Source: http://grupoonce.com/2013/08/01/boletin-informativo-julio-2013/
Timestamp: 2019-03-18 18:23:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 46', 'artículo 33', 'artículo 14', 'artículo 67', 'artículo 51', 'ARTÍCULO 152', 'artículo 152', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 133', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 55', 'artículo 55', 'artículo 38', 'ARTÍCULO 75', 'artículo 75']

BOLETÍN INFORMATIVO: JULIO 2013 – Grupo ONCE
Jueves, 01 agosto 2013 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A nueve meses de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 17 de Julio de 20013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esta ley afecta específicamente a determinado tipo de operaciones, mismas que se consideran como “actividades vulnerables”, en algunos casos, cuando la operación respectiva exceda de determinada cuantía, y en otros, independientemente del importe económico de la misma.
Entre las obligaciones que la ley analizada impone a los sujetos que realicen “actividades vulnerables”, cabe puntualizar las siguientes:
Identificar a sus clientes y usuarios y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;
Para los casos en que se establezca una relación de negocios, solicitar al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación.
Solicitar a sus clientes o usuarios información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella;
Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. Además deberán conservar dicha información de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de realización de la operación, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente;
Presentar los avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley.
Así mismo, es preciso destacar que, tratándose de las denominadas “actividades vulnerables”, esta ley prohíbe expresamente el uso de efectivo en aquellos casos en que la cuantía de la operación respectiva exceda los límites fijados en la misma.
No obstante, por disposición expresa de los artículos transitorios de esta ley, las disposiciones que restringen el uso de efectivo, así como aquéllas que obligan a la presentación de avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrarán en vigor hasta que hayan transcurrido 60 días siguientes a la entrada en vigor del reglamento de la ley analizada, mismo que aún se encuentra pendiente de expedición.
Es sumamente importante estar bien asesorados en cuanto a las obligaciones y restricciones que impone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, particularmente en el caso de participar en “actividades vulnerables”; debiendo asegurarnos de contar en todo momento con la información y documentación relativa a las operaciones realizadas, así como de presentar de manera completa y oportuna los avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en su caso procedan; ello con el fin de evitar incurrir en infracciones a la citada ley y, con ello, la imposición de las sanciones económicas que ésta prevé; dado que por sus elevados importes, resultan ser extremadamente gravosas.
En efecto, tratándose de la omisión de presentar los avisos correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, así como del uso o aceptación de efectivo en los supuestos en que la ley lo prohíbe, las multas por incurrir en tales infracciones alcanzan a ser de hasta 65 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, o hasta del 100% del valor de la operación, cuando sea cuantificable en dinero, la que resulte mayor.
Bajo ese contexto, en Grupo Once nos ponemos a sus órdenes para orientarle en el debido cumplimiento a las obligaciones fijadas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, brindarle asistencia legal en caso de procedimientos de verificación que practiquen las autoridades para comprobar su observancia y, en su caso, ofrecerle una adecuada defensa jurídica en contra de sanciones ilegalmente impuestas con motivo de infracciones a la citada ley.
SEGUNDO.- Criterios normativos aprobados por el Servicio de Administración Tributaria durante el segundo trimestre de 2013. El pasado 9 de Julio de 2013, fueron publicados en el Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria los criterios normativos aprobados durante el segundo trimestre de 2013 por el Comité de Normatividad de dicho órgano fiscalizador.
Los criterios antes referidos abarcan cuestiones en materia de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Empresarial a Tasa Única, y así mismo se analizan aspectos relativos al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.
A continuación se presentan tales criterios normativos:
El artículo 3, fracción II, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única establece que, para los efectos del margen de intermediación financiera a que se refiere dicha fracción, se consideran intereses aquellos considerados como tales en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
TERCERO.- Establece el Procurador General de la República las bases para la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada de Análisis Financiero. Dado que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita dispone que la Procuraduría General de la República contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, la cual será el órgano especializado designado para el análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita, y cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, el pasado 16 de Julio de 2013 el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, emitió el “Acuerdo A/078/13 por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Julio de 2013.
