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Timestamp: 2020-02-24 02:24:14
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 365', 'artículo 18', 'artículo 28', 'artículo 17', 'artículo 342', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 405']

﻿ AUTO 23871 DE AGOSTO 10 DE 2005
AUTO 23871 DE 10 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS. DEFINICIÓN DE LAS CONDUCTAS ALTERNATIVAS DE LOS ARTÍCULO 365 Y 366 DEL CÓDIGO PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUSACIÓN, COMPETENCIA DEL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO, JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO, TRÁFICO DE ARMAS, FLAGRANCIA, PORTE DE ARMAS, ANULACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓ, CAMBIO DEL DELITO FORMULADO EN LA ACUSACIÓ
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:406 DE OCTUBRE DE 2005, PG.1359
Auto 23871 de agosto 10 de 2005
Bogotá, D.C., diez de agosto del dos mil cinco.
1. La pugna se presenta entre el Juzgado 7º Penal del Circuito y el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Medellín.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 18 transitorio de la Ley 600 del 2000, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia corresponde resolver los conflictos de competencia que se presenten en asuntos de la jurisdicción penal entre los jueces penales del circuito especializados y un juez penal del circuito.
2. La Corte observa que una serie de equivocaciones de los servidores judiciales a cargo de la investigación ha llevado a que un caso en principio sencillo, se haya complicado en extremo, al punto tal que a pesar de que ha transcurrido casi un lustro desde que se cometió la conducta (con captura en flagrancia), no ha sido resuelto de manera definitiva, ha estado al borde de la prescripción de la acción penal y fue menester decretar una excarcelación provisional por vencimiento de los términos legales.
Todo ello desdice de la administración de justicia y lesiona garantías fundamentales como una pronta y cumplida justicia y el derecho del procesado a que su situación sea resuelta sin dilaciones injustificadas.
A guisa de ejemplo, obsérvese:
a) El tribunal declaró la nulidad de la acusación, pues consideró que la conducta que recogía lo relacionado con el arma de uso privativo de la fuerza pública era el porte, no la conservación, y que, por tanto, la calificación solo la podía proferir el fiscal seccional (competente para conocer del porte) y no el especializado (a quien la ley le asignó la conservación).
Pero olvidó que el acto de clausura exige plena competencia, porque si bien cualquier delegado de la fiscalía puede instruir, solo en quien recaigan todos los factores de competencia está habilitado para ordenar el cierre.
En el supuesto de asistirle la razón, la corporación pasó por alto que tratándose del instituto de la nulidad, esta puede ser declarada parcialmente, en aplicación del principio de que solo se debe invalidar lo estrictamente necesario para reparar la irregularidad, y en relación con la mayoría de los delitos no habría existido incompetencia.
b) El fiscal especializado, en la primera calificación, concluyó que se estructuraba el porte. En la segunda, el seccional se pronunció por la conservación del elemento bélico de uso de la fuerza pública. En cada caso, la inferencia les impedía calificar el sumario por ese delito, adjudicado al funcionario opuesto.
Además, el segundo delegado de la fiscalía (también el juez del circuito) tipificó la conducta en la conservación. Así, desconoció, sin el obligatorio argumento probatorio y jurídico que justificara el disentimiento, que el juez de segunda instancia anuló la actuación previa precisamente por considerar que la adecuación acertada no era esa, sino el porte.
c) Los jueces aprehendieron el conocimiento del juzgamiento, y solo avanzado el mismo, se percataron de su incompetencia, trabando el conflicto.
3. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, además de resolver los casos que por mandato constitucional y legal le competen, debe cumplir una labor pedagógica. Bajo tal supuesto, estima necesario deslindar cuáles deben ser las acepciones que se deben adoptar sobre las múltiples conductas alternativas previstas en los artículos 365 y 366 de la Ley 599 del 2000.
Debe partirse de la premisa de que las palabras de la ley han de ser entendidas en su sentido natural y obvio, esto es, el gramatical, “pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal”, según reza el artículo 28 del Código Civil. De ahí surge que:
• El porte debe ser comprendido en los términos previstos por el artículo 17 del Decreto 2535 de 1993, según el cual, “se entiende por porte de armas y municiones la acción de llevarlas consigo, o a su alcance para defensa personal”.
