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Timestamp: 2020-03-29 18:35:00
Document Index: 80510648

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 76', 'artículo 9', 'artículo 76', 'artículo 77', 'artículo 76', 'artículo 82', 'artículo 206', 'artículo 79', 'artículo 36', 'artículo 89']

Falta de motivación en las resoluciones administrativas de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos | Álvarez-Sanango | IUSTITIA SOCIALIS
Mónica Gabriela Álvarez-Sanango
https://orcid.org/0000-0001-7469-7830
Inicio > Vol. 5, Núm. 8 (5) >	Álvarez-Sanango
http://dx.doi.org/10.35381/racji.v5i8.582
Falta de motivación en las resoluciones administrativas de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos
Lack of motivation in the administrative decisions of the Cantonal Rights Protection Boards
monica.alvarez@psg.ucacue.edu.ec
La motivación es una garantía constitucional que forma parte del contenido del derecho a la defensa que no puede ser excluida, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, es un organismo encargado de precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, a través del dictamen de medidas de protección, su procedimiento administrativo se encuentra establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia; el problema se da cuando las resoluciones que emiten los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos no son debidamente motivadas, pues cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del proceso. El presente estudio tiene como objetivo determinar como la actuación de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Azogues dentro del proceso administrativo de medidas de protección vulneran el debido proceso. Los métodos empleados en la investigación fueron: analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-logio, sistemático-estructural.
Descriptores: Debido proceso; Derecho a defensa; Motivación; Seguridad jurídica; Medidas de protección.
Motivation is a constitutional guarantee that is part of the content of the right to defense that cannot be excluded, the Cantonal Board for the Protection of Rights, is an agency responsible for protecting the rights of children and adolescents who are in a situation of risk, through the opinion of protective measures, its administrative procedure is established in the Code of Children and Adolescents; The problem occurs when the resolutions issued by the Members of the Cantonal Board for the Protection of Rights are not duly motivated, since failure to comply could lead to the nullity of the process. The purpose of this study is to determine how the actions of the Members of the Cantonal Board of Protection of Rights of Azogues within the administrative process of protection measures violate due process. The methods used in the research were: analytical-synthetic, inductive-deductive, historical-logio, systematic-structural.
Descriptors: Dueprocess; righttodefence; Motivation; Legal certainty; Protectivemeasures.
El Derecho Constitucional sin desmerecer el valor e importancia de otras ramas, es la principal división del Derecho Público que se encarga del análisis argumentado de las normas jurídicas, principios, y doctrina que regulan un Estado (Pacheco, 1975; Escobar, 1998; Chanamé, 2009), de manera concreta se puede definir como el estudio de las constituciones. En lo que respecta a la legislación ecuatoriana todas estas normas jurídicas se encuentran tipificadas en la Constitución de año 2008, la misma que declara en su artículo 1 de manera enfática que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia (Asamblea Constituyente, 2008), reconociendo a través de esta declaración la supremacía de la constitución, la igualdad de jerarquía de los derechos, la aplicación inmediata de los derechos y sobre todo el límite que coloca al poder público y a los ciudadanos, en este sentido, la innovación que se dio en el texto constitucional, consiste en reconocer los derechos, y a la vez dotar de garantías constitucionales para la aplicación de los mismos (Tamayo Vásquez & Pino Loza, 2019).
Dentro de este sinnúmero de derechos que reconoce la constitución, se ubica al debido proceso que además de ser un derecho constitucional, es considerado un derecho fundamental; históricamente este derecho nace después de innumerables y exitosas luchas entre el Estado y el ciudadano, en razón de que el ciudadano en cualquier proceso en el que se encontraba sometido ya sea este penal, administrativo o civil, era objeto de muchas ilegalidades.
A partir de lo expuesto, Agudelo (2005) conceptualiza al debido proceso como el derecho fundamental de todas las personas de un colectivo social quienes intervengan en un proceso judicial sean dirigidos por sujetos competentes cuyo desarrollo en su decisión debe respetar los parámetros establecidos en las normas jurídicas. Es así que, a raíz del reconocimiento de este derecho se crea un cúmulo de garantías, calificadas de básicas, entre ellas, la garantía de la motivación que es una garantía constitucional, que forma parte del contenido del derecho a la defensa, y se encuentra prevista en el artículo 76 literal l) de la Constitución del Ecuador.
