Source: https://issuu.com/edicioneslegales/docs/nj-56
Timestamp: 2017-06-24 06:18:00
Document Index: 223809762

Matched Legal Cases: ['Artículo 56', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 13', 'in fine', 'artículo 22', 'Artículo 14', 'artículo 28', 'artículo 425', 'artículo 406', 'artículo 407', 'Artículo 406', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 406', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 581', 'artículo 581']

NJ-56 by Ediciones Legales - issuu
Código de la ProducciónAbstención de ejercer
la acción penal en aplicación
del principio de oportunidad'HUHFKR$PELHQWDO
La Convención Ramsar sobre
amenazados y su aplicación
en Ecuador'HUHFKR6RFLHGDG\&XOWXUD
FEBRERO 201112 Ambato: (03) 242 4245Guayaquil: (04) 238 7265Quito : (02) 248 0800Contenido
Derecho, sociedad y cultura 9Adulterio y lapidación
Por: Ernesto Albán GómezAnálisis	10Beneficios fiscales contenidos en el Código de la Producción
Por: Dr. Christian Viteri L.Derecho Constitucional	20Derechos iguales,perspectivas diferentes:
El derecho a la propiedad y a la autodeterminación
de los pueblos. II Parte
Por: Diego Zambrano A.Invitado	28Abstención de ejercer la acción penal en aplicación del
“principio de oportunidad”
Por: Ricardo Vaca A.Derecho Ambiental	38La Convención Ramsar sobre protección de ecosistemas
amenazados y su aplicación en Ecuador
Por: Hugo Echeverría V.Perfil	46Dr. Hernán Salgado PesantesNovedades Informáticas	54Mitos y verdades sobre nuestro computador
Por: Cristian Suárez Q.Derecho y Economía	56Análisis econométrico del modelo de racionalidad
económica del delincuente II Parte
Por: Alfredo Verdezoto N.Destacamos	66Enero 2011Didáctica	68Arrendamiento de bienes inmuebles
Como es de dominio público, la reciente expedición del Código de la Producción tuvo como propósito fundamental el mejorar la productividad
de las empresas nacionales; y para estimular su
desarrollo y desempeño estableció una serie de
incentivos de carácter tributario. El trabajo que
publica el profesor universitario Dr. Christian Viteri parte precisamente de esta premisa; pero
observa que, aunque en la ley, se enumeran muchos incentivos, solo algunos producirán un real
beneficio. Así lo determina en el examen puntual
que realiza en cada caso concreto. Concluye señalando que habrá que tener un prudencial tiempo de espera, para evaluar si las reformas fueron
suficientes para crear un clima de confianza y seguridad jurídica en los inversionistas nacionales
y extranjeros; o si será necesario realizar cambios
más trascendentales todavía.
La Constitución vigente introdujo el principio de
oportunidad, entre los parámetros que guían la
actuación de la Fiscalía General del Estado. Reformas posteriores al Código de Procedimiento
Penal regularon la aplicación de este principio. El
Dr. Ricardo Vaca Andrade, con vasta experiencia
profesional y académica, analiza este tema, que
no es ajeno a la polémica, contraponiendo la
obligación de la Fiscalía de ejercer la acción penal en los delitos pesquisables de oficio, frente
a la posibilidad de no ejercerla, por razones que
podrían calificarse como utilitarias. Se trata de un
aporte sustancial para entender una de las instituciones ingresadas últimamente en la realidad
En la segunda parte del artículo sobre la consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas,
establecida por la Constitución, el autor, Ab. Diego Zambrano, se refiere a dos principios esenciales que deben tomarse en cuenta en estos procesos. El primero tiene que ver con la concepción
indígena del derecho de acceso a la propiedad
de la tierra; y el segundo es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Solo si atienden4estos aspectos será posible asegurar verdaderos
niveles de participación,
indispensable en una sociedad de diversidades.
Ramsar y qué tiene que
ver con nuestro país? El
Dr. Hugo Echeverría nos
informa que con este nombre se conoce la Convención relativa a los humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de
aves acuáticas. La Convención se aprobó en 1971
y el Ecuador se adhirió a la misma en 1990, y ha
designado en el curso de estos años trece sitios
Ramsar, para incluirlos en la lista internacional,
con una superficie total de más de doscientas mil
hectáreas. Con estos antecedentes, a más de las
normas constitucionales que protegen el medio
ambiente, el autor mira el futuro con optimismo,
en cuanto a la conservación y uso racional de los
humedales en el Ecuador.
También publicamos en esta edición la segunda
parte del análisis econométrico del modelo de
“racionalidad económica del delincuente”, del Ec.
Alfredo Verdezoto, herramienta muy novedosa y
reveladora para el estudio de la delincuencia, en
especial de los delitos contra la propiedad.
El Dr. Hernán Salgado Pesantes es un distinguido
jurista, profesor universitario, especializado en
Derecho Constitucional, que ha representado al
país en organismos tan importantes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya
presidencia ejerció. En nuestra sección habitual
de Perfil, podemos conocer aspectos de su vida
familiar y profesional, que nos permiten señalarlo
como un ejemplo para la juventud estudiosa.
Presidente Comité Editorial,Presidente:Ernesto Albán GómezComité Editorial:Juan Pablo Aguilar A.
Jorge Zavala E.Directora:Eugenia Silva G.Coordinación:Johanna PizarroArte,diseño e
Oficio No. T.4738- SNJ- l0-1753
Quito, diciembre 1 de 2010
PRESIDENTE DEL COMITÉ EDITORIAL REVISTA
Me refiero al artículo “Ley del Sistema Nacional
de Registro de Datos Públicos’’, de autoría del Registrador Mercantil de Ambato, Fausto Hernán
Palacios, publicado en la edición 53 de noviembre de 2010 de la revista de su dirección.
Al respecto, y antes de referirnos a las reflexiones del doctor Palacios, debe tenerse en cuenta
la posible parcialidad con la que él podría haber
escrito su ensayo, ya que la Ley del Sistema Na-cional de Registro de Datos Públicos (en adelante
LSNRDP), al disponer que el cargo de Registrador
Mercantil deba ser próximamente concursado
públicamente, le quita la estabilidad laboral de
la que goza, ocasionándole así un muy probable
conflicto de intereses a la hora de realizar su feroz
oposición a la mencionada Ley.
Hecha la referida aclaración, y para continuar
con el largo debate generado alrededor de este
tema, hay que mencionar que el artículo del doctor Palacios comete varias graves imprecisiones
al interpretar la LSNRDP, las cuales vale la pena
1.- El articulista empieza diciendo que la Asamblea Nacional del Ecuador cometió una falta grave al encomendar la elaboración de las leyes que
dispone el numeral 8 de la primera disposición
transitoria de la Constitución a una comisión que
por su naturaleza no le compete, ya que habiendo comisiones especiales por materia, no cabía
darle la LSNRDP a la Comisión de lo Económico.
5Afirmar que el tratamiento de la LSNRDP no correspondía a la Comisión de Régimen Económico, resulta bastante subjetivo, más aún cuando el
actor realiza tal aseveración sin aportar un solo
parámetro en base al cual se pudiese aceptar lo
Al tratarse de una ley que crea un sistema interconectado de carácter nacional, que obviamente
se implementa a través de medios electrónicos,
podríamos también afirmar que el tratamiento
de la Ley debió corresponder a la Comisión de
Educación, Cultura Ciencia y Tecnología. Asi mismo se puede afirmar que toda ley que cree un
mínimo de institucionalidad (como ocurre con la
LSNRDP debería corresponder a la Comisión de
Justicia Estructura del Estado.
Más allá de los nombres que puedan tener las
Comisiones Especializadas de la Asamblea Nacional, sería ilógico establecer criterios absolutos
en base a los cuales se pueda afirmar, categóricamente, a cuál Comisión debe corresponder el
tratamiento de determinada Ley, por la sencilla
razón de que toda ley es transversal, es decir, regula los diferentes aspectos que puede requerir
una temática, como por ejemplo, los derechos
constitucionales y la institucionalidad que su
protección requiere, así como el financiamiento
de la misma y el control social que debe existir,
etc. Establecer las fronteras para definir cuando
un proyecto de ley corresponde a tal o cual Comisión podría generar discusiones bizantinas. Es
por ello, que la asignación de los proyectos de
ley a las diferentes Comisiones, constituye una
facultad discrecional y privativa del Consejo de
Administración Legislativa conforme lo establece
el Artículo 56 de la LOFL:
“Art. 56 .- Si el proyecto de ley es calificado, el Consejo de Administración Legislativa establecerá la prioridad para el tratamiento del mismo y la comisión
especializada que lo tramitará. El Secretario General del Consejo de Administración Legislativa inmediatamente remitirá a la Presidenta o Presidente de
la comisión especializada, junto con el proyecto de
ley, la resolución en la que conste la fecha de inicio
de tratamiento del mismo.”62.- Por otro lado, cuestiona que la LSNRDP haya
reformado el Artículo 16 de la Ley de Registro
estableciendo la competencia de los alcaldes
para conocer las quejas que se presentaren en
contra de los registradores, ya que dicho artículo
fue derogado hace más de diez años con la Ley
del Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, los
municipios no tendrían efectivamente la facultad
Al respecto, hay que indicar que el Artículo 16
de la Ley de Registro establecía, en sus inicios, la
competencia de las Cortes Superiores para conocer las quejas e imponer las sanciones en contra
de los registradores. Dicha competencia se trasladó, efectivamente, al Consejo de la Judicatura con
la promulgación de su Ley en marzo de 1998. No
obstante, la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, fue derogada por el Código Orgánico de la
Función Judicial en marzo del 2009, el mismo que
no traspasó las referidas competencias al nuevo
Consejo de la Judicatura, quedando un vacío respecto a la autoridad encargada de recibir las quejas e imponer sanciones a los registradores.
En este sentido, es por demás evidente que la intención del legislador al reformar el Artículo 16 de
la Ley de Registro, era llenar el referido vacío y establecer cuáles eran las autoridades competentes
para recibir las quejas en contra de los registradores
e imponerles las sanciones correspondientes.
No cabe pretender que la reforma al artículo 16
es inexistente, porque en primer lugar se estaría
privilegiando a la forma por sobre la verdadera
intención del legislador, y en segundo lugar, porque las consecuencias de aquello implicaría una
violación constitucional, al dejar en indefensión
a quienes se creyeren con derecho a presentar
quejas en contra de los registradores.
3.- Afirma también que los municipios no han
sido tomados en cuenta en la Ley, a pesar de que
la Constitución en forma clara señala que la administración se hará en forma concurrente.
Frente a esta equivocada aseveración del articulista, resulta ilustrativo señalar cada una de lasatribuciones que, a grandes rasgos, tienen tanto
los municipios como la Dirección Nacional de
Registro de Datos Públicos para darse cuenta de
que la administración de los registros de la propiedad sí es concurrente.
Mientras la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos dicta las normas que regulan el funcionamiento de los Registros de la Propiedad (Art.
19 L.SNRDP), así como las resoluciones y normas
necesarias para la organización y funcionamiento del sistema (Art. 31.2 ibídem), los municipios
realizan la estructuración administrativa de los
registros de la propiedad (Art. 19 ibídem), organizan y ejecutan el concurso de méritos y oposición para la designación de los registradores,
y fijan los aranceles por los servicios de registro
(Art. 33 ibídem).
Para la distribución de las antedichas competencias entre los municipios y la Dirección Nacional,
necesariamente debe tomarse en cuenta el papel
que cada una de las referidas instituciones juega
dentro del Sistema Nacional de Registro de Datos
Públicos. Por un lado, la Dirección Nacional es el
órgano que preside todo el sistema, y como tal le
corresponde la expedición de las normas necesarias para armonizar e interconectar los diferentes
registros. Por su parte, los municipios carecen de
tales atribuciones y en consecuencia las facultades que se le pueden asignar se ven limitadas por
Además, la Constitución de la República no ha señalado los parámetros en los que se deba basar la
referida administración concurrente, y por lo tanto la determinación de la referida concurrencia
corresponde al legislador.
4.- Por otro lado comenta que con la atribución
de dictar reglamentos conferida por la Ley a la
(en adelante Dirección Nacional), podría crearse
un procedimiento para posibles reclamos sobre
propiedades, linderos, posesión, etcétera, distrayendo de esta manera el verdadero problema de
sus jueces naturales.Nada más alejado de la verdad. De los distintos
artículos de la Ley que remiten su regulación a
normas de carácter secundario, absolutamente
ninguno establece que en estas normas secundarias se regularán procedimientos relacionados
con derechos reales. Así, por ejemplo, el quinto
inciso del artículo 6 de la LSNRDP remite al Reglamento la determinación de los datos que se
requieran consignar en la solicitud para acceder
a la información patrimonial de un tercero; el artículo 13 in fine remite al reglamento la forma en
la que la Dirección Nacional ejercerá el control
sobre los diferentes registros de datos públicos;
el artículo 22 remite al reglamento la forma de
organizar el sistema de interconexión cruzado
entre los distintos registros; y así en toda la ley.
Es decir, en ningún momento la Ley remite al reglamento la regulación de aspectos que tengan
que ver con los derechos reales, como lo afirma
erradamente el doctor Palacios, y eso sencillamente porque la Ley no trata sobre esa materia.
Si de hecho se expidiere un reglamento a la LSNRDP que regulare aspectos relacionados con
derechos reales, o si la Dirección Nacional expidiere resoluciones también sobre dicha materia,
dichas normas podrían ser fácilmente impugnadas a través de una acción de inconstitucionalidad por referirse a aspectos que no entran en la
Y es precisamente por esta razón, que el cuestionamiento del doctor Palacios a la inseguridad que
ocasionaría la supletoriedad del Código Civil a la
LSNRDP carece de total sentido. Si la LSNRDP no
regula los derechos reales, es por demás lógico
que ésta se remita al Código Civil en esa materia.
La supletoriedad a la que se refiere la LSNRDP, fue
una simple aclaración, que lamentablemente parece haber confundido al doctor Palacios, y que
bien pudo haberse omitido pues los abogados
sabemos que en materia de derechos reales, la
norma generalmente aplicable es el Código Civil.
5.- Señala, además, que la LSNRDP confunde dos
momentos distintos: la prestación de los servicios
registrales, es decir la actividad registral en sí, y la
transmisión y control de los datos que se inscriben.7Al respecto hay que aclarar que la LSNRDP lo
único que regula es la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos y la reorganización institucional
requerida para su implementación, y de ninguna manera regula la actividad registral en sí. Para
comprobar esto, basta con leer el Artículo 14 de
‘Art. 14.- Funcionamiento de los registros públicos.Los registros públicos y demás oficinas que manejen
información relacionada con el objeto de esta Ley
administrarán sus bases de datos en coordinación
con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Sus atribuciones, responsabilidades y funciones serán determinadas por la	ley pertinente
a cada registro y por el Reglamento a la presente
Es absolutamente claro que la actividad registral
permanece regulada por las leyes correspondientes a cada registro. Los efectos de las inscripciones, los actos que se inscriben, el procedimiento
de las inscripciones, se siguen rigiendo por las leyes correspondientes, ya que nada de eso ha sido
tocado por la LSNRDP.
Por lo que los temores del Registrador-articulista
de que el Gobierno y los Municipios interferirán
en sus decisiones, es sólo una pesadilla de su parte.judiciales, prohibiciones de enajenar, embargos,
etcétera, y que según la nueva L.SNRDP, todos
estos actos pasarían a ser administrativos, “perdiendo la investidura de fedatario para ser administrativo”.
Suponemos que el articulista, al decir asuntos
jurídicos, en realidad quiso decir actos judiciales
(ya que habla de providencias, prohibiciones de
enajenar, embargos, etc.), y que la crítica consiste en que dichos actos judiciales pasarían, con la
LSNRDP, a tener el carácter de actos administrativos.
Frente a esto hay que decir, que el hecho de que
existan actos judiciales que deban ser inscritos
en registros públicos, no quiere decir que al momento de ingresar a los registros dichos actos
judiciales pierdan su condición de tales. Los actos judiciales son judiciales en la medida en que
sean expedidos dentro de procesos incoados en
el ámbito de la Función Judicial, y no pierden su
carácter por el mero hecho de una inscripción en
un registro público, como equivocadamente lo
sugiere el doctor Palacios. No hay ninguna disposición en la LSNRDP que así lo sugiera, y por
lo tanto tal posibilidad sólo existe en la equivocada interpretación que hace el articulista de la
Ley, llevado, quizás, por el conflicto de intereses
al que nos referíamos al comenzar esta breve réplica.Pero aún en el supuesto no consentido de que la
LSNRDP en efecto estuviera cambiando algunos
aspectos de la actividad registral en sí, ¿es que
acaso una ley no puede establecer reformas a
otras leyes? ¿Y si la organización del Sistema Nacional de; Registro hubiese requerido para su implementación la reforma de ciertos aspectos de
la actividad registral? Según el criterio del doctor
Palacios no se hubieran podido hacer esas reformas por cuanto excederían el mandato constitucional. ¡Qué memez!Hechas estas aclaraciones, y al igual que en ocasiones anteriores, mucho agradeceré a usted
señor Director, se sirva disponer su publicación
en el mismo espacio donde aparecieron los comentarios del doctor Palacios, con el fin de seguir
contribuyendo al debate jurídico en el país.6.- Y finalmente, en una argumentación poco
comprensible, dice el doctor Palacios que los registros de la propiedad manejan asuntos jurídicos
como transacciones, resoluciones, providenciasAtt8Aprovecho esta nueva ocasión para reiterarle mis
sentimientos de alta consideración y estima.Dr. Alexis Mera Giler
SECRETARIO NACIONAL JURÍDICODerecho, sociedad y cultura
Dr. Ernesto Albán GómezAdulterio y lapidación
La denominada Ley de Moisés, recopilada especialmente en el Deuteronomio, establecía que el
hombre y la mujer que cometieren adulterio debían ser conducidos hasta la puerta de la ciudad y
lapidados hasta que mueran (Capítulo 22, versículos 22 a 24). Y en el Evangelio de San Juan (Capítulo 8, versículos 1 a 11), se narra la escena en que
los fariseos llevaron a una mujer adúltera frente a
Jesús, para que la juzgara en conformidad con la
ley. La maravillosa respuesta de Jesús (”El que esté
libre de pecado que lance la primera piedra”) los
obligó a retirarse en silencio, uno por uno, comenzando por los más viejos.la mayoría de los casos se establece la pena de
muerte, se excepcionan algunos (por razones de
edad, de error o de prueba insuficiente), en que la
pena consistirá en azotes.Hoy la mayoría de las legislaciones del mundo han
despenalizado el adulterio (el Ecuador lo hizo en
1983), por considerar que sus consecuencias jurídicas deben mantenerse exclusivamente en el ámbito civil. Pero todavía hay países, especialmente
de cultura islámica, que conservan el delito y que
lo sancionan, inclusive con la pena de muerte. Y
entre ellos, hay algunos (Irán, Indonesia, Nigeria,
Somalia) que prevén que la ejecución debe practicarse, según la antigua tradición, mediante la lapidación. Aunque, según aseguran los expertos en
el derecho islámico, tal práctica no se origina en el
Corán, fuente primaria de su legislación.Además el Código regula puntualmente la forma
en que debe practicarse la lapidación. El Art. 102
establece que para la ejecución los hombres deberán ser enterrados hasta la cintura y las mujeres
por debajo de sus pechos; y el Art. 104 determina
que las piedras que vayan a utilizarse no deben ser
tan grandes que puedan causar la muerte en uno
o dos lanzamientos, ni tan pequeñas que no puedan ser consideradas como piedras. La ley prevé
que la policía deberá acumular las piedras necesarias en el lugar en que deba cumplirse la ejecución. También establece que si la condena ha sido
dictada por la confesión, el juez será quien deba
lanzar la primera piedra; y si ha sido consecuencia
de testimonios, a los testigos les tocará esta tarea;
pero se agrega que si tales personas no están presentes, de todas maneras la lapidación se llevará
a cabo.Es muy probable que en Somalia se hayan producido algunas ejecuciones por lapidación en
los últimos años; pero es el caso de la mujer iraní
Sakineh Ashtianí, acusada de adulterio y condenada a muerte, el que ha provocado una reacción
mundial. En respuesta, las autoridades judiciales
suspendieron por lo pronto el cumplimiento de
la pena, pero recurrieron a otros expedientes, se
emitieron otras sentencias condenatorias y se fraguaron explicaciones en que la propia mujer y su
familia han sido utilizadas.
