Source: http://www.sanewspaper.com/mexico/condenada-senorina-diaz-marreros-a-pagar-gastos-de-juicio-en-tetela/
Timestamp: 2019-05-23 17:19:06
Document Index: 268211622

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 353', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 347', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 339', 'artículo 615', 'artículo 230', 'artículo 336', 'artículo 230', 'artículo 364']

Condenada Senorina Díaz Marreros a pagar gastos de juicio en Tetela – San Antonio Newspaper
Luego de una lucha desde el año 2013 al 2018, de forma inicial se le concede Justicia a la Viuda Graciela Cruz Posadas, de su predio “El Palomar” en Capuluaque, en Tetela de Ocampo, en el Estado de Puebla, por el Ciudadano Abogado FELIPE DE JESUS VENTURA HERNANDEZ, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tetela, quien juzgó junto con el Ciudadano Abogado ARMANDO F. BAUTISTA Y BLANHIR, quien autorizó como secretario¿Ni perdón ni olvido en Tetela, Peña Nieto y Gali Fayad?“Para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón, ni olvido, para los delincuentes. No puede haber borrón y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México”. Luego entonces ¿Por qué el gobernador poblano y el presidente de la república encubren el presunto asesinato de Evelia Aguilar Valera y el despojo del Palomar a la viuda Cruz Posadas? ¿Cuando se llevara a juicio por parte del gobernador Gali Fayad a Senorina Diaz Marreros por el presunto asesinato de Evelia Aguilar Valera y la complicidad y encubrimiento de la Secretaria de Salud de Puebla y la PGR, ante el silencio de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
SENTENCIA-2016-25012018-FINAL
(Vea Usted la sentencia ya corregida por el juzgador de Tetela para que se le pguen los gastos y costas a Graciela Cruz Posadas por la demandante y presunta asesina de EVELIA AGUILAR VALERA, Senorina Diaz Marreros, quien esta siendo encubierta de este asesinato por la Fiscalía y Gobernador de Puebla; la PGR y el Presidente Peña Nieto).
Expuesto lo anterior, nos preguntamos cuales son las razones que tienen el actual gobernador de Puebla José Antonio Gali Fayad, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto para encubrir tanto el presunto asesinato de EVELIA AGUILAR VALERA, así como al corrupto DEFENSOR PUBLICO adscrito en Tetela, Vicente Pedro Gallardo Estévez; al Presidente Municipal de Tetela Ricardo Gualterio Aco Farfan quien ha estado usurpando la profesión de Profesor desde antes de llegar a la presidencia al igual que su esposa (Cobrando salarios al mismo tiempo tanto en la SEP como en el DIF Municipal de Tetela); el titular de Obras Publicas de Tetela Juan Lopez Salazar por usurpar la profesion de abogado, desde el inicio de su nombramiento como Director en Tetela, y haber expedido las tres constancias fraudulentamente a la fallecida Evelia Aguilar Valera cuando ya tenia varios meses de muerta y en lugar de haberle llevado las constancias a su tumba se las entrega al notario quien fraudulentamente otorgo la escritura a Senorina Diaz Marreros; al Medico Victor Moreno Moreno quien firmo el acta de defunción en forma fraudulenta de Evelia Aguilar Valera en complicidad del Registro Civil, la contraloría municipal de Tetela y el encubrimiento de la Secretaria de Salud de Puebla.
En Enero 15, 2015, el IFDP Instituto Federal de la Defensoría Pública, mediante oficio Numero PUEBLA/01AE-019/2015 le requirió al Director General de la Defensoría Publica en Puebla, que se le asesorara y representara a GRACIELA CRUZ POSADAS, para demandar la nulidad de la escritura pública a nombre de Senorina Díaz Marreros (presunta asesina de Evelia Aguilar Valera, quien permitió su muerte para intentar adjudicarse el predio de “El Palomar” que desde hace más de veinticinco años tiene en posesión Graciela Cruz Posadas.
Graciela Cruz Posadas entregando queja al Ayto de Tetela ante Visitador de la CDH Puebla.
Dado que la viuda Cruz Posadas tiene la posesión del predio denominado El Palomar como consta en las diversas constancias expedidas por las autoridades competentes y que fue recibido este ocurso al día siguiente, en enero dieciséis del año dos mil quince, sin contar hasta la fecha con tal asesoría ni con la representación de la defensoría pública del estado de Puebla.
En julio 2017, en su escrito presentado ante el juzgador por la viuda, se le anexo al final de dicho ocurso una copia simple del oficio expedido por el IFDP Delegación Puebla, y del acuse de recibido de la Dirección General de la Defensoría Publica en la ciudad de Puebla.
