Source: http://espanito.com/marcos-rafael-martinez-espaillat.html
Timestamp: 2019-06-16 15:42:51
Document Index: 375375096

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 54', 'artículo 147', 'Artículo 7', 'artículo 303']

Marcos rafael martinez espaillat
Descargar 83.75 Kb.
Tamaño 83.75 Kb.
A LA MAGISTRADA JUEZA DEL TERCER JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO
SECRETARIA DEL TERCER JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO
DEL IMPUTADO
DR. TEOBALDO DURÁN ÁLVAREZ
LIC. MANUEL SIERRA PÉREZ
LIC. FRANCISCO HERNÁNDEZ
1º.- Escrito de objeción a la acusación presentada por el ministerio público representado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, por defectos formales y sustanciales; 2º.- Excepciones e incidentes sobre dicha acusación; 3º.- Solicitud de Auto de No Ha lugar a la Apertura a Juicio; y 4º.- Ofrecimiento de Prueba.-
REF. o CASO NÚM.
031-016-01-2012-00556
Honorable magistrada:
El imputado MARCOS RAFAEL MARTINEZ ESPAILLAT, dominicano, mayor de edad, soltero, Abogado y Comunicador, portador de la cedula de identidad No. 031-0064645-8., cuyo domicilio procesal es en el número 51de la Calle Del Sol, de esta ciudad;
Por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales, DR. TEOBALDO DURÁN ÁLVAREZ, LIC. MANUEL SIERRA PÉREZ y LIC. FRANCISCO HERNÁNDEZ BRITO, dominicanos, mayores de edad, casados, abogados de los tribunales de la República, portadores de las cédulas de identidad y electoral números 001-0009550-4, 001--0367133-5 y 031-0013751-6, respectivamente, con su estudio profesional abierto en el el número 51de la Calle Del Sol, lugar que es el domicilio procesal del imputado para todos los fines y consecuencias legales de la presente actuación;
Tiene a bien presentar:
1º.-; Escrito de objeción a la acusación presentada por el ministerio público representado por la Procuraduría Fiscal del Distrito judicial de Santiago, por defectos formales y sustanciales, sustentado en lo siguiente
En fecha 21 de julio de 2014, el Ministerio Público presentó acusación contra el imputado MARCOS RAFAEL MARTINEZ ESPAILLAT, por presunta violación a los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano, y el 18 de la ley número 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología, consistente en uso de documento de banco falso y uso de documentos falsos por la vía electrónica, en perjuicio de la actual Vice-Presidenta de la República la DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNÁNDEZ;
Dicha acusación le fue notificada a unos de los defensores del imputado el LIC. FRANCISCO HERNÁNDEZ BRITO, por la Secretaria de este Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, el día 11 de agosto de 2014, por lo que el plazo que le otorga la ley para la contestación de dicha acusación, la presentación de incidentes y excepciones, y el ofrecimiento de las pruebas que se presentarán en el juicio, si este es aperturado, está abierto a su favor (Art. 299 del C. P. P.).
En dicho escrito de marras y en lo que respecta a la presentación del caso, el fiscal que la sustenta, se limita a establecer de manera vil, aviesa y con marcada mala fe, que el imputado en fecha 15 de febrero de 2012, a través de su programa de televisión DIARIO 55, que se transmite por el canal de televisión SUPER TV55, que se difunde en esta ciudad de Santiago, “informó a la teleaudiencia que la señora Margarita María Cedeño Lizardo es alegadamente titular, en mancomunidad con un supuesto hermano de nombre Alberto Cedeño, de una cuenta en la entidad bancaria internacional “Danske Bank”, con sede en la ciudad de Copenhagen, capital de Dinamarca, en la que supuestamente dicha señora poseía la suma de cuarenta y seis millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos setenta y ocho euros con noventa y seis centavos (€46,892,678.96), y para dar “sustento” a su afirmación exhibió ante las cámaras de televisión unos supuestos reportes bancarios impresos mediante los cuales, según el hoy acusado, se demuestra tanto la existencia de la indicada cuenta como el balance multimillonario antes referido.”;
Sigue diciendo ese inicuo funcionario, que “el acusado Marcos Rafael Martínez Espaillat, mostró a la teleaudiencia, tenemos:
Reporte supuestamente generado en la interfaz digital de la entidad bancaria internacional “Danske Bank”, en el período de búsqueda “01-11-2012 al 01-19-2012”, donde se indica que para ese entonces la supuesta cuenta bancaria tenía en depósito la suma de: cuarenta y tres millones, ochocientos noventa y dos mil seiscientos setenta y ocho euros con noventa y seis centavos (€43,892,678.96);
Reporte supuestamente generado en la interfaz digital de la entidad bancaria internacional “Danske Bank”, en el periodo de búsqueda “01-11-2012 al 01-19-2012”, donde se hace referencia a que esa supuesta cuenta poseía un balance total por la suma de: cuarenta y seis millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos setenta y ocho euros con noventa y seis centavos (€46,892,678.96).
