Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/espanol/Speru119-99.html
Timestamp: 2018-10-16 00:37:40
Document Index: 100684298

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 181', 'Artículo 44', 'artículo 90', 'artículo 13', 'artículo 86', 'Artículo 84', 'Artículo 82', 'artículo 181', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 89', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 27', 'artículo 60', 'artículo 88', 'artículo 82', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 138', 'artículo 51', 'artículo 46', 'artículo 181', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 51']

Susana Higuchi Miyagawa v. Peru, Caso 11.428, Informe No. 119/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1262 (1999).
1. El 2 de febrero de 1995, la señora Susana Higuchi Miyagawa de Fujimori denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión" o "la CIDH") que la República del Perú (en adelante, "el Estado peruano", "el Estado" o "Perú") a través del Jurado Nacional de Elecciones había violado, en perjuicio de ella, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "la Convención" o "la Convención Americana") al impedirle, en forma arbitraria e ilegal, que se postulase como candidata de la Agrupación Independiente "Armonía Frempol" al Congreso Constituyente Democrático de su país. La reclamante alega que los hechos denunciados cercenaron, asimismo, el derecho de cientos de miles de ciudadanos peruanos que habrían votado por ella.
5. Por nota No. 7-5-M/029 fechada el 1 de febrero de 1995, la Representación Permanente del Perú manifestó, inter alia, "la extrañeza y preocupación que ha causado en el Gobierno peruano el corto plazo existente entre la citación y la realización de la audiencia sobre el caso 11.389, hecho que impide una participación adecuada por parte del Estado".
Tratándose de un caso urgente... por cuanto el daño se puede convertir en irreparable y habiéndose demostrado que los hechos denunciados son verdaderos... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos [debe] disponer que el JNE del Perú, proceda a inscribir la lista de candidatos al Congreso de la República de la Agrupación Independiente "Armonía-Frempol" a efectos que pueda participar en el proceso electoral (1995-2000) teniendo en cuenta la jurisprudencia histórica ya dictada por esta Comisión, y además para que el proceso eleccionario... sea democrático, claro, puro y transparente.
9. La Comisión, en la sesión celebrada el 14 de febrero de 1995, considerando que las medidas adoptadas por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú en contra de la señora Susana Higuchi M. de Fujimori constituían, prima facie, una violación de sus atribuciones, --RESUELVE:. --Artículo Único.- Declarar procedente la solicitud de fecha 17 de enero de 1995, presentada por doña Susana Higuchi de Fujimori y don Oscar Pedraza Sierra, en representación de la Agrupación Independiente "Armonía-Frempol".
1) Solicitar al Estado peruano que, a través del Jurado Nacional de Elecciones, a fin de no frustrar definitivamente los derechos de la reclamante, como medida cautelar inscriba provisionalmente la lista de candidatos al Congreso de la República de la Agrupación independiente "Armonía Frempol" hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión planteada.
3) Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 48, párrafo 1 (a) de la Convención Americana, y 34, párrafo 2 del Reglamento, solicitar, asimismo, al ilustre Gobierno del Perú que, en virtud de la urgencia del asunto planteado y de la inminencia de la contienda electoral que se llevará a cabo el 9 de abril de 1995, dentro de un plazo de quince días a partir de la fecha de notificación de la presente solicitud, remita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la información que considere pertinente respecto al fondo de la cuestión planteada en el presente caso.
4) Establecer que una vez vencido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, la Comisión procederá a examinar y decidir sobre el fondo de la cuestión planteada por la reclamante.
18. Ante esa situación, la agrupación "Armonía - Frempol" interpuso los recursos internos existentes contra la resolución que declara la improcedencia de la solicitud de inscripción, tales como la nulidad de la resolución No. 033-95-JNE, de fecha 16 de enero de 1995, y de la Resolución No. 037-95-JNE de fecha 18 de enero de 1995.
19. Según la reclamante, no existe en el ordenamiento jurídico peruano un recurso judicial "efectivo" que pudo haber interpuesto contra dicha resolución. De ahí que se encontrara en la situación prevista por el artículo 46 (2) (a) de la Convención, al no existir en la legislación interna un recurso judicial breve y sencillo para la protección de los derechos violados en su perjuicio.
