentido de las normas depende no solo de su texto sino también de su contexto y de las relaciones de complementariedad o contradicción entre unas y otras. Indicó que importancia del criterio sistemático de interpretación de las normas jurídicas, derivado a su vez de la concepción de los órdenes jurídicos como auténticos sistemas normativos, impide suponer que era conveniente iniciar una discusión aislada de los incisos segundo y tercero del artículo 16 y el artículo 17 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, para su aprobación por el Congreso de la República. De otra parte, no se había tomado en consideración el carácter de los tratados internacionales, como textos integrales, en los que se halla plasmada la voluntad de distintas naciones y, en el caso concreto, de cuatro países independientes, circunstancia que exigía una especial rigurosidad en la publicación de su texto.
Luego de surtido nuevamente el trámite legislativo de aprobación del Acuerdo, el cual culminó con la expedición de la Ley 1721 de 2014, se remiten ambos instrumentos a la Corte Constitucional para que realice el correspondiente análisis.
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial núm. 49195 de 27 de junio de 2014.
Diario Oficial No. 49.195 de 27 de junio de 2014
3. El Consejo de Ministros establecerá sus reglas y procedimientos y adoptará sus decisiones de conformidad con el Artículo 5 (Aprobación de decisiones y otros acuerdos de la Alianza del Pacífico), del presente Acuerdo Marco.
ARTÍCULO 7. LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE.
ARTÍCULO 17. ARTÍCULO FINAL.
Suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012, en un ejemplar original en el idioma castellano que queda bajo custodia del Depositario, el cual proporcionará copias debidamente autenticadas del presente Acuerdo Marco a todas la Partes.
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
a. Entidades Públicas
1. Congreso de la República de Colombia
El Congreso de la República de Colombia mediante escrito de intervención suministra e informa a la Corte Constitucional el trámite cursado por el Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado y 202 de 2014 Cámara, hoy Ley 1721 de 2014 “por medio de la cual aprueba el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico” suscripto en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 06 de junio de 2012”.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en sesión plenaria de la Corporación con el quórum respectivo, además con el anuncio previo de la votación de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución. A su vez, se dio traslado a la Secretaria General del Senado de la República para que remitiera la información de la competencia, de igual forma se hizo el traslado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Corporación.
De otra parte, se dio cumplimiento al mandato de publicación del proyecto de ley en la Gaceta del Congreso a lo largo de las diferentes etapas del procedimiento legislativo, en los números 226, 334 y 335 del año 2014. Finalmente, en el trámite del proyecto de ley “no surgieron discrepancias en las Cámaras respecto del mismo, por lo tanto no dio lugar a etapa de Conciliación”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional se declare exequible el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico firmado en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012”, a la par con la Ley 1721 del 27 de junio de 2014, ya que cumplió con los requisitos formales contemplados en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y además el contenido del mismo hace inferencia a los principios y reglas que gobiernan al Estado colombiano y su política exterior.
La Cancillería sustenta su concepto de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 el cual establece una política integral para Colombia, uno de cuyos objetivos consiste en desarrollar estrategias de inserción activa en la región Asia-Pacífico. Es así que uno de los lineamientos de la política internacional es “afianzar las relaciones geoestratégicas que ayuden a impulsar la integración y el desarrollo” con América Latina y el Caribe, con la finalidad de ampliar los vínculos sociales, políticos, económicos y culturales, y a su vez, la cooperación recíproca de los países vecinos “en el marco de un dialogo franco y de respeto, privilegiando la vía diplomática, los principios del derecho internacional y preservando la seguridad nacional”.
Otro de los lineamientos refiere a la Política Internacional en los “temas prioritarios en los escenarios multilaterales, regionales y subregionales”, el cual busca ampliar las iniciativas en materia del medio ambiente, el comercio, la ciencia y tecnología a nivel regional y así superar la pobreza.
Por ende, los lineamientos de Política Exterior anteriormente referenciados se encuentran enmarcados en la Alianza para el Pacífico así:
- “Profundizar la integración con América Latina y el Caribe para generar más oportunidades de comercio, inversión e intercambio tecnológico;
- Dinamizar las relaciones de Colombia con los países del Asia Pacífico mediante la presencia diplomática fortalecida, apertura de nuevos mercados y la atracción de inversión”.
De otra parte, el objeto del Acuerdo Marco es afianzar “la institucionalidad de la Alianza del Pacífico” organizada con un Consejo de Ministros y una Presidencia pro tempore, para así coordinar las distintas “acciones, reuniones y representación en los asuntos y actos de interés de la Alianza”.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores resalta que las “decisiones y acuerdos que se adopten en el marco de la Alianza del Pacífico no reemplazarán, ni modificarán los acuerdos económicos, comerciales y de integración bilaterales, regionales o multilaterales vigentes entre las Partes”.
Estas son las razones que llevan al Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar la exequibilidad del tratado que se estudia, así como de la ley que lo incorpora.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y de la Ley 1721 de 2014 aprobatoria del mismo.
Para el interviniente, el Acuerdo Marco es el resultado del emprendimiento del Estado colombiano por el cumplimiento de los principios constitucionales sobre la integración en América Latina, de acuerdo a los lineamientos de la Política Exterior, el Plan Estratégico del Sector de Relaciones Exteriores 2010 – 2014 y el Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014.
Por ende, es evidente la importancia que para Colombia tiene el hacer parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, ya que “es una de las estrategias de integración más innovadoras de la región, por ser un proceso abierto y flexible, con metas claras, pragmáticas y coherentes con el modelo de desarrollo y la política exterior colombiana”.
A su vez, el tratado internacional en mención tiene como base los principios comerciales, económicos y de integración vigentes entre los Estados partes a nivel regional, bilateral y multilateral. Para así garantizar la continuidad y permanencia en los procesos de integración existentes de los diferentes acuerdos de carácter comercial, tanto nacional como internacional. Además la Alianza asegura el incremento de “volúmenes de inversión, intercambio comercial y crecimiento económico sostenido y vigoroso”.
De otro lado, el examen formal de constitucionalidad del Acuerdo Marco está acorde a lo que precisa la Corte Constitucional en la Sentencia C-750 de 2008:
“[El] control de constitucionalidad formal, persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado, así como los que corresponden al trámite legislativo y la sanción presidencial del proyecto de ley.
[E]l examen formal comprende principalmente: (i) la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley aprobatoria (art. 241-10 C.P.); (ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del Acuerdo como la competencia del funcionario que lo suscribió; (iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente (art. 154 C.P.); (iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso (art. 157 C.P.); (v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (art. 157 C.P.); (vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (art. 160 C.P.); (vii) el quórum deliberatorio y decisorio al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; (viii) el anuncio previo a la votación (art. 160 C.P.); y, (ix) la sanción del Gobierno (art. 157 C.P.)”.
De otra parte, el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico está acorde a objetivos de internacionalización e integración regional trazados en la Constitución Política.
El interviniente resalta lo expresado por la Corte Constitucional en su jurisprudencia C-750 de 2008 respecto que el “control de constitucionalidad material no implica un examen absoluto y previo de todos y cada uno de los términos puntuales empleados en las disposiciones de los tratados internacionales”.
Finalmente, para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la entrada en vigor del tratado internacional en mención es de gran importancia para la estrategia “de internacionalización de las relaciones comerciales y políticas del Estado colombiano” como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de 1991 y además “el fortalecimiento de los canales productivos y comerciales del país mediante instrumento de integración regional”.
b. Entidades privadas y ciudadanos
1. Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional un pronunciamiento de “fondo en el sentido de asegurar y proteger un bien jurídico especial consagrado en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, como es la protección y tratamiento especial del sector agropecuario”.
El interviniente afirma que la Corte Constitucional en sentencia C-644 de 2012 reconoció la protección especial de la actividad agrícola, como bien reconocido por la Constitución:
“(…) La jurisprudencia constitucional, ha ido reconociendo a través de los casos objetivos y concretos, las características específicas que posee el campo como bien jurídico de especial protección constitucional, tanto desde los imperativos del Estado social de derecho, como desde la óptica del progreso a través de la competitividad y el correcto ejercicio de las libertades económicas”.
De otra parte, el interviniente expresa respecto del artículo 12 del Acuerdo Marco de Alianza para el Pacífico que sería la primera vez que Colombia firma un tratado tan laxo en materia de disciplinas y reglas de juego, ya que “se presentan diferencias entre los países y, igualmente grave, en el relacionamiento de las naciones y sus ciudadanos”. Ya que se impone “un plazo a los países para iniciar negociaciones de un régimen de competencia”, pero es de resaltar que no establece plazo alguno para culminarlas, lo cual crea incertidumbre jurídica a los países intervinientes para la solución de conflictos en caso de que presenten.
Por último, la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC- resalta la grave equivocación de suscribir un Acuerdo Marco que imponga al país una vigencia indefinida tal y como lo establece el artículo 16 del tratado, y además se elimine la capacidad de denunciar el acuerdo para los países intervinientes, cuando lo estimen apropiado o lesivo para las partes y que genere inequidad.
2. Asociación Nacional de Empresario de Colombia (ANDI)
La Asociación Nacional de Empresario de Colombia (ANDI), por medio de escrito de intervención, considera que el Acuerdo Marco de la Alianza para el Pacífico debe ser declarado exequible.
Sustenta su concepto, en que no observa ningún vicio en cuanto a la suscripción del Acuerdo Marco, así como tampoco “respecto del trámite del proyecto de ley en el Congreso de la República”. Además, el interviniente sostiene que “no encuentra en el contenido del Acuerdo contravenga la Constitución Política”, sino por el contrario está “acorde con lo dispuesto por los artículos 9 y 227” de la Carta, ya que “propende por la integración económica y social con varios países de la región”.