Continúa ese falso representante de la sociedad su relato fantasioso, diciendo que “el acusado Marcos Rafael Martínez Espaillat, mostró a los televidentes del referido programa, copia de tres (3) cheques falsos, supuestamente girados contra la referida cuenta millonaria, específicamente los siguientes:
Cheque No.1000452, de fecha veinticinco (25) del mes de mayo del año dos mil once (2011), con el membrete “Danske Bank”, alegadamente girado a favor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), por la suma de nueve millones seiscientos mil Euros (€9,600,000.00);
Cheque No.1000451, de fecha veintiséis (26) del mes de julio del año dos mil once (2011), con el membrete “Danske Bank”, alegadamente girado a favor del Banco de Reservas de la República Dominicana, por el monto de cuatro millones doscientos mil Euros (€4,200,000.00); y
Cheque No.1000450, de fecha ocho (8) del mes de septiembre del año dos mil once (2011), con el membrete “Danske Bank”, alegadamente girado a favor de la Fundación Nacional de Desarrollo Integral (FUNDI), por la suma de cinco millones ciento cincuenta mil Euros (€5,150,000.00);
Lo que el fiscal no dice en su escrito acusatoria de marras, es que el imputado MARCOS RAFAEL MARTINEZ ESPAILLAT, es un comunicador de la ciudad de Santiago, productor de varios programas radiales y televisivos, que se dedica a hacer denuncias sobre supuestos o reales actos de corrupción cometidos por funcionarios, con el único propósito de que las autoridades como él inicien investigaciones tendentes a determinar la veracidad de esas informaciones y si estas son comprobadas, se traduzcan a sus responsables a la acción de la justicia;
Lo que tampoco dice ese fiscal que para nada le hace honor esa vestidura que accidental e inmerecidamente ostenta, es que la señora DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNANDEZ, es la actual Vice-Presidenta de la República, esposa del DR. LEONEL ANTONIO FERNANDEZ REINA, quien ostentó la Presidencia de la República en ocasión de las denuncias responsables hechas por el imputado, y que esa señora dirigió y manejó a su antojo y sin ningún tipo de supervisión, uno de los mayores presupuestos para un cartera como la que le tocó por cuatro (4) años representar, como lo es el en ese momento famoso DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA;
Lo que tampoco dice el inicuo fiscal, es que la señora Vice-presidenta de la República DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNANDEZ, ha manejado de manera burda y descarada todos los departamentos del Estado, traficando con influencias para evitar que esas denuncias sean verdaderamente investigadas y tratar callar los responsables pronunciamientos del imputado, y para ello:
Manipuló informaciones desde la Superintendencia de Bancos en momento en que ésta institución estaba dirigida por el destituido y mal recordado Hainvanhoe Ng Cortiñas, personero que se prestó a crear documentos mal obtenidos para crear falsas pruebas sustentatorias de este mamotreto;
Influenció para que una denuncia presentada por el hoy imputado MARCOS RAFAEL MARTINEZ ESPAILLAT, por ante el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, en ese entonces (DPCA), dirigida por el no menos funesto Hotoniel Bonilla, sobre supuesto manejo irregular de fondos públicos en el DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, el día 15 de agosto de 2012, apenas a hora de la querellante y supuesta víctima, junto a su esposo y demás co-religionarios abandonar el poder, despacharse con el famoso DICTAMEN de archivos múltiples de todos los procesos que involucraban denuncias contra funcionarios; e
Influenció además para que la objeción al Dictamen a ese archivo, fuera conocida y decida satisfactoriamente a sus intereses, por un juez designado por su marido, quien además en el momento del conocimiento de ese recurso judicial, aparecía en la nómina de los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), órgano político del cual la señora DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNANDEZ, es miembro de su Comité Político y su marido el DR. LEONEL ANTONIO FERNANDEZ REINA, es el Presidente de ese partido; NINGUNA DE ESAS MANIPULACIONES GROSERAS SON REVELADAS POR ESE fiscal, en el escrito que hoy se contesta.
Continúa diciendo el fiscal sustentador de ese adefesio jurídico, que esa Procuraduría Fiscal de Santiago, determinó en diligencias y pesquisas de investigación, “que el acusado Marcos Rafael Martínez Espaillat hizo uso de documentos falsos (a) el quince (15) de febrero del dos mil doce (2012) cuando presentó ante las cámaras de televisión los supuestos reportes bancarios y cheques, (b) durante los meses de febrero y marzo del dos mil doce (2012) cuando difundió dichos documentos falsos a través de la red de Internet en varias ocasiones, y (c) el nueve (9) de mayo del dos mil doce (2012) cuando prevaleciéndose de esos mismos documentos presentó una denuncia de carácter penal sobre la ocurrencia de supuestos actos de corrupción alegadamente cometidos en el despacho de la primera dama a la sazón dirigido por la víctima Margarita María Cedeño Lizardo.”
