Source: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.com/2014/02/la-dictadura-prevista-en-la-nueva-ley.html
Timestamp: 2017-02-27 22:39:28
Document Index: 226203564

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 128', 'artículo 103', 'Artículo 103', 'artículo 192', 'Artículo 192', 'artículo 61', 'artículo 192', 'artículo 9', 'artículo 192', 'artículo 192']

La dictadura prevista en la nueva ley de amparo, por Juan Carlos González Cancino. | Constitucionalistas Mexicanos
La dictadura prevista en la nueva ley de amparo, por Juan Carlos González Cancino.
¿Qué es una dictadura? Si acudimos al diccionario de la Real
Academia Española podemos obtener las
Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o
menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país.
Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación
En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos
extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica.
m. y f. Persona que abusa de su autoridad o
trata con dureza a los demás.
Como podemos ver, las dictaduras se caracterizan por la
irresponsabilidad y la carencia de limitación jurídica de las autoridades.
En teoría, si tenemos una constitución, la posibilidad de
que exista una dictadura queda eliminada en virtud de que la constitución se
impone a toda autoridad estableciéndole límites jurídicos a su actuar.
El artículo 1° Constitucional es un claro ejemplo de lo
anterior ya que obliga a toda autoridad
a respetar los derechos humanos en ella previstos. Todas
Por su parte, los artículos 87, 97 y 128 obligan a toda autoridad a respetar y hacer
Artículo 128. Todo funcionario
público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará
la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Con base en las disposiciones citadas es válido afirmar, al
menos en teoría, que toda autoridad
está sometida a la constitución.
En ese contexto es necesario precisar que en términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos NO existen autoridades soberanas, únicamente existen ciertos actos que se califican
de irrecurribles por ejemplo:
Art. 100…
decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no
procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a
las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
Art. 104… III… Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos
103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en
Circuito no procederá juicio o recurso
Art. 110… Podrán ser sujetos de
juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura
Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República…
declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son
Según las transcripciones realizadas solamente ciertos actos están exentos de control
constitucional por lo que el resto de los actos de esas mismas autoridades
pueden ser impugnados. Lo dicho tiene lógica, ya que solamente el Poder
Constituyente carece de restricciones jurídicas internas mientras que todos los
órganos constituidos se encuentran sometidos a la Constitución.
Es necesario subrayar la importancia de la existencia de
medios de impugnación de los actos de autoridad, ya que sin ellos estamos
prácticamente a merced de sus caprichos y el Estado de Derecho desaparece o al
menos queda en entredicho.
En ese sentido es válido afirmar que una autoridad sin
medios de control puede, de hecho, ignorar la Constitución y hacer cuanto le
antoje ya que no hay medios institucionales para obligarlo a ajustar su conducta
a lo que dicte el Derecho.
Como hemos visto el Poder Constituyente no excluyó a
autoridad alguna de la obligación de observar la Constitución (solamente
excluyó ciertos actos del control
constitucional), prueba de ello la encontramos en el artículo 103 que establece
la procedencia del juicio de amparo:
Artículo 103. Los Tribunales de la
de los que el Estado Mexicano sea parte; No obstante lo anterior el Congreso de la Unión tuvo la idea
de excluir al Presidente de la República del control constitucional ya que en
el artículo 192 de la Ley de Amparo expresamente estableció que el Ejecutivo
Federal no podrá ser considerado autoridad
Artículo 192… Al ordenar la
notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico
de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el
apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su
titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad
“El diablo está en los detalles” dice el refrán y el
Congreso de la Unión está consciente de ello. Está pequeña disposición puede
tener fatales consecuencias, por ejemplo, de ahora en adelante todos los
juicios de amparo promovidos en contra del Ejecutivo Federal pueden ser
desechados de plano con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 y el
artículo 192 de la Ley de Amparo.
XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.
El Ejecutivo Federal, con la
nueva ley de amparo, bien puede concentrar facultades legislativas, ignorar la
constitución y los derechos humanos y no habrá forma de ampararse en su contra.
la Ley de Amparo debe “interpretarse” de forma armónica y que otras
disposiciones claramente demuestran que el Ejecutivo Federal si puede ser parte
en un juicio de amparo por ejemplo el artículo 9 que establece lo siguiente:
Art. 9… El Presidente de la República
será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que
expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha
representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en el Procurador
General de la República o en los secretarios de estado a quienes en cada caso
corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables.
A una postura así, habría que
1. El artículo 192 es claro, no requiere de una labor
2. Las otras disposiciones de la Ley de Amparo que sugieren que los actos el Ejecutivo Federal pueden ser impugnados en
el juicio de amparo, son el camuflaje perfecto para una dictadura. En algunas ocasiones se alegará
que nuestro juicio de amparo es efectivo pues la práctica demuestra que hay
casos en los que se ampara a los quejosos respecto del Presidente de la
República (casos que llamaré “tolerables”). Pero también habrá casos
“incómodos” en los que se aplicará el artículo 192 sin mayor discusión y no
tendremos otra opción más que soportar la arbitrariedad.
El escenario es desolador, ya que
el Poder Judicial en ocasiones es muy “benévolo”, Florence Cassez puede
atestiguarlo, pero otras veces es muy retrógrada veamos la contradicción de
tesis 293/2011 que prácticamente
contradijo la reforma constitucional más importante de nuestro país al
establecer que las restricciones a los derechos humanos deben prevalecer y no
así la disposición más favorable como lo establece el principio pro persona del
Para aquellos que piensan que las
instancias internacionales podrán ayudarnos habría que recordar:
1. Que esas mismas instancias internacionales fueron las que
premiaron a nuestra Suprema Corte de Justicia por su gran labor en la
2. Que el sistema interamericano está saturado, así que la justicia
en el mejor de los casos llegará demasiado tarde.
Finalizo este post con estas
ideas: el Poder Legislativo ya mostró sus cartas, y demostró su pleitesía al
Ejecutivo Federal. La pregunta que ahora cabría formular es: ¿El Poder Judicial
será cómplice de esta situación?