Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-341-de-agosto-24-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_70a5515a0ff64c0c8b5096d512e7afdc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-24 13:26:17
Document Index: 34701404

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 121', 'artículo 625', 'artículo 373', 'artículo 121', 'artículo 328', 'artículo 327', 'artículo 136', 'artículo 121', 'artículo 86', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 228', 'artículo 338', 'artículo 331', 'artículo 121', 'artículo 95', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 10', 'artículo 78', 'artículo 18', 'artículo 121', 'artículo 627']

﻿ SENTENCIA T-341 DE AGOSTO 24 DE 2018
SENTENCIA T-341 DE 24 DE AGOSTO DE 2018
CONTENIDO:PRESUNTO DEFECTO ORGÁNICO POR LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA DICTAR SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA, COMO CONSECUENCIA DE LA INFRACCIÓN DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. SE EXPLICA QUE LA NORMA QUE FIJÓ EL TÉRMINO PARA LA ACTUACIÓN DEL JUEZ, INVOLUCRA DIVERSOS ASPECTOS DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL QUE IMPIDEN SIMPLEMENTE CEÑIRSE AL TENOR LITERAL DE LA DISPOSICIÓN, TALES COMO (I) LA GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE Y (II) EL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL. EL PRIMERO DE ELLOS CONSISTE EN EL ACCESO A UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA SE ENCUENTRA ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA CELERIDAD Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN. POR SU PARTE, EL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL PERMITE QUE A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EL JUEZ CORRIJA Y SANCIONE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN GENERAR VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO DE LAS PARTES VINCULADAS A UN TRÁMITE JUDICIAL, A EFECTOS DE GARANTIZAR LA IGUALDAD PROCESAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, PRIMERA INSTANCIA, COMPETENCIA, ACTUACIÓN DEL JUEZ, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Sentencia T-341 de agosto 24 de 2018
Ref.: Expediente T-6.708.920
1. Sandra Mayerli Agudelo Beltrán, por intermedio de apoderado, instauró acción de tutela(1) contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil Familia, para que se protegiera su derecho fundamental al debido proceso.
3. El 24 de octubre de 2013 la tutelante interpuso en nombre propio y en representación de sus dos menores hijos, demanda de responsabilidad civil extracontractual ante los Juzgados Civiles del Circuito de Fusagasugá (Reparto), en contra de la Unidad Básica de Atención Coomeva EPS Fusagasugá, la Sociedad Médico Quirúrgica Nuestra Señora de Belén de Fusagasugá Ltda., y el médico Isaías Ramón Montes(2).
4. El 5 de febrero de 2014 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá inadmitió la demanda. Señaló como razones de la inadmisión, deficiencias en el otorgamiento del poder al abogado, e indebida formulación de las pretensiones(3).
5. El 13 de febrero de 2014 el apoderado judicial de la tutelante, dentro del término legal concedido para el efecto, presentó escrito de subsanación de la demanda(4).
6. El 11 de marzo de 2014 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá admitió la demanda, reconoció personería jurídica al apoderado de la parte demandante, aceptó el amparo de pobreza solicitado y determinó que el procedimiento correspondía a un trámite ordinario de mayor cuantía(5).
7. El 24 de abril de 2014 la Sociedad Médico Quirúrgica Nuestra Señora de Belén de Fusagasugá Ltda., y el médico Isaías Ramón Montes, se notificaron personalmente de la demanda por conducto de su apoderado judicial(6).
8. El 6 de junio de 2014 el apoderado judicial de la Unidad Básica de Atención Coomeva EPS Fusagasugá, presentó escrito de contestación de la demanda, fecha a partir de la cual se tuvo por notificado por conducta concluyente(7).
9. El 19 de agosto de 2014 el apoderado de la parte demandante presentó escrito de reforma de la demanda(8). El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, mediante auto proferido al día siguiente de la radicación de la solicitud, corrió traslado del escrito a las partes(9).
10. Mediante memoriales del 3 y 5 de septiembre de 2014, los apoderados judiciales de la parte demandada se pronunciaron sobre la solicitud de reforma de la demanda(10).
11. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá mediante auto del 12 de septiembre de 2014, ordenó la notificación de la compañía de seguros llamada en garantía a la actuación procesal(11).
