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Timestamp: 2017-09-25 20:25:44
Document Index: 119659619

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 420', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 66', 'artículo 46', 'artículo 53', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 12']

NOMBRAMIENTO DE SEÑOR FELIPE SABANDO DEL CASTILLO COMO MINISTRO TITULAR DE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO DE COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE
INTERROGANTES ANTE PRÓXIMA LICITACIÓN DE TRANSANTIAGO. OFICIO
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ZONAS DE RIESGO DURANTE FAENAS DE ENSANCHAMIENTO DE CAMINO AUSTRAL. OFICIOS
Sesión 14ª, en miércoles 10 de mayo de 2017
(De 16:20 a 18:42)
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos Quiroga.
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 11ª y 12ª, ordinarias, en 2 y 3 de mayo del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Dieciséis de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).
Con los catorce siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín N° 6.191-19).
2) Proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (boletín N° 7.543-12).
3) Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio recíproco de información con otros países (boletín N° 9.242-10).
4) Proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
5) Proyecto de reforma constitucional que establece que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no pueden prescribir ni ser amnistiados (boletín N° 9.748-07).
6) Proyecto que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (boletín N° 9.773-07).
7) Proyecto de ley que perfecciona la justicia tributaria y aduanera (boletín N° 9.892-07).
8) Proyecto de ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios (boletines Nos 9.956-07 y 10.155-07, refundidos).
9) Proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de intereses y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública (boletín N° 10.140-07).
10) Proyecto de ley para regular la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
11) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte (boletín N° 10.217-15).
12) Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín Nº 10.264-07).
13) Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04).
14) Proyecto que modifica la ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín Nº 10.665-07).
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el que manifiesta que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental, respecto del proyecto de ley que modifica el artículo 420 del Código del Trabajo, confiriéndole competencia a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales (boletín N° 8.378-13).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con los que comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 10 al 16 del presente para dirigirse, en visita oficial, a la República de Indonesia y a la República Popular China.
Asimismo, informa que durante su ausencia será subrogada por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza, con el título de Vicepresidente de la República.
Expide copia de la sentencia pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 226, en la frase que señala, 366, 367, 369, 370 y 372 del Código Civil y 838, 839 y 841 del Código de Procedimiento Civil.
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y del inciso segundo del artículo 17 B de la ley N° 17.798, sobre control de armas.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Atiende consultas, manifestadas en nombre del Senador señor Navarro, relativas a los convenios existentes entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas con bancos comerciales; asimismo, pregunta acerca de las medidas adoptadas por estas instituciones para prevenir lesiones en la piel de los funcionarios por radiación ultravioleta.
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre la implementación de sistemas de iluminación para distintos aeródromos, con la finalidad de realizar evacuaciones ante emergencias de salud, eventuales traslados o recepción de órganos para trasplantes.
E informa sobre la situación de salud de menor individualizada, afectada de fibrosis quística, consulta expresada en nombre del Senador señor Chahuán.
Del señor Alcalde (S) de Contulmo:
Contesta petición de información, manifestada en nombre del Senador señor Pérez Varela, en relación con la situación presupuestaria del municipio.
Del señor Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor:
Remite respuesta a petición, enviada en nombre del Senador señor Tuma, para informar sobre los reclamos presentados por usuarios o consumidores de los servicios de educación o formación impartidos por establecimiento de enseñanza en todos sus niveles.
De los Senadores señores Chahuán y Prokurica, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental en lo relativo al conocimiento de causas anteriores al nuevo sistema procesal penal (boletín Nº 11.220-07).
De los Senadores señor Bianchi, señora Muñoz y señores Chahuán, Prokurica y Quinteros, con la que comienzan un proyecto de ley que establece el 19 de marzo como "Día del Maestro Obrero Constructor" (boletín Nº 11.221-04).
De los Senadores señor Larraín, señora Von Baer y señores Moreira y Pérez Varela, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos estableciendo la obligación de retirar los cables de tendido aéreo en desuso (boletín Nº 11.222-08).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
Con el primero señala que aprobó la designación de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a la Comisión Bicameral.
Con el segundo comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al deportista señor Arley Méndez Pérez (boletín N° 11.143-06) (con urgencia calificada de "suma").
Con el tercero señala que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado, con la excepción que señala, al proyecto que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece Nuevo Sistema de Pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas (boletín N° 10.708-13), y comunica la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para integrar la referida Comisión Mixta.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Minería y Energía, solicito un plazo breve hasta mañana, 11 del mes en curso, a las 12, con el fin de presentar indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo gobierno corporativo de ENAP (boletín N° 10.545-08).
El señor TUMA.- Señor Presidente, en el mismo sentido, solicito autorización de la Sala para ampliar el plazo de indicaciones al proyecto de ley que fija normas sobre protección de los derechos de los consumidores estableciendo garantía para los bienes durables (boletín N° 10.452-03), así como al que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín N° 10.785-03), en ambos casos hasta el 29 de mayo.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, durante la Cuenta, la Sala acordó que la moción con la que se comienza un proyecto de ley para establecer el 19 de mayo como "Día del Maestro Obrero Constructor" pasara a la Comisión de Educación y Cultura.
No sé si existe la posibilidad de que dicha iniciativa sea enviada a la Comisión de Trabajo o a la de Gobierno, pues me imagino que la primera, fundamentalmente, es mucho más atingente que la de Educación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Este tipo de materias normalmente es visto por esa Comisión. Pero, si Su Señoría propone algo distinto y la Sala lo autoriza, no habría inconveniente.
¿A qué Comisión sugiere enviar la moción concretamente, señor Senador?
El señor BIANCHI.- A la de Gobierno, si es posible.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en acoger lo solicitado por Su Señoría?
--El proyecto pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Boletín N° S1927-05
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el primer lugar de la tabla figura el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, al señor Felipe Sabando del Castillo, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la urgencia contemplada en el párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Constitución.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.927-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 7ª, en 11 de abril de 2017.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 13ª, en 9 de mayo de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti y Larraín, de que la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para designar al señor Sabando cumple los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.
Cabe tener presente que el acuerdo para nombrar Ministro del Segundo Tribunal Ambiental en calidad de licenciado en ciencias requiere el voto favorable de tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos.
El señor COLOMA.- ¡Abramos la votación!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para iniciar la votación?
La señora ALLENDE.- ¡Sí, señor Presidente!
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quiero señalar que corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para nombrar Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, al señor Felipe Sabando del Castillo.
Cabe recordar que los tribunales ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento.
En virtud del artículo 5° de la ley N° 20.600, existen tres tribunales ambientales. El Segundo, para el cual se ha presentado la postulación en estudio, tiene asiento en la ciudad de Santiago y ejerce sus atribuciones en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo O'Higgins y del Maule.
Tanto los ministros titulares como los suplentes de estos tribunales deben ser designados de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 2° de la mencionada ley. En síntesis, dicho precepto dispone que cada ministro será nombrado por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema.
El Senado puede acoger o rechazar la proposición formulada por el Primer Mandatario por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. Si no se aprobare la propuesta, el Presidente de la República deberá presentar a otro candidato, o candidata, que forme parte de la misma nómina elaborada por la Excelentísima Corte Suprema. De rechazarse la segunda proposición, se deberá llamar a un nuevo concurso.
El cargo de ministro titular es de dedicación exclusiva e incompatible con todo otro empleo, cargo, función o comisión, remunerada o no, que se ejerza en entidades privadas o públicas, sean estas últimas fiscales, municipales, fiscales autónomas o semifiscales, en empresas del Estado o en que este tenga participación por aportes de capital. Asimismo, es incompatible con todo cargo de elección popular. Se exceptúan de estas incompatibilidades los empleos docentes hasta por 12 horas semanales.
Al iniciarse el estudio de este asunto, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tuvo en consideración el oficio N° 489, de 10 de abril de 2017, dirigido al Senado por Su Excelencia la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria.
En él se precisa que, con fecha 28 de diciembre de 2016, cesó en su cargo de ministro titular, en calidad de licenciado en ciencias, don Sebastián Valdés de Ferrari, nombrado en virtud del decreto N° 44, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, provocándose, en consecuencia, la vacante del reseñado cargo.
Luego, indica que, en cumplimiento de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 2°, la Excelentísima Corte Suprema propuso a la Presidenta de la República una cinquena, en base a la cual corresponde nombrar, con acuerdo de esta Corporación, al Ministro del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, en calidad de licenciado en ciencias.
El candidato propuesto es el señor Felipe Sabando del Castillo, quien es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción. Asimismo, posee diversos títulos de postgrado, entre los que destacan los siguientes:
-Magíster en Gestión para la Globalización, otorgado por la Universidad de Chile.
-Master of Business Administration, Cranfield School of Management, del Reino Unido.
-Master en Ciencias de Ingeniería Química, otorgado por la Universidad de Concepción.
Cuenta además con algunos diplomados en Comercio Internacional (Prochile), en Gestión Estratégica (Universidad Alberto Hurtado) y en Derecho Ambiental (Universidad San Sebastián).
Se ha desempeñado como profesor del magíster en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Concepción, y como profesor del magíster en Medio Ambiente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Actualmente es miembro del Instituto de Ingenieros de Chile y de la Cranfield Management Association.
Entre diciembre de 2012 a junio de 2014 ejerció como director regional, correspondiente a Tarapacá, del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).
Entre febrero de 2012 y noviembre del mismo año cumplió labores como jefe de gestión de operaciones y proyectos en el Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales IDIEM (Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales) de la Universidad de Chile.
Fue socio y cofundador de Kraken Ltda. (empresa de transporte y logística).
Entre julio de 2009 y enero de 2011 se desempeñó como director de desarrollo de personas (recursos humanos) de la Universidad Católica de Temuco.
Entre agosto de 2004 y enero de 2011 fue profesor de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Temuco.
Y entre julio de 2001 y agosto de 2005 ocupó el cargo de gerente de proyectos de la empresa Micro-Bío Chile (empresa de consultoría y servicios ambientales).
Actualmente ejerce el cargo de gerente general en la empresa Tippmann y Sabando Compliance SPA.
De todos estos antecedentes se deja constancia en el curriculum vitae del señor Felipe Sabando del Castillo, que se acompaña como anexo al informe que los señores y señoras Senadoras tienen a su disposición.
Luego de examinar tales antecedentes, de recibir en audiencia al señor Sabando y de conocer su parecer sobre la legislación ambiental y las tareas que debiera asumir en el Segundo Tribunal Ambiental, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti y Larraín, tiene el honor de informar que la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para designar al señor Felipe Sabando del Castillo como Ministro del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, en calidad de licenciado en ciencias, cumple los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico vigente, por lo que dicho órgano técnico sugiere a los Senadores y Senadoras aprobar tal nombramiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que estamos en votación.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo quiero consultar si participaron miembros de la Comisión de Medio Ambiente en el análisis de la proposición para nombrar al señor Sabando Ministro del Segundo Tribunal Ambiental.
No lo digo por la persona misma, sino porque en una ocasión anterior la designación recayó en alguien que trabajó como consultor para HidroAysén, en circunstancias de que tal tribunal ambiental estaba revisando ese proyecto hidroeléctrico.
Por consiguiente, me parece que dentro del abanico de ministros que son nombrados en tribunales ambientales debemos tener particular cuidado en que no exista alguna ligazón de intereses que finalmente terminen siendo revisados o sancionados por estos tribunales.
Con lo anterior no pretendo manchar para nada la presentación de don Felipe Sabando del Castillo, ya que, tras revisar sus antecedentes e independiente de que se ha desempeñado en empresas privadas -lo cual no es un pecado, pero hay que tener particular cuidado al respecto-, observo que se desempeñó en el Servicio Nacional de Geología y Minería y en el Instituto de Investigaciones y Ensayo de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, labor que le otorga un acento desde los puntos de vista académico y de servicio público.
Sin embargo, quisiera que a futuro -sobre todo porque se están proponiendo integrantes para el Tribunal Ambiental de Antofagasta y algunos ministros van a ser sustituidos por nuevos candidatos- se tenga particular cuidado en revisar estos antecedentes en el momento de la proposición y en que los postulantes sean escuchados por la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
--Se aprueba la proposición de la Presidenta de la República para nombrar Ministro Titular del Segundo Tribunal Ambiental, en calidad de licenciado en ciencias, a don Felipe Sabando del Castillo (26 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quorum requerido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Pérez Varela.
Boletín N° 10611-07
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fortalece la composición de los tribunales que indica, asignando una dotación adicional de 110 jueces, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.611-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 83ª, en 24 de enero de 2017 (se da cuenta).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 11ª, en 2 de mayo de 2017.
