Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=636199
Timestamp: 2019-05-21 07:43:15
Document Index: 104506610

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 3', 'artículo 64', 'artículo 50', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 71']

Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°91
PRÓRROGA PARA INSTALACIÓN DE POSICIONADOR SATELITAL EN EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES
PROYECTO DE ACUERDO, DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y GIRARDI, SEÑORAS ALLENDE, GOIC, MUÑOZ, PÉREZ SAN MARTIN, VAN RYSSELBERGHE Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, BIANCHI, COLOMA, DE URRESTI, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, HARBOE, HORVATH, LAGOS, LARRAÍN, LETELIER, MATTA, MONTES, MOREIRA, NAVARRO, ORPIS, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI, TUMA, WALKER, DON IGNACIO, WALKER, DON PATRICIO Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE REMITA UNA INICIATIVA DE LEY CON EL FIN DE CREAR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (S 1.799-12)
Sesión 91ª, en martes 27 de enero de 2015
(De 12:17 a 13:54)
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Acuerdo de Vida en Pareja (7.873-07 y 7.011-07, refundidos) (se rechazan las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta)¿¿¿¿¿¿¿...............................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la entrada en vigencia de la obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático en el mar, respecto de embarcaciones pesqueras artesanales (9.772-21) (se aprueba en general y en particular)....¿¿¿¿¿¿¿¿...
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto.
--Se abrió la sesión a las 12:17, en presencia de 14 señores Senadores.
Con el primero retira la urgencia para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, y el decreto ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (boletín Nº 9.624-08).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", de las iniciativas que se señalan a continuación:
1.- Proyecto de ley que perfecciona normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud (boletín N° 9.865-11).
2.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica (boletín N° 9.287-06).
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.995 y el Código Civil al objeto de establecer medidas de restricción en los casinos de juegos para las personas que padecen ludopatía (boletín Nº 9.507-06).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura (boletín N° 9.864-21).
Informa su ausencia del territorio nacional entre los días 27 y 31 del mes en curso, conforme al itinerario que consulta sendas visitas oficiales: primero, entre los días 27 y 29, a San José, República de Costa Rica, para participar en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y segundo, entre los días 29 y 31, a la ciudad capital de la República de Guatemala.
Hace presente, además, que la subrogará durante su período de ausencia el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Peñailillo Briceño, con el título de Vicepresidente de la República.
Con el primero informa que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 19.995 y el Código Civil en orden a establecer medidas de restricción en los casinos de juegos para las personas que padecen ludopatía (boletín Nº 9.507-06) (con urgencia calificada de "simple").
Con el segundo comunica la aprobación del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de jornada laboral en días domingos y festivos (boletín Nº 9.386-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Emite su parecer, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, sobre la enmiendas que el Senado introdujo en la letra e) del número 2) del artículo 3º del proyecto de ley que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9.366-04).
De los Senadores señores Chahuán y Girardi; señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar, con el que le solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que remita una iniciativa de ley a fin de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología (boletín Nº S 1.799-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la reunión de Comités de esta tarde terminaremos de revisar la propuesta de la Mesa sobre el criterio que adoptaremos en materia de proyectos de acuerdo.
Como ya se mencionó en la Sala, debemos tener en cuenta parámetros más ordenadores y un poco más restrictivos para ver qué documentos se tramitan como oficios y cuáles como proyectos de acuerdo, ya que se está presentando un número excesivo de proyectos de acuerdo, lo cual incluso está disminuyendo el valor de este mecanismo.
Según dije, vimos este asunto esta mañana en Comités, pero concluiremos la revisión esta tarde, a fin de efectuar una propuesta a la Sala.
1.- Tratar durante la presente sesión extraordinaria las enmiendas al proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja y autorizar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para dar un informe oral.
2.- Convocar a sesión extraordinaria para mañana, miércoles 28 de enero, de 10 a 14, al objeto de tratar asuntos de la tabla.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento relativo a las enmiendas de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos. 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
--Conforme a lo acordado por los Comités, queda para la tabla de la presente sesión.
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el acuerdo de vida en pareja, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.873-07 y 7.011-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
1) Del primer proyecto (7.873-07), se da cuenta en sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011.
2) Del segundo proyecto (7.011-07), se da cuenta en sesión 30ª, en 29 de junio de 2010.
En tercer trámite, sesión 89ª, en 21 de enero de 2015.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Hacienda: sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 91ª, martes 27 de enero 2015.
Sesión 81ª, en 18 de diciembre de 2013 (queda para segunda discusión); 83ª, en 7 de enero de 2013 (se aprueba en general); 50ª, en 30 de septiembre de 2014 (discusión en particular pendiente); 52ª, en 7 de octubre de 2014 (se aprueba en particular).
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Honorable señor Harboe.
Señora Presidenta, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en sesión de esta mañana, rechazó por la unanimidad de sus integrantes (Senadores Araya, Espina, Larraín, Montes y quien habla) la totalidad de las enmiendas que la Cámara de Diputados introdujo al proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos 7.011-07 y 7.873-07, refundidos).
Dicho órgano técnico estimó, en concordancia con el Ejecutivo, que era indispensable constituir una Comisión Mixta para volver a considerar el texto de diversas disposiciones, tales como las relativas a causales de término del contrato; nombre de la figura jurídica; efecto y estatuto de los matrimonios celebrados en el extranjero entre personas del mismo sexo; régimen de administración de bienes; reglas de sucesión aplicables a los contrayentes del acuerdo; regulación de los derechos del conviviente civil para reclamar indemnización en los casos que se indican; determinación del tribunal competente para resolver las materias vinculadas al contrato, y reglas sobre cuidado personal de los niños.
A la sesión en que la Comisión trató este asunto concurrieron, además de sus integrantes, el Ministro Secretario General de Gobierno, don Álvaro Elizalde, quien fue acompañado por su asesor jurídico, don Pascual Sanhueza.
Asimismo, escuchamos a los profesores de Derecho Civil señores Eduardo Court y Pablo Urquízar.
En virtud de todas esas razones, la Comisión de Constitución, por la unanimidad de sus miembros, recomienda a esta Sala rechazar las enmiendas introducidas por la Cámara Baja al proyecto que crea el acuerdo de vida en pareja.
Señora Presidenta, lo que explicó el señor Presidente de la Comisión de Constitución es suficiente.
La Cámara de Diputados introdujo una serie de modificaciones al proyecto del Senado sobre AVP. Entre ellas, la de cambiar su nombre por "PACTO DE UNIÓN CIVIL" y algunas bastante cuestionables. Las menores (de redacción, en fin) mejoran el texto, pero otras merecen una discusión más fina.
Eso exige rechazar las enmiendas de la Cámara Baja y, por tanto, la formación de una Comisión Mixta para zanjar las diferencias.
Debo recordar que el texto del Senado, si bien no fue producto de acuerdos unánimes en todas las disposiciones, emanó de un trabajo bastante completo y serio, especialmente en aspectos jurídicos que ahora la otra rama del Parlamento quiere enmendar, al parecer sin explicación razonable.
Por eso, señor Presidente, compartimos la conveniencia de desestimar los cambios que introdujo la Cámara de Diputados y autorizar a nuestra Comisión de Constitución para que represente al Senado ante la Comisión Mixta que deberá constituirse de concretarse el rechazo.
Si le parece a la Sala, aprobaremos la recomendación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en cuanto a rechazar las enmiendas de la Cámara de Diputados para que el proyecto vaya a Comisión Mixta.
Debe ponerse en votación la recomendación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en orden a rechazar las modificaciones de la Cámara de Diputados.
Quienes están de acuerdo con el informe de la referida Comisión votan que sí.
--Se aprueba el informe de la Comisión de Constitución, que propone rechazar las modificaciones de la Cámara de Diputados (19 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic y Van Rysselberghe y los señores Araya, Espina, Harboe, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Conforme al Reglamento, los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la entrada en vigencia de la obligación de instalar en embarcaciones pesqueras artesanales dispositivos de posicionamiento automático, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.772-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 88ª, en 21 de enero de 2015.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 89ª, en 21 de enero de 2015.
El objetivo de esta iniciativa es prorrogar por única vez, hasta el 9 de agosto de 2015, inclusive, el plazo para hacer exigible la obligación de las embarcaciones artesanales contenida en el artículo 64 B de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por 4 votos a favor (Senadores señoras Van Rysselberghe, Muñoz y Goic y señor Quinteros) y una abstención (Senador señor García-Huidobro).
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 5 del informe.
Señora Presidenta, este proyecto, que se inició en moción en la Cámara de Diputados, tiene como finalidad prorrogar el cumplimiento de la norma, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, que establece un sistema de posicionamiento satelital básicamente, de un lado, para fiscalizar la ubicación de las embarcaciones en comento -estamos hablando de naves con eslora del orden de 18 metros, que es el límite máximo en el caso de la pesca artesanal-, y de otro, por motivos de seguridad.
Algunos sectores han sido renuentes a instalar dicho dispositivo, por diversas razones, pero esencialmente la económica.
El objetivo del posicionador satelital es impedir el ingreso de embarcaciones a zonas donde no están autorizadas para pescar.
Una de las características de la actividad pesquera es la de que quienes la desarrollan deben enmarcarse dentro de los límites establecidos. De manera que el dispositivo en comento es indispensable para el ejercicio de las labores de fiscalización y para, en caso de accidente, ubicar a las naves y su tripulación.
