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Timestamp: 2020-08-13 14:05:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 348', 'Artículo 1106', 'artículo 1902', 'artículo 427', 'artículo 1', 'Artículo 1106', 'artículo 1902', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1106', 'artículo 1', 'artículo 576']

Feb 01 Publicado por Staff	en Sentencias
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia de Pravia dictó sentencia de 4 de diciembre de 2003 en el procedimiento de juicio ordinario n.º 169/2003, cuyo fallo dice:
»Que estimando en parte la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Díez de Tejada, en nombre y representación de D. Íñigo debo condenar y condeno a los demandados Comunidad hereditaria de D. Raimundo y la Cía. de Seguros Zurich S. A. a que abonen conjunta y solidariamente a la actora en la suma de 28 823,17 euros, a los que se sumarán los intereses legales, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».
«Primero. Por la parte actora se interesa la condena solidaria de los demandados a indemnizar la cantidad de 247 089,03 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de las lesiones sufridas por la demandante como consecuencia del accidente de circulación, que tuvo lugar el día 2 de mayo de 2000, en el que se vio implicada junto con el fallecido D. Raimundo , además de los intereses legales y costas. Del importe total solicitado, es especialmente relevante el capítulo de valoración del lucro cesante. Se ejercita la acción del artículo 1 LRCSCVM.
»Segundo. Por las partes demandadas se admite la existencia del accidente de circulación y se interesa la desestimación de la misma, por considerar en particular la compañía aseguradora que ya le han sido abonadas las cantidades correspondientes, discrepando de los conceptos y cuantías solicitadas, la procedencia de imponer intereses moratorios y costas procesales.
»Tercero. Habiendo quedado perfectamente delimitado el núcleo litigioso a examinar y reconocidos el hecho generador de la responsabilidad de los demandados, que en los puntos cuestionados queda acreditado por el examen de la prueba documental aportada a los autos y, en particular, por el testimonio del atestado de la Guardia Civil de Tráfico realizado a raíz del siniestro; y sin que en ningún caso se haya podido acreditar concurrencia de culpa de la víctima en grado alguno, quedan por establecer los siguientes puntos controvertidos respecto de los daños personales sufridos por el demandante y que son objeto de reclamación:
»a) Tiempo de curación: Ambos peritos médicos coinciden prácticamente en el cómputo de los días invertidos. Incluso el cálculo global del perito de la parte actora, Dr. Juan Pedro , es inferior en unos 10 días y, de forma coherente con la postura que luego se mantendrá respecto a la valoración de las secuelas, se opta por dicho cálculo. De los mismos 186 lo fueron de hospitalización (9 203,28 euros) y los 534 suplementarios lo fueron de carácter impeditivo (21 466,80 euros). De ello resulta un total de 30 670,08 euros.
»b) Secuelas a indemnizar: Vuelve a suceder que ambos peritos médicos coinciden en la determinación de las mismas y en su subsunción en los Capítulos II (tronco-pelvis), Capítulo IV (extremidades inferiores- rodilla), Capítulo V (sistema vascular periférico) y Capítulo Especial (perjuicio estético).
»c) Valoración de las secuelas: Se opta en este punto por el informe pericial rendido por Don. Juan Pedro a instancia de la parte actora. Como ya queda dicho, siendo coincidentes ambos peritos en la determinación de las secuelas, sólo queda coincidir con la opinión de ambos, vertida en el acto del juicio, en el sentido de apreciar que la puntuación de las determinadas es una cuestión esencialmente subjetiva dentro del margen u horquilla permitida por el Baremo. Por ello y por estimar razonables y ponderadas las puntuaciones del perito de la parte actora, en referencia a su relativa gravedad, resultan cincuenta y tres puntos, a 1402 euros cada uno -dada la edad de la víctima (74 306)- que sumados a los 14 puntos de perjuicio estético, valorados separadamente a 645,79 euros cada uno (9 041,06), suponen un total de 83 347,06 euros.
»d) Por lo que respecta al porcentaje del factor de corrección de perjuicios económicos a aplicar, decir que, acreditados los ingresos de la víctima en el tiempo del siniestro de conformidad con las certificaciones expedidas por la empresa de Cecilio , no es posible la aplicación del máximo del 10% previsto en la Tabla IV por lo que procede establecer ponderadamente en el 7,5% dicho porcentaje a aplicar, lo que arroja un total de 6 251,03 euros.
