Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-125-de-febrero-28-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_0859736e58e74f58bfba6d87c03e6aee&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-17 03:37:43
Document Index: 340044046

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 13', 'artículo 376', 'artículo 310', 'artículo 79', 'artículo 58', 'artículo 669', 'artículo 793', 'artículo 905', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 229', 'artículo 13', 'artículo 12']

﻿ SENTENCIA T-125 DE FEBRERO 28 DE 2017
SENTENCIA T-125 DE 28 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:DERECHO A LA PROPIEDAD Y SU FUNCIÓN SOCIAL, Y LA FIGURA DE LA SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO COMO LIMITACIÓN AL DERECHO DE DOMINIO. SE PRECISA QUE SE PRESENTA UNA EVENTUAL INFRACCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR PARTICULARES EN SU CONDICIÓN DE PROPIETARIOS, POR LO QUE, CUANDO SE PRESENTAN ESAS CONTROVERSIAS SE REIVINDICA LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y EL DEBER DE SOLIDARIDAD QUE, COMO PAUTA DE COMPORTAMIENTO, MODELO DE CONDUCTA SOCIAL Y VALOR CONSTITUCIONAL VINCULA A TODOS LOS CIUDADANOS A OBRAR DE MANERAS QUE CONDUZCAN A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS FINES DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE RECUERDA QUE LAS SERVIDUMBRES DE TRÁNSITO COMO UNA EXPRESIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD QUE, ADEMÁS, CONTRIBUYE A MATERIALIZAR GARANTÍAS IUSFUNDAMENTALES COMO LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN Y, DEPENDIENDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO, LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA, A LA SALUD, AL TRABAJO Y A LA DIGNIDAD HUMANA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, SERVIDUMBRE, DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, ESTADO SOCIAL DE DERECHO, DERECHO A LA PROPIEDAD, FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD, SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBERES DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, FINALIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Sentencia T-125 de febrero 28 de 2017
Ref.: expediente T-5860923
1.1. Narró el señor Carlos Eudes que reside en Medellín, en el Barrio Manrique, pero posee un predio en el sector conocido como puente blanco, en la vereda El Rincón del municipio de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia. El predio ha sido habitado desde 2006 por su padre, el señor José Clímaco Suárez, de 73 años de edad. Actualmente lo habitan también su esposa, Omaira de Jesús Úsuga Guizao, y su hija de 13 años de edad, Karla Andrea Suárez Úsuga, quienes conviven actualmente con el señor José Clímaco para brindarle los cuidados que requiere en razón de su avanzada edad.
1.2. Explicó el señor Suárez que, desde hace poco más de diez años, la señora Nora Elena Garcés Maya, propietaria de la Finca Sinaí, y el señor Gustavo Garcés Maya, su administrador, cerraron con puertas y perros bravos la única vía de acceso al predio que habitan su padre, esposa e hija, la cual consiste en un camino público, como lo establece la escritura 2603 del 29 de noviembre de 1995(1). El camino ha sido la única vía de ingreso y salida de la zona durante más de 100 años. Su cerramiento, por lo tanto, dejó a su padre totalmente incomunicado.
1.3. En 2014, el peticionario le solicitó al Inspector de Policía y Tránsito de San Jerónimo citar al señor Gustavo Garcés para discutir la problemática. Aunque el funcionario procedió de conformidad el 17 de mayo de ese año, el señor Garcés no asistió a la diligencia. Ante la necesidad de que el señor José Clímaco accediera a su hogar, José Eudes construyó “un mecanismo artesanal de transporte para atravesar el río Aurra, teniendo en cuenta su peligroso caudal y su constitución rocosa, y así lograr ingresar y salir del predio”(2).
