Source: http://187.141.8.150:8080/CNDH/
Timestamp: 2017-04-28 14:00:15
Document Index: 175076908

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 60', 'artículo 39', 'artículo 149', 'artículo 150', 'artículo 159', 'artículo 160', 'artículo 161', 'artículo 162', 'artículo 163', 'artículo 164', 'artículo 63', 'artículo 167', 'artículo 97', 'artículo 102', 'Artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 68', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 73', 'artículo 89', 'artículo 133', 'artículo 1', 'Artículo 94', 'Artículo 1', 'artículo 103', 'artículo 80', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 14', 'Artículo 1']

Derechos Humanos: Un Compromiso de Tod@s
Derechos Humanos: Un Compromiso de Todos
Egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, institución de la que obtuvo el Título de Licenciado en Derecho. Posteriormente curso estudios de Especialidad en Ciencias Penales y de Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, es Doctor en Derecho por la misma Universidad. Ha recibido diversos reconocimientos académicos, como lo son el Premio al Reconocimiento Escolar por haber logrado el mejor promedio de su generación en sus estudios de licenciatura, y promedio de diez en sus estudios de especialidad, maestría y doctorado; mención honorífica en sus exámenes tanto en licenciatura como para obtener el grado de Doctor en Derecho y premio al mérito profesional por su alto desempeño académico y trayectoria profesional; así mismo, ha recibido otros veinte reconocimientos académicos, en el ámbito nacional e internacional. Entre sus actividades docentes, se encuentra la de profesor a nivel Licenciatura y Posgrado en distintas universidades del País, en las materias de Derechos Humanos, Derecho Penal, Procesal Penal, Teoría del Delito y Teoría de la Culpabilidad, entre otras. Es Profesor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por la Universidad del Salvador en Argentina y por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Es visitante académico y ha participado en Congresos y Seminarios en Universidades de México, Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, España, Francia, Hungría, Holanda, Cuba, Italia y Suiza, entre otros. Es miembro de la Association Internationale de Droit Pénal; Investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT; Académico de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha publicado más de 150 artículos doctrinales sobre diversos tópicos en materia penal y es autor de múltiples obras, destacando entre ellas: "Los Delitos Contra el Orden Económico", "La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica", "La Jurisprudencia en México", "Teoría del Delito", "Los Homicidios y Desapariciones de Mujeres en Ciudad Juárez (1993-2009)", "Compendio de Normas Oficiales Mexicanas Sobre el Derecho a la Protección de la Salud" y "Compendio de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos". Profesionalmente se desempeñó como abogado litigante durante quince años. Ocupó además el cargo de Segundo y Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, desde noviembre de 2009, por elección del Pleno del Senado de la República, es Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, fue nombrado presidente del Comité Mundial de Finanzas de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que es una organización de la que forman parte instituciones nacionales de derechos humanos de cerca de 102 países, que tiene su base en Ginebra, Suiza.
Sobre la CNDH
Antecedentes y etapas de la CNDH
Marco Jurídico de la CNDH
Integración de la CNDH
Después de la Reforma de 2011
Asuntos de no Competencia
Calificación del escrito de queja
Documento de no responsabilidad
Continuar con otras instancias de Protección no Jurisdiccional Temas relacionados:
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Otros instrumentos internacionales de protección
Órganos de la Organización de los Estados Americanos
Carta Democtratica Interamericana
Otros Instrumentos de protección de los derechos humanos
Respeto, garantías, Protección y Defensa
La Fundamentación iusnaturalista
La Fundamentación iuspositivista
La Fundamentación historicista
La Fundamentación iusgarantista y los neoconstitucionalismos
Protección constitucional en México
La constitución o leyes constitucionales de 1836
El Acta constitutiva y de reforma de 1847
Reforma del Art. 29 constitucional
Limitaciones y derechos insuspendibles
Tema relacionado5	Sistemas de Protección
Otras instancias de protección no jurisdiccional
Los derechos humanos como parte del derecho internacional
Los órganos de la ONU
Órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
La repatriación voluntaria
Sistemas regionales de Protección a los Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Protección a los Derchos Humanos
Tema relacionado5	La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destaca como uno de los principales
organismos responsables de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación
En su labor de protección defiende a las personas al conocer de quejas en contra de actos
u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor
público con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen esos derechos.
Desarrolla la observancia fomentando la cultura de la legalidad entre las personas y
específicamente entre los servidores públicos, así como el cumplimiento de los códigos de
ética en las diferentes instancias públicas para evitar responsabilidades.
Realiza la promoción dando a conocer su existencia, sus atribuciones y las diferentes
temáticas sobre los derechos humanos.
Concreta el estudio elaborando trabajos de investigación generales, específicos y/o
interdisciplinarios respecto a tópicos desde los aspectos teóricos, aplicados y de
Por último, la divulgación se efectúa por medios de comunicación masiva, impresos y
cursos en la República mexicana.
Sobre La Comisión Nacional de los Derechos Humanos La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que vigila que los derechos humanos sean respetados. Apoya y orienta cuando los derechos humanos reconocidos por la Constitución son violados o cuando servidores públicos federales intentan pasarlos por alto. Su objetivo es la observación, protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Antecedentes y etapas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) El 13 de febrero de 1989 se creó dentro de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Derechos Humanos. Un año después (6 de junio de 1990) surgió por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituida como un organismo desconcertado de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, con la reforma de 1992 se elevó a la CNDH a rango constitucional y se convirtió en un organismo público descentralizado. Esto dio origen al llamado sistema nacional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en nuestro país.
El 13 de septiembre de 1999 pasó a ser una institución con plena autonomía, presupuestaria y de gestión. Modificando su denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos a Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Por último, el 10 de junio de 2011 se promulga promulgó entró en vigor la Reforma a la Constitución en materia de Derechos Humanos, fortaleciendo el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Marco jurídico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): La naturaleza jurídica de la CNDH esta contenida en el artículo 102 apartado B, constituyéndola como uno de los organismos de protección que ampara el orden jurídico mexicano. Se encarga de conocer sobre quejas en contra de actos u omisiones administrativas provenientes de cualquier autoridad o servidor público, excepto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, encontramos su fundamento en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en su Reglamento Interno. ley de la comisión nacional de los derechos humanos y en su reglamento interno
Integración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): La CNDH se integra por los siguientes órganos:
-La Presidencia: es el órgano ejecutivo y le corresponde ejercer las funciones directivas, dura en el cargo cinco años y puede ser reelecto por otro periodo.
-El Consejo Consultivo: Está Integrado por diez miembros de la sociedad civil elegidos por la Cámara de Senadores. Se encarga de definir los lineamientos generales de actuación de la CNDH, aprobar el reglamento interno, dictar las normas internas de la Institución y opinar sobre el proyecto del informe anual. -Visitadurías Generales: Son seis y tienen como función esencial, la admisión e investigación de las quejas e inconformidades, además de realizar actividades que logren la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos por medio de la conciliación. Por encargo, del Presiente pueden interponer denuncias penales y dar seguimiento a diligencias y actuaciones. -La Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, son órganos auxiliares de la presidencia.
Atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH):
-Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos.
-Conocer e investigar, a petición de parte u oficio, presuntas violaciones de Derechos Humanos, en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal.
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan delitos con la tolerancia de algún servidor público o autoridad, o cuando dicha autoridad se niega a ejercer sin fundamento las atribuciones que legalmente le corresponden, especialmente tratándose de conductas que afectan la integridad física de las personas.
-Realizar recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.
-Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.
-Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas.
-Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten por omisiones en que incurren los Organismos Públicos de Derechos Humanos.
-Procurar la conciliación entre aquellos que levantaron la queja y las autoridades responsables.
-Proponer a las diversas autoridades del país, modificaciones de disposiciones legislativas reglamentarias, así como de prácticas administrativas.
-Realizar programas y proponer acciones con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales.
-Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de acuerdos internacionales.
-Promover el estudio, enseñanza, observancia y divulgación de los Derechos Humanos.
-Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de reinserción social en el país.
-Conocer sobre inconformidades respecto a los derechos humanos.
Competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) después de la reforma constitucional de 2011: Tiene competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los Derechos Humanos en materia laboral cuando éstas sean atribuidas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción del Poder Judicial de la Federación o caigan en la definición de asunto interno. Asuntos de no competencia: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está impedida para conocer de los siguientes asuntos:
- Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales.
- Resoluciones de carácter interno. - Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.
- Por ningún motivo podrá examinar cuestiones propias de fondo.
- Conflictos entre particulares.
Facultad de atracción en materia de Derechos Humanos: Cuando las violaciones a derechos humanos se imputen sólo a autoridades o servidores públicos de las Entidades Federativas o municipios, en principio conocerán los organismos de protección de los Derechos Humanos de la Entidad de que se trate, salvo que se presente un recurso de queja por omisión o inactividad; por la importancia del asunto y cuando haya retraso por parte del Organismo Estatal para expedir su recomendación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de la CNDH: La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo Estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este Organismo el que emita, en su caso, la Recomendación correspondiente.
La CNDH tiene la facultad para conocer de un asunto, aun cuando no tenga competencia para ello. Esta facultad se puede ejercer en los siguientes casos:
-Presunta violación a los derechos humanos que sobrepase el interés de una entidad federativa que incida en la opinión pública nacional y sea un asunto de especial gravedad.
-A solicitud expresa de algún organismo local.
-Cuando el titular de dicho Organismo local no pueda conocer del mismo.
La Fe pública en la actuación de la CNDH. Es la facultad que la ley les provee a los ocupantes de los cargos de Presidente, Visitador General y Visitadores Adjuntos, para autentificar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar en presencia de dichos servidores públicos y se refieren al procedimiento de la queja.
Medidas precautorias o cautelares en la protección de Derechos Humanos. A través de la figura del Visitador General se podrá solicitar en cualquier momento, a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron. Procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Principios que rigen los procedimientos:
Estos procedimientos deben ser breves y sencillos. Para ello, se evitarán los formalismos; se procurará la comunicación inmediata ante aquellos que realizaron la queja y con las autoridades, sea de manera personal, por teléfono, telégrafo, telefax, correo electrónico o por cualquier otro medio, para obtener los elementos suficientes para determinar su competencia y pasar al trámite del escrito o petición. Se buscará realizar, lo antes posible, la investigación; evitando actuaciones innecesarias. Todas las actuaciones ante la CNDH serán gratuitas y en ellas predominará el principio de confidencialidad.
-Requisitos de admisibilidad de la queja:
Cualquier persona podrá presentar queja por presuntas violaciones a los derechos humanos, e inclusive menores de edad o bien, Organizaciones No Gubernamentales legalmente constituidas. Sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de haberse iniciado los hechos que se crean violatorios, o que la persona que realiza la queja tenga conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves se podrá ampliar dicho plazo. Por el contrario, no contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de crimen contra la humanidad.
-Presentación de la queja:
Se deberá presentar la queja por escrito; en casos urgentes podrá realizarse a cualquier hora, o por cualquier medio de comunicación electrónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, es por ello que cualquier comunicado deberá ser ratificado dentro de los tres días siguientes a su presentación, en caso de que la persona que realizó la queja no se identificara ni lo suscribiera. Calificación del escrito de queja: El escrito de queja se pasará ante un examen preliminar, para su aprobación. Una vez recibido el escrito de queja, la dirección General de Quejas y Orientación le dará un número de expediente y lo turnará de inmediato a la Visitaduría General que corresponda, para su aprobación, la competencia y el concepto de la violación denunciada, para posteriormente dirigir su trámite e investigación correspondiente, para lo cual procederá a la calificación de la queja, que puede ser:
a) Supuesta violación a los derechos humanos.
b) Orientación directa.
c) Remisión.
d) No competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja.
e) No competencia de la Comisión Nacional con la necesidad de realizar orientación jurídica.
f) Acuerdo de calificación pendiente, cuando la queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios, o que sea confusa.
g) Cuando una queja no se refiera a violaciones a los derechos a la vida, a la integridad física o psíquica u otras que se consideren especialmente graves por el número de afectados o sus posibles consecuencias, se intenta un acuerdo entre las partes involucradas, siempre con el interés de respetar los derechos humanos de los afectados.
h) Si la queja ha sido calificada como presuntamente violatoria a los derechos humanos, la persona responsable de atender el asunto mantiene estrecho contacto con los interesados, a fin de informarles sobre los avances generales del expediente de queja.
Facultades del visitador General para la investigación de una queja: La investigación de una queja tiene como propósito reunir las evidencias que permitan conocer si se cometió o no una violación a los derechos humanos, identificar a la autoridad o servidor público responsable y concretar la infracción, para lo cual el Visitador encargado, tendrá que obtener la información necesaria, requiriendo informes, realizando visitas e inspecciones, requerir testimonios, realizar gestiones, recabar documentos y en su caso ayudarse de peritajes, para lo cual se le faculta con los siguientes medios (artículo 39 de la Ley de la CNDH):
-Pedir a las autoridades o servidores públicos, a los que se imputen violaciones de Derechos Humanos, la presentación de informes;
-Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes;
-Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección en términos de ley;
-Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y
-Efectuar todas las demás acciones que conforme a derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto. Causas de conclusión de los expedientes:
Una vez realizada la investigación el Visitador elaborará el proyecto de conclusión del expediente de queja, por alguna de las siguientes causas: -Por no competencia para conocer de la queja planteada;
-Por no tratarse de violaciones a los derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica para aquellos que realizaron la queja,
-Por haberse dictado la recomendación correspondiente:
-Por haberse emitido un documento de no responsabilidad;
-Por desistimiento de la persona que realiza la queja;
-Por falta de interés del ofendido para continuar el procedimiento;
-Por acuerdo de acumulación de expedientes;
-Por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y
-Por haberse solucionado la queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
Las Recomendaciones en materia de Derechos Humanos: Durante la fase de investigación de una queja, los visitadores responsables del caso apoyados por especialistas de diversos campos científicos, realizarán una cuidadosa investigación de los hechos y determinarán si una autoridad o servidor público ha violado los derechos humanos de una persona, a consecuencia de actos ilegales. Concluido este procedimiento, en caso de comprobarse la violación a los derechos humanos, se planteará la posibilidad de llegar a un acuerdo, cuando esto no se pueda llevar a cabo se realiza la Recomendación correspondiente, la cual contiene:
a. Descripción de los hechos violatorios a los derechos humanos.
b. Enumeración de las evidencias que demuestren dicha violación.
c. Descripción de la situación en cuestión y del contexto en que los hechos se presentaron.
d. Observaciones y razonamiento lógico-jurídicos y de equidad, que comprueben la violación.
e. Recomendaciones específicas, son aquellas acciones solicitadas a la autoridad para reparar la violación y sancionar a los responsables.
Cuando la Recomendación ha sido suscrita por el Presidente de la Comisión Nacional, se notifica de inmediato a la autoridad o servidor público al que va dirigido, a fin de que tome las medidas necesarias para su debido cumplimiento. Posteriormente de da a conocer a la opinión pública, a través de la Gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una vez expedida la recomendación, la CNDH debe dar seguimiento y verificar su cumplimiento.
Acuerdo o documento de no responsabilidad en la violación de Derechos Humanos. Si al concluir la investigación de la queja se evidencia que las autoridades o servidores públicos no han violado los derechos humanos del ofendido, o que no se aceptaron las acusaciones, entonces se elaborará un documento de no responsabilidad, en los cuales se analizarán las pruebas. Los oficios de conclusión de los expedientes de queja deben contener los siguientes elementos:
a. Antecedentes de los hechos que fueron explicados como violatorios a los derechos humanos.
b. Enumeración de las evidencias que demuestran la no violación a los derechos humanos o a la inexistencia de aquellas en las que se soporta la violación.
c. Análisis de las causas de no violación a los derechos humanos.
d. Conclusiones. Los acuerdos de no responsabilidad son notificados de inmediato a los ofendidos y a las autoridades o servidores públicos involucrados.