En dicho acuerdo se designa a la “Unidad Especializada en Análisis Financiero” como la única instancia competente para el diseño y ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la elaboración de dictámenes que coadyuven en las investigaciones o actos procesales que realicen las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Institución competentes en la materia.
Se dispone que para el cumplimiento de sus atribuciones, la citada unidad aplicará metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para el desarrollo de herramientas de inteligencia y medición del riesgo regional y sectorial de dichas conductas, así como para aportar elementos o indicios que coadyuven en la investigación y persecución de hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, cabe destacar que mediante el acuerdo de referencia se confieren facultades adicionales a la Unidad Especializada en Análisis Financiero y, además, se establece que la misma deberá dar seguimiento a los asuntos materia se su competencia, desde la averiguación previa y hasta la conclusión del procedimiento penal.
CUARTO.- Convenio entre México y Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Julio de 2013, se promulgó finalmente el “Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio”, el cual fue firmado desde el 13 de agosto de 2009 en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Dicho convenio será aplicado a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigible por cada una de las partes, así como a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similares que se establezcan con posterioridad a la firma del acuerdo y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
El convenio no solamente cubre los elementos básicos del modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sino que además hace una fijación de derechos tributarios bastante generosos como: un concepto amplio de establecimiento permanente; amplios derechos de abastecimiento sobre dividendos, regalías, intereses y ganancias de capital.
Asimismo, a través de este acuerdo se establece, en términos generales, el tratamiento aplicable a rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, beneficios procedentes de transportación marítima y aérea, rentas percibidas por empresas asociadas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pensiones, remuneraciones al empleo, a artistas y deportistas, así como a la función pública; entre otras medidas para evitar la doble tributación y regular la imposición del patrimonio; a la vez que se fortalece el intercambio de información entre ambos gobiernos con el fin de evitar la evasión fiscal.
[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 5
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DÉ EQUI­DAD Y PROPORCIONALIDAD.-La eficacia tutelar de los mencionados principios tributarios rige por antonomasia en la obligación sustantiva de pago de las contribuciones, pero también pueden tener operatividad eh obliga­ciones adjetivas, accesorias yen deberes formales, siempre y cuando nazcan como consecuencia de la potestad tributaria, e incidan en la obligación sus­tantiva. En ese sentido, las normas que regulan el procedimiento de integra­ción de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), sí pueden ser sujetas al escrutinio constitucional, a la luz de los principios tributarios de equidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien no se relacionan con aspec­tos sustantivos de la obligación tributaria, al no prever algún elemento esencial del impuesto sobre la renta, el cual incluso se determina con posterioridad a su liquidación, por lo que opera fuera de la estructura de la contribución, lo cierto es que dicha cuenta constituye un instrumento contable qué incide directamente en la determinación del impuesto a pagar por la distribución de dividendos realizada por las personas morales, pues se proyecta como parámetro de medición de las ganancias de la empresa susceptibles de ser distribuidas, que ya pasaron por resultado fiscal y pagaron impuesto, por lo que no volverán a causarlo cuando se distribuyan, máxime si el repartos de divi­dendos no proviene de la CUFIN o si es excedido su saldo por el monto distri­buido, porque entonces dará lugar al pago del gravamen por dividendos; de ahí que la integración de la cuenta mencionada es fundamental para verificar si debe pagarse el impuesto en caso de distribuir dichas utilidades.