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo, Antioquia, admitió la tutela por auto del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que ordenó notificar a los accionados y vinculó a la actuación a la Inspección Municipal de Policía y Tránsito de San Jerónimo. En la misma ocasión, denegó la medida provisional solicitada, en tanto “es precisamente el objeto de la pretensión que se invoca en la tutela, amén de que no se evidencia urgencia, ni en general de la prueba aportada se evidencia perjuicio cierto e inminente”(3). En los términos procesales, los accionados se opusieron a la solicitud de amparo en los siguientes términos:
Respuesta de Gustavo de Jesús y Nora Elena Garcés Maya(4)
De otra parte, señaló que el predio que supuestamente ocupa el accionante “tiene construida una casa de recreo y actualmente se le está construyendo una piscina, cuenta con cancha de fútbol, construcción en material, a la cual han llegado los materiales para la construcción, ya que el inmueble cuenta con otra vía de acceso, la cual han usado desde que empezaron a poseer el bien de forma irregular (…) y que el inmueble solo es visitado los fines de semana y en temporadas, por lo que “no es tan clara la intención del accionante, cuando pretende crear mediante una acción de tutela una servidumbre de tránsito pasando por la mitad de la propiedad de mi hermana, ocultando la accesibilidad del bien que ocupa”(5). Alegó que el peticionario pretende es mejorar su posesión “a costa del deterioro de la propiedad de mi hermana, mediante una servidumbre de tránsito por la mitad de la casa, con lo que se afectaría la privacidad, la seguridad y el patrimonio económico, que son también derechos fundamentales tutelados por el legislador de rango constitucional”. No obstante, si cuenta con los medios para construir un bien suntuoso, como una piscina, también podría construir un pequeño puente para acortar la distancia a la vía principal, por el camino que siempre ha utilizado.
— Copia de su cédula de ciudadanía; de la de su padre, el señor José Clímaco Suárez, y de la tarjeta de identidad de su hija Karla Andrea, de trece años de edad.
— Copia de certificación notarial de la inscripción del acta de nacimiento de Karla Andrea Suárez Úsuga, hija de Omaira de Jesús Úsuga Guisao y Eudes de Jesús Suárez Ramírez(6).
— Copia de un certificado que da cuenta de que el señor José Clímaco está afiliado al Sisbén, en el nivel 1.
— Copia de la escritura pública de compraventa 2603 de noviembre 29 de 1995, a favor de la sociedad Nelly Garcés y Cia, de un “lote de terreno con mejoras de pastos, café, frutales, debidamente cercado; lo atraviesa un camino público, “El Tutuno” de la vereda del mismo nombre. Este camino viene desde puente blanco. El camino público da frente a la carretera principal de occidente, que de Medellín conduce a San Jerónimo y otros municipios”.
— Copia de declaración extrajuicio rendida por los señores Carlos Albertos Ríos y Margarita María Gómez Hernández, ante el Notario Segundo del Circuito de Medellín, el quince de diciembre de 2008, mediante la cual indican que el señor Carlos Eudes de Jesús Suárez Ramírez ha poseído de forma quieta y pacífica un lote con casa de habitación ubicado en San Jerónimo, Vereda Totuno.
— Copia del acta de audiencia dentro del proceso prejudicial de constitución de servidumbre y apertura de derecho real perturbado, llevada a cabo en la Inspección de Policía y Tránsito de San Jerónimo el 17 de mayo de 2014(7).
— Acta de recepción de declaración con fines extraproceso suscrita ante la Notaría Novena de Medellín, el seis de mayo de 2016, por Javier Antonio Herrera Osorio, de 64 años. El señor Herrera Osorio declaró, “en condición de propietario de lote de terreno denominado Tutuno, de la vereda El Rincón del municipio de San Jerónimo, Antioquia, existe desde hace más de 100 años un camino de servidumbre que conduce del municipio de San Jerónimo al municipio de San Pedro de Los Milagros, y que da acceso a mi propiedad y varias propiedades y que fue cerrado por el señor de nombre Gustavo Garcés”. El declarante expresó que adquirió su inmueble en un remate judicial y que el secuestre le mostró la servidumbre. Agregó que, de no permitírsele el acceso a través de la servidumbre, su propiedad sería un lote enclavado(8).
— Acta de recepción de declaración con fines extraproceso suscrita ante la Notaría Novena de Medellín, el siete de mayo de 2016, por Eleazar de Jesús Carmona e Inés Hernández Ramírez, de 65 y 66 años, respectivamente y de profesión portero vigilante y ama de casa. Expresaron que “un camino, que fue cerrado por un propietario de nombre Gustavo Garcés, de los inmuebles ubicados en la Vereda Viruelas parte alta y parte baja Tutuno Vereda El Rincón del municipio de San Jerónimo, teniendo salida hasta el municipio de San Pedro de los Milagros, somos conocedores que ese camino tiene una posesión de 100 años, que dicho señor condenó ese camino, teniendo en cuenta que varias personas hacemos uso de dicho camino, y no tenemos entrada ni salida hasta el municipio de San Pedro de Los Milagros, somos conocedores que ese camino tiene una posesión de 100 años, que dicho señor condenó ese camino y no tenemos entrada ni salida a nuestra propiedad y a varias propiedades”. Indicaron los declarantes que construyeron una “garrucha” para poder acceder a sus predios, lo cual genera peligro para menores de edad y adultos mayores(9).