Respondiendo esta parte de la acusación, tenemos que aclarar que es tal la manipulación que se le ha dado a este proceso, que han hecho que los juristas que lo han manejado, públicos y privados, hayan perdido el horizonte jurídico de lo aprendido en las aulas universitarias;
Lo primero que debemos señalar es que el imputado nunca ha sido allanado o requisado para determinar que esas supuestas copias falsas de documentos le hayan sido ocupadas, sino que ha sido la propia autoridad la encargada de imprimir las copias de esos documentos; pero además, de cuando a donde unas copias de documentos bancarios pueden ser falsas y mucho menos cuando estas copias de documentos no pueden ser comparadas con los originales a los que aducen esas copias;
Las autoridades del ministerio público de Santiago, han creado una figura jurídica nueva, un tipo penal que no existe en otras demarcaciones territoriales de la República, han creado lo que pudiera llamarse la “falsedad virtual” de copias de documentos, hechos que no están tipificados como delitos según nuestra legislación positiva;
Nuestra Suprema Corte de Justicia, ha sostenido el criterio respecto a las copias fotostáticas, lo siguiente:
Considerando, que las copias fotostáticas no satisfacen en principio, las exigencias de la ley, como medio de prueba;1
Considerando, (…) que, en efecto, la Corte aqua pudo comprobar y retener, en abono a su convicción sobre el alcance probatorio de las fotocopias en cuestión, según consta en el fallo atacado, que dichos documentos fueron compulsados con sus originales por la secretaria del tribunal, pero como a esta funcionaria no le asiste potestad decisoria para establecer válidamente si un documento fotocopiado se corresponde exactamente con su original, por cuanto dicha facultad es privativa de la soberana apreciación de los jueces, como se desprende de la economía de los artículos 1334 y 1335 del Código Civil, resulta evidente en la sentencia impugnada que ese cotejo sólo constituyó un elemento de juicio que, unido al hecho comprobado por dicha Corte de que la mayoría de los documentos depositados fueron emitidos por la propia demandada original, hoy recurrente, vino a fortalecer el convencimiento, expuesto correctamente por los jueces del fondo, de que no era procedente desconocer el contenido de tales fotocopias, referente a la existencia y al concepto del crédito en cuestión, cuya versión medular, como se ha expresado, nunca fue rebatida por dicha parte; que, en consecuencia, los medios analizados carecen de fundamento y deben ser desestimados, y en su medida el presente recurso de casación. 2
A los supuestos documento falsos a que aduce la infeliz acusación presentada por el ministerio público (si, en minúscula, pues no se merecen una estatura mayor) de Santiago, es a documentos bancarios. Imaginémonos por ejemplo, que un ciudadano se aparece a una institución bancaria a hacer efectivo una copia de un cheque ¿Cuál sería la respuesta del cajero u oficial bancario que lo atiende? De seguro que lo mandaría a proveerse del original del cheque. Ahora, esa persona que va con una copia de un cheque al banco a hacerlo efectivo y se comprueba que esa copia de ese cheque no es auténtico, ¿puede serle imputable el cargo de falsedad de un documento bancario?, evidentemente que no, puesto que la falsedad del documento bancario lo es solamente para el original “ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos”3 documentos ORIGINALES no COPIAS FOTOSTATICAS.
El ministerio público le atribuye al imputado el cargo específico de “USO DE DOCUMENTO FALSO”, y nace la pregunta ¿Cuál es el uso que le ha dado el imputado al supuesto documento falso? ¿Llamar la atención de las miopes autoridades para que investiguen la veracidad de las copias de unos documentos bancarios que han llegado a las manos del imputado quien ha hecho una denuncia formal de supuestas irregularidades en los manejos de fondos públicos en el Despacho de la Primera Dama, puede ser considerado un uso de documentos falsos?
La jurisprudencia constante y la mejor doctrina ha señalado que en el uso de documento falso debe existir de parte del agente el perseguir un lucro o beneficio;
Falsificación informática
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometa de forma deliberada e ilegítima, la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos que dé lugar a datos no auténticos, con la intención de que sean tenidos en cuenta o utilizados a efectos legales como si se tratara de datos auténticos, con independencia de que los datos sean o no directamente legibles e inteligibles. Cualquier Parte podrá exigir que exista una intención fraudulenta o una intención delictiva similar para que se considere que existe responsabilidad penal. 4
El fiscal acusador, en su afán de querer construir una teoría de delito imposible, pasa a analizar los elementos constitutivos del tipo penal atribuible al imputado, y para eso, cita al profesor Víctor Máximo Chales Dunlop, y dice que en el caso de la especie:
existe un documento falso (las copias de los reportes bancarios y cheques de una entidad extranjera DANSKE BANK, que no ha negado en ningún momento la autenticidad de los mismos y que no se ha querellado ni ha sido llamada a intervenir en el presente proceso, copias de documentos éstos que han sido creados e impresos por la propia autoridad a partir de los que supuestamente presentó el imputado en su programa de televisión)
que se haya hecho un uso de dicho documento (la supuesta presentación en su programa de televisión de las copias de estos documentos es lo que el fiscal llama uso de documentos, cuando es menester que ese uso sea con la intención de obtener un beneficio; asimismo el fiscal llama uso de documento cuando el imputado depositó junto a denuncia por ante las autoridades, las copias de los documentos que les fueron suministrados, para que se produjera una investigación sobre los mismos, denuncia que nunca fue investigada profundamente y que fue cualquierizada por el encargado de ese departamento del ministerio público).