De todos modos quedan en pie las leyes que en
los países citados tipifican el delito de adulterio y
establecen la pena de lapidación. El Código Penal
iraní de 1991, por ejemplo, trata extensamente la
cuestión, desde el Art. 63 hasta el 107. Aunque enEl adulterio se probará o por la confesión de los
acusados, que deben hacerlo cuatro veces ante el
juez; o por el testimonio de cuatro hombres justos, o tres hombres justos y dos mujeres justas.
Los testimonios deben ser coincidentes en cuanto
a tiempo y lugar. Si no lo fueren, el adulterio no
se habrá probado y los testigos serán culpables de
falsa acusación.Pero el adulterio no es el único delito por el cual
una persona podría ser condenada a la lapidación.
El Código la prevé también para el incesto, la violación y la sodomía (homosexualidad); pero la ley es
más benigna al tratarse de lesbianismo, pues las
culpables solo recibirán cien azotes.
Si la pena de muerte, que se cumple con procedimientos que podrían considerarse “no crueles”,
debe ser rechazada, ¿qué podemos decir de una
forma tan brutal, como la que se describe en esta
9Análisis
contenidos en el Código de
Dr. Christian Viteri L.
y Juzgados de la República,
Tributaria, por la Universidad
Católica de Santiago de
Ingeniero Comercial, por la
Master en Derecho de Empresa,
de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de
Derecho de Empresa, de la Universidad Católica de Santiago
del Estudio Jurídico Viteri &
Asociados desde el año 1999.
Ex Procurador Judicial de
la Agencia de Garantía de
Depósitos; Ex Gerente Zonal del
Banco Nacional de Fomento; Ex
Asesor del Servicio de Rentas
Internas; Ex Subsecretario
General Jurídico del Ministerio
Asambleísta Alterno por la
Provincia del Guayas.10El Código de la Producción, recientemente aprobado por la Asamblea
Nacional por iniciativa del ejecutivo, quien lo remitió con el carácter de económico urgente y cuya
se efectuó el 29 de diciembre del
2010 busca regular las actividades
productivas que se realizan en el
país y dotarlas de una serie de mecanismos para que sirvan de motor de crecimiento de la economía
y es en este sentido, que se han
establecido una serie de “incentivos” de carácter tributario para el
sector productivo, con la intención
de mejorar la productividad.
No obstante lo anterior, me limitaré a
hacer un breve análisis de los verdaderos beneficios fiscales contenidos en
este Código, ya que, aunque se enumeran muchos “incentivos”, los que producen un real beneficio son solo algunos.A efectos de ser lo más didácticos posibles, seguiremos la misma clasificación
que efectúa el Art. 24 del Código de la Producción de los incentivos: 1) Generales; 2)
Sectoriales y para el desarrollo regional
equitativo; y, 3) Para zonas deprimidas.
Para estos efectos es necesario transcribir la norma íbidem:
“…Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen en este
código son de tres clases:1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier
parte del territorio nacional. Consisten en
a. La reducción progresiva de tres puntos
porcentuales en el impuesto a la renta;
b. Los que se establecen para las zonas
económicas de desarrollo especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con
los criterios para su conformación;
c. Las deducciones adicionales para el
cálculo del impuesto a la renta, comomecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la producción ecoeficiente;
d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus trabajadores;
e. Las facilidades de pago en tributos al comercio
f. La deducción para el cálculo del impuesto a la
renta de la compensación adicional para el pago
del salario digno;
g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo;
h. La exoneración del anticipo al impuesto a la
renta por cinco años para toda inversión nueva;
i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto
a la renta.2. Sectoriales y para el desarrollo regional
equitativo: Para los sectores que contribuyan alcambio a la matriz energética, a la sustitución
estratégica de importaciones, al fomento de las
exportaciones, así como para el desarrollo rural
de todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición reformatoria segunda
(2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones
nuevas que se desarrollen en estos sectores.3. Para zonas deprimidas: Además de que estasinversiones podrán beneficiarse de los incentivos
generales y sectoriales antes descritos, en estas
zonas se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducciónadicional del 100% del costo de contratación de
nuevos trabajadores, por cinco años…”.I. DE LOS BENEFICIOS DE CARÁCTER GENERAL.A) e I) De la reducción de la tasa impositiva del impuesto a la renta versus reforma al
cálculo del anticipo del impuesto a la renta.-En el literal a) del Art. 24 del Código,
se establece la reducción progresiva de
tres puntos porcentuales en el impuesto
a la renta y en el literal i), se menciona
la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta; lo primero se plasma
claramente en la disposición reformatoria 2.6 que reforma a su vez el Art. 37 de
la Ley Orgánica de Régimen Tributario
Interno estableciendo como tarifa del
impuesto a la renta para sociedades el
22% y la Disposición Transitoria Primera,
establece que esta reducción es progresiva, rebajándose un punto cada año, de
tal manera que en el año 2013 se llegue
a la tarifa del 22%. Lo segundo, es decir la reforma al cálculo del anticipo del
impuesto a la renta es puro enunciado,
pues tal reforma jamás se concretó y
la fórmula sigue siendo la misma.
Debemos recordar que la reforma a la Ley de
Régimen Tributario Interno aprobada por la
Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2009
y que por lo tanto se empezó a aplicar desde
el año 2010, cambió la naturaleza del “anticipo”
del impuesto a la renta, convirtiéndolo en un
“impuesto mínimo”, por aquello de que todas
11las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los servicios que reciben del Estado.
Lamentablemente, la fórmula planteada por el
Servicio de Rentas Internas para que se aplique
este “impuesto mínimo” resultó anti-técnica e
inequitativa.productos de alta rotación y bajos márgenes
brutos y viceversa. Hay negocios que requieren fuertes inversiones en activos fijos y otros
no tanto. Otros requieren un gran apalancamiento; siendo las opciones tan variadas como
las alternativas de negocios que existen.La fórmula para calcular el anticipo mínimo es
inequitativa, porque produce una afectación
mayor a un sector específico de la economía,
en relación con los demás sectores que resultan menos afectados; nos referimos al sector
terciario en el que se encuentra comprendido
el comercio y específicamente los canales de
distribución. Y claro está, hay que mencionar
el sector que sufre una afectación mínima por
no decir nula, es el sector del servicio intelectual, que sin tener mayores activos y sin hacer
mayores inversiones puede obtener grandes
márgenes en sus ventas, siendo que, una compañía de abogados, puede cobrar una factura
de US$ 50.000 por un honorario profesional
y haber efectuado una inversión mínima en
personal y gastos de oficina, teniendo un margen que puede superar el 60% de sus costos
y gastos; a diferencia del distribuidor de gasolina, gas, cerveza, colas, cigarrillos o tarjetas
de teléfonos celulares, donde los márgenes de
intermediación entre la compra y la venta oscilan entre el 1,5% hasta ese 10%; así pues, los
distribuidores de cerveza tienen un margen del
7,42%, los distribuidores de gas tienen un margen del 5%, los distribuidores de tarjetas de celular tienen un margen del 8%; etc, por lo tanto
es muy posible que alguno de estos sectores al
aplicar la inequitativa fórmula del Servicio de
Rentas Internas resulte pagando un impuesto
mínimo hasta tres veces superior a su real impuesto causado.Entonces, está claro que el fabricante y
las grandes industrias para mantenerse
como tales, buscan su punto de equilibrio en las ventas, cuyo precio final, si
bien es cierto, en parte depende de la
competencia, en gran medida, depende
de las decisiones que toman los administradores, de tal suerte, que son capaces sin limitación alguna, de proponer
el precio final y por lo tanto, de controlar el margen que deben arrojar sus
ventas. También ocurre lo mismo con
algunos importadores, que importan el
producto a un valor y lo pueden vender
hasta el triple, sin ningún control, por
lo tanto al triplicarse su margen la fórmula del anticipo mínimo no los afecta. Tampoco le afecta la fórmula del
anticipo mínimo cuando el sector de la
distribución es el más fuerte en la relación comercial y le impone el precio de
venta al productor como es el caso de
las dos grandes cadenas de supermercados existentes, por lo tanto, a ellos
tampoco les afecta la fórmula, porque
imponen el precio de compra y porque
el volumen de ventas es tal que suple
la estrechez del margen de comercialización.Diferentes negocios tienen diferentes enfoques
en función del producto o servicio que ofrecen
o de su posición dentro de la cadena de distribución (fabricante, importador, mayorista, distribuidor, minorista, etc.); en consecuencia, hay12Está claro, que para que funcione el sector
productivo, se requiere que el sector terciario
funcione adecuadamente, pues si no lo hace, laAnálisis
industria puede sucumbir o al menos, se verá
obligada a asumir directamente las funciones
de este sector, eliminando uno de los elementos de la cadena, al distribuidor. Un distribuidor
mediano o pequeño, simplemente no podría
sobrevivir con un impuesto mínimo que está
fundamentado en las ventas y en los activos.
Y es evidente que el sector más golpeado es
aquel que tiene los precios controlados ya sea
por el productor o por el propio Estado, como
los distribuidores de gasolina o los distribuidores de cerveza, ambos productos de alta rotación y bajos márgenes brutos. Respecto de
la fórmula empleada debemos simplemente
-	0.4% de las Ventas: Como sabemos, es imposible establecer si un negocio es rentable
o no en base a la utilidad sobre las ventas.
Este indicador no es eficaz ni para comparar empresas dentro de un mismo sector,
como el de la comercialización de combustible; ya que existen diversos tipos de modelo de negocio implementado, así pues,
la fórmula afecta significativamente más, a
aquellas comercializadoras que se dedican
exclusivamente a la comercialización, que
aquellas que hacen concomitantemente la
a la renta. Si a mayores egresos se genera
una menor utilidad, entonces es absurdo
gravar los costos y gastos. Negocios que
tienen mayor porcentaje de utilidad sobre
las ventas como suelen ser los servicios, por
su baja o nula carga de costos y gastos, serían favorecidos en comparación con otros
que en comparación manejen menores
márgenes como suelen ser las empresas de
-	0.4% de los Activos: Hasta cierto punto es
cierto que mayores activos deberían generar una mayor renta pues de lo contrario serían improductivos; pero al gravarlos
directamente no se estaría tomando en
cuenta otros factores como por ejemplo los
pasivos. Si una industria obtiene un crédito
para instalar una planta y adquirir maquinaria, es lógico que la rentabilidad que ese activo genere, será destinada para el repago
del préstamo; entonces gravar este activo
con un impuesto equivaldría a encarecer el
financiamiento, así como hacer inversiones
para optimizar el servicio tendrían un costo
adicional con la aplicación de la fórmula.
-	0.2% del Patrimonio: En estricto rigor es la
parte más sensata de la fórmula ya que se
da un período de cinco años para que las
empresas sean rentables.Los productos de consumo masivo generalmente tienen una altísima rotación que
genera ventas voluminosas pero que tienen un bajísimo margen; un producto suntuario será exactamente lo opuesto. Si dada
una misma inversión, ambos negocios generasen la misma cantidad de dólares de
utilidad, entonces ¿sería justo castigar al
primero y beneficiar al último?; pues esto es
lo que sucede con el sector de los comercializadores de precios controlados.En conclusión, este primer incentivo, de reducir tres puntos porcentuales al impuesto a la
renta está neutralizado para el sector de la distribución por el “impuesto mínimo”, mientras
subsista con una fórmula inequitativa. La única reforma que se hace para el cálculo de este
anticipo en el Código de la Producción es la reforma del literal j) del numeral 2 del Art. 41 de
la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,
que establece textualmente:-	0.2% de los Costos y Gastos: Este cálculo
viene a ser como la antítesis del impuesto“Para comercializadoras y distribuidoras de combustibles en el sector automotor, el coeficiente13correspondiente al total de ingresos gravables a
efectos de impuesto a la renta será reemplazado
por el cero punto cuatro (0.4%) del total del margen de comercialización correspondiente”.Esta reforma que nos da
la razón en el análisis anterior que
hicimos, inexplicablemente se la
limitó únicamente
a favor de las comercializadoras
y distribuidoras de
c o m bustibles,14cuando la misma afectación a la fórmula sufrían los distribuidores de gas, de
cerveza, de colas, de tarjetas de teléfonos celulares y en general todos aquellos que tienen
los precios deAnálisis
venta al público controlados por el Estado o por el productor, por lo que, lo
adecuado hubiese sido que el literal j)
se extienda no solo a los comercializadores y distribuidores de combustibles sino que sea en general a todos
los comercializadores y distribuidores
de bienes o servicios cuyo precio de
está regulado por el
Estado o por el Productor.
Las únicas reformas
existen a la
anticipo son en
realidad excepciones como
la del literal
j) de la norma
ibídem antes
así como, la que
establece el literal
k) en el sentido de
que los contribuyentes cuya actividad sea exclusivamente la relacionada
con proyectos de agroforestería
con etapas de crecimiento superiores a un año, estarán exonerados del
anticipo del impuesto mínimo durante
los períodos que no reciban ingresos
fiscales. Entonces, más que un beneficio, encontramos algo lógico, si voy a
sembrar teca y durante 20 años no voy
a recibir la rentabilidad es lógico que durante todo este tiempo no pague anticipo
por los costos y gastos en que incurro para
mantener el producto durante tanto tiempo.B) De las zonas económicas de desarrollo especial.El Código de la Producción establece la posibilidad de crear una ZEDE, cuyas siglas significan
Zona Especial de Desarrollo Económico (Art.
34 del Código de la Producción) que no son
otra cosa, que espacios delimitados de territorio nacional de carácter aduanero a efectos de
que se asienten nuevas inversiones (lo que antes conocíamos como zonas francas).
En estas ZEDE, pueden efectuarse una cualquiera de las siguientes actividades:
-	Transferencia y desagregación de tecnología en el campo electrónico, de la biodiversidad y del mejoramiento ambiental o
-	Operaciones de diversificación industrial
con fines de exportación o de sustitución
estratégica de importaciones; y,
-	Servicios logísticos para el comercio exterior.Únicamente pueden solicitar que un
espacio territorial se convierta en una
ZEDE, una institución del sector público o un gobierno autónomo descentralizado y quien las autoriza es el Consejo Sectorial de la Producción (entidad
creada por el Código de la Producción
y conformada en su mayoría por miembros del ejecutivo).
Entonces, podemos inferir que si el sector productivo desea conformar una ZEDE, debe presentar
el proyecto de acuerdo a las actividades mencionadas a una institución pública u organismo autónomo descentralizado como la Municipalidad,
para que, ésta a su vez, solicite su aprobación al
Consejo Sectorial de la Producción.15¿Cuáles son los beneficios fiscales de establecer una actividad productiva en una ZEDE?
a)	De acuerdo al Art. 46 del Código de la Producción una ZEDE goza del tratamiento de
destino aduanero y se somete a un régimen
especial de manera que, está exenta del pago
de aranceles todas las importaciones que ingresen a dicha zona para el cumplimiento de
los fines autorizados para la ZEDE, por ejemplo, una fábrica de paneles de energía solar.
b)	Cualquier inversión que se realice en una
ZEDE se considera una inversión nueva y
como tal estará exonerada del pago del
impuesto a la renta y del impuesto mínimo
por 5 años, excepto las que se realicen en
una ZEDE que se encuentre dentro de la jurisdicción urbana de Quito y Guayaquil.
c)	IVA tarifa 0, en las importaciones para bienes destinados a los procesos de transformación productiva que se realicen en la
ZEDE (Art. 55 LORTI).
d)	Derecho de devolución del IVA pagado en
la compra de materias primas, insumos y
servicios adquiridos en el Ecuador y que se
incorporen al proceso productivo que se
efectúa en la ZEDE (Art. 57 LORTI).
e)	Exoneración del Impuesto a la Salida de
Divisas ISD, para el pago de importaciones
de bienes y servicios relacionados con su
actividad autorizada así como el pago de
capital e intereses de préstamos obtenidos
en el exterior a un plazo mayor de un año y
que hayan servido para financiar la actividad productiva dentro de la ZEDE (Art. 159
de la Ley para La Equidad Tributaria).
C) Deducciones adicionales para el cálculo
del impuesto a la renta para incentivar la
mejora de la productividad, innovación y
para la producción eco-eficiente.-16Hasta antes de la existencia del Código de la Producción, la única deducción adicional –introducida por la Ley para la Equidad Tributaria- para
el cálculo del impuesto a la renta con el que se
contaba y que aún se mantiene y por lo tanto es
un verdadero beneficio fiscal, es el incorporado
en el numeral 9 del Art.10 de la LORTI, que establece que el incremento del gasto en sueldos
y salarios por la contratación directa de nuevos
empleados por parte del contribuyente siempre
que estos nuevos empleados hubiesen permanecido en la nómina por lo menos 6 meses consecutivos, le significa una deducción adicional
del 100% aplicable a este incremento; y, por
otra parte, si un contribuyente tiene dentro de
su nómina un empleado que sea discapacitado,
tanto él como su cónyuge o hijos, la deducción
adicional por los sueldos, salarios y beneficios
pagados a este empleado, es del 150%.
Ahora bien, el Código de la Producción establece nuevas deducciones adicionales y que son
a)	Una deducción adicional del 100% a las medianas empresas en el monto que gasten
en capacitación técnica, desarrollo e innovación tecnológica, que mejore la productividad siempre que no supere el 1% de los
gastos efectuados por sueldos y salarios; los
gastos en asistencia técnica en desarrollo
de productos mediante estudios y análisis
de mercado, mientras no superen el 1% del
total de sus ventas; los gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceder a
mercados internacionales siempre que no
supere el 50% del total de costos y gastos en
promoción y publicidad de la empresa (Art.
10 numeral 17 de la LORTI); y,
b)	La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias,
equipos y tecnologías destinadas a la implementación de producción más limpia
o la reducción del impacto ambiental de laAnálisis
actividad productiva y la emisión de gases
de efecto invernadero, tienen una deducción adicional del 100%, sin embargo, esta
deducción no podrá superar el 5% de los ingresos totales de la empresa (Art. 10,7 de la
LORTI).En el punto a) cabe hacer un comentario adicional, el Código de la Producción establece una figura nueva conocida como las MIPYMES, cuyas siglas
significan Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas; las cuales reciben algunos
beneficios estatales como ciertas subvenciones para capacitación y el ofrecimiento de acceso al crédito para el desarrollo de sus actividades, pero no se
establece ningún beneficio fiscal más
que el mencionado en el punto a) de
este capítulo, que está dirigido únicamente a las medianas empresas, dejando fuera a aquellas que se consideren
micro o pequeñas.
D) Los beneficios para la apertura del capital
social de las empresas a favor de sus trabajadores.El único beneficio en este aspecto es la introducción del Art. 39.1 a la LORTI, en el que se
establece que si una sociedad pone las acciones de ésta, en un monto no inferior al 5%
para que sean compradas por sus trabajadores,
quienes deben representar al menos el 20%
de la nómina, tendrán derecho en el ejercicio
impositivo que realizan esta acción, a obtener
facilidades para el pago tanto del impuesto a la
renta como del impuesto mínimo, hasta por 5
años pagando los correspondientes intereses.
Este beneficio será aplicable siempre que tales
acciones se mantengan en propiedad de los
trabajadores.Parece evidente, que este sería un verdadero beneficio para una empresa que por falta
de liquidez necesita facilidades para el pago,
más allá del máximo de 2 años establecido en
el Código Tributario, para lo cual, sus accionistas tendrían que desprenderse de al menos, el 5% de sus acciones para colocarlos en
al menos el 20% del total de sus trabajadores,
con lo cual, extenderían las facilidades para el
pago hasta por 5 años.
Esta misma ley, establece un beneficio adicional para las empresas que abren las acciones
a sus empleados y se las venden a plazos, estableciendo que los intereses que paguen los
trabajadores por concepto de la compra de
estas acciones, se considere un ingreso exento, de conformidad con el numeral 16 del Art.
9 de la LORTI.
E) Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior.El Art. 116 del Código de la Producción establece la posibilidad de solicitar facilidades
de pago para todos los tributos al comercio
exterior, para la importación de bienes de capital.
