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Timestamp: 2019-09-17 09:00:36
Document Index: 235745914

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 241', 'artículo 55', 'artículo 104', 'artículo 128', 'artículo 104', 'artículo 48', 'artículo 55', 'artículo 108', 'artículo 20', 'artículo 150', 'artículo 189', 'artículo 108', 'artículo 29', 'artículo 103']

Sentencia de Constitucionalidad nº 209/97 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 1997 - Jurisprudencia - VLEX 43560696
Sentencia de Constitucionalidad nº 209/97 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 1997
Ley 300/96. Arts. 55 lit e) y parag; 101,102,103,104 parcial. Normas sobre corporacion nacional de turismo. Exequible e inexequible.
Sentencia citada en: 90 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa
El ciudadano J.V.A., en ejercicio del derecho consagrado en los numerales 6o. del artículo 40 y 4o. del artículo 241 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 55, literal e) con su parágrafo, 101, 102, 103, 104 -parcial- y 108 -parcial- de la Ley 300 de 1996 "por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones".
Al proveer sobre su admisión, el Magistrado Ponente ordenó decretar un período probatorio para obtener la información relacionada con el trámite y aprobación de la Ley 300 de 1996 en el Congreso de la República, solicitada a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como de las Comisiones Sextas Constitucionales Permanentes de dicha Corporación. Adicionalmente, dispuso fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte para asegurar la intervención ciudadana, enviar copia de la demanda al señor P. General de la Nación, a fin de que rindiera el concepto de rigor y, comunicar su admisión al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, a los Ministros de Desarrollo Económico y del Trabajo y Seguridad Social, al igual que al Director de la Corporación Nacional de Turismo, para que, de estimarlo oportuno, conceptuaran al respecto.
Establecer, previa aprobación del Gobierno Nacional, la estructura interna de la Corporación, determinar su planta de personal y señalar las asignaciones correspondientes conforme a las disposiciones legales sobre la materia y las demás que le señalen los estatutos para el cumplimiento de los fines de la Corporación.
N.s constitucionales que se estiman violadas.
Parte el actor de la premisa según la cual la Corporación Nacional de Turismo es una Empresa Industrial y Comercial del Estado " esto es regida por el Derecho Privado o Contractual y no por el Derecho Público o Administrativo", debido a la naturaleza industrial y comercial de sus actividades, las cuales no comprenden funciones públicas o administrativas, de conformidad con el D.L. 1050 de 1968, en sus artículos 5. y 6o. En virtud de esto, entiende que el concepto de planta de personal utilizado en el artículo 55, literal e), de la Ley 300 de 1996 no es aplicable en el derecho privado que rige esas entidades, sino que, solamente, se predica de los empleos públicos de aquellas mencionadas en el D. L. 1042 de 1978, artículos 1o., 84 y 101 y demás normas concordantes.
En lo que respecta al artículo 104, inciso 1o., el actor manifiesta su inconformidad con la disposición por cuanto prohibe a un trabajador desvinculado con derecho de pensión de jubilación, causado a recibir una indemnización por dicho retiro, y argumenta que la Constitución no impide devengar esos dos montos en razón a que el derecho de pensión causado no supone su disfrute; es decir, que no se estaría desconociendo el mandato del artículo 128 superior que no permite devengar más de una asignación del tesoro público de manera simultánea y por la misma persona. Por lo tanto la indemnización por reestructuración y la futura pensión son derechos autónomos compatibles, de no aceptarse esta interpretación -opina- se violaría el principio de igualdad de los trabajadores con derecho pensional causado frente a los demás trabajadores beneficiados con la indemnización (C.P., arts 13 y 53).
Más adelante, el demandante expresa que los incisos 1o., 2o. y 3o. del mismo artículo 104 se contradicen, en cuanto el inciso 2o. termina por establecer una compatibilidad entre la indemnización por retiro y la pensión de jubilación que el inciso 1o. prohibe y que, además, la orden de descuento de las mesadas pensionales por concepto de la indemnización pagada, establecida en el inciso 3o., desconoce el artículo 48 de la Constitución, que protege la mesada pensional, al no tener dicho descuento ninguna causa legal laboral, violando así el D.R. 2127 de 1945 y Convenio OIT No. 95 de 1949.