Toda vez que la defensoría pública del estado de puebla manifestó que se debería de atender a quien lo haya solicitado primero; en el expediente se puede apreciar que SENORINA DIAZ MARREROS tiene suficiente dinero para pagar a los abogados, ya que desde su escrito inicial presentó a dos abogados, a uno de ellos, al CORRUPTO –JUEZ CALIFICADOR DE TETELA- MICHAEL SOSA PORTILLO, a quien en forma inexplicable y que además es su cómplice, le retiró como su abogado PATRONO, y fue entonces que requirió los servicios del también corrupto abogado VICENTE PEDRO GALLARDO ESTEVEZ, defensor público adscrito en Tetela de Ocampo, Puebla, quien aún continua en el cargo en forma inexplicable, y por la negligencia y omisión del Gobernador Jose “Tony” Gali Fayad.
Como establecío la viuda en su ocurso de julio, 2017, manifestó que en junio 21, 2016 dentro del CIS Tetela, en presencia del visitador de la CDH Puebla, Abogado Marco Antonio Osorio Sánchez, la golpeó el abogado VICENTE PEDRO GALLARDO ESTEVEZ, defensor público adscrito en Tetela de Ocampo, Puebla, así como al director del periódico San Antonio Newspaper Rodolfo Macias Cabrera, y en el hospital de nuevo la golpeo VICENTE PEDRO GALLARDO ESTEVEZ, esta vez, ante la complicidad de la policía estatal y municipal, cuando estaba grabando el arresto del Director del Periódico San Antonio Newspaper, por el abuso de poder de la policía estatal y municipal.
Graciela Cruz Posadas, siendo notificada por la Policia Municipal de Tetela en Capuluaque en el Palomar.
La viuda Cruz Posadas no dejo de mencionar que el nefasto defensor público en presencia del visitador de la CDH Puebla presencio al igual que el Director del periódico referido, que le ROBO su escrito que minutos antes había entregado a este juzgado con el correspondiente acuse de recibido en original por Oficialía de Partes y a la fecha no se le ha sido devuelto por este; no obstante de haber insistido ante el presidente de la CDH puebla Adolfo López Badillo, quien debería de renunciar a su cargo por sus diversas negligencias y omisiones al no darles el apoyo a las mujeres que como la viuda, que son indígenas, pobres, viuda e ignorante en los asuntos legales.
Por lo anteriormente expuesto la viuda les solicito que le fuera designado a un Defensor Público por haberlo solicitado primero; y que el gobernador del estado JOSE ANTONIO GALI FAYAD ordene al titular de esta honorable institución que el defensor público, sea separado inmediatamente del cargo por sus diversas fechorías, y el delito de perjurio al mentir junto con personal del juzgado tanto en el juicio intestamentario, 101/2011, como en el Reivindicatorio 223/2016 y que le fuera designado a la mayor brevedad a un defensor público adscrito a Tetela pero que no sea el CORRUPTO Vicente Pedro Gallardo Estévez.
La viuda solicitó en el pasado y hoy ratifica, junto con el Director del Periódico la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el encubrimiento e impunidad del presunto asesinato de Evelia Aguilar Valera, de la expedición de las escrituras públicas a favor de Senorina Díaz Marreros que obtuvo en forma fraudulenta en complicidad del notario público número uno de Tetela, Isaí Gracida Martinez, para que remita la presente QUEJA ante el pleno del Congreso de Puebla, el gobernador Gali Fayad, el Presidente de la república, y ante comisión interna o CONTRALORIA del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, que preside el Magistrado Presidente ROBERTO FLORES TOLEDANO para que sea revisado todo el procedimiento de este juicio desde el principio; incluida la negligencia de la Procuraduría General de la República y la fiscalía del estado de Puebla ya que la corrupta titular del Ministerio Publico de Tetela ha sido parte importante de encubrir este presunto asesinato y al corrupto defensor público Vicente Pedro Gallardo Esteves.
El pasado lunes 21 de agosto del año 2017, el Arquitecto Rodolfo Macias Cabrera, quien también fue demandado en este juicio por parte de Senorina Díaz Marreros, solicitó en mi nombre a través de un ocurso que el pleno del TSJEP a través de su Presidente ordene una investigación completa de la actuación del Juez Civil y todo el personal del juzgado por medio del órgano de control interno y a la fecha no sabemos del resultado.
La viuda Cruz Posadas ha solicitado la intervención de la SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nación para que a través del Secretario de Acuerdos enlistara este asunto en la próxima sesión del pleno para que envíen un exhorto al titular del CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL; al IFDP, al Pleno del TSJEP, y al Juez Civil de Tetela.