P./J. 17/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 45/2012.-Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-21 de febrero de 2013.-Una-
El Tribunal Pleno, el treinta de mayo en curso, aprobó, con el número 17/2013 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede.-México, Distrito Federal, a treinta de mayo de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 606
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS DERE­CHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABI­LIDAD DEL DOMICILIO.-La porción normativa citada, al establecer que el plazo máximo de doce meses con que cuentan las autoridades fiscales para concluir la visita domiciliaria se suspenderá cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los actos o activi­dades que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de dichas autoridades, desde la fecha de interposición del citado medio de defensa hasta que se dicte su resolución definitiva, no vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio que prevén, respectivamente, los artículos 14 y.16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha suspensión se justifica por la misma norma, al ser consecuencia de la posibilidad de impugnar, por el propio particular, algún acto de la visita domiciliaria, lo que no conlleva a la autorización para que las autoridades pro­longuen, arbitraria y permanentemente los referidos actos de molestia en el domicilio y los papeles del gobernado, sino únicamente a detener temporalmente la consumación de dicho plazo durante el lapso que tarde en resolverse definitivamente el medio de defensa hecho valer.
1 a. CXCI I I/2013 (10a.)
Amparo directo en revisión 81/2013.-Eduardo Camarena Herrera.-13 de marzo de 2013.­Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.-1 Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 607
VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CON­CLUIRLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PENÚLTI­MO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA.-La circunstancia de que el citado precepto establezca una causal para la suspensión del plazo con que cuentan las autoridades fiscales para concluir la visita domiciliaria, con­sistente en la interposición de algún medio de defensa en el país; o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las facul­tades de comprobación de dichas autoridades, no puede interpretarse como una circunstancia general o irrestricta; por el contrario, si se establece tal hipótesis de procedencia, es con el objeto de garantizar el derecho dé acceso efectivo a la justicia, a favor del visitado, específicamente en respeto a los principios de oportunidad y defensa, que se concreta en la posibilidad de que pueda inconformarse y que la visita se desarrolle dentro del marco jurídico establecido.
la. CXCIV/2013 (10a.)
Amparo directo en revisión 81/2013.-Eduardo Camarena Herrera.-13 de marzo de 2013.­Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 694
AVALÚO CATASTRAL PRACTICADO PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ES­TADO DE COAHUILA).-EI amparo concedido contra un avalúo catastral por falta de fundamentación y motivación tanto de ‘la compe­tencia de la autoridad emisora como de la determinación del valor catas­tral del inmueble, que se hizo extensivo al establecimiento y al pago del derecho respectivo, tiene como efecto la emisión de otro avalúo, era igual o diverso sentido que el anterior, subsanando aquellas irregula­ridades, pues de lo contrario, se dejaría de proporcionar el servicio solici­tado y pagado por el quejoso. Asimismo, la protección constitucional constriñe a la autoridad correspondiente a cuantificar el derecho por la prestación del servicio con base en el nuevo avalúo, en congruencia con el artículo 33, fracción I, punto 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del Año 2011, sin que tal obligación implique devolver las cantidades enteradas inicial­mente por ese concepto, ya que éstas deben aplicarse para cubrir la nueva contribución, sin demérito del derecho del quejoso a solicitar la restitución del saldo a favor que pudiera resultar por la eventual modi­ficación del valor catastral del inmueble. Lo anterior, en virtud de que el amparo concedido por vicios de legalidad del acto de aplicación de una norma no tiene como efecto la desincorporación de ésta de la esfera jurídica del quejoso, lo cual sólo es propio de las sentencias que declaran su inconstitucionalidad.
2a./J. 76/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 488/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.­27 de febrero de 2013.-Cinco votos.-Ponente: José Fernando Franco González Salas.-Secretaria: Martha Elba de la Concepción Hurtado Ferrer.
Tesis de jurisprudencia 76/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada de veinticuatro de abril de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 724
CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGU­LARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NÓ ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.­ La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determina­dos originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva im­pugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al. contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios esta­blecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona Un perjui­cio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este]acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus re­gistros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será defini­tiva paró efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrati­va, por. incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo A lo anterior-se suma que en el texto de la propia carta se informe expresa­mente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pér­dida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado.
2a./J. 62/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 18/2013.-Entre las sustentadas por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Cole­giado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2013.­Mayoría de tres votos; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández.-Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán.-Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.-Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.
