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Timestamp: 2018-09-22 02:15:45
Document Index: 341469927

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 141', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 31', 'artículo 47', 'artículo 141', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 197', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 243', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 1617', 'artículo 53', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 176', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 47', 'artículo 141', 'artículo 36', 'artículo 205', 'artículo 141', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 1617', 'artículo 141']

﻿ SENTENCIA SU-65 DE JUNIO 13 DE 2018 UNIFICACION
SENTENCIA SU-65 DE 13 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:PAGO DE INTERESES MORATORIOS A MESADAS PENSIONALES TANTO LEGALES COMO CONVENCIONALES. SE RECUERDA QUE LA SENTENCIA C-601 DE 2000, FIJÓ EL ALCANCE Y CONTENIDO EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993, ESTABLECIENDO QUE LOS MISMOS PROCEDEN PARA TODO TIPO DE PENSIÓN, SIN IMPORTAR LA LEY O EL RÉGIMEN MEDIANTE LOS CUALES SE CAUSARON. POR LO ANTERIOR, SE INDICA QUE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESTÁN OBLIGADAS A RECONOCER EL PAGO DE INTERESES POR MORA A LOS PENSIONADOS A QUIENES SE LES HA RECONOCIDO SU DERECHO PRESTACIONAL EN VIRTUD DE UN MANDATO LEGAL, CONVENCIONAL O PARTICULAR. INCLUSIVE, ELLO SUCEDE CON INDEPENDENCIA DE QUE SU DERECHO HAYA SIDO RECONOCIDO CON FUNDAMENTO EN LA LEY 100 DE 1993 O UNA LEY O RÉGIMEN ANTERIOR, POR LO QUE LA MORATORIA SE CAUSA POR EL SOLO HECHO DE LA CANCELACIÓN TARDÍA DE LAS MESADAS PENSIONALES, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 SUPERIOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MESADA PENSIONAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, CLASES DE PENSIÓN, DERECHO A LAS PRESTACIONES SOCIALES, PAGO DE INTERÉS MORATORIO
Sentencia SU-65 de junio 13 de 2018
Ref.: Expediente T-6.261.504
Acción de tutela instaurada por Laura Victoria Mendoza Merchán contra la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—.
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Carlos Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Delgado, José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo Schlesinger, Diana Fajardo Rivera, Alberto Rojas Ríos y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Penal—, el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), y en segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, el veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), en la acción de tutela promovida por la señora Laura Victoria Mendoza Merchán, contra la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, con ocasión de la sentencia proferida el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
En virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, remitió a la Corte Constitucional el expediente T-6.261.504, el cual fue seleccionado para revisión por parte de esta corporación, mediante auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
La señora Laura Victoria Mendoza Merchán, de 67 años de edad, presentó acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, con la decisión de dicho tribunal de casar parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral— el 18 de septiembre de 2009 dentro del proceso ordinario laboral. En la decisión de segunda, se reconoció el derecho que le asiste a la accionante para ser titular de la pensión de sobrevivientes en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y los intereses moratorios que concedidos en el artículo 141 de la ley precitada. Según la accionante, el fallo de casación desconoce la jurisprudencia constitucional y se erige en una violación directa de los mandatos constitucionales.
1.1 El 2 de agosto de 1972 Laura Victoria Mendoza Merchán contrajo matrimonio católico con el señor Ernesto González, el cual culminó con el fallecimiento de este último el 6 de enero de 2005.
1.2. El 18 de abril de 2005, la accionante en su condición de cónyuge supérstite(1) del señor Ernesto González solicitó al extinto Banco Cafetero el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, el Banco Cafetero en liquidación mediante Resolución 25 del 8 de junio de 2005, negó dicha petición al considerar que no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Esta decisión fue recurrida por la accionante y confirmada mediante la Resolución 408 de 23 de enero de 2007(2).
1.3. Como consecuencia de lo anterior, la actora presentó demanda ordinaria contra el Banco Cafetero en Liquidación, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes e intereses moratorios.
1.4. En primera instancia del proceso ordinario, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 27 de marzo de 2009, absolvió a la entidad demandada tras considerar que no se logró demostrar el requisito de convivencia de 5 años que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993(3).
1.5. Ante la apelación presentada por Laura Victoria Mendoza Merchán, el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral—, en providencia del 18 de septiembre de 2009 revocó la sentencia de primera instancia. En su lugar, condenó al Banco Cafetero al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la accionante a partir del 6 de enero de 2005, con las mesadas adicionales, reajustes anuales y el pago de los intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993(4).
1.6. Contra la decisión de segunda instancia, el Banco Cafetero en Liquidación interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, pretendiendo se casara totalmente el fallo del 18 de septiembre de 2009 proferido por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral— y, en su lugar, confirmara la providencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá el 27 de marzo de 2009. Subsidiariamente, solicitó, “en caso de que se estime que procede la sustitución pensional reclamada”(5), casar parcialmente la sentencia para que disponga “la absolución por intereses moratorios”.
