Source: https://www.lopezcollado.com/cambio-de-apellidos-efectos-en-los-apellidos-de-los-hijos-i/
Timestamp: 2020-08-11 13:21:36
Document Index: 54023255

Matched Legal Cases: ['artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 217', 'artículo109', 'Artículo 55', 'artículo 207', 'Artículo 59', 'artículo 61', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 217', 'artículo 217', 'Artículo 217', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 61', 'artículo 217', 'artículo 59', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 1', 'artículo 217', 'artículo 109', 'artículo 217', 'artículo 61', 'artículo 217', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 217', 'artÍculo 217']

Estás aquí: Inicio / Registro Civil / Cambio de apellidos. Efectos en los apellidos de los hijos. I
La DGRN respecto al efecto derivativo del cambio de apellidos de una personna conn desccendietes, aplica la literalidad del artículo 217 RRC, requiriedo el consentimiento de los hijos o descedientes mayores de edad o no sujetos a patria potestad, tanto en los cambios gubernativos de los apellidos de los progenitores, como en los supuestos legalmente previstos de los cambios no gubernativos, a pesar y contra el sistema general imperativo.
Revisión jurisdiccional de la interpretación contra legem del artículo 217 RRC por parte de la DGRN
El Reglamento de la Ley del Registro Civil (Decreto de 14 de noviembre de 1958) (RRC) se dictó para la ejecución de la Ley del Registro Civil de 8 de julio de 1957, según dispuso la Disposición Adicional Segunda de dicha Ley. Planteamos en este fundamento que la modificación del artículo 217 RRC por el RD 1917/1986, de 29 de agosto, no sirvió a dicha finalidad ejecutiva, sino que constituyó una infracción de ley, una quiebra del sistema legal de imposición de apellidos configurado y ordenado con carácter imperativo por el Código Civil y por la Ley del Registro Civil, infringiéndose dicho sistema y el principio de jerarquía normativa garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución y recogida, dicha jerarquía, en el artículo 1º del Código Civil.
La DGRN ha aplicado desde entonces, sin enmienda, dicho artículo, acomodando sus resoluciones a una interpretación voluntarista y utilitarista del mismo que, entendemos, no ha de justificar la derogación o incumplimiento del principio de jerarquía normativa, ni tampoco puede justificar el incumplimiento o derogación de facto del sistema legalmente establecido de imposición de apellidos. De esto, fundamentamos en primer lugar que la modificación del artículo 217 y la interpretación administrativa de la DGRN deben ser revisadas jurisdiccionalmente
1) Sistema legal general de imposición de apellidos
El artículo109 del Código Civil (CC) y el 55 de la Ley del Registro Civil (LRC) establecen el que, entendemos, es el mandato rector del sistema de imposición de apellidos en España: Los apellidos de una persona están determinados por su filiación, con arreglo “a lo dispuesto en la ley”. “Lo dispuesto en la Ley”, configura el marco o régimen imperativo general u ordinario de imposición, ex arts. 109 CC, 55 y 53 LRC. Así, conforme a dicha regulación legal:
Los apellidos resultan de la filiación. (109 CC, 55 y 53 LRC).
Todo español tiene dos apellidos (109 CC, 55 y 53 LRC, 194, 199 y 213 RRC).
Correspondientes al primero de cada progenitor. Art. 109 CC, 55 LRC
Así, el sistema legal general ordinario de imposición de apellidos, tiene como fundamento o premisa un mandato legal imperativo, que llamaremos “de filiación y correspondencia: De filiación, porque los apellidos de una persona son –han de ser– de los filiantes (la filiación determina los apellidos) y “de correspondencia”, porque corresponden -deben corresponderse- cada uno de los dos apellidos con el primero de los de sus filiantes – o con ambos en la filiación no determinada (Por la equivalencia de tratamiento entre los distintos tipos de filiación, mejor que referirnos a hijos, descendientes, padres, progenitores… dado que todo viene ordenado a la constancia registral, nos referiremos en esta demanda a filiantes y filiados)
( Por la equivalencia de tratamiento entre los distintos tipos de filiación, mejor que referirnos a hijos, descendientes, padres, progenitores… dado que todo viene ordenado a la constancia registral, nos referiremos a filiantes y filiados)
Con esto, entendemos que la Ley (el sistema legalmente establecido) dispone que los dos apellidos de un/a español/a son –deben ser– los respectivos primeros apellidos de sus progenitores, tanto en el momento inicial de la inscripción como, también, de manera permanente, en tanto permanente es, y sea, la filiación que los determina.
