Source: https://www.declaracionjurada.cl/dip/index.html
Timestamp: 2018-10-21 12:58:25
Document Index: 226789794

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4']

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Capacitación DIP
¿Quién fiscalizará las declaraciones de intereses y patrimonio (DIP)?
Al respecto hay que distinguir, entre los sujetos obligados a efectuar una DIP señalados en el artículo 4°, de la ley N° 20.880, y aquellos otros poderes del Estado, organismos autónomos e incluso partidos políticos señalados en el Capítulo 3°, del Título II, de la citada ley.
¿Cuándo estará disponible el formulario electrónico de Contraloría General?
Contraloría General dispondrá del formulario electrónico, para todos aquellos sujetos obligados señalados en el artículo 4° de la ley N° 20.880, desde el 2 de septiembre del presente año.
Al respecto, es necesario tener presente que según lo prescrito en los artículos 6° de la ley y 4° del reglamento, la declaración de intereses y patrimonio, y sus actualizaciones, deberán efectuarse a través del formulario electrónico único del Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de Contraloría.
Excepcionalmente, los obligados podrán realizarla en formato papel en el caso de no estar implementado o habilitado el respectivo formulario electrónico por razones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso el declarante deberá completar el formulario respectivo presentando tres ejemplares, los que serán autentificados por el ministro de fe del órgano o servicio al que pertenezca o en su defecto, por un notario público, documentos que tendrán el mismo valor que las realizadas en formato electrónico. Uno de esos ejemplares quedará en poder del declarante.
Asimismo, el jefe superior del servicio o la persona en quien se haya delegado la función de que se trata, deberá certificar, mediante resolución fundada, la concurrencia y el cese de la fuerza mayor o caso fortuito a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde que toma conocimientos de aquellas circunstancias.
En este contexto, el jefe superior de servicio o su delegado deberá remitir a la Contraloría General de la República o respectiva Contraloría Regional las DIP en formato papel, debidamente autentificadas y acompañadas de copia del certificado antes aludido, o haciendo mención a él en el evento en que ya se haya remitido dicha copia.
No obstante lo anterior, cabe indicar que una vez superada la situación de fuerza mayor o caso fortuito, las declaraciones que hubieren sido efectuadas en papel deberán ser realizadas nuevamente a través del formulario electrónico, según así lo dispone el artículo 7°, del reglamento de la citada ley, aprobado mediante decreto N° 2, de 2016, del Ministerio Secretaria General de la presidencia.
Finalmente, cabe agregar en torno a la equivalencia contemplada en el numeral 10 en estudio, que una vez establecido quienes se encuentran comprendidos dentro del tercer nivel jerárquico, el grado más bajo de quienes integran ese nivel fija el piso del grado del resto de los servidores directivos, así como de los profesionales y técnicos, que deben también presentar una DIP. Lo mismo debe considerarse en relación con las remuneraciones que deban servir de base para efectuar la equivalencia en aquellos casos en que alguno o todos los empleos a comparar no posean un determinado grado remuneratorio.
¿Datos o campos que no se publica de la declaración?
Por regla general, la declaración será pública, sin perjuicio de los datos sensibles y personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio. También aplica para personas relacionadas.
¿Dónde estarán publicadas las declaraciones de intereses y patrimonio?
Según lo dispuesto en el artículo 11, del mencionado reglamento, solo las declaraciones de los sujetos señalados en los numerales 1 a 4 y 13 a 20 del artículo 2°, del referido cuerpo normativo, se encontrarán disponibles tanto en el sitio electrónico mediante el cual la institución respectiva da cumplimiento a los deberes de transparencia activa que le impone el artículo 7° de la ley N° 20.285 (los órganos no sujetos a la mencionada ley deberán publicar las declaraciones en el sitio electrónico institucional de forma que permita su fácil acceso), como asimismo en esta Contraloría General y el Consejo para la Transparencia, quienes pondrán las declaraciones de los sujetos mencionados a disposición de la ciudadanía en formato de datos abiertos y reutilizables.