Hacienda: sesión 11ª, en 2 de mayo de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es favorecer la cobertura jurisdiccional del territorio nacional y mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, aumentando la dotación de jueces y de otros funcionarios. Concretamente, se crean 110 cargos de jueces, cuyos titulares se desempeñarán en distintos puntos del país en 82 tribunales, entre los que se cuentan juzgados orales en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común o mixta. Además, la iniciativa refuerza la dotación de apoyo para los mencionados tribunales, incrementando los cargos de consejero técnico, jefe de unidad y otros.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto en general y en particular a la vez, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 24 de enero de 2017, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti y Moreira.
Por su parte, La Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos de su competencia, los que aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Montes, Lagos y Pizarro, en los mismos términos en que fueron despachados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cabe hacer presente que los artículos 1°; 2°; 3°; 4°; 5° número 1 -en la parte que alude a los cargos de cuatro jueces- y número 2; el artículo 7° -en la parte referida a los cargos de tres jueces-, y el artículo primero transitorio del proyecto tienen rango orgánico constitucional y requieren 21 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 19 a 28 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero informar en qué consiste esta iniciativa analizada en la Comisión de Hacienda.
Sus Señorías pueden seguir en pantalla mi exposición en PowerPoint.
El objetivo de la iniciativa es aumentar la dotación de jueces y funcionarios de tribunales en que se advierten cargas de trabajo que ponen en riesgo el buen y continuo servicio judicial.
Además, dispone la provisión de 110 jueces en un total de 82 tribunales a lo largo del país, según criterios técnicos definidos por la Corporación Administrativa del Poder Judicial: tribunales de juicio oral en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común.
¿Cuáles son los contenidos del proyecto?
Primero, el aumento de jueces en aquellos tribunales que hayan superado la carga considerada apropiada para el buen desempeño jurisdiccional.
Segundo, con el fin de asegurar la continuidad en el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales que funcionan en salas, se propone incorporar un juez adicional, de modo de garantizar el reemplazo inmediato del juez que por cualquier motivo no pueda desempeñar su función, superando la aplicación de subrogaciones y suplencias, y aumentando las posibilidades de integración.
Tercero, se promueve reformar el texto del Código Orgánico de Tribunales, la Ley N° 19.968, que crea los tribunales de familia, y el Código del Trabajo. Asimismo, se aumenta un cargo en el Tribunal de Alto Hospicio creado por la ley N° 20.876.
Cuarto, en lo que se refiere a las normas de entrada en vigencia, la iniciativa de ley establece un cronograma de implementación en tres años, considerando las necesidades de construcción y/o remodelación de los espacios existentes y los tiempos asociados a estos trabajos para recibir la nueva carga de dotación asociada.
¿Cuál es el efecto fiscal del proyecto?
De acuerdo al informe financiero, el proyecto irroga gastos por la creación de 110 cargos para jueces, a fin de fortalecer 82 tribunales; el aumento de la dotación de apoyo: 7 consejeros técnicos, 61 jefes de unidad y 237 empleados. En total, son 305 cargos de apoyo.
Asimismo, además del incremento del gasto operacional, hay gastos transitorios en mobiliario y equipos informáticos, y en infraestructura en la construcción de salas, en los casos en que sea necesario para el nuevo personal.
Siguiendo con los efectos fiscales, el primer año son 15 mil millones; el segundo año, 19 mil millones; y el tercer año, 27 mil millones; pasando posteriormente a régimen.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Son 13 mil millones?
El señor MONTES.- Así es, 13 mil millones en régimen. Este es básicamente el costo permanente. Los demás tienen períodos de inversión.
Respecto de la gradualidad, a contar de la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial se consideran los siguientes tribunales: juzgados de garantía de San Felipe, Santa Cruz, Talca y Angol; tribunales de juicio oral en lo penal de Iquique, La Serena, San Antonio, Curicó, Talca, Chillán, Concepción y el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, y Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
Cumplido un año de su publicación en el Diario Oficial -lo anterior era desde el momento en que se publicara-, se consideran los juzgados de garantía de Antofagasta, de Ovalle, y de Valparaíso; Juzgado de Letras de Familia, de Garantía y del Trabajo de Alto Hospicio; juzgados de letras de competencia común de Caldera, de Mulchén, de Nacimiento, de Laja, de Collipulli y de Carahue; y juzgados de letras del trabajo de Valparaíso, de Rancagua y de Santiago.
Los aumentos en dotación para los restantes tribunales previstos entrarán en vigencia una vez transcurridos dos años desde la publicación en el Diario Oficial.
Este texto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión de Hacienda, y solicito a los señores Senadores que se pronuncien a favor.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, abra la votación.
La señora VON BAER.- Que se abra la votación, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Hay acuerdo para ello?
El señor HARBOE.- Me parece muy bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado.
En votación general y particular el proyecto.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, voy a hacer la relación como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Esta iniciativa tuvo origen en un mensaje de la señora Presidenta de la República dirigido a la Cámara de Diputados, y busca favorecer la cobertura jurisdiccional que se presta a lo largo del territorio nacional, aumentando la dotación de jueces y de otros funcionarios de distintos tribunales.
El señalado mensaje hace presente que un primer avance para cubrir las necesidades más urgentes y apremiantes de nuestros tribunales se logró en noviembre de 2015, con la dictación de la ley N° 20.876, que suprimió un total de 77 cargos de jueces penales de la Región Metropolitana y, en su lugar, dispuso que se utilizaran 71 de esas plazas para cubrir la demanda creciente de otros tribunales de diversas regiones y competencias que tenían dotaciones deficitarias, y que se asignaran las 6 plazas restantes a la creación de tres nuevos tribunales con asiento en las comunas de Alto Hospicio, Mejillones y Cabo de Hornos.
Esa ley, como dijo la Primera Mandataria, fue fruto del esfuerzo conjunto de los tres Poderes del Estado en pos de aprovechar eficientemente los recursos públicos disponibles y mejorar el acceso a la justicia.
Sin embargo, si bien dicho cuerpo legal representó un significativo avance, no fue suficiente para cubrir las necesidades generales de dotación de jueces evidenciadas por el propio Poder Judicial, sobre la base de la carga de trabajo y la configuración orgánica de los distintos tribunales del país.
Por tal motivo, esta iniciativa viene a plantear un reforzamiento complementario para aquellos tribunales en que se advierten cargas de trabajo excesivas para los magistrados y sus funcionarios, y fórmulas orgánicas que ponen en riesgo el adecuado y continuo servicio judicial.
En lo medular, la iniciativa en estudio dispone, entonces, la creación de 110 cargos de jueces en un total de 82 tribunales a lo largo del territorio nacional, comprendiendo tribunales de juicio oral en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común o mixta. Todo ello sobre la base de criterios técnicos adecuados en materia de estándares de cantidad de causas por cada magistrado o sala de tribunal.
Asimismo, con el fin de asegurar la continuidad en el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales que funcionan en salas, se propone incorporarles un juez adicional, de modo de garantizar el reemplazo inmediato del magistrado que por cualquier motivo no pueda desempeñar su función.
A la vez, se refuerza la dotación de apoyo para los mencionados tribunales, incrementándose el correspondiente número de consejeros técnicos, de jefes de unidad y de otros cargos complementarios fundamentales para el recto funcionamiento de los tribunales.
Para estos efectos, a través de siete artículos permanentes, el proyecto modifica diversos cuerpos normativos, como el Código Orgánico de Tribunales; la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, y el Código del Trabajo. Complementariamente, se contemplan dos disposiciones transitorias que se ocupan de los aspectos financieros de la iniciativa y de su entrada en vigencia, fijándose un cronograma de implementación basado en las necesidades de construcción o remodelación de los espacios existentes para recibir las nuevas dotaciones.
La Comisión realizó la discusión y votación del proyecto tanto en general como en particular en el trámite de primer informe, en virtud de la autorización que la Sala le otorgara con fecha 24 de enero del presente año.
En este estudio, se escuchó atentamente la excelente exposición del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Campos; al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema; a representantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial; al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, y al señor Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial. Con ellos, la Comisión tuvo la oportunidad de evaluar detenidamente los criterios que se emplearon para determinar estos aumentos de jueces y demás funcionarios; la forma en que se calcularon las correspondientes cargas de trabajo, y los cambios que experimentarán las distintas regiones de nuestro país como consecuencia de esta iniciativa.
También se tuvo presente el informe evacuado por la Excelentísima Corte Suprema, en el cual se entrega en forma expresa un parecer favorable respecto a este proyecto, el que, según allí se señala, fue concordado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y recoge todos los planteamientos que se formularon ante el Parlamento durante la tramitación de la ya mencionada ley N° 20.876, de 2015.
Conocidos y analizados los antecedentes recibidos -forman parte del informe de la Comisión- y habida consideración del impacto práctico que va a significar para los ciudadanos la cercanía de la justicia y el acceso a ella, hubo consenso en cuanto a la pertinencia de aprobar esta iniciativa, al estimarse que contribuirá sustantivamente a mejorar el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, en especial de los habitantes que residen en las zonas geográficamente más apartadas.
Por tal razón, y por la contundente argumentación planteada por el Ejecutivo a través del Ministro de Justicia, en forma unánime la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó este proyecto tanto en general como en particular y recomienda a la Sala proceder de igual manera.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la justicia no encabeza las prioridades para los chilenos, como sí ocurre con el combate a la delincuencia, con la necesidad de mejorar la salud pública, la educación y los sueldos.
Sin embargo, según la Encuesta CEP de diciembre del año pasado, los tribunales de justicia tienen una aprobación de 7 por ciento; el Congreso, de 4 por ciento, y los partidos políticos, de 4 por ciento. Son las tres instituciones que cuentan con los menores niveles de confianza por parte de los chilenos.
Además, el 73 por ciento de los entrevistados en ese estudio señala sentirse insatisfecho con el funcionamiento de la administración de justicia en nuestro país. Se trata de niveles de insatisfacción que están por sobre la percepción del funcionamiento de la seguridad ciudadana (65 por ciento se declara insatisfecho) o del transporte público (53 por ciento de insatisfacción), especialmente por el Transantiago.
Este proyecto va en la línea correcta, porque su objetivo es favorecer la cobertura jurisdiccional del territorio nacional y mejorar el acceso de la ciudadanía a la justicia, tal como lo plantearon los señores Senadores que lo informaron. Ello se materializa especialmente con la creación de 110 cargos de juez, los que se desempeñarán en distintos puntos de nuestro país, en 82 tribunales, entre los que se cuentan juzgados orales en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común o mixta. Además, la iniciativa refuerza la dotación de apoyo para los mencionados tribunales, aumentando los cargos de consejero técnico, de jefe de unidad y de otros que son necesarios para impartir la justicia.
Creo que este proyecto va en la dirección correcta, al aumentar la dotación de tribunales en 110 nuevos magistrados, a lo que se suma la incorporación de 305 nuevos funcionarios. Esto apunta a robustecer la labor de diversos tribunales de justicia a lo largo de nuestro país (de juicio oral en lo penal, de garantía, laboral, de cobranza laboral y previsional, de familia y de competencia común), con el objetivo de alcanzar estándares mínimos que cada juez debe tener para el cabal cumplimiento de su función. Cuando la carga de algunos tribunales sobrepasa la capacidad humana tanto de los jueces como de los funcionarios, ese tribunal no camina, se empiezan a demorar los procesos, y todos sabemos que la justicia, cuando tarda, muchas veces no es justicia.
El aumento en el caso específico de las ciudades de Copiapó y Caldera responde a solicitudes que los parlamentarios de la Región hemos formulado reiteradamente, en especial respecto de Caldera, donde la demanda por justicia ha crecido bastante en los últimos años, producto del aumento de los habitantes y porque en la época estival se triplica la población y, por lo tanto, la carga del tribunal sube considerablemente.
Pero mi preocupación -se lo planteé al Ministro Jaime Campos, y le agradezco su respuesta- radica en el tiempo en que se implementarán los nuevos cargos. Así, en el caso de Caldera ello demorará un año desde la publicación de la ley en proyecto; y en el de Copiapó, dos años.
Francamente, me inquieta esa situación.
En tal sentido, pido al señor Ministro -él me ha dicho que se trata de una responsabilidad a cargo de la Corte Suprema- que esto se pueda adelantar. En el caso de Caldera, no significa mayores recursos, pues ya existen los dos jueces -se está cambiando solo la competencia-, por lo que allí no se daría el problema que siempre se menciona cuando uno pide estas cosas: "No, pero es que no alcanzan los recursos", y lo que hacemos es demorarlo para el próximo año. Yo creo que dos años es demasiado, señor Presidente.
En consecuencia, solicito, si es posible, que se oficie a la Corte Suprema con la finalidad de que estos cargos se puedan llenar ahora, en conjunto con la publicación de la ley en proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señores Senadores, les hago presente que la votación es en general y particular.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, si bien no soy un experto en materia jurídica, me correspondió participar junto con mis asesores en la discusión y votación de este proyecto de ley. Y no solo por sentido común, sino también por la asesoría adecuada, por haber escuchado al Ministro y a otras autoridades sobre esta iniciativa, que es de sentido común, me corresponde hacer uso de la palabra en nombre de los Senadores de la UDI para anunciar nuestro voto favorable en general y particular.