Han pasado poco más de dos años desde que se aprobó la ley que impuso la obligación en comento, cuyo cumplimiento está previsto para el 9 de febrero próximo. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se presentó este proyecto para prorrogar su entrada en vigencia hasta la reposición de ciertos recursos.
A mi entender, lo razonable es lo que permite compatibilizar, por una parte, el cumplimiento de la referida obligación en un plazo no superior a seis meses, y por otra, el acatamiento definitivo de ella por todos. No es admisible que algunas embarcaciones continúen evadiendo la fiscalización y vulnerando zonas a las que no pueden acceder porque la autorización de pesca no lo permite.
Señora Presidenta, aunque soy un tanto renuente a otorgar un término mayor para el cumplimiento de la norma legal pertinente, acepté (también lo hicieron los pescadores de la Novena Región, en especial los de Queule) la fijación de un plazo fatal: no hay más prórroga.
En ese entendido, creo que haremos una contribución al darles certeza a los sectores de la pesca artesanal en cuanto a que deben contar con posicionador satelital y al permitirle al Estado preparar con antelación cuanto sea menester para la fiscalización respectiva.
Por tanto, señora Presidenta, voy a votar favorablemente, en el entendimiento de que pondremos un plazo fatal.
Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe, Presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Y lamento que la señora Senadora no se haya inscrito, pues siempre les damos preferencia para hablar a quienes presiden nuestros órganos técnicos.
No se preocupe, Su Señoría.
Señora Presidenta, este proyecto tuvo origen en una moción que se presentó en la Cámara de Diputados, y surgió porque el plazo para la instalación de posicionadores satelitales a las embarcaciones vence dentro de un par de semanas y aquella aún no se concreta.
Tampoco se ha hecho en forma adecuada el trabajo de negociar entre las distintas regiones para posibilitar que las embarcaciones, sobre todo las dedicadas a la pesca pelágica de sardina y anchoveta, se movilicen.
La sardina y la anchoveta no son propias de una zona determinada. Los peces tienen cola y se mueven, y, por lo tanto, pasan a las Regiones contiguas. Es necesario, entonces, generar las negociaciones respectivas, que tienen que ser facilitadas por la Subsecretaría de Pesca para que la actividad se pueda desarrollar pacíficamente.
La verdad es que existe un conflicto, porque se han presentado situaciones en que pescadores artesanales de la Región del Biobío han pasado ilegalmente a la Séptima Región, pero los de esta última los han agarrado a balazos, de manera que es preciso arreglar y regularizar la situación. Llamo a la Subsecretaría a jugar el rol activo a que he hecho referencia.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se contemplan seis meses? Por ser un plazo razonable y, además, por coincidir con el período de pago de las patentes pesqueras, monto del cual los aparatos pueden ser descontados. Por la misma razón, el aspecto económico ya no podría ser una excusa con relación al siguiente vencimiento.
Así que creo que realmente en esta forma se resolvería una dificultad y se mantendría la fiesta en paz. Ello permitiría contar con el tiempo necesario para que la Subsecretaría ayudara en las negociaciones a fin de poder abrir las macrozonas y de que los pescadores trabajen adecuadamente.
Puede intervenir el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente, la idea de instalar un posicionador satelital en embarcaciones artesanales forma parte de una iniciativa que presenté hace más de diez años en esta Corporación, la que en ese minuto fue rechazada. La reiteré, junto al entonces Senador señor Naranjo, en 2009 y nuevamente no prosperó. Y finalmente se incorporó en la ley de pesca aprobada en 2013.
¿Por qué hemos estado formulando la petición respecto de las embarcaciones de pesca artesanal de más de doce metros de eslora? Por una razón muy simple, que ya explicaba la Honorable señora Van Rysselberghe, Presidenta de la Comisión. Lamentablemente, en áreas colindantes se registra una permanente violación de los límites dentro de los cuales los pescadores pueden hacer uso de su derecho. Y lo que ha ocurrido durante demasiados años es que, en el caso de nuestra Séptima Región, en particular en el Maule sur, nos hemos visto afectados por la invasión de flotas de pescadores artesanales del Biobío, no una vez ni ocasionalmente, sino en forma permanente.
Ello importa una competencia desleal, porque se trata de embarcaciones de mayor tamaño que las que operan en nuestra zona, pertenecientes a pescadores con menos recursos, quienes se ven violentados por la forma como abusan los de la Octava Región.
Juzgo que el posicionador es la única manera de evitar el problema, porque lo que ha sucedido en estos años es que cada vez que tienen lugar las invasiones se llama a la capitanía de puerto en Constitución, que carece de medios estables para poder verificar rápidamente los hechos, y cuando logra llegar, los responsables ya se han ido. Y si se logra capturar a alguno, finalmente se cursa una multa irrisoria. Entonces, los pescadores artesanales de la Séptima Región y, en particular, los del Maule sur se sienten permanentemente afectados en sus derechos.
El aparato se instaló en las naves de pesca industrial precisamente para evitar que este sector abusara en los límites reservados a la pesca artesanal y fue muy eficaz, porque permitió la fiscalización necesaria y, por esa vía, terminar con dicho exceso.
No veo por qué, cuando ha mediado ya más de un año y medio de anticipación para tomar las medidas conducentes a que en febrero se cuente con el posicionador, a última hora se quiere postergar de nuevo este deber y seguirles facilitando la vida a pescadores que invaden el territorio pesquero de otros. Eso me parece injusto. No observo ninguna explicación para el proyecto, por lo tanto. Llevamos demasiado tiempo esperando que la medida se haga realidad.
En estos días he sostenido conversaciones con varios dirigentes pesqueros de mi zona, y no hay ninguno que no se considere pasado a llevar por lo que significa la postergación.
Nos costó muchos años lograr la instalación. La discusión es antigua. Y los pescadores artesanales están notificados hace mucho rato de que ello iba a ocurrir tarde o temprano. Cuando se aprobó la ley de 2013 se les dio un año y medio para cumplir. ¿Por qué piden ahora seis meses más? No hay explicación.
Considero, en representación de los pescadores artesanales del Maule sur -y creo que también de los de todo Maule y de muchas otras Regiones que sufren la situación-, que la única solución es que se instale el posicionador satelital en aquellas embarcaciones con las que se acostumbra invadir territorios ajenos.
Efectivamente, la impotencia ha llevado, en algunos casos, a respuestas violentas. Y precisamente eso es lo que queremos evitar. Si media uno de estos aparatos, se va a poder registrar quién invadió aguas de pesca de otros y sancionar como corresponde, sin reacciones desesperadas de quienes ven invadida su zona. Las cuotas asignadas a nuestros pescadores son insuficientes para poder subsistir todo el año, y cuando vienen otros que les quitan la comida de la boca, la cuestión se torna todavía muchísimo peor.
Los pescadores artesanales del Biobío se hallan en una situación económica muchísimo más holgada. Son pequeños industriales, para los efectos de una comparación con los de nuestra Región, quienes verdaderamente son hombres muy esmerados y de posibilidades económicas muy limitadas.
Por eso, estimo justo defender los derechos de estos últimos, y estoy seguro de que si la Sala tiene a bien considerar a quienes están siendo pasados a llevar por la aprobación de la iniciativa, va a rechazarla.
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Informe de las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Señor Presidente, como lo han dicho algunos colegas que me han precedido en el uso de la palabra, este es un asunto que discutimos con mucha fuerza al modificarse la ley de pesca hace ya casi dos años.
Y como bien se ha recordado, el posicionador satelital primero se introdujo respecto de las embarcaciones industriales, traduciéndose en un efecto bastante positivo en cuanto a impedir que ellas invadieran los sectores reservados a la pesca artesanal.
La obligación de instalar el dispositivo también se estableció por accederse desde otras Regiones a una contigua y provocar un daño a dicha actividad.
El plazo contemplado para la medida está por vencer y se pide una prórroga.
Ya se ha hecho referencia a la situación de los pescadores artesanales en la Séptima Región. El asunto que nos ocupa es uno de los más importantes sometidos a debate y ha originado peticiones. Y precisamente se nos ha hecho presente que, con la escasez actual producto de las cuotas asignadas, la invasión de algunos pescadores de otras Regiones les acarrea a los primeros, muchas veces, un desmedro.
Por eso, estimo que debiera haberse cumplido dentro del plazo. El proyecto seguramente se va a aprobar, pero la realidad es que resulta muy importante resolver la cuestión. En la Región Maule Norte hubo incidentes violentos ante embarcaciones que invadían el territorio correspondiente a los pescadores locales. Esta es la razón por la cual uno no puede estar de acuerdo con la prórroga.
Comprendemos las razones que se han dado en la Comisión y que hemos leído en el informe, pero se requiere una solución.
Sobre todo, sucede que, en lugar de las embarcaciones de 12 metros de eslora, con motor fuera de borda, típicas del pescador pequeño, algunos tienen otras de 18 metros o más y son los que a menudo incurren en la depredación del recurso correspondiente a los pescadores artesanales de la Región que uno representa.
Deseo reclamar en el sentido de que es preciso hacer cumplir la obligación de que se trata, porque es la única manera de mitigar en parte la situación, muy delicada, que enfrenta el sector en la Séptima Región.