Recomendaciones generales: La CNDH podrá emitir recomendaciones generales a las diversas autoridades del país, a fin de que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que propicien violaciones a derechos humanos. éstas no requieren aceptación por parte de las autoridades a quienes vayan dirigidas. Se publicarán en la Gaceta y en el Diario Oficial de la Federación.
Inconformidades presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Las inconformidades podrán presentarse a través de los recursos de queja y de impugnación, lo que posibilita la revisión y somete a un mejor control la protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos, mediante estos mecanismos de tutela.
Recurso de queja. Procede contra las omisiones o defecto en la atención a los ofendidos, por parte de los organismos estatales de Derechos Humanos.
Procedencia (artículo 149, del Reglamento Interno de la CNDH):
-Por las omisiones que hubiera cometido un Organismo local de los derechos humanos durante el tratamiento de una queja, presuntamente violatoria a los derechos humanos, siempre y cuando esa omisión causara un daño grave al ofendido y que pueda tener efectos sobre el resultado final de la queja.
-Por la declaración inactividad del Organismo local de derechos humanos, en el tratamiento de una queja presuntamente violatoria a los derechos humanos.
Admisión (artículo 150 del Reglamento Interno de la CNDH),Para que la CNDH admita el recurso de queja es necesario: -Que el recurso sea interpuesto ante la Comisión Nacional.
-Que el recurso sea suscrito por la o los agraviados en el procedimiento instaurado por el Organismo local, cuya omisión o inactividad se recurre.
-Que hayan transcurrido por lo menos seis meses desde la fecha de presentación de la queja ante el Organismo local.
-Que el referido Organismo local, respecto del procedimiento de queja que se recurre, no haya dictado Recomendación alguna o establecido resolución definitiva sobre el mismo.
Procedimiento (artículos 151, 155, 157, 158 del Reglamento Interno de la CNDH):
-El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante la Comisión Nacional y, en caso de urgencia, por correo, fax o telégrafo. En ese documento se indicará con precisión la omisión o actitud del Organismo local, los agravios generados, así como las pruebas correspondientes.
-Posteriormente, la CNDH solicitará al Organismo local un informe del caso y las constancias y fundamentos que justifiquen su conducta, los cuales serán analizados para la emisión de una resolución que puede ser:
1.- Recomendación dirigida al Organismo local correspondiente, a fin de que corrija la omisión o inactividad recurrida. 2.- Acuerdo de no responsabilidad dirigido al Organismo local correspondiente, cuando los agravios sean falsos o infundados.
3.- Acuerdo de atracción de la queja cuando se considere que el asunto es importante y el Organismo local puede tardar mucho en expedir su Recomendación. 4.- Desechamiento en caso de que el recurso quede sin materia, sea improcedente o resulte infundado. Recurso de Impugnación:
Procede contra actos definitivos, ya sea de las autoridades con motivo de los informes que rinden ante los organismos estatales de derechos humanos en relación al cumplimiento de las recomendaciones, o bien, de estos organismos con motivo de las resoluciones emitidas. Procedencia (artículo 159 del Reglamento Interno de la CNDH):
-En contra de las resoluciones definitivas dictadas por un Organismo local de derechos humanos, que le ocasione algún daño al ofendido. Se entiende por resolución definitiva toda forma de conclusión de un expediente abierto con motivo de presuntas violaciones a los derechos humanos;
-En contra de Recomendaciones dictadas por Organismos Locales, cuando a juicio de aquel que realiza la queja, éstas no tiendan a reparar debidamente la violación denunciada;
-En contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento, por parte de la autoridad, de una Recomendación emitida por un organismo local, y
-En caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o sobrentendida, una Recomendación presentada por un Órgano Local.
Admisión (artículo 160 del Reglamento Interno de la CNDH):
-Que sea interpuesto directamente ante el correspondiente Organismo local de derechos humanos. -Que sea suscrito por la persona o personas agraviadas, en el procedimiento instaurado por el respectivo Organismo local de derechos humanos, y
-Que se presente ante el respectivo Organismo local dentro de un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo de conclusión o de la aceptación de la Recomendación, o de que el ofendido hubiese tenido noticia sobre la información definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de la Recomendación. Recepción (artículo 161 del Reglamento Interno de la CNDH):
Al ser recibido, la Dirección General de Quejas y Orientación procederá a registrarlo en la base de datos correspondiente y lo turnará a las Visitadurías Generales para su atención y trámite.
Requisitos de Admisión (artículo 162 del Reglamento Interno de la CNDH):
-El recurso de impugnación deberá presentarse por escrito ante el Organismo local respectivo y con una descripción concreta de los agravios generados al ofendido, el fundamento de los mismos y las pruebas documentales con que se cuente. -En caso de que el promovente presente directamente el recurso de impugnación ante la CNDH, ésta la remitirá mediante oficio al Organismo local, para que proceda conforme a las reglas establecidas en los artículos 62, 63 y 65 de la Ley de la CNDH y los correspondientes de su Reglamento Interno. Salvo que el recurso no se admita para trámite o sea rechazado por el Organismo local; éste se radicará y se solicitarán los informes respectivos, atendiendo el principio de inmediatez.
Remisión del recurso (artículo 163 del Reglamento Interno de la CNDH):
-Dentro de los 15 días siguientes a su interposición, el Organismo local deberá remitirlo a la Comisión Nacional, junto con el expediente del caso.
Elementos del recurso (artículo 164 del Reglamento Interno de la CNDH):
El Organismo local al recibir el recurso, debe verificar que esté firmado, que cuente con los datos de identificación del recurrente. Podrá requerir al promovente para que corrija en su caso, las omisiones. Si no se cuenta con los datos de identificación solicitados, no empezarán a valorarse los plazos previstos en el artículo 63 de la ley de la CNDH.
Al enviarse el recurso, el Organismo local deberá mencionar si cuando lo recibió hizo alguna prevención y cuál fue su resultado. En ningún caso el Organismo local podrá analizar ni rechazar el recurso en cuanto al fondo del asunto. Tampoco podrá solicitar al recurrente aclaración del contenido del escrito con el que se presenta el recurso. Resoluciones del recurso (artículo 167 del Reglamento Interno de la CNDH):
La confirmación de la resolución definitiva del Organismo local de derechos humanos;
-La modificación de la propia Recomendación, caso en el cual formulará, a su vez, una Recomendación al Organismo local;
-La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la recomendación formulada por el Organismo local respectivo, y
-La declaración de insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación del Organismo local, por parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el que la Comisión Nacional formulará una Recomendación dirigida a dicha autoridad, la que deberá informar sobre su aceptación y cumplimiento. Facultad de investigación sobre violaciones graves a Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, en el segundo párrafo del artículo 97, de la Constitución, se eliminó la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nombrar a algunos de sus integrantes para averiguar algunos hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, y la trasladó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estableciendo en el nuevo texto del apartado B del artículo 102 constitucional, que la CNDH "podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente" (Artículo 89 del Reglamento Interno de la CNDH).
El procedimiento, a diferencia de la figura semejante de la SCJN, aún no está reglamentado, por lo que existe una vacatio legis en cuanto al alcance y sustanciación del procedimiento. Sin embargo, habría que correlacionar su implementación con la facultad anteriormente establecida para la CNDH de iniciar de oficio (sin que se realice alguna petición) investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos (artículo 89 del Reglamento Interno de la CNDH).
Historia de los Derechos Humanos: Los derechos humanos centran su atención en la dignidad humana (elemento que se encuentra inmerso en cada momento de la evolución histórica). Desde el punto de vista del iusnaturalismo, una de las primeras doctrinas de derecho; el derecho se deriva de la esencia del hombre. Según esta doctrina el origen de los derechos humanos se encuentra en la naturaleza propia del ser humano. Una naturaleza que es superior a la de cualquier ley positiva. Por ello, para entender los derechos humanos se debe estudiar la historia misma de la humanidad, ya que los Derechos Humanos encuentran su sustento y justificación en la historia y en el desarrollo del mundo contemporáneo. A lo largo de la historia los derechos humanos han recibido diferentes nombres, entre ellos se encuentran derechos del hombre o derechos fundamentales. El título "derechos humanos" se introdujo en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto con el objeto de utilizar un término más amplio que pudiera incluir, no solo los derechos de los hombres, sino también los de las mujeres, niños, adultos mayores, etc. En la Constitución mexicana, el término "Derechos Humanos" se incorporó en junio de 2011. Esa reforma constitucional modificó el apartado de las "garantías individuales" por el de "los derechos humanos".
Evolución Histórica de los Derechos Humanos: Los textos y escrituras de civilizaciones del pasado dejan testimonio de sus costumbres, creencias y tradiciones. Apoyados en estos textos es que podemos rastrear los primeros esbozos de aquello que, a fuerza de evolucionar y perfeccionarse, al cabo de siglos acabaremos denominando derechos humanos.
Los Derechos Humanos en la edad antigua: En la Edad Antigua, la confusión entre lo humano y lo divino, lo sagrado y lo profano impedía una verdadera autonomía individual y una concepción profunda y eficaz de la libertad personal. Es en Mesopotamia, durante el tercer milenio antes de Cristo, donde aparecen por primera vez recopilaciones de normas, de forma sistematizada, orientadas a organizar la vida social. En Grecia, grandes personajes como Sócrates, Platón o Aristóteles contaban con una idea del valor de la libertad y la igualdad muy desarrollada, ideas de donde nace el concepto de "Democracia" y de donde se generan los derechos políticos. Esta cuestión no excluía la existencia de esclavitud o que no se reconociera la igualdad entre hombres y mujeres; sólo los "ciudadanos" (una minoría de hombres propietarios) eran los iguales.
La Ley de las Doce Tablas, fue la primera ley escrita romana. Texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Establecían el procedimiento para enjuiciar a los culpables de delitos y un mecanismo en virtud del cual la parte ofendida podía reclamar indemnización de perjuicios a la parte culpable. En la cultura Romana, se llevó por primera vez el reconocimiento de los "derechos civiles" como son la individualidad de las personas, el derecho a tener un nombre, relaciones familiares de parentesco, propiedades, seguridad pública y procuración de justicia.
El budismo está comprendido en las doctrinas de Siddhartha Gautama. Un punto importante es su cuestionamiento al sistema de castas asociado al hinduismo, la tradición religiosa ya entonces dominante en la India. Con una influencia inicial sobre dicho país, luego el budismo se extenderá con gran fuerza por la China. En China con el pensamiento de Lao Tse y de Confucio (Kong-Fu-Tsen), se obtuvieron avances en materia de derechos del hombre, al propugnar por la protección de éste frente a las autoridades públicas y aludir a la igualdad natural que entre los seres humanos existe. Los Derechos Humanos en la edad media: Durante esta época, se destacaron los derechos estamentales, propios de cómo se configuraba y estructuraba la sociedad; todos ellos eran pactados entre el soberano, los barones y los hombres libres, mientras que la gente sometida (súbditos) quedaba privada de toda defensa jurídica contra los gobernantes.
En 1492, el llamado descubrimiento de América, alteró radicalmente el curso de la historia, tanto para los pueblos colonizados como para los colonizadores. La justificación del derecho a la conquista y colonización del continente americano por parte de los reyes de España está perfectamente expuesta en el "Requerimiento"; un documento elaborado durante el reinado de los Reyes Católicos por el jurista Juan López de Palacios Rubio. Estaba destinado a leerlo a los nativos con los que se establecía contacto, conminándoles a someterse, y avisándoles que en caso contrario serían tratados violentamente y reducidos a la esclavitud: Este documento constituye la base jurídica de la expansión española por buena parte del territorio americano.
Los textos jurídicos-normativos medievales fueron el punto de partida para el reconocimiento posterior de nuevos derechos y nuevas reivindicaciones extendidas a sectores cada vez más amplios de la población, por ejemplo: En España, el renacimiento del pensamiento está vinculado a la Escuela de Salamanca. El dominico Francisco de Vitoria (1486-1546) y el jesuita Francisco Suárez (1548-1617), se cuestionaron conceptos medievales del derecho y reivindicando libertades inusitadas para la época, poniendo en primer plano los derechos naturales del hombre: puesto que todos los hombres comparten la misma naturaleza también comparten los mismos derechos.
Posteriormente comenzaron a reconocerse los derechos colectivos en la medida en que se reconocía la libertad de entidades sociales sobre las cuales el príncipe no tenía poder. Estos derechos colectivos son un fenómeno común en el continente europeo, por ejemplo: En la Carta Magna inglesa de 1215 se proclamó la libertad de la Iglesia en Inglaterra, asimismo se reconoce por primera vez una serie de garantías de los derechos, como la prohibición de arrestos arbitrarios (cláusula 39 de la Carta Magna) o la jurisdicción que en materia constitucional ejercía la Justicia Mayor a Aragón, a través de la posibilidad de ejercitar el contrafuero en resistencia a aquellas disposiciones del poder público que violasen las franquicias del pueblo.
Con el Renacimiento, los derechos humanos se analizan tanto en sus dimensiones políticas y jurídicas, como económicas, sociales y culturales. La unión de todas estas dimensiones realizó una mezcla de elementos medievales y elementos modernos. Cabe señalar que durante la Edad Media se dio una extrema religiosidad, generando una de las peores torturas que ha sufrido la humanidad, a cargo de la Santa Inquisición. Es por ello, que en los estados modernos la democracia va de la mano con la libertad religiosa.
Los Derechos Humanos en la edad moderna: En la Edad Moderna es donde comienza la historia de los llamados Derechos del hombre, que posteriormente dan origen a los Derechos Humanos a través de las declaraciones de los siglos XVI, XVII y XVIII. En esta etapa hay varios modelos que muestran la evolución de los derechos: el modelo inglés, el modelo angloamericano, el modelo francés y el modelo iberoamericano; además de un quinto modelo que corresponde a la legislación indiana de los siglos XVI y XVII.
La legislación indiana es el resultado de las críticas de la Escuela de Salamanca al poder imperial y papal por el modo de colonizar y evangelizar América; en ella se delimitaron las condiciones para una guerra justa, como último acto de justicia punitiva y que solo puede ser defensiva. En la edad moderna, los derechos individuales tenían como fundamento la destrucción de las bases que sustentaban el complejo de los derechos medievales y el nacimiento de nuevos supuestos de índole ideal y social. Las primeras tablas de derechos fueron los "Bills" de las colonias americanas al separarse de la metrópoli. Las declaraciones americanas fueron algo nuevo en la historia, pues no se apeló al derecho histórico ni a la tradición, sino a los derechos de la naturaleza humana y de la razón. Sin embargo, en la edad moderna no se reconocían plenamente los derechos de las mujeres, como se puede observar en el artículo VI de la "Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano".
En el mundo moderno se empezó a consolidar la idea de que la primera función de todo poder político y de todo sistema jurídico era la organización pacífica de la convivencia. Así tenemos que las primeras manifestaciones formales sobre Derechos Humanos se remontan al siglo XVII y XVIII, donde se iniciaron los límites a la autoridad pública. John Locke introdujo la concepción de que los hombres son libres e iguales en el estado natural y que el derecho natural consiste en proteger derechos como la libertad, la vida y la propiedad. Montesquieu desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poder. En su obra "El espíritu de las leyes" manifestó admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Rousseau a través de su Contrato Social, hizo surgir una nueva política basada en la voluntad general, y en el pueblo como soberano. La Revolución Inglesa y la Americana (S.XVII-S.XVIII) y el Derecho inglés
Los grandes textos ingleses de los Derechos Humanos son: I. La Petition of Rights, de 1628, que protege los derechos personales y patrimoniales.
II. El Hábeas Corpus Act, de 1679, que tiene una significación trascendental, ya que establecía que la detención se una persona no podía ser realizada sin un previo mandamiento judicial y obligaba a someter a la persona detenida al juez ordinario dentro del plazo de veinte días. III. La "Bill" of Rights, de 1689, que confirmaba los derechos ya consagrados en los textos anteriores.