12. Mediante auto del 24 de marzo de 2015 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá dio por notificada por conducta concluyente a la compañía Seguros del Estado, entidad aseguradora llamada en garantía dentro de la actuación procesal(12).
13. El 24 de junio de 2015 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá señaló como fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigo el 29 de julio del mismo año(13).
14. Agotada la etapa procesal anterior(14), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, por medio de auto notificado por estado el 18 de agosto de 2015, decretó pruebas en el proceso(15).
15. El 11 de septiembre de 2015 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá se constituyó en audiencia pública y procedió con la recepción de los testimonios y los interrogatorios de parte decretados en el auto de pruebas(16). A su vez, en actuaciones posteriores llevadas a cabo entre el 22 de febrero y el 3 de agosto de 2016, adelantó diligencias tendientes a recabar los demás elementos de prueba decretados, dentro de los cuales se encontraban testimonios y dictámenes periciales(17).
16. Mediante auto del 16 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá señaló el 27 de abril de 2017 como fecha para llevar a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento. En dicha providencia indicó que a partir de lo allí resuelto, le imprimiría al proceso el trámite verbal establecido en la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso. La decisión de adecuar el trámite procesal al sistema de oralidad se adoptó con fundamento en lo previsto en el artículo 625 del Código General del Proceso(18), norma que estableció las reglas de tránsito legislativo para la aplicación del nuevo código en los procesos iniciados en vigencia de la legislación procesal anterior. Esta providencia no fue recurrida por las partes(19).
17. El 27 de abril de 2017 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá adelantó la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso(20). Una vez agotada la práctica de una prueba pericial previamente decretada y la exposición de los alegatos de conclusión, la autoridad judicial profirió sentencia de primera instancia en los siguientes términos:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de `INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DIAGNÓSTICO DE ECOGRAFÍAS PRACTICADOS POR EL MÉDICO RADIÓLOGO ISAÍAS RAMÓN MONTES, EFECTUADOS EN LA CLÍNICA BELÉN DE FUSAGASUGÁ Y EL PERJUICIO ADUCIDO COMO CONSECUENCIA POR LA GESTANTE SANDRA MAYERLI AGUDELO BELTRÁN Y SU FETO; NO CONSTITUIR EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA ECOGRAFÍA PRACTICADA EL 1 DE FEBRERO DE 2012 POR ISAÍAS RAMÓN MONTES, Y LA ESPECIALIZADA DEL 28 DE MARZO, MOTIVO SUFICIENTE DE PERJUICIO MORAL POR TRATARSE DE UNA DEFICIENCIA PURAMENTE GENÉTICA INEVITABLE E INEXISTENCIA DEL PERJUICIO ALEGADO y AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE COOMEVA EPS, POR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES; AUSENCIA DE CONDUCTA CULPOSA DE PARTE DE COOMEVA EPS; INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL RESPECTO DE COOMEVA EPS, POR PRESENTARSE FETO INVIABLE POR PATOLOGÍA PERINATAL´, propuestas por la parte demandada, de acuerdo con lo expuesto en la motivación de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior NEGAR las pretensiones de la demanda”.
18. Notificado en estrados el fallo de primera instancia, el apoderado judicial de la parte demandante impugnó la decisión. El recurso de apelación le fue concedido en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil Familia(21).
19. El 2 de mayo de 2017 la tutelante, en su calidad de demandante dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, presentó por escrito los motivos de inconformidad frente al fallo recurrido(22). El recurso de apelación fue sustentado por su apoderado en los siguientes términos:
a) No ser competente el señor juez, por pérdida automática de su competencia de acuerdo a lo normado en el Inciso 2º del artículo 121 del Código General del Proceso, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13 y 117 ibídem, sin que se la haya prorrogado de acuerdo a lo ordenado en la ley, ni haya [dado] aviso al Consejo Superior de la Judicatura.
20. El 24 de mayo de 2017 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de abril de 2017 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá(23). En esta decisión, el magistrado sustanciador se pronunció sobre las inconformidades de carácter procesal planteadas en el recurso, de la siguiente forma: “en lo que tiene que ver con la solicitud de nulidad procesal elevada por el recurrente, ningún pronunciamiento se hace, por ser su formulación inoportuna, en tanto, `En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo en la recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia’. Inciso 5º artículo 328 ibídem”.