1.7. Mediante providencia del 23 de noviembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— caso parcialmente el fallo de segunda instancia, en el sentido de confirmar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Laura Victoria Mendoza Merchán y, subsidiariamente absolver al Banco Cafetero en liquidación del pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993(6). Sobre los intereses moratorios la Corte Suprema afirmó en dicha providencia que estos “son procedentes respecto de prestaciones concebidas por esa normatividad (L. 100/93) (…); mientras que la pensión a sustituir en el sub lite no corresponde a una pensión del sistema integral de seguridad social; atrás quedó constatado su carácter convencional”(7).
Con base en los hechos expuestos, el 5 de mayo de 2017 la señora Laura Victoria Mendoza Merchán formuló acción de tutela en la que invoca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y a la seguridad social, por la supuesta configuración de una vía de hecho por desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución. Solicitó se deje sin efecto la sentencia de casación proferida el 23 de noviembre de 2016 por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— dentro del proceso laboral ordinario que inició contra el Banco Cafetero en Liquidación, en lo referente a la decisión de revocar los intereses moratorios que le habían sido reconocidos en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de septiembre de 2009. En su lugar, invoca le sean reconocidos los intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
3.1. Copia de la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del 23 de noviembre de 2016. (Fls. 39 a 67).
3.2. Copia del certificado de existencia y representación legal del Banco Cafetero en liquidación, del 14 de enero de 2011, en el cual se acredita que “la gerente liquidadora del Banco Cafetero S.A. declaró terminada la existencia legal de la sociedad de la referencia”. (Fls. 144 a 145).
3.3. Resolución 96 de 30 de diciembre de 2010, “por medio de la cual se declara la terminación de la existencia legal del Banco Cafetero S.A. en liquidación”. (Fls. 146 a 148).
3.4. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria. (Fls. 149 a 152).
4. Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas al proceso.
4.1. Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. —Fiduagraria—.
El representante legal de Fiduagraria S.A. aclaró que la sociedad actúa como vocera y administradora del fideicomiso denominado Patrimonio Autónomo Banco Cafetero en liquidación, en virtud del contrato de fiducia mercantil celebrado con el Banco, el cual se realizó con la finalidad de que Fiduagraria S.A. se hiciera cargo de la administración, seguimiento y pago de los pasivos del hoy extinto Banco Cafetero en liquidación(8).
Señaló que actualmente el Patrimonio Autónomo Banco Cafetero en liquidación está atendiendo la orden judicial contenida en la Sentencia del 23 de noviembre de 2016 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, referente al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de Laura Victoria Mendoza Merchán y que la decisión adoptada en sede de casación obedece a un examen de “los elementos fácticos y jurídicos, a la luz de la normatividad aplicable, siendo una consecuencia de la libertad que dispone el juez (…) para proferir los actos mediante los cuales administra justicia. Por lo anterior, al no evidenciarse una trasgresión del ordenamiento, la decisión atacada no puede ser revocada por vía de tutela”(9).
4.2. Fiduciaria la Previsora S.A.
Mediante escrito del 12 de mayo de 2017 la representante legal de la Fiduciaria la Previsora S.A., contestó la acción de tutela señalando que “el presente documento es emitido por Fiduciaria La Previsora S.A., única y exclusivamente, en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes del Banco Cafetero S.A. en liquidación, según contrato de fiducia mercantil Nº 3-1-19293 suscrito el 30 de noviembre de 2010”(10). Razón por la cual en ningún momento esta entidad puede asumir “la calidad de cesionaria, ni subrogataria, ni sustituto patronal del extinto banco”(11).
4.3. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Por oficio del 11 de mayo de 2017 solicitó se declare improcedente el amparo constitucional formulado por la señora Laura Victoria Mendoza Merchán, pues lo que se pretende mediante la acción de tutela de la referencia es dejar sin valor y efecto la sentencia de casación, la cual fue proferida con estricto apego a la ley por la Corte Suprema de Justicia, en su condición de máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria(12).
En sentencia del 16 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Penal—(13), consideró que la acción de tutela formulada por la señora Laura Victoria Mendoza Merchán cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción contra providencia judicial. Sin embargo, negó el amparo solicitado tras considerar que: (i) no se advierte la presencia de algún defecto específico que habilite el amparo invocado; (ii) tampoco se evidencia que la decisión adoptada por la Sala Laboral de esta corporación haya sido arbitraria, pues en esta se determinó que no era procedente ordenar el pago de los “intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque la pensión objeto de sustitución era de carácter convencional y no hacía parte de las contenidas en el sistema de la mencionada Ley 100”(14).
