Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A163-06.htm
Timestamp: 2017-11-21 19:32:29
Document Index: 143911733

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 61', 'artículo 333', 'artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 61', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 61', 'artículo 73', 'artículo 253', 'artículo 61', 'artículo 73', 'artículo 243', 'artículo 21']

A163-06
A juicio de la Sala Plena de esta Corporación, le asiste razón al Magistrado Sustanciador para rechazar la demanda, pues está plenamente comprobada la existencia de la cosa juzgada constitucional, en los términos previstos en el artículo 243 del Texto Superior.
Referencia: expediente D-6272
Asunto: Recurso de súplica interpuesto contra el Auto de mayo tres (3) de 2006, proferido por el Magistrado sustanciador en el proceso de la referencia, Jaime Córdoba Triviño
Demandante: Jairo Enrique Ruge Ramírez.
1. El ciudadano Jairo Enrique Ruge Ramírez demandó la inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982, “sobre derechos de autor”. Al respecto, se trascribe el precepto legal demandado, subrayando y resaltando, el contenido normativo objeto de acusación:
“Artículo 73. En todos los casos en que los autores o las asociaciones de autores, celebren contratos con los usuarios o con las organizaciones que los representen, respecto al derecho de autor, por concepto de ejecución, representación, exhibición, y en general, por uso o explotación de las obras protegidas por la presente ley, serán las tarifas concertadas en los respectivos contratos, las que tendrán la aplicación, siempre que no sean contrarias a los principios consagrados por la misma.
2. A juicio del demandante, la disposición acusada al habilitar a las autoridades administrativas para establecer el monto de las tarifas por derechos de autor desconoce el artículo 61 del Texto Superior, pues constriñe ilegalmente el ejercicio de la negociación privada entre los titulares de los citados derechos y los usuarios de las obras, respecto de la fijación y pago derivado de la explotación de las mismas.
En el mismo sentido, se afirma que se vulnera el artículo 333 de la Constitución Política, referente a la libertad económica, en la medida en que se torna nugatoria la posibilidad que tienen las sociedades de gestión de colectiva de establecer de manera autónoma el precio por el uso de las obras, defiriéndola a una entidad administrativa. Así, en sus propias palabras, el accionante sostuvo:
“De lo expuesto, es claro que el parágrafo del artículo 73 de la Ley 23 de 1982 causan un agravio totalmente injustificado tanto a la sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, como a todos y cada uno de los titulares del derecho que ésta representa, pues de una parte, hace totalmente nugatoria la libertad que ésta tiene de establecer de manera autónoma el precio por el uso de los bienes que administra en nombre de sus representados, y por otra, en la práctica las tarifas establecidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor a través de las resoluciones 009 y 01 de 1985 no retribuyen al autor por la utilización de las obras, ya que las mismas nunca han sido actualizadas”.
3. En lo pertinente, el Magistrado Sustanciador, Jaime Córdoba Triviño, sostuvo en Auto de mayo 3 de 2006, que en relación con el aparte acusado, se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues esta Corporación declaró exequible dicha disposición mediante sentencia C-519 de 1999[1], incluyendo el análisis respecto de los artículos 61 y 333 del Texto Superior que se consideran vulnerados en esta oportunidad, a partir del estudio de los argumentos esgrimidos en las intervenciones ciudadanas y en el concepto de la Vista Fiscal. Textualmente, en la citada providencia, se señaló:
“Confrontados los argumentos expuestos con los cargos y la norma objeto de demanda en el asunto de la referencia, el suscrito magistrado concluye que se están ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, debe rechazarse la demanda promovida por el ciudadano Ruge Ramírez.
No obstante, en contra de la anterior conclusión, el actor estima que la sentencia C-519/99 declaró una cosa juzgada de carácter relativo, por lo que resulta procedente llevar a cabo el análisis de constitucionalidad propuesto en la demanda de la referencia. Sobre este particular, el suscrito magistrado considera que el debate propuesto por el actor, referido los alcances de la decisión citada, carece de relevancia para efectos de la admisibilidad de la presente demanda, pues es evidente que el fallo de la Corte atendió, precisamente, los problemas jurídicos que ahora pretenden ser nuevamente puestos al conocimiento de esta Corporación.