Como lo manifestó con tanto detalle el Presidente de la Comisión, Senador Harboe, el proyecto busca aumentar la dotación de jueces y funcionarios de un número importante de tribunales de nuestro país. Es indiscutible que, a mayor demanda por justicia, se incrementan las cargas de trabajo, lo que obliga a idear fórmulas de organización que aseguren el buen y continuo servicio de la función judicial.
No fue hace mucho tiempo que el Congreso aprobó la ley Nº 20.896, hoy vigente, que creó juzgados en diversos territorios de nuestro país y modificó distintos cuerpos legales para alterar la composición de varios tribunales de justicia.
Mientras se tramitaba esa iniciativa surgieron estudios que permitieron detectar sectores de nuestro país donde la demanda de justicia no se encuentra hoy satisfecha. Los ingresos de causas y la imposibilidad de resolverlas de manera "pronta y cumplida", como manda la Constitución, pueden llevar a algunos a plantearse preguntas tal vez equivocadas: ¿de verdad necesitamos más tribunales?
El proyecto que estamos votando busca resolver ese problema sin incrementar el número de juzgados, sino sumando más magistrados para que se integren a los tribunales que ya existen, lo que nos parece una solución razonable.
También resulta importantísimo connotar que esta iniciativa haya pasado por la Comisión de Hacienda. Describió muy bien su texto el Senador Montes, quien mañana cumple un año más de vida. De modo que aprovecho la oportunidad para saludarlo desde este rincón del Hemiciclo.
Señor Presidente, el Senado revisó este proyecto en sus Comisiones de Constitución y de Hacienda, y no le introdujo modificaciones.
La iniciativa que nos ocupa resuelve con buen criterio -¡en mayúscula!- una situación vinculada con las planificaciones hechas según las reformas procesales y que la ley N° 20.896 no había solucionado debidamente.
Esta vez se agregan más jueces a nivel nacional.
En las condiciones señaladas, este proyecto es razonable y merece ser aprobado.
Con todo, cabe observar que de seguro las consecuencias del aumento en la dotación de jueces serán asumidas por el próximo Gobierno. Ello será así, pues los incrementos previstos para los restantes tribunales entrarán en vigencia una vez transcurridos dos años desde la publicación de la ley en proyecto en el Diario Oficial. Y a contar de esa fecha, se consideran los gastos en personal, operacionales y de arriendos de computadores, por año completo, acorde al número de cargos que se crean anualmente.
Independientemente de quién deba pagar la cuenta respectiva, que es una inversión para que haya más justicia, lo relevante acá es que estamos aprobando la iniciativa.
Para terminar, quisiera referirme a lo siguiente.
En materia de justicia, la Región que represento también merece una mirada del Gobierno.
Entiendo perfectamente que, desde el punto de vista presupuestario, no es fácil aumentar determinada cantidad de jueces. Ello debe hacerse con responsabilidad, la misma que se ve reflejada en el proyecto que estamos votando.
Aunque esta iniciativa sin duda constituye un avance, me quedo con la sensación de que pudo haberse hecho un poquito más para atender las demandas de la Región de Los Lagos en materia de justicia.
Que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt cuente solo con una sala y cuatro ministros le permite funcionar de manera extraordinaria en dos salas. Pero ello no alcanza para que los habitantes de las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé vean resueltos sus conflictos en breve tiempo.
Es esencial que ese tribunal de alzada cuente con una sala más.
Esperamos que esa necesidad, respecto de la cual no se requiere contar con elevadas inversiones o completar plantas que pueden resultar onerosas, sea satisfecha lo más pronto posible.
Si somos gobierno, haremos los esfuerzos pertinentes para que las demandas de la Región de Los Lagos sobre la materia se atiendan cabalmente.
La UDI aprueba este proyecto.
El señor TUMA.- Me congratulo por esta iniciativa, señor Presidente.
Quiero felicitar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos; al Gobierno; a la Presidenta Bachelet, porque si existe un tema recurrente en la población es el acceso a la justicia.
Hay problemas de la vida cotidiana que se resuelven en los juzgados de familia, o en los laborales, o en tribunales que concentran lo penal, lo laboral, lo civil, lo familiar. Y existe una cantidad muy grande de personas que dependen de si en los tribunales competentes de nuestro país hay o no personal y jueces para la resolución de las cuestiones que se llevan a esas instancias.
Este proyecto, por tanto, viene a complementar la iniciativa sobre relocalización de 77 jueces que ya aprobó el Congreso Nacional.
Ahora se plantea una dotación adicional de 110 jueces. De manera que es sustantiva la forma como vamos a fortalecer a los tribunales para que la justicia llegue de mejor manera a los ciudadanos.
Señor Presidente, quiero singularizar una situación compleja que estamos viviendo desde hace bastante tiempo en la comuna de Teodoro Schmidt, a la que represento en el Senado.
Le mencioné el problema al Ministro de Justicia, quien lo comprendió fácilmente: necesitamos que se modifique la manera como se hallan definidas las competencias.
El Juzgado de Garantía de Nueva Imperial tiene una sobrecarga de trabajo por juez/sala de 3,5 por ciento.
Debemos ver cómo equilibramos esa recarga con la competencia que el referido tribunal tiene respecto de las comunas de Nueva Imperial y de Teodoro Schmidt, donde hay tres localidades: las de Barros Arana y Teodoro Schmidt, ubicadas a 30 y 50 kilómetros de Nueva Imperial, respectivamente, y la de Hualpín, que está a 70 kilómetros de Nueva Imperial y tiene a 5 kilómetros el Juzgado de Letras y Garantía de Toltén, el cual presenta una capacidad ociosa de aproximadamente 77 por ciento.
Le expliqué la situación al Ministro de Justicia -repito-, quien comprendió perfectamente el problema, señalándome que debe haber equilibrio en la materia y que es factible conseguirlo.
Yo me alegro mucho de eso, especialmente por los habitantes de las zonas que mencioné, quienes se verían muy favorecidos con la división de la competencia; es decir, si los habitantes de Hualpín pudieran acceder al Juzgado de Letras y Garantía de Toltén y los de Barros Arana y Teodoro Schmidt siguieran acudiendo al Juzgado de Garantía de Nueva Imperial.
En todo caso, se trata de un asunto que debe resolverse con la gente de las comunas pertinentes: el alcalde, los concejales y los dirigentes sociales. Y en su oportunidad iremos a conversar con el Ministro para ver de qué manera distribuimos mejor la carga de trabajo, considerando la capacidad ociosa a que me referí.
De otro lado, señor Presidente, debo relevar que este proyecto resuelve muy bien la sobrecarga del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, que llega a casi 60 por ciento. Y lo mismo ocurre con el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue, que tiene cerca de 50 por ciento de recarga.
Esta iniciativa soluciona el problema asignando un juez más a cada uno de los respectivos tribunales.
También zanja la situación del Juzgado de Garantía de Temuco, que presenta una sobrecarga de 20 por ciento (este índice se halla relacionado con el número de causas que se llevan por cantidad de habitantes), pues aumenta en dos el número de jueces en dicho tribunal.
Me parece, entonces, que este proyecto va en la dirección correcta de atender una de las demandas más sentidas de la población: el acceso a la justicia.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa, pues me parece que la creación de 110 nuevos empleos de juez va en la dirección correcta.
Me alegra mucho que nuestra Región haya sido considerada en el incremento dotacional con 16 cargos: Osorno, cuatro jueces; Río Negro, uno; Puerto Varas, dos; Puerto Montt, seis; Ancud, uno; Castro, dos. Vale decir, tres de las cuatro provincias de la Región de Los Lagos fueron contempladas en el incremento de magistrados que se propone.
Sí, me llama la atención que una provincia tan aislada como la de Palena no haya sido considerada en el aumento de jueces, pues la comuna de Futaleufú cuenta con la infraestructura necesaria para el funcionamiento de un tribunal y para recibir a sus funcionarios, toda vez que, producto de la catástrofe provocada por la erupción del volcán Chaitén en 2008, el Poder Judicial realizó una inversión para que el tribunal de Chaitén -valga la redundancia- funcionara provisoriamente en aquella comuna.
Futaleufú cuenta con todas las instituciones necesarias para el funcionamiento de un juzgado: Gendarmería, Defensoría, Fiscalía, Notaría, Corporación de Asistencia Judicial.
En la actualidad, la referida comuna está bajo la jurisdicción del tribunal de Chaitén. Sin embargo, a sus pobladores les resulta dificultoso concurrir a él, pues se encuentra a tres horas y media de viaje en bus; y, como solo se hacen dos recorridos diarios, ir a Chaitén ocupa prácticamente una jornada completa.
Sobre el particular, por intermedio de la Mesa, le solicito al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que oficie a la Corte Suprema para hacerle presente tanto la situación que afecta a la provincia de Palena como la realidad que se vive en la comuna de Futaleufú.
Asimismo, adhiero a lo que señaló el Senador Moreira en cuanto a la necesidad de una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Se trata de una petición que venimos formulando desde hace muchos años, pero que desgraciadamente no se ha concretado.
Porque ocurre un hecho paradójico, señor Presidente.
Los tribunales de la provincia de Osorno, que pertenece a la Región de Los Lagos, están bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que corresponde a la Región de Los Ríos.
Entonces, si se creara una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, los tribunales de Osorno quedarían bajo la jurisdicción de esta última.
Por intermedio de la Mesa, le insisto al señor Ministro de Justicia en la necesidad de que oficie a la Corte Suprema para que, además de ver el caso específico de Futaleufú, estudie la factibilidad de crear una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es muy importante. Y todas las intervenciones que hemos escuchado hasta ahora así lo revelan.
Todos somos conscientes de que nuestro país dio un gran salto cuando hicimos la reforma procesal penal. Pero también tenemos claro que muchos de nuestros tribunales están sobrecargados de trabajo, lo que impide una justicia eficiente, oportuna, equitativa.
No podemos dejar de considerar que no es del todo positiva la evaluación de la población a la forma como se imparte la justicia en Chile y que existe una percepción creciente en cuanto a que la gente de escasos recursos y con mayor vulnerabilidad es la que tiene menor acceso a una buena justicia.
Por eso es importante esta noticia.
La creación de 110 cargos de juez para un total de 82 tribunales en todo nuestro territorio sigue los criterios técnicos establecidos por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Esos magistrados se desempeñarán en juzgados orales en lo penal, de garantía, laborales, de cobranza laboral, de familia y de competencia común.
Aquello va en la línea de mejorar la administración de justicia y, también, asegurar la continuidad en el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales que funcionan en salas; es decir, que ante la ausencia de un juez se garantice su remplazo de inmediato, de tal manera que no se interfiera en el desempeño de la función respectiva.
Dicho eso -por cierto, la ley en proyecto contará con nuestro voto afirmativo-, es del caso señalar que esta iniciativa establece un cronograma de implementación a lo largo de tres años. Ello tiene sentido si se consideran aspectos tales como necesidades de construcción y de remodelación de los espacios existentes, asuntos presupuestarios, en fin.
Señor Presidente, aquí quiero hacerme cargo de lo siguiente.
El problema para la implementación de los nuevos cargos -y comparto lo que planteó el Senador Prokurica; conversé el punto con el Ministro de Justicia- tiene que ver no solo con la Corte Suprema, sino también con la Ley de Presupuestos.
En el caso de Caldera, que cuenta con un juzgado de competencia común, habrá que esperar un año; y en el de Copiapó, dos.
Sin embargo, la necesidad de que entren en vigencia luego los aumentos de dotación propuestos -así me lo expresó el Presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó- es urgente.
Como dije, conversé acerca del problema con el Ministro de Justicia. Además, pedí que se le enviara un oficio sobre la materia. Pero ahora me acaba de reiterar que aquello depende, no de la Corte Suprema, sino de la Ley de Presupuestos. O sea, el adelanto en la implementación -esa es la solicitud- de los nuevos cargos propuestos se encuentra supeditado a los recursos que se entreguen mediante la partida presupuestaria respectiva.
Me gustaría que se considerara el punto. Sé que el Ministro se ha comprometido a por lo menos tenerlo presente. Y ojalá que a la hora de discutir el proyecto de Ley de Presupuestos exista disposición para acoger el planteamiento hecho, ya que claramente se trata de una cuestión urgente.
Lo más importante es que entre todos hagamos posible que haya mayor acceso a la justicia y que esta sea equitativa.
¡Eso es muy relevante para nuestro país!
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, ciertamente, nosotros valoramos la incorporación de nuevos jueces a los distintos tribunales de nuestro país.