— Acta de recepción de declaración con fines extraproceso suscrita ante la Notaría Novena de Medellín, el siete de mayo de 2016, por el accionante, Carlos Eudes de Jesús Suárez Ramírez, y Bernardo de Jesús Suárez Mona, de 49 y 55 años respectivamente. Expresaron que ambos trabajan en construcción, que viven en la ciudad de Medellín, y que el camino de acceso a sus propiedades fue cerrado por el señor Gustavo Garcés. Que el camino existe hace 100 años y varias personas lo usaban. No obstante, ahora no cuentan con entrada ni salida a sus propiedades, por lo que construyeron una “garrucha”, para poder acceder a ellas. Sin embargo, ello genera peligro para los mayores de edad y los adultos mayores.
— Fotografías que describen los hechos narrados en la solicitud de tutela(10).
— Informe técnico remitido por Edison Alexander García Godoy, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación del municipio de San Jerónimo, al personero municipal de San Jerónimo, en relación con “las posibles rutas para realizar el tránsito de los pobladores en el sector Puente Blanco de la vereda los Guayabos de la visita realizada con usted y otras personas de la comunidad el 12/05/16”. El informe recomienda “interponer los recursos jurídicos necesarios para rehabilitar el paso antiguo como franja de camino de aproximadamente un ancho 3 m y 250 m de longitud localizado en la vereda Los Guayabos y que colindaría con la señora Nora Garcés, predio con número catastral (…) y con el río Aurra, enunciado en el presente informe como la ruta 1”(11).
— Acta de inspección ocular, realizada por el Inspector de Policía y Tránsito de San Jerónimo el 24 de junio de 2016, para verificar la “pertinencia y seguridad que pueda tener una garrucha instalada por encima del río Aurra y que se ubica en el sector conocido como Puente Blanco”. Indica el acta que el “aparejo lleva a algunas familias de dicho sector desde el margen del río vereda Los Guayabos, sitio en el cual se ubican varias familias en las cuales hay personas de la tercera edad, niños y otros”(12) .
— Copias de facturas de servicios públicos del predio habitado por la familia del accionante(13).
— Copias de facturas de impuesto predial del predio habitado por la familia del accionante(14).
— Copias de la cédula de ciudadanía de los accionados.
— Copia de la escritura pública 403 de 1986, a través de la cual la accionada, Nora Elena Garcés Maya, adquirió el inmueble(15).
— Copia del documento a través del cual la señora Olga Corrales, anterior propietaria del predio que ahora pertenece a la señora Garcés Maya, enajena un derecho de tránsito al señor Augusto Montoya Correa(16).
— Copia de certificación de la Secretaría de Hacienda de Antioquia, del cinco de agosto de 1996, mediante la cual, en respuesta a una solicitud de “certificación y demarcación de la existencia o no de un supuesto camino llamado el Totuno”, formulada por el señor Gustavo Garcés, certificó que “consultada la plancha predial 130-IV-C1, correspondiente a la prediación rural del municipio de San Jerónimo no se encuentra demarcado ningún camino entre los predios 005,006, 008, 009, 010, 011, 013 y 014, correspondientes a la Vereda 027 El Guayabo. Tampoco se halla demarcado un camino que se llame El Totuno entre estos mismos predios”(17).
La procedencia formal de la solicitud de tutela
Para este caso, la Sala encuentra estructurada la tercera hipótesis de procedibilidad de la tutela contra particulares, esto es, la situación de indefensión en que se encuentran el señor José Clímaco y la menor Karla Andrea respecto de la actuación de los accionados. Dicho estado de indefensión se estructura, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, en razón de circunstancias empíricas que sitúan a una persona en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su voluntad, a pesar de que, en abstracto, el ordenamiento dispone de medios de defensa judicial para la protección de sus derechos e intereses. La Corte ha establecido que, en la práctica, “diversos factores de hecho, entre ellos la inacción de las autoridades públicas, pueden dar lugar a la desprotección y consecuente indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular”(18) y que, en ese sentido, debe ser el juez constitucional quien verifique si el accionante se encuentra en situación de indefensión respecto de quien se promueve la solicitud de amparo, en el contexto específico de las particularidades del asunto objeto de estudio.
