Source: https://www.scribd.com/document/107175601/Ejecucion-de-Sentencias-Extranjeras
Timestamp: 2017-09-24 22:27:32
Document Index: 158748582

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 113', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 3', 'Artículo 423', 'Artículo 426', 'Artículo 429', 'Artículo 430', 'Artículo 427', 'Artículo 425', 'Artículo 432', 'Artículo 424', 'Artículo 431', 'Artículo 433', 'Artículo 428', 'artículo 3', 'artículo 2277', 'artículo 1244', 'artículo 5']

Uploaded by Erick Albert Stern Comas
Por lo que veo profesor, no basta con solicitar la ejecución mediante instancia administrativa y que además, deberíamos apostillar
la sentencia original. Usted por su experiencia y por referencia sabrá que hacer, este es el resultado de mi investigación:
¿Cual es el procedimiento en RD para la ejecución y reconocimiento de sentencias de decisiones extranjeras?
La manera correcta de aplicar el derecho internacional privado en todas sus ramas consiste en primero verificar si existe algún tratado internacional que rija la materia, en este caso el reconocimiento y ejecución de las decisiones de tribunales extranjeros. Por ejemplo, en RD nos guiamos por lo dispuesto en los artículos 423 y siguientes del Código Bustamante en lo relativo a sentencias dictadas por los Estados partes. Según dicho articulado, todas las sentencias civiles y contencioso administrativas dictadas en uno de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones: 1. Que el tribunal que la dictó tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código; 2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio; 3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiere ejecutarse; 4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; 5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado; 6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda, y los que requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia. Si el tribunal que dictó la sentencia no pertenece a un Estado parte, su reconocimiento y ejecución se rigen por el derecho interior de nuestra República: En cuanto a nuestra ley interior, el artículo 122 de la ley 834 dispone.- “Las sentencias rendidas por los tribunales extranjeros y los actos recibidos por los oficiales extranjeros son ejecutorios en el territorio de la República de la manera y en los casos previstos por la ley.” Tal ley parece remitirnos a las condiciones que deben reunir las sentencias dominicanas para ser ejecutorias. En ese sentido, el artículo 113 de la ley 834 establece que “tiene fuerza de cosa juzgada la sentencia que no es susceptible de ningún recurso suspensivo de ejecución.” El artículo 115 que “ninguna sentencia, ningún acto puede ser puesto en ejecución más que a presentación de una copia certificada, a menos que la ley disponga lo contrario.” Y el artículo 116 que “las sentencias no pueden ser ejecutadas contra aquellos a quienes se les opone más que después de haberles sido notificadas, a menos que la ejecución sea voluntaria.”
5. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal. 2. No. tales como. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiere ejecutarse. Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados contratantes. Santo Domingo: Ediciones Jurídicas Trajano Potentini. o al menos así lo dispone nuestra SCJ en sentencia no. de acuerdo con las reglas de este Código. 1era edición. no necesitan para su puesta de ejecución en la República Dominicana.” En respuesta. 2 dictada el 8 de mayo del año 2002. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el Estado de que proceda. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse. 5. J. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte.” Sin embargo. del exequátur a que se refiere el Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante. tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones: 1. 4. las relativas al estado y la capacidad de las personas. si allí fuere distinto el idioma empleado. recurrente Gisele María Elisa Reyes Fernández: “Las sentencias declarativas y constitutivas de derecho. nuestra SCJ dijo que tal es un requisito que debe solicitarse en primero grado y que la Suprema no puede investigar de oficio ni constituir una defensa presentada por primera vez en casación por no tratarse de un asunto de orden público. pareciera ser que las sentencias provenientes de países no firmantes del Código Bustamante requieren ser visadas por los cónsules dominicanos de tal país en cumplimiento del artículo 3 de la ley 716-44 de funciones de los cónsules: “Todo documento que se destine a exhibirse ante funcionarios públicos dominicanos. por SENTENCIA DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2005. 3. administrativos o judiciales. 1 En contra véase ROSARIO. para el juicio. Codigo de Bustamante) Capítulo I MATERIA CIVIL Derecho Internacional Privado (Codigo Artículo 423. 6. 806 p. Tratado de derecho internacional privado. deberá estar certificado por el funcionario consular de la jurisdicción que fuere expedido. el juez o tribunal que la haya dictado. Por último.M. y los que requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia. 2005. p 439 . Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo. muchos doctrinarios resaltan que las sentencias constitutivas y declarativas no requieren para su aplicación más que ser presentadas al oficial del Estado Civil1.Otro punto controversial es que sólo las sentencias condenatorias parecen requerir su presentación ante los tribunales a fin de obtener el exequátur. Recurrente: I Chu Yin.
