Source: http://www.defensayjusticia.gob.ec/?p=1779
Timestamp: 2018-05-22 15:59:13
Document Index: 49871979

Matched Legal Cases: ['artículo 669', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 56', 'artículo 35', 'artículo 19', 'artículo 20']

Visitar lugares de detención y prevenir la tortura y otros malos tratos | Revista "Defensa y Justicia"
Grandes personajes públicos han estado recluidos en prisión, otros solo han visitado cárceles, algunos -como el actual relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez- combinan las dos experiencias.
América Latina es una región que ha vivido constantes cambios políticos que llevaron a que, de repente, personas que en un momento fuesen tachadas de delincuentes se convirtieran en líderes. Vale recordar al expresidente de Uruguay, José Mujica, 2010-2015, o al actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, Ambos han estado recluidos durante varios años en cárceles de máxima seguridad –Mujica, 15 y García Linera, 5- condenados o acusados por la comisión de distintos delitos. Algunos de los dirigentes políticos actuales, conocedores de la realidad penitenciaria, intentaron impulsar reformas para mejorar el sistema carcelario de sus países. Durante el gobierno de Mujica se cerró el pabellón conocido como “Las Latas” del Penal de Libertad (el nombre del penal se debe a la ciudad donde se encuentra este centro). Lo particular de este caso es que el cierre del mencionado pabellón, se apoyó -en cuanto a su argumentación política- en el informe y en las recomendaciones elaboradas por el entonces relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas, Manfred Nowak. Existió una confluencia de voluntad de cambio y elementos de justificación. El gobierno se respaldó políticamente en el informe del relator especial. Se trata de un hecho que muestra el potencial que pueden tener informes de visitas a lugares de detención.
Acerca de las visitas a centros de reclusión
John Howard es quizás el más conocido pensador que se ha dedicado a visitar lugares de detención. En 1778 visitó algunas prisiones en Alemania, entre ellas la de Mannheim. Howard describe la recepción de los presos en esta cárcel de la siguiente manera: “por lo general, al llegar al preso se le somete a un recibimiento que se denomina la bienvenue (bienvenida): se le ata de cuello, pies y manos a un artefacto especial; luego son azotados y, según lo ordene el magistrado, tiene lugar la gran venue (de 20 a 30 latigazos), la demi venue (de 18 a 29) o la petit venue (entre 12 y 15). Después de esto, el recién llegado besa el umbral de la puerta y entra a la prisión. A algunos se les repite la ceremonia cuando son liberados. En muchas ciudades alemanes se observan ceremonias de ese tipo”, (John Howard; El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales; Fondo de Cultura Económica; México D.F., 2003; p. 318).
Casi 250 años más tarde encontramos que en Perú todavía se tienen procedimientos de recepción similares a los descritos por Howard. Un organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) plasma en un informe el siguiente relato: “(…) se denunció la aplicación de torturas físicas conocidas como “el bautizo”, consistentes en golpes en el cuerpo con palos y con picanas (bastones eléctricos), que se les infringe a los reclusos que llegan desde otros centros penitenciarios después de obligarles a desnudar y bañar con agua fría por parte de los vigilantes, con la finalidad de hacerles sentir una sumisión absoluta a la disciplina del penal”( Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en la cárcel de Challapalca, párr. 80).
Contamos, además, con informes realizados por organismos judiciales que describen en detalle la situación encontrada en las cárceles. La situación de América Latina es particular, ya que desde la época colonial existía la obligación de los jueces de visitar las prisiones, normativa asimilada a posteriori por los legisladores de las jóvenes repúblicas (véase Javier Barrientos Grandón; El Juzgado de Reos Rematados del Reino de Chile 1781- 1805).
