Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl17984-2017-54261-de-noviembre-1-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_69c02a99af01407db7b853f02bfbe53b&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 09:51:52
Document Index: 35485206

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 132', 'e contrario', 'artículo 61', 'artículo 7', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 142', 'artículo 27', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 21', 'artículo 53', 'in dubio', 'artículo 61', 'artículo 132', 'artículo 53']

﻿ SENTENCIA SL17984-2017/54261 DE NOVIEMBRE 1 DE 2017
SENTENCIA SL17984-2017 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LOS BENEFICIOS ENTRE EL TRABAJADOR PUEDEN SER DISMINUIDOS POR RAZÓN DE MUTUO ACUERDO. SE HA ESTABLECIDO POR PARTE DEL ALTO TRIBUNAL QUE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS ACORDADOS CON EL TRABAJADOR PUEDEN SER DISMINUIDOS POR MUTUO ACUERDO. CONFORME EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO SE DETERMINÓ QUE EL EMPLEADOR SÍ PUEDE DISMINUIR ALGUNOS BENEFICIOS ECONÓMICOS OTORGADOS AL TRABAJADOR, SIEMPRE QUE EXISTA SU CONSENTIMIENTO O ACEPTACIÓN. SEGÚN LA CORPORACIÓN, LO QUE DICHA DISPOSICIÓN RESTRINGE ES LA DISMINUCIÓN UNILATERAL, INCONSULTA Y CONTRA LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR O LA AFECTACIÓN AL MÍNIMO LEGAL. DE IGUAL FORMA, ESTA SALA SEÑALÓ QUE EL PRINCIPIO TUITIVO O PROTECTOR DEBE APLICARSE CON CRITERIO REALISTA, DE MANERA RAZONABLE, Y NO EN FORMA ABSOLUTA Y AUTOMÁTICA SO PENA DE RESULTAR CONTRAPRODUCENTE. EN EFECTO, NO SIEMPRE LE ES POSIBLE A UNA EMPRESA O PATRONO SOSTENER, INDEFINIDAMENTE, POR RAZONES ECONÓMICAS, ALGUNOS BENEFICIOS OTORGADOS AL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL, TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, TRABAJADOR NACIONAL, DEBERES DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:552 DE DICIEMBRE DE 2017, PÁG.2088
Sentencia SL17984-2017/54261 de noviembre 1 de 2017
SL17984-2017
Rad.: 54261
Bogotá, D. C., primero de noviembre de dos mil diecisiete.
En ese orden, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, esto es, que tenga la connotación de manifiesto y abiertamente contrarios a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso.
Aun cuando la presente demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, en tanto en el cargo se involucran algunas consideraciones de puro derecho o jurídicas como lo es la ineficacia de los otrosíes contractuales suscritos el 4 de abril de 2000 y el 3 de marzo de 2003, aspecto ajeno a la vía escogida, la Sala abordará el estudio del cargo entendiendo que los yerros fácticos endilgados al tribunal apuntan a demostrar que éste se equivocó al no tener en cuenta que la modificación realizada al contrato de trabajo del actor, mediante la suscripción de los dos otrosíes en comento, solo afectó lo que las partes previamente habían acordado respecto al pago de comisiones por cobro, y en tales condiciones la empresa demandada estaba obligada a continuar reconociendo el porcentaje que por concepto de comisiones por venta acordaron al momento de iniciar la relación de trabajo. Así mismo, el recurrente adujo que está demostrado en el proceso que la accionada no dio cumplimiento a lo pactado en la cláusula séptima del contrato de trabajo, relativo al garantizado que allí se alude.
El fundamento de la sentencia recurrida en punto a lo que es objeto de cuestionamiento en la esfera casacional, estribó en que si bien al momento de la suscripción del contrato de trabajo las partes acordaron que el trabajador devengaría una comisión del 1% sobre ventas y del 1% sobre recaudos efectivos en cartera, tal estipulación fue modificada de común acuerdo, a través de un otrosí suscrito el 4 de abril de 2000, en el que se adoptó otra fórmula de remuneración, que no incluyó el pago de comisión alguna por las ventas realizadas, lo cual fue ratificado en el otrosí del 3 de marzo de 2003. Igualmente, que tales convenios fueron de consuno, respetó los derechos mínimos del trabajador demandante y frente al cual este sólo manifestó inconformidad transcurridos más de seis años después de su suscripción y luego del retiro de la empresa.