IV. El Act of Settlement de 1701, expresiones concretas de esa lucha por limitar al poder real, que trae como consecuencia derechos de los ciudadanos ingleses.
Estos textos están marcados por las siguientes características:
V. Son textos legales. Se trata de auténticas normas jurídico-positivas.
VI. Se trata de normas de Derecho Constitucional, de Derecho Constitucional Consuetudinario que en este sentido, constituyen la referencia de interpretación y de aplicación de cualquier otra norma. VII. Se trata de textos legales que recogen derechos que proceden del Derecho Consuetudinario inglés, remontándose su origen a textos medievales (como la Carta Magna de 1215).
VIII. Se trata del reconocimiento de los derechos que se generalizan ahora a todos los súbditos.
IX. Reconocen una serie de garantías como el ya referido reconocimiento del principio de la legalidad, la garantía de hábeas corpus.
Declaraciones Americanas
El modelo americano asumió rasgos comunes con el francés a pesar de que fue influenciado por el modelo británico, hasta tal punto que incluso se han producido hipótesis científicas de la influencia de las Declaraciones americanas sobre la francesa de 1789. Así, tenemos que la Declaración Americana más importante, por su influencia posterior, es la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 1776. Fue redactada por George Mason y sirvió de modelo para la declaración de los derechos de los otros Estados, como la Constitución Americana, escrita en Filadelfia en 1787 y la Declaración de los Derechos Federal de 1791. La Revolución Francesa
Es en las Declaraciones de los derechos del siglo XVIII donde se delinean con precisión los rasgos que caracterizan a los entonces llamados Derechos del Hombre. Éstos aparecen concretados y publicados en la famosa declaración adoptada por la Francia revolucionaria en 1789: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 Consta de 17 artículos en los que están condensados los derechos individuales y una serie de garantías. Los derechos reconocidos son fundamentalmente los siguientes:
I.	El derecho a la propiedad, que figura en primer lugar (artículo 2).
II.	La libertad; es decir, lo que hoy denominamos derechos de libertad, (artículo 2). III.	La seguridad; es decir, lo que hoy denominamos derecho a la seguridad personal (artículo 2).
IV.	El hoy denominado derecho a la libertad de expresión (artículo 10).
V.	El derecho a la libertad de conciencia y religión (artículo 10).
El modelo francés, en su origen se diferencia del inglés porque es, producto de una ruptura, de una situación revolucionaria y no de una reforma, y del americano porque éste surge con el nacimiento de un nuevo Estado independiente, mientras que Francia tiene una vieja tradición política unitaria. I) Es un ejemplo puro de formulación racionalista y abstracta de los derechos, como derechos naturales y en ruptura total con la tradición histórica de las leyes fundamentales de la monarquía francesa.
II) Es un modelo de la influencia liberal al recoger los derechos de opinión y de pensamiento, las garantías procesales, el derecho de participación política y el derecho de propiedad. III) Es más que una Declaración de los Derechos; es el punto de partida del constitucionalismo moderno, gobierno de la ley, igualdad formal, soberanía popular y separación de poderes.
IV) La diferencia laica frente al modelo americano se concreta en el artículo diez, donde las ideas religiosas se sitúan como una dimensión más del pensamiento y de la opinión. V) Establece una nueva legitimidad del poder gubernamental, lo que expresa la fundamentación del naciente Estado liberal.
Los movimientos sociales del siglo XX
Las revoluciones Mexicana, Rusa, China, Alemana e Industrial, trajeron como consecuencia el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta etapa histórica es marcada profundamente por el nacimiento de la ONU. En este periodo, se gestaron en el mundo nuevos modelos económicos, se instauraron gobiernos comunistas bajo las ideas de Carlos Marx y de Engels; otros países como México dieron nacimiento a una economía Mixta, en la cual se daba la intervención en la explotación de los medios de producción por particulares y el gobierno por beneficio del Pueblo. La Organización de Naciones Unidas: Los horrores de la primera y segunda guerras mundiales; los juicios de Núremberg y Tokio mostraron la necesidad de regular de forma precisa el concepto de derechos humanos y, sobre todo, de establecer claramente cuáles eran. Uno de los primeros trabajos de la Naciones Unidas fue la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un texto cuya redacción estuvo sujeta a muchas discusiones, ya que las posturas de las distintas naciones no eran coincidentes acerca de sus contenidos. No obstante, finalmente fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Fue en este momento cuando se introdujo la denominación "derechos humanos", con el objeto de manejar el término más amplio que abarcara los derechos de los hombres y de las mujeres, como precisó la resolución 548 (VI) de la Asamblea General de Naciones Unidas. La creación de la Organización de Naciones Unidas, dio fuerza a nivel internacional al ideal de reconocimiento formal y universal de los derechos humanos.
Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Con la aprobación de la Declaración Universal, la comunidad internacional se dotó a sí misma de un documento para la convivencia entre los seres humanos, con el objetivo de que estos derechos llegaran a formar parte del derecho positivo de todas las naciones. La Declaración Universal que como tal no es de carácter vinculante, se ha ido completando con otros documentos de las Naciones Unidas: convenciones, convenios, y pactos, estos sí vinculantes, que van desarrollando, y en algunos casos ampliando, los contenidos de la Declaración Universal. Antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Como antecedente principal encontramos a la "Liga de las Naciones", también llamada "Sociedad de las Naciones", fundada como resultado del Tratado de Versalles (firmado al final de la Primera Guerra Mundial en 1919) la cual agrupaba a los diversos países; su sede se encontraba en Ginebra, Suiza y tenía como metas primordiales:
- El desarme.
- La prevención de guerras por seguridad colectiva.
- La resolución de conflictos entre naciones mediante la discusión pacífica.
- Mejorar la calidad humana.
Al no contar con las facultades y los mecanismos suficientes para intervenir y resolver efectivamente las crisis internacionales de finales de los años treintas, estalla la Segunda Guerra Mundial. Después de esta guerra, los vencedores establecen un foro para debatir algunas consecuencias de la Guerra pero principalmente para impedir que los horribles sucesos que acababan de ocurrir no se repitieran en el futuro. Este foro son las Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas: La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 como el tratado Internacional que da sustento a la propia ONU. En ella se establece que el principal objetivo de la nueva organización es "preservar a las generaciones venideras del azote de la guerra" y "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre", cuyas metas están establecidas en el artículo 1 al señalar como propósitos:
- Provocar entre las naciones, relaciones de amistad basada en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos.
- Promover la cooperación internacional, "en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".
- Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
Todos los Estados que son parte de las Naciones Unidas deben cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto a los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para alcanzar este fin, sin embargo, la Carta no fija determinados derechos ni tampoco maneras de aplicarlos en los Estados miembros.
Es importante mencionar el artículo 68 de la citada Carta que da la facultad al Consejo Económico y Social para establecer las comisiones para la promoción de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos: La Organización de las Naciones Unidas a través de su Asamblea General, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta declaración tiene como principio básico que los derechos humanos nacen de la dignidad inherente a cada persona y que esta dignidad y el derecho a la libertad y la igualdad que de ella se derivan son innegables. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es la piedra angular del sistema de Derechos Humanos de la ONU, establece y expresa de forma clara los derechos individuales y las libertades de todos, además de constituir el pilar de la legislación del siglo XX sobre derechos humanos y el punto de referencia para el movimiento a favor de los derechos humanos universales.
Otros instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos: Los acuerdos legalmente vinculantes más amplios que se han negociado bajo la Organización de las Naciones Unidas son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ellos establecen los mecanismos para su protección, garantías y sus disposiciones son de carácter obligatorio. Se puede afirmar que la mayoría de los países son parte en las dos Convenciones, lo que facilita la supervisión internacional de la práctica de los derechos humanos. Ambos textos se aprobaron el 16 de diciembre de 1966 y en el caso mexicano, entraron en vigor en 1981 La Organización de Estados Americanos: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización internacional creada por los Estados del continente americano a fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.
-Antecedentes de la OEA:
La OEA es considerada la organización regional más antigua del mundo, ya que se remonta a la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. La Carta de la OEA fue aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en Bogotá a comienzos de 1948. Fue reformada en 1967 en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Buenos Aires y en 1985 mediante el "Protocolo de Cartagena de Indias" registrado durante el decimocuarto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización. El Protocolo de Washington (1992) promueve el desarrollo económico, social y cultural de los Estados miembros y ayuda a erradicar la pobreza extrema. El Protocolo de Managua entró en vigor en enero de 1996, lo que permitió establecer el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.
La OEA ha establecido los siguientes propósitos esenciales (Artículo 2 de la carta de la OEA):
a) Afianzar la paz y seguridad del Continente;
f) Promover por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;
g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático; y
h) Alcanzar un efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA): La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de los siguientes órganos:
-La Asamblea General, órgano supremo que decide la acción y la política generales de la Organización. -La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que se constituye a pedido de algún Estado miembro para considerar problemas de carácter urgente e interés común.
-El Consejo Permanente, que conoce cualquier asunto que le encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Puede también actuar provisionalmente como órgano de consulta. El Consejo Permanente se compone de un representante de cada Estado miembro. -El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, promueve la cooperación entre los Estados Americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral. -El Comité Jurídico Interamericano, sirve de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas funciones principales son las de promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. -La Secretaría General, órgano central y permanente de la Organización, con sede en Washington, D.C.
-Las Conferencias Especializadas Interamericanas, que se ocupan de asuntos técnicos especiales y de desarrollar aspectos específicos de la cooperación interamericana.
-Los Organismos Especializados Interamericanos, que son organismos multilaterales con funciones específicas en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Actualmente funcionan los siguientes organismos especializados: el Instituto Interamericano del Niño, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia en 1948. Fue el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, anticipando incluso a la Declaración Universal de Derechos Humanos pero no forma parte de la Carta de la OEA ni tampoco ha sido considerada como tratado.
La Declaración consta de considerandos, un preámbulo y dos capítulos: el primero dedicado a los derechos y el segundo a las obligaciones. En total está integrada por 38 artículos Convención Americana sobre Derechos Humanos: Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969 y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Los Estados partes en esta Convención se "comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna"; si tales derechos no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas, los Estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas necesarias para hacerlos efectivos.
Consta de preámbulo y un total de 82 artículos y se encuentra dividida en tres partes:
-Parte I. Deberes de los Estados y Derechos protegidos.
-Parte II. Medios de protección. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos)
-Parte III. Disposiciones Generales y Transitorias.
México se adhirió a este tratado internacional el 2 de marzo de 1981, sin embargo fue hasta el 16 de diciembre de 1998 que aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México presentó su adhesión mediante dos declaraciones interpretativas y una reserva, las cuales fueron modificadas en el año 2002.
Los Estados partes de la Convención Americana reconocen la estrecha relación existente entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales "por cuanto las diferentes categorías de derecho constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente" y que "solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales al igual que sus derechos civiles y políticos".
Este instrumento reconoce el derecho al trabajo y a las condiciones laborales, los derechos sindicales, al derecho de la seguridad social, salud, un medio ambiente sano, alimentación, educación, a los beneficios de la cultura, al derecho a la familia y de los niños así como a los derechos de los ancianos y discapacitados. Carta Democrática Interamericana: La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 con el objetivo principal de fortalecer y preservar la democracia, establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, afecta gravemente a cualquier Estado miembro, creando "un obstáculo insuperable" para la participación de su gobierno en las diversas sentencias de la OEA, "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla".
Consta de 28 artículos divididos en 5 capítulos, en los que detalla lo que los países miembros de la OEA consideran los elementos esenciales de la democracia y especifíca como debería ser defendida contra amenazas estableciendo procedimientos. Aunque hay diversos mecanismos concretos de respuesta ante la amenaza a la estabilidad de los gobiernos democráticos como la Resolución 1080 y el Protocolo de Washington, la Carta Democrática Interamericana (aprobada de forma unánime por los 34 Estados miembros) es la que recoge esa función y perfecciona la idea sobre la defensa de la democracia.
Otros Instrumentos de protección de los derechos humanos. En cada uno de los siguientes Instrumentos los Estados miembros se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para cumplir con cada uno de ellos.
a) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:
Este instrumento entró en vigor el 28 de febrero de 1987 y estableció una detallada definición de la tortura así como de la responsabilidad por la comisión de este delito. Los Estados se comprometen a castigar severamente a los responsables de la tortura y se obligan a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante.
b) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:
Entró en vigor el 28 de marzo de 1996 y estableció una detallada definición de la desaparición forzada, así como la responsabilidad de la comisión por este delito. Los Estados se comprometen a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada y a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito.
c) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:
Conocida también como "Convención de Belém do Pará", entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y definió en forma detallada las formas de violencia contra la mujer como: violencia física, sexual y psicológica y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y a todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos regionales e internacionales.
Clasificación de los Derechos Humanos en tres generaciones A lo largo de la historia ha habido varios acontecimientos que han influido para el reconocimiento, evolución y clasificación de los Derechos Humanos. Cada etapa es producto de una lucha constante del ser humano por reconocer sus Derechos y lograr con ello su desarrollo pleno. La Teoría de las Tres Generaciones contempla lo siguientes capitulos Primera Generación (Derechos Civiles y Políticos) Surgió por la necesidad del ser humano de contar con un orden social que viera por sus Derechos Humanos, optando por una organización democrática. Esto se expresó en la "Declaración de los Derechos de Virginia de 1776" (Estados Unidos de Norteamérica) y en la "Declaración de los Derechos del Hombre de 1789" (Francia). Ambas consagran la primera lista de Derechos Humanos, englobando en ella derechos civiles y políticos, libertades clásicas (igualdad, libertad, propiedad, libre tránsito, religión, comercio, expresión, etc.) y libertades políticas (sufragio, asociación, reunión, etc.).
Esta generación se desarrolló en el ámbito del "Liberalismo" y en ellos el Gobierno se limita únicamente a ser un "Estado Policía" mediante la creación de un orden democrático en el que se hace indispensable la participación del pueblo para organizarse a si mismo.
Segunda Generación La primera generación de "Derechos Civiles y Políticos" no trajo una franca felicidad a los seres humanos. Las desigualdades económicas exacerbadas por la Revolución Industrial, desencadenó los grandes movimientos sociales del siglo XX, como la Revolución Mexicana, Rusa, China, etc.
En esta segunda etapa se exige el reconocimiento de los "Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales", los que incluyen límites al acaparamiento de la riqueza, prestaciones sociales y respeto a la pluriculturalidad de los pueblos. Se reconocen derechos sociales básicos como la educación, trabajo, vivienda, salud y seguridad social (derechos colectivos) y se reconocen normas mínimas para el bienestar de los trabajadores y campesinos.
Tercera Generación: La falta de controles efectivos sobre los gobernantes provocó conflictos como lo fueron la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, ocasionando que se originara en 1945 la Organización de las Naciones Unidas, dando inicio a la Tercera Generación de Derechos o de "Solidaridad de los Pueblos y Avances Científicos y Tecnológicos".
Se reconocen derechos comunes a todos los seres humanos en su relación con la comunidad de naciones como son los derechos al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la paz, a la seguridad internacional, a la autodeterminación de los pueblos, etc. Y se imponen deberes de solidaridad a los Estados para la regulación en la economía, la protección al medio ambiente, las telecomunicaciones, la restauración de la paz y el respeto a los derechos humanos, entre otros.
Concepto y fundamentación de los Derechos Humanos: La fundamentación y la conceptualización de los derechos humanos nos brindan los elementos necesarios para entender su rol en la sociedad y en la construcción de una cultura de la legalidad.