F) La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional
para el pago del salario digno.De ninguna manera esto constituye un beneficio fiscal, si lo que hace la norma establecida en el Art. 9 del Código de la Producción,
es que forzosamente al final del ejercicio, de
existir utilidades, éstas deben ser repartidas
a los trabajadores hasta que completen el
denominado “salario digno”, entonces no es
más que un gasto adicional para cualquier
empresa, por lo tanto, sin necesidad de que
se establezca que la compensación para el
pago del salario digno es deducible, siempre
se hubiere mantenido como tal con la simple17aplicación del numeral 9 del Art. 10 de la LORTI, al tratarse de un evidente beneficio social.
G) La exoneración del impuesto a la salida de
divisas para las operaciones de financiamiento externo.Efectivamente la disposición reformatoria tercera del Código de la Producción, añade un inciso al Art. 159 de la Ley Para la Equidad Tributaria, estableciendo que están exonerados del
pago del ISD, los pagos a capital e intereses generados por créditos otorgados en el exterior
destinados a inversiones previstas en el Código
de la Producción. Se puede considerar un incentivo general, en tanto y en cuanto, todas las
personas que hagan una “inversión productiva”
de las establecidas en el Código de la Producción y la financien con créditos externos estarían exoneradas del pago del ISD.
H) La exoneración del anticipo del impuesto
a la renta por cinco años para toda inversión
nueva.El último inciso del literal b) del Art. 41 de la
LORTI efectivamente establece que las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al Código de la Producción están exoneradas por 5
años del pago del anticipo mínimo que como
ya hemos dicho es un impuesto mínimo. Pues
bien, las empresas ya existentes, si hacen inversiones nuevas y desean acogerse a este beneficio, deben estar registradas en el Consejo
Sectorial de la Producción y como establece el
Art. 25 del Código de la Producción, es el que
establecerá los parámetros que deben cumplir
los inversionistas para que sus inversiones sean
consideradas como nuevas.
Adicionalmente, el Art. 13 del Código de la
Producción, establece: “El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentren en funcionamiento así como los créditos
para adquirir estos activos, no implica inversión18nueva para efectos de este código”. Esto quiere
decir, que si una empresa tuviese dinero en el
exterior rindiendo intereses y decide comprar
un negocio en marcha para ampliar sus actividades, por ejemplo una piladora de arroz que
está ya en funcionamiento, esto no significa inversión nueva y por lo tanto no está exonerado
del pago del impuesto mínimo por cinco años.El verdadero beneficio fiscal, establecido en el último inciso del literal b) del
Art. 41 de la LORTI, es el que dispone
que las compañías recién constituidas
están exoneradas del impuesto mínimo
durante los primeros cinco años de operación, ya que, no los sujeta a ninguna
condición. Por lo tanto, si una empresa
quiere invertir dinero que tiene fuera
del país para realizar una actividad en
el Ecuador, por ejemplo, comprando
un negocio en marcha, lo mejor es que
constituya una compañía nueva que estará exonerada por 5 años del pago del
impuesto mínimo. Tampoco cabe duda,
que esta exoneración por 5 años para
compañías recién constituidas es un
verdadero escudo fiscal.
2. BENEFICIOS SECTORIALES Y PARA EL DESARROLLO REGIONAL EQUITATIVO.Para estos efectos se introdujo el Art. 9.1 en la
LORTI, en la cual se establece que las sociedades nuevas que se constituyeren o las inversiones nuevas que realicen las sociedades ya existentes en el territorio nacional, con excepción
de las jurisdicciones urbanas de Quito y Guayaquil para realizar actividades taxativamente
expuestas, quedan exoneradas por 5 años del
pago del impuesto a la renta y por ende del impuesto mínimo.Análisis
Estas actividades taxativamente enunciadas
por el Código de la Producción son:
a)	Producción de alimentos frescos congelados e industrializados;
f )	Turismo;
g)	Energías renovables incluida la bionergía o
energía a partir de biomasa;
h)	Servicios logísticos para comercio exterior;
i)	Biotecnología y software aplicados; y,
j)	Los sectores de sustitución estratégica de
importaciones y fomento de exportaciones
determinados por el Presidente de la República.
Independientemente, la restricción que el
mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentren funcionando
no implica nueva inversión es justa y necesaria, no cabe duda que algunas de las actividades establecidas en esta disposición
constituirán verdaderos escudos fiscales, sin
necesidad que se efectúe traspasos de activos
ya productivos, y me refiero específicamente
a las actividades farmacéutica, turismo, servicios logísticos y software aplicados, pues basta con que, una persona que conoce el negocio de agencias de viaje y opera en Guayaquil,
sin cerrar este negocio, lo haga en adelante
en Samborondón con un nuevo capital, siendo que la mayoría de sus nuevas ventas las
realizará desde su nueva empresa que queda
situada a solo cruzar un puente de menos de
un kilómetro de distancia.3.- BENEFICIOS PARA ZONAS DEPRIMIDAS.Para que una empresa pueda gozar además de
los beneficios tributarios de carácter generaly sectorial, de un beneficio adicional, puede
realizar sus nuevas inversiones en zonas deprimidas, este beneficio es el establecido en
el inciso cuarto del numeral 9 del Art. 10 de la
LORTI y que establece que el gasto en la contratación de trabajadores residentes en dichas
zonas deprimidas, permite una deducción adicional del 100% por este concepto, con la diferencia de que, esta deducción adicional podrá efectuarse durante cinco períodos fiscales
Deviene claro, que la norma del numeral 3 del
Art. 24 del Código de la Producción, permite
que quien realice inversiones en estas zonas
deprimidas goza de los beneficios generales
como las deducciones adicionales a las que hicimos mención anteriormente, la exoneración
del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo destinadas
a inversiones productivas, etc; goza también
de los beneficios sectoriales como la exoneración por 5 años del pago del impuesto a la
renta y finalmente el beneficio adicional que
hemos mencionado en el párrafo anterior.
Cabe mencionar que para que una zona se
considere económicamente deprimida, debe
ser declarada como tal de manera conjunta
por la Secretaría Nacional de Planificación, el
Consejo Sectorial de la Producción y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.En Conclusión:
Vistos como están las normas que crean beneficios tributarios tendientes a mejorar la
productividad en el país, habrá que evaluar
dentro de los próximos tres años si estas normas fueron realmente suficientes para crear
un clima de confianza y seguridad jurídica en
los inversionistas nacionales y extranjeros o si
por el contrario, debemos hacer cambios aún
más trascendentales para que estas normas se
vuelvan eficaces19Derecho Constitucional
El derecho a la propiedad y a la
Diego Zambrano Á.
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL).Las reglas generales de interpretación constitucional nos obliga
a entender sus contenidos desde
una perspectiva sistemática, es
decir entendiendo al texto de la
Constitución como una unidad
cuyas partes se engranan armónicamente para crear un sistema
lógico y coherente entre sí. Es decir, los principios constitucionales
sólo pueden ser entendidos a la
luz de los demás principios fundamentales. Concordamos con
Luis Carlos Sáchica cuando dice
que “no basta la lógica jurídica
exegética. La axiología, el finalismo, el historicismo, la sociología,
dan la técnica integradora de la
interpretación constitucional.”
En esa perspectiva y en honor al
espacio, me referiré únicamen1te a dos de los principios que
considero nos podrían ayudar
a comprender a la institución
de la consulta previa desde una
perspectiva contextualizada de
la Constitución ecuatoriana.
“La estrecha relación que los indígenas
mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base
fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a
las generaciones futuras.” 2
Quizá el único punto realmente universal del derecho de acceso a la propiedad consiste en la necesidad que tenemos todo ser humano de apropiarnos
de recursos materiales para subsistir.
Sin embargo, la acumulación de cosas;
la transformación de otras y su con-1 Luis Carlos Sáchica, Nuevo Constitucionalismo Colombiano, Bogotá, Editorial Temis, 1996, p. 46.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de Fondo, párr. 149.20servación constituye un prerrequisito, no sólo
para lograr la subsistencia sino también para
desarrollarse como persona, grupo o pueblo.
La idea finalista del derecho al desarrollo, ligado al de propiedad y al concepto de riqueza,
toma rumbos divergentes porque va a interrelacionarse con criterios existencialistas discordantes y tendientes a alcanzar la plenitud de la
vida humana. Este objetivo filosófico se relativiza, de acuerdo al contenido que cada cultura
concede a la razón de su propia existencia y a
sus relaciones con el entorno.3
La tradición europea, fiel a su criterio individualista de entender la realidad, concibe a la propiedad como un derecho real que al momento de entrar en el patrimonio de una persona,
excluye al dominio de todos los demás y por
ser oponible al resto de personas, requiere la
tutela jurídica efectiva del Estado en ese sentido. En contraposición con la idea generalizada
de la propiedad, “…la tierra es para los pueblos
indígenas mucho más que uno de los factores de la producción y, como tal, sujeto a las
leyes del mercado…”.4 Casi todos los pueblos
ancestrales,5 incluidos los latinoamericanos,
ven en la apropiación del territorio dos funciones relevantes. La primera, posiblemente cercana a la civilización mayor, como una fuente
indispensable para obtener de la naturaleza
recursos para satisfacer requerimientos de alimentación, medicina, vivienda, vestido y de-más necesidades materiales. La segunda, tiene
que ver con la satisfacción de sus necesidades
espirituales. Sus formas de religiosidad mucho
tienen que ver con sus lugares sagrados, sus rituales, sus mitos, la relación con la Pacha Mama
y la presencia activa de sus antepasados. Podemos decir entonces, que la relación de estos
pueblos con sus territorios ancestrales no sólo
explica su existencia como pueblo y posibilita
su vida, sino también la relación con sus dioses y con sus muertos, los mismos que actúan
como guías espirituales pero también como
guardianes de estos pueblos.“Los indígenas por el hecho de su propia
existencia tienen derecho a vivir libremente en sus territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con
la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus
culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para
las comunidades indígenas la relación
con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un
elemento material y espiritual del que
debe gozar plenamente, inclusive para
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”.
63 El relativismo que encierra la concepción de desarrollo es reconocido actualmente por el Sistema Universal de Derechos Humanos. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de1986, en el inciso cuarto de su preámbulo, lo vincula con “…el derecho de los pueblos (no necesariamente de los Estados) a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a
determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural…”.
4 Julio César Trujillo, “Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas: Conceptos Generales”, en: De la Exclusión a la Participación, Pueblos Indígenas y sus Derechos Colectivos en el Ecuador,Quito, Ediciones Abya-Yala, p. 18.
5 “En medios sociales fuertemente impregnados de una visión comunitaria, - como lo son los africanos, por ejemplo, - prevalece un sentimiento de armonía entre los vivos y los muertos,entre el ambiente natural y los espíritus que lo animan…”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Voto Separado del Juez A.A. Cançado Trindade, Caso Bámaca Velásquez, parr.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre Plan de Sánchez, Reparaciones, párr. 85.21Sin perjuicio del reconocimiento expreso que
hace nuestra Constitución sobre derechos específicos de pueblos indígenas respecto de la
(Art. 57, num. 5) la propia carta prevé la posibilidad del surgimiento de conflictos interculturales alrededor de recursos naturales no renovables, los mismos que para la civilización
mayor representa fuente de inmensos ingresos económicos pero cuya explotación, podría
causar graves impactos materiales, culturales y
espirituales en perjuicio de las minorías étnicas
que habitan estos territorios. La Constitución
parece ponderar, en abstracto estos intereses
e inclinar la balanza a favor de las arcas fiscales al decir que las comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas tienen derecho a la
“…consulta previa, libre e informada, dentro
de un plazo razonable sobre planes y programas […] que pueden afectarles ambiental o
culturalmente…” sin embargo, ante la falta de
consentimiento “…se procederá conforme a la
Constitución y la ley.” (Art. 57, num. 7). El desconocimiento del consentimiento previo, libre
e informado, como prerrequisito indispensable
para la realización de cualquier tipo de actividad capaz de alterar la vida de los pueblos
originarios, no solo contradice a los estándares
internacionales del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos; sino que desconoce el
imposibilitándolos de incidir efectivamente
en asuntos indispensables para su existencia
como pueblo, lo que equivaldría a darles una
categoría secundaria a su ciudadanía y con ello,
una absurda vulneración del derecho a la igualdad sustancial.El Derecho a la Autodeterminación
El Derecho a la autodeterminación de los pueblos nace unido a los criterios de soberanía,entendida como una cualidad exclusiva de los,
hasta entonces únicos sujetos del Derecho de
Gentes. Los Estados libres, independientes y
soberanos sólo eran tales, si encontraban reconocimiento por parte de la Comunidad Internacional. Hoy por hoy, no sólo que el autogobierno difiere mucho de la idea de soberanía, sino
que en ciertas circunstancias y especialmente
en Estados plurinacionales como el nuestro,
suelen entrar en pugna. Si bien, el ejercicio de
la soberanía sigue siendo un atributo de los
estados internacionalmente reconocidos para
desarrollar sus relaciones diplomáticas, no es
menos cierto que el derecho de autodeterminación relativiza el carácter absolutista de este
poder otorgado por la academia ortodoxa al
Según reza la Constitución de la República (Art.
1, inc. 2) “…la soberanía radica en el pueblo…”.
“El concepto pueblo puede ser interpretado de
manera jurídica y antropológica. Su acepción
jurídica se define como la población de un Estado que goza del derecho a la autodeterminación interna, sobre la base de los principios
democráticos. El significado desde el punto
de vista antropológico incluye una combinación de características territoriales, históricas,
culturales y étnicas de un grupo de gente con
un sentido propio de identidad…”7 cuando la
carta fundamental, en su capítulo cuarto reconoce la existencia de derechos específicos de
“pueblos y nacionalidades”, se traslada desde
la concepción jurídico-tradicional a la antropológica. Luego dirá: “los recursos naturales no
renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable
e imprescriptible.”. Según venimos analizando,
dentro del territorio del Estado ecuatoriano,
existe más de un pueblo con derecho a ejercer
su autogobierno. Así, el Estado ha dejado de
ser un enorme Leviatán, según la concepción
hobbesiana, para convertirse en un ente obli-7 Jeanette Kloosterman, Identidad Indígena: Entre Romanticismo y Realidad, Amsterdan, Thela Publishers, Traducción E. Magaña, p. 5.22Derecho Constitucional
gado a garantizar derechos fundamentales,
tanto de grupos como de individuos. Ningún
pueblo puede ser considerado más importante
que otro, ni siquiera por su calidad de mayoría.
Por tanto, la soberanía ha tenido que repartirse entre las diferentes maneras de ejercer el
autogobierno, aunque en la práctica sigamos
observando que esta escisión del poder sigue
siendo desigualmente ejercida.Pese a la existencia de diversos niveles de gobierno, la superestructura institucional reconocida como Estado, se
reserva para sí la propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable de
los recursos naturales no renovables;
los productos del subsuelo y toda “…
sustancia cuya naturaleza sea distinta
de la del suelo…”. Por otro lado, se
reconoce la propiedad de los territorios ocupados ancestralmente por los
pueblos indígenas pero sólo sobre la
superficie. Si llegásemos a aceptar que
los pueblos indígenas son incapaces de
decidir sobre qué hacer con lo que se
encuentra debajo de su territorio, no
podríamos sustentar entonces la tesis
de una ciudadanía de igual valor y nivel para todos quienes habitamos en
este territorio. Tendríamos que reconocer que los derechos de participación
poseen titulares de primero, segundo y
quizás tercer nivel.
La ciudadanía no es sino el vínculo jurídico político, en virtud del cual, se ejercen los derechos
de participación. Esta facultad de incidir en los
destinos del propio pueblo, tanto desde unaperspectiva individual como colectiva, constituye un prerrequisito indispensable dentro de
todo sistema democrático. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso
Yatama expresa: “la participación en los asuntos públicos de organizaciones diversas de los
partidos, sustentadas en los términos aludidos
[en el párrafo anterior], es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria
cuando se trate de grupos de ciudadanos que
de otra forma podrían quedar excluidos de esa
participación, con lo que ello significa.”.8
La autodeterminación, trae para sí el poder de
decisión sobre los asuntos que directa o indirectamente afectan a una población determinada, esto a su vez constituye el ejercicio de
los derechos de participación atribuible a toda
persona considerada ciudadana o ciudadano.
Esta relación lógica entre derechos y toma de
decisiones va construyendo una democracia
en sentido estricto, no una dictadura de las
mayorías, clientelar o plebiscitaria, sino como
una salvaguarda de respeto, protección y promoción de los derechos de todas y todos. “En la
mayoría de los casos la violación de derechos
humanos tiene su origen directa o indirectamente, activa o pasivamente, en acciones u
omisiones estatales que son justificadas como
prerrogativas de la soberanía impuestas por
restricciones presupuestales o en nombre de
los intereses y objetivos de seguridad nacional
definidos por el Estado.”.9
La democracia en sentido material viene a ser
un sistema que da amplitud para que los diferentes modos de ver el mundo puedan coexistir y entablar diálogos auténticos, tendientes
a encontrar soluciones satisfactorias para los
participantes en el mismo, ante situaciones
que evidencien intereses contrapuestos. Si la
última palabra la tiene un sector y el otro, me-8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de Fondo, párr. 217.
9 Boaventura de Sousa Santos, La Globalización del Derecho, Bogotá, UNIBIBLOS, traducción: César Rodríguez, 1998, p. 189.23ras expectativas de persuadir al primero, no se
lograría una relación entre interlocutores válidos. El diálogo no es posible, como tampoco lo
sería la construcción de una sociedad justa, en
la medida en que los derechos fundamentales
de unos no pueden ceder siempre y en abstracto ante el ejercicio de otros derechos porque
los intereses no pueden ser jerarquizados sino
ante situaciones concretas y en tal medida que
no sea capaz de anular el derecho cedido, todo
esto de acuerdo con las reglas de ponderación10
y la teoría del contenido esencial de los derechos.11 En este sentido la consulta, informada
y previa no tendría razón de existir si el consentimiento de una de las partes resulta ineficaz
en relación con el poder de veto atribuible a su
contraparte. El cumplimento de formalismosno tiene sentido si sus efectos no son verificables en la realidad.
En suma, no basta la realización de una consulta previa e informada, el Estado debe alcanzar
el consentimiento verdadero y libre de vicios
de los pueblos indígenas. Este razonamiento
es viable tanto desde la perspectiva de los regímenes internacionales, como de la Constitución ecuatoriana, de ahí la necesidad de impulsar su plena y efectiva vigencia.CONCLUSIONES:•	Pese a que los Derechos Humanos se han
extendido por el mundo, no existe unanimidad en el modo de entenderlos, ejercerlos
y garantizarlos puesto que toda interpreta-10 Ver: Luis Prieto Sanchís, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, pp. 217-260.
11 Ver: Pedro Serna y Fernando Toller, La Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales, Buenos Aires, La Ley S.A., 2000, pp. 37-75 y 155-158.24Derecho Constitucional
ción normativa e implementación a la vida
social, difiere de acuerdo con el contexto
cultural desde el que se esté opinando.
•	La historia, el desarrollo, el bienestar, el
progreso y demás términos utilizados para
definir el aumento de los niveles de calidad
de vida, no pueden ser impuestos a grupos
minoritarios. Cada concepción existencial
responde a patrones culturales y objetivos
sociales distintos. En materia de derechos
colectivos, estos términos sólo pueden
adquirir vigencia desde la perspectiva del
pueblo que pudiese resultar afectado por
la implementación de proyectos en su territorio. Para que la consulta previa pueda
tener legitimidad y efectividad en sentido
práctico, se tiene que alcanzar el pleno
consentimiento entre las partes.
•	El Derecho Internacional de los Derechos
Humanos ha evolucionado, desde su concepción europeo-céntrica individualista,
hasta el reconocimiento de aquellos derechos que sólo pueden ser ejercidos por los
grupos. De ahí la necesidad de crear mecanismos respetuosos de las tradiciones y
costumbres de los pueblos originarios para
•	Hoy en día, existe unanimidad de criterios
dentro de los diferentes sistemas de protección de Derechos Humanos en cuanto a
la exigencia de los efectos vinculantes de
las decisiones adoptadas por una comunidad, como condición previa y sine qua non
para la ejecución de proyectos que pudiesen alterar la vida de las comunidades diferentes.
•	El ordenamiento jurídico interno, en materia de Derechos Fundamentales, no puede
aplicar estándares de protección inferiores
a los fijados por el Derecho Internacional.