15. La situación de indefensión, en este caso, se observa configurada en razón de la condición de sujetos de especial protección constitucional que ostenta cada uno de los peticionarios. Karla Andrea, ya se dijo, cuenta con 13 años de edad, lo que la hace destinataria de una protección especial derivada del interés superior que entraña la protección prevalente de sus derechos, al tenor del artículo 44 de la Carta. La Sentencia T-202 de 2012(19) indicó a ese respecto que, “cuando la acción de tutela ejercida en contra de un particular tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de un niño, el juez constitucional debe partir de la premisa de su procedencia y, por contera, corresponderá al particular demandando desvirtuar esta presunción mediante los medios probatorios adecuados. Sólo en aquellos eventos en los que el juez determine, a la luz del acervo probatorio, que el menor de edad cuyo amparo se pretende cuenta con otras posibilidades jurídicas o fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses, podrá considerar improcedente la acción”.
El señor José Clímaco Suárez, de 73 años, es destinatario también de una protección constitucional especial como adulto mayor, derivada del mandato de igualdad material del artículo 13 superior. La Corte ha establecido, en jurisprudencia reiterada, que aquellos individuos que como las personas de la tercera edad enfrentan posiciones de debilidad manifiesta, merecen una protección especial que, en este ámbito puntual, se materializa por vía de la flexibilización de la procedibilidad formal de la acción de tutela(20). Tal circunstancia corrobora que tanto José Clímaco, como Karla Andrea se ubican en situación de desventaja frente a los accionados, quienes, en ejercicio de su derecho de propiedad, habrían cerrado la vía de acceso de los primeros a sus viviendas. Los peticionarios, en suma, se encuentran en situación de indefensión frente a los señores Garcés Maya. De ahí que sea procedente la interposición, en este caso, de la tutela contra particulares. En esas condiciones, la legitimación por pasiva se encuentra también acreditada.
20. Entendiendo, entonces, que respecto de sujetos de especial protección constitucional como José Clímaco y Karla Andrea, el análisis de la procedibilidad formal de la acción de tutela se flexibiliza, y que la solicitud de amparo formulada por el señor José Eudes plantea un auténtico debate sobre derechos fundamentales que trasciende del debate que pueda darse en el escenario de un proceso de servidumbre de tránsito, como el contemplado en el artículo 376 del Código General del Proceso(21), la Sala constata que era esta vía excepcional, la de la acción de tutela, el escenario idóneo para resolver las pretensiones formuladas por el señor José Eudes Suárez. Así las cosas, estudiará el fondo de la acción constitucional objeto de estudio, que, como se anticipó, plantea un debate relativo a la eventual vulneración de los derechos a la integridad física y a la locomoción de José Clímaco y de Karla Andrea, por cuenta del cerramiento de la vía “El Totuno”.
Esta corporación advirtió desde sus inicios que el carácter fundamental del derecho a la libre locomoción tiene que ver, justamente, con que alude a la libertad “cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos”. La Sentencia T-518 de 1992(22) advirtió que la libertad de locomoción está consagrada en varios convenios y pactos internacionales(23) y que su carácter no es absoluto, pues se trata de un derecho susceptible de las restricciones que imponga el legislador.
La Sentencia T-257 de 1993(24) precisó más adelante que las limitaciones legales a la libertad de locomoción “pueden ser necesarias cuando el orden público se encuentre gravemente alterado” o justificarse “por razones de planeación rural o urbana, por motivos culturales o para proteger zonas de reserva natural”. El fallo recordó que la Constitución contempla un tratamiento especial para la circulación en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (artículo 310) y en las zonas de reserva natural (artículo 79) y restricciones derivadas de la propiedad privada (artículo 58) y de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas (artículos 319 y 330).
Justamente, sobre la base de las restricciones a la libertad de circulación en los territorios indígenas, el fallo denegó el amparo solicitado por una asociación evangélica que pretendía obtener un permiso para usar una pista área ubicada en las tierras de un resguardo indígena del Vaupés. La providencia indicó que la ubicación de la pista dentro del resguardo supeditaba su uso a la obtención del consentimiento de la comunidad concernida, a través de sus autoridades representativas, en razón de su condición de titular de la propiedad comunal indígena. La exigencia del consentimiento no comportaba, por lo tanto, una infracción de la libertad de locomoción de la asociación(25).