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Conceptos doctrinales de los Derechos Humanos: El objetivo de los derechos humanos es contribuir al desarrollo integral de la persona, ya sea en lo individual o grupal, es importante conocer los límites y alcances de las barreras conceptuales de la expresión "derechos humanos" en la doctrina jurídica, así como el diferenciar claramente los distintos conceptos que son considerados sinónimos de la expresión; tal es el caso de los derechos subjetivos; los derechos fundamentales y las garantías individuales, sociales y constitucionales. Los derechos humanos buscan evitar el abuso de poder por parte de las autoridades de cualquier jerarquía. La definición de "derechos humanos" se ha vuelto constante, pero no siempre se utiliza de la mejor manera y con la precisión necesaria. Por ello, en este apartado se recopilan definiciones de derechos humanos de diversos autores, por ejemplo:
Para Antonio E. Pérez Luño, los derechos humanos son: "Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional".
En tanto que J. Jesús Orozco Henríquez y Juan Carlos Silva Adaya, señalan que: "los derechos humanos -como su nombre lo indica- son todos los derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive".
Por su parte, Mario I. Álvarez Ledesma, afirma que son: "Aquellas exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona humana, sin excepción, por razón de esa sola condición. Exigencias sustentadas en valores o principios que se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional en cuanto parámetros de justicia y legitimidad política".
El tratadista español José Castán Tobeñas, ha definido los derechos humanos como "aquellos derechos fundamentales de la persona humana -considerada tanto en su aspecto individual como comunitario- que corresponden a ésta por su propia naturaleza (de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social) y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder o autoridad y toda norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejercicio ante las exigencias del bien común".
Derechos Humanos y derechos subjetivos: Los derechos subjetivos son facultades que tienen las personas a tener ciertos beneficios otorgados por el poder público. Están generalmente en los textos jurídicos, y se relacionan en gran parte con los derechos humanos por lo que pueden ser ejercitados a través de los mecanismos existentes. Los derechos subjetivos están vinculados al derecho positivo, dependen de la vigencia de éste para su existencia, además del requisito de ser creados formalmente mediante los órganos de gobierno facultados para ello.
Ser titular de un derecho subjetivo implica un poder de actuación a efecto de ejercerlo. En este sentido se pronuncian: -Gaspar Escalona Martínez, "son , en definitiva, derechos creados por el Estado, lo que implica el abandono de la idea de la existencia de unos derechos pre estatales oponibles al propio Estado. Los derechos públicos subjetivos se presentan como ámbitos de libertad individual, que gozan de una regulación explícita en el ordenamiento jurídico y que disponen de mecanismos jurídicos de defensa."
-Luigi Ferrajoli, considera al derecho subjetivo como: "cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica."
-Rolando Tamayo y Salmorán: "[...] el derecho subjetivo contiene la autorización conferida al derechohabiente -al titular del derecho (o a quien actúe en su nombre)-, de dirigirse al órgano de aplicación (i.e. el tribunal) requiriendo, mediante la interposición de una demanda o acción, la ejecución de su derecho..."
-Rafael Preciado Hernández considera que "[...] el derecho subjetivo viene a ser el poder, pretensión, facultad o autorización que, conforme a la norma jurídica, tiene un sujeto frente a otro u otros sujetos, ya sea para desarrollar su propia actividad o determinar la de aquellos."
Derechos Humanos y derechos fundamentales: Los derechos fundamentales están en las constituciones o leyes primordiales de los Estados. Esto hace más clara su importancia y su magnitud.
Se consideran como fundamentales por ser vitales para el desarrollo individual y social de todas las personas, sin importar su religión, preferencia sexual o nacionalidad. Aunque se encuentran en las leyes de cada Estado, también pueden encontrarse en documentos a nivel internacional.
La diferencia entre Derechos humanos y derechos fundamentales es que no todos los derechos humanos se reconocen como fundamentales, son mucho más amplios en este sentido:
-Gaspar Escalona Martínez dice: "[...] Son derechos porque forman parte del ordenamiento jurídico que los reconoce como tales; son fundamentales, ya que el mismo ordenamiento jurídico los ha dotado de un rango especial, de garantías reforzadas para su ejercicio y, por último, constituyen el fundamento de todo el orden jurídico-político del Estado constitucional..."
Derechos Humanos y garantías individuales. Existe cierta confusión en el empleo de los términos derechos fundamentales y garantías individuales; ello se debe a que el capítulo I, del título primero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos llevaba la denominación "De las garantías individuales" y fue modificado en de junio del 2011 a "De los Derechos Humanos y sus garantías". Las garantías son los medios con que cuenta la persona para hacer valer sus derechos. De ahí la diferencia y la confusión. Por ello, los 29 artículos a los que hace referencia el capítulo 1 constitucional es a derechos fundamentales Derechos Humanos y garantías sociales. Las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican un que hacer por parte del Estado y son aquellas que protegen al hombre.
Establecen y regulan los derechos y beneficios de los grupos humanos o de la nación en su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera en reconocer los derechos sociales, por lo que a nuestro país se le considera vanguardista de los derechos humanos de segunda generación. Los principales derechos sociales se encuentran contemplados actualmente en los artículos 2, 3, 4, 27, 28 y 123, y son: Derecho a la Educación; Derechos Agrarios; Derechos Laborales; Derechos de la Seguridad Social; Derecho de la Familia y el Menor; Derecho a la Protección de la Salud; Derecho a la Vivienda; y Derechos de carácter económico. Según Jorge Carpizo: "Las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican un hacer por parte del Estado; en cambio, las garantías individuales representan primordialmente un abstención por parte del propio Estado."
A su vez, Jorge Sayeg Helú: manifiesta que: "[...] las garantías sociales serían, así, aquellas que protegen al hombre en tanto integrante de un grupo social."
Respeto, garantía, protección y defensa de los Derechos Humanos: Los tratados internacionales que los Estados firman y ratifican sobre los derechos humanos contienen ciertas obligaciones generales que deben ser cumplidas por las autoridades, de no cumplirlas, se harán observaciones y sanciones internacionales. Buscan en general, evitar el abuso del poder.
Desde el 2011, la Reforma en materia de derechos humanos señala, en su artículo 1, que las personas tienen los derechos humanos reconocidos tanto en la constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para favorecer a las personas todo el tiempo con la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
-Obligación de Respeto
La obligación de respetar implica la limitación del poder Estatal para evitar que se lleven a cabo actos que vulneren la dignidad de los seres humanos, esto se deriva de los atributos inherentes a la naturaleza humana, que son superiores al poder del Estado.
Cuando se habla de limitación o restricción al poder del Estado, hablamos de que deben evitarse medidas que estorben o impidan el disfrute de los derechos humanos como detener arbitrariamente o limitar la libertad de expresión.
-Obligación de Garantía
La obligación de garantía implica el deber de los Estados para tomar las medidas necesarias que permitan que todas las personas gocen plena y efectivamente de los derechos humanos.
El Estado tiene el deber de organizar todas las estructuras del poder público para que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
El Estado , como garantizador de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y protegidos está obligado a hacer todo para satisfacer y asegurar el goce de los derechos humanos y al mismo tiempo, responder por las violaciones a los derechos humanos dentro de su jurisdicción, esto es de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la cual también tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños producidos en perjuicio de las personas.
-Obligación de Protección
Todas las personas, por el simple hecho de haber nacido, tienen derechos frente al Estado, estos derechos también son obligaciones para el Estado, entre éstas se incluye la obligación de protección que quiere decir que todas las personas deben tener acceso efectivo a los órganos del Estado jurisdiccionales y no jurisdiccionales competentes para resolver las reclamaciones y problemas de tipo jurídico que tengan qué ver con sus derechos humanos.
Esto implica también reconocer los tratados internacionales y cumplir los mandatos de los órganos de supervisión convencionales y extra-convencionales de órganos jurídico- políticos y judiciales.
En las últimas décadas se han adoptado muchos tratados y declaraciones internacionales que tienen qué ver con los derechos humanos. Se reconocen derechos, se pactan obligaciones y se establecen medios de protección que en conjunto han transformado al derecho internacional.
Además de establecer nuevos sistemas de protección, aparecen otras maneras de proteger a ciertas personas vulnerables (mujeres, niños, trabajadores, refugiados, discapacitados) y violaciones graves de los derechos humanos (genocidio, discriminación racial, el apartheid, la tortura o la trata de personas), también se ha gestionado la protección de los derechos colectivos de la humanidad entera, como el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano y a la paz.
-Obligación de Promoción
Según el Programa de Acción de la Declaración de Viena: "Los derechos humanos son patrimonio innato de todos los seres humanos, su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos."
Las acciones de promoción convierten a los derechos humanos en tema de interés para todas las personas, con el fin de fortalecer y fomentar los principios de la democracia, el desarrollo, el respeto de las libertades fundamentales y todos los ámbitos relacionados con los derechos humanos.
Uno de los principales medios de promoción, es la enseñanza y estudio de los derechos humanos, pero también hay propuestas de reforma a las leyes, publicación de material didáctico y bibliográfico sobre el tema, creación de indicadores, campañas de información y sensibilización entre otros Garantías constitucionales: Son aquellas que la Constitución política mexicana reconoce para hacer valer los derechos fundamentales.
Existen de dos tipos: de control constitucional jurisdiccional y de control constitucional no jurisdiccional. Ambos sistemas son protectores de los derechos humanos, sin embargo, existen algunos aspectos que los distinguen.
El control jurisdiccional en México:
-Su defensa se realiza ante los tribunales del poder Judicial de la Federación. (a través de una demanda, elementos, probatorios,sentencia y recursos).
-Se emite una sentencia, su cumplimiento debe ser obligatorio para el que violentó el derecho o derechos humanos. -Si la sentencia no se acata, representa un delito para el infractor. -Durante el procedimiento es indispensable que el quejoso se asista de una abogado.
-Pueden intervenir las figuras del tercero perjudicado y del Ministerio Público de la Federación. -Conocen a fondo de los asuntos.
El control no jurisdiccional en México.:
-La defensa se realiza ante las Comisiones y/o Procuradurías de Derechos Humanos del país.
-En su caso se emite una recomendación que tiene la peculiaridad de no ser vinculatoria, es decir, la autoridad o el servidor público responsable puede o no aceptarla. Sin embargo, desde 2011, el poder legislativo, tiene la facultad de citar y comparecer al funcionario para conocer los motivos del rechazo.
-La recomendación es pública y autónoma, su fuerza es de contenido moral.
-No se requiere el apoyo de un abogado.
-No intervienen el Ministerio Público u otro tercero.
-No conocen a fondo del asunto, sino solamente de las violaciones de derechos humanos en que dentro de un procedimiento, incurran las autoridades o servidores públicos.
Fundamentación de los Derechos Humanos: Al hablar de fundamentación de los derechos humanos, nos referimos al análisis de los principios o instrumentos base, que justifican su existencia o razón de ser.	La fundamentación iusnaturalista o del derecho natural: El antecedente de que los derechos humanos existen con independencia del reconocimiento y su cumplimiento por parte del Estado a través de normas jurídicas, es una de las bases de la fundamentación iusnaturalista.
Los derechos humanos no dependen del reconocimiento expreso de un Estado, son de carácter universal, ya que por ser inseparables a la persona humana subsisten a pesar de las diferentes nacionalidades o condiciones sociales, económicas, religiosas o culturales.
Para el iusnaturalista (o derecho natural) el derecho positivo (es decir, aquel derecho que se reconoce por el Estado a través de leyes); será válido, siempre y cuando no contradiga el derecho natural. Aseguran que debe primar la justicia antes que la ley positiva. Esta doctrina dominó durante los siglos XVII y XVIII; posteriormente surgió con fuerza el iuspositivismo (o derecho positivo).
En este sentido, diversos tratadistas han manifestado lo siguiente:
-Eduardo García Máynez: "Caracteriza a las posiciones iusnaturalistas el aserto de que el derecho vale y, consecuentemente, obliga, no porque lo haya creado un legislador humano o tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínsecas de su contenido."
-Andrés Ollero: "Dentro de la óptica de las concepciones iusnaturalistas, los derechos humanos son por sí mismos realidades propiamente jurídicas, en cuanto exigencias, facultades o poderes que son naturalmente inherentes a los seres humanos y que, en consecuencia, tienen una existencia previa a la organización jurídico-política de la sociedad; son realidades jurídico-naturales."
-Rafael Preciado Hernández:"[...] el derecho natural no es el mero sentimiento de justicia ni un código ideal de normas, sino el conjunto de criterios y principios racionales -supremos, evidentes, universales-, que presiden y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social, que asigna al derecho su finalidad necesaria de acuerdo con las exigencias ontológicas del hombre, y establece las bases de selección de las reglas e instituciones técnicas adecuadas para realizar esta finalidad en un medio social histórico..."
La fundamentación iuspositivista o del derecho positivo: El iuspositivismo o derecho positivo viene a contradecir de manera tajante al iusnaturalista, que imperó por muchas décadas. Su fundamentación acepta como derechos humanos sólo aquellos reconocidos por el Estado, a través de ordenamientos jurídicos; de lo contrario quedarían como mero deseos. Así se afirma que sólo el derecho positivo es derecho, es decir, aquel creado y aplicado por los órganos competentes. Para los seguidores del derecho positivo, los derechos naturales no son tales, debido a que no cuentan con fuerza coercitiva para hacerlos valer. En este orden de ideas:
-Benito de Castro Cid manifiesta que: "[...] dentro de la óptica de las concepciones iuspositivistas, los derechos humanos son constituidos como realidades jurídicas por las propias normas que los proclaman y regulan su ejercicio, no teniendo, por lo tanto, existencia ni contenido jurídico alguno al margen de esas normas..."
-J. Jesús Orozco Henríquez indica que: "Lo que el iuspositivismo rechaza, a diferencia del iusnaturalismo, son proposiciones acerca de derechos subjetivos jurídicos que no sean empíricamente verificables sobre la base de normas jurídicas positivas."
-Mauricio Beuchot señala que: "[...] Los iuspositivistas fundamentan los derechos humanos en ese acto del legislador que es la positivización de los derechos, su establecimiento explícito como tales en un corpus jurídico. Los iusnaturalistas, en cambio, fundamentan los derechos humanos en algo anterior e independiente de la positivización; esto puede ser la naturaleza humana o las necesidades humanas y así se trata del iusnaturalismo clásico; o en un orden moral o axiológico superior, que da lugar a unos derechos morales y es lo que se ha llamado iusnaturalismo nuevo..."
Actualmente, tanto la postura del derecho positivo como la del derecho natural se encuentran presentes en la doctrina jurídica y tiene fuerza en el pensamiento y en la argumentación de los estudiosos del derecho.
La fundamentación historicista: Esta corriente parte del argumento de que los derechos humanos son el fruto del devenir histórico del ser humano y la sociedad. La historia nos demuestra la invariable vigencia de los derechos humanos, desde el reconocimiento de los primeros derechos, como el de la vida y la libertad. En cada etapa de la historia de la humanidad, podemos encontrar diversos derechos. Éstos varían y nacen en respuesta a la evolución de las necesidades individuales y sociales del hombre, de ahí la hipótesis de que los derechos humanos son fruto de las vivencias y necesidades históricas de cada pueblo. En este contexto, encontramos las reflexiones de los siguientes autores:
Gaspar Escalona Martínez establece que: "Los derechos humanos son una realidad histórica, algo que surge en el tiempo y que se consolida en diversas etapas del desarrollo y expansión; los derechos humanos constituyen un concepto histórico que surge en un momento preciso y arropado por circunstancias y necesidades de ese momento."
Miguel Carbonell señala que: "[...] la historicidad de los derechos significa que los derechos tienen una edad, como lo sostiene Bobbio. Es decir, que van surgiendo tal como lo van permitiendo las condiciones sociales e ideológicas. Las reivindicaciones que dan sustento a los derechos no han existido siempre ni hubieran podido ser imaginadas en otros tiempos. Sobre esto se podría poner el ejemplo de la esclavitud, que fue una práctica aceptada hasta hace poco menos de 150 años en un país como Estados Unidos, o el de la negación del voto de las mujeres (que no fue reconocido sino hasta 1971 en un país de clara ascendencia democrática, como Suiza)."