• Importar es la acción de introducir en el país los objetos que necesariamente vienen del extranjero.
• Traficar comporta comerciar, negociar con la mercancía, esto es, que debe existir un “negocio” que implique cualquier actividad que tenga como objeto el lucro o el interés.
• Por fabricar se tiene la producción, construcción, elaboración, hechura del objeto, esto es, producirlo en su integridad, pero también significa transformación de una cosa por medio del trabajo adecuado.
• Transportar es llevar o conducir las cosas de un lugar a otro.
• Por almacenar se entiende reunir o guardar muchas cosas.
• Distribuir consiste en entregar las mercancías a los vendedores o consumidores, esto es, que al objeto se le da su oportuna colocación o el destino conveniente.
• Vender implica, por una parte, un convenio por el cual el vendedor entrega la cosa convenida al comprador, recibiendo a cambio el precio acordado; y, por otra, la simple exposición u oferta al público de la mercancía con el fin de que alguien la compre, sin que sea necesario concretar el negocio para que se estructure la acción de “vender”.
• Suministrar es proveer, facilitar lo necesario o conveniente para un fin.
• Reparar quiere decir arreglar, componer una cosa que está rota, descompuesta o estropeada.
• Conservar es mantener una cosa con ánimo de permanencia, esto es, guardarla con cuidado, con perseverancia, estabilidad o inmutabilidad, o, lo que es lo mismo, con la intención de no despojarse de ella, al menos en el corto tiempo.
• Y adquirir es ganar, lograr, obtener o conseguir el objeto que se pretende o desea, hacerlo propio.
Los límites que se observan entre un concepto y otros, en veces se muestran sutiles, pero es necesario considerarlos, en especial en aquellos eventos en que uno u otro comportamiento signifiquen cambio de competencia. Esa delimitación se debe hacer en cada caso específico dilucidando con base en las pruebas recaudadas el propósito que animaba al sujeto pasivo de la acción penal, ocurrido lo cual, deberá escogerse la conducta típica que con mayor riqueza descriptiva recoja en su integridad el comportamiento investigado.
Así, por vía de ejemplo, si la persona llevaba consigo varias armas, su conducta puede ubicarse como “porte” o “transporte”, pero si se demuestra que unido a ese hecho los objetos fueron utilizados para sustraer dinero del banco para repeler la acción de los vigilantes, la adecuación precisa es la de “porte”, porque a la acción “llevar” se une el ánimo de “defensa”, en tanto que si los objetos, son acarreados exclusivamente para ser entregados en un sitio determinado deberá pregonarse el “transporte”.
Si alguien entrega un cargamento de armas a un grupo al margen de la ley, será necesario determinar si ello se hizo como un “regalo” para apoyar la causa con la que se simpatiza, evento en el cual “suministrar” recoge con precisión el acto. Pero si es producto de un “canje” por estupefacientes ha de concluirse que lo que se presenta es un “tráfico”, en tanto que si se pacta y recibe un precio a cambio, es claro que se está ante una “venta”.
4. La calificación jurídica del proceso se realizó en vigencia de la Ley 600 del 2000. Sobre la posibilidad de enmendar los errores cometidos en ella, ya sea por vía de la nulidad o de la variación de esa calificación, la Sala, en providencia del 14 de febrero del 2002 (rad. 18.457), expuso los siguientes argumentos que desde entonces han sido reiterados:
1. Como es obvio, en la nueva normatividad se mantiene el principio de congruencia o consonancia que debe existir entre el pliego de cargos y la sentencia, que no solo garantiza el derecho de defensa y la lealtad procesal, sino la estructura jurídica y lógica del proceso, ya que aparece evidente que un acusado sólo puede ser condenado o absuelto por los cargos por los cuales fue llamado a responder.