En este orden de ideas, se entiende por motivación a la justificación de la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente e indicando lo bien fundado. En la actualidad una resolución no solo se motiva por la simple interpretación del derecho, sino debe pasar por un proceso mental; la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión (Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs Ecuador, 2007), no es solo la invocación de normas sin razón alguna. Los administradores de justicia y autoridades administrativas tienen la obligación de motivar sus resoluciones cumpliendo con los parámetros que establece la Corte Constitucional a través de sus sentencias, estos son, lógica, razonabilidad y comprensibilidad.
Ahora bien, la Junta Cantonal de Protección de Derechos , es un organismo encargado de precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, a través del dictamen de medidas de protección, por su propia naturaleza son casos emergentes que deben ser tramitados de manera inmediata, su procedimiento administrativo se encuentra establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia y como norma supletoria se aplica el Código Orgánico General de Procesos, el problema se da cuando las resoluciones que emiten los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos no son debidamente motivadas, cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del proceso y la imposición de una sanción al incumplidor, dejando en total indefensión a los niños, niñas y adolescentes, pues sus derechos vulnerados no serán restituidos, afectado además el derecho a la seguridad jurídica.
El presente estudio tiene como objetivo determinar como la actuación de los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Azogues dentro del proceso administrativo de medidas de protección vulneran el debido proceso en lo referente al derecho a la defensa y a la motivación en sus resoluciones.
El debido proceso y su impacto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano
El debido proceso tuvo su origen en el derecho anglosajón, pues en aquellos tiempos el monarca era dueño y señor de todo un Estado, los barbones prisioneros eran encarcelados e inclusos asesinados sin un juicio previo, es por esa razón y con el objetivo de poner fin a ese abuso que se plasmó por primera vez una serie de principios a favor de estas personas en la Carta Magna del 5 de junio de 1215 de Inglaterra (López, 2003), desde ese entonces este derecho se ha ido desarrollando de manera paulatina en el ámbito del derecho internacional, fue en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, tal como se puede apreciar en el cuadro 1, en donde el debido proceso aparece tipificado en el artículo 9 y reconoce el derecho a la presunción de inocencia, esta declaración fue la base para que todas las demás normas internacionales vayan desarrollando otros derechos, principios y garantías que engloba el debido proceso (Asamblea Nacional Constituyente, 1789).
El debido proceso en el ámbito internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948
Art. 11 numeral 1
Art. 11 numeral 2
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966
Reserva de los Procesos
Art. 14 numeral 4
Art.14 numeral 2 literal b y d
Art. 14 numeral 1
Art. 14 numeral 7
Art. 14 numeral 5
Art. 14 numeral 6
Convención Americana de Derechos Humanos de 1978
Art.8 numeral 2 literal f
Art.8 numeral 2
Art.8 numeral 2 literal h
Ar. 8 numeral 4
Ar.8 numeral 1 y 2 literales
Fuentes: Adaptado de (Asamblea Nacional Constituyente, 1789; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966; Estados Americanos, 1978).
Es importante establecer un concepto acerca de lo que se comprende por debido proceso, para esto es necesario indicar que los derechos fundamentales son los que no existe la necesidad de que sean establecidos en una Constitución de un país, pues la misma solo se limita a reconocerlos o no, es así que por simple condición humana estos derechos se poseen (Oyarte, 2016), siguiendo esta línea de pensamiento, Landa (2001) afirma que el debido proceso es un derecho fundamental pues es innato al ser humano, cuenta con garantías procesales que permiten activarlos no solo en la vía judicial sino incluso entre los particulares.
Por lo tanto, el debido proceso es un derecho fundamental, reconocido y protegido por las constituciones de los Estados, que es atribuido a todas las personas sin discriminación alguna, y a su vez se encuentra rodeado de garantías, derechos y principios que deben ser observados por las autoridades competentes en todas las etapas del proceso ya sea judicial, administrativa, o penal, que no tiene complejidad alguna, realmente quienes lo hacen complejo son aquellos que no desean respetar este derecho (Zavala, 2002; Agudelo, 2005;Cueva, 2013).