Podemos citar un informe de 1868, de una visita carcelaria efectuada al presidio urbano de Santiago de Chile. El acta de visita relata lo siguiente: “la inspección de este establecimiento dio lugar a las observaciones que se han consignado en las actas de las visitas anteriores y en especial a la falta de trabajo para los reos, algunos de los cuales carecen también de los vestidos necesarios. Ricardo González que cumple una condena de cinco años dos meses diez y seis días, solicitó se le pasase a la Penitenciaria para aprender oficio, y se acordó mencionar aquí una solicitud para que sea considerada por quien corresponde. Se repitieron por varios reos las quejas dadas en otra vez sobre la pena de cepos de campaña que se les aplica, y de los informes tomados e inspección practicada por algunos de los Magistrados de la Visita, se vino en conocimiento de que esta pena por la manera en que se aplica está expuesta a grandes abusos en perjuicio de los reos. Superar de haber sido recientemente autorizados por el Supremo Gobierno la imposición de este castigo, se acordó llamar especialmente su atención hacia esta materia que resulta de gravedad y trascendencia.” (Archivo Nacional de Chile; V. 377. Acta de Visita de Cárcel de los días 22, 23 y 24 de diciembre de 1868). Vemos que históricamente existían mecanismos que aseguraban visitas sistemáticas a centros de detención y, como se nota en el acta de visita de Chile, de seguimiento de recomendaciones hechas en ocasión de la visita.
Con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ecuador reintroduce la visita carcelaria en su ordenamiento jurídico. Es ahora el artículo 669 del COIP, el que estipula que los jueces de garantías penitenciarias deberán visitar mensualmente todas las cárceles del país. A pesar de este claro mandato, hasta la fecha los jueces no están cumpliendo con ese deber. Es de esperar que en algún momento podamos revisar también actas de visita elaboradas por los jueces ecuatorianos.
Si analizamos el conjunto de citas, podemos obtener una idea de la situación carcelaria gracias a informes de personas individuales, relatos rescatados por organismos internacionales, como igualmente gracias a informes elaborados a raíz de visitas efectuadas por delegaciones del poder judicial. Lo común de todas las visitas y descripciones realizadas en siglos y lugares muy distintos, son las deficiencias de los sistemas penitenciarios y el afán de hacerlas visibles para tomar medidas y ofrecer ideas para su superación.
De “los miserables” a sujetos de derecho
Lo que ha cambiado en el transcurso del tiempo es la “calidad jurídica” de las personas privadas de libertad. Cuando Howard visitaba las cárceles en el siglo XVIII y cuando la delegación chilena plasmó sus apreciaciones en el acta de visita en el siglo XIX, las personas privadas de libertad eran -en las palabras de Howard- “los miserables”. No se les percibía como sujetos del derecho, sino más bien como objetos sometidos a decisiones estatales que, a lo máximo, ameritaban compasión. Las personas privadas de libertad no podían exigir que se les respetase el derecho a un trato digno, a no ser azotados para mencionar un ejemplo, ya que no tenían derechos, debían esperar a que llegara alguien que por convicciones religiosas o humanistas les tuviera merced.
Con la aprobación de las primeras constituciones en las jóvenes repúblicas de América Latina, la situación no cambió. Más bien, con la teoría del contrato social la exclusión encontró su fundamento ideológico. Si bien las constituciones garantizaban los derechos individuales, estos no se reconocieron a las personas privadas de libertad, pues el inicio de una causa penal conllevaba la pérdida de la ciudadanía y con ello la de los derechos cívicos. Los “criminales” ignoraban las normas del contrato social imaginario, así que ya no podían reclamar su respeto.
Es en ese contexto que varios países, tras la conquista de la independencia, copiaron disposiciones de la Constitución de Cádiz de 1812. Así, por ejemplo, la Constitución chilena de 1822 disponía que “pierden la ciudadanía: los que son condenados a pena aflictiva o infamante, si no obtienen rehabilitación” (artículo 15, numerale 3). Se suspendía para los que se hallaban procesados criminalmente, los que no tenían “modo de vivir conocido”, los sirvientes domésticos asalariados, deudores quebrados y en virtud de interdicción judicial, por incapacidad moral o física (artículo 16, numerales 1 a 6).
De la lectura del respectivo articulado se desprende que, quienes no podían ejercer sus derechos ciudadanos no eran “solo” los supuestos criminales, sino los pobres en general. No se quería que ellos participen en la decisión de los asuntos públicos, ni que tengan los mismos derechos que el resto. Los “criminales” y los pobres eran una especie de sujetos sin derechos.
Hoy, podríamos juzgar estas estructuras como muestras de sociedades elitistas, de minorías criollas que querían excluir a los subalternos del ejercicio del poder, resabios de una época poco democrática. En el siglo XXI, se deberían haber superado cada una de estas exclusiones antidemocráticas en consideración a la normativa internacional. ¿Ha sido efectivo?