Acuses de Recibido del Hospital y Ayuntamiento de Tetela, cuestionando permiso de Inhumación sin contar con Acta de Defunción de Evelia Aguilar Valera. Nov 29, 2013
De igual forma la viuda le ha estado solicitando también al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y al Congreso del estado de Puebla, quienes ya tienen conocimiento de este asunto y para que en este principio de año, sean responsables, y no actúen así en contra de una mujer viuda, indígena, campesina y madre y que tanto el Presidente Peña Nieto ordene de forma inmediata se les restituyan tanto a la viuda así como a su hija Yenifer Lopez Cruz, sus derechos, tanto la laptop prometida en el año 2012, cuando estaba en quinto año de primaria (Prometida por Peña Nieto en su campaña electoral como candidato a la presidencia de la república), así como los privilegios del programa PROSPERA, del que las dieron de baja injustamente y por represalias, de igual forma le pide la viuda que tome nota el actual Gobernador Tony Gali Fayad, asimismo para que junto con la PGR Procuraduría General de la República y la Fiscalía en el estado de Puebla, exhumen el cadáver de EVELIA AGUILAR VALERA, en presencia de los Forenses Argentinos, ya que no se confía en la SSA Secretaria de Salud, y Salud de Puebla por haber estado encubriendo hasta la fecha a sus médicos que están involucrados directa e indirectamente en este asunto, por el presunto asesinato de EVELIA AGUILAR VALERA a través de Senorina Díaz Marreros, como se puede concluir debido a sus actos y complicidad de diversas autoridades para quedarse fraudulentamente con esta propiedad, en complicidad del notario público de Tetela Isaí Gracida Martinez, y diversas autoridades (Ricardo Gualterio Aco Farfán que extendió una acta de defunción, cuando aún no era el Presidente Municipal y titular del Registro Civil Municipal; el titular de la Dirección de Obras Públicas, quien goza del contacto con los muertos, ya que Evelia Aguilar Valera salió de su tumba para solicitarle le expidiera tres constancias con las cuales el notario finiquito el fraude para expedir una escritura fraudulenta). Que el gobernador instruya al titular de la Defensoría Pública para que designe a un defensor en Tetela e inhabilite al actual mientras se le investiga, así como a la titular de la Fiscalía en Tetela quien desde un principio nunca quiso iniciar una averiguación del presunto asesinato de Evelia Aguilar Valera. Que la CDH Puebla le proporcione al titular de la Defensoría el video de cuando la viuda fue golpeada por Vicente Pedro Gallardo Estévez, el Defensor Público adscrito a Tetela y que inexplicablemente no lo sancionan ni lo investigan y que le rompió la cámara de video propiedad del periódico San Antonio Newspaper al estar filmando en junio 21, 2016 a los policías estatales y municipales (Que obliguen al defensor Pedro Gallardo a reparar el daño causado en forma inmediata) y que rindan un informe tanto la contraloría municipal, la del estado, la del congreso, de la CDH Puebla, y la del TSJEP; ya que no se hace justicia.
Para mayor comprensión de este asunto, incluimos la sentencia del juicio 223/2016 en la que se le obliga a Senorina Díaz Marreros a pagar los gastos y costas a Graciela Cruz Posadas pero que por un error el juzgador se equivocó y estableció el nombre equivocado como: Graciela Díaz Marreros.
Director de Obras Juan Lopez Salazar
Octavio Bonilla quien conspiro en complicidad del Contralor Municipal y Medico Victor Moreno
Ahora se buscara la nulidad de la escritura publica que fue elaborada fraudulentamente por el Notario Publico Isai Gracida Martinez a favor de Senorina Diaz Marreros, acusada ante la PGR por el presunto asesinato de EVELIA AGUILAR VALERA, en complicidad de varios servidores públicos (Presidente Municipal Ricardo Gualterio Aco y titular del Registro Civil al expedir acta sin haber tomado protesta de ley; así como el encargado Octavio Bonilla por autorizar inhumacion sin contar con acta de defunción para solapar la muerte; el Director de Obras Juan Lopez Salazar por expedir tres constancias a la fallecida luego de contar con varios meses de muerta; el medico Victor Moreno Moreno, por firmar falsamente el acta de defunción; Titular del Ministerio Publico en tetela, por obstruir la denuncia penal por el presunto asesinato de Evelia Aguilar Valera, y otros…).
RAZÓN DE CUENTA. En la heroica ciudad de Tetela de Ocampo Puebla a 8 de enero del año 2018 el Secretario de Acuerdos da cuenta al Ciudadano Juez con los presentes autos para dictar la sentencia de primera instancia que en derecho proceda conste.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Heroica Ciudad de Tetela de Ocampo, Puebla, a doce de enero del año 2018 dos mil dieciocho.