3. Intervención ciudadana de Andrés Espinosa Fenwarth
Andrés Espinosa Fenwarth, mediante escrito de intervención ciudadana, solicita a la Corte Constitucional se realice el examen automático, integral y preventivo de la Ley 1721 del 27 de junio de 2014, por medio de la cual se aprobó el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, y que, teniendo presente lo anterior, se declare la inconstitucionalidad definitiva de los instrumentos legales por razones materiales insuperables.
Para el ciudadano, el Acuerdo Marco y la ley aprobatoria 1721 de 2014 incurren en vicios materiales de constitucionalidad por contrariar lo preceptuado por el artículo 1 de la Constitución, que ordena salvaguardar la Democracia y Estado de Derecho, ya que cercena “los preceptos sociales” del ordenamiento jurídico colombiano, respecto de la concepción del Estado social de derecho.
Por otra parte, la entrada en vigencia del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico alteraría el Estado colombiano “por medio de un tratado internacional y de su ley aprobatoria” ya que vulneraría los principios constitucionales y “los cimientos de la Nación” contemplados en la Constitución Política.
En este sentido, por contrariar los principios constitucionales en que se cimenta el Estado colombiano, especialmente el que ordena que se desarrolle un Estado social de derecho, el interviniente considera que el Acuerdo Marco que ahora se analiza debe ser declarado inexequible.
La Procuraduría General de la Nación, mediante escrito de intervención solicita a la Corte Constitucional se declare exequible el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de junio de 2012” y la Ley 1721 de 2014 que lo aprueba.
El Ministerio Público sustenta su concepto teniendo en cuenta el análisis formal y el análisis material de la ley aprobatoria del Tratado Internacional.
Respecto del primer aspecto, el análisis procedimental, considera que se cumplieron los parámetros constitucionales, reglamentarios y legales conformes a la Carta Política y a la ley 3 de 1992.
Es así que el trámite del acuerdo inició en el Senado de la República, corporación que ordenó la publicación del proyecto en la Gaceta del Congreso previamente al procedimiento legislativo; se respetó el quórum y las mayorías requeridas; se hizo el anuncio previo en sesión diferente para la discusión y votación respectiva; y, además, la aprobación del proyecto de ley se dio dentro del término de dos legislaturas, a su vez el Congreso de la República actuó dentro de sus competencias en cuanto a la aprobación de leyes de carácter internacional, por lo cual el Presidente de la República sancionó la ley y la remitió a la Corte Constitucional para el análisis del control posterior.
El segundo lugar, en lo referente al análisis material de la Ley 1721 de 2014, manifestó el Ministerio Público que este Acuerdo cuenta con dos puntos esenciales de acuerdo a lo señalado por el gobierno nacional: i) El avance obtenido en los acuerdos de carácter comercial vigentes entre los Estados que hacen parte de la Alianza del Pacífico y ii) “la profundización del grado actual de integración de los países miembros”.
Por lo anterior, para el Procurador General el Acuerdo Marco de la Alianza para el Pacífico no afecta los acuerdos y tratados internacionales preestablecidos por la partes, por lo cual no va a generar “traumatismos comerciales”, además se respeta el “principio pacta sunt servanda en tanto no constituye un obstáculo para el cumplimiento de obligaciones internacionales previamente adquiridas con los Estados parte”.
De otra parte, resaltó que el tratado internacional contiene cláusulas que son acordes con el objeto y la finalidad que contiene la Constitución Política de 1991 para el Estado colombiano de acuerdo a lo establecido en el artículo 2. Por lo cual, de un análisis constitucional del Acuerdo Marco se resalta que no surge “ningún vicio de constitucionalidad y que, por el contrario, su adopción se corresponde con los preceptos constitucionales relativos a las relaciones internacionales” conforme a la Carta.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Procurador General de la Nación considera que el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico suscrito por la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, y la Ley 1721 de 2014 que aprueba el Tratado Internacional en mención, resultan acordes con la Carta Política, no sin dejar de advertir el cuidado respectivo en la implementación del mismo y además “sin que ello implique por sí mismo la constitucionalidad de los futuros acuerdos que se adopten en el marco de esta Alianza”.
2. Objeto y generalidades del control de constitucionalidad de Acuerdos Internacionales y las leyes que los aprueban
“[D]icho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v)es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.[2]
En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.N.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (numeral 10 Art. 241C.N.)
3.1. Competencia de quien suscribió el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y no exigencia de consulta previa a las comunidades étnicas
“(…) [A]ntes del sometimiento del tratado al Congreso de la República para su aprobación, tienen lugar la negociación y suscripción de aquél, fases que configuran el ejercicio de la soberanía estatal, y al mismo tiempo, los compromisos asumidos internacionalmente constituyen límites al ejercicio de aquélla. En nuestro caso, el Presidente de la República “dirige las relaciones internacionales” (art. 189.2 Superior), lo cual implica que adelante la correspondiente negociación y suscripción del tratado internacional, bien sea directamente o mediante un representante con plenos poderes, en los términos de los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969”.[3]
En el presente caso, como se observa en folio No. 06 del cuaderno principal, el Acuerdo en estudio fue firmado por el Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado y, por consiguiente, representante del Estado colombiano en tanto sujeto de derecho internacional.
Así se consideró en la sentencia C-750 de 2008, en donde, al efectuar la revisión de constitucionalidad del “´Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus ´entendimientos´, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006” y la Ley aprobatoria 1143 de 4 de julio de 2007, concluyó la Corte que no se requería adelantar la consulta previa del Acuerdo a las comunidades étnicas, por cuanto las normas allí contenidas “han sido expedidas de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, y no contienen disposiciones que afecten a éstos grupos de manera específica y directa en su calidad de tales; es decir, ninguna de ellas les impone restricciones o gravámenes o les confiere beneficios a éstos grupos étnicos”, por lo que como no inciden de manera directa en su proceso de desarrollo y la identidad e integridad cultural.
En la sentencia C-175 de 2009[4], la Corte reiteró que “para acreditar la exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la materia de la medida legislativa tiene un vínculo necesario con la definición del ethos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En otras palabras, el deber gubernamental consiste en identificar si los proyectos de legislación que pondrá a consideración del Congreso contienen aspectos que inciden directamente en la definición de la identidad de las citadas indígenas y, por ende, su previa discusión se inscribe dentro del mandato de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”[5] (negrilla fuera del texto original).
Bajo el mismo criterio, recientemente esta Corporación determinó que no hubo vicio alguno por ausencia de consulta previa en el trámite de la Ley 1665 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, por cuanto las medidas que mediante él se pretenden adoptar no conciernen directa y específicamente a ninguna comunidad étnica asentada en el territorio nacional, y se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, de modo que la consulta previa no era un requisito previo para su suscripción[6].
Respecto del segundo aspecto a abordar – la oportunidad en que debe efectuarse-, en la sentencia C-615 de 1999 esta Corporación advirtió que ni la Constitución, la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados o el Convenio 169 de la OIT señalan cuándo debe realizarse, por lo cual, en atención a los principios de buena fe y de eficacia que deben orientar la realización de la consulta, se debe realizar antes del sometimiento del instrumento internacional al Congreso por parte del Presidente de la República. Precisó la Corte, que se cumple con el deber de consulta cuando ésta se efectúa luego de suscrito el tratado y antes de enviarlo al Congreso para su aprobación, lo que atiende a que, si bien se puede avanzar en la consulta durante el proceso de negociación, el contenido normativo respecto del cual es imperioso garantizar la participación de la comunidad étnica mediante la consulta, se concreta al finalizar la negociación y suscribir el instrumento internacional que contiene disposiciones relacionadas directamente con el ethos de las comunidades.
En el caso concreto del”Acuerdo para la Alianza del Pacífico”, la Corte encuentra que no requería para el trámite de su aprobación interna, la realización de una consulta previa a las comunidades indígenas y tribales. Su objeto es el de constituir un área de integración regional con la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, con el fin de avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y a otra serie de cuestiones que afectan a toda la sociedad y a la totalidad de los colombianos, sin que pueda predicarse una afectación directa y particular a las comunidades étnicas ancestrales en los aspectos que protege la Constitución Política
3.2. Trámite del Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado de la República, 202 de 2014 de la Cámara de Representantes
Ahora bien, tal y como lo ha señalado esta Corporación, las leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158 y 160 de la Constitución tienen el mismo trámite de cualquier ley ordinaria, salvo por dos aspectos específicos: a) el artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la República, y b) el Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión constitucional.
En cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución[7], el Proyecto de Ley No. 200 de 2014 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas Arroyo, el día 13 de mayo de 2014 (folios 2 a 7, cuaderno número 2); así mismo, se presentó la correspondiente exposición de motivos (folios 8 a 20, cuaderno número 2), tal y como ordena el artículo 144 del Reglamento del Congreso.
Junto con el texto articulado del proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, fue solicitado dar trámite de urgencia al proyecto de ley referido, así como disponer la deliberación conjunta de las comisiones segundas permanentes a efectos de dar primer debate al proyecto de ley (folio 23, cuaderno número 2). La deliberación conjunta de las comisiones segundas constitucionales fue autorizada por las mesas directivas, mediante resoluciones 183 de 2014 y 836 de 2014 de Senado y Cámara de Representantes, respectivamente (folios 25 a 28, cuaderno número 2).
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 1º del artículo 157 superior, según el cual: “Ningún proyecto será ley sin (…) [h]aber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”; e, igualmente, del mandato previsto en el artículo 144 del reglamento del Congreso, el texto fue publicado en Gaceta del Congreso No. 200 del 13 de mayo de 2014 (pág. 1 a 13, correspondientes a folios 56 a 62, cuaderno número 2).