23. Asimismo, el 20 de mayo de 1986, el Tribunal de Garantías Constitucionales, en la demanda de amparo presentada por "Juan Correa Guillón c/Jurado Nacional de Elecciones", (El Peruano 22-06-86, Suplemento Despacho Judicial, pp.2822-2824), consideró que:
25. Por lo expuesto la Comisión considera que no existía, en el ordenamiento jurídico del Perú, recurso judicial interno alguno que la reclamante pudo invocar, lo que per se constituye una violación del artículo 25, párrafo 1, de la Convención Americana al privarse del "derecho a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales".
26. El artículo 23 de la Convención reconoce a toda persona, el derecho de participación política, el cual incluye el de "ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por su sufragio universal" y el de "tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".
a. Se pretende sustentar válidamente que el recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en vía de denuncia, no es un recurso (apelación o queja), por lo que no se estaría violando el principio de irrevisibilidad contenido en el artículo 181 de la Constitución Política del Perú, cuyo texto se acompaña como Anexo A.
29. Aunque los párrafos transcritos contienen diversas afirmaciones que carecen de fundamento, la Comisión desea expresar que, independientemente de la interpretación que efectúa el Jurado Nacional de Elecciones sobre el "ordenamiento Constitucional Interno", la Comisión es competente para pronunciarse sobre las eventuales violaciones de derechos fundamentales que la Convención le garantiza a la recurrente y que el Estado peruano, a través del Jurado Nacional de Elecciones, habría violado en este caso. Al ratificar la referida Convención, el Estado peruano ha reconocido la competencia de la Comisión para que considere, y se pronuncie, sobre las denuncias de violaciones que interponga "cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización" [Artículo 44]. En consecuencia la Comisión es competente para considerar el presente caso.
35. La Agrupación Independiente "Armonía-Frempol", fue registrada por Resolución del Jurado Nacional de Elecciones No. 252-94-JNE, la cual le da personería jurídica y la habilita para participar en los comicios generales (1995-2000).
37. La lista, de conformidad con lo que exige la ley, se publicó en el diario oficial "El Peruano" los días 11, 12 y 13 de enero de 1995. El Jurado Nacional de Elecciones, tres días después de difundida la lista de candidatos, resolvió declarar improcedente la inscripción por defectos encontrados en el mecanografiado de la lista de candidatos, sin considerar que la Ley Electoral señala un plazo determinado para subsanar cualquier deficiencia en los expedientes de presentación.
40. Ante este hecho la Agrupación Armonía Frempol interpuso un recurso de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones y solicitó a su vez que se le concediese el uso de la palabra al Personero Nacional, a fin de que pueda informar in voce y fundamentar su petitorio, en pleno ejercicio del derecho de defensa, protegido, también, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos fueron denegados y el Jurado Nacional de Elecciones dictó un "ukase" a través del cual declaraba improcedente la nulidad deducida.
42. Consta, asimismo, que por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, la lista se publicó en el diario "El Peruano" los días 11, 12 y 13 de enero de 1995, y que posteriormente, el día 16 de enero de 1995, el JNE por sí y ante sí, sin que medie impugnación de terceros (artículo 90 de la Ley Orgánica Electoral) declaró, mediante la Resolución N? 033/95-JNL improcedente la inscripción.
46. Además, el Jurado Nacional de Elecciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica Electoral antes transcrito, no estaba autorizado para revocar, como lo hizo en este caso, su propia decisión después de haber ordenado y efectuado la publicación de las listas en el diario "El Peruano".
