Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2009:807
Timestamp: 2019-10-14 11:01:48
Document Index: 35788616

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 234', 'artículo 2602', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 234', 'artículo 55']

Asunto C‑305/08
«Contratos públicos de servicios — Directiva 2004/18/CE — Conceptos de “contratista”, “proveedor” y “prestador de servicios” — Concepto de “operador económico” — Universidades e institutos de investigación — Agrupación (“consorzio”) constituida por universidades y administraciones públicas — Finalidad estatutaria principal no lucrativa — Admisión a participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público»
1. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2004/18/CE — Operadores económicos
[Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 1, aps. 2, letra a), y 8, párrs. 1 y 2]
2. Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2004/18/CE — Operadores económicos
[Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 1, aps. 2, letra a), y 8, párrs. 1 y 2, y 4, ap. 1]
1. Las disposiciones de la Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, y, en particular, su artículo 1, apartados 2, letra a), y 8, párrafos primero y segundo, que se refieren al concepto de «operador económico», deben interpretarse en el sentido de que permiten participar en un contrato público de servicios a entidades cuya finalidad prioritaria no es la obtención de lucro, no disponen de una estructura organizativa empresarial y no garantizan una presencia regular en el mercado, como las universidades y los institutos de investigación, así como los consorcios constituidos por universidades y administraciones públicas.
En efecto, puede licitar o presentarse como candidato toda persona o entidad que, a la vista de los requisitos previstos en un anuncio de licitación, se considere apta para garantizar la ejecución del contrato público, directamente o recurriendo a la subcontratación, con independencia de que su estatuto jurídico sea público o privado y de si opera sistemáticamente en el mercado o si sólo interviene con carácter ocasional, o si está o no subvencionada con fondos públicos.
Además, por un lado, el principio de igualdad de trato no resulta violado por el mero hecho de que las entidades adjudicadoras permitan participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público a organismos que reciben subvenciones que les permiten realizar ofertas a precios considerablemente más bajos que los de licitadores competidores no subvencionados. Por otro lado, si el legislador comunitario hubiese tenido la intención de obligar a las entidades adjudicadoras a excluir a tales licitadores, lo habría mencionado expresamente.
(véanse los apartados 40, 42 y 45 y el punto 1 del fallo)
2. La Directiva 2004/18, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una normativa nacional que prohíbe participar a las entidades, como las universidades y los institutos de investigación, cuya finalidad prioritaria no es la obtención de lucro, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público, aun cuando tales entidades están habilitadas por el Derecho nacional para ofrecer los servicios a que se refiere dicho contrato.
A este respecto, como se desprende del tenor literal del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/18, los Estados miembros tienen la facultad de habilitar o no a determinadas categorías de operadores económicos para realizar determinadas prestaciones. Por tanto, los Estados miembros pueden regular las actividades de las entidades, como las universidades y los institutos de investigación, que no tienen ánimo de lucro y cuyo objeto se orienta principalmente a la docencia y la investigación. En particular, pueden autorizar o no que tales entidades operen en el mercado en función de si la actividad de que se trate es compatible o no con sus objetivos institucionales y estatutarios.
No obstante, en la medida en que tales entidades están habilitadas para ofrecer determinados servicios en el mercado, la normativa nacional por la que se adapta el Derecho interno a la Directiva 2004/18 no puede prohibirles participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos relativos a la prestación de los mismos servicios.
(véanse los apartados 47 a 49 y 51 y el punto 2 del fallo)
de 23 de diciembre de 2009 (*)
«Contratos públicos de servicios – Directiva 2004/18/CE – Conceptos de “contratista”, “proveedor” y “prestador de servicios” – Concepto de “operador económico” – Universidades e institutos de investigación – Agrupación (“consorzio”) constituida por universidades y administraciones públicas – Finalidad estatutaria principal no lucrativa – Admisión a participar en un procedimiento de adjudicación de un contrato público»
En el asunto C‑305/08,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Consiglio di Stato (Italia), mediante resolución de 23 de junio de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de julio de 2008, en el procedimiento entre
– en nombre de Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), por la Sra. I. Deluigi, avvocato;
– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. C. Zadra y la Sra. D. Recchia, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de septiembre de 2009;
«19. Los términos “contratista”, “proveedor” y “prestador de servicios” designan a toda persona física o jurídica, o entidad sin personalidad jurídica, con inclusión de la agrupación europea de interés económico (AEIE), constituida al amparo del Decreto Legislativo nº 240, de 23 de julio de 1991, que ofrezca, respectivamente, la realización de obras o de una obra concreta, productos o servicios en el mercado.