Sin perjuicio de las detalladas sistematizaciones doctrinales de supuestos de cambio de apellidos (que atienden a diferentes criterios -competencia, imposición legal, voluntad del interesado…por todas Pere Raluy «Derecho del Registro Civil Tomo I», 1ª edición. Editorial Aguilar. Madrid 1962, p 535 ) en cuanto queremos fundamentar resultan de la LRC meramente dos categorías o tipos de cambio o, mejor: Resulta un sistema general y un sistema excepcional, que la ley llama “cambios gubernativos” (en contraposición, aquellos serían los “cambios no gubernativos”, que no son sino, a nuestro juicio, diremos, cambios ordinarios o del sistema general.
2) La mutación, al servicio del sistema legal.
Prima facie, el sistema del Registro civil español en un sistema rígido o de inmutabilidad: Los apellidos que correspondan a una persona no se pueden alterar salvo en los supuestos legalmente previstos. Con esto, la inmutabilidad sería un principio ordenador del sistema, pero, entendemos que cabe matizarlo en cuanto a lo siguiente: Los supuestos legalmente previstos de cambio de apellidos, no son excepciones al mandato imperativo del sistema (que hemos llamado antes de filiación y de correspondencia), sino, precisamente, tales supuestos se prevén y están ordenados al servicio del cumplimiento en todo caso de dicho mandato, a fin de que los apellidos de una persona se adecúen siempre al mismo, esto es, vengan determinados por su filiación y, en representación de esto, se correspondan siempre con los respectivos primeros apellidos de sus progenitores, padres o, en fin, filiantes.
Así, el sistema general u ordinario está conformado mediante la Ley (CC y LRC) por el mandato que resulta de los arts. 109 CC y 55 y 53 LRC y por la mutación ex lege y ope legis, al servicio del mismo: Cuando se da el supuesto previsto, que no es excepcional, la ley impone la mutación (frente al principio de inmutabilidad). Una vez cambia el apellido, ex lege y ope legis, sigue operando el régimen legal, con lo que, en caso de existir descendientes, aquel cambio deberá derivarse a su vez a los mismos, a fin de que se cumpla el sistema general, que impone que los apellidos de una persona se correspondan con los respectivos primeros de sus filiantes (esto, no sólo en el nacimiento o en primera inscripción, sino también cuando se produzca un cambio en la filiación o un cambio en los apellidos de los progenitores, que deben corresponderse en el modo legalmente establecido.
Con esto, el sistema general resulta de la ordenación legal siguiente:
Normas rectoras del sistema 109 CC, 53 y 55 LRC
Supuesto de un cambio gubernativo: La ley Impone el cambio derivativo del apellido del sujeto a patria potestad.(art 61 LRC)
Supuesto de cambio de filiación (reconocimiento, impugnación o adopción) la ley impone el cambio de apellidos del filiado. 120 CC en rel. en rel. 196.2 y 197 RRC por reconocimiento tardío; en rel. 213.1 RRC por impugnación; en rel. 108 CC y 194 RRC por adopción)
Supuesto de adquisición de la nacionalidad española, la ley impone el cambio de apellidos del nacionalizado, que se sobreponen a los usados de hecho109 CC 55 LRC y 194, 213.1. RRC
Supuesto de inversión de orden Cuando una persona solicita invertir el orden de sus apellidos, la ley lo impone, pues este cambio es ya una norma general del sistema Art. 109 CC párr. últ. (art. 198 RRC). Y maternos Art. 55.2 LRC.
Supuesto de adición de partícula “de” Cuando una persona solicita la adición de la partícula “de” a sus apellidos que sean nombres propios, la ley así lo impone 195 RRC
Supuesto de regularización a una lengua española Cuando una persona solicita la regularización de sus apellidos a la lengua española correspondiente, la ley así lo sanciona. Artículo 55 LRC y 198 párr.2º RRC
En todos los supuestos, que corresponden al sistema general, el cambio ex lege del/los apellido/s de quien tenga descendientes o filiados, causará a su vez el correspondiente cambio en los apellidos de estos, en todo caso, sin que la ley (ex arts 109 55 y 53 LRC y 61 LRC por exclusión) condicione tal efecto derivativo al hecho de que estos filiados estén sujetos a patria potestad o no. Entendemos, y fundamentaremos, que los cambios ordinarios, integrados en el sistema general, los no gubernativos, en fin, se derivan conforme a ley a todos los descendientes sin consideración a su capacidad.