La fundamentación iusgarantista y los neoconstitucionalismos: La corriente Garantista parte de una síntesis entre las corrientes positivistas dogmáticas y las aproximaciones historicistas descriptivas. El modelo de la fundamentación garantista se formuló bajo los principios de racionalidad, justicia y legitimidad del Estado, basado en el reconocimiento y efectiva tutela y garantía de los derechos fundamentales. Es fundante del moderno Estado Constitucional; perfila el nacimiento de las contemporáneas Democracias Constitucionales.
Los diversos modelos garantistas y neoconstitucionales proponen la unión entre el Estado constitucional, garante de derechos, y el Gobierno democrático, basado en la soberanía popular. Con este modelo, se perfila a los derechos humanos como precondición necesaria para el desarrollo de un régimen democrático, y a la democracia como la mejor forma de gobierno para garantizar estos derechos. Luigi Ferrajoli es el más acabado teórico del garantismo, primero en derecho penal, para posteriormente desarrollarlo como una teoría general del derecho. Para Ferrajoli los derechos, entendidos como la ley del más débil, pueden ser tomados como punto de partida para formular un sistema jurídico y político que defienda la dignidad de la persona frente al Estado y frente a todo el cuerpo social. Entiende a los derechos como las normas que recubren los puntos de inflexión social, fuentes de la violencia social, tanto del Estado sobre los pobladores, como de los fuertes contra los débiles.
Es por ello, que para los neoconstitucionalistas y garantistas de esta cepa, el binomio derechos humanos-paz es igual o más importante en su justificación y legitimidad que el binomio derechos humanos-democracia.
Protección constitucional en México Las herramientas jurídicas de las que se dispone para hacer efectivo el ejercicio de los Derechos Humanos, han atravesado una serie de movimientos sociales. Para comprender mejor estas herramientas, es necesario adentrarnos en el conocimiento del contenido de dicha legislación. Evolución de la protección de los Derechos Humanos en México: De acuerdo a la teoría de las tres generaciones de los derechos humanos vamos a analizar los textos constitucionales que estuvieron vigentes en nuestro territorio y que contemplaron derechos fundamentales. La Constitución de Cádiz de 1812: La Constitución de Cádiz se juró y promulgó en España el 19 de marzo de 1812, y en la Nueva España en 30 de septiembre de ese mismo año. Aunque a ésta le faltaba una declaración solemne de derechos, en sus diferentes capítulos se da el reconocimiento de ciertos derechos pertenecientes a la persona, como lo son: igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad, derechos políticos y en materia educativa.
La Constitución de 1814: Durante la Guerra de Independencia, en 1812 se inició un proyecto denominado Elementos Constitucionales y un año después se publicaron "Los Sentimientos de la Nación" de José María Morelos y Pavón, que sirvieron como fundamento para la Constitución de 1814, también conocida como Constitución de Apatzingán, finalmente promulgada el 22 de octubre de 1813.
La redacción de esta Constitución tomó las bases de la Constitución de Cádiz y se fundamentó en el modelo liberal-democrático de la constitución francesa. Esta Constitución reconoce ciertos derechos: Igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad, derechos políticos, en materia educativa y en materia de trabajo La Constitución de 1824: Es una Constitución que tomó como modelo la Constitución de Cádiz y la Constitución de Estados Unidos de América de 1787. Esta Constitución no contenía un catálogo de derechos humanos, ya que se consideró que los mismos se determinarían mediante leyes sabias y justas que dictarían los Estados de la Federación. Sin embargo, podemos encontrar ciertos derechos como la libertad, seguridad jurídica, propiedad, derechos políticos y derechos de autor.
La Constitución o Leyes Constitucionales de 1836. Antonio López de Santa Anna al asumir la presidencia, adopta una estructura republicana pero centralista cuyas bases se concretan en las siete Leyes Constitucionales de 1836, las cuales son:
1) Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República.
2) Organización de un supremo poder conservador.
3) Del poder legislativo de sus miembros y de cuanto dice relación a la formulación de las leyes.
4) Organización de Supremo poder ejecutivo.
5) Del poder judicial de la República Mexicana.
6) División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos.
7) Variaciones a las leyes constitucionales. Los derechos fundamentales establecidos en este documento encontramos en la primera ley: el de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos. Manteniendo el corte centralista y la religión católica como la del Estado, se reformaron las Leyes Constitucionales para quedar como Bases Orgánicas del Estado Mexicano de 1843.
El Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 El congreso mexicano se reúne durante la intervención norteamericana y declara la vigencia de la Constitución de 1824 de carácter federal; adicionándole el Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847 cuya autoría se le conoce a Mariano Otero.En esta Acta Constitutiva encontramos el derecho de igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad y derechos políticos. Pero una de las mayores contribuciones de esta acta de reforma es la referente al nacimiento del Juicio de Amparo Mexicano en términos federales (artículo 25).
Art. 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare. (sic)
La Constitución de 1857: Ignacio Comonfort firmó el 5 de febrero de 1857 la nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con una visión liberal, sentará las bases de un federalismo que seguirá teniendo problemas para sostenerse. Fue un documento de suma importancia para el fortalecimiento del Estado mexicano y los derechos de sus habitantes.
En su primera sección se establecen con el título "De los derechos del hombre"; en ella se reconocen las garantías de libertad de expresión, la libertad de asamblea, la de portación de armas. Asimismo, se reafirmó la abolición de la esclavitud y eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, y prohibió los títulos de nobleza, se instaura el principio de legalidad y de irretroactividad. En materia de Amparo, se habla en general de actos de autoridad. Se comienza a hablar de derechos en el trabajo y la educación.
La Constitución de 1917 Al triunfo de la Revolución Mexicana se convocó a un Congreso en 1916, pero lo que se había concebido como una reforma a la Constitución de 1857, dio origen a la promulgación de la Constitución de 1917, que a pesar de que textualmente indica ser una reforma a la de 1857, es un hecho que el proyecto que acuñó Carranza fue modificado: se incluyeron ideas revolucionarias que dieron paso a garantías sociales así como a la creación de instituciones que brindan beneficios para los mexicanos hasta nuestros días. En años subsecuentes, particularmente en las décadas de los setenta, ochenta, noventa, así como recientemente, se dieron importantes reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, pero ese mismo texto es el que se encuentra actualmente vigente en el país.
Derechos fundamentales protegidos en México: Los derechos humanos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, y se encuentran complementados a partir de la reforma constitucional del 2011. En la Constitución, los derechos humanos están previstos principalmente, pero no únicamente, en el Capítulo I, llamado "De los derechos humanos y sus garantías", los identificaremos según se trate de derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica, política, de propiedad y sociales.
Derechos de igualdad: Según la definición de J. Jesús Orozco Henríquez y Juan Carlos Silva Adaya, "los derechos de igualdad establecen el goce y disfrute de los derechos y libertades previstos en el orden jurídico mexicano para toda persona sin distinción alguna". Los principales derechos de igualdad son: -Goce para toda persona de los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, sin distinción alguna. (artículo 1, párrafo primero y 15)
-Prohibición de esclavitud. (artículo 1, párrafo segundo y 15)
-Prohibición de cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o disminuir los derechos de las personas. (artículo 1, párrafo tercero) -Igualdad de derechos ante la ley del hombre y la mujer. La diferencia de sexo no podrá ser pretexto para que se dé un trato distinto. (artículo 4, párrafo segundo)
-Prohibición de títulos de nobleza, prerrogativas u honores hereditarios. Ante la ley, en nuestro país todos somos iguales y los títulos reconocidos a favor de una persona en el extranjero no tendrán validez. (artículos 12 y 13)
-Prohibición de fueros. Nadie puede disfrutar en territorio mexicano de privilegios legales, administrativos o judiciales, por formar parte de una agrupación (civil, religiosa, etc.) No confundir con la jurisdicción militar, ya que ésta no es un privilegio, sino un mandamiento constitucional. (artículo 13)
-Prohibición de ser juzgado conforme a leyes privativas o a través de tribunales especiales; no se puede crear una ley o tribunal especial para juzgar un caso específico. (artículo 13)
Derechos de libertad: Se entiende por derechos fundamentales a aquellos que generan protección a favor de los individuos. Enumeran una serie de derechos que el Estado no puede traspasar por ninguna circunstancia.
Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, los derechos de libertad más importantes son:
-Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio. Las personas podrán elegir la labor que mejor les convenga, siempre y cuando sea legal. (artículo 5, párrafo primero y sexto)
-Prohibición de trabajos forzosos y derecho a la justa retribución. Ninguna persona puede obligar a otra, a desempeñar trabajos sin su consentimiento o no pagados. (artículo 5, párrafos primero, tercero, cuarto, séptimo y octavo)
-Nulidad de los convenios atentatorios contra la libertad personal. Nadie puede ser obligado a celebrar ningún contrato, convenio o pacto, en el que alguna de las partes pierda o quede limitada por desconocimiento, la libertad personal de las personas, o a verse obligada a abandonar su país. (artículo 5, párrafos quinto, sexto y séptimo)
-Posesión de armas en el domicilio para la seguridad y legítima defensa. Todas las personas podrán tener en su domicilio para su seguridad y defensa, algún tipo de arma, siempre y cuando ésta sea de las permitidas por la ley y exista previa autorización de la autoridad correspondiente. (artículo 10)
-Libertad de tránsito y residencia. Toda persona tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Este derecho esta subordinado a la autoridad judicial en casos de responsabilidad criminal o civil, y a autoridades administrativas respecto a limitaciones sobre emigración, inmigración, salubridad y extranjeros perniciosos residentes en el país. (artículo 11)
-Libertad de expresión. Toda persona podrá expresar libremente sus ideas por cualquier medio de comunicación (escrito, oral u otro), con excepción de los casos en que estas expresiones ataquen los derechos de otros o constituya la comisión de algún delito. (artículo 6)
-Derecho a la información. El Estado garantiza el derecho para buscar, conseguir, publicar y divulgar información e ideas por cualquier medio electrónico, informático, etc. (artículo 6)
-Libertad de imprenta. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta; los límites serán la vida privada, la moral y la paz pública. También se evitará encarcelar a los expendedores, "papeleros", operarios y empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente su responsabilidad. (artículo 7)
-Libertad de conciencia, creencia o religión. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. (artículo 24, párrafos primero y segundo)
-Libertad de cultos. Los actos religiosos de culto público se celebrará ordinariamente en los templos y aquellos que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria. (artículo 24, párrafos primero, tercero y 130)
-Libertad de asociación de reunión en general y con fines políticos. No se podrá coartar el derecho de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país y ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. (artículo 9, párrafo primero y 35 fracción III)
-Libertad de manifestación o reunión pública para presentar a la autoridad una petición o protesta. No podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto presentar una petición o protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni hace uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. (artículo 9, párrafo segundo)
Derechos de seguridad jurídica: Son los derechos que establecen los requisitos que deben observar las autoridades y/o servidores públicos en la aplicación de la ley, lo que significa que estos últimos, no pueden transgredir las normas aplicables al caso concreto y su actuación en todo momento deberá estar fundada y motivada.
Estos derechos se concretan en la Constitución de la siguiente forma:
-Derecho a la información pública. Se reconoce el derecho de las personas a obtener información de parte de la autoridad. (artículo 6)
-Derecho de petición. Los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de respetar este derecho, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, además de que se cuenta con el derecho a recibir respuesta escrita de la autoridad a la petición planteada; en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos. (artículo 8 párrafo primero)
-Irretroactividad de la ley. Las leyes no pueden tener efecto en los hechos anteriores a su promulgación, específicamente "en prejuicio de una persona", por lo que se puede dar retroactividad de la ley cuando beneficia a una persona. (artículo 14, párrafo primero)
-Derecho de audiencia y debido proceso legal en caso de privación de derechos. Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio ante tribunales previamente establecidos y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (artículo 14, párrafo segundo)
-Derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal. Queda prohibido imponer pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. (artículo 14, párrafo tercero)
-Derecho a la legalidad en materia civil. La sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho. (artículo 14, cuarto párrafo)
-Prohibición de extradición de reos políticos (artículo 15)
-Prohibición de celebración de pactos o tratados internacionales que restrinjan el goce de los Derechos Humanos (artículo 15)
-Derecho al respeto de la persona, su familia, domicilio papeles o posesiones bajo el principio de la legalidad. Necesidad de mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. (artículo 16, párrafo primero)
-Derecho a la vida privada. Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones privadas y de correspondencia. (artículo 16, párrafos primero, octavo, noveno, undécimo, duodécimo y decimotercero)
-Detención solo con orden judicial. La Constitución señala la condición de la orden de autoridad judicial para una detención, salvo en los casos de flagrancia en los que cualquier persona podrá hacer la detención con el requerimiento de la puesta a disposición inmediata de autoridad más cerca y ésta al ministerio público. (artículo 16, párrafos del segundo al séptimo)
-Derechos del detenido y detención de personas sólo con fundamento en las leyes. (artículo 16 párrafo decimo, artículo 19 párrafos primero a tercer y 20, apartado A, fracciones I, II, V, VII, IX y último párrafo)
-Derecho a una administración de justicia expedita, completa, imparcial y gratuita, así como prohibición de hacerse justicia por propia mano. El uso de la fuerza se encuentra dependiente del Estado, por lo que nadie podrá ejercer violencia para reclamar su derecho. (artículo 17)
-Prohibición de prisión por deudas civiles. (artículos 17, párrafo último)
-Separación entre procesados y sentenciados, así como entre mujeres y hombres (artículo 18, párrafos primero y segundo)
-Derechos de los reclusos. Otra reforma de junio del 2011 es que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. (artículos 18, párrafo segundo y tercero)
-Derechos de los Menores infractores. Se les deben garantizar los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. (artículo 18, párrafo cuarto)
-Garantías del proceso penal. El proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (artículo 20, apartado A)
-Derechos de toda persona imputada. Presunción de inocencia, a declarar o guardar silencio, a recibir información, a ofrecer testigos y pruebas, a ser juzgado en audiencia pública, a que se le faciliten los datos para su defensa, a ser juzgado antes de cuatro meses o un año según corresponda, a tener un defensor, etc. (artículo 20, apartado B)
-Derechos de la víctima u ofendido. Recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el ministerio público, recibir atención medica y psicológica, reparación del daño, a que se salvaguarde su identidad, solicitar medidas cautelares, entre otras. (artículo 20, apartado C)
-Prisión preventiva solo por delitos que ameriten pena privativa de la libertad. No podrá extenderse más allá de lo acordado en la sentencia por falta de honorarios o alguna responsabilidad civil. (artículo 18, primera parte del párrafo primero y 20, párrafo segundo de la fracción IX del apartado B)
-Competencia del ministerio público para investigar y perseguir los delitos. Esto compete también a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. (artículo 21, párrafo primero)
-Imposición de penas exclusiva de la autoridad judicial así como su modificación y duración. (artículo 21, párrafo tercero)
-Derecho a la procuración de justicia. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad. (artículo 21, párrafo cuarto)
-Prohibición de tortura, malos tratos y penas inusitadas o trascendentes (artículos 19, párrafo ultimo y 22, párrafos primero a tercero)
-Prohibición de la pena de muerte. (artículo 22)
-Prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito. (artículo 23)
-Prohibición de absolución de la instancia. (artículo 23)
Derechos políticos: Son las facultades o prerrogativas conferidas de manera exclusiva a los ciudadanos mexicanos, para participar en la vida política del país. Con lo que se crea un vínculo entre el ciudadano y el Estado. A continuación se muestran los derechos políticos que prevé nuestra Carta Magna:
-Derecho a la ciudadanía mexicana (artículo 34)
-Derecho a votar y ser votado para ocupar cargos de elección popular (artículo 35, fracciones I y II)
-Derecho a ser nombrado para desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión en el servicio público (artículo 35, fracciones I y II)
-Derecho a asociarse libre, individual y pacíficamente para participar en asuntos políticos (artículos 9 y 35, fracción III)
-Derecho a ejercer la libertad de reunión y el derecho de petición en materia política (artículos 8, primer párrafo, 9 y 35, fracción V)
-Derecho a impugnar los actos y resoluciones electorales que les afecten y no se ajusten a la Constitución y/o a la ley (artículos 41, párrafo segundo, fracción IV; 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d y 122, párrafo sexto, apartado C, base primera, fracción V, inciso f)
-Derecho a defender la República y sus instituciones (artículo 35, fracción IV)
-Derecho a gozar las elecciones libres, auténticas y periódicas (art. 41)
Derechos de propiedad: Dichos derechos se refieren a las formas de posesión de la tierra, de manera específica a:
-Propiedad originaria de la nación, propiedad privada como función social y sujeta al interés público. (artículos 27, párrafos primero, segundo y primera parte del tercero, así como 28, párrafos décimo y undécimo)
-Clases de propiedad agraria: comunal, ejidal y pequeña propiedad (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero y fracciones I a VI)
-Prohibición de los latifundios y límites de la pequeña propiedad (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero y fracciones IV, XV y XVII).