3.2.1 Debate en comisiones conjuntas de Senado de la República y Cámara de Representantes
Fue presentada una única ponencia para primer debate en comisiones conjuntas, por parte del Senador Roy Barreras y del Representante a la Cámara Pedro Pablo Pérez. Dicha ponencia fue publicada en Gaceta del Congreso No. 231 de 27 de mayo de 2014 (págs. 1 a 10, correspondientes a folios 88 a 92 cara B, cuaderno número 2) para Cámara de Representantes; y en Gaceta del Congreso 230 (págs. 1 a 9, correspondientes a folios 94 a 98, cuaderno número 2). Con base en este recuento fáctico, se concluye que se dio cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía con lo previsto en los artículos 142 y 160 de la Constitución, los cuales exigen publicar el informe de ponencia en la Gaceta del Congreso, antes de dar primer debate a los proyectos de ley en comisiones.
A continuación debe examinarse el acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
En este sentido, el anuncio de la votación para la Comisión Segunda Permanente del Senado se llevó a cabo en la sesión del 27 de mayo de 2014, según consta en el Acta No. 18 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso No. 326 del 02 de julio de 2014 (págs. 41 y 42, correspondientes a folios 53 y 53 cara B, cuaderno número 3).
En la mencionada Acta se consignó “El señor Presidente Édgar Espíndola Niño, solicita al señor Secretario se sirva anunciar el proyecto de ley para las Sesiones Conjuntas. || El señor Secretario Diego Alejandro González González, procede con el siguiente punto: || Por instrucciones del señor Presidente, me permito hacer el anuncio del proyecto de ley, que se discutirá y votará en la sesión conjunta de la Comisión Segunda de Senado y la Cámara en la próxima sesión. Proyecto de ley número 200 de 2014 Senado y 202 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012. || Autores: Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Relaciones Exteriores. || Ponentes: honorable Senador Roy Barreras Montealegre y honorable Representante Pedro Pablo Pérez Puerta. || Publicaciones: Publicación del proyecto: Gaceta del Congreso número 200 de 2014. || Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 230 de 2014 Senado y 231 de 2014 Cámara. Está anunciado el proyecto de ley para Sesiones Conjuntas en la próxima sesión señor Presidente”.
En relación con el anuncio en la Comisión Segunda Permanente de la Cámara de Representantes, éste se llevó a cabo en la sesión del 27 de mayo de 2014, según consta en Acta No. 33 de la misma fecha, publicada en Gaceta del Congreso No. 338 de 8 de julio de 2014 (pág. 7, correspondiente al folio 102, cuaderno número 3). En la mencionada Acta se consignó:
Muy bien, y sírvase anunciar el proyecto que será considerado por la Comisión mañana a las 9:00 de la mañana en el salón de sesiones del Senado de la República, señora Secretaria. || Hace uso de la palabra la Secretaria General, Pilar Rodríguez Arias: || Con mucho gusto señor Presidente. De acuerdo con lo que acaba de ordenar el señor Presidente para dar cumplimiento al Acto Legislativo número 01 de 2003, en su artículo 8°, se hace el siguiente anuncio. || Proyecto de ley número 202 de 2014 Cámara, 200 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, República de Chile, el 6 de junio de 2012. || El siguiente proyecto está publicado en la Gaceta del Congreso número 231 de 2014, señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor Presidente Telésforo Pedraza Ortega: || Muy bien, entonces, reitero, mañana a las 9:00 de la mañana en el salón de sesiones de la Plenaria del Senado de la República está convocada las Comisiones Conjuntas Senado y Cámara de Representantes. Siguiente punto del Orden del Día señora Secretaria”.
3.2.2. Votación por cada una de las comisiones segundas permanentes
En cumplimiento de lo anunciado, el Proyecto de Ley en mención fue debatido en sesión conjunta de las comisiones segundas permanentes de Senado Cámara de Representantes, según consta en el Acta 02 de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes del Senado de la República y Cámara de Representantes, publicada en Gaceta del Congreso No. 327 del 02 de julio de 2014 (págs. 29 a 45, correspondientes a folios 71 a 79, cuaderno número 3). La discusión del proyecto 200 – 2014 Senado y 202- 2014 Cámara se realizó una vez comprobado la existencia de quórum deliberatorio, según consta en p. 37 de la mencionada Gaceta del Congreso (correspondiente al folio 75, cuaderno número 3).
El proyecto fue aprobado sin modificaciones en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, como consta en la mencionada Acta No. 02 de la sesión conjunta, con una votación de seis (6) senadores a favor y un (1) senador en contra. Dicha mayoría fue constante al someter a consideración i) la proposición consignada en la ponencia para dar primer debate al proyecto; ii) la omisión de lectura del articulado del proyecto; iii) la aprobación del título del proyecto; y iv) la aprobación del articulado del proyecto, según consta en Gaceta del Congreso No. 327 del 02 de julio de 2014 (págs. 43 a 45, correspondientes a folios 78 y 79, cuaderno número 3).
Para las actuaciones antes descritas se contó con el quórum decisorio requerido por el artículo 145 de la Constitución, en tanto estuvieron presentes y votaron siete (07) de los trece (13) senadores que integran la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República. Así mismo, se cumplió con la exigencia prevista en el artículo 133 de la Constitución, en tanto la votación fue pública y nominal.
Por su parte, la Comisión Segunda Permanente de la Cámara de Representantes aprobó sin modificaciones el proyecto de ley a ella sometido, como consta en la mencionada Acta No. 02 de la sesión conjunta, con una votación de once (11) votos a favor y ninguno en contra. Dicha mayoría fue constante al someter a consideración i) la proposición consignada en la ponencia para dar primer debate al proyecto; ii) la omisión de lectura del articulado del proyecto; iii) la aprobación del título del proyecto; y iv) la aprobación del articulado del proyecto, según consta en Gaceta del Congreso No. 327 del 02 de julio de 2014 (págs. 43 a 45, correspondientes a folios 78 y 79, cuaderno número 3).
3.2.3. Publicación del texto aprobado por las Comisiones Segundas Constitucionales de Senado y Cámara de Representantes
El texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 252 del 3 de junio de 2014, dejando constancia de ello el Secretario de dicha Comisión: “El texto transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Conjunta de las Comisiones Segundas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, el día veintiocho (28) de mayo del año dos mil catorce (2014), según consta en el Acta número 02 de sesión Conjunta de esa fecha” (p. 19, correspondiente al folio 32, cuaderno número 3).
Por su parte, el texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 266 del 9 de junio de 2014, aprobación de la que se dejó idéntica constancia a la antes mencionada (p. 20, correspondiente al folio 92, cara B, cuaderno número 3).
3.2.4. Segundo debate: Plenaria del Senado de la República
La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el Senador Roy Barreras Montealegre, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 252 de 3 de junio de 2014 (págs. 10 a 18, correspondientes a folios 27 cara B a 31 cara B, cuaderno número 3).
El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 16 de junio de 2014, como consta en el Acta número 56 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 332 de 07 de julio de 2014. En la menciona Acta se consagró:
Proyecto de ley número 200 de 2014 Senado, 202 de 2014 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012.”
En cumplimiento de lo anunciado, el Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en segundo debate en la Sesión Ordinaria de la Plenaria del Senado del 17 de junio de 2014, como consta en el Acta número 57 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 333 del 07 de julio de 2014. En la mencionada Acta consta que la votación de la propuesta del ponente de dar debate al proyecto de ley fue aprobada por 33 votos a favor y 25 en contra; una vez abierto el segundo debate, la propuesta de omitir la lectura del articulado fue aprobada con 37 votos a favor y 20 en contra; finalmente, la aprobación del título del proyecto, así como de su articulado se realizó con 37 votos a favor y 20 votos en contra.
Observa la Sala que también se cumplió con el requisito previsto por el artículo 160 de la Constitución, en cuanto entre la finalización del debate en comisiones conjuntas (28 de mayo de 2014) y el inicio del debate en Plenaria del Senado (17 de junio de 2014) trascurrieron más de ocho (08) días.
Finalmente, el texto aprobado por la Plenaria del Senado fue publicado en Gaceta del Congreso del Congreso No. 308 de 20 de junio de 2014 (págs. 29 y 30, correspondiente a los folios 178 y 78 cara B, cuaderno número 2); así como en Gaceta del Congreso del Congreso No. 316 de 26 de junio de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 192, cuaderno número 2).
En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, en el trámite del proyecto en estudio se cumplieron con los requisitos de anuncio previo (CP art. 160), quórum y mayorías (CP arts. 145 y 146), modalidad de votación exigida por la Constitución (CP art. 133), así como con el término de ocho (8) días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y en la plenaria correspondiente (CP art. 160).
3.2.5 Segundo debate: Plenaria de la Cámara de Representantes
La ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el representante Pedro Pablo Pérez el 03 de junio de 2014 ante la presidencia de la Comisión Segunda Constitucional (folio 119, cuaderno número 2), y publicada en la Gaceta del Congreso No. 266 de 9 de junio de 2014 (págs. 10 a 18, correspondientes a folios 158 cara B a 162 cara B, cuaderno número 2).
El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 16 de junio de 2014, como consta en el Acta número 279 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 334 de 08 de julio de 2014 (pág. 14, correspondiente al folio 59, cara B, cuaderno principal). En la menciona Acta se consagró:
Proyecto de ley número 202 de 2014 Cámara, 200 de 2014 Senado, ¿por medio de la cual se aprueba el acuerdo marco de Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012”.
En la parte final del Acta se indicó el momento en el que se levantó la Sesión y se convoca a la siguiente, en los siguientes términos: “Se levanta la Sesión, se cita para mañana martes 17 de junio a las 2:00 p. m.”.