previas las formalidades requeridas por la legislación interior. Castillo M. Se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal internacional. o en la forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el Estado requerido. Abogado: Dr. La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto. en el caso a que el artículo anterior se refiere se otorgarán todos los recursos que las leyes de ese Estado concedan respecto de las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía. Artículo 426. No. Artículo 429. según lo dispuesto en este Código. Artículo 430. José Ant. a la parte contra quien se dirija y al Fiscal o Ministerio Público. Artículo 427. Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables. continuará la marcha del asunto. Cuando se acceda a cumplir la sentencia. Pasado el término que el juez o tribunal señale para la comparecencia. que se refieran a personas e intereses privados. del 12 de mayo del 2004. salvo las relativas a su ejecución. Artículo 425. se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos. producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código. siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite. Precedente de la Suprema Corte de Justicia SENTENCIA DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2005. se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria. y por término de 20 días. Artículo 432. Contra la resolución judicial.Artículo 424. La citación de la parte a quien deba oírse. Artículo 431. Si se deniega el cumplimiento se devolverá la ejecutoria al que la hubiese presentado. haya o no comparecido el citado. si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante. Artículo 433. . se aplicarán en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla. Materia: Civil. Recurrente: I Chu Yin. 5 Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Artículo 428. El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores.
abogados de la parte recurrida. CAMARA CIVIL Rechaza Audiencia pública del 7 de diciembre del 2005. Dios. el cual termina así: “Que procede rechazar el recurso de casación interpuesto por el señor I Chuyin. y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo.. 001-1400452-6. . Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República. de este domicilio y residencia. Tavares. contra la sentencia No. Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. del sector de Gazcue. de esta ciudad. 17. Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo. Vista la Ley núm. Patria y Libertad En Nombre de la Repúbl . Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 22 de julio de 2004. ha dictado la sentencia siguiente: Sobre el recurso de casación interpuesto por I Chu Yin. Maldonado Gil. la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. por los motivos expuestos”. abogado de la parte recurrente. Oído al alguacil de turno en la lectura del rol. 25 de 1991. cuyo dispositivo se copia más adelante. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. comerciante. Ken Kwan y el Dr. en audiencia pública del 24 de noviembre de 2004. quien ha hecho y mantiene elección de domicilio en la casa No. Hernández Machado. contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 12 de mayo de 2004. dominicano. Bolívar R. actuando como Corte de Casación. Ken Kwan. abogados de la parte recurrida Hsu Chu Ching. Ken Kwan. Bolívar R. asistidos de la secretaria general. Margarita A. de la calle Manuel Rodríguez Objío. Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Pedro Berigüete en representación del Lic. Maldonado Gil y el Lic. Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 5 de julio de 2004. blica. 158 de fecha 12 de mayo del año 2004. Eglys Margarita Esmurdoc. en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante. José Ant. Castillo M. mayor de edad.Recurrido: Hsu Chu-Ching. suscrito por el Dr. La CORTE. cédula de identidad y electoral No. Abogados: Dr. Preside: Rafael Luciano Pichardo. modificada por la Ley núm. suscrito por el Dr. casado. Bolívar R. Maldonado Gil y Lic. dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Segundo: Acoge en parte la presente demanda en concesión de exequátur y en consecuencia concede mandato de ejecución a las sentencias de fechas 17 de julio del año 1995 y 6 de junio del año 1995. dictadas por la sucursal de Chilin de Tribunal Regional de Taipei.Considerando . Segundo Medio: Violación del artículo segundo de la convención aprobada por la Resolución núm. Cuarto: Confirma. en cuanto al fondo. Maldonado Gil y el Licdo. con distracción a favor y provecho del Dr. 1055 del Congreso Nacional. Tercero: Condena al demandado. Para esta orden. en cuanto al fondo. el deudor deberá pagar al acreedor la suma de veinte millones de dólares de Taiwán. que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que con motivo de una demanda en concesión de exequátur intentada por Hsu Chu-Ching contra I Chu Yin. 034-2000-020138. En caso de que el deudor no apele dentro del período indicado en el primer párrafo. República de China. el recurso interpuesto por el señor I Chu Yin. el recurso principal interpuesto por la señora Hsu Chu-Ching. esta orden tendrá la misma eficacia como lo prescribe la sentencia”. cuyos dispositivos se enuncian a continuación: “1. 