En lo que se refiere a la legislación ecuatoriana, los legisladores en uso de sus facultades han reconocido a este derecho dentro del rango constitucional, y se encuentra contemplado en el capítulo 8º, artículo 76 de la Carta Magna que indica “en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas…” (Asamblea Constituyente,2008,p.34).Desde esta perspectiva además de ser un derecho fundamental, es un derecho constitucional, definición con la que concuerda Cueva (2013), al decir que son normas jurídicas y son jerárquicamente superiores, pues se encuentran en un rango constitucional y fijan los limites en que se debe actuar y la manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna.
El debido proceso en el Ecuador es un gran soporte de otros derechos, existen normas concernientes al debido proceso que consagran principios, establecen derechos y otras reglas, lo que admite que sea una base fundamental para el reconocimiento democrático de un ordenamiento jurídico. En el artículo 77 de la Constitución, se crea un cúmulo de garantías, calificadas de básicas; las garantías que se desprende a partir del derecho del debido proceso “son normas de acción para hacer operativa la protección de los derechos fundamentales de las personas…” (Abarca, 2003, p. 34), y que tienen por objeto asegurar la vigencia, porque un derecho no vale por sí mismo, son las garantías las que le confieren la potestad de obligatoriedad, efectividad y parcialidad, pues sino goza de esta protección a través de estas garantías, el derecho sería ineficaz (Cueva, 2013).
Es necesario acotar que la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son consideradas como fuentes del derecho ecuatoriano y a la vez tienen carácter de vinculante (Montaña, 2012), por lo que es menester señalar el concepto que estos órganos atribuyen al debido proceso, al respecto indican que es un derecho primordial que posee toda persona que se encuentran procesada y que hace referencia al conjunto de requisitos que deben observarse dentro de estos procesos, con el fin de que se encuentren en condiciones de defenderse de manera adecuada (Sentencia No. 001-14-SEP-CC, 2014; Caso Ruano Torres Vs. El Salvador, 2015), al respecto, Gordillo (1984) señala que el derecho al debido proceso no es solo aplicable en los procesos judiciales “…también la administración está sometida a esos principios y sus procedimientos no estarán menos ligados a ellos por el hecho de que no los cubramos con la calificación de proceso” (p.391), en síntesis, los procedimientos administrativos tienen igual importancia que los procesos judiciales.
El derecho a la defensa y la motivación de las resoluciones
Uno de los componentes más importantes dentro del debido proceso es el derecho a la defensa, en consecuencia, el Estado, como garantista de derechos y en virtud de sus atribuciones tiene la obligación de regular los lineamientos establecidos por la constitución, ofreciendo a los justiciables sistemas procesales idóneos para la defensa de sus derechos (De los Santos, 2012). Se entiende por derecho a la defensa como el derecho fundamental que tienen las personas a defenderse de una demanda civil, penal o administrativa y contar con la asistencia de un abogado (Landa,2001), esto con la finalidad de que puedan alegar y demostrar su estatus de inocencia. El derecho a la defensa, se halla establecido en el Art. 76 numeral 7 de la Constitución (Asamblea Constituyente, 2008), este no puede ser considerado como un derecho más dentro del debido proceso ya que tiene tal importancia porque se trata un derecho rodeado de garantías que torna operativas a todas las demás; es por esa aseveración que su inviolabilidad es la garantía perentoria con la que cuenta el ciudadano; tanto es así que, si el derecho a la defensa no es cumplido debidamente, puede acarrear nulidades procesales (Aguirre y Ávila, 2015).
En ese mismo contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado el momento en el que surge y toma validez el derecho a la defensa y concluye que la persona sometida a un proceso administrativo sancionatorio debe tener acceso a la defensa técnica desde el momento en el que se ordena investigarla o la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, impedir a esta contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo, pues el hecho que una persona sea escuchada en un proceso es asegurar su derecho a un juicio justo, y así el administrador de justicia puede llegar a la verdad a través de los alegatos, pruebas y argumentos presentados por las partes y evitar la arbitrariedad y una condena o sanción injusta (Vélez Loor Vs. Panamá, 2010;Barbani Duarte y otros vs Uruguay, 2011; Cea, 2012).