Derechos sociales: Vale la pena recordar que los derechos sociales persiguen como objetivo primordial, el bienestar individual y colectivo de las personas, tanto en lo económico como en lo cultural, para lograr una vida digna.
Los derechos sociales que contempla nuestra Ley Fundamental son:
-Derecho a recibir educación (artículo 3, primera parte del párrafo primero)
-Obligatoriedad de la educación primaria y secundaria (artículos 3, segunda parte del párrafo primero y 31, fracción I)
-Carácter laico de la educación que imparta el Estado (artículo 3, fracción I)
-Carácter gratuito de la educación que imparta el Estado (artículo 3, fracciones I, IV y V)
-Fines y Criterios que deben orientar a la educación (artículo 3, segundo párrafo y fracción II)
-Derecho de los particulares a impartir educación (artículo 3, fracción VI)
-Autonomía de las universidades públicas (artículo 3, fracción VII)
-Derecho de las personas a la protección de su salud (artículo 4, párrafo cuarto)
-Derecho de la familia a la protección del Estado (artículo 4, párrafo segundo)
-Derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos (artículo 4, párrafo tercero)
-Protección del patrimonio de la familia (artículos 27, fracción XVII, último párrafo y 123, apartado A, fracción XXVIII).
-Derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa (artículo 4 párrafo sexto)
-Derecho de los niños y niñas a que se satisfagan sus necesidades y obligación correlativa de los ascendentes, tutores y custodios (artículo 4, párrafos séptimo y octavo.)
-Derecho de los niños y niñas a que el Estado asegure el respeto a la dignidad de la niñez y el pleno ejercicio de sus derechos (artículo , párrafos octavo y noveno)
-Derecho a un trabajo digno socialmente útil, así como a la gratuidad por los servicios de colocación (artículo 123, párrafo primero, así como apartado A, fracción XXV)
-Jornada máxima de trabajo y mayor remuneración en caso de trabajo extraordinario (artículo 123, apartado A, fracciones I; II, primera parte y XI)
-Día de descanso semanal (artículo 123, apartado A, fracción IV)
-Salario mínimo remunerador y medidas protectoras del salario (artículo 123, apartado A, fracciones VI, VII, VIII, X, XXIII y XXIV)
-Participación en las utilidades de las empresas (artículo 123, apartado A, fracción IX)
-Medidas de previsión social (artículo 123, apartado A, fracción XII, párrafos tercero, cuarto y quinto)
-Capacitación o adiestramiento para el trabajo (artículo 123, apartado A, fracción XIII)
-Derecho a una indemnización o a la reinstalación en el trabajo en caso de ser despedido por el patrón sin causa justificada (artículo 123, apartado A, fracciones XXI y XXII)
-Imposibilidad a la renuncia de los derechos de los trabajadores (artículo 123, apartado A, fracción XXVII)
-Derechos laborales especiales para los menores de edad (artículo 123, apartado A, fracciones II, III y XI)
-Derechos laborales especiales para las madres trabajadoras (artículo 123, apartado A, Fracciones V y XV)
-Derechos de los trabajadores mexicanos que van al extranjero (artículo 123, apartado A, fracción XXVI)
-Derechos laborales de carácter colectivo (artículo 123, apartado A, fracciones XVI y XVII)
-Administración de la justicia laboral (artículo 123, apartado A, fracciones XX y XXXI)
-Derechos de los trabajadores al servicio de la Federación y del Distrito Federal (artículo 123, apartado B, fracciones III, IV, VII, VIII, X, XII y XIV)
-Derechos de otros trabajadores públicos (artículos 3, fracción VII; 5 párrafo cuarto, 21 párrafo quinto, 41 párrafo segundo, fracción III; 94 párrafo segundo, 97 párrafo primero, 99 párrafos cuarto, fracciones Vi y VII y séptimo; 100, párrafos cuarto, octavo y décimo, 115 fracción VIII; 116, fracción VI y 123, apartado B, fracciones XII, XIII y XIII bis)
-Derecho de los trabajadores a disfrutar de condiciones de higiene y seguridad en sus centros de trabajo, así como de medidas para la prevención de accidentes de trabajo (artículo 123, apartado A, fracción XV)
-Derecho de los trabajadores a recibir una indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional (artículo 123, apartado A, fracción XIV)
-Derecho a los servicios que comprende la seguridad social (artículo 123, apartado A, fracción XXIX)
-Derecho de los trabajadores al servicio del Estado a ciertos servicios adicionales (artículo 123, apartado B, fracción XI)
-Derechos de los trabajadores en materia de vivienda (artículo 123, apartado A, fracciones XII y XXX y apartado B, fracción XI, inciso f)
-Fortalecimiento y protección de los ejidos y comunidades agrarias (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero y fracción VII)
-Administración y procuración de justicia agraria (artículo 27, fracción XIX)
-Desarrollo rural integral (artículo 27, segunda parte del párrafo tercero y fracción XX)
-Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 2, párrafos del segundo al quinto)
-Derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas (artículo 2, apartado A, párrafos primero y último)
-Otros derechos de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 2, apartado A, fracciones I a VIII)
-Establecimiento de medidas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas (artículo 2, apartado B)
Cabe señalar que no sólo los anteriores son derechos humanos, sino también los que se encuentran plasmados en los tratados internacionales, en las Constituciones Locales, en las leyes y códigos federales, entre otros.
Suspensión de garantías: Existen figuras dentro del texto constitucional dirigidas a incrementar las facultades del poder ejecutivo para hacer frente a diferentes situaciones de emergencia en donde la acción rápida y eficaz del Estado es la condición necesaria para el pronto restablecimiento de la vigencia de los derechos.
Reforma al artículo 29 Constitucional: Con el fin de fortalecer los derechos humanos se modificó sustancialmente el artículo 29 que establecía el mecanismo original de suspensión de garantías:
-Se añade el supuesto de restringir además de suspender derechos.
-Se dicta explícitamente que los derechos no podrán ni restringirse ni suspenderse en una declaratoria de excepción.
-Se exige que ésta se encuentre fundada, motivada y que sea proporcional al peligro enfrentado.
-Debe observar los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
-Se indica que la extinción de tal declaratoria, se presenta por cumplirse el plazo o por decreto del Congreso sin que el Ejecutivo pueda revocarla.
-El último párrafo faculta a la SCJN para revisar de oficio la constitucionalidad de los decretos de suspensión o restricción.
Limitaciones y derechos insuspendibles por la Constitución y los Tratados Internacionales: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales de derechos humanos, establecen un listado preciso de situaciones en las que de manera excepcional el Estado puede restringir o suspender la ejecución de ciertos derechos humanos, estableciendo un núcleo duro de derechos considerados insuspendibles internacionalmente. Por ello se agrega al artículo 29 Constitucional el siguiente listado de derechos y garantías que no podrán suspenderse ni restringirse por ningún motivo:
-la prohibición de la desaparición forzada
-la prohibición de la tortura
-el principio de legalidad y retroactividad
-la prohibición a la pena de muerte
-el reconocimiento de la personalidad jurídica
-a la integridad personal
-a la protección a la familia
-a la nacionalidad
-los derechos de la niñez
-los derechos políticos
-las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna
-la prohibición de la esclavitud y la servidumbre
-ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos
Consejo de Salubridad General El Consejo de Salubridad General es creado en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus numerales del 1A al 4A y es dependiente directamente del Presidente de la República, quien le da facultades para expedir disposiciones generales obligatorias en el país, fuera de las facultades reglamentarias del artículo 89. En casos de emergencia sanitaria o epidemias graves, desde el año 2007 en la fracción segunda, el Secretario de Salud adquiere la facultad para tomar todas las medidas pertinentes de manera autónoma para hacer frente a dicha epidemia. Todas estas medidas restrictivas de los derechos humanos se justifican en la necesidad de garantizar el derecho a la salud de la población, pero deben estar sujetas a un estricto control por parte del propio Presidente, del Congreso y del Poder Judicial, y bajo ningún motivo pueden ir más allá de la temporalidad y proporción de medidas necesarias para hacer frente a la emergencia sanitaria. Sistemas de protección de los Derechos Humanos: La defensa de los derechos humanos en México ha estado llena de tropiezos, pero también de aciertos, su incorporación en la legislación nacional ha sido una de las mejores herramientas jurídicas, ya que incorpora derechos individuales y sociales, por lo que su protección representa una posibilidad de enriquecimiento con propuestas viables que repercutan en una cultura de respeto por el ser humano.
Sistema de protección jurisdiccional de los Derechos Humanos: Una forma importante de Protección a los Derechos Humanos en México, es aquella que brinda el Sistema Jurisdiccional de los Derechos Humanos, a través de los mecanismos de defensa que proporciona la Constitución, el Derecho Procesal y el Juicio de Amparo. Mientras que el mecanismo subsidiario de protección de los Derechos Humanos es el que brinda el Sistema No Jurisdiccional, siendo un modelo sin formalismos jurídicos y de fácil acceso, para la protección de los Derechos Humanos en el contexto nacional.
La supremacía constitucional: Se puede entender como el principio del Derecho constitucional que ubica a la Carta Magna en un peldaño jerárquicamente por encima de las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir en un país.
En nuestro país, este principio se encuentra previsto en el artículo 133 . En la reforma a la Constitución entrada en vigor el 11 de junio del año 2011, el artículo 1 menciona:
"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.."
Los derechos humanos reconocidos por México en los tratados internacionales, se han integrado a la Constitución y tienen el mismo rango que los que ya están en la primera parte de La Ley Suprema de los Estados Unidos Mexicanos.
Recursos de protección jurisdiccional de los Derechos Humanos: A pesar de la determinación constitucional, en la práctica jurídico-política el poder constituyente no ha sido suficiente para dar eficacia al principio de supremacía constitucional; por tal motivo, se han instituido los sistemas de control constitucional o medios y métodos de defensa de la Constitución. Al respecto Ernesto Rey Cantor, expresa: "Los controles de constitucionalidad y los mecanismos procesales de protección son garantías que el juez constitucional debe viabilizar, a través de procesos constitucionales, para preservar con justicia la supremacía de la constitución y la protección de los derechos humanos."
La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos está a cargo de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior se puede encontrar en el Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Dichos artículos establecen que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en:
-La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-El Tribunal Electoral.
-Los Tribunales Colegiados de Circuito.
-Los Tribunales Unitarios de Circuito.
-Los Juzgados de Distrito.
-El Consejo de la Judicatura Federal.
-El Jurado Federal de Ciudadanos.
-Los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal.
-Otros que por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.
Mientras tanto, La protección de los Derechos Humanos se puede activar a través de los siguientes medios de control constitucional:
De conformidad con el artículo 103 constitucional, el amparo es procedente:
Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte .También por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distritito Federal o viceversa de los estados y el Distrito federal hacia la esfera de competencia de la autoridad federal.De acuerdo al artículo 80 de la Ley de Amparo, El referido Juicio terminará con una sentencia de amparo: La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.
El amparo como medio de protección de los ciudadanos, puede interponerse contra los siguientes casos:
1. Amparo para la tutela de la libertad personal: Defiende la libertad individual y los derechos constitucionales con ella conexos. 2. Amparo contra leyes: Procede contra leyes que causen un agravio personal y directo al gobernado.
3. Amparo judicial (amparo casación) como medio de impugnación de las sentencias judiciales: Es una institución jurídica de control de la legalidad.
4. Amparo administrativo: Es el juicio constitucional a través del cual se impugnan actos de autoridad vinculados a la administración pública del Estado. Sirve para reclamar los actos y resoluciones de la administración activa. Abarca la impugnación constitucional de todos los actos material y formalmente administrativos, que emanan de los órganos estatales de la misma índole. 5. Amparo en materia agraria: Es aquel que promueven las comunidades agrarias como entidades socio-económicas y jurídicas, así como los miembros particularmente considerados en su carácter de ejidatarios o comuneros.
-Principios rectores del juicio amparo:
a) Principio de iniciativa o instancia de la parte agraviada: Todo aquel que resiente un daño o perjuicio, o agravio en su esfera de derechos, por parte de la ley o por algún acto de autoridad, en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Constitución, estará legitimado para interponer la demanda de amparo.
b) Principio de relatividad de las sentencias o fórmula Otero: Consiste en que los fallos de amparo son de efectos particulares, sólo se ocupa la sentencia de las partes contendientes en el juicio de amparo. . Este principio se ha visto atenuado con la reforma en materia de amparo de 2011. c) Principio de Definitividad: Consiste en que, antes de interponer el amparo, se deben de agotar todos los medios de defensa con los que se cuente (recursos o medios de defensa que concede la ley que rige el acto); de lo contrario, se incurre en improcedencia (artículo 73 de la Ley de Amparo) y se dará el sobreseimiento (artículo 74 de la Ley de Amparo).
d) Principio de estricta legalidad: El Tribunal de Amparo debe ceñirse a los aspectos de inconstitucionalidad que le haga valer la persona que realice la queja, en los conceptos de violación de la demanda. Por lo tanto, no puede abordar aspectos que no le pidió el ofendido.
Este principio opera en materia civil, mercantil, fiscal, administrativa, laboral (cuando el quejoso es el patrón) y en materia agraria (cuando el quejoso no forme parte de la clase campesina, ya que los propietarios se rigen en el amparo por la materia administrativa).
e) Suplencia de la queja: Las autoridades que conozcan del juicio de amparo, deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados. -Reformas constitucionales en materia de amparo del 2011
Estas reformas fortalecen los mecanismos judiciales de protección de los derechos humanos, ampliando la competencia en materia de juicio de amparo.
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejo jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.
De acuerdo con el artículo 103 constitucional, los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los afectados que lo soliciten, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procede, en el caso especial sobre el verse la demanda. Cuando en el juicio de amparo indirecto en revisión, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo turnará a la autoridad correspondiente.
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que sea aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Acción de inconstitucionalidad
Estas acciones tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Es un medio de control a posteriori que pretende preservar la supremacía de la Constitución. Pueden interponer una acción de inconstitucionalidad:
-El Procurador General de la República contra leyes federales y tratados internacionales.
-El 33 % de los miembros integrantes de la Cámara de Diputados o de Senadores, al tratarse de la impugnación de una ley constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-El 33 % de los diputados locales, en caso de que la ley impugnada considerada como inconstitucional sea local. -Los partidos políticos con registro ante el IFE, por medio de sus dirigencias nacional o estatales, sólo contra leyes electorales en el ámbito de sus respectivas competencias. -La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que debiliten los Derechos Humanos.
-Los Organismos de Protección de los Derechos Humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
-Controversia constitucional
Es el control de la constitucionalidad a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta figura autoriza el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal. El artículo 105 de la Carta Magna la define como: el juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos entre: a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o) en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
-Facultad de investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. (Mecanismo no jurisdiccional)
Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercía una facultad para investigar violaciones graves de garantías individuales. Actualmente (después de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011) la puede realizar la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
En el desarrollo de este procedimiento se plantea que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordene el desahogo de diligencias; solicite el auxilio de la fuerza pública y cite a cualquier persona. Esto implica que la CNDH debe tener acceso a toda la información que le permita desarrollar sus facultades constitucionales en forma plena.
Uno de los objetivos del procedimiento de investigación de violaciones graves a los derechos humanos es el esclarecimiento de la verdad. Todas las personas que habitan en el territorio nacional son titulares de este derecho y como principal obligado, el Estado mexicano. Pero implica también la obligación de esclarecer los hechos que importen a la sociedad.
-Medios de impugnación en materia electoral:
Los medios de impugnación están previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y quienes las aplican son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE).
Los siguientes sujetos están legitimados para presentar o interponer los medios de impugnación en contra de actos, resoluciones o sentencias electorales, según sea el caso: -Partidos políticos (a través de sus representantes legítimos);
-Agrupaciones políticas (a través de sus representantes legítimos);
-Ciudadanos (por su propio derecho)
-Candidatos (por su propio derecho)
-Organizaciones de ciudadanos (a través de sus representantes legítimos);
-Aquellas personas físicas o morales que hubieren sido sancionadas (personas físicas por su propio derecho y morales, a través de sus representantes o apoderados legales).
-Servidores públicos del Instituto Federal Electoral.
-Servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sistema de Medios de Impugnación está integrado por:
-El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de los actos y las resoluciones de la autoridad electoral federal.
-El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal.
-El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de los actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales de las entidades federativas.
-El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el IFE y sus servidores. Corresponde a los órganos del IFE conocer y resolver el recurso de revisión y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los demás medios de impugnación previstos, en la forma y términos establecidos en la ley.
Acciones colectivas: Son aquellas que promueve un representante con legitimación colectiva, para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas sujetas a una sentencia que obliga o concede derechos como un todo. Es indispensable que éstas se encuentren perfectamente identificadas como una acción o como una garantía constitucional, tomando como base que el derecho a la jurisdicción es un derecho subjetivo y como tal, es una potestad cuando se ejerce y una facultad mientras está latente.
La reforma al artículo 17 constitucional y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, permitió incorporar a nuestro régimen jurídico de impartición de justicia, la figura procesal de acciones colectivas en manos de ciudadanos, organizaciones civiles, autoridades públicas y grupos de afectados, para darles legitimación activa para poder demandar ante los tribunales federales, la tutela de derechos colectivos en materias como protección al consumidor, al medio ambiente, a la competencia económica, al patrimonio cultural y urbano y a los derechos humanos.
El litigio de interés público: Es una estrategia de defensa de los derechos humanos, y aunque es un procedimiento nuevo en México, ha sido un modelo de protección de los derechos muy socorrido en países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile.
Es un modelo de litigio oponible a aquel que se dirige únicamente a defender intereses particulares, y busca, mediante la defensa de casos límite, paradigmáticos, colectivos, complejos o controversiales, el reconocimiento y la plena tutela de nuevos o mal garantizados derechos. Tiene como objetivo, cambiar los sistemas de baja o media protección de los derechos humanos, por sistemas de reconocimiento y garantía robusta a través de casos, precedentes constitucionales y presión en los tribunales.
Protección jurisdiccional de los derechos humanos en estados de excepción
Con la reforma al artículo 29 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, se tomó en cuenta que el Estado moderno enfrenta retos de enorme dimensión, ya sea por fenómenos naturales (terremotos, inundaciones), por actividades humanas (contaminación en gran escala, calamidades generalizadas) o por amenazas a la seguridad del Estado, por tal motivo, muchas veces se tiene que emplear a fondo para poder cumplir con sus esenciales funciones sociales. La constitución mexicana regula este tema en su artículo 29.
También se eliminó la facultad de la Comisión Permanente para aprobar la suspensión de las garantías, y otorgó dicha facultad al Congreso de la Unión, que será el que apruebe la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías. Se consideró que un tema tan delicado y sensible para la preservación del Estado de los derechos debe significar el más amplio análisis y consenso.
Después de la reforma mencionada, el artículo 29 constitucional señala que: En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberán pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez."
Protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos: El mecanismo subsidiario de protección de los Derechos Humanos es el que brinda el Sistema No Jurisdiccional, es un modelo sin formalismo jurídicos y de fácil acceso, para la protección de los Derechos Humanos en el contexto nacional.
La mayoría de los organismos públicos no jurisdiccionales locales son autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo como objetivo la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. El Ombudsman: El modelo de protección de los derechos humanos en nuestro país se deriva del modelo sueco y data de 1713, cuando el Rey Carlos XII emitió un decreto para controlar durante su ausencia a los funcionarios del gobierno sueco, tal institución se llamó Ombudsman Superior "Ombudsman Superior". Esta institución evolucionó tomando acepciones de protector, mandatario, comisionado o representante; pero siempre con la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos.
La fórmula del Ombudsman se encuentra hoy día en los cinco continentes. Algunos ejemplos son, como: El defensor del pueblo en España o El promotor de la justicia en Portugal; y además se erige como un cauce alternativo de protección de los derechos humanos, para reducir la distancia entre gobernantes y gobernados, y promover la cultura de los derechos humanos; una fórmula, en suma, que busca llenar los vacíos en la protección de los derechos fundamentales.
En México la fórmula de la Institución del Ombudsman se instaura en 1990, con el surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya creación encuentra sustento en el decreto presidencial del 5 de junio de ese año y posteriormente con organismos estatales de Derechos Humanos en las entidades federativas. Sus pronunciamientos, al igual que los de la CNDH, no son vinculatorios, esto es, no poseen los atributos aludidos de obligatoriedad y coerción.
El titular de este organismo autónomo, es designado por el legislativo, con la función esencial de fiscalizar la actividad administrativa; recibir las reclamaciones de los administrados; gestionar la pronta resolución de las cuestiones planteadas, y de no ser posible, investigar dichas impugnaciones y si considera que se han afectado indebidamente los derechos e interese legítimos de los propios reclamantes, se formulen las Recomendaciones no obligatorias a las autoridades respectivas, con el objeto de lograr la reparación de las citadas violaciones; presentar informes públicos especiales y periódicos sobre las cuestiones investigadas y sugerir reformas y modificaciones a las prácticas, los reglamentos y las leyes administrativas, con el fin de que se respeten los derechos humanos. Otras instancias de protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos: Existe en nuestro país, adicionalmente al sistema de organismo públicos de derechos humanos, un sistema a nivel local y federal de instancias administrativas encargadas de proteger derechos, resolver conflictos, y corregir los ámbitos regulados del estado en caso de omisiones o acciones de las autoridades regulatorias o verificadoras que permitan abusos o daños en la esfera de derechos del ciudadano.
Esta esfera de protección administrativa de derechos civiles, económicos, sociales, culturales y colectivos es producto del esfuerzo del estado por empezar a construir las garantías de efectiva protección de estos derechos para ampliar la cobertura de protección de todos los derechos humanos sin restricciones. En este sistema se han desarrollado instituciones como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los organismos públicos de transparencia, las procuradurías sociales, la Procuraduría Federal del Trabajo, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, etc. Protección internacional de los Derechos Humanos: El tema de los Derechos Humanos tuvo un gran auge después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que surgieron diversos movimientos creadores de organismos defensores de los derechos humanos, el principal y más importante es la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada con el compromiso de mantener la paz y la seguridad internacional y promover el progreso de los derechos humanos. No solo la ONU protege estos derechos a nivel internacional. Por ello, es importante conocer qué otros mecanismos de protección existen y en qué organismos internacionales recae la responsabilidad de protegerlos
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Thomas Buergenthal define al derecho internacional de los derechos humanos como "la rama del derecho internacional, que se ocupa del establecimiento y promoción de los derechos humanos y de la protección a individuos o grupos de individuos, de las violaciones gubernamentales de derechos humanos." Dicha protección es ejercida por un sistema internacional de protección, que es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones, establecidas en uno o varios instrumentos de derecho internacional (convencionales y/o declarativos), que regulan una parte de las relaciones de cooperación entre las instituciones de dos o más Estados.
Hoy en día, el derecho internacional contemporáneo y especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, consideran a los individuos como sujetos de Derecho Internacional, definiéndolos según Carrillo Salcedo como: "aquellas entidades que son destinatarias de las normas jurídicas internacionales, participan en su proceso de elaboración y tienen legitimación para reclamar por su incumplimiento, o bien, si ellos son los que infringen dichas normas. Serán responsables internacionalmente". El Derecho Internacional de los Derechos Humanos está estrechamente vinculado con el Derecho Humanitario y el Derecho de los Refugiados; por ejemplo: la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) están involucrados con los Derechos Humanos en el plano operativo. Los derechos Humanos como parte del Derecho Internacional: Las normas relativas a los Derechos Humanos tomaron importancia a partir de finales de los años 40, ya que en 1945 se redactó la Carta de las Naciones Unidas (fundamento de la creación de la ONU) y en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos; desde entonces se han redactado sinnúmero de acuerdos (tratados) de carácter internacional que han compilado las normas de reconocimiento, defensa, protección y promoción de los derechos humanos a nivel internacional. Todos esos tratados internacionales en materia de derechos humanos, generan obligaciones para los Estados (cuyo acatamiento es obligatorio), así como las personas que incumplan los derechos del hombre.
Los derechos humanos fundamentales son ius cogens. Entendida por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (artículo 53), como:
-Una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional.
-Que no admite acuerdo en contrario.
-Sólo puede ser modificada (o derogada) por una norma posterior de derecho internacional general que tengan la misma jerarquía. -De acuerdo al criterio del Tribunal Penal Internacional para la ExYugoslavia, gozan del más alto rango en la jerarquía internacional.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU): En 1945, representantes de 51 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas para redactar la Carta de las Naciones Unidas, como rechazo internacional a la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, con la sede en Nueva York, Estados Unidos. Tiene como propósitos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos; la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales: económicos, sociales, culturales o humanitarios, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Los órganos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU): 1. La Asamblea General Es el principal Órgano deliberativo de la ONU, integrado por los 193 países miembros. Realiza sesiones ordinariamente cada año de septiembre a diciembre. 2. El Consejo de Seguridad
Este Consejo vigila el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y cuenta con amplias facultades para aplicar dicho mandato.
Está compuesta por 15 miembros: cinco permanentes y 10 electos por la Asamblea General por periodos de dos años. Los miembros permanentes son China, los Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Francia y el Reino Unido. Éste es el único órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones son Obligatorias para los Estados miembros. Están obligados a solucionar sus conflictos por medios pacíficos, en el caso de uso de la fuerza para solución de controversias, intervendrá la comunidad internacional, bajo mandato y supervisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La intervención que haga el Consejo de Seguridad será fundamentada en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que en el artículo 39 establece: "El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales."
3. El Consejo Económico y Social
Es el principal órgano para coordinar cuestiones económicas, sociales y otras similares de todos los organismos y comisiones pertenecientes a la organización de las Naciones Unidas, así por ejemplo, promoverá niveles de vida más elevados, empleo, progreso económico y social; impulsará la cooperación cultural y educativa internacional; y fomentará el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Consejo celebra un periodo de sesiones de cuatro semanas todos los meses de Julio, alternando entre Nueva York y Ginebra. 4. El Consejo de Administración Fiduciaria
Está constituido por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido). Administra los territorios puestos bajo la administración fiduciaria de Naciones Unidas en su transición a la independencia política y a la construcción de instituciones. Este consejo se reúne en el momento necesario por convocatoria del mismo Consejo, de su presidente o a petición de una mayoría de sus miembros o de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.
5. La Corte Internacional de Justicia
La Corte es el principal órgano judicial con sede en La Haya, Países Bajos. Resuelve controversias jurídicas entre los Estados que son parte de la ONU. Asimismo puede emitir opiniones consultivas solicitadas por los órganos autorizados de Naciones Unidas y algunas agencias especializadas. Está integrada por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, en atención a sus méritos; durarán nueve años en el cargo y podrán ser reelegidos. 6. La Secretaría General Se encarga de la administración y representación ejecutiva de Naciones Unidas, a través de su Secretario General. Está integrada por funcionarios que trabajan en oficinas de todo el mundo.
Dentro de sus funciones encontramos la administración de las operaciones de mantenimiento de la paz y la mediación en controversias internacionales, analiza las tendencias y problemas económicos y sociales, así como los derechos humanos y desarrollo sostenible, entre muchas otras.
Las Naciones Unidas y los Derechos Humanos: Las leyes internas de un Estado serán las primeras que protejan los derechos humanos de los ciudadanos y establecerán los procedimientos para su protección, pero cuando el proceso jurídico interno de un país no es suficiente para proteger a sus nacionales, existen otros procedimientos internacionales que podrán servir de fundamento para que una persona o Estado pueda reclamar el respeto a estos derechos.
La ONU ha creado un código universal de derechos humanos que recaen sobre todas las personas. Los documentos más importantes de ese sistema universal son:
1.	La carta de la Naciones Unidas.
2.	La Carta Internacional de Derechos Humanos, constituida por:
a)	La Declaración Universal de Derechos Humanos
La Carta de las Naciones Unidas fue complementada con una hoja que sirviera como asegurador de los derechos de todos los seres humanos en todo lugar y en todo momento, es por ello que el 10 de diciembre de 1948, se convirtió en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada el fundamento de las normas internacionales de derechos humanos. Está compuesta por 30 artículos que no tienen obligatoriedad jurídica aunque por gracias a la aceptación que ha recibido por parte de los Estados Miembros, poseen gran fuerza moral.
b)	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (3 de enero de 1976).
Es obligatorio para México desde 1981. Actualmente 160 Estados son parteforman parte de este pacto. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano encargado de vigilar la observación de este Pacto, el cual reconoce derechos como: trabajo, salud, educación, nivel de vida adecuado, entre otros; así como los mecanismos para su protección y garantía. c)	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este Pacto entró en vigor el 23 de marzo de 1976; es obligatorio para México desde 1981. Actualmente 167 Estados son parteforman parte de este pacto. Ey el Comité de Derechos Humanos, compuesto por dieciocho expertos, es el órgano creado en virtud del tratado, encargado de vigilar su observancia; hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de participación en la vida pública, en las elecciones y la protección de los derechos de las minorías. Además prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o detenciones arbitrarias y la intrusión arbitraria en la vida privada, la propaganda de guerra y el estímulo al odio racial o religioso. d)	Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966).
Se vuelve obligatorio para México desde 2002. Hoy día 114 Estados son parteforman parte de este protocolo, y fue establecido con la finalidad de facultar al Comité de Derechos Humanos del Pacto Intencional de Derechos Civiles y Políticos, para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto, y así asegurar el mejor logro de los propósitos de éste y la aplicación de sus disposiciones. e)	Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte (15 de diciembre de 1989).
Este segundo Protocolo tiene su fundamento en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según su artículo primero, (La pena de muerte) No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo, y cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción. Es obligatorio para México desde 2007. Son 73 los Estados Partes.
La Declaración del milenio (13 de septiembre del 2000):
El 8 de septiembre del año 2000, con motivo del próximo inicio del nuevo milenio, se realizó una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Sede de la ONU con el fin de reafirmar el compromiso de los Estados en la búsqueda de un mundo más pacífico, más próspero y más justo. Este documento considera que las relaciones internacionales en el siglo XXI, deben estar sustentadas en los siguientes valores:Los valores que considera como fundamentales y esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, son: libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común. Los objetivos acordados por los Estados en la Declaración del milenio fueron loas siguientes:
1. La paz, la seguridad y el desarme.
2. El desarrollo y la erradicación de la pobreza.
3. La protección de nuestro entorno común.
4. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, así como la democracia y el buen gobierno.