48. La agrupación interpuso un recurso de nulidad ante el JNE el 17 de enero de 1995, y el día 18 de enero de 1995, el Jurado, mediante Oficio Nº 188-95-SG/JNE, expresó a la reclamante:
Que, en el caso de la Agrupación Independiente "Armonía-Frempol", la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso fue presentada el último día, es decir el 9 de enero de 1995, a horas 14:20; según consta del sello de recepción de la Mesa de Partes N? 000122; en consecuencia, no le es aplicable lo dispuesto por el artículo 86? concordante con el inciso (1) del Artículo 84 de la Ley Orgánica electoral, por haberse vencido el plazo. --Que, al haber presentado la Agrupación Independiente "Armonía-Frempol" una lista de candidatos al Congreso incompleta de sólo ciento trece postulantes, infringe un requisito de orden público que resulta insubsanable al disponer el Artículo 82? de la Ley Orgánica electoral que la lista completa la constituyen 120 integrantes, requisito que es de ineludible cumplimiento. --Que, la publicación de la lista de candidatos al Congreso, tiene por objeto dar a conocer a la ciudadanía la relación de postulantes, y se ha efectuado en estricto cumplimiento de los artículos 20 inciso 18) y 89 de la Ley Orgánica Electoral, lo que no implica el reconocimiento de la validez de la mencionada lista. --Que, por consiguiente, el Jurado Nacional de Elecciones no ha incurrido en nulidad al expedir la Resolución No. 033-95-JNE. --Que, el Jurado Nacional de Elecciones ha expedido la resolución antes referida, en instancia definitiva en aplicación del artículo 181 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley Orgánica electoral, y con las facultades que le otorga el artículo 20 inciso 3) de la mencionada ley electoral. --El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones. --RESUELVE: --Artículo Único.- Declarar improcedente la solicitud de fecha 17 de enero de 1995, presentada por doña Susana Higuchi de Fujimori y don Oscar Pedraza Sierra, en representación de la Agrupación Independiente "Armonía-Frempol".
49. El JNE expresa que los cinco días que prevé el artículo 86 de la Ley Orgánica Electoral no es aplicable por que la agrupación "Armonía-Frempol" presentó la solicitud de inscripción el día 9 de enero de 1995, es decir el último día dentro del plazo establecido en la Resolución N? 043-94-JNE y en consecuencia, según la interpretación del JNE, "no le es aplicable lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica Electoral". La Comisión observa que el referido artículo 86 de la Ley Orgánica Electoral no establece limitación alguna al plazo de cinco días dentro del cual los partidos o agrupaciones pueden subsanar las deficiencias "en los expedientes de presentación". En consecuencia, cualquiera que fuese el método de interpretación que se aplique, resulta arbitrario, por irrazonable, concluir que el plazo de cinco días no rige para las agrupaciones que presentan las listas el último día.
50. Resulta, por otra parte, difícil comprender porqué razón el Jurado Nacional de Elecciones decidió publicar la lista si es que contenía deficiencias, particularmente si se considera que el artículo 89 de la Ley Orgánica Electoral establece que "la lista de candidatos que llenen las formalidades" se publicaran en "El Peruano" durante tres días.
51. La Comisión considera que la interpretación y aplicación que efectúa el JNE del artículo 86, hace incompatible dicha disposición con los postulados de los artículos 23 y 24 de la Convención Americana, al excluir la lista después de haber sido publicada en el diario "El Peruano" durante tres días.
54. Con referencia a las normas que prohiben la revisión de lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones "respecto a los derechos políticos de los ciudadanos verbigracia, elegir o ser elegidos", la Comisión considera que un aspecto esencial derivado del debido proceso es el derecho a que examine, o se reexamine, la legalidad de toda decisión que le imponga a una persona un gravamen irreparable o cuando ese gravamen afecte los derechos o libertades fundamentales como es, en este caso, el derecho contemplado en el artículo 23 de la Convención.
55. En el presente caso, las disposiciones del ordenamiento jurídico peruano (artículos 181 constitucional y 13 de la Ley Orgánica Electoral) tal y como han sido interpretadas por el JNE en su decisión del 18 de enero de 1995 (Oficio No. 188-95-SG/JNE), implican que cualquier decisión adoptada por el JNE y que pueda afectar los derechos políticos consagrados en la Convención, no son revisables y por tanto no protegibles en el Derecho Interno.
57. En el presente caso, en virtud de que decisiones del JNE conforme a la normativa peruano, no son objeto de revisión ni control alguno, y dada la naturaleza no judicial de dicho órgano, la Comisión determina que no está garantizada la protección de los derechos políticos. En efecto, la existencia de un recurso ante jueces electorales especializados o integrantes del Poder Judicial, o en definitiva, cualquier otros recurso efectivo, es indispensable para la protección de los derechos consagrados en la Convención, incluidos los derechos de participación política.