22. El término “operador económico” comprende los conceptos de contratista, proveedor y prestador de servicios, o una agrupación de éstos.»
b) consorcios de sociedades cooperativas de producción y de trabajo […] y agrupaciones de artesanos […];
d) agrupaciones temporales de competidores, integradas por las personas mencionadas en las letras a), b) y c) […];
e) agrupaciones ordinarias de competidores mencionadas en el artículo 2602 del Código Civil, integradas por las personas mencionadas en las letras a), b) y c) del presente apartado, incluidas las constituidas como sociedades […];
f) personas que hayan celebrado un contrato de asociación europea de interés económico (AEIE) […];
19 El Consiglio di Stato se refiere, en primer lugar, al artículo 1, letra c), de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1), a la que sucedió la Directiva 2004/18, según el cual «[se entenderá por] prestador de servicios: toda persona física o jurídica, incluidos los organismos públicos, que ofrezca servicios», y manifiesta que esta formulación parece indicar la intención de reservar la posibilidad de contratar con las entidades adjudicadoras a quienes desarrollen «institucionalmente» la actividad correspondiente a la prestación que deba realizarse en el marco del contrato de que se trate. Según este enfoque, aparte de los operadores económicos privados, únicamente podrían ser parte en un contrato los organismos públicos que realicen con carácter lucrativo las prestaciones objeto de dicho contrato, de conformidad con la función que se les ha encomendado en el ordenamiento jurídico, con exclusión, por ende, de los organismos universitarios. El Tribunal de Justicia parece confirmar este enfoque en su sentencia de 18 de enero de 2007, Auroux y otros (C‑220/05, Rec. p. I‑385, apartado 44), según la cual la normativa comunitaria en materia de contratos públicos se aplicaba al interesado «como agente económico operativo en el mercado». Este mismo enfoque parece seguirse, asimismo, en el artículo 3, apartado 19, del Decreto Legislativo nº 163/2006, según el cual el prestador de servicios es un operador económico que ofrece servicios «en el mercado».
22 Para basar sus reservas, el Consiglio di Stato se refiere, por último, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual procede interpretar las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos según un criterio funcional que permita evitar que se eluda el principio fundamental de la competencia efectiva (sentencia de 13 de diciembre de 2007, Bayerischer Rundfunk y otros, C‑337/06, Rec. p. I‑11173). Por lo que respecta, más concretamente, a los contratos públicos de servicios, el Tribunal de Justicia ha señalado el objetivo principal de la normativa comunitaria en esta materia, a saber, la libre circulación de servicios y su apertura a la competencia no falseada y lo más amplia posible en todos los Estados miembros (sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C‑26/03, Rec. p. I‑1, apartados 44 y 47).
«1) ¿Deben interpretarse las disposiciones de la Directiva 2004/18 […] en el sentido de que prohíben que una agrupación (“consorzio”) constituida exclusivamente por universidades italianas y la Administración estatal […] participe en la adjudicación de un contrato de servicios consistente en la marcación geofísica y la extracción de muestras del mar?