No obstante, me gustaría hacer notar que la estadística que hemos seguido nos revela, por ejemplo, que en San Antonio, donde existe la mayor concentración de causas, solo se está agregando un juez de juicio oral en lo penal y uno de garantía.
Considero necesario que se revise en algún minuto esa situación.
Si el elemento determinante para la incorporación de nuevos jueces fue el estadístico, tenemos un error significativo, porque se está incorporando a más jueces en otras comunas, y en San Antonio, que concentra la mayor cantidad de causas por magistrado, no ocurre lo mismo.
Por lo tanto, yo le pido al Ministro de Justicia que se revise la estadística de las causas por juez, al objeto de ver la evolución de los últimos años. Ello le permitirá visualizar que en el caso de San Antonio existe una mayor concentración de causas en manos de los magistrados y que, según expresé, solo se resolvió la incorporación de un juez tanto en el tribunal de juicio oral en lo penal cuanto en el juzgado de garantía.
Nosotros solicitamos que se enviaran los oficios pertinentes a la Corte Suprema. Lamentablemente, ese problema no se solucionó. Pero esperamos que quede pendiente, para que en un nuevo proyecto de ley se corrija la situación expuesta, que provoca acumulación de causas y atenta contra la administración de justicia en la comuna de San Antonio.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, por intermedio de la Mesa, saludo al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Valoro que estemos votando en la Sala este proyecto, que crea 110 cargos de juez a lo largo de Chile.
Hemos escuchado las opiniones de un conjunto de Senadores, quienes, obviamente, conocen su territorio e identifican lugares donde hay mayor concentración de causas, donde existen juzgados que han quedado sobrepasados o que tienen una capacidad ociosa más elevada.
Sin lugar a dudas -lo explicó muy bien el señor Ministro en la Comisión de Constitución, porque pudimos desglosar por regiones o por cortes de apelaciones-, ha habido una labor de años para alcanzar el equilibrio territorial, para lograr una distribución equitativa que en definitiva permita el acceso a la justicia en cualquier parte de Chile.
Debemos entender que en el Poder Judicial se busca homogeneizar y repartir equilibradamente las causas en juzgados de garantía, orales, en fin.
Por cierto, en algunas partes se han generado situaciones anómalas.
Entonces, señor Ministro, quiero valorar al menos lo que en la Región de Los Ríos se está haciendo a nivel de los juzgados de competencia mixta de Paillaco y de Los Lagos al incorporar un magistrado en cada uno de ellos.
Asimismo, se consideran un magistrado en el juzgado de garantía y otro en el tribunal de juicio oral en lo penal en Valdivia, donde se concentra la mayor cantidad de población.
Ya habíamos obtenido, a través de otras leyes, refuerzos en Panguipulli y en La Unión. Entonces, vamos alcanzando el equilibrio territorial.
Señor Presidente, en momentos en que estamos aprobando esta iniciativa, no quiero dejar pasar que, al discutir el proyecto que dio origen a la ley sobre fortalecimiento del Ministerio Público, de 2015, hicimos ingentes esfuerzos para que ese órgano fundamental de nuestro ordenamiento institucional estuviera dotado de atribuciones y personal adecuados: más fiscales, más ayudantes de fiscales, en fin.
Con esta iniciativa, que incrementa el número de jueces a lo largo de Chile, estamos nivelando la labor del Poder Judicial.
Habíamos hecho algo parecido en 2015 en el caso del Ministerio Público.
Queda pendiente la Defensoría Penal Pública. Ahí también tenemos que avanzar, tal vez en autonomía y en recursos. "Sin defensa no hay justicia", se expresa en el eslogan alusivo a la misión de ese servicio.
Para cerrar lo concerniente a los 110 nuevos magistrados, debo señalar que, en mi concepto, debemos aprobar esta iniciativa, que, en el caso de la Región de Los Ríos, sin lugar a dudas, avanza en lo que respecta a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Sobre el particular, quiero referirme a la argumentación hecha por los Senadores de la Región de Los Lagos.
Recordemos que el tribunal de alzada de Valdivia es más que centenario. Su jurisdicción era extensa. Pero se crearon las Cortes de Apelaciones de Puerto Montt y de Coihaique. Y también impactó sobre ella el establecimiento de una nueva Región. En definitiva, la Región de los Ríos quedó sometida a una Corte de Apelaciones que tiene jurisdicción sobre los juzgados de Osorno. Esta provincia está bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero, administrativamente, su territorio pertenece a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Ahí todavía existe una situación de encaje territorial que importa resolver.
Conozco la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que, con una sala integrada por cuatro ministros, no tiene capacidad para atender la enorme cantidad de causas de Chiloé, de Palena y de la propia provincia de Llanquihue.
En mi concepto, es preciso avanzar en una fórmula que resuelva el problema, por cierto sin hacer abstracción de la capacidad instalada (conocimiento, trayectoria) de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que con sus dos salas ha hecho y sigue haciendo un gran trabajo. Sin embargo, hay que entender que tal vez, desde el punto de vista administrativo, una segunda sala en Puerto Montt ayudaría significativamente. Y la idea es tener en funcionamiento permanente ambas salas.
Esa es al menos la opinión que puedo expresar como Senador de la Región de Los Ríos, pero también por haber conocido en la jurisdicción ambas Cortes.
La cantidad de causas existentes en Llanquihue, Chiloé y Palena justifica perfectamente contar con una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt; de esa manera se descomprimiría el trabajo judicial y se lograría mayor equilibrio en la distribución de aquellas.
Felicito el aumento de jueces propuesto. Lo relevante es que la medida se implemente lo antes posible. Así, el mixto Paillaco-Los Lagos verá la llegada de un nuevo magistrado y los juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal de Valdivia serán reforzados con el arribo de nuevos jueces.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, tras haber dado cuenta del informe de la Comisión de Constitución, quiero destacar, en mi condición de Senador por la Región del Biobío, la importancia práctica de este proyecto.
¿Qué hacen los jueces en una sociedad?
En una comunidad, los jueces se encargan de dirimir conflictos. Son terceros imparciales, personas preparadas por la sociedad para zanjar conflictos cuando los ciudadanos son incapaces de resolverlos por sí mismos.
Así, están los jueces de familia, los jueces laborales, los jueces penales.
Los magistrados realizan una labor tremendamente compleja, que requiere no solo conocimiento del Derecho, que es lo que deben aplicar para la resolución de los problemas, sino también capacidad para entender cómo funciona la sociedad, la que cada día tiende más a cuestionar las decisiones de la autoridad, lo cual pone en situación muy difícil a los jueces, quienes muchas veces tienen que debatirse entre la aplicación estricta del Derecho, la conexión entre este, el sentido común y la realidad, y también, soportar la presión pública, elementos todos que de una forma u otra van generando cuestionamientos a determinadas resoluciones judiciales.
La administración de justicia es una labor tremendamente noble: implica ser capaz de disponer de voluntad, tiempo, dedicación para estudiar un problema específico y proponer una alternativa de resolución.
Son numerosos los niños y las niñas que han visto en los jueces y las juezas la posibilidad de ser protegidos ante agresiones sexuales, e incluso, frente a agresiones de sus padres (violencia intrafamiliar).
Gracias a la intervención de jueces y juezas, muchas mujeres han recibido medidas de protección ante acciones de violencia intrafamiliar o de otro orden.
Es del caso, señor Presidente, reconocer la abnegada tarea de administrar justicia, ya no solo en las grandes ciudades, sino también en pequeñas localidades.
Algunos Senadores y Senadoras hacían referencia en esta Sala a la importancia de los magistrados en zonas pequeñas, en zonas aisladas.
En una localidad rural, el juez no es solo quien imparte justicia: muchas veces es el ejemplo; el formador; el que logra poner orden sin necesidad de un juicio; la persona que de algún modo inspira o debiera inspirar los valores del barrio, de la comuna.
Entonces, su labor es bastante mayor que la simple -en realidad, no tan simple- administración de justicia.
Por eso, el proyecto que envió la Presidenta Michelle Bachelet para aumentar en 110 la cantidad de jueces no implica solo un mayor número de magistrados: significa asimismo que vamos a tener 110 personas más cercanas a la ciudadanía para administrar justicia y dar resguardo al que no puede protegerse por sí mismo.
¿A quién le sirve la justicia? Al más desvalido.
El poderoso puede defenderse solo: basta que tome el teléfono y soluciona el problema.
La persona que no tiene redes de contactos ni conocimientos es justamente la que ha de ser amparada por el magistrado.
En consecuencia, la ampliación del número de jueces, dadas la sobrecarga laboral existente y la implementación de nuevos tribunales en localidades aisladas, es a mi entender un elemento muy significativo para el fortalecimiento de la democracia. Porque acercar la justicia a los ciudadanos es otorgarles mayor protección, mayor tranquilidad y mayor paz social.
Señor Presidente, en lo que concierne a la Región del Biobío, este proyecto es muy importante, pues en la práctica vamos a tener siete nuevos jueces en la provincia de Concepción, la que, atendidos su crecimiento poblacional y sus mayores relaciones de consumo, registra más demanda jurisdiccional.
La provincia de Arauco, la más pobre de nuestro país, va a contar con dos nuevos jueces, quienes estarán más cerca de la gente para defender sus derechos.
Son muchos los trabajadores forestales que sienten que sus derechos son perjudicados, pero no tienen cómo lograr que alguien los ampare. En la provincia de Ñuble habrá tres nuevos jueces. Es decir, en la futura Región de Ñuble habrá tres nuevos magistrados. Ello reviste gran importancia para comunas pequeñas, como las de Portezuelo, Quirihue, Cobquecura. Porque muchas veces las temporeras y los temporeros que necesitan protección judicial deben ir a Chillán. Entonces, esas personas tendrán mayor cercanía en materia jurisdiccional.
En la provincia de Biobío habrá cuatro nuevos jueces.
Alguien preguntará por Los Ángeles. Esta es la capital provincial. Pero tenemos comunas cordilleranas, como las de Alto Biobío, Quilleco, Quilaco, Santa Bárbara, Mulchén, Negrete, Nacimiento, todas alejadas desde el punto de vista territorial, geográfico, lo que implica necesariamente el desplazamiento de los ciudadanos ni más ni menos que para poder acceder a la justicia. Y ese desplazamiento significa costos. Pero en diversas ocasiones la gente no dispone de los dos mil a dos mil quinientos pesos que cobra el bus desde Alto Biobío a Los Ángeles, lo que constituye un impedimento para la defensa de sus derechos.
El proyecto que nos ocupa va a beneficiar, entre otros, a esos ciudadanos. Por ende, celebro su aprobación.
Yo felicito a la Presidenta Bachelet por haber enviado esta iniciativa -el Senado la aprobará esta tarde por amplia mayoría-, que va a permitir contar con jueces más cercanos a la gente.
No obstante, en la provincia de Biobío tenemos una cuestión pendiente.
Con el Senador Víctor Pérez hemos estado trabajando en torno a la necesidad de dotar de una corte de apelaciones a Biobío. No es justo que los habitantes de esa provincia, los rurales de Alto Biobío y los urbanos de Los Ángeles, deban viajar a la ciudad de Concepción, distante más de cien kilómetros, para defender en segunda instancia sus derechos.
Si estamos descentralizando, por supuesto que también debemos hacerlo en materia de tribunales de alzada, para que exista mayor acceso a la justicia, por ejemplo en la provincia de Biobío.
Señor Presidente, reitero mis agradecimientos a Su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, como asimismo a los Senadores y Senadoras que han apoyado este proyecto.
Como dije, aprobar el mayor número de jueces propuesto va a significar acercar la justicia a los ciudadanos. Y eso es más y mejor democracia, más igualdad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este proyecto es relevante, pues va a incidir en la vida de los ciudadanos.
El acceso a la justicia es un elemento central.
Ya lo decía el Senador Harboe: el problema de la provincia de Biobío estriba en que, si bien las personas tienen atención de tribunales -y ahora ella aumentará-, en el momento de la apelación deben recurrir a la Corte de Concepción.
Los abogados que ejercen en Biobío no van a ese tribunal de alzada. Por lo tanto, sus clientes se ven forzados a contratar a otros profesionales en Concepción, lo que les genera mayor gasto.
De hecho, las estadísticas dan cuenta de que en la provincia de Biobío el recurso de apelación se utiliza con frecuencia mucho menor que en provincias similares que sí tienen acceso más directo a la corte de apelaciones respectiva.
Aquello es una muestra de que la iniciativa que nos ocupa, tratándose de la justicia de primera instancia, representa un avance importante.
Yo quiero valorar el accionar del señor Ministro de Justicia.
Recuerdo que en una oportunidad en que debí remplazar al Senador Hernán Larraín en una Comisión -en la de Seguridad Ciudadana, me parece, o en la de Constitución-, el señor Ministro, quien recién había asumido, anunció allí que uno de sus propósitos políticos era sacar adelante este proyecto, que suma 110 jueces a lo largo del territorio nacional.