21. Mediante auto del 12 de octubre de 2017, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca con fundamento en lo previsto en el artículo 327 del Código General del Proceso, señaló el 1º de noviembre de 2017 como fecha para llevar a cabo la audiencia de sustentación y decisión del recurso de apelación(24).
23. Adicionalmente, en esta diligencia, el magistrado ponente se pronunció nuevamente sobre la nulidad procesal invocada por la parte demandante, de la siguiente forma: “para el suscrito la nulidad podría pensar que se configurara porque en efecto pasó más del año de la vigencia del código cuando el juez dictó la sentencia, pero la nulidad se considera saneada porque en su momento no se alegó oportunamente y es causal de saneamiento la no alegación oportuna de las nulidades según el artículo 136 del Código General del Proceso. De lo aquí resuelto quedan las partes notificadas en estrados”(25).
24. El 3 de noviembre de 2017 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al resolver por escrito la impugnación presentada por la parte demandante, confirmó la sentencia de primera instancia. Como sustento de su decisión señaló que la negación de las pretensiones de la demanda por parte del a quo era acertada, toda vez que en el curso de la actuación no se logró demostrar la responsabilidad médica como consecuencia de un actuar negligente por parte de los demandados. En cuanto al reparo procesal relacionado con la pérdida de competencia para fallar por parte del juez de primera instancia, alegado con fundamento en lo previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, el ad quem se limitó a indicar que dicho reclamo había sido negado en la audiencia de segunda instancia llevada a cabo el 1º de noviembre de 2017, decisión que se encontraba ejecutoriada(26).
2. Pretensiones y fundamentos de la acción de tutela.
27. El 29 de noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, admitió la acción de tutela formulada por la señora Sandra Mayerli Agudelo Beltrán y vinculó, en calidad de accionados, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil Familia, así como a las personas naturales y jurídicas vinculadas en calidad de demandados al proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual(27).
28. Al vencimiento del término del traslado de la demanda de tutela, el único de los accionados que ejerció su derecho de defensa y contradicción fue el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil Familia. En el escrito presentado el 1º de diciembre de 2017, la autoridad judicial solicitó negar el amparo deprecado por cuanto la decisión de segunda instancia cuestionada no era constitutiva de vía de hecho, toda vez que previo a anticipar el sentido del fallo, el magistrado ponente resolvió la nulidad planteada por el demandante, negando su configuración al considerarla saneada por no haberse alegado oportunamente. Agregó que la decisión fue notificada en estrados y no fue recurrida en súplica como era procedente(28).
29. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2017(29), denegó el amparo pretendido mediante la acción de tutela.
32. Dentro de la oportunidad legal, el apoderado judicial de la señora Sandra Mayerli Agudelo Beltrán impugnó(30) la decisión de la primera instancia, a efectos de lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y agregó que no le asiste razón a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para negar la tutela por la no interposición del recurso de súplica, toda vez que el tenor literal de la norma que consagra tal recurso, señala que este no procede contra los autos que resuelven la apelación o queja, y en esa medida, tampoco resultaría procedente frente a las sentencias de instancia, cuyo contenido fue el que cuestionó mediante la impugnación.
33. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante sentencia de 7 de febrero de 2018(31), confirmó la decisión del a quo, basado en similares argumentos. Puntualmente, señaló que sí había lugar a la interposición del recurso de súplica, toda vez que la decisión por medio de la cual se resolvió la nulidad invocada, se efectuó mediante auto dictado en la audiencia celebrada el 1º de noviembre de 2017, el cual fue a su vez notificado en estrados. Añadió que las razones expuestas por el magistrado sustanciador al resolver el incidente de nulidad, no obedecieron a “criterios caprichosos o antojadizos”, pues la decisión de dar por saneada la irregularidad ante el silencio de las partes, resultaba razonable y con sustento en el ordenamiento jurídico.
34. En auto de pruebas proferido por el Magistrado Ponente el 13 de junio de 2018(32), se ordenó oficiar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, para que remitiera el expediente del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual identificado con el radicado 2013-00483.
35. Mediante oficio Nº 0639 del 22 de junio de 2018(33), la autoridad judicial remitió el expediente solicitado.
39. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato, oportuno y adecuado para las garantías fundamentales, frente a situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos excepcionales. De lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 se ha considerado por esta Corte que son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción de tutela la acreditación de legitimación en la causa(34), un ejercicio oportuno (inmediatez) y un ejercicio subsidiario.