Sin embargo, es necesario anotar que tanto en la ley derogada como en la actual, la congruencia no puede entenderse “como una exigencia de perfecta armonía e identidad entre los juicios de acusación y el fallo, sino como una garantía de que el proceso transita alrededor de un eje conceptual fáctico-jurídico que le sirve como marco y límite de desenvolvimiento y no como atadura irreductible” (1) , por lo que en la sentencia, al fallar sobre los cargos imputados, el juez puede, dentro de ciertos límites, degradar la responsabilidad, sin desconocer la consonancia...
2. En orden a prevenir la inconsecuencia que resultaba de que no se pudiera enmendar el error cometido en la calificación jurídica del comportamiento, al proferirse la resolución de acusación, o de que no se pudiera variar, no obstante que en la etapa probatoria del juicio se allegaran elementos de convicción que demostraban que era incorrecta, el nuevo estatuto procesal penal permite que se cambie...
La anterior característica emana no solo del texto de la norma que se refiere al “reconocimiento de una agravante”, “desconocimiento de una circunstancia atenuante”, y no a la inversa, sino del hecho de que el juez, al resolver los cargos imputados en la resolución de acusación, puede, como se analiza adelante, degradar la responsabilidad.
Si como consecuencia de la alteración de la adecuación típica de la conducta, el conocimiento corresponde a un juez de menor jerarquía, se prorroga la competencia (art. 405, ibídem), por lo que no es necesario acudir al incidente de colisión.
5. Si se cambia la calificación, bien en la audiencia de juzgamiento o a través del incidente de colisión de competencia, no hay necesidad de ampliar la indagatoria, en los términos del inciso 2º del artículo 342, ibídem, pues esta norma y el 338, inciso 3º, solo se explican por la necesidad de crear un mecanismo para darle a conocer al procesado la imputación jurídica provisional y, por ende, garantizarle el derecho de defensa, cuando se trata de delitos que no dan lugar a la definición de la situación jurídica, esto es, cuando no hay un acto que contenga esa imputación. Pero cuando ese acto procesal existe y a través de él se da a conocer la imputación al procesado, como ocurre con la resolución que define la situación jurídica o la que repone la resolución de acusación anulada o la manifestación oral del fiscal o del juez en la audiencia de juzgamiento, ninguna necesidad hay de ampliar la indagatoria para darle a conocer la nueva imputación jurídica de la que se va a enterar por estos medios.
6. Al tenor de lo expuesto, en la estructura del nuevo estatuto procesal, solo habrá nulidad por error en la calificación, cuando la variación en la adecuación típica del comportamiento implique cambio de competencia.
7. Concluida la función acusatoria con la mutación de la calificación o con la oposición del fiscal a la manifestación del juez sobre la necesidad de hacerlo, hay que darle a los sujetos procesales, particularmente a la defensa, la oportunidad para controvertirla, por lo cual, finalizada la intervención del fiscal, se les corre traslado de la modificación o de la propuesta por el juez, según el caso, pudiendo aquellos solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias, siguiendo el trámite previsto en el numeral 1º del artículo 404.
Pero como consonancia no implica perfecta armonía o identidad entre el acto de acusación y el de fallo, sino señalamiento de un eje conceptual fáctico-jurídico para garantizar el derecho de defensa y la unidad lógica y jurídica del proceso, no se desconoce la congruencia, si el juez, al decidir sobre los cargos imputados, condena atenuadamente, por la elemental razón de que si puede absolver, puede atenuar, siempre y cuando se respete el núcleo básico de la conducta imputada.
La Sala insiste, lo que no puede hacer el juez, sin romper la congruencia, es agravar la responsabilidad con relación a los cargos imputados en la resolución de acusación y sus modificaciones. Así, si se acusó por homicidio culposo y se varió a homicidio simple, no se podrá condenar por homicidio agravado; y si se acusó por lesiones personales, no se podrá condenar por tentativa de homicidio...
9. Lo que se está regulando en las normas comentadas es la manera de enmendar los errores cometidos en la calificación jurídica de la conducta punible, sin acudir al remedio extremo de la nulidad, pero ello no quiere decir que el juez, como garante supremo de la legalidad del proceso, no pueda decretar la nulidad, en el curso del juicio y, particularmente, en la audiencia preparatoria, cuando se haya incurrido en irregularidades que, por otros motivos, hayan socavado la estructura del proceso o afectado las garantías de los sujetos procesales...