Creo que eso es digno de ser destacado, porque no se trata de una tarea fácil: hay que conjugar los temas presupuestarios, los legislativos, los jurisdiccionales, en fin.
A mi parecer, el proyecto que se halla sobre nuestros escritorios muestra un avance específico y concreto, que va a tener un impacto muy significativo en nuestra ciudadanía.
Señor Presidente, al revisar el texto que se nos propone me surge solo una duda.
La comuna de Lebu, capital de la provincia de Arauco -una de las provincias más pobres de la Región del Biobío-, enfrentaba una dificultad: había un juez con competencia común. El problema tuvo solución parcial tras la discusión realizada hace algunos años sobre esta misma materia, pues se logró incorporar a un segundo juez.
Debemos tener presente, Honorables colegas, que cuando la competencia es común el tribunal ve no solo lo civil, sino también lo laboral, lo familiar, lo penal.
Por lo tanto, la extraordinaria carga de trabajo existente en Lebu era excesiva para un solo juez. Y, a menudo, ese mero hecho nos convencía de que en la referida comuna había incluso una suerte de denegación de justicia, porque los fallos no salían, la tramitación de las causas era de lato conocimiento, en fin.
Pues bien: como expresé, tras la discusión anterior sobre esta misma materia se consiguió un segundo juez para la comuna de Lebu.
Nosotros esperábamos que en esta oportunidad hubiera un tercer juez, por tratarse de la capital provincial, lo que debiera ser una señal muy relevante.
En consecuencia, le pido al señor Ministro revisar lo concerniente a los jueces de competencia común, porque en la práctica ella genera dificultades que la ciudadanía percibe rápidamente. En efecto, la gente capta lo que son los juzgados de garantía, los tribunales orales, los tribunales de familia, que tienen procedimientos importantes; pero en el caso de los tribunales de competencia común observa parsimonia, demora, y por lo tanto, un efecto indeseado en lo que uno quisiera de la administración de justicia: que fuera lo más oportuna y expedita posible, en particular para los habitantes de los sectores más modestos, quienes recurren de manera permanente a los tribunales por sus conflictos, porque ven transgredidos sus derechos.
No obstante, al margen de esa situación muy específica, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto, pues creemos que constituye un avance sustantivo.
Más allá de que uno considere que algunas de las comunas a las que representa quedan mejor ubicadas que otras o que determinada provincia o región obtiene más tribunales, el incremento del número de jueces implica para la administración de justicia un paso adelante muy significativo, que nosotros valoramos.
Esperamos que la instalación de los nuevos tribunales, en los plazos que el propio articulado establece, le permita a la ciudadanía visualizar adecuadamente que aquí ha habido un esfuerzo relevante para mejorar el acceso a la justicia.
Esas son, señor Presidente, las razones que nos llevan a votar favorablemente este proyecto.
--El proyecto se aprueba en general y en particular (30 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor CAMPOS (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, quiero agradecerle al Honorable Senado el que haya aprobado este proyecto de ley por unanimidad. A mi modo de ver, ello pone en evidencia, según se ha dicho en las distintas intervenciones, que se trata de una iniciativa bien inspirada, que está bien construida y que apunta a uno de los aspectos que como Ministerio de Justicia nos corresponde abordar, cual es el de facilitar que la ciudadanía tenga acceso real a la justicia.
Al concluir la discusión, quiero insistir, señores Senadores, en lo siguiente.
Primero, este es un proyecto que, si bien fue presentado por el Gobierno, construimos en conjunto con el Poder Judicial y, en gran parte, con el Congreso Nacional.
Segundo, los criterios que se utilizaron para aumentar la dotación de jueces son absolutamente objetivos: se basan esencialmente en la carga de trabajo de los tribunales. Aquí no ha habido capricho, privilegio, preferencia, simpatía o corazoncito ni del Ministro ni de nadie. Repito: se siguieron criterios absolutamente objetivos, en razón de la carga laboral de los juzgados.
Pero, como algo conozco nuestro país, y particularmente algunas regiones, grafico esta iniciativa en el impacto que va a causar al menos en tres lugares que me son muy conocidos.
Se prevén siete nuevos jueces para la Región del Maule.
A los Senadores de la circunscripción les digo, como alguien que ha ejercido la profesión en esa Región y ante esa Corte de Apelaciones, que esto será otra cosa, desde el punto de vista de la atención judicial.
Habrá dieciséis nuevos jueces en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, en una Región también muy querida para mí. Eso nos pone, desde el punto de vista del acceso a la justicia, en una posición muy diferente.
Por último, cabe destacar veinte nuevos jueces en la Región Metropolitana, para no seguir enumerando por cortes de Apelaciones.
Daré un antecedente adicional. Como se ha dicho, la iniciativa aprobada solo se centra en la primera instancia. Aquí no hemos tocado nada vinculado con la segunda. Pues bien, debo informarles a los señores Senadores que estoy en conversaciones con la Corte Suprema y que ya estamos trabajando ahora en relación con esa otra parte.
Espero que antes de concluir el Gobierno de la Presidenta Bachelet pueda ingresar al Congreso un proyecto de ley sobre el particular. Y las alternativas son varias, según cual sea la realidad a la que quiera referirme. En algunos casos se trata de aumentar un ministro en las cortes de Apelaciones. En otros es la creación de una nueva sala. Y, como se ha dicho, estamos viendo si por lo menos en tres lugares es posible crear nuevas cortes. Por cierto, dentro de las posibilidades están las que se han señalado.
Concluyo reiterando mis agradecimientos al Senado y manifestando, en lo personal, que, para el Ministerio de Justicia, este es el más importante proyecto aprobado por el Congreso en los seis meses que llevo en el cargo. Es cierto que todos son relevantes, pero este es, lejos, el más trascendente. Y no me cabe la menor duda de que la ciudadanía lo recibirá en los términos en que se encuentra concebido. Por eso es que insisto en mi gratitud al Congreso Nacional.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Si la Sala me permite hacerle al señor Ministro una reflexión sobre la justicia en Chile, quisiera manifestarle que la iniciativa aprobada es muy significativa.
Valoro mucho los siete jueces para la Región del Maule, como también los dispuestos para otras; pero creo que, tanto en la competencia civil como en la común, la cantidad no será una solución mientras no reformemos nuestro sistema de procedimiento civil y la exigencia de una mayor agilidad y oportunidad en este ámbito. Sé que se está trabajando en el proyecto. Espero que el Congreso empiece a conocerlo. Se ha tratado de modernizar la justicia, digitalizada en muchos de sus trámites, pero creo que la modificación del procedimiento civil -repito- es esencial para su buen funcionamiento.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Segundo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio recíproco de información con otros países (boletín N° 9.242-10) (con urgencia calificada de "simple").
Boletín N° 10305-11
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de las Honorables señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Girardi y Quinteros, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.305-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Girardi y Quinteros):
En primer trámite: sesión 53ª, en 16 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Salud: sesión 87ª, en 7 de marzo de 2017.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es solucionar varias carencias detectadas en la legislación respecto del tratamiento de la prevención y protección del embarazo adolescente y del resguardo de la maternidad y paternidad derivadas de este estado.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y acogió, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadoras señoras Goic y Van Rysselberghe y Honorables señores Girardi y Rossi, la idea de legislar.
Cabe tener presente que el inciso segundo del artículo 4° y los artículos 12 y 13 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos para su aprobación. Por otra parte, los artículos 7°, 8°, 10 y 19 son normas de quorum calificado y exigen 19 votos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, entiendo que la idea es iniciar el debate, pero no votar durante la sesión.
Quiero recordar la historia, porque creo que es valiosa y no necesariamente queda registrada en el informe ni en lo que aparece hoy día en nuestro sistema.
El proyecto en debate fue parte de una labor y de una moción presentada en julio de 2013, siendo Diputada, con Mónica Zalaquett, colega de entonces. Invitamos a otras en ese momento. Se originó en una conversación acerca de cómo podíamos encontrar un tema que ambas, de bancadas distintas -ella, de la UDI; la que habla, de la Democracia Cristiana-, pudiéramos abordar en conjunto, extender una invitación transversal y contribuir en un asunto de política pública. Ambas consideramos, revisando las cifras, las estadísticas, que el embarazo adolescente era una situación en la que cabía ocuparse y respecto de la cual se podía aportar en lo legislativo.
Hicimos un trabajo que no es el habitual en el Congreso. Convocamos a un grupo de expertas en salud adolescente, interdisciplinario; realizamos jornadas durante seis meses, y, producto de esa actividad, surgió la moción en examen, que requiere el patrocinio del Ejecutivo en varios aspectos.
Hemos conversado, además, con los ministerios relacionados: Educación, Salud, Justicia, de la Mujer, y decidimos volver a presentar la iniciativa.
Agradezco el apoyo de la Honorable señora Muñoz, con quien trabajamos habitualmente de consuno en relación con los temas de género, así como el de mis colegas de la Comisión de Salud: Senadores señores Chahuán, Girardi y Rossi, y el del Honorable señor Quinteros, porque eso nos ha permitido iniciar el trámite. La Senadora señora Van Rysselberghe también concurrió con su voto a favor en el órgano técnico. Se busca justamente abocarse en conjunto a las cuestiones que hoy día es posible enfrentar en esa forma.
Nos encontramos en medio del debate acerca del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y todos hemos puntualizado que somos contrarios al aborto y que no nos gustaría llegar a situaciones donde ha fracasado, no solo una familia, sino también, probablemente, la política pública; donde hemos fracasado todos. Pero, con una mano en el corazón, hemos progresado bastante poco en acciones que permitan generar espacios de acogida sobre todo para el mundo adolescente. Ello, para asumir una sexualidad activa, pero en forma responsable y que no tenga como consecuencia embarazos no planificados y situaciones de aborto que ni siquiera están contemplados en el articulado en discusión.
Esa respuesta, en la que podemos trabajar en conjunto y que se da desde la mirada de la prevención, ámbito en que todos compartimos que se requiere avanzar, es justamente lo que busca rescatar el proyecto.
La estadística nos llamó mucho la atención. Es cierto que la cantidad de embarazos adolescentes se ha ido estabilizando, incluso con una leve disminución, mas subsiste una realidad bastante dramática, que es el caso de las menores de 19 años, quienes representan cerca de 30 mil -o un poquito más- de los 120 mil, más o menos, embarazos y partos anuales. Pero, cuando se trata del segundo hijo, nivel en que la cifra alcanza a cinco mil 800, y del tercero, en que llega a 600, uno dice: "Algo está pasando".
Además, constituye un universo: el menor ya está contactado en el consultorio y concurre a los controles de niño sano.
No puedo evitar el recuerdo de las discusiones que las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS) generaron a fines de los noventa. Hubo mucho escándalo por algo que no era más que la entrega de elementos a los jóvenes, a la comunidad educativa, a los padres y a los profesores por parte de expertos que se sentaban a contestar dudas.
Me alegro mucho de que todos estemos hoy día en condiciones de apoyar iniciativas de la misma índole, comprendiendo que si no se generan espacios de confianza, es imposible avanzar efectivamente en prevención, lo que tampoco se logrará si no se incorpora una mirada en relación con el proyecto de los jóvenes.
Por eso, el texto en examen plantea la sistematización de varias normas en materia de prevención y protección del embarazo adolescente.
Una circular impide expulsar del colegio a una estudiante embarazada, pero queremos darle rango legal a la disposición.
Deseamos garantizar la capacitación y formación en adolescentes sobre todo de los profesionales de la salud y la educación.
Esperamos consagrar el derecho de acceder a la atención de salud sexual y afectiva en forma oportuna, informada y confidencial, elemento fundamental para los jóvenes.
Otro de los planteamientos dice relación con establecer espacios de acogida para las adolescentes en el sistema de salud primaria, en los consultorios. La experiencia demuestra que no asistirán si son atendidas por la misma matrona que ve a la mamá, a la abuela o a la vecina, porque no se encuentran en un espacio de confianza para reconocer una sexualidad activa. Todavía tendemos a castigarlas más que a acogerlas, a pesar de que las cifras dan cuenta de que los jóvenes empiezan con mayor precocidad las relaciones sexuales.
Parte de eso es lo que estamos exponiendo como una política pública permanente.
A lo anterior se agrega el derecho de acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos, lo que se vincula con la discusión que ya realizamos con motivo de la anticoncepción de emergencia.
Nos interesa incorporar en la enseñanza, además de la educación sexual o la entrega de información sobre métodos anticonceptivos, una mirada sobre la sexualidad asociada a las etapas de la vida, a nuestro ciclo de desarrollo. Por lo tanto, asimismo se trata de la afectividad.
Ello no dice relación solo con la posibilidad del embarazo, sino también con la detección de situaciones de abuso en que viven muchos menores y con la actuación correspondiente, así como con la entrega de herramientas para tal efecto.