58. Por otra parte, cualquiera que fuese la jerarquía que el ordenamiento jurídico peruano le atribuya a los tratados internacionales, es importante recordar que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados impide invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. La Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-14/94, ha sostenido al respecto:
La medida cautelar de la CIDH, que buscaba la inscripción provisional de lista de candidatos al Congreso de la República de la Agrupación Independiente "Armonía-Frempol", no pudo ser cumplida, por cuanto constituye una clara interferencia en las funciones propias del Jurado Nacional de Elecciones, cuyas resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables, inclusive no procede recurso alguno contra ellas (art. 181 Const.). Esta precisión constitucional adquiere mayor solidez cuando el art. 38? del texto supremo señala que es deber de todos los peruanos, respetar, cumplir y defender el ordenamiento jurídico de la Nación.
[27.] En estas circunstancias, no debe existir ninguna duda de que la Comisión tiene a ese respecto las mismas facultades que tendrían frente a cualquier otro tipo de violación y podrían expresarse en las mismas oportunidades en que puede hacerlo en los demás casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de "leyes internas" y de que estas hayan sido "adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución", nada significa si mediante ellas se violan cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. Las atribuciones de la Comisión en este sentido no están de manera alguna restringidas por la forma como la Convención es violada.
[28.] Podrían mencionarse situaciones históricas en las cuales algunos Estados han promulgado leyes de conformidad con su estructura jurídica pero que no ofrecieron garantías adecuadas para el ejercicio de los derechos humanos, impusieron restricciones inaceptables o, simplemente, los desconocieron. Tal como lo ha manifestado la Corte, el cumplimiento de un procedimiento constitucional "no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos" (La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, supra 25, párr. 22).
[29.] Esto no significa que la Comisión tenga atribuciones para pronunciarse sobre la forma como se adopta una norma jurídica en el orden interno. Esa es función de los órganos competentes del Estado. Lo que la Comisión debe verificar, en un caso concreto, es si lo dispuesto por la norma contradice la Convención y no si contradice el ordenamiento jurídico interno del Estado. La atribución otorgada a la Comisión para "formular recomendaciones.. a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales" (art. 41.b) o el compromiso de los Estados de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados por la Convención "con arreglo a sus procedimientos constitucionales" (art. 2) (destacado de la Corte), no le dan a la Comisión facultad para calificar el cumplimiento por el Estado de los preceptos constitucionales en la elaboración de las normas internas.
63. Con referencia a lo que expresa el Estado en el Informe No. 018-96, en el sentido que "es deber de todos los peruanos respetar, cumplir y defender el ordenamiento jurídico de la nación", es importante aclarar que el recurso a organismos internacionales de protección de los derechos humanos es un derecho de todo aquel que considere que tales derechos han sido violados, y se encuentra reconocido en la Constitución peruana y en la Convención Americana. Por consiguiente, el hecho de recurrir a estos organismos no puede considerarse como una falta de respeto o de cumplimiento del deber de defender el ordenamiento interno peruano. Al respecto la Corte Interamericana ha expresado lo siguiente:
72. Por nota No. 7-5-M/052 del 5 de febrero de 1998, el Estado peruano respondió a la contrapropuesta de los peticionarios en una comunicación preparada por el Viceministro de Justicia. En su respuesta, el Estado peruano sostiene que la peticionaria confunde "lo que es la inscripción del movimiento político con la inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la República". El Ministro de Justicia señaló que la JNE no objetó la inscripción del movimiento político en la resolución No. 252-94-JNE del 28 de noviembre de 1994. La JNE aplicó en esa ocasión el artículo 27 de la ley orgánica electoral que disponía que los grupos políticos se inscribirían siempre que cumplieran lo dispuesto en los párrafos 1.2 y 5 del artículo 60 del Decreto ley 14250. Esta inscripción, sin embargo, sólo sería válida para el proceso electoral de 1995. La norma actual --afirma la nota-- permite la inscripción de grupos políticos que hayan obtenido por lo menos el 5 por ciento en las últimas elecciones nacionales. En el caso específico de "ARMONIA-FREMPOL" -según el Estado- su inscripción caducó tras las elecciones de 1995 y, en consecuencia, no puede beneficiarse de la nueva legislación electoral dado que no participó en el último proceso electoral nacional.
73. De acuerdo con la nota del Estado del 5 de febrero de 1998, para que "ARMONIA-FREMPOL" participe en las elecciones venideras, debe cumplir con los requisitos del artículo 88 de la ley orgánica de elecciones.4 En cuanto a la no-participación de "ARMONIA-FREMPOL" en las elecciones de 1995, el Estado sostiene que:
"Como está demostrado, "ARMONIA-FREMPOL" tenía una inscripción válida; sin embargo, de acuerdo al artículo 82 de la Ley Orgánica Electoral, debió cumplir con inscribir sus candidatos al Congreso, conformando una lista completa de ciento veinte candidatos.
