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Timestamp: 2016-10-24 19:03:34
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 86', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 3']

⭐CUADERNOS DE INFORMACION SINDICAL
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Patricia Jiménez Segura
1 El sistema de Seguridad Social español en el año 2000 CUADERNOS El sistema DE INFORMACION de Seguridad Social español en el año 2000 SINDICAL confederación sindical de comisiones obreras confederación sindical de comisiones obreras2 Junio3 Elaboración: Miguel Angel García Díaz Gabinete Técnico Confederal de CC.OO. Junio de4 INDICE 1. Introducción Medidas adoptadas en el periodo Separación de las fuentes de financiación Prestación por jubilación Acceso y cálculo de la pensión Revalorización automática de las pensiones Mejora del acceso a la jubilación de los contratados a tiempo parcial Elevación de las cuantías de las pensiones con complementos de mínimos Otras prestaciones El sistema de Seguridad Social. Visión global Ingresos del sistema de la Seguridad Social La cuota por contingencias comunes y accidentes de trabajo Las transferencias del Estado y la deuda imputada a la Seguridad Social Gastos del sistema de Seguridad Social Saldo financiero del sistema de Seguridad Social Pensiones contributivas de la Seguridad Social Gasto agregado en pensiones contributivas Evolución del número de pensiones Evolución cuantía media de las pensiones Evolución de la tasa de sustitución (cuantía media de la altas y bajas) Los complementos a mínimos de las pensiones Previsión del gasto en pensiones contributivas hasta 2030 y simulación hasta el Cotizaciones sociales y costes laborales en España Algunas propuestas para la renovación del Acuerdo sobre Seguridad Social A. Financiación B. Bases de cotización y conceptos incluidos en la misma C. Generalizar el derecho a la jubilación anticipada D. Mejora de las prestaciones de menor poder adquisitivo E. Mejora de otras prestaciones F. Deuda atribuida a la Seguridad Social G. Concepto administrativo del sistema de Seguridad Social5 4 Confederación Sindical de CC.OO.6 5 Confederación Sindical de CC.OO.7 6 Confederación Sindical de CC.OO.8 1. Introducción El desarrollo de sistemas de Seguridad Social, con prestaciones amplias y suficientes, ha sido uno de los principales logros de las sociedades europeas más avanzadas. Hasta el punto de haberse convertido en una de las esenciales señas de identidad del denominado modelo social, vigente en la Unión Europea. A partir de los conceptos manejados inicialmente por Beveridge (derechos de todos los ciudadanos para acceder a rentas de sustitución) y Bismarck (prestaciones generadas por contribuciones previas realizadas), los países de la Unión Europea han construido durante el siglo XX sistemas de protección social de carácter mixto, en los que se conjuga el carácter contributivo y el universal. Estos sistemas de carácter público incluyen, con la diversidad fruto de procesos históricos propios a nivel económico y social, prestaciones económicas por jubilación, incapacidad temporal o permanente, maternidad, hijos a cargo y desempleo. En paralelo, desde el sector público también se suministran servicios públicos como la asistencia sanitaria y distintas prestaciones a personas mayores, minusválidos y excluidos sociales. A su vez, la experiencia ha marcado estructuras de financiación adecuadas a sus necesidades, con distintas combinaciones de cuotas sociales e impuestos. La experiencia española en esta materia ha sido diferente a la de los países comunitarios, tanto en dimensión como en ritmo de aplicación. La posibilidad de los ciudadanos españoles de acceder al Estado del Bienestar ha llegado más tarde y, aún en el presente, si bien se han alcanzado niveles de protección bastante dignos, todavía deben aumentar para situarse a la altura de los existentes en los países más desarrollados de la Unión Europea. Las cifras para 1996, últimas Gastos sociales en % del PIB Alemania 25,7 25,6 24,4 28,0 29,4 Francia 24,0 27,3 26,4 29,5 29,2 Reino Unido 20,1 23,0 22,1 27,7 26,7 España 17,1 19,0 19,9 23,8 21,8 Suecia 31,6 32,8 33,9 38,0 34,2 Media UE 15 21,7 23,9 23,7 25,6 27,5 EE.UU. 13,9 13,7 14,5 16,3 Japón 10,2 11,4 11,5 12,2 OCDE (1) 18,9 20,9 21,6 23,9 Fuente: EUROSTAT y J. Ruiz-Huerta y Rosa Martinez a partir de OCDE y Banco de Datos Sociales publicadas por EUROSTAT, marcaban una distancia de 5,7 puntos del PIB con la media de la Unión Europea (UE15), ampliada hasta los 7,4 puntos del PIB con Francia y a más de 12 puntos del PIB con Suecia 1. Siendo importantes todas las prestaciones, por su volumen monetario y número de beneficiarios, destacan entre todas: el sistema de pensiones, la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas por desempleo. En el caso español, las decisiones en las últimas décadas han situado administrativamente a las dos primeras dentro de la Seguridad Social, mientras las de desempleo se han incluido en el Instituto Nacional de Empleo. 