22. La Sentencia T-423 de 1993(26) descartó, después, que el cobro de una contraprestación por uso de una carretera privada vulnerara la libertad de locomoción de un grupo de contratistas de empresas carboníferas de la Guajira, que se consideraron afectados ante la imposibilidad de transitar esa vía para llegar a sus lugares de trabajo. El fallo estableció que los peticionarios no se encontraban en situación de indefensión frente a la accionada; que esta les impidió usar la carretera porque las compañías contratantes se negaron a contribuir a su mantenimiento y que, de todas formas, los accionantes contaban con plena libertad para utilizar la vía nacional, esta sí pública, para acceder a sus sitios de trabajo. En ese orden de ideas, concluyó que el amparo constitucional pretendido se apoyaba en una supuesta violación que, en realidad, era atribuible a los peticionarios y a las empresas que contrataron sus servicios.
23. La Sentencia T-036 de 1995(27) fijó reglas jurisprudenciales de especial relevancia para la solución de asuntos similares al que en esta ocasión convoca la atención de la Sala. El fallo estudió la tutela que promovieron dos personas de la tercera edad que vivían en un predio enclavado entre otros predios vecinos, sin acceso a la vía pública. Aunque contaban con una servidumbre de tránsito debidamente constituida y elevada a escritura pública, el propietario del bien sirviente les cerró el paso debido a que estaban valiendo de un burro de carga para transportar los víveres que cultivaban en su vivienda.
“Es un caso en el que cabe admitir, de manera excepcional, la exigibilidad directa del deber de solidaridad. Y entendemos la solidaridad, en este caso en particular, como aquella pauta de comportamiento conforme a la cual el accionado debió haber actuado al surgir el conflicto objeto de esta tutela. En la realidad práctica, se encontraba ante dos opciones de conducta: una primera consistente en cerrarles el paso a los accionantes para proteger su propiedad, y otra, la de permitirles el paso, que privilegia los derechos fundamentales de aquellos sobre el derecho de aquél a la propiedad. ¿Estaba facultado el demandado para optar por cualquiera de estas dos vías de acción? De acuerdo con la doctrina sobre los deberes constitucionales, la respuesta sólo puede ser un rotundo no. El deber de solidaridad que sobre él recae, le impelía a optar por la segunda opción. ¿Por qué razón? Porque la otra, la escogida finalmente por él y que implica obligar a los accionantes a tener que cumplir las funciones de bestias de carga, resulta violatoria de uno de sus derechos fundamentales: el de la dignidad humana, reconocida en el artículo primero de la Carta Política, y pilar de nuestro Estado social de derecho”.
El derecho a la propiedad y su función social. La figura de la servidumbre de tránsito como limitación al derecho de dominio(28)
25. El artículo 669 del Código Civil define el derecho de dominio como: “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella (…)”. Aunque en principio fue concebido como un derecho absoluto de su titular, la Constitución de 1991 le atribuyó trascendencia social, al atribuirle una función social y conceptualizarlo como un derecho que también genera obligaciones(29).
Las facultades derivadas del derecho de propiedad, pueden, por lo tanto, ser restringidas por el legislador para preservar los intereses sociales, respetando el nivel mínimo de uso y de explotación económica del bien. La Corte ha establecido, sobre ese supuesto, que “[l]a configuración legal de la propiedad, entonces, puede apuntar indistintamente a la supresión de ciertas facultades, a su ejercicio condicionado o, en ciertos casos, al obligado ejercicio de algunas obligaciones”(30).
26. La figura de la servidumbre, contemplada en el artículo 793 del Código Civil(31), es, justamente, una de esas limitaciones al derecho de dominio. En palabras de la Corte, la servidumbre opera como una carga que la ley o la naturaleza imponen a un predio que, por sus condiciones naturales, debe servirle a otro inmueble que pertenece a otro propietario(32). A las servidumbres de tránsito se refiere el artículo 905 del Código(33). Esta corporación, mediante Sentencia C-544 de 1997(34) determinó que dicha modalidad de servidumbre “fue concebida como un instrumento jurídico para autorizar el ingreso a un predio de propiedad privada para que otra persona diferente al dueño pueda ejercer los derechos derivados del dominio y la libertad de empresa sobre otro predio.” El fallo determinó que las servidumbres de esta naturaleza pueden imponerse aun si el predio objeto de la medida no se encuentra “totalmente” incomunicado. Para la Corte, supeditar la imposición de las servidumbres a tal exigencia podría comprometer derechos fundamentales y afectar, en general, “el interés público que supone la explotación eficiente de la propiedad privada”(35).