Finalmente, plantea que "al excluir e inhabilitar por razones discriminatorias distintas al mérito" se transgreden los artículos 13, 53 y 125 de la N. Superior, que tratan de la igualdad de trato y de mérito.
Seguidamente, analiza el concepto de empresa industrial y comercial del Estado y su respectivo régimen, para concluir que el derecho público no es ajeno a estas empresas ya que, por el contrario, es éste el que debe aplicarse cuando las mismas desarrollan funciones administrativas. Además, aclara que no resulta nada exótico hablar de planta de personal en una empresa industrial y comercial del Estado puesto que no existe ningún precepto que prohiba el uso de esta figura en el derecho privado.
Dentro de la oportunidad legal y mediante oficio No. 1152 del día 26 de noviembre de 1996, el señor P. General de la Nación (Encargado), envió el concepto de rigor solicitando a esta Corporación declarar exequibles el literal e) y el parágrafo del artículo 55, así como los artículos 101, 102, 103 y 104, en lo acusado, e inexequible el artículo 108 de la Ley 300 de 1996.
El P. afirma, que esta reducción del tamaño del Estado se puso en marcha por virtud del artículo 20 transitorio de la Carta Política y hoy día se continúa a través de la facultad de que goza el Legislador para determinar la estructura de la administración nacional en virtud del artículo 150 numeral 7o. superior. Indica que fue así como mediante la Ley 300 de 1996 cuestionada, se dispuso la reducción de la Corporación Nacional de Turismo con un límite máximo del 20% de la planta, advirtiendo que si tal reestructuración proviene de un mandato legal y se asigna a la Junta Directiva, éste órgano debe cumplirlo mediante la supresión de cargos en el límite indicado.
Trámite formal de la Ley 300 de 1996.
Con base en las pruebas que obran en el expediente, las certificaciones remitidas a esta Corporación por los secretarios generales del Congreso de la República y los antecedentes legislativos se deduce que el trámite surtido para la expedición de la Ley 300 de 1996 cumplió con las exigencias previstas en los artículos 157 y siguientes de la Carta Política y en la Ley 5 de 1992 ; por lo tanto, no presenta vicios de procedimiento en su formación.
Precisiones previas al estudio de constitucionalidad.
Distribución de competencias para la organización de la estructura de la administración pública.
De manera que, frente a la facultad otorgada al Ejecutivo para crear, fusionar o suprimir los citados empleos requeridos por la administración central y suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales (C.P., art 189, numerales 14 y 15), corresponde al Legislador establecer las condiciones, requisitos, objetivos, fines y controles respectivos dentro de los cuales se desarrollará dicha función y que han de conformar un régimen razonable y reglado sobre esa materia; y, respecto de la atribución asignada al Presidente de la República para modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades y organismos administrativos nacionales (C.P., art. 189-16), la intervención del Legislador se circunscribe a la definición de los principios y reglas generales que precisan la actividad administrativa del Gobierno, delimitando así el ámbito de las competencias del mismo. Ver la Sentencia C-262/95, M.P.D.F.M.D..
Regulación constitucional de las empresas industriales y comerciales del Estado.
Fundamentos del proceso de reestructuración de la administración pública.
En desarrollo de dichas políticas el proceso de modernización del Estado colombiano persigue mejorar la eficiencia de las actividades adelantadas por los entes públicos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado (C.P., art.2o.). Dichos procesos, en su mayoría, han sido analizados por esta Corporación, la cual desde el punto de vista de la incidencia de los mismos en las condiciones laborales de los trabajadores, ha señalado que reflejan los principios y valores constitucionales en cuanto aseguren el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y las garantías y derechos adquiridos por los trabajadores. Ver la Sentencia C-479/92, M.P.D.J.G.H.G. y A.M.C..
Análisis de las disposiciones demandadas.