Señora Presidenta, estimados colegas, tiendo a compartir el sentimiento manifestado por el Senador señor Larraín en el sentido de que es muy importante la instalación del posicionador y respetarla.
A mí me duele mucho escuchar ciertos argumentos sobre el dispositivo. Porque esta es una discusión antigua.
Ya se expuso que la medida se les aplicó a los industriales. El problema con los pescadores artesanales -y digamos las cosas como son- es que por un lado están los boteros, que son los más, en términos numéricos, pero por el otro se hallan los que tienen otro tipo de embarcaciones, de 18 metros, que son armadores industriales. El ancho depende, porque algunos recurren a lanchas que parecen cáscaras de nuez para extraer la mayor cantidad de recursos.
Me cuesta mucho aceptar el argumento de que el posicionador es muy caro. Entiendo que hay dificultades en la actividad, en general, desde que se aprobó la modificación de la Ley General de Pesca. Las decisiones actuales dicen relación con un Consejo no condicionado por el ciclo de la política, sino más bien por los informes científicos relativos a cuánto se puede extraer. Tomamos tal determinación, como país, porque queremos defender esta industria y que tenga larga vida, para lo cual es preciso restringir el esfuerzo respecto de los recursos. Pero en la legislación que se fue creando también es muy importante que los de una Región no invadan a otras. Esta es la razón del dispositivo. Es decir, la idea es que aquellos a quienes el país les da una licencia para extraer respeten la ley.
¿Por qué es necesario el posicionador? Porque algunos violan la ley, invaden la milla de los boteros y se meten en zonas contiguas que no les corresponden. Muchas razones explican por qué se necesita el instrumento.
Los argumentos en favor de la prórroga son bien discutibles hasta ahora.
Como representante de la Región de O'Higgins, puedo decir que es evidente -y no quiero ofender a nadie- que las estadísticas de venta de merluza en la Séptima Región presentan una dificultad grave, porque se comercializa más de lo correspondiente a su cuota. Existe un tremendo problema de cifras negras.
Y ello también pasa en la Octava Región, donde se ejerce la mayor presión para sacar adelante la norma en examen y quieren seguir con margen para salir de su zona. Lo que sucede es que están capturando más allá de lo procedente.
Vivimos tiempos delicados en la actividad. Las pesquerías están sobreexplotadas. Necesitamos tomar conciencia de ello si queremos seguir siendo un país pesquero con sustentabilidad.
Los instrumentos de fiscalización son fundamentales.
Me sentiría más cómodo en la aprobación si se contemplara otro artículo: el que no cuente con el posicionador o lo manipule pierde de por vida el derecho a la pesca. Debería existir una norma clarita en tal sentido. Porque están los que han invertido y puesto el posicionador y cumplen; pero otros son semipiratas que abusan por su capacidad de presionar. Tengo la impresión de que necesitamos establecer reglas precisas, parejas, y le pido a la Mesa consultar si existe la unanimidad de la Sala para incluir una indicación en el sentido expuesto.
Está bien, daremos seis meses más para la instalación del instrumento de medición, pero que se sepa que a quien le falte o lo intervenga no podrá seguir capturando recursos pertenecientes, en última instancia, a todos los chilenos.
A continuación se encuentra inscrito el Senador señor García-Huidobro, a quien le consulto si puede ceder su lugar al Honorable señor Horvath, quien me lo solicitó especialmente, porque tiene que presentar un libro en la Biblioteca.
Le agradezco a Su Señoría.
Señora Presidenta, el posicionador satelital siempre ha sido polémico. De hecho, cuando en 1995 el Gobierno intentó plantearlo, el Consejo Nacional de Pesca se opuso. Finalmente tuvimos que presentarlo como una iniciativa parlamentaria.
Y conviene destacar, de alguna manera, las discusiones verificadas en la época para tratar de impedirlo, en las que se esgrimían argumentos como que era muy caro, que iba a complicar las faenas, en fin.
En ese momento, la iniciativa legal -estoy haciendo referencia a la ley N° 19.521- apuntó a la instalación del aparato en las naves industriales para efectos de control y evitar que entraran en áreas de otros sectores y a las cinco millas y al mar interior de la zona austral. Porque uno veía cómo los pescadores artesanales calaban sus artes de pesca y registraban ingresos de naves ilegales -incluso les rompían sus aparejos- y después la autoridad no tenía ninguna manera de comprobar que ello había ocurrido.
Pero esa es una parte de lo relativo al posicionador satelital. La otra es la seguridad.
Antes de la colocación del dispositivo en las naves industriales las localizaciones se daban por radio: los famosos QTH. Y muchas de ellas eran en tierra. Se registraron incluso choques entre naves industriales por encontrarse mal ubicadas.
Por lo tanto, la instalación de este instrumento tiene varias facetas y numerosos beneficios. Desde luego, favorece a las naves que actúan en las áreas que les corresponden y lo hacen legalmente. Por ende, una prórroga solo puede beneficiar a quienes no están pescando en los lugares que les han asignado.
Pienso que ha habido plazo en demasía para instalar posicionadores en las naves artesanales de entre 12 y 18 metros de eslora o largo con el objeto de evitar que se pasen a las zonas vecinas y no cumplan con los acuerdos que hayan firmado.
Es por ello que nuestros objetivos deben apuntar a proteger la actividad legal, el cuidado de los recursos naturales y la seguridad en la mar. Me parece que estos son elementos claves que debemos tener en cuenta al momento de emitir nuestro voto.
Por tales razones, me opongo a cualquier prórroga en la entrada en vigencia de una obligación que fue advertida con mucha anticipación. Además, existe un compromiso del Estado en la línea de cofinanciar la instalación del instrumento -que cada vez es más expedito-, de modo que los pescadores artesanales tampoco tendrán que meterse la mano al bolsillo, aunque sí hacerse cargo de su operación, que significa una fracción bastante menor, con beneficios muy importantes.
Por ello, señora Presidenta, votaré en contra.
Antes de ofrecer la palabra al Senador señor García-Huidobro, que es el siguiente inscrito, propongo a la Sala abrir la votación y pasar a la fundamentación de voto, respetando, por supuesto los tiempos, toda vez que tenemos una larga lista de oradores y no tiene sentido repetir las intervenciones.
Así que, si le parece a la Sala, se procederá en esos términos.
Señora Presidenta, estimados Senadores y Senadoras, resulta interesante recordar cómo nació este proyecto de ley.
Él surge de una moción parlamentaria que cuenta con la bendición del Ejecutivo y en el cual se establece que, por única vez y con plazo fatal -Sus Señorías saben muy bien que casi siempre el problema de las leyes es que no tienen plazos fatales-, se prorrogará la obligación de instalar posicionadores por un máximo de seis meses.
Me parece interesante informar a quienes nos están viendo en este instante qué es el posicionador satelital. Es un instrumento que, técnicamente, permite conocer dónde se halla una embarcación cuando anda en faenas.
¿Y qué ocurre? Que las naves de 12 a 18 metros de eslora tenían la obligación de incorporar este instrumento con el fin de determinar su ubicación y, además -vale la pena agregarlo-, de lograr seguridad para ellas mismas, ya que así es posible conocer con precisión en qué lugar de nuestro mar se encuentran.
En consecuencia, lamento profundamente que este proyecto se tramite a última hora -¡a última hora!-, cuando está terminando el mes de enero, y que el Gobierno le dé su bendición a una iniciativa que, a la larga, no va en la línea de preservar los recursos que necesitamos.
Bien lo han dicho todos los señores Senadores: la situación de la pesca es compleja y lo peor que podemos hacer es dejar de contar con instrumentos indispensables para que la Ley de Pesca se cumpla y las cuotas establecidas por ella se respeten, provocando un mercado negro importante y que los pescadores invadan zonas contiguas sin que los organismos fiscalizadores dispongan de la información correspondiente.
El motivo por el cual no me opuse y me abstuve en la Comisión radica en que no se observa otra solución, ya que en realidad el posicionador no se encuentra instalado en forma mayoritaria en las embarcaciones. O sea, se requeriría una prórroga, aunque espero que sea por última vez.
A la Sexta y Séptima Regiones ingresan muchos pescadores que han tenido recursos para cumplir con esta obligación. Y si no los han tenido -como bien indicó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, los gobiernos regionales los apoyan en este aspecto.
Lo que queremos es transparencia en la pesca del país, más aún cuando las flotas industriales ya instalaron el dispositivo.
¿Qué ocurre? Que la primera milla está reservada para los boteros. Y cuando otro tipo de embarcaciones se meten a esa zona sin posicionador satelital no es posible saber dónde están y logran perforar la primera milla.
En consecuencia, el contar con dicho instrumento va en beneficio directo de los pescadores más pequeños, que son la mayoría.
Por lo tanto, voy a mantener mi abstención, pues creo que esta iniciativa es una pésima señal para mantener y preservar nuestros recursos pesqueros.
Lamento profundamente que este proyecto se haya tramitado a última hora. Me habría gustado escuchar al Gobierno para saber cuáles fueron sus motivos, pues la verdad es que parece que solo se busca favorecer a un sector pesquero de una región, que está acostumbrado a perforar a otras, lo que, a la larga, lo único que hace es destruir el recurso y no preservarlo como corresponde.
Es por eso que, advirtiendo esta situación, tal como lo hice en la Comisión del ramo, mantendré mi abstención, con la esperanza de que el Ejecutivo no permita que, en seis meses más, ningún lanchero de 12 a 18 metros de eslora deje de contar con su posicionador satelital, de modo que empiece a operar lo que todos queremos, que es la Ley de Pesca, y todos los antecedentes científicos y los instrumentos que necesitamos para preservar nuestros recursos sean realmente eficaces.
Señora Presidenta, los pescadores de nuestra Región de La Araucanía, particularmente los de la caleta Queule, me han señalado que hicieron un gran esfuerzo para instalar sus posicionadores satelitales y que les parece profundamente injusto que ahora se busque postergar la instalación de estos instrumentos, sobre todo para las embarcaciones de más de 12 metros de eslora de la Octava Región.
Todos sabemos que en esta última se ha registrado una disminución muy significativa de los recursos pesqueros. Pero no traslademos el problema del Biobío a las regiones contiguas. Por lo demás, existe una norma en la Ley de Pesca que permite a los pescadores de cualquier región operar en la zona contigua en la medida en que haya acuerdo entre los actores de las zonas involucradas.
Cuando nosotros postergamos la instalación del posicionador satelital, sobre todo para las embarcaciones de 12 a 18 metros de eslora de la Octava Región, lo que estamos haciendo es permitir -digámoslo claramente- que se pesque en regiones contiguas sin que haya ningún tipo de control y que, por tanto, el recurso que hoy es escaso en la Región del Biobío se vuelva también escaso en las regiones contiguas (la Novena y la Séptima), no obstante que el recurso se mueve en todas las aguas.
En consecuencia, esta no es la solución para los pescadores artesanales de la Región del Biobío. Vamos a generar un problema mucho mayor, vamos a tener más protestas, vamos a producir más descontento en los pescadores artesanales de las regiones contiguas tratando de arreglar un problema que por esta vía no se corrige.
Anuncio mi voto en contra, entre otras razones, porque -insisto- los pescadores de la Región de La Araucanía han hecho un gran esfuerzo por instalar sus posicionadores satelitales.
Aquí no hay un problema económico, pues, como expresaron varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, los gobiernos regionales están comprometidos en apoyar la instalación de tales dispositivos. De hecho, han prestado su apoyo y están dispuestos a seguir entregándolo. Por tanto, no es que a los pescadores artesanales del Biobío con naves de más de doce metros de eslora se les esté exigiendo, de la noche a la mañana, tener que contar con un millón 500 mil pesos, que es el costo aproximado de la compra del posicionador más el de su respectiva instalación.
Además, cabe recordar algo que la misma Senadora Goic pidió dejar constancia en el informe de la Comisión. Esto no solo obedece a un tema económico. El posicionador satelital cumple un rol fundamental en la seguridad de los propios pescadores artesanales. Cuando se produce cualquier accidente, cualquier situación de emergencia, dicho dispositivo es la única manera de saber dónde están. Por tanto, constituye una medida de resguardo físico, de resguardo de la vida de los propios pescadores artesanales y, por supuesto, de sus embarcaciones.
Esta es, a mi juicio, una iniciativa muy precipitada y, por lo tanto, lamentablemente, una muy mala solución.
Señora Presidenta, comparto absolutamente lo que se ha dicho acá con respecto al posicionador satelital.
No olvidemos que el propósito de la exigencia de este instrumento es efectuar un control más acabado de las especies objetivo, hoy grandemente amenazadas, como el jurel, la anchoveta y la sardina, así como el control de la fauna acompañante, situación que se espera poder dimensionar para determinar el daño de estas otras especies también amenazadas.
El 56 por ciento de la captura de estas especies es realizado por embarcaciones de la pesca artesanal, por lo que resulta necesario un control estricto y riguroso de ese volumen de extracción de recursos.
El GPS, por lo demás, permite tener ciertas certezas de las zonas en que operan las embarcaciones sometidas a esta normativa, evitando el acceso ilegal de aquellas de otras regiones a pesquerías como la de la reineta en la Decimoquinta Región y en la nuestra, la de Los Lagos.
Los argumentos técnicos pesqueros y de seguridad de la vida del mar son suficientemente sólidos como para no postergar el cumplimiento de la ley.
En la Comisión, sin embargo, vimos que, no obstante estas recomendaciones, la baja en las capturas y el costo del instrumento -que algunos dicen que no es elevado o que los gobiernos regionales subsidian- también dificultan a algunos sectores de los pescadores obligados a su instalación, por lo que se consideró que sería sensato postergar su entrada en vigencia, por única vez, por seis meses.
¿Por qué por este plazo? Porque, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a que se dicten leyes que, al cabo de la fecha escogida para su funcionamiento, se postergan, como el caso de la que estamos analizando en esta oportunidad.
Además, tratándose de la pesca en general, no hay que olvidar otro antecedente: que la Ley de Pesca promulgada recientemente no ha resuelto los problemas de fondo de la pesca artesanal.
Por lo tanto, antes de establecer esta obligación, en la Comisión del ramo acordamos empezar a realizar una revisión completa de dicha legislación.
Siendo así, no veo por qué no se podría postergar, por seis meses, la entrada en vigencia de la obligación de instalar un posicionador satelital.
Por tal razón, voy a votar favorablemente la prórroga.
Señora Presidenta, no cabe duda de que cualquier legislación que pretenda resolver problemas en un país debe tener, como elemento central, que las reglas para solucionar esos problemas sean claras y, particularmente en casos como este, que sean transparentes y exista trazabilidad.
Eso lo hemos discutido largamente en las sucesivas leyes de pesca que se han planteado en este Parlamento durante los últimos 20 años.
Y, si había un consenso científico, político, práctico, de toda naturaleza, era que, mientras se supiera con mayor exactitud lo que cada cual estuviera extrayendo, de mucha mejor manera se iban a respetar los derechos de otros y de mucha mejor manera se iba a conservar el producto, que son los peces o pescados, objeto de preocupación no solo en Chile, sino en todo el mundo.
Digo todo esto porque esta es una iniciativa que a mí, en lo personal, me sorprende, pues, en mi opinión, apunta exactamente en el sentido inverso de lo que deberíamos buscar como sociedad.
¿Qué plantea, básicamente, este proyecto, que es una moción parlamentaria que cuenta con el apoyo del Gobierno -dejo en claro, por tanto, que no es una iniciativa neutra, sino una que ha recibido respaldo gubernativo? Plantea que, en este caso, los elementos de transparencia y trazabilidad a que aludí suponen la instalación de posicionadores satelitales para que la autoridad pueda saber con precisión dónde está pescando cada una de las embarcaciones a fin de cuidar los derechos de unos y otros.
Aquel, señora Presidenta, fue un gran adelanto, un paso positivo. E incluso, para evitar el costo que significaba instalar dichos instrumentos, el Estado se comprometió a entregar determinada cantidad de recursos.
Se estudió largamente, en su momento, cuándo comenzaría a funcionar el sistema. Y se decidió que fuera ahora.
Sin embargo, a la hora nona se plantea un proyecto de esta naturaleza, cuyo objetivo final es postergar la entrada en vigencia de la obligación. El Gobierno dice que será por única vez. Pero, ¿saben qué más? Yo ya dejé de ser ingenuo. En muchas ocasiones se ha dicho que es "la última vez" y no es así.
Aquí lo que se está haciendo es dificultar la aplicación de elementos de trasparencia y trazabilidad que permitirían cuidar mejor los recursos que nuestro país posee en materia de peces, y por eso voy a votar en contra.
He conversado con pescadores de Constitución, Duao, La Pesca, Llico, Boyeruca; con el Senador Larraín hemos estado, en otras instancias, con los pescadores de todo el litoral de la Región del Maule, y es muy acertado lo que ellos piden, que es, ni más ni menos, que se sepa quién está pescando en lo debido y quién está pescando en lo indebido, que es lo que al final termina en balacera, en incidente, dificultando la paz social.
Entonces, señora Presidenta, más allá del entusiasmo que pueden tener algunos parlamentarios del Biobío, no entiendo, en una lógica país, el fin último de la postergación de elementos que mayoritariamente fueron considerados como un paso muy importante para dar transparencia y trazabilidad a esta normativa.
Por eso, señora Presidenta, llamo a mis colegas a la reflexión, porque, en esta y otras materias, debemos apuntar a la coherencia, a la consistencia y a la duración en el tiempo. No puede ser que, después de los años que nos demoramos en establecer una forma de dar seguridad a las partes, se postergue la aplicación de la norma clave, de la norma madre para dicha trazabilidad, que es lo que, lamentablemente, estaría ocurriendo en caso de aprobarse este proyecto.
Por lo tanto, junto con anunciar mi voto en contra, hago un llamado a que, cuando aquí fijemos el plazo de una ley, no lo estemos postergando permanentemente. Si no, ¡para qué lo fijamos!
Señora Presidenta, no deja de llamar la atención el tipo de reflexión que se hace en torno a una ley muy puntual, de un solo artículo, que busca la prórroga, por seis meses, de una medida cautelar, precautoria, de fiscalización.
El punto no está en si hay que aumentar por medio año el plazo para instalar el posicionador satelital, sino en que la ley que aprobamos en este Senado, impulsada por el ex Senador y ex Ministro de Economía Pablo Longueira, no ha resuelto ni un solo problema de la pesca, por lo que debemos estarla parchando a cada minuto, pues nos deja absolutamente en la indefensión. Se trata de una ley recién aprobada que tiene como cuatro, cinco o seis modificaciones en curso porque, en definitiva, obedeció a un gran acuerdo político.
Yo la voté en contra y dije que era una mala ley.
El Senador Bianchi también votó en contra.
Entonces, hicimos una mala ley.
¿Cuál es el problema del posicionador? Las zonas contiguas. Digámoslo francamente: el tema del posicionador dice relación con las zonas contiguas.
Los industriales pueden pescar en todo Chile, de Arica a Magallanes; traspasar con sus barcos todas las fronteras; vulnerar las cinco millas o estar en el límite, porque, en definitiva, pueden efectuar sus capturas a lo largo de todo el territorio.
¿Y qué pasó con los artesanales? Los metimos en la zonificación, medida que tiene cierto grado de coherencia, pero que no resuelve el problema, pues en algunas zonas los recursos no son pescados por los pescadores locales que exhiben menos desarrollo. Hay otras regiones con mayor capacidad. Y si bien la ley contempla la posibilidad del acuerdo, ha sido insuficiente como mecanismo en las actuales condiciones.
Este no es un proyecto que me llene de orgullo, ni del que sea devoto. Solo digo que al calor de la discusión de esta iniciativa ha quedado al descubierto, al desnudo, el tema de fondo: las zonas contiguas, la baja en los recursos, la necesidad de recuperar las pesquerías, de establecer una política pesquera distinta de la que hoy aplicamos.
O sea, la plata no es el problema. ¡Descartémoslo!
Los pescadores de la Región del Biobío no quieren esta prórroga de seis meses por no tener plata para pagar el posicionador. Lo que decimos es que hay que abrir un debate de fondo sobre el tema de las zonas contiguas, sobre las condiciones que la actual Ley de Pesca nos brinda. Se debe evaluar la normativa vigente. Es una de las pocas leyes que, a pocos días de haber sido aprobada, todo el mundo pide que se evalúe.
En el Programa de la Presidenta Bachelet se dispone: "Vamos a evaluar la Ley de Pesca".
El Ministro de Economía, que poco y nada sabe de pesca -para ser franco-, delegó esta materia al Subsecretario Raúl Súnico. Y, entremedio, uno lee que esta ley todavía tiene que caminar. "Esperemos un par de años". Pero lo cierto es que en un par de años tendremos la misma situación y más agravada; por tanto, todos los defectos que ella presenta se irán acentuando.
Siento que aprobar esta prórroga de seis meses resuelve el punto, al poder decir: "Miren, el problema no es el posicionador, veamos el de las zonas contiguas".
Votaré a favor y les pido a mis colegas que también lo hagan.
Vamos a anticipar un conflicto antes de marzo. La Cámara de Diputados lo aprobó bajo la misma condición de que esta es la última vez que se da una prórroga. Se aplicará la exigencia de contar con el posicionador y veremos los temas de fondo que dicen relación con las zonas contiguas y las licitaciones.
Sepan ustedes, señores Senadores, que se licitaron miles de toneladas de sardinas a pescadores que tuvieron que usar sus tarjetas de Falabella, de Paris para juntar los 16 millones de pesos que requerían. Pero la sardina que "licitaron" no se puede pescar, porque su tamaño y densidad no permite ningún tratamiento en materia de consumo humano. Y ahí están los pescadores y el Estado dice: "Bueno, si no la pueden procesar, es problema de ustedes".
Vamos a demandar al Estado. Vamos a apoyar a los pescadores, pues este no puede licitar un recurso que no presenta las condiciones mínimas para ser procesado. ¡Eso es engañar! ¡Eso es una estafa! ¡Eso es un abuso del Estado en contra de pescadores artesanales que, teniendo plantas pero careciendo de cuotas de pesca, han licitado para poder procesar!
El tema de fondo es el Ministerio del Mar: ¡Un Ministerio del Mar!
Chile requiere urgentemente un Ministerio del Mar y terminar con esta Subsecretaría que es el hermano menor, que es el patio trasero de una Cartera de Economía preocupada de todo, menos de la pesca.
Votaré a favor, no solo porque se trata de pescadores de mi Región, sino porque creo que poner esto en debate, teniendo un objetivo mayor: la evaluación de la Ley de Pesca y establecer que no pueden quedar las cosas tal como están, hace que los seis meses de prórroga sean una medida más que suficiente para cerrar el capítulo del posicionador.
Los pescadores de mi Región sí lo quieren y han dicho que requieren un tiempo para comprarlo, ni siquiera le piden un subsidio al Estado.
Señora Presidenta, acá se ha recordado el origen del texto que estamos discutiendo y, efectivamente, corresponde a una moción que surgió en la Cámara de Diputados y que buscaba prorrogar la entrada en vigencia de la obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático en las embarcaciones que se hicieran a la mar y en forma indefinida. O sea, se quería evitar que se cumpliera lo que establece el artículo décimo tercero transitorio de la ley N° 20.657 (Ley de Pesca), que vence el 9 de febrero de 2015.
Conforme a esa ley, ya el 10 de febrero próximo las embarcaciones artesanales de una eslora total, igual o superior a 15 metros, así como las embarcaciones transportadoras y las artesanales con una eslora total o superior a 12 metros, o inferiores a 15, deberían tener instalado el posicionador y utilizarlo.
Es importante hacer historia y recordar que esto buscaba no dar cumplimiento al uso de un instrumento respecto al cual, a mi juicio, coincidimos mayoritariamente en que resulta fundamental. El argumento que se entregaba en la moción aludía al gasto adicional que precisaría la instalación de este implemento, lo cual justificaría una prórroga indefinida.
Sobre ese punto señalo mi desacuerdo, como también lo hicimos durante la discusión en la Comisión de Pesca del Senado. De hecho, fue la misma Cámara de Diputados la que moderó el plazo y el órgano técnico respectivo lo estableció en 18 meses. Finalmente, en la Sala se generó un acuerdo y se llegó a lo que hoy discutimos, es decir, seis meses, con el único objeto de que los pescadores que aún no instalan el posicionador satelital lo hagan.
Habría que recalcar que esta prórroga se da por única vez, con el objetivo final de que se cumpla con la norma que hoy dispone su uso.
Se han señalado acá los motivos de por qué es relevante este dispositivo:
Primero, permite resguardar la seguridad de los pescadores artesanales, quienes ante una emergencia pueden ser localizados rápidamente y recibir auxilio.
Esto es aún más importante en zonas más amplias, aisladas, como la Región de Magallanes, donde los últimos meses hemos visto a más de un pescador perder la vida. Con dicho aparato se facilitarían las tareas de rescate y la vigilancia, con el objeto de dar mayor seguridad, lo cual creemos fundamental.
Segundo, se puede fiscalizar la actividad de la pesca extractiva a fin de que esta se ajuste a la regulación que a tal efecto se ha dispuesto.
Ya se señaló acá cómo algunas embarcaciones traspasan zonas asignadas sin que exista la posibilidad de hacerles un seguimiento y ver dónde están las naves. Es difícil realizar fiscalización.
Y, tercero, en esa misma lógica, posibilita prevenir la invasión de zonas contiguas sin autorización.
Esto nos los han señalado de manera reiterada los pescadores de distintas regiones, en particular de Magallanes.
Respecto del argumento relativo a la dificultad económica que tendrían los pescadores artesanales para adquirir el posicionador, creo que no se justifica. Hay que recordar que la propia ley prevé esta situación y genera un procedimiento legal que busca facilitar la instalación de estos dispositivos. Así, el artículo 50 D señala: "Los armadores artesanales que hayan incurrido en un gasto de inversión por adquisición e instalación de un sistema de posicionador satelital, de conformidad con el artículo 64 B, podrán descontar de la patente el 100% de dicho gasto, por una sola vez, durante el o los años siguientes. Asimismo, podrán descontar hasta el 50% del gasto operacional del sistema de posicionador satelital".
En Magallanes tenemos la experiencia de financiamiento con recursos adicionales, en este caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y SERCOTEC, que apoyaron también a los pescadores artesanales. Por tal razón, pienso que la justificación económica no es tal.
En consecuencia, me parece fundamental dar solidez jurídica a esta norma para que, efectivamente, se practique.
Sin embargo, hemos discutido la fijación de un plazo de seis meses en forma excepcional y reiteramos que buscamos dar cumplimiento a la norma. En ese entendido, podríamos apoyar la iniciativa para que en todo Chile aquellos pescadores que aún no cuentan con su posicionador lo puedan obtener. Así se podrá también preparar de mejor manera la entrada en vigencia de esta exigencia.
A la par, y acogiendo los planteamientos de los pescadores artesanales de Magallanes, este fin de semana sostuve conversaciones con el Gobernador marítimo a fin de fortalecer las tareas de fiscalización y hacer un trabajo en conjunto para que exista mayor tranquilidad respecto de lo que pueda suceder en el mar durante estos seis meses.
Señora Presidenta, primero quiero saludar a quienes nos acompañan en las tribunas: al Presidente del CORE de la Región de Aisén, don Miguel Ángel Calisto; también a don Gustavo Villarroel y a don Ariel Keim, quienes también integran la delegación y son grandes consejeros de nuestra Región y que, obviamente, están interesados en este tema tan sensible para Aisén.
Señora Presidenta, acá se estableció hace un año y medio la obligación de que las embarcaciones de entre 12 y 18 metros de eslora contaran con un posicionador automático o satelital. Pero ahora la prorrogamos por seis meses -hay un avance, porque al principio se pedían 18- para que en ese período no se cumpla la ley, en circunstancias de que esas embarcaciones, esos armadores, tuvieron el tiempo suficiente para instalar dichos aparatos.
Esto no pasa por un capricho. Se trata de un tema de seguridad de los pescadores artesanales, pues, si no se los ubica y ocurre alguna contingencia, el posicionador ayuda a encontrarlos.
Hay un tema de fiscalización, de control y de combate a la pesca ilegal.
En la Región de Aisén hoy tenemos problemas respecto a las zonas contiguas, los acuerdos que se han suscrito, la pesca ilegal, los supuestos pescadores artesanales -digo supuestos porque se trata de embarcaciones semindustriales-. Y es cierto que hay un límite de 18 metros de eslora, pero todos sabemos cómo crecen estas embarcaciones¿
Hacia los costados. Y son verdaderas -perdonen la expresión- ballenas que cumplen con la norma del límite de los 18 metros de eslora. Los dueños de estas embarcaciones son empresarios, no son artesanales, y obtienen ganancias millonarias.
¿A quiénes perjudican? A nuestros pescadores artesanales, a aquellos que cuidan los caladeros; en el país, las 5 millas; en nuestra región, las aguas interiores, que ven con frustración cómo se dilapidan los recursos del mar, en general: los demersales, los pelágicos, porque no hay ningún control, ¡ningún control!
Además, está lo relativo a la administración de la pesca.
Ya señalamos que hay que cuidar los recursos hidrobiológicos, que se han ido dilapidando. Pero hoy borramos con el codo lo que ayer escribimos con la mano.
Se ha dicho que los pescadores artesanales -supuestamente artesanales- de otras regiones que van a la nuestra, o de la Octava a la Séptima, etcétera- no tienen recursos para invertir un millón y medio de pesos en un posicionador satelital.
Diversos gobiernos regionales y consejos regionales, y el Gobierno han ofrecido cofinanciar esos dispositivos. Y la inversión que se hace en estos se puede descontar de la patente que pagan los pescadores artesanales.
Por lo tanto, me parece un muy mal argumento, una muy mala excusa la esgrimida por quienes son partidarios de aprobar este proyecto de ley.
Asimismo, esta iniciativa no es del Gobierno: es un moción de un Diputado de la Octava Región, quien legítimamente defiende los intereses de su región, porque de esta van a la Séptima, a la Novena y a la nuestra, la de Aisén.
Por qué siempre las regiones con menor población terminan pagando la cuenta por políticas aprobadas para evitar protestas sociales en las grandes regiones de Chile.
¡Ello es inaceptable!
Por eso, señora Presidenta, defendiendo lo que acordamos en la iniciativa que se aprobó hace un año y medio y a los pescadores artesanales de la Región de Aisén, voto en contra.
Señora Presidenta, cuando votamos la Ley de Pesca, al final de la discusión señalé que los peces efectivamente son de todos los chilenos. El problema es que los pescados son de los industriales. De esas familias que se quedaron con todos los productos del mar, a vista y paciencia de una ley que me honro en haber votado en contra (creo que fuimos dos o tres los Senadores que enviamos esa señal para defender la pesca artesanal).
Hoy asistimos a la tramitación un proyecto que pretende prorrogar, por un plazo de seis meses, la instalación de los posicionadores satelitales.
Esto tenía un costo. Cuando conversé con toda mi gente, con todos los pescadores y, de manera muy especial, con los de la Región de Magallanes, de la Patagonia, me señalaron que ese costo era importante para ellos. Porque aquí no se habla, señora Presidenta, de la precariedad y de las malas condiciones en que se encuentran nuestros pescadores artesanales (mujeres y hombres dedicados a esta noble actividad).
Entonces, se menciona que el valor del posicionador es barato, que permite la ubicación en la eventualidad de una emergencia.
Además, posibilita que no se produzca el ingreso de embarcaciones de regiones contiguas a diversas áreas de pesca.
En el caso de la Región de Magallanes se realizó un financiamiento a través de fondos regionales, pero hay una mensualidad de cargo de los pescadores artesanales, y no siempre están dadas las condiciones económicas para ello.
Por eso, señora Presidenta, más allá de la discusión de si se aprueba o no la prórroga, siento que es muy necesario que comencemos a dar señales acerca de si estamos dispuestos o no a cambiar la mala Ley de Pesca votada en su momento, que nos rige hoy, y que ha sido objeto de enorme cantidad de propuestas para parchar este bote que hace agua por todos lados.
Efectivamente, esta Ley de Pesca hace agua, en la medida que no logró lo que se decía era su principal motivo: la preservación, el control de la pesca, el cuidado de las especies, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque, al final, los industriales pueden seguir con la pesca de arrastre, se puede continuar con la pesca industrial y los únicos afectados son nuestros pescadores artesanales.
En consecuencia, este proyecto de ley permite una prórroga por seis meses a los amigos de la pesca de la Octava Región precisamente para poder penetrar a otras regiones donde sí se encuentre el recurso respectivo.
¡Y esta es subsistencia!
El problema, además, radica en que se les quitaron cuotas a los pescadores artesanales, cada día tienen menos y menos. Y eso dificulta mucho más, por supuesto, su operatividad, su función.
En esa línea, señora Presidenta, debo decir que, por un lado, no estoy dispuesto a que esto siga siendo de costo de los pescadores artesanales.
Creo que debemos entregar una señal clara, honesta acerca de si vamos a ser capaces o no de hacer modificaciones profundas a una mala Ley de Pesca, que tiene de rodillas a nuestros pescadores artesanales de todo el país, con menos cuotas, sin una definición de futuro, sin poder sacar adelante sus empresas, sin conseguir su sustento económico, lo cual se les complicará bastante más con este dispositivo.
Me abstengo, señora Presidenta, porque creo que tampoco puedo permitir que otras regiones penetren en zonas contiguas. Esto sigue dañando a toda la pesca artesanal y, obviamente, a nuestra Región de Magallanes. ¡Y la manera de evitarlo es cambiar la Ley de Pesca!
Si de verdad queremos hablar de una defensa honesta de la pesca artesanal, hay que modificar la Ley de Pesca.
Señora Presidenta, en verdad, este proyecto de ley de prórroga de entrada en vigencia del GPS para los pescadores artesanales tiene su origen en la Región del Biobío. ¡Digámoslo de manera clara y precisa!
Y no lo digo en un tono peyorativo, sino simplemente como constatación de que la presión que hay en esa zona respecto de los recursos pesqueros es enorme. Y eso, obviamente, provoca consecuencias a lo largo de Chile.
La propuesta se entiende si se considera que la Subsecretaría de Pesca y el país están enfocados en ordenar y salvaguardar efectivamente los recursos en todo el territorio, y que varias organizaciones de pescadores y distintas bancadas han consensuado que se puede disminuir el plazo original de 18 meses a uno razonable de 6.
En principio, no me gusta cuando se dicta una ley, y antes de que rija, se prorrogue su entrada en vigencia. No es una buena señal.
Eso, como en todo orden de cosas, no es responsable.
Pero también hay que entender la realidad que se vive, particularmente en la Región del Biobío, y espero que se avance hacia soluciones que no tengan un costo social para los trabajadores de la industria y los pescadores artesanales, y que tenga una visión de conjunto.
Pienso que tenemos que seguir avanzando para lograr una Ley de Pesca a la altura de nuestro país. No la que se aprobó en la legislación anterior, la llamada "Ley Longueira" -igual la voté en contra-, que ha privatizado los recursos y se los ha entregado a las siete familias conocidas de Chile. No sé si Penta se encontrará dentro de estas, pero claramente fueron los poderosos de siempre, con una figura muy autoritaria, los que operaron en contra de los pescadores artesanales.
En mi Región de Los Ríos existen pescadores artesanales, están organizados. Se ha avanzado para mejorar su infraestructura, el proceso de concesiones y la gestión de dicha actividad. Y ahí están trabajando.
Ellos entienden, de manera solidaria, el problema que se ha suscitado. Pero no es aceptable que este se prolongue eternamente.
Asumimos que, después de esta prórroga por seis meses, se generará un punto de inflexión.
Cabe recordar la norma de la Ley de Pesca que señala que los pescadores "podrán descontar hasta el 50% del gasto operacional del sistema de posicionador satelital". También estimamos adecuado el inciso que dice: "Los armadores artesanales que hayan incurrido en un gasto de inversión por adquisición e instalación de un sistema de posicionador satelital de conformidad con el artículo 64 B, podrán descontar de la patente el 100% de dicho gasto, por una sola vez, durante el o los años siguientes.".
Me parece bien que se modernice y regule la actividad, con el objeto de proteger a quienes viven de la pesca, no a los industriales.
Este último sector, que quedó asentado principalmente en la Región del Biobío, tiene un tratamiento distinto.
Los pescadores artesanales, quienes en su gran mayoría se encuentran en las regiones al sur de la del Biobío, son -como digo yo- los viejos que están en la costa, en las caletas, los que han estado pescando por generaciones. Ellos nos piden más infraestructura para las caletas; renovación de sus botes; mayor seguridad; más capacitación; mejor comercialización de sus productos y que los industriales no perforen la zona de cinco millas reservada para la pesca artesanal.