En cumplimiento de lo anunciado, el Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en segundo debate en la Sesión Ordinaria de la Plenaria de la Cámara de Representantes del 17 de junio de 2014, como consta en el Acta número 280 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 335 del 08 de julio de 2014 (págs. 34 a 38, correspondientes a folios 78 y 79, cuaderno principal). En la mencionada Acta consta que la votación de la propuesta del ponente de dar debate al proyecto de ley fue aprobada por 78 votos a favor y 13 en contra; una vez abierto el segundo debate, el articulado fue aprobado con 74 votos a favor y 10 en contra; finalmente, la aprobación del título del proyecto, así como la respuesta a si se quiere que el proyecto se convierta en ley de la República fue aprobada con 75 votos a favor y 11 votos en contra.
Observa la Sala que también se cumplió con el requisito previsto por el artículo 160 de la Constitución, en cuanto entre la finalización del debate en comisiones conjuntas (28 de mayo de 2014) y el inicio del debate en Plenaria de la Cámara de Representantes (17 de junio de 2014) trascurrieron más de ocho (08) días.
Finalmente, el texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en Gaceta del Congreso del Congreso No. 313 de 24 de junio de 2014 (pág. 21, correspondiente al folio 190, cuaderno número 2); así como en Gaceta del Congreso del Congreso No. 322 de 27 de junio de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 200, cuaderno número 2).
3.2.6. Inexistencia de discrepancias entre los textos aprobados en las plenarias de las cámaras legislativas
En este sentido, se lee en Gaceta del Congreso del Congreso No. 316 de 26 de junio de 2014, certificación del Secretario General del Senado de la República en la que manifiesta que “[e]l presente texto fue aprobado en Plenaria de Senado el día 17 de junio de 2014 según texto propuesto para segundo debate sin modificaciones” (pág. 1, correspondiente al folio 192, cuaderno número 2).
Por su parte, el Secretario General de la Cámara de Representantes, en Gaceta del Congreso del Congreso No. 322 de 27 de junio de 2014 (pág. 1, correspondiente al folio 200, cuaderno número 2), dejó constancia que “[e]n Sesión Plenaria del día 17 de junio de 2014, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto de ley número 202 de 2014 Cámara, 200 de 2014 de Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico¿, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012. Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992” (subrayado ausente en texto original).
3.2.7. Sanción Presidencial
El secretario General del Senado envió al Presidente de la República el Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado, 202 de 2014 Cámara el 18 de junio de 2014, por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, a efectos de que éste lo sancionara.
El proyecto fue sancionado el día 27 de junio 2014 (folio 240, cuaderno número 2), es decir, al sexto día hábil luego de su remisión, con lo que se cumple el término previsto por el artículo 166 de la Constitución para sancionar un proyecto de menos de 20 artículos.
La Ley 1721 fue publicada en el Diario Oficial No. 49.195 del 27 de junio de 2014 (págs. 1 a 11).
3.2.8. Remisión a la Corte Constitucional
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió el 01 de julio de 2014 a la Presidencia de la Corte Constitucional el texto de la Ley 1721 de 2014, el cual fue recibido por la Secretaría General de esta Corporación el 02 de julio del mismo año. Observa la Sala que en esta ocasión se respetó el término de los seis (6) días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, fue cumplido.
3.2.9. Conclusión
Del análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 200 de 2014 Senado, 202 de 2014 Cámara, ahora ley 1721 de 2014, cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales, pues, como ya se analizó: (i) inició su trámite en sesiones conjuntas de las comisiones segundas permanentes, con lo que se respeta la exigencia del art. 154 de la Constitución; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo (numeral 1 art. 157 de la Constitución); (iii) las ponencias –tanto en comisiones como en plenarias – fueron divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (numeral 4 art. 160 de la Constitución); (iv) se verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación (numeral 5 art. 160 de la Constitución); (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una de las cámaras que integran el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas (arts. 145 y 146 de la Constitución); (iv) entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, transcurrieron los 8 días previstos en la Constitución (numeral 1 art. 160); (v) su aprobación no superó el término de dos legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 constitucional; (vi) fue sancionado por el Presidente de la República dentro de los seis días hábiles siguientes a que fuera remitido por el Secretario del Senado (art. 166 de la Constitución); y finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a esta Corporación dentro de los seis días siguientes a su sanción (numeral 10 del art. 241 de la Constitución).
4. Examen material de la Ley 1721 del 27 de junio de 2014. Descripción de la ley aprobatoria
En relación con la Ley Aprobatoria del Tratado, resalta la Sala que ésta consta de tres artículos. El primero de ellos, estipula que se aprueba el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012”. El segundo señala que, cumpliendo lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el mencionado tratado internacional obligará al país desde la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Por último, el tercer artículo señala que la Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Lo anterior supone, como ya lo ha reconocido la Corte en otras ocasiones[8], que la ley rige desde el momento en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, precisión que responde a lo dispuesto en general por el derecho internacional y la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales.
El 14 de octubre de 2010, el entonces Presidente del Perú Alan García envió una comunicación al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, planteando como iniciativa que los Estados de Panamá, Chile, Ecuador, Colombia y Perú, “formaran un “área de integración profunda", en la que se asegurara plena libertad para la circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.[9]
El 3 y 4 de diciembre de 2010, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, el entonces Presidente de Chile, Sebastián Piñera, convocó a los Presidentes de Perú, Colombia y México a una reunión para discutir cómo fortalecer sus vínculos bajo el modelo propuesto previamente de una integración profunda. En ese momento, los cuatro Estados acordaron una reunión Ministerial para definir una hoja de ruta de los trabajos a realizar para dar a conocer la Iniciativa.[10]
Instruir a nuestros Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior a elaborar un proyecto de Acuerdo Marco sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre comercio existentes, el cual debe ser presentado a consideración de los Presidentes en diciembre de 2011”. (Negrilla fuera del texto original).
A los Ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores a concluir los trabajos del Acuerdo Marco con el fin de suscribir un tratado constitutivo fundacional de la Alianza del Pacífico, en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la fecha de la celebración de esta II Cumbre”. (Negrilla fuera del texto original).
En atención a lo anteriormente acordado, los Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores redactaron el correspondiente proyecto de Acuerdo Marco, sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre comercio existentes. Dicho proceso de negociación culminó con la aprobación en Paranal - Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012, de un instrumento internacional multilateral, este sí de carácter vinculante, mediante el cual se constituyó la Alianza del Pacífico. De tal suerte que quedaron fijados en aquél los principios rectores de la iniciativa de integración; se previó la consecución de unos objetivos estratégicos por alcanzar, e igualmente se diseñó un andamiaje institucional encaminado a la consecución de los mismos.
Celebramos la suscripción del Acuerdo Marco para el establecimiento de la Alianza del Pacífico, como instrumento jurídico que sienta las bases de esta iniciativa de integración regional;”. (Negrilla fuera del texto original).
Por último, conviene precisar, que la Alianza Pacífico hace parte de un conjunto de iniciativas similares adelantadas, bien sea en el marco de la ALADI, así como del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano también llamado Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano (ARCO)[11], las cuales apuntan a la creación de espacios de convergencia para la red de acuerdos comerciales existentes en la región y a una mayor integración.[12]
5.2. Naturaleza, objeto y fin del Acuerdo como instrumento constitutivo de la Alianza del Pacífico (Preámbulo, Artículos 1 y 3)
En su artículo 1º el instrumento internacional sometido a examen constituye formalmente la Alianza del Pacífico como un “área de integración regional”, concepto que debe ser interpretado de forma sistemática a la luz de lo establecido en su preámbulo el cual recordando la Declaración original en la que se planteó la creación de la Alianza, sostiene qué: “INSPIRADAS [las Repúblicas de Colombia, Chile, México y Perú] en la Declaración Presidencial de Lima del 28 de abril de 2011, por la cual se estableció la Alianza del Pacífico para la conformación de un área de integración profunda, que busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. (Negrilla fuera del texto original).
En ese mismo sentido, incluso manteniendo identidad gramatical con el preámbulo, el literal a) del numeral 1º del artículo 3º del Acuerdo establece como uno de los objetivos de la Alianza del pacífico, “[c]onstruir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”. (Negrilla fuera del texto original).
Lo anterior permite concluir que los Estados parte, a través del Acuerdo Marco, constituyeron la Alianza del Pacífico bajo el modelo de integración profunda en contraposición con lo que serían un integración superficial, distinción planteada con el surgimiento de dicho concepto desarrollado por el profesor Robert Z. Lawrence en 1996,[13] y que encuentra su origen en la división realizada en 1954 por el Primer Premio Nobel de Economía Jan Tinberger entre integración positiva e integración negativa.[14]
De acuerdo con Tinberger, la integración negativa, se refiere exclusivamente a la eliminación de las barreras comerciales y al principio de no discriminación, mientras que la integración positiva implica la creación de nuevas instituciones con sus respectivos instrumentos o la modificación de los instrumentos existentes. De manera más general, implica la creación de todas las instituciones requeridas para alcanzar niveles óptimos de bienestar en una sociedad.[15] Es decir, que bajo la perspectiva positiva de la integración, no basta sólo con la eliminación de las barreras que impidan el intercambio comercial, sino que es necesario el desarrollo activo de nuevas políticas y la modificación de las preexistentes, con la finalidad de adoptar medidas que garanticen dicho intercambio y por supuesto la integración.