84 -nien-tu-tsutze 4740. señor Yin I Chun. por los motivos ut supra enunciados. de fecha 23 de septiembre de 2002. Taiwán. 2. Dentro de un período máximo de 20 días después de que esta orden le llegue al notificado. Maldonado Gil y el Licdo. Debe entenderse que la ejecución de las sentencias en cuestión. b) que sobre el recurso de apelación interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada con el siguiente dispositivo: “Primero: Declara. y las costas por los gastos del procedimiento. excluye los intereses que se enuncian en su contenido relativo a un cinco por ciento (5) de la obligación. Primera Sala. y los intereses que serán calculados a base de la tasa anual del 5% por un período del 9 de septiembre de 1994 a la fecha de liquidación. al pago de las costas. de la sentencia recurrida. y ordena la distracción de las mismas en provecho del Dr. I-Chun con el archivo No. a la parte recurrente incidental I Chu Yin al pago de las costas del procedimiento. y . a partir del mes de septiembre del año 1994. Quinto: Condena. aprobando el Código Bustamante. la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. la sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza las conclusiones de la parte demandada. por el presente se confirma que esta resolución fue definitiva desde el 7 de julio de 1995”. 3. el deudor podrá apelar a este tribunal dentro del período arriba mencionado. dictó el 23 de septiembre de 2002. los demás aspectos de la sentencia recurrida. quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”. Tercero: Rechaza. abogados. dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional por haberse intentado conforme a las reglas procesales que rigen la materia. quienes formularon durante el curso del proceso la afirmación de rigor (sic)”. por los motivos expuestos. al tenor de los motivos ut supra enunciados. Segundo: Acoge. que este tribunal dictó una orden de pago con la fecha del 6 de julio de 1995. los recursos de apelación interpuestos por la señora Hsu Chu-Ching y por el señor I Chu Yin contra la sentencia marcada con el No. Bolívar R. que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación del artículo 3 de la Constitución dominicana. Ken (Kensuke) Ozaki Kwan. por los motivos expuestos y en consecuencia revoca el párrafo final del ordinal 2do. señor Yin I Chun. Ken Kwan. buenos y validos en cuanto a la forma. en todas sus partes. Considerando . “En cuanto al caso de la orden de pago entre el acreedor Hsu Chu-Chin y el deudor Yin. Bolívar R.
1055 del Congreso Nacional. elementos suficientes para declararla violatoria del espíritu y de la letra del Art. Séptimo Medio: Distorsión del derecho. en todo caso. han sido certificadas por las autoridades consulares de nuestro país y conservan su vigencia”. se están violando los artículos del 423 al 433 del referido código. se ha dado preponderancia a la legislación Taiwanesa en las consideraciones de la sentencia nacional.violación de los artículos 423 al 433 de dicho código. porque no es nuestra competencia. segundo. Octavo Medio: Desnaturalización de los hechos y violación del derecho de defensa. ni ha firmado con nuestro país tratado alguno acerca de la ejecución de sentencias. en segundo término. que la Corte a-qua para fundamentar su decisión estimó que el exequátur que se concede en nuestro país a las sentencias extranjeras. Sexto Medio: Violación de reglas procesales. para el caso de que nos estuviera permitido. Quinto Medio: Falta de base legal. no ha sido controvertida por la parte a la cual se opone. la parte recurrente alega. que “el juez del exequátur no está facultado. es decir son definitivas. la Corte no limitará la ejecución de la sentencia. . 3 de la Constitución Dominicana. modificar la sentencia cuyo exequátur se procura. en primer lugar. es evidente entonces que la sentencia que estamos recurriendo en casación realiza y/o permite realizar una injerencia o intervención en los asuntos dominicanos y reduce nuestra soberanía. condiciones de forma. que cuando un tribunal dominicano dicta una sentencia autorizando la ejecución en nuestro país de otra originada en Taiwán (país que no es parte contratante o adherente del Código Bustamante ni ha firmado con nosotros tratado alguno relativo a ejecución de sentencias). Considerando . Tercer Medio: Falta de base legal. continúa expresando la Corte a-qua. es una orden dada por nuestros tribunales a fin de que esas sentencias puedan tener fuerza ejecutoria en la República Dominicana. en síntesis. que en el desarrollo de los medios primero. ni verificar si la sentencia fue dictada o no conforme a los hechos y el derecho del país de origen de ella. que en la sentencia recurrida no fueron ponderados ni el Código Bustamante ni las dos certificaciones expedidas por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. y si. que. ni está dentro de las atribuciones jurisdiccionales nuestras. en primer lugar. ni se le posibilita hacer un