En este contexto, corresponde referirse a algunos criterios que han de ponderarse para establecer, en cada servicio, el personal que está obligado al cumplimiento del deber en análisis en razón de las hipótesis que menciona la normativa recién transcrita.
En primer lugar, es útil manifestar que por actividades de inspección directa deben considerarse, de manera principal, aquellas propias de la labor de control que importen el examen personal de obras, procesos, sujetos, espacios, recintos u objetos, y que impliquen un contacto directo -ya sea presencial o no presencial, inmediato o posterior- con las personas sometidas a esa actividad o encargadas de esas obras, procesos, espacios, recintos u objetos.
Es útil añadir que el deber de presentar una DIP afecta a todo servidor que tenga asignadas funciones de fiscalización directa, aun cuando no sean las únicas que deba desarrollar con ocasión de su cargo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que quienes han sido nombrados en una plaza que integra una planta o estamento de “fiscalizadores”, o han sido designados a contrata asimilados a uno de esos empleos, deben ser destinados, conforme lo ordena el artículo 46, inciso tercero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 73, inciso primero, de la ley N° 18.834, a labores de fiscalización.
Lo mismo acontece respecto de quienes pertenecen o han sido asimilados a una planta especial de fiscalizadores, o en virtud de una autorización legal prestan servicios a un organismo y han sido investidos del rol de fiscalizador. En otro orden de ideas, conviene reiterar que según el N° 9 del artículo 2° del reglamento, “se entenderá que un funcionario cumple funciones directas de fiscalización cuando dentro de sus funciones permanentes se contemplen actividades de inspección directa o le competa intervenir directamente en procedimientos administrativos sancionatorios que no correspondan a procedimientos disciplinarios internos”.
Igualmente, cabe insistir que el deber de presentar una DIP afecta a todo servidor que tenga asignadas funciones que impliquen intervenir directamente en ese tipo de procedimientos, aun cuando no sean las únicas tareas que deba desarrollar con ocasión de su cargo.
En este punto debe señalarse que cumplen la hipótesis de la norma quienes desarrollan la labor de fiscal o investigador y quienes cumplen tareas de actuario en esos procesos, aun cuando las denominaciones de esas funciones no sean las recién consignadas.
¿Cómo se calcula la equivalencia de la remuneración de una persona contratada a honorario, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4°, numeral 11, de la ley N° 20.880?
El artículo 4°, N°11, de la ley -reiterado en su reglamento- establece que estarán obligados a efectuar una DIP “Las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, incluidas las asignaciones que correspondan”.
De la historia de la ley se puede constatar que dichos sujetos fueron incorporados en el primer trámite constitucional a proposición de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la cual tuvo como fundamento para ello la situación de los asesores de autoridades de gobierno, ya que, si bien no eran funcionarios, tenían una posición de influencia en la adopción de decisiones y por lo cual podía configurarse en ellos un conflicto de interés.
Así, para realizar la equivalencia de remuneraciones u honorarios mensuales que ordena la norma de que se trata, se debe considerar la respectiva suma alzada, o la suma de todas las mensualidades, y dividirla por doce.
En este caso, la comparación deberá efectuarse en relación con la remuneración del funcionario del tercer nivel jerárquico que ocupe el grado o nivel remuneratorio más bajo.
En caso contrario (municipalidades que en su planta no contemplan expresamente el cargo de jefes de departamento), el tercer nivel jerárquico estáconformado por el resto de los servidores directivos que tienen asignados grados inferiores al último de los ‘directores’. En este caso, el empleo directivo de más bajo grado fija el piso del grado de las plazas de jefaturas, profesionales y técnicos de que deben efectuar una DIP en una municipalidad.
Sobre esta materia, se recomienda revisar el dictamen N°6.844/2017
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