Lo contrario implicaría la inobservancia del
principio de interpretación pro homine y
sus consecuencias, una fuente perversa de
responsabilidad internacional.•	Los efectos vinculantes de la consulta informada y previa a la que tienen derecho
los pueblos indígenas y otras comunidades
que pudiesen resultar afectadas, no sólo
se desprende de las obligaciones internacionalmente contraídas por el Estado, sino
también desde la interpretación sistemática de su propio texto constitucional. En
este sentido, el derecho a la propiedad
ancestral, el de autodeterminación, entre
otros muchos argumentos, pueden servir
de herramientas para equiparar las prescripciones constitucionales con el estándar
internacionalmente establecido, aunque
fuese por vía indirecta.RECOMENDACIONES:
•	La Corte Constitucional, al diseñar su política jurisprudencial deberá interpretar la
norma fundamental a la luz de los estándares internacionales y sentar precedentes
en el sentido de reconocer el carácter vinculante del pronunciamiento de la comunidad consultada sobre la implementación
de proyectos que pudiesen afectarles.
•	La Función Legislativa, deberá activar las
vías previstas para la reforma constitucional a fin de armonizar la carta con los estándares internacionales. Asimismo, deberá emitir la normativa legal respectiva para
regular los procedimientos y efectos jurídicos vinculantes que tiene la respuesta que
los diferentes pueblos dieren a los temas
sobre los que deben ser consultados.
•	La Función Ejecutiva, por medio de sus ministerios, secretarías y demás dependencias, se encuentra en la obligación de remover todo obstáculo que pudiese impedir el
pleno ejercicio de derechos fundamentales. En este sentido, deberán emitir tanto la
normativa secundaria pertinente para viabilizar la ejecución de procedimientos de
consulta previa, respetuosa de las costum25bres y tradiciones de los pueblos implicados en el proceso, así como la implementación de controles anteriores, simultáneos y
ulteriores a la ejecución de tales proyectos,
a fin de minimizar los impactos naturales y
sociales que pudiesen causar.
•	Las juezas y jueces de la Función Judicial,
deberán aplicar directamente los instrumentos internacionales que protejan de
mejor manera los derechos fundamentales. En este caso, la Declaración sobre
Pueblos Indígenas de la Organización de
las Naciones Unidas y los principios jurisprudencialmente consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
tendrían preferencia sobre aquel previsto
en la Constitución.•	La Defensora o Defensor del Pueblo, deberá
vigilar el cumplimiento de procedimientos
de consulta respetuoso de usos y costumbres de los pueblos afectados.
•	La sociedad civil organizada o no, y los representantes de las comunidades y pueblos
indígenas en particular, deberán presionar
políticamente a los organismos públicos a
fin de obligarles a cumplir con su más alto
•	Abogados, políticos, sociólogos, antropólogos, ambientalistas, periodistas, profesores,
estudiantes y demás personas sensibles ante
el tema, cada uno desde su propia trinchera
deberá aportar con nuevos y mejores elementos de juicio al debate ampliado para ir
forjando una sociedad tolerante y respetuosa de toda clase de diversidad.BIBLIOGRAFÍA:
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Participación: Pueblos Indígenas y sus Derechos
Colectivos en el Ecuador, Quito, Ediciones Abya
Yala, 2000.Fuentes Normativas:
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-	Constitución del Ecuador de 1869.
-	Constitución Política de la República del Ecuador (1998).-	Constitución de la República del Ecuador
-	Declaración Universal de Derechos Humanos.
-	Declaración Americana sobre los Derechos y
-	Declaración de las Naciones Unidas sobre los
-	Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.
-	Convención Americana de Derechos Humanos.
-	Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
-	Convenio 107 de la Organización Internacional
-	Convenio 169 de la Organización Internacional
-	Declaración de Quito de 1990.
-	Declaración de Machu Picchu.
-	Proclamación de Teherán.
-	Proclamación de Barbados.
-	Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.Fuentes Jurisprudenciales:
-	Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso López Álvarez, Sentencia de Fondo.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni, Sentencia de Fondo.
Caso Yakie Axa, Sentencia de Fondo.
Caso Sawhoyamaxa, Sentencia de Fondo.
Caso Saramaka, Sentencia de Fondo.
Voto Separado del Juez A.A. Cançado Trindade,
Caso Bámaca Velásquez.
Caso Masacre Plan de Sánchez, Reparaciones.
Caso Yatama, Sentencia de Fondo.
27Invitado
Abstención de ejercer la acción
penal en aplicación del
Ricardo Vaca A.
Políticas y Sociales, Abogado
y Doctor en Jurisprudencia,
• Estudios Superiores y de
Penal, Derechos Humanos,
American Law and Legal
English, Administración de
Derecho Laboral, Docencia
Jurídica para Profesores de
• Asesor Jurídico de varias
empresas y consultor de
varias organizaciones sociales,
Catedrático Universitario, Director General y
Subsecretario del Trabajo;
encargado; Presidente del
Consejo Nacional de Tránsito;
Social; Vocal principal del
Judicatura; Juez Suplente
del Juez Décimo de lo Penal
de Pichincha y del Segundo
Tribunal Penal de Pichincha
por varios años; Conjuez de
la Corte Superior de Quito en
varios periodos; Conjuez de la
varios periodos;
• Ha realizado varias
publicaciones y dictado
numerosas conferencias.28Consideraciones previas
Cuando recordamos que los delitos de
acción pública son pesquisables de oficio nos viene a la mente la idea de que,
prescindiendo de la voluntad o decisión del ofendido, la Fiscalía, actuando
en representación del Estado, una vez
que le llega la notitia criminis, iniciará –
obligatoriamente, siempre y en todos
los casos - las investigaciones para encontrar elementos de convicción que
le permitan sustentar su resolución de
abrir la etapa de la instrucción fiscal,
continuar con el proceso en las distintas
etapas hasta obtener sentencia condenatoria en contra de quien le debe una
respuesta a la sociedad. A decir de Julio B.J. MAIER “éste parece un principio
ideal de la realización judicial del Derecho penal, a semejanza de la manera
según la cual las teorías absolutas resolvían la cuestión de la pena”1, recordando el pensamiento de KANT, para quien
la pena es la exacta correspondencia al
disvalor del comportamiento del autor
1 Derecho Procesal Penal, Tomo I, p. 385.del delito, razón por la cual se debe imponer y ejecutar aun en casos extremos;
y el pensamiento de HEGEL, para quien
el delito es la afirmación de la voluntad
que es por sí (individual y real) frente a
la voluntad en sí (universal y abstracta)
contradicción sólo superable por el castigo, la pena como negación de la negación, confirmándose así el valor del
Derecho frente a la voluntad individual.
No obstante, frente a esta realidad hay
otra eminentemente práctica que altera
nuestros esquemas tradicionales porque toma en consideración el sentido
utilitario de las instituciones jurídicas.
Como dice MAIER, “Mal que nos pese,
existen criterios selectivos no institucionalizados que eliminan un sinnúmero
de hechos punibles de la persecución
penal, criterios que la ciencia empírica ha verificado”, y son los delitos que
quedan en la impunidad, aunque como
bien aclara, “tal fenómeno no aparece
como inadecuado a los fines de la aplicación del poder penal del Estado, porvarias razones, en tanto lo conduzcamos como
corresponde”. No todos los hechos punibles
son perseguidos penalmente por las razones
que fueren o los pretextos que se esgriman; en
Ecuador, se decía que los integrantes de la Policía no tenían armas, vehículos, comunicaciones,
etc; la estructura física de la Fiscalía ha experimentado una innegable mejora; no obstante,
más del 90% de ecuatorianos considera que no
hay justicia o la que existe es de la peor calidad
imaginable. Como quiera que sea, la única realidad es el Derecho penal queda en el plano de la
amenaza en cifras cada vez más alarmantes. Policías, fiscales y jueces se declaran impotentes
frente al avance de la criminalidad; son tantos
los casos que no se dan abasto para lograr sentencias condenatorias. Bien se sostiene que una
es la afirmación dogmática y otra muy distinta
su realización práctica. Frente a esta realidad,
la institución que vamos a analizar surge como
un “intento válido del Derecho de conducir la
necesaria selección de hechos punibles a perseguir, según criterios racionales, acordes con
las metas políticas que procura el ejercicio del
poder penal por el Estado”2, en aquellos actos
en los que el Derecho penal puede ser eficaz
para reprimir algunas conductas en las que resulta indispensable su actuación como método
de control social3. Y la razón no es otra que la
eficiente utilización de los limitados recursos
disponibles, aunque sin afectar los derechos de
las partes a obtener justicia en el ámbito penal.Las disposiciones del CPP ecuatoriano
que regulan la posibilidad de que laFiscalía se abstenga de ejercer la acción penal, son las que constan a partir
del tercer artículo innumerado después
del Art. 39.
Art. Innumerado 3º después del Art. 39 ...Oportunidad.- El fiscal en razón de una eficiente
utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de las partes,
podrá abstenerse de iniciar la investigación penal
o desistir de la ya iniciada cuando:
1. El hecho constitutivo de presunto delito no
comprometa gravemente el interés público, no
implique vulneración a los intereses del Estado y
tenga una pena máxima de hasta cinco años de
2. En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere un daño físico grave que
le imposibilite llevar una vida normal o cuando
tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o pareja y familiares
comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad.
Cuando se trate de delitos de violencia sexual,
violencia intrafamiliar o delitos de odio, el fiscal
no podrá abstenerse en ningún caso de iniciar la
Art. Inumerado 4º después del Art. 39 ...- Trámite.- A pedido del fiscal, el juez de garantías2 MAIER, Obra citada, p. 387.
3 MAIER menciona que hay varios criterios que los enuncia en su obra (página 387), entre otros el siguiente: “los hechos punibles de “ínfima importancia” , que representan realizacionesmínimas de tipos penales, merecen también ser derivados a otras formas de control social existentes, para evitar el riesgo de etiquetar criminalmente al autor y procurar espacio para que
los órganos de persecución penal se ocupen de los hechos punibles más graves, que constituyen el núcleo amenazado penalmente;… la posibilidad de prescindir de la persecución penal
de un hecho punible de menor importancia para procurar lograr éxito en la persecución penal de un hecho punible más grave”29penales convocará a una audiencia donde las
partes deberán demostrar que el caso cumple
con los requisitos legales exigidos. El ofendido
será notificado para que asista a esta audiencia. Su presencia no será obligatoria.
En caso de que el juez de garantías penales
constate que el delito no sea de los establecidos en el numeral 1 del artículo anterior o que
los afectados no sean las personas descritas en
el numeral 2 del mencionado artículo; enviará
su resolución al fiscal superior para que el trámite sea continuado por un nuevo fiscal.
En caso de que el juez de garantías penales no
estuviese de acuerdo con la apreciación, enviará al fiscal superior para que de manera definitiva se pronuncie sobre el archivo del caso.
La autoridad de la Fiscalía que conociere el reclamo lo resolverá en el plazo de diez días. Si se
revoca la decisión del fiscal de origen, el caso
pasará a conocimiento de otro fiscal, para que
inicie la investigación, o en su caso, se continúe
con la tramitación de la misma. Si se ratifica la
decisión de abstención, se remitirá lo actuado
al juez de garantías penales para que declare
la extinción de la acción penal respecto del hecho.
La extinción de la acción penal por los motivos
previstos en este artículo, no perjudica, limita
ni excluye el derecho del ofendido para perseguir por la vía civil el reconocimiento y el pago
de la indemnización de perjuicios derivados del
acto objeto de la denuncia.
Art. Innumerado 5º después del Art. 39 ...Obligación de remitir expediente.- En los casos
de violencia intrafamiliar que no constituyan
delito, el fiscal, tan pronto se abstenga de tra-mitarlos, remitirá el expediente al juez competente para su respectivo conocimiento.
La razón de ser de esta decisión de la Fiscalía se
menciona claramente en la ley: “eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos de las partes”, sobre
lo cual hemos formulado algunos comentarios
reconociendo que el Estado ecuatoriano y las
instituciones públicas llamadas a combatir la
criminalidad no cuentan con recursos suficientes para cumplir sus delicadas, complejas e importantes tareas – más allá de que la Fiscalía ha
contado con el apoyo ilimitado del ejecutivo,
al igual que la Policía – en los últimos tres años,
aunque exhibiendo resultados deficientes, pobres y preocupantes como revela el Informe
del relator de la ONU4, profesor PHILIP ALSTON,
quien no puede ser cuestionado por ningún
ecuatoriano descalificado, por alto que sea su
cargo o por importante que se crea, por el solo
“delito” de haber, de forma lapidaria, hecho público un secreto a voces que ya no puede más
ser ocultado: “Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza
una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que
parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido
condenado casi de manera generalizada por su
ineficiencia y mala gestión. Estos problemas se
ven agravados por alegaciones de corrupción
en la mayoría de niveles”. (Revista EL OBSERVADOR, Ag-Stbre 2010).
Adicionalmente, nos preocupa y mucho que
se admita paladinamente el incumplimiento
de un fundamental y elemental deber del Estado cual es el de garantizar la seguridad de los
ciudadanos5, produciendo la impresión de que4 Entre 1990 y el 2010 la tasa de homicidios en el Ecuador se ha duplicado y solamente el 1.3% de esos homicidios han culminado en sentencia condenatoria.
5 Particularmente importante es el contenido del Art. 3 de la Constitución de la República que reconoce como deberes primordiales del Estado: “1. Garantizar sin discriminación algunael efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales…”; “8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.30Invitado
por falta de medios o recursos disponibles los
habitantes del Ecuador debemos resignarnos
a soportar la incontenible delincuencia que
diariamente comete todo tipo de delitos y no
es reprimida con las penas previstas en la leyes
penales porque los pocos recursos disponibles
tienen que ser destinados a la persecusión de
los grandes delincuentes. Esto equivale a decir
“nos vamos a ocupar de perseguir únicamente
a los que cometieren delitos graves o muy graves; los demás quedarán en la impunidad…”.
Más grave todavía, por contradictorio, es que
se invoque como razón para no perseguir algunos delitos “los derechos de las partes”. La frase
carece de sentido y de la más elemental lógica
porque cuando un ofendido por un delito menor – no tan grave como el que supuso nuestro
legislador, según vamos a ver enseguida – denuncia el hecho que lesionó, destruyó o al menos puso en peligro un derecho fundamental,
reconocido y garantizado en la Constitución,
protegido de manera especial en las leyes penales, y busca que se castigue al responsable,
que puede ser peligroso para la sociedad entera, pero no encuentra respuesta positiva en
el ente oficial que tiene precisamente esa obligación, lo que resulta afectado, adicionalmente y en primer lugar, es el derecho de los ciudadanos a reclamar justicia al Estado. Es difícil
entender que la Fiscalía se abstendrá de iniciar
la acción penal pública para perseguir algunos
delitos en razón de precautelar los “derechos
de las partes” sobre la base del principio de
oportunidad, y entre ellos, el de las víctimas
del delito a reclamar la respuesta de la Fiscalía
para que el delincuente reciba la sanción que
merece por el acto cometido. Si no se inicia la
acción penal y se persigue al delincuente hasta
lograr su condena, quien resultará beneficiado
con la decisión fiscal será el delincuente, no lavíctima6. El sospechoso, al que no podemos
llamar delincuente, en cumplimiento del mandato constitucional, al no haber sido procesado
ni condenado, mantendrá en su beneficio y de
manera absoluta su garantía constitucional de
ser presumido y tenido como inocente.Facultad o posibilidad.- El empleo del verbo “podrá”, reconoce como una facultad o atribución
del Fiscal la posibilidad de que se abstenga de
iniciar la investigación penal o desistir de la ya
iniciada. No es, por tanto, un deber o una obligación resolver en tal sentido; si el Fiscal, considera que así debe proceder, así lo hará, pero
según su propio y personal criterio que está
condicionado o limitado por el texto legal que
concreta en qué casos podría no investigarse o
dejar de investigarse: lo primero, cuando todavía no se ha abierto una indagación previa; y, lo
segundo, cuando ya hay una en marcha.Si la decisión es personal del Fiscal
hemos de suponer que ha sido bien
meditada y bien ponderada, partiendo
del análisis de las condicionantes legales y, además, que los hechos que han
sido transmitidos a conocimiento de
la Fiscalía no constituyen delito grave
o trascendente; que la gestión del denunciante está contaminada, por consideraciones ajenas a las que son propias del Derecho procesal penal, como
odios, envidias, celos, venganzas, ambiciones personales y otras tantas que
aquejan a quienes, lamentablemente,
las padecen. Como quiera que sea, los
parámetros fundamentales están fijados en la propia ley.
76	¿Será por eso que cambiaron el nombre a los jueces penales, para llamarles “jueces y tribunales de garantías penales”?. Garantías de quiénes ¿de los delincuentes?. Parece que ha vueltoa la vida don PEDRO DORADO MONTERO.
7 Los fiscales de primer nivel deberán reclamar que se respete irresctrictamente su independencia para tomar la resolución que consideren más conveniente a la causa pública, rechazandoinjerencias, recomendaciones y, peor aún, órdenes de funcionarios superiores.31Casos
1. Cuando el hecho supuestamente delictivo
no compromete gravemente el interés público.
Aunque todo delito y también las contravenciones afectan a la seguridad pública porque
alteran la paz social, la tranquilidad y el buen
vivir, es innegable que unas infracciones son
más graves que otras, en cuanto a grande, arduo, difícil o en referencia a la mayor entidad,
importancia, peso, molestia, enfado, según las
acepciones del Diccionario de la Lengua Española; así como también en cuanto a “la malicia
del acto, o a la alarma que la infracción produce en la sociedad, o … la peligrosidad de sus
autores”8. Quien considere el mayor o menor
grado de gravedad, será el Fiscal, según su
propio juicio, bien entendido que en tal determinación hay una insoslayable dosis de subjetividad y relativismo, porque lo que es menos
grave para un Fiscal podría ser más grave para
otro, sin que sea necesario plantear algunos
ejemplos prácticos y demostrativos como los
que tienen que ver con lesiones o el patrimonio de la persona. Dejar a la suerte y esperar
que el buen criterio, honestidad, verticalidad y
decencia del Fiscal al que le toque conocer una
causa, sea el acertado – y no el equivocado, por
razones de distinta naturaleza - parece extremadamente arriesgado y peligroso, al tratarse
de delitos de acción pública.
En cuanto al interés público “es un concepto
indeterminado que fundamenta y justifica la
actuación de las Administraciones públicas. La
intervención administrativa en los campos diversos de la vida social y económica debe estar
basada en que con tal intervención se busca el
interés público, o es exigida por tal interés. Es la
traducción jurídico-administrativa del concepto jurídico-politico de bien común, que integragran parte de la teoría de los fines del Estado
(…) que supone la concresión del interés público o general”9. Según este análisis más claro
habría sido declarar que la investigación penal
a cargo del fiscal no se dará cuando los hechos
presuntamente delictivos no comprometan
gravemente el bien común; “aquel del que se
benefician todos los ciudadanos”, que no es
otro que la paz social, la seguridad colectiva, la
tranquilidad pública, que se logra cuando a los
delincuentes, luego de someterlos al debido
proceso, se les condena a sufrir las penas previstas con anticipación en las leyes penales.
2. Que los hechos no constituyan vulneración
a los intereses del Estado. Si tomamos la excepción en su acepción más general, tendríamos que reiterar que toda infracción afecta los
intereses del Estado, en la forma que hemos
analizado; no obstante, resulta claro – al menos para nuestra interpretación - que lo que
se quiso aludir para excluirlos es a los delitos
que afectan directamente los bienes jurídicos
estatales: seguridad del Estado, administración pública, y entre estos últimos, todos los
capítulos que forman parte del Título III del
Código Penal ecuatoriano, entre los que sobresalen: el cohecho, la concusión, el prevaricato, el peculado, el enriquecimiento ilícito, la
evasión. Así, si se trata de una conducta que
pone en peligro o lesiona un bien jurídico individual pero que no es socialmente relevante,
grave o escandalosa, tendríamos que convenir
que por intrascendente no merece o no vale la
pena iniciar un proceso penal. Se nos ocurre
el ejemplo de quien considera que se ha violado su derecho de petición garantizado en
la Constitución porque la autoridad a quien
dirigió una solicitud, reclamo o petición no le
contestó en el término de 15 días10; difícilmente el Fiscal provincial iniciará una instrucción8 Art. 30, inciso 1º del Código Penal, al introducir la enumeración de las circunstancias agravantes.
9 Diccionario Jurídico ESPASA, p. 530.
10 Ver artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada.32Invitado
fiscal procesado al Alcalde, por ejemplo, por
el delito tipificado en el Art. 212 del CP que
sanciona con multa y prisión de tres a seis
meses a la autoridad que, de cualquier manera, impidiere el libre ejercicio del derecho de
petición. Seguramente se sostendrá con una
y mil razones que el asunto no vale la pena.
3. Los hechos que, de corres- ponder a
un tipo legal determinado,
tengan prevista una pena
máxima de hasta cinco
años, con lo cual se excluyen automáticamente todos los delitos
reprimidos con reclusión, inclusive la reclusión menor
(tres a
seisaños), y la reclusión mayor ordinaria (cuatro
a ocho años), porque aunque el límite menor
es inferior a cinco años, el mayor, en cambio
pasa de los cinco años.
Para los casos de tentativa, desistimiento y
arrepentimiento eficaz, tanto el fiscal como
juez tendrán que hacer un
que les conduzca a fijar
mentalmente la pena que
correspondería aplicar si se
llegare a dictar sentencia condenatoria,
si se trata de tentativa: “uno a dos
tercios de la (pena)
que se les habría impuesto (a los autores)
si el delito se hubiera
consumado”11; aunque se
trate de delitos que tengan
prevista una pena de reclusión, pero para el evento
de que se hubiere producido la consumación, no si es
que el iter criminis quedó
únicamente como tentativa; interpretación
que debe darse en este
lógica sino
reo12 .11 Ver artículos 16 y 46 del CP ecuatoriano.
12 La tozudez u obstinación de algunos jueces, por pereza mental u otros intereses, es sorprendente, aunque nada debería sorprender en la “justicia” ecuatoriana. Algún juez no quiso admitircaución por un caso de tentativa de coyoterismo, porque el delito consumado está reprimido con reclusión.334. Si es que el infractor, dadas las circunstancias en que se produjo el hecho delictivo, sufriere un daño físico grave que le imposibilite
llevar una vida normal. Tómese nota que para
este caso ya no se habla de “presunto” delito,
lo cual quiere decir, que se asume como hecho cierto, fuera de toda duda, que estamos
frente a un acontecimiento que, por sus características, evidentemente es delictivo. El otro
aspecto es el que tiene que ver con la salud
e integridad física del infractor, del responsable del delito, quien, por esas cosas de la vida,
también es una víctima de su propia conducta
delictiva, a consecuencia de la cual ha sufrido
un daño físico grave que no le permite llevar
una vida normal, como podría ser el caso de
quien asalta pero al ser repelido resulta herido seriamente al intentar cometer el delito.
Podría pensarse con una buena dosis de razón
que, con el daño físico grave sufrido que le ha
convertido en un “imposibilitado” ya tiene más
que suficiente castigo, por lo cual ya no hace
falta aumentar su infortunio con un proceso
penal que concluirá con una condena cierta a
sufrir pena de prisión.5. Si al tratarse de un delito culposo
los únicos ofendidos fuesen el cónyuge o pareja y familiares comprendidos
hasta el segundo grado de consanguinidad del responsable del delito. Tal
sería el caso, a manera de ejemplo, de
los delitos de tránsito, esencialmente
culposos, en los que los únicos ofendidos resultaren los acompañantes del
conductor que conforman su círculo
familiar más próximo: cónyuge o compañera, hijos, padres, hermanos. La
experiencia nos enseña que en casoscomo éste, no se instauran procesos
penales en los juzgados de tránsito
para llegar a establecer responsabilidades penales en contra de quien
actuó culposamente, posiblemente
porque también en situaciones como
éstas se considera que no hace falta
aumentar las consecuencias de una
desgracia que le puede ocurrir a cualquier persona, aunque los daños ocasionados no necesariamente sean la
consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor, que corresponderían mejor al
concepto de “accidente”, en los que
la conciencia y voluntad del responsable está ausente, aunque sin llegar a
eliminar la imprudencia, negligencia,
impericia o inobservancia de leyes, órdenes, reglamentos, instructivos.
6. Los casos a los que expresamente se refiere
la exclusión mencionada en el inciso final del
artículo que nos ocupa no tiene otra finalidad
que confirmar que en los casos de violencia
sexual, violencia intrafamiliar o delitos de odio,
no cabe abstención del fiscal para iniciar la investigación; y, de ser caso, continuar con la instrucción fiscal.
Cabe aclarar que no se trata de todo tipo de
delitos sexuales, como se les denominaba antes13, sino tan solo de aquellos delitos de acción
pública que estén relacionados con la actividad
sexual y sean cometidos con violencia física o
moral14 , como medio para cometerlos. En efecto, algunos de estos delitos no son cometidos
en modo alguno con violencias o amenazas,
sino recurriendo a otros medios; o no son tan13 En la actualidad forman parte del Título VIII del CP ecuatoriano bajo el epígrafe de “Delitos de rufianería y corrupción de menores”.
14 El Art. 596 del CP dice: “Por violencia se entienden los actos de apremio físico ejercidos sobre las personas.- Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infunden eltemor de un mal inminente”.34Invitado
graves como para motivar el inicio de una
instrucción fiscal. Del mismo modo, algunos
delitos de violencia intrafamiliar no son tan
graves como podrían parecer por la sola consideración de darse dentro de la familia, como
la intimidación, delito de acción pública consistente en las amenazas escritas o verbales a otra
persona (Arts. 377 y 378 del CP); por ejemplo, la
sola amenaza hecha al calor de una discusión
conyugal de quemar los bienes que son de la
sociedad conyugal, tendría que procesarse penalmente de manera irremediable por tratarse de un delito de acción pública cometido al
interior de la familia, por más que el principio
de oportunidad disponga que no vale la pena
iniciar todo un largo y complicado proceso
penal cuando el conflicto conyugal o familiar
podría solucionarse rápida y eficazmente mediante una reunión entre los dos sujetos, activo
y pasivo, de la infracción cometida. Finalmente, en cuanto a los delitos de odio, de reciente
invención legislativa en Ecuador15, al comentar
las reformas al CP y al CPP de marzo del 2009
consignamos nuestra posición16. Creemos que
algunos tipos legales no describen conductas
sino expresiones o manifestaciones de un sentimiento personal o íntimo en el que no necesariamente está presente el odio, por lo que no
revisten especial gravedad como para excluirlos
de la posibilidad de abstenerse de iniciar la instrucción fiscal. Con ello se pone de manifiesto
la pretensión errada de sancionar sentimientos
mas no comportamientos o conductas, creyendo ingenuamente que con amenazas punitivas
se eliminará toda forma de discriminación por
mínima que sea.Trámite:
El Juez penal, por pedido escrito del Fiscal, convoca a una audiencia oral, pública y contradic-toria, a la que deben asistir “las partes”, dice el
CPP en el cuarto artículo innumerado después
del Art. 39, aunque en realidad todavía no hay
partes procesales hablando en estricto sentido
porque no hay proceso; recién estamos frente
a la posibilidad de iniciar o no una investigación penal o dejar de continuar la ya iniciada.
Debemos entender que el legislador se refiere
al fiscal y al sospechoso, denunciado, o no, si es
que la notitia criminis llegó por un medio distinto, como podría ser un parte o informe policial, o una noticia de prensa; y hasta por un
anónimo, como conocemos de un caso actual
en el que alguna persona descalificada envía el
pasquín directamente al Fiscal General, quien
de inmediato ordena que se inicie una indagación previa.
Las “partes” deben demostrar al Juez penal que
en el caso concreto se cumplen las condiciones
y requisitos señalados en la ley procesal penal,
a los que nos hemos referido. Más que de una
demostración se trata de una labor de convencimiento al Juez penal para que adopte la misma línea de razonamiento del fiscal y arribe a la
misma conclusión de no siquiera investigar los
hechos o de suspender la gestión indagatoria
ya iniciada. Este condicionamiento legal, que
en realidad se constituye en filtro de análisis
por parte de alguien investido de jurisdicción
penal, parece el apropiado para evitar que los
fiscales, por fortuna sólo algunos, por razones
o motivos extraños al recto proceder, invoquen
el principio de oportunidad como pretexto
para dejar de actuar como les corresponde en
cumplimiento de su responsabilidad como representantes de la sociedad.
También es conveniente que se tome en cuenta
al ofendido, quien debe ser notificado para que
asista, si lo desea, aunque su presencia no es15 Debido a la negligente reforma publicada en el R.O-S. No. 555 de 24 de marzo 2009 (El Art. 5 de la ley reformatoria no especificó qué capítulo innumerado se sustituía) se ha tenido queinterpretar la intención legislativa como que se refería al capítulo que hasta entonces tenía como epígrafe: “Delitos relativos a la discriminación racial”.
16 Ver nuestra página WEB: analisisjuridico.com35obligatoria. Debe dejarse constancia de la notificación efectuada por el secretario de la judicatura, quien debe sentar razón de tal diligencia,
para evitar que luego el ofendido argumente
que no ha conocido de la realización de la audiencia y por ello no ha concurrido a exponer
su posición personal en cuanto a la decisión del
fiscal, que bien podría ser opuesta a la del representante de la sociedad. Es, desde todo punto
de vista, conveniente que el ofendido, acompañado de su abogado patrocinador, asista a la
audiencia para hacer conocer a los asistentes y
especialmente al Juez penal su posición personal en cuanto a que no se inicie el proceso penal
y el hecho quede en la impunidad, de cuya consecuencia jurídica en lo penal debe estar perfectamente enterado, así como del ejercicio de la
facultad que se reserva para reclamar posibles
indemnizaciones de daños y perjuicios en la vía
Si el Juez constata que no se cumplen requisitos
y condiciones exigidos por el CPP, deberá emitir
una resolución motivada, la cual deberá ser enviada al Fiscal superior para que designe nuevo
Fiscal. Si analizamos con detenimiento el inciso
2º del cuarto artículo innumerado después del
34, vamos a descubrir que la decisión del Juez
penal prevalecería y se impondría sobre la del
Fiscal superior a quien no se le faculta ni siquiera revisar la decisión del Fiscal inferior y confrontarla con la del Juez penal, porque lo único que
puede hacer el Fiscal superior es designar un
nuevo fiscal para que continúe el trámite, es decir, para que siga investigando o para que inicie
la investigación. En consecuencia, podría suceder que el Fiscal superior esté de acuerdo con la
decisión del inferior; no obstante, lo que se impone es la decisión del Juez penal17. También en
este evento podría darse el caso de que el Fiscalinferior, por razones de fuero, sea el provincial –
de cualquier provincia – y que el caso deba subir
al Superior, que en este supuesto sería el Fiscal
General. Éste tendría que designar a otro Fiscal
de nivel provincial o a uno de sus asesores, para
que proceda como dispone el Juzgador.
La otra posibilidad se daría, en cambio, si el Juez
penal, aunque considera que si se cumplen las
condiciones y requisitos exigidos por el CPP, sin
embargo no está de acuerdo con la apreciación
de los hechos y la petición que le formula el Fiscal. Debería emitir un auto debidamente motivado y razonado, explicando los fundamentos
de su discrepancia, y, con todos los antecedentes y documentos llevados a su conocimiento,
remitirlo al Fiscal superior para que se pronuncie, igualmente por escrito, sobre su acuerdo o
desacuerdo con la resolución del Fiscal inferior,
o lo que es lo mismo, sobre el archivo o no de lo
denunciado, en el plazo de diez días. Habrá que
ver si al menos este plazo se respeta en la Fiscalía18. En este segundo caso de remisión al Fiscal
superior, si cabe un análisis del tema que llega
a su conocimiento para que con pleno conocimiento de los hechos y documentos asienta o
disienta con el Fiscal inferior. Por lo tanto, caben
a) Si no está de acuerdo, debe revocar la decisión del inferior y disponer que pase a otro Fiscal para que inicie la indagación previa o reinicie
la que ya estuvo abierta;
b) Si está de acuerdo, deberá devolver el expedientillo al Juez penal junto con su resolución
escrita, a fin de que sea este funcionario el que
declare la extinción de la Acción Penal respecto
al hecho concreto llevado a conocimiento de la
Fiscalía y la Judicatura.17 En esta discrepancia, se pone de manifiesto la preponderancia de la actividad del JUEZ, funcionario que está investido de jurisdicción, vale decir, poder de decisión, que prevalece sobre ladel representante de la sociedad (FISCAL,) que, a la postre, investiga y acusa, mas no juzga (por más que algún prepotente se crea con facultades para juzgar las decisiones judiciales
de los jueces, aunque como mecanismo de intimidación y sometimiento).
18 Algún Fiscal General en una oportunidad dijo que los plazos legales eran “meramente referenciales”, como en efecto y en la práctica son burlados en juzgados y cortes de todos losniveles.36Invitado
No puede ignorarse que la intervención del
ofendido podría ser determinante ante el Juez
penal o ante el Fiscal superior para evitar que
el hecho quede en la impunidad y se burle el
objetivo de la justicia penal, por una mala decisión del Fiscal inferior. Por lo tanto, si en su
momento no hace escuchar su posición, luego
no puede reclamar por “falta de justicia”, para
culpar a otros por su propia negligencia.Reclamo de daños y perjuicios en la vía civilEl ofendido debe tener presente que
con su aceptación o no de las decisiones de fiscales y jueces penales,
mantiene para sí la facultad de iniciar
acciones civiles para reclamar daños
y perjuicios causados o producidos a
consecuencia del acto denunciado, ya
que, la declaratoria de la extinción de
la acción penal por las causas y en los
casos que hemos analizado, no perjudica, ni limita, ni excluye el ejercicio
de las posibles acciones civiles para
conseguir el resarcimiento, lo cual es
independiente de lo punitivo. Se confirma así la autonomía de las acciones
penales y civiles, tan reclamada por los
abogados civilistas, quienes siempre
han expresado su opinión contraria a
la exigencia del CPP de que no se pueda demandar la indemnización civil derivada de la infracción penal mientras
no exista una sentencia penal condenatoria ejecutoriada que declare a una
persona responsable de la infracción,
como dispone el inciso final del Art. 41del CPP , que ya debió ser reformado,
si el legislador ecuatoriano fuera un
poco más informado. De no darse la
reforma se mantendría una evidente
contradicción entre el inciso final del
4º artículo innumerado después del 39
del CPP con el inciso 2º del Art. 41 del
mismo Código, tanto más que en este
caso la contradicción es más grave porque no siquiera se ha iniciado ni se va
a iniciar un proceso penal que permita
llegar a la expedición de una sentencia
condenatoria ejecutoriada que declare la existencia de una obligación civil
derivada u originada en un delito cuya
existencia y declaratoria judicial no se
ha producido ni se va a producir en el
ámbito penal, porque fiscal y juez decidieron no hacerlo.
19El 5º artículo innumerado a continuación del
39 del CPP contiene una disposición que debemos comentarla. Su texto es el siguiente: “Obligación de remitir expediente.- En los casos de
violencia intrafamiliar que no constituyan delito,
el fiscal, tan pronto se abstenga de tramitarlos,
remitirá el expediente al juez competente para su
respectivo conocimiento”.
Aunque “Se considera violencia intrafamiliar
toda acción u omisión que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un
miembro de la familia en contra de la mujer o
demás integrantes del núcleo familiar”20, queda
fuera de toda duda que no todas estas conductas constituyen delito, más aún cuando se
excluyen del texto legal los casos de violencia
que no constituyan delito19 Para mayor información sobre este tema, consultar el Tomo I de nuestro MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, al tratar del caso de prejudicialidad de lo penal a lo civil.
20 Art. 2 de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia.37Derecho AmbientalHugo Echeverría V.
Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Quito, Ecuador.
Obtuvo el título de Master of
Laws (LL.M) otorgado por McGill
University de Montreal – Quebec, Canadá. Es ex alumno del
programa Chevening Fellowship,
dirigido por The Foreign and
Commonwealth Office, en el que
asistió al curso de Gobernanza
Ambiental en Wolverhampton
University - Reino Unido. Docente universitario de postgrado. Se
especializa en derecho penal y en
derecho ambiental. Actualmente
ejerce la profesión en derecho
penal ambiental en Santa Cruz,
Galápagos.La Convención Ramsar sobre
En los páramos de la Reserva Ecológica
Cayambe-Coca, se encuentra el sistema
lagunar Ñucanchi Turupamba, sitio designado como humedal de importancia
internacional (sitio Ramsar) en el año
2006, en aplicación de la Convención
del mismo nombre. Este sitio es fuente
del agua que se potabiliza para la ciudad de Quito. Lo propio ocurre en la ciudad de Cuenca, cuya fuente de agua se
encuentra en el sistema lagunar ubicado en los páramos del Parque Nacional
Cajas, también designado como sitio
Ramsar en el año 2002.
Este artículo analiza el régimen jurídico
aplicable a la protección de los ecosistemas de humedal, contenido en la
Importancia Internacional especialmente
El análisis se desarrolla desde una perspectiva de derecho internacional ambiental, para destacar la enorme trascendencia de este tratado internacional38para la conservación de estos ecosistemas que, en el Ecuador son considerados, a nivel constitucional, como ecosistemas frágiles y amenazados1.2. DEFINICIÓN JURÍDICA DE HUMEDAL
Desde una perspectiva técnico-jurídica,
el término humedal se refiere a:
¨ Extensiones de marismas, pantanos
y turberas, o superficies cubiertas de
aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres
o saladas, incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros2¨ .En otras palabras, un humedal es
una extensión de agua cuya profundidad no excede de seis metros, como por ejemplo las aguas
de ríos, lagos o lagunas; los páramos en la sierra; o los manglares
en la costa ecuatoriana.3. LA CONVENCIÓN RAMSAR Y EL DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL
3.1. Adopción
La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, comúnmente conocida como la Convención Ramsar, fue adoptada el
2 de Febrero de 1971 y entró en vigor en 1975.
La Convención fue enmendada en 1982 y en
1987; dichas enmiendas entraron en vigor en
1986 y en 1994, respectivamente3. Hoy, 160
países son Partes Contratantes; hay 1898 humedales de importancia internacional que cubren una superficie mundial de 185.980.050 de
hectáreas protegidas4.
Como su nombre lo indica, este tratado internacional tiene por objeto la conservación y el
uso racional de los humedales que, desde una
perspectiva biológica, se clasifican en: marinos,
estuarinos, lacustres, ribereños, palustres y humedales artificiales5. Nótese que el tratado se
refiere al uso racional (léase uso sustentable),
lo cual implica el mantenimiento de las excepcionales condiciones naturales que motiven su
designación como sitios de importancia internacional.3.2. Contexto temporal
Es importante anotar que la adopción de este
tratado tuvo lugar en el marco de las primeras
iniciativas internacionales para aplicar mecanismos de protección de hábitats naturales6.
En este contexto, los mentalizadores de la Convención plantearon la protección estricta de
aquellos humedales que, por sus excepciona-les características, debían considerarse como
ecosistemas de importancia internacional7. Según los analistas, este último objetivo reveló
la necesidad de contar con un nuevo estatuto
jurídico que implique ¨ algún elemento de la
responsabilidad colectiva8¨ . Esta idea de responsabilidad colectiva, aunque no debutó en
Ramsar, sí abrió las puertas a una perspectiva
de soberanía estatal sobre los recursos naturales, que según el internacionalista Duncan
French, sugería un novedoso balance entre el
derecho de explotación y la obligación de protección del recurso natural9. Cabe destacar que
la perspectiva delineada por Ramsar sobre una
soberanía estatal marcada por un balance entre derechos y obligaciones, es la que se aplica
en la actualidad, conforme se evidencia, por
ejemplo, en la Constitución de la República del
Ecuador10.La Convención Ramsar es, además,
el primero y el más antiguo de cinco
tratados que constituyen la base jurídica del derecho internacional aplicable a la conservación de la diversidad biológica. A pesar de ser el más
antiguo, este tratado no ha perdido
vigencia; todo lo contrario, Cyril de
Klemm destaca su capacidad de adaptación al cambio socio-ambiental, que
le ha permitido trascender su objetivo original de protección del hábitat
de aves acuáticas, para abarcar una
concepción más amplia de los humedales como proveedores de servicios
ambientales fundamentales, como por
ejemplo agua de calidad .
1112394. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALESen la Lista de Humedales al firmar, ratificar o
adherirse a la Convención16 .La Convención Ramsar se fundamenta en dos
ideas básicas:Las Partes Contratantes pueden añadir
nuevos humedales a la Lista; ampliar
o reducir los límites de los humedales
incluidos en la Lista; e incluso retirarlos
de la Lista por razones de interés nacional . No obstante, la reducción de límites o el retiro de un humedal implica
el compromiso estatal de compensar el
área protegida .a.	Los Estados deben favorecer la conservación y el uso racional de los humedales13;17b.	La conservación de los humedales puede
asegurarse armonizando políticas nacionales con una acción internacional coordinada14 .18b) Establecimiento de Reservas Naturales
Así, la Convención plantea un régimen de protección internacional de sitios ubicados en territorio nacional, que se desarrolla a partir de
la aplicación de una estrategia internacional de
conservación y uso sustentable.4.1. Compromisos de las Partes Contratantes15
A partir de estas ideas, la Convención construye un régimen jurídico sustentado en dos
compromisos fundamentales de las Partes
Contratantes: a) la designación de humedales
de importancia internacional; y, b) el establecimiento de reservas naturales de humedales.a) Designación de Humedales
La Convención regula la protección de los humedales de importancia internacional a partir
de un proceso de identificación, selección y
designación de dichos sitios. Cabe anotar que
este proceso está siempre liderado por el país
donde se ubica el humedal. Para tal fin se utiliza un sistema de clasificación mediante Lista
que, por su funcionalidad, ha sido replicado en
otros tratados internacionales ambientales.
En tal virtud, las Partes Contratantes deben designar al menos un humedal para ser incluido40De conformidad con el tratado, las Partes
deben fomentar la conservación de los humedales que estén o no incluidos en la Lista,
a través de la creación de reservas naturales
y la adopción de medidas adecuadas para su
custodia19.
Como se observa, esta norma alude al compromiso estatal de proteger ecosistemas que
requieren protección de la legislación nacional aunque no cumplan con las condiciones
para ser incluidos en la Lista; para lo cual la
Conferencia de las Partes de la Convención ha
sugerido el establecimiento de redes nacionales de reservas naturales de humedales20.4.2. Otros compromisos
La Convención también se refiere al fomento
de la investigación, intercambio de información entre las Partes Contratantes21; así como
la promoción profesional en la gestión de
humedales22. En este contexto, se enfatiza el
establecimiento de una Autoridad Administrativa Nacional.
Finalmente, la Conferencia de las Partes de la
Convención Ramsar alienta a las Partes Contratantes la adopción de Políticas nacionales.Derecho Ambiental
5. LA CONVENCIÓN RAMSAR EN ECUADOR23
El Ecuador se adhirió a la Convención Ramsar
en el año 199024 y entró en vigor cuatro meses
después de la fecha de adhesión25. Se trata, por
tanto, de una norma plenamente incorporada
al ordenamiento jurídico ecuatoriano, con la
jerarquía establecida en el artículo 425 de la
Constitución de la República.Desde su adhesión el Ecuador ha realizado esfuerzos importantes para
cumplir con los compromisos de conservación y uso racional de humedales
previstos en la Convención de Ramsar,
5.1. Designación de humedales en territorio
Ecuador ha designado trece sitios que han sido
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, la mayoría de ellos ubicados dentro de áreas naturales protegidas. Estos
son: Reserva Ecológica de Manglares Churute;
Zona marina del Parque Nacional Machalilla;
Reserva Biológica Limoncocha; Abras de Mantequilla; La Segua; Isla Santay; Refugio de Vida
Silvestre Isla Santa Clara; Laguna de Cube; Humedales del Sur de Isabela; Parque Nacional
Cajas; Reserva Ecológica de Manglares Cayapas-Mataje; Complejo de Humedales Ñucanchi
Turupamba; y, Complejo Llanganati.
Los sitios Ramsar cubren un total de 201.126
hectáreas del territorio nacional.5.2. Designación de Autoridades Ramsar en el
La Autoridad Administrativa Ramsar del Ecuador la ejerce el Ministerio del Ambiente26. Existen Coordinaciones Nacionales de comunicación, educación, concienciación y participación;y, el Comité Nacional Ramsar creado en el año
2003 como una instancia de asesoramiento y
coordinación de las actividades relacionadas
con la Convención27 .5.3. Políticas
En el ámbito de Políticas, el Ecuador ha incorporado la protección de humedales desde la
adopción de las Políticas Básicas Ambientales.
Actualmente la protección de los humedales
está considerada en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Biodiversidad;
y, en el Plan Estratégico del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas. A la fecha, la Política y
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso
Racional de los Humedales en el Ecuador está en
Cabe anotar que el Estado recientemente
adoptó la Política de Ecosistemas Andinos del
Ecuador 28, un instrumento fundamental para
la conservación de los páramos, humedales
emblemáticos de la región andina del Ecuador.6. LA CONVENCIÓN RAMSAR COMO INSTRUMENTO DE CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES
Puede afirmarse con alguna certeza que, a la
fecha de adhesión de la Convención Ramsar, el
ordenamiento jurídico ecuatoriano no establecía, de forma específica, un marco jurídico para
la protección de este ecosistema.
La Ley Forestal y de Conservación de Áreas
Naturales y Vida Silvestre, vigente desde 1981,
aunque conceptualmente sí consideró a los
humedales como áreas especiales, no los incluyó como una categoría específica de protección del patrimonio natural o del patrimonio
forestal29.
Por esta razón, la adhesión del Ecuador a este
tratado puede considerarse como una impor-41tante estrategia jurídica, ya que su incorporación al ordenamiento jurídico nacional sentó
las bases normativas para la construcción de
un régimen jurídico específico para la protección de humedales en el Ecuador.
En este contexto, es importante recordar algunos procesos normativos adoptados en el
Ecuador a partir de la adhesión de la Convención. Así, por ejemplo, en 1991 el Estado declaró al ecosistema de manglar como bienes estatales, ¨ aún aquellos existentes en propiedades
particulares30¨. En 1994 las primeras Políticas
Ambientales del Ecuador reconocieron la necesidad de priorizar el tratamiento de los problemas ambientales que ¨ amenazan los ecosistemas de manglares en la costa ecuatoriana y los
sistemas lacustres31¨.
En los años siguientes se reformó el marco normativo ambiental secundario para caracterizar
al ecosistema humedal como ecosistemas nati42vos altamente lesionables32; perspectiva normativa que fue complementada por la Política y
Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador con la declaratoria de ecosistemas críticos33.
Conforme se ha anotado, el progreso más notable en la materia se evidencia en el artículo 406
de la Constitución del 2008, que otorga a estos
ecosistemas el estatus jurídico de ¨ ecosistemas
frágiles y amenazados ¨34.7. EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES EN EL ECUADOR
7.1. Progresiva atención a la protección de los
Por varias razones, en los últimos años la conservación y uso racional de los humedales más
emblemáticos del Ecuador (manglar y páramo)
ha recibido una progresiva atención. Tómese
nota, por ejemplo, de las políticas adoptadasDerecho Ambientalpara la restauración de manglares en ciudades costeras como Guayaquil; o, los esfuerzos
de gobiernos locales de las ciudades de Quito
o Cuenca por proteger las fuentes de abastecimiento de agua de sus ciudades, a través de
la declaratoria de sitios Ramsar. Otros ejemplos,
como el de la provincia de Loja, donde se ha
planteado la protección del importante sistema lagunar de Oña, apuntan a la necesidad de
proteger estos sitios por razones estratégicas
de acceso al recurso agua.7.2. Aplicación práctica
Desde una perspectiva más pragmática, hay
al menos dos efectos jurídicos derivados de la
adhesión de la Convención, que merecerán un
mayor grado de atención en el futuro cercano:
el primero se refiere a la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental de
toda obra, actividad o proyecto que implique
un riesgo ambiental al ecosistema de humedal;el segundo se refiere a las limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, derivadas del
Plan de Manejo como sitio Ramsar.
7.2.1. En cuanto a la evaluación de impacto
ambiental, la misma debería aplicar en sitios
que se ubiquen dentro o fuera de áreas protegidas, porque lo que interesa es minimizar el
impacto ambiental a un ecosistema protegido
por la Constitución del Ecuador. Una reciente
decisión de la Corte Constitucional incluso va
más allá y parece admitir la aplicación del régimen de excepción previsto en el artículo 407
de la Constitución, por el que se requeriría de
una declaratoria de interés nacional previa la
realización de actividades extractivas de recursos no renovables en todas las áreas de humedal35. Nótese que la Corte no hace diferencia,
para fines de aplicación del régimen constitucional, entre los humedales ubicados dentro o
fuera de las áreas protegidas; sino que enfatiza
en su condición de ecosistemas altamente sen43sibles. Esto último es importante observar pues
la decisión constitucional proveería un importante lineamiento para entender el concepto de
¨ área protegida ¨, desde una perspectiva que
no solo incluye aquellas que integran el actual
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (44
áreas); sino todas las áreas naturales que están
protegidas por el Ecuador, bajo distintas estrategias de conservación, entre las que se incluye
la de la Convención de Ramsar. Cabe anotar que
esta última interpretación es la que más se acerca
al concepto de Patrimonio Natural y del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, previstos en los artículos 404 y 405 de la Constitución ecuatoriana.
7.2.2. En cuanto a las limitaciones del derecho
de propiedad, derivadas del plan de manejo,
éstas deberán aplicar incluso en áreas sujetas a
derechos de propiedad privada, porque lo que
interesa es garantizar la inalterabilidad de sitios
de importancia internacional. Esto es importante aclarar, pues la Convención Ramsar no discrimina las designaciones de sitios en razón del
régimen de derechos de propiedad. Convieneaclarar que este efecto, en ninguna forma, afecta derechos adquiridos; sino que los limita en
cuanto a su uso. Este efecto jurídico no es novedoso; ya está previsto en la legislación nacional
y aplicable en materia de patrimonio forestal,
desde hace más de veinte años36.
A partir de estos antecedentes, es posible concluir que, sin duda, el futuro se presenta optimista para la conservación y uso racional de los humedales en el Ecuador. Y, desde una perspectiva
jurídica, sin duda, la declaratoria constitucional
de los humedales como ecosistemas frágiles y
amenazados, sumada al régimen constitucional sobre la conservación y manejo del agua,
se erige como el pilar normativo que guiará las
reformas legales y secundarias necesarias para
alcanzar la conservación y uso racional de los
En este marco, la Convención Ramsar y sus lineamientos que son producto de casi cuatro
décadas de experiencia, deberá constituirse en
su eje central1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial No. 449: 20/10/2010. Artículo 406.
2 CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES ACUÁTICAS. Decreto Ejecutivo No.1496 (adhesióndel Ecuador) publicado en el Registro Oficial No. 434: 10/05/1990.
3 SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales. 4ª. Edición. Secretaría de la Convención de Ramsar.Gland, Suiza. 2006.
4 www.ramsar.org
5 SECRETARÍA DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales.
6 ROBERT BOARDMAN, International Organization and the Conservation of Nature. Indiana University Press. Bloomington, Estados Unidos. 1981, p. 164.
7 E. CARP (Editor). International Conference on the Conservation of Wetlands and Waterfowl: Proceedings. International Wildfowl Research Bureau. Slimbridge, Estados Unidos. 1972,p.p. 5 y 6.
8 M.J. BOWMAN. The Ramsar Convention Comes to Age. (1995) 42 Netherlands lnternational Law Review. (1995), p. 16.
9 DUNCAN FRENCH. A Reappraisal of Sovereignty in the Light of Global Environmental Concerns. 21 Legal Studies. (2001), p. 391.
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Artículos 3(7); 400; 404. Sobre la materia, ver un interesante análisis de AGUSTÍN GRIJALVA. Régimen constitucional debiodiversidad, patrimonio natural y ecosistemas frágiles; y, recursos naturales renovables. En: Desafíos del derecho ambiental ecuatoriano frente a la Constitución vigente. Centro
Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Quito. 2010.
11 La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (1971), la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), La Convención sobreel Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (1973), la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979), y, el
12 CYRIL DE KLEMM E ISABELLE CRÉTEUX. La Evolución Jurídica de la Convención de Ramsar. Ramsar Convention Bureau. Gland, Suiza. 1995.
13 CONVENCIÓN DE RAMSAR. Artículo 3(1).
14 CONVENCIÓN RAMSAR. Consideraciones.
15 Ver: HUGO ECHEVERRÍA. La Convención Ramsar en el Ecuador. Guía sobre la conservación y uso racional de los humedales. Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Quito, Ecuador. 2008.44Derecho Ambiental
16CONVENCIÓN RAMSAR. Artículo 2(4).17 IBID. Artículo 2(5).
18 IBID. Artículo 4(2).
19 IBID. Artículo 4(1).
20 CONFERENCIA DE LAS PARTES. RECOMENDACIÓN 4.4: Creación de Reservas de Humedales.
21 CONVENCIÓN DE RAMSAR. Artículo 4(3).
22 IBID. Artículo 4(5).
23 Ver: HUGO ECHEVERRÍA. La Convención Ramsar en el Ecuador. Guía sobre la conservación y uso racional de los humedales.
24 DECRETO NO. 1496. Registro Oficial No. 434: 10/05/1990.
25 CONVENCIÓN DE RAMSAR. Artículo 10.
26 Esto sin perjuicio del rol institucional que el Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce en materia de tratados internacionales.
27 COMITÉ NACIONAL RAMSAR. Registro Oficial No. 238: 23 de Diciembre de 2003.
28 REGISTRO OFICIAL No. 60: 05/11/2009.
29 No obstante hay que destacar que dentro del esquema administrativo de las áreas naturales, se establecieron categorías de manejo que, indudablemente, han contribuido a la protecciónde estos ecosistemas. Así, 11 de los 13 sitios Ramsar están geográficamente ubicados dentro de áreas naturales protegidas.
30 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE. Codificación publicada en el Registro Oficial Suplemento No.418: 10 de Septiembre del 2004.Artículo 1.
31 POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES Primera versión 1994. Las Políticas Básicas fueron revisadas en el año 2006, pero la referencia a los humedales se mantuvo.
32 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA. Libro III. DEL RÉGIMEN FORESTAL.
33 POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR. Registro Oficial No. 11: 30 de Enero de 2007. Línea estratégica 2. Resultado 1.
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). Registro Oficial No.449: 20 de Octubre del 2008. Artículo 406.
35 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Sentencia No. 001-10-SIN-CC. Registro Oficial Suplemento No. 176: 21/04/2010. Ver análisis del problema jurídico número 12 sobreminería y derechos ambientales y de la naturaleza.
36 Así por ejemplo, el artículo 10 de la LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE dice: ¨ El Estado garantiza el derecho de propiedad privadasobre las tierras forestales y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las Leyes ¨.45PerfilPor: Eugenia Silva G.Dr. Hernán Salgado Pesantes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFue un honor haber compartido inolvidables recuerdos con el Dr. Hernán Salgado Pesantes,
dedicado catedrático de quien tuve la fortuna de recibir las primeras lecciones de Derecho en
Junto con su distinguida esposa señora Vera Levy Hazan, con quien forma un hogar muy cálido y feliz; mantuvimos ameno diálogo y apreciamos su pasión por los libros, pues nos ilustró
en diversas temáticas en su importante biblioteca.
Jurista destacado que supo representarnos dignamente a nivel internacional con su designación como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También aplicó sus valiosos
criterios en las funciones que cumplió como Ministro de la Corte Suprema de Justicia y como
Vocal del Tribunal Constitucional.
Ha contribuido a la literatura jurídica con numerosos análisis, obras y ponencias.46Doctor su origen es cuencano, coméntenos de su infancia y su familia.
Nací en Cuenca en 1939, para entonces la ciudad era pequeña
en extensión y población, donde era común que todos conocieran a todos, incluso los habitantes de los valles azuayos estaban
vinculados con la ciudad. Según mis vivencias, en el ambiente
cuencano predominaban la religiosidad, la erudición -en el sentido de querer saber de todo- y la poesía. Mucho tomé de lo primero, poco de lo último. Quizá para ello contribuyó el hecho de
que mi abuela materna fuera sobrina de Julio María Matovelle,
cuya evocación estuvo presente. Desde mis primeras letras me
aferré a los libros, los cuales ejercieron en mí una suerte de fascinación.Realizó sus estudios primarios en Cuenca en el Colegio San José
de la Salle, la secundaria la concluyó en la ciudad de Guayaquil,
cuéntenos alguna anécdota de ese periodo de su vida.
Siempre he recordado con gratitud a la Escuela de los Hermanos de la Salle donde inicié mi aprendizaje que años después
comprendería que fue integral, al incluir además de los saberes
humanos la dimensión espiritual sintetizada en la ética y moral
cristianas. Estimulado con algunas condecoraciones pasé a estudiar con los lasallanos de Guayaquil, ciudad en la que vivían
numerosos familiares. Los últimos años de colegio los hice en el
Nacional Vicente Rocafuerte. Este cambio de establecimientos
educativos me fue positivo y contribuyó a darme una personalidad propia. Las explicaciones de mis profesores las tomaba con
espíritu crítico, uno de ellos –J.J. Pino de Icaza- supo comunicarme con su pasmosa erudición literaria la riqueza del pensamiento humano y avivó mi deseo de emulación. Para entonces,
Guayaquil se había convertido en mi “Patria chica”.Una vez graduado de Bachiller en Filosófico-Sociales en el Colegio
Vicente Rocafuerte, inicia sus estudios en Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil, ¿por qué la elección de esta disciplina?“Ciertamente pueden haber
Constituciones que sean mejores que otras y así ha ocurrido
en nuestro país, pero tenemos
también la certeza de que el
problema principal no radica en
Además, todos sabemos que no
existen Constituciones perfectas, el mérito está en hacerlas
a la medida de los pueblos
que deben regir, sin estar de
espaldas a su realidad. Por ello
se habla constantemente que
existe una Constitución real,
aquella dada por la estructura
socio-económica y cultural de
un pueblo, sobre la cual debe levantarse la Constitución jurídica
llamada a instaurar un orden
social justo donde el ser humano y la sociedad toda hallen las
47Al inclinarme por el estudio de las ciencias filosófico-sociales había tomado una opción acorde con mis lecturas predilectas y, en mi entender, éstas convergían a la ciencia del Derecho
y a la profesión de abogado. No fui una excepción a los ideales que abriga todo joven y por
ello pensaba que el Derecho me acercaría al
ideal de un orden justo con libertad. El tiempo
transcurrido y los estudios realizados me han
confirmado tal aserto. También pensé que la
abogacía sería como tomar una armadura protectora para luchar contra las situaciones de injusticia. Comprendo que tal idea tenía mucho
de sensibilidad e idealismo. Elementos de los
cuales todavía no me he despojado.Recuerda ¿qué maestros conformaron su Tribunal de Grado Doctoral y cuál fue el tema de su
De los cinco profesores que conformaban el
Tribunal, recuerdo con viva emoción a los doctores Raúl Clemente Huerta, Nicolás Castro
Benítez y Luis Antonio Arzube. Un distinguido
procesalista, el Dr. Tomás Valdivieso Alba me
instó a que realizara mi tesis doctoral en el ámbito procesal y él aceptaba tomar la dirección.
Así ocurrió, mi trabajo de investigación se intituló: “La sentencia como fin de la relación jurídica procesal”.Por sus méritos estudiantiles fue galardonado
con una beca del gobierno de Francia para estudiar en la Sorbona. Cuéntenos sobre esa experiencia.
Durante mi carrera universitaria mantuve latente el deseo de conseguir una beca y poder
estudiar una especialización en Europa. Con
el tiempo consideré que el país indicado era
Francia, pensaba que entonces podría leer en
su propia lengua a los clásicos del pensamiento político francés. Con mucha predisposición
estudié dicho idioma y tomé contacto con la
48Embajada de Francia a través del Consulado de
Guayaquil. Presenté mi hoja de vida estudiantil,
se me pidió el programa concreto de estudios a
realizar. Solicité una beca por dos años de duración debido a que deseaba hacer un doctorado
de postgrado (PhD). Transcurrido cierto tiempo
fui notificado con la aceptación: se me concedía una beca del Gobierno de Francia por los
dos años. La demora, me explicaron, se debió
a los sucesos universitarios (Mayo del 68) que
alteraron al país galo.