Repito que el punto se vincula con la sexualidad como parte del desarrollo de una persona. Planteamos, entonces, que la implementación de programas y planes educacionales sobre afectividad y sexualidad se contemple en forma obligatoria, no desde primero medio, como se dispone hoy día por ley -a esas alturas, los chicos ya han aprendido todo, ya sea en la web o con los amigos-, sino desde el nivel prebásico, con la incorporación, además, de padres y apoderados.
Insisto en que parte de lo que exponemos, sobre todo en cuanto a las normas de protección, se refiere a garantizar, con todos los apoyos y resguardos legales necesarios, la continuidad de la adolescente que se embaraza y que a menudo hace las veces de madre y padre.
El Estado debe contraer el compromiso de elaborar una Política Nacional en favor de la Prevención y Protección del Embarazo Adolescente, la cual ha de promover la información sobre los derechos y deberes en relación con la salud reproductiva, impulsar medidas concretas para ejercerlos, con seguimiento e indicadores específicos, y establecer canales de apoyo.
Quiero invitar a mis colegas a respaldar la iniciativa en la votación general, a fin de hacer del detalle una oportunidad después para avanzar en algo que todos consideramos necesario.
Creo que aquí se halla el espacio para abordar una política pública inclusiva en la que quepan todas las miradas; que haga posible salir de los sesgos ideológicos en relación con un tema de salud pública; que permita un mejor desarrollo de nuestros adolescentes, en términos de afectividad y sexualidad, y que redunde en evitar y prevenir embarazos no planificados y abortos que carecen hoy día de respuesta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me parece que la Senadora señora Goic, una de los autores de la moción, ha sido muy explícita en relación con el origen del proyecto y su propósito, que todos en la Sala compartimos, evidentemente.
Como parlamentarios, como sociedad y como país, somos conscientes de la necesidad de contar con buenas y claras políticas públicas que ayuden ante la cada vez más temprana iniciación sexual de los jóvenes.
A mi juicio, el objetivo de concentrar o reunir, de manera armónica y eficiente, las distintas políticas y posibilidades educativas y de salud es muy importante. Todo lo que hagamos en esa línea, en particular para la prevención del embarazo adolescente, es tremendamente necesario, porque implica que menos jóvenes se hallarán en ese estado, que resulta absolutamente involuntario por el desconocimiento y la desinformación.
Como es obvio, se presentarán menos riesgos para la salud.
Asimismo, no se acentuará el círculo de la pobreza, que normalmente acompaña en esta situación. Porque, una vez que se tiene al hijo, lo más probable es que no sea posible el desempeño laboral o incluso no se termine la educación formal.
Quiero recordar que en el Gobierno del Presidente Lagos se dictó la circular del Ministerio de Educación que prohíbe que una adolescente embarazada sea expulsada del colegio, práctica en la que antes se incurría.
Y no olvidemos cuánto ha costado avanzar en información, en educación, en los derechos sociales reproductivos. Sectores bastante conservadores criticaron tremendamente las JOCAS.
Son contradicciones difíciles de entender.
El embarazo adolescente presenta un sesgo, además, en la condición socioeconómica y cultural. Es decir, no solo comienza en forma más temprana, sino que también es más numeroso en las comunas más pobres.
Entonces, uno tiene que preguntarse qué hay detrás del fenómeno. ¿Es falta de información? ¿Es falta de educación? ¿Es falta de oportunidades? ¿Es falta de especialistas en salud con respuestas apropiadas y una formación que les permita dialogar con los jóvenes y explicar, de una manera mucho más amplia, no solo los métodos anticonceptivos, sino también la sexualidad en la vida del ser humano, las posibilidades que implica y la diferencia entre una maternidad o una paternidad voluntaria y la que tiene lugar por absoluto desconocimiento?
En consecuencia, juzgo relevante una moción de estas características.
Naturalmente, para su efectividad, tiene que ir acompañada de un gran proceso de socialización y de la disponibilidad, como ya he dicho, de profesionales idóneos, con una adecuada formación, que puedan capacitar a los jóvenes en los ámbitos de la educación, de la salud, con un sentido más amplio de la sexualidad y la afectividad.
Se requiere avanzar, por cierto, en la prevención de estos embarazos, porque, como ya hemos dicho, implican, muchas veces, que muchachas jóvenes estén destinadas a un círculo de pobreza, con las dificultades que esto conlleva.
Mientras más ayudemos a prevenir los embarazos adolescentes -hay que decirlo-, menos abortos habrá, los que se realizan en forma clandestina, en condiciones de riesgo -no hay una estadística segura al respecto- y sin contar con una atención adecuada.
En la Comisión de Salud se discute otro proyecto, con otras características, totalmente distinto: el que despenaliza el aborto en tres causales.
Rescato el aspecto preventivo de la iniciativa en debate.
Respecto de la otra propuesta legislativa, tengo una opinión favorable y en ese sentido votaré en el momento en que llegue a la Sala. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reiterar.
Volviendo al proyecto en estudio, creo que todos debemos buscar formas para prevenir el embarazo adolescente. Tal problema no es nada positivo y se concentra en las comunas más vulnerables. No actuar es condenar a esos jóvenes a que se mantengan en el círculo de la pobreza, pues enfrentan bastante más dificultades para acceder al ámbito laboral o terminar los estudios.
Por eso, señor Presidente, creo que vale la pena apoyar este proyecto. Cuando se realice la votación, daré mi voto positivo por las características que he señalado.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el embarazo adolescente es una realidad que no podemos ocultar. En general, no existe en nuestro país una política clara con normas específicas que regule y promueva la prevención del embarazo en adolescentes.
Normas totalmente fragmentadas y sin una cohesión son una de las fallas del sistema. Existen leyes como la Nº 19.927, sobre la protección de menores de 14 años en el ámbito de los delitos sexuales, o la Nº 20.148, que fija normas de información, orientación y prestaciones en materia de fertilidad. Sin embargo, no hay nada concreto respecto de la prevención de estos casos, como acá ya se ha señalado.
No existe un concepto de embarazo adolescente y falta mucho respecto de la atención especializada, con profesionales preparados para trabajar con adolescentes.
La falta de educación sexual conlleva la casi nula conciencia sobre los verdaderos efectos del embarazo adolescente, que a veces hace ver en mitos una realidad inexistente.
También debemos adoptar medidas concretas en la protección de las embarazadas. Lamentablemente, las situaciones de embarazo adolescente nunca se van a terminar; pero existen medidas que se pueden llevar adelante, como dar mayor apoyo en colegios y liceos a los padres menores de edad.
Cuando los adolescentes se enfrentan a la llegada de un hijo a tan corta edad, los conflictos y las dificultades a que este se expone son mucho mayores que los que viven quienes nacen en hogares ya constituidos o de personas adultas, mayores de edad.
Sabemos que para nadie es fácil traer un hijo al mundo; pero más difícil aún es que ese hijo llegue a una edad tan precoz de los padres.
Además, los problemas de salud que puede conllevar un embarazo adolescente son más elevados, puesto que ese tipo de embarazo es considerado de alto riesgo.
A pesar de eso, sabemos que los inicios sexuales son cada vez más precoces, sobre todo en los sectores socioeconómicos más bajos de nuestro país, y esa es una de las situaciones que debemos tratar de prevenir.
Hay que analizar bien las normas que establece este proyecto de ley. Pero es necesario aprobar la idea de legislar, por la gran importancia que implica esta materia para nuestra sociedad.
La actual situación preocupa. Por lo mismo, tenemos la oportunidad de aprobar esta iniciativa en general, para después analizar su texto a fondo, con mayor profundidad y detención, durante la discusión en particular.
Por eso votaré a favor en el momento oportuno.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este proyecto aborda un problema real que afecta a nuestro país.
Las cifras entregadas por el Ministerio de Salud son elocuentes: por ejemplo, el número de embarazos adolescentes que se registró en el año 2016 llegó a 22.349 casos. Comparativamente hablando, dicha cantidad disminuyó de forma considerable, pero igual estamos frente a una realidad preocupante.
Para mí, es una principal preocupación, porque la Región de Atacama encabeza la tasa de embarazos adolescentes. Según cifras de la Cartera de Salud, por cada mil embarazos existen 35,13 niños nacidos de jóvenes entre 10 y 19 años, muy por sobre la tasa de 24,07 que registra el país. Le siguen la Región de Coquimbo con 31,4 y la de Antofagasta con 28,9.
Si bien es cierto -lo dije hace un minuto- Chile ha reducido sus índices de embarazo adolescente desde 2008 hasta la fecha en el grupo de entre 15 y 19 años -y se espera que la cifra siga disminuyendo dado el peligro que conllevan estos embarazos, como han planteado otros señores Senadores-, las tasas siguen siendo altas.
Además, ello trae consigo una serie de conflictos, tanto en los ámbitos afectivo, educacional y laboral para cientos de menores que son padres a temprana edad, como también al interior de su núcleo familiar.
Muchos de los adolescentes que se transforman en padres precozmente, por razones obvias, tienen un menor nivel de escolaridad y, por ende, ven reducidas sus opciones laborales y la posibilidad de mejores remuneraciones en el futuro.
Y para la familia la noticia es un verdadero terremoto, por todo lo que ello significa: por las expectativas arruinadas para los mismos jóvenes o para sus padres, o por los distintos problemas que se generan, los que en algunos casos los llevan a tomar decisiones peores, como la de hacerse un aborto.
En consecuencia, el proyecto intenta solucionar varias carencias que se han detectado en la legislación respecto del tratamiento de la prevención y protección del embarazo adolescente, y del resguardo de la maternidad y la paternidad derivadas de aquel.
A mi juicio, la iniciativa enfrenta un problema real y va en la línea correcta, ya que apunta hacia la promoción de la educación, prevención y protección del embarazo adolescente en nuestro país.
Como he señalado, esa realidad trae consigo una serie de consecuencias, como la deserción escolar y las menores posibilidades de encontrar trabajo para los jóvenes que son padres y madres a temprana edad.
En ese sentido, el proyecto en estudio busca fortalecer una institucionalidad a fin de que, como lo han planteado algunos señores Senadores, los esfuerzos que se realicen no estén dispersos, sino integrados en una política de Estado.
La doctora Claudia Zajer, especialista en ginecología pediátrica y adolescente de la Red de Salud de la Universidad Católica CHRISTUS, ha dicho: "Los hijos de madres adolescentes tienen más riesgo de violencia intrafamiliar, abuso y drogadicción. Para prevenir estos problemas, lo ideal es que la joven embarazada cuente con apoyo psicológico que le ayude a fortalecer su nuevo rol de madre, el vínculo y apego con su hijo y su papel en el período de lactancia".
Señor Presidente, según señalan los especialistas en esta materia, a mayor orientación, educación e información sobre sexualidad para nuestros adolescentes, más eficaz será la prevención de embarazos a temprana edad. Sin duda, las campañas, la información y la entrega de antecedentes son necesarias.
Sabemos que muchos de los embarazos adolescentes terminan condicionando el futuro de los prematuros padres para acceder a proyectos educativos o laborales atractivos, que muchas veces son postergados o definitivamente desechados, lo cual merma sus oportunidades y les impide salir del círculo de la pobreza, con lo que se acentúa aún más la vulnerabilidad social en nuestro país.
Por eso, me parece importante, tal como propone este proyecto, avanzar en una política integral que permita implementar de manera efectiva un programa de educación sexual en Chile dirigido a los jóvenes menores de 18 años para disminuir la tasa de embarazo adolescente, sobre todo considerando que en muchos casos los adolescentes, por razones obvias, no son capaces de enfrentar la situación desde el punto de vista económico y familiar. Así, esto se transforma en una carga para sus padres.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, en términos generales, más allá de las estadísticas que se puedan entregar, nosotros consideramos que el proyecto es beneficioso para los adolescentes. Pero, desde nuestra perspectiva, existen varias dudas razonables que en la discusión en particular se deben solucionar.
¿Por qué hay una reducción en las cifras?
Del 2013 al 2016, como lo han señalado algunos Senadores, el número de embarazos adolescentes disminuyó en 10.943 casos. Hace tres años, la cantidad de madres a temprana edad llegaba a 33.292 y bajaron a 22.349, según datos entregados por el Ministerio de Salud.
Son importantes las estadísticas.
Pero también lo es destacar que dicha baja se debe a muchos factores, principalmente a los programas de anticoncepción y al uso de medicamentos para prevenir un embarazo no deseado.
Conforme a un reporte de Salud Integral de Adolescentes del Ministerio de Salud, en 2013 se entregaron 4.193 dosis de la "píldora del día después". En ese año la tasa de natalidad con mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años fue de 46,3 por cada mil, cuatro puntos menos que el 2012.
Consideramos que debe existir un apoyo para las adolescentes antes, durante y después del embarazo, que no solo se traduzca en la entrega de anticonceptivos o de la "píldora del día después", sino en un respaldo educativo y psicológico que permita tener conciencia de la responsabilidad que conlleva ser padres.