VISTO para dictar sentencia en los autos del expediente número 223/ 2016 relativo al JUICIO REIVINDICATORIO promovido por Senorina Díaz Marreros en contra de Graciela Cruz Posadas. Las partes con domicilio para recibir notificaciones los que de autos se desprende. La parte actora nombró como abogado patrono al abogado Vicente Pedro Gallardo Estévez y
1.- Por escrito Presentado en Oficialía de partes de este juzgado el día 14 de julio del año 2016 la parte actora, la parte actora Senorina Díaz Marreros promovió juicio REIVINDICATORIO contra Graciela Cruz Posadas y Rodolfo Macías Cabrera expresando como hechos los indicados en su libelo los cuales aquí se dan por reproducidos como si se insertasen a la letra para todos los efectos legales procedentes; invocó el derecho que consideró aplicable al caso, ofreció pruebas de su parte e hizo peticiones.
2.- Por auto de 1 de agosto del año 2016 se admitió a trámite la demanda propuesta señalando fecha para la audiencia de conciliación misma que se desahogó el día 1 de diciembre del año 2016 a la que se abstuvo de comparecer la demandada a pesar de haber sido debidamente citada entendiendo su negativa a conciliar; ordenando emplazarla fuera del recinto judicial en los términos de ley.
3.- En 6 de diciembre del año 2016 se tuvo a la actora desistiéndose de la demanda instaurada en contra del Señor Rodolfo Macías Cabrera más no de la acción. En 16 de mayo del año 2017 se tuvo por contestada la demanda en sentido negativo por parte de Graciela Cruz Posadas. Se admiten las pruebas legalmente ofrecidas por la parte actora. Se señaló día y hora para la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos, y citación para sentencia, que se verificó con fecha 15 de junio del año 2017 con el resultado que obra en el acta levantada con ese motivo ordenando al final de la misma turnar los autos a la vista del suscrito Juez a fin de dictar la resolución, que en derecho proceda la cual se emite en los siguientes términos:
PRIMERO.- COMPETENCIA. Este tribunal fue competente para conocer del presente negocio pues tratándose del ejercicio de una acción real, es competente el juez de la ubicación del inmueble el cual se encuentra dentro de esta demarcación territorial, lo anterior atento al contenido del artículo 108 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
SEGUNDO. DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES. Previo al análisis del estudio de la acción intentada se procederá analizar oficiosamente sobre si las condiciones generales del procedimiento y los presupuestos procesales que exige la ley se encuentran cumplidos, ello en términos de lo que prevé el artículo 353 del Código Procesal de la Materia.
Las cuáles deberá decirse que se encuentran cumplidas legalmente al advertirse que se cumple con la existencia de una competencia de esta autoridad para conocer de este juicio: Un interés jurídico, una capacidad, una personalidad, y una legitimación procesal tanto de la parte actora como de la demanda; así como la existencia de una demanda formal y sustancialmente válida.
TERCERO. DE LAS CONDICIONES PROCESALES PARA RESOLVER. Por otra parte, después de un análisis de las constancias que integran la presente causa, se advierte que no existe violación procesal cometida durante el procedimiento de este juicio, y que afecte la defensa de las partes, al advertirse que dentro de la causa se observaron de manera formal y legal tales formalidades, estableciéndose la litis entre las partes; se recepcionaron y se desahogaron en forma legal las pruebas ofrecidas y admitidas a las mismas; sin que exista algún presupuesto procesal que afecte el procedimiento y que deba ser subsanado.
No observando de igual forma la existencia de algún litisconsorcio pasivo necesario que obligue a esta autoridad a llamar a juicio a alguna persona que pueda tener interés en el mismo.