Al respecto, el tribunal desde el punto de vista meramente fáctico, no cometió error de hecho alguno con el carácter de evidente. En efecto, del examen objetivo de las pruebas acusadas en el orden propuesto por el censor, se obtiene lo que a continuación se pasa a detallar:
1. El contrato de trabajo que reposa a folios 63 a 67, en su cláusula segunda da cuenta de que las partes acordaron como remuneración salarial, lo siguiente:
EL TRABAJADOR representará a la empresa en sus operaciones de VENTAS Y COBROS y para el efecto: EL PATRONO se obliga para con el trabajador a pagar en dinero en efectivo por el trabajo por él encomendado, los siguientes valores: por VENTAS una comisión de UNO POR CIENTO (1.0%) sobre el valor de las ventas netas realizadas por el VENDEDOR, y tomando como base los precios que el patrono facture en los artículos que distribuye. Y un UNO POR CIENTO (1.0%) sobre el total de los recaudos netos efectivos de cartera efectuados y contabilizados en su zona. Para los efectos de la liquidación de la comisión a que esta cláusula se refiere deberá entenderse por ventas netas el valor facturado por la empresa una vez descontadas las devoluciones hechas por el cliente, y por recaudos netos, los valores totales entregados por EL AGENTE a la caja de la empresa una vez deducida la suma correspondiente a cheques que por cualquier motivo no hayan sido cubiertos o acreditados por los bancos […].
Lo transcrito fue precisamente lo que tuvo por establecido el tribunal, quien sobre el particular señaló que las partes de forma libre y voluntaria pactaron esa forma especial de remuneración, consistente en “una comisión del 1% sobre ventas y del 1% sobre recaudos efectivos en cartera de la zona asignada”. Lo expuesto quiere decir que el Juzgador se ciñó estrictamente a lo que muestra el texto de la citada prueba documental y, por consiguiente, su apreciación es acertada.
De ahí que, no pueda atribuirse al tribunal la equivocada valoración de la prueba en comento.
2. En el otrosí contractual suscrito por las partes en contienda el 4 de abril de 2000, las partes de común acuerdo establecieron que:
hemos acordado celebrar otro si en relación con lo contenido en la CLÁUSULA SEGUNDA del CONTRATO DE TRABAJO, vigente entre las partes, en los siguientes términos:
CLÁUSULA SEGUNDA: SALARIO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN.
Las partes acuerdan que el trabajador recibirá a título de salario un equivalente al UNO PUNTO CINCO POR CIENTO (1.5%) sobre el total de los cobros netos efectuados en la correspondiente vigencia mensual, más el reconocimiento de los dominicales y festivos.
PARÁGRAFO: en iguales términos a título de gastos de representación el trabajador recibirá el equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) tasado sobre el total de los cobros efectivamente realizados en la correspondiente vigencia mensual.
En lo que no contradiga lo aquí pactado el contrato de trabajo mantendrá vigente sus estipulaciones contractuales.
Como se recuerda, el censor en el cargo propone que el entendimiento que debe dársele al documento denominado otrosí, que hace parte del contrato de trabajo que su existencia no es materia de discusión, consiste en que la voluntad de los celebrantes fue modificar los términos de la remuneración establecida en el contrato inicial, pero únicamente respecto al porcentaje a cancelar al trabajador por comisiones por concepto de cobros, sin afectar, de modo alguno, lo estipulado previamente respecto de las comisiones que la demandada le debía cancelar al actor por la labor de ventas, aspecto este que, a su juicio, mantuvo su vigencia durante toda la relación de trabajo.
Confrontadas las modificaciones realizadas al contrato de trabajo, con las conclusiones a las que arribó el ad quem, no se encuentra de manera manifiesta o evidente la equivocada apreciación que se le atribuye en el cargo, pues el análisis de la nueva cláusula y su texto, permite inferir de forma razonada que el propósito de los contratantes con la suscripción del denominado por ellos como un “otro sí contractual”, tuvo como finalidad la de sustituir, en su integridad, lo pactado en la cláusula segunda del contrato de trabajo que los unía, esto es, la forma de remunerar la labor del trabajador y la retribución por comisiones.
En efecto, lo que se desprende del contenido del citado otrosí, es que las partes lo que acordaron fue que el demandante recibiría a título de salario un porcentaje sobre el total de cobros netos, más el reconocimiento de los dominicales y festivos, y que a título de gastos de representación se le cancelaría también un porcentaje sobre los cobros realizados, sin dejar a salvo o mencionar que se mantendría lo referente a las comisiones por ventas. Así las cosas, es razonable inferir que los suscribientes definieron y determinaron que solo los citados elementos referidos en el otrosí, son los que comprenden el salario a percibir y a cancelar a favor del actor, a partir de la fecha de suscripción de tal modificación salarial, en donde, se repite, no se incluyó el derecho a percibir comisiones por ventas efectuadas, como si estaba convenido en el contrato inicial; lo cual es exactamente la inferencia a que arribó el ad quem y que no se muestra descabellada.
Dicho de otro modo, de la valoración del otrosí contractual, es dable colegir que la intención de las partes al convenir esa nueva forma de remuneración, fue la de reemplazar, en su totalidad, lo acordado al inicio de la relación laboral y en la cláusula salarial y no solo el porcentaje que la empresa venía cancelando por concepto de comisiones por cobros como lo propone el censor.
De manera que si la conclusión que extrajo el tribunal a partir de la valoración que hizo de tales documentos es admisible, no se está en presencia de ninguno de los errores evidentes de hecho que la censura imputa el juzgador, puesto que el quiebre de la sentencia solo es posible cuando la apreciación probatoria es notoriamente contraria a lo que establece el respectivo medio de prueba, lo cual, como ya se expuso, no ocurrió.
En relación al aparte final del nuevo acuerdo salarial que estableció: “En lo que no contradiga lo aquí pactado el contrato de trabajo mantendrá vigente sus estipulaciones contractuales”, razonablemente se entiende que se refiere a las demás cláusulas contenidas en el contrato de trabajo distintas al salario, motivo por el cual no se puede estar frente a un yerro ostensible de valoración.
Sin que la anterior conclusión tampoco se vea afectada por lo pactado en el otrosí contractual del 3 de marzo de 2003, pues en este simplemente se ratifica que el elemento que compone el salario del actor es un porcentaje del total de los cobros netos, dentro del cual tampoco se incluyó comisiones por las ventas efectuadas.
Por lo visto, el ad quem, en aplicación de la sana crítica del conjunto probatorio y la libre formación del convencimiento que le asiste en los términos del artículo 61 del CPTSS, apreció razonadamente los otrosíes contractuales, sin distorsionar su contenido.
3. Frente a la liquidación de los salarios y prestaciones sociales (fl. 62), tal documento, contrario a lo afirmado por el censor, no fue apreciado por el tribunal. En este orden de ideas, si el juez colegiado cometió alguna deficiencia probatoria frente a este documento, lo fue por su falta de valoración y no por una mala estimación.
Por otra parte, es menester anotar que, si la Sala pasara por alto lo anterior y se adentrara al estudio de esa probanza, hallaría que en nada aporta para estructurar los yerros fácticos endilgados, en tanto no se demuestre que al actor se le debía cancelar comisiones por ventas, que amerite remitirse a dicha prueba para definir si ese rubro fue incluido en la liquidación de prestaciones sociales.
4. Respecto a los testimonios que en el cargo se denuncian como no apreciados, era necesario demostrar la acusación que el ad quem incurrió en alguno de los yerros con el carácter de manifiestos con base en las pruebas calificadas en casación laboral ya referidas, lo cual, como se vio, no ocurrió, por lo que no es dable su examen, tal como lo pretende el censor con su ataque, en virtud de la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
5. Por otra parte, en la acusación el recurrente cuestiona que el Tribunal no hubiera considerado para la resolución del asunto, lo estipulado en la cláusula séptima del contrato de trabajo, a través de la cual, según afirma, la sociedad demandada se comprometió a garantizar al actor un salario igual al devengado en el año anterior, lo cual no se cumplió.
Sin embargo, conforme se expuso al historiar el proceso, la parte actora sustentó sus pretensiones de la demanda inicial, de forma exclusiva, en que la demandada no tuvo en cuenta las comisiones por ventas causadas a efectos de cuantificar su salario y cancelar las prestaciones sociales y ello fue lo que reclamó, sin referirse en ningún momento a la falta de pago del salario mínimo garantizado que, según afirma, se pactó en la cláusula séptima del contrato de trabajo, lo que significa que esta puntual alegación se constituye en un hecho o medio nuevo.
Ciertamente, como lo ahora alegado en casación en este punto en particular no corresponde a la causa petendi de la demanda inaugural, se tiene que el recurrente incluye un hecho que no se discutió en las instancias, y sobre el cual el tribunal, lógicamente, no se refiere para nada, como lo es el supuesto incumplimiento de sociedad demandada en garantizar un salario por ventas del año inmediatamente anterior.
Resulta oportuno recordar que este recurso extraordinario no es la oportunidad procesal habilitada para introducir variaciones a los hechos planteados en la demanda o su contestación como soporte de las súplicas incoadas, dado que sobre esos actos se asienta la relación jurídico-procesal y el objeto del litigio, por lo que, de aceptar esa alegación en casación, tal proceder conllevaría a la vulneración del debido proceso y los derechos de defensa y contradicción de la parte contraria. Sobre este tópico en Sentencia CSJ SL6076-2016, Rad. 49422, se dijo:
Debe recordarse que el recurso de casación no está contemplado para modificar la causa petendi de la demanda inicial, dado que su finalidad se limita a establecer si la sentencia de segundo grado se dictó conforme a la ley, razón por la cual quien recurre en casación debe demostrar si se presentó una trasgresión a la ley, pero no le está permitido incluir hechos nuevos que no hicieron parte del marco inicial del pleito, pues aceptar tal posibilidad vulneraría claramente el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte como garantías iusfundamentales que no pueden desconocerse dentro del proceso judicial, de manera tal que la Sala no puede pronunciarse sobre tal aspecto planteado en el ataque.
6. Finalmente, la definición si el pacto celebrado el 4 de abril de 2000 mediante otrosí, es ilegal o invalido, como también lo esboza el impugnante, tal como se expresó al inicio de las consideraciones, no es asunto examinable por la vía indirecta, en tanto involucra discernimientos jurídicos que no es posible abordar su estudio por la senda de los hechos escogida; caso distinto es que desde el punto de vista fáctico se hubiera demostrado con pruebas un vicio del consentimiento de los suscribientes de los otrosíes que invalidara lo acordado, lo cual ni se alegó por el censor ni tampoco aparece demostrado.
De suerte que el tribunal no incurrió en los yerros fácticos endilgados y por tanto no prospera el cargo.
Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 21, 27, 55, 57, 132, 142, 143,145, 340 y 488 del CST, y el artículo 53 de la CN.
En el desarrollo del cargo, manifiesta que el tribunal aplicó de forma indebida el artículo 21 del CST, por cuanto, “ante el conflicto entre el contrato genitor como ley, y los acuerdos de “otro sí” debió aplicar el contrato genitor como contrato realidad, y como ley más favorable para el trabajador, en lugar de aplicar las cláusulas o estipulaciones posteriores que lo modificaron”.
Aduce que las partes de la relación laboral deben respetar el salario mínimo fijado en el contrato, pese a ello el ad quem, al resolver el asunto, no le hizo producir efectos al salario definido en el contrato genitor, en el que se estableció que el demandante tenía derecho a percibir el 1% por las ventas realizadas.
Dice que aun cuando los otrosí contractuales suscritos por las partes pueden considerarse formalmente válidos, estos afectaron el salario mínimo, además que en la práctica no producen ningún efecto por desmejorar la situación del trabajador demandante, quien no puede ceder el salario pactado y que remunera las actividades dependientes que realiza, como lo fue, en el caso sub examine, las labores de ventas, ello a la luz del artículo 27 ibídem.
Destaca que, si bien al actor no manifestó durante la vigencia del vínculo discrepancia alguna con la modificación realizada al contrato de trabajo, ello no comporta que no pueda reclamar el pago de los derechos que le fueron desconocidos y a los cuales no podía renunciar, tal como lo establece el artículo 142 del CST.
Finalmente expone que “el trabajo de ventas por ser trabajo dependiente, al igual que el de cobros, debió ser remunerado por el empleador, al tratarse de servicios claramente diferentes y diferenciables, y para los cuales se pactó remuneración independientemente, que produjo un status salarial, el cual constituye un derecho adquirido”, por lo que el tribunal “al aplicar indebidamente el artículo 27 C.S.T., falló también en contravía del artículo 53 de la C.P., norma constitucional que deja sin efectos los acuerdos que menoscaben derechos de los trabajadores, como el derecho a recibir remuneración por todas y cada una de las actividades que realice el trabajador”.
El opositor en el escrito de réplica no se refirió para nada a la acusación del segundo cargo.
En el presente asunto la temática que somete el recurrente a consideración de la Sala, consiste en determinar los dos siguientes aspectos: i) si jurídicamente los otrosíes suscritos por las partes en litigio, a través del cual se modificaron el salario del trabajador demandante, no tienen validez ni eficacia alguna, por afectar presuntamente derechos mínimos de éste, que son irrenunciables al no poder disponer de ellos, además adujo que mientras esté demostrada la existencia de la relación de trabajo y la actividad personal, no se puede disminuir la asignación salarial en el curso del vínculo, y ii) si el principio de favorabilidad previsto en el artículo 21 del CST implica que el juez de apelaciones, al resolver el asunto sometido a su conocimiento, está en el deber de aplicar las cláusulas que le resulten más benéficas al trabajador.
Sobre el primer aspecto planteado, estima la Sala que el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno, al considerar que el artículo 132 del CST establece la libertad que tienen los sujetos de la relación laboral para convenir el salario en sus diversas modalidades, siempre y cuando no se vulneren derechos irrenunciables del trabajador.
Así se afirma por cuanto el numeral primero de la aludida disposición legal, prevé que “El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales”.
La norma transcrita es clara en permitir a los sujetos de la relación laboral acordar libremente el salario, como también modificar el que venía rigiendo el vínculo laboral, con la única restricción de no afectar el mínimo legal o el que este fijado en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Lo expuesto significa entonces, que lo que la ley positiva establece es que el empleador carece de facultad para disponer unilateralmente su disminución, de manera inconsulta y contra la voluntad del trabajador. Al respecto, en Sentencia CSJ SL, 31 jul. 1979, rad. 6448, en donde se discutía un asunto similar al aquí planteado, se dijo:
En efecto, el principio tuitivo o protector debe aplicarse con criterio realista, de manera razonable, y no en forma absoluta y automática so pena de resultar contraproducente. En efecto, no siempre le es posible a una empresa o patrono sostener, indefinidamente, por razones económicas, algunos beneficios otorgados al trabajador. De no aceptarse en tales circunstancias una disminución moderada de beneficios, por mutuo acuerdo o con el asentimiento del trabajador, la alternativa podría ser en muchos casos más perjudicial aun para el trabajador quien podría verse obligado a quedar cesante.
De otra parte, aceptar la flexibilidad contractual que ha admitido la Corte en estos casos, que no es necesariamente injusta en especiales circunstancias, puede resultar en realidad más conveniente para el trabajador mismo pues además de proteger su estabilidad en el empleo, puede permitir una mayor amplitud o liberalidad de parte del patrono. Respetar en determinados casos una relativa autonomía de voluntad –que el derecho laboral limita pero no abroga– puede avenirse bien a la especial protección a que tiene derecho el trabajador y realizar la justicia en las relaciones laborales 'dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social' (CST arts. 1º y 18).
En este caso, al estar orientado el cargo por la vía directa, no existe discusión en que las partes, de forma libre y voluntaria, conforme lo dio por probado el ad quem, decidieron modificar el salario del actor, luego, en ese orden de ideas, tal estipulación tiene pleno valor siempre y cuando no hubiera afectado el salario mínimo, situación esta última que según se colige del fallo de segundo grado no ocurrió.
Luego, si dicho acuerdo se pactó de consuno, lo cierto es que no se pudo presentar la aplicación indebida del citado artículo 132 del CST, pues tal disposición, en rigor, es la que regula los hechos que tuvo por acreditados el ad quem, en cuanto a la libertad de estipulación laboral, por consiguiente, mientras no estuviera demostrado probatoriamente algún vicio del consentimiento o que la aludida modificación fue impuesta por el empleador, no era posible edificar algún yerro jurídico.
Así las cosas, concluye la Corte que el tribunal no se equivocó al otorgarle validez a los dos otrosíes, que modificaron la cláusula segunda del contrato de trabajo suscrito por las partes, en la medida en que dicha estipulación salarial se hizo de común acuerdo, además que si ella, según afirma el censor, no respetó su salario mínimo y lo desfavoreció, su constatación implicaría a la Corte el análisis de las pruebas del proceso, actuación que no se puede llevar a cabo por la senda jurídica, y de lo analizado en el primer cargo no se desprende una situación de esta naturaleza.
Frente al segundo aspecto de reproche, para su desestimación baste decir, que el principio de favorabilidad contenido en el artículo 21 del CST, como principio proteccionista y tuitivo del derecho laboral, no resulta aplicable al asunto, en tanto este lo que prevé, es que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador, mas no frente a la valoración de los medios probatorios que sirvieron de soporte a la convicción del juzgador, como lo reclama el censor. Sobre esta temática, en sentencia de la CSJ Laboral, 23 ago. de 2006, Rad. 27466, se precisó:
[…] Pero si en extrema laxitud la Corte examinara la sentencia con base en los principios que según el recurrente no observó el tribunal; que lo llevaron a concluir que la relación laboral se inició en noviembre y no en junio de 1999, por cuanto no resolvió la duda a favor del trabajador; sólo basta con decir, que el principio de favorabilidad garantizado por el artículo 53 de la Constitución Política, en cuanto a que ante la duda, se debe atender lo más favorable al trabajador, en este caso no resultaría procedente, toda vez que la pretensión de escogerse unos testimonios frente a otros y la prueba documental que sirvieron de soporte a la convicción del fallador, escapa de dicho ámbito, puesto que la duda que obliga al juez del trabajo a acoger la interpretación más favorable, es aquella que se presenta respecto de una norma jurídica, cuando encuentre por lo menos dos cuyo lógico entendimiento haga posible su aplicación al caso; debiendo entonces adoptar la que más beneficie al trabajador; pero no en aquellos supuestos de incertidumbre respecto de la valoración de una prueba.
Y en sentencia CSJ SL, 15 feb. 2011, Rad. 40662, se manifestó:
Las características primordiales son: (i) la duda surge sobre la aplicación de dos o más normas, entendidas éstas como “un enunciado hipotético al cual se enlaza una determinada consecuencia jurídica”; (ii) las disposiciones deben ser válidas y estar en vigor; (iii) deben regular la misma situación fáctica, y (iv) al emplearse debe respetarse el principio de la inescindibilidad o conglobamento, es decir, la norma escogida no solamente se utiliza íntegramente, sino como un todo,, como un cuerpo o conjunto normativo.
A contrario sensu, el principio in dubio pro operario, se presenta cuando frente a una misma norma laboral surgen varias interpretaciones sensatas, la cual implica la escogencia del ejercicio hermenéutico que más le favorezca al trabajador. Además, Tiene como particularidades las siguientes: (i) su aplicación se restringe para aquellos eventos en que nazca en el juez una duda en la interpretación, es decir, si para él no existe, así la norma permita otras interpretaciones, no es obligatorio su empleo; (ii) los jueces no están obligados en todos los casos a acoger como correctas las interpretaciones que de las normas propongan las partes, tanto demandante como demandado, y (iii) no se hace extensivo a los casos en que al juzgador pueda surgirle incertidumbre respecto de la valoración de una prueba, esto es, la que resulta de defecto o insuficiencia en la prueba de los hechos, dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social consagra la potestad de los jueces de formar libremente su convencimiento y no los sujeta a una tarifa legal de prueba. (subrayado fuera de texto).
De otro lado, cabe agregar, que no se pudo presentar la aplicación indebida de las restantes disposiciones denunciadas en la proposición jurídica, en tanto, si bien el censor hizo mención a los artículos 57 y 142 del CST, ninguno de ellos fue llamado a operar por el tribunal, y por consiguiente no sirvieron de soporte para definir el asunto, toda vez que la norma a la cual se refirió la alzada para dar solución a la temática propuesto, fue el artículo 132 del CST. Además que tampoco observa la Sala que la decisión confutada vaya en contra del artículo 53 de la Constitución Nacional y 142 del CST, ya que la misma no atenta contra ningún derecho fundamental mínimo de carácter irrenunciable, por la potísima razón de que al amparo de las facultades que le otorga la ley a las partes de un contrato de trabajo, lo que se presentó fue una modificación de mutuo consentimiento a la forma de remuneración salarial que se traía, misma que rigió fue a futuro.
Bajo el anterior contexto, es claro que el juez de apelaciones no incurrió en las equivocaciones jurídicas que se le enrostran, en consecuencia, el cargo no prospera.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $3.500.000, que se incluirán en la liquidación que realice el juez de primera instancia con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 5 de mayo de 2011, en el proceso que instauró Carlos Raúl Hernández Manrique contra Drocol S.A.