Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50051
Timestamp: 2018-02-18 18:11:20
Document Index: 140102779

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 75', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 2', 'artículo 61', 'Artículo 17339', 'artículo 2', 'artículo 61', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 210', 'artículo 365', 'artículo 210', 'artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 128', 'artículo 2', 'Artículo 13', 'Artículo 37', 'Artículo 3', 'artículo 30', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 168', 'artículo 166', 'artículo 167', 'Artículo 173', 'Artículo 13', 'Artículo 3', 'artículo 30', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 103', 'Artículo 37', 'Artículo 173', 'Artículo 168', 'artículo 166', 'artículo 167', 'artículo 61']

Sentencia C-784 de 2012 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 10/10/2012
SENTENCIA C-784 DE 2012
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil doce (2012).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad, presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
Por auto del 15 de marzo 2012, se inadmitió la demanda, y se le dio al demandante un plazo de tres días para corregirla. Mediante escrito del 22 de marzo de 2012, el accionante presentó corrección de la demanda. Por auto de 12 de abril de 2012 la demanda de la referencia fue admitida y se ordenó fijarla en lista. Así mismo, se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, a los Ministerios del Interior y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a la Asociación Nacional de Medios de Comunicación – ASOMEDIOS, a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos –ACINPRO, a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, a la Unión de Compositores Colombianos –UNICCO, a la Asociación Nacional de Autores e Intérpretes de la Canción Colombiana – ANAICOL, a la Asociación de Autores, Compositores e Intérpretes y Músicos Profesionales Colombianos -SACIC y las facultades de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, de los Andes y de Jurisprudencia de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario, con el objeto que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
En concepto del demandante, las citadas normas violan los artículos 38 y 150, numeral 10 de la Constitución Política. En su primer memorial, el ciudadano manifestó que las disposiciones acusadas violaban el derecho a la libertad de asociación "en la medida que el Estado no puede imponer a los particulares como son esas sociedades de gestión colectiva la obligación de asociarse para efecto de expedir un pago único de derechos de autor y derechos conexos, como que según el artículo 38 de la Carta, asociarse para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, es una acto [sic] que se libra a la voluntad de las mismas, resultando inconstitucional el constreñirlas para que así lo hagan".
Así mismo, el demandante expuso que el Presidente de la República se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas mediante el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", ya que la ley habilitante revistió al Presidente de precisas facultades para expedir normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, sin embargo, las normas acusadas reformaron un trámite que no estaba establecido en el literal c del artículo 2º de la Ley 232 de 1995 "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales", en la que sólo se exigían los comprobantes de pago de los derechos de autor.
Mediante auto del quince (15) de marzo de dos mil doce (2012), se inadmitió la demanda de la referencia, por encontrar que en ella no se satisfacían los requerimientos del artículo 2°, Decreto 2067 de 1991. Concretamente, le señaló al accionante que sus argumentos carecían de claridad, certeza y suficiencia. En tal virtud, en el mismo auto se le concedió al peticionario el plazo tres (3) días, contados a partir de la notificación, "para corregir la demanda en el sentido de presentar cargos de carácter constitucional, susceptibles de ser controvertidos en sede judicial, mediante la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 19 de 2012".
Dentro del término dispuesto, el demandante presentó memorial para corregir las deficiencias de su libelo inicial, en el sentido en que le fueron señaladas en el auto del quince (15) de marzo del año en curso. En esta oportunidad, el ciudadano manifiesta que la norma es equívoca y ambigua, pues no establece cómo debe constituirse la figura de la ventanilla única, y aunque en principio pareciera que no es obligatorio crear una sociedad para su manejo, esa figura "exige una serie de acuerdos entre personas jurídicas diferentes, en donde se unifiquen criterios de diversa índole a efecto de implementar con eficacia lo que pretende la norma; acuerdos que necesariamente implican la constitución de una asociación de segundo grado para el recaudo unificado que pretende la disposición acusada (…). En efecto, la constitución de un recaudo unificado de los citados derechos, a través de un solo pago y de una sola tarifa, como pretende la norma, exige que cuatro sociedades de distinta naturaleza y diferentes intereses, se pongan de acuerdo respecto de una sola tarifa de pago que cubra los derechos de todas ellas; que se pongan de acuerdo con un reglamento de funcionamiento de dicha ventanilla; que se pongan de acuerdo con unas reglas de juego claras sobre la categoría de los establecimientos objeto del cobro; etc., etc.; acuerdos que solo es posible plasmar en unos Estatutos, propios de una empresa asociativa. No podría constituirse entonces una ventanilla como ambigua y vagamente ordena la norma, si no es porque las diversas sociedades de gestión colectiva acuerdan la forma como se debe constituir la misma a través de formalidades que la misma ley les obliga, como que según la jurisprudencia de esa Corporación, esas sociedades de gestión colectiva necesitan de habilitación legal para poder gestionar los derechos que representan y para poder crear una entidad recaudadora conjunta de sus derechos (Sentencia C-833 de 2007)."