El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para regular, de manera general, el turismo nacional, a fin de darle coherencia y contenido integral al sector, en razón a la trascendencia de dicha industria en el desarrollo e internacionalización de la economía del país. Como se precisa en la exposición de motivos del mismo: "Con esta iniciativa, el Gobierno busca propiciar un marco jurídico que le permita al turismo proyectarse como una actividad económica estratégica para el desarrollo nacional, así como brindar elementos que reconozcan su esencia eminentemente social, teniendo en cuenta que son las personas las que, al desplazarse, configuran el hecho turístico.". Gaceta del Congreso No. 214 del 1o. de agosto de 1995.
De los principales aspectos debatidos y aprobados en el seno de esa Corporación se destaca el relacionado con la conformación del sector, en lo que a la participación en la actividad turística se refiere. En efecto, según la Ley 300 de 1996 intervienen en la misma un sector oficial, uno mixto y el privado ; y forman parte del oficial el Ministerio de Desarrollo Económico y sus entidades adscritas y vinculadas, las entidades territoriales y Prosocial, así como las demás entidades públicas que tengan asignadas funciones relacionadas con el turismo, con los turistas o con la infraestructura (art. 3o.). Dentro de las entidades vinculadas se mantuvo a la Corporación Nacional de Turismo, cuyos objetivos fueron redefinidos, según la nueva concepción del manejo de la industria turística, disponiéndose algunas medidas legales en materia laboral, que en buena parte son objeto de la tacha de inconstitucionalidad por el demandante.
Sin embargo, atendiendo a la naturaleza pública de la acción de inconstitucionalidad, la Corte ha resaltado que, en cumplimiento de su misión como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, debe adelantar una labor interpretativa del contenido de la demanda presentada, en forma amplia y flexible, en búsqueda del propósito real que animó al demandante a utilizarla Ver Sentencias C-467/93, M.P.D.C.G.D. y C-461/95, M.P.D.E.C.M.. , evitando así, que el ejercicio de un derecho político del ciudadano se vea frustrado en sus resultados con la expedición de un pronunciamiento inhibitorio.
Es claro que la reforma de una entidad u organismo nacional de la rama ejecutiva del poder público, entendida como resultado del ejercicio de las facultades consagradas constitucionalmente al Legislador y al Presidente de la República según lo ya visto en el acápite anterior, puede comprender una eventual reducción del personal que presta sus servicios, unida a la consecuente supresión de empleos "...siempre que se base en una situación real y objetiva y sea proporcional a esa situación.".Sentencia C-262/95, M.P.D.F.M.D..
Al respecto la Corte considera pertinente reiterar que la reforma de la planta de personal de una entidad estatal de la administración central corresponde al Presidente de la República, con sujeción a los principios y reglas que defina la ley (C.P., art.189-16), constituyendo así un desarrollo de una función puramente administrativa, asignada al jefe de la rama ejecutiva, en el numeral 14 del artículo 189 de la Carta Política, en donde se señala que puede "Crear, fusionar o suprimir los empleos que demanda la administración central..." con sujeción a lo estipulado por la respectiva ley de reestructuración, la cual "...puede establecer no sólo principios y reglas generales para su definición, sino, también, imponer elementos específicos que la orienten y encaucen.". I..
Por último, ante la acusación del actor relativa a una parte del artículo 108 demandado, que prohibe al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Corporación Nacional de Turismo vincular funcionarios que hayan recibido las indemnizaciones a las que se refiere la Ley 300 de 1996, ya mencionadas, en razón a que vulnera el principio de legalidad de las penas del artículo 29 superior y específicamente de las sanciones laborales previamente establecidas en la ley laboral, la Corporación advierte, que la norma en referencia no resulta contraria a los preceptos constitucionales, siempre y cuando se entienda que la prohibición para acceder al desempeño de funciones en el Ministerio de Desarrollo o en la Corporación Nacional de Turismo, se refiere a aquellas labores relacionadas con las funciones que sirvieron de fundamento para pagar la indemnización a los funcionarios de que trata el artículo 103 de la Ley 300 de 1996.