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Timestamp: 2019-10-14 05:58:15
Document Index: 135174809

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 156', 'artículo 241', 'artículo 29', 'artículo 235', 'artículo 4']

La Corte Constitucional, mediante sentencia relativa a una norma del Código de Procedimiento Penal, ha resuelto ordenar al Congreso que dicte una ley mediante la cual separe las funciones de investigación y juzgamiento, en la Corte Suprema de Justicia, para los procesos penales que se adelanten contra congresistas.
El fundamento de la providencia es compatible con la tendencia mundial en materia de derechos humanos, consistente en garantizar que quien acusa no sea a la vez quien juzga, pues se entiende que, si hay acusación, ya hay posición tomada por el acusador, y naturalmente está predispuesto contra el acusado. Si, además, está consagrada en el sistema la única instancia, esto es, el carácter inapelable de la decisión, se restringen ostensiblemente las posibilidades de defensa.
Ocurre, sin embargo, que la Constitución colombiana no hizo esa distinción en el caso de los congresistas, y -más aún- que el Congreso, cuando adoptó el sistema acusatorio (Acto Legislativo 3 de 2002), nada dijo al respecto. Y ahora tenemos en trámite los procesos contra congresistas por la denominada "parapolítica", lo que ha dado lugar a una polémica de orden jurídico, con repercusiones políticas, acerca no solamente del alcance de la providencia sino en torno a la incidencia de lo dispuesto en tales procesos.
Parece necesario examinar con suficiente objetividad los varios asuntos suscitados por el fallo, si bien lo haremos ahora apenas de manera preliminar, en razón de no haberse divulgado por la Corte Constitucional el texto definitivo de aquél, sino un comunicado que resume el sentido y los motivos de lo resuelto por la Sala Plena de la Corporación.
Según el comunicado número 25, durante sesión de Sala Plena del 28 de mayo de 2.008, la Corte Constitucional ha resuelto lo siguiente: "Declarar EXEQUIBLE la expresión "Los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000",[1] en el entendido de que el legislador debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, para las conductas punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008".
Podemos formular algunas inquietudes:
1. Una primera observación consiste en que no había necesidad de entrar a resolver sobre el asunto referente a la unificación, en la Corte Suprema, de las funciones de investigación y juzgamiento por cuanto no era eso lo sometido a discusión; luego la Corporación dispuso en la parte resolutiva algo que no era, en principio, objeto de la acción sobre la cual resolvía.
2. "...de ahora en adelante...", dice la Corte. ¿Cuál es el AHORA? ¿El 29 de mayo de 2008, o la fecha de entrada en vigencia de la ley que dicte el Congreso?
3. Pero, además, sería una ley estatutaria, que pasaría por el previo control de la Corte Constitucional, toda vez que se referiría a administración de justicia (Art. 152 de la Constitución). Y aunque no fuera una ley estatutaria, serían inevitables las demandas de inconstitucionalidad. ¿Podría fallar la Corte Constitucional con la necesaria imparcialidad acerca de esa Ley, habiéndola ordenado?
4. Creemos fundadamente que la Corte, so pretexto de ejercer el control de constitucionalidad, ha excedido el campo de su propia competencia por cuanto, más que dictaminar sobre la constitucionalidad de una norma, ordenó la expedición de otra, señalando a la vez cuál debe ser su contenido, lo que no corresponde a ningún tribunal constitucional. Tenga razón o no la Corte Constitucional sobre la necesidad de separar las funciones de investigación y juzgamiento, lo cierto es que la Carta Política no las separó en estos casos. Así, la Corte estimó de hecho que en la Constitución había una inadvertencia o un error que podía corregirse por sentencia de constitucionalidad o por ley de la República.
Aunque –como hemos advertido- la separación entre las funciones de investigación y juzgamiento garantiza en mejor forma la imparcialidad a que tiene derecho el procesado, la Constitución misma no hizo la distinción, y creemos que no corresponde al Juez de constitucionalidad –sujeto a la Carta cuya defensa se le encomienda- corregir o enmendar los posibles errores del Constituyente, y que ello menos atañe al legislador.