En efecto, tanto la demanda como la sentencia C-519/99 analizan la controversia sobre la potestad supletoria de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para la fijación de tarifas por el uso y explotación de obras protegidas y su relación con la protección de la propiedad intelectual prevista en el artículo 61 Superior y la libertad económica en cabeza de los titulares de derechos patrimoniales. Aunque este problema jurídico, como acertadamente lo anota el ciudadano Ruge Ramírez, no fue materia original de los cargos propuestos originalmente, lo cierto es que tanto uno de los intervinientes como el Ministerio Público centraron la discusión sobre el mencionado tópico, lo que llevó a la Corte Constitucional a resolver dicha controversia. // Conforme a lo anterior, subsisten las razones que fundan el rechazo de la demanda de la referencia”.
4. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de súplica contra el auto de la referencia, reiterando los argumentos expuestos en la demanda referentes a la existencia de una cosa juzgada constitucional relativa implícita, pues -en su criterio- la sentencia C-519 de 1999 no evaluó la disposición acusada frente a los artículos 61 y 333 del Texto Superior.
En relación con los argumentos expuestos en el auto de rechazo, el recurrente se limitó a señalar que:
“[En] la sentencia C-519 de 1999, se indicó en la parte motiva, que la decisión se circunscribía al estudio de los cargos presentados, esto es la violación a los artículos 13, 95 y al Título X de la Constitución Política, situación que se hace mucho más evidente cuando se analiza el contenido mismo de la sentencia, en la cual la Corte se limitó a efectuar un análisis de los cargos endilgados.
Así mismo, resulta necesario precisar que la demanda de inconstitucionalidad que dio origen a la sentencia C-519 de 1999, exponía cargos que se encuentran en total contrariedad con los que motivan la presente acción, por cuanto en consideración del entonces actor la norma vulneraba el principio de igualdad contenido en el artículo 13, así como los mandatos del 95, numeral 9, y el Título X de la Constitución Política, pues en su criterio la potestad que la norma demandada le otorga a la Dirección Nacional del Derecho de Autor para fijar tarifas de manera supletoria, debía corresponderle solamente al legislador.
De igual manera, los fundamentos presentados por el entonces actor se encontraban visiblemente errados en cuanto asimilaba la obligación originada por el uso de obras protegidas por el derecho de autor, a un impuesto y aun mas a una contribución parafiscal, afirmando de igual manera que el recaudo sólo beneficiaba a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, cuando en realidad este es distribuido entre los titulares del derecho.
Las cargos actuales por lo que se tramita la presente demanda, se dirigen a hacer prevalecer el carácter privado y excluido del derecho de autor, y a hacer notoria la evidente vulneración que efectúan las tarifas supletorias fijadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor (...), teniendo en cuenta que la tarifa o precio que se fije para uso de una obra protegida, no corresponde a un impuesto o tasa, sino al ejercicio de un derecho que por disposición legal le corresponde al autor o al titular, quien se encuentra facultado para autorizar o prohibir la utilización de un bien de su propiedad, es decir, su obra.
De igual manera, afirmar que los conceptos emitidos por los intervinientes generaron la decisión de la Corte en la sentencia referida, significa obviar el hecho que en el texto del aludido fallo dentro de sus consideraciones, la Corte no implica referencia alguna a los planteamientos de los mismos, y se limita a señalar su contenido.
Por lo anterior, en el presente caso debe predicarse la existencia de cosa juzgada relativa por el hecho de que sólo fue analizada la correspondencia de la norma acusada frente al principio de igualdad y los otros artículos mencionados, y se omitió, tal como se pretende en esta oportunidad, toda referencia a un examen de constitucionalidad de la norma frente a los artículos 61 y 333 de la Carta Política”.
5. Con fundamento en los citados argumentos, esta Corporación concluye que le asiste razón al Magistrado Sustanciador para rechazar la demanda, pues aun cuando en principio en la sentencia C-519 de 1999[2] -tal y como lo sostiene el recurrente- la Corte adelantó el juicio de constitucionalidad como consecuencia de la supuesta violación a los artículos 13, 95, num. 9 y el Título X de la Constitución Política; en la misma providencia, este Tribunal decidió abordar un control integral de la disposición acusada examinando su contenido normativo frente al resto de los postulados y mandatos constitucionales, como lo son, los previstos en los artículos 61 y 333.
Para esta Corporación, el hecho de no haber recurrido dentro de su análisis, a la descripción o reseña de una determinada norma superior, no implica per se la existencia de un fallo relativo, pues a menos que se demuestre lo contrario, se presume que existe un control integral de la norma demandada frente a la totalidad de la Constitución, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991[3].
En efecto, en la misma sentencia C-519 de 1999, se alude en diversas oportunidades a la existencia de un fallo íntegro contra la norma demandada, al tiempo que se concluye -a diferencia de lo expuesto en la presente demanda- que la facultad de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para fijar, de manera subsidiaria, las tarifas que habrán de pagar los usuarios de las obras, se aviene al Texto Superior, y en especial, al artículo 61. Al respecto, la Corte manifestó:
“Aunque en este proceso ha sido demandado apenas el texto del parágrafo, la Corte considera necesario conformar la proposición jurídica completa con la integridad del artículo 73 -no acusada-, teniendo en cuenta su íntima e inescindible relación, y declarar así que todo el conjunto, como a continuación se verá, se aviene a los postulados y mandatos constitucionales.
3. La protección de los derechos de autor y la facultad de la administración para fijar, de manera subsidiaria, las tarifas que habrán de pagar los usuarios de las obras.
Antes de entrar a hacer el juicio de constitucionalidad, es necesario aclarar cuál es el verdadero alcance de la disposición acusada. La norma establece la posibilidad de que "la autoridad competente" fije las tarifas que deben pagar los usuarios por concepto de ejecución, representación, exhibición y en general por el uso y explotación de las obras que protege la mencionada Ley, cuando no exista contrato celebrado entre los autores y las asociaciones que éstos conformen, de una parte, y de la otra los usuarios o las organizaciones que los representen. Y el órgano competente, a la luz de lo dispuesto por el artículo 253 de la Ley 23 de 1982, es la Dirección del Derecho de Autor, pues expresamente dicho precepto determina que cuando la Ley hace alusión a "la autoridad competente", se refiere al mencionado organismo. (...)
Se trata en realidad de la fijación, con carácter de orden público y con sentido supletorio de la voluntad de las partes de la justa contraprestación que se deriva del uso o la explotación de una obra. Igualmente, la ley fija un tope máximo, al señalar que las aludidas tarifas no podrán ser mayores a las ya acordadas por las asociaciones para casos similares.
Es decir, el legislador, a través de este mecanismo, que entra a regir solamente cuando la voluntad entre las partes no existe o no ha sido manifestada, ha buscado la protección de los derechos de autor, en desarrollo del artículo 61 de la Carta Política. De esta forma, la Ley ha creado una medida que entra a operar solamente de manera subsidiaria, pues tiene vigencia únicamente ante el silencio de las partes concernidas, y con el fin de velar por el respeto al carácter patrimonial inalienable de los derechos de autor. Es en realidad un mecanismo que tiende a lograr la justicia, pues evita que haya un enriquecimiento sin causa por parte del usuario de la obra. (...)
Por ahora, debe decirse que la manera como la Administración desarrolle su atribución de fijar concretamente las tarifas escapa al presente juicio, que no recae sobre todos los aspectos específicos que haya de tomar la autoridad competente a manera de criterios con tal fin, sino sobre la autorización legal para suplir la voluntad de las partes, la que, se repite, no choca con los preceptos constitucionales, y sobre los criterios expresamente previstos en la norma -la categoría del establecimiento donde la obra se ejecute, la finalidad y duración del espectáculo-, los cuales, en concepto de la Corte, son perfectamente razonables y aparecen ligados, casi necesariamente, a cualquier modalidad de liquidación de los derechos de autor. (...)
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y surtidos los trámites que contempla el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, // RESUELVE: Declarar EXEQUIBLE el artículo 73 de la Ley 23 de 1982.”[4]
En este orden de ideas, a juicio de la Sala Plena de esta Corporación, le asiste razón al Magistrado Sustanciador para rechazar la demanda, pues está plenamente comprobada la existencia de la cosa juzgada constitucional, en los términos previstos en el artículo 243 del Texto Superior.
CONFIRMAR en su integridad el Auto de mayo tres (3) de 2006, proferido por el Magistrado Sustanciador Jaime Córdoba Triviño, mediante el cual se rechazó la demanda interpuesta por el ciudadano Jairo Enrique Ruge Ramírez.
[3] Dispone la norma en cita: “La Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución, especialmente los del Título II, salvo cuando para garantizar la supremacía de la Constitución considere necesario aplicar el último inciso del artículo 21”.