que el autor haya actuado de mala fe (el fiscal atribuye la mala fe del imputado puesto que éste siguió recalcando sobre la necesidad de una investigación sobre la denuncia sustentada en las copias de los documentos que le fueron suministrados, no obstante a que la entonces Primera Dama de la República había hecho público que nunca había tenido relación con el Danske Bank, cuando si el hecho de que un denunciado niegue su participación en la comisión de un hecho fuere motivo suficiente como para dejar de reclamar la necesidad de una investigación. Es como si por el solo hecho de que un individuo investigado por el fiscal en cualquier otro hecho y ese individuo negare su participación, el fiscal debe cesar su investigación pues sino estaría actuando de mala fe. Es indudablemente un razonamiento ridículo).
que el uso resulte un perjuicio o la posibilidad de un perjuicio (el fiscal atribuye la materialización de este elemento constitutivo por el hecho de que el atribuir a una persona la titularidad de sumas exorbitantes de dinero, sugiriendo que se trata de dinero mal habido, afecta la dignidad y la moral de ésta. Además de que el anexar esas supuestas copias de documentos a la denuncia presentada por el imputado a las autoridades para que realizaran una investigación de los hechos, también perjudica al denunciado pues se afecta su imagen personal y su honor y se tiene que someter a rigores de una investigación penal y tiene que contratar una defensa técnica para defenderse. Parecería paradójico que sea un acusador público que esta escribiendo tantas sandeces, puesto que él está cansado de hacer acusaciones y sustentar proceso en los que sucumbe y descargan los tribunales a personas acusadas por él, sin que esto suponga que el ha actuado de mala fe. Además ha sido establecido constitucionalmente que el ejercicio de un derecho a hacer denuncias de funcionarios como lo era la señora DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNANDEZ, lo es un derecho de ciudadanía (ARTICULO 22.5 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Además de que lo que en la argumentación de esa parte de la acusación, el fiscal muestra el REFAJO, pues habla de la afectación del honor de la señora DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNANDEZ, cuando lo correcto era que si la señora Vice-presidenta sentía que había sido lesionada en su honor y consideración, interpusiera una ACCION PRIVADA EN DIFAMACIÓN E INJURIAS, y no traficara con sus influencias para inmiscuir al ministerio público de Santiago en una falaz persecución de carácter político contra un ciudadano como el imputado, evidenciando con esto la lo que es un “SECRETO A VOCES”, como lo es la manipulación y control de la familia FERNANDEZ REYNA – CEDEÑO LIZARDO ( del ministerio público y de la judicatura en general);
El fiscal acusador (cuando debería llamarse ABUSADOR), trata de darle un maquillaje distinto al hecho cuando además de atribuir el supuesto uso de copia de documento bancario argüido de falsedad, lo tipifica además como “falsedad de documento digital o electrónico (Viol. Art. 18 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología), atribuyendo por primera vez y sin prueba alguna que la sustente, que el imputado ha hecho uso de la difusión masiva a través de la red de Internet de esos supuestos documentos falsos, cuando en ningún momento la entidad bancaria involucrada ha negado la autenticidad de esos documentos y sin que a dicha entidad se le haya puesto en causa o invitado a intervenir en dicho proceso;
Para sustentar la fundamentación jurídica de la acusación, el fiscal para a señalar que es:
Típica, puesto que los hechos se adecuan a la conducta descrita en los artículos 147 y 148 del Código Penal y el artículo 18 de la ley 53-07. Nada más falso, puesto que tal y como se ha demostrado, no se ha establecido que el imputado haya falsificado documentos alguno y las copias de documentos que se ha agenciado ilegalmente el fiscal no han sido comprobadas con ningunos originales; además de la entidad bancaria en cuestión no ha dicho que esos documentos son falsos, sino que la argüida falsedad obedece a una interpretación malsana de parte del ministerio público; igualmente, no puede atribuírsele uso de documento falso al imputado puesto que, amén de lo señalado anteriormente, las copias de los supuestos documentos lo que han servido es para sustentar una denuncia que responsablemente ha hecho un ciudadano investido del derecho constitucional para hacerlo;
