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LA STJUE DE 4 DE JUNIO DE 2015 Y SUS EFECTOS EN LA REGULACIÓN - PDF
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María Ángeles Alvarado Olivera
1 LA STJUE DE 4 DE JUNIO DE 2015 Y SUS EFECTOS EN LA REGULACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LAS GARANTÍAS EN LA VENTA DE BIENES DE CONSUMO 1 STJUE de 4 de junio de 2015 (asunto C-497/13) Manuel Jesús Marín López Catedrático de Derecho Civil Centro de Estudios de Consumo Universidad de Castilla-La Mancha Fecha de publicación: 29 de julio de 2015 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una nueva sentencia sobre la interpretación de la Directiva 1999/44/CE, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. Se trata de la sentencia de 4 de junio de 2015 (asunto C-497/13), que resuelve la cuestión prejudicial planteada por un tribunal de apelación de los Países Bajos. 1. Antecedentes de hecho y planteamiento de la cuestión prejudicial El 27 de mayo de 2008, la Sra. Froukje Faber adquirió un vehículo de ocasión en un garaje. El 26 de septiembre de 2008 el vehículo se incendió durante un desplazamiento y quedó completamente destruido. Fue trasladado por una grúa al garaje del vendedor y después, a solicitud de éste, a una empresa de destrucción para su depósito. La Sra. Faber afirma que, en ese momento, las partes hablaron del siniestro y de la eventual responsabilidad del vendedor, hecho que éste niega. Mediante carta de 11 de mayo de 2009, la Sra. Faber comunicó al vendedor que le consideraba responsable. No pudo llevarse a cabo un informe pericial sobre la causa del incendio del vehículo dado que, entretanto, éste había sido destruido. Ante la negativa del vendedor a aceptar su responsabilidad, la Sra. Faber inició un procedimiento judicial. El 26 de octubre de 2010 presenta una demanda contra el vendedor ante el Rechtbank Arnhem (tribunal de Arnhem, Países Bajos). Para fundamentar su demanda, la alegó que el vehículo no se correspondía con la cosa convenida y que, por tanto, había una falta de conformidad en el sentido del 1 Trabajo realizado con la ayuda de financiación a Grupo de investigación del Prof. Ángel Carrasco Perera de la UCLM, Ref.: GI
2 artículo 7:17 del BW (Código Civil de los Países Bajos). No obstante, no afirmó haber efectuado la adquisición en calidad de consumidora. En su defensa, el vendedor negó que existiera un caso de falta de conformidad y afirmó que la Sra. Faber había presentado su reclamación fuera de plazo, de manera que, en virtud del artículo 7:23, apartado 1, del BW, había perdido todos sus derechos. Mediante sentencia de 27 de abril de 2011, el Rechtbank Arnhem desestimó las pretensiones de la Sra. Faber. Este tribunal consideró que el vendedor podía ampararse fundadamente en el artículo 7:23, apartado 1, del BW, dado que el primer contacto entre las partes, por vía telefónica, no tuvo lugar hasta principios de 2009, es decir, más de tres meses después del incendio del vehículo. Dicho órgano jurisdiccional estimó igualmente que ya no procedía examinar si la Sra. Faber había actuado en calidad de consumidora. El 26 de julio de 2011, la Sra. Faber interpuso recurso de apelación ante el Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Tribunal de apelación de Arnhem-Leeuwarden, Países Bajos). En el marco de su recurso de apelación, la Sra. Faber invocó dos motivos, el primero dirigido contra la apreciación del tribunal de primera instancia según la cual no había actuado dentro de los plazos legales y el segundo basado en que los bomberos y los agentes de policía que se presentaron en el lugar del incendio mencionaron un defecto técnico del vehículo en cuestión. En cambio, la Sra. Faber no formuló ningún motivo en contra de la apreciación del tribunal de instancia de que no procedía determinar si el objeto del contrato celebrado entre las partes era un bien de consumo o no. Tampoco precisó si había adquirido el vehículo de que se trata en calidad de consumidora. En este contexto, el Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) Está obligado de oficio el juez nacional, ya en virtud del principio de efectividad, ya en virtud del elevado nivel de protección del consumidor dentro de la Unión [Europea] perseguido por la Directiva 1999/44, ya en virtud de otras disposiciones o normas de Derecho de la Unión, a examinar de oficio si el comprador es, en un contrato, un consumidor en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 1999/44? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, habrá de observarse lo mismo si los documentos obrantes en autos no contienen información fáctica (o ésta es insuficiente o contradictoria) para poder determinar la condición del comprador? 2