»e) Por lo que respecta a la incapacidad derivada del siniestro, la misma ha sido calificada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el grado de permanente total para la profesión habitual y, no habiendo podido demostrar la aseguradora demandada, a pesar de su reiterado seguimiento personal materializado en dos informes de SYS, Norte, detectives privados, de los cuales, uno de ellos, no se ha considerado oportuno unir a los autos, que el actor continúe en el ejercicio de la que era su profesión en el momento del siniestro, procede reconocer ponderadamente, en función de la edad del inválido, de su formación y de la muy remota posibilidad de que logre un contrato de trabajo por cuenta ajena de nivel similar al que pudiera disfrutar mientras desempeñaba con normalidad su profesión, de acuerdo con la previsión de la tabla IV del Baremo, la cantidad de 70 000 euros.
»Cuarto. El siguiente capítulo de la reclamación lo constituyen los presuntos perjuicios económicos causados al demandante en concepto de lucro cesante. Es necesario establecer que, en congruencia con lo que hasta este punto se lleva argumentado, no procede reconocer cantidad alguna por este concepto, toda vez que el mismo se encuentra incluido y es, por imperativo legal, inherente a las cuantías indemnizatorias establecidas en el Baremo de la LRCSCVM, tal como se plasma en el artículo 1.2 de la misma. Ni el estricto informe actuarial aportado con la demanda ni el propuesto por la Aseguradora, con sus factores de corrección de variables, pueden ser, en consecuencia tenidos en cuenta.
»Quinto. Por lo que respecta a la aplicación de los intereses moratorios simplemente establecer que no se está en el caso de aplicar lo dispuesto por el art. 20 LCS, toda vez que consta desde la temprana fecha de 25 de julio de 2000 se realizó consignación por la aseguradora, que fue aceptada como suficiente "a efectos de mora del asegurador" y totalmente insuficiente como indemnización. Así consta al folio 149 y 151 de los autos penales, cuyo testimonio obra unido a los presentes. Los codemandados abonarán, en su caso, el interés devengado conforme a lo dispuesto por el art. 576 LEC.
»Sexto. El conjunto de las cantidades reconocidas por los conceptos enumerados alcanza la cantidad de 190 268,17 euros, de los cuales es necesario sustraer la cantidad de 161 445 euros, que se desglosan en la ya citada consignación de 17 de mayo de 2000 (17 156,37 euros) y la consignada en el expediente de jurisdicción voluntaria 18/03 de este Juzgado (144 288,63 euros). El importe líquido total abonar lo constituye la cantidad de 28 823,17 euros.
»Séptimo. Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1902 y 1903 CC y concordantes de la Ley del Seguro Privado y disposiciones complementarias, la responsabilidad de los demandados es solidaria.
»Octavo. Por aplicación de lo dispuesto en el art. 394 LEC y en atención a la estimación parcial de la demanda, no procede especial declaración respecto de las costas».
TERCERO.- La Sección n.º 5 de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia de 9 de junio de 2004 en el rollo de apelación 221/2004, cuyo fallo dice:
»Estimar el recurso de apelación interpuesto por Seguros Zurich, S. A. y desestimar el formulado por D. Íñigo contra la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil tres dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia de Pravia, en los autos de los que el presente rollo dimana, la que se revoca.
»Desestimar la demanda interpuesta por D. Íñigo contra Comunidad Hereditaria de D. Raimundo y Seguros Zurich, S. A., absolviendo a los demandados de los pedimentos contenidos en la demanda.
»No hacer expresa declaración sobre las costas del recurso que se estima e imponer al actor las costas de su recurso».
«Primero. D. Íñigo formuló demanda de juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 241 377,66 #, derivada de accidente de tráfico, contra la comunidad de herederos de D. Raimundo y la Cía. Seguros Zurich S. A. Por el Juzgado se dictó sentencia estimatoria parcial de la demanda, fijando la indemnización a percibir por el actor en 28 823,17 #, una vez sustraídas las cantidades ya percibidas por el mismo, y consignadas por la aseguradora, 17 156,37 # el 17 de mayo de 2000, y en expediente de jurisdicción voluntaria 18/03 144 288,63 #. Tanto el actor como la aseguradora demandada interpusieron recurso de apelación.
