Source: https://www.revistalibertalia.com/single-post/2019/12/26/Derechos-y-denuncias-falsas-violencia-genero
Timestamp: 2020-07-06 03:06:57
Document Index: 98611819

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'Artículo 92', 'artículo 20', 'artículo 27', 'Artículo 31', 'artículo 35']

La presentación de denuncia por sufrir maltrato puede traer apareada beneficios necesarios para intentar que la víctima recupere la situación anterior a la violencia. Éstos se logran a través de la concesión judicial de una Orden de Protección en el marco de un procedimiento por malos tratos en el ámbito familiar (tanto en violencia de género como doméstica, según la Ley 27/2003) a través de medidas cautelares de orden Penal (prohibición de aproximación, prohibición de comunicación, prohibición de volver al lugar del delito, salida del domicilio, suspensión de la tenencia y el uso de armas, privación de libertad) y Civil (atribución de la vivienda, suspensión de régimen de visitas, suspensión de patria potestad, suspensión de guardia y custodia, prestación de alimentos, protección del menor.)
A estas medidas debemos incluir otras a las que se accede a través de procedimientos iniciados también a partir de la interposición de denuncia por violencia de género, como:
La suspensión de desahucios cuando la vivienda sea la habitual. Aprobado en el RD Ley 5/2017 de medidas urgentes de protección de los deudores Hipotecarios sin recursos (artículo 3.1.B).
La proscripción de la custodia compartida de hijos menores cuando uno de los progenitores esté inmerso en un procedimiento sobre agresión al otro progenitor o al menor (también en casos de violencia doméstica). Artículo 92.7 Código Civil.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita (artículo 20 de la LOVG) de forma inmediata para todas las víctimas que lo soliciten, en todos los tipos de procesos penales y administrativos.
El acceso a derechos económicos, como la ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especial dificultad para obtener un empleo, o la Renta Activa de Inserción (RAI). Así como derecho a acceder a las ayudas económicas previstas para las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual Ley 35/1995 (artículo 27 LOVG).
El derecho a autorización de residencia temporal y trabajo por razones humanitarias a las mujeres extranjeras víctimas de delitos relacionados con la violencia de género que se hallen en situación irregular en España (Artículo 31. BIS Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social).
Es ingenuo pensar que nadie va a hacer uso espurio de estos beneficios a través de una denuncia de un hecho que no se corresponda con la realidad. Las denuncias falsas en violencia de género existen, como existen en otros delitos. Esto no se puede negar.
Presentar una denuncia a sabiendas de su falsedad es un delito con múltiples afectados. En primer lugar afecta al denunciado, puesto que con mucha probabilidad se expone a ser detenido, pasar una estancia en un calabozo en dependencias policiales, perder en primera instancia el derecho a la custodia compartida de sus hijos (teniendo que pasar meses de complicaciones judiciales para poder conseguirla posteriormente), perder el uso de la vivienda, ver limitada su capacidad de movimientos por una orden de alejamiento, y la consiguiente marginación social a causa de todo lo ocurrido. También va en contra de las verdaderas víctimas de violencia de género, pues merma su credibilidad, y copa los escasos recursos destinados a su atención. Además constituye una estafa porque las personas que las presentan reciben ayudas que no les corresponden. Así se considera en el Estatuto de la Víctima (artículo 35) cuando establece la obligación de devolución de ayudas a las personas condenadas por denuncia falsa que las hayan recibido.
Bien es cierto que según datos oficiales del Observatorio Estatal para la Violencia contra la mujer y Doméstica (OVDM), el número de condenas por denuncia falsa en comparación con las denuncias de violencia de género que se presentan anualmente es ínfimo.
Pero hay que aclarar que una cosa son las denuncias falsas y otra las condenas por denuncia falsa. Al igual que los casos de maltrato, las denuncias falsas son de difícil comprobación, dado que el hecho que se denuncia se suele perpetrar sin testigos por producirse en el ámbito privado. Por tanto, se puede afirmar que al igual que existen delitos de violencia de género que se no castigan al no poder demostrarse, también hay denuncias falsas no computadas en los datos oficiales. Es decir, sí hay más denuncias falsas que las que nos dicen ¿esto significa que nos están engañando? Rotundamente no. Los datos oficiales son los que son, pero debemos hacer las consideraciones oportunas a los mismos explicando al respetable la letra pequeña para no dar lugar a malas interpretaciones.