Así, en el sistema general, el cambio del primer apellido de un filiante debe trasladarse al correspondiente apellido del filiado; y por ejemplo, el caso de modificación del orden de apellidos de una personna, está dentro del sistema general, el cambio del primer apellido de Mercedes Mortuorio Gutierrez a Mercedes Gutierrez Mortuorio (ex art 109.2 CC), debería derivarse al cambio del apellido materno de su hijo de Alfredo Sánchez Mortuorio, a Alfredo Sánchez Gutierrez (ex lege y ope legis, ex art 109 CC y 53 y 55 LRC, dado que conforme al sistema legal, los apellidos de Alfredo deben estar determinados por su filiación en el modo legalmente establecido, esto es, representándose dicha filiación mediante designarse cada persona con el primer apellido de cada uno de sus filiantes, cosa que no sucede por la aplicación del artículo 207 RRC, que somete el cambio del segudo apellido de Alfredo a su consentimiento.
Conforme a la doctrina, el estudio de la Ilma. Magistrada Juez Encargada del Registro Civil de Madrid, Doña Susana Salvador Gutiérrez [1]
“existe un principio general [1] que impone la modificación automática de los apellidos de los hijos, sean mayores o menores de edad, como consecuencia del cambio de apellidos de sus padres, con independencia de que unos u otros presten su consentimiento al cambio, salvo, excepcionalmente, los supuestos de cambio gubernativo de apellidos, que sólo afectarán automáticamente a los hijos sujetos a la patria potestad, requiriéndose en todo caso el consentimiento de los mayores de edad o emancipados para que les alcance dicho cambio”
Susana Salvador Gutiérrez (Magistrada encargada del Registro Civil de Madrid), Comentarios al Codigo Civil Tomo IV, Vol 5º: Artículos 165 al final del Reglamento de la Ley del Registro Civil ISBN: 8471302160 Manuel Albaladejo, Silvia Diez Alabart (Directores) Ed. Edersa
[1] Mejor que un principio general, entendemos que de los arts. 109 CCC y 545 y 53 LRC resulta un claro mandato legal para la ordenación del sistema imperativo de imposición de apellidos.
3) Excepción al sistema general: Los cambios gubernativos.
Aparte del sistema general (109 CC, 55 y 53 LRC) y de los supuestos legalmente previstos integrados y que sirven al mismo, la ley prevé un supuesto excepcional, el de los cambios gubernativos: Son los cambios que no se producen ex lege ni ope legis, sino que es necesaria la previa autorización gubernativa. Ya no es la Ley la que prevé el específico supuesto, y ordena y legitima el cambio, sino que debe ser la Administración la que lo haga. La necesidad de autorización resulta de que el cambio propuesto no se atiene al sistema legal general ordinario e imperativo, con lo que el cambio ya no procederá ex lege, sino previo expediente y autorización administrativa.
Es la autoridad la que debe autorizar un cambio extra sistema, en el sentido de que su resultado no atendrá al sistema ordinario o general: Resultará del cambio gubernativo, en fin, que el/los apellido/s de una persona no estén determinados por su filiación (sino por su uso) y/o que no se corresponderá/n con los respectivos primero de sus filiantes.
Excepción al sistema: Los cambios gubernativos
Cambio por el apellido realmente usado 57 LRC
Expósito y análogos.- Art. 59.1° LRC y 209.1° RRCC
Apellidos impuestos con infracción normas. 59.2 LRC y 209.2 y 212 RRC
Conservación de los apellidos.- Artículo 59.3 LRCC y 209.3 RRC.
Cambio por autorización directa 209. últ. párr. RRC
Adecuación al español de la fonética de apellidos extranjeros 209.5º
Cambio para victimas de violencia de género LO 1/2004 RD 170/2007
Una vez autorizado e inscrito el cambio no gubernativo, cuyo resultado es extraño alsistema general de imposición ex lege, sin embargo,los efectos de tal cambio habrían de producirse dentro de dicho sistema, con lo que, ex 109CC 55 Y 53 LRC y 61 LRC a sensu contrario, habría de derivarse dicho cambio extra sistema a todos los descendientes. Sin embargo, la Ley y Reglamento establecieron efectos singulares para los “cambios gubernativos” El artículo 61 LRC (y en correspondencia necesaria, para su ejecución, el 217 RRC en su redacción originaria hasta su reforma en 1986) establecieron singularmente y como excepción que el apellido resultante de un cambio gubernativo, no quedaba sometido al sistema general, en cuanto al efecto automático derivativo para todo cambio, sino que, solo se derivaría a los descendientes no sujetos a la patria potestad cuando expresamente consintieran el cambio.