En París, luego de rendir una prueba de capacidad, fui matriculado en la Universidad de Panteón Sorbona. Tuve clases presenciales por dos
años, después del primero podía inscribir el
tema de investigación para la tesis doctoral que
fue: “Evolution des principes de non-intervention
et de la souveraineté dans la téorie et la pratique
soviétiques du droit internacional”. Esta temática
me traería grandes dolores de cabeza, no medí
las dificultades; lo hice a petición de un distinguido profesor –Pierre Cot- que apreció mis
análisis sobre la invasión de la Unión Soviética
a Checoslovaquia. La terminación de la tesis
doctoral exigió duplicar tiempo y esfuerzos,
permanecí casi cinco años en París y la beca se
me amplió generosamente. El doctorado fue
en Estudios Políticos, que era el equivalente en
la Sorbona a Ciencias Políticas.Usted tuvo la oportunidad de visitar prácticamente toda Europa, ¿qué país considera Ud.
como un ejemplo de democracia y por qué?
Durante los períodos de vacaciones pude recorrer los países vecinos a Francia. Por motivo de
mi tesis se me facilitó visitar centros universitarios de Moscú en dos ocasiones (para reunir
documentación y tomar contacto -en idioma
francés- con profesores rusos); también pude
conocer la realidad de Checoslovaquia y de
Polonia. Gran atracción tuvo para mí estar en
Grecia y recrear su historia.PerfilEl Doctor Salgado junto a los Jueces de La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.Considero difícil señalar un determinado país
como modelo de democracia. La democracia
tiene estándares exigentes, pienso que en los
primeros países que fundaron la Comunidad
Europea se están concretando elementos trascendentes de lo que la doctrina jurídico-política concibe como democracia.También tuvo la oportunidad de conocer a importantes juristas, ¿puede referirnos algunos y qué
lecciones aprendió de ellos?
Entre mis maestros, cuya influencia recibí, están
constitucionalistas como: Georges Vedel, Maurice Duverger, Georges Burdeau, autor de un
tratado de Ciencia Política en diez tomos que
es realmente un estudio de Derecho Constitucional utilizando la metodología de las ciencias
políticas; también el sociólogo Raymond Aron
y otros. Entre las lecciones que se aprenden citaría la honradez académica, el análisis preciso
y claro que aflora en síntesis bien elaboradas,
con rigor científico, y que demuestran un dominio absoluto del tema. Durante mi estadía
universitaria aprendí mucho, sea en las aulas y
bibliotecas o en la vida cotidiana; en la interrelación con personalidades diversas lo que lleva
al pluralismo y a la tolerancia en un marco de
respeto común.Durante algún tiempo fue profesor en distintos
colegios de Guayaquil, ¿cómo inicia su larga carrera en la cátedra universitaria?
Una de mis vocaciones ha sido la docencia,
quizá sea congénita, en mi familia paterna han
habido buenos pedagogos. Muy prontamente
me inicié como profesor en algunos colegios de
Guayaquil, mi meta era pasar a la Universidad.
Pero consideré que debía estar suficientemente preparado y esta fue una de las razones para
buscar un postgrado. A mi regreso de Francia
iba a dictar clases en las dos Universidades
que para entonces habían en Guayaquil (1974)
pero la Providencia me trajo a Quito (mi cónyuge prefirió habitar en Quito), donde al no tener
amistades se me dificultó encontrar una vacante universitaria. Mi diploma francés no fue de
ayuda, solo despertó desconfianza. En mayo
de 1978 leí en la prensa la convocatoria a un
concurso de méritos y oposición para llenar la
cátedra de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica y la obtuve, pasando
de inmediato a dictar clases. Desde entonces
he permanecido en la PUCE, gran parte como
profesor de tiempo completo.Fue Subdecano y Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, ¿cuáles fueron sus vivencias más gratas y cuáles las más difíciles?49Los estudiantes valoraron favorablemente mi
forma de conducir la cátedra, para aquella época ellos intervenían activamente en la elección
de las autoridades. Primero, fui designado al
Consejo de Facultad, luego Subdecano (aunque mi binomio -Dr. Jaime Flor Vázconez- no
logró la votación necesaria) y después Decano (1987-89). Estas designaciones, obtenidas
por el respaldo de los estudiantes, fueron un
estímulo permanente para ser siempre mejor
en la cátedra. Mi Decanato se caracterizó por
impulsar la investigación y realizar varias publicaciones (ILDIS auspició este esfuerzo); para
el bicentenario de la Revolución Francesa invitamos a profesores galos; con el Dr. Ernesto
Albán trabajamos en un proyecto de Ley de
estupefacientes (auspiciados por la Fundación
Nuestros Jóvenes), que después con algunas
alteraciones sería aprobada por el Congreso.
Un momento desagradable fue cuando no obtuve el apoyo de mis colegas para la reelección
a pesar de que era tradición que el Decano en
funciones fuera reelecto para un segundo período. Pasado ese momento, me pareció bien
que fuera el único Decano que hizo un solo pe-50ríodo y preferí quedar así, desoyendo los constantes pedidos de los estudiantes.¿Siempre ha sido el Derecho Constitucional la
especialidad de su preferencia?
Me apasionan todas las disciplinas jurídicas que
estudian el fenómeno del Derecho. He dictado
clases de: Teoría General del Estado, necesario
antecedente del Constitucional; Introducción
al Derecho que permite una visión global del
mundo jurídico. Pero mi especialidad es el Derecho Constitucional estudiado bajo el prisma de
la ciencia política, como aprendí de mis maestros franceses. Esta formación me hace renuente
a las teorías que hoy se expanden de aquellos
docentes que cultivan la Filosofía del Derecho,
los iusfilósofos. Diría que prefiero “pisar tierra”.
Mi segunda especialidad son los Derechos Humanos y los sistemas establecidos para su protección. De esta conjunción Derechos-Constitución hoy en Iberoamérica desarrollamos –me
incluyo- el Derecho Procesal Constitucional.Perfil
Autor de innumerables obras, artículos y análisis. Si tuviera que escoger o recomendar los
más significativos, ¿cuáles serían y por qué?
Las obras también envejecen, dura lección
para los académicos. Por estar actualizada
recomendaría mi “Introducción al Derecho.
Un esbozo de Teoría General del Derecho”, segunda edición, 2010. Mis otros textos en materia constitucional que aspiran a una nueva
edición son: “Instituciones Políticas y Constitución del Ecuador”, un análisis que partiendo de la Constitución examina las funciones y
competencias de los órganos del Estado ecuatoriano; “Lecciones de Derecho Constitucional” contiene básicamente los fundamentos
doctrinales de las instituciones; mi “Manual
de Justicia Constitucional” que enfoca las garantías jurisdiccionales para la protección de
los derechos fundamentales, además de las
acciones de inconstitucionalidad, en la nueva
edición se llamará “Manual de Derecho Procesal Constitucional” para promocionar a esta
nueva disciplina. Una parte de mis ponencias
sobre el sistema de protección interamericano de Derechos Humanos -que podrían interesar- serán recogidos en un texto.Como Magistrado del Tribunal Constitucional,
¿pudo aplicar efectivamente la doctrina que Usted propugnaba o tuvo limitantes?
Creo haberlo hecho. Lo frustrante es cuando
por desconocimiento de la doctrina constitucional la mayoría toma un camino contradictorio; en todo caso, queda la posibilidad de salvar
el voto y explicar los fundamentos de esa posición. Cuando un juez actúa con independencia
y saber jurídico afirmaría que no existen limitantes. También hay que saber aceptar que los
demás jueces discrepen –pero con fundamentos- de las tesis jurídicas que uno exponga.Una de sus funciones más importantes ha sido
su desempeño como Juez de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos de la OEA, ¿recuerda
su decisión más compleja?
En efecto, considero que ha sido la función más
trascendente en mi vida, que me permitió –a lo
largo de doce años- transformarme en juez, lo
digo con humildad. En este ámbito se juzga a
los Estados sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y se realiza el ideal de luchar
contra la injusticia contenida en la violación de
los derechos humanos; también se comparte el
dolor que transmiten las víctimas y sus familiares. Un juez, además de ser objetivo, debe ser
sensible para comprender el drama humano.
Una cuestión compleja que me tocó enfrentar
como presidente de la Corte (1999) fue cuando
el gobierno del señor Fujimori en Perú decidió
retirarse de la jurisdicción de la Corte para evitar que ésta siga juzgando las violaciones a los
derechos humanos. Oficialmente señalé que el
Estado peruano no podía actuar de ese modo,
mis argumentaciones jurídicas las recogieron
los medios de información de Perú y causó disgusto a los voceros del gobierno. Meses después este gobierno sucumbió.Fue designado Magistrado de la Corte Suprema
de Justicia a través de una selección minuciosa,
ocupó el segundo lugar entre los mejor puntuados, ¿qué reflexiones puede compartirnos de la
administración de justicia de ese periodo?
Participé en ese concurso porque consideré
que la experiencia adquirida debía ponerla al
servicio de mi país. Recuérdese que por los hechos políticos que ocurrieron en diciembre de
2004 la administración de justicia se paralizó y
los juicios se acumularon dramáticamente. Todos pusimos nuestra mejor capacidad para despachar lo más pronto posible las causas; pienso que la mayoría trabajamos con probidad e
independencia, desde luego las excepciones51no faltan. La autodepuración fue efectiva y el
sistema de cooptación funcionó; faltó poner en
práctica la evaluación de los jueces.
Esta Corte Suprema duró tres años, la transitoria constitucional dio por terminadas las funciones y dispuso un sorteo para reducir el número;
de los 21 sorteados solo 3 aceptaron continuar,
los 18 nos retiramos con la dignidad con que
ingresamos. El tiempo transcurrido está dando
la razón a los argumentos expuestos. El Consejo de la Judicatura, órgano pesadamente
burocrático, fue inoperante y ha continuado
siéndolo aunque con mayores atribuciones. La
capacitación de los jueces sigue en planificación. Se realizaron concursos, se nombraron a
los jueces de las Cortes Superiores (hoy Provinciales) pero allí quedó. El denominador común
ha sido la presencia de jueces encargados y de
alternos. Las estadísticas señalan que faltan
juzgados y jueces pero no se da la solución. La
crisis de la Justicia la ahondan los jueces amedrentados y aquellos aduladores del Poder.Ha recibido numerosos homenajes y reconocimientos, ¿cuál ha sido el más sentido?
No, realmente no los he recibido, salvo una
condecoración del I. Municipio de Quito en diciembre de 2009, otra del Colegio de Abogados de Guayaquil como “Mejor Abogado 2009”,
y de la Asociación de Profesores de la PUCE por
los 30 años de docencia. No obstante, mis discípulos siempre me han dado su afecto y reconocimiento, mismo que se plasmó en llamar con
mi nombre a la biblioteca estudiantil.Usted está casado desde hace muchos años con
la señora Vera Levy Hazan de origen brasileño,
Los años pasados juntos -37 ya- van consolidando una unión y fortaleciendo los afectos.
52Mi mujer es de Río de Janeiro, la conocí en los
años en que fui estudiante en París, ella también lo era. Nos casamos después que regresamos a nuestros países de origen, otorgándonos
un lapso de reflexión.Nos puede referir su entorno familiar más próximo.
Está conformado por mi mujer y mis dos hijos
(Luis y Claudia), unos pocos amigos y algunos
familiares.Conocemos que su hija siguió sus pasos en la
elección del Derecho como profesión, ¿qué consejo le ha dado siempre?
Generalmente los padres nos alegramos cuando algún hijo “hereda” nuestra profesión, pero
también es bueno que los hijos nos hagan conocer otros campos de actividad. Para mi hija,
como para todos mis discípulos, he insistido en
el comportamiento ético, fundado en la moral
cristiana, en autodesarrollar –al máximo de las
capacidades- el conocimiento jurídico. Y en ser
indeclinables en mantener y defender determinados principios que constituyen la esencia de
la vida.¿Cómo es el día a día del Dr. Hernán Salgado?
Nada especial, en la mañana acudo a la Universidad, dicto clases, examino trabajos, atiendo a
los estudiantes y me place conversar con ellos.
En la tarde, despacho desde mi casa algunas
consultas y asesorías que me solicitan; en la
noche tengo la costumbre de realizar mis trabajos académicos propios, leer, escribir (que de
cuando en cuando los interrumpo para dialogar con mi mujer).¿Cuál su diversión, comida y música favoritas?PerfilEl Dr. Salgado junto a su esposa e hijos.Caminar, conversar, tener momentos de silencio. Gusto de la comida típica nacional tanto
como escuchar nuestra música interpretada en
piano; los valses de Johann Strauss me permiten evocar lo vivido.¿Qué nos puede decir de su Biblioteca, nos han
comentado que es muy completa?
Considero que es el mejor bien material que
poseo, la mayor parte son textos jurídicos pero
contiene diversas disciplinas (derechos humanos, literatura, historia, sociología, religión).
Especial valor tienen los libros con dedicatoria
ofrecidos por mis colegas iberoamericanos y
ecuatorianos. No querría caer en la exageración
pero tomar un libro para buscar el dato que se
necesita, hojearlo y leerlo es un deleite. Y qué
mejor si los libros que se utilizan están al alcance de la mano. Siempre pido a mis estudiantes
ir formando su propia biblioteca.Si tuviera que regresar a un sitio en especial, ¿a
dónde sería y por qué?Me place regresar a Francia para reencontrar
los pasos perdidos…¿Qué consejo daría para mejorar la administración de justicia?
Una opinión más que un consejo sería que
los entes políticos comprendan –de buena
fe- que la Función Judicial para cumplir su
finalidad debe ser independiente y contar
con un presupuesto acorde a sus necesidades; que las autoridades judiciales –con más
amor- cuiden y fortalezcan la institucionalización de la Justicia (temo que no existe),
estimulando la carrera judicial, capacitando
a jueces y más servidores, creando consciencia del servicio público que dan, con salarios
equitativos (evitando desproporciones), sistema objetivo e imparcial de evaluación para
todos, régimen disciplinario aplicado con
equidad y firmeza. La suma de estos y otros
elementos –en un accionar conjunto- podrán
53Novedades Informáticas
Cristian Suárez Q.
Ing. en Sistemas Informáticos y
Networking de la Universidad
Tecnológica América
Curso LOGICSTUDIO
· Visual Studio 2010 con
Analista Programador en la
empresa CORPORACIÓN MYL
Soporte Técnico a usuarios en la
Asistente de Sistemas en la
AMÉRICA54Conocer nuestro computador es muy
importante para darle un correcto
uso y no llegar a reducir su tiempo de
vida ni sobrecargarlo. Existen muchos
mitos acerca de la informática, que a
veces nos condicionan ya sea por desconocimiento o por no saber que sucede dentro de un computador.
1. Es malo tener imanes pegados
VERDAD. El imán desgasta los
colores. Si quiere comprobar
coloque frente al monitor un
desarmador que tenga imán en
la punta y puede observar cómo
se distorsionan los colores de la
2. Empujar la bandeja de CD para
meterlo adentro de la unidad es
MITO. No existe ningún problema porque está fabricado para
eso, claro si no se usa demasiada
3. Si se derrama agua encima del
teclado, puede dañarse.	VERDAD. Se queman las pistas demetal que están abajo de las teclas.
4. Es importante que haya espacio
entre el monitor y la pared.
MITO. No es necesario, solamente se requiere una buena ventilación.
5. Un computador consume más
energía cuando se enciende, que
en varias horas de uso.
MITO. Al encender consume sólo
un poco más que estando en
funcionamiento así que no existe una diferencia notable.
6. Le hace daño al CPU tener un celular cerca.
MITO. De ninguna manera, la señal del celular solamente provoca interferencia pero no afecta a
ningún componente interno del
7. Cuando se apaga el computador,
hay que dejar descansar unos
segundos antes de prenderlo de
VERDAD. Es recomendable 10 se-gundos para que los componentes mecánicos y electrónicos no sufran daños.
8. Cuando se apaga la PC es conveniente
apagar también el monitor.
MITO. Después de apagar la CPU, el monitor queda en estado de bajo consumo de
energía y no se desgasta.
9. Es bueno para el monitor que el protector
de pantalla se active cuando no se está
MITO. Los monitores CRT modernos ya
no se ven afectados en el desgaste de los
colores, mucho menos los LCD aunque el
protector de pantalla permite un consumo menor de energía.
10. No es bueno mirar la luz roja de un mouse
VERDAD. Es una luz fuerte que puede causar daños aunque será imposible que deje
ciego a una persona.
11. En las notebooks o portátiles hay que enchufar primero el cable de corriente a la
computadora y después conectar al tomacorriente.
MITO. El orden para conectar un equipo lo
puede hacer como usted desee.
12. No ubique el computador donde le llegue
VERDAD. El equipo se recalienta más de
lo normal, con lo cual disminuye su vida
13. No se deben poner CD’s, disquetes o cualquier otro elemento sobre la CPU.	MITO. Nada de lo que se ponga sobreella la afecta, a menos que esté mojado
y el agua pueda filtrarse al interior de la
14. La capacidad utilizada del disco duro con
el 80% o más, hace más lento el PC.
VERDAD. El funcionamiento del computador será lento.
15. Retirar la memoria USB sin expulsarla
desde el sistema es malo.
MITO. Los sistemas operativos modernos
vienen con la opción por defecto “Optimizar para extracción rápida”, con lo que
solo debería preocuparse de no estar
realizando alguna operación de lectura/
escritura sobre el dispositivo USB al momento de desconectarlo.
16. El escritorio lleno de íconos, hace más
lento el computador.
MITO. En la actualidad los íconos usan
caché, por lo que el rendimiento no se
ve afectado aunque si determinan un
desorden personal para guardar la información.
17. Apagar la máquina desde el botón, sin ir
a Inicio y hacerlo correctamente, daña el
MITO. Los discos duros actualmente vienen con una característica llamada autoparking que se activa cuando se corta la
energía por lo que los archivos del sistema operativo podrían quedar corruptos,
pero no existen daños físicos en el disco
55Derecho y Economía
Análisis econométrico del
económica del delincuente
II ParteAlfredo Verdezoto N.
Economista por la Pontificia
Ecuador, PUCE.
Estudios de Derecho en la
Católica del Ecuador, PUCE.
de Analista y Diseño de
Evaluación Social de Proyectos.5. Resultados.-A continuación, se establece un
análisis econométrico de los delitos que más se acomodan a una
explicación económica: hurtos y
robos a nivel nacional desde el año
2002 hasta el año 2008. Primero
presentamos los gráficos, luego
un correlograma para conocer la
estacionalidad o no de las series,
hacemos un análisis de autorrelación y finalmente presentamos en
los dos tipos de delitos la posibilidad de definir un modelo que se
ajuste a un proceso autorregresivo y/o de media movible.
5.1. ANÁLISIS DE MODELO DE COMPORTAMIENTO DE LOS ROBOS DESDE
EL 2002 HASTA EL 2008 A NIVEL NACIONAL.Al correr la base de datos en el stata podemos observar el siguiente resultado
gráfico:56Gráfico 1.-Fuente: Fiscalía General del Estado
Elaboración: El autorPara analizar la serie de tiempo establezco los siguientes parámetros:
•	Tendencia en el tiempo•	Una o más partes cíclicas o estacionales (seasonal).Tendencia en el tiempo.- Como muestra
el gráfico existe una tendencia creciente
en el acometimiento de delitos, la misma
que se establece como persistente, por
lo cual mediante un modelo, sea AR, MA
o ARMA pueda ser eliminado.Partes cíclicas o estacionales.- Para conocer si
tiene esta característica se debe verificar la estacionalidad con lo cual se establece si su media
y su varianza son constantes en el tiempo y si el
valor de covarianza entre dos períodos depende
solamente de la distancia o rezago entre estos
dos períodos de tiempo y no del tiempo en el
cual se ha calculado la covarianza. Aparentemente según el gráfico se podría decir que la
serie es no estacionaria, porque a primera vista,
por lo menos la media, la varianza y las autocovarianzas de las series individuales no parecen
ser invariantes en el tiempo.