La presente sentencia deberá fundarse en ley, ocuparse de las acciones ejercitadas por la parte actora, no así de excepción alguna, pues la demandada se abstuvo de comparecer a juicio, lo anterior en términos de los artículos 230 y 352 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
CUARTO. DE LA LITIS PLANTEADA. Por ello es importante dejar establecido que la litis en el presente juicio quedó planteada de la siguiente manera:
La parte actora Senorina Díaz Marreros, basa su acción, en síntesis, en los presente hechos:
“…Soy propietaria del inmueble ubicado en predio rustico denominado “Palomar” ubicado en el barrio de Capuluaque del Municipio de Tetela de Ocampo Puebla, con las siguientes medidas, colindancias y superficie: Al sureste en 208.476 metros con propiedad privada, pasando por este lindero hacia el norte un camino de terracería; Al noroeste en cinco tramos de 13.174 m; 41.414m; 16.268 m; 13. 483 m y 11.918 m con arroyo o barranca; al noreste en dos tramos de 11.662 m y 12.911 m con arroyo o barranca; al noreste en diez tramos de 16.401 m; 12.235 m; 7.528 m; 14.332 m; 12.051 m; 12.351 m; 12.760 m; 25.123 m; 9.948 m; y 17.594 m con arroyo o barranca. Superficie total 28. 419.80 metros cuadrados como consta de la escritura pública dieciocho mil cuatrocientos ochenta y seis de fecha tres de junio de dos mil catorce y escritura pública diecinueve mil ciento tres de fecha trece de marzo de dos mil quince, que contiene rectificación de superficie, medidas y colindancias. Es el caso que los señores Graciela Cruz Posadas y Rodolfo Macias Cabrera, se encuentran ocupando el inmueble materia del presente, desde el mes de noviembre de 2014 en forma ilegal sin autorización ni de persona alguna que pudiera otorgarla a pesar de los múltiples requerimientos que he realizado a los demandados para el efecto de que entreguen el inmueble que tienen en posesión, éstos se han negado a entregarlo argumentando que tienen derecho sobre el mismo; motivo por el cual me veo en la necesidad de demandar en la presente vía y forma…”
La demandada no compareció a juicio.
QUINTO. DE LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTES.- Así, entablada de Litis, la parte actora Senorina Díaz Marreros ofreció y le fueron legalmente admitidas como pruebas las siguientes:
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el instrumento notarial número dieciocho mil cuatrocientos ochenta y seis, volumen ciento sesenta, de la Notaria Pública número uno del distrito judicial de Tetela, Puebla, (Abogado Isaí Gracida Martinez) que contiene la escritura de compraventa celebrada por Evelia Aguilar Valera en su carácter de vendedora y Senorina Díaz Marreros como compradora, respecto del predio rustico denominado ˮEl Palomar” ubicado en el barrio de Capuluaque, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla.
Documento público que tienen valor probatorio pleno como lo estipula el artículo 335 de la Codificación Procesal Civil del Estado: y con la que se acredita la titularidad de derecho de propiedad que tiene la actora Senorina Díaz Marreros, respecto del predio rustico denominado ˮEl Palomarˮ ubicado en el barrio de Capuluaque, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, mismo que se identifica con la medidas y colindancias siguientes: NORTE doscientos treinta metros, con Josefina Verona Hernandez y Cecilia Salazar; SUR trecientos metros, con camino; ORIENTE, doscientos cincuenta y cuatro metros, con Rafael y Elodia Hernandez.
2.- DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el instrumento notarial número diecinueve mil ciento tres, volumen ciento sesenta y cinco, de la Notaría Pública número uno del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, Puebla, que contiene la rectificación de medidas y colindancias, solicitadas por Senorina Díaz Marreros.
Documento público que tienen valor probatorio pleno como lo estipula el artículo 335 de la Codificación Procesal Civil del Estado; con la que se acredita que con fecha trece de marzo del año dos mil quince, la señora Senorina Díaz Marreros, solicito ante la Notaria Pública número uno de este distrito judicial, la rectificación de medidas, colindancias y superficie del predio denominado ˮEl Palomar ˮ ubicado en el barrio de Capuluaque, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, para que en lo sucesivo el inmueble se identificara con su superficie real que es 28,419.80 metros cuadrados.
3.- TESTIMONIAL. A cargo de Beatriz Hernandez Aguilar, y Juan Balderas Álvarez, desahogada en audiencia de fecha quince de junio del año dos mil diecisiete, desahogada únicamente por la primer testigo mencionada, testimonio al que este juzgador le niega valor probatorio por los siguientes motivos:
El artículo 347 del Código Procesal Civil establece que la prueba testimonial será estimada por el Juez atendiendo ciertas circunstancias.
ˮ…1. Que respecto de cada hecho exista la declaración; la declaración de dos testigos II. Que cada testigo conozca por sí mismo el hecho; III. Que los testigos convengan en lo esencial del hecho, aunque difieren en los incidentes…IV. Que la declaración de los testigos sea clara y precisa…ˮ
Por otro lado el artículo 349 de la misma Codificación, dispone que la declaración de un testigo sin impedimento legal, que conozca por sí mismo el hecho sobre el que deponga y atestigüe de manera clara y precisa; constituye indicio apto para fundar presunción.
En el particular se advierte que por audiencia de fecha quince de junio del año dos mil diecisiete, se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la actora, únicamente por la ateste de nombre Beatriz Hernandez Aguilar, en la que declaro lo siguientes:
ˮ…que a mí me mandaron a llamar para hacer mención que conozco a la señora Senorina Díaz Marreros, y que consta que ella es dueña del terreno denominado “los Palomares”, que se encuentra en la comunidad de Capuluaque, Tetela de Ocampo, Puebla, y que la señora Graciela Cruz Posadas, está ocupando ese lugar que no es de su propiedad pues es de la señora Senorina, ya que ella es quien tiene la escritura a su nombre de dicho predio…ˮ
De la lectura de este testimonio se deriva que la declaración del testigo es imprecisa sobre la sustancia del hecho, pues esta refiere hechos confusos a lo planteado por la actora al mencionar que es la dueña de un terreno denominado “Los Palomares” siendo que el predio materia del juicio se trata del predio denominado “El Palomarˮ, por otro lado menciona que la Señora Graciela Cruz Posadas está ocupando ese lugar que no es de su propiedad, sin detallar la razón por la que dice que esta persona ocupa dicho predio, dando razón de su dicho porque ha visto la documentación de la Señora Senorina en alguna de las ocasiones que he venido de visita.
Por ello, atendiendo lo dispuesto en el artículo 349 del código procesal civil, para que la declaración de un solo testigo pueda producir indicio apto para fundar presunción, es menester que su testimonio se claro y preciso, lo cual no acontece en el presente caso, razón por lo que este juzgador le niega valor al testimonio rendido por Beatriz Hernandez Aguilar.
LA DOCUMENTAL PRIVADA que consiste en el dictamen en agrimensura y topografía, elaborada por el ingeniero Alegrando Cuevas Lomelín, documento al que se le niega valor probatorio en razón que siguiendo los lineamentos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que un documento privado proveniente de un extraño a juicio tenga valor demostrativo, debe estar reconocido por su autor.
En el presente caso se tiene que el actor con su demanda exhibió el dictamen en agrimensura y topografía, elaborado por el ingeniero Alegrando Cuevas Lomelín, con el fin de acreditar que el predio que detentan los demandados (Graciela Cruz Posadas y Rodolfo Macias Cabrera) se trata del mismo que es de su propiedad. Prueba que fue admitida por proveído de data diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, sin embargo dicho documento no fue reconocido ante este Honorable juzgado por su autor como consta de actuaciones, razón suficiente para que se le niegue valor probatorio dentro del presente juicio lo anterior con apoyo en el artículo 339 del Código Procesal de la Materia.
La parte demandada GRACIELA CRUZ POSADAS no compareció a juicio, consecuentemente no estuvo en aptitud de aportar medios de prueba.
SEXTO. DE LA ACCION, SUS ELEMENTOS Y SU ACREDITACION.
La acción ejercitada por la actora Senorina Díaz Marreros, por su propio derecho, lo es la REIVINDICATORIA prevista por el artículo 615 del Código Procesal de la Materia, la cual NO se encuentra acreditada de manera plena, dejando así de dar cumplimiento al imperativo contenido en el artículo 230 de la Ley acabada de citar, como en seguida se pasa a demostrar:
La acción reivindicatoria es una acción petitoria, que tiene por objeto que se declare que el demandante es propietario del bien cuya restitución se pide, y que se condene al demandado a entregarlo con sus frutos y accesorios.
Por ello, para que la acción prospere, la parte actora en juicio debe acreditar los siguientes elementos:
Que el actor es propietario del bien que reclama;
Que el demandado es poseedor del bien objeto del juicio, y
La identidad formal y material del bien que reclama el actor con el bien poseído por el demandado.
El primer elemento, es decir, la propiedad del bien inmueble que se reclama en el escrito de demanda inicial, se encuentra plenamente acreditado con las documentales públicas exhibidas por la parte actora, consistente en el instrumento notarial número dieciocho mil cuatrocientos ochenta y seis, volumen ciento sesenta, de la notaria pública número uno del distrito judicial de Tetela, Puebla, que contiene la escritura de compraventa celebrada por Evelia Aguilar Valera en su carácter de vendedora y Senorina Díaz Marreros como compradora, respecto del predio rústico denominado “El Palomarˮ ubicado en el barrio de Capuluaque, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla e instrumento notarial número diecinueve mil ciento tres, volumen ciento sesenta y cinco, de la notaria pública número uno del distrito judicial de Tetela, Puebla, que contiene la rectificación de medidas y colindancias, solicitadas por Senorina Díaz Marreros, respecto del predio rustico denominado ˮEl Palomarˮ ubicado en el barrio de Capuluaque, Tetela de Ocampo, Puebla.
Documentos públicos a los que se les ha otorgado el debido valor probatorio y con los que se justifica la propiedad que tiene la actora Senorina Díaz Marreros, respecto del predio rustico denominado ˮEl Palomarˮ ubicado en el barrio de Capuluaque, Municipio de Tetela de Ocampo, Puebla, mismo que se identifica con las medidas y colindancias siguientes: Al SURESTE en 208.476 doscientos ocho metros, cuatrocientos setenta y seis metros, con propiedad privada, pasando por este lindero hacia el norte un camino de terracería; AL SUROESTE en catorce tramos: de dieciocho punto trecientos ocho metros; veinte punto quinientos cuarenta y ocho metros; veinte punto cuatrocientos cuarenta y cuatro metros; diecinueve punto novecientos cincuenta y seis metros; diecinueve punto cuatrocientos ochenta y cuatro metros; veinte puntos doscientos setenta y tres metros; veinticinco punto doscientos ochenta y ocho metros; dos punto doscientos ochenta y cuatro metros; once punto ciento treinta y seis metros; veinte punto novecientos noventa y siete metros; catorce punto novecientos diecisiete metros; dieciocho punto seiscientos cuarenta y siete metros; diecinueve punto doscientos cuarenta y dos metros, y veintidós punto setecientos ochenta metros, con camino de terracería; AL NOROESTE, en cinco tramos: de trece punto ciento setenta y cuatro metros; cuarenta y uno punto cuatrocientos catorce metros; dieciséis punto doscientos sesenta y ocho metros; trece punto cuatrocientos ochenta y tres metros, y once punto novecientos dieciocho metros, con arroyo o barranca; AL NORESTE, en dos tramos: de once punto seiscientos sesenta y dos metros y doce punto novecientos once metros, con arroyo o barranca; AL NOROESTE, en diez tramos: de dieciséis punto cuatrocientos un metro; doce punto doscientos treinta y cinco metros; siete punto quinientos veintiocho metros, catorce punto trecientos treinta y dos metros; doce punto cero cincuenta y un metros; doce punto trecientos cincuenta y un metros; veinticinco punto ciento veintitrés metros; nueve punto ochocientos cuarenta y ocho metros, y diecisiete punto quinientos noventa y cuatro metros, con arroyo o barranca.
Tocante al segundo de los elementos que se analiza, que refiere a la posesión que detenta la demanda Graciela Cruz Posadas respecto del inmueble que reclama la parte actora, no quedó acreditado, pues no obstante que ofreció diversas probanzas, las mismas resultan insuficientes para estimar que la demandada tiene en posesión el inmueble del cual solicita su reivindicación.
En cuanto al tercer elemento de la acción puesta en ejercicio, relativo a la identidad del inmueble, resulta procedente denotar que tres diferentes identidades tienen relevancia en el juicio reivindicatorio:
La del título del actor con el bien objeto de su acción (identidad formal);
La de este bien con el que posee el demandado (identidad material), y
La del título del demandado, exhibido como fundatorio de sus defensas, con el bien que posee.
De estas tres clases de identidad, las dos primeras se requieren para la justificación de la acción; por tanto, la carga de la prueba recae en el actor; la tercera, interesa a la prueba de las excepciones, y por ende, la carga de la prueba corresponde al demandado.
Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, contenido en la siguiente jurisprudencia que se localiza en la Novena Época, con Registro: 202827, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996, Materia: Civil, con número Tesis: III.2º.C. J/3, visible a página: 213, con el siguiente epígrafe y contenido:
ACCION REIVINDICATORIA. IDENTIDADES FORMAL Y MATERIAL DEL BIEN PRESEGUIDO, COMO ELEMENTOS DE LA. Para el ejercicio de la acción reivindicatoria, corresponde el actor, entre otras, la carga probatoria de la identidad del inmueble; y, a su vez, dicha identidad se subdivide en dos clases, cuya comprobación resulta indispensable para la justificación de tal acción: la primera de ellas es la identidad formal, la cual importa al elemento propiedad, y consiste en que el bien perseguido corresponda, o este comprendido, dentro del título fundatorio de la acción; la segunda, es la identidad material, que se traduce en identificar el bien que se pretende reivindicar con el que se posee el demandado.
Ahora bien, es sabido que para acreditar el elemento de la acción reivindicatoria consistente en la identidad del bien, la prueba idónea es la pericial en topográfica, por ser con la que se puede establecer la superficie, medidas y colindancias del predio que se pretende reivindicar; por ello la actora aporto la documental privada consistente en el dictamen en agrimensura y topografía emitido por el ingeniero Alegrando Cuevas Lomelín. Probanza a la que se le negó valor probatorio pleno por los razonamientos vertidos en el apartado de pruebas de esta resolución.