Antijurídica, según dice el fiscal, el accionar del imputado, lesiona el bien jurídicamente protegido, razonamiento que no puede ser mas infeliz, puesto que el bien jurídicamente protegido en una infracción de la naturaleza de la que se atribuye al imputado, lo es para la institución bancaria que se alegue afectada y en el caso de la especie no puede ser para la señora DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNANDEZ, puesto que para ésta lo que tenía derecho a hacer y no hizo fue el de interponer una acción penal privada por DIFAMACIÓN, ya que es la que protege el bien jurídicamente afectado al decir del fiscal ABUSADOR, como lo es la supuesta honra de la señora Vice-presidente;
Culpable, al decir del fiscal el imputado debió actuar conforme a la norma, lo que no sabemos a cual norma se refiere, puesto que a la única mal llamada norma a la cual el imputado no ha actuado conteste, es a la norma que ha sido una conducta de ese ministerio público, como lo es la norma del encubrimiento generalizado, de los actos de corrupción que se le han denunciado;
Como se puede observar los tipos penales que se describen en la acusación no se constituyen, ni existe la posibilidad de atribuirles una calificación distinta, en consecuencia estamos frente a una acusación totalmente infundada por parte del ministerio público;
Que al haber hecho consignar en dicha acusación una serie de situaciones sin indicar fecha, lugar y hora, lo cual hace imprecisa por lo menos esa parte de la acusación que choca frontalmente con lo establecido por nuestro ordenamiento procesal vigente que establece que:
Art. 19.- Formulación precisa de cargos. Desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra.
Art. 31. Acción pública a instancia privada. Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga.
Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten la protección del interés de la víctima.
La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima.
El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.
Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos los imputados.
Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes:
1. 1. Vías de hecho;
2. 2. Golpes y heridas que no causen lesión permanente;
3. 3. Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones;
4. 4. Robo sin violencia y sin armas;
5. 5. Estafa;
6. 6. Abuso de confianza;
7. 7. Trabajo pagado y no realizado;
8. 8. Revelación de secretos;
9. 9. Falsedades en escrituras privadas.
Art. 54. Motivos. El ministerio público y las partes pueden oponerse a la prosecución de la acción por cualquiera de los siguientes motivos:
1. 1. Incompetencia;
2. 2. Falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla;
3. 3. Extinción de la acción penal;
4. 4. Cosa juzgada;
5. 5. Litispendencia.
Si concurren dos o más excepciones deben plantearse conjuntamente.
El juez o tribunal competente, puede asumir, aun de oficio, la solución de cualquiera de ellas, sin perjuicio de que el ministerio público, de oficio o a solicitud de parte, dicte el archivo durante el procedimiento preparatorio.
Art. 83. La víctima. Se considera víctima:
1. 1. Al ofendido directamente por el hecho punible;
2. 2. Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo, parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del directamente ofendido;
3. 3. A los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan;
Art. 95.- Derecho.- Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, derecho a:
1. 1. Ser informado del hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica, un resumen de los contenidos de prueba existentes y las disposiciones legales que se juzguen aplicables;
Art. 294. Acusación. Cuando el ministerio público estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al imputado, presenta la acusación requiriendo la apertura de juicio.
La acusación debe contener:
2. 2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, con indicación específica de su participación;
Que la constitución política dominicana, ha establecido que:
Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:
10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Artículo 73.- Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.