Por ello se establece la prueba de estacionalidad
basada en la función de autocorrelación (FAC),
para lo cual se define el siguiente correlograma:Cuadro número 1.- Correlograma del número
total de robos a nivel nacional desde el año
2002 al 2008.- ( Ver Cuadro parte inferior)
El correlograma muestral se encuentra hasta el
rezago 34 y una característica importante de
este instrumento econométrico es que empieza
en un valor “alto” (0,5 en el rezago 1) y se va desvaneciendo gradualmente (-0,0432 en el rezago
34). Este tipo de patrón es, por lo general, una
indicación de que la serie de tiempo es no estacionaria. En contraste, si un proceso estocástico
es puramente aleatorio, su autocorrelación en
cualquier rezago mayor que cero es cero.
Para probar la hipótesis conjunta de que todos
los coeficientes de autocorrelación Pk son si-57multáneamente iguales a cero, se puede utilizar
la estadística Q, la cual está repartida aproximadamente como la distribución ji cuadrado con
m grados de libertad. En una aplicación, si la Q
calculada excede el valor Q crítico de la tabla
ji-cuadrado al nivel de significancia seleccionado, se puede rechazar la hipótesis nula de que
todos los Pk son iguales a cero; por lo menos
alguno de ellos deben ser iguales a cero.
Gráfico 2.-ilícitos en ciertas épocas del año, aunque esta
caída no es persistente, esto se podría deber a
factores exógenos al modelo como control policial, desempleo, caída del ingreso por familia,
etc, pero para el presente estudio no se lo considera, pues reitero, lo que pretendo es saber
un patrón de comportamiento inherente a la
En consecuencia establezco un modelo AR(1):Fuente: Fiscalía General del EstadoCuadro número 2.( Ver Cuadro Siguiente pag.)Elaboración: El autorPara verificar si existe la posibilidad de eliminar
la estacionalidad en el gráfico 1, definimos un
logaritmo del número total de robos a nivel nacional, pero se puede observar que no existen
cambios significativos. Posteriormente establecemos un proceso de autorrelación para conocer si existe o no estacionalidad, así:
Gráfico 3.-( Ver Cuadro Siguiente Columna.)
Elaboración: El autorObservamos que por lo menos hasta el rezago
8 no existiría estacionalidad dentro del proceso de autocorrelación, en lo posterior se verifica que hay un alto y bajo de los delitos. Puedo
concluir que existe una caída de este tipo de
58Resultados de un proceso AR(1).Estableciendo un modelo AR(1), puedo verificar
que presenta datos que podrían dar a entender
que se trata de un modelo de estas características. Luego de realizar varias pruebas, rezagos
y diferencias, puedo establecer que esta es la
mejor manera de mirar el comportamiento
subyacente que existe en este proceso, pese a
que en el cuadro número 2 aún se mira un índice muy bajo en los estadísticos chi cuadrado se
acomodan los estadígrafos a un proceso auto
regresivo (AR).
5.2. ANÁLISIS DEL MODELO DE COMPORTAMIENTO DE LOS HURTOS DESDE EL 2002 HASTA EL 2008 A NIVEL NACIONAL.-Derecho y Economía
largo del tiempo. Por lo tanto es importante establecer
un correlograma con el cual
se pueda observar si existe o
Gráfico 5.Fuente: Fiscalía General del Estado
Elaboración: El autorDe igual manera se establece el gráfico que
permita definir si la serie es estacional o no, se
determina que a partir del año 2002 existe un
creciente acometimiento de este tipo de delitos, que se prolonga hasta el año 2008. Desde
un primer inicio podemos observar que el número de hurtos no es tan grande como el número de robos, y su estacionalidad es diferente,
según los resultados que arrojan el correlograma.
Gráfico 4.-Fuente: Fiscalía General del EstadoPara probar la hipótesis conjunta de que todos
los coeficientes de autocorrelación Pk son
simultáneamente iguales a cero, nuevamente
se utiliza la estadística Q, que como se dijo, ella
está repartida aproximadamente como la distribución ji cuadrado con m grados de libertad.
En una aplicación, si la Q calculada excede el
valor Q crítico de la tabla ji-cuadrado al nivel
de significancia seleccionado, se puede rechazar la hipótesis nula de que todos los Pk son
iguales a cero; por lo menos alguno de ellos
Elaboración: El autorBuscando definir si existe un comportamiento
estacional, defino el logaritmo de la serie anterior, tal como se observa en el gráfico 4, dando
como resultado un cambio no muy marcado
en el gráfico, se define que existe una persistencia por el acometimiento de este ilícito a loCuadro número 3.- Correlograma del número
total de hurtos a nivel nacional desde el año
2002 al 2008.Adicionalmente, el correlograma muestral que
se encuentra hasta el rezago 34 y una característica importante de este es que empieza en
59robos, defino una autocorrelación pero del logaritmo de
los hurtos, estableciéndose
un resultado por el cual ya
al segundo rezago muestra
que podría darse un mejor
ajuste a una estacionalidad y
por ende a una mejor explicación del comportamiento
subyacente a la serie.
Cuadro número 4.- Resultados de un proceso AR(1).( Ver Cuadro Siguiente pag.)un valor “alto” (0,6 en el rezago 1) y se va desvaneciendo gradualmente (-0,1752 en el rezago
34). Este tipo de patrón nos indica que la serie
de tiempo, al igual que los delitos por robos, es
no estacionaria.
Gráfico 6.-Fuente: Fiscalía General del Estado
Elaboración: El autorAl igual que el análisis realizado con la serie de tiempo de los delitos por robos,
puedo manifestar que esta
serie de tiempo también se
acomoda a un proceso AR
(1). Además, los datos que arrojan como la chi
cuadrado (0.2092), el test de Wald (1.58) arrojan
datos coherentemente cercanos a la realidad.
No obstante, hice varios intentos por verificar
si existían mejores resultados con procesos autorregresivos 2, 3, 14 y 20 y no me han dado
mejores resultados que los presentados en el
cuadro número 4.6. Conclusiones.•	Pese a que los aspectos relacionados con
la criminalística, derecho penal y criminología parecían aspectos vedados a la Sociología y Psicología, en el presente estudio
se demuestra de manera rigurosa que se
puede, mediante instrumentos matemáticos y estadísticos, establecer un modelo
del comportamiento del delincuente.Buscando establecer un análisis diferente al realizado con la serie de tiempo de los delitos por
60•	Los resultados del estudio demuestran
que existe la probabilidad que, mediante
un modelo AR(1) se pueda entender unDerecho y Economíacomportamiento subyacente del comportamiento económico de la criminalidad.
Esto, en otras palabras quiere decir que se
ha establecido una ecuación muy aproximada del Comportamiento delincuencial,
pudiéndose definir si se quiere un modelo
•	Un mejor ajuste, comparando las dos series de tiempo, proporciona el proceso de
autocorrelación para la base de datos de
los hurtos.7. Bibliografía
1.	A Handbook of Statistical Analyses using
Stata, Harvard University 2009.
2.	Damodar Gujarati, Econometría, tercera
edición 2004.•	En las dos series
de tiempo es difícil
establecer un tipo de
estacionariedad, por
lo cual es importante
establecer fenómenos
exógenos al modelo
que permitan explicar
un proceso más definido del por qué
se da un incremento de delitos en
ciertas épocas del año. Para realizar
este estudio es menester realizar un
análisis con datos de panel, para que
con dicho método se pueda establecer la relación de los delitos con
otros fenómenos socio-económicos
como son la escolaridad, ingreso por
familia, desempleo, población, etcprolongada, Carlos Esteban POSADA, Documento 026, 21 de Abril de 1994.
6.	República Argentina, Una aproximación
microeconómica al Crimen en la Argentina,
Marina Kessler y Andrea Molinari.3.	Green, William, Análisis Econométrico, tercera edición 2001.7.	Puerto Rico, Crimen y economía subterránea
en Puerto Rico, Julio César Pol y Rafael Silvestrini.4.	República de Chile, Departamento de Economía Universidad de Chile. Determinantes Socio Económicos de la Criminalidad en
Chile durante los noventa, José Miguel Benavente H. y Emerson Melo (2006).8.	República Argentina, Una Primera Aproximación al Crimen en la Argentina, Mariela
Balbo y Josefina Posadas, Documento de
Trabajo Nro. 10, Octubre 1998.5.	República de Colombia, Departamento
Nacional de Planeación, Unidad de Análisis macroeconómico, ARCHIVOS DE MACROECONOMÍA, Modelos económicos de la
criminalidad y la posibilidad de una dinámica9.	Roemer, Economía del Crimen, Editorial Limusa S.A., Grupo Noriega Editores, 2001.
10.	Becker Gary, Crime and Punishment: An
Economic approach, en Journal of Political
Economy, vol. 76, número 3, 1968.
61Noticias
INSTITUTO COLOMBO-ECUATORIANO DE DERECHO PROCESAL
El día 16 de abril de 2010 se constituyó el Instituto
Colombo-Ecuatoriano de Derecho Procesal, con la
intervención del profesor Jairo Parra Quijano, Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y ex Presidente del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal, y con el aval de la Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través
de su Decano, Dr. Iván Castro Patiño y las principales autoridades de la Facultad.La idea preliminar es arrancar la vida activa del Instituto con la organización de un Congreso Binacional de Derecho Procesal, con la concurrencia, obviamente, de profesores colombianos.Este proyecto tiene entre sus fines fomentar la investigación del Derecho Procesal, para coadyuvar
con el foro ecuatoriano en el estudio de las ciencias jurídicas, con énfasis en las procesales.Con estos breves antecedentes, su presidente provisional, Dr. Juan Falconí Puig invita a adherirse al
Instituto, a través de la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil bien entendido que al menos,
en la etapa inicial, se espera la importante participación de las otras Facultades de Derecho de Guayaquil y de la República, así como de los Colegios
de Abogados.Así, mediante acuerdo ministerial N° 246 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del
16 de diciembre de 2010, se aprobó el estatuto, la
constitución y personalidad jurídica del Instituto
Colombo-Ecuatoriano de Derecho Procesal.Información en la Facultad de Jurisprudencia, Secretaría de Pos grado, de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil y/o al correo electrónico institutocolomboecuatoriano@gmail.comIGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
El día ocho de diciembre del año en curso se presentó en el Auditorio de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), el libro “Igualdad y
no discriminación. El reto de la diversidad”, vigésima
publicación de la Serie Justicia y Derechos Humanos.
Neoconstitucionalismo y Sociedad. Dicha serie es
desarrollada por la Subsecretaría de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y reúne los aportes de distintos autores
nacionales e internacionales especializados en las
ciencias jurídicas y en los derechos humanos.
La obra en cuestión, comprende el análisis del derecho a la igualdad y no discriminación desde una
perspectiva amplia e inclusiva, de ahí que la motivación e idea inicial del libro se sintetiza tanto en
su título (Igualdad y no discriminación. El reto de la
diversidad), así como también en los cuatro capítulos en los que se divide: I. El principio de igualdad,
dimensiones filosóficas, II. Discriminación y medidas
62de acción afirmativa, III. Igualdad y diversidad, IV.
Los editores de la publicación son Danilo Caicedo Tapia y Angélica Porras, quienes también forman parte
del grupo de autores de la publicación, conjuntamente con Boaventura de Sousa Santos, Roberto
Saba, Luis Prieto Sanchís, Luigi Ferrajoli, Norberto
Bobbio, Ezequiel Nino, José García Añón, Marcela
Rodríguez, John Antón Sánchez, Mariano Fernández
Valle, Agustina Palacios, Bartolomé Clavero, Roxana
Arroyo Vargas, Carlos Bernal Pulido, Judith Salgado
Álvarez y Ariel Dulitzky.BIENVENIDOS a la nueva era de
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365 DÍASInformación actualizada en tiempo realSi desea restringir su búsqueda a una norma o un
grupo de normas, marque las casillas que se encuentran junto al nombre de las mismas en la tabla de
contenidos.Al desplegarse los resultados,
usted puede ver el número de
aciertos en la tabla de contenidos,
y al desplegarla se puede observar
que la búsqueda se realizó únicamente en los cuerpos legales
seleccionados.63Por: Andrea Navarro GuerraEstadística Legislativa
El año que ha finalizado, trajo consigo varias
leyes que fueron expedidas con la finalidad de
mejorar la realidad nacional, además de adecuar y eliminar las normas que no iban acorde
a la actualidad y a las necesidades de la sociedad.
En el 2010 se expidieron 22 leyes, las cuales se
detallan a continuación:LEY DEROGATORIA No. 4 PARA LA DEPURACIÓN
(R.O. 352-S, 30-XII-2010)LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD
(R.O. 323-S, 18-XI-2010)LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL
(R.O. 308-2S, 26-X-2010)CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
(R.O. 306-2S, 22-X-2010)LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA
DEMOCRACIACÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN(R.O. 352-2S, 30-XII-2010)LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIORLEY REFORMATORIA A LA LEY PARA REPRIMIR
EL LAVADO DE ACTIVOS; y, el CÓDIGO PENAL(R.O. 298-S, 12-X-2010)(R.O. 352-S, 30-XII-2010)CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES
(R.O. 351-S, 29-XII-2010)LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL
RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
(R.O. 349, 27-XII-2010)LEY DEROGATORIA No. 3 PARA LA DEPURACIÓN
(R.O. 331-2S, 30-XI-2010)64(R.O. 303-S, 19-X-2010)LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO
(R.O. 294-2S, 6-X-2010)LEY DEROGATORIA No. 2 PARA LA DEPURACIÓN
(R.O. 278, 14-IX-2010)LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN
(R.O. 255-S, 11-VIII-2010)LEY INTERPRETATIVA AL DECRETO LEGISLATIVO
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 971
DE 20 DE JUNIO DE 1996 Y LEY No. 2003-5,PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 90 DE
27 DE MAYO DE 2003LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE
DATOS PÚBLICOS(R.O. 255-S, 11-VIII-2010)(R.O. 162-S, 31-III-2010)DECRETO LEY REFORMATORIO A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNOLEY DE PROTECCIÓN E INMUNIDAD DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD(R.O. 244-S, 27-VII-2010)LEY DEROGATORIA No. 1 PARA LA DEPURACIÓN
(R.O. 239, 20-VII-2010)LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL
(R.O. 196-S, 19-V-2010)LEY DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY
DE MIGRACIÓN; Y, DE EXONERACIÓN ECONÓMICO-TRIBUTARIA A FAVOR DE LOS CIUDADANOS
HAITIANOS QUE INGRESARON AL ECUADOR
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2010 Y SE HALLAN
ACTUALMENTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN EL
(R.O. 175-S, 20-IV-2010)(R.O. 128-S, 11-II-2010)
A continuación se detallan las estadísticas por
(Ver cuadro Nuevas Leyes)
Entre las leyes mencionadas, las cuatro Leyes
Derogatorias permitieron depurar y eliminar
de la legislación, normas que eran obsoletas, ya
sea han perdido vigencia pues sus preceptos no
van acorde a la realidad actual de nuestro país
o porque sus objetivos ya se han cumplido.
A continuación se detalla el número de normas
entre Leyes, Decretos Leyes, Decretos Legislativos y/o Decretos Supremos, que han sido derogadas:
(Ver cuadro Número)LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(R.O. 175-S, 20-IV-2010)65DestacamosPor: Andrea Navarro Guerra1Se reorganiza la Policía Nacional,
disponiendo que la representación
legal, judicial y extrajudicial, sea
asumida por el Ministerio del
InteriorDecreto Ejecutivo No. 632,
(R.O. 372, 27-I-2011)Con la finalidad de obtener una mejor organización,
integración y regulación de la Administración pública, se dispone esta reorganización, que se efectuará
en el plazo de 90 días.2Se dispone que para efectos del
registro y preparación de estados
financieros, la Superintendencia de
Compañías califique como PYMES a
las personas jurídicas que cumplan
varias condicionesResolución No. SC.Q.ICI.
CPAIFRS.11.01 de la
(R.O. 372, 27-I-2011)Con la presente resolución se establecen las condiciones
para la calificación de PYMES, para la aplicación de las
“NIIF”.3Declaratoria de inconstitucionalidad
del segundo inciso del artículo 581
del Código de Trabajo4Reglamento para el ejercicio de
la democracia directa a través de
la iniciativa popular normativa,
consultas populares, referéndum y
revocatoria del mandato66El inciso segundo del artículo 581 del Código del
Trabajo, que señala “Si una de las partes ha obtenido directamente documentos no adjuntados en la
Sentencia No. 031-10-SCN-CC,
diligencia preliminar, necesarios para justificar sus
(R.O. 372-S, 27-I-2011)
afirmaciones o excepciones, podrá entregarlos al
juez antes de los alegatos”, contraviene y vulnera lo
dispuesto en los artículos 11, numeral 2; 66 numeral
4, y 75 de la Constitución de la República.Resolución No. PLE-CNE-2-61-2011 del Consejo Nacional
(R.O. 371, 26-I-2011)Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas de la República del Ecuador, se determinan
los requisitos y procedimientos para el ejercicio de los
derechos constitucionales y legales.ENERO 2011
5678Reglamento para el reconocimiento,
homologación y revalidación de
títulos expedidos en el exteriorSe aprueban las tarifas máximas
para el período trimestral que
comprende los meses de enero,
febrero y marzo del 2011Acuerdo No. 2011-001 de la
(R.O. 367, 20-I-2011)En concordancia a la Ley Orgánica de Educación Superior,
se establecen las disposiciones para el reconocimiento,
de títulos de educación superior, de tercer y cuarto nivel
de formación, obtenidos en el exterior, por profesionales
nacionales o extranjeros.Resolución No. JB-2010-1850 Mediante la presente resolución se establecen los valores
de la Junta Bancaria,
que se podrán cobrar por la prestación efectiva de servicios
(R.O. 366, 19-I-2011)
financieros.Ordenanza metropolitana de
responsabilidad social en el Distrito
Metropolitano de QuitoOrdenanza No. 0333 del
(R.O. 363, 14-I-2011)La presente ordenanza, incentiva a las organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a
fomentar una política de gestión para el desarrollo
sustentable.Se establecen los niveles en las
comisiones sectoriales y los salarios
mínimos sectorialesAcuerdo No. 00255 del
(R.O. 358-S, 8-I-2011)Mediante este acuerdo, se dictan los salarios a nivel
nacional que percibirán los trabajadores privados
amparados por el Código de Trabajo.67DidácticaPor: Laura Barbero PalaciosARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
( Según la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública)Art. 59 LOSNCPSubasta inversa electrónica Art. 47 LOSNCPEntidades contratantes como arrendadores
Art. 65 RLOSNCP
INCOP 041-2010 (R.O.169-S, 12-IV-2010)
Entidades previstas en el
Art. 1 LOSNCPEntidades contratantes
como arrendatarias
Art. 64 RLOSNCPBienes inmuebles
de su propiedadPublicación de los pliegos en
el portal de compras públicasContenidos de los pliegosCondiciones mínimas del
inmueble requerido,
referencias al sector y
lugar de ubicaciónInvitaciones directasArrendamiento de locales de uso
especial, como mercados, camales,
casetas, cabinas entre otros siempre que
no respondan a una modalidad
administrativa de autorización, licencia o
concesión de uso públicoNo será necesario la
convocatoria en el portal,
sino que se podrán cursar
invitaciones individualesRecepción de ofertas (día y
hora indicados en los pliegos)
en relación a:Cumplimiento de las condiciones
previstas en los pliegosCanon de arrendamiento oferta
con el mayor precioEl adjudicatario no
requiere estar inscrito o
habilitado en el RUP
Suscripción del contrato de
arrendamientoContratos que no sean de
largo plazo, entre ellosLos contratos que
correspondan a hoteles,
salones para recepciones o
eventos, restaurantes, entre
otros, de propiedad de las
entidades contratantesPublicación de la convocatoria por la
prensa nacional o local una sola vezCanon de arrendamiento
determinado sobre la base de los
valores vigentes de mercado68Casos especiales
Res. INCOP 013-19 (R.O. 557, 26-III-2009)Condiciones en las que se dará
el arrendamiento, indicaciones
de la ubicación y características
del bien inmuebleCumplimiento de las condiciones
previstas en los pliegosPlazo se celebrará por el
tiempo necesario pudiendo
ser renovadoExcepciónPlazo se celebrará por el
tiempo de al menos dos años
de vigencia del contrato!A
Ya ral
oAll pages:34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768InfoRead laterLikeShareDownloadMoreNJ-56 Published on Nov 14, 2011 Beneficios fiscales contenidos en el Código de la Producción Abstención de ejercer la acción penal en aplicación del principio de oportunida...See MoreedicioneslegalesFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore