Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00590-de-mayo-31-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_de7ccad3739c006ee0430a010151006e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 15:57:28
Document Index: 184310941

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 335', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 23', 'artículo 395', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 35', 'artículo 23', 'artículo 335', 'artículo 395', 'artículo 335']

﻿ Auto 2013-00590 de mayo 31 de 2013
AUTO 2013-00590 DE 31 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES. EL ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONTEMPLA UN FUERO PARTICULAR POR EL CUAL SE ATRIBUYE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES AL JUEZ QUE CONOCIÓ DEL PROCESO EN QUE SE PROMULGARON. EL REFERIDO PRECEPTO LE ASIGNÓ A DICHO FUNCIONARIO DE MANERA PRIVATIVA ESTA FACULTAD DADO QUE SÓLO EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO PUEDE TRAMITAR LA EJECUCIÓN A CONTINUACIÓN, EXCLUYENDO EN FORMA ABSOLUTA A TODOS LOS DEMÁS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL, PROCESO EJECUTIVO, CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:499 DE JULIO DE 2013, PG.1139
Auto 2013-00590 de mayo 31 de 2013
Rad.: 11001-02-03-000-2013-00590-00
Se resuelve el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Municipales, Primero Civil de Medellín y el Promiscuo de Entrerríos (Antioquia) dentro del proceso ejecutivo de la referencia.
1. Rodolfo Sierra García instauró demanda de ejecutiva contra Víctor David Gutiérrez Monsalve, Roberto Antonio Restrepo Tobón y Jesús Hernán Gutiérrez Betancur, que se adelantó en el Juzgado Promiscuo Municipal de Entrerríos (Antioquia).
2. La primera instancia concluyó con sentencia de 13 de abril de 2010 que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante [fls. 13 a 16].
3. La anterior decisión fue confirmada en su integridad por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Pedro de los Milagros (Antioquia) mediante fallo de 19 de julio de 2010, en el que, además, se condenó al apelante al pago de las costas de la segunda instancia [fls. 25 a 32].
4. Por auto de 9 de noviembre de 2010 se aprobó la liquidación de las costas que realizó la secretaría del juzgado ad quem [fl. 34].
5. Las costas de la primera instancia, a su vez, fueron aprobadas mediante proveído de 5 de marzo de 2012, por un monto de $ 1’182.700 [fl. 23].
6. Los convocados en el proceso ejecutivo en el cual se produjeron esas condenas en presentaron demanda ejecutiva en contra del accionante, para obtener el pago coactivo de las sumas liquidadas en ambas instancias, más sus respectivos intereses.
7. La demanda ejecutiva de mínima cuantía se radicó en la oficina de reparto ante los jueces civiles municipales de Medellín, en razón de que el ejecutado tiene su domicilio esa ciudad; y así se afirmó en la demanda, en la cual se dijo que éste recibe notificaciones en la calle 5 sur Nº 29A-141 de esa ciudad.
9.(sic) El conocimiento del proceso correspondió por reparto al juzgado primero [fl. 41].
10. Por auto de 19 de diciembre de 2012, se rechazó la demanda por falta de competencia, para lo cual invocó el inciso primero del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, y argumentó que “conforme a la normatividad citada resulta improcedente por cuanto dicha ejecución sólo puede ser adelantada ante el juez de conocimiento y dentro del mismo expediente donde se fijaron las costas y agencias objeto de la pretendida ejecución,…”. En consecuencia, dispuso el envío de las diligencias al juez que conoció del proceso ejecutivo anterior; esto es al Promiscuo Municipal de Entrerríos (Antioquia) [fl. 38].
11. Este último, a su turno, se abstuvo de conocer de la ejecución con fundamento en que el artículo 335 de Código de Procedimiento Civil sí autoriza la ejecución a continuación de otro proceso; pero “…ello sólo es posible...” si se ejecuta dentro de los 60 días siguientes, “ya que de hacerse con posterioridad, podrían vulnerarse las garantías fundamentales del demandado, quien siempre estará a la espera de que se le promueva un proceso ejecutivo que no cumplirá con los requisitos mínimos para que pueda ejercer su contradicción como parte resistente. Así, transcurridos los 60 días, el ejecutante debe promover demanda siguiendo las reglas de la competencia y demás formalidades del Código de Procedimiento Civil para esta clase de procesos y debe vincular formalmente al ejecutado, según los artículos 315 a 320 y 330 del Código de Procedimiento Civil,…” [fl. 39 vto.]. Por tales razones dispuso la remisión del proceso a esta Corte, para que se resolviera el conflicto negativo de competencia.
1. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, “cuando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor deberá solicitar la ejecución, con base en dicha sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. No se requiere formular demanda, basta la petición para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de aquélla y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior”.
A la luz de una sana exégesis de la disposición que se acaba de trascribir, se deduce que el legislador ordenó —con apego al principio de economía procesal— que en los eventos taxativamente señalados en esa norma se debe iniciar la ejecución con base en una providencia judicial ante el sentenciador de única o primera instancia (distinto de tribunales superiores y la Corte Suprema) que conoció del proceso y dentro del mismo expediente en que se profirió, sin que se pueda someter el asunto a las reglas generales de la competencia.
El referido precepto se la asignó a dicho funcionario de manera privativa, dado que sólo el juez del conocimiento puede tramitar la ejecución a continuación, excluyendo en forma absoluta a todos los demás. Dicha competencia tampoco puede ampliarse ni hacerse extensiva, mediante una interpretación analógica, a otros casos que no se encuentren expresamente contemplados en la norma en comento.
Que ese canon establece una regla especial de competencia resulta incuestionable, además, a partir de la lectura de su inciso 5º, según el cual “la ejecución por condenas impuestas en sentencias de tribunales superiores en única o primera instancia o de la Corte Suprema en única instancia, se adelantará conforme a las reglas generales de competencia”.
Es decir que en tratándose de los procesos ejecutivos a continuación que se promueven para el cobro de los rubros descritos en el primer inciso, la aludida previsión legal establece una atribución especial de competencia; y solo en las circunstancias señaladas en el precitado inciso 5º se debe acudir a las normas generales de asignación del fuero territorial prescritas en el artículo 23 del ordenamiento adjetivo, en cuyo caso la ejecución con base en providencias judiciales debe adelantarse en juicio separado, de conformidad con lo contemplado por el artículo 395 ejusdem, por la simple razón de que ni la Corte ni los tribunales conocen procesos ejecutivos en única o primera instancia.
Por tales motivos es el artículo 335 y no el canon 23, la pauta legal que determina la competencia para conocer de los procesos ejecutivos que se siguen a continuación de otros, ya sean ordinarios, ora ejecutivos, como en este caso.
Al respecto, ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Sala:
“…sobre el particular, la Corte, en multitud de pronunciamientos, ha tenido oportunidad de plasmar su criterio que, en defecto de nuevas circunstancias que amerite alguna modificación, sigue vigente. Así lo dijo recientemente: el legislador contempló, en el artículo 335 citado, un fuero particular por el cual se atribuye la ejecución de las sentencias judiciales al juez que conoció del proceso en que se promulgaron, o lo que es igual, el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales está a cargo de la autoridad que las profiere al margen, inclusive, de la época en que el interesado pida su materialización o acatamiento”(1) [resaltado de la Sala].
“…por regla general el juzgado de conocimiento es el competente para tramitar la ejecución de sus providencias —artículo 335, Código de Procedimiento Civil— por cuanto fue eliminada la alternativa que dicha disposición consagraba antes de ser modificada por el artículo 35 de la Ley 794 de 2003, consistente en que se podía demandar la ejecución ante el juez que la profirió y en el mismo expediente o en proceso separado sujetándose a las pautas de competencia consagradas en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil”(2) [se resalta].
2. En tratándose del cobro ejecutivo de sumas de condena por concepto de costas, esta corporación sentó la posición por medio de Auto de Sala Civil, de que el trámite a seguir es el contemplado en el artículo 335 de la ley procesal.
“De manera que tal como lo regula la norma en cita, el funcionario que impuso la condena, incluyendo la de costas, es el llamado a asumir la competencia de la correspondiente ejecución.
“(…) en relación con la vigencia del artículo 395, (…) es de observar que la misma no contempla régimen alguno respecto de competencia, sólo alude a los documentos necesarios y los requisitos de los mismos para la respectiva ejecución; luego, frente a tal normativa no puede aseverarse que hay contradicción legal. Menos puede abrigarse tal hipótesis, cuando en la parte final del primer inciso del mismo artículo 335, se prevé con total claridad “…y de ser el caso, por las costas aprobadas…’, lo que lleva a inferir que la ejecución de providencias no solo refiere a las sentencias de condena sino, igual, a las decisiones que impongan otras obligaciones, desde luego, la de costas”(3) [se resalta].
3. El caso sub judice, a partir del examen de las diligencias se constata que el proceso originario en el cual se produjo las condenas cuyos valores ahora se cobran ejecutivamente, fue tramitado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Entrerríos (Antioquia); luego, ese despacho tiene la competencia privativa y exclusiva para adelantar y llevar a término la ejecución de las sumas de condena por concepto de costas que se impusieron en aquél.
Por esas razones se ordenará la remisión de las diligencias a esa oficina judicial para que asuma el conocimiento del asunto.
1. Asignar la competencia para conocer del presente proceso ejecutivo al Juzgado Promiscuo Municipal de Entrerríos (Antioquia).
2. Remitir el expediente a ese despacho judicial para que asuma el trámite de la ejecución.
3. Comunicar esta decisión a al Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín y a todos los interesados.
(1) Auto de 16 de abril de 2012, expediente 2011 02051 00.
(2) Auto 286 de 30 de noviembre de 2005; Auto de 30 de julio de 2007; reiterados en providencia de 14 de marzo de 2011, expediente 11001-0203-000-2011-00176-00, y Auto de 16 de abril de 2012, expediente 11001 02 03 000 2011 02051 00.
(3) Auto de 30 de julio de 2007. Ratificado en autos de 14 de noviembre de 2008 y 14 de marzo de 2011.