5. La protección de las personas vulnerables.
6. Atención a las necesidades especiales de África
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH): Es el principal funcionario de la ONU, responsable de dirigir los esfuerzos de las Naciones Unidas en materias de Derechos Humanos, para lo cual presta apoyo a los Estados en la defensa de estos derechos. Sus funciones son:
-Supervisar que los Estados parte de las Naciones Unidas cumplan con los tratados internacionales de derechos humanos.
-Coordinar las actividades relativas a la educación en materia de derechos humanos, tanto programas de educación e información pública, como las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas.
-Garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos universalmente reconocidas. Órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: El Sistema de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de derechos humanos, está integrado por 2 tipos de órganos; aquellos que encuentran su fundamento en la carta de las Naciones Unidas, y aquellos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. Dentro de los primeros tenemos el Consejo de Derechos Humanos, y dentro de los segundos, a aquellos grupos de expertos independientes, instaurados para supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Órganos de Derechos Humanos establecidos por la Carta de las Naciones Unidas
Los órganos basados en la Carta incluyen a la Comisión de Derechos Humanos que fue posteriormente reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos. Por lo que en realidad el único órgano de Derechos Humanos vigente de aquellos establecidos por la Carta de las Naciones Unidas, es el Consejo de Derechos Humanos.
El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados que son miembros de las Naciones Unidas, que se reúne durante 10 semanas al año en la ciudad de Ginebra, Suiza. Es importante mencionar que el consejo de derechos humanos es una entidad separada de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH).
Mecanismos y Procedimientos del Consejo de Naciones Unidas
a) Examen Periódico Universal. Este mecanismo fue creado el 15 de marzo de 2006 por resolución de la Asamblea General. Es un proceso utilizado como soporte al trabajo del Consejo, que consiste en el análisis de la situación, declarar las acciones seguidas para mejorar la situación de los derechos humanos y para cumplir sus obligaciones de protección, en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, una vez cada cuatro años.
b) Método de denuncias. El Consejo de Derechos Humanos, cuenta con un "Comité Asesor" basado en un "Método de Denuncias", mediante el cual, individuos y organizaciones presentarán ante el Consejo denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.
c) Procedimientos Especiales. Estos procedimientos fueron establecidos en un primer momento por la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente adoptados por el Consejo de Derechos Humanos. Son llevados a cabo por un individuo (un relator o representante especial) o de un grupo de expertos, determinados a examinar, supervisar, dar asesoría e informar públicamente acerca de situaciones específicas de vulneraciones a derechos humanos en un país o territorio.
Estos expertos deberán informar al Consejo de Derechos Humanos sobre sus conclusiones y recomendaciones. Órganos de Derechos Humanos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos
Existen nueve órganos en vigor que fueron específicamente establecidos en virtud de tratados de derechos humanos, estos órganos son conocidos como "comités", y fueron creados para supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Éstos son los siguientes:
2. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
3. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
4. Comité contra la Tortura (Y su subcomité)
5. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
6. Comité de los Derechos del Niño.
7. Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
8. Comité de los derechos de las personas con discapacidad
9. Comité contra las desapariciones forzadas.
Asimismo, existen otras entidades de la ONU que están involucradas en la promoción y protección de derechos humanos, como: Oficina de Coordinación de Asuntos humanitarios (OCHA), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO), Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), ONU Mujeres, Comité Permanente entre Organismos (IASC)., Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), Comisión de la Condición de la Mujer (CSW), Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de alimento y de agricultura de las Naciones Unidas (FAO), Programa Humano de los Establecimientos de Naciones.
Además de apoyarse de la Subcomisión para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (Principal órgano subsidiario de las Naciones Unidas).
El Derecho Internacional Humanitario: El objetivo del Derecho Internacional Humanitario (DIH), es disminuir al máximo posible el sufrimiento humano durante las contiendas, de tal forma que las reglas que establece, por un lado, guiarán la conducta conflictiva, establecerán las reglas de la guerra; y proveerán de protección y atención a las víctimas.
El DIH es un conjunto de normas jurídicas internacionales, convencionales y tradicionales, que tienen como objetivo reducir el sufrimiento de las víictimas de la guerra y de las personas que no participan directamente en las hostilidades (por ejemplo civiles, periodistas, prisioneros de guerra, personal sanitario, heridos, náufragos, etcétera), así como el limitar los métodos y medios de la guerra (por ejemplo; prohibición de uso de armas químicas, biológicas, bacteriológicas, prohibición de dirigir ataques contra bienes civiles y culturales, prohibición de utilización de armamento que cause sufrimientos innecesarios, entre otros).
Distingue perfectamente a un combatiente de uno que no lo es (civil), a éstos los protegerá con las reglas para dirigir las hostilidades, haciendo una importante distinción entre los actos de guerra que son necesarios y permitidos, de aquellos que no los son. El derecho humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, le compete el trato debido a las personas que están en poder de la parte adversaria y la conducción de las hostilidades; mientras que los derechos humanos protegen a la persona humana en todo tiempo, haya guerra o paz; favoreciendo su completo desarrollo. Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949: Son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra y son los principales instrumentos en que se fundamenta el derecho internacional humanitario. Son estos los que se conocen como "Las Reglas de las Guerra". Cada uno de ellos protegerá a determinado grupo de personas, siempre y cuando no participen en las hostilidades.
Combatiente: Cualquier persona que toma participación directa en las hostilidades, ya sea de manera oficial o voluntaria
Civil: Cualquier persona que no sea un combatiente, como civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, o los que ya no pueden seguir participando en las hostilidades como heridos, enfermos, náufragos o prisioneros de guerra.
Protección de los Convenios de Ginebra:
1. El I Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.
El texto del convenio prohíbe las represalias contra los heridos, los enfermos, el personal, los edificios o el material protegidos por el mismo. 2. El II Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, los heridos, los enfermos, los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; por lo que están prohibidas las represalias contra éstos y/o el personal de los barcos, y el material. 3. El III Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Aquellos combatientes que están en poder de la Potencia enemiga, quien será responsable del trato que reciban. Establece la obligación de que sean tratados humanamente en todas las circunstancias, ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos; y tendrán derecho en todo momento y circunstancias al respeto de su persona y de su honor. 4. El IV Convenio de Ginebra protege a las personas civiles. Este convenio diferencia la zona de protección para personas civiles, que deben ser establecidas por los Estados parte de la guerra, la obligación de señalar zonas y localidades sanitarias y de seguridad, designación de zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los combates; ayuda para la evacuación, desde una zona sitiada o cercada; facilidades para el envío de medicamentos, víveres y ropa, entre muchas otras.
Estos convenios son de aplicación universal que y han sido ratificados por 194 países, los cuales se han comprometido a todas las medidas legislativas necesarias así como sanciones penales aplicables a los infractores de estos convenios. Los protocolos adicionales a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, son igualmente instrumentos de derecho internacional, éstos refuerzan la protección a las víctimas, contenida en los Convenios, así, el Protocolo I protege a las víctimas de los conflictos internacionales, mientras que el Protocolo II, a las de los conflictos no internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) emblema es el de la bandera de Suiza, pero con los colores invertidos. Ésta es una organización humanitaria que surgió con el propósito de socorrer a los heridos de guerra. Su; es por ello que su misión es exclusivamente humanitaria. Esta es: proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna. Dirige y coordina las actividades internacionales del socorro del movimiento en situaciones de conflicto; procura prevenir el sufrimiento, promoviendo y fortaleciendo el derecho humanitario y los principios humanitarios universales. El organismo directivo de la organización es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) con sede en Ginebra; cuyo objetivo principal de su misión humanitaria es atender los intereses de las víctimas de los conflictos, por lo que la comunidad internacional le ha encomendado el papel de guardián del derecho internacional humanitario. Derechos de los Refugiados Un refugiado es la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas; se encuentra fuera del país de su nacionalidad y o pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. El derecho de los refugiados es el cuerpo de derecho internacional consuetudinario y de instrumentos internacionales, regionales y nacionales que definen las normas de protección de los refugiados. El refugio es la institución internacional de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que fue aprobada en 1951, y entró en vigor en 1954 y su protocolo en 1967. Esta convención es el fundamento principal del derecho de los refugiados, pues es el marco aplicable para la protección de los refugiados. A la fecha, 145 Estados son partes de dicha Convención y del Protocolo. El concepto de refugiado ha sido ampliado en el continente americano por la Declaración de Cartagena de 1984 y San José de 1994. En ellas,, ya que se consideran a los refugiados como las personas que han huido de sus países, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Este órgano fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950 e inició sus actividades en enero de 1951, con un mandato limitado de tres años para ayudar a reasentar a los refugiados europeos que aún estaban sin hogar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.; Ssin embargo, su trabajo no ha cesado y desde entonces el ACNUR no ha dejado de trabajarha continuado trabajando para ayudar a las personas desplazadas en el mundo.
El ACNUR TTiene dos objetivos básicos y que están estrechamente relacionados:. El primero, es proteger a los refugiados y buscar soluciones duraderas para que vuelvan a iniciar sus vidas en un ambiente normal. El segundo, es; así como promover acuerdos internacionales para los refugiados y supervisar la aplicación de respeto por los derechos humanos básicos de los refugiados, así como verificar y que ninguna persona sea retornada de manera involuntaria al país donde, él o ella, tienen un temor fundado de persecución, proceso conocido como devolución (refoulement).
El principio de nonrefoulement (no devolución), establece que si un Estado devuelve a su país de origen a una persona que tiene fundados temores de persecución, tal acto constituye una violación a sus derechos humanos. Se encuentra contenido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (artículo 33), en la Convención contrala Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas de 1984 (artículo 3) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.8).
Héctor Gross Espiel afirma que el principio de devolución es considerado como norma imperativa del Derecho Internacional, es decir, como norma de Ius cogens.
El derecho de asilo. Se refiere al derecho que tiene toda persona de establecerse fuera de su país en caso de persecución. El fundamento de derecho internacional de esta figura lo encontramos en el artículo 14 de la Declaración Universal de derechos humanos, y más específicamente podemos mencionar el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que establece: "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales." Así, el derecho de asilo exige de los países que, por lo menos de manera temporal, se reciba en algún lugar a las personas que huyen de la persecución o el peligro; y que mientras se tramita una solicitud de asilo y se toma una decisión en un caso, la persona tiene derecho a no ser devuelto al país donde su vida, libertad o seguridad corran peligro; y está vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos como el derecho a la libertad de movimiento o el derecho de salir de cualquier país, incluso del propio. La repatriación voluntaria Se refiere al regreso al país de origen fundado en una decisión de los refugiados tomada libremente y con conocimiento de causa. Ésta puede ser:
a) Organizada. Cuando se realiza bajo los auspicios de los gobiernos interesados y del ACNUR.
b) Espontánea. Cuando los refugiados vuelven a su país por sus propios medios, y el ACNUR y los gobiernos no participan en el proceso o lo hacen de manera indirecta. El reasentamiento Se refiere al traslado de los refugiados del país donde buscaron asilo a otro Estado que acepta darles acogida. El reasentamiento representa, pues, a la vez una solución duradera y un instrumento de protección de los refugiados.
Los refugiados, por lo general, podrán beneficiarse del asilo o cualquier otra forma de derecho de residencia a largo plazo y, en muchos casos, tendrán la posibilidad de obtener la ciudadanía mediante la naturalización. La Corte Penal Internacional: El Derecho Penal Internacional, es la rama del Derecho que define los crímenes internacionales y regula el funcionamiento de los tribunales competentes para conocer de los casos en los que los individuos incurran en responsabilidad penal internacional, imponiendo las sanciones que correspondan.
El Derecho Penal Internacional, indudablemente fue formalizado a partir de la Conferencia de Plenipotenciarios de Roma donde se aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, objetivación de una verdadera y permanente jurisdicción penal internacional. El 17 de julio de 1998 fue adoptado el Estatuto de Roma, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2002 y es la base legal para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Faculta a la corte para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el mismo Estatuto, y que tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. (Artículo 1, Estatuto de Roma)
La idea del establecimiento de la Corte Penal Internacional abre paso a la responsabilidad penal individual, apareciendo el individuo como persona en el escenario internacional, ya sea como titular de derechos fundamentales que deben ser puntualmente observados por los Estados, o bien, como responsables de crímenes que la comunidad internacional no puede observar con indiferencia.
Sistemas Regionales de Protección a los Derechos Humanos: En el nivel regional existen tres sistemas principales de Protección:
-El Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos.
-El Sistema Africano de Protección a los Derechos Humanos.
-El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.
El Sistema Europeo de Protección a los Derechos Humanos Este sistema surge en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 (Pacto de Roma), se estableció un sistema conformado por la Comisión Europea de Derechos Humanos y el tribunal Europeo de Derechos Humanos; pero con la aprobación y entrada en vigor del Protocolo No. 11, desaparece la Comisión Europea y actualmente con sede en Estrasburgo, Francia, el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos está integrado únicamente por el Tribunal Europeo. Sus principales características son: Que es único y permanente; sus idiomas oficiales son el inglés y el francés; podrá presentar un recurso ante el Tribunal, cualquier ciudadano de uno de los Estados que esté dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos; el derecho del recurso individual es obligatorio; la presentación de un recurso por parte de un particular, conlleva necesariamente su examen por parte de los jueces del Tribunal; es posible una solución amistosa de la demanda; y existe renovación frecuente de los jueces del tribunal, éstos son elegidos para un periodo de 6 años y se establece como límite de edad, los 70 años. El Sistema Africano de Protección a los Derechos Humanos Surgió en el marco de la Organización de la Unidad Africana (OUA), que es un sistema de integración de los Estados, similar a la Unión Europea, cuyos objetivos comunitarios, económicos y comerciales son afines. La Carta Africana de los Derechos y de los Pueblos de 1981 (Carta de Banjul), es en el continente africano, el instrumento de derechos humanos fundamental. El Sistema Africano de Protección a los Derechos Humanos está integrado por dos órganos:
a)	La Comisión Africana de Derechos Humanos Formada por once miembros, elegidos por un periodo de seis años dentro del marco de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
-Se encarga de la promoción, investigación, enseñanza y tutela de los derechos humanos y de los pueblos a la existencia, descolonización, paz, libre disposición de los recursos naturales, deberes del individuo hacia la familia, el estado y la comunidad internacional.
-Conoce de los informes que deben rendir cada dos años los Estados parte de la Unión, sobre las medidas legislativas y de otro carácter tomadas para dar plena vigencia a la Carta Africana de Derechos Humanos.
-Destacan especialmente las investigaciones que realiza sobre violaciones de derechos humanos planteadas directamente por unos Estados contra otros, así como su examen, en vía indirecta, de las reclamaciones de personas individuales o de grupos. b)	Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos.
El Tribunal Africano de Derechos Humanos entró en vigor el 26 de diciembre de 2004, al ser ratificado por 15 Estados. Esto se debió a que en julio de 2004 la Asamblea de la Unión Africana decidió fusionar en un sólo Tribunal la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Justicia; así, mediante el protocolo adoptado en 1998, se incorporó a la Carta Africana de Derechos Humanos. Este Tribunal fortifica el trabajo y las funciones de la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos Es un sistema regional creado por los estado miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para garantizar el ejercicio eficaz de los derechos de cada ser humano en un ámbito de libertad individual y de justicia social; a través de derechos y libertades a favor de las personas, obligaciones de los Estados miembros, y mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos.
Este sistema comprende dos procesos basados, por un lado en la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y por otro lado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José (Costa Rica).
La Convención fue adoptada en 1969 y entró en vigor desde 1978, se centra en los derechos civiles y políticos, pero se ve complementada por un Protocolo Facultativo (1988-1999) que recoge derechos económicos, sociales y culturales: Pacto de San Salvador.
Cabe mencionar que de los 35 estados miembros de la OEA, sólo 25 son parte en la Convención y se vuelve obligatoria para México desde 1981.