1 Social protection expenditure and receipts: European Unión, Iceleland and Norway. Dta European Comission. EUROSTAT (1999). 79 Dada la extensa relación de prestaciones y las importantes repercusiones en todos los terrenos de cada una de ellas, este trabajo se analizará el Sistema de Seguridad Social en su conjunto pero concentrando especial atención en el sistema de pensiones. Desde hace algún tiempo, de forma periódica se reproduce un debate sobre el futuro de las pensiones y la viabilidad de los sistemas vigentes. Los puntos álgidos del mismo, suelen coincidir con los momentos en los que se deben adoptar decisiones en el ámbito político 2. Básicamente, el debate oscila entre las propuestas realizadas por los que defienden los sistemas públicos de reparto habituales en los países de la Unión Europea y aquellos otros, que encuentran más ventajas en los sistemas privados de capitalización. Este bando capitaneado por el Banco Mundial 3 y, como es lógico apoyado sin reservas por las entidades financieras, intenta justificar su opción a partir de los efectos perniciosos de los sistemas de reparto sobre la actividad económica en general y el empleo en particular 4. Su posición, no contrastada en la práctica, considera incompatibles la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos económicos. Los medios de comunicación recogen de forma periódica opiniones sobre los problemas que acechan a los sistemas públicos de pensiones, basándose en sesudos estudios realizados por expertos. Unas conclusiones, por otra parte no tan convincentes cuando se analizan con detalle estos trabajos. La información sobre los puntos débiles de los sistemas de capitalización es menos habitual, sin embargo, también los tienen y en algunos casos pueden llegar a tener serias repercusiones para sus beneficiarios. Los sistemas de capitalización, una opción relativamente nueva, están encontrando una contestación acompañada de suficiente consistencia empírica, a medida que pasa el tiempo necesario para analizar con detalle sus resultados en los países donde se decidió su aplicación con carácter mayoritario, sobre todo en los de Latinoamérica 5. La teoría de la continua ampliación del ahorro agregado de la economía gracias a estos sistemas de previsión individual no parece cumplirse en el medio plazo, aún antes incluso de alcanzar los nuevos sistemas de pensiones el punto de maduración en el que empiezan a percibir las prestaciones un número significativo de beneficiarios. Por el contrario, ya parece probada la pérdida de cobertura, por lo menos en número de trabajadores, consecuencia de situaciones de desempleo que impiden mantener el nivel de aportaciones. Estos sistemas presentan también una fuerte debilidad ante la inflación. Las cuantías definidas en el momento de iniciar el cobro de la prestación no son revalorizables habitualmente y, con el paso del tiempo, su capacidad adquisitiva en términos reales se ve erosionada por la evolución de los precios. Utilizando una hipótesis de crecimiento del IPC prudente (2% anual), con la esperanza de vida 2 Así fue en el periodo anterior a la firma del Pacto de Toledo y, así parece ser en este año, en el que finaliza el acuerdo suscrito por el Gobierno y CC.OO. y UGT del que resultó la aprobación en el Parlamento de la Ley de racionalización y consolidación de la Seguridad Social en junio de Averting the old age crisis: policies to protect the old and promote growth. Worl Bank (1994) 4 Teoría original en FELDSTEIN (1976). 5 Entre otros: Diamond (1996), Mitchell y Zeldes (1996), Ruiz-Tagle (1996) y Ochando (1997). 