Source: http://iachr.org/annualrep/2005sp/Canada11862sp.htm
Timestamp: 2016-12-06 02:52:33
Document Index: 130671943

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 31', 'artículo 50', 'Artículo 1', 'Artículo 24', 'Artículo 8']

Canadá Petición 11.862 Andrew Harte y familia
INFORME Nº 81/05
12. Mediante escrito del 12 de enero de 1999, el peticionario solicitó a la Comisión que convocara a una audiencia durante su siguiente período de sesiones para deliberar sobre la admisibilidad de la petición. Mediante comunicaciones a ambas partes de fecha 3 de febrero de 1999, la Comisión anunció que había programado una audiencia para el 5 de marzo de 1999 respecto a la admisibilidad y el fondo de la petición durante su siguiente período de sesiones (102º período de sesiones). Mediante nota del 26 de febrero de 1999, el Estado notificó su intención de presentar comunicaciones adicionales por escrito en dicha audiencia. 13. La Comisión celebró dicha audiencia el 5 de marzo de 1999, y en ella se recibieron declaraciones de los representantes de ambas partes sobre la admisibilidad y el fondo del caso. El peticionario avisó a la Comisión que el Sr. Harte no podía estar presente porque se encontraba oculto en Canadá y, en cualquier caso, el Sr. Harte no podía costear el viaje a los Estados Unidos de América. La Comisión decidió suspender la audiencia sobre el asunto en espera de que Suprema Corte de Canadá dictara sentencia sobre el caso de Mavis Baker c. Canadá (Ministro de Ciudadanía e Inmigración).[1] Se alegó la pertinencia de este caso al caso del peticionario por referirse a cuestiones similares, en particular a los derechos de los hijos nacidos en Canadá de personas que (a) se encontraran bajo orden de deportación y (b) hubieran solicitado su permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas con base en las leyes de inmigración canadienses. 14. Mediante nota del 24 de enero de 2000, el Estado informó a la Comisión que la Corte Suprema de Canadá había dictado sentencia en el caso de Mavis Baker
y entregó una copia de la decisión para ser considerada por la Comisión. 15. Mediante escrito del 23 de marzo de 2000, la Comisión transmitió al peticionario las partes pertinentes de la nota del Estado del 24 de enero de 2000 y solicitó sus observaciones dentro de un plazo de 45 días. El peticionario entregó sus observaciones mediante escrito del 3 de mayo de 2000. El peticionario planteó, entre otras cosas, que el Sr. Harte era indigente, por lo que no podía pagar la cuota (de Can$500.00) que el Estado requería para presentar una solicitud de permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas. Mediante comunicación del 26 de junio de 2000, la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de las observaciones del peticionario. La Comisión solicitó al Estado sus observaciones al respecto dentro de un plazo de 30 días. 16. Mediante nota del 6 septiembre de 2000, el Estado presentó sus observaciones adicionales, que incluyeron la refutación del alegato del peticionario de que el Sr. Harte estaba imposibilitado de pagar la cuota requerida para presentar la solicitud de permanencia en Canadá por razones humanitarias y compasivas. 17. Mediante nota al Estado del 11 de septiembre de 2000, la Comisión preguntó al Estado si sería posible que Canadá condonara la cuota por la solicitud, en consideración a la indigencia del Sr. Harte.
30. El peticionario alega que al Sr. Harte también se le negó la asistencia legal para presentar una solicitud ante la Corte Federal de Canadá (División Procesal) para la revisión judicial de la decisión de certificarlo. Declara el peticionario que el Sr. Harte presentó una solicitud de revisión judicial sin asistencia legal, pero que dicha solicitud fue desestimada en agosto de 1996, por “no haber presentado adecuadamente la documentación necesaria”. Según el peticionario, un solicitante de revisión judicial tiene que presentar un memorando de argumento en que establezca las razones de la solicitud, que será considerado por la Corte Federal. El peticionario señala que no se lleva a cabo una audiencia oral si la solicitud es desestimada, y que la notificación de la desestimación se envía por correo certificado al abogado del solicitante o a su último domicilio conocido (en caso de no tener un abogado que lo represente). El peticionario alega que el Sr. Harte se enteró de esta decisión apenas en julio o agosto de 1997, cuando le informó al respecto un funcionario de inmigración canadiense. El peticionario alega que al Sr. Harte se le negó el derecho al debido proceso pues no se le permitió apelar la orden de deportación ni tuvo acceso a la asistencia legal necesaria para recusar su certificación como “peligro público”. 31. El peticionario sostiene asimismo que (a) no existe en Canadá un derecho general de asistencia legal para solicitudes de revisión judicial de la mayoría de las decisiones sobre inmigración (incluidas las deportaciones); (b) la asistencia legal es proporcionada a discreción por agencias provinciales de asistencia legal; (c) en la decisión de otorgar o negar la asistencia legal no se toman en cuenta factores humanitarios y compasivos al considerar la solicitud de una persona declarada como peligro público.