40. En caso de que la acción se interponga contra una autoridad judicial, con el fin de cuestionar una providencia suya, en ejercicio de su función jurisdiccional, algunos de estos requisitos se modulan y, además, es necesario satisfacer otras condiciones que la jurisprudencia constitucional ha considerado necesarias(35): (i) que el caso tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que al interior del proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la tutela se hubiese interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la presunta vulneración; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna(36); (v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, así como, de haber sido posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente, (vi) que la decisión judicial que se cuestione no sea de tutela(37).
41. De otro lado, el análisis sustancial del caso, en los términos de la jurisprudencia constitucional, supone la valoración acerca de si se configura alguno de los siguientes defectos(38): material o sustantivo(39), fáctico(40), procedimental(41), decisión sin motivación(42), desconocimiento del precedente(43), orgánico(44), error inducido(45) o violación directa de la Constitución.
43. La legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso, por tanto es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de oposición del demandado(46).
44. Este requisito presenta dos facetas, de un lado se encuentra la “legitimación activa”, desarrollada por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, según la cual se podrá acudir al mecanismo de tutela, así: (i) por ejercicio directo, es decir, quién interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el derecho fundamental; (ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o, en su defecto, el poder general respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso(47). Del otro lado, se encuentra la “legitimación pasiva”, desarrollada por los artículos 5º y 13 del Decreto 2591 de 1991, la cual exige que la persona natural o jurídica a quien se demanda en vía de tutela, sea la autoridad o el particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar los derechos fundamentales.
46. Tal como lo ha señalado esta Corte, la relevancia constitucional se refiere a que la disputa transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa con el contenido normativo superior(48).
49. El acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, se ha definido como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en el país de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Este derecho constituye un pilar del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso(49).
50. Por su parte, el derecho al juez natural es la garantía de ser juzgado por el juez legalmente competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, esta garantía exige la preexistencia del juez, la determinación legal y previa de su competencia en abstracto, incluso si es una competencia especial o por fuero, y que no será excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido regularmente competencia, aunque una modificación legal de competencia pueda significar un cambio de radicación del proceso en curso, sin que se entienda que se desconoce el derecho al juez natural(50).
51. A su vez, el acatamiento de los plazos judiciales constituye un elemento indispensable para alcanzar la convivencia pacífica y el orden justo, los cuales han sido consagrados en la Constitución Política como fines esenciales del Estado. En efecto, el artículo 29 de la Carta hace referencia expresa, como parte del derecho fundamental en cabeza de toda persona, a “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”, de tal manera que la observancia de los términos judiciales es factor esencial para garantizar la no vulneración de aquél. De igual forma, el artículo 228 ibídem prescribe en relación con la administración de justicia que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”(51).
54. Cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, ha advertido esta Corte que es necesario que el accionante haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción de tutela sea procedente(52).
55. Siguiendo esta línea, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual la acción de tutela no resulta procedente cuando, por este medio, se pretende reabrir etapas procesales que se encuentran agotadas porque no se presentaron los recursos respectivos, ya sea por negligencia, descuido o distracción de las partes(53).
58. No obstante, al revisar la cuantía de las pretensiones de la demanda para determinar si, de conformidad con el artículo 338 ibídem, la accionante contaba con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación, esta Sala observa que no había lugar a ello, toda vez que la cuantía de las pretensiones debatidas en el proceso correspondía a 591 SMLMV, monto muy inferior a los 1.000 SMLMV que exige la norma para que proceda la casación en los procesos declarativos de esta naturaleza.
60. Sin embargo, los jueces de tutela de primera y segunda instancia consideraron que la acción de tutela no superaba el requisito de subsidiariedad, toda vez que, a su juicio, la accionante no hizo uso del recurso de súplica previsto en el artículo 331 del Código General del Proceso(54), para impugnar la decisión por medio de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, negó lo que consideró era una solicitud de nulidad [ut supra párrafo 23].
65. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la vulneración, en este caso, la adopción de la providencia judicial que se estima violatoria de derechos fundamentales(55).
66. La Corte Constitucional ha señalado que la razón de ser de este requisito es evitar la transgresión de principios como la cosa juzgada o la seguridad jurídica, ya que permitir que la acción de tutela se interponga meses o incluso años después de la fecha en la que se toma la decisión desdibujaría la finalidad de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador(56). Además, se desnaturalizaría la propia acción de tutela, que fue concebida como “un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados”(57).