análisis del caso conocido por el tribunal extranjero. Noveno Medio: Violación del principio del efecto devolutivo del recurso de apelación”. cuarto. Cuarto Medio: Falta de motivos. Considerando . los cuales se reúnen para su examen por así convenir a la solución del caso. y el artículo segundo de la convención aprobada por la Resolución núm. como sucede en el caso que nos ocupa. porque si bien es cierto que hemos verificado las condiciones anotadas precedentemente. para hacer un análisis del caso conocido por el tribunal extranjero y para verificar si la sentencia fue dictada o no conforme a los hechos y el derecho de Taiwán. tercero. en las cuales se hace constar que Taiwán no es parte contratante ni adherente del Código Bustamante. tienen las características necesarias para ello. se ha pretendido que la sentencia extranjera tenga autoridad de cosa juzgada sobre la decisión que deban adoptar nuestros tribunales y se ha realizado una auto-descalificación para examinar el fondo del asunto. la orden de pagar los intereses legales más allá del plazo establecido en el artículo 2277 del Código Civil. y por último porque no es un asunto que toca el orden público sino más bien de puro interés privado”. que la Corte a-qua comprobó que “las sentencias a ejecutarse aquí. quinto y octavo. no menos cierto es que no es pertinente. “contrario a lo que el tribunal a-quo decidió. no contrarían el orden público.
que. y en consecuencia. salvo la existencia de un tratado o convenio suscrito entre el país de donde proviene la sentencia y el país donde se desea ejecutar la misma. conviene advertir que. que. que es posible que se requiera el auxilio de la fuerza pública para su ejecución. Considerando . . a los tribunales nacionales del conocimiento del fondo. Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional (Primera Sala). la misma hizo una correcta aplicación del derecho. como se ha visto en las motivaciones de la Corte a-qua. Taiwán no es un país signatario de dicho Código Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado. Considerando . de haber sido previsto. como admite el propio recurrente en el desarrollo de sus medios aquí reunidos. que las sentencias cuyos exequáturs se procura. no simplemente limitarse a alegarlo. dicho postulado tiende a substraer. concluyen las motivaciones del fallo atacado. por lo que procede rechazar tales argumentos. y confirmó en todas sus partes los demás aspectos de la sentencia dictada por la Cámara. nulidad o cualquier medio que tienda a impedir la concesión del exequátur de que se trata. en el sentido de que las sentencias dictadas en Taiwán. no son ejecutorias en este país por no existir convenio o tratado suscrito en tal sentido entre dicho país extranjero y la República Dominicana. 158 del 12 de mayo de 2004. que. por tales razones. son sentencias condenatorias. acerca del expediente en cuestión. cuya ejecución estará precedida del correspondiente exequátur. es decir. como es la decisión objeto del presente litigio. la parte recurrente alega que cuando la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó. Considerando . valiéndose de nuestras autoridades consulares. el párrafo relativo a los intereses. procede rechazar los medios examinados. reunidos para su estudio por estar vinculados. el procedimiento se regirá por el tratado o convenio de que se trate. como lo hace dicha parte. que en el desarrollo de los medios de casación sexto y séptimo. deberá probar lo aseverado. ya que no se trata en realidad de sustituir esa decisión por una sentencia dominicana. que. carece de pertinencia legal el argumento del actual recurrente. ya que será necesario una realización material de ella para su ejecución”. el recurrente I Chu Yin invoca contra la sentencia impugnada la violación de los artículos 423 al 433 del Código Bustamante. en cuyo caso. precisamente por su característica. en principio. que la sentencia mediante la cual se concede exequátur tiene por objeto conferir a la sentencia extranjera la debida autoridad de cosa juzgada y la condigna fuerza ejecutoria de las cuales está generalmente desprovista en la República Dominicana. que el procedimiento a seguir para el conocimiento de una acción en procura de exequátur deberá estar regido por el derecho común del país que deba otorgarlo. en cuanto al alegato de que la Corte a-qua rehusó conocer el fondo del asunto para verificar si la sentencia cuyo exequátur se persigue fue dictada conforme a los hechos y el derecho de Taiwán. conforme a las reglas del país de origen de la misma. por otra parte. haciendo suyas todas las demás consideraciones y decisiones de la referida Cámara. debiendo limitarse éstos a comprobar la regularidad y la autoridad irrevocable de la sentencia. pero.quien presenta oposición. en su sentencia civil núm. prevaleciendo el principio de que el exequátur deberá ser acordado o rechazado sin modificación de la decisión extranjera. así como su legítima ejecutoriedad en la República Dominicana y su conformidad con nuestros principios constitucionales. por lo que el mismo no puede ser aplicado u opuesto en la especie.