76. Mediante Nota No. 7-5-M/187, de fecha 11 de mayo de 1998, el Estado transmitió a la Comisión su respuesta respecto al Informe No 12/98. En dicha comunicación el Estado sostiene que la Comisión llegó a dos conclusiones que resultan inexactas y que por la gravedad que ambas revisten, el Gobierno de Perú considerar aclarar, antes de proceder a comunicar las medidas adoptadas para el cumplimiento de la mencionada recomendación.
77. El Estado refirió al efecto que entre los fundamentos que pueden haber llevado a la Comisión a la conclusión de que el Estado violó en perjuicio de la víctima los derechos consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana se encuentran las consideraciones contenidas en los párrafos 42, 44 y 45 del aludido informe, en los cuales se señaló que la Resolución No. 033-95-JNE, carece de fundamentos. El Estado acompañó al efecto copia certificada del texto de dicha resolución.
78. Con relación a tal alegato del Estado, la Comisión observa que la resolución antes referida estableció textualmente que:
Que, mediante Oficio No. 028-95-DTREP el Director Técnico del Registro Electoral del Perú informa que al haber sido examinada la lista de candidatos al Congreso presentada por   se ha comprobado que los nombres de los candidatos aparecen repetidos en las ubicaciones 111 y 118, 39 y 82, 101 y 103, 67 y 114, respectivamente...
79. En atención a que efectivamente la Resolución arriba transcrita contiene indicación de los motivos que la fundamentan, la Comisión, tomando en cuenta lo alegado por Perú, ha modificado los párrafos 42 y 44 del Informe No. 12/98 y ha suprimido su párrafo 45. La Comisión ha decidido igualmente, motu propio, modificar los párrafos 46 y 52 de dicho Informe, los cuales también hacían referencia al mismo aspecto. No obstante, lo anteriormente señalado no modifica la conclusión de la Comisión respecto a que el Estado violó en perjuicio de la víctima los derechos consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención, conforme a las demás razones contenidas en el presente informe.
80. El Estado alegó igualmente que carece de fundamentos la conclusión de la Comisión relativa a que las disposiciones del ordenamiento jurídico peruano violan el derecho de la víctima a un recurso ?sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, en contravención de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención. La Comisión se abstiene de analizar dicho argumento del Estado peruano, puesto que implica en el fondo una solicitud de reconsideración del Informe No. 12/98, cuando lo que corresponde a la Comisión en esta etapa del procedimiento es determinar si el Estado solucionó o no el asunto.
81. Con relación a la recomendación de la Comisión relativa a que el Estado adopte las medidas necesarias, a fin de modificar las disposiciones del ordenamiento jurídico interno que impiden a las personas que aleguen violación de los derechos fundamentales la participación política en el Perú, y "el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo, contra actos que violen sus derechos fundamentales", dispuesto en el artículo 25 de la Convención; o al menos, a un recurso efectivo ante la propia autoridad electoral, el Estado respondió que desde el 2 de octubre de 1997, está vigente en Perú la Ley No 26859, Ley Orgánica de Elecciones, con la cual se habría dado cumplimiento a la referida recomendación. La Comisión se abstiene de analizar dicha reiteración del Estado peruano respecto a argumentos efectuados con anterioridad a la adopción del referido Informe No. 12/98. En efecto, la referida Ley se encuentra vigente desde el día 2 de octubre de 1997, mientras que el Informe No. 12/98 de la Comisión fue adoptado el 2 de marzo de 1998. Luego, si la Comisión hubiese considerado que dicha ley estableció un recurso sencillo y efectivo a los efectos anteriormente indicados, no hubiera efectuado la señalada Recomendación a Perú. Más aún, debe destacarse que en los párrafos 67 y 68 del mencionado informe, que son idénticos a los párrafos 66 y 67 de éste, la Comisión hizo referencia expresa a dicha ley.