810 actual a partir de los sesenta y cinco años (17,5 años), las cuantía percibida el último año de percepción de la prestación puede ser inferior en un 35% de la cobrada el primer ejercicio. Los sistemas de capitalización tampoco están exentos de riesgos en la gestión, de modo que podría no alcanzarse la rentabilidad esperada o, incluso se podría llegar a una situación de quiebra. Por otra parte, los sistemas de capitalización tampoco son inmunes al fenómeno del envejecimiento de la población. Las gestoras de estos sistemas pueden incurrir en graves pérdidas al cumplir con las obligaciones comprometidas con los clientes, si en su debido momento no se han incorporado las previsiones adecuadas sobre el alargamiento del número de años de percepción por parte del beneficiario. Un sistema de pensiones debe cumplir con varios objetivos, entre los cuales hay que destacar: la eficiencia y la reducción de la incertidumbre. Eficiencia en la asignación de los recursos económicos y sociales y, credibilidad para reducir riesgos en la toma de decisión de los ciudadanos. Los sistemas públicos de reparto influyen positivamente para mejorar la asignación de recursos a nivel macroeconómico, incluso en términos de ahorro agregado, al dotar a la demanda interna de una mayor estabilidad en el largo plazo y al limitar el riesgo de los ciudadanos a la hora de adoptar múltiples decisiones 6. Su aportación para alcanzar una menor incertidumbre permite potenciar el crecimiento económico. A la vez, este tipo de sistemas limitan los costes sociales asociados a una desequilibrada distribución de renta, ya que en paralelo, las políticas públicas y los sistemas de pensiones no deben ser excepción, tienen como objetivo la redistribución de la renta. El sistema público de reparto tiene la capacidad de redistribuir la renta entre generaciones. Las pensiones generadas por aquellas personas que finalizaron su vida laboral son pagadas por los trabajadores en activo, disponiendo para asumir las obligaciones de un nivel de riqueza superior al existente en los momentos en que trabajaban los actuales perceptores. Pero además, este tipo de sistema redistribuye la renta entre distintos colectivos y sectores de actividad, ya sea por el establecimiento de topes mínimos y máximos en las aportaciones y prestaciones de los trabajadores y pensionistas respectivamente, como por la inferior capacidad de algunas actividades económicas para mantener el empleo ya sea por padecer crisis coyunturales o permanentes como por generar menos valor añadido. En paralelo, su funcionamiento bajo el principio de caja única introduce un factor básico de redistribución renta a nivel territorial de especial importancia en el estado español, hasta el punto de ser el principal mecanismo del que se dispone en la actualidad para conseguir este objetivo. En España, al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea, el principal sistema de pensiones es de reparto y de carácter público. La mayor parte del sistema público de pensiones español está incluido en la Seguridad Social y consta de dos segmentos: contributivo y no contributivo. Le acompaña otro componente de menor dimensión y características diferenciadas denominado de 6 FERREIRO y SERRANO (1998 y 1999); ATKINSON (1999); SAWYER (1998). 911 clases pasivas, en el que están incluidos la mayor parte del personal funcionario de las distintas Administraciones Públicas. El sistema de pensiones español ha mejorado sustancialmente en las tres últimas décadas, tanto en acceso a prestaciones como en la cuantía media de las mismas. Sin embargo, todavía necesita mejorar en distintos aspectos para converger con los vigentes en los países más avanzados de la Unión Europea. El sistema actual tiene la pretensión de ser suficiente para la mayoría de la población. Bajo este planteamiento ha avanzado sustancialmente en el necesario proceso de legitimación social, pero aunque asumido y valorado positivamente por la inmensa mayoría, no es compartido por todos, especialmente por aquellos que en defensa legítima de sus intereses, pretenden introducir modificaciones, más o menos estructurales, con objeto de conseguir determinados beneficios 7. Con carácter complementario, desde 1986 el sistema público de reparto está acompañado por sistemas de carácter privado construidos bajo el principio de capitalización en sus distintas versiones individuales o de empleo. Estos sistemas no acumulan hasta la fecha un volumen especialmente importante de recursos, pero dentro su escasa presencia, el desarrollo ha sido superior en su componente individual que la relacionada con la negociación colectiva. La situación del sistema de Seguridad Social en 1993 era delicada. En ese año, la recesión económica alcanzó su punto más bajo provocando una reducción en la riqueza creada (-1,2%) con las lógicas consecuencias negativas en destrucción de empleo. El crecimiento sostenido de las prestaciones sociales (número de beneficiarios y cuantía) aumentaba el nivel de recursos necesarios y se una presentación muy confusa del sistema en términos financieros, componían un escenario preocupante. En estas circunstancias, el Congreso de los Diputados inició ese mismo año un proceso de reflexión sobre la situación y futuro de