A nuestro juicio, la razón del régimen especial de efectos del cambio gubernativo para los no sujetos a la patria potestad es que la causa de dicho cambio no era un supuesto legalmente previsto, sino la voluntad del filiante y la concurrencia de su circunstancia personal, con lo que, si el cambio no era ex lege, dicha voluntad no podía ser de mejor o mayor valor o derecho que la voluntad de un descendiente mayor de edad, cuya personal circunstancia, además, sería diferente.
Con esto, la LRC 1957 (art 61) y del art. 217 RRC establecieron como excepción al sistema que el no sujeto a patria potestad había de consentir la derivación de un cambio gubernativo, con lo que, como concluíamos en el apartado anterior, en todos los demás cambios (por exclusión, los ordinarios o, en fin, no gubernativos o los legalmente previstos) el sistema general imponía la derivación automática en todo caso.
4) Modificación del artículo 217 del Reglamento del Registro Civil
La coherencia de la ley y reglamento respecto al sistema de imposición de apellidos, resultaba del idéntico literal del artículo 217 RRC en ejecución del artículo 61 LRC. Así:
artículo 61 LRC “El cambio gubernativo de apellidos alcanza a los sujetos a la patria potestad y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan”
artículo 217 RRC: “El cambio gubernativo de apellidos alcanza a los sujetos a la patria potestad y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan”
El Real Decreto 1917/1986, de 29 de agosto, modificó el artículo 217 RRC, quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 217 RRC “Todo cambio de apellidos alcanza a los sujetos a la patria potestad y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan.”
Resultando, pues, la evidente contradicción entre este “todo cambio” con lo dispuesto el la Ley “El cambio gubernativo”, que no era menor dicha contradicción, dado que, hemos dicho, el artículo 61 y el 217 significaban y representaban, si quiera por exclusión, la excepción definitoria del sistema general ex arts. 109 CC 55 y 53 LRC, con lo que, tal modificación reglamentaria no solo contravenía lo dispuesto por la Ley, sino que enmendaba la totalidad del sistema legal, de modo totalmente improcedente en derecho. De hecho, esta modificación perturbó radicalmente todo el sistema legal que, desde la ley, ordenaba y regulaba la imposición de apellidos. Desde un artículo de un reglamento de ejecución se dejaba sin efecto el mandato legal de que, los cambios no gubernativos habían de derivar a todos los descendientes, sin consideración a su capacidad, y en atención esto a las premisas imperativas de filiación y de correspondencia (base y fundamento de todo el sistema).
En palabras de Dña. Susana Salvador Gutiérrez (Magistrada encargada del Registro Civil de Madrid), respecto a la contradicción entre el sistema del artículo 61 LRC y y el artículo 217,1 del Reglamento:
“Aun cuando el artículo 217 del Reglamento, en su párrafo 1.°, constituye el desarrollo reglamentario del artículo 61 de la Ley, y así su redacción originaria y la posterior por virtud de R. D. de 22 mayo 1969, reproducía literalmente lo expresado en la norma legal, refiriéndose exclusivamente al efecto automático de los cambios gubernativos de apellidos sobre los hijos sujetos a la patria potestad y la necesidad de que los emancipados consintieran expresamente al cambio, lo cierto es que su redacción actual (RD de 29 agosto 1986 supone una contradicción con el sistema establecido con rango legal.
(..) Nos encontramos, pues, ante una norma reglamentaria contraria (que excede) el supuesto legalmente previsto.
En definitiva, esta modificación del régimen legal se introdujo, impropiamente, por vía reglamentaria mediante la reforma del artículo 217 RRC. por RD de 29 agosto 1986.
El artículo 59, 3.°, de la LRC, que exige autorización para conservar los apellidos que se vinieren usando antes de la determinación de la filiación, se deduce que los apellidos de los descendientes del hijo cuya filiación quede determinada tardíamente, se verán afectados automáticamente por el cambio en los apellidos de su progenitor, modificados éstos imperativamente como consecuencia de la determinación de su filiación.
Esa modificación derivativa en los apellidos de los descendientes como consecuencia inexcusable de la vinculación existente entre filiación y apellidos, se produce como regla general independientemente de la mayoría de edad o capacidad de aquéllos, siendo necesario solicitar la conservación de los apellidos anteriormente consignados, mediante un expediente de cambio de apellidos, cuya tramitación y resolución corresponde al Encargado del domicilio, y en el que deberá apreciarse la concurrencia de los requisitos de justa causa y no perjuicio de tercero.”
5) DGRN: Art. 217 RRC. Aplicación e interpretación contra legem
La DGRN respecto al efecto derivativo del cambio de apellidos de una personna conn descendietes, aplica la literalidad del artículo 217 RRC, requiriedo el consentimiento de los hijos o descedientes mayores de edad o no sujetos a patria potestad, tanto en los cambios gubernativos de los apellidos de los progenitores, como en los supuestos legalmente previstos de los cambios no gubernativos, a pesar y contra el sistema general imperativo.
En el ejemplo de antes, como resultando de la inversión de sus apellidos por parte de Mercedes Gutierrez, ex 109.2 CC, (cambio no gubernativo), debía haberse derivado, ese primer apellido, Gutierrez, al materno de su hijo, Alfredo Sánnchez Mortuorio, de tal modo que automáticamente y sin ser preciso su consentimiento, fuera designado por los apellidos correspondientes a su filiación representada ésta en su línea materna por el primer apellido de su madre, Alfredo Sánchez Gutierrez, y no por el segundo, a pesar de haberse producido la alteración posteriormente a la inscripción de nacimiento de Alfredo, en tanto la filiación es la misma y debe seguir representándose esto legalmente.
La DGRN, en casos como el referido, por ejemplo Resolución de 3/7/15 motiva la denegación del cambio del hijo meramente en la literalidad del artículo 217 RRC (post 1986):
“ ll.- El artículo 217 RRC permite que el cambio de apellidos de los ascendientes alcance también a sus descendientes mayores de edad siempre que estos lo consientan expresamente dentro del plazo de dos meses siguientes a la inscripción del cambio, lo que no consta que haya sucedido en este caso.”
En resoluciones precedentes, para el mismo objeto, se ha limitado a aplicar dicho precepto sin consideración alguna a su eventual invalidez (ex artículo 1.2 CC):
“Según resulta de la nueva redacción dada al artículo 217 del R. R. C. por R. D. 1.917/1986, de 29 agosto, para que el cambio de apellidos de una persona alcance a sus descendientes no sujetos a la patria potestad se requiere la prestación del consentimiento de estos descendientes, bien se formule en las propias actuaciones, bien dentro de los dos meses siguientes a la inscripción del cambio del ascendiente.
III. En este supuesto el padre ha inscrito la inversión de apellidos, al amparo de la facultad concedida por el artículo 109 del C. c, con fecha 12 abril 1987. Como no consta el consentimiento inicial de la hija mayor de edad y su conformidad la ha manifestado por comparecencia efectuada el 7 junio 1990, es evidente que ha transcurrido con exceso el plazo reglamentario señalado y que no es posible inscribir el cambio de apellidos de la hija que no ha llegado a producirse… Y si es cierto que la interesada podrá solicitar el cambio de apellido paterno por medio de un expediente ad hoc (arts. 57 L. R. C. y 205 y 365 R. R. C.), no es posible que ahora, prescindiendo de todo expediente y dejándolo reducido a una simple comparecencia, obtenga tal modificación de apellidos.»
En la Resolución de 5 de julio de 2005, la aplicación del artículo 217 RRC contra el artículo 61 y contra el régimen general, se motiva en eludir unos innominados efectos `prácticos y teóricos” que tendría la no aplicación del referido 217 RRC y con fundamento en “la independencia de los hijos mayores en el orden familiar y que puja (el cambio derivativo automático) con el derecho de éstos a su propia identidad representado en el derecho al nombre.