82. El Estado agregó, con relación al cumplimiento de la señalada recomendación, que estaba elaborando un proyecto de ley conforme al cual se crearía en el Jurado Nacional de Elecciones una instancia previa a la de su pleno, que sería la encargada de determinar en primera instancia la procedencia o improcedencia de la inscripción de las organizaciones políticas y de los candidatos. Las decisiones de esa instancia previa serían impugnables ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quien resolvería en última instancia. Agregó que el proyecto de ley respectivo fue elaborado por el Ministerio de Justicia, y enviado al Jurado Nacional de Elecciones, a los efectos de que éste la presentara al Congreso, en virtud de ser el competente para ello conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución peruana. El Estado declaró que desde ya se compromete a realizar las acciones necesarias para la creación de esta instancia previa, que permita habilitar un recurso efectivo contra actos que pudieren limitar el derecho a la participación política de sus ciudadanos e inclusive se compromete a ejercer su derecho de iniciativa en la eventual ausencia de pronunciamiento por parte del Jurado Nacional de Elecciones.
83. La Comisión reconoció el esfuerzo que ha venido realizando el Estado peruano, a los fines de cumplir con la recomendación efectuada por la Comisión. En principio, dicho proyecto de ley parece llenar los extremos necesarios para, una vez aprobado, dar por cumplida la recomendación de la Comisión. La Comisión consideró importante mencionar lo difícil que resulta efectuar una recomendación tendiente a reparar ad integrum las violaciones de derechos humanos sufridas por la víctima. La recomendación efectuada al Estado peruano constituyó lo mínimo que éste puede hacer para reparar a la víctima por las violaciones sufridas. La Comisión reconoció que transcurrió el plazo de 60 días que, en fecha 23 de marzo de 1998, le fue otorgado al Estado para cumplir con la recomendación, sin que la Comisión haya sido informada respecto a la aprobación de tal ley. La única información que recibió la Comisión al respecto, fue una comunicación que le remitió Perú en fecha 22 de junio de 1998, conforme a la cual se le informó que el Jurado Nacional de Elecciones se encontraba estudiando el mencionado proyecto de ley.
84. La Comisión decidió en consecuencia, aprobar el informe que dispone el artículo 51 (1) y (2), de la Convención, en virtud del cual se le otorgó al Estado un nuevo plazo de tres meses, a los efectos de cumplimiento a las recomendaciones contenidas en aquél.
85. La Comisión concluyó que, al aplicar la Ley Orgánica Electoral, mediante la Resolución N?? 033/95-JNL, del Jurado Nacional de Elecciones, del 16 enero de 1995, el Estado peruano violó, en perjuicio de la señora Susana Higuchi Miyagawa, los derechos de participación política y de igualdad ante la ley que garantizan, respectivamente, los artículos 23 y 24 de la Convención. En virtud de los razonamientos expuestos citado informe, y con fundamento en lo previsto en el artículo 46, párr. 2, de su Reglamento, la Comisión concluyó que las disposiciones del ordenamiento jurídico peruano que establecen, respectivamente, que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones "son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno" (artículo 181 constitucional), violan el derecho a un recurso sencillo y rápido" que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales, tal como lo prevé el artículo 25 de la misma Convención.
86. La Comisión recomendó adoptar las medidas necesarias, a fin de modificar las disposiciones del ordenamiento jurídico interno que impiden la participación política en el Perú, otorgando "el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo, contra actos que violen sus derechos fundamentales", dispuesto en el artículo 25 de la Convención, o al menos, a un recurso efectivo ante la propia autoridad electoral.
88. En lo concerniente al cumplimiento concreto de las recomendaciones que la Comisión efectuó al Estado peruano en el mencionado informe 61/98, ésta observa que no se ha acreditado en el expediente un cumplimiento efectivo de las aquellas. El cumplimiento del requerimiento efectuado a las autoridades del Estado, para que se adopten medidas que modifiquen el ordenamiento normativo interno, que impide a las personas que aleguen violaciones del derecho a la participación política "un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo", se ha visto excesivamente dilatado en el tiempo. Tal demora, a criterio de la Comisión, equivale a falta de incumplimiento de parte del Estado.