2) Las disposiciones contenidas en el artículo 3, apartados 22 y 19, y en el artículo 34 del Decreto Legislativo nº 163/2006, según los cuales, respectivamente, “el término ‘operador económico’ comprende los conceptos de contratista, proveedor y prestador de servicios, o una agrupación de éstos” y “los términos ‘contratista’, ‘proveedor’ y ‘prestador de servicios’ designan a toda persona física o jurídica, o entidad sin personalidad jurídica, con inclusión de la agrupación europea de interés económico (AEIE), […], que ofrezca, respectivamente, la realización de obras o de una obra concreta, productos o servicios en el mercado”, ¿se oponen a la Directiva 2004/18 […], si se interpretan en el sentido de que reservan la participación en las adjudicaciones públicas a quienes desarrollan profesionalmente tales actividades, con exclusión de las entidades, como las que tienen por objeto la investigación, cuya finalidad prioritaria no es la obtención de lucro?»
25 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando el Consiglio di Stato emite un dictamen en el marco de un recurso extraordinario, como el del asunto principal, constituye un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE (sentencia de 16 de octubre de 1997, Garofalo y otros, C‑69/96 a C‑79/96, Rec. p. I‑5603, apartado 27).
33 Sobre este particular, es preciso recordar también las obligaciones y las posibilidades de que dispone una entidad adjudicadora, en virtud del artículo 55, apartado 3, de la Directiva 2004/18, en caso de ofertas anormalmente bajas debido a la obtención de una ayuda de Estado por un licitador. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha reconocido que, en determinadas circunstancias particulares, la entidad adjudicadora tiene la obligación o, al menos, la posibilidad, de tomar en consideración la existencia de subvenciones, y en particular de ayudas no conformes con el Tratado, con objeto de, en su caso, excluir a los licitadores que las reciban (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2000, ARGE, C‑94/99, Rec. p. I‑11037, apartado 29).
37 El Tribunal de Justicia ha declarado que uno de los objetivos de las normas comunitarias en materia de contratos públicos es la apertura a la competencia más amplia posible (véase, en particular, en este sentido, la sentencia Bayerischer Rundfunk y otros, antes citada, apartado 39) y que redunda en interés del Derecho comunitario que se garantice la participación más amplia posible de licitadores en una licitación (sentencia de 19 de mayo de 2009, Assitur, C‑538/07, Rec. p. I‑0000, apartado 26). A este respecto, es necesario añadir que dicha apertura a la competencia más amplia posible se pretende no únicamente en aras del interés comunitario en materia de libre circulación de bienes y servicios, sino también en interés de la propia entidad adjudicadora implicada, que dispondrá así de una elección más vasta en cuanto a la oferta más ventajosa y mejor adaptada a las necesidades de la colectividad pública de que se trate (véase, en este sentido, por lo que respecta a las ofertas anormalmente bajas, la sentencia de 15 de mayo de 2008, SECAP y Santorso, C‑147/06 y C‑148/06, Rec. p. I‑3565, apartado 29).
39 Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que las normas comunitarias se oponen a toda norma nacional que excluya de la adjudicación de los contratos públicos de servicios cuyo valor supere el umbral de aplicación de las Directivas a candidatos o licitadores facultados, con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que estén establecidos, para prestar el servicio en cuestión, por el mero hecho de que dichos candidatos o licitadores no tengan la forma jurídica correspondiente a una categoría determinada de personas jurídicas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2007, Frigerio Luigi & C., C‑357/06, Rec. p. I‑12311, apartado 22).
41 Por último, de conformidad también con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las normas comunitarias no exigen que la persona que celebra un contrato con una entidad adjudicadora sea capaz de realizar la prestación pactada directamente con sus propios recursos para que pueda ser calificada de contratista, esto es, de operador económico. Basta con que esté en condiciones de ejecutar la prestación de que se trate, aportando las garantías necesarias para ello (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros, C‑399/98, Rec. p. I‑5409, apartado 90).
50 En tal supuesto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente interpretar su Derecho interno, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 2004/18 con objeto de alcanzar los resultados que ésta persigue, dando prioridad a la interpretación de las normas nacionales que mejor se ajuste a dicha finalidad, para llegar así a una solución compatible con las disposiciones de dicha Directiva y dejando sin aplicación, de ser necesario, toda disposición contraria de la ley nacional (véase la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Magoora, C‑414/07, Rec. p. I‑0000, apartado 44).