Teniendo como punto de partida esos antecedentes doctrinarios, la integración superficial (“shallow” integration) ha sido definida como un modelo que: implica la reducción o eliminación de las barreras a la circulación de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales dentro de la región. Bajo el anterior contexto de integración "negativa" implica la reducción de los obstáculos creados por las políticas nacionales.[16]
Por otra parte, la integración profunda (“deep” integration), consiste en establecer o ampliar el entorno institucional con el fin de facilitar el comercio y la localización de la producción sin tener en cuenta las fronteras nacionales. Bajo el contexto de integración "positiva", sugiere políticas destinadas a fomentar el comercio y facilitar la segmentación de los procesos de producción y las cadenas de valor.[17]
D. Cooperación y mecanismos de solución de diferencias”.[18]
Así mismo, las mencionadas áreas de integración priorizadas, encontraron eco en los objetivos descritos en el numeral 1º del artículo 3 del Acuerdo Marco, que no limita la voluntad de los Estados parte a la Construcción del área de integración profunda que sirva de plataforma de articulación de la integración económica y comercial y de la proyección al mundo y a la región Asia Pacífico (literales a) y c)); sino que adicionalmente, busca impulsar el crecimiento, desarrollo y la competitividad de las economías de los Estados con tres finalidades específicas: (i) alcanzar mayores niveles de bienestar, (ii) superar la desigualdad socioeconómica y (iii) mayor inclusión social de los habitantes de la sub-región (literal b)).
Para dar cumplimiento a los objetivos descritos, el Acuerdo Marco desarrolla en el numeral 2º de su artículo 3 una series de acciones que deberán ser llevadas a cabo por los Estados parte, las cuales van mucho más allá de lo que implicaría una integración superficial, demostrando de manera más específica porqué la Alianza del Pacífico sigue un modelo de integración profunda. Las referenciadas acciones que sobrepasan la desgravación arancelaria o la eliminación de barreras que impidan la libre circulación de bienes y servicios son:
Como puede advertirse, la conformación de la Alianza del Pacífico va más allá de la lógica de los simples acuerdos comerciales tradicionales[19], caracterizados por organizar una cooperación puntual entre Estados, limitada en el tiempo y a un cierto número de productos o sectores económicos. Lo anterior sin perjuicio de reconocer que estas acciones también disponen, cómo primer estadio proceso de integración económica, la creación de una Zona de Libre Comercio[20].
Usualmente este tipo de mecanismo de integración se conforma entre países que comparten vínculos políticos, históricos y geográficos, y es definida por el artículo XXIV 8 b) del General Agreement on Tariffs and Trade - G.A.T.T. como un “grupo de dos o más Estados o territorios aduaneros, en la cual los aranceles y otras barreras restrictivas del comercio han sido eliminadas en lo que respecta a los intercambios comerciales en relación con los productos originarios de los territorios constituidos”.[21]
Un claro ejemplo de acciones que van más allá de los asuntos aduaneros y comerciales, en los términos del literal e) del numeral segundo del artículo 3 del tratado internacional, es que la Alianza del Pacífico busca prevenir y “contener” a la delincuencia organizada transnacional. En tal sentido, se constituye en un instrumento de cooperación en materia de seguridad internacional.
En ese sentido, la Constitución de 1991, amén del Preámbulo, establece tres disposiciones destinadas a orientar el ejercicio de las relaciones internacionales del Estado colombiano. El artículo 9º que prevé que aquéllas se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, ordena que la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. El artículo 226 de la Carta Política, que promueve la internacionalización de las relaciones económicas y sociales, sobre la base de parámetros de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; y el artículo 227 Superior, que ordena la integración con otros países y organizaciones internacionales y la celebración de tratados en condiciones de igualdad, equidad y reciprocidad.
En relación con el contenido y alcance de cada una de las citadas disposiciones constitucionales, la Corte ha tenido la oportunidad de referirse en numerosas ocasiones. Al respecto, basta con señalar que sentencia C- 155 de 2007, referente a la ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, resaltó la vocación integracionista de la Constitución de 1991, en los siguientes términos:
Así mismo, en sentencia C- 923 de 2007, referente al control de constitucionalidad sobre el Acuerdo de Complementación Económica núm. 33 o Tratado de Libre Comercio entre México, Venezuela y Colombia, la Corte indicó lo siguiente en relación con el postulado de la integración latinoamericana:
“Los propósitos implícitos en las disposiciones del Acuerdo constitutivo del Sexto Protocolo Adicional, se enmarcan dentro de la Carta Fundamental al perseguir fortalecer y profundizar el proceso de integración latinoamericana y ampliar el ámbito de liberación comercial sobre la base de un comercio compensado para que los Estados prosigan en su desarrollo económico y social, que consulta el inciso final del artículo 9 de la Constitución, al disponer que “la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
5.3. La Democracia y el Estado de Derecho como prerrequisitos para la participación en la Alianza del Pacífico (Artículo 2º).
En relación con el marco axiológico de la Alianza del Pacífico, en su artículo 2º el instrumento internacional establece como requisitos esenciales para participar en aquélla los siguientes: (i) vigencia del Estado de Derecho; de la democracia y de los respectivos órdenes constitucionales; (ii) el principio de separación de poderes; y (iii) la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades públicas.
En tal sentido, el tratado internacional se inscribe en una fuerte tendencia global a supeditar los avances en asuntos comerciales y económicos a la vigencia de los derechos humanos, y por esta vía, presupone el cumplimiento de dos condiciones esenciales para la garantía de aquéllos como son: la existencia de un régimen democrático y la adopción de un modelo de Estado de Derecho.[22]
“(…) el instrumento jurídico a través del cual se supedita la entrega de asistencia económica o se sujeta la participación y toma de decisiones al interior de un organismo internacional, a la vigencia y respeto de las instituciones democráticas al interior de un Estado[23]. Por esta vía, el derecho internacional se convierte en un instrumento para promocionar la democracia “a través de la sanción de procedimientos antidemocráticos, o incluso proponiendo posibles modelos de convenios o tratados internacionales que recojan y codifiquen el derecho de todos los individuos a tener un gobierno democrático[24]”.[25]
Así, el Protocolo de Washington de 1992 que reformó la Carta de la OEA autorizó a la Asamblea General para suspender el derecho de participación de un Estado en caso de que un gobierno democrático (de iure) sea derrocado por la fuerza y fracasen las gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia. Al respecto el artículo I del Protocolo que pasaría a ser el artículo 9º de la Carta dispone que: “(…) Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. (…)”.
El mencionado Protocolo reformatorio fue incorporado en el derecho interno colombiano a través de la Ley 210 de 1995 y sometido a examen de constitucionalidad ante esta Corporación, quien lo declaró exequible mediante sentencia C-187 de 1996[26], en la cual consideró:
Por otra parte, es pertinente anotar que si bien es cierto cada Estado es soberano de escoger su forma de Gobierno y, por ende, todo pueblo tiene la potestad de autodeterminarse de acuerdo con sus conveniencias, no es menos cierto que si un Estado que pudiéramos denominar "socio" de la organización ha decidido pertenecer a ella y, en consecuencia, cumplir fielmente los principios, valores y propósitos de la misma, dentro de los cuales se halla el de promover y consolidar la democracia, pudiera convertirse en un país totalitario y, sin embargo, seguir perteneciendo a dicho ente”.
Otros instrumentos regionales que también incorporan una “cláusula de condicionalidad democrática” son la Declaración de Quebec adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec,[27] la Carta Democrática Interamericana que desarrolla dicha Declaración y la Carta de la OEA, estableciendo en su artículo 19:
Por otra parte, a nivel sub-regional también han sido adoptadas “cláusulas de condicionalidad democrática” en escenarios de integración económica, como lo fue en el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la suscripción del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena denominado “Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia”, celebrado en la ciudad de Oporto (Portugal) el 17 de octubre de 1998. El Acuerdo reafirma la plena vigencia de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho como condiciones esenciales para la cooperación política y el proceso de integración económica, social y cultural en el marco del Acuerdo de Cartagena, autorizando al Consejo de Ministros suspender la participación de Estado miembros en los que se presente una ruptura del orden democrático.[28]
El mencionado Protocolo Andino, fue incorporado en el derecho interno a través de la Ley 846 de 2003 y declarado exequible mediante Sentencia C-644 de 2004[29] en la que se reiteró la constitucionalidad de las cláusulas democráticas en los siguientes términos:
En el mismo sentido, en la Sentencia C-538 de 2010[30] se analizó la constitucionalidad del “Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998”, aprobado mediante Ley 1208 de 2008. Este instrumento internacional introducía en su artículo 1º una cláusula de condicionalidad democrática, según la cual “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración” entre los Estados Partes del tratado. En esa oportunidad sostuvo el Tribunal Constitucional colombiano:
“En suma, la existencia de tratados internacionales sujetos a la cláusula de condicionalidad democrática, en los cuales se contemple la posibilidad de adoptar medidas sancionatorias en el marco de cada organización, con el propósito de contribuir a la estabilidad y el restablecimiento del orden democrático en los Estados Partes, cuando quiera que éste se haya visto afectado, debe ser interpretada como un avance en los procesos de integración regional. Los acuerdos de este tipo no sólo son compatibles con la nueva dinámica de las relaciones internacionales, sino que armonizan con los fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución de 1991, particularmente con los que orientan las relaciones internacionales y la integración económica, social y política en Latinoamérica y del Caribe.
En relación con estos preceptos la Corte no encuentra ningún vicio de inconstitucionalidad, puesto que se circunscriben a exaltar el principio democrático de forma similar a como lo pregona la Carta Política en varias de sus normas (Preámbulo, artículos 1º, 2º, 3º y 40). Según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, así como existe amplio consenso “en el sentido de que la forma democrática de gobierno resulta adecuada par regir las relaciones entre los hombres, concebidos como sujetos dignos y autónomos, no hay obstáculo aparente en admitir la posibilidad de que los sujetos de derecho internacional, autonómamente (sic), adquieran compromisos encaminados a propiciar una forma de gobierno que estiman plausible y a desestimular las que la niegan.[31]
Además, (…) la cláusula de condicionalidad democrática consagrada en el artículo 1º del Acuerdo como presupuesto de la integración regional entre los Estados Partes del Mercosur y sus asociados, compagina con el modelo actual de los procesos de integración regional y con los principios constitucionales que orientan el desarrollo de las relaciones internacionales del Estado Colombiano (CP., artículos 1º, 9º, 226 y 227)[32]”.
Por su parte, el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) suscrito en Brasilia el 23 de mayo de 2008, desde su preámbulo ratifica que tanto la integración en general como UNASUR en particular, se encuentran fundados en el principio rector de la democracia,[33] ratificando que “(…) la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”. En ese sentido, los Estados firmantes consignaron el fortalecimiento de la democracia como uno de los objetivos de esa organización en los siguientes términos:
“La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”. (Negrilla fuera del texto original).
Esta Corporación llevó a cabo el análisis de constitucionalidad del mencionado Tratado, el cual fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 1440 de 2011, en la sentencia C-633 de 2011[34] en la que concluyó que el mismo era acorde con la Carta Política, realizando la siguiente consideración con respecto al principio democrático incluido en el acuerdo de integración:
Recientemente y también en el marco de UNASUR, en la Sentencia C-246 de 2013[35] la Corte declaró la exequibilidad de la Ley 1571 del 2 de agosto de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia”, suscrito en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010, en el marco del cual los Estados Parte reiteraron su “compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de opinión y de expresión, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo de su proceso de integración, y requisito esencial para su participación en la UNASUR”.[36]
“En conclusión, respecto del tema de la protección y fortalecimiento de la democracia, la Corte ha señalado que ésta es una finalidad y un presupuesto normativo sine qua non de la Constitución Política, y que por tanto, el que el Tratado de UNASUR se dirija a su promoción y garantía, evidencia a todas luces su constitucionalidad. En este sentido, debe esta Sala resaltar que el Tratado Constitutivo de UNASUR constituye la base del Protocolo Adicional ahora bajo estudio, el cual establece una modificación del Tratado principal dirigida especial y primordialmente a la salvaguarda de los ordenamientos jurídicos constitucionales y democráticos de los Estados partes. Lo anterior, hace que el Protocolo Adicional se perfile desde ya como constitucional, dado que su esencia y objetivos principales, son igualmente proteger y fortalecer el orden democrático constitucional de los Estados miembros”.
La Corte encuentra en esta oportunidad que el artículo 2º del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico no contradice la Constitución y por el contrario al establecer como requisito para participar en ella la vigencia de un orden constitucional democrático sentado sobre las bases de un Estado de Derecho, que conlleva una separación de poderes y las obligaciones generales de promoción, protección, respeto y garantía de los Derecho Humanos, se contribuye al efectivo cumplimiento lo establecido en los artículo 1, 2, 9, y 227 de la Carta Política.
Igualmente, esta Corporación entiende la estrecha relación que existe entre la Democracia y el desarrollo integral y sostenible[37], y la Democracia y los derechos humanos[38], hace de este artículo un precepto necesario para la consecución de los fines dispuestos por los Estados parte en el marco del área de integración profunda establecida en el instrumento sometido a análisis.
5.4. Contenido orgánico y funcional del Acuerdo Marco (artículos 4, 5 y 7).
Así, en la práctica, los cuatro Presidentes son el máximo órgano de decisión en los procesos de la Alianza, adoptando sus decisiones en el curso de las Cumbres que realizan periódicamente. Adicionalmente, la estructura orgánica de la Alianza del Pacífico prevé la existencia de una Presidencia pro tempore (art. 7), la cual será ejercida sucesivamente por cada una de las Partes, en orden alfabético, por períodos anuales iniciados en enero.
A su vez, un órgano denominado “Consejo de Ministros” (art. 4), se encuentra conformado por los Ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores. Entre sus atribuciones se encuentra adoptar las decisiones que desarrollen los objetivos y acciones previstos en el Acuerdo Marco y en las Declaraciones Presidenciales de la Alianza del Pacífico. De allí que se trate, desde la perspectiva de la teoría de las organizaciones internacionales[39], de un órgano intergubernamental[40], compuesto por representantes de los Estados Partes, de carácter deliberante y decisorio. Este Consejo, de acuerdo con lo descrito en el numeral 5 del artículo 4º del Acuerdo, sesionará con la presencia de todas las Partes, es decir que su quórum deliberatorio y decisorio es absoluto.
Por su parte, el Grupo de Alto Nivel (GAN) (art. 4 g)) está conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores y se encarga de supervisar y evaluar los avances de los grupos técnicos, para idear nuevas formas de proyección y acercamiento con otros organismos o grupos regionales, en especial de la región Asia Pacífico.
Por otra parte, el artículo 5º del instrumento internacional dispone que el Consejo de Ministros adoptará, por consenso, “decisiones y otros acuerdos”, encaminados a la consecución de los objetivos de aquélla.
En conclusión, a la luz de lo señalado en el preámbulo, el artículo 9º y el 227 de la Carta Política, las disposiciones analizadas en este acápite resultan consistentes con el ordenamiento constitucional colombiano, al concebir una estructura de órganos diseñada para impulsar, orientar y promover la integración latinoamericana, fin que resulta constitucionalmente legítimo. Un proyecto que se concibe desde un conjunto de órganos que poseen funciones que no resultan arbitrarias, irrazonables, son propias del nivel de integración que se crea y que se proyecta en el Acuerdo Marco bajo estudio. En ese orden de ideas, a Corte declarará exequibles los artículos 4, 5 y 7 del Acuerdo Marco.
5.5. Naturaleza de las decisiones y acuerdos de la Alianza del Pacífico, su relación con terceros Estados y organizaciones internacionales, y con otros acuerdos. (Artículos 6, 8 y 9)
En cuanto a la naturaleza jurídica de las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico, el artículo 6º prevé que aquéllos “serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico.”
El artículo 8 del instrumento internacional establece que las decisiones del Consejo de Ministros y los demás acuerdos, “no reemplazarán, ni modificarán los acuerdos económicos y de integración regionales o multilaterales vigentes entre las partes”. La anterior disposición pretende evitar que mediante actos jurídicos unilaterales, adoptados en el seno de un ente de la Alianza, se desconozca lo dispuesto en tratados internacionales vigentes en materia de comercio e integración económica.
Pues bien, en teoría de las organizaciones internacionales se admite, de vieja data, que los Estados pueden crear mediante la suscripción de acuerdos multilaterales, esta clase de sujetos de derecho internacional y atribuirles, a su vez, competencias normativas, necesarias para poder cumplir con los objetivos para las cuales fueron creadas. Aquéllas, al mismo tiempo, son de dos clases: (i) las destinadas a gestionar el funcionamiento interno de la organización (vgr. sobre temas de personal, presupuesto, etc.); y (ii) las encaminadas a regular las actividades “externas” de la organización[41]. En este último caso, se trata de actos jurídicos cuyos destinatarios son los Estados Partes, e incluso, en ciertos supuestos fácticos, los ciudadanos de éstos.
Ahora bien, algunas cláusulas del Acuerdo generan duda sobre la institucionalidad de la Alianza, las cuales se acentúan al analizar el artículo 6º en concordancia con el 9º que establece que ésta buscará consolidar mecanismos de vinculación con Estados y Organizaciones, pues no es claro si con ello se le están dando atribuciones a la Alianza del Pacífico que permita concluir que se trata de una organización internacional que cuenta con una personalidad jurídica independiente a la de los Estados que la conforman.
En el Derecho Internacional se han previstos dos medios para establecer si una organización internacional posee o no personalidad jurídica: (i) a través de su instrumento constitutivo que explícitamente indique el reconocimiento de dicha personalidad, caso que en el caso de la Alianza del Pacífico no se presenta pues en ninguna de las disposiciones del Acuerdo Marco se otorga tal prerrogativa; (ii) el segundo modo de determinar la existencia de una personalidad jurídica en cabeza de una organización, es de forma implícita a través de un test funcional, en el que se logre determinar si las funciones que la Organización desempeña ameritan que tenga una personalidad independiente a las de los Estados que la conforman, toda vez que con ello tendrían la capacidad de adquirir derechos y obligaciones necesarios para adelantar sus funciones y alcanzar sus fines.[42]
Resuelta la duda derivada del artículo 9º, corresponde ahora resolver la relacionada con los efectos de las decisiones del Consejo de Ministros y otros acuerdos adoptados en la Alianza del Pacífico. El problema jurídico concreto consiste en determinar si nos encontramos frente a un escenario de supranacionalidad, a la luz del cual, bajo los principios de supremacía o prevalencia y efecto directo, las decisiones tomadas por los órganos en ese contexto se aplican automáticamente en el ordenamiento jurídico interno de los Estados y prevalecen en él.[43]
Así, la Corte considera importante reiterar que si en el marco de la Alianza del Pacífico se acordaran nuevas obligaciones internacionales para Colombia, estás –no importa la denominación del documento que las contenga- deberán ser sometidas al Congreso de la República y al control de constitucionalidad de esta Corporación.