Si la prórroga propuesta -para el solo efecto que se nos plantea- permite el logro de tales objetivos, votaré a favor de la iniciativa, pero con las salvedades que indiqué: que exista mayor protección a los pescadores artesanales; que no se otorguen más prórrogas, y que se busque una política global que avance en la derogación de la Ley Longueira, que no le ha hecho bien al sector pesquero artesanal de nuestro país.
Señora Presidenta, a mi juicio, todos -o gran parte de nosotros- estamos de acuerdo en que la Ley de Pesca no solo no resguarda adecuadamente la pesca artesanal, sino que tampoco establece un proceso racional de explotación de los recursos del mar. Esta ha sido una histórica discusión en Chile.
Pero se han hecho esfuerzos para avanzar en la protección de los recursos marinos y, al mismo tiempo, para aumentar la seguridad de los trabajadores del sector.
Ante ello, no me parece apropiado solicitar la prórroga de una norma legal que está en vigencia hace más de un año y medio, solo porque un sector puntual no se puso al día en su obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático en el mar o GPS.
Las leyes se hacen para cumplirlas. Se da una señal de debilidad cuando se relativiza el contenido de un proyecto o cuando este se elabora pensando en introducirle modificaciones posteriores. Considero que esta es una mala práctica.
Por consiguiente, voto que no.
Señora Presidenta, creo que es bueno recordar cuáles fueron los tres aspectos centrales sobre los que se basó la última gran modificación a la Ley de Pesca, mencionada aquí como "Ley Longueira".
Hago presente que el texto que despachamos en su oportunidad no guardaba ninguna relación con la propuesta inicial.
¿Cuáles fueron los tres elementos centrales de dicha iniciativa, que fue aprobada por el Parlamento?
En primer lugar, se introdujo un artículo 1° enteramente nuevo, que estableció la soberanía y jurisdicción del Estado respecto de los recursos pesqueros dentro de las 200 millas.
Reitero: esa norma no estaba consignada en la iniciativa original.
¿Para qué se incorporó? Para proteger la biomasa y las pesquerías. Con ese fin se crearon los Comités Científicos Técnicos y se le dio al Estado un rol de regulación, función que antes no existía en este ámbito.
Tal planteamiento se incluyó cien por ciento en el Parlamento. La disposición pertinente fue redactada por la entonces Senadora Soledad Alvear y significó una innovación brutal, a diferencia de lo que proponía el texto primitivo.
El referido artículo 1º, por supuesto, implica control y fiscalización, por cuanto otorga al Estado la soberanía y jurisdicción de los recursos marinos.
A propósito, recordemos que los peces son : no pertenecen a nadie en particular, son de todos. Distinto es que la administración de la actividad pesquera, a través de las concesiones (como ocurre en la mayoría de los países del mundo, salvo -imagino- en Corea del Norte), se entregue al sector privado de forma regulada.
Esa fue la primera gran innovación y uno de los tres grandes pilares de la Ley de Pesca. Se trata de una modificación muy virtuosa, que el proyecto inicial no contemplaba.
En segundo lugar, contrariamente a lo que se piensa y se repite respecto de las siete familias y las cuatro empresas, dicha normativa abrió el espacio de la pesca a nuevos actores.
Ello se logró a través del régimen de concesiones, que ya no son indefinidas, sino temporales; el régimen de caducidades, en el que entran agentes nuevos, y el régimen de licencias.
Se nos olvida que los permisos eran indefinidos e intransferibles antes de la modificación de la Ley de Pesca. A partir de entonces se les estableció plazo a las concesiones y se determinó que las autorizaciones de pesca eran transferibles, con el fin de incorporar nuevos actores.
De repente hay mucha consigna en esta discusión, y olvidamos la innovación de fondo que llevamos a cabo en la mencionada iniciativa, que fue reformada y transformada en el Parlamento. ¿Para qué? Para abrir el ámbito de la pesca a nuevos actores, con el objeto de que no sean solo siete familias y cuatro empresas las que se vean beneficiadas.
Por supuesto, habrá que ver cómo será la implementación de la ley en el tiempo en pos de tal objetivo.
La tercera innovación -porque tenemos memoria muy corta- se relaciona con la protección de la pesca artesanal más acá de las cinco millas.
En mi Región hay 15 caletas: desde la de Pichicuy (Los Molles) hasta la de Ventanas (Quintero). Por eso me parece valioso que hayamos establecido la primera milla marítima como zona exclusiva para la pesca artesanal, o sea, para botes de eslora menor a 12 metros.
Esa norma no existía en la iniciativa original.
A raíz de ello, ¿qué fue necesario incorporar? Los certificados de desembarco, que constituyen la única forma de controlar la actividad pesquera. ¿En beneficio de quién? Del eslabón más pequeño: los armadores artesanales.
Y también se exigieron los GPS, los posicionadores satelitales, para las embarcaciones con eslora entre 12 y 18 metros.
Con dichos certificados y estos dispositivos habrá un mayor control de las pesquerías en favor principalmente de la pesca artesanal, que está muy desguarnecida.
A mí no me gustó el proyecto inicial que en su minuto presentaron algunos parlamentarios, en cuyo articulado, por lo demás, se sugería una prórroga indefinida. Ello implicaba borrar con el codo lo que se escribía con la mano. Finalmente, se postergó por seis meses la entrada en vigencia de la obligación de instalar los GPS, plazo que vence el 9 de febrero de este año.
Señora Presidenta, no soy gran hincha de las prórrogas. Al principio, no estaba de acuerdo con la que se propone. Pero, tratándose de un plazo de seis meses, al cabo del cual la pesca artesanal se verá beneficiada, me allano a votar a favor -reitero: no con muchas ganas-, entendiendo que, como dice la iniciativa, es por una única vez.
Señora Presidenta, me sorprende el giro que ha dado este debate, porque el tema específico del posicionador satelital no guarda relación -para bien o para mal- con lo central del contenido de la Ley de Pesca.
Hemos oído intervenciones muy interesantes, como la que acaba de realizar el Senador Ignacio Walker en un sentido, o las que hicieron los Senadores Navarro y Bianchi en otro.
Pero no es eso lo que se halla en discusión.
La idea de instalar un posicionador satelital en embarcaciones artesanales fue presentada, separada de una reforma a la Ley de Pesca, hace más de diez años, y en dos oportunidades. Esos proyectos no fueron acogidos porque, desgraciadamente, aquí se han confabulado para proteger intereses de ciertos pescadores artesanales: los grandes. Y, lamentablemente, se ha desprotegido la situación de los pescadores artesanales chicos.
Ahora lo que estamos discutiendo es si les vamos a otorgar seis meses más de permiso a los pescadores artesanales grandes para que pasen por arriba de los chicos en varias regiones. Esa es la cuestión en debate: ¡les daremos derecho a que sigan abusando o no!
Al amparo de la Ley de Pesca anterior a la última modificación, es lo que ha estado pasando por muchos años.
Entonces, les pido a los Senadores no confundirse de tema.
El punto central es si les vamos a dar o no seis meses más a quienes sabían hace un año y medio que vencía el plazo ahora en febrero para cumplir la obligación de instalar el posicionador satelital, cuya finalidad es efectuar una fiscalización y un control adecuados para asegurarse de que cada uno pesque dentro de su zona.
En realidad, es muy comprensible la postura de los Senadores de la Región del Biobío, porque los pescadores artesanales de esa área son los que se benefician con la prórroga propuesta. Pero admitamos que lo que estos hacen es ir donde pescan los armadores más chicos a quitarles los recursos marinos, pasando a llevar su derecho.
Eso es todo lo que está en cuestión. Aquí no se debate la Ley de Pesca, la "Ley Longueira", como se le quiera llamar. Ello podrá ser evaluado en su minuto.
El asunto en discusión tiene que ver con una realidad concreta.
Por ese motivo, espero que el Senado se haga cargo de la situación y proteja, de verdad, a los pescadores artesanales más pequeños, cuyos derechos se ven amenazados.
El abuso que ha habido en general de parte de todos los pescadores industriales -y también de algunos artesanales- sobre las pesquerías existentes ha hecho que las cuotas de captura se vean muy restringidas. De hecho, no son suficientes para mantener la actividad en su nivel normal.
Los pescadores artesanales de la Región del Maule -algunos de sus representantes se encuentran aquí, porque en estos días se constituye la Mesa de Pesca- están seriamente preocupados por su futuro. Y con este proyecto se lo seguiremos complicando, por cuanto se autoriza a terceros a quitarles los pescados a aquellos en su área de pesca exclusiva.
Obviamente, estamos cometiendo un grave error.
Reitero: no nos confundamos en la discusión; simplemente hagamos justicia y protejamos a los pescadores artesanales pequeños.
Señora Presidenta, ni los pescadores artesanales, ni los industriales, ni nadie que se relacione con el mundo de la pesca quiere que no haya sustentabilidad de los recursos del mar. Evidentemente, si esta no existiera, la actividad colapsaría y se acabaría la forma en que aquellos se ganan la vida.