Pero, de otro lado, no hay disposición constitucional que autorice a la Corte para disponer el contenido y los alcances de nuevas y futuras normas legales. El Congreso, como legislador –titular de la cláusula general de competencia- es autónomo en relación con la Corte. Su ajuste o no ajuste a la Carta Política, en punto de las normas que aprueba, se juzga sólo después de haber obrado, aun en los casos de control constitucional previo. La Corte sólo se pronuncia sobre normas ya hechas, no acerca de disposiciones futuras, menos si son ingeniadas, aconsejadas o propiciadas por ella misma, pues entonces ocurre por paradoja lo que en el fallo que comentamos busca prevenirse: la concentración de atribuciones y la pérdida de imparcialidad de quien juzga y ya se ha pronunciado. El artículo 156 de la Constitución le confiere iniciativa para presentar al Congreso -a ver si los aprueba, jamás obligatorios- proyectos de ley, sólo "en materias relacionadas con sus funciones".
5. La Corte le ha impartido una orden al Congreso, no en torno a una ley expedida -sujeta al control de constitucionalidad- sino respecto a una ley futura, invadiendo la órbita propia del Congreso como institución, al afectar su libre ámbito de configuración de las leyes –varias veces preservado por la jurisprudencia constitucional- Esto conduce a pensar que la Corte Constitucional puede haber invadido la órbita de competencia del Congreso, pues le ha ordenado, restringiendo y condicionando su autonomía, expedir una cierta ley, con sentido y contenido predeterminado por ella. En este aspecto, no se entiende por qué la Corporación se remitió al Congreso, si ya le indicó con exactitud lo que tiene que hacer de fondo al legislar.
Ese no es papel del Juez de constitucionalidad, ya que ejerce –o debe ejercer- sus atribuciones "en los estrictos y precisos términos" del artículo 241 de la Constitución.
6. Si bien estableció una fecha tope para aplicar la nueva ley (29 de mayo de 2008), la Corte Constitucional parece haber olvidado el principio de favorabilidad, que se aplicará necesariamente a procesos anteriores a esa fecha, por mandato del artículo 29 de la Carta, así la Corte en su fallo diga lo contrario. La advertencia en cuestión, contenida en la parte resolutiva de la providencia, puede resultar completamente ineficaz.
Lo decimos por cuanto resulta imposible ignorar que actualmente se adelantan unos procesos contra congresistas, en la Corte Suprema de Justicia y siguiendo la norma del numeral 3º del artículo 235 de la Constitución, que concentra en la propia Corte Suprema las funciones de investigación y juzgamiento -habiendo actuado y actuando todavía los mismos magistrados en las dos funciones, lo que implica violación de la Constitución en los términos de la reciente sentencia constitucional-, por lo cual es inevitable que, así no lo acepte el Tribunal Constitucional, se presenten incidentes de nulidad sobre lo actuado, para hacer valer el principio de favorabilidad respecto a los congresistas procesados antes del 29 de mayo.
En otros términos, como lo advirtió certeramente el salvamento de voto del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, "una vez declarada una inconstitucionalidad sobre esta materia, en virtud del principio de favorabilidad penal, no es posible fundamentar constitucionalmente que una misma ley inconstitucional es válida para unos casos y no para otros."
7. La Corte Constitucional ha prejuzgado acerca del contenido de la ley que expida el Congreso sobre este tema, así no plasme específicamente lo ordenado por la Corte, y no podrá resolver en torno a la exequibilidad de las consiguientes disposiciones. Los magistrados que participaron en la sesión y en el trámite del proceso deberán declararse impedidos en ese momento.
8. La Corte Constitucional no puede, pero lo que ha hecho –aunque no lo haya querido- ha sido afectar los procesos en curso. La aplicación del fallo y la posterior aprobación de la ley provocarán recursos, tutelas, excepción de inconstitucionalidad, solicitudes de nulidad y hasta, en últimas, apelación a los tribunales internacionales de Derechos Humanos.
Lo que ha debido hacerse no era corregir el yerro del Constituyente por sentencia y ley, sino tramitar una reforma constitucional que pusiera a tono el sistema con la tendencia universal de separar las fases de investigación y juzgamiento en cabezas distintas.
9. Finalmente, destacamos que, como lo ha recordado el Magistrado Sierra Porto, al salvar el voto, la Corte no puede –como lo hará al parecer en la sentencia- excluir de plano y en forma arbitraria la excepción de inconstitucionalidad. Ello contradice el artículo 4 de la Carta Política, a cuyo tenor, "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales".
[1] Código de Procedimiento Penal expedido antes de la reforma contenida en el Acto Legislativo 3 de 2002, que estableció definitivamente el sistema acusatorio en el terreno penal.