Asimismo, dice la mejor doctrina5 del área que: “Los requisitos de la acusación se encuentran conminados bajo sanción de nulidad, la que es de carácter absoluto, si la ausencia de contenido o el contenido defectuoso afecta la defensa en juicio del imputado u otras garantías constitucionales, la misma es nula. la acusación debe contener de manera clara y precisa la individualización, relación de los hechos, en tiempo, (hora, día, mes y año) modo (forma operativa), y lugar, la precisión, (que la acusación no sea baga, debe decir cual fue la participación del imputado en la cadena de hechos criminosos), las circunstancias, (cual es la conducta que se le atribuye al imputado), la especificidad (que se indique cada uno de los hechos cometidos por el imputado), la calificación legal (los textos legales, pero esta tipificación no puede ser antojadiza ni medalaganaria), y finalmente la fundamentación de la acusación, (en que consiste la participación del imputado)”.- 2. 2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, con indicación específica de su participación; 5. El ofrecimiento de la prueba que se pretende presentar en juicio, que incluye la lista de testigos, peritos y todo otro elemento de prueba, con la indicación de los hechos y circunstancias que se pretende probar; bajo pena de inadmisibilidad”.;
Que en el caso de la especie, estamos frente a unos tipos penales de falsedad en escritura de bancos, que no deja de ser una falsedad en escritura privada especial que el legislados ha querido dar una protección mas profunda que a los documentos privados ordinarios, pero evidentemente que no son documentos públicos ni emanados por una institución del estado, sino que son unos documentos emitidos o no, por una entidad bancaria extranjera que no dejar de ser una institución privada por lo que la persecución de esta tipo de infracción depende de una instancia privada al tenor de lo establecido por nuestro ordenamiento procesal;
Que la ley ha establecido que este tipo de hecho solo puede ser perseguible por el ministerio público a raíz de la presentación de la instancia privada, y esa instancia privada debe de proceder no de cualquier ofendido, sino del DIRECTAMENTE OFENDIDO POR EL HECHO PUNIBLE;
Que tal y como se puede observar, la señora querellante, no es la directamente ofendida por el hecho punible de falsedad de documentos bancarios, sin con ello querer decir que estos documentos son falsos, sino que el directamente ofendido por el hecho punible en el hipotético caso que lo fueran, lo es el DANSKE BANK, entidad que no ha sido siquiera enterada por el ministerio público de la existencia del presente proceso;
Como vemos, se trata de una acusación totalmente infundada e insustancial presentada con defectos cometidos fruto de la torpeza con que el ministerio público actuaba en su afán de perjudicar al imputado;
Se trata pues, honorable magistrado, de lo que la doctrina ha llamado una acusación defectuosa que no merece más que ser declarada nula e inadmisible por la instancia judicial que conoce de ella y sobre la cual el órgano jurisdiccional no tiene ninguna culpa o responsabilidad puesto que la misma es obra del fiscal investigador que la ha presentado;
Que no existe en la aludida acusación una relación precisa y circunstanciada de los hechos que incriminan al imputado, y solo establece de manera genérica una serie de situaciones que en modo alguno lo incriminan;
Que por todo lo anteriormente expresado, el imputado presenta ante vos, honorable magistrada, el incidente que se solicita mediante conclusiones formales en la parte conclusiva de la presente instancia:
3º.- Solicitud de Auto de No Ha lugar a la Apertura a Juicio;
Que no existiendo fundamento suficiente para ordenar apertura a juicio en contra del imputado, se impone que el juez de la instrucción, garante de los derechos del imputado y cedazo de los casos que deben ir a juicio de fondo, aplique el principio del Juicio Innecesario, que es aquel que establece que una persona no debe ser sometida a proceso judicial a menos de que no existan elementos suficientes que hagan presumir la posibilidad de una condena;
Por querer pretender que le sean reconocidas como reales situaciones a todas luces ficticias, tenemos necesariamente que afirmar que estamos frente a una ligereza reprochable y censurable del ministerio público, quien estaba en el deber de realizar una investigación objetiva, esto es no parcializada de la denuncia presentada, y que si al percatarse de no existían argumentos suficientes como para acusar a una persona en un proceso, debió de solicitar el archivo del caso, cosa que no hizo y que muy por el contrario ha hecho todo lo posible para ocultarlo, comprometiendo su responsabilidad civil personal;
En tal virtud y bajo reservas de abundar en la vista que habrá de celebrarse, se os solicita, muy respetuosamente,
PRIMERO: ORDENAR la nulidad del escrito de acusación que ha presentado el ministerio público en contra del imputado, por flagrante violación a los artículos 68 y 69 de la constitución política dominicana y por aplicación del artículo 73 del referido texto; 19, 54.2, 95.1 y 294.2 del Código Procesal Penal, y por los motivos antes expuestos;
SEGUNDO: ORDENAR la no prosecución de la acción penal por parte del ministerio público, en razón de que el tipo penal que se persigue cae dentro de lo que son los infracciones de acción pública a instancia privada, que ameritan para poder ser perseguibles de una instancia privada de parte del directamente ofendido por el hecho punible, por tratarse de documentos privados especiales como lo son los documentos bancarios, máxime cuando se trata de instituciones bancarias extranjeras que no han sido siquiera puestas en causa por el ministerio público, todo al tenor de lo establecido por el artículo 54.2 del Código Procesal Penal;
TERCERO: ORDENAR la exclusión de las pruebas documentales y periciales que acompañan la acusación del ministerio público, por haber sido obtenidas de manera irregular en franca violación a los derechos de defensa del imputado; asimismo por ser espurias e ineficaces para cumplir con su pretensión probatoria;
CUARTO: DICTAR Auto de No Ha Lugar a favor del imputado, por no haber cometido los hechos imputados por el ministerio público, toda vez de que: A) el hecho atribuido no se ha establecido, B) los elementos de prueba presentados por el ministerio público, independientemente de que deben ser excluidos del proceso por su obtención irregular pues no provienen de una fuente lícita, asimismo ser espurios e ineficaces, carecen de sustanciación en los presupuestos y resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos presupuestos conforme lo establecido por el Art. 304 del Código Procesal Penal Dominicano, Numeral 1, 3 y 5;
QUINTO: ORDENAR y DISPONER el cese de las medidas de coerción impuestas al imputado;
SEXTO: DECLARAR las costas de oficio o compensarlas;
SEPTIMO: ORDENAR y disponer, la celebración de una audiencia oral especial, para oralizar y discutir frente a los adversarios los incidentes que se someten en la presente instancia, en aras de garantizar el legítimo derecho de defensa del imputado, puesto que el ministerio público ha tenido sobrado tiempo para preparar la presente acusación, mientras que el imputado ha debido presentar el presente escrito en unos escasos cinco (5) días a partir de la notificación de la acusación y del auto de fijación de la audiencia preliminar, lo que constituye una violación al principio de igualdad de partes en el proceso y de igualdad de armas (Art. 12 del Código Procesal Penal), y ser responsabilidad de los jueces allanar los obstáculos que impidan la vigencia de ese principio;
4º.- Ofrecimiento de Prueba
El imputado, ofrece como prueba a descargo para ser incorporada:
DRA. NORA READ ESPAILLAT, Interprete Judicial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Para establecer que el documento que tradujo al castellano desde el idioma ingles, le fue aportado por los abogados de la querellante y no por ningún funcionario del ministerio público, siendo una muestra clara de la manipulación grosera de parte de la querellante de dirigir el presente proceso en perjuicio del imputado y de la propia justicia como institución del estado; además como de la interprete “corrigió” indebidamente parte del documento que le fue sometido para fines de traducción literal;
NESTOR MEDRANO, periodista del Listín Diario, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Quien recoge informaciones en una prueba presentada en la acusación, estableciendo antes de la presentación de la acusación declaraciones del abogado de la querellante de que se iba a presentar acusación por falsedad de documentos contra el imputado;
HAIVANJOE NG CORTIÑAS, Ex-Superintendente de Bancos, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Para establecer que en su calidad de funcionario al servicio de la querellante, fue quien servil que manipuló toda la información para suministrársela a los abogados de la querellantes y éstos entregársela al ministerio público;
SOILA PANIAGUA, dominicana, mayor de edad, periodista del Periódico Hoy, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Quien en fecha 22 de febrero de 2012, suscribió una información dando cuenta de que la Superintendencia de Bancos a la sazón dirigida por el señor Haivanjoe Ng Cortiñas, contactó a su homólogo en Dinamarca a través de comunicaciones dirigidas por el señor Heiromy Castro M., director de la Oficina de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos;
HEIROMY CASTRO M., dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Quien en su condición de funcionario de la Superintendencia de Bancos, sin estar apoderado de ninguna investigación oficial, fue utilizado mediante tráfico de influencias por la hoy querellante para agenciarse indebidamente documentos, utilizando datos como el número de cédula de la querellante para expedir certificaciones en el extranjero;
PEDRO JOSE FRIAS MORILLO, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros;
Quien en su calidad de Fiscal Adjunto de Santiago, sin estar apoderado de ninguna denuncia contra la hoy querellante, se dejó utilizar utilizando tráfico de influencias para obtener indebidamente documentos que pretenden ser utilizados contra el imputado;
LUIS ALFREDO CEDEÑO LIZARDO, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Quien en su calidad de hermano de la hoy querellante declare si fue sometido a algún tipo de investigación por parte de las autoridades para determinar si tiene inversiones en la institución bancaria envuelta en el presente proceso;
LIC. LICURGO YUNES PEREZ, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Quien en su calidad de Comandante del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (P. N.), informe de que manera obtuvo los supuestos videos en donde aparece el imputado presentando las copias de los documentos que les fueron remitidos y sobre los cuales presentó su denuncia;
ING. ARIS A. EMETERIO R., dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Quien en su calidad de Analista Forense del INACIF, declare sobre la forma en la que obtuvo los videos a los realizó algún tipo de experticia forense;
LIC. ANDRÉS OCTAVIO MENA MARTE, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros;
Quien en su calidad de Fiscal Adjunto de Santiago, dirigió una comunicación al INACIF, para que esa institución homologara un supuesto peritaje realizado por el DICAT de la Policía Nacional, y en ese sentido, informe el procedimiento mediante el cual se producen ese tipo de homologación;