Resulta que el mar, al igual que nuestro país, está regionalizado. Sin embargo, los peces no tienen sentido de pertenencia, sino de territorialidad. Hay especies que son migratorias, las que no "entienden" que son de la Octava Región y se mueven en áreas distintas. Por tanto, es del todo arbitrario que, en pesquerías de carácter migratorio, se generen barreras que impidan a los barcos seguir a los peces.
Sí resulta del todo razonable que la Subsecretaría regule la cantidad de recurso marino que se puede pescar o determine la cuota de captura para los pescadores artesanales.
¡Pero los peces no llegan hasta el borde de Cobquecura y después se devuelven! ¡Siguen hacia el norte!
Ahí se genera el problema: como no hay consenso y existen estas barreras artificiales, se cae en la práctica del "cobro de peaje", como se conoce entre los pescadores artesanales. Y este muchas veces es usurero y absolutamente arbitrario, lo cual genera una verdadera guerra mundial entre quienes desarrollan la actividad pesquera.
¿Y quiénes son los que se mueven de una región a otra? Los pescadores artesanales que manejan lanchas de más de 12 metros.
¿Por qué los pescadores más chicos no lo hacen? Porque no pueden nomás.
Básicamente, el problema afecta a aquellos que están dedicados a la pesca pelágica (sardina y anchoveta).
En mi opinión, este conflicto entre pescadores artesanales se está resolviendo de mala manera: con el cobro de peajes, lo cual es ilegal. En la búsqueda de una solución, la Subsecretaría tiene un rol importante que jugar. Porque no resulta razonable que se agarren a balazos personas que son de un mismo país y que desarrollan una actividad similar.
Por lo tanto, en verdad, pienso que lo que se propone es solo un parche a la situación.
A las especies altamente migratorias no se les fijaron macrozonas. De modo parecido, me gustaría que se extendiera la macrozona de las especies menos migratorias a las áreas en las que se mueven. No es razonable ponerle paredes al mar, porque los peces no respetan esas limitaciones.
Por otro lado, estimo que la instalación de posicionadores satelitales es una medida extremadamente buena y pertinente para poder controlar la pesca negra.
Los pescadores artesanales que realizan legítimamente su labor no tienen inconvenientes en ser supervisados por la Subpesca a través del dispositivo de GPS.
Este instrumento es necesario para fiscalizar a muchos que realizan pesca negra.
Cuando hay veda de merluza, los invito a ir al mercado de Santiago. ¡Está lleno de merluzas! Pues bien, eso es fruto de la pesca negra, lo cual va en contra de los pescadores artesanales -en especial de la Región del Biobío- y baja los precios de quienes están establecidos.
Por lo tanto, aquí hay un problema de fondo, del cual la Subsecretaría debe hacerse cargo. De otra manera, tendremos un conflicto social gigante que, en seis meses más, volverá a nuestras manos. En verdad, espero, sinceramente, que la Subpesca enfrente este asunto.
No basta con aprobar esta prórroga; hay que resolver la situación que motiva que hoy se requiera tal ampliación de plazo.
Señora Presidenta, solo deseo reforzar el hecho de que el control no le hace mal a nadie que está actuando bien.
La administración regional de los recursos, por parte de quienes viven en el litoral, cuidan la actividad pesquera y hacen soberanía en lugares aislados, no tiene por qué ser dañada por regiones que, por distintas razones de la historia, poseen más pescadores que peces.
Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en Chile.
Debemos ser capaces de diversificar las actividades productivas en beneficio de esos pescadores artesanales, con el fin de que no siga el proceso de deterioro creciente de los recursos naturales y de los ecosistemas del país.
Como segundo punto, hago presente que lo relativo al posicionador satelital es muy relevante también para dar garantías de seguridad en altamar.
--Se aprueba el proyecto en general (18 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y un pareo) y, por no haberse presentado indicaciones, también queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Chahuán, De Urresti, Harboe, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.
Votaron por la negativa los señores Araya, Coloma, Espina, García, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Bianchi y García-Huidobro.
No votó, por estar pareado,el señor Girardi.
Con el que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines N°s 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que tomó conocimiento del rechazo de las modificaciones propuestas por esa Corporación al proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines N°s 7.873-07 y 7.011-07, refundidos), e informa la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que corresponde constituir, según lo manda el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya señalamos que los miembros de la Comisión de Constitución serán nuestros representantes en la Comisión Mixta.
--Se levantó a las 13:54.
1º.- Que recientemente ha concluido exitosamente el Cuarto Congreso de Futuro, organizado por esta Corporación, durante cuyo desarrollo se tuvo el honor de contar con la participación de S.E., la Presidenta de la República.
2º.- Que durante la realización de este evento, algunas intervenciones de los participantes evidenciaron el anhelo que por largos años ha venido expresando tanto el mundo académico, organizaciones civiles y parte importante del sector político, en el sentido de contar con una nueva institucionalidad científica, lo que se vio reflejado en las palabras inaugurales de la Sra. Presidenta del Senado, al manifestar que “una institucionalidad adecuada hará posible el encuentro entre el saber y el desarrollo de Chile”.
3º.- Que en este mismo sentido, en el mes de diciembre recién pasado, se envió una misiva a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, en la que se señaló: “Existe claridad respecto a que debe surgir una institucionalidad nueva, que responda a una estrategia de Estado de largo plazo a favor del aumento del conocimiento avanzado”.
4º.- Que en este orden de ideas, es necesario plantear por qué se busca, tanto desde el mundo de la ciencia como de la política, tener una institucionalidad nueva, coherente y coordinadora. Porque es necesario contar con una entidad que defienda políticas pro investigación, desarrollo e innovación; pero que también rinda cuentas a la sociedad. Una institucionalidad de este tenor sería una señal potente y decidida para un país que considera estas disciplinas como motor central del progreso de la nación.
5º.- Que resulta indudable que nuestro país requiere con urgencia de una “Política de Ciencias” para no repetir la lamentable historia del salitre. Se hace necesario aprovechar la ventana de recursos naturales para desarrollar una especialización inteligente de Chile con una sociedad y economía centrada en la educación y la promoción de la ciencia, la innovación y la tecnología.
6º.- Que para dicho propósito se necesita elaborar un proyecto-país desde los territorios, promoviendo bajo el principio de participación, un consenso local, construido desde abajo hacia arriba, que aúne conocimientos científicos, sociales, políticos y culturales, identificando la vocación de uso de los territorios, definiendo las estrategias necesarias para que a través de la ciencia, la educación y la institucionalidad se concrete el desarrollo endógeno de los territorios.
7º.- Que para construir esta herramienta se requiere una política de ciencia que no esté encasillada sectorialmente, sino que se potencie y desenvuelva en todos los ámbitos de la sociedad, que ponga énfasis en la educación, desde su nivel básico, en el desarrollo de sus capacidades de creación e innovación y que habilite a los chilenos a integrarse a los desafíos del siglo XXI, colaborando en la democratización del conocimiento científico, la innovación y la tecnología para lograr una gobernabilidad inclusiva y equitativa del futuro.
8º.- Que la realidad del actual escenario en ciencia y tecnología demuestra que Chile destina el solo 0,35 % del PIB en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). La participación privada es muy baja e inferior a lo observado en países desarrollados. Los parámetros de la OCDE recomiendan que sus países miembros destinen por lo menos el 1 % del PIB a este propósito, y el promedio de su esfuerzo alcanza el 2,3 %.
9º.- Que tanto el mundo universitario, como la Academia de Ciencias, organizaciones ciudadanas y los miembros de este Senado han manifestado que no es posible seguir aplazando una política de Estado que dignifique el rol de la investigación científica -social y exacta-, la tecnología y la innovación para el desarrollo del país.
10º.- Que no habrá posibilidad alguna de que Chile alcance niveles de desarrollo si no se decide hoy un cambio estratégico que implique:
1) Una nueva institucionalidad científica, materializado a través de un Ministerio de ciencia y Tecnología, que unifique, coordine, implemente políticas públicas y defienda en el gabinete la inclusión de la ciencia en todos los sectores.
2) Un aumento por parte del Gobierno al Presupuesto en Ciencia y Tecnología de, a lo menos, un 1 % del PIB al año 2018.
11º.- Que valoramos el reciente decreto presidencial que restituye la condición de Consejo Asesor de la Presidencia, a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONYCIT), que constituye una importante noticia que ha sido largamente esperada por la comunidad científica, porque vuelve a posicionar a la ciencia chilena en la ruta del progreso, lo que concita nuestro resuelto apoyo para avanzar en las iniciativas que doten a Chile de una política de Estado permanente para el fortalecimiento de las ciencias, el desarrollo tecnológico y la investigación.
12º.- Que consecuente con lo anteriormente expuesto, venimos en reiterar la petición contenida en el Proyecto de Acuerdo Nº 1685-12, aprobado unánimemente en este Senado el 18 de noviembre de 2014, en el sentido de solicitar el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que disponga la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para los efectos de permitir un desarrollo institucional adecuado en estas materias y, de esta forma, acercar estas ramas del conocimiento a los habitantes de nuestro país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas,
Solicitar a S.E., la Presidenta de la República, el envío de un proyecto de ley a este Congreso Nacional, que disponga la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de permitir un desarrollo institucional adecuado en estas materias y, de esta forma, acercar estas ramas del conocimiento a los habitantes de nuestro país.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe, Senadora.- Ena von Baer Jahn, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Carlos Montes Cisternas, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.