5.6. Estados Observadores y adhesión de nuevos Estados Parte. (Artículos 10 y 11).
El artículo 10º del Acuerdo Marco versa sobre la figura de los Estados Observadores, los cuales podrán solicitar su participación, previa aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros. Tal previsión es perfectamente conforme con la teoría de las organizaciones internacionales y con la práctica de las mismas. Ciertamente, los tratados internacionales que las crean suelen prever diversas modalidades de participación en las mismas, diferenciando entre Estados miembros, asociados o simples observadores. De allí que a los asociados se le suelen reconocer los mismos derechos que los miembros, con excepción del derecho al voto, en tanto que los observadores participan en las actividades de la organización, cuando se trate de un asunto que sea de su interés.[44]
En los términos del artículo 11, el Acuerdo Marco quedará abierto a la adhesión de los Estados que así lo soliciten y tengan vigente un acuerdo de libre comercio con cada una de las Partes. La aceptación de la adhesión estará sujeta a la aprobación por unanimidad del Consejo de Ministros. Al respecto, en teoría de las organizaciones internacionales se suele diferenciar entre los Estados originarios y los adherentes. Los primeros son los que suscribieron el tratado constitutivo; los segundos son aquellos que quieren ingresar a la organización internacional. De allí que se suelan prever unos criterios de admisión y se surta un procedimiento de control de las candidaturas.[45]
La figura de los Estados Observadores evidencia que la Alianza del Pacífico es un proceso de integración abierto y flexible, que busca entre otros, alentar la integración de todo el Pacífico latinoamericano. Panamá y Costa Rica acompañaron el proceso de constitución de la Alianza del Pacífico y aspiran convertirse en miembros. En ese sentido, sostiene la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que “el proceso de integración profunda de la Alianza ha llamado la atención de la Comunidad internacional. Hasta la fecha, 30 Estados, de todos los continentes, han sido aceptados en calidad de Observadores en la Alianza[46], incluyendo Estados del hemisferio y otros extra regionales, quienes han demostrado interés en conocer las actividades que se realizan al interior de Alianza como en relacionarse de manera más dinámica por medio de mecanismos de cooperación”.
Igualmente, la posibilidad de que nuevos Estados interesados en el área de integración profunda se adhieran a la Alianza, resulta coherente al exigir como requisito previo la vigencia de acuerdos comerciales entre ellos y sus actuales miembros.[47] La Sala no encuentra ninguna razón de inconstitucionalidad en contra de esa disposición, y por el contrario resalta que la misma aplica respetando el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales contenido en el artículo 226 de la Constitución, el cual obliga a que en el marco de una relación bilateral o multilateral, las obligaciones sean análogas.[48]
Aunado a lo anterior, se establece que, a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo, las Parte iniciarán las negociaciones de un régimen de solución de diferencias aplicable a las decisiones del Consejo de Ministros “y otros Acuerdos adoptados en el ámbito de la Alianza del Pacífico”.
Como puede advertirse, el artículo 12 del Acuerdo sólo establece una cláusula muy general de solución de controversias, apelando para ello a ciertos mecanismos no judiciales clásicos, en especial, el arreglo directo.[49] De hecho, se prevé la futura adopción de un régimen más detallado de resolución de aquéllas, el cual deberá ser sometido a aprobación del Congreso y examen de constitucionalidad por parte la Corte Constitucional antes de entrar en vigor para Colombia.
El artículo 15 regula lo atinente al tema de las enmiendas. Al respecto, la norma establece que cualquier Parte podrá proponerlas; que las mismas serán aprobadas por el Consejo de Ministros y que entrarán en vigor “siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 13 (entrada en vigor) y constituirá parte integrante del presente Acuerdo Marco”. Sobre el particular es importante señalar que las enmiendas, en tanto que actos reformatorios del tratado internacional, deberán surtir todo el respectivo trámite previsto en la Constitución.[50]
Así por ejemplo, en sentencia C-178 de 1995[51], aludió al principio de equidad reconociendo los tratamientos diferenciales según la categoría de los países: “(r)especto al principio de equidad, cabe anotar que el Tratado de libre Comercio del Grupo de los Tres dentro de los objetivos del mismo en su artículo 1-01, establece el propiciar relaciones equitativas entre las Partes, reconociendo los tratamientos diferenciales en razón a la categorías de países establecidas en la ALADI”.
De igual manera, en la sentencia C-421 de 1997[52], manifestó en relación con dicho principio: “el Acuerdo que se revisa básicamente tiene dos tipos de normas; unas establecen cómo y cuál es el tipo de compromiso que adquieren las partes, las otras contienen reglas relativas al propio funcionamiento del Acuerdo. Lo importante es que tanto en las primeras como en las segundas, las partes reciben un tratamiento equitativo; las actividades que se compromete a desarrollar un país son las mismas a las que se compromete el otro; ambas naciones pueden negarse a cumplir obligaciones que entren en conflicto con otras adquiridas con anterioridad; participan por igual en la comisión que ordena crear el propio Acuerdo y pueden denunciarlo en las mismas oportunidades. Este tratamiento equitativo, a su vez implica reciprocidad”.
Posteriormente, en sentencia C-864 de 2006, respecto a las asimetrías derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los países firmantes, manifestó: “en el artículo 4°, los Estados se obligan a implementar el programa de liberación comercial, de acuerdo con los cronogramas específicos y las directrices previstas en el Anexo II. El mencionado programa se desarrolla en consideración a las asimetrías derivadas del nivel de desarrollo y crecimiento económico de los Países firmantes, motivo por el cual se reconocen a favor de cada Estado plazos diferenciados para la eliminación de las barreras arancelarias, de acuerdo al tipo de producto o bien comercial a negociar. Así se incluyen las categorías de desgravación inmediata, intermedia (4 a 6 años), general (8 a 12 años) y sensible (15 a 17 años). En este contexto, frente a economías más grandes como las de Argentina y Brasil, se fijan períodos más amplios de desgravación arancelaria por parte de Colombia, lo que se traduce en mejores condiciones para el ingreso de nuestros productos a esos mercados y en un medio de protección de la economía nacional (C.P. art. 65). Lo anterior, sin lugar a dudas, asegura el cumplimiento de los principios de equidad y conveniencia nacional exigidos como parámetros para impulsar la internacionalización de la economía colombiana, conforme se reconoce en el artículo 226 Superior”.
En el mismo sentido, en sentencia C- 750 de 2008, referente al Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América, la Corte se refirió a los mencionados principios en los siguientes términos:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1721 del 27 de junio de 2014 “por medio de la cual se aprueban el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’ entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de junio de 2012’”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’ entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de junio de 2012’.
A LA SENTENCIA C-163/15
Referencia: Expediente LAT-434
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones que me conducen a aclarar mi voto en la decisión adoptada por la Sala Plena, en sesión del 15 de abril de 2015, que por votación mayoritaria profirió la sentencia C-163 de 2015 de la misma fecha.
La providencia de la que aclaro mi voto declaró exequibles la Ley 1721 del 27 de junio de 2014 “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’ entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de junio de 2012” y el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República de Colombia, la República de chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el seis de junio de 2012.”
Las líneas argumentativas que sustentaron la sentencia de la referencia, gravitaron en torno a: i) El objeto y generalidades del control de constitucionalidad de Acuerdos Internacionales y las leyes que los aprueban; ii) revisión formal; iii) examen material de la Ley 1721 del 27 de junio de 2014; iv) examen material del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; y vi) la decisión de exequibilidad.
En esta oportunidad, aunque comparto la decisión final, me aparto de la forma en que fue abordado en la sentencia la expedición y eficacia interna de normas por parte del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, las cuales “serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico.”, actos jurídicos cuyos destinatarios son el ente internacional y sus respectivos órganos, o los Estados y sus ciudadanos[53]. Los siguientes argumentos sustentan mi posición:
1. El artículo 6º del Acuerdo, prescribe que las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros “serán parte integrante del ordenamiento jurídico de la Alianza del Pacífico”. La sentencia considera que esta disposición se refiere a aquellas normas cuyos destinatarios son los Estados parte y sus ciudadanos y no la organización internacional y sus respectivos órganos. En ese sentido, hace la siguiente afirmación: “La Corte considera importante reiterar que si en el marco de la Alianza del Pacífico se acordaran nuevas obligaciones internacionales para Colombia, estás –no importa la denominación del documento que las contenga- deberán ser sometidas al Congreso de la República y al control de constitucionalidad de esta Corporación.”[54]
2. De lo expuesto está claro que la suscripción de nuevas obligaciones en el marco de los órganos de la Alianza del Pacífico, requerirá que se surta el proceso de adopción interno en cada uno de los Estados parte. Sin embargo, nada se dijo en relación con aquellas decisiones proferidas al interior del Consejo de Ministros, en desarrollo de las obligaciones acordadas en el Acuerdo.
3. Esta situación gravita en torno al debate de la eficacia directa de las normas internacionales sobre el derecho interno del Estado y cuál es su posición en el sistema de fuentes en el derecho colombiano. Algunas cuestiones surgen a partir de esta afirmación:
a. ¿Está garantizado el principio democrático en la toma de decisiones?, el artículo 5º del Acuerdo solo expone el concepto de “consenso”, sin que se haga referencia a las condiciones necesarias para alcanzarlo, ¿unanimidad?, ¿mayorías?; estas respuestas están ausentes en la sentencia.
b. Si las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros hacen parte del derecho de la Alianza, ¿cómo es su aplicación por parte de los Estados parte?, ¿debe acudirse al concepto de eficacia directa? Para dar respuesta a estas preguntas podrían utilizarse los conceptos elaborados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia Van Gend en Loos del 5 de febrero de 1963, que son: i) Que la norma sea clara y precisa o suficientemente precisa, en el sentido de que funde una obligación concreta en términos inequívocos, desprovista de ambigüedades; ii) que su mandato sea incondicional, en el sentido de que no deje márgenes de apreciación discrecional a las autoridades públicas nacionales o a las instituciones de la Unión[55].
c. Ahora bien, esta situación nos sitúa en un problema que no abordó la sentencia y es la identificación de las cláusulas de apertura constitucional hacía el derecho internacional, que permita entre otras analizar, la eficacia directa de las decisiones que se adopten por los organismos supraestatales. En efecto, la cláusula de apertura constitucional en Colombia contenida en el artículo 93 de la Carta solo hace referencia a tratados referidos a derechos humanos, y no a tratados de contenido económico, o en el que se hagan traslado de competencias a órganos supraestatales para la adopción de decisiones en determinadas materias.