Tesis de jurisprudencia 62/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribu­nal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 950
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFI­CARSE PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA.-Acorde con los principios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, el de acceso a la justicia conlleva, para los ;órganos jurisdiccionales, él deber de proteger y respetar los derechos funda­mentales vinculados con aquél, así como garantizar la efectiyidad de los medios legales de defensa, lo que de suyo implica acudir a una inter­pretación de la ley que permita lograr tales objetivos. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que en el juicio contencioso administrativo federal el derecho del actor para ampliar su demanda se traduce en una forma­lidad esencial del procedimiento, en tanto tiene por objeto que pueda expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para impugnar las cuestiones que desconocía al formular su deman­da inicial o que introdujo la autoridad al contestarla. Por tanto, la cir­cunstancia de que el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevea expresamente como supuesto de notificación personal o por correo certificado el auto que tiene por con­testada la demanda, no impide que así se realice cuando en dicho pro­veído se concede al actor el plazo legal para ampliarla, ya qué de esa manera se garantizan sus derechos fundamentales de acceso; efectivo a la justicia y de adecuada defensa previstos en los artículos 17i, párrafo segundo, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de os Esta­dos Unidos Mexicanos, respectivamente. Incluso, si se tiene en cuenta que conforme al numeral 67, en relación con el diverso 17 del indicado ordenamiento legal, se notificará personalmente el requerimiento al actor para que dentro del plazo de 5 días presente las copias que debió adjuntar al escrito de ampliación de la demanda, es inconcluso que el auto que le concede el plazo legal para ampliarla al tenerla por contes­tada también debe notificarse de manera personal, al ser evidente que se trata de una actuación de mayor entidad, y tener la misma finalidad del auto por el que se emplaza ajuicio a la demandada, además de que ello es acorde con la intención del legislador de restringir ese tipo de noti­ficaciones a los casos más trascendentes.
2a./J. 75/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 43/2013.-Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Tri­gésimo Circuito.-13 de marzo de 2013.-Mayoría de tres votos-Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández.-Ponenie: Alberto Pérez Dayán.-Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Tesis de jurisprudencia 75/2013 (10a.).=Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 1073
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.*EL AR­TICULO 51, PENÚLTIMO’ PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RE­LATIVA, OBLIGA, AL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO ADOLEZ­CA DE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETEN­CIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.-Del citado precepto, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Fede­ración de 10 de diciembre de 2010, deriva que cuando la incompetencia de la autoridad resulte fundada y además existan agravios encamina­dos a controvertir el fondo del asunto, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberán analizarlos, y si alguno de éstos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procede­rán a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor. Por su parte, el principio de mayor beneficio implica que debe privilegiarse el estudio de los argumentos que, de resultar fundados, generen la consecuencia de eliminar totalmente los efectos del acto impugnado; por tanto, atento al artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que expresa­mente alude al principio indicado, las Salas referidas deben encaminar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun cuando se determine que el acto impugnado adolece de una indebida fundamentación de la competencia de la auto­ridad demandada; obligación que, además, debe acatarse en tildas las resoluciones emitidas por ese Tribunal a partir del 11 de diciembre de 2010, fecha en que entró en vigor la adición al señalado precepto legal, sin realizar distinciones respecto de los asuntos que estaban en trámite con anterioridad, o bien, de los iniciados posteriormente.
Contradicción de tesis 33/2013.-Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribu­nales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 20 de marzo de 2013.-Cinco votos.-Ponente: Alberto Pérez Dayán.­ Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.
Tesis de jurisprudencia 66/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 1220
VERIFICACION DE ORIGEN DE MERCANCIAS IMPORTADAS AL AMPARO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE ÁMÉ­RICA DEL NORTE. TRATÁNDOSE DE LA REVISIÓN DE DOCU­MENTOS COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA R/J. 4/2010 (LEGISLA­CIÓN VIGENTE HASTA EL 27 DE ENERO DE 2012).-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2010, publicada en el Semanario Judicial de /a Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 5, de rubro: “ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCIAS DE DIFICIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VITOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.”, determinó que el artículo 152 de la Ley Aduanera, vigente hasta el 27 de enero de 2012, al no establecer el plazo para que la autoridad aduanera elabore y notifi­que el acta de irregularidades respecto de mercancías de difícil iden­tificación, viola la garantía de seguridad jurídica que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin em­bargo, tratándose de la revisión de documentos como parte del pro­cedimiento de verificación de origen de mercancías importadas al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es i apli­cable la referida tesis, al tratarse de un supuesto distinto, en tanto que ésta se refiere exclusivamente a los casos en que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación en relación con mercancías de difícil identificación y, en aquella hipótesis no existe. incertidumbre jurídica respecto de las mercancías sujetas a la importación, dado que no son objeto de toma de muestras.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 1PRIMER CIRCUITO.
I.6o.A. J/1 (10a.)
Revisión fiscal 327/2012.-Administrador de lo Contencioso “5” de la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas.-26 de octubre de 2012. Unanimi­dad de votos.-Ponente: Clementina Flores Suárez.-Secretaria: Lizette Montañez Domínguez.
Revisión fiscal 505/2012.-Administrador de lo Contencioso “5” de la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas.-10 de enero de 2013.-Unan1midad de votos.-Ponente: Clementina Flores Suárez.-Secretaria: Yenny Domínguez Ferretiz.
Revisión fiscal 518/2012.-Administrador de lo Contencioso “5” de la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas.- 17 de enero de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Clementina Flores Suárez-Secretario: Eduardo Garibay Alarcón.
Revisión fiscal 438/2012.-Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, Administrador Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas.-17 de enero de 20131.- Unani­midad de votos.-Ponente: Alfredo Enrique Báez López.-Secretaria: Shirley Monroy Benítez.
Revisión fiscal 441/2012.-Administrador de lo Contencioso “5” de la Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, del Secretario de Hacienda y Cré­dito Público y de la autoridad demandada, Administrador Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas.-17 de enero de 2013.-Unani­midad de votos.-Ponente: Alfredo Enrique Báez López.-Secretaria: Shirléy Monroy Benítez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 1253
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO (CONTROL DIFU­SO). EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE REGULEN SU ACTUACIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS, GE­NERALES QUE LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOLVER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.- Conforme a la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expedien­te varios 912/2010, de 14 de julio de 2011, así como a las tesis que derivaron de dicho asunto, los Jueces que no forman parte del Poder Judicial de la Fede­ración no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expul­sar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), pero sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta material Así, aunque en la ejecutoria de mérito no existe una referencia expresa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que sí se estableció que el método de control de convencionalidad ex officio (control difuso) deben ejercerlo, no sólo el Poder Judicial de la Federación, sino también los tribuna­les administrativos federales y, en el ámbito local, los tribunales judiciales, administrativos y electorales; por tanto, dentro de dichos órganos jurisdiccio­nales, debe considerarse al referido tribunal federal. Lo anterior se confirma con lo que el Pleno del Máximo Tribunal sostuvo al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el sentido de que los mandatos contenidos en el artículo lo. constitucional, reformado mediante decreto pu­blicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, dan lugar a concluir, atento al principio de supremacía constitucional, que los Jueces del Estado Mexicano, al conocer de los asuntos de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos reconocidos en esa Norma Funda­mental y en los-tratados internacionales de los que el Estado Mexicana sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse eh los ordenamientos qué les corresponda aplicar para resolver dichos asuntos; de­terminación que ameritó dejar sin efectos las jurisprudencias P./J. 73/99 y P./J. 74/99. Así, el control difuso que puede ejercer el Tribunal Federal del Jus­ticia Fiscal y Administrativa en su función jurisdiccional, no se encuentra res­tringido a disposiciones que regulen las funciones de dicho órgano, sino que abarca todas las normas generales que le corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia, es decir, aquellas que funden los actos que ante dicho tribunal se controviertan, máxime que la Suprema Corte de Justi­cia de la Nación no hizo tal distinción.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PR MER CIRCUITO.
I.6o.A.5 A (10a.)
Revisión fiscal 505/2012.-Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras.-1d de enero de.2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretaria: Yenny Domínguez Ferretiz.