»Segundo. El actor impugna en el escrito de preparación de recurso "la valoración de la incapacidad y perjuicios económicos causados en concepto de lucro cesante", solicitando por este concepto la cantidad de 148 516 #, partida ésta que no cabe incluir conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 LRCSCVM que dice, "los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente ley".
»Tercero. La demandada Zurich España Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., de los distintos conceptos de que se compone el total de la indemnización, impugna: l) La valoración de las secuelas y el perjuicio estético; 2) La indemnización por incapacidad permanente total; 3) No computar la indemnización obtenida al concurrir en el accidente de tráfico también el carácter de accidente laboral; 4) La imposición de intereses. En base a estos motivos y teniendo en cuenta la indemnización ya abonada, solicita la desestimación íntegra de la demanda, con imposición de costas al actor.
»Cuarto. Entrando a examinar el primer punto, las secuelas, la sentencia concede 53 puntos y 14 por perjuicio estético. La apelante defiende la puntuación dada por el perito judicial, más acorde a sus intereses, considerando insuficiente el razonamiento dado por el Sr. Juez, aunque reconoce que se encuentra dentro de la horquilla establecida en el baremo; por último, respecto del perjuicio estético, considera que la valoración debe ser de 10 puntos, la dada por el perito nombrado por el Juzgado, porque la cojera es una consecuencia de la rigidez de la rodilla y ya está valorada en tal secuela, por lo que valorarla una segunda vez supone una incorrección técnica y una valoración doble. El actor se opone en este punto, defiende la valoración dada en la sentencia, porque estando incluida dentro de la horquilla, el hecho de que el Juez se incline por una u otra pericial, está permitido por el artículo 348 LEC, que establece como regla de valoración la sana crítica, citando en apoyo de sus argumentaciones las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de marzo y 16 de mayo de 2003. La Sala, a la vista de las argumentaciones de ambas partes y una vez examinadas ambas pruebas periciales y aclaraciones dadas en el acto del juicio, no aprecia motivos suficientes para modificar la valoración dada por el Juzgador de primera instancia, porque entrando dentro de la horquilla no resulta ilógica ni irrazonable y, en cuanto al perjuicio estético, no existe la duplicidad invocada, pues la cojera tiene dos consecuencias claramente diferenciadas: la limitación de movilidad y la limitación estética que es obvia, estableciéndose en el baremo que "Ni la edad ni el sexo de la persona lesionada se tendrán en cuenta como parámetros de medición de la intensidad del perjuicio estético".
»Quinto. La sentencia valora la incapacidad permanente en 70 000 #. La parte apelante, Zurich S.A., entiende que se ha aplicado incorrectamente la tabla IV del baremo, habiendo concedido la cantidad de 70 000 #, que corresponde a una incapacidad absoluta, considerando que, de acuerdo con la prueba de detectives aportada a autos, de la que resulta que el actor se vale perfectamente para su nueva actividad, atendiendo durante toda la jornada laboral el bar restaurante La Dorada, la incapacidad ha de calificarse de parcial y, en consecuencia, entiende que debe ser valorada en sus correctos parámetros, estando ya pagada tal incapacidad por la misma. El apelado se opone mostrando su conformidad con la valoración de la sentencia por encontrarla acorde con la Ley 30/95 y sus actualizaciones posteriores. La Sala, a la vista de la prueba practicada, estima que concurre el factor de corrección de incapacidad permanente total, siendo correcta la cantidad abonada por este concepto por la aseguradora, que se encuentra dentro de la horquilla regulada en el baremo para este grado de incapacidad y resulta ajustada a las circunstancias concretas concurrentes, y ello con independencia de la indemnización percibida por accidente laboral.
»Sexto. Por lo anteriormente expuesto, procede la desestimación del recurso interpuesto por el actor y la estimación formulada por la demandada, desestimando íntegramente la demanda, sin hacer expresa imposición sobre sus costas, al apreciar la Sala dudas de hecho en cuanto a la cantidad a reclamar, en atención a la estrecha, pero en definitiva discrecionalidad que concede el baremo al Juzgador. Procediendo imponer las costas de su recurso al actor y no hacer expresa imposición sobre las causadas por el recurso de la demandada».