De otra parte, sobre el cargo relativo a la extralimitación del Presidente de la República en las facultades otorgadas por la ley habilitante para expedir el Decreto Ley 19 de 2012, el demandante precisó que la obligación contenida en el literal c del artículo 2º de la Ley 232 de 1995, según la cual, a los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, no fue suprimida por la creación de la ventanilla única, "sino que se le articuló esa figura de recaudo unificado del derecho de autor para facilitar el trámite de dicha obligación o requisito de funcionamiento". Agrega el actor, que la ley habilitante cumple con el requisito de precisión que debe contener, en criterio pacífico de la Corte, una ley de facultades extraordinarias, así: no solo la materia objeto de facultades, sino además la finalidad que persigue el legislador extraordinario.
Señala que al ser ejercidas tales facultades y demandadas las normas expedidas, por la Corte debe realizarse una interpretación restrictiva, sin que puedan establecerse lejanas relaciones de conexidad de la disposición (es) proferidas con la materia objeto de habilitación. En este caso, las facultades estaban supeditadas a la supresión o reforma de procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Concluye el demandante: "entendiendo que la norma acusada no suprimió la exigencia del requisito de pago del derecho de autor, ni la sustituyó por una ventanilla única de pago integrado, se aprecia fácilmente la inconstitucionalidad de la misma, toda vez que el Presidente, legisló sobre la forma en que debe expedirse un pago unificado de derechos de autor y derechos conexos, trámite que corresponde a unos particulares y que por tal razón, no existía en la administración pública".
En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de asociación, resalta que el texto de la norma expresamente señala que "se podrá constituir una sociedad", con lo cual se está ante una potestad y no ante una obligación, por lo que considera que no habría violación de la libertad de asociación.
En cuanto al supuesto desconocimiento de las facultades extraordinarias, el interviniente analiza las expresiones empleadas por el legislador para determinar su alcance. Señala que en la ley 1474 de 2011, estas fueron expresamente conferidas para "suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública," por lo cual considera que el gobierno estaba plenamente facultado para racionalizar y reformar el trámite de ventanilla única para la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos, que es una actividad legalmente regulada de estirpe administrativa que puede cumplirse a través de instituciones de carácter privado, como desarrollo del principio de descentralización por colaboración.
En cuanto a la supuesta obligatoriedad de constituir una forma asociativa particular, destaca que el artículo 47 utiliza la expresión "podrán", que indica que no se está imponiendo el deber de asociarse a los titulares de los derechos de autor o a sus representantes, para el recaudo de los derechos de autor, sino que es una de las alternativas válidas para que se pueda cumplir con esta formalidad, por lo que los cuestionamientos del demandante serían infundados.
La Dirección Nacional de Derechos de Autor intervino para solicitar que las normas demandadas sean declaradas exequibles.1
1. Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO
2. Intervenciones de comerciantes
Varios ciudadanos,2 dueños de establecimientos abiertos al público intervinieron para solicitar que las normas demandadas fueran declaradas inexequibles por considerar que no corresponde al Presidente reformar el trámite de recaudo de los derechos de autor, debido a que ese trámite está en manos de particulares.
En cuanto a las facultades conferidas por el Congreso de la República al Presidente de la República, "para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública," sostiene la Procuradora encargada que las normas demandadas en nada desconocen tal facultad, como quiera que "la existencia de una ventanilla única para el recaudo de unos derechos, elimina una serie de trámites innecesarios que hacen más gravosa la situación de los obligados a realizar el pago correspondiente, e incluso de los propios encargados del recaudo y de sus beneficiarios. Además, brinda condiciones para reducir la evasión y la elusión del pago, y la existencia de posibles conflictos en torno a éste, al brindar condiciones seguras y adecuadas para realizarlo."
De conformidad con reiterada jurisprudencia, quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada, debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991.3 En cuanto a las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución la jurisprudencia ha señalado que las mismas han de ser (i) claras, (ii) ciertas, (iii) específicas, (iv) pertinentes y (v) suficientes. Esto es así, pues de lo contrario, como lo ha sostenido esta Corte previamente, se terminaría en un fallo inhibitorio, circunstancia que frustra la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional.
3. Planteamiento de los problemas jurídicos.
4.1. En reiterada jurisprudencia esta Corte4 ha establecido que la función legislativa que corresponde en principio y en virtud de la cláusula general de competencia ejercer al Legislador, puede ser trasladada excepcional y temporalmente al Presidente de la República, de conformidad con el artículo 150 numeral 10, en virtud de la concesión de facultades extraordinarias. A este respecto ha dicho la Corte:
"De conformidad con el artículo 150, numeral 10 de la Carta Política, la función legislativa que corresponde ejercer al Congreso de la República, en forma permanente, puede ser objeto de traslado temporal al Presidente de la República en virtud de la concesión de facultades extraordinarias, lo cual guarda estrecha relación con la efectividad de los fines y cometidos del Estado y con el principio de colaboración armónica entre las diversas ramas del poder público que propugna la Constitución."5
Este tipo de autorizaciones debe cumplir tanto requisitos formales como materiales. En cuanto a los requisitos formales se encuentra la necesidad de la solicitud expresa del Gobierno para su otorgamiento, la aprobación por mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, la habilitación legislativa solamente en aquellos casos de necesidad o conveniencia pública, el reconocimiento de la conservación de la competencia del legislador para regular o modificar aquellas materias que fueron delegadas, y la concesión temporal o "pro témpore" –máximo por seis (6) meses.