DR. LEONEL ANTONIO FERNANDEZ REYNA, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional;
Quien en su calidad de Presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), declare de si esa institución recibió la suma de nueve millones seiscientos mil euros (€9,600.000,00) mediante cheque número 1000452 de fecha 25/5/11;
ING. FELIX BAUTISTA, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de San Juan de la Maguana;
Quien en su calidad de Presidente de la Fundación Nacional de Desarrollo Integral (FUNDI), declare de si esa institución recibió la suma de cinco millones ciento cincuenta mil euros (€5,150.000,00) mediante cheque número 1000450 de fecha 8/09/11;
Impresiones de páginas de Internet a nombre de ANONYMOUS, titulada DEPOSITOS EN EUROPA DE FUNCIONARIOS DOMINICANOS;
Para establecer que el imputado no es el autor de haber confeccionado, ni mucho menos difundido masivamente los documentos en los cuales basó su denuncia, sino que los mismos han estado en la Web sin que el imputado sea responsable de eso;
Comunicación dirigida por la señora Vice-presidenta DRA. MARGARITA MARIA CEDEÑO LIZARDO DE FERNANDEZ, del 17 de febrero de 2012, a su subalterno y compadre el LIC. Haivanjoe Ng Cortiñas, a la sazón Superintendente de Bancos, instruyéndole para que realizara diligencias a su favor;
Oficio número 0150 del 20 de febrero de 2012 de la Superintendencia de Bancos, dirigida al señor ULRIK NODGAARD, hecha en idioma inglés y traducida al castellano; para con ésta establecer el tráfico de influencias de la querellante;
Copia de los correos en el idioma ingles y su traducción al castellano, en fecha 22 de febrero de 2012, entre el señor HEYROMY Y. CASTRO MILANES, funcionario de la Superintendencia de Bancos y el señor MIKKEL HOLLE, donde éste último informa que la ley danesa prohíbe responder solicitudes de la naturaleza de la que solicitaba la querellante;
Reportes de prensa danesa de la agencia NOTICIAS BERLINGSKE del 24 de febrero de 2012, en idioma ingles y traducidos por el LIC. JUAN SEBASTIÁN PICHARDO CASTILLO, Interprete Judicial de Santiago, en fecha 2 de marzo de 2012, que recoge la opinión de las autoridades de ese país informando la prohibición para rehusar o confirmar que la señora Fernández sea clienta del Danske Bank;
Copia de certificado de inversión especial número 2667 de fecha7 de mayo de 2003, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, dando cuenta de una inversión de la querellante por la suma de RD$3,805,893.42; para establecer que estos documentos forman parte de los obtenidos por el imputado para sostener su denuncia no investigada por las autoridades en contra de la querellante; y que el presente proceso es para desviar la atención de tan serias denuncias;
Copia de certificado de inversión especial número 2668 de fecha7 de mayo de 2003, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, dando cuenta de una inversión de la querellante por la suma de RD$3,094,434.93; para establecer que estos documentos forman parte de los obtenidos por el imputado para sostener su denuncia no investigada por las autoridades en contra de la querellante; y que el presente proceso es para desviar la atención de tan serias denuncias;
Copia de certificado financiero número 289981 de fecha 9 de diciembre de 2002, emitido por el Banco Intercontinental, S. A., dando cuenta de una inversión de la querellante por la suma de RD$3,400,000.00; para establecer que estos documentos forman parte de los obtenidos por el imputado para sostener su denuncia no investigada por las autoridades en contra de la querellante; y que el presente proceso es para desviar la atención de tan serias denuncias;
Copia de certificado financiero número 289982 de fecha 9 de diciembre de 2002, emitido por el Banco Intercontinental, S. A., dando cuenta de una inversión de la querellante por la suma de RD$2,764,417.61; para establecer que estos documentos forman parte de los obtenidos por el imputado para sostener su denuncia no investigada por las autoridades en contra de la querellante; y que el presente proceso es para desviar la atención de tan serias denuncias;
Copia de las solicitudes de apertura certificados de inversión especial de la Comisión de Administración del Baninter respecto de las inversiones antes indicadas;
Copia íntegra de la denuncia presentada por el imputado por ante el DPCA, cuya copia mutilada ha presentado el ministerio público en la acusación que hoy se contesta; para establecer el nivel de manipulación de esa otrora digna institución de Santiago, empequeñecida por intervención de la querellante;
Es justicia que se os pide y espera merecer, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Provincia de Santiago, República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil catorce (2014).
DR. TEOBALDO DURAN ALVAREZ
Por sí y por los Licdos. Manuel Sierra Pérez y Francisco Hernández Brito
Abogados del imputado.-
1 B.J. NO. 1043, OCTUBRE 1997 Sentencia impugnada: Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 18 de abril de 1995. Materia: Civil. Recurrente: Rosa A. Moreno Oleada. Abogado: Lic. Fabio Fiallo Cáceres. Recurrido: José Arístides Francisco Rosario Peguero. Abogado: Dr. César Ciprián Espinosa Martínez.
2 (Sentencia del 10 de noviembre del 2004; B.J. 1128.
3 Lo contenido entre las comillas (“) ha sido copiado textualmente del artículo 147 del Código Penal Dominicano.
 Fuente: Artículo 7 Res. No. 158-12 que aprueba el Convenio sobre la Cibercriminalidad, suscrito en Budapest el 23 de noviembre de 2001. G. O. No. 10675 del 13 de junio de 2012.
5 Código Procesal Penal Comentado, Javier Llobet Rodríguez, 2da. Edición, Pág. 308, Comentario al artículo 303.