QUINTO.- En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de D. Íñigo se formula el siguiente motivo de casación:
Motivo primero y único. «Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso y, en concreto, infracción de las normas relativas a la indemnización del lucro cesante ocasionado como consecuencia de una negligencia en la conducción de vehículos a motor. (Artículo 1106 CC en relación con el artículo 1902 del mismo cuerpo legal)».
Es decir, que frente a la propuesta por la parte recurrente para determinar el lucro cesante padecido por el actor de conformidad con una serie de aprecios o cálculos teóricos, basados en una cierta probabilidad objetiva inscrita en el curso normal de los acontecimientos, según el informe actuarial presentado, definido por la sentencia de instancia como «estricto informe actuarial», la Audiencia Provincial de Oviedo ha sostenido la aplicación generalizada, uniforme y, por tanto, escasamente objetiva, del Baremo anexo a la LRCSCVM.
Los perjuicios ocasionados al actor son muy superiores al factor de corrección previsto por el Baremo, pues éste venía percibiendo un salario mensual de 299 000 ptas. y el mismo ha quedado reducido en la actualidad, a consecuencia del siniestro a una pensión vitalicia por invalidez permanente total de 608,31 #.
Termina solicitando de la Sala «que teniendo por presentado este escrito y los documentos que lo acompañan con sus copias, se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma recurso de casación en su día preparado contra la Sentencia dictada en apelación en fecha 9 de Junio de 2004 incorporarlo a los Autos originales a remitir a la Sala Primera del Supremo, órgano competente para conocer del mismo y, en su día, previo los trámites de ley, se dicte Sentencia por la que se case y anule la recurrida, estimando la pretensión de esta parte relativa a la indemnización de lucro cesante, con arreglo a los motivos expresados en el presente recurso.»
SEXTO.- Por ATS de 24 de abril de 2007 se acordó admitir el recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 427.2.2.º LEC, por razón de la cuantía.
SÉPTIMO.- En el escrito de oposición presentado por la representación procesal de Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A., se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:
Termina solicitando de la sala «[q]ue teniendo por presentado este escrito con sus copias, tenga por impugnado el Recurso de Casación a que me refiero en el encabezamiento, se sirva admitirlo y en su virtud, declare no haber lugar al mismo interpuesto por D. Íñigo , contra la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias en el Rollo de apelación núm. 221/2004, condenando al recurrente al pago de las costas.»
OCTAVO.- El escrito de oposición presentado por la representación procesal de la comunidad hereditaria de don Raimundo se formulan, en síntesis, las siguientes alegaciones:
El recurrente, tanto en el relato de «antecedentes» como en el expositivo correspondiente al único motivo casacional pretende sustituir la correcta y ajustada valoración probatoria que resultó de la sentencia recurrida.
Todos los perjuicios económicos derivados del siniestro en el que resultó perjudicado -días de baja, secuelas e incapacidad, e igualmente lucro cesante- le fueron resarcidos oportunamente.
En relación con la "infracción a las normas reguladoras del lucro cesante", el recurrente vindica una interpretación subjetiva e interesada del sistema indemnizatorio establecido en el anexo de la LRCSCVM, postulando que los perjuicios por el reclamados en concepto de «lucro cesante», «no estaban incluidos en el baremo» y que por tanto hubieron de abonarse fuera de las previsiones del baremo.
Finalmente, la parte recurrida llama la atención de esta Sala acerca de la nula acreditación de los «perjuicios colaterales» que el recurrente insiste en reclamar, se invoca la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto la exigencia de cumplida prueba del perjuicio, que el Sr. Íñigo en ningún caso acredita, pues resultan insuficientes sus invocaciones que no dejan de ser meras expectativas de ganancia.
Termina solicitando de la Sala «[q]ue por presentado este escrito, con sus preceptivas copias, se sirva admitirlo, nos tenga por opuestos al recurso de casación formalizado de adverso, para en su día, y previos los oportunos trámites, dicte sentencia desestimando íntegramente el mencionado recurso, confirmando la recurrida en todos sus términos, con imposición de costas a la recurrente.»
NOVENO.- Para la votación y fallo del recurso por el Pleno de la Sala se fijó el día 15 de julio de 2009, en que comenzó la deliberación y continuó en sesiones posteriores terminando el 22 de marzo de 2010, habiéndose dictado la sentencia fuera de plazo dada la complejidad del asunto.