¿Qué rol cumplen los padres de los adolescentes?
El proyecto, lamentablemente, no incluye la opinión ni la participación de los padres en decisiones sumamente relevantes que pueden tomar los adolescentes. Contempla la aplicación del principio de la autonomía progresiva, que se refiere al nivel de autonomía que los adolescentes adquieren en la medida que crecen y maduran.
En la práctica, de buena fe, el Derecho presume que los padres valoran y educan a sus hijos en razón de la madurez de cada uno, respetando dicha autonomía.
Sin embargo, la iniciativa en estudio no incluye en sus principios reconocimiento alguno acerca del rol de los padres en la educación y formación de sus hijos, derecho reconocido en el inciso tercero del artículo 19, número 10º, de la Constitución Política de la República.
A nuestro parecer, los padres son ignorados en el proyecto al consagrarse el derecho de los adolescentes para acceder a métodos anticonceptivos en los centros de salud, incluida la anticoncepción de emergencia. Todo adolescente podrá tener acceso gratuito a anticonceptivos sin el consentimiento de sus padres. La única mención a estos últimos se evidencia a raíz de la obligación que contempla la iniciativa de notificar dicha entrega cuando el adolescente sea menor de 14 años. Pero no existe participación por parte de los padres antes de que los jóvenes accedan a los anticonceptivos.
En relación con la educación sexual, el proyecto obliga a los colegios a desarrollar e implementar planes educativos sobre afectividad, sexualidad y regulación de la fertilidad. Estos programas serán aplicados desde la enseñanza prebásica, sin participación ni consentimiento de los padres respecto de sus contenidos.
Es sumamente grave que desde tan temprana edad se quiera educar a los niños sobre fertilidad o sexualidad. Nosotros consideramos que la educación sexual es una tarea que corresponde a las familias y que no debe ser impuesta por un establecimiento educativo a tan corta edad.
Si bien esa tarea puede ser apoyada por los colegios, siempre tiene que ir acompañada del consentimiento de los padres en lo que respecta a su metodología y contenido.
En conclusión, estimamos que la iniciativa consigna muchos aspectos positivos, los cuales son de gran beneficio para los adolescentes, por lo que sugerimos votar, cuando proceda, a favor de la idea de legislar. Sin embargo, es importante para nosotros que en la discusión en particular se resuelvan las preocupaciones que he mencionado.
En seguida, quiero referirme a una cuestión más política.
Nosotros hemos señalado que en el Gobierno ha habido una "retroexcavadora ideológica". Pero ahora también vemos una "retroexcavadora valórica".
Y no lo digo por el proyecto que nos ocupa, sino por una iniciativa, cuyos autores son varios miembros de la Nueva Mayoría, encabezados por su candidato presidencial, el señor Guillier, mediante la cual se busca entregarles a niños de kínder contenidos de educación sexual, como lo relativo a las personas trans. ¡A niños de kínder, que no tienen ninguna formación, menos madurez!
Se pretende que a los menores de prebásica les comiencen a hablar acerca de las personas trans. Yo creo que se están traspasando los límites.
No es el caso del proyecto en análisis, cuya finalidad es establecer normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente.
Señor Presidente, nuestra intención es formular una serie de indicaciones que permitan que los padres tengan mayor injerencia en esa materia.
La madurez de los jóvenes, de los niños es muy distinta. Son diferentes los casos. Y no me parece adecuado que un establecimiento educacional clasifique la madurez y autonomía de los niños.
Con todo, valoramos esta iniciativa en general y, cuando corresponda, la votaremos a favor; pero anunciamos desde ya que presentaremos varias indicaciones para tratar de corregir su texto y de incorporar aspectos importantes, pues nos interesa que la participación de la familia y de los padres quede establecida en las normas de este proyecto de ley.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ciertamente, voy a apoyar este proyecto de manera entusiasta, con ganas.
A mi juicio, lo que hace esta moción -me habría encantado ser parte de ella-, a diferencia de lo que sostuvieron algunos señores Senadores con antelación, es poner temas valóricos sobre la mesa y hacerse cargo de una realidad.
En Chile ha habido un cambio en la edad de iniciación sexual de los chilenos y las chilenas, básicamente de los jóvenes: hoy día tienen relaciones sexuales a edades más tempranas. Y como consecuencia de ello, ha aumentado el embarazo adolescente.
Eso no necesariamente tendría que ser así.
El señor PROKURICA.- ¿No?
El señor LAGOS.- Se puede tener relaciones sexuales más temprano en la vida y, con los debidos resguardos e información, evitar los embarazos adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Sin embargo, la realidad chilena -¡y aquí está el punto!- es que la iniciación sexual temprana se da en todos los estratos socioeconómicos, aunque de manera más profunda en aquellos más vulnerables. No obstante, el embarazo adolescente, consecuencia de esa relación sexual, se observa en forma muy notoria en los sectores más vulnerables.
Eso ha disminuido, como bien me acota el Senador Prokurica, a quien agradezco su aporte -lo digo para que lo registre la televisión; de lo contrario, no se va a entender por qué hago la aclaración-; pero la situación sigue siendo muy injusta.
Aquí se ha hablado de una "retroexcavadora valórica". Al respecto, llamo a utilizar conceptos más sanos, que nos ayuden a mejorar el entendimiento.
Reitero: lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país es que la juventud comienza sus relaciones sexuales a una edad más temprana en todos los estratos socioeconómicos. Sin embargo, la consecuencia de un embarazo adolescente es marcada, sustantiva y abusadoramente alta en los sectores más bajos.
La encuesta para la Región Metropolitana es elocuente: el porcentaje de bebés que nacen de adolescentes de entre 15 y 19 años, medido por índice de pobreza, es tremendo: en la comuna de Vitacura, el 0,3 por ciento -o sea, de todas las relaciones sexuales de menores de entre 15 y 19 años que tienen hijos en la capital, solo el 0,3 por ciento ocurre en esa comuna-; en Providencia, el 0,9; en Las Condes, el 1,4; en La Reina no llega al 3 por ciento. Y si uno va a San Joaquín, Renca, La Granja, Melipilla, Cerro Navia, San Ramón, La Pintana, verá que las cifras se elevan al 12, 13, 14, 15 y hasta el 18 por ciento.
Entonces, si vamos a ponerlo en términos valóricos, tenemos una tremenda deuda: dejamos a las adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad chilena...
El señor DE URRESTI.- ¡"Pobres"!
El señor LAGOS.- ... a su suerte.
Está bien, Senador De Urresti: "pobres", no "vulnerables". Lo que pasa es que esta es la categoría que usamos en materia estadística.
Lo que se trata de hacer con este proyecto de ley, entonces, es prevenir en algo el embarazo adolescente. No estamos hablando de prevenir las relaciones sexuales, que obedecerá a otro motivo.
Ciertamente, la iniciativa es mejorable en muchos aspectos. No me cabe duda. Pero viene a hacerse cargo de un problema.
La pregunta es la siguiente: ¿por qué en Vitacura, Las Condes y Providencia el embarazo adolescente es casi inexistente y no se da igual situación en las comunas más modestas, más pobres de Chile? Por la misma razón de que en las primeras la participación de los jóvenes en votación ciudadana es más alta que en las otras comunas de Chile: porque tienen educación, tienen información, tienen conciencia, porque han tenido más oportunidades en la vida. Los jóvenes de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea votan proporcionalmente más que los de municipios más modestos porque saben que su voto tiene importancia. ¿Por qué? Porque tienen educación. Y la misma razón explica que en esos lugares no haya embarazo adolescente, sin perjuicio de la eventualidad de alguno que otro que sea interrumpido al margen de la ley. Pero esa no es la razón: la razón es que tienen información, tienen educación. Y eso es lo que busca este proyecto.
En consecuencia, cuando se señala que los padres no están incorporados, yo diría: al contrario, ¡están incorporados! ¡Cómo se va a reemplazar el rol de los padres!
Lo que hay que preguntarse es qué ocurre en Renca, La Granja, Melipilla, Lo Espejo, Cerro Navia, por mencionar algunas comunas. Pero también podríamos mencionar a Playa Ancha, a Barrancas, en San Antonio, donde el embarazo adolescente es más alto que en otras partes de nuestra región. Y es porque los padres tal vez están ausentes, por diversas consideraciones.
Entonces, la pregunta es: como ellos tienen a sus padres ausentes en materia educacional, por distintas consideraciones, ¿debemos dejarlos abandonados a su suerte?
¡No! Tenemos que hacer prevención.
Hoy, de casualidad, en un whatsapp familiar me llegó el mensaje de una persona que vive en el extranjero diciéndome: "Este libro les entregan a los adolescentes en los liceos públicos de Francia". Su título es El libro de las infecciones sexualmente trasmisibles. Nosotros tratamos de hacer algo similar en Chile y se forma un escándalo.
Textos de ese tipo son repartidos en escuelas públicas de países desarrollados, o, como yo los llamo, "sociedades más sofisticadas", que se hacen cargo de sus realidades, en donde el embarazo adolescente también existe, aunque en menor medida que en Chile. Igualmente se da en mayor porcentaje en los guetos de las afueras de París que en las zonas acomodadas de esa ciudad, por las mismas razones que en Chile. La pregunta es cuál es la respuesta que entregan como sociedad. Y como sociedad no cabe más que educar, dar información, ir en apoyo. ¿Para qué? Para prevenir.
Yo soy partidario de que la iniciación sexual se produzca lo más tarde que se pueda, de modo que se lleve a cabo con la máxima madurez, de la mejor forma posible, ojalá con los máximos afectos que existan. Pero la realidad es otra. Y la pregunta es: ¿tapo el sol con un dedo y entonces no educo, no informo, no digo que con el uso del condón se evita la transmisión de enfermedades sexuales y, eventualmente, el embarazo; no promuevo su uso?
Esa es una opción de vida. Yo no la comparto, y afortunadamente creo que en Chile cada vez menos gente la comparte, como ha quedado demostrado en el debate en esta Sala, porque esta misma conversación, hace quince años, tenía otro tono.
Por eso, me alegro de esta moción. Lo digo muy contento. Y hay que señalar el nombre de sus autores: las Senadoras Carolina Goic y Adriana Muñoz y los Senadores Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. A mí me hubiera encantado estar en esta lista, porque este va a ser un tremendo proyecto, que va a venir a ayudar a informar, a prevenir el embarazo adolescente, a evitar la trasmisión de enfermedades sexuales, a hacerse cargo de una falla estructural de la sociedad chilena: que la falta de oportunidades, la distribución de poder tan injusta, hace que algunas niñas terminen siendo madres a los doce, a los trece, a los quince años, con todo lo que eso conlleva de complejidades, mientras que otras, con más educación, pueden evitarlo, posponer su maternidad, tienen oportunidades en la vida, trabajan, y después crían a sus hijos.
Votaré favorablemente el proyecto, señor Presidente, con gusto y con ganas.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, tengo en mi poder una nota de prensa del 11 de enero de este año que señala que las regiones del norte del país concentran las mayores tasas de embarazo adolescente y superan la media nacional, según cifras del Ministerio de Salud.
El caso más complejo se da precisamente en la Región de Atacama, donde, por cada mil embarazos, 35,13 corresponden a niños nacidos de jóvenes entre diez y diecinueve años, muy sobre la tasa de 24,07 por ciento que registra el país. La siguen Coquimbo, con 31,4, y Antofagasta, que alcanzó 28,9.
El Senador Lagos ha graficado el problema situándolo en comunas. Y las que mencionó son las más pobres de la Región Metropolitana.
A veces se habla con este eufemismo tan chileno de "zonas vulnerables". ¡Son pobres! Son lugares donde no solo hay pobreza material, sino también pobreza cultural, pobreza de oportunidades.
Y es precisamente en tal desigualdad donde se genera esta asimetría enorme. No es que los niños y niñas de comunas pobres inicien su vida sexual antes que los niños y niñas de comunas acomodadas. Lo que ocurre es que estos últimos tienen intimidad, tienen condiciones para llevar a cabo una relación sexual, tienen educación, tienen acceso a una biblioteca, tienen, muchas veces, un hogar bien constituido. Y eso es lo que genera en el país una enorme inequidad, una brecha.
Esa brecha nos lleva a un embarazo adolescente. En las comunas pobres hay un ambiente precario, un ambiente hacinado. Y además existe una inequidad por sexo, porque el padre adolescente puede seguir estudiando...
El señor LAGOS.- ¡Embarazando!
El señor DE URRESTI.- ... O embarazando, en tanto que la madre adolescente tiene que desertar del colegio, dedicarse a su hijo, y seguir engrosando una familia que, en lugar de recibir con alegría un embarazo, termina con menos oportunidades. Y esta es una situación de inequidad, de injusticia, que afecta la igualdad de oportunidades.