También la actora aportó otros medios probatorios que se han valorado en párrafos que anteceden, de los cuales, no se advierte que haya identidad entre el bien inmueble propiedad de la parte actora y el bien inmueble poseído por la demandada Graciela Cruz Posadas.
Y como de actuaciones judiciales con valor probatoria pleno atento a lo dispuesto por el artículo 336 del Código Procesal de la Materia, no se desprende antecedente alguno que pueda beneficiar los intereses de la parte actora, es concluyente que el elemento de la acción que se analiza no se encuentran acreditados.
En esas condiciones, dado que la ley ordena que el actor debe probar por hechos constitutivos de su acción, es indudable que, el no haber acreditado la accionante los tres elementos constitutivos de su acción, la misma no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por ello, se declara no probada la acción reivindicatoria ejercitada por la parte actora.
Resulta aplicable a la conclusión anterior, el siguiente criterio contenido en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la Octava Época, con Registro: 220946, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Materia: Civil, con número de Tesis: VI, 2º. J/166, visible a Página: 95, con el siguiente rubro y texto:
ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA. Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas.
En ese tenor y en términos de lo dispuesto por el artículo 364 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se absuelve a la demandada, de las prestaciones reclamadas por la actora.
Por otra parte, se condena a la parte actora Senorina Díaz Marreros al pago de gastos y costas originados a su contraria por la tramitación del presente juicio, toda vez que no obtuvo sentencia favorable en términos de lo dispuesto de los artículos 415, 416, 420 y 424 de la ley de enjuiciamiento civil.
PRIMERO. Esta autoridad fue competente, para conocer y resolver en primera instancia el presente juicio.
SEGUNDO. La parte actora SENORINA DIAZ MARREROS, NO PROBO la acción REIVINDICATORIA que ejercitó.
TERCERO. Como consecuencia del resolutivo anterior, se absuelve a la demandada GRACIELA DIAZ MARREROS, (Debería de ser: GRACIELA CRUZ POSADAS)* de las prestaciones reclamadas por la actora.
CUARTO. Se condena a la parte actora SENORINA DIAZ MARREROS al pago de los gastos y costas originados con la tramitación del presente juicio a su contraria, por no haber obtenido resolución favorable.
NOTIFIQUESE A LAS PARTES EN TERMINOS DE LEY. Así, definidamente juzgado, lo sentencio y firma, el Ciudadano Abogado FELIPE DE JESUS VENTURA HERNANDEZ, Juez de lo Civil de este Distrito Judicial, ante el Ciudadano Abogado ARMANDO F. BAUTISTA Y BLANHIR, secretario quien autoriza. DOY FE.
EXPEDIENTE NUMERO 223/2016
12/01/2018.A FOJVE/L BGS.
EL JUEZ DE LO CIVIL
ABOGADO FELIPE DE JESUS VENTURA HERNANDEZ.
ABOGADO ARMANDO F. BAUTISTA Y BLANHIR.
(*) Se anexa escrito presentado ante el juzgador para corregir la sentencia.
Capuluaque, Lunes, 19 de Enero del año 2018
EXPEDIENTE 223/2016
SENORINA DIAZ MARREROS vs GRACIELA CRUZ POSADAS y RODOLFO MACIAS CABRERA.
ASUNTO: SOLICITO SEA CORREGIDO EL PUNTO RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA Y POSTERIORMENTE SE ME EXPIDAN DOS COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA
JUEZ Y SECRETARIO CIVIL
ATENCION: ABOGADO FELIPE DE JESUS VENTURA HERNANDEZ
GRACIELA CRUZ POSADAS, con domicilio conocido en Capuluaque, C.P. 73659 en el predio denominado EL PALOMAR, vengo a manifestar y a solicitar, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que:
PRIMERO.- El día de hoy me fue notificada la resolución de su Señoría y por lo tanto, si ustedes se fijan, se cometió un error dentro de la propia sentencia notificada a la demandada el día de hoy que dice así:
“TERCERO.- Como consecuencia del resolutivo anterior se absuelve a la demandada GRACIELA DIAZ MARREROS, de las prestaciones reclamadas por la actora”.
Por lo que deberá corregirse y que quede así a favor de: GRACIELA CRUZ POSADAS
“TERCERO.- Como consecuencia del resolutivo anterior se absuelve a la demandada GRACIELA CRUZ POSADAS, de las prestaciones reclamadas por la actora”.
SEGUNDO.- SOLICITO DOS COPIAS CERTIFICADAS DE LA SENTENCIA DEL PRESENTE JUICIO 223/2016
Por todo lo anteriormente expuesto, su Señoría, solicito:
UNICO. Proveer de conformidad a este escrito petitorio
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