Como límites materiales para su otorgamiento, está la prohibición de otorgar facultades para regular materias que por su naturaleza e importancia sólo pueden ser reguladas por el Legislador: expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y leyes marco, así como decretar impuestos.6
(i) Deben ser conferidas de manera expresa, para expedir normas sobre determinadas materias, delimitadas con claridad en la ley habilitante, sin que puedan otorgarse facultades implícitas o presuntas. "Conforme a clásicos principios hermenéuticos, la interpretación del alcance concreto de la extensión de esas facultades debe ser estricta y restrictiva, por lo cual ellas sólo comprenden los asuntos expresamente indicados por la ley habilitante, sin que haya lugar a extensiones ni analogías, puesto que debe entenderse que es una habilitación excepcional y necesaria para el logro de un fin concreto, preciso y taxativo".7
(ii) Dado el mandato constitucional de precisión en el otorgamiento de facultades extraordinarias, es necesario que la habilitación legislativa correspondiente cumpla con tres requisitos fundamentales: "1) indicar la materia que delimita el ámbito sustantivo de acción del Ejecutivo; 2) señalar la finalidad a la cual debe apuntar el Presidente de la República al ejercer las facultades; y 3) enunciar los criterios que han de orientar las decisiones del Ejecutivo respecto de las opciones de diseño de política pública dentro del ámbito material general de la habilitación".8
Ha explicado esta Corporación que por medio de la exigencia de precisión, "se le impone al Congreso la obligación de definir en forma específica, clara, cierta y delimitable, el campo normativo dentro del cual le corresponde actuar al Gobierno, sin que le sea posible hacerlo en forma vaga, ambigua e indeterminada, ‘puesto que ello representaría una habilitación en blanco al Ejecutivo equivalente a una renuncia inaceptable del Congreso a ejercer la función legislativa que el Constituyente le ha confiado’;9 circunstancia que, por supuesto, conduce indefectiblemente a la declaratoria de inconstitucionalidad de las facultades otorgadas o de las medidas que por su intermedio fueron expedidas".10
La precisión se refiere, entonces, a las materias respecto de las cuales se imparte la habilitación legislativa, y es en relación con dichas materias que debe verificarse si el Ejecutivo ha respetado los límites competenciales que pesan sobre sus facultades extraordinarias. Lo vago, ambiguo, confuso o ilimitado no ofrece un parámetro cierto para que el juez constitucional controle el respeto del marco de la habilitación".11 Sobre este punto la Corte Constitucional expresó que para que "pueda el Gobierno legislar amparado en una ley de la naturaleza mencionada, (…) ha de obrar dentro del limitado y específico ámbito que tengan las autorizaciones de las que es investido, las cuales deben ser expresas, de tal forma que, para reclamar su constitucionalidad, las materias tratadas en los decretos que se expidan encajen de modo exacto en el objeto señalado por el Congreso. Esto excluye las facultades implícitas".12
(iii) De dicho requisito de precisión surge que el Presidente de la República debe respetar los límites materiales establecidos en la ley habilitante, en la medida en que las normas que expida en ejercicio de las facultades extraordinarias deben referirse directa y únicamente a las materias señaladas expresamente en dicha ley.13
En el mismo sentido, señaló la Corte que "aun cuando la validez del requisito de precisión depende básicamente de que el Congreso fije a las facultades un objetivo claro y específico en torno a la materia, a los propósitos y a los criterios orientadores de la habilitación, la jurisprudencia constitucional, en pro de no hacer inoperante el ejercicio de esa función constitucional extraordinaria,14 también ha venido sosteniendo, incluso desde la época en que la H. Corte Suprema ejercía el control de constitucionalidad de las leyes, que la concesión de facultades amplias y generales por parte del Parlamento, no afecta ni se contrapone a la exigencia de precisión, y en consecuencia, tampoco conlleva una violación de la Constitución Política".15
(iv) El requisito de precisión en el otorgamiento de facultades extraordinarias no se opone a que tales facultades sean más o menos amplias, según lo estime conveniente el Congreso, siempre y cuando no se confieran en términos vagos, indeterminados o imprecisos. Sobre este punto, dijo expresamente la Corte que "el concepto ‘precisión’ se refiere no al grado de amplitud de la ley de facultades, sino a su nivel de claridad en cuanto a la delimitación de la materia a la que se refiere".16 En este mismo sentido la Corte ha afirmado que "la precisión exigida por el numeral 10 del artículo 150 Superior ha de ser la indispensable para determinar, de un modo claro, la materia que es objeto de autorización extraordinaria, pero sin que ello signifique que en la misma ley de delegación legislativa se predeterminen los aspectos o preceptos que constituyen el encargo otorgado al Presidente de la República. Una interpretación diferente del aludido mandato superior haría en verdad inútil el otorgamiento de las facultades extraordinarias para legislar sobre determinados asuntos".17
(v) No está incluido dentro del requisito de precisión, que sea el mismo Congreso el que establezca hasta el mínimo detalle de los asuntos específicos y puntuales que deberán ser regulados, puesto que ello desnaturalizaría la figura de la concesión de facultades extraordinarias.18
(vi) Es necesario que el Congreso haga claridad sobre los propósitos o finalidades que animan la concesión de las facultades al Presidente, con el fin de que lo orienten para que pueda respetar el mandato otorgado.19
(vii) En virtud del mandato constitucional de precisión que rige el otorgamiento y se proyecta al ejercicio de las facultades extraordinarias, el alcance de las mismas ha de ser interpretado en forma restrictiva.20
(vi) Las facultades extraordinarias deber ser además necesarias e indispensables para el logro de determinado.21
"Para determinar los límites materiales de dichas facultades se debe comenzar por precisar el alcance de las expresiones "regulaciones, procedimientos, y trámites innecesarios existentes en la administración pública," que justamente la ley habilitante faculta a "suprimir o reformar."