Por eso es que uno celebra esta moción, que busca, precisamente, la prevención del embarazo adolescente. Este no se evita, no se disminuye con un decreto, con una norma prohibitiva, sino con educación. Y eso es lo que propone el proyecto y es lo que consigna cada uno de sus artículos, principalmente el 7, ubicado en el Capítulo II, "De la Prevención", que declara: "Todo adolecente tiene derecho a acceder a una atención de salud sexual y afectiva, en forma oportuna, informada y confidencial, sea ésta en el ámbito público o privado".
¡Red de salud, protección, educación!
En el Capítulo IV, "Disposiciones Especiales", el artículo 18 señala: "La Política Nacional en favor de la Prevención y Protección del Embarazo Adolescente deberá definir objetivos de largo plazo, que tengan, a lo menos, una proyección de 10 años a contar de la entrada en vigencia de esta ley".
Seguramente mejoraremos el articulado durante la discusión particular, acogiendo las observaciones de especialistas, académicos y parlamentarios, pero creo que lo fundamental es tener certeza y consenso en el diagnóstico. En este país necesitamos mayor educación, necesitamos identificar el problema, visibilizarlo y romper esta brecha mentirosa de inequidad entre comunas ricas y comunas pobres.
Es absolutamente falaz que las cifras del cero coma y tanto que señalaba el Senador Lagos para las comunas más acomodadas contrasten con las enormes cifras de sectores más pobres.
¿Qué hacemos? ¡Son niños y niñas de la misma edad! ¿Dónde está la inequidad?
¡En la educación, en la formación! Y esto, obviamente, desde el hogar.
Pero ahí donde falla el hogar, donde fallan los padres, donde existen familias disgregadas o que no están bien constituidas porque faltan uno o ambos padres, debe estar el Estado, debe estar el colegio.
El artículo 12 del proyecto establece:
"Los establecimientos educacionales de Educación Pre-Básica, Básica y Media, ya sean públicos o privados, elaborarán e implementarán planes de educación sobre afectividad, sexualidad y regulación de la fertilidad, para ser aplicados desde la Educación Pre-Básica.
"Igualmente, tales establecimientos elaborarán e implementarán programas de orientación sobre afectividad, sexualidad y regulación de fertilidad para padres y apoderados.
"Los profesionales de la educación deberán recibir cursos de actualización sobre orientación, afectividad, sexualidad y regulación de la fertilidad".
Aquí lo que estamos haciendo es prevenir y educar.
Por eso, felicito a cada uno de los colegas autores de esta iniciativa. E invito a sumarnos con fuerza para evitar el conservadurismo, la caricatura. Si vencemos esta inequidad, esta desigualdad, tendremos una juventud más integrada y disminuiremos el embarazo adolescente, que muchas veces dificulta el crecimiento de una niña, principalmente porque este problema se radica en el ámbito de la mujer, que la mayoría de las veces debe hacerse cargo de la criatura, con la consiguiente deserción escolar.
Votaré a favor, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Un Comité ha pedido aplazamiento de la votación, así que el proyecto quedará para seguir siendo tratado en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes.
--Queda pendiente la discusión general.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Atacama, para que informe sobre ESTADO DE TRABAJOS Y EVENTUAL INVERSIÓN PÚBLICA DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE CAMINOS Y VÍAS LATERALES O SECUNDARIAS DE TERCERA REGIÓN Y, EN PARTICULAR, SOBRE PLAN DE REPOSICIÓN DE RUTAS SECUNDARIAS ANUNCIADO POR SEREMÍA.
Al señor Alcalde de Linares, solicitándole diversos antecedentes referidos a CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE Y PROTECCIÓN ANIMAL DE MASCOTAS EN COMUNA DE LINARES.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios de Atacama, para que informe acerca de RESULTADOS, POR COMUNA, DE ESTUDIOS FÍSICO-QUÍMICOS DE AGUA POTABLE REALIZADOS ENTRE 2014 Y 2017.
Al señor Intendente de Atacama, requiriéndole que especifique CANTIDAD DE SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTREGADOS EN 2016, MONTO TOTAL GASTADO Y DESTINO DE RECURSOS NO USADOS, Y CIFRA MÁXIMA DE SUBSIDIOS POR OTORGAR EN 2017, CON FECHA DE CORTE AL 30 DE ABRIL.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama, para que informe acerca de MOTIVOS PARA IMPEDIR USO DE PARADERO DE COLECTIVOS EN COMUNA DE COPIAPÓ.
Y a la señora Directora de la Superintendencia de Educación de la Región de Atacama, para que entregue diversos antecedentes con relación a SITUACIÓN DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MIGUEL ZAMBRANO, COMUNA DE COPIAPÓ, POR ABANDONO DE SU ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE SOSTENEDOR.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En Incidentes, no harán uso de su tiempo los Comités Partido Por la Democracia y Partido Demócrata Cristiano e Independiente.
En el turno del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, el Transantiago se ha transformado en una pesadilla interminable. Desde hace ocho años existe una situación particularmente compleja, porque, tal como se hizo ver con motivo de la renuncia del ex Ministro de Transportes, señor Gómez-Lobo, los actuales índices del sistema no pueden ser peores: el déficit continúa, los tiempos de espera se extienden, la evasión sigue al alza, etcétera.
Por eso, lo que corresponde es formular -y es lo que motiva esta intervención- un conjunto de interrogantes al Ministerio de Transportes, particularmente a su titular, por lo siguiente.
1.- El Gobierno ha cambiado el itinerario de licitación del Transantiago. En principio, se había anunciado que las bases de licitación ingresarían a la Contraloría en abril, pero ello no ocurrió. Extraoficialmente se ha señalado que las bases en cuestión se enviarían al órgano contralor en el presente mes de mayo, y también que la adjudicación tendría lugar en febrero del 2018.
Por tanto, resulta fundamental que la referida Cartera informe a esta Corporación:
a) ¿Cuáles son oficialmente las razones del retraso, indicando quién es la autoridad responsable de este?
No escapará a la Sala que el simple retraso en una licitación tan importante como esta, sin que nadie asuma la consiguiente responsabilidad, ya es algo completamente impropio.
b) ¿Cuál es el cronograma actualmente definido por el Gobierno, precisando todas las etapas del proceso, desde el ingreso a la Contraloría de las bases aludidas, la fecha de adjudicación y, por cierto, la fecha de suscripción de los contratos respectivos?
2.- Hasta ahora, la información disponible indica que el Gobierno tiene previsto que la adjudicación de la licitación se llevará a cabo en febrero del 2018. Pero los contratos actuales de los servicios terminan en octubre del próximo año.
En consecuencia, surgen dos interrogantes:
a) ¿Estima el Gobierno que tal plazo -aproximadamente, de ocho meses, es decir, desde febrero hasta octubre- es suficiente para que los nuevos adjudicatarios puedan adquirir, importar y operar los buses necesarios para cumplir con su obligación?
b) ¿No considera el Gobierno que dicho plazo constituye una ventaja indebida para los actuales operadores del sistema?
3.- El Gobierno ha informado que se dispone a expropiar o comprar doce terminales con el objeto de eliminar las barreras de entrada a este proceso de licitación.
a) ¿Cuántos terminales efectivamente se piensa expropiar y cuántos adquirir? ¿Cuál es el monto de los recursos previstos para ambas hipótesis? ¿Cuál es la fuente de tales recursos?
b) ¿Esos terminales son los que actualmente utilizan los operadores del sistema, o serán distintos?
c) ¿Serán simplemente depósitos de buses, puntos de regulación, o terminales propiamente tales?
d) Frente a la premura de este proceso de licitación en que están involucrados millones de dólares, ¿cuál es el plazo previsto para la compra y para la expropiación? Todos sabemos que un proceso expropiatorio es habitualmente extenso.
En consecuencia, sería importante que se efectuara la aclaración pertinente.
4.- La empresa SUBUS se encuentra en reorganización judicial desde hace más de un año. En diversas oportunidades se ha señalado que existe ya un acuerdo entre el Gobierno, los acreedores y la empresa.
Lo que se requiere es que el Ministerio de Transportes informe a esta Corporación sobre:
a) ¿Cuáles han sido, durante dicho proceso, las propuestas que el Gobierno ha formulado a la empresa o a la junta de acreedores?
b) ¿Por qué no se ha formalizado tal acuerdo?
¡Cómo va a ser razonable que una empresa se encuentre en reorganización judicial durante más de un año!
c) ¿De qué forma se pretende resguardar el pago de indemnizaciones a los trabajadores luego del término del contrato de esta operadora?
d) Y, por último, algo extraordinariamente significativo para la licitación: ¿estará autorizada la empresa SUBUS para participar en la futura licitación, considerando su trayectoria y la situación judicial que la afecta?
5.- La empresa Alsacia-Express también ha solicitado su reorganización judicial.
a) ¿Cuál es la situación de esta empresa?
b) ¿Le ha efectuado propuestas el Ministerio de Transportes, como ocurrió en el caso de SUBUS? Y, de ser así, ¿cuáles serían esas propuestas?
c) Y, por último, al igual que con SUBUS, ¿estará autorizada una empresa insolvente para participar en la futura licitación?
6.- El Ministerio de Transportes ha anunciado que la licitación de los servicios complementarios del Transantiago se realizará en el próximo Gobierno, es decir, se posterga.
a) ¿Cuáles son los motivos técnicos que justifican esa medida?
b) ¿Cuáles son los costos asociados a la prórroga de los contratos de Sonda, del Metro, del AFT y de Indra?
c) Y, ¿cuál es el plazo previsto para tales prórrogas?
7.- Por último, frente a este cúmulo de situaciones no aclaradas, resulta extraordinariamente importante que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, envíe a esta Corporación un detalle pormenorizado de los estudios, consultorías, instituciones, profesionales y costos, incluyendo precios de los contratos, honorarios y, en general, de todo gasto asociado a la elaboración tanto de las bases de la licitación como de la asesoría con que el Transantiago ha contado para su funcionamiento desde el 2014 hasta la fecha, es decir, durante todo el actual Gobierno.
En consecuencia, señor Presidente, pido despachar este oficio al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones solicitando la información que acabo de reseñar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Los Comités Partido Socialista e Independiente y Partido Unión Demócrata Independiente no intervendrán.
En el tiempo del Comité Independientes y Partido Amplitud, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, el día 1° de mayo, después de una intensa lluvia y malas condiciones climáticas en la Región de Aisén, se produjo un lamentable accidente en una zona de faenas del camino austral, que se está ensanchando para su pavimentación, específicamente en el sector del fiordo Puyuhuapi, donde por desgracia falleció una pareja de oftalmólogos que iba a prestar servicios en esa parte del territorio.
En esta materia, alertadas por las malas condiciones climáticas y las faenas que se llevan a cabo en zonas acantiladas y en áreas de riesgo asociadas a la principal falla geológica de Chile, que va desde el istmo de Ofqui hasta Liquiñe en la Región de La Araucanía, las distintas comunidades solicitan específicamente que, mientras duren estos trabajos y existan condiciones de peligro, se implemente con urgencia un sistema de transbordadores (en algún minuto operó) para garantizar la integración física mediante el paso de vehículos, pasajeros y otros elementos de manera segura.
La Región de Aisén, en el centro de la Patagonia, es una zona de montaña; por lo tanto, siempre va a estar sujeta a condiciones de riesgo. Pero con estudios geotécnicos, con diseños apropiados, sin alterar la naturaleza, desde luego se puede convivir, y en buena forma.
Justamente por ello, solicito que se oficie en ese sentido no solo al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad -con quien me contacté ayer-, sino también a la Ministra de Minería y al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, institución con la cual Obras Públicas tiene convenio, a fin de que se haga una prospección de las áreas de riesgo y se tomen las medidas correspondientes. Estas pueden ir desde cambiar el sistema de faenas, disponer algunos lugares de observación y monitoreo con comunicaciones adecuadas hasta soluciones de carácter geotécnico, por ejemplo, evitar cortes en algunos lugares y hacer voladizos falsos hacia el sector del mar.
Del mismo modo, como estos transbordadores significan un mayor costo para la movilización de la zona, también solicito que se oficie sobre esta materia a la Ministra de Transportes, para que exista una subvención, pues son comunidades completas de las provincias de Aisén y de Coihaique -es el caso de la comuna de Lago Verde- las que deberán movilizarse por este sector mientras duren estos trabajos.
Además, el gran beneficio de acondicionar los modos de trabajo y los diseños a la naturaleza sería conseguir lo que en definitiva también queremos: un camino de carácter escénico, sobre todo en un proyecto de carretera que, a estas alturas, ya tiene 2 mil 950 kilómetros de extensión entre Puerto Montt y Puerto Williams, y que pasará por la red de parques más grande y más atractiva que tengamos a nivel internacional.
--Se anuncia el envío de los oficios requeridos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.