27. Las tensiones constitucionales a las que suele dar lugar el ejercicio del derecho de propiedad en el escenario de la imposición de servidumbres han sido advertidas por esta corporación en su jurisprudencia de revisión de tutela. La Sala se refirió, ya, a la Sentencia T-036 de 1995(36), que dio cuenta de la manera en que la restricción del uso de una servidumbre de tránsito podía comprometer el derecho a la dignidad humana de dos personas en situación de vulnerabilidad y confrontar el deber de solidaridad exigible de todos los ciudadanos en el ámbito del Estado Social de Derecho. Como se anticipó, los fundamentos de esa decisión han sido seguidos por decisiones posteriores que, valorando la situación particular de determinados sujetos vulnerables, han encontrado en la salvaguarda de los derechos fundamentales a la libertad de locomoción, a la integridad física y a la dignidad humana una limitación válida al ejercicio del derecho de dominio.
28. La Sentencia T-736 de 2013(37), por ejemplo, estudió el caso de una persona de 78 años de edad que solicitó proteger los derechos fundamentales que le fueron vulnerados tras el cerramiento de la servidumbre que usaba para salir de su predio, el cual se encontraba incomunicado a más de 500 metros de la vía principal. El accionante narró que el cerramiento del camino lo obligaba a cargar en su espalda el mercado que realizaba cada ocho días, desde la vía pública hasta su predio, y que, en ocasiones, al estar enfermo, no había podido recibir la atención en salud, porque el accionado impedía que cualquier vehículo ingresara para sacarlo de su predio. Expresó además que había perdido oportunidades de trabajo, pues ya no podía salir a cuidar ganado ni vender leche, porque el camión que la vendía en la zona ya no podía ingresar a comprársela.
29. Después, mediante Sentencia T-342 de 2014(38), la Sala Novena de Revisión protegió los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida e integridad personal y a la salud de una mujer de 85 años, paciente de Alzheimer. Su nieta, quien promovió la tutela en condición de agente oficiosa, relató que la vía de acceso que su abuela utilizaba para salir de su vivienda fue cerrada por la propietaria del predio objeto de la servidumbre. La agente oficiosa explicó que tal circunstancia afectada a la agenciada, en tanto la privaba de obtener la atención en salud que requería. La Corte le dio la razón. La Sentencia T-342 de 2014 indicó que, aun cuando el inmueble de la accionada no había sido gravado con servidumbre, las condiciones de especial vulnerabilidad que enfrentaba la agenciada impedían obstaculizarle el tránsito por el camino que del que se valía para salir de su vivienda, entre otras cosas, para acceder a sus tratamientos médicos. El fallo advirtió que, en virtud del principio de solidaridad, la única actitud admisible desde la óptica constitucional, al margen de la vigencia o no de la servidumbre, era la de permitirle que la actora viviera en condiciones dignas, recibiendo oportunamente los tratamientos médicos necesarios y la compañía de sus familiares que acudían a visitarla.
30. La Sentencia T-628 de 2016(39), de manera más reciente, protegió los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud, trabajo e igualdad de María de Jesús Flórez Ariza, una mujer de 78 años de edad que, además, había sido sometida de manera reciente a una intervención quirúrgica en su cadera. La tutela fue promovida porque los propietarios de un predio colindante instalaron mojones para impedir que el camino que había utilizado durante 30 años para ingresar a su vivienda tuviera tránsito vehicular. La actora expresó que, aunque los accionados permitían el tránsito de personas y de animales por la vía, la restricción al tránsito vehicular la afectaba, debido a su condición actual de salud.
35. El informe técnico que Edison Alexander García Godoy, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación del municipio de San Jerónimo, le remitió al personero municipal de San Jerónimo, indicó también sobre la situación de peligro al que se exponen quienes se movilizan la garrucha, toda vez que “el río Aurra es un río que riega la vertiente de San Jerónimo; su cauce se encuentra lleno de rocas que provienen en su mayor aspecto con diámetro de entre los 0.70 hasta los 5 m de longitud. Presenta alta probabilidad de corrientes y caudales altos por asociarse un gran área de la cuenca, además que dicho río sirve para evacuar las aguas de varias quebradas y arroyos que se encuentran aguas arriba”(40).
1. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo, Antioquia, en tanto declaró improcedente la solicitud de amparo formulada por el señor José Eudes Suárez y, en su lugar, AMPARAR, de manera transitoria, los derechos fundamentales a la integridad física y a la libertad de locomoción de José Clímaco Suárez y de Karla Andrea Suárez.
2. ORDENAR a los señores Gustavo y Nora Elena Garcés Maya, en su condición de administrador y propietaria de la Finca El Sinaí, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha en que les sea comunicada esta decisión retiren todos los obstáculos (puerta y perros bravos) y adopten las medidas encaminadas a garantizar que la comunidad del municipio de San Jerónimo pueda transitar a través del camino ubicado dentro de su propiedad que conduce desde el sector de puente blanco, hacia la vereda Los Guayabos.
3. ADVERTIR al señor José Eudes Suárez que los efectos de esta sentencia se mantendrán mientras las autoridades judiciales competentes deciden de forma definitiva sobre la solicitud de declaración de servidumbre que deberá promover, en caso de no haberlo hecho ya, dentro de un plazo perentorio de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de la comunicación de esta providencia. Los efectos de esta decisión expirarán si transcurre dicho término sin que se haya promovido el proceso.
4. SOLICITAR a la Personería Municipal de San Jerónimo y a la Defensoría del Pueblo, Regional Córdoba, que asesoren y acompañen al señor José Eudes Suárez en la interposición y el trámite de un proceso declarativo de servidumbre sobre la Finca El Sinaí, para efectos de la continuidad de la protección concedida en este asunto. Para esos efectos, por Secretaría General, remítaseles copia de la presente providencia.
5. SOLICITAR al Juzgado Promiscuo Municipal de San Jerónimo, Antioquia, que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la comunicación de esta providencia, remita a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional un informe sobre el cumplimiento de la presente decisión.
Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento parcial de voto.
1 La escritura indica: “lo atraviesa un camino público denominado El Totuno, de la vereda del mismo nombre. Este camino viene desde puente blanco. El camino público da frente a la carretera principal de occidente, que de Medellín conduce a San Jerónimo y otros municipios”. Luego señala que “la parte compradora (…) queda con derecho a transitar en automotor por el camino denominado el Totuno, que arranca de Puente Blanco, bordeando el río Aurra y luego voltea hacia la izquierda para continuar por el camino que pasa por el inmueble (…) finca El Sinaí, pasando por el frente de la casa, pues el camino atraviesa la Finca El Sinaí y luego llega al lote cuya posesión material estoy vendiendo (…). Este camino El Totuno continúa bordeando el río Aurra arriba, hasta encontrar la vereda Viruelas y sigue hasta morir en el municipio de San Pedro”.
2 Folio 42 del expediente principal.
3 Folio 61 del cuaderno principal.
4 Folios 72 a 76 del cuaderno principal.
5 Folio 73 del cuaderno principal.
6 Folio 3 del cuaderno principal.
7 El documento, obrante a folio 9 del cuaderno 1 del expediente de tutela, indica que los señores Gabriel Jairo Ángel Bernal, Jaime Radi Londoño y Carlos Eudes de Jesús Suárez Ramírez “pidieron la presencia del señor Gustavo Garcés dentro de la presente litis, quien según los denunciantes había efectuado el cierre de una presunta servidumbre desde hace varios años”. Se indica en el acta que, tras esperar al señor Garcés por 20 minutos, “se asesoró a los interesados y se les indicó que habiendo trascurrido un término superior a los seis meses desde el momento de la existencia de la perturbación, había originado la caducidad para que este despacho accediera en su petitum, sin embargo, se otorgó a estos la libertad para que acudieran ante la jurisdicción civil ordinaria y adelantaran el trámite legal que permitiera la constitución de la servidumbre que advierten ellos fue cerrada por el señor Gustavo Garcés”-
8 Folio 10 del cuaderno principal.
9 Folio 13 del cuaderno principal.
10 Folios 16 a 27 del cuaderno principal.
11 Folios 28 al 32 del cuaderno principal.
12 Folios 33 y 34 del cuaderno principal.
13 Folios 36 y 37 del cuaderno principal.
14 Folios 35 y 38 del cuaderno principal.
15 Folio 79 a 81 del cuaderno principal.
16 Folio 82 del cuaderno principal. El documento, presentado ante notario el 4 de febrero de 1987, hace constar que la señora Corrales de Hincapié recibió del señor Augusto Montoya Correa quinientos mil pesos, por el derecho a transitar “un vehículo automotor por la carretera que pasa por la finca El Tutuno y hacia la finca El Sinaí, ambas situadas en El Porvenir, jurisdicción de San Jerónimo”.