La expresión "suprimir", en cuanto hacer cesar o desaparecer algo, se entiende jurídicamente como sinónimo de abrogar normas o abolir un aspecto sustancial o procedimental regulado en ellas. Y la voz "reformar", entendida como volver a formar, rehacer, por lo general con la intención de mejorarlo, hace referencia a modificaciones introducidas en los supuestos fácticos o jurídicos contenidas en las reglas de derecho.
En relación con el objeto u objetos sobre los cuales deben recaer las acciones precitadas del ejecutivo, la norma de facultades señaló que debían dirigirse hacia tópicos existentes en la administración pública, como "regulaciones", esto es, reglamentos de ajuste u ordenación de aspectos de un sistema; "procedimientos" o modo secuencial de ejecutar algunas cosas; y "trámites" como diligencias que hay que recorrer en determinado asunto o negocio hasta su conclusión.
De las anteriores consideraciones podemos concluir que el legislador extraordinario estaba facultado para dictar las normas con fuerza de ley tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública".22
5.2. Si bien los derechos que se negocian en el recaudo de derechos de autor son por lo general de contenido patrimonial privado, se trata de una actividad intensamente regulada por la ley en virtud del interés público que protegen y de la potestad de intervención del Estado en la economía. Así lo previó la Ley 232 de 1995 "Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales", que se ocupa de garantizar el cumplimiento de las normas sobre derechos de autor y conexos en establecimientos abiertos al público. En el literal c) de su artículo 2 establece las siguientes obligaciones que deben cumplir dichos establecimientos en materia de derechos de autor:
Con base en esta disposición todo establecimiento abierto al público que ejecute públicamente obras musicales, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas esta obligado a pagar los derechos de autor. Los artículos 3 y 4 de la Ley 232 de 1995 establecen las sanciones y el procedimiento policivo para garantizar el cumplimiento de este requisito.23
Es cierto que la expedición de este comprobante la hacen tanto las asociaciones de gestión colectiva, como los titulares de los derechos de autor. No obstante, el hecho de que este trámite sea realizado por particulares no desdibuja el hecho de que se trata de un procedimiento de índole administrativa, adelantado por particulares,24 en desarrollo del principio de descentralización por colaboración.
El carácter administrativo de esta función se deriva de la naturaleza de los derechos de autor, de su protección constitucional en el artículo 61 de la Carta y del procedimiento policivo previsto en la Ley 232 de 1995 para asegurar que los establecimientos de comercio den pleno cumplimiento al deber de protección de la propiedad intelectual.25 Si bien es cierto que el recaudo de los derechos de autor por la ejecución de obras musicales, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas en establecimientos abiertos al público recae sobre recursos de carácter privado, la función administrativa que realizan los particulares en virtud de la figura de la descentralización por colaboración, se refiere a una función de carácter público: la expedición de los certificados mediante la cual los establecimientos comerciales acreditan el cumplimiento de dos requisitos para su funcionamiento: (i) que están autorizados para ejecutar públicamente tales obras y (ii) que han pagado los derechos de autor respectivos. El ejercicio de esta función fue autorizada por las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y 232 de 1995.
Esta figura ha sido utilizada tradicionalmente para aprovechar la capacidad organizativa instalada de los particulares y con ello garantizar la eficiencia de la función administrativa, tal como ocurre con las Cámaras de Comercio al administrar el Registro Único de Proponentes, con la Federación de Cafeteros al recaudar la contribución parafiscal de los cafeteros, con las Cajas de Compensación al cobrar la contribución parafiscal de los empleadores para la recreación de sus empleados, o, como ocurre en el asunto bajo revisión, con las sociedades de gestión colectiva al expedir a los establecimientos comerciales las certificaciones de autorización de reproducción de obras musicales, fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas y de pago de los respectivos derechos de autor.26
De conformidad con esas disposiciones, los establecimientos comerciales están obligados a obtener autorización previa y expresa del titular de las obras musicales o audiovisuales que se pretendan reproducir públicamente, a pagar la remuneración que se acuerde con el titular, a remunerar a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyos fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas sean comunicadas públicamente, de conformidad con lo que establecen los artículos 1327 y 37, literal d)28 de la Decisión Andina 351 de 1993, así como los artículos 3,29 12,30 16831 y 17332 de la Ley 23 de 1982), y a presentar a las autoridades administrativas las certificaciones que acreditan el cumplimiento de tales requisitos (art. 2, Ley 232 de 1995).