Revisión fiscal 438/2012.-Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras.-17i de enero de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Alfredo Enrique Báez López.- Scretaria: Shirley Monroy Benítez,
Revisión fiscal 441/2012.-Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras.-171 de enero de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Alfredo Enrique Báez López.-Secretaria: Shirley Monroy Benítez.
Revisión fiscal 518/2012.-Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras.-171 de enero de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretario: Eduardo Garibay Alarcón.
Nota: Las sentencias que recayeron al expediente varios 912/2010 y a la solicitud de mo­dificación de jurisprudencia 22/2011, así como las tesis de jurisprudencia P/J. 73/99 y P./J. 74/99 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo 1, octubre de 2011, página 313; Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 536; Novena Época, Tomo X, agosto de11999, pá­gina 18, con el rubro: “CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.” y página 5, con! el rubro: “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.”, respectivamente.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 1259
DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA INTERPRETACIÓN DEL AR­TÍCULO 2o., FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE LLEVAR A ESTABLECER COMO UN DERECHO ABSOLUTO LA OB­TENCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SOLICITADAS, NI AUN BAJO LA ÓPTICA DEL PRINCIPIO PRO PERSONAE.– El ar­tículo 2o., fracción II, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que es derecho de los contribuyentes obtener las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación. Así, una interpretación semántica y sistemática de esa norma permite advertir que ni aun bajo la óptica del principio pro personae debe entenderse como un derecho absoluto de los contribuyentes la obtención de las devoluciones de im­puestos que soliciten, pues ello propiciaría un régimen de inseguridad jurídi­ca y permitiría que aquéllos pudieran obtener beneficios indebidos,¡ puesto que el artículo 22 del referido código establece los términos en que las auto­ridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y; las que procedan conforme a las leyes fiscales, permitiéndoles ejercer facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, e incluso reque­rir directamente al solicitante los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la solicitud ‘,relativa; de donde deriva que debe demostrarse precisamente que la devolución es procedente, Lo anterior es así, pues si bien es cierto que al precepto inicial­mente mencionado debe dársele la interpretación más favorable al gobernado, también lo es que necesariamente debe buscarse su integración con el siste­ma normativo en que se ubica, lo que implica que siempre debe evitarse que ésta haga incongruentes las disposiciones del orden jurídico del que forman parte, que es lo que ocurriría si se determinara extensivamente que el dere­cho a la devolución de impuestos es absoluto cuando se solicite, sin acreditar su existencia y procedencia.
IV.2o.A.44 A (10a.)
Amparo directo 242/2012.-Servicios Sesa, S.A. de C,V-27 de febrero de 2013.-Unani­midad de votos.-Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro.-Secretario: Miguel Angel Luna Gracia.
VII-TASA-III-48
ENAJENACIÓN DE GASOLINA Y DIÉSEL. FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 2°.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EL QUE PAGA EL IMPUESTO ES EL CONSUMIDOR FINAL.- Resulta ser diferente el hecho de que el contribuyente hubiera pagado el impuesto empresarial sobre producción y servicios cuando adquirió el producto directamente a Petróleos Mexicanos, dado a que acorde a lo dispuesto por el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dispone que las personas que enajenen gasolina o diésel en territorio nacional estarán sujetas a la tasa aplicable en cada mes para la enajenación de gasolinas o diésel será la que resulte para cada agencia de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios; siendo que sin perjuicio de lo anterior, en la fracción II del precepto legal en cita, se dispone que se aplicarán las cuotas siguientes a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel, siendo que en el párrafo segundo de dicha fracción II, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados, que realicen la venta de los combustibles al público en general, trasladarán un monto equivalente al impuesto establecido en esta fracción, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y por separado, es decir el que paga el impuesto es el consumidor final, no el contribuyente que lo está enterando; tal como lo indica el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que da contestación a la Acción de Inconstitucionalidad Número 29/2008, en la parte correspondiente en que cita que “al tratarse de un tributo indirecto, puede jurídica y económicamente trasladarse a otras personas, de forma que el contribuyente no sufre impacto económico al respecto, sino que recae sobre el consumidor final, lo cual explica que el legislador haya señalado como sujeto pasivo a las personas antes indicadas, (Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados), y no al público en general, dado que el contribuyente por antonomasia es el sujeto que lleva a cabo el hecho imponible que en la especie coincide con Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, estaciones de servicio y los distribuidores autorizados, por vender gasolina y diésel al público en general”; por lo que se tratan de dos impuestos diferentes.