DÉCIMO.- En los fundamentos de esta resolución se ha utilizado las siguientes siglas:
1. El 2 de mayo de 2000 se produjo una colisión entre el vehículo conducido por el demandante y otro vehículo, cuyo conductor falleció.
3. El conductor del primer vehículo presentó demanda contra los herederos del conductor fallecido, causante del accidente, y contra su aseguradora reclamando la diferencia entre la suma consignada por la aseguradora y la indemnización que a su juicio le correspondía por incapacidad permanente absoluta, más el lucro cesante que acreditaba por medio de prueba pericial por importe de 143 516 #.
4. El Juzgado estimó parcialmente la demanda, y concedió, entre otros extremos, una indemnización por incapacidad permanente total por importe de 70 000 #, pero desestimó la reclamación por lucro cesante por entender que este concepto se encuentra incluido en las cuantías indemnizatorias establecidas en el «baremo» de la LRCSCVM con arreglo al artículo 1.2 LRCSCVM, por lo que no procedía tener en cuenta el informe actuarial aportado con la demanda ni el propuesto por la aseguradora, con sus factores de corrección de variables. Se fijó la indemnización a percibir por el actor en 28 823,17 #, una vez sustraídas las cantidades ya percibidas por el mismo, y consignadas por la aseguradora, de 17 156,37 # y 144 288,63 #.
SEGUNDO. - Enunciación del motivo.
«Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso y, en concreto, infracción de las normas relativas a la indemnización del lucro cesante ocasionado como consecuencia de una negligencia en la conducción de vehículos a motor. (Artículo 1106 CC en relación con el artículo 1902 del mismo cuerpo legal)».
TERCERO. - La compensación del lucro cesante.
A) El régimen legal de responsabilidad civil por daños causados en la circulación distingue conceptualmente entre la determinación del daño y su cuantificación. La determinación del daño se verifica al establecer la responsabilidad objetiva por el riesgo creado por la circulación. El artículo 1.1 LRCSCVM establece que «[e]l conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.» La cuantificación del daño, según el artículo 1.2 LRCSCVM, debe realizarse «en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta ley», es decir, con arreglo al Sistema de valoración de los daños causados a las personas en accidentes de circulación (llamado usualmente «baremo»).
B) La determinación del daño se funda en el principio de reparación íntegra de los daños y perjuicios causados. Así se infiere del artículo 1.2 LRCSCVM, el cual define como daños y perjuicios determinantes de responsabilidad «[l]os daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales».
En la cuantificación del daño se aplica el mismo principio de reparación íntegra del daño causado. El criterio del apartado primero, número 7, del Anexo enumera las circunstancias que se tienen en cuenta «para asegurar la total indemnidad de los daños perjuicios causados». La Tabla II, según las reglas del Anexo segundo, sobre explicación del sistema, describe los criterios para ponderar los «restantes daños y perjuicios ocasionados» en el caso de fallecimiento, es decir, los que exceden de la indemnización básica que resulta de la aplicación de la Tabla I. Este principio es también aplicable a la Tabla IV, en el caso de lesiones permanentes, cuya explicación se remite a la de la Tabla II. De esta suerte, la Tabla IV describe los criterios para ponderar los «restantes daños y perjuicios ocasionados» en el caso de lesiones permanentes, es decir, los que exceden de la indemnización básica que resulta de la aplicación combinada de las Tablas III y VI.
En el ámbito de la determinación del daño, el artículo 1 LRCSCVM incluye en los daños y perjuicios causados a las personas «[el] valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener». Este sintagma se toma del artículo 1106 CC, el cual se admite pacíficamente que se refiere al lucro cesante.
En el ámbito de la cuantificación del daño, el Anexo, primero, 7, establece como circunstancias que se tienen en cuenta para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados «las circunstancias económicas, incluidas las que afecten a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del daño causado».
A su vez, los aumentos resultantes de la aplicación de los factores de corrección comprendidos en la Tabla II, y consiguientemente, en la Tabla IV, se satisfacen separadamente y con carácter adicional a los que la LRCSCVM llama «gastos correspondientes al daño emergente, esto es, los de asistencia médica y hospitalaria y los de entierro y funeral» (Anexo segundo, Tabla II). Con ello, a contrario sensu [por inversión lógica], debe admitirse que se contemplan criterios para la valoración del lucro cesante.
El factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta ha sido interpretado por algunos como un factor que tiene por objeto resarcir el perjuicio patrimonial ligado a los impedimentos permanentes de la actividad laboral. Sin embargo, esta opinión es difícilmente admisible con carácter absoluto, pues la regulación de este factor demuestra que tiene como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales. En efecto, en la enunciación del factor de corrección se utiliza el término «ocupación o actividad habitual» y no se contiene ninguna referencia a la actividad laboral del afectado. Por otra parte, este factor de corrección es compatible con los demás de la Tabla (Anexo, segundo, Tabla II), entre los que se encuentra el factor de corrección por perjuicios económicos. La falta de vertebración de los tipos de daño de que adolece el Sistema de valoración impide afirmar que este factor de corrección sólo cubre daños morales y permite aceptar que en una proporción razonable pueda estar destinado a cubrir perjuicios patrimoniales por disminución de ingresos de la víctima; pero no puede aceptarse esta como su finalidad única, ni siquiera principal (en este sentido se ha pronunciado la STS [Social] de 17 de julio de 2007, RCU 4367/2005).
E) Una interpretación doctrinal trata de superar esta antinomia poniendo de relieve que el artículo 1.2 LRCSCVM se remite, en primer lugar, a los criterios del Anexo y, en segundo lugar, a los límites indemnizatorios fijados en él. Caben, en consecuencia - se sostiene-, dentro del sistema de cuantificación del daño valoraciones efectuadas de acuerdo con los criterios del Anexo, primero, 7 (entre los que figuran el principio de total indemnidad, pérdida de ingresos de la víctima y posible concurrencia de circunstancias excepcionales) al margen de los límites cuantitativos de las Tablas, en la medida en que se presenten daños no contemplados en ellas.
En virtud de esta STC se ha incorporado al Anexo LRCSCVM una explicación para la Tabla V que exceptúa de su aplicación el caso en «que se apreciara en la conducta del causante del daño culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada.» Se entiende que en este caso el importe de la indemnización vendrá determinado por los perjuicios efectivamente probados, si son superiores.
Se ha planteado la duda de si los pronunciamientos de inconstitucionalidad que efectúa el TC, los cuales literalmente solo afectan al apartado B) de la Tabla V del Anexo, pueden aplicarse a los factores de corrección por perjuicios económicos de las Tablas II y IV, aparentemente idénticos.
A juicio de esta Sala, la respuesta debe ser negativa, pues la jurisprudencia constitucional, en cuantas ocasiones se ha planteado por la vía del recurso de amparo la extensión de la doctrina formulada en relación con la Tabla V a las restantes tablas, ha considerado que la interpretación judicial contraria a la expresada extensión no incurre en error patente ni en arbitrariedad ni vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC, entre otras, 42/2003, 231/2005). La STC 258/2005 declara que «el evento generador de la responsabilidad civil, la muerte de una persona, como el sujeto acreedor al pago, los padres, son distintos a los dispuestos en aquella, donde el evento es la lesión corporal con efectos de incapacidad temporal y el sujeto acreedor el propio accidentado.»
G) En relación con las situaciones de incapacidad permanente, la solución viene facilitada por el tenor literal de las reglas tabulares. La Tabla IV, en efecto, se remite a los «elementos correctores» del apartado primero, número 7, del Anexo y establece un porcentaje de aumento o de reducción «según circunstancias». La intención original del legislador pudo ser la de referirse específicamente a los elementos calificados expresamente como correctores en el Anexo, primero, 7. Sin embargo, la literalidad del texto va mucho más allá, de tal suerte que una interpretación sistemática obliga a abandonar la mens legislatoris [intención de legislador] y entender que los elementos correctores a que se refiere el citado apartado no pueden ser solo los expresamente calificados como de aumento o disminución, sino todos los criterios comprendidos en él susceptibles de determinar una corrección de la cuantificación del daño; por consiguiente, también los fundados en circunstancias excepcionales relacionadas con las circunstancias personales y económicas de la víctima.
Concurren diversas razones para ello: (a) La remisión de la Tabla IV se hace en general a los elementos correctores del «apartado primero, 7, del Anexo», cuyos conceptos figuran incluidos en un único apartado, el cual está dividido en tres incisos (separados por un punto y seguido), de los cuales el segundo y el tercero hacen referencia a circunstancias que tienen un sentido corrector, aunque solo las incluidas en el párrafo tercero son calificadas como elementos correctores de aumento o de disminución. ( b) Las circunstancias excepcionales relacionadas con las circunstancias personales y económicas de la víctima, a las que se refiere el Anexo, primero, 7, en el segundo inciso, por definición no pueden haber sido previstas de modo específico en las Tablas, sino solo genérico, y tiene este carácter el factor de corrección que se refiere genéricamente a los elementos correctores. ( c) El texto de la Tabla IV en que se contiene la remisión a los elementos correctores del «apartado primero, 7, del Anexo» contiene una 'descripción' de los criterios y elementos correctores (así lo explica el Anexo, segundo, Tabla II, aplicable a la Tabla IV), por lo que es lícito entender que no se trata de una mera cita sujeta a la calificación formal contenida en el texto objeto de la remisión, sino una descripción integrada por el conjunto de criterios contenidos en el texto que se invoca, de tal suerte que la naturaleza de elemento corrector puede predicarse de cualquiera de las circunstancias mencionadas en él, aunque no sea directamente calificado como 'de aumento' o 'de disminución'. ( d) La expresión 'factores correctores', que puede considerarse semánticamente equivalente a 'elementos correctores', aparece a lo largo de las tablas II, IV y V para referirse en general a circunstancias relacionadas con los diversos conceptos que se recogen el Anexo primero 7, y no solo a los calificados como elementos correctores, por lo que es lícito concluir que todas aquellas circunstancias son susceptibles de ser considerados como factores o elementos correctores.
CUARTO. - Requisitos para la indemnización del lucro cesante.
QUINTO. - Aplicación de la doctrina al caso examinado.
En el caso examinado concurren los presupuestos necesarios para la aplicación de un porcentaje de corrección al amparo de la Tabla IV por el concepto de lucro cesante ya que:
En el informe actuarial presentado por la parte el lucro cesante se cifra en 148 516,48 #. El informe actuarial presentado por la aseguradora demandada, que es el que resulta menos favorable a la parte recurrente, niega la existencia de lucro cesante necesitado de ser compensado, pero se funda en que la suma en que puede cifrarse el lucro cesante resulta compensada, entre otros conceptos, por el factor de corrección por incapacidad permanente total, cosa que no puede ser admitida por esta Sala, al menos con carácter absoluto, según se ha razonado. De esto se sigue que el importe del lucro cesante quedaría fijado en 64 117, 20 euros, teniendo en cuenta las deducciones que hace el perito por actualización del capital coste de la pensión de invalidez y (en un 15%) por probabilidad estadística de obtención de trabajo.
SEXTO. - Estimación del recurso.
La estimación del recurso de casación conduce a casar la sentencia recurrida y a estimar parcialmente el recurso de apelación y la demanda.
1. Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Íñigo contra la sentencia de 9 de junio de 2004 dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Asturias en el rollo de apelación n.º 221/2004 cuyo fallo dice:
2. Casamos la sentencia recurrida en cuanto se refiere a los pronunciamientos sobre desestimación del recurso interpuesto por don Íñigo , que declaramos sin valor ni efecto alguno y mantenemos los pronunciamientos relativos a la estimación del recurso de apelación interpuesto por seguros Zurich, S. A.
3. En su lugar, estimando en parte la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Díez de Tejada, en nombre y representación de D. Íñigo condenamos a los demandados Comunidad hereditaria de D. Raimundo y Cía. de Seguros Zurich S. A. a que abonen conjunta y solidariamente a la actora la suma de 33 338,80 euros, a los que se sumarán los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y de los previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de esta sentencia, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Juan Antonio Xiol Rios, Xavier O'Callaghan Muñoz, Jesus Corbal Fernandez, Francisco Marin Castan, Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Jose Antonio Seijas Quintana, Antonio Salas Carceller, Encarnacion Roca Trias. Rubricado PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Juan Antonio Xiol Rios, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa). TC, Tribunal Constitucional. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Rios, que expresa el parecer de la Sala.