Aunque el legislador goza de competencia para establecer las modalidades del amparo de los indicados derechos, lo que no puede esquivar es la responsabilidad que la Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos.33
1) Obtener autorización previa y expresa del titular de las obras musicales que se pretendan reproducir públicamente, y si es del caso pagar la remuneración que se acuerde con el titular (Art. 1334 de la Decisión Andina 351 de 1993 y Artículos 335 y 1236 de la Ley 23 de 1982).
2) Obtener autorización previa y expresa del titular de las obras audiovisuales que se pretendan reproducir públicamente, y si es del caso pagar la remuneración que se acuerde con el titular (Art. 13 de la Decisión Andina 351 de 1993 y Artículos 3, 12 y 10337 de la Ley 23 de 1982).
3) Remunerar a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyos fonogramas, interpretaciones o ejecuciones artísticas sean comunicadas públicamente (Art. 37, literal d)38 de la Decisión Andina 351 de 1993 y Artículo 17339 de la Ley 23 de 1982).
4) Remunerar a los artistas intérpretes o ejecutantes, cuyas interpretaciones o ejecuciones sean comunicadas públicamente (Art. 16840 de la Ley 23 de 1982).
Los trámites que actualmente realizan los establecimientos de comercio para cumplir con las exigencias establecidas en la Ley 232 de 1995, "por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales", en la práctica pueden implicar para un comerciante la obtención de cerca de 12 licencias distintas por la comunicación pública de obras y composiciones musicales. Con la ventanilla única, el trámite se concentra y unifica, facilitando no sólo la expedición de las certificaciones respectivas, sino el recaudo de los derechos de autor.
Este procedimiento de ventanilla única, tiene como finalidad expresa "reducir los trámites que los propietarios o responsables de establecimientos abiertos al público deben realizar para acreditar los requisitos de funcionamiento, cuando almacenan digitalmente obras musicales, fonogramas y videos musicales, y ejecutan o comunican al público obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o interpretaciones artísticas, para los efectos del literal c) del artículo 2 de la Ley 232 de 1995." Mediante este procedimiento se lograrán dos cosas "la obtención unificada de las licencias" y "el pago integrado de los derechos de autor y conexos."
6.3. De conformidad con el artículo 61 de la Constitución, "el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley." Tal como lo ha señalado esta Corporación, la disposición indica que es el legislador quien debe reglamentar estos temas, siempre y cuando no deje desprotegidos a los autores y establezca procedimientos razonables para el reconocimiento de los derechos de autor y sus derechos conexos. Así lo señaló en la sentencia C-509 de 2004,41 en donde dijo lo siguiente:
"Esta exigencia de razonabilidad no es un capricho, pues aunque el legislador goza de una amplia competencia para establecer las modalidades del amparo de este tipo de derechos, no puede esquivar la responsabilidad que la Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos. Admitir trabas excesivas sería hacer nugatoria la protección, eliminar cualquier garantía e ir en contravía de la Carta y la especial protección que ésta otorga a la propiedad intelectual".
A pesar del amplio margen de configuración del legislador en esta materia, no puede regularlos de tal manera que desnaturalice los derechos de autor y conexos a través de procedimientos que impidan su goce efectivo. Por tanto, "este es un asunto en el cual se involucra necesariamente la actividad estatal e implica la consagración de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o anuladas mediante pactos bilaterales".42
En relación con la gestión colectiva de los derechos de autor, la Corte se ha referido al derecho de asociación y reconocido, de manera general, que este derecho de asociación tiene una dimensión negativa que le permite a su titular abstenerse de vincularse a una asociación determinada o bien retirarse de cualquiera a la que pertenezca, cuando libremente lo decida (arts. 16 y 38 C.P.). Así, la Corte ha dicho que "constituye una violación del derecho de asociación y en consecuencia una afrenta al derecho constitucional, forzar a las personas a vincularse a una determinada organización, o hacer de tal vinculación un elemento necesario para tener acceso a un derecho fundamental, - como el trabajo por ejemplo-, o condicionar los beneficios que normalmente podrían lograrse sin tener necesariamente que asociarse43, a la existencia de un vínculo obligatorio en este sentido"44.
En este sentido, la Corte ha considerado ajustadas a la Constitución disposiciones que han limitado el ejercicio del derecho de asociación en su aspecto negativo. En tales oportunidades, la Corte ha sostenido que "el interés público involucrado en el fenómeno asociativo amerita la imposición de medidas interventoras en el derecho de asociación, de manera que los particulares queden conminados a agruparse para desplegar actividades específicas de la vida social." Siempre y cuando el recorte de las garantías sea razonable y proporcional al fin perseguido.
En cuanto a la gestión colectiva de estos derechos, en la Sentencia C-509 de 2004, la Corte puntualizó que el legislador no puede imponer gravámenes desproporcionados a quienes opten por la gestión individual o a través de formas asociativas distintas a las sociedades de gestión colectiva y que, por consiguiente, la previsión del literal c) del artículo 2º de la Ley 232 de 1995, conforme al cual a los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias, es constitucional en el sentido que también deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos casos en que los autores acojan formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o realicen sus reclamaciones en forma individual.45
"Las modalidades colectivas de gestión responden no sólo a la consideración sobre la extrema dificultad que pueden enfrentar los titulares para hacer efectivos individualmente sus derechos, sino también a la complejidad que implicaría para los usuarios tramitar las autorizaciones y los pagos directa y separadamente con los titulares de los derechos respectivos, al punto de que podrían verse, incluso, en la imposibilidad de cumplir con la obligación de pagar la remuneración debida a los titulares de los derechos. De este modo, los sistemas diseñados por la ley para una efectiva gestión de los derechos de autor responden no solo a la necesidad de dar respuesta al imperativo constitucional de proteger tales derechos, sino también al propósito de permitir una más amplia difusión de las creaciones del talento humano, con el reconocimiento de una remuneración equitativa a los derecho-habientes y sin perjuicio de su derechos exclusivos".46
1 Adicionalmente, la Dirección Nacional de Derechos de Autor en escrito del 16 de mayo de 2012, intervino para precisar que la afirmación según la cual "casi la totalidad de las quejas" tramitadas ante esa Dirección lo han sido por intervención del demandante no es cierta, pues en realidad solo 15 de las 45 quejas en trámite han sido promovidas por el señor Jorge Garrido Abad o de la Organización Garrido Abad. La Dirección anexó las 45 respuestas dadas a cada uno de los quejosos. Folios 44 a 404 del Cuaderno 2 de pruebas.
2 César Barrios Briñez, Blanca Emilia Cardoso, Manuel A. Cardoso, Henry Gutiérrez, Álvaro Janit Ariza, Ruan Liufen, Israel Moreno Cardoso, José Ángel Ortíz, Carlos Enrique Paramo, Jesús Antonio Pérez, Blanca Aurora Robledo, Blanca A. Vaquiro (Folio 153). Francy S. Solorzano Neuta (Folio 154) Doris Castro, Luz Elena López, Ricardo Martínez, Adriana Isabel Moreno, Carlos Ospina, Martha Ospina, Jorge Ospina, Gloria Ospina, Margarita Rincón, José Heriberto Restrepo, Carlos M. Sánchez, Víctor H. Sánchez, Libardo Sepúlveda, Gloria Tobón, Darío Valencia, entre otros (Folio 157).
3 Al respecto ver sentencias C-447 de 1997 (MP. Alejandro Martínez Caballero), C-1544 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), C-803 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y C-428 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
4 Ver sentencias C-562 de 1996 (MP: Alejandro Martínez Caballero, SV. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-979 del 2002 (MP. Jaime Araújo Rentería, unánime); C- 691 de 2003 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, AV. Jaime Araújo Rentería); C-734 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis, SV. Jaime Araújo Rentería); C-892 de 2003(MP. Álvaro Tafur Galvis, AV. Jaime Araújo Rentería); C- 228 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett SV. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández); C-061 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-1152 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-244 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-577 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-858 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SPV. Jaime Araujo Rentería, SV. Humberto Antonio Sierra Porto, AV. Álvaro Tafur Galvis); C-211 del 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis, SPV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-313 de 2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-396 de 2012 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio); C-240 de 2012 (MP: Nilson Pinilla Pinilla); C-421 de 2012 (MP. Mauricio González Cuervo).
5 Sentencia C-979 de 2002 (MP. Jaime Araújo Rentería).
6 Sentencia C-211 del 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis)
7 Sentencia C-1252 de 2001(MP. Clara Inés Vargas Hernández).
8 Sentencia C-097 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
9 Sentencia C-097 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
10 Sentencia C-306 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
11 Sentencia C-097 de 2003(MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
12 Sentencia C-039 de 1995 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
13 En la sentencia C-228 de 2004 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) se sostuvo: "el Presidente de la República, al ejercer las facultades extraordinarias que le han sido debidamente otorgadas mediante una ley de la República, se encuentra limitado temporal y materialmente, esto es que las normas que profiera en dicho ejercicio deben serlo dentro del término que el Congreso ha fijado para el efecto y referidas únicamente a las materias para las cuales ha sido habilitado (…) Así, este Tribunal ha enfatizado en el carácter expreso y preciso de las facultades, lo que implica la imposibilidad de que existan facultades extraordinarias implícitas". En términos similares ver la sentencia C-1157 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
14 Ver entre otras, las sentencias C-032 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-097 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa AV. Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra)
15 Sentencia C-306 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil)
16 Sentencia C-074 de 1993 (MP. Ciro Angarita Barón).
17 Sentencia C-1028 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández)
18 Sentencia C-074 de 1993 (MP. Ciro Angarita Barón). Ha dicho la Corte, en este sentido, que "cuando el Congreso predetermina completamente el contenido de los futuros decretos con fuerza de ley, no está en realidad habilitando transitoriamente al Ejecutivo para legislar sino ejerciendo directamente sus competencias como titular del poder legislativo.
19 Sentencia C- de 2012 (MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) [está en el orden del día. Fue entreagdo el 20 de septiembre).
20 Sentencia C-050 de 1997 (MP. Jorge Arango Mejía).
21 Sentencia C-895 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
22 Sentencia C-711 de 2012 (MP. Mauricio González Cuervo).
23 El artículo 3° de la Ley 232 de 1995 establece: "En cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. El artículo 4° de la misma ley, dispone: "El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2° de esta Ley, de la siguiente manera; ǁ 1. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos que hagan falta. ǁ 2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios. ǁ 3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley. ǁ 4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea posible".