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1198/12-TSA-6.- Expediente de origen Núm. 4417/11-05-01-2.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de mayo de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Carlos Javier García González.- Secretario: Lic. Gabriel Carlos Sánchez Mauleón.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 192
VII-TASR-2OC-18
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 186
VII-TASR-2OC-16
LA PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACTUALIZA CUANDO SE DA ALGUNA DE LAS IRREGULARIDADES PREVISTAS EN LAS DEMÁS FRACCIONES DEL PROPIO NUMERAL.- Resulta incorrecta la determinación presuntiva con fundamento en el artículo 55, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, cuando el particular proporciona parcialmente la información y documentación requerida por la autoridad, toda vez que el supuesto establecido en tal fracción se actualiza únicamente cuando se dan irregularidades diversas a las de las demás fracciones que componen el numeral referido. Ello dado que tal exhibición parcial, actualiza el supuesto previsto en la fracción III, que faculta a determinar de manera presuntiva la utilidad fiscal de los contribuyentes cuando estos no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales; por lo que no puede sustentarse la presunción hecha por la autoridad en la referida en primer término, por no ser la irregularidad detectada diversa a las establecidas por el propio numeral en comento.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4842/11-07-02-7.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 20 de junio de 2012.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto en contra del considerando tercero.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alfredo Ureña Heredia.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Aguilar.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 184
VII-TASR-2NOI-3
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL NO AGOTAR LOS LINEAMIENTOS ESTATUIDOS EN LOS ARTÍCULOS 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, EL ACTO ES ILEGAL.- Si bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social demandado, en base a las facultades que tiene, en términos de los preceptos legales 251, fracción XVI, de la Ley del Seguro Social, y 29, fracción V, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, procedió a rectificar la prima de la empresa moral actora para efectos de cotizar en el ramo de seguridad social, también resulta verdad que si dentro del propio acto de molestia no se desprende que el Instituto demandado agotó los lineamientos estatuidos en los artículos 171 y 172 del Reglamento en cita, para efectos de ejercer la facultad en comento, lo cual manifiesta la indebida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener acorde con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1918/11-01-02-2, 4045/11-01-02-4, 510/12-01-02-4, 1378/12-01-01-2, 134/12-01-01-6, 133/12-01-02-2 y 827/12-01-02-6 acumulados.- Resuelto por la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de febrero de 2013, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda García Medina.- Secretaria: Lic. Georgina Mireya Millán Salazar.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 171
VII-P-SS-93
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA IMPONER MULTAS POR INFRACCIONES SEÑALADAS EN LAS LEYES FISCALES, EL ARTÍCULO 75 FRACCIÓN I INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO LA CONTEMPLA.- Del artículo 75 fracción I inciso b), del Código Fiscal de la Federación, se advierte que las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de infracciones, deberán fundar y motivar su resolución teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la reincidencia; de ahí, que no basta la cita de dicho numeral para que la autoridad funde su competencia material para imponer multas por infracciones señaladas en las leyes fiscales, toda vez que el referido artículo establece de manera genérica la facultad de las autoridades fiscales para imponer multas por infracciones, sin hacer distinción a cuáles autoridades se refiere; consecuentemente, a fin de cumplir con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, la autoridad debe citar el precepto que de manera específica le irrogue facultades para imponer multas por infracciones para respetar las mencionadas garantías.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1757/11-12-01-4/148/13-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2013, por mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 24. Julio 2013. p. 99
BOLETÍN INFORMATIVO GRUPO ONCE JULIO 2013