32. El peticionario señala que la deportación con que se amenazó al Sr. Harte, así como el proceso que condujo a la orden de deportación, exponen al Sr. Harte y a sus hijos a violaciones de la seguridad de su persona (artículo I de la Declaración), el derecho a constituir familia y a recibir protección para ella (artículo VI) y el derecho a la inviolabilidad de su domicilio (artículo IX). Expresa el peticionario que estos derechos se estarían violando si se deportara al Sr. Harte y se le obligara por ello a dejar a sus hijos en Canadá, o llevarlos a Guyana, donde carece de recursos para la manutención tanto de sí mismo como de sus hijos. El peticionario alega que se ha violado su derecho al debido proceso (artículo XVIII) al negarle al Sr. Harte una forma de recusar la orden de deportación o la certificación ministerial. Con respecto a los hijos del Sr. Harte, dice el peticionario que se les ha negado totalmente el derecho al debido proceso, pues no tuvieron el beneficio de una consideración judicial de sus derechos o intereses durante el trámite de deportación en contra del Sr. Harte.
34. El peticionario niega la afirmación del Estado de que la petición del Sr. Harte es inadmisible por no haber sido presentada dentro del plazo de seis meses que establece el Reglamento de Comisión. Aunque el peticionario reconoce que la petición se presentó más de un año después de la decisión de la Corte Federal, sostiene que el Sr. Harte apenas supo de la desestimación cuando se la comunicó un funcionario de inmigración en julio de 1997. Por lo tanto, alega el peticionario, la petición se presentó dentro del plazo prescrito, puesto que se presentó dentro de un plazo de seis meses de que se le hubiera notificado al Sr. Harte la decisión de la Corte Federal.[3]
35. Con respecto al Sr. Harte, el peticionario señala que se han agotado todos los recursos internos, pues la última etapa de un posible trámite jurídico sería la solicitud de revisión judicial (la cual fue desestimada). El peticionario afirma asimismo que los recursos internos con respecto a los hijos del Sr. Harte se han agotado con base en que (a) en la totalidad del trámite jurídico que dio origen a la orden de deportación no se consideraron los intereses de los menores, y que en ningún punto tienen derecho los menores de que se consideren sus intereses; (b) la División de Apelaciones de la Junta de Inmigración y Refugiados perdió su jurisdicción para considerar el impacto de la deportación del Sr. Harte sobre sus hijos, como consecuencia de la certificación ministerial; (c) no se requiere que el Ministro de Inmigración considere los intereses de los menores antes de certificar que el Sr. Harte es un peligro público; y (d) al solicitarse la revisión judicial de la decisión ministerial (en que se certificó al Sr. Harte), la Corte Federal no tiene jurisdicción para considerar los intereses de los menores.
41. Por último, el peticionario afirma que la petición expone hechos que podrían caracterizar la violación de derechos consagrados en la Declaración Americana y no es manifiestamente infundada o improcedente. En este sentido, el peticionario arguye sobre el fondo de la petición que el Estado es responsable por la violación de los derechos del Sr. Harte consagrados en los artículos I, artículo VI, artículo IX y artículo XVIII de la Declaración Americana y que el Estado es responsable por la violación de los derechos de los hijos del Sr. Harte consagrados en los artículos VI, artículo IX y artículo XVIII de la Declaración Americana.
2. Tiempo para presentar la petición ante la Comisión
57. De acuerdo al articulo 32(1) del Reglamento de la Comisión, la misma se debe abstener de admitir peticiones que sean presentadas después de transcurridos seis meses contados desde la fecha en que la presunta victima fue notificada de la decisión que agotó los recursos internos.
65. La jurisprudencia del sistema interamericano también deja claro que la regla que requiere el agotamiento previo de los recursos internos está diseñada para beneficio del Estado, pues su intención es evitar que el Estado tenga que responder a acusaciones por acciones que se le imputen ante una instancia internacional sin haber tenido antes la oportunidad de remediarlas por medios internos. 66. La Comisión ha compartido en el pasado la opinión de la Corte Europea de Derechos Humanos en el sentido de que de acuerdo con los principios generales del derecho internacional, no es necesario que un peticionario agote los recursos internos si existen evidencias de que dicho proceso obviamente sería inútil o no tendría posibilidades razonables de tener éxito.[15]
67. Canadá no es parte de la Convención Americana. Sin embargo, para fines de análisis, la Comisión se refiere al caso Velásquez Rodríguez[16]
en que la Corte Interamericana consideró el artículo 46 de la Convención Americana sobre la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, cuyas disposiciones son semejantes a las establecidas en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión. En el caso Velásquez, la Corte Interamericana declaró que para que la regla de agotamiento de los recursos internos sea aplicable, los recursos del Estado en cuestión deben estar disponibles y ser adecuados y eficaces a fin de ser agotados. La Corte opinó también que cuando la parte alega el no agotamiento debido a la falta de disponibilidad del debido proceso en el Estado, la carga de la prueba se traslada al Estado que alega el no agotamiento y que “tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad”.[17]
68. Tomando en cuenta los hechos particulares que se están considerando, la Corte Interamericana ha observado también que “una vez que un Estado Parte ha probado la disponibilidad de recursos internos para el ejercicio de un derecho protegido por la Convención, la carga de la prueba se traslada al reclamante que deberá, entonces, demostrar que las excepciones contempladas en el artículo 46(2)[18] son aplicables, bien sea que se trate de indigencia... o de cualquier otra circunstancia” y que “... también debe demostrarse que los derechos involucrados están protegidos por la Convención y que para obtener su protección o garantía es necesaria una asistencia legal.”[19]
69. En el presente caso, el peticionario arguyó que la petición es admisible porque el Sr. Harte y sus hijos han agotado los recursos internos o se les ha negado el acceso a estos recursos de la jurisdicción interna con respecto a las quejas que contiene la petición. En particular, el peticionario argumenta que al Sr. Harte se le negó el acceso a estos recursos en razón de su indigencia y por no haber tenido acceso a la asistencia legal en coyunturas críticas de los procesos jurídicos internos. Por último, sostiene el peticionario que la mayoría, si no es que todos, los recursos recomendados por el Estado son ineficaces.
80. El Sr. Harte dice que no pudo costear un abogado privado y que por lo tanto solicitó asistencia jurídica. Declara que esta solicitud le fue negada, pero no presenta detalles sobre el sitio y fecha en que esto ocurrió o a quién dirigió esta solicitud. No presenta documentos que apoyen esta afirmación, como puede ser una carta de denegación. Como respuesta al argumento del Estado de que existen clínicas legales comunitarias (además de las oficinas de asistencia legal financiadas por el gobierno), el Sr. Harte afirma que ignoraba su existencia. 81. El peticionario sostiene en términos más generales que (a) no existe en Canadá un derecho general de asistencia legal para solicitudes de revisión judicial de la mayoría de las decisiones sobre inmigración (incluidas las deportaciones); (b) la asistencia legal es proporcionada por agencias provinciales de asistencia legal a discreción; (c) en la decisión de otorgar la asistencia jurídica no se toman en cuenta factores humanitarios y compasivos al considerar la solicitud de una persona declarada como peligro público. 82. En lo que respecta a las clínicas legales comunitarias, el peticionario sostiene que estas clínicas no cuentan con los recursos ni la competencia para manejar casos como el del Sr. Harte. Como ocurrió con la supuesta denegación de asistencia legal, no se le proporcionaron a la Comisión documentos que corroboraran ninguna de estas afirmaciones. Por otro lado, el Estado afirma que hasta abril de 1996 se disponía de asistencia legal, además de las clínicas legales comunitarias. El Estado suministró una amplia lista de estas instituciones como parte de su comunicación a la Comisión del 15 de septiembre de 1998 (Anexo G).
[2] La petición presentada por el peticionario el 15 de octubre de 1997 señala (en su página 2) que como consecuencia de no haber contado con asistencia legal, en las comunicaciones del Sr. Harte se omitió “información altamente relevante respecto a las posibilidades de que cometiera algún otro delito, así como de las circunstancias que rodearon sus primeras dificultades con la ley”, además de los “informes psicológicos que generalmente se presentan en estos casos y que establecen las posibilidades de que se repitan las acciones delictivas”. No obstante, véase la página 6 del escrito del peticionario de fecha 20 de noviembre de 1998 (como respuesta a las observaciones del Estado del 15 de septiembre de 1998) en la que el peticionario declara que el Sr. Harte no presentó comunicación alguna al Ministro respecto al peligro porque no contó con asistencia legal para su elaboración. [3] El peticionario explica asimismo que las solicitudes de revisión judicial en la Corte Federal de Canadá requieren que el solicitante presente por escrito una solicitud de permiso (de revisión judicial), acompañada de un memorando de argumento en que establezca las razones de la solicitud. Añade el peticionario que no existe una audiencia oral en la que el Sr. Harte pudiera haber estado presente para que se le notificara directamente la decisión de la Corte; la notificación de desestimación de una solicitud se envía por correo registrado al último domicilio conocido del solicitante o al domicilio de su abogado (en su caso). El peticionario alega que el Sr. Harte no recibió tal notificación.
[5] Se documenta este hecho mediante declaración jurada del Sr. Harte de fecha 5 de octubre de 2000, cuya copia se transmitió junto con la comunicación del 5 de octubre de 2000 (supra).
[6] Reza c. Canadá [1994] 2 S.C.R 394.
[8] El artículo 20 del Estatuto de la Comisión estipula lo siguiente: En relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, las siguientes: a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales; y c. verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso b. anterior, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro no parte en la Convención fueron debidamente aplicados y agotados. [9] El artículo 20 del Estatuto de la CIDH dispone que en relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión puede examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales. Véase también la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Arts. 3, 16, 51, 112, 150; Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arts. 26, 51-54; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/8, “Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 14 de julio de 1989, Serie A, Nº 10 (1989), párrafos 35-45; CIDH, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de septiembre de 1987; Informe Anual 1986-87, párrafos 46-49. [10] CIDH, Opinión Consultiva OC-10/89 (Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), 14 de julio de 1989.
El peticionario explica que las solicitudes para la revisión judicial ente la Corte Federal de Canadá requieren que el solicitante haga una solicitud escrita para dejar en la corte (para la revisión judicial), acompañada de un memorial con los argumentos que fundamentan los méritos de la revisión. El peticionario agrega que no hay una audiencia oral en la que el Sr. Harte pudiera ser notificado directamente de la decisión de la corte; una notificación de rechazo o una solicitud es enviada por correo certificado a la ultima dirección conocida del solicitante o a la dirección de su abogado (si lo tiene). El peticionario alega que el Sr. Harte no recibió esa notificación.
En contraste, el articulo 35 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales consagra que la Corte Europea de Derechos Humanos “solamente considerará (una petición) después de que todos los recursos internos hayan sido agotados…y dentro del periodo de los seis meses siguientes a los que esa decisión fue tomada”
[15] Véase, por ejemplo, Caso 11.753, Martínez-Villareal (Estados Unidos), Informe No. 108/00, Informe Anual de la CIDH 2000, párrafo 70, en el que se cita Corte Europea de Derechos Humanos, Casos De Wilde, Oomas y Versyp, 10 de junio de 1971, Publ. C.E.D.H. Ser. A, Vol.12, pág. 34, párrafos 37, 62 (donde se resuelve que en los momentos pertinentes a la reclamación, un recurso ante los tribunales de apelación por el asunto en litigio interpuesto por los solicitantes sería inadmisible según la “opinión jurídica consolidada”); Corte Europea de Derechos Humanos, Van Oosterwijck c. Bélgica, Sentencia (Excepciones Preliminares), 6 de noviembre de 1980, Caso Nº 7654/76, párrafo 32, 37 (donde se resuelve que el caso del solicitante es inadmisible en razón de haber incumplido el requisito de agotar los recursos internos, debido en parte a la ausencia de cualquier decisión sobre el tema por parte del Tribunal de Casación en Bélgica que “pudiera considerarse que probablemente resultará en una apelación que será evidentemente infructuosa en base a la Convención o a argumentos del mismo o similar efecto”).
Ibídem supra, párrafos 59-60. [18] Esta disposición se reproduce (mutatis mutandis) en el artículo 31(2) del Reglamento de la Comisión. Esta disposición se aplica a Canadá (que no es signataria de la Convención Americana) en virtud del artículo 50 del Reglamento de la Comisión.
Ibídem, véase el párrafo 20, página 5. [22]
Artículo 1(1) (Obligación de Respetar los Derechos). Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. [23]
Artículo 24 (Igualdad ante la Ley). Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 8 (Derecho a las Garantías Judiciales). Las partes pertinentes de este artículo que cita la Corte son:
Ibídem, párrafo 30, página 7.
Ibídem, párrafo 27, página 5.
[30] Véase la comunicación del Estado a la Comisión de fecha 6 de septiembre de 2000 [31] Véase el Caso 11.071, Informe No. 6/97, Nación Cheroquí (Estados Unidos), Informe Anual de la CIDH 1996, párrafo 45.
[32] Véase Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párrafo 60. [33]
Ibídem, párrafo 61.