Si observamos el caso de Ecuador, siendo el ejemplo más reciente, vemos que todavía en el año 2014 se mantiene en vigencia una norma, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que estipula categóricamente que una sentencia condenatoria conlleva como consecuencia automática la interdicción de la persona (artículo 56). El “criminal” es excluido del comercio y prácticamente expulsado de la sociedad burguesa y de su contrato social. Lo contradictorio del caso ecuatoriano es que la Constitución de Montecristi (2008) estipula al mismo tiempo, que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria, que merece una atención especial al igual que los indígenas, personas de la tercera edad, niños y adolescentes, enfermos y mujeres embarazadas (artículo 35 CR).
A nivel comparado, podemos mencionar que la Corte Europea de Derechos Humanos ha fortalecido los derechos políticos de las personas privadas de libertad. El caso más importante es el de Hirst vs. The United Kingdom. El gobierno inglés había alegado que quería mantener la exclusión automática del ejercicio democrático de ciertos grupos de personas condenadas, con el propósito de fomentar el respeto a la ley. La Corte Europea rechaza los argumentos del gobierno y decide en su sentencia de 2004 que: “En cuanto al objetivo de fomentar la responsabilidad cívica y el respeto hacia la ley, no existe un nexo evidente o lógico entre la pérdida del derecho a voto y la imposición de una sentencia privativa de libertad (…). Hay mucha fuerza en el argumento (…) que la pérdida del derecho a voto contraviene la meta de rehabilitación de un condenado como miembro respetuoso de las normas de la sociedad y que socava la autoridad de la ley como normativa proveniente de un legislador que la comunidad, como un todo, ha elegido para ejercer el poder”(sentencia del 30.03.2004, punto 46).
Coincidimos con esta sentencia, ya que se debería comenzar a percibir a la persona privada de libertad como un “ciudadano tras las rejas”, pues la democracia se construye sobre la base de la inclusión y no de prácticas excluyentes. Concebir a la persona privada de libertad como verdadero sujeto de derecho aún constituye un desafío y una meta a alcanzar. Otra muestra de ello son las distintas prohibiciones y obstáculos que imponen las autoridades, en varios países, a los esfuerzos de difusión de derechos e implementación de garantías constitucionales en el contexto de reclusión.
Los mecanismos nacionales de prevención de la tortura
A nivel internacional, existe plena conciencia de las múltiples dificultades que enfrentan las personas privadas de su libertad al momento de hacer valer sus derechos. Es desde esta perspectiva que se ha trabajado en la elaboración de las Reglas de Brasilia que reconocen a las personas privadas de libertad como un grupo vulnerable.
A su vez, se han creado a lo largo del continente y a consecuencia de la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante OPCAT), los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (en adelante MNP). De cierta manera, podemos percibir a los MNP como promotores de un cambio de una cultura jurídica autoritaria de corte legalista, hacia una cultura jurídica respetuosa de los derechos y garantías individuales.
Si revisamos las distintas funciones de los MNP, entendemos el rol importante que deberían desempeñar. Los integrantes de los MNP deben “examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad en lugares de detención”, deben hacer “recomendaciones (…) con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad” teniendo, además, la tarea de “hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación existente o de los proyectos de ley en la materia” (artículo 19, OPCAT). En la práctica tienen una tarea concreta y de impacto directo: velar por la protección de las personas privadas de libertad, y otra más estructural, relacionada a los procedimientos y normas vigentes.
Si ahora nos fijamos en los poderes que entrega el OPCAT a los MNP, para cumplir con sus funciones, vemos que el protocolo estipula muchas facultades que llevan directa relación con la detección de casos individuales de personas privadas de libertad que requieren apoyo. Los estados deben permitir que los MNP tengan acceso a “toda la información acerca del número de personas privadas de libertad”, “al trato de estas personas y a las condiciones de su detención” y a la visita de “los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios”. A su vez, los integrantes de los MNP deben tener la posibilidad de “entrevistarse con las personas privadas de libertad, sin testigos, personalmente” (artículo 20, OPCAT). Quiero resaltar estas facultades, ya que subrayan el objetivo principal del OPCAT que es “el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos”, (preámbulo OPCAT).
Desde esta perspectiva, los casos individuales constituyen el punto de partida y la base de justificación para cualquier propuesta de cambio estructural, administrativo, educacional o legislativo.