la Seguridad Social 8. En 1994, en el seno de la Comisión de Presupuestos, se creó una Ponencia que desarrolló sus trabajos durante un año completo incluyendo las comparecencias de expertos y especialistas del mundo de la Universidad, de la Administración Pública, autoridades responsables de la Seguridad Social, interlocutores sociales y otras personas y organizaciones implicadas en el tema tratado. La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó el 30 de marzo de 1995 El Informe de la ponencia para el análisis de los problemas estructurales de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, coloquialmente denominado Pacto de Toledo, al ser esta ciudad donde se finalizaron los trabajos de la Ponencia. El consenso alcanzado fue muy amplio al conseguir el voto afirmativo de la práctica totalidad de las formaciones políticas españolas (un solo voto en contra y dos abstenciones). 7 La conversión del actual sistema de reparto en uno de capitalización generaría unos ingresos anuales a las entidades financieros superiores a los millones de pesetas, sólo en concepto de comisiones. 8 El seis de setiembre el Grupo Parlamentario catalán (Convergencia y Unión) presentó una Proposición no de Ley para crear la ponencia. 1012 El informe final incluía una serie de recomendaciones (quince) consideradas clave para mejorar el sistema de Seguridad Social, entendido en su concepto administrativo. De acuerdo a este concepto, la Seguridad Social está compuesta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y el órgano común de recaudación denominado Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Estos organismos gestionan el conjunto de pensiones por jubilación e incapacidad permanente, las prestaciones económicas por enfermedad, las prestaciones por hijo a cargo, la asistencia sanitaria pública, y los servicios sociales. En el capítulo de gastos, queda excluido del análisis y de las recomendaciones, el Instituto Nacional de Empleo y, por ende, las prestaciones por desempleo y el resto de las políticas recogidas en el mismo. Las recomendaciones afectan al sistema de financiación en su conjunto, mientras en el terreno de las prestaciones se concentran casi exclusivamente en las pensiones. Para las de incapacidad temporal y permanente se limita a proponer mejoras que limiten las posibilidades de fraude, mientras no se menciona ninguna medida dirigida a la sanidad pública o los servicios sociales. Enumeración de las recomendaciones del Pacto de Toledo: 1.- Separación de las fuentes de financiación. 2.- Constitución de Reservas. 3.- Mejora de las bases de cotización. 4.- Financiación de los Regímenes Especiales. 5.- Mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía irregular. 6.- Simplificación e integración de Regímenes Especiales. 7.- Integración de la Gestión. 8.- Evolución de las cotizaciones. 9.- Equidad y carácter contributivo del Sistema Edad de jubilación Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones Reforzar el principio de solidaridad Mejora de la gestión Sistema complementario de pensiones Análisis y seguimiento de la evolución del sistema. Uno de los criterios expresados en el debate parlamentario fue propiciar un acuerdo con los interlocutores sociales a la hora de definir las reformas aconsejables. En línea con esta pauta, se inició en junio de 1996 un proceso de negociación con los agentes sociales (Sindicatos) y económicos (Patronal) para concretar la aplicación de las recomendaciones. Fruto de un proceso de negociación realizado a lo largo de 1996 fue el Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social alcanzado entre el Gobierno, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores en noviembre del mismo año. Las Organizaciones Patronales no consideraron oportuno participar de su contenido al fijarse casi como único objetivo para consolidar el sistema de Seguridad Social, la reducción significativa e inmediata de las cotizaciones sociales. 1113 El Acuerdo firmado incluye una serie de medidas necesarias para consolidar y mejorar el sistema de Seguridad Social, fijadas a partir de considerarle una parte esencial del modelo de sociedad buscado y un mecanismo clave para ampliar la cohesión social y económica. El contenido del Acuerdo fue remitido a las Cortes Generales para que en los términos que consideraran oportuno, se le dotara de marco legal. Fruto del proceso parlamentario fue la Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad Social, aprobada el 15 de julio de 1997 (Ley 24/1997). De forma inmediata, se creó una Comisión de Seguimiento de los términos incluidos en el Acuerdo (comisión k) formada por la Administración, CC.OO. y la UGT que ha desarrollado sus trabajos hasta la fecha. Entre sus decisiones se incluyen adiciones sustanciales a la Ley, entre las que cabe destacar, la mejora del acceso a las prestaciones por jubilación de los trabajadores con contrato a tiempo parcial y la elevación significativa de la cuantía de los complementos a mínimos de las pensiones. 