3 3) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, habrá de observarse lo mismo en un procedimiento de apelación en el que el comprador no ha formulado ningún motivo contra la sentencia del juez de primera instancia en la medida en que en ésta no se ha realizado dicho examen (de oficio) y se ha renunciado expresamente a abordar la cuestión de si el comprador puede tener la consideración de consumidor? 4) Debe considerarse que el artículo 5 de la Directiva 1999/44 constituye una norma equiparable a las normas nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango de normas de orden público? 5) Se oponen el principio de efectividad, o bien el elevado nivel de protección del consumidor dentro de la Unión perseguido por la Directiva 1999/44, u otras disposiciones o normas del Derecho de la Unión, a la normativa neerlandesa relativa a la obligación de alegación y a la carga de la prueba del comprador-consumidor en relación con la obligación de comunicar al vendedor (en tiempo oportuno) la supuesta falta de conformidad del bien entregado? 6) Se oponen el principio de efectividad, o bien el elevado nivel de protección del consumidor dentro de la Unión perseguido por la Directiva 1999/44, u otras disposiciones o normas del Derecho de la Unión, a la normativa neerlandesa relativa a la obligación de alegación y a la carga de la prueba del comprador-consumidor de que la cosa no es conforme y que esta falta de conformidad se ha manifestado dentro de los seis meses siguientes a la entrega? Qué significa la expresión «faltas de conformidad que se manifiesten», contenida en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 1999/44, y en particular: en qué medida debe el comprador-consumidor alegar hechos y circunstancias que afecten a (la causa de) la no conformidad? Basta a tal fin con que el comprador-consumidor alegue y, en caso de ser rebatido de forma motivada, pruebe que la cosa comprada no funciona (correctamente), o debe también alegar y, en caso de ser rebatido de forma motivada, probar qué deficiencia de la cosa vendida causa (o ha causado) que ésta no funcione (correctamente)? 7) Incide en la respuesta a las cuestiones anteriores el hecho de que, en las dos instancias de este procedimiento, la Sra. Faber haya estado asistida por un abogado?» 3
4 En realidad, estas siete preguntas pueden refundirse en tres, que son las que a continuación tratan de responderse. 2. El juez nacional tiene la obligación de examinar de oficio la condición de consumidor del comprador Se pregunta al TJUE si un juez nacional debe examinar de oficio si el comprador de un vehículo tiene la condición de consumidor, con el fin de aplicar la normativa nacional que incorpora la Directiva 1999/44/CE. El Tribunal responde afirmativamente: «la Directiva 1999/44 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede entrar dentro del ámbito de aplicación de esta Directiva tiene la obligación, siempre que disponga de los datos jurídicos y fácticos necesarios a estos efectos o pueda disponer de ellos a simple requerimiento de aclaración, de comprobar si el comprador puede tener la condición de consumidor en el sentido de dicha Directiva, aunque este último no la haya alegado expresamente». Como el propio TJUE recuerda, en otras sentencias anteriores ha establecido que el juez nacional debe aplicar de oficio determinadas disposiciones contenidas en las directivas en materia de protección de los consumidores, especialmente en el caso de cláusulas abusivas. Ello presupone que una de las partes del contrato es un consumidor. Por otra parte, señala la sentencia que si ni el juez de primera instancia ni el de apelación pudieran calificar la relación contractual de que se trate como una venta al consumidor, cuando éste último no se hubiera atribuido expresamente esta condición, ello equivaldría a permitir la inaplicación de importantes normas de protección del consumidor. Como indica la sentencia, «en un ámbito en el que, en numerosos Estados miembros, las normas procesales permiten a los particulares comparecer por sí mismos ante los tribunales, existiría un riesgo nada desdeñable de que, entre otras razones, por ignorancia, el consumidor no pudiera cumplir una exigencia de tal nivel [alegar que es consumidor]». De ello resulta que las modalidades procesales como las descritas en el apartado precedente no serían conformes con el principio de efectividad en la medida en que, en el ejercicio de acciones sobre obligaciones de garantía basadas en una falta de conformidad en las que son partes los consumidores, podrían hacer excesivamente difícil la aplicación de la protección que la Directiva 1999/44 pretende conferir dichos consumidores. De todo ello concluye la STJUE que «el principio de efectividad ( ) exige que el juez nacional que conoce de un litigio relativo a un contrato que puede entrar dentro del 4