al verificar que las decisiones dictadas en Taiwán son definitivas e irrevocables.incluidas aquellas que al entender del recurrente conllevaron y conllevan violaciones de reglas procesales. acordar un plazo de gracia por aplicación del artículo 1244 del Código Civil. según consta en el memorial de casación. que en cuanto a estos medios de casación. en tanto no ha desarrollado ni siquiera de manera sucinta el medio de casación propuesto. según consta en las motivaciones de la Corte a-qua anteriormente transcritas. olvidando que dicho acto estaría viciado de nulidad en virtud de la no existencia de separación o divorcio entre dichos cónyuges”. las cuales señalaron detalladamente en su acto de apelación. además de su conformidad con la Constitución dominicana. a los jueces del fondo les está vedado examinar y ponderar consideraciones del fondo del asunto. y 6) que dichas órdenes o sentencias no fueron debidamente notificadas al señor I Chu Yin. por lo que los medios que se examinan también deben ser desestimados. Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por I Chu Yin . el mismo no ha cumplido con lo indicado por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. ya ha sido decidido en parte anterior de este fallo. que se dice intervenido en 1997 entre los esposos I Chu Yin y Hsu Lan Chen De Yin. que al limitarse dicho recurrente a transcribir parte de dicha sentencia. por lo que este medio debe ser declarado inadmisible. son las siguientes: “1) no haber probado que las dos órdenes o sentencias dictadas en Taiwán sean ejecutorias en dicho país. 3) no haber presentado pruebas de la no existencia de recursos de apelación o de oposición. que las reglas procesales violadas por la Cámara señalada y que ha hecho suyas la Corte de Apelación. concluyen los alegatos del recurrente. aduce el recurrente. en que alegadamente ha incurrido la Corte a-qua. la regularidad y el carácter irrevocable de la misma. pero limitando el fundamento de su medio a citar una sentencia dictada por esta Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia el 4 de noviembre de 1998. que no contrarían el orden público y que han sido certificadas por las autoridades consulares de nuestro país. puesto que su obligación jurisdiccional se limita a otorgarle o no a la sentencia extranjera fuerza ejecutoria en el territorio nacional. 4) no haber probado si está pendiente o no el conocer de una solicitud de prescripción . quedando en libertad. que el Magistrado Juez Presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional (Sala Primera) apoyó parte de sus consideraciones y decisiones en lo que denominó acuerdo de partición de muebles. 2) no haber probado que las mismas fueron rendidas por tribunal competente. así como disponer la conversión en moneda dominicana la condenación pronunciada en dinero extranjero. para lo cual debe constatar. sin embargo. Considerando . que en el noveno medio de casación propuesto por el recurrente. los jueces del exequátur de tomar cualquier medida concerniente a la ejecución de la sentencia extranjera. éste alega que la referida Corte a-qua violó el efecto devolutivo del recurso de apelación. 5) no haber constancia de que la parte demandada fuera citada personalmente o en manos de su representante legal. que en las acciones en solicitud de exequátur. omitiendo precisar las violaciones al citado principio relativo al efecto devolutivo del recurso de apelación. como en efecto lo hizo en el caso la Corte a-qua. Considerando . como la presente. contrario a las alegaciones de la parte recurrente. tales como por ejemplo ordenar la ejecución provisional.
Maldonado Gil y el Lic. en la audiencia pública del día. con distracción de las mismas en favor del Dr. Secretaria General. y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Secretaria General. Margarita A. mes y año en ella expresados. que figuran al pie. Hernández Machado. quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. . y fue firmada. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. leída y publicada por mí. abogados de la parte recurrida. Grimilda Acosta. La presente sentencia ha sido dada. Ana Rosa Bergés Dreyfous. Eglys Margarita Esmurdoc. firmada y pronunciada por los señores jueces. por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. que certifico. Firmado: Rafael Luciano Pichardo. en su audiencia pública del 7 de diciembre del 2005. José E. cuyo dispositivo figura transcrito en parte anterior de este fallo. Bolívar R. Ken Kwan. Tavares. Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales.contra la sentencia dictada el 12 de mayo de 2004.
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