1214 2. Medidas adoptadas en el periodo Consecuencia del Acuerdo alcanzado entre CC.OO., la UGT y el Gobierno en 1996, se han aplicado un número importante de medidas que afectan, tanto al sistema de ingresos como al acceso y cálculo de las prestaciones económicas Separación de las fuentes de financiación Uno de los elementos que distorsionaban el análisis del sistema de Seguridad Social era la ausencia de un sistema de financiación claro y estable. Esta laguna provocaba, entre otras cuestiones, la imputación injustificada a la Seguridad Social de una serie de préstamos dentro una política poco favorable para el sistema, lastrando su necesaria credibilidad y legitimación social. La falta de claridad amparaba una confusión, aprovechada continuamente por personas y agentes económicos contrarios al modelo público de reparto para su descalificación. Desde 1993 hasta la firma del Acuerdo aparecieron de forma profusa una serie de informes firmados habitualmente por expertos independientes casualmente encargados por entidades financieras. La característica común de la mayoría era una falta de rigor en el tratamiento de las variables, junto a concluir una presunta quiebra del sistema de pensiones español. La única diferencia entre ellos estribaba en la fijación de la fecha del suceso, para los más pesimistas ya se había alcanzado y, en la mejor de las hipótesis, su llegada era casi inminente. La realidad ha demostrado que sus predicciones no se ajustaban a la verdad, ni siquiera en lo que tocaba a la situación del sistema de Seguridad Social en el momento de la publicación de los trabajos. El amplio trabajo elaborado por la Confederación Sindical de CC.OO. 9 a partir del estudio realizado por el Ministerio de Trabajo 10 (coloquialmente Libro Rojo) con las carreras profesionales auténticas disponibles por el INSS, difería claramente de éstas conclusiones catastrofistas. La confusión desaparecía simplemente aplicando una separación de la financiación entre las prestaciones contributivas y las universales. Considerando que las prestaciones contributivas debían financiarse básicamente mediante la cuota por contingencias comunes y accidentes profesionales, el segmento contributivo no sólo no estaba en quiebra en el año 1996, sino que presentaba un excedente ( millones de ptas después de pagar los complementos de mínimos por pensiones). Las cuotas ingresadas eran suficientes para pagar todas las pensiones contributivas y las prestaciones por enfermedad (IT) generando un remanente, incluso después de asumir la reciente 9 La Seguridad Social en España. Prestaciones sociales y financiación. C.S. de CC.OO. junio La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI. Estudio Económico Actuarial. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Secretaría General para la Seguridad Social15 (1995) rebaja de un punto en las cotizaciones sociales ( millones de pesetas anuales). En cuanto al segmento universal, al ser de financiación íntegra a través de impuestos, no se le puede imputar ningún déficit en especial a una u otra política. El nivel de gasto e ingresos es el fijado anualmente en los PGE por lo que de igual forma que nadie imputa un déficit específico a la política de infraestructuras o a la de defensa, nadie puede considerar que la sanidad es deficitaria al no disponer de ingresos propios. En todo caso, se le podría imputar la parte alícuota del total del déficit público decidido en el Parlamento para el conjunto de las políticas del presupuesto. Artículo 1 (nueva redacción al número 2 del artículo 86 del texto refundido de la Seguridad Social) La acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.... Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión y los del funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económica - financiera y patrimonial serán financiadas básicamente con los recursos a los que se refieren las letras b) (las cuotas de las personas obligadas) c) (cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras cargas de carácter análogo) d) (frutos rentas e interés de cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales) y e) (cualesquiera otros ingresos) del apartado anterior, así como en su caso por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas. A los efectos previstos en el párrafo anterior, la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social será la siguiente: a) Tienen naturaleza contributiva: Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las señaladas en la letra b) siguiente. La totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. b) Tienen naturaleza no contributiva: Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidas en la acción protectora financiada con cargo al presupuesto de la Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación. Los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social. Las asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo. La nueva norma fruto del Acuerdo estableció de forma clara la separación de las fuentes de financiación de las distintas prestaciones. A continuación se fija un plazo para realizarla: se llevará a cabo de modo paulatino, antes del ejercicio económico del año 2000, en los términos que establezca la correspondiente Ley de PGE de cada ejercicio económico. La única excepción, con carácter transitorio, se establece para los complementos a mínimos de las pensiones, que si bien se le concede el estatus de prestación universal, quedando ubicados inicialmente en el segmento de financiación mediante impuestos del Estado, se fija un margen de discrecionalidad en el origen de la financiación determinado por lo que se PERSPECTIVA SEGURIDAD SOCIAL Aportación cotizaciones sociales a financiar prest. universales destino sanidad 103,0 0,0 0,0 C. Mínimos pensiones 596,0 599,3 673,0 servicios sociales 265,3 271,2 0,0 otros 0,0 50,0 95,0 Administración General 0,0 excedente 100,0 964,3 920,5 868,0 decida en los PGE hasta que no se establezca definitivamente la naturaleza de los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social. 1416 Durante el periodo se ha producido un importante proceso de clarificación del sistema de financiación de la Seguridad Social. En los tres últimos años, se ha finalizado el proceso de limpieza en los capítulos de sanidad y servicios sociales, ya financiados íntegramente mediante impuestos. No obstante, como se puede observar en la tabla adjunta, el proceso de separación de fuentes de financiación no se ha finalizado en el tiempo exigido. Aunque con una interpretación estricta de la excepción marcada con carácter transitorio para los complementos de mínimos, el incumplimiento se limitaría a millones de pesetas destinados al pago mediante cuotas de algunas prestaciones incluidas en el capítulo de otros. El progresivo proceso de separación de fuentes, aunque incumplido parcialmente, permitirá el año 2000 iniciar el fondo de reserva acordado. La acumulación de recursos financieros provenientes de los excedentes, cuando se produzcan, permitirá afrontar con mayor comodidad los momentos peores de los ciclos económicos cuando la renta creada desacelere su crecimiento y el número de trabajadores ocupados disminuya. De acuerdo a las declaraciones realizadas por relevantes miembros del Gobierno, en el año 2000 se creará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social dotándole con millones de pesetas. La valoración positiva de la medida queda ensombrecida por dos cuestiones: No existe base jurídica en la definición del Fondo ni en la obligación de cumplimiento (Ley de Presupuestos). La cuantía debe ser más elevada si se pretenden conseguir los objetivos mencionados Prestación por jubilación Dentro de las prestaciones por jubilación se han introducido modificaciones en varios apartados: fórmula de cálculo de la pensión, mejora del acceso a la jubilación de los cotizantes con contratos a tiempo parcial y elevación de las cuantías de las pensiones con complementos de mínimos Acceso y cálculo de la pensión El Acuerdo mantiene el elemento básico de acceso a la prestación contributiva: cotización mínima de quince años (carencia). Sin embargo, introduce modificaciones en dos variables con influencia en la determinación de la cuantía de la pensión por jubilación. a) Cálculo de la base reguladora Se incrementan de ocho a quince el número de años tomados para el cálculo de la base reguladora. La ampliación del periodo utilizado se realizará de forma 1517 progresiva, un año más de periodo de cálculo cada ejercicio presupuestario, entrando en vigor la fórmula definitiva el 1 de enero de Cuando finalice el periodo transitorio, la fórmula de cálculo vendrá dada por el resultado de la siguiente ecuación: Br = Bi+ i= 25 i= I Bi I 25 1 Br = Base reguladora Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al hecho causante Ii = Indice general del precios al consumo del mes i- ésimo anterior al del hecho causante. siendo i= 1,2,3..., = 15 años de periodo de cálculo por catorce pagas. Artículo 5 La base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva será el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 meses (15 años) inmediatamente anteriores a aquél en el que produce el hecho causante. Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores se computarán por su valor nominal. Las restantes bases (13 años más lejanos) se actualizarán de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumo desde el mes a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se inicie el periodo en el que se computan por su valor nominal. La modificación de la fórmula de cálculo de la base reguladora tiene consecuencias diferentes dependiendo del tipo de carrera profesional de cada trabajador: Carreras profesionales en alza continuada (ascensos de categoría en los últimos años de vida laboral y remuneración por antigüedad sin topar): El resultado de incluir un número superior de años en la base de cálculo supone una disminución de la anterior expectativa de pensión. Carreras profesionales con pérdida de empleo en los últimos años de vida laboral: El resultado es una prestación por jubilación superior al incluir en la base de cálculo más años con bases de cotización más elevadas. Carreras profesionales sostenidas con crecimientos del salario para mantener el poder adquisitivo: Resultado neutro respecto a la situación anterior. b) Cuantía de la pensión de jubilación Se modifica el porcentaje de la base reguladora obtenida en relación al número de años cotizados durante la carrera profesional. La nueva tabla es la siguiente: Por los primeros quince años cotizados: el 50 por cien de la base reguladora, anteriormente el 60%. 1618 Por cada año adicional entre 16 y 25 años cotizados: el 3 por ciento. Anteriormente el 2 por ciento. Por cada año adicional a partir de 25 años cotizados: el 2 por ciento anual. Permanece inalterado respecto a la situación anterior. Se mantiene inalterado alcanzar el 100 % de la base reguladora con 35 años cotizados. Porcentaje de la base reguladora en relación a número de años cotizados Hasta 1997 Reforma Hasta ,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 Reforma ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 77,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 Con las modificaciones aplicadas se penalizada a aquellos trabajadores que acceden a la prestación con el número mínimo de años exigidos. Una situación más habitual para los trabajadores afiliados al régimen especial de autónomos y especial agrario, especialmente por cuenta propia. Uno de los objetivos de esta medida es, precisamente, potenciar la contributividad para un colectivo de trabajadores por cuenta propia, cuya aportación parece excesivamente baja en relación a sus posibilidades reales, tal y como se ha demostrado históricamente. La penalización inicial fijada para las personas que superen ligeramente el mínimo de años cotizados (carencia), se va corrigiendo a medida que aumenta el número de años de aportación al disfrutar de un porcentaje de la base reguladora superior a la situación anterior (3% anual frente al 2% en el periodo marcado por los quince a veinticinco años), hasta alcanzar una condición idéntica a la precedente con 25 años de cotización (80% de la base reguladora). Todos los trabajadores con carreras profesionales superiores a ese número de años mantienen el porcentaje de base reguladora fijado en la antigua norma. El efecto para la mayoría de los trabajadores del Régimen General. La carrera profesional media de los trabajadores encuadrados en ese régimen cuando solicitan la prestación por jubilación es en la actualidad de 32,5 años cotizados. 1719 Revalorización automática de las pensiones El Acuerdo alcanzado y la Ley que le dota de rango legal (artículo 11) recoge la revalorización automática de las pensiones de la Seguridad Social, incluido el importe de la pensión mínima: serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año, Se añade una cláusula de garantía que protege a los beneficiarios de posibles desviaciones al alza sobre la previsión utilizada para la subida inicial si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico al que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo a lo que establezca la respectiva Ley de PGE. A tales efectos a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único. Durante el periodo ha sucedido un hecho sin precedentes en la historia económica española, por lo menos en la reciente. La previsión inicial de inflación