5 ámbito de aplicación de dicha directiva tenga la obligación, siempre que disponga de los datos jurídicos y fácticos necesarios a estos efectos o pueda disponer de ellos a simple requerimiento de aclaración, de comprobar si el comprador puede tener la condición de consumidor, aunque éste no la haya alegado expresamente». El hecho de que el consumidor cuente con la asistencia de un abogado no modifica esta conclusión. Esta regla, establecida en esta sentencia en relación con la Directiva 1999/44/CE, puede generalizarse, y resulta aplicable a cualquier otra Directiva en materia de protección del consumidor. En todo caso, la obligación del juez de comprobar si uno de los contratantes es un consumidor se supedita a que el juez «que disponga de los datos jurídicos y fácticos necesarios a estos efectos o pueda disponer de ellos a simple requerimiento de aclaración». La aplicación de esta regla al derecho español es innegable, y supone que, apartándose del principio dispositivo, el juez tendrá que entrar a analizar si un contratante es o no consumidor, aunque ese contratante no se haya presentado como tal. 3. El alcance del deber del consumidor de informar al vendedor de la existencia de una falta de conformidad Una de las cuestiones más interesantes de la STJUE que se comenta es la interpretación que hace del artículo 5.2 de la Directiva 1999/44/CE. Este precepto permite (no obliga) a los Estados miembros disponer que el consumidor, para poder hacer valer sus derechos, deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató de dicha falta de conformidad. El TRLGDCU incorporó esta previsión en el actual artículo 123.5, según el cual «el consumidor y usuario deberá informar al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella. El incumplimiento de dicho plazo no supondrá la pérdida del derecho al saneamiento que corresponda, siendo responsable el consumidor y usuario, no obstante, de los daños o perjuicios efectivamente ocasionados por el retraso en la comunicación». En su párrafo segundo añade que «[s]alvo prueba en contrario, se entenderá que la comunicación del consumidor y usuario ha tenido lugar dentro del plazo establecido». En la quinta cuestión prejudicial se pregunta si el principio de efectividad se opone a una disposición nacional (como la que existe en el derecho holandés) que impone al consumidor la carga de probar que ha comunicado al vendedor la falta de conformidad en tiempo oportuno. El TJUE responde de forma negativa, señalando que esa disposición nacional no viola el principio de efectividad, siempre que concurran 5
6 determinadas condiciones, que tienen que ver con la forma en que se ha de informar y con el contenido de la información. Como punto de partida, ha de tenerse en cuenta que es la propia directiva la que permite a los Estados miembros imponer al consumidor el deber de informar al vendedor de la falta de conformidad. En consecuencia, en modo alguno una norma nacional que acoja esta posibilidad puede, por ese simple hecho, ser contraria a la directiva o vulnerar el principio de efectividad. Ahora bien, el legislador nacional no puede ir más allá de la obligación impuesta en la directiva de informar al vendedor de la existencia de la falta de conformidad. De ello la sentencia deduce lo siguiente: - En cuanto al contenido de la información, en esta fase el consumidor no puede estar obligado a probar que la falta de conformidad afecta efectivamente al bien. Basta con que el consumidor informe de su existencia. - El consumidor no está obligado a indicar la causa precisa de esa falta de conformidad. Como se ha señalado, basta con que informe de que el bien es no conforme. - Para que la información pueda ser útil al vendedor, «debería contener un determinado número de indicaciones, cuyo grado de precisión variará necesariamente en función de las circunstancias propias de cada caso concreto, relativas a la naturaleza del bien de que se trate, el contenido del contrato de compraventa correspondiente y a las manifestaciones concretas de la falta de conformidad». En