En la misma línea, Debra Long nos señala que los MNP deben centrar sus esfuerzos en la prevención de la tortura y otras formas de malos tratos, pero “no se excluye la posibilidad de que estos mismos mecanismos amplíen su mandato, lo cual les permitirá considerar también otras obligaciones de derechos humanos cuyo incumplimiento afecta a las personas privadas de libertad”. La autora menciona como ejemplo el derecho a la asistencia médica, a recibir visitas y a una comida adecuada. Señala además que los MNP pueden también recurrir a otros mecanismos “además de la visita a lugares de detención, como por ejemplo, el de la presentación de casos concretos ante las autoridades competentes” (Protocolo facultativo, Un manual para la prevención, IIDH, APT 2005, p. 169).
Si bien el OPCAT busca “ayudar al Estado a encontrar soluciones prácticas y realistas para prevenir la tortura y otros malos tratos” (Ibíd., p. 35), esto no implica que la estrategia de trabajo de los MNP tenga que reposar en la meta de esquivar cualquier posible conflicto. La eficacia del instrumento no reposa únicamente en la relación de colaboración y de cooperación que pueda nacer entre las autoridades y el MNP, sino en la credibilidad que logre ganar un mecanismo nacional frente a las personas privadas de libertad. Para ganarse esta credibilidad, no es necesario acusar o incriminar públicamente a las autoridades, pues la consecuencia de tal actuación pueden ser represalias contra las personas privadas de libertad. Se requiere más bien de un trabajo constante, certero y comprometido con la protección de los derechos humanos de quienes están en prisión, no “solo” a nivel normativo sino enfocado en casos concretos.
Es precisamente desde este enfoque que quiero brevemente referirme a la labor realizado por el MNP ecuatoriano. Si estudiamos el informe anual del MNP de Ecuador (por ahora pudimos encontrar un solo informe, que data del año 2013), notamos que no se mencionan casos concretos. Tampoco vemos referencias precisas a la normativa nacional o internacional en relación a las irregularidades encontradas. Si por último preguntamos en los diferentes centros de reclusión, encontramos que existe un gran desconocimiento del rol y de la función de los MNP. Esperamos que la reciente discusión de la Ley del Defensor del Pueblo, en la Asamblea Nacional, contribuya a fortalecer el mandato del MNP a fin de contar con un impacto fuerte.
Howard nos ayuda a resaltar otro tema importante acerca de la labor de los MNP. Decía: “(…) comprendí que, en algunos casos, estaba yo capacitado para sugerir remedios a males de los que había sido testigo, y, recordando el proverbio según el cual “es más fácil encontrar fallas que remediarlas”, no quise ser culpable de omitir recursos conducentes al mejoramiento de situaciones que me afectaban profundamente.(…) al recibir el clamor de los miserables, dediqué buena parte de mi tiempo a ayudarlos. A fin de lograrlo, decidí reunir materiales cuya autenticidad no pudiera ponerse en tela de juicio” (Howard, p. 707).
La cita permite destacar dos aspectos importantes. Primero: la experiencia y el conocimiento de la situación de encierro son claves para poder contribuir a su humanización. Segundo: no basta criticar, lo importante es aportar ideas constructivas con el objetivo de mejorar la situación de las personas privadas de libertad.
Una última cita de Howard permite resaltar que existía, en todos los tiempos, la conciencia de que la descripción de las falencias de los sistemas penitenciarios era un acto que trascendía el ámbito jurídico-legal, ya que exhibían connotaciones políticas. Howard decía: “Bien comprendo que las metas de mi trabajo pueden suscitar objeciones que, sin duda, subirán de tono por los reparos de quienes están interesados en impedir la corrección de abusos de los cuales dependen sus propias ventajas y emolumentos” (Ibídem). Es desde esta visión que el OPCAT determina que los MNP deben ser independientes, para no tener que ajustar sus actuaciones a las presiones de los posibles interesados. Para concluir diremos que es de esperar que tanto los jueces de garantías penitenciarias como el MNP puedan ejercer su función con el mismo espíritu expresado hace más que dos siglos por John Howard.
Derechos, detención, tortura, visita carcelaria
0 El servicio público y su relación con la responsabilidad del estado Deportaciones esquivas, inútiles, vergonzosas y sobre todo injustas 0
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