realizada por el Gobierno fue superior al IPC alcanzado al finalizar el ejercicio. Las diferencias, además fueron relativamente elevadas (+1,6 puntos acumulados). Incremento pensiones e IPC pensiones IPC anual diferencia ,5% 3,2% 0,3% ,6% 2,0% 0,6% ,1% 1,4% 0,7% ,7% 2,7% 0,0% ,6% En aplicación estricta de la nueva norma, los pensionistas deberían haber devuelto una parte de la subida inicial o, lo que es lo mismo, se podría haber absorbido parte de la subida del ejercicio siguiente en base del exceso percibido en el anterior. Todo ello cumpliendo el espíritu del acuerdo, que no era otro sino mantener el poder adquisitivo de las pensiones. No obstante, todos los grupos parlamentarios consideraron oportuno establecer una excepción para este supuesto, de forma que en estas situaciones la ganancia de poder adquisitivo lograda por este peculiar método quedara consolidada para años sucesivos. Para hacerlo efectivo, en la Ley 50/1998 de Medidas fiscales, administrativas y de orden social de 1999 (coloquialmente de acompañamiento) se derogó el artículo del Texto Refundido de la LGSS modificado recientemente en la reforma de Artículo de la LGSS (artículo 11 de la Ley 24/1997) 3.- Si el índice de precios al consumo previsto para un ejercicio, y en función del cual se practicó la revalorización, resultase superior al realmente producido en el periodo de cálculo descrito en el apartado anterior, las diferencias existentes serán absorbidas en la revalorización que corresponda aplicar en el siguiente ciclo económico. La aplicación de esta medida implica una ganancia de poder adquisitivo para todas las pensiones. No obstante, estando justificado el beneficio para todos aquellos beneficiarios con pensiones bajas, no lo está tanto para otras personas con cuantías superiores. Menos aún, para el colectivo de beneficiarios con pensiones cercanas al límite máximo permitido. 1820 Dada la elevada dotación de recursos económicos necesaria para asumir las desviaciones, podría haberse optado por una solución alternativa en la que no se reconociera la ganancia de poder adquisitivo en términos generales y, se hubieran dedicado estos recursos ( millones de ptas en tres años) a mejorar de manera más significativa las pensiones inferiores, tanto aquellas con complementos de mínimos como las de cuantías inferiores a ptas/mes Mejora del acceso a la jubilación de los contratados a tiempo parcial El trabajo a tiempo parcial es una modalidad muy poco desarrollada en España, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace algunos años en otros países de la Unión Europea. La legislación vigente hasta 1999 en materia de protección social, sobre todo el acceso a prestaciones contributivas por jubilación e invalidez permanente, no colaboraba a incentivar entre los trabajadores esta figura de contratación. Acumular quince años cotizados en trabajos con reducciones de jornada, se convertía en una condición prácticamente imposible de cumplir. Como ejemplo, una persona trabajando a tiempo parcial con reducción de jornada del cincuenta por ciento, necesitaba treinta años de carrera profesional para acumular los quince necesarios para acceder a la pensión contributiva. Con estos antecedentes, en paralelo a la elaboración de un nuevo marco laboral para los mismos, la Comisión Permanente de Seguimiento alcanzó un acuerdo sobre una serie de medidas (13 noviembre 1998) 11 que posteriormente fue dotado de rango legal por el Gobierno en el Real Decreto 144/1999 (desarrollo del RD Ley 15/1998). Las modificaciones introducidas son las siguientes: Reconocer a estos trabajadores los tiempos de descanso proporcionales al trabajo realmente realizado, anteriormente no incluidos como días cotizados. A partir de este momento, se computa como cotizada la parte proporcional de sábados, domingos, festivos y vacaciones de acuerdo a una fórmula construida en base a la comparación con el número de horas en cómputo anual para cumplir con las cuarenta horas a la semana (1.826 horas y 27 minutos). Artículo 3. Periodos de cotización Para acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales. 11 La Comisión Permanente de Seguimiento cumplía con el último párrafo del apartado D del Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social (9 octubre 1996) Con el objetivo de favorecer con las garantías adecuadas de protección social y no discriminación a quienes acceden al mercado de trabajo a través de las modalidades no ordinarias de contratación, la Comisión Permanente promoverá las iniciativas normativas correspondientes... 19 Mostrar más
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