67. Con el fin de orientar la labor del juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios que ayudan a determinar, en cada caso, el cumplimiento del requisito de inmediatez: (i) la situación personal del peticionario, que puede hacer desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) el momento en el que se produce la vulneración, ya que pueden existir casos de violación permanente de derechos fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración, pues la demora en la presentación de la tutela puede estar relacionada, precisamente, con la situación que, según el accionante, vulnera sus derechos fundamentales; (iv) la actuación en contra de la que se dirige la tutela, ya que si se trata de una providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v) los efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa legítima de que se proteja su seguridad jurídica(58).
68. En el asunto que se estudia, la acción de tutela se interpuso el 27 de noviembre de 2017, esto es, diecisiete (17) días después de notificado el último de los fallos cuestionados(59).
69. Con base en lo anterior, y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a juicio de esta Sala de Revisión, el término en el que se interpuso la acción de tutela contra la providencia judicial mencionada es razonable y no pone en riesgo principios como la cosa juzgada o la seguridad jurídica que el requisito de inmediatez busca proteger(60).
73. Para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, también es necesario que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados. Además, que haya alegado esa vulneración en el proceso ordinario, siempre y cuando haya tenido oportunidad de hacerlo(61).
3.2.1. El presunto defecto orgánico por la pérdida de competencia para dictar sentencia en primera instancia, como consecuencia de la infracción del término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso.
81. El defecto orgánico, según la jurisprudencia constitucional, se presenta cuando una autoridad judicial profiere una decisión con carencia absoluta de competencia(62), bien porque la desconoce abiertamente o asume alguna que no le corresponde o porque pierde competencia a lo largo del proceso(63).
“ART. 121.—Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.
PAR.—Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada”. (Se destaca).
3.2.1.1. La garantía del plazo razonable.
84. El acceso a una justicia pronta y cumplida se encuentra íntimamente ligado a la celeridad y eficiencia en el ejercicio de la jurisdicción. El sometimiento de las autoridades públicas encargadas de la función de administrar justicia a las reglas jurídicas, específicamente a aquellas establecidas para la tramitación y definición de los asuntos que son sujetos a su conocimiento, repercute en la materialización de valores como el de la justicia, así como en la eficacia de una amplia gama de derechos constitucionales, incluidos aquellos que mediante cada cauce procesal se pretende satisfacer(64).
86. No obstante, ese ejercicio legislativo está guiado por un principio de racionalidad, por lo tanto, se presume que la fijación de las etapas procesales pasa por la consideración de cánones constitucionales, y es guiado por criterios de oportunidad, conveniencia que justifican el por qué para decidir un asunto se prevé por ejemplo un lapso de un (1) año y no de un término diferente —menor, o más amplio—.
87. Sin embargo, la idea del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea jurisprudencial, nacional(65) e interamericana(66), sobre la mora judicial, que parte del supuesto de que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite(67).
3.2.1.2. El principio de lealtad procesal.
89. La administración de justicia, como servicio a cargo del Estado, impone una serie de responsabilidades a quienes lo utilizan. Estas responsabilidades, atribuidas a los individuos, están encaminadas a que el servicio garantice el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, y a que el Estado pueda asegurar que todos tengan acceso al mismo(68).
91. Sin embargo, el derecho de las personas a acudir a la administración de justicia no se ve limitado únicamente por la escasez de recursos del Estado. El ejercicio desleal del derecho a acudir ante un juez puede impedir que las demás partes dentro de un proceso judicial ejerzan sus derechos plenamente. El uso desmedido, fraudulento o abusivo de los medios de defensa judicial trae como consecuencia que las partes no se ubiquen dentro de un plano de igualdad procesal y este desequilibrio puede impedirles a algunos de ellos utilizar plenamente sus facultades procesales. En efecto, estas conductas pueden llegar a producir verdaderas violaciones de los derechos de defensa y al debido proceso. Por ello, para proteger los derechos de las partes dentro del proceso, es que nuestro ordenamiento jurídico establece el deber de lealtad procesal en sus diversas ramas(69).