24 Sobre la posibilidad del cumplimiento de funciones administrativas por parte de particulares, esta Corte señaló lo siguiente en la sentencia C-166 de 1995 (MP. Hernando Herrera Vergara): La presencia de organizaciones de naturaleza privada en la realización de actividades administrativas, de las cuales el Estado es titular originario, doctrinariamente es concebida como una especie de la denominada descentralización por colaboración, lo que permite afirmar sin lugar a dudas, que la función administrativa no atañe de manera exclusiva al poder público sino que también incumbe a personas privadas, aspecto este último que se inscribe dentro de la perspectiva, más amplia, de la participación de los administrados "en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación", que el artículo 2o. de la Constitución colombiana consagra como uno de los fines prevalentes del Estado. (…) Esta directriz, que nuestro Estatuto Superior contempla, encuentra desarrollos concretos en algunas normas constitucionales. Para los efectos que en esta oportunidad interesa precisar basta citar los artículos 123, 365 y principalmente el artículo 210 de la Carta Política. De acuerdo con las voces del primero, la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio; conforme al artículo 365 los particulares prestan servicios públicos, y según el artículo 210 "Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley". (…) En la legislación anterior a la vigencia de la Carta de 1991, el ejercicio de funciones administrativas por particulares había encontrado específicos desarrollos en la preceptiva del Código Contencioso Administrativo que, al definir el campo de su aplicación, en el artículo 1o., señaló que las normas de la parte primera se aplicarían a "las entidades privadas" cuando "cumplan funciones administrativas". Así mismo en su artículo 82 sometió al control jurisdiccional pertinente "las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de personas privadas que desempeñen funciones administrativas", criterio que volvió a incluir en el artículo 128 (numeral 1o.) al definir la competencia del Consejo de Estado; por lo demás, la jurisprudencia nacional hizo eco de la tendencia examinada, reconociendo la existencia de actos administrativos originados en entidades privadas, en reiterados pronunciamientos entre los cuales se destacan, como antecedentes, la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 14 de octubre de 1970 y la posterior de 10 de febrero de 1978 emanada del Consejo de Estado."
25 Mediante el Decreto N° 3942 de octubre 25 de 2010, "(…) se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el artículo 2 literal c) de la Ley 239 de 1995, en relación con las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones".
26 Ver entre otras, las sentencias C-414 de 2012 (MP: Mauricio González Cuervo), C-984 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y los autos A-194 de 2008 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, AV. Jaime Araújo Rentería) y A-342 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
27 Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 13.- "El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: ║ a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; ║ b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; ║ c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; ║ d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; ║ e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."
28 Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 37.- "Los productores de fonogramas tienen el derecho de: (…) d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros."
29 Ley 23 de 1982, Artículo 3º.- "Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: ǁ a. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte. ǁ b. De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematografía, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por conocer. ǁ c. De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta Ley en defensa de su "derecho moral", como se estipula en el Capítulo II, Sección Segunda, artículo 30 de esta Ley. ǁ d. De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el derecho de autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total recaudado." (literal adicionado por la Ley 44 de 1993).
30 Ley 23 de 1982, Artículo 12.- "El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: ǁ a) Reproducir la obra; ǁ b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y ǁ c) Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio." (La ejecución de este artículo fue suspendida por el Artículo 13 de la Decisión 351 del tribunal Andino de la Comunidad Andina de Naciones).
31 Ley 23 de 1982, Artículo 168.- (Modificado por la Ley 1403 de 2010) "Desde el momento en que los artistas, intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167 anteriores. ǁ Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo anterior, los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán, en todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o causahabiente. ǁ Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos. ǁ Parágrafo 2°. No se considerará comunicación pública, para los efectos de esta ley, la que se realice con fines estrictamente educativos, dentro del recinto o instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. Así mismo, el pago o reconocimiento de este derecho de remuneración no le es aplicable a aquellos establecimientos abiertos al público que utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de sus trabajadores, o cuya finalidad de comunicación de la obra audiovisual no sea la de entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de ventas, sean ellos tiendas, bares, cantinas, supermercados, droguerías, salas de belleza, gimnasios y otros de distribución de productos y servicios. ǁ Parágrafo 3°. Para los fines de esta ley ha de entenderse por artista intérprete a quien interprete un papel principal, secundario o de reparto, previsto en el correspondiente libreto de la obra audiovisual."
32 Ley 23 de 1982, Artículo 173.— (Modificado por la Ley 44 de 1993) "Cuando un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de este fonograma se utilicen directamente para radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley, y distribuida por partes iguales." [Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por los cargos analizados, mediante Sentencia C-424-05, de 26 de abril de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, '...condicionada a que se entienda que si los titulares de los derechos derivados de la interpretación, ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el pago se hará mediante el mecanismo se acuerde libremente, pero dentro del marco de las normas legales vigentes]
33 Sentencia C-519 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández Galindo).
34 Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 13.- "El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: ║ a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; ║ b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; ║ c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; ║ d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; ║ e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."
35 Ley 23 de 1982, Artículo 3º.- "Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas: ǁ a. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte. ǁ b. De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematografía, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por conocer. ǁ c. De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta Ley en defensa de su "derecho moral", como se estipula en el Capítulo II, Sección Segunda, artículo 30 de esta Ley. ǁ d. De obtener una remuneración a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el derecho de autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por ciento (60%) del total recaudado." (literal adicionado por la Ley 44 de 1993).
36 Ley 23 de 1982, Artículo 12.- "El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: ǁ a) Reproducir la obra; ǁ b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y ǁ c) Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio." (La ejecución de este artículo fue suspendida por el Artículo 13 de la Decisión 351 del tribunal Andino de la Comunidad Andina de Naciones).
37 Ley 23 de 1982, Artículo 103.— "El productor de la obra cinematográfica tendrá los siguientes derechos exclusivos: ǁ a) Fijar y reproducir la obra cinematográfica para distribuirla y exhibirla por cualquier medio a su alcance en salas cinematográficas o en lugares que hagan sus veces o cualquier medio de proyección o difusión que pueda surgir, obteniendo un beneficio económico por ello; ǁ b) Vender o alquilar los ejemplares de la obra cinematográfica o hacer aumentos o reducciones en su formato para su exhibición, y ǁ c) Autorizar las traducciones y otras adaptaciones o transformaciones cinematográficas de la obra, y explotarlas en la medida en que se requiere para el mejor aprovechamiento económico de ella, y perseguir ante los tribunales y jueces competentes, cualquier reproducción o exhibición no autorizada de la obra cinematográfica, derecho que también corresponde a los autores quienes podrán actuar aislada o conjuntamente."
38 Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 37.- "Los productores de fonogramas tienen el derecho de: (…) d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros."
39 Ley 23 de 1982, Artículo 173.— (Modificado por la Ley 44 de 1993) "Cuando un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de este fonograma se utilicen directamente para radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas, intérpretes o ejecutantes y al productor del fonograma, suma que será pagada por el utilizador a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, a través de las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley, y distribuida por partes iguales." [Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por los cargos analizados, mediante Sentencia C-424-05, de 26 de abril de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, '...condicionada a que se entienda que si los titulares de los derechos derivados de la interpretación, ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el pago se hará mediante el mecanismo se acuerde libremente, pero dentro del marco de las normas legales vigentes]
40 Ley 23 de 1982, Artículo 168.- (Modificado por la Ley 1403 de 2010) "Desde el momento en que los artistas, intérpretes o ejecutantes autoricen la incorporación de su interpretación o ejecución en una fijación de imagen o de imágenes y sonidos, no tendrán aplicación las disposiciones contenidas en los apartes b) y c) del artículo 166 y c) del artículo 167 anteriores. ǁ Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo contemplado en el párrafo anterior, los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán, en todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones. En ejercicio de este derecho no podrán prohibir, alterar o suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra audiovisual por parte de su productor, utilizador o causahabiente. ǁ Este derecho de remuneración se hará efectivo a través de las sociedades de gestión colectiva, constituidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales, conforme a las normas vigentes sobre derechos de autor y derechos conexos. ǁ Parágrafo 2°. No se considerará comunicación pública, para los efectos de esta ley, la que se realice con fines estrictamente educativos, dentro del recinto o instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. Así mismo, el pago o reconocimiento de este derecho de remuneración no le es aplicable a aquellos establecimientos abiertos al público que utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de sus trabajadores, o cuya finalidad de comunicación de la obra audiovisual no sea la de entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de ventas, sean ellos tiendas, bares, cantinas, supermercados, droguerías, salas de belleza, gimnasios y otros de distribución de productos y servicios. ǁ Parágrafo 3°. Para los fines de esta ley ha de entenderse por artista intérprete a quien interprete un papel principal, secundario o de reparto, previsto en el correspondiente libreto de la obra audiovisual."
41 MP. Eduardo Montealegre Lynett.
42 Ver sentencia C-519 de 1999.
43 Sentencia C-492 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
44 Sentencia C-399 de 1999 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
45 Dijo la Corte entonces: "Teniendo en cuenta que la Constitución establece una protección especial para este tipo de derechos y que la ley no limita la gestión a la colectiva o la individual, sino que permite cualquiera de las dos opciones, es claro que esta expresión hace una distinción inadecuada sobre la aplicación de este procedimiento. Y es que ni siquiera si se entendiera que tal autoridad son las sociedades de gestión colectiva se estaría siguiendo lo prescrito por el artículo 61 de la Constitución, pues habría una restricción desproporcionada a los titulares de derechos de autor y derechos conexos que gestionan sus derechos de manera individual, pues ellos no podrían expedir comprobantes de pago que tuvieran valor para que las autoridades del Estado verificaran el pago. Es decir, las entidades del Estado encargadas de verificar la protección de los derechos de autor nunca exigirían los comprobantes expedidos por quienes gestionen individualmente sus derechos y la finalidad de la norma - la protección de los derechos de autor- se vería disminuida de manera significativa. Todo ello es consecuencia de la legislación actual en la materia. Así, las normas referidas a las sociedades de gestión colectiva que las ubican como entidades totalmente privadas, no ofrecen garantías suficientes para agremiar a todos los titulares de derechos de autor y conexos, pues como entidades surgidas de la libre iniciativa particular, se mueven en el marco de la autonomía privada de la voluntad y sólo deben cumplir algunas estipulaciones reguladas por la ley".
46 C-833 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil)