Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931098.html
Timestamp: 2019-11-20 20:25:05
Document Index: 142306798

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'artículo 162', 'artículo 48', 'artículo 60', 'artículo 48', 'artículo 4', 'in fine', 'in dubio', 'artículo 220', 'artículo 252', 'artículo 184', 'artículo 42']

as201931098
AUTO SUPREMO Nº 98
Sucre, 20 de febrero de 2019
Expediente: 528/2017-S
Demandante: Oscar José Alba Seito.
Demandado: Hospital Dr. Roberto Galindo Terán (Cobija).
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 57 a 58, interpuesto por José Antonio Aguilar Jiménez, en representación del Hospital Dr. Roberto Galindo Terán, contra el Auto de Vista Nº 280/2017 de 29 de agosto, cursante de fs. 54 a 54 vta., emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales y otros derechos, seguido a demanda de Oscar José Alba Seito, contra la entidad que representa el recurrente, el Auto Nº 335/2017 de 13 de octubre, por el que se concedió el recurso (fs. 61 vta.), el Auto Supremo Nº 528-A de 03 de noviembre de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 69 y vta.), y todo cuando ver convino y se tuvo presente; y:
Que, tramitado el proceso laboral, el Juez de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cobija, emitió la Sentencia Nº 305 017 de 04 de julio de 2017 (fs. 28 a 29 vta.), declarando PROBADA en parte la demanda de fojas 7, sin costas, ordenando a la entidad demandada, Hospital “Dr. Roberto Galindo Terán”, que cancele a favor de la demandante Vivian Pimentel Arteaga, la suma de Bs. 4.022.- (Cuatro mil veintidós Bolivianos), por concepto de aguinaldo por tres meses, vacación por ocho meses y subsidio de frontera por 3 meses de la gestión 2013.
En grado de Apelación, promovido por el representante del Hospital demandado (fs. 41 a 42 vta.), por Auto de Vista. Nº 280/2017 de 29 de agosto, cursante de fs. 54 a 54 vta., emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, de la Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo, del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, se CONFIRMÓ la sentencia apelada.
Contra el referido Auto de Vista, el representante del Hospital Dr. Roberto Galindo Terán, representado por su Director José Antonio Aguilar Jiménez, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, conforme los fundamentos del escrito de fs. 57 a 58 vta., recurso que no fue respondido por el demandante, por lo que previo informe, cumpliendo el Auto Nº 335/2017 de 13 de octubre (fs. 61 vta.), de concesión del recurso, mediante Auto Supremo Nº 528-A de 03 de noviembre de 2017 (fs. 69 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:
En el recurso de casación en la forma alegó que en la apelación se argumentó como un agravio la posibilidad de la existencia de un error de cálculo del aguinaldo; aspecto que fue confirmado en el Auto de Vista, porque consideró una certificación del tiempo de trabajo; empero no se han considerado como documentos idóneos, las planillas de pago de los haberes, por las que se demuestran que el actor no trabajó por más de tres meses en la última gestión, por lo que no sería acreedor a ese beneficio que debió ser excluido, conforme determina el Decreto Supremo (DS) Nº 229 de 21 de diciembre de 1944; igualmente alegó que existe similar error de cálculo respecto de la vacación, porque se ordenó el pago de 8 meses, pese a que el actor ingresó a trabajar en junio de 2011 y terminó sus prestaciones en enero de 2013, correspondiéndole solo seis meses de compensación por este concepto.
En el fondo, sustentó que se incurrió en aplicación indebida de la ley, porque se inició un proceso de pago de beneficios sociales y en la Sentencia no se ha considerado éstos, sino otros conceptos; y si bien por mandato del art. 115-I de la CPE, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales; empero, el párrafo II de la misma norma, garantiza el debido proceso, la defensa y la justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin lalaciones, por ello es que afirma que interpone recurso de casación en el fondo, porque en aplicación de los arts. 1º tanto de la Ley General del Trabajo (LGT), como 1º de su Decreto Reglamentario (DR), el actor no se encuentra amparado en las previsiones de estas normas; sino al ámbito del DS. Nº 28909; y si bien por Auto Supremo (AS), Nº 378 de 28 de septiembre de 2012, se abrió la competencia de los jueces laborales para conocer las causas de los servidores públicos, respecto de derechos adquiridos; en el caso presente este aspecto no ha ocurrido; pues debió haberse actuado conforme establece el art. 121 del Código Procesal del Trabajo (CPT), para impedir la indefensión de la entidad demandada.
También argumentó que se incurrió en errónea aplicación del artículo único, del DS Nº 121058, que establece que luego del año trabajado, cuando exista retiro forzoso o voluntario, antes de cumplir un nuevo año de servicios, los trabajadores tienen derecho a la compensación de la vacación en dinero y por duodécimas, en proporción a ese periodo trabajado; aspecto que no correspondía en el caso presente porque el demandante trabajó de manera discontinua en mérito a varios contratos.
Concluyó indicando que se tenga por interpuesto el recurso de casación en el fondo y en la forma, que solicita que luego de ser comprobadas las inobservancias y erróneas aplicaciones de las normas, se disponga la casación del Auto de Vista, declarando improbada la demanda.
Concesión y admisión del recurso:
Al no haber respondido el demandante, el recurso interpuesto, que concedido previo informe, por Auto Nº 335/17 de 13 de octubre (fs. 61) y luego de haberse remitido el expediente ante este Tribunal, se admitió el recurso por Auto Supremo Nº 528-A de 03 de noviembre de 2017 de fs. 69
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en el fondo de fs. 57 a 58, para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Dentro del proceso social, se han instituido como reglas constitucionales partiendo de las previsiones del art 48 I y II, la aplicación de los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, que han sido desarrolladas, tanto en los arts. 4º del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006 y 3 inc. g) y h), 66 y 150 del CPT, estableciéndose por el primero, que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, en base a las reglas “in dubio pro operario”, que consiste que en caso de existir duda sobre la interpretación de una norma, se debe preferir la interpretación más favorable al trabajador y “la condición más beneficiosa”, que establece que en caso de existir una situación concreta anteriormente reconocida, ésta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable al trabajador, ante la nueva norma que ha de aplicarse; mientras que la segunda establece que en los procesos laborales la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio que este pueda ofrecer las pruebas que estime conveniente; por consiguiente corresponde al empleador demandado, desvirtuar los fundamentos de la acción.
También se debe puntualizar que la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que, en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales en materia social, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino que, por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley (arts. 60 y 158 CPT).
Respecto de la condición de funcionario público de los trabajadores demandantes y la presunta errónea aplicación de los arts. 1º de la LGT y 1º de su DR, éste Tribunal ha señalado:
“…al ser el trabajo un derecho tutelado por los artículos 7. h), 156, 157 de la Constitución Política del Estado de 1967 e irrenunciables conforme determina el artículo 162- párrafo segundo de la misma Constitución, vigente al momento de producirse los hechos, 48. III de la actual norma fundamental y 4 de la Ley General del Trabajo, por constituir la base del orden social y económico del Estado Boliviano, por ello es que cuando se reclaman derechos adquiridos (que no constituyen beneficios sociales), como son los sueldos devengados, aguinaldos y vacaciones, pese a que el trabajador no se encuentra sometido a las previsiones de la Ley General del Trabajo, por ser funcionario público sujeto a la previsiones de la Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, hecho que no impide el derecho que tiene de reclamar el pago de los derechos adquiridos, razón por la cual la jurisdicción y competencia de esta judicatura laboral, se abre excepcionalmente para tutelar los mismos…”1.
En el mismo sentido, también determinó que: “…la Constitución Política del Estado, como norma fundamental, establece en su artículo 48. I. Que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; II. Que las normas laborales se interpretan y aplican bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; III. Que los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, finalmente; los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles. (…)
(…) al evidenciarse en el caso de examen, que los demandantes impetran, entre otros conceptos, el pago del bono de antigüedad, considerado también como un derecho adquirido por la sola prestación de servicios y el transcurso del tiempo, conforme al artículo 60 del Decreto Supremo Nº 21060 de 29 de agosto de 1985, el cual es irrenunciable conforme prevé el artículo 48. III de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 4 de la Ley General del Trabajo; mereciendo de tal manera la tutela establecida por los artículos 46 y 48 de la Constitución Política del Estado, del cual derivan tanto derechos como beneficios sociales, conforme la abundante jurisprudencia contenida en los AS Nº 6 de 10/01/2011, AS Nº 11 de 26/01/2011, AS Nº 118 de 18/07/2012 y AS Nº 213 de 27/06/2012, entre otros, abriendo así, de manera excepcional para los servidores públicos, la competencia de la judicatura laboral para conocer demandas en las que reclaman derechos adquiridos (que no constituyen beneficios sociales), que son parte del salario del trabajador, que devengan y se consolidan como derechos adquiridos de éste, que a diferencia de los beneficios sociales, que son expectaticios, no pueden afectarse, debiendo en tal circunstancia, someterse a proceso los conceptos demandados para ser dilucidados conforme a ley, situación que debe darse en el caso de autos; toda vez que existe materia justiciable que deberá ser dilucidada y determinada conforme a los datos del proceso por el a quo.
Por lo señalado, sobre la base de dicho razonamiento, en aplicación de los artículos 1, 3. g) 4, 9 in fine, 43 y 44 del Código Procesal del Trabajo, se establece que el presente proceso es de competencia de los jueces en materia laboral…”2.
En el caso presente se han alegado cuestiones de forma y de fondo, desglosando ambos aspectos se establece que:
Los errores alegados, respecto del cálculo del aguinaldo y de las vacaciones, en sí no constituyen causal de nulidad, sino una cuestión de fondo, respecto de la presunta errónea apreciación de la prueba, que se habría motivado que tanto el Juez a quo, como el Tribunal ad quem, habrían supuestamente concedido mayor importe respecto del pago de estos conceptos en la liquidación final realizada.
En los procesos laborales, rigen los principios de protección de los trabajadores y la inversión de la prueba, por los cuales, se debe brindar una preferente atención a las pretensiones alegadas, en mérito a las reglas in dubio pro operario y la condición más beneficiosa, conforme se relacionó líneas arriba, por una parte y por otra la inversión de la prueba, por la que el empleador es quien debe desvirtuar las afirmaciones de la demanda laboral.
En el caso presente, es evidente que la entidad demandada, presentó fotocopias de varias planillas en las que se encuentra consignado el nombre del actor, como funcionario de la misma y que se le cancelaba con recursos propios, conforme relacionó la demanda; sin embargo, estos documentos que se presentaron sólo en fotocopias simples, son contradictorios con el certificado original trabajo de fs. 2, que evidencian un diferente periodo laboral, por consiguiente, en mérito a los principios descritos e inversión de la prueba además, de manera alguna se advierte que se incurrió en infracción del DS. Nº 229 de 21 de diciembre de 1944, al determinar el importe de las vacaciones y aguinaldos observados en el recurso, porque éstos se determinaron conforme al conjunto de prueba apreciados, conforme establecen los arts. 60 y 158 del CPT.
Respecto del argumento del recurso de casación en el fondo, en el que se denuncia la violación de los arts. 115-I de la CPE, 1º de la LGT y 1º de su DR, conforme se ha puntualizado en la doctrina aplicable al caso, al tratarse de derechos constitucionales irrenunciables los derechos adquiridos, como son los subsidios de frontera, el pago de los aguinaldos y vacaciones devengadas, la competencia del juez laboral para ordenar el pago de estos derechos, se encuentra plenamente reconocida por la jurisprudencia nacional que ha sido transcrita líneas arriba; y si bien, el actor solicitó el pago de los beneficios sociales, este concepto no fue acogido en la sentencia y si bien se solicita en el recurso que debió aplicarse del art. 121 del CPT, referido a la devolución de la demanda defectuosa, que resulta inapropiada para pretender ya en casación alegar una presunta incompetencia del Órgano Judicial por este aspecto; más aun si no se activó el trámite de la excepción prevista en el art. 127 inc. a) del mismo CPT; consiguientemente, este argumento no puede ser acogido para casar el Auto de Vista impugnado.
Tampoco existe aplicación errónea del DS N° 12058 de 24 de diciembre de 1974, que establece en su artículo único, que: “Después del primer año de antigüedad ininterrumpida, los trabajadores que sean retirados forzosamente o que se acojan al retiro voluntario antes de cumplir un nuevo año de servicios, tendrán derecho a percibir la compensación de la vacación en dinero por duodécimas, en proporción a los meses trabajados dentro del último período”. Porque justamente en base a esta norma se ordenó el pago de la compensación de las vacaciones no gozadas en vigencia de la relación de dependencia y por ello es que se ordenó su compensación en dinero, no pudiendo sustentarse el rechazo del reconocimiento del derecho por la existencia de una presunta relación discontinua, que no ha sido demostrada en el curso del proceso.
En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones alegadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo objeto de análisis, correspondiendo aplicar el artículo 220-II del CPC-2013, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del Parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de forma de fs. 57 a 58, interpuesto por José Antonio Aguilar Jiménez, en representación del Hospital Dr. Roberto Galindo Terán, contra el Auto de Vista Nº 280/2017 de 29 de agosto, cursante de fs. 54 a 54 vta., emitido por la Sala Civil, Familiar, Social, Niña, Niño y Adolescente, Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, manteniéndolo firme y subsistente.
1 AS. Nº 187-S, Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, de 23 de abril de 2013
2 AS. Nº 126-S, Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, de 15 de marzo de 2013.