92. La Corte Constitucional ha precisado que el principio de lealtad procesal es una manifestación de la buena fe en el proceso, por cuanto excluye “las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada y las inmoralidades de todo orden”(70), y es “una exigencia constitucional, en tanto además de los requerimientos comportamentales atados a la buena fe, conforme el artículo 95 superior, es deber de la persona y del ciudadano, entre otros, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” (num. 1º) así como colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia (numeral 7)”(71).
93. En ese sentido, la lealtad procesal ha sido entendida como la responsabilidad de las partes de asumir las cargas procesales que les corresponden. En razón a ello la Corte ha señalado que se incumple este principio cuando (i) las actuaciones procesales no se cumplen en un momento determinado y preclusivo dispuesto en la ley, es decir, cuando se realizan actos que puedan dilatar las mismas de manera injustificada(72); (ii) se hacen afirmaciones tendientes a presentar la situación fáctica de forma contraria a la verdad(73); (iii) se presentan demandas temerarias(74); o (iv) se hace un uso desmedido, fraudulento o abusivo de los medios de defensa judicial(75).
3.2.1.3. El artículo 121 del Código General del Proceso.
95. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su más reciente jurisprudencia(76), plantea dos posturas que recogen la discusión que ha suscitado en el ámbito judicial la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso.
“Del anterior recuento la Corte concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garantía del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de éste; (ii) la regulación procesal debe propender por la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho adjetivo al cumplir una función instrumental que no es un fin en sí mismo, debe ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garantías fundamentales.”(77)
“Nada es más nocivo que declarar una nulidad procesal, cuando no existe la inequívoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por sus connotaciones, impide definitiva e irremediablemente que la litis siga su curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como ésta, taladran el oficio judicial y comprometen la eticidad del director del proceso, a la par que oscurecen su laborío, en el que siempre debe imperar la búsqueda señera de la justicia, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra muerta, por un exacerbado ‘formalismo’, ‘literalismo’ o ‘procesalismo’, refractarios a los tiempos que corren, signados por el respeto de los derechos ciudadanos, entre ellos, el aquilatado ‘debido proceso’. Anular por anular, o hacerlo sin un acerado y potísimo fundamento, es pues una deleznable práctica que, de plano, vulnera los postulados del moderno derecho procesal, por lo que requiere actuar siempre con mesura y extrema prudencia el juzgador, como quiera que su rol, por excelencia, es el de administrar justicia, con todo lo loable y noble que ello implica, y no convertirse en una especie de enterrador de las causas sometidas a su enjuiciamiento”(78).
103. De otra parte, también existe una segunda postura en la Corte Suprema de Justicia(79), que se aparta de la fundamentación expuesta previamente para resolver este tipo de asuntos. Este otro planteamiento, advierte sobre la no consideración de la primera postura, del componente del derecho fundamental al debido proceso, que incluye las garantías de plazo razonable, acceso a la administración de justicia, igualdad y obtención de recta y cumplida justicia.
104. Señala que, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.3 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 29 y 228 de la Constitución Política; el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 1285 de 2009 y los artículos 2º, 7º, 8º, 13, 14, 42, 117, 118 y 373 del Código General del Proceso; toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas y en la forma establecida en la ley.
112. En esa medida, tendrá lugar la convalidación de la actuación judicial extemporánea en los términos del artículo 121 del Código General del Proceso, bajo el razonamiento expuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que se menciona en los fundamentos jurídicos 96 al 102 de la presente providencia, esto es: cuando lo que se pretenda sea la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y la obtención de resultados normativos institucionales, siempre dentro del marco de la garantía del plazo razonable y el principio de la lealtad procesal.
(iii) Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del trámite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del artículo 121 del Código General del Proceso.
(...)”. (Negrita fuera de texto).
116. La aplicación del artículo 121 ibídem, sin consideración a la disposición transcrita que regula el tránsito legislativo en el mismo código, daría como resultado la pérdida de competencia de los jueces para conocer de los procesos, incluso antes de que le fueran aplicables al trámite las nuevas normas de procedimiento(80).
b) Teniendo en cuenta la fecha de inicio de la actuación, la norma procesal que regía el trámite era el Código de Procedimiento Civil. El Código General del Proceso, por disposición del Acuerdo PSAA1310073 del Consejo Superior de la Judicatura, solo entró en vigencia en el Distrito Judicial de Cundinamarca, a partir del 1º de diciembre de 2015(81).
1. REVOCAR la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2017 por la Sala de por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así como la sentencia del 7 de febrero de 2018 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declararon improcedente la acción de tutela y, en su lugar NEGAR el amparo por no haberse configurado el defecto orgánico alegado en la providencia del 27 de abril de 2017 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, proferida en el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual identificado con el radicado 2013-00483.
2. ORDENAR a la secretaría general de esta corporación proceder a la devolución del expediente del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual identificado con el radicado 2013-00483, el cual fue remitido en calidad de préstamo.
1 Fls. 15 al 23 del cdno. 1 del expediente de tutela.
2 Fls. 59 al 70 del cdno. 1 del expediente de responsabilidad civil extracontractual.
3 Fls. 71 y 72, ibídem.
4 Fls. 73 al 88, ibídem.
5 Fl. 91, ibídem.
6 Fl. 95, ibídem.
7 Fls. 114 al 146, ibídem.
8 Fls. 148 al 164, ibídem.
9 Fl. 165, ibídem.
10 Fls. 166 al 203, ibídem.
11 Fl. 204, ibídem.
12 Fl. 127 del cdno. 2 del expediente de responsabilidad civil extracontractual.
13 Fl. 207 del cdno. 1 del expediente de responsabilidad civil extracontractual.
14 Fls. 313 al 319, ibídem.
15 Fls. 323 al 325, ibídem
16 Fls. 333 al 346, ibídem.
17 Fls. 361 al 376, ibídem.
18 “ART. 625.—Tránsito de legislación. Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:
(...).” (Negrita fuera de texto).
19 Fl. 378 del cdno. 1 del expediente de responsabilidad civil extracontractual.
20 Fls. 380 al 384, ibídem.
21 Fls. 382 al 384, ibídem.
22 Fls. 385 al 388, ibídem.
23 Fl. 5 del cdno. 3 del expediente de responsabilidad civil extracontractual.
24 Fl. 11, ibídem.
25 Fl. 15 ibídem.
26 Fls. 17 al 35 ibídem.
27 Fl. 26 del cdno. 1 del expediente de tutela.
28 Fl. 35 ibídem.
29 Fls. 56 al 60 ibídem.
30 Fls. 81 al 85 ibídem.
31 Fls. 3 al 7 del cdno. 2 del expediente de tutela.
32 Fl. 15 del cdno. de revisión de la acción de tutela.
33 Fl. 18 del cdno. de revisión de la acción de tutela.
34 Con relación a este requisito de procedencia, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone: “ART. 10.—Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
36 Este requisito no supone que la decisión cuestionada comporte necesariamente una irregularidad procesal, sino que la irregularidad que se alega por el tutelante tenga un efecto determinante en la providencia que se cuestiona.
37 En la Sentencia SU-1219 de 2001, la Corte precisó que la acción de tutela no procede contra un fallo de tutela, porque: i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas no seleccionadas; (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, que afectaría la seguridad jurídica; (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso”, evento en el cual “seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.
38 Sentencia C-590 de 2005.
39 Sentencias SU-448 de 2011, SU-424 de 2012 y SU-132 de 2013.
40 Sentencia SU-159 de 2002 y SU-226 de 2013.
41 Sentencia SU-215 de 2016.
42 Sentencia T-709 de 2010.
43 Sentencias C-083 de 1995, C-836 de 2001, C-634 de 2011, C-816 de 2011, C-818 de 2011 y C-588 de 2012.
44 Sentencias T-929 de 2008 y SU-447 de 2011.
45 Sentencia T-863 de 2013.
46 Sentencia T-020 de 2016.
47 Sentencia T-531 de 2002.
48 En la Sentencia T-335 de 2000, la Corte destacó: “[L]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Ver también Sentencia T-414 de 2009.
49 Sentencia C-279 de 2013.
50 Sentencia C-537 de 2016.
51 Ver, entre otras, las Sentencias T-292 de 1999, T-612 de 2013, T-647 de 2013 y T-1249 de 2014.
52 En los términos de la Sentencia SU-424 de 2012, “[L]a acción de tutela no puede admitirse, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”. Ver también Sentencia T-006 de 2015.
53 Sentencia T-103 de 2014.
54 “ART. 331.—Procedencia y oportunidad para proponerla. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. No procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja.
La súplica deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador, en el que se expresarán las razones de su inconformidad”.
55 En ese sentido, en Sentencia C-590 de 2005, la Corte señaló que la razón de ser de este requisito es evitar la transgresión de principios como la cosa juzgada o la seguridad jurídica, ya que permitir que la acción de tutela se interponga meses o incluso años después de la fecha en la que se toma la decisión desdibujaría la finalidad de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador.
56 Sentencia C-590 de 2005.
57 Sentencia SU-391 de 2016. En ese mismo sentido, Sentencia SU-961 de 1999.
58 Sentencia SU-391 de 2016.
59 La sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca fue notificada por estado el 10 de noviembre de 2017, según consta en el folio 35 vuelto del cdno. 3 del expediente de responsabilidad civil extracontractual.
60 La exigencia de razonabilidad, según la jurisprudencia constitucional, es más estricta en caso de que la actuación que se cuestione en sede de tutela sea una providencia judicial. Al respecto, ver entre otras, sentencias C-590 de 2005, T-594 de 2008 y T-265 de 2015.
61 Sentencia C-590 de 2005.
62 Sentencias T-929 de 2008 y SU-447 de 2011.
63 Sentencia T-267 de 2013.
64 Sentencia T-186 de 2017.
65 Entre otras, ver sentencias T-612/03, T-1249/04, T-366/05, T-527/09, T-647/13, T-267/15, SU.394/16 y T-186/17.
66 Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, caso Forneron e Hija Vs. Argentina, caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, caso Vélez Loor Vs. Panamá, caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, caso López Mendoza Vs. Venezuela, caso Fleury y otros Vs. Haití, caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras.
67 Sentencia T-186 de 2017.
68 Sentencia T-1014 de 1999.
69 Numeral 1º del artículo 78 del Código General del Proceso y artículo 18 del Código de Procedimiento Penal.
70 Auto A206 de 2003.
71 Sentencia T-351 de 2016.
72 Sentencia T-297 de 2006.
73 Sentencia T-586 de 1999.
74 Sentencia C-279 de 2013.
75 Sentencia T-1014 de 1999.
76 Entre otras, ver Sentencia de 27 de noviembre de 2015, Rad. 08001-31-03-006-2001-00247-01; Sentencia de 18 de julio de 2016, Rad. 68001-31-10-004-2005-00493-01; Sentencia de 14 de diciembre de 2017, Rad. 11001-02-03-000-2017-02836-00.
77 Sentencia C-193 de 2016.
78 Sentencia de 5 de julio de 2007, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Rad. 08001-3103-010-1989-09134-01.
79 Postura desarrollada en la Sentencia de 11 de julio de 2018, Rad. 76001-22-03-000-2018-00070-01; así como también, en la aclaración de voto de la magistrada margarita Cabello Blanco de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a la Sentencia de 14 de diciembre de 2017, proferida en la acción de tutela radicada con el Nº 11001-02-03-000-2017-02836-00.
80 Esta afirmación es producto del análisis de la situación fáctica en el caso bajo revisión. En efecto, no resultaría lógico que el Juez Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, estando obligado a tramitar el proceso conforme a las normas del Código General del Proceso a partir del 16 de noviembre de 2016, fecha en la que profirió el auto por medio del cual fijó fecha para llevar a cabo audiencia de instrucción y juzgamiento (art. 625, CGP), hubiese perdido la competencia para tramitar el proceso el 23 de marzo de 2016, fecha en la cual se cumpliría el año de que trata el artículo 121 Código General del Proceso, toda vez que la última notificación de la demanda a la contraparte tuvo lugar el 24 de marzo de 2015.
81 Con relación a la vigencia de las normas del Código General del Proceso, el artículo 627 de esa codificación consagró unas reglas de vigencia escalonada o progresiva. Igualmente, sujetó la entrada en vigencia de esta normativa a la implementación del programa de formación de funcionarios y adecuación física y tecnológica por el Consejo Superior de la Judicatura. En atención a ello, se expidió el Acuerdo PSAA1310073 que programó la entrada en vigencia del referido código conforme a la distribución de los distritos judiciales del país, y para tal efecto, se señaló un cronograma dividido en tres fases. Para la fase III, a la cual pertenecía el Distrito Judicial de Cundinamarca, se estableció como fecha de entrada en vigencia del nuevo código el 1º de diciembre de 2015.