En relación a lo manifestado se puede decir que el derecho a la defensa implica que toda persona en cualquier etapa de un proceso sea este judicial o administrativo debe contar con el patrocinio de un abogado, contar con una defesa técnica conocedora del derecho para que a través de ellos den a conocer su versión de los hechos acusados, todo esto con el único fin de precautelar la protección de los derechos garantizados en la constitución; no es idóneo que un tribunal o un administrador de justicia prive de este derecho a las partes procesales simplemente con el único argumento incoherente de que es el deseo de la parte procesal no contar con la asistencia de un abogado.
De acuerdo con lo expuesto, se debe precisar que la motivación es una garantía constitucional, que forma parte del contenido del derecho a la defensa que no puede ser excluida, sino más bien es la pieza fundamental dentro de las resoluciones, esta garantía se encuentra prevista en el artículo 76 literal l) de la Constitución (Asamblea Constituyente, 2008), la importancia de la motivación en las resoluciones tanto judiciales como administrativas, se debe a que toda persona tiene derecho de conocer las razones por las cuales se dictó determinada resolución; por lo tanto, la garantía de la motivación es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopte dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal (Chocròn Chocròn Vs. Venezuela, 2009). La Corte Constitucional, respecto a esta garantía con la facultad que tiene ha determinado que:
La motivación se configura como la piedra angular de las decisiones judiciales, ya que gracias a la justificación racional, lógica y comprensible que realiza el juzgador en la fundamentación de sus fallos, esta se transforma en un filtro contra la arbitrariedad, garantizando a su vez el derecho a la defensa de las partes, al permitirles conocer certeramente los motivos por los cuales se toma la resolución en cuestión (sentencia N. 222-15-SEP-CC, 2015).
De igual manera en varias de sus decisiones ha establecido parámetros para que los jueces e incluso las autoridades administrativas motiven adecuadamente sus sentencias o resoluciones, tal como se puede apreciar en el cuadro 2.
Parámetros de la motivación
Consiste en enunciar las normas y principios que tengan relación con el proceso o la causa a resolverse, es decir es la fundamentación en derecho.
Es la relación entre los hechos y la norma, debe existir un orden lógico entre lo expuesto, es la aplicación correcta del silogismo jurídico
La resolución debe ser clara y sencilla, comprensible para cualquier persona, además este parámetro es el resultado de la aplicación correcta de los dos anteriores, y su omisión puede anular los tres parámetros.
Fuente: (Sentencia Nº004-15-SEP-CC, 2015).
La motivación es una garantía esencial del debido proceso, por medio del cual todos los órganos y servidores de la administración pública, se obligan a emitir sus dictámenes, actos o resoluciones, debidamente sustentados, con expresión clara, precisa y oportuna de los antecedentes, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, dando como resultado lógico la decisión final del ente administrativo. Lo antes expuesto, posee total relación con el derecho a la seguridad jurídica, que es la certeza o el aval que tiene toda persona de que sus derechos reconocidos en la constitución o en las leyes sean respetados, y al existir una vulneración a los mismos existirá la correspondiente responsabilidad por parte de quien lo causó (Hernández, 2004).
Con respecto a lo señalado, hay que mencionar que la seguridad jurídica es considerada un derecho constitucional plasmado en el artículo 82 de la constitución (Asamblea Constituyente, 2008); de este artículo la Corte Constitucional ha identificado tres elementos importantes para el efectivo cumplimiento de este derecho: 1.-Supremacía de la Constitución 2.- Las normas del ordenamiento jurídico deben ser previas, claras y públicas 3. Quienes aplicarán la norma serán únicamente las autoridades competentes (Sentencia N.º 210-16-SEP-CC, 2016), en tal virtud el derecho a la seguridad jurídica es en simple palabras el respeto a la Constitución, consiste en que toda autoridad administrativa brinde certidumbre y confianza a los administrados, toda acción o procedimiento de una autoridad pública o particular debe estar encaminada dentro de las normas que predicen la solución de una determinada situación jurídica (Sentencia N.º 214-17-SEP-CC, 2017), como se puede inferir los derechos establecidos en la constitución actúan de manera conjunta, son un todo y al vulnerar un derecho como puede ser el debido proceso de manera indirecta se está vulnerando además derechos constitucionales.
Procedimiento de la Juntas Cantonales de Protección de Derechos
La Junta Cantonal de Protección de Derechos (JCPD) es un organismo administrativo, creada por los Gobierno Autónomo Descentralizados Municipales, se encuentra regulada en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) y su principal función es el velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Está integrada por 3 miembros principales que son elegidos mediante concurso de méritos y oposición para un período de 3 años, es significativo indicar que no todos los miembros son abogados, existen psicólogos o trabajadores sociales quienes están en la obligación de prepararse y conocer del derecho, pues en sus manos está el conocer los casos de vulneración o situación de riesgo en que se encuentren los NNA.
Considerando que ningún caso es igual por lo que requiere un estudio especial, sus funciones específicas se encuentran determinadas en el artículo 206 del CNA, entre las principales funciones está dictar medidas de protección, para esto el art 215 las define como “Acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos …” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, p.27)
Del concepto anterior se infiere que las medidas de protección pueden ser administrativas y judiciales, las medidas administrativas son las dictadas por la JCPD y son todas aquellas que se encuentran tipificadas en el artículo 79 y 217 del CNA, a excepción del acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción, en caso de emergencia si se podrán ejecutar provisionalmente estas excepciones, y se debe dar a conocer al Juez competente en el plazo máximo de setenta y dos horas, para que disponga las medidas definitivas, el procedimiento es el siguiente:
Conocimiento del caso: la denuncia es receptada ya sea de manera verbal, escrita o de oficio.
2. Avoca conocimiento: en el término máximo de 48 los Miembros de la JCPD, avocarán conocimiento, citarán y notificarán a las partes con la fecha para la audiencia de contestación.
3. Audiencia: se escucha a las partes, se realiza la audiencia de reserva al NNA, de llegar a existir una conciliación se dictan medidas de protección a través de una resolución.
4. Audiencia de prueba: de no existir conciliación se abre el término a prueba y la audiencia se deberá realizar en un plazo no mayor a 5 días.
5. Resolución: se dará a conocer en la audiencia o dentro de los dos días hábiles siguientes.
6. Impugnación: existen dos recursos de reposición y de apelación.
El procedimiento establecido por el CNA a simple vista garantiza el derecho al debido proceso que tienen las partes procesales previo al dictamen de una medida de protección, en caso de duda o de existir algún vació legal se considera al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) como norma supletoria. En lo que respecta a la audiencia, sobre la misma el código antes citado no señala que las partes procesales deban o no comparecer con un abogado defensor, sin embargo, al ser el COGEP una norma supletoria se deberá cumplir con lo que dispone en su artículo 36, el mismo que indica, que el patrocinio de un abogado es indispensable, e incluso el Estado con el fin de garantizar este derecho ha creado la defensoría pública, de manera tal, que no se pueda alegar la situación económica como factor para la vulneración a este derecho (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015).
Como bien se mencionó los Miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos dictan o emite resoluciones administrativas, las mismas que deben ser motivadas según lo establece la Constitución, la Corte Constitucional e incluso el mismo COGEP en el artículo 89, en consecuencia, el procedimiento administrativo de protección tiene por objeto determinar la existencia de una amenaza o vulneración de derechos y cuando ello se verifique imponer las sanciones correspondientes, por ende, estas resoluciones deben ser razonables, lógicas y comprensibles. En este contexto, a efectos de determinar si la Junta Cantonal de Azogues durante el año 2019 cumplió con el debido proceso en lo referente al derecho a la defensa y a la garantía de motivación, se analizaron 50 procesos administrativos, obteniéndose la siguiente evidencia:
Figura 1. Tipo de maltrato
Como se puede evidenciar en la figura 1 los tipos de maltratos que se lograron determinar en los casos analizados son: físico, psicológico y negligencia, predominando el maltrato físico, es decir, casos en donde realmente se necesita la actuación debida de los Miembros de la JCPD, con el fin de restituir los derechos vulnerados.
Figura 2. Audiencia con o sin patrocinio de abogado/denunciante
De la figura 2 se deduce que existe una falta de aplicación de la constitución y de las normas infra constitucionales, se evidencia una total vulneración al derecho a la defensa, un 24% de los casos analizados comparecen sin el patrocino de un abogado, no cuentan con la defensa técnica a la que tienen derecho.
Figura 3. Audiencia con o sin patrocinio de abogado/denunciado
Con los resultados de la figura 3, se infiere la ejecución de procesos que quebrantan de manera notoria la seguridad jurídica a la que se tiene derecho, un 44% de personas denunciadas son sancionadas en total indefensión.
Figura 4. Motivación en las resoluciones
Tal y como se demuestra en la figura 4, se logra determinar que las resoluciones de la JCPD, son resoluciones que carecen de un verdadero análisis jurídico, no existe motivación, lo único que realizan es enumerar la normativa jurídica, no existe coherencia
ni comprensibilidad, por lo que no se evidencia conexión entre fundamentos de hecho y derecho.
La presente investigación se basó en un enfoque cualitativo, debido a que se analizó el alcance que tiene la garantía de la motivación en las resoluciones administrativas. En cuanto a los métodos utilizados fueron los siguientes: método analítico – sintético: se utilizó este método respecto al debido proceso, pues se priorizó el estudio específicamente en un derecho y una garantía que le rodea al mismo; histórico - lógico: a través de este método se realizó una valoración retrospectiva del debido proceso permitiendo estudiar su evolución y destacar sus cambios epocales; inductivo - deductivo: el análisis se basó en casos concretos, relacionados con las resoluciones de la JCPD-A, en donde se evidenció la vulneración de los derechos y garantías que son parte del debido proceso. El universo de estudio fue de 249 procesos de la JCPD perteneciente al año 2019, para lo cual se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple, considerando un margen de error del 5%, obteniéndose una muestra de 50 casos (Trelles, Erazo y Narváez, 2019).
El debido proceso es un derecho que se ha ido desarrollando a través de la historia, es considerado actualmente como un derecho fundamental-constitucional, porque no solo se encuentra consagrado en la Constitución de la República, también se encuentra tipificado en los diversos tratados internacionales en donde el Ecuador es parte de los mismos, es indispensable pues contiene un sin número de derechos, principios y garantías que no pueden ser obviados dentro de un proceso ya sea judicial, administrativo o penal, ya que su finalidad es evitar la arbitrariedad de las autoridades, y así brindar la seguridad que necesitan los ciudadanos de que sus procesos serán justos.
Atendiendo esta consideración el derecho a la defensa es un derecho constitucional que se desprende del debido proceso, que hace referencia a la facultad que tienen los ciudadanos de que sean escuchados por las autoridades competentes, sus alegatos serán presentados por medio de una defensa técnica; es decir, siguiendo los lineamientos establecidos por la constitución y las normas legales, ninguna persona podrá intervenir en un proceso sin el patrocinio de su abogado, para luego de ello obtener de los mismos resoluciones motivadas conforme a los parámetros establecidos por el máximo órgano dentro del Estado que es la Corte Constitucional.
Sobre la base de las ideas expuestas y de lo demostrado en el análisis que se realizó a los procesos de la JCPD de Azogues, se concluye que la actuación de los Miembros de la JCDP de Azogues es contraria a la constitución, son los propios funcionarios quienes no respetan ni hacen respetar el derecho al debido proceso que tiene todo ciudadano, vulneran el derecho a la defensa dejando en total indefensión a las partes, sus resoluciones no son debidamente motivadas, en consecuencia sus resoluciones serán nulas y todo lo actuado a favor de los NNA quedaría sin efecto, vulnerando además de la seguridad jurídica el derecho que por ser un grupo de atención prioritaria poseen los NNA.
Es necesario que los derechos que tiene todo ciudadano no quede solo escritos en un papel, el derecho al debido proceso debe ser sociabilizado a fin de evitar vulnerarlo, es urgente que las autoridades administrativas apliquen de manera directa la constitución, no se puede seguir ejerciendo una responsabilidad tan delicada como es el proteger los derechos de los NNA, sin una adecuada utilización del derecho, por lo que constitucionalmente el procedimiento administrativo debe ser tal y como se presenta en la figura 5.
Figura 5. El debido proceso en el procedimiento administrativo de la JCDP
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