Mediante escrito del 14 de junio de 2017, la señora Laura Victoria Mendoza Merchán impugnó la decisión de primera instancia. Para ello, trajo a colación nuevamente las razones expuestas en la acción de tutela de la referencia y agregó que la tesis por ella defendida no parte de ideas obstinadas. Al respecto, señaló que el derecho al reconocimiento de los intereses moratorios no se circunscribe únicamente a aquellas pensiones concedidas bajo el amparo de la Ley 100 de 1993, sino a todos los pensionados a quienes les han pagado de manera tardía sus mesadas pensionales. Adicionalmente, afirmó:
“Son justamente los propios magistrados que salvaron su voto, ante el atropello que se me está causando; los que con gallardía refieren que los intereses moratorios se me debieron reconocer, (…) porque existe toda una doctrina constitucional obligatoria que impone tal premisa, ya que estos operan como institución sancionatoria, ante la mora en el pago de las pensiones, sin importar su origen y su fecha de causación (…)”(15).
En sentencia del 22 de junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil— confirmó la providencia impugnada. Insistió en que el fallo censurado por la accionante en sede de casación del 23 de noviembre de 2016, con el cual se dio fin al proceso ordinario laboral promovido por ella contra el Banco Cafetero, no presenta ningún tipo de irregularidad que dé lugar a la procedencia de la tutela contra providencia judicial. Por lo que no puede hacerse uso de dicho mecanismo “para reabrir debates jurídicos fenecidos”(16).
6. Pruebas recaudadas por la Corte Constitucional en sede de revisión.
Mediante correo electrónico del dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), el apoderado de la señora Laura Victoria Mendoza Merchán remitió a esta corporación los siguientes documentos:
6.1. La Resolución 1425 de 1981 “Por la cual se reconoce una pensión de jubilación convencional”(17) al señor Ernesto González QEPD, por parte del Banco Cafetero por una valor de veinticinco mil seiscientos veinte pesos con diecisiete centavos desde el 27 de diciembre de 1980.
6.2. Copia de la respuesta a un derecho de petición presentado por la señora Laura Victoria Mendoza Merchán ante Fiduagraria S.A., en el cual solicitó información sobre la fecha de pago de la condena contenida dentro del proceso ordinario Radicado 2007-00421. Mediante respuesta del 6 de octubre de 2017 Fiduagraria S.A., indicó a la accionante que “aún no se encuentran completos los documentos que en virtud de lo señalado en el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011, artículo 3º del Decreto 768 de 1993 y artículo 2º del Decreto 818 de 1994, son necesarios para realizar el cumplimiento de la orden judicial”(18).
6.3. Copia de la consulta general de procesos de la rama judicial, donde se detalla la información del proceso ordinario laboral en el que la señora Laura Victoria Mendoza Merchán es accionante y el Banco Cafetero es la entidad accionada.
¿Incurrió la autoridad judicial accionada (Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—) al proferir la Sentencia de 23 de noviembre de 2016, en defecto sustantivo que presuntamente vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, que niega el reconocimiento de los intereses moratorios por el pago tardío de las mesadas pensionales, por tratarse de una sustitución pensional derivada de una prestación de origen convencional y no legal, al inaplicar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en los términos la Sentencia C-600 de 2001?
3. Requisitos generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales —Reiteración de jurisprudencia—.
3.1. La jurisprudencia constitucional ha aceptado que de forma excepcional la decisión adoptada por una autoridad judicial también puede dar lugar a la vulneración de derechos fundamentales(19), supuesto en el cual la acción de tutela puede formularse contra dicha decisión, solo si se cumplen ciertos requisitos de procedibilidad establecidos por la Corte Constitucional. Así, cuando se formula acción de tutela contra una providencia judicial el juez constitucional debe verificar, en primera medida, si se configuran los requisitos genéricos de procedibilidad, de manera tal que pueda evaluar, en segundo lugar, si se cumplen los requisitos específicos o materiales de procedibilidad(20).
En este sentido, se determinó que el funcionario judicial que conoce del amparo debe constatar la presencia de los requisitos generales de procedencia(21), a saber: (i) que el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el accionante identifique, de forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; finalmente, (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela(22).
3.3. Una vez cumplidos los anteriores requisitos, se debe acreditar la configuración de alguna de las causales específicas de procedibilidad: (i) defecto orgánico, (ii) defecto sustantivo, (iii) defecto procedimental, (iv) defecto fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional y (viii) violación directa a la Constitución(23).
En relación con las causales específicas o materiales de procedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha sostenido que estas constituyen auténticas transgresiones al debido proceso, razón por lo cual “no solo se justifica, sino se exige la intervención del juez constitucional”(24).
3.5. Una vez se estudie el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la presente tutela, se hará una breve caracterización de dos de las causales específicas de procedibilidad, a saber: el desconocimiento del precedente constitucional y la violación directa de la Constitución(25), con el fin verificar la presencia o no de estos en el caso objeto de análisis.
4. La acción de tutela formulada por Laura Victoria Mendoza Merchán es procedente para controvertir la providencia judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—.