La cuestión es ¿cuánta denuncia falsa no se ha podido demostrar que lo sea? No podemos saberlo a ciencia cierta, pero para profundizar en ello vamos a recurrir a los siguientes datos oficiales:
En el Informe llevado a cabo por el OVDM sobre 7 años de LOVG del OVM-CGPJ (junio de 2005 a julio de 2012) se indica que de las 1.034.613 denuncias presentadas en ese lapso, se dictaron 207.997 sentencias condenatorias (el 20,1 % de las denuncias).
¿Qué ocurre con el casi 80% restante? ¿Son denuncias falsas? Una vez más hay que decir que no. Entre los procedimientos no terminados en condena se encuentran, la sentencia de libre absolución (no se ha probado el delito), el sobreseimiento libre (no hay indicios racionales de que se haya cometido delito) y el sobreseimiento provisional (no hay pruebas suficientes para probar el delito).
Solo en sentencias absolutorias o condenatorias podríamos afirmar la inocencia o culpabilidad del implicado. En el resto de casos simplemente no se ha podido comprobar el hecho, ni en un sentido ni en el contrario. Así que no es conveniente realizar afirmaciones absolutas en ambos sentidos. Es decir, no se puede afirmar que todos los absueltos por sobreseimientos son maltratadores, ni tampoco que todas las denuncias que han terminado sin condena son falsas.
También hay que hablar de un aspecto importante, siempre teniendo en cuenta la especial situación psicológica de las víctimas de violencia, que es la retirada de denuncias. Como hemos visto en artículos anteriores de esta serie, rondan el 10% anuales.
En la Macroencuesta llevada a cabo en 2015, las entrevistadas adujeron como motivos para no denunciar los siguientes: miedo de perder a sus hijos, su pareja o alguien más se lo impidió, sucedió cuando vivía en otro país, no quería que sus hijos perdiesen a su padre, no quería que arrestaran a su pareja, pensó que no la creerían, para que su pareja no la dejara, pensó que era su culpa, carecía de recursos económicos propios, el problema se terminó, eran otros tiempos, sintió vergüenza, apuro, miedo, temor a las represalias, tuvo muy poca importancia, etc.
El problema es que a la retirada de la denuncia no le sigue la investigación de los motivos de la misma para que se puedan conocer los maltratadores que no han sido condenados, y los eventuales casos de denuncias falsas. Esto impide la protección de víctimas de violencia de género en el primer caso, y además, facilita el acceso irregular a ayudas, lo que provoca un efecto llamada. Por lo que es muy interesante la realización de informes psicosociales para determinar cuándo la retirada (o no ratificación) de una denuncia ha venido motivada por la especial situación psicológica de la víctima de maltrato.
También tenemos que tener en cuenta la cifra negra (delitos de denuncia falsa no conocidos por la autoridad). En este sentido tras un sobreseimiento o sentencia absolutoria, puede no seguir la interposición de demanda solicitando deducción de testimonio por diversos motivos, como que el denunciado no desee continuar con más procedimeintos judiciales por motivos económicos, por cansancio, etc.
Puede también ocurrir que la administración de justicia no inicie de oficio el procedimiento de instrucción por delito de denuncia falsa. E, incluso, puede solicitarse a instancia de parte la persecución de la denuncia falsa y que ésta se desestime. Para aproximar la magnitud del problema es importante conocer cuántas solicitudes de deducción de testimonio por denuncia falsa se han atendido y cuántas no, y el motivo de la admisión o inadmisión de las mismas. Así como los casos en los que se establece por sentencia un uso espurio de la ley, instrumentalización, o alguna consideración similar, y sin embargo no se deduce testimonio. No se entiende que todo esto no se haga. Y este silencio oficial alimenta la conspiranoia.
Hablar de denuncias falsas en violencia de género siempre genera una polémica que no deja indiferente a nadie. La cuestión es si se debe hacer. Yo creo que sí, pues como hemos visto, generan un daño irreparable al que las sufre (independientemente del número), a las maltratadas, y a la administración y la sociedad. Solo esto ya es una buen motivo para hacerlo. Pero también lo debemos hacer para aclarar ciertos conceptos con el fin de desterrar mitos sobre las mismas. Y hacerlo en términos pedagógicos no daña en ninguna forma a las mujeres víctimas de violencia de género. Más bien al contrario.