“Según resulta de la redacción dada al artículo 217 del Reglamento del Registro Civil por el Real Decreto 1917/1986, de 29 de agosto, para que el cambio de apellidos de una persona alcance a sus descendientes no sujetos a la patria potestad se requiere la prestación del consentimiento de estos descendientes, bien se formule en el propio expediente, bien dentro de los dos meses siguientes a la inscripción del cambio de apellido del ascendiente. III. Es cierto que la recta interpretación e inteligencia de este precepto no ha dejado de suscitar controversia por apreciarse en el mismo una contradicción en cuanto a su ámbito de aplicación con el artículo 61 de la Ley del Registro Civil, en la medida en que el efecto jurídico de extender el cambio de los apellidos de una persona a los sujetos a su patria potestad y a los demás descendientes que expresamente lo consientan aparece circunscrito en la norma legal a los «cambios gubernativos» y no a «todo cambio de apellidos» a que lo extiende la norma reglamentaria. En el artículo 61 de la Ley registral civil, en conexión con el resto del sistema legal vigente de atribución de apellidos por razón de filiación determinada (cfr. arts. 55 L.R.C. y 196, núm. 2, R.R.C.), se ha querido ver por parte de cierta doctrina una regla general implícita conforme a la cual la alteración por cualquier motivo de los apellidos de los progenitores altera automáticamente los apellidos de sus descendientes, mayores o menores de edad, a salvo el supuesto excepcional del citado artículo 61 de la Ley referente al exclusivo caso de los cambios por virtud de autorización gubernativa. IV. Ahora bien, esta regla tropieza con evidentes inconvenientes en el orden práctico y también en el teórico pues la imposición del cambio de los apellidos a los descendientes mayores de edad, aun en contra de su voluntad y al margen de toda alteración en el estatus de su filiación, esto es, en los casos en que el cambio de apellidos del ascendiente deriva de su propia voluntad con los efectos legales determinados (supuesto, v. gr. del art. 109 del Código civil en relación con la inversión del orden de los apellidos) o con el valor de postulación del expediente registral para obtener la autorización gubernativa del cambio, es un resultado que se enfrenta a la independencia de los hijos mayores en el orden familiar y que puja con el derecho de éstos a su propia identidad representado en el derecho al nombre. “
Empezando por esto último, entendemos rechazable la preeminencia o siquiera posibilidad de oposición entre un “derecho a la identidad” representado en el derecho al nombre, ajena, esa identidad, precisamente a la ley que la determina. Esto es, la identidad, que no es más que el derecho a ser designado un nombre y unos apellidos que resulten de la ley, no puede oponerse a la ley que precisamente la determina mediante un sistema imperativo, a partir de la filiación y de un modo legalmente establecido para que los apellidos de una persona representen de un modo determinado dicha filiación. No puede haber un “derecho” a la identidad diferente y oponible a la Ley que la regula y la impone.
También: De acuerdo con esta interpretación, resultará que el derecho a la identidad de los filiados por reconocimiento o por impugnación de su filiación, así como los adoptados y los españoles después de su nacionalización son de peor condición o derecho que los demás filiados, pues para aquellos la ley impone el cambio automático ope legis, sin perjuicio de que insten luego la conservación; y sin embargo, para los demás (los que antes eran los de filiación matrimoniales) sólo se derivará el cambio si lo consienten. Esto infringe la equiparación por ley de todo tipo de filiación ex artículo 108 del Código Civil que equipara la filiación por naturaleza y la adoptiva, y en consecuencia, resultan de necesaria igual aplicación a toda filiación las normas generales sobre filiación (artículo 108 y siguientes del Código Civil) y, en particular, en materia de apellidos los artículos 109 del Código Civil, 53 y 55 de la Ley del Registro Civil.
Por último, esta resolución hace abstracción del sistema general y de su excepción, los “cambios gubernativos”, (de la que, como hemos dicho, habrá de resultar que el cambio no gubernativo provocará la derivación a todos los descendientes menores y mayores) y plantea otro criterio de imposición de apellidos, entre cambios voluntarios (gubernativos o no) y cambios automáticos ex lege, sin mediación de voluntad, al efecto de determinar en qué supuestos (mayor o menor edad) procedería la derivación.
Resulta, en fin, que dicha diferenciación o categorización ajena al sistema legalmente establecido (sistema general y excepción “cambios gubernativos), deviene artificiosa y voluntarista, pues el único supuesto diferencial entre las categorías legalmente establecidas y las categorías consecuentes a la voluntad del particular” es la derivación condicionada al consentimiento del mayor de edad para todo cambio, que es precisamente esta la extensión impropia que, contra legem, formaliza el artículo 217 RRC. Con esto, se pone la interpretación al servicio de justificar dicha infracción legal, cuando lo procedente a nuestro entender, había de ser mantener la categorización del sistema legal, no forzando la interpretación para atender a unos indeterminados efectos prácticos y teóricos. Puede verse que el artÍculo 217 RRC generó dentro del sistema legal imperativo una rara avis, extraña a dicho sistema, que requería el consentimiento del mayor de edad para supuestos de cambios ex lege y ope legis.