17 Folio 85 del cuaderno principal.
18 Sentencia T-210 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada, entre otras, en las sentencias T-473 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-342 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
19 M.P. Jorge Iván Palacio.
20 Sobre este aspecto en particular, indicó la Sentencia T-1093 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva): “(…) el artículo 1 de la Constitución Política identifica al Estado colombiano como Social de Derecho. Este principio se proyecta de forma inmediata en los incisos 2º y 3º del artículo 13 superior, los cuales ordenan la superación de las desigualdades materiales existentes, la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, la adopción de medidas positivas en favor de grupos discriminados o marginados, y la salvaguarda reforzada de aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Adicionalmente, el artículo 229 superior garantiza el derecho de toda persona a acceder en igualdad de condiciones a la administración de justicia. Debido a lo anotado en precedencia, cuando la acción de tutela es presentada por personas de especial protección constitucional, el juez debe: (i) efectuar el análisis de procedibilidad formal bajo criterios amplios o flexibles dada la tutela reforzada que la Carta concede en favor de estos colectivos y, (ii) tomar en cuenta que aún dentro de la categoría de personas de especial protección constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección”.
21 ART. 376.—Servidumbres. En los procesos sobre servidumbres se deberá citar a las personas que tengan derechos reales sobre los predios dominante y sirviente, de acuerdo con el certificado del registrador de instrumentos públicos que se acompañará a la demanda. Igualmente se deberá acompañar el dictamen sobre la constitución, variación o extinción de la servidumbre. No se podrá decretar la imposición, variación o extinción de una servidumbre, sin haber practicado inspección judicial sobre los inmuebles materia de la demanda, a fin de verificar los hechos que le sirven de fundamento. A las personas que se presenten a la diligencia de inspección y prueben siquiera sumariamente posesión por más de un (1) año sobre cualquiera de los predios, se les reconocerá su condición de litisconsortes de la respectiva parte. Al decretarse la imposición, variación o extinción de una servidumbre, en la sentencia se fijará la suma que deba pagarse a título de indemnización o de restitución, según fuere el caso. Consignada aquella, se ordenará su entrega al demandado y el registro de la sentencia, que no producirá efectos sino luego de la inscripción.
PAR.—Si el juez lo considera pertinente, adelantará en una sola audiencia en el inmueble, además de la inspección judicial, las actuaciones previstas en los artículos 372 y 373, y dictará sentencia inmediatamente, si le fuere posible.
22 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
23 “Entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), cuyo artículo 13 señala que “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968, que en su artículo 12 indica: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...”. Añade esta última declaración que el enunciado derecho y los que con él se relacionan “No podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto””.
24 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
25 “A su vez, la propiedad también es un deber porque tiene una función social. b) Para los terceros, es un deber respetar la propiedad ajena (art. 95.1) y no circular por ella sin el consentimiento del propietario. Así pues, la decisión de la Aeronáutica Civil de exigir el consentimiento de la comunidad —por conducto de su representante legal—, para la operación de la pista Yutica-Yapima, en su carácter de dueño, se fundamenta en las disposiciones constitucionales, legales y en los pactos internacionales”.
26 M.P. Vladimiro Naranjo.
28 En este punto, la Sala se apoya en la línea jurisprudencial que, sobre el tema, fijó la Sentencia T-342 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
29 ART. 58.—Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.
30 Sentencia T-427 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
31 ART. 793.—“Modos de limitación”. El dominio puede ser limitado de varios modos:
32 Sentencia C-544 de 1997, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
33 ART. 905.—“Derecho a servidumbre de tránsito”. Si un predio se halla destituido de comunicación con el camino público, por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio.
35 El fallo indicó que es posible imponer limitaciones al derecho de propiedad no solo si ello es necesario para garantizar el interés general o público, sino también cuando se evidencia una afectación a los derechos fundamentales de los particulares, siempre que se respete el núcleo esencial del mismo, que, como se vio previamente, consiste en los niveles mínimos de uso, disposición y explotación económica del bien.
37 M.P. Alberto Rojas Ríos.
39 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
40 Folio 31 del cuaderno principal.