Un ejemplo de esta apertura constitucional se encuentra en el artículo 93 de la Constitución Española que establece: “Mediante Ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.”
d. Esta misma reflexión nos ubica en la cuestión de cuál es la posición de estas normas internacionales en el sistema de fuentes del derecho interno ¿tiene rango constitucional, legal o reglamentario?
De aplicarse un concepto de jerarquía implica per se la necesidad del establecimiento de normas de reconocimiento, aquellos referentes normativos que determinan la validez de todo el ordenamiento, bajo concepciones verticales. Ante esa dificultad, podría hablarse de primacía más no de supremacía de aquellas normas que se expidan por el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, tal y como lo hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Caso Costa C. Enel de 1964, con base en 4 argumentos[56]:
i) Limitación definitiva, en los derechos soberanos del Estado a favor de ese ordenamiento jurídico internacional.
ii) Carácter obligatorio de las normas de derecho derivado.
iii) Compromiso de cooperación leal de los Estados.
iv) Primacía como condición existencial, lo que implica la inaplicación de la norma interna incompatible.
e. No está claro en la Sentencia cual es el mecanismo de control de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, que se profieran en desarrollo de las obligaciones contenidas en el Acuerdo, tanto interna como internacionalmente, al parecer son actos que no están sometidos a ninguna clase de control judicial.
4. En conclusión, si bien se estableció una regla jurisprudencial de control interno de los actos jurídicos proferidos por el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, que configuren la asunción de obligaciones diferentes a las del Acuerdo, nada se dijo sobre aquellos que se expidan en desarrollo de las obligaciones del Tratado, los cuales podrían tener eficacia directa en el ordenamiento interno, sin que existan cláusulas de apertura constitucional que la sustente, ni control judicial de los mismos.
[1] Consideración expuesta en la sentencia C-258 de 2014, en concordancia con el precedente jurisprudencial sentado en la sentencia C-255 de 1996.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-767 de 2012, M.P. Maria Victoria Calle Correa, 3 de octubre de 2012. Reiterando: Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; Corte Constitucional, Sentencia C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[3]Corte Constitucional, Sentencia C-615 de 2009.
[4] Cfr. Sentencias C-608 de 2010, C- 196 de 2012
[5] Cfr. Sentencias C-608 de 2010, C-915 de 2010, C- 196 de 2012, C-332 de 2014, C-333 de 2014, C-335 de 2014.
[6] Sentencia C-332 de 2014
[7] Constitución Política De Colombia: “Articulo 154. (…)Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”. (Subrayado fuera del texto)
[8] Sentencias C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C- 446 de 2009.M.P. Mauricio González Cuervo.
[9] Exposición de Motivos del Proyecto de Ley "Por medio del cual se aprueba el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 06 de junio de 2012. pp. 2 y 3.
[10] Ibíd., p.3.
[11] Los Estados Miembros del Foro ARCO son: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y México.
[12] Ejemplos de iniciativas de integración desarrolladas en la Cuenca del Pacífico, incluida la mencionada son: (i) Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico – APEC: Fundada en 1989, es un foro económico de Asia-Pacífico, cuyo principal objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de dicha región. Se trata de un modelo de cooperación comercial y económica del cual hacen parte 21 Estado o “economías”: Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. (ii) Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP): Es un Tratado de Libre Comercio multilateral celebrado por los países de la región de Asia-Pacífico. El Tratado fue celebrado el 3 de junio de 2005 y entró en vigor el 1º de enero de 2006. De él hacen parte originalmente 4 Estados (se conoce como Acuerdo P4): Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, y ocho Estados han suscrito la Declaración de Intención en adherirse al Tratado: Australia, Malasia, Perú, Japón, Estados Unidos, Vietnam y México. (iii) Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano – ARCO: Surge el 29 y 30 de enero del 2007, como un espacio de concertación y convergencia de acciones conjuntas hacia una cooperación más dinámica entre los países participantes, con miras a una proyección coordinada hacia el Pacífico Asiático. Los países miembros de esta iniciativa son: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
[13] Ver Robert Z. Lawrence, “Regionalism, Multilateralism and Deeper Integration”, Nueva York: The Brookings Institution, 1996.
[14] Ver Jan Tinbergen, “International Economic Intergration”, Amsterdam: Elsevier, 1954.
[15] Jean-Christophe Maur, Deep Integration in Preferential Trade Agreements, En: Arvid Lukauskas, Robert M. Stern, and Gianni Zanini, “Handbook of Trade Policy for Development”, Oxford-New York: Oxford University Press, 2013. pp. 540 y 541.
[16] David Evans et al, “Assessing Regional Trade Agreements with Developing Countries: Shallow and Deep Integration, Trade, Productivity and Economic Performance”, University of Sussex, March 2006. p. 10.
[18] Exposición de Motivos del Proyecto de Ley "Por medio del cual se aprueba el "Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 06 de junio de 2012. p. 3.
[19] Didier, P., Les principaux accords de l’OMC et leur transposition dans la Communauté Européenne, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 646,
[20] Los siguientes niveles de integración económica son los siguientes: unión aduanera (artículo XXIV 8 a) del G.A.T.T.); mercado común y unión económica.
[21] En el texto del Preámbulo del Acuerdo Marco, se reafirman los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.); del Tratado de Montevideo de 1980; así como lo los tratados de libre comercio y de integración económica suscritos entre los Estados signatarios de la Alianza del Pacífico.
[22] Alan O. Sykes, International Trade and Human Rights: An economic Perspective, Chicago, 2003.
[23] Almudena Moreno Fernández, “La cláusula democrática en la acción exterior de la Unión Europea. Análisis de las relaciones entre la Política de Cooperación al Desarrollo y la PESC en la activación de la cláusula democrática”. En: “Avances de Investigación N° 2”. Madrid, Universidad Complutense.
[24] Amada Úbeda de Torres, “Democracia y derechos humanos en Europa y en América”. Madrid, Editorial Reus, 2007, p.36.
[25] Sentencias C-538 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio y C-246 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[27] La Declaración de la Ciudad de Quebec reza: “Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas. Tomando debidamente en cuenta los mecanismos hemisféricos, regionales y subregionales, existentes, acordamos llevar a cabo consultas en el caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participa en el proceso de Cumbres”.
[28] El artículo 4º del Protocolo señala: “Si el resultado de las consultas mencionadas en el artículo anterior así lo estableciera, se convocará el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el cual determinará si los acontecimientos ocurridos constituyen una ruptura del orden democrático, en cuyo caso adoptará medidas pertinentes para propiciar su pronto restablecimiento. Estas medidas conciernen especialmente a las relaciones y compromisos que se derivan del proceso de integración andino. Se aplicarán en razón de la gravedad y de la evolución de los acontecimientos políticos en el país afectado y comprenderán: a) La suspensión de la participación del País Miembro en alguno de los órganos del Sistema Andino de Integración; b) La suspensión de la participación en los proyectos de cooperación internacional que desarrollen los Países Miembros; c) La extensión de la suspensión a otros órganos del Sistema, incluyendo la inhabilitación para acceder a facilidades o préstamos por parte de las instituciones financieras andinas; d) Suspensión de derechos derivados del Acuerdo de Cartagena y concertación de una acción externa en otros ámbitos, y e) Otras medidas y acciones que de conformidad con el Derecho Internacional se consideren pertinentes”.
[30] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
[31] Corte Constitucional, Sentencia C-187 de 1996. Ver también la Sentencia C-644 de 2004.
[32] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-187 de 1996 y C-644 de 2004.
[33] Al respecto sostiene el preámbulo del Tratado Constitutivo de UNASUR en su aparte relevante: “RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible”.
[36] Preámbulo del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia.
[37] Carta Democrática Interamericana, artículo 11: La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
[38] Carta Democrática Interamericana, artículo 7: La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los
instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.
[39] Alejandro Rodríguez Carrión, Lecciones de Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos, 2010, p. 145.
[40] W. Koo, Voting procedures in international political organizations, New York, 2008, p, 250.
[41] A. Pellet, “La formation du droit international dans le cadre des Nations Unies”, J.E.D.I., 1995, p. 401.
[42] Ver Corte Internacional de Justicia, Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, Opinión Consultiva, 11 de abril de 1949.
[43] Sentencia C-256 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: “Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) - dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional”.
[44] D.H. Bowett, The law of international organisations, Londres, 1982, p. 343.
[45] C.W. Jenks, “Some constitutional problems of international organisations”, B.Y.I.L., 2000, p. 122.
[46] Los Estados Observadores de la Alianza son: Australia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Uruguay, China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelandia, Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza y Turquía, India, Finlandia, Singapur, Israel y Marruecos.
[47] La Exposición de Motivos sostiene frente a este punto: “Costa Rica tiene acuerdos comerciales con Chile, México y Perú. El acuerdo comercial con Colombia está suscrito y en trámite legislativo para aprobación interna. Panamá tiene acuerdos de libre comercio con Chile y Perú y acuerdos de alcance parcial con Colombia y . México. Actualmente el acuerdo de libre comercio con Colombia está suscrito y en trámite legislativo para aprobación interna”.
[48] Sobre el Principio de Reciprocidad Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; entre otras.
[49] J. Efremoff, “La conciliation internationale”, RCADI, 1978, p. 24.
[50] Sentencias C-692 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, C- 012 de 2004; C-991 de 2000; y C-176 de 1997, entre otras: “(...) cuando la Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En tales condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación, éste es un control completo de constitucionalidad, por razones de fondo y también de forma”.
[51] M.P. Fabio Morón Díaz.
[52] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[53] Páginas 58 y 59 de la Sentencia C-163 de 2015.
[54] Pág. 60 de la Sentencia.
[55] Mangas Martín Araceli y otro. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Séptima Edición. Tecnos. Pág. 389.
[56] Ibídem. Págs. 411 y 412.