5. En el caso particular y concreto, el tribunal, en su condición de juez de segunda instancia, concluyó que sobre el arma de uso restringido de las Fuerzas Armadas (motivo de la discordia) se tipificaba el porte. Por eso declaró la nulidad y ordenó reponer la acusación en ese sentido.
El fiscal seccional no acató el mandato: no adecuó el comportamiento en el porte, según lo dispuso el juez a d quem. Lo hizo en la conservación, para lo cual carecía de competencia, pues ha sido asignada a fiscales y jueces especializados.
El respeto irrestricto a las formas llevaría a asignar el proceso al juez del circuito, decisión que podría generar, como ya sucedió, la nulidad de lo actuado, con la consiguiente dilación injustificada del procedimiento y la prescripción de la acción penal.
6. La solución, entonces, se debe buscar con apego al principio superior de la prevalencia de lo sustancial, lo material, sobre las simples formas, siempre que no se lesionen garantías fundamentales.
En principio, para efectos de la competencia por el factor objetivo los jueces han de supeditarse a la adecuación realizada en la resolución acusatoria, que en este caso se pronunció por la conservación de armas de uso restringido de la fuerza pública.
Como esa conducta específica ha sido asignada a los jueces especializados, se adjudicará la competencia al 4º de esa categoría.
Obsérvese cómo esta determinación no afecta derechos de las partes:
a) El juez especializado y el Tribunal Superior, en su condición de juez de segunda instancia, se han pronunciado en relación con que la tipicidad precisa es la de porte del elemento bélico.
En el evento de insistir en esa adecuación, bien puede el primero optar por uno de los mecanismos tratados en esta providencia y previstos en la Ley 600 del 2000. Y en guarda de las garantías de los intervinientes, la postura que finalmente sea adoptada debe ser puesta en conocimiento de las partes para permitir su controversia.
b) El servidor judicial no puede pasar por alto que de conformidad con el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal y los lineamientos de la jurisprudencia transcrita, hay lugar a la variación de la calificación cuando quiera que la propuesta agrave de alguna manera la situación jurídica del acusado.
En el caso analizado, una u otra de las dos conductas debatidas —porte o conservación— nada agregan en disfavor del sujeto pasivo de la acción penal, porque ambas están contenidas en la misma disposición penal, esto es, tienen igual tratamiento punitivo.
c) De conformidad con el artículo 405 del mismo estatuto, “Si como consecuencia de la modificación de la adecuación típica de la conducta, el juzgamiento correspondiere a un juez de menor jerarquía, se considerará prorrogada la competencia”. Si esto sucede en ese evento, no se encuentra razón válida para no aplicar la misma extensión de competencia cuando el traslado obedece a la mutación de un verbo rector dentro del mismo tipo penal.
d) A más de lo expresado por los artículos 91 y 70 transitorio de la Ley 600 del 2000, no existe diferencia sustancial, de fondo, entre el juez del circuito y el especializado. Ambos son “jueces penales del circuito” y el agregado de “especializado” al último, obedece exclusivamente a la circunstancia de que, como medida temporal, de los delitos que por regla general siempre conoce aquel, algunos fueron adjudicados a este.
Los dos funcionarios deben cumplir los mismos requisitos para acceder al cargo; tienen los mismos derechos y obligaciones; están compelidos a respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y demás garantías fundamentales; y tienen el mismo superior funcional, el Tribunal Superior.
1. ASIGNAR la competencia para adelantar el juzgamiento seguido en contra de Carlos Mario Triana Vásquez al Juez 4º Penal del Circuito Especializado de Medellín.
2. COMUNICAR esta decisión, anexándole copia de la misma, al Juez 7º Penal del Circuito de Medellín.
(2) Si la cuantía, en cualquiera de los casos, es inferior, o si el abuso de confianza es simple, la competencia será del juez municipal y, por tanto, la manera de subsanar el yerro en la calificación, al general cambio de competencia, sería a través del incidente de colisión, como se analiza adelante.