definitiva, el consumidor tendrá que informar al vendedor que adquirió de él un determinado bien (p.e., un vehículo nuevo, indicando las referencias exactas del mismo), y que ese bien presenta una falta de conformidad (p.e., defectos en el sistema de frenado, o pérdida brusca de potencia en el motor). - En cuanto a la prueba, la normativa nacional en la materia debe respetar el principio de efectividad, lo que significa que el derecho nacional no puede fijar en materia de prueba reglas que hagan imposible o excesivamente difícil para el consumidor el ejercicio de los derechos que le confiere la Directiva 1999/44/CE. De todo ello la sentencia concluye que «procede responder a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 1999/44 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional que dispone que el consumidor, para ejercer los derechos que le confiere esta directiva, debe informar al vendedor de la falta de 6
7 conformidad en tiempo oportuno, a condición de que este consumidor disponga, para facilitar esta información, de un plazo no inferior a dos meses a partir de la fecha en la que se percató de dicha falta de conformidad, que la información que deba comunicarse se refiera únicamente a la existencia de dicha falta de conformidad y que no esté sujeta a normas en materia de prueba que hagan imposible o excesivamente difícil para dicho consumidor el ejercicio de sus derechos». Lo establecido por esta STJUE afecta al modo en que ha de interpretarse el artículo TRLGDCU. Sin embargo, un adecuado entendimiento de este precepto ya exigía, antes de la sentencia que se comenta, una interpretación del mismo ajustada a los parámetros que ahora establece el TJUE. En esta línea, en el año 2009, escribí lo siguiente 2 : «[e]l TRLGDCU no define qué ha de entenderse por denuncia. Se trata de una comunicación que el comprador dirige al vendedor en la que pone en su conocimiento que la cosa entregada adolece de un defecto o falta de conformidad. Mediante la denuncia el comprador informa al vendedor de la falta de conformidad. No es necesario que en la denuncia el comprador manifieste su voluntad de hacer responder al vendedor, o anuncie los concreto remedios que pretende ejercitar. Basta con que le informe de la manifestación en el bien de una o varias faltas de conformidad. En cualquier caso, la manifestación ha de ser inequívoca, por lo que no bastan meras dudas o incertidumbre sobre la aptitud de la cosa. En cuanto a la información que ha de suministrar de la falta de conformidad, ha de ser la suficiente como para que el vendedor pueda identificarla; por eso, en unos casos bastará con una comunicación genérica del defecto, mientras que en otros el comprador tendrá que ser más concreto en su información». Y añadía que «no exige la ley forma alguna de la comunicación. Existe, por tanto, libertad de forma, pero es aconsejable que el consumidor utilice alguna forma que deje constancia de la realización de la denuncia, a efectos de su posterior prueba». 4. Para que opere la presunción de preexistencia de la falta de conformidad, qué hechos debe probar el consumidor? Se pregunta también al TJUE sobre el alcance del artículo 5.3 de la Directiva 1999/44/CE. Como es sabido, este precepto dispone que «salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en esa fecha, salvo cuando esa 2 MARÍN LÓPEZ, M.J.: Comentario al art. 123, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.): Comentarios al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Cizur Menor. Thomson-Aranzadi. 2009, pp Nada ha cambiado, pues, tras la STJUE de 4 de junio de
8 presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o la índole de la falta de conformidad». Son dos los aspectos de esta norma sobre los que la sentencia se pronuncia. En primer lugar, se cuestiona si el artículo 5.3 de la Directiva 1999/44 puede considerarse una norma equiparable a una norma de orden público en el sentido del derecho interno, es decir, una norma que puede ser aplicada de oficio por el juez nacional en el marco de un recurso de apelación. El TJUE responde afirmativamente, con la siguiente argumentación. El artículo 5.3 de la directiva tiene carácter imperativo, como todas las demás disposiciones de la directiva (así lo establece el art. 7 directiva). Por eso, el reparto de la carga de la prueba diseñado en ese precepto vincula tanto a las partes como a los Estados miembros. De ello resulta que esta regla debe aplicarse aunque no haya sido expresamente invocada por el consumidor al que beneficia. En consecuencia, el art. 5.3 de la directiva debe considerarse una norma equivalente a una disposición nacional que, en el ordenamiento jurídico interno, tiene rango de norma de orden público. De ello se desprende que, puesto que en el marco de su sistema jurisdiccional interno dispone de la facultad de aplicar de oficio tal norma, el juez nacional tiene la obligación de aplicar de oficio toda disposición de su derecho interno que transponga dicho artículo. De ello resulta que el juez español debe aplicar de oficio el artículo II TRLGDCU y la presunción de preexistencia del defecto en él contemplada, aunque no sea alegado por el consumidor. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta cómo funciona el reparto de la carga de la prueba que se establece en el artículo 5.3 de la Directiva 1999/44 y, en particular, qué es lo que el consumidor debe probar. La presunción establecida en este precepto significa que el consumidor queda dispensado de probar que la falta de conformidad existía ya en la fecha de entrega del bien. Pero para beneficiarse de esta presunción la STJUE entiende que debe probar determinados hechos (apartados 70 y 71 de la sentencia): «1. En primer lugar, el consumidor debe alegar y probar que el bien vendido no es conforme con el contrato de que se trate, por ejemplo, por no poseer las cualidades convenidas en éste o incluso por no ser apto para el uso ordinario al que se destina este tipo de bien. El consumidor únicamente está obligado a probar la existencia de la falta de conformidad. No tiene la obligación de probar la causa de ésta ni que su origen es imputable el vendedor. 8
9 2. En segundo lugar, el consumidor debe probar que la falta de conformidad en cuestión ha aparecido, es decir, se ha manifestado materialmente, en un plazo de seis meses a partir de la entrega del bien». Probados estos hechos, el consumidor queda dispensado de probar que la falta de conformidad existía en la fecha de entrega del bien. Se presume que el defecto preexiste a la entrega. Esta presunción puede ser destruida por el vendedor. A él corresponde probar, en su caso, que la falta de conformidad no estaba presente en el momento de la entrega del bien y demostrar que su causa u origen es un acto o una omisión posterior a esta entrega. La interpretación del artículo 5.3 de la directiva que ofrece la STJUE es acertada. La presunción sólo se refiere a la preexistencia de la falta de conformidad. Pero los demás presupuestos necesarios para exigir responsabilidad al vendedor deben ser probados por el consumidor (o más exactamente, a él incumbe la carga de su prueba). Esta interpretación del artículo 5.3 de la directiva influye también en el modo de entender el artículo II TRLGDCU. Pero al igual que sucedía en relación con la denuncia de la falta de conformidad, una interpretación correcta del artículo II TRLGDCU obligaba ya a entender que la presunción sólo se refería a la preexistencia, y que los demás presupuestos para hacer responsable al vendedor de las faltas de conformidad tenían que ser probados por el consumidor. De nuevo me remito a mi estudio del año 2009 sobre el artículo 123 TRLGDCU, donde ya afirmaba 3 : «Para beneficiarse de la presunción, corresponde al consumidor probar que existe una falta de conformidad en el bien (la presunción se refiere a la preexistencia de la falta de conformidad, pero no a su propia existencia, que tiene que ser probada por el consumidor) y que ésta se manifestó dentro de ese plazo de seis meses (la prueba de esta última circunstancia no plantea problemas cuando el consumidor ejercita acciones contra el vendedor también dentro de ese plazo de seis meses; en cambio, si las acciones se interponen transcurrido ese plazo, el consumidor tendrá que acreditar que la falta de conformidad se manifestó dentro de ese plazo de seis meses). Acreditadas ambas circunstancias, se produce una inversión de la carga de la prueba: es el vendedor quien, si quiere destruir el juego de la presunción, deberá probar que la falta de conformidad no existía en el momento de la entrega». Nada nuevo bajo el sol. 3 MARÍN LÓPEZ, M.J.: op. cit., pp y
TEXTO 1.- ANTECEDENTES DE HECHO
LAUDO ARBITRAL: : 2265/14 LUGAR Y FECHA: MURCIA.27 de octubre de 2014 EMPRESA/CENTRO DE TRABAJO: INICIATIVAS LOCALES, S.L IMPUGNA: sindicato CCOO INTERESADOS: INICIATIVAS LOCALES, S.L y UGT CAUSA: CANDIDATURAS
Apellidos y nombre del denunciante: En su caso, representado por: Nacionalidad: Dirección o sede social 2 : Teléfono / fax / correo electrónico:
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