89. Los representantes del Estado peruano, en tanto, han informado a la Comisión, a través de la Nota No. 7-5-M/222, del 1 de junio de 1999, "sobre los "avances" que se vendrían produciendo a fin de "atender la recomendación", que fuera formulada por aquella. En esa línea, han puesto de relieve la existencia del informe de la Subcomisión de Constitución del Congreso de la República, que establece el compromiso de perfeccionar el régimen electoral "a efectos de contribuir a la transparencia del proceso". Asimismo, la citada Subcomisión manifiesto el apoyo a la discusión y análisis del mencionado proyecto de ley número 4519-98/CR, que fuera presentado por el Jurado Nacional de Elecciones. Con relación al citado proyecto, y sin entrar a analizar su contenido y/o provisiones específicas, la Comisión es de la opinión que el Estado peruano no puede continuar invocando una mera voluntad de ajustarse a las recomendaciones que fueran oportunamente efectuadas. La voluntad de cumplimiento expresada por el Estado, prima facie genuina, no exonera a éste del incumplimiento material en el cual se encuentra incurso. La Comisión entiende que, efectivamente, ha transcurrido un plazo razonable y prudencial entre la emisión del informe conteniendo las recomendaciones al Estado. A juicio de la Comisión, las autoridades peruanas debieron haber materializado esa misma voluntad de adecuar su legislación a las recomendaciones oportunamente emitidas. La brecha existente entre la legislación positiva vigente del Perú, en lo relativo al control de legalidad de las decisiones emanadas de la junta electoral, y los estándares internacionales conforme lo señalara esta Comisión no puede excusarse con una mecánica reiteración acerca de un futuro cumplimiento.
90. La Comisión, con base en los elementos acreditados en el expediente, reitera su conclusión de que la legislación aún vigente en el Estado peruano, relativa a la inhabilidad de apelar las decisiones emanadas del Jurado Nacional de Elecciones ante una instancia superior, no se ha visto corregida por los órganos pertinentes del Estado.
1. Adoptar las medidas tendientes a modificar las disposiciones de los artículos 181 de la Constitución de 1993, y 13 de la Ley Orgánica Electoral, posibilitando un recurso efectivo y sencillo, en los términos del artículo 25 (1) de la Convención, contra las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones que vulneren la garantía a la participación política por parte de los ciudadanos.
2. Informar a la Comisión, tan pronto como se disponga la derogación y/o modificación de los artículos mas arriba referidos, transmitiendo asimismo el texto de la legislación modificada.
92. La Comisión transmitió el Informe adoptado conforme el artículo 51 de la Convención Americana al Estado y al peticionario el 10 de diciembre de 1998, y se otorgó al Estado un plazo de tres meses para presentar información referida a la adopción de las medidas necesarias a fin de cumplir con las recomendaciones de la Comisión.
93. Desde esa fecha, la Comisión continuó recibiendo información del Estado peruano, relativa a las iniciativas de modificación de la legislación electoral, a fin de dar cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. No obstante, la Comisión da cuenta de que hasta la fecha las recomendaciones de la Comisión no han sido adoptadas.
94. En virtud de las consideraciones precedentes y de conformidad con los artículos 51 (3) de la Convención Americana y 48 de su Reglamento, la Comisión decide reiterar las conclusiones y recomendaciones, hacer público este Informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas tomadas por el Estado peruano con relación a las recomendaciones emitidas, hasta que las mismas hayan sido cumplidas por completo.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 8 días del mes de octubre de 1999. (Firmado) Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente; Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; Carlos Ayala Corao, Jean Joseph Exumé y Alvaro Tirado Mejía, Comisionados.
1 Con anterioridad, el 26 de septiembre de 1994, la señora de Fujimori había presentado una denuncia a la Comisión, cuya tramitación se llevó a cabo como caso N? 11.389. La Comisión inició la tramitación de la presente petición como parte del expediente que corresponde al caso 11.389. El día 14 de febrero de 1995, al considerar el fondo de esta nueva petición, la Comisión acordó que, por tratarse de un asunto diferente al planteado en el anterior, correspondía, de acuerdo a su Reglamento, abrir un nuevo caso, y dio instrucciones a la Secretaría para que procediese en ese sentido.
4 Los requisitos incluyen: presentar la solicitud de inscripción ante el JNE en nombre de un partido o grupo político indicando el nombre y domicilio de la persona respectiva responsable; inscribirse hasta 90 días naturales antes del día de las elecciones; presentar una lista de no menos del 4% de ciudadanos habilitados para votar, con sus firmas y números de identidad nacionales; presentar un duplicado de las firmas y los números de identificación de los partidarios en diskette.