La señora Laura Victoria Mendoza Merchán, presentó demanda ordinaria laboral contra el Banco Cafetero en liquidación, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Esta demanda correspondió al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que mediante providencia del 27 de marzo de 2009, negó las pretensiones invocadas. Dicha decisión fue impugnada por la accionante y mediante Sentencia del 18 de septiembre de 2009, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, revocó la decisión apelada, en su lugar accedió a las pretensiones de la señora Mendoza. El Banco Cafetero en liquidación presentó recurso de casación contra el fallo de segunda instancia, el cual fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— el 23 de noviembre de 2016 en el sentido de casar parcialmente la decisión atacada, en tanto condenó al Banco Cafetero en liquidación al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Laura Victoria Mendoza Merchán y absolvió a la entidad demandada del pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993(26).
Una vez agotado el trámite en la jurisdicción ordinaria Laura Victoria Mendoza Merchán acudió a la jurisdicción constitucional solicitado la protección de sus derechos fundamentales.
4.4. En cuarto lugar, la señora Laura Victoria Mendoza Merchán identificó de forma clara la conducta de la autoridad judicial demandada de la que se desprende la alegada vulneración de sus derechos fundamentales. Para la Sala no cabe duda el cumplimiento del supuesto de la identificación razonable de los hechos que generan la vulneración por parte de la autoridad judicial.
Sin embargo, este requisito no se agota en la identificación de los hechos vulneradores y los derechos amenazados, pues, es menester que el interesado haya alegado tal situación dentro del proceso en donde se dictó la sentencia atacada. En esta medida, puede la Sala afirmar que en el escrito de tutela, así como en el proceso ordinario laboral iniciado por la accionante que dio lugar finalmente a la presentación del recurso de casación por parte del accionado, sus pretensiones fueron presentadas de forma consistente desde el momento en que elevó su primera inconformidad ante las autoridades judiciales hasta la interposición de la acción de tutela(27).
4.6. Finalmente, el último requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, exige que la sentencia objeto de censura no sea un fallo de tutela. Ello se cumple en este caso por cuanto la decisión a la que se le endilga la vulneración fue proferida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— al interior de un proceso ordinario laboral y no dentro de un trámite de amparo constitucional.
5. Caracterización del defecto sustantivo.
5.1. En Sentencia C- 590 de 2005, la Corte definió el defecto sustantivo como el yerro que tienen las providencias judiciales cuando se expiden con base en normas inexistentes o inconstitucionales(28). Lo propio sucede en los eventos en que los fallos presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión(29). A partir de esta ilustración, la Sala de Plena ha precisado los supuestos en que una decisión judicial incurre en la falencia señalada, que consisten en:
(vii) cuando la actuación no está justificada en forma suficiente de manera que se vulneran derechos fundamentales”(30).
5.2. En la hipótesis número (iii), la jurisprudencia ha atribuido una jerarquía especial a las sentencias de control abstracto, debido al alcance de la cosa juzgada y al poder que tienen para delimitar el derecho vigente en el ordenamiento jurídico. De ahí que existe una sujeción especial e intensa al precedente judicial. El artículo 243 Superior indica que ninguna autoridad podrá reproducir un enunciado declarado inexequible por razones fondo(31). La expulsión de una norma del ordenamiento jurídico implica que esta no pueda volver a ser aplicada por una autoridad para resolver algún caso(32).
Esa misma fuerza jurídica se presenta en el evento en que la norma sea declarada exequible, de manera simple o condicionada. En la primera situación, los operadores jurídicos tienen el deber de seguir la regla de derecho que sustentó la decisión de constitucionalidad, toda vez que delimita el sentido de la disposición cuestionada, análisis que delimita la aplicación del enunciado legal a casos particulares. En la segunda circunstancia, los funcionarios y servidores tienen la obligación de utilizar el enunciado legal con la prescripción adicionada por parte de la Corte, puesto que este hace parte de la norma, al ser considerada el único significado que respeta el ordenamiento superior. Por ello, en este tipo de control de constitucionalidad, los argumentos de los operadores jurídicos para apartarse de la parte resolutiva y de su regla decisión no resisten su fuerza normativa(33). Es más, tiene vedado separarse de las providencias emitidas en ejercicio de la función abstracta de salvaguarda de la carta política.
Así, una decisión judicial incurría en esta modalidad del yerro sustantivo, cuando la autoridad judicial hubiese desechado el decisum y/o la ratio decidendi de una providencia de constitucionalidad(34). Por ejemplo, en Sentencia SU-210 de 2017, la Sala Plena dejó sin efecto una decisión expedida por parte del Consejo de Estado, porque había incurrido en defecto sustantivo, al desatender la Sentencia C-258 de 2013, providencia que prohibía que el régimen de congresistas y magistrados se extendieran a personas que con anterioridad al 1º de abril de 1994 no se encontraban afiliados al mismo, y que las pensiones sobrepasaran el tope de 25 salarios mínimos legales vigentes. Censuró que se hubiese descartado la regla judicial fijada en el marco del control de constitucionalidad.
6. Reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
6.1. El derecho a la sustitución pensional y a la pensión de sobrevivientes en el sistema integral de seguridad social.
En desarrollo de dicho mandato constitucional, la Ley 100 de 1993(35) creó el sistema general de pensiones el cual tiene por finalidad garantizar a la población el amparo frente a las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Frente a la muerte, se creó la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional como uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas que dependían emocional y económicamente del afiliado o pensionado que fallece y proveía el sustento del hogar(36), con el objeto de asegurar la atención de sus necesidades básicas(37).
6.2. Intereses moratorios ante el pago tardío de las mesadas pensionales.
“ART. 141.—Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”(38).
6.3. Interpretación jurisprudencial de artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
“Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión algunos de sus derechos. Dada esta pérdida progresiva de —entre otras cosas— la fuerza laboral, es probable que la única fuente de ingresos que puedan percibir sea la pensión. Es por esto que resulta especialmente grave la no cancelación o la cancelación parcial de las mesadas pensionales, pues ello puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el derecho a la salud y el derecho al mínimo vital, entre otros, de las personas ancianas”. (Negrilla fuera del texto original).
En concordancia con lo anterior, desde el año 1995 en sede de control abstracto de constitucionalidad, esta corporación resaltó la importancia del reconocimiento oportuno de las mesadas pensionales para las personas de la tercera edad. Así, en la Sentencia C-367 de 1995, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 1617 del Código Civil(39). Para arribar a dicha conclusión, señaló que del artículo 53 Superior se desprende el derecho de los pensionados a recibir las mesadas pensionales de forma oportuna. En palabras de la Corte:
“No puede concebirse, entonces, a la luz de los actuales principios y preceptos superiores, la posibilidad de que las pensiones pagadas de manera tardía no generen interés moratorio alguno, con el natural deterioro de los ingresos de los pensionados en términos reales, (…). Además, ninguna razón justificaría que los pensionados, casi en su mayoría personas de la tercera edad cuyo único ingreso es generalmente la pensión, tuvieran que soportar, sin ser adecuadamente resarcidos, los perjuicios causados por la mora y adicionalmente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el incumplimiento de las entidades correspondientes”. (Negrilla fuera del texto original).
Posteriormente, en la Sentencia C-601 de 2000, la Corte conoció la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en la cual el demandante expresó que “los segmentos normativos “A partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”, vulneran el derecho fundamental a la igualdad (C.P., art. 13) de aquellas personas que bajo la vigencia de leyes anteriores a la pluricitada Ley 100 de 1993, obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de su pensión, al excluirlas del reconocimiento y pago de los intereses moratorios con ocasión del pago tardío de las mesadas pensionales(40).
(i) El reconocimiento de los intereses moratorios tiene por finalidad proteger a las personas de la tercera edad, quienes debido a su estado de salud o físico “se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia”, por lo que el pago tardío de sus mesadas pensionales puede comprometer su mínimo vital;
(ii) El artículo 141 de la ley 100 de 1993 incorporó en el ordenamiento jurídico colombiano “un mecanismo de liquidación para cancelar las pensiones atrasadas o en mora, sin que el legislador distinguiera en el tiempo o en el espacio a determinados grupos de pensionados”;
(iii) La disposición acusada no crea ningún tipo de distinciones entre pensionados o clases de pensiones. En realidad, el legislador estableció una distinción el tiempo, es decir, en el momento en el cual se produce la mora para efectos de saber cuál es la normatividad vigente con base en la que deberá hacerse su cálculo.
(iv) La correcta interpretación del enunciado legal censurado “advierte que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, solo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo”.
“¨[L]a Corte debe advertir que los pensionados siempre han tenido derecho al pago de intereses de mora cuando las mesadas correspondientes les han sido canceladas de manera atrasada; por lo tanto, el derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora a los que hace referencia la norma en comento, es un derecho de todos los pensionados, sin importar el momento en el cual se haya reconocido el derecho al disfrute de la pensión respectiva”. (Negrilla fuera del texto original).
La Sala Plena fijó la interpretación de la mencionada disposición, al precisar la manera en que debe entenderse, con el fin de que se mantuviera en el ordenamiento jurídico. Ese sentido corresponde con la idea de que todas las pensiones, legales o convencionales, son pasibles de causación de intereses de mora por su pago tardío. En realidad, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 regula la forma de calcular esos réditos y no su existencia u origen(41). La normatividad del sistema general de seguridad social tiene una expansión para todo tipo de pensiones, como sucede en este aspecto.
Más adelante, en la Sentencia T-849A de 2013, la Sala Séptima de Revisión conoció la acción de tutela instaurada por el departamento del Chocó, contra el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, Chocó, en la cual solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso que estimó vulnerado con la sentencia proferida por la autoridad accionada, al declarar al ente territorial responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados a los accionantes debido al pago tardío de las mesadas pensionales a su cargo. En esta oportunidad la Corte afirmó que “aunque es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en casos como el materia de análisis no procede el pago de intereses moratorios, esta Corporación ha sostenido la tesis contraria, esta es que los intereses moratorios se causan por el pago tardío de cualquier pensión, independientemente de que hayan sido reconocidas con fundamento en normativa anterior a la Ley 100”.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social de la señora Laura Victoria Mendoza Merchán al desconocer el precedente constitucional establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 de 2000 y la jurisprudencia en vigor que se produjo en aplicación de esa decisión de control abstracto.
7.1. El asunto bajo estudio recae sobre la acción de tutela interpuesta por la señora Laura Victoria Mendoza Merchán contra la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, tras considerar que dicho tribunal vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, al casar parcialmente la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral, que finalizó con sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, el 18 de septiembre de 2009, en tanto absolvió al Banco cafetero del reconocimiento de los intereses moratorios causados por el pago tardío de las mesadas pensionales.
7.2. La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia sustentó su adhesión parcial a lo resuelto en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, el 18 de septiembre de 2009, solo en lo relativo al cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por parte de la accionante. Para el efecto, sostuvo:
“(…) quien pretende en esta oportunidad el derecho a la sustitución con ocasión de la muerte del otro cónyuge, a más de que se tiene la seguridad de que convivió por 15 años y que conservó hasta la muerte los lazos familiares, con el pensionado, también participó en la construcción de la pensión a suceder, entendiendo por esto, se itera, que lo acompañó durante su vida productiva, le prestó socorro y ayuda, y fue solidaria con sus necesidades, todo dentro del marco de las obligaciones que por ley le corresponden a los esposos —artículo 176 del Código Civil. De lo antes dicho, en sede de instancia, sigue, tal y como lo concluyó el tribunal, que la actora tiene derecho a la sustitución pensional, pero por las razones que acaba de exponer esta corte. En consecuencia, no se casará la sentencia en este aspecto”(42).
En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia, en el ordinal segundo donde el juez colegiado condenó a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (…). No obstante, se condenará al banco a pagar las mesadas pensionales adeudadas a la accionante debidamente indexadas, desde la fecha de su causación y hasta el momento de su pago”(43).
7.3. En este orden de ideas, la Sala Plena considera que la decisión impartida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 23 de noviembre de 2016 en relación con la absolución de la condena de los intereses moratorios significó la configuración de un defecto sustantivo, al desconocer un fallo con efecto erga omnes. Nótese que se reprocha que la autoridad judicial accionada hubiese negado esa pretensión con fundamento en que dichos réditos solo se aplican a aquellas pensiones que hayan sido reconocidas íntegramente bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993, por lo que son improcedentes respecto de pensiones convencionales. Lo anterior, en razón de que la postura reseñada soslaya que en Sentencia C-601 de 2000, la Corte Constitucional manifestó que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son aplicables a toda clase de pensiones, sean estas reconocidas por mandato legal, convencional o particular(44).
7.4. La regla judicial fijada en el marco de control abstracto se replicó en la jurisprudencia en vigor de las salas de revisión de la Corte Constitucional. De ahí que, se hayan precisado las siguientes premisas normativas: (i)”dicho mandato jurídico no distingue entre las personas que se pensionaron bajo la normativa anterior a la Ley 100 y quienes lo hicieron en virtud de esta, solo indica que si la mora se produjo con anterioridad a 1º de enero de 1994, esta se deberá calcular conforme a la normativa vigente en ese momento, mientras que, si se produjo después de esa fecha, su valor se debe calcular de acuerdo al citado artículo 141”(45); y (ii) los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 “proceden para todo tipo de pensión, sin importar la ley o el régimen mediante los cuales se causaron”(46).
7.6. En virtud de lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al casar parcialmente el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, el 18 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario instaurado por Laura Victoria Mendoza Merchán contra el Banco Cafetero en Liquidación, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social de la ciudadana Laura Victoria Mendoza Merchán, porque incurrió en defecto sustantivo, al desatender la regla de derecho fijada en la Sentencia C-601 de 2000 por la Sala Plena de esta corporación.
8.1. Por las razones expuestas, la Sala Plena revocará las Sentencias de tutela proferidas en primera instancia, por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Penal— el 16 de mayo de 2017, mediante la cual negó el amparo solicitado por Laura Victoria Mendoza Merchán, tras considerar que no se está en presencia de ningún defecto específico de procedibilidad que habilite el amparo invocado; y de segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil— el 22 de junio de 2017, por medio de la cual confirmó la providencia impugnada. En su lugar, se protegerán los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social de la accionante.
8.2. Adicionalmente, se dejará sin valor y efectos la sentencia proferida en sede de casación por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dos mil dieciséis (2016), dentro del trámite de la demanda ordinaria presentada por la ciudadana Laura Victoria Mendoza Merchán contra el Banco Cafetero en liquidación, excepto lo relacionado con la condena del pago de las mesadas adeudadas a la señora Mendoza Merchán. En consecuencia, se ordenará a la corporación accionada que emita un nuevo fallo de casación en el que se aplique el precedente constitucional sobre la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y de los intereses de mora para todo tipo de pensiones. En este aspecto, la Sala precisa que la Corte Suprema de Justicia debe determinar si los intereses moratorios podrían concurrir con la indexación de las mesadas pensionales. Esa claridad es indispensable para que sea emitida una decisión de reemplazo, toda vez que, en Sentencia C-781 de 2003, la Sala Plena de la Corte indició que son valores que persiguen la misma finalidad como es la compensar la pérdida de valor adquisitivo del dinero.
9.1. La ciudadana Laura Victoria Mendoza Merchán instauró demanda ordinaria laboral contra el Banco cafetero en liquidación con el fin de que fuera reconocida la sustitución pensional de la prestación de vejez que devengaba su difunto esposo, puesto que esa compañía había negado el reconocimiento del derecho. En el proceso ordinario, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá negó la demanda con sustentó en que no se había demostrado los cinco (5) años de convivencia de la demandante con el causante. Apelada esa providencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral— revocó la decisión de primer grado y condenó al Banco Cafetero al pago de la pensión de sobrevivientes, así como los intereses moratorios por la omisión en el pago de la prestación transmitida por causa de muerte. Mediante el recurso de casación interpuesto por el Banco Cafetero en liquidación, la Sala de Casación Laboral casó parcialmente la decisión del tribunal en el sentido de revocar la orden de pago de los intereses de mora, por lo que condenó al reconocimiento pensional y dispuso que esa prestación fuese indexada. Empero revocó la orden de desembolso de los intereses de mora.
En ese escenario, la señora Mendoza Merchán formuló acción de tutela contra la providencia de casación para que fuesen reconocidos y pagados los intereses moratorios adeudados ante el desembolso tardío de las mesadas pensionales
9.3. En esta medida, se constató que en el caso objeto de estudio se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Razón por la cual, se pasó a examinar si el juez vulneró los derechos fundamentales de la accionante con ocasión de la expedición de la Sentencia del 23 de noviembre de 2016, proferida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil—.
9.4. Para la Corte Constitucional, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, la seguridad social y la igualdad de la ciudadana Laura Victoria Mendoza Merchán, al incurrir en defecto sustantivo, por cuanto desconoció la Sentencia C-601 de 2000, al negar el reconocimiento de los intereses de mora originados en la omisión de pago de la sustitución pensional. La Sala de Casación Laboral precisó que era improcedente reconocer los réditos mencionados, debido a que la pensión a sustituir correspondía a una prestación convencional y no al sistema general de seguridad social, naturaleza que no modifica el alcance de la transmisión del derecho por muerte del titular, ni por aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para verificar el acceso a esta prestación.
1. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el presente proceso de tutela, mediante Auto de fecha catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
2. REVOCAR las Sentencias de tutela proferidas en primera instancia, por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Penal— el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual negó el amparo solicitado por la ciudadana Laura Victoria Mendoza Merchán; y de segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil— el veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), la cual confirmó la providencia impugnada. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social de la accionante.
3. DEJAR SIN EFECTO por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida en sede de casación por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral— el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dos mil dieciséis (2016), dentro del trámite de la demanda ordinaria presentada por la ciudadana Laura Victoria Mendoza Merchán contra el Banco Cafetero en liquidación, excepto lo relacionado con la condena del pago de las mesadas adeudadas a la demandante. En consecuencia, ORDENAR a la corporación accionada que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia emita un nuevo fallo de casación en el que se aplique el precedente constitucional sobre la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y de los intereses moratorios para toda clase de pensiones, especialmente la regla de decisión contenida en la Sentencia C-601 de 2000.
4. Por secretaría general, LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
Magistrados: Alejandro Linares Cantillo, Presidente, ausente con excusa—Gloria Stella Ortiz Delgado, Vicepresidenta—Carlos Bernal Pulido, con salvamento parcial de voto—Diana Fajardo Rivera—Luis Guillermo Guerrero Pérez, Presidente—Antonio José Lizarazo Ocampo—Cristina Pardo Schlesinger—José Fernando Reyes Cuartas—Alberto Rojas Ríos, con aclaración de voto.
1 Mediante Resolución 1425 del 27 de diciembre de 1981 expedida por el Banco cafetero fue reconocida la pensión convencional al señor Ernesto González.
2 Fl. 17.
3 Fls. 15 al 25, cdno. ppal. En adelante siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal a menos que se diga expresamente lo contrario.
4 “RESUELVE. 1. Revocar la sentencia apelada, para en su lugar condenar al Banco Cafetero al pago de la pensión de sobrevivientes, que disfrutaba el señor Ernesto González, a la señora Laura Victoria Mendoza Merchán a partir del 6 de enero de 2005, junto con las mesadas adicionales y reajustes anuales. 2. Condenar a la demandada al pago de intereses moratorios sobre las mesadas pensionales adeudadas”. Fls. 26 a 38.
6 Fls. 39 a 67.
7 Fls. 62 y 63.
8 Fl. 135.
9 Fl. 139.
10 “Fiduprevisora S.A. y el Banco Cafetero en liquidación, suscribieron el 30 de noviembre de 2010 el contrato de fiducia mercantil Nº 3-1-19293, para la administración de contingencias pensionales y la realización de un conjunto de actividades de manera previa y posterior a la terminación de la existencia del Banco”. Fls. 111 a 116.
