Source: https://lpderecho.pe/tc-requisitos-formales-materiales-expedicion-decretos-urgencia-exp-0047-2004-pi/
Timestamp: 2020-07-03 23:13:47
Document Index: 124753304

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 191', 'artículo 26', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 75']

4.3.1. Requisitos de aplicación del criterio «ley posterior deroga ley anterior» para resolver una antinomia entre normas de similar jerarquía
«Artículo 1.- Objeto
Deróguense y/o déjense sin efecto las disposiciones legales o administrativas que se opongan a la presente Ley«.
1. La demanda tiene por objeto que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N.º 27971 (en adelante, «Ley impugnada», “ley cuestionada” o simplemente «la Ley»), expedida por el Congreso de la República. Las disposiciones de la Ley impugnada son:
b) En segundo lugar, porque lesiona la autonomía de los gobiernos regionales contemplada en el artículo 191° de la Constitución, misma que se habría vulnerado porque, a su vez, se transgredieron los artículos 46° y 47°, literal «a», de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales –en adelante LOGR–, así como el artículo 26° de la Ley de Bases de Descentralización –en adelante LBD-, Ley N.° 27783.
3. Aun cuando en la demanda o, a su turno, en la contestación de ésta, las partes no lo hayan expresado inequívocamente, se desprende que los motivos por los cuales se impugna «la Ley» se refieren a dos modalidades distintas de infracción de la Constitución. Así, cuando se cuestiona que ella habría violado el artículo 103° de la Constitución, atribuyéndosele efectos retroactivos, se plantea a este Tribunal que determine si existe un supuesto de infracción «directa» de la Constitución [1], esto es, si «la Ley» colisiona con el referido artículo 103° de la Norma Fundamental.
4. Es diferente el caso del segundo motivo impugnatorio, donde la inconstitucionalidad alegada no se derivaría de un juicio de compatibilidad entre «la Ley» y la Constitución únicamente, sino de la vulneración de diversas disposiciones de la LGR y la LBD, configurando, por tanto, un supuesto que el mismo artículo 75° del Código Procesal Constitucional denomina como infracción «indirecta» de la Constitución.
En términos generales, suele considerarse como Poder Constituyente a la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. Como expresa Ernst Bockenforde, el Poder Constituyente «es aquella fuerza y autoridad (política) capaz de crear, de sustentar y de cancelar la Constitución en su pretensión normativa de validez. No es idéntico al poder establecido del Estado, sino que lo precede» (E. Bockenforde, «Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale», en G. Zagrebelsky, P. Portinaro y J. Luther (a cura di), Il futuro della Costituzione, Einaudi, Torino 1996, Pág. 234-235). Esta última (la Constitución), por consiguiente, es su creación, a la par que la norma jurídica fundamental, por ser la depositaria objetiva de las intenciones del Poder Constituyente, sea para dotar de organización al Estado, sea para reconocer derechos de la persona.[19]