11 Fl. 111.
12 Fl. 118.
13 La autoridad judicial vinculó al trámite de tutela al Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral—, al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, a Fiduagraria S.A. y a la Previsora S.A., estas últimas en su calidad de entidades voceras del patrimonio autónomo de remanentes del Banco Cafetero.
14 Fl. 163.
15 Fl. 4, cdno. 2.
16 Fl. 9, cdno. 2.
17 Fl. xxx, cdno. de revisión.
18 Fl. xxx, cdno. de revisión.
19 En un primer momento, el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se configuraba cuando la actuación judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto proferido no merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido despojada de dicha calidad. En desarrollo de lo expuesto, la Corte Constitucional consideró que el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que constituían una violación protuberante de la Carta Política y, en especial, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto fue denominado “vía de hecho”. Posteriormente, en Sentencia T-774 de 2004, la Sala Tercera de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional resumió los argumentos que justificaron el abandono progresivo de la noción de vía de hecho y la adopción de causales genéricas y materiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Al respecto precisó que el cambio fue consecuencia de la decantación de los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, fundamento inicial del concepto de vía de hecho.
21 Los criterios generales de procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución”. (Sent. SU-813/2007).
23 En la Sentencia C-590 de 2005, la Corte individualizó las causales específicas de la siguiente manera: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. // b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. // c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. // d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. // f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. // g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. // h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. // i. Violación directa de la Constitución.”.
24 Sentencia T-078 de 2014.
25 Esta corporación en Sentencia T-246 de 2015ha definido este requisito de procedibilidad como “la hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”.
26 Fls. 39 a 67.
27 Ver fls. 12,15 a 16 y 63.
28 Sentencia T-522 de 2001, citada en Sentencia C-590 de 2005.
29 Sentencia T-717 de 2011.
30 Sentencia SU-448 de 2011. De igual forma ver la Sentencia SU-515 de 2013, T-107 de 2014 y SU-769 de 2014.
31 Sentencias C-539 de 2011, C335 de 2008, C-836 de 2001, C-037 de 1996, C-083 de 1995, C-113 de 1993.
32 En Sentencia C-335 de 2008. La Sala Plena indicó que “una vez la Corte Constitucional declara inexequible una disposición legal, ningún servidor público puede emitir resolución, dictamen o concepto fundado en aquella, por cuanto de esta manera se estaría desconociendo directamente la Constitución. De igual manera, una vez proferido un fallo de exequibilidad condicionado, al servidor público le está vedado acordarle a la ley un significado distinto de aquel que la Corte consideró que era el único ajustado a la Carta Política.”.
33 Sentencia SU-611 de 2017.
34 Ver Sentencia T-272 de 2005. En esa oportunidad, esta corporación concluyó que la Corte Suprema de Justicia había incurrido en defecto sustantivo, al inadmitir un recurso de casación con base en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, porque desconoció la ratio decidendi de la Sentencia C-252 de 2001, providencia que había declarado inexequible dicha disposición. Por tanto, el juez atacado aplicó una norma que carecía de vigencia y de validez en e (sic) ordenamiento jurídico.
35 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
36 Ver sentencias C-1094 de 2003, T-110 de 2011, T-228 de 2014, T-004 de 2015, entre otras.
37 En la Sentencia C-336 de 2008, la Corte resaltó que “la pensión de sobrevivientes (…) ha sido definida como una de las expresiones del derecho a la seguridad social siendo una prestación que se genera a favor de las personas que dependían económicamente de otra que fallece, y corresponde a una garantía propia del sistema de seguridad social fundada en varios principios constitucionales, entre ellos el de solidaridad que lleva a brindar estabilidad económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad, por cuanto de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron con el causante; y el de universalidad del servicio público de la seguridad social, toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del causante”.
38 Artículo declarado exequible en la Sentencia C-601 de 2000.
39 “ART. 1617.—Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo. 3. Los intereses atrasados no producen interés. 4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.
40 El problema jurídico planteado en aquella oportunidad correspondió con: A juicio el demandante, al ser expedidos los segmentos normativos “A partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el legislador vulneró el derecho fundamental a la igualdad de aquellas personas que bajo la vigencia de leyes anteriores a la citada Ley 100 de 1993, obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de su pensión, pues se les excluye del reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se ocasionarían en el evento en el cual sus mesadas pensionales le fuesen pagadas de manera atrasada o tardía.
41 En Sentencia C-601 de 2001, se expresó “de suerte que si esta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, esta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la Ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.”.
42 Fls. 62 y 62.
43 Fls. 63 a 66.
44 Sentencia C-367 de 1995, C-601 de 2000, T-849A de 2013 y SU-230 de 2015.
45 Sentencia T-849 A de 2013.
46 Sentencia SU-230 de 2015.